El futuro del suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que ingresó en la etapa de deliberación luego de concluir las audiencias de prueba y los alegatos. El tribunal deberá resolver si el magistrado incurrió en mal desempeño y corresponde su destitución o si, por el contrario, rechaza la acusación y ordena su regreso al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.

López enfrenta un juicio político por una serie de mensajes publicados en la red social X, que la acusación considera discriminatorios contra el pueblo judío y el Estado de Israel. El caso se convirtió en uno de los procesos disciplinarios de mayor repercusión de los últimos años y es el primero en el que un juez federal puede ser removido por hechos de esta naturaleza.

Con el debate ya finalizado, el Jurado quedó en condiciones de dictar sentencia. Fuentes ligadas al proceso estimaron ante Infobae que el veredicto podría conocerse entre el 19 y el 24 de agosto, aunque la fecha todavía no fue fijada oficialmente.

Qué debe resolver el Jurado

El tribunal deberá determinar si la conducta atribuida al magistrado configura mal desempeño, una de las causales previstas por la Constitución Nacional para remover a los jueces inferiores.

Si considera acreditada la acusación, dispondrá su destitución. En caso contrario, rechazará el pedido de remoción y el juez federal deberá ser reintegrado a sus funciones.

El reglamento establece que, una vez finalizado el debate, el Jurado debe deliberar en sesión secreta, pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes y dictar un fallo fundado dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles.

El cuerpo está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; la representante de la abogacía Ana Beatriz Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López.

La composición vigente contempla dos jueces de Cámara, cuatro legisladores y un representante de la matrícula federal.

Las acusaciones

El proceso se originó a partir de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

La acusación, sostenida durante el jury por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques -ambos integrantes del Consejo de la Magistratura-, afirmó que López desarrolló un "patrón de hostilidad" hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel mediante publicaciones incompatibles con las exigencias de prudencia e imparcialidad propias de la función judicial.

Entre los mensajes incorporados al expediente figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

También fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.

Para los acusadores, no se trató de expresiones aisladas ni de críticas limitadas a las políticas del gobierno israelí, sino de una conducta reiterada que afectó la confianza pública y la imagen de imparcialidad que debe preservar un magistrado. En el alegato final solicitaron la destitución del cargo.

La defensa

López reconoció como propios los mensajes, pero negó que constituyeran expresiones antisemitas o discriminatorias. Su defensa alegó que el proceso representaba una “persecución ideológica” y planteó que el juicio político buscaba sancionar opiniones personales protegidas por la libertad de expresión.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

La defensa también sostuvo que el juicio político no podía utilizarse para sancionar “opiniones personales” y afirmó que “lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos”.

En esa línea, pidió diferenciar las críticas dirigidas contra las políticas del Estado de Israel de las expresiones discriminatorias contra una comunidad religiosa y aseveró que las publicaciones del magistrado se referían al conflicto en Medio Oriente y a decisiones de la Corte Penal Internacional.

López también afirmó que sus acusadores debieron “buscar con lupa” sus publicaciones porque, según planteó, no encontraron un mensaje que atacara de manera general a la comunidad judía.

Con todo, antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera enviarlo a un proceso en manos de un Jurado de Enjuiciamiento, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó.

Los incidentes durante los alegatos

La última audiencia antes de la deliberación estuvo atravesada por fuertes incidentes. Mientras el consejero Luis Juez solicitaba la remoción, un grupo de personas que había concurrido para respaldar al magistrado comenzó a interrumpir la exposición con gritos e insultos contra los acusadores.

Ante esa situación, el presidente del jury, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó desalojar la sala y convocó a personal policial para que la audiencia continuara únicamente con funcionarios y asesores.

Con el debate concluido, los siete integrantes deberán resolver si las publicaciones de López constituyeron un ejercicio protegido de la libertad de expresión o una conducta incompatible con la función judicial. La decisión definirá si el magistrado pierde definitivamente su cargo o regresa al juzgado federal del que permanece suspendido.

Desde hace meses, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene bajo estudio una causa que puede fijar un criterio de gran alcance acerca del deber estatal de esclarecer los crímenes cometidos por organizaciones armadas durante la década de 1970.

Los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar tienen bajo revisión un caso donde deberán decidir si confirman o revocan la reapertura del expediente por el atentado de Montoneros contra el comedor de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, perpetrado el 2 de julio de 1976.

El proceso llegó a la máxima instancia penal del país después de que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dejara sin efecto la prescripción, revocara sobreseimientos y ordenara producir medidas de prueba para identificar a quienes intervinieron en la planificación y ejecución de aquel ataque. Esa resolución fue dictada el 19 de diciembre de 2024 y también dispuso prever la citación a declaración indagatoria del exjefe de Montoneros Mario Eduardo Firmenich.

Las defensas involucradas en las actuaciones recurrieron ese pronunciamiento y reclamaron que se mantuviera extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo. La audiencia ante Casación se tramitó el 11 de diciembre de 2025 y, desde entonces, el expediente permanece bajo estudio, según informaron a Infobae fuentes ligadas al trámite procesal.

Los camaristas Barroetaveña, Mahiques y Slokar cuentan, en rigor, con dos alternativas posibles. Si convalidan lo resuelto, el juzgado de primera instancia, en manos de María Servini, deberá continuar con las medidas pendientes y evaluar la indagatoria de Firmenich y de otras personas alcanzadas por el fallo de su alzada. Si aceptan los planteos defensivos, recuperarán vigencia la prescripción y los sobreseimientos que habían clausurado las actuaciones.

El interrogante de fondo consiste en determinar si un crimen cometido por una organización no estatal puede seguir siendo perseguido casi medio siglo después, cuando las autoridades omitieron esclarecerlo durante décadas. Los recurrentes afirman que el episodio no constituye un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra ni otro ilícito internacional imprescriptible. Sin embargo, la Cámara Federal porteña adoptó otra posición: consideró que la dimensión de la masacre y la ausencia de una investigación seria configuraron, en conjunto, una grave violación a los derechos humanos.

Ese criterio unánime es el que Casación examina desde diciembre pasado.

Cómo llegó la causa hasta Casación

La causa tramita desde 2003 y quedó atravesada desde el comienzo por una discusión central: si el atentado estaba prescripto o si podía investigarse bajo alguna de las categorías jurídicas que permiten perseguir determinados crímenes sin límite temporal.

En 2006, la jueza federal Servini archivó el expediente por prescripción. Esa decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Años más tarde, un grupo de abogados reclamó la reapertura y pidió que los hechos fueran declarados imprescriptibles. En 2021, Servini mantuvo su criterio y volvió a disponer el cierre.

La resolución fue apelada ante la Sala I de la Cámara Federal. Así, el 9 de junio de 2022, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Llorens anularon el fallo porque consideraron que presentaba “vicios trascendentes” y no cumplía con los estándares de fundamentación exigidos por la ley.

Los camaristas también remarcaron que la magistrada no había analizado distintos planteos formulados por quienes impulsaban la reapertura: el posible apoyo de Estados u organizaciones extranjeras, la eventual calificación del atentado como delito de lesa humanidad o crimen de guerra y la posibilidad de considerarlo una grave violación a los derechos humanos.

La Cámara no resolvió entonces que el hecho fuera imprescriptible. Ordenó que Servini volviera a examinar esos argumentos y dictara un nuevo pronunciamiento.

Al volver a pronunciarse, la jueza mantuvo el cierre de la causa. Sostuvo que decisiones anteriores y firmes ya habían descartado que el atentado constituyera un delito de lesa humanidad y, al no advertir elementos novedosos que justificaran apartarse de ese criterio, volvió a aplicar las reglas generales de prescripción y mantuvo los sobreseimientos.

Esa nueva decisión fue cuestionada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, Eduardo Kalinec y Alicia de León, con el patrocinio de los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea.

Además apeló José María Sacheri, como apoderado de María Alejandra Cepeda, Gabriel Cepeda y María Carolina Cepeda, en representación de su madre, Josefina Melucci de Cepeda, una de las víctimas fatales, y de Néstor Luis Soria, quien resultó herido en el ataque al comedor de la Policía Federal.

La nueva revisión derivó en el fallo del 19 de diciembre de 2024, mediante el cual Llorens, Bruglia y Bertuzzi revocaron por unanimidad la prescripción y los sobreseimientos, ordenaron reabrir la investigación y dispusieron prever la citación a indagatoria del ex titular de la organización guerrillera Montoneros.

Las defensas recurrieron ante la Cámara Federal de Casación, que escuchó en una audiencia a las partes el 11 de diciembre de 2025. Desde entonces, la Sala I tiene el expediente a estudio y deberá definir si mantiene la reapertura o vuelve a cerrar la causa

La bomba en el comedor

El ataque ocurrió el viernes 2 de julio de 1976, a las 13.20, en la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno al 1400, en el centro porteño.

En la planta baja funcionaba un comedor al que concurrían policías de distintas jerarquías, agentes retirados, empleados administrativos, personal civil, cocineros y camareros. El explosivo había sido colocado dentro de una valija. La elección del salón y del horario permitió que la detonación alcanzara a numerosas personas reunidas en un espacio cerrado.

El fallo de la Cámara Federal individualizó a 22 víctimas fatales y enumeró a 112 heridos. Entre quienes murieron había policías, suboficiales, empleados civiles y trabajadores dedicados a tareas de enfermería, cocina y atención del comedor.

La resolución destacó que el blanco no fue una autoridad determinada. A diferencia de otros ataques dirigidos contra jefes de las fuerzas de seguridad, la bomba alcanzó indiscriminadamente a cualquiera que estuviera almorzando. El juez Llorens, al respecto, escribió que “el objetivo ya no tenía la precisión quirúrgica de un homicidio, sino la espectacularidad de una matanza”. A su criterio, la finalidad fue golpear a la Policía Federal en toda su estructura y demostrar que ni siquiera podía proteger a sus integrantes.

“El destinatario directo fue cualquiera. No importó su jerarquía, su género, sus creencias ni su origen. Tampoco importó si eran hostiles al movimiento o simples trabajadores. Si los afectados eran unos pocos, o muchos. Lo importante nunca fueron los muertos o los lesionados, sino el mensaje concreto, claro y tangible”, consideró el juez en su voto.

Luego agregó: “Lo importante fue lo que el hecho iba a comunicar a la Policía Federal Argentina, a las fuerzas de seguridad y al resto de la sociedad. La seguridad en su punto más vulnerable, la calma estremecida, el terror espoleado. ¿Qué lugar ocuparon aquí las vidas y los destinos de esas personas? Ninguno. Sólo simples instrumentos en el camino de las metas de la organización".

La reivindicación de Montoneros

Montoneros se atribuyó el atentado ese mismo día. En un comunicado afirmó que el denominado Pelotón de Combate Sergio Puigrós había aprovechado una falla en el dispositivo de vigilancia para ingresar el artefacto y retirarse antes de la explosión.

La agrupación estimó que había provocado 25 muertes y 85 “bajas”, presentó la operación como un “hecho de guerra” y sostuvo que los daños habían afectado durante meses la capacidad operativa de la repartición.

Tiempo después volvió a reivindicar el ataque desde una de sus publicaciones al manifestar: "hicimos volar por el aire a 40 comensales de la Superintendencia de Seguridad Federal”.

Para los jueces, esas expresiones mostraron que el resultado mortal no fue una consecuencia imprevista, sino un componente de la finalidad política y propagandística.

El voto de Llorens diferenció este episodio de los asesinatos del entonces jefe de la Policía Federal Alberto Villar y del general Cesáreo Cardozo. En aquellos casos, explicó, el objetivo había sido una persona determinada. En el comedor, en cambio, el ataque se dirigió contra todos los presentes.

Los nombres alcanzados

El autor material fue identificado como José María Salgado, un agente de la Policía Federal de 21 años al que se vinculó con la organización guerrillera. Su pertenencia a la institución habría facilitado el ingreso de la valija.

La fuerza aceptó su baja voluntaria un día antes del atentado. Salgado murió el 2 de junio de 1977, poco antes del primer aniversario del episodio, y la acción penal fue declarada extinguida por su fallecimiento.

La Cámara Federal cuestionó que esa respuesta hubiera impedido profundizar cómo ingresó a la Policía Federal, por qué se aceptó su salida en la víspera de la explosión, qué vínculos mantenía y quiénes pudieron colaborar con él.

Un dictamen fiscal señaló además a Rodolfo Walsh como uno de los posibles responsables de la ideación, planificación y puesta en marcha de la operación. Como había sido asesinado y desaparecido por un grupo de tareas de la dictadura militar, la acción también se extinguió por muerte.

Para los camaristas, esas decisiones individuales clausuraron prematuramente la posibilidad de reconstruir la estructura que pudo haber intervenido.

El fallo de 2024 revocó los sobreseimientos dictados por prescripción respecto de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

También ordenó establecer quiénes participaron directa o indirectamente en la planificación y ejecución, incluidos quienes pudieran haber integrado la estructura de mando que ideó, autorizó o coordinó la operación.

La decisión no atribuyó automáticamente responsabilidad penal a todas las personas mencionadas. Encomendó, en rigor, reunir pruebas para determinar si correspondía formular imputaciones concretas.

Respecto de Firmenich, valoró su posición pública y notoria dentro de la conducción montonera y dispuso prever su citación en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal.

La postura de las defensas

Los recurrentes pretenden que Casación revoque el fallo, restablezca la prescripción y mantenga los sobreseimientos.

Su argumento central es que Montoneros fue una organización no estatal que no ejerció funciones públicas ni controló una porción del territorio argentino con facultades equiparables a las de un Estado. Por ese motivo, afirman que sus delitos no pueden recibir el tratamiento reservado a los crímenes de lesa humanidad perpetrados mediante el aparato público.

También invocan las decisiones anteriores que habían considerado agotada la acción penal por la ausencia de participación estatal y descartado que la bomba pudiera calificarse como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o acto terrorista imprescriptible.

Las defensas niegan además que el incumplimiento del deber de esclarecer lo ocurrido pueda modificar la naturaleza jurídica del delito original. Según su interpretación, una eventual responsabilidad internacional de la Argentina por su inacción al investigar no convierte un ataque cometido por particulares en un ilícito imprescriptible.

Otro argumento se relaciona con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Después cincuenta años, la pérdida de documentación, la muerte de testigos y protagonistas y el deterioro de la prueba pueden comprometer las posibilidades de ejercer una defensa eficaz.

Qué dijeron Bruglia y Bertuzzi

Los tres integrantes de la Sala I del tribunal federal de alzada porteño votaron por reactivar la causa en una resolución de 47 páginas. Llorens desarrolló fundamentos propios, mientras Bruglia y Bertuzzi suscribieron un voto conjunto.

Estos últimos identificaron dos ejes: “la enorme gravedad y magnitud del evento que constituye el objeto procesal” y “la prácticamente nula intervención del Estado en el cumplimiento de su deber de promover e impulsar la acción penal con el fin de dar una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas”.

Para dimensionar el episodio, los camaristas ponderaron: “Estamos frente a un expediente iniciado por un acto criminal de una magnitud extraordinaria, considerando para su calificación solo parámetros objetivos tales como número de personas que murieron, heridos y daños causados. Por otro lado, el lugar donde se colocó el explosivo (comedor), el día y horario de la detonación, la finalidad de provocar el derrumbe total de edificio (tal como surge del comunicado del grupo que lo ocasionó), son elementos de análisis que dan a entender no solo la envergadura efectiva de la agresión, sino también la enorme carga de intencionalidad criminal, reflejada sobre todo por la indiscriminación de indefensas víctimas que se buscó causar y la clara demostración, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, de la aviesa intencionalidad de generar la mayor cantidad de daños y muertes posibles".

Y añadieron: “Se buscó, y se logró, otorgar al acto una siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte”.

Bruglia y Bertuzzi señalaron que el atentado seguía en trágica trascendencia a los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

La clave de su razonamiento radicó, sin embargo, en otra circunstancia: “el suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”.

Para ambos camaristas, las características excepcionales del crimen y la falta de una respuesta institucional durante más de cuatro décadas no podían ignorarse “a la luz de los actuales estándares de protección internacional de los derechos humanos”.

Sobre esa base, calificaron el ataque y la posterior omisión de esclarecerlo como una grave violación a los derechos humanos.

“Tenemos ahora la oportunidad, todavía, de intentar hacer lo que nunca se hizo, una correcta y seria investigación jurisdiccional, que permita -por los medios que el sistema democrático ha articulado- dar una respuesta a la sociedad y especialmente -sobre todo-a las víctimas de esta brutal acción criminal”, expresaron.

El voto de Llorens

Llorens coincidió con el resultado, pero elaboró un voto particular.

Comenzó por diferenciar la reapertura de cualquier intento de relativizar el terrorismo de Estado. Definió la represión ilegal desplegada desde el 24 de marzo de 1976 como “el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina”, en tanto “no hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare”.

“Pero, aun así -subrayó el juez-, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización ‘Montoneros’-; a las distintas células encargadas de su logística y realización -los integrantes del denominado ‘Pelotón de Combate Sergio Puigrós’-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”.

El magistrado aclaró que no buscaba construir una equivalencia jurídica o histórica entre la violencia de una organización armada y el plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos ejecutado desde el Estado, ya que la "historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises”, escribió.

Y agregó: “Aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.

Para Llorens, la condena al terrorismo de Estado no podía traducirse en la ausencia de una respuesta para quienes padecieron otras expresiones de la violencia política durante aquellos años. También planteó que el objetivo era alcanzar “el pleno conocimiento de los hechos como precedente de la neutral aplicación de la ley como único camino de real pacificación; de hacer carne la ‘Verdad’, con mayúsculas, como meta que, más allá de todo estudio histórico, antropológico o político, es misión de la judicatura afrontar y no por arrogancia, sino por imperativo constitucional y legal”.

A su vez examinó las primeras actuaciones del ataque. La Policía Federal abrió dos sumarios administrativos después de la detonación, pero estos se concentraron en identificar muertos y heridos, estimar daños y describir aspectos generales de la mecánica del ataque.

“Ni una sola de sus fojas revela el camino propio de una investigación penal”, advirtió.

La doctrina utilizada

La Cámara Federal se apoyó en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admiten la responsabilidad de un Estado por acciones de particulares cuando sus autoridades no actúan con debida diligencia o niegan protección judicial.

Citó el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, en el que el tribunal interamericano estableció que un hecho inicialmente no atribuible al poder público puede comprometer su responsabilidad por la falta de una respuesta posterior adecuada.

Al respecto, los jueces Bruglia y Bertuzzi explicaron que un acto de particulares puede generar responsabilidad estatal cuando las autoridades contribuyeron a que ocurriera o cuando “no haya investigado ni sancionado el delito negando la debida protección judicial”.

A su entender, la masacre del comedor de la Policía Federal quedaba comprendida en la segunda hipótesis.

También acudieron a la sentencia de la Corte Interamericana en Memoria Activa contra la Argentina, vinculada con el atentado a la AMIA. Allí se estableció que el acceso a la Justicia exige adoptar las medidas necesarias para conocer la verdad y que esa tarea debe asumirse como una obligación estatal, no como una gestión dependiente de la iniciativa de los familiares.

A partir de esos estándares, concluyeron que la vulneración no había quedado agotada en julio de 1976, sino que persistía mientras las víctimas y sus allegados continuaran sin una respuesta.

Las alternativas bajo análisis

Casación puede confirmar el fallo recurrido, revocarlo o adoptar una solución intermedia sobre el alcance de las medidas ordenadas y de las personas alcanzadas por la investigación.

Si convalida la reapertura, el expediente volverá a primera instancia para continuar con la producción de prueba, recibir los testimonios de sobrevivientes y familiares y evaluar si existen elementos suficientes para indagar a Mario Firmenich u otros posibles responsables.

Si hace lugar a los recursos, en cambio, volverán a regir la extinción de la acción penal y los sobreseimientos dictados en la causa, con el consecuente cierre de las actuaciones.

Las defensas plantean que la inacción estatal no puede traducirse en una pérdida de garantías para quienes son investigados medio siglo después de los hechos. Los acusadores particulares responden que esa misma omisión tampoco debe privar definitivamente a las víctimas de conocer lo sucedido.

Desde el 11 de diciembre de 2025, los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar tienen bajo estudio esa tensión jurídica. Su decisión definirá si el expediente regresa al juzgado de instrucción para avanzar con la pesquisa o si queda definitivamente clausurado por el paso del tiempo.

La Corte Suprema de Justicia quedó habilitada para revisar si la Municipalidad de San Isidro puede intervenir como querellante en una causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a un programa de viviendas en el barrio Martín y Omar.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal concedió, por mayoría, los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Bernardo Landívar y Germán Ballester contra la resolución que había incorporado al municipio como acusador particular.

El fallo en cuestión no analizó la responsabilidad penal de los imputados, ya que la discusión que llegará al Máximo Tribunal se limita a determinar si la comuna puede presentarse como particular damnificada en un expediente que investiga la actuación de funcionarios municipales y de particulares contratados para intervenir en las obras.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron que las defensas habían planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria.

“Las defensas han logrado acreditar la existencia de una cuestión federal pues el derecho a querellar se enmarca dentro de la garantía constitucional del debido proceso”, sostuvieron en su voto conjunto.

Ambos jueces concedieron los recursos contra la resolución del 6 de marzo pasado, mediante la cual la Sala IV del máximo tribunal penal del país había hecho lugar a una impugnación, revocado el pronunciamiento anterior y resuelto “tener por parte querellante a la Municipalidad de San Isidro”.

El camarista Gustavo Hornos votó en disidencia. Entendió que los planteos no cumplían los requisitos necesarios para acceder a la Corte.

“Los recursos extraordinarios traídos a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no pueden ser autorizados”, remarcó el camarista.

Hornos también sostuvo que las defensas no habían refutado todos los fundamentos de la decisión cuestionada ni demostrado que el pronunciamiento fuera contrario a los derechos federales invocados.

Para el magistrado, “no se advierte que la sustancia de los planteos en que los impugnantes fundan sus recursos implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada”.

El origen de la investigación

La causa CFP 12.590/2014 comenzó el 4 de agosto de 2014, a partir de una denuncia presentada por la entonces concejal de San Isidro Marcela Durrieu. El expediente investiga presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos del Plan Federal de Viviendas desarrollados durante la gestión de Gustavo Posse al frente de la Municipalidad.

Uno de los emprendimientos analizados es el denominado “Proyecto 48” o “San Isidro I”, correspondiente a la licitación pública municipal 7/2006. El plan contemplaba la construcción de 250 viviendas, además de trabajos de infraestructura y mejoramiento urbano, en el barrio Martín y Omar, ubicado en el Bajo de San Isidro.

El presupuesto original informado para 2006 era de aproximadamente 15,2 millones de pesos, a los que debían agregarse los mayores costos y las partidas destinadas a infraestructura. El plazo inicial de ejecución era de doce meses.

Las obras comenzaron en octubre de 2006 y estuvieron sucesivamente a cargo de Emaco SA, Construcciones Ecológicas SA e Inelco SA. Las empresas presentaron certificados de avance sobre cuya base se tramitaron liquidaciones, facturas y órdenes de pago.

La investigación se concentró en la diferencia entre lo asentado en esa documentación y el estado de los trabajos.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el certificado número 95, presentado por Inelco, registró un avance físico acumulado del 99,44%. Sin embargo, una inspección ocular realizada durante la instrucción constató la existencia de 44 viviendas construidas a través del programa, sobre las 250 previstas. La denuncia inicial había contabilizado 43.

El porcentaje certificado comprendía el desarrollo general del proyecto, que incluía las casas, la infraestructura y las tareas de mejoramiento. Por eso, la cantidad de unidades encontradas no puede trasladarse de manera directa al porcentaje total de ejecución, aunque constituye uno de los elementos centrales bajo investigación.

La fiscalía también incorporó testimonios de vecinos que describieron problemas de humedad, rajaduras, instalaciones expuestas, falta de conexión a servicios básicos y reformas realizadas por cuenta propia.

Los roles investigados

Bernardo Landívar se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas de San Isidro. El Ministerio Público Fiscal le atribuyó la firma de documentación relacionada con certificados de obra, liquidaciones y facturas emitidas durante el período investigado.

Germán Ballester era un arquitecto vinculado con Soluciones Urbanas SRL, una de las firmas contratadas para realizar tareas de inspección y certificación de los trabajos.

La hipótesis fiscal procura determinar si se certificaron avances que no coincidían con la ejecución efectiva de las obras, si se autorizaron pagos sobre esa base y qué intervención tuvieron funcionarios de los distintos niveles del Estado y representantes de las empresas contratistas.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la Municipalidad tenía a su cargo la elaboración de los proyectos, la licitación, la contratación de las constructoras, la inspección de los trabajos y el pago de los certificados con fondos adelantados por la Nación.

Casación, por otra parte, también declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados contra una resolución del 14 de mayo, que había rechazado planteos de nulidad y recursos de “casación horizontal” de las defensas.

El expediente será elevado a la Corte Suprema para que revise la incorporación al proceso penal de la Municipalidad de San Isidro.

La consejera Jimena de la Torre presentó un proyecto de dictamen para aplicar una multa equivalente al 35% de los haberes mensuales al juez nacional en lo Civil Carlos Hugo Goggi, por haber declarado de oficio y de manera reiterada la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales en distintos expedientes.

De la Torre integra el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. Su propuesta todavía no constituye una sanción: deberá ser tratada por la Comisión de Disciplina y, si obtiene dictamen favorable, será elevada al plenario del organismo, que tiene la facultad de imponer advertencias, apercibimientos o multas de hasta el 50% de los haberes de un magistrado.

El proyecto atribuye a Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, una modalidad de actuación sostenida en al menos cinco causas. Según el texto, dejó de aplicar el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) mediante fundamentos similares, sin acreditar en cada expediente un perjuicio constitucional concreto ni darles previamente a las partes la posibilidad de discutir la eventual invalidez de la ley.

El expediente disciplinario comenzó el 22 de septiembre de 2023, a partir de una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Durante la investigación se incorporaron causas testigo, resoluciones de la Cámara Civil, dictámenes del Ministerio Público Fiscal y las declaraciones de Ricardo Gil Lavedra, entonces presidente del Colegio, y Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Las actuaciones examinadas fueron “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Las decisiones fueron dictadas entre 2018 y 2020, salvo una cuya fecha exacta no pudo determinarse. Varias fueron revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

En “Roiz”, Goggi declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley en junio de 2018. La Sala K revocó la resolución porque no encontró acreditado un perjuicio concreto y recordó la prudencia exigida antes de invalidar una norma sancionada por el Congreso.

En “Tarrico Villafañe”, la Sala I calificó sus fundamentos como “conjeturales” y sostuvo que constituían un “mero fundamento aparente”, basado en afirmaciones generales. Meses después, Goggi adoptó un criterio semejante en “Prokopis” y la misma sala volvió a revocar su decisión.

El proyecto aclara que el reproche no se apoya en el contenido de una sentencia aislada, en la adopción de una interpretación minoritaria ni en que las resoluciones hayan sido revisadas por tribunales superiores. Tampoco cuestiona la facultad de los jueces de controlar de oficio la constitucionalidad de una norma.

“La garantía de independencia judicial no se encuentra afectada”, señala el texto. Y precisa que Goggi “no es sancionado por declarar la inconstitucionalidad de una ley, por sostener una posición minoritaria, por disentir con sus superiores ni porque sus decisiones hayan sido revocadas”.

La conducta observada, de acuerdo a la propuesta, fue la reiteración de un mismo método en expedientes de distinta naturaleza: introducir una cuestión constitucional que no había sido planteada por las partes, utilizar fundamentos generales, no individualizar una afectación concreta y mantener el criterio después de las objeciones formuladas por distintas salas de la Cámara y por el Ministerio Público Fiscal.

El dictamen sostiene que “en ninguna de las causas examinadas el magistrado individualizó un perjuicio real, actual y específico derivado de la aplicación de la Ley 27.423”. También cuestiona que la invalidez fuera declarada sin debate previo, pese a que la decisión incidía directamente sobre el valor de los honorarios.

Por su parte, la actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía porteño, Alejandra García, al pronunciarse sobre el asunto expresó: “El respeto por la Ley de Honorarios forma parte del deber de todo magistrado de aplicar el derecho vigente. La defensa de esa ley no responde a un interés corporativo, sino a la protección del ejercicio profesional y al cumplimiento del principio de legalidad“.

Durante su descargo, Goggi defendió su posición y destacó que cumplió las resoluciones de la Cámara. “Sí, la Cámara ha revocado muchas de esas resoluciones”, afirmó en la audiencia celebrada el 24 de junio ante el Consejo de la Magistratura. Luego aseguró que había acatado “escrupulosamente todas y cada una de ellas”.

El magistrado sostuvo que su criterio buscaba proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Planteó que el sistema de la UMA generaba una desigualdad al preservar el valor de los honorarios profesionales mientras otros créditos, como determinadas indemnizaciones, no contaban con un mecanismo equivalente.

La propuesta consideró que esa finalidad no justificaba la aplicación uniforme de la solución. Señaló que algunas de las causas examinadas -entre ellas una ejecución de alquileres y una nulidad de escritura- no presentaban una situación de vulnerabilidad acreditada. También observó que dejar sin efecto la UMA no actualizaba ni mejoraba las indemnizaciones, sino que incidía sobre la retribución de los abogados.

El dictamen evaluó, además, las consecuencias procesales. Según el proyecto, los profesionales afectados debieron apelar para obtener la aplicación del régimen vigente, lo que incrementó la duración y el costo de los trámites y generó incertidumbre sobre créditos considerados de carácter alimentario.

Gil Lavedra declaró que “insistir sin posibilidades de cambio”, sin incorporar nuevos argumentos, “le quita previsibilidad, seguridad, y es un obstáculo a la marcha normal del proceso”. Basso, en tanto, planteó que no existe un fallo plenario que obligue a los jueces de primera instancia a seguir los criterios de la Cámara, aunque quien se aparta de una interpretación consolidada “debe fundar debidamente su postura”.

El proyecto propone considerar configuradas dos faltas disciplinarias: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. En cambio, descarta que Goggi haya incurrido en actos ofensivos al decoro o que comprometieran la dignidad de la función judicial.

Para graduar la sanción, De la Torre ponderó que el magistrado no registra antecedentes disciplinarios firmes, compareció personalmente, ejerció su defensa, colaboró con el procedimiento y acató las revocaciones dictadas en cada causa. También tuvo en cuenta que no se acreditó un propósito de obtener un beneficio personal.

Como factores contrarios, mencionó la reiteración en al menos cinco expedientes, la extensión temporal de la conducta, la persistencia después de las primeras revocaciones y la ausencia de una argumentación superadora.

Con esos elementos, la consejera consideró insuficientes una advertencia o un apercibimiento y propuso al plenario una multa equivalente al 35% de los haberes mensuales de Goggi.

El juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida cautelar presentada por el camarista Diego Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de impedirle participar como candidato en las próximas elecciones de los representantes de los jueces para el período 2026-2030.

La resolución no reconoció de manera definitiva el derecho del actual consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal a ser reelegido, sino que su alcance se limitó a preservar la posibilidad de que integre una lista mientras la Justicia determina qué regla debe aplicarse a los mandatos de quienes integran el organismo de selección y remoción de magistrados.

Según surge de la sentencia, Barroetaveña promovió el 11 de junio una acción declarativa de certeza contra el Consejo para que se establezca cuál es la versión vigente del artículo 3 de la Ley 24.937, que regula la duración de los cargos y la posibilidad de reelección.

En su presentación, pidió que se declare aplicable la redacción original de esa norma, según la cual los consejeros pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva. Como medida provisoria, solicitó que el organismo no adoptara decisiones que limitaran su eventual postulación hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

El camarista fue elegido en representación del estamento judicial para el período 2022-2026 y su mandato vence el próximo 18 de noviembre. Su incorporación a una candidatura dependerá, además, de las decisiones de su espacio y del cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento electoral.

El Consejo de la Magistratura se opuso al pedido. Sin embargo, el juez Lavié Pico consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro de que el avance del proceso electoral volviera ineficaz una eventual sentencia a su favor.

La discusión sobre la reelección

La controversia se originó en las sucesivas reformas de la ley que regula el Consejo y en los efectos del fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia restableció en 2021 la integración de veinte miembros.

La redacción original de la Ley 24.937 establecía que los consejeros durarían cuatro años y podían ser “reelegidos por una vez en forma consecutiva”. En 2006, la Ley 26.080 modificó esa regla y dispuso que solo podían volver a ocupar el cargo “con intervalo de un período”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la integración de trece miembros establecida por esa reforma y ordenó recuperar el esquema anterior de veinte consejeros. No obstante, no definió expresamente qué regla sobre la reelección debía aplicarse a quienes fueran elegidos bajo la composición restablecida.

Según Lavié Pico, la duda planteada por Barroetaveña surge de una “compleja trama normativa y jurisprudencial” formada por las distintas modificaciones legislativas y los efectos de los pronunciamientos del Máximo Tribunal sobre el funcionamiento del organismo.

El juez de primera instancia sostuvo que las consecuencias de esos fallos sobre la vigencia del artículo referido a los mandatos aparecen “susceptibles de más de una interpretación razonable”.

En ese marco, consideró jurídicamente atendible, con el alcance preliminar propio de una cautelar, la postura según la cual la Corte habría restablecido el régimen original de la Ley 24.937 y su correctiva, la Ley 24.939, hasta que el Congreso sancione una nueva norma.

El magistrado aclaró que ese análisis no implicaba adelantar una decisión definitiva, ya que la sentencia de fondo deberá establecer si continúa vigente la prohibición de reelección inmediata o si los consejeros elegidos en 2022 pueden competir por otro período consecutivo.

Para conceder la cautelar, también ponderó los derechos políticos invocados por el camarista Barroetaveña y el principio de participación electoral. Frente a la incertidumbre existente, consideró que correspondía privilegiar “aquella interpretación que preserve la posibilidad del actor de participar del procedimiento electoral” por sobre una lectura que determinara anticipadamente su exclusión.

Los plazos electorales

El juez Lavié Pico también tuvo en cuenta que el proceso para renovar a los representantes de los magistrados dentro del Consejo ya se encuentra en marcha. En noviembre de 2025, la Presidencia de ese organismo ordenó confeccionar las listas provisorias de electores y preparar las actividades necesarias para los comicios.

En mayo de este año, la Secretaría General del organismo remitió a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el listado provisorio de jueces de todas las jurisdicciones.

El reglamento dispone que la convocatoria debe realizarse al menos 60 días antes de las elecciones y establece plazos sucesivos para registrar las listas, controlar los requisitos y oficializar las candidaturas.

Para el juez Lavié Pico, una resolución definitiva dictada después de agotadas esas etapas podría resultar ineficaz, porque una eventual sentencia favorable “ya no podría restituirle a la parte interesada la posibilidad de participar en un proceso electoral que, para entonces, se encontraría definitivamente agotado”.

“La exclusión de una candidatura o la imposibilidad de integrar oportunamente una lista configurarían un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, pues las etapas preclusivas del proceso electoral, una vez consumadas, no son susceptibles de ser retrotraídas”, precisó el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 en su resolución.

El fallo precisó que la medida no garantizaba que Barroetaveña fuera candidato ni que resultara electo, sino que impedía que el Consejo lo excluyera del proceso por la discusión sobre la reelección antes de que existiera una sentencia definitiva.

Al respecto, el magistrado explicó: “La tutela cautelar únicamente preserva la posibilidad de que el actor participe en ese proceso de selección en igualdad de condiciones con los demás potenciales postulantes, sin alterar las reglas que disciplinan el proceso electoral”.

Luego, aclaró: “En tales condiciones, la medida aquí decidida aparece orientada a evitar que el propio transcurso del proceso electoral torne estéril o prive de toda utilidad práctica al pronunciamiento que eventualmente recaiga sobre el fondo de la controversia planteada en estos autos”.

Para Lavié Pico, su resolución “únicamente impide que el Consejo de la Magistratura de la Nación adopte una decisión que cercene anticipadamente la posibilidad de participación del actor antes de que el proceso electoral tenga oportunidad de desarrollarse plenamente”.

“Por el contrario -añadió el juez-, la medida cautelar favorece que el proceso electoral se desarrolle con la mayor amplitud participativa posible, sin alterar el cronograma previsto ni las competencias de las autoridades electorales, en consonancia con los principios constitucionales y convencionales que rigen la materia”.

Y concluyó: “De allí que, lejos de comprometer el interés público, la tutela cautelar concedida procura armonizar la protección de los derechos invocados con el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

“Es llamativo que con esta prueba abrumadora, documental y testimonial, hayamos llegado hasta acá. (...) El desenlace está en manos del tribunal”.

Con esa frase, el abogado Juan Pablo Vigliero abrió el alegato en el que pidió la absolución de su defendido, Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos y uno de los acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

Dos semanas después, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó por mayoría al ex submarinista a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante seis años como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. También le impuso las costas del proceso y reglas de conducta por tres años.

Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez absolvieron, en cambio, por unanimidad al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Hugo Correa.

Los fundamentos serán dados a conocer el 21 de agosto. Recién entonces podrá saberse qué razonamiento siguieron los dos magistrados que conformaron la mayoría para condenar y para rechazar los distintos planteos de nulidad respecto al alegato presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Después de casi 30 audiencias, cerca de 100 testigos y un debate atravesado por reglamentos navales, informes técnicos, pruebas de mar, baterías, válvulas y procedimientos de emergencia, la sentencia deberá responder una cuestión central: cuál fue el incumplimiento concreto atribuido al ex comandante de la Fuerza de Submarinos y cómo esa omisión adquirió relevancia penal para causar el desenlace, encuadrado como un estrago agravado por la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación del buque.

El incumplimiento de los deberes de funcionario público sanciona al funcionario que deja de ejecutar una obligación propia de su cargo. En términos sencillos, castiga una omisión funcional. El estrago culposo, en cambio, exige algo más: que una conducta imprudente, negligente, imperita o contraria a los reglamentos haya causado el desastre.

No alcanza, en efecto, con demostrar que existió un incumplimiento. Y es que para condenar también por estrago debe establecerse una relación jurídicamente relevante entre esa conducta y el resultado.

Ese nexo atravesó el juicio iniciado el 3 de marzo en Río Gallegos.

Tres horas y 33 minutos sin una explicación definitiva

La implosión del ARA San Juan fue registrada a las 10.52 del 15 de noviembre de 2017. La última comunicación conocida había ocurrido a las 7.19.

Desde la nave informaron que el comandante Pedro Martín Fernández tenía previsto descender a plano de seguridad para que la tripulación descansara después del temporal atravesado en superficie y luego ingresar al tanque de baterías de proa para verificar su estado tras el ingreso de agua por el sistema de ventilación que provocó un cortocircuito con principio de incendio eléctrico.

Entre ambos momentos transcurrieron tres horas y 33 minutos.

En ese lapso no se emitió ninguna señal de emergencia. No se activaron radiobalizas, balsas salvavidas ni señales pirotécnicas. Tampoco se soplaron los tanques de lastre, una maniobra que habría permitido impulsar rápidamente al submarino hacia la superficie.

Distintos especialistas consideraron que esa falta de reacción podía resultar compatible con un evento súbito que hubiera incapacitado a la tripulación. Sin embargo, el debate no logró determinar qué ocurrió exactamente antes de que la nave perdiera plano y superara la profundidad de colapso de su casco.

Sobre esa incertidumbre se apoyó la defensa.

“Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó”, planteó Vigliero.

La Fiscalía, integrada por Gastón Pruzán, Lucas Colla, María Garmendia y Julio Zárate, construyó la acusación desde otra perspectiva.

No afirmó haber reconstruido el último evento ocurrido dentro del submarino. Su planteo fue que los acusados permitieron que la nave cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y que distintas omisiones incrementaron un riesgo no permitido que finalmente se materializó.

En el caso de Villamide, la fiscal Garmendia centró el reproche en las funciones que el Reglamento General del Servicio Naval le asignaba como comandante de la Fuerza de Submarinos: “alistar”, “entender” e “intervenir” respecto de las tres unidades entonces bajo su mando (ARA San Juan, ARA Salta y ARA Santa Cruz).

Para la fiscal, “intervenir” suponía actuar frente a la información recibida y no limitarse al papel de un “mero espectador”. El análisis debía realizarse desde el deber objetivo de cuidado: qué sabía Villamide, qué podía prever por su formación y experiencia y qué medidas estaba en condiciones de adoptar para disminuir los riesgos propios de la navegación submarina.

En ese punto adquirió especial relevancia la válvula ECO-19.

La ECO-19 y uno de los posibles caminos de la condena

Uno de los documentos más debatidos fue el informe elaborado por Fernández tras una navegación realizada en julio de 2017. Allí quedaron asentados dos episodios vinculados con la ECO-19, una válvula del sistema de ventilación.

Durante el sexto día se produjo un ingreso de agua que el comandante atribuyó, como hipótesis, a una posible falta de estanqueidad. El 13 de julio, además, ordenó abrirla para realizar una prueba de homogeneización de las atmósferas de proa y popa y evaluar el rendimiento de los canisters de cal soda, utilizados para absorber el dióxido de carbono acumulado dentro de la nave.

El objetivo era establecer si el submarino podía permanecer más tiempo en inmersión sin salir a superficie, una capacidad decisiva para una unidad militar cuya principal ventaja operativa depende del sigilo.

La prueba obtuvo resultados prometedores. Al mismo tiempo, por tratarse de una maniobra poco habitual durante una navegación, fue examinada extensamente por submarinistas, antiguos comandantes del ARA San Juan y ex titulares de la Fuerza de Submarinos.

El suboficial Figueroa, que participó de aquella salida, declaró que el ingreso de agua en julio se produjo porque la válvula había quedado mal cerrada. Otros testigos consideraron muy difícil que un mecanismo de esas características pudiera abrirse de manera accidental.

El juicio, sin embargo, no pudo establecer -por imposibilidad material- qué ocurrió con la ECO-19 en noviembre. La válvula pudo haber quedado abierta o mal cerrada; haber sido operada incorrectamente o haber sido utilizada para repetir una nueva prueba. También pudo haber tenido una avería o un desgaste. Ninguna de esas posibilidades quedó demostrada de forma concluyente.

Para la Fiscalía, esa incertidumbre no cerraba el episodio de julio: era precisamente la razón por la que el informe exigía una intervención posterior del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Garmendia recordó que el ex comandante Pereyra declaró que habría ordenado no volver a utilizar la válvula. También citó al capitán Adrián Colella, responsable de las pruebas de mar posteriores a la reparación de media vida, quien afirmó: “Con la E-19 no se juega”.

La fiscal sostuvo, además, que la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa integrada por Alejandro Kenny, Gustavo Trama y Jorge Bergallo había cuestionado que el COFS no instruyera actuaciones para reconstruir el ingreso de agua, verificar el estado de la válvula ni esclarecer las condiciones de la prueba de homogeneización.

El reproche a Villamide no consistió en haber manipulado personalmente la ECO-19 ni en haber provocado directamente el ingreso de agua. La acusación le atribuyó no haber adoptado medidas suficientes para determinar qué había sucedido.

Villamide declaró que, tras recibir el informe de navegación de julio, habló con Fernández, quien le aseguró que la novedad vinculada con la válvula había sido resuelta y se encontraba bajo control. Para la Fiscalía, esa conversación no alcanzó para satisfacer el deber reglamentario de intervenir.

La defensa mantuvo la posición contraria.

El defensor del ex capitán de navío afirmó que, después de los episodios de julio, el ARA San Juan continuó navegando, realizó nuevas inmersiones y completó la salida sin registrar otros problemas vinculados con la válvula de ventilación. También señaló que no existía una Solicitud de Obra Correctiva (SOC) que informara una avería persistente, sostuvo que la pieza se encontraba dentro de su ciclo normal de mantenimiento y consignó que no se podía descartar un error humano en el manejo de ese flap.

“Es una obviedad -desarrolló Vigliero durante su alegato de clausura-, una cuestión de sentido común irrefutable. Si hubiese existido una falla estructural en el mecanismo -dejemos de lado que no había una SOC, que la válvula había sido colocada nueva durante la reparación de media vida y que, por reglamento, debía recorrerse cada seis años-, la pregunta es: si funcionaba mal, ¿funcionó mal selectivamente dos veces en dos años? Pudo haber ocurrido otra anomalía que desconocemos. ¿Algo obstruyó el cierre de la válvula? ¿Un alga? No lo sabemos. ¿Se abrió para hacer la prueba de compensación, como quedó documentado? No lo sabemos. ¿No la cerraron después de abrirla para esa prueba? ¿Quedó mal cerrada? Tampoco lo sabemos".

Con todo, uno de los posibles caminos para sostener la condena únicamente contra Villamide podría encontrarse en la conexión entre el informe de navegación de julio, la intervención que -según la Fiscalía- el Comando de la Fuerza de Submarinos debió desplegar a partir de ese reporte y el ingreso de agua que, cuatro meses después, provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el tanque de baterías de proa.

En ese orden, si los dos jueces que votaron por condenar admitieron esa línea acusatoria, deberán explicar por qué descartaron que la válvula estuviera abierta o mal cerrada por un error humano; por qué consideraron acreditada una deficiencia material cuando no existía una SOC que informara una avería persistente; y por qué juzgaron insuficiente la conversación en la que, según Villamide, Fernández le aseguró que el episodio se encontraba resuelto.

También deberán ponderar que el Reglamento General del Servicio Naval atribuía al comandante de la unidad la responsabilidad primaria por su estado material y seguridad, y que fue el propio Fernández quien dispuso ir a la mar luego de las verificaciones pre-zarpada.

El antecedente de 1995

La Fiscalía también recordó un incendio ocurrido en 1995 en el propio ARA San Juan.

El submarino estaba amarrado en el puerto de Mar del Plata cuando, durante una maniobra con los tanques de agua de compensación, el agua alcanzó el sector de las baterías de proa. El combate contra el fuego se prolongó durante aproximadamente un día.

Según la acusación, aquel episodio había dejado recomendaciones internas todavía vigentes en 2017 y demostraba que las consecuencias de un ingreso de agua en ese sector eran conocidas dentro de la especialidad submarina.

Si bien las circunstancias de ese episodio difieren a las del reporte del 14 de noviembre de 2017, la referencia fue utilizada para reforzar la previsibilidad del riesgo. Para la Fiscalía, la falta de una intervención adecuada después del informe de julio habría incrementado un riesgo que las normas buscaban evitar y ese peligro se verificó cuando el agua volvió a alcanzar el sector de baterías.

Para la defensa, esa secuencia no explicaba la implosión. Entre el incendio eléctrico reportado como controlado y la pérdida definitiva del submarino persistía un vacío causal que el juicio no logró completar. Vigliero destacó, además, que el buque había superado las verificaciones anteriores a su partida, que Fernández lo consideró apto para navegar y que pocos días antes del desenlace había cumplido “como un reloj suizo” un ejercicio con la Flota de Mar.

Los fundamentos deberán establecer, por lo tanto, cuál fue el incumplimiento preciso atribuido a Villamide, qué medida concreta debía adoptar y de qué manera esa omisión incrementó un riesgo no permitido hasta adquirir relevancia causal en el estrago culposo agravado, pese a que el evento que provocó la pérdida definitiva de control aun es objeto de al menos cinco hipótesis.

Antes de anunciar la condena este miércoles, el tribunal rechazó -también por mayoría- los planteos de nulidad formulados por las cuatro defensas contra los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Los abogados sostenían que la acusación no había individualizado con suficiente precisión las conductas atribuidas a cada imputado ni explicado cómo se vinculaban con el estrago.

Durante su alegato, Vigliero había resumido su objeción en estos términos:

“¿Cómo es posible hablar de un incumplimiento de los deberes de funcionario público que deba traducirse en un aumento indebido de los riesgos propios de la actividad y, finalmente, en el evento que causa el estrago, si no sabemos cuál fue ese evento?

Si no sabemos qué ocurrió, tampoco podemos determinar cuáles fueron las violaciones al deber objetivo de cuidado ni cuáles fueron las omisiones relevantes. Y no se trata de cualquier omisión: estamos hablando de derecho penal, no de una respuesta para la tribuna.

Deben ser omisiones que el imputado pudiera conocer y que, en todo caso, hubiera desatendido, desestimado o subestimado. Pero, si no conocemos cómo se produjo el desenlace, ¿cómo podemos establecer qué fue lo que omitió evitar? ¿Cómo hacemos el recorrido hacia atrás? Es imposible. Y, si ese recorrido es imposible, también es imposible defenderse”.

Los fundamentos que los jueces darán a conocer el 21 de agosto deberán despejar esas dudas que quedaron planteadas en la sala de audiencias.

“La resolución que tomamos fue absolutamente con libertad de criterio, sin ningún tipo de presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento de cada uno de los magistrados sobre la solución que debía darse al caso. Reconocemos nuestra naturaleza humana y, si pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas”.

Con esa aclaración, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi, pasó a leer este miércoles el veredicto. Por mayoría, los jueces condenaron a tres años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como había solicitado la fiscalía.

Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 21 de agosto, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar para ir a la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, si así lo consideran.

Uno de los ejes centrales de los fundamentos será establecer qué vínculo consideró acreditado la mayoría del tribunal entre los incumplimientos atribuidos al condenado y el desenlace de la tragedia, cuya secuencia -desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión- todavía es materia de hipótesis.

Villamide ya había sido destituido de la Armada en 2021 tras un proceso disciplinario tramitado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, en el que un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos centrales, por no haberle ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras el ingreso de agua reportado en el tanque de baterías.

Este miércoles, el ex oficial superior de la Armada -y actual capitán de ultramar de la Marina Mercante- recibió una pena de “tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos y costas del proceso” tras ser hallado “autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 248 del Código Penal-, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte -art. 189, segundo párrafo-”.

El tribunal oral le impuso a Villamide una serie de reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar domicilio y teléfono, informar cualquier cambio, no cometer nuevos delitos y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio.

Los jueces también rechazaron “por improcedente” un pedido realizado por la fiscalía durante su alegato, que pretendía aplicar al caso la Resolución PGN 58/2024, dictada por el procurador general interino Eduardo Casal. Esa norma fue concebida para promover investigaciones patrimoniales, medidas cautelares y el recupero de activos vinculados principalmente con delitos de criminalidad económica, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo, categorías ajenas al objeto de este proceso.

Durante el juicio penal declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material de la nave al momento de su última operación, que comprendía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Para ello, se analizó toda la documentación en la que constaban las novedades y las pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente y con lo declarado por la mayoría de los testigos, las reparaciones y tareas de mantenimiento pendientes -entre ellas, la prueba de máxima profundidad, la prueba de presión del sistema principal de refrigeración y el ingreso a dique seco para realizar el carenado, cuyo plazo reglamentario estaba vencido- no impedían la operatividad del submarino.

Las defensas sostuvieron que esa conclusión también estaba respaldada por la decisión del propio comandante del buque, quien ordenó la zarpada una vez superadas las pruebas realizadas durante las 48 horas previas y que, de acuerdo con los reglamentos del servicio naval, solo podía autorizarla si consideraba que la unidad se encontraba en condiciones de navegar.

El contrapunto a esa visión estuvo dado por la teoría del caso de la fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, quien alegó que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión y que ese aumento terminó contribuyendo al hundimiento de la nave y a la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación.

Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para Villamide y el contralmirante López Mazzeo -quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de los hechos, el máximo cargo operativo de la fuerza—; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y tres años y seis meses de prisión para el capitán de fragata Correa, exjefe de Operaciones de ese mismo comando.

Tanto el querellante Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan- como las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias habían solicitado penas de prisión para todos los acusados. Tagliapietra formuló el pedido más severo: reclamó ocho años de cárcel para Villamide al considerar que los delitos concurrían de manera real y no ideal. Sin embargo, ambos alegatos fueron anulados por haberse apartado de los límites de la acusación formulada por la fiscalía, dado que ninguna de las querellas había presentado oportunamente un requerimiento propio de elevación a juicio.

El debate oral se llevó adelante en la ciudad de Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una primera etapa del expediente llegaron a estar imputados siete oficiales de la Armada. Tiempo después, los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia, con el posterior aval de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, elevaron la causa a juicio oral en el año 2024 con cuatro acusados, cuya situación procesal quedó definida este miércoles.

En cualquier caso, durante las audiencias del debate se revisaron en reiteradas oportunidades distintos informes periciales y otra documentación relacionada con los antecedentes del ARA San Juan: su reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), sus cambios de comando y un extenso listado de tareas ejecutadas y pendientes sobre los sistemas y equipos del buque.

También se revisaron al detalle los reglamentos de la Armada para determinar cómo funcionaba la cadena de mando y qué funciones y responsabilidades correspondían a cada uno de los involucrados en la Operación N.º 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos, que terminó de definir la misión que debía cumplir el submarino.

Uno de los nodos centrales del juicio fue el informe de navegación de julio de 2017, elaborado por el comandante Pedro Fernández. En ese documento, informó a su superior, Claudio Villamide, que el día 13 se había producido un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hasta uno de los ventiladores del tanque de baterías de proa, el mismo sector en el que meses después se reportaría el incidente que derivó en la tragedia.

Ese reporte fue objeto de una exhaustiva revisión durante buena parte del cronograma de audiencias, por las que fueron desfilando expertos submarinistas y marinos de distintos escalafones. ¿Cómo había ingresado el agua hasta ese sector? Fernández ofrecía una explicación plausible: “una posible falta de estanqueidad” de la válvula ECO-19.

Así, durante las sucesivas jornadas se intentó determinar en qué estado se encontraba esa válvula -perteneciente al sistema de ventilación- al momento de la partida del submarino, el 25 de octubre. ¿Estaba en mal estado o desgastada? ¿Había sido abierta durante la navegación, en contra de lo establecido por el reglamento, como había ocurrido días antes para realizar una prueba en el interior del buque? ¿Había quedado mal cerrada después de esa prueba inédita? ¿O estaba rota? En ese caso, ¿el buque había emitido una Solicitud de Orden Correctiva (SOC) para reparar ese flap, como correspondía administrativamente? No se encontraron constancias de esto último.

Y es que a falta de una SOC, podría inferirse entonces que, si durante aquel mes de julio se había producido alguna falla, esta había sido subsanada por la propia dotación por tratarse de una tarea de primer o segundo escalón de mantenimiento, y no de tercero o cuarto, niveles que ya requerían la intervención más compleja de un arsenal o un taller. En cualquier caso, según los especialistas, el agua que provocó el cortocircuito y el principio de incendio eléctrico en el ARA San Juan durante la noche del 14 de noviembre no pudo haber ingresado por otro conducto que no fuera el de la válvula ECO-19, que conecta el tanque de baterías con el tubo de inducción del snorkel.

Es probable que la mayoría del tribunal -por dos votos contra uno- haya considerado válida la teoría acusatoria de la fiscalía, según la cual Villamide incurrió en una falta de diligencia o de cuidado en la inspección de la E-19 después de recibir, en agosto, el informe elaborado por el capitán Fernández. De acuerdo con esa hipótesis, la omisión habría incrementado el riesgo propio de la actividad militar y configurado un incumplimiento del deber de cuidado derivado de su posición de garante.

Ese riesgo, para esa línea de pensamiento, se habría concretado finalmente en el resultado.

La cronología básica de los hechos fue la siguiente: ingreso de agua, cortocircuito y principio de incendio, que la tripulación reportó como controlado y “sin novedad de personal”; salida a superficie para ventilar el buque en medio de un temporal de mar gruesa; posterior inmersión a plano de periscopio -18 metros- para completar el envío de los últimos mensajes al comando en tierra, que ya había cancelado la patrulla y ordenado el regreso a Mar del Plata.

A las 7.19 del 15 de noviembre, desde el submarino informaron que la intención del comandante era descender a plano de 40 metros para descansar y luego ingresar al tanque de baterías con el fin de verificar su estado. Tres horas y 33 minutos después, el buque implosionó tras perder plano y superar la profundidad de colapso de su casco.

En ese lapso no se emitió ninguna señal de emergencia ni se activaron alarmas, radiobalizas, señales pirotécnicas, balsas salvavidas o los tanques de lastre, cuyo soplado habría permitido impulsar al submarino hacia la superficie en forma casi inmediata. La ausencia de cualquiera de esas maniobras abona la hipótesis principal de que, durante ese intervalo, se produjo un evento súbito que neutralizó a la tripulación y le impidió ejecutar los procedimientos necesarios para llevar la nave nuevamente a flote.

Las últimas palabras de Villamide

Antes de escuchar el veredicto, Claudio Villamide volvió a proclamar su inocencia y cuestionó que la acusación hubiera logrado precisar cuál fue la conducta concreta que se le reprochaba. “Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”, sostuvo. Y agregó: “No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque”.

El excomandante de la Fuerza de Submarinos también remarcó que todavía no existe una explicación definitiva sobre la mecánica de la tragedia. “Al día de hoy no sabemos por qué se perdió el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, afirmó ante los jueces.

En ese sentido, recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder preguntas. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal nunca le formulara interrogantes concretos sobre su actuación. “Declaré tres veces ante este tribunal. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, expresó.

Villamide consideró que el proceso excedió su responsabilidad individual y alcanzó a toda la institución. “Esto es un juicio a la Armada”, dijo, al reivindicar la formación de los submarinistas y los procedimientos aplicados durante la misión. También describió el impacto personal que tuvo la causa: recordó su destitución, la pérdida del grado, la imposibilidad de volver a utilizar el uniforme y la afectación que sufrió su familia.

Sobre el final, defendió la vocación de servicio y rindió homenaje a los 44 tripulantes. “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”, expresó.

Luego pidió al tribunal que resolviera a partir de los testimonios brindados durante el debate y concluyó que el capitán Pedro Fernández y su tripulación “honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina”.

Las querellas que intervinieron en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan cuestionaron el veredicto dictado este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que condenó a Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso y absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada Argentina sometidos a juicio.

En diálogo con Infobae, la abogada Valeria Carreras resumió la reacción de los allegados de los 44 tripulantes: “A las familias les resultó injusto y es entendible”.

Antes, Carreras y su colega Lorena Arias habían difundido un comunicado conjunto en el que combinaron el cuestionamiento por las absoluciones con una valoración positiva del precedente que, a su entender, dejó la condena contra quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos.

“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer hoy su veredicto por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. De los cuatro acusados, Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, fue condenado por la mayoría del tribunal a tres años de prisión por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los otros tres -López Mazzeo, Alonso y Correa- fueron absueltos”, señalaron.

Las abogadas destacaron que la resolución del tribunal, integrado en esta causa por su presidente Mario Reynaldi y los jueces subrogantes Luis Giménez y Enrique Baronetto, se trató de “la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, sostuvieron.

Carreras y Arias admitieron que el resultado dejó sensaciones contrapuestas entre los familiares a los que representan.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá -contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos- ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, expresaron.

En el mismo comunicado, anunciaron que buscarán cuestionar la decisión una vez que se conozcan sus argumentos.

“Como querella, adelantamos que vamos a recurrir esta sentencia una vez conozcamos sus fundamentos, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena”, afirmaron.

“El juicio fue una farsa”

También fue crítico con la decisión judicial Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos, y querellante en el expediente.

Ante una consulta de Infobae sobre el veredicto, cuestionó la competencia territorial del tribunal con sede en Río Gallegos, denunció restricciones durante el debate y afirmó que continuará reclamando para revertir lo resuelto.

“Cuando hallamos los restos del San Juan me di cuenta de que la Armada mintió, que el submarino estaba en aguas internacionales, a 300 millas de la costa, y lo encontramos a 275. Denunciamos el hecho como ‘forum shopping’ y planteamos la incompetencia. Hoy, ese planteo está en la Corte, porque las leyes que regulan la competencia territorial de los juzgados federales la limitan hasta la milla 200 al este”, sostuvo.

Tagliapietra agregó que, según su postura, las conductas investigadas tampoco se produjeron en la jurisdicción de Santa Cruz.

“Además, los hechos imputados fueron cometidos en Mar del Plata y Bahía Blanca. Por todo eso, Santa Cruz es incompetente y se violó la garantía del juez natural -artículo 18 de la Constitución Nacional-”, afirmó.

El querellante recordó que planteó esas objeciones antes del inicio del debate y cuestionó las decisiones adoptadas frente a sus pedidos.

“Cuestión que expuse en las preliminares del juicio y fueron rechazadas con anuencia de todas las partes, como también rechazaron mi pedido de pericias durante el juicio, también con anuencia de todas las partes”, señaló.

También denunció que se le impusieron límites al momento de interrogar a los testigos y formular su acusación final.

“Durante el juicio, además, me limitaron inconstitucionalmente a hacer preguntas pertinentes, alegando que no eran propias del objeto procesal, y la frutilla del postre fue que nos permitieron alegar, pero no nos permitieron solicitar las reglas del concurso de delitos que entendimos probadas ni pedir pena de manera autónoma a la que pidió la fiscalía. Todas violaciones severas a derechos constitucionales adquiridos”, expresó.

Tagliapietra cerró con una dura valoración del proceso. “Al final, el juicio fue lo que predije: una farsa. Iremos hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad y que los responsables respondan por sus actos”, advirtió.

El tribunal condenó por mayoría a Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

En cambio, absolvió por unanimidad a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto. A partir de entonces, por cuestiones procesales ya firmes, solo la fiscalía y la defensa de Villamide podrán presentar recursos de casación contra el fallo.

Claudio Javier Villamide -condenado hoy por la tragedia del ARA San Juan- se declaró inocente, cuestionó que la fiscalía no hubiera precisado cuál era la conducta concreta que le reprochaba y aseguró que el proceso significó, en los hechos, un juicio contra la Armada Argentina y el ejercicio del comando en el mar.

Lo hizo este miércoles durante la instancia de las últimas palabras, inmediatamente antes de que los magistrados del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, se retiraran a deliberar para dictar el veredicto por el hundimiento del ARA San Juan.

Dos horas después, Villamide fue condenado por mayoría a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Los otros tres acusados -Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa- fueron absueltos por unanimidad.

Al momento de los hechos del 15 de noviembre de 2017, Villamide tenía el grado de capitán de navío, contaba con serias posibilidades de ascender a contralmirante y se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos. Desde ese cargo tenía bajo su responsabilidad el control operativo y el alistamiento general de las tres unidades submarinas con las que contaba entonces la Armada: el ARA Salta, el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz.

Era, además, el superior directo de Pedro Martín Fernández, comandante del ARA San Juan, capitán de fragata al momento del naufragio y ascendido post mortem al grado de capitán de navío.

Villamide fue destituido de la Armada en marzo de 2021 por decisión de un Consejo de Guerra realizado por orden del Ministerio de Defensa y en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La sanción implicó la pérdida de su grado, de su estado militar y del derecho a utilizar el uniforme.

El juicio comenzó el 3 de marzo y se extendió durante más de 30 jornadas, en las que declararon cerca de 100 testigos, entre expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales de la Marina. El objetivo central debate fue evaluar el estado material del submarino antes de que zarpara el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata rumbo a Ushuaia.

Durante las audiencias se analizaron las tareas de mantenimiento pendientes, las pruebas realizadas antes de la partida, las condiciones de operatividad del submarino y la eventual incidencia de esos factores en la tragedia.

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, a las 10.52, después de que alrededor de las 22 del día anterior se produjera un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías de proa. En su última comunicación con el comando en tierra, transmitida a las 7.19, el buque informó que se dirigiría a plano de seguridad para descansar del temporal que había atravesado en superficie y luego realizar el control de daños.

Qué dijo Villamide

“Buenos días, señores miembros del tribunal”, comenzó Villamide, antes de anticipar que no volvería sobre todos los aspectos discutidos durante el debate.

Ante los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto, afirmó: “No voy a referirme, porque que ya se ha hablado cuantiosamente, sobre lo acontecido, sobre las responsabilidades, sobre la injerencia de la política; simplemente voy a decir, tal cual el día que me senté en mi declaración indagatoria, que soy inocente. Y al día de hoy, no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino”.

El ex comandante indicó que durante el proceso no se había precisado cuál era el comportamiento concreto que se le atribuía ni de qué manera habría contribuido al desenlace.

“No sé, y no me han podido indicar taxativamente, qué es lo que hice mal y cuál fue el incumplimiento a mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque, su ida a pique y su naufragio. Ingresé a la Armada a los 19 años de edad, cumplí y me eduqué y me instruí y me capacité de acuerdo a todos los requerimientos que me puso la Armada. Y me desempeñé cumpliendo los reglamentos y los procedimientos navales de la manera que la Armada esperaba de mí. Por esa razón, es lo que digo que no entiendo claramente por qué estoy aquí”, expresó.

Villamide dirigió entonces sus cuestionamientos hacia la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

“La fiscalía nunca me indicó claramente la acusación: leí más de una vez el requerimiento de elevación a juicio y no lo podía entender técnicamente. Al día de hoy, no sabemos por qué se fue el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, expresó.

También recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder las preguntas de los acusadores.

“Declaré tres veces en este tribunal, y me puse a disposición de la fiscalía y de las querellas para que me preguntaran, y nunca me preguntaron nada, con excepción del Dr. Tagliapietra. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, planteó.

A partir de allí, Villamide sostuvo que el proceso había excedido el análisis de las conductas individuales de los cuatro imputados y se había convertido en un cuestionamiento más amplio contra la institución.

“De alguna manera, aunque se ha dicho que no, esto es un juicio a la Armada, porque a nosotros nos han preparado, y cumplimos procedimientos. Lo mismo fue en ese momento: más aún, más nos apegamos a ellos porque nos indicaban lo que específicamente debíamos hacer, y así lo hicimos. Aquí se está cuestionando a los reglamentos y a la Armada misma. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, afirmó.

El ex jefe naval reivindicó la formación recibida y remarcó que quienes eligen la carrera militar aceptan desde el comienzo los riesgos y las exigencias propias de la profesión.

“Nuestra profesión ha sido siempre riesgosa y todos nosotros, cuando ingresamos a la Armada, así lo aceptamos. Siempre lo supimos y siempre convivimos con eso. Siempre supimos que íbamos a estar ausentes en momentos importantes para nuestras familias, y así lo aceptamos, porque es parte de este trabajo”, señaló.

Para ejemplificarlo, se refirió a un despliegue reciente de militares argentinos en el exterior.

“¿Creen ustedes que hace dos semanas, cuando aconteció el terremoto en Venezuela, los infantes de marina que están desplegados ahí se imaginaron siquiera que iban a estar en este momento en Venezuela, que ellos no iban a tener circunstancias familiares que debieron resignar? Sin embargo, allí fueron, a otro país y a servir, simplemente porque se los ordenaron, resignando a sus familias y sus cuestiones”, expresó.

Dirigiéndose a los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, añadió: “Y gracias a Dios que esto es así; gracias a Dios que hay gente que todavía quiere servir. ¿Se imaginan ustedes lo que sería para nuestra sociedad si no existieran? Como ustedes sirven, también”.

La destitución y el impacto familiar

Villamide dedicó otro tramo de sus últimas palabras a describir las consecuencias que la investigación, el proceso disciplinario y la exposición pública tuvieron en su vida profesional y personal.

“Este proceso, de 8 años y medio, en particular para mí tuvo un impacto altísimo, no solo por mi destitución, la pérdida de mi grado, de mi estado militar, de mi derecho a usar el uniforme -que ni siquiera me lo pude poner en el casamiento de mi hija-, la pérdida del derecho a mi haber luego de 38 años de servicio; la asignación de una pensión a mi mujer del 75% de mi haber, teniendo un hijo en edad escolar; la pérdida de mi obra social en el medio de la pandemia cuando me encontraba bajo atención médica, sin hablar de la afectación a mi imagen, a mi prestigio por la condena social que se recibió, porque ustedes saben que se habló de todo”, enumeró.

Sin embargo, destacó que durante el juicio los jueces pudieron oír directamente a los especialistas de la fuerza naval.

“Pero por primera vez escucharon a los submarinistas acá. Acá los escucharon y opinaron y ustedes vieron la prueba. Y opinaron como opinábamos nosotros”, afirmó.

El ex comandante aseguró que el impacto no se limitó a su situación personal, sino que alcanzó a todos los integrantes de su familia.

“Este perjuicio, además, no solo me impactó a mí, alcanzó a mi familia. Y la verdad que eso no está en el contrato social que uno acepta con la Armada cuando decide servir. Mi familia en persona lo recibió. Mi mujer, que trabaja en la Armada, mi hijo, que está en la Armada, e incluso mi hijo menor de edad, que en la escuela tuvo que soportar comentarios y padecer observaciones infundadas de profesores que no sabían que él estaba ahí”, señaló.

A partir de esa experiencia, dijo, comenzó a preguntarse si valía la pena prestar servicio en las Fuerzas Armadas.

“Entonces, irremediablemente uno se pregunta a esta altura si vale la pena servir a la Nación, si vale la pena ingresar a la Armada o a las Fuerzas Armadas de la Nación sabiendo que uno va a tener siempre un sueldo bajo, va a estar ausente, va a trabajar las 24 horas del día los 365 días del año en una actividad riesgosa, muchas veces ingrata desde el punto de vista familiar por las ausencias y lo que uno resigna, donde hay guardias permanentes, impagas, donde prima la necesidad del servicio por la necesidad personal”, expresó.

Y agregó: “Se pretende que demos la vida por la Patria, y, sin embargo, ante la ocurrencia de un hecho trágico, luctuoso, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.

El mensaje a los familiares

El ex oficial también dirigió parte de su intervención a las familias de los 44 tripulantes y recordó las oportunidades en las que, después de la desaparición, expresó personalmente sus condolencias.

“A los familiares les he expresado las veces que tuve oportunidad, el 6 y 7 de diciembre de 2017, que participé en el parte diario, y también en la Comisión Bicameral, mi más profundo dolor y pésame por la pérdida sufrida. Sé que no hay nada que pueda llenar el dolor ante la ausencia de sus seres queridos, nada que yo pueda decir”, manifestó.

Luego, explicó que conocía personalmente a gran parte de la dotación y que había compartido navegaciones y actividades con muchos de sus integrantes.

“Pero sí quiero que sepan que ellos fueron compañeros nuestros: yo navegué con muchos de ellos, tal cual comentó el señor capitán Alonso; compartí navegaciones, cumpleaños, ejercitaciones, trabajos; yo conocía a la mayoría de los suboficiales y a más de la mitad de la Plana Mayor; ¿cómo no vamos a tener dolor?”, preguntó.

Villamide reconoció que el dolor de los integrantes de la fuerza era distinto del atravesado por los familiares, aunque reivindicó el vínculo cercano que existe entre los submarinistas.

“Naturalmente, es distinto, es cierto, no puedo estar en el lugar de ellos y no voy a sentir lo mismo, pero nosotros perdimos camaradas, compañeros de trabajo en un trabajo distinto a otros, donde realmente existe un vínculo cercano”, reconoció.

Después, volvió sobre la ausencia de preguntas durante sus declaraciones.

“Ojalá me hubieran preguntado, porque creo que hubiera podido dar satisfacción a las dudas que ustedes hubieran tenido”, les dijo a los representantes de la fiscalía y de las querellas.

“Mis submarinistas”

En otro momento de su exposición, Villamide describió la imagen que conservaba de los 44 integrantes de la dotación.

“Yo les voy a decir cuál es mi percepción de mi tripulación: la tripulación del submarino ARA San Juan era orgullosa por la tarea que hacía. Por ser submarinistas. Ellos demostraron incansablemente el cariño que tenían por su buque y el trabajo permanente que realizaban por mantenerlo en la mejor condición posible. De alta idoneidad y calidad profesional. Mi absoluto reconocimiento a ellos”, expresó.

El ex comandante rechazó que los tripulantes hubieran tenido temor de embarcarse o de navegar en inmersión.

“Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo a embarcar e irse a inmersión: todo lo contrario, siempre fueron orgullosos de lo que hacían. Siempre se mostraron entusiasmados con navegar, y mucho más con la ida a Ushuaia”, manifestó.

Villamide retomó entonces la pregunta que había formulado sobre la vocación de servicio y dio su respuesta.

“Planteada la pregunta que me he hecho antes: si vale la pena servir a la Patria: sin duda, sin duda vale la pena, a pesar de lo que nos toque”, afirmó.

Antes de concluir, pidió a los magistrados que tuvieran especialmente en cuenta los testimonios de los submarinistas que declararon durante el debate oral, ya que “ellos han explicado tal cual lo ven, lo aprendieron y los usos y costumbres, cómo se evaluaba una unidad y cómo percibían el estado del submarino. Ustedes los han escuchado; ellos son los únicos del país que han ejercido esta actividad”.

El homenaje final a la dotación

En el cierre de sus últimas palabras, Villamide reflexionó sobre la dureza de la carrera militar y rindió homenaje al comandante Pedro Fernández y a los otros 43 tripulantes.

“El señor capitán Fernández, junto a toda su tripulación, desde el señor capitán Bergallo hasta el cabo más moderno de la dotación, el cabo Niz, han honrado las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina: el submarino San Juan constituye hoy un hito en las profundidades que demarca el límite a todo el mundo de nuestra soberanía marítima. Muchas gracias”, concluyó.

Después de escuchar la intervención de Villamide y de los otros tres acusados, los magistrados del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se retiraron a deliberar.

Dos horas más tarde, lo condenaron por mayoría a tres años de prisión en suspenso, le impusieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y fijaron una serie de reglas de conducta durante tres años.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto.

El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo nunca concedió entrevistas. Siempre prefirió, según explica, que los documentos hablaran por él.

