El consejero de la Magistratura César Antonio Grau le pidió este viernes a Horacio Rosatti, presidente del organismo y titular de la Corte Suprema, que trate con carácter urgente y preferencial en el próximo Plenario una declaración pública respaldada por distintas asociaciones y juristas, que reclama cambios en el sistema de concursos para seleccionar jueces nacionales y federales. La presentación se produjo a pocos días del vencimiento de los mandatos de casi todos los integrantes del Consejo, previsto para el 18 de noviembre.

El representante de los abogados solicitó que el documento “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos” sea considerado previamente por la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor, encargada de organizar la actividad del Plenario.

En su escrito a Rosatti, Grau pidió “con carácter de urgente y preferencial, para la próxima reunión de la COMISIÓN AUXILIAR DE COORDINACIÓN DE LABOR y de PLENARIO, el tratamiento y consideración de la Declaración Pública titulada ‘Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos’”.

“La Constitución exige que los jueces sean los más idóneos, independientes y eficaces. Reitero una vez más mi posición pública de adhesión in totum al documento mencionado y solicito su urgente tratamiento e inmediata implementación a todos los concursos en trámite”, añadió el consejero.

El pedido se produce en momentos en que, según pudo saber Infobae, el Consejo evalúa avanzar con la aprobación de nuevas ternas de candidatos para cubrir vacantes judiciales en un próximo Plenario, todavía sin fecha definida, antes del recambio de sus integrantes.

El reclamo de las organizaciones

La declaración fue difundida esta semana y reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas y 277 firmantes individuales. Su propuesta central consiste en limitar a 20 puntos la incidencia de la entrevista personal en los concursos, en línea con una iniciativa impulsada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”, afirma el documento en cuestión.

Los firmantes cuestionan los criterios utilizados para determinar qué postulantes acceden a la entrevista y el peso de esa instancia sobre las calificaciones obtenidas en las etapas anteriores. Señalan que las decisiones adoptadas en esa instancia pueden modificar el orden de mérito surgido de los antecedentes y las pruebas de oposición.

“Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”, advierten.

En consecuencia, solicitan que el Consejo actúe “con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El documento plantea una modificación específica del esquema de evaluación, centrada en la entrevista personal. El consejero Grau, en tanto, reclama que esas pautas alcancen también a los concursos que se encuentran en trámite, además de los que se convoquen en adelante.

Entre las instituciones adherentes figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Poder Ciudadano, CIPPEC, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y distintos colegios de abogados.

También suscribieron el documento los juristas Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández y Daniel Sabsay. La nómina de adherentes individuales incluye a Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz, entre dirigentes políticos y exfuncionarios de distintos espacios.

La propuesta de la Corte

El proyecto elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti fue remitido al Consejo mediante la Acordada 4/2026. Su tratamiento comenzó en abril, en reuniones conjuntas de las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación, aunque todavía no se logró acordar una reforma integral del esquema.

La iniciativa propone una evaluación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 para la entrevista personal. También contempla pruebas de conocimientos jurídicos y ejercicios prácticos, mecanismos para preservar el anonimato de los concursantes y pautas para valorar sus antecedentes profesionales y académicos.

La entrevista constituye una de las últimas instancias del procedimiento, después de la evaluación de antecedentes y de las pruebas de oposición. Su incidencia en el puntaje final es uno de los aspectos centrales del debate sobre la reforma.

Entre los cambios previstos aparecen los concursos anticipados y los legajos digitales para los aspirantes. La propuesta fija, además, un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición para completar cada procedimiento, prorrogable por otros 30 mediante una resolución fundada del Plenario.

El Consejo de la Magistratura organiza los concursos destinados a cubrir cargos en los tribunales nacionales y federales inferiores. Tras evaluar a los postulantes, aprueba ternas y las remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los candidatos y solicita el acuerdo del Senado para su designación.

La Justicia federal ordenó a Transcont SRL, una empresa dedicada al transporte de cargas y servicios logísticos, pagar una multa de $2.490.228, más intereses y costas, impuesta por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La sanción se originó en una fiscalización que detectó irregularidades en la gestión de residuos especiales y materiales peligrosos, con riesgo potencial de contaminación del suelo y del sistema pluvial, y en el posterior incumplimiento de un plan de adecuación ambiental exigido por el organismo.

La decisión fue adoptada por el juez Elías Alfredo Tapia, titular del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 5, quien este miércoles rechazó la defensa presentada por la compañía y dispuso que continuara el procedimiento judicial iniciado para obtener el cobro de la deuda.

El conflicto se remonta a 2024, cuando una inspección de ACUMAR identificó deficiencias en las condiciones de gestión ambiental de un establecimiento de Transcont SRL. Según las actuaciones administrativas incorporadas al expediente, las observaciones estaban relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, cuya gestión incorrecta representaba un riesgo para el entorno.

A raíz de esas constataciones, la firma fue calificada como agente contaminante e intimada a presentar un Plan de Adecuación Ambiental de categoría C, destinado a corregir los incumplimientos identificados. El requerimiento fue comunicado el 24 de octubre de 2024 mediante la plataforma electrónica Trámites a Distancia (TAD).

La exigencia se encuentra contemplada en la Resolución 12/2019 de ACUMAR, que regula la fiscalización de establecimientos con incidencia ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. La normativa establece que pueden ser declarados agentes contaminantes aquellos que generen impactos negativos sobre el aire, el agua, el suelo o el ambiente en general, así como los que superen los límites permitidos para el vertido de efluentes líquidos.

Una vez recibida esa calificación, los responsables deben presentar un programa que detalle las medidas destinadas a subsanar las deficiencias, con objetivos, plazos e indicadores de cumplimiento. En los planes de categoría C, la presentación debe realizarse dentro de un máximo de 30 días hábiles, mientras que su ejecución puede extenderse durante 12 meses, con posibilidad de una prórroga excepcional.

En el caso de Transcont SRL, la compañía no presentó la documentación requerida dentro del plazo correspondiente, circunstancia que motivó el avance del procedimiento sancionatorio.

El 20 de noviembre de 2024, ACUMAR le comunicó las condiciones de pago de la multa, la posibilidad de acceder a una reducción del importe mediante su cancelación voluntaria y las consecuencias de mantener el incumplimiento.

Finalmente, el 20 de febrero de 2025, la Dirección General Ambiental dictó la Disposición DI-2025-64-APN-DGAMB#ACUMAR, que formalizó la sanción económica. El acto administrativo, de acuerdo a las actuaciones, fue notificado electrónicamente al día siguiente.

El organismo encargado del saneamiento del Riachuelo

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es, en rigor, un ente público interjurisdiccional integrado por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue creado en 2006 mediante la Ley 26.168, en el contexto de la causa Mendoza, iniciada por vecinos afectados por la contaminación de la cuenca.

En junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia intervino en el expediente y requirió a las autoridades la elaboración de un plan de saneamiento. Posteriormente, el 8 de julio de 2008, el máximo tribunal dictó una sentencia que estableció responsabilidades para las tres jurisdicciones y encomendó a ACUMAR la ejecución de las medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir nuevos daños.

El organismo tiene competencia sobre un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y parte de la Capital Federal. Actualmente está presidido por Lucas Martín Figueras, designado en enero de 2024, y cuenta con un Consejo Directivo conformado por representantes de las tres jurisdicciones.

Entre sus facultades se encuentran la inspección de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, la exigencia de medidas correctivas y la aplicación de sanciones frente a infracciones ambientales. Estas atribuciones comprenden la supervisión de la gestión de residuos, los efluentes y otras actividades con incidencia sobre la cuenca.

La defensa de la empresa y los fundamentos del juez

Tras el vencimiento de la obligación de pago, ACUMAR inició una ejecución fiscal contra Transcont SRL por $2.490.228, respaldada por el certificado de deuda N.º 1162. Frente a ese reclamo, la firma presentó una excepción de inhabilidad de título, un mecanismo procesal mediante el cual cuestionó la validez del documento utilizado para exigir judicialmente el importe.

Su planteo se concentró en la forma en que había sido comunicada la sanción. La empresa sostuvo que nunca recibió una notificación válida de la disposición administrativa que estableció la multa y señaló que una de las cédulas incorporadas al expediente había sido dirigida a un domicilio que no le correspondía.

También objetó que el acta respectiva no había sido confeccionada ni firmada por el oficial notificador. Según argumentó, esas irregularidades le impidieron conocer oportunamente la decisión, presentar los recursos administrativos disponibles y ejercer su derecho de defensa.

Con esos fundamentos, solicitó el rechazo de la ejecución fiscal y la imposición de las costas a la parte demandante.

ACUMAR, en cambio, aseguró que la resolución había sido debidamente notificada mediante la plataforma Trámites a Distancia, al domicilio electrónico constituido por la empresa. Por ese motivo, consideró que los cuestionamientos relacionados con una cédula en soporte papel resultaban improcedentes y sostuvo que el acto administrativo se encontraba firme.

Al examinar las posiciones, el juez Tapia explicó que los procedimientos de ejecución fiscal tienen un alcance limitado. En particular, remarcó que la excepción de inhabilidad de título permite discutir, como regla general, los requisitos formales del documento utilizado para reclamar una deuda, pero no revisar las circunstancias que determinaron su origen.

El magistrado recordó que la jurisprudencia admite excepciones cuando la inexistencia o ilegitimidad de la obligación resulta manifiesta y la aplicación estricta de las reglas procesales puede conducir a una situación de injusticia evidente. Sin embargo, consideró que esos presupuestos no se verificaban en el caso.

De todos modos, examinó las constancias administrativas acompañadas por el organismo y reconstruyó las comunicaciones efectuadas a lo largo del procedimiento. Así, constató que la intimación para presentar el plan de adecuación había sido notificada el 24 de octubre de 2024, que posteriormente se había informado la aplicación de la sanción y que la disposición definitiva fue comunicada el 21 de febrero de 2025.

Para resolver la controversia, el magistrado se apoyó en el Decreto 1063/2016, que reconoce la validez jurídica de las notificaciones realizadas mediante TAD. Esa disposición establece que las comunicaciones cursadas al domicilio especial electrónico constituido por los interesados tienen eficacia legal y garantizan la integridad y seguridad de la información transmitida.

En función de esas constancias, Tapia concluyó que la notificación electrónica de la multa había sido efectuada conforme al procedimiento previsto legalmente, por lo que los cuestionamientos relacionados con una eventual comunicación en papel no resultaban suficientes para invalidarla.

Con ese razonamiento, rechazó la defensa de Transcont SRL y ordenó continuar con la ejecución fiscal hasta que ACUMAR obtenga el pago de los $2.490.228 reclamados.

La sentencia dispuso, además, que el monto devengue intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco Nación, desde el inicio de la mora hasta su cancelación, y estableció que las costas del proceso queden a cargo de la empresa.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá intervenir en dos causas vinculadas con las presuntas estafas atribuidas a Alejandro Muszak, fundador de la fintech Wenance, y a Paola Adriana Vallone, exdirectiva de sociedades del grupo. La decisión puso fin a un conflicto de competencia entre dos tribunales que rechazaban asumir la tramitación conjunta de los expedientes, relacionados con supuestas maniobras fraudulentas en la concesión de préstamos personales y la captación de inversiones financieras.

La resolución fue dictada este martes por el juez Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quien intervino de manera unipersonal y coincidió con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé. El desacuerdo se había originado después de que las investigaciones fueran elevadas a juicio el pasado 13 de julio y asignadas, por separado, a los tribunales orales federales N.º 4 y N.º 2 de San Martín, pese a que su vinculación ya había sido establecida durante la instrucción.

La controversia, en rigor, giró en torno a dos criterios procesales: si correspondía concentrar las actuaciones ante el tribunal que había recibido la causa de mayor gravedad o si debía respetarse la primera asignación judicial, efectuada apenas dos horas antes. Casación se inclinó por esta última alternativa y dispuso que ambos expedientes continuaran ante el TOF 4.

Las causas contra Muszak y el origen del conflicto

La investigación sobre Wenance comprende distintas denuncias por presuntas defraudaciones relacionadas con las actividades del conglomerado financiero encabezado por el empresario Muszak. La empresa desarrolló un negocio de préstamos personales a través de plataformas digitales, entre ellas Presto Hoy, y recurrió a diferentes mecanismos de financiación para captar capital de inversores particulares.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los responsables de la estructura habrían ofrecido instrumentos financieros que prometían rendimientos elevados, en determinados casos de hasta el 12% anual en dólares, mediante contratos de mutuo y fideicomisos vinculados con sociedades del grupo. Los investigadores sostienen que esas operaciones presentaban una apariencia de solvencia y rentabilidad que habría inducido a los ahorristas a entregar su dinero, hasta que en julio de 2023 comenzaron a producirse incumplimientos generalizados.

La acusación considera que no se trató únicamente de negocios que atravesaron dificultades económicas, sino de un presunto esquema organizado de defraudación. En el tramo principal de la causa, instruido por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, con intervención del fiscal Federico Iuspa, se investigan cientos de hechos de estafa y la posible existencia de una asociación ilícita.

En paralelo, otro expediente examina operaciones de crédito otorgadas mediante las plataformas comerciales de Wenance. En esa pesquisa se recibieron denuncias de clientes que habrían sufrido débitos bancarios superiores a los acordados, descuentos no autorizados y reclamos de pago por obligaciones presuntamente canceladas.

Los antecedentes de ambos procesos se remontan a actuaciones iniciadas en distintos momentos. Uno de los expedientes lleva el número 18.175/2017, mientras que el otro fue registrado bajo el número 42.394/2023. Aunque tenían objetos diferenciados, compartían imputados y fueron vinculados judicialmente el 15 de agosto de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43 de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, ese juzgado se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, donde continuó la investigación hasta su elevación a juicio.

El problema surgió el 13 de julio de este año.

Ese día, el expediente iniciado en 2017 fue elevado a las 10:04 y asignado mediante sorteo al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín. La causa de 2023 ingresó a las 12:05 y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal N.º 2. Así, dos investigaciones cuya tramitación conjunta había sido dispuesta durante la instrucción terminaron distribuidas entre distintos órganos judiciales.

El 7 de agosto, el TOF 4 decidió declinar su competencia y remitir el expediente que había recibido al TOF 2. Sus magistrados consideraron que las causas estaban conectadas por la identidad de los acusados y la naturaleza de los hechos atribuidos, pero entendieron que correspondía concentrarlas ante el tribunal donde se encontraba radicada la investigación de mayor gravedad, que además involucraba a otras personas.

Para fundamentar esa decisión, expusieron que “los delitos enrostrados a los encausados en el expediente CCC 42.394/2023/TO1 son de mayor gravedad y donde se encuentran imputados, además, otras personas”, por lo que correspondía aplicar el criterio previsto en el artículo 42 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el 5 de octubre, los jueces del TOF 2 rechazaron recibir las actuaciones y las devolvieron al tribunal de origen.

El argumento fue diferente: si las investigaciones ya habían sido acumuladas y la primera había sido asignada al TOF 4, correspondía respetar esa radicación inicial, independientemente de cuál de los expedientes comprendiera las acusaciones más graves.

Los magistrados consideraron que “Admitir que la posterior asignación de la causa CCC 42.394/2023/TO1 tenga aptitud para desplazar aquella intervención supondría alterar el orden de asignación jurisdiccional sin que se adviertan razones que justifiquen apartarse de dicho criterio y, lo que es peor, afectar la garantía del juez natural que debe primar en el proceso”.

Ante la falta de acuerdo, ambos tribunales mantuvieron sus respectivas posiciones y elevaron el conflicto a la Cámara Federal de Casación Penal para que determinara cuál debía continuar con las actuaciones.

El criterio de Casación y la próxima etapa del proceso

Una vez recibidos los expedientes, la Sala IV dio intervención al fiscal general Raúl Omar Pleé, quien emitió dictámenes coincidentes y se pronunció a favor de asignar ambas causas al TOF 4.

El representante del Ministerio Público recordó que la conexidad había sido declarada en agosto de 2023, antes de que las actuaciones llegaran a la instancia de juicio. Por lo tanto, postuló que el primer tribunal sorteado debía conservar la competencia sobre el conjunto de los expedientes, sin que resultara determinante la mayor gravedad de los delitos investigados en uno de ellos.

En su dictamen, Pleé expresó: “De esa manera, entiendo que, efectuado el sorteo de estilo, es el primer tribunal interviniente -TOF N° 4 de San Martín, en el marco de la causa CCC 18.175/2017 elevada el 13 de julio de 2026, a las 10:04 horas- el juez natural designado para resolver sobre el expediente CCC 18.175/2017 y la totalidad de sus acumulados, incluida la aquí en cuestión, CCC 42.394/2023”.

Al resolver la controversia, el juez Hornos compartió esa interpretación y señaló que no existía discusión sobre la vinculación objetiva y subjetiva de las investigaciones. La cuestión consistía exclusivamente en establecer ante cuál de los dos órganos judiciales debían quedar radicadas.

El camarista explicó que el hecho de que ambos expedientes hubieran sido sorteados el mismo día debía examinarse a la luz de la acumulación previamente dispuesta. En ese sentido, indicó que “no puede soslayarse que la conexidad entre ambas causas había sido declarada durante la instrucción, con anterioridad a su elevación a juicio, de modo que su tramitación conjunta constituía una circunstancia preexistente que debía ser contemplada al momento de efectuar las respectivas asignaciones”.

El magistrado también descartó que correspondiera aplicar automáticamente la regla que privilegia la competencia del tribunal vinculado con el delito más grave.

“En ese contexto, la regla del art. 42, inc. 1), del C.P.P.N. invocada por el tribunal declinante no resulta decisiva, pues no se trata aquí de determinar el tribunal competente para disponer una acumulación aún pendiente, sino de establecer ante cuál de los dos órganos quedó radicado un conjunto de causas cuya tramitación conjunta ya había sido dispuesta”, fundamentó.

A continuación, Hornos valoró que ninguno de los tribunales enfrentados hubiera avanzado en el trámite ni fijado fecha para el debate oral. En esas condiciones, planteó que la asignación posterior no podía desplazar la radicación establecida previamente y que la solución debía atender a la mejor y más pronta administración de justicia.

Con esos fundamentos, declaró competente al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín para continuar con los dos expedientes y ordenó remitirle las actuaciones, con comunicación de lo resuelto al TOF 2.

La decisión se produce mientras la causa sobre Wenance continúa ampliándose en otros tramos. En agosto, la Justicia había incorporado tres nuevos casos de presunta estafa a los 524 hechos que ya integraban el expediente principal destinado a juicio, mientras que en septiembre se conocieron otras 44 denuncias vinculadas con la operatoria de préstamos personales.

El 5 de octubre, además, el fiscal Federico Iuspa solicitó que Muszak, Vallone y otros acusados fueran nuevamente convocados a declaración indagatoria por 520 presuntas estafas adicionales, relacionadas con operaciones de inversión que habrían ocasionado perjuicios a 410 ahorristas por aproximadamente 3.331 millones de pesos, 8,7 millones de dólares y 143.600 euros.

El empresario imputado, que permanece detenido preventivamente, afronta distintas acusaciones derivadas del funcionamiento de las sociedades vinculadas con Wenance. Su defensa había solicitado en oportunidades anteriores la excarcelación y la prisión domiciliaria, planteos rechazados por los tribunales intervinientes.

Tras la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá recibir las actuaciones, avanzar con los trámites preparatorios y fijar la fecha del debate oral en el que serán juzgados Muszak y Vallone.

Un conjunto de organizaciones judiciales, entidades empresarias y asociaciones de la sociedad civil reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación que avance con una reforma del reglamento de selección de jueces para reducir la incidencia de las entrevistas personales en los resultados de los concursos y establecer mayores garantías de objetividad en la conformación de las ternas de candidatos a ocupar cargos en la Justicia nacional y federal.

La solicitud quedó plasmada en una declaración pública difundida en noviembre bajo el título “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”, que reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas destacados y 277 firmantes individuales. El documento cuestiona los márgenes de discrecionalidad que, según sus impulsores, persisten en los procedimientos de evaluación y propone que la entrevista personal represente un máximo de 20 puntos, en consonancia con el proyecto de reforma presentado en marzo por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La presentación comienza con una definición sobre el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones que, a criterio de sus firmantes, deben orientar la designación de magistrados. “Queremos que la justicia funcione mejor. Creemos en la democracia y en el respeto a la ley.”

A continuación, las entidades fundamentan su planteo en las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a la magistratura y en las obligaciones legales del organismo encargado de organizar los concursos públicos de antecedentes y oposición: “La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”.

En particular, los suscriptores cuestionan las diferencias de criterio para determinar qué aspirantes acceden a las entrevistas personales y el peso que esa instancia puede adquirir en la definición del resultado final, aun después de que los candidatos hayan sido evaluados por sus antecedentes profesionales, académicos y conocimientos jurídicos: “Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”.

Frente a esa situación, el comunicado formula un pedido específico al Consejo de la Magistratura, cuya Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial interviene en la tramitación de los procedimientos destinados a cubrir las vacantes de los tribunales inferiores: “Los firmantes de esta declaración pública solicitamos al Consejo de la Magistratura que actúe con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El pronunciamiento también vincula la independencia judicial con las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo económico y la previsibilidad de las decisiones públicas: “Achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas, y un elemento central para promover la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, claves para avanzar hacia un desarrollo inclusivo”.

El proyecto de la Corte Suprema para modificar los concursos

El planteo de las entidades retoma uno de los principales aspectos del proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados impulsado por Rosenkrantz y Lorenzetti mediante la Acordada 4/2026, dictada el 25 de marzo de 2026 y publicada dos días después en el Boletín Oficial.

La propuesta fue presentada oficialmente el 30 de marzo en el Palacio de Justicia, durante un acto encabezado por ambos ministros que contó con la participación del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, además de consejeros, magistrados, representantes del Ministerio Público y referentes del ámbito académico.

En sus fundamentos, la iniciativa identificó distintas deficiencias en el régimen de selección de jueces, especialmente en la ponderación de los antecedentes profesionales y académicos, las garantías de anonimato de los exámenes y los criterios utilizados para evaluar las entrevistas personales.

El máximo tribunal advirtió que la amplitud de esta última instancia había permitido que su valoración se desarrollara sin parámetros suficientemente estandarizados, tanto en la asignación de puntajes como en la fundamentación de las decisiones. También señaló la necesidad de impedir que esa evaluación alterara de manera significativa las posiciones alcanzadas por los candidatos durante las etapas técnicas anteriores.

El proyecto contempla un sistema de calificación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 asignados a la entrevista personal. La propuesta procura que la mayor parte de la valoración se concentre en las pruebas de oposición y los antecedentes de los aspirantes, mediante pautas previamente establecidas para la asignación de calificaciones.

Entre las modificaciones previstas figura la implementación de concursos anticipados como regla general, una modalidad que permitiría evaluar postulantes sin necesidad de esperar a que se produzca una vacante específica. El objetivo es facilitar la planificación de los llamados y agilizar la cobertura de cargos en los tribunales nacionales y federales.

En materia de plazos, el articulado establece que los procedimientos no podrán extenderse más allá de los 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición, con una posibilidad de prórroga de otros 30 días mediante una resolución fundada del Plenario.

Otra de las innovaciones consiste en incorporar un legajo digital individual para cada aspirante, con información sobre su formación universitaria, trayectoria profesional, desempeño académico, publicaciones, actividad docente y eventuales antecedentes disciplinarios. El sistema permitiría centralizar la documentación y facilitar su consulta y evaluación mediante criterios uniformes.

En cuanto a los exámenes, el esquema distingue dos instancias. La primera consiste en una evaluación general de conocimientos jurídicos mediante 120 preguntas de opción múltiple, seleccionadas informáticamente a partir de un banco previamente validado. Su aprobación funcionaría como requisito para avanzar en el concurso y tendría una vigencia de cinco años.

La segunda etapa estaría orientada a resolver situaciones jurídicas concretas. Los aspirantes deberían responder consignas prácticas y redactar una sentencia sobre un caso hipotético relacionado con la competencia del tribunal al que pretenden acceder.

El reglamento proyectado incorpora, además, mecanismos para resguardar el anonimato de los participantes mediante claves alfanuméricas, sistemas informáticos auditables y procedimientos de corrección que impidan conocer la identidad de los postulantes antes de la consolidación de las calificaciones.

La evaluación de antecedentes también quedaría sujeta a una escala predeterminada, con un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación universitaria y de posgrado, trayectoria profesional, publicaciones y actividad docente.

La Acordada 4/2026 remitió el texto al Consejo de la Magistratura para su consideración por parte del Plenario, dado que el artículo 114 de la Constitución Nacional y la Ley 24.937 atribuyen a ese organismo la competencia para dictar las normas que regulan los procedimientos de selección de magistrados.

En ese marco, las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación comenzaron a analizar conjuntamente la iniciativa el 9 de abril, en una reunión de la que participó Rosatti. El tratamiento continuó en encuentros posteriores, en los que se examinaron distintas propuestas de modificación del régimen de concursos, incluidas iniciativas elaboradas por integrantes del propio Consejo.

El debate permanece pendiente de resolución y se proyecta sobre la próxima integración del organismo, que renovará gran parte de sus miembros a partir del 18 de noviembre, cuando vencerán los mandatos de los representantes de los distintos estamentos. El recambio comprenderá a los consejeros elegidos por la magistratura y la abogacía, junto con nuevas representaciones legislativas y académicas.

El respaldo de entidades judiciales, empresarias y referentes de la sociedad civil

Entre las organizaciones judiciales que suscribieron la declaración figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), los colegios de abogados de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados y Procuradores de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, el Colegio de Abogados de Zapala y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES).

A ese grupo se suman la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, Justa Causa Asociación Civil y Será Justicia.

Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, acompañaron el documento el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Club Político Argentino, Conciencia, Constituya, Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, Profesores Republicanos, Red de Acción Política (RAP) y Voces de Equidad y Género en Acción.

El respaldo de las organizaciones empresarias incluye a AmCham Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, CREA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre los juristas destacados que adhirieron a la iniciativa se encuentran Alberto Bianchi, Alejandro Borda, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Roberto Gargarella, Marcelo Gebhardt, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Félix V. Lonigro, Daniel Sabsay, Eduardo Sambrizzi y Alfonso Santiago.

A estas adhesiones se suman 277 firmantes individuales, entre académicos, dirigentes políticos, empresarios, abogados y referentes de diferentes sectores de la sociedad. La nómina incluye, entre otros, a Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo, Omar Perotti, Federico Pinedo, Mónica Fein, Ramón Lanús y Rodolfo Suárez.

También figuran dirigentes con actuación en gobiernos provinciales y municipales, como Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Gustavo Menna, además de representantes del ámbito universitario, profesionales del derecho y personas vinculadas a organizaciones civiles.

La próxima integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos integrantes comenzarán a renovarse el 18 de noviembre, heredará una serie de investigaciones abiertas contra jueces federales y nacionales. Los expedientes se encuentran bajo la órbita de la Comisión de Acusación, encargada de examinar las denuncias por presunto mal desempeño que pueden derivar en procesos de remoción.

De acuerdo con el relevamiento oficial actualizado a fines de octubre, al que accedió Infobae, el organismo contabilizaba 25 registros de expedientes vinculados con 15 magistrados, entre ellos Gastón Salmain, destituido posteriormente.

La documentación comprende presentaciones efectuadas entre 2023 y 2026 y muestra diferentes etapas procesales. En algunos casos se recibieron declaraciones testimoniales, se ordenaron medidas de prueba o se incorporaron descargos de los jueces investigados. Otros legajos registran intervenciones recientes, próximas al vencimiento de los mandatos de los actuales consejeros.

El recambio en el organismo tendrá lugar después de un período en el que fueron removidos cuatro magistrados por decisión del Jurado de Enjuiciamiento: Walter Bento, Martín Poderti, Alfredo López y Gastón Salmain.

La destitución más reciente se produjo el jueves 29 de octubre, cuando el Jurado resolvió por unanimidad separar de su cargo a Salmain, hasta entonces titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. El tribunal consideró probado que había omitido declarar una cesantía dispuesta por la Corte Suprema en 2002 durante su participación en 33 concursos judiciales. En cambio, el Jurado desestimó el cargo referido a un presunto acuerdo para dictar resoluciones a cambio de sobornos en el expediente conocido como Attila. Tras la pérdida de su inmunidad de arresto, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de esa investigación penal.

La renovación también alcanzará la conformación de la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, con Rodolfo Tailhade como vicepresidente y Andrés Leandro García como secretario. El cuerpo está integrado, además, por los consejeros Álvaro González, Gonzalo Gabriel Roca, César Grau, Luis Juez y Vanesa Siley. La próxima composición deberá continuar el tratamiento de las actuaciones que permanezcan pendientes.

Las investigaciones contra Maraniello, Villena y Pozzer Penzo

Uno de los magistrados con mayor cantidad de actuaciones registradas es Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 5, investigado a raíz de distintas denuncias vinculadas con su desempeño funcional.

El cuadro consigna seis expedientes asociados a su nombre: 112/2023, 165/2024, 145/2025, 155/2025, 159/2025 y 21/2026. Algunos fueron acumulados, por lo que la cantidad de registros no equivale al número de investigaciones autónomas. En particular, el expediente 165/2024 reúne actuaciones remitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, junto con otras denuncias incorporadas posteriormente.

Durante diciembre de 2025, la Comisión de Acusación dispuso declaraciones testimoniales y distintas diligencias probatorias. El magistrado presentó su descargo en enero de 2026 y amplió sus argumentos al mes siguiente, en el marco de un procedimiento que también incluyó planteos de nulidad y solicitudes de archivo.

Entre las acusaciones examinadas figuran presuntos episodios de abuso sexual, violencia de género y hostigamiento laboral, denunciados por empleados judiciales a través de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de presentaciones efectuadas ante organismos del fuero. Durante las audiencias celebradas en marzo, trabajadores y funcionarios describieron supuestos maltratos, exigencias relacionadas con la vestimenta de las empleadas y un manejo discrecional del personal.

Los testimonios también alcanzaron al funcionamiento de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad presidida por Maraniello. Una secretaria judicial sostuvo que el magistrado habría utilizado recursos públicos y personal del juzgado para desarrollar actividades de esa organización. Otros declarantes hicieron referencia a la asignación de tareas ajenas a las funciones judiciales. La defensa, por su parte, presentó testigos que respaldaron la conducta del juez y rechazaron las imputaciones.

Maraniello también fue denunciado por presunto mal desempeño a raíz de una medida cautelar dictada el 1 de septiembre de 2025, mediante la cual ordenó suspender la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre quienes cuestionaron la resolución se encuentran el legislador porteño Hernán Reyes y la entonces diputada nacional Marcela Campagnoli, quienes consideraron que la decisión constituía un supuesto de censura previa.

Otro de los jueces comprendidos en el relevamiento es Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, quien intervino en una investigación contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa abarcaba presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria. Sin embargo, en mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, ordenó unificar las investigaciones contra Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella. En consecuencia, Villena debió remitir las actuaciones que tramitaban bajo su intervención.

En el Consejo de la Magistratura, Villena figura en el expediente 182/2023, iniciado el 1 de diciembre de 2023 a partir de una comunicación de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus competencias judiciales, por haberse atribuido intervenciones en causas que, según los cuestionamientos, correspondían a otros magistrados.

El juez presentó su descargo el 10 de mayo de 2024. Posteriormente, la Comisión de Acusación impulsó medidas para recabar documentación sobre distintos expedientes judiciales y verificar sus respectivas radicaciones. La investigación está a cargo del consejero instructor Álvaro González y registra una nueva presentación incorporada el 16 de octubre de 2026.

El próximo 1 de diciembre se cumplirán tres años desde el ingreso de la denuncia. La Ley del Consejo de la Magistratura contempla ese plazo para resolver la apertura del procedimiento de remoción y establece que, si transcurre sin tratamiento en comisión, corresponde remitir las actuaciones al plenario para su consideración inmediata.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, también aparece entre los magistrados denunciados. El documento identifica los expedientes 46/2025 y 178/2025, originados en comunicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

La segunda actuación ingresó el 29 de septiembre de 2025 y contiene presentaciones efectuadas por la magistrada durante mayo y agosto de 2026. En forma paralela, la Comisión de Acusación examinó otros expedientes vinculados con su desempeño al frente del Juzgado Federal de Goya.

En ese marco, el 26 de agosto Pozzer Penzo participó de una audiencia convocada conforme al artículo 20 del reglamento, correspondiente al expediente 164/2023 y sus acumulados. Durante la comparecencia, realizada de manera remota, expuso sus argumentos y respondió preguntas de los integrantes de la comisión.

Posteriormente, el 21 de octubre, ese cuerpo emitió un dictamen que propone remitir a la Comisión de Disciplina las denuncias tramitadas en los expedientes 164/2023 y acumulados, 180/2024 y 141/2025. La propuesta supone continuar el análisis de esas actuaciones en el ámbito competente para evaluar eventuales faltas disciplinarias en su contra.

Los otros expedientes que pasarán a la nueva integración

El registro también comprende al juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, mencionado en dos actuaciones iniciadas en diciembre de 2023 y abril de 2024. Una de ellas se originó en una presentación remitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, mientras que la restante fue promovida por representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Ambos expedientes quedaron acumulados en agosto de 2024.

Entre los magistrados incluidos figura, además, Gustavo Fresneda, del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Su expediente ingresó el 17 de marzo de 2025, a partir de la remisión de piezas procesales efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción. El cuadro consigna actuaciones posteriores, entre ellas una disposición vinculada con el artículo 11 del reglamento y una presentación incorporada en mayo de 2026.

También se encuentra bajo análisis la actuación del juez Alejandro Nobili, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 11. Las denuncias identificadas con los números 204/2025 y 74/2026 fueron presentadas en noviembre de 2025 y mayo de este año, respectivamente. La primera registra distintas medidas de prueba, mientras que en la segunda consta una presentación del denunciante efectuada en septiembre.

La nómina se extiende a Martín del Viso, del fuero Criminal y Correccional; Raúl Horacio Ojeda, subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63; Fernando Strasser, de la Justicia Federal de la Seguridad Social; Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado; y Hugo Greca, del Juzgado Federal de General Roca.

Entre las demás actuaciones aparecen denuncias contra el juez federal Sánchez Freytes, de Córdoba; Karina Candis, del fuero de la Seguridad Social; y Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Con todo, la Comisión de Acusación tiene entre sus atribuciones examinar las denuncias contra magistrados, disponer medidas de investigación, recibir pruebas y elevar al plenario los dictámenes que correspondan. Cuando considera reunidos los elementos necesarios para promover una remoción, debe formular una propuesta que será sometida a la consideración del cuerpo.

La apertura del procedimiento de remoción y la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento requieren la aprobación del plenario, conforme a las mayorías establecidas por el régimen vigente. El eventual juzgamiento se desarrolla posteriormente ante ese tribunal, integrado por representantes de los estamentos judicial, legislativo y de la abogacía.

La destitución de Gastón Salmain, el exjuez federal de Rosario procesado por presuntos pedidos de coimas vinculados con su actuación en la causa Attila, motivó una serie de cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y control de los magistrados. Los tres integrantes del Consejo de la Magistratura que sostuvieron la acusación durante el juicio político -Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre- analizaron en diálogo con Infobae los fundamentos de la sentencia, las irregularidades acreditadas y las deficiencias institucionales que permitieron que accediera al cargo pese a sus antecedentes disciplinarios.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió este jueves 29 de octubre, por unanimidad, remover a Salmain por haber ocultado su paso por el Poder Judicial y una sanción de cesantía impuesta por la Corte Suprema en 2002. La omisión se repitió en 33 concursos judiciales, incluido aquel por el que fue designado titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. En cambio, el tribunal desestimó el cargo relacionado con su actuación en el expediente Attila Fideicomisos SRL, donde se investiga un presunto acuerdo para favorecer a una empresa a cambio de un beneficio económico indebido.

Tras perder la inmunidad de arresto que le otorgaba su condición de magistrado, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó su detención inmediata, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de la investigación penal que continúa en Rosario.

La sentencia del jury fue dictada por el tribunal presidido por el juez de cámara Marcelo Bartumeu Romero, e integrado también por su colega Néstor Barral; las senadoras nacionales María Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y Ana Fernández, en representación de los abogados de la matrícula federal.

Al evaluar el resultado de ese proceso, el senador nacional por Córdoba Luis Juez, representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, sostuvo: “El balance es positivo: Salmain no podía seguir siendo juez. Ocultar deliberadamente una cesantía del Poder Judicial en 33 concursos no es un error administrativo: es engañar al sistema para acceder a la magistratura. Quien oculta sus propios antecedentes no puede tener en sus manos los derechos y la libertad de los demás”.

El legislador también se refirió a la distinción entre el juicio político y la investigación penal: “El fallo explica claramente la diferencia entre la función del Jurado y la de la Justicia Federal que investiga los hechos en Rosario. En el considerando 2° señala: ‘El proceso penal tiene por objeto establecer la existencia del delito y la responsabilidad de su autor; el enjuiciamiento, determinar si el magistrado conserva las condiciones que la Constitución exige para permanecer en el cargo’”.

Sobre esa diferencia, completó: “Salmain perdió esas condiciones y fue destituido. La responsabilidad penal debe determinarse en la causa que tramita en Rosario. Como aclara el mismo considerando: ‘Unos mismos hechos pueden, por tanto, ser juzgados en ambas sedes con finalidades diversas, sin que lo resuelto en una condicione lo que corresponda resolver en la otra’”.

Desde el estamento judicial, el camarista federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, quien también integró la representación acusadora, coincidió con la valoración de la remoción.

“El balance es positivo. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió remover al juez Salmain por considerar demostrado que ocultó deliberadamente su desempeño anterior en el Poder Judicial y la cesantía dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. Esa omisión se reiteró en 33 concursos, incluido aquel por el que accedió a la magistratura, y continuó después de su designación como juez”, expresó.

En cuanto al alcance del pronunciamiento, precisó: “El Jurado reafirmó, en consonancia con sus precedentes, que las conductas anteriores a la designación pueden ser valoradas cuando no fueron conocidas por el Senado. En este caso, el ocultamiento impidió que se evaluaran antecedentes relevantes para determinar su idoneidad y constituyó, por sí solo, una causal de mal desempeño, en esta ocasión lo suficientemente grave como para justificar su remoción. De ese modo, vulneró el proceso de selección establecido en la Constitución Nacional”.

La consejera Jimena de la Torre, representante de los abogados de la matrícula federal, respaldó igualmente la decisión: “El balance es positivo, en la medida en que una persona que nunca debió haber llegado a ser juez ya no ocupa el cargo, y eso trae mayor tranquilidad a toda la sociedad”.

Al desarrollar su posición, destacó las garantías que rodean la permanencia de los magistrados en sus funciones.

“Acusar a un magistrado por mal desempeño es un acto de suma trascendencia institucional, un hecho muy grave que debe ser tomado con la máxima responsabilidad. El nombramiento de un juez es un acto complejo, en el que intervienen los tres poderes del Estado, y los jueces gozan de estabilidad en sus cargos a condición de que conserven su buena conducta, no como privilegio personal, sino como garantía de su independencia en el ejercicio del cargo; es decir, para asegurarle a la sociedad que los jueces no serán presionados y podrán resolver conforme a las leyes y a su buen criterio”, manifestó.

A continuación, precisó: “Por eso, remover a un magistrado es una decisión delicada que debe ser ejercida con suma prudencia. Nosotros entendimos que la actuación de Salmain en la causa Attila exhibía un mal desempeño, pero el tribunal dejó esos hechos a decisión de la Justicia penal y lo removió por el segundo cargo, es decir, por haber mentido para poder concursar y ser designado como juez”.

El cargo por presuntas coimas y los fundamentos del Jurado

La primera acusación estaba relacionada con la investigación penal en la que Salmain se encuentra procesado por presunto cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la hipótesis de los investigadores, habría favorecido al fideicomiso Attila mediante resoluciones que permitieron acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante las restricciones cambiarias, a cambio de una presunta coima de 200.000 dólares.

En ese expediente declaró el financista Fernando Elías Whpei, quien se presentó como imputado colaborador y vinculó al exmagistrado con el supuesto acuerdo ilícito. El procesamiento, dictado en diciembre de 2025, fue confirmado parcialmente por la Cámara Federal de Rosario en marzo de este año.

Durante el juicio político, los representantes del Consejo sostuvieron que las pruebas reunidas permitían acreditar ese cargo. Sin embargo, el Jurado consideró que la acusación se apoyaba en valoraciones provisorias de la investigación penal y que el supuesto acuerdo no había quedado demostrado de manera autónoma en el procedimiento de remoción.

Sobre ese punto, la sentencia estableció: “Un auto de procesamiento no suple esa convicción: es una valoración provisoria, dictada en otro proceso, formada con otro objeto y otro estándar, y sujeta a revisión en su propia sede”.

El senador Juez mantuvo su posición respecto de la prueba presentada por los acusadores. “Como acusadores, sostuvimos que las pruebas justificaban también ese cargo. El Jurado hizo una valoración diferente y explicó, en el considerando 2°: ‘Lo resuelto en aquella sede es la valoración provisoria de otro tribunal, que este Jurado no puede tomar como propia’”.

Luego, al referirse al alcance de esa desestimación, indicó: “Pero hay que ser claros: esto no significa que el Jurado haya descartado las presuntas coimas. El fallo dice textualmente: ‘La desestimación tiene, por lo mismo, un alcance preciso: no importa pronunciamiento alguno sobre la existencia del acuerdo, sobre la regularidad de las decisiones dictadas ni sobre la responsabilidad del magistrado, cuya determinación corresponde a los tribunales ordinarios’”.

Barroetaveña expresó una discrepancia similar con la valoración probatoria del tribunal y mencionó específicamente las declaraciones de Whpei.

“Consideramos que las manifestaciones de Fernando Elías Whpei, examinadas conjuntamente con los datos objetivos que las corroboraban y las irregularidades advertidas en la tramitación de la causa Attila, constituían elementos probatorios suficientes para probar el acuerdo previo”, afirmó.

Al aludir al criterio que finalmente prevaleció, agregó: “El Jurado realizó una valoración diferente que, si bien respetamos, no compartimos, y así lo hemos expuesto”.

No obstante, aclaró: “En cualquier caso, la desestimación del cargo no supone que el Jurado haya declarado inexistente el presunto acuerdo ni que haya establecido la regularidad de las decisiones adoptadas por Salmain. La determinación de eventuales responsabilidades penales, claro está, siempre corresponde a la Justicia penal”.

De la Torre, en tanto, reconstruyó las decisiones cuestionadas en Attila y las circunstancias en las que se produjo la operatoria cambiaria.

“Las decisiones que tomó Salmain en el caso Attila fueron sumamente llamativas. En un momento de cepo y brecha cambiaria, en el que la gente solo podía comprar 200 dólares a precio oficial y cualquier excepción requería una autorización del BCRA, una empresa de Buenos Aires decidió explorar otro camino y se presentó directamente ante el Juzgado Federal de Rosario para que Salmain otorgara esa autorización”, relató.

Sobre la resolución que permitió concretar la operación, precisó: “Así, pese a la oposición del BCRA, aplicando normas que no correspondían al caso y sin darle intervención al fiscal, Salmain ordenó que se entregaran 10 millones de dólares a valor oficial, que se fugaron del país antes de que la Cámara decidiera revocar esa decisión por infundada. Entendimos que esas circunstancias configuraban un caso sancionable de manifiesto apartamiento del derecho”.

La consejera también se detuvo en los límites del control disciplinario sobre las resoluciones judiciales: “Sin embargo, la frontera entre un error judicial corregible por apelación y el mal desempeño es muy delicada, porque un abuso del cuestionamiento a los criterios judiciales podría violentar el principio de independencia de criterio de los jueces”.

Finalmente, acerca de la evaluación realizada por el Jury, señaló: “El tribunal no centró su análisis en la forma de resolución del caso, sino en la necesidad de acreditar un acuerdo espurio entre el juez y la empresa. Ese acuerdo, que fue relatado por un arrepentido y que la Justicia penal entendió provisoriamente acreditado con otros indicios, no fue suficientemente debatido en el juicio político, por lo que quedó para ser resuelto en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Rosario”.

Durante el proceso de remoción, la defensa de Salmain cuestionó los fundamentos de la acusación y la posibilidad de adoptar como propias las conclusiones provisorias de una investigación penal en curso. El Jurado finalmente desestimó ese primer cargo sin pronunciarse sobre la existencia del presunto acuerdo ni sobre la responsabilidad penal del exmagistrado.

Los antecedentes ocultados y las fallas en los controles

El segundo cargo se remontaba al período en que Salmain trabajó como empleado del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8. Había ingresado en mayo de 1997 y, después de una investigación administrativa, la Corte Suprema le impuso una sanción de cesantía mediante la resolución 39/02, del 11 de junio de 2002.

En aquella oportunidad, el máximo tribunal consideró probado que había intentado inducir a una empleada judicial a alterar el sistema informático de distribución de expedientes para dirigir determinadas ejecuciones previsionales hacia el juzgado donde prestaba funciones.

Aunque Salmain había presentado su renuncia meses antes, la Corte mantuvo la sanción y posteriormente rechazó el recurso con el que intentó revertirla.

Entre 2016 y 2024, el entonces postulante participó en 33 concursos ante el Consejo de la Magistratura sin declarar ese antecedente laboral ni la cesantía. En sus presentaciones afirmó haberse dedicado al ejercicio libre de la abogacía.

Durante el juicio político, el acusado sostuvo que no había informado su paso por el Poder Judicial porque esa experiencia no le sumaba puntos en los concursos. También argumentó que el reglamento exigía declarar las sanciones disciplinarias de los últimos diez años y que la medida aplicada en 2002 quedaba fuera de ese período.

El Jurado rechazó esa interpretación y distinguió entre el límite temporal para informar sanciones y la obligación de consignar los antecedentes laborales y las causas de desvinculación.

En los fundamentos de la sentencia, se destacó que Salmain conocía la sanción porque la había recurrido, así como las exigencias reglamentarias para acceder a la magistratura. En ese sentido, el fallo afirmó: “La omisión fue voluntaria y la lectura del plazo decenal, aun admitida, sólo alcanzaba al inventario de sanciones, no al empleo ni a su egreso, que el Reglamento exige declarar con independencia del puntaje”.

Las reiteradas omisiones también motivaron cuestionamientos de los consejeros sobre los controles de antecedentes de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.

Juez reconoció que el sistema no había detectado esa información durante numerosas postulaciones. “Es una falla seria que debemos revisar. Si pudo omitir esos antecedentes en 33 concursos sin que se detectara, los controles fueron insuficientes. No alcanza con recibir una declaración jurada: hay que verificar los antecedentes laborales y disciplinarios directamente con los organismos correspondientes”, advirtió.

Al referirse a las responsabilidades derivadas de ese procedimiento, completó: “La responsabilidad de quien ocultó información es indiscutible, pero también debemos revisar por qué el sistema no la advirtió”.

Barroetaveña coincidió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación, aunque distinguió la conducta del exmagistrado de las deficiencias administrativas.

“La responsabilidad por el ocultamiento corresponde a Salmain, quien incumplió deliberadamente su obligación de proporcionar información completa y veraz sobre sus antecedentes, obligación que le imponía el propio Reglamento de Concursos. Sin embargo, que esas omisiones se hayan reiterado en 33 concursos sin ser detectadas exige una reflexión crítica sobre los controles institucionales”, expresó.

En cuanto a las medidas que considera necesarias, el presidente de la Casación Federal propuso: “Desde el Consejo de la Magistratura debemos revisar los mecanismos de verificación de antecedentes y fortalecer el intercambio de información con la Corte Suprema, otros organismos públicos y los colegios de abogados, para contrastar sistemáticamente los antecedentes de los postulantes con los registros oficiales”.

Y añadió: “Este caso debe servir para perfeccionar los controles y fortalecer la transparencia del sistema de selección de magistrados”.

De la Torre vinculó esas dificultades con la distribución de competencias administrativas entre la Corte Suprema y el Consejo.

“Las funciones disciplinarias están repartidas entre el Consejo de la Magistratura, que controla el desempeño de los magistrados, y la Corte Suprema, que conserva las facultades de superintendencia sobre el resto del personal del Poder Judicial. Salmain fue expulsado cuando era empleado de la Justicia, porque se comprobó que había intentado sobornar a personal de la oficina de sorteos para que determinadas causas tramitaran en el juzgado en el que trabajaba. Ese registro quedó en poder de la Corte”, explicó.

La consejera continuó con una referencia a las posteriores postulaciones de Salmain: “14 años después, Salmain se presentó a concursar ante el Consejo, que desconocía ese antecedente, y omitió informarlo pese a que tenía la obligación de hacerlo”.

En relación con las reformas administrativas, planteó: “Son problemas de orden práctico que podrían solucionarse con la digitalización y sistematización de todos los procedimientos y las decisiones administrativas internas del Poder Judicial en su conjunto. Es un reclamo que venimos sosteniendo desde el inicio de nuestro mandato y que, finalmente, está avanzando con la reciente aprobación del Expediente Digital Administrativo, que se está implementando progresivamente en diferentes áreas del Consejo, para abandonar el papel definitivamente”.

Sobre la conducta del exjuez, concluyó su respuesta: “De todas maneras, Salmain tenía la obligación de informar ese antecedente de buena fe, y no lo hizo. Ese precedente le impedía concursar; nunca debería haber llegado a ser juez”.

La discusión sobre los antecedentes, en efecto, también se extendió al funcionamiento de los mecanismos disciplinarios y a las condiciones de acceso a la magistratura.

Al realizar un balance de la actividad del Consejo durante la presidencia de Horacio Rosatti, Juez destacó la cantidad de procesos de remoción concluidos y la rapidez con la que se resolvieron algunos de ellos.

“Es una señal positiva y hay datos concretos que lo demuestran. Desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia del Consejo, fueron destituidos cuatro jueces: Bento, Poderti, López y Salmain. A ellos se suma Bailaque, que renunció antes del juicio de remoción”, enumeró.

En cuanto a la proporción de destituciones correspondientes a ese período, puntualizó: “De las 22 destituciones registradas desde 1999, cuatro se produjeron durante esta presidencia: casi el 20% del total. Además, tres -Poderti, López y Salmain- se resolvieron rápidamente en menos de un año”.

El senador relacionó esas cifras con el funcionamiento institucional de ambos organismos: “Esto demuestra que el Consejo y el Jurado pueden actuar frente a conductas incompatibles con la magistratura. La confianza en la Justicia se recupera con decisiones concretas y dejando claro que ningún juez está por encima de la ley”.

Desde otra perspectiva, De la Torre vinculó la cantidad de procesos disciplinarios con los requisitos para acceder a los cargos judiciales.

“En los últimos 3 años hemos iniciado juicios políticos contra 6 magistrados. Es una cantidad inédita en la historia del Poder Judicial y muestra una degradación en las calidades personales de algunos magistrados. Ello evidencia que tenemos un problema muy anterior: están accediendo al cargo personas que no cuentan con la idoneidad para cumplir funciones tan delicadas”, manifestó.

A partir de ese diagnóstico, detalló las iniciativas impulsadas para modificar los concursos: “Por eso hemos hecho 7 propuestas concretas de mejoras a los concursos, para incorporar tecnología, reducir tiempos y aumentar la transparencia, limitar la discrecionalidad y establecer parámetros de evaluación objetivos sobre capacidad y mérito. Para que lleguen los mejores y no los acomodados. La propia Corte ha realizado una propuesta concreta en ese sentido, que espera ser tratada por el Consejo”.

La representante de los abogados también mencionó la elaboración de reglas de conducta para quienes ejercen la función judicial.

“Además de saber derecho, los jueces tienen que tener una conducta personal y profesional impecable; deben ser referentes éticos, porque la sociedad necesita confiar en ellos para poder someter sus problemas a la resolución de la Justicia. Por eso impulsamos, junto a los colegios de abogados, un proyecto de Código de Ética Judicial, que está listo para ser aprobado”, señaló.

Sobre las consecuencias institucionales de los procesos de remoción, sostuvo: “La remoción de un magistrado es siempre la última opción, una mala noticia que debilita la credibilidad y legitimidad del sistema de Justicia frente a la sociedad, algo que deberíamos prevenir eligiendo personas idóneas, con normas de conducta claras para el desempeño de la función y con controles de gestión y desempeño efectivos y en tiempo real, que permitan hacer correcciones a tiempo y nos eviten tener que llegar a decisiones extremas”.

Finalmente, al referirse a la continuidad de esas iniciativas desde el estamento de los abogados, expresó: “Es una agenda de trabajo para la modernización y transparencia del servicio de Justicia que venimos impulsando y vamos a mantener con Claudia Sarmiento desde la vocalía de Abogados en Acción”.

El camarista Barroetaveña, en tanto, situó el resultado del juicio político en el marco de las facultades constitucionales del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.

“Esta destitución demuestra el funcionamiento de los mecanismos constitucionales de responsabilidad judicial. Es una política judicial que imperó durante estos cuatro años”, afirmó.

Y al describir la actuación de ambos organismos, agregó: “El Consejo de la Magistratura investigó los hechos y formuló la acusación, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento, luego de sustanciar el proceso con las garantías correspondientes, resolvió remover al juez por mal desempeño”.

El juez federal también se refirió a la relación entre las garantías de permanencia de los magistrados y sus obligaciones institucionales.

“La independencia judicial y la estabilidad de los magistrados son garantías esenciales para la administración de Justicia, pero deben convivir con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. La estabilidad protege el ejercicio independiente de la función judicial, pero no exime a los jueces de sus responsabilidades constitucionales”, comentó a este medio.

Para cerrar su valoración del proceso ligado a Salmain, Barroetaveña añadió: “La sentencia constituye una señal institucional positiva: demuestra que el sistema cuenta con herramientas para actuar frente a conductas incompatibles con la magistratura y contribuye a fortalecer la confianza pública en el Poder Judicial”.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, se presentó en la causa $LIBRA y solicitó reabrir la investigación después de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados. El organismo asumió el ejercicio de la acción penal y, en subsidio, interpuso un recurso de apelación para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal si el magistrado rechaza su pedido.

El planteo llegó una semana después de que Martínez De Giorgi dictara los sobreseimientos, el pasado 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que los hechos investigados no constituían delitos. La resolución también fue cuestionada por varios inversores que denunciaron haber sufrido pérdidas económicas tras el desplome del activo digital y presentaron recursos para revertirla.

El expediente se originó por el lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que Milei promocionó el 14 de febrero de 2025 desde su cuenta de X. En aquella publicación, el mandatario difundió Viva la Libertad Project, presentado como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados argentinos, e incluyó información para acceder al token. Su cotización aumentó rápidamente y se desplomó pocas horas después, lo que motivó denuncias de compradores.

A partir de esos hechos, la Justicia comenzó a investigar si existió una maniobra engañosa destinada a inducir inversiones y provocar perjuicios económicos. También se examinaron posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y las relaciones entre los promotores del proyecto y personas del entorno presidencial.

Entre los investigados se encontraban, además de los hermanos Milei, el operador Mauricio Novelli, el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con el lanzamiento del token, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Durante la instrucción se incorporaron comunicaciones, documentos y archivos electrónicos relacionados con los contactos entre algunos de los involucrados.

Al resolver en la causa, el magistrado hizo lugar al requerimiento de Taiano y dispuso el sobreseimiento de las once personas comprendidas en el expediente. Hasta entonces, ninguna había sido convocada a prestar declaración indagatoria. En sus fundamentos, sostuvo que la promoción de $LIBRA y la posterior caída de su precio no alcanzaban para acreditar una estafa.

Según explicó, esa figura penal requiere demostrar un engaño concreto que haya provocado un error en los compradores y un perjuicio patrimonial derivado de esa conducta. A su entender, las pruebas reunidas no permitían establecer esos puntos.

En relación con Javier Milei, señaló que no se había acreditado que su publicación constituyera un acto oficial del Gobierno ni que existieran órdenes, resoluciones administrativas o intervenciones estatales relacionadas con el lanzamiento. Sobre esa base, descartó las hipótesis de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Respecto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, examinó documentación extraída del teléfono de Novelli y referencias a reuniones con personas vinculadas al proyecto. Sin embargo, concluyó que esos elementos no demostraban un acuerdo ilícito ni una intermediación remunerada para facilitar encuentros con el Presidente.

El juez de primera instancia también tuvo en cuenta que los inversores denunciantes habían sido apartados como querellantes, por lo que no subsistía una acusación independiente de la fiscalía que permitiera sostener el proceso frente al pedido de sobreseimiento.

Las apelaciones contra los sobreseimientos

La decisión fue recurrida por Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. También apelaron Martín Romeo y dos inversores bielorrusos patrocinados por Nicolás Oszust, quienes formularon distintos cuestionamientos a la resolución.

En su presentación, Marchetto alegó que el magistrado había confundido la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de un delito. Sus representantes advirtieron que todavía quedaban diligencias pendientes, entre ellas ampliaciones de peritajes, y reclamaron profundizar el análisis de las comunicaciones incorporadas al expediente antes de dar por concluida la investigación.

Por su parte, los inversores representados por Oszust solicitaron la nulidad del dictamen fiscal y de los sobreseimientos. Argumentaron que no habían tenido oportunidad de pedir que un fiscal superior revisara el criterio de Taiano, una posibilidad que, según sostuvieron, les correspondía incluso después de perder la condición de querellantes.

Previsamente, el apartamiento de los denunciantes también fue recurrido y permanece pendiente de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras tanto, el juzgado debe decidir si concede las apelaciones contra los sobreseimientos para que intervenga la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

En ese escenario se produjo la intervención de la PIA, cuyo pedido de reapertura y apelación subsidiaria se incorporan a la discusión judicial sobre la continuidad de la causa.

En el marco de una investigación penal por posible contaminación ambiental, la Justicia federal ordenó a la Municipalidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, adoptar medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de aproximadamente 20 hectáreas. La decisión busca prevenir daños al ambiente y a la salud de la población, luego de que distintas inspecciones detectaran irregularidades en el tratamiento de los residuos y condiciones que podrían representar un riesgo para los habitantes de la zona.

El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a un pedido del fiscal Matías Di Lello y ordenó implementar medidas preventivas respecto al terreno. Además, fijó un plazo de 90 días para ejecutar un plan de contingencia y de 60 días para que el municipio presente un programa integral de gestión de residuos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal institucional, el requerimiento se sustentó en inspecciones del Ministerio de Ambiente bonaerense, informes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, y análisis realizados por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

El basural se encuentra en el barrio La Tosquera, en San Pedro, una localidad del norte bonaerense situada a orillas del río Paraná. El predio funciona desde hace más de dos décadas y, de acuerdo con los relevamientos, carece de sistemas adecuados para el tratamiento de la basura y la protección del suelo.

Durante las inspecciones se constató que los residuos se depositaban directamente sobre la tierra, sin cobertura ni compactación. Entre los materiales acumulados había neumáticos, electrodomésticos, escombros, vidrios y restos domiciliarios. También se registraron focos de incendio, acumulaciones de agua y ausencia de cerramiento perimetral y vigilancia.

Los investigadores observaron, además, personas adultas y menores que recuperaban materiales entre los desperdicios, mientras vehículos particulares y municipales ingresaban para descargar basura sin controles adecuados. La presencia de viviendas y cursos de agua en las inmediaciones motivó nuevas medidas para evaluar las posibles consecuencias ambientales.

Las advertencias sobre contaminación

La investigación comenzó a partir de información conocida por la UFIMA en noviembre de 2025 sobre quemas de residuos y emanaciones de humo. Durante las primeras inspecciones, vecinos del barrio relataron problemas respiratorios, irritación ocular y dolores de cabeza que atribuyeron a esas emisiones.

Un informe técnico de la fiscalía especializada consideró que existían elementos para tener por acreditada contaminación en los términos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, al menos como consecuencia de las quemas sistemáticas. También advirtió sobre la proliferación de insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir enfermedades.

Otro elemento incorporado al expediente fue el análisis del agua utilizada en el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, al que concurren niños del barrio. Una muestra presentó niveles de coliformes totales -bacterias utilizadas como indicadores de la calidad sanitaria del agua- superiores a los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino. Ante ese resultado, el laboratorio recomendó limpiar y desinfectar el sistema de almacenamiento, aunque no se determinó que la alteración estuviera relacionada con el basural.

El principio precautorio y las medidas ordenadas

Al resolver el planteo, Villafuerte Ruzo consideró que los conflictos ambientales requieren una intervención judicial preventiva y aplicó el principio precautorio, establecido en el artículo 4 de la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente.

La norma establece que, ante el peligro de un daño grave o irreversible, “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”. Este criterio permite adoptar acciones de protección sin esperar a que todas las consecuencias de una actividad potencialmente contaminante estén científicamente demostradas.

Con ese fundamento, el magistrado dispuso el cerramiento perimetral del basural, el control de sus accesos y la vigilancia permanente durante las 24 horas. También ordenó registrar a las personas autorizadas a recuperar materiales, organizar la clasificación de los residuos e identificar a quienes ingresan para descargarlos.

Estas medidas deberán comenzar a cumplirse de inmediato, mientras que el plan de contingencia deberá ejecutarse dentro de los 90 días establecidos.

A su vez, la Municipalidad tendrá 60 días para presentar un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a la legislación nacional y provincial sobre tratamiento de residuos domiciliarios.

La resolución alcanza al intendente Cecilio Salazar y a los responsables municipales de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de la operación del basural. Su implementación deberá coordinarse con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la causa penal continuará para determinar el alcance de la eventual contaminación y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder por el funcionamiento del predio.

Con el respaldo de una red de colegios de abogados de distintas provincias y una campaña de dos meses que la llevó a recorrer buena parte del país, Itatí Demarchi Arballo consiguió una de las cuatro bancas reservadas a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, encabezó la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que terminó segunda en las elecciones del martes 20 de octubre. Fundadora de Abogacía Transformadora, reivindica el carácter federal de su candidatura y se presenta como la primera representante de un colegio del denominado “interior del interior” en acceder al organismo, donde ejercerá su mandato durante el período 2026-2030.

La lista encabezada por Demarchi Arballo reunió 10.593 votos (32%) y quedó a solo 644 sufragios de Unidad en Defensa de la Abogacía, el espacio liderado por Alberto Biglieri, que se impuso con 11.237 adhesiones (34%) y obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa. La diferencia impidió que la agrupación de la dirigente cordobesa consiguiera un segundo representante en el organismo. Por su parte, Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, alcanzó 8.737 votos (26,4%) y se adjudicó el cuarto escaño, mientras que Abogacía por la Libertad, de Luis Palomino, terminó última con 2.506 sufragios (7,6%), sin representación. En total, participaron 33.326 abogados, equivalentes al 18,5% del padrón habilitado.

Las elecciones de la abogacía forman parte del proceso de renovación de la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que cuenta con 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El pasado 8 de octubre, los jueces de distintas instancias eligieron a sus cuatro representantes para el próximo período, mientras que en el ámbito académico ya fue designado Diego Molea y permanece pendiente la definición de la segunda banca, cuyo proceso electoral se encuentra judicializado. A su vez, deberán renovarse los ocho lugares correspondientes al Congreso de la Nación, distribuidos en partes iguales entre diputados y senadores. El recambio de autoridades está previsto para noviembre, con la finalización de los mandatos actuales.

Demarchi Arballo es una de las fundadoras de Abogacía Transformadora, una organización que, según explicó, reúne a 40 colegios profesionales y referentes de 105 agrupaciones de abogados litigantes. Su candidatura contó con el respaldo de esas entidades y formó parte de un armado electoral que también recibió acompañamiento político de sectores del peronismo y del kirchnerismo. Entre sus referentes estuvo Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del PJ porteño, mientras que sectores de La Cámpora, organización a la que pertenece el senador nacional Mariano Recalde, también apoyaron la lista.

La conversación con Infobae se realizó por medios virtuales durante la mañana de este viernes, cuando la consejera electa estaba a punto de abordar un avión desde su Córdoba natal hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde tenía prevista una reunión. El viaje sería breve: esa misma tarde regresaría a su provincia para participar de un encuentro con los matriculados del Colegio de Abogados de Villa María. Pese a la agenda ajustada, se mostró cercana y amable, con una marcado entusiasmo para conversar sobre los desafíos que afrontará en el Consejo de la Magistratura. Durante la entrevista repasó los dos meses de campaña en los que recorrió 42 colegios de abogados de distintas provincias, tanto en las capitales como en ciudades del interior, y compartió experiencias de su ejercicio profesional para explicar las prioridades que buscará impulsar desde su nueva función.

Abogada litigante dedicada al derecho previsional y laboral, Demarchi Arballo relaciona sus propuestas con las experiencias acumuladas durante el ejercicio profesional. En particular, cuestiona la regulación de honorarios que considera insuficientes y las demoras judiciales que afectan a jubilados y personas que necesitan prestaciones de salud. Durante la entrevista recordó casos de clientes que fallecieron mientras aguardaban una resolución judicial y planteó que esas experiencias deben tener representación en el Consejo.

La dirigente anticipó que impulsará modificaciones en los criterios de selección de magistrados, con una menor incidencia de las entrevistas personales y una mayor valoración de los antecedentes de los abogados litigantes. También propuso incorporar el arraigo territorial en los concursos, establecer observatorios sobre demoras judiciales y honorarios profesionales y avanzar con la aprobación de un Código de Ética Judicial.

— ¿Cómo le explicaría a alguien que no conoce los temas judiciales por qué es importante el Consejo de la Magistratura?

— En primer término, es una cosa que yo me pregunté a mí misma durante mucho tiempo. ¿Por qué el Consejo de la Magistratura le quedaba tan lejos a la ciudadanía? Es una cosa como exótica, del lejano Oeste, que no entienden. Y después me puse a pensar qué implica el Consejo de la Magistratura para la ciudadanía, y pensar que el Consejo designa, sanciona y, en su caso, remueve jueces federales. ¿Y qué es el juez federal? El que administra la Justicia federal, y parece una obviedad.

Pero ¿qué administra la Justicia federal? Las causas que más irritan a la sociedad, que nos ponen en carne viva: la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, los adultos mayores que no llegan a cobrar a fin de mes porque están invirtiendo sus magras jubilaciones en medicamentos del PAMI, las personas enfermas que se mueren esperando un amparo de salud con el tema de las obras sociales, las personas con discapacidad que no pueden acceder a los recursos de discapacidad y lo único que piden hoy es un recurso para vivir una vida un poquito más digna de lo que les tocó en suerte cuando nacieron.

Entonces digo, cuán importante es el Consejo de la Magistratura para la ciudadanía, porque el juez federal que toque en suerte a la persona que va a ir a pedir esas cosas que ponen en carne viva a la sociedad y a su vida misma es trascendental.

Entonces, ¿qué se disputaba el 20 de octubre con las elecciones y qué importancia tienen quienes juremos cuando terminen los cargos de los consejeros y consejeras actuales? Y bueno, la abogacía es la primera puerta que toca la ciudadanía, con la trascendencia y el impacto que tiene.

— ¿Qué lectura puede hacer de las elecciones del martes?

— Yo soy fundadora de Abogacía Transformadora, que está integrada hoy por 40 colegios y por referentes de 105 agrupaciones de la abogacía litigante. Para mí esta elección marca un hecho histórico: por primera vez los colegios, con punteo en mano, apuntando a una candidata del interior del interior, lo cual no es un dato menor, del Colegio de Abogados de Villa María, en un salón de la UBA dijeron: “Mirá, vos sos nuestra candidata, los colegios estamos con vos o no estamos con nadie”.

Nosotros venimos de una construcción de hace cuatro años. Fuimos quienes logramos frenar la reforma laboral en contra de los dos artículos que financiaban el Ahora 12 y el Ahora 6, del crédito del trabajador y de los honorarios profesionales. Obviamente, nosotros frenamos la parte de los honorarios profesionales porque somos los que tenemos legitimación activa sobre nuestros matriculados.

La elección de mi candidatura fue de abajo hacia arriba, cosa que nunca pasaba. Y esto me lleva a la pregunta del principio: ¿por qué la gente no sabe nada del Consejo de la Magistratura? Porque ha sido el negocio de unos pocos. En el mundo de la informatización y la digitalización, cuando estás a un clic de saber la vida y obra de todo el mundo, llama la atención cuando de algo no se sabe nada y es tan impactante para la vida de la gente.

Entonces Abogacía Transformadora llegó, se la jugó, presentó una medida cautelar, salió la medida, se suspendieron los artículos que perjudicaban a la abogacía litigante y armamos un formato de congresos donde fuimos a escuchar a los abogados litigantes en las distintas partes del país. Nos sentamos en las sillas a escucharlos y darles lugar.

Entonces creo que en algún punto este espacio es la voz del federalismo, con 40 colegios y sedes de votación que pintaron prácticamente el país diciendo: “Esta es la abogacía que queremos”. Una abogacía genuina sentada en esas cuatro sillas del Consejo.

Porque no es lo mismo ser abogado y ejercer la profesión, que te hayan perforado los honorarios, que se te haya muerto un adulto mayor y que te toque la puerta la familia diciendo: “No llegó a cobrar”.

Yo soy abogada previsionalista, además de laboral, y tengo miles de historias de esas. Entonces es imposible que te atraviese igual si no lo vivís.

— En ese marco, ¿dónde estuvo puesto el foco del espacio a nivel de agenda? ¿Cuáles fueron los ejes principales de la lista al momento de competir?

— El federalismo: que cada una de las sedes en donde falte un juzgado federal tenga la misma trascendencia que la del Obelisco.

Sin desmedro del Obelisco, me parece excelente que Comodoro Py tenga la trascendencia que tiene con sus vacantes, pero lo mismo tiene que pasar con un juez federal de Paso de los Libres, en donde el caso Loan todavía nos eriza la piel cada vez que lo pensamos y se está trabajando en una cochera de autos. Y yo estuve ahí, no me lo contaron.

Entonces, eso por un lado: el federalismo, la voz impostergable del federalismo; la voz impostergable de la abogacía, que hasta ahora cada vez que venía una elección del Consejo de la Magistratura para los colegios era: “¡Ay, qué lastre, hay que armar esta elección!”.

No había una apropiación, una identidad para que alguien pudiera llevar nuestra voz al Consejo en serio.

Porque abogados que tienen que poner en el GPS “tribunales” para llegar no son abogados que representen a la abogacía en serio, que van a señalar a un juez y decir: “Che, a este juez hay que denunciarlo y avanzar en la denuncia”, y que no haya negociaciones.

Mirá, en Rosario hubo un juez con una tobillera electrónica dictando sentencias durante tres años. Hay dos jueces con prisión preventiva: y esa falta de credibilidad en la Justicia, justificada, nos trae el coletazo a nosotros como abogacía litigante, que somos quienes acompañamos a esa ciudadanía en el paso por la Justicia. Porque la ciudadanía no recorre la Justicia por placer, la recorre porque no le queda otra.

— Hablar de un juez dictando sentencias con una tobillera electrónica lleva a pensar en el proceso de selección de magistrados. ¿Cómo evalúa ese esquema?

— Creo que es fundamental empezar a hablar de un mecanismo de selección de jueces sin trampas y transparente.

Porque digo: que una persona pase del número 23 en el orden de mérito a ocupar un juzgado por una entrevista que duró cinco minutos, de los cuales dos minutos se le preguntó por un partido de Boca, no puede pasar.

Entonces hay que quitarle trascendencia a las entrevistas porque es ahí donde se genera eso que no puede generar ni el examen escrito ni los antecedentes.

Y hablando de los antecedentes: de veinte personas que ingresan a la magistratura, diecinueve son de la carrera judicial y una es de la abogacía litigante.

Los antecedentes, eso que presentás y se tiene en cuenta a la hora de acceder a la magistratura, las diplomaturas, maestrías, que dan tanto en materia de antecedentes, lo mismo debería computar como antecedentes la producción jurídica y doctrinaria que tenemos en el ejercicio de la profesión todos los días: nuestras demandas, nuestros recursos.

