La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes, por mayoría, la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Gabriel Benito María Dondo, integrante del Opus Dei, en relación con tres mujeres que denunciaron haber sido víctimas de trata de personas y reducción a la servidumbre dentro de estructuras vinculadas con la organización religiosa.

La decisión de la Sala IV alcanza a los casos de G.N.M., E.M.M. y A.B.D.. Los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y por A.B.D., constituida como querellante, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia y consideró que debía profundizarse la investigación antes de declarar prescriptos esos hechos.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según la hipótesis acusatoria reseñada en la resolución, entre aproximadamente 1972 y 2015 personas que ocuparon distintos cargos y jerarquías dentro del Opus Dei habrían conformado una estructura destinada a captar al menos a 44 mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes provenientes de sectores de bajos recursos.

El Opus Dei es una institución de la Iglesia católica fundada en Madrid en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Desde 1982 tiene la figura jurídica de prelatura personal, con una estructura propia de gobierno dentro de la Iglesia. Actualmente está encabezado por el sacerdote español Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei desde 2017.

De acuerdo con la reconstrucción acusatoria, el proceso comenzaba con la selección de jóvenes bajo la promesa de recibir educación, formación y mejores oportunidades laborales. Una vez incorporadas como “alumnas”, eran sometidas a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral” y, en aquellos casos en los que manifestaban vocación para convertirse en “numerarias auxiliares”, quedaban destinadas a realizar tareas domésticas.

La acusación sostiene que esas mujeres habrían cumplido jornadas laborales extensas sin recibir salario y que prestaron servicios en centros del Opus Dei tanto en la Argentina como en el exterior. La Fiscalía describió esas condiciones como equiparables a una situación de servidumbre.

La PROTEX inició una investigación preliminar que luego fue judicializada. En agosto de 2024, el Ministerio Público Fiscal pidió convocar a declaración indagatoria a Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu, exvicarios regionales del Opus Dei, y a Gabriel Dondo, exsecretario a cargo de la Sección Mujeres de la organización en Argentina. En junio de 2025, la Fiscalía reiteró el planteo e incorporó además a Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial. Antes de avanzar con esas medidas, el juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, abrió de oficio un incidente para analizar si una parte de los hechos estaba prescripta.

El 26 de diciembre de 2025, Rafecas declaró extinguidas por prescripción las acciones penales vinculadas con G.N.M., E.M.M. y A.B.D. respecto de Dondo y lo sobreseyó por esos hechos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión el 29 de abril pasado.

El punto central de la controversia fue desde cuándo debía comenzar a computarse el plazo de prescripción. La acusación había delimitado los hechos entre 1989 y 2010 en el caso de G.N.M.; entre 1987 y 2008 respecto de E.M.M.; y entre 1983 y 2008 en relación con A.B.D. En tanto, los tribunales anteriores tomaron como referencia el momento en que cada mujer dejó de pertenecer a la institución y, sobre esa base, concluyeron que las acciones se habían extinguido en 2022 para la primera y en 2020 para las otras dos.

El fiscal federal Eduardo Taiano y los cotitulares de la PROTEX, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cuestionaron esa lectura y sostuvieron que los episodios debían ser examinados como parte de una estructura institucional que habría funcionado durante décadas con métodos semejantes y sucesivas víctimas. Plantearon la existencia de un delito continuado que habría persistido al menos hasta 2015, cuando otra mujer identificada como M.I.E. logró desvincularse del Opus Dei, y señalaron además un testimonio según el cual podrían existir actualmente otras mujeres sometidas a situaciones similares.

La querella de A.B.D., representada por el abogado Sebastián Sal, alegó a su vez que la salida física de los centros no necesariamente había significado el final del sometimiento. Durante la audiencia ante Casación, Sal compareció junto con su representada y defendió la existencia de una posible “dominación residual”, asociada con condicionamientos psicológicos, económicos y espirituales que, según la acusación particular, habrían subsistido después de la desvinculación.

La discusión quedó así concentrada en si el plazo debía comenzar cuando las mujeres dejaron materialmente la institución o si antes era necesario determinar si la conducta atribuida había continuado de otra forma después de ese momento.

A la hora de dirimir en la contienda judicial, el juez Borinsky, que quedó en minoría, consideró que las instancias anteriores no habían examinado suficientemente ese segundo escenario. Señaló que la prescripción había sido calculada desde 2008 y 2010 “sin considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos denunciados, ni los extremos que mencionó la querella que darían cuenta de una dominación residual posterior al alejamiento de aquellos centros, que les habría impedido recuperar su autonomía inclusive hasta la fecha; factores que no pueden ser ignorados en ocasión de examinar, de manera integral, la prueba reunida durante la investigación”.

Para el camarista, esa cuestión resultaba relevante porque el bien jurídico protegido en los delitos de trata se vincula con la libertad individual y la capacidad de autodeterminación. A su juicio, los elementos invocados por la querella sobre una eventual pérdida de autonomía posterior a la salida de los centros debían ser analizados antes de fijar definitivamente el momento en que habían cesado los hechos.

Borinsky consideró que la resolución recurrida contenía una “fundamentación tan sólo aparente” porque había omitido responder cuestiones que podían resultar decisivas para el análisis de la vigencia de la acción penal. También observó que, desde que la investigación se judicializó, habían transcurrido tres años sin avances sustanciales a pesar de los pedidos de indagatoria formulados por la Fiscalía.

Por esas razones, propuso hacer lugar a los planteos, revocar “la resolución recurrida y su antecedente necesario” y devolver las actuaciones para que la investigación continuara “con la celeridad que el caso amerita”.

Su colega Carbajo, por el contrario, consideró que los hechos atribuidos respecto de cada una de las mujeres debían ser examinados separadamente. Aunque admitió que podía existir un contexto común, entendió que la afectación a bienes jurídicos personales mantenía una individualidad que impedía fusionar todos los episodios a los efectos de calcular la prescripción.

El camarista hizo suyo el criterio según el cual “la reiterada afectación a bienes jurídicos personales de múltiples víctimas no puede anular el reconocimiento de su individualidad”. En la misma línea, sostuvo que la presencia de un mismo contexto delictivo “no elimina per se la identidad propia de cada uno de los hechos investigados”.

Desde esa perspectiva, Carbajo descartó la posibilidad de considerar los casos como parte de un único delito continuado. Para el juez, el cómputo debía realizarse atendiendo al momento particular en que habría cesado la conducta respecto de cada una de las mujeres y no podía extenderse por la eventual existencia de otras víctimas cuyos casos permanecieran vigentes.

Finalmente, remarcó que los recursos no habían demostrado que las decisiones anteriores fueran arbitrarias. La resolución cuestionada, aseveró el magistrado, estaba “suficientemente sustentada” y las impugnaciones expresaban esencialmente “una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”. Con ese fundamento votó por mantener la prescripción.

El juez Hornos, cuyo voto completó la mayoría, incorporó al análisis la relación entre la libertad religiosa, la autonomía de las organizaciones religiosas y la autonomía personal. Aclaró que esas consideraciones no implicaban anticipar una conclusión sobre la relevancia penal de las prácticas investigadas, sino determinar cuándo podía considerarse finalizada la conducta denunciada para establecer el inicio del plazo de prescripción.

En ese marco, el camarista sostuvo que la protección constitucional de las comunidades religiosas no las sustrae de la aplicación de las leyes. “Ese reconocimiento no importa conferir a las comunidades religiosas una inmunidad general frente al ordenamiento jurídico”, afirmó. Al mismo tiempo, explicó que la permanencia de una organización, sus normas internas o determinadas creencias tampoco podía ser identificada automáticamente con la continuidad de una conducta penalmente relevante.

Hornos coincidió con Carbajo en que la eventual continuidad de la estructura denunciada respecto de otras mujeres no permitía extender el hecho atribuido respecto de las tres víctimas cuyos casos se analizaban. “Lo decisivo, entonces, no consiste en determinar hasta cuándo habría continuado funcionando la estructura denunciada respecto de terceros, sino hasta cuándo habría persistido la acción típica respecto de cada una de las personas cuyos hechos fueron declarados prescriptos”, escribió.

También rechazó que la persistencia de secuelas bastara para prolongar la consumación del supuesto delito. Reconoció que un hecho ilícito puede producir consecuencias psicológicas, económicas o sociales durante largos períodos, pero sostuvo que esas derivaciones “no permiten afirmar que el autor continúe ejecutando el comportamiento típico durante todo el período en que tales consecuencias subsisten”. Para mantener vigente la acción penal, dijo, debía identificarse una conducta posterior atribuible a Dondo que hubiera continuado afectando la autonomía de las denunciantes.

Según Hornos, los recursos mencionaron temores, perjuicios patrimoniales y consecuencias psicológicas, pero no individualizaron actos posteriores de Dondo dirigidos a mantener a G.N.M., E.M.M. y A.B.D. en una situación de captación, traslado, acogimiento o explotación después de su alejamiento. “La gravedad de los hechos denunciados, la particular situación de vulnerabilidad que los acusadores atribuyen a las personas involucradas y los deberes estatales vinculados con la investigación de posibles conductas de trata y explotación no pueden ser desconocidos”, destacó antes de concluir que esos elementos no modificaban, en estos tres casos, el momento desde el cual debía computarse la prescripción.

De esa manera, la Sala IV rechazó por dos votos a uno los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella, sin costas. También tuvo presente la reserva del caso federal y ordenó remitir la causa al tribunal de origen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a intervenir este martes en la causa promovida por el diputado nacional Germán Martínez para que la Justicia determine qué régimen de reelección se encuentra vigente para los integrantes del Consejo de la Magistratura. La Sala IV de la alzada resolvió que el expediente deberá continuar ante la Sala II, donde ya tramita otra demanda relacionada con la misma controversia, iniciada por el senador José Mayans.

Los camaristas Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy entendieron que ambos procesos guardan conexidad y que, como la Sala II ya había intervenido en el expediente de Mayans, corresponde que ese tribunal concentre también el caso de Martínez.

La nueva intervención de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo Federal forma parte de un recorrido procesal que comenzó cuando el diputado Martínez apeló el rechazo a que su demanda tramitara junto con otra iniciada por el camarista Diego Barroetaveña. Desde entonces, el juez de la Casación desistió de su reclamo, aparecieron otros expedientes vinculados con la misma discusión y los tribunales debieron resolver, antes de ingresar en la cuestión de fondo, quién debe intervenir sobre causas que plantean distintas situaciones individuales pero giran alrededor de una misma norma.

En el centro del conflicto está el artículo 3° de la ley 24.937, que regula la duración de los mandatos y la posibilidad de reelección de los consejeros. Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe y presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja del Congreso, promovió el 24 de julio una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine “cuál es el texto que debe considerarse vigente del artículo 3º de la Ley Orgánica N° 24.937” y, a partir de esa definición, si los actuales integrantes del organismo pueden ser postulados nuevamente para el período 2026-2030.

En términos concretos, su presentación busca que Unión por la Patria pueda volver a considerar las postulaciones de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, actuales representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo. En la demanda, Martínez pidió que se declare que el bloque que preside se encuentra en “plenas condiciones constitucionales, legales y reglamentarias” para evaluar nuevamente esas candidaturas de cara a la próxima integración del organismo que selecciona y remueve a los magistrados.

En rigor, el planteo no procura que un juez designe a Siley o Tailhade ni que ordene su permanencia en el Consejo. La pretensión se ubica en una instancia anterior: obtener una definición judicial acerca de si pueden integrar la nómina de personas que el bloque está habilitado a considerar para ocupar esas bancas durante el siguiente mandato.

Según planteó el diputado, las sucesivas reformas de la ley y los fallos de la Corte Suprema generaron una situación de incertidumbre sobre cuál es el texto vigente del artículo 3°, con impacto directo en la definición de los candidatos que Unión por la Patria puede proponer para la próxima integración del Consejo. En la demanda sostuvo que esa falta de certeza afecta la posibilidad de considerar nuevamente a Siley y Tailhade y que también puede proyectarse sobre consejeros en ejercicio de otros estamentos.

La discusión sobre la reelección

El origen jurídico del conflicto se remonta a las modificaciones que atravesó la legislación del Consejo de la Magistratura.

La versión original de la ley 24.937, sancionada en 1997, estableció que los integrantes del organismo durarían cuatro años en sus cargos y podían ser reelegidos una vez en forma consecutiva. Posteriormente, las reformas introducidas al régimen modificaron esa previsión: el texto actualizado establece que los miembros pueden ser reelectos “con intervalo de un período”, una fórmula que impide encadenar inmediatamente dos mandatos.

En paralelo, la composición y el funcionamiento del Consejo fueron atravesados por decisiones judiciales que alteraron las reformas aprobadas por el Congreso. En 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucionales aspectos centrales de la ley 26.855 en el fallo “Rizzo”. Más tarde, en diciembre de 2021, en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, el máximo tribunal declaró inconstitucional la integración reducida surgida de la reforma de 2006 y dispuso restablecer el esquema anterior de veinte miembros.

A partir de ese escenario apareció una nueva discusión: si la recuperación de aspectos del régimen original del Consejo también repercutió sobre la cláusula que regulaba la reelección de sus integrantes.

Sobre ese escenario se construyó la acción de Martínez.

Además, al momento de apelar el rechazo de la conexidad, Martínez expresó que la discusión debía concentrarse ante un mismo tribunal porque todas las causas giran alrededor de la vigencia del artículo 3° de la ley 24.937. “La norma es una sola y su aplicación debe ser igual para todos los estamentos por igual”, afirmó.

Su planteo es que, aunque jueces, abogados y legisladores acceden al Consejo mediante mecanismos distintos, la regla sobre duración del mandato y reelección es común a todos. Por eso advirtió que tramitar los expedientes por separado podría derivar en decisiones contradictorias sobre una misma disposición y remarcó que “la solución que se adopte en una causa necesariamente debe ser la misma en la otra”.

El planteo de Barroetaveña y las primeras decisiones

El primer expediente que llevó esa controversia a los tribunales fue promovido por Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y representante de los magistrados en el Consejo.

Barroetaveña inició una acción declarativa de certeza para que se estableciera si podía competir por un segundo mandato consecutivo. En ese proceso consiguió inicialmente una medida cautelar que impedía al Consejo de la Magistratura adoptar decisiones destinadas a obstaculizar su participación mientras se discutía la cuestión de fondo.

Cuando Martínez presentó su demanda en julio, informó la existencia de ese expediente y pidió que ambos tramitaran conectados. Aunque uno estaba relacionado con el estamento judicial y el otro con la representación de Diputados, señaló que los dos requerían establecer cuál era el texto vigente del mismo artículo.

El 29 de julio, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó inicialmente ese criterio y declaró la conexidad. Para hacerlo se remitió a un dictamen fiscal que había considerado necesario “preservar la unidad de conocimiento sobre las cuestiones involucradas y evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias”.

Las actuaciones fueron entonces enviadas al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, que intervenía en la causa de Barroetaveña.

Allí se adoptó una decisión diferente.

El 14 de agosto, el juez rechazó la conexidad y dispuso devolver la demanda de Martínez al juzgado al que había sido asignada originalmente. En su resolución consideró que no existía “plena identidad de sujetos”, de objeto ni de relación jurídica sustancial entre ambos expedientes.

El magistrado puso el acento en la procedencia de cada representación: Barroetaveña integraba el Consejo por el estamento judicial, mientras que la acción de Martínez se vinculaba con los representantes provenientes de Diputados. Según su criterio, se trataba de sectores sometidos a mecanismos de selección o designación diferentes y el hecho de que ambos blitigios exigieran interpretar el artículo 3° no bastaba para justificar su acumulación.

Martínez apeló esa resolución el 20 de agosto.

Los planteos de los abogados

La discusión también llegó a la Justicia desde el estamento de la abogacía. Las consejeras Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez iniciaron un planteo similar para obtener una definición sobre el régimen de reelección aplicable a sus bancas.

Ambas integran el Consejo como representantes de los abogados y pretendían que se determinara si podían aspirar a un nuevo mandato consecutivo. La causa volvió a poner sobre la mesa la misma cuestión normativa, aunque referida a un sector con un sistema electoral propio.

También en ese caso surgieron discusiones sobre la conexión entre expedientes. El juez interviniente entendió que jueces y abogados constituían estamentos distintos, con electores y reglamentos diferentes, y dispuso que los procesos siguieran por separado.

Con el paso de las semanas, sin embargo, la situación individual de las demandantes se modificó.

De la Torre desistió de su acción, al igual que Barroetaveña. Vázquez, en cambio, mantuvo el planteo judicial, aunque finalmente no integra ninguna de las listas presentadas por los abogados para la elección de sus representantes en el organismo, fijada para el próximo 20 de octubre.

En paralelo continuaron los expedientes provenientes del Congreso. Además de Martínez, José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, promovió su propia causa vinculada con la posibilidad de reelección de consejeros pertenecientes al estamento legislativo en representación de la Cámara Alta del Congreso.

La existencia de ese expediente terminó siendo determinante para definir el recorrido posterior de la demanda de Martínez.

Por qué volvió a intervenir la Cámara

Después de que Martínez apelara la decisión que había rechazado la conexidad con la causa de Barroetaveña, el expediente llegó a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Lo hizo porque en el sistema de gestión judicial todavía figuraba vinculado con aquel proceso, pese a que esa conexión había sido rechazada en primera instancia.

Al revisar las actuaciones, la Sala IV advirtió que esa vinculación no estaba firme y pidió la opinión del fiscal general sobre qué tribunal debía intervenir. Para entonces, además, Barroetaveña ya había desistido de su demanda, por lo que el expediente con el que Martínez había pedido originalmente conectar el suyo había quedado concluido.

A partir de allí, el fiscal Rodrigo Cuesta consideró que ya no había razones para que la causa de Martínez permaneciera en la Sala IV por su relación con el expediente de Barroetaveña. Al mismo tiempo, señaló que existían otros planteos judiciales vinculados con la misma discusión sobre el artículo 3° de la ley 24.937, entre ellos los promovidos desde otros estamentos del Consejo.

Frente a esa situación, el jueves pasado la Sala IV resolvió enviar nuevamente las actuaciones a la Mesa de Asignación de Causas de la Cámara. Consideró que no correspondía mantener el expediente bajo su intervención sobre la base de una conexidad que había sido rechazada en primera instancia y nunca había adquirido firmeza. El objetivo del nuevo sorteo era determinar qué Sala debía tratar la apelación presentada por Martínez.

El sorteo se realizó ese mismo día y volvió a resultar seleccionada la Sala IV.

Cuando el tribunal retomó el expediente apareció entonces la causa de Mayans. El fiscal había considerado que ese proceso y el de Martínez eran conexos y había señalado que, en el expediente promovido por el senador, ya había intervenido la Sala II.

La Sala IV compartió ese criterio.

Según explicó en la resolución de este martes, una regla interna de la Cámara establece que, cuando causas vinculadas son sorteadas el mismo día, corresponde asignar el conocimiento al tribunal que tenga el número más bajo.

Como la Sala II había prevenido en la demanda de Mayans, los camaristas resolvieron atribuirle también la competencia sobre el expediente de Martínez.

Así, la Sala IV ordenó remitir las actuaciones a la Sala II, que deberá intervenir en la apelación de Martínez contra el rechazo de la conexidad y continuar con el trámite de la causa.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín condenó a 24 años de prisión a Eva Petrona Pereyra, conocida como la “Tía Eva”, por haber encabezado el Templo Filadelfia y ser responsable de una asociación ilícita que sometió a personas a trata con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La mujer, de 81 años, recibió la pena más alta de un juicio que terminó además con otros 26 condenados, reparaciones económicas para 27 víctimas por $2.170.467.831,20 y el decomiso de 46 inmuebles, 12 vehículos y dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.

El Templo Filadelfia era una congregación religiosa con sede principal en San Justo, partido de La Matanza, cuya actividad fue situada en la causa entre 1972 y el 1.º de diciembre de 2020. Con el tiempo extendió su presencia a distintos puntos de la Argentina y también a Paraguay y Brasil. Quienes ingresaban a la comunidad religiosa quedaban sujetos a una rígida jerarquía que regulaba aspectos centrales de su vida cotidiana, mientras realizaban trabajos sin salario, vendían productos en la vía pública y entregaban a las autoridades el dinero obtenido. En algunos casos, familias enteras se desprendieron de viviendas u otros bienes.

El veredicto fue dictado este lunes por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Pereyra, detenida desde el 17 de mayo de 2019 y alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, fue considerada jefa u organizadora de una asociación ilícita, coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada y partícipe necesaria de la supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.

Los fundamentos todavía no fueron difundidos. El tribunal fijó el 18 de noviembre a las 13.30 para explicar cómo atribuyó las distintas responsabilidades penales y valoró la prueba producida durante el debate.

La pena impuesta a Pereyra coincide con la que había solicitado en junio el fiscal general Alberto Gentili, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público Fiscal. También participaron víctimas constituidas como querellantes: la defensora pública Inés Jaureguiberry, junto con Gonzalo Artola y Dolores Neira, representó a cuatro de ellas, mientras que la abogada Mariana Barbitta, acompañada por María Viñas y Lucas Melo, patrocinó a otras cinco.

Durante su alegato, Gentili describió un entramado en el que confluyeron criminalidad organizada, violencia contra las mujeres y distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sostuvo que no se trató de episodios aislados, sino de procesos de sometimiento prolongados que, en algunos casos, atravesaron buena parte de la vida de las víctimas.

El expediente reconstruyó mecanismos de aislamiento, vigilancia, castigo, traslado y control de los vínculos personales. Pero el poder de la organización no se asentaba únicamente en la coerción material: estaba sostenido por una estructura religiosa que revestía las órdenes de un carácter divino.

Las “ungidas”, los pastores y una vida regulada desde arriba

En la cúspide estaban Eva Pereyra, su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, estas últimas fallecidas antes del juicio. Dentro de Filadelfia eran consideradas “ungidas de Dios” y se les atribuía la capacidad de recibir “mensajes del Señor”, interpretar sus designios y comunicarlos a los fieles.

Esa condición les confería una autoridad que iba mucho más allá de la conducción espiritual. Una orden podía ser presentada como la expresión de la voluntad divina y, por lo tanto, desobedecerlas equivalía dentro del sistema de creencias a contrariar a Dios. Así intervenían sobre cuestiones concretas: dónde vivir, qué trabajo realizar, qué destino dar al dinero, si continuar los estudios, con quién relacionarse y hasta qué pareja formar.

La estructura se completaba con pastores que sostenían ese entramado doctrinario. Miguel Evangelista Mora Bogado fue identificado durante la investigación como el pastor principal, encargado del adoctrinamiento teológico. Junto con Rigoberto Ismael Mora Bogado, también participaba del acercamiento a familias atravesadas por dificultades, a las que se ofrecía la posibilidad de encontrar en la llamada “casa de Dios” una forma de “restaurar” sus vidas.

La captación podía comenzar con personas afectadas por problemas económicos, enfermedades, baja escolaridad o todo tipo de conflictos familiares. A medida que el vínculo se profundizaba, la integración a la comunidad podía asumir el carácter de un mandato espiritual. Así se consolidó durante años la dinámica interna de la secta religiosa, donde la dependencia material se combinaba con la creencia de que sus máximas autoridades mantenían un vínculo privilegiado con Dios.

Uno de los momentos centrales de la vida comunitaria, de acuerdo a los testimonios recabados, eran las denominadas “Fiestas del Señor”, celebraciones anuales realizadas en la sede principal de San Justo. Incluían cantos, danzas y alabanzas y podían prolongarse durante horas. En esas ceremonias, Pereyra se presentaba ante los asistentes como una persona capaz de canalizar mensajes divinos y formulaba supuestas profecías.

También allí aparecía la idea de entrega y del sacrificio. Durante el juicio oral se describieron situaciones en las que los fieles eran exhortados a desprenderse de aquello que consideraban más valioso: dinero, bienes o propiedades y, en determinados relatos, incluso un hijo que quedaba bajo disposición de las autoridades religiosas.

El caso de Julieta C. permitió mostrar cómo ese proceso podía involucrar a una familia completa. Vivía con su madre y seis hermanos en González Catán; su padre se había alejado y la mujer trabajaba como empleada doméstica. En medio de dificultades económicas, comenzaron a frecuentar primero un anexo de Filadelfia y después la sede central.

En 2000, según declaró la joven constituida como querellante, Pereyra y Adriana Carranza le comunicaron a su madre que Dios quería que tres de sus hijos ingresaran al “discipulado”. La mujer se resistió inicialmente, pero recibió advertencias sobre las consecuencias de contrariar aquello presentado como un mandato divino.

Después de la crisis de 2001, terminó vendiendo la casa familiar. El dinero de la operación fue colocado en un sobre y entregado dentro del Templo.

“Nunca supe cuánto tenía adentro”, declaró Julieta.

La familia pasó entonces a residir en propiedades vinculadas con la congregación. Allí, diferentes testimonios describieron hacinamiento, habitaciones compartidas, varias personas durmiendo en una misma cama o colchón, alimentación insuficiente, pocas horas de descanso y acceso limitado a elementos de higiene.

Tampoco existía plena libertad de movimiento. Para salir había que pedir autorización y, durante los recorridos de venta ambulante, quienes tenían menos antigüedad solían ser acompañados por integrantes cercanos a las autoridades.

El aislamiento alcanzaba además a la educación. Niños y adolescentes podían abandonar tempranamente la escuela para incorporarse al trabajo de la comunidad. Coria recordó que se le transmitía que bastaba con conocer operaciones matemáticas básicas para poder trabajar y “servir a Dios”.

Ella terminó dejando el colegio.

Panificados, venta ambulante y dinero entregado al Templo

El trabajo constituyó uno de los pilares económicos del Templo Filadelfia y quedó en el centro de las condenas por reducción a la servidumbre y trata con fines de explotación laboral.

Entre las principales actividades estaba la elaboración de productos panificados, que después eran distribuidos entre los integrantes para su venta ambulante. También comercializaban medias, vasos, tazas, cremas y otros artículos. A ese circuito se sumaban tareas domésticas, albañilería, limpieza, construcción, cuidado de campos y animales y empleos para terceros.

La recaudación no quedaba en manos de quienes trabajaban: los ingresos eran entregados a Filadelfia y administrados por su conducción.

Liliana Beatriz Barrionuevo describió esa dinámica desde adentro. Llegó al juicio como acusada y terminó condenada a cinco años y nueve meses, aunque durante el debate también se presentó como una persona que había quedado sometida al sistema desde niña.

Conoció la congregación cuando tenía unos nueve o diez años. A los 13, según contó, Pereyra le comunicó que había sido elegida para servir a Dios. Un año después dejó la escuela y a los 15 ingresó al discipulado.

Allí, recordó, la comida estaba racionada y se compartían colchones. Cuando faltaba gas, debían bañarse con agua fría incluso durante el invierno.

“Dormíamos en donde podíamos”, dijo ante el tribunal.

Primero limpió las instalaciones y la ropa de las dirigentes. Más adelante comenzó a trabajar como empleada doméstica y caminaba unas 80 cuadras entre la ida y el regreso.

“El dinero que ganaba se lo entregaba en su totalidad a la señora Eva”, declaró.

Después fue enviada a Paraguay, donde vendió comidas y realizó tareas de limpieza, y también pasó por Brasil y Salta. Su experiencia se sumó a la de otras víctimas trasladadas dentro y fuera del país para trabajar en actividades vinculadas con la comunidad.

La servidumbre, además, no terminaba con las labores destinadas a generar ingresos. Los integrantes debían atender personalmente a las dirigentes, limpiar sus viviendas, cocinarles y ocuparse de sus necesidades cotidianas. El expediente incorporó relatos sobre personas que incluso tenían que dormir a los pies de las “ungidas” para asistirlas durante la noche. Otros fieles intervenían en la construcción de templos, casas y propiedades.

De esa manera, el trabajo gratuito, la apropiación de la recaudación y las tareas de servicio personal convivieron con el crecimiento del patrimonio vinculado con Filadelfia.

El sometimiento se reforzaba mediante un régimen disciplinario. Usar parte del dinero de una venta para comprar comida, expresar deseos de abandonar la comunidad o cuestionar una orden podía derivar en golpes, insultos, humillaciones, aislamiento o traslados.

Uno de los destinos más temidos era “El Descanso”, un campo ubicado en Balcarce, alejado de centros urbanos y donde las condiciones de vida fueron descriptas como especialmente precarias.

La imputada Barrionuevo relató también una escena cotidiana. Una vez, ella y otra joven gritaron al encontrarse con una cucaracha. Pereyra las reprendió y las obligó a permanecer durante horas de rodillas frente al altar pidiendo perdón.

“Las ungidas eran la autoridad absoluta e indiscutible”, resumió.

Parejas decididas y “bendiciones” sexuales

La autoridad de las dirigentes llegaba también a la vida afectiva. Las parejas podían ser decididas desde la conducción y presentadas como otra manifestación de la voluntad de Dios, mientras que rechazarlas podía provocar presiones o castigos.

Barrionuevo contó que a los 18 años se enamoró de un joven de Filadelfia, pero Divina Luz Pereyra se opuso. Tiempo después le comunicaron que Dios había elegido como pareja para ella a Ramón Omar Carranza, hijo de Divina Luz, con quien finalmente se casó.

Carranza fue condenado este lunes a 14 años de prisión.

El veredicto tuvo consecuencias directas sobre otras dos uniones. El tribunal declaró nulo el matrimonio celebrado en 1987 entre Néstor Antonio Tacuabe y Juana Rosa Maldonado, al establecer que había sido contraído bajo constreñimiento y sin consentimiento. Adoptó la misma decisión respecto del casamiento de Esteban Darío Alegre Herrera y Magdalena Elizabeth Cardozo, realizado en 2007.

Además, los jueces ordenaron modificar las filiaciones maternas de David Jonatan Carranza y Pablo Elías Carranza, porque las mujeres que figuraban registradas como sus madres -Divina Luz Pereyra y Adriana del Valle Carranza- no eran sus progenitoras biológicas.

La sexualidad fue otra dimensión de ese control. Barrionuevo declaró sobre prácticas conocidas como “bendiciones”, algunas de las cuales comenzaban con danzas espirituales. Contó que Pereyra bailaba abrazada a ella, acercaba sus labios y realizaba tocamientos. También describió encuentros a los que algunas personas eran convocadas a determinada hora y en los que luego se apagaban las luces.

Durante años, explicó, interpretó esas situaciones como manifestaciones de una elección espiritual.

El fiscal Gentili retomó en su alegato los testimonios sobre tocamientos, frotamientos y otros avances corporales para describir las formas en que la jerarquía intervenía sobre la sexualidad de los integrantes.

La fiscalía había atribuido a la “Tía Eva” Pereyra abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores al momento de los hechos. Sin embargo, esos delitos no figuran entre aquellos por los que fue condenada este lunes. El veredicto declaró además extinguida por prescripción la acción penal respecto de uno de esos episodios. Las razones serán conocidas cuando el tribunal difunda los fundamentos.

Las 27 condenas y el patrimonio

Durante el juicio declararon más de 200 testigos. Entre ellos, y casi al inicio, estuvo Julieta C., quien había dejado el templo en 2016 y dos años después presentó la denuncia que dio origen al expediente.

Ante los jueces, resumió el momento en que comenzó a revisar desde afuera lo vivido: “Yo un día me senté a denunciar esto y me enteré de que mi vida había sido una pesadilla”.

El veredicto alcanzó finalmente a 27 acusados.

Después de Pereyra, la segunda pena más alta correspondió a Rigoberto Ismael Mora Bogado, condenado a 21 años de prisión.

Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Noemí Lemos, Norma Haydee Valdez, Mónica Susana Gutiérrez, Norma Beatriz Gutiérrez, Guillermo David Alza, María Luisa Alza y Martín Carlos Cáceres recibieron 18 años.

A Ruth Elizabeth Mora Bogado le impusieron 15 años, mientras que Katherine Esther Alegre Herrera, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Omar Carranza y Claudio Rubén Álvarez fueron condenados a 14 años.

Osvaldo Horacio Gutiérrez recibió 10 años y nueve meses; Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Gabriel Aguirre, ocho años; Carlos Matías Barrionuevo, seis años y nueve meses; Olga Mabel Carranza y Liliana Beatriz Barrionuevo, cinco años y nueve meses; y Pablo Elías Carranza y Claudia Elizabeth Acosta, cinco años.

Por último, Víctor Abraham Ayunta fue condenado a cuatro años y seis meses y Damaris Fernanda Sabich, a tres años y nueve meses. Ambos fueron absueltos de trata de personas agravada, aunque recibieron condenas por asociación ilícita.

El impacto económico del caso quedó reflejado también en las decisiones patrimoniales. Gentili había solicitado el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos. El tribunal ordenó finalmente decomisar 46 propiedades, 12 automotores y el dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.

Entre los bienes hay casas, departamentos, terrenos y campos ubicados en La Matanza, Mar del Plata, Balcarce, Bahía Blanca, San Miguel del Monte, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Otros dos inmuebles de San Justo continuarán bajo análisis por vía incidental.

A ese patrimonio se suman 15 vehículos cuya subasta había sido ordenada durante la instrucción en diciembre de 2020, medida que el tribunal mantuvo.

Los bienes decomisados quedaron vinculados con las reparaciones para las víctimas. La sentencia fijó compensaciones para 27 personas por $2.170.467.831,20, monto que deberá actualizarse con la tasa activa del Banco Nación hasta el momento del pago.

La reparación individual más alta asciende a $223.338.864 y otra fue fijada en $207.642.176, además de otras sumas individualizadas.

El fallo ordenó también dar de baja al Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y puso las actuaciones a disposición del Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos surgidos durante las audiencias en relación con la atención médica de las víctimas y otros hechos mencionados durante el debate.

La causa se había iniciado con una denuncia presentada el 18 de diciembre de 2018 ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Matanza. Más tarde pasó al fuero federal y la instrucción quedó en manos de Sebastián Basso, titular de la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.

El juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024. Este lunes, casi dos años después, llegó el veredicto.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, acusado por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, en junio de 2024, y mantuvo por esta vía el rechazo de la probation que había solicitado para evitar el juicio oral. La decisión fue adoptada este lunes en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, quien consideró que la presentación no logró demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

El expediente se remonta al 12 de junio de 2024, cuando organizaciones sociales, sindicales, políticas y piqueteras se concentraron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado trataba el proyecto impulsado por el Gobierno. Con el correr de las horas hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, vehículos incendiados y vandalizados y efectivos heridos. El operativo incluyó gases, balas de goma y camiones hidrantes. En total hubo 33 detenidos y nueve personas fueron posteriormente enviadas a juicio.

En ese contexto fue detenido Ortiz. Según el requerimiento de elevación a juicio, alrededor de las 20.50, en la esquina de Rivadavia y Callao, habría golpeado con puños y puntapiés a efectivos policiales que intentaban liberar la calzada. Por esos hechos fue acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Esa es la hipótesis de la acusación, que ahora deberá ser examinada durante el debate oral.

Antes de llegar a esa instancia, la defensa pidió una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Señaló que Ortiz no registra antecedentes penales, tiene arraigo y trabaja como vendedor ambulante; además, ofreció una reparación económica de $250.000 y propuso que cumpliera durante un año tareas comunitarias. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, constituido como querellante, se opusieron a esa salida alternativa.

El Tribunal Oral Federal N° 3 rechazó el planteo y la defensa acudió a Casación. Allí sostuvo, entre otros argumentos, que Ortiz estaba siendo valorado por el contexto general de los disturbios y no exclusivamente por la conducta que se le atribuye. El juez Hornos rechazó ese recurso y consideró justificado el interés público en que el episodio fuera analizado en un debate oral.

Tras ese revés, los abogados intentaron llevar la discusión ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Sin embargo, Hornos entendió que no estaban reunidos los requisitos formales para habilitar esa instancia. “El recurso extraordinario traído a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado”, expresó. También remarcó que la sola invocación de normas constitucionales no alcanza si no se demuestra su relación directa con la resolución cuestionada.

En ese análisis, el magistrado volvió sobre uno de los argumentos centrales de su decisión anterior: “He sostenido en la resolución aquí cuestionada, y aquí reitero, que si bien el derecho a la libre manifestación y a la protesta social constituyen pilares incuestionables de nuestro sistema democrático (arts. 14 y 33 C.N.), ningún derecho fundamental reviste carácter absoluto, y que el amparo constitucional a la protesta no tolera ni legitima actos de violencia, daños o intimidación pública”.

Hornos, a su vez, descartó que la defensa hubiera acreditado defectos graves que permitieran considerar arbitraria la resolución anterior. En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, finalmente declaró inadmisible el recurso extraordinario, con costas, y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen.

La causa continuará así su trámite hacia el juicio oral, donde deberá determinarse la eventual responsabilidad penal del imputado por los hechos que le atribuye la acusación.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $3,017 billones para el Poder Judicial de la Nación, frente a los $2,480 billones previstos para 2026. La diferencia asciende a unos $537.466 millones, lo que representa un incremento nominal del 21,7% entre ambos ejercicios.

La partida aumentará en términos nominales, aunque su participación dentro del gasto nacional se reducirá levemente. En 2026 representaba alrededor del 1,54% del gasto total de la Administración Nacional y para 2027 esa proporción se ubicará en torno al 1,49%. En términos simples, aproximadamente $1,50 de cada $100 de gasto nacional previstos para el próximo año corresponderán a esta jurisdicción.

La explicación está en que el gasto total crecerá a un ritmo mayor. El proyecto prevé que los gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional pasen de $161,4 billones en 2026 a $202,1 billones en 2027, un aumento del 25,2%, por encima del 21,7% asignado al Poder Judicial.

Las cifras están expresadas en pesos corrientes. Por eso permiten comparar cuánto aumenta cada partida en términos nominales, aunque por sí solas no determinan si esos recursos tendrán una mayor o menor capacidad de compra durante el próximo año.

Dentro del sistema de Justicia existen además otras estructuras presupuestarias que se contabilizan por separado. El Ministerio Público tendrá $1,401 billones, un 22,3% más que en 2026, mientras que el Ministerio de Justicia recibirá $380.938 millones, con una suba del 16%. Ninguno de esos montos está incluido dentro de los $3,017 billones correspondientes al Poder Judicial.

La jurisdicción Poder Judicial de la Nación incluye a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, además de los tribunales y dependencias que funcionan bajo sus respectivas órbitas.

Por eso, los más de $3 billones no conforman una única partida administrada por una sola autoridad. El dinero se distribuye entre juzgados y cámaras, instancias superiores, áreas administrativas, cuerpos técnicos y distintos servicios necesarios para el funcionamiento de los tribunales.

Casi todo ese crédito está destinado directamente a la actividad judicial: $3,003 billones corresponden a la función Judicial y $14.380 millones a Seguridad Social. La comparación de esta nota toma como referencia a la jurisdicción Poder Judicial de la Nación, que no incluye al Ministerio Público ni al Ministerio de Justicia, ambos con presupuestos propios.

Casi todo el presupuesto se destina a personal

El principal componente del gasto son los salarios. De los $3,017 billones previstos para 2027, $2,772 billones se destinarán a personal, alrededor del 92% del presupuesto completo del Poder Judicial.

Dentro de ese monto, unos $2,644 billones corresponden al personal permanente. Esa sola partida absorbe aproximadamente el 87,6% de todos los recursos asignados a la jurisdicción. También se contemplan fondos para personal temporario, servicios extraordinarios, asistencia social, beneficios, compensaciones y contrataciones, aunque con una incidencia mucho menor sobre el total.

La estructura prevista comprende 27.035 cargos. Los dos grandes bloques de tribunales reúnen buena parte de ese personal: 12.118 puestos corresponden a la Justicia Federal y otros 7.635 a los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ambos concentran cerca del 73% de los cargos.

En contraste, la inversión tiene un peso considerablemente menor. El proyecto contempla unos $89.001 millones para bienes de uso, cerca del 3% del presupuesto total. También se prevén $20.504 millones para bienes de consumo y alrededor de $120.957 millones para distintos servicios necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción.

La composición muestra así una estructura fuertemente concentrada en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, especialmente en salarios. Las obras, el equipamiento y otras inversiones representan una porción significativamente menor frente al peso de los recursos humanos.

Los tribunales concentran más del 70% de los fondos

La mayor partida corresponde a la denominada Justicia Federal, que tendrá alrededor de $1,315 billones. Allí se agrupan los tribunales que intervienen en materias de competencia federal, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las distintas jurisdicciones del interior del país. Incluye, entre otros, los fueros Criminal y Correccional Federal, Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo Federal, de la Seguridad Social, Electoral y Penal Económico, además de las cámaras federales distribuidas en las provincias.

También en este caso el peso de los salarios es muy alto: de los $1,315 billones previstos, aproximadamente $1,290 billones corresponden a remuneraciones. Otros $21.051 millones se destinan al funcionamiento y $3.657 millones a inversión.

El segundo bloque por volumen es la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contará con $866.336 millones. Bajo esa categoría aparecen los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal que intervienen, entre otras materias, en causas civiles, comerciales, laborales y penales ordinarias.

Aunque funcionan en territorio porteño, esos juzgados y cámaras forman parte del Poder Judicial de la Nación. De los $866.336 millones asignados, $859.408 millones corresponden a remuneraciones, mientras que los fondos destinados a obras, equipamiento y otros bienes de uso alcanzan $782 millones.

Sumados, la Justicia Federal y los tribunales nacionales porteños recibirán aproximadamente $2,181 billones, algo más del 72% de todo el presupuesto de la jurisdicción. Es decir, más de siete de cada diez pesos asignados al Poder Judicial se concentran en esos dos grandes bloques.

El resto se distribuye entre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, las áreas centrales del Consejo de la Magistratura y distintos servicios técnicos y administrativos.

La actividad jurisdiccional de la Corte Suprema, identificada en el Presupuesto como Justicia de Máxima Instancia, tendrá una suma de $139.521 millones y 1.156 cargos. De ese total, $98.015 millones corresponden a remuneraciones y $17.371 millones a inversión.

Por separado, la Administración General de la Corte dispondrá de $72.649 millones y 1.085 cargos. Esta división permite distinguir la tarea específicamente jurisdiccional del máximo tribunal de las funciones administrativas, de infraestructura y de soporte que también se encuentran bajo su órbita.

La Casación contará, en tanto, con otros $119.866 millones y 1.003 cargos. En este caso, prácticamente todo el presupuesto corresponde al personal: $119.578 millones se destinan a remuneraciones y no se registra inversión real directa.

Las denominadas Actividades Centrales tendrán $249.595 millones y 1.547 cargos. Allí se concentran tareas de gestión financiera, tecnología, infraestructura, administración de recursos humanos y funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. A diferencia de los grandes programas de tribunales, esta área muestra una mayor participación relativa de la inversión, con $39.356 millones.

Pericias, comunicaciones y otros servicios

El presupuesto también permite identificar cuánto se destinará a algunos servicios que participan directamente en las causas judiciales y que suelen quedar menos visibles cuando se observa sólo el monto global.

