A pesar de la creatividad y el esfuerzo, la crisis económica obliga a muchos a reducir menús, ajustar precios o incluso cerrar. La perseverancia se ha vuelto indispensable para quienes apuestan por la gastronomía en la isla.

En Cuba, la crisis de los servicios públicos se ha transformado en un eje central de la vida cotidiana, con la infraestructura eléctrica en el epicentro de las preocupaciones ciudadanas. De acuerdo con el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 95% de la población califica como mala la situación de la electricidad, cifra que convierte a este servicio en el peor evaluado entre todas las infraestructuras municipales.

La magnitud del deterioro es tal que los apagones ocupan el primer lugar en la lista de problemas señalados por los encuestados: el 70% de los cubanos identifica la inestabilidad del suministro eléctrico como la máxima prioridad de solución para los próximos seis meses. Este porcentaje supera incluso a las preocupaciones por la crisis alimentaria y el incremento del coste de la vida, según el estudio realizado en más de 70 municipios del país.

El informe del OCDH destaca que la percepción negativa sobre la infraestructura eléctrica es prácticamente uniforme en todas las provincias, con valoraciones desfavorables que alcanzan o superan el 90%. El colapso del sistema eléctrico no solo afecta la vida doméstica, sino que condiciona el acceso a otros servicios esenciales y limita aún más la capacidad de respuesta ante emergencias.

Junto a los apagones, otros servicios básicos presentan altos niveles de insatisfacción. El 87% de la población considera mala la recogida de basura y la gestión de vertederos, mientras que el 86% desaprueba la calidad de los servicios de internet y telefonía. Los problemas se extienden a los acueductos y alcantarillado, evaluados negativamente por el 84%, y a los hospitales y centros de salud, que obtienen un 82% de opiniones desfavorables.

El estado de las carreteras también refleja el desgaste de la infraestructura pública, con un 80% de valoraciones negativas. Las viviendas y edificaciones no escapan a esta crisis: el 74% de la población afirma que se encuentran en mal estado. Solo las escuelas reciben un juicio menos severo, aunque el 56% de las personas entrevistadas considera que su estado es malo.

El balance general sobre la infraestructura y los servicios públicos es abrumadoramente negativo. El 95% de los encuestados considera que el estado de las infraestructuras municipales es regular o malo, y apenas un 2% las califica de buenas. Esta percepción generalizada de colapso explica, en parte, la magnitud de las protestas y el descontento social que se han intensificado en los últimos años.

La encuesta del OCDH también revela que la ciudadanía prioriza la solución de los apagones por encima de cualquier otra problemática. La recurrencia y duración de los cortes eléctricos afectan la conservación de alimentos, la prestación de servicios médicos y la operatividad de las actividades económicas, profundizando la sensación de precariedad en los hogares.

A lo largo del país, la demanda de mejoras urgentes en la infraestructura eléctrica y la gestión de residuos se ha convertido en una exigencia transversal en la isla. La incapacidad del sistema para garantizar servicios básicos alimenta la desconfianza en las instituciones y refuerza la percepción de que el deterioro de la vida cotidiana solo podrá revertirse con cambios estructurales de fondo.

En este contexto, la población cubana mantiene el foco en la restauración del suministro eléctrico como el primer paso indispensable para cualquier recuperación social y económica.

La ENEE programó interrupciones este viernes en amplias zonas de Santa Bárbara y Cortés para ejecutar trabajos de mantenimiento.

Algunos sectores permanecerán sin servicio durante una jornada completa de trabajo, en medio de una discusión nacional sobre la fragilidad y modernización del sistema eléctrico.

Para cientos de hogares, comercios y empresas del norte y occidente de Honduras, este viernes comenzará con una previsión poco habitual: organizar parte de la jornada alrededor de varias horas sin electricidad.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó interrupciones en numerosos sectores de Santa Bárbara y Cortés, con trabajos que en algunos puntos se extenderán durante hasta ocho horas.

La estatal sostiene que no se trata de racionamientos por falta de generación, sino de cortes programados para realizar mantenimiento y mejorar la red eléctrica.

Ese matiz es importante, pero no elimina el impacto económico y cotidiano que puede representar una interrupción prolongada.

Ocho horas pueden equivaler a toda una jornada productiva

Uno de los cortes más largos está previsto en Cofradía, donde una intervención relacionada con Generadores Solares S.A. de C.V. (Gesolsa), en El Pollito, está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En San Pedro Sula, otros sectores permanecerán sin suministro entre 8:45 de la mañana y 2:45 de la tarde, mientras que diferentes comunidades tendrán ventanas de tres horas.

Santa Bárbara concentra una lista todavía más extensa de comunidades afectadas, desde zonas residenciales y rurales hasta instalaciones productivas, generadoras y el Centro Penitenciario El Pozo.

Para un hogar, varias horas sin energía pueden significar modificar actividades básicas.

Para un comercio, restaurante, taller o pequeña empresa pueden representar equipos detenidos, pérdida de refrigeración, menor atención al público y necesidad de utilizar generación propia.

Mantenimiento programado no es lo mismo que apagón por déficit

La ENEE publica semanalmente calendarios de mantenimiento y órdenes de operación dentro del Sistema Interconectado Nacional. Para la semana del 24 al 30 de agosto existe una programación oficial de trabajos en la red.

Eso permite diferenciar estas interrupciones de un corte inesperado o de un racionamiento por insuficiencia energética.

Programar mantenimiento es, de hecho, una práctica necesaria para evitar fallas mayores.

La pregunta de fondo es otra: por qué tantas comunidades deben soportar interrupciones prolongadas para que la red pueda seguir siendo intervenida y actualizada.

La propia planificación eléctrica del país reconoce que la red necesita inversiones de largo plazo.

El Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2026-2035 contempla proyectos destinados a reforzar la capacidad del sistema durante la próxima década.

La ENEE incluye entre sus objetivos estratégicos garantizar el servicio, reducir pérdidas y recuperar financieramente la empresa.

Ese contexto ayuda a entender por qué las jornadas de mantenimiento son recurrentes.

Una red con equipos envejecidos, demanda creciente y necesidades acumuladas requiere intervenciones constantes mientras se ejecutan proyectos de mayor escala.

La estabilidad eléctrica también es un problema económico

La energía dejó hace tiempo de ser únicamente un servicio doméstico.

Una interrupción afecta telecomunicaciones, bombas de agua, refrigeración, sistemas electrónicos, industria y comercio.

Las empresas con generadores pueden mantener parte de sus operaciones, pero trasladan el problema hacia otro costo: combustible y mantenimiento. Los negocios pequeños tienen mucho menos margen para hacerlo.

Por eso, aunque las interrupciones de este viernes estén planificadas, su impacto refleja uno de los grandes desafíos del sector eléctrico hondureño: cómo renovar la infraestructura sin trasladar continuamente el costo operativo de esas intervenciones a hogares y empresas.

La ENEE asegura que los trabajos buscan mejorar el servicio.

La prueba real llegará después: que esas horas sin electricidad se traduzcan en menos fallas, mayor estabilidad y una red que necesite cada vez menos interrupciones para funcionar.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanzó la campaña Llama de la Prevención para reducir hechos de violencia durante los recorridos de antorchas de las fiestas patrias, después de que el año pasado esas actividades derivaran en agresiones con bolsas de agua, hielo y otros objetos que, según las autoridades, pusieron en riesgo a los asistentes e incluso podrían llevar a la suspensión de este tipo de celebraciones.

La estrategia se apoya en cuatro líneas temáticas: prevención de la violencia, cultura de paz, uso responsable del agua y sensibilización para evitar la contaminación ambiental. El plan también prevé difusión en redes sociales, contenido digital informativo, materiales impresos y acciones territoriales para llevar el mensaje a la población.

El eje central de la campaña es directo: las autoridades buscan impedir agresiones, riñas, vandalismo y cualquier conducta que altere los recorridos de antorchas, con el argumento de que la tradición debe mantenerse como una actividad familiar, pacífica y segura. El lema oficial es: “Yo soy prevención, me sumo a la solución”.

La campaña apunta a frenar agresiones y objetos lanzados durante los recorridos

El subdirector general Pablo Rodríguez Ismalej dijo durante la presentación que, para la Policía Nacional Civil, prevenir significa “adelantarnos a los riesgos y trabajar junto a la ciudadanía para construir comunidades más seguras donde prevalezcan el respeto, la convivencia y la paz”.

Rodríguez Ismalej explicó que la iniciativa fue impulsada por la tercera viceministra de Gobernación junto con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Prevención del Delito. Añadió que el propósito es “prevenir hechos de violencia durante los recorridos de las antorchas y promover una fiesta patria segura, responsable y en paz”.

El funcionario describió escenas observadas en años recientes durante estas celebraciones. Señaló que algunas personas han lanzado bolsas con hielo, agua y otros objetos que pueden ser peligrosos para la vida de los demás, y por eso hizo un llamado a evitar agresiones, riñas y actos de vandalismo.

En esa misma línea, sostuvo que la seguridad empieza antes de que ocurra un hecho violento y remarcó que la prevención también implica cuidar la vida, los espacios públicos y el entorno. “Hoy queremos recordar que todos somos prevención, porque cada uno de nosotros puede ser parte de la solución”, afirmó.

El Gobierno vincula la antorcha con la tradición y rechaza la violencia como forma de celebración

Lorena Hernández, de UPSV Comunicación Social, presentó la campaña como una acción institucional para generar conciencia, promover conductas preventivas y acercar a la ciudadanía un mensaje “claro, oportuno y cercano” sobre la importancia de prevenir. Según explicó, las fiestas patrias reúnen a miles de personas en los recorridos de antorchas y el objetivo es que esa tradición se viva con seguridad, respeto y sin violencia.

Hernández detalló que la difusión incluirá publicaciones estáticas y videos cortos en redes interinstitucionales, además de materiales de sensibilización. Entre ellos mencionó un acordeón informativo con acciones preventivas para las fiestas patrias, un volante, bolsas ecológicas y una cinta para que los participantes se identifiquen como parte de la campaña.

La vocera también incorporó el componente ambiental al enfoque oficial. Explicó que una de las metas es evitar las “alfombras” de bolsas que quedan después de los recorridos y reforzar la idea de que la celebración no debe derivar en contaminación.

La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito Mayra de León vinculó la campaña con el inicio de las festividades patrias tras el Día de la Bandera, conmemorado el 17 de agosto. Sostuvo que la antorcha representa el mensaje de independencia y que esa, y no la agresión, es la tradición que el Gobierno quiere preservar.

“Tirar bolsas de agua, ser agresivos, ser violentos no lo es”, afirmó la viceministra. También recordó que el año pasado estos espacios “se convertían en batallas campales” en las que se arrojaban agua, hielo y otros objetos contundentes.

De León pidió a medios de comunicación, autoridades, padres, madres y docentes acompañar el esfuerzo para contener esos comportamientos y reforzar el sentido patriótico de la actividad. Advirtió además que sería grave que hubiera que suspender celebraciones de este tipo por hechos violentos y llamó a llevar “por todo el país el mensaje de sumarnos a la prevención, de no utilizar la violencia para celebrar la independencia”.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador emitió este viernes una advertencia sobre el riesgo de lesiones graves o muerte vinculado al uso de dos productos infantiles. La alerta, basada en reportes de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Salud de Canadá, responde a retiros voluntarios del mercado originados por diversos incidentes.

Según la información difundida por la Defensoría del Consumidor, la CPSC y la autoridad sanitaria canadiense notificaron el retiro de los taburetes de cocina plegables Boon Pivot Toddler Tower fabricados por la empresa Tomy International. El producto, diseñado para que los niños pequeños participen en tareas culinarias, presenta un riesgo de volcadura durante el uso, lo que podría causar caídas peligrosas e incluso la muerte.

La alerta indica que se comercializaron aproximadamente 116,908 unidades en Estados Unidos y 2,033 en Canadá entre enero de 2023 y junio de 2026. La alerta detalla que los taburetes afectados están hechos de metal y plástico, en colores gris y blanco, y miden cerca de 56 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 89 cm de alto. El nombre “boon” se encuentra visible en la parte superior y una advertencia aparece en el costado de la plataforma. Hasta el momento, se han reportado 11 incidentes de inestabilidad, desplazamiento o inclinación, aunque las autoridades no han registrado consumidores lesionados.

La institución solicitó información a proveedores locales para determinar si estos productos se encuentran disponibles en el mercado nacional. El objetivo es identificar posibles compradores y coordinar el retiro y la información pertinente para proteger a los consumidores.

Segundo producto infantil vetado

En otro comunicado, la entidad alertó sobre los riesgos asociados a los juguetes luminosos para dedos de la marca Oitnlaughter, comercializados por Delightmi en la plataforma Amazon. El retiro de estos productos, también ordenado por la CPSC, responde al peligro derivado de la fácil accesibilidad de las pilas de botón incluidas en cada luz. Según la advertencia, si un niño ingiere alguna de las pilas, puede sufrir lesiones graves, como quemaduras químicas internas o la muerte.

Los juguetes retirados corresponden a paquetes de 36 luces LED, cada una equipada con tres pilas de botón y con la capacidad de proyectar seis figuras de animales: tigre, elefante, conejo, panda, mariposa y pato. Entre julio de 2025 y abril de 2026 se vendieron 1,012 unidades en Estados Unidos. Hasta ahora, la compañía no ha recibido reportes de accidentes, pero la alerta se mantiene activa por el alto riesgo potencial.

La Defensoría del Consumidor informó que ha solicitado a los proveedores que confirmen si estos juguetes se distribuyeron en El Salvador, con el fin de localizar a los consumidores que pudieron haberlos adquirido y tomar las medidas necesarias para su retiro del mercado. La entidad también reiteró su compromiso de mantener informada a la población y de coordinar acciones de prevención junto a las autoridades internacionales.

De acuerdo con los reportes oficiales, la vigilancia de la Defensoría del Consumidor abarca tanto la verificación de la presencia de los productos como la disposición de canales de información para orientar a las familias salvadoreñas.

Costa Rica ampliará a partir del 01 de octubre de 2026 la lista de países y territorios para los que las personas costarricenses y residentes deberán cumplir con el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar.

La actualización incorpora a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana Francesa dentro de los destinos considerados de riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Estos países y territorios se suman a Colombia, Brasil, Perú y distintas naciones del continente africano, para los cuales ya se mantenía el requisito de vacunación de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

La principal novedad de la medida radica, por lo tanto, en la ampliación del listado de destinos sujetos a esta disposición, un cambio que obligará a más viajeros a revisar con anticipación su estado de vacunación antes de salir de Costa Rica.

Quienes tengan previsto desplazarse hacia alguno de estos lugares deberán contar con la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, además de disponer del correspondiente Certificado Internacional de Vacunación.

El plazo de 10 días cobra especial relevancia para quienes ya tienen vuelos o vacaciones programadas, pues aplicar la dosis pocos días antes de la salida podría impedir cumplir con los requisitos establecidos.

Por esta razón, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a no dejar el trámite para última hora.

“Si tiene un viaje programado, nuestra recomendación es que no espere al último momento. Verifique los requisitos sanitarios de su destino, revise su estado de vacunación y realice con anticipación las gestiones necesarias”, señalaron en el mensaje divulgado sobre la actualización.

¿Por qué se exige la vacuna?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados y presenta circulación en determinadas regiones tropicales de América y África.

Aunque algunas personas pueden experimentar cuadros leves, la enfermedad también puede evolucionar hacia formas graves, con afectaciones importantes en el organismo.

Entre sus síntomas pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. En los casos más severos pueden aparecer complicaciones como ictericia, hemorragias y afectaciones hepáticas o renales.

La vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de propagación entre territorios.

Precisamente por esa razón, numerosos países establecen requisitos sanitarios vinculados con la fiebre amarilla para quienes ingresan desde zonas de riesgo o tienen previsto desplazarse hacia ellas.

En el caso de Costa Rica, la actualización anunciada busca reforzar las medidas preventivas y adaptar los requisitos a las zonas actualmente consideradas con riesgo de transmisión.

Viajeros deberán revisar requisitos antes de salir del país

La ampliación de la lista tiene implicaciones especialmente para quienes ya compraron boletos o tienen previsto viajar en las próximas semanas.

A partir del 31 de agosto, no bastará con revisar pasaporte, visas, hospedaje o reservaciones. Los viajeros hacia los destinos incluidos deberán asegurarse también de cumplir con las disposiciones relacionadas con la fiebre amarilla.

Las autoridades recomendaron verificar tres aspectos antes de salir del país: el destino del viaje, el estado de vacunación y la disponibilidad del certificado internacional.

Además, resulta importante comprobar los requisitos particulares del país que se visitará, ya que las medidas sanitarias pueden variar dependiendo del territorio, escalas aéreas o condiciones epidemiológicas.

El cambio ocurre además en vísperas de un periodo en el que muchas personas comienzan a organizar viajes internacionales para los últimos meses del año.

Por ello, quienes tengan previsto visitar alguno de los nuevos destinos incluidos deberán calcular con especial atención el plazo mínimo requerido para la vacunación.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones estadounidenses contra su país están perjudicando la economía, pese a insistir hace unos días en que estas no lograrían nada.

“Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente”, dijo Pezeshkian a la televisión estatal en una entrevista la noche del viernes.

“Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra”, agregó el mandatario, refiriéndose a la contienda abierta desde que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, y para la que no se ha encontrado aún una salida.

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan para lograr la “asfixia económica” de Irán, y amenazó con duras consecuencias a los países terceros que comercien con Teherán y de esa forma traten de aliviar el cerco económico norteamericano.

Las nuevas medidas abundan en el régimen sancionador puesto en marcha desde que en 2018 el presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, retiró a Washington del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian dijo el viernes que las exportaciones e importaciones de Irán han caído entre un 25 y un 35% en los meses recientes, coincidiendo con el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Igualmente abogó por aumentar el precio de la gasolina, que tradicionalmente ha estado fuertemente subvencionada en el país, un importante productor y exportador de crudo. Cualquier subida de precio en las gasolineras es por tanto políticamente sensible.

El vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah había dicho el miércoles que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes estaba impidiendo la importación de suficiente gasolina para cubrir el consumo doméstico.

El mismo día, Pezeshkian dijo que las últimas sanciones de Estados Unidos “no lograrían nada”.

Las primeras sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán.

Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.

“Hoy, en el marco de la ‘Operación Marginado Económico’, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE como banco corresponsal a las instituciones financieras estadounidenses”, anunció el Tesoro en un comunicado.

“El Tesoro prometió cortar todas las vías de escape económicas que le quedan a Teherán y acabar definitivamente con la amenaza del régimen iraní”, declaró Bessent.

“También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní”, completó.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Reza Mohammad Taeedi, gerente de la sucursal de Bank Melli en Dubái. Y también impuso sanciones contra Kameng Trading Limited, una empresa fachada con sede en Hong Kong que ayudó a blanquear fondos para una casa de cambio iraní sancionada.

Las operaciones de rescate en Nepal enfrentaron un nuevo desafío este sábado: las condiciones meteorológicas adversas impidieron el uso de helicópteros durante parte del día, justo cuando la búsqueda de miles de desaparecidos tras las inundaciones repentinas a lo largo de la frontera con China entraba en su cuarto día.

El desastre dejó un saldo de más de 600 muertos y cerca de 3.000 personas sin localizar, según los reportes oficiales de este sábado. Los equipos de emergencia lograron rescatar a algunos supervivientes atrapados en el lodo, pero la magnitud del desastre mantiene en vilo a las comunidades afectadas.

Nepal y China mantienen desplegados a sus equipos de rescate, mientras centenares de familias esperan noticias. La búsqueda se concentra en puntos críticos como el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito nepalí de Rasuwa, donde las autoridades creen que más de 100 personas permanecen atrapadas en un túnel colmado de barro.

Las labores aéreas, suspendidas al amanecer del sábado por el mal tiempo, se reanudaron a media jornada en algunas zonas. “Las operaciones con helicópteros estaban suspendidas hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas”, declaró el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército nepalí, quien confirmó más tarde la reactivación parcial de los vuelos.

Los evacuados llegan a centros de ayuda en condiciones precarias. En el distrito de Nuwakot, periodistas de Associated Press observaron cómo helicópteros transportaban tanto víveres como supervivientes. “Los helicópteros iban cargados con cajas y bolsas de ayuda, que incluían ropa, fideos instantáneos, galletas y arroz”, narraron los testigos.

Muchos de los evacuados descendieron de las aeronaves sin más pertenencias que la ropa puesta y una bolsa plástica. Entre ellos, soldados acarrearon a bebés y personas mayores, que recibieron atención médica inmediata. Los paramédicos revisaron la presión arterial y el ritmo cardíaco de los recién llegados, además de evaluar su salud bucal.

En el centro de ayuda de Nuwakot, el ambiente era de ansiedad y esperanza contenida. Militares pegaron en las paredes listas de desaparecidos, lo que provocó que familiares se agolparan para buscar nombres conocidos. Algunos recorrían las hojas con los ojos mientras intentaban contener las lágrimas, otros tomaban fotos para compartir la información.

Afuera, la devastación era palpable: calles cubiertas de lodo, camiones atascados y señales de un desastre que cambió la rutina de la región. Las familias desplazadas sólo han podido recuperar lo esencial, mientras esperan noticias de sus seres queridos que aún no aparecen.

Los retos en el rescate y la amenaza de nuevos desbordes

Las autoridades no han bajado la guardia ante la posibilidad de nuevas inundaciones. El portavoz del ejército nepalí explicó que las advertencias sobre un lago recién formado en el Himalaya obligaron a reubicar temporalmente a algunos equipos de rescate. “Los equipos de rescate también se vieron obligados a reubicarse temporalmente cuando las autoridades emitieron advertencias sobre posibles inundaciones adicionales”, precisó Basnet.

El lago, formado tras el colapso de un glaciar, comenzó a desbordarse, lo que aumentó el nivel de alerta en la región. Según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, el nivel del agua bajó 10 metros desde el jueves, aunque la amenaza persiste.

Las tareas de búsqueda y rescate siguen en marcha tanto en Nepal como en el Tíbet chino. El cruce fronterizo de Gyirong, especialmente afectado, recibió a rescatistas que llegaron a pie, en balsas y también mediante drones. “¿Hay alguien?”, gritaban los socorristas, según imágenes difundidas por la televisión china.

Balance de víctimas y el impacto en la frontera Nepal-China

Hasta el sábado, la cifra de fallecidos en Nepal ascendió a 626, con 2.426 personas declaradas como desaparecidas. En China, los medios estatales reportaron siete muertes y 554 desaparecidos, aunque la información sobre supervivientes seguía siendo escasa.

Más de 3.700 personas han sido rescatadas en Nepal desde el inicio del desastre. Entre los desaparecidos figuran también centenares de extranjeros que se encontraban en la región para trabajar, hacer senderismo o peregrinar a un pico sagrado.

Miles de familias continúan esperando noticias, mientras la ayuda humanitaria viaja desde Katmandú hacia las zonas más golpeadas. Las labores de rescate siguen desafiadas por el clima, el lodo y la amenaza de nuevos desbordes, en un operativo que ya se cuenta entre los más complejos de la región en los últimos años.

(Con información de Associated Press)

“Continúan las labores para mitigar las consecuencias del ataque enemigo en el distrito de Buchansky. Estamos coordinando a todos los servicios responsables en el lugar. Lamentablemente, hasta el momento se han confirmado 27 fallecimientos. Esta cifra podría no ser definitiva. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, declaró Tkachenko, citado por Ukrinform.

Actualmente, equipos de rescate llevan a cabo operaciones de desmantelamiento de estructuras, extinción de incendios, búsqueda y rescate, e inspección de edificios y alrededores en la zona afectada. Los servicios médicos se encuentran en el lugar; 42 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas y recibieron atención médica especializada. Siete de los heridos fueron hospitalizados.

Las autoridades evacuaron a 381 personas, incluidas 59 niñas y niños, de la zona de emergencia. En Dmytrivka se habilitó un centro de operaciones para tramitar solicitudes de residentes, ofrecer comidas calientes y apoyo psicológico.

La evaluación de los daños continúa, aunque se estima que unas 50 viviendas sufrieron daños de distinta gravedad. Se dispuso alojamiento temporal para quienes perdieron sus hogares. Para más información, los afectados pueden dirigirse al centro de operaciones del ayuntamiento de Dmytrivska.

Según datos previos de Ukrinform, el jefe de la comunidad del asentamiento de Dmytrivska, Taras Didych, falleció a raíz del ataque ruso, que dejó además seis personas heridas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que no se deben almacenar municiones cerca de viviendas. “Existen regulaciones que prohíben almacenar municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se tomarán las medidas pertinentes”, afirmó Zelensky en una publicación en X en la que compartió imágenes de lo sucedido.

“Desde la noche de ayer, se han iniciado esfuerzos en la aldea de Myla, cerca de Kiev, para lidiar con las secuelas de un ataque con drones rusos. Se han establecido centros de coordinación en el lugar para ayudar a las personas. Todos los servicios necesarios están desplegados. Unidades del Servicio Estatal de Emergencias están en el terreno, con más de 300 personas involucradas”, detalló el mandatario.

Y siguió: “Un almacén fue alcanzado, seguido de una detonación. Desafortunadamente, la infraestructura circundante ha sufrido daños significativos: edificios residenciales, así como un hogar de cuidado para personas mayores y personas con discapacidades, han sido dañados. Hasta ahora, se han reportado 27 personas fallecidas. Una de las víctimas fatales fue el jefe de la comunidad de Dmytrivka, Taras Didych. Él estaba rescatando a personas. Mis condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Decenas de personas han resultado heridas. Más de 370 personas ya han sido evacuadas, y la evacuación continúa en curso”.

“Recibí informes del Primer Ministro Sergii Koretskyi y del Ministro del Interior Ivan Vyhivskyi. Quienes permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones. Investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania están llevando a cabo una investigación previa al juicio, y se han iniciado procedimientos penales por cargos de negligencia oficial. Hay regulaciones en vigor: las municiones no pueden almacenarse cerca de hogares u otras áreas residenciales. Ciertamente se sacarán conclusiones apropiadas”, prometió.

Por último, indicó: “También hubo ataques en nuestras regiones durante la noche: las regiones de Odessa, Dnipro, Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Kharkiv, Mikolaiv, Donetsk y Cherníhiv. Estuvieron involucrados más de 260 drones de ataque, así como drones Banderol. Kiev está bajo un ataque prácticamente ininterrumpido de drones propulsados por chorro. Ucrania no puede ser dejada sola para encontrar soluciones para defenderse contra tales ataques, y agradezco a todos los que están ayudando con paquetes adicionales de apoyo y pasos de sanciones contra Rusia”.

En los últimos días la Argentina fue testigo de cómo el largo brazo represivo de China actuaba con absoluta libertad en su territorio. La embajada de Beijing en Buenos Aires había solicitado a la Cancillería local que evitara un foro en la Legislatura de la capital del país donde se hablaría sobre totalitarismos. Un tópico urticante para el Partido Comunista Chino (PCC).

Solícitos, funcionarios nacionales atendieron la llamada diplomática y activaron sus teléfonos: se comunicaron al Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires para cancelar el evento que molestaba al embajador Wang Wei. La recepción del pedido fue atendida y el guiño, automático: la conferencia “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?“ organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) no se desarrollaría allí.

El caso no es aislado y forma parte de una estructura represiva de China que trasciende sus fronteras. La Ley de Unidad Étnica recientemente sancionada es parte de los movimientos que el régimen conducido por Xi Jinping realiza en todas partes del globo. Los uigures -una etnia radicada en el norte de aquel país perseguida brutalmente desde hace años por Beijing- son uno de los principales depositarios de estos abusos por parte del PCC.

En la conferencia instrumentada por CADAL -que finalmente se realizó en otra sede-, se presentaría Dolkun Isa, uno de los activistas uigures más importantes del mundo, exiliado en Alemania y ex presidente del Congreso Mundial Uigur. Esa fue la excusa que permitió instrumentar la censura, el silenciamiento.

Isa está acostumbrado a este tipo de presiones. El 20 de julio pasado, en Marruecos, fue expulsado del país por pedido de China. Se esperaba un discurso suyo en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa (IRF, por sus siglas en inglés), pero en el aeropuerto de Casablanca fue demorado más de 15 horas y puesto en un avión de vuelta a Alemania. Las autoridades del Ministerio del Interior que lo echaron no dieron mayores explicaciones. Beijing agradeció el gesto de buena voluntad.

El Congreso Uigur Mundial condenó el hecho y pidió explicaciones al gobierno marroquí: “El caso refleja un patrón más amplio de represión transnacional y pedimos a Marruecos que explique la decisión y aclare si estuvo implicada presión china. También se insta a Alemania, la UE, la ONU y a las organizaciones de derechos humanos a pronunciarse sobre el caso”.

Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos Uigur, escribió en una columna en The Diplomat que la Ley de Unidad Étnica ya estaba dañando a la minoría que representa en foros mundiales. “Beijing afirma que la ley fomentará la cohesión y protegerá los derechos de las minorías. En realidad, ya está logrando lo contrario”, advierte el autor de esa columna. Y ruega: “Los gobiernos deben tomar medidas decisivas para desafiar la ley y proteger a las comunidades de la diáspora antes de que sea demasiado tarde”.

El autor, un reconocido activista por la causa uigur, señaló que el régimen del PCC “desmanteló la vida social, cultural y religiosa de los uigures”. Numerosos países y parlamentos alrededor del mundo calificaron lo sucedido en la región de Sinkiang como un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Eso fue lo que el embajador Wang no quiso que se debatiera en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Varios funcionarios contribuyeron en ese pedido.

“La nueva ley hace que las escuelas, las instituciones religiosas, todos los niveles de gobierno e incluso las familias sean responsables de inculcar y hacer cumplir la definición del Partido Comunista Chino de ‘unidad étnica’. Exige que los padres ‘eduquen y guíen a los menores para que amen al Partido Comunista Chino’, reemplaza la educación bilingüe por el mandarín desde preescolar y exige que las instituciones religiosas persistan en la ‘sinización’ de la religión. En otras palabras, todos los niños deben ser educados para amar al Partido Comunista Chino, todos los idiomas deben dar paso al mandarín y cualquier fe solo está permitida cuando se adapta para servir al Estado”, resume Kanat.

El régimen de Xi Jinping busca barrer con el legado y la cultura uigures. Carteles en su idioma, señalizaciones urbanas, libros... todo debe ser reemplazado por el chino mandarín. “No podemos ni expresar tristeza”, dice Kanat en The Diplomat.

Al menos 500.000 uigures permanecen en instalaciones de máxima seguridad en China, mientras millones más son obligados a participar en programas de trabajo forzado organizados por el Estado.

Desde 2017, China gestionó una extensa red de campos de concentración y prisiones donde se detuvo entre 1 y 1,8 millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, sometiéndolos a torturas, adoctrinamiento y explotación laboral.

Investigaciones y hallazgos de las Naciones Unidas confirman que estos abusos- tortura, violencia sexual, esterilización forzada y separación familiar- persisten en la actualidad y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Francia y Suecia calificaron estos hechos como genocidio, de acuerdo a un informe del Congreso Mundial Uigur.

Un informe de las primeras semanas escrito por Adrian Zenz, investigador principal en estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, y Muetter Tohti, investigadora y activista uigur para Foreign Policy explicó la realidad que viven familias uigures exiliadas.

“Las democracias occidentales finalmente están tomando en serio la amenaza. Los gobiernos están adoptando definiciones formales, han creado grupos de trabajo interinstitucionales y están abriendo canales de denuncia y apoyo para las víctimas. En 2025, los líderes del G-7 emitieron una declaración conjunta sobre el tema, y el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la represión transnacional dirigida contra defensores de los derechos humanos”, subrayan los autores.

Y remarcan otro tipo de represión que está adoptando la autocracia de Xi Jinping: “Los regímenes que perpetran represión transnacional también practican la cooptación transnacional, asegurando la aquiescencia mediante la oferta de beneficios condicionados, así como la legitimación transnacional, fabricando el consentimiento a través de propaganda y el control narrativo relacionado”.

“La represión transnacional se ha convertido en un punto de unión para activistas de derechos humanos y políticos porque los actos de coerción son fácilmente observados y condenados. Sin embargo, por la misma razón, este concepto se ha vuelto demasiado estrecho para captar el repertorio en evolución mediante el cual los Estados intimidan y silencian a sus diásporas”, dicen Zenz y Tohti.

Kanat va más allá: “La afirmación de que individuos en el extranjero podrían afrontar responsabilidad legal por ‘socavar la unidad étnica’ debería alarmar a todos los gobiernos (...). Deben emitir condenas públicas claras, exigir la derogación de la ley y dejar claro que China no tiene jurisdicción sobre la libertad de expresión legal en otros países”.

X: @TotiPI

El 24 de junio el suelo se movió en Venezuela. Lo que vino después también puede medirse. Durante las primeras horas, miedo. Después, incertidumbre. Más tarde, dolor. Recién a las setenta y dos horas empezó a crecer otra cosa: rabia. “Horas sin noticias de mi familia, el teléfono no funciona, esto es una agonía”, gritaba Juana, desde la zona afectada, sin saber todavía si los suyos estaban vivos.

La secuencia quedó registrada en millones de publicaciones, comentarios y mensajes. Durante dos días la emergencia desplazó casi por completo a la política. Después la política volvió. Un terremoto no tiene ideología, pero la forma en que un poder responde —o no responde— siempre la tiene. Un terremoto no explica un país. En este caso lo revelo.

Desde enero, Timpano, el software de escucha digital que desarrollamos en Methodo, viene procesando la conversación venezolana: solo en el último estudio, 415 millones de interacciones. Ese material fue contrastado con mediciones sistemáticas de opinión pública, hechas antes y después de los sismos, y con entrevistas en profundidad a venezolanos comunes, dentro y fuera del país.

No buscamos reunir todos los datos disponibles. Demasiados números suelen ser otra manera de no decir nada. Importan los que permiten descubrir algo: aquellos después de los cuales un problema ya no puede mirarse igual. Conviene decir también lo que no capturan. Una conversación digital no mide a quien está sin luz, sin señal o sin ganas de escribir, y en Venezuela esa gente es mucha. Para eso están las entrevistas. Lo que sigue es lo que sí puede afirmarse.

Ordenado así, el presente venezolano tiene cuatro dimensiones: el régimen que permanece, Estados Unidos y su rol, la representación opositora y la palabra alrededor de la cual la sociedad empezó a organizar su futuro.

Cambiar el orden de los factores no termina con el régimen

Maduro ya no está en Miraflores. El régimen sí. La Presidencia cambió de ocupante; los hermanos Rodríguez, Cabello, la Asamblea oficialista, las fuerzas de seguridad, los jueces, las cárceles y los mecanismos de control siguen exactamente dónde estaban.

Más del 85% de los consultados considera que el chavismo, el gobierno terminado de Maduro y la actual conducción son el mismo proyecto político. El 89% define al gobierno encabezado por Rodríguez como una dictadura. No como una democracia incompleta, ni como una transición imperfecta, ni como uno de esos híbridos conceptuales que permiten completar informes internacionales sin llamar a las cosas por su nombre. Una dictadura.

Los sismos convirtieron esa definición en experiencia cotidiana. Antes, el 67% calificaba la gestión como mala o muy mala. Después, el 87%. Veinte puntos en cuestión de semanas: pocas gestiones consiguen tanto en tan poco tiempo.

El rechazo ya estaba. La emergencia lo volvió imposible de disimular. Primero fueron la ausencia, la lentitud y la improvisación. Después, la opacidad, las restricciones para entrar a las zonas afectadas y la sospecha de que hasta la ayuda humanitaria podía administrarse como un mecanismo de control.

“Ahora sí aparecen, pero para cerrar vías y no dejar pasar la ayuda de la gente”, me contaba Miguel, un estudiante que vive en Petare. Dianett, una maestra con familia en La Guaira describía el reverso de la misma escena: “Llevamos dos días y no se ve ni un militar ni una autoridad. Sólo vecinos sacando escombros con las manos”.

Un Estado ausente para rescatar y presente para controlar. Del otro lado, otra cosa: vecinos turnándose para cavar, listas de desaparecidos anotadas a mano en cuadernos escolares porque no había ningún registro oficial donde anotarlas, colectas organizadas por WhatsApp desde Bogotá, Miami, Madrid o Santiago por gente que hace años no pisa el país y que igual sabía dónde mandar el dinero. Un país que se rescató a sí mismo mientras el poder decidía a quién dejaba pasar.

La continuidad también la miden los inversores. No alcanza con cambiar de interlocutor mientras siguen intactas las instituciones que ejecutaron las confiscaciones y expropiaciones que terminaron en arbitrajes internacionales. Es difícil construir previsibilidad sobre una estructura que conserva los mismos resortes de decisión.

La extracción de Maduro cambió la cabeza visible del poder. No su lógica. Un régimen no cambia cuando libera a algunos de sus prisioneros mientras encarcela a otros. Cambia cuando deja de necesitarlos.

De la aclamación a la impaciencia

A comienzos de enero, Estados Unidos no era solamente esperado en Venezuela. Era invocado.

Después de años de declaraciones, sanciones, negociaciones interrumpidas y promesas internacionales, aparecía por fin un actor con voluntad y capacidad de modificar una historia que parecía condenada a repetirse. La extracción de Maduro convirtió esa expectativa en gratitud, en alivio y, durante algunas semanas, en aclamación.

“Trump había iniciado un trabajo que en su primer mandato no llegó a terminar. Ahora va más rápido, no pierde tiempo y va muy en serio”, me decía Jellmer, un vecino de Carabobo unos días antes del 3 de enero. No era adhesión ideológica. Era esperanza depositada en el único poder que parecía capaz de hacer aquello que el resto del mundo llevaba años explicando por qué no podía hacerse.

La conversación digital lo mostró con una intensidad excepcional. En enero, Estados Unidos alcanzó una valoración positiva del 72% entre los venezolanos: la más alta que Timpano registró en toda la región, incluso por encima de Chile, el país donde históricamente obtenía sus mejores números.

En julio, esa valoración había caído al 54% y la negativa había subido del 28% al 46%. Dieciocho puntos menos de imagen favorable. La distancia entre conversación positiva y negativa pasó de 44 puntos a apenas ocho.

Venezuela dejó de ser el país de la región que mejor valoraba a Estados Unidos y volvió al promedio regional. Es menos un giro antiestadounidense que el final de una excepcionalidad.

Los terremotos aceleraron ese tránsito. En las primeras horas aparecieron la gratitud y el reconocimiento: “Gracias, Estados Unidos, por los rescatistas que están salvando vidas bajo los escombros. Llegaron cuando más los necesitábamos”, comentaba una ciudadana con su departamento destruido en su cuenta de Instagram. Días después, la pregunta que se repetía era: “Estados Unidos tiene el poder de condicionar al régimen y no lo hace. Dejan que Rodríguez y Cabello sigan bloqueando la ayuda”.

Es discutible si la expectativa era razonable. No es discutible que existió, ni que Washington ayudó a construirla. Los venezolanos no dejaron de valorar la intervención: dejaron de celebrarla sin condiciones.

Hay una vieja ironía diplomática según la cual siempre conviene confiar en que los Estados Unidos harán lo correcto, una vez agotadas todas las demás alternativas. En Venezuela esa ironía dejó de ser un chiste de embajada: se volvió una cuenta, y alguien la paga. Porque a esta altura el desenlace parece inevitable y lo único que está en discusión es cuánto se demora. La demora no es neutral. Al régimen no le cuesta nada, lleva años haciendo de la espera un programa de gobierno. Les cuesta a los venezolanos, que la miden en apagones y en entierros. Y les cuesta a quienes prometieron acompañarlos: cada semana sin fecha cambian un poco de prestigio por algo mas de tiempo.

La legitimidad no congela la representación

La Asamblea Nacional de 2015 nació de una victoria indiscutible: la oposición obtuvo 112 de las 167 bancas y recibió un mandato claro para enfrentar al régimen. Esa legitimidad de origen permanece. Lo que el paso del tiempo obliga a discutir es su alcance representativo en 2026.

El país que votó entonces era otro. TikTok no existía, ChatGPT no era siquiera una palabra y Donald Trump nunca había gobernado. Desde entonces, varios países de la región tuvieron entre tres y cuatro presidentes, Perú diez.

Pero la transformación decisiva ocurrió dentro de la propia sociedad venezolana. Los cerca de 695.000 refugiados y migrantes que vivían fuera del país a fines de 2015 son hoy más de ocho millones. Todo venezolano que tiene 27 años o menos era menor de edad cuando se eligió aquella Asamblea. Millones de adultos nunca pudieron votar a quienes todavía aseguran representarlos.

Los datos actuales muestran dónde se concentra la adhesión. Después de los terremotos, María Corina Machado alcanzó más del 75% de imagen positiva y cerca del 80% de intención de voto. Entre los dirigentes vinculados con ciclos opositores anteriores, la mayoría registra niveles de negatividad semejantes a los de figuras del régimen.

Estuve en Santiago de Chile, en el primer gran encuentro público de María Corina con la diáspora. Llegaban en familia y temprano, como quien va a una cancha o a una misa. Había padres con los hijos sobre los hombros, banderas, arepas, música. Había gente grabando con el teléfono en alto para mandarle el video a alguien que no podía estar. Y había gente llorando, que es algo que después no entra en ninguna planilla. Guadalupe una abuela que se exilió para estar cerca de sus nietos, me lo explicó en una sola línea: “La gente la espera. Ella es la esperanza”.

La escena no invalida la victoria de 2015. Muestra otra cosa. Aquella elección explica el origen de una representación; la adhesión de la sociedad actual permite estimar cuánto de esa representación sigue vigente. Confundir las dos dimensiones equivale a usar una fotografía de hace diez años para describir un país que cambió de población, de territorio, de conversación y también de liderazgo.

La palabra que ocupa el futuro

Durante años, los venezolanos enfrentaron armas con escudos de cartón. El cartón no detiene una bala, no impide una detención, no protege de un golpe. Su sentido era otro: expresaba la decisión de una sociedad de poner el cuerpo sin reproducir la violencia de quienes la reprimían.

María Corina Machado construyó su liderazgo desde ahí. No prometió devolverle al régimen sus métodos: propuso derrotarlo sin dejar que definiera la naturaleza de quienes lo enfrentaban.

Por eso, después de las persecuciones, el exilio, las cárceles, las torturas y las muertes, la palabra que crece no es venganza. Es elecciones.

Más del 76% de los consultados cree que la transición democrática será pacífica. En las entrevistas, esa expectativa tiene una urgencia concreta: “Las elecciones tienen que ser rápido, no podemos seguir tolerando la tragedia diaria en nuestro país”, me decía Darío, un médico oriundo de Zulia en medio de uno de esos apagones que ya nadie se molesta en anunciar.

El hallazgo más interesante, sin embargo, no surge de una respuesta inducida. Aparece solo, en la conversación pública. En enero, las menciones sobre elecciones representaban el 8% de todo lo que se hablaba de Venezuela. En mayo llegaban al 16%. En junio, los terremotos ocuparon casi toda la atención y el tema cayó al 2%. Cuando la emergencia dejó de monopolizar la conversación, la palabra volvió con más fuerza: 17% en julio, 18% en agosto.

Una conversación digital no fija la fecha de una elección, no reemplaza instituciones ni garantiza una transición. Sí permite ver cuándo una sociedad empieza a ordenar su futuro alrededor de una solución concreta. La tragedia silenció la palabra durante unas semanas; la expectativa siguió intacta.

Conviene no confundir esa paciencia con resignación, ni darla por infinita. Los escudos de cartón fueron una decisión moral, no una condena perpetua. Una sociedad puede elegir durante años no responder con violencia. Nadie demostró todavía cuántos años.

Las fechas suelen aparecer primero en el lenguaje y después en los calendarios. El régimen todavía administra estructuras. Estados Unidos administra tiempos. Parte de la dirigencia opositora administra legitimidades del pasado. Los venezolanos, mientras tanto, parecen haber resuelto las dos preguntas que importan: quién los representa y mediante qué mecanismo quieren recuperar la libertad.

Venezuela todavía no tiene una fecha. Tiene una decisión. El calendario sigue en manos del poder. El futuro, cada vez menos.

El autor es politólogo, fundador y CEO de Methodo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá una reunión el próximo martes con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, capital de Kirguistán. El encuentro fue confirmado por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien precisó que la cita tendrá lugar el 1 de septiembre, una vez concluidos todos los actos principales de la OCS, según declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.

Pezeshkian será el primer presidente en conversar con Putin el martes en el marco de la cumbre, en una agenda que incluye también reuniones del mandatario ruso con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, entre otros líderes.

Sobre la reunión con el presidente iraní, Ushakov subrayó la importancia del encuentro “dada la actual situación de inestabilidad en Oriente Próximo y la situación en torno a Irán”. El asesor indicó que “el tema de Medio Oriente será uno de los asuntos clave en el curso de la conversación”, junto a cuestiones bilaterales entre ambos países.

Según Ushakov, los países miembros de la OCS firmarán cerca de una veintena de acuerdos y emitirán una declaración en Biskek, donde también estarán presentes representantes de países observadores o invitados como Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Egipto, Laos, Vietnam o Turkmenistán.

“La OCS es a día de hoy una de las alianzas regionales más grandes y con mayor autoridad. Y uno de los centros del incipiente mundo multipolar”, declaró Ushakov. El Kremlin confirmó también que Putin asistirá a la cumbre del grupo BRICS, prevista para los días 12 y 13 de septiembre en Nueva Delhi.

Respecto a su agenda, el próximo lunes, Putin y el líder de China, Xi Jinping, abordarán el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia-2, tras no haberse alcanzado un acuerdo definitivo durante la visita del mandatario ruso a China en mayo. “Será una reunión muy importante. La segunda entre ambos líderes este año”, detalló el asesor presidencial de política internacional.

Ese mismo día, el jefe del Kremlin se reunirá con Modi, tras haber discutido recientemente la cooperación energética con el ministro de Exteriores indio en Moscú.

Al término de la cumbre, el martes, el mandatario ruso mantendrá una reunión con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Ushakov adelantó que “Oriente Medio será uno de los temas clave”, junto con asuntos bilaterales. Con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, los temas centrales serán la situación en el mar Negro y el conflicto en Ucrania.

Además, Putin se reunirá en Biskek con el presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokáyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien tratará los planes armenios de acercamiento a la Unión Europea y la detención reciente de políticos opositores.

La cumbre de Bishkek se desarrolla en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones comerciales entre algunos miembros de la OCS. Mientras Rusia e Irán están implicados en guerras activas —Ucrania y Medio Oriente respectivamente—, otros integrantes afrontan disputas comerciales, como la reciente imposición de aranceles estadounidenses a productos de China e India.

Durante este mes, Estados Unidos implementó sanciones secundarias dirigidas a los socios comerciales de Irán en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo, con el objetivo de debilitar al régimen iraní. Washington advirtió además sobre posibles sanciones a aliados de Irán. China, principal importador de petróleo iraní, respondió que “defenderá firmemente” sus intereses.

Irán, bajo sanciones internacionales desde la revolución de 1979, reiteró que no cederá ante la presión económica, aunque el presidente Masud Pezeshkian reconoció que el país enfrenta “dificultades económicas”. Teherán se integró plenamente a la OCS en 2023.

De acuerdo con el experto en relaciones internacionales Mohammad Hassan Najmi, citado por la agencia AFP, Irán apuesta a que su pertenencia activa en estas alianzas le permitirá eludir las sanciones estadounidenses y europeas, aunque advirtió que los beneficios concretos del grupo son inciertos: “En tiempos de crisis, estas alianzas rara vez permitieron a Irán resolver sus dificultades”.

El bloque, que afirma representar cerca del 40% de la población mundial y el 25% del PIB global, sigue siendo heterogéneo y presenta desacuerdos internos. Rusia y China compiten por influencia en Asia Central, zona estratégica en el transporte de mercancías entre Europa y Asia, mientras que Beijing mantiene relaciones tensas con India y Pakistán.

(Con información de EFE y AFP)

En medio de los crecientes reclamos por el incremento del precio del diésel para algunos consumidores en Bolivia, la administración de Rodrigo Paz descartó su abrogación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la continuidad de la medida por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de USD 1.900 millones.

En un encuentro con alcaldes del país, Aramayo señaló que el financiamiento del FMI “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.

“El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”, añadió el funcionario.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 27 de agosto, nivela al valor internacional el precio del diésel para los “grandes consumidores”: pasa de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. La norma establece que el objetivo es “regularizar la provisión” del carburante y señala que el precio es referencial y flexible, y que será calculado de manera diaria con base en los valores internacionales.

La medida no afecta al transporte público ni a los usuarios particulares para quienes el producto se mantiene parcialmente subsidiado. Sin embargo, ha generado el rechazo de múltiples sectores, principalmente productores agrícolas y el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a varias instituciones del departamento y que se atribuye la defensa de los intereses de esa región.

Mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico mantienen su exigencia de abrogar el decreto y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de tomar medidas de presión, organizaciones de productores realizaron una protesta con bloqueo en la ruta que une las ciudades de Trinidad y Santa Cruz, al este del país, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes.

En medio de los reclamos, el presidente defendió la aplicación del decreto y señaló que “se puede mejorar, pero no retroceder”. Paz argumentó que la crisis económica heredada de anteriores gestiones impide mantener el subsidio a los combustibles, vigente en el país durante casi 20 años y parcialmente eliminado en diciembre pasado.

Mientras el gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para reducir el gasto público y cumplir compromisos con el FMI, la Gobernación de Santa Cruz, principal región productiva del país, busca abrir una vía paralela de abastecimiento con empresas privadas.

La propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco contempla un decreto departamental mediante el cual la Gobernación sería articuladora entre proveedores internacionales y operadores privados para garantizar el abastecimiento, aumentar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad de precios.

Durante casi 20 años, los bolivianos compraron diésel y gasolina a un precio subsidiado y significativamente menor que el valor internacional. Sin embargo, las crecientes dificultades de importación —por la crisis económica, la falta de divisas y el agotamiento de las reservas internacionales— provocaron desde 2023 periodos de desabastecimiento cada vez más prolongados y frecuentes.

En ese contexto, una de las primeras medidas de la administración de Paz fue levantar parcialmente el subsidio con el objetivo de regularizar el suministro y combatir el contrabando de combustibles. Sin embargo, la medida aprobada en diciembre no logró resolver la crisis de abastecimiento ni disipó los cuestionamientos sobre la calidad del combustible comercializado en el país, que en el primer trimestre de este año provocaron daños en decenas de miles de vehículos que reportaron fallas mecánicas.

En ese contexto, el conflicto por el aumento del precio del diésel para los grandes consumidores pone al Gobierno de Paz ante el desafío de sostener una política económica que considera necesaria para estabilizar las cuentas públicas, mientras enfrenta el creciente costo político y social de sus decisiones.

El martes pasó algo que hace un año parecía imposible: los kurdos sirios anunciaron el fin de su propio ejército. Desde el Palacio del Pueblo en Damasco, el comandante Mazloum Abdi dijo la frase que resume catorce años de guerra: “Anunciamos hoy el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y declaramos, con plena responsabilidad, su disolución”.

¿Qué eran las FDS? Una alianza de milicias, con los kurdos como columna vertebral, que Estados Unidos armó en 2015 para pelear contra el Estado Islámico. Fueron, durante años, la fuerza más efectiva contra los yihadistas en el terreno. A cambio de esa alianza, terminaron controlando casi un cuarto de Siria: petróleo, ciudades, fronteras, un gobierno propio. Ahora, todo eso pasa a manos de Damasco, sin disparos ni resistencia.

¿Por qué ahora?

