Una explosión equivalente a la detonación simultánea de “10 granadas de mano” o a un “petardo potente dentro de una lata”. Esos fueron dos ejemplos que aparecieron este lunes en una nueva audiencia de testimonios en el marco del juicio oral que analiza los pormenores de la tragedia del ARA San Juan. Ambos intentaron graficar la posible deflagración dentro del tanque de baterías del submarino tras sufrir el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, seguido de un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico que obligó a la nave a salir a superficie en medio de un temporal en el Atlántico Sur.

La primera imagen fue propuesta por el contralmirante retirado Gustavo Adolfo Trama, integrante de la Comisión Asesora creada por el Ministerio de Defensa pocos días después de la implosión que conmocionó a todo un país. Ese órgano estuvo integrado por tres ex oficiales superiores de la Armada y tuvo la misión de analizar la documentación reunida tras la desaparición del submarino y evaluar las distintas hipótesis sobre las causas del siniestro. El segundo ejemplo, en tanto, fue aportado por el capitán de navío retirado Arturo Marfort, quien compareció para responder consultas acerca de un trabajo técnico elaborado en el marco de las actuaciones disciplinarias que concluyeron, en 2021, con sanciones contra distintos integrantes de la Marina.

Aunque participaron de investigaciones diferentes y suscribieron informes independientes, ambos testigos coincidieron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en un punto central: la hipótesis técnicamente más consistente continúa siendo hasta el momento una acumulación explosiva de hidrógeno generada tras el ingreso de agua al sistema de baterías de la nave.

Las conclusiones fueron expuestas por dos marinos con una extensa trayectoria en la Armada. Trama fue comandante del propio ARA San Juan y también titular de la Fuerza de Submarinos. Marfort, submarinista también, fue designado como perito por el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante José Villán, para asesorar técnicamente al comodoro de la Fuerza Aérea Ricardo Méndez, instructor de la investigación disciplinaria labrada en el ámbito del Consejo de Guerra dispuesto por el Ministerio de Defensa.

El proceso penal en la ciudad de Río Gallegos busca determinar si existieron incumplimientos en la cadena de mando vinculados al estado de alistamiento de la unidad y a las decisiones adoptadas tras la avería informada el 14 de noviembre de 2017 a las 23:42. Aun así, los dos testigos remarcaron que el submarino se encontraba en condiciones de navegar y que, a su vez, la explicación técnicamente más consistente continúa siendo una secuencia iniciada por el ingreso de agua al tanque de batería de proa y una posterior explosión por acumulación de hidrógeno en ese sector del buque de 66 metros de largo.

Durante la audiencia número 25 del debate oral intervinieron la fiscal de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta, los querellantes Luis Tagliapietra y Lorena Arias, y las defensas de los cuatro ex oficiales de la Armada acusados en razón de sus cargos al momento del siniestro.

Al desarrollar las conclusiones de la Comisión Asesora, el contralmirante Trama inició su declaración explicando que el hundimiento no podía atribuirse a una única falla sino a una “serie de causalidades” que comenzaron con el ingreso de agua al sistema de ventilación y al balcón de barras de baterías. Según reconstruyó, esa filtración pudo haber generado un cortocircuito y un principio de incendio inicialmente controlado por la tripulación. Sin embargo, la persistencia de las corrientes eléctricas -aún con la desconexión de las baterías afectadas-, la electrólisis producida por el agua salada y una eventual acumulación de hidrógeno superior al 4% habrían creado las condiciones para una explosión interna que anuló la capacidad de reacción del personal.

La clave, insistió, fue la concatenación de los acontecimientos.

El ex comandante de la Fuerza de Submarinos describió esa secuencia como “el ingreso de agua, más esa explosión que pudo haber sufrido, más la incapacidad de los tripulantes que duró entre 9 y 26 minutos para poder accionar algún sistema -desde que el buque se fue a plano profundo de 40 metros, perdió el control y cruzó el límite de colapso estructural-”. A partir de ahí, razonó en voz alta, el submarino habría quedado sin posibilidad de recuperar el comando de la nave antes de descender hasta alcanzar su profundidad de colapso.

La explicación encuentra similitudes con otro de los estudios técnicos incorporados al extenso caudal documental que acumula el expediente. Así fue que el testigo analizó un informe del astillero alemán ThyssenKrupp, fabricante del buque en la década del 80, según el cual “podría haberse acumulado hidrógeno en el tanque de baterías o gases explosivos producidos por la electrólisis del agua de mar en los bornes o conectores de la batería después de 2 o 3 horas”. El mismo documento indicó que la explosión de la mezcla acumulada habría tenido una potencia equivalente a aproximadamente diez kilogramos de TNT.

Para dimensionar el fenómeno, el submarinista recurrió a una imagen concreta.

“El submarino se fue a inmersión y cerró todo a las 6 de la mañana. El incidente fue a las 10.51. (...) Son 4 horas y pico... ¿Qué intensidad tuvo la explosión? El equivalente a 10 granadas de mano todas juntas en un mismo lugar“, dijo al ilustrar la hipótesis más probable a su criterio, y precisó: ”El hidrógeno tiende a ubicarse en las esquinas y en la entrada del tanque de baterías. Puede ser activado ya sea por la corriente estática, por una chispa o hasta por la luz de un celular”.

Luego agregó: “Eso seguramente fue lo que produjo la explosión que dejó inhabilitado a los tripulantes, porque arriba -del tanque de baterías número 3, donde se reportó la avería- está el cuarto de Comando, y también está todo el alojamiento de los suboficiales”.

Y repitió: “Es altamente probable que haya ocurrido, no es posible probarlo”.

El capitán Marfort llegó a un escenario similar desde una investigación distinta. Al referirse a las causas de la pérdida de la nave, el perito sostuvo que las imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity con los restos diseminados en el fondo marino muestran que el ARA San Juan alcanzó su profundidad de colapso y sufrió una destrucción masiva del casco resistente como consecuencia de una “pérdida de control” cuyo motivo “no se puede determinar”.

“Todo indicaría que fue por una explosión de hidrógeno, pero no hay una certeza; pudo haber sido por algún otro motivo. Uno trata de asignar probabilidad a las distintas circunstancias que provocaron esa pérdida de control, pero no habiendo pruebas es imposible”, explicó el testigo ante los magistrados Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez. Guillermo Quadrini, el cuarto juez, estuvo conectado de manera virtual.

“Da la idea de que la pérdida de control fue por una neutralización masiva de la tripulación”, sugirió después.

A esa altura de la jornada, la imagen que utilizó para describir esta hipótesis fue distinta a la del contralmirante, aunque apuntó en la misma dirección.

“Una explosión de hidrógeno es como un petardo potente dentro de una lata; el casco lo va a resistir, pero va a neutralizar a la dotación. A partir de ese momento, el submarino queda sin control”, aseveró Marfort durante su testimonio. Poco después aseveró que “las certezas son realmente muy pocas. Hay deducciones que son razonables, que tienen un sustento fáctico, pero no dejan de ser deducciones”.

Otro de los ejes de la declaración consistió en la lectura de distintos pasajes de su informe pericial, donde el autor utilizó toda la documentación vinculada al estado de alistamiento del submarino antes de partir a su última misión el 25 de octubre de 2017. Ahí el capitán de navío retirado ratificó las conclusiones que había plasmado durante la actuación disciplinaria y señaló que el hecho inicial que desencadenó la tragedia no podía vincularse con las limitaciones técnicas registradas durante la reparación de media vida ni con las novedades de mantenimiento documentadas hasta la noche en que se registró el ingreso de agua en plena patrulla de control del mar.

Según se pudo leer durante la testimonial, el informe firmado por Marfort determinó que “el incidente inicial que desencadenó la suerte del SUSJ no derivaría de ninguna de las limitaciones o novedades pendientes de las reparaciones de media vida o surgidas con posterioridad al cambio de dependencia orgánica y que fueron registradas hasta el 14 de noviembre de 2017”. En ese mismo apartado se consignó que “el ingreso de agua de mar al balcón de barras de baterías se produjo a través del flap E-19 sin poder determinarse de un modo concluyente si se trató de una falla de dicho flap o de un error en su operación”.

Las consideraciones finales abordaron además una de las discusiones más recurrentes desde el hundimiento: si el desenlace podría haber sido diferente en caso de que el submarino hubiera permanecido navegando en superficie luego de la anomalía. Marfort consideró en su informe que no era posible “asegurar que el destino de los tripulantes habría sido diferente de permanecer la unidad en superficie”, ya que, ante una eventual explosión de hidrógeno, los efectos sobre la tripulación habrían sido similares incluso fuera de inmersión, en tanto las escotillas estaban cerradas “por razones de seguridad” a causa del fuerte temporal.

En efecto, y siempre de acuerdo a las conclusiones del estudio técnico del submarinista Marfort, la escotilla del puente permanecía cerrada debido a las severas condiciones meteorológicas que enfrentaba la nave, por lo que una eventual acumulación de hidrógeno habría producido consecuencias comparables tanto en superficie como bajo el agua. El documento añadió, por otro lado, que el comandante Pedro Fernández enfrentó una situación particularmente compleja, ya que debió compatibilizar el control de la avería reportada con la protección de la tripulación en medio de una tormenta que degradaba “la eficiencia del personal minuto a minuto”.

Bajo esos parámetros, las consideraciones finales destacaron que el comandante del San Juan tuvo que resolver “la disyuntiva doble que le planteaba su obligación de controlar el daño y velar por la seguridad de su tripulación con el riesgo adicional que implicaba permanecer en superficie en medio de una tormenta”.

El estado del submarino

Más allá de las posibles causas del naufragio, ambos especialistas también coincidieron en otro punto fundamental para el debate oral que se viene desarrollando desde el pasado 3 de marzo. Y es que los dos testigos sostuvieron que no encontraron evidencia alguna que permitiera asegurar que el ARA San Juan hubiera zarpado en condiciones que anticiparan la tragedia.

En ese sentido, durante el interrogatorio del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide -uno de los cuatro imputados-, el contralmirante Trama ratificó íntegramente las conclusiones del informe preliminar redactado por la Comisión Asesora del MINDEF. Entre ellas, la que formuló que no existían “evidencias demostrables” de que el submarino hubiera salido de la Base Naval de Mar del Plata o de la de Ushuaia unos días después “con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017″.

La comisión que integró el marino fue incluso más allá.

“No existen evidencias demostrables de que alguno de los equipos y sistemas que se encontraban fuera de servicio y seriamente degradados y aquellos por los cuales se habían requerido sendas Solicitudes de Obras Correctivas, que al momento de la zarpada del San Juan el 25 de octubre de 2017, se encontraban pendientes de completar o en ejecución, pudo haber sido la causa de la tragedia”, se consignó en el documento leído este lunes durante el interrogatorio de Trama.

De acuerdo a ese estudio, además, la unidad naval “reunía las condiciones estructurales, mecánicas, técnicas y marineras necesarias para navegar y cumplir con la Orden del Comandante de la Fuerza de Submarinos N° 04/17 ‘C’“.

El capitán Marfort arribó al mismo diagnóstico desde la investigación disciplinaria instruida en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2021.

“En esa situación y con las restricciones vigentes el submarino estaba en condición de salir a navegar con seguridad”, dijo el testigo poco después de aclarar que para hacer su informe había tenido a la vista todos los mensajes cursados entre la nave y su comando superior, junto a los Índices de Calificación del Estado del Material (ICEM) y la planilla con el estado de avance de las obras pendientes desde que el buque salió del astillero tras su reparación de media vida hasta su última navegación.

Por otra parte, y durante un largo pasaje del interrogatorio, la fiscal Garmendia Orueta hizo repasar al contralmirante Trama una serie de “hallazgos críticos” relevados durante una inspección de seguridad realizada por el Comando de la Fuerza de Submarinos en el año 2016. Entre las observaciones figuraban radiobalizas “obsoletas”, la falta de determinadas señales de emergencia para submarinos, cuestiones vinculadas a los sistemas de detección de gases, los canisters de cal soda para absorber CO2 y otros aspectos relacionados con la seguridad náutica y el mantenimiento de la unidad.

El submarinista retirado dio cuenta de todas esas observaciones, aunque insistió en que fueron examinadas por la Comisión Asesora y que ninguna permitía establecer una “relación causal” con el trágico desenlace.

La misma respuesta brindó cuando fue consultado sobre la demora en el ingreso del submarino a dique de carena para cumplir fuera del agua con su plan de mantenimiento estipulado por la normativa.

“Es indudable que el San Juan tenía que entrar a dique seco, pero la Armada no estaba en condiciones de ingresarlo”, expresó. Sin embargo, relativizó el impacto operativo de esa situación al asegurar que “tampoco era tan grave" y que "el dique no es una afectación”.

“Ninguno de los trabajos pendientes de realizar, o de las solicitudes de obras correctivas, o las observaciones que habían realizado tanto en el ICEM como en la inspección del ISGA o de la Fuerza de Submarinos, pudo ser causa del siniestro”, declaró el contralmirante Trama.

Y remarcó: “El siniestro, permítame, se produjo por una serie de causalidades cuyo disparador fue el ingreso de agua al balcón de barra de baterías. Todas estas solicitudes de obras correctivas, el informe del ISGA, etc., ninguna pudo haber sido la causa del inicio de una serie de causalidades que llevaron a la pérdida del submarino”.

Hacia el final de su declaración, Trama introdujo un elemento vinculado al estado del arma submarina durante los años previos a la tragedia. Recordó que entre 2011 y 2014 la actividad submarina fue extremadamente reducida y advirtió sobre el impacto que esa situación tuvo en la experiencia acumulada de navegación dentro de la fuerza.

“Ustedes imagínense -planteó el testigo- que los submarinos no navegaron desde 2011 a 2014. (...) Los submarinos navegaban 16 horas por año en inmersión. Así no se gana adiestramiento ni experiencia. La experiencia se gana en navegaciones largas“.

Luego cerró: "No hay submarinos que naveguen libres de fallas. En el 94 teníamos fallas, pero el submarino estaba preparado para repararlas. Y los suboficiales saben repararlas“.

El juicio se encamina al cierre de la etapa probatoria. Mañana será la última audiencia testimonial con la declaración de los otros dos integrantes de la Comisión Asesora creada a fines de 2017 por el ministro Oscar Aguad: el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Rolando Bergallo.

Bergallo es padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del ARA San Juan al momento de su última operación.

Tras una semana de receso, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos, en un debate a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, presidido por el juez Gabriel Reynaldi, que ya acumula 24 audiencias y un promedio cercano a los cinco testigos por día. Será además la última ventana de producción de prueba, con la comparecencia de oficiales superiores retirados de la Armada, que ocuparon puestos relevantes dentro de la especialidad submarina o intervinieron posteriormente en análisis técnicos orientados a desentrañar qué ocurrió con la nave y sus 44 tripulantes.

Entre el lunes y el martes pasarán por la sala de audiencias cuatro oficiales superiores retirados. El lunes declararán el capitán de navío (RE) Arturo Marfort y el contralmirante (RE) Gustavo Trama, mientras que el martes lo harán el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Bergallo.

Tres de ellos -Trama, Kenny y Bergallo- integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada durante la gestión del entonces ministro Oscar Aguad, cuyo cometido fue examinar la documentación reunida tras la pérdida del submarino y evaluar las distintas hipótesis sobre las causas de la implosión del casco resistente, localizado un año después a unos 907 metros de profundidad. Bergallo posee además un vínculo profundo con la tragedia: el submarinista es padre de Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del ARA San Juan y fue ascendido de capitán de corbeta a capitán de fragata post mortem.

En tanto, Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra desarrollado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tras la excusación del entonces jefe de la Armada, José Luis Villán. Ese procedimiento disciplinario se sustanció bajo las previsiones del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, incorporado como Anexo IV de la Ley 26.394, promulgada en agosto de 2008, y concluyó en el año 2021 con sanciones contra distintos integrantes de la cadena de mando naval.

Tanto el informe elaborado por el capitán Marfort como el producido por la Comisión Asesora del MINDEF abordaron gran parte de los ejes centrales que hoy se discuten con minuciosidad en el debate oral. Ambos trabajos reconstruyeron la secuencia previa al hundimiento, ponderaron distintos escenarios sobre las causas de la pérdida de la unidad, asignaron probabilidades a cada hipótesis y se pronunciaron sobre el estado de alistamiento del submarino al momento de partir desde la Base Naval Mar del Plata para cumplir su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017.

El miércoles será el turno de la ampliación de indagatoria del contralmirante (RE) Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en lo que se proyecta como el cierre de la etapa probatoria. López Mazzeo afronta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.

Por los mismos delitos también son juzgados el ex capitán de navío Claudio Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de la estructura a cargo de Alonso.

Al día siguiente, los familiares de los 44 tripulantes que así lo deseen podrán expresar sus reflexiones, reclamos y planteos sobre el caso ante los jueces del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Superada esa instancia, el proceso ya ingresará en su tramo final. El 22 de junio está previsto el alegato de la fiscalía, en manos de Gastón Pruzán; el 23 de junio expondrán las dos querellas, representadas por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, y por el abogado Luis Tagliapietra. Dos días más tarde será el turno de la defensa de Villamide, representado por Juan Pablo Vigliero.

Las defensas públicas de Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa alegarán el 6 de julio. Las réplicas y dúplicas quedaron programadas para el día siguiente, mientras que el 8 de julio los cuatro imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados emitan su veredicto.

El Consejo General de Guerra

Tal como se señaló, uno de los testigos convocados para esta semana es el capitán de navío (RE) Arturo Marfort, encargado de confeccionar un informe técnico sobre las posibles causas del hundimiento en el ámbito del Consejo General de Guerra impulsado durante la gestión del entonces ministro de Defensa Agustín Rossi. Ese proceso se desarrolló bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en virtud de la excusación del entonces jefe de la Marina, José Luis Villán, y se rigió por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los integrantes del Consejo de Guerra decisor fueron el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Juan Paleo, del Ejército; el subjefe del organismo, el brigadier mayor Pedro Girardi, de la Fuerza Aérea; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien presidió el tribunal y es primo del entonces ministro de Defensa.

Las actuaciones se desarrollaron bajo estricta confidencialidad en el Edificio Libertador y culminaron con la resolución CGG N° 20/2021, dictada el 22 de marzo de 2021.

El objeto de ese legajo disciplinario consistió en investigar las eventuales responsabilidades de integrantes de la Armada por hechos ocurridos antes, durante y después del naufragio del ARA San Juan, incluyendo posibles “faltas gravísimas” previstas en el articulado del Código de Disciplina.

La sanción más severa de esas actuaciones recayó sobre el capitán de navío Claudio Villamide, entonces titular de la Fuerza de Submarinos, quien fue destituido tras considerarse que actuó con “negligencia” al no ordenar ni recomendar expresamente al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández -ascendido post mortem a capitán de navío-, permanecer en superficie por un período limitado tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017. La misma estaba vinculada al ingreso de agua de mar en el tanque de baterías N° 3 de proa, que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. También se le reprochó no haber convocado de manera urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas para analizar la situación y brindar apoyo a la unidad.

El Consejo General de Guerra, además, impuso al entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, una sanción de 45 días de arresto riguroso, por haber informado de manera “incompleta” al Ministerio de Defensa los acontecimientos iniciales relacionados con el buque, y otros 30 días de arresto riguroso por haber atribuido responsabilidades disciplinarias a personal subalterno sin haber agotado previamente las medidas necesarias para formular esas imputaciones.

A su vez, el contralmirante López Mazzeo recibió una sanción sustitutiva de 60 días de arresto riguroso, además de otros 15 días más por no haber permanecido en la sede de su comando tras conocerse la avería inicial del San Juan y 10 días de arresto riguroso por informar tardíamente esa novedad al entonces jefe de la Armada.

También resultaron sancionados el capitán de navío Alonso, con una sanción sustitutiva de 30 días de arresto riguroso y otros 20 días de arresto por no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni convocado a los integrantes del Estado Mayor; y el capitán de fragata Correa, cuya destitución fue reemplazada por una sanción de 30 días de arresto riguroso.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación rechazó esta semana un recurso presentado por la familia de un adolescente que murió en 2013 tras años de reclamos por su atención médica y dejó firme el archivo de una investigación federal que buscaba determinar posibles responsabilidades penales de funcionarios públicos, obras sociales y prestadores sanitarios. El máximo tribunal penal del país sostuvo que no existían elementos suficientes para justificar la intervención del fuero federal, aunque aclaró que la pesquisa por el fallecimiento continuará en la justicia nacional ordinaria, donde ya interviene una junta médica con el fin de esclarecer el caso.

En rigor, Casación aclaró que la pesquisa por el fallecimiento del joven continuará en la justicia nacional ordinaria, donde ya tramita un expediente específico ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 y en el que incluso se ordenó una junta médica del Cuerpo Médico Forense para intentar dar cuenta de las causas del fallecimiento.

Se trata del caso del joven Matías Bres, quien nació con una encefalopatía crónica no evolutiva -similar a una parálisis cerebral- que le provocó severas limitaciones motrices y cognitivas, además de múltiples complicaciones respiratorias y neurológicas que requerían asistencia médica permanente. Durante años dependió de internación domiciliaria, oxígeno y cuidados especializados, mientras su padre denunciaba reiteradas irregularidades en la atención brindada por empresas contratadas por la obra social. Tras una prolongada internación y luego de contraer una bacteria que agravó su delicado estado de salud, el adolescente murió en 2013, a los 16 años, después de meses de reclamos judiciales y administrativos por una cobertura médica adecuada.

El fallo de la máxima instancia penal federal fue firmado este jueves por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes confirmaron la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había ratificado el archivo del expediente por “inexistencia de delito”.

La decisión implicó un nuevo revés para la querella, que ya había recibido una respuestas adversa por parte del juez federal Ariel Lijo.

En concreto, la Sala IV de Casación concluyó que no estaban dados los presupuestos jurídicos que habilitan la intervención del fuero federal, considerado un “fuero de excepción”, y argumentó que gran parte de los planteos formulados por la familia ya habían sido analizados anteriormente en distintas sedes judiciales.

La causa se originó en las presentaciones impulsadas durante años por Rubén Ángel Bres, padre de Matías, quien denunció que distintas obras sociales, empresas tercerizadas de internación domiciliaria, organismos públicos y funcionarios estatales incumplieron sus deberes y contribuyeron al deterioro de la salud de su hijo.

El acuerdo para la resolución de esta semana fue liderado por el juez Hornos, quien redactó el voto más extenso y desarrolló el eje doctrinario principal del fallo. Allí reivindicó el derecho de la querella a impulsar de manera autónoma un proceso penal, incluso frente a la falta de impulso fiscal, aunque concluyó que en este expediente nunca logró configurarse una hipótesis delictiva concreta.

“Cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, en contra de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido”, explicó el magistrado.

Sin embargo, a la hora de analizar los agravios del particular damnificado contra la resolución de la Cámara Federal, dictada en febrero pasado, Hornos consideró que no lograron “conmover los fundamentos de la decisión recurrida” ni reflejaron “la existencia del supuesto de arbitrariedad invocado”.

“En efecto -aclaró el camarista-, la querella ha exteriorizado su natural disconformidad con el temperamento adoptado por el ‘a quo’, sin embargo, no logró demostrar la existencia de un vicio grave en el razonamiento ni la omisión de elementos decisivos que pudieran alterar la solución del caso”.

Luego aclaró: “Por el contrario, de la lectura de la resolución impugnada se advierte su adecuada fundamentación, en tanto se apoya en un análisis integral de las constancias de la causa, en particular de las medidas de prueba producidas y de la información obtenida a partir de la certificación de las numerosas actuaciones judiciales y administrativas vinculadas con los hechos denunciados”.

El camarista agregó que el planteo impulsado por la querella presentaba “un carácter amplio, acumulativo y carente de precisión”, donde “se entrelazan múltiples situaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, sin que se logre aislar un hecho específico que permita orientar válidamente la persecución penal”.

Según surge de las actuaciones, Matías permaneció internado durante años en Fundación Hospitalaria debido a las dificultades para garantizar una cobertura domiciliaria adecuada y una vivienda apta para su complejísimo cuadro clínico.

Rubén Bres denunció reiteradamente que las empresas tercerizadas enviaban personal sin matrícula habilitante o sin capacitación suficiente para atender pacientes de alta complejidad. También sostuvo que su hijo sufrió reiteradas infecciones intrahospitalarias durante la prolongada internación y que el grupo familiar no contaba con condiciones habitacionales compatibles con una externación segura.

Ese contexto fue uno de los elementos centrales incorporados al expediente internacional tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un informe de admisibilidad aprobado en diciembre de 2021, la CIDH consideró que los hechos denunciados podían configurar posibles violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial y derechos del niño previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión observó especialmente la presunta falta de fiscalización estatal sobre prestadores privados de salud, el incumplimiento de medidas judiciales favorables al adolescente, la ausencia de respuestas eficaces frente a los reclamos administrativos y la supuesta alteración de la historia clínica.

También destacó que las acciones de amparo promovidas por la familia permanecían abiertas años después sin resolución definitiva y recordó que el agotamiento de recursos internos no puede conducir a que la protección internacional se vuelva inútil por el paso del tiempo.

Según describió el juez Hornos, del análisis de las distintas denuncias formuladas por la parte querellante respecto a la atención médica brindada al adolescente, al accionar de las obras sociales y a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos surgía que estas habían sido “reiteradamente canalizadas en diversos expedientes tramitados tanto ante la justicia federal como ante la justicia ordinaria, los cuales, sin excepción relevante, concluyeron mediante su desestimación, archivo o, en su caso, el dictado de sobreseimientos firmes”.

“En tales condiciones, la decisión de confirmar el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito no aparece como arbitraria ni infundada, sino como una consecuencia razonada de la evaluación de las constancias incorporadas al proceso. La esperable discrepancia de la parte con dicha conclusión no resulta suficiente para habilitar la revisión casatoria”, dijo el líder del acuerdo.

Por otro lado, Hornos señaló que no podía “desconocerse que los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aunque aclaró que “el solo hecho de la existencia de actuaciones en sede internacional no determina, por sí mismo, la procedencia o continuidad de una investigación”.

El juez explicó que para avanzar penalmente debía existir “un hecho concreto, jurídicamente relevante, susceptible de encuadre típico y atribuible a personas determinadas”, extremo que -según concluyó- no logró verificarse en la causa.

En esa línea, Hornos planteó que “aún frente a esta dolorosa realidad lo es cierto es que la investigación se presenta completa sin que aparezcan a la vista medidas serias sin realizar”, y agregó que esta circunstancia “está lejos de constituir una crítica al recurrente cuya pérdida es irreparable y cuyo dolor es más que entendible”.

Es que, el reconocimiento de la dimensión humana y jurídica del caso, así como la legitimación del querellante para instar la investigación, no exime a la jurisdicción de observar la verificación de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio de la acción penal”, precisó el camarista poco después.

Y concluyó: “De este modo, la solución adoptada en autos no implica desconocer ni minimizar el padecimiento invocado por la parte querellante, ni desatender la relevancia de los derechos que se encuentran en juego, sino que responde a la imposibilidad de avanzar en una investigación penal en ausencia de un hecho jurídicamente delimitado que permita orientar válidamente la persecución penal".

Uno de los ejes centrales del fallo dio cuenta del extenso historial judicial impulsado por Bres durante más de una década con acciones legales contra directivos de la Superintendencia de Servicios de Salud, diversos funcionarios públicos y obras sociales.

En efecto, y de acuerdo a la reseña del juez Borinsky, el padre del menor había promovido aproximadamente diecinueve causas en el fuero federal y otras tantas en la justicia nacional ordinaria, además de las iniciadas por otros familiares. Todas ellas habían sido tramitadas, desestimadas y en su mayoría archivadas a lo largo de los años.

A su vez, el camarista advirtió que el juez instructor ya había remitido los testimonios ordenados por la Cámara Federal al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, donde tramita una causa por “muerte por causa dudosa y averiguación de delito”, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5. Según detalló, en ese expediente el padre de Matías actúa como querellante y ya se dispuso la intervención de una junta médica del Cuerpo Médico Forense.

Al respecto, Borinsky entendió que, a partir del análisis de las actuaciones, no se advertía por el momento la existencia de una cuestión que justificara la intervención del fuero federal de excepción, aunque aclaró que ello podría eventualmente surgir del avance de la investigación en la justicia nacional. El magistrado agregó que el "acceso a la justicia" y la "tutela judicial efectiva" se encontraban garantizados con la actuación de ese fuero ordinario, sin que la parte querellante hubiera demostrado un perjuicio de imposible o tardía reparación.

A su término, el juez Carbajo adhirió “a la solución propuesta” de sus colegas, por lo que la Sala IV resolvió por unanimidad rechazar el recurso de casación de la querella, sin costas.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la Unidad de Información Financiera (UIF) continúe actuando como querellante en la causa conocida como “Prostitución VIP”, al revocar una decisión que había apartado al organismo del juicio oral previsto para octubre. El fallo, firmado por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, volvió a analizar el alcance del Decreto 274/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei eliminó la facultad del organismo antilavado para constituirse como acusador en procesos penales.

La decisión de la Sala IV dejó sin efecto una resolución del Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de Buenos Aires que, en marzo pasado, había excluido a la UIF del expediente que tiene entre sus principales acusados al empresario y representante de modelos Leandro Santos y su socio y hermano Rodrigo Santos. Para la mayoría, la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no puede utilizarse para desplazar al organismo de causas en las que ya había sido admitido como querellante antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La discusión se centró en una de las modificaciones más relevantes y recientes introducidas en el sistema argentino de prevención y persecución del lavado de activos. A través del Decreto 274, firmado por Milei y publicado el 16 de abril de 2025, el Poder Ejecutivo derogó el Decreto 2226/08, que habilitaba a la UIF a intervenir como acusadora en procesos vinculados con los delitos previstos en la Ley 25.246. La medida fue presentada como parte de la adecuación de la legislación argentina a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tras la apelación de la UIF contra el fallo del TOF porteño, y al votar en primer término, el camarista Hornos consideró que la nueva normativa no puede afectar actuaciones válidamente realizadas bajo el régimen anterior. Según su postura, “si bien el Decreto 274/2025 derogó el Decreto 2226/2008 y suprimió la facultad de la UIF de intervenir como querellante en nuevos procesos penales, tal disposición no puede interpretarse en forma tal que prive de eficacia a actos procesales cumplidos en forma regular durante la vigencia del régimen anterior”. En ese marco, destacó que “la UIF fue admitida como parte acusadora en este proceso penal con anterioridad a la vigencia del nuevo decreto” y concluyó que “quitarle la legitimación para intervenir en la misma causa importa una afectación al debido proceso”.

Con esos argumentos, Hornos entendió que el organismo debía conservar su rol de acusador en el expediente en curso. A esa línea adhirió el juez Javier Carbajo, quien manifestó compartir “los fundamentos y a la solución que propicia el colega que me antecede en el Acuerdo, doctor Gustavo Hornos”.

La posición opuesta fue sostenida por el juez Mariano Borinsky, quien recordó que ya había abordado la cuestión en precedentes como “Báez” e “Insaurralde” y sostuvo que la UIF perdió la facultad de actuar como acusador particular tras la entrada en vigencia del nuevo decreto.

En su voto, Borinsky advirtió que “la derogación de la facultad de querellar de la Unidad de Información Financiera se fundamentó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-”. También remarcó que el Poder Ejecutivo eliminó expresamente esa atribución al derogar el Decreto 2226/08 e indicó que la UIF conservaba amplias facultades para producir inteligencia financiera, analizar operaciones sospechosas y colaborar con fiscales y jueces, pero no para intervenir como acusadora autónoma dentro de un proceso penal.

Para el magistrado, la decisión adoptada por el Gobierno buscó evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal, órgano al que la Constitución asigna la promoción de la acción penal pública. Por ello concluyó que “el recurso de casación interpuesto por la UIF no puede prosperar, al carecer en la actualidad de facultades legales para querellar; todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”.

La discusión se produjo en el marco de la causa conocida como “Prostitución VIP”, una investigación iniciada en Uruguay que posteriormente continuó en la Argentina. Según la acusación, entre 2009 y 2014 funcionó una organización dedicada a captar mujeres argentinas y uruguayas mediante promesas de inserción en el mundo del modelaje para luego derivarlas a encuentros sexuales con hombres de alto poder adquisitivo en ambos países.

La hipótesis acusatoria afirma que las víctimas eran reclutadas a través de distintas agencias de modelos y que los encuentros sexuales eran presentados como una condición necesaria para progresar profesionalmente. De acuerdo con resoluciones judiciales previas, al menos 24 mujeres fueron identificadas como presuntas víctimas.

La causa tiene como principal imputado al empresario y representante de modelos Leandro Santos, junto con su hermano Rodrigo. En 2020, la Corte Suprema rechazó un pedido de extradición formulado por Uruguay y dispuso que Santos fuera juzgado en la Argentina al considerar que parte de los hechos investigados también habrían ocurrido en territorio nacional. Un año más tarde, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y dejó el expediente en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

Con la decisión adoptada este viernes, la UIF conservará su rol de querellante durante el debate fijado para el mes de octubre.

Siete meses antes del naufragio del ARA San Juan, la Armada reunió a sus submarinistas más experimentados para evaluar el estado operativo de la Fuerza de Submarinos, las reparaciones pendientes de las unidades, las limitaciones presupuestarias y el futuro de la capacidad submarina nacional. La jornada se realizó a fines de abril de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, y concluyó con una serie de recomendaciones técnicas plasmadas en un acta firmada por los “vocales permanentes” del Consejo Asesor del Arma Submarina.

Esas conclusiones, adoptadas en el ámbito interno de la fuerza, son hoy objeto de un análisis riguroso por parte de los participantes del juicio oral que intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la tragedia.

Y es que ese documento forma parte de los elementos centrales que se están examinando en el proceso en curso, iniciado en marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. El debate apunta a conocer si el submarino San Juan (SUSJ) zarpó en condiciones de seguridad para cumplir una misión que combinaba tareas de adiestramiento con una operación de Vigilancia y Control del Mar Argentino, y si existieron negligencias u omisiones de parte de los cuatro ex altos mandos navales imputados que hubieran aumentado aún más el riesgo inherente a una actividad militar de por sí riesgosa. Para eso, se intenta calibrar y poner en contexto las distintas “novedades”, “averías” y “tareas pendientes” que presentaba el buque antes de hacerse a la mar.

Los acusadores plantean que la sumatoria de esos faltantes fue la causa eficiente que desembocó en el suceso fatídico. En contraposición, las defensas sostienen que ninguna de esas novedades registradas afectaba la seguridad náutica del submarino.

La implosión de la embarcación compuesta de acero HY80 ocurrió el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, horario que surge de los registros acústicos internacionales incorporados al expediente.

Así las cosas, el Consejo Asesor del Arma Submarina funciona como un ámbito interno de consulta técnica y estratégica integrado por submarinistas de mayor experiencia dentro de la Marina. En aquella convocatoria del 30 de abril de 2017, traída a cuenta tanto por los acusadores como por las defensas en el juicio oral, participaron 14 capitanes de navío con voz y voto para abordar distintos asuntos vinculados al arma submarina. También estuvieron presentes oficiales invitados, entre ellos el entonces comandante del ARA Salta, capitán de fragata Sebastián Marcó, y el comandante del SUSJ, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quienes expusieron sobre la situación de sus respectivas unidades a cargo.

Las exposiciones fueron presididas por el entonces inspector del Arma Submarina, capitán de navío Gabriel Attis, el submarinista de mayor antigüedad dentro de la fuerza. Según consta en el documento oficial, Attis abrió la sesión relatando una conversación previa mantenida con el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, quien había manifestado preocupación por el riesgo de que la Armada volviera a quedarse sin submarinos operativos mientras las unidades atravesaban sus respectivos procesos de mantenimiento.

Para ese momento, la Armada contaba con tres unidades de esa índole en servicio: el ARA Salta, de la clase Tipo 209; y los ARA Santa Cruz y ARA San Juan, ambos de la clase TR-1700. El problema de fondo era cómo administrar los tiempos de reparación y entrada a dique de esas embarcaciones para evitar períodos sin ningún submarino en el mar.

“Tratar de concatenar cómo van a hacer las reparaciones para que, al menos, siempre tengamos un submarino navegando; eso fue lo que hablé con el Sr. Almirante Srur, lo que motivó toda esta reunión”, expresó Attis durante la apertura realizada en el microcine de la Escuela de Submarinos y Buceo.

Entre los asistentes también se encontraban dos de los actuales imputados del juicio oral: Claudio Javier Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) -a quien el documento menciona como uno de los destinatarios del “apoyo” que debía brindar el Consejo- y Héctor Aníbal Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS, quien además actuó como secretario de la jornada. Años más tarde, ya retirado con el grado de comodoro de Marina, Attis declaró como testigo en una de las primeras audiencias del debate oral, que actualmente acumula 24 jornadas.

Por lo demás, otro de los ejes abordados fue el futuro de la capacidad submarina argentina. El titular del organismo asesor explicó que el jefe de la Armada había reclamado un estudio “realista” sobre una eventual “sexta generación” de submarinos y había cuestionado que esa Fuerza no tuviera proyectos formalmente presentados ante el Ministerio de Defensa, a diferencia de otros programas navales.

“Si hoy en día alguien de Defensa le pregunta al Sr. almirante -Srur- qué submarino comprarnos el almirante no tiene ninguna carpeta que pueda decir ‘este es el proyecto y -está- respaldado por este estudio’”, quedó asentado en el acta.

El deterioro operativo del ARA Salta ocupó buena parte de las intervenciones. El capitán Marcó describió un escenario de desgaste acumulado y reparaciones parciales que se arrastraban desde hacía años. Según explicó, las entradas a dique se reducían a intervenciones de corta duración destinadas a resolver problemas inmediatos.

“Se hace solo el problema del momento, carenado y algunas válvulas, lo demás se deja y pasa a ser grave en el dique siguiente”, sostuvo el entonces comandante del buque.

En paralelo, el jefe del Proyecto Submarino, capitán de navío Fabián Krawinkel, actualizó el estado de la reparación general del ARA Santa Cruz, en ese momento en los astilleros de Tandanor. Allí informó que las obras acumulaban una demora de 19 meses y que la finalización real podía extenderse hasta el primer semestre de 2020. También alertó sobre dificultades presupuestarias y retrasos en la adquisición de equipos y repuestos.

Pero uno de los capítulos más extensos del acta quedó dedicado al San Juan. Durante su exposición, el capitán Fernández enumeró una lista de novedades técnicas pendientes luego de la reparación de media vida realizada en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), varias de las cuales -según dijo entonces- debían ser reparadas durante la próxima entrada de la unidad a dique seco, es decir, fuera del agua.

Entre otros puntos, mencionó problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio por falta de reactivos, fallas en sensores y ruidos en la línea de eje que debían verificarse en dique. También señaló una filtración desde un tanque de combustible hacia un tanque de baterías que había sido reparada en dos oportunidades pero requería una intervención mayor en futuras reparaciones generales.

Aún así, el comandante del SUSJ aclaró ante el Consejo que el estado del buque era “operativo”, aunque sujeto a limitaciones de seguridad. Según detalló, el submarino se encontraba restringido a una profundidad máxima de 100 metros -una limitación autoimpuesta por la Fuerza de Submarinos- mientras permanecían “pendientes” algunas pruebas y verificaciones que debían realizarse durante la próxima entrada de la unidad a dique seco.

“El estado actual de la unidad es operativo, con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, aseveró, en sus términos, el capitán Fernández ante el Consejo.

Al cierre de las deliberaciones, el acta dejó asentada una serie de conclusiones vinculadas a reparaciones, mantenimiento, modernización y planificación de las próximas puestas en seco de las unidades del Arma Submarina. Entre otras recomendaciones, el documento planteó “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad”, y advirtió que el buque llevaba “39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses”.

El acta fue ratificada por los 14 capitanes de navío presentes en la sesión.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó este martes las condenas de ocho años de prisión dictadas contra tres miembros de una familia boliviana por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en un caso que tuvo como víctima a una joven de esa nacionalidad sometida a trabajo forzado en un taller textil clandestino del conurbano bonaerense.

Los condenados son los hermanos Armando Condori Jiménez y Alex Tito Condori Jiménez, dueños del taller textil, y Claudia Mery Choque Condori, esposa de un tercer hermano y cuñada de ambos. Los tres habían sido sentenciados en octubre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín, con integración unipersonal, como coautores del delito previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. El fallo de Casación, firmado por unanimidad, rechazó el recurso interpuesto por la defensa compartida.

El caso se inició el 25 de noviembre de 2016, cuando Esperanza Llanos Méndez denunció ante la Comisaría 54 de la Policía Federal Argentina (PFA) la situación en que se encontraba su amiga, identificada en el expediente como “S.M.H.”. La joven había llegado a Argentina el 14 de julio de ese año desde Bolivia, trasladada por Gualberta Jiménez Quinchu -madre de los hermanos Condori Jiménez-, con la promesa de trabajar en costura a cambio de $4.000 mensuales. Fue recibida en la terminal de Liniers por Armando Condori y llevada a la vivienda de la calle Estanislao del Campo 2749, en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde en el fondo del terreno funcionaba un taller textil clandestino.

Según el relato de la víctima, recogido en una entrevista en modalidad de Sala Gesell el 26 de noviembre de 2016, las jornadas de trabajo se extendían de 7 a 22 horas de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. La joven debía coser prendas para la feria La Salada, cocinar y limpiar la casa. El primer mes no recibió pago alguno; el cuarto, tampoco. En el transcurso de su estadía sufrió un accidente con una máquina de coser que le provocó una herida en un dedo que requirió puntos, y fue obligada a retomar las tareas antes de recuperarse.

El tribunal de juicio tuvo por acreditado que S.M.H. no contaba con las llaves del domicilio, que Armando Condori la dejaba encerrada cuando salía, y que Alex Condori supervisaba su trabajo y la golpeaba en las manos para que aprendiera a usar la máquina overlock. Las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que atendieron a la víctima ese mismo día de la denuncia, describieron en sus informes una situación de “restricción de la autonomía” y señalaron que la joven presentaba dificultades idiomáticas y de comprensión.

El día del operativo, el personal policial que acompañó a la joven Llanos Méndez al punto de encuentro preacordado -la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Cosquín, en el barrio porteño de Liniers- constató una discusión entre la denunciante y Armando Condori junto a Claudia Choque Condori, quienes habían llegado en una camioneta Renault Kangoo. Al requisar el vehículo, los efectivos hallaron la documentación personal de S.M.H. entre las pertenencias de Choque Condori, dato que el tribunal valoró como uno de los elementos probatorios centrales.

Tras la sentencia condenatoria, la defensa conjunta, a cargo del abogado Luis Montané López, articuló el recurso de casación con tres ejes principales: la nulidad de la declaración en Sala Gesell por haber sido realizada sin notificación previa a los imputados, la improcedencia de incorporar al juicio oral -mediante lectura- los testimonios de S.M.H. y de Llanos Méndez, ambas fuera del país desde el 2 de diciembre de 2016, y la alegada falta de sustento en la valoración de las pruebas. Subsidiariamente, cuestionó el monto de las penas.

Los tres camaristas rechazaron cada uno de esos planteos. Respecto de la Sala Gesell -un sistema de entrevista especializado que permite tomar declaración a víctimas en un entorno protegido, sin la presencia directa de los imputados-, señalaron que la defensa oficial había sido notificada del procedimiento y que Montané López no intervenía en el proceso como defensor particular el 26 de noviembre de 2016, fecha en que se realizó la diligencia, sino que su primera actuación acreditada fue el día siguiente, cuando sus asistidos prestaron declaración indagatoria.

El juez Mariano Borinsky, quien redactó el voto principal, subrayó además que el material videograbado fue puesto a disposición de la defensa desde los primeros días de la investigación.

En cuanto a los testimonios incorporados por lectura al debate -un mecanismo que la ley habilita cuando un testigo no puede comparecer al juicio, entre otras causales, por encontrarse fuera del país-, el máximo tribunal penal federal aplicó el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Benítez”, según el cual la garantía de defensa en juicio se ve afectada solo cuando la condena se sustenta de manera exclusiva en prueba que la defensa no pudo controlar.

Al respecto, la Sala IV concluyó que ese no era el caso y enumeró el conjunto de pruebas independientes sobre las que se apoyó la condena:

• Las declaraciones e informes de las psicólogas del Programa de Rescate, que describieron las condiciones de sometimiento de S.M.H. y constataron la herida en su dedo al momento de la denuncia.
• La denuncia de Llanos Méndez y sus declaraciones posteriores, que daban cuenta de las llamadas de auxilio de la víctima y de las condiciones en que trabajaba.
• Las actas policiales que documentaron la discusión en la vía pública entre Llanos Méndez, Armando Condori y Claudia Choque Condori el día del operativo.
• El secuestro de la documentación personal de S.M.H. en la camioneta Kangoo en poder de Choque Condori.
• El resultado del allanamiento del domicilio de la calle Estanislao del Campo 2749, donde se constató la existencia del taller textil clandestino con máquinas de coser, estampadoras y prendas a medio confeccionar.
• Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, que acreditaron el ingreso de S.M.H. al país el 14 de julio de 2016 junto a Gualberta Jiménez Quinchu.
• Las declaraciones del personal policial interviniente, que reconocieron su firma en las actas del procedimiento.
• Los testimonios de los testigos civiles presentes durante el allanamiento, quienes ratificaron las circunstancias del operativo.

El juez Javier Carbajo sintetizó esa valoración: “La evaluación conglobada de los diversos elementos de prueba (...) demuestra la ocurrencia fáctica de hechos significantes de acogimiento, explotación y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de S.M.H., tal como fue atribuido por la acusación a los imputados”, escribió.

Y agregó que lo actuado por el tribunal oral para intentar localizar a las testigos fue “válido (...), además de razonable y suficiente a fin de brindar a la defensa oportunidades para instar o ejercer medidas de contrapeso dirigidas a compensar la alegada desventaja”.

A la hora de analizar si los hechos probados encuadraban efectivamente en el delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad y violencia, por la pluralidad de las personas intervinientes y por haberse consumado la explotación de la víctima, el juez Borinsky trazó los límites de lo que la ley protege: “El ilícito bajo estudio no se reduce a una mera limitación de la libertad física o ambulatoria de las personas, sino que comprende el sometimiento de una persona a situaciones de explotación de las que no pueda librarse por sus propios medios, aunque no existiere violencia física o intimidación ostensible”, dijo en su voto.

Desde esa perspectiva, la situación de vulnerabilidad de S.M.H. -migrante, sin estudios secundarios completos, sin oficio previo y sin red de contención en el país- fue considerada el factor determinante. “He sostenido -reseñó Borinsky- que la víctima ‘es más propensa a brindar su conformidad para ser explotada, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación".

Por su parte, el camarista Gustavo Hornos completó el acuerdo con una definición sobre la naturaleza del delito, en tanto “el tráfico de personas con fines ilegales constituye una grave y particularmente insidiosa violación de los derechos humanos que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional”, afirmó.

En otro pasaje aclaró: “Resulta pertinente memorar que en relación a delitos como el aquí investigado, el consentimiento de la víctima para ser ofrecida o acogida, con la finalidad de ser sometida a su explotación económica en favor de terceros a costa de su actividad, no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, y esto es lo sustancial en relación a supuestos como el que nos ocupa, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios”.

Y añadió: “Se trata, de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de su condición de persona, de su libertad como prerrogativa que le es inherente”.

La pena de ocho años de prisión impuesta a los tres condenados coincide con el mínimo que la ley prevé para este delito con las agravantes aplicadas. La sentencia del Tribunal Oral N°3 de San Martín, dictada en octubre de 2025, no se hará efectiva hasta que quede firme.

La madre de los hermanos Condori Jiménez, Gualberta Jiménez Quinchu -señalada como quien captó a la víctima en Bolivia y pagó su pasaje, suma que luego fue descontada de su salario-, había sido buscada por el juzgado instructor desde marzo de 2017 y no fue hallada.

La expareja del autor de los cuadernos Oscar Centeno, Hilda Horovitz, sostuvo este martes que fue “testaferro” del remisero mientras él se desempeñaba como chofer del ex funcionario Roberto Baratta y ratificó que vio los cuadernos en la casa donde convivían pero no los leyó.

En una extensa declaración en el juicio de los Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7 habló de golpes, infidelidades y de episodios donde por ejemplo Baratta habría hecho “desaparecer” documentos que ella entregó a la ex secretaria presidencial Miriam Quiroga. En todo este contexto enmarcó su decisión de delatar a Centeno, pero negó haberlo hecho por “despecho”.

Sobre el vínculo entre ambos, concluyó que él la usó como “pantalla”. Y ejemplificó: la llevaba ”a firmar el 08, a comprar un Toyota, íbamos juntos, yo firmaba”.

Al inicio de la audiencia respondió preguntas de la fiscal Fabiana León y fue entonces cuando se definió como “testaferro”. “Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, agregó.

En otro tramo de su declaración recordó que Centeno llegaba con bolsos que “decía que eran de Baratta”. El remisero aparecía “con valijas, portafolios, todo tipo de bolsitos”, y le explicaba cómo podía acomodar dinero: “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes; ponés así y entran tantos’”.

Consultada sobre cómo sabía Centeno la cantidad de dinero que podía entrar en los bolsos, respondió: “Lo habrá visto, qué sé yo. Yo escuchaba, no le preguntaba”.

La audiencia tuvo uno de sus momentos más tensos cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a exhibir y reproducir mensajes y audios de WhatsApp enviados por Horovitz al ex funcionario Roberto Baratta y a otros interlocutores entre 2016 y 2017.

En esos intercambios aparecieron referencias a supuestos bolsos con dinero, “cuevas” financieras, reclamos económicos tras su separación de Oscar Centeno y menciones explícitas a los cuadernos atribuidos al ex chofer. La testigo, ya afónica, ratificó uno por uno los mensajes y explicó que habían sido enviados en medio de conflictos personales y años de violencia física y psicológica que, según declaró, sufrió durante su relación con Centeno.

Los audios y la suspensión de la audiencia

Luego de un cuarto intermedio de aproximadamente treinta minutos, la fiscalía reprodujo en la sala AMIA distintos audios de WhatsApp atribuidos a Hilda Horovitz y dirigidos a diferentes interlocutores. El primero de ellos, según se ventiló durante la audiencia, había sido enviado al ex subsecretario de coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

En ese mensaje, la testigo hacía referencia a documentación y fotografías que, según afirmaba, estaban en poder de un periodista. “Hable con Oscar y que le diga a la hija que se quede tranquila, porque yo los papeles que tengo de prueba no los tengo yo, ni los tiene Miriam, los tiene un periodista. Todas las pruebas que tengo, de los recibos, de las fotos que le mandé a usted, las tiene un periodista. Solo tengo que ir y decirle que actúe”, se escuchó en la grabación.

En el mismo audio agregó: “Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande la Justicia, porque no tiene por qué meterse y por qué mandarme a la Justicia. El padre me cagó nueve años: me cagó a trompadas, me re insultó, me cagó con María y con cuantas mujeres se le cruzaban en el medio”.

Y concluyó: “Así que dígale que no haga nada, que se quede quieta, porque a mí no me van a hacer caso. Si usted le habla quizás pueda ser que le hagan caso; y si tampoco le hace caso a usted, saldré en la televisión, no me quedará otra”.

Tras escuchar la grabación, Horovitz ratificó que era su voz y explicó ante el tribunal que el audio había sido enviado a Baratta. Vinculó ese intercambio con una discusión mantenida con Gisela Centeno, hija del ex chofer Oscar Centeno.

“Como le comenté hace un rato a la doctora, ella quería mandarme a la Justicia: Gisela Centeno, la hija mayor de Centeno. Ella me dijo que me quedara quieta porque me iba a llevar a la Justicia, entonces le repetí yo a ella: ‘Bueno, si querés, vamos juntas así te ahorrás tiempo y vamos a la Justicia todos juntos’”, sostuvo.

Más adelante relativizó parte del contenido de la grabación y afirmó: “Lo del periodista es mentira, lo dije por decir”.

La fiscalía también reprodujo otros audios dirigidos a Miriam Quiroga -ex secretaria privada de Néstor Kirchner- y a otros interlocutores.

Fue durante uno de esos mensajes, en el que Horovitz intentaba coordinar un encuentro con Quiroga y mencionaba a un ser querido ya fallecido, cuando la testigo se quebró emocionalmente en plena audiencia y pidió salir de la sala durante unos minutos.

Al retomarse la sesión, el presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, informó que la audiencia quedaría suspendida hasta el jueves próximo y que la declaración continuaría desde las 9 de la mañana debido al estado de salud de la testigo.

“La señora Horovitz está descompensada. Pensamos que se iba a recuperar. Se llamó a una ambulancia del SAME (...). El tribunal entiende que es conveniente suspender la audiencia hasta el día jueves (...) por razones humanitarias y de salud de la testigo, doy por concluida la audiencia del día de hoy”, expresó el magistrado.

“¿Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?"

Uno de los tramos más delicados de la audiencia llegó cuando la fiscal Fabiana León comenzó a exhibir una decena de mensajes de WhatsApp enviados por Hilda Horovitz a Roberto Baratta entre 2016 y 2017. La secuencia, incorporada como prueba en el juicio oral, mostró referencias explícitas a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, a bolsos con dinero, supuestas visitas a “cuevas” financieras y reclamos económicos de la ex pareja del remisero tras la ruptura de la relación.

Los mensajes fueron leídos en audiencia tal como fueron incorporados al expediente, respetando la redacción original de la testigo Horovitz.

La mujer, ya afónica, ratificó uno por uno los intercambios exhibidos por la fiscalía y explicó el contexto en el que fueron enviados: un período atravesado por peleas, reclamos patrimoniales y, según sostuvo ante el Tribunal Oral Federal N°7, años de violencia física y psicológica por parte de Centeno.

Uno de los primeros mensajes incorporados correspondía al 18 de noviembre de 2016. Allí Horovitz escribió: “Me mudo el 16/12. Por favor no le diga nada a Oscar, porque me dijo que no hable más”. Inmediatamente después aparecía otro texto: “Gracias por hacer posible lo del departamento”.

Ante preguntas de la fiscal León, explicó que Baratta “le dio una mano” porque Centeno no quería asistirla económicamente tras la separación. “Yo le pedía a Baratta que me dé una mano, que hable con él para que no me deje en la calle”, declaró.

En uno de los mensajes del 27 de enero de 2017 escribió: “Lo hago para ensuciarlo el me cago 9 años me reputiaba me pegaba. Yo recien voy un año en hacerlo todo lo que el me hizo”.

En otro tramo agregaba: “De todo lo que fui contando es verdad sino el no me hubiera comprado el departamento mire todo lo que afano y ahora no me quiere depositar en el banco más. Todo lo que me falta para hacerlo mier…”.

Consultada sobre esos textos, Horovitz explicó que necesitaba dinero para arreglar el departamento donde vivía y sostuvo que en aquel momento estaba profundamente resentida con Centeno.

La fiscalía también incorporó mensajes donde aparecían referencias a presuntas maniobras de recaudación ilegal. Uno de ellos decía: “Esto nunca se lo dije, se quejaba de las migajas que usted le daba cuando iban al lugar top secret. Y yo le decia bueno pero por lo menos te tira algo. rezongar usted se llevaba lo mejor y lo arreglaba con migaja”.

Cuando la fiscal le pidió precisiones sobre el significado de “top secret”, Horovitz respondió ante los jueces: “Las famosas cuevas”.

En otro intercambio afirmó: “GRACIAS AL OS QUE USTED LE DABA Y LOS TESTAFERROS PUDO LOGRAR TODO LO QUE TIENE ACÁ Y EN SALTA”.

Y en otro mensaje escribió: “TODOS AYUDAMOS A QUE EL DISFRUTE LO QUE TIENE Y VAYA BIEN. ACÁ YO SALÍ PERDIENDO PORQUE TODOS USTEDE VIVEN BIEN , SALEN DE VACACIONES Y LA BUENA VIDA. YA CON ESTO NO LO MOLESTO MÁS. ESTO RECIÉN EMPIEZA”.

Fue en ese contexto que apareció otro de los mensajes enviados por Horovitz: “El que avisa no traiciona”.

La fiscal León le pidió entonces que explicara qué había querido decir con esa frase. La testigo respondió: “En este caso, mirá que te estoy avisando lo que voy a hacer: vos vas a saber lo que yo voy a hacer. No te estoy traicionando y clavando un puñal por la espalda: vos ya sabés que yo voy a hacer esto”.

Luego profundizó: “Yo ya lo tenía en mente, no es que yo me levanté el 1ro de noviembre de 2017, cuando vine a hacer la denuncia, y dije ‘voy a hacer esto’. Más que nada fue por todo lo que hizo, no es que fue por despecho, porque él me usó como pantalla… Fui juntando hasta que la olla a presión voló”.

La explicación funcionó como introducción a una serie de mensajes incorporados inmediatamente después por la fiscalía, todos fechados en mayo de 2017, donde Horovitz mencionaba explícitamente la existencia de los cuadernos varios meses antes de que el expediente se hiciera público.

Uno de ellos, del 11 de mayo de 2017, decía: “El tenia o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos ectc. Usted está en el cantri mapuche yo se que con lo que le mando me pone en DESPIOLE O PROBLEMAS CON OSCAR”.

Cuatro días después, el 15 de mayo de 2017, volvió a escribirle a Baratta: “Hola!Buen dia. Le queria contarle porque escribí a Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con feche y horario sacaba foto. Porque el decia que cuando termine la gestion si sutep le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer un entre piso, me dijo que va a ver cuanto me da. yo ya le mande el presupuesto mejor que lede todo”.

La fiscal León le pidió entonces que aclarara esa referencia y Horovitz respondió: “Si lo dejaban sin trabajo él iba a mostrar esos cuadernos”.

En otro mensaje del 20 de mayo de 2017 escribió: “Mientras todos viven de lujo yo tengo esto y no es justo. Usted flor de casa tiene en el Cantri mapuche yo fui con él lo conozco”.

Y dos días después envió otro de los mensajes más sensibles incorporados durante la audiencia: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dólares Robados de la cueva. Y que usted ledaba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos. Lo que nunca le conté que la casa de Bartolomé Mitre en once el departamento lo fue pagando en dólares en el banco icbc de rivadavia al 2400 yo hiva a depositar la plata. y esa casa de olivos también la compró en dolares todo al contado, y esta que me compró también la compró en dólares $55.00. Cómo un chofer de viceministro puede hacer tanto?”

La fiscalía le exhibió además fotografías de bolsos que Horovitz había enviado a Baratta y la mujer confirmó que eran las mismas imágenes incorporadas durante la investigación judicial.

“Yo no veía qué hacían con los bolsos”

Consultada por las defensas, Horovitz dijo que “le mandó las fotos” de los bolsos a Roberto Baratta para convencerlo de que “la ayude” económicamente.

Reiteró que nunca vio dinero en ellos, pero “escuchaba comentarios” de parte de Centeno sobre cómo acomodaba fajos de billetes en su interior.

“Me mostró uno específicamente y me explicaba cómo entraban”, aclaró.

Le exhibieron bolsos a la testigo

La fiscal Fabiana León pidió mostrarle una serie de bolsos que Horovitz entregó a la Justicia durante la investigación.

Al ser consultada por ellos, dijo que los recordaba, pero que nunca vio dinero en ellos, y que los usó para mudarse en dos oportunidades.

También indicó que les sacó fotos y que esas imágenes se las mandó a Baratta. El equipaje habría sido usado por Centeno en sus diligencias como chofer del entonces funcionario de Planificación Federal.

Las migajas de Baratta

“Yo no vi el bolso con plata”, dijo Horovitz pero agregó que escuchaba decir a Centeno que Baratta le daba “migajas”. “Él hablaba de las migajas que le tiraba Baratta, nunca dijo de qué era”, acotó en alusión al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex jefe del remisero, acusado junto con él en el caso.

En otro tramo de su declaración detalló que “en alguna oportunidad” y “cuando estaba medio picadito”, Centeno se quejaba: “Mirá lo que me tiró, yo lo llevé a afanar o a la cueva, lo llevé y me tiró migajas”.

“¿Usted vio cuadernos?” preguntó la fiscal León. “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo, los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. La testigo dio que no los leyó.

Luego detalló que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas, pero no leí”. “El una vez dijo que lo escribía por si lo dejaban sin trabajo”.

“Yo no sabía lo que decían los cuadernos”, respondió después ante la pregunta de una de las defensas y aseguró que se enteró “cuando explotó todo”, por las noticias.

A la hora de responder a una de las defensas reiteró: “No tengo la menor idea lo que escribía. Para no tener problemas no leía los cuadernos”.

Centeno y Baratta “eran muy amigos”, graficó: iban a jugar a la pelota, salían a comer. “Lo ayudaba mucho Baratta a Centeno”.

La testigo también contó que le enviaba mensajes a Baratta porque necesitaba ayuda económica y quería arreglar un departamento. “Baratta no me respondía. Centeno me decía: ‘Dejá de joder, no molestes más’”, sostuvo.

Ofuscada por preguntas que consideró reiterativas o de índole personal, se trenzó en discusiones en varias ocasiones con los defensores. “Con todo el que se le cruzaba me engañó”, dijo sobre Centeno. “Me cagó a trompadas, me pegó en el pecho”, agregó.

El fin del romance

—“¿Usted tenía ganas de continuar la relación con Centeno?“, quiso saber cerca del mediodía el defensor oficial del remisero. ”Creo que sí. Fueron casi once años y me parece que a cualquiera de nosotros le hubiese gustado seguir. No sé si estaba enamorada, pero lo quería, lo apreciaba, estábamos bien. Después me fui dando cuenta de que él me usó como una pantalla".

“No estoy despechada. Hablé porque él me cagó a trompadas. Cuando terminó de hacer la casa de Olivos estaba muy borracho. Otro día casi me tira por la escalera”, relató, mientras detallaba golpes y agresiones. Centeno dejó por un segundo de escribir en el block de hojas que llevó a la audiencia y la miró. El defensor trató de interrumpirla pero ella no lo dejó. “Ahora quiero hablar. Me jodió con cualquiera que se le cruzaba. Cuando terminó todas sus cosas, logró tener su casa y mandarle plata a la hija en Salta, dijo: con ”la infeliz ya se terminó, te vas a Ezeiza y no te quiero ver más’”.

Centeno ya mantenía una relación con otra mujer, aseguró. “El señor ya estaba con la que está ahora, porque ya tenía todo planeado. ‘Listo para vos, listo para mí’”, declaró. La defensa oficial de Centeno le preguntó si consideraba que él ya no quería seguir con ella. “No tuvo los suficientes huevos para decirme las cosas”, respondió.

Horovitz llegó a los tribunales de Retiro para declarar como testigo en el caso de los Cuadernos. La mujer de 58 años comenzó a hablar pasadas las 9:30 ante el Tribunal Oral Federal 7, prestó juramento de verdad y dijo ser desocupada. “Conozco a Centeno, estuve conviviendo con él, fui pareja desde 2006 a 2016”, informó sobre el remisero que está presente en la sala de audiencias.

El arrepentido Centeno concurrió a esta jornada del juicio y ella entró sin mirarlo a la sala de audiencias. El remisero tomó nota durante toda la declaración de su ex mujer, sentado detrás de su defensor oficial.

“El me perjudicó a mi con las trompadas, los insultos”, respondió cuando la defensa oficial de su ex pareja preguntó si quiso perjudicarlo. “Si, por todo lo que me hizo, hacemos esto, decimos esto y después cuando terminó, si te he visto no me acuerdo. El me usó a mi”, afirmó.

Tras dar personales, comenzó a responder preguntas de la fiscal León. “Lo conocí a él cuando estaba trabajando en un apart hotel en Parque Centenario”, comenzó a narrar. Alquiló una pieza y ahí empezó una relación, explicó. Tuvo que dejar su trabajo cuando el dueño del lugar se enteró de la relación y se fueron a vivir a Martínez.

“Me enteré que estaba trabajando con ‘Chelita’, la mamá de De Vido, así le decía él, la llevaba a los médicos y después empezó a ser chofer de Baratta”, puntualizó. De las anotaciones que hacía Centeno se enteró de “casualidad”, dijo ante una pregunta de la fiscal. “Yo no sabía que anotaba, me enteré después de un tiempo”.

“Cuando él se fue a Salta yo entré a revisar unas cosas para juntar, porque yo sabía que la relación siempre fue mala del momento uno, había momentos buenos, pero había más malos que buenos”, dijo.

“Yo era testaferro de él, me cubrí en sacarle los recibos de lo que hacía él con los autos”, explicó y luego detalló que la puso a nombre de autos que formaban parte de la flota que trabajaba para el Ministerio de Planificación, por ejemplo.

Su primera vez en Comodoro Py

A la hora de responder preguntas de la defensa de Baratta, encabezada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, relató cómo llegó a contactar al fiscal Carlos Stornelli y afirmó que nunca vio escribir al ex chofer en los cuadernos.

Según declaró, antes del 1° de noviembre de 2017, día en que fue a Comodoro Py, nunca había hablado con Stornelli. Explicó que abrió una computadora y buscó la causa de Gas Licuado porque quería denunciar “las agresiones y las cosas que Centeno me hacía”.

“Yo sabía que alguien ahí me iba a escuchar, que era Stornelli. Quizá le iba a interesar el tema”, afirmó. Contó que preguntó dónde estaba el fiscal, le dijeron que en el cuarto piso, habló con una secretaria y luego la hicieron pasar. “Dije que yo quería venir a denunciar a Oscar Centeno, el chofer de Baratta”, relató.