Pericias Judiciales tendrá $95.347 millones y 748 cargos. Esa estructura reúne profesionales de distintas especialidades y comprende también a la Morgue Judicial y sus laboratorios. Del total, $77.447 millones se asignan a remuneraciones y $11.978 millones a inversión.

Entre las obras previstas aparece una nueva etapa de readecuación y refuncionalización de la Morgue Judicial, con $9.165 millones, además de intervenciones en otros espacios utilizados por la Corte.

La Interceptación y Captación de las Comunicaciones contará con $54.186 millones y 641 cargos. De esa suma, $52.705 millones están vinculados con la actividad destinada a cumplir medidas de interceptación requeridas por magistrados judiciales y representantes del Ministerio Público Fiscal. El programa incluye además distintas obras en su sede de Avenida de los Incas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mandamientos y Notificaciones dispondrá de $45.442 millones y 585 cargos. Esa dependencia ejecuta y comunica medidas ordenadas por los tribunales, como embargos, constataciones, intimaciones de pago, secuestros, allanamientos y lanzamientos.

También aparecen partidas de menor magnitud para la Biblioteca y Jurisprudencia, el Archivo General Judicial, la asistencia social y la atención de pasividades. En conjunto, estos programas muestran que el presupuesto del Poder Judicial no se limita al funcionamiento de los juzgados y cámaras, sino que también sostiene servicios técnicos, administrativos y auxiliares necesarios para la tramitación de las causas.

Obras en la Corte y en la Justicia Federal

La inversión en infraestructura comprende proyectos tanto en dependencias de la Corte como en juzgados federales del interior. En el programa Justicia de Máxima Instancia se incluyen, entre otros trabajos, $4.189 millones para la adecuación integral del edificio de Villarino 2010, además de restauraciones y tareas de mantenimiento en inmuebles vinculados al máximo tribunal.

Los anexos también contemplan obras en dependencias federales de distintas provincias. En Junín, provincia de Buenos Aires, se prevén alrededor de $140 millones para la remodelación y ampliación del Juzgado Federal. En General Pico, La Pampa, se destinan $263 millones para adecuar un inmueble adquirido para el Juzgado Federal.

En Santa Rosa se asignan otros $477 millones para ampliar y adaptar la sede utilizada por el Juzgado Federal y el Tribunal Oral Federal. Para el Juzgado Federal N°2 de San Juan, el proyecto reserva casi $170 millones durante 2027.

Esos montos no representan necesariamente el costo total de las obras. Varias tienen ejecución plurianual, por lo que la cifra prevista para 2027 corresponde solamente a la parte que se proyecta ejecutar durante ese ejercicio.

De dónde salen los recursos

El proyecto no sólo establece cuánto podrá gastar el Poder Judicial. También estima los recursos vinculados con la jurisdicción durante 2027, que ascienden a aproximadamente $3,484 billones. De ese total, unos $3,025 billones corresponden a ingresos tributarios, $444.329 millones a ingresos no tributarios y $14.257 millones a rentas de la propiedad.

El Poder Judicial cuenta con un régimen de autarquía financiera, establecido por la Ley 23.853. La documentación presupuestaria señala que la jurisdicción se financia mediante recursos con afectación específica, tributarios y no tributarios, entre ellos los vinculados con la tasa de justicia, además de los aportes previstos por ese régimen.

Al detallar cómo se financiará el gasto de 2027, el proyecto ubica los $3,017 billones asignados al Poder Judicial dentro de la categoría “recursos con afectación específica”.

A nivel general, el proyecto prevé para toda la Administración Nacional unos $202,3 billones de recursos durante 2027, prácticamente en línea con los $202,1 billones de gastos corrientes y de capital.

La principal fuente de ingresos serán los impuestos: se estiman $122,6 billones, cerca del 61% de los recursos totales. A eso se suman $62,3 billones en aportes y contribuciones a la seguridad social, además de ingresos no impositivos, rentas de la propiedad, venta de bienes y servicios y recursos de capital.

Para el Poder Judicial, en tanto, la política presupuestaria plantea continuar con la optimización de la recaudación y utilización de sus recursos, mantener el control sobre los gastos corrientes y sostener niveles de personal e inversión compatibles con el funcionamiento de la jurisdicción.

La Corte Suprema también prevé seguir publicando información sobre contrataciones, licitaciones, adjudicaciones, ejecución presupuestaria, escalas salariales y estados financieros. Entre sus objetivos para 2027 figura, además, mantener el equilibrio entre los gastos y los recursos disponibles y evitar la generación de endeudamiento.

En una causa iniciada para investigar el presunto desvío de fondos públicos destinados a la producción algodonera en la provincia de Santiago del Estero, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la resolución que había rechazado el pedido de Rubén Darío Giorgis, exsubsecretario de Producción provincial, para extinguir la acción penal mediante una reparación económica integral. El imputado había ofrecido pagar $2,5 millones y donar otro millón de pesos.

La decisión fue adoptada este jueves por los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, con la disidencia de Guillermo Yacobucci. El máximo tribunal penal del país resolvió “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar y anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones para que el tribunal emita un nuevo pronunciamiento”.

La investigación comenzó el 30 de marzo de 2016, cuando María del Carmen Castillo, empleada del Ministerio de Producción de Santiago del Estero, se presentó en la casa central del Banco Nación de esa provincia para cobrar y depositar cheques librados por la Coordinadora Provincial de Algodón. De acuerdo a los antecedentes reseñados en el fallo, los documentos presentaban adulteraciones “respecto al beneficiario de los títulos valores”, circunstancia que dio origen a la denuncia judicial.

A partir de ese episodio, la acusación fiscal reconstruyó una maniobra de mayor alcance. El requerimiento de elevación a juicio sostuvo que entre 2015 y marzo de 2016 habría funcionado dentro del Ministerio de Producción provincial una estructura destinada a defraudar al Estado nacional mediante la disposición irregular de fondos enviados a Santiago del Estero para promover la actividad algodonera.

Los recursos, en rigor, provenían del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, creado por la Ley 26.060 en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La norma estableció, entre otras herramientas, un seguro agrícola y un Fondo de Compensación de Ingresos para sostener la producción frente a contingencias y oscilaciones de precios.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley 26.933 prorrogó por otros diez años la vigencia de ese fondo y elevó sus recursos a $160 millones. Para 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el régimen continuaba bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que ese año trató la distribución del fondo para la campaña 2016/17.

En el expediente, la acusación alegó que los fondos enviados a Santiago del Estero estaban destinados a “la asistencia integral de esas actividades agrícolas, el otorgamiento de créditos, asistencia técnica y campañas sanitarias”. También afirmó que funcionarios y empleados, “creando sub programas que eran ajenos a la finalidad del Fondo, simulaban la compra de bienes con presuntos proveedores del estado”, operaciones que luego eran afrontadas con los recursos nacionales.

La causa fue elevada a juicio oral respecto de 16 personas, entre funcionarios y empleados del Ministerio de Producción de Santiago del Estero, integrantes de la Junta Provincial del Algodón, personal del Banco Nación y proveedores del Estado. Entre ellos quedó acusado Giorgis, entonces subsecretario de Producción, por defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, constituida como querellante, promovió además una demanda civil contra Giorgis; el entonces ministro de Producción provincial, Luis Fernando Gelid; y el entonces director general de Agricultura y Ganadería, Enrique Oberlander, por un total de $5.782.672,92, más las actualizaciones correspondientes.

El ofrecimiento de reparación

Durante 2026, Giorgis y otros tres acusados -Carlos Daniel Japaze, Sebastián Juri y Pablo Juri- presentaron propuestas de reparación integral económica y solicitaron la extinción de la acción penal en su contra.

Giorgis ofreció abonar $2,5 millones en un solo pago y transferir $1 millón a la Asociación Civil Medianos y Pequeños Agricultores y Productores. Su defensa calculó que el reclamo civil formulado por la provincia, actualizado según la tasa activa del Banco Nación, ascendía a $35.905.742,83 y sostuvo que la suma propuesta correspondía a una parte proporcional entre los 16 imputados de la causa. También dejó asentado que “el importe actualizado e indicado por esta parte, queda sujeto a lo que determine V.E.”.

Japaze propuso pagar $2,5 millones y donar $1 millón a la Iglesia Ortodoxa San Jorge. Sebastián y Pablo Juri ofrecieron conjuntamente $5 millones, más una donación de otro millón a la Biblioteca 9 de Julio.

El Ministerio Público Fiscal se opuso. Argumentó que en los delitos contra la administración pública el bien jurídico afectado tiene carácter supraindividual y que, en esos casos, “la víctima es la sociedad toda”. También manifestó que la intervención de funcionarios públicos impedía aplicar vías alternativas de resolución de conflictos como la reparación integral.

La Fiscalía de Estado provincial también pidió rechazar las propuestas. Advirtió que una eventual reparación debía abarcar el monto total reclamado, más intereses y costas, y consideró insuficientes los ofrecimientos.

Así las cosas, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero desestimó los pedidos el 22 de abril pasado. Para eso, consideró que la reparación integral debía comprender el valor actualizado del perjuicio y sus intereses, y que esa exigencia no estaba satisfecha porque los acusados habían formulado ofertas proporcionales.

La decisión de Casación

Al analizar el caso, el juez Mahiques explicó que la reparación integral fue incorporada al Código Penal como una causal autónoma de extinción de la acción penal y que la ley no estableció expresamente una prohibición para casos que involucren funcionarios públicos o bienes de carácter colectivo.

A su vez, afirmó que la oposición del fiscal no resulta vinculante en esta clase de planteos, en tanto “su oposición, sin un imperativo legal que lo explicite, no es vinculante para el juez”. También resaltó que la decisión sobre la procedencia del instituto corresponde al órgano jurisdiccional.

Sobre el argumento referido a los delitos de corrupción, Mahiques indicó que el Ministerio Público había planteado una “imposibilidad dogmática” para aplicar la reparación integral, la conciliación o la probation, pero observó que “no invocó norma legal alguna de la que surgiría tal limitación”.

El magistrado luego cuestionó la fundamentación utilizada para considerar insuficientes las sumas ofrecidas por los implicados. Redactó que el tribunal oral “no expone cuál es el monto actual del perjuicio o la razón de por qué la suma ofrecida por los imputados no satisface la exigencia de la integralidad”.

Además, indicó que la resolución no había definido cómo debía calcularse una reparación integral en una causa con 16 acusados: si cada uno debía cubrir una parte proporcional, si uno o varios podían responder por el total o qué efecto tendría el pago respecto de quienes no formularon propuestas.

El juez Borinsky adhirió a la solución de su colega y destacó que el tribunal oral no había determinado cuál era el monto actualizado del perjuicio contra la administración estatal. A su criterio, esa omisión impedía establecer qué suma debía ofrecerse y evaluar la razonabilidad de la propuesta en cuestión.

Yacobucci votó en disidencia. Consideró suficientes los fundamentos expuestos por el tribunal oral, el Ministerio Público Fiscal y la querella para rechazar el planteo. Recordó que la acusación atribuyó el funcionamiento de una estructura dentro del Ministerio de Producción provincial destinada a disponer fraudulentamente de fondos nacionales asignados al sector algodonero.

Para el juez, la hipótesis incluyó un “beneficio patrimonial significativo por parte de los funcionarios involucrados que se aprovecharon de su rol en temas que revisten alto interés social”. Con esos fundamentos propuso rechazar el recurso de la defensa.

Con todo, la Sala III anuló por mayoría la resolución y remitió el expediente al Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero para que dicte un nuevo pronunciamiento.

En medio del proceso de normalización interna del Partido Justicialista de Jujuy, la Cámara Nacional Electoral rechazó un pedido para remover a Federico Prieto, el abogado neuquino designado para conducir la reorganización partidaria, y dejó firme la decisión que había dispuesto su continuidad. Los camaristas consideraron que no se acreditaron hechos concretos que permitieran poner en duda su imparcialidad ni demostrar que su permanencia pudiera afectar las elecciones internas.

El pronunciamiento fue firmado por Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. La discusión llegó al tribunal a partir de una apelación presentada por Teresa García, diputada nacional y exministra de Gobierno bonaerense, y Máximo Rodríguez, exconcejal de Tres de Febrero y dirigente del PJ. Ambos fueron designados “delegados normalizadores” del partido nacional para el distrito jujeño y ya habían actuado juntos en la intervención del peronismo de Corrientes. También participó del planteo el apoderado nacional Eduardo López Wesselhoefft.

El cuestionamiento apuntaba a un supuesto vínculo entre una empresa relacionada con la página institucional de la intervención y uno de los espacios involucrados en la interna. Para los recurrentes, esa circunstancia podía comprometer la neutralidad exigida a quien tiene la responsabilidad de ordenar el partido y conducirlo hacia la elección de nuevas autoridades.

La Cámara Electoral, sin embargo, entendió que ese elemento aislado no alcanzaba para demostrar una actuación parcial de Prieto.

La controversia constituye un nuevo capítulo de una crisis partidaria que comenzó en 2023, cuando el PJ jujeño quedó intervenido por decisión de su conducción nacional, y que desde abril de este año se desarrolla bajo supervisión directa de la Justicia Electoral.

La primera intervención se dispuso en julio de 2023, durante la presidencia del PJ nacional de Alberto Fernández, en un escenario atravesado por la reforma constitucional impulsada entonces por el gobernador Gerardo Morales y por las diferencias que ese proceso había generado dentro del peronismo provincial. Para conducir el distrito fueron designados Aníbal Fernández, exministro de Seguridad de la Nación, y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

Con el paso del tiempo, el proceso destinado a recomponer las autoridades partidarias acumuló demoras y nuevas disputas internas. Ya bajo la conducción nacional de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Menéndez continuaron al frente del distrito y, a comienzos de 2026, avanzaron con la suspensión de alrededor de 300 afiliados, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés, además de intendentes, legisladores y otros dirigentes. También se modificó el calendario previsto para elegir autoridades.

Las sanciones y las sucesivas postergaciones llevaron el conflicto a los tribunales.

En efecto, el 9 de abril pasado el juez federal con competencia electoral en Jujuy, Esteban Hansen, apartó a los interventores partidarios, dejó sin efecto las últimas decisiones adoptadas durante aquella gestión y dispuso una intervención judicial por 180 días. Para conducir esa nueva etapa designó a Ricardo Villada, exministro de Gobierno de Salta y funcionario vinculado con la administración del gobernador Gustavo Sáenz.

El juez Hansen le encomendó avanzar con la normalización institucional y encaminar al partido hacia la elección de nuevas autoridades. La decisión judicial tuvo como antecedentes principales tanto las suspensiones de afiliados como las demoras acumuladas en el cronograma interno.

La conducción nacional del peronismo recurrió esa medida.

Mientras la discusión continuaba en los tribunales, el Congreso Nacional del Partido Justicialista designó el 19 de mayo a los dirigentes García y Rodríguez como delegados normalizadores para Jujuy. El propio fallo de la Cámara consigna que ambos fueron nombrados para actuar ante la Justicia Electoral y “velar por la realización de elecciones internas en el distrito”.

Ese nombramiento adquirió relevancia en la resolución conocida ahora, ya que el juez de primera instancia había entendido que García y Rodríguez no estaban legitimados para intervenir en el expediente, pero la Cámara Electoral modificó ese criterio y reconoció su participación en representación de la estructura nacional del PJ.

Los camaristas recogieron el argumento según el cual ambos “no actúan en defensa de un interés individual ni pretenden sustituir a los afiliados del distrito; [sino que] actúan en representación del máximo órgano de la organización partidaria a nivel nacional que los designó específicamente para intervenir en el proceso de normalización del distrito Jujuy”.

Para el tribunal de alzada, esa representación establecía una relación directa con el objeto del expediente: la regularización institucional del partido y el control del proceso electoral desarrollado bajo intervención judicial. Por eso, concluyó que los delegados estaban legitimados para participar de las actuaciones.

La Cámara ya había tenido que pronunciarse sobre la situación del PJ jujeño algunos meses antes. El 11 de junio pasado, confirmó la continuidad de la intervención judicial, pero hizo lugar a un pedido para sustituir a Villada y ordenó al juez de primera instancia efectuar un nuevo nombramiento.

Tras aquel pronunciamiento, Hansen nombró a Federico Prieto como nuevo interventor. El abogado neuquino quedó así a cargo de continuar la normalización y conducir el proceso electoral interno destinado a restablecer las autoridades partidarias.

Fue su continuidad la que volvió a ser objeto de discusión judicial.

García, Rodríguez y López Wesselhoefft apoyaron el pedido de remoción en la utilización de una página institucional de la intervención. Según expusieron, el sitio estaría registrado a nombre de Deep Com SRL, cuya CEO sería hermana de una dirigente integrante de uno de los espacios que participa del proceso electoral interno.

A partir de ese dato, sostuvieron que existía una circunstancia capaz de comprometer “la necesaria neutralidad” de quien cumple una función judicial.

El juez de primera instancia no hizo lugar al planteo. Consideró que no se advertían conductas atribuibles a Prieto que permitieran poner en duda su imparcialidad y entendió que los argumentos formulados no resultaban suficientes para desplazarlo.

Al examinar el pedido de apartamiento, los camaristas Dalla Via, Corcuera y Bejas partieron de las exigencias específicas que recaen sobre un interventor judicial.

En ese sentido, recordaron la jurisprudencia según la cual a “la natural buena administración” que debe exigirse a quien desempeña esa función se agrega “la indispensable ecuanimidad y prescindencia” frente a los intereses enfrentados, para evitar dificultades que puedan afectar el normal funcionamiento de la administración. Aun así, los jueces diferenciaron el caso de Prieto de las circunstancias que habían llevado a reemplazar a Villada en junio.

Según señalaron, los recurrentes identificaron como “hecho central” la relación entre el portal institucional y Deep Com, pero “no acreditan cómo esa circunstancia -por sí sola- pudiera resultar en una percepción de parcialidad respecto de su actuación”.

La Cámara Nacional Electoral agregó que tampoco se había precisado cuál era el perjuicio concreto que generaba la continuidad del interventor. De acuerdo al fallo, las manifestaciones formuladas constituían consideraciones genéricas y no permitían identificar de qué manera la normalización partidaria podía verse obstaculizada por el vínculo invocado.

El fiscal electoral había llegado a la misma conclusión. En su dictamen consideró que “no se ha establecido ni en la demanda inicial, ni en el recurso de apelación, un solo evento concreto que haga presumir que la elección corre riesgo o que existe la posibilidad de que la voluntad de los afiliados no se vea reflejada en el resultado de los comicios por venir”.

Con esos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso contra la decisión que había denegado la remoción de Prieto. Luego ordenó registrar y notificar el pronunciamiento, comunicarlo al juzgado de origen y devolver las actuaciones a primera instancia.

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, le pidió al titular del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que convoque al Plenario para tratar el dictamen que propone sancionar al juez civil Carlos Goggi con una multa equivalente al 35% de sus haberes mensuales, por única vez. El magistrado quedó bajo análisis disciplinario por haberse apartado de manera reiterada de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales en distintos expedientes.

La presentación se refiere al expediente 136/23, iniciado a partir de una denuncia del propio Colegio Público. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura ya aprobó por mayoría el proyecto sancionatorio, que todavía debe ser considerado por el Plenario del organismo que selecciona y remueve jueces para que pueda transformarse, eventualmente, en una sanción efectiva.

En la nota remitida a Rosatti, García planteó: “La cuestión reviste gran importancia para la abogacía en su conjunto pues se trata del ejercicio de facultades disciplinarias con relación a un magistrado que ha desconocido, de modo sistemático, la validez de la ley de honorarios profesionales”.

En el mismo escrito agregó: “Es imprescindible entonces que el Plenario considere el dictamen de la Comisión de Disciplina, para lo cual corresponde su convocatoria sin dilaciones”.

Goggi es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91. El expediente disciplinario se concentra en una serie de decisiones en las que declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 y dejó sin efecto el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), utilizado para calcular y actualizar los honorarios profesionales.

La investigación en el ámbito del Consejo tomó como referencia al menos cinco causas: “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Varias de las resoluciones dictadas por el juez Goggi fueron posteriormente revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El reproche disciplinario no quedó apoyado simplemente en que el magistrado hubiera sostenido una interpretación jurídica distinta ni en que sus decisiones hubieran sido revisadas por tribunales superiores. El dictamen mayoritario, en efecto, sostuvo que existió un patrón de actuación reiterado: Goggi introdujo de oficio la cuestión constitucional en distintos expedientes, utilizó fundamentos sustancialmente similares y mantuvo ese criterio frente a objeciones formuladas por la Cámara y el Ministerio Público Fiscal.

El propio dictamen dejó asentado: “Un error de juzgamiento aislado, una interpretación minoritaria o una decisión posteriormente revocada se encuentran, en principio, comprendidos dentro del ámbito protegido por la independencia judicial”. A partir de esa premisa, la mayoría diferenció un error o una interpretación aislada de la reiteración de una misma modalidad en distintas causas.

Otro de los cuestionamientos fue que las declaraciones de inconstitucionalidad se adoptaran sin que las partes hubieran tenido previamente la posibilidad de discutir la validez de la norma. Según el proyecto aprobado, los profesionales afectados debieron apelar para obtener la aplicación del régimen vigente, con impacto sobre la duración y los costos de los trámites y sobre créditos de naturaleza alimentaria.

La mayoría también señaló que, en las causas examinadas, no se había individualizado un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la Ley 27.423 ni explicado por qué el conflicto arancelario no podía resolverse mediante la aplicación o interpretación de la norma antes de acudir a una declaración de inconstitucionalidad.

Durante el trámite disciplinario se incorporaron expedientes testigo, pronunciamientos de la Cámara Civil, dictámenes del Ministerio Público Fiscal y declaraciones vinculadas con el conflicto.

La propuesta de multa fue impulsada por la consejera Jimena de la Torre, representante del estamento de los abogados. La Comisión de Disciplina la aprobó el 20 de agosto por seis votos contra tres. La acompañaron César Grau, Hugo Galderisi, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi. En contra votaron los representantes de los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

El debate dentro de la comisión se concentró, entre otros puntos, en los límites entre el control disciplinario y la independencia judicial. Los consejeros que votaron en contra advirtieron sobre el riesgo de avanzar sobre el contenido de las sentencias. La mayoría postuló, en cambio, que el caso no involucraba una resolución aislada, sino la reiteración de una conducta que encuadraría en dos faltas previstas en la Ley 24.937: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

Para graduar la propuesta sancionatoria también se ponderó que Goggi no registra antecedentes disciplinarios firmes, compareció ante el Consejo, ejerció su defensa y acató las revocaciones dictadas por la Cámara. Como elementos en sentido contrario, el dictamen tuvo en cuenta la reiteración de las decisiones cuestionadas, su extensión temporal y la persistencia de los fundamentos utilizados en diferentes causas.

El expediente quedó en condiciones de ser tratado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, cuya convocatoria fue solicitada ahora por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por la posible realización de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas. La actuación se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno y también abarca a sociedades vinculadas con la compañía y a las personas físicas que eventualmente hubieran intervenido en su nombre o beneficio.

El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, donde tramita la causa CFP 4492/2026. Allí, la fiscalía propuso una serie de medidas destinadas a establecer si existieron conductas alcanzadas por la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional.

En su dictamen, Stornelli delimitó de manera expresa el objeto del expediente: “Conforme la denuncia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane, constituirá el objeto procesal de autos establecer la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa ‘Desire Petroleum Limited’ -antes, ‘Desire Petrolium Públic Limited Company’-, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.

La presentación de Cancillería se apoya en antecedentes que se remontan a más de una década. En mayo de 2012, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a la compañía en la plataforma continental y la consideró clandestina por operar sin permiso argentino. Un año después, mediante la Resolución 457/2013, la firma fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país por utilizar, según ese acto administrativo, una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia reproducida por la fiscalía, pese a esos antecedentes y a posteriores modificaciones en su estructura societaria, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas correspondientes a distintas áreas de exploración y explotación en la zona. A marzo de este año figuraría con una participación del 32% en las licencias PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b y PL004c; y del 35% en PL005. El documento también menciona su relación con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La norma contempla responsabilidades para personas humanas y jurídicas y establece penas de prisión de entre 5 y 15 años, según se trate de maniobras de exploración o extracción.

A partir de ese marco, Stornelli no limitó la pesquisa a una única hipótesis delictiva. En el requerimiento señaló: “Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial, sin descartarse en esta instancia, tal como así lo sugiere el funcionario denunciante y conforme el devenir del proceso, la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.

El caso, además, se inscribe en una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en una cadena nacional emitida al 3 de septiembre, centrada en la cuestión Malvinas y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona. En ese mensaje, el mandatario anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales y puso el foco, entre otros proyectos, en Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno avanzó con el fortalecimiento del esquema sancionatorio previsto por la Ley 26.659 y con la centralización de actuaciones en la Cancillería. En ese contexto se dictó el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento específico para tramitar eventuales infracciones.

En cuanto a las medidas de prueba, la fiscalía reclamó a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, además de documentación sobre la constitución, objeto, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum. También solicitó informes que permitan reconstruir los actos concretos atribuidos a la empresa, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Por otra parte, requirió a la Jefatura de Gabinete que informe si existen denuncias, expedientes u otras actuaciones por posibles actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la petrolera desde 2012. Al Ministerio de Seguridad le encomendó verificar si alguna de las fuerzas bajo su órbita registró actuaciones vinculadas con exploración, explotación u otras tareas hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas y, en caso afirmativo, individualizar eventuales intervenciones judiciales.

La fiscalía procuró, además, determinar si existen antecedentes vinculados con la compañía en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.

Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta al exterior. El fiscal Stornelli solicitó librar un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal internacional para obtener información societaria completa de Desire Petroleum, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y reunir documentación sobre las licencias concedidas para operar en la zona. La medida alcanza también al Grupo Rockhopper. En una etapa posterior, planteó recabar información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las sociedades investigadas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público pidió consultar otra causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada el 7 de septiembre, que tramita ante el Juzgado Federal N° 12 y que, según informó Cancillería, guarda relación con el caso Desire Petroleum. La finalidad es establecer si ese expediente contiene información o pruebas útiles para esta pesquisa.

Este lunes cerró el plazo para presentar ante la Junta Electoral, con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), las listas que competirán en las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esos comicios, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

La elección se realizará en todo el país bajo la modalidad de distrito electoral único. Quienes resulten electos pasarán a integrar un cuerpo compuesto por 20 miembros que, entre otras funciones, interviene en la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Los comicios marcarán además el final del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes que habían quedado tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.

Entre las nóminas presentadas este mediodía aparecen Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal, integradas por dirigentes de instituciones profesionales, funcionarios y abogados con trayectoria en distintos ámbitos de la política judicial.

Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista está encabezada como primer candidato titular por Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y desarrolló parte de su trayectoria en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.

Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La abogada está ligada a Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, y al espacio de Abogados en Acción.

La conformación de la lista reunió a sectores que venían negociando por separado antes del cierre de candidaturas. En ese armado aparecería la influencia del dirigente Daniel Angelici, a través de nombres vinculados al radicalismo porteño y a la política colegial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña y actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

Abogacía por la Libertad

Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.

Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria colegial e identificación con La Libertad Avanza, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Entre los suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán y ex apoderado de La Libertad Avanza en esa provincia; y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo y apoderada de la lista.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.

En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los restantes lugares titulares corresponden a Julia Toyos, de Salta y presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa provincia, y Andrés Abramovich, actual vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes; y Marcelo Alvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de San Juan.

Uno de los articuladores de la lista fue Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), con antecedentes como presidente del Consejo de la Magistratura porteño, legislador de la Ciudad y funcionario durante la presidencia de Alberto Fernández.

Abogacía Federal

Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, encabeza como primer candidato titular la lista de Abogacía Federal. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y tiene una extensa trayectoria dentro de la colegiación bonaerense. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.

Fuentes que siguen de cerca el proceso electoral atribuyeron la conformación de Abogacía Federal a un acuerdo entre sectores vinculados a Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, que confluyeron en la presentación de la nómina.

Los otros candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, abogada cordobesa con antecedentes en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal del Colegio de Abogados de Rosario y ex presidente de esa institución; y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial.

Este lunes 14 de septiembre, a las 13.30, vencerá el plazo para presentar las listas que competirán por los cuatro lugares reservados a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección se realizará el 20 de octubre en todo el país y definirá a los representantes titulares y suplentes del sector para el período 2026-2030.

Los cuatro cargos que se pondrán en juego forman parte de un Consejo integrado por 20 miembros, que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos a jueces nacionales y federales y en el tratamiento de denuncias disciplinarias contra magistrados. Además de los representantes de la abogacía, lo componen el presidente de la Corte Suprema, cuatro jueces, ocho legisladores nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.

Actualmente, la representación de los abogados está en manos de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos lugares serán los que se renueven en la elección de octubre.

Para elegir a sus sucesores está convocado un padrón de alrededor de 180 mil abogados y abogadas con matrícula federal. En agosto, la Junta Electoral informó que el registro provisorio reunía 183.736 electores distribuidos en 96 lugares de votación. La elección se organiza como un distrito único nacional, es decir, los votos emitidos en las distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se computarán dentro de una misma elección para distribuir los cuatro cargos.

El sufragio será individual, personal, voluntario y secreto. Podrán votar quienes integren el padrón definitivo y cada elector deberá hacerlo en la mesa en la que figure inscripto. La jornada se desarrollará de 9 a 18 y cada votante elegirá una de las listas oficializadas.

Antes de llegar a esa instancia, las agrupaciones deberán superar el primer límite del calendario: el cierre de candidaturas del lunes. Cada lista debe presentar cuatro candidatos titulares y sus respectivos suplentes. Entre los titulares tiene que haber por lo menos dos mujeres, al menos dos abogados de la matrícula federal del interior del país y como mínimo uno de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina completa debe respetar además la alternancia de género.

También deberán acompañar el respaldo de al menos 1.000 abogados incluidos en el padrón, domiciliados en un mínimo de cinco jurisdicciones correspondientes a diferentes Cámaras Federales de Apelación. Un mismo adherente no puede avalar más de una lista. La documentación deberá presentarse personalmente, a través de los apoderados o de alguno de los candidatos, en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en Avenida de Mayo 651.

Uno de los temas que atravesó la previa fue la discusión por la reelección de actuales integrantes del Consejo. Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez habían promovido un planteo judicial para que se definiera si podían volver a postularse y qué régimen de reelección correspondía aplicarles. De la Torre desistió posteriormente de esa acción, mientras que Vázquez sostuvo el reclamo.

El cierre de listas del lunes no definirá automáticamente la oferta electoral. A partir del martes 15 de septiembre, los apoderados de las agrupaciones y la propia Junta Electoral podrán formular observaciones e impugnaciones a las candidaturas presentadas. Luego habrá plazo hasta el 26 de septiembre para responder esos planteos y subsanar los errores que puedan corregirse. La oficialización definitiva está prevista para el 30 de septiembre y, si alguna controversia llega a la Justicia, el cronograma contempla una instancia posterior hasta comienzos de octubre.

La conducción del proceso, en efecto, está a cargo de una Junta Electoral integrada por ocho miembros: cinco designados por la FACA y tres por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La preside Gisela Hörisch Palacio, acompañada por Raúl Franco como vicepresidente y Daniel Fernando Baraglia como secretario. El cuerpo controla la presentación y oficialización de las listas, los padrones, el desarrollo de los comicios y, finalmente, la proclamación de los ganadores.

El cronograma prevé que, después de la oficialización de las candidaturas, las agrupaciones impriman sus boletas entre el 6 y el 10 de octubre. El 20 de ese mes, una vez cerradas las mesas a las 18, comenzará el escrutinio provisorio. El recuento definitivo, la distribución de los cuatro lugares y la proclamación están previstos para el 27 o 28 de octubre.

Hasta el vencimiento del período para la reserva de nombres, se habían registrado once presentaciones de agrupaciones con intención de competir. Entre ellas aparecen Espacio Abierto de la Abogacía, Unión Federal por la Libertad, Abogacía por una Justicia Independiente, Abogacía por la Libertad, Abogacía Federal, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía en Acción, Agrupación 29 de Agosto y Compromiso con la Abogacía.

Hubo además dos reservas bajo la denominación Abogacía por una Justicia Independiente y similitudes entre los nombres Unión Federal por la Libertad y Abogacía por la Libertad, lo que motivó la intervención de la Junta Electoral para procurar una definición antes de la presentación formal.

Por detrás de esas presentaciones, las negociaciones continuaron durante los últimos días. Según fuentes que siguen de cerca el proceso electoral, uno de los armados en conversación reúne a Abogados en Acción, el espacio de la consejera de la Torre, con terminales en el PRO, con sectores vinculados a Alberto Biglieri, de extracción radical, y referentes de distintos colegios profesionales. En paralelo, el dirigente peronista Juan Manuel Olmos aparece como uno de los articuladores de un espacio donde circula como posible candidata la abogada cordobesa Tati Demarchi Arballo, vinculada a la Agrupación de Abogacía Transformadora.

A su vez, Diego Molea, ex consejero de la Magistratura y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, impulsa otro armado en el que aparece mencionado Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba. En paralelo, Luis Palomino, concejal de Vicente López por La Libertad Avanza, asoma como un nuevo actor con intención de competir.

Así las cosas, el panorama definitivo comenzará a despejarse este lunes, cuando se conozca cuáles de esos espacios lograron formalizar sus candidaturas, cuáles resolvieron competir por separado y qué acuerdos o confluencias terminaron de concretarse de cara a la elección.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el intento de Jorge Oscar Chueco de llevar ante la Corte Suprema la discusión sobre la multa de casi USD 220 millones que le fue impuesta en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario de su defensa y dejó vigente, en esta instancia, la sanción fijada por el Tribunal Oral Federal N° 4, que deberá abonarse en pesos según la cotización oficial del dólar al momento del pago.

La resolución fue dictada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El planteo había sido presentado contra el fallo del 17 de junio pasado, cuando la misma Sala rechazó el recurso de casación de Chueco y confirmó el monto de la multa en su contra.

La sanción, en rigor, había sido establecida el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N° 4 en el equivalente a USD 219.491.466,76. El tribunal dispuso que la cifra se convierta a moneda nacional conforme “la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago” y ordenó que sea abonada dentro de los diez días posteriores a que la decisión quede firme.

La suma equivale a cuatro veces los USD 54.872.866,69 considerados como parte del dinero lavado. La defensa cuestionó tanto ese cálculo como el mecanismo de conversión a pesos y manifestó que la decisión afectaba el principio de legalidad y el debido proceso.

El planteo había llegado por primera vez a Casación en marzo, cuando la Sala IV habilitó la revisión de la multa. Tres meses después, el tribunal rechazó ese recurso y mantuvo la sanción. Frente a esa decisión, la Defensa Pública Oficial presentó un nuevo recurso, esta vez extraordinario, para intentar abrir la instancia ante la Corte Suprema.

Los jueces Carbajo y Hornos consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos para acceder ante la máxima instancia judicial. En ese marco, señalaron que quien pretende llegar a esa instancia debe “refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada” y demostrar que la resolución cuestionada resulta contraria a los derechos federales invocados.

También concluyeron que “no se advierte que la sustancia de los planteos” de la defensa involucrara una cuestión federal debidamente fundada o un supuesto de arbitrariedad que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención de la Corte.

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, había propiciado que el recurso fuera admitido. El camarista Borinsky coincidió parcialmente con esa postura.

El juez consideró que la mayoría de los agravios no habilitaban la vía extraordinaria porque remitían a cuestiones de hecho, prueba, derecho procesal o derecho común. Sin embargo, entendió que debía hacerse una excepción con el planteo sobre la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.

Ese cuestionamiento está vinculado con el Decreto 274/2025, que derogó la autorización que permitía a la UIF actuar como parte acusadora en procesos penales. Para Borinsky, la cuestión podía generar “un agravio de imposible reparación ulterior” y planteaba una discusión federal vinculada con la división de poderes. Por eso propuso conceder el recurso únicamente sobre ese punto, aunque su posición quedó en minoría.

La causa conocida como Ruta del Dinero K investigó maniobras de lavado de activos vinculadas con el empresario Lázaro Báez y su entorno, que incluyeron operaciones financieras y transferencias de dinero al exterior a través de distintas sociedades. En ese expediente se tuvo por acreditado el lavado de al menos USD 55 millones.

Chueco fue abogado de Austral Construcciones y apoderado de Helvetic Service Group, sociedad que intervino en la adquisición de SGI, la financiera conocida como La Rosadita. En 2023, Casación redujo su condena de ocho a seis años de cárcel, pena que luego quedó firme.

Con la decisión de este viernes, la multa continúa vigente en esta instancia, aunque la defensa todavía puede intentar llegar a la Corte mediante una queja directa.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) resolvió que la sucesión de Samuel Liberman, un empresario argentino y pionero de la televisión por cable en el país, deberá continuar ante los tribunales locales. El máximo tribunal porteño revocó una decisión de la Cámara Civil que había considerado competente a la Justicia de Panamá y concluyó que, pese al domicilio que había fijado formalmente en ese país años antes, la última etapa de su vida transcurrió en Buenos Aires y ese dato resultaba decisivo para definir dónde debía tramitarse la sucesión.

La controversia surgió a partir de posiciones enfrentadas entre sus hijos. Franco Liberman Rocca sostuvo que el juicio sucesorio debía tramitar en la Argentina, mientras que sus hermanos Guillermo Javier Liberman, Analía Liberman Gadda y Liliana Liberman defendieron la competencia de los tribunales panameños.

Liberman había nacido el 19 de mayo de 1932 y murió a los 92 años. Fue fundador de Video Cable Comunicación (VCC), una de las empresas pioneras de la televisión por cable en la Argentina, que llegó a superar los 600.000 abonados. Su actividad también estuvo vinculada al desarrollo de señales satelitales y a la expansión del negocio audiovisual durante las décadas de 1980 y 1990.

Además, desarrolló emprendimientos en otros sectores. Entre las décadas de 1960 y 1970 representó en América Latina marcas japonesas de relojes y luego incursionó en la producción y comercialización de flores. Más tarde participó en negocios hípicos, alimenticios, hoteleros e inmobiliarios: desarrolló el Park Hyatt Mendoza y el Grand Hyatt São Paulo, y años después volvió a invertir en bienes raíces, entre ellos un edificio de oficinas en Ciudad de Panamá.

En 2002, Liberman había declarado su cambio de domicilio a Panamá. Sin embargo, el expediente incorporó elementos sobre su permanencia en Buenos Aires durante la última etapa de su vida. Según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, estuvo en la Argentina entre junio y noviembre de 2022 y luego desde el 30 de julio de 2023 hasta su fallecimiento, ocurrido el 20 de julio de 2024. Murió en Argentina y fue sepultado en el Cementerio de La Tablada.

Con ese cuadro, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 99 se declaró competente en marzo de 2025. Consideró que el domicilio de Panamá consignado en el certificado de defunción no bastaba, por sí solo, para establecer cuál había sido el último domicilio efectivo del empresario.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sin embargo, tomó una posición distinta y revirtió esa decisión el 6 de agosto de 2025. Aplicó el artículo 2643 del Código Civil y Comercial, según el cual la sucesión corresponde a los jueces del último domicilio del fallecido. Como no se habían acreditado bienes inmuebles en la Argentina, ese punto resultaba decisivo para establecer qué Justicia debía intervenir.

Para ubicar el domicilio en Panamá, la Cámara porteña valoró escrituras vinculadas con el cambio realizado en 2002, constancias fiscales, disposiciones de última voluntad de 2014, 2015 y 2019, documentación personal, registros bancarios y un informe del médico que había tratado a Liberman.

A partir de esa revocación, Franco Liberman Rocca recurrió el fallo. Entre sus argumentos, alegó que la decisión afectaba garantías constitucionales y también su derecho a la legítima hereditaria, es decir, la porción de la herencia que la legislación argentina reserva obligatoriamente a determinados familiares. Tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, acudió en queja ante el TSJ.

Al revisar ese recorrido, las juezas Inés Weinberg y Alicia Ruiz consideraron que el caso involucraba cuestiones vinculadas con el debido proceso, el acceso a la Justicia y normas argentinas de orden público. Para definir la competencia, ponderaron que Liberman había nacido en la Argentina, vivido en Buenos Aires durante los últimos casi dos años de su vida, fallecido en el país y sido enterrado allí.

“Estas circunstancias son determinantes para concluir que el proceso sucesorio debe tramitar ante la justicia argentina en tanto el último domicilio del causante fue en Buenos Aires, Argentina”, sostuvieron.

En la misma línea, explicaron que el domicilio “es una residencia calificada que comprende la residencia de una persona en un lugar determinado con intención de permanecer allí y establecer su domicilio. La residencia es un requisito imprescindible, pero la ausencia temporaria no hace perder el domicilio”.

El juez Luis Francisco Lozano coincidió con la solución y cuestionó que la Cámara Civil hubiera dado mayor peso a documentación anterior sin valorar suficientemente los elementos más cercanos al fallecimiento, entre ellos el informe de Migraciones. En su voto planteó que la Cámara había omitido “el lugar donde el causante falleció” y remarcó que, ante la falta de certeza sobre el domicilio, debía considerarse la residencia habitual y, en su defecto, la simple residencia.

Bajo ese parámetro, concluyó que “los hechos tenidos por probados por la primera instancia, no desechados por el a quo, ordenados según las reglas contenidas en el art. 2613 arrojan como resultado que el último domicilio del causante era en Buenos Aires”.

Con esos fundamentos, el TSJ admitió la queja, revocó el fallo de la Cámara y ordenó que la sucesión de Liberman continúe tramitando ante la Justicia argentina.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó apartar al juez Mariano Hernán Borinsky de una causa en la que se investiga si fondos provenientes de préstamos otorgados por el banco ruso VTB Bank fueron desviados de su destino y luego utilizados en operaciones e inversiones en la Argentina. El expediente, iniciado en 2016 y con ocho imputados, regresó a esa sala después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el fallo que había confirmado sus sobreseimientos y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento.

La decisión fue adoptada por los camaristas Javier Carbajo y Alejandro Slokar. Las defensas de los ocho imputados habían solicitado apartar al juez Borinsky porque en 2019 votó en disidencia contra el cierre de la investigación en curso. Sus colegas entendieron ahora que aquella intervención no implicó una opinión sobre la responsabilidad penal de los acusados ni sobre las cuestiones de fondo que deberán ser revisadas.

La causa comenzó en 2016, cuando VTB Bank -el segundo mayor banco ruso- presentó una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La investigación buscó determinar si dinero relacionado con préstamos concedidos en Rusia fue apartado del destino previsto y posteriormente canalizado hacia la Argentina mediante distintas operaciones patrimoniales.