La respuesta corta es: porque a los kurdos no les quedaban muchas más opciones. En enero de este año, el ejército sirio lanzó una ofensiva que en pocas semanas les quitó a las FDS alrededor del 80% del territorio que controlaban, según datos del Global Conflict Tracker del Council on Foreign Relations. Ciudades como Raqa y Deir al Zor, que los kurdos habían liberado del Estado Islámico años atrás con miles de vidas, cambiaron de manos casi sin pelea, porque las tribus árabes que integraban las FDS se pasaron de bando.

A esa derrota militar se sumó algo todavía más determinante: Estados Unidos les soltó la mano. Washington fue el gran padrino de los kurdos sirios durante una década, pero después de la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, el gobierno de Donald Trump apostó por construir una relación con el nuevo presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y dejó de proteger a sus antiguos socios kurdos. Sin ese paraguas, seguir resistiendo no tenía sentido.

Lo que se firmó el martes viene de un acuerdo más viejo: Abdi y al Sharaa lo habían pactado el 29 de enero, y lo reforzaron en marzo con un marco que incluía garantías culturales y lingüísticas para los kurdos. Tardó ocho meses en concretarse porque había puntos muy delicados para resolver: las estructuras de mando militar, la gobernanza de las ciudades del noreste y, sobre todo, qué hacer con las combatientes mujeres de las FDS, algo que chocaba con la mirada más conservadora del nuevo gobierno sirio encabezado por al Sharaa, un ex líder yihadista que rompió con Al Qaeda antes de liderar la ofensiva que derrocó a Assad.

Qué gana cada uno

Damasco gana control real sobre todo el país. Según la Foundation for Defense of Democracies, el gobierno ya tomó los campos petroleros de Rumeilan y Suwaydiyah, las fronteras que antes manejaban los kurdos, el aeropuerto de Qamishli, y sumó a la nómina estatal a unos 20.000 empleados del sistema educativo del noreste. Es decir: junto al territorio ganó recursos e infraestructura clave.

Los kurdos, a cambio, consiguieron algunas garantías: sus fuerzas se integrarán al Ministerio de Defensa con al menos cuatro brigadas, su policía (la Asayish) pasará al Ministerio del Interior, y hay compromisos para enseñar y reconocer el idioma kurdo, explicó el analista Wladimir van Wilgenburg a la agencia EFE. También conservarán algo de autonomía local, como la alcaldía de Kobane. Pero perdieron lo esencial: la administración autónoma que tenían antes de este año desaparece. Es el final formal del Rojava, el utópico proyecto de autogobierno kurdo.

Turquía es la gran ganadora silenciosa. Desde 2016 presiona para que se desarme una fuerza que considera un brazo del PKK, el grupo armado kurdo que combate al Estado turco desde hace décadas, y llegó a lanzar tres operaciones militares contra los kurdos sirios entre 2016 y 2019. Ahora consigue casi todo lo que quería sin gastar una bala: incluso Abdullah Öcalan, fundador del PKK preso en Turquía desde 1999, calificó el acuerdo como un paso que “facilita y acelera” la pacificación con Ankara. Turquía y Arabia Saudita fueron, de hecho, de los primeros países en celebrar la noticia.

La dimensión geopolítica

Este acuerdo no es solo un asunto interno sirio. Encaja en un tablero mucho más grande que se está reacomodando desde la caída de Assad.

Para Washington es la prueba de que su apuesta por al Sharaa funciona: el enviado especial de EEUU para Siria, Tom Barrack, calificó el anuncio de “absolutamente histórico” y habló de un “liderazgo con visión de futuro”. No es un dato menor: significa que Estados Unidos, en los hechos, ya eligió entre sus dos aliados en la zona —los kurdos y el nuevo gobierno sirio— y se quedó con el segundo.

Por otro lado está Israel, que mira todo este proceso con desconfianza. Según un análisis del think tank Middle East Institute, Israel había mostrado preferencia por una Siria dividida y más débil, y algunos sectores llegaron a especular con un apoyo israelí a una eventual independencia kurda. De hecho, Israel viene bombardeando objetivos militares en Siria desde la caída de Asad para evitar que el nuevo gobierno sirio acumule demasiado poder, y mantiene una zona ocupada en el sur del país cerca de los Altos del Golán. Sin embargo, cuando Damasco avanzó contra las FDS en enero, se mantuvo al margen: la mano decisiva fue la de Estados Unidos. Turquía, al mismo tiempo, desconfiaba de la presencia militar israelí en el sur de Siria, por temor a que redujera la presión sobre los kurdos para negociar.

Y después está Irán, el gran ausente de esta historia comparado con los años de Assad. Damasco viene actuando activamente contra las rutas de armas iraníes hacia el Hezbollah libanés, lo que le abrió una ventana de acercamiento con Israel pero también generó fricciones con Teherán, que perdió a uno de sus principales socios en la región tras la caída del régimen anterior.

Lo que todavía no está resuelto

No todo quedó cerrado con el anuncio. Varios analistas advierten que hay dudas sobre cómo se va a organizar realmente el mando de las tropas kurdas dentro del ejército sirio. Rob Geist Pinfold, de King’s College London, resumió a Al Jazeera así el momento de los kurdos: perdieron poder de negociación “simplemente porque Estados Unidos dejó en claro que ya no goza de estatus protegido”. Además, el acuerdo obliga a que todos los combatientes extranjeros de las milicias kurdas —muchos vinculados al PKK— abandonen Siria, una condición que Turquía puso como innegociable.

En resumen: la disolución de las FDS marca el final de una etapa para los kurdos. Pero también es una pieza más de un rompecabezas donde Turquía gana influencia, Estados Unidos consolida a su nuevo socio, Israel observa con cautela y los kurdos sirios apuestan —sin garantías firmes— a que ser parte de un Estado unificado valga más que la autonomía que están dejando atrás.

Rusia parece estar perdiendo la guerra en Ucrania, tanto en el plano moral como en el militar. No fue una operación especial rápida; al contrario, ha sido una invasión larga y costosa en la que se ha visto obligada a buscar mercenarios en países extranjeros, incluida América Latina.

En México, Rusia reclutó soldados a través de plataformas de redes sociales como Facebook. Un reporte de La Crónica destaca que la oferta incluía un pago de 3.000 dólares, alojamiento, manutención y una bonificación de 28.000 dólares.

Pero no todo lo que brilla es oro. Las ofertas laborales dirigidas a captar posibles reclutas se centraban en los sectores de la construcción y la seguridad privada. Sin embargo, al llegar a Moscú, los planes cambiaban: les confiscaban pasaportes, les entregaban uniformes y les enviaban al frente de batalla. Los beneficios y salarios prometidos nunca se materializaron.

Desde 2024, se estima que unos 1.200 ciudadanos peruanos se han alistado en el ejército ruso. La gran mayoría recibió ofertas de trabajo en servicios de cocina, seguridad y transporte. El paquete incluía un salario mensual de 2.500 dólares, alojamiento y una bonificación de entre 20.000 y 50.000 dólares.

Colombia también fue objeto de los esfuerzos de reclutamiento rusos. La nación sudamericana —que ha sufrido durante años la guerra de guerrillas, el terrorismo y la violencia paramilitar— cuenta actualmente con una gran población de excombatientes empobrecidos y desempleados. Ellos constituían el blanco perfecto para las promesas rusas de una vida mejor.

Las ofertas que circulaban en redes sociales y mediante el boca a boca prometían un salario mensual de 3.500 dólares, una bonificación de 35.000 dólares y la ciudadanía rusa. Ninguna de estas promesas llegó a cumplirse. Como siempre, el gobierno ruso negó tener conocimiento de estas operaciones ilícitas, que se repetían una y otra vez.

También se han registrado casos en Centroamérica, concretamente en El Salvador, que involucran a personas que viajaron a Rusia en busca de trabajo, un buen salario y otros incentivos laborales lucrativos. No obtuvieron nada de eso; en su lugar, fueron enviados al frente de batalla.

En Bolivia, Rusia reclutó a personas de escasos recursos con ofertas similares y bonificaciones que oscilaban entre los 16.000 y los 20.000 dólares. Se han reportado al menos 20 casos en Santa Cruz. Los empleos estaban dirigidos a albañiles, plomeros, cocineros y guardias de seguridad. Les prometieron el oro y el moro, pero solo encontraron un infierno en tierra extranjera.

Rusia ha estado utilizando mercenarios cubanos desde 2023. Los soldados de la isla conocen el armamento, están entrenados y su contratación resulta económica, lo que reduce a cero el costo político para Putin. Nadie en Moscú se quejará por la muerte de soldados extranjeros.

En 2025, Cuba llevó la situación a otro nivel. El número de mercenarios enviados a pelear en favor de Rusia alcanzaría un estimado de 20.000 soldados. La tendencia indica que Cuba podría incluso superar la cantidad de tropas provenientes de Corea del Norte.

Los jóvenes cubanos que se alistaron en las filas rusas creyeron en las promesas de dinero y bienestar para sus familias en la isla, pero solo han encontrado muerte, engaño y deshonra. El régimen ruso se aprovecha de la necesidad y la desesperación que se viven en Cuba y en otros países.

Para los soldados de la isla el paquete incluye dos mil dólares mensuales, la ciudadanía rusa y 15 días de vacaciones cada seis meses. Es una promesa atractiva que Putin ha cumplido solo a medias, lo que ha generado deserciones y descontento.

Rusia no está ganando la guerra, por más iglesias, escuelas o edificios residenciales que bombardee. Perdió la batalla el día que invadió un país soberano y decidió sacar provecho de la pobreza ajena, reclutando soldados mediante mentiras y falsas promesas.

El autor es periodista exiliado, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el viernes que recibió información directa de las autoridades de Estados Unidos sobre las reuniones recientes celebradas en Moscú, lideradas por el director de la CIA, y valoró la firmeza de Washington, así como la promoción de una perspectiva “completamente realista” para forzar el fin del conflicto.

“Hoy recibimos información de la parte estadounidense sobre las reuniones que tuvieron lugar en Moscú estos días. Hubo una serie de reuniones. Hablamos antes de las reuniones, y hemos hablado nuevamente ahora con los estadounidenses”, declaró Zelensky en un video publicado en sus redes sociales, luego de que trascendiera que Kiev no tenía constancia de una visita estadounidense a territorio ruso.

El mandatario ucraniano destacó la importancia de mantener la coherencia diplomática y subrayó que deben generarse las condiciones necesarias para obligar al Kremlin a cesar la agresión.

“Gracias por la información (en referencia a Washington) – y por el tono necesario de la conversación con Rusia. Valoramos la alineación de los pasos y el hecho de que Estados Unidos está avanzando una visión realista de lo que necesita hacerse y lo que debe lograrse. Rusia debe poner fin a su guerra, y deben crearse todas las condiciones necesarias para que eso ocurra”, afirmó Zelensky.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita a Moscú el martes, y sugirió que el encuentro con las autoridades rusas estuvo vinculado a la invasión a Ucrania. “Fue una especie de semi rutina. Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania”, declaró el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con el presentador de radio Glenn Beck.

El mandatario estadounidense aseguró que el viaje no guardó relación con Irán ni con amenazas rusas contra la OTAN. “No estaba allí por ninguna de esas cosas que usted menciona”, respondió ante preguntas sobre ambos temas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Ratcliffe viajó a Moscú para mantener discusiones “entre servicios secretos”, aunque aclaró que el funcionario estadounidense no se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Hasta el momento, los intentos de Trump por poner fin al conflicto en Ucrania, incluidos encuentros previos como la cumbre realizada en Alaska con Putin hace poco más de un año, no lograron destrabar la guerra.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó el viernes que Varsovia mantiene un contacto constante con la dirección de la CIA y que no le sorprendió la visita de Ratcliffe, a Moscú. “No nos sorprende ninguna información relativa a las operaciones e iniciativas que está llevando a cabo el director de la CIA”, declaró el jefe de Gobierno durante una conferencia juvenil al ser consultado sobre si la visita debía generar preocupación.

Tusk añadió que Polonia fue informada sobre la necesidad de un debate urgente al más alto nivel entre ambos países sobre este asunto, aunque no ofreció más detalles al respecto.

En paralelo a los diálogos de delegaciones involucradas en el conflicto, Zelensky anunció además el objetivo de triplicar los ataques con drones de largo alcance contra Rusia en medio de una escalada del conflicto en varios frentes. Desde la capital ucraniana, el mandatario detalló: “La tarea es: 1.000 drones diarios. Actualmente llevamos a cabo un promedio de más de 300 de este tipo; esa cifra debe aumentar”. “Tenemos un objetivo concreto y lo cumpliremos”, añadió.

El objetivo de la nueva campaña es presionar militarmente a Moscú para forzar concesiones. “Ya tienen menos combustible, menos exportaciones y una capacidad logística reducida”, señaló Zelensky y advirtió: “Sufrirán aún más pérdidas si Rusia no está dispuesta a negociar con sensatez”.

Las fuerzas ucranianas dirigieron ataques contra refinerías de petróleo, centros logísticos y objetivos militares dentro de territorio ruso. La inteligencia militar de Ucrania documentó que estos ataques disminuyeron el suministro de combustible, los ingresos por exportaciones y la producción de motores de cohetes de combustible sólido en Rusia. Entre los objetivos recientes destaca una refinería en la región de Yaroslavl, ubicada a unos 1.000 kilómetros del frente.

(Con información de Reuters)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes la entrega a las autoridades ecuatorianas del ex ministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Serrano fue deportado desde Estados Unidos, donde permanecía detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el año pasado.

Noboa informó que Serrano es el “nuevo huésped” de la prisión de máxima seguridad conocida como Cárcel del Encuentro, diseñada para aislar a líderes de grandes bandas criminales como el modelo de las cárceles implementadas en El Salvador. En este centro también se encuentra recluido el ex vicepresidente correísta Jorge Glas

“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Rafael Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, publicó Noboa en su cuenta de X, acompañado de imágenes de Serrano bajo custodia de agentes estadounidenses. El mandatario agregó en su mensaje: “Ya mismo te toca a ti”, en referencia al ex presidente Rafael Correa.

Serrano está imputado por la Fiscalía de Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, quien fue asesinado a tiros en agosto de 2023 en Quito por sicarios colombianos, once días antes de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias. En esos comicios resultó electo Noboa.

El ex ministro, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por exceder el tiempo de permanencia permitido, aunque alegaba contar con una solicitud de asilo en trámite. En mayo, una corte de inmigración determinó que Serrano tendría protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que, bajo ese estatus, Estados Unidos no podía deportarlo mientras permanecía pendiente un recurso de hábeas corpus.

La hija del ex funcionario, Paulina Serrano, sostuvo en redes sociales que su padre “ha sido deportado ilegalmente a Ecuador, en violación del derecho internacional y de la Convención contra la Tortura”. “La dictadura necesita trofeos para sostenerse, pero la historia de nuestra Latinoamérica enseña que ninguna dictadura es eterna”, añadió.

Serrano, que fue figura central en política de seguridad durante el mandato de Correa, rechaza cualquier vínculo con el caso Villavicencio y sostiene que no tiene lógica relacionarlo con la banda criminal Los Lobos, autores materiales del asesinato y responsables también del homicidio de su hermano, Juan Antonio Serrano. En el caso también están imputados el ex asambleísta correísta Ronny Aleaga, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (“Pipo”), máximo dirigente de la organización criminal.

Otras cinco personas ya recibieron condenas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del asesinato de Villavicencio.

El pasado 9 de agosto, las hijas de Villavicencio informaron que resguardaron la información vinculada al caso en la herramienta ‘SafeBox’, desarrollada por Forbidden Stories para proteger investigaciones en riesgo y asegurar que las historias de quienes enfrentan amenazas no sean silenciadas.

“Entregamos el archivo y los materiales de la investigación a ‘SafeBox’, de Forbidden Stories”, afirmó Tamia Villavicencio durante un mensaje a la nación, emitido al cumplirse tres años del asesinato de su padre. “Si intentan silenciarnos, esa información no desaparece, queda protegida por una red internacional, para que pueda publicarse globalmente, en varios idiomas, y la investigación continúe”, añadió.

La red ‘SafeBox’ fue destacada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) como una respuesta innovadora ante el aumento de ataques a la libertad de prensa, incluyendo casos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados. Esta herramienta permite que investigaciones en peligro sean almacenadas de manera segura y puedan ser continuadas por equipos internacionales si el periodista original no puede hacerlo.

“Han pasado tres años desde que asesinaron a nuestro padre, quienes ordenaron este crimen creyeron que el tiempo jugaría a su favor, que el país olvidaría, que la verdad terminaría enterrada entre miles de páginas de un expediente. Se equivocaron”, declaró Amanda Villavicencio en el mensaje. También sostuvo: “Mientras más investigamos, más entendemos por qué Fernando fue asesinado, y por qué esta lucha ya no pertenece solamente a nuestra familia, sino al Ecuador”.

(Con información de EFE)

El universo está a punto de abrirse a una exploración sin precedentes gracias al inminente lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, una misión que promete cambiar la escala y el alcance de la astronomía moderna.

Este domingo 30 de agosto, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, un cohete SpaceX Falcon Heavy llevará este observatorio de última generación hacia una órbita de trabajo situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange 2 (L2), un lugar de equilibrio gravitatorio clave para las grandes exploraciones científicas.

Con una estructura de titanio y fibra de carbono de 12 metros y un espejo principal de 2,4 metros, el Nancy Grace Roman fue diseñado para mirar el cosmos desde una perspectiva inédita.

Su campo de visión supera en cien veces al del legendario telescopio Hubble, y su instrumento principal, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles, permitirá medir la luz de hasta mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil. La misión representa la culminación de más de una década de desarrollo tecnológico y científico, focalizada en algunos de los mayores enigmas de la cosmología: la expansión acelerada del universo, la naturaleza de la energía oscura y los secretos de la materia oscura.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, reconocida como la “madre del Hubble” y pionera de la astronomía espacial. Fue la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la NASA, donde impulsó el diseño y la construcción del primer gran telescopio espacial estadounidense.

Tras su fallecimiento en 2018, la agencia espacial decidió honrar su legado bautizando con su nombre a este nuevo observatorio, que aspira a revolucionar la comprensión del universo tal como lo hizo el Hubble en 1990.

Una misión para descifrar los misterios cósmicos

La energía oscura es el objetivo principal de la misión. Se trata de una fuerza misteriosa que, según las teorías actuales, impulsa la expansión acelerada del universo y constituye aproximadamente dos tercios de su contenido energético.

El Nancy Grace Roman buscará rastrear la distribución de cientos de millones de galaxias, documentará supernovas de tipo Ia y analizará el efecto de la materia sobre la luz de objetos lejanos. Esta combinación de observaciones permitirá reconstruir con precisión la historia de la expansión cósmica y comprobar si la energía oscura se comporta como una constante o si sus propiedades han cambiado a lo largo del tiempo.

El telescopio también realizará una cartografía detallada de la materia oscura, esa sustancia invisible que solo revela su presencia por los efectos gravitatorios que ejerce sobre las galaxias y la luz. Roman no podrá verla directamente, pero sí reconstruirá su distribución a través de mapas profundos y extensos que ayudarán a entender cómo la materia oscura ha guiado la formación de galaxias y cúmulos galácticos desde el origen del cosmos.

La misión tendrá otra faceta revolucionaria: la búsqueda de exoplanetas. Mediante la técnica de microlente gravitatoria, el telescopio observará regiones densamente pobladas de la Vía Láctea para detectar planetas que orbitan otras estrellas, e incluso mundos errantes, no ligados a ningún sistema planetario.

Se espera que Roman identifique alrededor de 2.500 nuevos exoplanetas, incluyendo aquellos que resultan invisibles para otros métodos de detección. Gracias a su coronógrafo experimental, el telescopio podrá bloquear la luz de las estrellas para revelar objetos más tenues, abriendo la puerta a la fotografía directa de exoplanetas gigantes y discos de formación planetaria con un detalle inédito.

El Nancy Grace Roman está diseñado para durar al menos cinco años, con la opción de extender su funcionamiento por otros cinco. Durante ese periodo, su capacidad para generar datos será monumental. Se prevé que la misión produzca un volumen de información sin precedentes, con mapas de galaxias, estrellas, exoplanetas y eventos cósmicos que podrán analizarse de manera simultánea por equipos de todo el mundo, ya que los datos serán de acceso público en cuanto se procesen.

Sinergia internacional y nuevas fronteras científicas

El telescopio Nancy Grace Roman no estará solo en su misión. Compartirá la órbita L2 con el telescopio espacial James Webb de la NASA, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el observatorio ruso-alemán Spektr-RG. Esa región, situada a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, ofrece condiciones térmicas estables y un entorno ideal para observaciones prolongadas y sin interferencias. Allí, Roman podrá colaborar y complementar las observaciones de otras misiones internacionales, ampliando el contexto y la profundidad de los descubrimientos.

El campo de visión del Roman es al menos cien veces mayor que el del Hubble y permitirá capturar imágenes de regiones del cielo mayores que el tamaño aparente de la Luna llena, con una resolución comparable a la de su predecesor. Por cada exposición, el telescopio podrá escanear vastas áreas del cosmos, acelerando la realización de censos y mapas astronómicos que antes requerían años de trabajo.

Uno de los aspectos más novedosos de la misión es la participación simbólica de más de 1,3 millones de personas, cuyos nombres fueron grabados en una tarjeta de memoria instalada en el observatorio. De este modo, el lanzamiento de Roman representa también un proyecto colectivo, en el que la humanidad acompaña simbólicamente la travesía del telescopio hacia las fronteras del conocimiento.

El cronograma de la misión incluye una fase inicial de tres meses tras el despegue, durante la cual los ingenieros verificarán el funcionamiento de todos los sistemas e instrumentos. Solo después de esta etapa se iniciarán las observaciones científicas. Las primeras imágenes públicas del Roman se esperan para principios de 2027, tras una secuencia de calibraciones, pruebas y despliegues meticulosos.

La combinación de la nitidez de un gran observatorio espacial y el panorama general del cosmos permitirá a los astrónomos abordar preguntas de enorme alcance.

El Roman no solo buscará respuestas sobre la energía y la materia oscuras, sino que abrirá oportunidades para investigar una multitud de fenómenos: objetos del sistema solar exterior, estrellas en explosión, agujeros negros en crecimiento, fusiones estelares y eventos cósmicos extremos hasta ahora raramente observados.

La sinergia entre el Nancy Grace Roman y otros grandes telescopios revolucionará la manera de abordar los estudios del universo. Los amplios panoramas de Roman identificarán objetivos que luego podrán ser estudiados en detalle por el James Webb, el Hubble o el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, ampliando la colaboración científica internacional y permitiendo una comprensión más profunda de los procesos cósmicos.

Durante su vida útil, el telescopio Nancy Grace Roman no solo medirá la luz de mil millones de galaxias, sino que también construirá el censo estadístico más ambicioso de sistemas planetarios en la historia de la astronomía. Sus mapas y catálogos servirán de base para investigaciones futuras, y probablemente revelarán fenómenos inesperados, tal como ocurrió con el Hubble y sus descubrimientos que superaron las expectativas originales.

El Roman constituye, además, un paso fundamental hacia la próxima generación de observatorios espaciales destinados a la búsqueda de planetas similares a la Tierra.

Las tecnologías ópticas que probará su coronógrafo experimental serán clave para el futuro Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, cuyo objetivo será fotografiar por primera vez planetas potencialmente habitables en otros sistemas solares.

La expectativa mundial por el lanzamiento del Roman es reflejo del deseo humano de entender el universo en su totalidad. A través de transmisiones en directo, cualquier persona podrá seguir el despegue y los primeros hitos de la misión, participando de un momento que, según los expertos de la NASA, podría transformar de manera radical nuestra visión del cosmos.

El lanzamiento del Nancy Grace Roman marca un cambio de escala para la astronomía. Si el Hubble enseñó a contemplar la profundidad del universo, Roman permitirá mapear su inmensidad con una nitidez nunca antes alcanzada.

El legado de esta misión, aún antes de que inicie sus observaciones, ya se percibe como un punto de inflexión capaz de redefinir la relación entre la humanidad y el espacio que la rodea.

En El Salvador, el consumo de maíz y frijol presenta ciertas diferencias entre zonas urbanas y rurales, según una investigación elaborada por CID Gallup en julio de 2026. Las cifras del informe, “Estudio dimensiona el consumo de maíz y frijol en los hogares salvadoreños”, basado en entrevistas directas en 6,400 hogares a escala nacional, reflejan diferencias en los hábitos de compra y preparación de estos dos granos básicos.

El consumo anual de maíz en los hogares salvadoreños se ubica entre 8.77 y 9.63 millones de quintales, con una estimación normal de 9.16 millones de quintales. Cuando se incluye el consumo realizado fuera de la vivienda, la demanda total asciende a un rango de 9.38 a 10.29 millones de quintales, con una estimación central de 9.79 millones.

En el caso del frijol, el consumo anual en hogares se sitúa entre 1.37 y 1.71 millones de quintales, con una cifra de referencia de 1.60 millones de quintales.

Contraste y similitudes entre zonas urbanas y rurales

El estudio revela que las diferencias entre zonas urbanas y rurales se manifiestan en la forma de acceso y consumo del maíz. En las áreas rurales, los hogares tienden a consumir más maíz equivalente por semana, lo que se vincula a la preparación doméstica: predominan la tortilla hecha en casa, el uso de masa y, en algunos casos, el autoconsumo. Además, varias regiones rurales reportan mayor intensidad en el uso de maíz que luego se transforma en alimentos preparados dentro del hogar.

En contraste, en las zonas urbanas y especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador, predomina la compra de alimentos ya preparados, en particular tortillas y pupusas.

La tortilla comprada es el producto de maíz con mayor presencia en los hogares, seguida por la pupusa adquirida fuera de la vivienda. Esta tendencia evidencia la relevancia de la cadena comercial y de servicios (como tortillerías y pupuserías) en la dieta diaria urbana.

El patrón de consumo de frijol muestra menos variaciones. El frijol preparado en casa mantiene una presencia muy alta en los hogares de todo el país y es considerado un alimento básico de la despensa familiar. El estudio advierte que cualquier cambio en el precio, la disponibilidad o la calidad del frijol impacta de manera inmediata en el gasto alimentario de las familias salvadoreñas.

Los datos recabados por CID Gallup permiten observar con precisión la demanda real de maíz y frijol en el país. El rango de estimaciones responde a factores como el tamaño de las porciones, las equivalencias de conversión y el consumo fuera del hogar, que hasta ahora no se había calculado con esta exactitud.

En términos regionales, algunas zonas rurales presentan una mayor intensidad de consumo de maíz, mientras que el Área Metropolitana de San Salvador concentra una parte importante de la demanda urbana de productos terminados. El informe destaca que esta dualidad en los patrones de compra y preparación obliga a considerar todo el circuito del maíz: desde la producción agrícola hasta los puntos de venta finales, pasando por molinos, tortillerías, pupuserías, mercados y transporte.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inauguró en Santo Domingo Este el Centro de Formación Técnico Los Palmeros, una instalación levantada en el sector Luz María con una inversión de RD 16 millones y orientada a ampliar el acceso a capacitación para jóvenes y adultos de esa comunidad y zonas cercanas, en un espacio con valor histórico que ahora será utilizado para formación técnico-profesional.

El nuevo centro inició operaciones con 8 acciones formativas, 109 participantes activos y 85 personas que ya concluyeron su capacitación.

Para finales de este año, la institución proyecta elevar esa oferta a entre 20 y 25 acciones formativas y alcanzar una matrícula aproximada de 500 participantes.

La inauguración fue encabezada por la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, quien sostuvo que la apertura responde al compromiso institucional de llevar oportunidades de formación a los territorios donde más se necesitan.

“Cada aula, cada taller y cada equipo que hoy entregamos representa una inversión en el talento de nuestra gente, en su capacidad de superación y en sus ganas de salir adelante”, afirmó.

Morla Pineda explicó que los recursos destinados al centro cubrieron tanto la infraestructura como el equipamiento tecnológico y de apoyo.

También señaló que la expansión de la oferta busca acercar la formación a las comunidades y crear más opciones para que las personas desarrollen competencias que les permitan ingresar al mercado laboral o fortalecer sus posibilidades de emprendimiento.

El centro funcionará en una casa vinculada a la historia de Los Palmeros

El espacio donde opera el centro fue donado por la Fundación Amaury Germán Aristy, que facilitó el inmueble para que el INFOTEP pudiera adecuarlo y destinarlo a la formación de la población de Santo Domingo Este.

Participaron en ese proceso José Bujosa Mieses, conocido como Chino Bujosa, Emma Bujosa, Sagrada Bujosa y comunitarios junto a juntas de vecinos de sectores aledaños.

La presidenta de la fundación, Sagrada Bujosa, explicó que la casa fue morada de los integrantes de Los Palmeros y escenario de uno de los episodios más trascendentes de la resistencia dominicana.

“La transformación de esta casa histórica en un centro destinado a la capacitación de jóvenes y adultos representa la unión entre la memoria histórica y el porvenir, al convertir un lugar marcado por la lucha por la libertad en un espacio donde nuevas generaciones podrán prepararse para el trabajo digno y la construcción de un mejor futuro”, expresó.

Morla Pineda subrayó el alcance territorial del proyecto al asegurar que la apertura no se limita a una nueva infraestructura. “Hoy no solo inauguramos una infraestructura física. Hoy abrimos un espacio de oportunidades, inclusión y sueños para las comunidades de Los Frailes, Luz María, Aguas Locas y para todo Santo Domingo Este”, dijo.

La oferta incluye contabilidad, farmacia, belleza y reparación de vehículos

La oferta formativa del centro incluye carreras técnicas en Peluquería, Maquillaje, Actividades de Contabilidad, Ventas de Productos y Servicios, Asistencia en Farmacia, Programación de Base de Datos, Visitador a Médicos y Mantenimiento y Reparación de Vehículos. Esta última se impartirá bajo la modalidad de formación dual.

De forma complementaria, el centro desarrolla acciones en operaciones de almacén, contabilidad, programas de oficina, caja bancaria y comercial, belleza, ventas y promoción de productos farmacéuticos. Esa cartera será ampliada de manera progresiva de acuerdo con las necesidades de capacitación de la comunidad y la demanda del mercado laboral.

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, sostuvo que la llegada del Infotep puede modificar las perspectivas de desarrollo de una población que, por su distancia de otros puntos de la ciudad, históricamente ha tenido menos acceso a la formación. “El futuro que tienen los jóvenes que están aquí cambia radicalmente con la presencia de INFOTEP aquí. Hacemos un llamado a la juventud a asumir con determinación esta nueva batalla por el conocimiento y el desarrollo”, manifestó.

También participó el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien afirmó que el nuevo centro prolonga el legado de Los Palmeros al convertir un lugar asociado a la lucha por la libertad y la democracia en un espacio para la formación de nuevas generaciones. “Este es un terreno que se conquistó en la guerra de la cultura, en la guerra de la democracia, en la guerra del amor”, señaló.

Para Camilo Fortuna, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos Los Palmeros, la apertura reduce una barrera concreta para residentes que antes debían trasladarse a otros sectores para capacitarse. “Para nuestra comunidad, tener este centro aquí significa tener más cerca una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan prepararse, aprender un oficio y aspirar a un empleo digno sin tener que trasladarse lejos.

Como comunidad, valoramos que Infotep haya escuchado esta necesidad y haya traído la formación técnico profesional hasta el sector, porque cuando se capacita a nuestra gente también se contribuye al desarrollo de toda la comunidad”, indicó.

El acto reunió además a Antonio Féliz, presidente del consejo de regidores del municipio, líderes comunitarios, directores del Infotep, participantes y facilitadores. Con esta apertura, el Centro de Formación Técnico Los Palmeros se integra a la red de 7 instalaciones propias y 79 Centros Operativos del Sistema que gestiona la Dirección Regional Oriental del INFOTEP.

Marines y marineros estadounidenses, desplegados desde el USS San Antonio (LPD 17), abordaron y registraron la nave sin incidentes. Los individuos a bordo fueron escoltados de forma segura hasta Ecuador y, una vez despejado, el bote fue hundido por las fuerzas estadounidenses.

La inteligencia confirmó que la embarcación, previamente identificada y sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU, apoyaba a la organización narco-terrorista violenta Los Choneros.

Según publicó el SOUTHCOM vía X, esta operación representa el desmantelamiento de un nodo clave en la cadena logística utilizada por los traficantes y avanza los objetivos de la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C), también llamada Escudo de las Américas, y JTF-WHEM para debilitar las redes narco-terroristas en la región. “El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la A3C permanecen inquebrantables en su misión de derrotar a los narco-terroristas en el Hemisferio Occidental y defender nuestra patria”, resaltó el Comando Sur.

“La operación de hoy es un ejemplo contundente del poder de la Coalición Contra Carteles de las Américas para desmantelar las tácticas y capacidades narco-terroristas sofisticadas y clandestinas que han permitido el tráfico de drogas peligrosas destinadas a comunidades estadounidenses. Trabajando juntos con nuestros socios ecuatorianos, nuestra coalición asestó un golpe decisivo a una operación narco-terrorista responsable de mover cantidades significativas de drogas a través de la región. Junto con nuestros socios regionales, estamos comprometidos a derrotar a los narco-terroristas en el Hemisferio Occidental”, declaró el general Francis L. Donovan.

Y agregó: “Al cortar este nodo marítimo crítico, nuestra Fuerza Conjunta —encabezada por la precisión y profesionalismo de nuestros Infantes de Marina y Marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental a bordo del USS San Antonio— fracturó una arteria principal de esta cadena logística ilícita y envió un mensaje inequívoco a los narco-terroristas de toda la región”.

Ecuador y Colombia negocian una base conjunta en la frontera

Ambos países analizan la creación de una base binacional en la frontera compartida para incrementar la presión militar sobre las organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en la zona. Las conversaciones avanzaron durante una reunión de altos mandos realizada en San Lorenzo, provincia ecuatoriana de Esmeraldas, que contó con la presencia del comandante del SOUTHCOM.

El proyecto aún se encuentra en evaluación y hasta este viernes 28 de agosto los gobiernos no han definido la ubicación de la instalación, las fuerzas que la ocuparán, su estructura de mando ni la fecha estimada de inicio de operaciones.

La discusión sobre la base tuvo lugar durante la visita del general Donovan, quien mantuvo encuentros con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, su par colombiano, Jorge Eduardo Mora, y autoridades militares de los tres países. Las delegaciones se reunieron inicialmente en Tumaco, departamento colombiano de Nariño, y luego en San Lorenzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, uno de los objetivos principales es articular y gestionar la base binacional para reforzar la respuesta ante las amenazas en la frontera.

La iniciativa se enmarca en un programa de seguridad más amplio. En San Lorenzo, los altos mandos acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones e identificar objetivos para perseguir a los líderes de las organizaciones narcotraficantes, debilitar sus estructuras logísticas y evitar que mantengan zonas de refugio.

La frontera entre Ecuador y Colombia es una de las principales prioridades en materia de seguridad para el gobierno ecuatoriano. Una parte significativa de la cocaína producida en Colombia atraviesa territorio ecuatoriano antes de ser enviada a mercados internacionales mediante puertos y rutas del Pacífico.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la agencia Invest in El Salvador presentaron ante representantes diplomáticos las oportunidades de conexión, exportación e inversión que ofrecerá la plataforma de negocios El Salvador TradeExpo 2026.

El evento reunió a delegados de las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Turquía y Belice. Según la información divulgada por Camarasal, la reunión permitió a los diplomáticos conocer la propuesta de valor de la feria y dialogar sobre mecanismos para impulsar la llegada de empresas de sus respectivos países a la primera edición de TradeExpo.

TradeExpo se realizará el 12 y 13 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente, bajo el lema “Where Opportunities Connect”. El objetivo central de la plataforma consiste en vincular la oferta exportable local con compradores internacionales y atraer inversión estratégica a través de agendas de negocios B2B, conferencias y espacios de networking.

Estructura multisectorial y espacios de negocios impulsarán la integración comercial

Camarasal detalló que el evento ofrecerá una estructura multisectorial, organizada en cinco pabellones temáticos: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaque, plásticos, papel y soluciones de presentación; manufactura industrial, tecnología y componentes; industria química, farmacéutica e insumos especializados; y servicios empresariales y soluciones exportables. Esta diversidad, según el organismo, busca facilitar la conexión entre empresas salvadoreñas y actores internacionales de distintos sectores, así como identificar nuevas oportunidades de comercio y cooperación.

Por su parte, Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, destacó la visión de trabajo conjunto entre instituciones y el sector privado. “Este evento representa un esfuerzo interinstitucional por trabajar en conjunto por nuestro país”, afirmó Escobar durante su intervención, según información de la organización.

A su vez, la feria contará con agendas de reuniones previamente programadas para fomentar la concreción de negocios. Además, se prevé la realización de conferencias especializadas y espacios de networking ejecutivo, orientados a fortalecer la integración comercial regional y la captación de inversión extranjera.

Camarasal e Invest in El Salvador presentaron las modalidades de patrocinio disponibles, que estarán abiertas a empresas e instituciones interesadas en posicionar sus marcas ante compradores e inversionistas nacionales e internacionales. Las opciones de patrocinio ofrecerán distintos niveles de visibilidad y participación, además de la posibilidad de asociar la marca patrocinadora con espacios o actividades estratégicas del evento.

TradeExpo 2026 espera reunir a una amplia representación del sector empresarial salvadoreño junto con compradores e inversionistas internacionales, en un entorno diseñado para maximizar las oportunidades comerciales y de inversión directa. La expectativa de la organización es que la feria funcione como catalizador para el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas y el fortalecimiento de relaciones comerciales con otros mercados.

El encuentro con el cuerpo diplomático se enmarca en la estrategia de internacionalización promovida por Camarasal e Invest in El Salvador, que prioriza la articulación con las embajadas y organismos extranjeros como vía para ampliar la participación internacional en la feria. La organización reafirmó que el trabajo conjunto con el sector diplomático resulta clave para atraer delegaciones de empresas y autoridades comerciales de diversos países.

Uno de los datos que más pesa en el operativo de la zona 7 está en los antecedentes: Derick Francisco López Mejía, de 38 años, acumula siete ingresos a centros penitenciarios por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado, tenencia de droga y asesinato, con registros de 2010, 2011, 2012 y 2014. Carlos Mauricio Galdámez Juárez, de 33, suma tres antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento propio y faltas contra las personas, correspondientes a 2013 y 2014.

Las capturas se produjeron en dos frentes. En Mixco, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas detuvieron a dos presuntos integrantes del Barrio 18 cuando recibían un paquete que simulaba contener Q3 mil exigidos a un comerciante como pago de extorsión.

Los detenidos en ese caso fueron José “N”, de 23 años, alias “Negro”, y Luis “N”, de 26, alias “Ñoño”. La aprehensión ocurrió en la colonia Uno de Marzo, Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

Los detenidos en Mixco fueron capturados cuando recibían un pago simulado de extorsión

Durante ese operativo, la Policía Nacional Civil decomisó la motocicleta en la que los sospechosos pretendían huir y tres teléfonos celulares. Según la institución, uno de esos aparatos habría sido utilizado para amenazar a la víctima.

La policía indicó que los teléfonos serán sometidos a análisis forense para establecer si tienen relación con otros cobros de extorsión en el sector. El reporte policial añade que Luis “N” tiene un antecedente previo por encubrimiento propio.

El segundo procedimiento se desarrolló en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 capitalina. Agentes de la comisaría 14 capturaron a López Mejía y a Galdámez Juárez cuando, de acuerdo con el reporte, despojaban a un vecino de su teléfono celular.

Los dos intentaron escapar en un automóvil Mazda negro con placas P-626GWX por la 30 avenida de la calzada San Juan. En la inspección del vehículo, los agentes localizaron el teléfono de la víctima y una pistola de imitación que presuntamente fue usada para cometer el robo.

Ese dato responde al núcleo del operativo en la capital: dos hombres fueron arrestados en Mixco por un caso de extorsión vinculado con el Barrio 18 y otros dos fueron detenidos en zona 7 por robo agravado, todos durante acciones desplegadas el mismo día por la fuerza policial.

La policía amplió verificaciones en vías de alto tránsito de la capital

En paralelo con las capturas, la PNC desplegó controles preventivos en distintos puntos del Anillo Periférico Norte, también en zona 7. Los agentes realizan perfilación de personas y verificaciones de automóviles y motocicletas para localizar productos ilícitos, establecer si hay órdenes de aprehensión vigentes y comprobar que los vehículos no tengan reporte de robo.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, explicó el objetivo del operativo con una definición directa: “Buscamos personas con situaciones pendientes ante la justicia y detectar el posible traslado de drogas, armas u otros objetos vinculados a actividades ilícitas”.

Aguilar Chinchilla agregó que las motocicletas reciben una revisión especial porque la institución ha identificado su uso frecuente en hechos delictivos. Los controles se concentran en los horarios de mayor tránsito vehicular.

Las verificaciones no se limitaron al Anillo Periférico. La cobertura policial incluyó la calzada San Juan, Mateo Flores, la calzada Roosevelt y el área del Obelisco, como parte del plan Semáforo Seguro orientado a reforzar la prevención del delito en puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala.

La institución reiteró a la población que puede denunciar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de las líneas 110 y 1561.

La seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración estuvieron entre los principales asuntos abordados durante una reunión entre la presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez Fallas, y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), un organismo de cooperación parlamentaria que busca promover iniciativas conjuntas entre los poderes legislativos de la región.

Jiménez ocupa la Presidencia de la Asamblea Legislativa costarricense para el período 2026-2027, luego de ser electa el 1 de mayo de 2026 con 31 votos.

Durante la reunión, la jerarca legislativa costarricense insistió en que los desafíos relacionados con la delincuencia organizada requieren una respuesta que vaya más allá de las acciones individuales de cada Estado.

“Es relevante para los países estar unidos. Estamos en unas épocas donde requerimos que todos los países aportemos nuestras ideas para poder juntos negociar y proteger a nuestros ciudadanos del crimen organizado, de los diferentes movimientos que han estado afectando a todos nuestros países”, afirmó Jiménez.

Según la presidenta del Congreso, estos espacios permiten que las autoridades legislativas intercambien experiencias y busquen puntos de encuentro para responder a fenómenos que afectan simultáneamente a distintas naciones.

“Estos eventos son relevantes porque logramos unirnos, logramos juntar ideas, logramos armonizar todas las normativas y todas las diferentes operaciones necesarias para temas, como les decía, como el crimen organizado, que en este momento es fundamental atenderlo”, agregó.

Piden leyes coordinadas y efectivas

Uno de los puntos destacados por Jiménez fue la necesidad de que las leyes aprobadas por los congresos tengan una aplicación práctica y puedan complementarse con las normas vigentes en otros países de la región.

La legisladora consideró fundamental que los presidentes de los poderes legislativos mantengan objetivos comunes para enfrentar amenazas relacionadas con la seguridad.

“En este momento es crucial que todos los presidentes legislativos vayamos hacia una misma línea, estemos orientados todos a proteger a nuestros ciudadanos con leyes que sean óptimas, con leyes que sean efectivas y que sean más que un simple texto”, sostuvo.

Jiménez agregó que el objetivo debe ser contar con “leyes armonizadas a nivel de todas las necesidades de nuestros países”, particularmente cuando se trata de combatir estructuras criminales que pueden operar simultáneamente en diferentes territorios.

La posición coincide con uno de los objetivos del FOPREL, que contempla la creación de mecanismos de consulta y coordinación entre los parlamentos de sus países integrantes. El organismo reúne poderes legislativos de países como Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México, entre otros participantes y observadores.

Migración, narcotráfico y seguridad en la agenda

Por su parte, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, quien actualmente ejerce la presidencia del FOPREL, destacó la intención de fortalecer la presencia y el peso de la organización dentro de las discusiones regionales.

“Estamos aquí como presidente de la Organización del Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica y del Caribe para fortalecer no solamente la presencia de esta organización en Costa Rica, como en el resto de las naciones del Caribe, de República Dominicana y Puerto Rico”, explicó.

El dirigente puertorriqueño sostuvo que uno de los propósitos es lograr que el foro tenga un mayor reconocimiento y participación dentro de los procesos de toma de decisiones relacionados con problemas comunes.

“En aras de que sea reconocida a nivel mundial como una de las organizaciones que no solamente agrupa naciones, agrupa los poderes legislativos, a los presidentes de los poderes legislativos, para que de esa manera tenga mayor arraigo en los procesos decisionales”, añadió.

Méndez enumeró entre los desafíos compartidos por los países de la región “la inmigración, el narcotráfico y la seguridad nacional”.

Esos asuntos han adquirido una dimensión regional debido a que las redes criminales, los movimientos migratorios y las operaciones vinculadas con el narcotráfico no necesariamente se limitan a las fronteras de un solo país.

Alianzas que trasciendan las fronteras

Durante el encuentro también se resaltó la necesidad de establecer alianzas estratégicas en asuntos que requieren coordinación entre varios gobiernos y poderes legislativos.

Entre las áreas mencionadas estuvieron la seguridad, migración y economía, así como la posibilidad de reforzar iniciativas que Costa Rica desarrolla en materia de seguridad.

Uno de los mensajes planteados durante la actividad fue la intención de “articular alianzas estratégicas en temas que trascienden fronteras”, particularmente frente a fenómenos que exigen intercambio de información, legislación compatible y cooperación institucional.

También se reconoció “el importante trabajo que se está desarrollando por parte de Costa Rica en materia de seguridad” y se planteó que desde el FOPREL se busca fortalecer esos esfuerzos.

La organización pretende servir como un espacio mediante el cual los parlamentos puedan coordinar posiciones y crear mecanismos conjuntos frente a desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad que afectan a Centroamérica y el Caribe.

Para Jiménez, la prioridad debe centrarse en que esa cooperación se traduzca en acciones concretas y no únicamente en declaraciones.

El encuentro con Méndez Núñez se produce precisamente en un escenario en el que los gobiernos y congresos de la región enfrentan el reto de responder a estructuras criminales con capacidad de operar en varios países y adaptar constantemente sus métodos.

La apuesta planteada durante la reunión pasa por avanzar hacia una mayor coordinación legislativa para que seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y combate al crimen organizado sean abordados mediante estrategias que trasciendan las fronteras nacionales.

Honduras prepara uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de seguridad vial: establecer límites de velocidad diferenciados según el tipo de carretera y la zona de circulación.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que presentará un nuevo reglamento que fijaría una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en los principales ejes carreteros, 40 km/h en bulevares y anillos periféricos, entre 25 y 30 km/h en zonas urbanas y residenciales y reducciones progresivas hasta 10 km/h en inmediaciones de escuelas e iglesias.

El objetivo es reducir accidentes y conductas de riesgo. Pero el propio director de la DNVT, Lenin Morell Andino, reconoció el principal obstáculo: Honduras no cuenta actualmente con radares electrónicos suficientes para supervisar esos límites.

Una norma más estricta sin tecnología para vigilarla

La propuesta intenta atacar uno de los factores que más preocupa a las autoridades: el exceso de velocidad.

La DNVT también identifica entre las principales conductas peligrosas la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del teléfono mientras se maneja y otras maniobras imprudentes.

La Ley de Tránsito ya sanciona circular por encima de los límites establecidos mediante señales y exceder la velocidad máxima en áreas restringidas como escuelas, hospitales, iglesias y mercados.

El nuevo reglamento buscaría convertir esos principios generales en parámetros nacionales mucho más específicos.

La dificultad estará en demostrar quién incumple. Sin radares fijos o móviles, buena parte de la vigilancia seguirá dependiendo de agentes en carretera, operativos y observación directa.

Reducir la velocidad en zonas urbanas tiene una lógica distinta a hacerlo en una carretera abierta.

A 80 km/h, la prioridad es controlar desplazamientos de larga distancia y reducir la gravedad de colisiones entre vehículos.

En colonias y cascos urbanos, el riesgo se traslada hacia peatones, motociclistas y ciclistas.

Por eso el proyecto plantea límites de 25 a 30 km/h, y velocidades todavía menores en zonas escolares.

El principio detrás de esos límites es que, cuanto más vulnerable es la persona que comparte la vía con los vehículos, menor debe ser la velocidad permitida.

La DNVT reconoce otro problema: las sanciones actuales pueden resultar poco disuasorias.

Morell señaló que algunas multas comienzan alrededor de L300, otras rondan L600, mientras las relacionadas con alcoholemia pueden llegar al equivalente de un salario mínimo.

Un límite de velocidad funciona únicamente si el conductor sabe que existe una alta probabilidad de ser detectado y que la consecuencia de incumplirlo es suficientemente importante.

Si la fiscalización es escasa y la multa resulta baja, el efecto preventivo puede reducirse.

La DNVT también ha detectado motociclistas que utilizan algunos ejes carreteros para competencias, “piques” y rodadas recreativas.

La autoridad advierte que las vías públicas no fueron diseñadas para ese tipo de actividad y que el país tampoco dispone de infraestructura suficiente, como autódromos, para trasladarla a espacios controlados.

El problema adquiere mayor relevancia porque los motociclistas continúan apareciendo entre los usuarios más expuestos en los accidentes graves.

La DNVT prevé presentar el documento para evaluación de las autoridades de Seguridad. Pero aprobarlo no significará automáticamente carreteras más seguras.

El verdadero desafío será combinar límites claros, señalización, radares, controles frecuentes, sanciones efectivas y educación vial.

Honduras ya cuenta con una Ley de Tránsito que busca proteger la vida y regular la circulación en todo el territorio. La nueva propuesta intenta cerrar uno de sus vacíos operativos.

La pregunta será si el país puede pasar de establecer cuánto se puede correr a tener la capacidad real de detectar y sancionar a quien decida ignorarlo.

No era una película del Viejo Oeste, sino un robo a mano armada dentro de un minisúper de Río Hato, en la provincia de Coclé. Dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento junto con un caballo, amenazaron a las personas presentes y, después de apoderarse de dinero y pertenencias, huyeron utilizando el mismo animal.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. La grabación muestra cómo los sospechosos introdujeron el equino dentro del minisúper, una maniobra tan inusual como arriesgada que convirtió al animal en una pieza importante dentro de la investigación policial.

De acuerdo con la información disponible, los implicados amenazaron a las personas presentes y se apoderaron de sus pertenencias, además del dinero disponible en la caja registradora.

Después abandonaron el establecimiento utilizando el caballo como medio de transporte, en una huida que, lejos de facilitarles el anonimato, quedó expuesta ante las cámaras de vigilancia.

Aunque inicialmente se informó sobre la posible utilización de un arma de nueve milímetros, las autoridades no han confirmado públicamente que esta haya sido recuperada. Tampoco se ha precisado cuánto dinero fue sustraído ni el valor de las pertenencias tomadas durante el asalto, por lo que esos elementos continúan sujetos a la investigación oficial.

Las diligencias posteriores permitieron aprehender a un menor de edad, señalado como uno de los presuntos participantes. La Policía Nacional también informó que el segundo sospechoso ya fue identificado, aunque hasta el último reporte disponible no había comunicado su captura ni detallado la participación atribuida a cada uno de los investigados.

La subcomisionada María Gutiérrez explicó que se efectuaron allanamientos en diferentes puntos del sector para localizar indicios relacionados con el caso. Entre los objetivos de estas operaciones figura, además del otro implicado, la ubicación del caballo utilizado durante el robo, cuyo rastro podría conducir hasta otras personas relacionadas con el hecho.

El equino no está acusado, desde luego, pero sí puede funcionar como evidencia dentro del expediente. Las autoridades buscan establecer quién es su propietario y si posee un herrete u otra señal de identificación, debido a que su ingreso al comercio y posterior utilización en la fuga podrían ayudar a vincular a los sospechosos con el asalto investigado.