La mujer sostuvo que nunca le avisó a Centeno que iba a declarar. También explicó que entregó papeles vinculados a la documentación a Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, y que incluso habló con un hijo de Quiroga para pedirle si podía guardarlos. Dijo que hizo copias cerca de donde trabajaba, en Yacimientos Carboníferos, y luego volvió a dejar los originales donde estaban.

Horovitz aseguró que Quiroga le entregó esa documentación a Baratta y que después “los hizo desaparecer”. Ante la pregunta de cómo sabía eso, respondió: “En una noticia salieron chats de ellos diciendo ‘a esta pirucha hay que callarla y hay que hacer desaparecer los papeles’”.

También explicó que decidió darle los documentos a la ex secretaria porque ella “iba a todos los canales” y la veía frecuentemente en televisión. Quiroga está citada como testigo el jueves pero según trascendió intentará evitar asistir presentando un certificado médico.

Quién es la ex pareja de Centeno

La mujer llegó a tribunales con una amiga y aguardó durante casi una hora en el bar de la planta baja hasta que fue convocada.

El juicio comenzó en noviembre pasado, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, a dos de sus choferes y a 65 empresarios.

Se les imputa haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de diversas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.

Horovitz es la expareja de Centeno, quien fue chofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Centeno es, además, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.

Según ya declaró en la investigación, Centeno guardaba en la casa de Olivos los cuadernos donde registraba con detalle sus recorridos como chofer del exfuncionario, en presuntas maniobras de recaudación de sobornos empresariales durante el kirchnerismo. Sostuvo que anotaba “todos los movimientos que hacía con Baratta”. Ella afirma que nunca los leyó. También recordó que estaban guardados “en un ropero situado frente a la cama” que compartían.

Centeno la denunció por una supuesta extorsión y en el juicio Bacigalupo también contó que su amigo le refería que la mujer presionaba a Baratta para obtener dinero a cambio de guardar silencio. “Pedía dádivas para no abrir la boca”, dijo según comentarios del remisero acusado. En los teléfonos del exfuncionario kirchnerista que peritó la Justicia, se encontraron mensajes vinculados a esta versión de los hechos.

“Es una pérdida irreparable, inconmensurable. No hay palabras que calmen la ausencia”.

La expresión sentida, venida de lo hondo, surge de la boca de quien supo encarnar la voz de la Armada ante la sociedad durante los primeros días de la tragedia que conmovió a un país entero. Allí están los 26 días seguidos con conferencias de prensa en el Edificio Libertad, frente a las cámaras de todos los medios de comunicación, casi en cadena nacional, con la información que iba llegando y decodificándose en tiempo real, con familiares en la angustiosa espera de algún indicio en el mar que llevara al reencuentro con los suyos.

Épocas de una convulsión generalizada, con una Marina enfrentando algo súbito y dando los primeros pasos hacia un camino de disrupción interna, con búsquedas apresuradas de un culpable en los despachos, mientras afuera, en un tormentoso océano atlántico, se desplegaba una operación de búsqueda y rescate sin igual, hasta con voluntarios embarcados con la inquieta esperanza de confirmar la sospecha primera: que todo era un problema de comunicaciones entre el submarino y su comando en tierra.

A los días llegó la “anomalía hidroacústica” de las 10:51, “consistente” con una implosión de un casco.

Desde entonces: la tragedia, la cara de lo insondable. Un abismo de angustia para cada una de las familias. Un desgarro para todo el cuerpo naval.

Desde entonces el dolor abisal. Y el “misterio técnico”, tal como declaró un testigo ingeniero durante el juicio oral que tramita desde hace casi 2 meses en la ciudad de Río Gallegos, en manos del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Si bien el proceso procura determinar si existieron responsabilidades penales en la cadena de comando operativo de la Armada, en virtud de la misión que llevó al San Juan a navegar su última patrulla, las 24 largas audiencias a la luz del público y de riguroso contenido técnico, van permitiendo inferir que, al final de todas las hipótesis que se barajan sobre lo ocurrido aquel 15 de noviembre de 2017, lo único que permanece es un gran misterio.

La tragedia está compuesta de incógnitas, que se muestran en el hecho de no saber qué ocurrió fehacientemente entre la última conexión del buque con el Comando de la Fuerza de Submarinos y su hora fatídica, registrada por sonares de entidades internacionales como la US NAVY y la CTBTO.

Además del árido contenido de las audiencias, que vienen abordando saberes de ingeniería naval y conceptos de especialización química, mecánica, física y hasta estratégico-operativa, los cuatro jueces que forman parte del proceso judicial han escuchado una docena de testimonios que dieron cuenta de la experiencia subjetiva de un dolor colectivo.

Allí se podría inscribir el testimonio de unas casi tres horas que ofreció esta semana el contralmirante retirado Enrique Balbi, ex jefe de Prensa: el oficial submarinista a cargo de contestar preguntas en nombre de la Armada y de intentar bajar al llano las implicancias técnicas de una pérdida de contacto con un submarino, la apertura de un caso SARSUB, su cierre, y hasta la anomalía hidroacústica en el medio del Atlántico.

“Voy a tratar de no quebrarme”, advirtió Balbi apenas comenzó a responder una pregunta del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales que viajaban a bordo del submarino y que estaba haciendo sus primeras singladuras como alumno de esa Escuela de armas. Tagliapietra es querellante desde el principio de la causa, que se inició en Caleta Olivia bajo la dirección de la jueza Marta Yañez, a quien suele criticar por haber enviado un expediente a juicio sin concretar ninguna pericia técnica que pudiera analizar -de máxima- los restos del naufragio y -de mínima- las imágenes de éstos.

Aún así, antes del registro más emocional de la declaración, Tagliapietra mantuvo con el testigo un extenso intercambio sobre las decisiones adoptadas por la cadena de mando tras el envío del SITREP, ese reporte donde la tripulación dejó por escrito -el miércoles 15 de noviembre a las 6 de la mañana- un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico en las baterías de proa.

El querellante le preguntó puntualmente si, frente a ese escenario, el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), Claudio Villamide, apostado en Mar del Plata, debía haber convocado a su Estado Mayor para analizar la incidencia informada por su subordinado y comandante del buque, el capitán de de fragata Pedro Fernández.

“Ante una situación como la del SITREP y todo lo que sucedió entre el 14 y el 15 de noviembre, ¿el comandante de fuerza debe convocar a su Estado Mayor para asesoramiento y para tomar decisiones en función de lo que pudiera tener que resolverse? ¿O es potestad suya decidir si quiere hacerlo o no?”, planteó el padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

Balbi respondió que esa determinación quedaba librada exclusivamente al criterio del comandante. “Es potestad de él querer convocarlo o no; está en todo su derecho. Él considera si es necesario o no. Nadie lo obliga a convocarlo”, dijo.

Tagliapietra insistió entonces sobre el componente técnico de la avería reportada por la nave en medio de un temporal y preguntó si, tratándose de un problema eléctrico, no hubiese sido razonable convocar a un especialista para asesorar al comando de la fuerza.

El ex vocero evaluó entonces que el cuadro informado durante las comunicaciones no justificaban necesariamente una convocatoria de esa índole. Según calculó, cuando se produjo la primera llamada satelital de las 23:42 del martes 14 de noviembre, donde el jefe de operaciones del San Juan habló con el jefe de operaciones en tierra -capitán Correa, hoy imputado-, el submarino ya había recuperado propulsión en “circuito dividido” -con la mitad de sus baterías activas-, navegaba en superficie para ventilar todo rastro de hidrógeno y avanzaba con un rumbo fijado para “correr el temporal”, es decir, para moverse a favor del viento y las olas y sufrir un menor desgaste en la tripulación y el material.

“En media hora o 45 minutos -después de la avería- ya estaba con propulsión, a rumbo 080° -dirección Este-Noreste-: eso da una tranquilidad bárbara”, explicó. Luego fue más allá y asentó su opinión profesional sobre cómo habría actuado él como COFS frente a esas circunstancias: “¿Para qué consultar a un consejo asesor o a un especialista? (...) Yo no lo hubiese convocado. Si -la embarcación- ya estaba en superficie y con propulsión...”.

Sobre el cierre de ese tramo, el contralmirante retirado aseguró que, con la información que él conoció acerca del incidente eléctrico en el tanque de baterías sector proa, habría actuado de igual forma que el comandante de la embarcación.

“Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que el capitán Fernández: salir a superficie, ventilar, después cerrar escotilla, cargar aire; y si puedo ir a inmersión, voy a inmersión. Para que no se lastime nadie, no se rompa el submarino”, afirmó al ponderar el protocolo que siguió Fernández ante el incidente.

Luego volvió sobre el capitán del barco, a quien elogió y describió como “muy profesional y meticuloso”, rechazando también que la tripulación hubiera actuado de forma imprudente ante la emergencia a bordo.

“A los submarinistas nos gusta navegar bajo el mar, pero no somos temerarios y menos suicidas”, resaltó.

El tono del interrogatorio pasó poco después a una esfera más personal cuando Tagliapietra introdujo una pregunta respecto de los 44 tripulantes -11 oficiales y 33 suboficiales; 43 hombres y una mujer- a bordo del San Juan.

“Sé que conoció a muchos de los tripulantes, ¿qué nos puede decir de ellos como profesionales, como personas?”, planteó.

Balbi, vestido de civil en el medio de la sala de audiencias frente al estrado y a una cámara que transmite en vivo, hizo una breve pausa. Se tomó unos segundos de más, como advirtiendo su ingreso a una arena emocionalmente más comprometida aún.

Ahí comenzó: “Yo esto como vocero nunca lo pude hacer: nadie me preguntó cómo me sentía, cómo viví la experiencia. Ni quiero pensar los familiares, que llevan la mayor carga. Esta pérdida es inconmensurable, irreparable”.

A partir de ese momento el testigo abandonó por completo las cuestiones de interés técnico, operativo y reglamentario, y se dedicó a trazar con miramiento un relato íntimo sobre su vínculo con buena parte de la dotación del submarino San Juan, un buque de guerra en el que él mismo había navegado durante años.

“Primero que nada: era también mi submarino el San Juan. De los siete años embarcados, cinco fueron en el submarino”, expuso antes de mencionar que su padre también había sido submarinista.

Balbi repasó luego parte de su trayectoria dentro de esa Fuerza, donde llegó a acumular decenas de navegaciones y más de 34 mil millas bajo el mar. Pero aclaró que el aspecto profesional era apenas una dimensión de lo compartido con los 44 tripulantes.

“Conocía a la mayoría y no solamente a ellos: conocía a los familiares”, aseveró con voz grave.

Enseguida focalizó en el capitán de corbeta y segundo comandante del San Juan, Jorge Ignacio Bergallo, quien había sido su subordinado en el submarino ARA Salta cuando él comandó esa unidad naval en 2011. También recordó al propio comandante Fernández, al jefe de operaciones Fernando Villarreal y a varios suboficiales de la dotación, entre ellos Wagner, Gallardo, Vargas, Ibáñez y Real, con quienes compartió años de servicio y navegación.

“Compartimos un montón de singladuras bajo el mar, reuniones familiares, asados, reuniones sociales, partidos de fútbol, partidos de rugby inclusive con Bergallo. ¿Cómo no emocionarme?”, se preguntó el submarinista.

En otro pasaje de la audiencia el marino describió el detalle de cómo era la vida dentro de un cilindro hecho de acero: el encierro, la falta de privacidad, los olores permanentes a combustible e hidráulica, la iluminación artificial y el aislamiento total del exterior durante semanas. “Días si ver el sol”, ilustró.

“Es un ambiente confinado -enumeró Balbi-, encerrado, lejos del contacto con el exterior, espacio reducido, poca luz, blanca, artificial, olores raros, hidráulica, combustible; poca intimidad; muy incómodo”. Sin embargo, explicó que existía una fraternidad difícil de describir para quienes eligen navegar bajo el mar.

“Algo tiene que haber en esta fraternidad, en la camaradería de navegar bajo el agua”, reflexionó. Y agregó: “Yo creo que es el compromiso, disfrutar navegar bajo el mar, trabajar en equipo, desafío, aventura”.

El ex vocero habló del impacto emocional que le generó el papel que ocupó durante la búsqueda del submarino. Recordó que durante casi un mes encabezó conferencias de prensa bajo su rol como representante de la institución naval, con hasta cuatro intervenciones por día.

“Yo sufría todos los días cada vez que tenía que dar un parte, y hasta cuatro veces por día 26 días seguidos”, contó.

Luego evocó sus momentos de quiebre en privado y junto a su esquema de trabajo en la mesa de comunicación institucional de la Armada y sus propios subordinados en el Edificio Libertad, donde había “llegado a llorar en soledad y obviamente con los profesionales” de su equipo, como “mis subordinados del piso 14″, con quienes “hemos llorado en cada uno de los hitos de comunicación institucional más importantes”.

A su vez completó: “Cuando fue lo de la anomalía hidroacústica, o cuando finalizó la búsqueda operativa con nula capacidad de conseguir rescate de los tripulantes. Yo he llorado solo, con mi gente y mis subordinados, pero nunca lo pude hacer preguntado por nadie”.

También destacó al papá de Jorge Ignacio Bergallo, el capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, prestigioso submarinista dentro de la Fuerza, con quien recordó haber llorado en una conversación por teléfono durante los primeros días críticos. “Me acuerdo que yo lloraba y él no; el señor capitán Bergallo es una persona muy particular, muy especial”, expresó.

Antes de finalizar su testimonio en Río Gallegos, Balbi quiso honrar a los submarinistas y a todas sus familias: “Elevo mi pensamiento en patrulla eterna y respeto profesional y personal de los 44 tripulantes”, dijo.

Y remató: “No hay palabras que calmen, así como es una herida abierta para la Armada y los submarinistas en particular, ni quiero pensar para los familiares. Yo sé que es así... Es una pérdida irreparable, inconmensurable. No hay palabras que calmen la ausencia”.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 porteño, Sebastián Ramos, volvió a citar a declarar a 23 efectivos de la Policía Federal que habrían integrado la custodia de Evo Morales durante su asilo político en la Argentina, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores vinculados al exmandatario boliviano.

La resolución, enmarcada en el expediente CFP 4391/2024, fijó nuevas audiencias testimoniales entre luego de que una convocatoria anterior prácticamente fracasara: de los 29 policías originalmente citados, solo seis comparecieron ante la Justicia.

La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la Fundación Apolo, que sostiene que durante la permanencia de Morales en el país -tras abandonar Bolivia en noviembre de 2019 y recibir asilo político del gobierno de Alberto Fernández- habrían ocurrido hechos vinculados al traslado y convivencia con menores de edad en condiciones presuntamente irregulares.

En abril de 2025, la Sala I de la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens- ordenó reabrir el expediente al considerar que el archivo de la causa dictado en primera instancia había sido “prematuro” y que la denuncia contenía elementos suficientes para profundizar la pesquisa. Además, el tribunal de alzada reconoció a la Fundación Apolo como querellante en el expediente.

La ONG había denunciado al ex mandatario boliviano por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados a delitos de trata de personas. Según la presentación judicial, durante el asilo político otorgado en la Argentina Morales habría convivido con adolescentes trasladadas desde Bolivia, quienes presuntamente realizaban tareas domésticas y personales.

Uno de los testimonios centrales incorporados a la denuncia fue el de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, quien aseguró haber visto menores de edad en situaciones de “servidumbre” durante visitas realizadas al expresidente en la Argentina.

De acuerdo a la presentación, también habría mencionado que “niñas” eran ofrecidas como “obsequios” a dirigentes políticos a cambio de favores gubernamentales.

La reapertura del expediente derivó ahora en una nueva ronda de testimoniales para efectivos policiales que habrían formado parte del esquema de seguridad de Morales durante su permanencia en territorio argentino.

Entre los convocados figuran Gustavo Grandolu, Marcos Geier, Marcelo Roppel, Ricardo Infante, Walter Reinoso, Daniel Taglioretti, Javier Díaz, Lucas Roldan, Matías Virgilio, Iván Fontanillo, Ariel Basualdo, Nicolás Herrera, Carlos Miño, Alcides Eitner, Ricardo Mujica, Mariela Medina, Dardo Palavecino, Gustavo Laviola, Ricardo Altamirano, Diego Herrera, Gustavo Chacur, María Corallo y Axel Maximiliano Romero Solis.

Habrá audiencias la última semana de mayo y hasta el 30 de junio, con un cronograma que prevé dos declaraciones por jornada.

Además, el juez Ramos ordenó notificar “de manera urgente” a la Superintendencia de Personal y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina para garantizar el diligenciamiento de las citaciones y remitir las constancias correspondientes al expediente.

Desde la Fundación Apolo cuestionaron la baja concurrencia registrada en la primera ronda de testimoniales y calificaron la situación como “de extrema gravedad institucional”.

“Resulta llamativo e inexplicable que solo seis de los efectivos convocados se hayan presentado. Esperamos que en esta oportunidad se garantice el cumplimiento efectivo de las citaciones y el avance de la investigación”, señalaron desde la organización.

“La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes intervinieron y qué responsabilidades pudieron existir. La transparencia institucional exige respuestas claras y una investigación seria”, agregaron.

Así las cosas, la instrucción penal apunta a reconstruir qué ocurrió durante la estadía de Morales en la Argentina y cuál habría sido el rol de las personas que participaron de su esquema de seguridad y asistencia logística mientras permaneció asilado políticamente en el país.

El exvocero de la Armada Enrique Balbi, contralmirante retirado y submarinista, declaró este jueves durante casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en el primer tramo de una nueva audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

En su declaración sostuvo una hipótesis personal sobre la secuencia que, a su criterio, derivó en la pérdida del submarino: un ingreso de agua de mar por el snorkel habría provocado un cortocircuito en las baterías, una salida de emergencia a superficie y, horas después, un evento súbito ocurrido ya “en plano profundo” que terminó en la implosión del buque.

Aclaró varias veces que se trata de una interpretación propia basada en los registros disponibles y que no podía probarla. La exposición se extendió hasta que el presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, dispuso un cuarto intermedio para descansar unos minutos antes de retomar la jornada.

En medio de su testimonio, además, la transmisión oficial del debate oral fue interrumpida momentáneamente para exhibir imágenes sensibles vinculadas al trágico suceso.

A lo largo de su declaración, en Río Gallegos, el contralmirante retirado recorrió distintos aspectos técnicos y operativos de la vida submarina. Habló sobre las condiciones meteorológicas del Atlántico Sur, relató experiencias propias como comandante de una unidad submarina durante patrullas de control de mar, describió cómo se navega en medio de un temporal y repasó las lecciones aprendidas durante la operación de búsqueda y rescate, cuando se convirtió en el principal nexo entre la Armada y los medios de comunicación, con hasta cuatro exposiciones diarias durante 26 días consecutivos.

Además, el exjefe de Prensa naval fue convocado por la fiscalía y respondió preguntas de los querellantes Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, además de las defensas de Claudio Villamide, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, los cuatro ex oficiales de la Armada acusados por presuntas negligencias y omisiones vinculadas al hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El eje central de su declaración giró alrededor del SITREP -reporte de situación- emitido por el ARA San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 mediante el sistema HF TONINA, como ampliación por escrito de lo informado horas antes, a las 23:42 del 14 de noviembre, durante una comunicación por telefonía satelital. En ese mensaje, la tripulación reportó:

“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

A partir de ese mensaje, el testigo desarrolló una reconstrucción técnica de lo que pudo haber ocurrido. Su hipótesis comenzó con el ingreso de agua por el snorkel, un sistema que permite ventilar el submarino y cargar baterías mientras navega en inmersión próxima a la superficie. “Por el snorkel siempre entra un poco de agua, y más cuando hay oleaje, altura de mar, temporal”, expresó. Según dijo, un submarino convencional está preparado para hacer snorkel incluso en condiciones adversas: “Todo submarino convencional está previsto en cualquier condición hacer snorkel”.

En ese punto, el submarinista ubicó el contexto meteorológico. El San Juan navegaba con "estado de mar 6″, equivalente a olas de aproximadamente seis metros. Para el ex vocero de la Armada, ese dato no explica por sí solo la pérdida del buque. “Ningún submarino se va a hundir por mal estado de mar”, explicó.

Sí describió, en cambio, un escenario de fuerte rolido, incomodidad extrema y movimientos bruscos dentro de una estructura cilíndrica que no tiene estabilidad de forma, sino de peso, dada principalmente por sus 960 elementos de baterías distribuidos en la parte inferior del casco.

El marino retirado explicó que el agua que ingresa por el snorkel debería acumularse en un pozo específico, ubicado en el compartimento de máquinas, sobre la banda de estribor. Esa sentina, dijo, cuenta con sensores y alarma para achicar en caso de acumulación. Cuando se activa, el operador de la consola de control de buque debe ordenar la verificación de la sentina del pozo de snorkel.

Sin embargo, según su interpretación, el rolido pudo haber desplazado una porción de agua hacia la parte de la tubería con la válvula ECO-19, descripta como una “Y griega invertida” dentro del sistema de ventilación.

Esa tubería, agregó, tiene “grifos testigos” antes y después, que deben permanecer abiertos y limpios para detectar presencia de agua o lagrimeo. “Pero creo que debe haber sido un bolsillo de agua que pasó por la válvula ECO-19”, sostuvo.

A partir de allí, reconstruyó una secuencia precisa: luego de la comunicación de las 22 del martes 14 de noviembre, el submarino habría vuelto a inmersión y, al adoptar una leve inclinación de proa hacia abajo para ir a plano 40, ese bolsillo de agua habría avanzado hacia la carcasa del ventilador de proa de baterías.

Para Balbi, esa pequeña inclinación pudo haber sido suficiente para que el agua superara la carcasa del ventilador y alcanzara las barras de baterías. “Es suficiente un baldazo de agua de mar para un cortocircuito. Estoy seguro que saltó la propulsión”, declaró. Comparó ese efecto con el disparo de un disyuntor domiciliario: ante el contacto del agua salada con las barras, se habría producido el cortocircuito informado luego en el SITREP.

Para el ex comandante de submarinos, ese episodio explicaría la maniobra posterior. Si el buque perdió propulsión mientras descendía hacia plano profundo, el procedimiento indicado era subir a superficie. “El rol dice: vamos a superficie, ya estoy sin propulsión, se soplan tanques resistentes”, explicó. Según esa hipótesis, el ARA San Juan emergió para ventilar, cargar aire y recuperar reserva en los botellones necesarios para poder soplar nuevamente los lastres en caso de otra emergencia.

En esa línea, el contralmirante retirado interpretó que la llamada satelital de las 23:42 del 14 de noviembre fue realizada cuando el submarino ya estaba nuevamente con propulsión, navegando con rumbo 080, “surfeando la ola” y “corriendo el temporal”, no capeándolo. También remarcó que esa comunicación no la hizo el comandante Pedro Martín Fernández, sino el jefe de operaciones, Fernando Villarreal, al jefe de operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos.

“Ya lo vamos a encontrar, está en superficie”, recordó haber pensado cuando tomó conocimiento del SITREP. Según dijo, estaba convencido de que el comandante no habría permanecido en inmersión luego de un episodio de esas características.

A criterio del testigo, después de ese incidente el buque permaneció varias horas en superficie. “Tuvo que quedarse en superficie unas horas para ventilar y cargar aire”, consideró.

El submarinista estimó luego que esa permanencia pudo extenderse hasta alrededor de las 4 de la madrugada, a partir del análisis de distintos registros: log-ons de la antena satelital, llamadas por telefonía satelital, comunicaciones por radiotelefonía HF y mensajes por HF TONINA. También mencionó una comunicación cercana a las 3:30 con Puerto Belgrano y la siguiente llamada satelital registrada recién alrededor de las 7:20.

Desde allí, ubicó una segunda etapa. Según su reconstrucción, alrededor de las 4 el submarino habría iniciado la maniobra para pasar de superficie a plano periscopio -18 metros-, una operación que, bajo ese estado de mar, no consideró sencilla. “No debe haber sido fácil la maniobra de superficie a plano periscopio”, afirmó. Para el ex vocero naval, el buque habría permanecido cerca de tres horas en ese plano sin novedades.

El último tramo de su hipótesis se concentró en lo ocurrido después de las 8:45, horario aproximado del último log-on registrado. El testigo interpretó que, a partir de ese momento, el ARA San Juan habría descendido nuevamente a plano profundo. “Algo pasó a plano profundo”, advirtió. De acuerdo a sus cálculos, si la implosión fue detectada a las 10:51 y el descenso final hasta la profundidad de colapso pudo haber demandado unos 25 o 30 minutos, el evento que dejó al buque sin capacidad de reacción habría ocurrido alrededor de las 10:20.

Ese razonamiento dejó, según el propio Balbi, una franja crítica de aproximadamente una hora y media sin registros. En ese lapso, el submarino habría navegado en plano profundo hasta que ocurrió un episodio que no pudo identificar con certeza. “Mi opinión: tiene que haber sido súbito, inmediato, que los dejó sin reacción”, declaró.

El contralmirante retirado descartó expresamente dos escenarios: que el submarino se hubiera puesto pesado y que hubiera sufrido una entrada masiva de agua. Sobre el primer punto, explicó que el buque ya había permanecido varias horas en plano periscopio, donde se lo dosa y se lo trima con mayor precisión. Sobre el segundo, sostuvo que una inundación importante no se condice con una implosión. “Yo descarto la entrada de agua, descarto que se haya puesto pesado, pero algo tiene que haber pasado”, resumió.

Entre las posibilidades, mencionó un incidente al abrir o ingresar al tanque de baterías, un intento de reconexión de la batería o un cambio de etapa dentro del circuito dividido. Sin embargo, insistió en que no podía afirmarlo. Para el ex jefe de Prensa de la Marina, la clave fue que el episodio final no dio margen de maniobra: ocurrió de manera repentina, en profundidad, y dejó a la tripulación sin reacción posible.

Además, describió las dificultades de navegar en superficie con durante un fuerte temporal. Dijo que el interior de un submarino bajo malas condiciones meteorológicas es “muy incómodo”, con fuerte rolido, mareos, olor a combustible e iluminación artificial constante. “No se ni puede comer”, resumió.

El ex vocero de la Armada también repasó cómo se organizó la comunicación institucional durante la operación de búsqueda y rescate del submarino. Relató que el jueves 16 de noviembre por la tarde fue alertado sobre la pérdida de comunicaciones de la nave y regresó al Edificio Libertad para incorporarse de inmediato al seguimiento de la situación.

Según explicó, una de las “lecciones aprendidas” de aquel operativo fue la necesidad de centralizar la comunicación institucional. También mencionó que, con el diario del lunes, debió haber acompañado desde el inicio al entonces ministro de Defensa y al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, a la primera reunión informativa que hubo en Mar del Plata para comprender mejor el contexto general de la emergencia. “Yo tendría que haber viajado con el ministro y el almirante Srur, interiorizarme, entender el contexto, la situación, e ir armando eventualmente lo que después se requería”, reflexionó.

Luego aseguró que nunca recibió instrucciones para ocultar información a las familias o a la prensa.

“Yo nunca tuve ningún tipo de que me hayan forzado a decir una cosa por otra; ni obligado ni prohibido”, afirmó.

La declaración del ex vocero se dio en el marco de la jornada número 24 del debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Tras esta audiencia, el juicio ingresará en un cuarto intermedio de una semana y se reanudará el lunes 1, cuando se escuchará a los últimos testigos previstos antes de la ampliación de indagatoria del contralmirante Luis López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento de los hechos investigados en esta causa.

En la lógica submarinista, cuando una situación se vuelve crítica en el mar, la decisión final queda concentrada en una sola persona. “Todos se dan vuelta y lo miran y dicen ‘a ver qué es lo que va a decir el viejo’”, resumió este miércoles el contralmirante retirado Gustavo Krasser ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El “viejo”, aclaró enseguida, suele ser “un tipo de 41 años que es el comandante”.

Krasser declaró como testigo en la audiencia número 23 del juicio en curso por el naufragio del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51 con 44 tripulantes a bordo. Como ex comandante de la Fuerza de Submarinos -puesto que ocupó en 2011-, habló sobre la autonomía operativa de los comandantes, las condiciones meteorológicas del Atlántico Sur, el estado operativo del buque antes de su última navegación y el análisis técnico que realizó años después como asesor de la Comisión Bicameral Investigadora creada por el Congreso.

El oficial ocupó desde 1986 distintos cargos dentro del arma submarina. Fue jefe de navegación, jefe de armas, segundo comandante y comandante. Estuvo embarcado en los dos submarinos clase TR-1700 con los que contaba la Marina: el ARA Santa Cruz y su gemelo, el propio ARA San Juan, al que tuvo que trasladar en superficie desde Mar del Plata hasta Buenos Aires para iniciar en 2007 las reparaciones de media vida.

Ya retirado, la Armada lo designó como uno de los cuatro especialistas que asesoraron como expertos a la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada en 2018 e integrada por seis senadores y seis diputados, quienes presentaron el informe final en julio de 2019.

“La responsabilidad del comandante sobre su buque es absoluta”

Buena parte del testimonio giró alrededor de la figura del comandante de unidades submarinas y del margen de autonomía que posee durante una navegación en base a la normativa aplicable. “La responsabilidad del comandante sobre su buque es absoluta”, aseguró con asertividad al abordar el tema. Allí puntualizó que el Reglamento General del Servicio Naval establece que el titular de un buque “es responsable del alistamiento, del adiestramiento, del cumplimiento de la misión, de informar si no puede cumplir determinada misión y de otras cosas más”.

“Es uno de los capítulos más extensos del Reglamento General del Servicio Naval”, aclaró. Y formuló: “Pensemos que un comandante de la Armada a veces está navegando en aguas internacionales y puede tener incidentes con buques de terceras banderas, o puede ir con un buque a Brasil y tener un incidente civil o policíaco, si se quiere; (...) o viene alguien a pedir asilo a su buque: todo eso está contemplado y son las atribuciones que tiene el comandante; está todo reglamentado”.

Según describió el testigo, esa autonomía en cabeza del comandante es el resultado de un largo proceso de formación y selección dentro de la institución. Antes de asumir el mando de un un submarino, todo oficial atraviesa distintos destinos y evaluaciones internas para analizar si se “es apto o no" para liderar una unidad.

En ese marco, el contralmirante retirado detalló que primero un oficial debe ejercer lo que la Armada denomina un “comando de tercera clase”, generalmente sobre unidades auxiliares. En su caso, recordó haber comandado el aviso ARA Gurruchaga y participar en patrullas en la Zona Económica Exclusiva y en operaciones SAR. Luego interviene una Junta de Calificaciones integrada por submarinistas antiguos de la fuerza, donde “hay un oficial informante que hace un análisis" de toda la carrera del oficial que pretende asumir el comando de un submarino y “eleva un informe a la Junta de Calificaciones”, describió.

El procedimiento es el mismo desde el “comando de tercera” hasta llegar al “de segunda”, como es el caso de un submarino, pasando nuevos exámenes y filtros ligados a la Junta de Calificaciones. En ese punto, Krasser vinculó la selección y preparación del personal con las condiciones operativas del Atlántico Sur y el tipo de navegación que realiza la Armada argentina en su plataforma marítima.

“La tripulación está preparada en ese mar porque desde que nos embarcamos, siendo cadetes en la Escuela Naval, en los embarcos de adiestramiento, estamos acostumbrados al amarineramiento de esas condiciones de mar”, contestó el testigo ante una pregunta respecto de la aptitud de los oficiales para afrontar características hidrometeorológicas como las del mar argentino. Luego subrayó que en las “fojas de conceptos” del personal naval existe incluso un ítem específico para evaluar la reacción de cada marino ante esas condiciones: “figura un renglón donde se califica ‘se marea, no se marea’, y si se marea ‘se sobrepone o no se sobrepone’”.

“Hay una preparación”, resumió.

A partir de ese momento, desarrolló uno de los conceptos centrales de la jornada en el tribunal oral: la autonomía del comandante una vez que el submarino se hace a la mar. El defensor Juan Pablo Vigliero, representante del imputado Claudio Villamide, uno de los cuatro ex oficiales que afrontan cargos penales en este proceso, le preguntó qué suele esperar un comandante en navegación de su superior en tierra.

El submarinista contestó rápido: “Que le imponga la misión y le dé la máxima libertad de acción para poder desarrollar su trabajo”.

Y al respecto amplió: “Máxima libertad de acción: la autonomía para poder desarrollar dentro del marco de la misión todo lo que tiene que hacer, sabiendo de antemano que el comandante es responsable de la navegación, de su tripulación y del medio que está conduciendo”.

Vigliero le consultó entonces si un comandante podía escuchar opiniones del resto de los oficiales de su Plana Mayor y de sus suboficiales en el buque ante algún tipo de percance durante la navegación.

“Sí, lo puede hacer tranquilamente”, dijo, e insistió: “Ahora, la opinión definitiva es del comandante”.

Fue en ese contexto cuando Gustavo Krasser pronunció una de las frases más resonantes de la audiencia de este miércoles. “Mire doctor, -planteó- cuando las cosas se ponen feas, todos se dan vuelta y lo miran y dicen ‘a ver qué es lo que va a decir el viejo’; el viejo es un tipo de 41 años que es el comandante... Es tan simple como eso”.

De acuerdo a su experiencia, dentro de la cultura submarinista existe por otra parte una fuerte práctica de autocrítica tras cada ejercicio o navegación de adiestramiento. “Cuando vamos y hacemos ejercicios de combate y termina el ejercicio hacemos todo un racconto, y el comandante es el primero que dice ‘yo me equivoqué, porque en tal lugar tendría que haber caído un minuto antes, porque así hubiera favorecido a tal ploteo que hubiera favorecido una mejor solución’: lo tenemos enraizado”, ejemplificó.

Para describir cómo funciona esa lógica en la práctica recordó una experiencia personal durante una patrulla de control marítimo realizada en 2008 dentro de las 200 millas. Según relató, navegaban en medio de “una tormenta muy importante” mientras el submarino permanecía a “plano 40”, a unos 40 metros de profundidad. Bajo ese contexto, en la orden que le habían asignado desde el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) figuraba el deber de subir a profundidad de periscopio -18 metros- para desplegar una antena y transmitir comunicaciones.

“En plano 18 el buque se empezó a comportar como una coctelera tan grande que medio que se lo chupó la superficie. Yo pensé que se nos rompía la vela. Estuvimos casi media hora para lograr que se asentara y pudiéramos ir un poquito más abajo. Tal es así que se descalzó un matafuego y le pegó en la pierna a mi suboficial de buque, suboficial Manrique, y pensábamos que tenía una fractura; por suerte no se dio porque estábamos a 4 días de puerto (...)“, relató el testigo convocado por la fiscalía.

“Ahora bien -continuó el submarinista-, cuando eso terminó, yo reuní a mi Plana Mayor en la cámara de oficiales. Ya todos tranquilos, pedimos un café y, si me permite el exabrupto, les dije ‘cuando sean comandantes, no sean pelotudos como fui yo, que por cumplir esta orden tendría que haber buscado otra manera, pero no haber puesto en riesgo la vela o haber ocasionado un daño al submarino’“.

El estado operativo del ARA San Juan y la doctrina de vigilancia

El clima del Atlántico Sur y hasta la pendiente de su plataforma marítima emergió como uno de los ejes centrales de su exposición. Krasser describió al mar argentino como “un ambiente operacional bastante difícil”, con condiciones hidrometeorológicas “muy cambiantes y a veces muy adversas”.

Sobre ese punto, explicó que la Armada argentina desarrolló experiencia específica en operaciones sobre aguas relativamente poco profundas, muchas veces cercanas a los 200 metros. Indicó que esa característica altera la propagación del sonido bajo el agua, un elemento central para las actividades del submarino como instrumento militar de información y ataque sigiloso.

Luego comentó que había navegado en submarinos italianos, turcos, peruanos y brasileños y que esas marinas operaban en condiciones muy diferentes a las del Atlántico Sur. También relacionó esa experiencia con el interés que, según dijo, comenzó a mostrar la Marina de los Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín. Explicó que, tras el final de la Guerra Fría, los estadounidenses empezaron a desarrollar operaciones en aguas poco profundas y “se encontraron que tenían poca experiencia” en esa modalidad.

Según destacó el contralmirante, ese contexto llevó a que los norteamericanos observaran con interés la experiencia acumulada por los submarinistas argentinos en navegación sobre la plataforma continental, de baja profundidad relativa hasta la milla 200.

La explicación tomó otro tono cuando el fiscal Gastón Pruzán le preguntó qué significaba para un submarino estar en superficie bajo un “estado de mar 6”, la condición informada por el ARA San Juan durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando salió a ventilar tras sufrir el principio de incendio eléctrico en el tanque de baterías N°3 de proa.

“Es prácticamente insoportable”, aseveró sin rastros de duda.

Luego profundizó: “No solo se puede lastimar la gente, porque usted se va golpeando; es un vaso redondo. Usted está en comando y se va golpeando todo: la mesa de cartas -náuticas- sale volando, y se estrella contra el mamparo del otro lado; al oficial de inmersión, que tiene una especie de botonera con luces rojas, amarillas y verdes, se le aparece un árbol de navidad y empiezan a sonar alarmas sonoras, porque las sentinas pueden tener un cachito de agua, que son las descargas, las purgas, al moverse el submarino de esa manera. Y aunque haya un poquito de agua, toca el sensor, entonces se da la alarma. Ahí empezamos: ¿tendré una inundación en serio o es que el buque se está moviendo?“.

Y sentenció: “Le puedo asegurar que es imposible. No es posible -hacer- nada”.

Poco después, se le pidió al tercer testigo del día -antes habían pasado el cabo principal Néstor Andersen y el capitán de fragata Francisco Oleiro- que analizara con detenimiento el reporte de situación -SITREP- enviado por el comandante Pedro Fernández a las seis de la mañana de aquel 15 de noviembre. En ese mensaje naval el San Juan ponía por escrito a través del sistema de alta frecuencia HF Tonina el ingreso de agua de mar al tanque de baterías con su consecuente principio de incendio en el balcón de barras.

Para Krasser, el despacho no describía una situación descontrolada ni un pedido de auxilio, en tanto aclaraba que el buque en ese momento navegaba “en inmersión” y “sin novedad” en el personal. En ese orden, el oficial consideró: “El incendio está controlado, si no no hubieran podido ir a inmersión”.

“¿Se estaba declarando en emergencia de acuerdo a este SITREP?”, indagó el abogado de Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos durante el trágico suceso.

“No”, respondió el testigo.

“¿Estaba pidiendo ser rescatado o que se enviara algún componente de la flota en su auxilio o apoyo?”, insistió Vigliero.

“No”, remató Krasser.

El testigo también habló sobre el estado operativo del ARA San Juan antes de zarpar para cumplir su última misión. En ese punto fue consultado sobre si el vencimiento que tenía del plazo previsto para el ingreso del submarino a dique de carena afectaba necesariamente la seguridad de la navegación.

“No. Depende para qué lo vaya a usar”, afirmó Krasser, y enseguida ponderó: “Entiendo que el San Juan estaba limitado a 100 metros: esa limitación de profundidad es una imposición autoimpuesta por razones de seguridad que no impedía cumplir la misión que yo entiendo les fue ordenada. (...) Ahora, si usted me dice si está en condiciones con esa limitación de 100 metros para iniciar la segunda guerra de Malvinas, le digo que no: ni ese submarino ni el jeep del Ejército estaban en condiciones para una segunda guerra de Malvinas“.

Luego expresó: “Por lo que recuerdo, el buque podía navegar. -Tras el principio de incendio- Tenía una emergencia controlada, y el COFS le canceló la misión. Si hubiéramos estado en guerra, no se cancelaba la misión y se iba a combatir con la mitad de las baterías. En este caso, eso no se justificaba y se canceló la misión: se priorizó la seguridad”.

Por otro lado, Krasser describió después el cambio doctrinario que la Armada comenzó a desarrollar después de la Guerra Fría y en cuya redacción dijo haber participado.

Según aseveró, históricamente el submarino había sido pensado como un arma destinada al ataque de fuerzas navales enemigas y tráfico marítimo en escenarios bélicos. Pero con el tiempo distintas marinas comenzaron a incorporar tareas de vigilancia y control del mar.

“Nos dimos cuenta que el mundo estaba en otra cosa”, comentó.

Como ejemplo mencionó distintas operaciones italianas en el Mediterráneo para detectar tráfico ilegal de personas, y explicó que la Marina argentina resolvió incorporar formalmente el concepto de “operaciones de vigilancia y control” para sus unidades. En ese sentido, el testigo comentó que había liderado la redacción de la Doctrina de los procedimientos fundamentales de la Armada para los procedimientos de submarinos, donde quedó establecido que “los submarinos pueden ser empleados en tareas de vigilancia y control, tanto en áreas marítimas, puntos focales o zonas costeras”.

Según detalló en su exposición, esa doctrina contemplaba patrullas de exploración y control marítimo como la misión ordenada al San Juan en el mes de noviembre de 2017 para obtener información en un área de jurisdicción nacional.

Hacia el final de su declaración, el querellante Luis Tagliapietra le preguntó por las conclusiones alcanzadas por la comisión de expertos que asesoró a la Bicameral del Congreso. Krasser recordó que el grupo técnico de expertos trabajó más de un año analizando documentación, mensajes navales y reglamentos internos de la Armada, y aclaró que los especialistas realizaron aportes sobre un borrador previo del informe final elaborado por los legisladores.

“En algunas cosas coincido y en otras no. Cuando se redactó el informe final, tuve acceso al borrador y con el resto de los especialistas hicimos nuestros aportes. Luego desalojamos la sala y los legisladores hicieron el informe”, recordó.

Relató además que los integrantes de la comisión técnica fueron convocados para ayudar a interpretar cuestiones operativas y documentación naval porque muchos integrantes del cuerpo “no sabían lo que era proa, popa, estribor y babor”.

El juicio continuará este jueves antes del cuarto intermedio previsto hasta la semana del lunes 1° de junio. Declararán el ingeniero naval Gerardo Bellino, autor de un informe con distintas hipótesis sobre las posibles causas de la implosión del submarino, y el contralmirante retirado Enrique Balbi, quien fue vocero de la Marina durante la operación de búsqueda.

El pedido del camarista federal Leopoldo Bruglia para suspender el Concurso 461, abierto para cubrir el cargo que actualmente ocupa en la Sala I de la Cámara Federal porteña, ya ingresó formalmente al ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque por ahora no modificó el avance administrativo del expediente.

La nota enviada por Bruglia al presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue distribuida entre todos los consejeros mientras el trámite del concurso continúa su curso hacia el plenario del organismo.

El expediente del concurso en cuestión, en rigor, ya salió de la Comisión de Selección y los tres dictámenes aprobados el 30 de abril ya fueron girados a la presidencia del Consejo, encargada de convocar a la reunión de plenario donde deberán tratarse las ternas y un volumen importante de otros temas.

Ese trámite define dos cargos estratégicos de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el tribunal de alzada que revisa las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py en causas de corrupción, narcotráfico, trata y otros delitos complejos. Los cargos actualmente son ocupados por Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal mediante traslados dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según estimaciones dentro del propio Consejo, el plenario que deberá votar las ternas -junto con otras propuestas vinculadas a distintos concursos judiciales y el recientemente aprobado Código de Ética- no debería realizarse más allá de mediados del mes de junio.

El Concurso 461 llegó al plenario con tres dictámenes distintos. El mayoritario, impulsado por el consejero juez Diego Barroetaveña, propuso para el primer cargo a Fernando Luis Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para el segundo cargo postuló a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y al propio Bertuzzi.

También fueron elevados otros dos dictámenes firmados por los consejeros Vanesa Siley y Alberto Maques, con distintas combinaciones de candidatos para ambos cargos.

En paralelo, dentro del organismo de elección y remoción de jueces remarcan que Bruglia no participa formalmente del Concurso 461 como postulante. Técnicamente, señalan, el camarista es un tercero respecto del trámite, a diferencia de los concursantes que sí integran el expediente y eventualmente pueden formular impugnaciones vinculadas al procedimiento o a las decisiones adoptadas durante el proceso de selección.

Bajo esa interpretación, el planteo presentado por el juez no cuestiona aspectos técnicos propios del concurso ni las postulaciones incluidas en los dictámenes aprobados por la Comisión de Selección, sino el contexto institucional en el que se abrió el proceso para cubrir los cargos actualmente ocupados por él, Bertuzzi y Germán Castelli.

En ese marco, dentro del organismo sostienen que el trámite del concurso sólo podría frenarse mediante una orden judicial concreta.

En su presentación, el camarista pidió que se suspenda el concurso y denunció una “maniobra ilegal” orientada a removerlo junto a Bertuzzi y Castelli. El magistrado expresó que el proceso “fue iniciado hace seis años por un fragmento de la política y ahora está cercano a consumarse, novado por otro sector”, y aseveró que en ambos momentos “convergieron los intereses de los mismos operadores ocultos en el sistema, en los ya mentados ‘sótanos de la democracia’”.

El magistrado también cuestionó que el Consejo hubiera impulsado concursos únicamente respecto de esos tres jueces trasladados y no sobre el resto de las vacantes ocupadas bajo el mismo mecanismo.

“No me voy a cansar, es necesario repetir, que no pretendo que se perjudique a ninguno de los jueces trasladados, estamos todos en la misma situación. Sólo me defiendo señalando los actos discriminatorios, que terminan configurando una maniobra ilegal y una grave violación a elementales derechos de orden constitucional”, escribió.

En otro tramo agregó: “O se cumple con una manda judicial completa, respecto de todos los involucrados, o no se aplica. Pero a ninguno. El continuar con este único concurso implica complacencia y aceptación de una maniobra espuria”.

En paralelo, Bruglia cuestionó que actualmente existan pliegos remitidos al Senado para cubrir otras vacantes ocupadas por jueces trasladados sin que previamente se hubieran abierto concursos similares. En particular mencionó cargos vinculados al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 y a la Vocalía N° 10 de la Sala III de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional.

Al respecto, dijo que “esto -claramente- es no dar cumplimiento a la manda judicial, conforme al conocimiento y voluntad de los consejeros que entienden que debe cumplirse con el fallo de la Corte”.

La mención al Máximo Tribunal tiene que ver con un fallo de noviembre de 2020, donde resolvió que los traslados de jueces constituían un mecanismo “de marcada excepcionalidad” y advirtió que los cargos ocupados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli debían ser concursados para obtener estabilidad definitiva. Al mismo tiempo, la Corte ordenó que los magistrados permanecieran provisoriamente en sus puestos hasta que el Consejo de la Magistratura realizara los concursos y se designaran nuevos jueces mediante el procedimiento constitucional.

Así las cosas, previo al tratamiento en el plenario podrían producirse conversaciones entre miembros del Consejo para intentar acercar posiciones y eventualmente unificar parte de los dictámenes antes de la votación final.

El capitán de navío Sebastián Andrés Marcó tenía un vínculo singular con el ARA San Juan: había sido jefe de navegación y jefe de comunicaciones del mismo submarino en distintos momentos de su carrera, y el 25 de octubre de 2017 zarpó desde Mar del Plata el mismo día que la nave comandada por el capitán de fragata Pedro Fernández, su amigo. El San Juan puso proa hacia Ushuaia para cumplir la última orden que le asignó la Fuerza de Submarinos. El ARA Salta, bajo su mando, se dirigió a la zona de El Rincón, frente a Puerto Belgrano, para realizar una serie de maniobras de adiestramiento. Tres semanas después ocurrirían los hechos por los que este martes el submarinista fue convocado a declarar.

El oficial en actividad se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en la audiencia 22 del juicio oral por el naufragio del del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 marinos de guerra a bordo. El fiscal federal Gastón Pruzán solicitó su testimonio, que giró en torno a dos ejes: el análisis técnico del incidente de la noche del 14 al 15 de noviembre y el contenido del Consejo de Armas Submarinas reunido en diciembre de 2017 para elaborar escenarios posibles sobre la tragedia naval más impactante de la historia reciente.

El debate se desarrolla en Río Gallegos y se aproxima a su tramo final: hay audiencias pautadas hasta el próximo 4 de junio, cuando está prevista la ampliación de indagatoria del contralmirante Luis López Mazzeo, ex comandante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y el imputado de mayor rango en la causa, junto al ex capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Correa.

Sebastián Marcó tiene una trayectoria de casi tres décadas dentro del arma submarina. Egresó en 1993 de la Escuela Naval Militar y realizó el curso de submarinista en 1997. Desde entonces alternó destinos en el ARA San Juan y el Salta como jefe de navegación, jefe de comunicaciones y jefe de operaciones, antes de asumir como comandante del ARA Salta entre 2016 y 2017. Al momento del hundimiento era el único otro comandante de submarino operativo de la Marina. En 2022 llegó a encabezar el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

“Fue algo muy acotado”

Antes de abordar las distintas hipótesis pensadas por el Consejo, el testigo reconstruyó su lectura del incidente de la noche del 14 al 15 de noviembre. Para situarlo en contexto: el San Juan navegaba el área asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión, una patrulla de control marítimo en el Atlántico Sur, cuando se produjo un principio de incendio eléctrico por un cortocircuito en el balcón de baterías tras el ingreso de agua por el sistema de ventilación. Eso forzó la salida de la nave a superficie en medio de un gran temporal.

A partir del análisis de las comunicaciones, Marcó recorrió la secuencia de lo ocurrido aquella noche. La última transmisión regular del San Juan concluyó alrededor de las 22.45, y la primera llamada por teléfono satelital Iridium se registró cerca de las 23.42: fue entonces cuando el teniente de navío Fernando Villarreal, jefe de operaciones del submarino, informó sobre el incidente al capitán Hugo Correa, entonces jefe de operaciones del Estado Mayor del COFS, con sede en Mar del Plata.

“Uno puede suponer que pasó algo muy cerca de las 23 horas”, sintetizó el testigo. “Fue algo muy acotado”.

Su lectura de ese llamado satelital al comando en tierra fue que la situación ya estaba bajo control, “porque estaban en superficie, ventilando, y ya no estaba ese principio de incendio”, dijo, y agregó: “si no hubiesen dicho otra cosa; hubiesen dicho ‘tenemos este problema y no lo estamos pudiendo controlar’”.

Lo que siguió, según su análisis, fue el San Juan navegando en superficie en medio de un temporal típico del mar argentino. El propio buque había informado que se encontraba bajo condiciones de mar estado 6, una situación que el submarinista describió con precisión. “¿Qué es superficie para mar 6? Es sumamente problemático por todo sentido. El submarino no tiene estabilidad en superficie, es como un cilindro, un corcho. Normalmente se mueve; imagínese con ese estado de mar”, graficó. Luego aclaró que el submarino puede navegar en esas condiciones, pero subrayó las consecuencias prácticas: “Es sumamente incómodo, incordioso, desgastante, se producen averías. Hay temporales en superficie en los que hasta la heladera vuela. El personal se desgasta muchísimo más que con un mar calmo“.

A su vez, advirtió que con un incidente a bordo y ese estado de mar, operaciones tan básicas como subir al puente o usar el teléfono satelital se vuelven maniobras lentas y dificultosas.

En ese contexto describió lo que habría ocupado las horas siguientes de la tripulación: ventilar la nave para eliminar restos de humo y posibles concentraciones de hidrógeno, cargar aire comprimido -que se consume en grandes cantidades durante una salida de emergencia a superficie- y evaluar los daños antes de retomar la inmersión. Estimó que el regreso habría ocurrido entre las cuatro y las siete de la mañana.

Sobre la secuencia de comunicaciones del 15, ofreció una lectura minuciosa: el reporte de situación de las 6 de la mañana, el cambio de derrota solicitado a Mar del Plata, los llamados del teniente Villarreal para confirmar la recepción de los mensajes, el último login de datos a las 8.36, el cierre de sesión a las 8.50. Toda esa cronología habría sucedido con el submarino a 18 metros de la superficie.

A partir de ahí, consideró el ex comandante del Salta, “no sabemos qué pasó. Sí sabemos que la antena no volvió a loguearse con el satélite, y eso puede deberse a un montón de razones: que el suboficial de comunicaciones (...) haya arriado la antena o que hayan apagado el equipo. No lo sabemos. Tampoco sabemos si quedaron en plano periscopio o si inmediatamente se fueron a plano profundo”.

Luego añadió: “Yo entiendo que se quedaron en plano periscopio por lo que dijeron en la última conversación, cuando Villarreal comentó que se iban a quedar más tiempo en inmersión, que iban a estar un poco para descansar y después iban a ir a plano profundo a revisar el tanque de baterías. Eso da la idea de que no fue que terminó la llamada y automáticamente bajaron. A las 8.36 se inicia el último logon, que dura unos diez minutos, con lo cual a las 8.50 se termina. Para mí se quedaron ahí y, una o dos horas después, deciden ir a plano profundo. Y ahí pasa lo que no sabemos qué es, que termina en la implosión de las 10.51“.

En suma, para el testigo el hundimiento tiene dos momentos bien diferenciados: el incidente de la noche del 14, que forzó la salida a superficie, y lo que ocurrió durante la mañana del 15, cuando el submarino estaba en plano periscopio y la tripulación anunció que iría a inmersión a descansar y luego bajaría a revisar las baterías para hacer control de daños.

Las tres hipótesis del Consejo de Armas Submarinas

El 18 de diciembre de 2017, con el operativo de búsqueda aún en curso, se reunió el Consejo Asesor del Arma Submarina. Se trata de un órgano que reúne a los submarinistas en actividad más experimentados -en este caso, once capitanes de navío- para asesorar y analizar situaciones que requieren el criterio colectivo de la especialidad. La convocatoria tuvo un propósito concreto: elaborar hipótesis sobre lo que pudo haberle ocurrido al San Juan para ajustar las áreas de búsqueda de sus restos en el Atlántico Sur.

Con todo, el Consejo se reunió bajo la presidencia del entonces capitán de navío Gabriel Eduardo Attis, inspector del arma, y trabajó sobre las llamadas telefónicas, los mensajes cursados, las posiciones conocidas y estimadas, los datos de la empresa Iridium y la información de los organismos internacionales que habían registrado una anomalía acústica en las coordenadas donde luego se encontrarían los restos. El resultado fue un acta con tres escenarios posibles.

El primer escenario postulaba una explosión interna seguida de la implosión. Según esa hipótesis, el submarino habría ido a inmersión durante la madrugada, enviado los mensajes de la mañana y procedido a plano profundo con intención de descansar e inspeccionar el tanque de baterías 3. Durante ese procedimiento se habría producido una explosión por acumulación de hidrógeno, lo que habría generado una pérdida de plano que derivó en la implosión del casco resistente al superar la profundidad de colapso. Al serle exhibido ese escenario, Marcó fue cauto: “Partamos al revés: ¿por qué implosionó el submarino? Porque pasó la profundidad de colapso diseñada por el fabricante. Ahora, ¿por qué el submarino se fue a 700 metros? No se sabe. No se va a saber nunca“.

El segundo escenario planteaba una pérdida de plano seguida de implosión, sin explosión previa, con dos variantes. En la primera, durante una maniobra de snorkel para cargar baterías, el estado de mar habría provocado una pérdida de plano con parada automática de los motores diésel y arriado del mástil, generando un aumento de peso que el submarino no habría podido controlar. En la segunda, una falla de propulsión combinada con pérdida de estanqueidad en válvulas de casco o prensas habría producido una vía de agua que lo fue haciendo progresivamente más pesado hasta la implosión.

El tercer escenario, el más disociado del incidente de la noche anterior, sostenía que la anomalía acústica registrada a las 10.51 no tenía relación con el San Juan, y que el submarino habría perdido plano durante una maniobra de snorkel cerca del mediodía, posiblemente después de intentar transmitir un mensaje en el turno de comunicaciones de las 12.30.

A esos tres escenarios se suman otras aproximaciones al tema elaboradas en distintos ámbitos. El Ministerio de Defensa convocó su propio consejo asesor, integrado entre otros por los submarinistas Gustavo Trama, Alejandro Kenny y el capitán Jorge Rolando Bergallo -cuyo hijo se desempeñaba como segundo comandante del San Juan al momento del siniestro-. En el marco del Consejo General de Guerra sustanciado ante el Estado Mayor Conjunto se elaboraron además un informe del ingeniero naval Gerardo Bellino y otro del capitán Arturo Marfort. Por su parte, la empresa alemana constructora del buque, Thyssen, también formuló una serie de aproximaciones técnicas sobre lo ocurrido. Varios de esos protagonistas están citados a declarar en las próximas audiencias del juicio oral.

“Nadie, nunca, va a saber qué pasó a las 10.51”

A lo largo de toda su exposición, Marcó insistió en que los tres escenarios son hipótesis sin respaldo fáctico definitivo y apuntó directamente a los límites de cualquier conclusión que pueda extraerse del debate oral. “La única certeza es que el submarino se fue demasiado en plano e implosionó”, afirmó.

Y agregó: “El por qué nunca nadie -ningún abogado, juez o submarinista experto- va a poder decirlo con certeza. Siempre que alguien diga algo va a ser una suposición, y no hay otra cosa porque no tenemos más información, lamentablemente. No hay una respuesta a esto: es una teoría“.

También fue explícito sobre los escenarios que trazó el propio Consejo que integró. Según remarcó, la reunión se produjo “en unas horas de un día determinado, donde cada oficial (...) tenía su punto de vista”.

Por su parte, al hacer foco el fiscal en una de las hipótesis trabajadas por ese órgano asesor, expresó: “Esta es una teoría más de todas las que pudo haber escuchado y que pueda seguir escuchando por el resto del tiempo. Había gente que decía que algo debió pasar. Partamos al revés: ¿por qué implosionó el submarino? Porque pasó la profundidad de colapso diseñada por el fabricante. Ahora, ¿por qué el submarino se fue a 700 metros? No se sabe. No se va a saber nunca. (...) En orden a hacer suposiciones todo el mundo puede hacerlas. Alguna suposición puede ser más coherente, mejor fundada, y alguna puede ser menos coherente y sin fundamento".

Remarcó además que los accidentes de submarinos reconocen causas muy diversas, sin que ninguna pueda descartarse de antemano.

Sobre la pregunta central que atravesó toda su declaración -si lo ocurrido a las 10.51 tuvo alguna relación con el incidente de la medianoche- Marcó fue prudente hasta el final. “Uno tiende a pensar que sí. Ahora, ¿quién puede dar certeza de eso? Nadie. Porque hay muchos accidentes que pasan sin que haya pasado algo previo. Puede haber pasado otra cosa cuando quisieron ir a plano de seguridad, a 40 metros. O no fueron nunca a plano de 40 metros, se quedaron en plano periscopio y pasó otra cosa”, planteó.

Minutos después reconoció que relacionar los dos eventos tenía sentido, pero insistió en que la sensatez no equivalía a la certeza: " “¿Uno está seguro de que haya sido así? No“, comentó el testigo frente a los jueces Mario Reynaldi y Luis Giménez -los otros dos magistrados estuvieron por Zoom-.

Para finalizar, Marcó cerró con una afirmación que resumió el espíritu de toda su testimonial: “Cualquiera de los escenarios es una suposición. Cualquiera que se siente acá va a poner otra suposición; tendrá más coherencia y más sensatez o menos. Uno se puede agarrar de las cosas fácticas y sobre ellas dar una interpretación. Nadie, nunca, lamentablemente, va a saber qué pasó a las 10.51“.

“No se va a saber nunca”, repitió.

El capitán de navío Pablo Manuel Garay, ex comandante de la Fuerza de Submarinos y uno de los oficiales que participó durante la reparación de media vida del ARA San Juan, declaró este lunes en la audiencia número 21 del juicio oral por el hundimiento del submarino y sostuvo que la responsabilidad sobre la aptitud operativa de la nave recae “única y absolutamente” sobre el comandante de la unidad.

La audiencia se realizó apenas un día después de que la Armada Argentina celebrara en la Base Naval Puerto Belgrano el 212° aniversario de su creación. El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, donde se analizan eventuales responsabilidades penales derivadas de la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando murieron los 44 tripulantes mientras ejecutaban una patrulla de vigilancia en el Atlántico Sur.

Garay fue el primer testigo de la jornada y compareció a propuesta de la defensa del ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, representado por el abogado Juan Pablo Vigliero. Durante varias horas respondió consultas del propio defensor, del fiscal federal Gastón Pruzán, de las querellas encabezadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, y también de dos integrantes del tribunal: el presidente Mario Reynaldi y el juez subrogante Enrique Baronetto, quien siguió la audiencia de manera remota por Zoom.

Submarinista desde 1999, Garay construyó gran parte de su carrera dentro de la Fuerza de Submarinos. Entre otros destinos, fue segundo comandante del propio ARA San Juan y años más tarde quedó al frente del ARA Salta, una unidad más antigua de la Armada. También llegó a conducir la Fuerza de Submarinos hasta el año pasado.

Las denominadas reparaciones de media vida del ARA San Juan , construido en Alemania en la década del 80, dejaron fuera de servicio al submarino durante siete años y tuvieron como objetivo prolongar su vida útil operativa. Los trabajos quedaron bajo la órbita del Proyecto de Submarinos (PYSU) entre 2007 y 2015, con Tandanor como contratista principal y empresas auxiliares como Siemens, MTU Detroit Diesel Allison, Hawker y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También participaron los arsenales navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata.

La reparación integral implicó además una intervención estructural de enorme magnitud: el submarino fue literalmente cortado al medio para permitir el recambio y montaje de nuevos equipamientos, entre ellos las baterías principales de la nave.

Garay dedicó buena parte de su exposición a explicar los distintos informes técnicos vinculados a las pruebas de mar realizadas en 2014, en el tramo final de esas reparaciones. Según detalló, se trató de navegaciones “exploratorias” destinadas a verificar progresivamente el funcionamiento de los distintos sistemas y componentes del submarino antes de su retorno operativo. Recién al finalizar ese proceso, en septiembre de 2015, se produjo el cambio de dependencia orgánica: el ARA San Juan dejó de depender del PYSU y volvió a la órbita del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Por otra parte, y apoyado constantemente en el Reglamento General del Servicio Naval, el marino trazó una línea argumental que atravesó toda su exposición: que el comandante del submarino es el único habilitado para determinar si la unidad está en condiciones de navegar. Según indicó, “la responsabilidad final y decisiva” sobre si el submarino debe zarpar o no es “única y absoluta” del comandante de la unidad, porque es quien posee el conocimiento real y cotidiano del estado del buque.

Luego reforzó ese concepto al precisar que el reglamento establece que “el único que puede juzgar dicha capacidad es el comandante” y remarcó que el titular de la embarcación “es la voz autorizada y el único responsable” de determinar el verdadero estado operativo del submarino.

En otro tramo de la audiencia, Garay desarrolló el concepto de “libertad de acción” del comandante submarinista y lo vinculó con el proceso previo de selección dentro de la Armada. Explicó que, para llegar a ese cargo, cada oficial atraviesa “un proceso de selección exhaustivo”, donde se evalúan los antecedentes reunidos “a lo largo de toda la carrera”. Según señaló, esa evaluación previa constituye la base de la confianza que después deposita el comandante superior directo: “Si yo soy comandante, mi comandante superior va a confiar en mí y va a dejar que yo actúe”. En esa línea, añadió que, una vez en el mar, “la responsabilidad absoluta siempre es del comandante de la Unidad”, porque son ellos quienes están “en la escena de acción” y quienes, “mejor que nadie”, conocen las condiciones reales de navegación.

A lo largo de la declaración, Garay detalló cómo funciona el sistema de mantenimiento y supervisión dentro de la Fuerza de Submarinos. Habló de un esquema basado en controles permanentes, mantenimiento escalonado y pruebas técnicas previas a cada zarpada. Cada sistema, explicó, posee tareas de mantenimiento diarias, semanales, mensuales y anuales registradas en tarjetas específicas, donde queda asentado qué personal interviene, cuánto tiempo requiere cada trabajo y qué elementos deben utilizarse. En ese contexto, precisó que durante ese cronograma “el comandante va tomando conocimiento de cada uno de los sistemas a bordo”.

Ante preguntas de la defensa de Villamide sobre si la postergación de los plazos previstos para que un submarino ingrese a dique seco para tareas de carenado y mantenimiento, como era el caso del San Juan, implicaba necesariamente una afectación de la seguridad de navegación, Garay respondió que no. “Nadie mejor que el comandante de un submarino para determinar si el buque está en condiciones o no de seguridad, más allá de los tiempos establecidos en que un buque debe entrar a dique y hacer los mantenimientos”, dijo.

Y resaltó “Si yo soy comandante y tengo algo que afecte la seguridad y ponga en riesgo una vida humana, no voy a zarpar”.

Uno de los capítulos centrales de la audiencia giró alrededor de las denominadas “pruebas de 48 horas”, realizadas antes de toda navegación. El testigo explicó que en esos procedimientos se verifica “sistema por sistema” el estado operativo del submarino y recordó particularmente la llamada “prueba de vacío”, destinada a comprobar el hermetismo del casco. Según describió, “se embarca casi la totalidad de la dotación, se cierra el submarino, con motores se genera un vacío” y luego se controla que el casco mantenga condiciones de estanqueidad.

También comentó que esas pruebas concluyen con una cadena de validaciones internas que desembocan en la decisión final del titular del buque. Los suboficiales y jefes de departamento de cada sección elevan los resultados de las verificaciones hasta el segundo comandante, quien finalmente transmite al comandante el “listo” para determinar “buque listo a zarpar”.