Porque el hecho de que ingrese a la magistratura la abogacía litigante habla de que ingrese a la magistratura alguien que ha acompañado a la ciudadanía y que ha tenido el contacto directo con ella.

En el Consejo de la Magistratura de Brasil necesitás haber ejercido la profesión sí o sí para entrar a la magistratura.

Por otro lado está la igualdad de oportunidades: no puede ser que una Escuela de la Magistratura Judicial que entrena, capacita para ingresar a la magistratura, funcione solo en Buenos Aires.

En Curuzú Cuatiá, por decirte un pueblo del interior, si hay algún abogado litigante formado que quiere acceder a la magistratura, ¿me decís cómo hace para ir a Buenos Aires a entrenarse en la Escuela de la Magistratura Judicial?

Entonces estamos hablando de un Consejo de la Magistratura nacional que tiene que federalizarse. Aunque incomode agendas, yo voy a levantar la voz más fuerte que nunca por el federalismo, porque he conocido la situación de la Justicia federal en cada uno de los lugares, eso no me lo cuentan.

— Teniendo en cuenta que provienen de espacios diferentes, tal vez con ideologías y afinidades políticas distintas, ¿se imagina haciendo causa común con el resto de los consejeros abogados electos?

— No tengo dudas (quizás peque de exceso de optimismo) de que van a cumplir con las promesas de campaña.

El Consejo se renueva completo y quienes están en el estamento de la abogacía conmigo tienen que saber a quién responden, y que hay una abogacía litigante esperando que cumplan con sus promesas.

Así que, en esa lógica, no va a haber ningún problema de trabajar juntos. Si cumplen con lo que prometen, va a haber un equipo trabajando para la abogacía litigante.

Yo por lo pronto tengo que honrar la confianza de cada colegio y de cada abogado litigante de norte a sur del país.

Quiero que en cuatro años, si se tiene que decir algo de mí, se diga que por primera vez alguien en Paso de los Libres se sorprendió de que una candidata al Consejo de la Magistratura fuera a escucharlo y que volvió a rendir cuentas de lo que hizo.

Ojalá mis compañeros de estamento, y soy muy optimista en que así va a ser, nos acompañen en las propuestas, porque hay una abogacía litigante absolutamente precarizada en un 90%.

Hay historias de todo tipo, súper tristes, de abogados que andan en un Uber o trabajan en un cajero de supermercado.

Entonces, por ejemplo, la perforación de honorarios no se puede perdonar. Hace un tiempo, a una referente de nuestro espacio le regularon 0,36 UMA (Unidad de Medida Arancelaria). Eso equivale a un paquete de yerba, para que se entienda.

No se puede perdonar: la perforación de honorarios, además de atacar a la familia de la abogacía, invita a ese abogado o abogada a que no defienda a un adulto mayor o a una persona que está buscando un medicamento.

Hay un tema en el fondo: te está disuadiendo e invitando a que la próxima vez pienses dos veces antes de llevar ese reclamo, porque tanto sacrificio y esfuerzo por un paquete de yerba…

Entonces hay un tema social. No es cualquier abogacía la que se tiene que sentar en el Consejo: yo voy con conciencia social. Voy porque me pasó un montón de veces, porque se me murieron un montón en el camino en un amparo de salud. Se me murieron un montón de adultos mayores esperando una sentencia. No me lo contaron, lo viví, soy previsionalista.

Es ese tipo de abogacía la que se tiene que sentar en el Consejo, la que le duele porque lo vivió.

— Volviendo al proceso de selección de jueces, ¿considera que debe reformular el reglamento de concursos?

— Sí, hay un proyecto presentado en su momento, si no me equivoco, por el juez Lorenzetti, que pretendía restarle importancia a la entrevista y que quedó en la nada.

— Se refiere a la acordada 4/2026, firmada por Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

— Exactamente. Después quedó en la nada eso. La idea es revitalizar ese proyecto.

Después, generar un proyecto que le dé trascendencia al arraigo del juez en el lugar, y sobre todo si es un concursante del lugar.

También generar un observatorio general de demoras de sentencias: no puede ser que en Jujuy un juez demore tres años en sacar un amparo de salud, porque no te tengo que decir qué pasa con una persona que está esperando un medicamento oncológico, porque se me revuelve el estómago.

Eso no puede no denunciarse ni dejar de sancionarse a un juez que demore tanto para una sentencia de ese tipo. No puede ocurrir.

Luego, un observatorio federal de perforación de honorarios: allá donde se perforen honorarios se está invitando a la abogacía a que no defienda a sectores sensibles de la ciudadanía, así que ahí también vamos a ir.

Vamos a pedir un criterio de selección que le dé a los antecedentes de la abogacía, al ejercicio profesional, a lo que presentamos todos los días en defensa de la ciudadanía, la misma trascendencia que los antecedentes académicos, porque la realidad es que hoy quienes están en la carrera judicial, sin ponerlos en desmedro, tienen muchas más posibilidades que nosotros, que trabajamos 24/7 en el estudio.

Se tiene que evaluar nuestra antigüedad en la matrícula, porque somos parte esencial del sistema judicial.

Y el criterio de selección tiene que ser más transparente, sin trampas. Para eso hay que quitarle trascendencia a la entrevista.

— ¿Considera que los jueces deben tener un Código de Ética o alcanza con la normativa vigente para regular su desempeño?

— Es trascendental que haya un Código de Ética. No puede ser que sean los únicos funcionarios a los que no les cabe un Código de Ética.

Porque aparte regula y normativiza: si una persona en un juzgado federal está sentenciando con una tobillera electrónica, y en una norma, en un Código de Ética, figura eso como “falta grave”, bueno, eso hará mucho más fácil el sistema de sanción y, en su caso, destitución.

La Comisión de Disciplina trabajaría mejor porque trabaja con una norma, disminuiría la discrecionalidad.

— El Código de Ética en el Consejo había tomado cierto impulso, pero luego su tratamiento se frenó en el Plenario. Según explicó el juez Horacio Rosatti, los otros dos ministros de la Corte pidieron participar para analizar e introducir aportes al proyecto.

— Sí, y desde ahí quedó sin tratarse. Qué raro, ¿no? La postergación por el propósito loable de agregarle cosas y, sin embargo, sigue esperando.

Con la acordada 4 es igual. Hace falta avanzar. Esperemos hacerlo.

— ¿Tiene alguna opinión respecto de la composición del Consejo? ¿Cree que se alcanzó el equilibrio del cual habla la Constitución para su integración?

— Tendría que integrarlo para responderte con total responsabilidad.

Lo que sí, no creo que alguien pueda ser juez y parte. Quien decidió una nueva integración del Consejo de la Magistratura no puede ser el que preside el mismo órgano. Me hace ruido.

Hoy lo que yo veo es poca actividad en el Consejo.

De todas formas, digo, yo creo profundamente en los acuerdos, en los procesos de diálogo y consenso.

Creo profundamente que, con esta renovación del Consejo, por cómo se han dado las cosas, donde el federalismo casi ha dado el batacazo, porque por 644 votos no hemos metido dos bancas, esto habla de un Consejo distinto.

Espero que todos los estamentos hayan leído realmente el mensaje y que nos acerquemos con un consenso de diálogo y no con negociaciones por atrás.

Sinceramente, creo que con un diálogo constructivo tenemos que entender que para la sociedad no da para más la credibilidad de la Justicia, y cuando las instituciones están tan, pero tan vapuleadas, se vuelve súper peligroso para la sociedad.

— ¿Le gustaría agregar algo más antes de asumir su rol?

— Primero, agradecerte por la entrevista. Y decir que me parece que no hay que dejar de destacar que hemos ganado en 40 colegios de abogados y sedes de votación, y que la voz del federalismo esta vez juega otro partido: es la primera vez en la historia que alguien del interior del interior ocupa una banca, y me parece que eso habla mucho de lo que tienen para decir todas las provincias.

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento se incorporará al Consejo de la Magistratura y se convertirá en la primera mujer de su provincia en acceder al organismo en representación de los profesionales del derecho. Su llegada se produce cuatro años después de haber quedado, según recordó, a unos 800 votos de conseguir una banca en las elecciones de 2022, cuando ocupaba el cuarto lugar en la lista que integraban Jimena de la Torre y Miguel Piedecasas. Esta vez, como segunda candidata de Unidad en Defensa de la Abogacía, la agrupación encabezada por Alberto Biglieri, consiguió el escaño que le permitirá integrar el cuerpo durante el período 2026-2030.

La agrupación se impuso en las elecciones del martes 20 de octubre, convocadas para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el organismo encargado de la selección y remoción de jueces. Sobre un padrón de 180.356 profesionales habilitados en todo el país, el escrutinio provisorio, con el 100% de las mesas contabilizadas, registró 33.326 sufragios y una participación del 18,5%. Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo 11.237 votos (34%) y se quedó con dos bancas, mientras que Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, reunió 10.593 (32%) y Abogacía Federal, liderada por Fernando Levene, consiguió 8.737 (26,4%). Ambas listas alcanzaron un escaño. En cuarto lugar quedó Abogacía por la Libertad, de Luis Palomino, con 2.506 sufragios (7,6%), sin representación en el cuerpo.

Aunque se trató de una elección del estamento profesional, las cuatro agrupaciones reunieron respaldos de distintas corrientes políticas. La lista de Biglieri contó con el acompañamiento de sectores del radicalismo y del PRO; la de Demarchi Arballo, con referencias del peronismo porteño y el kirchnerismo; y la de Levene, impulsada por el exconsejero Diego Molea, surgió de un acuerdo entre sectores del peronismo y del radicalismo. Por su parte, la nómina de Palomino estuvo identificada con La Libertad Avanza.

Sarmiento siguió el escrutinio desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, donde se reunieron referentes de su espacio a la espera de los resultados. El miércoles temprano regresó a San Juan, su provincia natal, y desde allí dialogó con Infobae a través de Zoom. De trato gentil y afable, repasó su experiencia durante una campaña que la llevó a recorrer distintos puntos del país y manifestó su convencimiento sobre la agenda que buscará impulsar y continuar en el Consejo. También se refirió al voto de confianza que considera haber recibido de sus colegas y a la responsabilidad que asume a partir de esa elección.

La consejera electa fue secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, durante la administración del gobernador Marcelo Orrego. Es, además, referente provincial de Abogados en Acción, una agrupación de alcance nacional vinculada al PRO que tiene entre sus principales figuras a Jimena de la Torre, actual integrante del Consejo, cuyo mandato finalizará en noviembre y que respaldó su candidatura. Su trayectoria también está ligada a la política colegial sanjuanina: en 2025 fue una de las impulsoras de la lista que ganó las elecciones del Foro de Abogados de San Juan y llevó a la presidencia de la institución a su esposo, José Salinas.

Durante la entrevista, Sarmiento planteó la necesidad de reducir la discrecionalidad en los concursos para seleccionar magistrados y mejorar las oportunidades de participación de los abogados litigantes frente a los funcionarios judiciales. También abordó la reforma del reglamento de selección de jueces impulsada por la Corte Suprema, la aprobación de un Código de Ética Judicial, la implementación de auditorías y estadísticas sobre el funcionamiento de los tribunales y el uso de inteligencia artificial como herramienta para agilizar los procesos. En ese marco, destacó el papel que, a su entender, debe desempeñar el Consejo de la Magistratura en la recuperación de la confianza de la sociedad en la Justicia.

—¿Qué balance hace de los resultados de las elecciones y de las dos bancas obtenidas por Unidad en Defensa de la Abogacía?

—Estamos muy contentos por el resultado. Esperábamos este resultado. Si bien fue un poco más reñido de lo que nosotros teníamos planificado, el objetivo principal era renovar los dos lugares para mantener las dos vocalías que tenemos en la actualidad, ya que terminan sus mandatos la doctora Jimena de la Torre y el doctor Alberto Maques. Así que el objetivo ha sido cumplido. Vamos a poder trabajar con “Nacho” Biglieri, con quien tengo muy buena relación, y con todo el equipo que viene de la colegiación, que es la parte más importante y característica de nuestra lista.

—¿Cómo recibió en San Juan el resultado de la elección?

—Hoy, por ejemplo, volví a San Juan y tuvimos la jura de la matrícula federal de muchos matriculados acá en la provincia. Así que estuve en el Foro de Abogados, donde mi esposo es el presidente. La actividad sigue, o mejor dicho, recién empieza.

—¿Qué significa para usted convertirse en una representante de San Juan en el Consejo de la Magistratura?

—Acá en la provincia nunca hubo un representante por el estamento de los abogados, y eso ha generado que sea particular.

—¿Y qué representa, además, ser la primera mujer sanjuanina en ocupar ese lugar?

—Ser la primera mujer sanjuanina me pone una responsabilidad enorme. A lo largo y a lo ancho del país que hemos estado visitando, muchas mujeres abogadas me han destacado la iniciativa de participar en un órgano tan importante, a más de 1.200 kilómetros de mi casa, y todo lo que significa para una mujer tomar esos desafíos, que son los desafíos que toman quienes quieren concursar y formar parte de la magistratura. He visto a muchas colegas de otras provincias identificarse con esto de tomar el desafío, de dejar de lado el ejercicio profesional y un montón de cosas, la pareja, la familia, para avanzar en una nueva propuesta, en un proyecto.

—¿Qué la llevó a postularse para integrar el Consejo de la Magistratura?

—Yo formo parte de la agrupación Abogados en Acción desde el año 2020. Venimos trabajando por la defensa de los derechos y los lugares de los abogados desde todo punto de vista. Fruto de ese trabajo, me propusieron ir en la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía. Yo ya fui candidata en 2022, iba en el cuarto puesto titular en la lista en la que salieron Jimena y Piedecasas. Me faltaron 800 votos para poder entrar.

Desde entonces, hemos continuado trabajando con la vocalía de Abogados en Acción, en conjunto, charlando y llevando la agenda que se llevó en el Consejo de la Magistratura. Así que el trabajo en el Consejo es conocido: soy parte, de algún modo, de la vocalía. Si bien yo no he trabajado efectivamente allí, hemos compartido el proyecto con Jimena de la Torre a lo largo de estos años.

Además, con Abogados en Acción y otras agrupaciones de acá de la provincia pudimos llegar a la conducción del Foro de Abogados de San Juan en una gestión anterior, y ahora se renovó con mi esposo como presidente del Foro de Abogados. La verdad es que venimos trabajando hace mucho esta misma agenda de transparencia, de meritocracia, de una baja en la discrecionalidad al momento de seleccionar a los jueces y todas las cosas que nos plantean los abogados de San Juan, de Buenos Aires y de todos los lugares que hemos podido recorrer.

—¿Cuáles son las principales inquietudes que les transmiten los abogados respecto de los concursos para seleccionar magistrados?

—En general, en esas charlas ha habido una constante: la falta de transparencia y de claridad que hay en los procesos de selección de los jueces. Eso ha hecho que los abogados litigantes cada vez participen menos de los concursos. Hoy, el 20 por ciento de los postulantes son abogados que ejercen la profesión. Ni hablar de las mujeres abogadas litigantes: menos del 5 por ciento.

Entonces, en todo este tiempo nos han planteado el tema de la transparencia, la necesidad de disminuir la discrecionalidad al momento de seleccionar a los magistrados y propiciar la transparencia.

Por otro lado, nos hablan de la falta de igualdad de oportunidades al momento de concursar del abogado que ejerce la profesión respecto de los funcionarios judiciales. Nosotros en campaña decíamos: hoy, 20 años de ejercicio profesional no son lo mismo que 20 años como funcionario judicial al momento de concursar.

Los funcionarios judiciales tienen muchísimas más oportunidades, ni hablar de que les dan licencia, les pagan los cursos, les dan posibilidades de poder escalar en la magistratura, y el abogado que está afuera no tiene siquiera la posibilidad de participar de la Escuela Judicial y, por lo tanto, de obtener los puntajes que da la Escuela Judicial para los concursos. Ahí es donde nos piden los abogados que ejercen la profesión que nosotros profundicemos el trabajo.

—¿Qué posición tiene respecto de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema? Entiendo que Jimena de la Torre fue una de las consejeras que propuso aprobarla a libro cerrado.

—Sí, nosotros lo que planteamos es que se apruebe, que algo se haga. ¿Es este el proyecto? Bueno, que se apruebe. Jimena presentó siete proyectos. Apoyamos este proyecto de la Corte porque lo que hay es peor que lo que se propone, entonces mejoremos.

Pero nuestra propuesta concreta es que a esta acordada se le sume la igualdad de oportunidades de los abogados litigantes respecto de los funcionarios judiciales. Ahí es donde nosotros proponemos que se amplíe el cupo de abogados, que se trabaje con los diferentes colegios de las distintas partes del país y con las universidades para que se pueda ampliar esta posibilidad de que los abogados que ejercen en cualquier jurisdicción puedan acceder a los cursos de la Escuela Judicial y obtener el puntaje que hoy tienen los que trabajan en el Poder Judicial.

Hoy un empleado judicial hace un curso y tiene un puntaje, y quizás vos tenés un posgrado en otra universidad y tenés el mismo puntaje que cualquier curso de la Escuela Judicial.

La idea es avanzar con cupos en la Escuela Judicial y trabajar junto a los colegios y a las instituciones representativas para que esta capacitación judicial sea más plural, federal y abierta, porque hoy, como está, es muy limitada a los funcionarios judiciales únicamente.

—¿Cuál será la agenda principal que buscará impulsar desde su lugar en el Consejo?

—Nosotros hemos firmado con mis compañeros de lista siete compromisos, y esa es nuestra agenda. La transparencia en el reglamento es uno de los ejes, pero también necesitamos que se apruebe el Código de Ética Judicial, que quedó parado y que creemos que va a ser favorable tanto para el abogado que denuncia como para el juez denunciado injustamente muchas veces, porque le va a dar un proceso, un inicio y un fin a estas denuncias.

Va a significar que haya jueces que no tengan la presión indeterminada de estar denunciados en tal o cual causa, sino que exista un proceso disciplinario bien establecido, con un inicio y un fin.

Hoy tenemos jueces que están denunciados in aeternum, y eso también es un mecanismo de presión para los propios jueces.

Necesitamos que las causas se inicien y se terminen en un plazo prudencial, en un plazo establecido. Por eso es que necesitamos que exista un Código de Ética que fije cuáles son las normas específicas y que no sea algo subjetivo, como hoy, respecto de qué es una falta disciplinaria, qué es ético y qué no, como tenemos los abogados que ejercemos la profesión.

—Hay jueces plantean que no están en contra de las auditorías, pero sí cuestionan que su conducta sea evaluada por profesionales que no son magistrados. ¿Qué opina de esa posición?

—A ver, la Comisión de Disciplina está integrada principalmente por el estamento de los jueces, y ahí también es donde surgen estadísticas que son bajas. Pero el Código de Ética y el control disciplinario constitucionalmente están establecidos para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y es este Consejo el que tiene el poder disciplinario sobre el accionar de los jueces. Eso está establecido en la Constitución.

—Cambiando de tema, ¿considera que la inteligencia artificial puede tener algún papel en los procesos que tramitan ante el Consejo de la Magistratura?

—Dentro de los compromisos que hemos planteado está la modernización de la Justicia federal en todo sentido. Uno de los puntos que sí hay que tomar en cuenta es el de la inteligencia artificial. Hoy se sigue discutiendo si se usa, si no se usa, si conviene o no, y la verdad es que la inteligencia artificial está en todos los teléfonos y la gran mayoría de las personas la utilizamos.

Es algo que creo que tenemos que dejar de discutir, ya que es una herramienta nueva que hay que implementar del modo correspondiente para hacer un uso responsable, con supervisión humana. Pero se tiene que utilizar.

Nosotros lo hemos hablado bastante con los abogados en la recorrida: si vos le preguntás al justiciable si quiere que se use la inteligencia artificial para ahorrarle tiempo en su juicio, no hay persona que te vaya a decir: “No, quiero que mi juicio dure diez años”.

La gente necesita que la Justicia sea lo más expedita posible, y esta es una gran herramienta para lograrlo. Hay algunos lugares donde se está implementando en la Justicia provincial y hay que avanzar en la Justicia federal con ese tema.

Hoy vemos todo lo que hace la inteligencia artificial desde atrás respecto de la modernización en la Justicia. Hay que tomar decisiones al respecto, porque es un tema que no se puede seguir negando. Es en el Consejo de la Magistratura donde se tiene que avanzar en las decisiones correspondientes.

Ahí quedó un proyecto de Jimena y, por supuesto, todas aquellas cosas que no se han podido lograr se van a tratar en este nuevo Consejo, con su nueva integración.

—¿Considera que el Consejo de la Magistratura puede contribuir a mejorar la imagen que tiene la sociedad del Poder Judicial?

—Desde todo punto de vista. Desde el propio rol constitucional y de creación que tiene el Consejo, está netamente vinculado con la imagen que tiene toda la Justicia federal en la sociedad.

Lo hemos dicho varias veces en campaña: vamos a trabajar fuertemente para devolverle la confianza de la gente a la Justicia, de la cual somos parte.

Nos duele como abogados y como ciudadanos que no haya confianza en litigar, que mucha gente no quiera acudir a la Justicia por las demoras, por los resultados o por el riesgo que les significa la decisión de un juez, que por ahí no es la misma en dos causas similares. Todas esas cosas van muy de la mano del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Otra de las propuestas que hicimos es que se implementen auditorías en la Justicia sobre su funcionamiento. Necesitamos que haya estadísticas.

Nosotros no podemos decir “hay que arreglar tal juzgado” o “hay que hacer tal o cual cosa” si no sabemos cómo viene funcionando ese juzgado, qué falencias tiene, qué necesidades tiene y cómo trabaja el juez.

Todo eso forma parte de lo que venimos reclamando: que haya estadísticas en el Poder Judicial, porque principalmente todo se basa en recursos, y el presupuesto es aprobado por el Consejo de la Magistratura -que se aprobó hace poco- y lamentablemente casi el 90 por ciento del presupuesto se va en sueldos y hay un 10 por ciento disponible.

Ese 10 por ciento hay que saber dónde se necesita, dónde está lo necesario, lo urgente y lo importante, para colocar allí primero los recursos y luego ir avanzando en el resto de las cosas menos necesarias.

Para eso necesitás tener información. Lo que no se sabe no se puede corregir.

Por eso entendemos que el Consejo tiene un rol fundamental para cambiar la noción de que la Justicia funciona mal.

Además, cuando hablás con los jueces escuchás que tienen un montón de necesidades, pero hay que saber cuáles son las más urgentes y dónde se puede avanzar primero por medio de las estadísticas.

—¿Conoce personalmente a Fernando Levene y a Itatí Demarchi, los otros consejeros electos por el estamento de la abogacía?

—No, no he tenido la oportunidad. Los conozco por redes sociales, obviamente, pero no he tenido oportunidad de conocerlos.

—¿Se imagina trabajando en conjunto con ellos y acordando proyectos en representación de la abogacía, a pesar de que vengan de otras corrientes?

—Mirá, con Nacho Biglieri hemos firmado los mismos compromisos y tenemos la misma agenda. Sabemos lo que venimos a hacer al Consejo de la Magistratura.

Esperamos que el resto de los consejeros que van a defender a la misma gente tengan la misma agenda que venimos trabajando nosotros, que vienen trabajando Jimena de la Torre y el doctor Alberto Maques en el Consejo que hoy cierra un ciclo.

Esperamos que su único norte sea defender la abogacía, como va a ser el nuestro. Y, en ese caso, qué mejor que poder tener más votos en el Consejo para conseguir los resultados necesarios.

Esperamos que prioricen al abogado por sobre cualquier pertenencia partidaria que puedan tener.

—¿Cómo imagina su dinámica de trabajo en el Consejo? ¿Tiene pensado instalarse en Buenos Aires?

—No lo tengo pensado aún, pero voy a cumplir mi función del modo más responsable, como corresponde. Así que haremos, familiar y personalmente, todo lo que sea necesario para estar a la altura de las circunstancias y del voto, principalmente.

Para mí, esta elección es un voto de confianza de los colegas y voy a dar todo de mí para representarlos de la mejor manera.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo de 13 inmuebles pertenecientes a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., dispuesto en el marco de la ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad. Por mayoría, el máximo tribunal penal del país consideró que no estaban reunidos los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La resolución, dictada este jueves, lleva las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV. Hornos y Barroetaveña votaron por declarar inadmisible la presentación, mientras que Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de conceder el recurso extraordinario.

El expediente tiene su origen en la condena dictada el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, que sentenció a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo juicio fueron condenados, entre otros, el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, por irregularidades en la adjudicación de obras públicas nacionales en Santa Cruz.

Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas. Desde entonces, el tribunal oral lleva adelante la ejecución de las penas y del decomiso de bienes, cuyo monto fue actualizado en $684.990.350.139,86.

En ese contexto, el 11 de agosto de 2026, el Tribunal Oral Federal N°2 dispuso el embargo preventivo de trece inmuebles de Hotesur y Los Sauces, sociedades cuyos accionistas son Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron juzgados en la causa Vialidad. La medida tiene carácter cautelar y busca preservar las propiedades hasta que se resuelva si corresponde su decomiso definitivo.

Entre los bienes alcanzados figura el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, además de unidades del complejo Madero Center, en Puerto Madero, y propiedades situadas en El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

Contra esos embargos, el abogado Luis Joel Goldin, en representación de ambos hermanos, presentó un recurso de casación en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de las medidas. La defensa sostuvo que los inmuebles pertenecen a Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., sociedades con personalidad jurídica propia, y señaló que ni las empresas ni sus accionistas fueron condenados en la causa Vialidad. También objetó que los embargos se hubieran dispuesto sin un monto determinado y alegó que las restricciones patrimoniales afectaban el derecho de propiedad y el normal desenvolvimiento comercial de ambas firmas.

El 18 de septiembre, la Sala IV del máximo tribunal penal federal declaró inadmisible ese recurso por mayoría, al considerar que los embargos constituían medidas cautelares y que no se había demostrado un perjuicio de imposible reparación posterior que justificara la intervención de Casación.

Frente a ese pronunciamiento, Goldin interpuso un recurso extraordinario federal para intentar que la controversia fuera examinada por la Corte Suprema. En su presentación, cuestionó la fundamentación de la resolución, invocó garantías constitucionales y sostuvo que se había impedido la revisión judicial de las medidas patrimoniales.

Durante la tramitación del recurso extraordinario presentado por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, el fiscal general ante Casación, Mario Villar, dictaminó que correspondía declararlo inadmisible. Por su parte, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de Cristina Kirchner, también intervinieron en el expediente y solicitaron que se habilitara su tratamiento ante la Corte Suprema.

Los fundamentos de Casación

Al fundamentar su voto, el juez Hornos sostuvo que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal ni demuestra la existencia de una cuestión federal debidamente fundada”, conforme a las exigencias legales para acceder a la instancia extraordinaria.

El camarista explicó que las decisiones vinculadas con medidas cautelares no constituyen, como regla general, sentencias definitivas y que la parte recurrente no había acreditado un perjuicio de imposible o insuficiente reparación posterior que permitiera apartarse de ese criterio.

Además, descartó la existencia de arbitrariedad en la resolución impugnada y postuló que tampoco se había justificado suficientemente la gravedad institucional invocada para habilitar la intervención del máximo tribunal.

Por su parte, su colega Barroetaveña adhirió a los fundamentos de Hornos y consideró que “la parte se ha limitado a expresar su discrepancia con lo decidido”. También planteó que los cuestionamientos remitían a cuestiones de derecho común y procesal que no habilitaban, en las circunstancias del caso, el recurso extraordinario federal.

En disidencia, el camarista Borinsky entendió que correspondía permitir la revisión del caso por la Corte Suprema. En su voto recordó que “las medidas precautorias dispuestas por el tribunal de juicio están destinadas a satisfacer el decomiso sobre bienes de titularidad de sociedades cuyos accionistas, aquí recurrentes, no han sido condenados en autos”.

En esa línea, consideró que la resolución cuestionada podía equipararse a una sentencia definitiva por la posibilidad de ocasionar un perjuicio de difícil reparación posterior. El camarista también remitió a una intervención anterior, del 24 de abril, en la que había advertido una falta de fundamentación suficiente sobre la vinculación temporal entre la adquisición de determinados bienes y la maniobra delictiva.

Para Borinsky, el recurso estaba debidamente fundado en los derechos constitucionales de propiedad y legalidad, así como en los cuestionamientos referidos a la arbitrariedad de la decisión recurrida.

Finalmente, con los votos de Hornos y Barroetaveña, Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario federal, con costas, y dispuso la remisión digital de las actuaciones al tribunal de origen. No obstante, Máximo y Florencia Kirchner aún pueden acudir directamente ante el Máximo Tribunal mediante un recurso de queja para solicitar la revisión de la decisión.

La resolución se conoció en la antesala del juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, previsto para este viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral Federal N° 5. En ambos expedientes, independientes de la ejecución patrimonial de Vialidad, se investigan presuntas maniobras de lavado de activos mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias. Entre los acusados figuran Cristina y Máximo Kirchner, quienes fueron autorizados a participar por Zoom de la audiencia inicial, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. La medida no se extiende al resto del debate, en el que deberán comparecer personalmente cuando su presencia sea requerida.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la tenencia de un edificio ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el barrio porteño de Núñez. El inmueble será destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal (MPF), ante la implementación del sistema acusatorio en los fueros federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, prevista para el 15 de febrero de 2027.

Según informó el MPF en su portal oficial, la entrega se formalizó mediante un acta suscripta por ambos funcionarios, que comprende la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento del edificio N° 11, denominado “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”. La propiedad se encuentra sobre la avenida Del Libertador 8151, dentro del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y dispone de tres plantas y una superficie de 3.681 metros cuadrados.

Las instalaciones albergarán áreas y unidades especializadas de la Procuración General que brindarán asistencia técnica a los fiscales en investigaciones complejas. Durante el acto, Casal destacó que “la infraestructura física y la disponibilidad de espacios adecuados no son meros aspectos logísticos, sino que resultan indispensables para garantizar la plena independencia operativa y técnica del Ministerio Público Fiscal”.

El procurador también manifestó su satisfacción por la respuesta a los reiterados planteos sobre la insuficiencia de espacios para implementar el sistema acusatorio en la Capital Federal. A su vez, anticipó que el edificio permitirá concentrar dependencias dedicadas a colaborar con los fiscales en investigaciones de alta complejidad.

El sistema acusatorio, que comenzará a regir en los tribunales federales de Comodoro Py y en el fuero penal económico porteño, dispone que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones y la responsabilidad de formular y sostener las acusaciones. Los jueces, por su parte, tendrán a su cargo el control de las garantías constitucionales y la resolución de los planteos de las partes en audiencias orales. El modelo también contempla legajos digitales y plazos procesales específicos.

La reforma avanza de manera progresiva en la Justicia federal. Desde septiembre pasado, con su incorporación en La Plata, el sistema acusatorio funciona en 11 de los 18 distritos federales del país, entre ellos Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Posadas y La Plata. El cronograma prevé su entrada en vigencia en Paraná el 30 de noviembre de 2026 y en Córdoba el 8 de marzo de 2027.

La incorporación del inmueble de Núñez se añade a la cesión del edificio conocido como “La Monedita”, concretada el 13 de agosto. Localizado en Cabo Pablo Teodoro Fels 330, en Retiro, perteneció a la Casa de la Moneda y fue acondicionado con mobiliario y equipamiento tecnológico. Está situado cerca de los tribunales federales de Comodoro Py y se asignó al Área de Atención Inicial del MPF y a espacios para el resguardo de efectos.

Por su parte, Mahiques indicó que las incorporaciones de inmuebles integran las medidas destinadas a acompañar la reforma procesal. El ministro precisó que, con las nuevas instalaciones, el organismo pasará a contar con más de 10.000 metros cuadrados de superficie. En el mismo predio de la ex ESMA, los edificios 22 y 23 fueron asignados al trabajo de relevamiento documental de la UFI-AMIA.

La asignación del edificio de la ex ESMA quedó instrumentada mediante un convenio firmado el 3 de febrero de 2026 por Mariano Cúneo Libarona, entonces ministro de Justicia; Eduardo Casal; y Gabriela Patricia Alegre, representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio para la Memoria. El acuerdo fue protocolizado mediante la Resolución PGN 2/2026.

El convenio fija una tenencia de 20 años, prorrogable automáticamente por períodos iguales. Estipula que el inmueble deberá utilizarse exclusivamente para oficinas y dependencias de la Procuración General, prohíbe su empleo para alojar, custodiar o trasladar personas privadas de la libertad y establece condiciones para preservar el patrimonio histórico del predio.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles dos recursos presentados por personas que reclamaban ser reconocidas como veteranos de la Guerra de Malvinas y acceder a los beneficios establecidos para los excombatientes. Los expedientes involucraban a demandantes que habían prestado servicios militares en Santa Cruz y Tierra del Fuego durante el conflicto de 1982, pero cuyos pedidos habían sido desestimados por tribunales inferiores al considerar que no se había acreditado su participación en acciones bélicas.

En ambos casos, el máximo tribunal desestimó las quejas por incumplimientos de los requisitos establecidos en la acordada 4/2007, que regula las condiciones formales de presentación de los recursos extraordinarios y las quejas ante la Corte.

El beneficio solicitado está contemplado en la ley 23.848, sancionada el 27 de septiembre de 1990, que estableció una pensión vitalicia para excombatientes de Malvinas. La normativa fue modificada y ampliada posteriormente, entre otras disposiciones, por las leyes 24.652 y 24.892, sancionadas en 1996 y 1997, respectivamente.

El régimen comprende distintas categorías de beneficiarios, entre ellos exsoldados conscriptos que estuvieron destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o participaron efectivamente en combates dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), así como civiles que cumplieron determinadas tareas de servicio o apoyo durante el conflicto, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

El TOM fue la jurisdicción militar establecida el 2 de abril de 1982 para las operaciones relacionadas con las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y estuvo vigente hasta el 7 de abril. A partir de entonces comenzó a funcionar el TOAS, que comprendió un ámbito operacional más amplio, incluidos espacios marítimos y aéreos, hasta la finalización de la guerra.

Paralelamente, se estableció el Teatro de Operaciones Sur (TOS), que abarcaba unidades militares desplegadas en el territorio continental al sur del paralelo 42. Estas delimitaciones territoriales y operativas adquirieron relevancia en los reclamos judiciales, en los que se discutió si las funciones desempeñadas por los demandantes durante el conflicto reunían los requisitos establecidos por la legislación para acceder a la pensión.

Los dos reclamos judiciales

Uno de los expedientes fue promovido por Carlos Alberto Olguín contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Defensa. El demandante solicitó ser reconocido como veterano y acceder a la pensión honorífica correspondiente, sobre la base de que durante el conflicto había sido desplazado al Regimiento de Caballería de Tanques 11, ubicado en Puerto Santa Cruz.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó el rechazo de la demanda al considerar que no se había acreditado que Olguín hubiera participado en el TOM o en el TOAS, ni que hubiera intervenido en acciones bélicas.

El demandante cuestionó ese pronunciamiento mediante un recurso extraordinario federal y, posteriormente, acudió en queja ante la Corte Suprema, que desestimó la presentación por incumplimiento de la acordada 4/2007.

La segunda causa, caratulada “Rojas, Raúl Roberto y otros c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ reajuste de haberes”, fue iniciada por personas que habían prestado servicios en una sección de la Agrupación Seguridad de la Base Naval de Ushuaia, en Tierra del Fuego, durante la guerra.

Los demandantes solicitaron su reconocimiento como veteranos y la incorporación al Listado de Excombatientes de Malvinas, con el objetivo de acceder al beneficio contemplado en la ley 23.848.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó la demanda al considerar que los reclamantes no habían participado en acciones bélicas. Frente a esa decisión, los actores interpusieron un recurso extraordinario federal y luego acudieron en queja ante la Corte Suprema, que también desestimó la presentación por incumplimiento de los requisitos formales fijados por la máxima instancia judicial.

En ambos expedientes, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se excusó de intervenir por razones de “delicadeza y decoro”, apartamientos que fueron aceptados.

En la causa iniciada por Olguín, la resolución fue suscripta por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Eduardo Tazza, José María Montesi y Fernando Robiglio. En el expediente Rojas, intervinieron Lorenzetti, Rosenkrantz y los conjueces Walter Carnota, Alejandro Salas y Carlos Vallefín.

Con el rechazo de las quejas, quedaron firmes las sentencias que habían desestimado los pedidos de reconocimiento como veteranos de la Guerra de Malvinas y el acceso a los beneficios correspondientes.

Con el 100% de las mesas escrutadas, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, ganó este martes las elecciones para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La agrupación obtuvo un total de 11.237 votos, equivalentes al 34% de los sufragios afirmativos, y se quedó con dos de las cuatro bancas en juego para el período 2026-2030.

En segundo lugar quedó Abogacía Unida y Dignidad Profesional, liderada por Itatí Demarchi Arballo, con 10.593 votos (32%), seguida por Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, que reunió 8.737 sufragios (26,4%). Ambas agrupaciones consiguieron una banca cada una. Por último, Abogacía por la Libertad, identificada con La Libertad Avanza y encabezada por Luis Palomino, alcanzó 2.506 votos (7,6%) y quedó sin representación.

Según los datos del escrutinio provisorio, se contabilizaron 33.326 sufragios en las 166 mesas habilitadas, equivalentes al 100% del total de mesas. De esa cantidad, 33.073 fueron votos afirmativos, mientras que se registraron 151 votos en blanco, 83 nulos, ocho recurridos y once impugnados.

Sobre un padrón de 180.356 profesionales, los sufragios contabilizados representan una participación del 18,5%. La diferencia entre las dos listas más votadas fue de 644 votos, mientras que Levene terminó a 1.856 sufragios del segundo puesto y a 2.500 de la agrupación ganadora.

La distribución de las cuatro bancas se determina mediante el sistema proporcional D’Hondt, que consiste en dividir los votos de cada lista por números sucesivos y asignar los lugares a los cuatro cocientes más altos. En este caso, los tres primeros correspondieron a Unidad en Defensa de la Abogacía (11.237), Abogacía Unida y Dignidad Profesional (10.593) y Abogacía Federal (8.737). La cuarta banca también correspondió a Unidad en Defensa, cuyo segundo cociente (5.618,5) superó a los de Abogacía Unida (5.296,5) y Abogacía Federal (4.368,5), así como al primer cociente de Abogacía por la Libertad (2.506).

Así, los cuatro representantes serán Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, por Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi Arballo, por Abogacía Unida y Dignidad Profesional; y Fernando Levene, por Abogacía Federal, una vez completada la proclamación de la autoridad electoral.

Las corrientes políticas detrás de los resultados

La elección reunió a agrupaciones con diferentes referencias políticas. La lista de Alberto Biglieri contó con el respaldo de sectores del radicalismo y del PRO; Abogacía Unida y Dignidad Profesional tuvo vínculos con el peronismo porteño y el kirchnerismo, mientras que Abogacía Federal surgió de un acuerdo impulsado por otro sector del peronismo, con participación de referentes radicales.

La lista ganadora contó con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra y del equipo que conduce el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, actualmente presidido por Alejandra García. También recibió el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Guillermo Lipera. A estos sectores se sumó el radicalismo porteño referenciado en Daniel Angelici, junto con el acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

El armado también incorporó a sectores del PRO, entre ellos el espacio de la consejera saliente Jimena de la Torre, quien promovió la candidatura de Claudia Sarmiento como segunda integrante de la nómina. Sarmiento pertenece a Abogados en Acción, agrupación impulsada por De la Torre y vinculada al PRO, que de esta manera mantendrá su representación en el Consejo.

Por su parte, Abogacía Unida y Dignidad Profesional reunió a distintos sectores del peronismo. Entre sus principales articuladores políticos se encuentra Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y dirigente del peronismo porteño. En la conformación de la lista también participó Diego Segovia, quien impulsó la candidatura de “Tati” Demarchi Arballo. El espacio contó, además, con el respaldo de sectores vinculados al senador nacional Mariano Recalde, referente de La Cámpora, que aportaron su conexión con el kirchnerismo.

En tanto, Abogacía Federal tuvo como principal articulador a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, expresidente del Consejo de la Magistratura y dirigente del peronismo bonaerense. Su armado reunió a sectores de diferentes procedencias políticas, entre ellos referentes vinculados al senador radical Maximiliano Abad, al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y al exconsejero Miguel Piedecasas.

Molea también ocupará una banca en el Consejo como representante del estamento académico y científico durante el período 2026-2030. Así, regresará al organismo que integró entre 2018 y 2022 y que llegó a presidir. En esta nueva etapa compartirá el cuerpo con Levene, candidato de la lista de abogados que impulsó.

Finalmente, Abogacía por la Libertad, identificada con La Libertad Avanza, estuvo encabezada por Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de ese espacio político en el municipio. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación durante la gestión del presidente Javier Milei. La agrupación terminó cuarta y no consiguió representación en el organismo.

Quiénes son los cuatro representantes de la abogacía

Alberto Biglieri es abogado administrativista, graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde desarrolla actividad docente en Derecho Administrativo. También fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La segunda representante de Unidad en Defensa de la Abogacía será Claudia Ester Sarmiento, abogada y escribana oriunda de San Juan, graduada de la Universidad Católica de Cuyo. Fue apoderada judicial de la Dirección Nacional de Migraciones en su provincia natal y secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial, encabezado por Marcelo Orrego.

La banca de Abogacía Unida y Dignidad Profesional será ocupada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista de Villa María, Córdoba, y presidenta del Colegio de Abogados de esa ciudad. Fue la única mujer que encabezó una de las cuatro listas y la única primera candidata proveniente del interior del país.

Finalmente, Fernando Pablo Levene es abogado de La Plata, expresidente del Colegio de Abogados de esa ciudad e integrante de la nómina de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Su actividad profesional e institucional se desarrolló principalmente en el ámbito de la abogacía bonaerense.

Cómo votaron los abogados en cada región

La elección se realizó en todo el país bajo el sistema de distrito único nacional, por el cual los votos de todas las jurisdicciones se suman para determinar la distribución de las cuatro bancas. Además de los resultados generales, el escrutinio provisorio permite conocer cómo se repartieron los sufragios entre las distintas agrupaciones en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el interior del país.

En la provincia de Buenos Aires, encabezó la votación Abogacía Federal, con 4.454 votos (45,8%), seguida por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que obtuvo 2.658 (27,4%). Unidad en Defensa de la Abogacía quedó tercera, con 1.866 sufragios (19,2%), mientras que Abogacía por la Libertad reunió 738 (7,6%).

En territorio bonaerense se contabilizaron 9.716 votos afirmativos, sobre un padrón de 54.797 profesionales habilitados. La lista de Levene superó por 1.796 sufragios a la de Demarchi Arballo y obtuvo allí su mayor respaldo electoral en cantidad de votos.

El resultado contrastó con el registrado en Capital Federal, donde encabezó la votación Unidad en Defensa de la Abogacía, con 3.504 votos (48,5%), frente a los 2.554 (35,4%) de Abogacía Unida y Dignidad Profesional. La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 950 sufragios.

En tercer lugar quedó Abogacía Federal, con 611 votos (8,5%), seguida por Abogacía por la Libertad, que obtuvo 552 (7,6%). En la Ciudad se registraron 7.221 votos afirmativos, sobre un padrón de 51.223 abogados habilitados.

En el interior del país también encabezó la votación Unidad en Defensa de la Abogacía, aunque con una diferencia más ajustada. La lista de Biglieri reunió 5.866 votos (36,4%), seguida por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con 5.378 (33,3%). La ventaja fue de 488 sufragios.

Abogacía Federal quedó tercera, con 3.672 votos (22,8%), mientras que Abogacía por la Libertad consiguió 1.216 (7,5%). El interior registró 16.132 votos afirmativos, sobre un padrón de 73.249 profesionales, y concentró la mayor cantidad de sufragios entre las tres regiones consideradas.

Por separado, la mesa correspondiente al exterior registró cuatro votos afirmativos, sobre un padrón de 1.087 electores.

De esta manera, el escrutinio territorial mostró a Levene al frente en la provincia de Buenos Aires y a Biglieri en Capital Federal y en el interior del país. Demarchi Arballo ocupó el segundo lugar en las tres regiones, mientras que Abogacía por la Libertad terminó cuarta en cada una de ellas.

El recambio de los consejeros y la nueva integración del organismo

Los cuatro representantes de la abogacía asumirán en reemplazo de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos mandatos finalizarán el próximo 18 de noviembre. Los nuevos integrantes ejercerán sus funciones durante cuatro años, hasta 2030.

La elección forma parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, que el pasado 8 de octubre celebró los comicios correspondientes a los jueces. En aquella votación, la Lista Bordó obtuvo el primer lugar, aunque las cuatro agrupaciones participantes consiguieron una banca cada una. Los representantes elegidos fueron Marcelo Gallo Tagle, por la Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por la Lista Celeste N° 2; y Paula Castro, por la Lista Celeste N° 1.

En el ámbito académico y científico, una de las dos bancas será ocupada por Molea, mientras que la definición de la representación restante continúa pendiente debido a una controversia judicial vinculada al procedimiento de elección.

El Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está integrado por 20 miembros. Entre sus atribuciones se encuentran la organización de concursos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, la elaboración de ternas de candidatos a jueces, la administración de recursos del Poder Judicial y la intervención en procedimientos disciplinarios y de remoción de magistrados.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al municipio de Primero de Mayo, en Entre Ríos, devolver 1.350.000 pesos al Estado nacional, más intereses, pese a que había acreditado la compra de una ambulancia con los fondos recibidos del Ministerio del Interior. El conflicto se originó por irregularidades en la rendición de cuentas que llevaron a las autoridades nacionales a rescindir el convenio y reclamar el reintegro del dinero. Aunque un juez de primera instancia había rechazado la demanda al considerar que la adquisición estaba debidamente documentada, el tribunal de alzada revocó esa decisión porque la municipalidad no cuestionó oportunamente la resolución administrativa que ordenaba la restitución.

La decisión fue adoptada este martes por la Sala IV, integrada por los jueces Jorge Morán, Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por el Estado nacional.

El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando el Ministerio del Interior y el municipio de Primero de Mayo, una pequeña localidad del departamento Uruguay, ubicada a unos 40 kilómetros de Concepción del Uruguay, en el este de la provincia de Entre Ríos, suscribieron un convenio específico de cooperación mediante el cual se otorgaron fondos nacionales para financiar la compra de una ambulancia.

Para concretar la operación, la administración municipal realizó la Licitación Pública N° 005/18. Según las constancias incorporadas al expediente, la gestión quedó documentada mediante una orden de compra, una factura emitida por Automotores Mega S.A. y el título de propiedad del vehículo a nombre de la municipalidad.

Además, los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos dieron por concluidos los controles sin formular reparos sobre la adquisición.

Sin embargo, al revisar la rendición de los fondos transferidos, las autoridades nacionales detectaron deficiencias en la documentación presentada. Un informe técnico del 1 de septiembre de 2022 identificó omisiones de datos relacionados con el expediente y las facturas, así como correcciones, enmiendas y tachaduras en distintos formularios administrativos.

Las observaciones no cuestionaban la existencia del bien ni la efectiva realización de la inversión. El conflicto surgió por el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos para justificar la utilización del dinero público.

El 28 de febrero de 2023, la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior dictó la Resolución 58/23, mediante la cual rescindió el convenio por incumplimientos atribuidos a la administración local y la intimó a restituir los 1.350.000 pesos recibidos en un plazo de 30 días.

La medida fue notificada mediante carta documento el 8 de marzo de ese año. No obstante, el municipio no interpuso recursos administrativos contra la decisión ni promovió una acción judicial para cuestionar su validez.

Ante la falta de restitución, el Estado nacional inició una demanda para recuperar los fondos, que dio lugar al expediente tramitado ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal.

Una primera sentencia favorable al municipio

El 30 de junio pasado, el juez Esteban Carlos Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, rechazó la demanda presentada por el Ministerio del Interior contra el municipio de Primero de Mayo y le impuso las costas al Estado nacional.

La controversia había llegado a los tribunales en septiembre de 2023, cuando los abogados del organismo, Alejandro Amaro y Verónica Sindoni, con el patrocinio de Patricia Sarandría, iniciaron una acción para recuperar los 1.350.000 pesos transferidos mediante el convenio de cooperación suscripto el 2 de agosto de 2018.

En su presentación, la representación estatal explicó que el dinero había sido depositado el 12 de octubre de ese año y que la municipalidad estaba obligada a rendir cuentas dentro de los plazos establecidos. Aunque la documentación fue presentada el 13 de marzo de 2019, una revisión posterior detectó deficiencias que, según el Ministerio, impedían considerar cumplidas las obligaciones asumidas.

La demanda precisó que el 4 de octubre de 2022 se envió una carta documento para exigir la regularización de los comprobantes, bajo apercibimiento de rescindir el acuerdo. Ante la falta de subsanación de las observaciones, las autoridades nacionales dejaron sin efecto el convenio, intimaron a devolver los recursos y posteriormente dispusieron iniciar acciones judiciales para obtener su restitución.

Al contestar el reclamo, el municipio negó la existencia de una deuda. Sus representantes afirmaron que los fondos habían sido destinados a la compra de una ambulancia para el centro de salud local, mediante la Licitación Pública N° 005/18, y destacaron que el procedimiento había sido auditado por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, sin observaciones.

Asimismo, sostuvieron que la rendición había sido presentada oportunamente y que determinados intercambios de correos electrónicos indicaban que la documentación se encontraba completa y en condiciones de ser aprobada. También cuestionaron los intereses pretendidos por el Estado, por considerarlos excesivos.

En su sentencia, el juez Furnari consideró que la adquisición del vehículo estaba suficientemente acreditada. Entre las pruebas valoradas figuraban la orden de compra, la factura emitida por Automotores Mega S.A., el título automotor a nombre de la municipalidad y la documentación correspondiente a la licitación.

El magistrado también ponderó que la empresa proveedora había confirmado la autenticidad de la factura y que los auditores provinciales habían concluido sus controles sin formular reparos. A su entender, las objeciones del Ministerio estaban vinculadas exclusivamente con cuestiones documentales y no ponían en discusión el destino de los recursos.

En ese contexto, sostuvo que “no se encuentra controvertida en autos la efectiva adquisición de la cosa objeto del convenio, esto es, la compra de una ambulancia”.

Por ese motivo, entendió que exigir la restitución implicaba aplicar un criterio de “rigorismo formal que no se compadece con las genuinas circunstancias del caso”, y desestimó la pretensión económica.

El Estado nacional apeló el pronunciamiento y presentó sus agravios el 24 de agosto de 2026, que fueron contestados por la contraparte el 13 de septiembre.

En su recurso, argumentó que la sentencia contenía una contradicción, dado que reconocía irregularidades en la rendición de cuentas, pero rechazaba el reclamo derivado de esos incumplimientos. Además, sostuvo que la validez de los gastos públicos exigía acreditar tanto la adquisición del bien como la regularidad administrativa del procedimiento.

La representación estatal también cuestionó que el juez de primera instancia hubiera prescindido de los efectos de una resolución que rescindió el convenio y ordenó la devolución del dinero, pese a que el municipio no la había impugnado dentro de los plazos legales.

Los fundamentos de la Cámara

Al examinar la apelación, el camarista Jorge Eduardo Morán sostuvo que el conflicto no debía resolverse únicamente a partir de las pruebas sobre la compra de la ambulancia, sino también considerando las consecuencias jurídicas de la rescisión del acuerdo.

El magistrado destacó que la disposición administrativa había sido notificada a la municipalidad sin que esta interpusiera recursos para cuestionarla. En consecuencia, el acto había quedado “firme y consentido”, amparado por la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria previstas en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Para fundamentar esa interpretación, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual los tribunales no pueden revisar la legitimidad ni desconocer los efectos de decisiones administrativas que adquirieron firmeza por falta de impugnación oportuna.

Desde esa perspectiva, consideró que los documentos utilizados por el juez Furnari para demostrar la adquisición del vehículo no resultaban suficientes para rechazar la demanda.

Según explicó, “el objeto del presente proceso no se encuentra constituido por la aprobación o fiscalización de un trámite de rendición de cuentas, sino por la ejecución directa de la acreencia derivada de un acto administrativo de rescisión firme y consentido”.

El camarista también advirtió que liberar a la municipalidad de la obligación de restituir los fondos implicaría “subrogarse en competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional y desconocer la estabilidad de los actos administrativos firmes”, en contradicción con los principios de separación de poderes y seguridad jurídica.

Los camaristas Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy adhirieron al voto de Morán, por lo que la resolución fue unánime.

Con todo, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y condenó al municipio de Primero de Mayo a devolver los 1.350.000 pesos, con intereses calculados según la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central.

Para establecer ese criterio, los magistrados también recurrieron a antecedentes de la Corte Suprema. Los intereses deberán computarse desde la notificación de la resolución de rescisión del convenio hasta el efectivo pago.

La sentencia dispuso además que la municipalidad afronte las costas judiciales correspondientes a ambas instancias.

Cuatro agrupaciones competirán este martes por las bancas que corresponden a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección definirá a sus representantes para el período 2026-2030, dentro del organismo que interviene en la selección, el control disciplinario y los procedimientos de remoción de jueces nacionales y federales.

Cerca de 184.000 profesionales con matrícula federal activa están habilitados para participar entre las 9 y las 18, en 96 centros electorales distribuidos por el país. La votación se realizará bajo la modalidad de distrito único nacional, es decir, los votos de todas las jurisdicciones se computarán conjuntamente para determinar la asignación de las cuatro bancas.

En la Ciudad de Buenos Aires se votará en el Colegio Público de la Abogacía, ubicado en avenida Corrientes 1441. En el resto del país, cada elector deberá concurrir a la sede indicada en el padrón definitivo, aprobado por la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Una vez cerrados los comicios, las autoridades de mesa realizarán el escrutinio provisorio y la Junta Electoral tendrá a su cargo el recuento definitivo y la proclamación de los consejeros electos.

Unidad en Defensa de la Abogacía está encabezada por Alberto Biglieri, abogado administrativista, actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y exintegrante del Consejo de la Magistratura porteño. La nómina de titulares se completa con Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic, mientras que los suplentes son Carlos Esteban Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.

Por su parte, Abogacía por la Libertad lleva como primer candidato a Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación. Lo acompañan como titulares Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo. Los suplentes son Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional presenta a Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, con trayectoria en el ejercicio profesional y la actividad colegial. Los restantes candidatos titulares son Jorge Gabriel Rizzo, Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich, mientras que Adriana Coliqueo, Andrés Horacio Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Nicolás Álvarez se postulan como suplentes.

Finalmente, Abogacía Federal está encabezada por Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata e integrante de la nómina de conjueces de la Suprema Corte bonaerense. Completan las candidaturas titulares Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

Las cuatro listas tuvieron que cumplir con los requisitos de representación territorial y paridad de género establecidos para la elección. Entre los candidatos titulares debían incluir al menos dos mujeres, dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires, además de respetar la alternancia de género.

Los consejeros electos reemplazarán a Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques y pasarán a integrar el organismo de 20 miembros que, entre otras atribuciones, organiza concursos para cubrir vacantes judiciales, eleva ternas al Poder Ejecutivo, administra los recursos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados.

La renovación responde al principio de integración periódica del Consejo de la Magistratura, previsto en el artículo 114 de la Constitución Nacional. En ese marco, este mes ya fueron elegidos los cuatro representantes de los jueces y resta definir una de las bancas correspondientes al sector académico y científico.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de una causa contra Carlos Damián Liberman, exsubsecretario de Pesca y Acuicultura durante el gobierno de Alberto Fernández, denunciado por el empresario español Fernando Álvarez Castellano, presidente de las firmas Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y Agropez S.A., por una presunta persecución mediante controles y sanciones administrativas contra sus embarcaciones, además de supuestas amenazas proferidas durante un encuentro internacional en España.

La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Por mayoría, el máximo tribunal penal del país rechazó el recurso presentado por las empresas contra las resoluciones que habían dispuesto el cierre de la investigación, al considerar que los elementos incorporados al expediente no permitían sostener la existencia de los delitos de abuso de autoridad y amenazas coactivas.

Los hechos denunciados se remontan principalmente a 2022, cuando Liberman estaba al frente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. El exfuncionario, vinculado políticamente con la agrupación kirchnerista La Cámpora, había sido secretario de Pesca de Santa Cruz durante la gobernación de Alicia Kirchner. Actualmente se desempeña como representante suplente de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de establecer la política pesquera nacional.

La causa comenzó el 29 de mayo de 2023, a partir de una presentación de Álvarez Castellano, por derecho propio y en representación de ambas sociedades. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, quien formuló el requerimiento de instrucción y solicitó distintas medidas de prueba.

El hombre de negocios español denunció presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También invocó la Ley Antidiscriminatoria 23.592, al sostener que la conducta atribuida a Liberman respondía a una animosidad personal relacionada con su nacionalidad.

El origen del conflicto y las sanciones cuestionadas

Según la denuncia, desde principios de 2022 las embarcaciones de Conarpesa y Agropez comenzaron a recibir inspecciones reiteradas al arribar a los puertos de Rawson y Puerto Madryn, en Chubut. Los controles derivaron en numerosos sumarios administrativos y multas que Álvarez Castellano consideró injustificados.

Las infracciones estaban vinculadas principalmente con el peso de los cajones de langostinos y la proporción de ejemplares sin cabeza que podían procesarse a bordo de los buques.

Respecto del primer punto, el denunciante cuestionó el procedimiento utilizado para determinar el peso de las capturas. Sostuvo que los inspectores seleccionaban dos o tres cajones que aparentaban ser los más pesados, en lugar de tomar muestras aleatorias, y proyectaban luego el resultado sobre la totalidad de la carga. Afirmó que algunos sumarios llegaron a iniciarse por diferencias de apenas 200 gramos.

La segunda controversia giró en torno al porcentaje permitido de langostino sin cabeza, también denominado cola de langostino. Las empresas argumentaron que históricamente se admitía una tolerancia del 30%, pero que la administración había comenzado a emplear un criterio de cálculo diferente, mediante el cual se iniciaban procedimientos cuando las descargas superaban determinados porcentajes.

La querella sostuvo que esa interpretación se había aplicado retroactivamente a operaciones anteriores, mediante disposiciones vinculadas con la Resolución 9/2022 del Consejo Federal Pesquero y la utilización de un coeficiente de conversión que, según su planteo, carecía de respaldo normativo.

El parámetro cuestionado era de 1,54 y se utilizaba para calcular cuánto langostino entero equivalía al producto procesado sin cabeza. De acuerdo con las compañías, su aplicación modificaba el volumen computado de las capturas y permitía detectar supuestas infracciones en operaciones que, bajo el criterio anterior, se encontraban dentro de los límites admitidos.

Para fundamentar la presunta persecución, aportaron estadísticas sobre la actividad fiscalizadora. Según esos datos, poseían 20 embarcaciones, equivalentes al 6,4% de los 312 buques dedicados a la pesca de langostino, pero durante 2022 recibieron 75 sumarios, que representaban el 32,6% de los 230 procedimientos iniciados ese año.

Álvarez Castellano sostuvo que esa diferencia evidenciaba un tratamiento arbitrario. También cuestionó la falta de respuesta a los recursos administrativos presentados contra las sanciones y atribuyó a Liberman decisiones que habrían restringido la actividad de algunas embarcaciones.

Entre los planteos examinados figuró el caso del buque Félix Augusto, respecto del cual Conarpesa alegó que poseía un derecho adquirido para operar indistintamente como fresquero y congelador. La primera modalidad consiste en trasladar las capturas conservadas en hielo para su posterior procesamiento en tierra, mientras que la segunda permite procesar y congelar el producto durante la navegación.

Las presuntas amenazas durante una feria pesquera en España

La denuncia incluyó un episodio ocurrido el 4 de octubre de 2022 en Vigo, España, durante la feria internacional de productos pesqueros CONXEMAR, a la que Liberman había asistido en misión oficial, en representación de la Argentina.

Según el relato de Álvarez Castellano, ambos coincidieron en el Gran Hotel Nagari, donde el entonces subsecretario se le acercó “de manera agresiva”, delante de varias personas, y comenzó a increparlo.

El empresario relató que Liberman le dijo: “Pescá bien, Fernando, y dejá de publicar estupideces”.

Luego habría insistido: “El langostino es de los argentinos y yo soy el que lo maneja”.

De acuerdo con la presentación, el funcionario continuó con otra expresión: “Te voy a echar a patadas de Argentina a vos y a todos los gallegos de mierda como vos”.

Álvarez Castellano explicó que le respondió cuestionando su actitud hacia él y sus compañías. Según su denuncia, Liberman finalizó el enfrentamiento con una nueva advertencia: “En Argentina mandamos nosotros y te voy a perseguir hasta que te vuelvas a España, gallego de mierda”.

El titular de las pesqueras interpretó esas manifestaciones como una demostración de la enemistad manifiesta que, a su entender, motivaba las inspecciones y sanciones impuestas a sus empresas. También sostuvo que las referencias despectivas a su origen español evidenciaban un componente discriminatorio.

Durante la instrucción declaró una persona presentada como testigo del encuentro. Según consignó la Cámara Federal porteña al revisar el expediente, afirmó haber presenciado una discusión y escuchado expresiones despectivas vinculadas con la nacionalidad del denunciante.

Sin embargo, los magistrados consideraron que las pruebas reunidas no permitían establecer una relación concreta entre aquel enfrentamiento y los procedimientos administrativos posteriores, ni demostrar que estos últimos hubieran constituido la materialización de una amenaza coactiva.

Las empresas denunciantes y las pruebas reunidas

Conarpesa y Agropez pertenecen al Grupo Conarpesa, dedicado a la captura, el procesamiento y la exportación de langostino patagónico. Sus operaciones se desarrollan principalmente en aguas del Atlántico Sur, con una fuerte presencia en los puertos de Rawson y Puerto Madryn, en Chubut, desde donde sus embarcaciones desembarcan las capturas destinadas a plantas industriales y mercados internacionales.

El grupo dispone de buques fresqueros y congeladores, además de instalaciones de procesamiento y logística en distintos puntos de la Patagonia, entre ellos Puerto Madryn, Rawson y Caleta Paula, en Santa Cruz. Entre los productos que comercializa figuran el langostino entero, las colas sin cabeza y las variedades peladas y congeladas.

La compañía fue fundada en 1977 por el empresario español Juan Álvarez Cornejo, padre de Fernando Álvarez Castellano. Este último, nacido en Madrid y radicado en la Argentina desde mediados de la década de 1990, asumió la conducción del grupo en 1995. En octubre de 2022, Conarpesa anunció el ingreso de capitales de la firma gallega Worldwide Fishing Company (Wofco), que adquirió una participación accionaria del 47,82%.

Durante casi tres años, la Justicia incorporó informes de organismos nacionales, documentación administrativa, copias de los sumarios cuestionados y declaraciones de funcionarios y representantes de distintas compañías pesqueras.

Entre los testigos compareció Julián Osvaldo Suárez, quien se desempeñaba como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera al momento de los hechos. Explicó que sus funciones comprendían el seguimiento satelital de las embarcaciones, la supervisión de la actividad, la instrucción de sumarios y el control del cumplimiento de sanciones.

En su declaración, negó haber recibido instrucciones de Liberman respecto de los procedimientos iniciados contra las empresas.

También declararon representantes de Iberconsa, Arbumasa, Argenova y Riminimarr, quienes describieron los mecanismos de fiscalización aplicados en el sector.

El representante de Iberconsa reconoció un incremento de las actuaciones administrativas desde 2021 y señaló que existían diferencias de interpretación sobre determinadas disposiciones regulatorias. Sin embargo, manifestó que no tenía conocimiento de controles discrecionales contra empresas específicas.

Por su parte, los representantes de Arbumasa y Argenova tampoco identificaron irregularidades dirigidas particularmente contra las compañías denunciantes. En sus testimonios mencionaron infracciones relacionadas con excesos de captura, diferencias de pesaje y otras circunstancias propias de la actividad pesquera.

El representante de Arbumasa recordó que había recibido en 2023 una notificación por una infracción correspondiente a una marea de 2020. El de Argenova mencionó sumarios relativos a operaciones de 2019, aunque aclaró que no habían estado relacionados con una aplicación retroactiva de la Resolución 9/2022 sobre el porcentaje de cola de langostino.

Uno de los elementos incorporados al expediente fue un informe de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera que indicó que no existía en el ordenamiento jurídico pesquero una norma específica que estableciera un factor de conversión determinado para transformar el peso de cola de langostino en su equivalente de producto entero.

No obstante, los expedientes examinados mostraron que la administración había utilizado como referencia una nota interna del 14 de diciembre de 2021 para efectuar esos cálculos.

La investigación también incorporó informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre las inspecciones realizadas entre 2021 y 2024, junto con documentación del Consejo Federal Pesquero relativa a los antecedentes normativos utilizados para sustentar los procedimientos.

El archivo de la causa y las apelaciones

El 5 de mayo de este año, el juez federal Sebastián Ramos dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Consideró que los elementos reunidos no permitían acreditar que las inspecciones y sanciones contra Conarpesa y Agropez hubieran respondido a una persecución deliberada de Liberman.

El magistrado explicó que los procedimientos se originaron en incumplimientos de la normativa pesquera y que su incremento durante 2022 podía explicarse por la modernización de los mecanismos estatales de fiscalización, mediante la incorporación de sistemas de monitoreo más ágiles y automatizados.

En ese sentido, examinó la evolución de las actuaciones y destacó que, mientras en 2021 se habían iniciado 82 sumarios en el sector, de los cuales solo uno correspondió a Conarpesa, en 2022 ambas empresas acumularon 75 de los 230 procedimientos registrados. Durante 2023, en cambio, no recibieron ninguno.

También valoró que la apertura de los expedientes sancionatorios era competencia del director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Osvaldo Suárez, quien había negado recibir instrucciones del exsubsecretario. A ello sumó los testimonios de representantes de otras compañías, que no habían identificado una persecución particular contra las firmas denunciantes.

Respecto del coeficiente de conversión, Ramos entendió que las discrepancias sobre su interpretación y aplicación correspondían al ámbito administrativo. Señaló, además, que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas había promovido un sumario en el Ministerio de Economía y que no correspondía trasladar automáticamente esas controversias a la jurisdicción penal.

En cuanto al enfrentamiento ocurrido en la ciudad española de Vigo, consideró que había tenido lugar fuera del territorio argentino y que su eventual investigación correspondía, en principio, a los tribunales españoles. También planteó que las pruebas no permitían reconstruir suficientemente el hecho denunciado ni relacionarlo con los procedimientos contra las compañías.

El magistrado aclaró que el archivo no producía cosa juzgada material y que las actuaciones podían reabrirse si aparecían nuevas circunstancias relevantes.

La querella apeló la resolución, pero el 2 de junio la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el archivo. Los camaristas entendieron que las pruebas reunidas no permitían sostener, siquiera con el grado de probabilidad exigido en esa etapa, que los sumarios hubieran respondido a un accionar direccionado o arbitrario de Liberman.

En particular, consideraron que las diferencias sobre el coeficiente de conversión y los porcentajes permitidos de procesamiento de langostino sin cabeza constituían controversias de carácter técnico y administrativo.

La Cámara Federal porteña también examinó las actuaciones posteriores que habían cuestionado determinados criterios sancionatorios o propiciado el archivo de algunos expedientes administrativos. Sin embargo, sostuvo que esas circunstancias no demostraban, por sí solas, una conducta deliberadamente persecutoria susceptible de configurar el delito de abuso de autoridad.

Sobre el episodio de España, los jueces señalaron que, aunque un testigo había referido una discusión y expresiones despectivas vinculadas con la nacionalidad del empresario, no existían elementos suficientes para establecer que las sanciones administrativas posteriores hubieran constituido la materialización de una amenaza coactiva.

Frente a esa decisión, Conarpesa y Agropez interpusieron un recurso de casación, concedido el 30 de junio. La querella insistió en que las instancias anteriores habían efectuado una valoración incorrecta de las pruebas, particularmente sobre la cantidad de sumarios, la supuesta aplicación retroactiva de disposiciones sancionatorias y las amenazas denunciadas.

Solicitó que se revocara el archivo, se reabriera la instrucción y se convocara a Liberman a prestar declaración indagatoria. También manifestó su intención de requerir nuevas medidas probatorias e investigar la eventual participación de Suárez.

Los fundamentos de los camaristas

Al examinar el recurso, el camarista Mariano Borinsky consideró que cumplía los requisitos formales para ser revisado, pero concluyó que sus argumentos no lograban desvirtuar los fundamentos del archivo.

El juez sostuvo que la mayor cantidad de procedimientos contra determinadas compañías no constituía, por sí sola, una prueba de persecución.

“La circunstancia de que Agropez S.A. y Conarpesa hubieran registrado una cantidad de sumarios mayor a la de otras empresas del sector durante 2022 no indica por sí mismo que hayan recibido un tratamiento arbitrario y especialmente direccionado contra ellas”, remarcó.

Borinsky valoró las declaraciones de los representantes del sector y la documentación incorporada. Consideró que esos elementos no permitían demostrar que Liberman hubiera utilizado deliberadamente sus facultades para perjudicar a las firmas denunciantes.

Además, destacó que ninguno de los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en las distintas instancias había cuestionado el archivo.

Por su parte, su colega Gustavo Hornos coincidió en que el recurso debía ser admitido formalmente, aunque también propuso rechazarlo después de analizar los hechos investigados.

El camarista destacó la extensión de la instrucción y la cantidad de diligencias realizadas. Señaló que la investigación “no fue clausurada en una etapa embrionaria ni sobre la base de la sola lectura de la denuncia”.

Respecto del delito de abuso de autoridad, explicó que una interpretación administrativa errónea o la eventual invalidez de una sanción no resultaban suficientes para acreditar automáticamente la responsabilidad penal de un funcionario.

“Ello no significa que un funcionario quede exento de responsabilidad penal cuando utiliza sus atribuciones para dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la ley”, aclaró.

Sin embargo, señaló que para configurar ese delito era necesario comprobar que la ilegalidad excedía una controversia interpretativa y que el funcionario se había apartado conscientemente del ordenamiento jurídico.

“Esos elementos no han podido verificarse hasta el momento en el presente caso”, concluyó.

Hornos también examinó el episodio ocurrido en Vigo y consideró que las pruebas incorporadas no permitían vincular penalmente las expresiones atribuidas a Liberman con las actuaciones administrativas cuestionadas.

El juez Javier Carbajo, en cambio, propuso declarar inadmisible el recurso porque, a su criterio, la querella no había demostrado defectos de fundamentación suficientes para habilitar la revisión.

El magistrado expuso que las decisiones anteriores habían examinado razonablemente las pruebas reunidas y que los argumentos de las empresas expresaban una discrepancia con esa valoración.

En ese sentido, afirmó que “la resolución impugnada se encuentra suficientemente sustentada, y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

Carbajo también observó que determinadas actuaciones administrativas posteriores habían representado avances favorables para los reclamos de las compañías, pero consideró que ello no modificaba la ausencia de elementos suficientes para sostener la imputación penal.

Finalmente, con los votos de Borinsky y Hornos, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de casación, sin imposición de costas, y mantuvo el archivo dispuesto por el juzgado federal y confirmado por la Cámara de Apelaciones.

El tribunal también tuvo presente la reserva del caso federal formulada por la querella. Los cuestionamientos sobre la validez de las sanciones administrativas quedaron sujetos a los procedimientos de revisión correspondientes.

La conversación con Marcelo Gallo Tagle transcurre durante su escala en Río de Janeiro, camino a Lisboa. El juez habla pausado. Da la impresión de que sopesa cada palabra antes de exponer su posición, como si buscara a conciencia articular sus argumentos de la forma más clara posible. Viaja a Portugal para participar una vez más de la asamblea anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que se desarrolla entre el 15 y el 21 de octubre.