Reportes periodísticos señalan que la marca utilizada para identificar al caballo podría ofrecer pistas sobre su procedencia y propietario. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente si el animal fue localizado o si pertenece a alguno de los involucrados, por lo que esa línea permanece abierta dentro de las diligencias desarrolladas en Río Hato.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación tras conocer las imágenes y disponer de elementos para identificar a los presuntos responsables. El proceso continúa en marcha pese a la decisión inicial de la víctima del robo.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos recabados ante la jurisdicción correspondiente, mientras un juez determinará la legalidad de la actuación, la posible imputación y las medidas aplicables.

El episodio ganó notoriedad por el inusual medio empleado para cometer el delito, pero detrás de la escena casi cinematográfica permanece un asalto ejecutado mediante amenazas y con un arma. La ironía termina justamente allí: hubo personas expuestas a un peligro real, un adolescente bajo investigación, otro sospechoso buscado y un caballo convertido involuntariamente en evidencia policial.

La codictadora Rosario Murillo dio este viernes una tregua verbal a sus ataques contra opositores y exiliados al afirmar que “al mundo bizarro no lo tocamos hoy”, en un giro temporal de tono que coincidió con un nuevo aumento de la presión internacional sobre el régimen de Nicaragua por las gestiones en la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación del país.

El cambio llegó después de varios días en los que Murillo dedicó buena parte de sus intervenciones a descalificar a sus adversarios con una cadena de insultos.

La escalada se produjo mientras el oficialismo reaccionaba a las maniobras diplomáticas dentro de la OEA para convocar a los cancilleres del continente.

Durante su comunicación habitual con medios oficialistas, la codictadora dijo que esta vez prefería hablar del “mundo bueno”.

La frase marcó distancia con una semana en la que, casi a diario, se refirió a opositores y exiliados con expresiones como “Judas”, “traidores”, “mequetrefes”, “mercachifles”, “arrastrados”, “lame suelas”, “chompipes inflados” y “malas vichuchas”.

Murillo reemplazó los insultos por un llamado a dejar atrás la confrontación

En lugar de dedicar largos tramos de su discurso a atacar a sus adversarios, Murillo habló de “buen juicio, serenidad, sabiduría” para enfrentar los tiempos de lucha que, según sostuvo, atraviesa el país. También planteó que las dificultades deben encararse con amor y fortaleza ante una “comunidad humana” a la que describió como más conflictuada que nunca y afectada por la desarmonía.

La codictadora insistió en que Nicaragua debe avanzar para dejar atrás una “obsoleta mentalidad de confrontación”. Sumó a esa idea la necesidad de abandonar una “obsoleta mentalidad de imposición” y otra que, a su juicio, busca la subordinación del país.

Ese cambio de tono no modificó uno de los argumentos centrales del discurso oficialista. Murillo mantuvo la presentación de las críticas y presiones internacionales contra el régimen de Daniel Ortega y ella misma como intentos de imponer decisiones desde el exterior.

La pausa en los agravios contrastó con intervenciones recientes en las que expresó la “repugnancia” que, según dijo, sienten los “verdaderos nicaragüenses” hacia quienes acusa de actuar subordinados a intereses extranjeros. En ese mismo marco, también comparó a sus adversarios con Judas y los acusó de haber “vendido” a Nicaragua.

El anuncio sobre el sistema electoral volvió a poner el foco en el rumbo político

En otras comparecencias, Murillo recurrió además a calificativos como “ilusos fachentos”, “presuntuosos”, “lame suelas” y “malas vichuchas”. A eso añadió referencias al infierno, demonios y figuras religiosas para desacreditar a quienes cuestionan al régimen.

Días antes, otra de sus intervenciones había provocado polémica por el uso repetido de la expresión “vade retro” al hablar de sus adversarios en términos religiosos y asociarlos con el mal. Sus palabras fueron leídas por críticos y publicaciones periodísticas como una suerte de “conjuro”, una interpretación que luego rechazó mientras volvía a apoyar su mensaje en referencias a la fe cristiana, Dios y la lucha entre el bien y el mal.

En medio de esta tregua verbal, Murillo anunció que el martes 1 de septiembre, desde León, el oficialismo presentará los resultados de una consulta relacionada con cambios al sistema electoral. El anuncio cobró relevancia después de declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua, que generaron nuevas reacciones internacionales y devolvieron la situación nicaragüense al debate regional.

Ese es el dato político central de la jornada: el oficialismo prevé exponer en León las conclusiones de una consulta sobre el sistema electoral, un movimiento que puede ofrecer nuevas señales sobre el rumbo que Ortega y Murillo buscan imprimir al sistema político y electoral del país.

El punto de partida fue una cinta de casete. La cantautora Heidi Berg le entregó a Paul Simon una grabación de música callejera sudafricana titulada Gumboots: Accordion Jive Hits, Volume II, con temas de grupos populares del momento en Sudáfrica. Simon se obsesionó con esos ritmos de acordeón, bajo elástico y percusiones sincopadas propios del mbaqanga township (N. de la R: música bailable mezcla de folklore zulú y jazz) de Johannesburgo, rastreó la identidad de los músicos y, en febrero de 1985, se instaló en los Ovation Studios de esa ciudad acompañado por su productor Roy Halee. Llegó sin una sola canción terminada. La idea era grabar largas jams con músicos locales —entre ellos el guitarrista Ray Phiri, el bajista Bakithi Kumalo y el baterista Vusi Khumalo— y construir a partir de ese material. Dos semanas de sesiones produjeron los esqueletos de lo que luego serían “The Boy in the Bubble”, “You Can Call Me Al” o “Diamonds on the Soles of Her Shoes”. Todas grandes canciones, por cierto.

Ese viaje tenía una dimensión personal que va más allá de la curiosidad musical. Paul Simon atravesaba el peor momento de su carrera: su álbum Hearts and Bones (1983) había registrado las ventas más bajas de su trayectoria, la industria lo consideraba un artista “acabado” y su matrimonio con la actriz Carrie Fisher (la Princesa Leia de Star Wars) se había roto. El propio músico ha reconocido en entrevistas que Graceland nació, en parte, como una huida de ese entorno. La música sudafricana le ofreció no solo un lenguaje sonoro nuevo, sino también un vehículo para reconstruir su sentido de propósito creativo.

El problema era que Sudáfrica vivía entonces uno de los periodos más represivos del régimen segregacionista. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había aprobado la resolución 35/206, que pedía expresamente a artistas, escritores y músicos boicotear el país. El músico ignoró la advertencia —y, según The Times, también el consejo del actor y activista Harry Belafonte de consultar previamente al Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela— y viajó a grabar. Su defensa, reiterada desde entonces, fue que no actuaba ante audiencias segregadas, no recibía dinero del gobierno y trabajaba exclusivamente con músicos negros a los que pagaba en torno a 200 dólares por hora, el triple de la tarifa habitual para músicos de sesión en Nueva York y muchas veces más de lo que cobraban en Johannesburgo.

Esos argumentos no convencieron a todos. Jerry Dammers de The Specials, autor del himno anti-apartheid “(Free) Nelson Mandela” y figura de Artists United Against Apartheid, fue uno de los críticos más duros. “Está ayudando quizá a 30 personas y está dañando la solidaridad en torno a las sanciones”, declaró. “Cree que ayuda a la causa de la libertad, pero es ingenuo. Hace mucho más daño que bien.” Steven Van Zandt, guitarrista de Bruce Springsteen e impulsor del proyecto Sun City, denunció públicamente la decisión y fue más allá: según relató en un podcast de 2014, llegó a disuadir a la organización radical Azanian People’s Organisation de atentar contra el músico. El Congreso Nacional Africano llegó a declarar a Simon “persona non grata”. La controversia se agravó cuando se supo que una de las voces invitadas del álbum era Linda Ronstadt, quien había actuado en el complejo turístico de Sun City, considerado una fachada “amigable” del régimen. El crítico afroamericano Nelson George escribió en Billboard que Paul Simon estaba “usando nafta para apagar velas de cumpleaños”.

La grabación de ‘Graceland’ en Sudáfrica

El proceso de grabación fue más complejo que el retrato de un artista occidental que llega a saquear una tradición ajena. Tras las sesiones en Johannesburgo, Simon y Halee regresaron con unas ocho bases en bruto y continuaron el trabajo en estudios de Nueva York, Londres y Los Ángeles, donde se sumaron Ladysmith Black Mambazo, los Everly Brothers, Good Rockin’ Dopsie and the Twisters y Los Lobos. El método de composición fue, como su autor lo describió, “al revés”: primero se grababan las bases rítmicas y armónicas, luego se editaban en los primeros sistemas de edición digital disponibles, y solo después escribía letras y melodías vocales. Roy Halee, ingeniero en los discos de Simon & Garfunkel, trasladó su sensibilidad al tratamiento de coros africanos y guitarras township, buscando una mezcla de claridad extrema que convirtiera un material de raíces locales en producción pop global. Lo logró.

Ladysmith Black Mambazo, el grupo de isicathamiya (N. de la R.: estilo de canto coral a capela originario de Sudáfrica) liderado por Joseph Shabalala, viajó a Londres para grabar “Homeless” y “Diamonds on the Soles of Her Shoes”. La primera se construye sobre una melodía de boda zulú tradicional; la segunda arranca con un pasaje a capela en zulú e inglés antes de que entren bajo, batería y acordeón. Ambas canciones convirtieron al grupo en estrellas internacionales. En “Diamonds”, Shabalala figura como coautor; en “Homeless”, también. Forere Motloheloa, el acordeonista que dio forma a “The Boy in the Bubble”, aparece igualmente en los créditos. Estos reconocimientos formales han servido para matizar las acusaciones de explotación, aunque no las han silenciado.

El caso más espinoso fue el de Los Lobos. La banda chicana de East Los Ángeles participó en “All Around the World or the Myth of Fingerprints”, el tema que cierra el álbum, y afirmó posteriormente que la canción se había desarrollado a partir de un jam suya en el estudio y que esperaban figurar como coautores. En la edición oficial, el crédito es exclusivo de Paul Simon. El episodio alimentó la percepción de una relación de poder asimétrica en la que la figura autoral central —el artista estrella occidental— absorbe aportes ajenos sin reconocimiento proporcional.

Musicalmente, el álbum opera sobre una tensión constante entre la alegría de sus bases rítmicas y la melancolía de sus letras. La canción “Graceland” lleva a un narrador que viaja al hogar de Elvis Presley en Memphis tras un divorcio, sobre guitarras township y armonías de los Everly Brothers. “You Can Call Me Al” tiene uno de los riffs de bajo más contagiosos de los años ochenta —con el solo de Kumalo reproducido al revés en estudio— mientras la letra describe a un hombre de mediana edad que cuestiona el sentido de su trayectoria vital. “That Was Your Mother” introduce el zydeco cajún de Good Rockin’ Dopsie and the Twisters. El álbum mezcla mbaqanga, isicathamiya, folk, rock, zydeco y pop chicano en un formato que la crítica bautizó como “worldbeat” y que anticipó décadas de colaboraciones transnacionales.

El éxito fue inmediato y masivo: seis millones de copias en el primer año, Grammy a Álbum del Año en 1987, y un impacto en la difusión de la música africana que resultó irreversible. Los exiliados Hugh Masekela y Miriam Makeba se unieron a la gira de presentación en 1987, lo que contribuyó a templar algunas críticas. La gira llegó a Londres en abril de ese año con protestas de Dammers, Paul Weller y Billy Bragg en la puerta del recinto, aunque, como señaló Kahn en el libro Days of Miracle and Wonder de reciente aparición en el mercado anglosajón, resultaba paradójico que un grupo de músicos blancos británicos cuestionara un concierto protagonizado por los exiliados negros sudafricanos Masekela y Makeba, dos de los adversarios más firmes del apartheid.

Para quienes vivimos ese período desde Argentina (y lo escuchamos a través de un casete prestado por un amigo siempre atento a las novedades) Graceland tuvo también una dimensión concreta y no tan tardía para la velocidad de los tiempos en aquella época. El 7 de diciembre de 1991, apenas cinco años después, Paul Simon se presentó por primera vez en el país en el Estadio River Plate en medio de su gira Born at the Right Time Tour con la que estaba presentando su disco The Rhythm of the Saints (que partía de un concepto más o menos parecido a Graceland, aunque estaba construido alrededor de la exhuberante base de tambores del grupo brasileño de percusión Olodum). Sobre un escenario enorme, acompañado por una banda de músicos internacionales que replicaba el espíritu multicultural de esos dos notables discos consecutivos, Simon tocó “The Boy in the Bubble”, “I Know What I Know”, “Graceland”, “You Can Call Me Al” y “Diamonds on the Soles of Her Shoes”. Ver en vivo aquellas canciones que habían sonado durante años en aquel casete o de vez en cuando en la radio, tenía algo de verificación: la música de Graceland no perdía nada al trasladarse a un estadio, y los ritmos township funcionaban igual de bien bajo las estrellas de Buenos Aires que en los estudios de Johannesburgo donde habían nacido.

El fin de la controversia política

Con el tiempo, la narrativa se fue matizando. El guitarrista Ray Phiri declaró en el documental de 1997 Classic Albums que “nosotros usamos a Paul tanto como Paul nos usó a nosotros. No hubo abuso. Llegó en el momento justo y era lo que necesitábamos para llevar nuestra música al mundo.” El documental Under African Skies (2012), del cineasta Joe Berlinger, llevó a Paul Simon a un encuentro directo con Dali Tambo, hijo del presidente del ANC Oliver Tambo, quien le dijo que su visita “no fue de ayuda” en una época en que “luchábamos por nuestra tierra, por nuestra identidad”. La reunión terminó con un intercambio de disculpas. Una imagen de Nelson Mandela bendiciendo el álbum cierra el documental.

El debate sobre la apropiación cultural nunca desapareció del todo. Under African Skies incluyó fragmentos de las grabaciones township originales que suenan “casi idénticos” a varias pistas de Graceland, reforzando la pregunta sobre si la contribución de Simon fue composición o montaje. Desde el campo académico y el periodismo cultural, el álbum se ha convertido en un caso de estudio recurrente sobre los límites entre inspiración y explotación, entre colaboración y asimetría de poder. Más allá de la complejización en su análisis (necesaria pero no vinculante), se trata de un disco de música pop magnífico, rico y vasto, que no ha perdido nada de su encanto natural con el paso de cuatro décadas.

Las reseñas del libro Days of Miracle and Wonder: Paul Simon and the Trials and Triumphs of Graceland (Días de milagro y maravilla: Paul Simon y las pruebas y triunfos de Graceland), publicado este año por el historiador y productor estadounidense Ashley Kahn, indican que no pretende zanjar la cuestión central alrededor del disco: celebra su arquitectura sonora y examina sus implicaciones políticas sin ofrecer veredicto. La pregunta que Graceland dejó abierta en 1986 —si un artista occidental puede tomar una música nacida bajo opresión, llevarla al mercado global y llamar a eso “colaboración”— no tiene respuesta más sencilla hoy que entonces. Lo que sí dejó el álbum fue un rastro verificable: Ladysmith Black Mambazo brilló en los escenarios de todo el mundo, el mbaqanga y el isicathamiya entraron en millones de hogares de todo el mundo que jamás habrían accedido a esos sonidos, y músicos como Ray Phiri o Bakithi Kumalo tuvieron exitosas carreras internacionales que difícilmente habrían construido de otra manera. Que ese resultado conviva con la ruptura de un boicot, con créditos disputados y con una asimetría de poder que nadie termina de resolver es, precisamente, lo que convierte a Graceland en un caso que el periodismo cultural no puede resolver con una sola etiqueta. En todo caso, para quienes no accedieron, se recomienda una escucha atenta. Hay satisfacción garantizada.

La Junta Ejecutiva del PNUD aprobó por unanimidad el programa de país de Guatemala para 2027-2030, una hoja de ruta de cuatro años que concentrará la cooperación con el Estado en digitalización, reducción de la pobreza, gobernabilidad y resiliencia, con la mira puesta en la continuidad de políticas públicas antes del próximo ciclo electoral.

El documento fue construido con aportes de más de 500 actores del desarrollo y será ejecutado por una oficina en la que trabajan unas 140 personas, de las cuales 135 son guatemaltecas.

Esa estructura local, según explicó Carlos Benítez, representante residente del organismo en el país, forma parte del diseño operativo del programa.

Benítez dijo a Infobae que el plan aprobado define las prioridades de cooperación entre el organismo multilateral y el Estado guatemalteco durante los próximos cuatro años.

También precisó que la Junta Ejecutiva, integrada por los Estados miembros con sede en Nueva York, es el órgano que aprueba los planes por país, fija orientaciones programáticas y supervisa el financiamiento de las agencias.

“Esta noticia es muy importante para el PNUD y para Guatemala. El CPD es nuestra hoja de ruta para seguir acompañando al país en sus prioridades de desarrollo”, afirmó.

El nuevo programa unifica gobernabilidad, pobreza y resiliencia

El Documento de Programa de País fue aprobado durante la segunda reunión ordinaria de 2026 del órgano rector, que también supervisa al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

El texto se alinea con la Política General de Gobierno 2024-2028, con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 2026-2030 acordado con el Gobierno de Guatemala y con las metas del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

El nuevo esquema deja atrás una lógica en la que cada área programática operaba por separado. En su lugar, organiza la cooperación alrededor de tres ejes conectados entre sí: Estado de derecho y gobernabilidad, reducción de la pobreza con foco territorial y fortalecimiento de la resiliencia del país.

Benítez sostuvo que esa integración responde al carácter múltiple de los problemas de desarrollo. “Los problemas de desarrollo son problemas multidimensionales. La pobreza es multidimensional. Cualquier propuesta de mejoramiento tiene que tener componentes de gobernabilidad, de reducción de pobreza y de resiliencia”, señaló.

La dimensión territorial ocupa un lugar central en el programa. Los 340 municipios y los 22 departamentos de Guatemala presentan realidades distintas, desde el corredor seco hasta el occidente del país, y esa heterogeneidad exige políticas diferenciadas en protección social y desarrollo económico local.

La digitalización y la igualdad de género fueron definidas como aceleradores

El programa identifica dos aceleradores transversales para aplicar sus tres ejes. El primero es la digitalización, planteada como una herramienta para reducir tiempos en la formulación de políticas públicas y modernizar la gestión estatal en trámites como permisos, registro de empresas y emisión de partidas de nacimiento.

Según el representante del organismo, ese componente también puede mejorar la productividad y crear condiciones más favorables para la inversión privada. En ese punto, el sector privado aparece como un aliado del desarrollo y no solo como destinatario de mejores condiciones de inversión.

El segundo acelerador es la igualdad de género. Benítez describió la situación de las mujeres en los territorios como un problema estructural marcado por baja participación política y económica, concentración de tareas de cuidado y altos índices de violencia de género.

“Las mujeres en el territorio no son todas iguales. Son mujeres indígenas, son mujeres indígenas jóvenes”, dijo. Con esa definición, explicó por qué el programa incorpora una lectura específica de las desigualdades según territorio e identidad.

Se consultó también sobre la continuidad del plan ante un eventual cambio de gobierno. Benítez respondió que el PNUD ya trabaja en la armonización del portafolio de proyectos con los lineamientos del nuevo programa y que la administración actual busca institucionalizar las iniciativas más exitosas antes de la transición.

“La mejor manera de pasarle el bastón a otro es cuando hay programas que están institucionalizados”, afirmó. Como ejemplo mencionó Mano a Mano, un programa que, según indicó, cuenta con base técnica, capacidad de escalamiento y respaldo presupuestario.

Para el funcionario, la institucionalización consiste en incorporar un programa al plan de un ministerio o una secretaría con recursos asignados. Esa condición, señaló, es la garantía más sólida de sostenibilidad frente a los cambios de administración.

La embajadora de Guatemala ante las Naciones Unidas felicitó a la oficina por la calidad del trabajo presentado ante la Junta Ejecutiva. Michelle Muschett, subsecretaria general de la ONU, administradora auxiliar y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, afirmó que el programa “refleja el compromiso con el apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo, impulsando soluciones basadas en evidencia y alianzas de confianza para lograr resultados prácticos, inclusivos y sostenibles”.

El percusionista Degnis Bofill fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami pese a haber ingresado legalmente a Estados Unidos en abril de 2023 y a tener una solicitud de asilo pendiente.

La magnitud de ese giro aparece en las cifras: en julio, ICE registró alrededor de 49.600 arrestos, el número mensual más alto del segundo mandato de Trump. Más de la mitad de los detenidos ese mes no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, según datos analizados por El País.

Bofill, de 39 años, permanece en el centro de detención de Krome, en Miami-Dade. En 2022 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Folclórico por su participación en Ancestros Sinfónico.

Su esposa, Mara Delgado, abrió una campaña para reunir fondos destinados a la defensa legal y a los gastos vinculados con una eventual liberación. Hasta el 25 de agosto, la recaudación ya había superado los USD 50,000.

Cuatro días antes del arresto de Bofill, ICE había detenido al pianista cubano Andy García Palacios en Los Ángeles. El músico fue arrestado el 15 de agosto y permanece en el Centro de Procesamiento Adelanto, en California.

Los dos casos, ocurridos con menos de una semana de diferencia en aeropuertos de Miami y Los Ángeles, generaron inquietud entre artistas cubanos radicados en Estados Unidos. También dieron lugar a campañas de apoyo para enfrentar sus procesos migratorios.

ICE sostuvo que Bofill violó las condiciones de admisión pese a su ingreso regular

El caso de Bofill responde de forma directa a una pregunta central en medio de las redadas: haber entrado legalmente a Estados Unidos no garantiza quedar fuera del alcance de las autoridades migratorias. ICE confirmó que el músico había ingresado de manera regular, pero afirmó que después incumplió las condiciones de su admisión y que, por ese motivo, se encontraba en violación de la ley migratoria estadounidense.

La solicitud de asilo pendiente tampoco impidió su detención. Ese punto convirtió su situación en un ejemplo de una política que dejó de concentrarse principalmente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y pasó a incluir arrestos más amplios.

El alcance de esa expansión también afectó a ciudadanos cubanos que llevaban años en territorio estadounidense. De acuerdo con Human Rights Watch, hubo miles de deportaciones de cubanos hacia México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

De los 4,353 cubanos deportados a ese país cuyos datos fueron analizados por la organización, 27% no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. La entidad añadió que muchos habían vivido durante años, e incluso décadas, en el país.

Las deportaciones incluyeron a cubanos con trayectorias migratorias distintas

Según la organización, entre los deportados había personas con antecedentes migratorios complejos, mientras otras habían tenido residencia permanente con anterioridad. Ese detalle amplía el alcance del patrón que reflejan los arrestos de Bofill y García Palacios.

Citado por El País, el análisis de los datos de ICE mostró que el aumento de las detenciones no se limitó a personas con historial criminal. En ese marco, los dos músicos cubanos con trámites de asilo pendientes y sin antecedentes legales quedaron expuestos a una posible deportación.

La estudiante cubana Liz Marien Luque enfrenta cada jornada académica como un desafío doble. Más allá de la exigencia propia de la carrera de Medicina, la joven debe sobreponerse a las restricciones crecientes que impone la crisis social y económica en Cuba.

La falta de electricidad y las limitaciones de acceso a internet se han convertido en obstáculos diarios, según relata a través de redes sociales. Su experiencia refleja la realidad de miles de universitarios en la isla, quienes deben buscar alternativas para continuar con sus estudios en un entorno marcado por la precariedad.

El acceso a la educación superior en Cuba se promociona como un derecho garantizado, pero la experiencia cotidiana de los estudiantes contrasta con el discurso del régimen. Por medio de un video, Liz Marien explica que cada mes dispone de un paquete de datos móviles que difícilmente cubre las necesidades académicas.

“Aquí le compramos el Etecsa (empresa de telecomunicaciones) por 370 CUP (aproximadamente USD 15), seis gigas y en el mes no puedes volver a comprar. Y a los universitarios nos dan seis gigas más, por lo que suman doce, pero créanme, eso no da ni para quince días porque todo es digital y a veces ni señal hay”, cuenta. El acceso limitado a internet obliga a muchos jóvenes a depender de recargas enviadas por familiares desde el exterior, un recurso del que no todos disponen.

Apagones eléctricos dificultan el estudio y el descanso de los estudiantes

La situación se agrava con los apagones eléctricos, un fenómeno recurrente en la isla. Liz Marien recuerda noches en las que, agotada, terminaba dormida sobre la mesa, iluminada apenas por un pequeño bombillo mientras intentaba avanzar en sus resúmenes.

“No le puedo explicar la cantidad de veces que me he quedado dormida en la mesa haciendo mis resúmenes en plena oscuridad, alumbrando solo con un bombillito. Y esto no es una queja, es la realidad mía y de muchos cubanos”, afirma la joven. La interrupción constante del suministro eléctrico afecta tanto el descanso como el rendimiento académico de los estudiantes, quienes deben reorganizar sus rutinas para aprovechar los escasos momentos de luz.

La conectividad limitada no solo impacta en el acceso a materiales académicos, sino que también dificulta la comunicación con profesores y compañeros. Las plataformas digitales, convertidas en herramientas esenciales de aprendizaje, resultan inaccesibles durante buena parte del mes para quienes no cuentan con apoyo financiero externo. “El que no tenga un familiar que le recargue del exterior tiene que ver cómo se inventa para poder sobrevivir al mes”, señala Liz Marien.

La crisis energética en Cuba ha generado protestas y reclamos en múltiples provincias. Las autoridades reconocen dificultades para mantener el servicio, pero insisten en que los fundamentos del sistema educativo permanecen intactos. No obstante, testimonios como el de Liz Marien y otros estudiantes universitarios evidencian una realidad en la que la gratuidad formal de la educación se enfrenta a barreras materiales insalvables.

“Ya me estoy preparando psicológicamente para la batalla, pero no contra mi carrera porque la amo, sino contra la crisis que presenta mi país”, resume Liz Marien en su testimonio.

Viviana Rivero triangula el año entre Córdoba, Buenos Aires y Madrid. Córdoba, porque es su origen, su primera sede. Buenos Aires, el lugar donde atiende Dios. Y Madrid, el enclave de proyección internacional. A veces rompe la norma y pasa unos días en países como México —el seis de septiembre viajará para allá a presentar su nuevo libro, Ellas—, pero en general se mantiene en esa ruta. “Una parte de mi vida es introvertida, encerrarme a escribir el libro, pero después hay que salir a promocionarlo”, cuenta.

Ahora está en un hotel de Palermo, en una interminable jornada de prensa que dura una semana. El área de prensa de Penguin Random House le lleva la agenda: el cronograma con qué periodista, de qué medio y hasta qué hora. En ese trip de sonrisas y obligaciones protocolares, Vivana Rivero es experta. Pero este reportaje es telefónico. “Al principio eran ciudades cerca de casa, después empecé a ir por las provincias. Ahora voy por muchos países y eso lleva tiempo. La promoción es súper intensa”, continúa la autora que —no parece— acaba de entrar en la sexta década.

“He llegado a hacer dieciocho notas en un día. Sobre todo cuando vas a otro país, que quizás vas una vez por año. Ahí te exprimen. Y no tenés tiempo, entonces no podés hacer gimnasia, no podés comer lo que quisieras comer. Hay un desgaste muy grande”, se lamenta. “Cuando voy a otros países no conozco los lugares, solo conozco el hotel” y larga una risa. “O sea, yo voy a México, pero no conozco la casa de Frida Kahlo. He ido con mi marido y él sí, se conoce todo. Pero yo no... Bueno, es parte de ser escritor”.

En las librerías de cadena, su nombre se distingue en la mesa de novedades. Libros gruesos, tapas coloridas, títulos sugestivos. Secreto bien guardado, El alma de las flores, Y ellos se fueron, La magia de la vida, Apia de Roma... Novelas románticas, contextos históricos, tramas centelleantes. Desde hace un cuarto de siglo que Viviana Rivero tiene la fórmula de éxito editorial. Sus libros son bestsellers al punto tal que se venden en supermercados. Ellas, su nuevo título, parece seguir el mismo camino.

El nuevo libro es un regreso al cuento. El mensaje necesitaba de este formato. “Historias breves y no tanto de mujeres como vos”, se lee en el subtítulo del libro, entonces sabemos que hay una intención de identificación con el lector. Los relatos son breves y están cargados de un dramatismo que se concentra mayormente en la vida cotidiana, sobre todo en las violencias naturalizadas que cargan muchas mujeres, pero también hay otros que se deslizan por la rampa de lo extraordinario. También hay cuentos históricos.

En el prólogo, donde explica el trasfondo y su motivación, dice: “Ha sido impactante compartir tantas situaciones por las que pasamos las mujeres en la vida por el solo hecho de ser mujeres, es decir, por pertenecer al género femenino. Pude sentir en carne propia ese dolor, el sufrimiento, pero también la alegría, la valentía y la resiliencia que nos caracteriza. Encontrarme con estas historias me hizo sentir orgullosa de ser mujer; porque a pesar de lo que sufrimos y seguimos luchando, no dejamos de ofrecer amor”.

—Son historias de mujeres, de lucha y resistencia, sin embargo la palabra feminismo no aparece nunca. ¿Por qué esa decisión?

—La palabra feminismo me tiene sin cuidado. Para algunos mi libro será feminista y para otros, que capaz que son muy extremistas, dirán que no. Pero a veces creo que la palabra feminismo nos divide a las mujeres, y terminamos discutiendo entre nosotras. Y decimos: ‘esta es feminista, esta no, esta es una exagerada’. Es como lo del aborto: hay cosas entre nosotras que nos terminan dividiendo en vez de acercarnos. Lo que necesitamos es la libertad de elegir lo que a cada una el alma le pide. Porque a algunas les piden para un extremo y a otras para el otro. Y una vez que tenés dieciocho años, todas somos grandes. Así como también hay algunas mujeres que quieren quedarse en su casa, no trabajar, que las mantenga un hombre, y hacer la comida y criar hijos, y otras no.

—En el relato “El aborto” aparece una aclaración al final: que no vas a dar tu opinión sobre el tema, sin embargo hablás de la libertad de elegir.

—Yo creo que es válido que cada una elija lo que quiera, y que no sea juzgada. Nos falta esa libertad para poder elegir. Cada una sufrirá las consecuencias que le toque de lo que elige. Yo considero que no existe una verdadera independencia sin independencia económica, porque una mujer que no gana dinero y sufre violencia no puede irse de su casa. ¿A dónde va a ir? Incluso una mujer que una noche discute en su casa y quiere irse a dormir a un hotel sola necesita pagar ese hotel. O una chica que dice que es independiente y los padres le compran un departamento, se lo compran en donde los padres querían, no donde ella quería. Estos ejemplos muestran claramente que sin independencia económica no tenemos verdadera independencia. Pero si alguna quiere elegir estar así, que lo elija ella. Por eso no puse esa palabra. Casi que me duele. En vez de unirnos, es una palabra que nos ha separado.

—En tu estado WhatsApp leo: “Por la mañana escribo, llamame por la tarde”. Tenés, imagino, una rutina bastante organizada, ¿no?

—Sí, la única manera de poder hacer todo lo que hago es ser muy organizada. Sí, sí. Soy mucho más productiva a la mañana que a la tarde, por ejemplo. Entonces trato de escribir por la mañana porque escribo el doble que por la tarde. Tengo las agendas así: cada cosa, cada día de lo suyo. Y funciona. Escribir es uno de los últimos trabajos cien por ciento artesanales que quedan. Porque es artesanal: elegir las palabras, ponerlas con la mano en un lugar, armar una historia: si lo hacés bien, con amor, sin inteligencia artificial, o sea, si lo hacés en serio. Yo doy clase en la Universidad de Valencia, doy Literatura, y a veces uno descubre que los alumnos usan inteligencia artificial. Y siempre les digo que se fijen si es lo que realmente les gusta, porque yo dejé una carrera que me iba bien, para escribir.

—Eras abogada. ¿Cuántos años ejerciste?

—Claro, era abogada. Hacía más de diez años que trabajaba, me había recibido súper joven, me iba bien. Dejé una carrera por otra. Entonces, el que estudia Letras y pone una máquina que le haga el libro... no te debe gustar tanto. A mí me encanta estar con las palabras, con las frases, inventar. A veces me escriben: ‘Yo sentí el olor de los duraznos, yo caminé por ese caminito’. Como escritor lo tengo que sentir yo primero para que luego lo sienta el lector. Eso es muy lindo, te hace sentir muy pleno, y el lector también lo disfruta. Entonces les digo siempre a los alumnos: ‘fíjense si es la carrera que realmente les gusta’. A veces me asusta pensar que las máquinas hagan todas las cosas que nos hacen bien al ser humano. Yo tengo una hija, que más allá de que es psicóloga, le gusta pintar y ha hecho las ilustraciones de varios libros infantiles. Ahora estaba haciendo uno de Borges para niños, y pronto no va a haber más eso. Y a ella le encanta, lo hace por gusto. Yo digo: ¿las cosas que nos hacen bien las van a hacer las máquinas y nosotros vamos terminar haciendo las cosas que no nos gustan?

—Al final de muchos de los relatos, decíamos, hay una aclaración sobre quiénes son los personajes. Hablaste con mucha gente para componer estas historias. ¿Cómo surgió este libro?

—En realidad empiezo escribiendo unos cuatro relatos de mis vivencias, de mis tragos dulces y amargos como mujer en este mundo. Hay cosas que me han hecho decir ‘qué lindo que soy mujer’, y otras que me han hecho decir ‘qué bronca que soy mujer’. Entonces empiezo a escribir los míos. Pero claro, cuando ya van cuatro, digo: ‘Ya he dicho lo que quiero decir... voy a ficcionar’. Pero ficcionar también corría el riesgo de que me digan: ‘Eso lo inventaste, las mujeres no sufrimos eso’. No quería hacer solamente literatura en esta oportunidad, quería contar las cosas que nos pasan a las mujeres. Entonces le pido a mi círculo más íntimo, dígase amigas, sobrinas, hermanas, que me cuenten, y después lo amplío a periodistas conocidas, a distintas mujeres que hacía mucho que no veía, madres de colegio, y me empiezan a contar sus vivencias, sus tragos dulces, sus tragos amargos. Para mí fue impactante, no podía creer lo que me estaban contando. De golpe surgió que muchas tenían trastornos alimenticios y lo habían mantenido en secreto. Eso puntualmente se repitió mucho. Yo tengo una profesión, soy escritora, he sido abogada, pero necesitaba que me cuente también la empleada doméstica, la vendedora de ropa, una chica de veinte años, una mujer de setenta, distintas edades, distintas condiciones sociales, cuáles son los tragos dulces, los tragos amargos. Entonces abro el juego y recibo tantas cosas que superó totalmente mis expectativas.

A su primer libro Secreto bien guardado lo publicó El Emporio Ediciones, un sello cordobés, en 2009. El Grupo Planeta olfateó la repercusión, compró los derechos y en 2010 relanzó la novela a nivel nacional. “En esa época era raro escribir lo que yo hacía, una novela histórica con mujeres fuertes. Me preguntaban hace poco: ‘¿Vos escribís de mujeres fuertes porque está de moda?’. Cuando empecé la novela histórica típica tenía mujeres ingenuas y virginales con un tipo de hombre experimentado, un machote".

Veintisiete años pasaron. “Yo vivo de la literatura”, dice ahora, del otro lado del teléfono. (El año pasado se pasó de Planeta a Penguin Random House.) ¿Cuánta agua corrió bajo el puente? Rivero navega en los recuerdos y dice: “Escribo un primer libro que se empieza a vender muy bien. Escribo un segundo que gana un primer premio de novela histórica a nivel nacional. Entonces, con el tercero me encierro a darle lo mejor de mí y se hace bestseller. A partir de ahí veía que podía ganar lo mismo que como abogada”.

La figura de su padre, el novelista Pedro Adrián Rivero, fue una influencia: “Él tenía que trabajar de otra cosa. ¡Y había ganado premios! Escribía de noche, los sábados, los domingos. O sea, nos criamos en la casa con que se podía vivir de la literatura, por eso elegimos otras carreras. Tal vez nos gustaba a los tres hijos. Mi madre nos decía: ‘Nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, para loco está tu papá’. No nos animábamos. Pero las vocaciones nos persiguen, las traemos grabadas en el ADN”.

—Sé que tenés un trato frecuente con adolescentes y chicos, que solés tener encuentros en aulas de escuela, incluso en otros países. ¿Qué tan dura es la batalla de promover la lectura?

—Las maestras tienen que elegir libros y muchas veces eligen los míos, porque saben que los va a atrapar un poco, por lo menos, entonces voy a escuelas y comparto. Por ejemplo, el libro que habla de la Segunda Guerra Mundial, de las primeras maestras que hubo en Argentina, que las puso Sarmiento. Son libros que pueden leer los chicos. Entonces, se hacen debates y todo. Y... es difícil. Ya en un adulto es difícil, porque tenemos que luchar nosotros mismos contra las pantallas para que no nos atrapen completamente. A veces te dicen: ‘Sí, antes leía más, ahora me quedo con el Instagram a la noche’. A mí me pasó en el verano que fuimos al campo y de repente en el lugar no llegaba ni siquiera la cobertura de mi compañía de teléfono, ni la de mi marido. No había Netflix ni nada. Fue muy simple: pusimos unos veladores, trajimos libros y leímos. Estamos a un paso de poder revertir eso. Es tomar la decisión. Hay que ver si tenés ganas. El adulto tiene que ser el que enseña. El otro día estaba haciendo un Zoom con una chica de Ecuador que dirige setenta grupos de lectura y en lugares como hospitales. Y me contaba de que había ido a Nueva York a hacer un curso sobre esto y le habían conectado a los niños unos cablecitos en la cabeza, y cuando un humano le leía un cuento objeto, o sea de papel, las neuronas, se mostraban en la pantalla, se estiraban hacia arriba. Cuando el mismo cuento se lo relataba una pantalla, las neuronas quedaban chatas. Evidentemente hay algo que es mejor todavía para el ser humano. Pensemos en China, que iba a la vanguardia de pantallas en clases: las han quitado, no se usan más. Y han hecho una inversión enorme en libros. Lo mismo pasó en Bélgica. Por primera vez el ser humano está menos inteligente que la generación anterior. Esto preocupa. Algunos países se animen y hacen el cambio que se necesita.

—Te manifestaste en contra de la derogación de la Ley del Libro. Uno podría inferir que esa derogación te beneficia, porque tus libros tienen tal nivel de masividad que incluso se venden en cadenas de supermercados. Sin embargo, vos te manifestaste a favor de esa ley que protege las librerías de barrio. ¿Por qué?

—Porque es como abrir una puerta que me lleva a un cuarto, que tal vez me va a llevar a otro cuarto, y que yo no sé en qué cuarto voy a terminar. Primero vendrían por la librería pequeña, pero eso no deja fuera a las grandes cadenas. El último eslabón va a ser Internet: Mercado Libre o Amazon probablemente irán comiendo a las cadenas también. ¿Y qué sigue? Yo tengo amigas que ya editan directamente con Amazon: les hace la tapa y les corrige el libro... todo. Entonces, después se comerían a las editoriales, y después probablemente a nosotros, los escritores, y tendríamos que ir a negociar con ellos. Podrían decirnos: ‘Vamos a hacer todo con inteligencia artificial, nos sale más barato, ustedes nos cobran muy caro’. A los escritores que ya estamos instalados nos van a pedir: ‘dame algo’. Pero alguien que recién empieza no sé si la tendría la oportunidad, porque van a preferir vender lo que hace una máquina. Juan Flores, digamos, es una máquina, pero a la gente le gusta, lo lee. Entonces no sé a dónde terminamos. Me preocupa por eso la ley, porque no sé en qué terminamos. Ya sabemos que el eslabón más débil de la gran industria es el escritor, que siempre gana el diez por ciento. Como a veces pierde ante una editorial, terminaría perdiendo mucho más con estos monstruos que manejarían todo... Por esa razón, porque no sé en qué termina.

—Te hago las tres últimas. Quisiera definiciones. La primera: ¿qué es la fama?

—Es bastante subjetivo. Para algunos será una cosa y para otros otra. En mi caso, la fama es que mucha gente te conozca, pero a veces también se puede tener una fama mala. La fama puede ser buena, porque te puede ayudar a que ganes más. No la veo que sea cien por ciento buena ni cien por ciento mala. Es algo abstracto.

—¿El dinero?

—Un medio para alcanzar buenos momentos. Yo tengo un lema y se lo digo a mis hijos: ‘Usen el dinero para poder alcanzar buenos momentos, no objetos’. No necesitamos tantos objetos, tanta ropa, tantos zapatos, relojes tan caros ni autos caros. Usemos el dinero para tener buenos momentos. A veces se paga caro una cena linda, unas vacaciones. Si es verdad que tenemos un alma, que es inmortal y que nos vamos a seguir acordando de los buenos momentos, si pasamos a otro plano los objetos no van a quedar. Creo que eso el dinero: un medio, no un fin.

—¿La literatura?

—La razón de mi vida. Tengo un solo tatuaje: un libro. Ya escribía mi papá, escribía mi abuelo y escribía el padre de mi abuelo: todos han ido como mejorando un poquito. Yo por lo menos puedo vivir de esto, pero ellos no. Un día vino mi hija, que tiene varios tatuajes, y me dijo que se iba de viaje, que no la iba a ver por dos años por lo menos. Y me dice: ‘Nos hagamos un tatuaje’. ‘No, yo no me hago tatuajes, no quiero, no’. ‘Mirá lo que quiero que nos hagamos’, y me mostró el libro y no pude decir que no. La literatura es la razón de mi existencia.

[Fotos: Alejandra López]

El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021), fue condenado el viernes a cinco años de prisión por cohecho tras ser declarado culpable de recibir sobornos relacionados con el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro. El fallo, emitido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), incluyó además la imposición de la “incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público” para el exmandatario.

Según la resolución judicial, Sinohydro canalizó recursos millonarios hacia un círculo empresarial vinculado a Moreno, que luego distribuyó los fondos a distintas sociedades y personas, incluidos familiares directos del ex presidente. Los hechos investigados ocurrieron durante la etapa en que Moreno se desempeñaba como vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

En el caso también resultaron condenadas otras 20 personas, entre ellas su esposa Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo, su cuñada Marta González, su amigo Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Mientras que González, su hija y otros familiares recibieron penas de dos años y seis meses de cárcel, Patiño y Cai Runguo fueron sentenciados a cinco años de prisión, al igual que Moreno.

Los jueces aceptaron la acusación de la Fiscalía, que sostuvo que el ex mandatario y su entorno recibieron más de un millón de dólares de los USD 76 millones pagados en sobornos por Sinohydro para garantizar el financiamiento del proyecto hidroeléctrico de Coca Codo Sinclair, cuya potencia alcanza los 1.500 megavatios.

De acuerdo con el tribunal, Moreno utilizó su cargo de vicepresidente para intervenir en áreas fuera de su competencia y favorecer a Sinohydro, obteniendo así beneficios a través de terceros. La central hidroeléctrica, que entró en funcionamiento a fines de 2016, fue formalmente recibida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de este año, pese a las miles de fisuras detectadas en la estructura.

Lenín Moreno afirmó este viernes que no recibió “ni un solo centavo de Sinohydro” y sostuvo que el caso fue fabricado por Rafael Correa como forma de venganza. El ex mandatario aseguró que al asumir la presidencia ordenó investigar las obras del correísmo, incluyendo la hidroeléctrica, donde se detectaron 17.000 fisuras.

Además de la pena de prisión, Moreno y sus familiares deberán pagar el triple del monto recibido; los demás condenados tendrán que abonar el doble de lo que obtuvieron en sobornos. La sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada por los procesados.

El ex presidente regresó a Ecuador desde Paraguay, donde residió en los últimos años, para enfrentar el proceso judicial en su contra. Antes de la audiencia, calificó el juicio como una supuesta “venganza” de Correa y afirmó que se presentaba ante el tribunal para “dar la cara”. Tras la sentencia, Moreno rechazó los cargos y atribuyó la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a sus ex colaboradores: “El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado (...) No he recibido un solo centavo de Sinohydro”, declaró ante los medios.

Por su parte, Rafael Correa reaccionó en redes sociales y calificó a su ex vicepresidente de “delincuente” y “sinvergüenza”. “Cuán contundentes serán las pruebas y cómo será de corrupto este canalla que, con toda la amiga mediática y los poderes fácticos a su favor, lo declaran culpable”, escribió el exmandatario.

En 2017, Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador como candidato del movimiento correísta, fundado en torno a Correa, con Jorge Glas como vicepresidente. Posteriormente, Glas abandonó el cargo y actualmente cumple una condena de prisión por corrupción.

Moreno se convierte así en el tercer ex presidente ecuatoriano condenado por delitos de corrupción, tras haber enfrentado procesos judiciales previos a su mandato presidencial.

Noticia en desarrollo...

El presidente del Banco Central, Roberto Lagos, sostuvo que el paso de L26 a L27 no debería generar alarma y aseguró que el país mantiene suficientes reservas internacionales.

El verdadero riesgo no está en un solo centavo, sino en cuánto tiempo continúa depreciándose el lempira y cómo ese movimiento se traslada a importaciones y precios.

El dólar superó este viernes la barrera de los L27 por unidad en Honduras y convirtió una variación relativamente pequeña en un nuevo punto de atención para consumidores, importadores y empresas.

El Banco Central de Honduras (BCH) reportó una cotización de venta de L27,0010 por dólar, dentro de una tendencia de depreciación gradual del lempira frente a la moneda estadounidense.

El presidente del BCH, Roberto Lagos, pidió calma y sostuvo que “un centavo no debería crear ningún impacto”, argumentando que el ritmo de deslizamiento sigue siendo moderado y que el país dispone de suficientes reservas internacionales.

Su argumento tiene una base importante: una variación aislada de un centavo no modifica por sí sola el costo de vida.

El problema aparece cuando ese movimiento deja de ser aislado y se convierte en una tendencia prolongada.

Pasar de L26,99 a L27,00 no implica que los productos importados aumenten automáticamente de precio al día siguiente.

Pero cruzar una barrera redonda suele tener un efecto psicológico y comercial porque concentra la atención sobre una trayectoria que ya venía ocurriendo.

Para una economía que depende en buena medida de importaciones, una depreciación sostenida significa que empresas y consumidores necesitan más lempiras para comprar la misma cantidad de dólares.

Eso puede afectar combustibles, materias primas, fertilizantes, maquinaria, medicamentos y otros bienes adquiridos en el exterior.

El economista José Murillo advirtió que el impacto no se limita a los bienes importados directamente.

El combustible, por ejemplo, influye en transporte y distribución. Una empresa que importa insumos también puede terminar trasladando parte del incremento a sus precios.

Así funciona uno de los canales por los que una depreciación prolongada puede alimentar presiones inflacionarias.

No significa que cada movimiento del dólar produzca inflación inmediata, sino que un tipo de cambio más alto encarece la base de costos de una economía altamente conectada con mercados externos.

La política cambiaria hondureña busca mantener el valor interno y externo de la moneda y conservar un nivel de reservas internacionales que permita enfrentar choques externos.

El Programa Monetario 2026-2027 señala que las Reservas Internacionales Netas cerraron 2025 en un récord de US$10.219 millones, equivalentes a cerca de 5,96 meses de importaciones. Para abril de 2026, el saldo reportado había seguido aumentando.

Ese colchón es precisamente uno de los argumentos utilizados por el BCH para descartar una situación de crisis cambiaria.

Tener reservas sólidas permite al Banco Central disponer de mayor capacidad para atender demanda de divisas y enfrentar episodios de volatilidad.

El valor de L27 no representa una crisis automática ni significa que el lempira haya perdido estabilidad de forma abrupta. El punto relevante es la velocidad y persistencia de la depreciación.

Si el ajuste continúa gradualmente y dentro de las proyecciones del BCH, el efecto puede ser manejable.

Si acelera, podría generar mayor presión sobre importadores, precios internos y poder adquisitivo.

La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en si el dólar vale L26,99 o L27,00.

La pregunta más importante es hasta dónde puede seguir deslizándose el lempira sin que el encarecimiento de las importaciones termine sintiéndose con más fuerza en el bolsillo de los hondureños.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) acumuló transferencias estatales por 16,029.7 millones de córdobas desde 2022 para evitar el colapso del sistema de pensiones, pero aun así mantuvo sus cuentas en déficit y, según el análisis publicado por Confidencial Nicaragua, el problema de fondo persiste: hay cada vez menos cotizantes para sostener a un número creciente de pensionados.

La presión seguirá en aumento en 2026. El Presupuesto General de la República de este año prevé transferir 5,179.7 millones de córdobas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, casi un tercio de todo lo inyectado desde 2022 y más de seis veces la cifra desembolsada en ese primer año.

La secuencia oficial de aportes muestra el crecimiento de ese auxilio: 800 millones de córdobas en 2022, 3,350 millones en 2023, 2,900 millones en 2024, 3,800 millones en 2025 y 5,179.7 millones en 2026. Solo en 2024 la transferencia no aumentó respecto del año anterior.

Ese refuerzo no alcanzó para revertir los números en rojo. Entre 2022 y 2024, el INSS acumuló un déficit de 5,507.8 millones de córdobas, pese a que en 2023 registró un superávit leve de 137,4 millones que, según la publicación, fue posible mayoritariamente gracias a las transferencias estatales.

El sistema recibe más dinero público, pero pierde capacidad de sostenerse

El deterioro financiero coincide con un cambio en la relación entre aportantes y jubilados. Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, dijo al medio que en 2008 había 5,71 cotizantes por cada pensionado ordinario y que en 2024 esa proporción cayó a 2,5 por uno. “Esto es dramático”, afirmó.

Marco Aurelio Peña, investigador externo del CETCAM, añadió que menos de tres de cada diez trabajadores cotiza al Seguro Social. Para el especialista, eso obliga a aplicar una política estricta contra la informalidad laboral y a ampliar el empleo formal, porque hay trabajo que existe pero no está formalizado y, por lo tanto, no genera aportes para la institución.

Peña también vinculó la fragilidad del sistema con la salida de población joven. Advirtió que Nicaragua sigue expulsando talento en edad productiva y que ese flujo reduce la base de contribuyentes que el esquema de reparto necesita para sostenerse.

Sáenz coincidió en ese punto y sostuvo que los centenares de miles de jóvenes que abandonan el país dejan de cotizar justo en la etapa en que más aportarían al sistema. A esa presión demográfica se suma el envejecimiento de la población mayor.

Los expertos apuntan a corrupción, informalidad y reformas insuficientes

Según Confidencial Nicaragua, los dos especialistas consultados sostienen que las transferencias solo mantienen al INSS “artificialmente vivo” porque no corrigen las causas estructurales. Sáenz reclamó “auditorías a fondo” para detectar y sancionar el robo de recursos de pensionados y cotizantes, además de recuperar lo que aún pueda rescatarse. “Los pensionados pagan por ese despilfarro, con hambre, muerte, y sufrimiento”, señaló.

El exfuncionario ubicó el origen del deterioro en el modelo económico impuesto por el régimen y en prácticas de corrupción y gasto desordenado. Recordó que cuando Daniel Ortega volvió al Gobierno en enero de 2007, el instituto tenía superávit operativo, con ingresos superiores a sus egresos, y que en pocos años esa situación se transformó en déficit por el aumento desproporcionado de salarios, la expansión de personal, la creación de un decimocuarto mes y la pérdida de rendimientos de inversiones y reservas técnicas.

Entre los casos mencionados por Sáenz figuran la construcción de la Torre Norte en Managua, un préstamo de casi USD 1,7 millones para que Desarrollos Inmobiliarios S. A. construyera el condominio Apartamentos Planes de Altamira, y los proyectos residenciales San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, valorados en más de USD 14,5 millones y ejecutados con fondos del INSS por una empresa ligada a Tirso Celedón Lacayo.

Peña sostuvo que la estabilización también exige mejorar la economía para elevar producción, productividad y salarios. Para eso, planteó la necesidad de atraer inversión, crear un entorno institucional atractivo y cimentar un Estado de derecho, condiciones que, a su juicio, hoy no existen en Nicaragua.