Garay describió además la particular relación profesional entre oficiales y suboficiales dentro de los submarinos. Recordó que muchos de ellos compartieron décadas de servicio y entrenamiento conjunto, y relató incluso vínculos personales con integrantes de la tripulación fallecida. “El submarino es chico, nos conocemos mucho, hay mucha familiaridad”, expresó al recordar a miembros de la dotación del San Juan. Hasta evocó conversaciones con el suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez sobre su esposa e hijos y afirmó que no solamente conocía “lo profesionales que fueron sino también la calidad de personas que eran”, en un momento donde, según quedó registrado en la audiencia, se le quebró la voz.

Otro de los ejes relevantes estuvo vinculado a las pruebas de mar realizadas en 2014, durante la reparación de media vida del submarino en el astillero Tandanor. El ex comandante de la Fuerza de Submarinos confirmó que participó como segundo comandante del buque durante esas navegaciones y repasó distintos incidentes técnicos ocurridos durante los ensayos. Entre ellos, mencionó una falla de propulsión, un blackout total durante pruebas de velocidad y una vía de agua detectada durante una inmersión exploratoria.

Sobre este último episodio explicó el procedimiento denominado “emergencia superficie”, una maniobra destinada a sacar inmediatamente al submarino de inmersión ante cualquier situación potencialmente riesgosa. De acuerdo a su relato, se trata de un procedimiento sobre el cual toda la tripulación está entrenada y donde “nadie pone en tela de juicio quién lo dijo y cuándo”. En esas circunstancias, aseveró, “nadie pregunta qué pasó” y toda la dotación actúa automáticamente para llevar el submarino a superficie. Garay subrayó además que el submarinista está específicamente adiestrado para cumplir ese rol de emergencia, de modo que, ante una orden de ese tipo, cada tripulante ejecuta inmediatamente la tarea que le corresponde para garantizar el ascenso del buque.

El testigo indicó que, durante esas maniobras, los encargados de operar los planos de la nave orientan el submarino hacia arriba, el cargo de propulsión aplica máxima potencia y se soplan los tanques de aire comprimido para garantizar el ascenso. Pese a las averías descriptas, aclaró que esos episodios no comprometían necesariamente la seguridad de navegación del submarino. Incluso señaló que un submarino clase TR-1700 como era el ARA San Juan podía navegar con restricciones operativas de profundidad sin perder seguridad estructural.

En relación al reporte de situación -SITREP- enviado desde el submarino antes de la pérdida de contacto durante la mañana del 15 de noviembre, Garay interpretó que el mensaje describía una situación “bajo control”. Remarcó especialmente que el parte indicaba que el problema había sido subsanado y que el submarino continuaba navegando en inmersión. “Si yo voy a ir a inmersión y voy a cerrar el submarino nuevamente es porque estoy seguro de que está en condiciones de hacerlo”, dijo, antes de concluir que “no se infiere en este texto que está en emergencia o fuera de control”.

La declaración también ingresó en cuestiones altamente técnicas vinculadas a la implosión del submarino. Garay explicó el comportamiento del acero HY80 utilizado en el casco resistente y sostuvo que el colapso ocurre cuando la presión externa supera la capacidad de resistencia estructural del material. Según describió, llega un punto donde “el material del acero no resiste más esta flexibilidad y colapsa”.

Sobre el final de la audiencia, la fiscalía le preguntó específicamente si tenía constancia de que las fallas detectadas durante las pruebas de 2014 hubieran sido reparadas antes de 2017. Garay respondió que no tenía precisión documental sobre cada reparación, aunque consideró que, según su experiencia, el submarino se encontraba operativo y “estaba en condiciones de cumplir con la misión y de zarpar sin ningún tipo de riesgo ni seguridad“.

“No somos temerarios, somos profesionales”

En el marco de un testimonio mucho más corto que el del capitán de navío Garay, expuso otro oficial superior con 36 años de servicio en la Armada, de los cuales navegó 17 como especialista en máquinas de buques de superficie.

Se trata del capitán de navío retirado Carlos Alberto Frank, convocado a declarar en el juicio oral por haber sido subjefe de la Base Naval de Ushuaia cuando el submarino amarró en ese puerto tras salir desde Mar del Plata como parte de las actividades emanadas de la Orden de Operaciones N°4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Fue él quien recibió personalmente al submarino junto al entonces capitán de navío Villamide -hoy capitán de ultramar de la Marina Mercante, tras haber sido destituido en 2021 por un Consejo de Guerra-. Eran los primeros días de noviembre. Allí conoció al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del SUSJ.

“Cuando -el submarino- amarró, embarcamos y hablamos con Fernández, que nos recibió. No tenía ningún problema. Hay una pregunta que es básicamente de rigor -en esa instancia-, y que se la hizo Villamide: si había tenido alguna novedad. Él le dijo que no había tenido ninguna. Villamide le volvió a insistir: ‘¿no tuvo ninguna novedad, no se le rompió nada, ninguna canilla, nada?’ No, ninguna novedad. La única era que (...) cuando pasaron por Puerto Williams un avión aparentemente había tirado una sonoboya", comentó Frank al recordar el momento del arribo de la nave a la Base Naval Austral.

Luego añadió: “Yo le pregunté si tenía alguna cosa para reparar, porque siendo yo el subjefe de la base los talleres dependían de mí, y me dijo que no tenían nada para reparar”.

El testigo dijo que pudo conversar con el capitán Fernández durante los desayunos y los almuerzos en la base naval. “Estaba sentado delante mío, así que hablábamos permanentemente. Inclusive me ofreció de hacer una navegación protocolar que se iba a realizar en eso días”, señaló, y añadió: “Realmente se lo notaba muy bien y muy contento por todo lo que podían hacer y porque habían podido tocar muelle, lo que permitía que la gente pudiera descansar un poco e ir a conocer. Había muchos que no conocían la ciudad”.

Frank le contestó a Fernández que no podría concurrir a la navegación de protocolo en la Bahía de Ushuaia, pero le ofreció hacerse un tiempo para ir a sacarle algunas fotos de ese momento para que tuviera de recuerdo. De hecho, el testigo pudo captar el preciso instante en el que la nave se iba a inmersión con fotos que luego circularían por todo el país y el mundo. Con una en particular, puntualizó, el Correo Argentino creó una estampilla en conmemoración del submarino.

“¿Hubo alguna voz de alarma, de inquietud o preocupación de cualquier naturaleza sobre el estado de la navegación o la seguridad del buque entre los miembros de la tripulación o el propio Fernández, hacia usted o que usted hubiera escuchado?“, consultó el abogado de Villamide, hoy acusado junto a Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa por presuntos incumplimientos a los deberes de funcionario público, estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes y omisión de los deberes del oficio.

“Ningún tipo de comentario -contestó el capitán de navío retirado-. De hecho se hizo una navegación de protocolo en el medio; después de que arribó el submarino volvió a zarpar. El intendente no pudo ir, pero sí fue el segundo. Fueron los miembros representantes del Ejército, de Gendarmería, de Prefectura y fueron jueces. Una navegación protocolar, -donde- embarcó el capitán Villamide (...) y sé que fueron a inmersión porque yo les saqué fotos“.

Luego completó: “No creo que si se tiene algún inconveniente se vaya con un buque a inmersión con un montón de autoridades. Es sumamente descabellado poder pensar que alguien, si tiene algún problema, vaya a hacer eso. Nosotros no somos temerarios. Nosotros somos profesionales“.

Desde el 3 de marzo de 2026, cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina enfrentan un juicio oral en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ), ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Los cargos son por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. El debate procura dilucidar si existen conductas reprochables penalmente por parte de los ahora acusados, como permitir o no impedir la zarpada del buque en supuesto mal estado.

El corazón del juicio radica precisamente en el análisis técnico de las condiciones del submarino: cuál era su estado de alistamiento a la hora de hacerse a la mar con el fin de cumplir su última orden. Cuáles eran las tareas y reparaciones pendientes y en qué grado afectaban -si afectaban- la seguridad de la nave a la hora de navegar.

Así las cosas, Infobae analizó una serie de documentos clasificados como confidenciales que integran el acervo probatorio del proceso en curso, a cargo del juez Mario Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Leídos en secuencia, permiten reconstruir cómo la Marina planificó la misión que el SUSJ llevaba a cabo cuando naufragó a unos 500 kilómetros de la costa: una cascada de órdenes que fue delineando de lo más general a lo más preciso de la actividad, desde el alto mando operacional hasta llegar al comando del buque.

Los cuatro imputados ocupaban, al momento de los hechos, diferentes posiciones jerárquicas dentro del escalafón. El de mayor rango es Luis Enrique López Mazzeo, entonces contralmirante en manos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Bajo sus órdenes directas actuaba Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA. Los otros dos son Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y ex jefe del Estado Mayor del COFS, y Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y ex jefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano.

La primera orden que puso en marcha la misión

El primer documento es el más abarcativo y traza el marco general de las operaciones que se desarrollarían luego entre octubre y noviembre. El 5 de septiembre de 2017 a las 7:50, López Mazzeo cursó desde el COAA un mensaje naval al Comando de la Flota de Mar (COFM), con copia informativa al Área Naval Austral, al Comando de Aviación Naval, al Comando de la Fuerza de Submarinos y al Comando de Infantería de Marina.

El mensaje ordenaba al COFM “efectuar planificación” de las actividades en el marco de la denominada “Tercera Etapa de Mar” del año naval 2017. Los parámetros: comenzar el 26 de octubre con un cronograma de entre 25 y 30 días de duración, 12 días propulsados y tres de estadía en la Base Naval de Ushuaia.

Las actividades previstas incluían el hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera y ejercicios de tiro naval sobre blanco remolcado; reconocimiento del litoral marítimo y puertos patagónicos; vigilancia y control de los espacios marítimos en áreas de jurisdicción e interés y en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burwood; tránsito por canales fueguinos, ejercitación anfibia y juego táctico, entre otras. En ese nivel del escalafón, la misión era todavía un conjunto de objetivos sin designación de medios navales ni responsabilidades específicas para cada unidad.

El documento convocaba además a una reunión de coordinación para el 14 de septiembre a las 10 en la Base Naval Puerto Belgrano, con todos los comandos destinatarios del mensaje.

El plan esquemático de la Tercera Etapa de Mar

La respuesta llegó en forma de Plan Esquemático RGP–11/17 «C», confeccionado por el contralmirante Rafael Prieto desde el Comando de la Flota de Mar en Puerto Belgrano, con fecha 17 de septiembre de 2017 -tres días después de esa reunión-. Prieto, aunque par orgánico de los comandantes de Aviación Naval, Infantería de Marina y la Fuerza de Submarinos (todos dependientes del COAA), fue designado como Oficial en Comando Táctico con el fin de definir con mayor precisión el proceso de planeamiento de las tareas a realizar. El plan, luego aprobado por el COAA, ya fijó una duración tentativa de entre 28 y 30 días y precisó que la zona del hundimiento del ex ARA Comodoro Somellera estaría comprendida en un cuadrado de 25 millas náuticas “con centro situado en posición LAT 54° 00,0′ S LONG 064°,0′ W”.

Como medios propios de la Flota de Mar figuraban dos destructores MEKO 360, dos corbetas MEKO 140, un buque logístico, un buque transporte y un aviso, más un conjunto de aviones y helicópteros. A eso se preveía sumar, provenientes de otros organismos de la Armada, hasta dos corbetas y submarinos más, lanchas rápidas y patrulleras y una compañía de Infantería de Marina.

La misión consignada en el documento era “conformar una Fuerza de Tareas y zarpar a partir del 26 de octubre y dirigirse al puerto de Ushuaia ejecutando adiestramiento naval integrado”, hundir el ex aviso ARA Comodoro Somellera “entre el 01 y 03 de noviembre en área asignada”, “planificar y ejecutar hasta dos operaciones anfibias” y, durante el repliegue desde Ushuaia, “realizar reconocimiento del litoral marítimo y vigilancia y control de los espacios marítimos”, previendo arribar a Puerto Belgrano a partir del 25 de noviembre. El propósito declarado en el texto era “continuar con el adiestramiento naval integrado previsto para el corriente año naval y difundir el quehacer naval en puertos del litoral marítimo argentino”.

El hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera quedó fijado entre el 1 y el 3 de noviembre. El buque había sido retirado del servicio activo por Resolución N° 63 del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el contralmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, firmada el 26 de abril de 2017: esa disposición lo llevó a la condición de Alistamiento VI -unidad radiada- y autorizó su uso como “buque blanco”.

El Área Naval Austral debía remolcarlo desde Ushuaia hasta la zona asignada, con arribo garantizado cuatro horas antes del inicio del ejercicio, mientras buzos tácticos instalarían las cargas explosivas previo a la zarpada. El documento consignaba también las medidas del blanco a derribar: 700 toneladas de desplazamiento, 43 metros de eslora, 10 de manga y 3 de calado.

El plan distribuía responsabilidades entre cada uno de los comandos intervinientes. A la Aviación Naval le ordenaba alistar aviones y helicópteros, planificar acciones de ataque durante el tránsito y coordinar ejercicios antisubmarinos. Al Área Naval Austral le asignaba tanto la preparación del buque blanco como la elaboración de un análisis de impacto ambiental antes del 10 de octubre. A Infantería de Marina le encargaba planificar dos operaciones de desembarco en Tierra del Fuego y embarcar personal y material en las unidades de la Flota.

Durante el repliegue desde Ushuaia, la Fuerza de Tareas debía recorrer el litoral patagónico ejerciendo vigilancia marítima, con una corbeta destacada para custodiar el Área Marina Protegida Namuncurá y la Zona Económica Exclusiva. El documento entraría en vigencia “al recibirse” y, concluida la operación, sería “incinerado sin elevar acta”.

Al Comando de la Fuerza de Submarinos, por lo demás, le imponía obligaciones precisas: alistar “hasta dos submarinos“, coordinar con la Flota las áreas y los momentos de actuación, ejecutar patrullaje continuo durante los traslados por la Zona Económica Exclusiva y designar buzos tácticos para instalar las cargas en el buque blanco y para intervenir en las operaciones de desembarco.

Las órdenes que recibió el submarino antes de zarpar

Luego del “Plan Esquemático” se emitió la Orden de Operaciones General del COFM N° 14/17, que precisó aún más las disposiciones y derivó, el 24 de octubre, en la Orden de Operaciones N° 04/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Clasificado como “confidencial”, el documento fue firmado por el capitán de navío Héctor Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS -con sede en Mar del Plata-, “en ausencia” de su comandante, Claudio Villamide. En la elaboración del planeamiento también intervino el capitán de fragata Hugo Correa, en su carácter de jefe operacional.

La orden asignaba misiones concretas a los dos submarinos que debían participar de la tercera etapa de mar: el ARA San Juan y el ARA Salta. Este último recibiría tareas de adiestramiento en el área del Golfo Nuevo. El San Juan, en tanto, tendría una misión en aguas más australes estructurada en tres etapas sucesivas.

La primera era el despliegue hacia la Base Naval de Ushuaia: a partir del 24 de octubre debía iniciar tránsito directo e ingresar antes del 2 de noviembre en el área denominada “Alessia”, donde realizaría patrulla antisubmarina hasta recibir instrucciones para dirigirse a Ushuaia. La segunda era la estadía en esa base, prevista a partir del 4 de noviembre por tres días, tras la cual zarparía hacia el área “Alejandra”, al noreste del Estrecho de Magallanes, para ejecutar un ejercicio de “Ataque Submarino” a un “núcleo cortinado”. En esa maniobra de entrenamiento táctico, el submarino debe infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el blanco principal protegido por esa barrera.

La tercera etapa, titulada “Patrulla Control del Mar”, instruía al SUSJ a desplazarse al área denominada “Juliana” para ejecutar “una patrulla de exploración con una permanencia de al menos diez días” en aguas del Atlántico Sur. El objetivo era identificar buques de interés que operaran dentro de la milla 200: el documento mencionaba expresamente “REEFERs, logísticos, petroleros” y embarcaciones pesqueras “sin AIS o con código AIS no registrado”. La orden precisaba que era “interés de este Comando obtener la identificación mediante imágenes fotográficas o video de los buques de interés en dicha área”. Entre los blancos de seguimiento figuraban el buque HMS Clyde, de la Royal Navy británica, y aeronaves RAF C-130 y de la gobernación de Malvinas.

La experiencia de la dotación

La orden del COFS fue enviada por un despacho (denominado en la jerga naval Grupo-Fecha-Hora) directamente al SUSJ, que para ese momento contaba con un documento administrativo firmado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, donde se consignaba que la embarcación estaba apta para operar. Se trata del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), que conlleva una evaluación de los distintos componentes de la nave que arroja una cifra numérica y determina el estado del buque. El resultado de examen, rubricado en septiembre de ese 2017, fue el siguiente: “4,25/5 - Buque Habilitado”.

En otro orden de cosas, los datos sobre la experiencia de la tripulación fueron recabados con posterioridad en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada por la Ley 27.433 y presentado el 18 de julio de 2019.

Al mando de la misión del buque, como se dijo, estaba el capitán Pedro Martín Fernández, de 45 años, con 366 días de navegación acumulados en tres submarinos distintos y 5.341 horas de inmersión. El segundo al mando era el capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, con 223 días de navegación y 2.045 horas de inmersión. Le seguían el teniente de navío Fernando Villareal, jefe del Centro de Informaciones en Combate y del departamento de operaciones, con 205 días y 2.037 horas, y el teniente de navío Fernando Mendoza, jefe del departamento de máquinas y responsable del control de averías y la propulsión, con 147 días y 1.691 horas.

La dotación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, jefa del departamento de armamento y de las áreas de armas submarinas, control de tiro y material naval, con 165 días de navegación y 1.559 horas de inmersión.

Los tenientes de corbeta Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra eran los oficiales con menos singladuras, ya que contaban con 29 días de navegación cada uno y 595 horas de inmersión: ambos cursaban el curso de capacitación en submarinos S11 en la Escuela de Submarinos.

Entre los suboficiales y cabos submarinistas -33 en total- la experiencia se medía en años de servicio. Sus escalafones cubrían las especialidades de mecánica de sistemas, maquinistas, electricistas, comunicaciones, operaciones, servicios e informaciones. Los más veteranos eran el suboficial principal Javier Gallardo, mecánico de sistemas con 25 años en la fuerza, y el suboficial principal Alberto Sánchez, también mecánico de sistemas, con 23. En el otro extremo, distintos cabos primero llevaban entre uno y dos años desde su alta, entre ellos Luis Niz, mecánico de sistemas con un año de servicio.

El último ejercicio exitoso, cuatro días antes de la implosión

Tal como reconstruyó Infobae, el ejercicio antisubmarino en el área “Alejandra” fue el último que el San Juan llegó a completar. Su comandante lo dejó asentado en un mensaje naval clasificado como “secreto”, remitido a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, cuatro días antes de la trágica implosión.

El documento, dirigido a Villamide, describía el desarrollo del despliegue táctico hora por hora. El San Juan empezó moviéndose a 40 metros de profundidad y a 4 nudos cuando, pasadas las cuatro de la mañana, sus sensores captaron las primeras emisiones de sonar provenientes de los buques que debía atacar: una corbeta MEKO 140 y un destructor MEKO 360. Casi tres horas después, a las 07:45, ascendió a profundidad de periscopio -18 metros- y los avistó. El capitán Fernández ordenó cubrir puestos de combate y el submarino comenzó a maniobrar en silencio para calcular la posición y la velocidad de los blancos. Luego bajó a 65 metros y se deslizó entre los dos buques sin ser detectado. A las 08:55 comunicó por radio un “lanzamiento simulado” sobre el objetivo.

En ese marco, Fernández cerró el reporte con la siguiente evaluación: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo“.

Luego del ejercicio integrado, el submarino partió a la zona asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión antes de volver a su apostadero. El 15 de noviembre, cuatro días después de ese informe, el ARA San Juan perdió contacto con tierra. A las 07:19 de ese día fue su última comunicación. A las 10:51 se registró la implosión.

El ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que guardó en su casa los ocho cuadernos del remisero Oscar Centeno, recordó este jueves que su entonces amigo le contó haber visto bolsos “llenos de billetes de 500 euros” en uno de sus viajes a la residencia de Olivos junto a su ex jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Además, ratificó que Centeno le entregó una caja cerrada para guardar porque temía que trascendiera el contenido y que un año y medio después se la dio al periodista Diego Cabot. Recién en ese momento se abrió y vio los cuadernos, consignó al declarar como testigo en el juicio oral que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios procesados por supuestos sobornos.

Sin embargo, antes de iniciar el interrogatorio de este jueves en la Sala AMIA del subsuelo de Comodoro Py, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, el presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori advirtió que al finalizar la jornada de la audiencia anterior había quedado un micrófono abierto y que mientras aún se grababa se llegó a escuchar un insulto. Se trataba, detalló, del abogado José Manuel Ubeira, que llamaba “hijo de puta” a alguna persona.

“Imagino que pensó que el micrófono estaba silenciado, pero lo cierto es que la frase se pudo escuchar. Desconozco la motivación del insulto y el destinatario”, agregó el juez dirigiéndose al defensor del imputado Oscar Thomas. “Corresponde exhortarlo puntualmente a que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias de cualquiera de las partes en el marco del juicio. Son impertinentes, no tienen que ver con el objeto del debate y conspiran contra el correcto y normal desarrollo de las audiencias”, advirtió Méndez Signori.

Como respuesta, Ubeira pidió disculpas y aclaró: “Salió el nombre de Stornelli y dije: ‘Sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”.

Los euros y la caja

El testigo dijo que Centeno le contó que “una de las tantas veces que lo llevaba a Baratta a la Quinta Presidencial de Olivos, en el asiento de atrás tenía unos bolsos, abrió uno y vio que estaban llenos de billetes de 500 euros. Me dijo ‘tengo una tentación de robármelos y le digo ‘negro no vas a llegar vivo ni a Maipú ni Libertador, ni se te ocurra’”. Recordó el episodio ante una pregunta de Mariano Galpern, representante de la querella por la Unidad de Información Financiera.

Sobre la caja que Centeno le entregó, dijo que cuando la recibió no la abrió pero “tenía una idea clara de lo que había adentro”, expresó Bacigalupo al comienzo de su declaración como testigo en el juicio oral por el caso Cuadernos al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

El testigo de 81 años ratificó que Centeno le pidió guardar la caja cerrada con cinta de embalar por los problemas que tenía por entonces con su ex pareja Hilda Horovitz. Además recordó que luego la mujer, siempre en base a lo que le contó Centeno, fue al juzgado federal de Claudio Bonadio donde tramitaba otra investigación penal por la compra de Gas Licuado en el kirchnerismo y lo denunció.

“Me enteré por boca del señor Centeno, se presenta, lo denuncia, tenían inconvenientes de pareja, lo denuncia respecto de conductas que él tenía y punto. No punto no. En un momento dado la señora Horovitz les pedía dádivas para no abrir la boca tanto al señor Baratta como al señor Centeno. Estoy repitiendo todas palabras del señor Centeno”, aclaró.

Bacigalupo refirió que “no hay ninguna prueba más allá del testimonio”. Horovitz logró los fondos para comprarse un departamento y “el señor Centeno la denunció por extorsión”, narró sobre los hechos previos que derivaron en la entrega de la caja que luego se supo contenía los cuadernos para que la guardara.

Centeno concurrió a la audiencia y escuchaba en primera fila a Bacigalupo. De hecho al inicio y al responder las preguntas de rigor, el testigo dijo ser sargento retirado de la Policía Federal e informó que de los acusados sólo conoce al remisero arrepentido. “Al que conozco está aquí en la sala”, manifestó y lo señaló con el dedo. “Es el sargento retirado del Ejército Argentino Oscar Bernardo Centeno”.

“El señor Centeno en un momento dado me pide si le puedo guardar un material, una caja con papelería que tenía. Tenía miedo de que esto trascendiera porque estaba en problemas con Horovitz. No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”, explicó y recordó que le preguntó a Centeno. “Son todas anotaciones que hice día a día respecto de mi trabajo”, contó que le respondió su amigo.

La apertura de la caja

Luego contó en detalle cómo y por qué le entregó la caja más de un año después al periodista Diego Cabot, que era su vecino y refirió que fue en ese momento cuando se abrió por primera vez.

Ambos estaban en el departamento de Bacigalupo. “Tengo una caja que me entregó el chofer de Baratta. No sé qué hay adentro, está a tu disposición si querés venir a verla. Un día me dijo que sí y subimos los dos juntos a mi departamento”, refirió.

Adentro de la caja estaban los cuadernos. “Una cosa curiosa. Yo jamás puse mano en los cuadernos en ningún momento. Veo que el hombre abría los ojos como vaca mirando el tren. Me dijo: ‘¿Vos sabés lo que es esto? Es tremendo esto. ¿Qué querés hacer?“, recordó.

Bacigalupo le respondió que él hiciera lo que considerara que tenía que hacer y entonces el periodista se llevó la caja. Era enero de 2018.

Poco después, el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y el ex jefe de esa cartera Julio De Vido recuperaron la libertad en la causa Gas Licuado y Centeno le pidió la caja. “¿Por qué? Tendría que responderlo él", acotó ante otra pregunta de la fiscalía.

“La caja estaba en poder de Cabot. Lo llamo y le digo que me la tiene que devolver porque Centeno me la está reclamando. Lo entretuve a Centeno con excusas hasta que Cabot me trae la caja un día. Centeno estaba en mi casa. Vivo en un tercer piso con balcón a la calle. Baja Cabot, me entrega la caja abierta, subo y se la doy a Centeno. Ahí se produce un cruce de palabras. Me dice algo así como: ‘¿Cómo que la caja está abierta?’. Le respondí: ‘Es lógico, ¿cómo no va a estar abierta? Yo tenía que saber lo que había adentro’. Entonces me dijo: ‘Vos estuviste haciendo negocios con esto’. Se fue, se llevó la caja y no lo volví a ver", refirió.

Bacigalupo contó que vio a su ex amigo una vez más luego de ese episodio, cuando fue a declarar a tribunales “sobre una propiedad que Baratta había comprado para poner un salón de fiestas. Centeno era el hombre de confianza de Baratta y seguía trabajando con él cuando dejó el Gobierno. Seguía supervisando esa obra junto con la esposa de Baratta.”, dijo.

La declaración judicial

Luego contó cómo declaró en la causa judicial y en ese marco refirió que el fiscal federal Carlos Stornelli fue a su casa junto al periodista Cabot para hablar del tema.

Según relató, el periodista lo llamó un día para explicarle que el caso había llegado a la Justicia y era necesario que declarara como testigo. Le dijo que sí y entonces fue a su casa junto a Stornelli. “Lo pongo en conocimiento de que su amigo Oscar Centeno está preso. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque, sino, se nos complica la causa’, refirió Bacigalupo que le habría dicho el fiscal.

“Le respondí que sí. Cabot se ofreció a llevarme. Les dije: ‘¿Por qué no ahora?’. Y así fue: salimos de mi casa, el doctor Stornelli me trasladó a Comodoro Py y me llevó al despacho del doctor Claudio Bonadio. Allí presté esta declaración testimonial, en presencia del doctor Bonadio. "Ratifico plenamente esa declaración." Sobre ese trámite judicial mencionó que “solamente” le “quedó grabada una frase”. “Lo tenía a Bonadio sentado frente a mí y me dijo: ‘Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado, esto no podía continuar’. Y agregó: ‘Esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar’. Al doctor Bonadio no lo vi nunca más.”

A la hora de preguntar las defensas buscaron saber por qué entregó la caja a un periodista y no a la Policía, como dijo poco antes que había pensado como posibilidad en un primer momento. El abogado de Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, le preguntó por su carrera en la policía, manifestó que estuvo en el área de Asuntos Jurídicos. Luego, fue remisero y en ese marco conoció a Centeno, quien lo llevó a trabajar al Ministerio de Planificación Federal. “El ya era chofer exclusivo del señor Baratta”, refirió.

La audiencia entró en un cuarto intermedio poco después de las 11 ante un planteo vinculado al tipo de preguntas que se le hacían al testigo y retomó pasado el mediodía con el interrogatorio de las defensas.

La defensa de Baratta le preguntó si estaba al tanto de la obligación de un policía de denunciar al tomar conocimiento de un delito de acción pública, en alusión a lo que había contado sobre los dichos de Centeno vinculados a los “billetes de 500 euros” en la quinta de Olivos. “Cómo iba a denunciar un supuesto? No se olvide que el doctor Kirchner era el presidente de la Nación y Baratta el segundo de Julio De Vido, cómo lo pruebo?”, respondió.

Los planteos previos

Al inicio de la jornada el abogado defensor del empresario Armando Loson, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que se evite interrogar a Bacigalupo sobre la denuncia que presentó este acusado vinculada a supuestas adulteraciones en los escritos de Centeno y que tramita de manera paralela en otro juzgado penal. El ex policía tiene falta de mérito en el caso.

Bacigalupo respondió preguntas bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 pero llegó a la audiencia mientras continúa bajo investigación en esta otra causa paralela que busca determinar si hubo adulteraciones en las anotaciones originales de Centeno y si él fue el responsable.

Bacigalupo y Centeno

El caso Cuadernos nunca hubiera llegado a Comodoro Py de la manera en que lo hizo de no ser por la decisión que tomó Bacigalupo un año y medio después de recibir los escritos de Centeno en una caja. Le pidió que se los cuidara porque temía un allanamiento en su casa por otra causa penal, Gas Licuado, en la que su pareja hasta entonces, Horovitz, había ido a declarar y mencionó la existencia de bolsos, recorridas y anotaciones al respecto.

Bacigalupo y Centeno se conocían del trabajo en una remisería. En enero de 2018 el primero le dio la caja al periodista de La Nación, Diego Cabot.

Desde que comenzó el juicio oral, el arrepentido Centeno guardó silencio. Asistió a unas pocas audiencias, entre ellas la de la declaración de Cabot. Sólo tomó notas sentado junto a su defensor oficial. Pero durante la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli dijo en su indagatoria que entregó sus escritos a Bacigalupo porque quería “resguardarlos” de su ex pareja en una relación que andaba mal.

Su ex jefe en el ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta estaba detenido en la causa Gas Licuado. Cuando fue excarcelado, Centeno le reclamó los cuadernos a Bacigalupo. Fue entonces que el periodista los fotografió para luego devolverlos. Se perdió el rastro y tiempo después, cuando el caso ya estaba en instancia de juicio oral, Cabot recibió un llamado de un desconocido que lo citó para devolverle seis de los ocho cuadernos originales, según contó en el juicio oral.

Esa documentación fue llevada al fiscal Stornelli, quien los remitió al TOF7 y desde entonces se guardaron en una caja fuerte en la sede del Tribunal, en el Palacio de Justicia. De allí salieron rumbo a Comodoro Py por primera vez y mucho tiempo después, cuando comenzaron las declaraciones de los testigos de manera presencial.

“Mi amigo se perjudicó él, no yo”

En otro pasaje del largo interrogatorio al ex sargento retirado de la Policía Federal, el defensor José Manuel Ubeira, tomó la palabra para sumarse a la ronda de preguntas. Allí le consultó al testigo si, al momento de entregarle los cuadernos al periodista Cabot no había evaluado si con esa acción podía llegar a perjudicar “a su amigo Centeno”. Bacigalupo contestó: “Mi amigo se perjudicó él, no lo perjudico yo”.

Ubeira insistió con la consulta. “Yo lo que evalué era el daño que se provocó a nuestro país. Si Centeno tiene un perjuicio, él es el causante, no yo, ¿está claro?“, respondió.

“¿Usted consideraba que él era parte de la maniobra?“, continuó el abogado. “Sí, porque él fue el autor de llevar esa correlatividad de los hechos que sucedieron. ¿Cuál era el fin por el que Centeno lo hizo? Pregúnteselo a Centeno”, expresó el testigo de 81 años.

Luego Bacigalupo comentó que al enterarse de la detención del autor de las anotaciones pensó que era “lo lógico”, ya que “estaba bien consciente de lo que sucedía” tras consignar “como en un libro de guardia” los distintos viajes y pagos.

“Acá hay una responsabilidad sobre lo producido en los cuadernos y lo que hoy se está juzgando; hay una responsabilidad muy grande que nos afectó a todos los que estamos en este país, a los que vivimos acá. Vuelvo repetir: a todos”, aseveró el testigo.

Cuarto intermedio mediante para almorzar, otro de los defensores que pidió la palabra fue Gabriel Palmeiro, representante de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, quien solicitó más precisiones respecto a lo que Centeno le había contado a Bacigalupo respecto al contenido de los “apuntes” que guardó durante meses en su dormitorio a pedido de su dueño. “Yo no tuve acceso a los cuadernos: lo que sabía respecto a ellos, lo repito por enésima vez, fue lo que Centeno me dijo (...); que anotaba todo lo que sucedía en el trabajo día por día. El fin específico de esos cuadernos no lo sé y nunca me lo dijo”.

Poco después, respecto a la entrega del material, aclaró: “Todos los acontecimientos -relatados- en los cuadernos justifican lo que yo hice”.

Suspensión de la audiencia

Tras casi ocho horas de declaración testimonial y luego de un nuevo receso solicitado por el testigo, el Tribunal Oral Federal N° 7 porteño decidió interrumpir la audiencia y retomarla el próximo martes a las 9 de la mañana. La determinación fue comunicada por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien fundamentó la medida en la extensión de la jornada, el cansancio acumulado y la necesidad de resguardar el normal desarrollo del debate.

“El tribunal tomó la decisión de suspender la audiencia en esta oportunidad y continuar el martes próximo en razón de distintas circunstancias que ha ponderado”, señaló el magistrado al cierre de la jornada. A continuación, precisó que “la declaración se ha extendido por casi 8 horas” y remarcó que el testigo, Jorge Bacigalupo, “tiene 81 años”, lo que “genera, obviamente, la fatiga tanto para el declarante como para todas las personas presentes en esta sala y conectadas de manera virtual”.

Méndez Signori, acompañado por los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, indicó además que durante la extensa exposición el testigo “se ha explayado largamente sobre los temas centrales por los cuales ha sido convocado para este debate” y advirtió que, hacia el final de la jornada, comenzaron a aparecer “precisiones de las defensas que no han tenido oportunidad de preguntar”, situación que derivó en incidencias y demoras adicionales.

“En razón de la confusión que puede generar en el testigo a partir del cansancio derivado de estas 8 horas, entendemos que es razonable hacer una suspensión en este momento de este acto y continuar el martes próximo”, añadió el titular del debate.

En ese contexto, el magistrado exhortó a las partes a formular preguntas concretas y evitar reiteraciones durante la sesión prevista para la próxima semana. “Les pido a las partes que en la audiencia que comenzará el martes a las 9 horas sean precisas en las preguntas y evitemos reiteraciones sobre lo que ha declarado largamente en estas 8 horas”, manifestó Méndez Signori, quien consideró que de esa manera “se va a asegurar plenamente el ejercicio de la defensa”.

Durante el intercambio posterior, la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez, consultó si existía la posibilidad de habilitar una audiencia excepcional para este viernes, al sostener que “la incomunicación del testigo es la norma”. Sin embargo, el planteo fue rechazado en el acto. “El tribunal tiene una agenda sumamente compleja, así que, como dije, nos vamos a volver a ver el día martes a las 9 horas. Los planteos pendientes formulados por las partes quedan para la audiencia próxima”, respondió Méndez Signori.

Antes de finalizar la jornada, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pidió que, “en la medida de esta reprogramación”, también se reorganice “la agenda de los próximos testigos”.

Hasta antes de la suspensión dispuesta por el TOF 7, el cronograma del juicio preveía que el próximo 19 de mayo compareciera Hilda Horovitz, ex pareja del chofer Centeno. Para el 21 de mayo estaban convocados la ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, Julio César Silva, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

En tanto, el 26 de mayo tenían previsto declarar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, y la ex diputada Mariana Zuvic.

La causa por las adulteraciones

En ese expediente, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex policía Bacigalupo por los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, y le dictó una falta de mérito.

En esa decisión, se consideró “imperioso” que el tribunal oral que tiene bajo resguardo los cuadernos originales los remita para realizar una nueva pericia caligráfica que permita determinar si las adulteraciones detectadas fueron realizadas por Bacigalupo.

En paralelo, el empresario querellante en esa denuncia y uno de los juzgados ahora en el debate oral Armando Losón puso el foco en las conclusiones del peritaje realizado sobre los cuadernos originales, actualmente bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7. Su abogado, Ricardo Gil Lavedra, había pedido sostener el procesamiento “más allá de que no podía afirmarse categóricamente la autoría de Bacigalupo en las diversas enmiendas halladas”.

El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública.

Junto con la ex mandataria se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

Un abogado deberá pagar cinco millones de pesos a un colega al que insultó en un escrito judicial. La condena, dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 15, cierra un largo recorrido que comenzó en 2022 con una sola palabra -“carancho”- y pasó por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía, la Cámara Federal y finalmente la justicia civil.

Los hechos arrancan el 24 de agosto de 2022. El abogado José Rodolfo Eleazar González representaba a Cencosud S.A. en un reclamo de consumo y al contestar la demanda se refirió al abogado de la parte contraria -Marcelo Nicolás Piccardi, especializado en defensa del consumidor con más de diez años de trayectoria- como integrante de un grupo de letrados a los que llamó “caranchos”. La acusación era directa: se trataba de profesionales que promovían reclamos en serie con fines meramente lucrativos.

En su defensa, González dijo que su cliente le había dado instrucciones específicas sobre ese abogado, que tuvo poco tiempo para preparar la contestación, y que luego se retractó y ofreció disculpas. Piccardi no las aceptó.

Lo que vino después fue una cadena de sanciones. Piccardi recurrió al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que en diciembre de 2023 condenó a González a una multa de $400.000 con destino a la tesorería de la institución. Las expresiones habían sido “desmedidas y fuera de lugar, sobrepasando el límite de respeto que se merece un contendor”, dijo el fallo disciplinario, y aclaró que la convicción de tener razón no habilita a insultar a un colega. González apeló, pero en junio de 2025 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso y confirmó la sanción.

Con esos antecedentes firmes, Piccardi fue a la justicia civil y reclamó cinco millones de pesos por el daño moral causado por el insulto. González se defendió con el argumento de que ya había sido sancionado y que una nueva condena equivaldría a castigarlo dos veces el mismo hecho. El juez de primera instancia Javier Santamaría lo rechazó: la multa del Colegio fue una sanción a González como profesional, con destino a la institución, y no le compensó nada al afectado. Son dos cosas distintas, razonó, y la primera no cancela la segunda.

Para explicar por qué “carancho” es un insulto y no una simple descripción, el magistrado recurrió a un precedente de la propia Cámara Civil que lo definió con precisión: es una expresión que “se ha impuesto en nuestra sociedad como una metáfora o figura retórica, para señalar al abogado disoluto, de bajos procederes, que como un ave carroñera, se aprovecha de las víctimas para lucrar ilícitamente a su costa o que fragua datos para cobrar indemnizaciones de las compañías de seguros más abultadas o directamente improcedentes, por siniestros viales entera o parcialmente falsos o inventados”.

Y para reforzar el carácter notorio del término en la cultura argentina, el titular del Juzgado en lo Civil N°15 porteño agregó que “el tema ha trascendido incluso al cine, con la película dirigida por Pablo Trapero, del año 2010, que precisamente se titula ‘Carancho’, donde se muestra ese tipo de accionar ilícito”.

El juez también apuntó algo que agravaba la responsabilidad de González: él mismo es abogado y sabe perfectamente lo que significa esa palabra. “Ello no es un dato menor -consideró Santamaría en su fallo-: un letrado no puede invocar desconocimiento respecto del carácter ofensivo y denigrante del término utilizado, ni alegar que lo empleó de manera inocua o neutral”.

Luego precisó: “Por el contrario, quien ejerce la abogacía conoce -o debe conocer- con precisión el peso de las palabras que vuelca en un escrito judicial, el impacto que pueden generar en el honor y la reputación de un colega, y los límites que el estilo forense impone al ejercicio de la defensa, incurriendo en culpa al soslayarlos”.

Sobre el daño sufrido por el demandante, el magistrado explicó que cuando alguien ataca el honor de otra persona, no hace falta demostrar cuánto le dolió, en tanto “la sola comisión de la injuria, afectando el honor, hace presumir la existencia de daño moral, pues aun cuando se pudiera probar que la publicación ofensiva no causa desmedro en la fama, siempre quedaría a la vista el dolor y menoscabo a la dignidad".

Con esa base, y ante “la zozobra padecida al ser calificado con tales conceptos inapropiados y agraviantes a su honra profesional”, el juez fijó una indemnización de cinco millones de pesos, con intereses y costas a cargo del demandado.

La Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura se reunirá este jueves desde las 11 con una agenda extensa enfocada en contrataciones, rescisión de servicios, reclamos salariales y expedientes vinculados con honorarios de peritos y traductores judiciales.

El cuerpo tiene entre sus funciones fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías, ejercer el control de legalidad e informar periódicamente al plenario del Consejo, en virtud del artículo 16 de la ley que regula el funcionamiento del organismo de selección y remoción de jueces.

Entre los puntos incluidos en el orden del día figura una licitación pública por $427.823.407,73 para el servicio de limpieza integral del edificio judicial ubicado en Marcelo T. de Alvear 1840 y su anexo, en la Ciudad de Buenos Aires. El expediente comprende limpieza interior y exterior de espacios comunes, oficinas y vidrios en altura por un plazo de doce meses desde agosto de 2026.

El temario incorpora además una contratación directa con la Policía Federal para servicios de custodia adicional en edificios dependientes del Poder Judicial de la Nación entre enero y marzo de 2026. El convenio interadministrativo asciende a $680.606.493,88.

Otro expediente involucra a la empresa Rabadán S.A., adjudicataria del servicio de limpieza en edificios judiciales de la provincia de Córdoba. El proyecto incluye descuentos, multas y rescisión parcial de contratos por una serie de ausencias de personal y faltantes de insumos.

Según la documentación incorporada al expediente, la firma acumuló más de quince incumplimientos contractuales, número previsto como causal de rescisión en la normativa que rige el contrato. Las actuaciones alcanzan servicios prestados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y en los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3 de esa jurisdicción.

Para la Cámara Federal cordobesa, el proyecto a tratarse también fija la rescisión contractual desde el 4 de octubre de 2025 y la ejecución de una garantía superior a $22,6 millones. Respecto de los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3, establece la rescisión desde el 23 de agosto de 2025 y la pérdida de garantías por alrededor de $4,7 millones en cada caso.

La iniciativa también contempla descuentos adicionales por acumulación de reclamos y autoriza pagos “en concepto de legítimo abono” por períodos posteriores a las fechas de rescisión. Esos montos quedarían sujetos a deducciones superiores a $42 millones por inasistencias y faltantes detectados hasta marzo de 2026.

La agenda de este jueves contiene además expedientes vinculados con bonificaciones salariales por títulos universitarios para agentes judiciales. Entre ellos aparecen reconocimientos por licenciaturas en Recursos Humanos y Comunicación Social, además de títulos de Procurador y Arquitecto.

La comisión financiera también abordará recursos jerárquicos promovidos por distintos magistrados y funcionarios judiciales por pagos de subrogancias, vacaciones no gozadas y diferencias salariales.

Entre esos expedientes figura un planteo del juez federal Ernesto Kreplak por diferencias salariales vinculadas con subrogancias ejercidas entre el 9 y el 15 de enero de 2023 en los juzgados federales N°2 y N°4 de La Plata. El proyecto sometido a consideración dispone el pago “sobre la base de las remuneraciones vigentes en el momento en que se efectúe”.

Otro caso corresponde al juez Miguel Ángel Contreras. Mientras el proyecto principal rechaza su recurso por extemporáneo, un dictamen alternativo impulsa la liquidación del pago reclamado por haber ejercido subrogancias.

La reunión incluirá además recursos presentados por peritos traductores y auxiliares de justicia por honorarios regulados en causas penales y federales.

Los expedientes comprenden actuaciones en investigaciones por lavado de activos, estafas, falsificación documental y otros delitos económicos. En varios casos, los proyectos ordenan pagos actualizados conforme el valor vigente de la UMA (Unidad de Medida Arancelaria).

Entre ellos aparece el reclamo de una traductora pública que intervino en una causa por presunta estafa tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, además de otro expediente vinculado con una investigación por falsificación de documento público en trámite ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro.

El orden del día suma a su vez planteos rechazados por extemporaneidad, reclamos por vacaciones no gozadas, controversias administrativas sobre viáticos y recursos relacionados con contrataciones e interinatos dentro del Poder Judicial.

Actualmente la comisión es presidida por el secretario de Justicia, Santiago Viola, y tiene como vicepresidente al diputado Álvaro González.

También la integran los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Alberto Lugones, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit y Eduardo Vischi.

En el juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, un vicealmirante retirado que conocía a los 44 tripulantes desde hacía décadas quebró el tono técnico del debate para hablar de ellos como lo que eran para él: amigos, compañeros de asado, hijos de vecinos del edificio de Marina donde vivió de recién casado. “Era gente maravillosa”, dijo emocionado el oficial que se retiró el año pasado como subjefe de la Armada.

El proceso se lleva adelante desde el 3 de marzo en Río Gallegos, semana de por medio, ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini conectado por zoom como cuarto vocal. Ya se concretaron 20 audiencias de riguroso contenido técnico, con evaluaciones minuciosas de ingeniería naval acerca del estado del buque antes de zarpar hacia su última misión. En el banquillo, cuatro ex altos mandos de la fuerza enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes que perecieron el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino implosionó en el Atlántico Sur mientras ejecutaba una patrulla de control de los espacios marítimos en la zona económica exclusiva argentina.

Marcelo Ricardo Flamini fue Subjefe de la Armada -el segundo cargo más alto de la institución- antes de retirarse el 10 de diciembre de 2025. Submarinista desde 1991, declaró como testigo de la fiscalía la semana pasada, durante la última audiencia antes de que el presidente del tribunal, el juez Reynaldi, declarara un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 18 de mayo.

Además, el testigo compareció antes de que los magistrados, las partes y los imputados recorrieran el viernes pasado las instalaciones del astillero Tandanor, en la ciudad de Buenos Aires, para hacer una inspección ocular en el ARA Santa Cruz, gemelo de la nave siniestrada.

Los buques Armada de la República Argentina (ARA) San Juan y Santa Cruz eran submarinos de la clase TR-1700, construidos por el astillero alemán Thyssen Nordseewerken en la ciudad de Emden. El Santa Cruz -S-41- fue el primero en entregarse y llegó a Mar del Plata en noviembre de 1984; el San Juan -S-42- lo hizo en enero de 1986, tras una travesía inaugural de 28 días desde Alemania al mando del entonces capitán de fragata Carlos Alberto Zavalla, que incluyó el cruce del Canal de la Mancha con temporal y la escolta no solicitada de una fragata y un buque tanque de la Royal Navy. Ambos ingresaron luego a procesos de reparación de media vida: el San Juan completó el suyo entre 2008 y 2014 en Tandanor. El Santa Cruz, en cambio, fue desafectado del servicio activo e ingresó en un proceso de canibalización de sus piezas y equipos con vistas a su venta como chatarra.

Según reseñó el propio vicealmirante Flamini al contar su trayectoria naval, se había desempeñado como parte de la dotación del San Juan en tres oportunidades -en 1994 como jefe de Electricidad, y en 2006 y 2007 como jefe de Máquinas- y era compañero de promoción y amigo personal del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, hoy uno de los acusados.

Luego, ante una consulta del querellante Luis Tagliapietra, el testigo recordó al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del buque, de 45 años y padre de tres hijos; y al capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante, de 42 años y padre de Milagros: “El capitán Fernández navegó mucho conmigo. Fuimos compañeros en el submarino y había un afecto muy especial porque nuestros hijos eran compañeros de colegio. Con el capitán Bergallo, aparte del afecto que le tengo al padre, se lo tenía mucho a él. Cuando me casé vivíamos en un edificio en la calle Hipólito Yrigoyen, un edificio de Marina. Yo era recién casado y el capitán Bergallo iba con los libritos del colegio a la secundaria. A esos chicos los conozco de toda la vida”, comentó.

El padre de Jorge Ignacio -también llamado Jorge- fue comandante del ARA San Juan y de la Fragata Libertad, y actualmente está en situación de retiro efectivo.

De los suboficiales -33 de los 44 tripulantes, junto a 11 oficiales; 43 hombres y una mujer, la teniente de navío Eliana Krawczyk, primera submarinista oficial de la historia argentina- habló con la misma cercanía. “Hay muchos suboficiales que se adiestraron conmigo: Walter Real, era cabo; nosotros estábamos activando la batería del submarino Santa Cruz que estaba en reparaciones de media vida en Río de Janeiro y se quedó toda la noche despierto conectando los niples de conexión del sistema de refrigeración de baterías para poder trabajar al otro día a la mañana. Yo me levanté y no lo podía creer: gente maravillosa, el suboficial Sánchez, el suboficial Gallardo, Cayetano…”.

Ahí se detuvo. Visiblemente emocionado, no pudo continuar su narración. El juez Reynaldi intervino: “Tome un vaso de agua, almirante. Tome un vasito de agua. Respire profundo".

Sentado en el centro de la sala de audiencias, Flamini agarró la botella de vidrio, se sirvió agua en un vaso de telgopor, tomó un sorbo, frenó unos segundos y volvió a empezar. “Sí, sí, estoy bien, estoy bien”, dijo, y retomó con seguridad: “Eso desde el punto de vista afectivo. Desde el punto de vista profesional, no tengo absolutamente nada que decir: era una dotación que ya había navegado cerca de 50 días en el año, que para ese momento era bastante, era mucho. Hemos pasado épocas de vacas muy flacas y haber podido adiestrarse durante 50 días creo que fue algo muy importante para esos chicos. Así que profesionalmente no tengo nada que decir, nada que reprochar, al contrario".

Reynaldi volvió a intervenir: “¿Está en condiciones de continuar, almirante?”.

“Sí, doctor, ya a esta edad uno empieza a flaquear un poco, antes no era así, le juro que no era así“, respondió el ex número dos de la Marina.

“No es habitual concurrir a un tribunal a declarar, y más con un caso tan sensible como este”, dijo el juez como intentando consolar al oficial retirado.

“Por eso, -añadió Flamini- discúlpeme que disgregue un poco la cosa. Por eso cuando me hablan de héroes: el héroe es Superman, estos eran pibes con los que yo comía asado, me abrazaba, hablábamos de nuestras familias, de cosas. Son mucho más que héroes para mí. El héroe es algo etéreo, intangible; estos son muchachos que yo abrazaba, que los retaba, que hablábamos de nuestros hijos. Por eso uno lo siente de esa manera...Discúlpeme".

Por lo demás, la capacidad profesional de la tripulación quedó demostrada, sostuvo, en su respuesta ante la emergencia de la madrugada del 15 de noviembre: el ingreso de agua de mar al tanque de baterías, el cortocircuito y el principio de incendio. “El hecho de haber salido a superficie a ventilar habla de la capacidad de reacción que tuvo toda la dotación y el mismo buque para poder salvar esa emergencia", planteó.

A su vez, al momento de analizar el SITREP -el reporte de situación enviado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre, en el que el submarino daba cuenta del incidente sufrido poco más de seis horas antes, con mar gruesa, un estado de mar 6- fue en la misma línea: “Describe una avería de la cual pudo salir, afortunadamente sin novedades de personal. Si fueron a inmersión es que veían todo claro para ir nuevamente a navegar debajo del agua, que no es poca cosa“.

También destacó el rendimiento en el ejercicio antisubmarino del 11 de noviembre -cuatro días antes del hundimiento-. Tras leer el informe que el propio comandante Fernández había redactado sobre esa actividad, precisó: “Esto debe ser el summum para su comandante y su dotación. Porque es el ejercicio más exigente por excelencia que debe cumplir un submarinista; y el buque estuvo en capacidad de hacerlo, eso es lo más importante".

Flamini declaró más tarde sobre el Consejo del Arma Submarina celebrado en el mes de abril de 2017, un órgano integrado por los oficiales submarinistas de mayor experiencia de la Armada, presidido por el comodoro Gabriel Attis, y convocado para examinar la situación general de la fuerza de submarinos. Allí estuvo presente el propio comandante Fernández, quien, según recordó el testigo, expuso sobre el estado del ARA San Juan. “Fernández, que siempre fue un chico muy entusiasta, dijo, objetivamente, que el buque estaba operativo, y eso nos dio tranquilidad como submarinistas”, relató.

En ese mismo Consejo se discutió el ingreso de la embarcación a dique de carena -una reparación programada que implica sacar el casco del agua para inspeccionar y reparar su estructura exterior, y que el submarino tenía vencida-. Todos coincidieron en que debía concretarse durante el primer semestre del año siguiente, advirtió Flamini. Y agregó que incluso el capitán Fernández compartía esa posición, ya que quería que el buque fuera a dique pero no estaba en desacuerdo con que el ingreso se postergara hasta 2018.

Al hablar del carenado pendiente, el vicealmirante explicó que el submarino “tenía muchos días de adiestramiento, pero no tantos días de mar como para pensar que la carena se vería debilitada".

Hacia el final de su declaración, el abogado defensor Juan Pablo Vigliero volvió sobre las tareas pendientes que presentaba el San Juan al concluir su reparación de media vida. Flamini respondió desde su experiencia como ex jefe del Arsenal de Mar del Plata -cargo que ocupó en 2015 y 2016, el período inmediatamente posterior a esa reparación-: “En general, en reparaciones tan grandes siempre surgen novedades -fallas, reparaciones o problemas técnicos sin resolver-. Lógicamente, después de una reparación de media vida lo que busca uno solucionar es algún problema endémico de la unidad antes de entrar a esas reparaciones, pero siempre quedan algunas novedades remanentes que se van solucionando con el tiempo”.

Luego recurrió a un episodio que le tocó vivir en primera persona para ilustrar el punto: “Yo me puedo referir al caso del primer submarino Scorpene de los brasileros. Fui a Brasil a verlo y el día que llegué se había hundido totalmente de proa: un submarino nuevo, en períodos de entrega a la Marina de Brasil. No sé -ni lo vamos a saber- qué tipo de desperfecto tuvo; yo cuando entré al submarino lo estaban secando porque se había hundido".

“Eso como para darle un ejemplo de que hasta el más nuevo de todos puede tener alguna falla que recuperar en algún momento”, completó el testigo.

El Consejo de la Magistratura votó este miércoles en la Comisión de Disciplina aplicar una multa del 30% de los haberes al juez Hernán Diego Papa, titular del Juzgado Comercial N° 12 de la Capital Federal, denunciado por maltrato laboral, abuso de autoridad, amenazas y agresión física hacia empleados de su tribunal.

La votación fue ajustada -cinco votos contra cuatro y uno- y el expediente pasa ahora al Plenario, que es el órgano con facultades para imponer sanciones disciplinarias de manera definitiva.

La denuncia fue presentada en 2023 por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), encabezada por el gremialista Julio Piumato, junto a Rocío Herrera y Juan Álvarez. El expediente tramitó durante años y en las últimas semanas el Consejo aceleró su tratamiento para evitar que caducara sin resolución.

El dictamen mayoritario, elaborado por los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña y Eduardo Vischi, concluye que las conductas del juez Papa “no se circunscriben a un episodio aislado o accidental, sino que configuran un patrón persistente, desplegado de manera reiterada por el magistrado denunciado, con particular afectación a mujeres trabajadoras bajo su dependencia”.

El período investigado abarca desde 2011 -año en que Papa asumió como juez- hasta 2020, cuando su trato con el personal pasó a canalizarse exclusivamente a través de los secretarios.

Entre las conductas acreditadas por el dictamen figuran manifestaciones intimidantes y humillantes dirigidas al personal, malos tratos y gritos, intromisión en la vida privada de los empleados, uso de rotaciones y traslados como mecanismo de castigo, y la generación de un clima laboral “signado por el temor y la sumisión”.

Los testimonios recabados durante la instrucción describieron con reiteración una misma dinámica: al llegar al juzgado, el juez se mostraba amable y cordial, pero con el tiempo ese trato derivaba en hostigamiento.

Una de las secretarías del tribunal era utilizada, según los propios empleados, como destino punitivo: “La Secretaría 120 la utilizaba como una secretaría de castigo. Todo empleado o funcionario que no le gustaba iba a parar a la 120”, relataron.

Los testimonios también dieron cuenta de amenazas directas. Uno de los testigos recordó haber escuchado al juez decir: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda. A vos y a toda tu familia”. Otra empleada narró que, tras poner un “Me gusta” en una publicación de Facebook de una ex compañera, fue convocada al despacho del juez, donde la increpó a los gritos: “Te voy a hacer mierda, te voy a echar. Ya vas a ver, vas a pagar todo lo que me hicistes (sic)”. La testigo había regresado hacía pocas semanas de su licencia por maternidad.

El dictamen señaló que el propio Papa reconoció en sus descargos haber tenido “una reacción negativa” ante esa publicación, lo que otorgó mayor veracidad al relato.

Otras declaraciones describieron prácticas sistemáticas: empleados obligados a mirar la pared durante reuniones, prohibición de hablar entre compañeros, control obsesivo de horarios de ingreso -exigiendo presentarse media hora antes del horario reglamentario-, y un temor generalizado a solicitar licencias. “Conforme a mi situación, como me sentía, como estaba en el Juzgado, no quería pedir nada para no tener que estar en la situación de pedir”, declaró uno de los testigos durante la instrucción.

Varios empleados y funcionarios terminaron con licencias psiquiátricas o fueron trasladados a otras dependencias por recomendación médica.

En la sesión de este miércoles se presentaron tres posiciones en la mesa de debate. El consejero instructor Mariano Recalde elaboró un dictamen desestimatorio y fue cuidadoso al explicar sus razones.

Recordó que él mismo fue empleado judicial durante 13 años y delegado del sindicato que presentó la denuncia, y aclaró que su postura no implicaba tolerancia al maltrato sino una valoración estrictamente probatoria. “Nos toca juzgar, y no encuentro acreditadas las conductas que se le imputan”, dijo. Señaló además que varias denuncias tenían más de una década de antigüedad, lo que a su juicio generaba dudas que no podían resolverse en contra del acusado. Votaron por la desestimación Recalde, Hugo Galderisi, César Grau y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó lo que llamó una “extorsión y doble vara” de la Comisión.

La postura que se impuso fue la del dictamen sancionatorio, que sumó cinco votos: Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Eduardo Vischi, Luis Juez y Alejandra Provítola. Barroetaveña fue contundente al fundar su decisión. Señaló que el Consejo trata habitualmente casos similares en distintas jurisdicciones: algunos transitan el camino de la desestimación porque las denuncias no tienen peso; otros avanzan. Luego citó textualmente frases que el juez Papa habría dirigido a empleados: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda, a vos y a toda tu familia. Los voy a hacer mierda, los voy a destruir”. Frases que, dijo, “se repiten en declaraciones de varias de las personas que trabajan en ese fuero”. Para quienes las sufrieron, razonó, una sanción menor “huele a poco”. El 30%, en cambio, “deja alguna satisfacción en quienes sufrieron este tipo de situación”.

Y remató con ironía: “Para el juez, en definitiva, es solo el 30 por ciento de la remuneración. ¿No dicen ustedes que ganamos mucho los jueces?“. Díaz Cordero cerró con una frase que sintetizó la postura mayoritaria: “Los jueces no vamos a tolerar esta violencia desmedida hacia los empleados”.

Fue el senador Juez quien dejó entrever un tono irónico en su intervención. “La verdad que pensé que me iba a ir de este Consejo sin escuchar las voces de los jueces pidiendo una sanción para jueces”, dijo, y describió el maltrato en los tribunales como una práctica naturalizada “a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. “Me parece maravilloso escuchar en la boca de los jueces decir que este tipo de conducta este Consejo de la Magistratura no la va a tolerar. Me quiero quedar con el dato emblemático de escuchar en boca de los jueces que el maltrato no puede ser consentido”, aseveró el senador.

El consejero Alberto Lugones recogió el guante y le contestó. “No tiene por qué saberlo el doctor Juez porque tiene muchas cosas que hacer y no tiene por qué enterarse de las cosas que hicimos acá”, expresó, y enumeró los casos que él mismo había impulsado: el juez Gemignani, el juez Guerrero de El Dorado, donde había “media docena o diez personas con licencia psiquiátrica por los maltratos que hacía”. En el caso de Papa, consideró que las pruebas no alcanzaban para el 30%, pero sí para una sanción de apercibimiento. “Yo no me abstengo, pongo lo que hay que poner sobre la mesa, en este caso el dictamen, y propongo esa sanción. Algunos querrán más, yo creo que esa sería suficiente”, cerró. Votó en solitario por su propia propuesta.

La jueza Provítola, que votó por la multa en su condición de afiliada a la UEJN, advirtió una deuda pendiente del organismo: revisar las reglas que determinan hasta qué momento se puede investigar este tipo de casos y actuar “con mayor fluidez y rapidez para evitar que estemos cercanos a una caducidad de instancia”. “Nos debemos un debate en el próximo Plenario”, concluyó.

El expediente había tramitado previamente por la Comisión de Acusación -donde los casos pueden derivar en remoción- pero fue remitido a la Comisión de Disciplina, que entiende en episodios de menor gravedad y aplica sanciones administrativas y económicas.

Ahora será el Plenario el que resuelva de manera definitiva, con los tres dictámenes sobre la mesa.

Novedades en la Comisión de Selección de Magistrados

Antes de la sesión disciplinaria, había sesionado la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por María Fernanda Vázquez, donde entre los temas tratados quedó consignado el orden de mérito provisorio del Concurso N° 521, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe. Al tope de ese ranking figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El orden del día trató, al respecto, el informe del consejero Diego Barroetaveña, integrante de la subcomisión B, con el análisis de las impugnaciones en ese concurso.

La vacante en cuestión se originó el 1° de diciembre de 2024, cuando el entonces titular del juzgado, Reinaldo Rubén Rodríguez, presentó su renuncia, aceptada mediante decreto firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Apenas días después, el Consejo sorteó el jurado y el 18 de diciembre dictó la resolución que llamó formalmente a concurso. La prueba de oposición tuvo lugar en marzo de 2025.

Con la votación de este miércoles a la mañana sobre las impugnaciones al orden de mérito provisorio, el concurso avanza hacia su etapa final. Lo que resta es la realización de exámenes psicológicos y psicotécnicos a los primeros postulantes del ranking, seguida de entrevistas personales ante la Comisión, instancia pública en la que se evalúan idoneidad, perspectiva de género y valores éticos.

Luego la subcomisión encargada de ese proceso elabora un dictamen con la terna, que pasa al Plenario del Consejo para su aprobación en audiencia pública, y finalmente se remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los tres candidatos y somete el nombramiento al acuerdo del Senado.

El 16 de noviembre de 2017, el contraalmirante Rafael Prieto se encontraba en Bahía Solano, a unos 50 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en la costa, a unos 500 metros del agua, con sus buques fondeados a la vista. Ese día había coordinado con el Ejército una operación anfibia: unidades navales apoyando un desembarco de infantes de marina para luego transferirle el control al Ejército, que seguía las operaciones en tierra. Habían estado a bordo con el general Varela, comandante de la 9° Brigada, y con el Comandante Operacional, el general de división Carlos Pérez Aquino, quien había ordenado realizar ese ejercicio. En algún momento bajaron a tierra para ver cómo seguían las operaciones.

“Lo recuerdo bien porque estaba en una circunstancia especial”, diría después ante el tribunal a cargo del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan.

El ejercicio culminaba con un ataque de los tanques del Ejército a posiciones simuladas cuando recibió el llamado de su superior directo, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), hoy acusado. La situación era hostil. Estaba en un ambiente con un “panorama patagónico absoluto”, de mucho ruido y viento. La señal de celular era mala. Tenía antiparras puestas. Aun así, entendió perfectamente la orden: había “incertidumbre sobre la situación del submarino San Juan porque se había perdido la comunicación”; “se querían comunicar” con la nave “y no podían”. Debía zarpar un destructor de inmediato con un helicóptero embarcado, pero el único disponible era el AS-555 Fennec, que estaba completando una maniobra del propio ejercicio anfibio. Entonces Prieto llamó al capitán de navío Gustavo Lioi Pombo, comandante de la 2° División de Destructores, y le ordenó recuperar el helicóptero y preparar las máquinas para zarpar.

Así lo reconstruyó el propio Prieto la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde compareció como primer testigo propuesto por la defensa pública del contralmirante López Mazzeo -uno de los cuatro exoficiales que enfrentan cargos en el debate oral-, en manos del abogado Gastón Morillo. Prieto era entonces Comandante de la Flota de Mar, a cargo de unos 17 buques de la Armada, dependiente orgánicamente del COAA.

El mensaje del 11 de noviembre del capitán Fernández

Sin embargo, antes de relatar cómo se enteró de la pérdida de contacto con el submarino, el defensor del contralmirante López Mazzeo le exhibió al testigo un documento clasificado como secreto: un mensaje naval enviado desde ARA San Juan al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, redactado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, a su superior inmediato, el entonces capitán de navío Claudio Villamide. Se trataba de un informe respecto a un reciente ejercicio antisubmarino inserto en la Orden de Operaciones general, ejecutado junto a buques de la flota al noreste del Estrecho de Magallanes, tras partir de Ushuaia.

El testigo se dedicó a explicar en la audiencia el contexto de ese documento, al que catalogó como un “mensaje de crítica” en el que el comandante del submarino describe la actividad en la que había participado su embarcación.