Gallo Tagle participa en esas jornadas en calidad de secretario general del Grupo Iberoamericano que funciona dentro de la organización. “La idea es interiorizarnos sobre los problemas de cada uno de los países y las salidas para cada uno de esos problemas”, explicó a Infobae.

El evento internacional lo encuentra, por lo demás, a pocos días de haber sido electo para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura de la Nación. Encabezó la Lista Bordó, que obtuvo 203 votos, el 33,1% del total, y se convirtió en la fuerza más votada entre los jueces nacionales y federales. La definición estuvo cerca de darle además una segunda banca: al aplicarse el sistema D’Hondt, el segundo cociente de la Bordó quedó en 101,5, apenas medio punto por debajo de los 102 de la Lista Celeste N°1. El resultado terminó así con un representante para cada una de las cuatro fuerzas que participaron de los comicios.

Además de Gallo Tagle, ingresarán al organismo Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por la Lista Celeste N°2; y Paula Castro, por la Lista Celeste N°1. Los cuatro reemplazarán en noviembre a Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alberto Lugones, de la Lista Celeste; y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. Sus mandatos se extenderán entre 2026 y 2030.

“El resultado es lo que resolvieron los jueces en la elección. Una de las listas apareció fraccionada y, al fraccionarse, generó el clima de diversidad de postulaciones. Claramente, hubiéramos querido mantener y conservar las dos vacantes, pero considero que el resultado nos obliga a trabajar en consonancia con ese mensaje”, reconoció Gallo Tagle por teléfono.

Titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17, tiene una extensa trayectoria en el asociacionismo judicial. Presidió la casi centenaria Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional entre 2018 y 2023 y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) entre 2024 y 2026.

En breve pasará a formar parte del engranaje de ese organismo creado con la reforma constitucional de 1994 e integrado al Poder Judicial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, encargado de seleccionar a los jueces y administrar sus recursos, y con atribuciones para dictar reglamentos, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y promover, eventualmente, su remoción. Su agenda para esa nueva etapa, dice, tiene entre sus ejes los tiempos de los procedimientos, el sistema de selección de magistrados y los límites de la potestad disciplinaria.

—Con cuatro representantes provenientes de espacios distintos, ¿cómo imagina la dinámica del estamento judicial dentro del Consejo?

—Considero que no habrá problemas. Las diferencias entre los distintos grupos que se presentaron en los comicios pueden estar en algún matiz sobre cómo evaluar o abordar un tema específico, pero no sobre los grandes principios. Ninguno va a trabajar en contra del Poder Judicial, del respeto por la división de poderes, del no avasallamiento y de la independencia judicial. No me cabe la menor duda.

Uno de los asuntos en los que espera encontrar coincidencias el magistrado de 65 años es el expediente disciplinario contra el juez civil Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, que hoy por hoy tramita ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Es una causa que comenzó en 2023 a partir de una denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por distintas resoluciones en las que Goggi declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales y dejó sin efecto el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria. Varias de esas decisiones fueron posteriormente revocadas por distintas salas de la Cámara Civil.

En agosto de este año, la Comisión de Disciplina aprobó por mayoría un dictamen que propuso aplicarle una multa equivalente al 35% de sus haberes. Los tres representantes del estamento judicial que integran esa comisión votaron en contra, al advertir sobre el riesgo de avanzar sobre el contenido de las decisiones jurisdiccionales. La mayoría entendió, en cambio, que el reproche no se sustentaba en una sentencia aislada, sino en la reiteración de una misma conducta en diferentes expedientes.

—¿Por qué considera que el Consejo no debería avanzar en ese caso?

—Primero, este avance de juzgar a un juez por el contenido de una sentencia es una locura. En este momento está ocurriendo con dos jueces, el juez Goggi es uno. Se está ingresando en un terreno que no es competencia del Consejo de la Magistratura: evaluar el contenido de las sentencias.

Segundo, la Cámara Civil jamás le llamó la atención ni le sacó los expedientes. Esa independencia de criterio que cada uno tiene para juzgar, todas las salas de la Cámara Civil se la respetaron. Jamás le dijeron que cambiara el criterio. Se limitaron a modificar el fallo si consideraban que correspondía. Esto una cuestión de criterio y no puede ser objeto de revisión. Es la primera vez que se van a meter con el contenido de los fallos: la premisa fue siempre desestimar las denuncias que cuestionaban el contenido. El Consejo no es un órgano de revisión de fallos judiciales.

Creo es un tema que nos preocupa por igual a los cuatro. Sentados a trabajar, tendremos matices en cómo encarar el tema, pero en la sustancia no hay ningún tipo de discrepancia.

—¿Cuáles van a ser sus prioridades concretas cuando asuma en noviembre? ¿En qué temas del funcionamiento del Consejo considera que hay que avanzar primero?

—Uno es este del que te hablé. Después hay que trabajar para abreviar el plazo de los concursos. Trabajar en los concursos anticipados. Hay que extender ese procedimiento para poder hacer los trámites más breves dentro de la Comisión de Selección. Tenemos que buscar mecanismos que brinden una mayor transparencia al proceso: por ejemplo, tabular las entrevistas, fijar un porcentaje tope de mejora del resultado de la entrevista. La evaluación de antecedentes y oposición está tabulada; la entrevista, no. Las entrevistas, además, tendrían que profundizar en cómo se reaccionaría frente a determinada situación de crisis. No podés no darle relevancia a los antecedentes y darle más relevancia al aspecto académico. Los concursos tienen que seleccionar a un juez y no a un catedrático.

En ese marco se inscribe la discusión que trajo a la luz pública la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, firmada en marzo de este año por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que contiene una propuesta de reforma del régimen de concursos para la selección de magistrados. La iniciativa, en rigor, plantea modificaciones en distintas etapas del proceso y apunta a reforzar criterios de mérito, idoneidad, transparencia y previsibilidad.

—¿Ese proyecto puede servir como base para la reforma de los concursos?

—Es una propuesta entre otras sobre las que vamos a trabajar.

—Más allá de los concursos, ¿qué funcionamiento del Consejo imagina?

—Uno que intente darle actividad y claridad a los trámites para que se vea en qué se gasta y cómo. La tarea será buscar un Consejo más eficiente, más cercano a la gente, más rápido en la resolución de cada tema que se trata. Tratar de que todo sea más ágil, respetando la ley. Avanzar en todo aquello que haga al Consejo más ágil, más rápido en las respuestas que tiene que dar de cara a la sociedad.

Otro de los ejes sobre los que fijó posición Gallo Tagle, nacido en la Capital Federal y egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue el debate por un eventual Código de Ética para magistrados. El juez no cuestiona que las reglas actualmente dispersas puedan concentrarse en un único cuerpo, pero entiende que el eventual tribunal encargado de aplicarlas debería estar integrado exclusivamente por miembros de la magistratura.

—¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de crear ese Código?

—No estamos en contra de un Código de Ética; todo lo contrario. La Asociación ya se pronunció hace prácticamente 30 años, en sintonía con fallos de la Corte. Hoy por hoy tenemos reglas que nos regulan y somos sancionables. Hay un montón de normas, del Reglamento para la Justicia Nacional, acordadas del Máximo Tribunal, con regulaciones sobre las conductas de los jueces.

Insisto, no estamos en contra de que haya un Código y que se regule en un solo cuerpo lo que ya existe. Pero tiene que estar reglamentado, armado y juzgado exclusivamente por jueces, no por gente ajena a la Justicia, porque los demás cuerpos con códigos de ética no están integrados por personas ajenas a quienes los regulan. Bajo ningún concepto puede hacerse que en ese tribunal intervengan personas que no son jueces.

La objeción del magistrado, con todo, apunta a la composición de ese eventual órgano de aplicación. A su entender, si se crea un tribunal de ética para magistrados, debería ocurrir lo mismo que en otros cuerpos profesionales -como la abogacía-, cuyos regímenes deontológicos son aplicados por integrantes de la propia actividad y no por personas ajenas a ella.

“Yo quiero que me auditen, no tengo ningún problema -afirmó Gallo Tagle-. Y quiero que rajemos al juez que no merece ser juez, porque me molesta que alguien haga algo mal y, a nivel general, se diga: ‘Todos los jueces son iguales’. La realidad es que la inmensa mayoría labura muy honestamente y pone un esfuerzo enorme para cubrir las falencias que tiene el sistema, tanto en recursos humanos como materiales, y el trabajo sale igual. No queremos proteger ni encubrir al que hace las cosas mal, para nada”.

Así las cosas, en noviembre para Gallo Tagle comenzará una etapa distinta a la que transitó durante años desde las organizaciones de magistrados. Esta vez deberá intervenir directamente en concursos, cuestiones administrativas ligadas a la Justicia y expedientes disciplinarios dentro del organismo, que está atravesando una fase de renovación de sus miembros.

Entre los asuntos que enumera el consejero electo para ese desembarco vuelve, una y otra vez, la misma preocupación: que quienes tengan que pasar por el Consejo obtengan una respuesta dentro de un plazo razonable.

“Hay que escuchar muchísimo a todos los que tengan que transitar por el Consejo, sean candidatos o personas sometidas a una investigación, evitando que los trámites se eternicen”, comentó el magistrado antes de embarcar.

Los abogados con matrícula federal activa votarán el próximo martes 20 de octubre para renovar las cuatro bancas que corresponden al estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los comicios se realizarán en todo el país y definirán a los representantes que ejercerán sus mandatos durante el período 2026-2030.

Cerca de 184 mil matriculados federales están convocados a participar. La elección se desarrollará entre las 9 y las 18 en 96 centros de votación y bajo la modalidad de distrito único nacional, por lo que los votos emitidos en las distintas jurisdicciones se computarán en un mismo comicio para la distribución de las cuatro bancas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los matriculados votarán en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ubicada en Avenida Corrientes 1441. En el resto del país, las mesas estarán distribuidas entre las distintas jurisdicciones y cada elector deberá consultar en el padrón definitivo la sede que le corresponde.

Las listas también deben cumplir requisitos de integración territorial y de género. Cada nómina presenta cuatro candidatos titulares, entre los cuales debe haber al menos dos mujeres, dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires, además de respetarse la alternancia de género.

Las bancas que se ponen en juego son las que actualmente ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los cuatro consejeros salientes expresaron su respaldo a alguna de las propuestas que competirán en los comicios: De la Torre y Maques acompañan a Unidad en Defensa de la Abogacía; Vázquez, a Abogacía Federal; y Grau, a Abogacía Unida y Dignidad Profesional.

Los representantes de los abogados integran un cuerpo compuesto por 20 miembros. Entre las atribuciones del Consejo están la realización de los concursos públicos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, la elaboración de las ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo, el ejercicio de facultades disciplinarias y la intervención en los procedimientos de remoción de magistrados.

Para esta elección fueron oficializadas cuatro nóminas ante la Junta Electoral: Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene; Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato; Unidad en Defensa de la Abogacía, liderada por Alberto Biglieri; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva al frente a Itatí Demarchi Arballo. Compiten como las listas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Aunque se trata de una elección del estamento profesional, en los distintos espacios confluyen referentes de la política partidaria, universitaria y colegial.

Para el caso, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, abogado administrativista, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exconsejero de la Magistratura porteño, reúne respaldos de distintos ámbitos profesionales, colegiales y políticos. La nómina cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de dirigentes vinculados a la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, entre ellos su expresidente Ricardo Gil Lavedra. En torno al espacio aparecen también referencias políticas como Daniel Angelici, sectores del radicalismo y dirigentes del PRO, además del respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, quienes recibieron a Biglieri durante la campaña en sus respectivas provincias. El nombre del espacio coincide, además, con el nucleamiento de agrupaciones que lidera Gil Lavedra en la Ciudad de Buenos Aires y que llevó a Alejandra García a convertirse en la primera mujer en presidir el Colegio Público.

Abogacía por la Libertad está identificada con La Libertad Avanza y es encabezada por Palomino, abogado de Vicente López, actual concejal de ese distrito y presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación.

La nómina de Abogacía Unida y Dignidad Profesional lleva como primera candidata a Demarchi Arballo, laboralista y oriunda de Villa María, Córdoba, donde actualmente preside el Colegio de Abogados. Es la única mujer que encabeza una de las cuatro listas y la única primera candidata del interior. Entre los dirigentes que acompañan o tienen referencias dentro de ese espacio aparecen Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y el senador nacional Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora.

Por su parte, Abogacía Federal tiene como primer candidato a Levene, abogado platense, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte bonaerense. En torno a ese espacio aparecen referencias políticas e institucionales como Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exconsejero de la Magistratura; el senador radical Maximiliano Abad; el exconsejero Miguel Piedecasas; y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

En ese escenario, Infobae consultó a los primeros candidatos de las cuatro listas sobre cuáles son sus expectativas para los comicios y qué consideran que se pone en juego en la elección.

El candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía, Alberto Biglieri, respondió:

“Llego con mucha confianza en el equipo que armamos y en todo el trabajo que hicimos durante estos meses. Recorrimos el país, escuchamos a los colegas y tenemos muy claro qué hay que llevar al Consejo.

Creo que somos la lista mejor preparada para defender a los abogados y abogadas. Tenemos compromisos concretos en selección de magistrados, independencia y responsabilidad judicial, defensa del ejercicio profesional, rendición de cuentas, evaluación de los tribunales, modernización y formación judicial.

Hay temas que para nosotros son centrales. Hay que oxigenar la Justicia y abrir más la puerta a los abogados que vienen del ejercicio profesional. No puede seguir pasando que casi no lleguen a las ternas. También vamos a defender los honorarios cuando no se respeten, reducir la discrecionalidad en los concursos y exigir más control y responsabilidad en el desempeño de los jueces.

Lo que está en juego es quién va a representar -de verdad- a la abogacía dentro del Consejo. Y nosotros queremos y vamos a hacerlo con una voz fuerte, federal, independiente y muy cerca de los colegas”.

Desde Abogacía por la Libertad, Luis Palomino señaló:

“Llegamos con la expectativa de que esta vez vote mucha más gente. En 2022 votó uno de cada cinco abogados, y con tan poca participación la representación de la abogacía en el Consejo se termina definiendo entre los mismos dos grupos de siempre.

Lo que está en juego es muy concreto: concursos que hoy duran años y deberían resolverse en meses, por mérito y con criterios que se puedan auditar; y un Consejo que sancione la morosidad judicial, que pagan el abogado y su cliente con causas paralizadas y honorarios que llegan tarde. Tratamiento igualitario para el abogado litigante en los concursos.

Nuestro compromiso es rendir cuentas: cada voto que demos en el Consejo va a ser público. Creemos que con los mismos de siempre no vamos a lograr una Justicia eficiente”.

Por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Itatí Demarchi Arballo expresó:

“Llego con la expectativa de que mis colegas me honren con su confianza después de tantos años de trabajo y de defensa de la abogacía litigante. Soy abogada, ejerzo todos los días y conozco lo que nos duele: las demoras que sufrimos junto a nuestros clientes, los honorarios que se regulan por debajo de los mínimos y las dificultades para cobrarlos. Quiero llevar esa experiencia al Consejo y dedicarme exclusivamente a defender a quienes litigamos.

Soy la única mujer que encabeza una lista y la única cabeza de lista del interior, del interior del interior. Como cordobesa, quiero representar a la abogacía de mi provincia y de todo el país. Esa vocación federal se refleja en nuestra lista, integrada de principio a fin por colegas que trabajamos de abogados y abogadas, no por funcionarios públicos. Compartimos los desafíos del ejercicio profesional en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Para nosotros, el federalismo tiene que expresarse en decisiones concretas: que todas las vacantes judiciales del país tengan la misma importancia y que su cobertura se defina por las necesidades de cada jurisdicción. Nuestros colegas y sus clientes merecen la misma respuesta de la Justicia, vivan donde vivan.

Por eso proponemos un Observatorio Federal de Honorarios, para registrar y actuar frente al incumplimiento de los mínimos legales, y un Observatorio Federal de Demoras, para identificar y exigir respuestas ante las dilaciones injustificadas. También impulsamos licencias para quienes ejercemos y mayor igualdad de oportunidades para que la abogacía litigante pueda acceder a la magistratura.

En esta elección está en juego que nuestra realidad cotidiana tenga una voz firme donde se selecciona y se controla a los jueces. Pero esa representación necesita de la participación de cada colega. Tenemos que salir de la comodidad del estudio, involucrarnos y votar. Este 20 de octubre tenemos la oportunidad de elegir la representación que merecemos”.

Por Abogacía Federal, Fernando Levene sostuvo:

“Llegamos con expectativas de hacer una buena elección, de mejorar el resultado de 2022, porque hemos logrado conformar una gran lista, plural y federal, de abogadas y abogados de gran trayectoria y recorrido en la profesión y que, además, somos dirigentes de distintas instituciones, tanto de la abogacía como de las universidades nacionales.

Como solemos decir, somos los representantes genuinos de las abogadas y abogados que ejercen la profesión y sabemos que lo que está en juego en esta elección es que la representación de la abogacía no quede en manos de otros intereses ajenos. Y por eso debemos defender que la abogacía no esté representada por militantes partidarios ni de otros factores de poder disfrazados de abogadas o abogados.

Porque necesitamos jueces independientes, honestos, capaces, trabajadores y responsables que cumplan correctamente la función judicial. Por eso, somos los únicos que podemos garantizar la independencia del Poder Judicial y un mejor funcionamiento del servicio de Justicia”.

Las listas completas

La Lista 1, Abogacía Federal, lleva como titulares a Fernando Pablo Levene, Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Los suplentes son Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

La Lista 2, Abogacía por la Libertad, presenta como titulares a Luis Alberto Palomino, Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo. Como suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, está integrada en los lugares titulares por Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic. Los suplentes son Carlos Esteban Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.

La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, lleva como titulares a Amalia Itatí Demarchi Arballo, Jorge Gabriel Rizzo, Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich. Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, Andrés Horacio Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Nicolás Álvarez.

Los candidatos que resulten electos integrarán el Consejo durante cuatro años, entre 2026 y 2030. Los comicios de la abogacía forman parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del organismo, que este mes también celebró la elección de los cuatro consejeros por el estamento de los jueces, mientras que los académicos aún deben elegir a uno de los miembros que les corresponde.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes una serie de embargos de hasta $31.233 millones contra exdirectivos, ejecutivos y empleados del banco BNP Paribas, acusados en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero agravado vinculada con una maniobra que habría involucrado estructuras financieras bancarias internacionales y cuantiosas operaciones en el exterior.

La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que rechazó los recursos de las defensas contra la actualización de las medidas cautelares dispuesta en mayo por el Tribunal Oral Federal 6. La causa comenzó en 2009 y se encuentra actualmente radicada ante ese tribunal para la etapa de juicio, con un total de 14 imputados, que llegaron procesados por asociación ilícita en concurso real con lavado de dinero agravado por habitualidad y por formar parte de una asociación.

La hipótesis desarrollada por el Ministerio Público Fiscal durante la instrucción ubicó la maniobra en una estructura que habría funcionado dentro de la sucursal argentina del BNP Paribas entre 2000 y 2008. La investigación la vinculó con una oficina de Clientela Privada Internacional que operaba en la sede de Leandro N. Alem 855 y que, de acuerdo a la acusación, captaba clientes con dinero no declarado al fisco y ofrecía su colocación y administración en el exterior.

Para la Fiscalía, con el fin de concretar esa operatoria se utilizaban sociedades extranjeras que funcionaban como “cuentas de paso” antes de que el dinero llegara a sucursales del grupo en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas. Los principales procesamientos dictados en el expediente fueron confirmados en 2016 por la Cámara del Crimen. Según la postura fiscal, esa estructura habría desarrollado la operatoria por fuera de los controles del Banco Central y de otros organismos del sistema financiero. El Ministerio Público estimó en más de USD 1.000 millones el volumen global de fondos canalizados a través de ese esquema entre 2000 y 2008.

Ese monto no equivale al dinero involucrado en las maniobras que finalmente quedaron delimitadas en el expediente. Para el cálculo de los embargos, la causa tomó como referencia USD 33.295.570, luego de descontar tres hechos que habían sido resueltos por ausencia de delito.

La investigación distinguió distintos niveles dentro de la estructura bancaria. Philippe Yves Henri Joannier se desempeñó como director general de la sucursal argentina entre 2001 y 2006 y Christian Marie Francois Giraudon lo reemplazó hasta 2008; Christian Armand Augustin Abeillon fue director administrativo hasta diciembre de 2006 y Michel Michael Basciano ocupó luego ese lugar. Alexis Nicolás Quirot de Poligny fue identificado como encargado de la oficina investigada, mientras que Silvia Beatriz Zyla, Fernando Gabriel Celaya, Osvaldo Daniel Rodríguez, Carlos Raúl Long, Ignacio Héctor Borthaburu, Luis Pablo Cremona, Santiago Virgilio Tedín Uriburu, Elba Ilda Guibernau y Daniel Omar Mónaco fueron señalados como asesores financieros vinculados con el funcionamiento de esa oficina.

Los recursos ahora resueltos fueron presentados por las defensas de Joannier, Giraudon, Abeillon, Basciano, Celaya, Cremona, Guibernau, Mónaco, Rodríguez, Tedín Uriburu, Zyla y Borthaburu.

La discusión sobre los embargos comenzó en 2016, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 dispuso las medidas como consecuencia de los procesamientos. Luego de distintas revisiones, en 2019 la Sala IV de Casación intervino y estableció los criterios que debían observarse para el cálculo: tomó como base USD 33.295.570 y consideró que correspondía utilizar el valor histórico del dólar para la época de los hechos, de $3,47. Con esas pautas, en noviembre de ese año quedaron establecidos embargos de $750,9 millones, $600,7 millones y $450,5 millones, según los distintos grupos de imputados.

Esos valores permanecieron vigentes durante más de seis años.

En mayo de 2026, el Ministerio Público Fiscal pidió al TOF 6 que fueran actualizados para evitar que la inflación y la depreciación monetaria redujeran la eficacia de las cautelares. La Unidad de Información Financiera coincidió con esa postura y el Banco Central, que interviene como querellante, adhirió. La Fiscalía justificó el pedido “con el fin de asegurar la garantía del pago de la eventual condena pecuniaria, indemnización civil y costas del proceso, como así también contrarrestar los efectos de los procesos inflacionarios y la depreciación monetaria”.

El tribunal oral hizo lugar a la actualización, aunque aplicó el Índice de Precios al Consumidor. Los embargos quedaron así fijados en $31.233.448.408,32 para Joannier y Abeillon; $24.986.758.734,97 para Giraudon y Basciano; y $18.740.069.020,04 para Celaya, Cremona, Guibernau, Mónaco, Rodríguez, Tedín Uriburu, Zyla y Borthaburu. Las defensas cuestionaron, entre otros puntos, que se hubiera alterado una metodología fijada por tribunales superiores, la proporcionalidad de los montos, el riesgo de convertir la cautelar en una pena anticipada y la duración del proceso.

La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco alegó además que “hay 21 hechos que han sido archivados o desestimados por los diferentes Juzgados Intervinientes de los 23 hechos que se imputan”. Al abordar ese agravio, el camarista Borinsky señaló que la presentación no permitía establecer “cuál fue el objeto procesal de cada una de aquellas actuaciones, cuáles fueron concretamente los hechos allí examinados ni cuál es su correspondencia con los hechos que constituyen el objeto de la presente causa”. También descartó que la actualización transformara el embargo en una pena anticipada y sostuvo que la medida conserva una finalidad cautelar destinada a asegurar las eventuales consecuencias económicas de una condena.

El eje principal del voto de Borinsky estuvo puesto en la diferencia entre actualizar un monto y modificar el método con el que fue calculado. “Se trata de dos operaciones distintas: modificar el método importaría alterar la base de cálculo o el criterio empleado para arribar a una cifra, mientras que actualizar un monto ya fijado consiste en expresar en valores actuales una suma cuyo cálculo no se cuestiona ni se altera”, consideró.

El camarista también analizó el planteo de las defensas sobre la duración del proceso, que cuestionaron la actualización de los embargos por entender que el transcurso del tiempo tornaba la medida arbitraria y desproporcionada. Al rechazar ese argumento, Borinsky ponderó que los embargos habían sido dictados en 2016, la complejidad del expediente, la cantidad de imputados y el hecho de que la causa ya se encuentre radicada ante el tribunal oral.

El magistrado recordó además uno de los argumentos utilizados por el tribunal oral al disponer la actualización. En esa resolución se había señalado que “resulta insostenible suponer que las mismas sumas puedan cumplir con idéntico propósito seis años y medio después, habida cuenta la depreciación del valor de la moneda en que la medida cautelar se estableció”. Para el camarista, la actualización procuró mantener la eficacia económica de una medida ya fijada, sin modificar ni la base de cálculo ni el criterio utilizado para determinarla.

El camarista Hornos coincidió con la solución de su colega, aunque desarrolló fundamentos propios. Recordó su intervención en 2019, cuando Casación corrigió el cálculo de los embargos, y explicó que las pautas sustanciales fijadas entonces permanecían intactas: “No se ha alterado el método; se ha preservado el valor. Modificar el método implicaría alterar el baremo o el criterio de imputación que dio origen a la cifra. Actualizar el monto, en cambio, consiste meramente en traducir a valores económicos actuales una suma cuyo cálculo sustancial no se discute, tal lo que ocurre en el presente legajo”.

El juez agregó que la elección del IPC, en lugar de la tasa activa del Banco Nación sugerida por la Fiscalía, era una facultad técnica del juzgador que no alteraba la congruencia de lo pedido. También sostuvo que “el lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y de extrema complejidad. Su comisión produce un daño devastador sobre el orden financiero, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado”. A partir de esa premisa, recordó que el embargo no tiene carácter punitivo, sino instrumental y de garantía, y está dirigido a asegurar los efectos económicos de una eventual condena.

En ese contexto, Hornos afirmó: “En un contexto de inflación como el que atraviesa nuestra economía, negar la actualización de los montos nominales fijados en 2019 implicaría consentir la licuación fáctica de la garantía judicial por el mero transcurso del tiempo”. Frente al planteo sobre la duración del expediente, valoró “la extrema complejidad de la maniobra -que involucra estructuras financieras bancarias internacionales y múltiples imputados- y la intensa actividad recursiva desplegada por las propias defensas a lo largo de las diversas instancias de este expediente”.

También destacó que los embargos no fueron dispuestos al inicio de la causa, en 2009, sino en junio del año 2016.

El juez Carbajo no desarrolló fundamentos adicionales sobre el fondo y adhirió a la posición de sus colegas al compartir, “en lo sustancial, las consideraciones expuestas”. Así, con los tres votos en el mismo sentido, la Sala IV rechazó los recursos, mantuvo la actualización de los embargos y no impuso costas.

La causa permanece radicada ante el Tribunal Oral Federal 6 para la etapa de juicio. En paralelo, sigue abierto otro capítulo del expediente: en 2023, la misma Sala IV de Casación revocó un acuerdo de reparación integral que había sido homologado por el TOF 6 y que buscaba poner fin al proceso sin llegar al debate oral. Los recursos extraordinarios contra aquella decisión fueron concedidos y permanecen pendientes de resolución en la Corte.

La Cámara Federal de Casación Penal dio esta semana el primer paso para comenzar a revisar la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan, que condenó al excapitán de navío Claudio Villamide y absolvió a otros tres ex altos mandos de la Armada. En rigor, la Sala IV abrió un plazo de 10 días para que las partes amplíen los fundamentos de sus impugnaciones antes de que se fije la audiencia en la que podrán desarrollar oralmente sus planteos.

El expediente quedó radicado a fines de septiembre ante los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Allí tramitan los recursos presentados contra el fallo dictado el 8 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, luego de un juicio iniciado en marzo en Río Gallegos que se extendió durante casi 30 audiencias y reunió a cerca de 90 testigos, entre submarinistas, técnicos, especialistas y familiares de los 44 tripulantes del buque.

El tribunal oral estuvo integrado por Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez. Por mayoría, los dos primeros condenaron al exoficial Villamide, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos, la autoridad operativa sobre esa clase de buques, a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Giménez, en cambio, votó por absolverlo.

Los tres magistrados coincidieron en desvincular penalmente a Luis López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, superior inmediato de Villamide y autoridad con control operativo sobre los distintos componentes de la fuerza -Infantería de Marina, Aviación Naval, Fuerza de Submarinos y Flota de Mar-; Héctor Alonso, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, órgano asesor del comandante de esa fuerza; y Hugo Correa, entonces jefe del Departamento de Operaciones de ese Estado Mayor.

Durante los alegatos, un equipo de cuatro fiscales encabezado por Gastón Franco Pruzán había pedido condenas para todos los imputados. En la misma línea se pronunciaron Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de una de las dos querellas constituidas en el proceso. Después del fallo, el Ministerio Público Fiscal y esa representación impugnaron las tres absoluciones, mientras que la defensa del único condenado reclamó que se dejara sin efecto la decisión adoptada en su contra.

A esos planteos se sumó el de Luis Tagliapietra, padre del teniente Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 44 marinos fallecidos, quien mediante una querella separada también había solicitado penas para los cuatro acusados. Tras el veredicto, pidió la nulidad del juicio oral realizado en Río Gallegos y la celebración de un nuevo debate en Mar del Plata.

La última misión y las horas previas a la desaparición

Para determinar las eventuales responsabilidades de la cadena de mando, el juicio reconstruyó buena parte de la última misión del submarino, desde su partida de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 hasta la pérdida de contacto, ocurrida tres semanas más tarde. El ARA San Juan, un submarino TR-1700 construido en los astilleros Thyssen, en la ciudad de Emden, entonces República Federal de Alemania, e incorporado a la Armada Argentina en 1985, salió para cumplir una orden de operaciones dividida en distintas etapas: debía navegar hasta la Base de Ushuaia, desarrollar actividades con unidades del Comando de la Flota de Mar y, posteriormente, iniciar una patrulla de control de los espacios marítimos en el Atlántico Sur para luego volver a su puerto natural en Mar del Plata.

El San Juan arribó a la Base Naval Ushuaia el 4 de noviembre sin presentar novedades. Al día siguiente, integrantes de la propia dotación repararon una falla en un interruptor y, el 6 de noviembre, el submarino realizó una navegación protocolar con autoridades judiciales y políticas de Tierra del Fuego. Durante esa salida fue a inmersión durante un par de horas y efectuó, a modo de simulación, el lanzamiento de un grupo de buzos tácticos.

El entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, había sido invitado a participar de esa actividad por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Srur, aunque finalmente la invitación no se concretó.

Dos días después, el 8 de noviembre, la unidad volvió a zarpar. El 11, al noreste del estrecho de Magallanes, participó de un ejercicio antisubmarino junto con unidades de la Flota de Mar, en el que logró imponerse frente a dos buques de superficie durante un juego táctico. El comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, consignó posteriormente el resultado como “satisfactorio” en un informe.

Finalizada esa actividad, la nave se dirigió hacia el área “Juliana”, la zona de patrulla que le había sido asignada. Ahí debía permanecer durante 10 días antes de emprender el regreso a la ciudad balnearia. La tarea comprendía la vigilancia del mar, la obtención de información sobre pesqueros ilegales en inmediaciones de la milla 200 y el registro del tránsito marítimo de la zona.

Toda esa cronología -la escala en Ushuaia, las actividades realizadas durante esos días, la nueva partida, el ejercicio antisubmarino y el posterior ingreso al sector de patrulla- fue reconstruida mediante documentación y testimonios incorporados al debate.

Mientras cumplía esa última etapa de la misión, el submarino atravesó un fuerte temporal, con condiciones de mar 6 y olas de entre cuatro y seis metros. La noche del 14 de noviembre, alrededor de las 22.30, ingresó agua de mar a través del sistema de ventilación hasta el tanque de baterías N° 3, ubicado en el compartimento de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio.

La novedad fue comunicada a tierra a las 23.42. El jefe de Operaciones del submarino, Fernando Vicente Villarreal, habló por teléfono satelital con Hugo Miguel Correa, quien cumplía la misma función dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos. A partir de entonces se sucedieron otros intercambios, tanto por vía satelital como mediante el sistema radioeléctrico primario de alta frecuencia (HF).

En uno de esos contactos, Villamide -superior inmediato de Fernández- canceló la patrulla y le ordenó regresar a base.

Después del incidente, el ARA San Juan emergió para ventilar el buque y cargar sus baterías eléctricas, por lo que permaneció en superficie bajo las adversas condiciones meteorológicas. Durante el juicio, varios submarinistas explicaron ante el tribunal que este tipo de nave está concebido principalmente para operar en inmersión y que, al permanecer en superficie, queda más expuesta al vaivén del océano y a la inestabilidad generada por el oleaje. Para la mañana siguiente ya seguía una derrota de regreso hacia Mar del Plata.

La última comunicación satelital conocida ocurrió a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre. Para entonces, el submarino ya se encontraba en inmersión, a plano periscopio -unos 18 metros de profundidad-. Durante el juicio, la mayoría de los expertos consultados consideró que esa maniobra era indicativa de que el comandante entendía que el incidente se encontraba bajo control. En ese contexto, el teniente Fernando Villarreal volvió a comunicarse con el capitán Correa y le informó que la intención de Pedro Fernández era descender luego a plano profundo, a unos 40 metros, permitir que descansara la tripulación -agotada tras las horas transcurridas en superficie en medio del temporal- y, posteriormente, ingresar al tanque de baterías para realizar un control de daños.

A partir de ahí hubo silencio de radio.

A las 10.52, estaciones del sistema internacional de monitoreo detectaron un evento hidroacústico en proximidades de la última posición conocida del buque. Ese registro sería luego asociado con la implosión, aunque la información no llegó de inmediato a quienes conducían la búsqueda.

El 22 de noviembre, el contralmirante López Mazzeo tomó conocimiento, a través de la Marina de los Estados Unidos, de la existencia de ese fenómeno. Para entonces, la Operación de Búsqueda y Rescate (SAR) llevaba seis días desplegada, con cooperación internacional de distintas fuerzas navales, entre ellas las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Brasil, Chile y Uruguay.

Al día siguiente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) validó la señal y la describió como “un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”.

Una de las principales incógnitas que atravesó el juicio fue, precisamente, qué ocurrió entre la última comunicación teléfonica de las 7.19 y aquel evento registrado tres horas y media más tarde. Testigos y expertos expusieron al menos cinco hipótesis destinadas a explicar cómo la tripulación pudo haber perdido el control de la nave.

Entre las explicaciones examinadas estuvo una eventual pérdida de propulsión provocada por un blackout, que hubiera dejado al submarino sin la energía necesaria para recuperar la superficie; el ingreso de una nueva vía de agua que agravara la emergencia ya existente; y una posible explosión de gas hidrógeno acumulado en el sector de baterías.

Esta última hipótesis fue una de las que mayor consenso recogió entre los oficiales de la Armada y especialistas que analizaron el caso durante el juicio. El hidrógeno es un gas que liberan las baterías y que, en determinadas condiciones, puede acumularse en la atmósfera del compartimento hasta alcanzar una concentración inflamable, situada a partir de aproximadamente el 4%. Según la explicación desarrollada durante las audiencias, una eventual ignición habría podido producirse de manera súbita y con suficiente violencia como para neutralizar total o parcialmente a la tripulación, antes de que pudiera reaccionar ante la emergencia.

Ese escenario también fue analizado a partir de las maniobras disponibles para intentar recuperar rápidamente la superficie. Los submarinistas explicaron que, ante una situación crítica, la dotación podía recurrir al soplado de los tanques de lastre y resistentes, mediante la inyección de aire comprimido para expulsar el agua y conseguir flotabilidad positiva en un lapso breve. Sin embargo, después de la última comunicación no quedó registro de que se hubiera ejecutado una maniobra de ese tipo.

Tampoco se registró el lanzamiento de pirotecnia de emergencia ni la utilización de balsas salvavidas, otros elementos que fueron ponderados durante el debate al intentar reconstruir qué pudo haber ocurrido después de las 7.19.

Junto con esa posibilidad se consideraron otras combinaciones de fallas y contingencias capaces de explicar la pérdida de control y el posterior descenso hasta superar la profundidad de colapso, el punto en el que la presión ejercida por el mar sobre el casco resistente excede su capacidad estructural. A falta de pericias técnicas que pudieran reconstruir de manera directa la secuencia final, ninguna de esas hipótesis permitió establecer de forma concluyente qué ocurrió en los últimos minutos del submarino.

Los restos fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018, poco más de un año después de la desaparición, por el buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad y a casi 600 kilómetros en línea recta de Comodoro Rivadavia. A bordo viajaban 11 oficiales y 33 suboficiales y cabos: 43 hombres y una mujer.

El estado del submarino y la discusión técnica

Las condiciones del ARA San Juan antes de su última misión constituyeron otro de los grandes núcleos del juicio. A lo largo de las audiencias se examinaron registros de mantenimiento y material, informes de navegación, órdenes operativas, obras pendientes y evaluaciones sobre los distintos sistemas de la unidad, con posiciones contrapuestas respecto de si estaba en condiciones de cumplir la misión que le había sido asignada.

Dentro de ese análisis también se revisó el proceso de reparación de media vida realizado en el complejo Tandanor-CINAR entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, una intervención de gran magnitud destinada a extender la vida útil del submarino y que incluyó trabajos sobre distintos sistemas y componentes de la nave.

Entre esa extensa documentación figuró el Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), una evaluación reglamentaria que se realizaba ante un cambio de comando y también de manera periódica. En su confección intervenían los responsables de los distintos sectores del submarino -máquinas, propulsión, electricidad, armas y otros sistemas-, con la verificación de sus respectivos superiores y la participación del jefe de Operaciones, el segundo comandante y, finalmente, el comandante de la unidad. A partir de la revisión y prueba del material se asignaban distintas calificaciones, que se integraban en un índice final de 0 a 5. Las planillas incluían además un apartado específico para determinar si el buque estaba “habilitado” o no para cumplir operaciones navales.

El ICEM confeccionado en septiembre de 2017, poco antes de la última navegación, llevaba la firma del comandante Fernández, consignaba al ARA San Juan como “habilitado” y le asignaba una calificación final de 4,25 sobre 5.

También se discutieron en Río Gallegos las denominadas pruebas de 48 horas pre-zarpada, un protocolo previo a cada salida durante el cual se ponen en servicio y verifican los equipos y sistemas necesarios para navegar y entrar en inmersión. Durante el juicio, la fiscal María Garmendia Orueta, integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Gastón Pruzán, sugirió la posibilidad de que esos controles no se hubieran realizado antes de la partida del 25 de octubre.

Sobre ese punto, se explicó durante el debate que, según el procedimiento vigente en aquel momento, las planillas donde se asentaban los resultados de las pruebas permanecían a bordo del submarino y no se conservaba una copia en tierra.

En ese contexto, y ante la ausencia de ese respaldo documental, cobraron especial relevancia las declaraciones de quienes habían participado de aquella navegación. Uno de ellos fue el actual capitán de corbeta Juan Gabriel Viana, entonces teniente de fragata y jefe de Navegación del ARA San Juan, quien afirmó que las pruebas sí se habían efectuado antes de la salida desde Mar del Plata.

El oficial Viana había formado parte de la dotación al comienzo de la misión, pero desembarcó en Ushuaia para incorporarse a una comisión en un submarino de la Armada de Brasil. Otro tripulante, el suboficial primero Humberto Vilte, también dejó la embarcación en la capital fueguina debido a que su madre se encontraba internada y, al igual que Viana, confirmó durante el proceso que las pruebas destinadas a verificar los sistemas y mecanismos antes de salir se habían completado.

Aún así, sobre la aptitud general del submarino se enfrentaron dos lecturas.

Para la Fiscalía y las querellas, la falta de una inspección de seguridad, el estado de alistamiento de la unidad y la existencia de pruebas y obras pendientes daban cuenta de que el buque no se encontraba en condiciones aptas para cumplir la misión asignada y, por lo tanto, resultaba inseguro para navegar en los términos previstos por la orden de operaciones. Según plantearon en sus acusaciones, ese cuadro había generado un aumento indebido del riesgo en una actividad que, por su propia naturaleza, ya implicaba peligros.

La defensa de Villamide, para el caso, partió de una premisa diferente. Invocó el Reglamento General del Servicio Naval, la normativa que regula el accionar de la Armada y de sus integrantes, y remarcó que la decisión final de disponer la zarpada de un buque corresponde a su comandante. Desde esa perspectiva, argumentó que si el capitán Fernández ordenó la zarpada fue porque, en ejercicio de aquella responsabilidad, consideró que el ARA San Juan reunía las condiciones de seguridad necesarias para cumplir la misión y participar de las actividades en cuestión. También sostuvo que, a partir del conjunto de la prueba producida durante el proceso, no surgía ningún indicio que permitiera considerar al submarino una nave insegura para navegar.

En esa discusión quedaron comprendidos el ICEM, las pruebas previas, los trabajos todavía pendientes y los informes producidos durante navegaciones anteriores.

Otro aspecto de fuerte contenido técnico fue el sistema de mantenimiento de las unidades navales. Durante el juicio se explicó que los trabajos se dividían en cuatro escalones: los dos primeros correspondían a tareas preventivas que podían ser realizadas por la propia dotación, mientras que los de tercer y cuarto escalón superaban la capacidad de la tripulación y requerían gestionar su presupuesto y posterior ejecución en un arsenal.

Ese esquema adquirió especial relevancia al analizar la denominada ECO-19, una válvula del sistema de ventilación por donde se estima que habría ingresado el agua la noche del 14 de noviembre. Sobre ese componente no existía una Solicitud de Obra Correctiva (SOC), el procedimiento administrativo utilizado para canalizar una reparación que debía realizarse fuera de las posibilidades de mantenimiento del personal embarcado.

Había, sin embargo, un antecedente.

Durante una navegación de julio de 2017, el submarino había sufrido otro ingreso de agua al sector de las baterías. Fernández consignó posteriormente el episodio en un informe de patrulla y lo atribuyó a una “falta de estanqueidad”, una expresión cuyo alcance técnico fue objeto de discusión durante el juicio.

Distintos testigos y especialistas fueron consultados sobre si aquella descripción podía corresponder a un desgaste del material, una avería estructural, un defecto en el cierre de la válvula o una cuestión vinculada con su operación: por ejemplo, que hubiera quedado abierta cuando debía permanecer cerrada o que un cierre deficiente hubiese permitido el paso de agua.

La defensa, encabezada por Juan Pablo Vigliero, respondió a esa hipótesis durante su alegato. Sostuvo que, de haber existido una falla estructural en la ECO-19, el ingreso de agua debería haberse repetido durante las sucesivas maniobras de snorkel realizadas en las navegaciones posteriores y remarcó que, según su planteo, eso no ocurrió.

La condición general de la nave fue abordada también a partir de las obras que seguían pendientes, entre ellas el ingreso a dique seco para realizar el carenado y otros trabajos técnicos. Para la acusación, ese conjunto debía valorarse como parte de un mismo cuadro al analizar si el submarino estaba en condiciones de ejecutar la operación. Todas las defensas, en cambio, diferenciaron la existencia de tareas pendientes de una eventual falta de seguridad náutica.

Al dictar sentencia, Reynaldi y Baronetto entendieron que la responsabilidad de Villamide no derivaba de una única decisión, sino de una cadena de omisiones relacionadas con sus deberes de supervisión y control como comandante de la Fuerza de Submarinos. Dentro de ese razonamiento incluyeron el episodio de julio: para la mayoría del tribunal, luego de recibir el informe en el que Fernández había mencionado la “falta de estanqueidad”, debió disponer una inspección que permitiera establecer qué había sucedido y cuál era el estado del sistema, aun cuando no existiera una SOC abierta sobre la ECO-19.

Los magistrados ponderaron también una inspección de seguridad que había sido ordenada y no llegó a concretarse antes de la partida del 25 de octubre. Para ambos, las responsabilidades propias del cargo no se agotaban en aceptar la información proporcionada por el comandante del submarino, sino que imponían profundizar técnicamente determinados antecedentes.

Giménez, por su parte, llegó a otra conclusión. Si bien reconoció que podían advertirse incumplimientos, entendió que no se había demostrado, con el grado de certeza exigido en materia penal, que esas conductas hubieran provocado el hundimiento.

Esa diferencia volvió a colocar en el centro del caso lo ocurrido durante las últimas horas: para la defensa del excapitán de navío, si no es posible determinar qué fenómeno produjo efectivamente la pérdida de control, tampoco puede establecerse el nexo causal necesario para atribuir a Villamide un delito de resultado como el estrago.

Las absoluciones de los otros tres acusados tuvieron fundamentos distintos. En el caso de López Mazzeo, el tribunal entendió que había actuado bajo el principio de confianza y sobre la base de información que indicaba que la unidad estaba habilitada. Respecto de Alonso, consideró que sus tareas como jefe del Estado Mayor eran esencialmente de asesoramiento y que no integraba la cadena de mando directa sobre el alistamiento material.

Sobre Correa, en tanto, concluyó que sus funciones dentro del Departamento de Operaciones eran administrativas y de asesoramiento y que carecía de facultades para impedir la zarpada.

Lo que ahora deberá analizar Casación

Todas esas discusiones -desarrolladas durante extensas audiencias atravesadas por documentación naval, reglamentos militares, testimonios de submarinistas, informes técnicos y distintas explicaciones posibles sobre el naufragio- son las que ahora llegan a la Cámara Federal de Casación Penal.

La defensa de Villamide, integrada por Vigliero y Magalí Crespo, pidió dejar sin efecto la condena. Como planteo principal cuestionó la validez de la acusación fiscal y, subsidiariamente, planteó que el fallo no alcanzó el grado de certeza necesario para responsabilizarlo. En sentido contrario, el Ministerio Público Fiscal y las querellas buscan revertir las tres absoluciones.

Tagliapietra, además, planteó la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos y reclamó un nuevo debate en Mar del Plata. En su recurso fue especialmente crítico con el desarrollo de la investigación y con la ausencia de pericias técnicas que, a su criterio, permitieran profundizar sobre las causas del hundimiento. Sus cuestionamientos alcanzaron particularmente a la etapa de instrucción, que estuvo a cargo de la jueza federal Marta Yáñez y del fiscal Lucas Colla, y también incluyeron decisiones adoptadas durante la tramitación de la causa, restricciones denunciadas durante las audiencias y la competencia territorial.

Ese conjunto de planteos deberá atravesar ahora la instancia de revisión.

El máximo tribunal penal federal ya dio el primer paso procesal para empezar a definir la cuestión: puso el expediente durante 10 días a disposición de las partes para que amplíen por escrito los fundamentos de sus recursos de casación. Una vez vencido ese término, deberá fijarse una audiencia de informes, en la que Fiscalía, querellas y defensas podrán desarrollar oralmente sus posiciones ante los camaristas Carbajo, Hornos y Borinsky.

Si los recursos son admitidos, todo lo expuesto durante aquellas largas audiencias, de árido y marcado contenido técnico, volverá a quedar bajo análisis. La Sala IV deberá entonces resolver los cuestionamientos formulados contra la condena a Claudio Javier Villamide, las absoluciones de los otros tres ex altos mandos navales y los restantes aspectos de la sentencia dictada en Río Gallegos.

La renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030 mantiene pendiente la definición de una de las dos bancas correspondientes al ámbito académico y científico. El proceso quedó suspendido por una medida cautelar dictada por el juez federal Ariel Lijo, que continúa vigente aunque fue apelada y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE). En paralelo, ante ese mismo tribunal se tramita un recurso extraordinario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para discutir una cuestión previa: si el expediente debe permanecer en la Justicia Electoral o trasladarse al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Detrás de esa secuencia procesal hay una controversia concreta: cómo debe elegirse al profesor universitario que ocupará durante cuatro años una de las representaciones académicas dentro del Consejo. El organismo, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está compuesto por 20 integrantes provenientes del Poder Judicial, la abogacía, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sector académico y científico. En la integración actual, las dos bancas de este último estamento corresponden a Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, cuyo mandato concluye con la renovación en curso.

La ley prevé mecanismos diferentes para reemplazarlos. Una de las representaciones corresponde a una persona de reconocida trayectoria y prestigio académico o científico, escogida directamente por el CIN con una mayoría de dos tercios. Para el próximo período, el organismo universitario ya eligió a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como titular, con Galderisi como suplente. La decisión fue adoptada durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado el 27 de marzo, la misma reunión en la que se renovaron las autoridades del CIN y se dispuso iniciar, por separado, el procedimiento para cubrir la otra banca académica.

Ese segundo lugar se rige por otra regla. La Ley 24.937 -de 1997- establece que debe corresponder a un profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales, “elegido por sus pares” y encarga al CIN la confección del padrón y la organización de la elección. Es precisamente la interpretación de esa fórmula -“elegido por sus pares”- la que terminó llevando el proceso a los tribunales.

El planteo de Vergara y Gelpi

La causa comenzó el 25 de agosto, cuando Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Ricardo Gelpi, rector de esa casa de estudios, promovieron una acción de amparo contra el mecanismo dispuesto para cubrir esa representación. Solicitaron la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución CE 1998/26 y de la Resolución P. 533/26, utilizadas para poner en marcha los comicios de este año, y reclamaron que los profesores titulares puedan votar a su representante “en forma directa y personal, sin distorsiones”.

El cuestionamiento tiene tres ejes. El primero se concentra en quiénes deben emitir el voto que finalmente determina al consejero. Para Vergara y Gelpi, la expresión escogida por el legislador reconoce un derecho individual a cada profesor titular habilitado y no permite que la decisión quede en manos de representantes designados en una instancia previa. En la demanda afirmaron que “la elección entre pares anula cualquier interpretación que justifique la constitucionalidad de un modo de elección indirecta” y añadieron que esa previsión garantiza el ejercicio individual de los derechos políticos dentro del estamento.

El esquema aprobado por el CIN funciona de una manera indirecta. En lugar de que los docentes elijan directamente al integrante del Consejo de la Magistratura, primero votan representantes de las distintas universidades. Esos delegados integran luego un Colegio Electoral, que en una segunda instancia escoge al profesor que ocupará la banca.

Los demandantes vincularon esa crítica con el precedente “Rizzo” de la Corte Suprema y argumentaron que los representantes de cada estamento del Consejo deben surgir de la elección de quienes lo integran. En ese marco, remarcaron que “el voto debe ser directo de los/as profesores/as titulares regulares, no indirecto por parte de pretendidos/as representantes”.

El segundo eje se refiere a las atribuciones del Consejo Interuniversitario Nacional. La norma establece que el organismo debe “confeccionar el padrón y organizar la elección respectiva”. Para Vergara y Gelpi, esa facultad no incluye la posibilidad de modificar quiénes son los electores ni el sistema mediante el cual se elige al representante. En la demanda sostuvieron que la función del CIN “de ninguna manera incluye la atribución de cambiar la definición de quiénes son los/as electores/as y el sistema electoral” y cuestionaron que, bajo una potestad organizativa, pueda transformarse una elección directa en indirecta.

Un sistema que nació en 2022

Para fundamentar esa posición, los representantes de la UBA reconstruyeron cómo evolucionaron las reglas del propio CIN. Desde 1998 existía un reglamento que disponía que el sufragio de los profesores fuera “individual, personal, voluntario y secreto” y reconocía como electores a los titulares regulares, ordinarios o efectivos de las facultades o escuelas de Derecho de las universidades nacionales.

Ese esquema fue modificado en 2022, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la integración de trece miembros del Consejo de la Magistratura, establecida por la Ley 26.080 de 2006, y restableciera el régimen de veinte integrantes previsto por la Ley 24.937 de 1997, con las modificaciones introducidas por la Ley 24.939. La necesidad de completar en un plazo breve las representaciones faltantes llevó al CIN a diseñar un nuevo procedimiento para la elección del sector académico.

Los antecedentes de aquella decisión son utilizados por Vergara y Gelpi para sostener que el cambio tuvo carácter excepcional. La resolución dictada entonces aludía al “exiguo tiempo para llevar adelante el proceso” y señalaba la necesidad de establecer un reglamento “para esta ocasión”. El organismo justificó además la incorporación de una instancia intermedia como una manera de procurar una participación equilibrada de las distintas carreras de Derecho, cuyas cantidades de profesores titulares presentan diferencias significativas.

La Resolución P. 444/22 instrumentó el Colegio Electoral. Como regla general, el mecanismo fijó un elector cada cincuenta profesores titulares y garantizó representación a las unidades académicas comprendidas en el padrón. Esos delegados pasaban después a una segunda votación, en la que se definía al representante ante el Consejo de la Magistratura.

La demanda remarca que la reglamentación de aquel año utilizó incluso la expresión “proceso electoral de transición”. Desde esa perspectiva, los actores afirman que una solución adoptada para responder a las particularidades de 2022 no podía transformarse cuatro años más tarde en un régimen permanente. En palabras del escrito, el Colegio Electoral “fue solo previsto, de modo excepcional, en ocasión de la elección anterior” y, por esa razón, no debería aplicarse a los nuevos comicios.

El tercer cuestionamiento apunta a la representación que genera ese mecanismo. Vergara y Gelpi argumentan que, al asignar electores por universidad, la fórmula produce diferencias entre la cantidad de profesores que reúne cada casa de estudios y el peso que finalmente obtiene dentro del Colegio Electoral.

La demanda puso como ejemplo a la Universidad Nacional de Rosario, que con 49 profesores contaba con un elector, frente a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que con 51 obtenía dos. También mencionó casos de instituciones con un único profesor titular que accedían a un representante, mientras la UBA, pese a reunir varias decenas de docentes, disponía de dos.

La documentación incorporada posteriormente al expediente ubicó el padrón de la UBA en 77 profesores, con dos electores. Sobre este aspecto, los demandantes afirmaron que el mecanismo “desplaza la titularidad del derecho político individual de cada profesor/a titular regular en favor de las facultades de derecho nacionales de forma desproporcionada”. Su planteo remarca que la representación mediante universidades genera situaciones de sobrerrepresentación y subrepresentación que no existirían bajo un sistema en el que cada profesor emitiera directamente un voto por el candidato a consejero.

Una causa anterior y la postura del CIN

El origen de esa cuestión está nuevamente en 2022. El sistema de Colegio Electoral implementado para aquella elección también fue llevado a los tribunales y dio lugar al expediente CAF 52.727/2022, radicado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 e inscripto en el Registro Público de Procesos Colectivos. La causa no tuvo una sentencia sobre la cuestión de fondo.

Cuando el reciente amparo ingresó a la Justicia Electoral, la jueza federal María Romilda Servini entendió que existía una vinculación sustancial con aquel antecedente. El 31 de agosto se declaró incompetente y ordenó enviar las actuaciones al Contencioso Administrativo Federal N° 3 para su acumulación al expediente anterior. Entre sus fundamentos ponderó la similitud del objeto debatido y la conveniencia de que un mismo tribunal tratara las impugnaciones para evitar pronunciamientos incompatibles.

El Consejo Interuniversitario Nacional respaldó esa interpretación. El organismo es conducido desde marzo por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, como presidente, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, como vicepresidente. Ambos fueron elegidos para el período 2026-2027 en el mismo plenario de marzo. En el expediente, el CIN compareció representado por Darío Exequiel Kusinsky, con el patrocinio de Álvaro Germán Suárez Ballesteros y Ezequiel Alejandro Volpe.

La postura del organismo parte de considerar que el nuevo amparo no constituye un litigio electoral autónomo. Alega que ya existe un proceso colectivo en el fuero Contencioso Administrativo Federal en el que se cuestiona sustancialmente el mismo régimen y que dividir el análisis entre dos jurisdicciones puede derivar en respuestas judiciales diferentes sobre una regulación común.

Ese argumento quedó plasmado con especial énfasis en sus presentaciones. El CIN sostuvo que “la pretensión de fondo impulsada por la actora ante el fuero electoral es idéntica a la impulsada en el proceso colectivo ante el fuero contencioso administrativo federal”, porque ambas persiguen la nulidad e inconstitucionalidad del reglamento electoral.

A partir de allí invocó el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos, aprobado por la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema, y advirtió sobre la posibilidad de decisiones incompatibles. En el recurso que posteriormente presentó contra el fallo de la Cámara calificó como “altísimo el riesgo de incurrir en sentencias contradictorias” si los dos expedientes continuaban ante jueces diferentes.

El organismo añadió otra objeción. Según su planteo, Vergara y Gelpi iniciaron el amparo a título individual, pero una eventual declaración de invalidez del reglamento podría proyectarse sobre todos los profesores alcanzados por la elección. El CIN se preguntó entonces cómo quedarían representados los integrantes del colectivo identificado en el expediente iniciado en 2022 si una decisión de la Justicia Electoral produjera efectos generales sobre el mismo régimen.

La Cámara Electoral tomó otro criterio

Vergara y Gelpi apelaron la declaración de incompetencia. El 15 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, revocó la decisión de Servini y determinó que el expediente debía permanecer en la Justicia Electoral.

Los camaristas recordaron antecedentes en los que ese fuero intervino en controversias relacionadas con la elección de representantes de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura y consideraron que la selección de quienes integrarán el órgano constitucional tiene naturaleza electoral.

La resolución también indicó que la competencia electoral es de orden público e improrrogable y descartó que la inscripción de una causa como proceso colectivo pueda, por sí sola, modificar las reglas legales de competencia. A la vez, diferenció el expediente actual del iniciado cuatro años atrás: la elección de 2022 ya se había celebrado, mientras el nuevo amparo cuestionaba otro proceso, con un cronograma propio y destinado a cubrir la representación para el siguiente mandato.

Con esos fundamentos, la Cámara ordenó que el juzgado electoral “tramite, y oportunamente resuelva” la acción. Al limitarse a resolver únicamente la cuestión de competencia, el pronunciamiento no examinó si el sistema del CIN era constitucional ni estableció qué interpretación correspondía darle a la expresión normativa “elegido por sus pares”.

El recurso extraordinario

Así las cosas, el CIN impugnó ese fallo el 18 de septiembre mediante un recurso extraordinario federal, en el que pidió que se deje sin efecto la decisión de la Cámara, se reconozca la conexidad con la causa CAF 52.727/2022 y el nuevo expediente sea remitido al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3.

En esa presentación, el CIN insistió en la aplicación de la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema, que regula la actuación en procesos colectivos, y sostuvo que la existencia de una causa anterior en el fuero Contencioso Administrativo Federal obliga a evitar que dos jurisdicciones puedan dictar decisiones incompatibles sobre el mismo régimen.

El 23 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral corrió traslado del recurso extraordinario a Vergara y Gelpi, conforme al trámite previsto para ese tipo de impugnaciones.

Para entonces, sin embargo, el calendario del CIN continuaba avanzando. La primera etapa de la elección estaba fijada para el 24 de septiembre, cuando debían escogerse los representantes destinados a integrar el Colegio Electoral. Después del escrutinio y la proclamación de esos electores, el cronograma reservaba el 28 y 29 para la presentación de candidaturas y el 30 de septiembre para la constitución del colegio, la votación y la proclamación del representante ante el Consejo de la Magistratura.

La cautelar que frenó los comicios

Con todo, Vergara y Gelpi habían solicitado una medida cautelar para impedir que esas etapas se consumaran antes de que pudiera analizarse su impugnación. En esa presentación pidieron la suspensión del reglamento y del calendario y advirtieron que la celebración de los comicios podía tornar ineficaz una eventual decisión posterior favorable a su reclamo. También solicitaron que, debido a la proximidad de la votación, no se aguardara el plazo ordinario del informe previo al CIN o que, subsidiariamente, fuera reducido a un día.

En ese marco, Ariel Lijo, en calidad de juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, hizo lugar a la cautelar y suspendió el procedimiento electoral. Al fundamentar la decisión, sostuvo que “la falta de definición sobre el derecho de fondo justifica de manera determinante el dictado de una medida cautelar, para poder salvaguardar la eficacia del proceso y evitar perjuicios de imposible reparación”. El magistrado señaló además que “se habría establecido de manera definitiva un Reglamento Electoral que tuvo carácter de transitorio”, al aludir al mecanismo diseñado para los comicios de 2022.

La resolución fue apelada ante la Cámara Nacional Electoral, pero continúa vigente mientras ese tribunal revisa la decisión. En paralelo, sigue en trámite el recurso extraordinario federal del CIN contra el fallo que mantuvo la causa en la Justicia Electoral.

La Lista Bordó se impuso este jueves en la elección de representantes de los jueces nacionales y federales ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque el reparto de las cuatro bancas dejó un lugar para cada una de las listas que participaron de los comicios.

La agrupación Bordó obtuvo 203 votos y se quedó con la primera banca; Compromiso Judicial, con 184 sufragios, obtuvo la segunda; la Lista Celeste N°2, encabezada por Gabriela Vázquez, consiguió la tercera con 125 votos; y la Lista Celeste N°1, liderada por Walter Venditti, accedió a la cuarta con 102.

La definición de ese último lugar fue especialmente ajustada. Por aplicación del sistema D’Hondt, el cociente de 102 correspondiente a la Celeste N°1 superó por apenas medio punto al segundo cociente de la Bordó, que fue de 101,5. Sin embargo, por las reglas de representación de género previstas para la integración del estamento, esa banca será ocupada por Paula Castro, segunda candidata de la nómina.

Con ese reparto, los cuatro lugares corresponderán a Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17 de la Capital Federal, por la Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste N°2; y la camarista civil Paula Castro, por la Lista Celeste N°1.

El resultado modifica la representación actual del estamento judicial. La Bordó, que hoy cuenta con dos lugares, pasará a tener uno; Compromiso Judicial conservará una banca; y las dos listas Celestes obtendrán un representante cada una.

Los nuevos consejeros reemplazarán en noviembre a Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alberto Lugones, de la Lista Celeste; y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. Los electos asumirán por un período de cuatro años, entre 2026 y 2030.

En comparación con la elección anterior, realizada en 2022, también se modificó el peso relativo de los distintos espacios. En aquellos comicios, la Lista Bordó había obtenido 286 votos, equivalentes al 42,1%; la Lista Celeste, 230 (33,9%); y Compromiso Judicial, 163 (24%).

Este jueves, sobre un total de 614 votos distribuidos entre las cuatro listas, la Lista Bordó reunió 203 sufragios (33,1%); Compromiso Judicial, 184 (30%); la Lista Celeste N°2, 125 (20,4%); y la Lista Celeste N°1, 102 (16,6%).

La Bordó presentó como primeros candidatos a Gallo Tagle y a Rocío Alcalá, camarista federal de Resistencia. Compromiso Judicial llevó a Culotta y a Magdalena Laíño, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La principal novedad previa a la elección había sido la presentación de dos nóminas de la tradicional Lista Celeste. Una fue encabezada por Venditti, acompañado por Castro, jueza de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La otra llevó a Vázquez y a Alejo Ramos Padilla, magistrado a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

La interna tuvo además un capítulo ante la Junta Electoral: el sector liderado por el juez Venditti impugnó la nómina de Vázquez y Ramos Padilla y cuestionó el uso de la denominación y la identidad de la Lista Celeste. La presentación no impidió que ambas listas compitieran finalmente en la elección.

Los comicios se desarrollaron en distintos puntos del país. Los magistrados con asiento en la Ciudad de Buenos Aires votaron en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mientras que en el interior lo hicieron en las respectivas cámaras federales.

En Capital Federal, Compromiso Judicial había quedado en primer lugar, seguido por la Bordó. Con la incorporación de los votos del interior, la Bordó pasó a encabezar el resultado general.

La elección de los jueces forma parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura. En las próximas semanas también están previstas las elecciones de los representantes de la abogacía y de la academia, que formarán parte de la nueva integración del organismo.

El Consejo está compuesto por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Entre sus funciones se encuentran los concursos para cubrir vacantes judiciales, la elaboración de ternas, la administración de recursos del Poder Judicial y el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados.

El Ministerio de Justicia de la Nación creó una comisión especial para elaborar un anteproyecto de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vigente desde hace casi seis décadas y reformado en distintas oportunidades desde su sanción en 1967. La decisión quedó formalizada este miércoles a través de la Resolución 515/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

La denominada Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tendrá como objetivo preparar un proyecto de ley que revise de manera integral el régimen que regula los litigios civiles y comerciales en la Justicia nacional.

En los fundamentos de la medida, Justicia señaló que el Código atravesó distintas modificaciones durante las últimas décadas, pero “sin que hasta la fecha se haya llevado adelante una revisión integral que contemple los profundos cambios operados en las últimas décadas en materia de gestión judicial y de organización del proceso”.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fue establecido por la Ley 17.454 en 1967. En 1981, luego de las modificaciones introducidas por la Ley 22.434, se aprobó mediante el Decreto 1042 un texto ordenado que incorporó esos cambios. Desde entonces hubo nuevas reformas parciales, entre ellas la dispuesta por la Ley 25.488, aunque sin una revisión integral de su estructura.

A ese escenario se sumó la entrada en vigencia, el 1° de agosto de 2015, del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Según la resolución, aquella reforma introdujo modificaciones sustanciales en institutos de derecho de fondo con incidencia directa en los procesos judiciales, mientras que el régimen procesal nacional no fue adaptado integralmente a esos cambios.

Justicia también advirtió que numerosas provincias sí adecuaron sus ordenamientos procesales al nuevo Código Civil y Comercial, lo que generó una asimetría entre el sistema nacional y los regímenes vigentes en distintas jurisdicciones del país.

Uno de los ejes centrales de la reforma será la oralidad. La resolución sostuvo “que el principio de oralidad, con audiencias orales, públicas y con inmediación del juez, constituye una de las principales herramientas para alcanzar una justicia civil y comercial más ágil, oportuna, transparente y cercana al justiciable, en línea con las experiencias desarrolladas en diversas jurisdicciones provinciales”.

El ministerio también planteó como objetivos la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la simplificación de los procedimientos y el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos. Los cuatro lineamientos definidos por la resolución son “instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial”; “asegurar la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso”; “modernizar la gestión procesal mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas”; y “simplificar los procedimientos y favorecer los mecanismos de resolución de conflictos”.

Como antecedentes, Justicia mencionó el anteproyecto elaborado por una comisión designada en 2017 y presentado en 2019; el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Oralidad en los Procesos Civiles, desarrollado desde 2016 dentro de Justicia 2020; y el modelo implementado en Mendoza, que estructuró el trámite alrededor de una audiencia inicial y otra final.

Quiénes integran la comisión y cómo trabajará

La nueva comisión estará integrada por magistrados, funcionarios judiciales, representantes del Ministerio y especialistas en derecho procesal. Su coordinador será Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. En representación de la cartera también participará Pamela Viviana Kazmirczuk, funcionaria del Ministerio y especialista en Derecho Procesal Civil.

Entre los magistrados designados figuran Juan Manuel Converset, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Gabriela Mariel Scolarici y Maximiliano Luis Caia, integrantes de la Sala J del mismo tribunal; Alejandro César Verdaguer, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 102; Julio Fernando Ríos Becker, del Civil N° 43; María Constanza Caeiro, del Civil N° 30; Javier Jorge Cosentino, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; y Silvina Andrea Bracamonte, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1.

También integrarán el cuerpo los funcionarios judiciales Agustín Prada Errecart, secretario judicial en el fuero Civil de la Capital Federal; Romina Kelly y Fernando Roberto Dinici, secretarios de juzgados del mismo fuero; y Diego Raúl Rosas, funcionario judicial vinculado al Departamento Judicial de San Isidro y especialista en derecho procesal civil.

La nómina se completa con especialistas del ámbito académico. Entre ellos están Osvaldo Alfredo Gozaíni, profesor de Derecho Procesal de la UBA, tratadista y jurista, y Jimena Jatip, magíster en Derecho Procesal, coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en la materia.

Dentro de la comisión funcionará una Subcomisión Redactora, integrada por Cardone, Gozaíni y Converset, que tendrá a su cargo la elaboración del índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley. Los restantes miembros conformarán la Subcomisión Revisora, encargada de analizar el texto producido por ese primer grupo. Todos desempeñarán sus tareas ad honorem.

La comisión tendrá un plazo máximo de 60 días corridos desde su primera reunión formal para concluir sus tareas y aprobar el texto definitivo, aunque podrá solicitar una prórroga. También podrá convocar con carácter consultivo a otros magistrados, funcionarios, especialistas, universidades, colegios profesionales y organismos públicos.

Una vez terminado, el anteproyecto deberá ser presentado ante la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior elevación al ministro.

Los jueces nacionales y federales de todo el país irán este jueves a las urnas para elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Unos 690 magistrados están habilitados para participar de una elección en la que competirán cuatro listas y que renovará las bancas actualmente ocupadas por Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

La votación se desarrollará entre las 9 y las 18. Los jueces con asiento en la Ciudad de Buenos Aires votarán en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ubicada en Lavalle 1334, mientras que los jueces del interior lo harán en las sedes de las respectivas cámaras federales, como las de San Martín, La Plata, Resistencia y Mendoza, entre otras.

El Consejo está integrado por 20 miembros y es presidido por Horacio Rosatti por su condición de titular de la Corte Suprema de Justicia. Además del presidente del máximo tribunal, lo componen cuatro jueces elegidos por sus pares, ocho representantes del Congreso, cuatro abogados de la matrícula federal, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

El organismo tiene a su cargo los concursos para cubrir vacantes judiciales y la elaboración de las ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo. También ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados, puede impulsar acusaciones por mal desempeño y administra financieramente al Poder Judicial.

Los representantes que resulten electos este jueves tendrán un mandato de cuatro años. Las bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, bajo las reglas de paridad de género y representación federal previstas para el estamento.

En los comicios de 2022, la Lista Bordó obtuvo 286 votos; la Lista Celeste, 230; y Compromiso Judicial, 163. Ese resultado permitió el ingreso de Barroetaveña y Díaz Cordero por la Bordó, Lugones por la Celeste y Provítola por Compromiso Judicial.

Cuatro listas en competencia

La Lista Bordó, surgida en 2002 y actual oficialismo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, postula en primer término al juez civil Marcelo Gallo Tagle, acompañado por la camarista federal de Resistencia Rocío Alcalá.

Compromiso Judicial, que nació en 2014, presenta como primer candidato a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, junto con Magdalena Laiño, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La histórica Lista Celeste, fundada en 1995, llegará dividida a la elección en dos propuestas. Una de las nóminas está encabezada por Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, acompañado por la camarista civil Paula Andrea Castro.

La otra postula en primer término a la camarista laboral Gabriela Vázquez, secundada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

La discusión por la reelección

El proceso electoral estuvo precedido por una controversia judicial acerca de la posibilidad de que los actuales representantes buscaran un nuevo mandato consecutivo. La discusión llegó a los tribunales a través de una presentación de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y actual integrante del Consejo.

El conflicto remite a las distintas modificaciones de la Ley 24.937, sancionada en 1997 para regular el funcionamiento del organismo. Su redacción original fijaba mandatos de cuatro años y admitía una reelección consecutiva. En 2006, la Ley 26.080 cambió ese criterio y dispuso que los consejeros sólo podían volver a ocupar una banca después de dejar transcurrir un período.

La cuestión volvió a plantearse a partir del fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, dictado por la Corte Suprema en diciembre de 2021. En aquella sentencia, el máximo tribunal declaró inconstitucionales disposiciones de la reforma de 2006 que habían reducido de veinte a trece la cantidad de integrantes del Consejo y ordenó restablecer el esquema anterior hasta que el Congreso aprobara una nueva ley.

A partir de esa decisión coexistieron interpretaciones diferentes sobre sus alcances. Una postura consideró que, al recobrar vigencia el régimen original de las leyes 24.937 y 24.939, también había quedado rehabilitada la posibilidad de una reelección consecutiva. Otra interpretación sostuvo que la sentencia había restituido la composición de 20 miembros, el quórum y la representación de los distintos estamentos, pero no había eliminado la restricción para los mandatos sucesivos.

Barroetaveña, elegido para el período 2022-2026, promovió el 11 de junio una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara qué versión del artículo 3 de la Ley 24.937 debía aplicarse y si se encontraba habilitado para competir nuevamente.

En julio, el juez federal Enrique Lavié Pico dictó una medida cautelar que preservó provisoriamente la posibilidad de que el camarista presentara su candidatura mientras se discutía el fondo del planteo. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió los efectos de esa decisión.