Tras haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -el máximo cargo operacional de la fuerza, desde el que tenía bajo su órbita “los fierros”, como se denomina en la jerga naval a los buques-, hoy, a los 66 años, atraviesa los últimos días del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes.

Es conocido el conflicto que mantuvo con el entonces jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, quien, mediante un “sumario exprés” de cinco días, suspendió a López Mazzeo del servicio al considerarlo “presunto infractor” de “faltas gravísimas” por no haber impedido la zarpada del submarino, supuestamente en deficientes condiciones de alistamiento. Desde entonces, según fuentes de la promoción 108 de la Escuela Naval Militar, a la que pertenece, el almirante Srur dejó de mantener vínculo con sus compañeros de camada.

López Mazzeo, actualmente imputado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, entiende que aquella maniobra buscó ofrecerle a la política responsables por la gran tragedia. Sin embargo, el contralmirante retirado asegura que no existe ningún testimonio ni informe técnico que indique que el buque no estaba en condiciones de llevar adelante la operación de adiestramiento y control de los espacios marítimos que le había sido encomendada.

A su criterio, “toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provista por el submarino”.

En ese sentido, también reivindica el profesionalismo de los tripulantes, responsables de efectuar las pruebas previas a la zarpada y de verificar que el submarino estuviera en condiciones de salir a la mar. A su entender, la acusación fiscal apunta de manera velada contra la propia dotación, que operaba el buque y que, a través de su comandante, debía definir si estaba apto para zarpar.

El oficial superior retirado considera que este juicio nunca debió realizarse, porque su objeto principal -determinar el estado de mantenimiento del submarino- ya había sido examinado tanto por la Comisión Bicameral del Congreso, entre 2018 y 2019, como por el Consejo de Guerra de 2021. Según señala, en ambas instancias se concluyó que el buque estaba en condiciones de cumplir la misión.

López Mazzeo cuenta que desde hace casi nueve años lleva adelante “un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz” y para que “quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes”. Admite que ese proceso lo condujo a “un detenimiento de la vida personal”, porque “hasta que no se resuelva esto, uno no puede seguir adelante”.

Hace dos semanas, la fiscalía, encabezada por Gastón Franco Pruzán, reclamó que el ex jefe operacional fuera condenado a cinco años de prisión por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la acusación, López Mazzeo -junto con los otros tres ex altos mandos navales imputados- actuó de manera negligente al incorporar a una misión a un buque en malas condiciones, incrementando indebidamente el riesgo propio de la actividad militar, que luego se habría concretado en el resultado trágico.

En su alegato de cierre de este martes, su abogado, el defensor público oficial Gastón Morillo, solicitó la nulidad de la acusación al entender que no había contemplado ninguno de los testimonios producidos durante el debate oral, iniciado el 3 de marzo. También planteó que su defendido cumplió con todos los deberes a su cargo y que, además, no podía atribuírsele un estrago cuando aún se desconoce, en rigor, cuál fue la causa que llevó al submarino a perder el control hasta alcanzar la profundidad de implosión.

Con las últimas palabras de los cuatro imputados, previstas para este miércoles, el tribunal con sede en Río Gallegos quedará en condiciones de dar por concluido el debate. Los magistrados podrían adelantar el veredicto durante esa misma jornada.

A poco de esa decisión final, López Mazzeo dialogó de forma exclusiva con Infobae.

—¿Cómo vio el alegato de este martes de su abogado, Gastón Morillo?

—Para mí, fue un excelente trabajo del defensor público oficial, muy sólido y apoyado en todos los argumentos que demuestran que la acusación no produjo pruebas a lo largo del juicio. Ese es el motivo por el cual pedimos la nulidad.

Además, la fiscalía, durante su alegato, incorporó dos imputaciones en mi contra que no figuraban entre las acusaciones iniciales, por lo que no pudimos defendernos de ellas en el debate oral.

—Su abogado dijo que, por la acusación planteada por la fiscalía, parecía que el juicio no se hubiera realizado.

—Claro. Si después de cuatro meses de juicio y unos 90 testigos vuelven a repetir la misma acusación, que a su vez es una copia del auto de procesamiento, ¿para qué hicimos el juicio?

Por otro lado, insisto, los fiscales agregaron dos imputaciones que no estaban al principio. Por eso el presidente del tribunal -Mario Gabriel Reynaldi- les recordó que el principio de congruencia era una cuestión básica.

—¿Por qué pidieron la nulidad de la acusación?

—Porque la fiscalía no presentó un alegato acorde con lo que se desarrolló durante el juicio. Por eso el defensor oficial dijo que era como si el debate no se hubiera llevado a cabo. A eso se suma, de nuevo, el agravante de que incluyó dos imputaciones que no estaban en la acusación inicial. Yo no puedo defenderme de algo por lo que antes no había sido acusado.

La fiscalía seleccionó parcialmente la prueba y tergiversó sus resultados. Hizo una interpretación basada solo en una parte de los elementos incorporados. Si van a hablar del informe de los contralmirantes Trama y Kenny y del capitán de navío Bergallo, tienen que mencionar todo su contenido, no extraer una frase y ocultar el renglón siguiente, donde se dice que el submarino estaba en condiciones, para después arribar a una conclusión distinta.

—¿Con qué expectativas llega al veredicto?

—No sabemos qué va a resolver el tribunal. Pero no hay un solo documento ni un testimonio que respalde la imputación fiscal. Por eso llego con la expectativa de una absolución.

Durante los cuatro meses de juicio, todos los testigos, incluidos cada uno de los propuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal, declararon que el submarino estaba en condiciones de operar y cumplir la orden de operaciones; que ninguna de las novedades o pruebas pendientes afectaba su seguridad, y que nada de eso tuvo relación con el ingreso de agua del 14 de noviembre y el posterior principio de incendio.

Además, como dijo el defensor, estas mismas acusaciones, con los mismos testigos y la misma prueba documental, ya habían sido analizadas por el Consejo General de Guerra, mi juez natural, que determinó que el submarino estaba en condiciones.

—¿Considera que esa cuestión quedó saldada durante el juicio?

—Totalmente. No hubo una sola prueba documental que indicara lo contrario. Los tres informes periciales dicen lo mismo, al igual que los 68 o 70 submarinistas que declararon. No hay forma de que la fiscalía pueda sostener una conclusión diferente.

—¿El Consejo General de Guerra era su juez natural por su condición militar?

—Sí.

—Sin embargo, usted fue crítico de la composición de ese tribunal.

—Sí, porque atravesamos tres meses de un Consejo de Guerra sin un solo marino entre sus integrantes. Fueron los testimonios recibidos los que llevaron al Consejo a concluir que el submarino estaba en condiciones, que era apto para la operación y que lo ocurrido no tenía relación con las novedades que presentaba.

Mi crítica se vincula con la falta de marinos que pudieran formular preguntas coherentes desde el conocimiento profesional. Un submarinista o un marino de superficie no preguntaría, por ejemplo, si con un submarino a 200 millas de la costa y a 40 metros de profundidad se puede hacer lo mismo que desde una torre de control cuando se verifica si un avión tiene desplegado el tren de aterrizaje.

—¿Cuánto influyó lo resuelto en el Consejo de Guerra sobre el proceso penal?

—No influyó. De hecho, el proceso penal continuó como si aquel procedimiento no hubiera existido y tomó de manera parcial algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, se menciona que Claudio Villamide fue destituido, pero no fue destituido por el estado del submarino, que es el objeto de este juicio, sino por otra hipótesis.

En mi caso, fui sancionado por estar procesado en esta causa penal. Ahora la fiscalía pide que se me condene porque fui sancionado por el Consejo de Guerra a raíz de ese procesamiento.

El fiscal afirmó en su alegato que yo había sido condenado por el Consejo de Guerra. Primero, el Consejo no condena: sanciona. Segundo, la sanción estuvo relacionada con mi situación en el proceso penal. Respecto del estado del buque, el Consejo determinó que el submarino estaba en condiciones de operar.

—Su defensor dijo que este juicio nunca se tendría que haber realizado. ¿Por qué?

—Porque todo lo que se vio durante el juicio ya había sido analizado tanto en el Consejo de Guerra como en la Comisión Bicameral del Congreso. Además, no existe una sola prueba documental que diga que el submarino no estaba en condiciones.

Esa premisa fue una construcción de la instrucción penal y de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia: “No sabemos por qué naufragó, pero seguramente fue por el estado general del submarino”.

Sin embargo, ninguna de las novedades del buque pudo físicamente haber incidido en el ingreso de agua por el sistema de ventilación.

—No se sabe a ciencia cierta qué llevó al submarino a perder plano hasta la implosión, pero ¿descarta que el ingreso de agua haya tenido relación con las novedades que presentaba el buque?

—Es físicamente imposible que haya tenido relación con esas novedades. Físicamente imposible.

—¿Y, en ese marco, qué valor le da al informe que hizo el comandante Pedro Martín Fernández sobre la patrulla de julio, donde registró un ingreso de agua por el mismo sistema de ventilación?

—Él registró el ingreso, lo informó y la unidad era responsable de su reparación. No existió una solicitud de obra correctiva que no hubiera sido ejecutada.

El razonamiento sería válido si el buque hubiera presentado una solicitud de obra correctiva que después no se hubiera cumplido, pero eso no ocurrió. El capitán Villamide explicó con claridad que había abordado esa cuestión con el capitán Fernández.

—¿Por qué el carenado del ARA San Juan fue programado para 2018?

—Porque así lo aconsejaron los 17 submarinistas con mayor experiencia. Lamentablemente, después se verificó que el comportamiento del casco y de sus válvulas fue el correspondiente a su diseño, porque el submarino implosionó por debajo de los 700 metros de profundidad.

Eso demuestra que el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y las coordinaciones realizadas para efectuar el carenado durante el primer semestre de 2018 no habían incrementado el riesgo.

—En su segunda declaración indagatoria usted mencionó que 44 de los 66 cascos de la Armada tenían reprogramado el carenado.

—Sí, porque la reprogramación no afecta la seguridad. Ese es el grave error conceptual en el que incurren las acusaciones.

El carenado es un mantenimiento preventivo destinado a preservar el casco a lo largo de la vida útil de la unidad. Reprogramarlo no implica que el buque se vuelva peligroso o inseguro.

—Pero, por un lado, estaban los reglamentos, que entonces fijaban ciclos de 24 meses, y por otro la situación operativa concreta de esos 44 cascos reprogramados.

—Los 24 meses corresponden a una situación ideal. Reprogramar un carenado no significa que el buque pase a ser más peligroso o inseguro.

El grave error es asociar automáticamente la demora en el carenado con un aumento del riesgo. Durante el juicio se demostró que ese concepto era equivocado y, lamentablemente, también quedó acreditado por la forma en que implosionó el submarino.

—Como excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, ¿qué escenario prevé para el funcionamiento futuro de la fuerza si la Justicia considera que esa demora puede dar lugar a un reproche penal?

—No lo sé, pero sería grave, porque esta Armada y todas las armadas del mundo funcionan de la misma manera.

Pero además, ¿cómo podrían reprochar penalmente el carenado por considerar que afectó la seguridad si ya se demostró que no incrementó el riesgo? La imputación no es técnica ni fácticamente válida. Eso quedó probado.

—La querellante Valeria Carreras dijo en su alegato que este no era un juicio contra la Armada, sino contra cuatro de sus integrantes. ¿Tiene una opinión formada al respecto?

—No coincido. Este es un juicio a los procedimientos, a los tripulantes del ARA San Juan, a la organización y a la capacidad técnica de la propia Armada. Si 17 submarinistas sostienen que el carenado podía prorrogarse porque no afectaba la seguridad, y la querella afirma lo contrario, entonces lo que se está juzgando no es únicamente mi desempeño, sino también la capacidad técnica de los 17 submarinistas más experimentados para recomendar una prórroga de 14 meses.

—¿Por qué afirma que también es un juicio contra los tripulantes del submarino?

—Porque la organización jerárquica de la Armada se sostiene sobre dos pilares: la especialización y la obligación de informar al superior. La información fluye de abajo hacia arriba para la toma de decisiones. Así funciona la cadena de mando. La supervisión se ejerce personalmente, pero también mediante los informes y reportes.

Si los tripulantes realizaron la prueba de 48 horas y certificaron que el submarino estaba en condiciones seguras para zarpar -una prueba que requiere más de 900 horas-hombre, con doble verificación y control-, ponerlo en duda equivale a cuestionar que hicieron la prueba, que la hicieron correctamente o que informaron con veracidad.

También se están juzgando los procedimientos y los instrumentos de verificación de la Armada. Por ejemplo, se relativizó el Índice de Calificación del Estado del Material, el ICEM. Como se vio en el debate, si bien puede contener una cuota de evaluación personal, el resultado final no depende solamente de un número: el comandante informa si el buque está habilitado o no. Es un procedimiento reglamentado que le permite evaluar la aptitud de su unidad. [La última evaluación ICEM del submarino fue realizada en septiembre de 2017: el comandante Pedro Fernández le asignó una calificación de 4,25 sobre 5 y consignó que el buque estaba “habilitado” para operar].

—Por otro lado, las querellas señalaron que, aunque la decisión final de zarpar correspondía al capitán del buque, la estructura vertical de la fuerza le dejaba poco margen para oponerse.

—Eso es absolutamente falso. En tres oportunidades, durante mis dos comandos de buques y cuando fui comandante de división, se decidió no zarpar.

Un comandante podía decirme: “Se rompió tal cosa, no puedo salir”. La respuesta era sencilla: no podía zarpar. A nadie se le ocurriría obligarlo a hacerlo. La Armada no funciona de esa manera, y mucho menos en tiempos de paz.

—¿Por qué asumió personalmente la conducción del caso SAR si el reglamento establecía que debía hacerlo el comandante de la Fuerza de Submarinos?

—Con la magnitud de los medios internacionales involucrados, no podía no hacerme cargo. ¿Lo iba a dejar a él y yo qué iba a hacer? ¿Sentarme y decirle: “Más vale que usted lo encuentre”? ¿O asumir la operación de búsqueda y rescate y conformar el Estado Mayor que armamos, con más de 4.000 personas y más de cinco países? ¿Cómo iba a dejar solo al comandante de la Fuerza de Submarinos? El trabajo de búsqueda, aunque resultó malogrado porque ya no había posibilidades de rescatarlos, fue ponderado por todos los países.

—¿Cree que la Armada reconoció internamente ese trabajo?

—No.

—¿Qué recuerda del momento en que, el 22 de noviembre, recibió de la Marina de los Estados Unidos la información sobre el evento hidroacústico compatible con una implosión?

—Que las posibilidades de sobrevida eran prácticamente nulas.

La decisión que tomé entonces fue duplicar todos los cálculos para ofrecerles a las familias la certeza de que no estábamos abandonando a los tripulantes.

El cierre del caso SAR lo dispuse el 30 de noviembre, después de haber superado el ciento por ciento de las posibilidades de sobrevida. También había más de 1.500 personas desplegadas en el mar y mantenerlas ahí implicaba riesgos.

—¿Por qué se lo ha acusado de ocultarle información al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur?

—No lo sé, porque la información siempre fue entregada. Él fue quien le ocultó información a la política al decirles que el submarino tenía un problema de comunicaciones, cuando nosotros ya habíamos lanzado la operación SUBMISS -de búsqueda y rescate del submarino-. También le dijo al secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, el licenciado Horacio Chighizola, que había “un 70 por ciento de probabilidades de encontrar al buque” porque presentaba un problema de comunicaciones, aun cuando nosotros ya habíamos realizado dos vuelos sin detectar la nave en superficie.

—¿Por qué la búsqueda de los restos del submarino terminó en manos de una empresa privada?

—La Armada, por sí sola, no tiene capacidad para realizar ese tipo de búsquedas. No contaba con los medios necesarios. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2017, la Armada del Reino Unido nos había ofrecido ese tipo de vehículo para explorar o descartar la zona que aún faltaba revisar: los cañadones. El resto de la plataforma ya había sido técnicamente descartado, porque habíamos logrado identificar objetos de menor tamaño que el submarino en cada una de esas áreas. Los cañadones eran los únicos sectores a los que no podíamos ingresar por falta de medios idóneos, que fueron los que después utilizó Ocean Infinity.

La Marina británica nos ofreció esos medios el 5 de diciembre. Yo se lo informé a Srur ese mismo día y, el 7, me suspendió del servicio. Nunca se avanzó con ese ofrecimiento. No me consta por qué.

—¿A qué se refirió su abogado en su alegato de clausura cuando dijo que los acusados y las familias fueron víctimas de “los juegos perniciosos de la política”?

—Fue una evaluación que hizo sobre el manejo posterior a la pérdida de contacto con el submarino.

El caso se utilizó políticamente en la disputa entre los dos principales partidos de entonces, que intentaron atribuirse mutuamente la responsabilidad por la tragedia.

—¿Considera que fue utilizado como una especie de fusible?

—En cinco días, dos abogados de la Armada, sin el asesoramiento ni la participación de ningún submarinista, dijeron que éramos responsables por no haber impedido la zarpada del submarino. Veinticuatro horas después, todos los medios de comunicación anunciaban que habían aparecido “los dos responsables de la tragedia”.

—Usted fue muy crítico de la instrucción de la jueza Marta Yáñez por la falta de pericias.

—Sí. Algunas de esas pericias se hicieron parcialmente recién durante el juicio.

Durante la instrucción, nosotros presentamos 89 puntos de pericia respecto de lo que luego se debatió en este juicio: cada equipo, sus componentes, las responsabilidades, obligaciones y tareas de sus integrantes. Ninguno fue considerado. La instrucción tuvo fallas muy graves.

Por otra parte, le repito lo que la jueza de instrucción les dijo a mis abogados el 10 u 11 de diciembre de 2017, en Caleta Olivia: “A mí la Marina me entregó dos cabezas; ahora quiero saber si hay más”. Creo que ese comentario es revelador.

—Después de todos estos años y de haber revisado la documentación, ¿tiene alguna hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido entre el último contacto del buque y el horario de la implosión, a las 10:52?

—No puedo formular una hipótesis sin contar con un informe técnico elaborado por quienes tienen capacidad para hacerlo. Sería hablar sin respaldo, y no lo hago.

Para plantear una hipótesis es necesario establecer un método científico que determine cuáles son los puntos por investigar y cómo deben analizarse.

Eso también les habría permitido a las querellas transmitirles cierta tranquilidad a los familiares. Sin embargo, salvo la querella de Luis Tagliapietra, las demás no solicitaron pericias.

—¿Entiende a los familiares que decidieron presentarse como querellantes en su contra?

—Sí, los entiendo perfectamente. Pero creo que fueron muy mal orientados, en el mejor de los casos. Acá les atribuyo mala praxis a los abogados y a las autoridades de la Armada de entonces.

Piense que llegaron a asignarles la responsabilidad de determinar la posición del submarino durante la búsqueda. Es decir, les transfirieron la responsabilidad de encontrarlo, al punto de embarcar videntes y dirigirse a un área en la que era cinemáticamente imposible que estuviera el buque. Eso es perverso.

En lugar de sentarse con ellos y decirles: “Miren, los entendemos y los comprendemos, pero no vamos a buscar en esa zona porque el submarino no puede estar allí”, iban 200 millas más al norte con un vidente y un péndulo.

—¿Qué implicaron para usted estos casi nueve años?

—Un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz y quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes. Porque, como dije antes, se los está acusando veladamente de haber sido imprudentes o de haber sido malos profesionales.

Si ellos informaron que el buque estaba en condiciones de cumplir con la tarea y se sostiene que no lo estaba, indirectamente se les atribuye la responsabilidad. Pero, como no pueden responsabilizarlos a ellos, se la atribuyen a quienes estábamos en tierra.

Tenga en cuenta que toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provistas por el propio submarino.

—¿Qué significó en términos personales ese trabajo “incesante”?

—Un detenimiento de la vida personal, repitiendo una y otra vez, en distintos ámbitos, lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo declaré ante la Comisión Bicameral, en el Consejo de Guerra, durante la instrucción, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y acá, en el juicio oral de Río Gallegos.

—¿Qué significa “un detenimiento de la vida personal”?

—Que hasta que esto no se resuelva, uno no puede seguir adelante.

—¿Le gustaría agregar algo?

—Que estoy tranquilo desde el primer momento porque hicimos las cosas como correspondía y adoptamos todas las medidas necesarias, incluso antes de que vencieran los plazos para activar el protocolo de búsqueda y rescate.

También quiero destacar que la información provista por el submarino coincide con las conclusiones de los informes elaborados un año y medio después. Todos determinaron que el ARA San Juan estaba en condiciones de cumplir la tarea asignada.

Los testigos también coincidieron en que las novedades registradas no afectaban la seguridad y que el ingreso de agua por el sistema de ventilación no tenía relación con las tareas o pruebas que se encontraban pendientes.

“La totalidad de la prueba que se produjo demostró que López Mazzeo es inocente de todos los hechos que se le imputaron” y “los imputados, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

Con esas dos afirmaciones, las más contundentes de su alegato, el defensor público Ricardo Gastón Morillo condensó este lunes su posición en favor del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada juzgados por el naufragio del ARA San Juan.

La jornada comenzó a las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en pleno centro de Río Gallegos. Morillo solicitó la nulidad de la acusación fiscal y la absolución de su asistido. De manera subsidiaria, y en caso de que los magistrados evalúen otro escenario, requirió que fuera absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, que obliga a resolver en favor del acusado cuando no existe certeza suficiente para condenarlo.

El abogado calificó el alegato del Ministerio Público Fiscal como “forzado” e “infundado”, cuestionó la utilización parcial de la prueba ventilada durante el debate y denunció la introducción de tres hechos que, según explicó, nunca habían integrado la imputación original.

Su argumento de fondo fue que las declaraciones recibidas desde el comienzo del juicio, en marzo, conformaron un conjunto probatorio vasto en favor de López Mazzeo. A lo largo de su exposición, remitió de manera permanente a los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron ante el tribunal y que, de acuerdo con su lectura, coincidieron en que el buque estaba operativo, alistado y en condiciones de cumplir la misión asignada.

“Ni un solo testigo dijo en esta sala que el submarino no hubiese estado operativo y alistado para formar parte de la operación 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Ni un solo testigo”, remarcó.

El cargo más alto de la estructura operacional

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -COAA, según las siglas utilizadas por la fuerza-, el cargo más alto dentro de la estructura operacional.

Desde esa posición debía alistar, adiestrar y sostener los medios del poder naval para ejecutar los planes en vigor. Bajo su órbita se encontraban los principales componentes operativos, entre ellos el Comando de la Fuerza de Submarinos, encabezado entonces por el capitán de navío Claudio Javier Villamide, también acusado en el proceso.

Esa relación jerárquica resultó central tanto para la fiscalía como para la defensa. Los acusadores ubicaron a López Mazzeo como la máxima autoridad con facultades para supervisar el estado de los medios, controlar su alistamiento y evitar que una unidad sin condiciones suficientes fuera destinada a una operación.

Morillo, en cambio, procuró delimitar el alcance de esas funciones. Describió una organización piramidal basada en la especialización, la delegación funcional, la cadena de comando y el deber de los subordinados de informar cualquier novedad relevante.

Según los datos repasados durante el alegato, aproximadamente el 65% del personal de la Armada dependía de aquella estructura entonces a cargo de López Mazzeo: alrededor de 17.500 personas, decenas de buques, tres submarinos, aeronaves, helicópteros, medios terrestres, arsenales, talleres, depósitos y bases distribuidas en distintos puntos del país.

Para la defensa, esas dimensiones impedían atribuirle un conocimiento directo sobre cada desperfecto, mecanismo o trabajo pendiente de todos los medios bajo su órbita. Su intervención, explicó Morillo, se desarrollaba en el plano del planeamiento general, la distribución de recursos y la supervisión macrooperativa.

“El COAA no tiene competencia sobre un interruptor ni sobre una válvula. No tiene competencia sobre la tan charlada y debatida ECO-19”, afirmó ante los jueces.

La fiscalía interpretó esas mismas atribuciones de manera diferente. Consideró que la delegación funcional no lo liberaba de sus obligaciones de supervisión y lo situó en una "posición de garante" respecto de la seguridad de los tripulantes.

Qué le imputó la fiscalía a López Mazzeo

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán pidieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

La acusación individualizó tres núcleos de incumplimiento.

El primero estuvo relacionado con la demora en el ingreso del submarino a dique seco para realizar tareas de carenado. Según el Ministerio Público, López Mazzeo no respetó los plazos reglamentarios y doctrinarios previstos para ese mantenimiento y dilató el trámite para conservar operativa la unidad durante el segundo semestre de 2017.

El segundo reproche se vinculó con la información suministrada al Estado Mayor General de la Armada sobre las patrullas de control de los espacios marítimos y la utilización de recursos provenientes del área de Pesca. Los fiscales indicaron que no se comunicó adecuadamente que un submarino de la clase TR-1700 sería utilizado en esas actividades.

Por último, le atribuyeron haber afectado al ARA San Juan a la orden de operaciones COFLOMAR 14/17, firmada el 19 de octubre de 2017, cuando la nave todavía figuraba a más de 72 horas de apresto por reparaciones de tercer escalón -trabajos de mayor complejidad técnica, realizados en un arsenal y fuera del mantenimiento habitual de la tripulación- sobre sus periscopios en el Arsenal Naval Mar del Plata.

Los partes diarios incorporados al expediente señalaban que el submarino recuperó formalmente su condición operativa el 24 de octubre y zarpó al día siguiente. Para la fiscalía, sin embargo, la decisión de incluirlo en la planificación había sido adoptada cuando aún permanecía fuera de servicio y constituyó una “grave infracción” a los deberes de supervisión del COAA.

La teoría acusatoria planteó que López Mazzeo podía haber seleccionado otro medio o desafectado al submarino antes de la partida. Al no hacerlo, habría incrementado un riesgo no permitido mediante la asignación de una misión que combinaba un ejercicio de guerra antisubmarina y una patrulla de control de los espacios marítimos.

Durante el alegato del 23 de junio, la fiscalía sostuvo que el ARA San Juan cumplió aquella operación en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”. También afirmó que los mandos privilegiaron los objetivos operativos por encima de la seguridad de la tripulación.

Para los acusadores, a su vez, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y antecedentes de ingreso de agua elevó indebidamente los riesgos propios de una actividad que ya resultaba peligrosa por su naturaleza.

Una acusación “forzada” e “infundada”

Morillo inició su respuesta cuestionando la validez del alegato fiscal. Recordó que toda acusación debe ser fundada, concreta, precisa, objetiva y no puede sorprender al imputado durante la última etapa del proceso.

A su criterio, ninguna de esas exigencias fue respetada.

El defensor reconoció que el Ministerio Público Fiscal enumeró las conductas que consideró constitutivas de incumplimientos, pero objetó que no hubiera explicado por qué la prueba producida durante el juicio permitía tenerlas por acreditadas ni cómo se relacionaban con el naufragio.

“¿Qué debió haber hecho la fiscalía? Debió haber pedido la absolución de López Mazzeo. ¿Y qué hizo? Formuló un alegato forzado, una acusación infundada”, planteó.

También acusó a los fiscales de apartarse del principio de objetividad que debe orientar su actuación. Desde su perspectiva, la fiscalía “priorizó criterios de eficacia basadas en criterios de condena y pena por sobre el principio de objetividad”,omitiendo testimonios, documentos y reglamentos que favorecían a los imputados.

“Al acusar no fue objetivo, y eso es un mandato y conforma la guía de actuación del Ministerio Público Fiscal”, expresó. “Omitió la totalidad de la prueba que se produjo en este juicio, como si este juicio no se hubiese desarrollado”.

El abogado calculó que durante el debate declararon cerca de cien testigos, gran parte de ellos ofrecidos originalmente como prueba de cargo, y planteó: “Casi el 90% de esos testigos fue prueba de cargo. Toda prueba de cargo que demostró lo contrario”.

Los hechos que la defensa consideró sorpresivos

El pedido de nulidad no se apoyó únicamente en la valoración de la prueba. Morillo denunció que la fiscalía incorporó en su alegato de clausura tres hechos que, según explicó, nunca habían formado parte del requerimiento de instrucción, de la imputación ni de la elevación de la causa a juicio.

Se refirió al supuesto ocultamiento de información sobre la participación del submarino en una patrulla de control del mar, a una presunta falta de transparencia respecto del uso de recursos del área de Pesca y a la inclusión del ARA San Juan en una orden de operaciones mientras todavía permanecía sometido a reparaciones.

“No son inocuos estos hechos”, advirtió, ya que “con ellos pretenden construir el elemento subjetivo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pretenden construir el dolo con tres hechos que jamás fueron imputados a López Mazzeo”.

Los dos primeros puntos habían surgido durante la declaración del exoficial Javier Dutto Carcagno, quien al momento de la tragedia del submarino se desempeñaba como secretario privado del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

El testigo manifestó que López Mazzeo había ocultado información sobre la intervención del submarino en la patrulla y desobedecido una supuesta indicación relacionada con su utilización.

Después de esa declaración, el acusado pidió ampliar su indagatoria. Ante los magistrados , explicó el contenido de los mensajes navales examinados durante el debate y exhibió partes informativos que, según dijo, “se puso en conocimiento al almirante Srur respecto de la actividad que estaba realizando el submarino”.

Morillo diferenció también aquella explicación de una defensa frente a una imputación formal.

“López Mazzeo estaba dando explicaciones porque estaba contestando a un testigo que se había manifestado falazmente, pero no estaba contestando una imputación del Ministerio Público”, señaló.

Respecto de la inclusión de la unidad en la orden de operaciones, indicó que tampoco había integrado con la precisión necesaria la plataforma fáctica original. Como indicio, destacó que ningún testigo fue interrogado específicamente sobre si un submarino que atravesaba tareas de mantenimiento podía ser incorporado a una planificación futura.

La defensa aseguró que no existe ninguna norma naval que prohíba esa decisión. Lo vedado, explicó, es que una unidad zarpe sin haber recuperado sus capacidades operativas.

El ARA San Juan finalizó las reparaciones, volvió a ser informado como operativo el 24 de octubre y partió de Mar del Plata al día siguiente.

“No hubo ninguna irregularidad. El submarino fue alistado, estaba operativo y zarpó en condiciones”, aseveró Morillo.

Para el abogado, la introducción de esos tres hechos durante el alegato final violó el principio de congruencia, que exige correspondencia entre la imputación inicial, aquello por lo que el acusado fue llevado a juicio y las conductas sobre las que finalmente se solicita una condena.

“Es una acusación que violó el principio de congruencia y el derecho de defensa de López Mazzeo. No puede ser subsanada”, concluyó.

La decisión de zarpar y el rol del comandante Fernández

Dentro de la distribución de competencias de la Armada, Morillo también puso el foco en las atribuciones del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

Según explicó, el Reglamento General del Servicio Naval reconocía al titular de la unidad el derecho y la obligación de determinar si el buque estaba en condiciones de zarpar.

Para la defensa, Fernández era quien tenía conocimiento directo sobre el estado del submarino, recibía los resultados de los controles previos y podía negarse a iniciar una navegación si consideraba que la seguridad no estaba garantizada.

Morillo aclaró que ese argumento no buscaba trasladar la responsabilidad hacia el comandante fallecido, sino delimitar las funciones correspondientes a cada nivel de la cadena de mando.

El defensor remarcó que el submarino terminó las reparaciones, recuperó su condición operativa y atravesó las verificaciones anteriores a su partida.

“Lo que sí prohíbe la Armada es que una unidad zarpe cuando perdió las capacidades operativas”, diferenció.

Según su postura, eso no ocurrió: el ARA San Juan fue informado como operativo el 24 de octubre de 2017 y zarpó al día siguiente bajo el visto bueno de Fernández.

El planteo que había formulado la defensa de Villamide

La nulidad reclamada por Morillo coincidió con la presentada la semana pasada por Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, subordinado de López Mazzeo dentro de la estructura operacional.

Vigliero había cuestionado que la fiscalía no precisara cuál fue el deber objetivo de cuidado vulnerado por su asistido, qué conducta concreta debía desplegar ni de qué manera esa omisión incidió en la pérdida del submarino.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, había preguntado ante el tribunal.

La línea compartida por ambas defensas fue que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes, restricciones o decisiones adoptadas antes del naufragio. Para fundar una condena, argumentaron, debía identificarse el riesgo prohibido creado por cada acusado y demostrarse cómo se concretó en el resultado.

Vigliero había resumido su postura con otra pregunta: “No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”.

La prueba de los expertos y el estado del submarino

A lo largo de su alegato, el defensor público del ex COAA volvió de manera permanente sobre las declaraciones de los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron durante el juicio.

Según remarcó, quienes poseían experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de esa clase de unidades coincidieron en que el ARA San Juan estaba operativo, alistado y apto para cumplir la misión encomendada.

Entre los testigos mencionó al almirante retirado Alejandro Kenny, al contralmirante retirado Adolfo Trama y al capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, quienes integraron la comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa después de la desaparición del buque.

También citó al capitán de navío retirado Arturo Guillermo Marfort, al ingeniero naval Jorge Bellino y a Gabriel Attis, quien presidía el Consejo Asesor del Arma Submarina cuando ese organismo recomendó programar el ingreso de la nave a dique seco durante el primer semestre de 2018.

Para la defensa, ese conjunto de testimonios consolidó dos afirmaciones: que las tareas pendientes no impedían la navegación y que ninguna fue identificada como causa concreta del naufragio.

Morillo defendió además el valor del Índice de Calificación del Estado del Material, conocido como ICEM. El último confeccionado antes de la misión asignó al submarino 4,25 puntos sobre cinco y lo ubicó en la categoría de “buque habilitado”.

La fiscalía había relativizado ese instrumento al considerar que contenía un componente subjetivo y reflejaba el estado general de la unidad en un momento determinado. La defensa admitió que el puntaje podía incluir apreciaciones, pero diferenció esa valoración de la conclusión acerca de si el buque estaba habilitado o no.

“El ICEM (...) es el único instrumento que utiliza la Armada y está reglamentado para calificar la operatividad o habilitación de una unidad submarina”, expresó.

También rechazó las dudas sobre las pruebas de sistemas y mecanismos efectuadas durante las 48 horas anteriores a la partida y recordó las declaraciones de ex tripulantes que dijeron haber intervenido en esos controles.

El carenado y el informe de Thyssen

Uno de los principales reproches contra López Mazzeo fue, en efecto, la postergación del ingreso a dique seco para realizar tareas de carenado.

El comandante del submarino había solicitado en marzo de 2017 que esos trabajos se efectuaran “en el corto plazo”. Un mes después, el Consejo Asesor del Arma Submarina -integrado por oficiales superiores submarinistas- recomendó programarlos para el primer semestre de 2018.

La fiscalía sostuvo que los plazos reglamentarios se encontraban vencidos. Citó las normas internas de la Armada, que contemplaban un intervalo de 24 meses, y el manual del fabricante alemán, que recomendaba 18 meses.

Según la acusación, López Mazzeo dilató el trámite para mantener operativo al submarino durante el segundo semestre de 2017 y permitir que cumpliera las navegaciones previstas.

Morillo respondió que los plazos no eran absolutos sino “flexibles” y dependían de la evaluación de los técnicos, la disponibilidad de infraestructura, las necesidades operativas y los límites presupuestarios.

“En este punto es necesario recordar la información que nos brindó López Mazzeo en su indagatoria: en 2017, 44 de 66 cascos tenían reprogramado el carenado y 11 unidades ingresaron a dique seco para carena. El último ingreso a dique del submarino había sido en 2015, por una junta en el tubo externo del lanzatorpedos, pero se hicieron trabajos. Cada vez que una unidad ingresa a dique seco se activa un protocolo de revisión general del casco y, si hubiesen surgido novedades serias, se habrían informado indefectiblemente. Nada de eso ocurrió”, afirmó el defensor público.

“Tenemos un submarino que no ingresó en 2017 a dique seco para carena porque no reportaba una situación de emergencia, a pesar de tener vencidos los plazos reglamentarios. No había una situación que justificara romper con el -planeamiento- vigente. También es importante que el Consejo General de Guerra desestimó la acusación vinculada con el dique seco y sostuvo que no hubo negligencias en el proceso de alistamiento de la unidad”, agregó.

El término “imperioso”, empleado por el Consejo Asesor submarinista para promover el ingreso a dique para 2018, tampoco constituía -de acuerdo con el defensor- una categoría reglamentaria que significara que el submarino no podía navegar. La recomendación implicaba otorgarle prioridad presupuestaria dentro de la planificación de 2018.

Para respaldar esa posición, Morillo puso en valor el informe del fabricante alemán Thyssen, incorporado al expediente y analizado durante el debate. Según explicó, el documento señalaba que el carenado no determinaba por sí solo la seguridad náutica del submarino y que correspondía a cada Armada establecer sus propios estándares de mantenimiento y habilitación.

La defensa utilizó esa conclusión para sostener que el vencimiento de los plazos recomendados no convertía automáticamente al ARA San Juan en un buque inseguro ni le impedía navegar.

“¿Qué hizo López Mazzeo? Hizo lo que tenía que hacer: seguir el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y la gestión de la Fuerza de Submarinos con el Estado Mayor. Lo incluyó en el techo presupuestario para 2018”, manifestó.

Morillo recordó, además, que el Consejo General de Guerra no le atribuyó negligencias relacionadas con el proceso de alistamiento por la postergación de esos trabajos.

“Tiene que quedar claro: el ingreso a dique o los trabajos de carena no hacían a la seguridad náutica ni afectaban las condiciones de alistamiento del submarino”, insistió.

La implosión del ARA San Juan

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, a las 10.52, después de superar la profundidad de colapso de su casco resistente.

Morillo sostuvo que ese desenlace permitió arribar, de manera trágica, a una conclusión técnica respaldada por los expertos que declararon durante el juicio: el casco, las válvulas y sus componentes cumplieron con las prestaciones para las que habían sido diseñados.

“La tragedia permitió comprobar que el consejo estaba acertado, porque la implosión demostró que el casco resistente, como las válvulas y sus componentes, cumplieron con sus prestaciones de diseño. Esto, lamentablemente, fue así”, expresó.

Los recursos destinados al submarino

Para rechazar que su asistido hubiera desatendido el estado del buque, el defensor enumeró distintas decisiones adoptadas durante su gestión.

Afirmó que López Mazzeo canalizó recursos para reparar los periscopios, válvulas y antenas; gestionó contrataciones relacionadas con sensores de hidrógeno; incorporó el carenado dentro de la planificación de 2018 y autorizó partidas para ampliar la navegación hasta Ushuaia, a pedido del comandante Fernández “para levantar la moral” de la dotación y favorecer su adiestramiento.

También indicó que el presupuesto destinado a mantener operativas las unidades navales aumentó considerablemente -“en un 600%“- bajo su conducción.

“López Mazzeo intervino activamente y se trabajaba sobre un submarino operativo y habilitado”, manifestó. “Lejos de no cumplir con sus obligaciones, quedó demostrado que sí las cumplió”.

La defensa insistió en que la Fuerza de Submarinos poseía la especialización y el conocimiento directo sobre sus unidades. A su vez, el comandante y la tripulación intervenían en los mantenimientos de primer y segundo escalón y debían informar cualquier novedad capaz de afectar la navegación.

“No sabemos qué pasó”

La imposibilidad de reconstruir con certeza la secuencia final ocupó otro tramo central de la exposición.

Durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, el submarino informó un ingreso de agua por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. La última comunicación telefónica con tierra se produjo a las 7.19.

Durante el debate se analizaron distintas hipótesis sobre la posterior pérdida de control: una explosión por acumulación de hidrógeno, una inundación, una pérdida de propulsión, una falla crítica, un nuevo ingreso de agua durante una maniobra de snorkel o una combinación de factores.

Ninguna pudo establecerse de manera concluyente.

La fiscalía sostuvo que no era indispensable identificar el mecanismo final si se acreditaba que los acusados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

Morillo rechazó esa tesis.

“Todos los testigos confirmaron que no sabemos qué pasó. No se sabe cuáles fueron las causas del naufragio”, afirmó. “Y si no sabemos qué pasó, es imposible determinar cómo vincular el resultado con alguna conducta que se pueda imputar a López Mazzeo”.

El defensor diferenció el caso de otros precedentes mencionados por la acusación, entre ellos las tragedias de Cromañón, Once y LAPA, donde sí había podido reconstruirse el mecanismo que produjo el resultado.

“No tenemos causa. No sabemos qué pasó”, reiteró.

A su entender, tampoco pudo excluirse un acontecimiento fortuito ni un eventual error humano. Sin una explicación sobre la pérdida de control, agregó, no era posible establecer qué conducta concreta de López Mazzeo habría evitado el desenlace.

“Ninguno de los trabajos pendientes de mantenimiento tuvo relación con alguna de las hipótesis del naufragio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo?”, preguntó.

En otro pasaje de su exposición, el abogado aseveró: “Este es un juicio que nunca se debió haber hecho. (...) López Mazzeo y ninguno de los imputados es responsable de ninguno de los hechos imputados: son inocentes, y eso se demostró en el juicio”.

Luego remató: “Los acusadores han tratado de comprobar que tienen responsabilidades penales (...) pero se demostró que cumplieron con sus deberes”.

El perfil de López Mazzeo y “los juegos perniciosos de la política”

En el tramo final, Morillo se apartó de los reglamentos, los programas de mantenimiento y las órdenes de operaciones para referirse personalmente a su defendido, a quien conoció recién cuando la causa quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Relató que el trabajo de la defensa y el desarrollo de las audiencias le permitieron conocer a un oficial de “extensa trayectoria”, alta capacitación y profundo conocimiento de la estructura naval. El abogado destacó además que López Mazzeo no había alcanzado el cargo operacional más alto de manera fortuita, sino después de más de cuatro décadas dentro de la institución.

“López Mazzeo no vino del cielo para ser comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Estuvo más de 40 años en la Armada hasta que llegó a ser COAA”, expresó.

También ponderó la formación de Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, los restantes imputados, y aseguró que las carreras dentro de la fuerza se construyen sobre la experiencia y el mérito profesional.

Morillo reconoció el dolor atravesado por las familias de los 44 tripulantes, pero afirmó que el proceso también tuvo consecuencias sobre los acusados. En ese contexto, vinculó la situación de ambos grupos con las decisiones adoptadas después de la tragedia.

“López Mazzeo y todos los imputados aquí, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

El defensor recordó las actuaciones disciplinarias impulsadas mientras todavía se desarrollaba la búsqueda del submarino, el sumario iniciado dentro de la Armada y la posterior intervención del Consejo General de Guerra bajo el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según su lectura, aquella instancia no pudo atribuirle a López Mazzeo responsabilidad por las condiciones de alistamiento del ARA San Juan. Las sanciones que recibió, añadió, estuvieron relacionadas con cuestiones disciplinarias diferentes y no con el mantenimiento del buque ni con las causas de su pérdida.

También buscó desvincularlo del destrato, la falta de información y las tareas de inteligencia denunciadas por familiares después de la desaparición.

“López Mazzeo no cometió ninguno de los hechos que le imputaron. Tampoco es culpable del destrato, del espionaje ni de la desinformación que los familiares denunciaron acá”, indicó.

Antes de concluir, Morillo reiteró que el juicio había producido “pruebas contundentes” a favor de su asistido y que ninguna permitía vincularlo con el naufragio.

“López Mazzeo es inocente. Acá quedó probado”, afirmó el defensor público al cerrar su exposición.

Luego, la defensora pública Leticia Diez, representante de Alonso y Correa, también pidió la nulidad de los alegatos de cierre de la fiscalía al considerar que el Ministerio Público omitió y tergiversó la prueba producida durante el debate.

Para este miércoles están previstas las últimas palabras de los cuatro acusados, instancia tras la cual el tribunal podrá cerrar formalmente el juicio y eventualmente adelantar el veredicto.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

Las penas reclamadas por la fiscalía

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.

El planteo de la defensa de Villamide

La semana pasada también alegó Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien pidió la nulidad de la acusación fiscal y, de manera subsidiaria, la absolución de su asistido.

El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.

Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.

En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.

Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.

Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

El Consejo de la Magistratura de la Nación convocó a los abogados y las abogadas con matrícula federal activa a participar de las elecciones para renovar los cuatro lugares que corresponden a ese estamento dentro del organismo encargado de seleccionar, sancionar y promover la remoción de jueces nacionales y federales.

La convocatoria, firmada por la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, y su secretario general, Mariano Pérez Roller, fue publicada en el Boletín Oficial y fijó los comicios para el próximo 20 de octubre, entre las 9 y las 18.

Podrán votar los profesionales con matrícula federal activa inscriptos hasta el 17 de julio y con domicilio electoral en la República Argentina. Se elegirán cuatro consejeros titulares, cada uno con un suplente del mismo género, para el período 2026-2030.

Al menos dos de las bancas deberán ser ocupadas por mujeres. La convocatoria también exige que entre los electos haya, como mínimo, dos abogados de la matrícula federal del interior del país y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cargos que serán renovados son los que actualmente ocupan Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. El inicio del proceso electoral volvió a poner en discusión qué norma debe aplicarse para determinar si quienes integraron el Consejo durante el período 2022-2026 pueden postularse inmediatamente para otro mandato.

La incertidumbre se origina en las sucesivas reformas que atravesó el organismo y en el alcance del fallo mediante el cual la Corte Suprema restableció su composición de veinte miembros.

La Ley 24.937, sancionada en diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, reglamentó el Consejo creado por la reforma constitucional de 1994. Su artículo 2 estableció la integración del cuerpo -inicialmente con 19 miembros- y reservó cuatro lugares para los representantes de los abogados de la matrícula federal. El artículo 3 dispuso que los consejeros durarían cuatro años y podrían ser "reelegidos por una vez en forma consecutiva“.

Días después, la Ley 24.939 corrigió distintos aspectos de ese régimen. Entre ellos, elevó de 19 a 20 la cantidad total de integrantes, pero no modificó el artículo referido a los mandatos. Se mantuvo así la posibilidad de una reelección inmediata.

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso aprobó la Ley 26.080. Su artículo 1 sustituyó el artículo 2 de la ley original, redujo el Consejo de veinte a trece miembros y disminuyó de cuatro a dos la representación de los abogados.

El artículo 2 de la reforma reemplazó, a su vez, el artículo 3 de la Ley 24.937. Aunque mantuvo en cuatro años la duración de los cargos, dispuso que los consejeros podían ser reelegidos únicamente “con intervalo de un período”. La nueva redacción eliminó así la posibilidad de ejercer dos mandatos consecutivos.

Ese esquema funcionó hasta el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ Estado Nacional”. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 1 y 5 de la Ley 26.080, referidos a la integración de trece miembros y al quórum de siete consejeros.

El Máximo Tribunal consideró en ese fallo que aquel diseño quebraba el equilibrio entre los sectores político, judicial, profesional y académico exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Al definir el alcance de ese principio, sostuvo que debía existir un “equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo”.

Bajo la Ley 26.080, el estamento político reunía siete integrantes: seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Esa cantidad le permitía alcanzar sin la participación de los otros sectores el quórum requerido y adoptar las decisiones que no exigieran mayorías especiales.

Según la reseña de la Corte respecto de la normativa cuestionada, "el estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional”.

Así las cosas, el tribunal exhortó en 2021 al Congreso a sancionar una nueva ley y fijó “un plazo razonable” de 120 días para completar el Consejo bajo la integración anterior. Como el Poder Legislativo no aprobó otro régimen, volvieron a aplicarse las disposiciones que establecían un organismo de veinte integrantes, presidido por el titular de la Corte Suprema y con un quórum de doce miembros.

“Hasta tanto esa ley sea dictada corresponde que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables recobre plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937 y su correctiva 24.939”, dispuso la sentencia.

El fallo, sin embargo, no declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley 26.080, que había cambiado la regla sobre los mandatos. Al establecer cómo se incorporarían los representantes necesarios para completar la nueva integración, la Corte agregó: “Los integrantes del cuerpo podrán ser reelegidos con intervalo de un período (art. 3° de la ley 24.937, texto según ley 26.855). Excepcionalmente, para los nuevos integrantes no se computará la primera elección a los efectos de una eventual reelección consecutiva”.

Ese pasaje sustenta actualmente la interpretación según la cual la sentencia restituyó la composición, el quórum y las mayorías correspondientes al Consejo de veinte miembros, pero dejó vigente la prohibición de renovar consecutivamente los mandatos.

La postura contraria pone el foco en que, para organizar las elecciones de 2022, el propio organismo dictó la Resolución 74/22 y adecuó sus reglamentos a los parámetros de la Ley 24.937 y su correctiva 24.939. Ese esquema recuperó las cuatro bancas de la abogacía, un padrón nacional único y la representación de los profesionales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.

Las resoluciones 95/22 y 107/22 incorporaron después modificaciones relacionadas con el cierre del padrón, los suplentes y la organización del comicio. La última estableció que para ser candidato regían “las condiciones previstas en la ley 24.937 y sus modificatorias”, pero no incluyó una disposición específica sobre la reelección consecutiva.

En paralelo al proceso electoral ya iniciado para el estamento de la abogacía, el consejero juez Diego Barroetaveña presentó en junio una acción declarativa de certeza para que la Justicia en lo contencioso administrativa determine si puede postularse a un nuevo mandato consecutivo. La causa quedó a cargo del juez federal Enrique Lavié Pico.

Con todo, la convocatoria de los abogados fue publicada durante dos días en el Boletín Oficial. Los informes sobre el padrón, los lugares de votación y el registro de listas pueden solicitarse en la Secretaría General del Consejo, en Libertad 731, o ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

La inteligencia artificial ya se utiliza en distintos organismos judiciales del país para buscar jurisprudencia, ordenar documentación, anonimizar sentencias, automatizar tareas administrativas y colaborar en la redacción de piezas. Su incorporación, sin embargo, avanza de manera fragmentada y sin un marco nacional común que establezca límites, responsabilidades y mecanismos de control.

El diagnóstico surge de dos documentos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño, investigadores de CIPPEC, que analizaron experiencias locales e internacionales y propusieron lineamientos para ordenar la adopción de estas herramientas en el sistema judicial.

Los trabajos, titulados Inteligencia artificial en el sistema judicial argentino: aprendizajes internacionales para una adopción responsable y Gobernar la inteligencia artificial en la Justicia. Lineamientos para una adopción responsable en Argentina, parten de una misma premisa: la discusión ya no gira en torno a si la IA llegará a los tribunales, sino a las condiciones bajo las cuales será diseñada, contratada, implementada, utilizada y supervisada.

A finales de 2024, el Consejo de Europa había identificado 125 sistemas de inteligencia artificial en instituciones judiciales de distintos países, principalmente europeos. Sin embargo, solo nueve contaban con guías específicas para regular su uso. Entre ellos se encuentran Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.

Ninguno de esos sistemas reemplaza al juez en la decisión final. La mayoría se concentra en funciones auxiliares, como la clasificación de expedientes, la búsqueda de precedentes, la gestión de normativa, la anonimización de documentos y la elaboración de estadísticas.

Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, construido a partir de datos de 44 países, el mayor despliegue tecnológico se registra en la gestión de expedientes. El nivel más bajo aparece en las herramientas de apoyo a decisiones, un área en la que los sistemas judiciales avanzan con mayor cautela por su impacto sobre derechos y garantías.

Las experiencias argentinas

El caso local más conocido es Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.

La herramienta fue aplicada en 658 casos vinculados con el derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. De acuerdo con los datos citados por CIPPEC, alcanzó un 90% de precisión y elevó la cantidad de casos tramitados por mes de 130 a 490.

Desde mayo de 2024, el mismo organismo utiliza ChatGPT para analizar documentación y preparar borradores en expedientes sobre empleo público y reclamos salariales. Según el relevamiento, el tiempo de redacción de una resolución pasó de una hora a diez minutos.

El Poder Judicial de Córdoba implementó en noviembre de 2024 Jurisemia, un sistema de búsqueda de jurisprudencia mediante inteligencia artificial. Por su parte, un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5.000 integrantes del sistema judicial.

En materia de regulación, las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobaron protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó en 2025 una guía de uso responsable, mientras que la Suprema Corte de Justicia bonaerense firmó un acuerdo de cooperación con la UNESCO.

Para los autores, el problema no es la ausencia de experiencias, sino que esas iniciativas funcionan sin un marco común. Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron 62 iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial y Justicia en el Congreso Nacional, pero ninguna se convirtió en ley.

Una brecha institucional

El principal hallazgo de los trabajos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño es que las diferencias entre los sistemas judiciales no dependen únicamente de la disponibilidad tecnológica.

De acuerdo con el documento de CIPPEC sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la Justicia, “la brecha más importante no es tecnológica sino institucional. Contar con herramientas, infraestructura o capacidades técnicas es fundamental, pero no alcanza”.

La evidencia comparada muestra que las implementaciones más sostenibles se apoyan en reglas claras, supervisión humana efectiva, datos confiables, trazabilidad, criterios de responsabilidad y capacidad de corrección.

El análisis internacional incluye experiencias de países como Reino Unido, Brasil, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Chile y la Unión Europea. Según el relevamiento, Reino Unido estableció lineamientos que exigen supervisión humana sobre las herramientas utilizadas en la Justicia, mientras que Brasil redujo un esquema de más de 50 plataformas sin integración a 14 sistemas articulados a escala nacional y fijó límites para aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.

Los autores ubican la discusión argentina dentro de un sistema que presenta debilidades previas, entre ellas la baja publicidad y trazabilidad de la información judicial, la escasa estandarización de datos, los problemas de interoperabilidad, las capacidades organizacionales desiguales y la baja confianza pública en la Justicia.

En ese contexto, advierten que la inteligencia artificial “no puede pensarse como una solución autónoma a problemas estructurales ni como un atajo de modernización”.

Su incorporación, agregan, requiere condiciones que todavía no se encuentran garantizadas de manera homogénea: información judicial pública y reutilizable, criterios estables de registro y publicación, infraestructura interoperable, capacidades técnicas sostenidas y mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

Privacidad, sesgos y trazabilidad

Los trabajos identifican riesgos vinculados con la privacidad, la opacidad, la imparcialidad, la calidad de los datos y la supervisión humana.

Según el análisis de CIPPEC, esos problemas no derivan únicamente de la herramienta o del modelo utilizado. También pueden estar asociados con la ausencia de evaluaciones previas, controles insuficientes sobre la calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo durante el uso y debilidad de los mecanismos de auditoría.

Los autores advierten que una implementación deficiente puede convertir a la IA en un mecanismo de estabilización y opacamiento de desigualdades preexistentes.

También señalan que una base aparentemente anonimizada puede permitir reconstruir la identidad de una persona al cruzarse con otras fuentes, y que estas herramientas pueden generar respuestas falsas con apariencia convincente. En el ámbito judicial, esas advertencias alcanzan a la información personal y sensible contenida en los expedientes.

Frente a ese escenario, los investigadores sostienen que, cuando la adopción tecnológica avanza más rápido que la capacidad institucional para supervisarla, evaluarla y asignar responsabilidades, “la tecnología no resuelve por sí sola los problemas de base: tiende a volverlos más visibles y, en algunos casos, a profundizarlos”.

La hoja de ruta

CIPPEC propuso un marco orientador para ordenar la incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial argentino.

La propuesta no busca ofrecer una regulación exhaustiva ni un manual técnico cerrado, sino aportar criterios comunes para guiar decisiones institucionales, normativas, presupuestarias y tecnológicas vinculadas con el diseño, la contratación, la implementación, el uso, el monitoreo y la revisión de estas herramientas.

El esquema se organiza alrededor de tres condiciones. La primera es “una gobernanza clara, con roles y responsabilidades definidos”. La segunda, “la existencia de información judicial confiable, trazable y suficientemente estructurada”. La tercera, “una supervisión y un control humano efectivos, con capacidad real —técnica y jurídica— para revisar, contextualizar, corregir o dejar sin efecto los resultados producidos por la herramienta”.

A esas condiciones se suman la necesidad de establecer estándares mínimos de datos y metadatos, criterios de anonimización, segmentación de los casos de uso según su nivel de riesgo y pilotos acotados y evaluables, además del fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizacionales.

Así las cosas, la discusión propuesta por CIPPEC no apunta a detener la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito judicial, sino a establecer quién responde por sus resultados, qué datos utiliza, cómo puede ser auditada y qué límites debe respetar, sin desplazar la responsabilidad de jueces y funcionarios.

A media cuadra del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, donde desde marzo se desarrolla el juicio por el naufragio del submarino ARA San Juan -ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes-, Claudio Javier Villamide, de 62 años y uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada acusados, recibió a Infobae en el hotel donde se hospeda, en el centro de Río Gallegos, la ciudad continental más austral del país.

Es jueves y acaba de concluir el alegato de su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, quien lo representa desde hace ocho años y siete meses y lo acompañó durante las acusaciones que enfrentó tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas como en la Justicia penal. Tres días antes, el equipo de cuatro fiscales encabezado por Gastón Pruzán había pedido que fuera condenado a cinco años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación a bordo.

La acusación sostuvo que el ARA San Juan afrontó su última misión en condiciones materiales “deficientes” que incrementaron indebidamente los riesgos propios de la actividad militar encomendada: un adiestramiento naval junto con unidades de la Flota de Mar y una patrulla de vigilancia y control marítimo en el Atlántico Sur. Según la fiscalía, Villamide dictó la orden que dispuso esa operación pese al mal estado del buque, y esa falta al “deber de cuidado” se materializó en el resultado de la implosión del buque a las 10:52 de aquel 15 de noviembre.

En 2021, un Consejo General de Guerra constituido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, sin oficiales de la Armada entre sus integrantes, resolvió destituir a Villamide tras 38 años de servicio en la institución. Al momento de la tragedia, se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos.

La sanción, que le quitó su condición militar, se fundó en que no había “ordenado ni recomendado expresamente al comandante del ARA San Juan la conveniencia de permanecer en superficie” durante la conversación que mantuvo con el capitán de la unidad, Pedro Martín Fernández, después del principio de incendio detectado en uno de los tanques de baterías por el ingreso de agua de mar.

También se le reprochó “no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas”, con el objetivo de “analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución”. A esos fundamentos se sumó que se encontraba procesado por un delito cuya pena máxima superaba el año de prisión.

Durante el alegato, su defensor pidió la nulidad de la acusación al remarcar que aún no se sabe qué provocó la pérdida de plano del buque y subrayó la inocencia de Villamide. Además, comparó al ex capitán con un “Ulises contemporáneo” que, después de atravesar el Consejo de Guerra, la instrucción penal y la revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, continúa enfrentando obstáculos en su intento de regresar a casa.

Vigliero le pidió al tribunal que le permita completar ese derrotero mediante una absolución, para que pueda encontrar “un poco de paz y tranquilidad”.

“Alguien me dirá: ‘Los muertos no tienen tranquilidad’. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no fue responsabilidad de Claudio Villamide”, sostuvo. Y agregó: “No podemos tapar una tragedia con una injusticia”.

Ya sin traje y corbata, Villamide recibe a Infobae al caer la noche sobre la fría capital de Santa Cruz. Tiene los ojos cansados, pero saluda con la amabilidad medida, correcta y formal de un militar. Cuenta que acaba de terminar de preparar la valija para regresar a su casa, en Buenos Aires, donde vive con su esposa. El avión partirá de madrugada y aterrizará pasadas las cinco en Aeroparque.

Desde el 3 de marzo, semana de por medio, repite la misma rutina de lunes a jueves. El próximo 6 de julio será el turno de los abogados de los otros tres imputados. Luego vendrán las últimas palabras y, finalmente, los jueces quedarán en condiciones de dictar el veredicto.

A continuación, la entrevista.

—Fue un camino de casi nueve años. Pasaste por una investigación penal en Caleta Olivia y por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; declaraste dos veces ante la Comisión Bicameral creada por el Congreso para investigar las causas del hundimiento del submarino; enfrentaste un Consejo de Guerra en el Estado Mayor Conjunto, que terminó con tu destitución; y asististe de manera presencial a las cerca de treinta audiencias del juicio oral en Río Gallegos. Después de todo ese recorrido, ¿cómo llegás a la instancia final del juicio?

Bueno, uno llega, por supuesto, con expectativas, con esperanzas, buscando justicia, pero con la convicción de que lo que se ha visto en el juicio es lo mismo que venimos diciendo desde el primer día, desde que declaré en la Bicameral.

Yo lo cité también acá, durante la indagatoria, cuando el diputado Guillermo Carmona me dijo: “Capitán, ¿por qué viene recién ahora y nos cuenta todo esto, toda esta información que trajo?”. Es lo mismo que veníamos diciendo.

Tengo la convicción -yo la tenía y también la tenía la tripulación- de que el buque estaba en condiciones de navegar y que así se hizo a la mar para cumplir todas las actividades. Creo que ustedes han escuchado a muchos de los testigos que opinaron de manera similar a lo que decíamos nosotros: yo, en lo personal, y nuestra gente de la Fuerza de Submarinos.

Uno llega, sí, un poco cansado. Se ha hecho difícil. El camino fue arduo, duro, y de alguna manera nos tiraron -digo “nos tiraron” porque estoy incluyendo al doctor Vigliero y a los otros que hemos sido acusados- por la cabeza todo el peso del Estado.

Recuerdo, por ejemplo, que en el Consejo de Guerra, cuando tomamos conocimiento del expediente, nos pusieron a un teniente coronel y a una mayor parados delante de nosotros, cuando fuimos con los abogados administrativistas, para controlar qué hacíamos. No nos dejaban sacar copias: teníamos que pedirlas.

Fue arduo, fue difícil, y era como si uno tuviera todo en contra. Había que remontarla solo, con el conocimiento técnico que yo tenía de la profesión y con los reglamentos que me avalaban.

—En ese sentido, este jueves, durante el alegato, tu abogado sostuvo que vos “nunca te sentiste escuchado”: ni por el Consejo de Guerra, ni durante la instrucción de la causa, ni siquiera por las autoridades de la Armada de aquel momento. ¿Por qué creés que pasó eso y qué consecuencias considerás que tuvo?

En mi opinión, el problema fue que se metió la política, tal como manifestó el doctor Vigliero durante su alegato. Un caso que era eminentemente técnico y operativo fue utilizado como una herramienta política, y eso hizo que las cosas fueran mucho más difíciles.

Hubo trascendidos parciales de información que llegaron a distintos medios y llenaron el vacío, la necesidad de respuestas que existía ante la pérdida de un submarino y de toda su tripulación. Y, como esa fue la primera información que circuló, se terminó generando -no sé si decirlo así- un prejuicio o una opinión contraria a la idea de que en la Armada hacíamos las cosas bien.

Y a quien en ese momento encabezaba la Armada [el almirante Marcelo Srur] le faltó coraje y liderazgo. Además, un grupo minoritario de acólitos que lo rodeaba, en lugar de buscar la verdad y defender el interés institucional, procuró protegerlo a él. Así se construyó una imagen que no se correspondía con la realidad.

—¿Qué considerás que dejó en claro el debate? ¿Creés que permitió esclarecer algún aspecto?

Bueno, creo que primero mostró que ser marino es una actividad que siempre ha sido difícil y que tiene un riesgo inherente. El mar puede ser maravilloso y uno puede decir: “Qué lindo, estoy navegando”; pero, por momentos, se vuelve duro y hostil.

Hay un libro que lo representa muy bien, que se llama El mar cruel -Nicholas Monsarrat, escritor inglés, 1951-. Así es el mar: uno no debe cederle nada porque, así como puede estar calmo, también puede ser realmente cruel.

En ese sentido, creo que el debate mostró que nuestro trabajo es difícil y que exige atender cada detalle, en particular dentro de un submarino, donde el entorno, en el seno de la masa de agua, es todavía más hostil y complejo.

Por eso, uno debe prepararse y ser exigente. El submarinista cuida mucho su material y tiene un conocimiento profundo de su unidad, precisamente porque es él quien está embarcado allí.

—¿Considerás que los 11 oficiales y los 33 suboficiales del ARA San Juan estaban debidamente preparados para cumplir la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos N° 4/17?

—Sí, creo que estaban debidamente adiestrados y en condiciones de acometer la tarea.

El mensaje sobre la última ejercitación que realizaron con la Flota de Mar -enviado por el capitán Pedro Fernández a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017, antes de ingresar en la última etapa de la orden de operaciones, destinada al control de los espacios marítimos, y a pocos días de la tragedia- es una descripción acabada del tipo de actividad que llevaron adelante: un ataque a un núcleo cortinado, en el que el submarino debía atravesar sin ser detectado una barrera formada por buques de guerra que protegían al blanco principal.

Los cortinadores avanzan mucho más rápido que un pesquero. Mientras un pesquero navega a unos cuatro nudos con las redes desplegadas, los cortinadores se desplazan a 18 o 21 nudos, y el submarino debe penetrar la cortina entre ellos.

Esa dotación estaba correctamente adiestrada y en condiciones de desarrollar la tarea que le había sido ordenada.

—La acusación, cuya nulidad pidió tu defensor, sostuvo el lunes que el submarino zarpó en condiciones “deficientes de seguridad”, que vos conocías esa situación y que, aun así, decidiste incluirlo en una operación. Entre otros puntos, señaló que el carenado del buque estaba vencido, que presentaba 33 novedades y que tenía ocho pruebas pendientes. ¿Por qué considerás que esos antecedentes no comprometían la seguridad náutica del ARA San Juan?

—El carenado, como se ha explicado y también señalaron distintas personas, es una tarea de mantenimiento preventivo que busca, como todo mantenimiento de ese tipo -y tal como indica el propio fabricante-, asegurar la disponibilidad del medio. Es decir, que el buque esté alistado y pueda operar de manera permanente.

Si uno logra realizar el mantenimiento preventivo, tiende a asegurar que el buque esté siempre en condiciones de salir a navegar. Sin embargo, también existen tareas correctivas.

Quisiera aclararte que, de esas 33 tareas pendientes que mencionás y de las pruebas, tal como expresaron el capitán Ferraro y el almirante Cuccorese, todas aquellas que comprometían la seguridad ya se habían realizado. Incluso habían comenzado a ejecutarlas los comandantes anteriores a mí y quienes me precedieron al frente de la Fuerza de Submarinos.

Y, de las ocho pruebas pendientes, solo quedaban cuatro por realizar: la prueba de presión a 62,5 bares, cuya falta había originado la limitación de navegación a 100 metros; la prueba de máxima profundidad, precisamente porque no se había realizado la anterior; la prueba de máxima velocidad, para la cual se necesitaba poder superar los 100 metros o contar con un margen mínimo de profundidad de 190 metros; y la prueba del destilador de baja presión, que también se estaba ajustando y que, incluso, según el informe de la navegación de julio del capitán Fernández, había producido 2.000 litros de agua diarios.

Ninguna de esas novedades afectaba los sistemas trascendentes o importantes vinculados con la propulsión, la seguridad, los elementos de lucha contra incendios, los elementos de detección de gases, los sensores principales, los motores diésel o las baterías. Eran novedades de equipamientos que, en general, eran accesorios.

Y el propio fabricante, en lo que se refiere al carenado, señala que una demora en su realización no incide ni afecta la navegación segura del submarino.

—Cuando la acusación plantea que invocás la responsabilidad doctrinaria del comandante sobre su nave como una manera de desligarte de tus propias obligaciones, ¿cómo respondés a ese planteo?

Primero, me parece que la acusación es ofensiva. Nosotros no dijimos eso. Lo que sostuvimos es que el comandante de la unidad es quien determina si su buque está en condiciones de operar y de zarpar.

¿Por qué es así? Porque es quien está a bordo, tiene asignada una dotación completa y posee la responsabilidad primaria de operar y mantener ese buque. Es quien lo conoce, quien convive con la unidad y quien tiene a su cargo todos sus sistemas.

El comandante de la Fuerza, en cambio, es responsable del alistamiento: debe procurarle los recursos necesarios.

Ahora bien, si el comandante hubiera querido zarpar y yo hubiese tenido la percepción de que el buque no estaba en condiciones, de ninguna manera lo habría autorizado. Así actué, por ejemplo, cuando en 2010, siendo comandante, dispuse que el submarino Santa Cruz no continuara operando.

—¿Cómo fue eso?

El buque había realizado la reparación de media vida en Brasil en el año 2000 y, al llegar a 2010, presentaba un problema sensible en la batería. Eso me llevó a tomar la decisión de detener su actividad. Lo hablé con el comandante de la Fuerza de Submarinos de ese momento. Él salió a navegar conmigo, observamos la situación y también advirtió el problema. Después lo presentamos formalmente, se convocó al Consejo del Arma Submarina, que respaldó la decisión, y la Armada envió una inspección técnica.

Finalmente, se coincidió en que el submarino debía quedar fuera de servicio. Yo no tuve ningún perjuicio por haber tomado esa decisión. La única oposición provino de algunos oficiales jóvenes de mi plana mayor, subordinados míos, que no querían que el buque dejara de navegar.

—¿Qué opinás del reproche que te hizo el Consejo de Guerra por no haberle ordenado ni recomendado expresamente al comandante Fernández la conveniencia de regresar en superficie a Mar del Plata, luego del ingreso de agua por el sistema de ventilación que produjo un cortocircuito y un posterior principio de incendio en el tanque de baterías N° 3 de proa?

Yo tengo absoluta tranquilidad, en ese sentido, de que quien mejor estaba en condiciones de tomar las decisiones ahí era el capitán Fernández. Y de que, en el mensaje que le envié, tenía la libertad absoluta y la opción de decidir si volver en inmersión, volver en superficie o volver en un tránsito combinado, tal como manifestó también algún otro testigo.

Si en ese momento no hubiera habido temporal, ¿qué hubiera hecho Fernández? Se hubiera quedado en superficie. En ese momento no hubiera vuelto a inmersión. Probablemente, estando el buque calmo, hubieran entrado en el tanque permaneciendo en superficie.

Además, creo que esto lo he dicho: probablemente hasta tenía problemas para prender los motores y ventilar en superficie por los bandazos que daba el barco. Entonces, en inmersión, a plano de periscopio, era más fácil ventilar haciendo snorkel.

—¿Qué me podés contar de la tripulación?

Yo conocía al señor capitán y al capitán -Jorge- Bergallo. El teniente -Fernando- Villarreal había sido subordinado mío en el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia y también en el submarino Santa Cruz, cuando fui comandante. Había tenido dos veces a cargo al teniente Villarreal.

Conocía al teniente -Diego - Wagner: había integrado mi plana mayor en el Santa Cruz y era mi oficial de dotación complementaria. También conocía al teniente -Fernando- Mendoza, que en aquel momento era alumno cuando yo era comandante.

Además, conocía a varios de los suboficiales. Al suboficial -Javier- Gallardo lo había tenido a bordo; conocía a Alberto Cipriano Sánchez y a Cayetano Hipólito Vargas; conocía a “Moncho” -Hernán- Rodríguez, suboficial de máquinas; y también a -Walter- Real, aunque nunca había estado embarcado con él. Conocía al suboficial -Luis- Leiva, el cocinero, y al suboficial -Daniel- Fernández, el camarero.

—¿Es como que los submarinistas se conocen todos entre sí?

Sí, pero a los cabos, en general, ya no llegué a conocerlos porque yo era más antiguo. Lo mismo me pasó con los tenientes más jóvenes: nunca había navegado con -Adrián- Zunda Meoqui ni con -Eliana- Krawczyk. Tampoco conocía a -Víctor- Maroli ni a -Renzo- Silva.

Y, respecto de los cabos más modernos, en general de cabo principal para abajo, no los conocía. Pero a los suboficiales los conocía a todos.

—¿Vos fuiste tripulante del ARA San Juan?

Sí, sí. Fui muchas veces tripulante del San Juan. Fui oficial de dotación complementaria en 1992, durante el despliegue a Puerto Rico. También fui jefe de Armamento en 1997, jefe de Operaciones en 1998 y 1999, y segundo comandante en 2003 y en 2008.

—Y, en otro orden de temas, ¿comprendés, en algún punto, la decisión de algunas familias de querellar contra vos?

Yo entiendo que probablemente no haya nada que pueda decirles a las familias que les produzca tranquilidad. He tratado de contestarles todo lo que sé y obré utilizando todo mi saber y entender frente a este suceso, que fue trágico, y durante la búsqueda, que fue crítica y contrarreloj. Pero entiendo que seguramente nada de lo que yo diga les va a dar satisfacción.

Lo que sí creo es que, en ese sentido, deberían tener la tranquilidad de que eran sus propios familiares quienes operaban el barco y quienes determinaban si estaba en condiciones o no. Hay filmaciones de aquel momento en las que se ve que el buque estaba impecable. Por dentro se lo veía perfectamente durante la Semana de la Armada, en mayo, cuando fue a Buenos Aires y pudo ser visitado. Hay muchas imágenes en las que se ve muy bien el interior del buque. Incluso hubo visitas de dirigentes políticos y de autoridades.

—¿Cómo estaban cuando llegaron a Ushuaia el 4 de noviembre, después de partir de la Base Naval Mar del Plata?

Estaban contentos. Yo me crucé con muchos que iban con sus bolsitas, llevando algún recuerdo para sus familias. En general, los vi muy bien a todos, contentos de haber ido a Ushuaia, de haber realizado las operaciones que se habían llevado a cabo hasta ese momento y también de haber tenido la posibilidad de conocer el lugar. Ir a Ushuaia siempre resultaba atractivo. A lo largo de nuestro litoral, los submarinos no podían entrar en todos los puertos. En Ushuaia sí podían hacerlo, siempre que contaran con el amarradero correcto, y era siempre lindo entrar allí. En otros puertos del sur, como Río Gallegos, en general el submarino no podía entrar ni amarrar.