Así el oficial retirado fue leyendo punto por punto del mensaje naval para traducir frente al tribunal un contenido cifrado. Cuando empezó el ejercicio el San Juan navegaba a plano 40 -40 metros de profundidad- en el “área Alejandra”, a 4 nudos, a poco menos de 30 kilómetros de los otros buques participantes. La napa -la capa de agua que determina cómo se propaga el sonido- estaba a 100 metros del fondo. A las 04:10 ya detectó emisiones de sonar concentradas en una dirección. A las 06:50 las clasificó como "rumor hidroacústico“, susceptible de un mayor análisis. A las 07:45 ascendió a plano 18 -profundidad de periscopio- e identificó en una dirección una corbeta MEKO 140 y en otra un destructor MEKO 360. Ordenó cubrir puestos de combate -la maniobra más demandante e integral del buque, según señaló el testigo-, se aproximó a las naves y calculó los datos del blanco.

Lo que siguió fue la ejecución del ataque a un núcleo cortinado, uno de los ejercicios de mayor recurrencia en la táctica naval submarina. El objetivo: que el submarino logre infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el “núcleo”, el blanco principal protegido por esa barrera. Cualquier reacción de los buques de superficie indica que el submarino fue descubierto.

Según surge del informe del capitán Fernández, bajado a un lenguaje llano por el ex comandante de la Flota durante su testimonial , el submarino atravesó la cortina entre la corbeta y el destructor a plano 65 -pasando por debajo de ambos a 65 metros de profundidad- sin ser detectado. Luego ascendió nuevamente a plano de periscopio, identificó el núcleo y a las 08:55 Fernández comunicó por radiofrecuencia un “lanzamiento simulado”, consignando cómo eran las características del buque-núcleo que había sido atacado. El resultado fue exitoso.

Ese ejercicio integrado con otros componentes de la Armada finalizó a las 12:30 y el buque partió hacia la zona asignada para cumplir una patrulla de control de mar, con el fin de recabar información de los movimientos náuticos dentro de la milla 200 nacional.

La síntesis con la que el capitán Fernández cerraba el reporte a su superior operativo en tierra era la siguiente: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo”.

Al terminar la lectura del documento, Prieto consideró que la maniobra que acababa de leer significaba la “mayor exigencia que puede tener un submarino en estas circunstancias”.

Cuatro días después de esa actividad, la embarcación reportaría el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N°3 de proa, un cortocircuito y un principio de incendio -el SITREP de las 06:00 del 15 de noviembre de 2017-. A las 10:51 de ese mismo día, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectó, a través de dos estaciones de escucha hidroacústica -una en Ascension Island, en el Atlántico, y otra en las islas Crozet, en el Índico- una señal consistente con una implosión en las coordenadas donde navegaba el San Juan.

La llamada y la orden ante la incertidumbre

“Entendí claramente que había incertidumbre sobre la situación del submarino San Juan porque no había una comunicación, o se querían comunicar y no podían”, recordó Prieto. La orden que llegó de López Mazzeo fue concreta: destacar un destructor con helicóptero embarcado hacia la zona del último contacto con la nave. Las coordenadas exactas arribarían por vía oficial en las próximas horas, pero debía zarpar de inmediato.

Las acciones de despliegue, en rigor, fueron ordenadas a partir de las 13:10 del 16 de noviembre por el COAA y materializadas en un mensaje naval a las 14:53 de ese mismo día, por el que se instruyó al Comandante de la Flota de Mar (COFM) y al Comandante de Aviación Naval (COAN) destacar respectivamente una unidad de superficie con una aeronave a bordo y unidades de exploración aérea hacia la última posición conocida del submarino. El destructor ARA Sarandí levó anclas a las 16:30 desde bahía Solano.

Prieto tenía una noción aproximada de dónde buscar. “Yo en lo personal tenía una idea de dónde estaba el submarino, porque sabía que estaba al este de Comodoro Rivadavia, sobre la milla 200. Para la salida era suficiente decirle -al entonces capitán Orgiazzi, del ARA Sarandí- ‘navegue al este a velocidad sostenida, que en una hora o dos horas le voy a decir exactamente lo que tiene que hacer’“.

Para entonces, el SUBMISS -el procedimiento interno a nivel Armada que dispara la alerta de “submarino extraviado” y moviliza medios de búsqueda propios, facultad exclusiva del comandante de la Fuerza de Submarinos- había sido ejecutado a las 14:13 del propio 16 de noviembre por el capitán Villamide, antes de que venciera el plazo de 48 horas del INTERCOM -la comunicación periódica obligatoria entre la nave y su comando, cuyo vencimiento estaba fijado para las 22:00 de ese mismo día-.

A modo de referencia, el caso del USS Scorpion registra otra cronología. El submarino nuclear estadounidense se hundió el 22 de mayo de 1968 en el Atlántico, con sus 99 tripulantes a bordo. Su último reporte fue el 21 de mayo: el comandante informó su posición y estimó su llegada a la Base Naval de Norfolk (Virginia) para las 17:00 del 27 de mayo. El INTERCOM con su comando en tierra era cada 24 horas. El Scorpion no reportó el 22, el 23, el 24, el 25 ni el 26. El “Evento SUBMISS” fue ejecutado por la US Navy a las 19:15 del 27 de mayo -dos horas después de que el Scorpion no llegara a Norfolk según lo previsto-, con la siguiente orden: “Todas las unidades submarinas deben salir a superficie o permanecer en superficie hasta que este mensaje sea cancelado. Las unidades en puerto deben prepararse para zarpar con una hora de aviso”. El 5 de junio el submarino fue declarado oficialmente perdido. Sus restos fueron hallados en octubre de 1968, a 3.000 metros de profundidad. La causa de su hundimiento nunca fue determinada con certeza.

Por lo demás, de las actuaciones del proceso en curso surge que en forma simultánea al zarpe del Sarandí, el COAA dispuso el despegue de una aeronave S-2T Tracker desde la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), en Bahía Blanca, y el traslado de una aeronave B-200 desde la Base Aeronaval Punta de Indio (BAPI) hacia la BACE para incorporarla al operativo. El S-2T llegó al área de búsqueda a las 18:40 de ese mismo 16 de noviembre y comenzó a rastrear la zona visualmente y con radar, con el objetivo de encontrar al submarino navegando en superficie o, en su defecto, balsas salvavidas u otros elementos flotantes. Cuando cayó la noche, el B-200 ya reposicionado tomó el relevo. En las horas y días siguientes se fueron sumando al operativo medios aéreos y de superficie de distintas procedencias.

De acuerdo a la declaración testimonial, al día siguiente, el 17 de noviembre, Prieto se trasladó a la Base Naval de Puerto Belgrano, sede del COAA, donde López Mazzeo ya había conformado un Estado Mayor Especial para coordinar el caso SAR de búsqueda internacional, donde asumió la coordinación de toda la operatividad de los buques de superficie.

La potestad del comandante

Frente a preguntas de las defensas, Prieto se pronunció sobre la autonomía del comandante de una unidad para decidir si zarpa o no -uno de los tantos ejes del debate oral que, desde el 3 de marzo, intenta determinar si hubo responsabilidades penales por la implosión del ARA San Juan, hallado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad-.

Sobre ese punto, el contralmirante retirado sostuvo: “El comandante no está nunca obligado a zarpar. Tiene la responsabilidad total del buque y también tiene el derecho de ser escuchado, de ser considerado y de ser parte de esa cadena de comando. Cuando un comandante plantea que no puede zarpar por alguna razón, la realidad es que no hay mucho más que hablar“.

Luego aclaró que los reglamentos prevén una situación extrema -donde el superior puede relevar al comandante que se niega a salir sin justificación suficiente- pero que jamás la vio aplicada en sus años de servicio. “Es una situación que nunca vi en la Armada, ni siquiera en consideración. Cuando un comandante dice ‘no puedo zarpar’, no zarpa. Aparte estamos hablando de tiempos de paz, de cosas de adiestramiento, de cosas que no va a pasar absolutamente nada si alguien deja de hacer algo”, agregó.

El retiro y la sanción a López Mazzeo

El 7 de diciembre de 2017, Prieto pidió el retiro de la Marina. El detonante, explicó ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz -con un cuarto vocal conectado por Zoom-, fue que estaba “absolutamente en desacuerdo con la resolución que había dictado el jefe de Estado Mayor respecto a la presunta falta disciplinaria gravísima cometida por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento y por el Comandante de la Fuerza de Submarinos, sin, a mi juicio, tener fundamento para hacerlo”.

Se refería a la Resolución N°168/17 del entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Marcelo Srur, que en menos de una semana había suspendido a López Mazzeo -su superior- y a Villamide como “presuntos infractores” de "faltas gravísimas“, conforme al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

“Yo consideraba, sin ser abogado, que -la medida de Srur- era ilegal. Porque pasamos de la presunta inocencia que tiene cualquier ciudadano a, sin fundamentos, decir que presumíamos que habían cometido prácticamente un delito. Eso era sin fundamentos. Eso generaba varios efectos: el que se me vino a la cabeza en forma instantánea fue que quebraba la confianza en la cadena de comandos. Lo primero que pensé fue ‘¿qué garantía le puedo dar yo a un comandante que dependa de mí de que este mismo sistema de justicia, llamémoslo así, si él tiene un accidente con una persona o una desgracia o lo que fuera, no sea puesto en esa situación sin fundamento?’”, explicó.

“Eso por un lado -continuó el testigo-, y por otro lado, consideraba que ponía a la institución y a las personas en una posición de ser víctimas de algo que potencialmente podía ser un escarnio público, político, judicial, lo que fuera. Ya no era que el comandante de Adiestramiento y Alistamiento era una persona con una carrera profesional avalada -o el comandante de la Fuerza de Submarinos-: ya eran dos personas que suponíamos que habían cometido un delito. ¿En base a qué? En base a dos papeles”.

Poco después cerró: “Yo consideraba que no podía avalar con mi permanencia en la Armada esa decisión que se había tomado“.

Pese a haber pedido el retiro, Prieto permaneció en funciones a pedido del propio jefe de la Armada para colaborar con la búsqueda del submarino. El 11 de diciembre de 2017 relevó como interino al propio López Mazzeo en su cargo y continuó al frente del operativo de búsqueda -ya cerrado el caso SAR- hasta los últimos días de marzo de 2018, cuando llegó su relevo.

No había sido el único: otros tres contralmirantes pidieron el pase a retiro en disconformidad con la medida de Srur.

El juez federal de Santa Rosa Juan José Baric rechazó este viernes la medida cautelar que pedía suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley N° 27.804, la reforma de la Ley de Glaciares promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de abril. Al mismo tiempo, declaró procedente el amparo ambiental colectivo y ordenó al Estado Nacional que en cinco días responda el “informe circunstanciado” previsto por la ley de amparo.

La acción había sido iniciada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la Fiscal de Estado provincial Romina Schmidt, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) y la Asociación por los Ríos Pampeanos. Pedían la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma, argumentando que introduce “reformas regresivas” al régimen de presupuestos mínimos de la ley original, vulnera el derecho al ambiente sano, al agua y a la salud, y lesiona los derechos de las generaciones futuras.

A su vez, como “medida cautelar urgente”, reclamaban la inaplicabilidad inmediata de la norma en todo el país y el mantenimiento interino de la Ley N° 26.639 original hasta el dictado de una sentencia definitiva.

Baric no hizo lugar a esa pretensión, pero ordenó al Estado Nacional presentar en un plazo de cinco días el informe previsto en el artículo 8° de la Ley de Amparo, en el que deberá explicar los antecedentes y fundamentos de la norma impugnada y ofrecer la prueba de la que intente valerse para este caso.

Por qué rechazó la cautelar

El juez ancló su decisión en el precedente de la Corte Suprema en la causa “Thomas” (2010), donde el Máximo Tribunal estableció que ningún juez tiene en la República Argentina la potestad de dejar sin efecto una ley con efectos para todos. En palabras de la Corte, citadas por Baric: “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes si nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia que decide en el fondo de la cuestión a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente”.

Sobre esa base, el magistrado consideró que la verosimilitud del derecho -uno de los dos requisitos para admitir la cautelar- invocada por los actores no alcanzaba el umbral exigido para suspender los efectos de una norma sancionada por el Congreso. Y ahondó en las razones: “los actores no plantean en su demanda ninguna actividad concreta de daño actual, como así tampoco individualizan los presuntos glaciares y geoformas periglaciares que tendrán que ser en primer lugar, conforme surge del estudio de la Ley, inventariados para así determinar con cierto grado de certeza la posible afectación medioambiental”.

En consecuencia, concluyó que “la Ley 27.804 ha sido impugnada en abstracto y en dicho contexto el pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”.

El juez también descartó el requisito del peligro en la demora, en tanto “tampoco se ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría el colectivo del ciudadano y la totalidad del grupo homogéneo colectivo de no concederse la medida cautelar solicitada y, por ello, no existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como declarar la inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación de la ley sancionado por el Congreso de la Nación".

Luego añadió:“no corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada, máxime cuando de una decisión semejante se desprenderían los mismos efectos que se persiguen con el pronunciamiento definitivo y ello implicaría un adelanto temporal que, de por sí, resulta inaceptable”.

Qué sigue

El rechazo de la cautelar no cierra el caso. Baric declaró formalmente procedente el amparo ambiental colectivo -con intervención de la fiscal federal Iara Silvestre- y ordenó al Estado Nacional responder en cinco días hábiles. La causa quedó inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existía ninguna acción similar ya registrada.

La reforma en cuestión, sancionada el 8 de abril con 137 votos a favor y 111 en contra en Diputados, introdujo cambios estructurales en la protección de glaciares y ambientes periglaciares: limitó el resguardo a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”, reemplazó el régimen de prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso en manos de las provincias, y redujo el rol del IANIGLA a una función registral.

Los demandantes sostienen que ese esquema implica un retroceso normativo que habilita actividades extractivas -en particular la minería- en zonas antes vedadas.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan completó este jueves su vigésima audiencia desde que arrancó el 3 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos. En ese recorrido, el rigor técnico de la ingeniería naval y la angustia por lo ocurrido han convivido en cada jornada con la misma tensión. Intentar discriminar si hubo acciones u omisiones susceptibles de reproche penal exige revivir y revisar, minuciosa, repetida y detalladamente, cada momento previo a aquel 15 de noviembre de 2017: el SITREP -informe de situación- de las 06:00, los informes de la patrulla de julio, las obras pendientes consignadas en el acta que registró el estado del buque al salir de la reparación de media vida y quedar nuevamente bajo el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), las inspecciones del ISGA y hasta los reglamentos del servicio naval. Más de 70 testigos han desfilado ante el tribunal a razón de cinco por día, en cronogramas de cuatro días cada dos semanas. Todas las partes han estado en Río Gallegos. Quienes no pudieron asistir presencialmente lo hicieron por Zoom.

Entre los testigos de la jornada, el contraalmirante en actividad Rodrigo Fabián Ataún fue quien combinó con mayor intensidad el rigor técnico y la emotividad. Submarinista electricista desde 1995 con 40 años de antigüedad, en 2017 y 2018 se desempeñó como Jefe del Arsenal Naval Mar del Plata, el centro de reparaciones y mantenimiento más importante de la Armada después del de la Base de Puerto Belgrano. Navegó cuatro años en el propio ARA San Juan -en 1996, 1998, 1999 y 2003, año en que compartió navegaciones con el entonces oficial Claudio Villamide, hoy uno de los cuatro imputados en el juicio- y en 2002, 2003 y 2005 en el ARA Salta. En 1998, recordó, llegó a acumular 110 días de mar en el San Juan, más una muestra de unidades navales en Buenos Aires de 15 días. Sin embargo, dejó en claro que durante su trayectoria había navegado “mucho menos de lo que me hubiera gustado”.

El sistema de control de atmósfera y la válvula ECO-19

Ataún describió con detalle el sistema de detección de hidrógeno del TR-1700 -medidores ICARE, sistema Dragger incorporado en la media vida, quemadores catalíticos y hasta el olfato como método artesanal (“la presencia de hidrógeno da un sabor de huevo en estado de descomposición”)- y calificó el sistema de fijación de CO2 de la nave como “extremadamente sencillo”: consiste en insertar en la tubería de ventilación unos canisters de cal soda -recipientes con un compuesto químico que absorbe el dióxido de carbono del aire que circula por el submarino-, de manera que el flujo de aire pase a través de ellos y el CO2 quede fijado antes de que el aire regrese al interior del buque. Según los informes que leyó de la navegación anterior a la del 25 de octubre, los canisters -incluso los que estaban fuera de fecha- tuvieron “un desempeño similar” a los vigentes. “En lo que respecta al control de atmósfera no había ningún inconveniente”, sostuvo.

Uno de los ejes que se viene analizando con especial detalle en las últimas audiencias es precisamente la potestad de los comandantes para realizar pruebas a bordo, y en particular la que ejecutó el capitán de fragata Pedro Martín Fernández durante la patrulla de mar de julio de 2017: modificar la posición de la válvula ECO-19 -que según el manual debe ir cerrada en navegación- para evaluar el rendimiento de esos filtros y explorar si era posible extender el tiempo en inmersión sin necesidad de salir a snorkel para ventilar. Un submarino, nacido para el sigilo, que pudiera permanecer más tiempo bajo el agua sin tener que acercarse a superficie a “exponer sus apéndices”. Todos los submarinistas que hasta ahora declararon ante el tribunal coincidieron en que nunca habían realizado esa maniobra, pero que el titular del comando tiene la potestad de llevarla a cabo. Los resultados preliminares, de acuerdo a los registros, habían sido prometedores.

Sobre esa maniobra, Ataún consideró que Fernández probablemente buscó homogeneizar el CO2 entre el compartimento de proa -donde había más personal y el nivel había trepado al 0,9%- y el de popa, para extender el período de navegación en inmersión. “A priori, y a métodos estadísticos, no me parece mal”, dijo. Señaló que tampoco él la había realizado en sus ocho años a bordo de submarinos clase TR-1700, pero que “la seguridad en esta maniobra no estuvo comprometida” porque la estanqueidad del submarino la garantizan los flaps interno y externo del snorkel. El riesgo, apuntó, no era hacer la prueba sino no restituir los mecanismos a la condición de inmersión al terminarla. “El problema no es haber hecho la prueba: el problema es haberse asegurado que la condición, una vez finalizada, vuelva a tener las válvulas de acuerdo a la planilla de chequeo correspondiente”.

El testigo precisó, por lo demás, que la ECO-19 nunca fue objeto de una Solicitud de Obra Correctiva (SOC) en el Arsenal a su cargo -el mecanismo formal por el cual una unidad requiere a los talleres la reparación de un componente-. “Nadie me la pidió”, afirmó. Tampoco figuraba entre las obras prioritarias que su Arsenal había tomado a cargo tras la navegación del mes de julio.

Vale recordar que durante esa patrulla de julio el San Juan reportó un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, aunque en aquella ocasión el agua no había llegado al balcón de barras de baterías N°3 de proa. El mismo tipo de incidente se repetiría la noche del 14 de noviembre, esta vez con consecuencias que el SITREP de las 06:00 del 15 de noviembre reflejaría con precisión: cortocircuito, principio de incendio y batería de proa fuera de servicio.

Los tripulantes

Fue el querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes- quien interrumpió el registro técnico del testimonio con una pregunta de otro tenor. Le consultó al submarinista por Pedro Fernández y Jorge Ignacio Bergallo, primero y segundo al mando del San Juan durante su última misión, respectivamente.

“Voy a tratar de hablar de los tripulantes del San Juan sin que me embargue cierta emoción”, advirtió Ataún antes de responder. “Del Capitán Fernández y del Capitán Bergallo no le puedo decir más que eran dos caballeros del mar. Profesionales del más alto nivel”, expresó. Y fue más lejos: evocó que también había conocido durante sus años de servicio al teniente Wagner, al teniente Mendoza, al teniente Villarreal y a numerosos suboficiales de la última tripulación. Mencionó en particular al suboficial Cayetano Vargas, a quien había recibido en 1998 siendo cabo segundo, y cuya familia es representada en el juicio por la querellante Valeria Carreras. “Un tipo bárbaro. Un profesional bárbaro”, dijo. Tagliapietra, que escuchó en silencio, se emocionó y pidió disculpas.

“La capacidad tanto del capitán Fernández como del capitán Bergallo están fuera de discusión en este foro”, cerró el testigo.

Las obras pendientes y el estado del buque

La defensa de Villamide, encabezada por el abogado Juan Pablo Vigliero, le exhibió la planilla de control de obras del mes de septiembre de 2017, firmada por el propio capitán Fernández el 4 de octubre. Antes de analizarla, Ataún advirtió: “Hay errores en esta planilla”. Lo explicó: se trataba de una foto del estado de obras de ese momento, pero entre mediados de septiembre y fines de octubre -cuando el San Juan zarpó- una serie de trabajos que allí figuraban como pendientes ya habían sido completados.

Las válvulas ECO-17 y ECO-18 -reportadas como “novedad” en la patrulla de julio-, dijo, estaban terminadas al 100% y probadas en puerto. También explicó que las antenas LOOP ya habían sido finalizadas.

Para el submarinista, ninguna de las obras que aparecían en la planilla como no finalizadas, en cualquiera de los porcentajes de avance, afectaba la seguridad del buque. Y más aún, aseveró con cierto énfasis que ninguna de esas tareas pendientes podría haber provocado el ingreso de agua por el sistema de ventilación ni vincularse con la pérdida de plano del submarino.

Ante la consulta de si la nave estaba en condiciones de cumplir la Orden de Operaciones 04/17, ordenada por el COFS, fue categórico: “Sí, por supuesto”. Recorrió las tres etapas operativas asignadas -adiestramiento antisubmarino en área Alessia, ejercicio de ataque submarino en área Alejandra y patrulla de control del mar- y concluyó: “Tres actividades netamente operativas de las cuales el submarino en su estado de alistamiento y en su estado de adiestramiento podía realizar sin ningún tipo de inconveniente”.

El análisis del SITREP

Poco después, Vigliero le exhibió el mensaje SITREP enviado por el San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017. Ataún lo leyó con detenimiento y de atrás para adelante. “‘Mantendré informado’: es una señal clara de que la situación está controlada, que no es una situación de emergencia; si lo fuera, no diría ‘mantendré informado’, -sino informaré- en forma continua y permanente”.

Luego continuó:“‘Sin novedades de personal’: una noticia más que buena; no tengo heridos y tengo mi dotación normal”.

Al llegar a la frase “’Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido‘“, el testigo hizo una pausa. “Tengo que confesarle que cuando llegué a la Fuerza de Submarinos y leí este mensaje, me quedé menos preocupado que antes. Porque el submarino dice ‘estoy propulsando en circuito dividido, estoy propulsando y estoy navegando en inmersión’. No es un submarino que está al garete -entiéndase, sin propulsión en superficie- en las condiciones hidrometereológicas que había en ese momento. Navegar en circuito dividido no es una maniobra de emergencia, es una maniobra más que tiene el submarino”, expresó.

Ya ante el Consejo General de Guerra instruido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto contra los hoy acusados y otros oficiales, Ataún había respondido a las mismas insistencias del fiscal con una frase que repitió ante el tribunal: “En circuito dividido doy la vuelta al mundo”.

Y cerró su lectura del mensaje: “No vislumbro en este SITREP una emergencia. El buque está diciendo: tuve una avería. Define la avería. Estoy navegando en inmersión, no tengo problemas de personal, estoy navegando en una condición segura, mantendré informado”.

El abogado de Villamide le preguntó directamente si el buque estaba pidiendo ser auxiliado a través de ese reporte de situación transmitido de manera prioritaria. “No”, respondió Ataún, asertivo. “Está diciendo que tuvo una avería. Como tal vez a una unidad de la flota de mar podría decir ‘el motor número 1 me quedó fuera de servicio por baja presión de aceite’: no está diciendo ‘tengo una emergencia’”, agregó.

Las palabras finales

Al término de su declaración, el presidente del tribunal, el juez Mario Gabriel Reynaldi, le cedió la palabra. Ataún pidió permiso para hacer una aclaración. No era una pregunta. Era un agradecimiento.

“Me gustaría agradecerle a este tribunal por la forma que está tratando a los 44 tripulantes.

No está permitiendo que se los trate como neófitos del mar que desconocían los riesgos de la profesión que todos abrazamos.

No está permitiendo que se los trate como gente que fue mandada a morir.

Por la memoria de ellos, para no mancillar su capacidad, su profesionalismo: ustedes están permitiendo que se los recuerde como marinos de guerra, como profesionales del mar, que naufragaron, lamentablemente, cumpliendo un acto de servicio.

Doctor, muchísimas gracias por permitirme estas palabras".

Reynaldi respondió: “Gracias a usted, almirante. Muchas gracias por su testimonio, su presencia en el tribunal y su colaboración con la Justicia. Su testimonio ha finalizado”.

Lo que viene

El juicio retomará el lunes 18 de mayo a las 9 con testigos propuestos por las defensas. Los cuatro imputados son el actual capitán de ultramar Villamide, el contraalmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa, estos tres últimos retirados.

Se los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación está a cargo de los fiscales Gastón Pruzán, Lucas Colla, Julio Zárate y María Garmendia Orueta, equipo cuya integración fue recientemente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Las querellas, por su parte, están en manos de Tagliapietra, Carreras y Lorena Arias. El tribunal está presidido por Reynaldi e integrado por Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Antes de eso, este viernes todas las partes participarán de una inspección ocular en los astilleros Tandanor, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde recorrerán el ARA Santa Cruz -buque gemelo del San Juan, construido en la misma época, en la década del 80, en el norte de la República Federal de Alemania-.

Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación del Consejo de la Magistratura celebraron una reunión conjunta en la Sala de Plenario “Dr. Lino Palacio“ para escuchar a cinco organizaciones de la sociedad civil sobre la reforma al sistema de selección de jueces que impulsó la Corte Suprema a través de la Acordada 4/2026, aprobada el 25 de marzo con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La jornada de este jueves en el segundo piso de la sede central del organismo constituyó el tercer encuentro formal desde que el Consejo abrió el tratamiento de esa iniciativa. La reunión había sido convocada por la consejera Fernanda Vázquez como presidenta de la comisión de Selección y el consejero Alberto Lugones como titular de la de Reglamentación.

Ante los consejeros expusieron Inés Castresana por Poder Ciudadano, el ex ministro de Justicia Germán Garavano por Unidos por la Justicia, Martín Casares por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Diana Cohen Agrest por Usina de Justicia y el ex consejero Pablo Tonelli por la Fundación Nuevas Generaciones. Todas las entidades respaldaron el proyecto, aunque con matices y advertencias.

Castresana consideró que “las deficiencias que tiene el proceso actual se ven en la práctica, lo que erosiona la eficiencia e independencia del sistema”. Destacó como “lo más acertado” el achicamiento del peso de la entrevista personal, “que es la etapa más discrecional del proceso”, y advirtió que el proyecto “no termina de limitar el margen de discrecionalidad existente”.

También planteó que el texto contiene hay cuestiones que deben mejorarse, entre ellas los concursos anticipados y los concursos múltiples, sobre los que dijo que “presentan desafíos.”

Garavano fue más enfático en su respaldo: “Apoyamos la iniciativa de la Corte. Creemos que es valiosa para reducir determinados niveles de arbitrariedad o que de afuera se han visto así.” En ese plano, el titular de la cartera de Justicia bajo la presidencia de Mauricio Macri propuso incorporar al debate criterios de gestión y desempeño en las unidades judiciales, más allá de la capacidad académica que presenta el proyecto.

Por su parte, Casares, de FORES, coincidió en que “la tarea del Consejo tiene que ser técnica, que tenga criterios meritocráticos medibles, explicables, que tenga una rendición de cuentas aceptable”, y calificó la Acordada 4/2026 del Máximo Tribunal como “un avance institucional relevante". Luego destacó la importancia de “reducir los márgenes de discrecionalidad a fin de que la entrevista, o cualquier otra etapa, no pueda ser un ajuste de mejora de un concursante sobre otro que no tenga una justificación basada en el mérito y la idoneidad”.

A su turno, Cohen Agrest coincidió con que el proyecto “representa un avance” en materia de objetivización de antecedentes, anonimato de la prueba escrita y reducción de la discrecionalidad. “Son pasos en la dirección correcta”, dijo, aunque aclaró que “este debe ser un punto de partida, no de llegada.”

El ex consejero Tonelli fue el más directo al exponer en la Comisión conjunta: “Creo que el reglamento es una buena propuesta. Va en el sentido correcto. Es un buen aporte de la Corte. Lo que ha hecho la Corte es darle un empujón al Consejo. En términos generales lo aprobaría tal como está, con algunas modificaciones".

Sobre el final, los consejeros César Grau y Jimena de la Torre apoyaron otra vez la iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti, tal como lo habían hecho en la primera reunión para tratar el tema.

“Nos queda claro -expresó De la Torre- que nos debemos una mejora en el proceso. Con el doctor Grau hemos manifestado nuestro pleno compromiso de aprobar incondicionalmente la acordada de la Corte. No porque consideramos que sea la mejor, sino porque creemos que es mucho mejor que lo que tenemos hoy”.

Y añadió: “Si eso, como parece, no termina siendo posible, creo que internamente estamos preparados para ponernos a trabajar entre los consejeros y empezar a ‘porotear’, como decimos, y ver a qué consensos podemos llegar”.

Un Código de Ética para el Poder Judicial

En una sesión, la comisión de Reglamentación aprobó por unanimidad un Código de Ética del Poder Judicial de la Nación y resolvió elevarlo al plenario para su ratificación definitiva.

El texto -que tomó como modelos el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial- establece principios de independencia, imparcialidad, transparencia, perspectiva de género y honestidad profesional, entre otros, e incorpora una disposición novedosa: el deber de seguridad, por el cual el Poder Judicial queda obligado a garantizar a los magistrados condiciones de seguridad personal, familiar y laboral. El texto tiene función preventiva y orientativa-—no sancionatoria- y no alcanza a la Corte Suprema, que se rige por sus propias regulaciones.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró este jueves inadmisible el planteo del juez federal de Rosario Gastón Salmain para apartar a las dos magistradas que en marzo de 2026 confirmaron su procesamiento por cohecho pasivo agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

El fallo lleva la firma de los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes resolvieron rechazar el intento de recusar a las camaristas Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello -integrantes de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario-, quienes junto al juez Aníbal Pineda habían avalado en marzo el procesamiento dictado meses antes por el juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario.

Salmain, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Rosario, tiene además dictada una prisión preventiva domiciliaria -que no se efectiviza por su inmunidad de arresto como magistrado- y prohibición de salida del país. Hace tres semanas, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó a una audiencia para el 20 de mayo, paso previo a una eventual acusación formal que podría derivar en su remoción.

Qué pedía y por qué fue rechazado

La defensa del magistrado alegaba que las dos juezas en cuestión habían perdido su imparcialidad al remitir la Acordada N°129/2025 de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al Consejo de la Magistratura, lo que abrió un expediente disciplinario en el que Salmain figura como denunciado. Invocó esa circunstancia como causal de apartamiento prevista en el artículo 60 inciso f) del Código Procesal Penal Federal, y alegó además enemistad manifiesta respecto de Andalaf Casiello.

La propia Sala B había rechazado esos argumentos el pasado 18 de marzo, al entender que la acordada “constituyó un acto administrativo de superintendencia y no una denuncia en los términos del art. 60 inc. f) del CPPF, por lo que no configuraba causal objetiva de apartamiento”, y que tampoco se verificaban los requisitos de la enemistad manifiesta.

Apelación mediante, el máximo tribunal penal del país fue en la misma sintonía.

En efecto, el juez Carbajo señaló que las resoluciones que rechazan recusaciones “no son susceptibles de ser impugnadas ante esta sede, en la medida en que no pueden ser equiparadas a sentencia definitiva, en tanto no ponen fin a la acción, ni a la pena, ni hacen imposible la continuación de las actuaciones”. Sobre la arbitrariedad alegada, fue aún más directo: “aunque se invoca, lo fallado no provoca la afectación de garantías de raigambre constitucional y tampoco se demuestra atisbo de arbitrariedad.” Esa doctrina, añadió, “posee un carácter estrictamente excepcional y exige que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación”, condiciones que la defensa no acreditó.

En ese marco, el camarista que lideró el acuerdo observó que “la parte impugnante se ha limitado a insistir con la expresión de sus primigenios agravios”.

El juez Hornos adhirió y subrayó que las causales de recusación “deben ser interpretadas y analizadas de manera prudente y detenida, en tanto traen como consecuencia el apartamiento del juez de la causa, el que sólo será procedente frente a la verificación de la existencia de razones serias y objetivas del temor alegado”.

Los planteos de la defensa en estas actuaciones, añadió, “más allá de evidenciar una fundamentación que no comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad". Citó la doctrina de la Corte Suprema según la cual “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el deber de cumplir con la función encomendada deben colocar a los magistrados por encima de las insinuaciones y conducirlos a no aceptar las sospechas de alegada, no probada y desestimada parcialidad”.

A su término, y al definir el fallo por unanimidad, el camarista Borinsky remarcó que “la parte recurrente no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada” y que la resolución apelada “cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto judicial válido”.

El caso

Salmain es investigado en la causa “Attila” por haber firmado, en diciembre de 2023, una medida cautelar que ordenó al Banco Central autorizar la compra de diez millones de dólares al tipo de cambio oficial a favor de Attila Fideicomisos SRL, empresa vinculada al financista Fernando Whpei. Según la acusación, lo hizo a cambio de una coima del diez por ciento de la brecha cambiaria -unos doscientos mil dólares-, con el escribano Santiago Busaniche como intermediario.

Whpei se acogió al régimen de imputado colaborador y declaró que el pago nunca se concretó porque la devaluación del 13 de diciembre de 2023 achicó la brecha.

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario ya había revocado la cautelar en marzo de 2024 y sostuvo que “lo resuelto por Salmain como juez no se habría tratado de una simple decisión errada u opinable en materia jurídica” y que “todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito.” En diciembre del año pasado, el juez instructor Vera Barros ordenó el procesamiento de Salmain, Whpei y Busaniche. La Sala B de la Alzada rosarina ratificó esa resolución el 27 de marzo.

Por lo demás, este miércoles la Casación rechazó los planteos de Busaniche en la misma causa, validando la declaración de complejidad del proceso y la formalización de la acusación. También declaró inadmisible el recurso de la defensa de Salmain contra la confirmación de su procesamiento y prisión preventiva.

El almirante (RE) José Luis Villán asumió el 19 de diciembre de 2017 el interinato de la jefatura del Estado Mayor General de la Armada (EMGA) con tres consignas impartidas por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad: disminuir la crisis interna de la fuerza, apoyar a los familiares y responder todos los requerimientos judiciales y de la prensa “con máxima transparencia”.

La tragedia que implicó el hundimiento del submarino con sus 44 tripulantes, de los episodios más traumáticas de la historia reciente del país, había ocurrido hace poco más de un mes -el 15 de noviembre- y desde entonces el cimbronazo horadaba una institución bicentenaria que tenía a todos sus cuadros con la moral golpeada.

Con reproches cruzados, suspensiones del servicio de oficiales superiores tras una investigación disciplinaria exprés y la solicitud de retiro de cuatro contralmirantes en disconformidad con la forma de conducir la fuerza luego de la implosión del buque, el almirante Marcelo Srur dejaba su cargo con el caso SAR -operación de búsqueda y rescate internacional- cerrado y un despliegue naval en el Atlántico Sur aún vigente. Asumía, de manera interina y por resolución de Aguad, el infante de marina Villán, hasta entonces subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), con sede en el mismo Edificio Libertador que el Ministerio de Defensa.

“La Armada estaba atravesando una crisis institucional. No era una situación normal que hubiese pedidos de retiros de almirantes simultáneamente; que el jefe del Estado Mayor -Srur- con el comandante de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) -Luis López Mazzeo, hoy acusado- intercambiaran sus acusaciones. Es decir, había un problema importante. (...) La situación con la que me encuentro era, por lo pronto, inusual", relató este miércoles Villán en calidad de testigo, convocado a la 19° audiencia del juicio oral por la fiscalía a cargo de Gastón Pruzán, quien ante estos dichos pidió mayores detalles.

“No es normal que cuatro almirantes pidan el retiro de manera simultánea. No es normal que el COAA tenga problemas que tomen difusión pública con el jefe del Estado Mayor General de la Armada, con acusaciones mutuas. Había una gran disociación. Había un gran problema entre la gente operativa, que estaba dedicada a buscar al submarino San Juan, que estaba esforzándose por encontrarlo, y la gente que estaba haciendo su propio combate con la prensa y los políticos: había un problema grande entre unos y otros”, agregó el testigo frente a los jueces del debate que examina si hubo negligencias u omisiones por parte de cuatro ex oficiales que hubieran desembocado en el naufragio del San Juan.

El testigo comentó además que uno de los cursos de acción que adoptó para paliar el conflicto consistió en concretar “varias reuniones”, "rondas" y “visitas” para tratar de “aunar posiciones” entre los distintos sectores internos. Ordenó, dijo, traslados de personal para que los miembros de la fuerza pudieran saber qué estaba haciendo cada área, ya que consideró que si bien todos formaban parte de la misma Armada, “cada uno estaba combatiendo en un frente distinto“ y ”no sabía exactamente el esfuerzo que estaba realizando el otro”.

En rigor, los cuatro marinos que habían requerido la solicitud de baja eran tres de los cuatro oficiales encargados de la operatividad de la fuerza naval: el comandante de la Flota de Mar; el comandante de la Infantería de Marina y el comandante de la Aviación Naval. El cuarto, el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide -otro de los acusados en el juicio oral-, acababa de ser recientemente suspendido como “presunto infractor” de “faltas gravísimas” por “arriesga la tropa” en el marco de una instrucción disciplinaria labrada en el mes de diciembre que acogió esa decisión en menos de una semana.

Todo era parte de la crisis recién desatada en la institución.

En efecto, dicha instrucción había sido ordenada por el Ministerio de Defensa (MINDEF) el 22 de noviembre de 2017 -en plena coordinación del caso SAR- con el propósito de “investigar las responsabilidades disciplinarias” previstas en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y “acontecidas con anterioridad, durante y con posterioridad al fatal siniestro ocurrido al submarino ARA San Juan”. La orden fue dirigida al Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), Marcelo Eduardo Hipólito Srur, dando inicio el Legajo Disciplinario el 1 de diciembre con la designación del entonces capitán de fragata auditor Gustavo Piscicelli.

El 4 de diciembre, Piscicelli solicitó la remisión de cierta documentación correspondiente al submarino y requirió además la designación de dos peritos submarinistas con expertise en cuestiones de comando, mecánica y propulsión eléctrica. El 6 de diciembre el auditor recibió la información solicitada y ese mismo día, aún sin la intervención pericial, elaboró un informe donde consignó que a esa altura de la pesquisa existían “elementos suficientes” para declarar como “presuntos infractores” tanto al capitán Villamide como al contralmirante López Mazzeo. El 7 de diciembre se expidió el Director General de Asuntos Jurídicos de la Armada, Dardo Rubén Di Falco, compartiendo las conclusiones del instructor del caso. Ese mismo día el almirante Srur firmó la Resolución N° 168 del JEMGA, mediante la cual dispuso la suspensión del servicio de ambos oficiales superiores por aplicación del artículo 31 del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, apartando así a dos de los principales agentes a cargo hasta ese momento de la búsqueda de la nave a través del barrido de fondo oceánico.

A partir de esa medida disciplinaria llegaron los requerimientos de pase a retiro simultáneos de los comandantes dependientes orgánicamente de López Mazzeo.

Con todo, las condiciones de “presuntos infractores” por supuesta “negligencia en el servicio” reflejadas en la Resolución JEMGA 168/17 fueron revocadas tiempo después por el ministro Aguad tras evaluar que habían sido atribuidas con información documental incompleta respecto al estado de alistamiento del buque. Y si bien el titular de la cartera de Defensa dejó sin efecto dicha presunción, mantuvo ambas suspensiones del servicio “para asegurar los fines de la correcta investigación”. Aguad ordenó entonces una segunda instrucción, para la cual tanto Villán como su segundo en la cadena de mando se excusaron alegando una “íntima amistad” con López Mazzeo, con quien compartían la misma promoción en la Escuela Naval Militar.

El expediente terminó pasando de la órbita naval al Estado Mayor Conjunto (EMCO), que procedió a conformar un Consejo General de Guerra constituido por un miembro de la Fuerza Aérea -Brigadier Mayor Pedro Girardi-; otro del Ejército -General de División Juan Paleo-; y un civil del Ministerio -Sergio Rossi, primo del para entonces reciente ministro Agustín Rossi-. Ese organismo dictó una resolución el 22 de marzo de 2021 con la destitución del capitán de navío Villamide por haber sido “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”. En particular, se le reprochó “no haber ordenado ni recomendado expresamente” al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, permanecer en superficie ni mantener comunicaciones periódicas para garantizar una navegación segura de regreso a puerto, así como tampoco haber convocado de forma urgente a su Estado Mayor y especialistas para analizar la situación. A ello se sumó otra falta gravísima, en los términos del régimen disciplinario militar, por “cometer un hecho que pudiera constituir un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales”, en relación a la investigación que derivó en el proceso judicial que hoy se ventila en el juicio oral iniciado el 3 de marzo pasado.

Además de Villamide, resultó sancionado Srur con “45 días de arresto riguroso” en virtud de “haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino (...), impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional de la Armada Argentina”. También obtuvo “30 días de arresto riguroso” por dictar, como titular de la fuerza, “una resolución en el marco del presente legajo, atribuyendo responsabilidades de índole disciplinaria a personal subalterno, haciéndolo en forma apresurada y sin haber agotado las medidas necesarias para formular tales imputaciones”.

López Mazzeo recibió 60 días de arresto riguroso por encontrarse -a esa altura- “procesado y confirmado su procesamiento en la causa que ahora se ventila en juicio ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. También por ”no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el -JEMGA-, de no ausentarse de la sede de su Comando (...), pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino (...), con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país“, y por “haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto del a avería inicial sufrida por el submarino (...)” al jefe del Estado Mayor de la Armada.

Los otros dos marinos sentados actualmente en el banquillo de los acusados del debate oral, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa, también fueron sancionados en el Consejo General de Guerra con reproches menores.

En ese orden de cosas, el testigo declaró este miércoles en la audiencia que cuando asumió la jefatura interina de la Armada “los cuatro almirantes que estaban efectuando la búsqueda, todos de prestigio excepcional, habían pedido su retiro. Una de las cuestiones que le pedí al ministro mientras yo fuera interino era que no les diera curso a esos retiros, y que me permitiera hablar con cada uno de ellos y ver si podían continuar ayudándome en esa búsqueda. Primero porque habían estado con toda la historia del problema, y luego porque, insisto, -eran- excelentes oficiales todos. Hablé uno por uno: los cuatro decidieron quedarse un tiempo”.

Para ese entonces el protocolo de búsqueda y rescate de la embarcación clase TR-1700 había culminado tras casi 15 días de intenso despliegue entre el 17 de noviembre y el 30 del mismo mes, con buques, aviones y tecnología de distintos países. Sin embargo, la Marina mantenía parte de sus medios en la zona de rastreo para hallar los restos del naufragio. Ese hallazgo llegaría un año después, contratación directa mediante, de la mano de una empresa privada llamada Ocean Infinity, con dispositivos para alcanzar la profundidad en la que luego se encontró el casco: 907 metros.

“¿Y usted particularmente qué opinaba al respecto?“, indagó el representante del Ministerio Público Fiscal al abordar con el ex JEMGA el tema de las sanciones administrativas como consecuencia del siniestro.

”¿Mi opinión personal?“, preguntó de forma retórica el testigo antes de reacomodarse en la silla para pensar unos segundos. Luego pensó otro poco y moduló la voz en un tono más grave.

“Cuando la Marina asigna comandos, hace una Junta (...) de Calificación, se pasa por muchos filtros. Y no quiero prejuzgar ni emitir nada que no sea de incumbencia de su Señoría, pero para mí, los comandantes más aptos en ese momento (en el momento del año anterior estoy diciendo, cuando pasa todo esto) eran el almirante López Mazzeo y el capitán de navío Villamide. Las circunstancias de la tragedia de la Marina hicieron que dos personas de mucho prestigio, muy probados, con representaciones en el exterior de la Armada, terminaran después, por esta tragedia, en esta situación”, contestó Villán previo a reiterar que se trataba de su “opinión personal”.

Y añadió: “Es una situación injusta, complicada”.

Más adelante en la jornada en Río Gallegos tomó la palabra el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi. El juez le preguntó si al momento de ejercer como jefe del Estado Mayor de la Armada había conformado un equipo de asesores submarinistas para evaluar las causas y circunstancias que rodearon a la implosión de la unidad mientras realizaba un patrullaje de control del mar argentino.

“La comisión técnica que yo reuní -el almirante Kenny, el almirante Trama y el capitán de navío Bergallo- hizo un informe muy muy largo de las cuestiones relativas a lo que se sabía. Lo que me queda a mí como conclusión es que sabemos que hubo una tragedia, no sabemos cuál fue la causa”, expresó Villán con la vista en el estrado.

- ¿Respecto del estado del submarino, le hicieron algún comentario?, continuó Reynaldi.

- El informe consta de muchas cuestiones, y yo en este momento, su Señoría, no lo tengo del todo presente, fue muy largo.

- ¿Y de la influencia del estado del mar?

- Sí, la influencia del estado del mar era importantísima. Recuerdo literalmente que me dijeron que el submarino pudo haber estado, en esas condiciones de mar, literalmente en el aire por un par de segundos, cuando estaba en superficie. Fue una tormenta muy importante esa, muchos buques se fueron de la zona en ese momento", aseveró Villán al finalizar.

El contrapunto con una de las querellas

Antes de que llegara el turno de las preguntas de las querellas, Villán había respondido al fiscal Pruzán sobre las medidas que adoptó con los familiares de los tripulantes al asumir. Era una de las tres tareas que le había encomendado el ministro Oscar Aguad, según su relato. “Yo el día 19 -de diciembre- asumo. El día 20 tuve allanamientos tanto en el Edificio Libertad como en -la Base Naval- Puerto Belgrano. El día 21 o 22 me fui directamente a Puerto para hablar con todos ellos; pasé Navidad con las familias. Después de allí sacamos conclusiones de aquellas cuestiones que ameritaban un trabajo mayor al que se había hecho”, contó. Una de sus primeras acciones fue firmar una resolución que creó el Centro de Atención Permanente de los Familiares, encargado de “recibir los inconvenientes y ver la forma en que se podían resolver”.

También destacó que “se hicieron asesoramientos legales, psicológicos y económicos”, dado que “había muchas personas que tenían problemas para cobrar los sueldos porque no tenían la tarjeta de débito o no estaban en la cuenta”. Y completó: “Se organizaron trabajos especialmente con la gente del banco para que pudieran cobrar. Se arregló el tema de los alquileres, se consiguieron becas para los chicos. Se empezaron a trabajar una serie de medidas tendientes a mejorar un poco la situación que estaban viviendo".

El tramo más tenso de la jornada llegó durante el interrogatorio de Valeria Carreras -querellante conjunta con Lorena Arias, que representa a 34 familiares-. La abogada comenzó preguntándole a Villán si había tenido alguna vez una reunión personal con ella. “No, yo la vi a usted en repetidas oportunidades en el Edificio, hasta una vez compartimos un vuelo, pero no creo haber tenido una reunión personal con usted”, respondió. Carreras aclaró que quería dejar asentado ante el tribunal que nunca habían tenido ese contacto y que él jamás le había consultado sobre las necesidades de las familias a las que decía haberse abocado tanto.

El interrogatorio avanzó después sobre la gestión de la información pública durante su jefatura: los partes diarios, las gacetillas de prensa, el rol del vocero Enrique Balbi y si el Ministerio intervenía en el contenido de esas comunicaciones. Villán explicó a esa altura que la información a los familiares se canalizaba a través de los partes diarios que se hacían en la Base y por contacto directo -afirmó que muchos tenían su teléfono personal-, mientras que la información a los medios “la manejaba la gente de prensa y era lo que teníamos en ese momento”.

Reconoció que “a veces la información que se le da a la prensa no es la misma que se le da a los familiares, que es más directa, más próxima, más cercana”. Sobre la intervención del MINDEF, dijo que “se le informaba con anterioridad qué es lo que se iba a decir, verbalmente” y que “había gente del ministerio en el Edificio”.

Carreras también le preguntó si las becas que mencionó habían sido financiadas por la Armada. “Las primeras sí, después se financiaron por el MINDEF”, respondió Villán. Cuando la querellante le preguntó si recordaba en qué fecha llegó la primera beca nacional, el testigo admitió no recordarlo. Carreras lo precisó ante el tribunal: fue en abril de 2018. “Lo digo para que no quede firme que ayudaron tanto”, acotó.

Cuando Carreras preguntó quién armaba las gacetillas, el defensor Juan Pablo Vigliero -abogado de Claudio Villamide- intervino y solicitó a los magistrados que acotaran el interrogatorio “al objeto procesal”. A su criterio, el debate oral debía ceñirse a los hechos del 14 y 15 de noviembre de 2017 y, eventualmente, al período previo.

“No tiene que ver con la cuestión disciplinaria, ni con el SAR, ni discutir si la Armada estaba en condiciones o no de juzgar a sus propios camaradas”, sostuvo el defensor. Y pidió al tribunal que evitara que la audiencia se convirtiera en “una galería de cuestionamientos a la Armada”, aclarando que su interés no era defender a la institución sino al ex capitán Villamide y el correcto desarrollo del juicio.

La querellante respondió fundamentando la conducencia de sus preguntas: “Es muy importante para esta querella probar que la Armada demoró, mintió, ocultó, encubrió lo que sucedía con el submarino. Esto es un continuo proceder, el cual también se vio en los partes posteriores, en las gacetillas de prensa, etc". Y añadió que las palabras del propio Villán -quien había calificado de injusta la situación de López Mazzeo y Villamide- lo colocaban, a su juicio, en una posición que lo comprendía en las generales de la ley.

“Si quieren transparencia en el juicio, permítanme hacer todas las preguntas pertinentes”, concluyó.

El presidente Reynaldi intervino en ese momento. Advirtió que el interrogatorio había tomado “un cariz parecido a como si fuera una persona imputada” y le recordó a Villán que, como testigo, no estaba obligado a responder preguntas que pudieran generarle algún perjuicio legal. También dijo que las cuestiones referidas a un eventual ocultamiento de información por parte de la Marina estaban siendo investigadas por otra instancia judicial y excedían el objeto del debate. “Por consiguiente, solicitamos que el interrogatorio se ajuste a la calidad de testigo del señor Villán y al objeto procesal”, indicó.

Carreras aceptó modificar el tenor de sus preguntas y le consultó sobre las medidas de seguridad adoptadas tras la tragedia. Villán respondió que se le impidió navegar al ARA Salta, que se trabajó sobre las observaciones surgidas del informe del ISGA y que se intensificó el adiestramiento.

“Los informes del ISGA eran la única documentación con la que nosotros contábamos. No estoy merituando si el informe del ISGA estaba bien o estaba mal. Lo que estoy diciendo es que se tomaron medidas que podían ser resueltas de las cuestiones que podían haber surgido de ahí”, precisó después.

A su término, fue el turno del querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 11 oficiales de la tripulación del buque, conformada además con 33 suboficiales—, quien eligió no formular preguntas. Diferenciándose de la postura de su colega, agradeció públicamente al testigo: “Yo particularmente no tengo preguntas para hacerle, pero sí públicamente quiero agradecerle. Más allá de tal vez aciertos y errores que pudo haber tenido, doy cuenta de la calidad como persona, por lo menos en particular, y las familias que yo represento están agradecidas por el esfuerzo que hizo. También agradecer su honestidad".

Minutos más tarde, ya al momento de cerrar la testimonial del ex jefe, Carreras pidió la palabra para dirigirse nuevamente al marino en situación de retiro efectivo: “He reflexionado sobre lo que me dijo el tribunal. Si estuve dura y si se sintió incómodo le pido disculpas. Lo que quiero dejar aclarado ante este tribunal es que esta querella tiene una posición, la cual me impide agradecer cualquier tipo de gestión que haya realizado Villán. Querría diferenciarme en eso y dejarlo asentado. Mil disculpas si se sintió violentado.”

Villán, en términos cordiales, respondió: “Lo comprendo, doctora, usted está defendiendo a sus clientes”.

Cerca de las 2 de la tarde de este jueves, la comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad un Código de Ética del Poder Judicial de la Nación y resolvió elevarlo al plenario para terminar de ajustar detalles y votar su ratificación definitiva.

Según los propios considerandos del proyecto al que tuvo acceso Infobae, “a nivel nacional no se ha sancionado ni implementado un cuerpo normativo” de estas características, tendiente a fijar “estándares éticos de un accionar común que permita fortalecer la confianza de los justiciables y de la sociedad toda en el desempeño de la magistratura”, más allá de disposiciones dispersas que el texto califica como “hoy insuficientes”.

Esa ausencia de una normativa que rija la conducta de los operadores judiciales había sido señalada en 2021 durante un foro federal convocado por el Consejo Económico y Social (CES), y también observada en el marco del mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que recomendó explícitamente incorporar “un Código de Ética que abarque a todos los actores del Poder Judicial de la Nación”.

La reunión de la comisión giró en torno al expediente AA N°20/2024, caratulado “Lugones A. (Consejero) S/ Proyecto de Código de Ética del Poder Jud. de la Nación” y su acumulado AAA 140/2023 “De La Torre J. (Consejera) s/ Proy. Aplic. de los Princ. de Bangalore y del Cód. Iber. de Ética J”. La votación, en tanto, fue nominal y arrojó siete votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

Votaron Alberto Lugones y Diego Barroetaveña -en representación de los jueces del Poder Judicial de la Nación-; Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez -por la Abogacía-; Hugo Galderisi -por el Ámbito Académico-; Gonzalo Roca -por la Cámara de Diputados-; y Santiago Viola -representante en el Consejo del Poder Ejecutivo Nacional-.

El juez Lugones, presidente de la comisión, abrió la deliberación con un llamado dar curso al texto: “Para avanzar, porque en algún momento hay que avanzar, vamos a trabajar en lo inmediato con el Código de Ética e intentar la última corrección que tenemos, sin perjuicio de un par de comentarios, para poder llevarlos a la labor de plenario”. Describió el documento como un proyecto “consensuado en un 90 por ciento”, con algunos detalles que se pulirán antes de la instancia plenaria.

La consejera Vázquez anticipó su voto favorable y propuso una incorporación vinculada a la cordialidad y la buena fe, sugiriendo que se articulara literalmente con la abogacía. “Hace tiempo que se viene trabajando este código de ética, sabemos todos la importancia que tiene poder contar con este articulado completo como no ocurre en nuestro país”, señaló. Barroetaveña destacó “el trabajo que se ha hecho en materia de redacción de este anteproyecto” y su “importancia y trascendencia para todos en general, no solo para el Poder Judicial sino para la sociedad entera en su totalidad”. Viola subrayó que la aprobación “es un buen mensaje externo e interno en un momento en el que están todos preocupados o interesados en los distintos reglamentos del Consejo y de la justicia en términos generales” y destacó “la importancia de demostrar, sobre todo los representantes de los jueces, que tienen claros estos principios”.

Jimena De la Torre agradeció el liderazgo de Lugones y recordó el largo camino recorrido: “Fue algo que veníamos trabajando muy fuerte hace muchos años, un proyecto de consenso en la abogacía”. Y vaticinó el impacto del texto más allá de la justicia federal: “Va a marcar el norte de un montón de otras provincias que todavía no tienen Código de Ética y deberían trabajar para aprobarlo. Es un faro desde la justicia federal para que esto derrame en todo el país”.

A su término, el consejero Grau fue autocrítico respecto del tiempo que llevó llegar a esta instancia: “El Consejo está en deuda con esto, es una deuda de varios años que tenemos que saldar y ponernos al día.” Galderisi, profesor de ética, fue el más enfático: “Es un hito inconmensurable para el Consejo. Creo que era necesario y justo y estamos dando un gran paso que lo vamos a valorar con el tiempo“.

Según se desprende del expediente, el proyecto tomó como modelos principales el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, reconocidos por la ONU en 2003. Su elaboración demandó varios años e involucró a distintos actores del mundo jurídico: el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y especialistas en ética y filosofía del derecho, entre ellos el doctor Rodolfo Luis Vigo, uno de los redactores del propio Código Iberoamericano.

Qué dice el código

El texto establece principios generales que deben guiar la conducta de los magistrados: independencia, imparcialidad y objetividad, valores republicanos y responsabilidad ante la sociedad, responsabilidad institucional, cordialidad y buena fe, motivación y lenguaje claro, perspectiva de género, atención a sectores vulnerables, capacitación permanente y lealtad y secreto profesional, entre otros.

El código define al juez independiente como aquel que debe ”adoptar las decisiones en el ámbito de su conciencia jurídica y ética" y, por tanto, debe “resistir y excluir todo tipo de interferencia y presión que pueda comprometer el ejercicio de la magistratura”. En materia de imparcialidad, establece que los magistrados “deben evitar conductas o actitudes que puedan generar sospechas de parcialidad por parte de los justiciables o sus letrados” y que no deben “apartarse con ligereza de los expedientes que están bajo su conocimiento, ni tampoco aferrarse irrazonablemente a una causa cuando exista alguna causal normativa de apartamiento”. Sobre transparencia y lenguaje, exige que los jueces procuren ”la claridad en la redacción de sus decisiones para facilitar su entendimiento a las partes y su asistencia letrada, como así también a la magistratura, la comunidad académica, la prensa y la sociedad en su conjunto".

A los principios generales se suman reglas particulares que regulan situaciones concretas. En materia de regalos, por ejemplo, el código prohíbe a los jueces “recibir regalos, presentes, donaciones o beneficios por parte de los litigantes, sus letrados o terceros interesados; ni personalmente ni por interpósitas personas; sea antes, durante o después de finalizado el proceso en el que actúen”. La prohibición se extiende a sus familiares, amistades y al personal del tribunal.

Los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional deberán incorporarse al patrimonio del Poder Judicial. Respecto de las conversaciones con las partes, el texto establece que los jueces “no deben mantener conversaciones privadas con los litigantes o sus letrados en cuanto al mérito de las causas en las cuales intervienen o deban intervenir.” Y en materia de presencia pública, exige “guardar prudencia respecto a los lugares y a las personas que frecuentan”, evitando aquellas que “desde la perspectiva de un observador razonable, puedan generar sospechas o suspicacias respecto de su imparcialidad, independencia, dedicación o desempeño funcional”.

El código incorpora además una disposición novedosa: el deber de seguridad, por el cual el Poder Judicial de la Nación queda obligado a garantizar a los magistrados “las condiciones de seguridad personal, familiar y laboral para el adecuado ejercicio de sus funciones”.

El documento aclara expresamente que tiene una función preventiva, pedagógica y orientativa -no sancionatoria- y que “no sustituye, limita ni compromete las valoraciones” de las comisiones de Disciplina y Acusación del Consejo ni las del Jurado de Enjuiciamiento.

Su ámbito de aplicación alcanza a todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación, con la excepción de la Corte Suprema de Justicia, que se rige por sus propias regulaciones en virtud del artículo 113 de la Constitución Nacional.

Si el plenario del Consejo de la Magistratura lo ratifica, el código deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina para entrar en vigor.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles, por unanimidad, el recurso de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, que pretendía constituirse como querellante en la causa que investiga a Sur Finanzas PSP S.A. por presunta evasión tributaria agravada y lavado de activos. Para decidir de esa forma, el máximo tribunal penal del país entendió que la entidad civil no llegó a acreditar ningún perjuicio concreto y diferenciado del que podría invocar cualquier otro ciudadano.

La causa en la que intentó incorporarse es la iniciada por denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, que apunta a una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y a operaciones sospechosas por $818.000 millones, canalizadas a través de Sur Finanzas mediante personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito. El juzgado de primera instancia hecho lugar inicialmente a la pretensión de la fundación, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión el 30 de diciembre de 2025. El legislador porteño Yamil Santoro, fundador de la asociación, recurrió ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal, que admitió examinar el recurso.

En ese marco, el camarista Gustavo Hornos, cuyo voto encabezó el acuerdo de este miércoles, trazó el límite con precisión: “los hechos denunciados se refieren, en lo sustancial, a supuestas maniobras que habrían afectado el orden económico y financiero -más precisamente los delitos de evasión tributaria agravada y lavado de activos-, cuya protección incumbe al Estado y que, por sí mismos, no justifican la habilitación de la intervención de una fundación en el carácter procesal pretendido”.

También sostuvo que “de las presentaciones realizadas por el pretenso querellante no se desprenden argumentos concretos que permitan sostener que su objeto social tuviera una estrecha vinculación con las conductas oportunamente denunciadas por el ARCA (ex AFIP); como una especificidad con la materia a investigar en la presente y tampoco que vele por intereses específicos de una parte de la comunidad específica y diferenciada particularmente, que permitiera considerar que su aporte a la investigación podría complementar la función constitucional asignada a los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

Para Hornos, esas circunstancias son “dirimentes para determinar, en esta incipiente etapa de la investigación, que su intención de intervenir en el proceso no diferiría de otras que podrían existir por parte de otras asociaciones civiles que presenten un objeto social tan amplio, como el aquí pretenso querellante”.

Luego subrayó que “la mera intención genérica de intervenir como acusador privado en representación de la comunidad toda, sin desarrollar fundadamente los motivos que justificarían su participación en estas actuaciones, no resulta suficiente para refutar lo resuelto por los magistrados de la instancia anterior” y concluyó que “el recurrente no ha logrado acreditar que el suceso investigado hubiera provocado una afectación particular a intereses que represente, distinta de aquella que, en caso de acreditarse, pudiera irrogarle a la sociedad toda”.

El juez Mariano Borinsky compartió “en lo sustancial” las consideraciones de su colega y consideró que la resolución de la Cámara de La Plata “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, a la vez que no presenta fisuras de logicidad y resulta una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos”. Javier Carbajo, presidente de la Sala, completó la unanimidad al adherir a sus colegas.

La Fundación Apolo Bases para el Cambio, representada por Santoro, había esgrimido ante el tribunal que los delitos investigados afectaban bienes jurídicos de incidencia colectiva -el sistema tributario y la estabilidad del mercado financiero- y que su objeto social la habilitaba a actuar como acusadora privada. También había dicho que su interés excedía la mera lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública para abarcar el cumplimiento de normas básicas necesarias para la vida en sociedad.

Casación no lo entendió así: los camaristas señalaron que estos delitos no guardaban relación, por el momento, con hechos de corrupción en la gestión pública, núcleo estatutario de la fundación, y que el Ministerio Público Fiscal tenía la aptitud suficiente para representar los intereses comprometidos.

Quién es Vallejo y qué se investiga

Sur Finanzas es una empresa de servicios de pago cuyo dueño, Ariel Vallejo, construyó su inserción en el fútbol argentino de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien facilitó su acceso al circuito financiero de los clubes y avaló que la Liga Profesional de Fútbol depositara fondos de televisión en cuentas de la firma. La investigación judicial se despliega en tres frentes ante dos juzgados federales de Lomas de Zamora y uno de Comodoro Py.

Además de la causa Villena, el juez del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, instruye una presunta asociación ilícita destinada a lavar fondos provenientes de clubes de fútbol, estimada en más de USD 108 millones. La maniobra habría combinado préstamos en efectivo sin trazabilidad bancaria, descuento de cheques con tasas abusivas y contratos de sponsoreo simulados. Los allanamientos en la sede permitieron secuestrar biblioratos identificados como “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, con registros de operaciones vinculadas a al menos 16 entidades deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo y Banfield.

El magistrado convocó a indagatoria a Vallejo y otros 13 imputados entre mayo y junio, y citó a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield, encabezados por su presidente Eduardo Spinosa, imputado por asociación ilícita como jefe, administración fraudulenta y lavado agravado. A todos se les fijaron cautelares: prohibición de salida del país e inmovilización de cuentas.

En Comodoro Py, la jueza federal María Servini investiga la compra de dólares al tipo de cambio oficial para su venta en el mercado informal -el “rulo cambiario”-, con un volumen estimado en más de USD 1.400 millones durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera. La acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados colaboren vía ley del arrepentido acercan la pesquisa a la cúpula de la AFA y a la figura de Tapia.

A los expedientes judiciales se suman dos frentes administrativos. ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas por apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados y no depositados: $46.511.222,65 en siete períodos fiscales entre junio de 2024 y noviembre de 2025. El Banco Central, por su parte, sancionó a ARS Cambios SAS -otra firma del entramado Vallejo- con una multa de más de $18.000 millones y la revocación de su autorización para operar, tras detectar operaciones de compraventa de divisas sin destino genuino que aprovecharon una brecha cambiaria promedio del 102%.

Allí Ariel Vallejo recibió una inhabilitación personal de cinco años; su madre Graciela, de seis.

“Solicitamos la exhibición de los cuadernos”, expresó la fiscal Fabiana León tras una extenuante audiencia de más de 13 horas con la declaración del periodista Diego Cabot. A partir de esa solicitud, el secretario del tribunal se acercó con dos cajas, guantes de látex puestos, y le exhibió al testigo una serie de piezas que reconoció como aquellas que en su momento recibió de parte de Oscar Bacigalupo y que dieron origen al proceso actual.