En agosto, el camarista Barroetaveña desistió de la acción judicial y no se presentó en la elección.

Del escrutinio surgirán los cuatro jueces que asumirán las bancas del estamento para el período 2026-2030, una vez que concluyan los mandatos actuales el próximo 18 de noviembre.

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña declaró inadmisible este martes un recurso de casación presentado por la senadora Cándida Cristina López, del bloque Justicialista y representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contra el archivo de la causa que inició por los incidentes ocurridos cuando intentó ingresar a un despacho del Senado de la Nación a fines de 2025.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes entendieron que la resolución cuestionada no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

López intervino como querellante, con el patrocinio de Fernando Burlando y Fabián Amendola, y buscaba revertir el fallo del 7 de septiembre pasado que había confirmado el archivo dispuesto en primera instancia por imposibilidad de proceder.

La causa se originó en una disputa por la oficina 742 del edificio anexo del Senado. López, que había ingresado a la Cámara alta por la Alianza Frente de Todos y cumple mandato por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre 2025 y 2031, había acordado ocupar ese despacho luego de la salida del entonces senador Sergio Leavy. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2025 encontró la puerta cerrada, fajada y bajo custodia de personal de seguridad. Según relató en su denuncia, también había sido retirada la placa con su nombre y los agentes le impidieron el ingreso.

El episodio se produjo en el marco de una medida impulsada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que había dispuesto que los legisladores cuyos mandatos finalizaban el 10 de diciembre restituyeran los despachos y bienes que tenían asignados. López sostuvo que el bloqueo de la oficina había sido ordenado por la Vicepresidencia y responsabilizó a Villarruel por lo ocurrido.

Tres días después, el 1° de diciembre, la senadora regresó al lugar acompañada por un cerrajero con la intención de ingresar y retirar pertenencias que, según afirmó, permanecían dentro de la oficina. Volvió a encontrarse con personal de seguridad y allí se produjo un forcejeo. López denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos, además de afirmar que el cerrajero había recibido amenazas.

Como parte de su denuncia, exhibió una lesión en el tobillo derecho. Según documentación incorporada al expediente, un médico del Senado constató un hematoma de 5 por 3 centímetros en esa zona. La legisladora atribuyó el episodio al operativo dispuesto para impedirle el acceso y volvió a señalar a Villarruel como responsable de la decisión administrativa que había dado origen al conflicto.

La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5. Durante la pesquisa se requirió al Senado documentación vinculada con la asignación, cierre y custodia del despacho, además de información sobre las autoridades y agentes presentes en el lugar.

Sin embargo, la prueba reunida no permitió acreditar judicialmente las agresiones denunciadas ni individualizar a sus eventuales autores. Al confirmar el archivo, la Cámara sostuvo que sí había quedado establecida la existencia de un conflicto en torno al acceso a la oficina 742 y la presencia de personal de seguridad, pero no se reunieron elementos suficientes para demostrar las agresiones en los términos planteados por la querella.

La representación de López cuestionó además que se hubiera descartado una pericia psicológica forense, sostuvo que existían medidas de prueba pendientes y rechazó que el episodio pudiera reducirse a una controversia administrativa por la asignación del despacho. Esos planteos fueron desestimados por la Sala I al confirmar el cierre del expediente.

Frente a esa decisión, la senadora intentó llevar el caso a la Cámara Federal de Casación Penal. Bertuzzi y Yadarola señalaron ahora que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni podía ser equiparada excepcionalmente a una de ese tipo.

También consideraron que los argumentos de la querella reproducían, en lo sustancial, los cuestionamientos ya formulados durante la apelación y que no se había demostrado un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior.

Llorens coincidió con el rechazo y sostuvo que la vía de casación debe reservarse para los supuestos específicamente previstos por la ley. Con esos fundamentos, la Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso presentado por López y devolvió las actuaciones a la instancia anterior.

Alberto Biglieri se muestra activo en la campaña y con una fecha fija en la cabeza: el 20 de octubre, cuando los abogados con matrícula federal elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía es egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tiene un origen vinculado al radicalismo y se especializó en Derecho Administrativo. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023, asesor del Consejo nacional y actualmente se desempeña como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Su candidatura apunta a una de las cuatro bancas reservadas a los abogados dentro de un organismo integrado por 20 miembros.

El Consejo se completa con cuatro representantes de los jueces, ocho del Congreso de la Nación, dos del ámbito académico y científico, uno del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema, que encabeza el cuerpo.

Entre sus funciones se encuentra la realización de los concursos públicos para cubrir vacantes judiciales y la elaboración de las ternas de candidatos a magistrados que luego son elevadas al Poder Ejecutivo. También ejerce facultades disciplinarias e interviene en los procesos de remoción.

Cerca de 184 mil abogados con matrícula federal activa estarán habilitados para votar en una elección que se realizará como distrito único en todo el país y definirá la representación del estamento para el período 2026-2030.

Además de Unidad en Defensa de la Abogacía, apoyada por el exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra, competirán Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con Itatí Demarchi Arballo; y Abogacía Federal, que lleva como primer candidato a Fernando Pablo Levene.

En diálogo con Infobae, Biglieri habló sobre la representación de los abogados en el Consejo, cuestionó la escasa presencia de profesionales provenientes del ejercicio privado en las ternas, respaldó una mayor objetividad en los concursos y señaló a la pérdida de confianza en la Justicia como uno de los principales problemas del sistema.

—¿Con qué expectativas llega a este proceso electoral y qué cree que está en juego para los abogados en esta elección?

—Llego muy entusiasmado y, sobre todo, muy conforme con el equipo que logramos reunir. En estos meses hablamos con muchísimos colegas y eso reafirmó una convicción que ya teníamos. Esta elección importa porque el Consejo toma decisiones que después aparecen todos los días en nuestro trabajo. Se eligen representantes que van a participar en la selección de jueces, en su control y en discusiones que afectan el funcionamiento de los tribunales. Y hay una cuestión de fondo que para nosotros es esencial. Los jueces tienen que responder a la Constitución y a la ley, no a un gobierno, a un partido ni a ningún sector de poder. Para eso también hace falta una representación de la abogacía con independencia, carácter y una agenda propia.

—En el contacto con colegas durante la campaña, ¿qué temas o preocupaciones le plantean con mayor frecuencia? ¿Hay algún reclamo que aparezca especialmente?

—Lo interesante de las recorridas que hacemos desde hace años es que cada lugar tiene su realidad, pero después aparecen preocupaciones que se repiten. Las demoras son probablemente el reclamo más transversal. Después están las vacantes, los sistemas que funcionan mal, las dificultades para trabajar con algunos tribunales y la sensación de que muchas veces esos problemas se terminan naturalizando. Y hay otra demanda muy fuerte: los colegas quieren que quien los represente siga cerca después de la elección. Nuestra forma de trabajar va a seguir siendo esa, con presencia en los colegios, escuchando y haciendo seguimiento de los problemas que se plantean.

—La Corte Suprema impulsó mediante la Acordada 4/2026 un nuevo Reglamento de Concursos para la selección de magistrados, con concursos anticipados, evaluación más estandarizada de antecedentes, examen anónimo en dos etapas y una incidencia más acotada de la entrevista personal. ¿Qué opinión le merece la propuesta?

—Hay varios puntos de la propuesta que compartimos y que venimos planteando hace tiempo. Más objetividad, anonimato en los exámenes, antecedentes mejor tabulados y una entrevista personal que no pueda desarmar arbitrariamente todo lo que ocurrió antes son avances importantes. Si hubo un concurso y se construyó un orden de mérito, ese resultado tiene que ser respetado. La entrevista puede enriquecer la evaluación, pero necesita límites claros. Y nosotros agregamos una cuestión fundamental para la matrícula. Hay que emparejar la línea de largada entre el abogado que viene del ejercicio profesional y quien hizo su carrera dentro del Poder Judicial.

—En las últimas ternas aprobadas por el Consejo, la presencia de abogados provenientes del ejercicio profesional fue muy baja frente a candidatos que ya integran el Poder Judicial. ¿Le preocupa esa tendencia y cree que el sistema actual dificulta el acceso a la magistratura de quienes vienen de la profesión?

—Sí, nos preocupa muchísimo, porque es una señal que merece ser atendida con urgencia. Un abogado que lleva veinte años litigando no llega con menos experiencia. Llega con otra experiencia. Conoce el expediente desde otro lugar, trata con clientes, produce prueba, recorre tribunales y sabe perfectamente dónde funciona el sistema y dónde aparecen los problemas. Queremos que esa trayectoria tenga una valoración real. Una magistratura abierta también a buenos abogados provenientes de la profesión puede enriquecer muchísimo a la Justicia.

—¿Qué debería aportar específicamente la representación de los abogados al Consejo de la Magistratura?

—Vamos a aportar al Consejo la mirada de quienes ejercemos todos los días. Conocemos de primera mano qué pasa cuando una audiencia se demora, cuando un sistema falla o cuando un tribunal deja de responder. Y representar también significa volver y rendir cuentas. Explicar cómo se votó, qué posición se sostuvo y qué respuesta se obtuvo.

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene esa identidad muy clara. Abogados que defienden a los abogados, con independencia de intereses partidarios y con presencia permanente junto a la profesión.

—Desde la mirada de un abogado que pretende integrar el Consejo, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos del Poder Judicial para lograr afianzar la Justicia?

—Para mí hay un problema que atraviesa a todos los demás, y es la pérdida de confianza en la Justicia. Las encuestas vienen mostrando hace tiempo niveles muy bajos de confianza y una percepción muy fuerte de que los jueces están condicionados por distintos poderes. Eso es muy serio porque cuando la Justicia pierde credibilidad, también se resiente la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en las instituciones. Afianzar la Justicia es recuperar esa confianza con hechos. Buenos jueces, concursos transparentes, menos vacantes, mejores controles, tiempos razonables y una gestión que funcione. Ahí el Consejo tiene una responsabilidad central. Porque la confianza no se recupera con discursos, sino con instituciones fuertes que funcionen mejor y reglas que se cumplan.

—Si resulta electo, ¿qué cambio concreto tendría que haberse producido dentro de cuatro años para que los abogados consideren útil su representación en el Consejo?

—Me gustaría que dentro de cuatro años podamos volver a los mismos colegios que estamos recorriendo hoy y que la conversación sea distinta. Que un colega pueda decirnos que los concursos son más transparentes, que su experiencia profesional tiene mayor reconocimiento, que los sistemas funcionan mejor o que una dificultad que planteó encontró una respuesta. Para mí ahí se mide una representación. En poder volver, mirar a los colegas a la cara y contar qué se hizo con la responsabilidad que nos dieron.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a dos responsables de una empresa de insumos médicos por fabricar y comercializar implantes utilizados para reconstruir partes del cráneo sin contar con autorización de la ANMAT. Según tuvo por probado el juez Néstor Guillermo Costabel, las piezas eran elaboradas sin habilitación sanitaria, luego identificadas con la marca de una compañía autorizada que no las había fabricado y finalmente introducidas en el circuito comercial. Al menos tres fueron colocadas durante 2013 en pacientes del Hospital Alejandro Korn.

Los condenados son Humberto Juan Perata, de 74 años, y Humberto Maximiliano Perata, de 40, padre e hijo respectivamente. El primero era médico, se desempeñaba como jefe del área de Neurocirugía del mismo hospital donde se utilizaron los implantes y además era apoderado de Biomax Insumos Médicos SA. Su hijo presidía esa empresa, que según la sentencia fabricaba y comercializaba los productos cuestionados.

El juez de Cámara Costabel homologó un acuerdo de juicio abreviado y les impuso a ambos tres años de prisión en suspenso, una multa de $50.000 y el pago de las costas. Fueron considerados autores del delito de comercialización de mercaderías medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con el uso sin autorización de una marca registrada perteneciente a un tercero.

La maniobra reconstruida en el expediente tenía varios pasos. La firma Biomax compraba cemento óseo Cemex RX a Swiss Protech SA, importadora de ese producto. Con ese material fabricaba prótesis destinadas a craneoplastias, intervenciones quirúrgicas utilizadas para reconstruir partes faltantes del cráneo. El problema, según estableció la Justicia, era que Biomax no estaba habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para fabricar, comercializar o importar productos médicos.

A esa irregularidad se sumaba otra: las prótesis aparecían identificadas con la marca Novax DMA SA, una empresa que sí contaba con autorización para producir esa clase de implantes. La documentación reunida durante la investigación mostraba en algunos casos a Novax como fabricante y a Biomax solamente como distribuidora o intermediaria.

Pero Novax negó haber producido las piezas.

Dicha empresa informó ante una inspección de la ANMAT que las etiquetas detectadas no eran originales, que nunca había utilizado cemento Cemex RX para fabricar prótesis destinadas a craneoplastias y que no conocía a Biomax ni la tenía registrada como cliente. Tampoco le había autorizado el uso de su marca.

Para el juez, ese mecanismo permitía ocultar el verdadero origen de los productos y presentarlos como si hubieran sido elaborados por una empresa que sí estaba habilitada por la autoridad sanitaria.

Del cemento óseo al hospital

Biomax había sido constituida el 9 de febrero de 2012 por Humberto Maximiliano Perata y Marcela Bravi. De acuerdo con los registros societarios incorporados a la causa, su objeto incluía la compra, venta, importación, exportación, representación y comercialización de aparatos, instrumental, insumos médicos, quirúrgicos y ortopédicos e implantes.

Maximiliano Perata fue designado presidente de la sociedad y Bravi, directora suplente.

Pocos meses después, aproximadamente desde septiembre de 2012, Biomax comenzó a comprar cemento Cemex RX a Swiss Protech. Las operaciones quedaron registradas en facturas y documentación aportada por el proveedor. El fallo consignó además que las tratativas se realizaban con Maximiliano Perata y que las adquisiciones continuaron hasta aproximadamente 2017, con una última consulta comercial registrada en abril de 2018.

Una vez fabricadas las prótesis, Biomax las vendía a otras compañías. La investigación identificó operaciones con Biolap SA, IP Mag y Spine Argentina SA, empresas que posteriormente las proveían a los establecimientos médicos donde eran utilizadas.

La documentación obtenida de IP Mag mostró uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores: allí figuraba que las piezas habían sido fabricadas por Novax a partir del cemento Cemex RX, mientras Biomax aparecía como intermediaria en la venta.

El cruce de esa información con los registros de Novax permitió establecer, según la sentencia, que esa versión no era real. La compañía habilitada desconoció tanto la fabricación como las etiquetas y cualquier vínculo comercial con Biomax.

Paralelamente, los informes de la ANMAT mostraron que Biomax no tenía una inscripción vigente que la autorizara a desarrollar aquella actividad. La empresa había iniciado un expediente para obtener la habilitación, pero el trámite quedó paralizado por causas atribuidas al interesado y nunca concluyó con el permiso correspondiente.

El juez Costabel, de manera unipersonal, consideró probado que, pese a ello, la firma fabricó productos implantables con cemento óseo, los comercializó y utilizó para identificarlos el nombre de una compañía que sí estaba autorizada.

Tres implantes identificados

A partir de facturas, documentación comercial y registros hospitalarios, los investigadores pudieron reconstruir el destino de al menos tres de esas prótesis. Fueron colocadas durante 2013 en el Hospital Alejandro Korn a los pacientes H.D.V., J.M. y P.V.

En la documentación vinculada con esas intervenciones aparecían etiquetas y cartonería correspondientes al cemento Cemex RX y referencias a placas para craneoplastia atribuidas a Novax. Esos registros fueron contrastados con la información suministrada por la firma habilitada y por la ANMAT.

La sentencia no atribuyó a las prótesis una lesión concreta sufrida por esos pacientes. La figura penal aplicada por el tribunal es un delito de peligro: para su configuración no resulta indispensable que el producto provoque efectivamente un daño, sino que tenga aptitud para poner en riesgo la salud.

En este caso, el juez explicó que el peligro provenía de que los implantes habían sido fabricados por una empresa sin autorización sanitaria, a partir de materias primas que no habían atravesado los controles de calidad correspondientes dentro de un proceso de producción habilitado.

El uso de la marca Novax fue considerado, a su vez, la forma utilizada para disimular ese origen.

El doble rol del médico

Dentro de ese circuito, el tribunal distinguió el papel de padre e hijo.

Respecto de Humberto Maximiliano Perata, Costabel tuvo en cuenta que era presidente de Biomax, que intervenía en las conversaciones con los proveedores del cemento óseo y que aparecía vinculado a la estructura societaria y comercial de la empresa. La documentación de Swiss Protech también lo identificaba como uno de los contactos con los que se gestionaban las compras.

La intervención de Humberto Juan Perata presentaba otra característica. Además de ser apoderado de Biomax, era médico y se desempeñaba como jefe del área de Neurocirugía del Hospital Alejandro Korn.

Según el fallo, participó en la implantación de las prótesis cuestionadas y utilizó como proveedor a la empresa encabezada por su hijo, a la que posteriormente también representó.

Para Costabel, esos elementos permitieron atribuirles a ambos el carácter de autores porque tuvieron dominio sobre la maniobra investigada.

Cómo empezó la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia formulada por Maximiliano Jesús Derecho, entonces asesor legal del Programa Nacional de Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos.

La presentación informó que Biomax había comprado cemento óseo a Swiss Protech y elaborado prótesis sin la autorización de la ANMAT, que después eran identificadas como si hubieran sido producidas por Novax. También describió el circuito mediante el cual esas piezas eran vendidas a otras compañías antes de llegar a los hospitales.

A partir de ahí, la investigación reunió informes de la ANMAT y del Ministerio de Salud, documentación de la Inspección General de Justicia, facturas, recibos y registros aportados por las distintas empresas involucradas.

También se incorporaron testimonios de funcionarios e inspectores del organismo sanitario y de personal del Hospital Alejandro Korn. Entre ellos declararon autoridades de Neurocirugía, responsables administrativos y profesionales vinculados con la atención médica.

La Policía Federal realizó además tareas de investigación sobre distintos domicilios relacionados con Biomax y otras firmas que aparecían en las operaciones. Hubo diligencias en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Villa Ballester y Mar del Plata, junto con allanamientos y procedimientos en los que se obtuvieron documentos y registros médicos.

Uno de esos procedimientos permitió secuestrar historias clínicas que posteriormente fueron utilizadas para reconstruir las intervenciones realizadas a los pacientes.

La causa sumó también movimientos e informes remitidos por Santander Río, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Central y otras entidades financieras, además de información fiscal y societaria.

La acusación había sido impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano, y originalmente comprendía también a Marcela Alejandra Bravi, cofundadora y directora suplente de Biomax, y a Alejandra Fagre, vinculada a la firma como gerente. En agosto pasado, el proceso respecto de ambas fue suspendido a prueba por el término de un año.

Para Humberto Juan y Humberto Maximiliano Perata, en cambio, la causa continuó ante el Tribunal Oral Federal N° 2. En esa sede, el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa.

Padre e hijo reconocieron la existencia de los hechos incluidos en el requerimiento de elevación a juicio, su participación y la calificación jurídica propuesta por la acusación.

Al fijar la pena, la fiscalía ponderó como circunstancias atenuantes que ambos carecían de antecedentes penales, que no registraban otros procesos en trámite, el tiempo transcurrido desde los hechos y el reconocimiento efectuado durante el procedimiento.

El juez agregó como agravantes la pluralidad de bienes jurídicos afectados por la conducta: la salud pública, la fe pública, la lealtad en el comercio y los derechos del titular de la marca utilizada.

Además de los tres años de prisión en suspenso, la multa y las costas, los imputados deberán durante dos años fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso también la destrucción de los elementos que permanecían secuestrados en el expediente.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió este lunes una prórroga de cinco días hábiles para estudiar la causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

Pleé todavía no fijó posición sobre el fondo. Solicitó cinco días hábiles adicionales para examinar las actuaciones debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de su dependencia.

La causa comenzó en el año 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento había sido pactado inicialmente por USD 50.000 millones y luego fue ampliado hasta USD 57.100 millones.

La investigación alcanzó al expresidente Mauricio Macri; al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central; y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Durante la pesquisa se analizaron, entre otros puntos, la ausencia de un decreto presidencial específico para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se incorporaron informes de organismos de control, expedientes administrativos y documentación vinculada con el destino de los desembolsos.

En febrero pasado, la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente tras considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión. Cuestionó que la investigación fuera cerrada sin completar una serie de medidas orientadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el recorrido de las divisas provenientes del crédito.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo de la causa. Según expusieron, el acuerdo había sido gestionado en un contexto de urgencia financiera y que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis de carácter delictivo.

A partir de allí intervino el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, que actúa ante la Cámara Federal. El representante del Ministerio Público intentó llevar la discusión a Casación mediante un recurso contra la resolución que había convalidado el cierre del expediente.

Como ese planteo fue declarado “inadmisible”, Agüero Iturbe acudió directamente en queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa presentación es la que ahora se encuentra bajo estudio de Carbajo, Hornos y Borinsky.

Antes de resolver si abre la instancia para revisar el archivo, el máximo tribunal penal federal pidió la opinión de Pleé. El fiscal general deberá definir en un dictamen, una vez vencida la prórroga solicitada, si mantiene la impugnación promovida por su par del Ministerio Público en la instancia anterior.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de llevar a una instancia internacional la disputa por la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas abrió un nuevo frente jurídico con el Reino Unido. El planteo tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, y se apoya en los mecanismos de solución de controversias previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tratado del que ambos países forman parte.

La estrategia conecta dos instancias. La primera es un arbitraje internacional bajo el “Anexo VII” de la Convención, que prevé conformar un tribunal de cinco miembros para examinar la controversia. La segunda puede aparecer antes: mientras ese cuerpo termina de constituirse, la Argentina anticipó que podría recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales.

En rigor, el lunes pasado la Casa Rosada informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a poner en marcha ese procedimiento. A la vez, Argentina intimó al Reino Unido para que, dentro de dos semanas, adopte las diligencias necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos y evite nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en el área en disputa.

Londres ya exteriorizó su rechazo. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió la legalidad de las actividades vinculadas con las islas y sostuvo que se desarrollan conforme al derecho internacional, incluida la propia CONVEMAR. Esa posición fue transmitida también a la embajadora argentina Mariana Plaza.

Qué es la CONVEMAR

La CONVEMAR fue adoptada en 1982, en Montego Bay, Jamaica, y constituye uno de los principales marcos jurídicos internacionales sobre los océanos. Regula, entre otras materias, el mar territorial, la denominada “zona económica exclusiva”, la plataforma continental, la navegación, la explotación de recursos naturales y la protección del medio marino. Su Parte XV establece además procedimientos para resolver discrepancias entre Estados sobre la interpretación o aplicación del tratado.

Argentina firmó la Convención el 5 de octubre de 1984. El Congreso la aprobó mediante la Ley 24.543, sancionada en septiembre de 1995, y el país depositó su instrumento de ratificación ante Naciones Unidas el 1° de diciembre de ese año. Al ratificarla, dejó asentada su posición sobre la Cuestión Malvinas y reafirmó su reclamo de soberanía sobre las islas y sus espacios marítimos.

Dentro del sistema previsto por el artículo 287, Argentina escogió como primera opción al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Reino Unido, en cambio, eligió la Corte Internacional de Justicia. Ante la falta de coincidencia y salvo que las partes acuerden otra vía, la Convención conduce al arbitraje previsto en el Anexo VII.

Ese tribunal arbitral no funciona de manera permanente: se constituye específicamente para la controversia. La parte que promueve el procedimiento designa a uno de sus cinco miembros en la notificación inicial y la contraparte dispone de 30 días desde que la recibe para nombrar al suyo. Los otros tres árbitros deben ser acordados por ambos Estados y uno de ellos ejercerá la presidencia.

A su vez, la propia Convención contiene mecanismos para evitar que una falta de consenso paralice el proceso. Si uno de los países no efectúa su designación o las partes no consiguen acordar los restantes integrantes dentro de los plazos previstos, pueden activarse los procedimientos de nombramiento contemplados en el Anexo VII.

Una vez conformado, el tribunal establece sus reglas de procedimiento, recibe los argumentos y la prueba de los Estados y puede pronunciarse sobre las objeciones a su propia competencia. La CONVEMAR dispone expresamente que, cuando exista una controversia sobre la jurisdicción, será el propio tribunal el encargado de resolverla.

El eventual paso por Hamburgo

La integración de los cinco árbitros puede demandar tiempo. Para ese período, la Convención contempla las medidas provisionales reguladas por su artículo 290.

Cuando todavía no está constituido el tribunal que resolverá el fondo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir si las partes no acuerdan otro órgano dentro de las dos semanas posteriores al pedido. Para adoptar una medida, debe considerar de manera preliminar que la urgencia de la situación exige actuar antes de que pueda hacerlo el cuerpo arbitral.

De acuerdo a la normativa, la intervención tiene carácter cautelar. Puede orientarse a preservar los derechos de las partes o a impedir daños graves al medio marino sin decidir todavía el litigio principal. Una vez constituido, el tribunal arbitral puede mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas, que mientras tanto deben ser cumplidas por las partes.

Argentina, de hecho, ya atravesó una secuencia similar en 2012 por la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana. Mientras se encontraba pendiente la integración de un tribunal del Anexo VII, acudió al TIDM, que ordenó por unanimidad la liberación del buque.

Sea Lion y el mapa de la actividad petrolera

Sea Lion está situado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y Rockhopper Exploration, el 35%. Tras la decisión final de inversión, las compañías mantienen como objetivo comenzar la producción durante 2028.

El desarrollo integra un mapa hidrocarburífero más amplio. Un reciente informe de la Fundación de Investigaciones e Inteligencia Financiera (FININT) reconstruyó las actividades en las distintas cuencas y las actuaciones administrativas y judiciales desplegadas durante septiembre. En la Cuenca Malvinas Norte ubicó, además de Sea Lion, los puntos 14/10-2, Casper, Beverley/Casper Sur, Zebedee, Liz e Isobel Deep, junto con la licencia PL001, todavía no perforada. En la Cuenca Sur aparecen los pozos 61/17-1, donde en 2012 se produjo el descubrimiento de gas-condensado Darwin, y 61/25-1, correspondiente a Stebbing. El relevamiento contabilizó además 60 procedimientos sancionatorios -40 personas jurídicas y 20 humanas-, cuatro denuncias penales ante cuatro juzgados federales de Comodoro Py y una acción ambiental en Tierra del Fuego.

Los 60 procedimientos administrativos

El frente administrativo se apoya en la Ley 26.659 y en el Decreto 868/2026, que reglamentó un procedimiento específico para aplicarla. El 4 de septiembre quedaron bajo sumario 45 sujetos y cuatro días después se añadieron otros 15.

Para el caso, el universo no se restringe a las compañías titulares de las licencias. Comprende accionistas, aseguradoras, fondos y plataformas de inversión, proveedores de servicios, certificadores de reservas y directivos. Entre las sociedades vinculadas con esas actuaciones aparecen Navitas, Rockhopper, JHI, Eco Atlantic y Borders & Southern.

Al cierre del informe de FININT, el pasado 29 de septiembre, ninguno de esos 60 expedientes había llegado todavía a una resolución sancionatoria. La herramienta, de todos modos, tiene antecedentes: entre 2012 y 2022 se dictaron 16 resoluciones sancionatorias contra diez empresas.

Rockhopper recibió una inhabilitación por veinte años en 2013. Navitas Petroleum LP fue declarada en situación de ilegalidad y clandestinidad e inhabilitada por igual período en 2022. También hubo decisiones sobre Desire Petroleum, Argos Resources, Falkland Oil and Gas, Premier Oil y otras compañías.

Cuatro causas penales en Comodoro Py

A la vía administrativa se sumaron cuatro investigaciones penales distribuidas entre distintos juzgados federales porteños.

Una quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12, subrogado por Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. La presentación alcanzó inicialmente a sociedades de Navitas Petroleum, JHI y Eco (Atlantic) Oil & Gas y después se amplió hacia compañías de Rockhopper, además de directivos y accionistas.

Un segundo expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo, también con intervención de Stornelli. Allí se investiga a Desire Petroleum Limited y sociedades relacionadas. La fiscalía requirió información al Reino Unido para reconstruir su estructura societaria, establecer quiénes ocuparon cargos de conducción desde 2012, determinar cómo obtuvo las licencias y acceder a datos bancarios.

La tercera denuncia por hidrocarburos recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, contra Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum. La presentación procura determinar eventuales responsabilidades por actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina.

La cuarta causa tiene un origen diferente. Tramita ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, a partir de una denuncia de la Administración Nacional de Aviación Civil contra Thales UK Limited por dos operaciones aéreas entre Punta Arenas y Malvinas realizadas los días 19 y 24 de septiembre con una aeronave de matrícula británica y, según la presentación argentina, sin autorización de las autoridades nacionales.

El escrito invocó el artículo 190 del Código Penal y normas del Código Aeronáutico, y también reclamó determinar si esos vuelos tenían vinculación con actividades comprendidas por la Ley 26.659 de “exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”.

La causa ambiental en Tierra del Fuego

Por fuera de Comodoro Py, Sea Lion también llegó a la Justicia Federal de Río Grande. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas promovieron una acción preventiva de daño ambiental contra Navitas y Rockhopper ante el juzgado a cargo de Mariel Borruto.

La magistrada dictó una medida cautelar que ordenó a las compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales del proyecto hasta que se complete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. La orden comprende perforaciones sobre el lecho y el subsuelo, infraestructura submarina, unidades flotantes y el comienzo de la extracción comercial.

La resolución también exigió una declaración sobre el estado de las obras y documentación vinculada con el cronograma de perforación, ubicación de los pozos, contratistas y subcontratistas, entidades financieras, fondos comprometidos, aseguradoras, estudios ambientales y planes de contingencia.

Según la descripción del proyecto incorporada en ese expediente, la etapa prevista de Sea Lion contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis inyectores de agua y uno inyector de gas.

Mientras esos expedientes siguen sus respectivos trámites, corre el plazo comunicado al Reino Unido. Si Argentina concreta el pedido anunciado en Hamburgo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar primero la jurisdicción prima facie, la urgencia y los derechos cuya preservación se solicita, mientras se completa por separado la integración del tribunal arbitral de cinco miembros.

La causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó este viernes a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si habilita una revisión del archivo de la investigación.

El planteo quedó a estudio de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En esta etapa no analizarán todavía el fondo del expediente, sino la admisibilidad de la queja presentada por el fiscal José Luis Agüero Iturbe, luego de que fuera rechazado el recurso de casación contra el cierre del caso.

La investigación se inició en 2019 por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento fue acordado inicialmente por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La denuncia alcanzó a Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Entre los puntos bajo análisis estuvieron la ausencia de un decreto presidencial para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se investigaron la apertura tardía de expedientes administrativos y el destino de los desembolsos.

La pesquisa se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, documentación vinculada con el acuerdo y datos sobre formación de activos externos.

En febrero pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y sostuvo que todavía quedaban medidas pendientes para determinar si durante la contratación del préstamo se habían incumplido procedimientos legales. También pidió avanzar sobre la trazabilidad de los desembolsos y reconstruir el recorrido de las divisas.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo. Los camaristas señalaron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y consideraron que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis delictiva.

El tribunal de alzada examinó además un informe de la SIGEN que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones, pero sostuvo que ese deterioro no alcanzaba por sí solo para demostrar una administración fraudulenta ni una disposición consciente de fondos en perjuicio del Estado.

Luego de esa resolución, Agüero Iturbe presentó un recurso de casación. El fiscal cuestionó que el expediente fuera cerrado sin completar medidas destinadas a reconstruir los movimientos del crédito e identificar eventuales beneficiarios privados de la salida de divisas.

Ese recurso fue declarado inadmisible por la Cámara Federal porteña. Ante esa decisión, el representante del Ministerio Público acudió directamente en queja ante el máximo tribunal penal del país.

La presentación quedó ahora radicada en la Sala IV, donde los camaristas Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver si habilitan la instancia para examinar el recurso contra el archivo.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión que había impedido a un fiscal interino sostener una acusación en una causa por drogas en Comodoro Rivadavia y declaró válida su intervención. El fallo, dictado este jueves por Mariano Hernán Borinsky, respaldó las facultades del Procurador General de la Nación para cubrir transitoriamente cargos vacantes y ordenó que continúe la audiencia de control de acusación.

La controversia se produjo durante la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que asigna al Ministerio Público Fiscal la investigación y el ejercicio de la acusación y reserva a los jueces funciones de control. La discusión giró sobre quién está habilitado para representar al organismo acusador y sostener una acusación cuando el cargo es ocupado de manera interina.

La causa se inició en octubre de 2025 contra Luis Funes, investigado por presunta comercialización de estupefacientes. El expediente comenzó a partir de una denuncia anónima que indicaba que vendía drogas desde su domicilio de Comodoro Rivadavia.

A partir de esa información, la fiscalía encomendó tareas a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. Según el fallo, los investigadores observaron una concurrencia frecuente de personas a la vivienda y maniobras que interpretaron como entregas de droga mediante “pasamanos”. También siguieron el vehículo utilizado por Funes y detectaron encuentros breves en distintos puntos de la ciudad que, para la acusación, eran compatibles con una modalidad de venta tipo “delivery”.

El 21 de octubre de 2025 fueron allanados dos domicilios vinculados con el acusado. En la vivienda principal se secuestraron 294,2 gramos de clorhidrato de cocaína, en su mayoría enterrados en el patio, además de 22,02 gramos de cannabis, una balanza de precisión, recortes de nylon, dinero, teléfonos celulares y municiones. En el segundo inmueble se encontraron dinero, cartuchos y siete plantines de marihuana.

El peritaje sobre el teléfono de Funes detectó mensajes que, según el Ministerio Público Fiscal, aludían mediante lenguaje encriptado a pedidos de droga, deudas y operaciones de compraventa, junto con comprobantes de transferencias vinculados con la actividad investigada.

Concluida la investigación preparatoria, el fiscal Mariano Ignacio Sánchez, a cargo interinamente del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, acusó a Funes como presunto autor del delito de comercio de estupefacientes.

El conflicto surgió el 7 de agosto de 2026, durante la audiencia de control de acusación. Antes de comenzar, el juez de revisión Javier Leal de Ibarra preguntó a Sánchez si participaría algún otro fiscal con “acuerdo constitucional”. Ante la respuesta negativa, declaró de oficio inválida su intervención y ordenó que la acusación fuera ratificada dentro de los diez días por otro representante del Ministerio Público.

Sánchez pidió la revocatoria. Explicó que desde el 1° de abril de 2025 ya no actuaba como auxiliar fiscal, sino como fiscal interino, y que su designación había sido dispuesta mediante las resoluciones MP 57/25 y 71/25.

Leal de Ibarra mantuvo su criterio. Aclaró que no cuestionaba las facultades del procurador Eduardo Casal para organizar el Ministerio Público ni para cubrir vacantes, pero sostuvo que debía determinarse si esas decisiones administrativas bastaban para conferir las potestades procesales que el CPPF reserva al fiscal para formular y sostener una acusación.

También señaló que el control sobre la competencia, legitimación e investidura de quienes intervienen en el proceso forma parte de las atribuciones judiciales.

La cuestión llegó a Casación, máxima instancia penal del país. En la audiencia realizada este jueves intervinieron el fiscal general Raúl Omar Pleé, en representación del Ministerio Público Fiscal, y el abogado Guillermo Iglesias Faisca, defensor de Funes.

Borinsky revocó la decisión.

El camarista recordó que el artículo 120 de la Constitución Nacional reconoce al Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, y que la legislación orgánica faculta al Procurador General a administrar sus recursos humanos y cubrir interinamente cargos vacantes.

En el caso de Sánchez, señaló que había sido designado interinamente a partir del 1° de abril de 2025, luego de la renuncia del fiscal federal Norberto José Bellver, y que desde esa misma fecha había cesado formalmente su condición de auxiliar fiscal.

“La circunstancia de que la designación del fiscal Mariano Sánchez sea interina no es suficiente para afirmar que se encuentra privado de ejercer las funciones inherentes al cargo que transitoriamente ocupa”, planteó Borinsky.

El juez también fijó un límite al alcance del control jurisdiccional. “La potestad jurisdiccional de controlar la validez de los actos procesales y de resguardar las garantías del debido proceso no autoriza a sustituir al Procurador General en la selección del funcionario que ejercerá transitoriamente una función cuando la designación ha sido realizada de conformidad con las normas que regulan la materia”, afirmó.

Borinsky agregó que en la causa no se había demostrado un perjuicio concreto para Funes ni una afectación de sus garantías constitucionales.

También descartó que la prolongación de las interinidades bastara para invalidar una designación. “La eventual prolongación de una situación transitoria no transforma en ilegítimo el acto de designación ni autoriza a desconocer sus efectos mientras permanezca vigente”, escribió.

El fallo recordó que la misma cuestión ya había sido resuelta en julio en el precedente “Jaramillo”, también respecto de Sánchez, y que en agosto el juez de Casación Daniel Petrone adoptó el mismo criterio en el caso “Cáceres”.

La cuestión fue analizada además por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del sistema acusatorio. En ese modelo, la invalidez de la intervención de un fiscal puede proyectarse sobre actos realizados durante la investigación y sobre etapas posteriores del proceso.

Borinsky advirtió que invalidar la actuación de fiscales interinos puede “comprometer la continuidad de los procesos y poner en cuestión acusaciones, acuerdos y otras decisiones adoptadas en la jurisdicción, con impacto sobre la celeridad, eficacia y normal funcionamiento del modelo acusatorio”.

Bajo esos términos, Casación declaró válida la intervención de Mariano Ignacio Sánchez y remitió el expediente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para que se reanude y continúe la audiencia de control de acusación contra Luis Darío Funes.

A tres décadas de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ex jefes de Gobierno, autoridades judiciales, convencionales constituyentes, funcionarios y especialistas se reunieron este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para conmemorar el aniversario y revisar el camino recorrido desde el reconocimiento de la autonomía porteña, las transformaciones institucionales de los últimos 30 años y las competencias que todavía permanecen en discusión.

Entre los protagonistas de la jornada estuvieron Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes repasaron distintas etapas de sus gestiones al frente de la Ciudad, mientras que el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la apertura mediante un mensaje grabado. El encuentro, denominado “A 30 años de la Constitución porteña: sus protagonistas, su vigencia”, comenzó pasadas las 10.30 en el Aula Magna y fue organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro de Formación Judicial, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano.

El aniversario remite a un proceso iniciado dos años antes de la aprobación de la Carta Magna local. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 modificó el estatus jurídico de Buenos Aires mediante el artículo 129, que reconoció a la Ciudad “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” y dispuso la elección directa de su jefe de Gobierno. La misma cláusula ordenó convocar a los habitantes porteños para elegir a los representantes encargados de dictar el estatuto organizativo de sus instituciones.

Ese mandato tomó forma en 1996. Fueron elegidos 60 convencionales constituyentes, distribuidos entre cuatro fuerzas políticas: 25 del FREPASO, 19 de la Unión Cívica Radical, 11 del Partido Justicialista y cinco de Nueva Dirigencia. Con Graciela Fernández Meijide al frente de la Convención, el proceso culminó el 1° de octubre de 1996 con la sanción de la Constitución porteña, cuyo preámbulo fijó entre sus propósitos “afirmar su autonomía” y “organizar sus instituciones”.

Autonomía, instituciones y deudas pendientes

El primero en tomar la palabra durante la apertura fue Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Si tuviera que elegir una palabra para describir lo ocurrido hace tres décadas, dijo, sería “autonomía”: la posibilidad de gobernarse dentro de un orden constitucional, elegir autoridades, dictar normas, organizar instituciones y ejercer las competencias reconocidas por el derecho.

Vergara se detuvo en el papel de una Constitución no sólo como reconocimiento de derechos y garantías, sino también como instrumento de organización y limitación del poder. Un texto constitucional, explicó, establece quién puede decidir, mediante qué procedimientos y hasta dónde puede hacerlo. “Sabemos que existe una distancia entre una Constitución escrita y una Constitución efectivamente realizada”, destacó el abogado al mencionar la necesidad de leyes, procedimientos, funcionarios, jueces y órganos de control que permitan traducir esos derechos en prácticas concretas.

También llevó esa reflexión al modo en que una democracia procesa sus desacuerdos. Las sociedades mantienen diferencias profundas sobre política, justicia, derechos y valores, sostuvo, y el desafío es que quienes piensan distinto puedan continuar compartiendo instituciones y reglas comunes para resolver sus disputas. Al evocar al jurista italiano Norberto Bobbio, resumió: “Importan los resultados e importa quién decide, cómo y hasta dónde puede decidir”.

La segunda intervención estuvo a cargo de Inés Mónica Weinberg, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, quien volvió sobre el recorrido abierto con la reforma constitucional de 1994. Recordó que este 1° de octubre se cumplen tres décadas de la sanción del texto porteño y calificó el reconocimiento de la autonomía como una de las reformas más audaces impulsadas por el constituyente nacional.

Weinberg destacó que aquel cambio permitió a los habitantes de la Ciudad elegir sus autoridades y avanzar hacia una organización institucional propia. Dos años más tarde, sostuvo, la Convención interpretó ese mandato y “alumbró una Constitución de vanguardia para la Ciudad”, con derechos y garantías vinculados, entre otras materias, con la vivienda, el ambiente y la identidad de género.

“Los aniversarios tienen un fuerte valor simbólico y reavivan los debates pendientes”, planteó.

Y agregó: “En el terreno judicial tenemos asignaturas pendientes”.

El cierre de la apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien participó mediante un mensaje grabado por compromisos de gestión. Saludó a quienes lo precedieron en el cargo y dedicó una mención a los convencionales de 1996: “Lo que hicieron sigue vivo todos los días, aunque muchas veces no lo notemos”.

Macri trasladó el aniversario hacia la aplicación del texto constitucional. “Nuestra Constitución no es una promesa, es una responsabilidad. La pregunta que nos toca hoy es no solamente qué dice sino qué hacemos con lo que dice”, afirmó.

También vinculó el funcionamiento institucional con la existencia de reglas: “El orden no es una palabra fría, es lo que protege al más débil y hace que la ley valga igual para todos. Donde hay orden hay libertad. Solo donde hay orden y libertad puede haber progreso”.

Luego, se refirió a las competencias que la Ciudad todavía reclama: “La autonomía no está completa, pedimos una Justicia propia y cercana”.

Durante la apertura hubo además una mención expresa a Fernando de la Rúa y Enrique Olivera, quienes encabezaron en 1996 la primera fórmula de jefe y vicejefe de Gobierno elegida por voto directo luego del reconocimiento constitucional de la autonomía. Asumieron mientras la Convención todavía trabajaba en el texto que sería sancionado meses más tarde.

Treinta años de gobiernos porteños

Terminada la apertura comenzó el panel “Treinta años de gobierno porteño”, estructurado como una sucesión de entrevistas a Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, en el orden de sus respectivas gestiones.

El primero fue Aníbal Ibarra, entrevistado por Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La conversación comenzó con una particularidad de su trayectoria: antes de llegar a la Jefatura de Gobierno había sido concejal y había participado tanto de la reforma constitucional nacional de 1994 como de la Convención porteña de 1996. Años después le tocó conducir las instituciones que había contribuido a diseñar.

“Fue un privilegio personal haber podido estar en esas etapas”, expresó. Al recordar su paso por el antiguo Concejo Deliberante, dijo que los constituyentes buscaban una ruptura con aquel esquema: “Cuando hicimos la Constitución queríamos una Ciudad que no tuviera nada que ver con lo que había sido el Concejo Deliberante”.

Ibarra vinculó el origen de la autonomía con el acuerdo político que precedió a la reforma de 1994 y describió los años siguientes como una etapa de tensiones entre la Nación y las nuevas autoridades porteñas. Cada competencia transferida, explicó, suponía que el Gobierno nacional dejara de ejercer una atribución que hasta entonces había permanecido bajo su órbita.

“Para el Gobierno nacional era ceder poder, y a nadie le gusta ceder poder. Pero se abrió una puerta que después siguió su marcha”, aseveró. En ese recorrido, mencionó la denominada ley Cafiero y las resistencias que acompañaron los primeros reclamos de ampliación de facultades para la Ciudad.

Al volver sobre la Convención, puso el acento en el acuerdo alcanzado sobre el texto definitivo. “Se votó por unanimidad, lo cual no es poco. Con diferencias, todos nos pusimos de acuerdo”, dijo. Ibarra tenía 38 años cuando integró el cuerpo y reconoció que entonces no dimensionaba por completo el alcance que adquiriría aquel proceso. “Esa dimensión la fui tomando con el tiempo, pero en ese momento sabíamos que estábamos haciendo algo importante, que era sentar las bases de esta Ciudad que es hoy”, recordó.

Cuando García llevó la conversación hacia las competencias todavía pendientes, reapareció la cuestión judicial. Ibarra describió la resistencia al traspaso como una disputa por atribuciones y afirmó: “La Justicia Nacional nunca quiso venir a la Ciudad porque entendía que era una capitis diminutio”.

Sobre el final, ante una pregunta sobre las condiciones necesarias para que una política pública sobreviva a los cambios de gobierno, respondió: “Madurez política”. Consideró que, aun ante diferentes lecturas de la realidad, pueden construirse acuerdos sobre algunos asuntos y sostenerlos a través de distintas administraciones.

Consensos, gestión y políticas públicas

El segundo entrevistado fue Jorge Telerman, acompañado por Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Telerman partió de las circunstancias en las que llegó a la Jefatura luego de haber sido vicejefe de Ibarra y presentó aquel período como una prueba para las instituciones creadas a partir de la autonomía.

“La asunción y atravesar ese período fue una prueba muy importante en lo que hoy estamos recordando y celebrando: la autonomía y el funcionamiento de las instituciones”, comentó. La continuidad, explicó, no implicaba eliminar las diferencias entre administraciones, sino que esas transiciones pudieran producirse dentro de estructuras capaces de sostenerse.

Sintetizó: “La continuidad tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones”.

Durante los aproximadamente catorce meses que permaneció al frente del Ejecutivo, recordó, debió construir apoyos para una administración surgida en un escenario de crisis política. “Soy, por formación, alguien que cree profundamente en la necesidad de lograr consensos”, señaló. Al mirar retrospectivamente ese período, reivindicó haber realizado una convocatoria amplia y haber considerado esos consensos “como una necesidad y una virtud”.

Telerman habló además de las políticas culturales y de su capacidad para generar espacios comunes en contextos de fragmentación social. Más adelante, al referirse a la descentralización y al papel de las comunas, sostuvo: “No hay mejor cosa que perder poder para responsabilizar también a otros sectores dinámicos de la sociedad”. Vinculó esa distribución de responsabilidades con los deberes ciudadanos que acompañan al reconocimiento de derechos.

Seguridad y transformaciones urbanas

Mauricio Macri participó mediante una entrevista grabada realizada por la jueza del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe. Habló del “desafío de la autonomía” y repasó distintas decisiones de sus años al frente del Ejecutivo porteño.

“El statu quo es una fuerza terrible que nunca hay que parar de combatir; lo que no cambia o evoluciona, retrocede”, afirmó.

Entre los hitos de su gestión mencionó la restauración del Teatro Colón, el Metrobús, las bicisendas y el traspaso de la Policía a la Ciudad. “La intención siempre fue mostrar que se podía”, sostuvo. A continuación diferenció las obras de infraestructura de las transformaciones que dependen de prácticas y conductas: “Los cambios culturales llevan mucho más tiempo porque no es con hormigón sino con seres humanos”.

Macri definió a la Policía de la Ciudad como la obra más trascendente de su gestión y se detuvo también en la evaluación de las políticas públicas. “No existe política social, de educación o de salud que no se evalúe. Las cosas hay que evaluarlas para saber si estás haciendo las cosas bien o mal”, dijo, y mencionó la necesidad de contar con estándares para medir infraestructura, educación y salud.

Sobre el final definió la Jefatura de Gobierno como “el trabajo más lindo que tuve en política”.

La última entrevista del panel fue a Horacio Rodríguez Larreta, con Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño, como entrevistadora.

Aníbal Ibarra y Jorge Telerman siguieron su exposición desde la primera fila del auditorio.

Rodríguez Larreta coincidió con Macri al destacar el traspaso y la organización de una fuerza de seguridad propia. “Buenos Aires llegó a ser la ciudad con menor nivel de crimen de toda Latinoamérica y de toda América salvo una o dos ciudades en Canadá. Logramos bajar la cantidad de crimen”, afirmó al referirse a los resultados que atribuyó a esa política.

Según explicó, uno de los primeros pasos fue la sanción de la ley que permitió organizar la nueva Policía, aprobada con 58 votos sobre 60. Larreta destacó ese nivel de consenso por tratarse de una política que debía mantenerse en el tiempo. Posteriormente, agregó, se estudiaron experiencias policiales de distintas ciudades y se adoptó un modelo de “policía de proximidad”, con agentes desplegados en el territorio y mecanismos de gobernanza y control.

También se refirió a la urbanización del Barrio 31. “Un tema que para mí es un orgullo, que obviamente no está completado, es un proceso que lleva 80 años. Se inició un camino donde hay muchísima gente que vive hoy mejor”, sostuvo. Describió lo realizado como un “proceso de integración avanzado” y consideró que tuvo efectos tanto dentro del barrio como en las zonas circundantes.

“Hay que continuar ese proceso”, agregó.

En materia de infraestructura, mencionó el Paseo del Bajo, los viaductos ferroviarios y otras intervenciones incluidas en lo que definió como un “plan de obra súper ambicioso”.

Entre quienes siguieron las exposiciones estuvieron el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos; los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Marcelo Meis, Luis Duacastella Arbizu y Rocío López Di Muro; el fiscal general porteño Martín López Zavaleta; y los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, además de magistrados, fiscales, convencionales constituyentes, legisladores, defensores, asesores tutelares y funcionarios de distintos organismos.

La voz de los constituyentes de 1996

Pasadas las 14, comenzó el segundo panel, “La letra y el espíritu: la Convención Constituyente de 1996”, con la participación de la senadora nacional Patricia Bullrich; el consejero de la Magistratura de la Nación Alberto Maques; Gustavo Vivo; María Elena Barbagelata; y Raúl Garré, todos integrantes de aquella Convención. La moderación estuvo a cargo del director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, Pablo Dons.

Bullrich recordó la exigencia que implicó redactar el texto en un plazo acotado. “Fue una Constitución donde el trabajo había que hacerlo en tiempo récord. En muchos momentos pensábamos que era imposible y que no se llegaba porque había muchísimos temas”, expresó.

Ubicó el espíritu de la mayoría en la decisión de avanzar sobre la autonomía reconocida en 1994, pese a las limitaciones de la ley Cafiero. “El espíritu que tuvimos los constituyentes fue el de no fallar, de encontrar los puntos centrales, encontrar un sueño de una ciudad que buscaba tener una Justicia -que aún está en proceso-, que buscaba tener sus autoridades”, sostuvo.

Definió al texto como una “Constitución acuerdista” y habló de la “amistad cívica” que, según evocó, atravesó las deliberaciones. Para Bullrich, la idea era proyectar una ciudad con todas sus competencias, sin dejar librado su desarrollo a decisiones del Gobierno nacional. “Hoy, a 30 años, estamos acá sentados”, remarcó al referirse al vínculo que perduró entre quienes participaron de aquella experiencia.

María Elena Barbagelata puso especialmente en valor el papel de Graciela Fernández Meijide, quien presidió la Convención, en la construcción de acuerdos entre los bloques. Recordó que FREPASO, UCR, PJ y Nueva Dirigencia tuvieron representación en las autoridades del cuerpo y describió un “espíritu de innovación” en un escenario en el que la fuerza que había triunfado en la Ciudad no era la misma que gobernaba la Nación. Barbagelata integró, entre otras, la Comisión de Redacción, presidida por Eugenio Raúl Zaffaroni, donde evocó “un espíritu de debate y confraternidad inédito”.

Alberto Maques eligió otra imagen para recordar el comienzo de las deliberaciones. “La primera situación que se nos presentó fue claramente tomar la decisión de que nos poníamos los pantalones largos”, afirmó. Una de las primeras definiciones, explicó, fue entender que no estaban reunidos como “estatuyentes” sino como constituyentes, y que el resultado no sería un estatuto sino la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El actual consejero de la Magistratura de la Nación mencionó además que los integrantes del cuerpo no percibían sueldos, honorarios ni ningún otro tipo de emolumento. Describió el proceso como una suerte de “gran cabildo abierto”, al que acudieron instituciones, vecinos y distintos actores para exponer sus posiciones sobre la autonomía. “Fuimos aprendiendo unos de otros”, recordó. Había, agregó, voluntad de concluir rápidamente una tarea considerada necesaria, pero procurando que “la velocidad no venciera a la prudencia y al sentido común”.

Tres décadas después, sintetizó la vigencia del texto con una metáfora: “Es una Constitución que nunca fue al mecánico ni al chapista, sigue vigente y es la más moderna”.

Raúl Garré situó la Convención en el contexto político y económico de mediados de los noventa. Mencionó como antecedente el Pacto de Olivos y el núcleo de coincidencias básicas de la reforma de 1994, en un escenario atravesado por la estabilidad de la convertibilidad y, al mismo tiempo, por tensiones vinculadas con el desempleo y la pobreza. Según explicó, existía entre las fuerzas representadas un acuerdo para ampliar derechos e incorporar cuestiones sobre las que la reforma nacional no había avanzado. “Todo el plexo de la Constitución se votó por unanimidad”, recordó.

Entre las cuestiones que consideró pendientes, Garré mencionó la ausencia de un órgano de coordinación de políticas en el ámbito metropolitano. “La General Paz no debería ser un muro que separa una ciudad modelo de un país que vive en otras condiciones”, planteó al referirse a los problemas que exceden los límites jurisdiccionales de Buenos Aires. También incluyó entre los déficits el tratamiento de la Ciudad dentro del régimen de coparticipación de los recursos nacionales.

Gustavo Vivo comenzó su intervención con un recuerdo a quienes integraron la Convención y fallecieron desde entonces. “Hay 17 convencionales constituyentes que han fallecido”, indicó. Contó que tenía poco más de 30 años y que aquella había sido su primera y única función pública electiva. “Fue un ejemplo de civismo”, definió, y consideró que esa experiencia “debería ser tomada en cuenta, mirada, por la dirigencia política actual”.

Vivo evocó diferencias profundas y discusiones intensas, e incluso mencionó que en dos oportunidades el bloque del Partido Justicialista abandonó el recinto. Sin embargo, subrayó el modo en que se desarrollaban esos enfrentamientos: “No hubo insultos, no hubo agravios”. Fueron, recordó, 70 días intensos, después de los cuales muchos de quienes habían participado de aquella experiencia volvieron a encontrarse con el tiempo “con mucho cariño y respeto”.

Bullrich retomó la palabra hacia el cierre del panel para referirse a los desafíos pendientes. Desde su actual función en el Senado, señaló que trabaja para ampliar las competencias de la Ciudad en aquellas áreas donde la autonomía todavía no se completó. Recordó que, como ministra de Seguridad, intervino en el traspaso de la Policía y aludió a las resistencias que encontró, en cambio, la transferencia de la Justicia.

También mencionó avances recientes en materia penal juvenil y laboral y planteó que uno de los objetivos sigue siendo profundizar las competencias propias de Buenos Aires. En paralelo, destacó la necesidad de preservar algunas de las características que, a su entender, distinguen a la Ciudad, entre ellas su atractivo cultural y su proyección nacional e internacional.

Las miradas académicas

A las 15.15 comenzó el último panel de la jornada, “Miradas académicas sobre la Constitución porteña”, con la participación de Roberto Saba, Daniel Sabsay y Marcela Basterra, bajo la moderación de Alejandra Perícola.

El primero en exponer fue Roberto Saba, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UBA y la Universidad de Palermo. “No son buenos tiempos para la democracia constitucional. Son tiempos oscuros. Hay una historiadora estadounidense que sostiene que, en el último siglo, la democracia constitucional nunca estuvo tan amenazada como ahora. Mi propuesta es que esta celebración de la práctica constitucional sea una oportunidad para volver a comprometernos con esos ideales, justamente en un momento en que quizás sea más necesario hacerlo”, expresó.

A continuación intervino Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. Calificó a la Constitución porteña como “pionera en su tiempo”, aunque advirtió que su cumplimiento todavía es “trunco e imperfecto”.

“No se le han trasladado todas las competencias que le corresponderían, y todavía sigue ese tonto debate de los jueces nacionales que no quieren ser jueces locales, como si eso los rebajara de estatus. Es una cosa absolutamente snob y es necesario que avance”, manifestó.

La tercera expositora fue Marcela Basterra, constitucionalista y ex presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, quien centró su intervención en el Poder Judicial porteño y en las objeciones que, según explicó, suelen invocarse para frenar el traspaso pleno de competencias. A lo largo de su exposición fue refutando esos argumentos y defendió la necesidad de completar ese proceso dentro del esquema de autonomía previsto para la Ciudad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a dos años y tres meses de prisión en suspenso a una mujer que durante casi seis años dio clases en distintas escuelas de la provincia con títulos docentes falsos, accedió a cargos y percibió remuneraciones del Estado. La maniobra quedó al descubierto después de que, en el año 2018, presentara además documentación apócrifa para acreditar que era abogada de la Universidad de Buenos Aires.

La condenada es María Andrea Patiño, quien recibió la pena en un fallo dictado este martes por el juez de cámara Luciano Homero Lauría, que actuó de manera unipersonal en el debate de la causa tramitada bajo el expediente FRO 522/2022.

Según tuvo por acreditado el magistrado, Patiño se desempeñó entre octubre de 2014 y julio de 2020 en establecimientos educativos primarios de Sarmiento, Providencia, San Cristóbal, La Pelada, María Luisa y el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Para acceder a esos cargos utilizó documentación atribuida al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) que la presentaba como profesora de arte en danza y música, profesora de arte en teatro y profesora de arte en danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico.

El tribunal estimó en $550.020,42 el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado provincial por los haberes que percibió durante todo ese período. Además, consideró probado que los diplomas no eran un antecedente meramente incorporado a su legajo, sino el instrumento que le permitió acceder a los nombramientos y sostener su desempeño en las diferentes escuelas.

La situación empezó a ser revisada en 2018, cuando la mujer presentó ante el Ministerio de Educación de Santa Fe un certificado analítico y la fotografía de un nuevo diploma. Esta vez, la documentación la identificaba como abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El trámite despertó las primeras sospechas. El Departamento de Títulos, Certificados y Legalizaciones detectó anomalías antes de registrar la documentación: observó irregularidades en el formato del certificado analítico, la falta de una legalización correspondiente a la gestión universitaria, firmas atribuidas a autoridades que no correspondían y diferencias en el código de barras y en las autoridades consignadas.

La Facultad de Derecho informó luego que Patiño no integraba el padrón de graduados de 2017. Como el Ministerio advirtió las inconsistencias antes de que pudiera obtener un nuevo nombramiento, ese episodio fue considerado una defraudación en grado de tentativa.

Ese control llevó a revisar los antecedentes con los que ya venía ejerciendo. La actual Universidad Nacional de las Artes, continuadora del IUNA, informó que Patiño no figuraba entre sus egresados y que los documentos presentados eran incongruentes con los certificados expedidos por esa casa de estudios.

El Ministerio de Educación había comenzado a recibir alertas internas en mayo y junio de 2018. En septiembre de ese año dispuso la apertura de un sumario administrativo y, en junio de 2019, los hechos fueron denunciados penalmente. La causa se inició en la Justicia provincial, pero luego fue remitida al fuero federal y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, que delegó la investigación en la fiscalía.

En marzo de 2023, Patiño fue procesada como presunta autora de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado y por un segundo episodio de defraudación en grado de tentativa, también vinculado con documentación falsa. Más tarde, la fiscalía requirió la elevación a juicio con la misma calificación penal.

La discusión sobre los títulos y los salarios

Durante el debate, la defensa oficial negó que los hechos configuraran una estafa. Argumentó, entre otros puntos, que la imputada había efectivamente prestado servicios como docente y que los salarios cobrados correspondían a tareas realizadas.

También alegó que no existía prueba suficiente para vincular los títulos cuestionados con los cargos que ocupó y planteó que, para las asignaturas artísticas que dictaba, podía bastar con acreditar solo la idoneidad.

El juez Lauría descartó ese planteo. En el marco del juicio, una funcionaria del Ministerio de Educación provincial declaró que Patiño había logrado acceder a cargos y cobrar sueldos mediante la presentación de esos diplomas. A esa declaración se sumó un informe de Recursos Humanos que individualizó los establecimientos, las materias dictadas -entre ellas educación musical, danza, teatro y educación artística-, la cantidad de horas y la situación de revista que tuvo en cada institución.

La investigación también incorporó información bancaria que permitió identificar la caja de ahorro en la que se depositaban periódicamente sus haberes. El tribunal tuvo ese elemento como parte fundamental de la acreditación del perjuicio patrimonial.

Otro de los argumentos defensivos apuntó contra la eficacia del engaño. El defensor consideró que las inconsistencias de los diplomas podían ser advertidas por personal administrativo y que, por lo tanto, el ardid carecía de la entidad necesaria para configurar una defraudación.

El juez volvió a rechazar la postura. “El plan deliberado de Patiño cumplió con la finalidad propuesta, surtió efectos y engañó a la víctima -las autoridades del Ministerio de Educación-”, escribió. En su análisis destacó que la documentación produjo consecuencias concretas: a partir de ella, el Ministerio reconoció cargos docentes y pagó remuneraciones durante años.

El magistrado también señaló que la falsedad no fue advertida al momento de las primeras presentaciones, sino después, cuando el supuesto título de abogada motivó un nuevo examen más detallado de la documentación acumulada.

Durante el juicio, la acusada sostuvo que no había presentado los títulos ante el Ministerio y afirmó que para acceder a los cargos docentes sólo se le exigía idoneidad. El tribunal contrapuso esa explicación con los registros administrativos y con los testimonios incorporados durante el debate.

El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió que fuera condenada a cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que se ordenara su detención. La defensa reclamó la absolución y, subsidiariamente, que una eventual pena se fijara en el mínimo de dos años y fuera dejada en suspenso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe finalmente la encontró responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado o falso, en concurso real con otro hecho de defraudación en grado de tentativa cometido también mediante documentación apócrifa.

Al graduar la sanción, el juez de cámara Lauría tuvo en cuenta que Patiño no registraba antecedentes penales, pero valoró la extensión temporal de la maniobra y los medios empleados. La calificó como una actuación “fría y calculada, con un sesgo habitual que demuestra el desprecio hacia la ley”. También destacó como agravante que los hechos hubieran tenido lugar dentro del sistema educativo.

La pena quedó fijada en dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal dispuso además que, una vez firme la sentencia, deberá fijar residencia, someterse al control correspondiente y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público.

También ordenó comunicar la resolución al Ministerio de Educación de Santa Fe para los fines administrativos correspondientes.

Con votos coincidentes pero fundamentos separados, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la suspensión por un año de los plazos de prescripción prevista en el blanqueo de capitales de la ley 26.860 solo alcanza a los contribuyentes que ingresaron a ese régimen.

El fallo fue dictado en una ejecución fiscal iniciada por la entonces AFIP -hoy ARCA- contra Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A. por diferencias en el impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2009 y 2010. El organismo le reclamó $8.598.128,26, más intereses y costas, al considerar que la empresa no había acreditado el pago en fiscos extranjeros de montos informados en sus declaraciones juradas como “impuestos análogos pagados en el exterior”.

Aunque el reclamo comprendía ambos períodos, la discusión que llegó al máximo tribunal se concentró en la prescripción de la deuda de 2009. Tecna planteó que la AFIP ya no estaba dentro del plazo legal para exigir ese tributo y que no podía aplicar en su caso el año adicional previsto por la ley 26.860 porque la empresa no había ingresado al blanqueo.

Ese punto era determinante para establecer si el reclamo fiscal por 2009 podía continuar.

La ley sancionada en 2013 dispuso, en su artículo 17, la suspensión “con carácter general por el término de un año” del curso de la prescripción para determinar o exigir tributos a cargo de la AFIP y para aplicar multas.

La controversia consistió entonces en definir qué significaba, en ese contexto, la expresión “con carácter general”: si el año adicional debía computarse para todos los contribuyentes o solamente para quienes habían ingresado al régimen de exteriorización.

El Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 6 había considerado prescripta la deuda correspondiente a 2009. El magistrado entendió que, leída de manera literal, la norma alcanzaba a la totalidad de los contribuyentes, pero declaró inconstitucional esa extensión al considerar que comprendía a sujetos y tributos sin relación con la finalidad del blanqueo.

El organismo recaudador llevó esa decisión ante la máxima instancia judicial.

La entidad pública defendió una interpretación amplia del artículo 17. Alegó que la suspensión debía regir para todos los contribuyentes, incluso para quienes no se hubieran acogido al régimen, y argumentó que esa extensión buscaba impedir que quienes permanecieran fuera del blanqueo especularan con el vencimiento de los plazos fiscales antes de ser detectados.

La Corte adoptó otro criterio.

En términos concretos, resolvió que el año de suspensión previsto por la ley 26.860 sólo puede sumarse al cómputo de la prescripción respecto de quienes ingresaron al blanqueo. Para quienes no lo hicieron, ese período adicional no modifica el plazo que tenía el fisco para determinar o reclamar una deuda.

En el caso de Tecna, ese criterio mantuvo la prescripción declarada respecto del período fiscal 2009.

El alcance del blanqueo

Para llegar a esa conclusión, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un voto conjunto, analizaron primero las características del régimen creado por la ley 26.860.

La norma había habilitado la exteriorización voluntaria de moneda extranjera en el país y en el exterior y había creado instrumentos destinados a canalizar esos fondos. Entre ellos se encontraban el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), vinculado con proyectos de infraestructura e hidrocarburos, y el Certificado de Depósito para la Inversión (CEDIN), relacionado con el mercado inmobiliario y la construcción.

Quienes ingresaban al régimen podían exteriorizar moneda extranjera sin pagar un impuesto especial sobre esas sumas y accedían, bajo determinadas condiciones, a beneficios tributarios, penales tributarios y cambiarios.

A partir de esas características, Rosenkrantz y Lorenzetti remarcaron que la ley no había establecido una moratoria impositiva general, sino un mecanismo específico de exteriorización de capitales.

También destacaron que los blanqueos “constituyen institutos de excepción dentro del ordenamiento tributario” porque otorgan beneficios a quienes habían incumplido determinadas obligaciones fiscales y generan un tratamiento distinto frente a los contribuyentes que sí habían cumplido.

Por esa razón, expusieron que las disposiciones capaces de alterar las reglas habituales sobre la prescripción deben interpretarse de manera restrictiva. Admitir otra lectura, indicaron, implicaría alcanzar también a “todos los contribuyentes que no se acogieron al régimen de excepción por estimar que han cumplido con sus obligaciones tributarias”.

Una aclaración durante el debate parlamentario

La Corte también recurrió a la discusión legislativa que precedió a la sanción de la ley.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo advirtió que la expresión “con carácter general” podía ser entendida como una ampliación del plazo de prescripción para todos los contribuyentes y pidió una aclaración sobre ese punto.

El entonces diputado Roberto Feletti, miembro informante del proyecto, respondió: “Respecto del artículo 17, es válida la inquietud del diputado Pinedo: corresponde a quienes se acojan a este régimen, para que no especulen”.

Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que esa intervención tenía relevancia para precisar el alcance de la norma porque provenía del miembro informante del proyecto y había sido realizada antes de la votación de la norma.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, coincidió con esa solución mediante un voto propio.

El ministro también sostuvo que los regímenes de blanqueo son excepcionales porque conceden beneficios a personas que no habían cumplido con determinadas obligaciones. En ese marco, escribió que una interpretación amplia podía derivar en “un trato desigualitario, irrazonable y odioso en beneficio de contribuyentes incumplidores” frente a quienes habían cumplido en tiempo y forma.

Desde esa premisa, postuló que la expresión utilizada por el legislador no podía analizarse de manera aislada, sino dentro del régimen en el que estaba inserta y de acuerdo con su finalidad. Con ese criterio, coincidió con sus colegas en que la suspensión de la prescripción debía limitarse a quienes habían ingresado al blanqueo.

Por lo demás, la Corte consideró innecesario pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 17, a diferencia de lo que había hecho la instancia anterior. Recordó que la declaración de invalidez de una norma constituye una medida de ultima ratio y que debe evitarse cuando el conflicto puede resolverse mediante su interpretación.

La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por Tecna y admitió el planteo del fisco para revisar la cuestión federal. Al resolver el punto central del caso, estableció que la suspensión prevista en la ley 26.860 alcanza exclusivamente a quienes se acogieron al régimen de exteriorización.

La Cámara Federal porteña declaró inadmisibles las impugnaciones de cuatro inversores del caso $LIBRA que buscan recuperar su lugar como querellantes en la investigación penal en curso. La decisión volvió a dejar firme, por esta vía, su apartamiento del expediente.

Se trata de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, excluidos de la causa por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, criterio que la Sala I confirmó el 4 de septiembre. Ahora, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola concluyeron que los planteos no demostraron una aplicación errónea de la ley ni un supuesto de arbitrariedad que justificara habilitar la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa analiza el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA, el criptoactivo promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. El expediente busca determinar si detrás de la creación, difusión y operatoria del token existió una maniobra delictiva y examina, entre otros aspectos, la intervención de Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La pesquisa está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los compradores se habían presentado como damnificados y pretendían intervenir como acusadores particulares. La defensa del lobista Novelli cuestionó esa legitimación mediante una excepción de falta de acción y Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo.

Al revisar esa resolución el 4 de septiembre, la Sala I sostuvo que los reclamantes no habían identificado “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token” ni acreditado un nexo entre la eventual maniobra y el perjuicio patrimonial invocado.

En aquel pronunciamiento, los jueces también ponderaron las características de la operación. Señalaron que se desarrolló en un “negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo” y consideraron que esas condiciones eran conocidas por quienes decidían ingresar en ese mercado. Agregaron que los adquirentes “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra”.

Contra esa resolución, Romeo, Paris, Marchetto y Vega interpusieron recursos de casación. El planteo buscaba que la decisión que los excluyó del expediente pudiera ser revisada por el máximo tribunal penal del país.

El juez Llorens consideró insuficientes los argumentos para abrir esa vía y dedicó parte de su voto a delimitar su alcance, en tanto “la vía casatoria que, nacida para casos muy específicos, ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña”.

El juez planteó que el sistema recursivo no puede utilizarse para volver a discutir cualquier decisión ya revisada por una instancia superior. En el caso concreto, afirmó que los ”agravios no hacen sino reiterar la misma discrepancia ya planteada y resuelta por esta Sala”, sin explicar de qué manera lo decidido implicaba una aplicación incorrecta de la ley sustantiva y no una cuestión vinculada con la valoración de la prueba.

También descartó la existencia de de “un supuesto de arbitrariedad que, excepcionalmiente, pudiera habilitar la senda procurada”.

“Es que la tacha de arbitrariedad no constituye una llave para reabrir el debate sobre cuestiones ya decididas conforme a las constancias del caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que esa doctrina reviste carácter excepcional y se dirige a superar graves defectos de fundamentación o razonamiento que afecten la validez del acto jurisdiccional, no a corregir pronunciamientos que el recurrente considera equivocados por su mera disconformidad con el criterio adoptado”, advirtió el magistrado.

A criterio de Llorens, los recurrentes pretendían “reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala”. Añadió que la garantía del doble conforme ya estaba satisfecha porque la resolución de primera instancia había sido examinada por la Cámara Federal.

Los camaristas Bertuzzi y Yadarola coincidieron con el resultado, aunque desarrollaron un voto conjunto centrado en los requisitos del recurso de casación.