—¿Y qué impacto tuvo este caso, este proceso, en tu vida afectiva, personal y laboral?

Bueno, el impacto fue absoluto, total. Ya te digo: fui destituido. Perdí el derecho no solo a usar el uniforme, sino también a percibir mi haber. Mi mujer recibe una pensión equivalente al 75% de lo que me hubiera correspondido por el grado. Es como si me hubiera muerto.

En medio de la pandemia, perdí la obra social. Fui, de alguna manera, excluido, borrado, erradicado. Uno suele seguir vinculado con los destinos de la Armada y recibir invitaciones oficiales. A mí no me ocurre, salvo con los submarinistas, que me han invitado a ceremonias de cambio de comando y a ceremonias de bautismo de fuego. He asistido a algunas.

—¿Sentís que la Armada te “exilió”?

No sé si usar ese término, pero, de alguna manera, un poco sí. Aunque depende mucho, por supuesto, de las personas. Aquellos con quienes trabajé o los subordinados que tuve no han tenido para nada esa actitud. Pero la Armada también está constituida como una organización verticalista: recibe órdenes y se adecua a lo que se dispone desde la política.

—¿Mermó, de alguna manera, tu sentido de pertenencia a una institución en la que estuviste casi 40 años?

No, para nada. Yo estoy molesto con ciertas personas de la Armada. Y me molesta también la falta de coraje de buena parte de la conducción superior de la Armada de aquel momento.

Quiero separar, como alguien también lo ha dicho, a la Marina de Guerra, a la Marina operativa, que respondió de otra manera. Desde los primeros momentos hizo lo que debía hacer: salió al mar a buscar a sus camaradas. El esfuerzo de búsqueda fue máximo y absoluto. Y no fue solamente un esfuerzo de la Armada Argentina, sino también de muchas armadas amigas. La Royal Navy fue la primera que llegó con medios, con el Protector; la Armada de Chile envió al Cabo de Hornos; también participaron la Armada de Uruguay, la Armada de Brasil, la Marina de Guerra del Perú, la Armada Española, la Marina canadiense, la Armada francesa y la Armada de la Federación Rusa.

Y, por supuesto, la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo un esfuerzo absoluto. Llegó en un momento crítico y fue, de alguna manera, como un derrame de tranquilidad en medio del temporal. Confirmó nuestras áreas de búsqueda y eso me dio tranquilidad a mí y a mi comandante. Ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros. Después desembarcaron con todo, trajeron todo y se comprometieron absolutamente con nosotros y con la salvaguarda de la vida humana en el mar.

No puedo dejar de estar eternamente agradecido a todas las armadas que nos ayudaron y a la propia gente de la Armada, que hizo un esfuerzo máximo: hombres y mujeres, civiles y militares. El almirante Luis López Mazzeo -otro de los imputados en el juicio oral- habló del caso del nadador de rescate de nuestra Fuerza que se arrojó al mar en medio de la noche para tratar de recuperar unos papeles y determinar si pertenecían al submarino. Tuvimos el temor de no saber si podríamos recuperar al nadador. Las comunicaciones se escuchaban desde la central de operaciones de Puerto Belgrano hasta que finalmente lograron rescatarlo. Al final, eran unos papeles amarillos, parecidos a los manuales que utilizaba el submarino, que estaban escrito en chino.

—¿Y te pasa de pensar seguido en esos días?

—Sí, sí. Hay momentos en los que se te vienen esos días a la cabeza. Ha sido duro para mí en lo personal y en lo familiar. Mi familia también padeció el tema. Yo tenía un hijo menor de edad, mi mujer trabaja en la Armada y tengo otro hijo en la Armada. No ha sido fácil para ellos.

—¿Te reprochás algo de alguna manera?

En lo que se refiere a las tareas y a la búsqueda que hicimos, no. Yo cumplí el procedimiento. En el momento en que dijimos: “Algo le pasó al buque, no se comunica”, se lo informé al almirante López Mazzeo y él me autorizó a pedir los medios navales. Nosotros, los submarinistas, hicimos lo que hacemos siempre.

El plan SARSUB -de búsqueda y rescate de submarinos- lo habíamos revisado ese año y habíamos elaborado uno nuevo. Tomamos el plan y cumplimos con su procedimiento. Me llevé a Puerto Belgrano a los dos oficiales que habían revisado todo el plan, que ya estaba listo para ser promulgado. Eran los dos que habían participado de las reuniones de ISMERLO. Cumplimos con las tablas de chequeo, emitimos los mensajes previstos en el plan y respetamos los tiempos. Hicimos lo que hacemos los submarinistas: tomar la tabla y empezar a cumplir cada punto.

—¿Hay algo que no te haya preguntado y que consideres importante decir?

A partir de lo que pasó, me he hecho mil preguntas. La verdad es que tengo muchísimas dudas respecto de lo que pudo haber ocurrido con el submarino. Siempre nos va a quedar esa duda.

Si fue una explosión de hidrógeno, ¿cómo no detectaron el hidrógeno? Eso hace difícil creer que haya sido una explosión de ese tipo. Pero, al mismo tiempo, dado que no se accionó o no hubo radiobaliza, esa hipótesis parece muy razonable. Yo lo he dicho más de una vez: me parece muy razonable.

Y vos por ahí me podés decir: “Bueno, pero ¿qué pasó si el buque perdió la propulsión?”. Siempre que tuvimos alguna situación así logramos sacar los buques a la superficie soplando los tanques del submarino. El TR-1700, como el San Juan, era un fierro: confiable, fuerte, robusto y, como decimos, redundante. El propio oficial de inmersión era quien efectuaba el soplo. Tenía el soplo de los tanques de lastre acá, los tanques de compenso resistentes allá, con cuatro botones, y el manifold de soplo de los tanques resistentes allá -dice mientras hace ademanes con las manos, como si representara la ubicación de los distintos dispositivos-.

Entonces queda esa incógnita: ¿qué pasó? Me lo he preguntado permanentemente y todos nos lo hemos preguntado. Hay muchas hipótesis. Es parte de la tragedia y de todo lo que desconocemos: la gran incertidumbre, la gran incógnita.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”. Con esa pregunta, el abogado Juan Pablo Vigliero condensó este jueves el argumento central de la defensa de Claudio Javier Villamide, el excomandante de la Fuerza de Submarinos para quien la Fiscalía pidió cinco años de prisión por la tragedia del ARA San Juan.

La exposición comenzó a las 9.15 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en la zona céntrica de Río Gallegos, y se extendió durante dos horas y 37 minutos. Fue un alegato por momentos técnico y meticuloso, pero también vehemente, acalorado y atravesado por preguntas dirigidas a los jueces. En su tramo final adquirió un tono emotivo que dejó expuesto el telón de fondo de este largo proceso: una tragedia que golpeó a 44 familias, conmovió a la Armada Argentina y mantuvo en vilo al país entero.

“Las familias deben ser compensadas, sin dudas. Los tripulantes fallecidos deben ser recordados y honrados, sin dudas, y las lecciones que dejó la tragedia deben ser aprendidas por la Armada”, sostuvo Vigliero. “Pero esto no justifica que frente a la Justicia se condene a personas inocentes”.

Los minutos previos al inicio estuvieron marcados por la tensión propia de una instancia decisiva. Era la última oportunidad de la defensa del ex oficial Villamide para exponer sus argumentos ante el tribunal antes de que el proceso avanzara hacia su desenlace.

Vigliero caminó varias veces por la sala mientras esperaba el ingreso de los magistrados. Se sentó, e inquieto volvió a ponerse de pie y recorrió otra vez el espacio frente al escritorio que compartía con la codefensora Magalí Crespo.

Cuando finalmente ocupó su lugar, todavía a la espera de los tres jueces presentes en la sala —el cuarto magistrado participaba de manera remota—, comenzó a tamborilear los dedos sobre el escritorio. Enfrente estaban ubicadas las dos querellas y la totalidad del equipo de fiscales. El abogado ensayó por momentos ligeras muecas de risa nerviosa, mientras Villamide permanecía a su lado con el cuerpo rígido y el semblante serio.

A las 9.15 ingresaron los jueces. Todos los presentes se pusieron de pie, como ocurre al comienzo de cada audiencia. Hubo una breve reverencia, el saludo protocolar y un nuevo silencio. Vigliero tomó un sorbo de agua, ordenó sus papeles y comenzó a hablar.

Sus primeras palabras no estuvieron dirigidas a las válvulas, los reglamentos ni las pruebas técnicas que dominarían buena parte de las dos horas y 37 minutos siguientes. Eligió comenzar con una reflexión sobre quienes atraviesan los tribunales en busca de una respuesta.

“Aristóteles hacía un paralelismo entre los médicos y los abogados: los médicos tratan enfermedades físicas y los abogados, las enfermedades del alma o de las personas. Y comparaba los hospitales con los tribunales: lúgubres, con pocos recursos, donde la gente va a fallecer o a morir”, expresó.

Luego miró hacia el estrado y continuó: “En los tribunales me imagino cómo la gente -los justiciables, o quienes esperan justicia- deambula también con sus pesares. Y en el medio, los jueces, ustedes, y nosotros, los abogados”.

La introducción funcionó como una advertencia sobre el tono que atravesaría toda la exposición: el reconocimiento del dolor provocado por la tragedia y, al mismo tiempo, la convicción de que ese dolor no podía reemplazar las reglas del proceso penal.

“Este es un proceso que trae tristeza, mucha tristeza, pero también, por momentos, genera injusticia”, concluyó antes de ingresar de lleno en los fundamentos de la defensa.

Villamide, excapitán de navío destituido por un Consejo de Guerra y máxima autoridad de la Fuerza de Submarinos al momento de la implosión ocurrida el 15 de noviembre de 2017, está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Gastón Franco Pruzán, sostuvo durante sus alegatos que el ARA San Juan había zarpado en un “estado de alistamiento precario” y en deficientes condiciones de mantenimiento. Según esa teoría, Villamide y los otros tres ex altos mandos sentados en el banquillo permitieron que la nave cumpliera una misión que incrementó indebidamente los riesgos propios de la actividad submarina.

Vigliero rechazó esa reconstrucción de manera terminante. Afirmó que el juicio no permitió establecer qué provocó la pérdida de control de la nave y sostuvo que tampoco se pudo demostrar qué conducta concreta de su defendido habría desembocado en la implosión registrada a las 10.51 de aquella mañana en el Atlántico Sur.

“Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó”, planteó ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

La distancia entre esos dos extremos -el ingreso de agua informado durante la madrugada y la destrucción del casco resistente varias horas después- ocupó uno de los principales tramos de su exposición final.

“Hay 120 minutos en los cuales no sabemos qué es lo que pasó”, dijo el defensor al referirse al período posterior al último intento de comunicación satelital de la nave.

Según consideró, el submarino debió perder el control antes de descender hasta superar la profundidad de colapso. Lo que no pudo determinarse, insistió, fue cuál fue el acontecimiento que provocó esa pérdida.

“¿Por qué se perdió el control? ¿El evento ocurrió antes e hizo que perdieran el control? No lanzaron la radiobaliza, una balsa ni hubo aceite. No soplaron los tanques.Hemos escuchado acá lo sencillo que era accionar esos mecanismos. No se hizo nada”, señaló.

Y continuó: “Evidentemente hubo algo que los atrapó, que los incapacitó. Pero no sabemos qué fue. Y si no sabemos qué fue, no podemos cargarle la culpa a nadie”.

El pedido de nulidad

Antes de avanzar sobre las cuestiones técnicas, Vigliero pidió que la acusación del Ministerio Público Fiscal fuera declarada nula. A su criterio, los fiscales no describieron con la precisión necesaria cuáles fueron las conductas concretas atribuidas a Villamide ni explicaron cómo se relacionaban con el desenlace.

“La acusación de la Fiscalía es nula”, comenzó.

Según su planteo, para ejercer correctamente la defensa era indispensable conocer cuál había sido el deber objetivo de cuidado presuntamente violado, qué omisión concreta se le reprochaba al imputado y de qué manera esa omisión había incidido en el estrago.

“Uno no puede defenderse de lo que no conoce”, repitió.

Vigliero argumentó que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes o decisiones adoptadas durante los años anteriores al hundimiento. Para responsabilizar penalmente a Villamide, dijo, era necesario demostrar qué riesgo jurídicamente desaprobado había creado y cómo ese riesgo se había materializado en la muerte de los tripulantes.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, preguntó.

Después resumió: “Si es imposible hacer el recorrido hacia atrás, es imposible defenderse”.

El abogado también cuestionó la forma en que, según su visión, la Fiscalía presentó los testimonios y documentos producidos durante las 31 audiencias del debate iniciado el 3 de marzo.

Aseguró que el Ministerio Público “parcializó, tergiversó, seccionó y amputó” elementos de prueba documental y omitió aquellos tramos de las testimoniales que respaldaban la posición defensiva.

“El Ministerio Público no puede perseguir tozudamente solo para lograr un resultado, hacer estadística o ganar un juicio”, manifestó, y completó: “Acá están en juego personas concretas, la honra y la libertad de personas concretas”.

“La prueba es abrumadora”

De manera subsidiaria al planteo de nulidad, el abogado desarrolló la defensa de fondo. Su primera conclusión fue que el ARA San Juan se encontraba alistado y en condiciones de cumplir la misión de adiestramiento y patrulla de control de los espacios marítimos iniciada en la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017.

“En este proceso es abrumadora la prueba que impide el progreso de la acusación”, sostuvo.

A lo largo de las 31 audiencias del juicio declararon alrededor de 90 testigos, en su mayoría submarinistas con experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de ese tipo de unidades. También comparecieron comandantes, oficiales superiores, responsables de arsenales, técnicos y especialistas que participaron en las distintas investigaciones realizadas después de la tragedia.

La defensa apoyó su posición en esos testimonios y en los informes técnicos incorporados al expediente. Vigliero enumeró a antiguos comandantes del ARA San Juan, exjefes de la Fuerza de Submarinos, integrantes de la Comisión Asesora creada por el Ministerio de Defensa después del hundimiento y oficiales que intervinieron en las tareas de mantenimiento y alistamiento.

Todos y cada uno de ellos “declararon bajo juramento”, reseñó.

Entre los testigos mencionó a los oficiales superiores Alejandro Kenny, Gustavo Trama, Jorge Bergallo y Arturo Marfort, cuyos informes concluyeron que las novedades y pruebas pendientes existentes al momento de la última zarpada no impedían que el submarino navegara ni anticipaban la tragedia.

“¿Por qué mentirían todos? ¿Por camaradería? ¿Todos?”, preguntó el defensor.

Luego ensayó su propia respuesta: “A lo mejor declararon todos lo mismo porque estaban diciendo la verdad”.

Vigliero destacó que varios de esos testigos revisaron durante las audiencias las planillas con el estado del material del submarino. Según señaló, ninguno concluyó que las 33 novedades y las ocho pruebas pendientes registradas antes de la partida comprometieran la seguridad náutica.

“¿Cómo desconocemos lo que dice esta tonelada de testigos?”, lanzó.

Para la defensa, uno de los errores centrales de la acusación consistió en equiparar la existencia de novedades con una falta de aptitud para navegar, en tanto “no existen unidades sin novedades”.

“Lo diferente es el calibre y la incidencia que esas novedades tenían”, explicó.

El abogado recordó también que el San Juan había realizado 24 navegaciones antes de su partida del 25 de octubre, llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y pocos días después participó de un ejercicio de guerra antisubmarina junto con unidades de la Flota de Mar.

Ese ejercicio, realizado apenas unos días antes del desenlace, exigió el funcionamiento coordinado de los sistemas de inmersión, propulsión, detección y sigilo.

“Era un relojito suizo que funcionó, pasó por debajo de la Flota de Mar y cumplió su objetivo”, describió. “Esto ocurrió 72 horas antes. ¿Cómo podemos afirmar que no funcionaba o que era inseguro para navegar?”.

Los controles antes de zarpar

Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a explicar el funcionamiento de las pruebas de 48 horas, el Índice del Estado del Material Naval -ICEM- y los mecanismos de control previos a cada navegación.

La Fiscalía había relativizado el alcance del ICEM y considerado que su calificación contenía un fuerte componente subjetivo. El capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del ARA San Juan, le había asignado en septiembre de 2017 un puntaje de 4,25 sobre 5, bajo la condición de “buque habilitado”.

Vigliero reconoció que existía cierto margen de valoración para establecer el puntaje, pero diferenció esa calificación de la decisión objetiva acerca de si cada sistema estaba habilitado o no.

“Lo que no es subjetivo es si el sistema, el mecanismo, el fierro, funciona o no funciona”, argumentó.

También defendió la realización de las pruebas de 48 horas previas a la zarpada. Esas tareas comprendían el control de 96 sistemas, 319 componentes y alrededor de 900 horas de trabajo, según describió.

“Las hacen los cabos de a pares, con un suboficial, para que se controlen entre ellos, porque se les va la vida”, afirmó. Ese control, relató, luego pasa a los distintos jefes de Cargo, cuyos resultados eventualmente son elevados al segundo comandante y desde ahí al titular del buque.

Para Vigliero entonces el funcionamiento de un submarino no podía reducirse a las decisiones de una sola persona. Por el contrario, suponía la intervención sucesiva de decenas de áreas, controles verticales y horizontales, y responsabilidades distribuidas entre la tripulación, el comandante de la unidad, la Fuerza de Submarinos, los arsenales y las autoridades superiores de la Armada.

“Un submarino no es una empresa individual. Es una empresa colectiva, mancomunada”, expresó. Luego agregó: “Para que un submarino salga al mar intervienen más de treinta dependencias y, al menos, tres mil efectivos: es la Armada entera”.

En esa estructura, afirmó, Villamide era “un eslabón más dentro de una organización”, ya que “el submarino no era de Villamide”.

El comandante de la unidad

La defensa volvió luego sobre uno de los debates centrales de todo el juicio: cuál era el margen de autonomía del comandante Pedro Fernández para determinar si el submarino estaba en condiciones de zarpar y para resolver las emergencias ocurridas durante la navegación.

Para la Fiscalía, el énfasis puesto por las defensas en la responsabilidad del comandante constituye un intento de trasladar hacia una persona fallecida los deberes de supervisión que correspondían a la cadena de mando.

Vigliero rechazó esa interpretación. Afirmó que no buscaba descargar toda la responsabilidad en Fernández, sino explicar la distribución reglamentaria de funciones dentro de la Armada.

“Ser el primer responsable no significa ser culpable de todo lo que pase”, indicó.

Según sostuvo, Fernández y su tripulación eran quienes conocían de manera directa el estado de la unidad, realizaban los mantenimientos de primer y segundo escalón -los que no requieren la intervención de un arsenal- y transmitían las novedades hacia la Fuerza de Submarinos.

Además, remarcó que el comandante conservaba la facultad de negarse a zarpar si consideraba que el buque no reunía las condiciones necesarias.

En apoyo de ese argumento, Vigliero recordó el testimonio del capitán de navío Sebastián Andrés Marcó, submarinista con casi tres décadas de trayectoria, quien había sido jefe de Navegación y jefe de Comunicaciones del ARA San Juan en distintos momentos de su carrera. Al momento de la tragedia comandaba el ARA Salta, era el único otro comandante de un submarino operativo de la Armada y mantenía una relación de camaradería y amistad con el capitán Fernández.

Ambos habían zarpado desde Mar del Plata el mismo 25 de octubre de 2017: Fernández puso proa hacia Ushuaia para cumplir la que sería la última misión del ARA San Juan, mientras que Marcó se dirigió a la zona de El Rincón, frente a Puerto Belgrano, para realizar ejercicios de adiestramiento con el ARA Salta.

Durante el juicio, Marcó relató una experiencia personal que, para la defensa, demostraba el margen efectivo que tenía un comandante para negarse a navegar cuando consideraba que su unidad no reunía las condiciones necesarias. Explicó que, durante una oportunidad anterior, se presentó ante el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos y le manifestó que el buque bajo su mando no podía zarpar. La decisión fue aceptada y no recibió posteriores sanciones ni represalias.

“Si el comandante se planta y dice que no zarpa, no zarpa”, resumió Vigliero.

Y añadió: “¿Qué es esto de que habría reprimendas si un submarino no zarpa?”.

La válvula ECO-19

Uno de los pasajes más extensos estuvo relacionado con la válvula ECO-19, el mecanismo del sistema de ventilación señalado como la vía por la que ingresó el agua de mar al tanque de baterías número 3 durante la noche del 14 de noviembre.

La válvula debía permanecer cerrada mientras la nave estaba en navegación. Sin embargo, durante el debate se discutió una prueba de homogeneización de atmósfera realizada en julio de 2017, para la cual el comandante Fernández habría ordenado abrirla.

La Fiscalía consideró que ese antecedente debió activar mayores controles por parte de Villamide. La defensa respondió que no se pudo determinar si el ingreso de agua de noviembre se produjo por una falla del mecanismo, por una obstrucción, por una apertura deliberada o por un error de operación.

“Si funcionaba mal, ¿funcionó mal selectivamente dos veces en dos años?”, preguntó Vigliero.

Y enumeró las alternativas que todavía permanecen abiertas: “¿Lo obstruyó algo? ¿Un alga? No lo sabemos. ¿Se abrió para hacer una prueba? No lo sabemos. ¿No la cerraron correctamente? No lo sabemos”.

De acuerdo con el defensor, no existía ninguna Solicitud de Obra Correctiva (SOC) que advirtiera a Villamide sobre una falla persistente de la ECO-19. La válvula había sido instalada durante la reparación de media vida y se encontraba dentro del ciclo establecido para su mantenimiento.

“El evento trágico de la válvula no le es oponible a Claudio Villamide”, aseveró su defensor.

Además, planteó que el mecanismo se encontraba fuera de la competencia funcional directa del comandante de la Fuerza de Submarinos.

“No hay nada que Claudio Villamide hubiera podido hacer para evitar el desenlace de la válvula ECO-19, que estaba puesta a nueva y que estaba dentro del plazo para su recorrido”, concluyó.

El carenado y las limitaciones técnicas

Vigliero también respondió a los cuestionamientos por la demora en el ingreso del submarino a dique seco para realizar el carenado.

La Fiscalía había destacado que Fernández solicitó en marzo de 2017 concretar esas tareas vencidas y que Villamide requirió que fueran programadas para mayo de 2018.

La defensa indicó que Villamide dio curso al pedido y realizó todo lo que se encontraba dentro de sus atribuciones. También destacó que una veintena de expertos consideraron que la postergación del carenado no afectaba la seguridad para navegar.

“Fernández requirió entrar a dique y Villamide pidió el dique. Era todo lo que estaba obligado a hacer”, señaló el abogado.

La misma lógica aplicó para la autolimitación de la profundidad a cien metros, establecida a raíz de una prueba pendiente sobre el sistema principal de refrigeración.

Según Vigliero, esa restricción no convertía al submarino en una unidad insegura, sino que fijaba un margen dentro del cual podía operar con seguridad en una misión de patrulla y adiestramiento.

“Era una autolimitación preventiva de un submarino que no iba a ir a la guerra”, explicó.

También repasó la situación de los equipos de control de atmósfera, los canisters de cal soda, las candelas de oxígeno, las radiobalizas, las balsas, los trajes de escape y los sistemas de comunicación. En todos los casos, afirmó que los elementos reglamentarios se encontraban a bordo o que las observaciones formuladas no tenían relación causal con el estrago.

“Los equipos de comunicación funcionaban”, sostuvo. “El SITREP se transmitió por alta frecuencia. ¿Cómo tenía problemas de comunicación si se comunicó hasta el último momento?”.

La incidencia crítica

El mensaje de situación -SITREP- enviado por el San Juan a las 6 del 15 de noviembre fue, de hecho, otro de los elementos utilizados por la defensa.

El reporte informó que había ingresado agua por el sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, que se había producido un cortocircuito y un principio de incendio, y que el circuito de baterías de proa había quedado fuera de servicio.

También comunicó que la nave continuaba “en inmersión propulsando con circuito dividido”, sin novedades respecto del personal.

Para Vigliero, ese contenido mostraba que, al momento de su emisión, la tripulación mantenía el control del submarino.

“El SITREP dice lo que era necesario decir en las circunstancias en las que fue emitido, y punto”, expresó.

El abogado dijo que el submarino podía navegar con un circuito de baterías dividido y recordó los testimonios según los cuales el sistema estaba preparado para esa contingencia.

También defendió el mensaje enviado por Villamide a la 1.32, mediante el cual suspendió la patrulla y ordenó regresar a Mar del Plata, en superficie o inmersión según la factibilidad que evaluara el comandante.

Según explicó, la fórmula respetó el margen de decisión de Fernández, quien era la persona ubicada en mejores condiciones para decidir cómo enfrentar el temporal y la avería.

“¿Qué mejor que un comandante de Fuerza que respete la libertad de acción del comandante de la unidad?”, preguntó.

“El diario del lunes”

A lo largo de la exposición, Vigliero mencionó en varias oportunidades lo que denominó “el síndrome del diario del lunes”: el sesgo que se produce cuando las decisiones adoptadas antes de una tragedia son evaluadas con conocimiento del resultado.

Ese razonamiento fue aplicado, especialmente, a la decisión del comandante Fernández de regresar a inmersión después de haber ventilado el submarino.

La defensa recordó que los submarinos de la clase TR-1700 fueron diseñados principalmente para navegar bajo el agua y que permanecer en superficie en medio de una tormenta también podía representar un riesgo para la tripulación.

“¿Por qué debía estar arriba y no abajo, si el comandante tenía la convicción -seguramente compartida por sus oficiales y suboficiales más antiguos- de que debía ir a inmersión?”, planteó.

Para Vigliero, no podía sostenerse que el San Juan debió permanecer necesariamente en superficie, ni afirmarse que el desenlace habría sido distinto.

“Los juicios no se llevan adelante con emociones y las sentencias no se escriben con lágrimas”, dijo en uno de los pasajes más enfáticos. “Los juicios se llevan adelante con pruebas”.

Una fuerza de elite

La preparación de la tripulación ocupó otro tramo importante. Vigliero recordó que los submarinistas deben atravesar una formación exigente y superar pruebas específicas, entre ellas el ejercicio de escape desde una estructura sumergida.

Según los antecedentes repasados en el juicio, 21 de los 44 tripulantes tenían alrededor de 18 años de experiencia en la especialidad.

“Era una tripulación experimentada, preparada, sin ninguna duda”, señaló.

También remarcó la trayectoria del comandante Fernández, quien tenía 20 años de servicio submarinista y había pasado por los distintos cargos de la especialidad antes de asumir la conducción del San Juan.

La defensa argumentó que, salvo prueba en contrario, debía presumirse que la tripulación operó correctamente los mecanismos.

“Nadie se va abajo si no sabe que va a volver a subir”, expresó con respecto a la decisión de ir a inmersión tras el incidente en el sector de baterías.

En otro momento recordó las palabras del capitán de navío retirado Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del submarino, Jorge Ignacio Bergallo. “Tiene un hijo abajo y no tiene venganza”, afirmó Vigliero, antes de evocar que el testigo había dicho que su hijo “murió haciendo lo que le gustaba” y que la actividad submarinista “es una actividad de riesgo”.

“La gente quiere culpables”

Hacia el cierre, el tono del alegato cambió. Después de más de dos horas de planillas, reglamentos, informes técnicos, válvulas, circuitos eléctricos y responsabilidades funcionales, Vigliero se apartó del escritorio y habló sobre la dimensión humana del proceso.

Afirmó que la investigación penal estuvo precedida por una instrucción deficiente que elevó las expectativas de las familias y construyó imputaciones que, a su entender, no encontraron respaldo durante el debate.

“Sé que es difícil, porque la gente no quiere la verdad: la gente quiere culpables. Gracias a Dios, otro es el deber de los jueces, que son la última frontera que nos queda", expresó el abogado.

Luego remarcó que la obligación del tribunal no era satisfacer una demanda social, sino resolver el caso mediante la Constitución, la prueba y las reglas del debido proceso.

“El deber de los magistrados no es agradar a la gente -afirmó-. El primer deber está en la Constitución: cumplirla y asegurar la supremacía constitucional”.

También cuestionó que, para aceptar la teoría de la acusación, fuera necesario suponer una actuación coordinada de oficiales, técnicos y testigos destinada a ocultar el estado real del submarino.

“Los que fallecieron también eran marinos”, dijo, y “lo que se hundió fue una unidad de la Armada”, por lo que “esto también es un juicio a la Armada”.

Y cerró: “Yo sostengo que todo lo que ha hecho Villamide lo ha hecho según los reglamentos de la Armada, sin apartarse ni un ápice, y que se comportó de acuerdo a la regla naval, la normativa y los usos y costumbres del mar”.

El “Ulises contemporáneo”

El último tramo estuvo dedicado personalmente a Villamide, quien permaneció sentado junto a sus abogados con semblante serio durante toda la audiencia.

Vigliero lo describió como un hombre que había cumplido con aquello que la institución esperaba de él, pero que después de la tragedia fue abandonado por la misma Armada a la que había dedicado su vida.

“Villamide también es como un Ulises, en su propia odisea”, dijo.

Recordó el Consejo General de Guerra que concluyó con su destitución en 2021, las dificultades que atravesó durante la instrucción judicial y los cuestionamientos que debió enfrentar desde la desaparición de la nave.

“La Armada de entonces le dio la espalda, lo dejó en manos del Estado Mayor Conjunto y de la política, y la política lo destituyó”, sostuvo.

Según la metáfora elegida por el defensor, Villamide, “este Ulises contemporáneo”, atravesó durante casi nueve años una sucesión de obstáculos, como el personaje de Homero “que quiere volver y se va encontrando con desafíos”, señaló.

La voz del abogado se volvió más pausada. Dijo que conocía a Villamide y a su familia, que había aprendido a conocerlo durante los años de trabajo compartido y que su equipo asumió la defensa “a cambio de nada”.

Finalmente se dirigió a los jueces.

“Les pido que, en un caso en el que es abrumadora la evidencia que impide avanzar, le permitan a este Ulises volver a su casa para encontrar un poco de tranquilidad”, expresó.

Y concluyó: “No podemos tapar una tragedia con una injusticia. Este hombre es inocente”.

La defensa pidió que Claudio Javier Villamide sea absuelto libre de culpa y cargo.

La jornada dedicada a las querellas en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan concluyó este martes con el alegato de Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos y representante de otra decena de familiares de la dotación. A diferencia de la querella unificada integrada por Valeria Carreras y Lorena Arias, el abogado centró buena parte de su exposición en una idea que viene sosteniendo desde hace más de 8 años: que todavía faltan medidas de prueba para reconstruir con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de navegación del submarino.

Al mismo tiempo, atribuyó responsabilidades a los cuatro acusados por considerar que incrementaron indebidamente los riesgos de la operación y formuló el pedido de condena más severo escuchado en el debate oral. En ese marco, solicitó penas de cárcel de efectivo cumplimiento para todos los imputados: el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso; el ex capitán de navío Claudio Villamide y el capitán de fragata Hugo Correa (RE), con costas.

El juicio se desarrolla desde el 3 de marzo pasado en la ciudad de Río Gallegos y contó con el testimonio de más de 90 testigos, en su mayoría submarinistas, oficiales navales y especialistas convocados para declarar sobre el estado del buque, las decisiones adoptadas por la cadena de mando y las circunstancias que rodearon la última misión de la unidad. Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini deberán determinar si los cuatro imputados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos y si dichas conductas propiciaron el fatal desenlace.

La cuestión central que atraviesa el debate desde su inicio continúa siendo la misma: determinar si el submarino estaba en condiciones adecuadas para cumplir la misión que le fue encomendada o si las novedades pendientes y limitaciones registradas en su historial comprometían su seguridad. Mientras las acusaciones sostienen que la unidad fue enviada a navegar en condiciones que incrementaron indebidamente los riesgos de la operación, las defensas vienen señalando que la mayoría de los testigos declaró que el submarino era apto para cumplir la Orden de Operaciones COFS 4/17 y que las observaciones existentes no afectaban su seguridad náutica.

Las pericias pendientes y la búsqueda de la verdad

En ese contexto, uno de los primeros ejes del alegato de Tagliapietra estuvo dirigido contra la instrucción penal realizada tras la desaparición del submarino. Según planteó, la investigación encabezada por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yáñez, reunió una enorme cantidad de documentación, pero dejó sin producir medidas que consideró esenciales para arribar a una reconstrucción completa de los hechos.

“La instrucción fue limitada y por lo menos incompleta. Este juicio no era para arribar a la verdad, pero algunas verdades pudimos develar”, sostuvo.

Entre esos déficits mencionó la ausencia de un equipo pericial interdisciplinario que analizara de manera integral la documentación técnica del submarino, los trabajos de media vida, las imágenes obtenidas tras el hallazgo de los restos y la información hidroacústica disponible. Recordó que la querella reclamó esa medida desde 2018 y volvió a insistir después de la localización del buque en el fondo del Atlántico Sur.

“Por mediados de 2018 esta querella propuso conformar un equipo pericial. Ya entendíamos en aquel momento, relativamente temprano, que había muchas cuestiones que investigar con los trabajos de media vida. Algo que en el debate quedó a la luz”, recordó.

Según explicó, luego del hallazgo de los restos volvieron a formular una presentación extensa para impulsar ese trabajo y propusieron convocar organismos especializados de Alemania, Francia y Estados Unidos con experiencia en la investigación de accidentes e incidentes marítimos complejos. A su entender, existían protocolos disponibles y antecedentes suficientes para avanzar en esa dirección.

“De hecho, la defensa de López Mazzeo aportó el manual de la autoridad marítima internacional para realizar las tareas de investigación de esa área: nadie tenía que inventar absolutamente nada, había que hacerlo”, afirmó.

Para Tagliapietra, la falta de esas pericias privó a la causa de herramientas que podrían haber permitido profundizar la reconstrucción de los hechos. También cuestionó que nunca se hubieran realizado estudios específicos sobre la información hidroacústica aportada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), cuyos sensores detectaron la anomalía posteriormente asociada a la implosión del casco resistente.

Esa crítica se vinculó con una diferencia que expuso de manera explícita respecto de la postura sostenida por la querella de Carreras y Arias -integrada también por el abogado Fernando Burlando- durante la jornada anterior. Mientras la querella unificada puso el foco en las responsabilidades que considera acreditadas, Tagliapietra insistió en que todavía es necesario conocer qué ocurrió exactamente durante las últimas horas de navegación.

“Más allá de que no estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Carreras de que no importa probar o saber lo que pasó -para realizar la acusación penal-, a mí sí me importa. Esto lo he dicho: es lo que le prometí a mi hijo, regalarle la verdad”.

Durante el juicio oral, en rigor, se escucharon distintas hipótesis sobre lo sucedido entre la última comunicación emitida por el submarino a las 7:19 del 15 de noviembre de 2017 y la anomalía hidroacústica registrada a las 10:51. Algunas fueron desarrolladas por integrantes de la comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa; otras surgieron de informes técnicos posteriores. Sin embargo, ninguna logró imponerse de manera concluyente.

“Necesitamos saber lo que pasó”, expresó Tagliapietra sentado en el medio de la sala de audiencias, con la venia del tribunal y con una bandera con la cara de los 44 tripulantes del submarino.

Más tarde agregó una reflexión que atravesó buena parte de su exposición.

“A mí no me llena, no me cambia absolutamente nada si son condenados o si son absueltos. Me hubiera gustado de verdad que -los imputados- me digan todo lo que saben y me digan toda la verdad. Capaz que algún día. Yo los invito. Como en su momento también invité al expresidente Macri a que me conteste por qué nos espiaron y nos persiguieron como nos persiguieron. Tampoco me lo contestó. No me cambia. Yo quiero la verdad”.

Luego completó: “Yo no sé si todo esto tiene relación con el hundimiento o no porque faltan las pericias técnicas. Pero sí tiene relación con la elevación ilegal del riesgo y la obligación al deber de cuidado de un superior sobre quienes tienen que rendir cuenta ante ellos”.

La misión, el estado del submarino y las responsabilidades

A medida que avanzó su alegato, Tagliapietra fue dejando de lado las críticas a la investigación para concentrarse en aquello que, a su entender, sí quedó acreditado durante el debate oral: que el ARA San Juan fue enviado a cumplir una misión para la que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias.

“El ARA San Juan -dijo- no tenía que estar realizando esa misión en ese momento, en ese lugar, porque no estaban dadas las condiciones de seguridad mínimas para tal tarea”.

Bajo esa lógica, cuestionó especialmente la planificación de la operación encomendada al submarino. A su juicio, la Orden de Operaciones COFS 4/17, firmada por Héctor Alonso como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y en ausencia del comandante de ese componente naval, Claudio Villamide, no implicaba una simple navegación de rutina ni una tarea limitada de observación de embarcaciones pesqueras en la milla 200, sino una tarea de mayor complejidad que exigía un nivel de apoyo que nunca fue previsto.

“Nadie le brindó ayuda, esa es la realidad”, aseveró el abogado.

Según explicó, esa colaboración debía formar parte del diseño mismo de la operación y no ser pensada como una respuesta ante una eventual emergencia, en tanto “esta colaboración tenía que ser previa, porque el plan de operaciones no significaba sacarle dos fotitos a los pesqueros o buques de la milla 200; era mucho más compleja”.

A partir de allí desarrolló una de las ideas centrales de su acusación: que el submarino fue enviado a operar en soledad cuando las características concretas de la misión imponían la necesidad de contar con apoyo adicional.

“Sí o sí requería un buque de apoyo, para que fuera efectiva esa tarea, independientemente de minimizar el riesgo que podía tener un submarino que no podía defenderse: no sólo de un ataque de tipo militar, sino incluso de un intento de ser embestido”.

Esa posición no fue compartida por buena parte de los submarinistas que declararon durante el juicio. A lo largo del debate, algunos testigos explicaron que los submarinos clase TR-1700 -como el caso del San Juan- fueron concebidos para operar de manera autónoma y que, de hecho, estaban diseñados para trabajar aisladamente. Sin embargo, Tagliapietra insistió en que la discusión debía analizarse a la luz de las condiciones concretas en las que se desarrolló la misión y del estado en que se encontraba la unidad.

En ese punto apareció otra de las grandes controversias del proceso: la verdadera condición operativa del buque al momento de zarpar desde la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017. Mientras las defensas sostienen que la mayoría de los especialistas coincidió en que la unidad estaba en condiciones de navegar de forma segura, el querellante consideró que la prueba producida durante el debate mostró una realidad distinta.

Para Tagliapietra, el problema no radica en afirmar que el ARA San Juan era incapaz de navegar. De hecho, reconoció expresamente que el submarino podía hacerse a la mar y desarrollar determinadas actividades. Lo que cuestionó fue que esas capacidades resultaran suficientes para afrontar una operación de las características de la que finalmente le fue asignada.

“¿Podía navegar? Sí. ¿Podía operar? Sí. Podía operar, bajo limitaciones”, planteó.

A partir de allí vinculó el estado material de la unidad con una práctica que, según describió, terminó naturalizándose durante años dentro de la estructura naval.

“Las cuestiones de fondo siempre fueron relegadas por cuestiones institucionales, presupuestarias y desidia; y creo que es más por esto último. Desidia vinculada a una naturalización: una lamentable naturalización de los problemas”, expresó.

Y añadió: “Como decimos en el barrio: hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso puede servir para esta lógica argentina de que lo atamos con alambre, pero en una institución como la Armada no puede pasar”.

Ese razonamiento lo llevó directamente a los cuatro acusados. Según sostuvo, las limitaciones que presentaba el submarino eran conocidas por quienes ocupaban posiciones de mando dentro de la Marina. Sin embargo, lejos de construir una acusación basada en la mala fe o en una supuesta intención de causar daño, insistió en que siempre creyó que quienes tomaron las decisiones estaban convencidos de que la unidad podía seguir operando.

“Conocían los problemas, no es que no los conocían. Y yo les creo que a pesar de todos esos problemas ellos creían que se podía navegar y operar: les creo de verdad. Pero no alcanza”, destacó Tagliapietra mirando a los cuatro acusados.

La frase sintetizó buena parte de su teoría del caso. Según explicó, la tragedia fue consecuencia de una serie de decisiones adoptadas dentro de una estructura que terminó naturalizando riesgos que no debían ser aceptados. A su entender, la convicción subjetiva de que el submarino podía navegar no elimina las responsabilidades derivadas de haber permitido que realizara una misión para la cual no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Esa misma lógica apareció cuando abordó uno de los temas más discutidos durante el juicio: el sistema utilizado por la Armada para evaluar el estado operativo de sus unidades. En particular, cuestionó el valor del ICEM (Informe de Calificación para el Estado de Material), documento interno mediante el cual la fuerza determina el grado de operatividad de sus buques.

“Está harto probado -comentó el querellante- que al momento del submarino zarpara aquel 25 de octubre no estaba en las condiciones de navegabilidad que cualquier institución certificante exigiría. Acá tenemos el problema de que se autocertifican las condiciones de navegabilidad y operatividad: usan instrumentos precarios como el famoso ICEM. La Armada Argentina se autocertifica el estado de navegabilidad a través de su comandante”.

El ICEM es uno de los puntos que genera controversias. Durante el juicio oral, varios submarinistas declararon que este índice forma parte de los procedimientos habituales de la fuerza y que fue el propio comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, quien calificó a la unidad bajo su cargo como “operativo” antes de zarpar en octubre. Los acusadores plantean, por su parte, que es un instrumento “subjetivo” y que no alcanza para consolidar una idea real del estado del buque.

Para Tagliapietra, por otro lado, las responsabilidades penales que atribuye a los ex altos mandos de la Armada no dependen necesariamente de probar qué provocó la implosión del casco resistente, sino de determinar si la cadena jerárquica incrementó indebidamente los riesgos asumidos por la tripulación al momento de hacerse a la mar.

“Esto fue un estrago. Fue un estrago. Que fue culposo, fue culposo. No dudo para nada de la hombría de bien de los imputados, de verdad. Pero sí me hubiera gustado una mayor sinceridad y honestidad. Y sí les pedí muchas veces que me digan la verdad, pero todavía no la tengo”, matizó después el querellante.

Luego precisó: “No hay dudas de que al menos fue un estrago, y al menos los imputados fueron negligentes. Que hubo un aumento del riesgo de manera ilegal. Que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A medida que avanzaba la audiencia y caía la tarde, quedó claro que Tagliapietra intentaba separar dos planos que para él no necesariamente se superponen: las responsabilidades penales que considera acreditadas y la valoración personal que conserva sobre quienes hoy ocupan el banquillo de los acusados.

“La realidad es que muy a pesar mío, lo digo sin ponerme colorado, detesto realmente pedir condena para los imputados. Va en contra de mis creencias y de mis sentimientos”, explicó.

Recordó también que dedicó su tesis doctoral al estudio de la justicia restaurativa y sostuvo que siempre creyó que los conflictos humanos deben resolverse, en la medida de lo posible, a través de mecanismos orientados a reparar el daño causado antes que a profundizar la lógica estrictamente punitiva.

“Yo hice mi tesis doctoral en justicia restaurativa porque siempre entendí que tenemos que darnos la posibilidad de reparar lo que nos hace daño. Lo que de algún modo nos ha roto como sociedad y como relaciones”, comentó, tras resaltar que creía “en la hombría de bien” de los cuatro acusados.

Sin embargo, aclaró que esa convicción personal no eliminaba las obligaciones que había asumido como abogado de la decena de familiares de tripulantes que representa, en tanto “me debo a la prueba y a mis representados”.

Esta reflexión funcionó quizás como una introducción a uno de los pasajes más personales de toda la audiencia. Porque, a diferencia de otros querellantes, Tagliapietra evitó describir a los imputados como personas indiferentes frente a la suerte de la tripulación o como funcionarios que actuaron deliberadamente al margen de sus obligaciones.

“A mí no me representa nada una sentencia, y no dudo de la hombría de bien de los acusados. Sé que se equivocaron y sus errores habrán sido producto de sus experiencias personales, de su vida, de lo que significó su carrera, del contexto de la organización de la Armada Argentina y tantas otras cosas que tal vez no conozco”, dijo, y añadió: “Tampoco necesito que nadie me pida perdón por nada porque nadie nos va a devolver a nuestros hijos”.

Más adelante, y como al pasar, volvió sobre una cuestión que, según explicó, todavía le generaba dificultades para comprender del todo, ya que “si esto fue un accidente y la culpa es solamente del capitán Fernández, no le encuentro sentido absolutamente a nada”.

En el tramo final de la audiencia, el alegato abandonó por momentos las discusiones jurídicas y técnicas para centrarse en las personas que viajaban a bordo del submarino. Ahí apareció la figura de su hijo Alejandro, alumno submarinista del ARA San Juan, cuya muerte lo llevó a convertirse primero en querellante y luego en una de las voces más activas entre los familiares de la tripulación.

Tagliapietra recordó que su hijo había elegido la carrera naval por vocación y que mantenía un vínculo profundamente afectivo con la institución. Contó que antes de la navegación de julio de 2017 le hablaba de sus proyectos dentro de la Armada y de su deseo de crecer profesionalmente hasta alcanzar los rangos más altos de la fuerza.

“Él sentía un amor y un entusiasmo por la Armada, por lo que hacía, que me llena de orgullo porque dio su vida haciendo lo que amaba”, recordó.

Según relató, el teniente esperaba obtener formalmente la aptitud de submarinista durante aquella última navegación de octubre-noviembre y atravesaba uno de los momentos más importantes de su formación profesional.

Poco después se quebró: “Eran chicos buenos, con proyectos de vida, con sueños, con mucha gente que los amaba, que los extraña y que todavía hoy los espera”.

A partir de allí, el abogado regresó al terreno estrictamente judicial. Reiteró que, a su criterio, los hechos encuadran conductas delictivas y que la prueba producida durante el debate permitía determinar que los acusados incrementaron de manera ilegal los riesgos a los que fue sometida la tripulación. Sobre esa base, solicitó siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso y ocho años para Villamide y Correa, las penas más elevadas requeridas hasta en el juicio.

Antes de concluir, pidió al tribunal oral “una sentencia justa” y reclamó que el futuro fallo no se limite a resolver las responsabilidades penales de los acusados, sino que también refleje aquellas cuestiones que, a su entender, permanecen abiertas desde noviembre de 2017.

“Nada de lo que surja de esta sentencia, que no dudo que será ajustada a derecho y a la prueba, nos va a devolver nada de todo eso. Nada”, reflexionó con tristeza al cierre de su exposición.

Tagliapietra dejó expresamente planteada la reserva para promover futuras acciones de reparación económica integral en representación de los familiares que patrocina, porque “han sufrido innumerables daños, reales, concretos, materiales y económicos, psicológicos y hasta psiquiátricos”.

La nulidad de los pedidos de pena

Hacia el final de la jornada, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, anunció que los jueces pasarían a deliberar porque se había suscitado un incidente respecto a los pedidos de pena formulados por los querellantes. Tras un cuarto intermedio de breves minutos, advirtió que las solicitudes de ambas acusaciones particulares se habían apartado del pedido de pena de la fiscalía, algo que no tenían admitido hacer.

La limitación obedeció a que ninguna de las dos querellas había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio al concluir la instrucción, circunstancia que, conforme al Código Procesal Penal, les impedía formular un pedido de pena durante los alegatos.

El juez les avisó a las defensas que solo tendrán que contestar por las solicitudes de pena realizadas este lunes por el fiscal.

“Este juicio trata sobre una estructura de mando que continuó operando un buque degradado. Trata de quienes debían evitar ese riesgo y no lo hicieron”.

Con esas palabras, la abogada Lorena Arias abrió este martes el alegato de la primera de las querellas unificadas en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. La frase funcionó como una síntesis de la teoría del caso que, durante más de tres horas, desarrollaron Arias y Valeria Carreras -en una querella en la que también se encuentra el abogado Fernando Burlando- ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz durante la audiencia número 30 del proceso.

La jornada comenzó pasadas las 9 de la mañana en Río Gallegos y se extendió hasta el mediodía, cuando los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta las 16 para escuchar a la segunda querella, encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos.

Las representantes de familiares de distintos tripulantes adhirieron en líneas generales al planteo formulado el lunes por la fiscalía, que también solicitó penas de prisión para los cuatro acusados. Sin embargo, desarrollaron su propia reconstrucción de los hechos y de las responsabilidades que, a su criterio, derivaron en el naufragio del submarino el 15 de noviembre de 2017.

Al finalizar la jornada, la querella solicitó para los cuatro acusados la pena máxima prevista para el delito más grave que les atribuyó en el debate: cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el ex capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, jefe de Operaciones de dicho Estado Mayor.

Según planteó Arias al cierre de la audiencia, los hechos encuadran en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas. Fue sobre esta última figura penal -la de mayor escala punitiva entre las atribuidas- que la querella fundamentó el pedido de cinco años de prisión para los cuatro imputados.

Uno de los primeros ejes desarrollados por la abogada Arias fue la idea de que la pérdida del buque no puede ser entendida como un hecho aislado o imprevisible.

“El ARA San Juan no se perdió por un único evento súbito, aislado o imprevisible. Este debate acreditó que fue un proceso progresivo de degradación de material, flexibilización de controles y normalización institucional del riesgo. Ese proceso está documentado y el COFS lo sabía”, sostuvo.

La abogada recordó que el submarino llevaba 44 meses sin ingresar a dique seco para realizar tareas de carena y aseguró que la prueba producida durante el juicio reveló “algo más profundo que una suma de errores aislados”.

“La prueba producida en este debate mostró algo más profundo que una suma de errores aislados: la decisión institucional de mantener operativo al único submarino disponible aun cuando las advertencias técnicas se acumulaban. Adiestrados estaban, alistados no”, afirmó.

Más adelante resumió su planteo en una frase que sintetizó su postura durante la audiencia:

“No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”.

Arias también mencionó uno de los temas que atravesó buena parte del debate oral: la imposibilidad de reconstruir con certeza qué ocurrió a bordo durante los momentos finales de la navegación.

“La defensa intentará decir que no se pudo probar qué pasó en el último momento. Eso es jurídicamente irrelevante, no importa saber si falló en el último momento la propulsión o si toda la tripulación quedó inhabilitada; basta con saber que la suma de fallas acumuladas hacían al resultado objetivamente previsible”, expresó.

Lo ocurrido a bordo entre el último mensaje emitido por el submarino a las 7:19 del 15 de noviembre de 2017 y la anomalía hidroacústica registrada a las 10:52 -posteriormente asociada a la implosión de la unidad por la presión del mar- continúa siendo objeto de distintas hipótesis debatidas durante el proceso y no pudo reconstruirse de manera definitiva.

Para la querella, sin embargo, la discusión debía concentrarse en las decisiones adoptadas antes de la pérdida de contacto y en las medidas que, según su análisis, no fueron adoptadas por los oficiales a cargo.

En ese contexto, Arias cuestionó una de las principales líneas argumentales de las defensas: aquella que da cuenta de la responsabilidad central del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, a la hora de dar la orden de zarpada.

“La defensa de Villamide ha sostenido que es el comandante el que certifica las condiciones de navegabilidad, y eso es correcto, pero también es correcto que es una proposición jurídicamente incompleta. Los deberes del comandante no limitan ni suspenden los deberes del COFS. Son deberes que concurren y surgen de disposiciones distintas destinadas a sujetos distintos”, sostuvo.

“La responsabilidad de quien tiene la posición de garante no se transfiere por la existencia de otro garante”, precisó.

La querella consideró que la actuación del capitán Fernández durante los meses previos a la última navegación demostraba precisamente que los superiores conocían las novedades existentes en el submarino.

“El primer acto formal del comandante del ARA San Juan, a quien la defensa le atribuye toda la responsabilidad, fue decirle a sus superiores formalmente que el ARA San Juan tenía novedades que limitaban su desempeño operativo”, afirmó al referirse a la nota mediante la cual el comandante solicitó en marzo de 2017 el ingreso de la unidad a dique seco.

Luego repasó documentación incorporada al expediente y concluyó: “Por la prueba documental, la Armada habló contra sí misma”.

Para respaldar jurídicamente su planteo, citó antecedentes como la tragedia de Once, las explosiones de Río Tercero y el juicio a las juntas militares.

Sobre el primero recordó que la Cámara de Casación concluyó que “omitir las funciones de supervisión es crear las condiciones del desastre”. “Exactamente lo mismo que ocurrió aquí”, dijo.

También evocó un principio formulado por Julio César Strassera durante el juicio a la cúpula militar en 1985: “En una estructura militarmente jerarquizada el dominio del hecho no se agota en quien lo ejecuta sino en quienes disponen de la estructura que hace posible lo que ocurre. Los imputados disponían de esa estructura y no actuaron”.

La operatividad del submarino, el rol de Fernández y la navegación de julio

Mientras las querellantes repasaban documentos, mensajes navales, informes técnicos y declaraciones incorporadas durante el debate, las defensas seguían las exposiciones tomando nota de los elementos de prueba que iban siendo citados, desde nombres de testigos hasta documentos ventilados a lo largo de las 30 audiencias. Del otro lado de la sala, los cuatro imputados escuchaban los alegatos en silencio. Tanto López Mazzeo como Villamide, Alonso y Correa mantuvieron durante buena parte de la mañana gestos adustos y semblantes serios.

Uno de los puntos más debatidos del juicio gira en torno al estado del submarino al momento de zarpar el 25 de octubre desde Mar del Plata.

Las defensas sostienen que la mayoría de los cerca de 90 testigos que declararon durante el debate afirmó que las novedades pendientes registradas en el historial de la unidad no comprometían su seguridad náutica y que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada. También destacan que Fernández calificó al ARA San Juan como “operativo” en el ICEM realizado en septiembre de 2017 y autorizó la zarpada luego de la prueba reglamentaria de 48 horas previa a hacerse a la mar.

Durante sus dos declaraciones indagatorias, por su parte, Villamide sostuvo que respecto del ARA San Juan se cumplieron los reglamentos y la doctrina de la Armada Argentina, y rechazó que existieran incumplimientos normativos vinculados a la seguridad náutica del submarino.

Fue justamente sobre ese terreno donde Carreras desarrolló buena parte de su alegato.

“Quiero que quede claro que esto no es un ataque a la Armada Argentina. Nosotros representamos a servidores de la patria, miembros de la Armada. Estamos aquí por tripulantes, compatriotas, que perdieron la vida no por el riesgo inherente a su trabajo, no porque eran suicidas, no porque era su destino, no porque fue una tragedia, no porque fue un accidente. Ellos perdieron la vida por los actos y omisiones, y la generación de peligro real y concretado, de los cuatro imputados que tenemos sentados aquí”, planteó la abogada.

Y agregó: “Después de 8 años y 8 meses estamos aquí ante un tribunal oral. Estamos enjuiciando a cuatro altos mandos, no a la Armada Argentina”.

La abogada insistió en que el reclamo de los familiares no busca venganza, ya que “estamos frente a cuatro personas que consideramos absolutamente responsables del final luctuoso reiterado en 44 ocasiones. No nos mueve la venganza. No nos mueve el capricho. Ni ideas alocadas. Tenemos precedentes para hacer la acusación que hacemos”.

Y añadió: “Las personas que representamos están muertas porque no se respetaron las leyes, porque no se cumplieron las obligaciones que indican los reglamentos y el ordenamiento que a ellos les compete”.

La discusión sobre la operatividad ocupó poco después el centro de la audiencia, desarrollada en un edificio judicial ubicado en pleno centro de la ciudad austral, a una cuadra de la Catedral y de la Municipalidad.

“Sostenemos que el submarino podía navegar -mencionó Carreras-, podía ir a inmersión e incluso podía hacer tareas de adiestramiento con algunas deficiencias. Lo que sostenemos es que no podía en modo alguno realizar el patrullaje de mar en esa zona de la milla 200, en esas condiciones meteorológicas, en esas condiciones de profundidad del talud de nuestra plataforma submarina, y sin embargo fue enviado allí”.

La referencia apuntaba a la Orden de Operaciones COFS N° 4/17, firmada el 24 de octubre de 2017 por Alonso en ausencia de Villamide. El documento contemplaba actividades de adiestramiento naval, ejercicios tácticos y patrullaje para vigilancia y control de los espacios marítimos. El ARA San Juan zarpó desde Mar del Plata el 25 de octubre, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a hacerse a la mar cuatro días después para cumplir la última etapa de la misión antes de emprender el regreso a su apostadero.

Fue precisamente sobre el alcance de esa orden donde la querella trazó una de las principales diferencias con las defensas. Mientras distintos submarinistas y especialistas consideraron que las novedades pendientes no impedían cumplir las tareas asignadas, Carreras sostuvo que una cosa era la aptitud para navegar o realizar adiestramiento y otra afrontar un patrullaje prolongado en las condiciones previstas para esa campaña.

“El estado operativo es un concepto engañoso. No es Fernández el que determina si un submarino es o no apto para integrar la flota de la Armada. No seamos infantiles. Le quieren poner a Fernández la responsabilidad de un rey plenipotenciario. Hay una cadena de mando y hay antecedentes que fueron omitidos”.

La abogada calificó al Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM) como una evaluación “subjetiva” y advirtió que debieron haberse realizado controles más profundos que las pruebas reglamentarias previas a la zarpada.

“El submarino no estaba operativo, no estaba en condiciones, no estaba alistado y no tenía seguridad para estar en ese lugar, ese día, esa cantidad de días haciendo lo que lo mandaron a hacer en esas condiciones patrullando”, aseveró en otro pasaje su alegato final.

Planteada la discusión sobre la operatividad, Carreras avanzó sobre otro de los ejes de su exposición: el alcance de las facultades reales del comandante de la unidad naval dentro de una estructura militar jerarquizada.

“No me voy a referir a si es una canallada o una cobardía querer volcar todo en alguien que no puede defenderse. Le doy la derecha a las defensas y evidentemente de los reglamentos surge que tiene facultades y poder de decisión el comandante del buque. Yo no lo hubiera utilizado, pero tengo que contestarles a eso”, dijo.

Desde allí desarrolló una extensa explicación sobre la cultura de obediencia dentro de las Fuerzas Armadas, a la que introdujo con una afirmación: “Tenemos muy presente que estamos ante un caso único en la República Argentina. No hay antecedentes del hundimiento de un submarino. No hay juicios, más que los de lesa humanidad, en donde se aborde esta cuestión de la autoridad”.

Y completó:“Para poder entender de qué se trata hay que meterse en la piel de cómo es el militar y cómo es la obediencia y la autoridad y el manejo del deber, de lo que se puede y no se puede hacer”.

Según Carreras, no existía margen real para que la tripulación o el comandante rechazaran la misión en cuestión, descrita como una de las más importantes de los últimos tiempos.

“Se ha dicho que el comandante Fernández era el único que podía abortar la misión diciendo ‘yo no zarpo’ -planteó la abogada-. Es muy difícil que eso ocurra. Sin embargo Fernández dio las alertas, dio los mensajes, hizo lo que pudo. Fernández, que asumió en febrero, en marzo lo primero que hizo fue pedir la entrada a dique seco por estar vencido. Lo hizo por escrito”.

Las defensas, al respecto, argumentan que el vencimiento del plazo para ingresar a dique seco incidía sobre la efectividad de determinadas operaciones, pero no sobre la seguridad del submarino. Ese será uno de los ejes a dirimir por parte del tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini.

Carreras procuró describir una cultura institucional atravesada por la obediencia al superior que, a su entender, impedía que el comandante Fernández rechazara dar la orden de zarpada con su buque.

En sus términos, dijo: “El elemento de cargo que quiero probar es que no había margen para que se nieguen a zarpar. -Los tripulantes- no querían embarcar por lo que les pasó en julio de 2017. Sin embargo tuvieron que embarcar. ¿Dónde iban a conseguir trabajo? Cuando me dicen que Fernández era el dueño de las decisiones yo digo que no, porque entonces Fernández no hubiera obedecido”.

Y añadió: “En este esquema de cultura institucional de la obediencia, de respetar a rajatabla al superior, de no ser mal visto ni sancionado ni perjudicar su legajo ni su futuro ascenso, no había margen para negarse a zarpar”.

La abogada trasladó entonces la atención a la navegación de julio de 2017, a la que calificó como una suerte de antecedente de lo ocurrido meses después y como una “crónica de una muerte anunciada”.

Durante aquella patrulla, desarrollada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, Fernández informó distintas novedades técnicas que luego fueron incorporadas al expediente. Una de ellas fue un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación hasta el ventilador del tanque de baterías 3 de proa, mismo sector donde el 14 de noviembre a la noche se reportaría el cortocircuito y principio de incendio.

“En julio nos reportan detalladamente, con esa claridad que tenía Fernández, que en el sexto día de navegación ingresó agua de mar al balcón de baterías, lo cual fue a través de la ECO-19 que no tenía estanqueidad”, expresó la querellante, quien consideró que ese antecedente debió haber generado una reacción diferente por parte de los altos mandos.

“La navegación de julio fue anticipatoria”, planteó, y agregó: “Si yo soy el jefe y veo ese informe hago dos cosas: ¿arreglaste la válvula? ¿Hiciste el recorrido de la válvula? Esa válvula quedó así. Así quedó y volvió a fallar”.

La abogada cuestionó después que esa experiencia no hubiera sido utilizada como antecedente: “Esta gente no valoró esta experiencia volcada en el informe. Esta gente se olvidó de cuando se mojaban el culo cuando navegaban. Y desde un escritorio o de un teléfono celular es muy sencillo dar órdenes”.

Luego, retomando el registro literario de la “crónica de una muerte anunciada”, pronunció una de sus frases más contundentes: “El submarino dijo y escribió su propia historia. Los acusados que tenemos aquí sentados firmaron el capítulo final. Podríamos habernos ahorrado ese final”.

Para cerrar su exposición, Carreras abordó el reporte de situación -SITREP- enviado por el submarino durante el incidente, al que le atribuyó una condición de “gravedad” que denotó un “pedido de ayuda” por parte de la embarcación integrada por 11 oficiales y 33 suboficiales, con 43 hombres y una mujer.

Antes de ceder nuevamente la palabra a su colega Arias para formular el pedido técnico de pena, Carreras concluyó con una referencia a los familiares: “Me siento obligada a ser la voz de los que no tienen más voz. Recojo los dichos de las familias de los últimos días y todas son coincidentes: el submarino andaba mal, les estaba dando mucho trabajo, se rompía, no querían ir, nos mintieron”.

Y remato: “Si a ellos no los cuidaron, si a las familias no les dijeron la verdad, está en nosotros la responsabilidad como abogadas de representar lo mejor posible los derechos de los que no están y de las familias”.

Ya en el tramo final de la primera parte de la audiencia de este martes, Arias encuadró los hechos en tres figuras penales: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas.

De acuerdo a su hipótesis, este último delito “no exige que los imputados hayan querido el resultado”, sino que hayan conocido el riesgo concreto y continuado la conducta sin adoptar medidas para neutralizarlo. La abogada, en ese plano, afirmó que los acusados conocían “el estado deficiente del buque, el antecedente de julio, la recomendación del incendio del año 95, el plazo de carenado vencido” y, pese a ello, decidieron continuar.

Finalmente requirió para los cuatro acusados cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas. La querella también dejó planteada una reserva para reclamar eventuales reparaciones por los daños morales y materiales sufridos.

Tras el cuarto intermedio, el juicio continuará con el alegato de la querella encabezada por Tagliapietra.

Los alegatos de cierre de la Fiscalía en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) comenzaron este lunes a las 9:15 de la mañana, cuando todavía era de noche en Río Gallegos. El frío y el viento del segundo día del invierno patagónico dominaban las calles alrededor de los tribunales federales ubicados sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en la esquina con la avenida José de San Martín, donde los fiscales desarrollaron durante más de ocho horas la acusación contra cuatro ex altos mandos de la Armada.

Al cierre de la jornada, ya en la oscuridad de la tarde, Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán, solicitaron que los cuatro acusados sean condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

En términos generales, la acusación sostuvo que los imputados confeccionaron una orden de operaciones y permitieron que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”, circunstancias que, según la Fiscalía, incrementaron de manera indebida los riesgos de la navegación y guardan relación con el resultado ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

En ese marco, requirieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del naufragio del 15 de noviembre de 2017.

También pidieron cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de ese mismo órgano.

Mientras Zárate, Colla, Garmendia Orueta y Pruzán se repartían los distintos tramos de la acusación, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escucharon las exposiciones y tomaron notas durante buena parte de la audiencia, que se extendió hasta las 19.

A la izquierda del estrado se ubicaban, en una mesa larga, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras. Frente a ellos se sentaban los cuatro imputados junto a sus defensores.

Como curiosidad, a pocos metros del edificio donde se desarrolla el juicio se levanta un monumento al ARA Villarino, una de las embarcaciones más emblemáticas de la historia naval argentina. Construido en Inglaterra a fines del siglo XIX, fue el primer buque de guerra trasladado desde Europa con mando y tripulación argentinos y pasó a la historia por haber transportado desde Francia los restos del general José de San Martín en 1880. Durante años prestó servicios para la Armada en la Patagonia hasta naufragar frente a las costas de Chubut en 1899.

“La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado”, sostuvo Pruzán al resumir la teoría del caso fiscal.

Y añadió: “Los vastos documentos que hemos analizado en el debate, en mayor o menor medida dan cuenta del estado deficiente del submarino San Juan”.

La reconstrucción fiscal del estado del ARA San Juan

Bajo esa premisa, los fiscales retomaron distintos antecedentes vinculados con el estado material del submarino desde el inicio de la reparación de media vida, en 2007, hasta su desaparición en noviembre de 2017.

Repasaron observaciones técnicas, tareas pendientes, pedidos de mantenimiento preventivo, inspecciones, antecedentes de navegación y pruebas que, según la acusación, influyeron de manera relevante en el trágico desenlace de noviembre. Todas esas novedades, consignadas oportunamente por el comando del ARA San Juan a través de los años, fueron discutidas durante el debate oral por testigos y especialistas convocados al juicio iniciado en marzo.

La tarea que ahora deberá afrontar el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz será determinar cuál fue la incidencia real de esas observaciones sobre la seguridad náutica del submarino. Y es que durante el debate, distintos submarinistas y oficiales declararon que esas tareas y pruebas pendientes no impedían al ARA San Juan cumplir la orden de operaciones COFS N° 4/17, una cuestión que también deberá ser ponderada por los jueces al momento de dictar sentencia.

Mientras la Fiscalía remarcó que ese conjunto de observaciones aumentó de manera indebida el riesgo de una actividad militar que, por su propia naturaleza, ya resulta riesgosa, las defensas vienen planteando que las pruebas pendientes mencionadas en la documentación analizada durante el proceso -entre ellas las de máxima profundidad, máxima velocidad y los ensayos de presión sobre el sistema principal de refrigeración de agua de mar a 62,5 bares- no afectaban la seguridad náutica del buque ni le impedían cumplir la misión de adiestramiento y patrulla de control marítimo desarrollada entre octubre y noviembre de 2017.

Para la acusación, ese aumento del riesgo constituye el núcleo del “quebrantamiento” de los deberes de cuidado atribuidos a los cuatro acusados. La hipótesis fiscal plantea que los cargos ocupados por López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa les asignaban funciones específicas de supervisión y control que los colocaban en una posición de garante respecto de los tripulantes.

En ese punto, Pruzán destacó la relevancia que tuvieron durante el juicio los reglamentos y procedimientos navales.

“No hubo un testigo que no lo dijese: en esta actividad, con todo lo que está en juego, los reglamentos y las normativas son primordiales y resguardan la vida y disminuyen el riesgo propio de la actividad”, afirmó al considerar que estos habían sido omitidos.

Otra de las temáticas sobre las que deberán echar luz los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini es la fiabilidad o no del Índice del Estado del Material Naval (ICEM), un instrumento reglamentario de la Marina donde el comandante de la unidad submarina le asigna un valor a su nave y determina si está habilitada para ser tenida en cuenta en la planificación de una eventual futura operación. En el caso del San Juan, el capitán Fernández había realizado un ICEM en septiembre de 2017, que dio un resultado de 4,25 sobre 5 puntos, con la premisa de “Buque Habilitado”.

Al respecto, la fiscalía consideró que el método instaurado por la Armada daba mucho lugar a la “subjetividad” y relativizó su alcance al esgrimir que solo daba cuenta de una fotografía de un determinado momento del submarino.

Por lo demás, el Ministerio Público puso especial énfasis fue el vencimiento del plazo para el ingreso del submarino a dique seco para realizar tareas de carenado. Según expuso la acusación, la reglamentación de la Armada establecía que esas tareas debían realizarse cada 24 meses, mientras que el fabricante alemán recomendaba una periodicidad de 18 meses. A eso se sumó la nota del comandante del ARA San Juan, Martín Fernández, que en marzo de 2017 había solicitado el ingreso a dique seco para ejecutar ese tipo de mantenimiento en un arsenal naval. Villamide en junio, por su parte, había requerido la concreción de esa actividad para el mes de mayo de 2018, a sugerencia del Consejo Asesor del Arma Submarina reunido en abril de 2017.

Otro eje del alegato fue el compromiso operacional al que fue sometido el buque durante el año de la tragedia. Según señalaron los acusadores públicos, la “alta exigencia” sobre el material tuvo su reflejó en los días de navegación ordenados al San Juan, prácticamente duplicados respecto del año anterior.

El submarino, en su última misión, zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir días días después para participar de ejercicios con unidades de la Flota de Mar y cumplir una patrulla de vigilancia y control de los espacios marítimos durante otros 10 días.

Según la acusación, la misión representaba una exigencia particularmente intensa para la unidad. Los fiscales describieron una patrulla de diez días en un área del Atlántico Sur identificada en la orden como “Juliana”.

“A 200 millas, en la Zona Económica Exclusiva, en condiciones meteorológicas adversas y en completa soledad operaba el submarino”, remarcaron durante los alegatos finales.

Más allá de las particularidades atribuidas a cada imputado en virtud de sus funciones como oficiales jerárquicos, los fiscales insistieron durante toda la jornada en una idea común: que la cadena de mando privilegió los objetivos operativos por encima de las condiciones de seguridad del submarino.

“Se priorizaron objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación”, indicaron al sintetizar la responsabilidad que atribuyeron a los cuatro acusados.

Los fiscales también sostuvieron que los imputados incumplieron los deberes de cuidado que les imponían sus cargos mediante una conducta “culposa o imprudente”, que, según explicaron, “se da cuando aquellas funciones o acciones que se realizan de manera descuidada llegan a producir el resultado dañoso que la propia norma prevé proteger”.

El debate sobre el comandante y la válvula ECO-19

El fiscal Colla denunció en un pasaje de su alocución “un vano intento” de las defensas por “señalar numerosas veces que verbalmente era -el capitán de fragata- Fernández quien solicitaba navegar. Algo que, de acuerdo a la información documental, resultaría absurdo”.

“El contraste con esa información solo sería posible a través del contradictorio entre los imputados y Fernández”, agregó.

Con esa afirmación, Colla buscó responder a una de las principales líneas argumentales de las defensas. Según esa postura, de acuerdo con el Reglamento General del Servicio Naval, la decisión final de zarpar corresponde al comandante de la unidad, quien debe verificar el estado de los sistemas mediante pruebas previas a la navegación y cuenta con facultades para no ejecutar una orden si considera que el buque no reúne las condiciones de seguridad necesarias para cumplirla.

Buena parte de la controversia jurídica del debate giró precisamente en torno a ese punto: cuál era el alcance de las responsabilidades de la cadena de mando superior y cuál el margen de decisión que conservaba Pedro Martín Fernández como comandante del ARA San Juan al momento de iniciar la misión.

La audiencia ingresó en un cuarto intermedio poco antes de las 14. Cuando el debate se reanudó a las 16:15, el movimiento en las inmediaciones de los tribunales había cambiado por completo. Sobre la avenida Kirchner y las calles aledañas comenzaron a concentrarse vecinos con banderas argentinas, mientras se multiplicaban los bocinazos, los redoblantes y el ruido de motores.

En ese contexto, Garmendia Orueta retomó su alegato sobre la responsabilidad atribuida a Villamide. Por momentos, los festejos por la victoria de la selección nacional en el Mundial de fútbol se filtraban desde la calle a la sala de audiencias, donde la fiscal repasaba informes técnicos, mensajes navales, inspecciones de auditorías, antecedentes de navegación y observaciones sobre el estado material del SUSJ.

Uno de los tramos más extensos de su exposición, de hecho, estuvo dedicado al informe de navegación elaborado por Pedro Martín Fernández tras la patrulla realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, un documento que ocupó buena parte de las audiencias del juicio.

La fiscal recordó que el sexto día de navegación se produjo un ingreso de agua por el sistema de ventilación. En ese informe, Fernández consignó que la única posibilidad de que el agua hubiera alcanzado los ventiladores del tanque de baterías N° 3 era una “falta de estanqueidad” de la válvula ECO-19.

El mismo documento también registró una prueba de homogeneización de atmósfera realizada mediante la apertura de esa válvula para permitir la circulación de aire entre los distintos compartimientos del submarino.

Según los manuales incorporados al expediente y los testimonios escuchados durante el debate, la ECO-19 debía permanecer cerrada durante la navegación y abrirse únicamente durante determinadas operaciones vinculadas con la carga de baterías, ya que conecta el tubo del snorkel con el tanque de baterías y, de encontrarse abierta durante una maniobra de snorkel, podría facilitar el ingreso de agua de mar.