Según la hipótesis de la querella, préstamos por aproximadamente USD 180 millones concedidos en Rusia a un grupo de empresas cuyo beneficiario final habría sido Alexander Yacovlevich Katunin fueron desviados de la finalidad para la que habían sido otorgados. Parte de esos fondos habría sido utilizada posteriormente en operaciones e inversiones realizadas en el país.

La investigación alcanzó a Alexander Yacovlevich Katunin, Tatiana Katunina o Sliousarenko, Vladimir Aleksandrovich Katunin, Dolores Ortiz Basualdo, Martín José Caselli, Patricia Susana López Aufranc, Alejandro Moyano Walker y Martín Seré.

Entre las operaciones analizadas figuró la adquisición de la Estancia Mamul, ubicada en Chubut. Se trata de un campo de unas 20 mil hectáreas, en los bordes del Lago Rosario, cuya compraventa quedó vinculada al denominado “caso Mamul”. La hipótesis planteada por VTB Bank sostuvo que dinero proveniente de uno de los créditos otorgados en Rusia había sido empleado para adquirir el inmueble. En el expediente también quedaron bajo análisis sociedades, movimientos de capital y otras adquisiciones de bienes vinculadas con las personas investigadas.

Uno de los ejes de la discusión judicial fue la acreditación del denominado delito precedente del lavado de activos, es decir, el ilícito del cual habría provenido el dinero luego incorporado a las operaciones investigadas en la Argentina.

El 21 de junio de 2018, la jueza federal María Romilda Servini sobreseyó a los imputados. Entre sus argumentos consideró que el presunto fraude cometido en Rusia, señalado como antecedente del supuesto lavado, no había sido denunciado penalmente en ese país ni en otra jurisdicción extranjera. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó posteriormente esa decisión.

VTB Bank recurrió ante el máximo tribunal penal del país y, el 19 de febrero de 2019, la Sala IV confirmó los sobreseimientos por mayoría. Los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso de la querella al considerar que no estaban configurados los elementos del delito investigado.

Borinsky votó en disidencia y propuso anular los sobreseimientos y devolver el expediente para que continuara su trámite, al considerar prematura la desvinculación definitiva de los imputados. En ese sentido, remarcó que aún quedaban medidas de prueba pendientes y que no se había alcanzado el grado de certeza negativa necesario para cerrar la pesquisa.

Frente a esa novedad judicial, la querella llevó el caso a la Corte Suprema. Allí, el 11 de junio pasado, el máximo tribunal declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de Casación por “arbitrariedad” y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Según precisó ahora la Sala IV, entre los temas que deberán ser examinados aparecen el estándar probatorio aplicable al delito precedente, la valoración de la prueba indiciaria y la suficiencia de la denuncia presentada ante la PROCELAC como acreditación del delito previo.

Cuando el expediente regresó a Casación, Hornos presentó su excusación porque había integrado la mayoría que confirmó los sobreseimientos en 2019 y había emitido una valoración sobre el mérito de la imputación. Su apartamiento fue aceptado en julio.

Las defensas plantearon entonces que Borinsky debía quedar fuera del caso por motivos similares. También sostuvieron que la expresión “por quien corresponda”, utilizada por la Corte al ordenar una nueva sentencia, debía interpretarse como una indicación para que la resolución fuera dictada por magistrados distintos de quienes ya habían intervenido.

Al responder las recusaciones en el informe que presentó hace una semana, el camarista recusado negó haber adelantado opinión sobre el fondo del caso y sostuvo que “nada dije sobre la responsabilidad penal de los encausados en el caso, toda vez que no emití juicio alguno sobre si los hechos investigados constituían o no el delito de lavado de activos investigado, no me pronuncié sobre el estándar probatorio aplicable al delito precedente ni valoré la prueba obrante en la causa para concluir en ninguna dirección, limitándome a sostener que era prematuro clausurar definitivamente el proceso cuando aún había diligencias pendientes y el cuadro probatorio no permitía alcanzar la certeza negativa requerida”.

El juez Carbajo coincidió con esa distinción. Consideró que el voto anterior de Borinsky se había limitado a examinar si estaban dadas las condiciones procesales para disponer los sobreseimientos, sin pronunciarse sobre la responsabilidad de los imputados. También diferenció su situación de la de Hornos, quien había expresado una valoración sobre el mérito de la imputación.

Respecto de la orden de la Corte, Carbajo sostuvo: “Dicha fórmula se agota en la remisión de las actuaciones al tribunal competente para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido”.

La defensa del imputado Alejandro Moyano Walker agregó un planteo relacionado con decisiones de trámite adoptadas por Borinsky luego de que el expediente regresara de la Corte. Carbajo consideró que fueron actos ordenatorios que no implicaron un pronunciamiento sobre el fondo de la causa ni sobre las recusaciones.

Sobre el temor de parcialidad invocado por las defensas, concluyó que “no exhibe circunstancia objetiva alguna que, razonablemente valorada, permita sustentar mínimamente la sospecha alegada”.

El camarista Slokar coincidió en lo sustancial con los fundamentos de Carbajo. Con esa integración, la Sala IV de Casación resolvió rechazar las recusaciones contra Borinsky, con costas, y tener presente la reserva del caso federal.

La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de las defensas de Julio De Vido y otros acusados y dejó en pie la actualización de los embargos dispuesta en una causa que investiga presuntas irregularidades y sobreprecios en contrataciones vinculadas con la puesta en marcha de la Televisión Digital Abierta.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. El planteo llegó a esa instancia después de que el Tribunal Oral Federal N°4 fijara en $106.056.499,41 el embargo correspondiente a cada uno de los ocho acusados alcanzados por la medida.

El TOF 4 había actualizado el monto el 5 de junio pasado. Los embargos originales fueron dispuestos en marzo de 2024 -y en abril de ese año para De Vido- y el tribunal entendió que debían adecuarse frente al proceso inflacionario y la depreciación monetaria. Para el cálculo tomó como referencia los índices históricos del IPC difundidos por el INDEC.

Según reseñó el máximo tribunal penal del país al analizar el caso, la actualización solicitada por el Ministerio Público Fiscal no implicaba imponer una nueva medida cautelar ni modificar la naturaleza del embargo ya vigente.

El juez Slokar sostuvo que los recurrentes limitaron sus planteos a “meros juicios discrepantes con el decisorio” y que no lograron desvirtuar los fundamentos del tribunal oral. También señaló que “no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” que justificara la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

El camarista Petrone coincidió con esa solución y explicó que una resolución que modifica el monto de una medida cautelar no constituye, como regla, una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella. Recordó que la doctrina de la Corte Suprema admite excepciones cuando existe una cuestión federal suficiente junto con un perjuicio irreparable, extremos que consideró ausentes.

Su colega Barroetaveña adhirió sustancialmente a ese criterio y la Sala declaró inadmisibles los recursos.

El origen de la causa

El expediente comenzó en 2016 y tiene su origen en convenios celebrados entre el entonces Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para desarrollar infraestructura y adquirir equipamiento destinado al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

El eje de la investigación es un convenio de cooperación firmado en 2011 para implementar el Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales, financiado con fondos del Ministerio.

La acusación fiscal sostiene que, a través de esos convenios, se habrían aprobado ampliaciones presupuestarias y contrataciones por valores superiores a los de mercado, además de prestaciones que habrían sido pagadas sin haberse ejecutado.

Una de las operaciones analizadas fue la compra, por parte de la UNSAM y por cuenta del Ministerio, de equipamiento a Sistemas de Video Comunicación S.A. Entre esos elementos figuraba un estudio de captura digital de movimientos, conocido como MoCap, de la marca Vicon.

De acuerdo con las actuaciones, el valor total aprobado y contratado alcanzó los $330.369.253,06, mientras que el valor de mercado habría sido de $211.457.163,19. La diferencia calculada fue de $118.912.089,87, equivalente al 56,23%, de acuerdo con un peritaje incorporado a la causa.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también elaboró un informe que, según sostuvo la Cámara Federal en 2024, detectó “diversas irregularidades, inconsistencias y violaciones normativas” en la actuación conjunta del Ministerio y la universidad.

Quiénes son los acusados

A De Vido, entonces ministro de Planificación Federal, se le atribuyó haber intervenido en distintas etapas del proyecto. La Cámara Federal sostuvo al procesarlo que “la prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra”, incluidas las adendas que ampliaron el presupuesto.

En mayo de 2025, Casación confirmó su procesamiento y valoró, entre otros elementos, la declaración de Luis Alberto Vitullo, exsecretario del Consejo Asesor del Ministerio, quien señaló que De Vido había intervenido en decisiones vinculadas con “la puesta en marcha del proyecto, la aprobación del presupuesto y sus ampliaciones”.

Por el lado del Ministerio, además de De Vido, está procesado Vitullo. En representación de la UNSAM aparecen Carlos Rafael Ruta, entonces rector; Raúl Eugenio Pieroni, arquitecto y director de obra designado por la universidad; y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de esa casa de estudios. Todos ellos fueron procesados como presuntos coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

También fueron procesados Horacio Hernán Pérez y Martín Diego Ramírez, vinculados a Urban Baires, empresa encargada de la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, presidente de Sistemas de Video Comunicación, como presuntos partícipes necesarios.

El recorrido judicial

La causa estuvo originalmente a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien en abril de 2018 citó a indagatoria a De Vido y a otros funcionarios, autoridades universitarias y empresarios. En aquella resolución sostuvo que “por tales obras y productos fueron abonadas sumas muy superiores a las que correspondía a su precio de mercado”.

Tras la muerte de Bonadio, el expediente pasó por las subrogancias de Marcelo Martínez De Giorgi y luego Julián Ercolini. En marzo de 2024, Ercolini procesó a siete de los acusados y sobreseyó a De Vido.

La fiscalía de Carlos Rívolo apeló. Un mes después, la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento y procesó al exministro. Roberto Boico votó en disidencia.

En mayo de 2025, la Sala I de Casación confirmó el procesamiento. En marzo de este año, la Corte Suprema rechazó una queja de De Vido porque no estaba dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable.

El expediente llegó después al Tribunal Oral Federal N°4, donde tramita la etapa previa al juicio. Allí se actualizaron los embargos de los ocho acusados y se los intimó a ofrecer bienes o dinero para cubrirlos; en caso contrario, continuarán vigentes las inhibiciones generales de bienes dispuestas durante el proceso.

El Poder Judicial de la Nación tiene proyectado para el próximo año una partida de $4.475 millones destinada a cubrir 614 cargos en tribunales y dependencias creados por ley que todavía están pendientes de habilitación. El listado, en rigor, incluye nuevos juzgados federales, oficinas judiciales vinculadas con la implementación del sistema acusatorio y estructuras en distintas provincias del país.

La información surge de la Acordada 22/2026 de la Corte Suprema, firmada recientemente por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A través de esa resolución, el máximo tribunal remitió al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos del Poder Judicial para 2027 e incorporó el anteproyecto elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución 154/2026.

La Corte fijó además su propio presupuesto para el próximo ejercicio en $495.049 millones, con una planta de 4.732 cargos, y remitió por separado las previsiones correspondientes al Consejo de la Magistratura para el resto del Poder Judicial.

Dentro de ese segundo presupuesto, los gastos en personal ascienden a unos $2,69 billones. De ese total, $4.475.583.638 corresponden al apartado “Tribunales creados por ley”, que reúne estructuras cuya creación ya fue aprobada normativamente pero que todavía requieren personal para comenzar a funcionar.

Los 614 cargos comprenden jueces, secretarios, prosecretarios, jefes de despacho, oficiales, escribientes y otros empleados judiciales.

Uno de los bloques corresponde al fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe, para el que se contemplan 14 cargos de magistrados: seis jueces de Cámara y ocho jueces de primera instancia.

También se incluyen distintas oficinas judiciales vinculadas con el sistema acusatorio, que tienen a su cargo tareas administrativas, organización de audiencias, logística y gestión de los casos. Uno de esos conjuntos prevé 96 cargos para estructuras que prestarán servicios ante la Cámara Federal de Apelaciones, el tribunal federal de juicio y los juzgados federales de garantías de Paraná, Posadas, Tucumán, Córdoba, San Martín y La Plata, entre otras jurisdicciones.

En esas dependencias se presupuestaron puestos de secretarios de juzgado con funciones específicas de administración y logística, atención al público y gestión de casos, además de prosecretarios administrativos, jefes de despacho, oficiales, escribientes y personal de apoyo.

El proyecto también incorpora estructuras para la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires. Para las oficinas judiciales ante los juzgados nacionales de garantías se contemplan 80 cargos. A su vez, aparecen dotaciones destinadas a los tribunales nacionales de juicio, los juzgados de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución.

Otro bloque corresponde al fuero de Relaciones de Consumo, creado por ley pero todavía pendiente de una puesta en funcionamiento integral. El presupuesto prevé 28 cargos para un tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo y otros 80 puestos para ocho juzgados nacionales de primera instancia.

Nuevos juzgados en las provincias

La planificación contempla además personal para tribunales federales creados en distintos puntos del país. El Juzgado Federal de Libertador General San Martín, en Jujuy, tiene previstos 20 cargos, entre ellos un juez de primera instancia, secretarios, prosecretarios y empleados.

Para el Juzgado Federal de General Pico, La Pampa, se proyectaron 17 puestos; para el Juzgado Federal N° 3 de Clorinda, Formosa, otros 22; y para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, 16.

A ese conjunto se suman 16 cargos para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y 24 para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz. En este último caso, la estructura prevista incluye tres jueces de Cámara y cuatro secretarios, además de funcionarios y empleados.

El anexo incorpora asimismo dependencias que no funcionan como tribunales tradicionales. Entre ellas aparece la Policía Judicial, para la que se presupuestaron 54 cargos, entre ellos un subdirector general y personal destinado a tareas de investigación judicial.

También figura la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima, con siete puestos, entre ellos cargos profesionales de abogado, asistente social y psicólogo. A ello se agregan estructuras vinculadas con ejecución penal, informática y archivo.

El documento diferencia expresamente estos 614 cargos de “tribunales creados por ley - a habilitar” de otros 541 puestos correspondientes a órganos que también fueron creados normativamente, pero que ya se encuentran “en proceso de ocupación”.

En tanto, el presupuesto remitido por la Corte será incorporado por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que luego será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. La discusión comenzará en la Cámara de Diputados y, si obtiene media sanción, continuará en el Senado.

Familiares de tripulantes del ARA San Juan, representados por el abogado Luis Tagliapietra, presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos, dejar sin efecto la sentencia y ordenar un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La impugnación concentró sus cuestionamientos en la falta de pericias que la querella consideró indispensables, la actuación de la jueza federal Marta Isabel Yáñez durante la instrucción, las restricciones que atribuyó a los magistrados durante las audiencias y la competencia territorial bajo la cual se desarrolló la causa.

Tagliapietra, cuyo hijo Alejandro integraba la dotación, recurrió por derecho propio y como abogado de otros familiares. Su presentación cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que absolvió por unanimidad a Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa y condenó por mayoría a Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Al momento de los hechos, los cuatro ocupaban diferentes escalones dentro de la cadena de mando de la Armada. El contraalmirante Luis López Mazzeo era titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); el capitán de navío Claudio Villamide comandaba la Fuerza de Submarinos (COFS) y ejercía el control operativo de sus unidades; el capitán de navío Héctor Alonso se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata Hugo Correa era jefe del Departamento Operaciones. Al frente del ARA San Juan estaba el capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

La condena a Villamide dividió al tribunal. Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto conformaron la mayoría, mientras que Luis Alberto Giménez votó por absolverlo. Entre las cuestiones que atravesaron esa diferencia apareció un tramo de la última navegación que no pudo reconstruirse: qué ocurrió dentro del submarino entre el último contacto registrado, a las 8.36 del 15 de noviembre de 2017, y la implosión detectada a las 10.51.

El recurso de Tagliapietra llevó la discusión hacia una etapa anterior. Su postura fue que la causa llegó a juicio sin haberse agotado medidas de prueba ordenadas años antes y que ese déficit, sumado a las irregularidades que denunció durante el debate, comprometía su validez completa.

“Se impetra este recurso solicitando la revocación de la sentencia de marras, la nulidad del juicio oral y público porque los Sres. Jueces del Tribunal no han atendido, ni previo, ni durante el debate, y más aún, en su propia sentencia, a las garantías y derechos Constitucionales que salvaguardan el proceso y los derechos, tanto de las víctimas como de los acusados”, expresó al reclamar un juicio de reenvío ante otra jurisdicción.

Las pericias pendientes

Uno de los principales agravios se remontó al 19 de noviembre de 2020, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que la investigación continuara y ordenó una serie de diligencias antes de que se diera por concluida la instrucción penal.

La resolución contempló una pericia técnico-informática sobre el material fílmico y el mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del ARA San Juan por Ocean Infinity. También ordenó conformar un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, con profesionales designados por el tribunal, el Ministerio de Defensa, la Armada, las defensas y las querellas. Los puntos periciales debían ser fijados por el juzgado y podían ser propuestos por las partes.

Tagliapietra afirmó que esas disposiciones no fueron cumplidas en su totalidad.

“Sin fundamento alguno, y sin mediar impedimentos técnicos, económicos o de ninguna otra índole, la justicia de instrucción INCUMPLIÓ con este mandato de su superior”, escribió. De acuerdo con su posición, quedaron sin producirse elementos que calificó como “fundamentales para la averiguación de la verdad objetiva”.

El cuestionamiento alcanzó directamente a Yáñez, titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia. La querella afirmó que “la jueza a cargo OPTÓ por no producir la prueba” pese a que, según el recurso, se habían puesto a disposición especialistas e instituciones estatales nacionales y extranjeras con capacidad para intervenir.

La falta de esas diligencias explicó, según surgió del recurso de casación al que tuvo acceso Infobae, por qué la querella no presentó un requerimiento propio de elevación a juicio. Tagliapietra se había opuesto a la clausura de la instrucción al considerar que aún quedaban pericias pendientes y que tampoco había concluido la investigación respecto de todos los posibles responsables. En ese contexto, entendía que resultaba contradictorio sostener que la pesquisa seguía incompleta y, al mismo tiempo, solicitar formalmente que el expediente fuera llevado a juicio.

En ese tramo dejó una de las expresiones más críticas de la presentación. Al referirse a la insistencia de la querella para completar las medidas pendientes, sostuvo que a “esta parte, tal vez a diferencia de otras, le interesa e importa LA VERDAD”. Luego vinculó la falta de esas diligencias con lo ocurrido posteriormente y advirtió que esa situación podía derivar —“o lo que devino”, escribió— en un beneficio de la duda que, a su criterio, no obedecía a los hechos imputados ni a la participación de los acusados, sino a una “orfandad probatoria espuria”.

Tagliapietra aseguró que volvió sobre el asunto antes del comienzo de las audiencias y solicitó que el debate no avanzara en esas condiciones. El tribunal rechazó el planteo.

“Esta falta de producción probatoria (...) generó o devino en un debate oral y público carente de prueba fundamental para determinar la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados y otros”, advirtió. Por ese motivo, reclamó que cualquier nuevo juicio se realizara una vez producida la totalidad de las medidas que todavía resultaran factibles.

La controversia tuvo su correlato durante el proceso oral. A lo largo del juicio se incorporaron informes de comisiones técnicas, documentación naval, imágenes obtenidas después del hallazgo, información del fabricante alemán, registros internacionales y declaraciones de numerosos submarinistas y especialistas. También se discutió el alcance de las evaluaciones técnicas reclamadas por las partes.

La instrucción había realizado gestiones tendientes a obtener cooperación internacional para algunos estudios. Sin embargo, la objeción de Tagliapietra se concentró en las medidas específicamente dispuestas por la Cámara de Comodoro Rivadavia y, en particular, en el cuerpo técnico interdisciplinario cuya conformación había ordenado el tribunal de alzada.

“Al día de la fecha continuamos sin siquiera conformarse tal equipo pericial”, sostuvo en el recurso. También rechazó que hubiera existido una imposibilidad material definitiva para hacer los estudios: afirmó que no se ofició debidamente a todos los organismos nacionales y extranjeros que podían realizarlos ni fueron convocados los expertos que se habían ofrecido para participar para esclarecer los hechos.

Ese debate se conectó con uno de los límites que dejó expuesta la reconstrucción judicial de la última navegación.

Durante la noche del 14 de noviembre de 2017, el ARA San Juan informó que había ingresado agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el sector de baterías de proa, donde se produjo un cortocircuito y un principio de incendio. Desde la nave comunicaron que la situación había sido controlada, que no existían novedades en el personal y que el submarino continuaba propulsando con el circuito de popa.

El capitán Villamide habló con el comandante Fernández a las 00.58 del día siguiente, canceló la patrulla y dispuso el regreso a Mar del Plata. La modalidad de navegación quedó supeditada a la evaluación del comandante embarcado: superficie o inmersión según factibilidad.

A las 6, el submarino transmitió un reporte de situación. A las 7.19 se produjo la última comunicación telefónica con tierra y, a las 8.36, comenzó el último intento de conexión mediante el sistema Iridium, que se extendió durante varios minutos. A las 10.51 se registró el evento posteriormente asociado con la implosión.

Qué ocurrió durante ese intervalo no pudo determinarse de manera concluyente.

Las objeciones contra los jueces del debate

La decisión de no presentar requerimiento propio de elevación estuvo también en el origen de otro de los agravios que la querella llevó a Casación.

El querellante recordó que su parte había denunciado “una instrucción incompleta, sin realizar todas las pericias y sin completar la investigación sobre todos los posibles responsables”. Formular al mismo tiempo una requisitoria para abrir el juicio, señaló, habría resultado incompatible con esa posición.

Durante el debate, esa circunstancia incidió sobre las facultades reconocidas a las querellas. El abogado denunció restricciones al formular determinadas preguntas y, particularmente, al momento de exponer su alegato. En la presentación afirmó que “la grave trasgresión constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinaria se dio a la hora de expresar alegatos” y que las demás partes pudieron desarrollarlos con libertad “con excepción de las querellas”.

El planteo también cuestionó la respuesta de los jueces frente a distintas nulidades promovidas antes y durante las audiencias. Entre otros episodios, recordó el interrogatorio al capitán de fragata Omar Balbo, abogado de la Armada que formuló la denuncia inicial después de la desaparición. Según Tagliapietra, algunas intervenciones de los magistrados anticiparon posibles respuestas del testigo mientras la querella intentaba reconstruir cómo se había definido originalmente la jurisdicción.

El recurrente expresó que esos episodios, considerados junto con la prueba que entendía pendiente, no podían subsanarse mediante una modificación parcial del fallo. Su pretensión fue que se invalidara todo el juicio oral y se realizara otro luego de completar las diligencias que todavía pudieran producirse.

Por qué reclamó que interviniera Mar del Plata

La discusión territorial partió de la ley 26.261, que creó el Juzgado Federal de Caleta Olivia y fijó hacia el este su competencia sobre el Océano Atlántico “hasta las 200 millas inclusive”.

El recurso señaló que la propia Armada informó al comienzo de la investigación que la última posición reportada por el ARA San Juan se encontraba a unos 505 kilómetros de Caleta Olivia. Tagliapietra calculó esa distancia en aproximadamente 313 millas náuticas. También ubicó los restos localizados por Ocean Infinity el 17 de noviembre de 2018 a unas 248 millas náuticas de la costa, en un paralelo cercano a Comodoro Rivadavia. A partir de esos datos sostuvo que ambos puntos quedaban fuera del límite marítimo correspondiente al juzgado santacruceño.

La argumentación no se apoyó solamente en las coordenadas. El escrito enumeró decisiones y conductas investigadas que tuvieron lugar en el Edificio Libertad, sede de la Armada en la Ciudad de Buenos Aires; el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa; las bases navales de Puerto Belgrano y Ushuaia; y la Base Naval Mar del Plata.

Esta última ocupó un lugar central. Allí tenía asiento el Comando de la Fuerza de Submarinos, allí estaba destinado el ARA San Juan y desde esa estructura se impartieron decisiones operativas relacionadas con su última misión. El submarino había partido de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, recaló posteriormente en Ushuaia y debía regresar finalmente a su apostadero de origen. Después de la avería comunicada durante la madrugada del 15 de noviembre, la orden fue dirigirse nuevamente hacia ese puerto.

Tagliapietra incorporó además un argumento basado en la ley 48, que alude al juez correspondiente al primer puerto argentino “de arribo” para determinados delitos cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales. Según su planteo, el destino previsto del submarino era precisamente la Base Naval Mar del Plata.

Con todo, el cuestionamiento sobre la competencia territorial no comenzó con este recurso. Tagliapietra ya había planteado que la causa no debía tramitar en Santa Cruz, una discusión que pasó por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y posteriormente llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En octubre de 2025, la Sala IV -integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- confirmó la intervención del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La querella intentó llevar esa decisión ante la Corte Suprema, pero esta semana el máximo tribunal rechazó su recurso de queja y dejó firme lo resuelto. Pese a ese antecedente, Tagliapietra volvió a incorporar la afectación de la garantía del juez natural entre los agravios de su impugnación contra la sentencia y el desarrollo del juicio.

El abogado también cuestionó la manera en que la investigación quedó inicialmente radicada en Caleta Olivia. Al reconstruir la declaración del auditor Balbo, afirmó que el representante de la Armada explicó que había viajado hasta esa ciudad porque “creía” que allí correspondía formular la denuncia y que, al ser interrogado en el debate, manifestó no haber leído previamente la ley que delimitaba territorialmente al juzgado.

Tagliapietra calificó esa selección como un supuesto “forum shopping” y formuló acusaciones contra autoridades navales y la actuación de la Justicia de primera instancia. En el recurso recordó además que había denunciado aspectos de esa actuación ante el Consejo de la Magistratura y reprochó que, al plantear la cuestión antes del juicio, “el Tribunal se desentendió de estas gravísimas violaciones al mandato Constitucional”.

Como alternativa subsidiaria, consideró que la causa podía corresponder a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen asiento la conducción de la Armada, el Ministerio de Defensa y otras estructuras relacionadas con los funcionarios investigados. Su pedido principal, sin embargo, fue que un nuevo juicio se realizara en Mar del Plata.

Villamide también recurrió su condena

La defensa del capitán de navío retirado Claudio Javier Villamide, ejercida por Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, también presentó su propio recurso de casación. Su pretensión principal fue la absolución: primero reclamó que se declarara inválida la acusación fiscal -en manos de Gastón Pruzán- y, si ese planteo no prosperaba, que la sentencia condenatoria fuera revocada por falta de certeza. Subsidiariamente solicitó que se descartara el delito de estrago y permaneciera únicamente el incumplimiento de deberes con la pena mínima o, en última instancia, que se redujera la sanción.

La impugnación volvió sobre las dos horas y quince minutos que no pudieron reconstruirse. Sibn embargo, antes remarcó que “la acusación del Ministerio Público Fiscal debió ser anulada por el TOF, pues ha omitido una relación de hechos circunstanciada, clara, coherente y verificable fácticamente como producto de la prueba rendida en el debate”.

Luego, los defensores expresaron: “al día de hoy y después de casi nueve años de proceso judicial, un centenar de testigos, y numerosos informes de expertos, nadie sabe qué pasó; es decir, se desconocen los motivos por los cuales el Submarino se fue a pique e implosionó”.

De acuerdo a su planteo, si permanecía desconocido el acontecimiento que provocó la pérdida de control de la nave tampoco podía determinarse qué conducta previa atribuible a Villamide creó o incrementó el riesgo que finalmente desembocó en el naufragio.

Vigliero y Crespo cuestionaron también el tratamiento que la mayoría dio a la acusación del Ministerio Público. Recordaron que el propio fallo reconoció imprecisiones en la delimitación de los deberes atribuidos a cada acusado y calificó de confusa parte de esa adjudicación. La defensa objetó que Reynaldi y Baronetto invocaran luego el principio iura novit curia para, según una expresión de la propia sentencia reproducida en la apelación, “emprolijar los hechos que en forma caótica pudieran exponer las partes”. Para los abogados, los jueces terminaron incorporando reproches que no habían integrado la plataforma fáctica presentada por la Fiscalía.

Uno de esos cuestionamientos se relacionó con la actuación de Villamide durante la madrugada del 15 de noviembre. Baronetto le reprochó no haber ordenado expresamente a Fernández regresar navegando en superficie, permanecer a la espera de asistencia o disponer el envío de unidades de la Flota de Mar.

La defensa replicó que el comandante del submarino no había declarado una emergencia ni solicitado auxilio. Por el contrario, había informado que el principio de incendio estaba controlado, que la nave mantenía propulsión y que no existían novedades entre los tripulantes. Bajo esa lectura, permitir que Fernández decidiera la modalidad de navegación respondía al principio de autonomía del comandante en el mar.

Villamide había sido destituido de la Armada en 2021 por decisión de un Consejo General de Guerra, en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, que lo consideró responsable de faltas gravísimas. Entre ellas figuraron el hecho de encontrarse procesado en una causa penal y su actuación frente a la emergencia del ARA San Juan: se le reprochó no haber “recomendado enfáticamente” u ordenado al comandante Pedro Martín Fernández que regresara a puerto navegando en superficie.

La sentencia penal volvió sobre el mismo punto, en tanto el juez Baronetto cuestionó que Villamide no le hubiese ordenado al comandante del buque mantenerse y regresar en superficie. Para los defensores del imputado, “es extraño, francamente arbitrario, que a esta altura se le demande al Submarino haber permanecido en superficie. Esto es claramente un razonamiento contra fáctico o, en términos coloquiales, ‘con el diario del lunes’”.

Y agregaron: “Los submarinos están diseñados para navegar en inmersión, siendo incómodo hacerlo en superficie y muy mucho más en medio de un temporal; por eso, mientras el Submarino estuviese bajo control de su Comandante y Tripulación como dijeron verbalmente y por escrito, nada mejor que mantenerse a resguardo del temporal bajo el agua”.

Los defensores objetaron además la reconstrucción de la mayoría sobre la posibilidad de que Fernández hubiera repetido en noviembre una prueba de compensación de atmósferas ensayada durante una navegación de julio.

La defensa también cuestionó que la mayoría hubiera dado por comprobadas algunas circunstancias que, a su criterio, permanecieron en el terreno de las hipótesis. Una de ellas fue la posibilidad de que Fernández hubiera repetido en noviembre la prueba de compensación de atmósferas ensayada durante una navegación de julio, maniobra que los jueces relacionaron con el ingreso de agua. “Ningún testimonio ha dado certezas de lo sucedido, solo hipótesis”, sostuvo el recurso. Vigliero y Crespo remarcaron además que esa secuencia tampoco había sido afirmada de ese modo por la Fiscalía durante su alegato y cuestionaron que los magistrados la utilizaran como un hecho acreditado.

Ese planteo formó parte de una objeción más amplia: la defensa sostuvo que el juicio no logró establecer qué episodio concreto provocó la pérdida de control del ARA San Juan ni cómo ese desenlace podía vincularse con las omisiones atribuidas a Villamide. “Ninguno de los testigos que fueron oídos en el juicio ni la prueba documental incorporada permite esa vinculación entre entrada de agua, cortocircuito, pérdida de plano e implosión”. El juicio no ha podido establecer por qué se perdió el plano de la nave o, en otras palabras, por qué en cierto momento su tripulación perdió el control de ella. No hay manera de ligar la implosión al ingreso de agua ocurrido, escribieron".

En ese punto, los abogados cuestionaron la relación causal trazada por los votos condenatorios entre la avería informada durante la madrugada y el posterior naufragio, en tanto “Se tomaron dos episodios, el ingreso de agua y el naufragio, y se los unió causalmente porque no se obtuvo otra explicación. Sobre esa causalidad creada pretorianamente se construyó la imputación con base en el incremento del riesgo. Ello no obedeció a la inexistencia de una explicación distinta sino a la necesidad de llenar el vació que dejó el debate para justificar un puro acto de autoridad”, afirmaron.

Bajo esa posición, mientras siguiera sin conocerse qué hizo que la tripulación perdiera el dominio de la nave, tampoco podía precisarse qué riesgo concreto había creado o incrementado Villamide, ni establecer que ese riesgo se hubiera materializado en el resultado fatal.

A ese cuestionamiento sumaron otro referido a la propia conformación de la mayoría. El juez Reynaldi sostuvo que el ARA San Juan se encontraba en condiciones de navegar y cumplir la misión que le había sido asignada. Su colega Baronetto, en cambio, consideró que, aunque podía navegar, su estado de alistamiento no resultaba adecuado para determinadas tareas operativas. Para Vigliero y Crespo, la diferencia no era secundaria, porque recaía sobre uno de los presupuestos utilizados para atribuir responsabilidad a Villamide por el estrago.

“No puede considerarse que exista mayoría jurisdiccional pues los dos votos de condena concurrentes difieren entre sí en un aspecto sustancial”, plantearon. En el mismo tramo sostuvieron que una sentencia dictada por un tribunal colegiado debía exhibir “congruencia y coherencia al menos en las mayorías concurrentes”, no solo coincidir en la solución final.

El tercer integrante del tribunal, Luis Alberto Giménez, había votado por absolver a Villamide y su razonamiento fue retomado por la defensa en la apelación. El magistrado consideró que una valoración global de la prueba permitía afirmar que el submarino estaba en condiciones de navegar de manera segura y cumplir las misiones asignadas. También sostuvo que, al desconocerse la causa de la pérdida de plano que precedió a la implosión, no podía determinarse qué factor había tenido incidencia en el estrago. Al analizar la acusación fiscal, habló además de “inconsistencias lógicas, contradicciones y vaguedades”.

Así las cosas, ambos recursos deberán ser examinados ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última navegación del ARA San Juan

El ARA San Juan era un submarino TR-1700 de fabricación alemana que había concluido en 2015 su reparación de media vida en los astilleros Tandanor. Tras reincorporarse al servicio retomó progresivamente su actividad. Según el recurso presentado por la defensa de Villamide, desde entonces y hasta su última salida realizó 27 navegaciones y recorrió 12.837 millas.

En octubre de 2017 fue destinado a ejercicios con la Flota de Mar y a una patrulla de vigilancia marítima. Partió de Mar del Plata el 25 de octubre, arribó posteriormente a Ushuaia y, después de su estadía en esa base, volvió a hacerse a la mar. Durante ese despliegue participó de ejercicios de adiestramiento antes de iniciar la última etapa de su misión.

En su última navegación llevaba 44 tripulantes: 43 hombres y una mujer. La dotación estaba integrada por 11 oficiales y 33 suboficiales y cabos.

Después de perderse las comunicaciones comenzó un operativo nacional e internacional de búsqueda. Los restos fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por el buque Seabed Constructor, de Ocean Infinity, a más de 900 metros de profundidad.

El hallazgo permitió establecer dónde había terminado la navegación, aunque no reconstruir en su totalidad los acontecimientos que precedieron a la implosión.

Con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero de 2027, jueces, fiscales, abogados y especialistas en derecho penal se reunirán en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para analizar los cambios que introduce el nuevo modelo y su impacto en la práctica profesional.

La jornada, titulada “El abogado litigante en el sistema acusatorio”, se realizará el miércoles 9 de septiembre, de 15 a 18, en el Salón Auditorio del CPACF, ubicado en Avenida Corrientes 1441. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa, y es promovida por Julio Piumato y Maia Benítez Yunes, quienes también participarán como panelistas.

El encuentro estará centrado en las modificaciones que plantea el Código Procesal Penal Federal para quienes intervienen en causas penales. El nuevo esquema asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y reserva a los jueces el control de garantías y la resolución de las controversias planteadas por las partes, con una dinámica sustentada principalmente en audiencias orales.

De los paneles participarán Mariano Borinsky, Mariana Catalano, Ricardo Gil Lavedra, Diego Luciani, Francisco Oneto y Germán Garavano, entre otros referentes del ámbito judicial y académico. La moderación estará a cargo de Martín Casares y el cierre será realizado por el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

Durante la actividad también se abordarán los principales ejes del Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado, una obra dirigida por Borinsky y coordinada por Catalano y Natacha Annovelli, que contó con la participación de más de 50 jueces, fiscales y defensores de distintas jurisdicciones del país.

La discusión se produce mientras avanza el cronograma de implementación progresiva del sistema acusatorio en la Justicia Federal. El esquema se apoya en el DNU 188/2024, firmado por el presidente Javier Milei el 23 de febrero de 2024, que asignó al Ministerio de Justicia la facultad de establecer el calendario de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal.

Ese cronograma fue actualizado mediante la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 31 de agosto por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre. La norma fijó para el 30 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del sistema en la jurisdicción de Paraná y reiteró que comenzará a regir en los fueros Penal Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027.

La misma resolución señaló que el modelo ya se encuentra vigente en diez distritos federales que abarcan, entre otras jurisdicciones, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y distintas regiones de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires. También prevé su puesta en marcha en La Plata el 21 de septiembre de 2026 y en Córdoba el 8 de marzo de 2027.

La transición requiere, además, adecuaciones en infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación, junto con simulacros de audiencias y talleres destinados a magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Ese proceso involucra al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General.

En ese contexto, la jornada del CPACF buscará analizar cómo deberán adaptarse abogados, fiscales, defensores y jueces a la nueva dinámica procesal.

Para el caso de la abogacía, uno de los ejes será cómo prepararse para litigar en un esquema en el que las audiencias, la contradicción y la intervención directa de las partes adquieren un papel central.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de la periodista Agustina Kämpfer en la causa en la que fue investigada por presunto lavado de activos a raíz de la compra, en 2010, de un departamento en el barrio porteño de Palermo, cuando mantenía una relación de pareja con el entonces ministro de Economía y posterior vicepresidente Amado Boudou.

El fallo, firmado este miércoles, fue adoptado por mayoría con los votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes rechazaron el recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF). En disidencia, Gustavo Hornos consideró que todavía quedaban aspectos relevantes por esclarecer y propuso que la investigación continuara.

El expediente se inició en marzo de 2012 a partir de una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz. Entre las operaciones que quedaron bajo análisis estuvo la adquisición de un inmueble ubicado en Bonpland 1246, primer piso, por un total de USD 120.000.

Kämpfer fue citada a declaración indagatoria en noviembre de 2017 y concretó ese acto en febrero de 2018. La acusación sostuvo que había puesto en circulación en el mercado legal, junto con Amado Boudou, USD 120.000 de presunto origen ilícito mediante la compra del inmueble, con la intención de otorgarle apariencia lícita a ese dinero.

La periodista explicó que había afrontado la operación con USD 30.000 de ahorros propios y un préstamo de USD 90.000 otorgado por Sebastián Boudou, hermano de quien entonces era su pareja. A partir de allí, uno de los ejes de la investigación pasó por determinar si Sebastián Boudou tenía capacidad económica para entregar esa suma, si el préstamo había existido efectivamente y si Kämpfer disponía de los restantes USD 30.000.

En diciembre de 2025, el juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, sobreseyó a Kämpfer. Consideró que las pruebas reunidas no permitían sospechar que los bienes que integraban su patrimonio en 2010 tuvieran origen ilícito y encuadró la decisión en el artículo 336, inciso 2, del Código Procesal Penal de la Nación, bajo la causal de que el hecho investigado no se cometió.

La UIF apeló, pero en abril pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento. Los camaristas entendieron que la prueba reunida respaldaba la explicación ofrecida por la defensa respecto del origen de los fondos y que el organismo no había aportado elementos suficientes para justificar la continuidad de la pesquisa.

El préstamo de USD 90.000

Uno de los elementos centrales para las decisiones que favorecieron a Kämpfer fue un peritaje del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación patrimonial y financiera de Sebastián Boudou.

De acuerdo con esa prueba, el hermano del exvicepresidente había vendido el 15 de febrero de 2010 un departamento ubicado en la localidad bonaerense de Martínez por USD 115.000. Entre esa operación y la compra realizada por Kämpfer no se registraron erogaciones relevantes que permitieran concluir que ese capital se hubiera agotado.

A la hora de evaluar el caso, el presidente de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, respaldó esa valoración. “La situación patrimonial y financiera de Sebastián Boudou ya ha sido objeto de análisis”, señaló al rechazar la pretensión de la UIF de profundizar nuevamente sobre ese punto. Para el magistrado, el organismo tampoco aportó razones concretas que permitieran cuestionar la conclusión de que Boudou tenía disponibles los USD 90.000.

El préstamo no había sido documentado mediante un contrato. Ese punto fue cuestionado por la UIF, que sostuvo que no existían constancias directas sobre la entrega del dinero, sus condiciones, los plazos de devolución o el eventual pago de intereses.

Las instancias anteriores ponderaron, sin embargo, la relación de cercanía entre las partes y una serie de movimientos posteriores. Kämpfer transfirió $150.000 a Sebastián Boudou el 20 de diciembre de 2012 y, entre marzo de 2013 y junio de 2016, realizó depósitos bancarios a su favor por otros $210.000. También exteriorizó ante la entonces AFIP una deuda con él.

Carbajo consideró que el vínculo entre ambos “torna factible que el acreedor aceptara, tanto omitir documentar el préstamo, como quizás recibir una cantidad de dinero menor a la exactamente aportada”, al no haberse pactado intereses ni una forma de actualización de la deuda.

El juez también evaluó suficientemente respaldada la disponibilidad de los USD 30.000 de ahorros propios. La pericia contable señaló que esa suma había sido declarada ante la AFIP. Si bien los expertos aclararon que la tenencia encontraba respaldo en la propia declaración de Kämpfer, entendieron que debía ser considerada en su evolución patrimonial porque no había sido impugnada por el organismo fiscal y por las dificultades para verificar retrospectivamente la existencia de dinero en efectivo.

Carbajo valoró a su vez el tiempo transcurrido. La UIF había propuesto reconstruir los gastos personales y de manutención de Kämpfer entre 1997 y 2010 para profundizar el análisis patrimonial. El juez consideró que esa medida aparecía como “difusa en su utilidad y pertinencia” después de casi 14 años desde el comienzo del proceso.

Borinsky cuestionó la intervención de la UIF

El juez Mariano Borinsky coincidió con su colega en que el recurso debía ser rechazado, aunque planteó previamente otra cuestión. A su criterio, la UIF ya no estaba habilitada para continuar actuando como querellante.

El camarista recordó que el Decreto 274/2025 derogó la autorización que permitía al organismo intervenir como acusador particular en procesos penales. “En el caso, la UIF perdió su legitimación para actuar como acusador privado desde el dictado del Decreto N° 274/25”, escribió.

De todos modos, como Carbajo y Hornos habían considerado formalmente admisible el recurso, Borinsky se pronunció también sobre el fondo. Entendió que la UIF reiteraba su propia interpretación de la prueba, pero no demostraba defectos de fundamentación que permitieran invalidar el sobreseimiento.

Según sostuvo, la impugnación dejaba “entrever una disconformidad que, por inmotivada, no alcanza a evidenciar déficit de fundamentación alguno” en la resolución que confirmó la desvinculación de Kämpfer del proceso penal.