La edad de retiro y los aportes vuelven al centro del debate

Los expertos también consideran inevitables nuevas reformas paramétricas. Peña afirmó que “sí o sí, se tiene que revisar la edad de retiro” porque Nicaragua tiene una de las edades de jubilación más bajas y la expectativa de vida ya supera los 70 años.

Entre las medidas que mencionó aparecen elevar la edad de jubilación hasta 65 años, revisar las tasas de reemplazo, la fórmula de cálculo, las pensiones reducidas y las pensiones especiales. También defendió la posibilidad de que, junto a la seguridad social pública, la población tenga acceso a sistemas privados.

El diagnóstico sobre la fragilidad del instituto no es nuevo. Desde principios de siglo, según el reporte, ya se conocía que el INSS enfrentaba una quiebra técnica. Aunque en 2012 contaba con reservas equivalentes a 618,2 millones de dólares, el envejecimiento poblacional y la estructura de la economía nicaragüense permitían prever que, sin cambios, la quiebra llegaría alrededor de 2017.

En 2013 se aprobó un paquete de reformas que elevó en tres puntos porcentuales el aporte patronal y redujo la tasa de retorno de las nuevas pensiones. La intención era alejar el problema durante varias décadas, pero el alivio fue breve.

En abril de 2018, el Ejecutivo impuso de manera unilateral la Resolución 1-317, que aumentaba las cotizaciones empresariales y de los trabajadores e imponía un 5% de impuesto sobre las pensiones. Las protestas de asegurados y empresas obligaron a Ortega a retroceder cinco días después, aunque en febrero de 2019 aprobó la Resolución 1-325, que revivía y ampliaba el esquema anterior.

Alejandro Arauz, economista y autor del blog EconomistVision, sostuvo en su informe “Seguridad Social en Centroamérica (2025-2026): un análisis regional de su sostenibilidad, cobertura y desafíos estructurales” que la reforma de 2019 encareció la contratación formal, incentivó la informalidad y la subdeclaración laboral en micro, pequeñas y medianas empresas, y limitó la capacidad del INSS para atraer nuevos cotizantes.

Arauz añadió que la migración de cientos de miles de nicaragüenses en edad productiva hacia Estados Unidos, Costa Rica y España vacía la base de aportantes jóvenes que el sistema necesita con urgencia y acelera el envejecimiento demográfico de la población que permanece en el país.

Costa Rica deportó este viernes a un ciudadano salvadoreño vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños, quien además era requerido en su país por una causa relacionada con el delito de homicidio agravado.

El hombre, identificado con los apellidos Hernández Fuentes, fue entregado por la Policía Profesional de Migración a las autoridades de la República de El Salvador, luego de comprobarse que permanecía de manera irregular en territorio costarricense.

Según informaron las autoridades, el extranjero mantenía además un perfil criminal asociado con la pandilla 18 Sureños, una de las principales facciones en las que se dividió la organización criminal conocida como Barrio 18.

En El Salvador, Hernández Fuentes cuenta con una orden por rebeldía por el delito de homicidio agravado, situación que aumentó el interés de las autoridades por concretar rápidamente su salida de Costa Rica.

El extranjero había sido localizado el pasado sábado 22 de agosto durante un despliegue policial realizado en la provincia de Cartago.

Su detección ocurrió durante un operativo de Fuerza Élite, estrategia que mantiene presencia de diferentes cuerpos policiales en esa provincia y que busca identificar y detener personas vinculadas con actividades delictivas, así como reforzar la seguridad en sectores considerados prioritarios.

Fue detenido durante un operativo en Cartago

De acuerdo con la información oficial, Hernández Fuentes fue detectado inicialmente por oficiales de la Fuerza Pública.

Posteriormente, agentes de la Gestión de Operaciones de la Policía Profesional de Migración asumieron el procedimiento migratorio y concretaron su aprehensión.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y Policía Municipal de Cartago.

La presencia conjunta de estas instituciones forma parte de las acciones reforzadas que las autoridades mantienen en la provincia para ubicar personas con antecedentes, requerimientos judiciales o condiciones migratorias irregulares.

Una vez verificado el perfil del salvadoreño, quedó detenido en el Centro de Aprehensión Regional Central, donde permaneció mientras Migración realizaba las diligencias administrativas necesarias para ejecutar su deportación.

Finalmente, este viernes se concretó la entrega del extranjero a las autoridades salvadoreñas.

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país”

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, participó personalmente en la entrega del ciudadano salvadoreño y destacó la coordinación existente entre ambos países.

“La Policía Profesional de Migración y mi persona hicimos entrega formal al Gobierno salvadoreño del marero aprehendido la semana pasada en la zona de Cartago”, explicó Badilla.

El funcionario aseguró que la actuación forma parte de los esfuerzos de Costa Rica para evitar que personas con perfiles criminales permanezcan en territorio nacional.

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país y, como muestra de la fraternidad que tenemos entre Costa Rica y El Salvador, vinimos personalmente a estrechar esos lazos y demostrarle al Gobierno de El Salvador que estamos trabajando en mejorar la seguridad, no solo de Costa Rica, sino de la región”, manifestó.

Badilla resaltó además que la captura y posterior deportación fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones.

“Este trabajo fue el fruto de una articulación llevada a cabo entre los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Profesional de Migración”, agregó.

El director de Migración insistió en que las autoridades continuarán actuando contra extranjeros que se encuentren en el país y que presenten antecedentes o vínculos con organizaciones criminales.

“Desde nuestra posición, reafirmamos nuestro compromiso para garantizar la seguridad en Costa Rica, para que personas con perfiles criminales sean expulsadas de nuestro país”, sostuvo.

Vinculado con Barrio 18 Sureños

Las autoridades costarricenses identificaron a Hernández Fuentes como una persona vinculada con la estructura conocida como Barrio 18 Sureños.

Esta organización corresponde a una de las facciones de Barrio 18, pandilla con presencia histórica en distintos países de Centroamérica y considerada rival de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una nueva alerta de salud para sus ciudadanos en la isla por el deterioro del sistema de agua potable, una situación que asoció a la fragilidad de la infraestructura hidráulica, los cortes eléctricos y la sequía, en un contexto en el que ya se han registrado seis apagones nacionales en 2026.

Según Periódico Cubano, la sede diplomática dijo que tiene conocimiento de reportes de vecindarios de distintas provincias que han pasado largos períodos sin recibir agua desde fuentes municipales o públicas. El problema, indicó, se agrava porque el suministro depende con frecuencia de que la red eléctrica permanezca activa el tiempo suficiente para que funcionen los sistemas de bombeo.

La advertencia también apuntó a la caída del nivel de los pozos en diferentes zonas del país por efecto de la sequía. Esa combinación entre red hidráulica debilitada e inestabilidad eléctrica, sostuvo la representación estadounidense, limita la capacidad de garantizar un abastecimiento constante en los hogares.

La embajada alertó además sobre los riesgos derivados de la falta de agua junto con los cortes de electricidad. La pérdida de refrigeración y de cadenas de frío afecta la conservación de alimentos y medicamentos, dos de los servicios básicos más sensibles en períodos prolongados de interrupción.

La embajada recomendó almacenar agua, alimentos y suministros médicos

Ante ese escenario, la sede de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que evalúen los riesgos asociados a viajar a Cuba y que adopten medidas preventivas frente a posibles interrupciones de servicios esenciales. Entre sus recomendaciones incluyó mantener cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles, disponer de agua potable y reservas para higiene personal, y almacenar alimentos no perecederos.

El comunicado también aconsejó contar con insumos médicos suficientes, incluidos medicamentos básicos, equipos que necesiten electricidad para funcionar y tratamientos que requieran refrigeración. Para emergencias, la embajada indicó que sus ciudadanos pueden comunicarse al +(53) (7) 839-4100 y, fuera del horario laboral, llamar al 1 y luego al 0.

La nueva advertencia llegó después de otra alerta emitida a principios de agosto por un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional. El apagón general ocurrió el domingo 2 de agosto a las 22:43 y representó, de acuerdo con la sede diplomática, el sexto colapso total de la red eléctrica cubana en lo que va de 2026.

La representación estadounidense informó entonces que había recibido reportes de interrupciones en los servicios de telefonía celular e internet tras la caída del sistema. “Todos los ciudadanos de Estados Unidos en Cuba o que planeen viajar a Cuba deben estar al tanto y planificar en consecuencia”, señaló la embajada, citada por el medio.

Una protesta en La Habana expuso el impacto doméstico de la falta de agua

La crisis también derivó en una protesta de madres cubanas en una calle de La Habana, donde bloquearon la vía con neumáticos y cubetas para denunciar la falta de agua potable en sus viviendas. Las manifestantes reclamaron por las dificultades para cocinar, limpiar y sostener la higiene familiar en medio de las interrupciones prolongadas del servicio.

El activista Silverio Portal difundió en redes sociales imágenes del reclamo, en las que se observa a varias mujeres acompañadas por sus hijos. Durante la manifestación también realizaron un cacerolazo para exigir una respuesta de las autoridades.

Portal afirmó que la protesta refleja una situación extendida entre familias que deben buscar alternativas ante la ausencia de un recurso esencial. “Nadie puede decir lo contrario de lo que se está viendo aquí. Cada día se ve a niños, mujeres y hombres reclamando un derecho, un derecho que se les tiene que dar”, expresó.

La publicación señaló que varias comunidades del país siguen reportando interrupciones en el suministro de agua. Ante la falta de un servicio estable, muchos hogares almacenan el líquido en cubetas, tanques y otros recipientes para cubrir sus necesidades durante los períodos sin abastecimiento.

La embajada también destacó que tres de los seis apagones nacionales registrados en el año ocurrieron solo en julio, mientras continúan los cortes programados y las fallas inesperadas en distintas provincias.

El episodio fue captado en un video, el cual se volvió viral en las últimas horas, donde se aprecia a los integrantes del hogar reunidos en una casa de color verde claro, rodeada casi por completo por la crecida del río Trishuli. Desde ese lugar elevado, veían cómo la corriente arrastraba vehículos, construcciones y otros objetos de la zona.

Las autoridades reportaron que el desastre tuvo su origen en el colapso de un glaciar, lo que provocó varios movimientos de tierra y desató una de las inundaciones más severas de los últimos años en la región y en áreas cercanas a la frontera con el Tíbet.

En la grabación, el agua mezclada con lodo, piedras y escombros formó un torrente que arruinó el entorno en cuestión de minutos. La familia permaneció unida en el balcón, observando el panorama y aguardando que la estructura de la vivienda resista la presión del fenómeno. Minutos más tarde, varias fotografías los mostraron a salvo en en el techo tras la catástrofe.

Muchas familias, como la que se observa en el video, debieron refugiarse en los puntos más altos de sus viviendas, mientras esperaban la llegada de ayuda, helicópteros para trasladarlos a una zona segura o el descenso del nivel del agua. El río Trishuli se convirtió en un cauce desbordado que modificó el paisaje y dejó severos daños materiales y víctimas fatales.

Otro video que impactó a los usuarios en las redes sociales fue uno que mostró la inundación repentina arrasando una calle en la región Nuwakot-Trishuli de Nepal. En la grabación se vieron a personas corriendo desesperadamente por sus vidas en la calle mientras el agua y el barro avanzan.

Los dificios y estructuras a lo largo de la calle fueron rápidamente cubiertos por la corriente de lodo y escombros. La escalofriante escena terminó con una gran extensión de la zona urbana cubierta por el flujo de detritos, indicando el impacto del evento natural.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en condiciones extremas en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet (China), donde la riada dejó más de 550 muertos y cerca de 2.500 desaparecidos. Las autoridades nepalíes y chinas enfrentan la amenaza persistente de una nueva crecida, lo que obliga a operar bajo estrictas medidas de precaución.

China reanudó el viernes las operaciones de rescate, tras una suspensión temporal causada por el desbordamiento progresivo de una represa natural formada por lodo y rocas. El temor a una nueva avalancha de agua y escombros permanece, lo que llevó a las autoridades a insistir en la alerta para las brigadas desplegadas en el área, según informaron medios oficiales.

Por su parte, el gobierno de Nepal solicitó de manera formal a India y China la entrega e instalación urgente de 42 puentes portátiles para restablecer el tráfico terrestre en las zonas más afectadas y facilitar la localización de las personas incomunicadas por la riada.

En cuanto al balance de víctimas, Nepal reportó el rescate de 579 cuerpos, mientras que China confirmó cinco fallecidos en el lado tibetano, aunque no se ha difundido hasta ahora un mecanismo de coordinación para homologar las cifras entre ambos países. Las autoridades nepalíes elevaron en las últimas horas la cifra de desaparecidos a 1.924, entre quienes figuran 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas, más de cien miembros de las fuerzas de seguridad, personal aduanero y 622 turistas (473 extranjeros y 149 nepalíes residentes en el exterior), además de habitantes locales.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que las fuerzas de seguridad y la Policía Turística evacuaron hasta ahora a 129 visitantes extranjeros en las regiones afectadas. En total, Nepal ha rescatado a 4.451 personas.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) estima que unas 93.000 personas podrían haber resultado afectadas por la catástrofe, aunque advierte que el acceso a ciertas zonas inundadas sigue siendo limitado, lo que podría incrementar el número de damnificados.

En el condado tibetano de Gyirong, más de 2.000 efectivos chinos participan en las tareas de rescate. Los primeros equipos lograron acceder por tierra al núcleo devastado el viernes, lo que podría modificar el balance de víctimas en el lado tibetano, donde hasta el momento China reporta cinco muertos y 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros cuyas nacionalidades no han sido especificadas.

La situación en el valle nepalí de Bhote Koshi sigue marcada por el miedo y la incertidumbre ante la posibilidad de nuevas crecidas. Decenas de personas abandonan la zona por la única carretera disponible con el fin de ponerse a salvo y buscar a familiares desaparecidos en aldeas aisladas. La frustración es visible entre los rescatistas y sobrevivientes, como ocurre con Deepak KC, militar que espera la llegada de helicópteros cargados de sobrevivientes y repite la misma pregunta tras cada aterrizaje: “¿Cómo lograron salvarse?”.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó este viernes sobre una orden de detención a José Adrián S., quien enfrenta cargos por cohecho activo tras una investigación que lo señala por intentar influir en un proceso judicial mediante el ofrecimiento de una dádiva.

Según informó la FGR en sus canales oficiales, el imputado ejercía funciones como fiscal auxiliar al momento de los hechos, desarrollados en el contexto de un proceso judicial en curso.

Su captura se produjo después de que una persona denunciara que recibió una oferta de dinero a cambio de proporcionar información confidencial y facilitar una resolución favorable dentro de un expediente judicial.

“La denuncia de la víctima activó diligencias inmediatas que concluyeron con la detención del imputado”, detalló la institución.

En el procedimiento de captura, las autoridades realizaron una verificación en la estación de trabajo de José Adrián S. donde incautaron un teléfono celular, una computadora y un tarjetero con ofertas de servicios profesionales como abogado.

El Ministerio Público precisó que estos elementos serán sometidos a análisis como parte de la investigación en curso.

Además, agentes fiscales y policiales efectuaron allanamientos en la vivienda del acusado, ubicada en Santo Tomás, y en una oficina situada en la colonia San Benito, donde alquilaba un espacio para su despacho privado.

Investigación por cohecho activo tras intento de influir en proceso judicial

La FGR destacó que el caso se originó tras la denuncia directa de la persona afectada, quien relató que el ahora detenido buscó obtener información reservada sobre el avance de un proceso judicial.

“El imputado ofreció una dádiva con el objetivo de influir en la resolución del caso”, mencionó la institución.

Este hecho, tipificado como cohecho activo en la legislación salvadoreña, implica sanciones penales para quienes intentan corromper a funcionarios o ciudadanos para obtener ventajas indebidas en procedimientos públicos.

Las autoridades continúan recabando evidencias para determinar si el individuo habría participado en otros hechos de similar naturaleza. Entre las pruebas analizadas, destacan los dispositivos electrónicos decomisados, cuyo contenido podría aportar elementos clave para esclarecer el alcance de las acciones atribuidas al detenido.

El cohecho en la ley salvadoreña es un delito relacionado con la corrupción de funcionarios públicos. Consiste en que un funcionario o empleado público solicite o reciba, directa o indirectamente, dinero, dádivas o cualquier otro beneficio a cambio de realizar, omitir o retardar un acto propio de sus funciones, o influir en otro funcionario para que actúe de la misma manera

La FGR reiteró que el combate a la corrupción en el sistema judicial es una de sus prioridades.

Las acciones forman parte de una línea de trabajo coordinada entre diferentes unidades de investigación y la Policía Nacional Civil. La Fiscalía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de soborno o irregularidad en procesos judiciales, asegurando que se garantizará la confidencialidad de las víctimas y testigos.

Hasta el momento, José Adrián S. permanece a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanza la fase de investigación y se define su situación procesal.

La OEA pidió este 28 de agosto que la elección del próximo contralor general de cuentas de Guatemala se resuelva con criterios de mérito, transparencia y fundamentación, al cerrar su quinta visita de seguimiento a un proceso que considera decisivo para la fiscalización de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

La misión también advirtió sobre otro foco de presión institucional: la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala sigue teniendo alcance nacional y, según el organismo, sus efectos van más allá de la participación de la universidad en comisiones de postulación y otros procesos de elección de segundo grado.

De acuerdo con la misión especial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, durante esta visita hubo reuniones con autoridades de la Presidencia de la República, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

También recogió valoraciones de representantes de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, la academia, analistas y medios de comunicación.

La OEA exigió que la nómina para la Contraloría se fundamente en méritos y decisiones públicas

La misión compareció ante la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030. Allí presentó de forma verbal sus sugerencias y recomendaciones preliminares, y además entregó una comunicación escrita.

El organismo sostuvo que la comisión debe evaluar las candidaturas con rigor, objetividad y transparencia. Sus decisiones, señaló, deben basarse en los méritos, la experiencia, la honorabilidad, la independencia y la idoneidad de las personas aspirantes.

En esa línea, identificó como condiciones indispensables para la legitimidad de la nómina la publicidad de las sesiones, el acceso a los expedientes, la valoración adecuada de los señalamientos y la motivación de las calificaciones. La misión añadió que después corresponderá al Congreso realizar una elección responsable, guiada por las capacidades necesarias para dirigir una institución técnica e independiente.

Ese llamado respondió de manera directa a la pregunta central del proceso: qué debe garantizar la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas. La respuesta de la misión fue concreta: un procedimiento abierto, decisiones razonadas y una selección basada en capacidades comprobables, no en restricciones automáticas ni criterios ajenos al mérito.

La OEA también indicó que el Congreso deberá celebrar audiencias e entrevistas públicas antes de seleccionar y elegir a la persona que considere más idónea para el cargo.

El finiquito y la crisis de la USAC quedaron bajo observación de la misión

Durante la visita, la misión dijo haber conocido preocupaciones sobre los efectos de exigir, denegar o revocar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito. Según el organismo, ese mecanismo puede afectar los derechos políticos y el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad, a la luz de los estándares interamericanos.

La misión reconoció que el instrumento cumple una función de fiscalización. Aun así, remarcó que su aplicación no debe convertirse en una restricción automática, arbitraria o desproporcionada del ejercicio de los derechos políticos electorales.

Para el organismo, cualquier decisión en esa materia debe apoyarse en normas claras, hechos comprobables y procedimientos que aseguren el derecho de defensa. También debe existir la posibilidad de impugnación judicial y una resolución oportuna.

En paralelo, la misión recibió información sobre la persistencia de la crisis institucional en la USAC. Señaló que la universidad ocupa un lugar central en la vida pública del país, tanto por la formación profesional y la producción de conocimiento como por su integración en diversos órganos del Estado.

La prolongación de los cuestionamientos sobre la legitimidad de sus autoridades, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y el respeto de sus procedimientos internos, advirtió la OEA, afecta a la comunidad universitaria y debilita la confianza en una institución clave para la democracia guatemalteca.

El organismo añadió que la autonomía universitaria implica también responsabilidades: asegurar legalidad, participación democrática, elección legítima de autoridades, transparencia, rendición de cuentas y pluralismo dentro de la propia universidad. Por eso exhortó a las autoridades competentes, a la comunidad universitaria y a los distintos sectores nacionales a sostener los esfuerzos de reforma y depuración institucional, con apego a la Constitución, la ley, el debido proceso y la autonomía universitaria.

La misión sostuvo que esos esfuerzos deben continuar más allá de cada coyuntura electoral. Su objetivo, precisó, debe ser corregir las causas estructurales de la crisis, recuperar la legitimidad de los órganos de gobierno y asegurar procesos internos transparentes y democráticos.

Al cerrar la visita, la misión especial reafirmó su disposición de seguir acompañando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y en la promoción de reformas orientadas a consolidar la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Lucía Milagros, una cubana, publicó un video para TikTok en el que documentó su rutina para resolver el almuerzo con menos de USD 2, una postal que refleja el ingenio cotidiano con el que millones de habitantes de la isla enfrentan la escasez más severa en décadas.

“¿Qué pude conseguir para comer en Cuba con solo un dólar sesenta centavos?”, preguntó, mientras mostraba su compra del día: una libra y media de pollo adquirida por 1,050 CUP. Con el tipo de cambio vigente, esa cantidad equivale a aproximadamente USD 1.60.

Para el acompañamiento, Milagros no tuvo que desembolsar un peso más. Salió al patio de su casa, cortó plátanos de su propio cultivo y preparó fufú, un plato tradicional de la cocina afrocubana elaborado con plátano hervido y machacado.

“Esto es una comida sencilla hecha con lo que tenemos en casa. A Dios le agradezco por el plato de cada día”, dijo la mujer. La publicación generó una ola de respuestas de cubanos en la diáspora y de usuarios de otros países latinoamericanos que reconocieron el fufú bajo distintos nombres, según la tradición culinaria de cada región.

El desafío diario para conseguir alimentos en Cuba

El video de Milagros circula en redes sociales en un momento en que la crisis alimentaria en Cuba alcanza proporciones que los propios registros oficiales ya no pueden ocultar.

Según el IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en agosto de 2026 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a partir de 1,318 entrevistas realizadas en las 15 provincias del país, el 94% de los cubanos vive en situación de pobreza extrema, un umbral definido por el Banco Mundial como un ingreso diario inferior a USD 1.90 por persona. La cifra representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al 89% registrado en septiembre de 2025.

El dato más grave del informe del OCDH está ligado directamente a la alimentación: ocho de cada diez cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los últimos seis meses por falta de dinero o imposibilidad de conseguir alimentos. Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada diez. El 63% de los hogares tiene dificultades para adquirir bienes básicos, y apenas el 6% de la población declaró contar con capacidad económica para comprar productos más allá de los indispensables.

El colapso del abastecimiento tiene raíces estructurales. Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y destina unos 2.400 millones de dólares anuales a esas compras, según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

La producción nacional, en tanto, se ha desplomado de forma sostenida: entre 2018 y 2023, la isla produjo un 95% menos de carne de cerdo, un 87% menos de arroz, un 70% menos de frijoles y un 58% menos de leche, de acuerdo con estadísticas oficiales recopiladas por el organismo de Naciones Unidas. En su Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, el PMA advierte que la dieta promedio del hogar cubano aporta menos energía de la necesaria y carece de variedad y calidad nutricional suficiente.

Guatemala puso en marcha una red nacional de planificadores para que el Estado ajuste sus políticas al descenso de nacimientos y al envejecimiento de la población, dos cambios que, según advirtió la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, ya alteran la demanda sobre educación, salud y pensiones.

El primer encuentro nacional de planificadores del gobierno reunió durante dos días a funcionarios de múltiples instituciones estatales bajo la convocatoria de SEGEPLAN. La meta fue fortalecer las capacidades del sector público para anticipar retos demográficos y sociales y construir una articulación permanente entre dependencias.

El diagnóstico presentado por la secretaría incluyó una revisión interna de las capacidades de sus 26 delegados departamentales. Los resultados mostraron niveles medios en capacidades técnicas, con una calificación promedio cercana a tres sobre cinco en disponibilidad de datos actualizados, mejores resultados en capacidades operativas y el punto más débil en prospectiva.

El secretario Carlos Mendoza Alvarado sostuvo en la apertura que la caída en la tasa de nacimientos ya obliga a revisar prioridades en tres áreas estatales. “Salud, educación y pensiones van a ser tremendamente afectados por esta caída en el número de nacimientos”, dijo ante representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del Instituto de Clases Pasivas del Estado.

La caída de nacimientos ya cambia la planificación educativa, sanitaria y previsional

Mendoza Alvarado explicó que el envejecimiento de la población en Guatemala avanza con rapidez y fuerza un replanteamiento de los servicios públicos. En el caso de las pensiones, señaló, el esquema actual depende de la población en edad productiva para sostener económicamente a los adultos mayores, y esa estructura demográfica está cambiando.

El sistema de salud, añadió, también deberá prepararse para atender a una población cada vez más envejecida. En educación, la modificación ya se refleja en las prioridades: antes el énfasis estaba en ampliar la cobertura preprimaria y ahora la tendencia demográfica empuja a fortalecer la educación secundaria y diversificada.

El funcionario resumió ese cambio con una advertencia sobre el enfoque del Estado: la planificación pública ya no puede seguir basada solo en el pasado. “Planificar va más allá de tener un documento bien elaborado”, afirmó. “Esos lineamientos, objetivos y metas no se convierten en acción de manera automática”.

Para responder a ese escenario, el encuentro se organizó en torno a las capacidades TOPP: técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Ese marco fue desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y por su Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, y fue adoptado por SEGEPLAN a partir de la participación del país en el Consejo Regional de Planificación.

Mendoza Alvarado detalló que las capacidades técnicas permiten definir qué hacer y con qué evidencia; las operativas, convertir un diseño en ejecución; las políticas, construir consensos y legitimidad; y las prospectivas, anticipar escenarios futuros en vez de reaccionar cuando los problemas ya están instalados.

El gobierno admite límites institucionales y falta de datos actualizados

El secretario también reconoció un problema de diseño institucional en el Estado guatemalteco. Dijo que los gobiernos duran cuatro años, un plazo que considera insuficiente para consolidar transformaciones estructurales, y que una de las discusiones recurrentes en el gabinete es cómo hacer que los cambios sobrevivan a una administración y se conviertan en políticas de Estado.

A esa limitación se suma, según expuso, el riesgo de planificar con información desactualizada. Citó como ejemplo los mapas de pobreza extrema elaborados por SEGEPLAN, cuya publicación reciente abrió un conflicto político con alcaldes y diputados distritales porque los datos, al no haberse renovado durante años, alteraron la distribución del IVA Paz a los consejos de desarrollo.

“Necesitamos esos datos para vigilar las tendencias y construir escenarios”, dijo el secretario. También indicó que el próximo censo de población no podría realizarse antes de 2029.

Durante las dos jornadas, los participantes asistieron a charlas magistrales, ejercicios didácticos, plenarias y ponencias. El programa incluyó además la presentación de una herramienta de inteligencia artificial pensada para funcionar desde las computadoras de cada institución, sin suscripciones externas, como apoyo para el trabajo con documentos institucionales y lineamientos de planificación.

La secretaría anunció además comunidades de práctica activas en prospectiva e inteligencia artificial, abiertas a planificadores de todas las instituciones y con sesiones bimestrales en modalidad alternada. El encuentro marcó el inicio formal de la Red Nacional de Planificadores, inspirada en el modelo de la red SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ya opera a escala regional.

Con los datos del BCR acumulados a julio de 2026, el déficit comercial de El Salvador alcanzó USD 7,108.8 millones. Las importaciones sumaron USD 11,145.5 millones y las exportaciones, USD 4,036.7 millones, según cifras del Banco Central de Reserva.

Las importaciones de El Salvador alcanzaron en los primeros siete meses de 2026 su nivel más alto en toda la serie registrada: USD 11,145.5 millones, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR). La cifra superó en USD 874.1 millones el total del mismo período de 2025 y rebasó en más de USD 1.000 millones el anterior techo, registrado en 2022.

El resultado amplió un déficit comercial que ya era récord al cierre del primer semestre. Entre enero y julio, las exportaciones sumaron USD 4.036,7 millones, lo que dejó una brecha negativa de USD 7.108,8 millones: el mayor saldo desfavorable acumulado a ese corte en tres décadas de registros comparables.

La asimetría entre lo que entra y lo que sale

El ritmo de crecimiento de ambos flujos explicó la profundidad del desequilibrio. Las importaciones subieron 8,5% respecto de enero-julio de 2025, mientras que las exportaciones avanzaron 4,4% en el mismo lapso.

La tendencia no fue nueva. En el primer semestre, el BCR ya había informado un déficit de USD 5,919.1 millones, un 11.6% superior al del mismo período de 2025 y el más alto para ese corte desde 1994. Los datos de julio profundizaron esa trayectoria.

Estados Unidos y China, los dos polos del comercio exterior

Estados Unidos dominó el intercambio en ambas direcciones. Acumuló USD 3.036,3 millones en ventas al mercado salvadoreño entre enero y julio, como principal proveedor individual, y recibió USD 1.322,8 millones en exportaciones del país, también como principal destino.

China ocupó el segundo lugar como proveedor, con USD 2.207,7 millones en importaciones, pero apenas el noveno como comprador, con USD 57,3 millones en productos salvadoreños. Esa asimetría generó uno de los déficits bilaterales más pronunciados de toda la estructura comercial del país.

Juntos, Estados Unidos y China concentraron el 47% de todo lo que El Salvador importó: USD 5.244 millones de los USD 11.145,5 millones totales.

La energía, el rubro que más pesa en la factura

Los derivados del petróleo encabezaron la lista de productos importados. Los aceites de petróleo no crudos sumaron USD 1.372,1 millones y el gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos añadió otros USD 353,7 millones. El bloque energético en conjunto representó USD 1.725,8 millones, el rubro de mayor peso individual en la factura importadora.

Le siguieron los medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, con USD 414,3 millones, y los vehículos para transporte de mercancías, con USD 318,9 millones.

El textil lidera las exportaciones, pero no alcanza para equilibrar

Del lado de las ventas al exterior, el sector textil encabezó la oferta exportadora. Las camisetas y T-shirts de punto generaron USD 272,3 millones y los suéteres y similares de punto, USD 247,8 millones: entre ambos sumaron USD 520,1 millones, el bloque exportador más cuantioso.

El azúcar de caña o remolacha aportó USD 194,3 millones y el café, incluso tostado o descafeinado, alcanzó USD 167,5 millones. Ambos productos reflejaron el peso de la agroindustria en la canasta exportadora, una tendencia que ya se observaba desde el primer cuatrimestre del año, cuando el azúcar registraba un alza interanual de 39,2%.

Centroamérica absorbe más exportaciones que Estados Unidos

Un dato que reordenó la lectura del comercio exterior fue la distribución regional de las ventas. El bloque centroamericano —Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica— absorbió en conjunto USD 1.941,1 millones en exportaciones salvadoreñas entre enero y julio, una cifra superior a los USD 1.322,8 millones destinados a Estados Unidos.

Guatemala fue el segundo socio individual en exportaciones, con USD 786,6 millones, y el tercer proveedor en importaciones, con USD 1.038,1 millones.

Una serie histórica que no deja margen de duda

La perspectiva de largo plazo reforzó la magnitud del momento. En 2020, el año de mayor contracción por la pandemia, las importaciones acumuladas a julio apenas superaban los USD 5.435 millones. En 2026, esa cifra se duplicó con creces.

Las exportaciones también crecieron, pero a un ritmo que no logró seguir el paso. El techo de USD 4.385,4 millones alcanzado en 2022 siguió sin superarse: el acumulado de julio de 2026 quedó USD 348,7 millones por debajo de ese récord.

La situación económica en Cuba atraviesa una de sus etapas más graves: ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria por falta de dinero o alimentos, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El deterioro de la economía familiar encuentra una de sus principales causas en el desplome del peso cubano (CUP) frente al dólar estadounidense. Desde diciembre de 2025, la moneda nacional continuó depreciándose en el mercado no estatal, referencia habitual para la población. Según los datos recopilados por el Observatorio, la línea de pobreza extrema, calculada en 1.90 dólares diarios por persona según el Banco Mundial, equivale a aproximadamente 87,210 CUP mensuales por hogar de tres integrantes (130.16 USD). Sin embargo, el 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20,001 CUP (29.85 USD), muy por debajo del umbral de subsistencia fijado por el Banco Mundial.

El estudio, basado en una muestra representativa de más de 1,300 entrevistas realizadas en 79 municipios, señala que el 63% de los hogares enfrenta dificultades incluso para adquirir los bienes esenciales. Solo el 6% de la población puede realizar compras más allá de lo básico, mientras que 30% apenas logra cubrir sus necesidades primarias. Esta precariedad afecta con especial fuerza a los adultos mayores, quienes constituyen el 38% de quienes no pueden acceder ni siquiera a lo esencial.

La alimentación diaria se ha convertido en un desafío para la mayoría. Ocho de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar durante los últimos seis meses debido al encarecimiento de los productos básicos y la escasez. El informe del OCDH detalla que el fenómeno se agrava en la población mayor de 61 años, donde nueve de cada diez han debido saltarse comidas. Solo 19% afirma no haber omitido ninguna comida en el periodo evaluado.

Ingresos, remesas y poder adquisitivo

El informe subraya que ocho de cada diez hogares no cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir. Solo 4% reporta ingresos que permiten algunas compras extra, y apenas 2% puede adquirir la mayoría de los bienes que desea.

El impacto de las remesas familiares, aunque positivo para quienes las reciben, resulta limitado ante la inflación y la escasez de servicios y productos de primera necesidad. La reducción del poder adquisitivo ha reducido el efecto de los productos subsidiados, tradicionalmente considerados un paliativo en el contexto cubano.

Entre los adultos mayores de 60 años, la vulnerabilidad aumenta. El 47% de este grupo reporta ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3,056 CUP mensuales (4.56 USD), y casi la totalidad de ellos atribuye la omisión de comidas a la falta de recursos o alimentos. El fenómeno afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de pensiones estatales como a familias con ingresos mixtos, evidenciando el alcance de la emergencia alimentaria y económica.

La canasta básica y el costo de alimentarse

La canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana, calculada en agosto de 2025 por el Food Monitor Program, sin descriptor de autoridad identificado en el texto, se situó en 41,735 CUP (62.29 USD). Esta cifra contrasta con los ingresos reales de la mayoría de las familias, que deben destinar la totalidad de sus recursos a la compra de alimentos y aun así no logran cubrir las tres comidas diarias.

El OCDH destaca que la crisis alimentaria figura entre los tres principales problemas a resolver en los próximos meses, junto con los apagones eléctricos y el incremento del coste de vida.

El contexto de crisis se ve agravado por la desconfianza hacia las medidas económicas recientes. El 84% de la población no espera mejoras derivadas de las reformas anunciadas, mientras que solo 6% mantiene alguna expectativa favorable. La percepción de colapso y precariedad se ha convertido en la norma, con un impacto directo sobre la salud, el bienestar y las perspectivas de futuro de los hogares cubanos.

El rechazo a las reformas y el reclamo de cambios

Frente a este panorama, la demanda de cambios en la economía y la política del país es mayoritaria en Cuba. El 77% de la población expresa su preferencia por transformaciones en el ámbito político y económico tanto en el ámbito político como económico, reflejando la urgencia de respuestas que permitan revertir la crisis y garantizar los derechos sociales fundamentales.

En Cuba, la escasez de alimentos y el deterioro del sistema de racionamiento empujan a muchas familias a improvisar incluso un dulce casero con pan, en un contexto en el que la libreta de abastecimiento ya no cubre las necesidades nutritivas básicas y hasta el pan diario ha dejado de llegar con regularidad.

El cuadro va más allá de un antojo ocasional. Un video sitúa la crisis en los mercados de la isla, donde los alimentos básicos no aparecen o se venden a precios fuera del alcance del bolsillo medio, mientras la libreta ofrece cada vez menos productos a valores subvencionados.

En ese escenario, la madre del creador de contenido Diego Bloguer, conocido en TikTok como @DieegoBlogger, mostró en un video cómo transforma pan en una rosquilla frita (tipo dona). “Antes nos daban un pan diario por la panadería y ya son casi dos semanas que ni eso se ve”, dijo.

La madre enseñó también la libreta con la que se lleva el control del racionamiento y afirmó que hacía días que no se utilizaba. Su testimonio retrata una rutina marcada por la falta de suministros y por la necesidad de reemplazar con ingenio lo que ya no llega por los canales habituales.

El pan se convierte en postre en medio de la escasez

Para preparar el dulce, explicó que compró una bolsa con ocho panes en una panadería. Cada unidad costó 60 pesos y el total ascendió a 480 pesos, equivalentes a USD 20.

Según relató, ese pan tenía mejor calidad que el que se entrega por la panadería estatal. El procedimiento consistió en quitar la corteza, mezclar agua con azúcar, mojar el pan hasta ablandarlo y moldearlo con las manos hasta darle forma redonda.

Después hizo un hueco en el centro con una tapa y lo frio. “Voy a aprovechar que tengo corriente para freírlo en el fogón infrarrojo”, señaló, en alusión a una hornilla que funciona con energía eléctrica y que, según explicó, se usa poco por la crisis energética que atraviesa el país.

Al final del proceso, agregó azúcar como terminación. “Miren lo doradita y rica que se ve. La verdad es que quedó superbueno”, afirmó la madre de Diego Bloguer al mostrar el resultado.

El episodio condensa una situación más amplia: en Cuba, encontrar un postre o una golosina resulta muy difícil para la mayoría de la población. Un niño puede quedarse únicamente con el deseo de probar algo dulce.

El PMA advirtió que la dieta promedio no aporta la energía necesaria

La fragilidad del acceso a la comida en la isla aparece también en evaluaciones internacionales. En su Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que la dieta del hogar promedio en el país aporta menos energía de la necesaria y no ofrece suficiente variedad ni calidad nutricional.

Esa evaluación coincide con la imagen descrita en un reportaje por BBC: una alimentación limitada, condicionada por la escasez y por un sistema de distribución que raciona la comida con listas de control. Entre esas restricciones, se menciona incluso la asignación de un pan por persona.

La dependencia alimentaria de Cuba, además, no responde a una sola causa. BBC en un reportaje indica que sus orígenes se remontan mucho tiempo atrás, a una etapa en la que gran parte de la economía nacional giraba en torno a un solo producto.

Washington financiará por primera vez una hoja de ruta de ciberseguridad para los sistemas de navegación aérea de cinco países centroamericanos, en un momento en que los ataques informáticos contra infraestructura aeronáutica se multiplicaron un 600% en el último año a escala global, destacó una nota de la agencia EFE.

La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés) adjudicó fondos de asistencia técnica a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), el organismo que gestiona el espacio aéreo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El anuncio se realizó el 27 de agosto desde la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Qué implica el acuerdo y quién lo ejecuta

De acuerdo a EFE, la empresa estadounidense Cibernetika, LLC, seleccionada por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, Cocesna para ejecutar el proyecto, elaborará una hoja de ruta que abarca tres frentes: la ciberseguridad, los sistemas de tecnología de la información y la tecnología operativa de la corporación.

El plan contempla reforzar la seguridad de las redes, actualizar los protocolos de cifrado y autenticación, y diseñar un programa de capacitación del personal.

También incluye estrategias para enfrentar los riesgos asociados al despliegue de inteligencia artificial en sistemas de control de tráfico aéreo.

“La seguridad y protección de los viajes aéreos entre los Estados Unidos y Centroamérica dependen de sistemas de aviación resilientes y protegidos frente a las amenazas cibernéticas en toda la región”, afirmó Thomas Hardy, subdirector de la USTDA.

Hardy también subrayó el componente comercial de la iniciativa: la hoja de ruta abrirá mercado para que empresas estadounidenses exporten “soluciones confiables de ciberseguridad y tecnología” a la región, desde herramientas de desarrollo seguro de software hasta equipos de seguridad de redes.

El contexto global que explica la urgencia

La amenaza que motivó el acuerdo no fue teórica. Un informe de Thales, grupo tecnológico francés, publicado antes del Salón Aeronáutico de París de 2025 documentó 27 ataques mayores contra el sector aeronáutico entre enero de 2024 y abril de 2025, perpetrados por 22 grupos distintos de ransomware.

El caso más grave del período fue el ataque de septiembre de 2025 contra la plataforma vMUSE de Collins Aerospace, que paralizó los sistemas de facturación y embarque en los aeropuertos de Heathrow, Bruselas y Berlín, y obligó a operar de forma manual durante horas.

En enero de 2026, el grupo Qilin comprometió los sistemas del Tulsa Airports Improvement Trust, en Estados Unidos.

El mercado global de ciberseguridad aeronáutica alcanzó los USD 5,320 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 8,7% hasta 2029, según el mismo informe de Thales.

La dimensión regional y el papel de Cocesna

Centroamérica no estuvo ajena a esta presión. En abril de 2025, el Comando Cibernético de Estados Unidos detectó malware de origen chino implantado en redes de socios en varios países latinoamericanos, según reveló el teniente general Dan Caine ante el Congreso.

El director ejecutivo de Cocesna, Juan Carlos Trabanino, valoró la cooperación como una oportunidad para intercambiar “buenas prácticas y capacidades tecnológicas especializadas”. En sus declaraciones, vinculó el proyecto a los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la protección de infraestructura crítica, un terreno que la corporación aún no tiene plenamente cubierto.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) trabaja en paralelo en un marco regional para Sudamérica y el Caribe con objetivos similares: una red de intercambio de información sobre amenazas y directrices alineadas con estándares globales.

El acuerdo USTDA-Cocesna se inscribió en esa tendencia, con el añadido del financiamiento directo de Washington y la participación de una empresa privada estadounidense como ejecutora.

Ese despliegue equivale a 2.8 veces la circunferencia de la Tierra. Los seis guardaparques que integran el equipo son, la primera línea de defensa de uno de los últimos grandes bloques de selva tropical de Centroamérica.

“Tienen el mejor corazón que se le puede poner a un trabajo como este, y eso es lo que los hace más valiosos”, dice Francisco Asturias, director regional en Petén de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), quien fundó el grupo hace más de dos décadas y continúa gestionando los recursos para mantenerlo operativo

El Grupo Élite Génesis reúne a guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Centro de Estudios Conservacionistas y de FUNDAECO. Su zona de operaciones incluye el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, en un corredor biológico trinacional entre Guatemala, México y Belice.

El grupo pasó de patrullajes precarios a operar con satélite, drones y cuatrimotos

Asturias describe que, en sus inicios, los guardaparques de la zona permanecían en sus campamentos sin equipo ni dirección, con planes de trabajo que no contemplaban recorridos reales en el terreno. “Pasaban todo el día en short y en chancletas adentro de los campamentos”, recuerda.

A partir de esa situación, identificó a los jóvenes con mayor compromiso y formó un primer núcleo de siete guardaparques. Desde allí comenzó a estructurar patrullajes capaces de cubrir toda el área protegida.

Hoy el grupo se desplaza en cuatrimotos, el único vehículo que, de acuerdo con su relato, permite atravesar los lodazales de la temporada de lluvias. También utiliza dispositivos Garmin inReach con señal satelital y botón SOS con respuesta desde Estados Unidos, conectividad Starlink Mobile y drones para detectar actividad ilícita antes de exponer al personal a un contacto directo.

Cada uno de esos recursos tiene un costo que el Estado no cubre. El grupo opera, además, con salarios que en muchos casos no superan el mínimo.

La presión criminal incluye tala, caza furtiva, cultivos ilícitos e invasiones

La primera gran amenaza que enfrentó el equipo fue la extracción ilegal de madera en el sector norte del parque, sobre la frontera con México. Según Asturias, redes vinculadas al tráfico de maderas preciosas como manchichi y cericote, destinadas a mercados asiáticos, ingresaban en cuadrillas pequeñas, cortaban durante tres días y retiraban el material en camionetas una semana más tarde.

“Era una operación relámpago”, dice el director de FUNDAECO. La respuesta fue sostener presencia constante y patrullajes sorpresivos, una estrategia que logró desmantelar esa red de extracción del lado guatemalteco.

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico de madera en la frontera entre Guatemala y México documentó parte de ese proceso y lo señaló como uno de los casos más representativos del crimen ambiental transfronterizo en la región, cuenta Asturias. El grupo también combatió la cacería furtiva a lo largo de la línea limítrofe y erradicó cultivos ilícitos en el vértice donde convergen los tres países.

Durante los últimos tres años, los patrullajes impidieron nuevas invasiones de tierras en el norte del parque. “Ellos invaden las áreas abandonadas, donde no hay presencia del gobierno. Cuando han visto que estamos ahí, prefieren irse a otro lado”, explica Asturias.

Las operaciones se coordinan con el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y guardaparques de México y Belice. Aun así, en ocasiones el grupo permanece solo durante días en zonas remotas. “Ahorita andan patrullando en la línea fronteriza entre México, Belice y Guatemala, sin policías, sin ejército, sin nada. Van a permanecer dos noches y esperemos que regresen el sábado sin ningún dieciocho”, señala, con una expresión local para referirse a un percance grave.

Tres fundadores pidieron asilo y el grupo sigue con chalecos antibalas

El costo personal de ese trabajo ya dejó una consecuencia concreta: tres miembros fundadores recibieron amenazas de muerte contra ellos y sus familias y solicitaron asilo político a través de programas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy viven en Estados Unidos.

“Lo lamento mucho porque eran tres buenos guardaparques, pero lo entiendo por la seguridad de ellos y de sus familias”, sostiene Asturias. El grupo actual utiliza chalecos antibalas después de un incidente en el que algunos de sus integrantes fueron atacados a tiros.

Otra vulnerabilidad, según el director regional, es la filtración de información dentro de las propias instituciones. “Hay muchos guardaparques que le conviene. Su primo es cazador, les avisan y nos pueden estar esperando en la selva”, afirma. Por esa razón, la planificación de los patrullajes se maneja con el mayor anonimato posible.

Asturias también describe un escenario de abandono institucional que excede la falta de fondos. Cuando el grupo documenta y sanciona a cazadores furtivos, asegura que enfrenta reacciones hostiles en redes sociales y presiones de organizaciones de derechos humanos que cuestionan las detenciones.

Más del 80% de la reserva se perdió en 20 años

La amenaza sobre la Reserva de la Biosfera Maya no se redujo. Según datos de Global Conservation, más del 80% de la reserva se ha perdido en los últimos 20 años.

Las invasiones de tierras, ligadas al crimen organizado y al lavado de activos mediante la ganadería, avanzan desde Laguna del Tigre hacia el norte del parque. En la frontera con México, ejidos que antes eran selva se transforman en fincas ganaderas, en parte por inversiones de personas deportadas de Estados Unidos que compran ganado.

“Si nos quedamos sin financiamiento para poder patrullar y ya no llegamos, ese año se forma una aldea ahí, sin duda alguna”, advierte Asturias. Mover a seis personas en cuatro cuatrimotos, con equipo, alimentos y combustible, implica un costo alto que no cuenta con apoyo gubernamental sostenido.

El grupo impulsa una propuesta para declarar una franja de tres kilómetros como zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre Calakmul y Belice, en territorio guatemalteco, con el objetivo de que México declare protegido ese corredor y asuma su vigilancia. Mientras esa gestión sigue en marcha, el equipo mantiene patrullajes en Navidad, Semana Santa y temporada de lluvias. “Tenemos que continuar cuidando la biodiversidad que existe, no las fronteras”, dice Asturias.

La canícula en Guatemala empezará a disminuir sus efectos entre la primera y la segunda semana de septiembre, cuando las lluvias podrían retomar una frecuencia más regular y dar paso a la segunda parte de la temporada lluviosa, según explicó el pronosticador Jorge Chinchilla, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

El cambio esperado llega después de un período seco que, en la proyección difundida meses atrás, podía extenderse hasta 40 días en algunas regiones y dejar déficits de lluvia de entre 37% y 63% durante julio y agosto. Esas previsiones ubicaban entre las zonas más afectadas a los valles de oriente y parte del altiplano central, precisamente donde el instituto meteorológico ahora reporta una mayor incidencia del fenómeno.

Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, Chinchilla indicó que la disminución de las precipitaciones ha sido más notoria en los valles de oriente y en algunos sectores del altiplano central. En esas áreas, la canícula mantendrá sus efectos durante los próximos días, aunque con una finalización gradual y no abrupta.

El Insivumeh prevé que durante el próximo mes continúen las lluvias asociadas al paso de ondas del este, con una frecuencia estimada de una a dos por semana. Eso significa que la canícula no implica una ausencia total de precipitaciones, sino una reducción dentro de la propia época lluviosa.

Septiembre marcaría el retorno más constante de las lluvias

De acuerdo con el instituto, a comienzos de septiembre podrían presentarse precipitaciones esporádicas en distintos sectores del país. Entre la primera y la segunda semana del mes, esas lluvias tenderían a volverse más constantes, sobre todo en el altiplano central y en áreas de los valles de oriente que han recibido menos agua.

Esa transición coincide con el inicio de la segunda parte de la temporada lluviosa. Chinchilla dijo al medio estatal: “Esperaríamos que la canícula comience a disminuir sus efectos a principios de septiembre, dando paso a la segunda parte de la época lluviosa”.

El comportamiento de este año ha sido descrito como irregular. En una proyección anterior del propio Insivumeh, se estimó que la duración de la canícula variaría por región: entre 25 y 30 días en occidente y el altiplano central, entre 30 y 35 días en los valles de oriente y la costa del Pacífico, y entre 35 y 40 días en la Franja Transversal del Norte.

También se había advertido una reducción de lluvias durante julio y agosto con impacto potencial sobre la disponibilidad de agua y sobre actividades productivas y sociales. En ese escenario, los departamentos mencionados entre los más expuestos al déficit de precipitación fueron El Progreso, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá, Zacapa, Baja Verapaz, Chiquimula, Totonicapán y Guatemala.

El aumento de lluvias coincidirá con más actividad ciclónica

Septiembre es uno de los meses con mayor presencia de lluvias en el país, y por eso el instituto espera un incremento gradual de las precipitaciones. Algunas regiones ya han registrado acumulados importantes por el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Junto con el aumento de lluvias, crece la posibilidad de que algún ciclón tropical produzca efectos directos o indirectos sobre el territorio nacional. La mayor actividad ciclónica suele concentrarse entre septiembre y noviembre por el aumento de las temperaturas en el Atlántico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las ondas del este, las lluvias y los sistemas tropicales con posible influencia sobre el país. La vigilancia se concentra especialmente en las regiones con mayor vulnerabilidad a inundaciones y crecidas de ríos.

En el trasfondo de esta temporada también figura una previsión de temperaturas más altas. En la información difundida previamente sobre el comportamiento climático de 2026, se señalaba que el país podría tener una temporada lluviosa irregular, con menos precipitaciones de las esperadas y aumentos térmicos de hasta 3 °C, un efecto que durante la canícula se vuelve más visible por la menor nubosidad.

Las fuertes lluvias que han afectado a Costa Rica durante las últimas semanas continuaron este viernes y provocaron nuevas afectaciones en sectores de Pococí y Limón, mientras 46 personas permanecen todavía en dos albergues habilitados tras las emergencias registradas días atrás.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las precipitaciones de este viernes se presentaron en buena parte del territorio nacional y generaron problemas principalmente por la saturación de sistemas de alcantarillado, además del crecimiento en el nivel de algunos ríos.

Entre los cauces que mostraron un aumento se encuentra el río Bananito, en la provincia de Limón.

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido a que los terrenos de la Zona Norte y la vertiente del Caribe acumulan varias semanas recibiendo precipitaciones importantes, una condición que incrementa la posibilidad de inundaciones, deslizamientos y otros incidentes.