Sobre ese contexto, Garmendia cuestionó que “cuando escuchamos el prisma de la autonomía para decidir si zarpa o no zarpa, la verdad es que no encaja con el perfil que hemos reconstruido de su legajo, ni con cómo era Fernández en su comportamiento: disciplinado, estricto, metódico, acorde con la tarea que estaba desempeñando”.

Después agregó: “No encaja con una mirada de un comandante que sea disruptivo, que no obedezca las normas, que modifique la posición de una válvula poniendo en riesgo la tripulación”.

Para la fiscal, el informe firmado por el comandante tiene un valor particular dentro del expediente porque constituye uno de los pocos registros directos sobre aquellos hechos.

“El informe que dejó firmado Fernández reconociendo la maniobra que hizo no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando qué fue lo que pasó”, afirmó.

Y concluyó: “No puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.

La Fiscalía sobrevoló además una de las incógnitas que todavía atraviesan la causa y que es objeto de diferentes hipótesis aún abiertas: qué ocurrió a bordo después de que Fernández informara el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número 3 de proa a través del sistema de ventilación en el mensaje SITREP enviado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre de 2017.

“Si bien no sabemos qué decisiones tomó el capitán Fernández luego del mensaje de las 7.19 horas, hemos visto que el inicio del incendio guarda estrecha relación con la falta de mantenimiento y con las obligaciones funcionales de velar por ellas”, indicó Pruzán.

Para la acusación, el ingreso de agua informado en aquel SITREP guarda relación con antecedentes similares reportados por el propio comandante durante una navegación realizada en julio de 2017, una circunstancia que fue especialmente destacada durante el desarrollo de las exposiciones.

Así las cosas, pasadas más de ocho horas de audiencia, los representantes del Ministerio Público finalizaron sus planteos con sendos pedidos de prisión y una mención individual a los 44 tripulantes del San Juan. Sus nombres, apellidos y rangos fueron leídos en voz alta de manera alternada por los cuatro fiscales antes de finalizar la jornada.

Este martes será el turno de las querellas, que comenzarán a desarrollar sus alegatos desde las 9, antes de la salida del sol.

La publicación del Decreto 467/2026 abrió un debate en distintos ámbitos vinculados al sistema de justicia. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los Decretos 222/2003 y 588/2003, incorporados durante la presidencia de Néstor Kirchner, que regulaban distintos aspectos del procedimiento para la selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público y de los tribunales inferiores.

Desde su publicación en el Boletín Oficial, el pasado 16 de junio, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la abogacía y autoridades judiciales provinciales difundieron pronunciamientos sobre el alcance de la reforma. Mientras el Gobierno sostuvo que los cambios buscan agilizar la cobertura de vacantes y evitar la superposición de instancias, distintas entidades expresaron reparos sobre algunos de sus puntos.

El Decreto 222/2003, firmado el 19 de junio de 2003, había regulado el procedimiento para la nominación de ministros de la Corte Suprema, donde incorporó mecanismos de publicidad de antecedentes, recepción de observaciones ciudadanas y criterios orientadores para la conformación del máximo tribunal. Por su parte, el Decreto 588/2003, dictado el 13 de agosto de ese mismo año, terminó extendiendo parte de ese esquema al Procurador General de la Nación, al Defensor General de la Nación y a los procesos de selección de jueces federales, fiscales y defensores públicos.

El nuevo decreto

En ese contexto, el nuevo decreto suscripto por Milei plantea en sus fundamentos que “la Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacancias de cargos de magistrados en la justicia nacional y federal" y que “la demora en la cobertura de los mismos genera una alteración en el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales, de la que se deriva un importante incremento en el tiempo de tramitación de los procesos judiciales que afecta de manera directa el debido proceso y, con ello, los derechos de los justiciables”.

La normativa también afirma que el procedimiento vigente “ha devenido en una duplicación de instancias” que “no solo ralentiza el proceso de cobertura de vacantes”, sino que además “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.

Los principales cambios

Las modificaciones alcanzan a la designación de ministros de la Corte Suprema, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación, de jueces federales y nacionales, fiscales y defensores públicos.

Uno de los cambios más relevantes consiste en la eliminación de las instancias de observaciones ciudadanas previstas durante la etapa previa al envío de determinadas candidaturas al Senado.

Hasta ahora, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, entidades académicas y organismos vinculados con los derechos humanos podían presentar observaciones fundadas respecto de los postulantes. A su vez existía la posibilidad de solicitar opiniones a organizaciones representativas de distintos ámbitos para que fueran consideradas antes de definir el envío de los respectivos pliegos.

El decreto también derogó el artículo 3° del Decreto 222/2003, que disponía que, al momento de analizar candidatos para la Corte Suprema, se tuviera presente, “en la medida de lo posible”, la composición general del tribunal para reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

Por otra parte, quedaron sin efecto disposiciones del Decreto 588/2003 que establecían mecanismos específicos de difusión de ternas y observaciones ciudadanas para los concursos de jueces federales, fiscales y defensores.

La norma publicada esta semana también introdujo modificaciones en los mecanismos de publicidad de las candidaturas.

Para los postulantes a la Corte Suprema, actualmente integrada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el decreto 467/26 dispone que los antecedentes curriculares sean publicados durante tres días en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia.

En el caso de jueces, fiscales y defensores públicos incluidos en ternas, la difusión se realizará durante un día en el Boletín Oficial, con remisión al sitio web de la cartera para consultar antecedentes, puntajes y demás información vinculada al concurso.

Además, fijó nuevos plazos para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y para la elaboración de informes por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos.

Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es “remover los trámites procedimentales innecesarios y las etapas duplicadas dentro del proceso de designación de magistrados, con el fin de restaurar el dinamismo constitucional de dicho procedimiento y, al mismo tiempo, de agilizar la cobertura de las respectivas vacantes, evitando redundancias en los trámites y la excesiva burocratización de los procesos de decisión".

En esa misma línea, el decreto expone que la medida “no implica la supresión de mecanismos de publicidad, transparencia o participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados”, ya que esas instancias “continuarán plenamente garantizadas mediante el procedimiento constitucional y reglamentario desarrollado ante el H. Senado de la Nación”.

Los cuestionamientos de organizaciones civiles

Uno de los primeros pronunciamientos fue difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL.

Las entidades señalaron que el decreto “eliminó la posibilidad de que la ciudadanía presente observaciones” respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo antes de su remisión al Senado.

Según indicaron, el mecanismo incorporado en 2003 permitía aportar información y formular observaciones que podían ser consideradas tanto por el Presidente al momento de decidir el envío de un pliego como por el Senado durante su tratamiento.

Las organizaciones también cuestionaron uno de los fundamentos utilizados para justificar la reforma, ya que “equiparar ambas etapas implica desconocer que se trata de momentos distintos, con finalidades distintas”. A su criterio, la participación previa permitía “aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”.

El mismo comunicado advirtió sobre la derogación de disposiciones que, según las entidades firmantes, promovían criterios de diversidad para la integración de la máxima instancia judicial del país.

En ese sentido, afirmaron que el decreto “también elimina la necesidad de velar por la igualdad de género y por la diversidad de especialidad y procedencia al momento de proponer candidaturas para la Corte Suprema”.

Y agregaron: “Ello obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos“.

La postura de las cortes provinciales

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.) también se pronunció sobre el tema.

La entidad reafirmó que la integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar “los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica”.

Asimismo, consideró que esos criterios “no constituyen meras pautas de oportunidad política sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional” y remarcó que “cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”.

La declaración, firmada por la presidenta de JU.FE.JUS., Emilia Argia Valle; el vicepresidente, Sergio Vittar; y la secretaria, Adriana García Nieto, también cuestionó la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, que definió como “un grave retroceso institucional”. Según la entidad, la reforma “restringe los mecanismos de participación ciudadana, debilitando instancias de transparencia, publicidad y control democrático”.

El planteo del Colegio Público de la Abogacía

Otra de las voces que se expresó sobre el nuevo decreto fue la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García.

La titular de la entidad postuló que las modificaciones “eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo”.

García recordó que el régimen instaurado en 2003 constituyó “un avance significativo en materia de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano sobre procesos de singular trascendencia institucional”.

También cuestionó el argumento según el cual la intervención posterior del Senado vuelve innecesaria la participación previa.

“La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundadamente apoyos u objeciones antes de la remisión de los pliegos contribuía a enriquecer la decisión presidencial, fortalecer la legitimidad de las designaciones y ampliar la transparencia del proceso”, dijo la flamante titular del Colegio Público de la Abogacía porteño.

Por último, manifestó preocupación por la derogación de las previsiones que promovían una integración diversa del máximo tribunal.

“Lejos de restringir las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, esos criterios orientaban el ejercicio de una facultad institucional de máxima relevancia y contribuían a una composición más representativa del máximo tribunal”, concluyó.

El actual capitán de corbeta Juan Gabriel Viana integró la última dotación del ARA San Juan. Como teniente de fragata y jefe de Navegación del submarino, participó de la travesía entre Mar del Plata y Ushuaia correspondiente a la primera fase de la Orden de Operaciones COFS 4/17, una misión que comenzó a ejecutarse el 25 de octubre de 2017 y que semanas después terminaría con la desaparición de la nave y sus 44 tripulantes.

A diferencia de los 11 oficiales y 33 suboficiales que permanecieron embarcados durante toda la operación, el entonces teniente de fragata desembarcó en la Base Naval de Ushuaia antes del inicio de los ejercicios previstos con unidades de la Flota de Mar y de la posterior patrulla de control de mar en el Atlántico Sur. Lo hizo, explicó, para cumplir una comisión previamente acordada en otro submarino de la Marina de Brasil.

“Yo no pedí desembarcar”, recordó durante el testimonio que ofreció ante tribunal oral que lleva adelante el juicio por el naufragio de la última unidad sumergible operativa de la Armada Argentina.

Según consignó en esa instancia, sabía desde tiempo atrás que había sido seleccionado para realizar una navegación en un buque brasileño, aunque desconocía cuándo debía presentarse. Recién al arribar a la capital fueguina, precisó, el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, le informó que debía abandonar su nave para cumplir ese compromiso internacional.

Hasta ese momento, esperaba completar toda la misión junto al resto de la dotación.

“Yo pensé que seguía con el submarino”, recordó.

La declaración de Viana ocurrió durante las primeras semanas de la etapa testimonial del debate por el naufragio del San Juan, que se desarrolla desde el 3 de marzo pasado ante el Tribunal Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos.

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto -con la participación remota de Guillermo Quadrini- escucharon durante más de tres meses a más de 90 testigos convocados por las partes para reconstruir distintos aspectos de la última misión del submarino. Concluida esa etapa, el juicio ingresará la próxima semana en la instancia de alegatos finales.

En el proceso están siendo juzgados cuatro ex altos mandos navales acusados de presuntas negligencias en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la zarpada del buque que terminaría implosionando durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de aquel 2017.

La Orden de Operaciones, en efecto, había comenzado el 25 de octubre con la salida desde la Base Naval de Mar del Plata. La primera etapa consistía en navegar hasta Ushuaia. Luego estaban previstos ejercicios con unidades de superficie en inmediaciones del estrecho de Magallanes, una patrulla en un sector denominado “Área Juliana” para obtener información de la pesca ilegal en el mar argentino y del tránsito marítimo y aéreo en esa zona y, finalmente, el regreso al puerto de origen.

La travesía hacia el sur

Viana obtuvo la especialidad de submarinista en 2015. Durante 2016 participó de entre 13 y 15 navegaciones y, según declaró, intervino en prácticamente todas las operaciones realizadas por el ARA San Juan durante 2017.

Las únicas excepciones fueron una navegación realizada en enero, cuando se encontraba de vacaciones, y la patrulla del mes de julio de ese año, donde no participó porque estaba con licencia por paternidad tras el nacimiento de su hijo.

Al momento de zarpar en octubre se desempeñaba como jefe de Navegación, jefe de Servicios y jefe de Detall General. Entre otras funciones, tenía a su cargo la planificación de derrotas, la confección de cartas náuticas, la coordinación de distintos aspectos logísticos y tareas vinculadas con la preparación de la unidad antes de cada salida al mar.

Durante su declaración confirmó que participó de las pruebas de 48 horas realizadas antes de la zarpada. Según explicó, en esa instancia se verificaron todos los sistemas vinculados a la navegación, la documentación operativa y distintos aspectos necesarios para el desarrollo de la misión. También intervino en las tareas de abastecimiento previas a la partida.

El oficial relató que durante el tránsito hacia Ushuaia el submarino navegó habitualmente entre los 40 y 60 metros de profundidad, con inmersiones puntuales de hasta 80 metros destinadas a realizar mediciones relacionadas con la propagación del sonido en el agua.

Aclaró que esas profundidades se encontraban dentro de los límites operativos vigentes para la unidad. Desde noviembre de 2016, el ARA San Juan tenía una limitación máxima de 100 metros de profundidad, impuesta por la Fuerza de Submarinos debido a pruebas hidráulicas pendientes sobre determinados sistemas.

Durante la travesía se realizaron múltiples maniobras de snorkel, el sistema que permite a un submarino tomar aire del exterior mientras navega a escasa profundidad para alimentar sus motores diésel y renovar el aire interior.

La unidad arribó a Ushuaia el 4 de noviembre de 2017.

El avión chileno y la firma acústica del submarino

Uno de los episodios que recordó ocurrió durante el tránsito por el Canal Beagle.

Según relató, mientras el submarino navegaba a la altura de Puerto Williams, una aeronave chilena sobrevoló la zona y lanzó sonoboyas al mar.

“En tránsito, al través de Puerto Williams, nos sobrevoló un avión y nos lanzó sonoboyas; esta información la brindamos ni bien llegamos al puerto. El comandante Fernández la elevó”, declaró.

Viana se refería al entonces capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del ARA San Juan durante aquella misión.

El oficial explicó que las sonoboyas son dispositivos utilizados para detectar y registrar sonidos bajo el agua. Esa información puede ser procesada para identificar las características acústicas propias de determinadas unidades navales.

Según indicó, el fin de esa maniobra era obtener la denominada "firma acústica" del submarino.

“El objetivo de ellos era obtener la firma acústica del SUSJ. El procesamiento de esa información posteriormente se traduce en información de inteligencia”, sostuvo.

Consultado sobre el alcance de esa información, explicó que permite incorporar datos a bases utilizadas para identificar posteriormente a una unidad determinada a partir de sus características acústicas.

La patrulla de julio y la válvula E-19

Una parte importante del interrogatorio giró alrededor de la patrulla realizada en julio de 2017, cuyo informe fue incorporado y examinado pormenorizadamente como prueba al juicio.

Ese documento registró distintas novedades técnicas, entre ellas el ingreso de agua de mar al ventilador del tanque de baterías de proa durante una maniobra de snorkel. El reporte atribuyó el episodio a una posible falta de estanqueidad de la válvula E-19, vinculada al sistema de ventilación del submarino.

El testigo aclaró que no participó de aquella navegación porque se encontraba de licencia por paternidad. Por esa razón, explicó que el conocimiento que tenía sobre esos hechos provenía de conversaciones posteriores mantenidas con integrantes de la dotación, entre ellos la teniente de navío Eliana Krawczyk.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la E-19, advirtió que una falla de estanqueidad debería manifestarse de manera reiterada durante sucesivas maniobras de snorkel.

A preguntas del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, también explicó el sistema de mantenimiento utilizado por la Armada. Según indicó, aquellas novedades que no pueden ser resueltas por la propia dotación deben canalizarse mediante una Solicitud de Obra Correctiva (SOC) para su posterior tratamiento por las áreas técnicas correspondientes.

Preguntado específicamente sobre la válvula E-19, respondió que no tenía conocimiento de que, tras el episodio registrado en julio, hubiera sido objeto de una solicitud de ese tipo para recibir algún arreglo.

Las novedades detectadas durante la navegación

Durante el tránsito hacia Ushuaia, la tripulación registró dos situaciones que requirieron intervención.

La primera estuvo relacionada con una tapa forro asociada a la escotilla de baterías de proa. El inconveniente fue advertido a partir de ruidos y vibraciones percibidos mientras el submarino navegaba sumergido. Más tarde comprobaron que la tapa había quedado mal cerrada y que el flujo de agua generaba esos impactos sobre la estructura.

La segunda situación involucró al sistema de snorkel.

De acuerdo a la explicación del submarinista, dos sensores resultaban excesivamente sensibles y provocaban el cierre automático de la denominada válvula cabeza ante pequeñas salpicaduras de agua.

La válvula cabeza constituye la principal barrera de protección del snorkel. Su función es impedir que el agua ingrese al interior del submarino a través de ese sistema, que se activa con el contacto de unos electrodos con el agua de mar.

Según el testimonio, esos cierres intempestivos provocaron en dos oportunidades la detención automática de los motores diésel. Ante esa situación, personal del Departamento de Electricidad ajustó el tiempo de respuesta de dos sensores.

El oficial aclaró que también había un tercer sensor operativo y que además existían mecanismos manuales de cierre.

La vida a bordo y el desembarco de Vilte

Durante la audiencia también fue consultado por el clima que se vivía dentro de la dotación.

Según relató, algunos marinos estaban conformes con el viaje a la ciudad de Ushuaia, mientras que otros debían postergar compromisos personales y familiares.

“Había muchos que estaban contentos y había otros que no, porque estaban con cuestiones familiares que estaban relegando por la navegación”, declaró.

El testigo recordó además que mantenía una relación de amistad con el teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui y el teniente de fragata Renzo David Martín Silva, ambos compañeros de promoción.

En otro tramo describió las circunstancias que rodearon el desembarco del suboficial Humberto René Vilte, integrante como él de la última dotación que tampoco permaneció embarcado durante el tramo final de la operación.

Según explicó, mientras permanecían en Ushuaia, Vilte recibió una llamada familiar en la que le informaron que su madre se encontraba internada en Jujuy. Viana comentó que fue él quien canalizó el pedido ante el entonces segundo comandante de la unidad, Jorge Bergallo, quien finalmente autorizó el desembarco.

“Consideraba que el submarino estaba en condiciones”

La parte final del interrogatorio estuvo dedicada al estado operativo de la unidad y al nivel de preparación de la tripulación.

Consultado sobre las condiciones del submarino al momento de la zarpada, respondió:

“No tenía miedo de salir en el submarino, consideraba y considero que el submarino estaba en condiciones de salir a navegar. No había algo que a mí me llame la atención o me haga preocupar con respecto a la seguridad del submarino, por eso zarpé sin ningún inconveniente, y estaba dispuesto a volver con el submarino desde Ushuaia a Mar del Plata”.

Durante ese mismo tramo de la audiencia también fue consultado sobre el nivel de preparación del personal embarcado.

“Mi opinión personal es que la tripulación tenía un nivel de profesionalismo muy alto”, respondió.

Explicó que esa valoración se apoyaba en los años compartidos de navegación, las guardias realizadas y las distintas maniobras desarrolladas a bordo. También afirmó que nunca escuchó comentarios de oficiales, suboficiales o del propio comandante Fernández que pusieran en duda la posibilidad de realizar la misión.

Según indicó, dentro de un buque la evaluación final sobre el estado operativo corresponde a su comandante. Por eso, cuando se le preguntó si una autoridad superior podría ordenar la salida al mar de un submarino que su comandante considerara inseguro, respondió:

“No zarpa”.

Durante varias horas, Viana respondió preguntas de las dos querellas, del fiscal Gastón Pruzán -quien interviene en representación del Ministerio Público Fiscal, integrado en esta causa por cuatro fiscales-, de las defensas y del tribunal sobre distintos aspectos de la última singladura de la embarcación.

El testigo detalló que tras el siniestro tuvo una reunión con el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, quien lo convocó para saber si contaba con información que pudiera ayudar a comprender lo ocurrido durante la navegación del San Juan. Con el mismo propósito mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad.

También comentó que él mismo pidió darse de baja de la comisión en Brasil por considerar que no estaba apto emocionalmente para cumplirla. Solicitó quedarse en tierra para aportar en las operaciones SARSUB de búsqueda y rescate de sus camaradas.

Con todo, hacia el final de su declaración como testigo Viana contestó que después de la tragedia no pensó en renunciar como submarinista y que además se sentía seguro navegando en un submarino. Aseveró a su vez que llegado el caso volvería a embarcarse.

“Si no me gustara, no seguiría siendo submarinista”, expresó el oficial. Poco después, y ante una de las últimas consultas del juez Giménez, destacó:

“En mi instinto de preservación natural, que tenemos todos, nunca tuve miedo de salir a navegar en el submarino”.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a nueve años de prisión impuesta al conductor de la lancha que protagonizó el choque en el Delta de Tigre en el que murió Manuel Storani, hijo del dirigente radical Federico Storani, junto a otras dos personas.

La decisión fue adoptada en la causa “Lacal, Pablo Torres” mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y dejó firme la sentencia que había encontrado responsable a Pablo Gabriel Torres Lacal de tres homicidios simples cometidos con dolo eventual.

El caso se remonta a la noche del 31 de marzo de 2016. Minutos después de la medianoche, dos embarcaciones colisionaron en el canal Vinculación, una vía navegable del Delta de Tigre. Como consecuencia del impacto murieron Manuel Storani, de 14 años; su madre, María de los Ángeles Bruzzone; y Francisco Javier Gotti, uno de los ocupantes de la embarcación conducida por el ahora condenado.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la Justicia, la lancha Mad II navegaba con dirección al río Luján luego de una cena en el arroyo Pajarito. Al mando se encontraba Lucas Sorrentini. Junto a él viajaban Bruzzone, Manuel Storani, Alejandro Obludzyner, Federica Obludzyner y Mariela Cassina.

En sentido contrario avanzaba la Shark II, timoneada por Torres Lacal y tripulada además por Gotti y David Hernán Di Rico. El encuentro entre ambas embarcaciones se produjo en el canal Vinculación. La proa de la Shark II impactó sobre la banda derecha de la Mad II. El resultado fue devastador: murieron Bruzzone, Manuel Storani y Gotti. El cuerpo del adolescente fue encontrado tres días después, a unos 400 metros del lugar de la colisión, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron embarcaciones particulares, guardacostas y helicópteros.

La investigación quedó inicialmente en manos de la fiscalía descentralizada de Rincón de Milberg. Tras varios años de trámite, el expediente fue elevado a juicio oral y llegó a debate en octubre de 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro, integrado por los jueces Sebastián Hipólito Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino.

La acusación estuvo representada por el fiscal Diego Callegari. Federico Storani intervino como particular damnificado a través de la querella encabezada por el abogado Carlos Acosta. La defensa de Torres Lacal fue ejercida por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

Durante las audiencias declararon sobrevivientes, peritos, especialistas y numerosos testigos convocados por las partes. La fiscalía y la querella sostuvieron que Torres Lacal había navegado a una velocidad excesiva, realizando maniobras ondulantes o en zigzag en un sector donde la visibilidad era reducida por las condiciones de la navegación nocturna. Los defensores, por su parte, plantearon que se había tratado de un accidente náutico y reclamaron la absolución.

En los alegatos, Callegari solicitó una pena de 12 años de prisión por triple homicidio simple con dolo eventual. La querella pidió 13 años. La defensa insistió en que no existía responsabilidad penal atribuible a su asistido y cuestionó la conducción de la embarcación embestida.

El 17 de noviembre de 2023 el Tribunal Oral dictó sentencia. Por unanimidad, condenó a Torres Lacal a nueve años de prisión al considerar acreditado que aquella madrugada navegó por el canal Vinculación a gran velocidad y realizando movimientos de tipo zigzag hacia ambos márgenes del cauce, en un contexto donde la visibilidad era prácticamente nula.

En una resolución de 199 páginas, los jueces concluyeron que el acusado conocía las circunstancias que convertían su conducta en un peligro concreto para terceros y que, aun así, continuó adelante con su accionar. Según señalaron, esa situación excedía el ámbito de una mera imprudencia y justificaba la aplicación de la figura de homicidio simple con dolo eventual.

“Pablo Gabriel Torres Lacal era conocedor de todos y cada uno de los extremos fácticos que implicaban por su cantidad y calidad un peligro concreto, que finalmente se materializó en el resultado mortal, circunstancia que decididamente excede el ámbito de la imprudencia”, afirmaron los magistrados.

Luego de la condena, la defensa interpuso una serie de recursos para revertir el fallo. En primer término acudió al Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó la decisión del tribunal de juicio. Posteriormente presentó distintos planteos ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El 24 de octubre de 2025, el máximo tribunal provincial —con los votos de Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres y la intervención de los conjueces Víctor Violini y Manuel Bouchoux— rechazó los recursos de nulidad y de queja promovidos por la defensa y ratificó nuevamente la condena.

Agotada la instancia provincial, los abogados de Torres Lacal llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal. Ese planteo fue desestimado este jueves por Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz.

La resolución del máximo tribunal dejó firme la condena a nueve años de cárcel y puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de una década desde aquella colisión en las aguas del Delta.

En octubre de 2004, un submarino de la Marina canadiense sufrió un incendio en medio del Atlántico Norte. La emergencia provocó la muerte de un oficial, dejó varios tripulantes heridos y dio lugar a una investigación técnica que examinó las circunstancias del siniestro, las decisiones operativas adoptadas durante la emergencia y el desempeño de la tripulación en altamar.

Casi 22 años después, aquel antecedente vuelve a ser objeto de interés porque fue uno de los casos internacionales analizados por la comisión de expertos convocada a fines de 2017 por el Ministerio de Defensa tras la desaparición del ARA San Juan y porque permite observar cómo otra marina abordó la reconstrucción técnica de una tragedia submarina y el examen de las conductas de sus protagonistas.

La reconstrucción del caso surge de la información publicada por el sitio The Canadian Encyclopedia en base a las conclusiones de la Junta de Investigación (Board of Inquiry), constituida por la Marina canadiense luego del suceso.

El incendio del HMCS Chicoutimi

El HMCS Chicoutimi integraba la clase Victoria, un conjunto de submarinos adquiridos por Canadá al Reino Unido. Antes de ser incorporadas a la Marina Real Canadiense, las unidades habían permanecido fuera de servicio durante varios años y requirieron una serie de trabajos de reparación, reactivación y adaptación de sus sistemas.

El 4 de octubre de 2004, el submarino zarpó desde la base naval de Faslane, en Escocia, con destino a Halifax, en Canadá, en lo que constituía su primera travesía bajo mando canadiense.

A la mañana siguiente, mientras navegaba en superficie por el Atlántico Norte, un tripulante detectó una tuerca floja en una ventilación superior ubicada en la vela de la nave. Como el buque tenía previsto realizar una inmersión más tarde ese mismo día, el comandante Luc Pelletier dispuso efectuar una reparación.

Según estableció posteriormente la investigación, existían dos alternativas para realizar ese trabajo. Una consistía en mantener abiertas simultáneamente las escotillas superior e inferior de acceso a la vela, permitiendo que los técnicos trabajaran desde el interior del submarino. La otra maniobra implicaba cerrar la escotilla inferior para aislar el compartimiento y reducir el riesgo de ingreso de agua, aunque eso obligaba a los técnicos a trabajar desde el exterior en un estado de mar álgido.

Pelletier optó por mantener abiertas ambas escotillas.

Poco después de las 11 de la mañana, cuando la reparación llevaba aproximadamente 25 minutos en marcha, una ola ingresó al submarino e hizo entrar cerca de 2.000 litros de agua de mar al interior de la nave.

Según los testimonios recogidos con posterioridad, el agua alcanzó varios centímetros de altura en distintos compartimientos, incluido el camarote del comandante y la sala de control de la nave.

Aproximadamente dos horas más tarde, se produjo un incendio eléctrico en el camarote del comandante. El fuego se propagó rápidamente a otros sectores y gran parte del submarino quedó envuelta en una densa nube de humo.

Aunque las llamas fueron controladas en poco tiempo, nueve de los 57 tripulantes sufrieron inhalación de humo. Seis de ellos pudieron reincorporarse a sus funciones, mientras que tres resultaron gravemente afectados. Entre estos últimos se encontraba el teniente Chris Saunders, de 32 años.

El médico de la nave recomendó evacuar a los tres heridos graves lo más rápido posible. Sin embargo, el comandante Luc Pelletier concluyó que las condiciones meteorológicas y el estado del mar hacían demasiado riesgoso un rescate inmediato, ya fuera mediante embarcaciones o helicópteros.

La evacuación recién pudo concretarse varias horas después, durante la noche, a través de un helicóptero. Los dos primeros heridos fueron trasladados sin inconvenientes. Cuando llegó el turno de Saunders se produjo un incidente cuyos detalles fueron reservados en el informe oficial. El oficial fue llevado a un hospital en Sligo, Irlanda, donde falleció poco después de su llegada.

La investigación oficial

Tras el incidente, la Marina canadiense constituyó una Junta de Investigación (Board of Inquiry) para determinar las causas del siniestro.

El documento concluyó que el incendio fue consecuencia de una combinación de factores humanos, técnicos y operativos. De acuerdo a la pesquisa, el fuego se originó por un arco eléctrico producido en cables principales de alimentación que habían quedado sumergidos con el ingreso de agua al interior de la embarcación.

Los investigadores sostuvieron que “una importante entrada de agua al submarino desencadenó una cadena de acontecimientos cuyas consecuencias no podían haberse previsto y que derivaron en resultados trágicos por los que nadie puede ser considerado responsable”.

La Junta identificó además como “un factor clave” en la secuencia de hechos la decisión de mantener abiertas simultáneamente las escotillas superior e inferior durante las tareas de reparación.

Aún así, concluyó que la decisión adoptada por el comandante del buque había sido “razonable” dadas las circunstancias existentes al momento de la emergencia a bordo.

La investigación también respaldó la determinación del comandante de postergar la evacuación del teniente Saunders y de los otros dos tripulantes lesionados. Y es que, según la Junta, el estado del mar, la proximidad de la noche y el agotamiento físico de la tripulación hacían que una evacuación inmediata implicara riesgos adicionales para todos los involucrados.

Como conclusión institucional, el informe de los expertos indicó que el hecho puso de manifiesto “la necesidad de contar con procedimientos operativos estandarizados rigurosos para la operación de la vela del submarino y para las medidas de control de agua en la sala de control”.

Responsabilidad de mando y ausencia de sanciones

Las conclusiones del Board of Inquiry fueron posteriormente defendidas por las máximas autoridades navales canadienses durante una audiencia celebrada el 10 de mayo de 2005 ante el Comité Permanente de Defensa Nacional y Asuntos de Veteranos de la Cámara de los Comunes, según surge del portal oficial del Parlamento canadiense.

Durante esa comparecencia, el vicealmirante Bruce MacLean sostuvo que el incendio a bordo del Chicoutimi había sido el resultado de “una serie de factores humanos, de diseño, operativos y técnicos, secuenciales e independientes” que condujeron al fallecimiento del teniente Chris Saunders.

Al referirse a la actuación del comandante Luc Pelletier, MacLean afirmó que “no hay duda de que el comandante era absolutamente responsable de tomar la decisión” de operar el submarino con ambas escotillas abiertas durante la reparación. También señaló que Pelletier era “responsable y rendía cuentas por el ingreso de agua a la sala de control de su submarino”.

Sin embargo, el jefe naval recordó que la Junta había concluido que “ninguna persona ni organización, ya estuviera a bordo o en tierra, es responsable de la muerte del teniente Saunders”. Según explicó, la investigación determinó que la secuencia que derivó en el incendio no había podido ser anticipada por los análisis de riesgo realizados durante el diseño, construcción y reactivación de esa clase de submarinos.

El antecedente analizado tras la desaparición del ARA San Juan

El caso Chicoutimi fue uno de los antecedentes internacionales estudiados por la Comisión Asesora de Expertos creada por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, tras la desaparición del ARA San Juan.

Ese grupo estuvo integrado por los almirantes Adolfo Trama y Alejandro Kenny, junto con el capitán de navío Jorge Bergallo, padre de Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante de la nave al momento de su desaparición.

La Comisión tuvo a su cargo el análisis de la documentación técnica, operativa y administrativa vinculada al submarino, con el objetivo de examinar las condiciones materiales en que se encontraba al momento de la zarpada y formular hipótesis sobre los posibles mecanismos que pudieron haber derivado en su pérdida. En ese contexto, sus integrantes también estudiaron antecedentes registrados en otras armadas, entre ellos el caso del HMCS Chicoutimi, como marco de referencia para su trabajo.

El San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras cumplía una misión encomendada por el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) en el marco de la Orden de Operaciones COFS N° 04/17, vinculada a tareas de adiestramiento, patrullaje, vigilancia y control del mar. Un año después fue localizado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

A raíz de la tragedia se labraron distintas actuaciones en diferentes ámbitos. La primera fue la disciplinaria ordenada por el ministro Aguad que desembocaría en una resolución dictada por el jefe de la Armada, Marcelo Srur, contra el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, y el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo, a quienes suspendió del servicio tras ser considerados “presuntos infractores” de faltas gravísimas.

Esa resolución de Srur sería luego anulada por la cartera de Defensa por haber omitido información relevante. Dicha anulación dio origen a un segundo proceso disciplinario que derivó en la conformación de un Consejo de Guerra en la órbita del Estado Mayor Conjunto, que en virtud del hundimiento del ARA San Juan emitió diversas sanciones para distintos oficiales de la Marina -López Mazzeo, Villamide y Srur incluidos-.

El San Juan fue la causa también de una investigación política en la esfera del Congreso de la Nación, donde una Comisión Bicameral se dedicó a examinar la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino. Su informe final salió a la luz en julio de 2019 y planteó una serie de “responsabilidades compartidas” en el siniestro naval tras un año y medio de reuniones.

La cuarta y última actuación ligada al naufragio es la penal, que hoy transita su etapa oral y cuya instrucción fue llevada adelante por la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez, con la eventual intervención también de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Yáñez envió el expediente a juicio, a requerimiento del fiscal de instrucción Lucas Colla, tras recabar documentación y testimonios ligados al estado de alistamiento del buque al momento de hacerse a la mar el 25 de octubre de 2017 para cumplir su última misión. Sin embargo, la jueza federal ha recibido severas críticas por parte de las distintas defensas y del querellante Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes- por elevar la causa sin la concreción de una pericia integral sobre las imágenes y los restos del submarino, y sobre la documental técnica vinculada a las condiciones de seguridad de la nave.

Así las cosas, y según quedó consignado en las actuaciones administrativas y judiciales, durante las horas previas a la pérdida de contacto del submarino, su comandante, Pedro Martín Fernández, informó a la cadena de mandos en tierra que se había producido un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 de proa, incidente que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías. El episodio se registró mientras la nave navegaba en estado de mar 6, con olas de aproximadamente seis metros de altura. Fernández también comunicó que el submarino había salido a superficie para ventilar y recargar baterías, con la intención de volver posteriormente a inmersión.

En la última comunicación satelital entre la nave y el comando en tierra, registrada a las 7:19 del 15 de noviembre, el submarino reportó que el comandante tenía previsto descender a una profundidad de 40 metros y, una vez en ese plano de seguridad, abrir el tanque de baterías para revisar las consecuencias del incendio eléctrico. No obstante, antes de hacer esa maniobra, Fernández planeaba darle descanso a su tripulación tras largas horas de gestionar un incidente crítico en pleno temporal.

A las 10:51, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectó un evento hidroacústico “anómalo, singular, corto y violento” en el área donde posteriormente se concentró la búsqueda. El submarino había superado la profundidad de colapso, provocando una implosión estructural de su casco resistente.

Con todo, el juicio penal por el naufragio del ARA San Juan transita su etapa final. El próximo lunes la fiscalía abrirá la ronda de alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, después de la declaración de más de 90 testigos en la sala de audiencias.

En el banquillo de los acusados se encuentran el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo; el ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), Claudio Villamide; el ex jefe del Estado Mayor del COFS, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor del COFS, Hugo Correa.

Los cuatro están imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes que iban a bordo.

El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes con una nueva tanda de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, entre ellos ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

Se trata de ex comandantes de la Fuerza Aérea que formaron parte de la tripulación de los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 10 durante el kirchnerismo. Uno de ellos ratificó que en una ocasión llevó al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, quien viajó solo con una valija de 23 kilos que no quiso despachar y llevó con él en la cabina del avión.

En ese sentido declaró también la semana pasada el ex piloto presidencial Sergio Velázquez, quien dijo haber transportado a Muñoz llevando valijas cerradas con candado.

Además los testigos recordaron vuelos donde llevaban fines de semana la síntesis de prensa o los diarios. Otro eje del interrogatorio pasó por el control del equipaje a quienes viajaban, entre ellos Néstor y Cristina Kirchner. También se analizó cómo llegaban los pasajeros hasta la nave y cómo se trasladaban desde el avión hasta la salida del aeropuerto.

Con esta nueva jornada, el debate oral incorpora nueva prueba testimonial en una de las causas de corrupción más relevantes que tramita la Justicia federal, en la que se investigan presuntos pagos de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública y otros contratos estatales durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner.

Los últimos testigos describieron la logística de los vuelos presidenciales y las cargas que transportaban

Miguel Ángel Giamperi, vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea que integró la tripulación del Tango 10 entre 2001 y 2006, relató que los destinos más frecuentes de la aeronave eran Río Gallegos y El Calafate, aunque también participó de vuelos a distintos puntos del país y al exterior. Según explicó, los traslados al sur se realizaban habitualmente entre jueves o viernes y domingo o lunes, y tenían como pasajeros recurrentes a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Daniel Muñoz, Carlos Zannini y Alicia Kirchner.

Al ser consultado sobre la operatoria de esos viajes, el ex piloto recordó que el entonces presidente y su esposa solían llegar a la aeronave en helicóptero, mientras que el resto de la comitiva accedía por vía terrestre. Respecto del equipaje, indicó que generalmente era trasladado por secretarios o asistentes y cargado manualmente debido a las limitaciones de espacio del Tango 10. Preguntado sobre los controles de seguridad, respondió que no le constaba que los bolsos fueran sometidos a escáner. “Supongo que debería así haber sido, pero no he visto que ocurriera”, afirmó.

Giamperi también describió cómo era la recepción de las comitivas presidenciales en Santa Cruz. Según recordó, al aterrizar la aeronave era ubicada frente a la sala VIP del aeropuerto, donde ya aguardaban vehículos para trasladar a los pasajeros y su equipaje. “Eran dos o tres vehículos tipo 4x4”, precisó. En ese contexto mencionó a Roberto Sosa y recordó haber visto en distintas oportunidades a Fabián Gutiérrez y Ricardo Barreiro, a quienes identificó como colaboradores cercanos del entorno presidencial.

Además, sostuvo que recordaba haber realizado en una ocasión un vuelo en el que Daniel Muñoz viajó solo hacia Río Gallegos o El Calafate y regresó el mismo día. También declaró que durante su paso por la flota presidencial efectuó algunos traslados sin pasajeros para llevar diarios y síntesis de prensa a Santa Cruz. Según estimó, participó en al menos tres vuelos de esas características. Antes de finalizar su declaración, reconoció como propia la firma inserta en una orden de vuelo que le fue exhibida durante la audiencia.

Luego fue el turno de José Alberto Luna, militar retirado que se desempeñó como mecánico aeronáutico y responsable del soporte logístico del Tango 10 entre 2008 y 2011. El testigo explicó que su función consistía en realizar los controles técnicos de la aeronave y garantizar su operatividad antes de cada escala.

Durante su declaración, recordó haber conocido a Daniel Muñoz y destacó que también identificaba a Fabián Gutiérrez, Rudy Ulloa y Daniel Carbone, integrante de la custodia presidencial. A preguntas del abogado Carlos Beraldi, identificó a este último como “comisario” y “jefe de la custodia” de Cristina Kirchner. Consultado sobre si acompañaba a la comitiva en los vuelos oficiales, respondió: “Sí, muchas veces”.

Luna afirmó además que Gutiérrez solía encontrarse en El Calafate para recibir al matrimonio Kirchner cuando arribaba al sur y que Ulloa también viajó en alguna oportunidad a bordo de la aeronave presidencial.

Consultado sobre los elementos que se trasladaban en los vuelos, el ex mecánico aseguró que además del equipaje habitual de los pasajeros se cargaban diversos objetos en la bodega del avión. “Televisores, rollos de cable, el paragolpe de un auto, llevaban de todo”, declaró ante el tribunal.

El testigo recordó especialmente un traslado que le llamó la atención por el volumen de la carga. Según relató, un camión llegó hasta la aeronave con una importante cantidad de muebles desarmados que debían ser embarcados con rapidez. “Eran muebles prearmados para casa o para hotelería, eran en mucha cantidad, no para una casa”, dijo.

Al ser consultado sobre los controles aplicados a esa carga, Luna afirmó que los muebles fueron trasladados directamente desde un camión hasta la bodega de la aeronave. “Vinieron con un camión, con la gente de cargas, y cargaron. Ahí en la plataforma no los controló nadie”, declaró. No obstante, aclaró que desconocía si esos elementos habían sido inspeccionados previamente antes de ingresar al sector aeroportuario. “En la plataforma fue del camión al avión directo”, agregó.

Tras las preguntas formuladas por las distintas defensas al último testigo de la jornada, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, dio por concluida la audiencia y convocó a las partes para este jueves a las 9, cuando continuará la etapa testimonial del juicio con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7.

Otro ex piloto confirmó vuelos sin pasajeros para trasladar diarios e informes al sur

José Luis Bustos, vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea que declaró de manera virtual desde Tucumán, relató que integró la tripulación del Tango 10 entre diciembre de 2011 y mediados de 2016, período durante el cual participó de numerosos vuelos vinculados a la actividad presidencial.

Según explicó, los destinos comprendían distintos puntos del país, aunque recordó que los viajes hacia Santa Cruz eran habituales durante fines de semana y feriados. En ese marco, señaló que en algunas oportunidades trasladaban pasajeros hacia Río Gallegos o El Calafate, mientras que en otras el avión despegaba sin ocupantes.

“Hemos hecho vuelos con pasajeros al Calafate y a Gallegos, pero también vuelos sin pasajeros, llevando información periodística, diarios y alguna información en papel madera; entiendo que eran informes”, declaró.

El ex piloto describió además la rutina previa a esos traslados. Indicó que los vuelos estaban programados para despegar alrededor de las seis de la mañana, por lo que la tripulación llegaba con una hora de anticipación para preparar la aeronave. Luego arribaban los pasajeros, que abordaban con su equipaje personal.

Consultado sobre los controles de seguridad, Bustos sostuvo que en algunas ocasiones observó la presencia de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un escáner móvil utilizado para revisar equipajes. “Fuera de eso no recuerdo”, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Un ex piloto de la Fuerza Aérea aportó detalles sobre la logística de los traslados presidenciales

Walter Humberto Brun, ex piloto de la Fuerza Aérea que integró la dotación del Tango 10, declaró este martes ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero que entre 2006 y 2011 se desempeñó como ayudante del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y, paralelamente, participó de los vuelos asignados a la Presidencia de la Nación.

Según relató, entre los pasajeros habituales figuraban Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y distintos secretarios presidenciales. Precisó además que cada uno de esos traslados quedaba asentado en los correspondientes manifiestos de vuelo confeccionados por la Fuerza Aérea.

El testigo indicó que la mayor parte de las operaciones tenía como destino Río Gallegos y El Calafate, especialmente durante los fines de semana, aunque también realizaban viajes vinculados con la agenda oficial a distintos puntos del país. En ese sentido, explicó que los vuelos eran ordenados por la Agrupación Aérea Presidencial, dependiente de la Casa Militar y, a través de ella, de la Secretaría General de la Presidencia.

Brun agregó que en algunas oportunidades el Tango 10 despegaba sin pasajeros para transportar diarios y síntesis informativas hacia Santa Cruz. Al avanzar su declaración, señaló que recordaba particularmente un vuelo realizado junto al entonces secretario privado presidencial Daniel Muñoz.

Otro ex piloto recordó los viajes casi semanales de los Kirchner a Río Gallegos

Luis María Sismondi, ex piloto del Tango 10 y ayudante del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en 2003, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner participó de numerosos vuelos presidenciales hacia Santa Cruz.

“En el 2003 recuerdo haber trasladado al presidente en ese momento Néstor Kirchner. Iba con la hermana, con -Carlos- Zannini, la señora Cristina Kirchner en algunos vuelos; lo llevaba también a Daniel Muñoz, el secretario, y solía ir en algunos vuelos también el secretario general de la Presidencia”, relató.

Al ser consultado sobre el manejo del equipaje en los vuelos presidenciales, Sismondi explicó que el Tango 10 era una aeronave pequeña, con capacidad para siete pasajeros, que contaba con una bodega donde habitualmente se almacenaban los bolsos de mano y las valijas.

En ese contexto, recordó un episodio que le llamó la atención durante uno de los viajes realizados en 2003. “Lo único que yo noté raro en su momento fue que un auxiliar nuestro quiso poner algún equipaje en la bodega del avión y le pidió al señor Muñoz: ‘deme que le pongo el bolso en la bodega’, y él dijo: ‘no, esto lo llevo yo’”, declaró.

Según precisó, se trataba de un bolso que el entonces secretario privado de Néstor Kirchner mantuvo consigo durante todo el vuelo. “Es lo único que yo recuerdo. Eso fue en octubre. Era un bolso que llevaba él y dijo: ‘esto lo llevo yo’”, agregó.

El ex piloto aclaró que todos los vuelos en los que participó durante ese período fueron realizados con el entonces presidente Néstor Kirchner y su comitiva oficial.

El Tribunal rechazó planteos y siguieron las preguntas al testigo Paris

Tras el interrogatorio se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos.

Al testigo se le exhibieron planillas de vuelo desde Aeroparque a Rio Gallegos o Calafate y en los casos en los que no consta el traslado de pasajeros explicó: “podríamos haber llevado la síntesis de prensa o informativa”.

El juez del TOF7 Germán Castelli le preguntó sobre los controles a los equipajes y la existencia de un escáner móvil, pero el ex piloto Paris dijo no recordar en detalle cómo se hacía ni haberlo visto en los vuelos presidenciales. “No estábamos en contacto con el pasajero ni con quien traía las valijas”. Además sostuvo que nunca escuchó comentarios sobre falta de controles.

En relación a los bolsos de mano que llevaban los pasajeros, el testigo refirió por otro lado no haber visto que estuvieran sujetos a algún control.

Polémica por los diarios en avión al Sur

Los abogados defensores Carlos Beraldi, José Manuel Ubeira y Elizabeth Gómez Alcorta se opusieron a que se formularan preguntas relacionadas con el traslado de diarios y resúmenes de prensa en aviones presidenciales durante el kirchnerismo, al sostener que esos hechos ya se investigaron en otra causa penal que no prosperó y que en el caso Cuadernos no se juzga eso.

Argumentaron que cuestiones como quién pagaba el combustible o el traslado de una síntesis informativa no guardan ningún interés ni relación con los hechos que se están juzgando en el debate.

Frente a esa objeción, la fiscal federal Fabiana León reclamó que la dejen seguir preguntando. “Enarbolan banderas que luego no son fáciles de sostener. En algunas situaciones la averiguación de la verdad real aparece como un argumento determinante y, en otros momentos, se consideran impertinentes las preguntas de la fiscalía orientadas justamente a averiguar la verdad real”.

“Considero que el único motivo de la oposición fue interrumpir la línea de trabajo de la fiscalía. La fiscalía quiere llegar a la verdad real y, por eso, pidió que el debate se transmita en su totalidad para que todo el pueblo de la Nación pueda observar lo que aquí está pasando”.

El Tribunal se retiró a deliberar para dar una respuesta.

Declara otro ex piloto presidencial

Alejandro Paris recordó ante el Tribunal Oral Federal 7 que se llevaba de manera asidua a “gente de presidencia” junto al entonces presidente Néstor Kirchner y la primera dama. De manera principal, el avión presidencial se usaba para viajes a Rio Gallegos o Calafate los fines de semana, agregó.

El matrimonio presidencial llegaba siempre en helicóptero y caminaba hasta el avión. Sobre el equipaje dijo que “había un operativo previo dentro del avión y que era controlado por la PSA”. “Ellos bajaban con lo puesto, alguna cartera, un portafolio”.

“Me preocupaba que todo el equipaje pasara por los escáneres”

Zelaya recordó que como piloto le preocupaba de que todo el equipaje pasara por los escáneres. “Vi que había equipaje que no pasaba por el escáner”.

Consultado por la defensa de CFK sobre si esa situación ocurría en todos los vuelos, contestó: “La verdad que no lo sé. Yo estaba arriba en el avión. Lo vi dos o tres veces porque, por una eventualidad, estaba abajo y advertí esa novedad, la cual comuniqué a mi jefe”.

Ante la pregunta de qué fue lo que le llamó la atención, respondió: “Que ese equipaje no pasaba por el escáner”.

Precisó que pudo constatar esa situación en esas dos o tres oportunidades en las que se encontraba abajo, y explicó que se trataba del escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Señaló que era un escáner móvil instalado en una camioneta ubicada en la puerta de ingreso a la aeronave. Agregó que dentro de la estación aérea existía otro escáner fijo, aunque “me parece que nunca lo usaban”.

Preguntado sobre si los pasajeros que no bajaban del helicóptero presidencial pasaban por el escáner fijo ubicado dentro de la estación militar, respondió: “No lo sé”.

Finalmente, al ser consultado sobre si sabía si existía algún control del equipaje antes de que la comitiva presidencial subiera al helicóptero, contestó: “No”.

Con una motocicleta al sur en el Tango

Zelaya relató un episodio ocurrido durante uno de los vuelos presidenciales en el que debieron descargar una motocicleta transportada en la aeronave.

Según su declaración, “en uno de los vuelos Sergio Velázquez me comenta que, al llegar a El Calafate, había que bajar una moto porque el avión seguía viaje hacia Río Gallegos. Estábamos apurados y queríamos irnos, así que entre todos los mecánicos y los tripulantes de cabina pusimos el hombro para descargarla”.

Ricardo Barreiro le había comprado esa motocicleta a Velázquez para su hijo, refirió que le explicaron.

También recordó que les solicitaron volar sin uniforme, pero las autoridades militares se negaron. “Cuando me nombraron para ser piloto del avión presidencial, en un principio fue un honor. Más allá del honor, me habían designado para volar un hermoso avión que muchos quieren volar y son pocos los que pueden hacerlo. Pero sinceramente me dolía que no nos saludaran. Hice un vuelo a la India de siete u ocho días y nunca nos saludaban”, dijo sobre los Kirchner.

En ese contexto, el testigo agregó que sentía que “a los militares no los querían”, al describir el trato que, según su percepción, recibía la tripulación de parte de las máximas autoridades durante esos viajes oficiales.

“Vi cuando llegaba el equipaje y no pasaba por el escáner”

Domingo Zelaya, militar retirado y ex piloto del Tango 01, recordó que El Calafate era el destino más frecuente durante los fines de semana y describió el estricto protocolo que regía para la tripulación cuando viajaba el matrimonio presidencial. “Teníamos la orden de que, cuando llegaba la Presidenta, la tripulación militar ya tenía que estar sentada en sus puestos y no nos podíamos mover hasta que ellos bajaban”, explicó.

También indicó que los mandatarios llegaban al avión en helicóptero o en automóvil, abordaban la aeronave y, una vez cerradas las puertas, comenzaba el vuelo.

El ex piloto señaló que Sergio Velázquez, coordinador de la flota aérea presidencial y primer piloto civil en cumplir funciones dentro de ese esquema, era quien recibía a los pasajeros y actuaba como nexo con la tripulación. “Todo era a través de Velázquez”, sostuvo.

“Ellos nunca nos saludaron. Estoy hablando de los Kirchner a los militares”, aseguró. Incluso recordó que durante los cinco años que integró la flota pasó Navidad y Año Nuevo en el sur sin recibir un saludo del entonces matrimonio presidencial.

Sobre el equipaje en el Tango 01 recordó que primero subía la policía con perros para detectar si había algún “explosivo o bomba”, luego se hacía un “barrido” del avión en busca de cámaras o dispositivos electrónicos que “grabaran algo”, especialmente “en el dormitorio presidencial”. La tripulación pasaba con su equipaje por el escáner de la policía.

“Vi cuando llegaba el equipaje y no pasaba por el escáner”, dijo sobre la llegada de los pasajeros.

Las preguntas se orientan al control de equipaje en los vuelos presidenciales

El abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi preguntó al testigo Videla si los tripulantes “tenían alguna misión específica que cumplir en cuanto al control de equipaje”. “No”, respondió el ex piloto de los aviones presidenciales.

El juez Castelli le preguntó si en el tiempo en que voló como tripulante se revisaba o no el equipaje de los secretarios presidenciales. “No que yo recuerde, si venían con el Presidente no”.

“Recuerdo que ha pasado equipaje por scanner pero en alguna circunstancia específica” como un acto en Rosario donde había regalos para el Presidente por razones de seguridad. “Pero si era propio generalmente no”.

Otro ex piloto del Tango 01 afirmó que todo se canalizaba a través de Sergio Velázquez

Domingo Zelaya, militar retirado y ex piloto del Tango 01, declaró que durante el último período de la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner todos los vuelos eran ordenados por la Casa Militar, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia.

El ex piloto señaló que Sergio Velázquez, coordinador de la flota aérea presidencial y primer piloto civil en cumplir funciones dentro de ese esquema, era quien recibía a los pasajeros y actuaba como nexo con la tripulación. “Todo era a través de Velázquez”, sostuvo.

“Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega”, dijo un ex piloto sobre la valija que llevó Muñoz

Sobre la valija que llevó el ex secretario de Néstor Kirchner en un vuelo que hizo en solitario a Rio Gallegos, el testigo Videla refirió : “Me llamó la atención que no quiso que fuera en bodega y la tuvo al lado de él durante todo el vuelo, era el único pasajero”.

Al ser preguntado por el juez del tribunal Germán Castelli, también dijo que le llamó la atención que Muñoz “no bajara en la plataforma del aeropuerto sino que le habilitaron una plataforma próxima a una de las cabeceras”.

Además recordó haber escuchado a otro piloto, Sergio Velázquez, hablar de vuelos en los que llevó solo a Muñoz al sur. Velázquez es un piloto civil que fue incorporado por Kirchner para integrar la tripulación que siempre estuvo conformada por miembros de la Fuerza Aérea.

Al declarar en el juicio, Velázquez ratificó lo que dijo en la instrucción del caso: que llevó a Muñoz solo en vuelos en el avión presidencial y que llevaba valijas con candado.

Testigo recordó un vuelo en solitario de Daniel Muñoz con una valija que no despachó

José Videla, oficial retirado de la Fuerza Aérea, declaró que realizó vuelos para el traslado de autoridades nacionales. Explicó que en 2003 se desempeñó como ayudante del Jefe del Estado Mayor y luego pasó a la Jefatura III en el Edificio Cóndor, además de haber sido jefe de la base aérea de Río Gallegos.

También señaló que fue tripulante del Tango 10, aeronave que desde 2003 quedó afectada a la Presidencia de la Nación. Según relató, durante los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner el Tango 01 no se encontraba operativo, por lo que el Presidente utilizó el Tango 10 para sus traslados. Una vez que el avión presidencial volvió a estar en servicio, el Tango 10 pasó a ser utilizado principalmente para transportar a funcionarios y ministros.

Recordó un vuelo en el que viajó solo el secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. “Recuerdo un vuelo donde fue él solo”, desde Aeroparque a Rio Gallegos, “solo con una valija que llevó adentro del avión, no dejó que la pusiéramos en bodega, para mi era para bodega, una valija mediana de las que son de 23 kilos. Dijo ‘no no la llevo yo’, y la dejó al lado de su asiento, eso me llamó la atención”. También recordó que cuando llegaron se retiró por un portón lateral, donde lo esperaban vehículos. “Entraron recogieron al pasajero y a su valija y se fueron”, dijo cuando la fiscal federal Fabiana León le preguntó si ese equipaje tuvo control.

Videla identificó entre los pasajeros habituales a los entonces secretarios privados Muñoz y Fabián Gutiérrez, este último secretario de quien en ese momento era la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Además, recordó que los fines de semana eran frecuentes los vuelos hacia Río Gallegos o El Calafate, en los que se trasladaba al matrimonio presidencial acompañado por sus secretarios privados. Y que también volaron para llevar síntesis de prensa al sur. Indicó que un viaje al sur tenía un costo aproximado de entre 2.500 y 3.000 dólares por hora. El trayecto hasta Río Gallegos demandaba unas 2 horas y 50 minutos, mientras que el vuelo hasta El Calafate se extendía alrededor de 3 horas y 30 minutos.

El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió esta semana, durante una reunión plenaria, devolver a la Comisión de Reglamentación el proyecto de Código de Ética del Poder Judicial, con el objetivo de incorporar observaciones formuladas por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia antes de someterlo a una votación definitiva.

La decisión fue adoptada por unanimidad luego de que el presidente del Máximo Tribunal y titular del Consejo, Horacio Rosatti, informara al cuerpo que los restantes ministros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, habían manifestado interés en participar del proceso de elaboración del texto.

El expediente había sido aprobado por unanimidad el 7 de mayo en la Comisión de Reglamentación y elevado al plenario para su sanción definitiva. Sin embargo, a partir del planteo formulado por Rosatti, los consejeros resolvieron remitir nuevamente la iniciativa a comisión para continuar su análisis e incorporar nuevas observaciones.

El proyecto busca dotar por primera vez al Poder Judicial de la Nación de un cuerpo sistemático de principios y pautas de conducta para los magistrados federales y nacionales.

“Yo les voy a pedir, porque tengo una solicitud de mis colegas de la Corte, que me han pedido en el día de ayer sumarse e intervenir en la formulación del Código de Ética, que podamos posponer el tratamiento”, sostuvo el titular del Máximo Tribunal durante la sesión del organismo de selección y remoción de jueces.

El presidente del Consejo explicó además que la postergación permitiría incorporar tanto las observaciones de la Corte Suprema como otros aportes que habían surgido durante el trabajo previo sobre el expediente.

“Me parece que sería sumar, dentro de lo que es el consenso del Poder Judicial”, agregó.

La propuesta recibió el respaldo de la consejera por la abogacía Jimena De la Torre, quien destacó la participación de los ministros del máximo tribunal en la discusión del texto.

“Nos fue informado esta mañana temprano que haya interés por parte de toda la Corte en pleno en aprobar el mejor Código de Ética para la Justicia Federal posible es, por supuesto, una alegría”, afirmó.

Y agregó: “Me pongo a absoluta disposición para trabajar en lo que haya que hacer para llegar a un texto definitivo y esperamos entonces en el próximo plenario tener novedades y poder votarlo”.

La discusión se produjo durante una reunión plenaria de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, órgano integrado por representantes de los jueces, los abogados, el ámbito académico, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, y presidido por Rosatti en su carácter de titular de la Corte Suprema.

También acompañó la propuesta el consejero abogado César Grau, quien consideró “altamente saludable” que el máximo tribunal participe de la elaboración del documento y propuso ampliar el debate con otros actores vinculados a la materia.

Durante su intervención hizo referencia a una carta difundida recientemente por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, en la que formuló distintas reflexiones sobre ética judicial y comunicación institucional.

“Me parece interesante y saludable invitarlo al doctor Mahiques a que venga acá al Consejo de la Magistratura a explicar su propuesta y a que la concretice”, sostuvo.

Grau propuso también convocar a distintas organizaciones de interés para que aporten su visión sobre la relación entre la Justicia y la prensa. “También invitar a asociaciones de periodistas, FOPEA, SIPREBA o algún otro sindicato u organización de periodistas que tengan interés también en opinar del tema”, planteó.

Desde la representación de los jueces, el consejero Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación que emitió el dictamen aprobado el 7 de mayo, también respaldó el regreso del expediente a esa instancia de trabajo.

“Voy a manifestar mi conformidad para que escuchemos lo que dicen sus colegas y podamos incluirlos en el Código de Ética para todos”, expresó.

Finalmente, el plenario aprobó por unanimidad la vuelta del proyecto a comisión para continuar su análisis.

Qué establece el Código de Ética

El proyecto comenzó a debatirse formalmente en el Consejo a partir de iniciativas impulsadas por Lugones y De la Torre. Según surge del expediente, tomó como principales antecedentes el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, reconocidos por las Naciones Unidas.

El texto establece principios que deben orientar la actuación de los magistrados, entre ellos la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, la capacitación permanente, la perspectiva de género y la atención a sectores vulnerables.

También prevé reglas específicas para situaciones concretas. Entre ellas, prohíbe a los jueces recibir regalos, presentes o beneficios de litigantes, abogados o terceros interesados; les impide mantener conversaciones privadas con las partes sobre causas en trámite; y les exige prudencia respecto de los ámbitos y personas que frecuentan cuando ello pueda generar dudas sobre su independencia o desempeño.

A su vez, dispone que los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional sean incorporados al patrimonio del Poder Judicial e incorpora un deber de seguridad destinado a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función judicial.

El proyecto aclara expresamente que su finalidad es preventiva, orientativa y pedagógica, por lo que no crea nuevas sanciones disciplinarias ni reemplaza las facultades de las comisiones de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ni del Jurado de Enjuiciamiento.

Una vez que la Comisión de Reglamentación incorpore las observaciones y emita un nuevo dictamen, el expediente deberá regresar al plenario para su tratamiento definitivo.

La Cámara Federal de Casación ordenó revisar el rechazo al pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez y devolvió el expediente al Tribunal Oral Federal N° 4 para que dicte una nueva resolución. Por mayoría, los jueces entendieron que, desde que se resolvió mantener al empresario detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, surgieron nuevos elementos vinculados con su estado de salud y su situación familiar que deben ser evaluados antes de adoptar una decisión definitiva.

La resolución fue dictada este viernes por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tras analizar el recurso presentado por la defensa contra la decisión del juez de ejecución que, el 6 de mayo pasado, había rechazado el beneficio procesal.

El fallo no implicó conceder la prisión domiciliaria solicitada por Báez. Lo que resolvió el tribunal fue devolver el caso al TOF 4 para que, tras una nueva sustanciación y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, vuelva a pronunciarse sobre la modalidad de cumplimiento de la pena.

El ex titular de Austral Construcciones cumple actualmente condena en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión por lavado de activos y posteriormente el Tribunal Oral Federal N° 4 unificó distintas condenas en una pena única de quince años de prisión, decisión que aún no se encuentra firme.

El primer voto en Casación correspondió a Javier Carbajo, quien consideró que la situación evaluada por el juez de ejecución había cambiado de manera significativa luego de la presentación del recurso.

El camarista señaló que, tras el rechazo de la domiciliaria, se incorporaron nuevas constancias relacionadas con la evolución del estado de salud del empresario, incluyendo presentaciones de la defensa, verificaciones ordenadas por el tribunal, una entrevista personal del juez con el condenado en Ezeiza y nuevas consultas médicas programadas.

En ese contexto, sostuvo que “la situación fáctica en la que se motivó la decisión recurrida se ha modificado sustancialmente” y que algunos de los agravios planteados por la defensa habían perdido actualidad frente a los acontecimientos posteriores.

Para Carbajo, el escenario que había sido evaluado por el juez de ejecución cambió luego de la resolución recurrida. En esa línea tuvo en cuenta las nuevas presentaciones de la defensa sobre el estado de salud de Báez, la denuncia de una descompensación y dificultades respiratorias, la visita personal que realizó el juez al penal de Ezeiza para verificar sus condiciones de detención y las medidas ordenadas posteriormente para garantizar controles y consultas médicas en distintas especialidades.

Por ese motivo, concluyó que correspondía “devolver las actuaciones a la instancia anterior” para que el tribunal evaluara nuevamente la situación y adoptara “una nueva decisión con relación a la aptitud del cuadro de Báez para que continúe el cumplimiento de su pena intramuros”.

El juez Mariano Borinsky, por su parte, adhirió a la solución propuesta por Carbajo y conformó la mayoría que devolvió el expediente al Tribunal Oral Federal N° 4.

Sin embargo, aprovechó la ocasión para recordar que en intervenciones anteriores había sostenido una posición más favorable a la defensa.

Al reseñar su voto emitido en septiembre de 2025, recordó que entonces había entendido que “se encuentran reunidas las condiciones clínicas que justifican la prisión domiciliaria” y que resultaba “prudente y necesario aplicar una medida morigeradora del encierro”.

También señaló que, a su criterio, los antecedentes médicos incorporados al expediente, sumados a la edad del empresario y a las circunstancias familiares planteadas por la defensa, justificaban una solución distinta.

En ese sentido, reiteró que para él “corresponde conceder a Lázaro Báez la prisión domiciliaria”.

Entre los elementos valorados mencionó las patologías crónicas que presenta el empresario, el agravamiento del estado de salud de su pareja, Claudia Insaurralde, y el dictamen favorable emitido por la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores respecto del impacto que la detención tendría sobre el grupo familiar.

En disidencia, el juez Gustavo Hornos consideró que el recurso debía ser rechazado y que la decisión del juez de ejecución debía mantenerse.

Al fundamentar su postura, recordó que “la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena” y que su concesión exige acreditar circunstancias concretas que tornen inadecuada la permanencia del condenado en una unidad penitenciaria.

Si bien reconoció que Báez presenta diversas patologías y requiere controles médicos periódicos, entendió que la documentación incorporada al expediente demuestra que el Servicio Penitenciario Federal continúa brindándole atención médica y realizando las derivaciones necesarias.

Por ello afirmó que “las circunstancias invocadas por la defensa (...) no logran demostrar que el estado de salud de Lázaro Antonio Báez resulte incompatible con su permanencia en el establecimiento penitenciario donde actualmente se encuentra alojado".

"La existencia de enfermedades crónicas, la edad del condenado y la necesidad de profundizar determinados controles médicos no bastan, por sí solas, para apartarse de la regla general acerca de la modalidad de cumplimiento de una pena, esto es en un establecimiento penitenciario", agregó el camarista en su voto.

También descartó que las circunstancias familiares invocadas por la defensa justificaran la concesión del beneficio y sostuvo que no estaba acreditado que la presencia personal de Báez resultara indispensable para el cuidado de los hijos menores que integran el grupo conviviente de Insaurralde.

Qué pasa ahora

Con el voto conjunto de Carbajo y Borinsky, la mayoría de la Sala IV resolvió devolver el expediente al Tribunal Oral Federal N° 4.

De este modo, el juez de ejecución deberá volver a analizar el pedido de prisión domiciliaria teniendo en cuenta los nuevos elementos incorporados al expediente, particularmente los relacionados con la evolución del estado de salud de Báez y las diferentes medidas médicas adoptadas durante las últimas semanas.

La discusión, por lo tanto, no quedó cerrada. El beneficio procesal solicitado no fue concedido, pero tampoco quedó definitivamente descartado: el tribunal de origen deberá dictar una nueva resolución luego de ponderar las nuevas circunstancias del caso.

En un comunicado difundido este viernes, la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro expresó su apoyo a la reforma del sistema de concursos para la selección de magistrados impulsada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que permitirá corregir deficiencias del régimen vigente y fortalecer los mecanismos de evaluación de los postulantes.

La declaración se hizo pública tres meses después de que el máximo tribunal aprobara, mediante la Acordada N° 4/2026, un proyecto de reforma del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar adelante los procesos de selección de jueces federales y nacionales.

“La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro Asociación Civil creada el 19 de diciembre de 1960, apoya en su integridad la Acordada N° 4/2026 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se aprueba el proyecto de reforma del Reglamento de Concursos para la selección de magistrados del Consejo de la Magistratura Nacional”, señaló el documento firmado por el presidente de la entidad, Luis René Herrero.

La iniciativa aprobada por el Máximo Tribunal, actualmente en estudio dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, se produjo en paralelo al impulso dado por el Gobierno nacional para cubrir las vacantes existentes en el Poder Judicial. Entre otros cambios, el proyecto propone concursos anticipados para agilizar la cobertura de cargos, nuevas pautas para la evaluación de antecedentes, mecanismos de anonimato en las pruebas de oposición y reglas más precisas para ponderar las entrevistas personales.

Al fundar la propuesta, la Corte -con la firma de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz- sostuvo que era necesario “reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema” y reducir los márgenes de discrecionalidad en los concursos. También advirtió que el esquema vigente “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En línea con ese diagnóstico, la asociación de magistrados retirados afirmó que las modificaciones permitirán corregir “las deficiencias estructurales que padece el actual sistema de selección de magistrados”.

En particular, destacó la incorporación de “pautas de evaluación objetivas, previsibles, transparentes” y del “anonimato encriptado”, con el objetivo de que “la designación recaiga sobre los candidatos más idóneos y honorables”.

La entidad también respaldó uno de los ejes centrales de la reforma: la implementación de concursos anticipados para evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos.

Al respecto, el comunicado señaló: “se valora y apoya el propósito de evitar la acumulación de vacantes y la parálisis consecuente del servicio de justicia a través de los concursos anticipados”, sostuvo el documento.

Al mismo tiempo, reiteró su postura en favor de restablecer la carga pública que permitía convocar a jueces jubilados para cubrir de manera inmediata ausencias temporarias hasta la designación de los titulares, mecanismo que fue eliminado por la ley 27.546.

La declaración incluyó además una cita del jurista uruguayo Eduardo J. Couture, utilizada para destacar la relevancia institucional de la función judicial.

“De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo”, citó la institución.

En el tramo final del documento, los magistrados jubilados remarcaron que la reforma apunta al fortalecimiento de la seguridad jurídica mediante la selección de jueces sobre la base de criterios objetivos y compatibles con las exigencias constitucionales.

“La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro aprecia positivamente el contenido de la acordada, cuyo vector determinante es el fortalecimiento de la seguridad jurídica, a través de jueces que cumplan en sus fallos el mandato preambular de afianzar la justicia, el principio de supremacía constitucional del artículo 31 de la Ley Suprema, y el control de constitucionalidad”, afirmaron.

Y concluyeron: “En definitiva, jueces que en el desempeño del honroso cargo al que aspiran, sientan una genuina vocación y el compromiso insobornable de ser justos”.

El 3 de marzo pasado comenzó a desarrollarse en Río Gallegos el juicio por el trágico suceso que desembocó, el miércoles 15 de noviembre de 2017, en la pérdida de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino clase TR-1700 "ARA San Juan“. Desde entonces, brindaron testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz unos 90 testigos -en su mayoría submarinistas- que intentaron echar luz acerca de las condiciones generales del buque de guerra al momento de la zarpada del 25 de octubre de aquel año, cuando salió desde la Base Naval de Mar del Plata con destino a Ushuaia para cumplir con la que sería su última operación en el océano.

Los magistrados tienen a su cargo la responsabilidad de determinar si los cuatro imputados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos y si esas conductas tuvieron vinculación causal con el fatal desenlace. Sobre la base de la prueba documental y testimonial reunida durante el proceso, deberán establecer si los marinos incurrieron en negligencias, impericias u omisiones que incrementaron de manera indebida los riesgos propios de la actividad militar desarrollada por la unidad.

La incógnita a despejar por el tribunal oral será, a grandes rasgos, saber si el submarino estaba en condiciones operativas adecuadas para cumplir con su misión o si el listado de novedades y tareas pendientes que presentaba al momento de hacerse a la mar afectaba su seguridad náutica. La mayoría de los submarinistas y expertos que pasaron por la sala de audiencias declararon que el buque reportaba fallas y reparaciones inconclusas, pero que de todas maneras estaba apto para navegar en el marco de su misión y de forma segura.

Así las cosas, el próximo lunes 22 de junio será el turno del fiscal Franco Pruzán para exponer su alegato de cierre, donde dará cuenta de la prueba que funda su acusación. Antes de su intervención en la causa, el requerimiento de elevación a juicio firmado por los fiscales Lucas Colla y María Garmendia había presentado una hipótesis con triple cargo en contra de los ex oficiales de la Armada: estrago culposo agravado por la muerte de 44 tripulantes; incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes de oficio. Ahora, producido el debate oral, Pruzán planteará ante los jueces su teoría del caso y, eventualmente, solicitará penas de prisión para todos o para algunos de los acusados.

Las querellas, por su parte, expondrán al día siguiente. Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias representan a 34 familiares de los 44 tripulantes -43 hombres y una mujer- y consideran que hay pruebas suficientes para fijar las correspondientes condenas. Luis Tagliapietra, en tanto, padre de uno de los marinos fallecidos y querellante en interés propio y de otra decena de familiares, viene planteando que faltan pericias técnicas para acreditar con certeza la causa que llevó a la implosión del casco resistente del ARA San Juan, detectada por sensores hidrofónicos internacionales a las 10:51 de aquel 15 de noviembre. Y aunque el abogado asegura que hubo responsabilidades en los altos mandos navales, también sugiere que con la información existente hasta el momento no se pueden descartar las diferentes hipótesis que se barajan respecto a lo que pudo haber ocurrido después de la última comunicación del buque con su comando en tierra.

Precisamente, esa imposibilidad de dejar de lado las posibles explicaciones de la tragedia aparece como una de las razones que esbozan algunas defensas para reclamar su absolución.

Si la cronología de los hechos exhibe un ingreso de agua al tanque de baterías de proa durante una maniobra de snorkel y a través del sistema de ventilación, seguido de un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico que obligó a la unidad a salir a superficie con el fin de ventilar en pleno temporal, la imputación penal exigiría tener certeza del porqué de ese ingreso de agua.