Ambos admitieron que una decisión que excluye a una persona de su rol de querellante puede, en determinadas circunstancias, equipararse a una sentencia definitiva. Ese tipo de pronunciamiento, explicaron, podría generar un perjuicio de imposible reparación posterior al “cercenar la oportunidad de que la presunta víctima intervenga como parte acusadora”.

Sin embargo, aclararon que esa característica no basta por sí sola para habilitar el acceso al máximo tribunal penal del país, ya que “esa posibilidad de apertura formal no suple la exigencia de que los agravios reposen en alguno de los motivos establecidos en el art. 456 CPPN, ni exime a los recurrentes de demostrar el error de derecho invocado”, indicaron.

Para los camaristas, los planteos volvieron sobre el análisis realizado por Martínez de Giorgi y posteriormente convalidado por la Cámara respecto del ardid previsto en el artículo 172 del Código Penal, que regula el delito de estafa, y de la legitimación de los compradores para intervenir como querellantes.

Según Bertuzzi y Yadarola, los impugnantes “no han hecho otra cosa más que exponer su discrepancia” con ese criterio, sin señalar de qué manera la interpretación adoptada configuraba una aplicación errónea de la ley.

Los dos jueces también rechazaron los cuestionamientos referidos a una supuesta falta de fundamentación.

“Tal supuesto no se verifica en el caso, pues los agravios introducidos -incluidos los relativos al déficit de motivación (art. 123 CPPN) y a la interpretación de los arts. 2 y 82 del CPPN y de la ley 27.372 no evidencian defectos de fundamentación de la entidad requerida para habilitar excepcionalmente la vía intentada, sino una discrepancia con los fundamentos y la solución adoptada por esta Sala”, expresaron los jueces.

Tras la declaración de inadmisibilidad, la vía que permanece abierta para los pretensos querellantes es la presentación de una queja directa ante la Cámara Federal de Casación, para que ese tribunal evalúe si corresponde habilitar la revisión del apartamiento dispuesto en la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el intento del Ministerio Público Fiscal de llevar a la Corte Suprema la probation concedida a Myriam Elizabeth Costilla, ex presidenta de Kank y Costilla S.A., una constructora radicada en Comodoro Rivadavia que integró el conglomerado empresario de Lázaro Báez. La mujer está imputada en un segundo tramo derivado de la causa Vialidad, por su presunta intervención en la maniobra de defraudación vinculada con las obras públicas adjudicadas al grupo empresario en Santa Cruz.

El expediente principal tuvo como núcleo el direccionamiento de 51 obras viales y concluyó con nueve condenas. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema dejó firmes las penas contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros seis exfuncionarios. Los tres primeros fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Costilla, sin embargo, no había formado parte de aquel juicio. Su situación quedó incluida en un tramo elevado a debate por separado para determinar las responsabilidades de otros empresarios y exfuncionarios vinculados con las contrataciones investigadas. Ese segundo proceso llegó al Tribunal Oral Federal N° 2 con diez acusados, aunque con el avance del expediente siete obtuvieron la suspensión del juicio a prueba, entre ellos Costilla y Martín Báez. El debate continuó respecto de tres exfuncionarios de Vialidad Nacional: Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.

En ese contexto se inscribe la acusación contra Costilla. La acusación le atribuyó haber contribuido, desde la presidencia de Kank y Costilla, al funcionamiento de la maniobra entre 2007 y 2013. Según la imputación, intervino en ofertas, licitaciones y contrataciones que contribuyeron a sostener la estrategia desplegada por el grupo Báez en las obras viales de Santa Cruz.

Antes de llegar al juicio, su defensa recurrió a la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation. La herramienta permite paralizar el proceso durante un período determinado bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, si esas condiciones son respetadas, puede conducir a la extinción de la acción penal sin una sentencia luego de un debate oral.

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, le concedió el beneficio procesal el 6 de mayo pasado por un plazo de dos años. Los magistrados tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, que la escala penal permitía considerar una eventual pena de ejecución condicional y que Costilla no registraba antecedentes condenatorios.

Como condiciones, deberá fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en el hogar de ancianos Pablo VI, de Comodoro Rivadavia, donde tiene residencia. La defensa, encabezada por Martín Magram, también había ofrecido una reparación económica de cinco millones de pesos.

La fiscalía se opuso al beneficio y mantuvo sus cuestionamientos. Después de que Casación rechazara el recurso presentado contra aquella decisión, el fiscal general Mario Villar interpuso un recurso extraordinario con el objetivo de abrir la instancia al Máximo Tribunal.

La discusión quedó nuevamente en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en este expediente por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los jueces Borinsky y Barroetaveña consideraron que el planteo fiscal no había logrado demostrar la existencia de una cuestión federal debidamente fundada ni de “algún supuesto de arbitrariedad” que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención del máximo tribunal.

Los magistrados de la mayoría también señalaron que el recurrente no había conseguido refutar todos los fundamentos de la decisión impugnada. Antes de resolver, fue oída la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene en calidad de querellante en el expediente.

El juez Hornos quedó en disidencia. Según expuso en su voto, la resolución era equiparable a una sentencia definitiva porque la probation impide que el proceso avance hasta una sentencia y, si Costilla cumple las condiciones impuestas, “conduce a la extinción de la acción penal”. Según su criterio, eso podía generar un perjuicio de imposible o tardía reparación para la acusación.

El magistrado consideró además que el recurso fiscal identificaba cuestiones de naturaleza federal y cuestionó que la decisión anterior hubiera omitido responder argumentos sustanciales del Ministerio Público. Por eso propuso conceder el recurso extraordinario.

Así las cosas, la Sala IV del máximo tribunal penal federal declaró inadmisible el recurso extraordinario de la fiscalía. El Ministerio Público todavía puede intentar llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. Mientras eso no ocurra, la probation concedida a Costilla continúa vigente bajo las condiciones fijadas por el TOF 2.

Con la presencia de autoridades judiciales, funcionarios y especialistas, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires presentó esta semana el Programa Senderos, una iniciativa orientada a adolescentes y jóvenes que atraviesan procesos penales y que propone un abordaje basado en prácticas restaurativas, acompañamiento socioeducativo y articulación con la comunidad.últimas noticias

La actividad se realizó en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura porteña y reunió a representantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, de la Cámara Nacional de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, del Ministerio Público Tutelar y de la Secretaría de Infancias y Adolescencias.

Según se explicó durante el encuentro, Senderos busca generar alternativas de intervención para jóvenes en contacto con la ley penal mediante procesos que combinen la asunción de responsabilidades por los hechos con herramientas destinadas a favorecer la inclusión social, la capacitación y la construcción de proyectos de vida.

El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones porteña, Javier Alejandro Bujan, señaló que el programa apunta a construir respuestas judiciales adaptadas a las características específicas de adolescentes y jóvenes sin perder de vista “la dimensión de responsabilidad frente a los hechos”.

El magistrado vinculó además la puesta en marcha de la iniciativa con el escenario de cambios normativos y de transferencia de competencias que atraviesa la Justicia de la Ciudad, y remarcó que ese proceso exige reforzar las herramientas disponibles dentro del sistema penal.

La jueza Carla Cavaliere, integrante de la misma Cámara, definió a Senderos como “una herramienta de justicia restaurativa” destinada a permitir un abordaje diferenciado y alternativas de resolución dentro del sistema penal juvenil.

La lógica restaurativa, en rigor, procura que la intervención judicial no se limite a la respuesta sancionatoria. En ese marco, el programa incorpora instancias de acompañamiento, escucha, formación y trabajo territorial dirigidas a que los jóvenes puedan asumir responsabilidades y, al mismo tiempo, desarrollar herramientas para evitar la reiteración de conductas delictivas.

La asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley, destacó esa dimensión y explicó que el dispositivo busca conectar a los jóvenes con espacios comunitarios y brindarles contención y capacitación. “Hablar de prácticas restaurativas a través de Senderos es hablar de oportunidades reales”, expresó durante la presentación.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Isabella Karina Leguizamón, planteó que la justicia juvenil requiere un abordaje especializado e interdisciplinario. Según indicó, el objetivo del programa es acompañar a los adolescentes, promover procesos de responsabilización y generar alternativas que les permitan desarrollar un proyecto de vida.

La presentación formal del dispositivo estuvo a cargo también de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad; Romina Furio, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, y el actor Gastón Pauls, quien participa como embajador de Senderos.

Furio explicó que el programa apunta a ofrecer “espacios significativos de intervención socioeducativa y restaurativa” desde una perspectiva que combine derechos, responsabilidad y posibilidades de cambio. Durante el encuentro también se proyectaron materiales institucionales con testimonios de participantes y personas vinculadas al funcionamiento cotidiano del dispositivo.

En paralelo, se presentó una Sala de Entrevistas Itinerante, un dispositivo móvil destinado a tomar declaraciones a niñas, niños y adolescentes sin necesidad de trasladarlos hasta dependencias judiciales. De acuerdo con lo informado durante la jornada, la herramienta busca facilitar el acceso a la Justicia y reducir situaciones de revictimización.

Según se indicó durante la jornada, el dispositivo ya fue utilizado para obtener un testimonio considerado relevante dentro de una investigación judicial. Su implementación permite realizar entrevistas en territorio y en condiciones adaptadas a las necesidades de niños y adolescentes.

Otro de los paneles estuvo dedicado al funcionamiento cotidiano de Senderos. Las coordinadoras Marcela Gudiño y Mariela Fernández, junto con los guías comunitarios Oscar Roberto Nievas, Julián Dangelo y Eugenia Acosta, expusieron sobre el acompañamiento de los jóvenes y la articulación territorial requerida para cada intervención.

El evento incluyó además un espacio denominado “Jóvenes Protagonistas”, destinado a recoger experiencias de quienes participan del programa. Allí, Jeremías Fonseca relató su recorrido dentro del dispositivo y leyó una carta en representación de otros jóvenes.

En el cierre, la consejera Rocío López Di Muro sostuvo que las respuestas judiciales frente a adolescentes en conflicto con la ley penal requieren la intervención de equipos especializados y una mirada que contemple, además del hecho investigado, las posibilidades de inclusión y desarrollo.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este jueves una queja de la defensa de Juan Jesús Fernández, alias “El Gitano”, y convalidó la condena a prisión perpetua que recibió por su participación en los homicidios del diputado nacional Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, ocurridos en mayo de 2019 frente a la Plaza del Congreso.

La decisión mantiene lo resuelto por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que había confirmado la pena impuesta a Fernández como partícipe necesario de dos homicidios agravados por alevosía y rechazado el planteo de inconstitucionalidad contra la prisión perpetua.

El ataque ocurrió cerca de las 6.50 del 9 de mayo de 2019. Olivares, diputado nacional de la UCR por La Rioja, tenía 61 años; Yadón, de 58, era su amigo y asesor, además de desempeñarse como coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal. Ambos realizaban su habitual caminata matutina por la zona del Congreso.

De acuerdo a las actuaciones, al pasar por segunda vez frente a un Volkswagen Vento estacionado detrás de un ómnibus sobre Avenida de Mayo, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, fueron atacados desde el vehículo. Yadón recibió tres disparos -en el cuello, una axila y la pelvis- y murió en el lugar. Olivares fue alcanzado por un tiro en el abdomen, quedó gravemente herido y falleció tres días después.

Al volante del Vento estaba Fernández. A su lado se encontraba su primo Juan José Navarro Cádiz, quien confesó haber efectuado los disparos con una pistola semiautomática calibre .40 equipada con mira láser.

Navarro Cádiz fue condenado en 2021 a 45 años de prisión, mientras que Fernández recibió perpetua. La diferencia obedeció a que el tirador había sido detenido en Uruguay y su extradición quedó condicionada a que no se le aplicara una pena perpetua ni una sanción superior a la máxima admitida por la legislación de ese país. Navarro Cádiz murió en septiembre de 2023 mientras cumplía su condena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

En el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9, integrado por Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, consideró probado que Fernández facilitó el ataque. Esa condena fue posteriormente ratificada por la Casación porteña.

La defensa de “El Gitano” planteó que su cliente desconocía las intenciones de Navarro Cádiz y que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera intervenido en el plan homicida. Entre otros puntos, remarcó que el propio tirador declaró durante el debate que había sido el único responsable del hecho y trató de desvincular a su primo. También cuestionó el valor del ADN de Fernández hallado en el arma, las filmaciones incorporadas al expediente y la interpretación de su conducta posterior.

Casación descartó esos argumentos. Entre las evidencias valoradas estuvo el material genético de Fernández encontrado no solo en el arma, sino también en cartuchos que no habían sido disparados, incluido uno localizado cerca del freno de mano, próximo al lugar que ocupaba como conductor.

Los magistrados también tuvieron en cuenta las pericias, los registros fílmicos y las declaraciones incorporadas al juicio. A partir de ese conjunto probatorio, concluyeron que Fernández conocía lo que iba a hacer su primo y que accionó el mecanismo para bajar la ventanilla del lado del conductor justo cuando Olivares y Yadón caminaban frente al automóvil.

La defensa discutió, además, la aplicación de la alevosía, al afirmar que no se había demostrado que Fernández compartiera la intención de aprovechar el estado de indefensión de las víctimas. El fallo del TSJ recordó que Casación concluyó que “Fernández había prestado su colaboración con el plan pergeñado por Navarro Cádiz, conociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaría a cabo y teniendo la voluntad de asegurar los homicidios, aprovechando el grado de indefensión de las víctimas”.

Tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, el planteo llegó al Tribunal Superior de Justicia porteño, integrado por Inés Weinberg, presidenta; Alicia Ruiz, vicepresidenta; y los jueces Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.

Ante esa instancia, la defensa insistió en que se habían vulnerado los principios de inocencia y culpabilidad, el derecho de defensa y el debido proceso. También volvió a objetar la prisión perpetua, por considerar que contrariaba el principio de humanidad de las penas y su finalidad resocializadora.

El TSJ entendió que los planteos buscaban volver a analizar discusiones sobre la valoración de la prueba ya examinadas por los tribunales anteriores y que no se había demostrado arbitrariedad.

Sobre ese punto, la sentencia indicó que “las discusiones que esa parte pretende someter a conocimiento del Tribunal implican la reedición del análisis de cuestiones relativas a la valoración de la prueba que, por regla general, son ajenas a la vía extraordinaria local intentada y que han obtenido una debida respuesta jurisdiccional por parte de los jueces de mérito”.

Más adelante, resumió la insuficiencia de la presentación: “En suma, la defensa en su recurso no se hace cargo del razonamiento efectuado por la CNCCC ni demuestra que la respuesta a sus planteos haya sido insuficiente o irrazonable, por lo que sus argumentaciones genéricas permanecen en el terreno de la mera discrepancia con lo resuelto que, aunque no la satisfaga, cuenta con fundamentos que bastan para sustentarlo”.

La cuestión vinculada con la prisión perpetua recibió un tratamiento específico. Al respecto, los jueces advirtieron que “las objeciones formuladas en la queja no cumplen con la exigencia de efectuar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento atacado”.

El máximo tribunal de la Ciudad rechazó finalmente la queja y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

La Comisión de Administración y Financiera (CAF) del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con el Ministerio de Justicia de la Nación, vinculado con la implementación del Código Procesal Penal Federal.

El acuerdo en cuestión fue tratado como punto 44 del orden del día, sobre el cierre de la octava reunión de la Comisión bajo la presidencia de Santiago Viola. Los consejeros autorizaron además al administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, a suscribir el acuerdo y las actas complementarias que se deriven de ese instrumento.

El convenio establece un marco de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura para acompañar la extensión del sistema acusatorio federal en todo el país. A través de las actas complementarias podrán definirse las medidas específicas que requiera el proceso de implementación en las distintas jurisdicciones.

La reforma procesal modifica, en rigor, la distribución de funciones dentro del proceso penal federal: bajo el modelo acusatorio, la investigación queda principalmente a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras los jueces concentran las tareas de control y decisión. Su puesta en marcha requiere además adecuaciones en materia de infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación, con intervención de los distintos organismos del sistema judicial.

El nuevo Código comenzó a regir el 21 de septiembre en la jurisdicción federal de La Plata. Con esa incorporación, el sistema acusatorio ya se encuentra vigente en 11 de los 18 distritos federales. Antes de La Plata, ya funcionaba en diez distritos que abarcan Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás.

El cronograma continuará el 30 de noviembre de 2026 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que comprende la provincia de Entre Ríos. Para 2027 está prevista la entrada en vigencia en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en Córdoba, a partir del 8 de marzo.

La reunión de la CAF fue encabezada por el consejero Viola, representante del Poder Ejecutivo Nacional, con la participación del secretario de la Comisión, Fernando Álvarez, y de Varady. Entre los consejeros estuvieron Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, por el estamento de los jueces; César Antonio Grau y María Fernanda Vázquez, por la abogacía; y Hugo Galderisi, por el ámbito académico. Por el Congreso participaron Álvaro González, Gonzalo Roca y Rodolfo Tailhade, representantes de la Cámara de Diputados, y Mariano Recalde, por el Senado.

La sesión se desarrolló en modalidad semipresencial desde la Sala de Reuniones “Lino E. Palacio”, ubicada en Libertad 731, segundo piso, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue transmitida en vivo a través de internet.

Durante el encuentro también se presentó un informe sobre la situación económico-financiera del Poder Judicial. Allí se indicó que el crédito previsto para el Consejo para el próximo año, según el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, asciende a $2,56 billones, alrededor de $270.000 millones por encima del techo presupuestario originalmente contemplado.

En materia de infraestructura, se autorizaron procesos licitatorios para la adecuación y mantenimiento de ascensores de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y de edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

También se aprobó una licitación para adquirir e implementar una solución de licencias de antivirus, junto con su mantenimiento, y se adjudicaron servicios de limpieza para el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840, su anexo y distintas dependencias de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

La Comisión autorizó además prórrogas de seguros de edificios y de la flota automotor del Poder Judicial, la renovación del contrato de locación del inmueble donde funcionan los Juzgados Federales N° 2 y 4 de Mendoza y la recepción definitiva y liquidación final de una obra de remodelación eléctrica en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

La agenda incluyó, además, solicitudes por vacaciones no gozadas y régimen de desarraigo, recursos jerárquicos relacionados con subrogancias de magistrados, secretarios y funcionarios, honorarios de peritos y contrataciones. También se autorizó a la Secretaría de Asuntos Jurídicos a iniciar gestiones para explorar soluciones en procesos judiciales y asuntos contenciosos en los que el Consejo es parte, vinculados con cobros de sumas de dinero y acuerdos de pago derivados de contrataciones de obra.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó este miércoles una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo 1° del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo.

La presentación, a la que accedió Infobae, fue formulada por Tapia en su carácter de ministro de Justicia de la Ciudad. Allí pidió que se investigue a la titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 por la posible configuración de las causales de mal desempeño y, de manera concurrente, desconocimiento inexcusable del derecho. También solicitó que, si el Consejo considera reunidos los requisitos correspondientes, formule la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Tapia aclaró desde el comienzo que su cuestionamiento no apunta al resultado concreto de la sentencia ni pretende convertir al Consejo de la Magistratura en una instancia revisora de decisiones judiciales. Según sostuvo, la denuncia se dirige al modo en que De Marinis ejerció el control de constitucionalidad.

“No se cuestiona aquí la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Tampoco se pretende que el Consejo de la Magistratura funcione como una instancia jurisdiccional adicional destinada a revisar el acierto o error de las sentencias”, señaló en la presentación.

La controversia se originó a partir de una causa en la que estaba imputado un adolescente de 14 años. De Marinis declaró inconstitucional para ese caso el artículo 1° de la Ley 27.801, que redujo la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, consideró al menor no punible y dispuso su sobreseimiento.

Según reconstruyó Tapia en su denuncia, el hecho investigado fue calificado como una tentativa de robo. La imputación comprendía la participación de un grupo de cinco personas que habría abordado a una víctima para sustraerle el teléfono celular. El episodio no llegó a consumarse y no se registraron lesiones físicas. La jueza ponderó, además, la situación personal, familiar y socioeconómica del adolescente para resolver que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva en ese caso concreto.

Uno de los principales cuestionamientos del ministro es que, a su entender, la magistrada no realizó un examen integral de la nueva legislación antes de desplazarla.

La denuncia remarca que la Ley 27.801 no se limita a reducir la edad mínima de responsabilidad penal, sino que establece principios de especialidad, proporcionalidad, menor afectación, mínima intervención e interpretación favorable a los menores. También contempla, entre otras herramientas, respuestas no privativas de la libertad, mecanismos que permiten evitar o extinguir la persecución penal y alternativas destinadas a reducir la intervención estatal.

“La resolución judicial de la Dra. De Marinis no realizó un análisis en concreto de esas disposiciones; de hecho, no fueron mencionadas en ninguna parte de la sentencia. Las referencias generales a la nueva ley no reemplazan el examen de Su estructura, sus finalidades y sus herramientas. La sentencia juzgó la constitucionalidad del ingreso al régimen sin estudiar el contenido del régimen al cual ese ingreso conducía”, afirmó Tapia.

Según su planteo, esa omisión habría impedido evaluar si las herramientas previstas en la propia ley podían dar respuesta a las circunstancias particulares del adolescente sin recurrir a una sanción privativa de libertad.

Tapia también objetó que el fallo haya hecho depender la aplicación del régimen de las particularidades del hecho y de la trayectoria del imputado. A su criterio, de ese modo una regla general establecida por el Congreso habría sido sustituida por una construcción judicial para el caso concreto.

“Cabe aclarar que cuestión no reside en que una declaración de inconstitucionalidad produzca efectos únicamente respecto del caso concreto, consecuencia propia del control difuso, sino en determinar cuál es el criterio constitucional que justifica que una condición objetiva fijada por el legislador -la edad- resulte aplicable respecto de algunos adolescentes de catorce años e inaplicable respecto de otros según el delito imputado, su trayectoria vital o sus circunstancias familiares y socioeconómicas”, expresó el ministro.

Y agregó: “En ausencia de una fundamentación suficiente sobre esa conexión, la solución puede comprometer la previsibilidad y la igualdad en la aplicación de la ley, al hacer depender el ingreso al régimen de criterios que no integran la regla legal”.

Otro eje de la denuncia apunta a la interpretación que hizo De Marinis de los antecedentes parlamentarios de la reforma. Tapia cuestionó que la magistrada hubiera considerado que el Congreso buscó reducir la edad de punibilidad principalmente como respuesta a delitos de extrema gravedad y que, a partir de esa lectura, relativizara la aplicación de la ley frente a un hecho de menor entidad.

“La voluntad institucional del Congreso se exterioriza en el texto aprobado; sustituirla por una intención selectivamente reconstruida desplaza la regla legal y amplía indebidamente el margen del intérprete judicial”, afirmó.

La presentación también cuestiona el análisis realizado sobre el principio de no regresividad y el valor asignado a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Tapia sostuvo que la sentencia debía confrontar integralmente el nuevo régimen con los estándares constitucionales y convencionales, y no limitarse a comparar la edad mínima prevista por la ley anterior con la establecida por la reforma.

Uno de los reproches más severos se refiere a que De Marinis, luego de declarar inaplicable el artículo 1° de la Ley 27.801, utilizó el artículo 1° de la Ley 22.278, que había sido expresamente derogado por la nueva normativa, para considerar al adolescente no punible y disponer su sobreseimiento.

Para Tapia, la eventual “reminiscencia” de una norma derogada requería una fundamentación específica. La denuncia sostiene que el fallo no explicó por qué la declaración de inconstitucionalidad de la nueva norma implicaba automáticamente que volviera a aplicarse el régimen anterior.

El ministro cuestionó además la referencia del fallo a que la víctima solo había atravesado una “situación estresante” y no había sufrido lesiones. Afirmó que esa caracterización podía resultar relevante al momento de graduar una eventual respuesta estatal, pero no para excluir de manera íntegra la aplicación del régimen penal juvenil.

La denuncia concluye que esos elementos, considerados en conjunto, podrían configurar una “desviación funcional coherente” y no una mera diferencia interpretativa. Tapia pidió al Consejo que requiera el expediente, las presentaciones de las partes, la grabación de la audiencia y los recursos interpuestos, y que analice además si existen antecedentes de decisiones similares de la magistrada.

De Marinis defendió públicamente su resolución y sostuvo que someter a un adolescente de 14 años al sistema penal podía resultar estigmatizante. En paralelo, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil apeló el fallo y pidió que la decisión fuera revocada y la jueza apartada del expediente.

En el último punto de su presentación, Tapia solicitó formalmente que se investiguen los hechos y que, en caso de considerarse acreditadas las causales denunciadas, el Consejo avance con la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes, por mayoría, la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Gabriel Benito María Dondo, integrante del Opus Dei, en relación con tres mujeres que denunciaron haber sido víctimas de trata de personas y reducción a la servidumbre dentro de estructuras vinculadas con la organización religiosa.

La decisión de la Sala IV alcanza a los casos de G.N.M., E.M.M. y A.B.D.. Los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y por A.B.D., constituida como querellante, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia y consideró que debía profundizarse la investigación antes de declarar prescriptos esos hechos.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según la hipótesis acusatoria reseñada en la resolución, entre aproximadamente 1972 y 2015 personas que ocuparon distintos cargos y jerarquías dentro del Opus Dei habrían conformado una estructura destinada a captar al menos a 44 mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes provenientes de sectores de bajos recursos.

El Opus Dei es una institución de la Iglesia católica fundada en Madrid en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Desde 1982 tiene la figura jurídica de prelatura personal, con una estructura propia de gobierno dentro de la Iglesia. Actualmente está encabezado por el sacerdote español Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei desde 2017.

De acuerdo con la reconstrucción acusatoria, el proceso comenzaba con la selección de jóvenes bajo la promesa de recibir educación, formación y mejores oportunidades laborales. Una vez incorporadas como “alumnas”, eran sometidas a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral” y, en aquellos casos en los que manifestaban vocación para convertirse en “numerarias auxiliares”, quedaban destinadas a realizar tareas domésticas.

La acusación sostiene que esas mujeres habrían cumplido jornadas laborales extensas sin recibir salario y que prestaron servicios en centros del Opus Dei tanto en la Argentina como en el exterior. La Fiscalía describió esas condiciones como equiparables a una situación de servidumbre.

La PROTEX inició una investigación preliminar que luego fue judicializada. En agosto de 2024, el Ministerio Público Fiscal pidió convocar a declaración indagatoria a Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu, exvicarios regionales del Opus Dei, y a Gabriel Dondo, exsecretario a cargo de la Sección Mujeres de la organización en Argentina. En junio de 2025, la Fiscalía reiteró el planteo e incorporó además a Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial. Antes de avanzar con esas medidas, el juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, abrió de oficio un incidente para analizar si una parte de los hechos estaba prescripta.

El 26 de diciembre de 2025, Rafecas declaró extinguidas por prescripción las acciones penales vinculadas con G.N.M., E.M.M. y A.B.D. respecto de Dondo y lo sobreseyó por esos hechos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión el 29 de abril pasado.

El punto central de la controversia fue desde cuándo debía comenzar a computarse el plazo de prescripción. La acusación había delimitado los hechos entre 1989 y 2010 en el caso de G.N.M.; entre 1987 y 2008 respecto de E.M.M.; y entre 1983 y 2008 en relación con A.B.D. En tanto, los tribunales anteriores tomaron como referencia el momento en que cada mujer dejó de pertenecer a la institución y, sobre esa base, concluyeron que las acciones se habían extinguido en 2022 para la primera y en 2020 para las otras dos.

El fiscal federal Eduardo Taiano y los cotitulares de la PROTEX, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cuestionaron esa lectura y sostuvieron que los episodios debían ser examinados como parte de una estructura institucional que habría funcionado durante décadas con métodos semejantes y sucesivas víctimas. Plantearon la existencia de un delito continuado que habría persistido al menos hasta 2015, cuando otra mujer identificada como M.I.E. logró desvincularse del Opus Dei, y señalaron además un testimonio según el cual podrían existir actualmente otras mujeres sometidas a situaciones similares.

La querella de A.B.D., representada por el abogado Sebastián Sal, alegó a su vez que la salida física de los centros no necesariamente había significado el final del sometimiento. Durante la audiencia ante Casación, Sal compareció junto con su representada y defendió la existencia de una posible “dominación residual”, asociada con condicionamientos psicológicos, económicos y espirituales que, según la acusación particular, habrían subsistido después de la desvinculación.

La discusión quedó así concentrada en si el plazo debía comenzar cuando las mujeres dejaron materialmente la institución o si antes era necesario determinar si la conducta atribuida había continuado de otra forma después de ese momento.

A la hora de dirimir en la contienda judicial, el juez Borinsky, que quedó en minoría, consideró que las instancias anteriores no habían examinado suficientemente ese segundo escenario. Señaló que la prescripción había sido calculada desde 2008 y 2010 “sin considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos denunciados, ni los extremos que mencionó la querella que darían cuenta de una dominación residual posterior al alejamiento de aquellos centros, que les habría impedido recuperar su autonomía inclusive hasta la fecha; factores que no pueden ser ignorados en ocasión de examinar, de manera integral, la prueba reunida durante la investigación”.

Para el camarista, esa cuestión resultaba relevante porque el bien jurídico protegido en los delitos de trata se vincula con la libertad individual y la capacidad de autodeterminación. A su juicio, los elementos invocados por la querella sobre una eventual pérdida de autonomía posterior a la salida de los centros debían ser analizados antes de fijar definitivamente el momento en que habían cesado los hechos.

Borinsky consideró que la resolución recurrida contenía una “fundamentación tan sólo aparente” porque había omitido responder cuestiones que podían resultar decisivas para el análisis de la vigencia de la acción penal. También observó que, desde que la investigación se judicializó, habían transcurrido tres años sin avances sustanciales a pesar de los pedidos de indagatoria formulados por la Fiscalía.

Por esas razones, propuso hacer lugar a los planteos, revocar “la resolución recurrida y su antecedente necesario” y devolver las actuaciones para que la investigación continuara “con la celeridad que el caso amerita”.

Su colega Carbajo, por el contrario, consideró que los hechos atribuidos respecto de cada una de las mujeres debían ser examinados separadamente. Aunque admitió que podía existir un contexto común, entendió que la afectación a bienes jurídicos personales mantenía una individualidad que impedía fusionar todos los episodios a los efectos de calcular la prescripción.

El camarista hizo suyo el criterio según el cual “la reiterada afectación a bienes jurídicos personales de múltiples víctimas no puede anular el reconocimiento de su individualidad”. En la misma línea, sostuvo que la presencia de un mismo contexto delictivo “no elimina per se la identidad propia de cada uno de los hechos investigados”.

Desde esa perspectiva, Carbajo descartó la posibilidad de considerar los casos como parte de un único delito continuado. Para el juez, el cómputo debía realizarse atendiendo al momento particular en que habría cesado la conducta respecto de cada una de las mujeres y no podía extenderse por la eventual existencia de otras víctimas cuyos casos permanecieran vigentes.

Finalmente, remarcó que los recursos no habían demostrado que las decisiones anteriores fueran arbitrarias. La resolución cuestionada, aseveró el magistrado, estaba “suficientemente sustentada” y las impugnaciones expresaban esencialmente “una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”. Con ese fundamento votó por mantener la prescripción.

El juez Hornos, cuyo voto completó la mayoría, incorporó al análisis la relación entre la libertad religiosa, la autonomía de las organizaciones religiosas y la autonomía personal. Aclaró que esas consideraciones no implicaban anticipar una conclusión sobre la relevancia penal de las prácticas investigadas, sino determinar cuándo podía considerarse finalizada la conducta denunciada para establecer el inicio del plazo de prescripción.

En ese marco, el camarista sostuvo que la protección constitucional de las comunidades religiosas no las sustrae de la aplicación de las leyes. “Ese reconocimiento no importa conferir a las comunidades religiosas una inmunidad general frente al ordenamiento jurídico”, afirmó. Al mismo tiempo, explicó que la permanencia de una organización, sus normas internas o determinadas creencias tampoco podía ser identificada automáticamente con la continuidad de una conducta penalmente relevante.

Hornos coincidió con Carbajo en que la eventual continuidad de la estructura denunciada respecto de otras mujeres no permitía extender el hecho atribuido respecto de las tres víctimas cuyos casos se analizaban. “Lo decisivo, entonces, no consiste en determinar hasta cuándo habría continuado funcionando la estructura denunciada respecto de terceros, sino hasta cuándo habría persistido la acción típica respecto de cada una de las personas cuyos hechos fueron declarados prescriptos”, escribió.

También rechazó que la persistencia de secuelas bastara para prolongar la consumación del supuesto delito. Reconoció que un hecho ilícito puede producir consecuencias psicológicas, económicas o sociales durante largos períodos, pero sostuvo que esas derivaciones “no permiten afirmar que el autor continúe ejecutando el comportamiento típico durante todo el período en que tales consecuencias subsisten”. Para mantener vigente la acción penal, dijo, debía identificarse una conducta posterior atribuible a Dondo que hubiera continuado afectando la autonomía de las denunciantes.

Según Hornos, los recursos mencionaron temores, perjuicios patrimoniales y consecuencias psicológicas, pero no individualizaron actos posteriores de Dondo dirigidos a mantener a G.N.M., E.M.M. y A.B.D. en una situación de captación, traslado, acogimiento o explotación después de su alejamiento. “La gravedad de los hechos denunciados, la particular situación de vulnerabilidad que los acusadores atribuyen a las personas involucradas y los deberes estatales vinculados con la investigación de posibles conductas de trata y explotación no pueden ser desconocidos”, destacó antes de concluir que esos elementos no modificaban, en estos tres casos, el momento desde el cual debía computarse la prescripción.

De esa manera, la Sala IV rechazó por dos votos a uno los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella, sin costas. También tuvo presente la reserva del caso federal y ordenó remitir la causa al tribunal de origen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a intervenir este martes en la causa promovida por el diputado nacional Germán Martínez para que la Justicia determine qué régimen de reelección se encuentra vigente para los integrantes del Consejo de la Magistratura. La Sala IV de la alzada resolvió que el expediente deberá continuar ante la Sala II, donde ya tramita otra demanda relacionada con la misma controversia, iniciada por el senador José Mayans.

Los camaristas Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy entendieron que ambos procesos guardan conexidad y que, como la Sala II ya había intervenido en el expediente de Mayans, corresponde que ese tribunal concentre también el caso de Martínez.

La nueva intervención de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo Federal forma parte de un recorrido procesal que comenzó cuando el diputado Martínez apeló el rechazo a que su demanda tramitara junto con otra iniciada por el camarista Diego Barroetaveña. Desde entonces, el juez de la Casación desistió de su reclamo, aparecieron otros expedientes vinculados con la misma discusión y los tribunales debieron resolver, antes de ingresar en la cuestión de fondo, quién debe intervenir sobre causas que plantean distintas situaciones individuales pero giran alrededor de una misma norma.

En el centro del conflicto está el artículo 3° de la ley 24.937, que regula la duración de los mandatos y la posibilidad de reelección de los consejeros. Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe y presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja del Congreso, promovió el 24 de julio una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine “cuál es el texto que debe considerarse vigente del artículo 3º de la Ley Orgánica N° 24.937” y, a partir de esa definición, si los actuales integrantes del organismo pueden ser postulados nuevamente para el período 2026-2030.

En términos concretos, su presentación busca que Unión por la Patria pueda volver a considerar las postulaciones de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, actuales representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo. En la demanda, Martínez pidió que se declare que el bloque que preside se encuentra en “plenas condiciones constitucionales, legales y reglamentarias” para evaluar nuevamente esas candidaturas de cara a la próxima integración del organismo que selecciona y remueve a los magistrados.

En rigor, el planteo no procura que un juez designe a Siley o Tailhade ni que ordene su permanencia en el Consejo. La pretensión se ubica en una instancia anterior: obtener una definición judicial acerca de si pueden integrar la nómina de personas que el bloque está habilitado a considerar para ocupar esas bancas durante el siguiente mandato.

Según planteó el diputado, las sucesivas reformas de la ley y los fallos de la Corte Suprema generaron una situación de incertidumbre sobre cuál es el texto vigente del artículo 3°, con impacto directo en la definición de los candidatos que Unión por la Patria puede proponer para la próxima integración del Consejo. En la demanda sostuvo que esa falta de certeza afecta la posibilidad de considerar nuevamente a Siley y Tailhade y que también puede proyectarse sobre consejeros en ejercicio de otros estamentos.

La discusión sobre la reelección

El origen jurídico del conflicto se remonta a las modificaciones que atravesó la legislación del Consejo de la Magistratura.

La versión original de la ley 24.937, sancionada en 1997, estableció que los integrantes del organismo durarían cuatro años en sus cargos y podían ser reelegidos una vez en forma consecutiva. Posteriormente, las reformas introducidas al régimen modificaron esa previsión: el texto actualizado establece que los miembros pueden ser reelectos “con intervalo de un período”, una fórmula que impide encadenar inmediatamente dos mandatos.

En paralelo, la composición y el funcionamiento del Consejo fueron atravesados por decisiones judiciales que alteraron las reformas aprobadas por el Congreso. En 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucionales aspectos centrales de la ley 26.855 en el fallo “Rizzo”. Más tarde, en diciembre de 2021, en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, el máximo tribunal declaró inconstitucional la integración reducida surgida de la reforma de 2006 y dispuso restablecer el esquema anterior de veinte miembros.

A partir de ese escenario apareció una nueva discusión: si la recuperación de aspectos del régimen original del Consejo también repercutió sobre la cláusula que regulaba la reelección de sus integrantes.

Sobre ese escenario se construyó la acción de Martínez.

Además, al momento de apelar el rechazo de la conexidad, Martínez expresó que la discusión debía concentrarse ante un mismo tribunal porque todas las causas giran alrededor de la vigencia del artículo 3° de la ley 24.937. “La norma es una sola y su aplicación debe ser igual para todos los estamentos por igual”, afirmó.

Su planteo es que, aunque jueces, abogados y legisladores acceden al Consejo mediante mecanismos distintos, la regla sobre duración del mandato y reelección es común a todos. Por eso advirtió que tramitar los expedientes por separado podría derivar en decisiones contradictorias sobre una misma disposición y remarcó que “la solución que se adopte en una causa necesariamente debe ser la misma en la otra”.

El planteo de Barroetaveña y las primeras decisiones

El primer expediente que llevó esa controversia a los tribunales fue promovido por Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y representante de los magistrados en el Consejo.

Barroetaveña inició una acción declarativa de certeza para que se estableciera si podía competir por un segundo mandato consecutivo. En ese proceso consiguió inicialmente una medida cautelar que impedía al Consejo de la Magistratura adoptar decisiones destinadas a obstaculizar su participación mientras se discutía la cuestión de fondo.

Cuando Martínez presentó su demanda en julio, informó la existencia de ese expediente y pidió que ambos tramitaran conectados. Aunque uno estaba relacionado con el estamento judicial y el otro con la representación de Diputados, señaló que los dos requerían establecer cuál era el texto vigente del mismo artículo.

El 29 de julio, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó inicialmente ese criterio y declaró la conexidad. Para hacerlo se remitió a un dictamen fiscal que había considerado necesario “preservar la unidad de conocimiento sobre las cuestiones involucradas y evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias”.

Las actuaciones fueron entonces enviadas al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, que intervenía en la causa de Barroetaveña.

Allí se adoptó una decisión diferente.

El 14 de agosto, el juez rechazó la conexidad y dispuso devolver la demanda de Martínez al juzgado al que había sido asignada originalmente. En su resolución consideró que no existía “plena identidad de sujetos”, de objeto ni de relación jurídica sustancial entre ambos expedientes.

El magistrado puso el acento en la procedencia de cada representación: Barroetaveña integraba el Consejo por el estamento judicial, mientras que la acción de Martínez se vinculaba con los representantes provenientes de Diputados. Según su criterio, se trataba de sectores sometidos a mecanismos de selección o designación diferentes y el hecho de que ambos blitigios exigieran interpretar el artículo 3° no bastaba para justificar su acumulación.

Martínez apeló esa resolución el 20 de agosto.

Los planteos de los abogados

La discusión también llegó a la Justicia desde el estamento de la abogacía. Las consejeras Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez iniciaron un planteo similar para obtener una definición sobre el régimen de reelección aplicable a sus bancas.

Ambas integran el Consejo como representantes de los abogados y pretendían que se determinara si podían aspirar a un nuevo mandato consecutivo. La causa volvió a poner sobre la mesa la misma cuestión normativa, aunque referida a un sector con un sistema electoral propio.

También en ese caso surgieron discusiones sobre la conexión entre expedientes. El juez interviniente entendió que jueces y abogados constituían estamentos distintos, con electores y reglamentos diferentes, y dispuso que los procesos siguieran por separado.

Con el paso de las semanas, sin embargo, la situación individual de las demandantes se modificó.

De la Torre desistió de su acción, al igual que Barroetaveña. Vázquez, en cambio, mantuvo el planteo judicial, aunque finalmente no integra ninguna de las listas presentadas por los abogados para la elección de sus representantes en el organismo, fijada para el próximo 20 de octubre.

En paralelo continuaron los expedientes provenientes del Congreso. Además de Martínez, José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, promovió su propia causa vinculada con la posibilidad de reelección de consejeros pertenecientes al estamento legislativo en representación de la Cámara Alta del Congreso.

La existencia de ese expediente terminó siendo determinante para definir el recorrido posterior de la demanda de Martínez.

Por qué volvió a intervenir la Cámara

Después de que Martínez apelara la decisión que había rechazado la conexidad con la causa de Barroetaveña, el expediente llegó a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Lo hizo porque en el sistema de gestión judicial todavía figuraba vinculado con aquel proceso, pese a que esa conexión había sido rechazada en primera instancia.

Al revisar las actuaciones, la Sala IV advirtió que esa vinculación no estaba firme y pidió la opinión del fiscal general sobre qué tribunal debía intervenir. Para entonces, además, Barroetaveña ya había desistido de su demanda, por lo que el expediente con el que Martínez había pedido originalmente conectar el suyo había quedado concluido.

A partir de allí, el fiscal Rodrigo Cuesta consideró que ya no había razones para que la causa de Martínez permaneciera en la Sala IV por su relación con el expediente de Barroetaveña. Al mismo tiempo, señaló que existían otros planteos judiciales vinculados con la misma discusión sobre el artículo 3° de la ley 24.937, entre ellos los promovidos desde otros estamentos del Consejo.

Frente a esa situación, el jueves pasado la Sala IV resolvió enviar nuevamente las actuaciones a la Mesa de Asignación de Causas de la Cámara. Consideró que no correspondía mantener el expediente bajo su intervención sobre la base de una conexidad que había sido rechazada en primera instancia y nunca había adquirido firmeza. El objetivo del nuevo sorteo era determinar qué Sala debía tratar la apelación presentada por Martínez.

El sorteo se realizó ese mismo día y volvió a resultar seleccionada la Sala IV.

Cuando el tribunal retomó el expediente apareció entonces la causa de Mayans. El fiscal había considerado que ese proceso y el de Martínez eran conexos y había señalado que, en el expediente promovido por el senador, ya había intervenido la Sala II.

La Sala IV compartió ese criterio.

Según explicó en la resolución de este martes, una regla interna de la Cámara establece que, cuando causas vinculadas son sorteadas el mismo día, corresponde asignar el conocimiento al tribunal que tenga el número más bajo.

Como la Sala II había prevenido en la demanda de Mayans, los camaristas resolvieron atribuirle también la competencia sobre el expediente de Martínez.

Así, la Sala IV ordenó remitir las actuaciones a la Sala II, que deberá intervenir en la apelación de Martínez contra el rechazo de la conexidad y continuar con el trámite de la causa.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín condenó a 24 años de prisión a Eva Petrona Pereyra, conocida como la “Tía Eva”, por haber encabezado el Templo Filadelfia y ser responsable de una asociación ilícita que sometió a personas a trata con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La mujer, de 81 años, recibió la pena más alta de un juicio que terminó además con otros 26 condenados, reparaciones económicas para 27 víctimas por $2.170.467.831,20 y el decomiso de 46 inmuebles, 12 vehículos y dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.

El Templo Filadelfia era una congregación religiosa con sede principal en San Justo, partido de La Matanza, cuya actividad fue situada en la causa entre 1972 y el 1.º de diciembre de 2020. Con el tiempo extendió su presencia a distintos puntos de la Argentina y también a Paraguay y Brasil. Quienes ingresaban a la comunidad religiosa quedaban sujetos a una rígida jerarquía que regulaba aspectos centrales de su vida cotidiana, mientras realizaban trabajos sin salario, vendían productos en la vía pública y entregaban a las autoridades el dinero obtenido. En algunos casos, familias enteras se desprendieron de viviendas u otros bienes.

El veredicto fue dictado este lunes por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Pereyra, detenida desde el 17 de mayo de 2019 y alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, fue considerada jefa u organizadora de una asociación ilícita, coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada y partícipe necesaria de la supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.

Los fundamentos todavía no fueron difundidos. El tribunal fijó el 18 de noviembre a las 13.30 para explicar cómo atribuyó las distintas responsabilidades penales y valoró la prueba producida durante el debate.

La pena impuesta a Pereyra coincide con la que había solicitado en junio el fiscal general Alberto Gentili, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público Fiscal. También participaron víctimas constituidas como querellantes: la defensora pública Inés Jaureguiberry, junto con Gonzalo Artola y Dolores Neira, representó a cuatro de ellas, mientras que la abogada Mariana Barbitta, acompañada por María Viñas y Lucas Melo, patrocinó a otras cinco.

Durante su alegato, Gentili describió un entramado en el que confluyeron criminalidad organizada, violencia contra las mujeres y distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sostuvo que no se trató de episodios aislados, sino de procesos de sometimiento prolongados que, en algunos casos, atravesaron buena parte de la vida de las víctimas.

El expediente reconstruyó mecanismos de aislamiento, vigilancia, castigo, traslado y control de los vínculos personales. Pero el poder de la organización no se asentaba únicamente en la coerción material: estaba sostenido por una estructura religiosa que revestía las órdenes de un carácter divino.

Las “ungidas”, los pastores y una vida regulada desde arriba

En la cúspide estaban Eva Pereyra, su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, estas últimas fallecidas antes del juicio. Dentro de Filadelfia eran consideradas “ungidas de Dios” y se les atribuía la capacidad de recibir “mensajes del Señor”, interpretar sus designios y comunicarlos a los fieles.

Esa condición les confería una autoridad que iba mucho más allá de la conducción espiritual. Una orden podía ser presentada como la expresión de la voluntad divina y, por lo tanto, desobedecerlas equivalía dentro del sistema de creencias a contrariar a Dios. Así intervenían sobre cuestiones concretas: dónde vivir, qué trabajo realizar, qué destino dar al dinero, si continuar los estudios, con quién relacionarse y hasta qué pareja formar.

La estructura se completaba con pastores que sostenían ese entramado doctrinario. Miguel Evangelista Mora Bogado fue identificado durante la investigación como el pastor principal, encargado del adoctrinamiento teológico. Junto con Rigoberto Ismael Mora Bogado, también participaba del acercamiento a familias atravesadas por dificultades, a las que se ofrecía la posibilidad de encontrar en la llamada “casa de Dios” una forma de “restaurar” sus vidas.

La captación podía comenzar con personas afectadas por problemas económicos, enfermedades, baja escolaridad o todo tipo de conflictos familiares. A medida que el vínculo se profundizaba, la integración a la comunidad podía asumir el carácter de un mandato espiritual. Así se consolidó durante años la dinámica interna de la secta religiosa, donde la dependencia material se combinaba con la creencia de que sus máximas autoridades mantenían un vínculo privilegiado con Dios.

Uno de los momentos centrales de la vida comunitaria, de acuerdo a los testimonios recabados, eran las denominadas “Fiestas del Señor”, celebraciones anuales realizadas en la sede principal de San Justo. Incluían cantos, danzas y alabanzas y podían prolongarse durante horas. En esas ceremonias, Pereyra se presentaba ante los asistentes como una persona capaz de canalizar mensajes divinos y formulaba supuestas profecías.

También allí aparecía la idea de entrega y del sacrificio. Durante el juicio oral se describieron situaciones en las que los fieles eran exhortados a desprenderse de aquello que consideraban más valioso: dinero, bienes o propiedades y, en determinados relatos, incluso un hijo que quedaba bajo disposición de las autoridades religiosas.

El caso de Julieta C. permitió mostrar cómo ese proceso podía involucrar a una familia completa. Vivía con su madre y seis hermanos en González Catán; su padre se había alejado y la mujer trabajaba como empleada doméstica. En medio de dificultades económicas, comenzaron a frecuentar primero un anexo de Filadelfia y después la sede central.

En 2000, según declaró la joven constituida como querellante, Pereyra y Adriana Carranza le comunicaron a su madre que Dios quería que tres de sus hijos ingresaran al “discipulado”. La mujer se resistió inicialmente, pero recibió advertencias sobre las consecuencias de contrariar aquello presentado como un mandato divino.

Después de la crisis de 2001, terminó vendiendo la casa familiar. El dinero de la operación fue colocado en un sobre y entregado dentro del Templo.

“Nunca supe cuánto tenía adentro”, declaró Julieta.

La familia pasó entonces a residir en propiedades vinculadas con la congregación. Allí, diferentes testimonios describieron hacinamiento, habitaciones compartidas, varias personas durmiendo en una misma cama o colchón, alimentación insuficiente, pocas horas de descanso y acceso limitado a elementos de higiene.

Tampoco existía plena libertad de movimiento. Para salir había que pedir autorización y, durante los recorridos de venta ambulante, quienes tenían menos antigüedad solían ser acompañados por integrantes cercanos a las autoridades.

El aislamiento alcanzaba además a la educación. Niños y adolescentes podían abandonar tempranamente la escuela para incorporarse al trabajo de la comunidad. Coria recordó que se le transmitía que bastaba con conocer operaciones matemáticas básicas para poder trabajar y “servir a Dios”.

Ella terminó dejando el colegio.

Panificados, venta ambulante y dinero entregado al Templo

El trabajo constituyó uno de los pilares económicos del Templo Filadelfia y quedó en el centro de las condenas por reducción a la servidumbre y trata con fines de explotación laboral.

Entre las principales actividades estaba la elaboración de productos panificados, que después eran distribuidos entre los integrantes para su venta ambulante. También comercializaban medias, vasos, tazas, cremas y otros artículos. A ese circuito se sumaban tareas domésticas, albañilería, limpieza, construcción, cuidado de campos y animales y empleos para terceros.

La recaudación no quedaba en manos de quienes trabajaban: los ingresos eran entregados a Filadelfia y administrados por su conducción.

Liliana Beatriz Barrionuevo describió esa dinámica desde adentro. Llegó al juicio como acusada y terminó condenada a cinco años y nueve meses, aunque durante el debate también se presentó como una persona que había quedado sometida al sistema desde niña.

Conoció la congregación cuando tenía unos nueve o diez años. A los 13, según contó, Pereyra le comunicó que había sido elegida para servir a Dios. Un año después dejó la escuela y a los 15 ingresó al discipulado.

Allí, recordó, la comida estaba racionada y se compartían colchones. Cuando faltaba gas, debían bañarse con agua fría incluso durante el invierno.

“Dormíamos en donde podíamos”, dijo ante el tribunal.

Primero limpió las instalaciones y la ropa de las dirigentes. Más adelante comenzó a trabajar como empleada doméstica y caminaba unas 80 cuadras entre la ida y el regreso.

“El dinero que ganaba se lo entregaba en su totalidad a la señora Eva”, declaró.

Después fue enviada a Paraguay, donde vendió comidas y realizó tareas de limpieza, y también pasó por Brasil y Salta. Su experiencia se sumó a la de otras víctimas trasladadas dentro y fuera del país para trabajar en actividades vinculadas con la comunidad.

La servidumbre, además, no terminaba con las labores destinadas a generar ingresos. Los integrantes debían atender personalmente a las dirigentes, limpiar sus viviendas, cocinarles y ocuparse de sus necesidades cotidianas. El expediente incorporó relatos sobre personas que incluso tenían que dormir a los pies de las “ungidas” para asistirlas durante la noche. Otros fieles intervenían en la construcción de templos, casas y propiedades.

De esa manera, el trabajo gratuito, la apropiación de la recaudación y las tareas de servicio personal convivieron con el crecimiento del patrimonio vinculado con Filadelfia.

El sometimiento se reforzaba mediante un régimen disciplinario. Usar parte del dinero de una venta para comprar comida, expresar deseos de abandonar la comunidad o cuestionar una orden podía derivar en golpes, insultos, humillaciones, aislamiento o traslados.

Uno de los destinos más temidos era “El Descanso”, un campo ubicado en Balcarce, alejado de centros urbanos y donde las condiciones de vida fueron descriptas como especialmente precarias.

La imputada Barrionuevo relató también una escena cotidiana. Una vez, ella y otra joven gritaron al encontrarse con una cucaracha. Pereyra las reprendió y las obligó a permanecer durante horas de rodillas frente al altar pidiendo perdón.

“Las ungidas eran la autoridad absoluta e indiscutible”, resumió.

Parejas decididas y “bendiciones” sexuales

La autoridad de las dirigentes llegaba también a la vida afectiva. Las parejas podían ser decididas desde la conducción y presentadas como otra manifestación de la voluntad de Dios, mientras que rechazarlas podía provocar presiones o castigos.

Barrionuevo contó que a los 18 años se enamoró de un joven de Filadelfia, pero Divina Luz Pereyra se opuso. Tiempo después le comunicaron que Dios había elegido como pareja para ella a Ramón Omar Carranza, hijo de Divina Luz, con quien finalmente se casó.

Carranza fue condenado este lunes a 14 años de prisión.

El veredicto tuvo consecuencias directas sobre otras dos uniones. El tribunal declaró nulo el matrimonio celebrado en 1987 entre Néstor Antonio Tacuabe y Juana Rosa Maldonado, al establecer que había sido contraído bajo constreñimiento y sin consentimiento. Adoptó la misma decisión respecto del casamiento de Esteban Darío Alegre Herrera y Magdalena Elizabeth Cardozo, realizado en 2007.

Además, los jueces ordenaron modificar las filiaciones maternas de David Jonatan Carranza y Pablo Elías Carranza, porque las mujeres que figuraban registradas como sus madres -Divina Luz Pereyra y Adriana del Valle Carranza- no eran sus progenitoras biológicas.

La sexualidad fue otra dimensión de ese control. Barrionuevo declaró sobre prácticas conocidas como “bendiciones”, algunas de las cuales comenzaban con danzas espirituales. Contó que Pereyra bailaba abrazada a ella, acercaba sus labios y realizaba tocamientos. También describió encuentros a los que algunas personas eran convocadas a determinada hora y en los que luego se apagaban las luces.

Durante años, explicó, interpretó esas situaciones como manifestaciones de una elección espiritual.

El fiscal Gentili retomó en su alegato los testimonios sobre tocamientos, frotamientos y otros avances corporales para describir las formas en que la jerarquía intervenía sobre la sexualidad de los integrantes.

La fiscalía había atribuido a la “Tía Eva” Pereyra abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores al momento de los hechos. Sin embargo, esos delitos no figuran entre aquellos por los que fue condenada este lunes. El veredicto declaró además extinguida por prescripción la acción penal respecto de uno de esos episodios. Las razones serán conocidas cuando el tribunal difunda los fundamentos.

Las 27 condenas y el patrimonio

Durante el juicio declararon más de 200 testigos. Entre ellos, y casi al inicio, estuvo Julieta C., quien había dejado el templo en 2016 y dos años después presentó la denuncia que dio origen al expediente.

Ante los jueces, resumió el momento en que comenzó a revisar desde afuera lo vivido: “Yo un día me senté a denunciar esto y me enteré de que mi vida había sido una pesadilla”.

El veredicto alcanzó finalmente a 27 acusados.

Después de Pereyra, la segunda pena más alta correspondió a Rigoberto Ismael Mora Bogado, condenado a 21 años de prisión.

Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Noemí Lemos, Norma Haydee Valdez, Mónica Susana Gutiérrez, Norma Beatriz Gutiérrez, Guillermo David Alza, María Luisa Alza y Martín Carlos Cáceres recibieron 18 años.

A Ruth Elizabeth Mora Bogado le impusieron 15 años, mientras que Katherine Esther Alegre Herrera, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Omar Carranza y Claudio Rubén Álvarez fueron condenados a 14 años.

Osvaldo Horacio Gutiérrez recibió 10 años y nueve meses; Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Gabriel Aguirre, ocho años; Carlos Matías Barrionuevo, seis años y nueve meses; Olga Mabel Carranza y Liliana Beatriz Barrionuevo, cinco años y nueve meses; y Pablo Elías Carranza y Claudia Elizabeth Acosta, cinco años.

Por último, Víctor Abraham Ayunta fue condenado a cuatro años y seis meses y Damaris Fernanda Sabich, a tres años y nueve meses. Ambos fueron absueltos de trata de personas agravada, aunque recibieron condenas por asociación ilícita.

El impacto económico del caso quedó reflejado también en las decisiones patrimoniales. Gentili había solicitado el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos. El tribunal ordenó finalmente decomisar 46 propiedades, 12 automotores y el dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.

Entre los bienes hay casas, departamentos, terrenos y campos ubicados en La Matanza, Mar del Plata, Balcarce, Bahía Blanca, San Miguel del Monte, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Otros dos inmuebles de San Justo continuarán bajo análisis por vía incidental.

A ese patrimonio se suman 15 vehículos cuya subasta había sido ordenada durante la instrucción en diciembre de 2020, medida que el tribunal mantuvo.

Los bienes decomisados quedaron vinculados con las reparaciones para las víctimas. La sentencia fijó compensaciones para 27 personas por $2.170.467.831,20, monto que deberá actualizarse con la tasa activa del Banco Nación hasta el momento del pago.

La reparación individual más alta asciende a $223.338.864 y otra fue fijada en $207.642.176, además de otras sumas individualizadas.

El fallo ordenó también dar de baja al Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y puso las actuaciones a disposición del Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos surgidos durante las audiencias en relación con la atención médica de las víctimas y otros hechos mencionados durante el debate.

La causa se había iniciado con una denuncia presentada el 18 de diciembre de 2018 ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Matanza. Más tarde pasó al fuero federal y la instrucción quedó en manos de Sebastián Basso, titular de la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.

El juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024. Este lunes, casi dos años después, llegó el veredicto.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, acusado por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, en junio de 2024, y mantuvo por esta vía el rechazo de la probation que había solicitado para evitar el juicio oral. La decisión fue adoptada este lunes en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, quien consideró que la presentación no logró demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

El expediente se remonta al 12 de junio de 2024, cuando organizaciones sociales, sindicales, políticas y piqueteras se concentraron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado trataba el proyecto impulsado por el Gobierno. Con el correr de las horas hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, vehículos incendiados y vandalizados y efectivos heridos. El operativo incluyó gases, balas de goma y camiones hidrantes. En total hubo 33 detenidos y nueve personas fueron posteriormente enviadas a juicio.

En ese contexto fue detenido Ortiz. Según el requerimiento de elevación a juicio, alrededor de las 20.50, en la esquina de Rivadavia y Callao, habría golpeado con puños y puntapiés a efectivos policiales que intentaban liberar la calzada. Por esos hechos fue acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Esa es la hipótesis de la acusación, que ahora deberá ser examinada durante el debate oral.

Antes de llegar a esa instancia, la defensa pidió una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Señaló que Ortiz no registra antecedentes penales, tiene arraigo y trabaja como vendedor ambulante; además, ofreció una reparación económica de $250.000 y propuso que cumpliera durante un año tareas comunitarias. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, constituido como querellante, se opusieron a esa salida alternativa.

El Tribunal Oral Federal N° 3 rechazó el planteo y la defensa acudió a Casación. Allí sostuvo, entre otros argumentos, que Ortiz estaba siendo valorado por el contexto general de los disturbios y no exclusivamente por la conducta que se le atribuye. El juez Hornos rechazó ese recurso y consideró justificado el interés público en que el episodio fuera analizado en un debate oral.

Tras ese revés, los abogados intentaron llevar la discusión ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Sin embargo, Hornos entendió que no estaban reunidos los requisitos formales para habilitar esa instancia. “El recurso extraordinario traído a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado”, expresó. También remarcó que la sola invocación de normas constitucionales no alcanza si no se demuestra su relación directa con la resolución cuestionada.

En ese análisis, el magistrado volvió sobre uno de los argumentos centrales de su decisión anterior: “He sostenido en la resolución aquí cuestionada, y aquí reitero, que si bien el derecho a la libre manifestación y a la protesta social constituyen pilares incuestionables de nuestro sistema democrático (arts. 14 y 33 C.N.), ningún derecho fundamental reviste carácter absoluto, y que el amparo constitucional a la protesta no tolera ni legitima actos de violencia, daños o intimidación pública”.

Hornos, a su vez, descartó que la defensa hubiera acreditado defectos graves que permitieran considerar arbitraria la resolución anterior. En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, finalmente declaró inadmisible el recurso extraordinario, con costas, y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen.

La causa continuará así su trámite hacia el juicio oral, donde deberá determinarse la eventual responsabilidad penal del imputado por los hechos que le atribuye la acusación.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $3,017 billones para el Poder Judicial de la Nación, frente a los $2,480 billones previstos para 2026. La diferencia asciende a unos $537.466 millones, lo que representa un incremento nominal del 21,7% entre ambos ejercicios.

La partida aumentará en términos nominales, aunque su participación dentro del gasto nacional se reducirá levemente. En 2026 representaba alrededor del 1,54% del gasto total de la Administración Nacional y para 2027 esa proporción se ubicará en torno al 1,49%. En términos simples, aproximadamente $1,50 de cada $100 de gasto nacional previstos para el próximo año corresponderán a esta jurisdicción.

La explicación está en que el gasto total crecerá a un ritmo mayor. El proyecto prevé que los gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional pasen de $161,4 billones en 2026 a $202,1 billones en 2027, un aumento del 25,2%, por encima del 21,7% asignado al Poder Judicial.

Las cifras están expresadas en pesos corrientes. Por eso permiten comparar cuánto aumenta cada partida en términos nominales, aunque por sí solas no determinan si esos recursos tendrán una mayor o menor capacidad de compra durante el próximo año.

Dentro del sistema de Justicia existen además otras estructuras presupuestarias que se contabilizan por separado. El Ministerio Público tendrá $1,401 billones, un 22,3% más que en 2026, mientras que el Ministerio de Justicia recibirá $380.938 millones, con una suba del 16%. Ninguno de esos montos está incluido dentro de los $3,017 billones correspondientes al Poder Judicial.

La jurisdicción Poder Judicial de la Nación incluye a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, además de los tribunales y dependencias que funcionan bajo sus respectivas órbitas.

Por eso, los más de $3 billones no conforman una única partida administrada por una sola autoridad. El dinero se distribuye entre juzgados y cámaras, instancias superiores, áreas administrativas, cuerpos técnicos y distintos servicios necesarios para el funcionamiento de los tribunales.

Casi todo ese crédito está destinado directamente a la actividad judicial: $3,003 billones corresponden a la función Judicial y $14.380 millones a Seguridad Social. La comparación de esta nota toma como referencia a la jurisdicción Poder Judicial de la Nación, que no incluye al Ministerio Público ni al Ministerio de Justicia, ambos con presupuestos propios.

Casi todo el presupuesto se destina a personal

El principal componente del gasto son los salarios. De los $3,017 billones previstos para 2027, $2,772 billones se destinarán a personal, alrededor del 92% del presupuesto completo del Poder Judicial.

Dentro de ese monto, unos $2,644 billones corresponden al personal permanente. Esa sola partida absorbe aproximadamente el 87,6% de todos los recursos asignados a la jurisdicción. También se contemplan fondos para personal temporario, servicios extraordinarios, asistencia social, beneficios, compensaciones y contrataciones, aunque con una incidencia mucho menor sobre el total.

La estructura prevista comprende 27.035 cargos. Los dos grandes bloques de tribunales reúnen buena parte de ese personal: 12.118 puestos corresponden a la Justicia Federal y otros 7.635 a los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ambos concentran cerca del 73% de los cargos.

En contraste, la inversión tiene un peso considerablemente menor. El proyecto contempla unos $89.001 millones para bienes de uso, cerca del 3% del presupuesto total. También se prevén $20.504 millones para bienes de consumo y alrededor de $120.957 millones para distintos servicios necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción.

La composición muestra así una estructura fuertemente concentrada en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, especialmente en salarios. Las obras, el equipamiento y otras inversiones representan una porción significativamente menor frente al peso de los recursos humanos.

Los tribunales concentran más del 70% de los fondos

La mayor partida corresponde a la denominada Justicia Federal, que tendrá alrededor de $1,315 billones. Allí se agrupan los tribunales que intervienen en materias de competencia federal, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las distintas jurisdicciones del interior del país. Incluye, entre otros, los fueros Criminal y Correccional Federal, Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo Federal, de la Seguridad Social, Electoral y Penal Económico, además de las cámaras federales distribuidas en las provincias.

También en este caso el peso de los salarios es muy alto: de los $1,315 billones previstos, aproximadamente $1,290 billones corresponden a remuneraciones. Otros $21.051 millones se destinan al funcionamiento y $3.657 millones a inversión.

El segundo bloque por volumen es la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contará con $866.336 millones. Bajo esa categoría aparecen los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal que intervienen, entre otras materias, en causas civiles, comerciales, laborales y penales ordinarias.

Aunque funcionan en territorio porteño, esos juzgados y cámaras forman parte del Poder Judicial de la Nación. De los $866.336 millones asignados, $859.408 millones corresponden a remuneraciones, mientras que los fondos destinados a obras, equipamiento y otros bienes de uso alcanzan $782 millones.

Sumados, la Justicia Federal y los tribunales nacionales porteños recibirán aproximadamente $2,181 billones, algo más del 72% de todo el presupuesto de la jurisdicción. Es decir, más de siete de cada diez pesos asignados al Poder Judicial se concentran en esos dos grandes bloques.

El resto se distribuye entre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, las áreas centrales del Consejo de la Magistratura y distintos servicios técnicos y administrativos.

La actividad jurisdiccional de la Corte Suprema, identificada en el Presupuesto como Justicia de Máxima Instancia, tendrá una suma de $139.521 millones y 1.156 cargos. De ese total, $98.015 millones corresponden a remuneraciones y $17.371 millones a inversión.

Por separado, la Administración General de la Corte dispondrá de $72.649 millones y 1.085 cargos. Esta división permite distinguir la tarea específicamente jurisdiccional del máximo tribunal de las funciones administrativas, de infraestructura y de soporte que también se encuentran bajo su órbita.

La Casación contará, en tanto, con otros $119.866 millones y 1.003 cargos. En este caso, prácticamente todo el presupuesto corresponde al personal: $119.578 millones se destinan a remuneraciones y no se registra inversión real directa.

Las denominadas Actividades Centrales tendrán $249.595 millones y 1.547 cargos. Allí se concentran tareas de gestión financiera, tecnología, infraestructura, administración de recursos humanos y funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. A diferencia de los grandes programas de tribunales, esta área muestra una mayor participación relativa de la inversión, con $39.356 millones.

Pericias, comunicaciones y otros servicios

El presupuesto también permite identificar cuánto se destinará a algunos servicios que participan directamente en las causas judiciales y que suelen quedar menos visibles cuando se observa sólo el monto global.

Pericias Judiciales tendrá $95.347 millones y 748 cargos. Esa estructura reúne profesionales de distintas especialidades y comprende también a la Morgue Judicial y sus laboratorios. Del total, $77.447 millones se asignan a remuneraciones y $11.978 millones a inversión.

Entre las obras previstas aparece una nueva etapa de readecuación y refuncionalización de la Morgue Judicial, con $9.165 millones, además de intervenciones en otros espacios utilizados por la Corte.

La Interceptación y Captación de las Comunicaciones contará con $54.186 millones y 641 cargos. De esa suma, $52.705 millones están vinculados con la actividad destinada a cumplir medidas de interceptación requeridas por magistrados judiciales y representantes del Ministerio Público Fiscal. El programa incluye además distintas obras en su sede de Avenida de los Incas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mandamientos y Notificaciones dispondrá de $45.442 millones y 585 cargos. Esa dependencia ejecuta y comunica medidas ordenadas por los tribunales, como embargos, constataciones, intimaciones de pago, secuestros, allanamientos y lanzamientos.

También aparecen partidas de menor magnitud para la Biblioteca y Jurisprudencia, el Archivo General Judicial, la asistencia social y la atención de pasividades. En conjunto, estos programas muestran que el presupuesto del Poder Judicial no se limita al funcionamiento de los juzgados y cámaras, sino que también sostiene servicios técnicos, administrativos y auxiliares necesarios para la tramitación de las causas.

Obras en la Corte y en la Justicia Federal

La inversión en infraestructura comprende proyectos tanto en dependencias de la Corte como en juzgados federales del interior. En el programa Justicia de Máxima Instancia se incluyen, entre otros trabajos, $4.189 millones para la adecuación integral del edificio de Villarino 2010, además de restauraciones y tareas de mantenimiento en inmuebles vinculados al máximo tribunal.

Los anexos también contemplan obras en dependencias federales de distintas provincias. En Junín, provincia de Buenos Aires, se prevén alrededor de $140 millones para la remodelación y ampliación del Juzgado Federal. En General Pico, La Pampa, se destinan $263 millones para adecuar un inmueble adquirido para el Juzgado Federal.

En Santa Rosa se asignan otros $477 millones para ampliar y adaptar la sede utilizada por el Juzgado Federal y el Tribunal Oral Federal. Para el Juzgado Federal N°2 de San Juan, el proyecto reserva casi $170 millones durante 2027.

Esos montos no representan necesariamente el costo total de las obras. Varias tienen ejecución plurianual, por lo que la cifra prevista para 2027 corresponde solamente a la parte que se proyecta ejecutar durante ese ejercicio.

De dónde salen los recursos

El proyecto no sólo establece cuánto podrá gastar el Poder Judicial. También estima los recursos vinculados con la jurisdicción durante 2027, que ascienden a aproximadamente $3,484 billones. De ese total, unos $3,025 billones corresponden a ingresos tributarios, $444.329 millones a ingresos no tributarios y $14.257 millones a rentas de la propiedad.

El Poder Judicial cuenta con un régimen de autarquía financiera, establecido por la Ley 23.853. La documentación presupuestaria señala que la jurisdicción se financia mediante recursos con afectación específica, tributarios y no tributarios, entre ellos los vinculados con la tasa de justicia, además de los aportes previstos por ese régimen.

Al detallar cómo se financiará el gasto de 2027, el proyecto ubica los $3,017 billones asignados al Poder Judicial dentro de la categoría “recursos con afectación específica”.

A nivel general, el proyecto prevé para toda la Administración Nacional unos $202,3 billones de recursos durante 2027, prácticamente en línea con los $202,1 billones de gastos corrientes y de capital.

La principal fuente de ingresos serán los impuestos: se estiman $122,6 billones, cerca del 61% de los recursos totales. A eso se suman $62,3 billones en aportes y contribuciones a la seguridad social, además de ingresos no impositivos, rentas de la propiedad, venta de bienes y servicios y recursos de capital.

Para el Poder Judicial, en tanto, la política presupuestaria plantea continuar con la optimización de la recaudación y utilización de sus recursos, mantener el control sobre los gastos corrientes y sostener niveles de personal e inversión compatibles con el funcionamiento de la jurisdicción.

La Corte Suprema también prevé seguir publicando información sobre contrataciones, licitaciones, adjudicaciones, ejecución presupuestaria, escalas salariales y estados financieros. Entre sus objetivos para 2027 figura, además, mantener el equilibrio entre los gastos y los recursos disponibles y evitar la generación de endeudamiento.

En una causa iniciada para investigar el presunto desvío de fondos públicos destinados a la producción algodonera en la provincia de Santiago del Estero, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la resolución que había rechazado el pedido de Rubén Darío Giorgis, exsubsecretario de Producción provincial, para extinguir la acción penal mediante una reparación económica integral. El imputado había ofrecido pagar $2,5 millones y donar otro millón de pesos.