La disidencia de Hornos

El camarista Gustavo Hornos, primero en pronunciar el voto, llegó a una conclusión diferente. Analizó que acreditar que Sebastián Boudou había obtenido USD 115.000 por la venta de una propiedad demostraba que había dispuesto de esos recursos en determinado momento, pero no que efectivamente hubiera entregado USD 90.000 a Kämpfer para la compra del departamento.

También remarcó que no existían documentos contemporáneos que acreditaran la entrega del dinero, las condiciones del supuesto préstamo, los plazos de devolución o un eventual pago de intereses. A su criterio, los movimientos bancarios posteriores tampoco permitían establecer de manera inequívoca que correspondieran a la cancelación del mutuo.

“La prueba reunida hasta el momento no alcanza para tener por demostrada la explicación brindada por la imputada con el grado de convicción necesario para descartar definitivamente la hipótesis delictiva que motivó la investigación”, advirtió Hornos.

Para el magistrado, el cierre era prematuro porque “no puede considerarse agotada la investigación ni alcanzado el grado de certeza negativa” necesario para adoptar una decisión definitiva. Por ese motivo, propuso hacer lugar al recurso de la UIF, revocar el sobreseimiento y devolver las actuaciones para que continuara la pesquisa.

Los jueces Carbajo y Borinsky conformaron la mayoría y rechazaron esa postura. De esta manera, la Sala IV del máximo tribunal penal del país mantuvo el sobreseimiento de Kämpfer y dejó firme su desvinculación de la investigación iniciada hace más de 14 años.

El Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis una iniciativa presentada por el vicepresidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo Académico de la Escuela Judicial, Carlos Rosenkrantz, para reformular integralmente el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFAMAG), el trayecto de capacitación destinado a quienes aspiran a ingresar a la magistratura.

La propuesta, a la que tuvo acceso Infobae, fue desarrollada durante más de dos años en el ámbito del Consejo Académico. Su alcance excede una reorganización de materias: apunta a delinear un perfil de magistrado con herramientas prácticas para resolver casos, conducir audiencias, administrar una dependencia, liderar equipos y desenvolverse frente a los desafíos tecnológicos que atraviesan al sistema de Justicia.

En sus fundamentos, el documento sostiene que el PROFAMAG “no puede ser un sustituto imperfecto de la educación curricular universitaria”. La capacitación, plantea, debe concentrarse en competencias propias del ejercicio jurisdiccional, entre ellas el razonamiento práctico, la toma de decisiones, la dirección de audiencias y la conducción de equipos.

La iniciativa busca además que los futuros jueces desarrollen “habilidades de gestión, liderazgo y manejo del personal”, junto con una comprensión crítica de las nuevas tecnologías y de su impacto sobre la función judicial.

Los fundamentos presentan el cambio como una “actualización integral y no un ajuste parcial”, porque alcanza al diseño académico, la organización de la cursada, las condiciones de ingreso y permanencia, la selección de los docentes y el financiamiento.

Inteligencia artificial, oralidad y gestión judicial

Uno de los principales cambios aparece en los contenidos que integrarán el nuevo esquema. La inteligencia artificial aplicada a la Justicia y la gestión judicial digital conformarán un área específica destinada a brindar herramientas para “comprender, evaluar y utilizar críticamente las nuevas tecnologías en el ámbito judicial”.

La materia Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías contempla contenidos sobre sesgos algorítmicos, transparencia, protección de datos y explicabilidad, junto con el análisis crítico de herramientas de IA que pueden aplicarse al funcionamiento de una oficina judicial.

La oralidad también tendrá un espacio propio, con un fuerte componente práctico destinado al manejo de audiencias y al desarrollo de herramientas comunicacionales. A ese eje se sumarán la evaluación de la prueba y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Otro apartado estará dedicado a la forma en que los jueces elaboran y comunican sus decisiones. Se prevén cursos sobre comunicación escrita eficaz, lenguaje claro y redacción de sentencias accesibles, con talleres orientados a producir resoluciones comprensibles para la ciudadanía.

La administración de los tribunales tendrá, a su vez, un peso específico. El plan incluye capacitación en conducción de personal, principios de administración, auditoría, evaluación institucional, estadísticas judiciales y comunicación para una gestión de calidad.

Para la conducción de equipos se trabajará sobre liderazgo, comunicación efectiva, feedback y coordinación de acciones, además de situaciones habituales de un juzgado vinculadas con licencias, funciones disciplinarias y promociones.

También se incorpora Justicia Abierta, con contenidos sobre acceso a la información pública, datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad judicial. A ello se agregan litigios colectivos, acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad, derechos de las víctimas, perspectiva de género y control de convencionalidad.

Dos años y 450 horas de formación

Sobre ese perfil se organiza una cursada más extensa. La propuesta eleva el PROFAMAG a 450 horas, un incremento superior al 50% respecto del esquema anterior. Sus fundamentos plantean la necesidad de invertir “más tiempo, más recursos y más exigencia” en la preparación de quienes aspiran a ejercer la magistratura.

Del total, 363 horas serán virtuales y 87 presenciales. Las instancias cara a cara se concentrarán principalmente en actividades que requieren entrenamiento práctico, como manejo de audiencias, resolución de conflictos, talleres de decisión judicial, conducción de equipos y experiencias de campo.

La duración prevista es de dos años. El sistema de módulos independientes será reemplazado por semestres fijos, correlatividades y una secuencia obligatoria. Se contemplan hasta 150 alumnos por semestre, distribuidos en cuatro comisiones de entre 35 y 40 personas.

Nuevas condiciones de ingreso y permanencia

Los aspirantes deberán ser abogados con al menos cuatro años de antigüedad en el título. El reglamento proyectado exige además la inexistencia de sumarios en los organismos donde se hayan desempeñado y, para quienes provengan del ejercicio privado, no haber recibido sanciones por infracciones al Código de Ética profesional.

El ingreso se definirá mediante una escala en la que será necesario alcanzar al menos 50 puntos. Los antecedentes laborales podrán aportar hasta 45; los académicos y docentes, 25; el desempeño universitario, 20; y los cursos previos de gestión realizados en la Escuela Judicial, 10.

Los fundamentos describen el mecanismo como “un ingreso exigente, pensado para premiar el mérito”. La Dirección Académica podrá entrevistar a los postulantes y procurará diversidad geográfica y laboral y paridad de género antes de elevar la nómina al Consejo Académico. Según el reglamento, la decisión de selección no podrá recurrirse.

Durante la cursada deberán cumplirse todas las actividades obligatorias, asistir al menos al 80% de las clases y obtener una calificación mínima de siete. La pérdida de regularidad se producirá ante determinadas cantidades de módulos desaprobados o ausencias injustificadas, y sólo podrá solicitarse una readmisión durante todo el trayecto.

Docentes por concurso y un programa arancelado

La iniciativa establece además una convocatoria abierta para integrar el plantel docente. Como regla general, se exigirán cinco años de experiencia en educación superior o formación judicial y diez años de trayectoria profesional, académica o de investigación. Para áreas recientes, como la inteligencia artificial, podrán admitirse excepciones ante antecedentes especialmente relevantes.

Cada postulante deberá presentar un programa para la materia que pretende dictar. La convocatoria establece que la enseñanza debe orientarse a “la formación práctica y al ejercicio real de la función jurisdiccional”. Se prevé seleccionar dos o más profesores por asignatura y fijar una remuneración de una UMA y media por hora cátedra.

Otro cambio sustancial será el financiamiento. El PROFAMAG pasará a ser arancelado. El monto se determinará para cada edición y la recaudación tendrá como destino prioritario el pago de honorarios docentes, sin sustituir la asignación presupuestaria de la Escuela Judicial.

En paralelo, se crea un sistema de becas por mérito académico, necesidad económica y procedencia geográfica, con exenciones parciales o totales.

El trámite ante el Consejo de la Magistratura

La Escuela Judicial funciona en el ámbito del Consejo de la Magistratura, por lo que la reformulación del PROFAMAG debe atravesar sus instancias institucionales antes de ser implementada.

El nuevo esquema fue trabajado y aprobado en el ámbito del Consejo Académico y luego elevado para su tratamiento. El documento solicita a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que avance con el trámite correspondiente para permitir su puesta en marcha.

Hasta que ese procedimiento se complete, continuará vigente el programa actual. La propuesta contempla un régimen de transición para quienes ya lo estén cursando, con un plazo para finalizar las materias pendientes antes de la implementación plena del eventual nuevo programa de formación.

En un expediente donde el Banco Central investigó una serie de operaciones por USD 1,6 millones realizadas en cuatro días y sostuvo que las divisas terminaron destinadas al mercado paralelo, la Justicia rechazó el pedido de una accionista de Cambios del Sur, una agencia de cambio autorizada por el propio organismo, para frenar el cobro de una multa de $119,25 millones.

La decisión fue adoptada, en el marco de una medida cautelar, por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La presentación había sido realizada por Elizabeth Dogliotti, accionista mayoritaria de la firma, quien buscaba suspender la ejecución de la sanción dispuesta por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central mientras se resuelve el recurso judicial contra esa resolución.

La cautelar forma parte de una controversia más amplia, originada en una revisión que el BCRA realizó sobre la actividad de la compañía. Como agencia de cambio, Cambios del Sur estaba habilitada para comprar y vender moneda extranjera dentro de las condiciones y controles establecidos por la autoridad monetaria. Al revisar la información declarada por la empresa sobre sus operaciones durante 2023, los inspectores detectaron una secuencia sospechosa concentrada entre el 31 de enero y el 3 de febrero de ese año.

En esos cuatro días, Cambios del Sur compró en dólar billete USD 1,6 millones a Mega Latina SA, otra agencia de cambio, y vendió la totalidad de esas divisas a Soy Vos SAS, también habilitada entonces para operar en el mercado cambiario. Las transacciones se concretaron mediante movimientos diarios de USD 400.000.

El caso gira, en buena medida, alrededor de la interpretación de esas operaciones. Para la defensa, se trató de compraventas de moneda extranjera entre operadores autorizados, una actividad permitida por la normativa vigente. El Banco Central, en cambio, entendió que las características concretas de la operatoria, su magnitud y el contexto en el que fue realizada exigían controles que Cambios del Sur no habría cumplido adecuadamente.

Según el informe que dio origen al expediente, las operaciones cursadas por la firma con sus propios clientes representaron apenas el 1,5% del total operado por la agencia durante 2023. Para el organismo, que la empresa hubiera adquirido USD 1,6 millones en cuatro días para revendérselos a otro operador -y no para atender a su propia clientela- constituía un elemento que obligaba a profundizar la verificación sobre la “genuinidad de las transacciones” y sobre el origen y destino de los fondos.

La atención de los inspectores se concentró especialmente en Soy Vos, la agencia que adquirió los dólares. El BCRA constató que esa firma no había registrado ventas a clientes durante el período analizado y sostuvo que se trataba de información de acceso público que Cambios del Sur debía conocer. En ese primer informe, los funcionarios calificaron la secuencia como un “pase de manos” de pesos y dólares sin justificación económica aparente.

La pesquisa avanzó luego sobre los movimientos financieros de Soy Vos. De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, entre el 31 de enero y el 9 de febrero de 2023 la agencia recibió transferencias de distintas personas jurídicas en una cuenta del Banco de Servicios y Transacciones por, al menos, $6.457,28 millones, sin haber registrado operaciones de cambio con esas sociedades. Según reconstruyó el BCRA, esos pesos fueron después girados a distintos operadores para adquirir dólares en efectivo; uno de ellos fue Cambios del Sur.

La situación de Soy Vos derivó posteriormente en la revocación de su autorización para funcionar y en su baja del registro de operadores. A partir de esas observaciones, el Banco Central requirió en enero de 2024 documentación a Cambios del Sur sobre las contrapartes que habían participado de las operaciones, incluidos los legajos utilizados para evaluarlas y la información reunida en materia de prevención del lavado de activos. Tras estudiar ese material, el organismo concluyó que la agencia no había acreditado de manera suficiente el origen y destino lícito de los fondos ni el carácter genuino de las operaciones realizadas con Mega Latina y Soy Vos.

De la inspección al sumario

La actuación administrativa se transformó formalmente en un sumario el 5 de marzo de 2025. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dispuso investigar a Cambios del Sur y a Alejandro Cayetano Sánchez, Rodrigo Harding Bart y Elizabeth Dogliotti para establecer sus eventuales responsabilidades.

El cargo formulado fue la “realización de una operatoria prohibida para el tipo de entidad”, por una presunta infracción al régimen aplicable a los operadores de cambio.

Al momento de los hechos analizados, Sánchez se desempeñaba como presidente y accionista de la firma; Harding Bart, como vicepresidente; y Dogliotti era accionista mayoritaria, según surge de la documentación administrativa. Más adelante, ya durante la tramitación judicial, una escritura otorgada en junio de este año identificó a Dogliotti como presidenta de Cambios del Sur y dejó asentado que manifestó que su cargo se encontraba vigente.

Uno de los puntos centrales del sumario estuvo relacionado con el concepto de “genuinidad” de las operaciones. El Banco Central sostuvo que no bastaba con que cada transacción contara formalmente con boletos de cambio, balances o documentación societaria, sino que también debía examinarse su razonabilidad económica y el contexto en el que habían sido realizadas.

Entre los elementos que ponderó señaló que los USD 1,6 millones circularon mediante ocho operaciones -cuatro compras y cuatro ventas- en solo cuatro días; que Soy Vos no registraba ventas a clientes; que las transacciones se realizaron en dólar billete o efectivo; y que las empresas involucradas tenían domicilios separados por grandes distancias. Cambios del Sur estaba radicada en El Calafate; Mega Latina, en la Ciudad de Buenos Aires; y Soy Vos, en San Salvador de Jujuy. El expediente menciona distancias aproximadas de 2.700 y 3.600 kilómetros entre esos puntos.

También se analizaron las cotizaciones utilizadas y la situación financiera de Soy Vos. El BCRA señaló, entre otros datos, que el estado de resultados de esa compañía correspondiente al cierre de 2022 había arrojado pérdidas y consideró que esa circunstancia debía haber sido ponderada al evaluar si resultaba razonable que pudiera operar montos cercanos a los dos millones de dólares en pocos días.

En la resolución final, el organismo sostuvo que la operatoria, “por su naturaleza, características y magnitud”, obligaba a Cambios del Sur a verificar y justificar de manera fehaciente el origen y destino de los fondos y el carácter genuino de las operaciones con ambas contrapartes.

La defensa: operaciones permitidas

Cambios del Sur y las personas involucradas rechazaron esa interpretación. El principal argumento de la defensa fue que la compraventa de moneda extranjera entre operadores autorizados estaba expresamente admitida por las normas vigentes en enero y febrero de 2023 y que, por entonces, no existía un límite cuantitativo para esa clase de transacciones.

Según ese planteo, las restricciones vinculadas al volumen fueron incorporadas recién con posterioridad. Por eso, sostuvieron que no podía calificarse como prohibida una actividad que se encontraba autorizada al momento de realizarse.

También cuestionaron que Cambios del Sur fuera responsabilizada por el destino posterior que Soy Vos hubiera dado a las divisas. La defensa señaló que una agencia no tiene acceso a los movimientos bancarios de otra entidad y destacó que parte de la información utilizada por el Banco Central incluía hechos posteriores al 3 de febrero, fecha de la última operación entre las dos compañías. A eso agregó que las transacciones habían sido informadas al propio BCRA mediante los regímenes correspondientes y que habían permanecido durante más de dos años sin observaciones.

Otro punto de discusión fue el criterio utilizado para analizar la operatoria. Mientras el Banco Central sostuvo que debía atenderse a la “realidad económica” y a la “lógica del mercado”, la defensa consideró que esas expresiones resultaban insuficientes para convertir en sancionable una operación autorizada por la normativa.

Además, impugnó el cálculo de las multas y afirmó que el organismo había aplicado criterios que, a su entender, llevaron las sanciones por encima de los límites establecidos por el propio régimen disciplinario.

Multas millonarias y revocación de la licencia

El 2 de marzo pasado, la Superintendencia dio por terminado el sumario mediante la Resolución 59/2026. Cambios del Sur recibió una multa de $1.192,5 millones; a Sánchez le impusieron $477 millones y cinco años de inhabilitación; a Harding Bart, $357,75 millones y cuatro años; y a Dogliotti, $119,25 millones y un año.

Tres días después, el 5 de marzo, el directorio del Banco Central adoptó una segunda decisión: revocó la autorización de Cambios del Sur para funcionar como entidad cambiaria. El organismo calificó la infracción como de gravedad “muy alta” y sostuvo que había existido un abuso de la habilitación concedida. Al fundamentar la pérdida de la licencia, consideró que la permanencia de la firma dentro del sistema cambiario representaba un riesgo incompatible con el interés público que debe proteger el regulador.

Las decisiones fueron notificadas el mismo 5 de marzo. Pocos días después, las actuaciones administrativas dejaron constancia de que los sancionados no habían optado por ninguna de las alternativas de pago previstas, por lo que comenzó la gestión para avanzar con el cobro de las multas.

El planteo cautelar de Dogliotti

Fue en ese contexto que Dogliotti acudió a la Justicia con un planteo específico: pidió que el BCRA no pudiera cobrarle los $119,25 millones hasta que un tribunal analizara la validez de la sanción.

Su defensa planteó que la ejecución inmediata representaría una afectación considerable de su patrimonio y que, si el dinero era cobrado antes de que la Cámara en lo Contencioso revisara la resolución administrativa, podía producirse un perjuicio de difícil reparación. Además, cuestionó que el recurso directo previsto contra las sanciones del Banco Central tenga efecto devolutivo, es decir, que su presentación no suspenda automáticamente las consecuencias de la decisión recurrida.

La Sala V rechazó la solicitud cautelar en un fallo publicado este viernes, que llevó la firma de los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Fabio Treacy. Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aclararon que en esta instancia no les correspondía determinar todavía si la sanción del Banco Central era válida, sino únicamente establecer si existían elementos suficientes para suspender provisoriamente su ejecución.

Para el tribunal, ese estándar no fue alcanzado.

“Los planteos del accionante no alcanzan para acreditar la verosimilitud del derecho que invoca en grado suficiente para acceder a la tutela requerida”, redactaron los camaristas. Agregaron que varios de los cuestionamientos formulados exigen abordar materias que, “por su naturaleza y complejidad, deben ser examinadas, tratadas y decididas en el proceso donde se dirima el fondo del asunto”.

Al considerar que no se había demostrado uno de los requisitos necesarios para conceder una medida cautelar, la Sala V rechazó el pedido.

La resolución, de todos modos, no confirma de manera definitiva las sanciones. Cambios del Sur, Sánchez, Harding Bart y Dogliotti presentaron el 22 de abril un recurso directo contra la Resolución 59/2026 y ese expediente, que también tramita ante la Sala V, es el que deberá resolver la cuestión de fondo.

El Banco Central remitió las actuaciones administrativas completas a la Cámara el 30 de abril. A mediados de agosto, el tribunal dispuso que el expediente pasara al fiscal general para que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso.

La discusión sobre la validez de las sanciones, por lo tanto, continúa abierta.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá decidir si admite los recursos extraordinarios presentados contra la anulación del juicio por jurados en el que un abogado de la localidad de San Isidro, Guillermo Martín Moncayo von Hase, fue condenado a 16 años de prisión por los abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas cuando eran menores de edad.

Según la acusación llevada a juicio, los hechos comenzaron en 2009, cuando las niñas tenían aproximadamente cuatro y seis años, y se prolongaron hasta 2019. Las jóvenes fueron identificadas en el expediente como C.M. y F.M., esta última una persona con síndrome de Down. C.M. formuló su denuncia ante los estrados por cuenta propia, según expuso, tras un proceso personal de años.

La causa llegó al máximo tribunal provincial después de que la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense declarara admisibles los recursos extraordinarios de la Fiscalía, las particulares damnificadas y la defensa. La remisión del expediente no significa que la instancia ya esté abierta: la Corte deberá efectuar un nuevo control antes de decidir si analiza el fondo de los planteos.

En el centro de la discusión se encuentra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2025 por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes dejaron sin efecto el veredicto unánime emitido por doce ciudadanos, anularon la condena y ordenaron realizar un nuevo debate.

La Sala II de Casación anuló el veredicto y la condena por una cuestión técnica vinculada con el modo en que el juez redactó las instrucciones finales y las opciones incluidas en el formulario de veredicto. La decisión no implicó, en rigor, un pronunciamiento sobre la veracidad de las denuncias ni un análisis definitivo sobre la suficiencia de la prueba producida a lo largo del juicio oral.

Para la Sala II, esas fórmulas agruparon distintas conductas bajo calificaciones jurídicas generales y expresiones como “reiterados”, sin individualizar suficientemente cada uno de los hechos sometidos a decisión. Según los camaristas, esa estructura impedía establecer con certeza cuáles habían sido considerados probados por el jurado y dificultaba el control posterior de la condena.

La querella cuestionó ese razonamiento y pidió que se restablezcan tanto el veredicto popular como la sentencia de 16 años, aunque calificó como baja esa pena. Su recurso puso el foco en que los doce ciudadanos presenciaron las once jornadas del debate, escucharon directamente a una de las víctimas durante más de seis horas, recibieron los testimonios de los profesionales que habían intervenido en el caso y conocieron también los argumentos y la prueba presentada por la defensa.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las instrucciones no podían examinarse de manera aislada ni como si hubieran sido entregadas a personas que desconocían el proceso. También advirtió que la nulidad convirtió una discusión técnica sobre la formulación del veredicto en una decisión con consecuencias concretas: las víctimas quedaron ante la posibilidad de atravesar nuevamente un juicio completo.

Once jornadas, una declaración de seis horas y dos veredictos unánimes

Una vez concluida la producción de la prueba, la Fiscalía y la querella solicitaron que Moncayo fuera declarado culpable, mientras que la defensa reclamó su absolución. Durante los alegatos, las partes expusieron ante el jurado sus posiciones sobre cada uno de los hechos y analizaron las pruebas incorporadas al debate.

Antes de que comenzara la deliberación, el juez Pablo Adrián Rolón explicó a los jurados el alcance de la presunción de inocencia, el estándar de duda razonable, las figuras penales aplicables y las distintas alternativas de veredicto.

Esa es una de las funciones centrales del juez técnico en un juicio por jurados: no resuelve si el acusado es culpable, pero dirige el debate, decide las cuestiones jurídicas y brinda a los ciudadanos las pautas legales necesarias para que puedan pronunciarse sobre los hechos.

Después de impartir esas instrucciones, Rolón entregó los formularios de veredicto, que contenían las alternativas posibles para cada una de las jóvenes, entre ellas las distintas opciones de culpabilidad y la declaración de no culpabilidad. Ninguno de los doce ciudadanos pidió aclaraciones antes de retirarse a deliberar.

El 29 de agosto de 2024, el jurado regresó a la sala y declaró culpable a Moncayo por los hechos vinculados con C.M. La decisión fue adoptada por unanimidad. También por doce votos lo consideró responsable por los episodios atribuidos en perjuicio de F.M. En ambos casos, escogieron la calificación legal más grave.

A partir de ese veredicto, la intervención volvió a quedar en manos del juez. El jurado había resuelto la culpabilidad, pero correspondía a Rolón fijar la pena después de escuchar nuevamente a las partes. En la audiencia del 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía pidió 27 años de prisión y la representación de las jóvenes reclamó una sanción de 40 años. Cinco días después, el magistrado condenó a Moncayo a 16 años de prisión, accesorias legales y costas.

A partir de allí, la condena fue apelada por la defensa, la Fiscalía y las particulares damnificadas: los defensores cuestionaron la prueba, las instrucciones y el formulario de veredicto, mientras que las acusaciones reclamaron una pena mayor.

Al revisar esas impugnaciones, la Sala II hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa, en manos de los abogados Fernando Díaz Cantón, Marcelo Sgro y María Prack. En una resolución centrada en las instrucciones y el formulario, consideró que el jurado no había contado con opciones que le permitieran pronunciarse separadamente sobre cada episodio y que el uso de categorías generales impedía reconstruir con precisión el alcance del veredicto.

A partir de esa conclusión, Casación entendió que ya no era necesario analizar buena parte de los restantes cuestionamientos vinculados con la prueba, los testimonios y las pericias. En consecuencia, anuló el pronunciamiento y la sentencia, y ordenó que el caso fuera sometido a un nuevo juicio ante otro jurado.

“Es la soberanía del pueblo”

Contra esa decisión, las particulares damnificadas interpusieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La presentación fue formulada por Elcha Triep, en representación de F.M.; por la propia C.M.; y por Manuela Fontela Vázquez, abogada apoderada de ambas, con el patrocinio de los abogados Alejandro Drago y Juan José Oribe.

En el escrito aclararon que continuaban utilizando las iniciales de las jóvenes para protegerlas frente a la exposición pública, aunque remarcaron que C.M. había suscripto personalmente la impugnación. La precisión buscó dejar asentado que el planteo también expresaba su voluntad de continuar el reclamo y obtener una definición.

Uno de los primeros argumentos consistió en diferenciar el caso de una impugnación contra una absolución pronunciada por ciudadanos. En el sistema bonaerense, la acusación tiene restringida la posibilidad de recurrir un veredicto de no culpabilidad. Aquí, sostuvieron los abogados, no cuestionaban una decisión absolutoria del jurado, sino el fallo de jueces técnicos que había anulado una declaración unánime de culpabilidad.

“No estamos recurriendo un veredicto de no culpabilidad, que en nuestro sistema no puede ser criticado de ninguna manera. Estamos recurriendo una decisión de jueces técnicos de revisión”, señalaron.

A partir de esa distinción, defendieron la legitimidad de una decisión adoptada por quienes presenciaron todo el debate y recibieron la prueba de manera directa.

“La centralidad del debate y la legitimación del jurado popular dotan de especial robustez a su decisión. Es la soberanía del pueblo”, afirmaron.

El planteo no desconoció la facultad de Casación para controlar la legalidad del juicio. Cuestionó el modo en que ese control fue ejercido y el peso asignado a las deficiencias atribuidas a las instrucciones. Según la querella, la Sala II examinó el formulario como una pieza autónoma, sin relacionarlo de manera suficiente con las once jornadas que lo precedieron.

La diferencia entre ambas instancias fue presentada como uno de los aspectos centrales del recurso. Los doce ciudadanos permanecieron en la sala y recibieron la prueba de manera inmediata. Los jueces revisores, en cambio, no habían presidido el debate ni escuchado personalmente a las víctimas y a los especialistas: su análisis fue posterior y se apoyó en el expediente, las impugnaciones y los registros disponibles.

Otro de los datos invocados fue que ningún integrante del jurado pidió aclaraciones antes de deliberar. La representación de las víctimas añadió que las dos decisiones fueron adoptadas por unanimidad y sostuvo que tampoco se había identificado durante el juicio una manifestación concreta de desconcierto sobre los hechos sometidos a resolución.

“No existió confusión alguna en el jurado respecto de los hechos juzgados”, afirmaron los abogados, al destacar que sus integrantes habían escuchado durante 11 días la prueba y las exposiciones vinculadas al caso. Para respaldar esa conclusión, señalaron “la ausencia total de consultas al juez, la deliberación razonablemente breve y, especialmente, la emisión de un veredicto doblemente unánime”.

Según la presentación, la nulidad se apoyó en “conjeturas abstractas sobre una hipotética influencia de las instrucciones, sin sustento empírico ni demostración efectiva de perjuicio”.

Aun así, la querella no negó que las instrucciones deban ser claras ni que el formulario permita identificar el alcance de la decisión. Su argumento fue que, para invalidar la totalidad del debate, no bastaba con señalar una posible imperfección formal: debía demostrarse cómo había afectado concretamente la deliberación o las garantías del acusado.

Los abogados también discutieron la distribución de funciones dentro del juicio por jurados. El juez técnico, explicaron, debe transmitir el derecho aplicable, la presunción de inocencia, el estándar de duda razonable y las alternativas jurídicas disponibles. La determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden, en cambio, a los ciudadanos.

Desde esa perspectiva, exigir al magistrado que reproduzca en las instrucciones una descripción exhaustiva de cada episodio puede alterar el equilibrio del sistema. Una reconstrucción demasiado extensa, argumentaron, podría reiterar la teoría de alguna de las partes o condicionar el modo en que el jurado recuerda y evalúa la prueba.

Por eso, la querella sostuvo que el juez no debía volver a narrar el caso en nombre propio antes de la deliberación. Su función era proporcionar las herramientas jurídicas necesarias sin reemplazar la experiencia directa de quienes habían escuchado la prueba.

En uno de los pasajes del recurso, los abogados afirmaron que imponer una descripción judicial detallada de los hechos dentro de las instrucciones “resulta contraria al sistema constitucional del juicio por jurados, vulnera el principio de soberanía popular y configura una indebida intromisión del juez técnico en la esfera exclusiva de decisión del jurado”.

En esa misma línea, la presentación rechazó que los ciudadanos hubieran sido colocados ante la alternativa de aceptar la acusación más grave o absolver. El formulario contenía cuatro opciones por cada víctima, incluidas figuras intermedias y la no culpabilidad. La defensa, no obstante, sostiene que durante la lectura se destacaron principalmente las alternativas más graves y las absolutorias, sin asignar igual énfasis a las restantes.

Otro punto de la controversia se relacionó con una referencia surgida durante la declaración de C.M. Para Casación, la falta de individualización del formulario impedía saber si aquel episodio había sido incorporado al veredicto pese a no haber integrado formalmente la acusación.

La querella respondió que esa mención no fue transformada por la Fiscalía ni por las particulares damnificadas en una imputación autónoma ni utilizada para pedir una declaración adicional de culpabilidad. Según su postura, fue la defensa la que enfatizó ese tramo durante el alegato y luego lo invocó para sostener que no podía determinarse qué había resuelto el jurado.

Respecto de F.M., los abogados también rechazaron que la palabra “reiterados” hubiera producido una ambigüedad insalvable. Afirmaron que la expresión remitía a las conductas que la acusación había presentado como cometidas en más de una oportunidad y que su significado surgía del desarrollo completo del juicio.

La revictimización y el pedido de un cierre

El recurso incorporó, además, un cuestionamiento sobre el momento en que la defensa había objetado las instrucciones. En los juicios por jurados, las partes pueden formular propuestas y observaciones antes de que sean comunicadas a los ciudadanos, lo que permite al juez corregir eventuales defectos antes de la deliberación.

La querella sostuvo que la defensa no había solicitado respecto de C.M. una descripción individual de los hechos con el grado de detalle que luego reclamó ante Casación.

“La defensa no pidió ni propuso que en las instrucciones se describiera ninguno de los hechos que damnificaron a C.M., sino solamente los que perjudicaron a F.M.”, señalaron.

Los abogados analizaron una presentación defensiva del 16 de agosto de 2024, anterior al comienzo del debate. De acuerdo con su interpretación, aquel escrito desarrollaba los hechos atribuidos respecto de F.M., pero no contenía una propuesta equivalente para C.M.

“No describieron ni pidieron que se incluyera ni un solo hecho o circunstancia fáctica relacionada con las conductas que damnificaron a C.M.”, insistieron.

Sobre esa base, cuestionaron que Casación hubiera anulado el veredicto a partir de una objeción que, según su posición, no había sido sometida previamente a un contradictorio suficiente. La impugnación habló de una falta de debate entre las partes y de un exceso en el alcance de la revisión.

El eje más extenso del recurso, sin embargo, estuvo dedicado a las consecuencias de repetir el juicio.

Los abogados describieron un recorrido que comenzó con los hechos denunciados —que, según la acusación, se prolongaron durante diez años—, continuó con la revelación, la investigación, las intervenciones profesionales y el debate oral y que, tras la nulidad, podría sumar una nueva preparación, otra selección de jurados y la reedición completa de la prueba.

Para C.M., un nuevo juicio podría implicar regresar al estrado, volver a reconstruir los hechos y responder otra vez preguntas de la Fiscalía, la querella y la defensa. Su primera declaración había durado más de seis horas y, según describió Bersi, se produjo en un marco de angustia y llanto.

En el caso de F.M., que no declaró por recomendación profesional, otra audiencia obligaría a revisar nuevamente las condiciones de su participación, los apoyos necesarios y la manera de incorporar la evidencia vinculada con su situación.

La querella sostuvo que la revictimización no se limita a la posibilidad de prestar otra declaración. Incluye también la prolongación del expediente, la incertidumbre, la repetición de evaluaciones, la reedición de testimonios profesionales y la necesidad de atravesar nuevamente un proceso que, para esa parte, había sido válidamente realizado.

“La realización de un nuevo juicio importará, indefectiblemente, la revictimización de C.M. y F.M.”, expresaron los abogados de la querella.

En otro tramo añadieron: “Estamos frente a actos válidamente cumplidos y tener que reeditarlos significa tener que volver a declarar, a exponerse, a relatar absolutamente todo, a atravesar todas las instancias judiciales, con más la extensión innecesaria e injustificada del proceso y la incertidumbre”.

Y agregaron: “Nuestras patrocinadas lo que necesitan, merecen y el Estado Argentino está obligado a proporcionarles es un cierre”.

La querella relacionó ese argumento con los compromisos estatales en materia de acceso a la justicia, violencia contra las mujeres, protección de la niñez y derechos de las personas con discapacidad. Entre otras normas, citó la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También advirtió sobre una consecuencia procesal adicional. Si el nuevo debate terminara con un veredicto de no culpabilidad, las restricciones previstas para las acusaciones podrían impedirles volver a discutir la nulidad que dio origen al segundo juicio. Por eso sostuvieron que el perjuicio debía ser revisado antes del reenvío y no después de una eventual nueva sentencia.

La pretensión concreta de las particulares damnificadas es que la Suprema Corte revoque la resolución de la Sala II y dicte un nuevo pronunciamiento que confirme íntegramente el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria. No se limitaron a pedir que se evite otro debate: reclamaron que recupere vigencia la decisión adoptada por los doce ciudadanos y la pena de 16 años impuesta por Rolón.

El reclamo inicial para elevar la sanción a 40 años quedó desplazado por la nulidad. Antes de reabrir la discusión sobre el monto de la pena, las particulares damnificadas buscan restablecer la condena.

En paralelo, la Fiscalía también recurrió la decisión de Casación. La fiscal Daniela Bersi presentó su recurso extraordinario el 30 de diciembre de 2025 y sostuvo que las instrucciones no podían examinarse de manera separada del desarrollo integral del juicio. Destacó que los ciudadanos habían escuchado las acusaciones, los alegatos, los testimonios y las explicaciones de los especialistas, y advirtió que la repetición podía generar una forma de revictimización institucional.

Por su parte, la defensa también acudió a la instancia extraordinaria, aunque con una pretensión diferente. Planteó que la nulidad del primer juicio no puede traducirse automáticamente en la realización de un segundo debate. Según su postura, una nueva instancia oral implicaría volver a someter a Moncayo a un proceso por los mismos hechos después de que el veredicto y la condena ya fueron dejados sin efecto, con la consecuente prolongación de una causa que considera excesiva.

Su pedido es que la causa termine sin un nuevo juicio.

Con esos planteos formulados, los camaristas Budiño y Mancini declararon admisibles los tres recursos extraordinarios y dispusieron la elevación de las actuaciones. Aunque la sentencia impugnada no puso fin al proceso porque ordenó celebrar otro debate, consideraron que podía equipararse a una decisión definitiva por los perjuicios que, según las partes, no podrían repararse posteriormente.

Ese pronunciamiento de Casación tampoco implica que la Corte ya haya abierto la instancia. El máximo tribunal provincial deberá efectuar, en efecto, su propio control de admisibilidad y determinar si corresponde examinar los argumentos de la Fiscalía, las particulares damnificadas y la defensa del abogado de San Isidro.

Esa decisión quedará en manos de los tres integrantes actuales de la Suprema Corte bonaerense: su presidente, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; y la ministra Hilda Kogan.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles una serie de medidas para conocer con mayor precisión sus movimientos dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

El magistrado del Tribunal Oral Federal 2 le pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe las salidas registradas desde la unidad funcional para utilizar la terraza y detalle qué grado de precisión tiene el sistema de monitoreo para determinar la ubicación de la ex presidenta dentro del inmueble.

La decisión se produjo luego de que el tribunal incorporara publicaciones periodísticas vinculadas con otra investigación judicial. A partir de esa información, Giménez Uriburu solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 una certificación sobre la causa 798/2026, en la que se investiga a Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.

Ese expediente analiza un contrato firmado entre la UOM y USEM por el cual la empresa pasó a recibir fondos provenientes de los aportes de los afiliados del gremio.

Así las cosas, el interés del TOF 2 radica en que Calle adquirió un departamento en el primer piso de San José 1111, debajo de la unidad donde la exjefa de Estado cumple su condena, según las publicaciones periodísticas incorporadas al legajo. Por ese motivo, Giménez Uriburu pidió conocer el objeto procesal, las personas imputadas y el estado actual de esa causa. Además, requirió que se le informe cualquier dato que pueda resultar relevante para la ejecución de la pena.

El alcance del monitoreo electrónico

Giménez Uriburu solicitó a la DAPVE que informe si Cristina Kirchner registra “egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio”, conforme a la autorización judicial concedida el 17 de septiembre de 2025.

Si existen movimientos de ese tipo, el organismo deberá precisar las fechas y los horarios, incluso cuando no hayan quedado individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal.

El juez también quiere establecer si, una vez que Cristina Kirchner sale de su departamento, el sistema permite determinar “su localización concreta dentro del edificio” y distinguir si se encuentra en la terraza, en otro piso o en un sector diferente.

Si el monitoreo únicamente permite verificar que permanece dentro de una determinada zona o radio de cobertura, la DAPVE deberá informar cuál es su extensión y qué espacios comprende. El tribunal también preguntó si ese radio puede alcanzar “la vía pública o inmuebles linderos”, de manera que una eventual permanencia allí resulte indistinguible para el dispositivo.

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

La Sala IV de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el recurso de su defensa y dejó firme la condena.

En una causa que analiza posibles delitos contra la salud pública vinculados con la provisión de fentanilo contaminado, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo la prisión preventiva de Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, quien permanece detenida bajo arresto domiciliario.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Borinsky presidió el acuerdo en el que se declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa contra una resolución de la Cámara Federal de La Plata, que había confirmado el rechazo de la excarcelación.

Ansaldi está detenida desde el 20 de agosto de 2025. Los tribunales que intervinieron hasta ahora consideraron que subsisten riesgos procesales concretos que justifican mantener la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.

La causa tramita ante la Justicia federal de La Plata y está a cargo del juez Ernesto Kreplak, con intervención de la fiscal María Laura Roteta. El expediente ya acumula 13 procesados entre directivos, accionistas y responsables de las plantas vinculadas con HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., ambas controladas por el empresario Ariel García Furfaro.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la producción y comercialización de fentanilo de uso medicinal contaminado con bacterias. El medicamento fue elaborado en la planta de Laboratorios Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y distribuido por HLB Pharma. Los casos fueron detectados en hospitales y clínicas de distintas jurisdicciones.

El primer foco que permitió advertir el problema surgió en el Hospital Italiano de La Plata. El establecimiento recibió ampollas de fentanilo HLB el 31 de marzo de 2025 y comenzó a administrarlas el 7 de abril. Al día siguiente, el laboratorio de microbiología detectó una bacteria inusual en un cultivo. En las semanas posteriores aparecieron nuevos pacientes infectados.

El 29 de abril, los profesionales del hospital identificaron un elemento común entre los casos: los pacientes habían recibido fentanilo de HLB Pharma. Un día después fueron retiradas las ampollas de circulación y el 2 de mayo el establecimiento notificó formalmente la situación a la ANMAT, al Ministerio de Salud bonaerense y al Colegio de Farmacéuticos.

Los estudios posteriores vincularon las ampollas con las bacterias detectadas en los pacientes. La investigación judicial avanzó entonces sobre los responsables empresariales y técnicos de ambas compañías y, posteriormente, sobre funcionarios de los organismos encargados de fiscalizar la producción de medicamentos.

Uno de los ejes de la pesquisa se concentra precisamente en los controles realizados sobre las compañías antes de que se detectara el brote. Según publicó Infobae, una inspección no programada del Instituto Nacional de Medicamentos en la planta de Ramallo, realizada el 28 de noviembre de 2024, encontró fallas sistémicas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.

La fiscalía investiga además si los responsables del laboratorio conocieron de antemano que se realizaría ese procedimiento. De acuerdo con mensajes incorporados al expediente, un directivo de HLB Pharma consultó el día anterior a una funcionaria del INAME sobre la inspección y luego convocó al grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo”. Según la hipótesis fiscal, durante esa noche se realizaron al menos 18 acciones destinadas a modificar las condiciones de la planta antes de la llegada de las inspectoras.

El rol atribuido a Carolina Ansaldi

Ansaldi era directora técnica de Laboratorios Ramallo cuando se produjeron los lotes investigados. La Cámara Federal de La Plata había señalado que, debido a esa función, “tenía a su cargo la supervisión y control de la elaboración del fentanilo HLB”. Ese rol volvió a ser considerado por Casación al analizar la continuidad de su detención.

La farmacéutica, oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, fue detenida por Gendarmería Nacional el 20 de agosto de 2025 durante un allanamiento en su domicilio. El procedimiento formó parte de una serie de operativos realizados contra responsables técnicos y directivos vinculados con Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

El 25 de septiembre de 2025 fue procesada con prisión preventiva como coautora del delito de adulteración de sustancias medicinales que habría provocado la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.

El 13 de mayo de este año, el juzgado amplió ese procesamiento. Desde entonces, penalmente se le atribuyen hechos que habrían causado la muerte de al menos 70 personas, además de lesiones gravísimas a dos personas, graves a otras 41 y leves a una.

Como publicó este medio, Ansaldi integraba el grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo”, en el que se intercambiaron mensajes la noche previa a la inspección de noviembre de 2024. Pese a las tareas realizadas antes del control, las inspectoras detectaron irregularidades en distintas áreas de la planta.

También fue incorporado al expediente un intercambio de febrero de 2025 entre Ansaldi y José Antonio Maiorano, entonces director técnico de HLB Pharma. En un audio, Maiorano le aconsejó prestar atención a las fechas asentadas en los registros de producción si la planta continuaba elaborando medicamentos pese a la prohibición dispuesta por la autoridad sanitaria. La respuesta atribuida a Ansaldi fue: “elimina audio”.

La investigación también reconstruyó las decisiones adoptadas por los organismos sanitarios en los meses previos al brote. La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo fue firmada el 10 de febrero de 2025, 38 días después de haber sido elevada por los equipos técnicos. La prohibición de comercialización de los productos de HLB Pharma, en cambio, no llegó a firmarse, según la documentación analizada en la causa.

El pedido de excarcelación

Con todo, el planteo que llegó ahora a Casación no estuvo relacionado con la eventual responsabilidad penal de Ansaldi por los hechos investigados, sino con la continuidad de su prisión preventiva.