¿Falló la válvula E-19, el único flap que conecta el sistema de ventilación con el tanque de baterías N° 3 de proa? En julio de 2017, durante otra patrulla de control del mar, el comandante Pedro Fernández ya había reportado un ingreso de agua por ese mismo conducto. En aquella oportunidad, el líquido se detuvo en la envuelta de los ventiladores de las baterías, antes de entrar en contacto con ellas.

¿Por qué se produjo aquella filtración? El capitán del buque habló entonces de una probable “falta de estanqueidad” de la válvula E-19. El episodio ocurrió el 6 de julio. Una semana después, el 13 de julio, Fernández consignó en el mismo informe de patrulla la realización de una prueba atmosférica a bordo, durante la cual ordenó abrir la válvula E-19 para verificar el comportamiento del aire -y particularmente del CO₂- en plena navegación.

Todos los submarinistas que declararon en el juicio coincidieron en un punto: esa válvula debe permanecer abierta en puerto durante la carga de baterías y cerrada mientras el submarino navega. La razón es sencilla. La E-19 conecta el ducto de ventilación de las baterías con el tubo del snorkel que comunica con el exterior, por donde puede ingresar agua de mar cuando las olas cubren el snorkel durante un temporal.

Entonces, ¿qué pasó con esa válvula por donde ingresó el agua hasta el tanque de baterías donde se produjo el principio de incendio, que dio inicio al siniestro? ¿Estaba rota? ¿Estaba incorrectamente abierta? ¿Estaba accidentalmente mal cerrada? ¿Qué significa “falta de estanqueidad”, según los términos que redactó el comandante?

Por otro lado, la documentación examinada a lo largo del juicio oral -de riguroso contenido técnico e incluso con información confidencial o reservada de la Armada- incluye el informe de una inspección realizada en 2016 que formuló observaciones y hallazgos “localizados” sobre las condiciones de las unidades bajo la órbita del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), entonces a cargo del capitán de navío Claudio Javier Villamide.

Esa auditoría consignó deficiencias y faltantes en el estado de alistamiento del submarino San Juan. Villamide -imputado en este proceso junto a quien fuera jefe del Estado Mayor del COFS, Héctor Alonso; el jefe de Operaciones de ese órgano auxiliar, Hugo Correa; y el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo- sostiene que esas conclusiones correspondientes al año 2016 habían quedado desactualizadas y que, al momento de zarpar para cumplir la Orden de Operaciones COFS N° 04/17, destinada al adiestramiento y control de los espacios marítimos, la nave contaba con todos sus equipos y sistemas en condiciones operables.

La defensa de Villamide, quien fue destituido en 2021 por faltas disciplinarias calificadas como “gravísimas” en un Consejo General de Guerra instruido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentará su alegato final el próximo jueves 25 de junio, antes de que expongan las restantes defensas.

Concluidas las últimas palabras de los cuatro acusados, será el turno del tribunal integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini de dar a conocer su veredicto.

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles, por 15 votos contra 5, las ternas correspondientes al Concurso N° 461, destinado a cubrir dos vocalías de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La propuesta que reunió la mayoría de los apoyos fue impulsada por el consejero juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y constituye un nuevo avance en el proceso iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó cubrir de manera definitiva los cargos ocupados por magistrados trasladados.

Para la primera vocalía, el organismo resolvió elevar al Poder Ejecutivo una terna integrada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para la segunda, los postulantes seleccionados fueron Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, actual integrante del tribunal.

Como lista complementaria fueron incluidos Gonzalo Ezequiel Demian Vigna, Javier López Biscayart, Gonzalo Segundo Rúa y Laura Elena Mazzaferri.

El dictamen reunió el respaldo de Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema de Justicia, junto a Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Álvaro González, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Santiago Viola y Eduardo Vischi.

Los senadores del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, los diputados de Unión por la Patria Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, y el consejero abogado César Grau rechazaron la propuesta mayoritaria y respaldaron un dictamen alternativo. Según sostuvieron durante el debate, esa alternativa respetaba estrictamente el orden de mérito surgido de la evaluación de antecedentes y de la prueba de oposición. Una de las principales diferencias entre ambas propuestas radicó, en rigor, en la inclusión de Bertuzzi dentro de una de las ternas elevadas al Poder Ejecutivo.

Las posiciones en juego corresponden a uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial federal. La Sala I de la Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos. Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

El origen de este proceso se remonta a la controversia generada por los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña, mientras que Germán Castelli pasó desde el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

La situación derivó en una disputa institucional que llegó hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2020, el máximo tribunal concluyó que esos traslados tenían carácter excepcional y no podían equipararse a una designación definitiva cuando implicaban cambios de jurisdicción o competencia. Al mismo tiempo, dispuso que los tres magistrados permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante el procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces.

A partir de esa decisión, el Consejo de la Magistratura impulsó distintos procesos de selección para regularizar la situación de los cargos involucrados. El Concurso N° 461 quedó destinado a las dos vocalías de la Sala I que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi.

La definición se produjo pese a los recientes cuestionamientos formulados por Bruglia tanto ante el propio Consejo como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El camarista solicitó la suspensión del proceso y reclamó una medida cautelar para impedir que avanzara el trámite.

En sus presentaciones, sostuvo que existe una aplicación desigual del fallo de la Corte porque se promovieron concursos vinculados a su situación, la de Bertuzzi y la de Castelli, mientras otros magistrados trasladados continúan ejerciendo funciones sin que se hayan impulsado procedimientos equivalentes.

Como ejemplo, mencionó los casos de Carlos Mahiques, actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Javier Basílico, quienes también accedieron a sus actuales cargos mediante traslados. Según indicó Bruglia, el Consejo nunca convocó concursos para cubrir las vacantes vinculadas a esos movimientos, circunstancia que presentó como una muestra del trato desigual que denuncia.

El camarista también invocó la reciente decisión del Senado de prestar acuerdo para que Mahiques continúe cinco años más en su cargo luego de cumplir 75 años. A su criterio, esa situación refuerza la necesidad de aplicar un criterio uniforme respecto de todos los jueces alcanzados por el fallo de la Corte sobre los traslados.

Bruglia también cuestionó el avance del expediente mientras continúa en trámite una petición presentada ante el sistema interamericano de derechos humanos, donde él, Bertuzzi y Castelli denuncian presuntas afectaciones a la independencia judicial y a la garantía de inamovilidad de los magistrados.

Ninguno de esos planteos logró detener el avance del expediente. Durante las últimas semanas, el trámite pasó de la Comisión de Selección al plenario del organismo, que finalmente convalidó la propuesta impulsada por Barroetaveña.

La reacción de Bruglia

Consultado por Infobae tras la votación, el juez Leopoldo Bruglia cuestionó duramente la decisión adoptada por el Consejo y sostuvo que el resultado constituye un nuevo episodio de discriminación respecto de otros jueces trasladados.

“Se concretó un gravísimo caso de discriminación”, afirmó el camarista.

“Conociendo cuestiones internas y con 50 años de experiencia en el Poder Judicial, 33 años como juez de Cámara, la confianza que tenía depositada en el sistema judicial la he perdido, dejando a salvo a un sector importante de gente honesta”, agregó.

Pese a las críticas, aseguró que continuará desempeñando sus funciones de manera habitual. “Seguiré trabajando por una Justicia independiente de la política“, concluyó.

Con la votación de este miércoles, el procedimiento ingresará ahora en una nueva etapa. El Poder Ejecutivo deberá elegir un candidato para cada una de las vocalías y remitir los respectivos pliegos al Senado de la Nación, que tendrá a su cargo el tratamiento de los acuerdos antes de una eventual designación definitiva.

El financista arrepentido Leonardo Fariña sostuvo este martes que su ex jefe Lázaro Báez era amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y en ese vínculo enmarcó la expansión de su empresa Austral Construcciones, basada en la obra pública vial. Además complicó la situación de uno de los acusados en el caso Cuadernos, el ex secretario de Obra Pública José López, porque recordó que Báez negociaba con él en persona los pagos.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor a López, el funcionario que en 2016 fue sorprendido intentando esconder de madrugada bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

Bajo juramento de verdad el arrepentido que destapó las maniobras ilegales de multimillonario lavado de activos por parte de Báez en la causa por la “ruta del dinero K” aseguró ahora como testigo en el juicio por los Cuadernos que el empresario “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

“Era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”, explicó.

El proceso judicial investiga el presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno y tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios y contratistas de la obra pública.

La declaración de Fariña es considerada una de las más esperadas de esta etapa del juicio por su rol como arrepentido en distintas investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero durante el kirchnerismo.

Para esta jornada está previsto además que declaren tres pilotos de avión que trabajaron para la flota presidencial durante el kirchnerismo.

El Tribunal reprogramó un testimonio y cerró la audiencia

Luego de aproximadamente media hora de responder preguntas de las partes, concluyó la declaración del testigo Giosa. A continuación, el presidente del TOF N° 7 informó que no había sido posible establecer contacto con Hugo Balmaceda, otro de las personas llamadas a comparecer a la Sala AMIA de Comodoro Py, por lo que dispuso reprogramar su declaración para el próximo jueves. Tras esa comunicación, el tribunal dio por finalizada la audiencia.

Giosa afirmó que nunca observó bolsos ni controló equipajes en los vuelos presidenciales

En respuesta a preguntas de la fiscal, el ex oficial de la Fuerza Aérea Eduardo Giosa comentó que durante los años en que integró la flota presidencial como comandante del Tango 01 nunca observó bolsos o bultos que llamaran su atención en los vuelos oficiales.

“Yo no veía bultos. Nunca vi ningún bulto”, afirmó al ser consultado sobre los traslados realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El testigo explicó que al volar a Santa Cruz con frecuencia semanal los días viernes era habitual que hubiera varios vehículos esperando a la comitiva presidencial para trasladar a los pasajeros. “Siempre había unos cinco vehículos, más o menos, para trasladarlos”, señaló, aunque aclaró que no tenía conocimiento sobre quiénes los ocupaban ni mantenía contacto con las personas que intervenían en esos movimientos.

Giosa también aseguró que no tenía relación personal con Néstor Kirchner. “En absoluto. El presidente ni nos saludaba: pasaba de largo. Nunca hablé, nunca se acercó a la cabina”, declaró. Según relató, Kirchner solía arribar al aeropuerto en helicóptero junto a su esposa y las comitivas estaban integradas por funcionarios, periodistas y colaboradores del Gobierno, entre ellos algunos ministros a quienes recordó haber visto en distintos vuelos.

Consultado sobre la operatoria de la flota presidencial, explicó que las órdenes relativas a los itinerarios y a las personas que debían ser trasladadas provenían de la Agrupación Aérea Presidencial. También indicó que las tareas vinculadas a la planificación de los vuelos, los chequeos técnicos y las observaciones meteorológicas eran realizadas por la tripulación y remarcó que nunca recibió consultas directas del entonces presidente sobre esas cuestiones.

Respecto de la presencia de pilotos civiles dentro de la flota presidencial, señaló que él ejercía la función de comandante de la aeronave y recordó que, en ocasiones, cuando se registraban turbulencias, Kirchner hacía llamar al piloto civil para transmitirle inquietudes o recibir explicaciones. Sin embargo, aclaró que se trataba de situaciones menores y sin incidencia en la operación del vuelo.

Ante preguntas de las defensas, el ex comandante confirmó además que es veterano de la Guerra de Malvinas y precisó que durante el conflicto estuvo destinado en Comodoro Rivadavia. Finalmente, al ser consultado por los controles de equipaje, sostuvo que esa tarea no estaba bajo su responsabilidad. “Yo no controlaba el equipaje”, afirmó.

Comenzó a declarar Eduardo Giosa, ex comandante del Tango 01

Después del cuarto intermedio, Eduardo Giosa, ex oficial de la Fuerza Aérea y ex comandante del avión presidencial Tango 01, prestó juramento para su declaración como testigo ante el tribunal oral. El interrogatorio se inició con preguntas de la fiscal Fabiana León sobre las funciones que desempeñó en la flota presidencial y los vuelos realizados durante el kirchnerismo.

Velázquez negó haber observado irregularidades durante los vuelos presidenciales

Durante su declaración, Velázquez repasó su vínculo profesional con Néstor y Cristina Kirchner y aseguró que los trasladó en numerosas oportunidades tanto en Santa Cruz como durante los años de Presidencia. “Volé más de mil veces”, afirmó al recordar viajes oficiales a China, Francia, el Vaticano, Estados Unidos y distintas cumbres internacionales. También señaló que el ex ministro Julio De Vido integraba habitualmente las comitivas y que los viajes a Río Gallegos eran frecuentes, especialmente los fines de semana. Según relató, la confianza que Kirchner depositaba en él estaba vinculada exclusivamente a cuestiones aeronáuticas y destacó el interés permanente del ex presidente por conocer con detalle las condiciones meteorológicas de cada vuelo.

El ex piloto recordó además que transportó a Cristina Kirchner en numerosas ocasiones y que conoció al ex secretario privado presidencial Daniel Muñoz en Santa Cruz hacia el año 2000, a quien dijo haber llevado como copiloto en el Tango 10 en alrededor de diez oportunidades. Ante preguntas de las defensas, sostuvo que nunca observó situaciones irregulares durante los vuelos y describió al matrimonio Kirchner como “dos animales de trabajo” y “dos personas muy respetuosas”. También evocó un episodio ocurrido antes de la muerte de Néstor Kirchner, cuando, según contó, el ex mandatario le pidió previo a un vuelo: “No me la descuides a Cristina”, una situación que dijo haber vivido con emoción.

Más adelante, la fiscal Fabiana León exhibió un croquis elaborado por el propio Velázquez y le leyó fragmentos de una declaración testimonial prestada ante el juez Claudio Bonadio en agosto de 2018, en la que había relatado movimientos de equipaje vinculados al secretario presidencial Daniel Muñoz. Al ser consultado, recordó que en ocasiones el avión Tango 10 permanecía en un hangar mientras los Kirchner se encontraban en Río Gallegos o El Calafate y que Muñoz llegaba con varias valijas que eran cargadas en vehículos.

Según aquella declaración, tras permanecer unas dos horas fuera del aeropuerto, el entonces secretario privado regresaba y emprendían el vuelo de regreso a Buenos Aires. Velázquez explicó que esas esperas podían obedecer a cuestiones operativas o meteorológicas y señaló que, en algunas oportunidades, observó que Muñoz manipulaba ciertas valijas con mayor facilidad al regreso, lo que le hizo pensar que estaban más livianas. Sin embargo, aclaró que no prestaba atención al contenido del equipaje y que no le llamó la atención que las valijas tuvieran candado porque, según afirmó, “casi todo el mundo viaja con las valijas con candado”.

Luego de casi dos horas de testimonio, en las que respondió preguntas de la fiscalía, las querellas, las defensas y los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, Velázquez concluyó su declaración testimonial. Ahí el juez Méndez Signori dio por finalizada su participación en el juicio y dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos antes de continuar.

Velázquez recordó cómo llegó a convertirse en piloto del Tango 01

Al iniciar su exposición, Sergio Velázquez relató que conoció a Néstor Kirchner cuando se desempeñaba como comandante del avión Citation V de la provincia de Santa Cruz y que entre 2000 y 2004 acumuló unas 4.500 horas de vuelo junto al entonces gobernador, su familia y funcionarios provinciales.

Según contó, tras la asunción presidencial de Kirchner en 2003 se despidió de él en Aeroparque, pero el mandatario le anticipó que volverían a trabajar juntos. Meses después fue convocado a la Casa Rosada para iniciar la capacitación que le permitiría convertirse en piloto del avión presidencial Tango 01, pese a que hasta entonces esas aeronaves eran operadas exclusivamente por personal militar. Velázquez explicó que su incorporación se concretó a través del Ministerio de Defensa y recordó que, durante la etapa de Kirchner como gobernador, realizaban vuelos por todo el país.

Comenzó el testimonio del ex piloto presidencial Sergio Velázquez

Luego de un receso, el ex piloto oficial Sergio Velázquez comenzó a responder preguntas por parte de la fiscalía. Fue durante más de doce años uno de los pilotos de mayor confianza de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Proveniente de la Dirección Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz, en 2004 se convirtió en el primer piloto civil habilitado para operar el avión presidencial Tango 01 y acompañó a los ex mandatarios en gran parte de sus desplazamientos oficiales.

Con referencias a Kirchner, concluyó la declaración de Fariña

A preguntas del juez Germán Castelli sobre si había conocido personalmente al ex presidente Néstor Kirchner, Leonardo Fariña relató que lo vio en dos oportunidades en la chacra de Lázaro Báez, en Santa Cruz. Según declaró, el primer encuentro ocurrió en 2010 durante un asado y un partido de fútbol organizados por el empresario, del que participaron, entre otros, Báez, su hijo Martín, Jorge Bringas, Claudio Bustos y Tito Martín. “Comimos un asado juntos, intercambiamos algunas palabras”, recordó al respecto.

Sobre una segunda ocasión, indicó que también se desarrolló en la chacra de Báez, aunque fue un encuentro más breve. “Nosotros nos fuimos al quincho y ellos estaban con un grupo de personas atrás de un invernadero”, explicó. Fariña aclaró que no mantenía una relación personal con el ex mandatario y señaló que “mi relación directa era con Lázaro”.

Tras constatar el presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, que las partes no tenían más preguntas para formular, dio por concluida la declaración testimonial del financista arrepentido y dispuso un cuarto intermedio de 25 minutos antes de continuar la audiencia con el siguiente testigo.

Continúa la audiencia

El TOF N° 7 validó las preguntas de la fiscal Fabiana León, que habían sido cuestionadas por las defensas.

Hubo un cuarto intermedio de una hora para deliberar.

Cuarto intermedio en medio de los cuestionamientos entre fiscalía y defensas

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio en la declaración como testigo de Leonardo Fariña antes de responder a cuestionamientos sobre el tenor de las preguntas que se le hacen al financista vinculadas a otros casos judiciales, como la conocida “operación puff” o el caso D’Alessio.

Fuerte contrapunto entre fiscalía y defensas por las preguntas a Fariña

La declaración de Fariña derivó en un duro enfrentamiento entre la fiscalía y las defensas a raíz de las preguntas vinculadas con la denominada Operación Puf, la investigación por presuntas maniobras destinadas a desacreditar la causa de los Cuadernos y la figura de los arrepentidos.

Las defensas objetaron reiteradamente esa línea de interrogatorio al considerar que era ajena al objeto del juicio. Sin embargo, la fiscal Fabiana León sostuvo que fueron los propios abogados quienes habían habilitado esos temas durante la audiencia.

“Son puertas que abrieron las defensas. Una defensa fue la que empezó con el tema D’Alessio. Hay que ser coherente”, respondió la representante del Ministerio Público.

La fiscal agregó que las preguntas resultaban relevantes para comprender el contexto de los hechos narrados por el testigo. “Aunque no quieran escuchar lo que tiene para decir, es importante lo que tiene para decir de lo que él vivió”, afirmó.

La fiscal insistió en que tampoco había sido ella quien introdujo las referencias al fiscal Carlos Stornelli y sostuvo que estaba facultada para continuar con ese tramo del interrogatorio. “Las preguntas sobre Stornelli tampoco son una puerta que yo abrí. Tengo derecho y estoy autorizada a continuar con esta línea de interrogatorio”, sostuvo.

Frente a las objeciones, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, respaldó la continuidad de las preguntas al entender que derivaban de información aportada previamente por el propio Fariña.

“Las preguntas son consecuencia de información que produjo el testigo en el marco de su declaración por preguntas de otras partes. He sido muy amplio con el interrogatorio. No advierto que exista una doble vara; por el contrario, he sido muy amplio”, señaló el magistrado.

La decisión no conformó a las defensas. El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi adelantó que mantendría su objeción y cuestionó especialmente una pregunta vinculada con la cobertura mediática de determinadas noticias.

“Estamos entrando en un terreno escandaloso. Que la pregunta vaya dirigida a qué medio cubre una determinada noticia y que haga referencia a C5N me parece una pregunta escandalosa, propia de la línea de conducta que lleva adelante esta fiscalía”, sostuvo.

Beraldi agregó que los medios de comunicación pueden pertenecer a cualquier persona, pero que no corresponde poner en discusión la labor de los periodistas que trabajan en ellos. “Si tiene algún cuestionamiento sobre algún periodista, que lo diga, pero no abramos preguntas de cualquier tipo”, reclamó.

“La fiscal confunde peras con melones”, dijo a su turno el abogado Juan Manuel Ubeira. Y por su parte, el defensor Maximiliano Rusconi afirmó que “es un escándalo lo que estamos advirtiendo” .

Al responder la fiscal advirtió que “este es un juicio en el que están interviniendo de cualquier forma”, dijo en alusión a las defensas. “Es escándalo que se haya insultado a un fiscal en esta sala y no haya pasado nada”, remarcó al pedir que se le permita continuar con sus preguntas.

Fariña habló de una de sus frases más célebres

Durante el interrogatorio, Fariña sostuvo que conoció al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, en dos oportunidades por cuestiones vinculadas al programa de testigos protegidos.

“Conocí al señor Garavano. Lo vi dos veces por cuestiones que consideraba yo que había cierto avasallamiento o situaciones que eran muy complejas en la convivencia del programa de testigos e imputados protegidos”, declaró.

Las respuestas generaron nuevas discusiones en la sala. La fiscal Fabiana León cuestionó las interrupciones de las defensas durante el interrogatorio. “Se comienza una pregunta y cuando el testigo empieza a decir lo que la defensa no quiere escuchar se interrumpe. No puede estar interrumpiendo la respuesta del testigo porque queda una visión sesgada. El testigo tiene que poder contestar completa la pregunta”, sostuvo.

La defensora Elizabeth Gómez Alcorta rechazó el planteo y argumentó que las objeciones apuntaban a evitar referencias ajenas al objeto del proceso. “No se trata de que no me guste la respuesta. Habla sobre cuestiones que nos resultan ajenas y que no hacen al objeto”, respondió.

La defensa del remisero arrepentido en el caso Cuadernos Oscar Centeno también indagó sobre su incorporación al programa de protección de testigos e imputados colaboradores.

El abogado José Manuel Ubeira le preguntó por una de sus frases más recordadas durante las entrevistas que brindó años atrás: “Me pidieron ficción y les di ficción”. “Sí, es célebre esa frase. Fue en un contexto en el que estaba básicamente siendo enemigo público desde todos los ángulos del mundo por ciertas decisiones que tomé en mi vida. Equivocadas. Por esa estupidez de tener que ostentar. Era una frase elegante para sostener una mentira”, afirmó Fariña.

También al responder preguntas de la fiscal Fabiana León recordó lo que vivió durante la llamada causa “operación puff”, donde se lo vinculó a un presunto entramado para vincular su declaración como arrepentido a un armado. Poco antes le habían preguntado por el caso D’Alessio.

Sobre la “operación puff”, decían “que me mandaron a declarar con Stornelli, cosa que no fue verdad”, sostuvo el financista. “Nada de lo que hayan dicho con respecto a mi supuesto guionamiento o supuestas relaciones impropias con funcionarios judiciales es verdadero”.

Fariña responde preguntas de los abogados defensores

El financista responde preguntas de las defensas, entre ellas por parte del acusado ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Rafael Llorens, quien ejerce su propia defensa porque es abogado.

Llorens lo interrogó sobre las menciones que lo ubicaban como uno de los presuntos gestores de pagos ilegales. Fariña respondió que esa referencia al ahora acusado provenía de información que le había suministrado su abogado de entonces, Franco Bindi.

Fariña recordó que fue por iniciativa propia a declarar en agosto de 2018 en el caso Cuadernos como testigo y se presentó en la fiscalía de Carlos Stornelli. “Toqué la puerta”, dijo sobre ese día en el que llevó un sobre con copia de sus anteriores declaraciones como arrepentido en la “ruta del dinero K”. “Yo estaba en el programa de testigos protegidos, no tenía libertad de moverme, tenía que hacer una petición. Lo que debe haber pasado es que tuve que informar mi voluntad de ir a tal lugar”, detalló luego de que se le leyó un acta al respecto. “No tuve una citación para ir”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”

Fariña también sostuvo que las empresas de Lázaro Báez contaban con una velocidad de cobro excepcional respecto de otros contratistas del Estado. “La empresa de Lázaro tenía una celeridad en el cobro de certificados”, afirmó, y agregó que, según su visión, existían “certificaciones que no eran reales”, vinculadas a “kilómetros de obra no realizados”.

“Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, aseguró y tenía como interlocutor al por entonces secretario de Obra Pública de la Nación, José López.

Sobre cobros ilegales para acelerar pagos, dijo no tener casos puntuales pero que lo dijo en relación a los empresarios que estaban “dentro de la Cámara de la Construcción”.

Fariña habló de la “cartelización” en la Cámara Argentina de la Construcción

El Tribunal escuchó objeciones de los defensores José Manuel Ubeira y Carlos Beraldi por las respuestas de Fariña que consideraron ajenas a lo que se está juzgando. El Tribunal permitió que continuara el interrogatorio de la querella de la UIF

Fariña contó que en Austral Construcciones “para tratar de solucionar el problema financiero que había, se propone hacer un financiamiento. En ese cash flow se puso obra pública futura cuando no se sabía qué obra se iba a adjudicar. Ni siquiera estaba licitada”, explicó.

Y agregó: “Es una proyección de ventas del producto que vendo. ¿Cómo sabía que iba a tener esa obra? Esa es la relación que tenía Báez. Esa es la irregularidad que estoy marcando: futuros ingresos sobre cosas que aún no estaban licitadas”.

“Desconozco si bien el objeto de este juicio. La verdad es que van a salir con los números, los estados contables de esa empresa. Lo que puedo hacer es comparar experiencias que tuve yo analizando números de una empresa”.

Al referirse a la situación de Lázaro Báez en relación a la obra pública, sostuvo: “Báez tenía particularmente un problema porque, en su acuerdo operativo, no podía salir de Chubut, Santa Cruz y Chaco. Fue un marginado, un desplazado de todo lo demás”.

Según explicó, de allí surge que la Cámara Argentina de la Construcción tenía “un sistema de asignación predeterminado” de las obras. “Cierta división. Es lo mismo que hacía Lázaro en Santa Cruz. Había cierta cartelización. Se acordaba qué empresas se presentaban y cuáles no, para mostrar, desde los aspectos informativos y formales, que la licitación estuvo bien adjudicada”, afirmó.

“La Cámara Argentina de la Construcción, más allá de sus funciones formales, aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no, quién entraba y quién no”.

Lázaro Báez “era un marginado de eso. Era una situación manifestada por él, con enojo, porque nunca pudo salir de esos tres lugares. Eran los acuerdos de negocios que él tenía”.

Finalmente, describió el funcionamiento de ese esquema: “Eran empresas que, en vez de competir, hacían una subdivisión de competencias. No es inventar la pólvora, se hizo toda la vida. El Estado no estaba al margen”.

“El señor Baez era un depositario de confianza” de Néstor Kirchner

Leonardo Fariña declaró bajo juramento de verdad que el empresario Lázaro Báez “era un depositario de confianza” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Al ser preguntado por la relación que tenía Lázaro Báez con el entonces presidente de la Nación, en los inicios de Austral Construcciones, Fariña dijo: “era amigo con todas las letras” y a su vez “tenían una relación comercial”.

“La totalidad de los ingresos venían por parte del Estado”

Fariña recordó sus inicios en la empresa de Lázaro Báez, “Austral Construcciones”. Mencionó que “la totalidad de los ingresos venían por parte del Estado” y que se “había armado un conglomerado de bienes muy grande”. “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y al meterte en la parte de los números básicamente no se podía financiar un caramelo”.

“Era imposible bajo los números fríos que se consiga un crédito para eso”, agregó y sobre los ingresos que provenían del Estado manifestó que eran por “obra pública”.

“El fuerte de la empresa era la obra pública”, contestó ante preguntas del abogado de la UIF Mariano Galpern.

Leonardo Fariña comenzó a declarar en el juicio a CFK

El financista Leonardo Fariña, arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” comenzó a declarar como testigo en el juicio Cuadernos. Tras dar sus datos personales al Tribunal Oral Federal 7 se le leyó la lista de acusados para que informe si conoce a alguno de manera personal. “No tengo amistad ni enemistad con ninguno de los imputados y conocerlos de manera directa no”, respondió.

Luego comenzó a responder preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera.

El camarista federal Leopoldo Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para suspender el Concurso N° 461 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña actualmente ocupadas por él y por su colega Pablo Bertuzzi. La presentación se dio en el marco de la petición internacional que tramita desde 2021 junto con los reclamos de Bertuzzi y Germán Castelli por la revisión de sus respectivos traslados.

“Vengo a solicitar de esa honorable Comisión el dictado de una medida cautelar de no innovar que implique la inmediata suspensión de todas las acciones que intenta el Estado Argentino para concluir con su propósito de removerme del cargo de juez que vengo desempeñando (...) desde diciembre del año 2016 en forma interina y desde el 9 de abril de 2018 con designación efectiva en el cargo, conforme a la legislación vigente”, escribió Bruglia en la presentación remitida al organismo interamericano.

El magistrado afirmó que “la lesión se esta llevando a cabo -en este momento- en el concurso 461”, cuya suspensión también requirió ante el propio Consejo de la Magistratura.

La solicitud llega en la antesala del plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles por su presidente y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Entre los múltiples asuntos incluidos en el orden del día figura precisamente el Concurso N° 461, mediante el cual el organismo deberá resolver las ternas de candidatos para cubrir dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal encargado de revisar las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.

El pedido ante la CIDH, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una controversia iniciada hace más de cinco años en torno a los traslados de magistrados federales realizados durante la gestión de Mauricio Macri.

En efecto, durante 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Germán Castelli, por su parte, pasó desde el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Los traslados fueron aprobados por el Consejo de la Magistratura bajo el régimen vigente en ese momento.

La situación cambió en 2020. Tras la asunción de Alberto Fernández, el entonces representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, impulsó la revisión de distintos traslados efectuados durante la administración anterior. Posteriormente, el Senado resolvió dejar sin efecto esos nombramientos y los tres magistrados acudieron directamente a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario por salto de instancia.

En noviembre de 2020, el máximo tribunal resolvió que los traslados constituyen un mecanismo excepcional y que no equivalen a una designación definitiva. Sin embargo, dispuso que los jueces permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante los procedimientos constitucionales correspondientes.

Esa decisión permitió que Bruglia, Bertuzzi y Castelli continuaran ejerciendo sus funciones, pero dejó abierta la necesidad de cubrir definitivamente esos cargos mediante concursos públicos.

A partir de ese fallo, los tres jueces acudieron al sistema interamericano de derechos humanos. Ante la CIDH denunciaron presuntas afectaciones a la independencia judicial, la inamovilidad de los magistrados, el debido proceso y la garantía del juez natural. La presentación quedó registrada bajo el número P-35-21 y continúa actualmente en trámite.

En 2024, el gobierno del presidente Javier Milei aceptó participar de un procedimiento de solución amistosa ante la CIDH. Bruglia recordó en su escrito que existieron dos intentos de conciliación y sostuvo que el primero “se frustró intempestivamente por un extraño suceso, o intervención, nunca aclarado”, mientras que el segundo habría quedado sin avances tras los cambios producidos en el Ministerio de Justicia.

El Concurso N° 461, en rigor, tiene por objeto cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal actualmente ocupadas por Bruglia y Bertuzzi. Mientras Bruglia decidió no participar por considerar que ello implicaría convalidar el mecanismo que cuestiona ante la CIDH, Bertuzzi sí concursó y actualmente integra una de las ternas elevadas por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El expediente llegará al plenario acompañado por tres dictámenes. El de mayoría, impulsado por el consejero Diego Barroetaveña, propone una primera terna integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola, y una segunda conformada por Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.

También fueron elevados dos dictámenes de minoría. El primero, suscripto por la consejera Vanesa Siley, propone para el primer cargo a Fernando Poviña, Cecilia Incardona y Laura Mazzaferri, y para el segundo a Agustina Rodríguez, Gonzalo Viña y Julio César Di Giorgio. El segundo, firmado por el consejero Alberto Maques, coincide con la primera terna del dictamen mayoritario pero postula para el segundo cargo a Gonzalo Viña, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.

La propuesta de Barroetaveña obtuvo siete votos en la Comisión de Selección y se convirtió en el dictamen mayoritario que será sometido a consideración del plenario.

Así las cosas, al realizar una reseña de los hechos, Bruglia recordó que tanto él como Pablo Bertuzzi fueron trasladados entre 2016 y 2018 desde un tribunal oral federal a la Cámara Federal porteña. Según sostuvo, esos traslados contaron con la aprobación de dos tercios del Consejo de la Magistratura, pese a que la normativa vigente requería una mayoría simple, por lo que consideró que habían cumplido con todos los requisitos legales y que su estabilidad en los cargos se encontraba consolidada.

El camarista afirmó que ambos ejercieron “pacíficamente” esas funciones hasta 2020, cuando, según su interpretación, comenzó una ”grosera planificación para destituirnos, concebida por un sector específico de la política“.

En ese sentido, atribuyó el inicio de ese proceso a un informe elaborado por el entonces representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Gerónimo Ustarroz. De acuerdo a su relato, bajo la "falsa apariencia de un acto general de control de traslados, simulado“, la iniciativa tuvo como objetivo la remoción de tres jueces en particular: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Más tarde, al referirse al fallo del Máximo Tribunal, el magistrado dijo: “Noviembre de 2020, se dicta un controversial fallo de la Corte, que había asumido la competencia sobre el tema en el segundo ‘per saltum’ de la historia de nuestro país. En un momento de la reciente historia, signado por un complejo contexto político, complementado con la creación de una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para ampliar y dividir las funciones del Superior Tribunal, presidida por el Dr. Beraldi, actual defensor de una expresidenta de este país, hoy condenada por delitos de corrupción y vicepresidenta en aquel entonces”.

Para el juez, la sentencia del Máximo Tribunal “avanzó sobre cuestiones que no integraban el objeto procesal sometido a decisión jurisdiccional” y la decisión terminaría afectando a alrededor de “setenta o cuántos más jueces afectados” por la misma situación. Sin embargo, el camarista expresó ante la CIDH que a partir de ahí miembros del Consejo “comenzaron a ejecutar lo que pedía la política más poderosa de todos los momentos, unida en los sótanos de la democracia, o ‘sotto governo’ como gustaba decir a Bobbio, y complementada por sus conocidos operadores”.

“Unos amagues en la Comisión de Selección de comenzar con algún otro concurso, posteriormente abandonado o previsiblemente suspendido. Motorizaron, exclusivamente, los que inquietaban a los autores de la ilegal maniobra inicial, luego consensuada con otros premiados interesados. Y ahora llegamos al punto final de lo que se hizo en estos más de cinco años, entre el 2020/2026. Nada ocurrió en el resto de los concursos que se debían iniciar para cumplir el fallo de la Corte y avances sustanciales en los que implicaban a los tres jueces señalados. Hasta llegar al momento actual en uno de ellos, el 461 de la Cámara Federal, que es el que atañe a esta presentación", redactó Bruglia en su documento.

Por lo demás, para ilustrar lo que el juez considera un trato desigual frente a otros traslados vigentes, el magistrado presentó “dos casos testigos”.

Se trata de Carlos Mahiques y Javier Basílico, quienes también accedieron a sus actuales cargos mediante traslados. Según sostuvo, el Consejo de la Magistratura nunca convocó a concursos para cubrir las vacantes que ambos dejaron al ser transferidos, correspondientes a la Vocalía N° 10 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -en el caso de Mahiques, trasladado posteriormente a la Cámara Federal de Casación Penal- y al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 -en el caso de Basílico-. “Ello prueba que no se llamó jamás a los concursos para cubrir sus vacantes y que nunca se emitió resolución para reservar las vacantes que dejaron luego de ser transferidos”, afirmó.

En otro tramo de la presentación, Bruglia vinculó la reactivación del Concurso N° 461 con los cambios producidos este año en el área de Justicia del Gobierno nacional. Mencionó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y de Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Respecto de Viola, recordó que tanto él como Bertuzzi intervinieron en una causa en la que el actual funcionario fue procesado por hechos vinculados a una denuncia falsa contra el juez federal Sebastián Casanello. A partir de esa circunstancia, sostuvo que era previsible el fracaso de las negociaciones impulsadas en el marco del procedimiento de solución amistosa con el Estado Nacional ante la CIDH.

Según planteó, el avance del concurso en cuestión constituyó el primer paso de una nueva ofensiva destinada a removerlos de sus cargos. También cuestionó el envío al Senado de un pliego para cubrir la vacante dejada por Carlos Mahiques al ser trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal, circunstancia que presentó como un nuevo ejemplo del trato diferenciado que denuncia en su presentación.

En ese contexto, el camarista remarcó: “Se habló siempre de un concurso express para desalojarnos, lo impulsaron ya a fines de abril de este año, a través del Consejero Barrotaveña (que contrasta con la actitud de su antecesor, Dr. Recondo) y obtuvieron en tiempo récord la aprobación de las ternas de sustitutos. Me abstendré de calificar otras actitudes -que no entiendo- de Consejeros y me detendré solo un minuto -en cinco renglones- para sí dejar asentada la activa intervención de un oscuro personaje, sin cargo alguno en el Consejo, pero con un enorme poder de influencia por la representación que le asignan en esos ambientes. Fue quien habría dado el consenso necesario para el avance oficial en el concurso".

Al desarrollar el requisito de la urgencia, contemplado para una medida cautelar, Bruglia sostuvo que el Concurso N° 461 fue reactivado de manera acelerada luego de permanecer paralizado durante el trámite de solución amistosa ante la CIDH. Según relató, el consejero Diego Barroetaveña impulsó el 27 de abril un dictamen para incorporar al orden del día las ternas del concurso y avanzar hacia la etapa final del proceso de selección.

El camarista cuestionó particularmente la velocidad con la que avanzó el expediente. Señaló que apenas tres días después, el 30 de abril, la Comisión de Selección aprobó las ternas en una reunión que, según afirmó, duró “menos de quince minutos” y se desarrolló “sin una mínima discusión”. También indicó que previamente se había realizado una reunión de casi dos horas “a puertas cerradas” entre los consejeros.

En ese contexto, calificó al trámite como un "concurso express" y afirmó que, una vez aprobadas las ternas en la Comisión de Selección, sólo resta la intervención del plenario del Consejo de la Magistratura. A su juicio, ese paso constituye “el principal hito de urgencia respecto de la cautelar” solicitada ante la CIDH.

Bruglia también expuso una proyección sobre las etapas posteriores del procedimiento. Según sostuvo, las ternas serían elevadas al Poder Ejecutivo y posteriormente remitidas al Senado para completar el proceso de designación de los nuevos magistrados. En ese marco, identificó la eventual jura de los futuros jueces como la "línea de muerte" de su reclamo.

Sobre ese punto, advirtió que la designación de nuevos magistrados produciría un perjuicio irreversible para su situación jurídica. “Se producirá nuestra definitiva destitución, cuando salga el decreto de designación y juren los nuevos jueces que comenzarán a tener sus propios derechos adquiridos”, expresó.

Más adelante, ya sobre el final de su planteo ante la entidad interamericana, el magistrado lamentó “no haber tenido respuesta alguna a mis inquietudes por parte del Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación -Horacio Rosatti-, a quien me he dirigido conforme a su investidura y responsabilidad en la organización”.

Y completó: “La gravedad institucional de los hechos es innegable y por ello es oportuno señalar al respecto la opinión sobre estos sucesos del Ministro de la Corte Dr. Ricardo Lorenzetti- firmante del fallo que aquí arrastra sus implicancias, cuando dice: ‘La decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad’, y agregó -por si quedaba duda-, ‘que contrastaba las diferencias de criterio entre el Juez de la Cámara de Casación porteña Carlos Mahiques con el de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia’“.

El Consejo de la Magistratura celebrará este miércoles una nueva reunión plenaria con una agenda cargada de definiciones sobre algunos de los asuntos institucionales más relevantes que atraviesan actualmente al Poder Judicial. Entre ellos figuran la aprobación definitiva del nuevo Código de Ética para los jueces, la cobertura de dos vacantes estratégicas en la Cámara Federal porteña y el tratamiento de la situación del juez federal de Rosario Gastón Salmain.

La reunión será presidida por el titular del Consejo y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y está prevista para las 9.30 con audiencias públicas correspondientes a distintos concursos judiciales. A su término, el cuerpo avanzará sobre los dictámenes elevados por las distintas comisiones.

Uno de los puntos centrales será el expediente AA 20/2024, mediante el cual la Comisión de Reglamentación propuso aprobar el Código de Ética del Poder Judicial de la Nación, declarar de interés para la magistratura el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial.

La iniciativa llega al plenario luego de haber sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Reglamentación. El proyecto busca establecer principios comunes para el ejercicio de la magistratura y fija pautas vinculadas con la independencia judicial, la imparcialidad, la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, el lenguaje claro, la capacitación permanente y el secreto profesional.

También incorpora reglas específicas sobre la recepción de regalos, los contactos con litigantes y la conducta pública de los magistrados. El texto tiene carácter preventivo y orientativo y aclara expresamente que no constituye un régimen sancionatorio.

La otra definición de fuerte impacto institucional, en efecto, estará vinculada al Concurso N° 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata del tribunal que revisa las decisiones adoptadas por los juzgados federales de Comodoro Py en investigaciones por corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos complejos.

Las vacantes corresponden a los cargos actualmente ocupados por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron a ese tribunal mediante traslados realizados en 2017. En noviembre de 2020, la Corte Suprema sostuvo que esos cargos debían ser concursados para obtener estabilidad definitiva, aunque dispuso que los magistrados permanecieran provisoriamente en sus funciones hasta la designación de nuevos jueces.

El plenario deberá resolver entre tres dictámenes elevados por la Comisión de Selección. El de mayoría, impulsado por el consejero Diego Barroetaveña, propone una primera terna integrada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, y una segunda compuesta por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi.

También llegarán al recinto dos dictámenes de minoría impulsados por los consejeros Vanesa Siley y César Grau, por un lado, y Alberto Lugones y Alberto Maques, por otro.

La discusión se producirá semanas después de que Bruglia presentara una nota ante el Consejo solicitando la suspensión del concurso. En esa presentación cuestionó que únicamente se hubieran impulsado concursos respecto de los cargos ocupados por él, Bertuzzi y Germán Castelli, y denunció una supuesta maniobra orientada a remover a los magistrados trasladados. Sin embargo, el trámite continuó su curso y los dictámenes quedaron incorporados al orden del día del plenario.

Otro de los expedientes de mayor relevancia política e institucional será el que involucra al juez federal de Rosario Gastón Alberto Salmain. La Comisión de Acusación elevó un dictamen proponiendo la apertura formal del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño en sus funciones.

La propuesta incluye rechazar la prueba ofrecida por el magistrado, suspenderlo preventivamente en el cargo, formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y designar a los representantes del Consejo que eventualmente sostendrán la acusación durante ese proceso.

Además de estos temas, el plenario tratará una serie de concursos orientados a cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, los futuros juzgados federales con funciones de garantía de Santa Fe y la Cámara Civil y Comercial Federal.

También analizará expedientes disciplinarios, propuestas de sanción, listas de conjueces y diversos asuntos administrativos.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la condena civil que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había impuesto a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) por el accidente sufrido por un camionero que recibió una descarga eléctrica mientras intentaba reparar un desperfecto en su vehículo y que, como consecuencia de las lesiones sufridas, debió ser sometido a la amputación de una de sus piernas.

La decisión fue adoptada en la causa “Lencina, Hernán Leonel c/ Transpall S.A. y otros s/ accidente - acción civil”, a partir de recursos de queja presentados por Asociart S.A. ART y por Bagley Argentina S.A. junto con Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., luego de que les fueran denegados sus respectivos recursos extraordinarios. El expediente llegó al máximo tribunal desde la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y había tenido intervención previa del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 36.

Los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti suscribieron un voto conjunto, mientras que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, emitió un voto propio. Los tres ministros coincidieron en la solución del caso: revocar la condena impuesta a la ART y ordenar el dictado de un nuevo pronunciamiento.

El expediente tuvo origen en un accidente ocurrido el 20 de abril de 2009 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Hernán Leonel Lencina se desempeñaba como chofer de camión para la empresa Transpall S.A. y había concurrido a una planta industrial de Bagley Argentina S.A. para realizar una carga. Mientras aguardaba la autorización para ingresar al establecimiento permanecía estacionado en un sector utilizado habitualmente por los transportistas que esperaban su turno para acceder a la planta.

En ese contexto advirtió que uno de los tornillos de una de las compuertas del semirremolque se encontraba flojo e impedía su correcto cierre. Con la intención de solucionar el inconveniente antes de ingresar a la planta, decidió subir al vehículo. Fue entonces cuando recibió la descarga eléctrica que dio origen al litigio.

En los términos del ministro Rosatti, el trabajador “advirtió que un tornillo de una de las compuertas del semirremolque se encontraba flojo e impedía su cierre” y que con “la intención de solucionar el desperfecto, subió a la cabina del vehículo, momento en el que fue absorbido por una corriente eléctrica” proveniente de un tendido de cables perteneciente a la distribuidora eléctrica de la provincia.

La descarga le provocó lesiones de extrema gravedad. De acuerdo a las actuaciones, el hombre sufrió traumatismos, fractura de cráneo, quemaduras, secuelas físicas y psicológicas y, finalmente, la amputación de una de sus piernas. A medida que avanzó la investigación también se determinó que los cables que provocaron la electrocución se encontraban a una altura inferior a la exigida por la reglamentación aplicable. Asimismo, quedó acreditado que el sector utilizado para estacionar los camiones se encontraba debajo de ese tendido eléctrico y formaba parte de una zona que los peritos identificaron como una “franja de servidumbre” que debía ser utilizada exclusivamente para tareas vinculadas al mantenimiento de la red eléctrica.

La propia Corte destacó que, luego del accidente, ese espacio fue cercado y se construyó una nueva playa de estacionamiento en otro sector cercano a la planta.

Frente a ese escenario, Lencina promovió una demanda para obtener la reparación integral de los daños. La acción legal fue dirigida contra su empleadora, Transpall S.A.; contra Asociart S.A. ART; contra Bagley Argentina S.A.; contra la distribuidora eléctrica EDESAL S.A.; y contra las compañías aseguradoras vinculadas a esas empresas.

En primera instancia la demanda prosperó contra los restantes demandados, pero fue rechazada respecto de la ART, al considerar la jueza que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad civil por el accidente. Sin embargo, al revisar el caso, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó parcialmente esa decisión y extendió la condena a Asociart. Para los camaristas, el trabajador no había recibido capacitación respecto de las medidas que debía adoptar ante una eventual avería del vehículo y la aseguradora tampoco había controlado adecuadamente las condiciones en las que los transportistas desarrollaban sus tareas en la planta de Bagley. Con esos argumentos incorporaron a la ART dentro de la condena indemnizatoria.

Disconforme con esa decisión, Asociart recurrió ante la Corte Suprema. La aseguradora sostuvo que la sentencia era “arbitraria” porque atribuía responsabilidad sin explicar de qué manera las conductas que se le reprochaban guardaban relación con el accidente concreto sufrido por el trabajador.

Los argumentos fueron admitidos por los tres ministros, aunque mediante dos votos distintos.

En conjunto, Rosenkrantz y Lorenzetti señalaron que el fallo había responsabilizado a la aseguradora sobre la base de “un hipotético incumplimiento de los deberes a su cargo”. Los jueces destacaron que estaba probado que los cables que provocaron la descarga se encontraban a una distancia del suelo inferior a la reglamentaria y que el lugar donde esperaban los camiones estaba ubicado justamente debajo de ese tendido. En ese contexto, concluyeron que la Cámara no había explicado de manera adecuada cuál era la relación entre la falta de capacitación atribuida a la ART y el accidente.

Bajo esos parámetros, plantearon: “no se aprecia que la circunstancia de que al actor no se le hubiera dado capacitación respecto de la conducta que debía asumir con relación a un eventual desperfecto que presentase la unidad que conducía, exhiba un nexo de causalidad adecuado con el lamentable suceso padecido”.

Los ministros también remarcaron que la propia Cámara de Apelaciones había reconocido que el daño sufrido por el trabajador “no guardaba relación directa ni con el camión, ni con el riesgo propio de la actividad del actor” y que tampoco resultaba reprochable que hubiera intentado solucionar el desperfecto. Por esa razón entendieron que existía una contradicción en la sentencia apelada. “Sin embargo, a la par de ello y de forma ilógica, afirmó que la omisión de capacitar a aquel en dichos aspectos hacía responsable a Asociart S.A. ART”, sostuvieron.

Aunque coincidió con la solución propuesta por sus colegas, Rosatti desarrolló fundamentos propios para llegar a la misma conclusión. El presidente de la Corte repasó los antecedentes del expediente y dedicó buena parte de su análisis a examinar la relación entre las obligaciones legales de la ART y el accidente sufrido por el trabajador. En ese marco recordó que las aseguradoras pueden ser condenadas cuando se demuestra una relación adecuada entre el daño y el incumplimiento de los deberes que la ley les impone. Sin embargo, sostuvo que esa explicación no aparecía desarrollada en el fallo de Cámara.

“Para determinar la responsabilidad de la ART resultaba imprescindible que la sentencia apelada explicara, razonadamente, de qué modo una capacitación (frente a un desperfecto que calificó como menor) guardaba una relación de causalidad adecuada con el lamentable padecimiento del trabajador, atendiendo a una apreciación objetiva de cómo sucedieron los hechos”, escribió.

Según Rosatti, el episodio se produjo en circunstancias muy particulares: un espacio utilizado para la espera de camiones, atravesado por un tendido eléctrico ubicado a una altura inferior a la reglamentaria y sin advertencias visibles sobre el riesgo existente. A su criterio, la sentencia no lograba explicar por qué una capacitación brindada por la ART habría podido evitar un accidente ocurrido en ese contexto.

Pero la falta de capacitación no fue el único aspecto examinado por el Máximo Tribunal. La Corte también analizó el segundo fundamento utilizado por la Cámara para condenar a la aseguradora: la supuesta ausencia de controles sobre el predio utilizado para el estacionamiento de los transportistas y sobre el tendido eléctrico que atravesaba el lugar.

Tanto el voto conjunto como el voto individual coincidieron en que ese razonamiento tampoco estaba suficientemente explicado. Rosenkrantz y Lorenzetti advirtieron que la Cámara había pasado por alto que Asociart “no tenía vinculación contractual alguna” con Bagley ni con EDESAL y que la conducta que se le exigía excedía el ámbito de control previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo. Según explicaron, aceptar ese criterio implicaría imponer a las ART la obligación de inspeccionar “todo tipo de rutas, caminos, estacionamientos, establecimientos o instalaciones cuyo control está bajo la órbita de terceros o es competencia del Estado”.

Por su parte, Rosatti consideró que la sentencia tampoco había explicado si la normativa vigente imponía efectivamente a la aseguradora la obligación de fiscalizar establecimientos ajenos al empleador del trabajador.

A partir de esas consideraciones, los jueces de la máxima instancia judicial hicieron lugar a las quejas, declararon procedente el planteo y dejaron sin efecto la sentencia apelada en los aspectos cuestionados. En consecuencia, ordenaron que las actuaciones regresen al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios fijados por la Corte.

A pocas semanas del inicio de los alegatos, previstos para la semana del 22 de junio, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan dejó por algunas horas los informes técnicos, la documentación y los reglamentos navales para escuchar a familiares de los 44 tripulantes fallecidos, quienes expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el impacto que la tragedia tuvo sobre sus vidas.

La audiencia de este jueves se desarrolló en el marco del debate oral que busca determinar la responsabilidad penal de cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

A diferencia de otras jornadas dominadas por especialistas, peritos y ex integrantes de la fuerza de submarinos, esta vez fueron madres, esposas, hermanos e hijos quienes ocuparon el centro de la escena. Los testimonios estuvieron atravesados por reclamos de justicia y expresiones de dolor. En distintas intervenciones, los deudos también recordaron la vocación, la dedicación y la pasión que los tripulantes sentían por su trabajo, mientras que una de las consignas que se repitió durante la sesión fue la de “Justicia, Verdad y Memoria, siempre”.

También fueron recurrentes las referencias a presuntos problemas de mantenimiento del buque, a las consecuencias psicológicas derivadas de la pérdida de sus seres queridos y a la actuación de las autoridades militares y políticas antes y después de la desaparición de la nave.

Fue una jornada donde se escucharon las distintas historias de vida de tripulantes embarcados en la última misión del San Juan, naufragado el 15 de noviembre de 2017.

Uno de los primeros testimonios fue el de Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real. La mujer recordó conversaciones mantenidas con su marido antes de la última navegación y sostuvo que existían preocupaciones sobre el estado operativo de la unidad.

“Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo”, expresó. Según relató, su esposo le transmitía que “había que figurar que navegaban” a la salida de Mar del Plata y que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas. “¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar”, afirmó. Y agregó: “Ellos no salieron a morir, ellos salieron a trabajar”.

Otra mirada aportó Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, quien se refirió a las secuelas que dejó la pérdida de los tripulantes en sus entornos familiares y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento.

“No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas. También reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y afirmó que las consecuencias de la tragedia continúan afectando a las familias.

En una línea similar se expresó Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, quien afirmó que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones”. Durante su intervención también cuestionó las declaraciones realizadas por algunos de los acusados durante las últimas audiencias y reclamó que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el hundimiento.

Otra exposición estuvo en manos de Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, responsable de las comunicaciones del submarino durante la última misión.

Zunda recordó la vocación de su hermano por la actividad submarina y cuestionó distintos aspectos vinculados con la búsqueda, la investigación y el tratamiento que recibieron los familiares durante estos años.

“La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas”, afirmó. También se preguntó si durante la búsqueda se utilizaron los recursos tecnológicos adecuados. “Los buscaron, pero ¿con qué tecnología? ¿La apropiada? Todo el mundo sabía que era la Armada desarmada”, sostuvo.

Durante su exposición habló además de presuntas persecuciones, intervenciones sobre su teléfono celular, amenazas y mecanismos de “manipulación a través del miedo”. Afirmó: “Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos y toda la manipulación de información era para que nos calláramos”.

A su vez, remarcó que quienes tomaron esas decisiones “nunca se imaginaron que familiares de militares iban a estar muchos años después en el mismo lugar que las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo reclamando justicia”.

La mujer también cuestionó que, a más de ocho años del hundimiento, todavía no exista una explicación definitiva sobre lo ocurrido con el submarino.

“Cuando la verdad es verdadera, es indiscutible, y eso es lo que no he visto en este juicio. Me pregunto qué es lo que pasó entonces si fue solo un accidente. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto que los familiares pasamos?”, expresó.

Más adelante volvió sobre la cuestión de las responsabilidades y planteó una serie de interrogantes dirigidos a quienes autorizaron la navegación de la unidad. “¿Fue un accidente? ¿Quiénes firmaron? (...) Esas personas que firmaron para que el submarino salga y todo lo que pasó, que no sabemos qué pasó, hasta el momento no sabemos qué pasó, se tienen que hacer cargo”, dijo.

La hermana del teniente sostuvo que aún resulta necesario determinar qué ocurrió con precisión para establecer responsabilidades más allá de las personas actualmente sometidas a juicio. “Es ilógico que no quieran ni apoyen el pedido de muchos familiares de saber qué pasó, porque así, sabiendo qué pasó, sabremos realmente si estos acusados tienen responsabilidad, y otros que no están acá. ¿Qué pasó? ¿No hay tecnología hoy? ¡Vamos!”, manifestó.

Su intervención finalizó con una solicitud al tribunal. Envuelta en una bandera con las caras de los 44 tripulantes, pidió un minuto de silencio y luego nombró uno por uno a los integrantes de la dotación. Después de cada nombre respondió con una misma palabra: “Presente”.

Durante la audiencia número 27 del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en Río Gallegos, el excapitán de navío Claudio Villamide amplió este miércoles su declaración indagatoria y respondió algunos de los principales cuestionamientos formulados en su contra acerca de su actuación como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia.

A lo largo de más de dos horas, y a partir de un extenso interrogatorio conducido por sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, el imputado se refirió a tres cuestiones que aparecen de manera recurrente en el debate oral: cómo evaluó el ingreso de agua de mar reportado durante una patrulla realizada por el San Juan en julio de 2017, por qué consideró legítimas las pruebas efectuadas por el capitán de fragata Pedro Fernández sobre la válvula ECO-19 y cuáles fueron las razones por las que no le ordenó permanecer en superficie después del incidente comunicado durante la noche del 14 de noviembre de 2017.

Uno de los ejes centrales de su defensa estuvo asociado, en efecto, al informe del comandante Fernández tras una patrulla de control de mar efectuada en julio de 2017. Ahí se consignó que durante el sexto día de navegación se produjo una filtración de agua de mar a través del sistema de ventilación que llegó a alcanzar el ventilador del tanque de baterías N° 3 de proa. Esa avería fue especialmente puntualizada a lo largo de estos últimos tres meses de debate público, en tanto se produjo en el mismo lugar donde, cuatro meses después, el submarino reportó un principio de incendio provocado por otro ingreso de agua y por medio del mismo conducto de ventilación.

El imputado afirmó que aquella novedad le llamó inmediatamente la atención al leerla en el reporte de actividades, firmado por el comandante del buque en el mes de agosto de ese 2017. “Por esa razón lo convoqué al señor capitán Fernández a mi oficina y le pregunté qué había pasado. Porque era un ingreso de agua, que lo detectaron, que había pasado por el sistema de ventilación y había llegado hasta la envuelta del ventilador de la batería de proa, donde un tripulante se dio cuenta”, explicó.

Según reconstruyó, durante esa reunión le manifestó su preocupación y le pidió precisiones sobre lo que había ocurrido. “Le dije: ‘che, este es un ingreso de agua, ojo con este tema, que es un tema de cuidado. ¿Lo verificaron?’. El capitán Fernández me dijo: ‘sí señor, está verificado’. Entonces le pregunté: ‘¿estamos claros con este tema?, ¿está solucionado?’. Y él me respondió: ‘Señor, quédese tranquilo, el tema está solucionado’”.

Al mencionar por qué consideró suficiente aquella respuesta de su subordinado, recordó que conocía al capitán Fernández desde finales de la década de 1990 y destacó su experiencia dentro de la especialidad submarina. “Si un comandante de buque, un capitán de fragata, seleccionado por la Armada, a quien yo conocía desde el año 98 cuando hizo la Escuela de Submarinos y yo era jefe de operaciones del San Juan, que era un oficial inteligente, trabajador, riguroso, ya como comandante del buque, con el orden de 26 o 27 años de servicio, 19 o 20 años de submarinista, capitán de fragata, no un teniente de corbeta, me dice ‘señor el tema está solucionado’... Dentro de la Armada hay un tema de confianza y de conocimiento del otro profesional y de su idoneidad. Para mí el tema estaba solucionado”.

El excomandante de la Fuerza de Submarinos destacó además que después de ese episodio del 6 de julio la unidad continuó operando sin registrar nuevos ingresos de agua por el sistema de ventilación.

“Tal cual lo refleja el informe de patrulla, luego de ese punto él dice que se normalizó la ventilación. El buque siguió haciendo snorkel y no hubo nunca más un ingreso de agua en esa navegación. Y hubo condiciones de mal tiempo. En agosto zarpó nuevamente por una navegación de dos o tres días con algunos buques de la flota; en esa navegación también hubo mal tiempo y se hizo snorkel y no hubo problemas. Sabemos que transitó hasta Ushuaia, realizó muchos snorkels más, y muchos fueron en condiciones de mal tiempo, y nunca más se reiteró un ingreso de agua“, puntualizó Villamide.

También respondió a quienes argumentan que debió haber iniciado una actuación disciplinaria para investigar con mayor detalle el tema. “No es poco que uno como comandante le requiera explicaciones a su comandante subordinado, que lo llame a su despacho, lo siente frente a uno y le diga qué pasó. Él es capitán de fragata, tiene la responsabilidad de un buque a cargo y es una observación suficiente al nivel entre comandantes”.

El juicio oral busca determinar si existen responsabilidades penales por el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur. Villamide, destituido de la Armada en 2021 por un Consejo General de Guerra, está sentado en el banquillo de los acusados junto al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío (RE) Héctor Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.

Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

El debate atraviesa además una etapa decisiva. Esta semana es la última con audiencias antes del inicio de los alegatos. Según el cronograma fijado por el tribunal, las exposiciones finales comenzarán el próximo 22 de junio.

Por lo demás, otro de los cuestionamientos abordados durante la ampliación indagatoria del exsubmarinista estuvo relacionado con la denominada prueba de compenso llevada adelante por el capitán Fernández durante aquella patrulla de control de los espacios marítimos de julio. Durante el curso del proceso se viene evaluando si esa maniobra, orientada a generar una recirculación de aire para homogeneizar la atmósfera en el interior del submarino, pudo haber estado vinculada con una modificación de la posición de la válvula ECO-19, señalada como la vía de ingreso de agua que filtró hasta el tanque de baterías aquel 14 de noviembre. O si acaso Villamide, como comandante superior de Fernández, no debió haber reprendido al comandante del buque por hacer ensayos con ese flap de ventilación.

Y es que en rigor, la Eco-19, tal como se consignó en las diferentes audiencias, es una válvula del sistema de ventilación que debe ir cerrada en navegación y que solo se abre en puerto para cargar las baterías del submarino. La prueba de “homogeneización” de la atmósfera, según el informe de patrulla de julio redactado por el comandante Fernández, se realizó el día 13 de ese mes con el fin de intentar generar una recirculación del aire con el buque cerrado y testear la efectividad de los canisters de cal soda (un producto encargado de absorber el CO2 para cuando la nave está en inmersión durante días sin ventilar a través del snorkel o en superficie).

Todos los testigos que pasaron por Río Gallegos aseguraron que el manual de preparación de mecanismos indica que esa válvula debe estar cerrada cuando se navega. Incluso dijeron que nunca habían tomado conocimiento de una prueba semejante: nadie nunca había abierto la Eco-19 en navegación. Al respecto, Villamide reconoció que ese ensayo llamó su atención, aunque sostuvo que la reglamentación autorizaba al comandante a realizarla.

“La reglamentación le permite hacer esas pruebas al comandante. Puede hacerlas. Tal cual dijo un testigo acá: el problema no es hacer esa prueba en sí, el problema podría ser si no se dejan los mecanismos como deben dejarse. Muchas de estas pruebas permiten mejorar al servicio naval“, aseguró.

“De hecho -completó Villamide-, la prueba se hizo en condiciones de seguridad”.

La exposición del exoficial trató luego otro de los reproches formulados en su contra: no haber ordenado a Fernández permanecer en superficie después del incidente reportado durante la noche del 14 de noviembre de 2017, en plena gestión de la emergencia y ante un temporal con un estado de mar severo.

Frente a esa crítica, Villamide apeló a la doctrina naval para fundamentar que las decisiones sobre seguridad náutica en el medio de las operaciones corresponden de modo “absoluto” al comandante de la unidad.

“El Reglamento General del Servicio Naval dice que esas decisiones sobre seguridad náutica las debe tomar el comandante. Se habla también del ‘comandante de la escena de la acción’: es el hombre que está en ese momento -el comandante del buque- en mejor condición de decidir lo que le pasa a su unidad. Él es el que sabe el remanente de batería, el combustible que tiene, en qué condición tienen los tanques, cuánto aire cargó, si ventiló. Él tiene perfectamente en claro las variables que, desde un escritorio a más de mil millas de distancia, no se tienen”, subrayó con énfasis.

Después apuntó: “Nos hemos cansado de escribir en la Armada Argentina, y es parte de la tradición nelsoniana, que el que decide es el comandante en el mar, y ahora post facto, con el diario del lunes, cuestionan las órdenes o las decisiones que tomamos los que decidimos en tiempo real en aquel momento, tanto Fernández como yo. Pero la reglamentación en ese sentido avala que es el comandante del buque el que está en ese momento y es el responsable absoluto de la seguridad del buque”.

“Mal podía yo darle una orden que pudiera generarle otra variable más que le generara más presión o que pudiera condicionar la mejor decisión que él debía tomar para su buque en ese momento”, agregó Villamide.

Por esa razón, dijo, envió un mensaje al submarino a la 01:31 del 15 de noviembre diciendo que cancele la patrulla y vuelva a Mar del Plata en “superficie o inmersión según factibilidad”, es decir, “según usted pueda o crea conveniente”.

Durante ese mismo tramo de la audiencia se refirió a la comunicación satelital mantenida con Fernández durante esa madrugada, horas antes de la implosión estructural de la nave, hallada un año después sobre el lecho marino a unos 907 metros de profundidad.

“Cuando yo hablé con Fernández, él me informó que ya había ventilado el buque, que se iba a volver a inmersión. Nadie se va a volver a inmersión con arcos voltaicos presentes ni con humo a bordo. Es un tema de sentido común. Es impensado”, afirmó con vehemencia.

El acusado manifestó en su cierre que estaba dispuesto a responder consultas de las partes antes de finalizar su indagatoria.

“Estoy a disposición del tribunal, de la fiscalía y de las querellas para las preguntas que quieran hacerme, para tratar de explicar -o sacar- alguna duda que ustedes puedan tener, o algún cuestionamiento. Estoy abierto a sus preguntas, porque creo que es la última posibilidad que tengo”, manifestó.

La fiscal María Garmendia Orueta aclaró que el Ministerio Público no tenía preguntas para formular. Sí intervinieron el querellante Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 11 oficiales que iban a bordo de la nave, y los jueces del tribunal oral encabezado por el juez Mario Reynaldi.

A su término, el ex capitán de navío y actual capitán de ultra mar de la Marina Mercante recurrió a un antecedente naval ocurrido en 2010 que, según explicó, reflejaba cómo se abordaban las cuestiones de seguridad dentro de la Fuerza de Submarinos.

Recordó que ese año el ARA Santa Cruz, que había realizado su reparación de media vida en Brasil en el 99, debía reemplazar sus baterías e ingresar nuevamente a reparaciones.

“El comandante del submarino lo vio a su comandante de Fuerza, que era el capitán Picardo en aquel año, y le dijo que, en su opinión, el submarino Santa Cruz por un tema de seguridad ya no debía ir más a inmersión”, relató.

Explicó que ese planteo fue evaluado por la cadena de mando y que el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos embarcó posteriormente en la unidad. “El COFS tomó el tema y después de eso embarcó. En esa navegación hubo una emergencia. Finalmente el COFS tomó el criterio del comandante, se hizo un Consejo del Arma Submarina, se presentó la circunstancia (...) y se llegó al acuerdo de que el submarino hasta tanto volviera a salir de reparaciones generales no debía volver más a inmersión con la batería en ese estado, porque gaseaba”.

Tras reconstruir esa secuencia, reveló que el comandante que había planteado aquella advertencia, y aun en contra de algunos oficiales de la plana mayor, era él mismo.

“Eso se originó en un buque del cual yo era comandante. Yo paré al submarino Santa Cruz, que dejó de ir a inmersión... Me tomo seriamente la seguridad”, afirmó mientras dirigía la mirada hacia el sector ocupado por la fiscalía.

En su cierre, y casi con la voz quebrada, Villamide defendió la actuación profesional de los submarinistas y rechazó las acusaciones por imprudencia: “No somos descriteriados. No somos temerarios. Somos profesionales, todos, desde el cabo más moderno hasta el comandante. Sabemos lo que hacemos. Somos orgullosos de nuestro trabajo”.

Y completó: “Hemos sido siempre una fuerza de elite. Y no nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”.

“La pérdida de un hijo va en contra del orden natural de la vida. Gracias por su entereza, su presencia, su testimonio y su colaboración con la Justicia”.

Con esas palabras despidió este martes el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi, al último de los más de 90 testigos que pasaron desde marzo por la ciudad de Río Gallegos, en el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ), que busca determinar si existieron conductas en la cadena de mando de la Armada que pudieran haber desembocado en la gran tragedia.

El último testigo fue el capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, considerado un testimonio “de privilegio” en los términos de una de las defensas por tener una condición que ningún otro tuvo: fue, por un lado, uno de los miembros de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa, encargada de investigar los sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado el naufragio; y por el otro, es padre de uno de los 44 tripulantes que iban a bordo del buque que naufragó a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Durante su declaración, Bergallo recordó que fue convocado para integrar ese cuerpo por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, pocas semanas después de la desaparición del submarino. Según relató, en una primera comunicación telefónica rechazó el ofrecimiento debido a su situación personal. “Me excusé por mis circunstancias particulares”, explicó. Sin embargo, Aguad volvió a contactarlo en dos oportunidades más. En una de ellas incluso le propuso que confeccionara una lista de almirantes retirados para elegir quiénes lo acompañarían en la tarea investigativa.

El marino retirado señaló que recién aceptó tras analizar la situación y conversar con colegas y compañeros de la Armada. Al explicar los motivos de la insistencia oficial, contó que el entonces ministro le transmitió que su incorporación podría aportar confianza a los allegados de los tripulantes desaparecidos. “El ministro me comentó que el hecho de que yo integrara la comisión iba a darle más tranquilidad a los familiares, por el hecho de que yo siendo familiar también integrara la comisión”, recordó.

El padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, quien con 42 años recién cumplidos se desempeñaba como segundo comandante del San Juan durante la última navegación, se sentó en el medio de la sala de audiencias a responder como testigo a pedido de todas las partes del proceso. Así, uno por uno, defensores, fiscalía y querellantes fueron saludándolo y transmitiéndole su respeto y agradecimiento por asistir de manera presencial al tribunal.

Submarinista al igual que su hijo -o más bien viceversa-, como parte de su extensa trayectoria en la carrera naval relató que había sido comandante del propio ARA San Juan en el año 1993 y de la Fragata Libertad pocos años antes de retirarse en 2004. Acaso por eso fue que su último comentario en la audiencia lo destinó a “remarcar el momento de la toma de decisión del comandante, que no es un momento fácil”.

“No solo no es fácil sino que es terriblemente complicado”, dijo en relación al capitán del San Juan, Pedro Martín Fernández, y a su curso de acción a la hora de enfrentar la avería aquel fatídico 15 de noviembre de 2017 -el principio de incendio en el tanque de baterías por ingreso de agua de mar-, en medio de una meteorología hostil en el Atlántico Sur.

“A la presión de las circunstancias, en este caso de la avería y de tener que salir a superficie con el temporal, etc., se le sumó al comandante -me imagino- el asesoramiento que haya recibido por parte de algún miembro de la Plana Mayor. (...) La toma de decisión en un momento de emergencia, como en tantas otras profesiones, no solo en la militar, en particular en la naval y mucho más en la de submarinos: hay muchas profesiones en las cuales la decisión en el momento de la emergencia tiene que ser casi inmediata“, explicó Bergallo.

Luego dio un ejemplo: “Si me permiten, recuerden la película Sully, del avión que tiene que amerizar en el río Hudson, donde después el comandante es sometido a una Corte de la Aviación. Ahí el actor se explaya muy bien en la toma de decisión que tuvo que llevar adelante en ese momento. Todos los que hemos estado en la Armada y hemos ejercido el comando más de una vez con toda seguridad hemos pasado esos momentos de tensión. Entonces, a veces cuando me preguntan ‘¿usted se hubiera quedado en superficie o hubiera ido a inmersión?’ Mi respuesta hasta ahora y en el Consejo de Guerra fue la misma: no sé, depende. No sé en ese momento cuánta gente se había golpeado, aunque el mensaje naval dijera ‘personal sin novedad’“.

Y, en esa línea, volvió a plantear: "Yo quiero remarcar el proceso de toma de decisión del capitán Fernández, porque debe haber sido muy difícil. Y esto va concatenado con las tomas de decisiones desde el comandante del submarino San Juan hacia arriba en la cadena de comando. Por ejemplo: el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, ¿hubiera enviado un buque? ¿Y para qué? (...) A lo mejor sí, a lo mejor no: pero son todas suposiciones, conjeturas“.

Para el capitán Bergallo, integrante de la Comisión investigadora junto a los contralmirantes Gustavo Trama (RE) y Alejandro Kenny (RE), por pedido del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, “si alguien se equivocó” en la adopción de decisiones durante los momentos críticos que involucraron al submarino “tendrá un determinado nivel de responsabilidad, pero el proceso es muy difícil y por eso en especial quiero remarcar lo hecho por el capitán Fernández, por el momento que vivió“.

Al respecto, completó: “Además tuvo, si se puede decir así, la virtud del cuidado de no generar más inquietud en su comando superior -el entonces titular de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, hoy imputado-“.

El testimonio de Bergallo estuvo cargado de emociones. La querellante Lorena Arias, al saludarlo públicamente, le dijo que 2017 había sido “un año muy duro para los dos, y usted ha sido siempre para mí una fuente de ejemplo y yo le agradezco por eso”. Arias representa a distintas familias de tripulantes del ARA San Juan junto a la abogada Valeria Carreras y, además, es familiar de Horacio Airala, jefe de máquinas del pesquero El Repunte, hundido en junio de 2017 frente a las costas de Chubut.

Por su parte, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, alumno submarinista a bordo del SUSJ, al tomar la palabra le expresó al testigo: “Sabe que compartimos el sentimiento”.

Luego le preguntó: “¿Lo llegó a conocer personalmente al comandante Fernández?”.

“No, no tuve la oportunidad de estar destinado con ninguno de los tripulantes, y ni siquiera en un destino cercano, porque yo me fui del área de submarinos antes”, respondió el ex oficial superior, quien además posee una licenciatura en Historia, una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Ciencia Política.