La decisión fue adoptada este jueves por los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, con la disidencia de Guillermo Yacobucci. El máximo tribunal penal del país resolvió “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar y anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones para que el tribunal emita un nuevo pronunciamiento”.

La investigación comenzó el 30 de marzo de 2016, cuando María del Carmen Castillo, empleada del Ministerio de Producción de Santiago del Estero, se presentó en la casa central del Banco Nación de esa provincia para cobrar y depositar cheques librados por la Coordinadora Provincial de Algodón. De acuerdo a los antecedentes reseñados en el fallo, los documentos presentaban adulteraciones “respecto al beneficiario de los títulos valores”, circunstancia que dio origen a la denuncia judicial.

A partir de ese episodio, la acusación fiscal reconstruyó una maniobra de mayor alcance. El requerimiento de elevación a juicio sostuvo que entre 2015 y marzo de 2016 habría funcionado dentro del Ministerio de Producción provincial una estructura destinada a defraudar al Estado nacional mediante la disposición irregular de fondos enviados a Santiago del Estero para promover la actividad algodonera.

Los recursos, en rigor, provenían del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, creado por la Ley 26.060 en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La norma estableció, entre otras herramientas, un seguro agrícola y un Fondo de Compensación de Ingresos para sostener la producción frente a contingencias y oscilaciones de precios.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley 26.933 prorrogó por otros diez años la vigencia de ese fondo y elevó sus recursos a $160 millones. Para 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el régimen continuaba bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que ese año trató la distribución del fondo para la campaña 2016/17.

En el expediente, la acusación alegó que los fondos enviados a Santiago del Estero estaban destinados a “la asistencia integral de esas actividades agrícolas, el otorgamiento de créditos, asistencia técnica y campañas sanitarias”. También afirmó que funcionarios y empleados, “creando sub programas que eran ajenos a la finalidad del Fondo, simulaban la compra de bienes con presuntos proveedores del estado”, operaciones que luego eran afrontadas con los recursos nacionales.

La causa fue elevada a juicio oral respecto de 16 personas, entre funcionarios y empleados del Ministerio de Producción de Santiago del Estero, integrantes de la Junta Provincial del Algodón, personal del Banco Nación y proveedores del Estado. Entre ellos quedó acusado Giorgis, entonces subsecretario de Producción, por defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, constituida como querellante, promovió además una demanda civil contra Giorgis; el entonces ministro de Producción provincial, Luis Fernando Gelid; y el entonces director general de Agricultura y Ganadería, Enrique Oberlander, por un total de $5.782.672,92, más las actualizaciones correspondientes.

El ofrecimiento de reparación

Durante 2026, Giorgis y otros tres acusados -Carlos Daniel Japaze, Sebastián Juri y Pablo Juri- presentaron propuestas de reparación integral económica y solicitaron la extinción de la acción penal en su contra.

Giorgis ofreció abonar $2,5 millones en un solo pago y transferir $1 millón a la Asociación Civil Medianos y Pequeños Agricultores y Productores. Su defensa calculó que el reclamo civil formulado por la provincia, actualizado según la tasa activa del Banco Nación, ascendía a $35.905.742,83 y sostuvo que la suma propuesta correspondía a una parte proporcional entre los 16 imputados de la causa. También dejó asentado que “el importe actualizado e indicado por esta parte, queda sujeto a lo que determine V.E.”.

Japaze propuso pagar $2,5 millones y donar $1 millón a la Iglesia Ortodoxa San Jorge. Sebastián y Pablo Juri ofrecieron conjuntamente $5 millones, más una donación de otro millón a la Biblioteca 9 de Julio.

El Ministerio Público Fiscal se opuso. Argumentó que en los delitos contra la administración pública el bien jurídico afectado tiene carácter supraindividual y que, en esos casos, “la víctima es la sociedad toda”. También manifestó que la intervención de funcionarios públicos impedía aplicar vías alternativas de resolución de conflictos como la reparación integral.

La Fiscalía de Estado provincial también pidió rechazar las propuestas. Advirtió que una eventual reparación debía abarcar el monto total reclamado, más intereses y costas, y consideró insuficientes los ofrecimientos.

Así las cosas, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero desestimó los pedidos el 22 de abril pasado. Para eso, consideró que la reparación integral debía comprender el valor actualizado del perjuicio y sus intereses, y que esa exigencia no estaba satisfecha porque los acusados habían formulado ofertas proporcionales.

La decisión de Casación

Al analizar el caso, el juez Mahiques explicó que la reparación integral fue incorporada al Código Penal como una causal autónoma de extinción de la acción penal y que la ley no estableció expresamente una prohibición para casos que involucren funcionarios públicos o bienes de carácter colectivo.

A su vez, afirmó que la oposición del fiscal no resulta vinculante en esta clase de planteos, en tanto “su oposición, sin un imperativo legal que lo explicite, no es vinculante para el juez”. También resaltó que la decisión sobre la procedencia del instituto corresponde al órgano jurisdiccional.

Sobre el argumento referido a los delitos de corrupción, Mahiques indicó que el Ministerio Público había planteado una “imposibilidad dogmática” para aplicar la reparación integral, la conciliación o la probation, pero observó que “no invocó norma legal alguna de la que surgiría tal limitación”.

El magistrado luego cuestionó la fundamentación utilizada para considerar insuficientes las sumas ofrecidas por los implicados. Redactó que el tribunal oral “no expone cuál es el monto actual del perjuicio o la razón de por qué la suma ofrecida por los imputados no satisface la exigencia de la integralidad”.

Además, indicó que la resolución no había definido cómo debía calcularse una reparación integral en una causa con 16 acusados: si cada uno debía cubrir una parte proporcional, si uno o varios podían responder por el total o qué efecto tendría el pago respecto de quienes no formularon propuestas.

El juez Borinsky adhirió a la solución de su colega y destacó que el tribunal oral no había determinado cuál era el monto actualizado del perjuicio contra la administración estatal. A su criterio, esa omisión impedía establecer qué suma debía ofrecerse y evaluar la razonabilidad de la propuesta en cuestión.

Yacobucci votó en disidencia. Consideró suficientes los fundamentos expuestos por el tribunal oral, el Ministerio Público Fiscal y la querella para rechazar el planteo. Recordó que la acusación atribuyó el funcionamiento de una estructura dentro del Ministerio de Producción provincial destinada a disponer fraudulentamente de fondos nacionales asignados al sector algodonero.

Para el juez, la hipótesis incluyó un “beneficio patrimonial significativo por parte de los funcionarios involucrados que se aprovecharon de su rol en temas que revisten alto interés social”. Con esos fundamentos propuso rechazar el recurso de la defensa.

Con todo, la Sala III anuló por mayoría la resolución y remitió el expediente al Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero para que dicte un nuevo pronunciamiento.

En medio del proceso de normalización interna del Partido Justicialista de Jujuy, la Cámara Nacional Electoral rechazó un pedido para remover a Federico Prieto, el abogado neuquino designado para conducir la reorganización partidaria, y dejó firme la decisión que había dispuesto su continuidad. Los camaristas consideraron que no se acreditaron hechos concretos que permitieran poner en duda su imparcialidad ni demostrar que su permanencia pudiera afectar las elecciones internas.

El pronunciamiento fue firmado por Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. La discusión llegó al tribunal a partir de una apelación presentada por Teresa García, diputada nacional y exministra de Gobierno bonaerense, y Máximo Rodríguez, exconcejal de Tres de Febrero y dirigente del PJ. Ambos fueron designados “delegados normalizadores” del partido nacional para el distrito jujeño y ya habían actuado juntos en la intervención del peronismo de Corrientes. También participó del planteo el apoderado nacional Eduardo López Wesselhoefft.

El cuestionamiento apuntaba a un supuesto vínculo entre una empresa relacionada con la página institucional de la intervención y uno de los espacios involucrados en la interna. Para los recurrentes, esa circunstancia podía comprometer la neutralidad exigida a quien tiene la responsabilidad de ordenar el partido y conducirlo hacia la elección de nuevas autoridades.

La Cámara Electoral, sin embargo, entendió que ese elemento aislado no alcanzaba para demostrar una actuación parcial de Prieto.

La controversia constituye un nuevo capítulo de una crisis partidaria que comenzó en 2023, cuando el PJ jujeño quedó intervenido por decisión de su conducción nacional, y que desde abril de este año se desarrolla bajo supervisión directa de la Justicia Electoral.

La primera intervención se dispuso en julio de 2023, durante la presidencia del PJ nacional de Alberto Fernández, en un escenario atravesado por la reforma constitucional impulsada entonces por el gobernador Gerardo Morales y por las diferencias que ese proceso había generado dentro del peronismo provincial. Para conducir el distrito fueron designados Aníbal Fernández, exministro de Seguridad de la Nación, y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

Con el paso del tiempo, el proceso destinado a recomponer las autoridades partidarias acumuló demoras y nuevas disputas internas. Ya bajo la conducción nacional de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Menéndez continuaron al frente del distrito y, a comienzos de 2026, avanzaron con la suspensión de alrededor de 300 afiliados, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés, además de intendentes, legisladores y otros dirigentes. También se modificó el calendario previsto para elegir autoridades.

Las sanciones y las sucesivas postergaciones llevaron el conflicto a los tribunales.

En efecto, el 9 de abril pasado el juez federal con competencia electoral en Jujuy, Esteban Hansen, apartó a los interventores partidarios, dejó sin efecto las últimas decisiones adoptadas durante aquella gestión y dispuso una intervención judicial por 180 días. Para conducir esa nueva etapa designó a Ricardo Villada, exministro de Gobierno de Salta y funcionario vinculado con la administración del gobernador Gustavo Sáenz.

El juez Hansen le encomendó avanzar con la normalización institucional y encaminar al partido hacia la elección de nuevas autoridades. La decisión judicial tuvo como antecedentes principales tanto las suspensiones de afiliados como las demoras acumuladas en el cronograma interno.

La conducción nacional del peronismo recurrió esa medida.

Mientras la discusión continuaba en los tribunales, el Congreso Nacional del Partido Justicialista designó el 19 de mayo a los dirigentes García y Rodríguez como delegados normalizadores para Jujuy. El propio fallo de la Cámara consigna que ambos fueron nombrados para actuar ante la Justicia Electoral y “velar por la realización de elecciones internas en el distrito”.

Ese nombramiento adquirió relevancia en la resolución conocida ahora, ya que el juez de primera instancia había entendido que García y Rodríguez no estaban legitimados para intervenir en el expediente, pero la Cámara Electoral modificó ese criterio y reconoció su participación en representación de la estructura nacional del PJ.

Los camaristas recogieron el argumento según el cual ambos “no actúan en defensa de un interés individual ni pretenden sustituir a los afiliados del distrito; [sino que] actúan en representación del máximo órgano de la organización partidaria a nivel nacional que los designó específicamente para intervenir en el proceso de normalización del distrito Jujuy”.

Para el tribunal de alzada, esa representación establecía una relación directa con el objeto del expediente: la regularización institucional del partido y el control del proceso electoral desarrollado bajo intervención judicial. Por eso, concluyó que los delegados estaban legitimados para participar de las actuaciones.

La Cámara ya había tenido que pronunciarse sobre la situación del PJ jujeño algunos meses antes. El 11 de junio pasado, confirmó la continuidad de la intervención judicial, pero hizo lugar a un pedido para sustituir a Villada y ordenó al juez de primera instancia efectuar un nuevo nombramiento.

Tras aquel pronunciamiento, Hansen nombró a Federico Prieto como nuevo interventor. El abogado neuquino quedó así a cargo de continuar la normalización y conducir el proceso electoral interno destinado a restablecer las autoridades partidarias.

Fue su continuidad la que volvió a ser objeto de discusión judicial.

García, Rodríguez y López Wesselhoefft apoyaron el pedido de remoción en la utilización de una página institucional de la intervención. Según expusieron, el sitio estaría registrado a nombre de Deep Com SRL, cuya CEO sería hermana de una dirigente integrante de uno de los espacios que participa del proceso electoral interno.

A partir de ese dato, sostuvieron que existía una circunstancia capaz de comprometer “la necesaria neutralidad” de quien cumple una función judicial.

El juez de primera instancia no hizo lugar al planteo. Consideró que no se advertían conductas atribuibles a Prieto que permitieran poner en duda su imparcialidad y entendió que los argumentos formulados no resultaban suficientes para desplazarlo.

Al examinar el pedido de apartamiento, los camaristas Dalla Via, Corcuera y Bejas partieron de las exigencias específicas que recaen sobre un interventor judicial.

En ese sentido, recordaron la jurisprudencia según la cual a “la natural buena administración” que debe exigirse a quien desempeña esa función se agrega “la indispensable ecuanimidad y prescindencia” frente a los intereses enfrentados, para evitar dificultades que puedan afectar el normal funcionamiento de la administración. Aun así, los jueces diferenciaron el caso de Prieto de las circunstancias que habían llevado a reemplazar a Villada en junio.

Según señalaron, los recurrentes identificaron como “hecho central” la relación entre el portal institucional y Deep Com, pero “no acreditan cómo esa circunstancia -por sí sola- pudiera resultar en una percepción de parcialidad respecto de su actuación”.

La Cámara Nacional Electoral agregó que tampoco se había precisado cuál era el perjuicio concreto que generaba la continuidad del interventor. De acuerdo al fallo, las manifestaciones formuladas constituían consideraciones genéricas y no permitían identificar de qué manera la normalización partidaria podía verse obstaculizada por el vínculo invocado.

El fiscal electoral había llegado a la misma conclusión. En su dictamen consideró que “no se ha establecido ni en la demanda inicial, ni en el recurso de apelación, un solo evento concreto que haga presumir que la elección corre riesgo o que existe la posibilidad de que la voluntad de los afiliados no se vea reflejada en el resultado de los comicios por venir”.

Con esos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso contra la decisión que había denegado la remoción de Prieto. Luego ordenó registrar y notificar el pronunciamiento, comunicarlo al juzgado de origen y devolver las actuaciones a primera instancia.

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, le pidió al titular del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que convoque al Plenario para tratar el dictamen que propone sancionar al juez civil Carlos Goggi con una multa equivalente al 35% de sus haberes mensuales, por única vez. El magistrado quedó bajo análisis disciplinario por haberse apartado de manera reiterada de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales en distintos expedientes.

La presentación se refiere al expediente 136/23, iniciado a partir de una denuncia del propio Colegio Público. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura ya aprobó por mayoría el proyecto sancionatorio, que todavía debe ser considerado por el Plenario del organismo que selecciona y remueve jueces para que pueda transformarse, eventualmente, en una sanción efectiva.

En la nota remitida a Rosatti, García planteó: “La cuestión reviste gran importancia para la abogacía en su conjunto pues se trata del ejercicio de facultades disciplinarias con relación a un magistrado que ha desconocido, de modo sistemático, la validez de la ley de honorarios profesionales”.

En el mismo escrito agregó: “Es imprescindible entonces que el Plenario considere el dictamen de la Comisión de Disciplina, para lo cual corresponde su convocatoria sin dilaciones”.

Goggi es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91. El expediente disciplinario se concentra en una serie de decisiones en las que declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 y dejó sin efecto el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), utilizado para calcular y actualizar los honorarios profesionales.

La investigación en el ámbito del Consejo tomó como referencia al menos cinco causas: “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Varias de las resoluciones dictadas por el juez Goggi fueron posteriormente revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El reproche disciplinario no quedó apoyado simplemente en que el magistrado hubiera sostenido una interpretación jurídica distinta ni en que sus decisiones hubieran sido revisadas por tribunales superiores. El dictamen mayoritario, en efecto, sostuvo que existió un patrón de actuación reiterado: Goggi introdujo de oficio la cuestión constitucional en distintos expedientes, utilizó fundamentos sustancialmente similares y mantuvo ese criterio frente a objeciones formuladas por la Cámara y el Ministerio Público Fiscal.

El propio dictamen dejó asentado: “Un error de juzgamiento aislado, una interpretación minoritaria o una decisión posteriormente revocada se encuentran, en principio, comprendidos dentro del ámbito protegido por la independencia judicial”. A partir de esa premisa, la mayoría diferenció un error o una interpretación aislada de la reiteración de una misma modalidad en distintas causas.

Otro de los cuestionamientos fue que las declaraciones de inconstitucionalidad se adoptaran sin que las partes hubieran tenido previamente la posibilidad de discutir la validez de la norma. Según el proyecto aprobado, los profesionales afectados debieron apelar para obtener la aplicación del régimen vigente, con impacto sobre la duración y los costos de los trámites y sobre créditos de naturaleza alimentaria.

La mayoría también señaló que, en las causas examinadas, no se había individualizado un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la Ley 27.423 ni explicado por qué el conflicto arancelario no podía resolverse mediante la aplicación o interpretación de la norma antes de acudir a una declaración de inconstitucionalidad.

Durante el trámite disciplinario se incorporaron expedientes testigo, pronunciamientos de la Cámara Civil, dictámenes del Ministerio Público Fiscal y declaraciones vinculadas con el conflicto.

La propuesta de multa fue impulsada por la consejera Jimena de la Torre, representante del estamento de los abogados. La Comisión de Disciplina la aprobó el 20 de agosto por seis votos contra tres. La acompañaron César Grau, Hugo Galderisi, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi. En contra votaron los representantes de los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

El debate dentro de la comisión se concentró, entre otros puntos, en los límites entre el control disciplinario y la independencia judicial. Los consejeros que votaron en contra advirtieron sobre el riesgo de avanzar sobre el contenido de las sentencias. La mayoría postuló, en cambio, que el caso no involucraba una resolución aislada, sino la reiteración de una conducta que encuadraría en dos faltas previstas en la Ley 24.937: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

Para graduar la propuesta sancionatoria también se ponderó que Goggi no registra antecedentes disciplinarios firmes, compareció ante el Consejo, ejerció su defensa y acató las revocaciones dictadas por la Cámara. Como elementos en sentido contrario, el dictamen tuvo en cuenta la reiteración de las decisiones cuestionadas, su extensión temporal y la persistencia de los fundamentos utilizados en diferentes causas.

El expediente quedó en condiciones de ser tratado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, cuya convocatoria fue solicitada ahora por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por la posible realización de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas. La actuación se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno y también abarca a sociedades vinculadas con la compañía y a las personas físicas que eventualmente hubieran intervenido en su nombre o beneficio.

El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, donde tramita la causa CFP 4492/2026. Allí, la fiscalía propuso una serie de medidas destinadas a establecer si existieron conductas alcanzadas por la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional.

En su dictamen, Stornelli delimitó de manera expresa el objeto del expediente: “Conforme la denuncia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane, constituirá el objeto procesal de autos establecer la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa ‘Desire Petroleum Limited’ -antes, ‘Desire Petrolium Públic Limited Company’-, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.

La presentación de Cancillería se apoya en antecedentes que se remontan a más de una década. En mayo de 2012, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a la compañía en la plataforma continental y la consideró clandestina por operar sin permiso argentino. Un año después, mediante la Resolución 457/2013, la firma fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país por utilizar, según ese acto administrativo, una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia reproducida por la fiscalía, pese a esos antecedentes y a posteriores modificaciones en su estructura societaria, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas correspondientes a distintas áreas de exploración y explotación en la zona. A marzo de este año figuraría con una participación del 32% en las licencias PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b y PL004c; y del 35% en PL005. El documento también menciona su relación con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La norma contempla responsabilidades para personas humanas y jurídicas y establece penas de prisión de entre 5 y 15 años, según se trate de maniobras de exploración o extracción.

A partir de ese marco, Stornelli no limitó la pesquisa a una única hipótesis delictiva. En el requerimiento señaló: “Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial, sin descartarse en esta instancia, tal como así lo sugiere el funcionario denunciante y conforme el devenir del proceso, la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.

El caso, además, se inscribe en una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en una cadena nacional emitida al 3 de septiembre, centrada en la cuestión Malvinas y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona. En ese mensaje, el mandatario anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales y puso el foco, entre otros proyectos, en Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno avanzó con el fortalecimiento del esquema sancionatorio previsto por la Ley 26.659 y con la centralización de actuaciones en la Cancillería. En ese contexto se dictó el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento específico para tramitar eventuales infracciones.

En cuanto a las medidas de prueba, la fiscalía reclamó a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, además de documentación sobre la constitución, objeto, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum. También solicitó informes que permitan reconstruir los actos concretos atribuidos a la empresa, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Por otra parte, requirió a la Jefatura de Gabinete que informe si existen denuncias, expedientes u otras actuaciones por posibles actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la petrolera desde 2012. Al Ministerio de Seguridad le encomendó verificar si alguna de las fuerzas bajo su órbita registró actuaciones vinculadas con exploración, explotación u otras tareas hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas y, en caso afirmativo, individualizar eventuales intervenciones judiciales.

La fiscalía procuró, además, determinar si existen antecedentes vinculados con la compañía en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.

Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta al exterior. El fiscal Stornelli solicitó librar un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal internacional para obtener información societaria completa de Desire Petroleum, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y reunir documentación sobre las licencias concedidas para operar en la zona. La medida alcanza también al Grupo Rockhopper. En una etapa posterior, planteó recabar información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las sociedades investigadas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público pidió consultar otra causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada el 7 de septiembre, que tramita ante el Juzgado Federal N° 12 y que, según informó Cancillería, guarda relación con el caso Desire Petroleum. La finalidad es establecer si ese expediente contiene información o pruebas útiles para esta pesquisa.

Este lunes cerró el plazo para presentar ante la Junta Electoral, con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), las listas que competirán en las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esos comicios, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

La elección se realizará en todo el país bajo la modalidad de distrito electoral único. Quienes resulten electos pasarán a integrar un cuerpo compuesto por 20 miembros que, entre otras funciones, interviene en la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Los comicios marcarán además el final del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes que habían quedado tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.

Entre las nóminas presentadas este mediodía aparecen Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal, integradas por dirigentes de instituciones profesionales, funcionarios y abogados con trayectoria en distintos ámbitos de la política judicial.

Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista está encabezada como primer candidato titular por Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y desarrolló parte de su trayectoria en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.

Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La abogada está ligada a Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, y al espacio de Abogados en Acción.

La conformación de la lista reunió a sectores que venían negociando por separado antes del cierre de candidaturas. En ese armado aparecería la influencia del dirigente Daniel Angelici, a través de nombres vinculados al radicalismo porteño y a la política colegial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña y actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

Abogacía por la Libertad

Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.

Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria colegial e identificación con La Libertad Avanza, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Entre los suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán y ex apoderado de La Libertad Avanza en esa provincia; y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo y apoderada de la lista.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.

En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los restantes lugares titulares corresponden a Julia Toyos, de Salta y presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa provincia, y Andrés Abramovich, actual vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes; y Marcelo Alvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de San Juan.

Uno de los articuladores de la lista fue Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), con antecedentes como presidente del Consejo de la Magistratura porteño, legislador de la Ciudad y funcionario durante la presidencia de Alberto Fernández.

Abogacía Federal

Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, encabeza como primer candidato titular la lista de Abogacía Federal. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y tiene una extensa trayectoria dentro de la colegiación bonaerense. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.

Fuentes que siguen de cerca el proceso electoral atribuyeron la conformación de Abogacía Federal a un acuerdo entre sectores vinculados a Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, que confluyeron en la presentación de la nómina.

Los otros candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, abogada cordobesa con antecedentes en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal del Colegio de Abogados de Rosario y ex presidente de esa institución; y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial.

Este lunes 14 de septiembre, a las 13.30, vencerá el plazo para presentar las listas que competirán por los cuatro lugares reservados a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección se realizará el 20 de octubre en todo el país y definirá a los representantes titulares y suplentes del sector para el período 2026-2030.

Los cuatro cargos que se pondrán en juego forman parte de un Consejo integrado por 20 miembros, que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos a jueces nacionales y federales y en el tratamiento de denuncias disciplinarias contra magistrados. Además de los representantes de la abogacía, lo componen el presidente de la Corte Suprema, cuatro jueces, ocho legisladores nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.

Actualmente, la representación de los abogados está en manos de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos lugares serán los que se renueven en la elección de octubre.

Para elegir a sus sucesores está convocado un padrón de alrededor de 180 mil abogados y abogadas con matrícula federal. En agosto, la Junta Electoral informó que el registro provisorio reunía 183.736 electores distribuidos en 96 lugares de votación. La elección se organiza como un distrito único nacional, es decir, los votos emitidos en las distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se computarán dentro de una misma elección para distribuir los cuatro cargos.

El sufragio será individual, personal, voluntario y secreto. Podrán votar quienes integren el padrón definitivo y cada elector deberá hacerlo en la mesa en la que figure inscripto. La jornada se desarrollará de 9 a 18 y cada votante elegirá una de las listas oficializadas.

Antes de llegar a esa instancia, las agrupaciones deberán superar el primer límite del calendario: el cierre de candidaturas del lunes. Cada lista debe presentar cuatro candidatos titulares y sus respectivos suplentes. Entre los titulares tiene que haber por lo menos dos mujeres, al menos dos abogados de la matrícula federal del interior del país y como mínimo uno de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina completa debe respetar además la alternancia de género.

También deberán acompañar el respaldo de al menos 1.000 abogados incluidos en el padrón, domiciliados en un mínimo de cinco jurisdicciones correspondientes a diferentes Cámaras Federales de Apelación. Un mismo adherente no puede avalar más de una lista. La documentación deberá presentarse personalmente, a través de los apoderados o de alguno de los candidatos, en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en Avenida de Mayo 651.

Uno de los temas que atravesó la previa fue la discusión por la reelección de actuales integrantes del Consejo. Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez habían promovido un planteo judicial para que se definiera si podían volver a postularse y qué régimen de reelección correspondía aplicarles. De la Torre desistió posteriormente de esa acción, mientras que Vázquez sostuvo el reclamo.

El cierre de listas del lunes no definirá automáticamente la oferta electoral. A partir del martes 15 de septiembre, los apoderados de las agrupaciones y la propia Junta Electoral podrán formular observaciones e impugnaciones a las candidaturas presentadas. Luego habrá plazo hasta el 26 de septiembre para responder esos planteos y subsanar los errores que puedan corregirse. La oficialización definitiva está prevista para el 30 de septiembre y, si alguna controversia llega a la Justicia, el cronograma contempla una instancia posterior hasta comienzos de octubre.

La conducción del proceso, en efecto, está a cargo de una Junta Electoral integrada por ocho miembros: cinco designados por la FACA y tres por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La preside Gisela Hörisch Palacio, acompañada por Raúl Franco como vicepresidente y Daniel Fernando Baraglia como secretario. El cuerpo controla la presentación y oficialización de las listas, los padrones, el desarrollo de los comicios y, finalmente, la proclamación de los ganadores.

El cronograma prevé que, después de la oficialización de las candidaturas, las agrupaciones impriman sus boletas entre el 6 y el 10 de octubre. El 20 de ese mes, una vez cerradas las mesas a las 18, comenzará el escrutinio provisorio. El recuento definitivo, la distribución de los cuatro lugares y la proclamación están previstos para el 27 o 28 de octubre.

Hasta el vencimiento del período para la reserva de nombres, se habían registrado once presentaciones de agrupaciones con intención de competir. Entre ellas aparecen Espacio Abierto de la Abogacía, Unión Federal por la Libertad, Abogacía por una Justicia Independiente, Abogacía por la Libertad, Abogacía Federal, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía en Acción, Agrupación 29 de Agosto y Compromiso con la Abogacía.

Hubo además dos reservas bajo la denominación Abogacía por una Justicia Independiente y similitudes entre los nombres Unión Federal por la Libertad y Abogacía por la Libertad, lo que motivó la intervención de la Junta Electoral para procurar una definición antes de la presentación formal.

Por detrás de esas presentaciones, las negociaciones continuaron durante los últimos días. Según fuentes que siguen de cerca el proceso electoral, uno de los armados en conversación reúne a Abogados en Acción, el espacio de la consejera de la Torre, con terminales en el PRO, con sectores vinculados a Alberto Biglieri, de extracción radical, y referentes de distintos colegios profesionales. En paralelo, el dirigente peronista Juan Manuel Olmos aparece como uno de los articuladores de un espacio donde circula como posible candidata la abogada cordobesa Tati Demarchi Arballo, vinculada a la Agrupación de Abogacía Transformadora.

A su vez, Diego Molea, ex consejero de la Magistratura y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, impulsa otro armado en el que aparece mencionado Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba. En paralelo, Luis Palomino, concejal de Vicente López por La Libertad Avanza, asoma como un nuevo actor con intención de competir.

Así las cosas, el panorama definitivo comenzará a despejarse este lunes, cuando se conozca cuáles de esos espacios lograron formalizar sus candidaturas, cuáles resolvieron competir por separado y qué acuerdos o confluencias terminaron de concretarse de cara a la elección.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el intento de Jorge Oscar Chueco de llevar ante la Corte Suprema la discusión sobre la multa de casi USD 220 millones que le fue impuesta en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario de su defensa y dejó vigente, en esta instancia, la sanción fijada por el Tribunal Oral Federal N° 4, que deberá abonarse en pesos según la cotización oficial del dólar al momento del pago.

La resolución fue dictada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El planteo había sido presentado contra el fallo del 17 de junio pasado, cuando la misma Sala rechazó el recurso de casación de Chueco y confirmó el monto de la multa en su contra.

La sanción, en rigor, había sido establecida el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N° 4 en el equivalente a USD 219.491.466,76. El tribunal dispuso que la cifra se convierta a moneda nacional conforme “la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago” y ordenó que sea abonada dentro de los diez días posteriores a que la decisión quede firme.

La suma equivale a cuatro veces los USD 54.872.866,69 considerados como parte del dinero lavado. La defensa cuestionó tanto ese cálculo como el mecanismo de conversión a pesos y manifestó que la decisión afectaba el principio de legalidad y el debido proceso.

El planteo había llegado por primera vez a Casación en marzo, cuando la Sala IV habilitó la revisión de la multa. Tres meses después, el tribunal rechazó ese recurso y mantuvo la sanción. Frente a esa decisión, la Defensa Pública Oficial presentó un nuevo recurso, esta vez extraordinario, para intentar abrir la instancia ante la Corte Suprema.

Los jueces Carbajo y Hornos consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos para acceder ante la máxima instancia judicial. En ese marco, señalaron que quien pretende llegar a esa instancia debe “refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada” y demostrar que la resolución cuestionada resulta contraria a los derechos federales invocados.

También concluyeron que “no se advierte que la sustancia de los planteos” de la defensa involucrara una cuestión federal debidamente fundada o un supuesto de arbitrariedad que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención de la Corte.

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, había propiciado que el recurso fuera admitido. El camarista Borinsky coincidió parcialmente con esa postura.

El juez consideró que la mayoría de los agravios no habilitaban la vía extraordinaria porque remitían a cuestiones de hecho, prueba, derecho procesal o derecho común. Sin embargo, entendió que debía hacerse una excepción con el planteo sobre la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.

Ese cuestionamiento está vinculado con el Decreto 274/2025, que derogó la autorización que permitía a la UIF actuar como parte acusadora en procesos penales. Para Borinsky, la cuestión podía generar “un agravio de imposible reparación ulterior” y planteaba una discusión federal vinculada con la división de poderes. Por eso propuso conceder el recurso únicamente sobre ese punto, aunque su posición quedó en minoría.

La causa conocida como Ruta del Dinero K investigó maniobras de lavado de activos vinculadas con el empresario Lázaro Báez y su entorno, que incluyeron operaciones financieras y transferencias de dinero al exterior a través de distintas sociedades. En ese expediente se tuvo por acreditado el lavado de al menos USD 55 millones.

Chueco fue abogado de Austral Construcciones y apoderado de Helvetic Service Group, sociedad que intervino en la adquisición de SGI, la financiera conocida como La Rosadita. En 2023, Casación redujo su condena de ocho a seis años de cárcel, pena que luego quedó firme.

Con la decisión de este viernes, la multa continúa vigente en esta instancia, aunque la defensa todavía puede intentar llegar a la Corte mediante una queja directa.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) resolvió que la sucesión de Samuel Liberman, un empresario argentino y pionero de la televisión por cable en el país, deberá continuar ante los tribunales locales. El máximo tribunal porteño revocó una decisión de la Cámara Civil que había considerado competente a la Justicia de Panamá y concluyó que, pese al domicilio que había fijado formalmente en ese país años antes, la última etapa de su vida transcurrió en Buenos Aires y ese dato resultaba decisivo para definir dónde debía tramitarse la sucesión.

La controversia surgió a partir de posiciones enfrentadas entre sus hijos. Franco Liberman Rocca sostuvo que el juicio sucesorio debía tramitar en la Argentina, mientras que sus hermanos Guillermo Javier Liberman, Analía Liberman Gadda y Liliana Liberman defendieron la competencia de los tribunales panameños.

Liberman había nacido el 19 de mayo de 1932 y murió a los 92 años. Fue fundador de Video Cable Comunicación (VCC), una de las empresas pioneras de la televisión por cable en la Argentina, que llegó a superar los 600.000 abonados. Su actividad también estuvo vinculada al desarrollo de señales satelitales y a la expansión del negocio audiovisual durante las décadas de 1980 y 1990.

Además, desarrolló emprendimientos en otros sectores. Entre las décadas de 1960 y 1970 representó en América Latina marcas japonesas de relojes y luego incursionó en la producción y comercialización de flores. Más tarde participó en negocios hípicos, alimenticios, hoteleros e inmobiliarios: desarrolló el Park Hyatt Mendoza y el Grand Hyatt São Paulo, y años después volvió a invertir en bienes raíces, entre ellos un edificio de oficinas en Ciudad de Panamá.

En 2002, Liberman había declarado su cambio de domicilio a Panamá. Sin embargo, el expediente incorporó elementos sobre su permanencia en Buenos Aires durante la última etapa de su vida. Según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, estuvo en la Argentina entre junio y noviembre de 2022 y luego desde el 30 de julio de 2023 hasta su fallecimiento, ocurrido el 20 de julio de 2024. Murió en Argentina y fue sepultado en el Cementerio de La Tablada.

Con ese cuadro, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 99 se declaró competente en marzo de 2025. Consideró que el domicilio de Panamá consignado en el certificado de defunción no bastaba, por sí solo, para establecer cuál había sido el último domicilio efectivo del empresario.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sin embargo, tomó una posición distinta y revirtió esa decisión el 6 de agosto de 2025. Aplicó el artículo 2643 del Código Civil y Comercial, según el cual la sucesión corresponde a los jueces del último domicilio del fallecido. Como no se habían acreditado bienes inmuebles en la Argentina, ese punto resultaba decisivo para establecer qué Justicia debía intervenir.

Para ubicar el domicilio en Panamá, la Cámara porteña valoró escrituras vinculadas con el cambio realizado en 2002, constancias fiscales, disposiciones de última voluntad de 2014, 2015 y 2019, documentación personal, registros bancarios y un informe del médico que había tratado a Liberman.

A partir de esa revocación, Franco Liberman Rocca recurrió el fallo. Entre sus argumentos, alegó que la decisión afectaba garantías constitucionales y también su derecho a la legítima hereditaria, es decir, la porción de la herencia que la legislación argentina reserva obligatoriamente a determinados familiares. Tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, acudió en queja ante el TSJ.

Al revisar ese recorrido, las juezas Inés Weinberg y Alicia Ruiz consideraron que el caso involucraba cuestiones vinculadas con el debido proceso, el acceso a la Justicia y normas argentinas de orden público. Para definir la competencia, ponderaron que Liberman había nacido en la Argentina, vivido en Buenos Aires durante los últimos casi dos años de su vida, fallecido en el país y sido enterrado allí.

“Estas circunstancias son determinantes para concluir que el proceso sucesorio debe tramitar ante la justicia argentina en tanto el último domicilio del causante fue en Buenos Aires, Argentina”, sostuvieron.

En la misma línea, explicaron que el domicilio “es una residencia calificada que comprende la residencia de una persona en un lugar determinado con intención de permanecer allí y establecer su domicilio. La residencia es un requisito imprescindible, pero la ausencia temporaria no hace perder el domicilio”.

El juez Luis Francisco Lozano coincidió con la solución y cuestionó que la Cámara Civil hubiera dado mayor peso a documentación anterior sin valorar suficientemente los elementos más cercanos al fallecimiento, entre ellos el informe de Migraciones. En su voto planteó que la Cámara había omitido “el lugar donde el causante falleció” y remarcó que, ante la falta de certeza sobre el domicilio, debía considerarse la residencia habitual y, en su defecto, la simple residencia.

Bajo ese parámetro, concluyó que “los hechos tenidos por probados por la primera instancia, no desechados por el a quo, ordenados según las reglas contenidas en el art. 2613 arrojan como resultado que el último domicilio del causante era en Buenos Aires”.

Con esos fundamentos, el TSJ admitió la queja, revocó el fallo de la Cámara y ordenó que la sucesión de Liberman continúe tramitando ante la Justicia argentina.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó apartar al juez Mariano Hernán Borinsky de una causa en la que se investiga si fondos provenientes de préstamos otorgados por el banco ruso VTB Bank fueron desviados de su destino y luego utilizados en operaciones e inversiones en la Argentina. El expediente, iniciado en 2016 y con ocho imputados, regresó a esa sala después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el fallo que había confirmado sus sobreseimientos y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento.

La decisión fue adoptada por los camaristas Javier Carbajo y Alejandro Slokar. Las defensas de los ocho imputados habían solicitado apartar al juez Borinsky porque en 2019 votó en disidencia contra el cierre de la investigación en curso. Sus colegas entendieron ahora que aquella intervención no implicó una opinión sobre la responsabilidad penal de los acusados ni sobre las cuestiones de fondo que deberán ser revisadas.

La causa comenzó en 2016, cuando VTB Bank -el segundo mayor banco ruso- presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La investigación buscó determinar si dinero relacionado con préstamos concedidos en Rusia fue apartado del destino previsto y posteriormente canalizado hacia la Argentina mediante distintas operaciones patrimoniales.

Según la hipótesis de la querella, préstamos por aproximadamente USD 180 millones concedidos en Rusia a un grupo de empresas cuyo beneficiario final habría sido Alexander Yacovlevich Katunin fueron desviados de la finalidad para la que habían sido otorgados. Parte de esos fondos habría sido utilizada posteriormente en operaciones e inversiones realizadas en el país.

La investigación alcanzó a Alexander Yacovlevich Katunin, Tatiana Katunina o Sliousarenko, Vladimir Aleksandrovich Katunin, Dolores Ortiz Basualdo, Martín José Caselli, Patricia Susana López Aufranc, Alejandro Moyano Walker y Martín Seré.

Entre las operaciones analizadas figuró la adquisición de la Estancia Mamul, ubicada en Chubut. Se trata de un campo de unas 20 mil hectáreas, en los bordes del Lago Rosario, cuya compraventa quedó vinculada al denominado “caso Mamul”. La hipótesis planteada por VTB Bank sostuvo que dinero proveniente de uno de los créditos otorgados en Rusia había sido empleado para adquirir el inmueble. En el expediente también quedaron bajo análisis sociedades, movimientos de capital y otras adquisiciones de bienes vinculadas con las personas investigadas.

Uno de los ejes de la discusión judicial fue la acreditación del denominado delito precedente del lavado de activos, es decir, el ilícito del cual habría provenido el dinero luego incorporado a las operaciones investigadas en la Argentina.

El 21 de junio de 2018, la jueza federal María Romilda Servini sobreseyó a los imputados. Entre sus argumentos consideró que el presunto fraude cometido en Rusia, señalado como antecedente del supuesto lavado, no había sido denunciado penalmente en ese país ni en otra jurisdicción extranjera. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó posteriormente esa decisión.

VTB Bank recurrió ante el máximo tribunal penal del país y, el 19 de febrero de 2019, la Sala IV confirmó los sobreseimientos por mayoría. Los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso de la querella al considerar que no estaban configurados los elementos del delito investigado.

Borinsky votó en disidencia y propuso anular los sobreseimientos y devolver el expediente para que continuara su trámite, al considerar prematura la desvinculación definitiva de los imputados. En ese sentido, remarcó que aún quedaban medidas de prueba pendientes y que no se había alcanzado el grado de certeza negativa necesario para cerrar la pesquisa.

Frente a esa novedad judicial, la querella llevó el caso a la Corte Suprema. Allí, el 11 de junio pasado, el máximo tribunal declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de Casación por “arbitrariedad” y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Según precisó ahora la Sala IV, entre los temas que deberán ser examinados aparecen el estándar probatorio aplicable al delito precedente, la valoración de la prueba indiciaria y la suficiencia de la denuncia presentada ante la PROCELAC como acreditación del delito previo.

Cuando el expediente regresó a Casación, Hornos presentó su excusación porque había integrado la mayoría que confirmó los sobreseimientos en 2019 y había emitido una valoración sobre el mérito de la imputación. Su apartamiento fue aceptado en julio.

Las defensas plantearon entonces que Borinsky debía quedar fuera del caso por motivos similares. También sostuvieron que la expresión “por quien corresponda”, utilizada por la Corte al ordenar una nueva sentencia, debía interpretarse como una indicación para que la resolución fuera dictada por magistrados distintos de quienes ya habían intervenido.

Al responder las recusaciones en el informe que presentó hace una semana, el camarista recusado negó haber adelantado opinión sobre el fondo del caso y sostuvo que “nada dije sobre la responsabilidad penal de los encausados en el caso, toda vez que no emití juicio alguno sobre si los hechos investigados constituían o no el delito de lavado de activos investigado, no me pronuncié sobre el estándar probatorio aplicable al delito precedente ni valoré la prueba obrante en la causa para concluir en ninguna dirección, limitándome a sostener que era prematuro clausurar definitivamente el proceso cuando aún había diligencias pendientes y el cuadro probatorio no permitía alcanzar la certeza negativa requerida”.

El juez Carbajo coincidió con esa distinción. Consideró que el voto anterior de Borinsky se había limitado a examinar si estaban dadas las condiciones procesales para disponer los sobreseimientos, sin pronunciarse sobre la responsabilidad de los imputados. También diferenció su situación de la de Hornos, quien había expresado una valoración sobre el mérito de la imputación.

Respecto de la orden de la Corte, Carbajo sostuvo: “Dicha fórmula se agota en la remisión de las actuaciones al tribunal competente para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido”.

La defensa del imputado Alejandro Moyano Walker agregó un planteo relacionado con decisiones de trámite adoptadas por Borinsky luego de que el expediente regresara de la Corte. Carbajo consideró que fueron actos ordenatorios que no implicaron un pronunciamiento sobre el fondo de la causa ni sobre las recusaciones.

Sobre el temor de parcialidad invocado por las defensas, concluyó que “no exhibe circunstancia objetiva alguna que, razonablemente valorada, permita sustentar mínimamente la sospecha alegada”.

El camarista Slokar coincidió en lo sustancial con los fundamentos de Carbajo. Con esa integración, la Sala IV de Casación resolvió rechazar las recusaciones contra Borinsky, con costas, y tener presente la reserva del caso federal.

La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de las defensas de Julio De Vido y otros acusados y dejó en pie la actualización de los embargos dispuesta en una causa que investiga presuntas irregularidades y sobreprecios en contrataciones vinculadas con la puesta en marcha de la Televisión Digital Abierta.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. El planteo llegó a esa instancia después de que el Tribunal Oral Federal N°4 fijara en $106.056.499,41 el embargo correspondiente a cada uno de los ocho acusados alcanzados por la medida.

El TOF 4 había actualizado el monto el 5 de junio pasado. Los embargos originales fueron dispuestos en marzo de 2024 -y en abril de ese año para De Vido- y el tribunal entendió que debían adecuarse frente al proceso inflacionario y la depreciación monetaria. Para el cálculo tomó como referencia los índices históricos del IPC difundidos por el INDEC.

Según reseñó el máximo tribunal penal del país al analizar el caso, la actualización solicitada por el Ministerio Público Fiscal no implicaba imponer una nueva medida cautelar ni modificar la naturaleza del embargo ya vigente.

El juez Slokar sostuvo que los recurrentes limitaron sus planteos a “meros juicios discrepantes con el decisorio” y que no lograron desvirtuar los fundamentos del tribunal oral. También señaló que “no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” que justificara la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

El camarista Petrone coincidió con esa solución y explicó que una resolución que modifica el monto de una medida cautelar no constituye, como regla, una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella. Recordó que la doctrina de la Corte Suprema admite excepciones cuando existe una cuestión federal suficiente junto con un perjuicio irreparable, extremos que consideró ausentes.

Su colega Barroetaveña adhirió sustancialmente a ese criterio y la Sala declaró inadmisibles los recursos.

El origen de la causa

El expediente comenzó en 2016 y tiene su origen en convenios celebrados entre el entonces Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para desarrollar infraestructura y adquirir equipamiento destinado al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

El eje de la investigación es un convenio de cooperación firmado en 2011 para implementar el Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales, financiado con fondos del Ministerio.

La acusación fiscal sostiene que, a través de esos convenios, se habrían aprobado ampliaciones presupuestarias y contrataciones por valores superiores a los de mercado, además de prestaciones que habrían sido pagadas sin haberse ejecutado.

Una de las operaciones analizadas fue la compra, por parte de la UNSAM y por cuenta del Ministerio, de equipamiento a Sistemas de Video Comunicación S.A. Entre esos elementos figuraba un estudio de captura digital de movimientos, conocido como MoCap, de la marca Vicon.

De acuerdo con las actuaciones, el valor total aprobado y contratado alcanzó los $330.369.253,06, mientras que el valor de mercado habría sido de $211.457.163,19. La diferencia calculada fue de $118.912.089,87, equivalente al 56,23%, de acuerdo con un peritaje incorporado a la causa.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también elaboró un informe que, según sostuvo la Cámara Federal en 2024, detectó “diversas irregularidades, inconsistencias y violaciones normativas” en la actuación conjunta del Ministerio y la universidad.

Quiénes son los acusados

A De Vido, entonces ministro de Planificación Federal, se le atribuyó haber intervenido en distintas etapas del proyecto. La Cámara Federal sostuvo al procesarlo que “la prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra”, incluidas las adendas que ampliaron el presupuesto.

En mayo de 2025, Casación confirmó su procesamiento y valoró, entre otros elementos, la declaración de Luis Alberto Vitullo, exsecretario del Consejo Asesor del Ministerio, quien señaló que De Vido había intervenido en decisiones vinculadas con “la puesta en marcha del proyecto, la aprobación del presupuesto y sus ampliaciones”.

Por el lado del Ministerio, además de De Vido, está procesado Vitullo. En representación de la UNSAM aparecen Carlos Rafael Ruta, entonces rector; Raúl Eugenio Pieroni, arquitecto y director de obra designado por la universidad; y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de esa casa de estudios. Todos ellos fueron procesados como presuntos coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

También fueron procesados Horacio Hernán Pérez y Martín Diego Ramírez, vinculados a Urban Baires, empresa encargada de la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, presidente de Sistemas de Video Comunicación, como presuntos partícipes necesarios.

El recorrido judicial

La causa estuvo originalmente a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien en abril de 2018 citó a indagatoria a De Vido y a otros funcionarios, autoridades universitarias y empresarios. En aquella resolución sostuvo que “por tales obras y productos fueron abonadas sumas muy superiores a las que correspondía a su precio de mercado”.

Tras la muerte de Bonadio, el expediente pasó por las subrogancias de Marcelo Martínez De Giorgi y luego Julián Ercolini. En marzo de 2024, Ercolini procesó a siete de los acusados y sobreseyó a De Vido.

La fiscalía de Carlos Rívolo apeló. Un mes después, la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento y procesó al exministro. Roberto Boico votó en disidencia.

En mayo de 2025, la Sala I de Casación confirmó el procesamiento. En marzo de este año, la Corte Suprema rechazó una queja de De Vido porque no estaba dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable.

El expediente llegó después al Tribunal Oral Federal N°4, donde tramita la etapa previa al juicio. Allí se actualizaron los embargos de los ocho acusados y se los intimó a ofrecer bienes o dinero para cubrirlos; en caso contrario, continuarán vigentes las inhibiciones generales de bienes dispuestas durante el proceso.

El Poder Judicial de la Nación tiene proyectado para el próximo año una partida de $4.475 millones destinada a cubrir 614 cargos en tribunales y dependencias creados por ley que todavía están pendientes de habilitación. El listado, en rigor, incluye nuevos juzgados federales, oficinas judiciales vinculadas con la implementación del sistema acusatorio y estructuras en distintas provincias del país.

La información surge de la Acordada 22/2026 de la Corte Suprema, firmada recientemente por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A través de esa resolución, el máximo tribunal remitió al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos del Poder Judicial para 2027 e incorporó el anteproyecto elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución 154/2026.

La Corte fijó además su propio presupuesto para el próximo ejercicio en $495.049 millones, con una planta de 4.732 cargos, y remitió por separado las previsiones correspondientes al Consejo de la Magistratura para el resto del Poder Judicial.

Dentro de ese segundo presupuesto, los gastos en personal ascienden a unos $2,69 billones. De ese total, $4.475.583.638 corresponden al apartado “Tribunales creados por ley”, que reúne estructuras cuya creación ya fue aprobada normativamente pero que todavía requieren personal para comenzar a funcionar.

Los 614 cargos comprenden jueces, secretarios, prosecretarios, jefes de despacho, oficiales, escribientes y otros empleados judiciales.

Uno de los bloques corresponde al fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe, para el que se contemplan 14 cargos de magistrados: seis jueces de Cámara y ocho jueces de primera instancia.

También se incluyen distintas oficinas judiciales vinculadas con el sistema acusatorio, que tienen a su cargo tareas administrativas, organización de audiencias, logística y gestión de los casos. Uno de esos conjuntos prevé 96 cargos para estructuras que prestarán servicios ante la Cámara Federal de Apelaciones, el tribunal federal de juicio y los juzgados federales de garantías de Paraná, Posadas, Tucumán, Córdoba, San Martín y La Plata, entre otras jurisdicciones.

En esas dependencias se presupuestaron puestos de secretarios de juzgado con funciones específicas de administración y logística, atención al público y gestión de casos, además de prosecretarios administrativos, jefes de despacho, oficiales, escribientes y personal de apoyo.

El proyecto también incorpora estructuras para la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires. Para las oficinas judiciales ante los juzgados nacionales de garantías se contemplan 80 cargos. A su vez, aparecen dotaciones destinadas a los tribunales nacionales de juicio, los juzgados de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución.

Otro bloque corresponde al fuero de Relaciones de Consumo, creado por ley pero todavía pendiente de una puesta en funcionamiento integral. El presupuesto prevé 28 cargos para un tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo y otros 80 puestos para ocho juzgados nacionales de primera instancia.

Nuevos juzgados en las provincias

La planificación contempla además personal para tribunales federales creados en distintos puntos del país. El Juzgado Federal de Libertador General San Martín, en Jujuy, tiene previstos 20 cargos, entre ellos un juez de primera instancia, secretarios, prosecretarios y empleados.

Para el Juzgado Federal de General Pico, La Pampa, se proyectaron 17 puestos; para el Juzgado Federal N° 3 de Clorinda, Formosa, otros 22; y para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, 16.

A ese conjunto se suman 16 cargos para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y 24 para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz. En este último caso, la estructura prevista incluye tres jueces de Cámara y cuatro secretarios, además de funcionarios y empleados.

El anexo incorpora asimismo dependencias que no funcionan como tribunales tradicionales. Entre ellas aparece la Policía Judicial, para la que se presupuestaron 54 cargos, entre ellos un subdirector general y personal destinado a tareas de investigación judicial.

También figura la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima, con siete puestos, entre ellos cargos profesionales de abogado, asistente social y psicólogo. A ello se agregan estructuras vinculadas con ejecución penal, informática y archivo.

El documento diferencia expresamente estos 614 cargos de “tribunales creados por ley - a habilitar” de otros 541 puestos correspondientes a órganos que también fueron creados normativamente, pero que ya se encuentran “en proceso de ocupación”.

En tanto, el presupuesto remitido por la Corte será incorporado por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que luego será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. La discusión comenzará en la Cámara de Diputados y, si obtiene media sanción, continuará en el Senado.

Familiares de tripulantes del ARA San Juan, representados por el abogado Luis Tagliapietra, presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos, dejar sin efecto la sentencia y ordenar un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La impugnación concentró sus cuestionamientos en la falta de pericias que la querella consideró indispensables, la actuación de la jueza federal Marta Isabel Yáñez durante la instrucción, las restricciones que atribuyó a los magistrados durante las audiencias y la competencia territorial bajo la cual se desarrolló la causa.

Tagliapietra, cuyo hijo Alejandro integraba la dotación, recurrió por derecho propio y como abogado de otros familiares. Su presentación cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que absolvió por unanimidad a Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa y condenó por mayoría a Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Al momento de los hechos, los cuatro ocupaban diferentes escalones dentro de la cadena de mando de la Armada. El contraalmirante Luis López Mazzeo era titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); el capitán de navío Claudio Villamide comandaba la Fuerza de Submarinos (COFS) y ejercía el control operativo de sus unidades; el capitán de navío Héctor Alonso se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata Hugo Correa era jefe del Departamento Operaciones. Al frente del ARA San Juan estaba el capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

La condena a Villamide dividió al tribunal. Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto conformaron la mayoría, mientras que Luis Alberto Giménez votó por absolverlo. Entre las cuestiones que atravesaron esa diferencia apareció un tramo de la última navegación que no pudo reconstruirse: qué ocurrió dentro del submarino entre el último contacto registrado, a las 8.36 del 15 de noviembre de 2017, y la implosión detectada a las 10.51.

El recurso de Tagliapietra llevó la discusión hacia una etapa anterior. Su postura fue que la causa llegó a juicio sin haberse agotado medidas de prueba ordenadas años antes y que ese déficit, sumado a las irregularidades que denunció durante el debate, comprometía su validez completa.

“Se impetra este recurso solicitando la revocación de la sentencia de marras, la nulidad del juicio oral y público porque los Sres. Jueces del Tribunal no han atendido, ni previo, ni durante el debate, y más aún, en su propia sentencia, a las garantías y derechos Constitucionales que salvaguardan el proceso y los derechos, tanto de las víctimas como de los acusados”, expresó al reclamar un juicio de reenvío ante otra jurisdicción.

Las pericias pendientes

Uno de los principales agravios se remontó al 19 de noviembre de 2020, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que la investigación continuara y ordenó una serie de diligencias antes de que se diera por concluida la instrucción penal.

La resolución contempló una pericia técnico-informática sobre el material fílmico y el mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del ARA San Juan por Ocean Infinity. También ordenó conformar un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, con profesionales designados por el tribunal, el Ministerio de Defensa, la Armada, las defensas y las querellas. Los puntos periciales debían ser fijados por el juzgado y podían ser propuestos por las partes.

Tagliapietra afirmó que esas disposiciones no fueron cumplidas en su totalidad.

“Sin fundamento alguno, y sin mediar impedimentos técnicos, económicos o de ninguna otra índole, la justicia de instrucción INCUMPLIÓ con este mandato de su superior”, escribió. De acuerdo con su posición, quedaron sin producirse elementos que calificó como “fundamentales para la averiguación de la verdad objetiva”.

El cuestionamiento alcanzó directamente a Yáñez, titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia. La querella afirmó que “la jueza a cargo OPTÓ por no producir la prueba” pese a que, según el recurso, se habían puesto a disposición especialistas e instituciones estatales nacionales y extranjeras con capacidad para intervenir.

La falta de esas diligencias explicó, según surgió del recurso de casación al que tuvo acceso Infobae, por qué la querella no presentó un requerimiento propio de elevación a juicio. Tagliapietra se había opuesto a la clausura de la instrucción al considerar que aún quedaban pericias pendientes y que tampoco había concluido la investigación respecto de todos los posibles responsables. En ese contexto, entendía que resultaba contradictorio sostener que la pesquisa seguía incompleta y, al mismo tiempo, solicitar formalmente que el expediente fuera llevado a juicio.

En ese tramo dejó una de las expresiones más críticas de la presentación. Al referirse a la insistencia de la querella para completar las medidas pendientes, sostuvo que a “esta parte, tal vez a diferencia de otras, le interesa e importa LA VERDAD”. Luego vinculó la falta de esas diligencias con lo ocurrido posteriormente y advirtió que esa situación podía derivar —“o lo que devino”, escribió— en un beneficio de la duda que, a su criterio, no obedecía a los hechos imputados ni a la participación de los acusados, sino a una “orfandad probatoria espuria”.

Tagliapietra aseguró que volvió sobre el asunto antes del comienzo de las audiencias y solicitó que el debate no avanzara en esas condiciones. El tribunal rechazó el planteo.

“Esta falta de producción probatoria (...) generó o devino en un debate oral y público carente de prueba fundamental para determinar la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados y otros”, advirtió. Por ese motivo, reclamó que cualquier nuevo juicio se realizara una vez producida la totalidad de las medidas que todavía resultaran factibles.

La controversia tuvo su correlato durante el proceso oral. A lo largo del juicio se incorporaron informes de comisiones técnicas, documentación naval, imágenes obtenidas después del hallazgo, información del fabricante alemán, registros internacionales y declaraciones de numerosos submarinistas y especialistas. También se discutió el alcance de las evaluaciones técnicas reclamadas por las partes.

La instrucción había realizado gestiones tendientes a obtener cooperación internacional para algunos estudios. Sin embargo, la objeción de Tagliapietra se concentró en las medidas específicamente dispuestas por la Cámara de Comodoro Rivadavia y, en particular, en el cuerpo técnico interdisciplinario cuya conformación había ordenado el tribunal de alzada.

“Al día de la fecha continuamos sin siquiera conformarse tal equipo pericial”, sostuvo en el recurso. También rechazó que hubiera existido una imposibilidad material definitiva para hacer los estudios: afirmó que no se ofició debidamente a todos los organismos nacionales y extranjeros que podían realizarlos ni fueron convocados los expertos que se habían ofrecido para participar para esclarecer los hechos.

Ese debate se conectó con uno de los límites que dejó expuesta la reconstrucción judicial de la última navegación.

Durante la noche del 14 de noviembre de 2017, el ARA San Juan informó que había ingresado agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el sector de baterías de proa, donde se produjo un cortocircuito y un principio de incendio. Desde la nave comunicaron que la situación había sido controlada, que no existían novedades en el personal y que el submarino continuaba propulsando con el circuito de popa.

El capitán Villamide habló con el comandante Fernández a las 00.58 del día siguiente, canceló la patrulla y dispuso el regreso a Mar del Plata. La modalidad de navegación quedó supeditada a la evaluación del comandante embarcado: superficie o inmersión según factibilidad.

A las 6, el submarino transmitió un reporte de situación. A las 7.19 se produjo la última comunicación telefónica con tierra y, a las 8.36, comenzó el último intento de conexión mediante el sistema Iridium, que se extendió durante varios minutos. A las 10.51 se registró el evento posteriormente asociado con la implosión.

Qué ocurrió durante ese intervalo no pudo determinarse de manera concluyente.

Las objeciones contra los jueces del debate

La decisión de no presentar requerimiento propio de elevación estuvo también en el origen de otro de los agravios que la querella llevó a Casación.

El querellante recordó que su parte había denunciado “una instrucción incompleta, sin realizar todas las pericias y sin completar la investigación sobre todos los posibles responsables”. Formular al mismo tiempo una requisitoria para abrir el juicio, señaló, habría resultado incompatible con esa posición.

Durante el debate, esa circunstancia incidió sobre las facultades reconocidas a las querellas. El abogado denunció restricciones al formular determinadas preguntas y, particularmente, al momento de exponer su alegato. En la presentación afirmó que “la grave trasgresión constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinaria se dio a la hora de expresar alegatos” y que las demás partes pudieron desarrollarlos con libertad “con excepción de las querellas”.

El planteo también cuestionó la respuesta de los jueces frente a distintas nulidades promovidas antes y durante las audiencias. Entre otros episodios, recordó el interrogatorio al capitán de fragata Omar Balbo, abogado de la Armada que formuló la denuncia inicial después de la desaparición. Según Tagliapietra, algunas intervenciones de los magistrados anticiparon posibles respuestas del testigo mientras la querella intentaba reconstruir cómo se había definido originalmente la jurisdicción.

El recurrente expresó que esos episodios, considerados junto con la prueba que entendía pendiente, no podían subsanarse mediante una modificación parcial del fallo. Su pretensión fue que se invalidara todo el juicio oral y se realizara otro luego de completar las diligencias que todavía pudieran producirse.

Por qué reclamó que interviniera Mar del Plata

La discusión territorial partió de la ley 26.261, que creó el Juzgado Federal de Caleta Olivia y fijó hacia el este su competencia sobre el Océano Atlántico “hasta las 200 millas inclusive”.

El recurso señaló que la propia Armada informó al comienzo de la investigación que la última posición reportada por el ARA San Juan se encontraba a unos 505 kilómetros de Caleta Olivia. Tagliapietra calculó esa distancia en aproximadamente 313 millas náuticas. También ubicó los restos localizados por Ocean Infinity el 17 de noviembre de 2018 a unas 248 millas náuticas de la costa, en un paralelo cercano a Comodoro Rivadavia. A partir de esos datos sostuvo que ambos puntos quedaban fuera del límite marítimo correspondiente al juzgado santacruceño.

La argumentación no se apoyó solamente en las coordenadas. El escrito enumeró decisiones y conductas investigadas que tuvieron lugar en el Edificio Libertad, sede de la Armada en la Ciudad de Buenos Aires; el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa; las bases navales de Puerto Belgrano y Ushuaia; y la Base Naval Mar del Plata.

Esta última ocupó un lugar central. Allí tenía asiento el Comando de la Fuerza de Submarinos, allí estaba destinado el ARA San Juan y desde esa estructura se impartieron decisiones operativas relacionadas con su última misión. El submarino había partido de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, recaló posteriormente en Ushuaia y debía regresar finalmente a su apostadero de origen. Después de la avería comunicada durante la madrugada del 15 de noviembre, la orden fue dirigirse nuevamente hacia ese puerto.

Tagliapietra incorporó además un argumento basado en la ley 48, que alude al juez correspondiente al primer puerto argentino “de arribo” para determinados delitos cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales. Según su planteo, el destino previsto del submarino era precisamente la Base Naval Mar del Plata.

Con todo, el cuestionamiento sobre la competencia territorial no comenzó con este recurso. Tagliapietra ya había planteado que la causa no debía tramitar en Santa Cruz, una discusión que pasó por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y posteriormente llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En octubre de 2025, la Sala IV -integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- confirmó la intervención del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La querella intentó llevar esa decisión ante la Corte Suprema, pero esta semana el máximo tribunal rechazó su recurso de queja y dejó firme lo resuelto. Pese a ese antecedente, Tagliapietra volvió a incorporar la afectación de la garantía del juez natural entre los agravios de su impugnación contra la sentencia y el desarrollo del juicio.

El abogado también cuestionó la manera en que la investigación quedó inicialmente radicada en Caleta Olivia. Al reconstruir la declaración del auditor Balbo, afirmó que el representante de la Armada explicó que había viajado hasta esa ciudad porque “creía” que allí correspondía formular la denuncia y que, al ser interrogado en el debate, manifestó no haber leído previamente la ley que delimitaba territorialmente al juzgado.

Tagliapietra calificó esa selección como un supuesto “forum shopping” y formuló acusaciones contra autoridades navales y la actuación de la Justicia de primera instancia. En el recurso recordó además que había denunciado aspectos de esa actuación ante el Consejo de la Magistratura y reprochó que, al plantear la cuestión antes del juicio, “el Tribunal se desentendió de estas gravísimas violaciones al mandato Constitucional”.

Como alternativa subsidiaria, consideró que la causa podía corresponder a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen asiento la conducción de la Armada, el Ministerio de Defensa y otras estructuras relacionadas con los funcionarios investigados. Su pedido principal, sin embargo, fue que un nuevo juicio se realizara en Mar del Plata.

Villamide también recurrió su condena

La defensa del capitán de navío retirado Claudio Javier Villamide, ejercida por Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, también presentó su propio recurso de casación. Su pretensión principal fue la absolución: primero reclamó que se declarara inválida la acusación fiscal -en manos de Gastón Pruzán- y, si ese planteo no prosperaba, que la sentencia condenatoria fuera revocada por falta de certeza. Subsidiariamente solicitó que se descartara el delito de estrago y permaneciera únicamente el incumplimiento de deberes con la pena mínima o, en última instancia, que se redujera la sanción.

La impugnación volvió sobre las dos horas y quince minutos que no pudieron reconstruirse. Sibn embargo, antes remarcó que “la acusación del Ministerio Público Fiscal debió ser anulada por el TOF, pues ha omitido una relación de hechos circunstanciada, clara, coherente y verificable fácticamente como producto de la prueba rendida en el debate”.

Luego, los defensores expresaron: “al día de hoy y después de casi nueve años de proceso judicial, un centenar de testigos, y numerosos informes de expertos, nadie sabe qué pasó; es decir, se desconocen los motivos por los cuales el Submarino se fue a pique e implosionó”.

De acuerdo a su planteo, si permanecía desconocido el acontecimiento que provocó la pérdida de control de la nave tampoco podía determinarse qué conducta previa atribuible a Villamide creó o incrementó el riesgo que finalmente desembocó en el naufragio.

Vigliero y Crespo cuestionaron también el tratamiento que la mayoría dio a la acusación del Ministerio Público. Recordaron que el propio fallo reconoció imprecisiones en la delimitación de los deberes atribuidos a cada acusado y calificó de confusa parte de esa adjudicación. La defensa objetó que Reynaldi y Baronetto invocaran luego el principio iura novit curia para, según una expresión de la propia sentencia reproducida en la apelación, “emprolijar los hechos que en forma caótica pudieran exponer las partes”. Para los abogados, los jueces terminaron incorporando reproches que no habían integrado la plataforma fáctica presentada por la Fiscalía.

Uno de esos cuestionamientos se relacionó con la actuación de Villamide durante la madrugada del 15 de noviembre. Baronetto le reprochó no haber ordenado expresamente a Fernández regresar navegando en superficie, permanecer a la espera de asistencia o disponer el envío de unidades de la Flota de Mar.

La defensa replicó que el comandante del submarino no había declarado una emergencia ni solicitado auxilio. Por el contrario, había informado que el principio de incendio estaba controlado, que la nave mantenía propulsión y que no existían novedades entre los tripulantes. Bajo esa lectura, permitir que Fernández decidiera la modalidad de navegación respondía al principio de autonomía del comandante en el mar.

Villamide había sido destituido de la Armada en 2021 por decisión de un Consejo General de Guerra, en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, que lo consideró responsable de faltas gravísimas. Entre ellas figuraron el hecho de encontrarse procesado en una causa penal y su actuación frente a la emergencia del ARA San Juan: se le reprochó no haber “recomendado enfáticamente” u ordenado al comandante Pedro Martín Fernández que regresara a puerto navegando en superficie.

La sentencia penal volvió sobre el mismo punto, en tanto el juez Baronetto cuestionó que Villamide no le hubiese ordenado al comandante del buque mantenerse y regresar en superficie. Para los defensores del imputado, “es extraño, francamente arbitrario, que a esta altura se le demande al Submarino haber permanecido en superficie. Esto es claramente un razonamiento contra fáctico o, en términos coloquiales, ‘con el diario del lunes’”.

Y agregaron: “Los submarinos están diseñados para navegar en inmersión, siendo incómodo hacerlo en superficie y muy mucho más en medio de un temporal; por eso, mientras el Submarino estuviese bajo control de su Comandante y Tripulación como dijeron verbalmente y por escrito, nada mejor que mantenerse a resguardo del temporal bajo el agua”.

Los defensores objetaron además la reconstrucción de la mayoría sobre la posibilidad de que Fernández hubiera repetido en noviembre una prueba de compensación de atmósferas ensayada durante una navegación de julio.

La defensa también cuestionó que la mayoría hubiera dado por comprobadas algunas circunstancias que, a su criterio, permanecieron en el terreno de las hipótesis. Una de ellas fue la posibilidad de que Fernández hubiera repetido en noviembre la prueba de compensación de atmósferas ensayada durante una navegación de julio, maniobra que los jueces relacionaron con el ingreso de agua. “Ningún testimonio ha dado certezas de lo sucedido, solo hipótesis”, sostuvo el recurso. Vigliero y Crespo remarcaron además que esa secuencia tampoco había sido afirmada de ese modo por la Fiscalía durante su alegato y cuestionaron que los magistrados la utilizaran como un hecho acreditado.

Ese planteo formó parte de una objeción más amplia: la defensa sostuvo que el juicio no logró establecer qué episodio concreto provocó la pérdida de control del ARA San Juan ni cómo ese desenlace podía vincularse con las omisiones atribuidas a Villamide. “Ninguno de los testigos que fueron oídos en el juicio ni la prueba documental incorporada permite esa vinculación entre entrada de agua, cortocircuito, pérdida de plano e implosión”. El juicio no ha podido establecer por qué se perdió el plano de la nave o, en otras palabras, por qué en cierto momento su tripulación perdió el control de ella. No hay manera de ligar la implosión al ingreso de agua ocurrido, escribieron".

En ese punto, los abogados cuestionaron la relación causal trazada por los votos condenatorios entre la avería informada durante la madrugada y el posterior naufragio, en tanto “Se tomaron dos episodios, el ingreso de agua y el naufragio, y se los unió causalmente porque no se obtuvo otra explicación. Sobre esa causalidad creada pretorianamente se construyó la imputación con base en el incremento del riesgo. Ello no obedeció a la inexistencia de una explicación distinta sino a la necesidad de llenar el vació que dejó el debate para justificar un puro acto de autoridad”, afirmaron.

Bajo esa posición, mientras siguiera sin conocerse qué hizo que la tripulación perdiera el dominio de la nave, tampoco podía precisarse qué riesgo concreto había creado o incrementado Villamide, ni establecer que ese riesgo se hubiera materializado en el resultado fatal.

A ese cuestionamiento sumaron otro referido a la propia conformación de la mayoría. El juez Reynaldi sostuvo que el ARA San Juan se encontraba en condiciones de navegar y cumplir la misión que le había sido asignada. Su colega Baronetto, en cambio, consideró que, aunque podía navegar, su estado de alistamiento no resultaba adecuado para determinadas tareas operativas. Para Vigliero y Crespo, la diferencia no era secundaria, porque recaía sobre uno de los presupuestos utilizados para atribuir responsabilidad a Villamide por el estrago.

“No puede considerarse que exista mayoría jurisdiccional pues los dos votos de condena concurrentes difieren entre sí en un aspecto sustancial”, plantearon. En el mismo tramo sostuvieron que una sentencia dictada por un tribunal colegiado debía exhibir “congruencia y coherencia al menos en las mayorías concurrentes”, no solo coincidir en la solución final.

El tercer integrante del tribunal, Luis Alberto Giménez, había votado por absolver a Villamide y su razonamiento fue retomado por la defensa en la apelación. El magistrado consideró que una valoración global de la prueba permitía afirmar que el submarino estaba en condiciones de navegar de manera segura y cumplir las misiones asignadas. También sostuvo que, al desconocerse la causa de la pérdida de plano que precedió a la implosión, no podía determinarse qué factor había tenido incidencia en el estrago. Al analizar la acusación fiscal, habló además de “inconsistencias lógicas, contradicciones y vaguedades”.

Así las cosas, ambos recursos deberán ser examinados ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última navegación del ARA San Juan

El ARA San Juan era un submarino TR-1700 de fabricación alemana que había concluido en 2015 su reparación de media vida en los astilleros Tandanor. Tras reincorporarse al servicio retomó progresivamente su actividad. Según el recurso presentado por la defensa de Villamide, desde entonces y hasta su última salida realizó 27 navegaciones y recorrió 12.837 millas.

En octubre de 2017 fue destinado a ejercicios con la Flota de Mar y a una patrulla de vigilancia marítima. Partió de Mar del Plata el 25 de octubre, arribó posteriormente a Ushuaia y, después de su estadía en esa base, volvió a hacerse a la mar. Durante ese despliegue participó de ejercicios de adiestramiento antes de iniciar la última etapa de su misión.