“Las fuertes lluvias no han dado tregua durante las últimas semanas en la Zona Norte y la vertiente del Caribe, por lo que actualmente los niveles de saturación de los suelos siguen siendo muy altos”, indicó la CNE.

La institución advirtió que esa acumulación de humedad puede provocar que nuevas precipitaciones generen problemas con mayor rapidez.

“Pueden generar inundaciones con mayor facilidad”, añadió.

Onda tropical 38 llegará este sábado

La CNE informó que para este sábado 29 de agosto se espera un refuerzo de las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38.

El fenómeno podría generar nuevas precipitaciones sobre un territorio que ya presenta una elevada saturación de los suelos, especialmente en las regiones que han recibido mayores acumulados durante los últimos días.

“Para mañana, sábado, se espera un refuerzo en las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38, por lo que no podemos bajar la guardia”, advirtió la Comisión.

La combinación de lluvias adicionales con terrenos saturados aumenta la posibilidad de que ríos y quebradas incrementen rápidamente su nivel, así como que se produzcan desbordamientos o inundaciones en sectores vulnerables.

Las autoridades también mantienen especial vigilancia sobre las comunidades donde los sistemas de alcantarillado han mostrado dificultades para evacuar el agua acumulada.

Este viernes, precisamente, parte de las afectaciones reportadas en Pococí y Limón estuvieron relacionadas con este tipo de problemas.

Alerta naranja continúa en varias zonas

Ante el panorama meteorológico, la CNE mantiene distintos niveles de alerta en el país.

La Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba permanecen bajo alerta naranja por lluvias.

Por otra parte, se mantiene una alerta amarilla para la Región Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Las alertas permiten reforzar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta y los comités municipales de emergencia, especialmente ante la posibilidad de nuevos incidentes durante el fin de semana.

La Comisión indicó que estos organismos permanecerán activos durante todo el fin de semana para atender cualquier emergencia asociada con las condiciones del tiempo.

“Hacemos un llamado a la población a acatar las recomendaciones de las instituciones que integran los comités municipales de emergencia”, señaló la institución.

Llamado a extremar precauciones

La principal preocupación se concentra en las comunidades cercanas a ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y terrenos con antecedentes de deslizamientos.

La elevada saturación significa que incluso precipitaciones de menor duración pueden desencadenar problemas con mayor rapidez que en condiciones normales.

Por ello, las autoridades insistieron en la necesidad de permanecer atentos a cambios en los niveles de los ríos, evitar atravesar zonas inundadas y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

También se recomienda especial precaución durante desplazamientos por carretera, debido a que las lluvias pueden reducir la visibilidad, provocar caída de material sobre las vías o generar acumulaciones de agua.

Con un nuevo episodio de lluvias previsto para este sábado, la CNE insistió en que “no podemos bajar la guardia”, especialmente en las zonas que se mantienen bajo alerta naranja.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la declaración de alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás, tras registrar un aumento en la actividad sísmica, erupciones y emanación de gases.

Según informó la CNE, la medida busca reforzar los protocolos de seguridad para los visitantes, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La decisión, formalizada este viernes 28 de agosto, incluye restricciones y nuevas disposiciones en los accesos al área protegida.

De acuerdo con la CNE, el Parque Nacional Volcán Poás continuará abierto al público, aunque bajo normas estrictas que buscan minimizar riesgos ante el reciente incremento de la actividad volcánica. La autoridad comunicó que se mantendrán habilitados únicamente el sendero principal hacia el mirador y el sendero conocido como Sombrilla de Pobre, ambos con uso obligatorio de casco de seguridad para todos los visitantes.

Además, la capacidad máxima del mirador del cráter se redujo a 56 personas por turno y la cantidad total de visitantes diarios quedó limitada a la mitad del aforo habitual. El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que las nuevas disposiciones forman parte del protocolo de alertas para áreas volcánicas activas.

La implementación de la alerta verde implica una labor conjunta entre la CNE y el SINAC, organismo encargado de la administración de los parques nacionales en Costa Rica. Ambas instituciones reforzaron la presencia de personal en el sitio y actualizaron los protocolos de evacuación para casos de emergencia.

Entre las principales recomendaciones, la CNE solicitó a la población y a los turistas que no ingresen de manera ilegal al parque y que respeten todas las indicaciones de los guardaparques. El acceso por rutas no autorizadas representa un riesgo elevado ante la posibilidad de eventos eruptivos súbitos o la exposición a gases tóxicos.

El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los destinos turísticos más visitados del país, reconocido por su cráter principal, considerado uno de los más grandes del mundo, y por la frecuencia de su actividad volcánica.

Según datos de la CNE, el sitio recibe miles de visitantes cada mes, por lo que la reducción del aforo y la obligación de portar cascos impactan directamente en la experiencia turística.

Antecedentes recientes del volcán y monitoreo continuo

Durante la última década, el volcán Poás ha mostrado una variada actividad volcánica, marcada por diferentes fases. Entre 2006 y 2016, predominó una serie de erupciones freáticas, con episodios notables en 2012 y 2014 que elevaron fumarolas y liberaron dióxido de azufre, lo que generó preocupación en las comunidades cercanas.

El año 2017 representó un punto de inflexión, cuando el volcán presentó una fase magmática mayor. En abril de ese año, una explosión freatomagmática destruyó casi por completo el domo cratérico histórico, expulsó ceniza y material incandescente a varios kilómetros y causó la evaporación del lago ácido, lo que obligó al cierre prolongado del parque por más de un año.

Luego de un periodo de relativa calma, entre 2018 y 2023 se restableció temporalmente el lago, se instalaron sistemas avanzados de monitoreo y casetas de protección para reabrir el parque bajo normas estrictas.

Desde 2024, el volcán ha experimentado una reactivación, con frecuentes plumas de ceniza, fuerte desgasificación y la expulsión de bloques de roca, mientras el lago cratérico se ha ido secando. Esta situación ha provocado caída de ceniza y olor a azufre en comunidades cercanas como Alajuela y Poasito, así como en sectores del Valle Central.

La Comisión de Postulación redujo a 39 aspirantes la nómina para elegir al próximo Contralor General de Cuentas de Guatemala, una depuración que deja fuera de manera provisional a 19 de los 58 profesionales inscritos y que marcará el rumbo de una designación clave para el control del gasto público y la emisión de finiquitos de cara al próximo proceso electoral.

La depuración ya fue oficializada con la publicación del listado en el Diario de Centro América. Según el cronograma de la comisión, los excluidos podrán presentar pruebas de descargo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre para intentar corregir errores, inconsistencias u omisiones en sus expedientes.

La decisión fue adoptada en una reunión de trabajo que se prolongó hasta la madrugada del jueves 27 de agosto. De los 58 expedientes recibidos originalmente, 39 continúan en carrera y 19 quedaron al margen de forma preliminar mientras se resuelve si logran subsanar las observaciones.

La exclusión no es definitiva. Los comisionados deberán revisar los documentos y argumentos que presenten los aspirantes apartados antes de decidir si mantienen la medida o si permiten su reincorporación al proceso.

Los expedientes excluidos podrán corregirse hasta el 2 de septiembre

Las fallas detectadas abarcan varios tipos de incumplimientos formales en la documentación. Entre ellas figuran ausencia de firmas o rúbricas en documentos obligatorios, declaraciones juradas sin las firmas requeridas, errores en la numeración de actas notariales, problemas con fechas de emisión o vigencia, falta de timbres fiscales y papeles que no cumplen los requisitos de legalización.

Ese tramo será determinante porque puede alterar la integración de la lista que hoy sigue vigente. La etapa de descargos antecede a la revisión de impugnaciones y a las siguientes fases de tachas, evaluación y entrevistas.

Entre los nombres admitidos aparecen perfiles con trayectoria dentro de la Contraloría General de Cuentas y exfuncionarios de la administración pública. En la nómina figuran Nora Liliana Segura Monzón, quien dirigió la Contraloría entre 2010 y 2014; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público; Carlos Emilio Morales Cancino, subcontralor de Probidad; Vilma del Rosario Xicará Tahay, exviceministra administrativa; y César Armando Elías Ajcá, exsubcontralor de Calidad y Gasto Público.

La ruta oficial establece que, una vez resueltas las exclusiones y observaciones, la comisión deberá estructurar una nómina definitiva de seis aspirantes. Ese sexteto será enviado al Congreso de la República entre el 22 y 23 de septiembre.

El Congreso deberá elegir al sucesor antes del 13 de octubre

La respuesta central del proceso es esta: de la lista que prepara la comisión saldrá el nombre del funcionario que sustituirá a Frank Helmuth Bode Fuentes al frente de la Contraloría para el período 2026-2030. El Pleno del Congreso tendrá que votar por el nuevo titular antes del 13 de octubre, que es la fecha límite constitucional para la toma de posesión.

Antes de esa votación, los aspirantes que sigan en competencia deberán someterse a pruebas psicométricas programadas para el 8 de septiembre. La comisión descartó incorporar el polígrafo y además dejó constancia de los votos a favor y en contra en sus decisiones.

La revisión de los expedientes se hizo en parejas integradas por un decano y un representante de los colegios profesionales, seleccionados por sorteo. Ese mecanismo fue parte del procedimiento aplicado para examinar la documentación de cada postulante.

La importancia de esta elección excede el relevo administrativo. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y controla la ejecución presupuestaria de las entidades estatales, una función que coloca a su máxima autoridad en un punto sensible de la institucionalidad.

También incide de forma directa en el próximo escenario electoral porque entre sus atribuciones está la emisión de finiquitos. Esa competencia vuelve especialmente relevante la selección de quien encabezará el ente fiscalizador durante los próximos años.

Como observadora del proceso, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, advirtió en una transmisión en vivo que la fase siguiente obligará a decidir sobre exclusiones derivadas de errores y omisiones en los expedientes. Ibarra no descartó que esas resoluciones desemboquen en acciones de amparo, como ha ocurrido en otros procesos de postulación.

Después de más de cinco décadas de exploraciones y expectativas, el Gobierno anunció una nueva fase para estudiar el subsuelo marino frente a Gracias a Dios, esta vez utilizando tecnología sísmica tridimensional capaz de generar imágenes mucho más detalladas de las estructuras geológicas.

El primer levantamiento está previsto para septiembre y octubre de 2026, en aguas profundas. Una segunda campaña se proyecta para el segundo trimestre de 2027, en zonas menos profundas y durante el período de veda de buena parte de la actividad pesquera.

Pero el anuncio necesita una precisión fundamental: Honduras todavía no ha confirmado un yacimiento comercial de petróleo en esta nueva etapa.

Primero se busca la estructura, después vendría el pozo

La sísmica 3D funciona como una radiografía del subsuelo.

Mediante ondas acústicas, los especialistas pueden reconstruir las capas geológicas bajo el fondo marino e identificar estructuras donde eventualmente podrían haberse acumulado hidrocarburos.

Eso permite decidir dónde tendría sentido perforar un pozo exploratorio.

La propia Secretaría de Energía ha aclarado que estos estudios no autorizan perforación ni producción. Cualquier pozo posterior tendría que superar procedimientos regulatorios, ambientales y, cuando corresponda, procesos de Consulta Previa, Libre e Informada con pueblos originarios.

Por tanto, incluso si las imágenes muestran estructuras prometedoras, todavía sería necesario perforar para comprobar si contienen petróleo o gas y determinar si el volumen puede explotarse comercialmente.

La nueva fase también tiene un componente empresarial importante.

Talos Energy informó en agosto que firmó acuerdos para adquirir hasta 80% de participación operativa en un bloque offshore hondureño de más de cuatro millones de acres, mientras CaribX conservaría el 20%.

La empresa ya cerró una participación inicial del 45% y asumió la operación; otro 35% está sujeto a aprobación de la Secretaría de Energía.

Talos describe el área como una combinación de oportunidades en aguas someras y profundas y considera que existen indicios de un “sistema petrolero activo”, aunque todavía hay objetivos geológicos sin probar.

La compañía estructuró su entrada principalmente alrededor del financiamiento de la campaña sísmica y mantiene la opción de participar después en un pozo exploratorio dependiendo de los resultados.

Ese detalle muestra el nivel de incertidumbre: la propia operadora primero quiere ver qué revela el subsuelo antes de comprometerse con una perforación.

Incluso un descubrimiento exitoso abriría una segunda discusión. Un yacimiento debe ser suficientemente grande y económicamente viable para justificar plataformas, infraestructura marítima, transporte y eventualmente instalaciones de procesamiento.

Además, el costo aumenta cuando se trabaja en aguas profundas.

Por eso, la pregunta no es únicamente “¿hay petróleo?”, sino cuánto existe, a qué profundidad, qué calidad tiene y cuánto costaría extraerlo.

El Caribe también tiene un valor ambiental y social

La zona de Gracias a Dios obliga además a equilibrar la búsqueda energética con pesca, arrecifes y comunidades costeras e indígenas.

La Secretaría de Energía asegura que coordinará los trabajos con pescadores, autoridades locales y Marina Mercante y que aplicará medidas para reducir impactos.

Ese componente será especialmente sensible si la exploración avanza hacia perforaciones.

Talos tiene experiencia en producción offshore en Estados Unidos y México y actualmente desarrolla una estrategia centrada en activos petroleros marinos.

Para Honduras, su llegada representa una nueva oportunidad de obtener mejores datos sobre un recurso buscado durante décadas.

Pero todavía faltan varias etapas antes de hablar de barriles producidos, exportaciones o independencia energética.

Por ahora, Honduras no está explotando petróleo en el Caribe.

Está intentando saber, con mucha más precisión que antes, si realmente existe suficiente para que algún día valga la pena hacerlo.

La crisis energética en Cuba se agudiza este viernes con extensos cortes eléctricos que, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), dejarán hasta el 72 % del territorio nacional desconectado de manera simultánea. La medida afecta a millones de habitantes, tras el reciente restablecimiento parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la zona oriental, donde una oscilación en las líneas de transmisión provocó la desconexión entre Holguín y Guantánamo la noche anterior, según informó la agencia EFE.

La UNE reportó en sus redes sociales que el SEN quedó restablecido cerca de las 22:00 horas locales del jueves, después de que varios bloques de generación termoeléctrica salieran de servicio por la falla en la red. Las unidades afectadas corresponden a la CTE Lidio Ramón Pérez “Felton”, la CTE Diez de Octubre, la CTE Ernesto Guevara De La Serna y la CTE Antonio Maceo. De acuerdo con información difundida por EFE, solo la unidad de la CTE Lidio Ramón Pérez había retornado al sistema eléctrico al cierre de la jornada, mientras el bloque 6 de la CTE Diez de Octubre avanzaba en su proceso de arranque.

La situación limita severamente la capacidad de generación del país: once de las dieciséis unidades termoeléctricas permanecen fuera de operación, una condición atribuida tanto a averías recurrentes como a largos periodos de mantenimiento, resultado de años de insuficiente financiamiento estatal. La generación termoeléctrica representa el 40 % del mix energético cubano y depende casi exclusivamente del crudo nacional.

El otro 40 % de la matriz energética, basado en generadores alimentados por diésel y fueloil importados, se encuentra paralizado desde enero, consecuencia directa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, según recalcan los portavoces oficiales consultados por EFE. A esta problemática se suma la escasez de divisas para la importación de combustibles, un factor que ya dificultaba el abastecimiento energético antes de 2026.

El 20 % restante del mix cubano proviene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, con respaldo de tecnología procedente de China. No obstante, la oferta actual resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional. Para la tarde-noche de este viernes, la UNE prevé una capacidad máxima de 930 megavatios (MW) frente a una demanda estimada de 3,250 MW, lo que provoca un déficit de 2,320 MW y una afectación real de hasta 2,350 MW.

Esta brecha entre oferta y demanda obliga a la autoridad eléctrica a programar cortes que pueden durar hasta 20 horas consecutivas en La Habana y hasta 40 horas seguidas en provincias del interior, según detalla EFE. Desde el inicio de agosto, la isla ha experimentado al menos tres apagones masivos, incluyendo dos generales que dejaron sin energía a casi la totalidad del país durante tres jornadas consecutivas.

La crisis energética que atraviesa Cuba ha escalado en los últimos meses a niveles inéditos, con un total de doce apagones generales en los últimos veinticuatro meses, de los cuales siete ocurrieron solo en lo que va de 2026, conforme al recuento de la agencia EFE. El gobierno cubano reconoce que la situación del SEN es “crítica”, marcada tanto por el endurecimiento del embargo estadounidense como por la antigüedad y obsolescencia de la infraestructura energética nacional.

El deterioro del sistema eléctrico cubano tiene antecedentes prolongados. Desde 2021, los apagones se han convertido en una constante, con cortes diarios extendidos en casi todas las provincias. La falta de inversiones en modernización, la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto y la dependencia de combustibles importados han llevado a una situación en la que la capacidad de generación efectiva está sistemáticamente por debajo de la demanda mínima requerida para el funcionamiento cotidiano del país.

La UNE continúa anunciando diariamente nuevos cronogramas de cortes, a la espera de que condiciones internacionales y recursos internos permitan restituir gradualmente la estabilidad del sistema. Mientras tanto, la población afronta jornadas de hasta 40 horas sin electricidad, un récord negativo que refleja la profundidad de la crisis energética actual, según el seguimiento realizado por EFE.

El conglomerado militar cubano GAESA acumula más de USD 18,000 millones en cuentas bancarias en el extranjero, mientras ocho de cada diez cubanos saltean al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos.

Esa fue la acusación que el embajador estadounidense Jeffrey A. Bartos llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un debate sobre crisis alimentarias mundiales.

La denuncia de Washington ocurrió en medio de la peor crisis humanitaria que registra la isla en décadas, con el 94% de la población en situación de pobreza extrema, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), elaborado a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país.

La acusación de Bartos en la ONU

Bartos tomó la palabra en respuesta al representante cubano Ernesto Soberón, quien volvió a atribuir a Washington la responsabilidad por el deterioro económico de la isla.

El diplomático estadounidense revirtió el argumento: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”, según recogió Periódico Cubano.

El embajador también apuntó a la inversión del gobierno en hoteles que, a su juicio, permanecen vacíos, como ejemplo del desvío de recursos en medio de la escasez generalizada.

La cifra de USD 18,000 millones atribuida a GAESA y sus filiales no es nueva. Documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald, diario estadounidense, y la BBC, medio público británico, estimaron los activos del conglomerado en USD 17,894 millones en marzo de 2024, con USD 14,467 millones depositados en bancos. Washington la llevó ahora al principal foro multilateral del mundo.

Qué es GAESA y por qué está en el centro de las sanciones

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con presencia en hotelería, puertos, remesas, telecomunicaciones y comercio exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio lo describió como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba” al anunciar sanciones directas contra el conglomerado el 7 de mayo, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

Las medidas incluyeron sanciones personales contra la presidenta ejecutiva del grupo, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó luego que las restricciones alcanzan a cualquier empresa en la que GAESA tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%. El Comando Sur de Estados Unidos identificó al conglomerado como una amenaza regional a mediados de agosto y legisladores del Congreso pidieron el congelamiento de sus activos.

Los lujos de la élite cubana bajo la lupa

Las declaraciones ante la ONU se producen en un año en que varias investigaciones documentaron el contraste entre las condiciones de vida de la población y las de miembros de la élite gobernante, según informó Periódico Cubano.

Uno de esos casos involucra a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro. El investigador Luis Domínguez y el periodista Mario J. Pentón analizaron una propiedad que le atribuyen en el exclusivo reparto Atabey, en La Habana, cerca de El Laguito.

La vivienda, que habría unificado tres parcelas, contaría con seis dormitorios, tres baños y carpintería de maderas preciosas: cedro mara del Amazonas brasileño y caoba de Santiago de Cuba. Una piscina de 20 metros de largo, construida alrededor de 2014, completa el cuadro.

El otro caso señalado por Periódico Cubano involucra a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”. Pentón difundió imágenes de una aeronave privada que atribuyó al joven, junto con un presunto registro de vuelos entre Playa Baracoa y Holguín.

Un análisis técnico de las imágenes indicó que el avión pertenecería a la familia Dassault Falcon, una línea francesa de jets ejecutivos de largo alcance.

Una crisis que los números confirman

El telón de fondo de estas denuncias es una emergencia social. El OCDH determinó que el 68% de los hogares cubanos percibe ingresos mensuales equivalentes a apenas USD 30.

La producción azucarera, históricamente central para la economía de la isla, cayó de ocho millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE.

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones anuales en esas compras, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87% y la de frijoles un 70%, según estadísticas oficiales recopiladas por ese organismo.

A ese colapso productivo se sumaron los apagones: el 14 de julio de 2026, Cuba sufrió su tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. El 70% de los cubanos señala los cortes de electricidad como su principal problema, seguido por la crisis alimentaria, que preocupa al 52% de la población.

El Gobierno de Costa Rica expresó este viernes sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Noruega tras confirmarse el fallecimiento del rey Harald V, quien murió a los 89 años luego de permanecer hospitalizado en Oslo.

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las autoridades costarricenses difundieron un mensaje de solidaridad en el que destacaron el legado del monarca después de 35 años en el trono noruego.

“El Gobierno de Costa Rica expresa sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno del Reino de Noruega por el fallecimiento de Su Majestad Harald V, Rey de Noruega”, señaló la Cancillería costarricense.

El Ministerio agregó que transmite su “solidaridad al pueblo amigo de Noruega en estos momentos de duelo nacional” y manifestó su deseo de que el legado del monarca permanezca como un símbolo para esa nación europea.

“Hacemos votos para que el legado de Su Majestad, tras 35 años en el trono, sea recordado y permanezca como símbolo de unidad y fortaleza para su país”, indicó el pronunciamiento costarricense.

Harald V murió a los 89 años

La Casa Real de Noruega confirmó que Harald V falleció este viernes 28 de agosto a las 6:35 a. m., hora local, en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

El Palacio señaló que el rey murió de manera pacífica.

El fallecimiento puso fin a un reinado iniciado en 1991, cuando Harald asumió la Corona después de la muerte de su padre, el rey Olav V.

Harald había enfrentado distintos problemas de salud durante los últimos años y recientemente permanecía internado debido a complicaciones médicas. Su condición se había deteriorado durante los días previos y las autoridades del país habían informado que se encontraba en un estado muy grave.

El monarca había sido hospitalizado y tratado por una infección bacteriana en la sangre, además de enfrentar otros padecimientos de salud.

Su muerte provocó manifestaciones de duelo dentro y fuera de Noruega, mientras las autoridades activaron el proceso constitucional de sucesión.

Su hijo asumió como nuevo rey

Tras el fallecimiento de Harald V, su hijo, el hasta ahora príncipe heredero Haakon, asumió automáticamente como nuevo monarca de Noruega.

El nuevo soberano tiene 53 años y adoptó el nombre de Haakon VIII, continuando una línea monárquica que ha desempeñado un papel central en la historia contemporánea del país escandinavo.

Su hija, la princesa Ingrid Alexandra, pasó a convertirse en la nueva heredera al trono.

Noruega inició además un periodo de duelo nacional y se prepara para los actos oficiales relacionados con la despedida del fallecido monarca.

Un reinado de más de tres décadas

Harald V nació en 1937 y llegó al trono en enero de 1991.

Durante su infancia vivió parte de la Segunda Guerra Mundial fuera de Noruega después de que la familia real abandonara el país a raíz de la ocupación nazi. Parte de ese periodo lo pasó en Estados Unidos.

Antes de convertirse en rey también tuvo una destacada relación con el deporte, particularmente con la navegación. Representó a Noruega en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y mantuvo durante décadas una estrecha vinculación con actividades deportivas.

Uno de los episodios más conocidos de su vida personal fue su relación con Sonja Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la nobleza y con quien contrajo matrimonio en 1968 tras años de noviazgo.

La unión marcó una ruptura con algunas de las tradiciones de las casas reales europeas de la época y Sonja se convirtió posteriormente en reina de Noruega.

Durante sus décadas como jefe de Estado, Harald V fue considerado una figura de estabilidad dentro de la sociedad noruega y mantuvo altos niveles de popularidad.

También fue recordado por sus intervenciones públicas en momentos de crisis nacional, especialmente después de los atentados ocurridos en Oslo y la isla de Utøya en 2011, cuando el país enfrentó uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente.

Costa Rica se suma a las condolencias internacionales

La reacción costarricense se produjo pocas horas después de confirmarse oficialmente el fallecimiento del rey.

La Cancillería puso especial énfasis en el papel de Harald V como símbolo de unidad y fortaleza durante sus más de tres décadas al frente de la monarquía noruega.

Con el pronunciamiento, Costa Rica se sumó a las numerosas expresiones internacionales de pesar generadas tras la muerte del jefe de Estado noruego.

Noruega enfrenta ahora el inicio de una nueva etapa con Haakon VIII al frente de la monarquía, mientras el país prepara los actos para despedir a quien ocupó el trono durante 35 años.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes hacia Panamá, con 284,563 llegadas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen entre enero y junio de 2026. La cifra representó un aumento del 11.7% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 254,857 viajeros.

El informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) utiliza el domicilio permanente para determinar la procedencia de los viajeros, por lo que los datos no corresponden necesariamente a su nacionalidad. Además, el desglose por países comprende turistas y excursionistas que ingresaron por Tocumen, no las llegadas registradas en todos los puertos del país.

Colombia ocupó el segundo lugar con 195,211 visitantes durante los primeros seis meses del año, 35,558 más que los 159,653 reportados en igual período de 2025. El mercado colombiano creció 22.3% y aportó el mayor incremento absoluto entre los países suramericanos, consolidando su peso dentro del flujo aéreo hacia Panamá.

Ecuador alcanzó la tercera posición con 68,357 viajeros, tras registrar un crecimiento del 34.1%. Las llegadas desde ese país superaron en 17,388 las contabilizadas un año antes.

Recientemente, el aeropuerto de Río Hato recibió los primeros vuelos chárter procedentes de Ecuador y Colombia, una operación orientada a incrementar la llegada de viajeros a las playas del Pacífico panameño sin necesidad de pasar por Tocumen. Esta nueva conexión abre otra vía para ampliar la captación de visitantes de ambos mercados.

Argentina se situó en el cuarto lugar general, con 55,984 visitantes y una expansión interanual del 33.6%. México le siguió con 51,139 llegadas, lo que representó un crecimiento del 40.9%, mientras Brasil alcanzó 50,867 viajeros después de aumentar 32.2% frente al primer semestre de 2025.

Costa Rica fue el principal emisor de América Central, con 44,911 visitantes y un incremento del 18.8%. España encabezó los mercados europeos con 41,289 llegadas, mientras Perú y Canadá registraron cifras muy cercanas: 40,332 y 40,214 viajeros, respectivamente, durante el período analizado.

El mercado canadiense destacó por su velocidad de crecimiento. Sus llegadas aumentaron 41.6% frente a las 28,401 registradas en 2025, mientras Perú creció 35.9%. Venezuela completó el siguiente grupo de importancia con 35,775 visitantes, equivalente a un avance del 17.2% en comparación con el año anterior.

Por regiones, América del Sur fue la principal fuente de viajeros que ingresaron por Tocumen, al concentrar el 38% del total. Sus llegadas aumentaron 28.4%, desde 383,050 hasta 491,938, lo que significó 108,888 visitantes adicionales en apenas un año y el mayor aporte absoluto entre las zonas analizadas.

América del Norte representó el 29% de las entradas, con 375,917 viajeros procedentes de Estados Unidos, México y Canadá. La región creció 17.6% y sumó 56,356 llegadas adicionales. Aunque Estados Unidos dominó por volumen, México y Canadá mostraron incrementos porcentuales considerablemente superiores durante el semestre.

Europa aportó 179,741 visitantes, equivalentes al 13.9% de quienes ingresaron por la principal terminal aérea panameña. Además de España, sobresalieron Francia con 21,927 llegadas, Alemania con 21,654 e Italia con 20,530. La región registró un crecimiento conjunto del 18.9% frente a 2025.

Dentro del mercado europeo, Alemania avanzó 34.5%, seguida por Portugal con 28.5%, Austria con 26.7% y Países Bajos con 25.8%. Reino Unido aportó 14,682 viajeros y Francia creció 15.1%, lo que muestra una expansión distribuida entre los principales emisores, aunque ninguno se aproximó individualmente al volumen estadounidense.

América Central representó el 10% de las entradas por Tocumen y reunió 129,938 visitantes, un 10.6% más que en 2025. Después de Costa Rica se ubicaron Guatemala con 29,829, Honduras con 18,928, El Salvador con 18,917 y Nicaragua con 15,812. El mercado salvadoreño fue el único que retrocedió, con una caída del 2.7%.

Las Antillas concentraron el 4.4% de las llegadas, mientras Asia aportó 4.2%. Oceanía y África representaron apenas 0.3% cada una. Aunque Oceanía registró un crecimiento relativo del 23.7%, su volumen fue de solo 3,690 viajeros, por lo que su incidencia dentro del resultado general continuó siendo reducida.

En total, Tocumen recibió 1,295,000 visitantes durante el primer semestre, 20% más que un año antes. En todos los puertos de entrada se contabilizaron 1,755,998 viajeros, incluyendo 1,349,397 turistas, 243,075 cruceristas y 163,526 excursionistas. Sin embargo, Estados Unidos y Colombia continuaron marcando el ritmo de los mercados emisores.

El año 1342 fue, en términos de inundaciones, el más extremo que registra Europa en los últimos 700 años. No fue una sola catástrofe, sino una cadena de dieciséis grandes eventos hídricos que se sucedieron durante casi dos años y afectaron al continente de forma simultánea.

Ríos como el Rin, el Danubio, el Meno, el Elba y el Tisza desbordaron en repetidas ocasiones; miles de personas murieron de forma directa o por las hambrunas y enfermedades que dejaron las aguas; puentes seculares fueron arrasados, y las rutas comerciales quedaron cortadas durante meses. Lo que la historia recordó como la Gran Inundación de la Magdalena resultó ser apenas el episodio más violento de una secuencia mucho más vasta.

Durante siglos, los registros históricos mantuvieron el foco casi exclusivo sobre esa crecida de julio de 1342, bautizada con el nombre de la festividad del día en que alcanzó su pico en el centro del Sacro Imperio Romano. Los indicios de que existían otros eventos asociados estaban dispersos en miles de documentos medievales que nadie había reunido ni cotejado de forma sistemática.

Un nuevo estudio, basado en más de mil fuentes documentales contemporáneas, demuestra que aquel episodio no fue un hecho aislado, sino la parte más intensa de una secuencia de inundaciones en cascada a escala continental, sin precedentes en los últimos siete siglos.

La investigación fue publicada en la revista Nature y liderada por la Universidad Tecnológica de Viena (TU Wien) con la participación de equipos de universidades de toda Europa. El trabajo combina historia medieval, hidrología y climatología para reconstruir, mes a mes, qué regiones fueron inundadas entre finales de 1341 y 1343, con qué magnitud y qué procesos climáticos pudieron haberlos desencadenado.

Una serie de desastres encadenados

La reconstrucción identifica 16 eventos de inundación mayores a lo largo de casi dos años. Cuatro alcanzan períodos de retorno, es decir, la frecuencia estadística con la que cabe esperar que una inundación de cierta magnitud vuelva a ocurrir, de entre 500 y 1.000 años.

El estudio les asigna nombres vinculados al calendario litúrgico: la inundación de la Candelaria, la de la Magdalena, la de Santiago y la de Bartolomé.

La de la Candelaria, en febrero de 1342, afectó a Europa Occidental y Central y arrastró dos tercios del histórico Puente de Judita sobre el Moldava, en Praga, una estructura que databa del siglo XII.

La de la Magdalena, en julio del mismo año en el sur de Alemania, destruyó puentes, molinos y núcleos habitados a lo largo del Rin y el Meno, y alcanzó magnitudes que podrían repetirse apenas una vez cada 1.000 a 10.000 años. Las de Santiago y Bartolomé, en 1343, afectaron principalmente los Alpes septentrionales y los Cárpatos, según detalla el estudio.

“Muchas miles de personas murieron en las inundaciones, por el hambre y por la enfermedad”, afirmó Andrea Kiss, historiadora medievalista y geógrafa de la TU Wien y autora principal del estudio, según el comunicado de prensa institucional.

El estudio detalla además que las aguas no cedían completamente entre evento y evento, lo que generó problemas sanitarios prolongados: enfermedades de transmisión hídrica, entre ellas lo que los documentos medievales llaman una “enfermedad hemorrágica mortal” —probablemente disentería— se propagó por las zonas más afectadas.

Las causas climáticas: volcanes y hielo ártico

El equipo identificó una combinación de factores que constituye, según el trabajo, una explicación plausible para la concentración de inundaciones en tan poco tiempo. Alrededor de 1340 y 1341, se produjeron al menos cinco erupciones volcánicas tropicales y un número elevado de erupciones fuera de las regiones ecuatoriales, entre ellas la del volcán Hekla en Islandia en 1341.

Los aerosoles de azufre, partículas microscópicas que esas erupciones lanzan a la estratosfera, la capa de la atmósfera ubicada entre unos 12 y 50 kilómetros de altitud, tienden a bloquear parte de la radiación solar y a enfriar las temperaturas superficiales del hemisferio norte.

Ese enfriamiento probablemente desplazó hacia el sur la corriente en chorro del Atlántico Norte, una banda de viento de alta velocidad en altura que actúa como guía de los sistemas de baja presión, y favoreció condiciones que aumentan la probabilidad de que ciclones intensos y lluvias prolongadas afecten al continente.

Al mismo tiempo, el trabajo señala que reconstrucciones basadas en núcleos de hielo del mar de Barents apuntan a un retroceso multianual del hielo marino ártico en esa zona a partir de mediados de la década de 1330, un factor que el estudio considera una contribución posible, aunque no definitivamente probada.

Su reducción disminuye el albedo, la capacidad de la superficie para reflejar la radiación solar, y eleva la temperatura del Atlántico Norte. Esas aguas más cálidas, combinadas con el enfriamiento volcánico, habrían favorecido ciclones más frecuentes e intensos.

“La interacción de estos factores pudo haber contribuido a sistemas de baja presión intensos, lluvias prolongadas y, por tanto, a la inusual serie de inundaciones”, afirmó Andrea Kiss, según el comunicado de prensa institucional.

El peso del olvido y la memoria selectiva

Una pregunta que el equipo investigador se planteó fue por qué solo la inundación de la Magdalena sobrevivió en la memoria colectiva. El estudio apunta a varias razones. Tras las inundaciones de julio de 1342, las autoridades locales de las ciudades alemanas afectadas instalaron marcas de crecida y placas conmemorativas en edificios emblemáticos, lo que institucionalizó el recuerdo de ese evento específico en esas regiones.

Otras inundaciones, como la de la Candelaria en Praga, no dejaron marcas físicas similares. “Los datos históricos muestran que no fue un solo episodio, sino toda una serie de eventos”, afirmó Günter Blöschl, hidrólogo y responsable del equipo en la TU Wien, según el comunicado de prensa.

A eso se suma que los registros medievales conservados tienen una distribución geográfica desigual, con mayor densidad en las regiones centrales del Sacro Imperio, y que las crónicas tendían a tratar las inundaciones posteriores a la primera gran crecida como continuaciones del mismo desastre.

“Podemos reconstruir mes a mes qué regiones se vieron afectadas. Esto muestra con claridad que una serie de eventos se extiende como un rosario a lo largo de los años 1341 a 1343”, afirmó Andrea Kiss, según el comunicado de prensa.

Qué implica este hallazgo para la gestión del riesgo hídrico actual

El estudio compara los 16 eventos medievales con inundaciones modernas ocurridas entre 1960 y 2020, seleccionadas por su similitud en área afectada, estacionalidad y magnitud. Las conclusiones sitúan la secuencia medieval como equivalente a que los grandes eventos europeos de 1999, 2002, 2005, 2006 y 2013, más una docena de inundaciones menores, hubieran ocurrido todos dentro de un período inferior a dos años.

El trabajo concluye que secuencias de inundaciones de gran magnitud, más extremas que las de las últimas décadas, son posibles y pueden repetirse, y que la gestión actual del riesgo hídrico no está necesariamente preparada para afrontarlas.

Las proyecciones climáticas apuntan a un aumento de los ciclones, sistemas de baja presión que generan vientos intensos y lluvias persistentes, en Europa, y a incrementos en los episodios de lluvia intensa por el ascenso brusco de masas de aire caliente y húmedo. Ante esos escenarios, el estudio indica que se requieren estrategias proactivas de gestión del riesgo que incorporen explícitamente la posibilidad de que varios eventos extremos se produzcan en rápida sucesión.

Estados Unidos repatrió desde Guatemala una fuente de cobalto-60 de alto riesgo que había sido usada en un equipo médico para tratar cáncer y que, según la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, podía ser robada y empleada para fabricar una “bomba sucia”.

La operación, confirmada el jueves por la NNSA en X, terminó con el material trasladado a un depósito seguro en territorio estadounidense, según información publicada en el departamento de energía de Estados Unidos.

La extracción había comenzado en mayo y formó parte de una misión conjunta con la Agencia para la Reducción de las Amenazas de Defensa de Estados Unidos. El material estaba dentro de una máquina de teleterapia de origen estadounidense que ya no estaba en uso y de la que se desmontó una parte para retirarla del país centroamericano.

Según la NNSA, la operación buscó reducir el riesgo radiológico tanto para Estados Unidos como a escala internacional.

El organismo sostuvo que el retiro de materiales de alta radiactividad forma parte de su estrategia para impedir que actores hostiles accedan a sustancias capaces de causar daño fuera de un uso médico controlado.

La fuente estaba en una máquina médica en desuso y fue retirada en mayo

El compuesto retirado era una fuente de cobalto-60, un material radiactivo utilizado en dispositivos médicos para el tratamiento del cáncer. En este caso, se encontraba almacenado dentro de una máquina de teleterapia fuera de servicio instalada en Guatemala.

Un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos, dependiente de la NNSA en Nuevo México, trabajó en mayo con una instalación guatemalteca para desmontar parte del aparato y preparar su traslado.

Después, la agencia estadounidense embaló de forma segura el componente con cobalto-60 y la DTRA se encargó de su transporte protegido de regreso a Estados Unidos.

Durante el procedimiento también participaron representantes guatemaltecos del Centro Nacional de Desechos Radiactivos y del Ministerio de Energía y Minas. Su intervención incluyó apoyo en transporte, logística y seguridad física durante toda la remoción, de acuerdo con la información difundida por la administración estadounidense.

Mayra Villatoro, jefa de la Unidad de Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que la colaboración con las agencias de Estados Unidos permitió “eliminar el peligro que representaba para nuestra comunidad y nuestro país”. La funcionaria vinculó el retiro del material con una reducción directa del riesgo local.

Washington enmarca la operación en su estrategia antiterrorista de 2026

La NNSA explicó que, aunque el cobalto-60 tiene aplicaciones médicas, su nivel de radiactividad lo convierte en un material sensible si queda sin protección suficiente.

El organismo advirtió que una fuente de este tipo podría ser sustraída y utilizada para construir un dispositivo de dispersión radiológica, conocido como “bomba sucia”.

Ese argumento aparece ligado a la Estrategia Antiterrorista de 2026 de la administración de Donald Trump, que identifica como una responsabilidad central del Gobierno de Estados Unidos impedir que grupos terroristas obtengan armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. La remoción hecha en Guatemala fue presentada por Washington como una acción concreta dentro de ese marco de prevención.

Matthew Napoli, subdirector de la Oficina de No Proliferación Nuclear con Fines de Defensa de la NNSA, dijo que la misión tuvo un objetivo directo: “proteger a los ciudadanos estadounidenses, asegurar nuestras fronteras y garantizar que nuestros adversarios nunca pongan sus manos sobre materiales que podrían dañar a nuestro país”.

También definió la retirada como “un gran logro para la seguridad nacional” y como una muestra de la relación positiva con el Gobierno guatemalteco.

Robert Bridges, gerente de programa de Transporte y Disposición Nuclear de la DTRA, sostuvo que la repatriación de la fuente de cobalto-60 fue resultado de una cooperación interinstitucional “vital” dentro del Gobierno de Estados Unidos. Añadió que su agencia trabaja con la NNSA para eliminar riesgos radiológicos mediante acciones operativas.

La Oficina de Seguridad Radiológica de la NNSA describió su enfoque en dos frentes: retirar materiales radiactivos de alta actividad y evitar que adversarios los consigan mediante alianzas con la industria, las fuerzas de seguridad y organismos estatales. En el caso de Guatemala, esa política terminó con una fuente de cobalto-60 fuera de circulación y almacenada bajo resguardo en Estados Unidos.

Los cruces serán Alajuelense vs Marathón, Alianza FC vs Motagua, Olimpia vs Firpo y Cartaginés vs Saprissa. Las imágenes muestran los momentos más destacados de esta jornada decisiva.

Un instante de desesperación en una calle de Fort Collins, Colorado, cambió para siempre el destino de Silvia Paola Sánchez-Hurtado. El pasado 11 de marzo, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron colocarle las esposas en cumplimiento de una orden de arresto por infracciones migratorias, la joven nicaragüense de 23 años reaccionó instintivamente: se resistió y mordió en el cuello a uno de los oficiales.

Meses después de aquel violento episodio, la calma tensa del tribunal federal reemplazó el caos de la detención. Ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Gordon P. Gallagher, Silvia Paola admitió su responsabilidad y se declaró culpable formalmente del delito de agresión a un funcionario federal.

El caso, investigado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y procesado por la fiscal adjunta Elizabeth Tonkin, ha dejado a la joven al borde de una condena penal y con un pie fuera del país que un día buscó como refugio.

La firma del acuerdo de culpabilidad evitó un juicio prolongado, pero no canceló las consecuencias de sus actos. En el sistema judicial estadounidense, la agresión a un oficial federal en el desempeño de sus funciones constituye un delito grave.

La verdadera encrucijada: ¿Podría retornar a Nicaragua?

Mientras espera la audiencia de sentencia fijada para finales de este año, surge una interrogante inevitable sobre su futuro legal y personal: ¿qué ocurrirá con Silvia Paola tras declararse culpable? ¿Existe la posibilidad real de que sea deportada a Nicaragua?

La respuesta corta es sí: la probabilidad de que Silvia sea deportada a Nicaragua al finalizar su condena es extremadamente alta. En la legislación de migración estadounidense, la combinación de una falta migratoria previa con una condena por un delito con violencia coloca a cualquier ciudadano extranjero en una posición prácticamente indefendible.

Existen varios factores clave que definen su situación migratoria:

• Inadmisibilidad y deportabilidad: Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una condena por un delito grave o de “turpitud moral” —categoría en la que suele clasificarse la agresión a la autoridad— convierte a la persona en automáticamente deportable.
• Perdida de alivios migratorios: Al haber sido hallada culpable de un delito grave federal, Silvia Paola pierde el derecho a solicitar la mayoría de las formas de protección discrecional, como el asilo político, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la cancelación de la remoción.
• Orden final de remoción: Una vez que cumpla la pena de cárcel que le imponga el juez Gallagher, pasará inmediatamente a la custodia de ICE. Desde allí, las autoridades migratorias tramitarán su repatriación hacia Managua.

El peso del regreso en un contexto complejo

Para miles de jóvenes migrantes que salen de Nicaragua buscando mejores oportunidades en el norte, la deportación representa el fin dramático de un proyecto de vida. Volver a su país de origen tras haber cumplido condena en Estados Unidos implica enfrentarse a un doble estigma: el de ser deportada y el de cargar con un antecedente penal internacional.

El caso de Silvia Paola refleja la trágica espiral en la que caen muchos indocumentados al momento de un arresto. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo por faltas migratorias se transformó, en cuestión de segundos, en un delito penal grave debido a la resistencia física.

A finales de este año, cuando el juez dictamine cuántos meses o años deberá pasar tras las rejas, Hurtado sabrá con certeza cuánto durará su encarcelamiento en suelo estadounidense. Pero la sentencia definitiva ya parece escrita en el ámbito migratorio: el final del camino penitenciario no conducirá a la libertad en Colorado, sino a un vuelo de regreso a la tierra que dejó atrás.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala recordó los plazos constitucionales y legales que deben cumplir los funcionarios y empleados públicos que quieran competir en las elecciones generales de 2027, con primera vuelta prevista para el 27 de junio, porque la posibilidad de inscribirse depende en varios casos de haberse separado del cargo dentro de fechas límite distintas según la función que ejerzan.

La autoridad electoral precisó esas fechas en el Acuerdo 316-2026, emitido por el Pleno de Magistrados, y ordenó el calendario a partir de la Constitución Política de la República y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El criterio no es uniforme: ministros, militares, fiscales, funcionarios municipales y autoridades con jurisdicción territorial enfrentan restricciones diferentes.

La limitación más anticipada alcanza a los integrantes del Ejército que aspiren a la Presidencia o la Vicepresidencia. En ese caso, deben estar de baja o en situación de retiro al menos cinco años antes de la convocatoria a elecciones, que está programada para enero de 2027.

Los ministros y los militares enfrentan los plazos más exigentes para buscar la Presidencia

Para los ministros de Estado que busquen la Presidencia, la fecha de corte es el 26 de diciembre de 2026. La exigencia surge del artículo 186, literal d) de la Constitución, que obliga a dejar el cargo seis meses antes de la elección.

El mismo artículo constitucional, en su literal e), fija la condición para los militares que aspiren a la primera magistratura. No basta con renunciar meses antes: la norma exige una separación mucho más extensa, de cinco años antes de la convocatoria.

El acuerdo del TSE también ordena las incompatibilidades para quienes pretendan una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano. En esos casos, la elección resulta nula si el candidato ejerce jurisdicción en el distrito electoral que lo postula durante el proceso o en los tres meses previos a la convocatoria.

Esa fecha límite fue fijada en el 21 de octubre de 2026. La referencia legal está en el artículo 164 de la Constitución y en el artículo 3 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.

La fecha del 21 de octubre de 2026 también alcanza a fiscales y funcionarios municipales

La misma fecha rige para los funcionarios o empleados que ocupen cargos en el municipio donde pretendan postularse como alcalde municipal. El artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que deben renunciar al menos tres meses antes de la convocatoria.

La ley prevé dos excepciones en el ámbito municipal. No están obligados a separarse del cargo los miembros del Concejo Municipal que busquen la reelección ni los profesionales cuya única función sea la docencia o el trabajo en establecimientos de asistencia social dentro del municipio.

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público también deben dejar sus funciones a más tardar el 21 de octubre de 2026 si quieren aspirar a cualquier cargo de elección popular. La incompatibilidad está regulada en el artículo 77, inciso b.1, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el mismo artículo 206 de la ley electoral.

La regla central que recordó la autoridad electoral guatemalteca es que cada categoría de servidor público tiene una fecha de separación distinta y que el incumplimiento puede impedir la postulación o volver nula la elección, según el cargo en disputa y la prohibición aplicable.

El tribunal aclaró además que los diputados y los alcaldes que actualmente ejercen sus funciones no están obligados a renunciar para participar en el proceso electoral. Esa excepción, indicó la autoridad, se sustenta en las prohibiciones y salvedades específicas previstas en la Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La Fuerza Pública de Costa Rica capturó en Tejar de Cartago a Carolina Loría Solís, quien figuraba como la segunda persona detenida de la lista de los 14 más buscados en esa provincia.

La aprehensión se realizó como parte de la Operación Cacería, estrategia policial desplegada para ubicar y detener a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación de Loría Solís fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Las labores permitieron determinar que la mujer se encontraba en un apartamento ubicado en Tejar, Cartago, por lo que oficiales se desplazaron hasta el sitio para verificar la información.

Al llegar al inmueble, los policías conversaron inicialmente con un hombre que manifestó encontrarse solo en el apartamento.

Posteriormente, el sujeto indicó que en el interior se encontraba una conocida, por lo que los oficiales ingresaron al lugar para comprobar la situación.

Fue entonces cuando lograron ubicar a Carolina Loría Solís y confirmar que se trataba de una de las personas incluidas entre los objetivos prioritarios buscados en la provincia.

Se mantenía prófuga después de allanamientos

Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, Loría Solís era requerida por las autoridades luego de mantenerse en fuga tras una serie de allanamientos realizados en el cantón de La Unión.

Después de su captura, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con el proceso respectivo.

La detención representa el segundo resultado de relevancia anunciado dentro de la búsqueda de las 14 personas identificadas como las más buscadas de Cartago.

Las autoridades aseguran que los operativos continuarán hasta localizar al resto de los sospechosos incluidos en la lista.

Uno de los mensajes difundidos por los cuerpos policiales destacó la coordinación entre distintas unidades del Poder Ejecutivo para desarrollar estas acciones.

“Estamos unidos. Tenemos una integración de nuestras fuerzas policiales, unidades regulares y especiales, con el apoyo de nuestra Dirección de Inteligencia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, vamos detrás de cada una de esas personas”, indicaron las autoridades durante el operativo.

La estrategia contempla la participación de unidades policiales regulares y especiales, además de organismos dedicados al análisis e inteligencia, con el objetivo de obtener información que permita ubicar a los sospechosos.

“Los estamos atrapando”

Desde el Poder Ejecutivo también resaltaron los resultados obtenidos desde el inicio de la Operación Cacería y aseguraron que la búsqueda de los objetivos prioritarios se mantiene activa.

“Las policías del Poder Ejecutivo están trabajando y dando resultados, así como se anunció. Estamos persiguiendo a los catorce delincuentes identificados como objetivos prioritarios y los estamos atrapando”, señalaron.

La operación fue puesta en marcha como una respuesta policial enfocada específicamente en personas consideradas de interés para las autoridades de Cartago.

El despliegue combina información de inteligencia, presencia policial en diferentes sectores de la provincia y seguimiento a posibles sitios donde puedan encontrarse quienes continúan prófugos.

La captura de Loría Solís se produce después de que las autoridades anunciaran la detención del primero de los integrantes de la lista, dentro de una estrategia que busca reducir la presencia de personas vinculadas con estructuras delictivas en diferentes comunidades cartaginesas.

Operación Cacería continúa

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la Operación Cacería continuará activa, con acciones orientadas a localizar al resto de las personas incluidas en la lista.

La participación de la DIAC y la DIS ha sido uno de los componentes centrales del operativo, debido a que la información recopilada por estas unidades permite establecer posibles movimientos, contactos y lugares donde podrían permanecer los buscados.

En el caso de Carolina Loría Solís, ese trabajo derivó en la identificación del apartamento de Tejar donde finalmente fue encontrada.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaba la mujer en ese inmueble ni si el hombre que se encontraba en el lugar será investigado por alguna posible responsabilidad relacionada con su permanencia allí.

Tampoco se informó inicialmente sobre incidentes durante la detención, por lo que la aprehensión se habría realizado sin que se reportaran enfrentamientos.

Con esta captura, dos de las 14 personas incluidas en la lista de los más buscados de Cartago ya han sido localizadas, mientras las fuerzas policiales mantienen las acciones para dar con los restantes objetivos.

El operativo se desarrolla en distintos puntos de la provincia y forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades para actuar contra personas consideradas prioritarias dentro de las investigaciones policiales.

La consigna, según las autoridades, es mantener la presión operativa mediante la combinación de inteligencia, seguimiento y presencia policial.

La captura en Tejar constituye así un nuevo avance dentro de la Operación Cacería, mientras continúa la búsqueda de las otras personas que permanecen incluidas entre los objetivos prioritarios de Cartago.

La Policía Nacional de República Dominicana ejecutó en las últimas horas una serie de operativos preventivos en las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal, que resultaron en la detención de decenas de personas vinculadas a diversos hechos delictivos.

Las acciones, desarrolladas bajo la coordinación de la Dirección Regional Espaillat, forman parte de una estrategia enfocada en reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en la región.

Durante estos operativos, los agentes intervinieron múltiples puntos identificados como centros de distribución de sustancias controladas.