Consultado sobre las conversaciones que mantenía con su hijo y la imagen que este tenía del comandante Pedro Martín Fernández, Bergallo aseguró que nunca recibió comentarios específicos sobre él ni sobre otros integrantes de la tripulación. Explicó que su hijo era “muy reglamentario” y hasta “ético” en referencia a su respeto por las jerarquías y las normas de la fuerza. Por ese motivo, señaló que jamás le formuló apreciaciones personales sobre su superior ni sobre otros miembros de la dotación.

El ex comandante del submarino siniestrado recordó que ambos hablaban con frecuencia sobre las navegaciones, los ejercicios y el nivel de instrucción de la tripulación. “Yo le preguntaba en las primeras navegaciones cómo le había ido, cómo eran los zafarranchos, las diferentes actividades para adquirir el nivel de instrucción en técnicas y tácticas. Lo conversábamos mucho. A veces me da la sensación de que yo era molesto”, relató. Y agregó que disfrutaba de esas charlas no solo desde el plano familiar, sino también porque le permitían seguir conectado con la actividad submarinista. “Era una manera de seguir navegando”, admitió.

En ese contexto, sostuvo que su hijo le solía comentar que el ARA San Juan se encontraba en condiciones de operar y que la tripulación estaba correctamente entrenada. “Lo que siempre me transmitió era que estaban bien, que no solo el buque estaba bien sino que ellos estaban adiestrados”, declaró.

También relató que mantuvo contacto con el teniente Bergallo durante la escala en Ushuaia y antes de la última zarpada, oportunidad en la que su hijo le comentó que permanecerían un día más en puerto tras una autorización solicitada por el comandante al titular de la Fuerza de Submarinos. Según aseveró, en esos intercambios nunca percibió señales de preocupación o inconvenientes a bordo. “La sensación que él me transmitía es que no había ningún inconveniente, por lo cual, yo asumo que no debería haber ocurrido nada particular”, concluyó.

“No había ningún inconveniente ni ningún riesgo”

Otro de los intercambios relevantes se produjo durante el interrogatorio del abogado defensor Juan Pablo Vigliero, representante de Claudio Javier Villamide, capitán de navío destituido y ex comandante de la Fuerza de Submarinos. Villamide integra el grupo de cuatro ex oficiales de la Armada que llegaron a juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, junto al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa.

Las preguntas giraron en torno a las conclusiones de la comisión asesora que integró Bergallo. Ese cuerpo fue creado para analizar la documentación vinculada al estado material del submarino desde su salida de la reparación de media vida hasta sus últimas navegaciones, incluyendo la zarpada desde Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y la posterior partida desde la Base Naval Ushuaia el 8 de noviembre de 2017. El trabajo también incluyó la recopilación de información mediante entrevistas a personal considerado de interés para la investigación.

A partir de ese análisis, Bergallo indicó que el ARA San Juan reunía las condiciones de seguridad necesarias para haber zarpado. “Sí, reunía todas las condiciones de seguridad náutica”, expresó. También consideró que el submarino se encontraba en condiciones de cumplir con la misión que le había sido asignada, aunque aclaró que su apreciación estaba referida específicamente a la etapa de mar que debía desarrollar durante aquella navegación.

Vigliero luego le preguntó si, con la perspectiva que da el paso del tiempo y en su doble condición de submarinista y padre del segundo comandante del buque, entendía que su hijo se sentía seguro navegando en el ARA San Juan.

Bergallo explicó que nunca recibió de su parte comentarios que le generaran preocupación respecto del estado material del submarino ni sobre el desempeño de la tripulación o de sus superiores. “Nunca me hizo algún comentario que a mí me generara alguna preocupación, ni desde el punto de vista del material ni desde el punto de vista del personal, e incluyo acá con todo respeto al comandante. Nunca me hizo ningún comentario que me transmitiera inquietud o me la generara a mí”, relató.

El testigo agregó que conserva fotografías tomadas durante la navegación en las que puede verse a su hijo junto a otros tripulantes y oficiales. Si bien aclaró que no se trata de un elemento técnico de análisis, entendió que esas imágenes reflejaban el clima que existía a bordo. “No es un dato científico, pero están todos sonriendo. Incluso en las fotos de la tripulación ninguno transmite dudas”, comentó.

Sobre el final de su respuesta, Bergallo resumió la percepción que obtuvo tanto de sus conversaciones con su hijo como de la información que conoció posteriormente sobre la navegación. “Toda la información que dispongo y los indicios, no sé si decirles humanos, me indican que no había ningún inconveniente y ningún riesgo”, señaló.

Las observaciones sobre la prueba realizada con la válvula E19

La fiscal de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta, centró parte de su interrogatorio en una serie de antecedentes registrados durante la navegación que el ARA San Juan realizó entre el 1 y el 19 de julio de 2017, y que fueron posteriormente analizados por la comisión asesora.

Según surge de un informe elaborado por el entonces comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, el 6 de julio se registró un ingreso de agua en la voluta del ventilador de baterías del tanque N.º 3 mientras la unidad navegaba utilizando snorkel. Se trata del mismo sector donde, durante la noche del 14 de noviembre de 2017, fue reportado el principio de incendio que precedió a la desaparición del buque.

De acuerdo con las conclusiones técnicas incorporadas a la investigación, el único punto por el que esa agua pudo haber ingresado al sistema era el flap o válvula E19, perteneciente al sistema de ventilación del submarino.

Una semana después, el 13 de julio, Fernández dispuso una prueba de control de atmósfera que implicó modificar la configuración habitual de ese sistema mediante la manipulación de la válvula E19 y otros componentes asociados. El objetivo era evaluar alternativas para prolongar el tiempo de permanencia en inmersión mediante una mayor recirculación del aire interno y una menor utilización de los canisters de cal sodada, empleados para absorber el dióxido de carbono generado por la tripulación.

Tanto el ingreso de agua reportado el 6 de julio como aquella prueba realizada el día 13 fueron incluidos entre las cuestiones que la comisión consideró necesario esclarecer. En su informe final, el cuerpo recomendó determinar por qué, tras ambos episodios, no se impulsó una investigación técnica exhaustiva ni se adoptaron medidas específicas destinadas a reducir la posibilidad de que una situación similar pudiera repetirse durante la navegación de noviembre.

Consultado sobre esos antecedentes, Bergallo explicó que el episodio llamó la atención de los tres integrantes del equipo investigador. “A mí, igual que a los otros dos integrantes de esta Comisión, nos sorprendió que se hubiera hecho esta maniobra”, manifestó.

El ex comandante del ARA San Juan aclaró, sin embargo, que una evaluación definitiva dependía de las condiciones concretas en las que se hubiera desarrollado la prueba. Según explicó, una maniobra de esas características podría resultar admisible si estuviera cuidadosamente planificada, supervisada y ejecutada con personal desplegado en distintos sectores para detectar de inmediato cualquier anomalía. “Excepto que fuera algo muy bien controlado, supervisado a bordo con todo el personal disponible para ubicarse en diferentes lugares y en todo caso alertar que estaba pasando agua. Pero en la normalidad, en lo habitual, esto no se hace. O no se hacía. Por eso nos sorprendió”, señaló.

Bergallo añadió que otro aspecto que le resultó llamativo fue no haber escuchado nunca referencias a ese episodio por parte de su hijo, el capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del submarino y fue ascendido al grado inmediato superior post mortem.

“Yo con el segundo comandante hablaba muy seguido, muy muy seguido de muchos temas, y en particular en ese último año. Y lo que me sorprendió es que nunca me hizo ningún comentario sobre esta maniobra, sobre este ensayo o este experimento”, comentó.

La fiscal también le preguntó cuál habría sido, desde su experiencia como comandante y segundo comandante de submarinos, el procedimiento adecuado para llevar adelante una prueba que se apartara de las prácticas habituales de navegación.

Aunque indicó que no recordaba una reglamentación específica sobre ese supuesto, el capitán Bergallo describió cuál habría sido su criterio profesional. “Yo lo que hubiera hecho es avisarle al comandante de la Fuerza -mi comandante superior-: ‘voy a hacer este ensayo, esta prueba, con tal objetivo’. Y el comandante superior me hubiera dicho sí o no, o hágalo con cuidado", consideró.

Y remató: “Pero como mínimo, si voy a hacer algo fuera de lo previsto, por supuesto que avisaría. Y más aún, pediría autorización”.

Una explosión equivalente a la detonación simultánea de “10 granadas de mano” o a un “petardo potente dentro de una lata”. Esos fueron dos ejemplos que aparecieron este lunes en una nueva audiencia de testimonios en el marco del juicio oral que analiza los pormenores de la tragedia del ARA San Juan. Ambos intentaron graficar la posible deflagración dentro del tanque de baterías del submarino tras sufrir el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, seguido de un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico que obligó a la nave a salir a superficie en medio de un temporal en el Atlántico Sur.

La primera imagen fue propuesta por el contralmirante retirado Gustavo Adolfo Trama, integrante de la Comisión Asesora creada por el Ministerio de Defensa pocos días después de la implosión que conmocionó a todo un país. Ese órgano estuvo integrado por tres ex oficiales superiores de la Armada y tuvo la misión de analizar la documentación reunida tras la desaparición del submarino y evaluar las distintas hipótesis sobre las causas del siniestro. El segundo ejemplo, en tanto, fue aportado por el capitán de navío retirado Arturo Marfort, quien compareció para responder consultas acerca de un trabajo técnico elaborado en el marco de las actuaciones disciplinarias que concluyeron, en 2021, con sanciones contra distintos integrantes de la Marina.

Aunque participaron de investigaciones diferentes y suscribieron informes independientes, ambos testigos coincidieron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en un punto central: la hipótesis técnicamente más consistente continúa siendo hasta el momento una acumulación explosiva de hidrógeno generada tras el ingreso de agua al sistema de baterías de la nave.

Las conclusiones fueron expuestas por dos marinos con una extensa trayectoria en la Armada. Trama fue comandante del propio ARA San Juan y también titular de la Fuerza de Submarinos. Marfort, submarinista también, fue designado como perito por el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante José Villán, para asesorar técnicamente al comodoro de la Fuerza Aérea Ricardo Méndez, instructor de la investigación disciplinaria labrada en el ámbito del Consejo de Guerra dispuesto por el Ministerio de Defensa.

El proceso penal en la ciudad de Río Gallegos busca determinar si existieron incumplimientos en la cadena de mando vinculados al estado de alistamiento de la unidad y a las decisiones adoptadas tras la avería informada el 14 de noviembre de 2017 a las 23:42. Aun así, los dos testigos remarcaron que el submarino se encontraba en condiciones de navegar y que, a su vez, la explicación técnicamente más consistente continúa siendo una secuencia iniciada por el ingreso de agua al tanque de batería de proa y una posterior explosión por acumulación de hidrógeno en ese sector del buque de 66 metros de largo.

Durante la audiencia número 25 del debate oral intervinieron la fiscal de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta, los querellantes Luis Tagliapietra y Lorena Arias, y las defensas de los cuatro ex oficiales de la Armada acusados en razón de sus cargos al momento del siniestro.

Al desarrollar las conclusiones de la Comisión Asesora, el contralmirante Trama inició su declaración explicando que el hundimiento no podía atribuirse a una única falla sino a una “serie de causalidades” que comenzaron con el ingreso de agua al sistema de ventilación y al balcón de barras de baterías. Según reconstruyó, esa filtración pudo haber generado un cortocircuito y un principio de incendio inicialmente controlado por la tripulación. Sin embargo, la persistencia de las corrientes eléctricas -aún con la desconexión de las baterías afectadas-, la electrólisis producida por el agua salada y una eventual acumulación de hidrógeno superior al 4% habrían creado las condiciones para una explosión interna que anuló la capacidad de reacción del personal.

La clave, insistió, fue la concatenación de los acontecimientos.

El ex comandante de la Fuerza de Submarinos describió esa secuencia como “el ingreso de agua, más esa explosión que pudo haber sufrido, más la incapacidad de los tripulantes que duró entre 9 y 26 minutos para poder accionar algún sistema -desde que el buque se fue a plano profundo de 40 metros, perdió el control y cruzó el límite de colapso estructural-”. A partir de ahí, razonó en voz alta, el submarino habría quedado sin posibilidad de recuperar el comando de la nave antes de descender hasta alcanzar su profundidad de colapso.

La explicación encuentra similitudes con otro de los estudios técnicos incorporados al extenso caudal documental que acumula el expediente. Así fue que el testigo analizó un informe del astillero alemán ThyssenKrupp, fabricante del buque en la década del 80, según el cual “podría haberse acumulado hidrógeno en el tanque de baterías o gases explosivos producidos por la electrólisis del agua de mar en los bornes o conectores de la batería después de 2 o 3 horas”. El mismo documento indicó que la explosión de la mezcla acumulada habría tenido una potencia equivalente a aproximadamente diez kilogramos de TNT.

Para dimensionar el fenómeno, el submarinista recurrió a una imagen concreta.

“El submarino se fue a inmersión y cerró todo a las 6 de la mañana. El incidente fue a las 10.51. (...) Son 4 horas y pico... ¿Qué intensidad tuvo la explosión? El equivalente a 10 granadas de mano todas juntas en un mismo lugar“, dijo al ilustrar la hipótesis más probable a su criterio, y precisó: ”El hidrógeno tiende a ubicarse en las esquinas y en la entrada del tanque de baterías. Puede ser activado ya sea por la corriente estática, por una chispa o hasta por la luz de un celular”.

Luego agregó: “Eso seguramente fue lo que produjo la explosión que dejó inhabilitado a los tripulantes, porque arriba -del tanque de baterías número 3, donde se reportó la avería- está el cuarto de Comando, y también está todo el alojamiento de los suboficiales”.

Y repitió: “Es altamente probable que haya ocurrido, no es posible probarlo”.

El capitán Marfort llegó a un escenario similar desde una investigación distinta. Al referirse a las causas de la pérdida de la nave, el perito sostuvo que las imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity con los restos diseminados en el fondo marino muestran que el ARA San Juan alcanzó su profundidad de colapso y sufrió una destrucción masiva del casco resistente como consecuencia de una “pérdida de control” cuyo motivo “no se puede determinar”.

“Todo indicaría que fue por una explosión de hidrógeno, pero no hay una certeza; pudo haber sido por algún otro motivo. Uno trata de asignar probabilidad a las distintas circunstancias que provocaron esa pérdida de control, pero no habiendo pruebas es imposible”, explicó el testigo ante los magistrados Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez. Guillermo Quadrini, el cuarto juez, estuvo conectado de manera virtual.

“Da la idea de que la pérdida de control fue por una neutralización masiva de la tripulación”, sugirió después.

A esa altura de la jornada, la imagen que utilizó para describir esta hipótesis fue distinta a la del contralmirante, aunque apuntó en la misma dirección.

“Una explosión de hidrógeno es como un petardo potente dentro de una lata; el casco lo va a resistir, pero va a neutralizar a la dotación. A partir de ese momento, el submarino queda sin control”, aseveró Marfort durante su testimonio. Poco después aseveró que “las certezas son realmente muy pocas. Hay deducciones que son razonables, que tienen un sustento fáctico, pero no dejan de ser deducciones”.

Otro de los ejes de la declaración consistió en la lectura de distintos pasajes de su informe pericial, donde el autor utilizó toda la documentación vinculada al estado de alistamiento del submarino antes de partir a su última misión el 25 de octubre de 2017. Ahí el capitán de navío retirado ratificó las conclusiones que había plasmado durante la actuación disciplinaria y señaló que el hecho inicial que desencadenó la tragedia no podía vincularse con las limitaciones técnicas registradas durante la reparación de media vida ni con las novedades de mantenimiento documentadas hasta la noche en que se registró el ingreso de agua en plena patrulla de control del mar.

Según se pudo leer durante la testimonial, el informe firmado por Marfort determinó que “el incidente inicial que desencadenó la suerte del SUSJ no derivaría de ninguna de las limitaciones o novedades pendientes de las reparaciones de media vida o surgidas con posterioridad al cambio de dependencia orgánica y que fueron registradas hasta el 14 de noviembre de 2017”. En ese mismo apartado se consignó que “el ingreso de agua de mar al balcón de barras de baterías se produjo a través del flap E-19 sin poder determinarse de un modo concluyente si se trató de una falla de dicho flap o de un error en su operación”.

Las consideraciones finales abordaron además una de las discusiones más recurrentes desde el hundimiento: si el desenlace podría haber sido diferente en caso de que el submarino hubiera permanecido navegando en superficie luego de la anomalía. Marfort consideró en su informe que no era posible “asegurar que el destino de los tripulantes habría sido diferente de permanecer la unidad en superficie”, ya que, ante una eventual explosión de hidrógeno, los efectos sobre la tripulación habrían sido similares incluso fuera de inmersión, en tanto las escotillas estaban cerradas “por razones de seguridad” a causa del fuerte temporal.

En efecto, y siempre de acuerdo a las conclusiones del estudio técnico del submarinista Marfort, la escotilla del puente permanecía cerrada debido a las severas condiciones meteorológicas que enfrentaba la nave, por lo que una eventual acumulación de hidrógeno habría producido consecuencias comparables tanto en superficie como bajo el agua. El documento añadió, por otro lado, que el comandante Pedro Fernández enfrentó una situación particularmente compleja, ya que debió compatibilizar el control de la avería reportada con la protección de la tripulación en medio de una tormenta que degradaba “la eficiencia del personal minuto a minuto”.

Bajo esos parámetros, las consideraciones finales destacaron que el comandante del San Juan tuvo que resolver “la disyuntiva doble que le planteaba su obligación de controlar el daño y velar por la seguridad de su tripulación con el riesgo adicional que implicaba permanecer en superficie en medio de una tormenta”.

El estado del submarino

Más allá de las posibles causas del naufragio, ambos especialistas también coincidieron en otro punto fundamental para el debate oral que se viene desarrollando desde el pasado 3 de marzo. Y es que los dos testigos sostuvieron que no encontraron evidencia alguna que permitiera asegurar que el ARA San Juan hubiera zarpado en condiciones que anticiparan la tragedia.

En ese sentido, durante el interrogatorio del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide -uno de los cuatro imputados-, el contralmirante Trama ratificó íntegramente las conclusiones del informe preliminar redactado por la Comisión Asesora del MINDEF. Entre ellas, la que formuló que no existían “evidencias demostrables” de que el submarino hubiera salido de la Base Naval de Mar del Plata o de la de Ushuaia unos días después “con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017″.

La comisión que integró el marino fue incluso más allá.

“No existen evidencias demostrables de que alguno de los equipos y sistemas que se encontraban fuera de servicio y seriamente degradados y aquellos por los cuales se habían requerido sendas Solicitudes de Obras Correctivas, que al momento de la zarpada del San Juan el 25 de octubre de 2017, se encontraban pendientes de completar o en ejecución, pudo haber sido la causa de la tragedia”, se consignó en el documento leído este lunes durante el interrogatorio de Trama.

De acuerdo a ese estudio, además, la unidad naval “reunía las condiciones estructurales, mecánicas, técnicas y marineras necesarias para navegar y cumplir con la Orden del Comandante de la Fuerza de Submarinos N° 04/17 ‘C’“.

El capitán Marfort arribó al mismo diagnóstico desde la investigación disciplinaria instruida en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2021.

“En esa situación y con las restricciones vigentes el submarino estaba en condición de salir a navegar con seguridad”, dijo el testigo poco después de aclarar que para hacer su informe había tenido a la vista todos los mensajes cursados entre la nave y su comando superior, junto a los Índices de Calificación del Estado del Material (ICEM) y la planilla con el estado de avance de las obras pendientes desde que el buque salió del astillero tras su reparación de media vida hasta su última navegación.

Por otra parte, y durante un largo pasaje del interrogatorio, la fiscal Garmendia Orueta hizo repasar al contralmirante Trama una serie de “hallazgos críticos” relevados durante una inspección de seguridad realizada por el Comando de la Fuerza de Submarinos en el año 2016. Entre las observaciones figuraban radiobalizas “obsoletas”, la falta de determinadas señales de emergencia para submarinos, cuestiones vinculadas a los sistemas de detección de gases, los canisters de cal soda para absorber CO2 y otros aspectos relacionados con la seguridad náutica y el mantenimiento de la unidad.

El submarinista retirado dio cuenta de todas esas observaciones, aunque insistió en que fueron examinadas por la Comisión Asesora y que ninguna permitía establecer una “relación causal” con el trágico desenlace.

La misma respuesta brindó cuando fue consultado sobre la demora en el ingreso del submarino a dique de carena para cumplir fuera del agua con su plan de mantenimiento estipulado por la normativa.

“Es indudable que el San Juan tenía que entrar a dique seco, pero la Armada no estaba en condiciones de ingresarlo”, expresó. Sin embargo, relativizó el impacto operativo de esa situación al asegurar que “tampoco era tan grave" y que "el dique no es una afectación”.

“Ninguno de los trabajos pendientes de realizar, o de las solicitudes de obras correctivas, o las observaciones que habían realizado tanto en el ICEM como en la inspección del ISGA o de la Fuerza de Submarinos, pudo ser causa del siniestro”, declaró el contralmirante Trama.

Y remarcó: “El siniestro, permítame, se produjo por una serie de causalidades cuyo disparador fue el ingreso de agua al balcón de barra de baterías. Todas estas solicitudes de obras correctivas, el informe del ISGA, etc., ninguna pudo haber sido la causa del inicio de una serie de causalidades que llevaron a la pérdida del submarino”.

Hacia el final de su declaración, Trama introdujo un elemento vinculado al estado del arma submarina durante los años previos a la tragedia. Recordó que entre 2011 y 2014 la actividad submarina fue extremadamente reducida y advirtió sobre el impacto que esa situación tuvo en la experiencia acumulada de navegación dentro de la fuerza.

“Ustedes imagínense -planteó el testigo- que los submarinos no navegaron desde 2011 a 2014. (...) Los submarinos navegaban 16 horas por año en inmersión. Así no se gana adiestramiento ni experiencia. La experiencia se gana en navegaciones largas“.

Luego cerró: "No hay submarinos que naveguen libres de fallas. En el 94 teníamos fallas, pero el submarino estaba preparado para repararlas. Y los suboficiales saben repararlas“.

El juicio se encamina al cierre de la etapa probatoria. Mañana será la última audiencia testimonial con la declaración de los otros dos integrantes de la Comisión Asesora creada a fines de 2017 por el ministro Oscar Aguad: el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Rolando Bergallo.

Bergallo es padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del ARA San Juan al momento de su última operación.

Tras una semana de receso, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos, en un debate a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, presidido por el juez Gabriel Reynaldi, que ya acumula 24 audiencias y un promedio cercano a los cinco testigos por día. Será además la última ventana de producción de prueba, con la comparecencia de oficiales superiores retirados de la Armada, que ocuparon puestos relevantes dentro de la especialidad submarina o intervinieron posteriormente en análisis técnicos orientados a desentrañar qué ocurrió con la nave y sus 44 tripulantes.

Entre el lunes y el martes pasarán por la sala de audiencias cuatro oficiales superiores retirados. El lunes declararán el capitán de navío (RE) Arturo Marfort y el contralmirante (RE) Gustavo Trama, mientras que el martes lo harán el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Bergallo.

Tres de ellos -Trama, Kenny y Bergallo- integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada durante la gestión del entonces ministro Oscar Aguad, cuyo cometido fue examinar la documentación reunida tras la pérdida del submarino y evaluar las distintas hipótesis sobre las causas de la implosión del casco resistente, localizado un año después a unos 907 metros de profundidad. Bergallo posee además un vínculo profundo con la tragedia: el submarinista es padre de Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del ARA San Juan y fue ascendido de capitán de corbeta a capitán de fragata post mortem.

En tanto, Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra desarrollado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tras la excusación del entonces jefe de la Armada, José Luis Villán. Ese procedimiento disciplinario se sustanció bajo las previsiones del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, incorporado como Anexo IV de la Ley 26.394, promulgada en agosto de 2008, y concluyó en el año 2021 con sanciones contra distintos integrantes de la cadena de mando naval.

Tanto el informe elaborado por el capitán Marfort como el producido por la Comisión Asesora del MINDEF abordaron gran parte de los ejes centrales que hoy se discuten con minuciosidad en el debate oral. Ambos trabajos reconstruyeron la secuencia previa al hundimiento, ponderaron distintos escenarios sobre las causas de la pérdida de la unidad, asignaron probabilidades a cada hipótesis y se pronunciaron sobre el estado de alistamiento del submarino al momento de partir desde la Base Naval Mar del Plata para cumplir su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017.

El miércoles será el turno de la ampliación de indagatoria del contralmirante (RE) Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en lo que se proyecta como el cierre de la etapa probatoria. López Mazzeo afronta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.

Por los mismos delitos también son juzgados el ex capitán de navío Claudio Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de la estructura a cargo de Alonso.

Al día siguiente, los familiares de los 44 tripulantes que así lo deseen podrán expresar sus reflexiones, reclamos y planteos sobre el caso ante los jueces del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Superada esa instancia, el proceso ya ingresará en su tramo final. El 22 de junio está previsto el alegato de la fiscalía, en manos de Gastón Pruzán; el 23 de junio expondrán las dos querellas, representadas por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, y por el abogado Luis Tagliapietra. Dos días más tarde será el turno de la defensa de Villamide, representado por Juan Pablo Vigliero.

Las defensas públicas de Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa alegarán el 6 de julio. Las réplicas y dúplicas quedaron programadas para el día siguiente, mientras que el 8 de julio los cuatro imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados emitan su veredicto.

El Consejo General de Guerra

Tal como se señaló, uno de los testigos convocados para esta semana es el capitán de navío (RE) Arturo Marfort, encargado de confeccionar un informe técnico sobre las posibles causas del hundimiento en el ámbito del Consejo General de Guerra impulsado durante la gestión del entonces ministro de Defensa Agustín Rossi. Ese proceso se desarrolló bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en virtud de la excusación del entonces jefe de la Marina, José Luis Villán, y se rigió por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los integrantes del Consejo de Guerra decisor fueron el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Juan Paleo, del Ejército; el subjefe del organismo, el brigadier mayor Pedro Girardi, de la Fuerza Aérea; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien presidió el tribunal y es primo del entonces ministro de Defensa.

Las actuaciones se desarrollaron bajo estricta confidencialidad en el Edificio Libertador y culminaron con la resolución CGG N° 20/2021, dictada el 22 de marzo de 2021.

El objeto de ese legajo disciplinario consistió en investigar las eventuales responsabilidades de integrantes de la Armada por hechos ocurridos antes, durante y después del naufragio del ARA San Juan, incluyendo posibles “faltas gravísimas” previstas en el articulado del Código de Disciplina.

La sanción más severa de esas actuaciones recayó sobre el capitán de navío Claudio Villamide, entonces titular de la Fuerza de Submarinos, quien fue destituido tras considerarse que actuó con “negligencia” al no ordenar ni recomendar expresamente al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández -ascendido post mortem a capitán de navío-, permanecer en superficie por un período limitado tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017. La misma estaba vinculada al ingreso de agua de mar en el tanque de baterías N° 3 de proa, que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. También se le reprochó no haber convocado de manera urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas para analizar la situación y brindar apoyo a la unidad.

El Consejo General de Guerra, además, impuso al entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, una sanción de 45 días de arresto riguroso, por haber informado de manera “incompleta” al Ministerio de Defensa los acontecimientos iniciales relacionados con el buque, y otros 30 días de arresto riguroso por haber atribuido responsabilidades disciplinarias a personal subalterno sin haber agotado previamente las medidas necesarias para formular esas imputaciones.

A su vez, el contralmirante López Mazzeo recibió una sanción sustitutiva de 60 días de arresto riguroso, además de otros 15 días más por no haber permanecido en la sede de su comando tras conocerse la avería inicial del San Juan y 10 días de arresto riguroso por informar tardíamente esa novedad al entonces jefe de la Armada.

También resultaron sancionados el capitán de navío Alonso, con una sanción sustitutiva de 30 días de arresto riguroso y otros 20 días de arresto por no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni convocado a los integrantes del Estado Mayor; y el capitán de fragata Correa, cuya destitución fue reemplazada por una sanción de 30 días de arresto riguroso.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación rechazó esta semana un recurso presentado por la familia de un adolescente que murió en 2013 tras años de reclamos por su atención médica y dejó firme el archivo de una investigación federal que buscaba determinar posibles responsabilidades penales de funcionarios públicos, obras sociales y prestadores sanitarios. El máximo tribunal penal del país sostuvo que no existían elementos suficientes para justificar la intervención del fuero federal, aunque aclaró que la pesquisa por el fallecimiento continuará en la justicia nacional ordinaria, donde ya interviene una junta médica con el fin de esclarecer el caso.

En rigor, Casación aclaró que la pesquisa por el fallecimiento del joven continuará en la justicia nacional ordinaria, donde ya tramita un expediente específico ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 y en el que incluso se ordenó una junta médica del Cuerpo Médico Forense para intentar dar cuenta de las causas del fallecimiento.

Se trata del caso del joven Matías Bres, quien nació con una encefalopatía crónica no evolutiva -similar a una parálisis cerebral- que le provocó severas limitaciones motrices y cognitivas, además de múltiples complicaciones respiratorias y neurológicas que requerían asistencia médica permanente. Durante años dependió de internación domiciliaria, oxígeno y cuidados especializados, mientras su padre denunciaba reiteradas irregularidades en la atención brindada por empresas contratadas por la obra social. Tras una prolongada internación y luego de contraer una bacteria que agravó su delicado estado de salud, el adolescente murió en 2013, a los 16 años, después de meses de reclamos judiciales y administrativos por una cobertura médica adecuada.

El fallo de la máxima instancia penal federal fue firmado este jueves por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes confirmaron la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había ratificado el archivo del expediente por “inexistencia de delito”.

La decisión implicó un nuevo revés para la querella, que ya había recibido una respuestas adversa por parte del juez federal Ariel Lijo.

En concreto, la Sala IV de Casación concluyó que no estaban dados los presupuestos jurídicos que habilitan la intervención del fuero federal, considerado un “fuero de excepción”, y argumentó que gran parte de los planteos formulados por la familia ya habían sido analizados anteriormente en distintas sedes judiciales.

La causa se originó en las presentaciones impulsadas durante años por Rubén Ángel Bres, padre de Matías, quien denunció que distintas obras sociales, empresas tercerizadas de internación domiciliaria, organismos públicos y funcionarios estatales incumplieron sus deberes y contribuyeron al deterioro de la salud de su hijo.

El acuerdo para la resolución de esta semana fue liderado por el juez Hornos, quien redactó el voto más extenso y desarrolló el eje doctrinario principal del fallo. Allí reivindicó el derecho de la querella a impulsar de manera autónoma un proceso penal, incluso frente a la falta de impulso fiscal, aunque concluyó que en este expediente nunca logró configurarse una hipótesis delictiva concreta.

“Cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, en contra de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido”, explicó el magistrado.

Sin embargo, a la hora de analizar los agravios del particular damnificado contra la resolución de la Cámara Federal, dictada en febrero pasado, Hornos consideró que no lograron “conmover los fundamentos de la decisión recurrida” ni reflejaron “la existencia del supuesto de arbitrariedad invocado”.

“En efecto -aclaró el camarista-, la querella ha exteriorizado su natural disconformidad con el temperamento adoptado por el ‘a quo’, sin embargo, no logró demostrar la existencia de un vicio grave en el razonamiento ni la omisión de elementos decisivos que pudieran alterar la solución del caso”.

Luego aclaró: “Por el contrario, de la lectura de la resolución impugnada se advierte su adecuada fundamentación, en tanto se apoya en un análisis integral de las constancias de la causa, en particular de las medidas de prueba producidas y de la información obtenida a partir de la certificación de las numerosas actuaciones judiciales y administrativas vinculadas con los hechos denunciados”.

El camarista agregó que el planteo impulsado por la querella presentaba “un carácter amplio, acumulativo y carente de precisión”, donde “se entrelazan múltiples situaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, sin que se logre aislar un hecho específico que permita orientar válidamente la persecución penal”.

Según surge de las actuaciones, Matías permaneció internado durante años en Fundación Hospitalaria debido a las dificultades para garantizar una cobertura domiciliaria adecuada y una vivienda apta para su complejísimo cuadro clínico.

Rubén Bres denunció reiteradamente que las empresas tercerizadas enviaban personal sin matrícula habilitante o sin capacitación suficiente para atender pacientes de alta complejidad. También sostuvo que su hijo sufrió reiteradas infecciones intrahospitalarias durante la prolongada internación y que el grupo familiar no contaba con condiciones habitacionales compatibles con una externación segura.

Ese contexto fue uno de los elementos centrales incorporados al expediente internacional tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un informe de admisibilidad aprobado en diciembre de 2021, la CIDH consideró que los hechos denunciados podían configurar posibles violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial y derechos del niño previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión observó especialmente la presunta falta de fiscalización estatal sobre prestadores privados de salud, el incumplimiento de medidas judiciales favorables al adolescente, la ausencia de respuestas eficaces frente a los reclamos administrativos y la supuesta alteración de la historia clínica.

También destacó que las acciones de amparo promovidas por la familia permanecían abiertas años después sin resolución definitiva y recordó que el agotamiento de recursos internos no puede conducir a que la protección internacional se vuelva inútil por el paso del tiempo.

Según describió el juez Hornos, del análisis de las distintas denuncias formuladas por la parte querellante respecto a la atención médica brindada al adolescente, al accionar de las obras sociales y a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos surgía que estas habían sido “reiteradamente canalizadas en diversos expedientes tramitados tanto ante la justicia federal como ante la justicia ordinaria, los cuales, sin excepción relevante, concluyeron mediante su desestimación, archivo o, en su caso, el dictado de sobreseimientos firmes”.

“En tales condiciones, la decisión de confirmar el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito no aparece como arbitraria ni infundada, sino como una consecuencia razonada de la evaluación de las constancias incorporadas al proceso. La esperable discrepancia de la parte con dicha conclusión no resulta suficiente para habilitar la revisión casatoria”, dijo el líder del acuerdo.

Por otro lado, Hornos señaló que no podía “desconocerse que los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aunque aclaró que “el solo hecho de la existencia de actuaciones en sede internacional no determina, por sí mismo, la procedencia o continuidad de una investigación”.

El juez explicó que para avanzar penalmente debía existir “un hecho concreto, jurídicamente relevante, susceptible de encuadre típico y atribuible a personas determinadas”, extremo que -según concluyó- no logró verificarse en la causa.

En esa línea, Hornos planteó que “aún frente a esta dolorosa realidad lo es cierto es que la investigación se presenta completa sin que aparezcan a la vista medidas serias sin realizar”, y agregó que esta circunstancia “está lejos de constituir una crítica al recurrente cuya pérdida es irreparable y cuyo dolor es más que entendible”.

Es que, el reconocimiento de la dimensión humana y jurídica del caso, así como la legitimación del querellante para instar la investigación, no exime a la jurisdicción de observar la verificación de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio de la acción penal”, precisó el camarista poco después.

Y concluyó: “De este modo, la solución adoptada en autos no implica desconocer ni minimizar el padecimiento invocado por la parte querellante, ni desatender la relevancia de los derechos que se encuentran en juego, sino que responde a la imposibilidad de avanzar en una investigación penal en ausencia de un hecho jurídicamente delimitado que permita orientar válidamente la persecución penal".

Uno de los ejes centrales del fallo dio cuenta del extenso historial judicial impulsado por Bres durante más de una década con acciones legales contra directivos de la Superintendencia de Servicios de Salud, diversos funcionarios públicos y obras sociales.

En efecto, y de acuerdo a la reseña del juez Borinsky, el padre del menor había promovido aproximadamente diecinueve causas en el fuero federal y otras tantas en la justicia nacional ordinaria, además de las iniciadas por otros familiares. Todas ellas habían sido tramitadas, desestimadas y en su mayoría archivadas a lo largo de los años.

A su vez, el camarista advirtió que el juez instructor ya había remitido los testimonios ordenados por la Cámara Federal al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, donde tramita una causa por “muerte por causa dudosa y averiguación de delito”, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5. Según detalló, en ese expediente el padre de Matías actúa como querellante y ya se dispuso la intervención de una junta médica del Cuerpo Médico Forense.

Al respecto, Borinsky entendió que, a partir del análisis de las actuaciones, no se advertía por el momento la existencia de una cuestión que justificara la intervención del fuero federal de excepción, aunque aclaró que ello podría eventualmente surgir del avance de la investigación en la justicia nacional. El magistrado agregó que el "acceso a la justicia" y la "tutela judicial efectiva" se encontraban garantizados con la actuación de ese fuero ordinario, sin que la parte querellante hubiera demostrado un perjuicio de imposible o tardía reparación.

A su término, el juez Carbajo adhirió “a la solución propuesta” de sus colegas, por lo que la Sala IV resolvió por unanimidad rechazar el recurso de casación de la querella, sin costas.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la Unidad de Información Financiera (UIF) continúe actuando como querellante en la causa conocida como “Prostitución VIP”, al revocar una decisión que había apartado al organismo del juicio oral previsto para octubre. El fallo, firmado por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, volvió a analizar el alcance del Decreto 274/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei eliminó la facultad del organismo antilavado para constituirse como acusador en procesos penales.

La decisión de la Sala IV dejó sin efecto una resolución del Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de Buenos Aires que, en marzo pasado, había excluido a la UIF del expediente que tiene entre sus principales acusados al empresario y representante de modelos Leandro Santos y su socio y hermano Rodrigo Santos. Para la mayoría, la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no puede utilizarse para desplazar al organismo de causas en las que ya había sido admitido como querellante antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La discusión se centró en una de las modificaciones más relevantes y recientes introducidas en el sistema argentino de prevención y persecución del lavado de activos. A través del Decreto 274, firmado por Milei y publicado el 16 de abril de 2025, el Poder Ejecutivo derogó el Decreto 2226/08, que habilitaba a la UIF a intervenir como acusadora en procesos vinculados con los delitos previstos en la Ley 25.246. La medida fue presentada como parte de la adecuación de la legislación argentina a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tras la apelación de la UIF contra el fallo del TOF porteño, y al votar en primer término, el camarista Hornos consideró que la nueva normativa no puede afectar actuaciones válidamente realizadas bajo el régimen anterior. Según su postura, “si bien el Decreto 274/2025 derogó el Decreto 2226/2008 y suprimió la facultad de la UIF de intervenir como querellante en nuevos procesos penales, tal disposición no puede interpretarse en forma tal que prive de eficacia a actos procesales cumplidos en forma regular durante la vigencia del régimen anterior”. En ese marco, destacó que “la UIF fue admitida como parte acusadora en este proceso penal con anterioridad a la vigencia del nuevo decreto” y concluyó que “quitarle la legitimación para intervenir en la misma causa importa una afectación al debido proceso”.

Con esos argumentos, Hornos entendió que el organismo debía conservar su rol de acusador en el expediente en curso. A esa línea adhirió el juez Javier Carbajo, quien manifestó compartir “los fundamentos y a la solución que propicia el colega que me antecede en el Acuerdo, doctor Gustavo Hornos”.

La posición opuesta fue sostenida por el juez Mariano Borinsky, quien recordó que ya había abordado la cuestión en precedentes como “Báez” e “Insaurralde” y sostuvo que la UIF perdió la facultad de actuar como acusador particular tras la entrada en vigencia del nuevo decreto.

En su voto, Borinsky advirtió que “la derogación de la facultad de querellar de la Unidad de Información Financiera se fundamentó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-”. También remarcó que el Poder Ejecutivo eliminó expresamente esa atribución al derogar el Decreto 2226/08 e indicó que la UIF conservaba amplias facultades para producir inteligencia financiera, analizar operaciones sospechosas y colaborar con fiscales y jueces, pero no para intervenir como acusadora autónoma dentro de un proceso penal.

Para el magistrado, la decisión adoptada por el Gobierno buscó evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal, órgano al que la Constitución asigna la promoción de la acción penal pública. Por ello concluyó que “el recurso de casación interpuesto por la UIF no puede prosperar, al carecer en la actualidad de facultades legales para querellar; todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”.

La discusión se produjo en el marco de la causa conocida como “Prostitución VIP”, una investigación iniciada en Uruguay que posteriormente continuó en la Argentina. Según la acusación, entre 2009 y 2014 funcionó una organización dedicada a captar mujeres argentinas y uruguayas mediante promesas de inserción en el mundo del modelaje para luego derivarlas a encuentros sexuales con hombres de alto poder adquisitivo en ambos países.

La hipótesis acusatoria afirma que las víctimas eran reclutadas a través de distintas agencias de modelos y que los encuentros sexuales eran presentados como una condición necesaria para progresar profesionalmente. De acuerdo con resoluciones judiciales previas, al menos 24 mujeres fueron identificadas como presuntas víctimas.

La causa tiene como principal imputado al empresario y representante de modelos Leandro Santos, junto con su hermano Rodrigo. En 2020, la Corte Suprema rechazó un pedido de extradición formulado por Uruguay y dispuso que Santos fuera juzgado en la Argentina al considerar que parte de los hechos investigados también habrían ocurrido en territorio nacional. Un año más tarde, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y dejó el expediente en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

Con la decisión adoptada este viernes, la UIF conservará su rol de querellante durante el debate fijado para el mes de octubre.

Siete meses antes del naufragio del ARA San Juan, la Armada reunió a sus submarinistas más experimentados para evaluar el estado operativo de la Fuerza de Submarinos, las reparaciones pendientes de las unidades, las limitaciones presupuestarias y el futuro de la capacidad submarina nacional. La jornada se realizó a fines de abril de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, y concluyó con una serie de recomendaciones técnicas plasmadas en un acta firmada por los “vocales permanentes” del Consejo Asesor del Arma Submarina.

Esas conclusiones, adoptadas en el ámbito interno de la fuerza, son hoy objeto de un análisis riguroso por parte de los participantes del juicio oral que intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la tragedia.

Y es que ese documento forma parte de los elementos centrales que se están examinando en el proceso en curso, iniciado en marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. El debate apunta a conocer si el submarino San Juan (SUSJ) zarpó en condiciones de seguridad para cumplir una misión que combinaba tareas de adiestramiento con una operación de Vigilancia y Control del Mar Argentino, y si existieron negligencias u omisiones de parte de los cuatro ex altos mandos navales imputados que hubieran aumentado aún más el riesgo inherente a una actividad militar de por sí riesgosa. Para eso, se intenta calibrar y poner en contexto las distintas “novedades”, “averías” y “tareas pendientes” que presentaba el buque antes de hacerse a la mar.

Los acusadores plantean que la sumatoria de esos faltantes fue la causa eficiente que desembocó en el suceso fatídico. En contraposición, las defensas sostienen que ninguna de esas novedades registradas afectaba la seguridad náutica del submarino.

La implosión de la embarcación compuesta de acero HY80 ocurrió el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, horario que surge de los registros acústicos internacionales incorporados al expediente.

Así las cosas, el Consejo Asesor del Arma Submarina funciona como un ámbito interno de consulta técnica y estratégica integrado por submarinistas de mayor experiencia dentro de la Marina. En aquella convocatoria del 30 de abril de 2017, traída a cuenta tanto por los acusadores como por las defensas en el juicio oral, participaron 14 capitanes de navío con voz y voto para abordar distintos asuntos vinculados al arma submarina. También estuvieron presentes oficiales invitados, entre ellos el entonces comandante del ARA Salta, capitán de fragata Sebastián Marcó, y el comandante del SUSJ, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quienes expusieron sobre la situación de sus respectivas unidades a cargo.

Las exposiciones fueron presididas por el entonces inspector del Arma Submarina, capitán de navío Gabriel Attis, el submarinista de mayor antigüedad dentro de la fuerza. Según consta en el documento oficial, Attis abrió la sesión relatando una conversación previa mantenida con el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, quien había manifestado preocupación por el riesgo de que la Armada volviera a quedarse sin submarinos operativos mientras las unidades atravesaban sus respectivos procesos de mantenimiento.

Para ese momento, la Armada contaba con tres unidades de esa índole en servicio: el ARA Salta, de la clase Tipo 209; y los ARA Santa Cruz y ARA San Juan, ambos de la clase TR-1700. El problema de fondo era cómo administrar los tiempos de reparación y entrada a dique de esas embarcaciones para evitar períodos sin ningún submarino en el mar.

“Tratar de concatenar cómo van a hacer las reparaciones para que, al menos, siempre tengamos un submarino navegando; eso fue lo que hablé con el Sr. Almirante Srur, lo que motivó toda esta reunión”, expresó Attis durante la apertura realizada en el microcine de la Escuela de Submarinos y Buceo.

Entre los asistentes también se encontraban dos de los actuales imputados del juicio oral: Claudio Javier Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) -a quien el documento menciona como uno de los destinatarios del “apoyo” que debía brindar el Consejo- y Héctor Aníbal Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS, quien además actuó como secretario de la jornada. Años más tarde, ya retirado con el grado de comodoro de Marina, Attis declaró como testigo en una de las primeras audiencias del debate oral, que actualmente acumula 24 jornadas.

Por lo demás, otro de los ejes abordados fue el futuro de la capacidad submarina argentina. El titular del organismo asesor explicó que el jefe de la Armada había reclamado un estudio “realista” sobre una eventual “sexta generación” de submarinos y había cuestionado que esa Fuerza no tuviera proyectos formalmente presentados ante el Ministerio de Defensa, a diferencia de otros programas navales.

“Si hoy en día alguien de Defensa le pregunta al Sr. almirante -Srur- qué submarino comprarnos el almirante no tiene ninguna carpeta que pueda decir ‘este es el proyecto y -está- respaldado por este estudio’”, quedó asentado en el acta.

El deterioro operativo del ARA Salta ocupó buena parte de las intervenciones. El capitán Marcó describió un escenario de desgaste acumulado y reparaciones parciales que se arrastraban desde hacía años. Según explicó, las entradas a dique se reducían a intervenciones de corta duración destinadas a resolver problemas inmediatos.

“Se hace solo el problema del momento, carenado y algunas válvulas, lo demás se deja y pasa a ser grave en el dique siguiente”, sostuvo el entonces comandante del buque.

En paralelo, el jefe del Proyecto Submarino, capitán de navío Fabián Krawinkel, actualizó el estado de la reparación general del ARA Santa Cruz, en ese momento en los astilleros de Tandanor. Allí informó que las obras acumulaban una demora de 19 meses y que la finalización real podía extenderse hasta el primer semestre de 2020. También alertó sobre dificultades presupuestarias y retrasos en la adquisición de equipos y repuestos.

Pero uno de los capítulos más extensos del acta quedó dedicado al San Juan. Durante su exposición, el capitán Fernández enumeró una lista de novedades técnicas pendientes luego de la reparación de media vida realizada en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), varias de las cuales -según dijo entonces- debían ser reparadas durante la próxima entrada de la unidad a dique seco, es decir, fuera del agua.

Entre otros puntos, mencionó problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio por falta de reactivos, fallas en sensores y ruidos en la línea de eje que debían verificarse en dique. También señaló una filtración desde un tanque de combustible hacia un tanque de baterías que había sido reparada en dos oportunidades pero requería una intervención mayor en futuras reparaciones generales.

Aún así, el comandante del SUSJ aclaró ante el Consejo que el estado del buque era “operativo”, aunque sujeto a limitaciones de seguridad. Según detalló, el submarino se encontraba restringido a una profundidad máxima de 100 metros -una limitación autoimpuesta por la Fuerza de Submarinos- mientras permanecían “pendientes” algunas pruebas y verificaciones que debían realizarse durante la próxima entrada de la unidad a dique seco.

“El estado actual de la unidad es operativo, con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, aseveró, en sus términos, el capitán Fernández ante el Consejo.

Al cierre de las deliberaciones, el acta dejó asentada una serie de conclusiones vinculadas a reparaciones, mantenimiento, modernización y planificación de las próximas puestas en seco de las unidades del Arma Submarina. Entre otras recomendaciones, el documento planteó “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad”, y advirtió que el buque llevaba “39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses”.

El acta fue ratificada por los 14 capitanes de navío presentes en la sesión.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó este martes las condenas de ocho años de prisión dictadas contra tres miembros de una familia boliviana por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en un caso que tuvo como víctima a una joven de esa nacionalidad sometida a trabajo forzado en un taller textil clandestino del conurbano bonaerense.

Los condenados son los hermanos Armando Condori Jiménez y Alex Tito Condori Jiménez, dueños del taller textil, y Claudia Mery Choque Condori, esposa de un tercer hermano y cuñada de ambos. Los tres habían sido sentenciados en octubre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín, con integración unipersonal, como coautores del delito previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. El fallo de Casación, firmado por unanimidad, rechazó el recurso interpuesto por la defensa compartida.

El caso se inició el 25 de noviembre de 2016, cuando Esperanza Llanos Méndez denunció ante la Comisaría 54 de la Policía Federal Argentina (PFA) la situación en que se encontraba su amiga, identificada en el expediente como “S.M.H.”. La joven había llegado a Argentina el 14 de julio de ese año desde Bolivia, trasladada por Gualberta Jiménez Quinchu -madre de los hermanos Condori Jiménez-, con la promesa de trabajar en costura a cambio de $4.000 mensuales. Fue recibida en la terminal de Liniers por Armando Condori y llevada a la vivienda de la calle Estanislao del Campo 2749, en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde en el fondo del terreno funcionaba un taller textil clandestino.

Según el relato de la víctima, recogido en una entrevista en modalidad de Sala Gesell el 26 de noviembre de 2016, las jornadas de trabajo se extendían de 7 a 22 horas de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. La joven debía coser prendas para la feria La Salada, cocinar y limpiar la casa. El primer mes no recibió pago alguno; el cuarto, tampoco. En el transcurso de su estadía sufrió un accidente con una máquina de coser que le provocó una herida en un dedo que requirió puntos, y fue obligada a retomar las tareas antes de recuperarse.

El tribunal de juicio tuvo por acreditado que S.M.H. no contaba con las llaves del domicilio, que Armando Condori la dejaba encerrada cuando salía, y que Alex Condori supervisaba su trabajo y la golpeaba en las manos para que aprendiera a usar la máquina overlock. Las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que atendieron a la víctima ese mismo día de la denuncia, describieron en sus informes una situación de “restricción de la autonomía” y señalaron que la joven presentaba dificultades idiomáticas y de comprensión.

El día del operativo, el personal policial que acompañó a la joven Llanos Méndez al punto de encuentro preacordado -la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Cosquín, en el barrio porteño de Liniers- constató una discusión entre la denunciante y Armando Condori junto a Claudia Choque Condori, quienes habían llegado en una camioneta Renault Kangoo. Al requisar el vehículo, los efectivos hallaron la documentación personal de S.M.H. entre las pertenencias de Choque Condori, dato que el tribunal valoró como uno de los elementos probatorios centrales.

Tras la sentencia condenatoria, la defensa conjunta, a cargo del abogado Luis Montané López, articuló el recurso de casación con tres ejes principales: la nulidad de la declaración en Sala Gesell por haber sido realizada sin notificación previa a los imputados, la improcedencia de incorporar al juicio oral -mediante lectura- los testimonios de S.M.H. y de Llanos Méndez, ambas fuera del país desde el 2 de diciembre de 2016, y la alegada falta de sustento en la valoración de las pruebas. Subsidiariamente, cuestionó el monto de las penas.

Los tres camaristas rechazaron cada uno de esos planteos. Respecto de la Sala Gesell -un sistema de entrevista especializado que permite tomar declaración a víctimas en un entorno protegido, sin la presencia directa de los imputados-, señalaron que la defensa oficial había sido notificada del procedimiento y que Montané López no intervenía en el proceso como defensor particular el 26 de noviembre de 2016, fecha en que se realizó la diligencia, sino que su primera actuación acreditada fue el día siguiente, cuando sus asistidos prestaron declaración indagatoria.

El juez Mariano Borinsky, quien redactó el voto principal, subrayó además que el material videograbado fue puesto a disposición de la defensa desde los primeros días de la investigación.

En cuanto a los testimonios incorporados por lectura al debate -un mecanismo que la ley habilita cuando un testigo no puede comparecer al juicio, entre otras causales, por encontrarse fuera del país-, el máximo tribunal penal federal aplicó el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Benítez”, según el cual la garantía de defensa en juicio se ve afectada solo cuando la condena se sustenta de manera exclusiva en prueba que la defensa no pudo controlar.

Al respecto, la Sala IV concluyó que ese no era el caso y enumeró el conjunto de pruebas independientes sobre las que se apoyó la condena:

• Las declaraciones e informes de las psicólogas del Programa de Rescate, que describieron las condiciones de sometimiento de S.M.H. y constataron la herida en su dedo al momento de la denuncia.
• La denuncia de Llanos Méndez y sus declaraciones posteriores, que daban cuenta de las llamadas de auxilio de la víctima y de las condiciones en que trabajaba.
• Las actas policiales que documentaron la discusión en la vía pública entre Llanos Méndez, Armando Condori y Claudia Choque Condori el día del operativo.
• El secuestro de la documentación personal de S.M.H. en la camioneta Kangoo en poder de Choque Condori.
• El resultado del allanamiento del domicilio de la calle Estanislao del Campo 2749, donde se constató la existencia del taller textil clandestino con máquinas de coser, estampadoras y prendas a medio confeccionar.
• Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, que acreditaron el ingreso de S.M.H. al país el 14 de julio de 2016 junto a Gualberta Jiménez Quinchu.
• Las declaraciones del personal policial interviniente, que reconocieron su firma en las actas del procedimiento.
• Los testimonios de los testigos civiles presentes durante el allanamiento, quienes ratificaron las circunstancias del operativo.

El juez Javier Carbajo sintetizó esa valoración: “La evaluación conglobada de los diversos elementos de prueba (...) demuestra la ocurrencia fáctica de hechos significantes de acogimiento, explotación y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de S.M.H., tal como fue atribuido por la acusación a los imputados”, escribió.

Y agregó que lo actuado por el tribunal oral para intentar localizar a las testigos fue “válido (...), además de razonable y suficiente a fin de brindar a la defensa oportunidades para instar o ejercer medidas de contrapeso dirigidas a compensar la alegada desventaja”.

A la hora de analizar si los hechos probados encuadraban efectivamente en el delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad y violencia, por la pluralidad de las personas intervinientes y por haberse consumado la explotación de la víctima, el juez Borinsky trazó los límites de lo que la ley protege: “El ilícito bajo estudio no se reduce a una mera limitación de la libertad física o ambulatoria de las personas, sino que comprende el sometimiento de una persona a situaciones de explotación de las que no pueda librarse por sus propios medios, aunque no existiere violencia física o intimidación ostensible”, dijo en su voto.

Desde esa perspectiva, la situación de vulnerabilidad de S.M.H. -migrante, sin estudios secundarios completos, sin oficio previo y sin red de contención en el país- fue considerada el factor determinante. “He sostenido -reseñó Borinsky- que la víctima ‘es más propensa a brindar su conformidad para ser explotada, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación".

Por su parte, el camarista Gustavo Hornos completó el acuerdo con una definición sobre la naturaleza del delito, en tanto “el tráfico de personas con fines ilegales constituye una grave y particularmente insidiosa violación de los derechos humanos que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional”, afirmó.

En otro pasaje aclaró: “Resulta pertinente memorar que en relación a delitos como el aquí investigado, el consentimiento de la víctima para ser ofrecida o acogida, con la finalidad de ser sometida a su explotación económica en favor de terceros a costa de su actividad, no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, y esto es lo sustancial en relación a supuestos como el que nos ocupa, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios”.

Y añadió: “Se trata, de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de su condición de persona, de su libertad como prerrogativa que le es inherente”.

La pena de ocho años de prisión impuesta a los tres condenados coincide con el mínimo que la ley prevé para este delito con las agravantes aplicadas. La sentencia del Tribunal Oral N°3 de San Martín, dictada en octubre de 2025, no se hará efectiva hasta que quede firme.

La madre de los hermanos Condori Jiménez, Gualberta Jiménez Quinchu -señalada como quien captó a la víctima en Bolivia y pagó su pasaje, suma que luego fue descontada de su salario-, había sido buscada por el juzgado instructor desde marzo de 2017 y no fue hallada.

La expareja del autor de los cuadernos Oscar Centeno, Hilda Horovitz, sostuvo este martes que fue “testaferro” del remisero mientras él se desempeñaba como chofer del ex funcionario Roberto Baratta y ratificó que vio los cuadernos en la casa donde convivían pero no los leyó.

En una extensa declaración en el juicio de los Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7 habló de golpes, infidelidades y de episodios donde por ejemplo Baratta habría hecho “desaparecer” documentos que ella entregó a la ex secretaria presidencial Miriam Quiroga. En todo este contexto enmarcó su decisión de delatar a Centeno, pero negó haberlo hecho por “despecho”.

Sobre el vínculo entre ambos, concluyó que él la usó como “pantalla”. Y ejemplificó: la llevaba ”a firmar el 08, a comprar un Toyota, íbamos juntos, yo firmaba”.

Al inicio de la audiencia respondió preguntas de la fiscal Fabiana León y fue entonces cuando se definió como “testaferro”. “Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, agregó.

En otro tramo de su declaración recordó que Centeno llegaba con bolsos que “decía que eran de Baratta”. El remisero aparecía “con valijas, portafolios, todo tipo de bolsitos”, y le explicaba cómo podía acomodar dinero: “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes; ponés así y entran tantos’”.

Consultada sobre cómo sabía Centeno la cantidad de dinero que podía entrar en los bolsos, respondió: “Lo habrá visto, qué sé yo. Yo escuchaba, no le preguntaba”.

La audiencia tuvo uno de sus momentos más tensos cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a exhibir y reproducir mensajes y audios de WhatsApp enviados por Horovitz al ex funcionario Roberto Baratta y a otros interlocutores entre 2016 y 2017.

En esos intercambios aparecieron referencias a supuestos bolsos con dinero, “cuevas” financieras, reclamos económicos tras su separación de Oscar Centeno y menciones explícitas a los cuadernos atribuidos al ex chofer. La testigo, ya afónica, ratificó uno por uno los mensajes y explicó que habían sido enviados en medio de conflictos personales y años de violencia física y psicológica que, según declaró, sufrió durante su relación con Centeno.

Los audios y la suspensión de la audiencia

Luego de un cuarto intermedio de aproximadamente treinta minutos, la fiscalía reprodujo en la sala AMIA distintos audios de WhatsApp atribuidos a Hilda Horovitz y dirigidos a diferentes interlocutores. El primero de ellos, según se ventiló durante la audiencia, había sido enviado al ex subsecretario de coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

En ese mensaje, la testigo hacía referencia a documentación y fotografías que, según afirmaba, estaban en poder de un periodista. “Hable con Oscar y que le diga a la hija que se quede tranquila, porque yo los papeles que tengo de prueba no los tengo yo, ni los tiene Miriam, los tiene un periodista. Todas las pruebas que tengo, de los recibos, de las fotos que le mandé a usted, las tiene un periodista. Solo tengo que ir y decirle que actúe”, se escuchó en la grabación.

En el mismo audio agregó: “Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande la Justicia, porque no tiene por qué meterse y por qué mandarme a la Justicia. El padre me cagó nueve años: me cagó a trompadas, me re insultó, me cagó con María y con cuantas mujeres se le cruzaban en el medio”.

Y concluyó: “Así que dígale que no haga nada, que se quede quieta, porque a mí no me van a hacer caso. Si usted le habla quizás pueda ser que le hagan caso; y si tampoco le hace caso a usted, saldré en la televisión, no me quedará otra”.

Tras escuchar la grabación, Horovitz ratificó que era su voz y explicó ante el tribunal que el audio había sido enviado a Baratta. Vinculó ese intercambio con una discusión mantenida con Gisela Centeno, hija del ex chofer Oscar Centeno.

“Como le comenté hace un rato a la doctora, ella quería mandarme a la Justicia: Gisela Centeno, la hija mayor de Centeno. Ella me dijo que me quedara quieta porque me iba a llevar a la Justicia, entonces le repetí yo a ella: ‘Bueno, si querés, vamos juntas así te ahorrás tiempo y vamos a la Justicia todos juntos’”, sostuvo.

Más adelante relativizó parte del contenido de la grabación y afirmó: “Lo del periodista es mentira, lo dije por decir”.

La fiscalía también reprodujo otros audios dirigidos a Miriam Quiroga -ex secretaria privada de Néstor Kirchner- y a otros interlocutores.

Fue durante uno de esos mensajes, en el que Horovitz intentaba coordinar un encuentro con Quiroga y mencionaba a un ser querido ya fallecido, cuando la testigo se quebró emocionalmente en plena audiencia y pidió salir de la sala durante unos minutos.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaría suspendida hasta el jueves próximo y que la declaración continuaría desde las 9 de la mañana debido al estado de salud de la testigo.

“La señora Horovitz está descompensada. Pensamos que se iba a recuperar. Se llamó a una ambulancia del SAME (...). El tribunal entiende que es conveniente suspender la audiencia hasta el día jueves (...) por razones humanitarias y de salud de la testigo, doy por concluida la audiencia del día de hoy”, expresó el magistrado.

“¿Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?"

Uno de los tramos más delicados de la audiencia llegó cuando la fiscal Fabiana León comenzó a exhibir una decena de mensajes de WhatsApp enviados por Hilda Horovitz a Roberto Baratta entre 2016 y 2017. La secuencia, incorporada como prueba en el juicio oral, mostró referencias explícitas a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, a bolsos con dinero, supuestas visitas a “cuevas” financieras y reclamos económicos de la ex pareja del remisero tras la ruptura de la relación.

Los mensajes fueron leídos en audiencia tal como fueron incorporados al expediente, respetando la redacción original de la testigo Horovitz.

La mujer, ya afónica, ratificó uno por uno los intercambios exhibidos por la fiscalía y explicó el contexto en el que fueron enviados: un período atravesado por peleas, reclamos patrimoniales y, según sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N°7, años de violencia física y psicológica por parte de Centeno.

Uno de los primeros mensajes incorporados correspondía al 18 de noviembre de 2016. Allí Horovitz escribió: “Me mudo el 16/12. Por favor no le diga nada a Oscar, porque me dijo que no hable más”. Inmediatamente después aparecía otro texto: “Gracias por hacer posible lo del departamento”.

Ante preguntas de la fiscal León, explicó que Baratta “le dio una mano” porque Centeno no quería asistirla económicamente tras la separación. “Yo le pedía a Baratta que me dé una mano, que hable con él para que no me deje en la calle”, declaró.

En uno de los mensajes del 27 de enero de 2017 escribió: “Lo hago para ensuciarlo el me cago 9 años me reputiaba me pegaba. Yo recien voy un año en hacerlo todo lo que el me hizo”.

En otro tramo agregaba: “De todo lo que fui contando es verdad sino el no me hubiera comprado el departamento mire todo lo que afano y ahora no me quiere depositar en el banco más. Todo lo que me falta para hacerlo mier…”.

Consultada sobre esos textos, Horovitz explicó que necesitaba dinero para arreglar el departamento donde vivía y sostuvo que en aquel momento estaba profundamente resentida con Centeno.

La fiscalía también incorporó mensajes donde aparecían referencias a presuntas maniobras de recaudación ilegal. Uno de ellos decía: “Esto nunca se lo dije, se quejaba de las migajas que usted le daba cuando iban al lugar top secret. Y yo le decia bueno pero por lo menos te tira algo. rezongar usted se llevaba lo mejor y lo arreglaba con migaja”.

Cuando la fiscal le pidió precisiones sobre el significado de “top secret”, Horovitz respondió ante los jueces: “Las famosas cuevas”.

En otro intercambio afirmó: “GRACIAS AL OS QUE USTED LE DABA Y LOS TESTAFERROS PUDO LOGRAR TODO LO QUE TIENE ACÁ Y EN SALTA”.

Y en otro mensaje escribió: “TODOS AYUDAMOS A QUE EL DISFRUTE LO QUE TIENE Y VAYA BIEN. ACÁ YO SALÍ PERDIENDO PORQUE TODOS USTEDE VIVEN BIEN , SALEN DE VACACIONES Y LA BUENA VIDA. YA CON ESTO NO LO MOLESTO MÁS. ESTO RECIÉN EMPIEZA”.

Fue en ese contexto que apareció otro de los mensajes enviados por Horovitz: “El que avisa no traiciona”.

La fiscal León le pidió entonces que explicara qué había querido decir con esa frase. La testigo respondió: “En este caso, mirá que te estoy avisando lo que voy a hacer: vos vas a saber lo que yo voy a hacer. No te estoy traicionando y clavando un puñal por la espalda: vos ya sabés que yo voy a hacer esto”.

Luego profundizó: “Yo ya lo tenía en mente, no es que yo me levanté el 1ro de noviembre de 2017, cuando vine a hacer la denuncia, y dije ‘voy a hacer esto’. Más que nada fue por todo lo que hizo, no es que fue por despecho, porque él me usó como pantalla… Fui juntando hasta que la olla a presión voló”.

La explicación funcionó como introducción a una serie de mensajes incorporados inmediatamente después por la fiscalía, todos fechados en mayo de 2017, donde Horovitz mencionaba explícitamente la existencia de los cuadernos varios meses antes de que el expediente se hiciera público.

Uno de ellos, del 11 de mayo de 2017, decía: “El tenia o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos ectc. Usted está en el cantri mapuche yo se que con lo que le mando me pone en DESPIOLE O PROBLEMAS CON OSCAR”.

Cuatro días después, el 15 de mayo de 2017, volvió a escribirle a Baratta: “Hola!Buen dia. Le queria contarle porque escribí a Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con feche y horario sacaba foto. Porque el decia que cuando termine la gestion si sutep le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer un entre piso, me dijo que va a ver cuanto me da. yo ya le mande el presupuesto mejor que lede todo”.

La fiscal León le pidió entonces que aclarara esa referencia y Horovitz respondió: “Si lo dejaban sin trabajo él iba a mostrar esos cuadernos”.

En otro mensaje del 20 de mayo de 2017 escribió: “Mientras todos viven de lujo yo tengo esto y no es justo. Usted flor de casa tiene en el Cantri mapuche yo fui con él lo conozco”.

Y dos días después envió otro de los mensajes más sensibles incorporados durante la audiencia: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dólares Robados de la cueva. Y que usted ledaba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos. Lo que nunca le conté que la casa de Bartolomé Mitre en once el departamento lo fue pagando en dólares en el banco icbc de rivadavia al 2400 yo hiva a depositar la plata. y esa casa de olivos también la compró en dolares todo al contado, y esta que me compró también la compró en dólares $55.00. Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?”

La fiscalía le exhibió además fotografías de bolsos que Horovitz había enviado a Baratta y la mujer confirmó que eran las mismas imágenes incorporadas durante la investigación judicial.

“Yo no veía qué hacían con los bolsos”

Consultada por las defensas, Horovitz dijo que “le mandó las fotos” de los bolsos a Roberto Baratta para convencerlo de que “la ayude” económicamente.

Reiteró que nunca vio dinero en ellos, pero “escuchaba comentarios” de parte de Centeno sobre cómo acomodaba fajos de billetes en su interior.

“Me mostró uno específicamente y me explicaba cómo entraban”, aclaró.

Le exhibieron bolsos a la testigo

La fiscal Fabiana León pidió mostrarle una serie de bolsos que Horovitz entregó a la Justicia durante la investigación.

Al ser consultada por ellos, dijo que los recordaba, pero que nunca vio dinero en ellos, y que los usó para mudarse en dos oportunidades.

También indicó que les sacó fotos y que esas imágenes se las mandó a Baratta. El equipaje habría sido usado por Centeno en sus diligencias como chofer del entonces funcionario de Planificación Federal.

Las migajas de Baratta

“Yo no vi el bolso con plata”, dijo Horovitz pero agregó que escuchaba decir a Centeno que Baratta le daba “migajas”. “Él hablaba de las migajas que le tiraba Baratta, nunca dijo de qué era”, acotó en alusión al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex jefe del remisero, acusado junto con él en el caso.

En otro tramo de su declaración detalló que “en alguna oportunidad” y “cuando estaba medio picadito”, Centeno se quejaba: “Mirá lo que me tiró, yo lo llevé a afanar o a la cueva, lo llevé y me tiró migajas”.

“¿Usted vio cuadernos?” preguntó la fiscal León. “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo, los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. La testigo dio que no los leyó.

Luego detalló que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas, pero no leí”. “El una vez dijo que lo escribía por si lo dejaban sin trabajo”.

“Yo no sabía lo que decían los cuadernos”, respondió después ante la pregunta de una de las defensas y aseguró que se enteró “cuando explotó todo”, por las noticias.

A la hora de responder a una de las defensas reiteró: “No tengo la menor idea lo que escribía. Para no tener problemas no leía los cuadernos”.

Centeno y Baratta “eran muy amigos”, graficó: iban a jugar a la pelota, salían a comer. “Lo ayudaba mucho Baratta a Centeno”.

La testigo también contó que le enviaba mensajes a Baratta porque necesitaba ayuda económica y quería arreglar un departamento. “Baratta no me respondía. Centeno me decía: ‘Dejá de joder, no molestes más’”, sostuvo.

Ofuscada por preguntas que consideró reiterativas o de índole personal, se trenzó en discusiones en varias ocasiones con los defensores. “Con todo el que se le cruzaba me engañó”, dijo sobre Centeno. “Me cagó a trompadas, me pegó en el pecho”, agregó.

El fin del romance

—“¿Usted tenía ganas de continuar la relación con Centeno?“, quiso saber cerca del mediodía el defensor oficial del remisero. ”Creo que sí. Fueron casi once años y me parece que a cualquiera de nosotros le hubiese gustado seguir. No sé si estaba enamorada, pero lo quería, lo apreciaba, estábamos bien. Después me fui dando cuenta de que él me usó como una pantalla".

“No estoy despechada. Hablé porque él me cagó a trompadas. Cuando terminó de hacer la casa de Olivos estaba muy borracho. Otro día casi me tira por la escalera”, relató, mientras detallaba golpes y agresiones. Centeno dejó por un segundo de escribir en el block de hojas que llevó a la audiencia y la miró. El defensor trató de interrumpirla pero ella no lo dejó. “Ahora quiero hablar. Me jodió con cualquiera que se le cruzaba. Cuando terminó todas sus cosas, logró tener su casa y mandarle plata a la hija en Salta, dijo: con ”la infeliz ya se terminó, te vas a Ezeiza y no te quiero ver más’”.

Centeno ya mantenía una relación con otra mujer, aseguró. “El señor ya estaba con la que está ahora, porque ya tenía todo planeado. ‘Listo para vos, listo para mí’”, declaró. La defensa oficial de Centeno le preguntó si consideraba que él ya no quería seguir con ella. “No tuvo los suficientes huevos para decirme las cosas”, respondió.

Horovitz llegó a los tribunales de Retiro para declarar como testigo en el caso de los Cuadernos. La mujer de 58 años comenzó a hablar pasadas las 9:30 ante el Tribunal Oral Federal 7, prestó juramento de verdad y dijo ser desocupada. “Conozco a Centeno, estuve conviviendo con él, fui pareja desde 2006 a 2016”, informó sobre el remisero que está presente en la sala de audiencias.

El arrepentido Centeno concurrió a esta jornada del juicio y ella entró sin mirarlo a la sala de audiencias. El remisero tomó nota durante toda la declaración de su ex mujer, sentado detrás de su defensor oficial.

“El me perjudicó a mi con las trompadas, los insultos”, respondió cuando la defensa oficial de su ex pareja preguntó si quiso perjudicarlo. “Si, por todo lo que me hizo, hacemos esto, decimos esto y después cuando terminó, si te he visto no me acuerdo. El me usó a mi”, afirmó.

Tras dar personales, comenzó a responder preguntas de la fiscal León. “Lo conocí a él cuando estaba trabajando en un apart hotel en Parque Centenario”, comenzó a narrar. Alquiló una pieza y ahí empezó una relación, explicó. Tuvo que dejar su trabajo cuando el dueño del lugar se enteró de la relación y se fueron a vivir a Martínez.

“Me enteré que estaba trabajando con ‘Chelita’, la mamá de De Vido, así le decía él, la llevaba a los médicos y después empezó a ser chofer de Baratta”, puntualizó. De las anotaciones que hacía Centeno se enteró de “casualidad”, dijo ante una pregunta de la fiscal. “Yo no sabía que anotaba, me enteré después de un tiempo”.

“Cuando él se fue a Salta yo entré a revisar unas cosas para juntar, porque yo sabía que la relación siempre fue mala del momento uno, había momentos buenos, pero había más malos que buenos”, dijo.

“Yo era testaferro de él, me cubrí en sacarle los recibos de lo que hacía él con los autos”, explicó y luego detalló que la puso a nombre de autos que formaban parte de la flota que trabajaba para el Ministerio de Planificación, por ejemplo.

Su primera vez en Comodoro Py

A la hora de responder preguntas de la defensa de Baratta, encabezada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, relató cómo llegó a contactar al fiscal Carlos Stornelli y afirmó que nunca vio escribir al ex chofer en los cuadernos.

Según declaró, antes del 1° de noviembre de 2017, día en que fue a Comodoro Py, nunca había hablado con Stornelli. Explicó que abrió una computadora y buscó la causa de Gas Licuado porque quería denunciar “las agresiones y las cosas que Centeno me hacía”.