La defensa solicitó su excarcelación durante la declaración indagatoria. El Ministerio Público Fiscal se opuso y el juez de primera instancia rechazó el pedido. El 16 de julio pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión. Contra ese pronunciamiento, los abogados recurrieron ante el máximo tribunal penal federal.

Los camaristas platenses habían considerado que la investigación continúa en etapa de producción de prueba. Entre las medidas pendientes mencionaron estudios técnicos sobre una gran cantidad de dispositivos electrónicos secuestrados y destacaron la necesidad de preservar la evidencia ya incorporada al expediente.

También evaluaron el cargo que ocupaba Ansaldi dentro de Laboratorios Ramallo. Según la resolución citada por Casación, si recuperaba la libertad podría “interferir con los testigos o tener acceso a registros, documentación o material relevante”, con el consiguiente riesgo de obstaculizar la investigación.

La defensa invocó el arraigo de la imputada, el cumplimiento de las reglas impuestas durante el arresto domiciliario, su situación económica y el hecho de tener un hijo menor de edad a cargo.

La Cámara de La Plata entendió que esos elementos no podían ser analizados de manera aislada de “la concreta gravedad de la imputación”, de la ampliación del procesamiento, del rol funcional atribuido a Ansaldi y de las medidas probatorias todavía pendientes.

Por esos motivos, concluyó que la prisión preventiva era, por el momento, “la única medida de coerción personal” con entidad suficiente para neutralizar los riesgos procesales.

Los votos de Borinsky y Hornos

Al analizar el recurso, el camarista Mariano Borinsky sostuvo que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilitara la intervención de Casación.

El magistrado consideró que el planteo expresaba esencialmente una discrepancia con la valoración realizada por las instancias anteriores y afirmó que las objeciones “no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad”. También tuvo en cuenta que tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal de La Plata habían coincidido en rechazar la excarcelación.

Su colega Gustavo Hornos, por su parte, coincidió con la inadmisibilidad del recurso y puso el foco en los riesgos procesales. Consideró que las circunstancias analizadas sostenían una “seria presunción de riesgos procesales” que no había sido neutralizada y consideró que una eventual excarcelación podría permitirle a Ansaldi sustraerse de la investigación u obstaculizarla.

En ese mismo voto, Hornos hizo referencia a la dimensión de los hechos investigados y sostuvo que se trata de un caso en el que “subyace una tragedia de proporciones”.

Con los votos coincidentes de ambos jueces, la Sala IV declaró inadmisible el recurso de casación, impuso las costas a la defensa y tuvo presente la reserva del caso federal para ir ante la Corte.

El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes al declarar como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que pagó un millón de dólares en coimas al ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

“Sí, es cierto”, respondió el contador de 80 años a la fiscal de juicio Fabiana León cuando le preguntó sobre la entrega de “paquetes” al entonces funcionario de Planificación Federal Baratta, ex segundo del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. El testigo explicó que la orden provino de Luis Betnaza, otro ex ejecutivo de Techint.

Zabaleta declaró desde poco después de las 9 hasta las 1430. Por su parte Betnaza, ex director de Relaciones Institucionales del grupo empresario, arribó poco después de las 10 a los tribunales federales de Retiro para hablar también como testigo y aguardó ser convocado en una sala dispuesta por el Tribunal. Comenzó a declarar pasadas las 15 y cerró su testimonio pasadas las 18.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

El Tribunal cerró la audiencia y citó a cuatro testigos para este jueves

Poco más de tres horas después del inicio de la declaración de Luis Betnaza, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la audiencia de este martes y convocó a las partes para continuar el juicio este jueves 27 de agosto a las 9.

Para esa jornada fueron citados como testigos Hugo Marcelo Cruz, Miguel Ángel Punte, Hugo Solís Tobar y Carlos Rezzonico.

Antes de cerrar, Méndez Signori se refirió además al incidente que se había producido durante la declaración de Héctor Zabaleta, a raíz del cruce entre la fiscal Fabiana León y Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta.

El tribunal exhortó a las partes a que enmarquen su actuación dentro del respeto y de las reglas de la retórica forense, luego de la discusión que se generó durante el debate sobre la posibilidad de confrontar a Zabaleta con sus declaraciones anteriores como imputado colaborador.

“Ustedes nunca nos dan nada”: Betnaza recordó el reclamo que le hizo Uberti en nombre de Kirchner

Ante preguntas de Marcos Galpern, representante de la UIF, Luis Betnaza volvió sobre el episodio que había relatado al comienzo de su declaración, ocurrido durante una visita oficial a Venezuela en la que participaba Néstor Kirchner.

El exdirectivo de Techint precisó que el planteo que le hizo Claudio Uberti en ese contexto era económico. “Ustedes nunca nos dan nada”, recordó que le dijo el entonces funcionario, al transmitirle que Kirchner estaba supuestamente enojado porque la empresa no realizaba aportes.

El testigo había explicado antes que ese intercambio se produjo durante una recorrida vinculada a actividades petroleras en Venezuela y que, frente al planteo, respondió que ese no era el modo de relacionarse de Techint con la política. También sostuvo que Uberti no le mencionó un monto concreto.

El exdirector corporativo de Techint contó que rechazó declarar como arrepentido y explicó por qué fue sobreseído

Luis Betnaza ubicó el final de los pagos a Roberto Baratta, ex mano derecha del entonces ministro De Vido, hacia fines de 2008. “El último pago que realizó Zabaleta supongo que fue a fines de 2008, nunca más me pidió autorización respecto del tema. Cuando se fue la gente se terminó el tema”, declaró.

Después recordó el momento en que, en agosto de 2018, se hizo pública la causa de los Cuadernos. Dijo que inicialmente en Techint creyeron que la investigación estaba vinculada con obra pública y corrupción, pero que comenzaron a asociarla con esos pagos cuando fue detenido Héctor Zabaleta.

El exdirectivo contó que entonces decidió presentarse para explicar lo ocurrido y que declaró ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Afirmó que en esa oportunidad mencionó que había sido él quien le dio a Zabaleta la instrucción de realizar los pagos.

Betnaza vinculó los pagos a Baratta con las gestiones para sacar al personal de Venezuela

Al responder preguntas de Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta, Luis Betnaza aseguró que las gestiones por la situación en Venezuela se canalizaban a través del Ministerio de Planificación Federal y no de la Cancillería.

Consultado sobre cómo evaluaron sacar a los empleados argentinos que permanecían en el país, sostuvo que no se trató de una estrategia judicial. “El camino legal era conseguir la posibilidad de sacarlos físicamente. No era un tema para presentar un habeas corpus”, afirmó. Y resumió la decisión de la empresa: “Dijimos: saquémoslos. ¿Cómo? Como podamos”.

En ese contexto, Betnaza relató la instrucción que le dio a Héctor Zabaleta, quien había declarado antes en la audiencia. “Te va a venir a ver Baratta y te va a hacer un pedido de dinero por un tema que necesitamos resolver”, recordó que le dijo, y ubicó esa comunicación “al principio de 2008”.

Según explicó, se realizaron sucesivos pagos por el equivalente a USD 100.000 cada uno. Betnaza afirmó además que fue él quien dio la orden de efectuarlos: “La di yo la instrucción de ese pago”.

El exdirector corporativo señaló que no sabía de qué fondos concretos salió el dinero porque no intervino en esa parte de la operatoria. Explicó que Zabaleta manejaba fondos del grupo y de sus integrantes y era quien determinaba con qué recursos se cubrían esos gastos.

Ante una pregunta de la abogada Gómez Alcorta sobre si consideraba que podía estar cometiendo un delito al ordenarle a Zabaleta que le pagara a Roberto Baratta -entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal-, Betnaza respondió: “Era una emergencia, no era un hecho delictivo”.

Cómo fue el operativo para sacar a los empleados de Venezuela durante la crisis por SIDOR

Al continuar respondiendo preguntas de la fiscal Fabiana León, Luis Betnaza describió ante el Tribunal Oral Federal 7 el operativo que, según dijo, organizó Techint para sacar de Venezuela a sus empleados y familiares durante el período más crítico del conflicto por la nacionalización de SIDOR.

El exdirectivo sostuvo que entre 2007 y 2008 la situación en Puerto Ordaz se volvió cada vez más violenta. “Fue una época muy agresiva, llegamos a situaciones donde nos quemaban los colectivos para no movilizar al personal, violencia física, pintadas en la planta”, declaró. Y agregó que “cada mes se fue haciendo más agresivo”.

Según relató, uno de los episodios que encendió las alarmas fue la aparición de un diputado oficialista que propuso impedir la salida del país de los empleados argentinos. Betnaza dijo que la empresa mantenía informadas a las autoridades argentinas sobre esa situación y que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, estaba al tanto e involucró a Roberto Baratta en las gestiones.

“Pedimos el pedido concreto al gobierno argentino para que nos ayudara a sacar a las personas”, sostuvo. Sobre Baratta, agregó: “Lo traté mucho porque diría que, en términos de situación de cosas operativas, era el que estaba más cerca”.

Betnaza explicó que Techint contrató una empresa especializada en este tipo de evacuaciones, que elaboró una hoja de ruta para retirar a los trabajadores de manera escalonada. “Nos hicieron una hoja de ruta de lo que se debía hacer en estos casos y cómo había que hacerlo parcialmente, no a todos juntos, ir haciéndolo a distintos destinos hasta que finalmente, gracias a Dios, pudimos sacar a todos”, declaró.

El testigo señaló que la evacuación se extendió durante varios meses y que Techint afrontó los gastos. También distinguió ese período de la etapa posterior, cuando ya se había firmado el acuerdo de salida de Venezuela y las conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner estaban más vinculadas, según dijo, con la negociación de las indemnizaciones.

Betnaza dijo que Néstor y Cristina Kirchner intercedieron ante Chávez y contó un pedido de Uberti

El exdirector de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza, comenzó a declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Antes de las preguntas, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le recordó que había estado imputado y luego fue sobreseído en la causa y le advirtió que podía negarse a responder si consideraba que alguna contestación podía resultar autoincriminante.

Ante preguntas de la fiscal Fabiana León, Betnaza explicó que fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina durante más de 20 años y que conoció a distintos dirigentes políticos tanto por esa actividad institucional como por sus 45 años dentro de Techint. Entre 2007 y 2009, dijo, se desempeñaba como director institucional corporativo, con responsabilidad sobre distintos países y como representante del grupo ante entidades empresariales y políticas.

Betnaza recordó que comenzó a involucrarse personalmente en Venezuela a medida que avanzaba el proceso de nacionalizaciones impulsado por el gobierno de Hugo Chávez. Explicó que el grupo tenía allí distintas operaciones y que SIDOR, controlada por Ternium, era la más importante.

“Cercano a 2004 o 2005 comienza a haber ciertas rispideces casi ideológicas porque el gobierno de Venezuela había comenzado el proceso de nacionalizaciones sucesivas”, declaró. Según explicó, desde entonces comenzaron a preocuparse ante las señales de que SIDOR podía ser alcanzada por ese proceso.

Consultado sobre si Techint pidió asistencia al gobierno argentino, respondió que sí. “En varias oportunidades”, dijo, y recordó una gestión durante una cumbre iberoamericana en Mar del Plata: “Nos apersonamos para hablar con el presidente Kirchner y la senadora Kirchner para pedirle que intercediera ante Chávez por el tema de la eventual nacionalización de la empresa”.

Betnaza sostuvo que ambos colaboraron y que participaron de una reunión con Chávez. “Sí, colaboraron”, afirmó. Según su relato, “en ese momento se zanjó la crisis” y la empresa continuó operando normalmente, aunque la situación volvió a agravarse hacia 2007 y 2008.

Luego relató otro episodio ocurrido durante una visita oficial a Venezuela, en la que participaba Néstor Kirchner. Según Betnaza, el entonces funcionario Claudio Uberti se le acercó durante una recorrida por un pozo petrolero y le transmitió un planteo: que Kirchner estaba molesto porque Techint no había realizado ninguna contribución.

“Nosotros no hacemos este tipo de cosas, no es nuestro habitual modus operandi hacer negocios con la política, no es por ahí que va la cosa”, recordó Betnaza que le respondió a Uberti.

La fiscal León le preguntó si en ese intercambio se había mencionado alguna cifra concreta. Betnaza respondió que no. “Nos dijo que el Presidente estaba enojado por no hacer ninguna contribución con él”, declaró.

De acuerdo al testigo, el planteo se produjo en el marco de una visita oficial a Venezuela y no estuvo acompañado por un pedido de monto específico. Betnaza vinculó luego ese episodio con la relación de Techint con el Estado y sostuvo que la participación del grupo en la obra pública nacional era “absolutamente marginal”, cercana, según estimó, al 1%.

También mencionó que la compañía sí tenía contratos privados y obras públicas en distintas jurisdicciones y citó, entre otros ejemplos, trabajos adjudicados por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de San Juan.

Paquetes con pesos

En la audiencia, Zabaleta confirmó que dentro de los paquetes que le daba a Baratta había dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

“La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”, relató bajo juramento de verdad.

Narró sus encuentros con Baratta y hasta contó llamadas del funcionario donde se “enojó” porque no tenía dólar billete y debía darle pesos. “Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

“Yo no sabía por qué le estaba pagando a ese funcionario, sabía que era de nivel, el segundo de De Vido, pero no sabía por qué le estaba pagando, me bastaba la palabra de Luis (Betnaza) para pagarle”, agregó aunque en su declaración como arrepentido en agosto de 2018 aludió a dichos de Betnaza sobre un “compromiso con el Gobierno” ante un peligro de corte de luz y gas en las plantas de SIDERAR y SIDERCA.

Zabaleta recordó que los encuentros con Baratta eran en el estacionamiento de la sede de Techint en el segundo subsuelo porque allí no había cámaras de seguridad.

También ratificó que las fechas coinciden con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

Tras más de una hora de cuarto intermedio donde se debatió si debían confrontarlo con contradicciones en su declaración como arrepentido en agosto de 2018, algo que finalmente se permitió, ratificó su declaración de ese momento cuando contó que Betnaza lo llamó y le dijo que “tenía un compromiso con el Gobierno porque sino le iba a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderca”.

Este martes ratificó que “sí, esa fue la explicación que me dio Luis”.

“Yo no le pregunté por qué le iban a cortar el gas o la luz pero fue exactamente lo mismo que Baratta me dijo cuando yo no le quería dar dólares”, asoció el testigo.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

Al inicio de la declaración poco después de las 9, el testigo, de 80 años y contador público, fue informado por el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori de su obligación de decir la verdad y del derecho a no responder preguntas que considere autoincriminantes en relación a que estuvo imputado en la causa, donde fue sobreseído.

Luego está prevista la declaración de Betnaza. Los dos ex directivos de Techint estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos y declaran este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados, en 2018, presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares, para que funcionarios del kirchnerismo intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

Ambos ejecutivos de la siderúrgica fueron sobreseídos en 2021, luego de que la Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias”, vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.

Concluyó la declaración de Zabaleta y el próximo es Luis Betnaza, ex responsable de Relaciones Institucionales de Techint

El ex gerente administrativo de Techint terminó de declarar minutos antes de las 1430 y se dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos para luego comenzar con la testimonial del ex responsable de Relaciones Institucionales del grupo empresario, Luis Betnaza, quien aguarda desde poco después de las 10 en los tribunales para ser oído como testigo.

El ex gerente de Administración de Techint contó en detalle cómo llegaba Baratta a Techint a buscar el dinero

Ante preguntas del abogado Mariano Galpern, de la querella de la Unidad de Información Financiera, Zabaleta contó en detalle cómo llegaba Baratta en auto a buscar los paquetes.

“Jamás tuve otro trato con Baratta” dijo, salvo “los momentos en que pasó por mi oficina y retiró los paquetes”.

Baratta le manifestó que “no quería ser visto” y por eso hubo “dos o tres formas diferentes” para las entregas.

“En la primera fui hasta la puerta de entrada a la cochera, él me dijo que iba a ir en auto y cuando se arrimó a la barrera me arrimé y ahí le conocí la cara. Ahí me subí al auto y bajamos al segundo subsuelo”.

Luego, dos o tres veces después bajó solo con el chofer y que “hubo una vez que estaba lloviendo” y entonces Zabaleta se arrimó y subió al auto. “El no quería que se lo enfocara” recordó.

En 2018 declaró como arrepentido que Baratta antes de cada entrega lo llamaba por teléfono y le exigía dólares porque los pesos no le servían. “Advertía con cortes de gas o importación de tubos de China. Vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenés en Campana”, refirió Zabaleta que le dijo Baratta cuando declaró como arrepentido. Fragmentos de esa declaración se leyeron en la audiencia.

“Lo que dije hace ocho años no me desdigo ahora”, aclaró pero ocho años después dijo tomar “esas amenazas de una forma diferente” y recordó las circunstancias en que fue detenido en ese momento.

“Había una gran bronca porque el Gobierno de turno no nos había dado una sola obra”, refirió. “Tal vez lo dije con más bronca que ahora ocho años después. No pagamos por una obra, no pagamos por nada, era para tratar de salvar a nuestra gente para que pudiera salir de Venezuela”, declaró ahora.

“¿Que iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate?”

Zabaleta sigue respondiendo preguntas de la defensa del ex segundo de Julio De Vido. Sobre por qué declaró como arrepentido en agosto de 2018 en el juzgado federal por entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio dijo que tomó él la decisión y que quería decir la verdad.

“¿Qué iba a decir? Que Baratta venía a tomar mate? A Baratta le di dinero en seis o siete oportunidades”, ratificó.

“¿Le pidió un recibo?” preguntó la defensora. “No le pedí recibo porque Luis Betnaza me dijo dale el dinero y cumplí lo que me dijo, me bastó la palabra y me sigue bastando”.

También explicó que cuando se publicaron las anotaciones de Centeno y apareció un Héctor, vio las fechas de las visitas a Techint y coincidían con un listado que tenía en su casa, en su computadora. Entonces supo que lo iban a allanar.

“En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso”, dijo sobre los pagos a Baratta

El testigo dijo que con el CEO de Techint sólo hablaba de sus temas personales y no de los empresariales.

“Aclaré de entrada que el que me dio la instrucción fue Luis Betnaza, que en ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso. El no hablaba conmigo por temas operativos de la compañía. Hablaba conmigo solamente por cosas personales”, dijo.

La decisión de ser arrepentido la tomó él, agregó ante preguntas de la defensa de Baratta. “Lo que no quería era mentir, nada más”.

“Lo que puede pasar es que ahora ocho años después me olvide de algo”, agregó sobre las contradicciones que le marcaron.

Zabaleta explicó de dónde sacaron el dinero para pagar 1 millón de dólares a Baratta

Al retomar su declaración y mientras responde a las preguntas de la defensa de Baratta sobre las contradicciones entre sus declaraciones, el exejecutivo de Techint explicó de dónde sacaron el dinero para los pagos que refirió haber hecho a Roberto Baratta.

“Coinciden las escrituras del señor Centeno en las fechas en que el señor Centeno visitó las cocheras” de la sede de Techint en Puerto Madero. “Esas eran las fechas en que el señor Centeno bajó a la cochera”, dijo además.

Sobre el origen del dinero que usó para pagar, dijo que había un fondo que provenía de dividendos de una sociedad de accionistas en una cuenta de Techint Financial. “ Cuando esa sociedad distribuía dividendos dejaba una masa de dividendos en una cuenta en el exterior a la que yo tenía acceso, saqué los fondos de ahí”.

“Cuando Luis (Betnaza) me pide que haga ese pago hablé a la oficina en el exterior, creo que a la de Lugano (Suiza) y les dije necesito en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares en pesos”, relató. “Pedí fondos cada vez que los necesitaba” a los administrativos de la oficina del exterior. No voy a recordar ahora a qué persona", dijo ante la insistencia al respecto de la defensa. El contador y ex responsable administrativo dijo que custodiaba el dinero hasta “pagárselo a Baratta”.

El dinero llegó en paquetes en “tres o cuatro tandas diferentes” a su oficina y le pagó a Baratta en seis o siete ocasiones, dijo. “Era una persona desconocida” que llegaba a dejar el dinero, preguntaba por él y lo hacían pasar, relató.

Zabaleta contó además que eran fondos reservados para emergencias o ciertos episodios, como por ejemplo el pago del rescate de un miembro de la empresa que fue secuestrado por la guerrilla colombiana, ejemplificó. Agregó que fue la primera vez que tuvo que usar fondos de los dividendos para “eso”.

La defensa de Baratta marcó dos contradicciones de Zabaleta entre su declaración de este martes y la que hizo como arrepentido

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta preguntará al ex ejecutivo de Techint sobre dos supuestas contradicciones. Una “la supuesta llamada del señor Baratta que sucedió el mismo día en que había realizado el supuesto primer pago” mientras que en su declaración como arrepentido en 2018 " dice que recibió un llamado diez días o una semana antes de la primera entrega".

La segunda está referida a cuándo Luis Betnaza lo instruyó para entregar los paquetes, si antes o después de un llamado de Baratta al respecto. La defensora advirtió que la fiscalía “no le preguntó por las razones de esos pagos”.

El Tribunal reanudó la audiencia tras más de una hora de cuarto intermedio y habilitó confrontar al testigo Zabaleta con sus declaraciones como arrepentido

En dos votos separados, los jueces Enrique Méndez Signori y Germán Castelli -por un lado- y Fernando Canero -por otro- habilitaron confrontar al ex ejecutivo de Techint Zabaleta con las declaraciones que prestó en la causa cuando estuvo detenido y en calidad de imputado colaborador, sin prestar juramento de verdad.

De esta manera hicieron lugar al recurso de reposición y se podrá seguir interrogando a Zabaleta, quien al inicio de la audiencia ratificó que entregó en persona pagos ilegales que totalizaron 1 millón de dólares, al entonces subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y acusado en el juicio, Roberto Baratta.

La defensora de Baratta pidió sancionar a la fiscal León y hay cuarto intermedio

La defensora de Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió sancionar a la fiscal León porque habló de que se “carpeteó” al testigo Zabaleta a la hora de interrogarlo.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio para resolver si avalan la lectura de anteriores declaraciones del ex ejecutivo de Techint.

“Que diga que esta defensa carpetea es grave”, dijo exaltada Gómez Alcorta. “Respeto nos merecemos todos, estoy defendiendo a una persona que hasta el día de hoy es inocente”.

“Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad”, dijo Fabiana León

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León sostuvo que “no se ha afectado” el derecho a defensa del acusado Roberto Baratta.

“No se está violando el derecho de defensa”, dijo al responder a las defensas que reclaman que se lean al testigo sus declaraciones durante la investigación del caso Cuadernos.

León explicó que las anteriores declaraciones de Zabaleta no fueron bajo juramento de verdad. “Nada importa más a esta fiscal que poder probar la verdad” y “hay que ser honestos nada importa más a otros participantes del debate que ocultar la verdad”.

La fiscal no se opuso a confrontar al testigo con sus declaraciones como arrepentido.

Defensores reclaman al Tribunal que permita leer declaraciones como arrepentido de Zabaleta

Los abogados defensores reclaman al pleno del Tribunal que permita leerle al testigo sus declaraciones anteriores. El defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, remarcó que la ex presidenta no está acusada por estos hechos y tiene falta de mérito pero adhiere a los planteos por la necesidad de resguardar el derecho a defensa de Baratta.

“Se trata de verificar si el testigo que declara en este momento en nuestra presencia brindó alguna otra manifestación como arrepentido que tiene una versión contradictoria”, dijo.

Beraldi remarcó que “es uno de los primeros casos donde vemos que alguien como testigo aparece en este juico y antes cumplió función de imputado colaborador”.

El testigo se retiró de la sala mientras se discute si se le pueden exhibir sus declaraciones anteriores

Zabaleta se retiró de la sala ante un planteo de la defensa de Baratta sobre la necesidad de exhibirle sus declaraciones anteriores, durante la investigación en 2018.

La abogada remarcó la necesidad de señalar “contradicciones” y confrontar los dichos del ex gerente de Techint. “Estamos ante un caso inédito con el señor Zabaleta, tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos, que es sobreseído” y por estos hechos “los van a usar como cargo”. “Es inédito”, dijo.

“En este caso este señor es un testigo, ¿tampoco vamos a poder preguntarle a él, a alguien que fue privilegiadamente sobreseído en esta causa, el único arrepentido que recibió el privilegio”, dijo la abogada Gómez Alcorta. “¿Qué más nos van a impedir a las defensas?”, se preguntó.

“Hay una obstrucción sostenida” a la hora de llegar a la verdad. “No llego a comprender a quién buscan proteger en cada hecho en el que a la defensa nos atan las manos”, agregó.

La abogada advirtió que “le están vulnerando a Roberto Baratta el derecho a defenderse”.

Antes de resolver el Tribunal Oral Federal 7 escucha los argumentos de más abogados defensores que adhieren al planteo de la defensa de Baratta.

Zabaleta responde preguntas de la defensa de Roberto Baratta

El ex ejecutivo de Techint contó sobre sus inicios en la compañía cuando estudiaba en la facultad en 1969 hasta su jubilación. También habla de su vínculo con el CEO de la empresa Paolo Rocca al responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gomez Alcorta.

“Entiendo que el señor que manejaba” el dinero “le habrá informado a Roca” dijo sobre los pagos.

La defensa lo interroga sobre diferentes sociedades vinculadas a Techint y el rol del testigo en cada una de ellas. También sobre personas integrantes de esas sociedades y su grado de conocimiento sobre ellas.

Son “preguntas para entender su rol y su capacidad de tomar decisiones”, precisó la letrada.

“Me tenés que dar dólares” contó Zabaleta que le exigía Baratta

“Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Zabaleta recordó cómo fue detenido en la causa y dijo que las fechas de las entregas coinciden con las anotaciones de los cuadernos del remisero arrepentido Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario de Planificación Federal Baratta.

Comenzó a declarar como testigo el ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta

El contador de 80 años responde preguntas de la fiscal Fabiana León luego de prestar juramento de verdad y ser informado de su derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo porque estuvo imputado en el caso.

Zabaleta comenzó recordando cómo fue detenido en el caso por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio. “Si si era cierto”, respondió sobre paquetes que le entregó al acusado Roberto Baratta. Las visitas del ex funcionario a la empresa figuran en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

“Me instruyó de entregar esos paquetes Luis Betnaza”, por entonces director de Relaciones Institucionales de Techint. “Las entregas eran de dinero y cada entrega estaba en el orden de 600, 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”.

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El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Jorge Hugo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.

En la presentación ante el Consejo, Pinarello atribuyó al magistrado hechos que, según sostuvo, podrían constituir “faltas disciplinarias y/o causal de mal desempeño”. En paralelo, dentro del expediente penal, el imputado solicitó su apartamiento por “enemistad manifiesta y pérdida objetiva de la imparcialidad”. Pinarello es un empresario marplatense y jugador de póker que fue procesado por Inchausti con prisión preventiva. La acusación lo ubica como organizador de una presunta asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.

Actualmente, Pinarello cumple prisión domiciliaria. Este mes, además, Inchausti dispuso una nueva ronda de indagatorias para 16 personas por presuntas maniobras de lavado. Entre los convocados quedaron el propio Pinarello, su padre, Elías Guillermo Pinarello, ex comisario de la Policía Bonaerense, y su hermana.

Uno de los principales ejes de la denuncia disciplinaria se refiere a la difusión de información del expediente mientras se encontraba bajo secreto de sumario. Según el escrito, la reserva fue levantada el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre las hipótesis acusatorias, las medidas ordenadas y circunstancias personales de quienes aparecían vinculados a la investigación.

Pinarello afirmó que varias publicaciones reprodujeron datos coincidentes y señaló que esa circunstancia “razonablemente permite inferir la existencia de una fuente común de información con acceso privilegiado al expediente”. Por ese motivo, el denunciante pidió al Consejo que investigue específicamente el origen de las filtraciones producidas durante la vigencia del secreto. La presentación también cuestionó la difusión de referencias a Elías Pinarello.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae, el excomisario no había sido citado a indagatoria hasta el 6 de agosto pasado. El planteo requirió que se determine si la información publicada pudo haber provenido de funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público Fiscal o integrantes de fuerzas de seguridad con acceso a las actuaciones.

El pedido para apartar al juez

La recusación incorporó otro argumento: un supuesto conflicto previo entre Inchausti y el padre del acusado. En 2016, Elías Pinarello se desempeñaba como director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata y mantenía, por esa función, una relación institucional con el juez.

Según el relato de su hijo, durante una reunión en el despacho del magistrado se produjo una discusión por diferencias de criterio. El escrito afirma que Inchausti le manifestó “que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera, y que, en caso de no adecuarse a tales directivas, duraría poco tiempo en el cargo”, con una referencia a su carrera profesional. La defensa ofreció como testigo de ese encuentro a Juan Zanocchia, entonces segundo jefe de la dependencia policial.

El planteo vinculó ese episodio con una serie de circunstancias posteriores que afectaron a Elías Pinarello. Entre ellas, la recusación mencionó su traslado a La Plata, su posterior pase a retiro y, ya dentro de la causa actual, una inhibición general de bienes dispuesta en noviembre de 2025 y el bloqueo durante más de dos meses de su cuenta sueldo. Otro capítulo de la presentación se concentra en la comparación entre Pinarello y su coimputado Joaquín Otero Cao. La defensa planteó que ambos atraviesan situaciones procesales equivalentes, pero recibieron un tratamiento distinto al momento de resolverse sus pedidos de prisión domiciliaria.

De acuerdo con la recusación, Inchausti concedió en primera instancia el beneficio a Otero Cao y rechazó el solicitado por Pinarello. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó posteriormente esa decisión y otorgó la morigeración. La fiscalía recurrió el fallo ante Casación y, después de un resultado adverso, presentó un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible y luego una queja ante la Corte Suprema.

La defensa cuestionó además la forma en que se ejecutó la decisión de la Cámara. La presentación sostuvo que la salida de Pinarello quedó supeditada a la colocación previa de una tobillera electrónica y que esa exigencia prolongó su permanencia en prisión durante casi diez días. En cambio, según el mismo escrito, Otero Cao había dejado el penal en diciembre de 2025 sin que previamente le instalaran ese dispositivo.

La recusación también advirtió una diferencia en las cauciones. Inchausti fijó $100 millones para Pinarello y $50 millones para Otero Cao. El escrito cuestionó que no se hubiera explicitado una diferencia objetiva en las imputaciones o circunstancias procesales que justificara esa disparidad.

Otro de los cuestionamientos se refiere a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. El imputado afirmó que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento de la orden de captura en su contra y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, la recusación sostuvo que el juzgado y la fiscalía “construyeron en sus piezas procesales una narrativa” según la cual había sido capturado mientras intentaba fugarse.

Con todo, Pinarello solicitó ante el Consejo de la Magistratura la apertura de actuaciones disciplinarias para investigar el origen de las filtraciones y evaluar la conducta funcional de Inchausti. En paralelo, en la causa penal, la defensa pidió el apartamiento del magistrado y, en caso de que el planteo sea rechazado, la elevación de las actuaciones al tribunal superior para su resolución.

Una causa por 167 gramos de marihuana escondidos debajo de una baldosa en una celda terminó abriendo una discusión mucho más amplia: quién está habilitado para acusar en nombre del Estado dentro del nuevo sistema acusatorio federal.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió ahora que los fiscales interinos sí pueden hacerlo y revocó al juez que había invalidado su intervención.

La decisión fue adoptada de manera unipersonal por el camarista Daniel Antonio Petrone y dejó sin efecto una resolución del juez con funciones de revisión de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

El conflicto se produjo en la causa contra Marcelo Alejandro Cáceres, acusado de haber tenido el 11 de marzo de 2025 un total de 167,25 gramos de cannabis distribuidos en trece envoltorios y ocultos debajo de una baldosa de la celda N°24 del Pabellón N°1 de la Unidad N°15 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encontraba alojado solo.

La fiscalía calificó el hecho como tenencia simple de estupefacientes y solicitó un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa y la declaración de reincidencia.

Sin embargo, cuando llegó el momento de controlar esa acusación, el debate dejó de girar sobre la droga.

La fiscal federal interina Sandra Susana Fernández había firmado el requerimiento contra Cáceres el 20 de marzo pasado. En la audiencia posterior intervino Pablo Fernando Mansilla, también fiscal interino de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

El camarista Leal de Ibarra cuestionó de oficio la validez de ambas intervenciones. Entendió que Fernández y Mansilla no habían atravesado el procedimiento correspondiente a la designación definitiva de fiscales y, por ese motivo, declaró inválida la participación del Ministerio Público. Además, ordenó que la acusación fuera ratificada dentro de diez días por otro fiscal.

El Ministerio Público recurrió. Sostuvo que esa decisión desconocía su autonomía y las facultades que la ley le otorga al procurador general para cubrir provisoriamente las vacantes.

Dos formas de cubrir una fiscalía

El punto central del fallo de Casación está en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N°27.148.

Su primer párrafo establece el mecanismo para nombrar fiscales definitivos: concurso público de oposición y antecedentes, conformación de una terna, elección de un candidato por el Poder Ejecutivo y posterior acuerdo del Senado.

Pero la misma norma contempla qué ocurre mientras ese proceso no finalizó. Su segundo párrafo dispone expresamente que “el Procurador General de la Nación podrá cubrir interinamente el cargo de que se trate hasta la designación definitiva de su titular”.

Petrone consideró que ambos mecanismos cumplen funciones diferentes y que exigirle a un fiscal interino que previamente complete todos los pasos de un nombramiento definitivo volvería inaplicable la segunda alternativa prevista por la propia ley.

Según consideró el juez del máximo tribunal penal del país, “la cobertura interina presupone, precisamente, que el cargo aún no ha sido provisto de manera definitiva”, sostuvo.

El magistrado también recordó que el artículo 120 de la Constitución Nacional reconoce al Ministerio Público como un órgano independiente y con autonomía funcional. Esa característica está desarrollada en el artículo 4 de la Ley 27.148, mientras que el artículo 9 define al organismo como una estructura jerárquica, única e indivisible, cuya máxima autoridad es el procurador general.

El nuevo sistema acusatorio

La discusión adquirió una dimensión particular porque el expediente tramita dentro del sistema acusatorio federal, vigente desde el 2 de diciembre de 2024 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que comprende Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El modelo modificó la distribución tradicional de funciones dentro del proceso penal federal. La investigación y el impulso de la acción penal quedaron en cabeza del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces intervienen como garantes de derechos, resuelven las controversias planteadas por las partes y controlan las medidas que requieren autorización jurisdiccional.

En ese esquema, la acusación dejó de estar dirigida por un juez de instrucción y pasó a depender directamente de los fiscales, lo que otorgó una relevancia concreta a la discusión sobre quiénes están habilitados para ejercer esas funciones.

Durante la audiencia ante Casación, el fiscal general Raúl Omar Pleé advirtió sobre las posibles consecuencias operativas del criterio sostenido por Leal de Ibarra: afirmó que en toda esa jurisdicción existen 14 fiscales, pero solo cuatro cuentan con cargos efectivos bajo la interpretación cuestionada.

Fiscales interinos no son auxiliares

Otro punto que Casación consideró relevante fue la diferencia entre un fiscal interino y un auxiliar fiscal.

El artículo 94 del Código Procesal Penal Federal permite que los auxiliares realicen numerosos actos procesales, pero les prohíbe formular acusaciones y adoptar decisiones que impliquen disponer de la acción penal.

Petrone entendió que esa restricción no podía extenderse a Fernández y Mansilla, porque ambos habían sido formalmente designados como fiscales interinos mediante resoluciones del procurador general interino Eduardo Casal.

“No se trató de funcionarios a quienes se les hubieran delegado informalmente determinadas tareas propias de ese cargo o que hubieran asumido funciones que excedieran las legalmente establecidas”, señaló.

Casación consideró, por lo tanto, que estaban habilitados tanto para formular la acusación como para intervenir en su audiencia de control y calificó de “arbitrario” el criterio utilizado para invalidar sus actuaciones.

No era la primera vez que la controversia llegaba a esa instancia. En julio, el juez de Casación Mariano Borinsky había revocado otra resolución de Leal de Ibarra en el caso “Jaramillo”, donde el magistrado había sostenido una posición similar frente a fiscales interinos.

En el expediente Cáceres, Petrone declaró válidas las intervenciones de Sandra Susana Fernández y Pablo Fernando Mansilla y dispuso que las actuaciones continuaran según su estado. La acusación por tenencia simple de estupefacientes quedó nuevamente radicada en la instancia de control prevista por el Código Procesal Penal Federal.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, habló este lunes sobre el impacto de las vacantes en el funcionamiento de la Justicia y pidió continuar el proceso de cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores.

Lo hizo durante el acto oficial por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Misiones, celebrado en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas, y encabezado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

“No hay un discurso republicano, ni de defensa de la justicia, que se pueda asentar sobre la base de un sistema judicial que carezca de jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Rosatti durante su intervención.

El titular de la Corte reconoció, en ese contexto, el avance de los procesos destinados a cubrir puestos actualmente vacantes. “De manera que vaya mi reconocimiento especial al señor ministro por lo que se viene haciendo en los últimos meses en materia de cobertura de las vacantes, y esperamos que esto siga así. Y también el reconocimiento al Senado de la Nación, por supuesto”, señaló.

Y agregó: “Creo que, me atrevo a decir, tanto el Dr. Casal como el Dr. Ranchetti deben compartir este criterio. No podíamos seguir trabajando sobre la base de 25, 28, 30% de vacantes. Necesitamos un sistema judicial que funcione a pleno, y para eso necesitamos a nuestra gente”.

Además de Rosatti y Mahiques, participaron del acto el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal; el defensor general de la Nación, Julián Langevin; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

La actividad coincidió con la puesta en marcha del sistema acusatorio en toda la provincia, con alcance sobre las sedes judiciales de Posadas, Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú. Con Misiones, el nuevo Código Procesal Penal Federal pasó a funcionar en 10 distritos federales y 17 provincias.

El cambio modifica la distribución de funciones dentro de las investigaciones por delitos federales. Bajo el esquema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal queda a cargo de investigar y formular la acusación, mientras que la defensa representa técnicamente a la persona imputada y los jueces intervienen como terceros imparciales para resolver las controversias planteadas por las partes en audiencias orales.

El modelo se apoya, entre otros principios, en la oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración, con una dinámica que reduce el peso del expediente escrito y concentra buena parte de las decisiones en audiencias.

La implementación en Misiones fue precedida por trabajos de capacitación, incorporación de tecnología y adecuación de espacios judiciales. En las semanas anteriores, el Ministerio de Justicia desarrolló actividades de formación destinadas a jueces, fiscales, defensores y equipos que comenzarán a operar con el nuevo régimen.

También se prepararon las salas necesarias para las audiencias. Según había informado el Consejo de la Magistratura, se adecuaron seis espacios distribuidos entre Posadas, Puerto Iguazú, Oberá y Eldorado, junto con dependencias de la Oficina Judicial. La inversión destinada a infraestructura y mobiliario ascendió a $103.776.700.

La Procuración General, por su parte, reorganizó su estructura para adaptarla al nuevo modelo y creó mediante la Resolución PGN 59/26 la Fiscalía de Distrito de Misiones, que desde este lunes concentra la representación del Ministerio Público Fiscal en la provincia.

La jurisdicción tiene además una particularidad geográfica vinculada con su extensa zona fronteriza y el movimiento de personas y mercaderías, un escenario en el que interviene habitualmente la Justicia federal en investigaciones relacionadas con delitos complejos y transnacionales.

La próxima etapa del cronograma está prevista para el 21 de septiembre en la jurisdicción federal de La Plata. El sistema comenzará luego a regir en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027 y en Córdoba desde el 8 de marzo. Para Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA todavía no se fijaron fechas de implementación.

Hay un tramo de poco más de dos horas en la última navegación del ARA San Juan que, casi nueve años después de la tragedia, continúa sin una explicación definitiva.

A las 8:36 del 15 de noviembre de 2017 comenzó el último intento automático de conexión del submarino mediante el sistema satelital Iridium. Se prolongó durante 532 segundos, hasta aproximadamente las 8:45. A las 10:51, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) fijó la producción de un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”.

Entre esos dos mojones no hubo nuevas comunicaciones provenientes de la nave.

Ese interrogante ocupa un lugar relevante en los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este jueves y permite observar desde otra perspectiva el debate sobre las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.

El 8 de julio, al término del juicio, el tribunal condenó por mayoría al ex capitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, mientras que los otros tres ex altos mandos que llegaron al debate, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, fueron absueltos por unanimidad. Villamide había sido comandante de la Fuerza de Submarinos y autoridad de control operativo de esas unidades durante 2017.

La condena tampoco fue unánime: Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto conformaron la mayoría, mientras que Luis Alberto Giménez se inclinó por absolver también a Villamide. La diferencia adquiere especial relevancia al leer ahora sus argumentos, porque uno de los puntos que los separó fue, precisamente, hasta dónde podía avanzar la atribución penal cuando la secuencia física que desembocó en el naufragio no pudo reconstruirse en su totalidad.

El juicio se desarrolló en Río Gallegos entre el 3 de marzo y el 8 de julio de este año. La acusación estuvo encabezada por el fiscal general interino Gastón Franco Pruzán y, en representación de distintas familias de los tripulantes, participaron como querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras. Durante el proceso declararon decenas de submarinistas, técnicos, especialistas y ex integrantes de la Armada.

Los cuatro imputados ocupaban distintos lugares en la cadena naval. López Mazzeo estaba al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); Villamide conducía el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Alonso era jefe del Estado Mayor de ese comando y oficial evaluador del alistamiento; y Correa se desempeñaba como jefe del Departamento de Operaciones, además de tener funciones vinculadas con la navegación y las comunicaciones.

Fue dentro de ese extenso debate donde las últimas horas del San Juan adquirieron un peso decisivo.

Lo que ocurrió antes del silencio

Buena parte de la madrugada del 15 de noviembre pudo reconstruirse.

Durante la noche anterior, en medio de condiciones meteorológicas adversas, ingresó agua de mar por el sistema de ventilación hacia el sector de la batería de proa. La contingencia provocó un cortocircuito y un principio de incendio. La tripulación salió a superficie para ventilar y la batería afectada quedó fuera de servicio.

Informado de la situación, Villamide canceló la patrulla y dispuso que el submarino regresara a Mar del Plata.

A las 6 de la mañana, el comandante del San Juan, Pedro Martín Fernández, transmitió un SITREP -un reporte de situación- en el que informó lo ocurrido. Para entonces la nave continuaba desplazándose y lo hacía con circuito dividido, mediante la sección de propulsión que permanecía operativa.

Ese mensaje fue interpretado por algunos especialistas como un dato relevante: el submarino había sufrido una avería seria, pero todavía estaba bajo control. Uno de los testigos recordó que el reporte señalaba que no había novedades entre el personal y que la unidad continuaba navegando; por eso, explicó, transmitía “cierta tranquilidad”.