En el curso de los allanamientos, las autoridades incautaron presuntas sustancias ilícitas, armas blancas y otros objetos relacionados con actividades delictivas. Además, fueron ocupadas máquinas tragamonedas y otros artículos considerados de interés policial, incautados en diferentes sectores de ambas provincias como parte de las labores de prevención y control.

Las intervenciones incluyeron también la retención de varias motocicletas por infracciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este tipo de controles busca atacar no solo el crimen organizado, sino también las faltas que afectan la seguridad vial y la convivencia pacífica en las comunidades.

La Policía Nacional detalló que estos operativos se realizan de manera permanente y focalizada, con la intención de fortalecer la protección de los ciudadanos y mantener el orden público. Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la misión institucional de la entidad, orientada a “Proteger y Servir”, bajo la dirección del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos preventivos en distintos puntos del país. Estas acciones han dejado como resultado la detención de personas buscadas por delitos como robo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otros crímenes. En cada procedimiento, la Policía Nacional reporta el decomiso de drogas, armas de fuego y municiones, así como la recuperación de vehículos y objetos robados.

En operativos recientes, la institución ha destacado la colaboración con otras agencias del Estado, lo que ha permitido intervenir zonas catalogadas como de alta incidencia delictiva. Estas áreas son seleccionadas tras labores de inteligencia y denuncias de la población, procurando una respuesta efectiva ante las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El director general de la Policía Nacional ha reiterado que la estrategia de seguridad continuará con énfasis en la prevención, el patrullaje constante y la presencia policial en puntos críticos. La institución subraya la importancia de la participación comunitaria y de la denuncia ciudadana para fortalecer los resultados de estas acciones.

En las provincias intervenidas, los operativos han contado con la presencia de unidades especializadas, como la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) y la Dirección Central de Investigación (DICRIM), que refuerzan las labores de patrullaje y control en sectores urbanos y rurales. Gracias a la coordinación interinstitucional, se ha logrado disminuir la circulación de armas ilegales y sustancias ilícitas, así como desarticular bandas dedicadas a actividades criminales.

La Policía Nacional informó que los detenidos están siendo puestos a disposición del Ministerio Público, que procederá a realizar las investigaciones correspondientes y determinar las sanciones legales. Las autoridades reiteran su compromiso de mantener la vigilancia en todo el territorio nacional y continuar con los operativos para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La institución insta a la población a colaborar con las autoridades, denunciando cualquier hecho sospechoso o actividad ilícita a través de los canales oficiales. De esta manera, la Policía Nacional afirma que busca consolidar una convivencia pacífica y fortalecer el clima de seguridad en República Dominicana.

General Mills anunció la eliminación de colorantes artificiales en todos sus cereales distribuidos en Estados Unidos. El anuncio incluye marcas reconocidas como Lucky Charms y Trix. La compañía informó que el 90% del portafolio minorista estadounidense ya completó la transición hacia ingredientes sin colorantes certificados. El objetivo es que la totalidad de productos vendidos en el país, incluyendo snacks de frutas y productos de repostería, eliminen los colorantes certificados para fines de 2027. Esta información fue confirmada por Fox News, The Hill y ABC News, que citaron el comunicado oficial de la empresa y declaraciones de sus voceros.

El retiro de colorantes artificiales abarca toda la gama de cereales de General Mills en Estados Unidos. La medida se implementó durante el verano de 2026, según los reportes. El proceso forma parte de una estrategia de la empresa para responder a las demandas de los consumidores y a los cambios en las preferencias del mercado. El retiro de colorantes certificados afecta directamente a varios productos de alta rotación y a millones de consumidores.

La transición de General Mills se inscribe en un contexto de revisión de los ingredientes por parte de la industria alimentaria estadounidense. El uso de colorantes sintéticos ha sido objeto de debate por parte de consumidores y autoridades regulatorias. General Mills adoptó una postura que prioriza la transparencia en la composición de sus productos y la claridad en el etiquetado. La empresa informó que, además de los cereales, avanzará en la eliminación de colorantes certificados en otras categorías de alimentos procesados.

¿Cuándo General Mills eliminó los colorantes artificiales de sus cereales?

El proceso de eliminación de colorantes artificiales de los cereales de General Mills en Estados Unidos se completó durante el verano de 2026. Así lo confirmó la empresa en un comunicado oficial citado por The Hill. El retiro incluye todas las variedades de cereales que la compañía distribuye en el mercado estadounidense. El mismo comunicado detalla que la transición total del portafolio minorista estadounidense finalizará antes de que termine 2027.

La empresa identificó tres hitos en el calendario de eliminación de colorantes certificados: primero, el retiro en todos los alimentos escolares K-12; segundo, la eliminación en la gama de cereales; tercero, la meta de completar la transición en todo el portafolio minorista. El proceso se desarrolla de forma progresiva y monitoreada.

¿Qué productos ya no contienen colorantes certificados?

La eliminación de colorantes artificiales abarca toda la gama de cereales fabricados por General Mills para el mercado estadounidense. Según el comunicado citado por Fox News, Lucky Charms y Trix ya se venden sin colorantes sintéticos. El avance cubre el 90% del portafolio minorista de la empresa en el país. El 10% restante está compuesto por productos como snacks de frutas y mezclas para repostería, que forman parte de marcas como Betty Crocker y Pillsbury. Estos productos completarán la transición antes de 2027.

El proceso implica el reemplazo de colorantes certificados por opciones extraídas de frutas, vegetales y especias. ABC News informó que la empresa utiliza colorantes derivados de cúrcuma y pimentón para mantener el aspecto característico de los cereales. El objetivo es mantener la apariencia y el sabor reconocible de los productos utilizando ingredientes que los consumidores puedan identificar.

¿Por qué la empresa tomó esta decisión?

La eliminación de colorantes artificiales responde a una demanda sostenida de consumidores y a cambios en la percepción pública sobre los aditivos alimentarios. The Hill citó declaraciones de Bethany Quam, presidenta de la división de cereales de General Mills, quien afirmó que el avance “refleja cómo evolucionamos con las necesidades del consumidor mientras continuamos ofreciendo alimentos que mantienen calidad y valor”. La empresa busca alinear su portafolio con las preferencias de los consumidores y con las tendencias regulatorias.

La decisión también se inscribe en una revisión más amplia de ingredientes por parte de la industria alimentaria en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias y diversas organizaciones han revisado el uso de colorantes sintéticos. General Mills implementa estos cambios para mantener la competitividad y responder a las expectativas del mercado.

¿Cómo afecta la eliminación de colorantes artificiales a los consumidores?

La medida afecta a millones de consumidores que adquieren cereales y productos procesados de General Mills en Estados Unidos. El retiro de colorantes certificados implica cambios en la composición de productos tradicionales que forman parte de la dieta habitual. El objetivo de la empresa es mantener la aceptación de sus productos y evitar la pérdida de participación en el mercado.

Según Fox News, la empresa ya había realizado intentos similares en el pasado, especialmente en el caso de Trix. En 2016 lanzó versiones sin colorantes artificiales, pero debió reincorporar una opción con colores sintéticos tras recibir solicitudes de consumidores. Las preferencias de los compradores motivaron la existencia de ambas versiones en el mercado durante algunos años. El nuevo proceso elimina la oferta de productos con colorantes certificados y estandariza la composición en todos los cereales.

¿Qué ingredientes utilizarán para reemplazar los colorantes artificiales?

El reemplazo de colorantes sintéticos por ingredientes naturales es parte del nuevo proceso de producción de General Mills. ABC News precisó que la empresa utiliza colorantes obtenidos de frutas, vegetales y especias. La sustitución busca mantener la apariencia tradicional de los productos, evitando cambios perceptibles para el consumidor. Los ingredientes alternativos cumplen con los estándares regulatorios y permiten identificar la composición exacta de los alimentos.

La eliminación de colorantes certificados no implica la desaparición de todos los colorantes, sino la sustitución de los sintéticos por alternativas naturales. La empresa informó que mantiene la calidad y la presentación de los productos.

¿Cuáles son los antecedentes en el mercado de cereales?

El proceso de revisión de ingredientes y eliminación de colorantes certificados no es nuevo en General Mills. Fox News recordó que la compañía ya había realizado una transición similar en 2016, lanzando cereales sin colorantes artificiales ni sabores sintéticos. En ese momento, el cambio generó reacciones divididas entre los consumidores, lo que motivó la reincorporación de versiones con colores originales.

Durante la última década, la industria alimentaria de Estados Unidos enfrentó debates sobre la seguridad de los aditivos y la transparencia en el etiquetado. General Mills decidió estandarizar la eliminación de colorantes certificados y completar el cambio antes de 2027. El proceso busca evitar la segmentación de productos y responder a la demanda general de transparencia.

¿Qué otros productos serán modificados y cuál es la fecha límite?

La transición afecta no solo a los cereales, sino también a otras categorías de General Mills en Estados Unidos. El portafolio pendiente incluye snacks de frutas y mezclas para repostería, que forman parte de marcas como Betty Crocker y Pillsbury. El comunicado oficial establece que todos estos productos eliminarán los colorantes certificados antes del cierre de 2027.

La empresa implementa un monitoreo permanente del avance y reporta el progreso de la transición en sus comunicaciones oficiales. El objetivo es completar el proceso en todos los productos vendidos en el país y mantener la confianza de los consumidores.

¿Qué impacto tiene la medida en la industria alimentaria de Estados Unidos?

La decisión de General Mills se suma a una tendencia más amplia de la industria alimentaria estadounidense. Otras empresas del sector también revisan la composición de sus productos y sustituyen aditivos sintéticos por opciones naturales. El objetivo es responder a las expectativas de los consumidores y a los cambios regulatorios. El retiro de colorantes certificados puede influir en las estrategias de otras compañías y en el desarrollo de nuevos productos.

La implementación de cambios en los ingredientes es monitoreada por autoridades y organizaciones del sector. El proceso de General Mills establece un precedente para el resto de la industria y puede modificar la oferta de alimentos procesados en el país.

La Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas logró la aprehensión de un cuarto menor presuntamente vinculado con la desaparición y el homicidio de Jafet González, conductor de una plataforma digital y estudiante universitario.

El adolescente deberá comparecer ante un juez para la formulación de los cargos y la definición de una medida cautelar.

Con esta captura, la investigación suma seis personas vinculadas: cuatro adolescentes y dos adultos de 18 y 19 años. Tres de los menores permanecen bajo detención provisional, mientras que el último aprehendido estaba pendiente de audiencia.

El Ministerio Público informó que investiga a los sospechosos por homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir. Esos mismos cargos serán presentados contra el cuarto adolescente durante la audiencia de garantías, de acuerdo con la información oficial de la Procuraduría General de la Nación.

González desapareció durante la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Según las investigaciones, varios de los sospechosos abordaron el automóvil cuando el joven prestaba servicios como conductor. Desde ese momento, sus familiares desconocen el paradero de su cuerpo.

La hipótesis presentada durante las audiencias señala que el grupo pretendía apoderarse del vehículo y trasladarlo hacia Costa Rica. De acuerdo con la declaración de un testigo protegido, González fue privado de libertad y presuntamente estrangulado dentro del automóvil antes de que su cuerpo fuera lanzado al río Santa María.

Ese relato forma parte de los elementos incorporados a la investigación, pero deberá ser comprobado durante el proceso judicial. Hasta el momento, el cadáver no ha sido localizado, por lo que las autoridades mantienen abierta la búsqueda y continúan recopilando evidencias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

El vehículo conducido por González fue encontrado abandonado días después en el sector de Los Ruices, provincia de Veraguas. Su recuperación se convirtió en una de las principales evidencias materiales del expediente y permitió desarrollar nuevas diligencias relacionadas con el recorrido de los presuntos agresores después del crimen.

Los equipos de rescate han concentrado sus esfuerzos en las aguas y riberas del río Santa María, principalmente en el distrito de San Francisco. El operativo comenzó en los alrededores del puente de Tierra Hueca y se extendió hacia sectores ubicados río abajo, siguiendo el punto señalado por el testigo protegido.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección de Investigación Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público ha recorrido más de 12 kilómetros del cauce sin resultados positivos. Las corrientes, la extensión del área y las condiciones del río han complicado las labores de rastreo, que también cuentan con el apoyo de voluntarios y familiares.

La búsqueda continuaba este viernes en el río Santa María, según los reportes divulgados por las autoridades. En las jornadas anteriores, los rescatistas inspeccionaron zonas cercanas a Los Higos y Los Panamaes, mientras peritos y agentes verificaban información relacionada con los lugares por donde pudieron movilizarse los implicados.

Los dos adultos fueron llevados ante un tribunal de garantías, que declaró legales sus aprehensiones, admitió la imputación de los cuatro delitos investigados y ordenó su detención provisional. Los primeros tres adolescentes también quedaron sometidos a esa medida cautelar dentro del régimen penal especial aplicable a menores de edad.

La nueva captura amplía el grupo investigado respecto de la información publicada inicialmente por Infobae, cuando cinco personas permanecían vinculadas judicialmente. El expediente ahora comprende cuatro menores y dos mayores de edad, aunque cada uno deberá responder de acuerdo con su situación procesal particular.

Mientras avanzan las audiencias, familiares, compañeros y miembros de la comunidad universitaria han pedido que el operativo no concluya hasta encontrar a González. La ausencia del cuerpo mantiene abierta una parte esencial de la investigación, pese a que la Fiscalía ya tramita el caso bajo la calificación provisional de homicidio agravado.

Alex Jesús Gonzáles Beria, migrante cubano de 23 años, fue hallado muerto la mañana del 27 de agosto bajo dos contenedores de 40 pies en un recinto de almacenamiento de la empresa Muneshwers, ubicado en Houston Road, East Bank Demerara, Guyana. El joven trabajaba como obrero para una compañía constructora contratada por Muneshwers, de acuerdo con información de la Policía guyanesa citada por Cubanet.

Según la investigación policial, el accidente habría ocurrido entre las 2:36 y las 4:00 de la tarde del 26 de agosto, durante trabajos de relleno realizados en el lote W9 de Houston Road. Un operario filipino de 43 años declaró que utilizó maquinaria para manipular contenedores vacíos y colocó dos estructuras en el área occidental del recinto, asegurando que no detectó la presencia de personas en la zona.

El hallazgo del cuerpo de Gonzáles Beria ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del jueves, cuando varios empleados dieron la alerta tras descubrirlo inmóvil y con múltiples lesiones bajo los contenedores. Cerca del cuerpo se hallaron unas botas largas y un casco de seguridad amarillo. Técnicos de emergencias médicas y un médico del Georgetown Public Hospital Corporation llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del joven. La Policía procesó la escena y trasladó el cadáver a la funeraria Memorial Gardens, donde permanece a la espera de una autopsia, mientras se mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del hecho.

Cubanet, citando a News Source Guyana, señala que Gonzáles Beria residía en Canal No. 1, en West Bank Demerara, y trabajaba en el sector de la construcción. Un responsable de seguridad de Muneshwers evitó hacer comentarios, mientras familiares y amigos del joven acudieron al recinto en busca de respuestas. Inicialmente, se barajó la hipótesis de que el cubano habría estado durmiendo en un espacio del recinto cuando se colocaron los contenedores, aunque la Policía no confirmó esta versión y mantiene bajo investigación las causas exactas del accidente.

La muerte de Gonzáles Beria ocurre en un contexto de creciente presencia cubana en Guyana. De acuerdo con Yordan Gil, vicepresidente de Cuba-Guyana Community, en octubre de 2025 se estimaba que entre 5,000 y 6,000 cubanos residían en el país sudamericano. Muchos de ellos, según Gil, se desempeñan en sectores como la construcción, el comercio y la comida rápida, ante las dificultades para regularizar sus títulos profesionales y acceder a la residencia. Gil manifestó que la comunidad ha formado redes de apoyo para ayudar a compatriotas con trámites migratorios y legales, reuniendo a unos 5,000 miembros en un grupo de WhatsApp.

Las autoridades guyanesas informaron en marzo de 2026 que, durante 2025, más de 12,000 trabajadores migrantes fueron registrados y contaban con permisos laborales. El ministro de Trabajo, Keoma Griffith, atribuyó este aumento a la expansión económica del país, especialmente en petróleo, construcción y servicios. Griffith subrayó la necesidad de cumplir con protocolos de salud y seguridad tras reportar 13 muertes y 64 incidentes no mortales en lugares de trabajo entre enero y abril de 2026, calificando la cifra de inaceptable.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a que los cubanos accedan al mercado laboral por vías legales y cumpliendo los requisitos migratorios, ya que los pasaportes ordinarios requieren visa para ingresar al país. Guyana también se ha consolidado como punto de tránsito para migrantes cubanos que buscan llegar a Brasil, con rescates recientes de migrantes en la frontera por parte de la Policía Federal brasileña.

El fallecimiento de Gonzáles Beria se suma a otra muerte laboral de un cubano en Guyana ocurrida en julio, cuando un trabajador de 25 años perdió la vida tras un accidente en una obra en Providence. Ambos casos reflejan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en un entorno donde la demanda de mano de obra extranjera crece aceleradamente y los controles de seguridad laboral resultan insuficientes, según la recopilación de datos y testimonios publicada por Cubanet.

El nuevo ajuste semanal de combustibles en Honduras llegará con una paradoja: las gasolinas bajarán ligeramente, pero el diésel volverá a subir, precisamente el combustible que tiene mayor incidencia sobre transporte de carga, buses, maquinaria y distribución de productos.

La Secretaría de Energía informó que los nuevos precios entrarán en vigencia el lunes 31 de agosto.

En Tegucigalpa, el diésel aumentará L1,95 (US$0.07) y llegará a L143,23 por galón (US$5.33).

En San Pedro Sula, el incremento será de L1,86 (US$0.07), para alcanzar L139,23 (US$5.18).

Aunque el alza individual parece pequeña, su impacto puede multiplicarse cuando se traslada a flotas que consumen cientos o miles de galones cada semana.

El diésel tiene un peso distinto al de las gasolinas dentro de la economía.

Camiones de carga, unidades de transporte, maquinaria agrícola y equipos utilizados en construcción dependen en gran medida de este combustible.

Por eso, un incremento sostenido puede terminar reflejándose en fletes, costos logísticos y eventualmente en los precios de productos que deben trasladarse largas distancias.

El efecto no necesariamente aparece de inmediato en el consumidor final, pero sí aumenta la presión sobre empresas y transportistas que ya operan con márgenes estrechos.

En Tegucigalpa, la gasolina súper disminuirá L0,71 (US$0.03) y quedará en L137,91 (US$5.13) por galón.

La regular bajará L0,29 (US$0.01), hasta L128,31 (US$4.78).

En San Pedro Sula, la súper tendrá una reducción de L0,75 (US$0.03) y costará L133,88 (US$4.98).

La regular disminuirá L0,47 (US$0.02) y se venderá a L124.28 (US$4.63).

Las rebajas representan un alivio para conductores particulares, pero son inferiores al incremento aplicado al diésel.

Así quedan los demás combustibles

El kerosene también tendrá una ligera reducción.

En Tegucigalpa bajará L0,32 (US$0.01) hasta L124,06 (US$4.62), mientras que en San Pedro Sula disminuirá L0,36 (US$0.01) y quedará en L120 (US$4.47).

El GLP vehicular aumentará L0.03, una variación inferior a un centavo de dólar, y se ubicará en L48,46 (US$1.80) en Tegucigalpa y L44.93 (US$1.67) en San Pedro Sula.

El cilindro de GLP doméstico mantendrá su valor: L249,62 (US$9.29) en Tegucigalpa y L228,47 (US$8.51) en San Pedro Sula.

La nueva estructura vuelve a mostrar que no todos los combustibles tienen el mismo efecto económico.

Una reducción en la gasolina beneficia directamente a quienes utilizan vehículos particulares.

Pero un aumento en diésel puede tener consecuencias más amplias porque forma parte del costo de mover alimentos, materiales, mercancías y personas.

Eso explica por qué el verdadero dato de la próxima semana no está en los centavos que bajan las gasolinas, sino en el nuevo incremento del combustible que sostiene buena parte de la cadena logística del país.

Si la tendencia continúa durante varias semanas, el riesgo no será únicamente pagar más al llenar un tanque.

Será que parte de ese aumento termine trasladándose al precio de los productos que llegan hasta los hogares hondureños.

Además, el comportamiento del diésel será especialmente relevante para sectores como el transporte interurbano, la distribución de alimentos, la agricultura y la construcción, donde el combustible representa una parte importante de los costos operativos.

Un ciudadano nicaragüense, identificado con el apellido Estrada, permanece desaparecido en Costa Rica después de haber sido presuntamente secuestrado en la localidad de Horquetas de Sarapiquí.

De acuerdo con testimonios de familiares, los captores exigieron un rescate de cinco millones de colones —equivalentes a unos USD 11,000— a cambio de su liberación. El caso, que ha generado alarma entre la comunidad migrante y la opinión pública costarricense, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes ejecutaron varios allanamientos en busca de pistas sobre el paradero de la víctima y los responsables del secuestro.

Según información oficial publicada por La Mesa Redonda, Estrada residía en la zona de Los Santos, en San José, y el pasado 21 de agosto se trasladó hasta Horquetas utilizando un taxi informal. Tanto él como el conductor del vehículo fueron privados de libertad y trasladados a una vivienda, aunque el taxista fue liberado el sábado por la tarde tras comprobarse que no tenía relación con el hecho.

Estrada, por el contrario, permanece desaparecido y las autoridades mantienen activo un operativo para su localización.

Durante las acciones policiales, el OIJ realizó al menos tres allanamientos en diferentes viviendas de Horquetas, donde presuntamente habría estado retenida la víctima. Además, las autoridades intervinieron un búnker en el que hallaron cantidades de droga. Según el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, el grupo criminal investigado estaría vinculado con tráfico de drogas y podría estar relacionado con otros casos de secuestro extorsivo en la región. Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, aunque otros sospechosos continúan prófugos.

Uno de los principales hallazgos de los investigadores es que la evidencia recolectada permite establecer que Estrada estuvo en uno de los inmuebles allanados, lo que refuerza la hipótesis de que fue víctima de una organización dedicada a la privación de libertad y la extorsión. Muñoz señaló que “la prioridad es ubicarlo con vida”, mientras se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluido el posible móvil económico y la relación del caso con otras actividades delictivas. El OIJ también pidió la colaboración ciudadana para identificar y localizar a los sospechosos cuyas imágenes fueron difundidas públicamente.

Este caso se suma a una tendencia preocupante para la comunidad nicaragüense migrante en Costa Rica y en otros países de la región. De acuerdo con diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, los nicaragüenses enfrentan actualmente riesgos crecientes de desaparición, secuestro y muerte fuera de su país de origen, en contextos marcados por la migración forzada, la precariedad laboral y la acción de redes criminales transnacionales.

Según la organización Nicaragua Nunca Más, al menos 70 nicaragüenses han sido reportados como desaparecidos en el extranjero en los últimos tres años, principalmente en Costa Rica, México y Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que entre 2018 y 2026 se han documentado más de 150 muertes de nicaragüenses migrantes en rutas hacia el norte, mientras que otras organizaciones especializadas como la Red de Monitoreo de Migración reportan al menos 95 casos de personas fallecidas o desaparecidas tan solo en el último año.

El aumento de estos casos ha llevado a familiares y activistas a exigir acciones coordinadas entre los gobiernos de la región para investigar y prevenir estos delitos, así como para garantizar la protección de los derechos de quienes se ven obligados a migrar. Las cifras revelan no solo la vulnerabilidad de la población migrante, sino también el impacto que tiene la criminalidad organizada sobre quienes buscan alternativas de vida fuera de Nicaragua.

Mientras continúa la búsqueda de Estrada en Costa Rica, el caso reaviva el debate sobre la seguridad de los migrantes nicaragüenses y la urgencia de respuestas integrales que aborden tanto las causas estructurales de la migración como la persecución efectiva de las redes delictivas que operan en la región. Cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la víctima o a los sujetos buscados puede llamar de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate una reforma que amplía y modifica los descuentos concedidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.

La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.

Uno de los principales cambios se encuentra en los medicamentos. La legislación vigente reconoce un descuento del 20% sobre su valor, mientras que el proyecto eleva el beneficio al 30%.

En hospitales y clínicas privadas se mantiene el 15%, pero la cobertura se extiende expresamente a laboratorios, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.

La iniciativa también incorpora un 15% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana y fija un 20% para pañales desechables de adultos.

La Acodeco ya interpretaba que algunos de esos artículos podían recibir beneficios como aparatos de ayuda, pero ahora quedarían identificados directamente dentro de la ley.

En equipos de asistencia se establece un descuento del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y sanitarios portátiles. La lista incluye además sillas de baño, rodadores con asiento, colchones para pacientes encamados y camas hospitalarias, ampliando la disposición vigente que concede 20% para prótesis y accesorios de ayuda.

Otro beneficio nuevo es la reducción del 30% en los servicios de internet y televisión por cable, siempre que el contrato residencial no supere $50 mensuales, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. La tarifa ordinaria se aplicaría a cualquier monto que exceda ese límite.

En el servicio de agua, el descuento pasaría del 25% vigente al 30%, aplicable cuando el consumo mensual no sea superior a $30. El contrato deberá estar a nombre del beneficiario, corresponder a un servicio residencial y utilizarse en su vivienda principal; el excedente quedará sujeto a la tarifa regular.

La reforma también elevaría del 1% al 2% la reducción en la tasa de interés de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda propia. Sin embargo, el proyecto excluye de este beneficio a los financiamientos otorgados bajo leyes de interés preferencial, que actualmente reciben condiciones subsidiadas mediante otro régimen legal.

En productos financieros se conservaría el descuento del 15% sobre la tasa máxima permitida para determinados créditos, pero se añadiría una reducción igual en la anualidad de tarjetas de crédito y débito. También se aplicaría un 15% a las pólizas contratadas para asegurar productos bancarios o financieros.

El texto agrega un descuento del 30% sobre el cargo fijo de gastos notariales por documentos, certificaciones o declaraciones emitidos a nombre del beneficiario. En las actividades recreativas se mantiene el 50% para cines, teatros, deportes y espectáculos públicos, pero se incorporan expresamente los centros de visitantes.

En hospedaje, los porcentajes no cambian: continuará el descuento del 50% de lunes a jueves y del 30% durante los fines de semana. La modificación consiste en incluir de manera expresa a los hostales, junto con hoteles, moteles y pensiones, dentro de los establecimientos obligados a aplicar el beneficio.

El proyecto introduce además una regla para las promociones. Cuando un establecimiento ofrezca un precio promocional inferior al que resultaría del descuento legal, deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre esa oferta. Los negocios tendrán que mostrar el precio regular y el promocional para permitir la comparación por parte del consumidor.

Las sanciones también aumentarían. Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000; la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000. Cada reincidencia duplicará la sanción anterior y la Acodeco continuará encargada de recibir, investigar y resolver las denuncias correspondientes.

La mitad de lo recaudado ingresaría al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras el resto se destinaría al Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social. Los establecimientos también deberán mantener en un lugar visible la información sobre los descuentos y habilitar ventanillas o filas de atención prioritaria.

Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.

Durante las consultas legislativas, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la ampliación podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal. Gremios empresariales también alertaron sobre posibles aumentos de precios, restricciones al crédito y costos operativos, especialmente en los sectores farmacéutico, turístico, bancario y asegurador.

El proyecto fusionó tres iniciativas y quedó pendiente de la decisión del presidente José Raúl Mulino. Hasta que sea sancionado y publicado en la Gaceta Oficial, continúan aplicándose los porcentajes establecidos en la legislación actual; por tanto, los nuevos descuentos todavía no pueden exigirse en comercios ni entidades de servicios.

Un tribunal federal de Atlanta condenó a Brittany Hudson a 16 años y tres meses de prisión por encabezar uno de los fraudes corporativos más grandes cometidos contra Amazon en Estados Unidos. La sentencia, dictada en la Corte del Distrito Norte de Georgia, ordenó la restitución de más de 9,4 millones de dólares y la confiscación de bienes de lujo, como una vivienda en Smyrna y varios vehículos deportivos. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), que actúa bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), el caso expuso graves debilidades en los controles internos de la empresa tecnológica.

De acuerdo con Fox News, Hudson lideró la operación junto a Kayricka Wortham, quien fue condenada a 17 años de prisión tras reconocer su culpa por fraude y falsificación de documentos federales. Entre enero y junio de 2022, ambas crearon más de mil facturas falsas usando proveedores inexistentes en los sistemas internos de Amazon. Wortham, como gerente de operaciones en un depósito de la empresa, validó pagos fraudulentos por cerca de 9,4 millones de dólares, que se transfirieron a cuentas personales. Los fondos robados se usaron para comprar una casa de casi un millón de dólares en Smyrna, un Lamborghini Urus, un Tesla Model X, un Porsche Panamera, un Dodge Durango y una motocicleta Kawasaki.

El caso se destaca tanto por la magnitud de los fondos desviados como por la sofisticación de los métodos empleados para vulnerar los controles internos de Amazon. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) detalló que las acusadas intentaron cometer un segundo fraude mientras estaban en libertad bajo fianza, utilizando documentos judiciales falsificados y la firma apócrifa de un juez federal para obtener un contrato de franquicia en Atlanta. Las autoridades federales, bajo el paraguas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), siguen investigando la posible participación de otros empleados y el destino final de los fondos sustraídos.

¿Cómo fue el fraude millonario contra Amazon en Atlanta?

La investigación oficial de la Oficina del Fiscal Federal (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), confirmó que Hudson administraba una empresa subcontratada por Amazon para la entrega de paquetes. Junto a Wortham, quien tenía acceso privilegiado a los sistemas internos de la compañía, organizó un esquema que permitió aprobar más de mil facturas ficticias en solo seis meses. Estos documentos simulaban servicios de proveedores inexistentes y permitieron transferir dinero directamente a cuentas personales de las responsables.

Wortham validó perfiles de proveedores falsos y autorizó pagos por un monto cercano a los 9,4 millones de dólares. La operación permitió desviar los fondos hacia la compra de bienes de lujo. Según información detallada por Fox News, las autoridades incautaron una casa valuada en casi un millón de dólares en Smyrna, cinco vehículos deportivos y más de 7,8 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias asociadas a Hudson.

¿Qué sentencias y confiscaciones dictó la justicia federal de EE.UU.?

La sentencia contra Hudson incluye, además de la pena de prisión, tres años de libertad supervisada y la obligación de restituir 9.469.731 dólares a Amazon. El tribunal ordenó la confiscación de la residencia de Smyrna, fondos en cuentas bancarias y un fallo de decomiso monetario superior a 7,8 millones de dólares. Wortham, quien admitió su responsabilidad, recibió una condena inicial de 16 años ampliada a 17 tras declararse culpable de falsificar la firma de un juez federal mientras estaba en libertad bajo fianza.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) destacó que la sentencia responde a la gravedad del delito y a la complejidad del caso. “Hudson y su socia planificaron un fraude masivo contra Amazon, robando cerca de 10 millones de dólares en pocos meses. Luego, Hudson mostró desprecio total por la ley al falsificar la firma de un juez federal”, señaló el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, citado por Fox News. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) recalcó la importancia de la resolución para la prevención de delitos económicos de alto impacto.

¿Cómo intentaron Hudson y Wortham otro fraude con documentos judiciales falsos?

Mientras esperaba el juicio bajo fianza, Hudson intentó abrir un negocio en Atlanta presentando documentación judicial falsificada ante una empresa de franquicias. Para convencer a los responsables de que no tenía antecedentes penales, utilizó documentos con la firma falsa de un juez federal y de un magistrado del condado de Cobb, además de estados bancarios apócrifos. La maniobra fue detectada por la Oficina del Fiscal Federal (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) y sumó cargos a la causa principal.

El episodio agravó la situación judicial de Hudson y Wortham, quienes ya estaban acusadas de fraude masivo contra Amazon. El tribunal consideró la reiteración de conductas fraudulentas como un agravante, lo que resultó en una condena mayor para ambas.

¿Qué bienes incautó la justicia y qué parte del dinero se recuperó?

La sentencia implicó la confiscación de una vivienda de casi un millón de dólares, un Lamborghini Urus, un Tesla Model X, un Porsche Panamera, un Dodge Durango y una motocicleta Kawasaki. Además, la justicia federal incautó más de 7,8 millones de dólares en efectivo y en cuentas bancarias asociadas a Hudson. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), aún no se ha precisado cuánto del dinero robado pudo recuperarse de forma efectiva.

Fox News informó que la identidad de otros posibles implicados no fue revelada por las autoridades. Tampoco se conoció el nombre de la empresa franquiciante que fue blanco del intento de fraude posterior.

¿Qué impacto deja el caso en Amazon y en las grandes tecnológicas?

El fraude contra Amazon evidenció los riesgos a los que están expuestas las grandes compañías tecnológicas ante esquemas de corrupción interna y falsificación de documentos. El uso de proveedores ficticios y la validación de facturas falsas por empleados con acceso privilegiado mostró desafíos en la seguridad de los sistemas corporativos. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), la empresa colaboró con la investigación y facilitó el rastreo de los fondos desviados.

El caso dejó abiertas preguntas sobre la recuperación total de los activos y el grado de participación de terceros en el esquema. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) subrayó que la colaboración entre empresas y autoridades es clave para detectar y sancionar delitos económicos a gran escala.

¿Qué dice la justicia federal de Estados Unidos sobre este caso?

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), consideró que el fallo envía un mensaje claro sobre la persecución de delitos financieros de alto impacto. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg remarcó que la sentencia busca responder a la gravedad y reiteración de las conductas delictivas.

“La justicia federal sostiene que la condena es proporcional a la magnitud del fraude y al riesgo sistémico que implica para empresas y consumidores”, señala la comunicación oficial de la Oficina del Fiscal Federal, citada por Fox News. El organismo confirmó que la investigación sobre otros posibles cómplices y el destino de los fondos continúa abierta.

¿Por qué es relevante este caso para el sector privado en Estados Unidos?

La sentencia de Brittany Hudson y Kayricka Wortham marcó un precedente para los procedimientos internos de control y auditoría en grandes empresas estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) advirtió que el caso sirve de advertencia a quienes pretendan explotar debilidades en los sistemas de pago y contratación de proveedores externos.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) subrayó que las medidas tomadas por Amazon para colaborar con la investigación permitieron descubrir el esquema y sentar las bases para la recuperación parcial de los activos.

¿Cuáles son los próximos pasos judiciales y empresariales tras la condena?

Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), la investigación sobre la participación de otros empleados y la recuperación total de los fondos robados sigue en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) seguirá impulsando acciones para fortalecer la cooperación entre el sector público y privado en la prevención de fraudes tecnológicos.

El caso de Hudson y Wortham puso en agenda la importancia de blindar los sistemas internos de grandes corporaciones y de responder con firmeza a delitos económicos de gran escala en el entorno digital.

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 18-2026 que reforma el IUSI y exime del pago a viviendas de uso residencial y mixto, una decisión que fue publicada este viernes en el Diario de Centro América y que entrará en vigor dentro de 90 días, pese a que el Ministerio de Finanzas Públicas advirtió que la medida puede restar Q1.200 millones a los ingresos de las municipalidades.

La reforma modifica uno de los tributos municipales vinculados al financiamiento local de servicios y obras.

Durante esos 90 días previos a su vigencia, el impuesto debe seguir pagándose, según se desprende del calendario fijado por la propia ley.

El decreto había sido aprobado por el Congreso de la República el 29 de julio y llegó al despacho presidencial el 7 de agosto para su análisis. La sanción se conoció con la publicación oficial de la norma, luego de que el mandatario evaluara si vetaba o aprobaba los cambios.

En la conferencia de prensa La Ronda del 10 de agosto, Arévalo había dicho que la revisión incluía criterios técnicos y políticos para determinar si la reforma respondía a una necesidad de la población o a otros intereses. La decisión final se produjo dentro de los plazos constitucionales.

La reforma elimina el cobro a viviendas y fija tasas de entre 3 y 9 por millar para inmuebles comerciales

El cambio central de la ley consiste en la exoneración del IUSI para inmuebles destinados únicamente a vivienda de uso residencial y de uso mixto. El otro eje de la reforma redefine la escala del impuesto anual para propiedades destinadas a actividades comerciales, según su valor inscrito.

La nueva tabla establece una tasa de 3 por millar para inmuebles con valor de entre Q0 y Q500.000. Para propiedades con valor de Q500.000,01 a Q1.000.000 la tasa será de 6 por millar, y para las que superen Q1.000.000,01 la tasa subirá a 9 por millar.

El IUSI es un tributo que pagan los propietarios de bienes inmuebles a la municipalidad donde se ubica la propiedad. Su cobro es trimestral y está regulado por la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles de 1998.

La norma también prohíbe que las municipalidades o cualquiera de sus dependencias condicionen la prestación de servicios públicos bajo su cargo, entre ellos agua potable, recolección de basura y alumbrado público. Si alguna entidad municipal limita esos servicios, la ley dispone que podrá enfrentar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El Ministerio de Finanzas advirtió sobre el impacto fiscal en las comunas

Antes de la sanción, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig sostuvo que la eliminación del cobro del IUSI sobre viviendas reduciría en Q1,200 millones los ingresos municipales. Según el funcionario, esa merma comprometería recursos destinados a agua, saneamiento, seguridad, parques e infraestructura comunitaria.

Menkos dijo en declaraciones difundidas por los medios oficiales del Minfin: “Nuestro cálculo es que las municipalidades dejarían de recibir alrededor de Q1,200 millones como fruto de este cambio. Mi opinión técnica, como lo he expresado, es que cualquier reforma en este país que merme los recursos del Estado es una reforma que no está observando las necesidades de desarrollo que tiene la sociedad en general”.

El ministro agregó que el IUSI no solo recauda fondos, sino que forma parte de los mecanismos de descentralización y autonomía municipal. También recordó que la Constitución prevé traslados de recursos hacia los gobiernos locales, entre ellos el situado constitucional, aunque advirtió que compensar la pérdida de este tributo sería difícil y que el Gobierno tendría que explorar alternativas.

Según Menkos, la medida tiene un efecto regresivo porque la mayoría de la población no posee inmuebles de alta plusvalía y sí depende de los servicios financiados con esa recaudación. En su planteamiento, la pérdida de esos fondos afectaría a las comunidades más que a la estructura administrativa de los municipios.

La discusión legislativa sobre el impuesto venía desde 2024

El debate sobre cambios al IUSI no comenzó con el decreto recién sancionado. En 2024, varios diputados presentaron la iniciativa 6369 para reducir los porcentajes aplicados al impuesto, pero esa propuesta no obtuvo la aprobación de la comisión legislativa correspondiente.

En 2025 ingresó la iniciativa 6586, que también planteaba una reducción del IUSI e incluía en su versión inicial una exoneración para adultos mayores y jubilados. Esa propuesta sí recibió dictamen favorable de la comisión a finales de ese año, aunque después fue modificada durante su trámite en el Congreso de la República.

La versión que finalmente llegó al Ejecutivo quedó concentrada en dos disposiciones: la exoneración para viviendas residenciales o mixtas y la redefinición de tasas para inmuebles comerciales. Con la sanción presidencial y la publicación en el Diario de Centro América, el decreto quedó aprobado de forma definitiva y su aplicación comenzará una vez vencido el plazo de 90 días.

En menos de 24 horas, autoridades decomisaron 1.240 kilogramos de presunta cocaína en El Progreso, Yoro, ocultos en un compartimiento falso de un camión cisterna, y otros 520 kilogramos en una carretera hacia Güinope, El Paraíso, dentro de otro vehículo modificado.

En conjunto, las operaciones representan 1,76 toneladas de droga interceptadas en dos corredores diferentes del país.

Más allá del volumen, el dato revela un cambio importante: las estructuras de narcotráfico están utilizando simultáneamente rutas del norte y del oriente para mover cargamentos hacia el occidente y eventualmente hacia Guatemala.

El operativo de mayor tamaño ocurrió en El Progreso.La Dirección Nacional Policial Antidrogas interceptó una cisterna que se desplazaba por la carretera CA-13 desde La Ceiba hacia San Pedro Sula y posteriormente al occidente.

Dentro de un falso compartimiento fueron encontrados 56 fardos, con un peso preliminar de 1.240 kilogramos.

Durante la operación también fueron decomisados cuatro fusiles, tres pistolas, municiones y chalecos antibalas, mientras tres personas fueron detenidas.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que el vehículo había sido seguido durante varios meses como parte de investigaciones contra una estructura dedicada al tráfico de drogas.

La hipótesis oficial apunta a que el cargamento tenía como destino Guatemala, desde donde podría continuar hacia México y Estados Unidos.

El otro cargamento apareció en el oriente

Horas antes, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico había decomisado 520 kilogramos de presunta cocaína en un camión de carga interceptado en una carretera hacia Güinope.

La droga estaba escondida en otro compartimiento falso construido en la base del vehículo.

El cargamento fue valorado en aproximadamente L98,8 millones dentro del mercado hondureño y en unos US$6,78 millones en el mercado internacional, según estimaciones divulgadas después del operativo.

La coincidencia de ambos casos refuerza una tendencia: el narcotráfico continúa modificando vehículos comerciales para ocultar grandes cantidades de droga y utilizar carreteras nacionales como corredores terrestres.

Las rutas ya no son las mismas

Durante años, el Caribe hondureño fue considerado el principal punto de ingreso de cargamentos procedentes de Sudamérica.

Desde allí, la droga avanzaba por el corredor norte y posteriormente hacia el occidente. Pero las autoridades aseguran que ese mapa está cambiando.

El aumento de operaciones en el Caribe ha empujado a estructuras criminales a explorar rutas por el Pacífico, el sur y el oriente, utilizando caminos secundarios, manglares y vehículos con compartimientos ocultos.

En agosto, por ejemplo, Marcovia, Choluteca, concentró varios decomisos sucesivos que superaron las 1,4 toneladas.

Ahora, las operaciones de El Progreso y Güinope muestran que los cargamentos también están moviéndose simultáneamente por otros corredores.

La DNPA afirma haber decomisado alrededor de 3,5 toneladas de presunta cocaína en 2026, con una afectación económica calculada en unos L900 millones para las estructuras criminales.

Las cifras muestran capacidad de interdicción, pero también plantean otra lectura.

Si los decomisos aumentan, eso puede significar mejores operaciones policiales, pero también que el volumen de droga que intenta atravesar el país sigue siendo elevado.

Las autoridades trabajan con Fuerzas Armadas, DEA y otras agencias estadounidenses mediante intercambio de inteligencia.

El siguiente paso será determinar la procedencia exacta de los cargamentos, quién financió su traslado y qué organizaciones coordinaban la ruta.

Porque el decomiso termina cuando la droga es incautada. La investigación realmente empieza cuando las autoridades intentan establecer quién estaba detrás de las 1,76 toneladas que cruzaban Honduras por dos rutas diferentes el mismo día.

El modelo de exportación de servicios sanitarios implementado por el gobierno de Cuba se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional. A través de una investigación periodística realizada y documentada por el diario El Universal, se exponen los mecanismos de contratación, el control financiero y las violaciones a los derechos laborales que sufren miles de profesionales de la salud enviados al extranjero bajo el paraguas del Estado cubano.

El funcionamiento de las misiones médicas sigue una estructura corporativa centralizada. En lugar de establecer contratos directos entre los profesionales de la salud y las instituciones receptoras, los gobiernos extranjeros transfieren los pagos a empresas estatales cubanas.

Un caso ilustrativo resaltado por El Universal ocurrió cuando Angola destinó 71,3 millones de euros ($82,672,350), para contratar a más de 1,100 especialistas. Los fondos no fueron entregados a los médicos, sino a la Corporación Antillana Exportadora, S.A. (Antex), una entidad bajo control estatal cubano.

A través de este modelo, La Habana selecciona al personal, fija sus salarios, administra las divisas y retiene la mayor parte de los ingresos generados. Informes de la Human Rights Foundation (HRF) y de Archivo Cuba señalan que el régimen retiene hasta un 85% de los salarios. Se estima que esta exportación de profesionales genera para las arcas estatales cubanas más de 4,000 millones de dólares anuales.

En la práctica, los médicos reciben estipendios reducidos. Por ejemplo, en contratos de Antex en Angola, de un pago básico mensual de 950 dólares, apenas 200 dólares eran entregados localmente en moneda nacional. El remanente permanecía retenido en la isla y condicionado a la conducta del profesional durante el servicio.

Restricciones a las libertades individuales y condiciones laborales

Las denuncias formuladas por profesionales que han abandonado estas misiones documentan un régimen severo de supervisión y control personal. Entre las limitaciones reportadas a El Universal por médicos participantes se encuentran:

• Control documental: Confiscación y retención de pasaportes.
• Restricción de movilidad: Prohibición de desplazarse dentro del país de destino sin autorización escrita previa.
• Injerencia en la vida personal: Prohibición estricta de contraer matrimonio o reconocer hijos durante el periodo de la misión.
• Vigilancia ideológica: Censura sobre declaraciones públicas, opiniones políticas y uso de redes sociales.
• Sanciones y separación familiar: Penalizaciones financieras y privación del derecho a regresar a Cuba ante salidas anticipadas o “deserciones”, lo que en diversos casos ha impedido a los profesionales visitar a familiares en estado crítico de salud.

¿Por qué esta situación es grave para el régimen cubano?

Las evidencias e investigaciones recopiladas por El Universal representan un golpe crítico para el gobierno de Cuba por múltiples factores estructurales:

• Pérdida del principal activo diplomático: Las misiones médicas han sido el pilar de la propaganda internacional del régimen para proyectar una imagen de solidaridad. La catalogación de este sistema como trata de personas desmantela su valor reputacional.
• Amenaza a la mayor fuente de divisas: La exportación de servicios profesionales supera a sectores tradicionales como el turismo o las remesas. El aumento de sanciones, la cancelación de convenios y la presión judicial sobre socios e intermediarios amenazan directamente los ingresos fiscales de la isla.
• Riesgo de responsabilidad penal y financiera: Las demandas judiciales en curso contra organismos intermediarios establecen precedentes que podrían obligar a restituir fondos retenidos o indemnizar a las víctimas.
• Aumento en la tasa de deserción: Se calcula que entre 15,000 y 20,000 profesionales han abandonado las misiones. Esto genera un desgaste interno considerable y evidencia la crisis del modelo de control social fuera de sus fronteras.

Frente a estas acusaciones, el régimen cubano sostiene que los cuestionamientos forman parte de una campaña promovida desde el extranjero para desacreditar la cooperación médica internacional iniciada en 1963, la cual abarca a más de 600 000 trabajadores sanitarios desplegados en más de 160 países a lo largo de su historia.

En Cuba, la expresión “2+2=5” se usa como metáfora de una disputa por la realidad: remite a 1984, la novela que George Orwell publicó en 1949, y hoy funciona como ironía política entre personas críticas del régimen porque condensa una idea precisa: cuando el poder logra imponer una falsedad evidente, también puede moldear la percepción de lo verdadero.

La frase no alude a matemáticas ni a una creencia literal. Se utiliza para señalar la distancia entre lo que una parte de la población dice vivir en la vida cotidiana y la versión oficial de determinados acontecimientos.

En la novela, el protagonista Winston Smith es presionado para aceptar que dos más dos son cinco, aunque sabe que el resultado es cuatro. La escena resume uno de los núcleos del libro: el intento de un régimen totalitario por controlar no solo lo que las personas dicen, sino también lo que pueden considerar cierto.

Orwell convirtió la fórmula en un símbolo de la manipulación de la verdad

Orwell escribió 1984 después de haber vivido hechos como la Guerra Civil Española y de observar de cerca el peso de la propaganda política sobre la información. De esa experiencia surgió también el concepto de “doblepensar”: la capacidad de aceptar al mismo tiempo dos ideas contradictorias porque el poder así lo exige.

Por eso “2+2=5” terminó convertida en una fórmula más amplia que una cita literaria. La frase expresa que los hechos pueden quedar subordinados a la verdad que una autoridad consigue instalar en la sociedad.

El símbolo adquirió una carga histórica asociada a los regímenes totalitarios del siglo XX y a sus mecanismos de propaganda. Su fuerza proviene de la sencillez: una operación elemental alterada para exhibir cómo la mentira puede presentarse como norma.

En la isla la consigna ganó fuerza con redes sociales, memes y periodismo independiente

En el contexto cubano, la expresión circula entre creadores de contenido, periodistas, opositores y otras voces críticas del gobierno. Suele aparecer como sarcasmo cuando alguien considera que las autoridades describen una situación de un modo, mientras la población afirma estar viviendo otra cosa.

Esa apropiación también se explica por una historia más larga de control de la información en la isla.

Después de la Revolución de 1959, el Estado cubano construyó un sistema de medios altamente centralizado, mientras las voces independientes enfrentaron durante décadas fuertes restricciones.

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales alteró esa relación. A partir de entonces, los cubanos empezaron a mostrar directamente desde sus teléfonos escenas y situaciones que podían contrastarse con el discurso oficial.

Ahí reside parte de la potencia de “2+2=5” como meme o consigna. Es una frase corta, reconocible y con una carga literaria que permite resumir un conflicto mayor: la convivencia de dos versiones de un mismo país, la que emite el poder y la que los ciudadanos intentan mostrar por su cuenta.

La fórmula tiene incluso antecedentes anteriores a Orwell. En 1931, dentro de la cultura soviética ya circulaban expresiones vinculadas con la aceptación de absurdos impuestos por la ideología, aunque fue el autor británico quien convirtió “2+2=5” en uno de los símbolos literarios más reconocibles de la manipulación de la verdad.

Esta tarde, el presidente Donald J. Trump entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de la misión de la NASA, Artemis II, que sobrevoló la Luna en abril de este año.

La ceremonia reunió a referentes de la política, la ciencia y la tecnología en un evento que recuerda otras grandes gestas de la conquista espacial. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, acompañó a la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Solo treinta personas han recibido este galardón, entre ellas Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard.

La premiación fue celebrada en el Centro Espacial Johnson en Houston (Texas); un evento caracterizado por otros anuncios que hizo el primer mandatario estadounidense sobre el futuro del programa espacial de Estados Unidos, como la instalación de una colonia en la Luna, o una misión nuclear a Marte.

Trump, prometió durante la ceremonia que la Humanidad volverá a pisar la Luna antes de que él termine su segundo y último mandato en 2028, y más de medio siglo después de que lo hiciera la misión del Apolo 17 en 1972 que llevó a los últimos dos astronautas que pisaron el suelo selenita.

“Vamos a tener una colonia. De hecho la están construyendo ahí arriba, en la Luna”, aseguró Trump, antes de recordar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, “ya ha comenzado a trabajar en la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, que se lanzará en 2028 en una misión a Marte.”

También desde Houston, el presidente de Estados Unidos anunció la creación de la futura Academia Militar Espacial, la primera institución académica militar desde la fundación en 1954 de la Academia de la Fuerza Aérea.

“Necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros y operadores civiles cualificados, emitiremos una orden ejecutiva para iniciar el proceso de creación de una nueva academia nacional: la Academia Espacial de Estados Unidos”, sostuvo Trump.

“Piensas en West Point, piensas en Annapolis, piensas en la Academia de la Fuerza Aérea, piensas en las academias de la Guardia Costera. Muy bien, todas son excelentes, pero ahora vamos a tener la Fuerza Espacial. Vamos a tener una academia para lo que más les apasiona a las personas presentes en esta sala”, remarcó el mandatario, quien minutos después firmó la correspondiente orden ejecutiva.

El legado de Artemis II

El regreso de seres humanos a la órbita lunar después de más de 50 años volvió a encender el sueño de la exploración y la conquista del espacio para toda una generación.

La tripulación de Artemis II fue protagonista de un evento que renovó el asombro colectivo y abrió una puerta a nuevos horizontes fuera de la Tierra, uniendo pasado y futuro en un mismo viaje. La hazaña, celebrada en todo el mundo, simboliza el renacimiento de la ambición humana por descubrir y habitar otros mundos, superando los límites impuestos durante décadas.