“Yo sabía que alguien ahí me iba a escuchar, que era Stornelli. Quizá le iba a interesar el tema”, afirmó. Contó que preguntó dónde estaba el fiscal, le dijeron que en el cuarto piso, habló con una secretaria y luego la hicieron pasar. “Dije que yo quería venir a denunciar a Oscar Centeno, el chofer de Baratta”, relató.

La mujer sostuvo que nunca le avisó a Centeno que iba a declarar. También explicó que entregó papeles vinculados a la documentación a Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, y que incluso habló con un hijo de Quiroga para pedirle si podía guardarlos. Dijo que hizo copias cerca de donde trabajaba, en Yacimientos Carboníferos, y luego volvió a dejar los originales donde estaban.

Horovitz aseguró que Quiroga le entregó esa documentación a Baratta y que después “los hizo desaparecer”. Ante la pregunta de cómo sabía eso, respondió: “En una noticia salieron chats de ellos diciendo ‘a esta pirucha hay que callarla y hay que hacer desaparecer los papeles’”.

También explicó que decidió darle los documentos a la ex secretaria porque ella “iba a todos los canales” y la veía frecuentemente en televisión. Quiroga está citada como testigo el jueves pero según trascendió intentará evitar asistir presentando un certificado médico.

Quién es la ex pareja de Centeno

La mujer llegó a tribunales con una amiga y aguardó durante casi una hora en el bar de la planta baja hasta que fue convocada.

El juicio comenzó en noviembre pasado, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, a dos de sus choferes y a 65 empresarios.

Se les imputa haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de diversas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.

Horovitz es la expareja de Centeno, quien fue chofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Centeno es, además, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del exfuncionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó. También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del exfuncionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

“Es una pérdida irreparable, inconmensurable. No hay palabras que calmen la ausencia”.

La expresión sentida, venida de lo hondo, surge de la boca de quien supo encarnar la voz de la Armada ante la sociedad durante los primeros días de la tragedia que conmovió a un país entero. Allí están los 26 días seguidos con conferencias de prensa en el Edificio Libertad, frente a las cámaras de todos los medios de comunicación, casi en cadena nacional, con la información que iba llegando y decodificándose en tiempo real, con familiares en la angustiosa espera de algún indicio en el mar que llevara al reencuentro con los suyos.

Épocas de una convulsión generalizada, con una Marina enfrentando algo súbito y dando los primeros pasos hacia un camino de disrupción interna, con búsquedas apresuradas de un culpable en los despachos, mientras afuera, en un tormentoso océano atlántico, se desplegaba una operación de búsqueda y rescate sin igual, hasta con voluntarios embarcados con la inquieta esperanza de confirmar la sospecha primera: que todo era un problema de comunicaciones entre el submarino y su comando en tierra.

A los días llegó la “anomalía hidroacústica” de las 10:51, “consistente” con una implosión de un casco.

Desde entonces: la tragedia, la cara de lo insondable. Un abismo de angustia para cada una de las familias. Un desgarro para todo el cuerpo naval.

Desde entonces el dolor abisal. Y el “misterio técnico”, tal como declaró un testigo ingeniero durante el juicio oral que tramita desde hace casi 2 meses en la ciudad de Río Gallegos, en manos del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Si bien el proceso procura determinar si existieron responsabilidades penales en la cadena de comando operativo de la Armada, en virtud de la misión que llevó al San Juan a navegar su última patrulla, las 24 largas audiencias a la luz del público y de riguroso contenido técnico, van permitiendo inferir que, al final de todas las hipótesis que se barajan sobre lo ocurrido aquel 15 de noviembre de 2017, lo único que permanece es un gran misterio.

La tragedia está compuesta de incógnitas, que se muestran en el hecho de no saber qué ocurrió fehacientemente entre la última conexión del buque con el Comando de la Fuerza de Submarinos y su hora fatídica, registrada por sonares de entidades internacionales como la US NAVY y la CTBTO.

Además del árido contenido de las audiencias, que vienen abordando saberes de ingeniería naval y conceptos de especialización química, mecánica, física y hasta estratégico-operativa, los cuatro jueces que forman parte del proceso judicial han escuchado una docena de testimonios que dieron cuenta de la experiencia subjetiva de un dolor colectivo.

Allí se podría inscribir el testimonio de unas casi tres horas que ofreció esta semana el contralmirante retirado Enrique Balbi, ex jefe de Prensa: el oficial submarinista a cargo de contestar preguntas en nombre de la Armada y de intentar bajar al llano las implicancias técnicas de una pérdida de contacto con un submarino, la apertura de un caso SARSUB, su cierre, y hasta la anomalía hidroacústica en el medio del Atlántico.

“Voy a tratar de no quebrarme”, advirtió Balbi apenas comenzó a responder una pregunta del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales que viajaban a bordo del submarino y que estaba haciendo sus primeras singladuras como alumno de esa Escuela de armas. Tagliapietra es querellante desde el principio de la causa, que se inició en Caleta Olivia bajo la dirección de la jueza Marta Yañez, a quien suele criticar por haber enviado un expediente a juicio sin concretar ninguna pericia técnica que pudiera analizar -de máxima- los restos del naufragio y -de mínima- las imágenes de éstos.

Aún así, antes del registro más emocional de la declaración, Tagliapietra mantuvo con el testigo un extenso intercambio sobre las decisiones adoptadas por la cadena de mando tras el envío del SITREP, ese reporte donde la tripulación dejó por escrito -el miércoles 15 de noviembre a las 6 de la mañana- un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico en las baterías de proa.

El querellante le preguntó puntualmente si, frente a ese escenario, el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), Claudio Villamide, apostado en Mar del Plata, debía haber convocado a su Estado Mayor para analizar la incidencia informada por su subordinado y comandante del buque, el capitán de de fragata Pedro Fernández.

“Ante una situación como la del SITREP y todo lo que sucedió entre el 14 y el 15 de noviembre, ¿el comandante de fuerza debe convocar a su Estado Mayor para asesoramiento y para tomar decisiones en función de lo que pudiera tener que resolverse? ¿O es potestad suya decidir si quiere hacerlo o no?”, planteó el padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

Balbi respondió que esa determinación quedaba librada exclusivamente al criterio del comandante. “Es potestad de él querer convocarlo o no; está en todo su derecho. Él considera si es necesario o no. Nadie lo obliga a convocarlo”, dijo.

Tagliapietra insistió entonces sobre el componente técnico de la avería reportada por la nave en medio de un temporal y preguntó si, tratándose de un problema eléctrico, no hubiese sido razonable convocar a un especialista para asesorar al comando de la fuerza.

El ex vocero evaluó entonces que el cuadro informado durante las comunicaciones no justificaban necesariamente una convocatoria de esa índole. Según calculó, cuando se produjo la primera llamada satelital de las 23:42 del martes 14 de noviembre, donde el jefe de operaciones del San Juan habló con el jefe de operaciones en tierra -capitán Correa, hoy imputado-, el submarino ya había recuperado propulsión en “circuito dividido” -con la mitad de sus baterías activas-, navegaba en superficie para ventilar todo rastro de hidrógeno y avanzaba con un rumbo fijado para “correr el temporal”, es decir, para moverse a favor del viento y las olas y sufrir un menor desgaste en la tripulación y el material.

“En media hora o 45 minutos -después de la avería- ya estaba con propulsión, a rumbo 080° -dirección Este-Noreste-: eso da una tranquilidad bárbara”, explicó. Luego fue más allá y asentó su opinión profesional sobre cómo habría actuado él como COFS frente a esas circunstancias: “¿Para qué consultar a un consejo asesor o a un especialista? (...) Yo no lo hubiese convocado. Si -la embarcación- ya estaba en superficie y con propulsión...”.

Sobre el cierre de ese tramo, el contralmirante retirado aseguró que, con la información que él conoció acerca del incidente eléctrico en el tanque de baterías sector proa, habría actuado de igual forma que el comandante de la embarcación.

“Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que el capitán Fernández: salir a superficie, ventilar, después cerrar escotilla, cargar aire; y si puedo ir a inmersión, voy a inmersión. Para que no se lastime nadie, no se rompa el submarino”, afirmó al ponderar el protocolo que siguió Fernández ante el incidente.

Luego volvió sobre el capitán del barco, a quien elogió y describió como “muy profesional y meticuloso”, rechazando también que la tripulación hubiera actuado de forma imprudente ante la emergencia a bordo.

“A los submarinistas nos gusta navegar bajo el mar, pero no somos temerarios y menos suicidas”, resaltó.

El tono del interrogatorio pasó poco después a una esfera más personal cuando Tagliapietra introdujo una pregunta respecto de los 44 tripulantes -11 oficiales y 33 suboficiales; 43 hombres y una mujer- a bordo del San Juan.

“Sé que conoció a muchos de los tripulantes, ¿qué nos puede decir de ellos como profesionales, como personas?”, planteó.

Balbi, vestido de civil en el medio de la sala de audiencias frente al estrado y a una cámara que transmite en vivo, hizo una breve pausa. Se tomó unos segundos de más, como advirtiendo su ingreso a una arena emocionalmente más comprometida aún.

Ahí comenzó: “Yo esto como vocero nunca lo pude hacer: nadie me preguntó cómo me sentía, cómo viví la experiencia. Ni quiero pensar los familiares, que llevan la mayor carga. Esta pérdida es inconmensurable, irreparable”.

A partir de ese momento el testigo abandonó por completo las cuestiones de interés técnico, operativo y reglamentario, y se dedicó a trazar con miramiento un relato íntimo sobre su vínculo con buena parte de la dotación del submarino San Juan, un buque de guerra en el que él mismo había navegado durante años.

“Primero que nada: era también mi submarino el San Juan. De los siete años embarcados, cinco fueron en el submarino”, expuso antes de mencionar que su padre también había sido submarinista.

Balbi repasó luego parte de su trayectoria dentro de esa Fuerza, donde llegó a acumular decenas de navegaciones y más de 34 mil millas bajo el mar. Pero aclaró que el aspecto profesional era apenas una dimensión de lo compartido con los 44 tripulantes.

“Conocía a la mayoría y no solamente a ellos: conocía a los familiares”, aseveró con voz grave.

Enseguida focalizó en el capitán de corbeta y segundo comandante del San Juan, Jorge Ignacio Bergallo, quien había sido su subordinado en el submarino ARA Salta cuando él comandó esa unidad naval en 2011. También recordó al propio comandante Fernández, al jefe de operaciones Fernando Villarreal y a varios suboficiales de la dotación, entre ellos Wagner, Gallardo, Vargas, Ibáñez y Real, con quienes compartió años de servicio y navegación.

“Compartimos un montón de singladuras bajo el mar, reuniones familiares, asados, reuniones sociales, partidos de fútbol, partidos de rugby inclusive con Bergallo. ¿Cómo no emocionarme?”, se preguntó el submarinista.

En otro pasaje de la audiencia el marino describió el detalle de cómo era la vida dentro de un cilindro hecho de acero: el encierro, la falta de privacidad, los olores permanentes a combustible e hidráulica, la iluminación artificial y el aislamiento total del exterior durante semanas. “Días si ver el sol”, ilustró.

“Es un ambiente confinado -enumeró Balbi-, encerrado, lejos del contacto con el exterior, espacio reducido, poca luz, blanca, artificial, olores raros, hidráulica, combustible; poca intimidad; muy incómodo”. Sin embargo, explicó que existía una fraternidad difícil de describir para quienes eligen navegar bajo el mar.

“Algo tiene que haber en esta fraternidad, en la camaradería de navegar bajo el agua”, reflexionó. Y agregó: “Yo creo que es el compromiso, disfrutar navegar bajo el mar, trabajar en equipo, desafío, aventura”.

El ex vocero habló del impacto emocional que le generó el papel que ocupó durante la búsqueda del submarino. Recordó que durante casi un mes encabezó conferencias de prensa bajo su rol como representante de la institución naval, con hasta cuatro intervenciones por día.

“Yo sufría todos los días cada vez que tenía que dar un parte, y hasta cuatro veces por día 26 días seguidos”, contó.

Luego evocó sus momentos de quiebre en privado y junto a su esquema de trabajo en la mesa de comunicación institucional de la Armada y sus propios subordinados en el Edificio Libertad, donde había “llegado a llorar en soledad y obviamente con los profesionales” de su equipo, como “mis subordinados del piso 14″, con quienes “hemos llorado en cada uno de los hitos de comunicación institucional más importantes”.

A su vez completó: “Cuando fue lo de la anomalía hidroacústica, o cuando finalizó la búsqueda operativa con nula capacidad de conseguir rescate de los tripulantes. Yo he llorado solo, con mi gente y mis subordinados, pero nunca lo pude hacer preguntado por nadie”.

También destacó al papá de Jorge Ignacio Bergallo, el capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, prestigioso submarinista dentro de la Fuerza, con quien recordó haber llorado en una conversación por teléfono durante los primeros días críticos. “Me acuerdo que yo lloraba y él no; el señor capitán Bergallo es una persona muy particular, muy especial”, expresó.

Antes de finalizar su testimonio en Río Gallegos, Balbi quiso honrar a los submarinistas y a todas sus familias: “Elevo mi pensamiento en patrulla eterna y respeto profesional y personal de los 44 tripulantes”, dijo.

Y remató: “No hay palabras que calmen, así como es una herida abierta para la Armada y los submarinistas en particular, ni quiero pensar para los familiares. Yo sé que es así... Es una pérdida irreparable, inconmensurable. No hay palabras que calmen la ausencia”.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 porteño, Sebastián Ramos, volvió a citar a declarar a 23 efectivos de la Policía Federal que habrían integrado la custodia de Evo Morales durante su asilo político en la Argentina, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores vinculados al exmandatario boliviano.

La resolución, enmarcada en el expediente CFP 4391/2024, fijó nuevas audiencias testimoniales entre luego de que una convocatoria anterior prácticamente fracasara: de los 29 policías originalmente citados, solo seis comparecieron ante la Justicia.

La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la Fundación Apolo, que sostiene que durante la permanencia de Morales en el país -tras abandonar Bolivia en noviembre de 2019 y recibir asilo político del gobierno de Alberto Fernández- habrían ocurrido hechos vinculados al traslado y convivencia con menores de edad en condiciones presuntamente irregulares.

En abril de 2025, la Sala I de la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens- ordenó reabrir el expediente al considerar que el archivo de la causa dictado en primera instancia había sido “prematuro” y que la denuncia contenía elementos suficientes para profundizar la pesquisa. Además, el tribunal de alzada reconoció a la Fundación Apolo como querellante en el expediente.

La ONG había denunciado al ex mandatario boliviano por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados a delitos de trata de personas. Según la presentación judicial, durante el asilo político otorgado en la Argentina Morales habría convivido con adolescentes trasladadas desde Bolivia, quienes presuntamente realizaban tareas domésticas y personales.

Uno de los testimonios centrales incorporados a la denuncia fue el de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, quien aseguró haber visto menores de edad en situaciones de “servidumbre” durante visitas realizadas al expresidente en la Argentina.

De acuerdo a la presentación, también habría mencionado que “niñas” eran ofrecidas como “obsequios” a dirigentes políticos a cambio de favores gubernamentales.

La reapertura del expediente derivó ahora en una nueva ronda de testimoniales para efectivos policiales que habrían formado parte del esquema de seguridad de Morales durante su permanencia en territorio argentino.

Entre los convocados figuran Gustavo Grandolu, Marcos Geier, Marcelo Roppel, Ricardo Infante, Walter Reinoso, Daniel Taglioretti, Javier Díaz, Lucas Roldan, Matías Virgilio, Iván Fontanillo, Ariel Basualdo, Nicolás Herrera, Carlos Miño, Alcides Eitner, Ricardo Mujica, Mariela Medina, Dardo Palavecino, Gustavo Laviola, Ricardo Altamirano, Diego Herrera, Gustavo Chacur, María Corallo y Axel Maximiliano Romero Solis.

Habrá audiencias la última semana de mayo y hasta el 30 de junio, con un cronograma que prevé dos declaraciones por jornada.

Además, el juez Ramos ordenó notificar “de manera urgente” a la Superintendencia de Personal y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina para garantizar el diligenciamiento de las citaciones y remitir las constancias correspondientes al expediente.

Desde la Fundación Apolo cuestionaron la baja concurrencia registrada en la primera ronda de testimoniales y calificaron la situación como “de extrema gravedad institucional”.

“Resulta llamativo e inexplicable que solo seis de los efectivos convocados se hayan presentado. Esperamos que en esta oportunidad se garantice el cumplimiento efectivo de las citaciones y el avance de la investigación”, señalaron desde la organización.

“La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes intervinieron y qué responsabilidades pudieron existir. La transparencia institucional exige respuestas claras y una investigación seria”, agregaron.

Así las cosas, la instrucción penal apunta a reconstruir qué ocurrió durante la estadía de Morales en la Argentina y cuál habría sido el rol de las personas que participaron de su esquema de seguridad y asistencia logística mientras permaneció asilado políticamente en el país.

El exvocero de la Armada Enrique Balbi, contralmirante retirado y submarinista, declaró este jueves durante casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en el primer tramo de una nueva audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

En su declaración sostuvo una hipótesis personal sobre la secuencia que, a su criterio, derivó en la pérdida del submarino: un ingreso de agua de mar por el snorkel habría provocado un cortocircuito en las baterías, una salida de emergencia a superficie y, horas después, un evento súbito ocurrido ya “en plano profundo” que terminó en la implosión del buque.

Aclaró varias veces que se trata de una interpretación propia basada en los registros disponibles y que no podía probarla. La exposición se extendió hasta que el presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, dispuso un cuarto intermedio para descansar unos minutos antes de retomar la jornada.

En medio de su testimonio, además, la transmisión oficial del debate oral fue interrumpida momentáneamente para exhibir imágenes sensibles vinculadas al trágico suceso.

A lo largo de su declaración, en Río Gallegos, el contralmirante retirado recorrió distintos aspectos técnicos y operativos de la vida submarina. Habló sobre las condiciones meteorológicas del Atlántico Sur, relató experiencias propias como comandante de una unidad submarina durante patrullas de control de mar, describió cómo se navega en medio de un temporal y repasó las lecciones aprendidas durante la operación de búsqueda y rescate, cuando se convirtió en el principal nexo entre la Armada y los medios de comunicación, con hasta cuatro exposiciones diarias durante 26 días consecutivos.

Además, el exjefe de Prensa naval fue convocado por la fiscalía y respondió preguntas de los querellantes Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, además de las defensas de Claudio Villamide, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, los cuatro ex oficiales de la Armada acusados por presuntas negligencias y omisiones vinculadas al hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El eje central de su declaración giró alrededor del SITREP -reporte de situación- emitido por el ARA San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 mediante el sistema HF TONINA, como ampliación por escrito de lo informado horas antes, a las 23:42 del 14 de noviembre, durante una comunicación por telefonía satelital. En ese mensaje, la tripulación reportó:

“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

A partir de ese mensaje, el testigo desarrolló una reconstrucción técnica de lo que pudo haber ocurrido. Su hipótesis comenzó con el ingreso de agua por el snorkel, un sistema que permite ventilar el submarino y cargar baterías mientras navega en inmersión próxima a la superficie. “Por el snorkel siempre entra un poco de agua, y más cuando hay oleaje, altura de mar, temporal”, expresó. Según dijo, un submarino convencional está preparado para hacer snorkel incluso en condiciones adversas: “Todo submarino convencional está previsto en cualquier condición hacer snorkel”.

En ese punto, el submarinista ubicó el contexto meteorológico. El San Juan navegaba con "estado de mar 6″, equivalente a olas de aproximadamente seis metros. Para el ex vocero de la Armada, ese dato no explica por sí solo la pérdida del buque. “Ningún submarino se va a hundir por mal estado de mar”, explicó.

Sí describió, en cambio, un escenario de fuerte rolido, incomodidad extrema y movimientos bruscos dentro de una estructura cilíndrica que no tiene estabilidad de forma, sino de peso, dada principalmente por sus 960 elementos de baterías distribuidos en la parte inferior del casco.

El marino retirado explicó que el agua que ingresa por el snorkel debería acumularse en un pozo específico, ubicado en el compartimento de máquinas, sobre la banda de estribor. Esa sentina, dijo, cuenta con sensores y alarma para achicar en caso de acumulación. Cuando se activa, el operador de la consola de control de buque debe ordenar la verificación de la sentina del pozo de snorkel.

Sin embargo, según su interpretación, el rolido pudo haber desplazado una porción de agua hacia la parte de la tubería con la válvula ECO-19, descripta como una “Y griega invertida” dentro del sistema de ventilación.

Esa tubería, agregó, tiene “grifos testigos” antes y después, que deben permanecer abiertos y limpios para detectar presencia de agua o lagrimeo. “Pero creo que debe haber sido un bolsillo de agua que pasó por la válvula ECO-19”, sostuvo.

A partir de allí, reconstruyó una secuencia precisa: luego de la comunicación de las 22 del martes 14 de noviembre, el submarino habría vuelto a inmersión y, al adoptar una leve inclinación de proa hacia abajo para ir a plano 40, ese bolsillo de agua habría avanzado hacia la carcasa del ventilador de proa de baterías.

Para Balbi, esa pequeña inclinación pudo haber sido suficiente para que el agua superara la carcasa del ventilador y alcanzara las barras de baterías. “Es suficiente un baldazo de agua de mar para un cortocircuito. Estoy seguro que saltó la propulsión”, declaró. Comparó ese efecto con el disparo de un disyuntor domiciliario: ante el contacto del agua salada con las barras, se habría producido el cortocircuito informado luego en el SITREP.

Para el ex comandante de submarinos, ese episodio explicaría la maniobra posterior. Si el buque perdió propulsión mientras descendía hacia plano profundo, el procedimiento indicado era subir a superficie. “El rol dice: vamos a superficie, ya estoy sin propulsión, se soplan tanques resistentes”, explicó. Según esa hipótesis, el ARA San Juan emergió para ventilar, cargar aire y recuperar reserva en los botellones necesarios para poder soplar nuevamente los lastres en caso de otra emergencia.

En esa línea, el contralmirante retirado interpretó que la llamada satelital de las 23:42 del 14 de noviembre fue realizada cuando el submarino ya estaba nuevamente con propulsión, navegando con rumbo 080, “surfeando la ola” y “corriendo el temporal”, no capeándolo. También remarcó que esa comunicación no la hizo el comandante Pedro Martín Fernández, sino el jefe de operaciones, Fernando Villarreal, al jefe de operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos.

“Ya lo vamos a encontrar, está en superficie”, recordó haber pensado cuando tomó conocimiento del SITREP. Según dijo, estaba convencido de que el comandante no habría permanecido en inmersión luego de un episodio de esas características.

A criterio del testigo, después de ese incidente el buque permaneció varias horas en superficie. “Tuvo que quedarse en superficie unas horas para ventilar y cargar aire”, consideró.

El submarinista estimó luego que esa permanencia pudo extenderse hasta alrededor de las 4 de la madrugada, a partir del análisis de distintos registros: log-ons de la antena satelital, llamadas por telefonía satelital, comunicaciones por radiotelefonía HF y mensajes por HF TONINA. También mencionó una comunicación cercana a las 3:30 con Puerto Belgrano y la siguiente llamada satelital registrada recién alrededor de las 7:20.

Desde allí, ubicó una segunda etapa. Según su reconstrucción, alrededor de las 4 el submarino habría iniciado la maniobra para pasar de superficie a plano periscopio -18 metros-, una operación que, bajo ese estado de mar, no consideró sencilla. “No debe haber sido fácil la maniobra de superficie a plano periscopio”, afirmó. Para el ex vocero naval, el buque habría permanecido cerca de tres horas en ese plano sin novedades.

El último tramo de su hipótesis se concentró en lo ocurrido después de las 8:45, horario aproximado del último log-on registrado. El testigo interpretó que, a partir de ese momento, el ARA San Juan habría descendido nuevamente a plano profundo. “Algo pasó a plano profundo”, advirtió. De acuerdo a sus cálculos, si la implosión fue detectada a las 10:51 y el descenso final hasta la profundidad de colapso pudo haber demandado unos 25 o 30 minutos, el evento que dejó al buque sin capacidad de reacción habría ocurrido alrededor de las 10:20.

Ese razonamiento dejó, según el propio Balbi, una franja crítica de aproximadamente una hora y media sin registros. En ese lapso, el submarino habría navegado en plano profundo hasta que ocurrió un episodio que no pudo identificar con certeza. “Mi opinión: tiene que haber sido súbito, inmediato, que los dejó sin reacción”, declaró.

El contralmirante retirado descartó expresamente dos escenarios: que el submarino se hubiera puesto pesado y que hubiera sufrido una entrada masiva de agua. Sobre el primer punto, explicó que el buque ya había permanecido varias horas en plano periscopio, donde se lo dosa y se lo trima con mayor precisión. Sobre el segundo, sostuvo que una inundación importante no se condice con una implosión. “Yo descarto la entrada de agua, descarto que se haya puesto pesado, pero algo tiene que haber pasado”, resumió.

Entre las posibilidades, mencionó un incidente al abrir o ingresar al tanque de baterías, un intento de reconexión de la batería o un cambio de etapa dentro del circuito dividido. Sin embargo, insistió en que no podía afirmarlo. Para el ex jefe de Prensa de la Marina, la clave fue que el episodio final no dio margen de maniobra: ocurrió de manera repentina, en profundidad, y dejó a la tripulación sin reacción posible.

Además, describió las dificultades de navegar en superficie con durante un fuerte temporal. Dijo que el interior de un submarino bajo malas condiciones meteorológicas es “muy incómodo”, con fuerte rolido, mareos, olor a combustible e iluminación artificial constante. “No se ni puede comer”, resumió.

El ex vocero de la Armada también repasó cómo se organizó la comunicación institucional durante la operación de búsqueda y rescate del submarino. Relató que el jueves 16 de noviembre por la tarde fue alertado sobre la pérdida de comunicaciones de la nave y regresó al Edificio Libertad para incorporarse de inmediato al seguimiento de la situación.

Según explicó, una de las “lecciones aprendidas” de aquel operativo fue la necesidad de centralizar la comunicación institucional. También mencionó que, con el diario del lunes, debió haber acompañado desde el inicio al entonces ministro de Defensa y al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, a la primera reunión informativa que hubo en Mar del Plata para comprender mejor el contexto general de la emergencia. “Yo tendría que haber viajado con el ministro y el almirante Srur, interiorizarme, entender el contexto, la situación, e ir armando eventualmente lo que después se requería”, reflexionó.

Luego aseguró que nunca recibió instrucciones para ocultar información a las familias o a la prensa.

“Yo nunca tuve ningún tipo de que me hayan forzado a decir una cosa por otra; ni obligado ni prohibido”, afirmó.

La declaración del ex vocero se dio en el marco de la jornada número 24 del debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Tras esta audiencia, el juicio ingresará en un cuarto intermedio de una semana y se reanudará el lunes 1, cuando se escuchará a los últimos testigos previstos antes de la ampliación de indagatoria del contralmirante Luis López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento de los hechos investigados en esta causa.

En la lógica submarinista, cuando una situación se vuelve crítica en el mar, la decisión final queda concentrada en una sola persona. “Todos se dan vuelta y lo miran y dicen ‘a ver qué es lo que va a decir el viejo’”, resumió este miércoles el contralmirante retirado Gustavo Krasser ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El “viejo”, aclaró enseguida, suele ser “un tipo de 41 años que es el comandante”.

Krasser declaró como testigo en la audiencia número 23 del juicio en curso por el naufragio del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51 con 44 tripulantes a bordo. Como ex comandante de la Fuerza de Submarinos -puesto que ocupó en 2011-, habló sobre la autonomía operativa de los comandantes, las condiciones meteorológicas del Atlántico Sur, el estado operativo del buque antes de su última navegación y el análisis técnico que realizó años después como asesor de la Comisión Bicameral Investigadora creada por el Congreso.

El oficial ocupó desde 1986 distintos cargos dentro del arma submarina. Fue jefe de navegación, jefe de armas, segundo comandante y comandante. Estuvo embarcado en los dos submarinos clase TR-1700 con los que contaba la Marina: el ARA Santa Cruz y su gemelo, el propio ARA San Juan, al que tuvo que trasladar en superficie desde Mar del Plata hasta Buenos Aires para iniciar en 2007 las reparaciones de media vida.

Ya retirado, la Armada lo designó como uno de los cuatro especialistas que asesoraron como expertos a la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada en 2018 e integrada por seis senadores y seis diputados, quienes presentaron el informe final en julio de 2019.

“La responsabilidad del comandante sobre su buque es absoluta”

Buena parte del testimonio giró alrededor de la figura del comandante de unidades submarinas y del margen de autonomía que posee durante una navegación en base a la normativa aplicable. “La responsabilidad del comandante sobre su buque es absoluta”, aseguró con asertividad al abordar el tema. Allí puntualizó que el Reglamento General del Servicio Naval establece que el titular de un buque “es responsable del alistamiento, del adiestramiento, del cumplimiento de la misión, de informar si no puede cumplir determinada misión y de otras cosas más”.

“Es uno de los capítulos más extensos del Reglamento General del Servicio Naval”, aclaró. Y formuló: “Pensemos que un comandante de la Armada a veces está navegando en aguas internacionales y puede tener incidentes con buques de terceras banderas, o puede ir con un buque a Brasil y tener un incidente civil o policíaco, si se quiere; (...) o viene alguien a pedir asilo a su buque: todo eso está contemplado y son las atribuciones que tiene el comandante; está todo reglamentado”.

Según describió el testigo, esa autonomía en cabeza del comandante es el resultado de un largo proceso de formación y selección dentro de la institución. Antes de asumir el mando de un un submarino, todo oficial atraviesa distintos destinos y evaluaciones internas para analizar si se “es apto o no" para liderar una unidad.

En ese marco, el contralmirante retirado detalló que primero un oficial debe ejercer lo que la Armada denomina un “comando de tercera clase”, generalmente sobre unidades auxiliares. En su caso, recordó haber comandado el aviso ARA Gurruchaga y participar en patrullas en la Zona Económica Exclusiva y en operaciones SAR. Luego interviene una Junta de Calificaciones integrada por submarinistas antiguos de la fuerza, donde “hay un oficial informante que hace un análisis" de toda la carrera del oficial que pretende asumir el comando de un submarino y “eleva un informe a la Junta de Calificaciones”, describió.

El procedimiento es el mismo desde el “comando de tercera” hasta llegar al “de segunda”, como es el caso de un submarino, pasando nuevos exámenes y filtros ligados a la Junta de Calificaciones. En ese punto, Krasser vinculó la selección y preparación del personal con las condiciones operativas del Atlántico Sur y el tipo de navegación que realiza la Armada argentina en su plataforma marítima.

“La tripulación está preparada en ese mar porque desde que nos embarcamos, siendo cadetes en la Escuela Naval, en los embarcos de adiestramiento, estamos acostumbrados al amarineramiento de esas condiciones de mar”, contestó el testigo ante una pregunta respecto de la aptitud de los oficiales para afrontar características hidrometeorológicas como las del mar argentino. Luego subrayó que en las “fojas de conceptos” del personal naval existe incluso un ítem específico para evaluar la reacción de cada marino ante esas condiciones: “figura un renglón donde se califica ‘se marea, no se marea’, y si se marea ‘se sobrepone o no se sobrepone’”.

“Hay una preparación”, resumió.

A partir de ese momento, desarrolló uno de los conceptos centrales de la jornada en el tribunal oral: la autonomía del comandante una vez que el submarino se hace a la mar. El defensor Juan Pablo Vigliero, representante del imputado Claudio Villamide, uno de los cuatro ex oficiales que afrontan cargos penales en este proceso, le preguntó qué suele esperar un comandante en navegación de su superior en tierra.

El submarinista contestó rápido: “Que le imponga la misión y le dé la máxima libertad de acción para poder desarrollar su trabajo”.

Y al respecto amplió: “Máxima libertad de acción: la autonomía para poder desarrollar dentro del marco de la misión todo lo que tiene que hacer, sabiendo de antemano que el comandante es responsable de la navegación, de su tripulación y del medio que está conduciendo”.

Vigliero le consultó entonces si un comandante podía escuchar opiniones del resto de los oficiales de su Plana Mayor y de sus suboficiales en el buque ante algún tipo de percance durante la navegación.

“Sí, lo puede hacer tranquilamente”, dijo, e insistió: “Ahora, la opinión definitiva es del comandante”.

Fue en ese contexto cuando Gustavo Krasser pronunció una de las frases más resonantes de la audiencia de este miércoles. “Mire doctor, -planteó- cuando las cosas se ponen feas, todos se dan vuelta y lo miran y dicen ‘a ver qué es lo que va a decir el viejo’; el viejo es un tipo de 41 años que es el comandante... Es tan simple como eso”.

De acuerdo a su experiencia, dentro de la cultura submarinista existe por otra parte una fuerte práctica de autocrítica tras cada ejercicio o navegación de adiestramiento. “Cuando vamos y hacemos ejercicios de combate y termina el ejercicio hacemos todo un racconto, y el comandante es el primero que dice ‘yo me equivoqué, porque en tal lugar tendría que haber caído un minuto antes, porque así hubiera favorecido a tal ploteo que hubiera favorecido una mejor solución’: lo tenemos enraizado”, ejemplificó.

Para describir cómo funciona esa lógica en la práctica recordó una experiencia personal durante una patrulla de control marítimo realizada en 2008 dentro de las 200 millas. Según relató, navegaban en medio de “una tormenta muy importante” mientras el submarino permanecía a “plano 40”, a unos 40 metros de profundidad. Bajo ese contexto, en la orden que le habían asignado desde el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) figuraba el deber de subir a profundidad de periscopio -18 metros- para desplegar una antena y transmitir comunicaciones.

“En plano 18 el buque se empezó a comportar como una coctelera tan grande que medio que se lo chupó la superficie. Yo pensé que se nos rompía la vela. Estuvimos casi media hora para lograr que se asentara y pudiéramos ir un poquito más abajo. Tal es así que se descalzó un matafuego y le pegó en la pierna a mi suboficial de buque, suboficial Manrique, y pensábamos que tenía una fractura; por suerte no se dio porque estábamos a 4 días de puerto (...)“, relató el testigo convocado por la fiscalía.

“Ahora bien -continuó el submarinista-, cuando eso terminó, yo reuní a mi Plana Mayor en la cámara de oficiales. Ya todos tranquilos, pedimos un café y, si me permite el exabrupto, les dije ‘cuando sean comandantes, no sean pelotudos como fui yo, que por cumplir esta orden tendría que haber buscado otra manera, pero no haber puesto en riesgo la vela o haber ocasionado un daño al submarino’“.

El estado operativo del ARA San Juan y la doctrina de vigilancia

El clima del Atlántico Sur y hasta la pendiente de su plataforma marítima emergió como uno de los ejes centrales de su exposición. Krasser describió al mar argentino como “un ambiente operacional bastante difícil”, con condiciones hidrometeorológicas “muy cambiantes y a veces muy adversas”.

Sobre ese punto, explicó que la Armada argentina desarrolló experiencia específica en operaciones sobre aguas relativamente poco profundas, muchas veces cercanas a los 200 metros. Indicó que esa característica altera la propagación del sonido bajo el agua, un elemento central para las actividades del submarino como instrumento militar de información y ataque sigiloso.

Luego comentó que había navegado en submarinos italianos, turcos, peruanos y brasileños y que esas marinas operaban en condiciones muy diferentes a las del Atlántico Sur. También relacionó esa experiencia con el interés que, según dijo, comenzó a mostrar la Marina de los Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín. Explicó que, tras el final de la Guerra Fría, los estadounidenses empezaron a desarrollar operaciones en aguas poco profundas y “se encontraron que tenían poca experiencia” en esa modalidad.

Según destacó el contralmirante, ese contexto llevó a que los norteamericanos observaran con interés la experiencia acumulada por los submarinistas argentinos en navegación sobre la plataforma continental, de baja profundidad relativa hasta la milla 200.

La explicación tomó otro tono cuando el fiscal Gastón Pruzán le preguntó qué significaba para un submarino estar en superficie bajo un “estado de mar 6”, la condición informada por el ARA San Juan durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando salió a ventilar tras sufrir el principio de incendio eléctrico en el tanque de baterías N°3 de proa.

“Es prácticamente insoportable”, aseveró sin rastros de duda.

Luego profundizó: “No solo se puede lastimar la gente, porque usted se va golpeando; es un vaso redondo. Usted está en comando y se va golpeando todo: la mesa de cartas -náuticas- sale volando, y se estrella contra el mamparo del otro lado; al oficial de inmersión, que tiene una especie de botonera con luces rojas, amarillas y verdes, se le aparece un árbol de navidad y empiezan a sonar alarmas sonoras, porque las sentinas pueden tener un cachito de agua, que son las descargas, las purgas, al moverse el submarino de esa manera. Y aunque haya un poquito de agua, toca el sensor, entonces se da la alarma. Ahí empezamos: ¿tendré una inundación en serio o es que el buque se está moviendo?“.

Y sentenció: “Le puedo asegurar que es imposible. No es posible -hacer- nada”.

Poco después, se le pidió al tercer testigo del día -antes habían pasado el cabo principal Néstor Andersen y el capitán de fragata Francisco Oleiro- que analizara con detenimiento el reporte de situación -SITREP- enviado por el comandante Pedro Fernández a las seis de la mañana de aquel 15 de noviembre. En ese mensaje naval el San Juan ponía por escrito a través del sistema de alta frecuencia HF Tonina el ingreso de agua de mar al tanque de baterías con su consecuente principio de incendio en el balcón de barras.

Para Krasser, el despacho no describía una situación descontrolada ni un pedido de auxilio, en tanto aclaraba que el buque en ese momento navegaba “en inmersión” y “sin novedad” en el personal. En ese orden, el oficial consideró: “El incendio está controlado, si no no hubieran podido ir a inmersión”.

“¿Se estaba declarando en emergencia de acuerdo a este SITREP?”, indagó el abogado de Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos durante el trágico suceso.

“No”, respondió el testigo.

“¿Estaba pidiendo ser rescatado o que se enviara algún componente de la flota en su auxilio o apoyo?”, insistió Vigliero.

“No”, remató Krasser.

El testigo también habló sobre el estado operativo del ARA San Juan antes de zarpar para cumplir su última misión. En ese punto fue consultado sobre si el vencimiento que tenía del plazo previsto para el ingreso del submarino a dique de carena afectaba necesariamente la seguridad de la navegación.

“No. Depende para qué lo vaya a usar”, afirmó Krasser, y enseguida ponderó: “Entiendo que el San Juan estaba limitado a 100 metros: esa limitación de profundidad es una imposición autoimpuesta por razones de seguridad que no impedía cumplir la misión que yo entiendo les fue ordenada. (...) Ahora, si usted me dice si está en condiciones con esa limitación de 100 metros para iniciar la segunda guerra de Malvinas, le digo que no: ni ese submarino ni el jeep del Ejército estaban en condiciones para una segunda guerra de Malvinas“.

Luego expresó: “Por lo que recuerdo, el buque podía navegar. -Tras el principio de incendio- Tenía una emergencia controlada, y el COFS le canceló la misión. Si hubiéramos estado en guerra, no se cancelaba la misión y se iba a combatir con la mitad de las baterías. En este caso, eso no se justificaba y se canceló la misión: se priorizó la seguridad”.

Por otro lado, Krasser describió después el cambio doctrinario que la Armada comenzó a desarrollar después de la Guerra Fría y en cuya redacción dijo haber participado.

Según aseveró, históricamente el submarino había sido pensado como un arma destinada al ataque de fuerzas navales enemigas y tráfico marítimo en escenarios bélicos. Pero con el tiempo distintas marinas comenzaron a incorporar tareas de vigilancia y control del mar.

“Nos dimos cuenta que el mundo estaba en otra cosa”, comentó.

Como ejemplo mencionó distintas operaciones italianas en el Mediterráneo para detectar tráfico ilegal de personas, y explicó que la Marina argentina resolvió incorporar formalmente el concepto de “operaciones de vigilancia y control” para sus unidades. En ese sentido, el testigo comentó que había liderado la redacción de la Doctrina de los procedimientos fundamentales de la Armada para los procedimientos de submarinos, donde quedó establecido que “los submarinos pueden ser empleados en tareas de vigilancia y control, tanto en áreas marítimas, puntos focales o zonas costeras”.

Según detalló en su exposición, esa doctrina contemplaba patrullas de exploración y control marítimo como la misión ordenada al San Juan en el mes de noviembre de 2017 para obtener información en un área de jurisdicción nacional.

Hacia el final de su declaración, el querellante Luis Tagliapietra le preguntó por las conclusiones alcanzadas por la comisión de expertos que asesoró a la Bicameral del Congreso. Krasser recordó que el grupo técnico de expertos trabajó más de un año analizando documentación, mensajes navales y reglamentos internos de la Armada, y aclaró que los especialistas realizaron aportes sobre un borrador previo del informe final elaborado por los legisladores.

“En algunas cosas coincido y en otras no. Cuando se redactó el informe final, tuve acceso al borrador y con el resto de los especialistas hicimos nuestros aportes. Luego desalojamos la sala y los legisladores hicieron el informe”, recordó.

Relató además que los integrantes de la comisión técnica fueron convocados para ayudar a interpretar cuestiones operativas y documentación naval porque muchos integrantes del cuerpo “no sabían lo que era proa, popa, estribor y babor”.

El juicio continuará este jueves antes del cuarto intermedio previsto hasta la semana del lunes 1° de junio. Declararán el ingeniero naval Gerardo Bellino, autor de un informe con distintas hipótesis sobre las posibles causas de la implosión del submarino, y el contralmirante retirado Enrique Balbi, quien fue vocero de la Marina durante la operación de búsqueda.

El pedido del camarista federal Leopoldo Bruglia para suspender el Concurso 461, abierto para cubrir el cargo que actualmente ocupa en la Sala I de la Cámara Federal porteña, ya ingresó formalmente al ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque por ahora no modificó el avance administrativo del expediente.

La nota enviada por Bruglia al presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue distribuida entre todos los consejeros mientras el trámite del concurso continúa su curso hacia el plenario del organismo.

El expediente del concurso en cuestión, en rigor, ya salió de la Comisión de Selección y los tres dictámenes aprobados el 30 de abril ya fueron girados a la presidencia del Consejo, encargada de convocar a la reunión de plenario donde deberán tratarse las ternas y un volumen importante de otros temas.

Ese trámite define dos cargos estratégicos de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el tribunal de alzada que revisa las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py en causas de corrupción, narcotráfico, trata y otros delitos complejos. Los cargos actualmente son ocupados por Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal mediante traslados dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según estimaciones dentro del propio Consejo, el plenario que deberá votar las ternas -junto con otras propuestas vinculadas a distintos concursos judiciales y el recientemente aprobado Código de Ética- no debería realizarse más allá de mediados del mes de junio.

El Concurso 461 llegó al plenario con tres dictámenes distintos. El mayoritario, impulsado por el consejero juez Diego Barroetaveña, propuso para el primer cargo a Fernando Luis Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para el segundo cargo postuló a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y al propio Bertuzzi.

También fueron elevados otros dos dictámenes firmados por los consejeros Vanesa Siley y Alberto Maques, con distintas combinaciones de candidatos para ambos cargos.

En paralelo, dentro del organismo de elección y remoción de jueces remarcan que Bruglia no participa formalmente del Concurso 461 como postulante. Técnicamente, señalan, el camarista es un tercero respecto del trámite, a diferencia de los concursantes que sí integran el expediente y eventualmente pueden formular impugnaciones vinculadas al procedimiento o a las decisiones adoptadas durante el proceso de selección.

Bajo esa interpretación, el planteo presentado por el juez no cuestiona aspectos técnicos propios del concurso ni las postulaciones incluidas en los dictámenes aprobados por la Comisión de Selección, sino el contexto institucional en el que se abrió el proceso para cubrir los cargos actualmente ocupados por él, Bertuzzi y Germán Castelli.

En ese marco, dentro del organismo sostienen que el trámite del concurso sólo podría frenarse mediante una orden judicial concreta.

En su presentación, el camarista pidió que se suspenda el concurso y denunció una “maniobra ilegal” orientada a removerlo junto a Bertuzzi y Castelli. El magistrado expresó que el proceso “fue iniciado hace seis años por un fragmento de la política y ahora está cercano a consumarse, novado por otro sector”, y aseveró que en ambos momentos “convergieron los intereses de los mismos operadores ocultos en el sistema, en los ya mentados ‘sótanos de la democracia’”.

El magistrado también cuestionó que el Consejo hubiera impulsado concursos únicamente respecto de esos tres jueces trasladados y no sobre el resto de las vacantes ocupadas bajo el mismo mecanismo.

“No me voy a cansar, es necesario repetir, que no pretendo que se perjudique a ninguno de los jueces trasladados, estamos todos en la misma situación. Sólo me defiendo señalando los actos discriminatorios, que terminan configurando una maniobra ilegal y una grave violación a elementales derechos de orden constitucional”, escribió.

En otro tramo agregó: “O se cumple con una manda judicial completa, respecto de todos los involucrados, o no se aplica. Pero a ninguno. El continuar con este único concurso implica complacencia y aceptación de una maniobra espuria”.

En paralelo, Bruglia cuestionó que actualmente existan pliegos remitidos al Senado para cubrir otras vacantes ocupadas por jueces trasladados sin que previamente se hubieran abierto concursos similares. En particular mencionó cargos vinculados al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 y a la Vocalía N° 10 de la Sala III de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional.

Al respecto, dijo que “esto -claramente- es no dar cumplimiento a la manda judicial, conforme al conocimiento y voluntad de los consejeros que entienden que debe cumplirse con el fallo de la Corte”.

La mención al Máximo Tribunal tiene que ver con un fallo de noviembre de 2020, donde resolvió que los traslados de jueces constituían un mecanismo “de marcada excepcionalidad” y advirtió que los cargos ocupados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli debían ser concursados para obtener estabilidad definitiva. Al mismo tiempo, la Corte ordenó que los magistrados permanecieran provisoriamente en sus puestos hasta que el Consejo de la Magistratura realizara los concursos y se designaran nuevos jueces mediante el procedimiento constitucional.

Así las cosas, previo al tratamiento en el plenario podrían producirse conversaciones entre miembros del Consejo para intentar acercar posiciones y eventualmente unificar parte de los dictámenes antes de la votación final.

El capitán de navío Sebastián Andrés Marcó tenía un vínculo singular con el ARA San Juan: había sido jefe de navegación y jefe de comunicaciones del mismo submarino en distintos momentos de su carrera, y el 25 de octubre de 2017 zarpó desde Mar del Plata el mismo día que la nave comandada por el capitán de fragata Pedro Fernández, su amigo. El San Juan puso proa hacia Ushuaia para cumplir la última orden que le asignó la Fuerza de Submarinos. El ARA Salta, bajo su mando, se dirigió a la zona de El Rincón, frente a Puerto Belgrano, para realizar una serie de maniobras de adiestramiento. Tres semanas después ocurrirían los hechos por los que este martes el submarinista fue convocado a declarar.

El oficial en actividad se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en la audiencia 22 del juicio oral por el naufragio del del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 marinos de guerra a bordo. El fiscal federal Gastón Pruzán solicitó su testimonio, que giró en torno a dos ejes: el análisis técnico del incidente de la noche del 14 al 15 de noviembre y el contenido del Consejo de Armas Submarinas reunido en diciembre de 2017 para elaborar escenarios posibles sobre la tragedia naval más impactante de la historia reciente.

El debate se desarrolla en Río Gallegos y se aproxima a su tramo final: hay audiencias pautadas hasta el próximo 4 de junio, cuando está prevista la ampliación de indagatoria del contralmirante Luis López Mazzeo, ex comandante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y el imputado de mayor rango en la causa, junto al ex capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Correa.

Sebastián Marcó tiene una trayectoria de casi tres décadas dentro del arma submarina. Egresó en 1993 de la Escuela Naval Militar y realizó el curso de submarinista en 1997. Desde entonces alternó destinos en el ARA San Juan y el Salta como jefe de navegación, jefe de comunicaciones y jefe de operaciones, antes de asumir como comandante del ARA Salta entre 2016 y 2017. Al momento del hundimiento era el único otro comandante de submarino operativo de la Marina. En 2022 llegó a encabezar el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

“Fue algo muy acotado”

Antes de abordar las distintas hipótesis pensadas por el Consejo, el testigo reconstruyó su lectura del incidente de la noche del 14 al 15 de noviembre. Para situarlo en contexto: el San Juan navegaba el área asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión, una patrulla de control marítimo en el Atlántico Sur, cuando se produjo un principio de incendio eléctrico por un cortocircuito en el balcón de baterías tras el ingreso de agua por el sistema de ventilación. Eso forzó la salida de la nave a superficie en medio de un gran temporal.

A partir del análisis de las comunicaciones, Marcó recorrió la secuencia de lo ocurrido aquella noche. La última transmisión regular del San Juan concluyó alrededor de las 22.45, y la primera llamada por teléfono satelital Iridium se registró cerca de las 23.42: fue entonces cuando el teniente de navío Fernando Villarreal, jefe de operaciones del submarino, informó sobre el incidente al capitán Hugo Correa, entonces jefe de operaciones del Estado Mayor del COFS, con sede en Mar del Plata.

“Uno puede suponer que pasó algo muy cerca de las 23 horas”, sintetizó el testigo. “Fue algo muy acotado”.

Su lectura de ese llamado satelital al comando en tierra fue que la situación ya estaba bajo control, “porque estaban en superficie, ventilando, y ya no estaba ese principio de incendio”, dijo, y agregó: “si no hubiesen dicho otra cosa; hubiesen dicho ‘tenemos este problema y no lo estamos pudiendo controlar’”.

Lo que siguió, según su análisis, fue el San Juan navegando en superficie en medio de un temporal típico del mar argentino. El propio buque había informado que se encontraba bajo condiciones de mar estado 6, una situación que el submarinista describió con precisión. “¿Qué es superficie para mar 6? Es sumamente problemático por todo sentido. El submarino no tiene estabilidad en superficie, es como un cilindro, un corcho. Normalmente se mueve; imagínese con ese estado de mar”, graficó. Luego aclaró que el submarino puede navegar en esas condiciones, pero subrayó las consecuencias prácticas: “Es sumamente incómodo, incordioso, desgastante, se producen averías. Hay temporales en superficie en los que hasta la heladera vuela. El personal se desgasta muchísimo más que con un mar calmo“.

A su vez, advirtió que con un incidente a bordo y ese estado de mar, operaciones tan básicas como subir al puente o usar el teléfono satelital se vuelven maniobras lentas y dificultosas.

En ese contexto describió lo que habría ocupado las horas siguientes de la tripulación: ventilar la nave para eliminar restos de humo y posibles concentraciones de hidrógeno, cargar aire comprimido -que se consume en grandes cantidades durante una salida de emergencia a superficie- y evaluar los daños antes de retomar la inmersión. Estimó que el regreso habría ocurrido entre las cuatro y las siete de la mañana.

Sobre la secuencia de comunicaciones del 15, ofreció una lectura minuciosa: el reporte de situación de las 6 de la mañana, el cambio de derrota solicitado a Mar del Plata, los llamados del teniente Villarreal para confirmar la recepción de los mensajes, el último login de datos a las 8.36, el cierre de sesión a las 8.50. Toda esa cronología habría sucedido con el submarino a 18 metros de la superficie.

A partir de ahí, consideró el ex comandante del Salta, “no sabemos qué pasó. Sí sabemos que la antena no volvió a loguearse con el satélite, y eso puede deberse a un montón de razones: que el suboficial de comunicaciones (...) haya arriado la antena o que hayan apagado el equipo. No lo sabemos. Tampoco sabemos si quedaron en plano periscopio o si inmediatamente se fueron a plano profundo”.

Luego añadió: “Yo entiendo que se quedaron en plano periscopio por lo que dijeron en la última conversación, cuando Villarreal comentó que se iban a quedar más tiempo en inmersión, que iban a estar un poco para descansar y después iban a ir a plano profundo a revisar el tanque de baterías. Eso da la idea de que no fue que terminó la llamada y automáticamente bajaron. A las 8.36 se inicia el último logon, que dura unos diez minutos, con lo cual a las 8.50 se termina. Para mí se quedaron ahí y, una o dos horas después, deciden ir a plano profundo. Y ahí pasa lo que no sabemos qué es, que termina en la implosión de las 10.51“.

En suma, para el testigo el hundimiento tiene dos momentos bien diferenciados: el incidente de la noche del 14, que forzó la salida a superficie, y lo que ocurrió durante la mañana del 15, cuando el submarino estaba en plano periscopio y la tripulación anunció que iría a inmersión a descansar y luego bajaría a revisar las baterías para hacer control de daños.

Las tres hipótesis del Consejo de Armas Submarinas

El 18 de diciembre de 2017, con el operativo de búsqueda aún en curso, se reunió el Consejo Asesor del Arma Submarina. Se trata de un órgano que reúne a los submarinistas en actividad más experimentados -en este caso, once capitanes de navío- para asesorar y analizar situaciones que requieren el criterio colectivo de la especialidad. La convocatoria tuvo un propósito concreto: elaborar hipótesis sobre lo que pudo haberle ocurrido al San Juan para ajustar las áreas de búsqueda de sus restos en el Atlántico Sur.

Con todo, el Consejo se reunió bajo la presidencia del entonces capitán de navío Gabriel Eduardo Attis, inspector del arma, y trabajó sobre las llamadas telefónicas, los mensajes cursados, las posiciones conocidas y estimadas, los datos de la empresa Iridium y la información de los organismos internacionales que habían registrado una anomalía acústica en las coordenadas donde luego se encontrarían los restos. El resultado fue un acta con tres escenarios posibles.

El primer escenario postulaba una explosión interna seguida de la implosión. Según esa hipótesis, el submarino habría ido a inmersión durante la madrugada, enviado los mensajes de la mañana y procedido a plano profundo con intención de descansar e inspeccionar el tanque de baterías 3. Durante ese procedimiento se habría producido una explosión por acumulación de hidrógeno, lo que habría generado una pérdida de plano que derivó en la implosión del casco resistente al superar la profundidad de colapso. Al serle exhibido ese escenario, Marcó fue cauto: “Partamos al revés: ¿por qué implosionó el submarino? Porque pasó la profundidad de colapso diseñada por el fabricante. Ahora, ¿por qué el submarino se fue a 700 metros? No se sabe. No se va a saber nunca“.

El segundo escenario planteaba una pérdida de plano seguida de implosión, sin explosión previa, con dos variantes. En la primera, durante una maniobra de snorkel para cargar baterías, el estado de mar habría provocado una pérdida de plano con parada automática de los motores diésel y arriado del mástil, generando un aumento de peso que el submarino no habría podido controlar. En la segunda, una falla de propulsión combinada con pérdida de estanqueidad en válvulas de casco o prensas habría producido una vía de agua que lo fue haciendo progresivamente más pesado hasta la implosión.

El tercer escenario, el más disociado del incidente de la noche anterior, sostenía que la anomalía acústica registrada a las 10.51 no tenía relación con el San Juan, y que el submarino habría perdido plano durante una maniobra de snorkel cerca del mediodía, posiblemente después de intentar transmitir un mensaje en el turno de comunicaciones de las 12.30.

A esos tres escenarios se suman otras aproximaciones al tema elaboradas en distintos ámbitos. El Ministerio de Defensa convocó su propio consejo asesor, integrado entre otros por los submarinistas Gustavo Trama, Alejandro Kenny y el capitán Jorge Rolando Bergallo -cuyo hijo se desempeñaba como segundo comandante del San Juan al momento del siniestro-. En el marco del Consejo General de Guerra sustanciado ante el Estado Mayor Conjunto se elaboraron además un informe del ingeniero naval Gerardo Bellino y otro del capitán Arturo Marfort. Por su parte, la empresa alemana constructora del buque, Thyssen, también formuló una serie de aproximaciones técnicas sobre lo ocurrido. Varios de esos protagonistas están citados a declarar en las próximas audiencias del juicio oral.

“Nadie, nunca, va a saber qué pasó a las 10.51”

A lo largo de toda su exposición, Marcó insistió en que los tres escenarios son hipótesis sin respaldo fáctico definitivo y apuntó directamente a los límites de cualquier conclusión que pueda extraerse del debate oral. “La única certeza es que el submarino se fue demasiado en plano e implosionó”, afirmó.

Y agregó: “El por qué nunca nadie -ningún abogado, juez o submarinista experto- va a poder decirlo con certeza. Siempre que alguien diga algo va a ser una suposición, y no hay otra cosa porque no tenemos más información, lamentablemente. No hay una respuesta a esto: es una teoría“.

También fue explícito sobre los escenarios que trazó el propio Consejo que integró. Según remarcó, la reunión se produjo “en unas horas de un día determinado, donde cada oficial (...) tenía su punto de vista”.

Por su parte, al hacer foco el fiscal en una de las hipótesis trabajadas por ese órgano asesor, expresó: “Esta es una teoría más de todas las que pudo haber escuchado y que pueda seguir escuchando por el resto del tiempo. Había gente que decía que algo debió pasar. Partamos al revés: ¿por qué implosionó el submarino? Porque pasó la profundidad de colapso diseñada por el fabricante. Ahora, ¿por qué el submarino se fue a 700 metros? No se sabe. No se va a saber nunca. (...) En orden a hacer suposiciones todo el mundo puede hacerlas. Alguna suposición puede ser más coherente, mejor fundada, y alguna puede ser menos coherente y sin fundamento".

Remarcó además que los accidentes de submarinos reconocen causas muy diversas, sin que ninguna pueda descartarse de antemano.

Sobre la pregunta central que atravesó toda su declaración -si lo ocurrido a las 10.51 tuvo alguna relación con el incidente de la medianoche- Marcó fue prudente hasta el final. “Uno tiende a pensar que sí. Ahora, ¿quién puede dar certeza de eso? Nadie. Porque hay muchos accidentes que pasan sin que haya pasado algo previo. Puede haber pasado otra cosa cuando quisieron ir a plano de seguridad, a 40 metros. O no fueron nunca a plano de 40 metros, se quedaron en plano periscopio y pasó otra cosa”, planteó.

Minutos después reconoció que relacionar los dos eventos tenía sentido, pero insistió en que la sensatez no equivalía a la certeza: " “¿Uno está seguro de que haya sido así? No“, comentó el testigo frente a los jueces Mario Reynaldi y Luis Giménez -los otros dos magistrados estuvieron por Zoom-.

Para finalizar, Marcó cerró con una afirmación que resumió el espíritu de toda su testimonial: “Cualquiera de los escenarios es una suposición. Cualquiera que se siente acá va a poner otra suposición; tendrá más coherencia y más sensatez o menos. Uno se puede agarrar de las cosas fácticas y sobre ellas dar una interpretación. Nadie, nunca, lamentablemente, va a saber qué pasó a las 10.51“.

“No se va a saber nunca”, repitió.

El capitán de navío Pablo Manuel Garay, ex comandante de la Fuerza de Submarinos y uno de los oficiales que participó durante la reparación de media vida del ARA San Juan, declaró este lunes en la audiencia número 21 del juicio oral por el hundimiento del submarino y sostuvo que la responsabilidad sobre la aptitud operativa de la nave recae “única y absolutamente” sobre el comandante de la unidad.

La audiencia se realizó apenas un día después de que la Armada Argentina celebrara en la Base Naval Puerto Belgrano el 212° aniversario de su creación. El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, donde se analizan eventuales responsabilidades penales derivadas de la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando murieron los 44 tripulantes mientras ejecutaban una patrulla de vigilancia en el Atlántico Sur.

Garay fue el primer testigo de la jornada y compareció a propuesta de la defensa del ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, representado por el abogado Juan Pablo Vigliero. Durante varias horas respondió consultas del propio defensor, del fiscal federal Gastón Pruzán, de las querellas encabezadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, y también de dos integrantes del tribunal: el presidente Mario Reynaldi y el juez subrogante Enrique Baronetto, quien siguió la audiencia de manera remota por Zoom.

Submarinista desde 1999, Garay construyó gran parte de su carrera dentro de la Fuerza de Submarinos. Entre otros destinos, fue segundo comandante del propio ARA San Juan y años más tarde quedó al frente del ARA Salta, una unidad más antigua de la Armada. También llegó a conducir la Fuerza de Submarinos hasta el año pasado.

Las denominadas reparaciones de media vida del ARA San Juan , construido en Alemania en la década del 80, dejaron fuera de servicio al submarino durante siete años y tuvieron como objetivo prolongar su vida útil operativa. Los trabajos quedaron bajo la órbita del Proyecto de Submarinos (PYSU) entre 2007 y 2015, con Tandanor como contratista principal y empresas auxiliares como Siemens, MTU Detroit Diesel Allison, Hawker y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También participaron los arsenales navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata.

La reparación integral implicó además una intervención estructural de enorme magnitud: el submarino fue literalmente cortado al medio para permitir el recambio y montaje de nuevos equipamientos, entre ellos las baterías principales de la nave.

Garay dedicó buena parte de su exposición a explicar los distintos informes técnicos vinculados a las pruebas de mar realizadas en 2014, en el tramo final de esas reparaciones. Según detalló, se trató de navegaciones “exploratorias” destinadas a verificar progresivamente el funcionamiento de los distintos sistemas y componentes del submarino antes de su retorno operativo. Recién al finalizar ese proceso, en septiembre de 2015, se produjo el cambio de dependencia orgánica: el ARA San Juan dejó de depender del PYSU y volvió a la órbita del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Por otra parte, y apoyado constantemente en el Reglamento General del Servicio Naval, el marino trazó una línea argumental que atravesó toda su exposición: que el comandante del submarino es el único habilitado para determinar si la unidad está en condiciones de navegar. Según indicó, “la responsabilidad final y decisiva” sobre si el submarino debe zarpar o no es “única y absoluta” del comandante de la unidad, porque es quien posee el conocimiento real y cotidiano del estado del buque.

Luego reforzó ese concepto al precisar que el reglamento establece que “el único que puede juzgar dicha capacidad es el comandante” y remarcó que el titular de la embarcación “es la voz autorizada y el único responsable” de determinar el verdadero estado operativo del submarino.

En otro tramo de la audiencia, Garay desarrolló el concepto de “libertad de acción” del comandante submarinista y lo vinculó con el proceso previo de selección dentro de la Armada. Explicó que, para llegar a ese cargo, cada oficial atraviesa “un proceso de selección exhaustivo”, donde se evalúan los antecedentes reunidos “a lo largo de toda la carrera”. Según señaló, esa evaluación previa constituye la base de la confianza que después deposita el comandante superior directo: “Si yo soy comandante, mi comandante superior va a confiar en mí y va a dejar que yo actúe”. En esa línea, añadió que, una vez en el mar, “la responsabilidad absoluta siempre es del comandante de la Unidad”, porque son ellos quienes están “en la escena de acción” y quienes, “mejor que nadie”, conocen las condiciones reales de navegación.

A lo largo de la declaración, Garay detalló cómo funciona el sistema de mantenimiento y supervisión dentro de la Fuerza de Submarinos. Habló de un esquema basado en controles permanentes, mantenimiento escalonado y pruebas técnicas previas a cada zarpada. Cada sistema, explicó, posee tareas de mantenimiento diarias, semanales, mensuales y anuales registradas en tarjetas específicas, donde queda asentado qué personal interviene, cuánto tiempo requiere cada trabajo y qué elementos deben utilizarse. En ese contexto, precisó que durante ese cronograma “el comandante va tomando conocimiento de cada uno de los sistemas a bordo”.

Ante preguntas de la defensa de Villamide sobre si la postergación de los plazos previstos para que un submarino ingrese a dique seco para tareas de carenado y mantenimiento, como era el caso del San Juan, implicaba necesariamente una afectación de la seguridad de navegación, Garay respondió que no. “Nadie mejor que el comandante de un submarino para determinar si el buque está en condiciones o no de seguridad, más allá de los tiempos establecidos en que un buque debe entrar a dique y hacer los mantenimientos”, dijo.

Y resaltó “Si yo soy comandante y tengo algo que afecte la seguridad y ponga en riesgo una vida humana, no voy a zarpar”.

Uno de los capítulos centrales de la audiencia giró alrededor de las denominadas “pruebas de 48 horas”, realizadas antes de toda navegación. El testigo explicó que en esos procedimientos se verifica “sistema por sistema” el estado operativo del submarino y recordó particularmente la llamada “prueba de vacío”, destinada a comprobar el hermetismo del casco. Según describió, “se embarca casi la totalidad de la dotación, se cierra el submarino, con motores se genera un vacío” y luego se controla que el casco mantenga condiciones de estanqueidad.

También comentó que esas pruebas concluyen con una cadena de validaciones internas que desembocan en la decisión final del titular del buque. Los suboficiales y jefes de departamento de cada sección elevan los resultados de las verificaciones hasta el segundo comandante, quien finalmente transmite al comandante el “listo” para determinar “buque listo a zarpar”.

Garay describió además la particular relación profesional entre oficiales y suboficiales dentro de los submarinos. Recordó que muchos de ellos compartieron décadas de servicio y entrenamiento conjunto, y relató incluso vínculos personales con integrantes de la tripulación fallecida. “El submarino es chico, nos conocemos mucho, hay mucha familiaridad”, expresó al recordar a miembros de la dotación del San Juan. Hasta evocó conversaciones con el suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez sobre su esposa e hijos y afirmó que no solamente conocía “lo profesionales que fueron sino también la calidad de personas que eran”, en un momento donde, según quedó registrado en la audiencia, se le quebró la voz.

Otro de los ejes relevantes estuvo vinculado a las pruebas de mar realizadas en 2014, durante la reparación de media vida del submarino en el astillero Tandanor. El ex comandante de la Fuerza de Submarinos confirmó que participó como segundo comandante del buque durante esas navegaciones y repasó distintos incidentes técnicos ocurridos durante los ensayos. Entre ellos, mencionó una falla de propulsión, un blackout total durante pruebas de velocidad y una vía de agua detectada durante una inmersión exploratoria.

Sobre este último episodio explicó el procedimiento denominado “emergencia superficie”, una maniobra destinada a sacar inmediatamente al submarino de inmersión ante cualquier situación potencialmente riesgosa. De acuerdo a su relato, se trata de un procedimiento sobre el cual toda la tripulación está entrenada y donde “nadie pone en tela de juicio quién lo dijo y cuándo”. En esas circunstancias, aseveró, “nadie pregunta qué pasó” y toda la dotación actúa automáticamente para llevar el submarino a superficie. Garay subrayó además que el submarinista está específicamente adiestrado para cumplir ese rol de emergencia, de modo que, ante una orden de ese tipo, cada tripulante ejecuta inmediatamente la tarea que le corresponde para garantizar el ascenso del buque.

El testigo indicó que, durante esas maniobras, los encargados de operar los planos de la nave orientan el submarino hacia arriba, el cargo de propulsión aplica máxima potencia y se soplan los tanques de aire comprimido para garantizar el ascenso. Pese a las averías descriptas, aclaró que esos episodios no comprometían necesariamente la seguridad de navegación del submarino. Incluso señaló que un submarino clase TR-1700 como era el ARA San Juan podía navegar con restricciones operativas de profundidad sin perder seguridad estructural.

En relación al reporte de situación -SITREP- enviado desde el submarino antes de la pérdida de contacto durante la mañana del 15 de noviembre, Garay interpretó que el mensaje describía una situación “bajo control”. Remarcó especialmente que el parte indicaba que el problema había sido subsanado y que el submarino continuaba navegando en inmersión. “Si yo voy a ir a inmersión y voy a cerrar el submarino nuevamente es porque estoy seguro de que está en condiciones de hacerlo”, dijo, antes de concluir que “no se infiere en este texto que está en emergencia o fuera de control”.

La declaración también ingresó en cuestiones altamente técnicas vinculadas a la implosión del submarino. Garay explicó el comportamiento del acero HY80 utilizado en el casco resistente y sostuvo que el colapso ocurre cuando la presión externa supera la capacidad de resistencia estructural del material. Según describió, llega un punto donde “el material del acero no resiste más esta flexibilidad y colapsa”.

Sobre el final de la audiencia, la fiscalía le preguntó específicamente si tenía constancia de que las fallas detectadas durante las pruebas de 2014 hubieran sido reparadas antes de 2017. Garay respondió que no tenía precisión documental sobre cada reparación, aunque consideró que, según su experiencia, el submarino se encontraba operativo y “estaba en condiciones de cumplir con la misión y de zarpar sin ningún tipo de riesgo ni seguridad“.

“No somos temerarios, somos profesionales”

En el marco de un testimonio mucho más corto que el del capitán de navío Garay, expuso otro oficial superior con 36 años de servicio en la Armada, de los cuales navegó 17 como especialista en máquinas de buques de superficie.

Se trata del capitán de navío retirado Carlos Alberto Frank, convocado a declarar en el juicio oral por haber sido subjefe de la Base Naval de Ushuaia cuando el submarino amarró en ese puerto tras salir desde Mar del Plata como parte de las actividades emanadas de la Orden de Operaciones N°4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Fue él quien recibió personalmente al submarino junto al entonces capitán de navío Villamide -hoy capitán de ultramar de la Marina Mercante, tras haber sido destituido en 2021 por un Consejo de Guerra-. Eran los primeros días de noviembre. Allí conoció al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del SUSJ.

“Cuando -el submarino- amarró, embarcamos y hablamos con Fernández, que nos recibió. No tenía ningún problema. Hay una pregunta que es básicamente de rigor -en esa instancia-, y que se la hizo Villamide: si había tenido alguna novedad. Él le dijo que no había tenido ninguna. Villamide le volvió a insistir: ‘¿no tuvo ninguna novedad, no se le rompió nada, ninguna canilla, nada?’ No, ninguna novedad. La única era que (...) cuando pasaron por Puerto Williams un avión aparentemente había tirado una sonoboya", comentó Frank al recordar el momento del arribo de la nave a la Base Naval Austral.

Luego añadió: “Yo le pregunté si tenía alguna cosa para reparar, porque siendo yo el subjefe de la base los talleres dependían de mí, y me dijo que no tenían nada para reparar”.

El testigo dijo que pudo conversar con el capitán Fernández durante los desayunos y los almuerzos en la base naval. “Estaba sentado delante mío, así que hablábamos permanentemente. Inclusive me ofreció de hacer una navegación protocolar que se iba a realizar en eso días”, señaló, y añadió: “Realmente se lo notaba muy bien y muy contento por todo lo que podían hacer y porque habían podido tocar muelle, lo que permitía que la gente pudiera descansar un poco e ir a conocer. Había muchos que no conocían la ciudad”.

Frank le contestó a Fernández que no podría concurrir a la navegación de protocolo en la Bahía de Ushuaia, pero le ofreció hacerse un tiempo para ir a sacarle algunas fotos de ese momento para que tuviera de recuerdo. De hecho, el testigo pudo captar el preciso instante en el que la nave se iba a inmersión con fotos que luego circularían por todo el país y el mundo. Con una en particular, puntualizó, el Correo Argentino creó una estampilla en conmemoración del submarino.

“¿Hubo alguna voz de alarma, de inquietud o preocupación de cualquier naturaleza sobre el estado de la navegación o la seguridad del buque entre los miembros de la tripulación o el propio Fernández, hacia usted o que usted hubiera escuchado?“, consultó el abogado de Villamide, hoy acusado junto a Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa por presuntos incumplimientos a los deberes de funcionario público, estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes y omisión de los deberes del oficio.

“Ningún tipo de comentario -contestó el capitán de navío retirado-. De hecho se hizo una navegación de protocolo en el medio; después de que arribó el submarino volvió a zarpar. El intendente no pudo ir, pero sí fue el segundo. Fueron los miembros representantes del Ejército, de Gendarmería, de Prefectura y fueron jueces. Una navegación protocolar, -donde- embarcó el capitán Villamide (...) y sé que fueron a inmersión porque yo les saqué fotos“.

Luego completó: “No creo que si se tiene algún inconveniente se vaya con un buque a inmersión con un montón de autoridades. Es sumamente descabellado poder pensar que alguien, si tiene algún problema, vaya a hacer eso. Nosotros no somos temerarios. Nosotros somos profesionales“.

Desde el 3 de marzo de 2026, cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina enfrentan un juicio oral en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ), ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Los cargos son por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. El debate procura dilucidar si existen conductas reprochables penalmente por parte de los ahora acusados, como permitir o no impedir la zarpada del buque en supuesto mal estado.

El corazón del juicio radica precisamente en el análisis técnico de las condiciones del submarino: cuál era su estado de alistamiento a la hora de hacerse a la mar con el fin de cumplir su última orden. Cuáles eran las tareas y reparaciones pendientes y en qué grado afectaban -si afectaban- la seguridad de la nave a la hora de navegar.

Así las cosas, Infobae analizó una serie de documentos clasificados como confidenciales que integran el acervo probatorio del proceso en curso, a cargo del juez Mario Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Leídos en secuencia, permiten reconstruir cómo la Marina planificó la misión que el SUSJ llevaba a cabo cuando naufragó a unos 500 kilómetros de la costa: una cascada de órdenes que fue delineando de lo más general a lo más preciso de la actividad, desde el alto mando operacional hasta llegar al comando del buque.

Los cuatro imputados ocupaban, al momento de los hechos, diferentes posiciones jerárquicas dentro del escalafón. El de mayor rango es Luis Enrique López Mazzeo, entonces contralmirante en manos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Bajo sus órdenes directas actuaba Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA. Los otros dos son Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y ex jefe del Estado Mayor del COFS, y Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y ex jefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano.