Durante largas horas, y con preguntas y repreguntas de las distintas defensas en el juicio, el periodista recordó este martes cómo recibió los ocho cuadernos originales de Oscar Centeno de manos de un vecino suyo, Bacigalupo, y dijo que “los cruces de información” llevaron “a la convicción muy fuerte” de que lo que se contaba allí “había sucedido”. Se trata del primer testigo del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

“Los cruces de información nos llevaron a la convicción muy fuerte de que esos asientos eran el relato de lo que había sucedido”, dijo Cabot sobre los manuscritos del ex remisero chofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

Además recordó que trabajó sin judicializar el tema desde el 8 de enero al 10 de abril de 2018. “No conocía cómo empresarios muy poderosos se iban a portar frente a un periodista que los denunciara porque en general no se los denuncia”, contó también.

El testimonio donde repasó nombres y domicilios que figuraban en las anotaciones, entre ellos la Quinta de Olivos, el departamento de Juncal y Uruguay “donde muchas veces tenían que ir ahí a llevar la plata”, en alusión al por entonces domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Sobre la entrega de los cuadernos

“Le pedí (a Bacigalupo) un cuchillo y la abrí ahí para ver de qué se trataba”, refirió sobre la primera vez que vio la caja donde se guardaban los cuadernos y DVD con videos que grababa Centeno dando cuenta de sus viajes. Sobre ese encuentro con su vecino Bacigalupo, quien guardó los cuadernos, dijo: “Estábamos los dos solos. Había ocho cuadernos, algunas facturas de comercios y también unos DVD con videos”, detalló Cabot al comenzar a responder preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León. Sobre las facturas dijo que eran “cinco o seis” de una marroquinería por la compra de bolsos.

El periodista del diario La Nación recordó que Bacigalupo era vecino suyo y le refirió que se los había dado Centeno porque tenía miedo de ser allanado en una causa penal que se investigaba por ese entonces, la compra de Gas Licuado, y que estaba a cargo del ya fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Según lo que me dijo en ese momento, en la causa de Gas Licuado su expareja se había presentado espontáneamente ante el juez Bonadio y había contado que su pareja, Oscar Centeno, trasladaba a este funcionario y demás. A raíz de eso, había tenido temor de que lo puedan allanar o alguna situación así. Prefirió esos cuadernos sacarlos de su casa y eso es lo que él me explicó”, recordó.

Cabot mencionó que “eran unos cuadernos viejos, con espiral arriba, cuadernos normales, originales, todos. Él me dijo que eran de su amigo y que su amigo era Oscar Centeno”, refirió. “Había mucho detalle. Había videos donde él relataba algunas cosas con voz en off: ‘voy por la autopista, estoy en tal lado’, y eso surgía de los videos”, acotó también.

“No sacamos ni siquiera un clip de lugar”, respondió ante una pregunta de la fiscal vinculada a la preservación de esa prueba.

El periodista comenzó a declarar pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 7 e inauguró la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio con respuestas a preguntas de la fiscal León, la querella de la Unidad de Información Financiera y defensas. El remisero Centeno asistió a la audiencia de este martes de manera presencial y no paró de tomar notas.

La denuncia judicial

“¿Dónde quedaban guardados los cuadernos en este período?”, preguntó la fiscal en el primer tramo del interrogatorio. “Los cuadernos quedaban guardados en mi casa”, respondió el periodista sobre la etapa de investigación previa a la denuncia judicial y antes de que Bacigalupo le pidiera que se los devolviera porque Centeno los quería.

Cabot recordó que Bacigalupo lo llamó y le dijo que su amigo Centeno le había pedido los cuadernos, que se los devuelva. “Coincidía con una mejora procesal de Baratta y De Vido, que creo salían excarcelados en la causa de Gas Licuado”, explicó.“Decidí que se los iba a devolver porque me parecía que, de todas las hipótesis que podían suceder si no se los devolvía, eran peores que devolvérselos”, explicó.

Contó que los fotocopió una madrugada en la sede del diario y también sacó fotos. “Ahí hice las famosas fotocopias. Fui a las cinco de la mañana a la redacción y las fotos que están en todos lados las hice yo en mi casa”, refirió.“Fotocopié todo, no se salteó nada”, dijo.Poco después concretó la denuncia en la fiscalía federal de Carlos Stornelli. “La denuncia la hice con el fiscal Stornelli porque lo conocía de la vida pública” y además como “dato fundamental” recordó que era el fiscal en la causa Gas Licuado y “la información que tenía era sobre esos personajes”, acotó.

Cabot recordó que volvió a ver los originales de los cuadernos un año después. “Nunca dejé de buscarlos”, mencionó, hasta que un día recibió un llamado de alguien que anticipó tener algo de Cuadernos que podía llegar a interesarle. “Nos juntamos unos pocos segundos”, agregó sobre la persona con la que se reunió y dijo que le dio “una bolsa con seis cuadernos de los ocho”. Los llevó a la Justicia, dijo. Ante una pregunta de la fiscal, manifestó que no tocó ni alteró nada y que los dejó “en el escritorio del doctor Stornelli”.

También dijo desconocer si había existido algún tipo de coerción o presión por parte del fiscal o del juez Bonadio sobre los distintos imputados para convertirse en colaboradores arrepentidos.

Por qué no publicó antes

Ante las preguntas de la defensa de Oscar Thomas, a cargo del abogado José Manuel Ubeira, Cabot explicó por qué decidió no publicar el material y hacer primero la denuncia judicial. “Era material que yo consideraba que tenía relevancia periodística. Como eran documentos privados, y tenían las limitaciones que tienen los documentos privados, no hice ninguna publicación, hice la denuncia para que se investigara”, sostuvo. Y fue categórico: “Yo no publiqué una investigación, cubrí un movimiento judicial que tenía en ese momento detenciones y allanamientos”. La primera nota salió el 1° de agosto de 2018, cuando la Justicia dispuso los allanamientos.

Cuando Ubeira le preguntó si necesitaba la denuncia judicial para poder publicar, Cabot respondió: “Yo trabajo para tratar de publicar todas las historias que puedo probar que tengo algún sostén para poder publicarlas”. Sobre la publicación posterior, aclaró que nunca se elaboró un listado de empresas en el diario: “Nosotros íbamos escribiendo a partir de lo que iba sucediendo en tribunales. Cuando la justicia avanzó sobre determinadas empresas, nosotros contábamos ese suceso”.

Las reuniones previas con Stornelli

Ante otras preguntas, el periodista precisó los pasos que dio antes de formalizar la denuncia. Relató que el 26 de marzo de 2018 se reunió con el fiscal Stornelli en un bar de Palermo y que también concurrió al domicilio del fiscal días después. En esos encuentros le mostró copias del material: “Llevé copias que tenía para mostrarle de qué se trataba la prueba sobre la que habíamos trabajado”. Aclaró que esas reuniones fueron informales: “No se labraron actas. Fue una charla que tuve con él”.

El 10 de abril de 2018 formalizó la denuncia. “Llegué en colectivo. Me presenté en la fiscalía del Dr. Stornelli”, recordó. Describió el despacho como “relativamente pequeño, no muy grande, color más bien oscuro”, y señaló que la declaración se tomó en una computadora y le demandó un par de horas. En esa ocasión pidió reserva de identidad: “Le pedí por favor que no quería que apareciera mi nombre en esa audiencia”. Stornelli, contó, le recomendó no hacerlo porque podía filtrarse y habría que dar explicaciones.

Las presiones sobre los imputados

Sobre si el juez Bonadio o el fiscal Stornelli ejercieron presiones para que los imputados se acogieran a la ley del arrepentido, Cabot fue cuidadoso: “No me consta que eso haya sucedido. No estuve presente en esos momentos. No tengo por qué hablar sobre un tema que no presencié”. Sí reconoció que, en su trabajo de cobertura, hablaba con abogados defensores y empresarios que le transmitían que acogerse a la ley del arrepentido era una de las opciones que barajaban las defensas: “La negociación en sí a veces me la contaban fuentes que yo merituaba como válidas para ese momento informativo, o para ilustrar o contar algún momento de cómo se iba sucediendo la causa”.

Las fuentes periodísticas

A la hora de responder a los abogados, la defensora del acusado ex funcionario Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, quiso saber con qué empresarios se reunió durante su investigación periodística. Cabot se amparó en su derecho a resguardar sus fuentes para no responder sobre ese punto al que había aludido en otra parte de su declaración.

Ante ello la abogada hizo un planteo para que el Tribunal lo obligue a responder y el testigo se retiró de la sala de audiencias durante esa argumentación. Gómez Alcorta sostuvo ante los jueces que Cabot “se amparó en el derecho a resguardar la fuente mientras investigaba el contenido de los cuadernos”, pero advirtió que ese argumento no corresponde en este caso. “Los empresarios con quienes Cabot se reunió no le proporcionaron información que él no tuviera; era Cabot quien tenía la información y pidió reunirse porque ya sabía quiénes eran”, planteó.

En ese sentido, remarcó que “esa categoría no goza del derecho de reserva de fuentes”. También aclaró que las preguntas apuntan a develar “las eventuales alteraciones de los originales y el modo en que se construyó la denuncia”. Por eso, solicitó al tribunal que “se ordene al testigo responder esa pregunta y todas las vinculadas a las reuniones que mantuvo, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será considerado obstrucción”.

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, adhirió al planteo y subrayó que “el dato es un dato que él mismo introdujo al hacer referencia a que había tenido encuentros con empresarios”. Distintos defensores adhirieron al pedido, entre ellos la abogada Laura Fechino quien remarcó que “el testigo no puede decidir sobre qué declara y qué no, tiene que declarar sobre la investigación que realizó”.

A su turno la fiscal León se opuso al planteo y pidió rechazarlo. En el mismo sentido opinó la querella de la Unidad de Información Financiera. Finalmente los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori resolvieron en el sentido planteado por la fiscalía y ordenaron continuar con la declaración.

Las preguntas de Beraldi

El abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, centró su interrogatorio en varios ejes. Primero le preguntó sobre el primer encuentro con Bacigalupo, el 8 de enero de 2018, y qué había visto al abrir la caja. “Los miré, miré las fechas, la temporalidad que recorrían esos cuadernos, empecé a ver de qué se trataban con mucha sorpresa”, respondió Cabot.

El defensor también le preguntó si había podido verificar que las entregas de dinero relatadas en los cuadernos efectivamente ocurrieron. “Se relatan centenares de episodios, ¿usted lo verificó?”, le preguntó. “Yo fui haciendo un trabajo de hablar con muchísimas fuentes que me iban relatando en algunos casos algunas cosas, y en otras no”, respondió Cabot, y ante una insistencia de Beraldi, comentó que no tenían manera de verificar los pagos concretos.

Sobre sus encuentros con Bonadio, Cabot precisó que se reunió con el juez después de haber formalizado la denuncia ante Stornelli el 10 de abril. En esa primera reunión, Bonadio lo advirtió sobre las posibles consecuencias, incluida la posibilidad de contar con custodia. En un segundo encuentro, hacia finales de julio de 2018, el magistrado le dijo que habían avanzado en la investigación y le transmitió una imagen que el periodista recordó con precisión: “Me dijo que esto era lo que fue la Roseta para los egipcios, a partir de esto uno puede entender una cantidad de circunstancias o relaciones en el mundo del poder“.

Quiénes declaran esta semana

Este miércoles el tribunal definirá la nómina de testigos que deberán asistir el jueves a declarar. Se espera que sea el turno de la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz y de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, además de Jorge Bacigalupo, el por entonces amigo de Centeno que guardó los originales de los cuadernos.

El cronograma, que podría sufrir modificaciones, prevé escuchar a 43 testigos durante mayo. En el listado al que tuvo acceso Infobae están Roberto Lavagna, Mariana Zuvic y el financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.

El Tribunal seguirá con audiencias martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Allí tendrá que presentarse cada testigo el día de su citación, habrá abogados presentes y otros seguirán la jornada de manera remota, vía Zoom.

Al respecto, habrá prioridad para los letrados que hayan ofrecido como prueba los testigos que sean citados en cada jornada. También, si lo desean, podrán ir en persona los acusados, todo sujeto a la capacidad de la sala de audiencias, se aclaró.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su 50° edición, fue escenario esta semana de una doble presencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). Las juezas Inés Weinberg y Marcela De Langhe participaron de actividades académicas en el marco del encuentro cultural más convocante del país, y sus intervenciones trazaron un diagnóstico compartido: la justicia enfrenta desafíos estructurales que exigen respuestas institucionales concretas.

La presidenta del TSJ porteño, Inés Mónica Weinberg, fue invitada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para integrar el panel “Instituciones, justicia y calidad del Estado” en el marco del evento que se desarrolla desde el pasado 23 de abril en La Rural. La acompañaron Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, y Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. Moderó el encuentro Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del CAF.

En su exposición, Weinberg no eludió las críticas ciudadanas al sistema judicial y apuntó directamente a su causa más visible: la demora en los expedientes. “Pasan años desde que un ciudadano inicia una causa hasta que llega la sentencia de primera instancia”, señaló, y describió el largo recorrido que sigue un caso a través de recursos e instancias superiores hasta llegar a un tribunal como el que ella preside. En ese marco, identificó a las vacantes judiciales -hoy en el orden del 50%- como uno de los factores estructurales de esa dilación.

Frente a ese diagnóstico, Weinberg trazó también una perspectiva de salida. Cubiertos esos cargos, indicó, la inteligencia artificial “va a ser de enorme ayuda en la agilización del proceso judicial, para llegar más rápido a las sentencias adoptando estándares que faciliten todos los procedimientos”. La tecnología, de acuerdo a su visión, no reemplaza sino que potencia la función judicial en un contexto en que la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos para una justicia oportuna.

Weinberg cerró con una reflexión sobre la percepción social del Poder Judicial que sintetizó el tono de su intervención: “A la justicia se la critica más por lo que no decide, que por lo que efectivamente decide. Se le critica por no tomar decisiones”.

Por otro lado, en la Sala Alfonsina Storni, la jueza Marcela De Langhe participó de la presentación del libro Dictámenes penales del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. La acompañaron Alejandra García, presidenta recientemente electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Martín López Zavaleta, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Genoveva Ferrero, secretaria de administración y presupuesto del Consejo de la Magistratura porteño; y Karina Leguizamón, presidenta de ese mismo Consejo.

De Langhe encuadró la publicación como algo más que una compilación técnica. Para la magistrada, se trata de “una forma de rendición de cuentas ante la sociedad” que permite explicar el trabajo cotidiano del sistema de justicia y abrir un diálogo más amplio con la comunidad. En esa línea, destacó que iniciativas de este tipo contribuyen a perfilar una justicia “más cercana, más accesible y más comprometida con la circulación pública del conocimiento jurídico”.

La ministra también reivindicó el valor sustantivo de los dictámenes fiscales como herramientas de deliberación judicial, más allá de su función procesal. Su aporte, consideró, “no se agota en la resolución de un expediente concreto, sino que contribuye a la construcción de criterios y políticas judiciales que trascienden el caso individual”.

Subrayó, por último, la centralidad del diálogo institucional: no solo como vía para construir acuerdos, sino también para generar “disensos fundados, capaces de enriquecer, profundizar y mejorar la función judicial”.

El debate sobre el sistema de selección de jueces federales tiene nueva fecha en la agenda institucional. Este jueves 7 de mayo, la abogada María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, y el juez Alberto Lugones, presidente de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación, convocaron a una reunión conjunta de ambas comisiones del Consejo de la Magistratura para escuchar a cinco organizaciones de la sociedad civil con perspectivas sobre la reforma que impulsa la Corte Suprema.

Ante los consejeros fueron invitados a exponer Pablo Pirovano, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES); María Fernanda Rodríguez, por Unidos por la Justicia; Diana Cohen Agrest, por Usina de Justicia; Martín D’Alessandro, por Poder Ciudadano; y Julián Obiglio, por la Fundación Nuevas Generaciones. La reunión se celebrará en la sala de plenario “Dr. Lino E. Palacio”, en el segundo piso de Libertad 731, sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, y podrá seguirse también de forma virtual por Zoom.

Será el tercer encuentro formal desde que el cuerpo abrió el tratamiento de la Acordada 4/2026, el proyecto de reforma al reglamento de concursos que la Corte aprobó el 25 de marzo con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De qué se trata la reforma

El texto tiene 100 artículos y busca, según sus propios considerandos, “reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema” de selección de magistrados, y “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. La Corte identificó como déficit central del esquema vigente que la evaluación de antecedentes premia “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

Para corregirlo, propone concursos anticipados como regla general, desvinculados de la existencia de una vacante concreta al momento de la convocatoria. Las pruebas de oposición serían anónimas, con corrección automatizada, y la entrevista personal quedaría reducida a 20 puntos sobre un total de 200, con criterios tasados que eviten que su valoración “altere de manera significativa el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas”.

Todo esto es aún una propuesta entre otras. Actualmente, los llamados a concurso público de oposición y antecedentes se rigen por el reglamento aprobado en 2014 mediante la Resolución N°7/14 del Consejo.

El telón de fondo no es menor: el fuero federal acumula múltiples cargos sin cubrir. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques ya puso en marcha una estrategia de cobertura con el envío de las primeras tandas de pliegos al Senado.

Tres posiciones frente a la Acordada

Desde la primera reunión formal, el 9 de abril, quedó en evidencia que la iniciativa del Máximo Tribunal no tiene el camino despejado. Al interior del Consejo se perfilan hasta el momento al menos tres lecturas sobre el proyecto en cuestión.

La más entusiasta corresponde a algunos de los representantes de la abogacía. Jimena De la Torre fue taxativa: “Estoy para votarlo en un todo, sin ningún cambio”. César Grau respaldó esa posición y señaló una anomalía que, a su juicio, justifica la urgencia: de los 67 pliegos enviados recientemente por el Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes previos en el Poder Judicial. “Algo está fallando: el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, remarcó.

En las antípodas, están quienes reclaman tiempo y análisis. El juez Alberto Lugones fue categórico al exponer su postura inicial: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado”. El argumento de fondo es que el cuerpo tiene sobre la mesa 30 iniciativas propias -17 de la integración actual, 13 de anteriores- que no pueden soslayarse.

Un tercer sector introdujo cautelas de otro orden. Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el organismo, cuestionó la “ansiedad desmedida” de quienes impulsan una votación urgente. Y el académico Guillermo Tamarit advirtió sobre presunta la irrupción de actores que nunca antes habían mostrado interés en la forma en que se designa a los magistrados.

Voces externas: respaldo amplio y una advertencia sobre género

Por lo demás, en las últimas semanas distintas entidades del ámbito jurídico y académico se pronunciaron a favor de avanzar con la reforma. FORES la calificó como “un avance institucional relevante” y urgió al Consejo a expedirse, aunque reclamó que se incorporen competencias como el razonamiento jurídico aplicado y la ética judicial. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires destacó que el nuevo esquema aportará “condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados”. Y quince universidades privadas de distintas regiones del país -desde Tucumán hasta la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Córdoba, Cuyo y Santa Fe- suscribieron un comunicado conjunto instando a darle tratamiento “rápido e integral”.

A su vez, el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, envió una nota a los consejeros representantes del estamento de los abogados para que brinden “pronto tratamiento y aprobación” de la iniciativa elaborada por la Corte.

“En este momento de la Argentina es crucial contar con jueces independientes e imparciales. El proyecto de reglamento de la Corte que, atiende más a sus méritos técnicos que a la discrecionalidad política, está encaminado en el buen sentido”, aseveró en ese escrito el presidente del CPACF.

Aún así no fueron todas adhesiones. En el segundo encuentro de las comisiones, el 22 de abril pasado, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) planteó una objeción concreta: la acordada no contempla ninguna previsión sobre la participación femenina en la conformación de las ternas, a diferencia del régimen vigente. Para la entidad, esa omisión desplaza la cuestión de género al plano meramente procedimental y “no puede ser considerada neutra”.

Con todo, este jueves las dos Comisiones encargadas de evaluar modificaciones relativas a los concursos seguirán recibiendo opiniones de los actores interesados en el tema. La consejera Vázquez ya anticipó que la meta será garantizar “el más amplio debate” antes de adoptar cualquier definición concreta.

El juez Lugones, en tanto, trazó a inicios de abril una hoja de ruta: integrar el conjunto de las propuestas -la de la Corte y las treinta del propio Consejo- y avanzar “todo lo rápido que podamos”. La reforma, concluyó, tiene que derivar en “algo muy positivo para el Consejo”.

El capitán de navío retirado Néstor Pietronave -submarinista desde 1981, ex comandante del propio ARA San Juan y colaborador de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa que analizó las circunstancias del siniestro- fue el primer testigo en prestar declaración este lunes en la reanudación del juicio oral por el naufragio del SUSJ tras una semana de cuarto intermedio, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos.

Convocado por el fiscal que encabeza el equipo de cuatro acusadores públicos, Gastón Franco Pruzán, su exposición abarcó los mecanismos de supervisión y alistamiento de una unidad submarina, el examen de los incidentes registrados en la patrulla de julio de 2017 y la interpretación del último mensaje enviado por la nave antes de su pérdida de contacto y desaparición. Sus conclusiones centrales fueron las siguientes: la nave estaba en condiciones adecuadas para cumplir la misión asignada, el SITREP -reporte de situación- no constituía una declaración de emergencia ni una solicitud de auxilio, y la maniobra con la válvula E-19 era muy inusual aunque estaba dentro de las facultades del jefe del barco.

Con 38 años de carrera en la Armada y más de cincuenta navegaciones en submarinos, Pietronave ejerció distintas jefaturas a bordo del ARA San Juan -operaciones, inmersión, máquinas y electricidad- antes de asumir su comando en 2004. Entre 2005 y 2006 se desempeñó como jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), con responsabilidad sobre personal, inteligencia, logística, operaciones, adiestramiento y alistamiento. A lo largo de la jornada fue interrogado por el fiscal Pruzán, las defensas de los cuatro exoficiales imputados -Claudio Villamide, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa-, las querellas de Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, y los magistrados del tribunal.

El estado operativo y los días de navegación

A instancias del defensor Juan Pablo Vigliero -abogado del ex capitán de navío destituido Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia-, Pietronave respondió una serie de preguntas encadenadas que delinearon con precisión el esquema de responsabilidades en el alistamiento y mantenimiento de una unidad de guerra preparada especialmente para funcionar en el sigilo.

Sobre qué significa que un submarino esté en estado operativo, respondió: “Que es seguro para navegar y que tiene los sistemas en condiciones de operar con seguridad. Y está apto para navegar como submarino”. La potestad de certificar ese estado, señaló, recae doctrinariamente en la figura del comandante, quien, según explicó el testigo, también se erige como el primer responsable del mantenimiento y alistamiento de la nave.

La cuestión no es menor en el marco de este debate oral, ya que entre los documentos que se vienen analizando figura el ICEM N°07/17 suscripto en septiembre de 2017 por el titular del buque, el capitán de fragata Pedro Fernández, que consignaba a la unidad como “habilitada” con un índice de 4,25 sobre 5. Al ser consultado sobre qué es el ICEM -el Índice de Control del Estado del Material-, Pietronave lo describió como “un documento generado por el buque donde se analizan uno por uno todos los sistemas y equipos de la unidad. Y se establece una ponderación donde se califica cada uno (...) de los sistemas para determinar si está habilitado o no y si el buque, en definitiva, está habilitado o no y en qué grado de habilitación".

Ante la pregunta de si ese instrumento bastaba para salir a navegar o si existían otros controles adicionales, precisó: “Si hablamos de mantenimiento, el buque cumple su sistema de mantenimiento a bordo. Si hablamos de control del estado de alistamiento, antes de zarpar se hacen las pruebas de 48 horas, por ejemplo, donde se ponen en marcha y se prueban todos los equipos del buque. El buque, a cargo del comandante, las hace: todos los jefes de cargo del buque con su gente prueban todos los sistemas y equipos del buque. Los que reparan el buque son los que navegan en el buque”.

Y ante la consulta de si una unidad naval pudiera ser obligada a zarpar por orden superior aun cuando su comandante considerara que no estaba lista ni en condiciones, fue terminante: “Definitivamente no. No lo vi nunca”. Tampoco tenía conocimiento de antecedente alguno en ese sentido.

Sobre los controles que se realizan durante la zarpada misma, explicó: “Durante la zarpada se coloca el buque en condición de navegación. Se toman las planillas de preparación de mecanismos para zarpar y se ponen todas las válvulas y sistemas en la condición que dicen las planillas. Con el sistema de ventilación -por ejemplo- se van poniendo todas las válvulas y flaps en la posición que tienen que estar para zarpar, y así con todos los mecanismos. Además, previo a que el buque zarpe se hacen pruebas específicas como la prueba de propulsión: sobre la amarra se hace avanzar y retroceder al buque”.

Unos minutos después, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le preguntó al testigo si se podía equiparar al ICEM con una fotografía del estado del buque en un momento dado. “Es una foto de ese momento en que se hizo la prueba, sí”, contestó, y puntualizó que en ninguna navegación de ningún buque a nivel general podía esperarse la ausencia de novedades de material.

En sus palabras, el submarinista dijo: “Yo creo que no hay ningún día de navegación en que no haya una novedad del material: puede ser grande o pequeña; puede ser una avería sencilla o importante, el tema es cómo se soluciona. Pero siempre hay novedades”.

El juez Reynaldi también le preguntó sobre la extensión de las navegaciones durante su carrera naval. Pietronave consideró que al principio eran más prolongadas y que con el tiempo se fueron acortando. “A veces se hacían navegaciones de mantenimiento, donde el buque salía un par de días por mes para mantener los mecanismos operativos y en movimiento, y otras veces para hacer operaciones como las que hizo el San Juan en 2017, que eran un poco más prolongadas. Hubo navegaciones mucho más prolongadas en la década del 70 y principios de los 80: había navegaciones de 40 días”, recordó. Y ante la pregunta específica de si los días de navegación del San Juan se fueron reduciendo con el tiempo, respondió: “Mi impresión es que a lo largo de toda mi carrera los días de navegación se fueron reduciendo, sí”.

Con todo, según fuentes que conocen el manual del fabricante -Thyssen, en la entonces República Federal de Alemania-, el ARA San Juan tenía en su diseño una autonomía de navegación de hasta 90 días.

En rigor, la Orden de Operaciones N°04/17 “C” del Comando de la Fuerza de Submarinos -fechado el 24 de octubre de 2017 y contribuyente a la Orden de la Flota de Mar N°14/17- fijaba para el San Juan una misión dividida en cuatro etapas, de las cuales la nave participaba en tres: el despliegue desde Mar del Plata hasta la Base Naval de Ushuaia -con patrulla antisubmarina en el área “Alessia” en el trayecto-, la estadía de tres días en Ushuaia con ejercicio de ataque submarino, y la Patrulla de Control del Mar en el área “Juliana” -frente a la milla 200-, con una permanencia mínima de diez días de operaciones de vigilancia, identificación y registro fotográfico y fílmico de buques de interés. Cuando el San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías de proa, el cortocircuito y el principio de incendio, estaba ingresando a la etapa final de esa misión de control del mar.

Los incidentes de la patrulla de julio de 2017

Un tramo sustancial del interrogatorio se concentró en el informe de actividades que el comandante Pedro Fernández elevó al COFS el 14 de agosto de 2017, al concluir la patrulla realizada entre los días 1 y 19 de julio. El documento registraba dos incidentes de relevancia.

El primero fue el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa durante una maniobra de snorkel. “La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la válvula E-19”, concluía el informe. El submarinista retirado remarcó el funcionamiento: la válvula E-19 es una válvula de ventilación situada entre el pozo del snorkel y el ventilador del tanque de baterías que, en condiciones normales, debe permanecer cerrada una vez que el buque zarpa.

“Si está abierta es la única forma de que el agua que está en el pozo de snorkel o en el ambiente del pozo pase para el tanque de baterías. Si está cerrada, no debería poder pasar”, señaló.

Las consecuencias de ese ingreso podían incluir cortocircuitos entre barras o entre las barras y las chapas del tanque, con el riesgo de que saltaran los interruptores correspondientes. El protocolo ante esa contingencia exige primero aislar el tanque -desconectarlo del resto del buque en el tablero- y luego, si las condiciones lo permiten, acceder al compartimento para evaluar los daños. Para alcanzar la estabilidad necesaria con un estado de mar muy agitado, estimó que la nave debería estar como mínimo a 40 metros de profundidad.

El segundo incidente fue la maniobra ejecutada el 13 de julio con la válvula E-19 para compensar el nivel de CO2 en el compartimento de proa. Pietronave afirmó no conocer esa operación como una práctica habitual. “Entiendo que lo que está buscando es homogeneizar el CO2 a lo largo de los dos compartimentos estancos del buque”, apuntó. Y añadió: “El único sentido que le buscaría es tratar de permanecer más tiempo sin ventilar el buque”. Nunca la había ejecutado ni había oído que alguien lo hubiera hecho. De haber recibido ese informe como superior, habría requerido una explicación más detallada.

”Me parece que este párrafo solo es poco para explicar la maniobra. Hubiera tenido una charla para explicar qué es lo que hicieron y cómo se aseguraron después del restablecimiento de todas las condiciones de las tuberías de ventilación. Es lo suficientemente importante como para protocolizar una prueba de este estilo“, formuló el testigo.

A raíz de una inquietud del defensor Vigliero sobre la seguridad de operar esa válvula en distintas condiciones, Pietronave fue preciso: durante el snorkel, no es seguro. En puerto, sí. Navegando a profundidad de periscopio o totalmente sumergido, no entraña ningún riesgo. “Puede abrir o cerrar porque no tiene ningún peligro”, dijo sobre ese último escenario. El juez Reynaldi también le consultó si los reglamentos del servicio autorizan a los comandos a efectuar pruebas con los equipos. “El Reglamento General del Servicio Naval creo que autoriza a los comandos a hacer pruebas, sí”, respondió. Y ante la pregunta específica de si esa autorización alcanzaba a la válvula E-19 en navegación, matizó: “El sistema de ventilación para mí es bastante crítico, pero sí, se puede hacer pruebas si hay un protocolo específico para hacerlas: eso es lo que yo considero. No creo que esté escrito en el reglamento porque es muy amplio”.

La lectura del SITREP

El fiscal Pruzán le exhibió el mensaje SITREP enviado por el ARA San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 por sistema HF al COFS: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado.”

Pietronave descartó que el mensaje constituyera una declaración de emergencia o una solicitud de auxilio: a su criterio, el texto reportaba una avería, no una crisis fuera de control. El señalamiento no es menor en el contexto del debate: uno de los reproches que pesan sobre el capitán de navío destituido Claudio Villamide -como comandante de la Fuerza de Submarinos y superior directo del comandante Pedro Fernández- es no haber ordenado al San Juan regresar en superficie ante la avería reportada ni haber dispuesto el envío de auxilio. La defensa del oficial destituido -hoy capitán de ultramar de la Marina Mercante- sostiene que la información que transmitía el submarino indicaba que la situación estaba bajo control. La lectura que hizo Pietronave del SITREP abona esa postura: al analizar la decisión de ir a inmersión, señaló que si el buque hubiera enfrentado un problema más grave, habría permanecido en superficie.

“Si tuviera algún problema más grave -planteó el testigo-, estaría en superficie. Si -el comandante- estuviera pensando que tiene un problema más grave estaría en superficie, no en inmersión, no se hubiera ido a inmersión con un problema más grave”.

El informe de la Comisión Asesora y el estado del buque

La defensa de Villamide le exhibió un fragmento del informe preliminar de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa -documento clasificado como secreto, con sello del año 2018, incorporado como prueba documental al juicio-. La comisión había sido constituida en diciembre de 2017 por el Ministerio de Defensa e integrada por los almirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío Jorge Bergallo -tres oficiales que en las próximas semanas también prestarán declaración como testigos en el debate-.

El recuadro exhibido correspondía al punto 4 del documento, titulado “Conclusiones preliminares de la Comisión Asesora sobre las condiciones de navegabilidad y operatividad del San Juan”, y establecía: “Luego de los análisis realizados con la información disponible vinculada a los hechos ocurridos, al momento no existen evidencias demostrables que el Submarino A.R.A. ‘San Juan’ haya zarpado de la Base Naval de Mar del Plata el día 24 de octubre de 2017, o de la Base Naval de Ushuaia el día 8 de noviembre de 2017, o se haya destacado al área de patrulla asignada, luego de haber realizado operaciones navales integradas el 11 de noviembre de 2017, con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017”.

Y en su punto 4.2 agregaba: “El San Juan reunía las condiciones estructurales, mecánicas, técnicas y marineras necesarias para navegar y cumplir con la Orden del Comandante de la Fuerza de Submarinos N°4/17 ‘C’, para la profundidad operativa a la que se lo había restringido”.

Ante la pregunta de si coincidía con esas afirmaciones, respondió: “Sí coincido, porque el buque a mi entender estaba en condiciones adecuadas para hacer la patrulla para la cual fue designado”.

Más tarde, durante el interrogatorio de la querellante Valeria Carreras, ese punto fue retomado desde otro ángulo. Carreras le preguntó cómo le constaba que el buque estaba en condiciones de operar. “Me consta por el estado de alistamiento que mostraron: el ICEM anterior, que vi, leí y analicé”, respondió.

Luego aseveró que estaba al tanto de que el buque tenía una limitación de profundidad de 100 metros.

También en ese tramo la querellante Carreras le preguntó si en su experiencia como submarinista había tenido alguna emergencia que lo hubiera obligado a asentar en el fondo. Pietronave recordó el episodio del ARA San Luis -submarino Tipo 209 de histórica actuación en la Guerra de Malvinas-: “Era una zona de muy baja profundidad y estábamos haciendo ingreso y egreso de tropas especiales, y en algún momento, por un ingreso excesivo de agua porque había quedado una soga -para hablar en términos civiles- en el cierre de la garita de escape de buzos, ingresó mucha más agua de la que debía ingresar al tanque de compenso y el buque se puso muy pesado y hubo que asentar en el fondo en emergencia, a treinta y pico de metros”.

Esa situación, precisó, se debió exclusivamente a la escasa profundidad disponible: “Si el comando del buque hubiese tenido en ese momento más de treinta y pico de metros de profundidad, la maniobra se hubiera solucionado de otra manera. Se asentó en el fondo solamente porque había poca profundidad, porque si no hubiera hecho un saco a cuarenta o cincuenta metros y hubiera salido sin ningún tipo de problema”.

A raíz de ese intercambio, el defensor Vigliero retomó la cuestión de la limitación de 100 metros del San Juan y preguntó por qué esa restricción no impedía cumplir la Orden de Operaciones 04/17. La respuesta fue concisa: “Porque no tenía porqué bajar a más de 100 metros. La orden de operaciones no le exigía bajar a más profundidad. No veo porqué hubiera bajado a más”.

Semana de audiencias

El juicio retomó este lunes con cinco testigos por jornada previstos hasta el jueves de esta semana. Desde este martes comenzarán a comparecer los propuestos por las distintas defensas, que empezarán a delinear sus posturas respecto al caso.

El viernes 8 de mayo, a las 16, el tribunal realizará una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -buque gemelo del siniestrado- en los astilleros de Tandanor, al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurrirán todas las partes del proceso.

En el marco del juicio que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó este lunes el pedido formulado por la querella del abogado Luis Tagliapietra de incorporar una pericia técnica que analizara de manera integral cerca de cinco terabytes de imágenes y videos registrados por el buque Seabed Constructor al hallar los restos de la nave en el fondo del Atlántico Sur.

“Luego de haber deliberado (...), atendiendo a que era una cuestión que ya había sido resuelta en anteriores actos procesales respecto de la pericia solicitada, dada la extemporaneidad del planteo, la oposición manifestada por todas las partes y para no afectar el derecho de defensa y el debido proceso, no se hace lugar a la pericia”, anunció el juez Mario Reynaldi, presidente del tribunal, flanqueado por sus colegas Luis Giménez y Enrique Baronetto. El juez Guillermo Quadrini participó de la jornada de manera virtual.

El proceso arrancó el 3 de marzo pasado y busca determinar si existieron responsabilidades penales en la tragedia naval del 15 de noviembre de 2017, cuando se detectó la implosión del submarino a las 10:51 por sensores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO). Sus restos aparecieron un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, localizados por el buque de bandera noruega Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity.

La pericia rechazada apuntaba precisamente a examinar ese material: la disposición de los fragmentos en el fondo marino, el grado de destrucción del casco y la orientación de sus secciones, para evaluar si es posible extraer conclusiones que permitan afinar las hipótesis sobre qué desencadenó el hecho. El querellante Tagliapietra es padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los dos alumnos de la Escuela de Submarinos embarcados en la misión que se inició el 25 de octubre al salir del puerto de Mar del Plata. El otro era el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla. Tras la resolución, el abogado anunció que reservará la cuestión para impugnar la decisión ante una instancia superior.

En el banquillo figuran cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones del COFS. Los cuatro fueron procesados durante la instrucción -conducida por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez y el fiscal Lucas Colla- por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal (artículos 248, 249 y 189 segundo párrafo del Código Penal).

El eje del debate radica en el estado de alistamiento de la nave al momento de zarpar para cumplir la Orden 4/17 del COFS, que fijaba una serie de fases de adiestramiento y patrullado marítimo en el mar argentino. Las defensas sostienen que el submarino estaba habilitado para operar -así surge de documentación suscripta por su comandante, Pedro Fernández- y que las tareas y pruebas pendientes no comprometían su seguridad náutica. Los acusadores, en cambio, esgrimen que hay elementos para responsabilizar a los imputados por no haber impedido que la embarcación saliera a la mar con anomalías documentadas en su propio legajo, entre ellas el vencimiento del plazo de entrada a dique seco para efectuar tareas de carenado y pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías.

El juicio, que se desarrolla semana de por medio, retomó este lunes desde las 9 con nuevas declaraciones testimoniales convocadas por el fiscal Gastón Pruzán -algunas bajo reserva por involucrar a personal vinculado a áreas de inteligencia o psicólogos de la Base Naval Mar del Plata- y tiene una agenda nutrida para los próximos días. Desde este martes comienzan a comparecer los testigos citados por las distintas defensas.

Además, este viernes 8 de mayo, a las 16, el tribunal llevará a cabo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz, buque gemelo del siniestrado, en los astilleros de Tandanor, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El Santa Cruz fue construido en la República Federal de Alemania por la misma empresa que fabricó el San Juan y entregado a la Armada Argentina en 1984, un año antes que su nave hermana. Es uno de los dos únicos ejemplares que llegaron a incorporarse a la flota de los seis submarinos tipo TR 1700 de propulsión diésel eléctrica convencional que el gobierno argentino había planeado adquirir originalmente.

La recorrida reunirá a magistrados, fiscales, querellantes y defensas con el propósito de que puedan conocer de primera mano los distintos sistemas de esta clase de embarcación. La visita, por lo demás, cobra especial relevancia de cara a las semanas siguientes, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que elaboraron informes sobre el estado de mantenimiento del submarino y las posibles causas del naufragio. Entre ellos figuran Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama, Alejandro Kenny, que declararán en Río Gallegos durante la semana del 22 de mayo y las primeras jornadas de junio.

En estas audiencias se espera además la declaración del submarinista retirado Jorge Rolando Bergallo, que también formó parte de una comisión de expertos convocada para asesorar sobre el caso y que es padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante del submarino que llevaba a bordo un total de 44 marinos.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sesionó este jueves para votar ternas de candidatos en distintos concursos judiciales, con especial foco en dos vacantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, con sede en Comodoro Py 2002. Se trata de uno de los tribunales más sensibles y estratégicos del fuero penal federal, porque revisa las decisiones de los jueces de primera instancia en causas de corrupción, narcotráfico, trata y otros delitos complejos.

Terminada la extensa reunión de labor, se dio comienzo formal a las 15 en el segundo piso de la sede central del Consejo, ubicada sobre la calle Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, en la sala de plenario “Dr. Lino E. Palacio”. En la antesala del edificio, y como dato de color de la jornada, se apostó un grupo de unas diez personas con un parlante, banderas argentinas y consignas en apoyo a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, además de carteles con sus rostros. Dentro del recinto, los consejeros tenían como orden del día tratar informes de entrevistas, impugnaciones, prórrogas y listas de conjueces, aunque el punto de mayor impacto institucional era el Concurso N° 461, correspondiente a la Cámara Federal porteña.

Ese concurso busca cubrir los cargos que actualmente ocupan Bruglia y Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal en 2017 por traslados dispuestos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo dictado el 3 de noviembre de 2020, sostuvo que esos cargos debían ser concursados para favorecer la estabilidad judicial. La discusión derivó más tarde en planteos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los magistrados cuestionaron el proceso abierto para reemplazarlos en el tribunal.

La Cámara Federal porteña está integrada por dos salas de tres jueces cada una. Su peso institucional radica en que actúa como alzada de las resoluciones dictadas por los juzgados federales de Comodoro Py, entre ellas procesamientos, sobreseimientos, nulidades, medidas de prueba y decisiones que pueden definir si una causa avanza o no hacia el juicio oral, en particular en investigaciones por corrupción seguidas contra funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo. En ese mapa también aparece la situación del camarista Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años en julio y cuya continuidad aún no fue definida.

La instrucción del Concurso N° 461 estuvo a cargo de la Subcomisión B, integrada por Vanesa Siley, consejera en representación de los diputados de Unión por la Patria, y Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa subcomisión realizó las entrevistas personales y elaboró los informes que fueron sometidos a consideración de la Comisión de Selección, presidida por la consejera abogada María Fernanda Vázquez.

En ese contexto, la consejera abogada Jimena de la Torre fijó su posición antes de la votación y sostuvo que el proceso debía avanzar en línea con lo resuelto por el Máximo Tribunal. “Cuando la Corte dictó el fallo, entendí que mi rol republicano tenía que ver con acatarlo”, afirmó. Y agregó: “Estoy convencida de que votar y avanzar en la cobertura de estas vacantes (…) es la opción republicana”. En ese sentido, también planteó la necesidad de extender el criterio a otros casos: “No nos quedemos simplemente con este juzgado (…) hay concursos que no están avanzando. Tenemos que avanzar en todo”.

En la misma línea, el consejero Alberto Lugones remarcó la relevancia institucional de este proceso de selección, mientras que César Grau también se pronunció y puso el acento en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema respecto de los jueces trasladados.

En la sesión se pusieron a consideración tres dictámenes distintos con propuestas de ternas. El de Siley postuló, para el primer cargo, a Fernando Luis Poviña, camarista federal de Tucumán; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata. Para el segundo cargo propuso a Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Gonzalo Viña, juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; y Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza.

El dictamen mayoritario de Barroetaveña propuso para el primer cargo a Fernando Poviña, juez federal de Tucumán; Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico. Para el segundo cargo postuló a Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y Pablo Bertuzzi, actual camarista de la Sala en concurso.

El consejero Alberto Maques, en tanto, firmó un tercer dictamen con la misma primera terna -Poviña, Rodríguez y Yadarola- y una segunda integrada por Gonzalo Viña, juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y el propio juez Bertuzzi.

La votación se realizó de manera nominal. El dictamen del juez Barroetaveña reunió siete votos, con el acompañamiento de Jimena la Torre, Hugo Galderisi, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Fernanda Vázquez y Santiago Viola. El dictamen de Siley obtuvo dos votos -el suyo propio y el de César Grau-, mientras que el de Alberto Maques cosechó dos adhesiones con el consejero Alberto Lugones. El académico Guillermo Tamarit no participó de la votación.

Pese a la mayoría alcanzada por la propuesta de Barroetaveña, los tres dictámenes fueron elevados al plenario del Consejo de la Magistratura, que será el encargado de definir la terna definitiva en el marco del procedimiento constitucional de designación de jueces.

Una vez que el plenario adopte una decisión, las ternas serán remitidas al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá elegir un candidato por cargo y enviar el pliego al Senado de la Nación para su acuerdo, paso previo a la designación definitiva de los magistrados.

Además del concurso vinculado a la Cámara Federal, la Comisión trató el resto del orden del día, que incluyó la aprobación de ternas vinculadas al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 (N° 430), los juzgados federales de Corrientes (N° 460) y La Plata (N° 483), cargos de jueces federales con funciones de garantía en Santa Fe (N° 493) y la Cámara Civil y Comercial Federal (N° 442).

También analizó impugnaciones en concursos para tribunales orales, juzgados federales y cámaras de apelaciones —como Rosario, Salta, Tartagal, Posadas y el fuero contencioso administrativo de la Capital-, además de prórrogas de plazos, listas de conjueces y presentaciones vinculadas al Concurso N° 520 del fuero penal económico.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura debatirá este jueves un paquete de decisiones para la cobertura de vacantes en tribunales federales y nacionales, con foco en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, órgano que revisa las causas ligadas a delitos de corrupción, trata y narcotráfico.

Entre los puntos centrales del temario que se tratará en la sede del organismo de selección y remoción de magistrados figura el análisis de las ternas para cubrir los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo que constituye el primer paso formal hacia la renovación del estratégico tribunal de alzada porteño.

La Cámara Federal, en rigor, cumple un rol clave dentro del esquema judicial, ya que actúa como instancia de apelación de las decisiones adoptadas por los jueces federales con sede en Comodoro Py. Está integrada por dos salas de tres miembros cada una y, de avanzar los concursos, podrían cubrirse vacantes actualmente existentes en ese tribunal. A ese escenario se suma la situación del camarista Martín Irurzun, quien cumple 75 años en julio y cuya continuidad aún no fue definida.

En este contexto, la situación de Bruglia y Bertuzzi adquiere un peso particular. Ambos magistrados fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri y, más tarde, la Corte Suprema ordenó que esos cargos debían definirse mediante concursos. A partir de ese fallo, el kirchnerismo impulsó que se abrieran esos concursos específicamente para esos dos puestos, lo que derivó en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde los jueces sostuvieron que se ponía en riesgo la estabilidad de sus cargos.

La reunión de este jueves a las 13 también incluirá el tratamiento de otras vacantes relevantes en distintos fueros. Entre ellas, se analizará la terna para el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente subrogado, que podría intervenir en investigaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, la Comisión de Selección avanzará en la evaluación de ternas para el Juzgado Federal de Corrientes con competencia electoral, el Juzgado Federal de La Plata y cargos en tribunales de alzada, incluyendo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

Una vez tratadas en la Comisión de Selección, las ternas deberán ser elevadas al plenario del Consejo de la Magistratura, integrado por 20 consejeros, para su aprobación. Superada esa instancia, el procedimiento continúa en el ámbito del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques desde el 5 de marzo pasado, interviene en la selección de uno de los candidatos de cada terna. Luego, el Ejecutivo remite el pliego correspondiente al Senado de la Nación.

En la Cámara Alta, los candidatos deben atravesar el proceso de la Comisión de Acuerdos, que incluye audiencias públicas, para finalmente ser sometidos a votación en el recinto. Ese circuito institucional es el que culmina con la designación formal de los magistrados.

El tratamiento de estas ternas se da en paralelo con un proceso más amplio de cobertura de vacantes. El 30 de marzo, el presidente Javier Milei envió al Senado la postulación de 50 jueces para cubrir cargos en distintos fueros: penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de seguridad social. La mayoría de esos puestos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

Actualmente, el 36,5% de los cargos de la justicia nacional y federal operan por subrogancias, y ese porcentaje podría ascender al 42% en julio en función de las jubilaciones previstas y cargos sin cubrir.

En el fuero federal con sede en los tribunales de retiro, en Comodoro Py 2002, el nivel de vacantes alcanza el 31%.

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial está presidida por María Fernanda Vázquez, con Jimena de La Torre como vicepresidenta. La integran además los consejeros Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el rechazo de la probation solicitado por Myriam Elizabeth Costilla, ex presidenta de la constructora Kank y Costilla S.A., en un tramo residual de la causa Hotesur-Los Sauces, y dispuso que el expediente regrese al tribunal oral para que dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión, adoptada por mayoría en la Sala IV, reabrió el debate sobre la posibilidad de evitar el juicio oral en este expediente.

El proceso se inscribe en una investigación más amplia vinculada a la adjudicación de obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas y a un presunto entramado de lavado de activos. En ese esquema, la acusación ubica a Costilla como una pieza relevante en su carácter de titular de la firma constructora.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la imputada intervino “entre enero de 2007 y agosto de 2013 en la ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción, posibilitando desde su rol de Presidente de KANK Y COSTILLA SA que se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial”.

Dentro de ese marco, se le adjudica haber tomado parte en licitaciones públicas orientadas a beneficiar al grupo empresario de Lázaro Báez, incluso en contextos donde regían restricciones para la participación simultánea de firmas vinculadas. En ese sentido, la fiscalía indicó que “decidió ofertar en las licitaciones investigadas, a pesar de estar expresamente prohibida la concurrencia múltiple de empresas del mismo conglomerado, contribuyendo a la estrategia desplegada por el GRUPO BÁEZ para aumentar el costo de las licitaciones”.

Las actuaciones también detallan presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos adjudicados. Entre otros aspectos, se describe que la empresa presidida por Costilla “incumplió sistemática y reiteradamente los plazos de contratación y entrega e introdujo y obtuvo sucesivas modificaciones de obra respecto del plazo y monto”, además de acceder a condiciones privilegiadas en el circuito de pagos estatales.

En esa línea, la hipótesis de la acusación sostiene que la firma habría contado con “un canal exclusivo de pago anticipado”, percibido certificados con mayor celeridad que otras contratistas y accedido a anticipos financieros “sin cumplir los requisitos legales exigidos”, además de recibir pagos por tareas no ejecutadas o inconsistentes con los planes aprobados.

Para la fiscalía, a su vez, estas prácticas integraron un engranaje más amplio en el que las empresas vinculadas al grupo Báez “fuesen las únicas contratistas de obra pública en el país a las que no se le adeudaba un solo centavo al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Así entonces, la acusación de este Ministerio Público Fiscal sostiene que Myriam Costilla contribuyó desde su posición como Presidente de Kank y Costilla en la ejecución y extensión en el tiempo de las graves irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de las obras viales asignadas a dicha firma, permitiendo así la generación de un perjuicio millonario a las arcas públicas y que la defraudación al Estado se desarrollara y perpetuara en el tiempo", se lee en la imputación de la fiscalía.

La causa Hotesur-Los Sauces, iniciada en 2014, investiga un presunto circuito de lavado de dinero a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. La hipótesis plantea que empresarios como Báez y Cristóbal López, beneficiados con contratos estatales, canalizaron fondos hacia esas sociedades mediante alquileres de hoteles y propiedades. El expediente principal ya fue elevado a juicio oral, aunque su inicio permanece demorado a la espera de un peritaje contable destinado a reconstruir el flujo de esos activos.

En este tramo del proceso, la defensa de la empresaria Costilla pidió la suspensión del juicio a prueba, al entender que se reunían los requisitos legales: falta de antecedentes, expectativa de pena condicional y ofrecimiento de reparación económica.

El Tribunal Oral Federal N° 2 desestimó ese planteo con el respaldo del Ministerio Público Fiscal y de la querella, en cabeza de la Unidad de Información Financiera, tras ponderar la gravedad de los hechos investigados como incompatible con la aplicación del instituto procesal.

La resolución fue impugnada ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En su voto, el camarista Gustavo Hornos avaló la negativa y consideró que se encontraba debidamente fundada en la entidad del caso. Al respecto, remarcó que la maniobra implicaba “un colosal daño al erario público” y la encuadró como “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina”.

En ese mismo sentido, Hornos enfatizó que la oposición del Ministerio Público Fiscal constituía un elemento relevante para descartar la probation, especialmente en función de la dimensión institucional del caso, al tratarse de un supuesto de corrupción estructural con impacto directo sobre los fondos públicos.

También advirtió que los delitos de corrupción “no sólo generan una incalculable afectación al patrimonio público, sino que deslegitiman la democracia representativa al quebrantar el principio fiduciario que rige el mandato político”.

Esa postura, sin embargo, no reunió mayoría. El juez Mariano Borinsky consideró que la oposición fiscal carecía de una “fundamentación suficiente” y cuestionó la ausencia de un análisis individualizado de la situación de Costilla dentro del proceso.

En esa línea, entendió que el tribunal oral no realizó un control adecuado sobre los argumentos del fiscal y que la decisión impugnada omitió evaluar en concreto las condiciones personales de la imputada frente a los requisitos exigidos para acceder a la probation.

En concordancia, Diego Barroetaveña advirtió que la resolución del tribunal de juicio no efectuó “un control suficiente de legalidad, logicidad y fundamentación”.

Con esos votos, la Sala IV hizo lugar al recurso de la defensa, dejó sin efecto el rechazo de la probation y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de juicio para que dicte un nuevo fallo sobre la procedencia del beneficio.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó por mayoría el arresto domiciliario de Franco Saraco, imputado como organizador de un esquema dedicado al juego ilegal online y al consiguiente lavado de activos, tras desestimar el recurso del Ministerio Público Fiscal y validar lo resuelto por la Cámara Federal de Mar del Plata, que había entendido que los riesgos procesales podían neutralizarse con medidas menos gravosas.

La resolución fue adoptada este martes por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La mayoría desestimó el planteo fiscal, mientras que el voto en disidencia postuló revocar la domiciliaria para mantener la detención preventiva en una unidad carcelaria.

Saraco se encuentra procesado por asociación ilícita en carácter de organizador, lavado de activos agravado y explotación de juegos de azar sin autorización. Según la imputación, encabezaba uno de los núcleos de una organización dedicada a la explotación de casinos online ilegales, mediante la utilización de terceros para canalizar fondos.

En concreto, y de acuerdo con las actuaciones, el Ministerio Público le atribuyó “haber liderado un subgrupo criminal dedicado a la explotación de casinos online, coordinando la captación de ‘cuentas mulas’ o ‘mulas financieras’ para canalizar y percibir ganancias ilícitas”. Ese maniobra implicaba reclutar personas para abrir cuentas bancarias o virtuales utilizadas para recibir apuestas y redistribuir el dinero, con el objetivo de dificultar su trazabilidad.

Al imputado se le endilga la gestión de “cuantiosas sumas de dinero en efectivo que no encontrarían correlato en una actividad lícita".

Según surge de la reseña que realizó en su fallo la Sala 4 del máximo tribunal penal del país, se tuvo por acreditado que al allanarse el domicilio de Saraco el 4 de noviembre de 2025 en la ciudad de Mar del Plata, “el encausado buscó desprenderse de la suma aproximada de 173.000 dólares estadounidenses, arrojándolos por una ventana hacia un domicilio lindero al advertir la presencia policial. Asimismo, en el interior de su domicilio y en los bolsos arrojados, se halló la suma de 2.179.000 pesos argentinos".

También se consignó: “Se le atribuye además una conducta de entorpecimiento vinculada al vaciamiento previo de oficinas de la calle Rawson en mayo de 2024, donde registros fílmicos lo ubicarían retirando computadoras y cartelería de ‘BPLAY’ antes de que se materializaran los procedimientos en la causa principal".

Tras ese allanamiento, Saraco quedó alojado en la Sección Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina -Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. Un mes después, el titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata dispuso su procesamiento con prisión preventiva “por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad en calidad de coautor, y explotación, administración u organización de juegos de azar sin autorización, también en calidad de coautor; todos ellos en concurso real”.

La hipótesis acusatoria plantea que la banda operaba al menos desde 2020 mediante plataformas digitales de juego clandestino, proveedores de pago y circuitos informales de transferencia de dinero. En ese entramado, Saraco habría asumido un rol principal en la captación y administración de cuentas utilizadas para canalizar las ganancias.

La causa describe una estructura organizada en al menos dos núcleos -el “grupo Saraco” y el “grupo Pinarello“, asociado a Guillermo Pinarello, otro imputado en la causa- que funcionaban de manera coordinada, con roles diferenciados para sostener la explotación del casino ilegal, ocultar ganancias y transformarlas en bienes registrables.

En primera instancia, el juez federal Santiago Inchausti rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa particular del imputado, en tanto evaluó como subsistentes los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Allí enumeró la gravedad de los hechos, el rol del imputado, la elevada pena en expectativa y su capacidad económica, además de su presunta participación en la eliminación de evidencia.

Sin embargo, el 14 de febrero pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revirtió esa decisión y otorgó el beneficio procesal con monitoreo electrónico. Para decidir de ese modo, evaluó el avance de la investigación -que llevaba más de tres años- y el hecho de que gran parte de la prueba ya se encontraba bajo resguardo estatal.

En ese sentido, afirmó que “la mayor parte de la prueba ya ha sido producida con la eficacia pretendida por la acusación” y advirtió que la complejidad de la causa no podía erigirse en una “carta de triunfo” para sostener la medida cautelar más gravosa cuando existían alternativas menos restrictivas para aplicar al caso.

Llegado el expediente a la Casación Federal, la mayoría de la Sala IV consideró que los fundamentos del tribunal anterior resultaban acordes para respaldar el fallo en favor del imputado. En esa línea, expresó que “la decisión recurrida cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes (…), no presenta vicios lógicos y constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa”. También consideró que los agravios de la fiscalía se habían limitado a “expresar discrepancias valorativas”.

El voto principal estuvo en manos del juez Borinsky, que contó con la adhesión de su colega Carbajo. Borinsky remarcó que la Cámara Federal marplatense había evaluado correctamente los riesgos procesales y, aunque reconoció su subsistencia, consideró que podían mitigarse con medidas alternativas. Destacó entre otras puntos que la alzada había ponderado también el bloqueo de cuentas, el secuestro de fondos, la falta de antecedentes del imputado y el hecho de que otros coimputados con roles relevantes cumplían arresto domiciliario sin haber entorpecido la investigación.

En disidencia, Hornos sostuvo que la morigeración de la detención no resultaba procedente. Afirmó que el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata presentaba “defectos de fundamentación que la descalifican como acto jurisdiccional válido” y cuestionó la falta de ponderación del comportamiento del imputado. En particular, remarcó que el intento de desprenderse de dinero y de dispositivos durante uno de los allanamientos “constituye un indicador de riesgo decisivo que la instancia anterior decidió minimizar”.

Luego añadió: “Tratándose de una persona con una probada aptitud operativa para sustraer elementos de interés del alcance de la justicia, el arraigo no puede considerarse un factor de mitigación suficiente, lo que permite advertir que las medidas restrictivas alternativas al encierro carcelario no resultan por el momento idóneas para asegurar la sujeción de Saraco al proceso”.

Tras la decisión adoptada por la mayoría, el expediente volverá a primera instancia para que continúe la investigación del caso.

La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible este martes un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa por lavado de activos vinculada a una red transnacional que, según la investigación, canalizaba fondos ilícitos atribuidos al grupo criminal brasileño Comando Vermelho. La decisión fue adoptada en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, de la Sala IV, y dejó firme las condenas impuestas en un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal N°7 porteño.

El planteo había sido presentado por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, quien cuestionó que el organismo no hubiera tenido intervención en este tramo del expediente que terminó con sentencias condenatorias, pese a haber solicitado ser tenido como querellante durante la instrucción.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una investigación iniciada en 2022 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de la remisión de un informe de inteligencia elaborado de la propia UIF. El caso quedó inicialmente radicado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro y luego derivó, por cuestiones de competencia, hacia la justicia federal porteña.

La pesquisa fue dividida en distintos tramos por la cantidad de imputados y la complejidad de las maniobras. Uno de ellos se concentró en la estructura atribuida a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, ambos prófugos, señalados como responsables de canalizar activos ilícitos vinculados al Comando Vermelho. Según la investigación, el esquema incluyó operaciones con criptoactivos, sociedades instrumentales y adquisición de bienes registrables, como inmuebles y vehículos de alta gama.

El Comando Vermelho, en rigor, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Surgió a fines de la década de 1970 en el sistema penitenciario de Río de Janeiro, en un contexto de convivencia forzada entre presos políticos y delincuentes comunes durante la dictadura militar. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura criminal descentralizada dedicada principalmente al narcotráfico, con fuerte presencia en las favelas y expansión a distintas regiones del país y de la región, donde también diversificó sus actividades ilícitas.

Otro segmento de las investigaciones que se labraron sobre el caso abordó maniobras independientes de transferencias informales de divisas en la región, realizadas entre 2022 y 2023, que involucraban a otros imputados.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 validó un juicio abreviado y condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalvez, Eliamar Das Dores de Melo, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Thiago Cardoso de Oliveira y Selma de Lima Muniz Barbosa como partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Las penas fueron de tres años de prisión en suspenso, con multas de entre 180 y 720 millones de pesos. El tribunal de juicio, a su vez, dispuso la inmediata libertad de los condenados siempre que no registraran otra orden restrictiva en su contra.

La UIF impugnó esa resolución. Galpern sostuvo que el organismo de información financiera no había sido notificado ni incorporado al proceso, pese a haber pedido su intervención bajo el rol de querellante. También cuestionó la calificación legal, el monto de las multas y el control judicial del acuerdo abreviado. Según el recurso, la adecuación jurídica realizada había sido “notoriamente más benigna” que la que surgiría de los hechos, que describían una “actuación prolongada en el tiempo (años 2015 al 2023), con pluralidad de operaciones” y bajo la dirección de una “organización criminal trasnacional liderada por Alves de Souza y Wang”.

La entidad también objetó que, al homologar el acuerdo, el tribunal oral hubiera indicado que “no podía discutir con el fiscal y la defensa la calificación legal y/o pena acordada por las partes”. Para el organismo, el juez debía ejercer un control de legalidad más estricto.

El juez Hornos rechazó el planteo en la etapa de admisibilidad. Para eso sostuvo que la UIF carecía de legitimación para apelar porque no había sido parte en el tramo del proceso en el que se dictó la sentencia. En particular, remarcó que fue el propio organismo el que había limitado su pedido de querella “únicamente contra Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, quienes se encuentran prófugos en la investigación suscitada en el marco de este expediente”.

Según ponderó el camarista, “fue la propia Unidad de Información Financiera la que limitó expresamente su pretensión acusatoria a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang que se encontraban prófugos en un proceso que tramitaba ante el juzgado instructor”. Luego agregó que la UIF conocía que los tramos identificados como “TO1” y “TO2” ya habían sido elevados a juicio y, pese a ello, “no instó su intervención en esa etapa y ni formuló presentación alguna ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7”.

“Por ese motivo -concluyó el juez de la Sala 4-, en el caso carece de legitimación para interponer un recurso de casación, en tanto dicha vía exige la intervención en el proceso en el que recayó la decisión impugnada, como presupuesto ineludible”.

Hornos también descartó que la UIF hubiera demostrado un agravio propio, concreto y actual que la diferenciara del Ministerio Público Fiscal. En ese punto, destacó que la persecución penal estuvo a cargo de la PROCELAC, órgano especializado en temáticas de criminalidad económica.

“El interés público sobre el juzgamiento de conductas vinculadas al lavado de activos, el pago de las multas impuestas y el decomiso de bienes, se encuentra debidamente representado por el titular de esa procuraduría especializada”, indicó.

Por otro lado, el camarista también delimitó el rol institucional de la UIF en este tipo de pesquisas, en tanto advirtió que el organismo tiene asignado “un rol principalmente vinculado a la producción, análisis e intercambio de información financiera” y que actúa como “un auxiliar técnico en las investigaciones penales, especialmente en materia de delitos económicos complejos, como es el lavado de activos”.

Con esos fundamentos, Hornos declaró inadmisible el recurso de casación de la unidad estatal. Mientras tanto, otros tramos de la investigación continúan abiertos respecto de los prófugos y de los bienes atribuidos a la estructura criminal.

Con casi cinco décadas en la función pública, un paso de cuatro años por el Congreso de la Nación -ligada en un principio al cordobés Luis Juez- y luego como colaboradora estrecha del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, Graciela Villata prestó declaración en el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) en razón de su rol en el Ministerio de Defensa (MINDEF) al momento del siniestro, donde se desempeñaba como secretaria del Servicio Logístico y Coordinación Militar en la Emergencia. Afirmó que jamás olvidará lo que vivió en aquellos primeros días. Y que cree que quienes la acompañaron en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), en Puerto Belgrano, durante el operativo de búsqueda, tampoco. Al llegar a ese tramo de su relato, y traer a la sala de audiencias imágenes de aquel momento, su voz cedió a la angustia: pidió disculpas, tomó agua y retomó la palabra.

Villata se incorporó al área de Defensa en julio de 2017, exactamente cuando el submarino estaba completando su patrulla de control de mar de ese mes -la misma navegación que, años después, se convertiría en uno de los antecedentes más analizados del debate oral-. La testigo oriunda de Córdoba tiene la particular experiencia de haber sido la primera funcionaria civil del Ministerio en enterarse -en boca del entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur- de la pérdida de contacto con el navío. Y días después, también sería la primera civil en recibir la noticia de la implosión, antes incluso del informe oficial de la CTBTO -la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Austria-.

El Ministerio contaba en ese entonces con tres secretarías: la de Estrategia Militar, a cargo de Horacio Chighizola; la científica, vinculada a la producción para la defensa (Tandanor, Fadea, Fabricaciones Militares); y la de Villata, eminentemente ejecutiva. Bajo su área, según explicó, recaían las compras consolidadas, la incorporación y modificación de sistemas de armas, el Plan de Inversiones de la Defensa (PIDEF), el Programa Antártico y la coordinación de emergencias, entre otras responsabilidades.