Según la NASA, el galardón destaca “esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias al bienestar de la Nación y de la humanidad”, y sitúa a la misión Artemis II como un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial.

El homenaje no solo reconoce una misión técnica sobresaliente, sino que también señala un cambio de paradigma en la ambición estadounidense de instalar una presencia permanente fuera de la Tierra.

Artemis II: un viaje que redefine los límites de la exploración humana

El lanzamiento de Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril de este año marcó el inicio de una etapa inédita para la exploración lunar. El objetivo fue claro: validar la ingeniería del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula Orion, mientras se establecen las bases para futuras misiones tripuladas en la superficie lunar. El vuelo llevó a los cuatro astronautas en una órbita que superó los 406.692 kilómetros, estableciendo un récord de distancia respecto de la Tierra y superando la marca de Apolo 13.

La tripulación fue la primera en realizar un trayecto más allá de la órbita terrestre baja desde el regreso de Apolo 17 en 1972. El viaje incluyó una secuencia de maniobras críticas, desde la inserción en una órbita terrestre inédita de 70.400 kilómetros de altura hasta la inyección translunar que permitió alcanzar la cara oculta de la Luna. Durante ese tramo, los astronautas vivieron una experiencia sin precedentes al perder contacto con la Tierra durante cuarenta minutos, una situación nunca antes enfrentada por una tripulación estadounidense.

En palabras del comandante Wiseman, recogidas por la NASA, “fue realmente genial despertar esta mañana, mirar por la ventana y ver la Luna llena reflejada en la parte delantera del vehículo”. El relato revela el impacto emocional de contemplar el satélite desde una distancia nunca antes alcanzada. Según la agencia espacial, la tripulación también vivió un gesto de profunda humanidad al proponer bautizar un cráter lunar “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida de Wiseman, lo que profundizó los lazos personales en el espacio.

El éxito de Artemis II fue más allá de los logros técnicos. La misión transmitió imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, documentó un eclipse solar total visto solo desde el espacio y posibilitó videollamadas a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. La científica líder del programa Artemis, Kelsey Young, destacó que el valor de estas imágenes reside tanto en su “capacidad inspiradora” como en su utilidad para la investigación científica.

El regreso a la Tierra exigió una precisión extrema. Tras separarse del módulo de servicio, la cápsula Orion soportó una reentrada atmosférica a 40.000 km/h, soportando temperaturas externas de 2.700 °C. Durante seis minutos la nave permaneció incomunicada, hasta que los paracaídas se desplegaron y permitieron un amerizaje controlado en el Pacífico, cerca de San Diego. El operativo de recuperación, coordinado entre la NASA y las fuerzas armadas estadounidenses, incluyó extracción, traslado en helicóptero y las primeras evaluaciones médicas tras una década fuera del planeta.

El vuelo de Artemis II recorrió más de un millón de kilómetros en total, superando los registros previos de distancia y duración para una nave tripulada estadounidense. La cápsula Orion permitió verificar la robustez de los sistemas de navegación, la protección contra la radiación y la capacidad de la tripulación para operar en condiciones extremas.

Una misión que transforma la política y la ciencia lunar

La distinción otorgada a la tripulación de Artemis II no solo reconoce su desempeño, sino que proyecta un mensaje claro sobre el futuro de la exploración espacial. De acuerdo con la NASA, la medalla se concede por recomendación del administrador de la agencia y solo ha sido entregada a figuras que “se hayan distinguido por esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias”.

Entre los galardonados anteriores se encuentran pioneros de la carrera espacial, como Sally Ride, Douglas Hurley o el comandante del Apolo 13, Jim Lovell. El premio también abarca a cada uno de los catorce astronautas fallecidos en los desastres de los transbordadores Challenger y Columbia.

La inclusión de Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, confirma el carácter internacional de la misión. Hansen no es el primer no estadounidense en recibir la medalla: en 2003, Ilan Ramon fue condecorado póstumamente tras el accidente del Columbia. La NASA subrayó que la cooperación internacional es uno de los pilares del programa Artemis, que aspira a consolidar alianzas para la próxima década.

El principal objetivo del programa es instalar una base permanente cerca del polo sur lunar. Este enclave permitiría operaciones científicas sostenidas y sentaría las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte. Artemis II fue concebida como un paso intermedio, destinado a probar en condiciones reales los sistemas, los protocolos de seguridad y la cooperación entre agencias. El análisis posterior al amerizaje permitirá optimizar rutas, ajustar los sistemas de navegación y mejorar la colaboración internacional.

Las emociones vividas por la tripulación quedaron plasmadas en sus palabras. Koch expresó su gratitud por la oportunidad y reflexionó sobre la distancia respecto a los seres queridos. Wiseman, por su parte, valoró el trabajo conjunto y la claridad de los objetivos alcanzados. El equipo selló la experiencia con un abrazo dentro de la cápsula Orion, conscientes del impacto de su viaje en la visión colectiva del futuro espacial.

La repercusión global de Artemis II se explica por varios factores: el carácter histórico del vuelo, la magnitud de los récords alcanzados y el carisma de sus protagonistas. La cobertura de medios internacionales puso el foco en la importancia de la misión para la política científica estadounidense y para la revitalización del interés público por la Luna, un destino olvidado desde 1972.

El próximo gran desafío será Artemis III, que buscará lograr el primer aterrizaje tripulado sobre la superficie lunar en más de medio siglo. El legado de Artemis II se mide tanto en avances tecnológicos como en la consolidación de una visión compartida sobre la exploración del espacio profundo.

De acuerdo con la descripción oficial de la NASA, la Medalla de Honor Espacial del Congreso reconoce “esfuerzos y contribuciones excepcionalmente meritorias al bienestar de la Nación y de la humanidad”. La entrega de este galardón a los astronautas de Artemis II representa una afirmación del compromiso estadounidense con la innovación, la cooperación internacional y la exploración más allá de los límites conocidos.

La ceremonia en Houston simboliza el paso de una generación de pioneros a una nueva era en la que la Luna vuelve al centro del proyecto colectivo de la humanidad.

La Habana enfrenta una crisis de agua potable agravada por los apagones prolongados, que inutilizan las estaciones de bombeo. El propio dictador Miguel Díaz-Canel lo reconoció esta semana al visitar una de las fuentes estratégicas de suministro de la capital.

La ciudad alberga a casi 2 millones de personas y depende de una red hidráulica que no recibe inversiones suficientes desde hace años. Los cortes de luz paralizan los equipos de bombeo y, cuando vuelven a operar, el deterioro acumulado provoca averías.

La visita a Paso Seco y el llamado a actuar

Díaz-Canel recorrió la fuente de Paso Seco junto a integrantes del Consejo de Ministros para revisar la estrategia de abastecimiento. Allí llamó “a resolver en el menor tiempo posible” el problema, según informó la Presidencia en sus redes sociales.

En ese punto se prioriza la recuperación y el mantenimiento de motores para bombear agua. Es una solución provisional: el objetivo a mediano plazo es que las estaciones funcionen con paneles solares.

Una avería reciente que cortó el agua a seis municipios

La semana pasada, la empresa estatal Aguas de La Habana paralizó de emergencia la conductora que abastece al Sistema Central de distribución por una “compleja avería en la infraestructura hidráulica”. La interrupción afectó a seis municipios, cerca de la mitad del territorio capitalino.

No fue un hecho aislado. Los apagones sostenidos deterioran los equipos de bombeo y aceleran las roturas en una red que ya acumula falta de mantenimiento e inversión.

Más de 2.7 millones de cubanos con dificultades de acceso al agua

El alcance del problema va más allá de La Habana. En mayo, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, declaró a la televisión estatal que alrededor de 2.7 millones de cubanos tienen dificultades agravadas con el suministro de agua.

Rodríguez señaló que en varios puntos del país “el agua se rebombea con bajas presiones y si no hay corriente se quedan muchas personas sin recibir el servicio”. El déficit de generación eléctrica, agregó, multiplicó la rotura de equipos y conductoras.

El peso de las restricciones financieras en el sector hidráulico

El funcionario también apuntó a factores externos: la imposibilidad de acceder a financiamientos y el retiro de proveedores golpearon directamente al sector hidráulico, uno de los más afectados por las medidas del gobierno de Estados Unidos hacia la isla.

Ante ese escenario, el INRH trabaja para que el 52% de las 3,300 estaciones de bombeo del país operen con energías renovables. La transición energética, según Rodríguez, es la única salida estructural a una crisis que los motores provisionales no pueden resolver por sí solos.

Un operativo de control de inmigración llevado a cabo en la localidad de Grasonville, Maryland, desencadenó una fuerte controversia tras la detención del joven salvadoreño Óscar José Araujo Mejía, de 21 años.

El incidente, ocurrido el pasado 21 de agosto de 2026, dejó como saldo al joven hospitalizado con severas lesiones corporales, la intervención de múltiples agencias policiales y dos posturas diametralmente opuestas sobre el nivel de fuerza utilizado.

Mientras las autoridades federales y locales argumentan que el sospechoso provocó un peligroso accidente al intentar huir a alta velocidad, sus allegados sostienen que presuntamente fue víctima de uso excesivo de la fuerza e intimidación física durante y después de su captura.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Policía Estatal de Maryland, el operativo tenía como objetivo la detención de Araujo Mejía, a quien identifican como un ciudadano indocumentado con presuntos antecedentes penales que habría ingresado previamente a territorio estadounidense en junio de 2023.

La versión oficial indica que, al percatarse de la presencia de los agentes, el joven habría intentado eludir el arresto conducido de forma errática. A raíz de la persecución y el consecuente choque en Stevensville, la Policía Estatal de Maryland presentó cargos formales contra el joven por conducción negligente, conducción temeraria, no detenerse y desobedecer las indicaciones directas de las autoridades de tráfico.

Las agencias policiales niegan de forma categórica haber empleado fuerza desmedida durante la aprehensión y atribuyen la totalidad de las lesiones físicas sufridas por el detenido al propio impacto vehicular provocado por su intento de fuga.

La denuncia familiar y presuntos abusos en la aprehensión

En contraste directo con las declaraciones institucionales, la familia de Araujo Mejía ofrece un relato sombrío de lo acontecido. Un hermano de la víctima, quien transitaba metros atrás en la misma ruta rumbo al trabajo, relata que presuntamente vio cómo alrededor de ocho vehículos federales rodeaban el automóvil de Óscar antes de que una camioneta negra sin distintivos visibles lo embistiera.

Según las declaraciones del familiar, tras la colisión los agentes supuestamente sacaron al joven a la fuerza del vehículo y lo habrían agredido físicamente en el suelo. Sostienen que, presuntamente, un agente colocó su rodilla sobre la nuca del joven mientras este clamaba por auxilio, provocándole un crujido interno y graves traumatismos en el cuello.

Asimismo, los familiares denunciaron irregularidades en los protocolos de traslado médico. Alegan que, a pesar de la llegada de los servicios de emergencia al lugar, supuestamente no se permitió que el joven fuera conducido en una ambulancia, sino que fue movilizado en un vehículo propio de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las consecuencias físicas reportadas han exigido una atención médica de alta complejidad. Inicialmente, Araujo Mejía fue trasladado al Hospital Luminous Health en Annapolis, donde presuntamente requirió 29 puntadas en la cabeza producto de una profunda laceración.

No obstante, debido a la gravedad de los traumatismos detectados en la zona del cuello específicamente presuntas fracturas en las vértebras cervicales C5 y C7 tuvo que ser derivado de urgencia a un hospital en Baltimore para someterse a una compleja intervención quirúrgica de columna.

De momento, autoridades estadounidenses sostienen que Óscar Araujo Mejía permanecerá bajo custodia federal enfrentando tanto los cargos de tráfico estatales como el proceso migratorio correspondiente.

El más reciente informe de la Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana, correspondiente a la semana epidemiológica 32, revela que las muertes maternas e infantiles mantienen una tendencia preocupante en el país durante 2026.

El boletín, al que tuvo acceso Infobae, detalla que hasta la fecha se han registrado 84 muertes maternas y 1,131 muertes infantiles, cifras que reflejan la persistencia de desafíos estructurales en el sistema de salud nacional.

Según el Boletín Epidemiológico SE 32, la hemorragia posparto continúa como la causa más frecuente de muerte materna. Este diagnóstico se presenta en un porcentaje considerable de los casos reportados, superando a otros factores como las causas obstétricas indirectas y los trastornos hipertensivos del embarazo.

La información oficial indica que estos eventos afectan con mayor intensidad a mujeres jóvenes y a quienes carecen de acceso oportuno a servicios hospitalarios de alta complejidad.

El documento también expone que las muertes infantiles se concentran, en su mayoría, durante el periodo neonatal temprano. Entre los factores que influyen se encuentran la prematuridad, las infecciones y las complicaciones respiratorias. Las estadísticas muestran un comportamiento desigual entre las diferentes provincias, con incrementos notables en algunas demarcaciones donde las condiciones socioeconómicas y el acceso a la atención médica presentan mayores dificultades.

Variaciones provinciales y vigilancia reforzada

La vigilancia epidemiológica revela que algunas provincias experimentan un aumento considerable en los indicadores de mortalidad materna e infantil. El boletín subraya que las direcciones provinciales de salud con mayor incidencia han implementado alertas sanitarias y refuerzan la búsqueda activa de casos para identificar factores de riesgo y fortalecer la respuesta institucional.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la notificación oportuna de los eventos permite a las autoridades actuar con rapidez. El informe destaca que la cobertura nacional de establecimientos notificantes alcanzó el 93% durante la semana analizada. Este nivel de vigilancia resulta clave para detectar y responder a brotes, así como para diseñar estrategias focalizadas en zonas vulnerables.

Las autoridades sanitarias han reforzado la capacitación del personal médico y la dotación de insumos en hospitales materno-infantiles de alto volumen. Según el reporte oficial, se han priorizado acciones para mejorar la atención ante emergencias obstétricas y optimizar la disponibilidad de sangre segura en los centros de referencia.

Comparación con períodos anteriores y tendencias actuales

El análisis de la serie histórica evidencia que la cantidad de muertes maternas notificada en 2026 se acerca a la cifra reportada en el mismo periodo de 2025. Las autoridades consideran que la vigilancia activa y la mejora en los sistemas de información han contribuido a una mayor detección y registro de casos, aunque advierten sobre la necesidad de reducir los factores estructurales que perpetúan el riesgo.

En cuanto a la mortalidad infantil, la tendencia muestra fluctuaciones mensuales, asociadas tanto a cambios estacionales como a brotes de infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles. El boletín subraya que el monitoreo constante de los determinantes sociales y sanitarios es fundamental para orientar las políticas públicas.

El informe de la Dirección General de Epidemiología recomienda fortalecer la educación comunitaria sobre señales de alarma durante el embarazo y en la infancia temprana. Además, aboga por mejorar la articulación entre los diferentes niveles de atención, facilitar el traslado de pacientes y asegurar la provisión de insumos críticos para el manejo de emergencias obstétricas y neonatales.

La búsqueda de justicia para la familia de Carolina Mora González culminó con una sentencia de 50 años de prisión contra su expareja, Álvaro Padilla Palma.

La historia que antecede a este veredicto refleja un desgarrador acto de violencia machista y frialdad. Carolina fue vista por última vez con vida el 30 de diciembre de 2024, cuando salió de su casa con la ilusión de comprar un consolas de videojuegos Nintendo para su hijo de tan solo cuatro años.

Para realizar la adquisición, acudió acompañada de Padilla Palma, padre de la criatura, quien aparentemente la asesoraría para elegir el mejor equipo. Sin embargo, Carolina nunca regresó a su hogar.

La falta de contacto inmediato encendió la alarma de su madre, doña Flora González, y de sus seres queridos. La dolorosa sospecha se convirtió en tragedia esa misma noche, cuando el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el Parque Ecológico La Fuente, situado en el cantón de Belén de Heredia.

Durante el debate oral y público, los jueces del Tribunal Penal de Heredia destacaron la desalmada conducta desplegada por Álvaro Padilla Palma tras haber le quitado la vida a la madre de su hijo. Actuando sin remordimiento alguno, el sujeto intentó encubrir el crimen y desviar la atención tanto de las autoridades como de los familiares.

Pocas horas después del asesinato, el imputado se apoderó del celular de Carolina, de su bolso, de la cédula de identidad, de 200,000 colones (aproximadamente a $440 – $445 dólares).

Con el dispositivo de la víctima, Padilla envió mensajes de texto breves a la familia como “ya casi llego”, simulando que ella continuaba con vida mientras su cuerpo yacía oculto en el parque. Además, se demostró que entre la 1:38 a. m. y la 1:50 a. m. del 31 de diciembre de 2024, realizó nueve compras de videojuegos por internet con la tarjeta de crédito de Carolina, utilizando directamente su propio teléfono celular para ejecutar las transacciones.

Los 14 indicios que sustentaron la condena de 50 años

El Tribunal Penal de Heredia basó su condena en la reconstrucción analítica de 14 indicios que, valorados en su conjunto, ratificaron de forma irrefutable la culpabilidad de Padilla Palma.

Entre las evidencias periciales recabadas en la escena del crimen, los jueces destacaron el hallazgo de una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro impregnada de sangre humana y una regla de madera de 2.5 centímetros de grosor. Ambos elementos resultaron plenamente compatibles con las armas empleadas para propinarle múltiples golpes a la mujer hasta matarla.

Por otra parte, el juez Pablo Cedeño enfatizó durante la lectura del fallo la alevosía con la que actuó el agresor. Explicó que el cuerpo de la víctima no se encontraba sobre los senderos habilitados por la municipalidad para el tránsito o recreación pública. Padilla trasladó a Carolina hacia una zona apartada, introduciéndola de manera agresiva a través de la vegetación y arrastrándola entre dos y tres metros dentro de la maleza para ocultarla de la vista de terceros antes de darse a la fuga.

Justicia y dolor para la familia de Carolina

Sujetados de la mano y embargados por el llanto, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron del Tribunal Penal de Heredia tras escuchar la pena máxima de 50 años impuesta al femicida. Para la familia, el fallo representa la confirmación de la verdad y un cierre necesario dentro de un proceso devastador que los hizo revivir todo el sufrimiento.

El impacto de este femicidio ha recaído con especial gravedad sobre el hijo de Carolina, quien al momento del crimen tenía solo cuatro años. Tras la pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre, la custodia legal del menor fue asumida por su tío materno, Nelson Mora, con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Actualmente, el pequeño recibe acompañamiento psicoterapéutico constante para afrontar el proceso de duelo. Aunque la familia le ha explicado de forma delicada que su madre falleció, el niño aún no es consciente de las circunstancias violentas del hecho por su corta edad. Su tío y su abuela se mantienen enfocados en brindarle un entorno seguro y estable para proteger su desarrollo integral en medio del dolor.

La posible llegada de un fenómeno climático intenso en el Pacífico genera preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias de Estados Unidos. El anuncio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre la alta probabilidad de un “super El Niño” para el otoño e invierno de 2026-2027 reactivó los debates sobre los riesgos que estos eventos pueden implicar para la salud pública, en particular ante la posibilidad de brotes de enfermedades como hantavirus, virus del Nilo Occidental y cyclospora.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó en agosto un incremento considerable de casos de cyclosporiasis, con más de 17.000 infecciones confirmadas en 48 estados y la capital federal desde mayo. El organismo atribuyó el brote a la contaminación de lechuga iceberg, mientras que expertos consultados por Newsweek señalaron que la combinación de temperaturas elevadas y lluvias puede influir en la supervivencia y expansión de parásitos, roedores y mosquitos transmisores de enfermedades.

El fenómeno de El Niño, que consiste en un aumento anómalo de la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental, ha sido históricamente asociado con alteraciones en los patrones de lluvias y temperaturas en Estados Unidos. Según la NOAA, estos cambios pueden modificar la vegetación, favorecer la proliferación de ciertas especies animales y alterar los riesgos epidemiológicos en distintas regiones del país.

¿Qué es un “super El Niño” y qué impacto puede tener en Estados Unidos?

La NOAA advirtió en su último informe que existe una probabilidad superior al 90% de que se desarrolle un episodio de El Niño de una intensidad inusual durante los próximos meses. Un “super El Niño” se define por un incremento de al menos 2 °C en la temperatura del Pacífico ecuatorial, fenómeno que suele provocar precipitaciones intensas en el sur del país y condiciones más cálidas en el norte. La agencia aclaró que, aunque un evento de estas características aumenta la posibilidad de impactos significativos, no garantiza consecuencias específicas en ninguna región.

El organismo climatológico detalló que el evento podría superar en fuerza a los El Niño registrados desde 1950. Los pronósticos indican que las zonas montañosas del suroeste y las Rocallosas del Sur tendrían altas chances de recibir más nieve, mientras que áreas del noroeste enfrentarían inviernos menos fríos y menos nevadas. El seguimiento oficial continuará durante los próximos meses, con énfasis en los posibles cambios abruptos en los patrones meteorológicos.

¿Cómo influye El Niño en la aparición de enfermedades como hantavirus y virus del Nilo Occidental?

El CDC mantiene bajo observación la evolución de enfermedades asociadas a condiciones ambientales alteradas. Entre ellas, el hantavirus figura como uno de los focos de atención. Según explicó Newsweek, los brotes de hantavirus en el suroeste estadounidense han coincidido previamente con periodos de lluvias excepcionales vinculados a El Niño, que favorecieron el crecimiento vegetal y el aumento de la población de ratones.

De acuerdo con Newsweek, la investigadora Stephanie Seifert, de la Universidad Estatal de Washington, afirmó que “existe una relación entre precipitaciones elevadas y mayor incidencia de hantavirus pulmonar, como se observó en el brote de Four Corners en 1993”. Según el mismo medio, la transmisión de hantavirus en Estados Unidos ocurre principalmente por inhalación de partículas provenientes de la orina, las heces o la saliva de roedores, y aunque se trata de una enfermedad rara, su letalidad supera el 30%.

De acuerdo con Newsweek, los expertos sostienen que las lluvias y el aumento de la humedad crean condiciones propicias para la reproducción de mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental. Según ese medio, Heidi Brown, profesora de epidemiología de la Universidad de Arizona, afirmó que “los patrones meteorológicos influyen directamente en la abundancia de mosquitos y la dinámica de transmisión, pero la relación no es lineal ni automática”. Chris Barker, especialista de la Universidad de California en Davis, agregó a Newsweek que “los años con condiciones extremas, ya sean de sequía o de humedad sostenida, suelen coincidir con una mayor carga de casos de virus del Nilo Occidental”.

¿Por qué aumentaron los casos de cyclosporiasis en 2026 y qué rol cumple el clima?

El CDC reportó en agosto un aumento de infecciones por cyclospora, con 17.180 casos confirmados y más de 11.000 en investigación, según datos recogidos por USA Today y la Asociación Americana de Hospitales (AHA). El organismo señaló que la temporada de cyclosporiasis en Estados Unidos suele extenderse entre mayo y agosto, periodo en el que la contaminación de vegetales frescos, como la lechuga, constituye el principal factor de riesgo.

Las fuentes oficiales aclaran que, aunque el clima cálido y húmedo favorece la supervivencia del parásito en el ambiente, no existe evidencia que vincule de manera directa un evento de El Niño con brotes de cyclospora. El CDC atribuye los brotes a una combinación de factores agrícolas, ambientales y logísticos, y sostiene que la vigilancia debe mantenerse más allá de las proyecciones climáticas.

¿Qué dicen las agencias oficiales sobre el riesgo real de brotes por el super El Niño?

La NOAA recordó que los fenómenos de El Niño no actúan en solitario. “El clima es un factor importante, pero los brotes de enfermedades humanas dependen también de variables como el comportamiento de la población, la infraestructura de salud pública y la introducción de patógenos”, indicó la agencia en su reporte de agosto. La influencia de El Niño sobre la salud pública se estudia desde hace décadas, pero las autoridades insisten en que las predicciones deben manejarse con cautela.

En el caso del hantavirus, especialistas citados por Newsweek remarcaron que “una mayor población de roedores tras un periodo húmedo no implica necesariamente un aumento inmediato de casos en humanos, ya que influyen factores como la exposición y las prácticas de prevención”. Respecto a los mosquitos, el CDC advierte que el seguimiento de enfermedades transmitidas por estos insectos continuará durante la primavera y verano de 2027, cuando los efectos del clima puedan manifestarse en la dinámica de transmisión.

¿Qué medidas de monitoreo y prevención se implementan en Estados Unidos?

Según los reportes oficiales, los próximos meses serán clave para evaluar si el “super El Niño” anunciado por la NOAA provoca cambios sustanciales en la incidencia de enfermedades infecciosas asociadas al clima. El CDC mantiene activo el sistema de alerta sanitaria para detectar cualquier variación inusual en los patrones de brotes. Las autoridades recomiendan a estados y organizaciones locales fortalecer las estrategias de vigilancia, prevención y respuesta ante la posibilidad de escenarios epidemiológicos cambiantes.

En paralelo, el CDC y la NOAA reiteran que la transparencia y la actualización frecuente de la información serán prioridades para el seguimiento del fenómeno. El monitoreo de variables ambientales y epidemiológicas continuará, mientras especialistas y funcionarios analizan los datos para anticipar y mitigar posibles impactos en la salud pública.

El GRETEXPA exigió al Gobierno de Guatemala medidas urgentes de seguridad después de que el asesinato de un conductor en la Calzada San Juan elevara a 37 los pilotos de bus extraurbano asesinados en lo que va de 2026, una cifra que el gremio presentó como prueba de una violencia sostenida que golpea a un servicio que la Constitución protege como esencial.

El reclamo fue dirigido este viernes 28 de agosto al presidente Bernardo Arévalo de León y al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval. El pedido incluyó un plan permanente para las principales rutas extraurbanas, acciones contra las redes de extorsión y el despliegue del Ejército de Guatemala en terminales y puntos de transferencia.

La organización vinculó su pronunciamiento con el ataque armado ocurrido el jueves 27 de agosto en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Allí murió un piloto de aproximadamente 30 años que conducía una unidad con destino al municipio de San Raymundo.

Los Bomberos Municipales atendieron a la víctima en el lugar, pero confirmaron que murió por la gravedad de las heridas. En el mismo ataque, dos pasajeras resultaron lesionadas: una sufrió un roce de bala y otra fue alcanzada por fragmentos de vidrio, y ambas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes.

Horas después, la Policía Nacional Civil capturó a dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18. A los detenidos se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban huir.

El gremio denunció falta de respuesta estatal ante una violencia sostenida

En el comunicado, la junta directiva de GRETEXPA describió el escenario como una “imparable ola de violencia” que “enluta familias y paraliza la movilidad del país”. También sostuvo que ningún funcionario ha mostrado “voluntad política ni efectividad necesaria” para proteger al sector.

El texto atribuyó esa falta de respuesta a una omisión del Estado frente a un servicio público esencial. El gremio afirmó que la inacción oficial contraviene el artículo 131 de la Constitución Política de Guatemala, que resguarda el transporte en esa condición.

La organización también planteó una advertencia directa sobre el costo humano de los ataques. “La vida de los trabajadores del transporte no debe ser un número más en las estadísticas de violencia”, señaló el documento.

Ese mismo pronunciamiento responsabilizó a las autoridades por la falta de seguridad en carreteras, terminales y puntos de abordaje. Entre los lugares mencionados figuran Centra Sur y las zonas 3, 4 y 8 de la capital.

El sector pidió investigaciones contra extorsionistas y presencia militar en terminales

La lista de exigencias presentada por GRETEXPA quedó concentrada en cuatro medidas. La primera fue un plan de seguridad permanente para las principales rutas extraurbanas y para Centra Sur.

La segunda demanda apuntó al Ministerio de Gobernación, al que el gremio pidió resultados de investigación para desarticular las redes de extorsión que operan contra el transporte. La tercera reclamó mesas de trabajo con las máximas autoridades de seguridad para aplicar medidas inmediatas de protección a pilotos, ayudantes y unidades.

La cuarta exigencia fue el despliegue del Ejército de Guatemala en las áreas de transferencia que el sector considera más expuestas. El planteo mostró que la organización ya no reclama solo presencia policial, sino una intervención de mayor escala en nodos críticos del sistema.

El ataque del jueves ocurrió en la Calzada San Juan, uno de los corredores viales con más antecedentes de incidentes armados en la capital. Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito, informó que el trabajo de fiscales y peritos del Ministerio Público obligó a cerrar el sector.

Ese cierre agravó la congestión hacia el occidente de la ciudad y complicó la conexión con el municipio de Mixco. Analistas en seguridad ciudadana han señalado que la criminalidad en este tipo de corredores aprovecha la densidad vehicular para cometer ilícitos y facilitar la fuga entre el tráfico pesado.

GRETEXPA cerró su comunicado con una frase que condensó el reclamo del sector frente a los 37 asesinatos registrados en 2026: “No más pilotos asesinados. Basta de extorsión e impunidad”.

La autoridad nepalí de gestión de desastres elevó drásticamente este viernes la cifra de desaparecidos a 1.924, dos días después de las devastadoras inundaciones que dejaron al menos 579 muertos en el país.

Entre los desaparecidos se encuentran 517 extranjeros, así como 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos en los ríos afectados por una crecida masiva el miércoles por la mañana, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

Los medios estatales chinos confirmaron previamente cinco fallecidos, lo que eleva el saldo total de víctimas fatales a 584.

Equipos de rescate y helicópteros militares continuaron la búsqueda de desaparecidos a lo largo de la frontera montañosa, después de que el torrente de agua y lodo, generado por el colapso del glaciar, arrasara varias comunidades. Cientos de personas fueron desplazadas en toda la región del Himalaya.

Las imágenes del desastre mostraron a personas huyendo antes de ser arrastradas por las inundaciones, que destruyeron edificios y puentes. En el distrito de Nuwakot, en Nepal, calles y viviendas quedaron cubiertas de lodo y escombros, mientras que en la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, una carretera de doble carril junto al río quedó totalmente sepultada. Imágenes aéreas revelaron la formación y expansión de un lago en la frontera, y las autoridades advirtieron sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural.

Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU en Nepal, señaló que el gobierno nepalí movilizó a más de 30.000 efectivos de seguridad para operaciones de búsqueda y rescate. Más de 35 puentes y 40 kilómetros de carretera resultaron destruidos o dañados, dificultando el acceso a las zonas afectadas.

El ejército nepalí rescató a más de 100 personas en helicóptero, y evacuó a quienes quedaron atrapados en instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli. Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica y los equipos de rescate hallaron cadáveres a cientos de kilómetros río abajo, en el distrito de Chitwan.

La Cruz Roja de Nepal, según explicó su presidente Bishal Kumar Bhandari, orientó sus esfuerzos hacia la ayuda humanitaria a gran escala en los distritos afectados, tras finalizar las labores iniciales de rescate. Al menos 1.200 personas quedaron desplazadas de tres aldeas.

En el lado chino, un alud de lodo destruyó un edificio portuario y un aparcamiento de autobuses en el paso fronterizo de Gyirong, donde la profundidad del lodo superó el metro y medio. Las carreteras de acceso también resultaron dañadas y continúan los riesgos de nuevos deslizamientos y derrumbes por las lluvias.

El primer ministro chino, Li Qiang, llegó el jueves a Gyirong para supervisar las tareas de rescate, acompañado por 500 militares y paramilitares. Helicópteros militares sobrevolaron la zona para evaluar la magnitud del desastre y planificar posibles rutas de evacuación.

Las autoridades chinas advirtieron sobre el peligro de desbordamiento de un lago recién formado en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu, que contenía ya 2 millones de metros cúbicos de agua el jueves por la mañana y podría recibir hasta 3 millones más en los siguientes días. El Ministerio de Recursos Hídricos de China alertó sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural y la posibilidad de nuevas inundaciones.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que 90 estadounidenses permanecen desaparecidos en China y Nepal tras las inundaciones, y que tres han sido rescatados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó de 288 ciudadanos desaparecidos, mientras que el de China reconoció cerca de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en Nepal y confirmó que 260 de los desaparecidos en el Tíbet son extranjeros.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, expuso en el espacio de entrevista radial de la YSKL las acciones que el gobierno salvadoreño mantiene ante la sequía prolongada y las olas de calor que afectan a gran parte del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil opera actualmente con más de 700 comisiones comunales y municipales organizadas y capacitadas, lo que permite una articulación territorial efectiva para la prevención, atención y mitigación de los efectos derivados de la crisis climática.

Pérez señaló que la activación de las comisiones comunales y municipales responde a la declaratoria de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola.

“Tenemos un registro de más de 700 comisiones comunales debidamente organizadas, con su planificación, su capacitación y con recursos pertinentes para poder vigilar, atender e intervenir en cualquier eventualidad”, afirmó el subdirector.

El funcionario explicó que, en cumplimiento de la ley, todos los alcaldes y alcaldesas del país tienen el compromiso de activar sus respectivas comisiones cuando se emite una alerta, lo que garantiza una respuesta descentralizada y ágil ante cualquier emergencia.

El trabajo de Protección Civil se articula con otras instituciones clave, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y organizaciones internacionales. “La coordinación interinstitucional busca fortalecer la comunicación y la colaboración entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección Civil, desde el nivel local hasta el nacional”, explicó Pérez en la entrevista transmitida por la YSKL.

Plan de contingencia y escenarios climáticos

El subdirector también informó que se implementa un Plan Nacional de Contingencia para eventos hidroclimáticos que contempla dos escenarios principales: sequía, por un lado, y crecidas o inundaciones, por otro.

Este plan permite adaptar la respuesta frente a lluvias irregulares, tormentas eléctricas, altas temperaturas y períodos prolongados de ausencia de precipitaciones. El monitoreo meteorológico se coordina con el Ministerio de Medio Ambiente, que emite boletines y pronósticos diarios para orientar las acciones preventivas.

De igual manera, entre las medidas prioritarias, Pérez subrayó el uso racional y responsable del agua, tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas. “El uso apropiado y responsable de los recursos hídricos es una responsabilidad de todos aquí en nuestro país, tanto para consumo humano como para el tema agrícola”, enfatizó el subdirector de Protección Civil.

En materia de asistencia directa, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con técnicos territoriales y organismos como la FAO, brinda apoyo técnico a agricultores y ganaderos, identificando alternativas como la perforación de pozos, la diversificación de cultivos y la introducción de semillas resistentes a la sequía.

Impacto regional y perspectivas

Según la información proporcionada por el subdirector en la emisión radial, las zonas oriental y paracentral de El Salvador son las más afectadas por la sequía, mientras que la zona occidental y parte de la central presentan un déficit menor de lluvias. Esta variabilidad obliga a focalizar la asistencia y las evaluaciones en las áreas de mayor vulnerabilidad.

“Si vemos un poco el mapa donde hemos tenido mayor déficit de lluvia, podríamos identificar que básicamente en Oriente es en donde hemos tenido mayor déficit, Oriente y la región Paracentral”, detalló Pérez.

Las proyecciones oficiales, expuestas en la YSKL, indican que las condiciones de sequía y altas temperaturas podrían extenderse hasta 2027. Por lo que, el funcionario abogó que el gobierno, junto con la FAO y otras instancias internacionales, priorizaran el respaldo técnico y material al sector agrícola y ganadero, así como la vigilancia permanente de la seguridad alimentaria en las comunidades afectadas.

El encuentro se desarrolló como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la cooperación bilateral y generar condiciones que permitan atraer nuevos capitales al país.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de establecer una plataforma de intercambio y conectividad que permita articular proyectos relacionados con puertos, aeropuertos y carreteras, además de promover la participación de empresas estadounidenses en iniciativas de desarrollo nacional.

Asfura explicó que el propósito es aprovechar las oportunidades existentes y fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones, particularmente mediante proyectos que contribuyan a mejorar la capacidad logística y productiva de Honduras.

El mandatario destacó que Estados Unidos mantiene interés en acompañar a Honduras en el desarrollo de su sector energético, considerado uno de los componentes fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

Uno de los principales temas abordados fue el desarrollo de la infraestructura portuaria, con especial atención en proyectos destinados a mejorar la conectividad del país.

Asfura mencionó específicamente el puerto de Amapala, en el Pacífico hondureño, como una de las iniciativas que podrían adquirir mayor relevancia dentro de la estrategia de conexión entre ambas costas. También destacó la necesidad de continuar fortaleciendo Puerto Castilla, en el Caribe, para ampliar las capacidades de comercio y transporte de mercancías.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del denominado corredor interoceánico, mediante inversiones en carreteras y otras obras de infraestructura que permitan conectar de manera más eficiente el Pacífico con el Atlántico.

De acuerdo con el mandatario, esta conectividad es fundamental para facilitar el movimiento de mercancías, reducir tiempos de transporte y convertir a Honduras en un punto estratégico para el comercio regional.

En este proceso, Asfura también resaltó la importancia de las inversiones que se realizan en Puerto Cortés, considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

El fortalecimiento de esta infraestructura forma parte de una visión más amplia para consolidar una red logística nacional que integre puertos, carreteras, aeropuertos y otros puntos estratégicos para facilitar el comercio internacional.

El presidente también vinculó la atracción de nuevas inversiones con la necesidad de establecer reglas claras y condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas.

Particularmente, destacó el sector energético y señaló que la aprobación de una nueva legislación en el Congreso Nacional podría contribuir a crear mejores condiciones para transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una institución estatal con mayor capacidad operativa y mejores resultados.

Según Asfura, el respaldo de Estados Unidos en materia energética representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del país y avanzar en la solución de algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

El mandatario consideró que, mediante cooperación, inversión y reformas institucionales, Honduras puede mejorar su infraestructura energética y crear condiciones más favorables para el crecimiento económico.

La reunión también fue presentada como una oportunidad para ampliar las relaciones bilaterales y generar beneficios económicos para Honduras.

El Gobierno sostiene que una mayor participación de capital estadounidense puede traducirse en nuevos proyectos, generación de empleo, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de sectores estratégicos, siempre que existan condiciones adecuadas para la inversión.

Finalmente, Asfura reconoció que todavía existen importantes retos y oportunidades para su administración y aseguró que continuará trabajando en proyectos destinados a transformar las capacidades productivas y de infraestructura del país.

El mandatario destacó el mensaje de cooperación expresado por el funcionario estadounidense y aseguró que ambas partes comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de Honduras.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate, el expediente 24,461, una reforma que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar al Estado por utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico.

El proyecto, presentado originalmente en 2024 durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, modifica parcialmente la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones y propone sustituir el sistema de montos nominales vigente desde hace más de siete décadas por un esquema de tarifas progresivas calculadas sobre los ingresos brutos anuales relacionados con el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas.

La iniciativa recibió 48 votos a favor y tres en contra. Se opusieron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Otras seis diputaciones estuvieron ausentes.

No es la primera vez que el proyecto supera el primer debate. El 27 de julio ya había recibido aval legislativo, pero posteriormente el Plenario dejó sin efecto aquella votación y retrotrajo el expediente para incorporar modificaciones mediante un texto sustitutivo.

La reforma quedó ahora pendiente de una segunda votación en el Plenario, prevista para el próximo martes. Si recibe el aval definitivo, todavía deberá pasar por la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta antes de convertirse en ley.

Así funcionaría el nuevo cobro

Uno de los principales cambios consiste en abandonar las tarifas establecidas en la legislación de 1954, que actualmente contemplan pagos que, dependiendo del tipo y potencia de la estación, pueden oscilar entre apenas ₡100 (aproximadamente USD 0,22) y ₡3,000 (aproximadamente USD 6,56) anuales.

El nuevo esquema se calcularía por tramos.

Los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de la frecuencia no superen los 130 salarios de referencia quedarían exentos.

El texto utiliza como referencia un monto de ₡470,401 (aproximadamente USD 1,029), por lo que ese primer límite equivaldría aproximadamente a ₡61.15 millones (USD 133,800) anuales.

Entre los 130 y 216 salarios de referencia, equivalentes a ingresos de entre aproximadamente ₡61.15 millones (USD 133,800) y ₡101.61 millones (USD 222,300), las radioemisoras pagarían un 1.51% sobre el tramo correspondiente, mientras las televisoras cancelarían un 4.39%.

Para ingresos comprendidos entre 216 y 1,298 salarios de referencia, hasta aproximadamente ₡610.58 millones (USD 1.34 millones), las tasas subirían a 2.52% para radio y 6.17% para televisión.

Sobre el monto que exceda los ₡610.58 millones (USD 1.34 millones) se aplicaría el nivel más alto: 3.13% para las radios y 7.73% para las televisoras.

El cobro es progresivo, lo que significa que la tasa máxima no se aplicaría sobre la totalidad de los ingresos de una empresa, sino únicamente sobre el segmento que corresponda a cada tramo.

Además, el proyecto establece que las empresas deberán mantener una contabilidad separada para distinguir los ingresos provenientes específicamente del uso de la frecuencia de aquellos generados por otras actividades comerciales.

Exoneraciones para radios culturales y universidades

La propuesta también incorpora varias excepciones.

Quedarían exentas determinadas organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de carácter informativo, cultural o recreativo. Para estas organizaciones tampoco se contabilizarían como ingresos comerciales las donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.

También quedarían fuera del pago las estaciones culturales que no generen ingresos comerciales, las emisoras pertenecientes a universidades públicas y aquellas administradas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La iniciativa establece además un nuevo destino para los recursos recaudados.

El 50% iría al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, mientras la otra mitad permanecería en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actividades relacionadas con la administración del espectro y fiscalización de las concesiones.

Debate por libertad de prensa y sostenibilidad de los medios

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el eventual impacto económico del nuevo canon y las garantías para preservar la independencia de los medios.

La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió que la iniciativa no regula los contenidos periodísticos.

“La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, manifestó.

Guadamuz argumentó que el objetivo es únicamente actualizar cuánto deben pagar los concesionarios por utilizar un bien público.

“Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954”, sostuvo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también defendió la actualización y señaló que debe existir una retribución adecuada por la utilización del espectro, pero acompañada de seguridad jurídica y garantías para los medios independientes.

“Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes”, indicó.

Las críticas de Dobles y Gordienko

La diputada Claudia Dobles cambió su posición a última hora y terminó votando contra el proyecto.

Aunque respaldó la necesidad de modernizar el canon, cuestionó que los porcentajes no estuvieran sustentados, a su criterio, en estudios técnicos suficientes.

“El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje”, afirmó.

Una posición más dura expresó Abril Gordienko, quien calificó el esquema como potencialmente “confiscatorio” y cuestionó que se aplique sobre ingresos brutos.

“Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios”, sostuvo.

La legisladora agregó que, a su criterio, la reforma podría afectar no solo a grandes empresas, sino también a medios de menor tamaño y a ciudadanos que dependen de la radio y la televisión abierta como fuentes principales de información y entretenimiento.

Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar apagones prolongados, en una provincia donde organismos estatales levantaron unos 30 centros y al menos cinco ya operan mientras el oriente de la isla volvió a sufrir este jueves una desconexión eléctrica masiva.

Cuatro de las cinco provincias del este de Cuba quedaron sin electricidad por una falla en el sistema de transmisión, informó la Unión Eléctrica de Cuba.

El corte dejó fuera de la red a Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo tras una “oscilación en las líneas de transmisión”, según el reporte oficial.

Según El Nuevo Heraldo El incidente provocó además la salida abrupta de servicio de las tres centrales termoeléctricas que abastecen al oriente del país.

Entre las instalaciones afectadas figuran la Unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez “Felton”, la Unidad 6 de la Diez de Octubre, la Unidad 2 de la Ernesto Guevara de la Serna y la Unidad 6 de la Antonio Maceo.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la iniciativa de Guantánamo instala kits de paneles solares en contenedores marítimos en desuso para ofrecer servicios de cocción de alimentos y carga de equipos durante los cortes. Esos módulos cuentan con paneles solares de 400 watts, baterías y otros equipos de respaldo energético.

Los centros permiten cargar celulares, lámparas, ventiladores, motorinas, triciclos y otros medios de transporte eléctricos. También reciben alimentos de los vecinos para cocinarlos o conservarlos en neveras cuando corren riesgo de echarse a perder por la falta de electricidad.

En Guantánamo ya funcionan cinco centros y reciben hasta 50 personas por día

De los cerca de 30 centros de carga colectiva construidos en la provincia, al menos cinco ya están en funcionamiento en Maisí, Imías y la ciudad de Guantánamo, de acuerdo con la publicación.

Santiago Kindelán, administrador de uno de esos espacios en la ciudad cabecera, dijo al medio que la demanda crece cada día.

“La afluencia del pueblo crece por día y ya suman hasta 50 personas en una jornada, en busca de los servicios del lugar, que preparamos para que también sea acogedor, bonito y la gente se sienta bien”, afirmó Kindelán al medio El Nuevo Heraldo.

Los precios cambian según el servicio. La carga de una motorina puede costar 300 pesos, mientras la de un ventilador o una lámpara puede ser gratuita.

Los usuarios también pueden llevar sus propios alimentos para que un trabajador los prepare mientras esperan, con ollas arroceras y multipropósito. El centro ofrece además comida en moneda nacional para llevar, con opciones como arroz con jamonada o picadillo y potaje de frijoles con salchicha.

Por las mañanas comenzaron a vender chocolate, café a 20 pesos y caldosa a 50 pesos, precisó ACN. El administrador de la mipyme Sabor Auténtico, vinculada a la iniciativa, sostuvo que durante los apagones la afluencia aumenta de forma considerable y que el servicio funciona “con muy buena aceptación y organización”.

El plan oficial también usa contenedores para viviendas en medio del déficit habitacional

El uso de contenedores marítimos en Cuba no se limita a los centros comunitarios. En plena crisis habitacional, el gobierno también entregó viviendas fabricadas con esas estructuras y formó nuevos barrios con este sistema, incluso en La Habana.

Las autoridades sostienen que las llamadas casas-contenedores fueron adaptadas para resistir las altas temperaturas de la isla. Los inmuebles se construyen sobre todo con contenedores que antes transportaron equipos destinados a parques solares fotovoltaicos.

El plan gubernamental prevé transformar más de 3,500 contenedores en viviendas modulares solo en La Habana. El proyecto se extiende además a otras zonas del país, donde el déficit supera las 800,000 viviendas, según cifras oficiales.

Omukama Oyo Nyimba, uno de los reyes tradicionales más influyentes de Uganda y que se convirtió en el monarca más joven del mundo al acceder al trono con apenas tres años, murió la pasada noche a los 34 años, informó este viernes su reino de Tooro.

“Es con profunda tristeza y con el corazón encogido que anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”, dijo en la red social X su primer ministro, Calvin Armstrong Rwomiire.

“Su Majestad deja atrás a un príncipe como su heredero, cuya identidad será revelada formalmente en el momento apropiado, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”, añadió.

La noticia sorprendió a los ugandeses, que desconocían que el rey estuviese enfermo y que hasta ahora sólo habían recibido un escueto comunicado, publicado este pasado jueves, que informaba de que el monarca estaba en “estado crítico” y pedía al pueblo batoro que “mantenga a Su Majestad en sus oraciones”.

El rey murió a las 22:00 hora local del jueves (19:00 GMT), según Rwomiire, quien todavía no ha revelado la causa del fallecimiento.

El monarca se convirtió en el rey más joven del mundo el 12 de septiembre de 1995 cuando con sólo tres años heredó el trono de su recién fallecido padre, Kaboyo Olimi III.

Dada su corta edad, su madre, la reina madre Best Kemigisa, ejerció como regente durante los primeros años de su reinado.

En sus tres décadas como rey, Oyo puso especial énfasis en la juventud, la educación, la sanidad, la conservación medioambiental y el desarrollo, al tiempo que promovió la identidad y el patrimonio cultural de Tooro.

Oyo era una persona reservada y poco se conocía de su vida personal más allá de su afición por el fútbol y su equipo favorito, el Arsenal.

El monarca nunca contrajo matrimonio públicamente ni tuvo una reina consorte, pese a las peticiones reiteradas de su madre, del clero anglicano y de sus propios súbditos para que diera ese paso.

Tooro, situado en el suroeste de Uganda y con capital en la ciudad de Fort Portal, es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución del país.

El omukama, como se conoce al rey de Tooro, carece de poderes políticos y ejerce como una autoridad cultural y tradicional, pero ejerce gran influencia, especialmente entre los batoro, principal grupo étnico de la región.

Tooro se fundó en torno a 1830, cuando el príncipe Kaboyo, hijo del rey Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, se rebeló contra su padre y proclamó la independencia de la provincia meridional del reino.

Los reinos tradicionales de Uganda fueron abolidos en 1967 por el presidente Milton Obote, una decisión que provocó un profundo rechazo en el centro y el oeste del país.

Casi tres décadas después, el actual presidente, Yoweri Museveni, los restauró mediante la Constitución de 1995, aunque sin devolverles poderes políticos.

(Con información de EFE)

Detrás de cada apuesta deportiva ocurre mucho más que elegir un ganador. En cuestión de milisegundos, algoritmos, modelos matemáticos y sistemas de análisis de datos procesan información para calcular probabilidades, actualizar cuotas y gestionar el riesgo de los operadores.

Este proceso ocurre en un mercado que continúa creciendo. Según Mordor Intelligence, la industria de las apuestas deportivas en línea alcanzó un valor de USD 49,74 mil millones en 2026 y se proyecta que llegue a USD 92,49 mil millones en 2031.

Para expertos en el sector, aunque siempre existe un componente impredecible en cualquier apuesta, comprender cómo funcionan estos sistemas permite entender que detrás de una apuesta existe una compleja infraestructura tecnológica y estadística.

Con ese propósito, el especialista explica cuáles son los principales mecanismos que permiten operar a las plataformas de apuestas deportivas.

La ingeniería del mercado: ¿Cómo funcionan las apuestas?

Aunque para el usuario el proceso de las casas de apuestas deportivas parece sencillo, detrás de cada apuesta ocurre una validación automática que verifica la identidad del usuario, los límites permitidos, la disponibilidad del mercado y la vigencia de la cuota seleccionada.

Según el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), estos procesos se ejecutan en fracciones de segundo gracias a plataformas capaces de procesar miles de operaciones simultáneamente.

El objetivo no es únicamente aceptar una apuesta, sino mantener el equilibrio del mercado incluso cuando miles de usuarios participan al mismo tiempo.

Uno de los conceptos clave es el denominado balance de libros. De acuerdo con especialistas, las casas de apuestas buscan distribuir el riesgo entre los distintos resultados posibles de un evento, de manera que el mercado permanezca equilibrado.

Cuando una gran cantidad de usuarios apuesta por un mismo resultado, aumenta la exposición del operador. En esos casos, las plataformas ajustan las cuotas para incentivar apuestas hacia otros escenarios y reducir ese desequilibrio.

A esto se suma un ecosistema global de liquidez, conformado por proveedores y mercados interconectados que permiten mantener la estabilidad de las cuotas incluso durante eventos con un alto volumen de apuestas.

La matemática detrás de las cuotas

De acuerdo conespecialistas, el corazón de cómo funcionan las apuestas deportivas reside en las matemáticas. El margen oculto, conocido técnicamente como “Vigorish” o “juice”, es cómo el operador garantiza su beneficio antes del evento. Si suma las probabilidades implícitas de todas las cuotas de un mercado, el usuario notará que el total supera el 100%. Ese excedente es la comisión que la casa cobra por ser quien alberga la apuesta.

En la relación entre probabilidad y cuota puede haber para los jugadores un interesante potencial de ganancia. La ventaja aparece cuando la probabilidad estimada de un evento es superior a la probabilidad implícita en la cuota ofrecida por la casa.

Este principio se puede observar también en el análisis matemático de los resultados deportivos: como explica Scientific American, comparar las probabilidades calculadas mediante modelos estadísticos con las que reflejan las cuotas puede revelar diferencias significativas entre ambas estimaciones. Estas diferencias constituyen la base del concepto de «apuesta de valor».