La primera orden que puso en marcha la misión

El primer documento es el más abarcativo y traza el marco general de las operaciones que se desarrollarían luego entre octubre y noviembre. El 5 de septiembre de 2017 a las 7:50, López Mazzeo cursó desde el COAA un mensaje naval al Comando de la Flota de Mar (COFM), con copia informativa al Área Naval Austral, al Comando de Aviación Naval, al Comando de la Fuerza de Submarinos y al Comando de Infantería de Marina.

El mensaje ordenaba al COFM “efectuar planificación” de las actividades en el marco de la denominada “Tercera Etapa de Mar” del año naval 2017. Los parámetros: comenzar el 26 de octubre con un cronograma de entre 25 y 30 días de duración, 12 días propulsados y tres de estadía en la Base Naval de Ushuaia.

Las actividades previstas incluían el hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera y ejercicios de tiro naval sobre blanco remolcado; reconocimiento del litoral marítimo y puertos patagónicos; vigilancia y control de los espacios marítimos en áreas de jurisdicción e interés y en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burwood; tránsito por canales fueguinos, ejercitación anfibia y juego táctico, entre otras. En ese nivel del escalafón, la misión era todavía un conjunto de objetivos sin designación de medios navales ni responsabilidades específicas para cada unidad.

El documento convocaba además a una reunión de coordinación para el 14 de septiembre a las 10 en la Base Naval Puerto Belgrano, con todos los comandos destinatarios del mensaje.

El plan esquemático de la Tercera Etapa de Mar

La respuesta llegó en forma de Plan Esquemático RGP–11/17 «C», confeccionado por el contralmirante Rafael Prieto desde el Comando de la Flota de Mar en Puerto Belgrano, con fecha 17 de septiembre de 2017 -tres días después de esa reunión-. Prieto, aunque par orgánico de los comandantes de Aviación Naval, Infantería de Marina y la Fuerza de Submarinos (todos dependientes del COAA), fue designado como Oficial en Comando Táctico con el fin de definir con mayor precisión el proceso de planeamiento de las tareas a realizar. El plan, luego aprobado por el COAA, ya fijó una duración tentativa de entre 28 y 30 días y precisó que la zona del hundimiento del ex ARA Comodoro Somellera estaría comprendida en un cuadrado de 25 millas náuticas “con centro situado en posición LAT 54° 00,0′ S LONG 064°,0′ W”.

Como medios propios de la Flota de Mar figuraban dos destructores MEKO 360, dos corbetas MEKO 140, un buque logístico, un buque transporte y un aviso, más un conjunto de aviones y helicópteros. A eso se preveía sumar, provenientes de otros organismos de la Armada, hasta dos corbetas y submarinos más, lanchas rápidas y patrulleras y una compañía de Infantería de Marina.

La misión consignada en el documento era “conformar una Fuerza de Tareas y zarpar a partir del 26 de octubre y dirigirse al puerto de Ushuaia ejecutando adiestramiento naval integrado”, hundir el ex aviso ARA Comodoro Somellera “entre el 01 y 03 de noviembre en área asignada”, “planificar y ejecutar hasta dos operaciones anfibias” y, durante el repliegue desde Ushuaia, “realizar reconocimiento del litoral marítimo y vigilancia y control de los espacios marítimos”, previendo arribar a Puerto Belgrano a partir del 25 de noviembre. El propósito declarado en el texto era “continuar con el adiestramiento naval integrado previsto para el corriente año naval y difundir el quehacer naval en puertos del litoral marítimo argentino”.

El hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera quedó fijado entre el 1 y el 3 de noviembre. El buque había sido retirado del servicio activo por Resolución N° 63 del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el contralmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, firmada el 26 de abril de 2017: esa disposición lo llevó a la condición de Alistamiento VI -unidad radiada- y autorizó su uso como “buque blanco”.

El Área Naval Austral debía remolcarlo desde Ushuaia hasta la zona asignada, con arribo garantizado cuatro horas antes del inicio del ejercicio, mientras buzos tácticos instalarían las cargas explosivas previo a la zarpada. El documento consignaba también las medidas del blanco a derribar: 700 toneladas de desplazamiento, 43 metros de eslora, 10 de manga y 3 de calado.

El plan distribuía responsabilidades entre cada uno de los comandos intervinientes. A la Aviación Naval le ordenaba alistar aviones y helicópteros, planificar acciones de ataque durante el tránsito y coordinar ejercicios antisubmarinos. Al Área Naval Austral le asignaba tanto la preparación del buque blanco como la elaboración de un análisis de impacto ambiental antes del 10 de octubre. A Infantería de Marina le encargaba planificar dos operaciones de desembarco en Tierra del Fuego y embarcar personal y material en las unidades de la Flota.

Durante el repliegue desde Ushuaia, la Fuerza de Tareas debía recorrer el litoral patagónico ejerciendo vigilancia marítima, con una corbeta destacada para custodiar el Área Marina Protegida Namuncurá y la Zona Económica Exclusiva. El documento entraría en vigencia “al recibirse” y, concluida la operación, sería “incinerado sin elevar acta”.

Al Comando de la Fuerza de Submarinos, por lo demás, le imponía obligaciones precisas: alistar “hasta dos submarinos“, coordinar con la Flota las áreas y los momentos de actuación, ejecutar patrullaje continuo durante los traslados por la Zona Económica Exclusiva y designar buzos tácticos para instalar las cargas en el buque blanco y para intervenir en las operaciones de desembarco.

Las órdenes que recibió el submarino antes de zarpar

Luego del “Plan Esquemático” se emitió la Orden de Operaciones General del COFM N° 14/17, que precisó aún más las disposiciones y derivó, el 24 de octubre, en la Orden de Operaciones N° 04/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Clasificado como “confidencial”, el documento fue firmado por el capitán de navío Héctor Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS -con sede en Mar del Plata-, “en ausencia” de su comandante, Claudio Villamide. En la elaboración del planeamiento también intervino el capitán de fragata Hugo Correa, en su carácter de jefe operacional.

La orden asignaba misiones concretas a los dos submarinos que debían participar de la tercera etapa de mar: el ARA San Juan y el ARA Salta. Este último recibiría tareas de adiestramiento en el área del Golfo Nuevo. El San Juan, en tanto, tendría una misión en aguas más australes estructurada en tres etapas sucesivas.

La primera era el despliegue hacia la Base Naval de Ushuaia: a partir del 24 de octubre debía iniciar tránsito directo e ingresar antes del 2 de noviembre en el área denominada “Alessia”, donde realizaría patrulla antisubmarina hasta recibir instrucciones para dirigirse a Ushuaia. La segunda era la estadía en esa base, prevista a partir del 4 de noviembre por tres días, tras la cual zarparía hacia el área “Alejandra”, al noreste del Estrecho de Magallanes, para ejecutar un ejercicio de “Ataque Submarino” a un “núcleo cortinado”. En esa maniobra de entrenamiento táctico, el submarino debe infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el blanco principal protegido por esa barrera.

La tercera etapa, titulada “Patrulla Control del Mar”, instruía al SUSJ a desplazarse al área denominada “Juliana” para ejecutar “una patrulla de exploración con una permanencia de al menos diez días” en aguas del Atlántico Sur. El objetivo era identificar buques de interés que operaran dentro de la milla 200: el documento mencionaba expresamente “REEFERs, logísticos, petroleros” y embarcaciones pesqueras “sin AIS o con código AIS no registrado”. La orden precisaba que era “interés de este Comando obtener la identificación mediante imágenes fotográficas o video de los buques de interés en dicha área”. Entre los blancos de seguimiento figuraban el buque HMS Clyde, de la Royal Navy británica, y aeronaves RAF C-130 y de la gobernación de Malvinas.

La experiencia de la dotación

La orden del COFS fue enviada por un despacho (denominado en la jerga naval Grupo-Fecha-Hora) directamente al SUSJ, que para ese momento contaba con un documento administrativo firmado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, donde se consignaba que la embarcación estaba apta para operar. Se trata del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), que conlleva una evaluación de los distintos componentes de la nave que arroja una cifra numérica y determina el estado del buque. El resultado de examen, rubricado en septiembre de ese 2017, fue el siguiente: “4,25/5 - Buque Habilitado”.

En otro orden de cosas, los datos sobre la experiencia de la tripulación fueron recabados con posterioridad en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada por la Ley 27.433 y presentado el 18 de julio de 2019.

Al mando de la misión del buque, como se dijo, estaba el capitán Pedro Martín Fernández, de 45 años, con 366 días de navegación acumulados en tres submarinos distintos y 5.341 horas de inmersión. El segundo al mando era el capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, con 223 días de navegación y 2.045 horas de inmersión. Le seguían el teniente de navío Fernando Villareal, jefe del Centro de Informaciones en Combate y del departamento de operaciones, con 205 días y 2.037 horas, y el teniente de navío Fernando Mendoza, jefe del departamento de máquinas y responsable del control de averías y la propulsión, con 147 días y 1.691 horas.

La dotación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, jefa del departamento de armamento y de las áreas de armas submarinas, control de tiro y material naval, con 165 días de navegación y 1.559 horas de inmersión.

Los tenientes de corbeta Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra eran los oficiales con menos singladuras, ya que contaban con 29 días de navegación cada uno y 595 horas de inmersión: ambos cursaban el curso de capacitación en submarinos S11 en la Escuela de Submarinos.

Entre los suboficiales y cabos submarinistas -33 en total- la experiencia se medía en años de servicio. Sus escalafones cubrían las especialidades de mecánica de sistemas, maquinistas, electricistas, comunicaciones, operaciones, servicios e informaciones. Los más veteranos eran el suboficial principal Javier Gallardo, mecánico de sistemas con 25 años en la fuerza, y el suboficial principal Alberto Sánchez, también mecánico de sistemas, con 23. En el otro extremo, distintos cabos primero llevaban entre uno y dos años desde su alta, entre ellos Luis Niz, mecánico de sistemas con un año de servicio.

El último ejercicio exitoso, cuatro días antes de la implosión

Tal como reconstruyó Infobae, el ejercicio antisubmarino en el área “Alejandra” fue el último que el San Juan llegó a completar. Su comandante lo dejó asentado en un mensaje naval clasificado como “secreto”, remitido a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, cuatro días antes de la trágica implosión.

El documento, dirigido a Villamide, describía el desarrollo del despliegue táctico hora por hora. El San Juan empezó moviéndose a 40 metros de profundidad y a 4 nudos cuando, pasadas las cuatro de la mañana, sus sensores captaron las primeras emisiones de sonar provenientes de los buques que debía atacar: una corbeta MEKO 140 y un destructor MEKO 360. Casi tres horas después, a las 07:45, ascendió a profundidad de periscopio -18 metros- y los avistó. El capitán Fernández ordenó cubrir puestos de combate y el submarino comenzó a maniobrar en silencio para calcular la posición y la velocidad de los blancos. Luego bajó a 65 metros y se deslizó entre los dos buques sin ser detectado. A las 08:55 comunicó por radio un “lanzamiento simulado” sobre el objetivo.

En ese marco, Fernández cerró el reporte con la siguiente evaluación: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo“.

Luego del ejercicio integrado, el submarino partió a la zona asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión antes de volver a su apostadero. El 15 de noviembre, cuatro días después de ese informe, el ARA San Juan perdió contacto con tierra. A las 07:19 de ese día fue su última comunicación. A las 10:51 se registró la implosión.

El ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que guardó en su casa los ocho cuadernos del remisero Oscar Centeno, recordó este jueves que su entonces amigo le contó haber visto bolsos “llenos de billetes de 500 euros” en uno de sus viajes a la residencia de Olivos junto a su ex jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Además, ratificó que Centeno le entregó una caja cerrada para guardar porque temía que trascendiera el contenido y que un año y medio después se la dio al periodista Diego Cabot. Recién en ese momento se abrió y vio los cuadernos, consignó al declarar como testigo en el juicio oral que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios procesados por supuestos sobornos.

Sin embargo, antes de iniciar el interrogatorio de este jueves en la Sala AMIA del subsuelo de Comodoro Py, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori advirtió que al finalizar la jornada de la audiencia anterior había quedado un micrófono abierto y que mientras aún se grababa se llegó a escuchar un insulto. Se trataba, detalló, del abogado José Manuel Ubeira, que llamaba “hijo de puta” a alguna persona.

“Imagino que pensó que el micrófono estaba silenciado, pero lo cierto es que la frase se pudo escuchar. Desconozco la motivación del insulto y el destinatario”, agregó el juez dirigiéndose al defensor del imputado Oscar Thomas. “Corresponde exhortarlo puntualmente a que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias de cualquiera de las partes en el marco del juicio. Son impertinentes, no tienen que ver con el objeto del debate y conspiran contra el correcto y normal desarrollo de las audiencias”, advirtió Méndez Signori.

Como respuesta, Ubeira pidió disculpas y aclaró: “Salió el nombre de Stornelli y dije: ‘Sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”.

Los euros y la caja

El testigo dijo que Centeno le contó que “una de las tantas veces que lo llevaba a Baratta a la Quinta Presidencial de Olivos, en el asiento de atrás tenía unos bolsos, abrió uno y vio que estaban llenos de billetes de 500 euros. Me dijo ‘tengo una tentación de robármelos y le digo ‘negro no vas a llegar vivo ni a Maipú ni Libertador, ni se te ocurra’”. Recordó el episodio ante una pregunta de Mariano Galpern, representante de la querella por la Unidad de Información Financiera.

Sobre la caja que Centeno le entregó, dijo que cuando la recibió no la abrió pero “tenía una idea clara de lo que había adentro”, expresó Bacigalupo al comienzo de su declaración como testigo en el juicio oral por el caso Cuadernos al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

El testigo de 81 años ratificó que Centeno le pidió guardar la caja cerrada con cinta de embalar por los problemas que tenía por entonces con su ex pareja Hilda Horovitz. Además recordó que luego la mujer, siempre en base a lo que le contó Centeno, fue al juzgado federal de Claudio Bonadio donde tramitaba otra investigación penal por la compra de Gas Licuado en el kirchnerismo y lo denunció.

“Me enteré por boca del señor Centeno, se presenta, lo denuncia, tenían inconvenientes de pareja, lo denuncia respecto de conductas que él tenía y punto. No punto no. En un momento dado la señora Horovitz les pedía dádivas para no abrir la boca tanto al señor Baratta como al señor Centeno. Estoy repitiendo todas palabras del señor Centeno”, aclaró.

Bacigalupo refirió que “no hay ninguna prueba más allá del testimonio”. Horovitz logró los fondos para comprarse un departamento y “el señor Centeno la denunció por extorsión”, narró sobre los hechos previos que derivaron en la entrega de la caja que luego se supo contenía los cuadernos para que la guardara.

Centeno concurrió a la audiencia y escuchaba en primera fila a Bacigalupo. De hecho al inicio y al responder las preguntas de rigor, el testigo dijo ser sargento retirado de la Policía Federal e informó que de los acusados sólo conoce al remisero arrepentido. “Al que conozco está aquí en la sala”, manifestó y lo señaló con el dedo. “Es el sargento retirado del Ejército Argentino Oscar Bernardo Centeno”.

“El señor Centeno en un momento dado me pide si le puedo guardar un material, una caja con papelería que tenía. Tenía miedo de que esto trascendiera porque estaba en problemas con Horovitz. No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”, explicó y recordó que le preguntó a Centeno. “Son todas anotaciones que hice día a día respecto de mi trabajo”, contó que le respondió su amigo.

La apertura de la caja

Luego contó en detalle cómo y por qué le entregó la caja más de un año después al periodista Diego Cabot, que era su vecino y refirió que fue en ese momento cuando se abrió por primera vez.

Ambos estaban en el departamento de Bacigalupo. “Tengo una caja que me entregó el chofer de Baratta. No sé qué hay adentro, está a tu disposición si querés venir a verla. Un día me dijo que sí y subimos los dos juntos a mi departamento”, refirió.

Adentro de la caja estaban los cuadernos. “Una cosa curiosa. Yo jamás puse mano en los cuadernos en ningún momento. Veo que el hombre abría los ojos como vaca mirando el tren. Me dijo: ‘¿Vos sabés lo que es esto? Es tremendo esto. ¿Qué querés hacer?“, recordó.

Bacigalupo le respondió que él hiciera lo que considerara que tenía que hacer y entonces el periodista se llevó la caja. Era enero de 2018.

Poco después, el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y el ex jefe de esa cartera Julio De Vido recuperaron la libertad en la causa Gas Licuado y Centeno le pidió la caja. “¿Por qué? Tendría que responderlo él", acotó ante otra pregunta de la fiscalía.

“La caja estaba en poder de Cabot. Lo llamo y le digo que me la tiene que devolver porque Centeno me la está reclamando. Lo entretuve a Centeno con excusas hasta que Cabot me trae la caja un día. Centeno estaba en mi casa. Vivo en un tercer piso con balcón a la calle. Baja Cabot, me entrega la caja abierta, subo y se la doy a Centeno. Ahí se produce un cruce de palabras. Me dice algo así como: ‘¿Cómo que la caja está abierta?’. Le respondí: ‘Es lógico, ¿cómo no va a estar abierta? Yo tenía que saber lo que había adentro’. Entonces me dijo: ‘Vos estuviste haciendo negocios con esto’. Se fue, se llevó la caja y no lo volví a ver", refirió.

Bacigalupo contó que vio a su ex amigo una vez más luego de ese episodio, cuando fue a declarar a tribunales “sobre una propiedad que Baratta había comprado para poner un salón de fiestas. Centeno era el hombre de confianza de Baratta y seguía trabajando con él cuando dejó el Gobierno. Seguía supervisando esa obra junto con la esposa de Baratta.”, dijo.

La declaración judicial

Luego contó cómo declaró en la causa judicial y en ese marco refirió que el fiscal federal Carlos Stornelli fue a su casa junto al periodista Cabot para hablar del tema.

Según relató, el periodista lo llamó un día para explicarle que el caso había llegado a la Justicia y era necesario que declarara como testigo. Le dijo que sí y entonces fue a su casa junto a Stornelli. “Lo pongo en conocimiento de que su amigo Oscar Centeno está preso. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque, sino, se nos complica la causa’, refirió Bacigalupo que le habría dicho el fiscal.

“Le respondí que sí. Cabot se ofreció a llevarme. Les dije: ‘¿Por qué no ahora?’. Y así fue: salimos de mi casa, el doctor Stornelli me trasladó a Comodoro Py y me llevó al despacho del doctor Claudio Bonadio. Allí presté esta declaración testimonial, en presencia del doctor Bonadio. "Ratifico plenamente esa declaración." Sobre ese trámite judicial mencionó que “solamente” le “quedó grabada una frase”. “Lo tenía a Bonadio sentado frente a mí y me dijo: ‘Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado, esto no podía continuar’. Y agregó: ‘Esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar’. Al doctor Bonadio no lo vi nunca más.”

A la hora de preguntar las defensas buscaron saber por qué entregó la caja a un periodista y no a la Policía, como dijo poco antes que había pensado como posibilidad en un primer momento. El abogado de Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, le preguntó por su carrera en la policía, manifestó que estuvo en el área de Asuntos Jurídicos. Luego, fue remisero y en ese marco conoció a Centeno, quien lo llevó a trabajar al Ministerio de Planificación Federal. “El ya era chofer exclusivo del señor Baratta”, refirió.

La audiencia entró en un cuarto intermedio poco después de las 11 ante un planteo vinculado al tipo de preguntas que se le hacían al testigo y retomó pasado el mediodía con el interrogatorio de las defensas.

La defensa de Baratta le preguntó si estaba al tanto de la obligación de un policía de denunciar al tomar conocimiento de un delito de acción pública, en alusión a lo que había contado sobre los dichos de Centeno vinculados a los “billetes de 500 euros” en la quinta de Olivos. “Cómo iba a denunciar un supuesto? No se olvide que el doctor Kirchner era el presidente de la Nación y Baratta el segundo de Julio De Vido, cómo lo pruebo?”, respondió.

Los planteos previos

Al inicio de la jornada el abogado defensor del empresario Armando Loson, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que se evite interrogar a Bacigalupo sobre la denuncia que presentó este acusado vinculada a supuestas adulteraciones en los escritos de Centeno y que tramita de manera paralela en otro juzgado penal. El ex policía tiene falta de mérito en el caso.

Bacigalupo respondió preguntas bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 pero llegó a la audiencia mientras continúa bajo investigación en esta otra causa paralela que busca determinar si hubo adulteraciones en las anotaciones originales de Centeno y si él fue el responsable.

Bacigalupo y Centeno

El caso Cuadernos nunca hubiera llegado a Comodoro Py de la manera en que lo hizo de no ser por la decisión que tomó Bacigalupo un año y medio después de recibir los escritos de Centeno en una caja. Le pidió que se los cuidara porque temía un allanamiento en su casa por otra causa penal, Gas Licuado, en la que su pareja hasta entonces, Horovitz, había ido a declarar y mencionó la existencia de bolsos, recorridas y anotaciones al respecto.

Bacigalupo y Centeno se conocían del trabajo en una remisería. En enero de 2018 el primero le dio la caja al periodista de La Nación, Diego Cabot.

Desde que comenzó el juicio oral, el arrepentido Centeno guardó silencio. Asistió a unas pocas audiencias, entre ellas la de la declaración de Cabot. Sólo tomó notas sentado junto a su defensor oficial. Pero durante la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli dijo en su indagatoria que entregó sus escritos a Bacigalupo porque quería “resguardarlos” de su ex pareja en una relación que andaba mal.

Su ex jefe en el ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta estaba detenido en la causa Gas Licuado. Cuando fue excarcelado, Centeno le reclamó los cuadernos a Bacigalupo. Fue entonces que el periodista los fotografió para luego devolverlos. Se perdió el rastro y tiempo después, cuando el caso ya estaba en instancia de juicio oral, Cabot recibió un llamado de un desconocido que lo citó para devolverle seis de los ocho cuadernos originales, según contó en el juicio oral.

Esa documentación fue llevada al fiscal Stornelli, quien los remitió al TOF7 y desde entonces se guardaron en una caja fuerte en la sede del Tribunal, en el Palacio de Justicia. De allí salieron rumbo a Comodoro Py por primera vez y mucho tiempo después, cuando comenzaron las declaraciones de los testigos de manera presencial.

“Mi amigo se perjudicó él, no yo”

En otro pasaje del largo interrogatorio al ex sargento retirado de la Policía Federal, el defensor José Manuel Ubeira, tomó la palabra para sumarse a la ronda de preguntas. Allí le consultó al testigo si, al momento de entregarle los cuadernos al periodista Cabot no había evaluado si con esa acción podía llegar a perjudicar “a su amigo Centeno”. Bacigalupo contestó: “Mi amigo se perjudicó él, no lo perjudico yo”.

Ubeira insistió con la consulta. “Yo lo que evalué era el daño que se provocó a nuestro país. Si Centeno tiene un perjuicio, él es el causante, no yo, ¿está claro?“, respondió.

“¿Usted consideraba que él era parte de la maniobra?“, continuó el abogado. “Sí, porque él fue el autor de llevar esa correlatividad de los hechos que sucedieron. ¿Cuál era el fin por el que Centeno lo hizo? Pregúnteselo a Centeno”, expresó el testigo de 81 años.

Luego Bacigalupo comentó que al enterarse de la detención del autor de las anotaciones pensó que era “lo lógico”, ya que “estaba bien consciente de lo que sucedía” tras consignar “como en un libro de guardia” los distintos viajes y pagos.

“Acá hay una responsabilidad sobre lo producido en los cuadernos y lo que hoy se está juzgando; hay una responsabilidad muy grande que nos afectó a todos los que estamos en este país, a los que vivimos acá. Vuelvo repetir: a todos”, aseveró el testigo.

Cuarto intermedio mediante para almorzar, otro de los defensores que pidió la palabra fue Gabriel Palmeiro, representante de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, quien solicitó más precisiones respecto a lo que Centeno le había contado a Bacigalupo respecto al contenido de los “apuntes” que guardó durante meses en su dormitorio a pedido de su dueño. “Yo no tuve acceso a los cuadernos: lo que sabía respecto a ellos, lo repito por enésima vez, fue lo que Centeno me dijo (...); que anotaba todo lo que sucedía en el trabajo día por día. El fin específico de esos cuadernos no lo sé y nunca me lo dijo”.

Poco después, respecto a la entrega del material, aclaró: “Todos los acontecimientos -relatados- en los cuadernos justifican lo que yo hice”.

Suspensión de la audiencia

Tras casi ocho horas de declaración testimonial y luego de un nuevo receso solicitado por el testigo, el Tribunal Oral Federal N° 7 porteño decidió interrumpir la audiencia y retomarla el próximo martes a las 9 de la mañana. La determinación fue comunicada por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien fundamentó la medida en la extensión de la jornada, el cansancio acumulado y la necesidad de resguardar el normal desarrollo del debate.

“El tribunal tomó la decisión de suspender la audiencia en esta oportunidad y continuar el martes próximo en razón de distintas circunstancias que ha ponderado”, señaló el magistrado al cierre de la jornada. A continuación, precisó que “la declaración se ha extendido por casi 8 horas” y remarcó que el testigo, Jorge Bacigalupo, “tiene 81 años”, lo que “genera, obviamente, la fatiga tanto para el declarante como para todas las personas presentes en esta sala y conectadas de manera virtual”.

Méndez Signori, acompañado por los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, indicó además que durante la extensa exposición el testigo “se ha explayado largamente sobre los temas centrales por los cuales ha sido convocado para este debate” y advirtió que, hacia el final de la jornada, comenzaron a aparecer “precisiones de las defensas que no han tenido oportunidad de preguntar”, situación que derivó en incidencias y demoras adicionales.

“En razón de la confusión que puede generar en el testigo a partir del cansancio derivado de estas 8 horas, entendemos que es razonable hacer una suspensión en este momento de este acto y continuar el martes próximo”, añadió el titular del debate.

En ese contexto, el magistrado exhortó a las partes a formular preguntas concretas y evitar reiteraciones durante la sesión prevista para la próxima semana. “Les pido a las partes que en la audiencia que comenzará el martes a las 9 horas sean precisas en las preguntas y evitemos reiteraciones sobre lo que ha declarado largamente en estas 8 horas”, manifestó Méndez Signori, quien consideró que de esa manera “se va a asegurar plenamente el ejercicio de la defensa”.

Durante el intercambio posterior, la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez, consultó si existía la posibilidad de habilitar una audiencia excepcional para este viernes, al sostener que “la incomunicación del testigo es la norma”. Sin embargo, el planteo fue rechazado en el acto. “El tribunal tiene una agenda sumamente compleja, así que, como dije, nos vamos a volver a ver el día martes a las 9 horas. Los planteos pendientes formulados por las partes quedan para la audiencia próxima”, respondió Méndez Signori.

Antes de finalizar la jornada, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pidió que, “en la medida de esta reprogramación”, también se reorganice “la agenda de los próximos testigos”.

Hasta antes de la suspensión dispuesta por el TOF 7, el cronograma del juicio preveía que el próximo 19 de mayo compareciera Hilda Horovitz, ex pareja del chofer Centeno. Para el 21 de mayo estaban convocados la ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, Julio César Silva, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

En tanto, el 26 de mayo tenían previsto declarar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, y la ex diputada Mariana Zuvic.

La causa por las adulteraciones

En ese expediente, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex policía Bacigalupo por los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, y le dictó una falta de mérito.

En esa decisión, se consideró “imperioso” que el tribunal oral que tiene bajo resguardo los cuadernos originales los remita para realizar una nueva pericia caligráfica que permita determinar si las adulteraciones detectadas fueron realizadas por Bacigalupo.

En paralelo, el empresario querellante en esa denuncia y uno de los juzgados ahora en el debate oral Armando Losón puso el foco en las conclusiones del peritaje realizado sobre los cuadernos originales, actualmente bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7. Su abogado, Ricardo Gil Lavedra, había pedido sostener el procesamiento “más allá de que no podía afirmarse categóricamente la autoría de Bacigalupo en las diversas enmiendas halladas”.

El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública.

Junto con la ex mandataria se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

Un abogado deberá pagar cinco millones de pesos a un colega al que insultó en un escrito judicial. La condena, dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 15, cierra un largo recorrido que comenzó en 2022 con una sola palabra -“carancho”- y pasó por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía, la Cámara Federal y finalmente la justicia civil.

Los hechos arrancan el 24 de agosto de 2022. El abogado José Rodolfo Eleazar González representaba a Cencosud S.A. en un reclamo de consumo y al contestar la demanda se refirió al abogado de la parte contraria -Marcelo Nicolás Piccardi, especializado en defensa del consumidor con más de diez años de trayectoria- como integrante de un grupo de letrados a los que llamó “caranchos”. La acusación era directa: se trataba de profesionales que promovían reclamos en serie con fines meramente lucrativos.

En su defensa, González dijo que su cliente le había dado instrucciones específicas sobre ese abogado, que tuvo poco tiempo para preparar la contestación, y que luego se retractó y ofreció disculpas. Piccardi no las aceptó.

Lo que vino después fue una cadena de sanciones. Piccardi recurrió al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que en diciembre de 2023 condenó a González a una multa de $400.000 con destino a la tesorería de la institución. Las expresiones habían sido “desmedidas y fuera de lugar, sobrepasando el límite de respeto que se merece un contendor”, dijo el fallo disciplinario, y aclaró que la convicción de tener razón no habilita a insultar a un colega. González apeló, pero en junio de 2025 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso y confirmó la sanción.

Con esos antecedentes firmes, Piccardi fue a la justicia civil y reclamó cinco millones de pesos por el daño moral causado por el insulto. González se defendió con el argumento de que ya había sido sancionado y que una nueva condena equivaldría a castigarlo dos veces el mismo hecho. El juez de primera instancia Javier Santamaría lo rechazó: la multa del Colegio fue una sanción a González como profesional, con destino a la institución, y no le compensó nada al afectado. Son dos cosas distintas, razonó, y la primera no cancela la segunda.

Para explicar por qué “carancho” es un insulto y no una simple descripción, el magistrado recurrió a un precedente de la propia Cámara Civil que lo definió con precisión: es una expresión que “se ha impuesto en nuestra sociedad como una metáfora o figura retórica, para señalar al abogado disoluto, de bajos procederes, que como un ave carroñera, se aprovecha de las víctimas para lucrar ilícitamente a su costa o que fragua datos para cobrar indemnizaciones de las compañías de seguros más abultadas o directamente improcedentes, por siniestros viales entera o parcialmente falsos o inventados”.

Y para reforzar el carácter notorio del término en la cultura argentina, el titular del Juzgado en lo Civil N°15 porteño agregó que “el tema ha trascendido incluso al cine, con la película dirigida por Pablo Trapero, del año 2010, que precisamente se titula ‘Carancho’, donde se muestra ese tipo de accionar ilícito”.

El juez también apuntó algo que agravaba la responsabilidad de González: él mismo es abogado y sabe perfectamente lo que significa esa palabra. “Ello no es un dato menor -consideró Santamaría en su fallo-: un letrado no puede invocar desconocimiento respecto del carácter ofensivo y denigrante del término utilizado, ni alegar que lo empleó de manera inocua o neutral”.

Luego precisó: “Por el contrario, quien ejerce la abogacía conoce -o debe conocer- con precisión el peso de las palabras que vuelca en un escrito judicial, el impacto que pueden generar en el honor y la reputación de un colega, y los límites que el estilo forense impone al ejercicio de la defensa, incurriendo en culpa al soslayarlos”.

Sobre el daño sufrido por el demandante, el magistrado explicó que cuando alguien ataca el honor de otra persona, no hace falta demostrar cuánto le dolió, en tanto “la sola comisión de la injuria, afectando el honor, hace presumir la existencia de daño moral, pues aun cuando se pudiera probar que la publicación ofensiva no causa desmedro en la fama, siempre quedaría a la vista el dolor y menoscabo a la dignidad".

Con esa base, y ante “la zozobra padecida al ser calificado con tales conceptos inapropiados y agraviantes a su honra profesional”, el juez fijó una indemnización de cinco millones de pesos, con intereses y costas a cargo del demandado.

La Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura se reunirá este jueves desde las 11 con una agenda extensa enfocada en contrataciones, rescisión de servicios, reclamos salariales y expedientes vinculados con honorarios de peritos y traductores judiciales.

El cuerpo tiene entre sus funciones fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías, ejercer el control de legalidad e informar periódicamente al plenario del Consejo, en virtud del artículo 16 de la ley que regula el funcionamiento del organismo de selección y remoción de jueces.

Entre los puntos incluidos en el orden del día figura una licitación pública por $427.823.407,73 para el servicio de limpieza integral del edificio judicial ubicado en Marcelo T. de Alvear 1840 y su anexo, en la Ciudad de Buenos Aires. El expediente comprende limpieza interior y exterior de espacios comunes, oficinas y vidrios en altura por un plazo de doce meses desde agosto de 2026.

El temario incorpora además una contratación directa con la Policía Federal para servicios de custodia adicional en edificios dependientes del Poder Judicial de la Nación entre enero y marzo de 2026. El convenio interadministrativo asciende a $680.606.493,88.

Otro expediente involucra a la empresa Rabadán S.A., adjudicataria del servicio de limpieza en edificios judiciales de la provincia de Córdoba. El proyecto incluye descuentos, multas y rescisión parcial de contratos por una serie de ausencias de personal y faltantes de insumos.

Según la documentación incorporada al expediente, la firma acumuló más de quince incumplimientos contractuales, número previsto como causal de rescisión en la normativa que rige el contrato. Las actuaciones alcanzan servicios prestados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y en los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3 de esa jurisdicción.

Para la Cámara Federal cordobesa, el proyecto a tratarse también fija la rescisión contractual desde el 4 de octubre de 2025 y la ejecución de una garantía superior a $22,6 millones. Respecto de los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3, establece la rescisión desde el 23 de agosto de 2025 y la pérdida de garantías por alrededor de $4,7 millones en cada caso.

La iniciativa también contempla descuentos adicionales por acumulación de reclamos y autoriza pagos “en concepto de legítimo abono” por períodos posteriores a las fechas de rescisión. Esos montos quedarían sujetos a deducciones superiores a $42 millones por inasistencias y faltantes detectados hasta marzo de 2026.

La agenda de este jueves contiene además expedientes vinculados con bonificaciones salariales por títulos universitarios para agentes judiciales. Entre ellos aparecen reconocimientos por licenciaturas en Recursos Humanos y Comunicación Social, además de títulos de Procurador y Arquitecto.

La comisión financiera también abordará recursos jerárquicos promovidos por distintos magistrados y funcionarios judiciales por pagos de subrogancias, vacaciones no gozadas y diferencias salariales.

Entre esos expedientes figura un planteo del juez federal Ernesto Kreplak por diferencias salariales vinculadas con subrogancias ejercidas entre el 9 y el 15 de enero de 2023 en los juzgados federales N°2 y N°4 de La Plata. El proyecto sometido a consideración dispone el pago “sobre la base de las remuneraciones vigentes en el momento en que se efectúe”.

Otro caso corresponde al juez Miguel Ángel Contreras. Mientras el proyecto principal rechaza su recurso por extemporáneo, un dictamen alternativo impulsa la liquidación del pago reclamado por haber ejercido subrogancias.

La reunión incluirá además recursos presentados por peritos traductores y auxiliares de justicia por honorarios regulados en causas penales y federales.

Los expedientes comprenden actuaciones en investigaciones por lavado de activos, estafas, falsificación documental y otros delitos económicos. En varios casos, los proyectos ordenan pagos actualizados conforme el valor vigente de la UMA (Unidad de Medida Arancelaria).

Entre ellos aparece el reclamo de una traductora pública que intervino en una causa por presunta estafa tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, además de otro expediente vinculado con una investigación por falsificación de documento público en trámite ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro.

El orden del día suma a su vez planteos rechazados por extemporaneidad, reclamos por vacaciones no gozadas, controversias administrativas sobre viáticos y recursos relacionados con contrataciones e interinatos dentro del Poder Judicial.

Actualmente la comisión es presidida por el secretario de Justicia, Santiago Viola, y tiene como vicepresidente al diputado Álvaro González.

También la integran los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Alberto Lugones, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit y Eduardo Vischi.

En el juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, un vicealmirante retirado que conocía a los 44 tripulantes desde hacía décadas quebró el tono técnico del debate para hablar de ellos como lo que eran para él: amigos, compañeros de asado, hijos de vecinos del edificio de Marina donde vivió de recién casado. “Era gente maravillosa”, dijo emocionado el oficial que se retiró el año pasado como subjefe de la Armada.

El proceso se lleva adelante desde el 3 de marzo en Río Gallegos, semana de por medio, ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini conectado por zoom como cuarto vocal. Ya se concretaron 20 audiencias de riguroso contenido técnico, con evaluaciones minuciosas de ingeniería naval acerca del estado del buque antes de zarpar hacia su última misión. En el banquillo, cuatro ex altos mandos de la fuerza enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes que perecieron el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino implosionó en el Atlántico Sur mientras ejecutaba una patrulla de control de los espacios marítimos en la zona económica exclusiva argentina.

Marcelo Ricardo Flamini fue Subjefe de la Armada -el segundo cargo más alto de la institución- antes de retirarse el 10 de diciembre de 2025. Submarinista desde 1991, declaró como testigo de la fiscalía la semana pasada, durante la última audiencia antes de que el presidente del tribunal, el juez Reynaldi, declarara un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 18 de mayo.

Además, el testigo compareció antes de que los magistrados, las partes y los imputados recorrieran el viernes pasado las instalaciones del astillero Tandanor, en la ciudad de Buenos Aires, para hacer una inspección ocular en el ARA Santa Cruz, gemelo de la nave siniestrada.

Los buques Armada de la República Argentina (ARA) San Juan y Santa Cruz eran submarinos de la clase TR-1700, construidos por el astillero alemán Thyssen Nordseewerken en la ciudad de Emden. El Santa Cruz -S-41- fue el primero en entregarse y llegó a Mar del Plata en noviembre de 1984; el San Juan -S-42- lo hizo en enero de 1986, tras una travesía inaugural de 28 días desde Alemania al mando del entonces capitán de fragata Carlos Alberto Zavalla, que incluyó el cruce del Canal de la Mancha con temporal y la escolta no solicitada de una fragata y un buque tanque de la Royal Navy. Ambos ingresaron luego a procesos de reparación de media vida: el San Juan completó el suyo entre 2008 y 2014 en Tandanor. El Santa Cruz, en cambio, fue desafectado del servicio activo e ingresó en un proceso de canibalización de sus piezas y equipos con vistas a su venta como chatarra.

Según reseñó el propio vicealmirante Flamini al contar su trayectoria naval, se había desempeñado como parte de la dotación del San Juan en tres oportunidades -en 1994 como jefe de Electricidad, y en 2006 y 2007 como jefe de Máquinas- y era compañero de promoción y amigo personal del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, hoy uno de los acusados.

Luego, ante una consulta del querellante Luis Tagliapietra, el testigo recordó al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del buque, de 45 años y padre de tres hijos; y al capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante, de 42 años y padre de Milagros: “El capitán Fernández navegó mucho conmigo. Fuimos compañeros en el submarino y había un afecto muy especial porque nuestros hijos eran compañeros de colegio. Con el capitán Bergallo, aparte del afecto que le tengo al padre, se lo tenía mucho a él. Cuando me casé vivíamos en un edificio en la calle Hipólito Yrigoyen, un edificio de Marina. Yo era recién casado y el capitán Bergallo iba con los libritos del colegio a la secundaria. A esos chicos los conozco de toda la vida”, comentó.

El padre de Jorge Ignacio -también llamado Jorge- fue comandante del ARA San Juan y de la Fragata Libertad, y actualmente está en situación de retiro efectivo.

De los suboficiales -33 de los 44 tripulantes, junto a 11 oficiales; 43 hombres y una mujer, la teniente de navío Eliana Krawczyk, primera submarinista oficial de la historia argentina- habló con la misma cercanía. “Hay muchos suboficiales que se adiestraron conmigo: Walter Real, era cabo; nosotros estábamos activando la batería del submarino Santa Cruz que estaba en reparaciones de media vida en Río de Janeiro y se quedó toda la noche despierto conectando los niples de conexión del sistema de refrigeración de baterías para poder trabajar al otro día a la mañana. Yo me levanté y no lo podía creer: gente maravillosa, el suboficial Sánchez, el suboficial Gallardo, Cayetano…”.

Ahí se detuvo. Visiblemente emocionado, no pudo continuar su narración. El juez Reynaldi intervino: “Tome un vaso de agua, almirante. Tome un vasito de agua. Respire profundo".

Sentado en el centro de la sala de audiencias, Flamini agarró la botella de vidrio, se sirvió agua en un vaso de telgopor, tomó un sorbo, frenó unos segundos y volvió a empezar. “Sí, sí, estoy bien, estoy bien”, dijo, y retomó con seguridad: “Eso desde el punto de vista afectivo. Desde el punto de vista profesional, no tengo absolutamente nada que decir: era una dotación que ya había navegado cerca de 50 días en el año, que para ese momento era bastante, era mucho. Hemos pasado épocas de vacas muy flacas y haber podido adiestrarse durante 50 días creo que fue algo muy importante para esos chicos. Así que profesionalmente no tengo nada que decir, nada que reprochar, al contrario".

Reynaldi volvió a intervenir: “¿Está en condiciones de continuar, almirante?”.

“Sí, doctor, ya a esta edad uno empieza a flaquear un poco, antes no era así, le juro que no era así“, respondió el ex número dos de la Marina.

“No es habitual concurrir a un tribunal a declarar, y más con un caso tan sensible como este”, dijo el juez como intentando consolar al oficial retirado.

“Por eso, -añadió Flamini- discúlpeme que disgregue un poco la cosa. Por eso cuando me hablan de héroes: el héroe es Superman, estos eran pibes con los que yo comía asado, me abrazaba, hablábamos de nuestras familias, de cosas. Son mucho más que héroes para mí. El héroe es algo etéreo, intangible; estos son muchachos que yo abrazaba, que los retaba, que hablábamos de nuestros hijos. Por eso uno lo siente de esa manera...Discúlpeme".

Por lo demás, la capacidad profesional de la tripulación quedó demostrada, sostuvo, en su respuesta ante la emergencia de la madrugada del 15 de noviembre: el ingreso de agua de mar al tanque de baterías, el cortocircuito y el principio de incendio. “El hecho de haber salido a superficie a ventilar habla de la capacidad de reacción que tuvo toda la dotación y el mismo buque para poder salvar esa emergencia", planteó.

A su vez, al momento de analizar el SITREP -el reporte de situación enviado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre, en el que el submarino daba cuenta del incidente sufrido poco más de seis horas antes, con mar gruesa, un estado de mar 6- fue en la misma línea: “Describe una avería de la cual pudo salir, afortunadamente sin novedades de personal. Si fueron a inmersión es que veían todo claro para ir nuevamente a navegar debajo del agua, que no es poca cosa“.

También destacó el rendimiento en el ejercicio antisubmarino del 11 de noviembre -cuatro días antes del hundimiento-. Tras leer el informe que el propio comandante Fernández había redactado sobre esa actividad, precisó: “Esto debe ser el summum para su comandante y su dotación. Porque es el ejercicio más exigente por excelencia que debe cumplir un submarinista; y el buque estuvo en capacidad de hacerlo, eso es lo más importante".

Flamini declaró más tarde sobre el Consejo del Arma Submarina celebrado en el mes de abril de 2017, un órgano integrado por los oficiales submarinistas de mayor experiencia de la Armada, presidido por el comodoro Gabriel Attis, y convocado para examinar la situación general de la fuerza de submarinos. Allí estuvo presente el propio comandante Fernández, quien, según recordó el testigo, expuso sobre el estado del ARA San Juan. “Fernández, que siempre fue un chico muy entusiasta, dijo, objetivamente, que el buque estaba operativo, y eso nos dio tranquilidad como submarinistas”, relató.

En ese mismo Consejo se discutió el ingreso de la embarcación a dique de carena -una reparación programada que implica sacar el casco del agua para inspeccionar y reparar su estructura exterior, y que el submarino tenía vencida-. Todos coincidieron en que debía concretarse durante el primer semestre del año siguiente, advirtió Flamini. Y agregó que incluso el capitán Fernández compartía esa posición, ya que quería que el buque fuera a dique pero no estaba en desacuerdo con que el ingreso se postergara hasta 2018.

Al hablar del carenado pendiente, el vicealmirante explicó que el submarino “tenía muchos días de adiestramiento, pero no tantos días de mar como para pensar que la carena se vería debilitada".

Hacia el final de su declaración, el abogado defensor Juan Pablo Vigliero volvió sobre las tareas pendientes que presentaba el San Juan al concluir su reparación de media vida. Flamini respondió desde su experiencia como ex jefe del Arsenal de Mar del Plata -cargo que ocupó en 2015 y 2016, el período inmediatamente posterior a esa reparación-: “En general, en reparaciones tan grandes siempre surgen novedades -fallas, reparaciones o problemas técnicos sin resolver-. Lógicamente, después de una reparación de media vida lo que busca uno solucionar es algún problema endémico de la unidad antes de entrar a esas reparaciones, pero siempre quedan algunas novedades remanentes que se van solucionando con el tiempo”.

Luego recurrió a un episodio que le tocó vivir en primera persona para ilustrar el punto: “Yo me puedo referir al caso del primer submarino Scorpene de los brasileros. Fui a Brasil a verlo y el día que llegué se había hundido totalmente de proa: un submarino nuevo, en períodos de entrega a la Marina de Brasil. No sé -ni lo vamos a saber- qué tipo de desperfecto tuvo; yo cuando entré al submarino lo estaban secando porque se había hundido".

“Eso como para darle un ejemplo de que hasta el más nuevo de todos puede tener alguna falla que recuperar en algún momento”, completó el testigo.

El Consejo de la Magistratura votó este miércoles en la Comisión de Disciplina aplicar una multa del 30% de los haberes al juez Hernán Diego Papa, titular del Juzgado Comercial N° 12 de la Capital Federal, denunciado por maltrato laboral, abuso de autoridad, amenazas y agresión física hacia empleados de su tribunal.

La votación fue ajustada -cinco votos contra cuatro y uno- y el expediente pasa ahora al Plenario, que es el órgano con facultades para imponer sanciones disciplinarias de manera definitiva.

La denuncia fue presentada en 2023 por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), encabezada por el gremialista Julio Piumato, junto a Rocío Herrera y Juan Álvarez. El expediente tramitó durante años y en las últimas semanas el Consejo aceleró su tratamiento para evitar que caducara sin resolución.

El dictamen mayoritario, elaborado por los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña y Eduardo Vischi, concluye que las conductas del juez Papa “no se circunscriben a un episodio aislado o accidental, sino que configuran un patrón persistente, desplegado de manera reiterada por el magistrado denunciado, con particular afectación a mujeres trabajadoras bajo su dependencia”.

El período investigado abarca desde 2011 -año en que Papa asumió como juez- hasta 2020, cuando su trato con el personal pasó a canalizarse exclusivamente a través de los secretarios.

Entre las conductas acreditadas por el dictamen figuran manifestaciones intimidantes y humillantes dirigidas al personal, malos tratos y gritos, intromisión en la vida privada de los empleados, uso de rotaciones y traslados como mecanismo de castigo, y la generación de un clima laboral “signado por el temor y la sumisión”.

Los testimonios recabados durante la instrucción describieron con reiteración una misma dinámica: al llegar al juzgado, el juez se mostraba amable y cordial, pero con el tiempo ese trato derivaba en hostigamiento.

Una de las secretarías del tribunal era utilizada, según los propios empleados, como destino punitivo: “La Secretaría 120 la utilizaba como una secretaría de castigo. Todo empleado o funcionario que no le gustaba iba a parar a la 120”, relataron.

Los testimonios también dieron cuenta de amenazas directas. Uno de los testigos recordó haber escuchado al juez decir: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda. A vos y a toda tu familia”. Otra empleada narró que, tras poner un “Me gusta” en una publicación de Facebook de una ex compañera, fue convocada al despacho del juez, donde la increpó a los gritos: “Te voy a hacer mierda, te voy a echar. Ya vas a ver, vas a pagar todo lo que me hicistes (sic)”. La testigo había regresado hacía pocas semanas de su licencia por maternidad.

El dictamen señaló que el propio Papa reconoció en sus descargos haber tenido “una reacción negativa” ante esa publicación, lo que otorgó mayor veracidad al relato.

Otras declaraciones describieron prácticas sistemáticas: empleados obligados a mirar la pared durante reuniones, prohibición de hablar entre compañeros, control obsesivo de horarios de ingreso -exigiendo presentarse media hora antes del horario reglamentario-, y un temor generalizado a solicitar licencias. “Conforme a mi situación, como me sentía, como estaba en el Juzgado, no quería pedir nada para no tener que estar en la situación de pedir”, declaró uno de los testigos durante la instrucción.

Varios empleados y funcionarios terminaron con licencias psiquiátricas o fueron trasladados a otras dependencias por recomendación médica.

En la sesión de este miércoles se presentaron tres posiciones en la mesa de debate. El consejero instructor Mariano Recalde elaboró un dictamen desestimatorio y fue cuidadoso al explicar sus razones.

Recordó que él mismo fue empleado judicial durante 13 años y delegado del sindicato que presentó la denuncia, y aclaró que su postura no implicaba tolerancia al maltrato sino una valoración estrictamente probatoria. “Nos toca juzgar, y no encuentro acreditadas las conductas que se le imputan”, dijo. Señaló además que varias denuncias tenían más de una década de antigüedad, lo que a su juicio generaba dudas que no podían resolverse en contra del acusado. Votaron por la desestimación Recalde, Hugo Galderisi, César Grau y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó lo que llamó una “extorsión y doble vara” de la Comisión.

La postura que se impuso fue la del dictamen sancionatorio, que sumó cinco votos: Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Eduardo Vischi, Luis Juez y Alejandra Provítola. Barroetaveña fue contundente al fundar su decisión. Señaló que el Consejo trata habitualmente casos similares en distintas jurisdicciones: algunos transitan el camino de la desestimación porque las denuncias no tienen peso; otros avanzan. Luego citó textualmente frases que el juez Papa habría dirigido a empleados: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda, a vos y a toda tu familia. Los voy a hacer mierda, los voy a destruir”. Frases que, dijo, “se repiten en declaraciones de varias de las personas que trabajan en ese fuero”. Para quienes las sufrieron, razonó, una sanción menor “huele a poco”. El 30%, en cambio, “deja alguna satisfacción en quienes sufrieron este tipo de situación”.

Y remató con ironía: “Para el juez, en definitiva, es solo el 30 por ciento de la remuneración. ¿No dicen ustedes que ganamos mucho los jueces?“. Díaz Cordero cerró con una frase que sintetizó la postura mayoritaria: “Los jueces no vamos a tolerar esta violencia desmedida hacia los empleados”.

Fue el senador Juez quien dejó entrever un tono irónico en su intervención. “La verdad que pensé que me iba a ir de este Consejo sin escuchar las voces de los jueces pidiendo una sanción para jueces”, dijo, y describió el maltrato en los tribunales como una práctica naturalizada “a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. “Me parece maravilloso escuchar en la boca de los jueces decir que este tipo de conducta este Consejo de la Magistratura no la va a tolerar. Me quiero quedar con el dato emblemático de escuchar en boca de los jueces que el maltrato no puede ser consentido”, aseveró el senador.

El consejero Alberto Lugones recogió el guante y le contestó. “No tiene por qué saberlo el doctor Juez porque tiene muchas cosas que hacer y no tiene por qué enterarse de las cosas que hicimos acá”, expresó, y enumeró los casos que él mismo había impulsado: el juez Gemignani, el juez Guerrero de El Dorado, donde había “media docena o diez personas con licencia psiquiátrica por los maltratos que hacía”. En el caso de Papa, consideró que las pruebas no alcanzaban para el 30%, pero sí para una sanción de apercibimiento. “Yo no me abstengo, pongo lo que hay que poner sobre la mesa, en este caso el dictamen, y propongo esa sanción. Algunos querrán más, yo creo que esa sería suficiente”, cerró. Votó en solitario por su propia propuesta.

La jueza Provítola, que votó por la multa en su condición de afiliada a la UEJN, advirtió una deuda pendiente del organismo: revisar las reglas que determinan hasta qué momento se puede investigar este tipo de casos y actuar “con mayor fluidez y rapidez para evitar que estemos cercanos a una caducidad de instancia”. “Nos debemos un debate en el próximo Plenario”, concluyó.

El expediente había tramitado previamente por la Comisión de Acusación -donde los casos pueden derivar en remoción- pero fue remitido a la Comisión de Disciplina, que entiende en episodios de menor gravedad y aplica sanciones administrativas y económicas.

Ahora será el Plenario el que resuelva de manera definitiva, con los tres dictámenes sobre la mesa.

Novedades en la Comisión de Selección de Magistrados

Antes de la sesión disciplinaria, había sesionado la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por María Fernanda Vázquez, donde entre los temas tratados quedó consignado el orden de mérito provisorio del Concurso N° 521, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe. Al tope de ese ranking figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El orden del día trató, al respecto, el informe del consejero Diego Barroetaveña, integrante de la subcomisión B, con el análisis de las impugnaciones en ese concurso.

La vacante en cuestión se originó el 1° de diciembre de 2024, cuando el entonces titular del juzgado, Reinaldo Rubén Rodríguez, presentó su renuncia, aceptada mediante decreto firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Apenas días después, el Consejo sorteó el jurado y el 18 de diciembre dictó la resolución que llamó formalmente a concurso. La prueba de oposición tuvo lugar en marzo de 2025.

Con la votación de este miércoles a la mañana sobre las impugnaciones al orden de mérito provisorio, el concurso avanza hacia su etapa final. Lo que resta es la realización de exámenes psicológicos y psicotécnicos a los primeros postulantes del ranking, seguida de entrevistas personales ante la Comisión, instancia pública en la que se evalúan idoneidad, perspectiva de género y valores éticos.

Luego la subcomisión encargada de ese proceso elabora un dictamen con la terna, que pasa al Plenario del Consejo para su aprobación en audiencia pública, y finalmente se remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los tres candidatos y somete el nombramiento al acuerdo del Senado.

El 16 de noviembre de 2017, el contraalmirante Rafael Prieto se encontraba en Bahía Solano, a unos 50 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en la costa, a unos 500 metros del agua, con sus buques fondeados a la vista. Ese día había coordinado con el Ejército una operación anfibia: unidades navales apoyando un desembarco de infantes de marina para luego transferirle el control al Ejército, que seguía las operaciones en tierra. Habían estado a bordo con el general Varela, comandante de la 9° Brigada, y con el Comandante Operacional, el general de división Carlos Pérez Aquino, quien había ordenado realizar ese ejercicio. En algún momento bajaron a tierra para ver cómo seguían las operaciones.

“Lo recuerdo bien porque estaba en una circunstancia especial”, diría después ante el tribunal a cargo del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan.

El ejercicio culminaba con un ataque de los tanques del Ejército a posiciones simuladas cuando recibió el llamado de su superior directo, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), hoy acusado. La situación era hostil. Estaba en un ambiente con un “panorama patagónico absoluto”, de mucho ruido y viento. La señal de celular era mala. Tenía antiparras puestas. Aun así, entendió perfectamente la orden: había “incertidumbre sobre la situación del submarino San Juan porque se había perdido la comunicación”; “se querían comunicar” con la nave “y no podían”. Debía zarpar un destructor de inmediato con un helicóptero embarcado, pero el único disponible era el AS-555 Fennec, que estaba completando una maniobra del propio ejercicio anfibio. Entonces Prieto llamó al capitán de navío Gustavo Lioi Pombo, comandante de la 2° División de Destructores, y le ordenó recuperar el helicóptero y preparar las máquinas para zarpar.

Así lo reconstruyó el propio Prieto la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde compareció como primer testigo propuesto por la defensa pública del contralmirante López Mazzeo -uno de los cuatro exoficiales que enfrentan cargos en el debate oral-, en manos del abogado Gastón Morillo. Prieto era entonces Comandante de la Flota de Mar, a cargo de unos 17 buques de la Armada, dependiente orgánicamente del COAA.

El mensaje del 11 de noviembre del capitán Fernández

Sin embargo, antes de relatar cómo se enteró de la pérdida de contacto con el submarino, el defensor del contralmirante López Mazzeo le exhibió al testigo un documento clasificado como secreto: un mensaje naval enviado desde ARA San Juan al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, redactado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, a su superior inmediato, el entonces capitán de navío Claudio Villamide. Se trataba de un informe respecto a un reciente ejercicio antisubmarino inserto en la Orden de Operaciones general, ejecutado junto a buques de la flota al noreste del Estrecho de Magallanes, tras partir de Ushuaia.

El testigo se dedicó a explicar en la audiencia el contexto de ese documento, al que catalogó como un “mensaje de crítica” en el que el comandante del submarino describe la actividad en la que había participado su embarcación.

Así el oficial retirado fue leyendo punto por punto del mensaje naval para traducir frente al tribunal un contenido cifrado. Cuando empezó el ejercicio el San Juan navegaba a plano 40 -40 metros de profundidad- en el “área Alejandra”, a 4 nudos, a poco menos de 30 kilómetros de los otros buques participantes. La napa -la capa de agua que determina cómo se propaga el sonido- estaba a 100 metros del fondo. A las 04:10 ya detectó emisiones de sonar concentradas en una dirección. A las 06:50 las clasificó como "rumor hidroacústico“, susceptible de un mayor análisis. A las 07:45 ascendió a plano 18 -profundidad de periscopio- e identificó en una dirección una corbeta MEKO 140 y en otra un destructor MEKO 360. Ordenó cubrir puestos de combate -la maniobra más demandante e integral del buque, según señaló el testigo-, se aproximó a las naves y calculó los datos del blanco.

Lo que siguió fue la ejecución del ataque a un núcleo cortinado, uno de los ejercicios de mayor recurrencia en la táctica naval submarina. El objetivo: que el submarino logre infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el “núcleo”, el blanco principal protegido por esa barrera. Cualquier reacción de los buques de superficie indica que el submarino fue descubierto.

Según surge del informe del capitán Fernández, bajado a un lenguaje llano por el ex comandante de la Flota durante su testimonial , el submarino atravesó la cortina entre la corbeta y el destructor a plano 65 -pasando por debajo de ambos a 65 metros de profundidad- sin ser detectado. Luego ascendió nuevamente a plano de periscopio, identificó el núcleo y a las 08:55 Fernández comunicó por radiofrecuencia un “lanzamiento simulado”, consignando cómo eran las características del buque-núcleo que había sido atacado. El resultado fue exitoso.

Ese ejercicio integrado con otros componentes de la Armada finalizó a las 12:30 y el buque partió hacia la zona asignada para cumplir una patrulla de control de mar, con el fin de recabar información de los movimientos náuticos dentro de la milla 200 nacional.

La síntesis con la que el capitán Fernández cerraba el reporte a su superior operativo en tierra era la siguiente: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo”.

Al terminar la lectura del documento, Prieto consideró que la maniobra que acababa de leer significaba la “mayor exigencia que puede tener un submarino en estas circunstancias”.

Cuatro días después de esa actividad, la embarcación reportaría el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N°3 de proa, un cortocircuito y un principio de incendio -el SITREP de las 06:00 del 15 de noviembre de 2017-. A las 10:51 de ese mismo día, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectó, a través de dos estaciones de escucha hidroacústica -una en Ascension Island, en el Atlántico, y otra en las islas Crozet, en el Índico- una señal consistente con una implosión en las coordenadas donde navegaba el San Juan.

La llamada y la orden ante la incertidumbre

“Entendí claramente que había incertidumbre sobre la situación del submarino San Juan porque no había una comunicación, o se querían comunicar y no podían”, recordó Prieto. La orden que llegó de López Mazzeo fue concreta: destacar un destructor con helicóptero embarcado hacia la zona del último contacto con la nave. Las coordenadas exactas arribarían por vía oficial en las próximas horas, pero debía zarpar de inmediato.

Las acciones de despliegue, en rigor, fueron ordenadas a partir de las 13:10 del 16 de noviembre por el COAA y materializadas en un mensaje naval a las 14:53 de ese mismo día, por el que se instruyó al Comandante de la Flota de Mar (COFM) y al Comandante de Aviación Naval (COAN) destacar respectivamente una unidad de superficie con una aeronave a bordo y unidades de exploración aérea hacia la última posición conocida del submarino. El destructor ARA Sarandí levó anclas a las 16:30 desde bahía Solano.

Prieto tenía una noción aproximada de dónde buscar. “Yo en lo personal tenía una idea de dónde estaba el submarino, porque sabía que estaba al este de Comodoro Rivadavia, sobre la milla 200. Para la salida era suficiente decirle -al entonces capitán Orgiazzi, del ARA Sarandí- ‘navegue al este a velocidad sostenida, que en una hora o dos horas le voy a decir exactamente lo que tiene que hacer’“.

Para entonces, el SUBMISS -el procedimiento interno a nivel Armada que dispara la alerta de “submarino extraviado” y moviliza medios de búsqueda propios, facultad exclusiva del comandante de la Fuerza de Submarinos- había sido ejecutado a las 14:13 del propio 16 de noviembre por el capitán Villamide, antes de que venciera el plazo de 48 horas del INTERCOM -la comunicación periódica obligatoria entre la nave y su comando, cuyo vencimiento estaba fijado para las 22:00 de ese mismo día-.

A modo de referencia, el caso del USS Scorpion registra otra cronología. El submarino nuclear estadounidense se hundió el 22 de mayo de 1968 en el Atlántico, con sus 99 tripulantes a bordo. Su último reporte fue el 21 de mayo: el comandante informó su posición y estimó su llegada a la Base Naval de Norfolk (Virginia) para las 17:00 del 27 de mayo. El INTERCOM con su comando en tierra era cada 24 horas. El Scorpion no reportó el 22, el 23, el 24, el 25 ni el 26. El “Evento SUBMISS” fue ejecutado por la US Navy a las 19:15 del 27 de mayo -dos horas después de que el Scorpion no llegara a Norfolk según lo previsto-, con la siguiente orden: “Todas las unidades submarinas deben salir a superficie o permanecer en superficie hasta que este mensaje sea cancelado. Las unidades en puerto deben prepararse para zarpar con una hora de aviso”. El 5 de junio el submarino fue declarado oficialmente perdido. Sus restos fueron hallados en octubre de 1968, a 3.000 metros de profundidad. La causa de su hundimiento nunca fue determinada con certeza.

Por lo demás, de las actuaciones del proceso en curso surge que en forma simultánea al zarpe del Sarandí, el COAA dispuso el despegue de una aeronave S-2T Tracker desde la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), en Bahía Blanca, y el traslado de una aeronave B-200 desde la Base Aeronaval Punta de Indio (BAPI) hacia la BACE para incorporarla al operativo. El S-2T llegó al área de búsqueda a las 18:40 de ese mismo 16 de noviembre y comenzó a rastrear la zona visualmente y con radar, con el objetivo de encontrar al submarino navegando en superficie o, en su defecto, balsas salvavidas u otros elementos flotantes. Cuando cayó la noche, el B-200 ya reposicionado tomó el relevo. En las horas y días siguientes se fueron sumando al operativo medios aéreos y de superficie de distintas procedencias.

De acuerdo a la declaración testimonial, al día siguiente, el 17 de noviembre, Prieto se trasladó a la Base Naval de Puerto Belgrano, sede del COAA, donde López Mazzeo ya había conformado un Estado Mayor Especial para coordinar el caso SAR de búsqueda internacional, donde asumió la coordinación de toda la operatividad de los buques de superficie.

La potestad del comandante

Frente a preguntas de las defensas, Prieto se pronunció sobre la autonomía del comandante de una unidad para decidir si zarpa o no -uno de los tantos ejes del debate oral que, desde el 3 de marzo, intenta determinar si hubo responsabilidades penales por la implosión del ARA San Juan, hallado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad-.

Sobre ese punto, el contralmirante retirado sostuvo: “El comandante no está nunca obligado a zarpar. Tiene la responsabilidad total del buque y también tiene el derecho de ser escuchado, de ser considerado y de ser parte de esa cadena de comando. Cuando un comandante plantea que no puede zarpar por alguna razón, la realidad es que no hay mucho más que hablar“.

Luego aclaró que los reglamentos prevén una situación extrema -donde el superior puede relevar al comandante que se niega a salir sin justificación suficiente- pero que jamás la vio aplicada en sus años de servicio. “Es una situación que nunca vi en la Armada, ni siquiera en consideración. Cuando un comandante dice ‘no puedo zarpar’, no zarpa. Aparte estamos hablando de tiempos de paz, de cosas de adiestramiento, de cosas que no va a pasar absolutamente nada si alguien deja de hacer algo”, agregó.

El retiro y la sanción a López Mazzeo

El 7 de diciembre de 2017, Prieto pidió el retiro de la Marina. El detonante, explicó ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz -con un cuarto vocal conectado por Zoom-, fue que estaba “absolutamente en desacuerdo con la resolución que había dictado el jefe de Estado Mayor respecto a la presunta falta disciplinaria gravísima cometida por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento y por el Comandante de la Fuerza de Submarinos, sin, a mi juicio, tener fundamento para hacerlo”.

Se refería a la Resolución N°168/17 del entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Marcelo Srur, que en menos de una semana había suspendido a López Mazzeo -su superior- y a Villamide como “presuntos infractores” de "faltas gravísimas“, conforme al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

“Yo consideraba, sin ser abogado, que -la medida de Srur- era ilegal. Porque pasamos de la presunta inocencia que tiene cualquier ciudadano a, sin fundamentos, decir que presumíamos que habían cometido prácticamente un delito. Eso era sin fundamentos. Eso generaba varios efectos: el que se me vino a la cabeza en forma instantánea fue que quebraba la confianza en la cadena de comandos. Lo primero que pensé fue ‘¿qué garantía le puedo dar yo a un comandante que dependa de mí de que este mismo sistema de justicia, llamémoslo así, si él tiene un accidente con una persona o una desgracia o lo que fuera, no sea puesto en esa situación sin fundamento?’”, explicó.

“Eso por un lado -continuó el testigo-, y por otro lado, consideraba que ponía a la institución y a las personas en una posición de ser víctimas de algo que potencialmente podía ser un escarnio público, político, judicial, lo que fuera. Ya no era que el comandante de Adiestramiento y Alistamiento era una persona con una carrera profesional avalada -o el comandante de la Fuerza de Submarinos-: ya eran dos personas que suponíamos que habían cometido un delito. ¿En base a qué? En base a dos papeles”.

Poco después cerró: “Yo consideraba que no podía avalar con mi permanencia en la Armada esa decisión que se había tomado“.

Pese a haber pedido el retiro, Prieto permaneció en funciones a pedido del propio jefe de la Armada para colaborar con la búsqueda del submarino. El 11 de diciembre de 2017 relevó como interino al propio López Mazzeo en su cargo y continuó al frente del operativo de búsqueda -ya cerrado el caso SAR- hasta los últimos días de marzo de 2018, cuando llegó su relevo.

No había sido el único: otros tres contralmirantes pidieron el pase a retiro en disconformidad con la medida de Srur.

El juez federal de Santa Rosa Juan José Baric rechazó este viernes la medida cautelar que pedía suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley N° 27.804, la reforma de la Ley de Glaciares promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de abril. Al mismo tiempo, declaró procedente el amparo ambiental colectivo y ordenó al Estado Nacional que en cinco días responda el “informe circunstanciado” previsto por la ley de amparo.

La acción había sido iniciada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la Fiscal de Estado provincial Romina Schmidt, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) y la Asociación por los Ríos Pampeanos. Pedían la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma, argumentando que introduce “reformas regresivas” al régimen de presupuestos mínimos de la ley original, vulnera el derecho al ambiente sano, al agua y a la salud, y lesiona los derechos de las generaciones futuras.

A su vez, como “medida cautelar urgente”, reclamaban la inaplicabilidad inmediata de la norma en todo el país y el mantenimiento interino de la Ley N° 26.639 original hasta el dictado de una sentencia definitiva.

Baric no hizo lugar a esa pretensión, pero ordenó al Estado Nacional presentar en un plazo de cinco días el informe previsto en el artículo 8° de la Ley de Amparo, en el que deberá explicar los antecedentes y fundamentos de la norma impugnada y ofrecer la prueba de la que intente valerse para este caso.

Por qué rechazó la cautelar

El juez ancló su decisión en el precedente de la Corte Suprema en la causa “Thomas” (2010), donde el Máximo Tribunal estableció que ningún juez tiene en la República Argentina la potestad de dejar sin efecto una ley con efectos para todos. En palabras de la Corte, citadas por Baric: “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes si nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia que decide en el fondo de la cuestión a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente”.

Sobre esa base, el magistrado consideró que la verosimilitud del derecho -uno de los dos requisitos para admitir la cautelar- invocada por los actores no alcanzaba el umbral exigido para suspender los efectos de una norma sancionada por el Congreso. Y ahondó en las razones: “los actores no plantean en su demanda ninguna actividad concreta de daño actual, como así tampoco individualizan los presuntos glaciares y geoformas periglaciares que tendrán que ser en primer lugar, conforme surge del estudio de la Ley, inventariados para así determinar con cierto grado de certeza la posible afectación medioambiental”.

En consecuencia, concluyó que “la Ley 27.804 ha sido impugnada en abstracto y en dicho contexto el pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”.

El juez también descartó el requisito del peligro en la demora, en tanto “tampoco se ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría el colectivo del ciudadano y la totalidad del grupo homogéneo colectivo de no concederse la medida cautelar solicitada y, por ello, no existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como declarar la inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación de la ley sancionado por el Congreso de la Nación".

Luego añadió:“no corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada, máxime cuando de una decisión semejante se desprenderían los mismos efectos que se persiguen con el pronunciamiento definitivo y ello implicaría un adelanto temporal que, de por sí, resulta inaceptable”.

Qué sigue

El rechazo de la cautelar no cierra el caso. Baric declaró formalmente procedente el amparo ambiental colectivo -con intervención de la fiscal federal Iara Silvestre- y ordenó al Estado Nacional responder en cinco días hábiles. La causa quedó inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existía ninguna acción similar ya registrada.

La reforma en cuestión, sancionada el 8 de abril con 137 votos a favor y 111 en contra en Diputados, introdujo cambios estructurales en la protección de glaciares y ambientes periglaciares: limitó el resguardo a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”, reemplazó el régimen de prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso en manos de las provincias, y redujo el rol del IANIGLA a una función registral.

Los demandantes sostienen que ese esquema implica un retroceso normativo que habilita actividades extractivas -en particular la minería- en zonas antes vedadas.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan completó este jueves su vigésima audiencia desde que arrancó el 3 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos. En ese recorrido, el rigor técnico de la ingeniería naval y la angustia por lo ocurrido han convivido en cada jornada con la misma tensión. Intentar discriminar si hubo acciones u omisiones susceptibles de reproche penal exige revivir y revisar, minuciosa, repetida y detalladamente, cada momento previo a aquel 15 de noviembre de 2017: el SITREP -informe de situación- de las 06:00, los informes de la patrulla de julio, las obras pendientes consignadas en el acta que registró el estado del buque al salir de la reparación de media vida y quedar nuevamente bajo el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), las inspecciones del ISGA y hasta los reglamentos del servicio naval. Más de 70 testigos han desfilado ante el tribunal a razón de cinco por día, en cronogramas de cuatro días cada dos semanas. Todas las partes han estado en Río Gallegos. Quienes no pudieron asistir presencialmente lo hicieron por Zoom.

Entre los testigos de la jornada, el contraalmirante en actividad Rodrigo Fabián Ataún fue quien combinó con mayor intensidad el rigor técnico y la emotividad. Submarinista electricista desde 1995 con 40 años de antigüedad, en 2017 y 2018 se desempeñó como Jefe del Arsenal Naval Mar del Plata, el centro de reparaciones y mantenimiento más importante de la Armada después del de la Base de Puerto Belgrano. Navegó cuatro años en el propio ARA San Juan -en 1996, 1998, 1999 y 2003, año en que compartió navegaciones con el entonces oficial Claudio Villamide, hoy uno de los cuatro imputados en el juicio- y en 2002, 2003 y 2005 en el ARA Salta. En 1998, recordó, llegó a acumular 110 días de mar en el San Juan, más una muestra de unidades navales en Buenos Aires de 15 días. Sin embargo, dejó en claro que durante su trayectoria había navegado “mucho menos de lo que me hubiera gustado”.

El sistema de control de atmósfera y la válvula ECO-19

Ataún describió con detalle el sistema de detección de hidrógeno del TR-1700 -medidores ICARE, sistema Dragger incorporado en la media vida, quemadores catalíticos y hasta el olfato como método artesanal (“la presencia de hidrógeno da un sabor de huevo en estado de descomposición”)- y calificó el sistema de fijación de CO2 de la nave como “extremadamente sencillo”: consiste en insertar en la tubería de ventilación unos canisters de cal soda -recipientes con un compuesto químico que absorbe el dióxido de carbono del aire que circula por el submarino-, de manera que el flujo de aire pase a través de ellos y el CO2 quede fijado antes de que el aire regrese al interior del buque. Según los informes que leyó de la navegación anterior a la del 25 de octubre, los canisters -incluso los que estaban fuera de fecha- tuvieron “un desempeño similar” a los vigentes. “En lo que respecta al control de atmósfera no había ningún inconveniente”, sostuvo.