La primera civil en enterarse de la pérdida de comunicación

Villata recibió un llamado a las 21:48 del jueves 16 de noviembre de 2017. Era el almirante Srur. “Recuerdo el horario porque, cuando me llamó, me dijo que faltaban 12 minutos para que se cumpliera el INTERCOM”, explicó. El INTERCOM, en rigor, es un protocolo de comunicación periódica obligatoria entre el submarino y su comando: la última comunicación de ese tipo había tenido lugar a las 22:00 del 14 de noviembre, y el rango establecido era de 48 horas. El titular de la Marina la contactó porque creía que el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Horacio Chighizola no estaba en el país, y porque el ministro Aguad se encontraba en Canadá participando de una cumbre de titulares de defensa del hemisferio.

El panorama que Srur le trazó era el de una situación relativamente manejable: el submarino había sufrido un blackout -un corte de energía que impedía las comunicaciones- y navegaba en superficie. “Yo le pedí que ponderara la gravedad de la situación, y me dijo 50%”, recordó. Al día siguiente, esa estimación trepó al 70% de probabilidades de hallar al submarino navegando en superficie. “Era más favorable el 17 que el 16”, señaló, ya que “decía que estaban analizando algunos intentos de comunicación”.

Esa noche, Villata no logró contactar al ministro. Sí se comunicó con el jefe de gabinete del Ministerio, Raúl Rippa, y juntos se trasladaron al Edificio Libertador, sede del MINDEF, en la madrugada del 17. Chighizola, en tanto, se dirigió directamente a la sede de la Armada.

La reunión en Mar del Plata y la interrupción

Tras recibir al ministro en Ezeiza el 17 de noviembre, la comitiva -Aguad, Srur, Chighizola, Villata y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa- partió hacia Mar del Plata. Ya en vuelo, antes de despegar, el agregado militar de Estados Unidos mantenía comunicación con la delegación y transmitía con insistencia la importancia de declarar el caso SARSUB -el protocolo internacional de búsqueda y rescate de submarinos, Search and Rescue- para poder desplegar las capacidades estadounidenses en la zona de probabilidad donde podía encontrarse el buque.

Según declaró la exfuncionaria, en la Base Naval marplatense saludaron a los familiares de los tripulantes y luego ingresaron a una sala donde los altos mandos navales expusieron la cronología detallada de los hechos. En esa instancia se produjo el episodio más tenso de la jornada. Al repasar las comunicaciones previas a la pérdida de contacto, surgió que el submarino había reportado el ingreso de agua al compartimento de baterías y un principio de incendio. Villata frenó la exposición de diapositivas: “Yo en ese momento interrumpí la presentación y dije que eso no me lo habían informado. De alguna manera todos estábamos abocados a recibir la información y transmitirla al ministro, y eso nunca lo había recibido”. El ministro Aguad, sentado frente a ella en una mesa larga, ratificó que tampoco él había sido notificado.

“Obviamente volvimos -a la ciudad de Buenos Aires- muy tensos. Porque el primer informe no condice con lo real (...). Esto era determinante para poder analizar y ponderar la gravedad del incidente”, afirmó.

Más aún, el titular de la Marina había incurrido en otra omisión al no informarles a las autoridades del Ministerio que el comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), el entonces capitán de navío Claudio Villamide -hoy imputado-, ya había declarado el SUBMISS, un mensaje naval destinado a alertar a nivel interno de la sospecha de “submarino extraviado” y destacar medios de superficie y aeronavales hacia la zona del último contacto con la nave.

Dicho SUBMISS se produjo a las 14:13 del 16 de noviembre, unas ocho horas antes de que Srur se comunicara con la secretaria Villata por primera vez. Para ese entonces ya había decolado un avión antisubmarino Trucker S-2T y había zarpado el Destructor ARA Sarandí con un helicóptero AS-555 FENNEC embarcado.

Así las cosas, durante el regreso de la comitiva al aeropuerto tras la reunión informativa en Mar del Plata, el ministro impartió una serie de instrucciones: el jefe de la Armada debía declarar el caso SARSUB a través de los canales correspondientes. Esa medida se concretó alrededor de las 18:00 de ese mismo 17 de noviembre. Aguad también dispuso, según la declaración de la testigo, que ella fuera para la Base Naval de Puerto Belgrano a seguir en tiempo real las operaciones de búsqueda y oficiar de nexo con su jefe. Chighizola fue enviado al Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada, en el barrio porteño de Retiro.

Por lo demás, ese contraste entre la información inicialmente brindada y lo que realmente había ocurrido a bordo posee un correlato directo en otras actuaciones vinculadas al ARA San Juan. Y es que según consigna el informe final de la Comisión Bicameral del Congreso de julio de 2019: “Surge de los testimonios que el día 17 de noviembre, al poner el capitán Alonso en conocimiento de las autoridades del Ministerio el principio de incendio ocurrido en forma previa a la desaparición, recibió una amonestación verbal del almirante Srur, por brindar la totalidad de la información a civiles“.

El capitán de navío Héctor Alonso -otro de los cuatro imputados en el debate oral- se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos.

La omisión informativa podría deberse acaso a la convicción, por parte del jefe del Estado Mayor General de la Armada, de que la pérdida de contacto con el buque se debía exclusivamente a un problema en las comunicaciones con el Comando en tierra. Esto podría deducirse de la versión que dio el propio López Mazzeo en su declaración indagatoria en el juicio oral, donde relató: “Cuando llego a Puerto Belgrano -el 16 de noviembre a la tarde-, me llama el jefe de Estado Mayor y me dice ‘dígale al paniquero de su Comandante de Fuerza -de Submarinos- que anule el SUBMISS; esto es un problema de comunicaciones’“.

“Palabras textuales, a las 6 de la tarde -insistió el imputado en su presentación del 5 de marzo pasado-: ‘dígale al paniquero de su Comandante de Fuerza que anule el SUBMISS; esto es un tema de comunicaciones’”.

Con todo, el testimonio de Villata delineó una distinción entre el manejo de la crisis por parte de Srur y el del contralmirante López Mazzeo, entonces al frente del COAA y tercero en orden de jerarquía dentro de la Marina. Y es que con Srur, la información que llegó al Ministerio había sido escueta y tendiente a tranquilizar a las autoridades: blackout, navegación en superficie, 50% y 70% de probabilidades positivas. El dato sobre el principio de incendio no había sido transmitido, al igual que la declaración del SUBMISS del 16 a las 14:13.

Así y todo, con la activación del procedimiento internacional de búsqueda, el COFS asumió por norma como responsable último de las operaciones lanzadas. Luego, debido a la magnitud de la cooperación internacional -que terminaría por concretar un histórico despliegue de medios en el Atlántico Sur- el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) se constituyó como la autoridad a cargo de gestionar la misión SAR y de autorizar el ingreso en aguas territoriales de los buques y aviones extranjeros.

Para eso, según surge del mismo informe de la Comisión Bicameral que investigó la tragedia, López Mazzeo conformó un Estado Mayor Especial para articular las tareas de rescate. Así, el contraalmirante Rafael Prieto asumió como coordinador de la búsqueda con las unidades de superficie; el contralmirante Gustavo Vignale se ocupó de las unidades aéreas; Villamide coordinó la búsqueda submarina y de fondo; el capitán de navío Gabriel Attis manejó las Fuerzas de Rescate Submarino; y el contralmirante Eduardo Malchiodi se encargó de la logística.

El contralmirante Bernardo Noziglia, en tanto, coordinó los ofrecimientos externos, mientras que sus pares Jorge Cisneros y Gabriel González estuvieron a cargo de la Prensa y Difusión y de la Comunicación a los Familiares, respectivamente.

Puerto Belgrano: en el centro de la búsqueda

Tal como explicó Villata en su testimonial en Río Gallegos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, su designación para dirigirse a Puerto Belgrano no resultó casual, ya que allí se constituiría el centro de operaciones de la misión. Su experiencia en los días previos con el almirante Srur había dejado en evidencia ciertas fallas en el flujo de información hacia el Ministerio.

En sus palabras: “Obviamente, si nos dijeron que se había perdido la comunicación, si eso obedecía a que tenía un blackout, -que- había un corte de energía y que no se podían comunicar y que estaban navegando en superficie y que era el lugar donde había que ir a buscarlo, y después cuando llegamos a Mar del Plata nos dicen que había habido un principio de incendio, y esa información no se brindó, obviamente que volvimos muy tensos”, expresó Villata.

El ministro quería, esta vez, un canal directo y sin intermediarios entre lo que ocurría en la Base Naval y él. Las consignas para Villata fueron precisas: mantener esa comunicación directa, facilitar los enlaces con las ayudas internacionales que comenzaban a llegar de distintos países, y garantizar el abastecimiento de víveres y combustible para las unidades que participaban del operativo -tanto en Puerto Belgrano como en las bases de Espora y Comodoro Rivadavia-.

La exfuncionaria permaneció en Puerto Belgrano desde la mañana del 18 de noviembre hasta la madrugada del 22. Cuatro días en los que la frenética sala de operaciones del COAA funcionó como el corazón del dispositivo de búsqueda: tableros y planos cubrían las paredes, los oficiales iban y venían con novedades, y la información que llegaba de distintas fuentes -buques, aeronaves, satélites, países aliados- era analizada con puntillosidad antes de ser incorporada al cuadro de situación. El edificio estaba colmado, y ya en las primeras horas apareció personal militar que espontáneamente se acercó al lugar a ofrecer su ayuda para encontrar a sus camaradas.

Así fue que pasaron los primeros días de crisis, donde cada hipótesis sobre la posición del submarino, cada zona de probabilidad, cada señal captada en el Atlántico Sur era sometida a un examen riguroso. Para Villata, “las comunicaciones se recibían en la misma sala -del COAA-, y cada uno según su expertise y competencia hacía los distintos aportes. Nunca me restringieron ningún área".

Allí vio por primera vez a los oficiales que conducían las tareas operativas. “Los conocí en ese lugar, en ese momento, en esa situación. Creo que no nos vamos a olvidar más. Yo en lo personal no me lo voy a olvidar más: tengo 48 años de estar en el sector público, jamás viví una situación así”, recordó la mujer con la voz quebrada.

“La importancia de estar en ese lugar era que cada indicio era analizado y paulatinamente descartado”, agregó. La presión era constante y la tensión, permanente: de tanto en tanto, alguna señal encendía la esperanza de que los tripulantes pudieran aparecer con vida, pero debía ser verificada antes de informar a los familiares o emitir declaraciones públicas. “Por ejemplo -ilustró la testigo-, hubo un momento en que había hojas flotando en el mar; hasta que no se recuperaran y se determinara su origen: al final eran papeles de algún barco chino. En otro momento, de altísima tensión, fue cuando se encontró una balsa, donde obviamente todos nos ilusionamos: pero el mar estaba tan embravecido que era una balsa de un buque nuestro“.

Respecto al contralmirante López Mazeo, a preguntas de su defensor, Villata dijo que el flujo informativo fue directo y sin reticencias: “El diálogo era abierto. Las discusiones se hacían en un lugar donde yo estaba presente. Obviamente, no se descartaba nada. La intención de todos y cada uno de los que estaban en Puerto era encontrar a los 44 tripulantes y el submarino”.

En otro orden, un episodio adicional sustanciado en la audiencia de debate complejizó aún más el retrato de Srur durante la declaración de la testigo. A instancias del defensor público Gastón Morillo, se le leyó a Villata su propia testimonial prestada durante la instrucción de la causa ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. El texto decía: “No recuerdo la fecha pero antes de que Srur se fuera, llevó adelante un sumario -donde López Mazzeo y el entonces capitán de navío Claudio Villamide resultaron suspendidos como ‘presuntos infractores’ de faltas gravísimas- y en forma exprés se expidió en relación al mismo, y en ese momento llegó a decir que el submarino San Juan no estaba operable, cuando no tenía sentido esa aseveración porque el almirante Srur había invitado al ministro a navegar en el submarino San Juan, lo cual me sorprendió“.

Al escuchar su propia declaración, Villata aclaró su posición actual: “A casi nueve años de lo ocurrido, no lo recuerdo puntualmente ese punto del sumario, pero sí sé que fue exprés, por eso después se deja sin efecto. Y siempre me sorprendió que, a posteriori de la tragedia del San Juan, se dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar. Pero no hablo desde lo técnico: estoy hablando de que si el jefe de la Armada lo invita al ministro a navegar, es porque el submarino podía navegar. Insisto: lo mío no es técnico, es una simple lectura de un civil ante un hecho, nada más“.

Y precisó: “La invitación fue puntualmente en Ushuaia”, desde donde zarparía el SUSJ para realizar la última patrulla de control de mar.

“Es una tragedia”

La frase con la que Villata resumió el momento más duro de su exposición fue contundente. “Recuerdo que estábamos en unos sillones del despacho del COAA, donde se nos da la información, y yo me acuerdo que lo único que expresé en ese momento fue ‘Es una tragedia’”, relató ante el tribunal al describir el punto justo donde se enteró de la implosión.

La novedad había llegado desde Estados Unidos, a través de sensores distintos a los de la CTBTO, cuyo reporte aún no había arribado, y fue el contralmirante López Mazzeo quien se la transmitió personalmente en la madrugada del 22 de noviembre de 2017. Lo que esa información significaba era inequívoco: no existía la posibilidad de encontrar a los 11 oficiales y 33 suboficiales del ARA San Juan.

“El almirante López Mazzeo y yo volvimos en un vuelo para poder entregar -en persona- esa información”, relató Villata. Una comunicación iba dirigida al presidente Mauricio Macri a través del ministro; otra, directamente al almirante Srur. “Le dije al ministro que no fuera a Puerto Belgrano porque necesitábamos llevarle una información”, recordó. Al día siguiente, el 23 de noviembre de 2017, la CTBTO -con sede en Austria- reportó oficialmente un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”, ocurrido el 15 de noviembre a las 10:51 hora local.

Luego añadió: “Creo que volvíamos muy afectados por ese informe. Muy afectados. En noviembre van a ser nueve años; no recuerdo si hablamos -en el avión que los llevó desde Puerto Belgrano a la ciudad de Buenos Aires-, pero sí cuando estuvimos en tierra fue un impacto. Cada uno expresó algo; yo en ese momento dije ‘es una tragedia’. Cuando se lo comuniqué al ministro también, porque significaba que no existía la posibilidad de encontrar a los 44 tripulantes”.

Villata prestó declaración la semana pasada, convocada por la fiscalía encabezada por Gastón Pruzán. Esta semana no habrá audiencias, ya que el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, Mario Reynaldi, ordenó un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo. El tribunal está integrado además por los jueces subrogantes Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Por unanimidad, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió esta semana citar a Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, a una audiencia fijada para próximo 20 de mayo . La instrucción del expediente estuvo a cargo del senador nacional Luis Juez, de La Libertad Avanza, quien impulsó el dictamen que sostiene la convocatoria en cuestión. La instancia, encuadrada en el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, es el paso previo a una eventual acusación formal que podría derivar en la apertura de un juicio político y, en último término, en la remoción del magistrado.

El dictamen que este miércoles adoptó la Comisión de Acusación, presidida por el abogado Alberto Marques, se apoya en dos líneas de imputación que, según consigna, configuran por sí solas la causal de mal desempeño prevista en la Constitución Nacional. Una refiere a resoluciones adoptadas desde el estrado mientras que la otra está relacionada con información que nunca llegó a ese estrado porque fue silenciada antes de ocuparlo.

El primero de esos ejes gira en torno al expediente civil N°FRO 29522/2023, radicado en noviembre de 2023 ante el juzgado que Salmain conduce. La firma Attila Fideicomisos SRL requirió que la justicia ordenara al Banco Central autorizar la compra de hasta diez millones de dólares al tipo de cambio oficial para cancelar, según alegó, obligaciones contraídas con acreedores del exterior desde 2018. El organismo monetario había denegado la operación por incumplimiento de requisitos y, al contestar la demanda, advirtió además al magistrado que carecía de competencia territorial para intervenir en el asunto.

Pese a ello, Salmain tramitó la causa y el 5 de diciembre de 2023 hizo lugar a la medida cautelar. Lo hizo sin haber resuelto previamente la cuestión de competencia -en contraposición a lo que prescribe la ley 26.854- y estableció como contracautela una caución juratoria, cuando la misma norma exige caución real para medidas de esa envergadura contra el Estado. Ante la apelación del Banco Central, el magistrado concedió el recurso con efecto devolutivo -sin suspender los efectos de la decisión-, lo que habilitó la ejecución de la operación mientras tramitaba el incidente. La Cámara señalaría después que la ley impone el efecto suspensivo esa clase de supuestos.

Con todo, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se transfirieron al exterior aproximadamente diez millones de dólares. La primera remesa, superior al millón cien mil dólares, se concretó el 14 de diciembre de 2023.

En marzo de 2024, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la cautelar. El tribunal observó que la deuda invocada no estaba acreditada, que el peligro en la demora era inexistente -la obligación databa de 2018 y la acción se presentó cuatro años más tarde- y que el juez había actuado siendo manifiestamente incompetente. La Alzada fue categórica al describir la actuación del magistrado en esa causa: sostuvo que “lo resuelto por Salmain como juez no se habría tratado de una simple decisión errada u opinable en materia jurídica, ya que era imposible que hubiera sido engañado por la parte actora frente a las advertencias formuladas en tal sentido por la demandada”.

Y fue más lejos aún: afirmó que “todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito”, y que solo la declaración del imputado colaborador permite explicar “de forma lógica todo lo extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA”. El dictamen de la Comisión hizo propias esas conclusiones.

En abril de 2024, el mismo Salmain se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la fiscalía para que investigara una posible estafa procesal por parte de los actores de esa causa. La pesquisa penal que se abrió a continuación incorporó la declaración de Fernando Whpei, empresario rosarino que en octubre de 2025 se acogió al régimen del imputado colaborador. Según su relato, el acuerdo con Salmain fue anterior a la presentación de la demanda: “Voy a verlo a su despacho ahí en Entre Ríos entre Córdoba y Santa Fe, le planteo esta cuestión de nuestro conflicto comercial con el fondo de los montos que estaban embargados y de la posibilidad de acceder al recurso de amparo, hubo reuniones y en la última dice: ‘mirá, técnicamente funciona, el resto háblalo con Santiago’”.

La contraprestación pactada, según Whpei, equivalía al diez por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue vigente al momento de la operación, unos doscientos mil dólares. La devaluación del 13 de diciembre de 2023 contrajo esa diferencia cambiaria y, según su relato, el arreglo nunca se liquidó. El juez instructor Carlos Vera Barros tuvo por probado que Salmain, Whpei y Santiago Busaniche “llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, en el que se autorizó la salida a cuentas del exterior de la suma de diez millones de dólares, habiéndose realizado la primera de esas transferencias el 14.12.2023 por un monto total de u$s 1.128.850, ello a cambio de un retorno del 10% sobre la diferencia generada por la brecha cambiaria, en el mercado de cambios de moneda extranjera, entre el dólar blue y el dólar oficial”.

Bajo esos términos, el juez Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, ordenó en diciembre de 2025 el procesamiento con prisión preventiva -que no se efectivizó en virtud de la inmunidad de arresto del magistrado- de Salmain como probable responsable de los delitos de abuso de autoridad, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La Cámara rosarina ratificó esa resolución en marzo de 2026. El juez Salmain negó los cargos: sostuvo que sus decisiones se ajustaron a criterios aplicados en causas análogas, que el testimonio de Whpei carecía de respaldo independiente y que el proceso en su contra era de naturaleza política e institucional.

El segundo eje es cronológicamente anterior, aunque su relevancia emergió más tarde. En junio de 2002, la Corte Suprema cesanteó a Salmain como auxiliar del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8 mediante una resolución unánime. La medida fue el desenlace de un sumario administrativo originado en una denuncia según la cual había intentado sobornar a una agente de la mesa de entradas de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que manipulara el sistema informático de asignación de causas y derivara expedientes previsionales hacia el tribunal donde prestaba servicios, correspondientes a clientes de un estudio jurídico en el que también se desempeñaba.

Según consta en el dictamen, la empleada Florencia Depetris declaró que Salmain “le ofreció una suma de dinero para violar el sistema informático y, de esa manera, destinar algunas demandas que se iniciasen al Juzgado de la Seguridad Social N°8”, y que “en varias oportunidades la llamó por teléfono con el fin de ponerse de acuerdo respecto del accionar”. Una causa penal tramitada en paralelo concluyó en 2007 con la extinción de la acción tras el cumplimiento de las condiciones de una suspensión del juicio a prueba.

Desde 2016, Salmain concursó en 33 oportunidades ante el Consejo sin consignar en ninguna de ellas su paso por el Poder Judicial ni que ese vínculo había concluido con una cesantía del máximo tribunal. En las entrevistas personales, ante la consulta de algún consejero sobre ese desempeño previo, respondió que había trabajado en el fuero “hace muchos años, solo como auxiliar”, y la conversación avanzó hacia otros temas.

En 2023, por lo demás, fue designado juez titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario.

La resolución de la Comisión de Acusación a la que tuvo acceso Infobae es la N° 1/2026 y contiene un largo repaso de los antecedentes que fundamentan la decisión final: fijar audiencia para el día miércoles 20 de mayo, a las 11, “a fin de que comparezca el magistrado Gastón Alberto Salmain, (...) a los fines del artículo 20 del RCDyA (...), en la Sala de reuniones del Plenario del Consejo de la Magistratura”.

Con la firma del abogado Maques, el cuerpo consideró que “se encuentra prima facie acreditado” el mal desempeño de Salmain, quien tendrá a su disposición en la Secretaría de la Comisión “la totalidad del material probatorio colectado en las presentes actuaciones”.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) cerró este jueves su decimosexta audiencia -la última antes del cuarto intermedio que se extenderá hasta el lunes 4 de mayo- con el testimonio del comodoro de marina retirado Guillermo Barrionuevo, un submarinista con una extensa trayectoria que incluyó la jefatura de electricidad en el San Luis, el segundo comando del Santa Cruz, la jefatura de reparaciones del Salta y, entre 1999 y 2000, el comando del propio SUSJ. Tras más de 30 años de carrera, se retiró de la Armada en 2013.

Como testigo propuesto por la acusación encabezada por fiscal Gastón Pruzán, fue interrogado por las defensas de los cuatro exoficiales imputados, las querellas de Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, y los propios magistrados del Tribunal Federal de Santa Cruz. Barrionuevo recorrió en su declaración un amplio espectro de riguroso tenor técnico: el funcionamiento de las pruebas de 48 horas -el protocolo de verificación equipo por equipo que se realiza antes de cada zarpada- y el Índice de Control del Estado del Material (ICEM) -el instrumento que la Armada impone por reglamento para calificar el estado de todos los sistemas del buque-; las características físicas del tanque de baterías y los procedimientos para inspeccionarlo; la producción de hidrógeno, sus riesgos y el sistema diseñado para controlarlo; la maniobra no convencional con la válvula E-19 registrada en la patrulla de julio de 2017; el estado del periscopio en esa misma navegación; la seguridad y compatibilidad de la limitación preventiva de 100 metros de profundidad con la misión asignada al submarino; y su interpretación del último mensaje SITREP -informe de situación- enviado por el San Juan horas antes de la tragedia.

Pruebas de 48 horas e ICEM: los instrumentos reglamentarios antes de cada zarpada

El submarinista comenzó su exposición explicando los dos instrumentos centrales de verificación del estado de una unidad submarina antes de zarpar. Sobre las pruebas de 48 horas, fue preciso: “Hay que aclarar que -en ese procedimiento- lo que se está poniendo en servicio no son válvulas, sino equipos completos“. Allí explicó que el protocolo establece que primero se colocan los mecanismos en condiciones de zarpada, luego en condición de inmersión y finalmente en la condición de navegación que corresponda -snorkel, periscopio o plano profundo-. “Los controles se realizan todo el tiempo en los submarinos, permanentemente se están haciendo controles”, aclaró.

En cuanto al ICEM, destacó que es una forma “macro” de calificar el estado del material mediante planillas que se llenan en dos partes: la primera es el relevamiento completo de los sistemas, y la segunda son las aclaraciones de por qué algo no está dentro de la norma. Esos instrumentos se confeccionan periódicamente: en los pasajes de comando -cuando un comandante se va y asume otro- o cuando alguien así lo disponga. En el caso del ARA San Juan, el último ICEM había sido firmado el 1 de septiembre de 2017 por el comandante del buque, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, con un resultado de buque “habilitado” con un índice de 4,25 sobre 5.

El análisis del SITREP: lo que la tripulación sabía y lo que no

Para entender el análisis que el ex comandante del SUSJ hizo del último mensaje de la embarcación, resulta necesario reconstruir la secuencia de comunicaciones que lo precedió, tal como consta en las actuaciones del juicio. A las 23:42 del 14 de noviembre de 2017, el teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, jefe de Operaciones del buque, se comunicó por sistema satelital de voz con el capitán de fragata Hugo Miguel Correa -hoy imputado-, jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos y oficial de guardia en la CENCOMSUB -la Central de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos en tierra, en Mar del Plata-. Fue el primer reporte del incidente. Luego, a las 00:58, en medio de un temporal, el capitán Fernández detalló lo sucedido al capitán de navío Claudio Villamide -otro de los imputados, quien fue destituido-, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, quien le ordenó cancelar la patrulla y poner rumbo a Mar del Plata. Fernández le dijo que lo haría una vez que la embarcación, que avanzaba a una velocidad de 5 nudos (9,26 kilómetros por hora), pudiera volver a sumergirse.

Fue en ese contexto -horas después de esas comunicaciones- que el San Juan envió a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 el mensaje SITREP por el sistema de alta frecuencia HF Tonina al Comando de la Fuerza de Submarinos, casi cinco horas antes de que la CTBTO registrara la implosión en el Atlántico Sur.

El texto decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado.”

La interpretación de Barrionuevo fue elaborada paso a paso: “Según lo que entiendo yo, al momento de este SITREP, ellos -la dotación- no habían entrado al tanque de batería y estaban navegando en inmersión con circuito dividido -con 4 de las 8 baterías de la unidad-, pero no habían entrado al cuarto de baterías. Con lo cual, el principio de incendio es que ellos vieron humo. La producción del agua en el cortocircuito generó humo, que pudo haber sido vapor, y ellos lo vieron como principio de incendio“, infirió el testigo.

“Ellos ya no tenían esos cortos -insistió después- porque si no no hubieran podido ir a inmersión, y porque el principio de incendio no estaba activo, si no no hubieran podido ir a inmersión". Y reiteró: “Tuvieron un cortocircuito; ellos interpretaron que hay un principio de incendio en el balcón, pero ellos ya fueron a inmersión”.

Luego explicó que desde que se produjo ese corto hasta el envío del SITREP a las 06:00, la tripulación ya sabía que el corto no seguía presente, pero no sabía qué había afectado exactamente en el balcón. “Sí saben que tuvieron humo; el humo pudo haber sido vapor. Pero no lo saben. No lo saben y no lo van a saber hasta que se metan en el tanque. Hasta que vayan al tanque, se metan y vean el lugar. Mientras sea un lugar cerrado al cual solo se accede, lo único que saben es lo que escuchan o lo que sale por la ventilación; no tienen información", consideró Barrionuevo en su exposición.

A partir de ese mismo texto, el testigo extrajo una conclusión adicional bajo el mismo tiempo verbal presente: “Entiendo que ellos ya saben que no hay corriente en el cuarto de baterías: que no están teniendo cortocircuitos, que no hay ruido, que no tienen cortocircuitos y que no van a poder conectar la batería hasta que no vean: tienen que ir a revisar si hay daños en las barras. Si hay daños en las barras tienen que cambiar las barras, que se pueden cambiar en navegación porque hay de repuesto“.

Sobre el “principio de incendio” consignado en el mensaje, fue categórico: “No hay nada dentro del submarino que pueda prenderse fuego: en el tanque de baterías lo único que hay son barras, que son de plomo; puede derretirse pero no prenderse fuego. No hay nada que pueda prenderse fuego excepto el caso en que se agujereó el tanque (en 1995).”

A su vez, ante la pregunta de qué podrían haber encontrado al ingresar al balcón de baterías, respondió sin dudar: “Solamente alguna barra picada por los cortos, que igual había que cambiarla. Pero no tienen que encontrar mucho más. Si el cortocircuito sigue no pueden entrar al tanque y no van a hacer esto; y no podrían haber ido a inmersión”. Sobre el tiempo que demanda esa inspección, aclaró ante Tagliapietra: “La tarea de ingresar es rápida; es una tapa que tiene 4 bulones o 4 pestillos. Sacar la tapa no es complicado. Una vez que la saca puede ingresar al tanque: el balcón de baterías está en el otro extremo; tiene que deslizar el carro hasta el otro extremo y ver qué pasó. El tiempo para deslizar el carro son 20 metros; no es significativo. Son minutos, no necesita mucho más para ver. Si va a trabajar en el tanque, sí necesita tiempo“.

El hidrógeno: producción, riesgos y sistema de alarma

El hidrógeno fue uno de los ejes más extensos del testimonio, y no es casual: una de las hipótesis que se barajan en el juicio para explicar la pérdida de control del submarino -que derivaría en la implosión del casco al superar la profundidad de colapso- es una explosión por acumulación de ese gas producido por un proceso químico en las baterías.

Barrionuevo explicó en detalle su origen, su peligrosidad y el sistema diseñado para controlarlo.

“El hidrógeno lo produce la batería en forma constante, cada vez que la batería carga y descarga -para propulsar la nave-. Puede acumularse en el buque. Por eso en el tanque de baterías hay circulación permanente de aire para evitar su acumulación, y por eso tiene quemadores de hidrógeno para quemar el hidrógeno que vaya produciendo. El hidrógeno se genera en mayores proporciones en la medida en que mayor corriente circula: si yo tengo un régimen de corriente alto, voy a producir más hidrógeno. Si yo tengo un régimen de corriente bajo, como en general este submarino que navega a 5, 6, 7, 8 nudos, tengo poca generación de hidrógeno: aun así lo genero, y ese hidrógeno está previsto que el sistema lo queme a través de quemadores que están dispuestos a lo largo de todo el buque: con la cantidad y calidad suficientes para quemar el hidrógeno que puede producir el buque en condiciones normales de propulsión, aun a 25 nudos de velocidad".

En otro pasaje de la audiencia testimonial, y frente a la pregunta del juez Mario Reynaldi sobre el proceso de hidrólisis, contestó técnicamente: “El proceso de intercambio en la batería es un proceso que se produce entre el ácido sulfúrico y el plomo de las placas: el resultado en parte es agua; el ácido no se gasta, las placas no se consumen, solamente se va a producir agua, que se evapora por el mismo pasaje de la corriente; con más temperatura y más corriente, más fácil se evapora. Cuando usted le hace pasar una corriente al agua puede producir la disociación de los elementos; lo que libera esa agua es hidrógeno: ese es el gas H2“.

Y sobre la generación de ese gas a cinco nudos, la velocidad a la que propulsaba el navío en ese momento, añadió: “Nunca hice el cálculo -de cuánto podría producir-. Lo que sé es que el hidrógeno que produce el submarino es insignificante para el sistema porque nunca hace levantar el porcentaje de hidrógeno en las mediciones; va a marcar 0″.

Fue explícito, además, sobre la jerarquía de riesgos a bordo: “El gas peligroso en un submarino no es el CO2, que es fácil de compensar. El peligroso es el hidrógeno.” El hidrógeno es inflamable al 4% de concentración, razón por la cual el sistema de alarma se activa al 2% -la mitad del umbral de inflamabilidad-. “Los dos indicadores de hidrógeno -en el submarino- tienen una conexión de alarma a los tableros de propulsión y de control de buque que indica cuando el hidrógeno llega al 2 por ciento; es una luz roja que se va a prender en el tablero para alertar que el hidrógeno ha llegado al 2 por ciento.”

Luego completó: “En el submarino casi todo se produce a la mitad: cuando probaron el submarino a 200 metros, le dijeron ‘usted puede ir hasta 100’. Cuando medimos los gases, decimos: ¿cuándo avisamos? Al 2 por ciento. ¿Por qué? Porque es inflamable al 4. Utilizamos el factor de la mitad para asegurarnos los riesgos. Usted prueba la tubería de mar a 62,5 bares de presión y va a ir a 300 metros de profundidad máxima, que son 30 bares. En el submarino todo se multiplica para asegurarse tener la mitad del riesgo".

El estado del buque y la limitación de 100 metros

Barrionuevo aportó además su experiencia directa como ex comandante del SUSJ. “Del San Juan fui comandante en el año 99 y 2000. Cuando yo tomé el comando estaba limitado a 60 metros de profundidad: estar limitado significa que el submarino es seguro para navegarlo hasta esa profundidad. Después llevé el buque a dique, hicimos una reparación que duró casi un año en Puerto Belgrano, donde restituimos al submarino a todas sus capacidades originales y luego volvimos a probarlo en el mar en el año 2000.“.

Las gestiones para entrar a reparaciones las realizó personalmente ante el almirante Trama, jefe de la Fuerza de Submarinos, y luego ante los jefes de Mantenimiento y del Comando de Operaciones Navales, antigua denominación del hoy Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), a cargo al momento del naufragio del contralmirante Luis López Mazzeo.

“El San Juan volvió a su operatividad original al salir de dique. 300 metros según diseño era la máxima profundidad del San Juan. Llevamos el buque en esa oportunidad a 330 metros”, recordó el testigo convocado por la fiscalía.

Sobre la limitación preventiva de 100 metros vigente al momento de la última misión del submarino, Barrionuevo fue categórico: “El buque era seguro para navegar hasta los 100 metros de seguridad". Y ante la consulta de Carreras sobre si esa restricción era compatible con la patrulla de control de pesca asignada, respondió: “Sí, la limitación de 100 metros de profundidad no tiene nada que ver con el arte de pesca. Está dependiendo del buque la limitación: alguien le ha dicho ‘usted debe ir no más de 100 metros porque es seguro ir hasta 100 metros de profundidad; más de eso no le doy permiso’”.

En esa misma línea, resaltó que el submarino no se mete con las artes de pesca de los buques que extraen recursos del mar: “-La unidad- no quiere meterse con las artes de pesca. Puede producir que hunda un barco de pesca; al submarino no le va a pasar nada, pero va a hundir un barco. Ya ha pasado en Japón que un submarino hundió un barco de pesca porque se enredó“.

La patrulla de julio: la válvula E-19, el ingreso de agua y el periscopio

Por otra parte, las novedades de material registradas en la patrulla de julio de 2017 -conducida por el comandante Pedro Fernández, que asumió ese rol en febrero de ese año- también fueron examinadas con detenimiento por el testigo, a instancias de la acusación.

La primera fue el ingreso de agua salada por el sistema de ventilación. El informe decía: “Durante el sexto día de navegación con el buque en maniobra de snorkel se produjo el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa. Se desarmó la envuelta del mismo para sacar la totalidad del agua; consecutivamente se procedió a navegar a plano profundo -40 metros- para ingresar al tanque de baterías y verificar el estado del mismo. No se observó ingreso de agua, normalizando posteriormente la maniobra de ventilación. La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la válvula E-19”.

Al respecto, Barrionuevo aportó su propia experiencia: “Navegué años en estos submarinos y nunca nos pasó que entrara agua al ventilador de baterías“.

El segundo reporte fue la maniobra con la válvula de ventilación E-19 para compensar el CO2 dentro del buque. El informe, en lenguaje técnico, consignaba: “El 13 de julio se colocaron canisters -de cal sola, para absorber CO2- que vencerán en septiembre de 2021 y la ventilación en inmersión según la preparación de mecanismos para navegar en esa condición. Al alcanzar el nivel del CO2 en el compartimiento de proa el 0,9%, se decidió modificar la posición de la válvula E-19, de manera que el aire del compartimento de proa pase a través de la válvula E-1 al compartimento de popa y se genere una circulación por todo el submarino a través de la porta oval del mamparo resistente. Asimismo, la válvula E-19 se colocó de manera que parte del flujo que circula hacia popa se derive a la estación de absorción de CO2 de proa”.

Barrionuevo calificó esa medida como “inusual”, ya que, según los manuales, la Eco-19 es una válvula que en navegación debe ir cerrada y solo se abre en puerto para cargar baterías y ventilar el buque.

“No es una maniobra normal -dijo-, yo no la hice nunca. Nunca la hice y nunca nadie que conozco me dijo que podíamos hacerla. Entiendo qué es lo que están haciendo y la preocupación también, porque evidentemente tenían preocupación por el tema de los canisters; como prueba puede servir, pero no es una cosa muy lógica. Cualquier integrante del comando puede proponer hacer pruebas y el comandante puede decidir hacerlas si considera que puede hacerlas para mejorar el servicio“.

Precisó a su vez que con esa condición era imposible salir a hacer snorkel: “No voy a hacer snorkel si estoy haciendo esto. El CO2 empieza a levantar a partir de las 6 horas de inmersión. El 0,9% de CO2 llega a las 12 horas de tener el buque cerrado, no en snorkel. Por supuesto que con esta condición (de la válvula E-19 abierta) no puedo salir a hacer snorkel“. Y ante la pregunta de si era posible que la válvula hubiera quedado mal posicionada al salir a hacer snorkel en julio, fue tajante: “Si usted va a hacer una prueba no se va a olvidar de nada, no se puede olvidar. No hay forma de que uno se lo olvide: bueno, la taradez existe. Pero no hay forma de que un submarinista deje las válvulas en esa condición después de haber hecho la prueba. Usted hizo la prueba, terminó la prueba y coloca las válvulas como corresponde, porque tiene que navegar como corresponde”.

El tercer reporte de la navegación de patrulla de julio de 2017, consignado en un informe firmado por el capitán Fernández en el mes de agosto, fue el periscopio. Dicho informe decía: “La unidad zarpó con un solo periscopio en servicio (periscopio de ataque). Al sexto día de navegación se detectó un defecto en la óptica del mismo que no permitía hacer foco correctamente. Esto no permitió obtener fotografía con la cámara digital que se coloca en el mismo. Para subsanarlo se tomaron fotografías con un teléfono celular a través de uno de los oculares como alternativa para cumplir el OTP. Con el correr de los días la imagen se fue distorsionando cada vez más, lo que dificultó considerablemente la identificación de los contactos (...)“.

La posición de Barrionuevo como ex comandante fue clara: “La patrulla de pesca es compleja porque uno trabaja cerca de barcos. Es mucho más fácil trabajar con dos ojos mirando (periscopio de observación y de ataque). Es mucho más sencillo hacerlo con dos periscopios. Para hacer una patrulla de pesca, yo no lo hubiera mandado. Yo hubiera tratado de corregir el tema antes de ir a hacer esta patrulla”.

Aún así, aclaró: “-Esta novedad- no afectó la seguridad de la navegación: de hecho hicieron una patrulla y no tuvieron ningún problema. Yo como comandante de un submarino prefiero tener los dos periscopios, pero no es que tener un solo periscopio me limita a zarpar“.

El juicio

Esta semana, con audiencias de lunes a jueves, desfilaron ante el tribunal oral testigos que abordaron distintos aspectos del caso: declararon expertos que profundizaron sobre el sistema de comunicaciones del submarino; exsecretarios del entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur; un comodoro de la Fuerza Aérea que participó en el Consejo General de Guerra que juzgó a ocho oficiales de la Armada por el incidente; el ex director jurídico naval, mano derecha de Srur; un vicealmirante que días después del siniestro viajó al astillero alemán que construyó el submarino para intentar reconstruir lo que le ocurrió; y Horacio Chighizola, quien se desempeñó como Secretario de Estrategia y Asuntos Militares en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad, al frente de la cartera al momento de los hechos, entre otros.

El cuarto intermedio se extenderá hasta el lunes 4 de mayo. El miércoles 8 de ese mes está prevista la inspección ocular al submarino gemelo ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurrirán todas las partes del proceso.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, presidido por el juez Mario Reynaldi e integrado por los jueces subrogantes Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini. El veredicto está previsto para mediados de julio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una demanda promovida por YPF S.A. contra la provincia de Chubut y declaró la invalidez de un criterio fiscal aplicado en el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos, al considerar que implicaba una discriminación contraria a la Constitución Nacional. La decisión fue adoptada por el máximo tribunal en instancia originaria, sin intervención de tribunales inferiores, con fundamento en el dictamen de la Procuración General de la Nación.

El expediente, caratulado “YPF S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, se inició con una presentación de la petrolera en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la que solicitó que se declare la invalidez del criterio por el cual la provincia le exigía incluir en la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de exportaciones de hidrocarburos extraídos en Chubut pero industrializados fuera de esa jurisdicción .

En su demanda, YPF sostuvo que ese esquema implicaba un trato diferencial respecto de aquellas operaciones en las que el procesamiento se realizaba dentro de la provincia, supuesto en el cual los ingresos por exportación no integraban la base imponible del tributo. El planteo se apoyó en la presunta violación de la cláusula comercial de la Constitución Nacional y en la afectación del sistema de coordinación tributaria entre jurisdicciones.

Por su parte, la provincia de Chubut defendió la legalidad de su criterio al sostener que no gravaba exportaciones, sino que distribuía la base imponible conforme al artículo 13 del Convenio Multilateral, y que la deducción practicada por la empresa “no se encuentra prevista en el Convenio Multilateral, no se ajusta a la mecánica ni a lo previsto en su letra y no posee ningún respaldo contable y normativo que la avale”.

El conflicto quedó delimitado en los términos que el propio tribunal consignó en la sentencia: “corresponde decidir si es válida la pretensión de la Provincia del Chubut de gravar con su impuesto a los ingresos brutos la totalidad de la producción de petróleo de YPF obtenida en su territorio y llevada a otra provincia sin facturar o, si, como lo pretende la actora, dicha pretensión resulta inválida, al impedírsele excluir de la base imponible la fracción de petróleo que, luego de su elaboración, es destinado a la exportación” .

Al resolver el caso, la Corte hizo suyo el criterio de la Procuración Fiscal y concluyó que la pretensión provincial resultaba inconstitucional. En ese sentido, sostuvo que “asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que los actos de la Provincia del Chubut conllevan una discriminación fiscal en contra del comercio interprovincial y, en consecuencia, constituyen una vulneración de los artículos 9° a 12 y 75, inciso 13 de la Constitución” .

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal recordó que esas disposiciones “organizan un sistema económico unificado en todo el territorio nacional y excluyen normas y actos de las autoridades locales que aumentan la carga tributaria del comercio interprovincial respecto del comercio interno de la provincia” . En esa línea, reafirmó un criterio sostenido en precedentes anteriores al señalar que “no pueden las provincias invocar la titularidad territorial para poner trabas de índole alguna a las actividades que en sustancia se vinculan al tráfico interprovincial e internacional”

En el análisis del caso concreto, la Corte ponderó que la propia provincia había reconocido que las exportaciones de petróleo -crudo o industrializado- no se encuentran alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, advirtió que el esquema aplicado generaba un trato desigual según el lugar donde se desarrollaban las etapas intermedias del proceso productivo.

Así, afirmó que si “el petróleo que es extraído, industrializado y exportado desde el Chubut no integra la base imponible del impuesto, el petróleo extraído en el Chubut, industrializado total o parcialmente en otra provincia y luego exportado, tampoco debería integrarla”.

Pese a ello, el criterio del fisco provincial implicaba lo contrario. Según describió el fallo, “el petróleo extraído en Chubut pagaría impuesto sobre los ingresos brutos por el solo hecho de que haya sido procesado en otra provincia, o inclusive por el solo hecho de que haya sido almacenado en otra provincia con carácter previo a su exportación en crudo, mientras que, si esos mismos actos intermedios son llevados a cabo dentro de la Provincia del Chubut, no se devengaría impuesto alguno” .

Frente a ese escenario, el máximo tribunal consideró innecesario analizar en profundidad la interpretación del artículo 13 del Convenio Multilateral invocada por la provincia. En sus términos, los jueces consignaron: “resulta irrelevante definir en esta sentencia si la interpretación del artículo 13 del Convenio Multilateral que hace la Provincia del Chubut es correcta o no, puesto que la prohibición de discriminar en contra del comercio interprovincial viene impuesta por la Constitución misma” .

Con esos fundamentos, la Corte resolvió “hacer lugar a la demanda seguida por YPF S.A. y, en consecuencia, declarar la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut plasmada en las resoluciones nros. 173/2010-DGR, 898/13-DGR y 284/2015-EC” , con imposición de costas a la demandada.

Finalmente, el máximo tribunal aclaró el alcance de su decisión al señalar que su decisión no implicaba ”abrir juicio sobre los procedimientos a seguir para determinar si el petróleo extraído en la Provincia del Chubut fue efectivamente exportado y si se encuentra adecuadamente reflejado en las declaraciones efectuadas por YPF” .

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) avanza por estos días con una nueva tanda de testigos solicitados por el fiscal Gastón Franco Pruzán. Entre los declarantes de este miércoles se destacó el vicealmirante retirado David Fabián Burden, quien en noviembre de 2017 se desempeñaba como Director General de Material Naval (DGMN) de la Armada Argentina. Con 43 años de carrera, el oficial superior también había estado al frente de la Dirección Ejecutiva de la DGMN durante 2016, período en el que aún se completaban las tareas pendientes de las reparaciones de media vida del buque.

Su exposición giró en torno a un eje novedoso para el debate iniciado el 3 de marzo: el estado estructural de la embarcación y las conclusiones técnicas a las que arribó tras un viaje que emprendió por iniciativa propia al astillero alemán Thyssen Krupp Marine Systems, en Kiel, donde SUSJ había sido construido y entregado a la Armada Argentina en el año 1985.

El viaje a Alemania: por iniciativa propia, con autorización del ministro

En una declaración a veces forzada a interrumpirse por el mismo declarante con el fin de serenar su ánimo, tomar agua y retomar la palabra, el vicealmirante precisó que tomó conocimiento de la pérdida de contacto con el submarino la tarde del 15 de noviembre de 2017. Desde ese momento comenzó a reunirse con submarinistas de su equipo para analizar respuestas técnicas ante el peor escenario posible.

El 29 de noviembre, casi dos semanas después de la desaparición del buque, Burden accedió al informe de la CTBTO -la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares- que consignó el evento hidroacústico del 15 de noviembre. “Era muy claro, muy taxativo”, recordó. Ese mismo día resolvió ponerse en contacto con el astillero alemán Thyssen Krupp Marine Systems, en Kiel, al norte de Alemania.

Entre los documentos que nutrieron el viaje figuraba el mensaje SITREP remitido por escrito desde el submarino a las 06:00 de aquel fatídico 15 de noviembre, a través del sistema de alta frecuencia HF Tonina, al Comando de la Fuerza de Submarinos. En esa comunicación -la última escrita de la nave- el San Juan reportaba el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, que había desencadenado un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías de proa.

“Esto lo hice por motu propio”, subrayó Burden al referirse a la decisión de viajar. Con el aval del jefe del Estado Mayor de la Armada Marcelo Srur y del ministro de Defensa Oscar Aguad, partió junto al entonces capitán de navío Marcelo Flamini hacia Kiel el 29 de noviembre. Retornaron el 3 de diciembre. En el astillero fueron recibidos, entre otros, por Manfred Klein, quien había integrado el equipo de construcción original de los submarinos gemelos ARA Santa Cruz y ARA San Juan.

Los escenarios sobre la dotación y la hipótesis del hidrógeno

A esa altura no había respuesta del submarino y existía la certeza de que la dotación no estaba en condiciones de emitir ningún tipo de señal. El interrogante inmediato era qué había ocurrido con los 44 tripulantes. Los ingenieros de Thyssen evaluaron tres alternativas. La generación de ácido clorhídrico fue descartada porque ese gas se percibe de inmediato por el olfato, y de haberse producido la tripulación habría ascendido a superficie. La intoxicación por monóxido de carbono corrió la misma suerte. La hipótesis que acaparó la atención de los expertos fue la acumulación de hidrógeno en el compartimento de baterías como consecuencia del proceso químico de hidrólisis.

Las estimaciones de Thyssen indicaban que podrían haberse concentrado aproximadamente 23 metros cúbicos de hidrógeno en el techo del tanque y en las tapas de las escotillas -equivalente a una detonación de unos 10 kilogramos de TNT-, en un proceso que habría insumido entre dos y tres horas. Un gradiente de 2 bar de presión repentino en el interior del buque habría provocado consecuencias letales para toda la dotación.

Partiendo del horario de las 10:51 consignado por la CTBTO y calculando que el descenso hasta los 800 metros habría demandado aproximadamente 20 minutos, la secuencia resultaba compatible con una explosión de hidrógeno gestada horas antes. “Uno empieza a tirar para atrás y probablemente puede haber habido esta explosión del hidrógeno, con un gradiente de 2 bar de presión repentino dentro del buque que hubiera tenido efectos extremos para toda la dotación. Y eso empezaría a explicar por qué el buque pierde control y finalmente pasa lo que pasa”, explicó el testigo a preguntas de la fiscalía.

Sin embargo, esa hipótesis también encontró sus límites. Una prueba efectuada el 1 de diciembre con una carga de 108 kilogramos de TNT en la zona de búsqueda generó una señal acústica notablemente inferior a la captada por la CTBTO el 15 de noviembre. La derivación fue la siguiente: la anomalía hidroacústica registrada no podía provenir de una detonación de apenas 10 kilos de hidrógeno. “De haberse producido esa explosión, la CTBTO no los hubiese detectado. Así que evidentemente era otra cosa, que fue concretamente la implosión”, precisó el oficial retirado.

La estructura del buque

De regreso en el país, Burden comunicó al jefe del Estado Mayor que la única variable contemplada con certeza era una implosión por falla estructural del buque al superar su profundidad de diseño. Allí explicó que el criterio de ingeniería del astillero alemán establece que el casco resistente se concibe para soportar 2,5 veces la profundidad de operación máxima: con una profundidad operativa de 300 metros, el buque fue diseñado para resistir hasta 750 metros. Los restos fueron hallados a unos 900 metros, y el análisis de las imágenes con la distribución de los escombros indicó que la implosión había tenido lugar a aproximadamente 750 metros, es decir, en la profundidad consignada en el manual.

Ante la pregunta de si cuando aludía a “falla estructural” se refería a una falla por acción de la profundidad más allá del punto de colapso, o a una falla derivada del estado en que se hallaba el submarino al momento de zarpar, Burden fue categórico: “La falla de la estructura se da porque hay un diseño del casco resistente que resiste hasta cierta profundidad. Superar esa profundidad en forma natural falla”, sostuvo.

Y añadió: “Diría que el hecho de que haya fallado la estructura a 800 metros de profundidad, producto de interpretar cómo se distribuyeron los residuos de la implosión, (...) habla bien del estado estructural del buque. En principio era un buque para operar hasta 300 metros, supuestamente su coeficiente de seguridad que se manejaba era de 600 metros, y el buque llegó a más de esa profundidad. O sea que estructuralmente el buque estaba en perfecto estado“.

Según las estimaciones del astillero constructor, la implosión de la embarcación habría ocurrido a 750 metros o más, a unos 650 metros por encima de la limitación preventiva que la propia Armada había impuesto al submarino al momento de su última misión, derivada del ciclo de dique seco vencido.

En Alemania también se descartó la falla en el resoldado del casco resistente como consecuencia de las reparaciones de media vida, hipótesis que había circulado durante la instrucción penal. “Las pocas fotos -del naufragio- que yo pude ver demuestran que eso no sucedió”, aseveró el testigo.

Así las cosas, dos escenarios quedaron abiertos y sin resolver: que haya habido una explosión previa a la pérdida de control de profundidad, o que el submarino haya iniciado un descenso descontrolado sin una causa todavía establecida. En ese plano, Burden sintetizó: “Puede haber sucedido una explosión por hidrógeno y pérdida de plano, o que el submarino haya empezado a bajar de forma descontrolada sin saber por qué”.

El debate en curso

El proceso para analizar si existen responsabilidades penales se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, presidido por el juez Mario Reynaldi e integrado por Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, con cuatro exoficiales en el banquillo de los acusados -Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Este jueves se llevará a cabo la decimosexta audiencia del debate, la última antes de un cuarto intermedio que se extenderá hasta la primera semana de mayo. Prestarán declaración cuatro testigos de las Fuerzas Armadas: Guillermo Jorge Barrionuevo, Ricardo Daniel Méndez, Leonardo José Fusaro y Dardo Rubén Difalco.

Alejandra García, abogada graduada por la Universidad de Buenos Aires con más de treinta años de ejercicio profesional y actual coordinadora Legal y Técnica del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), se impuso en las elecciones generales de la institución celebradas el martes 21 y miércoles 22 de abril y se convertirá en la primera mujer en conducir el organismo en sus más de cuarenta años de historia. García encabezó la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra, y reunió poco más del 47% de los sufragios. Las nuevas autoridades asumirán el 30 de mayo de 2026.

Los comicios tuvieron lugar durante dos jornadas en la sede central del CPACF, en la avenida Corrientes 1441 de la ciudad de Buenos Aires, con votación entre las 8 y las 18 horas. Estaban en juego la presidencia, las vocalías del Consejo Directivo, los cargos del Tribunal de Disciplina y los bancas de la Asamblea de Delegados. Cinco agrupaciones disputaron la conducción: además de Unidad en Defensa de la Abogacía, compitieron Gente de Derecho (Lista 47) con el expresidente Jorge Rizzo a la cabeza, Los que vemos el Colegio con el también expresidente Eduardo Awad, Espacio Abierto de Abogacía (Lista 66) con Rubén Ramos, y Por Más Abogacía con Eduardo Lema Castillo.

La concurrencia superó la del último turno. En los comicios de 2024, con tres listas en pugna, habían emitido su voto 13.660 abogados. Esta vez lo hicieron 16.744, sobre un padrón de 86.524 empadronados, dando un porcentaje de votantes de 19,35%.

En concreto, de las 50 mesas escrutadas Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo el 47,38% de los sufragios para gobernar el Consejo Directivo; Gente de Derecho accedió al 24,90%; Espacio Abierto de Abogados al 10,99% y Por Más Abogacía al 10,37%. Los que vemos el Colegio alcanzó el 5,42% del total.

Gil Lavedra se refirió a esa cifra al dialogar con la prensa: “En momentos en los que la participación se retacea, han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.

La presidenta electa también dio su impresión tras conocer los números. “El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra. Un Colegio que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”, sostuvo. Señaló además que su gestión transitará el mismo camino: “Seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión".

Al ser consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del CPACF, García subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad".

El CPACF agrupa a 86.524 matriculados y es el segundo colegio de abogados más grande de la región, después del de San Pablo. Sus autoridades se renuevan cada dos años. Gil Lavedra había accedido a la presidencia hace cuatro años y no podía ser reelecto. García integró su conducción bajo el cargo de coordinadora Legal y Técnica de la institución.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía quedó conformada de la siguiente manera: Alejandra García como presidenta; Juan Sebastián De Stefano, Florencia Tauz, Enrique Héctor Rodríguez Chiantore e Inés Arias como primeros vocales titulares al Consejo Directivo; José María Figuerero como miembro electo para el Tribunal de Disciplina; y Gil Lavedra al frente de la nómina de integrantes que asumirán en la Asamblea de Delegados, que en estos comicios presentó un total de 318 candidatos.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) lleva poco menos de dos meses y un total de 14 audiencias de riguroso contenido técnico. Esta semana fue el turno del submarinista Luis Alejandro Ficossecco, uno de los varios testigos que declararon en las dos últimas jornadas: oficial en su sexto año de Capitán de Corbeta, con más de cincuenta navegaciones en su haber, experiencia en el ARA Salta, en tres unidades de la Marina de Guerra del Perú y, entre 2015 y 2016, en el propio submarino SUSJ.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, intenta determinar si la embarcación estaba en condiciones de seguridad para ser incorporado a la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento de su última misión. La hipótesis acusatoria sostiene que no. Cuatro ex oficiales de la Armada -Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones.

Ficossecco fue interrogado durante horas por todas las partes -fiscalía, querellas y defensas-, pero fue su extenso ida y vuelta con Juan Pablo Vigliero, defensor del capitán de navío destituido Claudio Villamide, el que abordó con mayor profundidad dos ejes que atraviesan el núcleo del debate: el significado del Índice de Control del Estado del Material (ICEM) como herramienta para determinar si un buque está en condiciones de navegar, y el análisis del mensaje SITREP (informe de situación) enviado por el San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 -casi cinco horas antes de que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registrara, a las 10:51, un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en el Atlántico Sur-.

El ICEM y sus alcances

Entre la documentación que el debate viene analizando figura el ICEM N°07/17, confeccionado el 5 de septiembre de 2017 por el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento que la Armada impone por reglamento de manera periódica, mediante el cual la dotación y su capitán relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Ese ICEM N°07/17 calificó al San Juan como “habilitado”, con un índice de 4,25 sobre 5, y lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material” en virtud de una restricción preventiva en su profundidad operativa. Es una de las piezas que la defensa utiliza para sostener que la nave estaba en estado operativo al momento de su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017 con el propósito de realizar ejercicios de adiestramiento integrado y una patrulla de control de mar de diez días.

Sobre ese instrumento, Ficossecco fue tajante: el ICEM “no es totalmente objetivo”. Lo explicó con un ejemplo concreto. Cuando en 2016 le tocó confeccionar el primer ICEM del San Juan tras el cambio de comando entre los capitanes Blanco y Cella Irigoyen, el submarino no había tenido ninguno en años -en 2014 y 2015 dependía orgánicamente de la Dirección General de Material Naval y no del Comando de la Fuerza de Submarinos-. Al buscar el último ICEM elevado, anterior a las reparaciones de media vida, encontró que su calificación final era más alta que la del período posterior a ese proceso. La situación era peculiar: el submarino antes de ser reparado estructuralmente tenía, sobre el papel, mejor puntaje que después de salir del arsenal de mantenimiento.

La razón es técnica: un equipo que no pudo ser probado se asienta como “no apreciado”, lo que no penaliza el promedio general. Si en cambio se prueba y falla, el puntaje cae. Al respecto, el testigo recordó lo que le había ocurrido con el sonar activo: antes de las reparaciones figuraba como “no apreciado” porque no había podido evaluarse. Después se lo probó, resultó “seriamente degradado” y el número de calificación bajó, ilustró el testigo.

El submarinista aclaró, sin embargo, que la subjetividad del índice no implicaba arbitrariedad: hay subsistemas que hacen directamente a la seguridad náutica -como las baterías- y otros que no -como el sistema IFF o el de degaussing-, y esa distinción es la que debe orientar la lectura del número final. En una unidad con más de treinta años de antigüedad, además, calificar un equipo como operativo “según condiciones de diseño” tiene sus propios matices: las delgas del sonar se degradan con el uso, pero en qué porcentaje exacto nadie puede saberlo con certeza.

A partir de ahí, Ficossecco formuló que el concepto mismo de “operativo” depende de la misión asignada. Un submarino con periscopio en servicio y tubos lanzatorpedos fuera de servicio está operativo para un relevamiento fotográfico de costa, pero no para un enfrentamiento naval. Para ilustrarlo mencionó el trabajo que realizó junto a INVAP en 2014 y 2015, donde se desarrolló una matriz que asignaba distintos niveles de operatividad según la función específica que debía cumplir el buque. Para las misiones de adiestramiento que cumplía el San Juan en 2015 y 2016, dijo, el submarino estaba operativo: “Porque podía navegar.”

Vigliero fue más lejos: ¿estaba operativo porque salía a navegar, o salía a navegar porque estaba operativo? “Si sale a navegar con las condiciones de seguridad, estaba operativo”, respondió Ficossecco. Y ante la pregunta retórica de si la Argentina estaba en guerra durante esas navegaciones, o si se le había confiado alguna misión bélica, el testigo respondió que no: el estándar aplicable era el del adiestramiento, no el del combate.

La audiencia derivó entonces hacia una de las temáticas más tratadas durante el juicio: quién decide si un buque zarpa. Ficossecco fue preciso: la autoridad operativa ordena el despliegue, pero el comandante del buque es el máximo responsable y debe pronunciarse sobre las condiciones de la nave.

A su vez, advirtió que un capitán podía ser relevado si se negaba a zarpar. “Ha sucedido que un comandante dijera que su unidad no estaba en condiciones de navegar y cambiaron al comandante, vino otro, hicieron un arreglo y zarparon”, dijo. Y fue más explícito: “Si un comandante le dice a su subordinado ‘zarpe’, y el subordinado le dice ‘no, yo no zarpo’, ese comandante puede relevarlo, porque no hay que olvidar que somos militares. Entonces sacan a ese comandante y ponen a otro, y quizás este zarpa. Eso pasó en Malvinas“.

Aun así, remarcó que el camino correcto era el opuesto: “Si el comandante considera que no está seguro, no debería zarpar, y debería manifestarlo.” Admitió además que sus propias convicciones sobre este punto cambiaron después de haber comandado un buque: el año pasado tuvo que decir que su unidad no estaba en condiciones de zarpar y así lo hizo. Su buque no zarpó.

“El comandante es el máximo responsable de su unidad (...) -y- es el último responsable de la unidad navegando”, cerró.

Las pruebas de 48 horas

Ante la pregunta del defensor de Villamide sobre cómo determinar si un submarino es seguro para zarpar más allá del ICEM, Ficossecco calificó a las pruebas de 48 horas como el instrumento clave. Se trata de un protocolo en el que cada sistema del buque es puesto en funcionamiento y verificado físicamente antes de zarpar. La ejecución corre a cargo de un suboficial o cabo, supervisado por el jefe de Cargo o jefe de Departamento, y se vuelca en una planilla con el estado de cada equipo y las novedades detectadas. El segundo comandante la revisa completa y puede ordenar que algo se pruebe nuevamente. El comandante recibe el cuadro final: el estado real de la unidad en ese momento, no el del ICEM confeccionado semanas antes.

“El ICEM es más macro. Esto es mucho más particular y va a cada equipo. Y no es verlo sino ponerlo en funcionamiento”, dijo.

Como ejemplo citó los periscopios: en las pruebas de 48 horas se izan y se arrían con cronómetro, y el tiempo se contrasta con los parámetros de la planilla. Si está fuera de rango, se asienta.

A partir de ahí, el intercambio entre Vigliero y el ex tripulante del ARA San Juan fue directo:

—¿Podría un submarino zarpar sin hacer las pruebas de 48 horas?

—No. No conozco algún caso.

—¿Puede afirmar que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas?

—Sí.

—¿Podemos afirmar entonces que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas y estaba en estado seguro para navegar?

—Debería ser así. Ahora, estaba seguro, sí. Puede llegar a zarpar con alguna limitación, y voy a explicar el caso de 2016: teníamos un solo periscopio operativo, no los dos. ¿Afectaba la seguridad náutica? Totalmente, porque tiene un solo periscopio. ¿Zarpamos igual? Sí. ¿Por qué? En la prueba de 48 horas estaba asentado que había un solo periscopio. Pero en la evaluación que hace el comandante dice: “bueno, con un periscopio puedo navegar igual”. Sin los dos periscopios no va a zarpar, se lo aseguro. Ahora, con un periscopio, sí, puedo navegar. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, me quedo sin periscopio, tengo que ir a superficie. Esa es la gestión que hace el comandante sobre ese caso particular.

—¿Podría haber algún vínculo entre la misión que tenga asignada un buque y el estado operativo en el que se encuentra?

—Totalmente. De acuerdo a cómo está la unidad, es la tarea que se le va a dar. No puedo mandar a la Antártida a un multipropósito que está en el río porque no está preparado ni en capacidad.

—Usted navegó en 2015 y 2016 en el San Juan. ¿Se sentía seguro navegando en el San Juan?

—Sí.

—¿Tuvo algún temor real sobre el estado de seguridad del submarino?

—No. Cuando tuvimos una emergencia -yo nunca había tenido una-, donde estuvimos asentados en el fondo, creí que no salíamos. Y uno aprende a conocerse de otra manera, a uno mismo y al resto de la gente. Por eso muchas opiniones que vierto sobre el personal que componía la plana mayor y la dotación son por conocerlos en esas situaciones.

El análisis del SITREP

Hacia el final del interrogatorio, Vigliero pidió exhibir en pantalla el mensaje SITREP enviado por la nave a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017, casi cinco horas antes de la implosión registrada por la CTBTO. El texto decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

Ficossecco advirtió primero lo que el mensaje no decía: “El problema de esto es la magnitud, que no se expresa.” Las preguntas que le generó al leerlo fueron inmediatas: ¿cuánta agua entró?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué pasó con el incendio?, ¿hubo humo?, ¿hubo explosiones? “Eso no es normal que se produzca, para nada”, dijo sobre el ingreso de agua de mar al tanque de baterías. Y explicó por qué el submarino llamó además por voz para ampliar la situación: porque el mensaje escrito dejaba demasiadas preguntas abiertas. “Si yo hubiera sido el comandante de la fuerza de submarinos, esto no me deja claro mucho.”

Al mismo tiempo, leyó señales de control en el texto. La propulsión con circuito dividido indicaba que la tripulación tenía cierto dominio de la situación: no estaban declarando una emergencia sin capacidad de maniobra; estaban navegando y estaban en inmersión. “Lograron controlar lo que pasaba.” El “sin novedades de personal” -fórmula estándar de la Armada para indicar que no hay heridos- completaba ese cuadro de contención relativa. Sobre el cierre del mensaje -“mantendré informado”- Ficossecco también reparó en lo que no decía: ¿cuándo? ¿En cinco horas? ¿En diez? El SITREP ampliatorio nunca llegó.