Algoritmos y data: cómo funcionan las apuestas deportivas

El funcionamiento de las apuestas deportivas está muy unido a la tecnología. Los satélites y sensores actualizan el mercado en milisegundos, y esto permite que las apuestas en vivo sean posibles.

Cada pase, falta, tarjeta o gol genera información que alimenta los algoritmos encargados de recalcular las cuotas en tiempo real. Para ello, los operadores utilizan herramientas de Big Data, aprendizaje automático y modelos predictivos que analizan millones de registros históricos para estimar probabilidades con mayor precisión.

Esta infraestructura también permite el funcionamiento de las apuestas en vivo, donde cualquier retraso en la actualización de una cuota puede afectar el equilibrio del mercado.

La seguridad también forma parte del sistema

La tecnología no solo busca calcular probabilidades.También cumple un papel fundamental en la protección de la información y en la validación de cada operación.

De acuerdo con la Gambling Commission del Reino Unido, las plataformas incorporan protocolos de cifrado, autenticación y verificación de resultados oficiales para garantizar la seguridad de las transacciones y reducir el riesgo de errores o fraudes.

A esto se suman los requisitos regulatorios que obligan a los operadores autorizados a cumplir estándares relacionados con protección de datos, juego responsable y transparencia.

El factor humano sigue siendo determinante

Aunque la tecnología desempeña un papel cada vez más relevante, el comportamiento del usuario continúa siendo un componente fundamental del sistema.

Según GamCare, comprender conceptos como las probabilidades, la gestión del presupuesto y los sesgos cognitivos permite interpretar mejor el funcionamiento de este mercado.

En ese sentido, especialistas recomiendan no destinar más que un pequeño porcentaje del capital disponible a un solo evento, esto permite afrontar las inevitables rachas negativas sin comprometer todo el presupuesto.

Otro de los errores más frecuentes, puede ser creer en las llamadas “rachas”. Aunque un equipo acumule varias victorias consecutivas, eso no incrementa ni reduce, por sí solo, sus probabilidades de ganar el siguiente partido.

Este es un contenido comercial, producido por nuestro equipo de branded content a solicitud del anunciante. No es válido para el territorio de Argentina. Consulte cuáles son los sitios u operadores de apuestas habilitados en su país. Prohibido para menores de 18 años. Juegue con responsabilidad. El juego puede ser adictivo y poner en riesgo su salud mental. Si necesita ayuda contáctese con los organismos dedicados a tal fin en tu país.

Un modelo biomecánico plantea que el ave basal, Archaeopteryx, aprendió a despegar con saltos sucesivos hace 150 millones de años. Un animal del período Jurásico que suele ocupar un lugar central en el debate sobre el origen del vuelo.

Este proceso fue estudiado por científicos de la Universidad de Southampton y publicado este año en la revista Developmental Biology. La investigación propone que este ejemplar podía alcanzar la velocidad necesaria para volar después de 2 o 3 impulsos potentes con las patas.

De acuerdo con el reporte de Earth.com, los investigadores utilizaron un modelo por computadora para reconstruir cómo se movía el cuerpo de este ejemplar extinto y calcular qué fuerza podían producir sus extremidades traseras antes de que las alas tomaran el relevo.

Un animal entre dinosaurios y aves

Archaeopteryx presentaba una combinación de rasgos que lo ubican entre los dinosaurios y las aves: tenía alas y plumas de sustentación aérea, pero también conservaba una cola ósea larga, dedos con garras y dientes en una mandíbula sin pico.

El investigador Neil Gostling, de la Universidad de Southampton, dijo que se trata del primer pájaro real, aunque aclaró que “no era un ‘ave’ particularmente desarrollada en comparación con las que conocemos hoy en día”. Esa mezcla de características resulta clave para entender cómo se produjo la transición evolutiva entre ambos grupos.

Las aves modernas suelen despegar con un fuerte impulso de las 2 patas mientras comienzan a mover las extremidades alares. En el caso del ejemplar jurásico, esa maniobra habría tenido limitaciones en la parte superior del cuerpo.

El animal no tenía un esternón con quilla, una estructura ósea donde en las aves actuales se fijan grandes músculos del vuelo. También contaba con una movilidad reducida en el hombro, lo que impedía elevar el ala por encima de la espalda como lo hacen muchas especies vivas.

El papel de las patas en el despegue

“Sabemos que el Archaeopteryx no podía depender de sus alas para despegar —ya que carecía de esternón con quilla y su hombro no podía elevar el ala por encima de la espalda—, así que nos preguntamos qué podían aportar sus patas”, explicó el profesor Markus Heller, también de la Universidad de Southampton.

También afirmó que “resulta que ahí es donde se consigue el despegue: las piernas generan la fuerza y ​​las alas toman el relevo después”.

Los investigadores reconstruyeron esas extremidades traseras y estimaron que representaban cerca del 13% de la masa corporal, una proporción superior a la de muchas aves actuales, que se ubica entre el 9% y el 10%. Ese dato sugiere una mayor importancia funcional de esa parte del cuerpo.

El modelo biomecánico representó un ejemplar de 400 gramos, valor situado en el punto medio de estimaciones previas que oscilaban entre 200 y 600 gramos.

Para desarrollar la simulación, el equipo tomó medidas de despegues de pinzones cebra, incluidas posturas corporales y presión ejercida contra el suelo.

Las imágenes de rayos X permitieron seguir las articulaciones de esas aves y adaptar sus movimientos a las proporciones del fósil. El sistema incorporó 32 músculos y sus tendones, con estimaciones de fuerza basadas en urracas, gallinas de Guinea y cocodrilos del Nilo.

Qué mostró la simulación

El análisis comparó la fuerza de torsión necesaria en la cadera, la rodilla y el tobillo con la capacidad estimada de esos músculos. El equipo probó varias posibilidades: un solo salto, saltos repetidos y combinados con un pequeño aleteo hacia abajo.

Un salto impulsado por las patas produjo una velocidad calculada de 2,98 metros por segundo, equivalente a 6,7 millas por hora. Ese empuje duró entre 66 y 74 milisegundos, y el principal límite apareció en los músculos del tobillo.

Esa rapidez quedó por debajo de los 7 metros por segundo que, según la estimación del estudio, hacían falta para sostener el vuelo. Tras 3 saltos, el animal alcanzaba 6,66 metros por segundo, y luego unos aleteos modestos podían llevarlo al umbral necesario en 0,23 segundos.

Cuando se incorporó un aleteo descendente entre 2 impulsos, el impulso alcanzado llegó a 6,24 metros por segundo. A partir de ese punto, el batido continuo de las extremidades alares podía completar el despegue en 0,36 segundos.

“Nuestros hallazgos demuestran que un Archaeopteryx de tamaño mediano, de 400 gramos, podría haber alcanzado una velocidad de vuelo sostenible de siete metros por segundo con tres saltos bípedos, o con dos saltos bípedos con un aleteo hacia abajo entre saltos”, explicó el Dr. Erik Meilak, ex investigador doctoral de la Universidad de Southampton.

Alcances y límites de la hipótesis

Los autores señalaron que la simulación muestra que los impulsos múltiples eran físicamente posibles, pero no prueba que ese comportamiento haya quedado registrado de forma directa en el registro fósil.

Los resultados dependen de estimaciones sobre postura, fuerza muscular, empuje de las alas y conservación de la velocidad entre cada apoyo. La investigación también advirtió que las aves actuales no son equivalentes exactos de un ejemplar del Jurásico.

Aunque una comparación con cuervos mostró una dependencia similar de las patas, los pinzones cebra usados como referencia pesan más de 10 veces menos que el ejemplar modelado.

Otra limitación del trabajo es que el modelo muscular partió de estimaciones de impulso máximo y no incorporó todos los rasgos del tejido vivo, como la longitud de las fibras o la elasticidad de los tendones.

El estudio indicó además que pequeñas variaciones en el equilibrio corporal o en el punto de apoyo del pie modificaban el impulso de un salto. Los cálculos de trayectoria asumieron un ángulo de despegue de 45 grados, poca resistencia del aire y conservación del impulso entre saltos.

El trabajo respalda la vía terrestre hacia el vuelo, donde las extremidades traseras daban la velocidad inicial y las estructuras alares completaban la maniobra.

Una acumulación histórica de sargazo cubre este verano las playas de Miami, afectando a residentes, turistas y sistemas municipales de limpieza, en un fenómeno que incrementa los costos públicos y la presión ambiental sobre la región. La magnitud del evento ha llevado a equipos de investigación y organismos estatales y federales a acelerar ensayos y estrategias para transformar el desafío en una oportunidad de aprovechamiento.

Según la Universidad de Miami y la Universidad del Sur de Florida (USF), la masa de sargazo flotante en el Atlántico y el Caribe alcanzó 33 millones de toneladas en 2026, lo que convierte la temporada en una de las de mayor impacto desde que existen registros satelitales. El condado de Miami-Dade ha destinado más de 35 millones de dólares anuales para la recolección y disposición de esta alga, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

El sargazo es una macroalga parda que se desplaza en grandes cantidades por el océano, formando manchas densas que, al llegar a la costa, afectan la calidad ambiental y económica. Desde 2011, la proliferación en la región, conocida como el “Gran Cinturón Atlántico de Sargazo”, dejó de ser un fenómeno estacional y se convirtió en un desafío recurrente para las costas de Florida, el Caribe y el Golfo de México, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Por qué hay tanto sargazo en Miami en 2026?

Un boletín de la Universidad del Sur de Florida publicado en julio confirma que el Atlántico-Caribe ha alcanzado niveles récord de biomasa en junio y julio, con estimaciones de 33,6 millones de toneladas flotando en la región. Según el mismo boletín, el Caribe experimenta el mayor registro de sargazo desde el inicio de los monitoreos satelitales, mientras que el Golfo de México casi duplicó sus cifras anteriores para el mismo periodo.

La NOAA señala que el aumento de nutrientes en el Atlántico, cambios en las corrientes oceánicas y el calentamiento global han intensificado la proliferación de estas algas en la última década. Desde 2011, el fenómeno ha dejado de ser esporádico para convertirse en una amenaza ambiental y económica constante para las ciudades costeras, entre ellas Miami.

El arribo masivo de sargazo a las playas de Miami crea obstáculos físicos en la zona de baño, limita el acceso al mar y reduce la calidad de la experiencia turística, según un informe de la Universidad de Miami. Al descomponerse, el alga libera gas sulfhídrico, responsable de un olor fuerte similar al de huevos podridos, y puede contener metales pesados como arsénico, según reporta el Departamento de Salud de Florida.

Las autoridades han reforzado la limpieza y recolección diaria en la costa, aunque la acumulación masiva ha superado en ocasiones la capacidad de respuesta de los equipos municipales. El costo anual de la gestión del sargazo para Miami-Dade supera los 35 millones de dólares, de acuerdo con la EPA. Además, la saturación de vertederos y el riesgo de exposición a gases pueden afectar la salud pública, especialmente en personas con asma y afecciones respiratorias.

¿Qué acciones implementan las autoridades y la comunidad científica para resolver el problema del sargazo?

La Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science de la Universidad de Miami lidera un proyecto experimental para transformar el sargazo en insumos útiles para la agricultura y la acuicultura. El sistema utiliza larvas de mosca soldado negra para degradar la biomasa y producir fertilizantes y alimentos para peces. El proyecto cuenta con el respaldo del Florida Sea Grant y el Hinkley Center for Solid and Hazardous Waste Management.

“El objetivo es convertir un residuo costoso en productos de valor para la bioeconomía local”, explicó Daniel Benetti, director del programa de acuicultura, en una declaración institucional. El sistema experimental consiste en módulos portátiles y controlados que pueden procesar grandes volúmenes de sargazo directamente en comunidades costeras.

Los ensayos realizados en el laboratorio han demostrado que las larvas crecen con eficiencia en mezclas de residuos orgánicos y presentan tasas de supervivencia superiores al 90 %. Actualmente, el equipo trabaja en pruebas específicas para garantizar la reducción efectiva de contaminantes como el arsénico antes de escalar el modelo a nivel regional.

¿Cuáles son los riesgos asociados al manejo y uso del sargazo?

El principal desafío identificado por los especialistas es la presencia de contaminantes, especialmente metales pesados y compuestos orgánicos que pueden limitar el uso del sargazo como insumo alimentario o agrícola si no se logra su eliminación. El proceso experimental busca garantizar que los productos obtenidos sean seguros y aptos para su utilización, según la Universidad de Miami.

La EPA advierte que la exposición prolongada al gas sulfhídrico puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, y que el contacto con metales pesados puede representar un riesgo adicional. Las autoridades recomiendan evitar el contacto directo con grandes acumulaciones de sargazo y monitorean de manera continua la calidad del aire y del agua en las zonas afectadas.

El costo económico de la gestión, que supera los 35 millones de dólares solo en el condado de Miami-Dade, se suma a la presión sobre los vertederos y la infraestructura municipal, de acuerdo con la EPA y reportes de la USF.

¿Qué impacto tiene el sargazo y qué medidas están en marcha?

La llegada de sargazo afecta la imagen de las playas y la experiencia de los turistas. El bloqueo de accesos al mar, la alteración visual y los olores han reducido la afluencia de visitantes en algunos sectores costeros. Las autoridades han implementado barreras flotantes, incrementado la frecuencia de recolección y coordinado campañas de información para mitigar el impacto.

El sector hotelero y los operadores turísticos mantienen contacto con las autoridades para ajustar sus servicios y comunicar condiciones actualizadas a los visitantes. La recolección intensiva y la disposición en vertederos forman parte del protocolo diario, aunque los expertos advierten que la solución a largo plazo requiere innovación científica y cooperación regional.

¿Qué avances científicos existen para convertir el sargazo en un recurso?

El equipo de la Universidad de Miami ha desarrollado un sistema que emplea larvas de mosca soldado negra para bioconvertir el sargazo en insumos valiosos. El método consiste en alimentar a las larvas con mezclas de residuos orgánicos, entre ellos sargazo, y obtener como resultado proteína para alimento animal y fertilizante orgánico. Las pruebas iniciales han arrojado tasas de supervivencia de entre 94 % y 99 % para las larvas, de acuerdo con los reportes institucionales.

El objetivo es escalar la tecnología a nivel regional mediante unidades portátiles y modulares que puedan instalarse en zonas costeras afectadas. “Estamos convirtiendo una carga ambiental en una solución de valor para la costa”, declaró Daniel Benetti en un comunicado de la Universidad de Miami. Los investigadores continúan evaluando cómo reducir los contaminantes y garantizar la inocuidad de los productos.

¿Cómo se monitorea el avance del sargazo en el Caribe y Florida?

El seguimiento y la predicción de los arribos de sargazo se basan en imágenes satelitales, boletines periódicos de la USF y reportes de instituciones ambientales como la NOAA. Estas herramientas permiten anticipar los picos de llegada y coordinar las respuestas a nivel municipal y estatal. De acuerdo con el Caribbean Seaweed Tracker, la temporada de 2026 se ha destacado por su alta actividad y se prevé que las cantidades comiencen a disminuir hacia el último trimestre del año.

Las autoridades continúan ajustando sus estrategias en función de los datos y recomendaciones científicas, mientras se mantienen en contacto con el sector privado y la comunidad local para adaptar los protocolos de limpieza y uso de las playas.

¿Qué se puede esperar sobre el manejo del sargazo en Miami a futuro?

La experiencia de 2026 refuerza la necesidad de soluciones integrales y sostenibles para el manejo de residuos marinos. La combinación de innovación científica, cooperación interinstitucional y políticas públicas podría determinar la capacidad de las ciudades costeras para enfrentar el fenómeno de manera efectiva en los próximos años.

Mientras avanzan los ensayos y proyectos piloto, los residentes, autoridades y actores económicos de Miami aguardan la evolución de las investigaciones y la consolidación de alternativas viables para el aprovechamiento del sargazo.

República Dominicana cuenta con una red diversa de lagos y lagunas que, más allá de su atractivo escénico, cumplen un papel en la conservación de la biodiversidad y el abastecimiento de comunidades enteras, según un nuevo reporte del Ministerio de Medio Ambiente.

El documento advirtió sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas y propuso medidas para garantizar su protección.

El territorio dominicano alberga una amplia gama de cuerpos de agua interiores, desde grandes lagos hasta lagunas costeras y temporales. El lago Enriquillo, con una superficie de cerca de 265 kilómetros cuadrados, es el mayor de las Antillas y se localiza en una depresión tectónica por debajo del nivel del mar. El lago es hábitat del cocodrilo americano y el flamenco del Caribe.

Por otro lado, la laguna Cabral o de Rincón representa el mayor reservorio de agua dulce del país, con aproximadamente 30 kilómetros cuadrados de extensión.

Además, el país cuenta con lagunas kársticas, costeras y temporales distribuidas en distintas regiones, lo que refleja la diversidad hidrográfica dominicana.

Funciones ambientales y presión sobre los ecosistemas

El informe del Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que estos ecosistemas cumplen múltiples funciones ambientales. “Los lagos y lagunas regulan el ciclo del agua, protegen las zonas costeras, y son refugio de especies endémicas y migratorias”, puntualizó el reporte oficial.

Su existencia también sostiene actividades productivas como la pesca, la agricultura y el turismo, esenciales para la subsistencia de numerosas comunidades rurales y urbanas.

El documento señaló que, pese a su importancia ecológica y socioeconómica, los lagos y lagunas enfrentan un escenario de creciente vulnerabilidad. La variabilidad climática, la alteración de los regímenes de lluvias y el aumento de las temperaturas modificaron la dinámica hídrica de estos sistemas y elevaron el riesgo de sequías, salinización y pérdida de hábitats.

A estos factores se suman la contaminación por desechos domésticos e industriales, el uso intensivo de agua y la expansión de actividades humanas en las cuencas. El informe detalló que la eutrofización y la introducción de especies exóticas también figuran como amenazas para la fauna y la flora nativas.

Iniciativas de protección y llamado oficial

Según el reporte oficial, “mantener el equilibrio de estos espacios depende de la reducción de presiones humanas y del fortalecimiento de políticas de conservación”. El Ministerio de Medio Ambiente insistió en la necesidad de promover un manejo sostenible e integral, que incluya acciones de restauración y educación ambiental en las comunidades locales.

En los últimos años, la comunidad internacional dio pasos para enfrentar la degradación de los lagos. En 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó una resolución que exhorta a los Estados miembros a proteger, conservar, restaurar y garantizar el uso sostenible de los lagos. Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 27 de agosto como el Día Mundial de los Lagos, una fecha dedicada a sensibilizar sobre su papel en la sostenibilidad global.

El reporte del Ministerio de Medio Ambiente citó estas iniciativas como respaldo a los esfuerzos nacionales para conservar el patrimonio hídrico dominicano. El organismo remarcó que la integración de los compromisos internacionales en la legislación y los planes nacionales resulta esencial para asegurar una gestión eficaz de los recursos acuáticos.

Las autoridades ambientales dominicanas insistieron en que la protección de los lagos y lagunas requiere la participación activa de toda la sociedad. “Toca a cada dominicano sumarse a este propósito y hacer conciencia de que cuidar estos tesoros es, en definitiva, cuidar las fuentes de vida que conectan el agua y la biodiversidad con el bienestar humano”, enfatizó el documento ministerial, citado por Infobae.

El informe alentó la vigilancia comunitaria, la educación ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en el uso del agua. También propuso la restauración de zonas degradadas y la creación de áreas protegidas específicas para lagos y lagunas de alto valor ecológico.

La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ha llegado a su fin, dejando un panorama vibrante, lleno de sorpresas, confirmación de hegemonías y rotundos fracasos de potencias regionales. Con los ocho mejores clubes clasificados a la fase de eliminación directa, el torneo calienta motores para una ronda de infarto donde no solo está en juego el prestigioso título de campeón del área, sino también los cotizados boletos a la Concacaf Liga de Campeones.

El último pendiente quedó resuelto tras el triunfo del Club Deportivo Olimpia 2-1 sobre el Deportivo Saprissa en Tegucigalpa. La emoción de las llaves de eliminación directa comenzará más pronto de lo previsto. Las fechas oficiales para la serie de ida y vuelta quedan pactadas en el calendario internacional de la siguiente manera:

• Partidos de Ida: Se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026.
• Partidos de Vuelta: Se jugarán entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026.

El formato del torneo añade una dosis extra de drama y tensión a cada eliminatoria. Los cuatro equipos que salgan victoriosos en los cuartos de final y clasifiquen a semifinales obtendrán de manera directa su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions), manteniendo intacto el sueño de alzarse con la corona regional.

Honduras, Costa Rica y El Salvador imponen su ley: los ocho clasificados a cuartos de final

Como se ha hecho una costumbre casi natural en los torneos continentales, Honduras y Costa Rica demostraron por qué poseen las ligas más competitivas y sólidas de la región. Ambas naciones metieron a la gran mayoría de sus representantes en la fiesta grande de los cuartos de final, sumando seis de los ocho cupos disponibles.

Por el lado hondureño, la efectividad fue total. El balompié catracho firmó un pleno impecable al clasificar a sus tres representantes:

• Club Deportivo Olimpia
• Fútbol Club Motagua
• Club Deportivo Marathón.

Por parte de Costa Rica, la cuota de clasificación también es de tres clubes: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Únicamente el Club Sport Herediano quedó fuera de combate en la fase de grupos. Saprissa y Alajuelense confirmaron su rol de candidatos naturales al título con actuaciones sobrias, mientras que Cartaginés supo sellar su boleto con personalidad.

La gran sorpresa grata de esta edición corre por cuenta de El Salvador. El fútbol cuscatleco firmó, hasta la fecha, su mejor actuación histórica en la Copa Centroamericana de Concacaf metiendo a dos clubes entre los mejores ocho del torneo. Alianza FC y Club Deportivo Luis Ángel Firpo dieron la cara por el balompié salvadoreño con exhibiciones valientes y competitivas, rompiendo sequías recientes y demostrando un notable crecimiento táctico que renueva las esperanzas de su afición.

El debacle de las ligas centroamericanas: Guatemala, Panamá, Nicaragua y Belice sin representación en la fase final

La Liga Nacional guatemalteca partió como una de las ligas con mayor representación al colocar a cuatro clubes en la competencia continental. Sin embargo, en un desenlace verdaderamente insólito, ninguno de los cuatro equipos guatemaltecos logró avanzar a cuartos de final.

El resto del mapa centroamericano tampoco dejó buenas noticias. Panamá vivió un torneo para el olvido: ninguno de sus clubes pudo colarse en la ronda eliminatoria, marchándose sin pena ni gloria y desaprovechando una oportunidad de oro para consolidar el crecimiento que ha mostrado su selección nacional.

Nicaragua, que en ediciones anteriores había sorprendido a la región gracias a las gestas épicas y noches históricas del Real Estelí, parece haber regresado a una realidad mucho más discreta. Esta vez el fútbol nicaragüense no tendrá representación en cuartos de final, dejando vacíos los escenarios internacionales a los que amagaba con acostumbrarse.

La alta incidencia de infecciones de vías urinarias en mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud pública en América Latina, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entrevistas con expertos. El problema afecta a millones cada año, impactando la calidad de vida, la productividad y generando una importante demanda de atención médica.

En la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, la cirujana uróloga, Alva Damaris Ortiz Campos, explicó los factores que influyen en la aparición de estas infecciones y la manera en que varían respecto a los hombres.

Las infecciones de vías urinarias (IVU) se clasifican en altas, que afectan el riñón (pielonefritis), y bajas, que afectan la vejiga (cistitis) o la próstata en el caso de los hombres. Según la OMS, hasta el 60% de las mujeres adultas experimentará al menos una IVU en algún momento de su vida, una cifra que supera ampliamente la prevalencia en hombres. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha advertido que la incidencia es mayor en la región centroamericana, donde las condiciones de saneamiento y el acceso a servicios médicos presentan desafíos adicionales.

En la conversación televisiva, Ortiz Campos detalló que la anatomía femenina predispone a infecciones más frecuentes. “La uretra de la mujer mide cuatro centímetros, la del hombre quince. El paso de una bacteria hasta la vejiga es más fácil en la mujer”, señaló la especialista, quien agregó que la cercanía entre la uretra, la vagina y el ano facilita el ingreso de microorganismos. Este fenómeno, según la BBC News, explica por qué las infecciones recurrentes son comunes en mujeres jóvenes y adultas.

La relación sexual es uno de los principales desencadenantes en mujeres menores de cuarenta años. “Si hay síntomas urinarios uno, dos o tres días después de la relación, debo pensar en eso”, advirtió Ortiz Campos. No se trata de una enfermedad de transmisión sexual, sino de una reacción a la fricción, que puede provocar pequeñas heridas internas facilitando la infección. La Mayo Clinic ha documentado esta asociación, subrayando la importancia de la higiene antes y después de las relaciones.

A partir de los cuarenta años, los trastornos hormonales, especialmente la disminución de estrógenos, aumentan el riesgo de infecciones urinarias. La resequedad vaginal secundaria a la deficiencia hormonal altera la flora bacteriana y favorece la colonización de bacterias patógenas. Según datos de The Lancet, el uso de cremas de estrógenos puede reducir la frecuencia de infecciones recurrentes en mujeres posmenopáusicas, una práctica respaldada por la experiencia clínica de especialistas como Ortiz Campos.

Las complicaciones de una IVU no tratada pueden ser graves. La OMS advierte que la progresión hacia pielonefritis puede provocar fiebre alta, dolor lumbar, daño renal y, en casos extremos, sepsis. En niños, embarazadas y personas mayores, el riesgo de complicaciones aumenta, por lo que la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales.

El tratamiento estándar suele consistir en antibióticos de amplio espectro, aunque la automedicación y el uso indiscriminado han incrementado la resistencia bacteriana en la región. Los médicos recomiendan realizar un cultivo de orina para confirmar el diagnóstico y ajustar el tratamiento según el antibiograma. Las autoridades sanitarias de la región insisten en completar el ciclo de antibióticos y no suspenderlo ante la desaparición de los síntomas.

La doctora Ortiz Campos también subrayó la importancia de los hábitos de higiene e hidratación. “Hidratarse bien, ver el color de la orina y consumir líquidos suficientes es esencial, sobre todo si se practica deporte”, afirmó la especialista. El uso de ropa ajustada o permanecer con prendas húmedas tras el ejercicio también puede favorecer la aparición de infecciones, una observación respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La diferencia con los hombres radica en que las infecciones urinarias son mucho menos frecuentes en ellos y, cuando ocurren, suelen asociarse a complicaciones como prostatitis o a factores obstructivos, según la Mayo Clinic. Las infecciones en el varón requieren un manejo más exhaustivo debido al mayor riesgo de complicaciones.

A nivel regional, la OPS calcula que las IVU representan hasta el 25% de las consultas en urología y ginecología en América Central y el Caribe. El acceso limitado a servicios médicos y la automedicación agravan el problema en zonas rurales y periurbanas.

Entre las recomendaciones finales, los organismos internacionales y los expertos coinciden en promover la ingesta adecuada de agua, realizar controles médicos periódicos y educar sobre hábitos de higiene. La prevención y el tratamiento oportuno resultan claves para reducir el impacto de las infecciones urinarias en las mujeres de la región.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) reportó el asesinato de una doctora en Güines, lo que eleva a 47 el número de feminicidios en Cuba hasta el 24 de agosto de 2026. La organización independiente atribuye estos hechos a un contexto de crisis social y ausencia de leyes específicas para proteger a las mujeres.

El último caso confirmado corresponde a Yanelkys Alonso Valdés, médica de 55 años, quien murió en la madrugada del 23 de agosto en su vivienda en Güines, provincia de Mayabeque, según informó el observatorio.

La organización afirmó que la víctima fue atacada por su expareja, quien también provocó heridas graves a la madre de Alonso Valdés, mayor de 75 años, y lesionó a otro familiar que trató de defenderlas. El presunto agresor permanece detenido tras autolesionarse, de acuerdo con el reporte de OGAT.

La entidad también documenta 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres vinculados a contextos de violencia feminicida, cifras que la organización considera subregistros ante la falta de datos oficiales.

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, vinculó el crimen con el deterioro de las condiciones sociales en la isla. “Lo que estamos observando, queremos remarcar esto, es muy preocupante, porque esta violencia ocurre en medio de una depauperación general de la sociedad cubana. No solamente estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando también de una crisis política, de una dictadura que provoca todos estos problemas en la sociedad cubana”, manifestó Álvarez, citada por el Observatorio de Alas Tensas.

Crecen los feminicidios

Durante el primer semestre de 2026, OGAT reportó 37 feminicidios: 13 entre enero y marzo, y 24 entre abril y junio, lo que representa un incremento del 84.6 % de un trimestre al siguiente. El acumulado alcanzó 47 casos en agosto, según los datos verificados por el observatorio. La organización también registra 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

Álvarez advirtió que la violencia de género afecta a diferentes generaciones. El informe de OGAT señala que, entre las víctimas del primer semestre, las edades oscilaron entre los 7 y los 79 años. Tres de ellas eran menores, y al menos 32 niñas, niños o adolescentes perdieron a sus madres o cuidadoras como consecuencia directa de estos crímenes.

El Observatorio de Alas Tensas denuncia que Cuba no cuenta con una ley integral específica para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Tampoco existe una red pública suficiente de refugios para víctimas. El Código Penal cubano de 2022 incluye la muerte de una mujer en determinadas circunstancias de violencia dentro del delito de asesinato, pero no reconoce el feminicidio como delito autónomo ni utiliza los términos femicidio o feminicidio para identificar una figura penal concreta.

OGAT sostiene que la ausencia de marcos legales y recursos adecuados dificulta la prevención y la atención de la violencia de género en la isla. Según la organización, el subregistro de feminicidios es una consecuencia directa de la falta de transparencia y de estadísticas oficiales accesibles.

La entidad continúa con el monitoreo independiente de los casos y ha comenzado a registrar intentos de feminicidio, así como posibles suicidios feminicidas vinculados a antecedentes de violencia, una categoría que pretende visibilizar situaciones donde la presión y el maltrato reiterado conducen a la muerte de mujeres.

La reducción de los caudales en los ríos que abastecen los principales acueductos de Santo Domingo ha provocado una disminución de hasta 68% en la producción de agua potable en sectores clave de la capital dominicana.

Según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la situación responde a la persistente ausencia de lluvias desde mayo en las cuencas de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey, recursos hídricos esenciales para el suministro de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la CAASD, el sistema Haina-Manoguayabo, diseñado para producir 91 millones de galones diarios, solo pudo entregar 21 millones el último domingo.

Al mismo tiempo, el acueducto Isabela, cuya capacidad nominal es de 9 millones de galones por día, registró una producción de apenas 3 millones. Ambas infraestructuras presentan reducciones superiores al 65% frente a sus niveles habituales.

La caída en los caudales no solo impacta a estos dos sistemas. La CAASD especificó que los acueductos Isa-Mana y Duey también presentan reducciones superiores al 60%.

Esta disminución afecta a los sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y parte del Distrito Nacional, así como a zonas residenciales ubicadas a lo largo de la avenida República de Colombia, incluyendo Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3 e Isabel Villa.

Además, áreas al sur de la avenida John F. Kennedy y barrios como Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atalah, Zona Universitaria y Gascue experimentan dificultades en el acceso al agua.

“Desde el mes de mayo hasta la fecha hemos tenido una reducción en las lluvias, fundamentalmente en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa, Mana, Duey e Isabela; al igual que el río Nizao, que abastece al acueducto Valdesia. Producto de esta situación, el acueducto Haina-Manoguayabo tiene una reducción en su producción de un 68%”, informó la CAASD en el comunicado.

Redistribución de agua y refuerzo logístico ante la crisis hídrica

Para atender la crisis, la CAASD implementó un plan de contingencia que contempla el trasvase de agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y los residenciales próximos a la avenida República de Colombia. Aunque el río Nizao también registra una baja en su caudal, el acueducto Valdesia-Santo Domingo cuenta con dos presas que mantienen reservas suficientes, lo que permite operar en condiciones normales, según aseguró la institución.

El organismo destacó que Valdesia se considera actualmente la fuente más confiable, por lo cual desde este sistema se está redistribuyendo agua hacia los puntos más afectados. Asimismo, se indicó que el Distrito Nacional, que recibe agua tanto del sistema Haina-Manoguayabo como de Valdesia, está siendo abastecido principalmente por este último.

Para reforzar la distribución ante la emergencia, la CAASD adquirió 40 nuevos camiones cisterna, de los cuales ya han sido entregados 16 y el resto se sumará en los próximos días. Estos vehículos se suman a una flota de 76 camiones contratados al sector privado, además de una reserva de 10 mil galones para atención inmediata en las zonas más críticas.

La institución informó que tanto la Dirección General como la de Operaciones monitorean continuamente los pronósticos del Instituto Dominicano de Metodología (INDOMET), dada la influencia directa del fenómeno El Niño en la sequía. El comunicado de la CAASD advierte que este fenómeno afecta no solo a la República Dominicana, sino que se trata de un problema compartido por otros países latinoamericanos.

La situación permanece bajo vigilancia, mientras las autoridades insisten en la importancia de optimizar el uso del agua en los hogares y comercios afectados.

Ángel Serrano Hernández lleva días incomunicado en el correccional La Lima, en Guanabacoa, con un ojo inflamado y sin que su familia haya podido verlo ni hablar con él. La versión oficial lo responsabiliza por sus propias lesiones. La de los presos que lo conocen, no.

El activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en La Güinera, el barrio habanero que se convirtió en uno de los epicentros del mayor estallido social de Cuba en décadas.

Lo que ocurrió en la finca La Guayaba

Todo comenzó, según el relato oficial, cuando Serrano Hernández se negó a cumplir una orden de trabajo en la finca La Guayaba y abandonó la formación frente al jefe de la unidad.

Gritó consignas contra el gobierno. Fue trasladado al Puesto de Mando, donde, según la misma versión, siguió diciendo lo que pensaba.

Su sobrino Janry Serrano se presentó en la cárcel para saber qué había pasado. Las autoridades le negaron la visita y lo derivaron a una llamada telefónica con un agente de la Seguridad del Estado.

Serrano había aprovechado “la oportunidad para decir lo que sentía, sobre lo que todos estamos de acuerdo porque todos estamos pasando por el mismo proceso”, relató Janry a Martí Noticias, al citar las palabras del oficial de la policía política.

La versión oficial que la familia rechaza

La explicación oficial para el ojo inflamado y las lesiones visibles es que el propio Serrano se las causó: se golpeó contra la pared y se propinó puñetazos. Varios guardias lo maniataron y lo ingresaron en un cuarto de aislamiento porque, según el agente, las celdas de castigo estaban llenas. Después evaluaron su traslado al campamento Toledo 2.

Los familiares no han podido contrastar nada de eso. No han visto al preso. No han hablado con él.

A esa incomunicación se suma un historial médico que agrava la situación: Serrano padece afecciones crónicas desde al menos 2023 y las autoridades penitenciarias le han denegado de forma sistemática la atención médica que requiere, según denuncias previas de su entorno.

Un caso dentro de un patrón documentado

El de Serrano no es un hecho aislado. Al cierre de julio de 2026, la organización Prisoners Defenders registraba 1,327 presos políticos en Cuba, de los cuales 459 padecen patologías médicas graves.

La ONG documenta de forma recurrente golpizas, aislamiento, desnutrición y privación de atención médica como prácticas sistemáticas en los penales de la isla.

En julio, otro preso político, Roilán Álvarez Rensoler, fue golpeado en la Prisión Provincial de Holguín con tal violencia que sufrió fracturas en los brazos y heridas en la cabeza, según denunció su hermana a Radio Martí. La causa: haberse negado a vestir el uniforme del penal.

Human Rights Watch señaló en el quinto aniversario del 11J que cientos de cubanos permanecen detenidos por “el simple pecado” de haber preguntado en voz alta por sus derechos.

Lo que el silencio no puede ocultar

El caso de Serrano Hernández condensa varios de los mecanismos que las organizaciones de derechos humanos describen desde hace años: la protesta verbal como detonante de represalias físicas, la versión oficial que culpa a la víctima, el aislamiento como castigo y la familia convertida en espectadora impotente de lo que ocurre al otro lado de los muros.

Hasta el cierre de esta nota, la familia no había logrado ningún contacto directo con el preso político. Su estado real de salud seguía sin poder ser verificado de forma independiente.

La inteligencia artificial (IA) y la participación de la Unión Europea como región invitada de honor marcarán la edición número 41 de ANDICOM 2026, el congreso tecnológico y empresarial organizado por CINTEL, que se realizará del 1 al 4 de septiembre en Cartagena bajo el lema “Unleashing the Power of AI” (Liberando el poder de la IA).

El evento reunirá a más de 6.200 asistentes de más de 35 países y pondrá el foco en cómo la IA está transformando la productividad, los negocios y las economías. Sin embargo, la presencia europea llevará la conversación más allá de la IA, con temas como ciberseguridad, identidad digital, conectividad, infraestructura de datos, talento tecnológico, innovación y tecnologías espaciales.

La participación europea llega en un momento en que la relación entre Colombia y la Unión Europea también se refleja en iniciativas concretas de tecnología e innovación.

Un ejemplo reciente ocurrió tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Tras el sismo, Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, activó su Servicio de Gestión de Emergencias para realizar un mapeo de las zonas afectadas.

El servicio utiliza imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para generar información cartográfica en situaciones de emergencia. En el caso colombiano, la activación contempló el análisis de zonas afectadas por el terremoto, entre ellas Quibdó, Pereira, Manizales y Cali.

¿Por qué la Unión Europea será protagonista de ANDICOM 2026?

La presencia de la Unión Europea en ANDICOM 2026 también responde al peso que tiene el bloque en el sector tecnológico colombiano. De acuerdo con cifras de la Unión Europea, el 23 % de la inversión extranjera directa del sector TIC proviene de la Unión Europea, que agrupa a 27 Estados miembros. Además, las empresas europeas han generado más de 120.000 empleos directos en Colombia y registran una facturación anual asociada de COP 20 billones en el sector.

Para Colombia, la relación con la Unión Europea va más allá de la inversión. La cooperación también abarca áreas como innovación, IA, gobernanza digital y desarrollo tecnológico, temas que tendrán un espacio en la agenda del bloque durante ANDICOM 2026.

“Es un honor poder llevar a Europa a ANDICOM 2026. Esta alianza refleja la solidez de la relación con Colombia y nuestro compromiso con el desarrollo de una economía digital innovadora, segura y centrada en las personas”, afirmó François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

Para el diplomático, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la cooperación, impulsar las inversiones europeas en la región y avanzar en una agenda conjunta de transformación digital.

IA, ciberseguridad y conectividad: los temas de ANDICOM

Dentro del evento, la Unión Europea tendrá un papel destacado en la apertura del Main Academic Forum, el 2 de septiembre, en una jornada dedicada a la inteligencia artificial como infraestructura de desarrollo y a la aceleración tecnológica de las economías.

Además, el programa académico de ANDICOM 2026 estructura su agenda alrededor de cuatro ejes estratégicos: IA; ciberseguridad y confianza digital; conectividad e infraestructura digital; y política pública y regulación.

El congreso analizará cómo la inteligencia artificial está transitando de la fase experimental hacia aplicaciones con impacto en la productividad empresarial, la competitividad y la transformación de organizaciones y gobiernos.

La agenda europea contempla también innovación en startups y pymes, conectividad territorial e infraestructura de datos sostenible, y programas espaciales como Copernicus e IRIS².

Global Gateway y las alianzas público-privadas

Global Gateway, la estrategia europea de inversión en infraestructura sostenible a nivel global, será uno de los marcos de acción presentados en el congreso. Su implementación en Colombia se articula a través del denominado Equipo Europa, que integra a la Unión Europea, sus Estados miembros, instituciones financieras europeas y empresas privadas, con el objetivo de movilizar financiación, tecnología y conocimiento mediante alianzas público-privadas.

El propósito declarado, según la Delegación de la Unión Europea en Colombia, es acelerar una economía digital más productiva, ampliar oportunidades para empresas, jóvenes y territorios, y reducir brechas de conectividad, en particular en zonas rurales.

“Ser la región invitada de honor en ANDICOM refleja nuestra relación con Colombia y la voluntad compartida de construir un futuro digital basado en la confianza, la innovación y las oportunidades”, concluyó Roudié.

Para la Unión Europea, Colombia aporta talento, diversidad territorial y capacidad de innovación; Europa aporta inversión, experiencia y estándares. Es, subrayan desde la Delegación, una agenda que se construye conjuntamente y que en ANDICOM 2026 tendrá su primer gran escenario compartido. Quienes quieran conocer más sobre la participación europea, su agenda académica y las iniciativas que impulsa en Colombia pueden consultar los canales oficiales de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.

El Departamento del Tesoro impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán.

Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.

“Hoy, en el marco de la ‘Operación Marginado Económico’, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE como banco corresponsal a las instituciones financieras estadounidenses”, anunció el Tesoro en un comunicado.

“El Tesoro prometió cortar todas las vías de escape económicas que le quedan a Teherán y acabar definitivamente con la amenaza del régimen iraní”, declaró Bessent.

“También advertimos que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní”, completó.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Reza Mohammad Taeedi, gerente de la sucursal de Bank Melli en Dubái. Y también impuso sanciones contra Kameng Trading Limited, una empresa fachada con sede en Hong Kong que ayudó a blanquear fondos para una casa de cambio iraní sancionada.

Más temprano, el régimen iraní afirmó que los países “están obligados” a no aplicar ni reconocer las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, una campaña de presión económica que calificó de “continuación de la guerra”.

“Todos los países están obligados a abstenerse de aplicar tales sanciones”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní, en su primera respuesta oficial a la operación “Paria Económico” anunciada por EEUU el lunes.

La cartera de Exteriores sostuvo en un comunicado que las sanciones estadounidenses suponen “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas”, “terrorismo de Estado”, una violación de la soberanía nacional y una extensión de la guerra que EEUU e Israel iniciaron el 28 de febrero.

“La declaración de guerra económica contra Irán constituye una continuación de la guerra agresiva que Estados Unidos y el régimen sionista han librado contra Irán durante el último año y medio bajo pretextos falsos e infundados, poniendo en peligro la paz y la seguridad regionales e internacionales”, indicó el Ministerio.

Las autoridades iraníes afirmaron que la operación económica tiene la intención de “infringir dolor y sufrimiento al pueblo iraní y privar a los ciudadanos iraníes de sus derechos humanos fundamentales, por lo que se considera un crimen internacional y un crimen de lesa humanidad”.

Por ello, llamaron a la comunidad internacional a tomar “las medidas necesarias para proteger el Estado de derecho”.

Estados Unidos anunció el lunes la operación “Paria Económico” para cortar “todas las opciones económicas” de Irán, con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica.

Irán dijo antes del anuncio de las sanciones que considerará como un “enemigo” a cualquier país que colabore “en la guerra económica” de Estados Unidos.

La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán cumple este viernes seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes.

El Salvador acumuló USD 5,924.8 millones en remesas familiares entre enero y julio de 2026, un aumento de 3.7% frente al mismo período del año anterior, según el informe estadístico del Banco Central de Reserva (BCR) difundido el jueves.

Los envíos de la diáspora equivalieron a más de una cuarta parte del producto interno bruto del país y se consolidaron como el mayor sostén externo de la economía salvadoreña.

El dato fue positivo en términos absolutos, pero escondió una señal de alerta: el ritmo de crecimiento se redujo de forma pronunciada. En el primer semestre de 2025, las remesas crecieron 18% interanual, impulsadas en parte por el temor de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos a las deportaciones tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En 2026, esa tasa cayó a 3.7%.

Estados Unidos concentra casi todos los envíos

El origen de los envíos no varió: Estados Unidos aportó USD 5,465.5 millones, el 92.2% del total, con un crecimiento de 3.4% frente a 2025. Canadá ocupó el segundo lugar con USD 49.2 millones, seguida de España con USD 42.9 millones e Italia con USD 37 millones.

La remesa promedio subió a USD 337 entre enero y julio, frente a USD 324.2 en igual período de 2025. El BCR contabilizó 15,663,157 operaciones, un alza de 0.6% respecto del año anterior. Esa cifra excluyó los envíos en efectivo y las recargas a teléfonos móviles.

Julio marcó la primera caída interanual del año

El mes de julio fue el más débil del período. El acumulado mensual de ese mes llegó a USD 864.3 millones, cifra inferior en USD 8.6 millones a julio de 2025, lo que representó una contracción de 1%.

Fue la primera caída mensual interanual del año y confirmó la tendencia de desaceleración que ya se observaba desde junio, cuando el ingreso mensual bajó 1.7% frente al mismo mes de 2025.

La CEPAL, comisión regional de las Naciones Unidas, advirtió en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, publicado el 20 de agosto, que las remesas centroamericanas enfrentan “múltiples riesgos”: la disminución del número de remitentes activos en Estados Unidos, el endurecimiento de las restricciones migratorias y una menor resiliencia del mercado laboral estadounidense.

El organismo concluyó que “la capacidad de las remesas para operar como mecanismo compensatorio y contracíclico del déficit de la cuenta corriente en 2026 será más acotada”.

La región central recibió la mayor cantidad de recursos

Por zonas geográficas, la región central del país recibió USD 2,096.4 millones, el 35.4% del total. La zona oriental captó USD 1,786.2 millones y registró el mayor crecimiento entre las cuatro regiones, con 4.4%. La occidental sumó USD 1,016.1 millones y la paracentral, USD 716.7 millones.

A nivel departamental, San Salvador lideró con USD 1,080.5 millones, seguido de San Miguel con USD 659.4 millones y La Libertad con USD 502.8 millones. En el ámbito distrital, el distrito de San Salvador recibió USD 542.5 millones, con un crecimiento de 6.3%, el más alto entre los distritos del informe.

Creció el abono a cuentas bancarias

Un cambio estructural se consolidó en la forma de recibir los envíos. Las remesas con abono a cuenta bancaria alcanzaron USD 2,149.5 millones, un alza de 15.2% frente a 2025, y representaron el 36.3% del total. Las remesas sin abono a cuenta retrocedieron 2.5%, hasta USD 3,495.6 millones, aunque mantuvieron la mayor participación, con 59% del flujo.

Las instituciones bancarias liquidaron USD 2,428.4 millones, 7.1% más que un año antes. Las empresas remesadoras procesaron USD 3,216.7 millones, con un alza de 1%.

Las billeteras digitales de criptomonedas recibieron USD 41.1 millones, frente a USD 30.3 millones en 2025, un incremento de 35.8%, aunque su participación total fue de apenas 0,7%.

El TPS y el impuesto a las remesas

El crecimiento de las remesas ocurrió bajo una amenaza sobre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. El Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 230,000 salvadoreños vence el nueve de septiembre de 2026. Grupos de defensa estiman que su eventual terminación reduciría los envíos en más de USD 1,200 millones anuales y podría elevar la tasa de pobreza en El Salvador en 10 puntos porcentuales.

Ese riesgo se suma al impuesto de 1% que la administración Trump estableció sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos, una medida que el Fondo Monetario Internacional identificó como uno de los factores que podrían moderar el crecimiento de estos flujos durante el resto del año.

Al menos 579 personas murieron en Nepal debido al devastador colapso del glaciar que desencadenó inundaciones en la zona fronteriza con la región autónoma china del Tíbet, según informó la policía nepalí este viernes, 48 horas después del desastre. Los medios estatales chinos confirmaron previamente cinco fallecidos, lo que eleva el saldo total de víctimas fatales a 584. Más de 1.900 personas permanecen desaparecidas, entre ellas cientos de extranjeros y peregrinos.

Equipos de rescate y helicópteros militares continuaron el jueves la búsqueda de cientos de desaparecidos a lo largo de la frontera montañosa, después de que el torrente de agua y lodo, generado por el colapso del glaciar, arrasara varias comunidades. Cientos de personas fueron desplazadas en toda la región del Himalaya.

Las imágenes del desastre mostraron a personas huyendo antes de ser arrastradas por las inundaciones, que destruyeron edificios y puentes. En el distrito de Nuwakot, en Nepal, calles y viviendas quedaron cubiertas de lodo y escombros, mientras que en la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, una carretera de doble carril junto al río quedó totalmente sepultada. Imágenes aéreas revelaron la formación y expansión de un lago en la frontera, y las autoridades advirtieron sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural.

Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU en Nepal, señaló que el gobierno nepalí movilizó a más de 30.000 efectivos de seguridad para operaciones de búsqueda y rescate. Más de 35 puentes y 40 kilómetros de carretera resultaron destruidos o dañados, dificultando el acceso a las zonas afectadas.

El Ejército nepalí rescató a más de 100 personas en helicóptero, y evacuó a quienes quedaron atrapados en instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli. Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica y los equipos de rescate hallaron cadáveres a cientos de kilómetros río abajo, en el distrito de Chitwan.

La Cruz Roja de Nepal, según explicó su presidente Bishal Kumar Bhandari, orientó sus esfuerzos hacia la ayuda humanitaria a gran escala en los distritos afectados, tras finalizar las labores iniciales de rescate. Al menos 1.200 personas quedaron desplazadas de tres aldeas.

En el lado chino, un alud de lodo destruyó un edificio portuario y un aparcamiento de autobuses en el paso fronterizo de Gyirong, donde la profundidad del lodo superó el metro y medio. Las carreteras de acceso también resultaron dañadas y continúan los riesgos de nuevos deslizamientos y derrumbes por las lluvias.

El primer ministro chino, Li Qiang, llegó el jueves a Gyirong para supervisar las tareas de rescate, acompañado por 500 militares y paramilitares. Helicópteros militares sobrevolaron la zona para evaluar la magnitud del desastre y planificar posibles rutas de evacuación.

Las autoridades chinas advirtieron sobre el peligro de desbordamiento de un lago recién formado en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu, que contenía ya 2 millones de metros cúbicos de agua el jueves por la mañana y podría recibir hasta 3 millones más en los siguientes días. El Ministerio de Recursos Hídricos de China alertó sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural y la posibilidad de nuevas inundaciones.

El recuento oficial suma más de 1.400 desaparecidos, entre ellos 517 extranjeros de al menos 30 países, incluidos 178 de India, más de 60 de Estados Unidos, y ciudadanos de Ucrania, Reino Unido, Sudáfrica y Japón. Muchos de los desaparecidos realizaban peregrinaciones al monte Kailash, en el Tíbet, lugar sagrado para varias religiones.

Setenta y siete peregrinos quedaron atrapados en la oficina de inmigración fronteriza, según relató el gurú indio Sadhguru Jaggi Vasudev, quien subrayó la falta de información oficial sobre su paradero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que 90 estadounidenses permanecen desaparecidos en China y Nepal tras las inundaciones, y que tres han sido rescatados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó de 288 ciudadanos desaparecidos, mientras que el de China reconoció cerca de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en Nepal y confirmó que 260 de los desaparecidos en el Tíbet son extranjeros.

El presidente estadounidense Donald Trump calificó las inundaciones de “terribles de ver” y describió cómo “edificios fuertes y bien construidos fueron arrasados ​​como si fueran palillos de dientes”. Trump aseguró que Estados Unidos ofreció a los líderes nepalíes “todo lo que necesiten”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el desastre no fue causado por un terremoto, sino por el colapso de un glaciar de magnitud 5,2, que generó un flujo de escombros aguas abajo. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas indicó que el nivel del río Trishuli subió hasta nueve metros en media hora tras la avalancha glaciar.

La región del Himalaya, con valles densamente poblados y numerosos glaciares, es especialmente vulnerable a estos eventos, que se han vuelto más frecuentes por el cambio climático. Inundaciones similares ocurrieron en agosto de 2025, cuando el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet causó nueve muertes y destruyó infraestructuras críticas, incluido un puente entre Nepal y China.

(Con información de AFP y Associated Press)