Poco después, Fernández solicitó modificar el itinerario de regreso. A las 7:19 se produjo la comunicación telefónica desde la nave. Luego, a las 8:27, desde tierra fue autorizado el cambio de ruta y nueve minutos más tarde comenzó el último log on del sistema satelital Iridium.

Ese registro técnico terminó alrededor de las 8:45.

A partir de allí, la reconstrucción deja de apoyarse en comunicaciones directas del San Juan.

Uno de los submarinistas que intervino en el Consejo Asesor del Arma Submarina describió durante el juicio el límite de la información disponible: después del último turno de comunicaciones, “la antena no se loggeó más con el satélite”. Y precisó: “A partir de ahí no sabemos si arriaron la antena, o apagaron el equipo, tampoco si se quedaron en plano periscopio o fueron a plano profundo”.

La duda, agregó, alcanzaba incluso a la relación entre la avería de la madrugada y el desenlace posterior: “La pregunta es si lo que pasó a las 10.51 tiene algo que ver con lo que pasó a la medianoche, se puede pensar que sí, pero también puede ser que no se relacionen, porque puede ser que haya pasado otra cosa”.

El mismo testimonio condensó el punto hasta donde podía llegar la certeza técnica: “La única certeza es que el submarino se fue demasiado en plano e implosionó”.

En otros términos, se conoce el desenlace: el San Juan descendió hasta superar la profundidad que su estructura podía resistir y sus restos fueron encontrados posteriormente a 907 metros. Lo que permanece abierto es qué desencadenó la pérdida de control que lo llevó hasta allí.

Distintas explicaciones posibles

Las audiencias expusieron varias secuencias técnicamente compatibles con ese desenlace, pero ninguna logró convertirse en una explicación única y comprobada.

El capitán de navío Diego Daffunchio, submarinista que posteriormente comandó el ARA Santa Cruz, analizó las causas capaces de producir una pérdida de plano. Entre las alternativas mencionadas en su declaración figuraron un blackout, la rotura de una tubería o una falla en la alimentación eléctrica que afectara el sistema de control de los planos.

Otros testimonios se detuvieron precisamente en la posibilidad de un apagón. Los especialistas en electricidad Luis Amilaga y Jorge Mercado explicaron durante el debate los procedimientos previstos ante un blackout total: reiniciar manualmente los interruptores de las baterías e intentar restablecer cuanto antes la alimentación.

La pérdida de propulsión aparecía como otra posibilidad vinculada. El problema no era solo identificar una falla eléctrica, sino establecer si una contingencia de ese tipo podía haber dejado al submarino sin capacidad suficiente para detener el descenso.

También cobró relevancia una eventual generación de hidrógeno en el sector de las baterías.

Esa línea había sido estudiada por la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa, integrada por los contraalmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama, y por el capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo. Los tres tenían experiencia submarinista; Trama y Bergallo habían comandado el ARA San Juan. Este último, además, era el padre de Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante de la nave y uno de los 44 fallecidos.

La comisión examinó la posibilidad de que, después del ingreso de agua y el cortocircuito, se hubiera generado suficiente hidrógeno como para provocar una explosión interna que neutralizara de inmediato a la tripulación. Durante las audiencias se explicó que sus cálculos contemplaron incluso el tiempo necesario para que ese gas alcanzara una determinada concentración. Pero tampoco sus integrantes presentaron esa reconstrucción como una constatación directa de lo ocurrido.

En uno de los pasajes del debate referido a ese análisis se admitió con claridad el límite de aquella inferencia: “Están seguros que estuvieron en inmersión con el hidrógeno creciendo en el interior, pero no tienen certezas”, consignaron los fundamentos al reproducir la declaración.

La existencia de sistemas para medir gases agregó otra variable. Carlos Schutz, maquinista y ex tripulante del San Juan, declaró sobre los mecanismos de detección y las contingencias registradas durante navegaciones anteriores.

Otro especialista, al ser interrogado directamente sobre qué podía haber agravado la condición del submarino después del SITREP, respondió que solo se le ocurría una producción de hidrógeno superior al 4% que hubiera incapacitado a los tripulantes para reaccionar. Pero, acto seguido, la propia prueba volvió a mostrar su límite: era una explicación posible, no la comprobación de lo sucedido dentro del casco.

La acumulación de hipótesis -una falla eléctrica, una pérdida de propulsión, un nuevo ingreso de agua, una eventual concentración de hidrógeno o algún otro acontecimiento- terminó por exponer el núcleo del problema: los expertos podían describir distintos mecanismos capaces de provocar el descenso, pero no observar cuál de ellos había ocurrido efectivamente.

Ese límite técnico terminó proyectándose sobre la discusión jurídica.

Reynaldi: el riesgo debía analizarse desde antes

Para el presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, la imposibilidad de identificar la última falla física no impedía responsabilizar penalmente al ex oficial Villamide.

El magistrado situó el análisis en los deberes que tenía el ex comandante de la Fuerza de Submarinos y en los riesgos que debía administrar por su función.

Su razonamiento partió de una idea que después su colega Baronetto retomó expresamente: la navegación submarina posee un “riesgo base” tolerado, pero quienes ocupan posiciones de control tienen la obligación de evitar que ese peligro supere los márgenes permitidos.

La discusión, entonces, no debía agotarse en determinar qué ocurrió exactamente dentro del San Juan después de las 8:45. Para Reynaldi también importaba reconstruir qué condiciones habían precedido a ese momento y qué medidas correspondía adoptar frente a ellas.

En ese marco valoró las novedades materiales acumuladas durante 2017, los antecedentes de ingreso de agua, las tareas de mantenimiento pendientes, las inspecciones y la información que llegaba al COFS. La acusación había sostenido que Villamide, por las funciones que ejercía, debía intervenir en el alistamiento, coordinar el sostén logístico y desempeñarse como autoridad de control operativo de los submarinos.

Reynaldi también examinó lo ocurrido durante la última madrugada. Villamide, al conocer el principio de incendio, suspendió la patrulla y ordenó regresar a Mar del Plata, aunque dejó en manos de Fernández la decisión de continuar en superficie o volver a inmersión “según la factibilidad” y las condiciones que enfrentara a bordo.

Para el voto de la mayoría, la autonomía que reglamentariamente tenía el capitán Fernández como comandante del submarino no anulaba las obligaciones propias del jefe del COFS. El llamado “principio de confianza” permite distribuir responsabilidades dentro de una estructura jerárquica compleja, pero no libera necesariamente a un superior de actuar frente a riesgos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

Ahí aparece el punto central de su razonamiento: la falta de certeza sobre el desencadenante inmediato no eliminaba, para el juez Reynaldi, la posibilidad de estudiar si previamente se había incrementado un riesgo que Villamide tenía el deber de controlar.

Baronetto desarrolló esa idea en términos expresos. “En resumen, en los delitos de infracción de deber el garante, como funcionario público, tiene la obligación positiva de configurar un mundo seguro; por ende, cualquier administración defectuosa de su esfera de organización que genere un riesgo prohibido conduce a la responsabilidad”, escribió.

Y agregó: “Como bien dijo el colega preopinante Dr. Reynaldi, se reconoce un ‘riesgo base’ tolerable en la vida moderna, pero el deber de cuidado obliga a mantener la actividad dentro de esos límites”. Luego remató: “Si el garante permite que la peligrosidad desborde los límites autorizados, se configura el injusto”.

Desde ese enfoque, el tribunal podía preguntarse si el resultado representaba la concreción de un riesgo previamente incrementado sin necesidad de identificar una única pieza, maniobra o falla como causa inmediata de los hechos.

Baronetto también abordó otro de los cuestionamientos que atravesaron el expediente: la falta de una pericia integral sobre los restos de la nave. Frente a ese planteo sostuvo que una medida de ese tipo resultaba “innecesaria e inconducente para el dictado de un pronunciamiento de certeza en esta instancia”.

Para justificarlo destacó el caudal de prueba existente: los informes de Kenny, Trama y Bergallo; los dictámenes de Gerardo Bellino y Arturo Marfort; la información del fabricante ThyssenKrupp; las imágenes del hallazgo; los registros de la CTBTO y las declaraciones de decenas de submarinistas.

Giménez: “Es un hecho desconocido”

El juez Luis Alberto Giménez trazó el límite en otro punto.

Para el magistrado, acreditar que Villamide tenía “deberes funcionales” y que existían riesgos anteriores no alcanzaba para imputarle penalmente el resultado trágico. Había que demostrar que las conductas concretamente reprochadas se vinculaban con el estrago de una manera compatible con el grado de certeza requerido para una condena.

Su voto comenzó, incluso, cuestionando la forma en que la acusación había individualizado los deberes de los cuatro imputados. Según escribió, durante el debate persistió una “imprecisión en orden a los deberes incumplidos”, que después no fue subsanada de manera suficiente.

Al llegar a la situación de Villamide, Giménez se detuvo primero en la válvula E19, la pieza del sistema de ventilación vinculada con el ingreso de agua.

“¿Cómo sabemos que falló la válvula? No sabemos qué pasó con la válvula”, planteó.

Para el juez, si la válvula había sido colocada nueva durante la reparación de media vida, no tenía vencido su plazo de recorrido y no existía una solicitud de obra correctiva pendiente sobre ella, no podía trasladarse automáticamente aquel episodio al ámbito de responsabilidad directa del comandante de la Fuerza de Submarinos.

Pero su objeción principal estaba unas horas más adelante.

“El otro obstáculo lo tenemos entre las 8.30 y las 10.51. Es un hecho desconocido, no pudo ser evitado por Claudio Javier Villamide”, sostuvo. Y precisó inmediatamente después: “Segundo obstáculo, el desconocimiento en esta franja, en este lapso que desemboca en la tragedia”.

Para Giménez, ese tramo no constituía una mera ausencia de información susceptible de ser superada mediante la teoría del riesgo. Representaba una incógnita acerca de qué causa se concretó efectivamente.

Su razonamiento apuntaba al nexo: si no podía determinarse qué desencadenó finalmente la pérdida de profundidad, tampoco podía afirmarse con la certeza necesaria que otra conducta del imputado hubiera evitado el naufragio.

A esa conclusión sumó un tercer componente, al que llamó “la cultura organizacional naval”. Describió a la Armada como una organización atravesada por controles horizontales y verticales, reglamentos minuciosos y una distribución específica de competencias.

“Villamide no podía hacer lo que quería, estaba todo regulado”, escribió. Y colocó junto a esos reglamentos otro límite para su actuación: la autonomía del comandante de la unidad, que definió no como una concesión de Villamide, sino como “una obligación reglamentaria de respetarse”.

En esa lectura, el capitán Pedro Martín Fernández era quien se encontraba en el escenario, conocía directamente el comportamiento de la nave, el estado de su tripulación y las condiciones del mar. Villamide había recibido la novedad, suspendido la misión y ordenado el regreso. El interrogante era hasta dónde podía exigírsele desde tierra anticipar un acontecimiento que todavía hoy no pudo establecerse con precisión.

Las dos posiciones terminaron enfrentándose sobre una cuestión común.

Para Reynaldi y Baronetto, desconocer la falla final no impedía determinar si, antes de ella, se había creado o tolerado un riesgo jurídicamente desaprobado que finalmente se concretó en el estrago.

Para Giménez, en cambio, esa misma incógnita impedía cerrar el vínculo causal: si no se sabía qué ocurrió durante el tramo decisivo, no podía asegurarse que el resultado correspondiera precisamente al riesgo atribuido a Villamide y no a otro episodio posterior.

Con todo, el juicio reconstruyó comunicaciones, decisiones, averías, procedimientos y buena parte de la última navegación. Los expertos pudieron describir escenarios técnicamente posibles y los jueces establecieron responsabilidades diferentes para los cuatro ex altos mandos que llegaron al banquillo.

Pero las dos horas que van del último registro del Iridium al evento de las 10:51 conservaron un interrogante que terminó atravesando el propio fallo.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el canciller Pablo Quirno suscribieron un acuerdo para agilizar la cooperación penal internacional y ordenar el intercambio de información y pruebas con otros países en investigaciones que atraviesan fronteras.

El convenio, firmado en el Palacio San Martín y protocolizado mediante la Resolución PGN N° 58/26, establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) para tramitar pedidos de asistencia jurídica provenientes del exterior o formulados por fiscales argentinos.

En términos sencillos, la asistencia jurídica internacional es el mecanismo formal mediante el cual autoridades de diferentes países colaboran para obtener pruebas o realizar diligencias que una investigación penal necesita fuera de su territorio. Puede comprender documentación, información financiera, evidencia digital u otras medidas vinculadas con personas, bienes o activos localizados en otra jurisdicción.

El documento establece como finalidad que ambas instituciones, dentro de sus respectivas competencias, “colaboren entre sí para promover una cooperación internacional en materia penal más eficiente y coordinada”, que permita mejorar el intercambio de información y evidencia, optimizar las investigaciones y abordar con mayor eficacia fenómenos criminales de carácter transnacional.

Uno de los puntos centrales regula qué ocurrirá con los pedidos que llegan a la Argentina desde otros países. Cuando las medidas requeridas puedan ser ejecutadas por el organismo fiscal, la cartera diplomática las remitirá para su cumplimiento.

La situación cambia cuando esas solicitudes implican medidas coercitivas que restrinjan la libertad, los derechos o los bienes de una persona. Para esos casos, el texto dispone que el MRECIC “enviará el requerimiento directamente a la autoridad judicial competente, con aviso al MPFN”, para que el fiscal interviniente pueda representar el interés de la asistencia solicitada durante el trámite judicial.

El convenio también ordena el recorrido inverso: los pedidos de colaboración que realicen fiscales argentinos a autoridades de otros países. En esos supuestos, “el MPFN remitirá al MRECIC todos los requerimientos de asistencia jurídica internacional formulados por sus agentes fiscales” cuando deban canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central de un tratado o por la vía diplomática.

La intención es, además, que esos trámites puedan seguirse de principio a fin. El acuerdo determina que “el MPFN mantendrá informado al MRECIC sobre el curso de acción, estado de tramitación y ejecución de los requerimientos remitidos al MPFN”. Una vez cumplidas las medidas solicitadas desde el exterior, las actuaciones deberán regresar a la autoridad central para su posterior envío al Estado requirente.

Para concentrar ese vínculo fueron designadas dos dependencias específicas: la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), por la Procuración, y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJIN), por Relaciones Exteriores. Ambas funcionarán como canales de coordinación, intercambio de información y seguimiento de los requerimientos.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, la iniciativa busca adecuar esos mecanismos a investigaciones sobre fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo y los ciberdelitos, en un contexto marcado también por la expansión del sistema acusatorio y la creciente importancia de la evidencia digital.

El documento contempla asimismo el intercambio de datos aun cuando no exista previamente un pedido formal de asistencia. La cartera diplomática deberá comunicar al organismo acusador información recibida de autoridades extranjeras que pueda dar cuenta de un delito susceptible de ser investigado en la Argentina o resultar útil para una causa ya iniciada.

En ese sentido, establece que “el MRECIC enviará al MPFN toda información espontánea relativa a cuestiones penales que reciba de autoridades competentes extranjeras”, siempre que pueda resultar relevante para iniciar una acción penal en el país o contribuir al avance o conclusión de una investigación.

La comunicación también funcionará en sentido contrario cuando representantes fiscales cuenten, en el ejercicio de sus funciones, con datos relevantes para investigaciones penales en el exterior, que serán canalizados hacia las autoridades correspondientes.

El acuerdo procura, a la vez, evitar superposiciones entre los mecanismos tradicionales de asistencia internacional y las redes de cooperación directa en las que intervienen los fiscales. Sobre ese punto, dispone que ambas instituciones “promoverán una adecuada coordinación y complementariedad de las actuaciones, gestiones o trámites que se cursen a través de los canales formales de asistencia jurídica internacional y de los mecanismos de cooperación interinstitucional en los que participa el MPFN”.

Como parte de la estructura, se constituirá una mesa de trabajo que deberá reunirse “al menos DOS (2) veces al año” para intercambiar información, experiencias y buenas prácticas, identificar dificultades comunes, definir estrategias y eventualmente elaborar proyectos normativos vinculados con la cooperación penal.

También podrán coordinar acciones para la representación argentina ante mecanismos internacionales de evaluación, seguimiento y monitoreo, entre ellos el G20, la ONU, la OCDE y el GAFI, en asuntos relacionados con asistencia mutua, extradición, recuperación de activos y cooperación interinstitucional.

El convenio prevé además actividades conjuntas de formación y capacitación y habilita la colaboración técnica, jurídica o institucional para la negociación de instrumentos internacionales, acuerdos interinstitucionales y memorandos vinculados con la asistencia penal.

Esa cooperación no supondrá nuevas obligaciones presupuestarias, ya que el texto deja expresamente establecido que el esquema acordado “no implica ningún tipo de compromiso de orden económico y/o financiero ni erogación presupuestaria alguna” para ambos organismos.

El convenio también delimita expresamente su alcance: quedaron fuera de este sistema los procedimientos específicos de extradición, traslado de personas y ejecución de condenas, que continuarán bajo sus respectivos regímenes. A su vez, tendrá una vigencia inicial de dos años, con prórroga automática por períodos iguales.

El mecanismo previsto apunta así a reducir tiempos y mejorar el seguimiento de pedidos que, por definición, dependen de autoridades ubicadas en distintos países, en pesquisas donde una prueba, un activo o un dato relevante pueden encontrarse fuera de la Argentina.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este jueves los fundamentos de la sentencia que el pasado 8 de julio condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron los 44 tripulantes.

El juicio había comenzado en marzo y se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos. A lo largo de más de 20 audiencias declararon casi 90 testigos, entre submarinistas, familiares de las víctimas, técnicos y especialistas. Durante esos meses se discutieron el estado material de la nave, los procedimientos internos de la Armada, las responsabilidades dentro de la cadena de mando y, especialmente, qué podía reconstruirse sobre las últimas horas del submarino antes de su implosión.

Las propias partes acordaron durante el debate el número de testigos y el orden en el que prestarían declaración, en un proceso que incorporó además una extensa cantidad de documentación técnica y administrativa.

La condena contra Villamide no fue unánime. La mayoría quedó integrada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto. Reynaldi desarrolló el voto principal y Baronetto adhirió a sus conclusiones sobre la existencia de los hechos, la calificación legal y la pena, aunque añadió consideraciones propias. El tercer miembro del tribunal, Luis Alberto Giménez, discrepó con esa solución y se pronunció por absolver también al exjefe de la Fuerza de Submarinos.

Sí hubo coincidencia entre los tres magistrados para absolver a los restantes acusados: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo encabezada durante el juicio por Gastón Franco Pruzán, fiscal general interino ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El equipo estuvo compuesto además por el fiscal federal interino de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla, que había intervenido durante la instrucción; el fiscal general interino de Río Gallegos Julio C. L. Zárate y la fiscal general interina de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas María Andrea Garmendia Orueta.

También participaron, en representación de distintas familias, los querellantes Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes fallecidos-, Valeria Carreras y Lorena Arias.

Los cuatro militares ocupaban lugares diferentes dentro de la estructura naval al momento de la tragedia. López Mazzeo, que tenía el grado de contraalmirante, estaba al frente del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA). Villamide era capitán de navío y comandaba la Fuerza de Submarinos (COFS). Alonso, también capitán de navío, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de ese comando, mientras que Correa, capitán de fragata, era jefe del Departamento de Operaciones del COFS.

El rol de Villamide resultó decisivo para el análisis de la mayoría. Desde el 21 de febrero de 2017 era titular del Comando de la Fuerza de Submarinos y ejercía como Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada. La reglamentación le asignaba, entre otras funciones, entender en el alistamiento de los submarinos, asegurar su sostén logístico e intervenir en su conducción.

Cuatro años después de la desaparición del San Juan, Villamide fue destituido de la Armada el 31 de mayo de 2021 como consecuencia de la actuación disciplinaria desarrollada en el ámbito militar. El expediente quedó bajo intervención del Estado Mayor Conjunto luego de que autoridades de la Armada se excusaran de participar.

Durante el juicio penal, el propio Villamide recordó que había llegado al Consejo de Guerra con nueve cargos propuestos y señaló que finalmente fue destituido por “no haberle insistido enfáticamente sobre la conveniencia de permanecer en superficie, no haber convocado a su Estado Mayor, y haber estado procesado”.

Aquella discusión reapareció en la sentencia penal. Uno de los puntos que separó a la mayoría de la minoría fue justamente determinar hasta dónde llegaban las obligaciones de Villamide como superior y qué margen de autonomía conservaba Pedro Fernández, comandante del ARA San Juan, para decidir cómo actuar frente a la emergencia.

Una posición de garante

Reynaldi y Baronetto partieron de las responsabilidades inherentes al cargo que Villamide ocupaba.

Para ambos, el comandante de la Fuerza de Submarinos tenía una posición de garante respecto de las unidades que se encontraban bajo su órbita. Esa función no lo convertía en comandante de cada nave, pero sí le imponía obligaciones propias de supervisión, alistamiento e intervención frente a riesgos que excedieran los márgenes admitidos.

Baronetto explicó que toda navegación involucra un nivel de peligro que el ordenamiento tolera, pero quienes tienen responsabilidades de conducción deben impedir que ese riesgo supere determinados límites.

“En el caso de una actividad de por sí riesgosa, como navegar en el mar, se deben tomar especiales recaudos para que ese riesgo base permanezca dentro de lo tolerado. Si el garante permite que la peligrosidad desborde los límites autorizados, se configura el injusto”, expresó.

La mayoría no ubicó la responsabilidad penal en una única decisión. Por el contrario, reconstruyó una secuencia de omisiones que comenzó meses antes de la última navegación y que, de acuerdo con su razonamiento, culminó en una intervención insuficiente durante la emergencia del 15 de noviembre.

Uno de los primeros antecedentes se remontaba a julio de 2017.

El ingreso de agua de julio

Durante una navegación realizada ese mes, el ARA San Juan sufrió un ingreso de agua relacionado con la válvula E19. El episodio quedó registrado en el informe elaborado posteriormente por Fernández y llegó a conocimiento de Villamide.

El entonces comandante del COFS contó en el juicio que la novedad había llamado su atención y que convocó personalmente a Fernández para pedirle explicaciones.

Según su relato, el comandante le aseguró que el inconveniente estaba solucionado. Villamide explicó por qué confió en esa respuesta: Fernández tenía 26 años de servicio, cerca de dos décadas como submarinista y había sido elegido por la Armada para ejercer el mando de la unidad.

Si un oficial con esas características le decía que el problema había sido resuelto, manifestó, para él estaba resuelto. “Era un tema de confianza sobre el otro profesional”, resumió.

La mayoría interpretó que esa actuación no era suficiente.

Baronetto remarcó que el cargo de Villamide le imponía algo más que pedir una explicación verbal al comandante. Debía establecer técnicamente qué había ocurrido, determinar el origen del ingreso de agua y despejar cualquier duda respecto de la estanqueidad de la unidad.

“Villamide no podía conformarse con la aserción verbal de que el problema técnico estaba ‘solucionado’”, escribió.

Los fundamentos también repararon en la información que posteriormente Villamide elevó a su superior, López Mazzeo. Según el voto mayoritario, la comunicación enviada no reflejó íntegramente las novedades contenidas en el informe original de Fernández y omitió mencionar la maniobra de “homogeneización de la atmósfera” realizada mediante la apertura de la E19 durante la navegación.

Para Baronetto, el episodio formó parte de una conducta asimilable a la “ignorancia deliberada”: Villamide contaba con mecanismos para conocer en profundidad qué había sucedido, pero no avanzó en una investigación técnica suficiente ni adoptó las medidas de control que su función exigía.

“Su inacción no constituye una mera negligencia, sino una decisión voluntaria de no conocer que permitió la elevación del riesgo por encima de lo permitido”, afirmó.

La mayoría entendió que las obligaciones surgidas de aquella navegación no se agotaban en verificar si existía una falla material. También incluían analizar las maniobras realizadas, determinar si debían ser reguladas o prohibidas y ejercer una supervisión más estricta sobre un mecanismo vinculado directamente con la seguridad del submarino.

La inspección pendiente

El siguiente punto fue la inspección de seguridad que debía efectuarse sobre el San Juan.

Villamide había dispuesto que la revisión se concretara antes del 15 de noviembre de 2017, pero el submarino emprendió su última navegación sin que aquella inspección llegara a realizarse.

La nave partió de Mar del Plata el 25 de octubre. El itinerario comprendía el viaje hasta Ushuaia, diferentes actividades de adiestramiento, ejercicios junto con otras unidades de la Flota de Mar y, finalmente, una patrulla de control del mar.

Los jueces de la mayoría describieron aquella operación como una misión de alta exigencia y repararon en que el submarino salió sin que se hubiera completado la revisión prevista.

La defensa destacó que Villamide estuvo personalmente en Ushuaia cuando arribó el San Juan, tomó contacto con la tripulación y no recibió indicaciones de que existiera una novedad capaz de comprometer la seguridad náutica.

Para Baronetto, sin embargo, esa presencia no reemplazaba el procedimiento reglamentario.

El magistrado señaló que su paso por la nave “lejos de eximirlo, resalta la omisión del deber de supervisión sistémica”, porque se priorizó la continuidad de la misión por encima de una verificación técnica completa.

Reynaldi colocó el acento en otro concepto: “intervenir”.

Ese verbo formaba parte de las funciones que la normativa asignaba al jefe del COFS. Bajo esa premisa, razonó que Villamide no podía adoptar una actitud pasiva frente a modificaciones o novedades técnicas que podían alterar la seguridad.

Al examinar uno de esos cambios, puntualizó que Villamide debía “intervenir, no ser un mero espectador con una modificación técnica tan sensible”.

La noche del 14 de noviembre

El segundo gran eje de la condena estuvo concentrado en las horas inmediatamente anteriores a la desaparición.

Durante la noche del 14 de noviembre, el ARA San Juan reportó un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación. El líquido alcanzó el sector de baterías y provocó un cortocircuito y un principio de incendio que, de acuerdo con la información transmitida desde el buque, pudo ser controlado.

La nave se encontraba en superficie, atravesaba un temporal con mar 6 y avanzaba aproximadamente a cinco nudos.

Villamide tomó conocimiento de la situación y, alrededor de las 00:58 del 15 de noviembre, habló directamente con Fernández.

El comandante le confirmó que el submarino permanecía en superficie, que había ingresado agua por el sistema de ventilación, que estaban capeando el temporal, navegaban a cinco nudos y cargaban aire.

Frente a ese escenario, Villamide canceló la patrulla y dispuso el regreso a Mar del Plata.

El mensaje enviado decía: “Solicitar cambio de AVISS / Derrota directa a Mar del Plata / Velocidad a discreción / Inmersión – Superficie según factibilidad / Enviar SITREP ampliatorio”.

La discusión se concentró en esas últimas palabras: “según factibilidad”.

La Fiscalía reprochó a Villamide no haber ordenado de manera expresa que el submarino continuara su regreso en superficie. Reynaldi y Baronetto coincidieron con ese planteo.

Para la mayoría, a esa altura el jefe del COFS reunía demasiada información como para limitarse a cancelar la patrulla y dejar en manos de Fernández la alternativa entre superficie e inmersión.

Conocía el antecedente del ingreso de agua de julio, sabía que acababa de producirse un nuevo ingreso, había sido informado del cortocircuito y del principio de incendio y estaba al tanto de las severas condiciones meteorológicas.

Baronetto entendió que frente a ese panorama correspondía adoptar medidas de mayor intensidad para reducir el peligro.

Según su voto, Villamide debía intervenir “sea volver en superficie, esperar ser rescatados, o el arribo del resto de la flota de mar” y, sin embargo, dejó en manos de Fernández la decisión “según factibilidad, colocándose en una posición de espectador”.

Más adelante sintetizó ese reproche: “En el momento de la emergencia, Villamide abdicó de entender en la gestión del riesgo y dejó librado a la acción del Comandante inferior todas las decisiones”.

La mayoría reconoció que Villamide había adoptado una medida al ordenar el regreso a Mar del Plata. El problema, para esos jueces, fue que no alcanzó a disminuir suficientemente el riesgo.

La sentencia calificó esa intervención como “jurídicamente insuficiente al no ordenar el regreso obligatorio navegando en superficie”, ya que mantuvo abierta la posibilidad de una inmersión luego del cortocircuito y el principio de incendio.

La autonomía del comandante

La defensa contrapuso a ese razonamiento uno de los principios que atravesó prácticamente todo el debate: la autonomía del comandante de la nave.

Villamide explicó que la conducción y seguridad náutica correspondían a Fernández, quien se encontraba a bordo, conocía el estado real del submarino y debía evaluar simultáneamente las averías y las condiciones del mar.

Desde esa perspectiva, impartir desde tierra una instrucción rígida podía incluso interferir en la capacidad del comandante para escoger la alternativa más segura.

Por esa razón, recordó, ordenó “superficie o inmersión según factibilidad”.

La mayoría aceptó que Fernández tenía amplísimas atribuciones como comandante del San Juan, pero rechazó que esa autonomía eliminara las obligaciones propias de Villamide.

Baronetto evocó las declaraciones de varios oficiales que explicaron que ni siquiera el Presidente de la Nación podía obligar a un comandante a zarpar si éste entendía que la unidad no estaba en condiciones.

Pero distinguió esa facultad de la responsabilidad del superior.

La autonomía funcionaba como una garantía de seguridad para quien comandaba el buque, no como una autorización para que el jefe de la Fuerza de Submarinos se desentendiera de riesgos sobre los cuales tenía información.

“El principio de confianza no es absoluto y debe necesariamente ceder en determinadas situaciones”, indicó.

Allí quedó trazada una de las claves jurídicas de la condena: para Reynaldi y Baronetto, la autonomía de Fernández no desplazaba la posición de garante de Villamide.

La disidencia de Giménez

El juez Luis Alberto Giménez observó el caso desde otro punto de partida.

Su discrepancia se apoyó fundamentalmente en una circunstancia que atravesó toda la investigación: nunca pudo establecerse con certeza qué provocó la pérdida de control del submarino y su descenso hasta la profundidad de colapso.

Para el magistrado, esa incógnita tenía consecuencias jurídicas decisivas.

Podían existir irregularidades, omisiones reglamentarias o decisiones discutibles, pero para responsabilizar penalmente a Villamide por el estrago era necesario demostrar algo más: que el riesgo generado por su conducta fue justamente el que se concretó en el resultado.

Giménez también formuló fuertes críticas contra la manera en que fue presentada la acusación.

A su criterio, los fiscales no individualizaron con suficiente claridad cuáles eran los deberes incumplidos por cada acusado ni explicaron adecuadamente por qué ciertas obligaciones podían atribuirse simultáneamente a diferentes integrantes de la cadena de mando.

La acusación, señaló, exhibía “inconsistencias lógicas, contradicciones y vaguedades”.

También cuestionó la lectura de la prueba. A su entender, la Fiscalía se había concentrado en los elementos compatibles con su hipótesis sin otorgar suficiente respuesta a las declaraciones que indicaban lo contrario.

Esa discusión adquirió especial importancia porque el juicio se desarrolló sin una pericia judicial que determinara técnicamente la causa del hundimiento.

Los informes elaborados previamente en sede administrativa por el Ministerio de Defensa y por el Consejo de Guerra habían sido incorporados como prueba documental y sus autores declararon como testigos, pero Giménez puntualizó que no podían equipararse a una pericia producida dentro del proceso penal.

El estado del submarino

La minoría también discrepó con la conclusión de la mayoría acerca de las condiciones en las que el San Juan había emprendido su última navegación.

Giménez examinó la prueba testimonial y documental y concluyó que, considerada en conjunto, permitía sostener que el submarino estaba en condiciones de navegar con seguridad, arribar a Ushuaia, participar de los ejercicios planificados y realizar posteriormente la patrulla de control del mar.

Esa valoración alcanzó también al episodio de julio.

Según el juez, Villamide no había ignorado el ingreso de agua: habló con Fernández, le pidió explicaciones y recibió como respuesta que el problema estaba solucionado.

Giménez ponderó además que varios testigos con experiencia de mando señalaron durante el juicio que habrían procedido de manera semejante.

Desde esa óptica, el principio de confianza sí conservaba relevancia.

Villamide tenía deberes de supervisión, pero Fernández seguía siendo el responsable directo de la nave y de determinar si podía navegar con seguridad. El juez cuestionó que la responsabilidad retrocediera en la cadena de mando sin establecer con precisión por qué Villamide ya no podía confiar en la evaluación del comandante.

“La duda debe beneficiar al imputado”

La mayor distancia entre los votos apareció al analizar la relación entre los desperfectos debatidos y el desenlace.

Para Giménez, ninguna de las novedades técnicas examinadas permitía asegurar que hubiera tenido incidencia en el estrago.

“Nada indica que el SUSJ no estuviera preparado”, escribió. Los submarinistas que declararon, agregó, habían señalado que las observaciones reprochadas por la acusación no afectaban la seguridad de la navegación.

El magistrado sumó una consideración especialmente sensible: tampoco podía excluirse la posibilidad de que alguna actuación desarrollada dentro de la nave hubiera aumentado el riesgo durante las últimas horas.

“Por otro lado, no es posible, por doloroso que sea decirlo, descartar el accionar humano de la tripulación en la elevación del riesgo, por lo que, en todo caso, al desconocer las razones exactas del naufragio, la duda debe beneficiar al imputado”, manifestó.

Para el juez, la misma incertidumbre alcanzaba a la pérdida de plano que terminó provocando la implosión.

“Al no haberse podido determinar las causas de la pérdida de plano (...) el desconocimiento de la causa de dicha pérdida, que es la determinante de que se produjera la implosión, impide formular un juicio de reproche hacia cualquiera de los imputados”, argumentó.

Tampoco consideró esclarecido definitivamente qué ocurrió con la E19 durante las últimas horas.

El ingreso de agua, indicó, era de “causa incierta”: podía haber obedecido a una manipulación incorrecta de la válvula, pero tampoco había elementos para afirmarlo con seguridad ni para concluir que existió una falla material.

La discusión sobre permanecer en superficie

La disidencia se extendió precisamente al comportamiento por el cual Villamide había sido cuestionado años antes en el ámbito disciplinario.

Giménez recogió una conclusión técnica según la cual “no es posible asegurar que el destino de los tripulantes habría sido diferente de permanecer la unidad en superficie”.

El informe advertía que, ante una eventual explosión de hidrógeno, los efectos también podían haber sido graves con el submarino en superficie y recordaba que Fernández debía afrontar simultáneamente el problema interno y un temporal que dificultaba la permanencia del buque en esa condición.

Para Giménez, esa incertidumbre impedía asegurar que la fórmula “superficie o inmersión según factibilidad” hubiera incrementado de manera penalmente relevante el riesgo que terminó concretándose.

Las infracciones administrativas, en su razonamiento, podían ser evaluadas y eventualmente sancionadas en otros ámbitos. Pero para sustentar una condena por un delito de resultado se necesitaba establecer un vínculo que él no consideró probado.

Las tres absoluciones

La discusión entre mayoría y minoría se limitó esencialmente a Villamide.

Los tres jueces coincidieron en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa.

Respecto de López Mazzeo, el tribunal entendió que actuó al frente del COAA amparado por el principio de confianza y sobre la base de información que indicaba que el submarino estaba habilitado para navegar.

También ponderó que no había recibido toda la información sobre las maniobras desarrolladas con la E19 durante julio y descartó que la postergación del ingreso a dique seco para determinadas tareas hubiera comprometido por sí sola la seguridad de la unidad.

En cuanto a Alonso, la sentencia caracterizó sus funciones como jefe del Estado Mayor del COFS como esencialmente asesoras y auxiliares. No formaba parte de la cadena de mando directa entre Villamide y Fernández ni contaba con facultades para decidir sobre el alistamiento material del submarino.

La firma de la Orden de Operaciones 04/17 en ausencia de Villamide tampoco modificó esa conclusión. Los magistrados interpretaron que ese acto no lo convertía en titular del comando ni permitía atribuirle la creación del riesgo que desembocó en el hundimiento.

El mismo criterio se aplicó a Correa. Como jefe del Departamento de Operaciones cumplía tareas administrativas y de asesoramiento, pero no tenía autoridad para impedir la zarpada.

El tribunal tampoco encontró relación entre los problemas mencionados durante el debate respecto del sistema secundario de comunicaciones Eureka y el resultado fatal, porque existían mecanismos redundantes que permitieron mantener contacto con el San Juan hasta las últimas comunicaciones.

De ese modo, la sentencia dejó enfrentadas dos interpretaciones sobre la responsabilidad del único acusado finalmente condenado.

Para Reynaldi y Baronetto, Villamide tenía una función que le exigía intervenir activamente: recibió advertencias antes de la última navegación, no profundizó suficientemente sobre ellas, omitió controles que estaban bajo su responsabilidad y, cuando llegó la emergencia, adoptó medidas que no alcanzaron para reducir un peligro que conocía.

Para Giménez, en cambio, el exjefe del COFS podía confiar dentro de determinados límites en Fernández y, sobre todo, no era posible convertir aquellas omisiones en responsabilidad penal por el hundimiento sin conocer qué fenómeno produjo efectivamente la pérdida de plano.

La pena

Durante los alegatos, la Fiscalía había pedido cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Villamide. La mayoría terminó imponiéndole tres años de prisión de ejecución condicional.

Al graduar la sanción, Reynaldi y Baronetto valoraron como agravante su “doble posición institucional, como Capitán de Navío y Comandante de la Fuerza de Submarinos”, además de la magnitud del resultado: la muerte de los 44 integrantes de la tripulación.

En sentido contrario, computaron una serie de atenuantes. Entre ellos, las acciones que Villamide desarrolló después de la desaparición para colaborar con la búsqueda, la extensión del proceso y que algunos incumplimientos incluidos por la Fiscalía no demostraron una relación concreta con el hundimiento.

La sentencia mencionó específicamente cuestiones vinculadas con el carenado y con el sistema de comunicaciones LINKARA que, aunque habían sido debatidas, no tuvieron incidencia real en el desenlace.

También pesaron su edad, el arraigo, la familia constituida, el nivel de estudios y la ausencia de antecedentes penales computables.

Con esos parámetros, el tribunal fijó tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de seis años para ejercer cargos públicos.

La sentencia dejó así dos lecturas judiciales diferentes sobre una misma tragedia.

Para la mayoría, la imposibilidad de reconstruir cada segundo anterior a la implosión no impedía determinar que quien tenía a su cargo el control operativo de los submarinos había permitido que un riesgo que debía administrar superara los márgenes tolerados.

En cambio, para la minoría ese desconocimiento era precisamente el límite que el derecho penal no podía atravesar: sin saber qué produjo la pérdida de plano del ARA San Juan, no era posible afirmar con la certeza exigida para una condena que las omisiones atribuidas a Villamide hubieran causado el desenlace.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría un dictamen que propone sancionar con una multa equivalente al 35% de sus haberes mensuales, por única vez, al juez nacional en lo Civil Carlos Hugo Goggi, cuestionado por haber declarado de oficio y de manera reiterada la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales.

La medida todavía no constituye una sanción definitiva. El dictamen de mayoría, junto con los emitidos en minoría, será elevado al Plenario del Consejo de la Magistratura, que tendrá la última palabra sobre la aplicación de la multa.

La propuesta reunió seis votos a favor y tres en contra. La acompañaron el presidente de la Comisión, César Grau, y los consejeros Hugo Galderisi, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi. En sentido contrario se pronunciaron los representantes de los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

Jimena de la Torre, autora del proyecto sancionatorio, participó del debate y defendió la medida, aunque no integra la Comisión. También intervinieron durante la reunión Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

El expediente disciplinario se inició en septiembre de 2023 a partir de una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, había dejado sin efecto en distintas causas el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), utilizado para calcular y actualizar los honorarios de los abogados.

Según explicó el propio magistrado durante el trámite, ese mecanismo generaba una desigualdad porque preservaba el valor de los honorarios profesionales mientras otros créditos judiciales, entre ellos determinadas indemnizaciones, no contaban con un esquema equivalente.

La investigación tomó como referencia al menos cinco causas: “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Varias de las resoluciones fueron posteriormente revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El dictamen mayoritario aclara que el cuestionamiento no se apoya en que Goggi haya sostenido una interpretación distinta ni en que sus decisiones hayan sido revisadas por tribunales superiores.

“Un error de juzgamiento aislado, una interpretación minoritaria o una decisión posteriormente revocada se encuentran, en principio, comprendidos dentro del ámbito protegido por la independencia judicial”, señala el texto.

La mayoría entendió, en cambio, que existió un patrón de actuación reiterado: Goggi introdujo de oficio la cuestión constitucional en distintos expedientes, utilizó fundamentos sustancialmente uniformes y mantuvo ese criterio sin incorporar argumentos nuevos frente a las objeciones formuladas por la Cámara y el Ministerio Público Fiscal.

En “Tarrico Villafañe”, por ejemplo, la Sala I calificó sus fundamentos como “conjeturales” y sostuvo que constituían un “mero fundamento aparente”. Meses después, el juez adoptó una postura semejante en “Prokopis”, donde esa misma sala volvió a revocar su decisión.

Para la mayoría, además, el magistrado no acreditó en cada expediente una afectación concreta que justificara apartarse de una ley sancionada por el Congreso.

“En ninguna de las causas examinadas el magistrado individualizó un perjuicio real, actual y específico derivado de la aplicación de la Ley 27.423. Tampoco explicó por qué la cuestión arancelaria no podía resolverse mediante la aplicación de la ley vigente, su interpretación armónica con el resto del ordenamiento o alguna alternativa menos intensa que la declaración de inconstitucionalidad”, sostiene el dictamen.

La propuesta también objetó que la invalidez de la norma fuera declarada sin que las partes tuvieran previamente la posibilidad de discutir esa cuestión. Según el texto, los profesionales afectados debieron recurrir para obtener la aplicación del régimen vigente, lo que incrementó la duración y el costo de los trámites y generó incertidumbre sobre créditos de carácter alimentario.

Durante su descargo, Goggi defendió su actuación y destacó que cumplió las decisiones de la Cámara. “Sí, la Cámara ha revocado muchas de esas resoluciones”, reconoció en la audiencia realizada el 24 de junio. Luego afirmó que había acatado “escrupulosamente todas y cada una de ellas”.

Ese punto concentró buena parte de la discusión dentro de la Comisión.

Lugones advirtió que avanzar disciplinariamente sobre el magistrado podía significar una intromisión en el contenido de sus sentencias y habló de un eventual “comisariato judicial”. Provítola, por su parte, planteó que el caso tenía “gravedad institucional” y cuestionó lo que definió como una “excursión de pesca” sobre los fallos de Goggi.

Del otro lado, De la Torre insistió en que el reproche no estaba dirigido contra una sentencia aislada, sino contra la reiteración de una misma modalidad. “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”, afirmó durante el intercambio.

La postura mayoritaria quedó sintetizada en otro tramo del dictamen: “Quien conoce que su razonamiento ha sido objetado por insuficiente no está obligado a abandonar su posición jurídica, pero sí debe hacerse cargo de las objeciones formuladas, responderlas y aportar razones nuevas o superadoras que justifiquen la reiteración de su criterio”.