Pero el punto central de su análisis fue el contexto en que ese mensaje fue redactado. El SITREP se cursó a las seis de la mañana. El incidente había comenzado la noche anterior. Para el testigo, quienes lo escribieron llevaban más de veinte horas sin dormir, en un submarino en superficie con estado de mar 6 -olas de entre cuatro y seis metros o más-, con una emergencia activa, una tripulación reducida y el sistema de guardias de cuatro por ocho completamente alterado.

“El que tenía que hacer guardia de cuatro a ocho de la tarde, esa persona todavía no se había acostado, porque a las ocho de la noche pasó a comer, tuvieron la emergencia, se quedaron despiertos todos”, expresó el oficial.

Describió además lo que significaba navegar en un submarino en superficie con ese estado meteorológico: movimientos “cortos y raros”, muy distintos a los de un buque convencional. “Adentro del submarino es sumamente incómodo. Más el estrés de la situación y el cansancio”, describió.

Luego, al recabar de vuelta en el mensaje enviado, puntualizó: “Tratar de saber, juzgar o interpretar qué puso cuando escribió esto a las seis de la mañana un jefe de operaciones que hacía más de veinte horas que no dormía, con un comandante y un segundo en la misma situación: hay que considerar muchos aspectos, no es tan taxativo”.

Lo que viene

Las audiencias retomaron este lunes y continuarán con declaraciones testimoniales hasta el jueves, luego de lo cual el debate entrará en un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo. Este miércoles está prevista la declaración de Horacio Chighizola, ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares y mano derecha del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad al momento del siniestro. Su testimonio es uno de los más esperados del tramo actual del juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 porteño condenó este lunes a Mario Rubén Venegas, de 62 años, ex intendente de la Sede Junín del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple cometido contra una soldado voluntaria de 18 años en noviembre de 2020. En el mismo fallo, resultó absuelto el Comodoro Oscar Franco, jefe de la sede, luego de que el propio Ministerio Público Fiscal desistiera de la acusación en su contra durante el alegato final.

La sentencia, firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli impuso además a Venegas una serie de reglas de conducta por los próximos dos años: fijar domicilio, someterse a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y realizar un taller de violencia de género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El condenado ya había sido cesanteado de la fuerza en noviembre de 2023, sanción que implicó la pérdida de su cargo, su cobertura médica y su jubilación.

El ingreso a la fuerza

De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el 19 de febrero de 2020, al día siguiente de cumplir 18 años, M.J.G.V. inició los trámites para incorporarse como soldado voluntaria a la Fuerza Aérea Argentina. En años anteriores había intentado ingresar al Ejército, pero la reglamentación se lo impedía por ser menor de edad. Tras completar el proceso de admisión, en octubre de ese año fue convocada para realizar tres semanas de entrenamiento en la sede Vicente López del Círculo de Oficiales. El 4 de noviembre le comunicaron que prestaría funciones en la Sede Junín, un edificio ubicado en la calle Junín 1330 de la Ciudad de Buenos Aires que opera como alojamiento para personal militar en tránsito y en comisión.

Comenzó a trabajar el 6 de noviembre y fue dada de baja el 27 del mismo mes: en ese lapso de veintiún días se produjeron los hechos que derivaron en este juicio.

Allí en la sede, la damnificada tomó contacto con dos figuras centrales: el Comodoro Oscar Ramón Franco, jefe del lugar, y Mario Rubén Venegas, quien cumplía funciones como intendente del edificio. En el ámbito de la Fuerza Aérea, el intendente es el responsable de la gestión operativa del edificio: supervisa el mantenimiento, administra las habitaciones y ejerce autoridad directa sobre el personal de servicio, incluidos los soldados voluntarios en su trabajo cotidiano. En ese lugar también prestaba funciones la suboficial Principal M.S.A., quien en la práctica ejercía la conducción diaria del personal. Las tareas asignadas a M.J.G.V. desde el primer día fueron de limpieza y guardias rotativas, junto a un grupo de otros seis soldados voluntarios que ingresaron en la misma camada.

El primer episodio

A los pocos días de incorporarse, M.J.G.V. y dos compañeras realizaban tareas de limpieza en la habitación N° 72 cuando irrumpió Venegas. El intendente les indicó que miraran por la ventana, que daba hacia un pulmón interno con vista a un edificio lindero. Del otro lado había una mujer joven semidesnuda frente a una computadora. Venegas afirmó que esa mujer realizaba “trabajos sexuales” y “videos hot”, y que sus servicios eran contratados por superiores de la fuerza. Añadió que el Comodoro Franco salía de noche a boliches y llevaba soldadas voluntarias “a tener relaciones con los superiores”, y que si ellas querían dinero podían hablar con él. Luego se dirigió puntualmente a M.J.G.V. y le preguntó si quería salir a bailar. Ella respondió que no. Venegas insistió.

La soldado voluntaria B.T.R., que al momento del juicio continuaba prestando funciones en la Fuerza Aérea, sostuvo ante el tribunal que ese tipo de invitaciones eran habituales en Venegas. Precisó que a ella los comentarios no la afectaban, pero que advirtió que M.J.G.V. sí estaba perturbada.

Así las cosas, el episodio en el que el tribunal centró la condena tuvo lugar el 12 de noviembre de 2020, entre las 11:00 y las 11:30 horas. M.J.G.V. fue asignada junto a otras dos empleadas para realizar el desalojo de la habitación N° 23. La ocupante -una teniente- había dejado de concurrir al edificio y de abonar el alojamiento sin dar aviso, por lo que las soldados voluntarias debían inventariar y guardar cada una de sus pertenencias.

Entre los objetos hallaron un juguete sexual. Lo apartaron sobre la cama para registrarlo en el inventario. En ese momento entró Venegas.

El intendente tomó el objeto con la mano, formuló comentarios sobre la mujer que había ocupado la habitación y sobre la orientación sexual que esos objetos sugerían. Luego, según quedó acreditado en la sentencia, se acercó a M.J.G.V., apoyó el juguete sexual encendido sobre su brazo izquierdo y le preguntó: “¿Vos sabés cómo usar esto?”

La joven se fue al baño y permaneció ahí hasta que Venegas abandonó el cuarto. Antes de retirarse, el intendente se asomó a la puerta del baño y le dijo, riéndose: “Vos no te lo vayas a robar“.

Las versiones de las testigos presenciales

Las otras dos soldados voluntarias que se encontraban en la habitación prestaron declaración en el juicio oral iniciado en marzo. Sus testimonios constituyeron el eje del debate probatorio.

J.L.G. relató que Venegas ingresó, tomó el juguete sexual y comenzó a formularles preguntas incómodas sobre si lo sabían usar. Precisó que fue a ella a quien el intendente tocó el brazo con ese objeto -encendido y, según describió, ya utilizado- lo que la impulsó a retirarse de inmediato a lavarse. Aclaró que no recordaba haber visto que Venegas tocara a alguien más con ese elemento. Al mismo tiempo, J.L.G. reveló que, días antes de prestar declaración ante el sumario interno de la Fuerza Aérea, Venegas la había contactado telefónicamente. El mensaje era inequívoco: “Ojo con lo que vas a decir, porque yo confío en vos. Vos no sabés nada y no viste nada”. J.L.G. tenía la captura de pantalla de esa conversación y la incorporó a la causa.

N.S.C. expuso que, en el momento del episodio, estaba concentrada anotando el inventario y no prestaba atención a lo que ocurría en el resto del cuarto. Recordó que Venegas hizo comentarios y que se dirigió a J.L.G., pero no pudo precisar si también interactuó con M.J.G.V. Ratificó que en la primera declaración que prestaron ante el sumario interno, tanto ella como sus compañeras sintieron presión porque Venegas seguía siendo su encargado.

En esa línea, la soldado recordó: “la primera vez que declaramos tuvimos un poco de miedo, de presión, porque seguía siendo nuestro encargado y pensamos en nuestro trabajo y en el riesgo de perderlo. Había comentarios de ver bien qué se dice, cuidado o consultarlas qué habían dicho. No recuerdo si eran en tonos amenazantes, pero se generaba la situación de tener cuidado, por poder perder el trabajo".

El tribunal estimó que las declaraciones de ambas testigos no eran contradictorias entre sí ni con el relato de M.J.G.V. Apuntó que J.L.G. estaba afectada por lo que le había ocurrido a ella misma y que esa circunstancia pudo haber incidido en su capacidad de observar todo lo que sucedió en esa habitación antes de retirarse. En cuanto a la omisión de N.S.C., los jueces indicaron que estaba abocada al inventario y no a la escena.

Tareas diferenciadas y una baja forzada

En los días posteriores al episodio de la habitación N° 23, la joven fue asignada a tareas de mantenimiento -pintura del frente del edificio, trabajo en andamios y escaleras- mientras sus compañeras continuaban con tareas administrativas y de limpieza. Ante esa situación, solicitó un pase a la Sede Vicente López, invocando razones de estudio.

El 20 de noviembre, sus padres concurrieron a la sede para dialogar con las autoridades sobre las condiciones laborales de su hija. La reunión quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio, sin audio. Las imágenes muestran una conversación de aproximadamente diecinueve minutos entre los padres de M.J.G.V. y Venegas, de pie frente a la recepción. Al cierre del encuentro, Venegas le estrecha la mano al padre de la joven y le palmea la espalda.

Cuatro días después, el 24 de noviembre, la suboficial Principal M.S.A. presentó a M.J.G.V. un acta suscripta junto a Venegas y una tercera persona. El documento consignaba que los padres de M.J.G.V. se habían presentado “de manera eufórica y con muy malos tratos” para que la soldado voluntaria “no hiciera trabajos ni de mantenimiento ni de servicios, sino que estuviese como oficinista”. M.J.G.V. manifestó durante el debate que la suboficial Principal la había presionado para que firmara ese documento. Terminó haciéndolo.

El fiscal Adrián Gutiérrez sostuvo en su alegato que el video de seguridad contradice el contenido del acta, y catalogó ese episodio como una de las “falacias” de M.S.A.

Esa misma noche del 24, mientras cumplía una guardia sorpresiva, la joven se aproximó a la mesa donde estaban Venegas y el Comodoro Franco para retirar el servicio de café. Según su testimonio ante el tribunal, Franco le tomó la mano, la llamó “mi amor” y le preguntó si no le gustaría salir a bailar con ellos. Ella respondió que no. Luego, mientras regresaba por un pasillo, Franco la siguió y la abrazó. M.J.G.V. se encerró en el baño hasta aproximadamente la una de la mañana.

El 27 de noviembre, Franco suscribió el acta de baja de M.J.G.V. como soldado voluntaria. Ese mismo día, a las 15:50 horas, la joven radicó una denuncia en la Oficina de Género de la Policía de la Ciudad. El 30 de noviembre remitió un correo electrónico al Departamento de Género del Ministerio de Defensa describiendo los hechos con detalle. Ese correo, incorporado al expediente como Formulario N° 05/20, fue uno de los elementos de prueba centrales del juicio.

Lo que dijeron los demás testigos

El juicio se extendió en cuatro jornadas de audiencia entre el 9 de marzo y el 13 de abril. Prestaron declaración doce testigos.

El soldado voluntario A.G., que trabajó en la Sede Junín desde 2020 hasta 2025, manifestó haber sido testigo de episodios de acoso de Venegas hacia sus compañeras. Describió chistes sexistas, generación de conflictos entre el personal y amenazas de traslado. Señaló que Venegas se hacía pasar por ex militar sin serlo, y que al estar en plena pandemia el hotel estaba casi vacío, lo que concentraba en él una mayor cuota de poder sobre el personal.

El exsoldado D.A. describió que Venegas tenía por costumbre abrazar a J.L.G. diciéndole que era su “preferida”. “Era una forma de estar abrazando que no correspondía. Era muy incómodo viéndolo”, expuso ante el tribunal.

El Brigadier R.C., quien en 2020 recibió la denuncia de M.J.G.V. en el Edificio Cóndor, confirmó que se ordenaron dos investigaciones internas: una para Franco, que concluyó sin reproche disciplinario, y otra para Venegas, que culminó con la cesantía.

La suboficial Principal M.S.A. presentó una declaración que la fiscalía catalogó de contradictoria en tres puntos. Primero, aseguró que no era la encargada de la sede al momento de los hechos, pero no pudo explicar por qué un acta del 13 de noviembre -el día posterior al episodio de la habitación N° 23- llevaba su firma junto al sello “Encargada de Sede”. Segundo, no pudo justificar la descripción violenta que el acta hacía de la visita de los padres de M.J.G.V., cuando el video de seguridad exhibía una escena distinta. Tercero, describió una serie de conductas problemáticas de M.J.G.V. que ninguno de los demás testigos refirió.

Los soldados C.L.D. y B.T.R., que al momento del juicio continuaban prestando funciones en la Fuerza Aérea bajo la jefatura del Comodoro Franco, expusieron con lo que el fiscal calificó como “limitada memoria” respecto de los hechos investigados.

La pericia psicológica

En junio de 2021, el Centro de Asistencia Judicial Federal del Cuerpo Médico Forense elaboró la pericia psicológica N° 10340/21 sobre la damnificada. El informe determinó que la joven presentaba indicadores compatibles con un síndrome de estrés postraumático, con secuelas compatibles con situaciones de abuso en la esfera psicosexual enmarcadas en un contexto de acoso laboral. El documento precisó que no se observaban componentes psicóticos ni indicadores de riesgo para sí misma o para terceros, y que su relato no presentaba indicadores de minimización o naturalización de la violencia.

La defensa cuestionó el alcance de esa pericia argumentando que fue realizada durante la pandemia, por videoconferencia, con metodología limitada, y que los síntomas descriptos podían obedecer a causas distintas de los hechos investigados -entre ellas, el conflicto que M.J.G.V. atravesaba con sus padres en relación a su orientación sexual-.

Los jueces estimaron que el informe pericial constituía un indicio complementario al cuadro testimonial, y no una prueba autónoma y determinante.

El debate jurídico

La defensa de Venegas, a cargo de Martín Taubas, articuló dos líneas argumentales. La primera: que el hecho no ocurrió tal como lo describía la acusación, porque ninguno de los tres testigos presenciales confirmó con exactitud el tocamiento sobre M.J.G.V. La segunda: que incluso si el tocamiento hubiera ocurrido, un roce con un juguete sexual en el brazo no configura el delito de abuso sexual simple del artículo 119 del Código Penal, ya que el brazo no es una “zona pudenda” y la conducta habría carecido de finalidad libidinosa.

La defensa planteó además la nulidad del alegato fiscal, argumentando que el fiscal había tenido por probado un hecho que no habría quedado establecido en el debate. El tribunal rechazó ese planteo: indicó que la discrepancia en la valoración de la prueba es propia del debate y no configura un vicio procesal que habilite la declaración de nulidad.

Sobre el fondo, los magistrados desestimaron ambos argumentos de la defensa. En cuanto a la prueba, sostuvo que la declaración de M.J.G.V. fue coherente y consistente, y que su relato ante el tribunal -donde omitió describir el momento preciso del tocamiento- estaba integrado por el Formulario N° 05/20, en el que ella misma describió el episodio con detalle el 30 de noviembre de 2020 y cuya firma reconoció ante el estrado.

Sobre el delito, el fallo estableció que cuando el contacto físico se realiza con un objeto de inequívoca naturaleza sexual, el requisito de que la zona del cuerpo afectada sea en sí misma pudenda pierde relevancia. Lo determinante es el “simbolismo” del elemento utilizado y la intencionalidad con la que fue empleado, algo que el tribunal consideró objetiva y subjetivamente “impúdica”.

La absolución de Franco

El Comodoro Oscar Ramón Franco, de 62 años, fue absuelto. Los hechos que se le imputaban -maltrato y perjuicios arbitrarios a un inferior prevalido de su autoridad- no fueron sostenidos por la acusación al momento de los alegatos. El representante del Ministerio Público reconoció en la audiencia que Franco había delegado en la práctica el manejo del personal en la suboficial M.S.A. y en Venegas, y que esa delegación resultó negligente, pero que esa conducta no alcanzaba para configurar el tipo penal por el cual había sido llevado a juicio oral. Sin acusación fiscal, y sin querella constituida en el proceso, el tribunal no puede condenar.

Franco prestó declaración en el juicio. Manifestó que la causa lo afectó “muchísimo laboral y socialmente” y que había llegado a la instancia del debate para que “se aclararan todos los hechos”. La investigación disciplinaria interna de la Fuerza Aérea también lo había exonerado, en parte con base en el registro fílmico de las cámaras de seguridad del edificio.

El fiscal Gutiérrez, sin embargo, dejó planteado en su alegato un interrogante que la sentencia no llegó a abordar: por qué la suboficial Principal M.S.A. -quien en los hechos conducía la sede, labró un acta cuyo contenido contradice el registro de video y presionó a M.J.G.V. para que la firmara- nunca fue incluida en la investigación penal.

La sanción y sus consecuencias

Venegas tenía 60 años cuando ocurrieron los hechos. Había regresado a la Fuerza Aérea en 2014 con la expectativa de jubilarse dentro de esa institución. La cesantía dictada en noviembre de 2023 truncó esa perspectiva. El informe socio ambiental presentado en el juicio describe a un hombre que sostiene económicamente a su esposa -en tratamiento por cáncer- y a sus dos nietas adolescentes en virtud de un conflicto intrafamiliar. Reside en un departamento alquilado de cuarenta metros cuadrados en el que cede el único cuarto a su familia y duerme en el ambiente central.

El tribunal valoró esas circunstancias como atenuantes, junto con la ausencia de antecedentes penales. Como agravantes ponderó la diferencia de edad entre el imputado y la víctima -casi cuarenta años-, la relación asimétrica de poder que existía entre ambos en el marco institucional, el hecho de que la conducta estuvo dirigida contra una mujer y se enmarcó en un patrón de comportamiento que otros testigos también describieron, y las presiones que Venegas ejerció sobre las testigos antes de sus primeras declaraciones ante el sumario interno.

M.J.G.V. tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Prestó declaración ante el tribunal a los 24. Describió años de tratamiento psicológico, ataques de pánico, dos meses sin poder levantarse de la cama, una pérdida de dieciocho kilos y el desarrollo de una enfermedad autoinmune de tiroides. Precisó también que al momento del juicio, cuando se encontraba con situaciones similares, sabía cómo reaccionar. En 2020, dijo, no sabía.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) celebra este martes 21 y miércoles 22 de abril sus elecciones generales. Con casi 90.000 matriculados -86.524 empadronados para estos comicios-, es el segundo colegio de abogados más grande de la región, después del de San Pablo.

Los matriculados podrán votar en la sede de Av. Corrientes 1441 entre las 8 y las 18 horas en ambas jornadas, presentando credencial profesional o DNI. Se elegirán presidente, vocales del Consejo Directivo, miembros del Tribunal de Disciplina e integrantes de la Asamblea de Delegados -para la que se presentaron 318 delegados titulares- cuyos mandatos vencen el 30 de mayo próximo, fecha en que asumirán las nuevas autoridades.

El padrón se distribuye en 50 mesas. En el último turno electoral, hace dos años, votaron 13.660 abogados sobre tres listas en competencia. Esta vez el escenario cambió: hay cinco listas en pugna. La Junta Electoral resolvió mantener el criterio de paridad de género del 50/50, con alternancia hombre-mujer o mujer-hombre en el orden de las listas, criterio que ya había sido aplicado en los comicios anteriores.

Las listas en competencia

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía es encabezada por Alejandra García, Coordinadora Legal y Técnica del CPACF, con más de 30 años de ejercicio profesional y candidata impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra, quien integra la nómina a la Asamblea de Delegados. De resultar electa, García se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en sus más de cuarenta años de historia. La lista agrupa a más de diez agrupaciones de la colegiatura provenientes de los más diversos sectores políticos -radicales, integrantes del PRO, socialistas y sectores afines al gobierno nacional, entre otros-. El propio Gil Lavedra la describió como una “amalgama” de agrupaciones “diferentes, y hasta a veces, antagónicas”.

Dos expresidentes intentan recuperar la conducción. Jorge Rizzo encabeza la Lista 47 “Gente de Derecho”, acompañado por Gregorio Corach al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. Eduardo Awad, quien se escindió de ese mismo espacio, presenta por primera vez su propia lista, “Los que vemos el Colegio”, con Carlos Codoro al Tribunal y Nelly Díaz a la Asamblea.

Completan el cuadro Rubén Ramos, por la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogacía” -que ya se presentó en los últimos dos comicios-, con Cristian Dellepiane al Tribunal y Sebastián Saez a la Asamblea; y Eduardo Lema Castillo, por “Por Más Abogacía”, también por primera vez, con Casiano Highton al Tribunal y Valeria Carreras a la Asamblea.

La gestión saliente

Gil Lavedra presentó su candidata la semana pasada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, ante más de cuatrocientos abogados. Repasó su gestión de cuatro años al frente de una institución que describió al momento de recibirla como “obsoleta, cerrada, anacrónica, y sin voz institucional”, e identificó como ejes de su conducción la modernización digital, la transformación edilicia en las distintas sedes y la ampliación de la oferta de capacitación profesional.

García, por su parte, repasó los frentes en los que el Colegio intervino durante esos cuatro años: las incumbencias profesionales afectadas en el anteproyecto de la ley Bases, la defensa de los abogados previsionalistas frente a disposiciones de ANSES, los amparos por la ley de lavado de activos y por la reforma laboral. Mencionó también la actualización automática de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), aprobada por la Corte Suprema, y convocó a superar los 13.000 votos registrados en las elecciones de 2024.

Las nóminas

Estas son las candidaturas a presidente y los primeros cuatro vocales titulares al Consejo Directivo de cada lista:

Unidad en Defensa de la Abogacía: Alejandra García (presidenta); Juan Sebastián De Stefano, Florencia Tauz, Enrique Héctor Rodríguez Chiantore e Inés Arias (vocales titulares).

Gente de Derecho (Lista 47): Jorge Gabriel Rizzo (presidente); Alejandra González, José Luis Giudice, Natalia Monteleone y Gonzalo Javier Raposo (vocales titulares).

Los que vemos el Colegio: Eduardo Daniel Awad (presidente); Graciela Teresa Soldano, César Alejandro Biondini, Roxana Andrea Gutiérrez y Claudio Alejandro Belluschio (vocales titulares).

Espacio Abierto de Abogacía (Lista 66): Rubén Ernesto Ramos (presidente); María Fabiana Sosa, Matías Santangelo, Carolina Eliana Pucci y Fernando Ariel García Pouso (vocales titulares).

Por Más Abogacía: Eduardo Javier Lema Castillo (presidente); Nadia García, Pal Alejandro Assef, Tamara Bezares y Fabián Augusto Gamallo (vocales titulares).

Las nuevas autoridades asumirán el 30 de mayo de 2026, conforme al calendario institucional del Colegio.

El Consejo de la Magistratura retomará el miércoles 22 de abril el tratamiento de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propone una reforma integral al reglamento de concursos para la selección de jueces federales. Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación -que comandan respectivamente la académica María Fernanda Vázquez y el juez Alberto Lugones- recibirán ese día a dos organizaciones de la sociedad civil: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que ya anticipó por escrito su posición crítica respecto del texto impulsado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“Estamos convocando reunión conjunta para continuar y además recibir a los expositores conforme sus presentaciones”, confirmó Vázquez a Infobae antes pasar a difundir las invitaciones. El propio Lugones ya había anticipado el cronograma el martes 15 de abril, durante el plenario del Consejo: “Recibimos presentaciones de la sociedad civil que quieren ser escuchados (...). La semana que viene haremos reuniones”, donde se analizarán las posiciones, y “luego de ser necesario con los asesores que trabajarán sobre el tema”.

La convocatoria con las organizaciones había sido solicitada en la reunión conjunta del 9 de abril, primera instancia formal de debate sobre la acordada, en la que quedó claro que el proyecto de la Corte no es el único sobre la mesa: el Consejo tiene en trámite 30 iniciativas de reforma al reglamento de concursos -17 presentadas por consejeros de la integración actual y 13 de integraciones anteriores- que también serán parte del análisis. Lugones fue explícito sobre los tiempos y las condiciones del debate: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado”, advirtió, y se comprometió a trabajar sobre el conjunto de las propuestas antes de cualquier votación.

La advertencia de AMJA: género ausente de la terna

La posición más concreta llegó de parte de AMJA, que el 13 de abril dirigió una carta al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, para expresar su “profunda preocupación” respecto de la iniciativa en curso. El señalamiento central apuntó a una omisión específica: a diferencia del régimen vigente establecido por la Resolución CM N°266/2019, la acordada no incluye ninguna previsión relativa a la participación de mujeres en la conformación de las ternas.

Según la asociación, la resolución vigente contempla mecanismos concretos tanto en etapas previas -asegurando la participación femenina en instancias como la entrevista- como en la propia conformación de la terna. El nuevo texto, en cambio, desplaza la cuestión de género “exclusivamente al plano de la evaluación y del procedimiento, sin establecer garantías de participación en dicha instancia decisiva”. La carta, firmada por la presidenta Ercilia Eve Flores Aiuto, la directora ejecutiva Nieves Macchiavelli y la secretaria María Sofía Sagüés, sostuvo que ese cambio “no puede ser considerado neutro”.

Qué propone la acordada

El texto firmado por Rosenkrantz y Lorenzetti tiene 100 artículos y establece dos tipos de concursos: los anticipados -regla general del sistema, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado, con un máximo de ocho cargos por convocatoria- y los especiales, reservados para vacantes no contempladas en el plan anual.

El proceso de selección se organiza en etapas sucesivas. Primero, una prueba de oposición escrita dividida en dos partes: una etapa general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada y anonimato garantizado; y una etapa especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración. Luego, una calificación de antecedentes sobre un máximo de 100 puntos, distribuidos entre formación académica, experiencia profesional y producción académica. A continuación, una entrevista personal pública y transmitida por medios audiovisuales, con una ponderación de hasta 20 puntos. El puntaje total posible es de 200 puntos. Finalmente, el dictamen de la Comisión eleva las ternas al Plenario, que convoca a audiencia pública antes de remitirlas al Poder Ejecutivo.

El estado del debate

En la reunión del 9 de abril, los consejeros Jimena De la Torre y César Grau fueron las voces más enfáticas a favor de la aprobación inmediata y sin cambios. De la Torre fue taxativa: “Estoy para votarlo en un todo como lo sugirió la propia Corte al momento de presentar la Acordada”. Grau, por su parte, articuló el debate en torno a una anomalía estructural: de 67 pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. “Algo está fallando: no es que sean las personas que integran el Consejo, el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, afirmó.

En el extremo opuesto, el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola cuestionó la “ansiedad desmedida” de quienes reclaman una votación urgente y propuso analizar primero los proyectos presentados por los propios consejeros en los últimos tiempos. Al cierre de esa jornada, Vázquez anunció que se cursarían invitaciones a organizaciones del ámbito judicial para garantizar “el más amplio debate” sobre todos los proyectos sobre la mesa.

La presencia en esa jornada del ministro Rosatti -que no integra ninguna de las dos comisiones- constituyó un gesto de peso político: agradeció “la prontitud con la que han tomado este tema” y reconoció que la propuesta de la Corte “tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.

La causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ) llegó a la etapa de juicio oral con una particularidad que se mantiene desde la instrucción: la ausencia de una pericia técnica integral sobre los restos del buque, hallado un año después de su desaparición en el fondo del Atlántico Sur, a 907 metros de profundidad, por el buque “Seabed Constructor” de la empresa Ocean Infinity.

Ese punto llegó a ser remarcado durante la investigación a través de un planteo poco habitual dentro de un proceso penal. En un mismo escrito, la querella encabezada por Luis Tagliapietra -padre de uno de los 44 tripulantes del buque- coincidió con las defensas de dos de los cuatro imputados, Luis López Mazzeo y Claudio Villamide, en impulsar un pedido conjunto de producción de prueba especializada. El documento, al que accedió Infobae, fue presentado el 8 de junio de 2020 ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

En la presentación de entonces, las partes argumentaron que “la complejidad y gravedad de los hechos del caso que nos convoca demanda avanzar en medidas de prueba concretas sobre cuya producción las partes firmantes estamos de acuerdo (...). En esa dirección, y sin perjuicio de las particularidades de cada petición individual que cada parte hará de acuerdo a sus respectivos intereses, impulsaremos ante V.S. la realización de prueba pericial específica, sobre el material reunido a partir del hallazgo de los restos del Submarino ARA San Juan, y toda otra pericial orientada a determinar las posibles causas que desencadenaron su naufragio”.

“Las partes -añadieron en el planteo común- (...) tenemos la firme convicción de la ineludible necesidad de realizar en esta causa -dada la especificidad y complejidad de la materia objeto de análisis- estudios técnicos que requieren de conocimientos especiales (...) bajo la dirección de V.S., pero con el control de las querellas y defensas a través de la intervención de peritos de parte y propuesta de puntos de peritaje”.

Luego agregaron: “Nos guía poder saber la verdad de lo sucedido, como paso imprescindible para el avance de la investigación”.

La orden de la Alzada

Ese pedido conjunto, y otros separados pero en la misma línea, serían más tarde recogidos por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El 19 de noviembre de 2020, los jueces Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez coincidieron en la necesidad de avanzar con ese tipo de diligencias. En su resolución sugirieron que “la localización de los restos del submarino, su exacta ubicación y el estado en que han quedado diseminados en el fondo marino, conocidos a partir de las imágenes y secuencias fílmicas incorporadas a la causa (...), indudablemente podrán aportar mayores precisiones respecto de la secuencia de eventos ocurridos aquél 15 de noviembre”.

El tribunal asentó que “una pericia técnica practicada por expertos submarinistas resulta necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos” y agregó que esa tarea permitiría “despejar cualquier posible duda” sobre decisiones operativas adoptadas durante la navegación. También indicó que la concreción de “los medios de prueba pendientes” ayudaría a “intentar esclarecer con mayor precisión las circunstancias que rodearon el trágico suceso y consecuentemente confirmar o modificar las responsabilidades penales existentes e incluso formular nuevos reproches”.

“Esta tarea pericial -continuaron los camaristas- deberá ser encomendada a una Junta de peritos (...) integrada por los que sean designados de oficio por el Tribunal, además de los que cada parte proponga, pudiendo ser expertos independientes, integrantes de la Armada Argentina o propuestos por el Ministerio de Defensa (MINDEF), con experiencia y acreditada calificación e idoneidad, ello a fin de garantizar la mayor participación y objetividad en la tarea, debiendo facilitárseles, bajo debido resguardo, el material fílmico, fotográfico y toda otra documentación técnica que los mismos requieran, con el propósito de que sean determinados con la mayor precisión posible los sucesos que provocaron la entrada de agua, el descenso no controlado, la implosión y el hundimiento del SUSJ”.

En ese mismo fallo de 2020, donde además se confirmaron procesamientos, la Cámara introdujo una delimitación técnica sobre el estado de la prueba acumulada durante el trámite de la causa, ya que “dadas las características del suceso, debemos aceptar que fueron múltiples factores con determinante relevancia causal los que condujeron a la producción del trágico desenlace”.

Sin embargo, poco después matizó: “podemos sostener que la pericia técnica que será ordenada y a la que en consideraciones anteriores nos hemos referido, claramente estará orientada a aportar mayores precisiones, pese a lo cual sí es posible afirmar, que en este estado de la instrucción, se encuentra suficientemente probado que el submarino San Juan no reunía las condiciones de alistamiento requeridas para una navegación como la que fue ordenada y ello justifica el reproche penal al que seguidamente nos avocaremos”.

Sobre esa base, ordenó dos medidas: una pericia técnico-informática sobre el material fílmico y fotográfico obtenido tras el hallazgo del submarino y una pericia integral a cargo de una junta de expertos submarinistas e ingenieros navales, con participación de las partes.

Según surge del requerimiento de elevación a juicio presentado el 31 de mayo de 2024 por el fiscal de instrucción Lucas Colla, respecto del material aportado por la empresa Ocean Infinity se realizó un estudio orientado a verificar la integridad de los archivos digitales aportados a la causa. Ese trabajo, sin embargo, no abordó el contenido técnico de las imágenes: no se realizó un análisis pericial que examinara la disposición de los restos en el fondo marino, el grado de fragmentación del casco, la orientación de sus secciones o cualquier otro elemento que permitiera reconstruir la dinámica del siniestro a partir de esos registros.

La segunda medida ordenada sobre los restos del naufragio -la pericia integral a cargo de expertos submarinistas, de mayor complejidad- tampoco se concretó.

En rigor, tras la resolución del tribunal de alzada, la magistrada de Caleta Olivia inició gestiones para conformar la mesa de peritos. Así fue que el 7 de septiembre de 2021 se libró un oficio al MINDEF para que, a través de los agregados militares en el país, informara qué naciones contaban con especialistas en la materia.

Las respuestas indicaron que varios países no registraban peritos en la especialidad submarinista, mientras que otros sí informaron esas capacidades técnicas. Entre estos últimos se identificaron alternativas en Países Bajos, Portugal, Egipto, India y Estados Unidos.

En el caso de Estados Unidos, la propia Armada norteamericana informó que contaba con expertos y subrayó que la eventual asistencia debía canalizarse a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, mediante un requerimiento formal al Departamento de Justicia. También indicó que el apoyo podía consistir en la provisión de información oficial o el testimonio de personal especializado.

Otros países informaron la posibilidad de cooperación bajo distintas modalidades. Portugal y los Países Bajos explicaron que contaban con peritos submarinistas y que su eventual intervención requeriría la definición previa del alcance de la tarea. Egipto indicó que disponía de capacidades técnicas a través de personal con experiencia operativa, mientras que India informó que contaba con estructuras especializadas en análisis de incidentes submarinos.

A partir de esas respuestas, la jueza Yáñez dio intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería informó que existía un tratado de asistencia mutua en materia penal con Portugal y que, en los demás casos, la ayuda podría efectivizarse mediante mecanismos de reciprocidad o acuerdos “ad hoc”. También comentó la posibilidad de explorar vías de cooperación en materia de defensa.

Ya en 2024, la jueza de instrucción decidió enviar un oficio a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del MINDEF “a los fines de que tome las medidas necesarias para recabar información sobre la existencia de peritos submarinistas en los países de habla hispana con los cuales nuestro país posea acuerdos de colaboración vigentes, ello a fin de evitar el tiempo que demandaría la traducción de copiosa documentación a diferentes idiomas (...)”.

A esa altura cada una de las partes del proceso ya había presentado sus puntos de pericia “tentativos y preliminares”.

Con todo, pese a estos movimientos, no se llegó a conformar la junta solicitada por la Cámara Federal chubutense. De hecho, el fiscal Colla aseveró en su requerimiento de elevación a juicio que la pericia técnica encomendada era de “imposible incumplimiento”, ya que las distintas consultas que se habían hecho habían derivado en un “resultado infructuoso”.

A su vez consideró que los puntos elaborados por las defensas habían sido “abordados in extenso por los informes técnicos” acumulados en el expediente.

Y añadió: “Sin perjuicio de ello, es dable recordar que las partes también cuentan con la posibilidad de sugerir la realización de un peritaje como medida de instrucción suplementaria”.

La secuencia de los hechos

Así las cosas, la cronología de los acontecimientos consignados en el expediente presenta puntos definidos y otros aún abiertos. Resumidamente, el 14 de noviembre de 2017 el submarino reportó un “principio de incendio controlado” tras el ingreso de agua al tanque de baterías de proa por el sistema de ventilación. A las 06:00 del 15 de noviembre, en medio de un fuerte estado de mar, la nave envió su último mensaje escrito. A las 07:19 se produjo la última comunicación vía satelital. A las 10:51, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO por sus siglas en inglés) registró en sus sensores un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”.

Entre la última comunicación y ese registro hidroacústico se ubica una franja temporal sin reconstrucción concluyente, en la que se concentra el tramo en el que se habría producido la pérdida de control del submarino, su descenso no controlado y el paso por la profundidad de colapso del casco, que culminó en la implosión del casco.

Ante la falta de un estudio abarcativo que analice los restos -físicos y fílmicos- del buque (junto a los registros de la CTBTO) , la causa procuró incorporar distintos informes técnicos que formularon teorías diversas sobre lo ocurrido en esa ventana de tiempo, intentando detectar causas y consecuencias, despejar posibilidades y descifrar secuencias probables.

Entre ellos, se agregó el trabajo del capitán de navío Gerardo Bellino, que expuso una serie de hipótesis -cinco en total- y aclaró que las consideraba “deducciones o suposiciones” que no permitían “afirmar con certeza” lo sucedido. A las actuaciones también se adjuntaron conclusiones de un consejo asesor del Ministerio de Defensa y de expertos que intervinieron durante el marco de un Consejo de Guerra realizado en el Estado Mayor Conjunto.

El juicio

El debate oral comenzó el 3 de marzo ante el Tribunal Federal de Santa Cruz, presidido por Mario Reynaldi e integrado por Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como suplente. En el proceso se juzga a los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa por presunto incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado. La fiscalía está encabezada por Gastón Pruzán y participan, además de Tagliapietra, las querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias en representación de familiares de oficiales y suboficiales del submarino.

Las audiencias se desarrollan en la ciudad de Río Gallegos con modalidad mixta y se retomarán el lunes 20 de abril, cuando está previsto continuar con la etapa testimonial. Ya van más de diez audiencias y se prevé un veredicto a mediados de julio.

La candidatura del abogado Matías Gabriel Álvarez para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF) llega al miércoles con un respaldo marcado: cerrado el período legal de observaciones, la postulación no recibió ninguna impugnación ni observación negativa. Por el contrario, el Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió 123 adhesiones provenientes de funcionarios y magistrados del ámbito judicial, colegios y organismos profesionales, expertos del sector académico y entidades dedicadas a la transparencia financiera, en lo que la propia cartera conducida por Juan Bautista Mahiques, quien postuló al candidato, calificó como una “participación ciudadana e institucional sin precedentes”.

La audiencia pública está convocada para este miércoles 22 de abril a las 10 horas en la sede del Ministerio de Justicia, Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires. El acto, previsto en el artículo 9° inciso e) de la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, tiene por objeto evaluar las observaciones a la propuesta de designación. Concluida la audiencia, el Ministerio deberá elaborar un informe final en un plazo máximo de siete días.

El respaldo académico e institucional

Entre las adhesiones recibidas se destacó la de Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología y director del posgrado Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El especialista avaló la candidatura en los términos del artículo 9° inciso f) de la Ley 25.246 y respaldó a Álvarez tanto desde su trayectoria profesional como desde su desempeño académico.

En su adhesión, Marteau destacó el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como evidencia de un funcionario “serio, apegado al derecho y, lo que es muy importante, comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”. Desde FININT sostuvo además que el narcotráfico constituye “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país” y que contar con un presidente de la UIF especializado en la represión de ese tipo de actividades ilícitas “constituye a priori un acierto destacable”.

El perfil del candidato

Álvarez se desempeñaba, hasta el momento de su postulación, como fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones vinculadas al narcotráfico y las estructuras criminales asociadas. Su trayectoria en el organismo comenzó en 2015 como secretario de fiscalía; entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y continuó luego en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas. Antes de incorporarse al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA con Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal, y cursa actualmente una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. En el plano académico es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, donde participa desde 2017. En 2021 integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta de su designación fue impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en el marco de una reorganización más amplia de los organismos bajo su órbita, tras asumir el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La UIF fue creada en el año 2000 y funciona con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos -preferentemente proveniente del narcotráfico, el contrabando, la asociación ilícita, el fraude contra la administración pública y los delitos de corrupción, entre otros- así como la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la redacción vigente del artículo 6° de la ley, sustituido por la Ley 27.739 en marzo de 2024.

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de los juicios políticos contra los jueces federales Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar en su acusación por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La sesión comenzó a las 9:30 bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, contó con la participación de todos los consejeros que integran el cuerpo y duró alrededor de seis horas.

En el caso de Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, la decisión fue adoptada por unanimidad de los 20 consejeros y habilitó su acusación formal, junto con la posibilidad de suspensión en el cargo mientras se sustancia el proceso. El dictamen aprobado también designó a los consejeros Luis Juez y Alberto Maques como representantes del Consejo en la etapa ante el jury.

El expediente se inició a partir de denuncias de organizaciones de la comunidad judía y particulares por una batería de publicaciones del magistrado en la red social X. Según las presentaciones, los mensajes, reposteos y respuestas difundidas desde su cuenta configuraron expresiones discriminatorias y ofensivas, con un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

El dictamen de la Comisión de Acusación analizó publicaciones realizadas entre 2024 y 2025 y concluyó que, en conjunto, podían encuadrarse en la causal de mal desempeño. Entre los elementos considerados se incluyeron una decena de mensajes con expresiones en las que el juez cuestionó la lealtad de los judíos en la Argentina, utilizó términos peyorativos y mantuvo interacciones con otros usuarios en la misma línea.

Durante el debate en el plenario, el consejero Luis Juez sostuvo: “Nos tocó investigar la conducta de un juez federal (…) que ha utilizado las redes sociales como un mecanismo de expresión, creyendo que en el ejercicio de su libertad de expresión podía decir, hacer, actuar de cualquier manera”, y agregó que la conducta analizada “ha superado cualquier límite de tolerancia”.

La consejera Jimena De la Torre afirmó que “la libertad de expresión no ampara el odio, ni la discriminación ni la pérdida de decoro que el cargo exige”, y consideró que las expresiones evaluadas afectan la investidura judicial y la confianza pública en la Justicia.

Por su parte, el consejero César Grau sostuvo que la función del Consejo de la Magistratura es habilitar la instancia de juzgamiento y remarcó que la libertad de expresión “no es absoluta” en el caso de los jueces, quienes tienen un “deber reforzado de mesura y reserva”.

Otros consejeros también intervinieron. Alberto Lugones consideró que el magistrado “se ha excedido”, mientras que Rodolfo Tailhade remarcó que el juez López había realizado en su contra expresiones “de igual gravedad” a las analizadas en el año 2017. Vanesa Siley acompañó la elevación al jury y también mencionó antecedentes previos.

El propio López, en su descargo, reconoció la autoría de las publicaciones y sostuvo que se trató de un ejercicio de su libertad de expresión, negando que haya afectado su función judicial. En tanto, la remisión de su caso al Jury de Enjuiciamiento se produjo poco después de la presentación de su renuncia, que aún no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Además, el plenario trató el expediente referido a Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, y aprobó la apertura del juicio político, su suspensión y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El consejero Álvaro González, informante del caso, señaló que en la investigación “se ha colectado una serie de medidas de prueba que (…) resultan concluyentes en esta etapa” y que el magistrado tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Indicó que se recibieron declaraciones de 16 testigos, se incorporaron otras 11 y se sumaron informes de organismos públicos que dieron cuenta de situaciones de acoso laboral.

El caso se originó en abril de 2023 a partir de una denuncia presentada por tres secretarios de su tribunal, quienes lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. Según el dictamen, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”.

Los hechos también fueron investigados en sede penal y la causa fue elevada a juicio oral. La acusación sostiene que Díaz Lacava generó un clima de “terror manifiesto”, con conductas como humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos y episodios de intimidación. En el caso de las trabajadoras denunciantes, los hechos fueron encuadrados en un contexto de violencia de género.

Durante el debate, el consejero Lugones planteó una postura alternativa y propuso una sanción disciplinaria -una multa del 50%- al considerar que la conducta era grave, pero no equiparable a la del caso López. El consejero Alberto Maques, en tanto, consideró que la existencia de una medida perimetral que impedía al magistrado acercarse a su propio tribunal constituía una situación “inentendible e inexplicable”.

El plenario aprobó la apertura del juicio político contra Díaz Lacava con 15 votos afirmativos, dos abstenciones -Gonzalo Roca y Santiago Viola- y un voto en contra —Lugones—, mientras que los consejeros Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit estuvieron ausentes en esa votación.

Durante la misma jornada, el Consejo de la Magistratura avanzó en otros puntos de su agenda. En materia de concursos judiciales, aprobó distintos dictámenes y elevó 17 ternas al Poder Ejecutivo, integradas por 51 postulantes, para cubrir cargos en tribunales orales federales y cámaras de apelaciones. La sesión incluyó además audiencias públicas a los aspirantes judiciales, informes institucionales -entre ellos el Informe Anual de Prisiones Preventivas 2025- y el tratamiento de expedientes disciplinarios.

Con la aprobación de ambos dictámenes, los expedientes quedaron en condiciones de ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar la responsabilidad de los magistrados y definir si corresponde su eventual destitución.

En la misma jornada, el cuerpo también aprobó —a partir de una iniciativa impulsada por la consejera Vanesa Siley— la actualización del monto y el carácter móvil de la asignación mensual destinada a empleados y funcionarios judiciales ex combatientes de Malvinas, y dispuso que la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la cuestión de las Islas Malvinas sea impartida por la Escuela Judicial, en el marco de las políticas de formación del organismo.

Un informe de auditoría interna de la Armada elaborado en pleno operativo de búsqueda del ARA San Juan ocupa un lugar destacado en la arquitectura acusatoria del juicio oral que desde el 3 de marzo pasado se desarrolla en Río Gallegos. El fiscal instructor Lucas Colla lo incorporó en su requerimiento de elevación a juicio para acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los imputados. El fiscal de juicio Gastón Pruzán lo introdujo en el debate oral y propuso testigos para examinarlo, entre ellos al propio autor del documento. El informe, al que accedió Infobae, fue producido por la Inspección General de la Armada (ISGA) entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017 y firmado por el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi.

El mismo documento integró, junto con la Inspección ISGA N°10/16 “S” de diciembre de 2016 -suscripta por el entonces inspector general contraalmirante Guillermo Lezana- y con el informe de patrulla COFS N°106/17 sobre la navegación de julio de 2017, los fundamentos del sumario militar que el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur, ordenó contra el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), capitán de navío Claudio Villamide, y contra el titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), contraalmirante Luis López Mazzeo, mientras los 44 tripulantes eran buscados de manera combinada con otros países.

Ese sumario administrativo, tramitado en seis días, sería luego parcialmente anulado por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, por haber omitido documentos que el propio Ministerio calificó como relevantes y por no haber incorporado el dictamen de los peritos designados a ese proceso, considerados “indispensables” para la investigación.

Con todo, el juicio se desarrolla en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz semana de por medio. Los acusados son Villamide, López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor del COFS- y el capitán de fragata Hugo Correa -ex jefe de operaciones del COFS, quien llevaba las comunicaciones con el jefe de operaciones del ARA San Juan-. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones en sus respectivas indagatorias. El veredicto se prevé para mediados de julio de este año, luego de la inspección ocular sobre el submarino gemelo ARA “Santa Cruz” y el testimonio de más especialistas.

Qué es la Inspección General de la Armada

La ISGA es, según la reglamentación, “el organismo responsable de la supervisión del Sistema de Control Interno a nivel institucional”. Está vinculada con la Sindicatura General de la Nación y depende directamente del jefe del Estado Mayor General. Su función es auditar procesos de gestión a nivel interno para proporcionar a la máxima autoridad naval “un grado de seguridad razonable sobre la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la misión y objetivos institucionales, dando cumplimiento a las normas que regulan a la Armada y a la Administración Pública Nacional”.

Para eso, ejecuta inspecciones y auditorías -planificadas o de oportunidad- sobre las distintas dependencias de la fuerza, y realiza el seguimiento de las acciones correctivas hasta que las deficiencias queden subsanadas. Las observaciones que produce -consideradas como “desvíos de la norma”- son el resultado de comparar “lo que es” -la realidad relevada- con “lo que debe ser” -el plexo normativo-, y se clasifican según su impacto en “críticas”, “trascendentes” o “localizadas”. Estas últimas son las de menor gravedad: las que el propio organismo inspeccionado puede resolver sin recurrir a instancias superiores y que no implican riesgo inmediato para la seguridad del personal o del material. El plazo máximo para su resolución es de tres años.

El contexto de la auditoría

De acuerdo con las actuaciones, el ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017. Horas antes, a las 23:42 del día anterior, el teniente de navío Fernando Villarreal, jefe de operaciones del buque, llamó por sistema satelital de voz al celular personal del capitán de fragata Hugo Correa, jefe de operaciones del COFS y oficial de guardia de la Central de Comunicaciones de la fuerza en tierra. Según declaró Correa, Villarreal le informó que el submarino navegaba en superficie, que habían tenido un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, que estaba controlado, y que lo atribuían a la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación. La nave ventilaba con rumbo 080, alejándose de la costa, a 5 nudos, con propulsión dividida y la escotilla del puente cerrada, sin personal de guardia en la vela, navegando en un temporal con estado de mar 6 -“mar gruesa”, con olas de entre 4 y 6 metros, o más-.

La última comunicación se produjo a las 07:19 del 15 de noviembre. Villarreal llamó nuevamente a Correa para consultar si habían recibido la modificación de su plan de navegación -AVISS-, en el que constaba que el submarino abandonaba su patrulla y se dirigía directamente al puerto de Mar del Plata. En esa comunicación Villarreal informó que el SUSJ se encontraba en inmersión, en plano de periscopio (18 metros por debajo de la superficie), con rumbo a Mar del Plata, a 5 nudos, avanzando con circuito dividido -la mitad de las baterías propulsoras activas-. Expresó además que la tripulación estaba cansada, que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar y que luego inspeccionarían el tanque de baterías. Hasta ese momento, el tanque afectado por el principio de incendio de la noche anterior no había sido inspeccionado.

A las 10:51 de ese mismo 15 de noviembre el CTBTO registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en una posición del Atlántico Sur. El dato no fue comunicado de inmediato: el organismo lo reportó el 23 de noviembre, cuando el operativo de búsqueda llevaba ya ocho días sin resultado.

Dos días después de ese reporte, el 25 de noviembre, el jefe del Estado Mayor General emitió el mensaje naval GFH EMGA P 250730 NOV 2017 ordenando a la ISGA destacarse a la Base Naval Mar del Plata para auditar al Comando de la Fuerza de Submarinos. Pérez Bacchi emitió la Orden Transitoria ISGA N°09/17 “C” formalizando la comisión inspectora, integrada por los capitanes de navío Eduardo Acosta y Miguel Ángel Portela. Los tres trabajaron en la sede del COFS durante los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Lo que el informe encontró

El propósito de la auditoría quedó formulado en el propio documento: “Verificar la existencia de documentación válida que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del Submarino ARA San Juan”. Su alcance “estuvo circunscripto a verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del SUSJ”.

El resultado fue una observación general clasificada en la categoría de menor impacto: “LOCALIZADA”, en estado “DETECTADO”. Esa observación agrupó trece ítems específicos vinculados a ausencias documentales. El informe preliminar fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. El documento final, por su parte, fue firmado por el contralmirante Pérez Bacchi el 30 de enero de 2018 y elevado al vicealmirante José Luis Villán, quien para entonces ya había sucedido a Srur al frente del Estado Mayor General de la Armada.

La descripción de la observación decía: “La ausencia de determinados documentos que sustentan las actividades de adiestramiento y alistamiento de las Unidades de esta fuerza dificulta la disponibilidad de registros de las actividades desarrolladas en los casos en que es requerida“. Entre los trece ítems agrupados bajo ese acápite figuraban, entre otros archivos, los informes de navegaciones realizadas en 2016 y 2017 para pruebas de sistemas; los registros de adiestramiento en técnicas, tácticas y simuladores; las constancias de que los comandantes de unidades tomaron conocimiento del Plan Bienal Naval y de la carpeta de recomendaciones de seguridad; y los trámites posteriores al informe preliminar de una inspección realizada en 2015.

La auditoría también ponderó que los “Informes de Actividades” documentados en el COFS “registran la cantidad de ejercitaciones en técnicas y tácticas realizadas por el SUSJ. Sin embargo, no fue detectada documentación que explicite el nivel de adiestramiento alcanzado por la unidad en función de dichas ejercitaciones efectuadas”. Tampoco fueron halladas las planillas de pruebas de 48 horas previo a la zarpada de Mar del Plata y Ushuaia, obligatorias para salir a operar. Al respecto, se estimó que se encontraban “en el submarino siniestrado”.

Lo que sí fue localizado abarcó un registro de millas navegadas y horas de inmersión de los últimos dos años de la embarcación; las órdenes de operaciones del SUSJ para 2016 y 2017 y los libros de comunicaciones entre la nave y el personal de guardia de la Estación de Control. También se consignaron las obras pendientes a realizar en dique seco, requerido en un mensaje naval dirigido en junio de 2017 a la Jefatura del Material de la Armada para el primer semestre de 2018.

Entre la documentación localizada, por lo demás, figuraba el Índice de Control del Estado del Material (ICEM) N°07/17 confeccionado el 5 de septiembre de 2017 -siete semanas antes de la última zarpada- por el comandante del ARA San Juan, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento mediante el cual la dotación y su comandante relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Lo suscribe el comandante, que se erige como la autoridad responsable de emitir la orden de hacerse a la mar, y quien, según normativa de la fuerza, puede negarse a zarpar si evalúa que la nave o su tripulación no están en condiciones de hacerlo.

Ese ICEM N°07/17 calificó al SUSJ como “HABILITADO”, con un índice de 4,25/5. El informe lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material”, en virtud de una restricción preventiva que tenía el submarino “en su profundidad operativa” a causa del lapso transcurrido desde su última entrada a dique, donde se le realizó la última prueba hidráulica de válvulas y tuberías.

Pérez Bacchi en el juicio y la respuesta de Villamide

El contraalmirante retirado Pérez Bacchi, ex ISGA desde finales de 2016 -tras la partida de Lezana- hasta inicios de 2020, declaró en forma presencial como testigo de la Fiscalía en la séptima audiencia del debate oral en la ciudad de Río Gallegos. Allí el infante de marina explicó con detalle sus funciones dentro de la Armada, habló de las posibles causas del hundimiento y ratificó las conclusiones de ambos informes -el de Lezana de fines de 2016 y el suyo de 2017-. Sin embargo, su testimonio fue el disparador de una ampliación de indagatoria, ya que el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, anunció al cierre de esa jornada que la solicitaría.

“Es tal la cantidad de inexactitudes, cosas que no son ciertas -no digo falsas porque eso sería con mala intención y no voy a atribuir una mala intención a oficiales que hacen una auditoría-”, dijo. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, fijó una audiencia específica para oír al imputado que se concretó la semana pasada.

En esa ampliación, el ex capitán de navío expuso durante más de dos horas. Encuadró el “informe Lezana” como una “fotografía” que no representaba el estado del submarino al momento de su zarpada el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata hacia Ushuaia: “Ese informe del ISGA expresa un momento donde se hace una inspección a los procesos, plantea una situación, una fotografía que está atrasada y no representa la película a octubre de 2017.” Argumentó que la mayoría de las deficiencias consignadas en diciembre de 2016 habían sido subsanadas antes de la última misión y recorrió punto por punto las distintas observaciones mencionadas por la Inspección General.

Al referirse a la auditoría de noviembre de 2017 efectuada “in situ” en la Base Naval de Mar del Plata, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, Villamide cuestionó su validez procedimental: “Es normativa establecida en el Reglamento General del Servicio Naval que no se puede inspeccionar a un destino si no está el titular del mismo. (...) Mientras el almirante Pérez Bacchi inspeccionaba la Fuerza de Submarinos, yo estaba con la mayoría de la Armada operativa buscando al submarino“.

Luego planteó: “Si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales, él era almirante de la Armada. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se opuso a que el submarino zarpara?”. Y aseveró: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar.”

El sumario, el documento omitido y la anulación

El borrador del informe de Pérez Bacchi fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. Srur lo incorporó, junto con el informe Lezana y el COFS N°106/17, como fundamento del sumario militar disciplinario ordenado contra Villamide y López Mazzeo a fines de noviembre de aquel 2017. El proceso se resolvió en seis días: dictámenes al quinto, resolución de suspensión al sexto. Las imputaciones fueron por no haber impedido que el submarino navegara “con posterioridad a las severas anomalías detectadas -tanto en la Inspección ISGA N°10/16 ‘S’ como en la previa navegación del SUSJ para ‘Control del Mar’ efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017-”.

Esa resolución no mencionó el ICEM N°07/17 “S”: el documento firmado por el capitán Fernández el 5 de septiembre de 2017 que había calificado a su buque como operativo. El 13 de diciembre de 2017 Aguad remitió una nota a Srur advirtiendo que en su decisión administrativa -donde suspendió a los ahora acusados- “se habrían tenido en cuenta determinadas cuestiones fácticas que, en principio, serían inexactas; o, al menos, se habría omitido considerar elementos de hecho que resultarían relevantes para dar fundamento a vuestra decisión”. El Ministerio señaló en particular la ausencia del índice del material: “Esta conclusión resulta diametralmente opuesta con las expresiones vertidas en los considerandos” y “tiene la entidad suficiente para abonar una conclusión distinta a la arribada”.

Tras dictámenes de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, el 27 de septiembre de 2018 Aguad dictó la nulidad y revocó la parte de la resolución que declaraba a Villamide y López Mazzeo como "presuntos infractores“, aunque mantuvo la suspensión del servicio de los dos oficiales superiores.

Meses después López Mazzeo denunciaría penalmente a su jefe Srur, al auditor Dardo Difalco y al oficial instructor del sumario Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad. Los tres resultaron sobreseídos en primera instancia, con confirmación posterior de la Cámara de Apelaciones y la Casación Federal.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que lleva adelante el juicio por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) en Río Gallegos, realizará el 8 de mayo, a las 16, una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La diligencia, acordada durante la undécima audiencia y a la que concurrirán todas las partes del proceso, tiene como objetivo que magistrados, fiscales, querellantes y defensas recorran el buque gemelo del submarino siniestrado para tomar dimensión de la clase de nave y conocer de primera mano sus distintos sistemas. La visita cobra especial relevancia de cara a las próximas semanas, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que labraron informes sobre el estado de mantenimiento de la embarcación y las posibles causas de su hundimiento.

El ARA Santa Cruz es un submarino de la clase TR 1700, diseñado en la década del 70 y construido en la del 80 por la empresa alemana ThyssenKrupp -la misma firma que fabricó el ARA San Juan, aunque pocos años después-. En la fuerza naval quedó nomenclado como S-41, en tanto el SUSJ lo hizo como S-42. Ambos fueron incorporados a la Armada Argentina en ese mismo período. El vínculo del Santa Cruz con la causa es cercano: cuando el ARA San Juan egresó del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) -conformado por el astillero Tandanor y el Astillero Almirante Storni- tras su reparación de media vida, que se extendió por más de ocho años desde su ingreso el 18 de diciembre de 2008 y concluyó en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el turno del Santa Cruz de ingresar al mismo complejo para su propio proceso de mantenimiento integral. Ese proyecto quedó suspendido y el buque permanece actualmente en proceso de desguace en las instalaciones del astillero estatal. Las condiciones en que quedó el ARA San Juan tras su reparación y las tareas que quedaron pendientes han sido mencionadas durante las audiencias del debate en curso.

La propuesta de pericia que dividió a las partes

A lo largo de las actuaciones, distintas partes del proceso han venido señalando la ausencia de una pericia técnica integral y directa sobre los restos del naufragio, con el fin de contar con una mirada científica que ayude a determinar con certeza las causas materiales del siniestro. La insistencia -argumentaron- vino a cuenta de la necesidad de salir del plano de las hipótesis en el que el expediente ha quedado obligado a moverse desde el inicio. En la undécima audiencia de esta semana, y como una diligencia distinta e independiente de la inspección ocular ya acordada, el juez presidente Mario Reynaldi puso sobre la mesa una propuesta concreta: realizar una pericia sobre el ARA Santa Cruz a cargo del submarinista Ricardo Franceschelli, ingeniero naval e ingeniero electricista y subdirector de Operaciones de Tandanor, a quien había conocido durante una visita personal a las instalaciones.

“Como insistentemente durante el debate se hace referencia a la falta de una pericia, les estoy alcanzando los elementos, si quieren las partes hacer una por parte de una persona que tendría la idoneidad de realizarla (...). Corresponde a ustedes si quieren que se haga una pericia”, les dijo a los defensores y acusadores públicos y privados.

La querellante mayoritaria Valeria Carreras -que representa a 34 de las 44 familias de los tripulantes fallecidos- y el fiscal Gastón Pruzán se opusieron. Carreras sostuvo que su hipótesis acusatoria “no necesita ningún tipo de pericia” y recordó que el capitán Attis, a quien calificó como “el decano de los submarinistas”, había declarado ante el tribunal que en los restos del submarino hundido a 907 metros de profundidad “no encontraríamos nada”, dado el impacto del ingreso de agua, la destrucción y la reducción de la nave. Agregó que incorporar ahora una pericia sobre “un material que está fuera de funcionamiento hace más de 10 años” no era procesalmente viable. Pruzán coincidió: señaló que la etapa para ese tipo de medidas había precluido, que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya se había expedido en reiteradas oportunidades al confirmar los procesamientos y que la medida “va a retrasar el trámite del debate”.

El querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de navío Alejandro Tagliapietra, uno de los oficiales que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2017- adoptó una postura opuesta. Valoró la predisposición del tribunal y rechazó quedarse con la conclusión del oficial Attis: “Un profundo trabajo que hemos hecho durante años con especialistas que nos han ayudado de distintos lugares del mundo me dicen todo lo contrario: como bien se dice en materia forense, los cuerpos hablan, incluso después de que no estén más con nosotros”. Invocó como antecedente la tragedia del avión de AUSTRAL, donde dentro de restos “totalmente indetectables se pudo describir qué es lo que había pasado”. Afirmó que su querella va a insistir “obsesivamente en la averiguación de la verdad, en este juicio o en el que venga” y que las negativas por cuestiones procesales “tendrían que estar ajenas en este debate”.

El defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, se opuso a la pericia pero no sin antes referirse al costo personal que el proceso le había impuesto a su defendido. “Villamide, que era primero o segundo de promoción, que estaba por ascender a almirante y tenía una carrera rutilante, terminó en su casa cortando el pasto mirando televisión hasta que pudo rearmar su vida”, afirmó. Atribuyó esa situación a lo que describió como un Consejo General de Guerra “anómalo” -el organismo constituido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, integrado por un miembro de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y un civil del Ministerio de Defensa, que en 2021 resolvió la destitución de Villamide de la fuerza- que enfrentó una instrucción donde su defendido “no pudo participar” y donde, a su juicio, debería haberse realizado el peritaje que ahora se discutía. Apuntó contra la jueza de instrucción Marta Yáñez, contra el Ministerio Público que actuó en esa etapa y contra la Cámara Federal, cuyo entonces presidente, el doctor Javier Leal de Ibarra, “dispuso un peritaje con una mano y lo dejó sin efecto con la otra, una cosa de locos”. Para Vigliero, introducir esa medida en pleno debate oral equivalía a cargar sobre su defendido las consecuencias de omisiones que no le eran imputables.

Sobre la propuesta en sí, Vigliero trazó una distinción que sintetizó su postura: no objetaba una inspección ocular pero sí rechazaba una pericia. “El objeto de este proceso penal -y lo recalco- no es descubrir la verdad. En la etapa de debate oral es determinar la existencia o no de hechos y eventualmente atribuir responsabilidad. Los hechos ya están. Los testigos ya están y hay que jugar con lo que se tiene”. Y cerró: “Esta defensa enfáticamente se opone a que se realice un peritaje. Sí estamos de acuerdo en hacer una inspección porque ayuda e ilumina lo que ya tenemos. Pero no introducir una voz extraña”.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan comenzó el martes 3 de marzo y tiene en el banquillo a cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro negaron todas las acusaciones en su contra y afirmaron que el buque estaba en condiciones de operar, más allá de las novedades que presentaba al momento de zarpar a su última misión. La causa es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Pruzán y cuenta con la participación de tres querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes. Las audiencias se realizan semana de por medio, de lunes a jueves; este jueves tuvo lugar la duodécima jornada del debate, que se reanudará el próximo lunes 20 de abril.

Las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Ambos le solicitaron a la secretaria del cuerpo que informara los distintos proyectos registrados en ese ámbito antes de que el Máximo Tribunal impulsara su iniciativa: 17 expedientes con propuestas de modificación al reglamento presentados por consejeros de la integración actual, y otros 13 de integraciones anteriores.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200. La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”, e identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

Los que quieren aprobar ya

La postura más contundente a favor de la aprobación inmediata fue la de Jimena De la Torre, vicepresidenta de la Comisión de Selección y representante de la abogacía. La consejera reivindicó su trayectoria en el impulso de reformas -“yo presenté un proyecto integral donde reformaba en su momento el reglamento completo; después volví a presentar otra batería de seis proyectos más”- y celebró que la acordada recoja buena parte de esas iniciativas: “Celebro que el concurso anticipado pase a ser la regla en esta propuesta que nos trae la Corte, celebro también que empiece a fijarnos criterios objetivos, que proponga empezar a autolimitarnos y a exigirnos y autoexigirnos un poco más en materia de transparencia y sobre todo objetividad“. De la Torre fijó su posición con precisión: “Estoy para votarlo en un todo como lo sugirió la propia Corte al momento de presentar la Acordada, donde se dijo que esto es un todo armónico, sistémico”. Y fue taxativa respecto de cualquier intento de modificar el texto antes de su aprobación: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Dicho esto, una vez aprobado, y con esta misma mirada de mejora continua, pueden venir las reformas de segunda generación, porque siempre todo es perfectible, incluso esta Acordada”.