En su última navegación llevaba 44 tripulantes: 43 hombres y una mujer. La dotación estaba integrada por 11 oficiales y 33 suboficiales y cabos.

Después de perderse las comunicaciones comenzó un operativo nacional e internacional de búsqueda. Los restos fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por el buque Seabed Constructor, de Ocean Infinity, a más de 900 metros de profundidad.

El hallazgo permitió establecer dónde había terminado la navegación, aunque no reconstruir en su totalidad los acontecimientos que precedieron a la implosión.

Con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero de 2027, jueces, fiscales, abogados y especialistas en derecho penal se reunirán en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para analizar los cambios que introduce el nuevo modelo y su impacto en la práctica profesional.

La jornada, titulada “El abogado litigante en el sistema acusatorio”, se realizará el miércoles 9 de septiembre, de 15 a 18, en el Salón Auditorio del CPACF, ubicado en Avenida Corrientes 1441. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa, y es promovida por Julio Piumato y Maia Benítez Yunes, quienes también participarán como panelistas.

El encuentro estará centrado en las modificaciones que plantea el Código Procesal Penal Federal para quienes intervienen en causas penales. El nuevo esquema asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y reserva a los jueces el control de garantías y la resolución de las controversias planteadas por las partes, con una dinámica sustentada principalmente en audiencias orales.

De los paneles participarán Mariano Borinsky, Mariana Catalano, Ricardo Gil Lavedra, Diego Luciani, Francisco Oneto y Germán Garavano, entre otros referentes del ámbito judicial y académico. La moderación estará a cargo de Martín Casares y el cierre será realizado por el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

Durante la actividad también se abordarán los principales ejes del Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado, una obra dirigida por Borinsky y coordinada por Catalano y Natacha Annovelli, que contó con la participación de más de 50 jueces, fiscales y defensores de distintas jurisdicciones del país.

La discusión se produce mientras avanza el cronograma de implementación progresiva del sistema acusatorio en la Justicia Federal. El esquema se apoya en el DNU 188/2024, firmado por el presidente Javier Milei el 23 de febrero de 2024, que asignó al Ministerio de Justicia la facultad de establecer el calendario de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal.

Ese cronograma fue actualizado mediante la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 31 de agosto por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre. La norma fijó para el 30 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del sistema en la jurisdicción de Paraná y reiteró que comenzará a regir en los fueros Penal Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027.

La misma resolución señaló que el modelo ya se encuentra vigente en diez distritos federales que abarcan, entre otras jurisdicciones, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y distintas regiones de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires. También prevé su puesta en marcha en La Plata el 21 de septiembre de 2026 y en Córdoba el 8 de marzo de 2027.

La transición requiere, además, adecuaciones en infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación, junto con simulacros de audiencias y talleres destinados a magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Ese proceso involucra al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General.

En ese contexto, la jornada del CPACF buscará analizar cómo deberán adaptarse abogados, fiscales, defensores y jueces a la nueva dinámica procesal.

Para el caso de la abogacía, uno de los ejes será cómo prepararse para litigar en un esquema en el que las audiencias, la contradicción y la intervención directa de las partes adquieren un papel central.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de la periodista Agustina Kämpfer en la causa en la que fue investigada por presunto lavado de activos a raíz de la compra, en 2010, de un departamento en el barrio porteño de Palermo, cuando mantenía una relación de pareja con el entonces ministro de Economía y posterior vicepresidente Amado Boudou.

El fallo, firmado este miércoles, fue adoptado por mayoría con los votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes rechazaron el recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF). En disidencia, Gustavo Hornos consideró que todavía quedaban aspectos relevantes por esclarecer y propuso que la investigación continuara.

El expediente se inició en marzo de 2012 a partir de una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz. Entre las operaciones que quedaron bajo análisis estuvo la adquisición de un inmueble ubicado en Bonpland 1246, primer piso, por un total de USD 120.000.

Kämpfer fue citada a declaración indagatoria en noviembre de 2017 y concretó ese acto en febrero de 2018. La acusación sostuvo que había puesto en circulación en el mercado legal, junto con Amado Boudou, USD 120.000 de presunto origen ilícito mediante la compra del inmueble, con la intención de otorgarle apariencia lícita a ese dinero.

La periodista explicó que había afrontado la operación con USD 30.000 de ahorros propios y un préstamo de USD 90.000 otorgado por Sebastián Boudou, hermano de quien entonces era su pareja. A partir de allí, uno de los ejes de la investigación pasó por determinar si Sebastián Boudou tenía capacidad económica para entregar esa suma, si el préstamo había existido efectivamente y si Kämpfer disponía de los restantes USD 30.000.

En diciembre de 2025, el juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, sobreseyó a Kämpfer. Consideró que las pruebas reunidas no permitían sospechar que los bienes que integraban su patrimonio en 2010 tuvieran origen ilícito y encuadró la decisión en el artículo 336, inciso 2, del Código Procesal Penal de la Nación, bajo la causal de que el hecho investigado no se cometió.

La UIF apeló, pero en abril pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento. Los camaristas entendieron que la prueba reunida respaldaba la explicación ofrecida por la defensa respecto del origen de los fondos y que el organismo no había aportado elementos suficientes para justificar la continuidad de la pesquisa.

El préstamo de USD 90.000

Uno de los elementos centrales para las decisiones que favorecieron a Kämpfer fue un peritaje del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación patrimonial y financiera de Sebastián Boudou.

De acuerdo con esa prueba, el hermano del exvicepresidente había vendido el 15 de febrero de 2010 un departamento ubicado en la localidad bonaerense de Martínez por USD 115.000. Entre esa operación y la compra realizada por Kämpfer no se registraron erogaciones relevantes que permitieran concluir que ese capital se hubiera agotado.

A la hora de evaluar el caso, el presidente de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, respaldó esa valoración. “La situación patrimonial y financiera de Sebastián Boudou ya ha sido objeto de análisis”, señaló al rechazar la pretensión de la UIF de profundizar nuevamente sobre ese punto. Para el magistrado, el organismo tampoco aportó razones concretas que permitieran cuestionar la conclusión de que Boudou tenía disponibles los USD 90.000.

El préstamo no había sido documentado mediante un contrato. Ese punto fue cuestionado por la UIF, que sostuvo que no existían constancias directas sobre la entrega del dinero, sus condiciones, los plazos de devolución o el eventual pago de intereses.

Las instancias anteriores ponderaron, sin embargo, la relación de cercanía entre las partes y una serie de movimientos posteriores. Kämpfer transfirió $150.000 a Sebastián Boudou el 20 de diciembre de 2012 y, entre marzo de 2013 y junio de 2016, realizó depósitos bancarios a su favor por otros $210.000. También exteriorizó ante la entonces AFIP una deuda con él.

Carbajo consideró que el vínculo entre ambos “torna factible que el acreedor aceptara, tanto omitir documentar el préstamo, como quizás recibir una cantidad de dinero menor a la exactamente aportada”, al no haberse pactado intereses ni una forma de actualización de la deuda.

El juez también evaluó suficientemente respaldada la disponibilidad de los USD 30.000 de ahorros propios. La pericia contable señaló que esa suma había sido declarada ante la AFIP. Si bien los expertos aclararon que la tenencia encontraba respaldo en la propia declaración de Kämpfer, entendieron que debía ser considerada en su evolución patrimonial porque no había sido impugnada por el organismo fiscal y por las dificultades para verificar retrospectivamente la existencia de dinero en efectivo.

Carbajo valoró a su vez el tiempo transcurrido. La UIF había propuesto reconstruir los gastos personales y de manutención de Kämpfer entre 1997 y 2010 para profundizar el análisis patrimonial. El juez consideró que esa medida aparecía como “difusa en su utilidad y pertinencia” después de casi 14 años desde el comienzo del proceso.

Borinsky cuestionó la intervención de la UIF

El juez Mariano Borinsky coincidió con su colega en que el recurso debía ser rechazado, aunque planteó previamente otra cuestión. A su criterio, la UIF ya no estaba habilitada para continuar actuando como querellante.

El camarista recordó que el Decreto 274/2025 derogó la autorización que permitía al organismo intervenir como acusador particular en procesos penales. “En el caso, la UIF perdió su legitimación para actuar como acusador privado desde el dictado del Decreto N° 274/25”, escribió.

De todos modos, como Carbajo y Hornos habían considerado formalmente admisible el recurso, Borinsky se pronunció también sobre el fondo. Entendió que la UIF reiteraba su propia interpretación de la prueba, pero no demostraba defectos de fundamentación que permitieran invalidar el sobreseimiento.

Según sostuvo, la impugnación dejaba “entrever una disconformidad que, por inmotivada, no alcanza a evidenciar déficit de fundamentación alguno” en la resolución que confirmó la desvinculación de Kämpfer del proceso penal.

La disidencia de Hornos

El camarista Gustavo Hornos, primero en pronunciar el voto, llegó a una conclusión diferente. Analizó que acreditar que Sebastián Boudou había obtenido USD 115.000 por la venta de una propiedad demostraba que había dispuesto de esos recursos en determinado momento, pero no que efectivamente hubiera entregado USD 90.000 a Kämpfer para la compra del departamento.

También remarcó que no existían documentos contemporáneos que acreditaran la entrega del dinero, las condiciones del supuesto préstamo, los plazos de devolución o un eventual pago de intereses. A su criterio, los movimientos bancarios posteriores tampoco permitían establecer de manera inequívoca que correspondieran a la cancelación del mutuo.

“La prueba reunida hasta el momento no alcanza para tener por demostrada la explicación brindada por la imputada con el grado de convicción necesario para descartar definitivamente la hipótesis delictiva que motivó la investigación”, advirtió Hornos.

Para el magistrado, el cierre era prematuro porque “no puede considerarse agotada la investigación ni alcanzado el grado de certeza negativa” necesario para adoptar una decisión definitiva. Por ese motivo, propuso hacer lugar al recurso de la UIF, revocar el sobreseimiento y devolver las actuaciones para que continuara la pesquisa.

Los jueces Carbajo y Borinsky conformaron la mayoría y rechazaron esa postura. De esta manera, la Sala IV del máximo tribunal penal del país mantuvo el sobreseimiento de Kämpfer y dejó firme su desvinculación de la investigación iniciada hace más de 14 años.

El Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis una iniciativa presentada por el vicepresidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo Académico de la Escuela Judicial, Carlos Rosenkrantz, para reformular integralmente el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFAMAG), el trayecto de capacitación destinado a quienes aspiran a ingresar a la magistratura.

La propuesta, a la que tuvo acceso Infobae, fue desarrollada durante más de dos años en el ámbito del Consejo Académico. Su alcance excede una reorganización de materias: apunta a delinear un perfil de magistrado con herramientas prácticas para resolver casos, conducir audiencias, administrar una dependencia, liderar equipos y desenvolverse frente a los desafíos tecnológicos que atraviesan al sistema de Justicia.

En sus fundamentos, el documento sostiene que el PROFAMAG “no puede ser un sustituto imperfecto de la educación curricular universitaria”. La capacitación, plantea, debe concentrarse en competencias propias del ejercicio jurisdiccional, entre ellas el razonamiento práctico, la toma de decisiones, la dirección de audiencias y la conducción de equipos.

La iniciativa busca además que los futuros jueces desarrollen “habilidades de gestión, liderazgo y manejo del personal”, junto con una comprensión crítica de las nuevas tecnologías y de su impacto sobre la función judicial.

Los fundamentos presentan el cambio como una “actualización integral y no un ajuste parcial”, porque alcanza al diseño académico, la organización de la cursada, las condiciones de ingreso y permanencia, la selección de los docentes y el financiamiento.

Inteligencia artificial, oralidad y gestión judicial

Uno de los principales cambios aparece en los contenidos que integrarán el nuevo esquema. La inteligencia artificial aplicada a la Justicia y la gestión judicial digital conformarán un área específica destinada a brindar herramientas para “comprender, evaluar y utilizar críticamente las nuevas tecnologías en el ámbito judicial”.

La materia Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías contempla contenidos sobre sesgos algorítmicos, transparencia, protección de datos y explicabilidad, junto con el análisis crítico de herramientas de IA que pueden aplicarse al funcionamiento de una oficina judicial.

La oralidad también tendrá un espacio propio, con un fuerte componente práctico destinado al manejo de audiencias y al desarrollo de herramientas comunicacionales. A ese eje se sumarán la evaluación de la prueba y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Otro apartado estará dedicado a la forma en que los jueces elaboran y comunican sus decisiones. Se prevén cursos sobre comunicación escrita eficaz, lenguaje claro y redacción de sentencias accesibles, con talleres orientados a producir resoluciones comprensibles para la ciudadanía.

La administración de los tribunales tendrá, a su vez, un peso específico. El plan incluye capacitación en conducción de personal, principios de administración, auditoría, evaluación institucional, estadísticas judiciales y comunicación para una gestión de calidad.

Para la conducción de equipos se trabajará sobre liderazgo, comunicación efectiva, feedback y coordinación de acciones, además de situaciones habituales de un juzgado vinculadas con licencias, funciones disciplinarias y promociones.

También se incorpora Justicia Abierta, con contenidos sobre acceso a la información pública, datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad judicial. A ello se agregan litigios colectivos, acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad, derechos de las víctimas, perspectiva de género y control de convencionalidad.

Dos años y 450 horas de formación

Sobre ese perfil se organiza una cursada más extensa. La propuesta eleva el PROFAMAG a 450 horas, un incremento superior al 50% respecto del esquema anterior. Sus fundamentos plantean la necesidad de invertir “más tiempo, más recursos y más exigencia” en la preparación de quienes aspiran a ejercer la magistratura.

Del total, 363 horas serán virtuales y 87 presenciales. Las instancias cara a cara se concentrarán principalmente en actividades que requieren entrenamiento práctico, como manejo de audiencias, resolución de conflictos, talleres de decisión judicial, conducción de equipos y experiencias de campo.

La duración prevista es de dos años. El sistema de módulos independientes será reemplazado por semestres fijos, correlatividades y una secuencia obligatoria. Se contemplan hasta 150 alumnos por semestre, distribuidos en cuatro comisiones de entre 35 y 40 personas.

Nuevas condiciones de ingreso y permanencia

Los aspirantes deberán ser abogados con al menos cuatro años de antigüedad en el título. El reglamento proyectado exige además la inexistencia de sumarios en los organismos donde se hayan desempeñado y, para quienes provengan del ejercicio privado, no haber recibido sanciones por infracciones al Código de Ética profesional.

El ingreso se definirá mediante una escala en la que será necesario alcanzar al menos 50 puntos. Los antecedentes laborales podrán aportar hasta 45; los académicos y docentes, 25; el desempeño universitario, 20; y los cursos previos de gestión realizados en la Escuela Judicial, 10.

Los fundamentos describen el mecanismo como “un ingreso exigente, pensado para premiar el mérito”. La Dirección Académica podrá entrevistar a los postulantes y procurará diversidad geográfica y laboral y paridad de género antes de elevar la nómina al Consejo Académico. Según el reglamento, la decisión de selección no podrá recurrirse.

Durante la cursada deberán cumplirse todas las actividades obligatorias, asistir al menos al 80% de las clases y obtener una calificación mínima de siete. La pérdida de regularidad se producirá ante determinadas cantidades de módulos desaprobados o ausencias injustificadas, y sólo podrá solicitarse una readmisión durante todo el trayecto.

Docentes por concurso y un programa arancelado

La iniciativa establece además una convocatoria abierta para integrar el plantel docente. Como regla general, se exigirán cinco años de experiencia en educación superior o formación judicial y diez años de trayectoria profesional, académica o de investigación. Para áreas recientes, como la inteligencia artificial, podrán admitirse excepciones ante antecedentes especialmente relevantes.

Cada postulante deberá presentar un programa para la materia que pretende dictar. La convocatoria establece que la enseñanza debe orientarse a “la formación práctica y al ejercicio real de la función jurisdiccional”. Se prevé seleccionar dos o más profesores por asignatura y fijar una remuneración de una UMA y media por hora cátedra.

Otro cambio sustancial será el financiamiento. El PROFAMAG pasará a ser arancelado. El monto se determinará para cada edición y la recaudación tendrá como destino prioritario el pago de honorarios docentes, sin sustituir la asignación presupuestaria de la Escuela Judicial.

En paralelo, se crea un sistema de becas por mérito académico, necesidad económica y procedencia geográfica, con exenciones parciales o totales.

El trámite ante el Consejo de la Magistratura

La Escuela Judicial funciona en el ámbito del Consejo de la Magistratura, por lo que la reformulación del PROFAMAG debe atravesar sus instancias institucionales antes de ser implementada.

El nuevo esquema fue trabajado y aprobado en el ámbito del Consejo Académico y luego elevado para su tratamiento. El documento solicita a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que avance con el trámite correspondiente para permitir su puesta en marcha.

Hasta que ese procedimiento se complete, continuará vigente el programa actual. La propuesta contempla un régimen de transición para quienes ya lo estén cursando, con un plazo para finalizar las materias pendientes antes de la implementación plena del eventual nuevo programa de formación.

En un expediente donde el Banco Central investigó una serie de operaciones por USD 1,6 millones realizadas en cuatro días y sostuvo que las divisas terminaron destinadas al mercado paralelo, la Justicia rechazó el pedido de una accionista de Cambios del Sur, una agencia de cambio autorizada por el propio organismo, para frenar el cobro de una multa de $119,25 millones.

La decisión fue adoptada, en el marco de una medida cautelar, por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La presentación había sido realizada por Elizabeth Dogliotti, accionista mayoritaria de la firma, quien buscaba suspender la ejecución de la sanción dispuesta por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central mientras se resuelve el recurso judicial contra esa resolución.

La cautelar forma parte de una controversia más amplia, originada en una revisión que el BCRA realizó sobre la actividad de la compañía. Como agencia de cambio, Cambios del Sur estaba habilitada para comprar y vender moneda extranjera dentro de las condiciones y controles establecidos por la autoridad monetaria. Al revisar la información declarada por la empresa sobre sus operaciones durante 2023, los inspectores detectaron una secuencia sospechosa concentrada entre el 31 de enero y el 3 de febrero de ese año.

En esos cuatro días, Cambios del Sur compró en dólar billete USD 1,6 millones a Mega Latina SA, otra agencia de cambio, y vendió la totalidad de esas divisas a Soy Vos SAS, también habilitada entonces para operar en el mercado cambiario. Las transacciones se concretaron mediante movimientos diarios de USD 400.000.

El caso gira, en buena medida, alrededor de la interpretación de esas operaciones. Para la defensa, se trató de compraventas de moneda extranjera entre operadores autorizados, una actividad permitida por la normativa vigente. El Banco Central, en cambio, entendió que las características concretas de la operatoria, su magnitud y el contexto en el que fue realizada exigían controles que Cambios del Sur no habría cumplido adecuadamente.

Según el informe que dio origen al expediente, las operaciones cursadas por la firma con sus propios clientes representaron apenas el 1,5% del total operado por la agencia durante 2023. Para el organismo, que la empresa hubiera adquirido USD 1,6 millones en cuatro días para revendérselos a otro operador -y no para atender a su propia clientela- constituía un elemento que obligaba a profundizar la verificación sobre la “genuinidad de las transacciones” y sobre el origen y destino de los fondos.

La atención de los inspectores se concentró especialmente en Soy Vos, la agencia que adquirió los dólares. El BCRA constató que esa firma no había registrado ventas a clientes durante el período analizado y sostuvo que se trataba de información de acceso público que Cambios del Sur debía conocer. En ese primer informe, los funcionarios calificaron la secuencia como un “pase de manos” de pesos y dólares sin justificación económica aparente.

La pesquisa avanzó luego sobre los movimientos financieros de Soy Vos. De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, entre el 31 de enero y el 9 de febrero de 2023 la agencia recibió transferencias de distintas personas jurídicas en una cuenta del Banco de Servicios y Transacciones por, al menos, $6.457,28 millones, sin haber registrado operaciones de cambio con esas sociedades. Según reconstruyó el BCRA, esos pesos fueron después girados a distintos operadores para adquirir dólares en efectivo; uno de ellos fue Cambios del Sur.

La situación de Soy Vos derivó posteriormente en la revocación de su autorización para funcionar y en su baja del registro de operadores. A partir de esas observaciones, el Banco Central requirió en enero de 2024 documentación a Cambios del Sur sobre las contrapartes que habían participado de las operaciones, incluidos los legajos utilizados para evaluarlas y la información reunida en materia de prevención del lavado de activos. Tras estudiar ese material, el organismo concluyó que la agencia no había acreditado de manera suficiente el origen y destino lícito de los fondos ni el carácter genuino de las operaciones realizadas con Mega Latina y Soy Vos.

De la inspección al sumario

La actuación administrativa se transformó formalmente en un sumario el 5 de marzo de 2025. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dispuso investigar a Cambios del Sur y a Alejandro Cayetano Sánchez, Rodrigo Harding Bart y Elizabeth Dogliotti para establecer sus eventuales responsabilidades.

El cargo formulado fue la “realización de una operatoria prohibida para el tipo de entidad”, por una presunta infracción al régimen aplicable a los operadores de cambio.

Al momento de los hechos analizados, Sánchez se desempeñaba como presidente y accionista de la firma; Harding Bart, como vicepresidente; y Dogliotti era accionista mayoritaria, según surge de la documentación administrativa. Más adelante, ya durante la tramitación judicial, una escritura otorgada en junio de este año identificó a Dogliotti como presidenta de Cambios del Sur y dejó asentado que manifestó que su cargo se encontraba vigente.

Uno de los puntos centrales del sumario estuvo relacionado con el concepto de “genuinidad” de las operaciones. El Banco Central sostuvo que no bastaba con que cada transacción contara formalmente con boletos de cambio, balances o documentación societaria, sino que también debía examinarse su razonabilidad económica y el contexto en el que habían sido realizadas.

Entre los elementos que ponderó señaló que los USD 1,6 millones circularon mediante ocho operaciones -cuatro compras y cuatro ventas- en solo cuatro días; que Soy Vos no registraba ventas a clientes; que las transacciones se realizaron en dólar billete o efectivo; y que las empresas involucradas tenían domicilios separados por grandes distancias. Cambios del Sur estaba radicada en El Calafate; Mega Latina, en la Ciudad de Buenos Aires; y Soy Vos, en San Salvador de Jujuy. El expediente menciona distancias aproximadas de 2.700 y 3.600 kilómetros entre esos puntos.

También se analizaron las cotizaciones utilizadas y la situación financiera de Soy Vos. El BCRA señaló, entre otros datos, que el estado de resultados de esa compañía correspondiente al cierre de 2022 había arrojado pérdidas y consideró que esa circunstancia debía haber sido ponderada al evaluar si resultaba razonable que pudiera operar montos cercanos a los dos millones de dólares en pocos días.

En la resolución final, el organismo sostuvo que la operatoria, “por su naturaleza, características y magnitud”, obligaba a Cambios del Sur a verificar y justificar de manera fehaciente el origen y destino de los fondos y el carácter genuino de las operaciones con ambas contrapartes.

La defensa: operaciones permitidas

Cambios del Sur y las personas involucradas rechazaron esa interpretación. El principal argumento de la defensa fue que la compraventa de moneda extranjera entre operadores autorizados estaba expresamente admitida por las normas vigentes en enero y febrero de 2023 y que, por entonces, no existía un límite cuantitativo para esa clase de transacciones.

Según ese planteo, las restricciones vinculadas al volumen fueron incorporadas recién con posterioridad. Por eso, sostuvieron que no podía calificarse como prohibida una actividad que se encontraba autorizada al momento de realizarse.

También cuestionaron que Cambios del Sur fuera responsabilizada por el destino posterior que Soy Vos hubiera dado a las divisas. La defensa señaló que una agencia no tiene acceso a los movimientos bancarios de otra entidad y destacó que parte de la información utilizada por el Banco Central incluía hechos posteriores al 3 de febrero, fecha de la última operación entre las dos compañías. A eso agregó que las transacciones habían sido informadas al propio BCRA mediante los regímenes correspondientes y que habían permanecido durante más de dos años sin observaciones.

Otro punto de discusión fue el criterio utilizado para analizar la operatoria. Mientras el Banco Central sostuvo que debía atenderse a la “realidad económica” y a la “lógica del mercado”, la defensa consideró que esas expresiones resultaban insuficientes para convertir en sancionable una operación autorizada por la normativa.

Además, impugnó el cálculo de las multas y afirmó que el organismo había aplicado criterios que, a su entender, llevaron las sanciones por encima de los límites establecidos por el propio régimen disciplinario.

Multas millonarias y revocación de la licencia

El 2 de marzo pasado, la Superintendencia dio por terminado el sumario mediante la Resolución 59/2026. Cambios del Sur recibió una multa de $1.192,5 millones; a Sánchez le impusieron $477 millones y cinco años de inhabilitación; a Harding Bart, $357,75 millones y cuatro años; y a Dogliotti, $119,25 millones y un año.

Tres días después, el 5 de marzo, el directorio del Banco Central adoptó una segunda decisión: revocó la autorización de Cambios del Sur para funcionar como entidad cambiaria. El organismo calificó la infracción como de gravedad “muy alta” y sostuvo que había existido un abuso de la habilitación concedida. Al fundamentar la pérdida de la licencia, consideró que la permanencia de la firma dentro del sistema cambiario representaba un riesgo incompatible con el interés público que debe proteger el regulador.

Las decisiones fueron notificadas el mismo 5 de marzo. Pocos días después, las actuaciones administrativas dejaron constancia de que los sancionados no habían optado por ninguna de las alternativas de pago previstas, por lo que comenzó la gestión para avanzar con el cobro de las multas.

El planteo cautelar de Dogliotti

Fue en ese contexto que Dogliotti acudió a la Justicia con un planteo específico: pidió que el BCRA no pudiera cobrarle los $119,25 millones hasta que un tribunal analizara la validez de la sanción.

Su defensa planteó que la ejecución inmediata representaría una afectación considerable de su patrimonio y que, si el dinero era cobrado antes de que la Cámara en lo Contencioso revisara la resolución administrativa, podía producirse un perjuicio de difícil reparación. Además, cuestionó que el recurso directo previsto contra las sanciones del Banco Central tenga efecto devolutivo, es decir, que su presentación no suspenda automáticamente las consecuencias de la decisión recurrida.

La Sala V rechazó la solicitud cautelar en un fallo publicado este viernes, que llevó la firma de los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Fabio Treacy. Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aclararon que en esta instancia no les correspondía determinar todavía si la sanción del Banco Central era válida, sino únicamente establecer si existían elementos suficientes para suspender provisoriamente su ejecución.

Para el tribunal, ese estándar no fue alcanzado.

“Los planteos del accionante no alcanzan para acreditar la verosimilitud del derecho que invoca en grado suficiente para acceder a la tutela requerida”, redactaron los camaristas. Agregaron que varios de los cuestionamientos formulados exigen abordar materias que, “por su naturaleza y complejidad, deben ser examinadas, tratadas y decididas en el proceso donde se dirima el fondo del asunto”.

Al considerar que no se había demostrado uno de los requisitos necesarios para conceder una medida cautelar, la Sala V rechazó el pedido.

La resolución, de todos modos, no confirma de manera definitiva las sanciones. Cambios del Sur, Sánchez, Harding Bart y Dogliotti presentaron el 22 de abril un recurso directo contra la Resolución 59/2026 y ese expediente, que también tramita ante la Sala V, es el que deberá resolver la cuestión de fondo.

El Banco Central remitió las actuaciones administrativas completas a la Cámara el 30 de abril. A mediados de agosto, el tribunal dispuso que el expediente pasara al fiscal general para que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso.

La discusión sobre la validez de las sanciones, por lo tanto, continúa abierta.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá decidir si admite los recursos extraordinarios presentados contra la anulación del juicio por jurados en el que un abogado de la localidad de San Isidro, Guillermo Martín Moncayo von Hase, fue condenado a 16 años de prisión por los abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas cuando eran menores de edad.

Según la acusación llevada a juicio, los hechos comenzaron en 2009, cuando las niñas tenían aproximadamente cuatro y seis años, y se prolongaron hasta 2019. Las jóvenes fueron identificadas en el expediente como C.M. y F.M., esta última una persona con síndrome de Down. C.M. formuló su denuncia ante los estrados por cuenta propia, según expuso, tras un proceso personal de años.

La causa llegó al máximo tribunal provincial después de que la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense declarara admisibles los recursos extraordinarios de la Fiscalía, las particulares damnificadas y la defensa. La remisión del expediente no significa que la instancia ya esté abierta: la Corte deberá efectuar un nuevo control antes de decidir si analiza el fondo de los planteos.

En el centro de la discusión se encuentra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2025 por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes dejaron sin efecto el veredicto unánime emitido por doce ciudadanos, anularon la condena y ordenaron realizar un nuevo debate.

La Sala II de Casación anuló el veredicto y la condena por una cuestión técnica vinculada con el modo en que el juez redactó las instrucciones finales y las opciones incluidas en el formulario de veredicto. La decisión no implicó, en rigor, un pronunciamiento sobre la veracidad de las denuncias ni un análisis definitivo sobre la suficiencia de la prueba producida a lo largo del juicio oral.

Para la Sala II, esas fórmulas agruparon distintas conductas bajo calificaciones jurídicas generales y expresiones como “reiterados”, sin individualizar suficientemente cada uno de los hechos sometidos a decisión. Según los camaristas, esa estructura impedía establecer con certeza cuáles habían sido considerados probados por el jurado y dificultaba el control posterior de la condena.

La querella cuestionó ese razonamiento y pidió que se restablezcan tanto el veredicto popular como la sentencia de 16 años, aunque calificó como baja esa pena. Su recurso puso el foco en que los doce ciudadanos presenciaron las once jornadas del debate, escucharon directamente a una de las víctimas durante más de seis horas, recibieron los testimonios de los profesionales que habían intervenido en el caso y conocieron también los argumentos y la prueba presentada por la defensa.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las instrucciones no podían examinarse de manera aislada ni como si hubieran sido entregadas a personas que desconocían el proceso. También advirtió que la nulidad convirtió una discusión técnica sobre la formulación del veredicto en una decisión con consecuencias concretas: las víctimas quedaron ante la posibilidad de atravesar nuevamente un juicio completo.

Once jornadas, una declaración de seis horas y dos veredictos unánimes

Una vez concluida la producción de la prueba, la Fiscalía y la querella solicitaron que Moncayo fuera declarado culpable, mientras que la defensa reclamó su absolución. Durante los alegatos, las partes expusieron ante el jurado sus posiciones sobre cada uno de los hechos y analizaron las pruebas incorporadas al debate.

Antes de que comenzara la deliberación, el juez Pablo Adrián Rolón explicó a los jurados el alcance de la presunción de inocencia, el estándar de duda razonable, las figuras penales aplicables y las distintas alternativas de veredicto.

Esa es una de las funciones centrales del juez técnico en un juicio por jurados: no resuelve si el acusado es culpable, pero dirige el debate, decide las cuestiones jurídicas y brinda a los ciudadanos las pautas legales necesarias para que puedan pronunciarse sobre los hechos.

Después de impartir esas instrucciones, Rolón entregó los formularios de veredicto, que contenían las alternativas posibles para cada una de las jóvenes, entre ellas las distintas opciones de culpabilidad y la declaración de no culpabilidad. Ninguno de los doce ciudadanos pidió aclaraciones antes de retirarse a deliberar.

El 29 de agosto de 2024, el jurado regresó a la sala y declaró culpable a Moncayo por los hechos vinculados con C.M. La decisión fue adoptada por unanimidad. También por doce votos lo consideró responsable por los episodios atribuidos en perjuicio de F.M. En ambos casos, escogieron la calificación legal más grave.

A partir de ese veredicto, la intervención volvió a quedar en manos del juez. El jurado había resuelto la culpabilidad, pero correspondía a Rolón fijar la pena después de escuchar nuevamente a las partes. En la audiencia del 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía pidió 27 años de prisión y la representación de las jóvenes reclamó una sanción de 40 años. Cinco días después, el magistrado condenó a Moncayo a 16 años de prisión, accesorias legales y costas.

A partir de allí, la condena fue apelada por la defensa, la Fiscalía y las particulares damnificadas: los defensores cuestionaron la prueba, las instrucciones y el formulario de veredicto, mientras que las acusaciones reclamaron una pena mayor.

Al revisar esas impugnaciones, la Sala II hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa, en manos de los abogados Fernando Díaz Cantón, Marcelo Sgro y María Prack. En una resolución centrada en las instrucciones y el formulario, consideró que el jurado no había contado con opciones que le permitieran pronunciarse separadamente sobre cada episodio y que el uso de categorías generales impedía reconstruir con precisión el alcance del veredicto.

A partir de esa conclusión, Casación entendió que ya no era necesario analizar buena parte de los restantes cuestionamientos vinculados con la prueba, los testimonios y las pericias. En consecuencia, anuló el pronunciamiento y la sentencia, y ordenó que el caso fuera sometido a un nuevo juicio ante otro jurado.

“Es la soberanía del pueblo”

Contra esa decisión, las particulares damnificadas interpusieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La presentación fue formulada por Elcha Triep, en representación de F.M.; por la propia C.M.; y por Manuela Fontela Vázquez, abogada apoderada de ambas, con el patrocinio de los abogados Alejandro Drago y Juan José Oribe.

En el escrito aclararon que continuaban utilizando las iniciales de las jóvenes para protegerlas frente a la exposición pública, aunque remarcaron que C.M. había suscripto personalmente la impugnación. La precisión buscó dejar asentado que el planteo también expresaba su voluntad de continuar el reclamo y obtener una definición.

Uno de los primeros argumentos consistió en diferenciar el caso de una impugnación contra una absolución pronunciada por ciudadanos. En el sistema bonaerense, la acusación tiene restringida la posibilidad de recurrir un veredicto de no culpabilidad. Aquí, sostuvieron los abogados, no cuestionaban una decisión absolutoria del jurado, sino el fallo de jueces técnicos que había anulado una declaración unánime de culpabilidad.

“No estamos recurriendo un veredicto de no culpabilidad, que en nuestro sistema no puede ser criticado de ninguna manera. Estamos recurriendo una decisión de jueces técnicos de revisión”, señalaron.

A partir de esa distinción, defendieron la legitimidad de una decisión adoptada por quienes presenciaron todo el debate y recibieron la prueba de manera directa.

“La centralidad del debate y la legitimación del jurado popular dotan de especial robustez a su decisión. Es la soberanía del pueblo”, afirmaron.

El planteo no desconoció la facultad de Casación para controlar la legalidad del juicio. Cuestionó el modo en que ese control fue ejercido y el peso asignado a las deficiencias atribuidas a las instrucciones. Según la querella, la Sala II examinó el formulario como una pieza autónoma, sin relacionarlo de manera suficiente con las once jornadas que lo precedieron.

La diferencia entre ambas instancias fue presentada como uno de los aspectos centrales del recurso. Los doce ciudadanos permanecieron en la sala y recibieron la prueba de manera inmediata. Los jueces revisores, en cambio, no habían presidido el debate ni escuchado personalmente a las víctimas y a los especialistas: su análisis fue posterior y se apoyó en el expediente, las impugnaciones y los registros disponibles.

Otro de los datos invocados fue que ningún integrante del jurado pidió aclaraciones antes de deliberar. La representación de las víctimas añadió que las dos decisiones fueron adoptadas por unanimidad y sostuvo que tampoco se había identificado durante el juicio una manifestación concreta de desconcierto sobre los hechos sometidos a resolución.

“No existió confusión alguna en el jurado respecto de los hechos juzgados”, afirmaron los abogados, al destacar que sus integrantes habían escuchado durante 11 días la prueba y las exposiciones vinculadas al caso. Para respaldar esa conclusión, señalaron “la ausencia total de consultas al juez, la deliberación razonablemente breve y, especialmente, la emisión de un veredicto doblemente unánime”.

Según la presentación, la nulidad se apoyó en “conjeturas abstractas sobre una hipotética influencia de las instrucciones, sin sustento empírico ni demostración efectiva de perjuicio”.

Aun así, la querella no negó que las instrucciones deban ser claras ni que el formulario permita identificar el alcance de la decisión. Su argumento fue que, para invalidar la totalidad del debate, no bastaba con señalar una posible imperfección formal: debía demostrarse cómo había afectado concretamente la deliberación o las garantías del acusado.

Los abogados también discutieron la distribución de funciones dentro del juicio por jurados. El juez técnico, explicaron, debe transmitir el derecho aplicable, la presunción de inocencia, el estándar de duda razonable y las alternativas jurídicas disponibles. La determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden, en cambio, a los ciudadanos.

Desde esa perspectiva, exigir al magistrado que reproduzca en las instrucciones una descripción exhaustiva de cada episodio puede alterar el equilibrio del sistema. Una reconstrucción demasiado extensa, argumentaron, podría reiterar la teoría de alguna de las partes o condicionar el modo en que el jurado recuerda y evalúa la prueba.

Por eso, la querella sostuvo que el juez no debía volver a narrar el caso en nombre propio antes de la deliberación. Su función era proporcionar las herramientas jurídicas necesarias sin reemplazar la experiencia directa de quienes habían escuchado la prueba.

En uno de los pasajes del recurso, los abogados afirmaron que imponer una descripción judicial detallada de los hechos dentro de las instrucciones “resulta contraria al sistema constitucional del juicio por jurados, vulnera el principio de soberanía popular y configura una indebida intromisión del juez técnico en la esfera exclusiva de decisión del jurado”.

En esa misma línea, la presentación rechazó que los ciudadanos hubieran sido colocados ante la alternativa de aceptar la acusación más grave o absolver. El formulario contenía cuatro opciones por cada víctima, incluidas figuras intermedias y la no culpabilidad. La defensa, no obstante, sostiene que durante la lectura se destacaron principalmente las alternativas más graves y las absolutorias, sin asignar igual énfasis a las restantes.

Otro punto de la controversia se relacionó con una referencia surgida durante la declaración de C.M. Para Casación, la falta de individualización del formulario impedía saber si aquel episodio había sido incorporado al veredicto pese a no haber integrado formalmente la acusación.

La querella respondió que esa mención no fue transformada por la Fiscalía ni por las particulares damnificadas en una imputación autónoma ni utilizada para pedir una declaración adicional de culpabilidad. Según su postura, fue la defensa la que enfatizó ese tramo durante el alegato y luego lo invocó para sostener que no podía determinarse qué había resuelto el jurado.

Respecto de F.M., los abogados también rechazaron que la palabra “reiterados” hubiera producido una ambigüedad insalvable. Afirmaron que la expresión remitía a las conductas que la acusación había presentado como cometidas en más de una oportunidad y que su significado surgía del desarrollo completo del juicio.

La revictimización y el pedido de un cierre

El recurso incorporó, además, un cuestionamiento sobre el momento en que la defensa había objetado las instrucciones. En los juicios por jurados, las partes pueden formular propuestas y observaciones antes de que sean comunicadas a los ciudadanos, lo que permite al juez corregir eventuales defectos antes de la deliberación.

La querella sostuvo que la defensa no había solicitado respecto de C.M. una descripción individual de los hechos con el grado de detalle que luego reclamó ante Casación.

“La defensa no pidió ni propuso que en las instrucciones se describiera ninguno de los hechos que damnificaron a C.M., sino solamente los que perjudicaron a F.M.”, señalaron.

Los abogados analizaron una presentación defensiva del 16 de agosto de 2024, anterior al comienzo del debate. De acuerdo con su interpretación, aquel escrito desarrollaba los hechos atribuidos respecto de F.M., pero no contenía una propuesta equivalente para C.M.

“No describieron ni pidieron que se incluyera ni un solo hecho o circunstancia fáctica relacionada con las conductas que damnificaron a C.M.”, insistieron.

Sobre esa base, cuestionaron que Casación hubiera anulado el veredicto a partir de una objeción que, según su posición, no había sido sometida previamente a un contradictorio suficiente. La impugnación habló de una falta de debate entre las partes y de un exceso en el alcance de la revisión.

El eje más extenso del recurso, sin embargo, estuvo dedicado a las consecuencias de repetir el juicio.

Los abogados describieron un recorrido que comenzó con los hechos denunciados —que, según la acusación, se prolongaron durante diez años—, continuó con la revelación, la investigación, las intervenciones profesionales y el debate oral y que, tras la nulidad, podría sumar una nueva preparación, otra selección de jurados y la reedición completa de la prueba.

Para C.M., un nuevo juicio podría implicar regresar al estrado, volver a reconstruir los hechos y responder otra vez preguntas de la Fiscalía, la querella y la defensa. Su primera declaración había durado más de seis horas y, según describió Bersi, se produjo en un marco de angustia y llanto.

En el caso de F.M., que no declaró por recomendación profesional, otra audiencia obligaría a revisar nuevamente las condiciones de su participación, los apoyos necesarios y la manera de incorporar la evidencia vinculada con su situación.

La querella sostuvo que la revictimización no se limita a la posibilidad de prestar otra declaración. Incluye también la prolongación del expediente, la incertidumbre, la repetición de evaluaciones, la reedición de testimonios profesionales y la necesidad de atravesar nuevamente un proceso que, para esa parte, había sido válidamente realizado.

“La realización de un nuevo juicio importará, indefectiblemente, la revictimización de C.M. y F.M.”, expresaron los abogados de la querella.

En otro tramo añadieron: “Estamos frente a actos válidamente cumplidos y tener que reeditarlos significa tener que volver a declarar, a exponerse, a relatar absolutamente todo, a atravesar todas las instancias judiciales, con más la extensión innecesaria e injustificada del proceso y la incertidumbre”.

Y agregaron: “Nuestras patrocinadas lo que necesitan, merecen y el Estado Argentino está obligado a proporcionarles es un cierre”.

La querella relacionó ese argumento con los compromisos estatales en materia de acceso a la justicia, violencia contra las mujeres, protección de la niñez y derechos de las personas con discapacidad. Entre otras normas, citó la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También advirtió sobre una consecuencia procesal adicional. Si el nuevo debate terminara con un veredicto de no culpabilidad, las restricciones previstas para las acusaciones podrían impedirles volver a discutir la nulidad que dio origen al segundo juicio. Por eso sostuvieron que el perjuicio debía ser revisado antes del reenvío y no después de una eventual nueva sentencia.

La pretensión concreta de las particulares damnificadas es que la Suprema Corte revoque la resolución de la Sala II y dicte un nuevo pronunciamiento que confirme íntegramente el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria. No se limitaron a pedir que se evite otro debate: reclamaron que recupere vigencia la decisión adoptada por los doce ciudadanos y la pena de 16 años impuesta por Rolón.

El reclamo inicial para elevar la sanción a 40 años quedó desplazado por la nulidad. Antes de reabrir la discusión sobre el monto de la pena, las particulares damnificadas buscan restablecer la condena.

En paralelo, la Fiscalía también recurrió la decisión de Casación. La fiscal Daniela Bersi presentó su recurso extraordinario el 30 de diciembre de 2025 y sostuvo que las instrucciones no podían examinarse de manera separada del desarrollo integral del juicio. Destacó que los ciudadanos habían escuchado las acusaciones, los alegatos, los testimonios y las explicaciones de los especialistas, y advirtió que la repetición podía generar una forma de revictimización institucional.

Por su parte, la defensa también acudió a la instancia extraordinaria, aunque con una pretensión diferente. Planteó que la nulidad del primer juicio no puede traducirse automáticamente en la realización de un segundo debate. Según su postura, una nueva instancia oral implicaría volver a someter a Moncayo a un proceso por los mismos hechos después de que el veredicto y la condena ya fueron dejados sin efecto, con la consecuente prolongación de una causa que considera excesiva.

Su pedido es que la causa termine sin un nuevo juicio.

Con esos planteos formulados, los camaristas Budiño y Mancini declararon admisibles los tres recursos extraordinarios y dispusieron la elevación de las actuaciones. Aunque la sentencia impugnada no puso fin al proceso porque ordenó celebrar otro debate, consideraron que podía equipararse a una decisión definitiva por los perjuicios que, según las partes, no podrían repararse posteriormente.

Ese pronunciamiento de Casación tampoco implica que la Corte ya haya abierto la instancia. El máximo tribunal provincial deberá efectuar, en efecto, su propio control de admisibilidad y determinar si corresponde examinar los argumentos de la Fiscalía, las particulares damnificadas y la defensa del abogado de San Isidro.

Esa decisión quedará en manos de los tres integrantes actuales de la Suprema Corte bonaerense: su presidente, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; y la ministra Hilda Kogan.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles una serie de medidas para conocer con mayor precisión sus movimientos dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

El magistrado del Tribunal Oral Federal 2 le pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe las salidas registradas desde la unidad funcional para utilizar la terraza y detalle qué grado de precisión tiene el sistema de monitoreo para determinar la ubicación de la ex presidenta dentro del inmueble.

La decisión se produjo luego de que el tribunal incorporara publicaciones periodísticas vinculadas con otra investigación judicial. A partir de esa información, Giménez Uriburu solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 una certificación sobre la causa 798/2026, en la que se investiga a Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.

Ese expediente analiza un contrato firmado entre la UOM y USEM por el cual la empresa pasó a recibir fondos provenientes de los aportes de los afiliados del gremio.

Así las cosas, el interés del TOF 2 radica en que Calle adquirió un departamento en el primer piso de San José 1111, debajo de la unidad donde la exjefa de Estado cumple su condena, según las publicaciones periodísticas incorporadas al legajo. Por ese motivo, Giménez Uriburu pidió conocer el objeto procesal, las personas imputadas y el estado actual de esa causa. Además, requirió que se le informe cualquier dato que pueda resultar relevante para la ejecución de la pena.

El alcance del monitoreo electrónico

Giménez Uriburu solicitó a la DAPVE que informe si Cristina Kirchner registra “egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio”, conforme a la autorización judicial concedida el 17 de septiembre de 2025.

Si existen movimientos de ese tipo, el organismo deberá precisar las fechas y los horarios, incluso cuando no hayan quedado individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal.

El juez también quiere establecer si, una vez que Cristina Kirchner sale de su departamento, el sistema permite determinar “su localización concreta dentro del edificio” y distinguir si se encuentra en la terraza, en otro piso o en un sector diferente.

Si el monitoreo únicamente permite verificar que permanece dentro de una determinada zona o radio de cobertura, la DAPVE deberá informar cuál es su extensión y qué espacios comprende. El tribunal también preguntó si ese radio puede alcanzar “la vía pública o inmuebles linderos”, de manera que una eventual permanencia allí resulte indistinguible para el dispositivo.

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

La Sala IV de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el recurso de su defensa y dejó firme la condena.

En una causa que analiza posibles delitos contra la salud pública vinculados con la provisión de fentanilo contaminado, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo la prisión preventiva de Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, quien permanece detenida bajo arresto domiciliario.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Borinsky presidió el acuerdo en el que se declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa contra una resolución de la Cámara Federal de La Plata, que había confirmado el rechazo de la excarcelación.

Ansaldi está detenida desde el 20 de agosto de 2025. Los tribunales que intervinieron hasta ahora consideraron que subsisten riesgos procesales concretos que justifican mantener la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.

La causa tramita ante la Justicia federal de La Plata y está a cargo del juez Ernesto Kreplak, con intervención de la fiscal María Laura Roteta. El expediente ya acumula 13 procesados entre directivos, accionistas y responsables de las plantas vinculadas con HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., ambas controladas por el empresario Ariel García Furfaro.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la producción y comercialización de fentanilo de uso medicinal contaminado con bacterias. El medicamento fue elaborado en la planta de Laboratorios Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y distribuido por HLB Pharma. Los casos fueron detectados en hospitales y clínicas de distintas jurisdicciones.

El primer foco que permitió advertir el problema surgió en el Hospital Italiano de La Plata. El establecimiento recibió ampollas de fentanilo HLB el 31 de marzo de 2025 y comenzó a administrarlas el 7 de abril. Al día siguiente, el laboratorio de microbiología detectó una bacteria inusual en un cultivo. En las semanas posteriores aparecieron nuevos pacientes infectados.

El 29 de abril, los profesionales del hospital identificaron un elemento común entre los casos: los pacientes habían recibido fentanilo de HLB Pharma. Un día después fueron retiradas las ampollas de circulación y el 2 de mayo el establecimiento notificó formalmente la situación a la ANMAT, al Ministerio de Salud bonaerense y al Colegio de Farmacéuticos.

Los estudios posteriores vincularon las ampollas con las bacterias detectadas en los pacientes. La investigación judicial avanzó entonces sobre los responsables empresariales y técnicos de ambas compañías y, posteriormente, sobre funcionarios de los organismos encargados de fiscalizar la producción de medicamentos.

Uno de los ejes de la pesquisa se concentra precisamente en los controles realizados sobre las compañías antes de que se detectara el brote. Según publicó Infobae, una inspección no programada del Instituto Nacional de Medicamentos en la planta de Ramallo, realizada el 28 de noviembre de 2024, encontró fallas sistémicas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.

La fiscalía investiga además si los responsables del laboratorio conocieron de antemano que se realizaría ese procedimiento. De acuerdo con mensajes incorporados al expediente, un directivo de HLB Pharma consultó el día anterior a una funcionaria del INAME sobre la inspección y luego convocó al grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo”. Según la hipótesis fiscal, durante esa noche se realizaron al menos 18 acciones destinadas a modificar las condiciones de la planta antes de la llegada de las inspectoras.

El rol atribuido a Carolina Ansaldi

Ansaldi era directora técnica de Laboratorios Ramallo cuando se produjeron los lotes investigados. La Cámara Federal de La Plata había señalado que, debido a esa función, “tenía a su cargo la supervisión y control de la elaboración del fentanilo HLB”. Ese rol volvió a ser considerado por Casación al analizar la continuidad de su detención.

La farmacéutica, oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, fue detenida por Gendarmería Nacional el 20 de agosto de 2025 durante un allanamiento en su domicilio. El procedimiento formó parte de una serie de operativos realizados contra responsables técnicos y directivos vinculados con Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

El 25 de septiembre de 2025 fue procesada con prisión preventiva como coautora del delito de adulteración de sustancias medicinales que habría provocado la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.

El 13 de mayo de este año, el juzgado amplió ese procesamiento. Desde entonces, penalmente se le atribuyen hechos que habrían causado la muerte de al menos 70 personas, además de lesiones gravísimas a dos personas, graves a otras 41 y leves a una.

Como publicó este medio, Ansaldi integraba el grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo”, en el que se intercambiaron mensajes la noche previa a la inspección de noviembre de 2024. Pese a las tareas realizadas antes del control, las inspectoras detectaron irregularidades en distintas áreas de la planta.

También fue incorporado al expediente un intercambio de febrero de 2025 entre Ansaldi y José Antonio Maiorano, entonces director técnico de HLB Pharma. En un audio, Maiorano le aconsejó prestar atención a las fechas asentadas en los registros de producción si la planta continuaba elaborando medicamentos pese a la prohibición dispuesta por la autoridad sanitaria. La respuesta atribuida a Ansaldi fue: “elimina audio”.

La investigación también reconstruyó las decisiones adoptadas por los organismos sanitarios en los meses previos al brote. La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo fue firmada el 10 de febrero de 2025, 38 días después de haber sido elevada por los equipos técnicos. La prohibición de comercialización de los productos de HLB Pharma, en cambio, no llegó a firmarse, según la documentación analizada en la causa.

El pedido de excarcelación

Con todo, el planteo que llegó ahora a Casación no estuvo relacionado con la eventual responsabilidad penal de Ansaldi por los hechos investigados, sino con la continuidad de su prisión preventiva.

La defensa solicitó su excarcelación durante la declaración indagatoria. El Ministerio Público Fiscal se opuso y el juez de primera instancia rechazó el pedido. El 16 de julio pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión. Contra ese pronunciamiento, los abogados recurrieron ante el máximo tribunal penal federal.

Los camaristas platenses habían considerado que la investigación continúa en etapa de producción de prueba. Entre las medidas pendientes mencionaron estudios técnicos sobre una gran cantidad de dispositivos electrónicos secuestrados y destacaron la necesidad de preservar la evidencia ya incorporada al expediente.

También evaluaron el cargo que ocupaba Ansaldi dentro de Laboratorios Ramallo. Según la resolución citada por Casación, si recuperaba la libertad podría “interferir con los testigos o tener acceso a registros, documentación o material relevante”, con el consiguiente riesgo de obstaculizar la investigación.

La defensa invocó el arraigo de la imputada, el cumplimiento de las reglas impuestas durante el arresto domiciliario, su situación económica y el hecho de tener un hijo menor de edad a cargo.

La Cámara de La Plata entendió que esos elementos no podían ser analizados de manera aislada de “la concreta gravedad de la imputación”, de la ampliación del procesamiento, del rol funcional atribuido a Ansaldi y de las medidas probatorias todavía pendientes.

Por esos motivos, concluyó que la prisión preventiva era, por el momento, “la única medida de coerción personal” con entidad suficiente para neutralizar los riesgos procesales.

Los votos de Borinsky y Hornos

Al analizar el recurso, el camarista Mariano Borinsky sostuvo que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilitara la intervención de Casación.

El magistrado consideró que el planteo expresaba esencialmente una discrepancia con la valoración realizada por las instancias anteriores y afirmó que las objeciones “no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad”. También tuvo en cuenta que tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal de La Plata habían coincidido en rechazar la excarcelación.

Su colega Gustavo Hornos, por su parte, coincidió con la inadmisibilidad del recurso y puso el foco en los riesgos procesales. Consideró que las circunstancias analizadas sostenían una “seria presunción de riesgos procesales” que no había sido neutralizada y consideró que una eventual excarcelación podría permitirle a Ansaldi sustraerse de la investigación u obstaculizarla.

En ese mismo voto, Hornos hizo referencia a la dimensión de los hechos investigados y sostuvo que se trata de un caso en el que “subyace una tragedia de proporciones”.

Con los votos coincidentes de ambos jueces, la Sala IV declaró inadmisible el recurso de casación, impuso las costas a la defensa y tuvo presente la reserva del caso federal para ir ante la Corte.

El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes al declarar como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que pagó un millón de dólares en coimas al ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

“Sí, es cierto”, respondió el contador de 80 años a la fiscal de juicio Fabiana León cuando le preguntó sobre la entrega de “paquetes” al entonces funcionario de Planificación Federal Baratta, ex segundo del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. El testigo explicó que la orden provino de Luis Betnaza, otro ex ejecutivo de Techint.

Zabaleta declaró desde poco después de las 9 hasta las 1430. Por su parte Betnaza, ex director de Relaciones Institucionales del grupo empresario, arribó poco después de las 10 a los tribunales federales de Retiro para hablar también como testigo y aguardó ser convocado en una sala dispuesta por el Tribunal. Comenzó a declarar pasadas las 15 y cerró su testimonio pasadas las 18.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

El Tribunal cerró la audiencia y citó a cuatro testigos para este jueves

Poco más de tres horas después del inicio de la declaración de Luis Betnaza, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la audiencia de este martes y convocó a las partes para continuar el juicio este jueves 27 de agosto a las 9.

Para esa jornada fueron citados como testigos Hugo Marcelo Cruz, Miguel Ángel Punte, Hugo Solís Tobar y Carlos Rezzonico.

Antes de cerrar, Méndez Signori se refirió además al incidente que se había producido durante la declaración de Héctor Zabaleta, a raíz del cruce entre la fiscal Fabiana León y Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta.

El tribunal exhortó a las partes a que enmarquen su actuación dentro del respeto y de las reglas de la retórica forense, luego de la discusión que se generó durante el debate sobre la posibilidad de confrontar a Zabaleta con sus declaraciones anteriores como imputado colaborador.

“Ustedes nunca nos dan nada”: Betnaza recordó el reclamo que le hizo Uberti en nombre de Kirchner

Ante preguntas de Marcos Galpern, representante de la UIF, Luis Betnaza volvió sobre el episodio que había relatado al comienzo de su declaración, ocurrido durante una visita oficial a Venezuela en la que participaba Néstor Kirchner.

El exdirectivo de Techint precisó que el planteo que le hizo Claudio Uberti en ese contexto era económico. “Ustedes nunca nos dan nada”, recordó que le dijo el entonces funcionario, al transmitirle que Kirchner estaba supuestamente enojado porque la empresa no realizaba aportes.

El testigo había explicado antes que ese intercambio se produjo durante una recorrida vinculada a actividades petroleras en Venezuela y que, frente al planteo, respondió que ese no era el modo de relacionarse de Techint con la política. También sostuvo que Uberti no le mencionó un monto concreto.

El exdirector corporativo de Techint contó que rechazó declarar como arrepentido y explicó por qué fue sobreseído

Luis Betnaza ubicó el final de los pagos a Roberto Baratta, ex mano derecha del entonces ministro De Vido, hacia fines de 2008. “El último pago que realizó Zabaleta supongo que fue a fines de 2008, nunca más me pidió autorización respecto del tema. Cuando se fue la gente se terminó el tema”, declaró.

Después recordó el momento en que, en agosto de 2018, se hizo pública la causa de los Cuadernos. Dijo que inicialmente en Techint creyeron que la investigación estaba vinculada con obra pública y corrupción, pero que comenzaron a asociarla con esos pagos cuando fue detenido Héctor Zabaleta.

El exdirectivo contó que entonces decidió presentarse para explicar lo ocurrido y que declaró ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Afirmó que en esa oportunidad mencionó que había sido él quien le dio a Zabaleta la instrucción de realizar los pagos.

Betnaza vinculó los pagos a Baratta con las gestiones para sacar al personal de Venezuela

Al responder preguntas de Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta, Luis Betnaza aseguró que las gestiones por la situación en Venezuela se canalizaban a través del Ministerio de Planificación Federal y no de la Cancillería.

Consultado sobre cómo evaluaron sacar a los empleados argentinos que permanecían en el país, sostuvo que no se trató de una estrategia judicial. “El camino legal era conseguir la posibilidad de sacarlos físicamente. No era un tema para presentar un habeas corpus”, afirmó. Y resumió la decisión de la empresa: “Dijimos: saquémoslos. ¿Cómo? Como podamos”.

En ese contexto, Betnaza relató la instrucción que le dio a Héctor Zabaleta, quien había declarado antes en la audiencia. “Te va a venir a ver Baratta y te va a hacer un pedido de dinero por un tema que necesitamos resolver”, recordó que le dijo, y ubicó esa comunicación “al principio de 2008”.

Según explicó, se realizaron sucesivos pagos por el equivalente a USD 100.000 cada uno. Betnaza afirmó además que fue él quien dio la orden de efectuarlos: “La di yo la instrucción de ese pago”.

El exdirector corporativo señaló que no sabía de qué fondos concretos salió el dinero porque no intervino en esa parte de la operatoria. Explicó que Zabaleta manejaba fondos del grupo y de sus integrantes y era quien determinaba con qué recursos se cubrían esos gastos.

Ante una pregunta de la abogada Gómez Alcorta sobre si consideraba que podía estar cometiendo un delito al ordenarle a Zabaleta que le pagara a Roberto Baratta -entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal-, Betnaza respondió: “Era una emergencia, no era un hecho delictivo”.

Cómo fue el operativo para sacar a los empleados de Venezuela durante la crisis por SIDOR

Al continuar respondiendo preguntas de la fiscal Fabiana León, Luis Betnaza describió ante el Tribunal Oral Federal 7 el operativo que, según dijo, organizó Techint para sacar de Venezuela a sus empleados y familiares durante el período más crítico del conflicto por la nacionalización de SIDOR.

El exdirectivo sostuvo que entre 2007 y 2008 la situación en Puerto Ordaz se volvió cada vez más violenta. “Fue una época muy agresiva, llegamos a situaciones donde nos quemaban los colectivos para no movilizar al personal, violencia física, pintadas en la planta”, declaró. Y agregó que “cada mes se fue haciendo más agresivo”.

Según relató, uno de los episodios que encendió las alarmas fue la aparición de un diputado oficialista que propuso impedir la salida del país de los empleados argentinos. Betnaza dijo que la empresa mantenía informadas a las autoridades argentinas sobre esa situación y que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, estaba al tanto e involucró a Roberto Baratta en las gestiones.

“Pedimos el pedido concreto al gobierno argentino para que nos ayudara a sacar a las personas”, sostuvo. Sobre Baratta, agregó: “Lo traté mucho porque diría que, en términos de situación de cosas operativas, era el que estaba más cerca”.

Betnaza explicó que Techint contrató una empresa especializada en este tipo de evacuaciones, que elaboró una hoja de ruta para retirar a los trabajadores de manera escalonada. “Nos hicieron una hoja de ruta de lo que se debía hacer en estos casos y cómo había que hacerlo parcialmente, no a todos juntos, ir haciéndolo a distintos destinos hasta que finalmente, gracias a Dios, pudimos sacar a todos”, declaró.

El testigo señaló que la evacuación se extendió durante varios meses y que Techint afrontó los gastos. También distinguió ese período de la etapa posterior, cuando ya se había firmado el acuerdo de salida de Venezuela y las conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner estaban más vinculadas, según dijo, con la negociación de las indemnizaciones.

Betnaza dijo que Néstor y Cristina Kirchner intercedieron ante Chávez y contó un pedido de Uberti

El exdirector de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza, comenzó a declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Antes de las preguntas, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le recordó que había estado imputado y luego fue sobreseído en la causa y le advirtió que podía negarse a responder si consideraba que alguna contestación podía resultar autoincriminante.

Ante preguntas de la fiscal Fabiana León, Betnaza explicó que fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina durante más de 20 años y que conoció a distintos dirigentes políticos tanto por esa actividad institucional como por sus 45 años dentro de Techint. Entre 2007 y 2009, dijo, se desempeñaba como director institucional corporativo, con responsabilidad sobre distintos países y como representante del grupo ante entidades empresariales y políticas.

Betnaza recordó que comenzó a involucrarse personalmente en Venezuela a medida que avanzaba el proceso de nacionalizaciones impulsado por el gobierno de Hugo Chávez. Explicó que el grupo tenía allí distintas operaciones y que SIDOR, controlada por Ternium, era la más importante.

“Cercano a 2004 o 2005 comienza a haber ciertas rispideces casi ideológicas porque el gobierno de Venezuela había comenzado el proceso de nacionalizaciones sucesivas”, declaró. Según explicó, desde entonces comenzaron a preocuparse ante las señales de que SIDOR podía ser alcanzada por ese proceso.

Consultado sobre si Techint pidió asistencia al gobierno argentino, respondió que sí. “En varias oportunidades”, dijo, y recordó una gestión durante una cumbre iberoamericana en Mar del Plata: “Nos apersonamos para hablar con el presidente Kirchner y la senadora Kirchner para pedirle que intercediera ante Chávez por el tema de la eventual nacionalización de la empresa”.

Betnaza sostuvo que ambos colaboraron y que participaron de una reunión con Chávez. “Sí, colaboraron”, afirmó. Según su relato, “en ese momento se zanjó la crisis” y la empresa continuó operando normalmente, aunque la situación volvió a agravarse hacia 2007 y 2008.

Luego relató otro episodio ocurrido durante una visita oficial a Venezuela, en la que participaba Néstor Kirchner. Según Betnaza, el entonces funcionario Claudio Uberti se le acercó durante una recorrida por un pozo petrolero y le transmitió un planteo: que Kirchner estaba molesto porque Techint no había realizado ninguna contribución.

“Nosotros no hacemos este tipo de cosas, no es nuestro habitual modus operandi hacer negocios con la política, no es por ahí que va la cosa”, recordó Betnaza que le respondió a Uberti.

La fiscal León le preguntó si en ese intercambio se había mencionado alguna cifra concreta. Betnaza respondió que no. “Nos dijo que el Presidente estaba enojado por no hacer ninguna contribución con él”, declaró.

De acuerdo al testigo, el planteo se produjo en el marco de una visita oficial a Venezuela y no estuvo acompañado por un pedido de monto específico. Betnaza vinculó luego ese episodio con la relación de Techint con el Estado y sostuvo que la participación del grupo en la obra pública nacional era “absolutamente marginal”, cercana, según estimó, al 1%.

También mencionó que la compañía sí tenía contratos privados y obras públicas en distintas jurisdicciones y citó, entre otros ejemplos, trabajos adjudicados por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de San Juan.

Paquetes con pesos

En la audiencia, Zabaleta confirmó que dentro de los paquetes que le daba a Baratta había dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

“La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”, relató bajo juramento de verdad.

Narró sus encuentros con Baratta y hasta contó llamadas del funcionario donde se “enojó” porque no tenía dólar billete y debía darle pesos. “Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

“Yo no sabía por qué le estaba pagando a ese funcionario, sabía que era de nivel, el segundo de De Vido, pero no sabía por qué le estaba pagando, me bastaba la palabra de Luis (Betnaza) para pagarle”, agregó aunque en su declaración como arrepentido en agosto de 2018 aludió a dichos de Betnaza sobre un “compromiso con el Gobierno” ante un peligro de corte de luz y gas en las plantas de SIDERAR y SIDERCA.

Zabaleta recordó que los encuentros con Baratta eran en el estacionamiento de la sede de Techint en el segundo subsuelo porque allí no había cámaras de seguridad.

También ratificó que las fechas coinciden con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

Tras más de una hora de cuarto intermedio donde se debatió si debían confrontarlo con contradicciones en su declaración como arrepentido en agosto de 2018, algo que finalmente se permitió, ratificó su declaración de ese momento cuando contó que Betnaza lo llamó y le dijo que “tenía un compromiso con el Gobierno porque sino le iba a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderca”.

Este martes ratificó que “sí, esa fue la explicación que me dio Luis”.

“Yo no le pregunté por qué le iban a cortar el gas o la luz pero fue exactamente lo mismo que Baratta me dijo cuando yo no le quería dar dólares”, asoció el testigo.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

Al inicio de la declaración poco después de las 9, el testigo, de 80 años y contador público, fue informado por el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori de su obligación de decir la verdad y del derecho a no responder preguntas que considere autoincriminantes en relación a que estuvo imputado en la causa, donde fue sobreseído.

Luego está prevista la declaración de Betnaza. Los dos ex directivos de Techint estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos y declaran este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados, en 2018, presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares, para que funcionarios del kirchnerismo intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

Ambos ejecutivos de la siderúrgica fueron sobreseídos en 2021, luego de que la Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias”, vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.

Concluyó la declaración de Zabaleta y el próximo es Luis Betnaza, ex responsable de Relaciones Institucionales de Techint

El ex gerente administrativo de Techint terminó de declarar minutos antes de las 1430 y se dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos para luego comenzar con la testimonial del ex responsable de Relaciones Institucionales del grupo empresario, Luis Betnaza, quien aguarda desde poco después de las 10 en los tribunales para ser oído como testigo.

El ex gerente de Administración de Techint contó en detalle cómo llegaba Baratta a Techint a buscar el dinero

Ante preguntas del abogado Mariano Galpern, de la querella de la Unidad de Información Financiera, Zabaleta contó en detalle cómo llegaba Baratta en auto a buscar los paquetes.

“Jamás tuve otro trato con Baratta” dijo, salvo “los momentos en que pasó por mi oficina y retiró los paquetes”.

Baratta le manifestó que “no quería ser visto” y por eso hubo “dos o tres formas diferentes” para las entregas.

“En la primera fui hasta la puerta de entrada a la cochera, él me dijo que iba a ir en auto y cuando se arrimó a la barrera me arrimé y ahí le conocí la cara. Ahí me subí al auto y bajamos al segundo subsuelo”.

Luego, dos o tres veces después bajó solo con el chofer y que “hubo una vez que estaba lloviendo” y entonces Zabaleta se arrimó y subió al auto. “El no quería que se lo enfocara” recordó.

En 2018 declaró como arrepentido que Baratta antes de cada entrega lo llamaba por teléfono y le exigía dólares porque los pesos no le servían. “Advertía con cortes de gas o importación de tubos de China. Vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenés en Campana”, refirió Zabaleta que le dijo Baratta cuando declaró como arrepentido. Fragmentos de esa declaración se leyeron en la audiencia.

“Lo que dije hace ocho años no me desdigo ahora”, aclaró pero ocho años después dijo tomar “esas amenazas de una forma diferente” y recordó las circunstancias en que fue detenido en ese momento.

“Había una gran bronca porque el Gobierno de turno no nos había dado una sola obra”, refirió. “Tal vez lo dije con más bronca que ahora ocho años después. No pagamos por una obra, no pagamos por nada, era para tratar de salvar a nuestra gente para que pudiera salir de Venezuela”, declaró ahora.

“¿Que iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate?”

Zabaleta sigue respondiendo preguntas de la defensa del ex segundo de Julio De Vido. Sobre por qué declaró como arrepentido en agosto de 2018 en el juzgado federal por entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio dijo que tomó él la decisión y que quería decir la verdad.

“¿Qué iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate? A Baratta le di dinero en seis o siete oportunidades”, ratificó.

“¿Le pidió un recibo?” preguntó la defensora. “No le pedí recibo porque Luis Betnaza me dijo dale el dinero y cumplí lo que me dijo, me bastó la palabra y me sigue bastando”.

También explicó que cuando se publicaron las anotaciones de Centeno y apareció un Héctor, vio las fechas de las visitas a Techint y coincidían con un listado que tenía en su casa, en su computadora. Entonces supo que lo iban a allanar.

“En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso”, dijo sobre los pagos a Baratta

El testigo dijo que con el CEO de Techint sólo hablaba de sus temas personales y no de los empresariales.

“Aclaré de entrada que el que me dio la instrucción fue Luis Betnaza, que en ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso. El no hablaba conmigo por temas operativos de la compañía. Hablaba conmigo solamente por cosas personales”, dijo.

La decisión de ser arrepentido la tomó él, agregó ante preguntas de la defensa de Baratta. “Lo que no quería era mentir, nada más”.

“Lo que puede pasar es que ahora ocho años después me olvide de algo”, agregó sobre las contradicciones que le marcaron.

Zabaleta explicó de dónde sacaron el dinero para pagar 1 millón de dólares a Baratta

Al retomar su declaración y mientras responde a las preguntas de la defensa de Baratta sobre las contradicciones entre sus declaraciones, el exejecutivo de Techint explicó de dónde sacaron el dinero para los pagos que refirió haber hecho a Roberto Baratta.

“Coinciden las escrituras del señor Centeno en las fechas en que el señor Centeno visitó las cocheras” de la sede de Techint en Puerto Madero. “Esas eran las fechas en que el señor Centeno bajó a la cochera”, dijo además.

Sobre el origen del dinero que usó para pagar, dijo que había un fondo que provenía de dividendos de una sociedad de accionistas en una cuenta de Techint Financial. “ Cuando esa sociedad distribuía dividendos dejaba una masa de dividendos en una cuenta en el exterior a la que yo tenía acceso, saqué los fondos de ahí”.

“Cuando Luis (Betnaza) me pide que haga ese pago hablé a la oficina en el exterior, creo que a la de Lugano (Suiza) y les dije necesito en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares en pesos”, relató. “Pedí fondos cada vez que los necesitaba” a los administrativos de la oficina del exterior. No voy a recordar ahora a qué persona", dijo ante la insistencia al respecto de la defensa. El contador y ex responsable administrativo dijo que custodiaba el dinero hasta “pagárselo a Baratta”.

El dinero llegó en paquetes en “tres o cuatro tandas diferentes” a su oficina y le pagó a Baratta en seis o siete ocasiones, dijo. “Era una persona desconocida” que llegaba a dejar el dinero, preguntaba por él y lo hacían pasar, relató.

Zabaleta contó además que eran fondos reservados para emergencias o ciertos episodios, como por ejemplo el pago del rescate de un miembro de la empresa que fue secuestrado por la guerrilla colombiana, ejemplificó. Agregó que fue la primera vez que tuvo que usar fondos de los dividendos para “eso”.