La Comisión consideró configuradas dos faltas disciplinarias previstas en la Ley 24.937: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. En cambio, descartó que Goggi hubiera incurrido en actos ofensivos al decoro o que comprometieran la dignidad de la función judicial.

Para graduar la respuesta disciplinaria se ponderó que el magistrado no registra antecedentes firmes, compareció ante el Consejo, ejerció su defensa y acató las revocaciones dictadas en cada expediente. Como factores en su contra se valoraron la reiteración, la extensión temporal de la conducta y la ausencia de una argumentación considerada superadora.

“Dentro del margen legal de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los haberes, la fijación de la multa en el treinta y cinco por ciento (35 %) resulta razonable”, concluyó la mayoría.

Ahora, el Plenario del Consejo de la Magistratura deberá decidir si transforma esa propuesta en una sanción efectiva contra Goggi.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó este miércoles la suspensión del juicio a prueba que había beneficiado a Tomás Elías Cifuentes Latrelle, acusado de publicar en la red social X un mensaje en el que anunció que se inmolaría con un chaleco cargado de explosivos en la puerta de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La decisión fue adoptada por la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de Casación, quien hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y devolvió el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín para que la causa continúe su curso.

El episodio investigado ocurrió a las 23.18 del 27 de diciembre de 2024. Ese día, la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos había realizado una publicación para conmemorar Kwanzaa, una celebración cultural afroestadounidense.

Fue en respuesta a ese posteo que desde el usuario de X denominado “Jorgito Porcel Stan Acacount”, identificado como @leeroykincaid, se escribió: “LAMENTABLEMENTE VOY A TENER QUE INMOLARME CON UN CHALECO LLENO DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS EN LA PUERTA DE LA EMBAJADA”.

El requerimiento de elevación a juicio definió esa publicación como un “comentario intimidante que aludía a la eventual comisión de un delito” dirigido a una publicación de la cuenta oficial de la representación diplomática estadounidense.

A partir de ese mensaje intervino el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Según reconstruyó el máximo tribunal penal del país, luego de una “amplia investigación” se logró identificar a Cifuentes Latrelle como titular del usuario desde el que había sido difundida la publicación.

La pesquisa no se limitó a ese comentario. De acuerdo con la acusación citada en el fallo, en el mismo perfil de X se detectó una “multiplicidad de divulgaciones” contra grupos étnicos, en las que el usuario manifestaba “abiertamente deseos de ocasionar daño a personas o bienes”.

Con las actuaciones delegadas en el Ministerio Público Fiscal, se dispusieron distintas medidas de prueba y luego allanamientos en domicilios vinculados al acusado.

El 6 de febrero de 2025 fueron secuestrados teléfonos celulares, una notebook y un pendrive, que posteriormente fueron sometidos a peritajes.

La conducta atribuida a Cifuentes Latrelle, quien figura en un padrón electoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como estudiante de la carrera de Historia, fue calificada como intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal.

Cuando el expediente llegó a instancia de juicio, la defensa oficial pidió la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, y ofreció que el acusado cumpliera las reglas de conducta que eventualmente estableciera el tribunal, sin que ello implicara una confesión ni el reconocimiento de responsabilidad civil.

Antes de resolver el planteo se confeccionó un informe socioambiental y se incorporaron las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. En la audiencia del 18 de mayo pasado, la auxiliar fiscal María Meincke Patané se opuso a la concesión del beneficio procesal.

La representante del Ministerio Público consideró que “en este caso en particular, por cuestiones de política criminal y en atención a la gravedad del hecho, (...) no corresponde la concesión de la suspensión del juicio a prueba puesto que se podría generar responsabilidad internacional de la República Argentina al afectar relaciones exteriores”.

Tres días después, el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín concedió igualmente la probation por un plazo de un año y seis meses.

Como condiciones, le impuso al acusado fijar domicilio, someterse al cuidado de un patronato o de la institución que se designara y cumplir un total de 96 horas de trabajos no remunerados en una entidad de bien público.

El tribunal que concedió el beneficio consideró que la negativa de la fiscalía no superaba el control de fundamentación. Según sostuvo, las cuestiones de política criminal, la gravedad del hecho y una eventual responsabilidad internacional “no pueden ser los únicos argumentos de la oposición para la concesión de la suspensión del proceso a prueba, cuando el resto de los requisitos están reunidos”.

También precisó que se había dado intervención a un representante de la Embajada de Estados Unidos para participar de la audiencia o formular la presentación que considerara pertinente, pero este “no ha dado respuesta alguna, ni compareció a la audiencia”.

La fiscalía apeló esa resolución ante Casación y planteó que el consentimiento del Ministerio Público constituye un requisito necesario para suspender el proceso penal.

Al fundamentar la apelación, explicó que “no se trató simplemente de la amenaza de uso explosivos -sin dudas, de por sí grave-, sino de hacerlo en la sede de la embajada de un Estado extranjero” y que este tipo de episodios “pueden incidir en las relaciones exteriores del país -especialmente, si se reiteran- y generar responsabilidad internacional”.

El Ministerio Público agregó que, por sus características concretas, el hecho “perturbó de un modo cualificado la paz pública” y vinculó el episodio con las obligaciones asumidas por la Argentina en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La defensa, por su parte, pidió confirmar la suspensión del juicio a prueba. Advirtió que la fiscalía había invocado razones de política criminal sin justificarlas suficientemente en el caso concreto y resaltó que el episodio no había provocado una evacuación ni una afectación material de la sede diplomática amenazada.

“Ni siquiera la Embajada de Estados Unidos se vio afectada en forma alguna”, planteó la defensa al diferenciar este expediente de otros antecedentes por intimidación pública.

Al resolver la controversia, la camarista Ledesma estimó que, aunque la suspensión del juicio a prueba debe analizarse a partir de una interpretación amplia, el consentimiento fiscal constituye un requisito para conceder el beneficio.

La jueza consideró que el Ministerio Público había efectuado un “juicio de oportunidad sobre la conveniencia de llevar el caso a debate oral” y que su decisión estaba sustentada en circunstancias concretas del episodio investigado.

En particular, ponderó que el acusado había anunciado públicamente que “se inmolaría con explosivos en la puerta de la Embajada de los Estados Unidos”, que el mensaje había sido difundido en una red social y dirigido a la cuenta oficial de esa representación diplomática.

Para Casación, esas razones se encontraban “adecuadamente fundadas” y constituían de manera precisa “un juicio de oportunidad sustentado en razones de política criminal vinculadas con el caso concreto”.

En esas condiciones, Ledesma concluyó que el consentimiento fiscal exigido por la ley estaba ausente y que, por lo tanto, el tribunal oral no estaba facultado para conceder la probation.

Por eso, la Sala II hizo lugar al recurso fiscal, casó y revocó el beneficio y devolvió el expediente al tribunal de San Martín para que continúe su curso.

La Municipalidad de San Isidro pidió este martes la declaración indagatoria del exintendente Gustavo Posse en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar, iniciado en 2006 principalmente con fondos transferidos por el Estado Nacional y cuya recepción definitiva fue formalizada casi una década después.

El planteo fue presentado por los abogados Nicolás Ramírez, Juan Oribe y Julieta Melconian, representantes de la comuna, que fue incorporada como querellante por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal cuya validez quedó pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia.

Además de Posse, el escrito solicita la indagatoria de otros ex funcionarios municipales, una supervisora provincial y representantes de las tres empresas que intervinieron sucesivamente en las obras.

La causa CFP 12.590/2014 está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. La investigación fue impulsada inicialmente por el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, quien en 2017 ya había pedido la indagatoria de Posse y de otros involucrados. Actualmente interviene el fiscal Ramiro González, como subrogante de la Fiscalía Federal N° 1.

Qué le atribuyen a Posse

El nuevo pedido pone el foco en el papel que habría tenido Gustavo Posse como máxima autoridad municipal durante la ejecución del denominado Proyecto N° 48 “San Isidro I - Barrio Martín y Omar”.

Posse estuvo al frente de San Isidro durante seis mandatos consecutivos, entre 1999 y 2023. Fue electo intendente por primera vez en 1999, cuando sucedió a su padre, Melchor Posse, al frente del municipio, y reelecto en 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. De ese modo, todo el período que abarca la ejecución investigada, desde 2006 hasta la recepción definitiva de las obras en 2016, quedó comprendido dentro de su gestión.

Los representantes de la comuna señalaron que Posse firmó junto con Héctor Aníbal Prassel, entonces secretario general de Gobierno y Administración, el Decreto 2550/06, mediante el cual se registraron contratos correspondientes a la licitación y se designó a Soluciones Urbanas SRL como encargada de inspeccionar las obras.

Pero la presentación sostiene que su intervención habría excedido la suscripción de actos administrativos. Según el escrito, la Municipalidad era el ente responsable de ejecutar el programa, inspeccionar y certificar los trabajos, rendir cuentas por los fondos recibidos y afrontar con recursos propios las eventuales diferencias.

“Posse no fue un funcionario que firmó documentos rutinarios en ejercicio de sus funciones. Es quien tomó cada decisión política relevante del Proyecto N° 48”, afirmaron los representantes municipales al solicitar que sea citado.

La presentación remarca además que durante su administración se aprobaron 101 certificados de obra y se recibieron un total de $36.088.935,48 provenientes del Estado Nacional, mientras que las pericias incorporadas años después al expediente detectaron diferencias entre los avances documentados y las viviendas que pudieron ser verificadas.

“Todo ello (...) ocurrió bajo la conducción del Sr. Posse como intendente del Municipio y con su firma en los actos administrativos centrales del esquema”, expone el reciente pedido.

Para respaldar esa postura, los abogados citaron el descargo de Fernando Romero, ex subsecretario de Obras Públicas, quien ya declaró como imputado. Según reproduce el escrito, Romero ubicó las decisiones políticas vinculadas con el proyecto en cabeza del entonces intendente.

A partir de ese testimonio, la presentación afirma que ese elemento “permite ubicar a Posse en el vértice de la pirámide decisional bajo la cual se desarrolló toda la ejecución del Proyecto N° 48, desde la adjudicación original en 2006 hasta la recepción definitiva en 2016”.

También destacó que, después de que Romero dejara la Subsecretaría de Obras Públicas en enero de 2009, habría sido el propio Posse quien le pidió que continuara colaborando con la política barrial, “en especial sobre el programa de obras”. Los representantes municipales incorporaron ese episodio como otro argumento para sostener que el entonces intendente mantuvo intervención sobre el proyecto pese a los cambios de funcionarios.

A esos elementos sumaron un Informe de Análisis Reticular elaborado por la PROCELAC, que examinó los vínculos entre las personas y organismos relevados durante la pesquisa.

El pedido de indagatoria no implica, en rigor, un procesamiento ni una definición sobre la responsabilidad penal de Posse. Será el juez Ramos quien deberá decidir si existen elementos suficientes para convocarlo a declarar en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Las 250 viviendas bajo investigación

El expediente investiga la ejecución del Proyecto N° 48, correspondiente al Plan Federal de Viviendas. El programa contemplaba la construcción de 250 unidades en el barrio Martín y Omar y tenía un plazo original de doce meses desde el comienzo de los trabajos, el 17 de octubre de 2006.

La recepción definitiva, sin embargo, fue instrumentada el 30 de marzo de 2016.

Una inspección realizada por el Ministerio Público Fiscal en agosto de ese año constató la existencia de 44 viviendas. Posteriormente, una pericia oficial de ingeniería civil presentada en 2022 determinó que podían computarse 41 unidades técnicamente válidas, equivalentes al 16,4% de las comprometidas.

La pericia contable estableció, por su parte, que los certificados de obra dieron lugar a pagos netos por $37.682.053,54. El contrato original ascendía a $17.319.984,16 y llegó a aquella cifra luego de doce redeterminaciones de precios.

Durante la ejecución participaron sucesivamente EMACO SA, Construcciones Ecológicas SA (CESA) e INELCO SA.

Entre las diferencias señaladas en la presentación aparece que, desde el segundo certificado, se informó un avance del 95% en el ítem denominado “Limpieza de Suelo Vegetal”. Los peritos calificaron esa situación como una “desnaturalización de los certificados de obra”.

Una investigación que comenzó en 2014

La causa se inició el 4 de agosto de 2014, a partir de una denuncia presentada por la entonces concejal de San Isidro Marcela Durrieu.

En 2017, Di Lello solicitó la indagatoria de Posse y de varias de las personas que vuelven a aparecer en el planteo actual. El juzgado consideró entonces que la convocatoria era prematura y entendió que previamente debían realizarse pericias contables y de ingeniería.

Esos estudios fueron incorporados en 2022 y sus autores ratificaron y ampliaron sus conclusiones ante el juzgado en octubre de 2025.

En marzo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió incorporar a la Municipalidad de San Isidro como querellante. Las defensas recurrieron esa decisión y Casación concedió los recursos extraordinarios, por lo que será la Corte Suprema la que deberá revisar si la comuna puede mantener ese rol en el expediente.

Mientras esa discusión continúa abierta, en julio fueron indagados Fernando Adrián Romero, ex subsecretario de Obras Públicas; Germán Víctor Ballester, inspector de obra; y Bernardo Landívar, ex secretario de Obras Públicas.

Ahora, la Municipalidad pidió ampliar las convocatorias.

Además de Posse, solicitó citar a Héctor Aníbal Prassel, ex secretario general de Gobierno y Administración; Federico J. García y Sergio Cesio, quienes ocuparon cargos en Obras Públicas; María de los Ángeles Polantinos, supervisora del Instituto de la Vivienda bonaerense; y Marcelo Nayem, quien intervino en la inspección a través de Soluciones Urbanas.

La nómina incluye también a representantes de las constructoras: Federico León Bensadon, por EMACO; Cecilia Paula Adoue y Alberto Fuscaldo, por CESA; y Ricardo Tajtelbaum y Guillermo Sabbatini, por INELCO.

En el cierre del pedido, los representantes municipales sostuvieron que los elementos acumulados permiten advertir “claros indicios de la posible comisión de una defraudación contra la administración pública y de malversación de caudales públicos”.

La decisión sobre las nuevas indagatorias quedó ahora en manos del juez federal Ramos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes que deberá enfrentar un juicio oral uno de los acusados por los incidentes ocurridos el 12 de junio de 2024 frente al Congreso, cuando manifestantes que protestaban contra la Ley Bases se enfrentaron con las fuerzas de seguridad mientras el Senado debatía el proyecto. Se trata de Brian Ortiz, a quien la Justicia le rechazó el pedido de suspensión del proceso a prueba, conocido como probation.

La decisión fue adoptada por el juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quien rechazó el recurso presentado por la defensa contra una resolución del Tribunal Oral Federal N° 3. El camarista consideró que existe un interés público legítimo en que los hechos sean esclarecidos en un debate oral y que la oposición formulada por la fiscalía y por el Senado de la Nación, constituido como querellante, estuvo debidamente fundamentada.

Ortiz fue enviado a juicio como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. Según el requerimiento de elevación a juicio citado en el fallo, alrededor de las 20.50 de aquella jornada habría agredido con golpes de puño y puntapiés a efectivos policiales en la esquina de Rivadavia y Callao, con el propósito de impedir la liberación de la calzada, generar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos.

Esa es la hipótesis de la acusación, que todavía deberá ser probada durante el debate.

La protesta había comenzado mientras organizaciones sociales, sindicales, políticas y piqueteras se concentraban en los alrededores del Congreso en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno. Con el correr de las horas, la tensión derivó en enfrentamientos en distintos puntos del perímetro legislativo, en especial en las inmediaciones de Callao y Rivadavia y de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

Hubo lanzamiento de piedras, botellas y otros elementos contundentes, vehículos incendiados y vandalizados y efectivos de las fuerzas de seguridad heridos. La policía utilizó gases, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Los episodios se extendieron durante varias horas y también repercutieron dentro del Senado, donde algunos legisladores plantearon interrumpir la sesión por lo que ocurría en las calles.

Finalmente, la votación general de la Ley Bases terminó empatada en 36 votos y fue definida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien votó a favor de la iniciativa.

En ese contexto fue detenido Ortiz.

Su abogada, Myriam Espinoza, pidió que se suspendiera el proceso en su contra y se le concediera una probation. Para sostener el planteo señaló que el acusado no registra antecedentes penales, tiene arraigo y trabaja como vendedor ambulante.

También ofreció una reparación económica de $250.000, reunida -según explicó- con ayuda de su familia, y propuso que realizara durante un año tareas comunitarias en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, en coordinación con el Patronato de Liberados.

El pedido fue rechazado el 11 de junio pasado por el juez Fernando Machado Pelloni, del Tribunal Oral Federal N° 3 porteño. En esa misma resolución también había sido denegada la probation solicitada por Walter Gabriel Quiroga, otro de los acusados por los hechos ocurridos durante la manifestación.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado se opusieron a que Ortiz accediera a una salida penal alternativa.

La querella planteó que los hechos tuvieron una especial gravedad institucional porque ocurrieron mientras se desarrollaba una sesión legislativa y los incidentes llegaron a poner en riesgo la continuidad del debate parlamentario.

La fiscalía, por su parte, reconoció que Ortiz no tiene antecedentes y que, en abstracto, una eventual condena podría ser de ejecución condicional. Aun así, consideró necesario que el expediente avanzara hasta una sentencia que permitiera esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Uno de sus argumentos centrales fue que el juicio permitiría establecer los límites entre el derecho constitucional a la protesta y aquellas conductas que, por involucrar hechos de violencia, pueden quedar alcanzadas por el derecho penal.

La defensa llevó esa discusión ante Casación. Sostuvo que Ortiz estaba siendo valorado por el contexto político y social general de los disturbios, en lugar de analizarse únicamente la conducta concreta que se le atribuye.

Además, presentó como elemento de descargo un registro audiovisual de un noticiero que, según Espinoza, mostraría que su defendido no agredió a los policías y que estaba acorralado en una esquina cuando fue detenido.

La abogada también remarcó que Ortiz se encontraba junto a Gabriel Famulari, quien posteriormente fue sobreseído sobre la base de ese mismo registro, y cuestionó que no se hubiera explicado el distinto tratamiento procesal que recibieron ambos.

Al revisar el caso, Hornos hizo una aclaración relevante: la oposición del fiscal a una probation no resulta automáticamente vinculante para los jueces. Corresponde al tribunal controlar de manera independiente si los argumentos de la acusación cumplen con los requisitos de legalidad, razonabilidad y fundamentación.

En este expediente, sin embargo, entendió que esas condiciones estaban reunidas.

El camarista reconoció que la suspensión del juicio a prueba fue concebida, como regla general, para evitar debates innecesarios, favorecer soluciones reparadoras y reducir los efectos estigmatizantes que puede producir una condena por delitos de menor entidad. Pero sostuvo que su aplicación no puede analizarse al margen de las circunstancias concretas del hecho investigado.

Para Hornos, el interés en que el caso llegue a juicio no supone utilizar el proceso penal como una herramienta abstracta de ejemplificación, sino que encuentra sustento en la naturaleza de la acusación y en el contexto específico en el que presuntamente ocurrió la conducta.

En ese marco, remarcó que la libertad de manifestación y el derecho a la protesta son pilares del sistema democrático, aunque no tienen carácter absoluto.

“Las conductas que aquí se investigan no pueden prima facie encontrar amparo en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta, toda vez que, conforme surge de la hipótesis acusatoria, las mismas no se habrían enmarcado dentro de sus límites legales. En tal sentido, el amparo constitucional a la protesta no tolera, ni legitima actos de violencia, daños o intimidación pública”, consideró el juez.

Luego agregó: “A la luz de las circunstancias del caso, la gravedad institucional del suceso adquiere una dimensión de singular relevancia si se considera que la violencia desplegada -de acuerdo a la acusación formal- habría implicado una afectación directa e intolerable al ejercicio y desenvolvimiento de las instituciones democráticas, en tanto turbó el normal desarrollo de una sesión pública en el ámbito del Honorable Senado de la Nación”.

Y remató: “Por consiguiente, frente a episodios que atentan contra la propia esencia del sistema representativo y republicano, se reafirma el interés público superior en que este conflicto no sea resuelto mediante una salida alternativa, sino a través del debate oral y público, fundado en la necesidad de fijar claramente, a través de una sentencia de mérito, la responsabilidad que le cupo a Ortiz; como así también, la clara delimitación entre lo legalmente permitido en el marco de la protesta social y la violencia prohibida por el derecho penal”.

Durante el operativo del 12 de junio de 2024 hubo 33 detenidos. Finalmente, nueve personas fueron enviadas a juicio oral: Daniela Calarco Arredondo, Walter Quiroga, David Sica, Guillermo Domínguez, Nicolás Antonecchia, Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Valiente, Héctor Mallea y Brian Ortiz.

Con el pronunciamiento de Casación, quedó confirmado el rechazo de la probation solicitada por Ortiz. La discusión sobre si efectivamente protagonizó las agresiones que le atribuye la acusación quedará ahora para el debate oral.

El juez federal Enrique Lavié Pico rechazó este viernes que la demanda presentada por las consejeras Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez para poder competir por un nuevo mandato en el Consejo de la Magistratura tramite junto con la causa iniciada por el camarista Diego Barroetaveña, quien impulsa un planteo similar desde el estamento de los jueces. Aunque los tres discuten qué régimen de reelección corresponde aplicar después de la reorganización del organismo ordenada por la Corte Suprema en diciembre de 2021, el magistrado consideró que se trata de procesos electorales autónomos y ordenó que el expediente de las representantes de la abogacía regrese al juzgado donde había quedado radicado originalmente.

La resolución no definió todavía si De la Torre y Vázquez pueden presentarse a las elecciones del próximo 20 de octubre, ni se pronunció sobre la medida cautelar con la que pretenden mantener abierta esa posibilidad mientras se resuelve la cuestión de fondo. El fallo, en rigor, se limitó a determinar qué tribunal deberá intervenir. Para Lavié Pico, la circunstancia de que las demandas requieran interpretar el mismo artículo de la Ley 24.937 no alcanza para concentrarlas ante un único juzgado.

“Se trata, entonces, de dos estamentos distintos de los que integran el Consejo de la Magistratura conforme al artículo 2° de la Ley N° 24.937 -el judicial y el de los/as abogados/as de la matrícula federal-, cada uno sujeto a su propio cuerpo electoral, a su propio mecanismo de selección o designación y a su propio marco reglamentario, sin que la circunstancia de que ambas causas remitan a la interpretación del mismo artículo 3° de dicha ley baste para tener por configurada la conexidad que autoriza la acumulación de causas”, sostuvo el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6.

La discusión que subyace a ambos expedientes, sin embargo, es la misma: si quienes fueron elegidos para integrar el Consejo durante el período 2022-2026 pueden aspirar inmediatamente a otros cuatro años en el organismo o deben dejar transcurrir un mandato antes de volver a postularse.

La causa de De la Torre y Vázquez, identificada con el número 37.266/2026, había quedado radicada inicialmente ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2. Las actoras pidieron que fuera enviada al tribunal de Lavié Pico porque allí ya tramitaba el expediente del camarista Barroetaveña. El juez Furnari dispuso la remisión “en atención a la conexidad denunciada”, pero, una vez recibidas las actuaciones, Lavié Pico analizó si efectivamente correspondía que ambos procesos avanzaran juntos y llegó a la conclusión contraria.

Según explicó, no existe identidad suficiente entre los sujetos, los estamentos involucrados ni los mecanismos electorales. Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación, pretende competir una vez más como representante de los jueces bajo un proceso con padrón, reglamento y autoridades propias. De la Torre y Vázquez, en tanto, representan a los abogados de la matrícula federal, cuya elección se desarrolla con otro cuerpo electoral y bajo un sistema distinto, con intervención de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Para el magistrado, “no basta que en ambas causas se cuestionen idénticas normas para encuadrar el caso en el supuesto de conexidad de acciones previsto en el Código de rito”.

También descartó que exista un riesgo jurídico de decisiones contradictorias que obligue a concentrar los expedientes. A su criterio, se trata de “sujetos, estamentos -uno judicial, otro correspondiente al de las/os abogadas/os- y procedimientos electorales y de designación diferenciados, cuya suerte no depende reflejamente uno del otro”.

Con esos argumentos, ordenó devolver el caso al Juzgado N° 2.

Las consejeras que quieren competir nuevamente

La demanda fue presentada por De la Torre y Vázquez con el patrocinio del abogado Alberto Garay. Su objetivo es obtener una sentencia que determine que están habilitadas para participar nuevamente como candidatas durante el período 2026-2030.

“Ambas actoras nos desempeñamos actualmente como representantes titulares de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cargos asignados por la Junta Electoral el 25 de octubre de 2022 para el período 2022-2026”, dejaron asentado en el escrito de inicio.

Las elecciones que las llevaron al organismo se realizaron el 18 de octubre de 2022. En el escrutinio definitivo se contabilizaron 36.589 votos válidos. La Lista N° 3, “Abogacía por una Justicia Independiente”, obtuvo 18.121 sufragios; la Lista N° 2, “Compromiso con la Constitución”, reunió 10.872; y la Lista N° 1, “Nueva Abogacía Federal”, consiguió 7.483.

De la Torre fue proclamada tercera titular por “Abogacía por una Justicia Independiente”, la fuerza más votada de aquellos comicios, mientras que Vázquez ingresó como cuarta titular por “Nueva Abogacía Federal”.

Los otros dos titulares proclamados en 2022 fueron Miguel Alberto Piedecasas, también por la Lista N° 3, y Héctor Pedro Recalde, por la Lista N° 2. Como suplentes habían sido elegidos Alberto Maques y César Antonio Grau, quienes actualmente integran el Consejo.

Este año, el propio organismo dejó asentado que están próximos a finalizar los mandatos de De la Torre, Vázquez, Grau y Maques, y convocó formalmente a elecciones para renovar las cuatro bancas de la abogacía el 20 de octubre.

El cronograma ya está en marcha. El 14 de septiembre, a las 13.30, vencerá el plazo para presentar las listas de candidatos, que deberán reunir al menos mil adhesiones. La oficialización definitiva está prevista para fines de ese mes o, si existen impugnaciones judiciales, para los primeros días de octubre.

Ese calendario es uno de los fundamentos de la urgencia planteada por las consejeras.

Qué le piden a la Justicia

De la Torre y Vázquez promovieron una acción declarativa de certeza contra el Consejo para que los tribunales determinen qué régimen de reelección se encuentra vigente. Su pretensión principal consiste en que se considere aplicable el texto original del artículo 3° de la Ley 24.937, que permitía una reelección consecutiva por una única vez.

“La incertidumbre radica en determinar cuál es el régimen legal aplicable a la reelección de los integrantes del Consejo de la Magistratura luego de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ Estado Nacional (...)’ y de la consecuente recomposición institucional del órgano conforme al régimen de las Leyes 24.937 y 24.939”, explicaron.

Y concretaron el pedido: “solicitamos que V.S. declare aplicable a las actoras el texto originario del artículo 3° de la Ley 24.937 -conforme Ley 24.939-, que admite una única reelección consecutiva”.

Si las modificaciones posteriores fueran consideradas un obstáculo para esa solución, reclamaron subsidiariamente que se declare su inconstitucionalidad o inaplicabilidad respecto de ellas. Además, solicitaron una medida cautelar para que, mientras se resuelve la controversia, el Consejo se abstenga de “rechazar, observar, impedir u obstaculizar la presentación, inscripción u oficialización de las candidaturas de las actoras con fundamento en la prohibición de reelección consecutiva”.

De la reelección consecutiva al intervalo entre mandatos

Cuando el Congreso sancionó en 1997 la Ley 24.937, el artículo 3° estableció que los miembros del Consejo durarían cuatro años y podrían ser “reelegidos por una vez en forma consecutiva”.

Poco después se aprobó la Ley 24.939, conocida como “ley correctiva”. Esa norma modificó distintos aspectos de la flamante estructura del organismo, entre ellos su integración, que quedó conformada por 20 miembros, el quórum y el funcionamiento de diferentes órganos internos. No alteró, en cambio, la regla sobre reelección.

El cambio llegó en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, con la Ley 26.080. La reforma redujo de 20 a 13 el número de consejeros y modificó también el artículo 3° relacionado a la duración en el cargo de los miembros del Consejo. A partir de entonces, sus integrantes podían ser reelegidos únicamente “con intervalo de un período”.

En otras palabras, ya no podían encadenar dos mandatos consecutivos de cuatro años.

El fallo que recompuso el Consejo

En diciembre de 2021, la Corte resolvió el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” y declaró inconstitucional el esquema de 13 integrantes establecido en 2006. El máximo tribunal concluyó que esa composición alteraba el equilibrio entre los distintos sectores exigido por el artículo 114 de la Constitución porque los representantes provenientes de los órganos políticos podían alcanzar por sí solos el quórum y tomar determinadas decisiones sin necesidad de consensuar con jueces, abogados o académicos.

La sentencia declaró inconstitucionales los artículos 1° y 5° de la Ley 26.080 e inaplicables otras disposiciones vinculadas con el funcionamiento del organismo en cuestión. Como remedio, dispuso que “en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables recobre plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937 y su correctiva 24.939”.

El Consejo volvió así a una integración de 20 miembros, con la presidencia a cargo del titular de la Corte Suprema, un quórum de doce consejeros y una organización de las comisiones basada en el esquema anterior.

Pero la misma sentencia contiene un pasaje que está en el centro de la controversia actual.

Al referirse a la duración de los mandatos, la Corte indicó que “los integrantes del cuerpo podrán ser reelegidos con intervalo de un período (art. 3° de la ley 24.937, texto según ley 26.855)”. Y agregó una excepción para quienes debían incorporarse para completar la nueva integración: “Excepcionalmente, para los nuevos integrantes no se computará la primera elección a los efectos de una eventual reelección consecutiva”.

La Corte, por lo tanto, no declaró expresamente inconstitucional la regla que exige dejar transcurrir un período antes de otra postulación.

De la Torre y Vázquez no desconocen en su demanda que la Corte mencionó expresamente la regla que exige dejar pasar un período antes de una nueva reelección. Sin embargo, interpretan que esa referencia estuvo vinculada con una transición institucional que el tribunal estaba ordenando en 2021 y sostienen que su alcance no necesariamente se extiende a quienes fueron elegidos en 2022 para integrar, durante un mandato completo, el Consejo ya recompuesto.

Cuatro bancas, padrón único y distrito nacional

En efecto, uno de los ejes principales de la demanda es que, para las consejeras, la sentencia de 2021 produjo una recomposición institucional más amplia que un simple aumento de 13 a 20 miembros. A su vez destacan que el organismo retomó el esquema anterior para definir su composición, el quórum, las mayorías y la estructura de las comisiones, pero también para organizar la representación electoral de los abogados.

Después del fallo del máximo tribunal, volvieron a existir cuatro bancas para la abogacía y la elección de sus representantes pasó a realizarse sobre un padrón que reúne a la totalidad de los abogados de la matrícula federal y bajo un distrito electoral nacional, conforme al esquema reglamentado por el Consejo a partir de las leyes 24.937 y 24.939.

Sobre esa base, las consejeras cuestionan que, mientras gran parte de la organización institucional y electoral volvió al régimen anterior, únicamente la prohibición de una reelección consecutiva permanezca tomada del modelo creado en 2006.

“Si el Consejo organizó la elección del estamento de los abogados bajo el esquema propio de la Ley 24.937 -cuatro representantes, padrón general, distrito único nacional y sistema de asignación compatible con esa estructura-, no resulta razonable ni coherente mantener, únicamente en materia de reelección, una restricción perteneciente al diseño de la Ley 26.080”, afirmaron.

La demanda lleva ese razonamiento un paso más allá. Plantea que la exigencia de dejar pasar un período antes de una nueva candidatura formaba parte de una reforma integral, que en 2006 modificó simultáneamente la composición del Consejo, la representación de los distintos estamentos, el quórum, las mayorías y su funcionamiento. Según las actoras, esa cláusula no debería conservarse de manera aislada después de que elementos centrales de aquel diseño fueron invalidados o desplazados por las decisiones posteriores de la Corte.

En su presentación describen la alternativa como un “régimen híbrido”, construido mediante la combinación de disposiciones provenientes de modelos legales diferentes.

Entre los antecedentes que invocan aparecen los casos Matterson, Molea y Lugones, en los que distintos tribunales abordaron controversias relacionadas con la integración o la posibilidad de reelección después del fallo de 2021. Las propias demandantes aclaran que esos pronunciamientos no equivalen necesariamente a decisiones definitivas sobre la cuestión que ahora plantean, pero los utilizan para sostener que existe una “incertidumbre normativa” suficiente como para impedir una exclusión automática de sus candidaturas.

El antecedente de Agustina Díaz Cordero

De la Torre y Vázquez incorporaron además como argumento la continuidad inmediata de Agustina Díaz Cordero en la vicepresidencia del Consejo.

El artículo 11, según la modificación introducida por la Ley 26.080, establecía también para esa autoridad una posibilidad de reelección con intervalo de un período. Sin embargo, en abril de 2025 el plenario del organismo aprobó que Díaz Cordero continuara al frente de la vicepresidencia.

El acta de la sesión del 23 de abril de 2025 registra que Vázquez propuso su continuidad y que la moción fue aprobada por mayoría.

Las actoras presentan esa decisión como un antecedente de la práctica institucional del propio Consejo y señalan que sería contradictorio interpretar ahora de manera rígida una cláusula de intervalo para excluir sus candidaturas.

El caso Barroetaveña

La discusión ya había llegado a los tribunales a través del estamento judicial. Diego Barroetaveña, actual consejero por los jueces y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, también promovió una acción para que se determine si puede competir por un nuevo mandato durante el período 2026-2030.

En julio, Lavié Pico le concedió una medida cautelar y ordenó al Consejo abstenerse de adoptar decisiones que pudieran limitar su candidatura mientras se resolvía la cuestión de fondo. En ese momento, el juez de primera instancia entendió que podía considerarse que la referencia de la Corte Suprema al intervalo entre mandatos estaba vinculada con el régimen transitorio y que la situación de quienes fueron elegidos posteriormente requería un análisis distinto.

De la Torre y Vázquez reprodujeron extensamente ese razonamiento en su propia demanda y afirmaron que, aunque pertenecen a otro estamento, enfrentan una controversia jurídica semejante.

Esta semana, sin embargo, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal modificó la situación procesal de Barroetaveña. El tribunal de alzada determinó que la apelación presentada contra aquella cautelar debía tener efecto suspensivo, por lo que la protección concedida en primera instancia dejó de producir efectos mientras los camaristas analizan el recurso.

La Cámara no resolvió si Barroetaveña puede ser candidato ni decidió todavía si la cautelar fue correctamente concedida. Sí consideró que la medida dictada por Lavié Pico involucraba una “elíptica suspensión del art. 3° de la ley 24.937”, debido a que permitía provisionalmente sortear la regla que exige un intervalo entre dos mandatos.

Las elecciones de los jueces están previstas para el 8 de octubre, y las listas deberán presentarse hasta el 4 de septiembre a las 16. En el caso de los abogados, los comicios tendrán lugar el 20 de octubre y el plazo para inscribir las candidaturas vencerá diez días después, el 14 de septiembre.

Esas diferencias de organización, electores y calendario fueron precisamente las que Lavié Pico ponderó este viernes para concluir que las causas no deben avanzar juntas.

El expediente de las consejeras regresará ahora al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2, donde todavía deberá resolverse, entre otras cuestiones, el pedido cautelar con el que buscan preservar la posibilidad de competir mientras se define qué régimen de reelección corresponde aplicar. La causa de Barroetaveña, en tanto, continuará su propio recorrido judicial.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió este jueves los efectos de la medida cautelar que preservaba la posibilidad de que Diego Barroetaveña se presentara para un nuevo mandato en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La decisión fue adoptada por los camaristas Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy, quienes hicieron lugar a una queja del Estado Nacional y modificaron la forma en que había sido concedida la apelación contra la cautelar dictada el 14 de julio por el juez federal Enrique Lavié Pico.

El pronunciamiento no definió si Barroetaveña puede o no competir por su reelección en el organismo que selecciona y remueve magistrados ni resolvió todavía si la cautelar estuvo bien concedida. La Cámara, en rigor, abordó una cuestión procesal previa: estableció que, mientras analiza esa apelación, la medida de primera instancia debe permanecer suspendida.

En otras palabras, los camaristas todavía deberán decidir si confirman o revocan la cautelar del juez Lavié Pico. Hasta que eso ocurra, la protección judicial que impedía excluir a Barroetaveña por la discusión sobre su reelección dejó de producir efectos.

“Se resuelve: admitir la presente queja y modificar el modo en que se concedió la apelación deducida por la parte demandada contra la medida cautelar, a la que corresponde atribuir efecto suspensivo”, establecieron los jueces Vincenti, Morán y Duffy.

El juez Barroetaveña es actualmente representante de los jueces ante el Consejo y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue elegido para el período 2022-2026 y su mandato vence el próximo 18 de noviembre.

El conflicto judicial comenzó el 11 de junio, cuando promovió una acción declarativa de certeza para que se determine qué régimen debe aplicarse a la reelección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Mientras se resolvía esa discusión, solicitó una medida cautelar para evitar que el avance del calendario electoral lo dejara fuera de competencia.

El 14 de julio, el juez de primera instancia Lavié Pico hizo lugar al pedido y ordenó al Consejo que “se abstenga de adoptar medidas que tiendan a limitar o a afectar la posibilidad de que el actor se presente y participe como candidato a consejero de ese cuerpo en representación del estamento de los/as jueces/zas del Poder Judicial de la Nación en las próximas elecciones correspondientes al período 2026-2030, siempre y cuando sea elegido por su espacio en la lista correspondiente (...)”.

La resolución no le garantizaba una candidatura ni reconocía definitivamente un derecho a ser reelegido. Preservaba únicamente la posibilidad de participar mientras la Justicia resolvía cuál de las interpretaciones legales debía prevalecer en el caso.

Por qué la Cámara suspendió la medida

El Estado Nacional apeló la cautelar. El juez Lavié Pico concedió ese recurso con efecto devolutivo, lo que significaba que su orden continuaba vigente mientras el tribunal de alzada estudiaba si correspondía mantenerla o dejarla sin efecto.

El Estado cuestionó esa decisión mediante una queja y sostuvo que la apelación debía tener efecto suspensivo. La Sala IV le dio la razón.

Para los camaristas, aunque la orden de primera instancia estaba formulada como una prohibición dirigida al Consejo, en los hechos afectaba la aplicación de la norma que regula las condiciones de reelección.

“Sin adelantar un pronunciamiento sobre la admisibilidad o procedencia de la apelación y más allá del alcance que el juez de grado atribuyó a la orden precautoria, lo cierto es que sus términos involucran una elíptica suspensión del art. 3° de la ley 24.937, sustituido por art. 3° de la ley 26.855”, afirmaron.

Ese razonamiento fue decisivo porque el artículo 13, inciso 3°, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, dispone que el recurso contra una decisión que suspenda los efectos de una norma debe concederse con efecto suspensivo.

De allí surge la consecuencia inmediata: la cautelar dejó de regir, pero todavía no fue revocada en cuanto al fondo.

La discusión sobre la reelección

El litigio gira alrededor de las reformas de la Ley 24.937, que regula el Consejo, y de los efectos de los fallos mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales modificaciones introducidas posteriormente.

La redacción original permitía que los consejeros fueran reelegidos una vez de manera consecutiva. Las reformas posteriores establecieron, en cambio, que solo podían volver a ocupar el cargo con intervalo de un período.

En su resolución, la Sala IV recordó que el juez Barroetaveña postula que las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas por la Corte sobre el diseño del Consejo también incidieron en las condiciones de reelección, aunque destacó que el propio actor reconoció que “este último aspecto no había sido invalidado por el máximo Tribunal”.

Los camaristas remarcaron además que el artículo 3° actualmente aplicable dispone que los miembros del Consejo duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos “con intervalo de un período”.

Ese es, precisamente, el punto que sigue abierto: determinar si esa restricción continúa vigente para los consejeros elegidos en 2022 o si, como sostiene Barroetaveña, corresponde aplicar el régimen que permitía una reelección inmediata.

Una elección con fechas definidas

La disputa judicial transcurre mientras avanza el proceso para renovar a los representantes de los jueces en el Consejo.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidida por Andrés Basso, convocó a las elecciones para el 8 de octubre, entre las 9 y las 18. Se elegirán cuatro consejeros titulares y doce suplentes para el período 2026-2030.

El padrón definitivo deberá quedar establecido al 26 de agosto y las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 4 de septiembre a las 16.

Esos plazos habían sido uno de los argumentos centrales utilizados por Lavié Pico para conceder la cautelar: entendió que, una vez cerradas las etapas de presentación y oficialización de listas, una eventual sentencia favorable podía llegar demasiado tarde para permitir la participación de Barroetaveña.

Ahora, esa protección quedó suspendida. La Cámara todavía deberá resolver si confirma o revoca la cautelar y, por separado, continuará la discusión de fondo sobre si el juez de Casación está habilitado para buscar un segundo mandato consecutivo en el Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves, por unanimidad, la inconstitucionalidad de un artículo del DNU 274/2019, dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que el Poder Ejecutivo no justificó la existencia de circunstancias de necesidad y urgencia que le permitieran modificar por decreto una competencia atribuida por ley a los tribunales.

La decisión fue firmada por los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y surgió a partir de un conflicto entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El caso comenzó cuando la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, sancionó a Cencosud S.A. con una multa de $700.000. En uno de sus establecimientos se había constatado que un producto fue facturado en la caja a un precio superior al exhibido para la venta al público en la góndola.

La empresa recurrió la sanción y el expediente llegó a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, debido a que el artículo 53 del DNU 274/2019 había establecido que ese tribunal debía revisar las sanciones dictadas dentro del régimen de Lealtad Comercial.

Sin embargo, esa cámara declaró de oficio inconstitucional la norma y remitió el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, que era el competente según la ley 22.802. La Sala IV de este último tribunal tampoco aceptó intervenir y la disputa terminó ante la Corte, que debía definir cuál de los dos fueros debía continuar con el caso.

Al resolverla, el máximo tribunal señaló que la regulación de la competencia de los tribunales federales corresponde al Congreso de la Nación con carácter exclusivo y que el Ejecutivo solamente puede alterar mediante un DNU lo establecido por una ley cuando se cumplen las condiciones excepcionales previstas por la Constitución.

En ese sentido, recordó que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo “se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica”.

La Corte repasó además su jurisprudencia sobre los decretos de necesidad y urgencia y remarcó que su validez requiere una situación de “grave riesgo social” que haga necesario adoptar medidas cuya eficacia no pueda alcanzarse mediante el procedimiento ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.