César Grau, también representante de la abogacía, adhirió con igual énfasis. Para enmarcar su postura, recurrió al pensamiento del constitucionalista Germán Bidart Campos y a la noción griega de dokimasia, que refiere al mérito como criterio de acceso a la función pública, para señalar que el sistema vigente ha tendido históricamente a su inversa: una “antidokimasia” que consolida lo que denominó, en términos “modernos”, una “casta judicial”. Articuló el debate en torno a cuatro preguntas: quién elige, a quién se elige, cómo se elige y para qué se elige. Sobre el primero de esos ejes señaló una anomalía estructural: de 67 pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. “Algo está fallando: no es que sean las personas que integran el Consejo, el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, afirmó, y recurrió a una imagen bíblica: “Podemos hacer una paráfrasis de Mateo 19,24 y decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un abogado de la matrícula llegue a ser juez”.

Por otra parte, se refirió a la idoneidad como una de las condiciones para ejercer cargos públicos. “Muchos de los que están acá saben y conocen que más de un tercio del Poder Judicial está interpelado con denuncias por muchísimas cuestiones variadas, pero muchas de ellas de esas denuncias son por el mal funcionamiento o su idoneidad deficiente en el desempeño del cargo. Esa es otra cuestión para tener presente. Nuestro sistema judicial es de 1002 jueces, de los cuales hay 650 en actividad, y tenemos más de 250 denuncias en trámite. No estoy diciendo que sean culpables pero sí están interpelados”, apuntó.

Los que piden debate sin firmar a libro cerrado

Lugones trazó desde el inicio el marco desde el que el Consejo abordará la propuesta. Reconoció el peso de la iniciativa pero matizó su alcance: “Primero yo entendía que nos proponían, después entendí que nos sugieren, nos proponen, nos acercan propuestas que supongo que van a ser buenas: son buenas”. Fue categórico, sin embargo, respecto de los tiempos y las condiciones del debate: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado. Esa es mi postura personal en los años que tengo en el ámbito del Poder Judicial, porque quiero saber por qué me van a insultar en la esquina. Cuando uno firma cosas que son complejas tiene que saber cuando lo paren en la esquina por qué firmó y por qué lo están parando”. El juez cerró su intervención con un compromiso de trabajo: “Vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, vamos a intentar tomar mucho de esta reforma y tratar de que esto salga algo muy positivo para el Consejo”.

Vázquez valoró el carácter plural del organismo como una fortaleza para el debate y destacó la envergadura técnica del documento recibido: “Tiene 100 artículos: realmente es un documento de trabajo completo, que aborda un sinnúmero de circunstancias, algunas que ya estaban previstas en el reglamento actual y otras que son de nueva incorporación”. Subrayó que las miradas de los distintos estamentos -magistratura, abogacía, legisladores y academia- son una potencialidad para “generar los consensos que son necesarios para poder avanzar con un reglamento que sea mejor que el que tenemos”. Para dar cierre al encuentro, anunció que se cursarán invitaciones a organizaciones del ámbito judicial para garantizar “el más amplio debate” sobre todos los proyectos sobre la mesa.

A su vez, en representación de los jueces del Poder Judicial se pronunció Alejandra Provítola, quien aportó una perspectiva particular, ya que ella misma transitó los concursos de selección de magistrados como postulante antes de asumir como magistrada y consejera. “Yo misma me he sentado en la entrevista personal ante los consejeros en ese entonces que componían el cuerpo. Yo misma he transitado los procesos de oposición y de mérito de mis antecedentes cumpliendo cada una de las largas etapas que tenemos que transitar quienes desde el Poder Judicial o de la abogacía aspiran al cargo de la magistratura”. Desde esa doble experiencia, señaló que la propuesta de la Corte “emana nada más y nada menos que del corazón de nuestro máximo representante de la Justicia” y que sus considerandos recogen gran parte de los proyectos que los consejeros venían trabajando. Destacó que bajo la gestión actual se aprobaron más de 100 concursos y que la implementación de los concursos anticipados para los fueros nacionales generó una inscripción récord de más de 1.000 postulantes.

Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, aclaró que no integra ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario destacar el trabajo institucional realizado en ese cuerpo. Recordó que la OCDE reconoció la implementación de los concursos anticipados como uno de los factores que contribuyó al avance de Argentina hacia la fase cuatro del proceso de ingreso al organismo, y defendió la formación de los magistrados en actividad: “La mayoría de los jueces y de las juezas tenemos una elevada formación porque así lo exige el reglamento: necesitamos ser docentes, tener publicaciones, tener especialización, maestría, doctorado, posdoctorado. Van a encontrar en los jueces personas altamente capacitadas en el Poder Judicial de la Nación”.

El abogado Alberto Maques rechazó la caracterización de la acordada como un mero “disparador” del debate -“si fuera un disparador sería que nosotros estuvimos durmiendo la siesta durante mucho tiempo”- y reivindicó públicamente el trabajo de Vázquez y Lugones al frente de las comisiones. También se mostró reticente a avalar el texto sin realizar análisis previo: “Yo no me voy a comprar una buena iniciativa a libro cerrado, porque creo que todos los proyectos que se mencionaron tienen cosas para armar, amalgamar y poder tener algo que sea notoriamente superior”. Y sobre el apuro que algunos invocan, fue irónico: “La verdad es que yo me preocupo cuando voy a ver a River, vamos perdiendo y no nos queda más tiempo adicionado; lo demás no me apura, me apura el sentido común y el sentido de la responsabilidad”.

Los que piden cautela

El camarista Diego Barroetaveña valoró el efecto convocante de la acordada -“esta Acordada de la Corte evidentemente ha servido como un disparador”- pero se distanció de quienes propugnan su aprobación sin modificaciones: “No estoy tan de acuerdo con la consejera Jimena de la Torre en que esto se tenga que aprobar porque lo leímos muy rápidamente”. El magistrado salió en defensa de los jueces designados bajo el sistema vigente: “Tiene que quedar absolutamente claro que todos los jueces y juezas que vienen desenvolviéndose hasta el presente ocupando cargos en la judicatura son idóneos y legítimos”. Señaló además que la productividad del sistema no depende exclusivamente del reglamento: “Con un mismo reglamento hubo períodos más productivos que otros. Pero esto no obedece a las carencias de los reglamentos en sí, sino más bien a los vaivenes políticos”. Para ilustrarlo, citó cifras concretas: en 2017 y 2018, bajo la presidencia de Miguel Piedecasas, se elevaron 163 ternas; en 2024, bajo la presidencia de Rosatti, casi 100. Identificó como uno de los puntos más delicados del proyecto el sistema de puntuación entre abogados y funcionarios judiciales: “Habría que trabajar sobre eso: cómo evaluamos a un abogado, porque no vaya a ser cosa que el sistema en definitiva conspire contra la idoneidad y el mérito que se pretende”.

Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo Nacional, cuestionó desde el inicio la premura con la que algunos consejeros impulsan la aprobación: “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”. Encuadró la iniciativa de la Corte Suprema como una sugerencia y no como un proyecto formal: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”. Fue más explícito al referirse a quienes reclaman una votación urgente: “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”. Propuso a su vez un orden de prioridades claro: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

A su turno, el diputado nacional Álvaro González aclaró que tampoco integraba ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario hacer oír su voz para defender el trabajo realizado por el organismo hasta el momento. “Yo vengo a todas las reuniones y sé cómo se trabaja”, dijo.

González también apuntó contra lo que consideró una narrativa injusta sobre el Consejo y sobre las ternas ya aprobadas: “Yo leo, escucho algunas cosas y la verdad me da mucho fastidio, porque decir cualquier cosa en función de que hubo una iniciativa por parte de la Corte no significa que hasta ahora no se haya hecho nada o todo lo que se hizo esté viciado de alguna nulidad”. Recordó que el Consejo había elevado numerosas ternas que el Poder Ejecutivo decidió no enviar al Senado durante un período, y celebró que esa situación haya cambiado. Cerró con una defensa de la institución: “A mí me gusta defender las instituciones donde trabajo, porque si no las defendemos nosotros no las defiende nadie”.

Las advertencias institucionales

Guillermo Tamarit, representante del ámbito académico, respaldó el análisis de la propuesta pero introdujo una advertencia sobre las condiciones en que ese debate se desarrolla. Sostuvo que era necesario alertar sobre “algunas cuestiones que tienen que ver con que esta presentación está en orden a ser llevada adelante bajo sospecha de un conjunto de elementos que hay que presentar arriba de la mesa, porque si no esto va a ser inconducente”. Llamó la atención sobre la aparición de actores que históricamente no habían mostrado interés en el sistema de selección de jueces: “Esta situación ha despertado la sensibilidad de organizaciones y grupos que en mi vida escuché preocupados por casi ningún tema judicial, y muchísimo menos por el sistema de selección de jueces; por lo tanto hay atrás de esto algunas otras cuestiones que también, queramos o no, forman parte de este debate". Marcó además un límite institucional: “Lo que puede pasar es que el Consejo de la Magistratura siga perdiendo sus competencias; para nosotros sí es un límite preservar esta institución de la Constitución".

El saludo de Rosatti

Fue durante los primeros minutos de la intervención de Vázquez que hizo su ingreso al recinto Horacio Rosatti, presidente del Consejo y de la Corte Suprema, quien no integra ninguna de las dos comisiones convocadas. Su presencia constituyó un gesto de peso político: se acercó a saludar, agradeció “la prontitud con la que han tomado este tema” y reconoció que la propuesta de la Corte “tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo del tribunal, afirmó: “Vamos a trabajar y a trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.

“Uno tiene bronca. Nada más. Es eso.”

Esas fueron las últimas palabras que pronunció el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz este jueves, pasadas las 20, antes de que se diera por concluida una audiencia que había comenzado a las 9 de la mañana con una serie de testimoniales y que derivó, por la tarde, en la ampliación de indagatoria del imputado. El presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le dijo que lo notaba emocionado. Villamide lo corrigió: no era emoción. Era bronca.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan se desarrolla en la sede judicial de la ciudad de Río Gallegos, desde el 3 de marzo pasado. Las audiencias se celebran de lunes a jueves, en semanas alternas. La ampliación de indagatoria de este jueves fue de contenido predominantemente técnico: Villamide expuso conceptos de ingeniería naval durante cerca de dos horas, acompañado de una presentación, para refutar punto por punto el informe de la Inspección General de la Armada (ISGA) que la acusación utiliza como uno de los ejes del caso en su contra.

La ampliación había sido solicitada por su defensor, Juan Pablo Vigliero, tras la declaración del contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi en la séptima audiencia del juicio, celebrada hace dos semanas. Pérez Bacchi -ex inspector general de la Armada entre 2016 y 2022- había respaldado en aquella oportunidad las conclusiones del informe elaborado por el entonces inspector general contraalmirante Guillermo Lezana en diciembre de 2016, y había defendido además la segunda inspección que él mismo llevó adelante en el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) el 27 de noviembre de 2017. Vigliero anticipó entonces que el documento contenía “inexactitudes” y que su defendido quería refutar los dichos del testigo. El tribunal -integrado además por los jueces Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini - fijó una audiencia específica para ello.

El informe en cuestión, fechado en diciembre de 2016 y suscripto por Lezana, fue el producto de una auditoría interna sobre el COFS. Sus conclusiones señalaron que las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan “dificultaban” su alistamiento para cumplir con los planes en vigor; que el incumplimiento del ingreso a dique seco con la periodicidad establecida también “dificultaba” su alistamiento; que el submarino se encontraba imposibilitado de ejecutar el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia de personal siniestrado; y que las obras y tareas pendientes desde la transferencia del buque desde el PYSU -organismo transitorio que se hizo cargo del submarino durante la reparación de media vida antes transferirlo al COFS- “afectaban sensiblemente” su estado de alistamiento. Como síntesis, el documento reconocía que el COFS estaba “realizando lo humanamente posible con los escasos recursos asignados”.

Ese documento es una de las piezas que sostienen la acusación contra Villamide y los otros tres oficiales imputados en el juicio oral. Los cuatro están procesados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte de los 44 tripulantes, y negaron los cargos en sus declaraciones indagatorias. La hipótesis acusatoria plantea que el submarino operaba con un nivel de riesgo superior al permitido y que esa circunstancia, conocida por la cadena de mando, debió haber impedido su zarpada el 25 de octubre de 2017. Las defensas, en cambio, sostienen que pese a las observaciones técnicas el buque se encontraba en condiciones de navegar.

La historia del informe ISGA dentro de la causa es compleja, ya que sus conclusiones fueron utilizadas por el entonces Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), almirante Marcelo Eduardo Srur, como uno de los insumos para impulsar un sumario disciplinario destinado a establecer responsabilidades en la cadena de mando tras la desaparición del submarino. Ese proceso se ordenó cuando aún estaba en pleno desarrollo el operativo de búsqueda, con el buque sin ser localizado y los 44 tripulantes desaparecidos, y avanzó en pocos días: se emitieron dictámenes en apenas cinco días y al sexto se firmó la resolución, suscripta por el propio Srur, que dispuso la suspensión de Villamide y de Luis Enrique López Mazzeo, entonces Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Esa resolución fue posteriormente anulada por el entonces ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad, aunque mantuvo las suspensiones.

Pérez Bacchi no es un testigo ajeno a ese proceso. Fue él quien, por orden de Srur, condujo una segunda inspección al COFS entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017 con el propósito de verificar la existencia de documentación que respaldara el nivel de alistamiento y las actividades operativas del buque. Esa auditoría consignó que “la ausencia de documentación o la existencia de documentación poco confiable ha sido una debilidad reflejada en los hallazgos localizados”, y que parte de la documentación relevante se encontraba a bordo del ARA San Juan, sin que existieran originales o copias en tierra. Pérez Bacchi había sido designado inicialmente como instructor para llevar adelante el sumario militar administrativo, función que luego recayó en el oficial auditor Piscicelli. En la séptima audiencia, por lo demás, hizo propias las conclusiones del informe de Lezana.

En su exposición de este jueves, Villamide encuadró ese documento de fines de 2016 como una “fotografía” desactualizada que no reflejaba el estado real del submarino al momento de su última zarpada, el 25 de octubre de 2017. “El informe del ISGA expresa un momento donde se hace una inspección a los procesos, plantea una situación, una fotografía que está atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, dijo. A continuación recorrió uno por uno los quince subpuntos de la primera “observación” mencionada en el documento y argumentó que la mayoría de las deficiencias allí consignadas habían sido subsanadas en el período transcurrido entre la auditoría y la última navegación.

Sobre las radiobalizas, el informe de 2016 señalaba que las dos unidades a bordo eran obsoletas e incompatibles con el sistema de comunicaciones de búsqueda y rescate vigente. Villamide explicó que esos dispositivos -que en caso de siniestro transmiten la posición de la unidad durante 72 horas, contra el minuto y quince segundos de una señal pirotécnica- habían sido reemplazados antes de la última zarpada por un modelo moderno compatible con los satélites internacionales de rescate COSPAS-SARSAT. “Es decir, estaba acorde a la normativa ya en el 2017”, indicó.

Sobre el tronco de embarque de torpedos -el conducto de proa construido con el mismo acero especial del casco resistente que soporta la presión del agua en inmersión-, el informe consignaba una pérdida de espesor de entre el 40 y el 60 por ciento. Villamide exhibió las conclusiones de una inspección realizada por la US Navy en septiembre de 2016 -un mes antes de la auditoría del ISGA- que determinó que ese sector “se encuentra en buenas condiciones generales”. Al momento de la inspección del almirante Lezana, explicó Villamide, dicho informe de la marina norteamericana no pudo exhibirse porque estaba siendo traducido.

Luego manifestó: “Este informe de inspección presentaba ciertas impresiones producto de que no contó con una comisión inspectora de submarinistas. Tampoco fueron a bordo, y tal vez no lograron interpretar algo o recibieron demasiada información”.

Respecto de la observación sobre el uso de materiales de baja calidad durante la reparación de media vida, fue tajante: “Esto no es así, está equivocado”. Detalló que los repuestos utilizados provenían de las construcciones originales, envasados al vacío, recorridos nuevamente en el astillero Tandanor y sometidos a control de calidad por el PYSU en cada etapa.

En relación con los sistemas de control de la atmósfera interior -los equipos que miden y regulan los niveles de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno dentro del casco para garantizar condiciones respirables-, presentó un certificado de calibración fechado el 6 de junio de 2017 y describió el sistema incorporado durante la reparación de media vida: una central Dräger con doce sensores de hidrógeno marca ICARE distribuidos a lo largo del buque -tres por tanque de batería, más sensores en el cuarto de MEP, en el cuarto de máquinas, en el cuarto de torpedos y en comando-, sensores de oxígeno y CO2 en proa y en popa, equipos portátiles y quince quemadores de hidrógeno en los distintos compartimentos. “Al momento de la zarpada del submarino San Juan contaba con los sistemas de control de atmósfera en servicio”, aseguró.

Sobre los trajes de escape -consignados en el informe como vencidos-, precisó que los adquiridos durante la reparación de media vida vencían en 2020 y 2021, y que ya había iniciado gestiones ante el COAA para la adquisición gradual de 25 unidades de modelo superador, a 5.400 euros cada una. “Muchas veces se han dicho cosas que yo he reiterado más de una vez, hemos provisto documentación que certifica esto”, expresó. Indicó que esa información había sido entregada en reiteradas ocasiones a la jueza Marta Yáñez, a cargo de la instrucción en Caleta Olivia, y a la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento.

En cuanto a las baterías -sistema de propulsión eléctrica en inmersión y uno de los ejes centrales de la teoría acusatoria-, presentó una prueba de capacidad realizada por la propia empresa proveedora que arrojó valores de 94,5 y 97,4 por ciento para las baterías de popa y proa respectivamente. “La batería del submarino todavía estaba en garantía, por eso vino la empresa y presenció la prueba de capacidad y dio con buenos valores”, apuntó.

Respecto de la segunda observación -el incumplimiento del ingreso a dique seco, reparación integral que el ARA San Juan tenía pendiente-, reconoció que el capitán Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente esa entrada y que él realizó las gestiones correspondientes ante el COAA y la Jefatura del Material de la Armada (JEMA). Advirtió que había acordado con el entonces titular de esa jefatura, almirante Malchiodi, el ingreso a dique seco para 2018, decisión que fue puesta a consideración sin que nadie objetara. “El hecho de una demora en el carenado no afecta la seguridad sino que hace al submarino más ruidoso, como ha dicho el fabricante. No estaba afectada la seguridad por esta cuestión”, subrayó.

La tercera observación del informe señalaba que el ARA San Juan no podía ejecutar el adiestramiento específico en operaciones de rescate y escape por falta de certificación de escotillas. Villamide trazó una distinción entre la certificación formal y la aptitud operativa: el submarino había sido construido por el astillero alemán Thyssen en los años 80 y sus escotillas eran originalmente “aptas” para esa clase de maniobras en el mar.

Uno de los tramos más relevantes de la jornada fue el referido a la válvula E-19 -una válvula del sistema de ventilación que conecta el exterior del buque con el tanque de baterías eléctricas-, señalada como una de las probables vías de ingreso de agua de mar aquel 14 de noviembre de 2017, que habría generado el cortocircuito en el tanque de baterías de proa número 3, desencadenando el principio de incendio que el propio submarino comunicó antes de perder contacto definitivo. Al respecto, el imputado explicó que esa válvula va cerrada durante la navegación por disposición reglamentaria y que solo se abre en puerto. Destacó que el sistema cuenta con un mecanismo de contención doble: antes y después de la válvula hay drenajes permanentemente abiertos para evacuar cualquier filtración. “La válvula E-19 tiene antes un drenaje, y después otro drenaje. Esos drenajes van abiertos, a diferencia de la válvula. ¿Para qué? Si hay agua antes, debe drenar ese agua, y si pasa algo de agua después, el siguiente drenaje debe drenar ese agua”, dijo.

En ese contexto abordó las pruebas realizadas por el capitán Fernández durante la navegación de julio de 2017, en las que abrió la E-19 para mezclar el aire de la zona de baterías de popa -con menos CO2 y más oxígeno- con el del resto del buque, logrando reducir los niveles generales y ganar entre 10 y 12 horas adicionales antes de necesitar reiniciar el snorkel. Esas maniobras, dijo, se efectuaron sin pedirle autorización, aunque sí le fueron comunicadas por escrito. “La hizo en condiciones de seguridad, no produjo ninguna novedad ni avería ni ningún inconveniente al buque”, afirmó. Aclaró que esa prueba no implicaba un cambio de rol -lo que hubiera requerido aprobación del COFS- sino el ejercicio de las facultades reglamentarias del comandante, y que no tenía constancia de que hubiera sido repetida durante la última navegación. Consultado por Reynaldi sobre si la maniobra representó un riesgo, respondió: “Yo creo que en las condiciones que él hizo la prueba no fue un riesgo. El buque estaba perfectamente cerrado. La E-19 no es una válvula de casco. No se produjo novedad en esa prueba”.

Al concluir su exposición, Vigliero le formuló preguntas orientadas a consolidar dos líneas argumentales de la defensa. La primera apuntó a establecer si los canisters -los filtros que absorben el dióxido de carbono del aire interior cuando el submarino no puede ascender a superficie para ventilar- pudieron haber incidido en los eventos del 14 y 15 de noviembre. Villamide fue categórico: “En sí, los canisters con una pérdida de control de profundidad no tienen nada que ver. Se usan para fijar el CO2, se regenera atmósfera si no se puede hacer snorkel. Pero en sí, el caníster, que es algo del sistema de ventilación, con el control de la profundidad -que está asociado a los planos, a la propulsión o al aire-, en sí, no tienen nada que ver”. Apoyó ese argumento en la reconstrucción horaria de los últimos contactos: cerca de la 1 de la madrugada del 15 de noviembre de 2017 había hablado con el capitán Fernández, quien le informó que había ventilado el buque y estaba cargando aire. Si el ARA San Juan se fue a inmersión entre las 2 y las 3 de la madrugada -como estimó Villamide-, el lapso transcurrido hasta el registro de la anomalía acústica detectada por el CTBTO a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017 no era suficiente para que hubiera sido necesario iniciar la regeneración de atmósfera.

“No tendría que usar los canisters en ese momento porque el buque se acababa de ventilar”, concluyó.

La segunda línea se centró en el sistema de propulsión de la nave, en directa relación con lo consignado en el último contacto desde el submarino: luego del principio de incendio en el tanque de baterías de proa número 3, el ARA San Juan informó que regresaba a puerto con las baterías de proa fuera de servicio y propulsando en "circuito dividido“. Villamide explicó que ese sistema -que divide el motor eléctrico de propulsión en dos mitades, una conectada a la batería de proa y otra a la de popa- le permite al buque continuar navegando cuando uno de los circuitos queda afectado. “En caso de que un circuito quede averiado, puede pasar a propulsar con circuito dividido utilizando la batería que le queda y la mitad del motor”, detalló. Sobre ambos circuitos el submarino dispone de cinco marchas hacia adelante y cuatro hacia atrás; sobre circuito dividido, de etapas 2 a 4 inclusive. “El buque en circuito dividido tiene fuerza para cumplir los roles de emergencia”, aseveró.

El tramo final de la audiencia fue el de mayor carga. Villamide cuestionó la legitimidad de la inspección conducida por Pérez Bacchi al COFS el 27 de noviembre de 2017 con una precisión reglamentaria: “Es normativa establecida en el Reglamento General del Servicio Naval que no se puede inspeccionar a un destino si no está el titular del mismo”. Luego elevó la voz: “Mientras el almirante Bacchi inspeccionaba la Fuerza de Submarinos, yo estaba con la mayoría de la Armada operativa buscando al submarino. La mayoría de los submarinistas estaba embarcada en los buques de la flota de mar colaborando con la búsqueda. Entonces, eso no fue una inspección”.

Señaló además que el informe de elevación del almirante Lezana expresaba, al elevarla al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, que “no se generaron nuevos riesgos institucionales”. “El almirante Pérez Bacchi realizó esos informes y esas inspecciones después de naufragado el submarino, y se expidió después de naufragado el submarino. Nunca antes había dicho algo al respecto”, remarcó. Y planteó: “Si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales, él era almirante de la Armada. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se opuso a que el submarino zarpara?” Añadió lo que consideró un argumento definitorio: “El mismo informe del ISGA y el mismo ISGA reconocen que quienes determinan el grado de alistamiento operativo no es el ISGA, son los comandos de alistamiento y los propios comandantes del buque”.

Luego aclaró: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar”.

El cierre lo protagonizó Vigliero. Se dirigió a su defendido, lo llamó “capitán de ultramar Villamide” -título civil que obtuvo tras ser exonerado de la Armada Argentina- y le preguntó: “¿Puede ser que usted nunca se haya sentido escuchado antes?” Villamide respondió con una voz que se fue quebrando. Tosió varias veces antes de continuar, haciendo un esfuerzo visible para que sus palabras llegaran con claridad a los oídos de los magistrados a través del micrófono.

Ahí contó que cuando concurrió a dar su primera declaración indagatoria en Caleta Olivia llevó documentación y encontró en la sala cajas de los allanamientos realizados al COFS con los precintos de la Armada sin abrir. Recordó que en la Comisión Bicameral, el diputado Carmona lo interpeló al aire: le preguntó por qué recién ahora traía todo ese material, cuando habían desfilado tantas personas sin poder aclarar lo que él estaba explicando. “Y yo le dije: porque me acaban de llamar. Nadie me llamó antes. No me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado. Yo era el comandante de la Fuerza de Submarinos. El almirante Srur no me llamaba. El ministro de Defensa nunca me llamó tampoco. Yo podría haber explicado cosas”, relató.

Reynaldi le dijo que lo notaba emocionado. Villamide lo corrigió una última vez: “Uno tiene bronca. Nada más. Es eso.”

El tribunal declaró un cuarto intermedio hasta el lunes 20 de abril a las 9, donde se recibirán nuevos testimonios de modo presencial y virtual.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el abogado Santiago Viola, cuestionó este jueves la rapidez con la que algunos consejeros impulsan la aprobación de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de magistrados. “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, afirmó durante el debate conjunto de las comisiones de Reglamentación y Selección.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Participaron además los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -esta última por videoconferencia-, los abogados César Grau, Álvaro González y Jimena De la Torre -que se conectó brevemente antes de abordar un vuelo-, el representante del gobierno Santiago Viola, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. Al inicio del encuentro estuvo presente el presidente del cuerpo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien no integra ninguna de las dos comisiones pero se acercó a saludar y agradecer la prontitud con la que el organismo convocó al debate.

Viola, que ocupa su banca en representación del gobierno del presidente Javier Milei, valoró la iniciativa de la Corte pero la encuadró como una sugerencia y no como un proyecto formal. “Siempre es bueno recibir sugerencias de otras partes del derecho, de personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, pero creo que es algo a trabajar”, sostuvo. Y fue más explícito al definir el estatus de la acordada: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”.

El consejero también cuestionó la urgencia con la que algunos miembros del cuerpo reclamaron avanzar hacia una votación. “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”, señaló. En contraste, reivindicó el trabajo del organismo: “Creo que el Consejo viene trabajando bien, tratando de sacar la mayor cantidad de ternas para cubrir las vacantes que tiene”.

Viola también aportó su perspectiva desde adentro del sistema judicial. “Yo estuve en los dos lugares: dentro del Poder Judicial, siempre como empleado y en la función de prosecretario, y después del otro lado. Y creo que hay una gran cantidad de jueces que cumplen correctamente con su función y que tienen, sin lugar a duda, la idoneidad”, afirmó. En esa línea, respaldó las ternas que el Poder Ejecutivo está enviando al Senado para su tratamiento.

Respecto del fondo de la acordada 4/2026 -firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone incorporar tecnología para garantizar el anonimato en las pruebas de oposición, reducir la discrecionalidad en la evaluación de antecedentes, crear un legajo digital para los postulantes e implementar concursos anticipados como regla general para evitar vacancias prolongadas-, Viola evitó pronunciarse en detalle sobre los puntos de acuerdo o desacuerdo y llamó a un análisis pausado. Su propuesta de trabajo apuntó a analizar primero los proyectos que los propios consejeros presentaron oportunamente, por considerar que son quienes mejor conocen las deficiencias del sistema.

“Entiendo que no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo. Todos los que están acá, con la experiencia que tienen y los años que han pasado, conocen en detalle cuáles son las cosas a mejorar, modificar y agregar”, dijo. Y agregó: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

La postura de Viola contrastó con la de otros consejeros que se pronunciaron por aprobar la acordada sin modificaciones. La abogada Jimena De la Torre había sido la más explícita en ese sentido: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Una vez aprobado, pueden venir las reformas de segunda generación, porque todo es perfectible, incluso esta acordada”. El abogado César Grau, por su parte, había expresado “la adhesión en términos incondicionales” a la propuesta.

Lugones, por su parte, reafirmó el compromiso del organismo de trabajar sobre la propuesta pero subrayó los límites de ese proceso. “Entiendo que corresponde, y vamos a trabajar sobre la propuesta de los señores integrantes de la Corte, y vamos a buscar un mejor reglamento, pero no porque no hayamos intentado hacerlo siempre, porque en realidad, si algo que hicimos siempre fue intentar mejorar cosas”, planteó. Luego reiteró la advertencia que había formulado al inicio de la reunión: “Ni en mi jurisdicción, ni cuando antes estaba en la Cámara Civil, nunca voté a libro cerrado nada. Asumo mis responsabilidades y me hago cargo de ellas”.

Para dar cierre al encuentro, Vázquez anunció que se cursarán invitaciones para fijar fechas y que organizaciones del ámbito judicial puedan manifestarse en torno a todos los proyectos sobre la mesa, con el objetivo de garantizar “el más amplio debate” sobre el asunto.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se presentó este jueves en la reunión conjunta de las comisiones de Reglamentación y Selección que inició el análisis de los proyectos para reformar el reglamento de concursos para la selección de magistrados, entre ellos el recientemente impulsado por el máximo tribunal con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Rosatti no integra ninguna de las dos comisiones. Su presencia al inicio del encuentro tuvo como objetivo agradecer la convocatoria y comprometerse a trabajar en conjunto con los distintos integrantes del organismo de selección y remoción de jueces..

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, expresó.

Rosatti agregó que espera que se considere también la intervención de organizaciones no gubernamentales que solicitaron participar en el proceso. “Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”, sostuvo. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo de la Corte, afirmó: “Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.

La reunión estuvo conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Al abrir el encuentro, antes de la llegada del ministro de la Corte, Lugones anticipó los términos en que el Consejo abordará la propuesta del máximo tribunal: “Sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.

También participaron los consejeros Santiago Viola -representante del Poder Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -por videoconferencia-, los abogados César Grau, Alberto Maques y Álvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. La abogada Jimena La Torre se conectó unos minutos al inicio antes de abordar un vuelo.

La acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y presentada en un acto público días después con la presencia de Rosenkrantz y Lorenzetti, propone una reforma integral del sistema de concursos para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal. El proyecto establece dos tipos de concursos: anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos- y especiales -como excepción, simples o múltiples-. Los concursos anticipados deberán integrarse en un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.

La prueba de oposición se dividirá en una etapa general de 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000, con corrección automatizada, y una etapa específica de resolución de casos prácticos. Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen y evaluadas por un Jurado mediante un sistema informático que garantiza el anonimato. Las entrevistas personales serán públicas y transmitidas por medios audiovisuales, con una ponderación máxima de 20 puntos.

En la acordada, la Corte señaló la necesidad de “perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. El texto también identificó la principal deficiencia del sistema vigente: la etapa de evaluación de antecedentes “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”. El proyecto deberá ser aprobado por el plenario del Consejo -que preside el propio Rosatti- para entrar en vigencia. La reunión de comisiones seguía en curso al momento de la publicación de esta nota.

Un suboficial declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que, según un comentario que circulaba entre compañeros, el comandante del ARA San Juan y su segundo habrían tenido posiciones encontradas sobre si volver a sumergirse tras el ingreso de agua de mar al balcón de barras del tanque de baterías número 3 de proa, que había generado un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico a bordo. El relato desató un contrapunto entre las partes que finalmente no prosperó: la defensa que había impulsado la citación del testigo que habría originado ese comentario terminó desistiendo de su propio pedido. El debate, que comenzó el martes 3 de marzo en Río Gallegos y tiene a cuatro exoficiales de la Armada Argentina en el banquillo, procura determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar al momento de su última misión y si en la cadena de conducción hubo incumplimientos con relevancia penal. El veredicto está previsto para mediados de julio de 2026.

Los cuatro imputados son el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro comparecieron ante el estrado y rechazaron todos los cargos en su contra. La acusación es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Gastón Franco Pruzán. Participan además querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes: la querella mayoritaria, encabezada por la abogada Valeria Carreras; la conducida por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales que perecieron en el hundimiento; y la de la abogada Lorena Arias.

El episodio Debrina

El episodio tuvo como disparador la declaración del suboficial principal maquinista Luis Nicolás Cruz, quien relató ante los magistrados lo que un suboficial identificado como Debrina -descripto como camarero del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, con acceso directo a sus oficiales- le habría comentado sobre los momentos previos a la última inmersión del submarino. Fue la querellante Lorena Arias quien, durante el interrogatorio, le leyó al testigo el fragmento de su declaración prestada ante el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, el 28 de junio de 2018, al cierre de aquella testimonial. El texto decía: “A mí me hicieron un comentario, el suboficial Debrina, que es camarero, que Villarreal lo llamó a Correa y el capitán se asombró porque lo llamó él y no el Comandante y el Segundo, y que le dice que fue porque ni el Comandante ni el Segundo estaban en condiciones de tomar una decisión porque no estaban de acuerdo, porque Fernández quería ir abajo y Bergallo no. Después sé que se fueron abajo y anteriormente, por desesperación de Villarreal, llamó a Correa: iban a estar mejor en superficie”.

Este martes, ante el tribunal, Cruz amplió y matizó aquel relato. Explicó que se trataba de algo que había escuchado en la sede del COFS en Mar del Plata: “Se decía que aparentemente hubo un llamado del tercer oficial hacia el jefe de Operaciones, que era Correa. Que había como una discusión del comandante, que quería ir a inmersión para recuperar a la gente después del episodio que tuvieron y, el segundo comandante, que no quería ir a inmersión, estaba en desacuerdo, porque no sabían lo que tenían adentro del tanque de baterías. Eso es lo que se dice. El tercer oficial lo llama al jefe Correa, y lo que sé es que el jefe le dice que por ningún motivo se vayan a inmersión y que continuaran en superficie y se dirijan a Puerto Belgrano, que es el recorrido más corto, antes que ir a Mar del Plata. Eso es todo. Después, cuando ya se dieron cuenta que no había comunicación, se supone que se fueron a inmersión por orden del Comandante“.

Consultado por el juez Mario Reynaldi sobre dónde había escuchado esa versión, Cruz respondió: “Ahí en el COFS, pero no me pregunté qué ni quién porque no lo recuerdo, fue un comentario entre compañeros que hubo”. Cuando el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, le preguntó si recordaba que había sido Debrina quien se lo hizo, el suboficial fue directo: “No, hoy no lo recuerdo si fue él; si lo dije ahí es porque seguramente…”.

El relato alude a lo ocurrido el 14 de noviembre de 2017, un día antes de la pérdida de contacto con el submarino. A las 23:42 de esa jornada, el Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal, jefe de operaciones del ARA San Juan, se comunicó por teléfono satelital IRIDIUM con el Capitán de Fragata Hugo Correa, jefe de operaciones en tierra del COFS, y reportó que la nave estaba en superficie, ventilando, tras registrarse el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación -el snorkel-, que había alcanzado el compartimento de baterías de proa y desencadenado un cortocircuito seguido de un principio de incendio eléctrico. Fue en ese marco que, según la versión transmitida por Debrina a Cruz, se habría producido una discrepancia entre el Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, comandante del submarino -quien habría querido continuar la inmersión- y su segundo, el Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo -quien habría preferido permanecer en superficie-. Al día siguiente, el 15 de noviembre de 2017, se perdió todo contacto con la nave y sus 44 tripulantes.

El abogado de Villamide solicitó de inmediato que Debrina fuera convocado a declarar en persona: “Quiero que quede asentado por secretaría que esta defensa va a pedir que se localice, se identifique y se lo convoque de modo presencial a declarar bajo juramento en este tribunal”. Y respaldó el pedido con énfasis: “Vamos a insistir con la citación a Debrina porque nos parece que si esto es cierto, que haya habido una discusión entre el comandante y su segundo comandante, o simplemente fue un comentario de terceros, o una habladuría o lo que fuera, nos parece que es esencial, y hace a la posición de Villamide como imputado y fundamentalmente hace también al buen nombre del capitán Fernández y del capitán Bergallo. Por eso estoy sorprendido con la oposición de la fiscalía y de las querellas”.

Fue el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras quienes advirtieron en primer término que la declaración del suboficial Cruz ya había sido “incorporada por lectura” al debate oral y que, por ese motivo, no era necesario convocar a Debrina.

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscl argumentó: “La declaración del señor Cruz es del día 28 de junio de 2018. No hay un hecho nuevo, lo que está diciendo el testigo es exactamente lo mismo que dijo en su declaración testimonial. Hemos tenido un sinnúmero de reuniones para determinar qué testigos venían, qué testigos incorporábamos por lectura, nos hemos puesto de acuerdo aquí en este tribunal. Ahora la defensa quiere traer un testigo por el simple hecho de estar en este momento leyendo una testimonial. Este testigo ya fue incorporado por lectura y no hay un hecho nuevo por el cual tenga que venir a declarar”.

Luego la querellante Lorena Arias adhirió a esa postura: “Esto no es un hecho nuevo, doctor. Esta es una testimonial que ya estaba en el momento en que se ofrecieron los testigos, no estamos incorporando ningún hecho nuevo”. La defensa de Correa, a su turno, también consideró que la prueba estaba incorporada y no requirió la presencia del suboficial camarero para aclarar sus presuntos dichos.

Sin embargo, la posición fue cediendo. El querellante Luis Tagliapietra -quien aclaró que aún no se había expedido sobre el tema- terminó adhiriendo al pedido de la defensa con un fundamento que fue más allá de lo normativo: “Si vamos a lo estrictamente jurídico procesal, es correcto lo que han dicho mis colegas respecto de que no es novedoso y que es prueba que se incorporó por lectura sin oposición. Ahora, adhiero a lo que dice el doctor Vigliero: a mí particularmente, y a quienes represento, nos importa la verdad, y todo lo que sea en pos de ello, nosotros vamos a adherir. Además, entiendo que tiene que ver con el derecho de defensa en juicio y queremos evitar todo tipo de posibilidad de nulidades”. La abogada Carreras, por su parte, terminó sumando su respaldo con reservas explícitas: “Hay algo que para mí es clave y es el respeto del proceso. En el respeto del proceso hemos tenido distintas instancias y por la causa, por la entidad que tiene, se han hecho concesiones. De hecho, mi participación acá fue objeto de la impugnación por parte de la defensa de Villamide, y sin embargo estoy acá. En virtud de algunas excepciones que se han realizado y del espíritu y el objetivo que planteaba mi colega Tagliapietra, a modo excepcional, voy a apoyar que se lo cite a Debrina, pero no sin decir que no corresponde porque esto era harto conocido por todos, y su validez es absolutamente cuestionable”.

Fue entonces cuando el propio Vigliero decidió dar un giro a su pedidio inicial. “Voy a retirar mi moción para que venga el testigo personalmente, porque al final del día, como lo dije antes, no es un problema de la defensa de Claudio Villamide... Estoy sorprendido, diría sorprendidísimo, porque más allá de la obviedad del respeto por el proceso, entiendo lo que nos ha dicho el siempre muy amable doctor Gastón Pruzán, el cambio de parecer de la doctora Carreras para apoyar la citación y el doctor Tagliapietra que desde el día uno se ha mostrado siempre interesado en descubrir la verdad, más allá de que podríamos discutir si ese es el objeto de un juicio oral. Pero nos sorprende que, más allá de que uno lo vea y lo escuche recién ahora -que para eso está el debate-, haya habido un contrapunto entre el comandante y su segundo, que insisto, es ajeno a Villamide y es ajeno a esta defensa, y se inscribe en esta línea que va emergiendo una y otra vez a partir de los interrogatorios de la fiscalía y de la querella, que mira hacia la tripulación. No es el caso nuestro, así que retiro la moción, y que sea un tema a resolver por los fiscales, por los querellantes y el tribunal. No es de nuestro interés".

Al término de la exposición del defensor del excapitán de navío, destituido en 2021 por un Consejo de Guerra, Carreras acompañó el desistimiento.

Los jueces del tribunal oral, integrado por su titular Mario Reynaldi, el vocal Enrique Baronetto, el vocal suplente Guillermo Quadrini y el vocal Luis Giménez-, pasó a deliberar y, al cabo de diez minutos, declaró abstracta la citación y la dejó sin efecto.

La décima audiencia incluyó en total cinco declaraciones testimoniales y se extendió por algo más de cinco horas. Este miércoles el debate continuará con el testimonio de tres familiares de tripulantes del ARA San Juan, tras el cual el imputado Villamide ampliará su indagatoria para responder a una serie de presuntas “inexactitudes” que, según su abogado, fueron ventiladas por un testigo durante una de las últimas jornadas del juicio.

En el marco de la novena jornada del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ), donde desde hace un mes se analiza si hubo responsabilidades penales en la tragedia naval, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, adelantó este lunes que es probable que el miércoles se reciba la declaración indagatoria del imputado Claudio Villamide, quien, por intermedio de su defensor, había solicitado deponer nuevamente para aclarar una serie de “inexactitudes” ventiladas por un ex inspector de la Armada durante una de las últimas audiencias.

El ex capitán de navío fue el primero de los cuatro oficiales de la Armada imputados en declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. En esa oportunidad se declaró inocente, dijo que las acusaciones eran “injustas” y negó todos los cargos en su contra. Llegó al debate acusado de “haber omitido las diligencias necesarias” para mantener en condiciones al buque en su calidad de Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) entre febrero y noviembre de 2017. También de “haber permitido” que “dicha unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS N° 04/17″, que delineó la última navegación del SUSJ en los meses de octubre y noviembre.

Desde su inicio a mediados de marzo, el juicio viene produciendo prueba testimonial con el fin de esclarecer el estado material del ARA San Juan para salir a navegar. Es por eso que gran parte de los testigos se pronunciaron con un fuerte contenido técnico, explicando los distintos mecanismos y sistemas del buque -clase TR 1700-, fabricado en Alemania e incorporado a la fuerza naval en 1985, e intentando precisar los alcances de las “novedades” que presentaba la embarcación antes de zarpar a su misión de adiestramiento y control del mar en el Atlántico Sur.

A lo largo de las distintas audiencias, ex comandantes y ex tripulantes del SUSJ, junto a ex titulares de la Fuerza de Submarinos y ex oficiales superiores con competencia presupuestaria o en arsenales, se expidieron respecto a la documentación que quedó en los archivos de la Armada referente al estado de alistamiento del buque, con pruebas pendientes y un pedido de ingreso a dique seco para concretarlas. Ahí aparece uno de los grandes ejes que deberá evaluar el tribunal: ya que si bien las defensas admiten que había tareas por ejecutar, la "seguridad náutica" no estaba en juego, en tanto lo que faltaba por realizar o testear no afectaba la “navegabilidad” del buque.

Uno de los testigos que declaró ante los magistrados Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, fue el contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ex Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022 y encargado, por su rol, de auditar los procesos internos de las diferentes áreas de la fuerza. En su exposición comentó y ratificó, entre otras cosas, una auditoría desarrollada en diciembre de 2016 por su antecesor en el cargo, el contralmirante Guillermo Lezana, que entonces había hallado “deficiencias” y “obras pendientes” que "dificultaban" el alistamiento del SUSJ “para cumplir con los Planes en vigor”.

El testimonio de este infante de marina fue el disparador que llevó al abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, a requerir un espacio en el cronograma de los testigos convocados por las partes para que su defendido pudiera poner en evidencia una serie de presuntas “inexactitudes” esbozadas por Pérez Bacchi a través de una ampliación de su indagatoria.

Ese planteo fue, en efecto, formalizado hace dos semanas. Este lunes a la mañana, al retomar las audiencias -que se llevan adelante semana de por medio- el titular del TOF detalló que, “conforme el cronograma”, la declaración del submarinista imputado “podría ser el miércoles 8″.

“Vamos a realizarla en el transcurso de la semana, conforme las disponibilidades“, dijo en un primer momento el juez Reynaldi. Luego precisó que el acto procesal podría llevarse a cabo este miércoles.

Por otra parte, y antes de comenzar la novena jornada del debate, el presidente del tribunal santacruceño informó a las partes que el martes 31 de marzo se había presentado personalmente en los astilleros TANDANOR para intentar contactar a representantes de la empresa alemana ThyssenKrupp, fabricante del SUSJ, sin obtener respuesta a los correos electrónicos enviados hasta el momento. En esa misma visita, el magistrado aprovechó para realizar una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -gemelo del ARA San Juan-, que se encuentra en proceso de desguace y cuya venta como chatarra es, según indicó, “muy probable”. Reynaldi relató que fue atendido por el ingeniero Ricardo Franceschelli, subdirector de Operaciones, a quien describió como submarinista, ingeniero naval e ingeniero electricista, y señaló que la visita le resultó “fructífera” en términos personales, ya que había podido observar desde el piso el balcón de baterías, las conexiones eléctricas que parten desde ese sector, la cañería que conduce al tanque de snorkel y los recodos de las tuberías de la nave. Todo eso le había permitido comprender, dijo, “el porqué se pueden llegar a producir pinchaduras por la acumulación de sarro”. A partir de esa experiencia, sugirió concretar en las próximas semanas una nueva visita al ARA Santa Cruz.

La novena audiencia

Este lunes, en una nueva sesión en los tribunales federales de Santa Cruz, ubicados en la avenida Presidente Néstor Kirchner al 900, se tomaron cinco declaraciones testimoniales. Una de ellas no fue transmitida de manera virtual porque el declarante pertenecía al área de inteligencia de la Armada y su alocución no podía ser difundida. Luego declararon tres suboficiales -ex tripulantes del SUSJ- y un exoficial de la Armada.

La audiencia duró casi cinco horas y giró en torno a los sistemas de medición de gases que tenía el submarino para evaluar la calidad de la atmósfera durante las navegaciones. También se analizaron las posibilidades de que la válvula E-19 -por donde habría entrado el agua de mar que generó el cortocircuito aquel 14 de noviembre de 2017- estuviera mal cerrada -por error-, averiada -por desgaste- o directamente abierta en virtud de una prueba puntual del equipo encargado de la ventilación del buque o por un accidente.

Por otro lado, el juez Reynaldi informó a las partes que había recibido documentación sobre el estado de salud del testigo Dardo Difalco, contralmirante retirado que fue Auditor de la Armada -jefe del cuerpo de abogados de la fuerza- al momento del naufragio del ARA San Juan y uno de los interventores del sumario disciplinario militar ordenado por el Ministerio de Defensa a los pocos días de la pérdida de contacto de la embarcación con sus 44 tripulantes a bordo. Según el certificado médico incorporado a la causa, sus condiciones clínicas desaconsejaban someterlo a “situaciones estresantes”.

Ante ese escenario, el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras solicitaron que su testimonio fuera incorporado por lectura, aunque Carreras condicionó su apoyo a que la lectura se realizara en voz alta, al igual que el informe del exinspector Lezana -que se terminó leyendo más tarde-. La defensa de Villamide se opuso y pidió tiempo hasta este martes para estudiar la situación. “Queremos que venga acá o que declare por Zoom desde Buenos Aires, si es que está tan afectado como dice estar”, expresó el defensor, quien recordó que Difalco pertenece a un grupo de testigos sobre los cuales las defensas no pudieron ejercer control durante la instrucción penal de la jueza Marta Yáñez.

Las defensas del contraalmirante Luis López Mazzeo -ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada-, del Capitán de Navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos- y del Capitán de Fragata Hugo Correa -responsable de operaciones y comunicaciones del COFS al momento de la pérdida de contacto con el ARA San Juan- acompañaron esa postura. El querellante Luis Tagliapietra no se opuso a la incorporación por lectura pero consideró que la posibilidad planteada por las defensas era “viable” e “interesante”, y se manifestó a favor de escuchar a Difalco “al menos por vía telemática”. La querellante Lorena Arias no se pronunció al respecto.

El interés de las defensas en interrogar a Difalco acaso no sea casual. El contralmirante retirado fue, al momento del naufragio del 15 de noviembre de 2017, el Auditor de la Armada y subordinado directo del entonces jefe del Estado Mayor General, el almirante Marcelo Srur. Cuando el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó el sumario disciplinario, fue Difalco quien lo ejecutó operativamente: designó al instructor, recibió la documentación y viajó personalmente a Caleta Olivia a entregarla en el juzgado federal el mismo día en que Srur firmó la resolución que suspendió a López Mazzeo y a Villamide. Ese expediente, que podía tramitarse en un plazo de seis meses, se resolvió en seis días. El propio Ministerio de Defensa anuló luego la parte de esa resolución que los declaraba presuntos infractores, al advertir que se habían omitido documentos clave y que los peritos designados nunca llegaron a dictaminar.

Años después, López Mazzeo denunció penalmente a Srur, Difalco y al oficial instructor Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad, sosteniendo que el sumario no habría sido una investigación disciplinaria genuina sino un mecanismo para proteger a Srur de eventuales imputaciones penales y desplazar a López Mazzeo, quien -según la tradición institucional de la Armada- era el candidato natural a sucederlo al frente del Estado Mayor General, dado que el COAA era el escalón previo a esa jefatura. La justicia penal no avaló esa hipótesis: los tres fueron sobreseídos y ese sobreseimiento fue confirmado luego en Cámara y Casación.

El 15 de noviembre de 2017 a las 10:51 horas, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registró en el Atlántico Sur un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”. Era el ARA San Juan (SUSJ). El submarino llevaba 44 tripulantes a bordo y había perdido contacto con la Armada Argentina unas horas antes. Casi ocho años después, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz lleva adelante en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento, con cuatro oficiales imputados por presunto incumplimiento de sus deberes y estrago agravado. Entre las pruebas incorporadas a la instrucción penal, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, figura el informe técnico del capitán de navío Gerardo Bellino, perito naval e ingeniero, en el que formuló cinco hipótesis sobre los hechos que, tras el principio de incendio reportado, pudieron haber desembocado en el colapso de la nave.

Todo comenzó la noche anterior. A las 23:42 del 14 de noviembre, el Jefe de Operaciones del SUSJ se comunicó por telefonía satelital IRIDIUM -un sistema que permite realizar llamadas desde cualquier punto del océano- con el Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y reportó: “En superficie - Ventilando - Principio de incendio controlado - Capeando temporal - rumbo 080 velocidad 5 nudos - Mar 6 - Cortocircuito en balcón barra de baterías - Vamos a verificar e informar”. El pronóstico indicaba viento del oeste con ráfagas de hasta 47 nudos y olas de entre dos y tres metros.

Lo que había ocurrido era lo siguiente: un volumen indeterminado de agua de mar había ingresado al tanque de baterías n° 3 de proa a través del sistema de ventilación, específicamente por el flap E19, una válvula que por diseño no debería estar abierta durante la navegación. El agua en contacto con las baterías de plomo-ácido generó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras -el compartimento donde se alojan las conexiones eléctricas de las baterías-. Allí, el buque salió a superficie, afrontó el temporal y controló -según las novedades- el foco ígneo. Las baterías de proa quedaron inhabilitadas, y eso obligó a la embarcación a propulsar en “circuito dividido”, es decir, con solo la mitad de su capacidad energética ubicada en popa.

A las 00:58 del 15 de noviembre, el comandante Pedro Martín Fernández habló por teléfono con el comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide. Fernández le comunicó su intención de cargar aire, regresar a inmersión y reconectar las baterías de proa para recuperar velocidad. El COFS -hoy imputado- le ordenó finalizar la patrulla y regresar a Mar del Plata. También le recomendó no reconectar las baterías, aunque le aclaró: “Usted es el que está a bordo”.

A las 06:00 del 15 de noviembre, el ARA San Juan envió un mensaje de texto por sistema HF TONINA -conexión radioeléctrica de alta frecuencia- donde se describía con mayor detalle lo ocurrido: “INGRESO DE AGUA DE MAR POR SISTEMA DE VENTILACIÓN AL TANQUE DE BATERÍAS N° 3. OCASIONÓ CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO EN EL BALCÓN DE BARRAS DE BATERÍAS. BATERÍAS DE PROA FUERA DE SERVICIO. AL MOMENTO EN INMERSIÓN PROPULSANDO CON CIRCUITO DIVIDIDO. SIN NOVEDADES DE PERSONAL. MANTENDRÉ INFORMADO”.

A las 07:19, el Jefe de Operaciones de la unidad realizó la última comunicación oral registrada desde el submarino, por IRIDIUM: “En plano de periscopio - Navegando con rumbo 015°, velocidad 5 nudos - Intención ir a plano de seguridad - Descansar y después abrir tanque de baterías”. Después de esa llamada, la embarcación no volvió a comunicarse. A las 09:35, el Comando de la Fuerza de Submarinos le ordenó “Actualizar situación - Comunicarse con CENCOMSUB”. No hubo respuestas. A las 10:51, la CTBTO registró el evento hidroacústico. Los restos del naufragio serían posteriormente ubicados en la Plataforma Continental Argentina, en posición 45°56′59.63″S y 59°46′22.71″O, a una profundidad de 907 metros, a aproximadamente 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Las cinco hipótesis de Bellino

Así las cosas, el informe técnico del Capitán de Navío Bellino parte de dos hechos que considera comprobados: las malas condiciones meteorológicas y el ingreso de agua de mar al tanque de baterías del compartimento de proa. Lo que se propone responder es qué ocurrió entre las 07:19 y las 10:51, el lapso de tres horas y media durante el cual el submarino dejó de comunicarse con la guardia en tierra. Sus cinco hipótesis reconocen expresamente que “los acontecimientos posteriores a la avería o incidente inicial son deducciones o suposiciones que, pese a recurrir para su formulación a la mayor rigurosidad técnica y científica posible, no permiten afirmar con certeza que representen exactamente lo sucedido a bordo del SUSJ en el período de tiempo involucrado”.

La primera hipótesis plantea que el hidrógeno acumulado en el tanque de baterías explotó sin ser detectado previamente por la tripulación. Ese hidrógeno se habría generado por electrólisis: el agua que había ingresado al tanque y permanecía en contacto con las baterías de plomo-ácido habría sido descompuesta por la corriente eléctrica residual de esas mismas baterías en oxígeno e hidrógeno, un gas invisible e inodoro que se acumula en espacios cerrados y es explosivo en concentraciones superiores al 4%. La dotación no habría podido detectarlo a tiempo porque los sensores fijos de la nave que monitorean la concentración de gases pudieron haber sido afectados por el principio de incendio anterior, y los detectores manuales que los tripulantes pueden llevar al compartimento no contaban con los reactivos necesarios para funcionar. La explosión habría afectado a gran parte de los tripulantes, concentrada en la zona de proa justo encima del tanque afectado.

Para el perito, el personal que no fue alcanzado por el impacto no logró ejecutar las maniobras de emergencia para salir a superficie y el submarino ingresó así en un descenso sin control hasta superar la profundidad de colapso, estimada en 600 metros, produciéndose la implosión del casco resistente por aumento de la presión.

El segundo escenario no involucra explosión de hidrógeno. Según la última comunicación registrada, la intención del comandante Fernández era ir a "plano de seguridad" -una profundidad de aproximadamente 40 metros, donde el submarino queda a resguardo de las condiciones meteorológicas en superficie- para descansar a la tripulación y luego inspeccionar el sector afectado. Bellino plantea que, para asegurar la estabilidad, el submarino pudo haber descendido por debajo de esos 40 metros, entrando en lo que se denomina "plano profundo“. En ese orden, pudo haberse producido una avería en el sistema de refrigeración principal -que tenía antecedentes de fallas en 2016 y nunca había sido probado a la presión de 62,5 bares- generando una "vía de agua“. Agravado por el hecho de que el submarino propulsaba en circuito dividido, con velocidad y capacidad de maniobra reducidas, no habría podido compensar el exceso de peso de la nave y perdió el plano de inmersión, descendiendo hasta el colapso.

La tercera hipótesis expone que el submarino se quedó sin propulsión, ya sea por una falla en los interruptores del tablero de propulsión o al intentar reconectar las baterías de proa. Un submarino convencional necesita velocidad para mantenerse en el plano correcto -de manera similar a como un avión necesita velocidad para mantenerse en el aire-. Sin propulsión, el descenso fue inevitable. Bellino reconoce que esta posibilidad no tiene respaldo documental y se apoya en la experiencia operativa de los submarinistas que colaboraron en el informe.

La cuarta formulación plantea que el buque, al propulsar en circuito dividido, incurrió en un mayor consumo energético y necesitó realizar una nueva maniobra de snorkel -el procedimiento por el cual se iza un tubo hasta cerca de la superficie para poder encender los motores diésel y recargar las baterías- y durante esa maniobra volvió a ingresar agua por el flap E19, desencadenando un segundo principio de incendio ya incontrolable. El ingeniero naval la considera “poco probable”, aunque no descartable.

La quinta y última hipótesis, que en el informe se define como “altamente probable”, es una combinación de todas las anteriores: explosión interna por hidrógeno, vía de agua, falla de propulsión o emergencia durante el snorkel, actuando de manera simultánea o sucesiva. La confluencia de varias causas al mismo tiempo -en un buque que ya navegaba a media máquina, con velocidad limitada y en condiciones meteorológicas adversas- fue lo que, según el especialista, pudo haber impedido revertir la situación y alcanzar la superficie.

Las hipótesis de Bellino son unas entre varias que fueron incorporadas a la instrucción de primera instancia, a falta de pericias científicas sobre los restos del buque. La comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa, el capitán de navío Arturo Marfort, el Consejo Asesor del Arma Submarina -presidido por el comodoro de Marina Gabriel Attis, quien declaró recientemente en el juicio- y el propio fabricante del submarino, la empresa alemana ThyssenKrupp, que en diciembre de 2017 se reunió con la Armada para evaluar las posibles causas del naufragio, también pusieron por escrito sus conjeturas.

En las próximas semanas los especialistas serán convocados para brindar testimonio ante los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini -vocal suplente-, integrantes del tribunal encargado de conducir el debate oral.

La causa causa “Cuadernos” sumó una nueva jornada de audiencias con la decisión de los empresarios Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio de no declarar ante el Tribunal Oral Federal N° 7, en una sesión realizada en la sala Auditorium de Comodoro Py. Ambos imputados optaron por guardar silencio o reservar su exposición para una instancia posterior, en el marco del avance de las indagatorias en el debate oral que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La audiencia se desarrolló ante el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, y comenzó con un planteo de la fiscal Fabiana León, quien cuestionó la existencia de canales informales de comunicación -Whatsapp- entre el tribunal y las defensas sin acceso para el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, reclamó “acceso igualitario a la información” y advirtió que esa situación generaba “conflicto y controversia”.

En ese contexto, otros imputados sí prestaron declaración. El empresario Carlos Mundin negó las acusaciones vinculadas a las anotaciones del remisero Oscar Centeno y afirmó que “lo que escribió Centeno fue un invento”, al sostener que podía probarlo con registros de antenas de telefonía. También encuadró sus reuniones con funcionarios como parte de la actividad normal vinculada a la ejecución de las distintas obras.

Por su parte, el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain rechazó haber participado en maniobras irregulares y cuestionó los hechos incluidos en su elevación a juicio. “Esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y agregó que una inspección posterior no detectó facturación apócrifa. También relativizó los dichos de Centeno al señalar que “habló de un paquete, no de dinero”.

En la misma audiencia, el empresario Alberto Tasselli describió un esquema de pedidos de dinero por parte del exfuncionario Roberto Baratta, que vinculó a aportes de campaña y relató haber recibido presiones para concretarlos. “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”, afirmó. También sostuvo que se le exigía que los pagos fueran en dólares: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”.

Además de Calcaterra y Roggio, otros imputados como Armando Loson optaron por no declarar o diferir su exposición. En el caso de Hernán Del Río, se incorporó su testimonio previo, en el que había denunciado amenazas y expresado temor: “Me dijeron que el silencio es salud… estoy aterrado”.

Fin de la audiencia

Tras la última declaración indagatoria, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la jornada y convocó a todas las partes para el próximo martes a las 9.

300 mil dólares “para la campaña”

“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró el empresario Taselli ante una pregunta del juez Castelli acerca de las entregas de dinero. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.

“Baratta me pidió un aporte para la campaña y estaba prácticamente obligado a aceptarlo”

El empresario Alberto Taselli, de 79 años, nacido en Italia, de profesión industrial y titular de una empresa dedicada a la construcción de transformadores eléctricos, declaró ante el tribunal y describió un pedido de dinero que -según afirmó- le realizó el exfuncionario Roberto Baratta en el contexto de una campaña electoral. “Quisiera confirmar que Baratta me llamó en un momento por teléfono, en donde me solicitó un aporte para la campaña”, sostuvo.

Según relató, el planteo incluyó una referencia al monto, aunque sin mayores precisiones: “Me puso un papelito sobre el escritorio en el que había un ‘1’. Me extrañó un poco la cosa, traté de ver qué era eso. ‘No, mirá, esto es para la campaña’, me dijo”. Taselli explicó que la situación le generó desconcierto, en particular porque no se especificaba la moneda: “Era una cifra que no sabía en qué moneda estaba”.

El empresario señaló además que, con el paso del tiempo, comenzaron a insistirle para concretar el pago. Afirmó que el exfuncionario lo “apestillaba” para que cumpliera con el requerimiento. “Empezaron a apretarme para el tema del pago”, dijo, y explicó: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

En ese marco, sostuvo que incluso hubo exigencias respecto de la moneda en la que debía realizarse el aporte. “Nosotros pagábamos en pesos, y me llamó Baratta y me dijo: ‘no te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos’”. Y agregó: “Esto no es menos que una apretada. Toda mi entrega fue siempre en pesos, por más que él me exigiera dólares. Yo sentía que estaba frente a una exigencia”.

Taselli indicó que no comprendía el motivo del pedido ni la intervención de ese funcionario en su actividad. “Yo decía, no entiendo por qué razón me venía el pedido de ahí y no de otro lado, porque Baratta para mí no era nadie, no era alguien que licitaba o compraba”. En esa línea, explicó que su actividad no le permitía intervenir en procesos licitatorios ni influir en adjudicaciones: “Yo no tenía ninguna manera de arreglar alguna licitación”.

También precisó que las compras de los equipos que fabricaba su empresa dependían de las compañías del sector eléctrico. “Las compras las hacían cada ente eléctrico, Edesur, Edenor… ellos eran los que nos compraban. Para comprar un transformador había que llenar documentación técnica que debía ser evaluada para adjudicar. Baratta no estaba en condiciones de evaluar una cosa de estas características”.

A su vez, describió su situación empresarial como fuertemente dependiente del sector público, lo que -según dijo- condicionaba su margen de decisión frente a ese tipo de pedidos. “Esos pedidos venían en forma apretada, insistente, para que paguemos esto”, afirmó. “Estaba prácticamente obligado a aceptarlo, porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kW, y el único que podía comprármelas era el Estado; no había nadie más que pudiera adquirir estos equipos”.

En ese contexto, reforzó la falta de alternativas frente a esa situación. “Estábamos obligados a hacerlo porque era el Estado, era mi único cliente, y si yo dejaba de hacerlo estábamos en peores condiciones”, sostuvo. Y agregó: “Todos los meses teníamos que pagar los sueldos, que nunca dejé de pagarlos en 35 años”.

“Realmente estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía”, expresó. En ese sentido, negó haber recibido contraprestaciones o beneficios por parte del Estado a raíz de esos pagos.

Lascurain negó irregularidades en su empresa y sostuvo que no existieron facturas apócrifas

El ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, rechazó durante su declaración las acusaciones en su contra en la causa y negó haber participado en maniobras de facturación apócrifa, por las que se lo vincula con operaciones por alrededor de 400 millones. “Lo que quiero señalar es que esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y remarcó que una inspección realizada en junio de 2019 “determinó que no hubo facturas apócrifas por contraprestaciones inexistentes”.

En esa línea, cuestionó la hipótesis de que su empresa se hubiera beneficiado de adjudicaciones públicas como contrapartida de pagos indebidos. A su vez, al describir la actividad de su firma, Fainser, puso como ejemplo un trabajo realizado para Dow Chemical: “Nos compró una caldera de 175 toneladas, la transportamos en un mes y diez días a Bahía Blanca, con toda una estructura y una logística, no son cosas sencillas las que nosotros hacemos”.

Durante su exposición, también repasó su trayectoria personal y empresarial. Relató que comenzó a trabajar a los 18 años, que manejó un taxi durante ocho años y que luego se volcó a la actividad industrial. Indicó que desde 1980 participó en el ámbito gremial empresario representando a fabricantes de acero, que en 1998 fue designado presidente de ADIMRA y que en 2007 asumió la conducción de la UIA. Sobre ese período, recordó la crisis energética de ese año, la estatización de las AFJP -que, según explicó, fue apoyada por el consejo directivo de la entidad- y el conflicto con el sector agropecuario en 2008, frente al cual la UIA adoptó una postura “equidistante”, promoviendo el diálogo.

Asimismo, mencionó su participación en viajes oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo misiones a Rusia y España, donde señaló haber recibido una condecoración, y encuentros bilaterales con Brasil orientados a fortalecer la industria en el Mercosur. “Esto es todo lo que he hecho en mi vida, de lo cual estoy absolutamente conforme y lo volvería a hacer”, expresó.