La defensa de Baratta marcó dos contradicciones de Zabaleta entre su declaración de este martes y la que hizo como arrepentido

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta preguntará al ex ejecutivo de Techint sobre dos supuestas contradicciones. Una “la supuesta llamada del señor Baratta que sucedió el mismo día en que había realizado el supuesto primer pago” mientras que en su declaración como arrepentido en 2018 " dice que recibió un llamado diez días o una semana antes de la primera entrega".

La segunda está referida a cuándo Luis Betnaza lo instruyó para entregar los paquetes, si antes o después de un llamado de Baratta al respecto. La defensora advirtió que la fiscalía “no le preguntó por las razones de esos pagos”.

El Tribunal reanudó la audiencia tras más de una hora de cuarto intermedio y habilitó confrontar al testigo Zabaleta con sus declaraciones como arrepentido

En dos votos separados, los jueces Enrique Méndez Signori y Germán Castelli -por un lado- y Fernando Canero -por otro- habilitaron confrontar al ex ejecutivo de Techint Zabaleta con las declaraciones que prestó en la causa cuando estuvo detenido y en calidad de imputado colaborador, sin prestar juramento de verdad.

De esta manera hicieron lugar al recurso de reposición y se podrá seguir interrogando a Zabaleta, quien al inicio de la audiencia ratificó que entregó en persona pagos ilegales que totalizaron 1 millón de dólares, al entonces subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y acusado en el juicio, Roberto Baratta.

La defensora de Baratta pidió sancionar a la fiscal León y hay cuarto intermedio

La defensora de Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió sancionar a la fiscal León porque habló de que se “carpeteó” al testigo Zabaleta a la hora de interrogarlo.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio para resolver si avalan la lectura de anteriores declaraciones del ex ejecutivo de Techint.

“Que diga que esta defensa carpetea es grave”, dijo exaltada Gómez Alcorta. “Respeto nos merecemos todos, estoy defendiendo a una persona que hasta el día de hoy es inocente”.

“Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad”, dijo Fabiana León

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León sostuvo que “no se ha afectado” el derecho a defensa del acusado Roberto Baratta.

“No se está violando el derecho de defensa”, dijo al responder a las defensas que reclaman que se lean al testigo sus declaraciones durante la investigación del caso Cuadernos.

León explicó que las anteriores declaraciones de Zabaleta no fueron bajo juramento de verdad. “Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad” y “hay que ser honestos nada importa más a otros participantes del debate que ocultar la verdad”.

La fiscal no se opuso a confrontar al testigo con sus declaraciones como arrepentido.

Defensores reclaman al Tribunal que permita leer declaraciones como arrepentido de Zabaleta

Los abogados defensores reclaman al pleno del Tribunal que permita leerle al testigo sus declaraciones anteriores. El defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, remarcó que la ex presidenta no está acusada por estos hechos y tiene falta de mérito pero adhiere a los planteos por la necesidad de resguardar el derecho a defensa de Baratta.

“Se trata de verificar si el testigo que declara en este momento en nuestra presencia brindó alguna otra manifestación como arrepentido que tiene una versión contradictoria”, dijo.

Beraldi remarcó que “es uno de los primeros casos donde vemos que alguien como testigo aparece en este juico y antes cumplió función de imputado colaborador”.

El testigo se retiró de la sala mientras se discute si se le pueden exhibir sus declaraciones anteriores

Zabaleta se retiró de la sala ante un planteo de la defensa de Baratta sobre la necesidad de exhibirle sus declaraciones anteriores, durante la investigación en 2018.

La abogada remarcó la necesidad de señalar “contradicciones” y confrontar los dichos del ex gerente de Techint. “Estamos ante un caso inédito con el señor Zabaleta, tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos, que es sobreseído” y por estos hechos “los van a usar como cargo”. “Es inédito”, dijo.

“En este caso este señor es un testigo, ¿tampoco vamos a poder preguntarle a él, a alguien que fue privilegiadamente sobreseído en esta causa, el único arrepentido que recibió el privilegio”, dijo la abogada Gómez Alcorta. “¿Qué más nos van a impedir a las defensas?”, se preguntó.

“Hay una obstrucción sostenida” a la hora de llegar a la verdad. “No llego a comprender a quién buscan proteger en cada hecho en el que a la defensa nos atan las manos”, agregó.

La abogada advirtió que “le están vulnerando a Roberto Baratta el derecho a defenderse”.

Antes de resolver el Tribunal Oral Federal 7 escucha los argumentos de más abogados defensores que adhieren al planteo de la defensa de Baratta.

Zabaleta responde preguntas de la defensa de Roberto Baratta

El ex ejecutivo de Techint contó sobre sus inicios en la compañía cuando estudiaba en la facultad en 1969 hasta su jubilación. También habla de su vínculo con el CEO de la empresa Paolo Rocca al responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gomez Alcorta.

“Entiendo que el señor que manejaba” el dinero “le habrá informado a Roca” dijo sobre los pagos.

La defensa lo interroga sobre diferentes sociedades vinculadas a Techint y el rol del testigo en cada una de ellas. También sobre personas integrantes de esas sociedades y su grado de conocimiento sobre ellas.

Son “preguntas para entender su rol y su capacidad de tomar decisiones”, precisó la letrada.

“Me tenés que dar dólares” contó Zabaleta que le exigía Baratta

“Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Zabaleta recordó cómo fue detenido en la causa y dijo que las fechas de las entregas coinciden con las anotaciones de los cuadernos del remisero arrepentido Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario de Planificación Federal Baratta.

Comenzó a declarar como testigo el ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta

El contador de 80 años responde preguntas de la fiscal Fabiana León luego de prestar juramento de verdad y ser informado de su derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo porque estuvo imputado en el caso.

Zabaleta comenzó recordando cómo fue detenido en el caso por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio. “Si si era cierto”, respondió sobre paquetes que le entregó al acusado Roberto Baratta. Las visitas del ex funcionario a la empresa figuran en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

“Me instruyó de entregar esos paquetes Luis Betnaza”, por entonces director de Relaciones Institucionales de Techint. “Las entregas eran de dinero y cada entrega estaba en el orden de 600, 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”.

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El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Jorge Hugo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.

En la presentación ante el Consejo, Pinarello atribuyó al magistrado hechos que, según sostuvo, podrían constituir “faltas disciplinarias y/o causal de mal desempeño”. En paralelo, dentro del expediente penal, el imputado solicitó su apartamiento por “enemistad manifiesta y pérdida objetiva de la imparcialidad”. Pinarello es un empresario marplatense y jugador de póker que fue procesado por Inchausti con prisión preventiva. La acusación lo ubica como organizador de una presunta asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.

Actualmente, Pinarello cumple prisión domiciliaria. Este mes, además, Inchausti dispuso una nueva ronda de indagatorias para 16 personas por presuntas maniobras de lavado. Entre los convocados quedaron el propio Pinarello, su padre, Elías Guillermo Pinarello, ex comisario de la Policía Bonaerense, y su hermana.

Uno de los principales ejes de la denuncia disciplinaria se refiere a la difusión de información del expediente mientras se encontraba bajo secreto de sumario. Según el escrito, la reserva fue levantada el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre las hipótesis acusatorias, las medidas ordenadas y circunstancias personales de quienes aparecían vinculados a la investigación.

Pinarello afirmó que varias publicaciones reprodujeron datos coincidentes y señaló que esa circunstancia “razonablemente permite inferir la existencia de una fuente común de información con acceso privilegiado al expediente”. Por ese motivo, el denunciante pidió al Consejo que investigue específicamente el origen de las filtraciones producidas durante la vigencia del secreto. La presentación también cuestionó la difusión de referencias a Elías Pinarello.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae, el excomisario no había sido citado a indagatoria hasta el 6 de agosto pasado. El planteo requirió que se determine si la información publicada pudo haber provenido de funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público Fiscal o integrantes de fuerzas de seguridad con acceso a las actuaciones.

El pedido para apartar al juez

La recusación incorporó otro argumento: un supuesto conflicto previo entre Inchausti y el padre del acusado. En 2016, Elías Pinarello se desempeñaba como director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata y mantenía, por esa función, una relación institucional con el juez.

Según el relato de su hijo, durante una reunión en el despacho del magistrado se produjo una discusión por diferencias de criterio. El escrito afirma que Inchausti le manifestó “que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera, y que, en caso de no adecuarse a tales directivas, duraría poco tiempo en el cargo”, con una referencia a su carrera profesional. La defensa ofreció como testigo de ese encuentro a Juan Zanocchia, entonces segundo jefe de la dependencia policial.

El planteo vinculó ese episodio con una serie de circunstancias posteriores que afectaron a Elías Pinarello. Entre ellas, la recusación mencionó su traslado a La Plata, su posterior pase a retiro y, ya dentro de la causa actual, una inhibición general de bienes dispuesta en noviembre de 2025 y el bloqueo durante más de dos meses de su cuenta sueldo. Otro capítulo de la presentación se concentra en la comparación entre Pinarello y su coimputado Joaquín Otero Cao. La defensa planteó que ambos atraviesan situaciones procesales equivalentes, pero recibieron un tratamiento distinto al momento de resolverse sus pedidos de prisión domiciliaria.

De acuerdo con la recusación, Inchausti concedió en primera instancia el beneficio a Otero Cao y rechazó el solicitado por Pinarello. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó posteriormente esa decisión y otorgó la morigeración. La fiscalía recurrió el fallo ante Casación y, después de un resultado adverso, presentó un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible y luego una queja ante la Corte Suprema.

La defensa cuestionó además la forma en que se ejecutó la decisión de la Cámara. La presentación sostuvo que la salida de Pinarello quedó supeditada a la colocación previa de una tobillera electrónica y que esa exigencia prolongó su permanencia en prisión durante casi diez días. En cambio, según el mismo escrito, Otero Cao había dejado el penal en diciembre de 2025 sin que previamente le instalaran ese dispositivo.

La recusación también advirtió una diferencia en las cauciones. Inchausti fijó $100 millones para Pinarello y $50 millones para Otero Cao. El escrito cuestionó que no se hubiera explicitado una diferencia objetiva en las imputaciones o circunstancias procesales que justificara esa disparidad.

Otro de los cuestionamientos se refiere a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. El imputado afirmó que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento de la orden de captura en su contra y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, la recusación sostuvo que el juzgado y la fiscalía “construyeron en sus piezas procesales una narrativa” según la cual había sido capturado mientras intentaba fugarse.

Con todo, Pinarello solicitó ante el Consejo de la Magistratura la apertura de actuaciones disciplinarias para investigar el origen de las filtraciones y evaluar la conducta funcional de Inchausti. En paralelo, en la causa penal, la defensa pidió el apartamiento del magistrado y, en caso de que el planteo sea rechazado, la elevación de las actuaciones al tribunal superior para su resolución.

Una causa por 167 gramos de marihuana escondidos debajo de una baldosa en una celda terminó abriendo una discusión mucho más amplia: quién está habilitado para acusar en nombre del Estado dentro del nuevo sistema acusatorio federal.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió ahora que los fiscales interinos sí pueden hacerlo y revocó al juez que había invalidado su intervención.

La decisión fue adoptada de manera unipersonal por el camarista Daniel Antonio Petrone y dejó sin efecto una resolución del juez con funciones de revisión de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

El conflicto se produjo en la causa contra Marcelo Alejandro Cáceres, acusado de haber tenido el 11 de marzo de 2025 un total de 167,25 gramos de cannabis distribuidos en trece envoltorios y ocultos debajo de una baldosa de la celda N°24 del Pabellón N°1 de la Unidad N°15 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encontraba alojado solo.

La fiscalía calificó el hecho como tenencia simple de estupefacientes y solicitó un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa y la declaración de reincidencia.

Sin embargo, cuando llegó el momento de controlar esa acusación, el debate dejó de girar sobre la droga.

La fiscal federal interina Sandra Susana Fernández había firmado el requerimiento contra Cáceres el 20 de marzo pasado. En la audiencia posterior intervino Pablo Fernando Mansilla, también fiscal interino de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

El camarista Leal de Ibarra cuestionó de oficio la validez de ambas intervenciones. Entendió que Fernández y Mansilla no habían atravesado el procedimiento correspondiente a la designación definitiva de fiscales y, por ese motivo, declaró inválida la participación del Ministerio Público. Además, ordenó que la acusación fuera ratificada dentro de diez días por otro fiscal.

El Ministerio Público recurrió. Sostuvo que esa decisión desconocía su autonomía y las facultades que la ley le otorga al procurador general para cubrir provisoriamente las vacantes.

Dos formas de cubrir una fiscalía

El punto central del fallo de Casación está en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N°27.148.

Su primer párrafo establece el mecanismo para nombrar fiscales definitivos: concurso público de oposición y antecedentes, conformación de una terna, elección de un candidato por el Poder Ejecutivo y posterior acuerdo del Senado.

Pero la misma norma contempla qué ocurre mientras ese proceso no finalizó. Su segundo párrafo dispone expresamente que “el Procurador General de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la designación definitiva de su titular”.

Petrone consideró que ambos mecanismos cumplen funciones diferentes y que exigirle a un fiscal interino que previamente complete todos los pasos de un nombramiento definitivo volvería inaplicable la segunda alternativa prevista por la propia ley.

Según consideró el juez del máximo tribunal penal del país, “la cobertura interina presupone, precisamente, que el cargo aún no ha sido provisto de manera definitiva”, sostuvo.

El magistrado también recordó que el artículo 120 de la Constitución Nacional reconoce al Ministerio Público como un órgano independiente y con autonomía funcional. Esa característica está desarrollada en el artículo 4 de la Ley 27.148, mientras que el artículo 9 define al organismo como una estructura jerárquica, única e indivisible, cuya máxima autoridad es el procurador general.

El nuevo sistema acusatorio

La discusión adquirió una dimensión particular porque el expediente tramita dentro del sistema acusatorio federal, vigente desde el 2 de diciembre de 2024 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que comprende Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El modelo modificó la distribución tradicional de funciones dentro del proceso penal federal. La investigación y el impulso de la acción penal quedaron en cabeza del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces intervienen como garantes de derechos, resuelven las controversias planteadas por las partes y controlan las medidas que requieren autorización jurisdiccional.

En ese esquema, la acusación dejó de estar dirigida por un juez de instrucción y pasó a depender directamente de los fiscales, lo que otorgó una relevancia concreta a la discusión sobre quiénes están habilitados para ejercer esas funciones.

Durante la audiencia ante Casación, el fiscal general Raúl Omar Pleé advirtió sobre las posibles consecuencias operativas del criterio sostenido por Leal de Ibarra: afirmó que en toda esa jurisdicción existen 14 fiscales, pero solo cuatro cuentan con cargos efectivos bajo la interpretación cuestionada.

Fiscales interinos no son auxiliares

Otro punto que Casación consideró relevante fue la diferencia entre un fiscal interino y un auxiliar fiscal.

El artículo 94 del Código Procesal Penal Federal permite que los auxiliares realicen numerosos actos procesales, pero les prohíbe formular acusaciones y adoptar decisiones que impliquen disponer de la acción penal.

Petrone entendió que esa restricción no podía extenderse a Fernández y Mansilla, porque ambos habían sido formalmente designados como fiscales interinos mediante resoluciones del procurador general interino Eduardo Casal.

“No se trató de funcionarios a quienes se les hubieran delegado informalmente determinadas tareas propias de ese cargo o que hubieran asumido funciones que excedieran las legalmente establecidas”, señaló.

Casación consideró, por lo tanto, que estaban habilitados tanto para formular la acusación como para intervenir en su audiencia de control y calificó de “arbitrario” el criterio utilizado para invalidar sus actuaciones.

No era la primera vez que la controversia llegaba a esa instancia. En julio, el juez de Casación Mariano Borinsky había revocado otra resolución de Leal de Ibarra en el caso “Jaramillo”, donde el magistrado había sostenido una posición similar frente a fiscales interinos.

En el expediente Cáceres, Petrone declaró válidas las intervenciones de Sandra Susana Fernández y Pablo Fernando Mansilla y dispuso que las actuaciones continuaran según su estado. La acusación por tenencia simple de estupefacientes quedó nuevamente radicada en la instancia de control prevista por el Código Procesal Penal Federal.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, habló este lunes sobre el impacto de las vacantes en el funcionamiento de la Justicia y pidió continuar el proceso de cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores.

Lo hizo durante el acto oficial por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Misiones, celebrado en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas, y encabezado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

“No hay un discurso republicano, ni de defensa de la justicia, que se pueda asentar sobre la base de un sistema judicial que carezca de jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Rosatti durante su intervención.

El titular de la Corte reconoció, en ese contexto, el avance de los procesos destinados a cubrir puestos actualmente vacantes. “De manera que vaya mi reconocimiento especial al señor ministro por lo que se viene haciendo en los últimos meses en materia de cobertura de las vacantes, y esperamos que esto siga así. Y también el reconocimiento al Senado de la Nación, por supuesto”, señaló.

Y agregó: “Creo que, me atrevo a decir, tanto el Dr. Casal como el Dr. Ranchetti deben compartir este criterio. No podíamos seguir trabajando sobre la base de 25, 28, 30% de vacantes. Necesitamos un sistema judicial que funcione a pleno, y para eso necesitamos a nuestra gente”.

Además de Rosatti y Mahiques, participaron del acto el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal; el defensor general de la Nación, Julián Langevin; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

La actividad coincidió con la puesta en marcha del sistema acusatorio en toda la provincia, con alcance sobre las sedes judiciales de Posadas, Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú. Con Misiones, el nuevo Código Procesal Penal Federal pasó a funcionar en 10 distritos federales y 17 provincias.

El cambio modifica la distribución de funciones dentro de las investigaciones por delitos federales. Bajo el esquema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal queda a cargo de investigar y formular la acusación, mientras que la defensa representa técnicamente a la persona imputada y los jueces intervienen como terceros imparciales para resolver las controversias planteadas por las partes en audiencias orales.

El modelo se apoya, entre otros principios, en la oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración, con una dinámica que reduce el peso del expediente escrito y concentra buena parte de las decisiones en audiencias.

La implementación en Misiones fue precedida por trabajos de capacitación, incorporación de tecnología y adecuación de espacios judiciales. En las semanas anteriores, el Ministerio de Justicia desarrolló actividades de formación destinadas a jueces, fiscales, defensores y equipos que comenzarán a operar con el nuevo régimen.

También se prepararon las salas necesarias para las audiencias. Según había informado el Consejo de la Magistratura, se adecuaron seis espacios distribuidos entre Posadas, Puerto Iguazú, Oberá y Eldorado, junto con dependencias de la Oficina Judicial. La inversión destinada a infraestructura y mobiliario ascendió a $103.776.700.

La Procuración General, por su parte, reorganizó su estructura para adaptarla al nuevo modelo y creó mediante la Resolución PGN 59/26 la Fiscalía de Distrito de Misiones, que desde este lunes concentra la representación del Ministerio Público Fiscal en la provincia.

La jurisdicción tiene además una particularidad geográfica vinculada con su extensa zona fronteriza y el movimiento de personas y mercaderías, un escenario en el que interviene habitualmente la Justicia federal en investigaciones relacionadas con delitos complejos y transnacionales.

La próxima etapa del cronograma está prevista para el 21 de septiembre en la jurisdicción federal de La Plata. El sistema comenzará luego a regir en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027 y en Córdoba desde el 8 de marzo. Para Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA todavía no se fijaron fechas de implementación.

Hay un tramo de poco más de dos horas en la última navegación del ARA San Juan que, casi nueve años después de la tragedia, continúa sin una explicación definitiva.

A las 8:36 del 15 de noviembre de 2017 comenzó el último intento automático de conexión del submarino mediante el sistema satelital Iridium. Se prolongó durante 532 segundos, hasta aproximadamente las 8:45. A las 10:51, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) fijó la producción de un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”.

Entre esos dos mojones no hubo nuevas comunicaciones provenientes de la nave.

Ese interrogante ocupa un lugar relevante en los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este jueves y permite observar desde otra perspectiva el debate sobre las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.

El 8 de julio, al término del juicio, el tribunal condenó por mayoría al ex capitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, mientras que los otros tres ex altos mandos que llegaron al debate, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, fueron absueltos por unanimidad. Villamide había sido comandante de la Fuerza de Submarinos y autoridad de control operativo de esas unidades durante 2017.

La condena tampoco fue unánime: Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto conformaron la mayoría, mientras que Luis Alberto Giménez se inclinó por absolver también a Villamide. La diferencia adquiere especial relevancia al leer ahora sus argumentos, porque uno de los puntos que los separó fue, precisamente, hasta dónde podía avanzar la atribución penal cuando la secuencia física que desembocó en el naufragio no pudo reconstruirse en su totalidad.

El juicio se desarrolló en Río Gallegos entre el 3 de marzo y el 8 de julio de este año. La acusación estuvo encabezada por el fiscal general interino Gastón Franco Pruzán y, en representación de distintas familias de los tripulantes, participaron como querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras. Durante el proceso declararon decenas de submarinistas, técnicos, especialistas y ex integrantes de la Armada.

Los cuatro imputados ocupaban distintos lugares en la cadena naval. López Mazzeo estaba al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); Villamide conducía el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Alonso era jefe del Estado Mayor de ese comando y oficial evaluador del alistamiento; y Correa se desempeñaba como jefe del Departamento de Operaciones, además de tener funciones vinculadas con la navegación y las comunicaciones.

Fue dentro de ese extenso debate donde las últimas horas del San Juan adquirieron un peso decisivo.

Lo que ocurrió antes del silencio

Buena parte de la madrugada del 15 de noviembre pudo reconstruirse.

Durante la noche anterior, en medio de condiciones meteorológicas adversas, ingresó agua de mar por el sistema de ventilación hacia el sector de la batería de proa. La contingencia provocó un cortocircuito y un principio de incendio. La tripulación salió a superficie para ventilar y la batería afectada quedó fuera de servicio.

Informado de la situación, Villamide canceló la patrulla y dispuso que el submarino regresara a Mar del Plata.

A las 6 de la mañana, el comandante del San Juan, Pedro Martín Fernández, transmitió un SITREP -un reporte de situación- en el que informó lo ocurrido. Para entonces la nave continuaba desplazándose y lo hacía con circuito dividido, mediante la sección de propulsión que permanecía operativa.

Ese mensaje fue interpretado por algunos especialistas como un dato relevante: el submarino había sufrido una avería seria, pero todavía estaba bajo control. Uno de los testigos recordó que el reporte señalaba que no había novedades entre el personal y que la unidad continuaba navegando; por eso, explicó, transmitía “cierta tranquilidad”.

Poco después, Fernández solicitó modificar el itinerario de regreso. A las 7:19 se produjo la comunicación telefónica desde la nave. Luego, a las 8:27, desde tierra fue autorizado el cambio de ruta y nueve minutos más tarde comenzó el último log on del sistema satelital Iridium.

Ese registro técnico terminó alrededor de las 8:45.

A partir de allí, la reconstrucción deja de apoyarse en comunicaciones directas del San Juan.

Uno de los submarinistas que intervino en el Consejo Asesor del Arma Submarina describió durante el juicio el límite de la información disponible: después del último turno de comunicaciones, “la antena no se loggeó más con el satélite”. Y precisó: “A partir de ahí no sabemos si arriaron la antena, o apagaron el equipo, tampoco si se quedaron en plano periscopio o fueron a plano profundo”.

La duda, agregó, alcanzaba incluso a la relación entre la avería de la madrugada y el desenlace posterior: “La pregunta es si lo que pasó a las 10.51 tiene algo que ver con lo que pasó a la medianoche, se puede pensar que sí, pero también puede ser que no se relacionen, porque puede ser que haya pasado otra cosa”.

El mismo testimonio condensó el punto hasta donde podía llegar la certeza técnica: “La única certeza es que el submarino se fue demasiado en plano e implosionó”.

En otros términos, se conoce el desenlace: el San Juan descendió hasta superar la profundidad que su estructura podía resistir y sus restos fueron encontrados posteriormente a 907 metros. Lo que permanece abierto es qué desencadenó la pérdida de control que lo llevó hasta allí.

Distintas explicaciones posibles

Las audiencias expusieron varias secuencias técnicamente compatibles con ese desenlace, pero ninguna logró convertirse en una explicación única y comprobada.

El capitán de navío Diego Daffunchio, submarinista que posteriormente comandó el ARA Santa Cruz, analizó las causas capaces de producir una pérdida de plano. Entre las alternativas mencionadas en su declaración figuraron un blackout, la rotura de una tubería o una falla en la alimentación eléctrica que afectara el sistema de control de los planos.

Otros testimonios se detuvieron precisamente en la posibilidad de un apagón. Los especialistas en electricidad Luis Amilaga y Jorge Mercado explicaron durante el debate los procedimientos previstos ante un blackout total: reiniciar manualmente los interruptores de las baterías e intentar restablecer cuanto antes la alimentación.

La pérdida de propulsión aparecía como otra posibilidad vinculada. El problema no era solo identificar una falla eléctrica, sino establecer si una contingencia de ese tipo podía haber dejado al submarino sin capacidad suficiente para detener el descenso.

También cobró relevancia una eventual generación de hidrógeno en el sector de las baterías.

Esa línea había sido estudiada por la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa, integrada por los contraalmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama, y por el capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo. Los tres tenían experiencia submarinista; Trama y Bergallo habían comandado el ARA San Juan. Este último, además, era el padre de Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante de la nave y uno de los 44 fallecidos.

La comisión examinó la posibilidad de que, después del ingreso de agua y el cortocircuito, se hubiera generado suficiente hidrógeno como para provocar una explosión interna que neutralizara de inmediato a la tripulación. Durante las audiencias se explicó que sus cálculos contemplaron incluso el tiempo necesario para que ese gas alcanzara una determinada concentración. Pero tampoco sus integrantes presentaron esa reconstrucción como una constatación directa de lo ocurrido.

En uno de los pasajes del debate referido a ese análisis se admitió con claridad el límite de aquella inferencia: “Están seguros que estuvieron en inmersión con el hidrógeno creciendo en el interior, pero no tienen certezas”, consignaron los fundamentos al reproducir la declaración.

La existencia de sistemas para medir gases agregó otra variable. Carlos Schutz, maquinista y ex tripulante del San Juan, declaró sobre los mecanismos de detección y las contingencias registradas durante navegaciones anteriores.

Otro especialista, al ser interrogado directamente sobre qué podía haber agravado la condición del submarino después del SITREP, respondió que solo se le ocurría una producción de hidrógeno superior al 4% que hubiera incapacitado a los tripulantes para reaccionar. Pero, acto seguido, la propia prueba volvió a mostrar su límite: era una explicación posible, no la comprobación de lo sucedido dentro del casco.

La acumulación de hipótesis -una falla eléctrica, una pérdida de propulsión, un nuevo ingreso de agua, una eventual concentración de hidrógeno o algún otro acontecimiento- terminó por exponer el núcleo del problema: los expertos podían describir distintos mecanismos capaces de provocar el descenso, pero no observar cuál de ellos había ocurrido efectivamente.

Ese límite técnico terminó proyectándose sobre la discusión jurídica.

Reynaldi: el riesgo debía analizarse desde antes

Para el presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, la imposibilidad de identificar la última falla física no impedía responsabilizar penalmente al ex oficial Villamide.

El magistrado situó el análisis en los deberes que tenía el ex comandante de la Fuerza de Submarinos y en los riesgos que debía administrar por su función.

Su razonamiento partió de una idea que después su colega Baronetto retomó expresamente: la navegación submarina posee un “riesgo base” tolerado, pero quienes ocupan posiciones de control tienen la obligación de evitar que ese peligro supere los márgenes permitidos.

La discusión, entonces, no debía agotarse en determinar qué ocurrió exactamente dentro del San Juan después de las 8:45. Para Reynaldi también importaba reconstruir qué condiciones habían precedido a ese momento y qué medidas correspondía adoptar frente a ellas.

En ese marco valoró las novedades materiales acumuladas durante 2017, los antecedentes de ingreso de agua, las tareas de mantenimiento pendientes, las inspecciones y la información que llegaba al COFS. La acusación había sostenido que Villamide, por las funciones que ejercía, debía intervenir en el alistamiento, coordinar el sostén logístico y desempeñarse como autoridad de control operativo de los submarinos.

Reynaldi también examinó lo ocurrido durante la última madrugada. Villamide, al conocer el principio de incendio, suspendió la patrulla y ordenó regresar a Mar del Plata, aunque dejó en manos de Fernández la decisión de continuar en superficie o volver a inmersión “según la factibilidad” y las condiciones que enfrentara a bordo.

Para el voto de la mayoría, la autonomía que reglamentariamente tenía el capitán Fernández como comandante del submarino no anulaba las obligaciones propias del jefe del COFS. El llamado “principio de confianza” permite distribuir responsabilidades dentro de una estructura jerárquica compleja, pero no libera necesariamente a un superior de actuar frente a riesgos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

Ahí aparece el punto central de su razonamiento: la falta de certeza sobre el desencadenante inmediato no eliminaba, para el juez Reynaldi, la posibilidad de estudiar si previamente se había incrementado un riesgo que Villamide tenía el deber de controlar.

Baronetto desarrolló esa idea en términos expresos. “En resumen, en los delitos de infracción de deber el garante, como funcionario público, tiene la obligación positiva de configurar un mundo seguro; por ende, cualquier administración defectuosa de su esfera de organización que genere un riesgo prohibido conduce a la responsabilidad”, escribió.

Y agregó: “Como bien dijo el colega preopinante Dr. Reynaldi, se reconoce un ‘riesgo base’ tolerable en la vida moderna, pero el deber de cuidado obliga a mantener la actividad dentro de esos límites”. Luego remató: “Si el garante permite que la peligrosidad desborde los límites autorizados, se configura el injusto”.

Desde ese enfoque, el tribunal podía preguntarse si el resultado representaba la concreción de un riesgo previamente incrementado sin necesidad de identificar una única pieza, maniobra o falla como causa inmediata de los hechos.

Baronetto también abordó otro de los cuestionamientos que atravesaron el expediente: la falta de una pericia integral sobre los restos de la nave. Frente a ese planteo sostuvo que una medida de ese tipo resultaba “innecesaria e inconducente para el dictado de un pronunciamiento de certeza en esta instancia”.

Para justificarlo destacó el caudal de prueba existente: los informes de Kenny, Trama y Bergallo; los dictámenes de Gerardo Bellino y Arturo Marfort; la información del fabricante ThyssenKrupp; las imágenes del hallazgo; los registros de la CTBTO y las declaraciones de decenas de submarinistas.

Giménez: “Es un hecho desconocido”

El juez Luis Alberto Giménez trazó el límite en otro punto.

Para el magistrado, acreditar que Villamide tenía “deberes funcionales” y que existían riesgos anteriores no alcanzaba para imputarle penalmente el resultado trágico. Había que demostrar que las conductas concretamente reprochadas se vinculaban con el estrago de una manera compatible con el grado de certeza requerido para una condena.

Su voto comenzó, incluso, cuestionando la forma en que la acusación había individualizado los deberes de los cuatro imputados. Según escribió, durante el debate persistió una “imprecisión en orden a los deberes incumplidos”, que después no fue subsanada de manera suficiente.

Al llegar a la situación de Villamide, Giménez se detuvo primero en la válvula E19, la pieza del sistema de ventilación vinculada con el ingreso de agua.

“¿Cómo sabemos que falló la válvula? No sabemos qué pasó con la válvula”, planteó.

Para el juez, si la válvula había sido colocada nueva durante la reparación de media vida, no tenía vencido su plazo de recorrido y no existía una solicitud de obra correctiva pendiente sobre ella, no podía trasladarse automáticamente aquel episodio al ámbito de responsabilidad directa del comandante de la Fuerza de Submarinos.

Pero su objeción principal estaba unas horas más adelante.

“El otro obstáculo lo tenemos entre las 8.30 y las 10.51. Es un hecho desconocido, no pudo ser evitado por Claudio Javier Villamide”, sostuvo. Y precisó inmediatamente después: “Segundo obstáculo, el desconocimiento en esta franja, en este lapso que desemboca en la tragedia”.

Para Giménez, ese tramo no constituía una mera ausencia de información susceptible de ser superada mediante la teoría del riesgo. Representaba una incógnita acerca de qué causa se concretó efectivamente.

Su razonamiento apuntaba al nexo: si no podía determinarse qué desencadenó finalmente la pérdida de profundidad, tampoco podía afirmarse con la certeza necesaria que otra conducta del imputado hubiera evitado el naufragio.

A esa conclusión sumó un tercer componente, al que llamó “la cultura organizacional naval”. Describió a la Armada como una organización atravesada por controles horizontales y verticales, reglamentos minuciosos y una distribución específica de competencias.

“Villamide no podía hacer lo que quería, estaba todo regulado”, escribió. Y colocó junto a esos reglamentos otro límite para su actuación: la autonomía del comandante de la unidad, que definió no como una concesión de Villamide, sino como “una obligación reglamentaria de respetarse”.

En esa lectura, el capitán Pedro Martín Fernández era quien se encontraba en el escenario, conocía directamente el comportamiento de la nave, el estado de su tripulación y las condiciones del mar. Villamide había recibido la novedad, suspendido la misión y ordenado el regreso. El interrogante era hasta dónde podía exigírsele desde tierra anticipar un acontecimiento que todavía hoy no pudo establecerse con precisión.

Las dos posiciones terminaron enfrentándose sobre una cuestión común.

Para Reynaldi y Baronetto, desconocer la falla final no impedía determinar si, antes de ella, se había creado o tolerado un riesgo jurídicamente desaprobado que finalmente se concretó en el estrago.

Para Giménez, en cambio, esa misma incógnita impedía cerrar el vínculo causal: si no se sabía qué ocurrió durante el tramo decisivo, no podía asegurarse que el resultado correspondiera precisamente al riesgo atribuido a Villamide y no a otro episodio posterior.

Con todo, el juicio reconstruyó comunicaciones, decisiones, averías, procedimientos y buena parte de la última navegación. Los expertos pudieron describir escenarios técnicamente posibles y los jueces establecieron responsabilidades diferentes para los cuatro ex altos mandos que llegaron al banquillo.

Pero las dos horas que van del último registro del Iridium al evento de las 10:51 conservaron un interrogante que terminó atravesando el propio fallo.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el canciller Pablo Quirno suscribieron un acuerdo para agilizar la cooperación penal internacional y ordenar el intercambio de información y pruebas con otros países en investigaciones que atraviesan fronteras.

El convenio, firmado en el Palacio San Martín y protocolizado mediante la Resolución PGN N° 58/26, establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) para tramitar pedidos de asistencia jurídica provenientes del exterior o formulados por fiscales argentinos.

En términos sencillos, la asistencia jurídica internacional es el mecanismo formal mediante el cual autoridades de diferentes países colaboran para obtener pruebas o realizar diligencias que una investigación penal necesita fuera de su territorio. Puede comprender documentación, información financiera, evidencia digital u otras medidas vinculadas con personas, bienes o activos localizados en otra jurisdicción.

El documento establece como finalidad que ambas instituciones, dentro de sus respectivas competencias, “colaboren entre sí para promover una cooperación internacional en materia penal más eficiente y coordinada”, que permita mejorar el intercambio de información y evidencia, optimizar las investigaciones y abordar con mayor eficacia fenómenos criminales de carácter transnacional.

Uno de los puntos centrales regula qué ocurrirá con los pedidos que llegan a la Argentina desde otros países. Cuando las medidas requeridas puedan ser ejecutadas por el organismo fiscal, la cartera diplomática las remitirá para su cumplimiento.

La situación cambia cuando esas solicitudes implican medidas coercitivas que restrinjan la libertad, los derechos o los bienes de una persona. Para esos casos, el texto dispone que el MRECIC “enviará el requerimiento directamente a la autoridad judicial competente, con aviso al MPFN”, para que el fiscal interviniente pueda representar el interés de la asistencia solicitada durante el trámite judicial.

El convenio también ordena el recorrido inverso: los pedidos de colaboración que realicen fiscales argentinos a autoridades de otros países. En esos supuestos, “el MPFN remitirá al MRECIC todos los requerimientos de asistencia jurídica internacional formulados por sus agentes fiscales” cuando deban canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central de un tratado o por la vía diplomática.

La intención es, además, que esos trámites puedan seguirse de principio a fin. El acuerdo determina que “el MPFN mantendrá informado al MRECIC sobre el curso de acción, estado de tramitación y ejecución de los requerimientos remitidos al MPFN”. Una vez cumplidas las medidas solicitadas desde el exterior, las actuaciones deberán regresar a la autoridad central para su posterior envío al Estado requirente.

Para concentrar ese vínculo fueron designadas dos dependencias específicas: la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), por la Procuración, y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJIN), por Relaciones Exteriores. Ambas funcionarán como canales de coordinación, intercambio de información y seguimiento de los requerimientos.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, la iniciativa busca adecuar esos mecanismos a investigaciones sobre fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo y los ciberdelitos, en un contexto marcado también por la expansión del sistema acusatorio y la creciente importancia de la evidencia digital.

El documento contempla asimismo el intercambio de datos aun cuando no exista previamente un pedido formal de asistencia. La cartera diplomática deberá comunicar al organismo acusador información recibida de autoridades extranjeras que pueda dar cuenta de un delito susceptible de ser investigado en la Argentina o resultar útil para una causa ya iniciada.

En ese sentido, establece que “el MRECIC enviará al MPFN toda información espontánea relativa a cuestiones penales que reciba de autoridades competentes extranjeras”, siempre que pueda resultar relevante para iniciar una acción penal en el país o contribuir al avance o conclusión de una investigación.

La comunicación también funcionará en sentido contrario cuando representantes fiscales cuenten, en el ejercicio de sus funciones, con datos relevantes para investigaciones penales en el exterior, que serán canalizados hacia las autoridades correspondientes.

El acuerdo procura, a la vez, evitar superposiciones entre los mecanismos tradicionales de asistencia internacional y las redes de cooperación directa en las que intervienen los fiscales. Sobre ese punto, dispone que ambas instituciones “promoverán una adecuada coordinación y complementariedad de las actuaciones, gestiones o trámites que se cursen a través de los canales formales de asistencia jurídica internacional y de los mecanismos de cooperación interinstitucional en los que participa el MPFN”.

Como parte de la estructura, se constituirá una mesa de trabajo que deberá reunirse “al menos DOS (2) veces al año” para intercambiar información, experiencias y buenas prácticas, identificar dificultades comunes, definir estrategias y eventualmente elaborar proyectos normativos vinculados con la cooperación penal.

También podrán coordinar acciones para la representación argentina ante mecanismos internacionales de evaluación, seguimiento y monitoreo, entre ellos el G20, la ONU, la OCDE y el GAFI, en asuntos relacionados con asistencia mutua, extradición, recuperación de activos y cooperación interinstitucional.

El convenio prevé además actividades conjuntas de formación y capacitación y habilita la colaboración técnica, jurídica o institucional para la negociación de instrumentos internacionales, acuerdos interinstitucionales y memorandos vinculados con la asistencia penal.

Esa cooperación no supondrá nuevas obligaciones presupuestarias, ya que el texto deja expresamente establecido que el esquema acordado “no implica ningún tipo de compromiso de orden económico y/o financiero ni erogación presupuestaria alguna” para ambos organismos.

El convenio también delimita expresamente su alcance: quedaron fuera de este sistema los procedimientos específicos de extradición, traslado de personas y ejecución de condenas, que continuarán bajo sus respectivos regímenes. A su vez, tendrá una vigencia inicial de dos años, con prórroga automática por períodos iguales.

El mecanismo previsto apunta así a reducir tiempos y mejorar el seguimiento de pedidos que, por definición, dependen de autoridades ubicadas en distintos países, en pesquisas donde una prueba, un activo o un dato relevante pueden encontrarse fuera de la Argentina.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este jueves los fundamentos de la sentencia que el pasado 8 de julio condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron los 44 tripulantes.

El juicio había comenzado en marzo y se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos. A lo largo de más de 20 audiencias declararon casi 90 testigos, entre submarinistas, familiares de las víctimas, técnicos y especialistas. Durante esos meses se discutieron el estado material de la nave, los procedimientos internos de la Armada, las responsabilidades dentro de la cadena de mando y, especialmente, qué podía reconstruirse sobre las últimas horas del submarino antes de su implosión.

Las propias partes acordaron durante el debate el número de testigos y el orden en el que prestarían declaración, en un proceso que incorporó además una extensa cantidad de documentación técnica y administrativa.

La condena contra Villamide no fue unánime. La mayoría quedó integrada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto. Reynaldi desarrolló el voto principal y Baronetto adhirió a sus conclusiones sobre la existencia de los hechos, la calificación legal y la pena, aunque añadió consideraciones propias. El tercer miembro del tribunal, Luis Alberto Giménez, discrepó con esa solución y se pronunció por absolver también al exjefe de la Fuerza de Submarinos.

Sí hubo coincidencia entre los tres magistrados para absolver a los restantes acusados: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo encabezada durante el juicio por Gastón Franco Pruzán, fiscal general interino ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El equipo estuvo compuesto además por el fiscal federal interino de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla, que había intervenido durante la instrucción; el fiscal general interino de Río Gallegos Julio C. L. Zárate y la fiscal general interina de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas María Andrea Garmendia Orueta.

También participaron, en representación de distintas familias, los querellantes Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes fallecidos-, Valeria Carreras y Lorena Arias.

Los cuatro militares ocupaban lugares diferentes dentro de la estructura naval al momento de la tragedia. López Mazzeo, que tenía el grado de contraalmirante, estaba al frente del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA). Villamide era capitán de navío y comandaba la Fuerza de Submarinos (COFS). Alonso, también capitán de navío, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de ese comando, mientras que Correa, capitán de fragata, era jefe del Departamento de Operaciones del COFS.

El rol de Villamide resultó decisivo para el análisis de la mayoría. Desde el 21 de febrero de 2017 era titular del Comando de la Fuerza de Submarinos y ejercía como Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada. La reglamentación le asignaba, entre otras funciones, entender en el alistamiento de los submarinos, asegurar su sostén logístico e intervenir en su conducción.

Cuatro años después de la desaparición del San Juan, Villamide fue destituido de la Armada el 31 de mayo de 2021 como consecuencia de la actuación disciplinaria desarrollada en el ámbito militar. El expediente quedó bajo intervención del Estado Mayor Conjunto luego de que autoridades de la Armada se excusaran de participar.

Durante el juicio penal, el propio Villamide recordó que había llegado al Consejo de Guerra con nueve cargos propuestos y señaló que finalmente fue destituido por “no haberle insistido enfáticamente sobre la conveniencia de permanecer en superficie, no haber convocado a su Estado Mayor, y haber estado procesado”.

Aquella discusión reapareció en la sentencia penal. Uno de los puntos que separó a la mayoría de la minoría fue justamente determinar hasta dónde llegaban las obligaciones de Villamide como superior y qué margen de autonomía conservaba Pedro Fernández, comandante del ARA San Juan, para decidir cómo actuar frente a la emergencia.

Una posición de garante

Reynaldi y Baronetto partieron de las responsabilidades inherentes al cargo que Villamide ocupaba.

Para ambos, el comandante de la Fuerza de Submarinos tenía una posición de garante respecto de las unidades que se encontraban bajo su órbita. Esa función no lo convertía en comandante de cada nave, pero sí le imponía obligaciones propias de supervisión, alistamiento e intervención frente a riesgos que excedieran los márgenes admitidos.

Baronetto explicó que toda navegación involucra un nivel de peligro que el ordenamiento tolera, pero quienes tienen responsabilidades de conducción deben impedir que ese riesgo supere determinados límites.

“En el caso de una actividad de por sí riesgosa, como navegar en el mar, se deben tomar especiales recaudos para que ese riesgo base permanezca dentro de lo tolerado. Si el garante permite que la peligrosidad desborde los límites autorizados, se configura el injusto”, expresó.

La mayoría no ubicó la responsabilidad penal en una única decisión. Por el contrario, reconstruyó una secuencia de omisiones que comenzó meses antes de la última navegación y que, de acuerdo con su razonamiento, culminó en una intervención insuficiente durante la emergencia del 15 de noviembre.

Uno de los primeros antecedentes se remontaba a julio de 2017.

El ingreso de agua de julio

Durante una navegación realizada ese mes, el ARA San Juan sufrió un ingreso de agua relacionado con la válvula E19. El episodio quedó registrado en el informe elaborado posteriormente por Fernández y llegó a conocimiento de Villamide.

El entonces comandante del COFS contó en el juicio que la novedad había llamado su atención y que convocó personalmente a Fernández para pedirle explicaciones.

Según su relato, el comandante le aseguró que el inconveniente estaba solucionado. Villamide explicó por qué confió en esa respuesta: Fernández tenía 26 años de servicio, cerca de dos décadas como submarinista y había sido elegido por la Armada para ejercer el mando de la unidad.

Si un oficial con esas características le decía que el problema había sido resuelto, manifestó, para él estaba resuelto. “Era un tema de confianza sobre el otro profesional”, resumió.

La mayoría interpretó que esa actuación no era suficiente.

Baronetto remarcó que el cargo de Villamide le imponía algo más que pedir una explicación verbal al comandante. Debía establecer técnicamente qué había ocurrido, determinar el origen del ingreso de agua y despejar cualquier duda respecto de la estanqueidad de la unidad.

“Villamide no podía conformarse con la aserción verbal de que el problema técnico estaba ‘solucionado’”, escribió.

Los fundamentos también repararon en la información que posteriormente Villamide elevó a su superior, López Mazzeo. Según el voto mayoritario, la comunicación enviada no reflejó íntegramente las novedades contenidas en el informe original de Fernández y omitió mencionar la maniobra de “homogeneización de la atmósfera” realizada mediante la apertura de la E19 durante la navegación.

Para Baronetto, el episodio formó parte de una conducta asimilable a la “ignorancia deliberada”: Villamide contaba con mecanismos para conocer en profundidad qué había sucedido, pero no avanzó en una investigación técnica suficiente ni adoptó las medidas de control que su función exigía.

“Su inacción no constituye una mera negligencia, sino una decisión voluntaria de no conocer que permitió la elevación del riesgo por encima de lo permitido”, afirmó.

La mayoría entendió que las obligaciones surgidas de aquella navegación no se agotaban en verificar si existía una falla material. También incluían analizar las maniobras realizadas, determinar si debían ser reguladas o prohibidas y ejercer una supervisión más estricta sobre un mecanismo vinculado directamente con la seguridad del submarino.

La inspección pendiente

El siguiente punto fue la inspección de seguridad que debía efectuarse sobre el San Juan.

Villamide había dispuesto que la revisión se concretara antes del 15 de noviembre de 2017, pero el submarino emprendió su última navegación sin que aquella inspección llegara a realizarse.

La nave partió de Mar del Plata el 25 de octubre. El itinerario comprendía el viaje hasta Ushuaia, diferentes actividades de adiestramiento, ejercicios junto con otras unidades de la Flota de Mar y, finalmente, una patrulla de control del mar.

Los jueces de la mayoría describieron aquella operación como una misión de alta exigencia y repararon en que el submarino salió sin que se hubiera completado la revisión prevista.

La defensa destacó que Villamide estuvo personalmente en Ushuaia cuando arribó el San Juan, tomó contacto con la tripulación y no recibió indicaciones de que existiera una novedad capaz de comprometer la seguridad náutica.

Para Baronetto, sin embargo, esa presencia no reemplazaba el procedimiento reglamentario.

El magistrado señaló que su paso por la nave “lejos de eximirlo, resalta la omisión del deber de supervisión sistémica”, porque se priorizó la continuidad de la misión por encima de una verificación técnica completa.

Reynaldi colocó el acento en otro concepto: “intervenir”.

Ese verbo formaba parte de las funciones que la normativa asignaba al jefe del COFS. Bajo esa premisa, razonó que Villamide no podía adoptar una actitud pasiva frente a modificaciones o novedades técnicas que podían alterar la seguridad.

Al examinar uno de esos cambios, puntualizó que Villamide debía “intervenir, no ser un mero espectador con una modificación técnica tan sensible”.

La noche del 14 de noviembre

El segundo gran eje de la condena estuvo concentrado en las horas inmediatamente anteriores a la desaparición.

Durante la noche del 14 de noviembre, el ARA San Juan reportó un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación. El líquido alcanzó el sector de baterías y provocó un cortocircuito y un principio de incendio que, de acuerdo con la información transmitida desde el buque, pudo ser controlado.

La nave se encontraba en superficie, atravesaba un temporal con mar 6 y avanzaba aproximadamente a cinco nudos.

Villamide tomó conocimiento de la situación y, alrededor de las 00:58 del 15 de noviembre, habló directamente con Fernández.

El comandante le confirmó que el submarino permanecía en superficie, que había ingresado agua por el sistema de ventilación, que estaban capeando el temporal, navegaban a cinco nudos y cargaban aire.

Frente a ese escenario, Villamide canceló la patrulla y dispuso el regreso a Mar del Plata.

El mensaje enviado decía: “Solicitar cambio de AVISS / Derrota directa a Mar del Plata / Velocidad a discreción / Inmersión – Superficie según factibilidad / Enviar SITREP ampliatorio”.

La discusión se concentró en esas últimas palabras: “según factibilidad”.

La Fiscalía reprochó a Villamide no haber ordenado de manera expresa que el submarino continuara su regreso en superficie. Reynaldi y Baronetto coincidieron con ese planteo.

Para la mayoría, a esa altura el jefe del COFS reunía demasiada información como para limitarse a cancelar la patrulla y dejar en manos de Fernández la alternativa entre superficie e inmersión.

Conocía el antecedente del ingreso de agua de julio, sabía que acababa de producirse un nuevo ingreso, había sido informado del cortocircuito y del principio de incendio y estaba al tanto de las severas condiciones meteorológicas.

Baronetto entendió que frente a ese panorama correspondía adoptar medidas de mayor intensidad para reducir el peligro.

Según su voto, Villamide debía intervenir “sea volver en superficie, esperar ser rescatados, o el arribo del resto de la flota de mar” y, sin embargo, dejó en manos de Fernández la decisión “según factibilidad, colocándose en una posición de espectador”.

Más adelante sintetizó ese reproche: “En el momento de la emergencia, Villamide abdicó de entender en la gestión del riesgo y dejó librado a la acción del Comandante inferior todas las decisiones”.

La mayoría reconoció que Villamide había adoptado una medida al ordenar el regreso a Mar del Plata. El problema, para esos jueces, fue que no alcanzó a disminuir suficientemente el riesgo.

La sentencia calificó esa intervención como “jurídicamente insuficiente al no ordenar el regreso obligatorio navegando en superficie”, ya que mantuvo abierta la posibilidad de una inmersión luego del cortocircuito y el principio de incendio.

La autonomía del comandante

La defensa contrapuso a ese razonamiento uno de los principios que atravesó prácticamente todo el debate: la autonomía del comandante de la nave.

Villamide explicó que la conducción y seguridad náutica correspondían a Fernández, quien se encontraba a bordo, conocía el estado real del submarino y debía evaluar simultáneamente las averías y las condiciones del mar.

Desde esa perspectiva, impartir desde tierra una instrucción rígida podía incluso interferir en la capacidad del comandante para escoger la alternativa más segura.

Por esa razón, recordó, ordenó “superficie o inmersión según factibilidad”.

La mayoría aceptó que Fernández tenía amplísimas atribuciones como comandante del San Juan, pero rechazó que esa autonomía eliminara las obligaciones propias de Villamide.

Baronetto evocó las declaraciones de varios oficiales que explicaron que ni siquiera el Presidente de la Nación podía obligar a un comandante a zarpar si éste entendía que la unidad no estaba en condiciones.

Pero distinguió esa facultad de la responsabilidad del superior.

La autonomía funcionaba como una garantía de seguridad para quien comandaba el buque, no como una autorización para que el jefe de la Fuerza de Submarinos se desentendiera de riesgos sobre los cuales tenía información.

“El principio de confianza no es absoluto y debe necesariamente ceder en determinadas situaciones”, indicó.

Allí quedó trazada una de las claves jurídicas de la condena: para Reynaldi y Baronetto, la autonomía de Fernández no desplazaba la posición de garante de Villamide.

La disidencia de Giménez

El juez Luis Alberto Giménez observó el caso desde otro punto de partida.

Su discrepancia se apoyó fundamentalmente en una circunstancia que atravesó toda la investigación: nunca pudo establecerse con certeza qué provocó la pérdida de control del submarino y su descenso hasta la profundidad de colapso.

Para el magistrado, esa incógnita tenía consecuencias jurídicas decisivas.

Podían existir irregularidades, omisiones reglamentarias o decisiones discutibles, pero para responsabilizar penalmente a Villamide por el estrago era necesario demostrar algo más: que el riesgo generado por su conducta fue justamente el que se concretó en el resultado.

Giménez también formuló fuertes críticas contra la manera en que fue presentada la acusación.

A su criterio, los fiscales no individualizaron con suficiente claridad cuáles eran los deberes incumplidos por cada acusado ni explicaron adecuadamente por qué ciertas obligaciones podían atribuirse simultáneamente a diferentes integrantes de la cadena de mando.

La acusación, señaló, exhibía “inconsistencias lógicas, contradicciones y vaguedades”.

También cuestionó la lectura de la prueba. A su entender, la Fiscalía se había concentrado en los elementos compatibles con su hipótesis sin otorgar suficiente respuesta a las declaraciones que indicaban lo contrario.

Esa discusión adquirió especial importancia porque el juicio se desarrolló sin una pericia judicial que determinara técnicamente la causa del hundimiento.

Los informes elaborados previamente en sede administrativa por el Ministerio de Defensa y por el Consejo de Guerra habían sido incorporados como prueba documental y sus autores declararon como testigos, pero Giménez puntualizó que no podían equipararse a una pericia producida dentro del proceso penal.

El estado del submarino

La minoría también discrepó con la conclusión de la mayoría acerca de las condiciones en las que el San Juan había emprendido su última navegación.

Giménez examinó la prueba testimonial y documental y concluyó que, considerada en conjunto, permitía sostener que el submarino estaba en condiciones de navegar con seguridad, arribar a Ushuaia, participar de los ejercicios planificados y realizar posteriormente la patrulla de control del mar.

Esa valoración alcanzó también al episodio de julio.

Según el juez, Villamide no había ignorado el ingreso de agua: habló con Fernández, le pidió explicaciones y recibió como respuesta que el problema estaba solucionado.

Giménez ponderó además que varios testigos con experiencia de mando señalaron durante el juicio que habrían procedido de manera semejante.

Desde esa óptica, el principio de confianza sí conservaba relevancia.

Villamide tenía deberes de supervisión, pero Fernández seguía siendo el responsable directo de la nave y de determinar si podía navegar con seguridad. El juez cuestionó que la responsabilidad retrocediera en la cadena de mando sin establecer con precisión por qué Villamide ya no podía confiar en la evaluación del comandante.

“La duda debe beneficiar al imputado”

La mayor distancia entre los votos apareció al analizar la relación entre los desperfectos debatidos y el desenlace.

Para Giménez, ninguna de las novedades técnicas examinadas permitía asegurar que hubiera tenido incidencia en el estrago.

“Nada indica que el SUSJ no estuviera preparado”, escribió. Los submarinistas que declararon, agregó, habían señalado que las observaciones reprochadas por la acusación no afectaban la seguridad de la navegación.

El magistrado sumó una consideración especialmente sensible: tampoco podía excluirse la posibilidad de que alguna actuación desarrollada dentro de la nave hubiera aumentado el riesgo durante las últimas horas.

“Por otro lado, no es posible, por doloroso que sea decirlo, descartar el accionar humano de la tripulación en la elevación del riesgo, por lo que, en todo caso, al desconocer las razones exactas del naufragio, la duda debe beneficiar al imputado”, manifestó.

Para el juez, la misma incertidumbre alcanzaba a la pérdida de plano que terminó provocando la implosión.

“Al no haberse podido determinar las causas de la pérdida de plano (...) el desconocimiento de la causa de dicha pérdida, que es la determinante de que se produjera la implosión, impide formular un juicio de reproche hacia cualquiera de los imputados”, argumentó.

Tampoco consideró esclarecido definitivamente qué ocurrió con la E19 durante las últimas horas.

El ingreso de agua, indicó, era de “causa incierta”: podía haber obedecido a una manipulación incorrecta de la válvula, pero tampoco había elementos para afirmarlo con seguridad ni para concluir que existió una falla material.

La discusión sobre permanecer en superficie

La disidencia se extendió precisamente al comportamiento por el cual Villamide había sido cuestionado años antes en el ámbito disciplinario.

Giménez recogió una conclusión técnica según la cual “no es posible asegurar que el destino de los tripulantes habría sido diferente de permanecer la unidad en superficie”.

El informe advertía que, ante una eventual explosión de hidrógeno, los efectos también podían haber sido graves con el submarino en superficie y recordaba que Fernández debía afrontar simultáneamente el problema interno y un temporal que dificultaba la permanencia del buque en esa condición.

Para Giménez, esa incertidumbre impedía asegurar que la fórmula “superficie o inmersión según factibilidad” hubiera incrementado de manera penalmente relevante el riesgo que terminó concretándose.

Las infracciones administrativas, en su razonamiento, podían ser evaluadas y eventualmente sancionadas en otros ámbitos. Pero para sustentar una condena por un delito de resultado se necesitaba establecer un vínculo que él no consideró probado.

Las tres absoluciones

La discusión entre mayoría y minoría se limitó esencialmente a Villamide.

Los tres jueces coincidieron en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa.

Respecto de López Mazzeo, el tribunal entendió que actuó al frente del COAA amparado por el principio de confianza y sobre la base de información que indicaba que el submarino estaba habilitado para navegar.

También ponderó que no había recibido toda la información sobre las maniobras desarrolladas con la E19 durante julio y descartó que la postergación del ingreso a dique seco para determinadas tareas hubiera comprometido por sí sola la seguridad de la unidad.

En cuanto a Alonso, la sentencia caracterizó sus funciones como jefe del Estado Mayor del COFS como esencialmente asesoras y auxiliares. No formaba parte de la cadena de mando directa entre Villamide y Fernández ni contaba con facultades para decidir sobre el alistamiento material del submarino.

La firma de la Orden de Operaciones 04/17 en ausencia de Villamide tampoco modificó esa conclusión. Los magistrados interpretaron que ese acto no lo convertía en titular del comando ni permitía atribuirle la creación del riesgo que desembocó en el hundimiento.

El mismo criterio se aplicó a Correa. Como jefe del Departamento de Operaciones cumplía tareas administrativas y de asesoramiento, pero no tenía autoridad para impedir la zarpada.

El tribunal tampoco encontró relación entre los problemas mencionados durante el debate respecto del sistema secundario de comunicaciones Eureka y el resultado fatal, porque existían mecanismos redundantes que permitieron mantener contacto con el San Juan hasta las últimas comunicaciones.

De ese modo, la sentencia dejó enfrentadas dos interpretaciones sobre la responsabilidad del único acusado finalmente condenado.

Para Reynaldi y Baronetto, Villamide tenía una función que le exigía intervenir activamente: recibió advertencias antes de la última navegación, no profundizó suficientemente sobre ellas, omitió controles que estaban bajo su responsabilidad y, cuando llegó la emergencia, adoptó medidas que no alcanzaron para reducir un peligro que conocía.

Para Giménez, en cambio, el exjefe del COFS podía confiar dentro de determinados límites en Fernández y, sobre todo, no era posible convertir aquellas omisiones en responsabilidad penal por el hundimiento sin conocer qué fenómeno produjo efectivamente la pérdida de plano.

La pena

Durante los alegatos, la Fiscalía había pedido cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Villamide. La mayoría terminó imponiéndole tres años de prisión de ejecución condicional.

Al graduar la sanción, Reynaldi y Baronetto valoraron como agravante su “doble posición institucional, como Capitán de Navío y Comandante de la Fuerza de Submarinos”, además de la magnitud del resultado: la muerte de los 44 integrantes de la tripulación.

En sentido contrario, computaron una serie de atenuantes. Entre ellos, las acciones que Villamide desarrolló después de la desaparición para colaborar con la búsqueda, la extensión del proceso y que algunos incumplimientos incluidos por la Fiscalía no demostraron una relación concreta con el hundimiento.

La sentencia mencionó específicamente cuestiones vinculadas con el carenado y con el sistema de comunicaciones LINKARA que, aunque habían sido debatidas, no tuvieron incidencia real en el desenlace.

También pesaron su edad, el arraigo, la familia constituida, el nivel de estudios y la ausencia de antecedentes penales computables.

Con esos parámetros, el tribunal fijó tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de seis años para ejercer cargos públicos.

La sentencia dejó así dos lecturas judiciales diferentes sobre una misma tragedia.

Para la mayoría, la imposibilidad de reconstruir cada segundo anterior a la implosión no impedía determinar que quien tenía a su cargo el control operativo de los submarinos había permitido que un riesgo que debía administrar superara los márgenes tolerados.

En cambio, para la minoría ese desconocimiento era precisamente el límite que el derecho penal no podía atravesar: sin saber qué produjo la pérdida de plano del ARA San Juan, no era posible afirmar con la certeza exigida para una condena que las omisiones atribuidas a Villamide hubieran causado el desenlace.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría un dictamen que propone sancionar con una multa equivalente al 35% de sus haberes mensuales, por única vez, al juez nacional en lo Civil Carlos Hugo Goggi, cuestionado por haber declarado de oficio y de manera reiterada la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales.

La medida todavía no constituye una sanción definitiva. El dictamen de mayoría, junto con los emitidos en minoría, será elevado al Plenario del Consejo de la Magistratura, que tendrá la última palabra sobre la aplicación de la multa.

La propuesta reunió seis votos a favor y tres en contra. La acompañaron el presidente de la Comisión, César Grau, y los consejeros Hugo Galderisi, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi. En sentido contrario se pronunciaron los representantes de los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

Jimena de la Torre, autora del proyecto sancionatorio, participó del debate y defendió la medida, aunque no integra la Comisión. También intervinieron durante la reunión Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

El expediente disciplinario se inició en septiembre de 2023 a partir de una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, había dejado sin efecto en distintas causas el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), utilizado para calcular y actualizar los honorarios de los abogados.

Según explicó el propio magistrado durante el trámite, ese mecanismo generaba una desigualdad porque preservaba el valor de los honorarios profesionales mientras otros créditos judiciales, entre ellos determinadas indemnizaciones, no contaban con un esquema equivalente.

La investigación tomó como referencia al menos cinco causas: “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Varias de las resoluciones fueron posteriormente revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El dictamen mayoritario aclara que el cuestionamiento no se apoya en que Goggi haya sostenido una interpretación distinta ni en que sus decisiones hayan sido revisadas por tribunales superiores.

“Un error de juzgamiento aislado, una interpretación minoritaria o una decisión posteriormente revocada se encuentran, en principio, comprendidos dentro del ámbito protegido por la independencia judicial”, señala el texto.

La mayoría entendió, en cambio, que existió un patrón de actuación reiterado: Goggi introdujo de oficio la cuestión constitucional en distintos expedientes, utilizó fundamentos sustancialmente uniformes y mantuvo ese criterio sin incorporar argumentos nuevos frente a las objeciones formuladas por la Cámara y el Ministerio Público Fiscal.

En “Tarrico Villafañe”, por ejemplo, la Sala I calificó sus fundamentos como “conjeturales” y sostuvo que constituían un “mero fundamento aparente”. Meses después, el juez adoptó una postura semejante en “Prokopis”, donde esa misma sala volvió a revocar su decisión.

Para la mayoría, además, el magistrado no acreditó en cada expediente una afectación concreta que justificara apartarse de una ley sancionada por el Congreso.

“En ninguna de las causas examinadas el magistrado individualizó un perjuicio real, actual y específico derivado de la aplicación de la Ley 27.423. Tampoco explicó por qué la cuestión arancelaria no podía resolverse mediante la aplicación de la ley vigente, su interpretación armónica con el resto del ordenamiento o alguna alternativa menos intensa que la declaración de inconstitucionalidad”, sostiene el dictamen.

La propuesta también objetó que la invalidez de la norma fuera declarada sin que las partes tuvieran previamente la posibilidad de discutir esa cuestión. Según el texto, los profesionales afectados debieron recurrir para obtener la aplicación del régimen vigente, lo que incrementó la duración y el costo de los trámites y generó incertidumbre sobre créditos de carácter alimentario.

Durante su descargo, Goggi defendió su actuación y destacó que cumplió las decisiones de la Cámara. “Sí, la Cámara ha revocado muchas de esas resoluciones”, reconoció en la audiencia realizada el 24 de junio. Luego afirmó que había acatado “escrupulosamente todas y cada una de ellas”.

Ese punto concentró buena parte de la discusión dentro de la Comisión.

Lugones advirtió que avanzar disciplinariamente sobre el magistrado podía significar una intromisión en el contenido de sus sentencias y habló de un eventual “comisariato judicial”. Provítola, por su parte, planteó que el caso tenía “gravedad institucional” y cuestionó lo que definió como una “excursión de pesca” sobre los fallos de Goggi.

Del otro lado, De la Torre insistió en que el reproche no estaba dirigido contra una sentencia aislada, sino contra la reiteración de una misma modalidad. “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”, afirmó durante el intercambio.

La postura mayoritaria quedó sintetizada en otro tramo del dictamen: “Quien conoce que su razonamiento ha sido objetado por insuficiente no está obligado a abandonar su posición jurídica, pero sí debe hacerse cargo de las objeciones formuladas, responderlas y aportar razones nuevas o superadoras que justifiquen la reiteración de su criterio”.

La Comisión consideró configuradas dos faltas disciplinarias previstas en la Ley 24.937: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. En cambio, descartó que Goggi hubiera incurrido en actos ofensivos al decoro o que comprometieran la dignidad de la función judicial.

Para graduar la respuesta disciplinaria se ponderó que el magistrado no registra antecedentes firmes, compareció ante el Consejo, ejerció su defensa y acató las revocaciones dictadas en cada expediente. Como factores en su contra se valoraron la reiteración, la extensión temporal de la conducta y la ausencia de una argumentación considerada superadora.

“Dentro del margen legal de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los haberes, la fijación de la multa en el treinta y cinco por ciento (35 %) resulta razonable”, concluyó la mayoría.

Ahora, el Plenario del Consejo de la Magistratura deberá decidir si transforma esa propuesta en una sanción efectiva contra Goggi.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó este miércoles la suspensión del juicio a prueba que había beneficiado a Tomás Elías Cifuentes Latrelle, acusado de publicar en la red social X un mensaje en el que anunció que se inmolaría con un chaleco cargado de explosivos en la puerta de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La decisión fue adoptada por la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de Casación, quien hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y devolvió el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín para que la causa continúe su curso.

El episodio investigado ocurrió a las 23.18 del 27 de diciembre de 2024. Ese día, la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos había realizado una publicación para conmemorar Kwanzaa, una celebración cultural afroestadounidense.

Fue en respuesta a ese posteo que desde el usuario de X denominado “Jorgito Porcel Stan Acacount”, identificado como @leeroykincaid, se escribió: “LAMENTABLEMENTE VOY A TENER QUE INMOLARME CON UN CHALECO LLENO DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS EN LA PUERTA DE LA EMBAJADA”.

El requerimiento de elevación a juicio definió esa publicación como un “comentario intimidante que aludía a la eventual comisión de un delito” dirigido a una publicación de la cuenta oficial de la representación diplomática estadounidense.

A partir de ese mensaje intervino el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Según reconstruyó el máximo tribunal penal del país, luego de una “amplia investigación” se logró identificar a Cifuentes Latrelle como titular del usuario desde el que había sido difundida la publicación.

La pesquisa no se limitó a ese comentario. De acuerdo con la acusación citada en el fallo, en el mismo perfil de X se detectó una “multiplicidad de divulgaciones” contra grupos étnicos, en las que el usuario manifestaba “abiertamente deseos de ocasionar daño a personas o bienes”.

Con las actuaciones delegadas en el Ministerio Público Fiscal, se dispusieron distintas medidas de prueba y luego allanamientos en domicilios vinculados al acusado.

El 6 de febrero de 2025 fueron secuestrados teléfonos celulares, una notebook y un pendrive, que posteriormente fueron sometidos a peritajes.

La conducta atribuida a Cifuentes Latrelle, quien figura en un padrón electoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como estudiante de la carrera de Historia, fue calificada como intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal.

Cuando el expediente llegó a instancia de juicio, la defensa oficial pidió la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, y ofreció que el acusado cumpliera las reglas de conducta que eventualmente estableciera el tribunal, sin que ello implicara una confesión ni el reconocimiento de responsabilidad civil.

Antes de resolver el planteo se confeccionó un informe socioambiental y se incorporaron las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. En la audiencia del 18 de mayo pasado, la auxiliar fiscal María Meincke Patané se opuso a la concesión del beneficio procesal.

La representante del Ministerio Público consideró que “en este caso en particular, por cuestiones de política criminal y en atención a la gravedad del hecho, (...) no corresponde la concesión de la suspensión del juicio a prueba puesto que se podría generar responsabilidad internacional de la República Argentina al afectar relaciones exteriores”.

Tres días después, el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín concedió igualmente la probation por un plazo de un año y seis meses.

Como condiciones, le impuso al acusado fijar domicilio, someterse al cuidado de un patronato o de la institución que se designara y cumplir un total de 96 horas de trabajos no remunerados en una entidad de bien público.

El tribunal que concedió el beneficio consideró que la negativa de la fiscalía no superaba el control de fundamentación. Según sostuvo, las cuestiones de política criminal, la gravedad del hecho y una eventual responsabilidad internacional “no pueden ser los únicos argumentos de la oposición para la concesión de la suspensión del proceso a prueba, cuando el resto de los requisitos están reunidos”.

También precisó que se había dado intervención a un representante de la Embajada de Estados Unidos para participar de la audiencia o formular la presentación que considerara pertinente, pero este “no ha dado respuesta alguna, ni compareció a la audiencia”.

La fiscalía apeló esa resolución ante Casación y planteó que el consentimiento del Ministerio Público constituye un requisito necesario para suspender el proceso penal.

Al fundamentar la apelación, explicó que “no se trató simplemente de la amenaza de uso explosivos -sin dudas, de por sí grave-, sino de hacerlo en la sede de la embajada de un Estado extranjero” y que este tipo de episodios “pueden incidir en las relaciones exteriores del país -especialmente, si se reiteran- y generar responsabilidad internacional”.

El Ministerio Público agregó que, por sus características concretas, el hecho “perturbó de un modo cualificado la paz pública” y vinculó el episodio con las obligaciones asumidas por la Argentina en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La defensa, por su parte, pidió confirmar la suspensión del juicio a prueba. Advirtió que la fiscalía había invocado razones de política criminal sin justificarlas suficientemente en el caso concreto y resaltó que el episodio no había provocado una evacuación ni una afectación material de la sede diplomática amenazada.

“Ni siquiera la Embajada de Estados Unidos se vio afectada en forma alguna”, planteó la defensa al diferenciar este expediente de otros antecedentes por intimidación pública.

Al resolver la controversia, la camarista Ledesma estimó que, aunque la suspensión del juicio a prueba debe analizarse a partir de una interpretación amplia, el consentimiento fiscal constituye un requisito para conceder el beneficio.

La jueza consideró que el Ministerio Público había efectuado un “juicio de oportunidad sobre la conveniencia de llevar el caso a debate oral” y que su decisión estaba sustentada en circunstancias concretas del episodio investigado.

En particular, ponderó que el acusado había anunciado públicamente que “se inmolaría con explosivos en la puerta de la Embajada de los Estados Unidos”, que el mensaje había sido difundido en una red social y dirigido a la cuenta oficial de esa representación diplomática.

Para Casación, esas razones se encontraban “adecuadamente fundadas” y constituían de manera precisa “un juicio de oportunidad sustentado en razones de política criminal vinculadas con el caso concreto”.

En esas condiciones, Ledesma concluyó que el consentimiento fiscal exigido por la ley estaba ausente y que, por lo tanto, el tribunal oral no estaba facultado para conceder la probation.