También recordó que debe existir un verdadero estado de necesidad y urgencia. Eso ocurre, de acuerdo a la resolución, cuando resulta imposible que las cámaras del Congreso se reúnan por circunstancias de fuerza mayor, como acciones bélicas o desastres naturales, o cuando la situación exige una respuesta inmediata incompatible con los tiempos normales de una ley.

Para los ministros, ninguna de esas condiciones había sido explicada respecto de la modificación de la competencia judicial introducida por el decreto de 2019.

“En efecto, de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge ni una sola línea dedicada a justificar las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la atribución de competencia allí dispuesta”, sostuvo la Corte.

El máximo tribunal agregó que no existía “en la justificación del decreto, como se anticipó, una sola referencia a la modificación competencial dispuesta” y consideró especialmente relevante que la medida hubiera alterado una atribución relacionada con el funcionamiento de otro poder del Estado.

En otro pasaje del fallo de 8 páginas al que tuvo acceso Infobae, descartó que razones de conveniencia puedan reemplazar los requisitos constitucionales para recurrir a un DNU. Según señaló, la Constitución “no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

La Corte también observó que, pese al tiempo transcurrido desde el dictado del DNU en 2019, no existió un pronunciamiento del Congreso, y remarcó que esa circunstancia no puede impedir el control judicial sobre una norma que produce efectos concretos en relaciones jurídicas.

Con esos fundamentos, declaró inconstitucional el artículo 53 del DNU 274/2019 y dispuso que el expediente de Cencosud continúe ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de acuerdo con la competencia establecida por el Congreso en la ley 22.802.

Martín López Zavaleta, actual Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, presentó este miércoles ante la Legislatura porteña los principales ejes que propone para conducir de manera efectiva el organismo, durante la audiencia pública correspondiente a su candidatura.

La postulación fue elevada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y para concretarse requiere una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura. La audiencia se realizó en el Salón Dorado y contó con la presencia de legisladores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

Durante su exposición, López Zavaleta sostuvo que el objetivo de su eventual gestión será “construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.

López Zavaleta quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad luego de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia de la Nación. Hasta entonces se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional, cargo al que había accedido en diciembre de 2019.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña. A lo largo de su trayectoria en el Poder Judicial porteño también fue secretario general de Gestión del Ministerio Público Fiscal, fiscal especializado en Delitos Informáticos, fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género. Desde febrero de 2024 dirige además el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Con todo, uno de los ejes que expuso fue el acceso a la Justicia. Propuso ampliar y diversificar los canales de denuncia, remover obstáculos idiomáticos, culturales y de accesibilidad y mejorar el primer contacto con quienes recurren al organismo. Según detalló, durante 2025 el Ministerio Público atendió a casi 12.000 personas de manera presencial y a más de 200.000 por canales electrónicos.

También puso el foco en la protección de las víctimas y planteó que deben ser consideradas sujetos de derecho y no únicamente fuentes de prueba dentro de una investigación.

“El éxito de una investigación no se mide únicamente por la sentencia que se obtiene, sino también por el tipo de trato y de respuesta que la víctima recibe”, afirmó. Luego agregó: “La protección integral a las víctimas no es una política de imagen pública ni un capítulo aislado de la gestión: es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”.

Otro de los puntos estuvo centrado en la celeridad y eficiencia de las respuestas. López Zavaleta propuso reducir los tiempos del primer contacto, acelerar la resolución de los casos sin afectar la calidad de las decisiones y optimizar los procesos internos.

“El tiempo en materia de justicia determina la calidad del servicio. Si bien existen plazos legales que se deben cumplir, una respuesta tardía es siempre una respuesta deficiente”, señaló.

En materia de política criminal, propuso revisar periódicamente las áreas de especialización, poner en funcionamiento la figura del Fiscal Jefe para intervenir en temáticas puntuales y utilizar información objetiva para definir criterios de actuación.

También planteó reforzar las herramientas disponibles para los fiscales mediante formación continua, expansión de polos judiciales, fortalecimiento del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y desarrollo tecnológico.

Sobre el uso de inteligencia artificial, fijó un límite para su aplicación en tareas jurisdiccionales: “La valoración de los hechos, la ponderación de la prueba y la protección de la víctima son funciones humanas, profesionales e indelegables. Sobre esta línea de demarcación, no habrá flexibilidad bajo mi gestión”.

El último eje estuvo dedicado al proceso de autonomía de la Justicia porteña. López Zavaleta afirmó que impulsará acciones para completar el traspaso de competencias del fuero Criminal y Correccional ordinario, además de los fueros Laboral, Civil y Comercial.

“No estamos pidiendo una nueva facultad: estamos reclamando la autonomía que constitucionalmente nos corresponde”, expresó. También mencionó la implementación del juicio por jurados y señaló que existen concursos en trámite para conformar el fuero laboral local.

Al finalizar, resumió el criterio que pretende aplicar al frente del organismo: “Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero más importante aún, que reciba una respuesta humana”.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de un nuevo concurso para cubrir la vacante que dejó Martín Irurzun en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, luego de que el magistrado cumpliera 75 años el 18 de julio.

Se trata de un lugar de especial relevancia dentro de Comodoro Py, ya que la Cámara Federal porteña revisa investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros delitos complejos vinculados con funcionarios y exfuncionarios del Estado.

La consideración de esa vacante había sido incluida expresamente en el orden del día de la reunión de este miércoles.

La sesión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Selección, María Fernanda Vázquez, y contó con la participación de Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, María Alejandra Provítola, Santiago Viola, Hugo Galderisi, Alberto Maques, Vanesa Siley y Gonzalo Roca. Diego Barroetaveña y César Grau intervinieron de manera remota.

El procedimiento fue impulsado por el Gobierno nacional. El 20 de julio, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, informó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que para el Poder Ejecutivo se había producido una “vacante definitiva”, debido a que Irurzun había alcanzado la edad prevista por la Constitución sin que se elevara al Senado una propuesta para un nuevo nombramiento.

La presentación fue remitida a la Comisión de Selección, que ahora resolvió poner en marcha el concurso.

Por otra parte, para este miércoles estaban previstas ante la Comisión de Acuerdos del Senado las audiencias públicas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir otros cargos de la Cámara Federal porteña. Ambos fueron postulados para integrar la Sala I del tribunal, por lo que sus designaciones todavía requieren el acuerdo de la Cámara alta y el posterior nombramiento del Ejecutivo.

En paralelo, Irurzun mantiene pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso con el que busca continuar en funciones dentro de la Sala II. Antes de cumplir 75 años, había planteado que la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite etario y que esa cláusula afecta la garantía de inamovilidad de los jueces prevista en la Constitución.

Su planteo se apoya, entre otros antecedentes, en el caso “Fayt”, resuelto por el Máximo Tribunal en 1999. Carlos Santiago Fayt, entonces ministro de la Corte Suprema, había cuestionado la aplicación de la cláusula de los 75 años. En aquel precedente, la Corte consideró inválida esa disposición al entender que la Convención Constituyente había avanzado sobre una materia no habilitada por la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Ese criterio fue modificado en 2017 en el caso “Schiffrin”, cuando la Corte reconoció la validez de la cláusula constitucional y dejó atrás la interpretación adoptada en “Fayt”.

El planteo de Irurzun fue rechazado en las instancias inferiores y llegó luego al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario. El procurador general Eduardo Casal se pronunció en contra de concederlo, aunque su dictamen no resulta vinculante.

Además, Irurzun había pedido habilitar la feria judicial para obtener una definición antes del 18 de julio, pero la Corte rechazó esa solicitud.

El pasado miércoles 5 de agosto, la Cámara Federal porteña informó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que el camarista había solicitado licencia y comunicado su decisión de abstenerse de ejercer funciones jurisdiccionales hasta que se defina su situación.

Durante la misma sesión, celebrada en la sala de plenario y reuniones “Dr. Lino Palacio”, en la sede del Consejo de la Magistratura ubicada en Libertad 731, la Comisión de Selección aprobó además 12 ternas correspondientes a otros concursos judiciales, que deberán ser consideradas por el plenario del organismo.

Entre los procesos tratados estuvieron los destinados a cubrir cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y en distintos juzgados nacionales de primera instancia de la Capital.

Bajo el título “Designación de magistrados: el mérito y la idoneidad deben prevalecer”, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó distintos aspectos de los concursos para cubrir vacantes judiciales y advirtió sobre el margen de discrecionalidad que puede incidir en la conformación final de las ternas. En particular, puso el foco en casos de postulantes que, tras quedar relegados en los primeros órdenes de mérito, avanzaron numerosas posiciones en las etapas posteriores del procedimiento.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte que se encuentran próximos a ser designados magistrados cuya idoneidad resulta seriamente cuestionada por las irregularidades verificadas en los concursos llevados adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, expresó la institución a través de un comunicado.

Presidido por María Fernanda Mierez, el Colegio es una asociación civil de afiliación voluntaria fundada el 29 de julio de 1913. Entre sus objetivos estatutarios se encuentran promover el mejoramiento y la independencia del Poder Judicial, contribuir al progreso de la administración de justicia y defender los derechos de los abogados.

El pronunciamiento realizado por el directorio se apoyó, entre otros elementos, en una base elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que reconstruye el recorrido de distintos candidatos a través de las sucesivas instancias de selección. Entre las mayores variaciones registradas, la base identificó casos de postulantes que pasaron del puesto 50 al 23 y del 46 al 14 entre el primer orden de mérito y el resultado definitivo.

El cuestionamiento se inscribe en el propio funcionamiento de los concursos. La selección de jueces nacionales y federales está a cargo de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y contempla, entre otras etapas, una prueba de oposición escrita, la evaluación de antecedentes profesionales y académicos, la posibilidad de formular impugnaciones y una entrevista personal.

Con las calificaciones del examen y los antecedentes se confecciona un primer orden de mérito. Una vez resueltas las impugnaciones, ese listado puede modificarse antes de las entrevistas. Cumplido el procedimiento, la Comisión eleva una propuesta al Plenario del Consejo, encargado de aprobar las ternas vinculantes que luego son remitidas al Poder Ejecutivo.

Buena parte de los reparos del Colegio se concentró, en efecto, en la entrevista personal y en el peso que esa instancia puede adquirir sobre las posiciones previas.

Para la entidad porteña, en diferentes concursos hubo “candidatos considerablemente relegados en el orden de mérito resultante de las pruebas de oposición y de la evaluación de antecedentes” que luego “avanzaron numerosas posiciones hasta quedar en condiciones de integrar las ternas y ser posteriormente propuestos”.

“Estas alteraciones se explican -agregó el comunicado del Colegio-, en buena medida, por la incidencia de la entrevista personal, prevista en el artículo 13 de la Ley 24.937 y en la reglamentación del propio Consejo, que no asigna a esa instancia un puntaje determinado ni establece límites cuantitativos a su incidencia sobre el orden de mérito surgido de la prueba de oposición y la evaluación de antecedentes”.

Luego agregó: “Su resultado puede así alterar significativamente la posición de los candidatos sobre la base de criterios necesariamente más subjetivos. La amplitud de esa discrecionalidad resulta aún más preocupante si se advierte que algunas de las entrevistas personales publicadas por el propio Consejo tienen una duración de apenas 15 o 20 minutos”.

Los datos de ACIJ e INECIP permiten, a su vez, observar en qué etapa se produjeron los movimientos y muestran que las variaciones no pueden atribuirse exclusivamente a la instancia de las entrevistas.

En la base aparecen, entre otros, los casos de José Guerrero y Juan Gaset Maisonave. En el Concurso N.º 417 -convocado para cubrir ocho juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, Guerrero pasó del puesto 50 en el primer orden de mérito al 23 en el resultado definitivo y luego fue nombrado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. En el Concurso N.º 421 -destinado a cubrir seis cargos de juez de Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N.º 2, 3, 4 y 5 de San Martín-, Gaset Maisonave pasó del puesto 46 al 14 y fue designado para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín. Ambos integraron posteriormente ternas aprobadas por el Consejo, fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo y recibieron acuerdo del Senado.

Además de las entrevistas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó los denominados “concursos múltiples”, que amplían la cantidad de postulantes que acceden a esa instancia. También objetó el uso de listas complementarias cuando, según afirmó, se apartan de las reglas de prioridad establecidas por el propio reglamento “respecto de los candidatos ya ternados y mejor posicionados en el orden de mérito”.

El pronunciamiento se conoce en un escenario marcado por el elevado número de vacantes judiciales. La institución recordó que a comienzos de este año el 37% de los cargos de jueces del Poder Judicial de la Nación estaba sin cubrir y valoró que se haya avanzado en la remisión de candidatos al Senado. Según consignó, el Ministerio de Justicia informó recientemente el envío de 203 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales, varios de los cuales serán considerados en las audiencias públicas convocadas para los días 12 y 13 de agosto.

Ese reconocimiento fue acompañado, sin embargo, por una advertencia: “El éxito no se mide por la cantidad de pliegos enviados, sino por la idoneidad de quienes sean designados, criterio que no debe ser sacrificado en acuerdos o intereses políticos en ninguna de las etapas del proceso de selección y designación de magistrados”.

En esa línea, la institución volvió sobre la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, mediante la cual el Máximo Tribunal impulsó un proyecto de reforma del Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados que permanece en evaluación dentro del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa contempla, entre otros cambios, concursos anticipados, nuevas pautas para ponderar antecedentes, mecanismos para reforzar el anonimato de las pruebas de oposición y límites más precisos para la incidencia de las entrevistas personales. El proyecto comenzó a ser analizado en las comisiones de Selección y de Reglamentación del organismo y requiere la aprobación del Plenario para entrar en vigencia.

Al referirse a esa propuesta, el comunicado recordó que la Corte planteó la necesidad de “corregir disfuncionalidades sistémicas” y asegurar que el mérito y la idoneidad sean el “vector determinante de la selección de magistrados”. Entre las modificaciones promovidas figura limitar la incidencia de la entrevista personal a un máximo del 10% sobre el puntaje total.

“Este Colegio ya manifestó su apoyo a esa iniciativa y reitera la necesidad de avanzar en reformas que otorguen mayor objetividad, transparencia y previsibilidad a los concursos y reduzcan los márgenes de discrecionalidad capaces de alterar sustancialmente los resultados de sus etapas objetivas”, añadió el texto.

El directorio también proyectó la discusión sobre la próxima composición del Consejo, ya que el 20 de octubre serán elegidos los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el organismo durante el período 2026-2030.

En ese marco, la entidad recordó “a sus socios y a toda la abogacía” la “especial trascendencia institucional de participar en esas elecciones”.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional convocó formalmente, mediante un aviso publicado este lunes en el Boletín Oficial, a las elecciones para renovar los cuatro lugares que corresponden a los jueces dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Los comicios se realizarán el 8 de octubre, en medio de una discusión jurídica que puede incidir en la conformación de las listas: definir si los actuales consejeros están habilitados para competir por un nuevo mandato consecutivo o si deben dejar transcurrir un período antes de volver a postularse.

La convocatoria había sido dispuesta por el Consejo Directivo de la Asociación el 18 de mayo, presidida por el juez Andrés Basso. En efecto, la votación se desarrollará entre las 9 y las 18 y podrán participar los magistrados titulares y subrogantes del Poder Judicial de la Nación incluidos en el padrón definitivo al 26 de agosto.

En total se elegirán cuatro consejeros titulares y doce suplentes. Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 4 de septiembre a las 16 en la sede de la Asociación de Magistrados, ubicada en Lavalle 1334, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los representantes que resulten electos integrarán durante cuatro años el organismo que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos para cubrir juzgados nacionales y federales, el control disciplinario de los magistrados y los procedimientos que pueden derivar en pedidos de remoción.

El proceso electoral, sin embargo, llega atravesado por una controversia de interpretación jurídica todavía abierta.

El eje de la discusión está en determinar qué régimen de la Ley 24.937, sancionada en 1997 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, debe aplicarse a la reelección de sus integrantes. La redacción original fijaba mandatos de cuatro años y permitía una reelección consecutiva. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Ley 26.080 modificó ese criterio y estableció que los consejeros solo podrían volver a ocupar una banca después de dejar transcurrir un período.

La situación volvió a cambiar a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2021. En aquella sentencia, el máximo tribunal declaró inconstitucionales las disposiciones de la reforma de 2006 que habían reducido el Consejo de veinte a trece miembros y ordenó restablecer el esquema anterior hasta que el Congreso sancionara una nueva ley.

La controversia actual gira alrededor del alcance de esa decisión.

Una interpretación sostiene que, al disponer que recobrara vigencia el régimen de la Ley 24.937 y su correctiva 24.939, la Corte también restituyó la posibilidad de una reelección consecutiva. La postura contraria entiende que el fallo restableció la integración de veinte miembros, el quórum y la representación de los distintos estamentos, pero no dejó sin efecto la restricción sobre los mandatos sucesivos.

La discusión llegó a los tribunales a partir de una presentación de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y actual representante de los jueces en el Consejo.

Barroetaveña fue elegido para el período 2022-2026 y su mandato vence el próximo 18 de noviembre. El 11 de junio promovió una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine qué versión del artículo 3 de la Ley 24.937 debe aplicarse a su situación y, en particular, si puede competir por un nuevo mandato consecutivo.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, pidió una medida cautelar para evitar que el avance del calendario electoral lo dejara fuera de la competencia.

El 14 de julio, el juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar al planteo y ordenó al Consejo de la Magistratura abstenerse de impedirle participar como candidato hasta que exista una decisión definitiva. La resolución, en rigor, no reconoció un derecho firme del camarista a ser reelegido ni aseguró su incorporación a una lista, sino que preservó provisoriamente esa posibilidad.

Para adoptar esa decisión, Lavié Pico consideró que la sucesión de reformas legislativas y fallos judiciales había generado una situación susceptible de más de una interpretación razonable. También tuvo en cuenta que las distintas etapas del proceso electoral tienen plazos propios y que una sentencia favorable dictada una vez vencido el período para presentar candidaturas podría perder eficacia práctica.

En 2022, por lo demás, Diego Barroetaveña encabezó la lista más votada del estamento judicial. La Lista Bordó obtuvo 286 votos, por encima de la Lista Celeste, que reunió 230, y de Compromiso Judicial, que alcanzó 163. A partir de ese resultado, las cuatro bancas se distribuyeron mediante un sistema de representación proporcional y con criterios de paridad de género: ingresaron Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero por la Bordó, Alberto Lugones por la Celeste y Alejandra Provítola por Compromiso Judicial.

Ese mecanismo implica que la agrupación que obtiene más votos no se queda necesariamente con toda la representación judicial, ya que los lugares se reparten de acuerdo con el sistema previsto para el comicio.

La renovación del organismo encargado de la selección y remoción de magistrados no se limita, de todos modos, al estamento de los jueces. El proceso también alcanza a la abogacía, cuyos representantes serán elegidos el 20 de octubre para renovar cuatro bancas titulares, cada una con su respectivo suplente, también para el período 2026-2030.

Actualmente, esas bancas están ocupadas por Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. El proceso de los abogados quedó alcanzado por la misma discusión normativa respecto de si quienes integraron el Consejo durante el período 2022-2026 pueden presentarse inmediatamente para un nuevo mandato.

En cuanto a la elección judicial, la Asociación de Magistrados informó que los interesados podrán consultar los padrones, las normas reglamentarias, el cronograma, los lugares de votación y el registro de listas tanto en su sede como a través de sus canales oficiales y los del Consejo de la Magistratura.

Con el calendario ya abierto, la presentación de las listas será la próxima instancia que comenzará a definir la competencia por las cuatro bancas judiciales que se renovarán en octubre.

La Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación autorizó la implementación del Expediente Digital Administrativo (EDA), una herramienta que apunta a tramitar de manera electrónica las actuaciones internas y a registrar sus movimientos, responsables y decisiones. El nuevo esquema promete reducir progresivamente el uso del papel y mejorar el seguimiento y control de los expedientes del organismo, que interviene en la selección de magistrados, ejerce facultades disciplinarias y participa en los procesos de remoción de jueces federales y nacionales.

El proyecto fue impulsado por la Dirección General de Tecnología (DGT). Según la resolución a la que tuvo acceso Infobae, la iniciativa se inscribe en el proceso de “modernización y transformación digital” del Consejo y está orientada a incorporar herramientas que permitan “optimizar la gestión administrativa, fortalecer la trazabilidad de las actuaciones y consolidar mecanismos más eficientes de acceso, seguimiento y control de la información”.

La Comisión dio luz verde al uso del EDA junto con el Plan de Implementación y el Protocolo de Actuación, que delimitan su alcance y establecen las reglas para tramitar los distintos expedientes. En esta primera etapa, su aplicación quedará circunscripta al Consejo de la Magistratura: la resolución prohíbe expresamente extenderla a los tribunales judiciales o a sus dependencias administrativas.

La iniciativa fue tratada este jueves por la Comisión que preside Santiago Viola, con la participación de los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Alejandra Provítola, Rodolfo Tailhade y Eduardo Vischi. También asistieron el secretario del cuerpo, Fernando Álvarez, y el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady.

Durante el tratamiento, Viola, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, destacó la relevancia de la medida para continuar modernizando los procedimientos administrativos del organismo y fortalecer los principios de celeridad y transparencia.

La implementación tendrá además una instancia de seguimiento en el Comité de Innovación y Modernización, creado en 2024 dentro de la Comisión de Administración y Financiera para intervenir en iniciativas vinculadas con la incorporación de nuevas herramientas y la reorganización de procesos destinados a mejorar el servicio de Justicia.

La creación de ese espacio había sido impulsada por la consejera abogada Jimena de la Torre, quien actualmente lo coordina. Según comentó a Infobae, invitó a Viola, en su carácter de titular de la Comisión de Administración y Financiera, para que presente ante el Comité el plan aprobado. Su intención es avanzar con la puesta en marcha lo antes posible y priorizar su aplicación en las comisiones de Selección de Magistrados y Disciplina.

Ese seguimiento adquiere especial relevancia porque buena parte de la gestión administrativa del Consejo todavía depende de expedientes físicos. La puesta en marcha del EDA apunta a reducir los tiempos de tramitación, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y disminuir progresivamente el uso del papel a medida que avance su aplicación.

Qué se aprobó y cómo funcionará

El nuevo sistema no supone la desaparición inmediata de los expedientes actuales hasta el momento. Quien inicie un procedimiento podrá optar entre hacerlo en soporte papel o digital, pero la modalidad elegida será excluyente durante toda su tramitación.

Si una actuación comienza mediante el EDA, no podrá conformarse en paralelo otro trámite en papel, excepto en aquellas etapas en las que el sistema todavía no se encuentre implementado. El número asignado por la plataforma será, además, único e irreemplazable.

La normativa define al expediente electrónico como el “conjunto de documentos electrónicos o actuaciones administrativas” ordenados cronológicamente, donde se acumulan informaciones, dictámenes y demás antecedentes necesarios para arribar a una resolución.

En términos concretos, la plataforma permitirá caratular actuaciones, incorporar documentación, efectuar pases entre dependencias, consultar expedientes y registrar actos administrativos dentro de un mismo sistema. Cada expediente electrónico, además, tendrá una numeración única, correlativa e irrepetible, generada automáticamente. El protocolo es taxativo en este punto: “Bajo ninguna circunstancia podrá modificarse, duplicarse o reutilizarse un número de actuación ya asignado”, una regla concebida para garantizar la unidad y trazabilidad de las actuaciones.

El sistema fue desarrollado íntegramente por la Dirección General de Tecnología y la información quedará almacenada en la infraestructura central del Data Center del Poder Judicial de la Nación.

El acceso se realizará mediante credenciales institucionales, con roles y permisos diferenciados de acuerdo con las funciones de cada usuario. A eso se sumará un módulo de auditoría destinado a registrar las operaciones efectuadas dentro de la plataforma.

La Dirección General de Seguridad Informática, que examinó el proyecto, no formuló objeciones técnicas para avanzar. Su informe señaló que la implementación se encuentra alineada con los objetivos de “modernización administrativa, digitalización, trazabilidad de las actuaciones, reducción progresiva del soporte papel y fortalecimiento de la gestión documental electrónica”.

El área técnica también remarcó que el almacenamiento centralizado, los permisos diferenciados y el módulo de auditoría resultan compatibles con criterios de “seguridad, trazabilidad, control de accesos, segregación de funciones y registración” exigibles para este tipo de sistemas.

Los pases entre dependencias deberán gestionarse mediante el EDA. Cuando se encuentre disponible la funcionalidad de aceptación, el expediente no se considerará radicado en la oficina de destino hasta que esa dependencia formalice su recepción dentro de la plataforma.

También habrá reglas específicas para los expedientes reservados. El protocolo dispone que “solo podrán marcar un expediente electrónico como ‘reservado’ aquellos usuarios que cuenten con el rol correspondiente”. Una vez aplicada esa condición, la plataforma restringirá su visualización, descarga y consulta a los agentes autorizados.

Firma digital y documentos en papel

El protocolo regula, a su vez, las resoluciones, dictámenes y demás actos administrativos que requieran firma, fecha y registración numérica consecutiva.

Esos documentos deberán cumplir con tales requisitos dentro del sistema y utilizar firma digital. Si la funcionalidad necesaria todavía no estuviera desarrollada o se encontrara transitoriamente fuera de servicio, podrán confeccionarse en papel.

En esas situaciones, el acto deberá ser firmado, fechado y protocolizado mediante el procedimiento habitual. Luego tendrá que ser escaneado e incorporado al expediente electrónico por un agente con rango de funcionario, quien deberá certificar que la versión cargada es copia fiel del original.

Las presentaciones que ingresen originalmente en papel también deberán ser digitalizadas. El área receptora tendrá que comprobar la reproducción íntegra del documento y el protocolo establece que “la versión digital del documento constituirá el soporte principal para su tratamiento”, que deberá gestionarse prioritariamente en formato electrónico.

El original físico permanecerá bajo guarda transitoria durante diez años, contados desde su recepción o digitalización. Vencido ese período, podrá ser archivado definitivamente, destruido conforme a las normas de seguridad o devuelto al presentante. La autoridad competente conservará la posibilidad de exigirlo cuando exista un requerimiento fundado para su verificación.

El sistema admitirá también archivos PDF externos, documentos escaneados y correos electrónicos institucionales. En este último caso deberá incorporarse la cadena completa de mensajes en un único archivo, incluidas las cabeceras donde consten el emisor, el receptor, la fecha y la hora.

El agente responsable de cargar esos documentos utilizará su firma electrónica para dar fe de la autenticidad e integridad del material incorporado.

Qué áreas y trámites estarán alcanzados

El Plan de Implementación contempla una incorporación progresiva del EDA y limita esta primera etapa al Consejo de la Magistratura.

Entre las áreas inicialmente comprendidas figuran la Administración General, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Administración Financiera, las subdirecciones de Contrataciones, Despacho y Coordinación de Delegaciones, y las direcciones generales de Tecnología, Seguridad Informática e Infraestructura Judicial.

También están alcanzadas la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría General y las comisiones del Consejo.

Como procedimientos prioritarios fueron definidos las adscripciones y sus prórrogas, las rendiciones de gastos de funcionamiento, automotores e intendencia, las rendiciones de haberes, las novedades del personal, los expedientes para pagos de servicios básicos y los procedimientos de baja de inventario.

La nómina podrá ampliarse. Las oficinas del organismo estarán habilitadas para incorporar otros procedimientos previa coordinación con la Dirección General de Tecnología.

Los expedientes que ya se encontraban bajo el régimen anterior, en cambio, deberán continuar por ese circuito hasta su finalización.

La Comisión instruyó además a la DGT para brindar capacitación, mesa de ayuda y soporte técnico a las áreas que adopten la plataforma. La dependencia tendrá que elevar un informe de avance dentro de los tres meses posteriores al comienzo efectivo de la implementación.

A su vez, la Dirección General de Tecnología y la Secretaría General deberán elaborar una propuesta para unificar o reducir los tipos y números de carátulas existentes en el Consejo.

El paso operativo de un sistema aprobado en 2024

El EDA había sido previsto dentro del Sistema de Gestión Electrónica Documental (SIGED), aprobado por el Consejo de la Magistratura en 2024.

Ese esquema fue concebido como un sistema integrado para la caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos y decisiones de expedientes administrativos o de superintendencia. Entre sus componentes incluyó un módulo destinado a caratular actuaciones, vincular documentos, efectuar pases y realizar consultas de expedientes electrónicos no judiciales.

La aprobación del proyecto formó parte de un temario más amplio, que incluyó el análisis del Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial para 2027, en el marco del Presupuesto Plurianual 2027-2029. Los consejeros tomaron conocimiento de la propuesta sin formular observaciones sobre la composición ni el monto de las erogaciones previstas para el Poder Judicial.

Durante el encuentro se avanzó además con convocatorias a licitaciones públicas vinculadas con infraestructura y servicios, la contratación del servicio de seguridad del gateway de correo electrónico del organismo y distintas prórrogas de prestaciones de soporte técnico y cobertura de riesgos del trabajo.

La Comisión dio curso, a su vez, a la Memoria Anual 2025 y al Plan de Trabajo 2026 de la Unidad de Derechos Humanos y Género, designó representantes del Consejo en diversas causas judiciales y resolvió recursos jerárquicos vinculados con honorarios de peritos, subrogancias y contrataciones.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional, por cuatro votos contra tres, el mecanismo previsto en la reforma previsional provincial que fija un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas y dispone que quienes ya perciben haberes por encima de ese límite no reciban los aumentos derivados de la movilidad hasta que ese monto los alcance. La decisión fue adoptada en la causa promovida por Elena Virginia Enriqueta Ramón, camarista penal jubilada, contra la Provincia y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y dejó firme en su caso la invalidez del artículo 9 de la ley 14.283.

En cambio, el máximo tribunal consideró que la discusión sobre la emergencia previsional y el denominado aporte solidario no podía resolverse por la vía rápida del amparo. Para la mayoría conformada en esos puntos, determinar su constitucionalidad requiere analizar datos financieros, antecedentes legislativos e informes técnicos en un proceso con mayor amplitud de debate y prueba.

En la sentencia intervinieron los siete integrantes de la Corte santafesina: su presidente, Rafael Francisco Gutiérrez, y los ministros Jorge Camilo Baclini, Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza.

Ramón había cuestionado mediante un amparo cuatro disposiciones de la ley 14.283: la declaración de emergencia del régimen previsional; el aporte solidario establecido para determinados jubilados; el tope máximo de los haberes; y la norma que originalmente difería el traslado de los aumentos otorgados al personal activo.

El Juzgado Laboral N.º 6 de Rosario hizo lugar parcialmente al planteo y declaró inconstitucionales los artículos 1, 2 y 9. Luego, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral confirmó esos puntos y extendió la decisión al entonces artículo 10. La gobernación encabezada por Maximiliano Pullaro recurrió ante la Corte santafesina.

Al analizar la emergencia y el aporte solidario, el tribunal hizo lugar al recurso provincial. La postura desarrollada por Zabalza sostuvo que las instancias anteriores habían resuelto mediante un amparo una controversia que, por su complejidad económica, jurídica y contable, requería un proceso más amplio.

Entre los elementos presentados por el Ejecutivo santafecino, que ya adelantó la posibilidad de llevar el conflicto ante la Corte Suprema federal, el fallo mencionó el mensaje con el que el Poder Ejecutivo impulsó la reforma. Allí se informó que el déficit previsional había pasado de $7.334 millones en 2018 a $129.700 millones en 2023 y que para 2024 podía superar los $400.000 millones si no se adoptaban modificaciones.

También se incorporaron informes de la Caja y antecedentes legislativos. Para esa posición, la razonabilidad de las medidas no podía evaluarse sin confrontar esos elementos. Falistocco coincidió en este punto y sostuvo que los planteos contra los artículos 1 y 2 “exceden el restringido marco cognoscitivo propio de la vía excepcional porque configuran una cuestión compleja, que requiere amplitud de debate y prueba”.

La Corte anuló entonces las decisiones anteriores sobre esos dos artículos y otorgó a Ramón 30 días para adecuar su reclamo ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo correspondiente. La eximió de agotar nuevamente la vía administrativa porque el Poder Ejecutivo ya había fijado su posición durante el proceso.

El tope de 20 jubilaciones mínimas

La mayoría cambió al analizar el artículo 9.

La norma establece que el haber máximo de la jubilación ordinaria equivale a 20 jubilaciones mínimas y dispone que quienes ya cobraban por encima de ese monto “absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial hasta que se alcance el tope del haber máximo”.

En este punto, Falistocco, Weder, Gutiérrez y Spuler mantuvieron la declaración de inconstitucionalidad. Zabalza, Erbetta y Baclini, en cambio, consideraron que también esta controversia debía continuar en el fuero contencioso administrativo.

Falistocco diferenció el tope de las medidas temporales adoptadas durante la emergencia. Señaló que el artículo 9 fue incorporado al régimen jubilatorio general y constituye una modificación “de carácter estructural o de fondo”, de naturaleza permanente.

El magistrado sostuvo que el problema constitucional no residía necesariamente en la existencia de un haber máximo. “Desde tales coordenadas, la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta de la norma se configura no por la fijación de límite o tope al haber jubilatorio en sí, sino por el modo irrazonable de regularlo”, afirmó.

Uno de sus fundamentos estuvo relacionado con los aportes realizados durante la vida laboral. El régimen local calcula las contribuciones sobre la totalidad de la remuneración del trabajador activo, sin una base máxima equivalente al límite que luego se aplica sobre la jubilación.

Según Falistocco, ese esquema presenta “la ausencia de correlato con el aporte mensual efectuado por los beneficiarios durante toda su vida laboral como personal en actividad”. Para el ministro de la Corte, establecer un haber máximo sin una relación equivalente con los aportes efectuados sobre la totalidad del salario afecta la garantía constitucional de movilidad.

El segundo fundamento estuvo centrado en el efecto del artículo 9. Los jubilados que ya cobran por encima de las 20 prestaciones mínimas no reciben los incrementos derivados de la movilidad sectorial: esos aumentos quedan absorbidos hasta que el límite alcance el monto de sus haberes.

Falistocco definió esa situación como un haber “encorsetado por un congelamiento de término incierto que afecta la proporcionalidad directa con la situación remuneratoria individual”, porque la ley no establece cuándo el beneficiario volverá a recibir efectivamente los aumentos.

“Ha quedado claro que congelar haberes de jubilaciones y pensiones por un término incierto, configura un claro apartamiento de lo preceptuado por el artículo 14 bis de la Constitución nacional que garantiza la movilidad de las prestaciones”, aseveró. Al describir el mecanismo de absorción, agregó: “Esto es falta de movilidad”.

Weder coincidió con esa conclusión, en tanto consideró que la absorción de los incrementos “no constituye una modificación del método de movilidad sino la supresión lisa y llana del efecto de la movilidad para un grupo determinable de beneficiarios, por un plazo que la propia norma no fija ni permite determinar de antemano”.

“Se trata, en consecuencia, de una ausencia de movilidad por término incierto, sin que pueda sostenerse válidamente que por sí sola la existencia de un tope máximo habilite además la supresión de la movilidad”, agregó. Gutiérrez y Spuler acompañaron su postura.

La mayoría consideró vulneradas las garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 24 de la Constitución de Santa Fe, que establece que las jubilaciones y pensiones son móviles.

Falistocco añadió un argumento referido a la condición de Ramón como magistrada jubilada del Poder Judicial. Señaló que las restricciones que alcancen las remuneraciones de la magistratura están sujetas a exigencias de transitoriedad y generalidad vinculadas con la independencia judicial y la división de poderes.

La posición de Zabalza, Erbetta y Baclini se concentró, en cambio, en la vía procesal. No resolvieron sobre la validez sustancial del tope, sino que entendieron que también ese punto exigía una instancia más amplia antes de pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Para esa postura, “determinar si el tope de 20 jubilaciones mínimas resulta razonable o arbitrario requiere una amplitud de debate y prueba que no permite la vía sumarísima del amparo”. Los tres jueces plantearon que correspondía, por lo demás, examinar en el fuero contencioso administrativo el impacto financiero de la medida y su relación con la sustentabilidad del régimen.

Así las cosas, la Corte provincial remitió al fuero contencioso administrativo el debate sobre la emergencia previsional y el aporte solidario, pero mantuvo para Ramón la declaración de inconstitucionalidad del artículo 9 por mayoría.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto este jueves una sentencia que había obligado a una empresa de medicina prepaga a cubrir una técnica quirúrgica para tratar una lesión de cartílago en la rodilla izquierda, con una etapa del procedimiento vinculada a una clínica de España.

La decisión fue adoptada mediante un voto conjunto de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, mientras que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, emitió otro voto en el mismo sentido.

El caso comenzó con un amparo presentado por un afiliado que padece una lesión osteocondral en el cóndilo femoral interno de la rodilla izquierda, es decir, un daño en el cartílago y en el hueso ubicado debajo, en la parte interna de la articulación. Debido a ese cuadro, el tejido no podía regenerarse por sí mismo. El paciente había sido sometido previamente a una mosaicoplastía, una cirugía que trasplanta pequeños fragmentos de cartílago y hueso sano para reparar la zona afectada, pero el procedimiento resultó fallido a causa de una osteocondritis desecante, una afección en la que un fragmento de hueso y cartílago pierde irrigación y puede desprenderse dentro de la articulación.

Ante ese cuadro, su médico indicó una técnica denominada ICC, prevista en dos tiempos quirúrgicos. La primera etapa consistía en una artroscopía para tomar una biopsia de cartílago sano, reparar y evaluar los meniscos y examinar la superficie dañada. Luego, la muestra debía ser enviada a una clínica española antes de la segunda intervención.

No estaba discutido que el paciente se encontrara afiliado a la demandada ni que la práctica hubiera sido prescripta por su médico. Tampoco que no contaba con certificado de discapacidad. Según surge del fallo, su cuadro podía encuadrarse entre las enfermedades poco frecuentes contempladas por la ley 26.689 y su decreto reglamentario.

En primera instancia intervino el Juzgado Federal N.º 2 de Concepción del Uruguay. Más tarde, la Cámara Federal de Paraná, por mayoría, condenó a la prepaga a cubrir el tratamiento al considerar que la técnica contaba con respaldo científico y que el Programa Médico Obligatorio no contiene una enumeración cerrada de prestaciones.

Los magistrados Lorenzetti y Rosenkrantz descalificaron ese razonamiento. Sostuvieron que la sentencia “no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Uno de los puntos centrales fue la valoración de un informe del Hospital Austral. La Cámara había utilizado ese documento para afirmar que el procedimiento estaba científicamente avalado. Sin embargo, el voto conjunto remarcó que la propia institución había advertido que “[s]e considera que es aún limitada la información basada en estudios randomizados controlados”.

Los jueces agregaron que los artículos científicos citados no resultaban definitivos sobre los resultados de la práctica y señalaban la necesidad de mayores estudios a largo plazo. Por eso consideraron “manifiestamente arbitraria” la valoración realizada por el tribunal de apelaciones.

También recordaron que, frente a nuevas prácticas y tratamientos, debe examinarse si la autoridad sanitaria otorgó autorización suficiente para que puedan ser prescriptos y aplicados. A ese hecho sumaron que la sentencia apelada no explicó por qué correspondía imponer prestaciones en instituciones ajenas a la cartilla, una de ellas ubicada en el extranjero.

El juez Rosatti coincidió con la solución y sostuvo que los agravios de la empresa encontraban “adecuada respuesta en los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal”. Con esa remisión, también votó por declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el fallo.

Así las cosas, la Corte ordenó devolver el expediente para que la Cámara Federal de Paraná dicte una nueva sentencia. Las costas fueron distribuidas por su orden, “en atención a la naturaleza de la controversia”.

Este martes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la responsabilidad del Estado Nacional por la detención de Claudio Walter Araya, un ex policía bonaerense que permaneció privado de su libertad durante aproximadamente seis años en la causa conocida como “Brigadas”, una derivación de la investigación del atentado terrorista contra la AMIA que luego fue anulada.

El tribunal también elevó de $1 millón a $1,5 millones la indemnización por daño moral reconocida a Araya, quien falleció en 2013 y cuya demanda fue continuada por sus herederas. La suma devengará intereses desde su detención, ocurrida el 12 de julio de 1996, hasta el pago efectivo.

La decisión fue firmada por los camaristas Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, quien intervino como subrogante ante las vacantes existentes en la Sala III. El expediente indemnizatorio comenzó el 13 de febrero de 2006 y llegó a la Cámara de Apelaciones después de la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2024.

Araya, en rigor, integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando fue detenido e indagado por su presunta vinculación con la obtención de la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba en el ataque contra la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994 a las 9.53, que causó 85 muertes y centenares de heridos.

Días después de su detención, el entonces juez federal Juan José Galeano lo procesó con prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con extorsión, y asociación ilícita. Araya permaneció encarcelado entre julio de 1996 y marzo de 1999, y nuevamente desde mayo de ese año hasta mayo de 2002.

Aunque en diciembre de 1998 recibió una falta de mérito respecto de su presunta participación en el atentado, su sobreseimiento definitivo por esa imputación recién fue dictado el 10 de julio de 2014. Durante ese período permaneció formalmente vinculado con una de las investigaciones judiciales más sensibles de la historia argentina.

Qué fue la causa “Brigadas”

La causa “Brigadas” se abrió el 31 de octubre de 1995 como un sumario conexo al expediente principal por el atentado contra la AMIA. Su objeto era investigar si integrantes de brigadas de la Policía bonaerense habían privado ilegítimamente de la libertad y extorsionado a Carlos Alberto Telleldín, entonces considerado el último poseedor conocido de la camioneta utilizada en el ataque, y si ese vehículo había sido obtenido en el marco de aquellas maniobras.

En julio de 1996, una declaración de Telleldín involucró a integrantes de la fuerza provincial y derivó en la detención de Araya y de otros policías. La causa fue elevada a juicio oral en 2001.

En octubre de 2004, el Tribunal Oral Federal N.º 3 anuló el decreto que había dado origen a “Brigadas” y las actuaciones posteriores respecto de quienes habían sido llevados a juicio. El tribunal también absolvió a Araya por los delitos de secuestro extorsivo y asociación ilícita, sobre los cuales no se había sostenido acusación durante el debate oral, y ordenó investigar las irregularidades cometidas durante la instrucción penal. Los fundamentos se conocieron el 29 de octubre de 2004.

El TOF 3 cuestionó la atribución indiscriminada de una participación en el atentado a los policías bonaerenses sin respaldo probatorio suficiente. También señaló que Galeano demoró de manera injustificada la definición de sus situaciones procesales y mantuvo a los imputados bajo un estado de incertidumbre que fue considerado una forma de presión.

La nulidad fue confirmada en 2006 por la entonces Cámara Nacional de Casación Penal. En 2009, la Corte Suprema limitó parcialmente su alcance y mantuvo la validez de una línea probatoria independiente relativa a delitos comunes cometidos contra Telleldín. Esa distinción se convirtió más tarde en uno de los ejes de la discusión civil sobre la responsabilidad del Estado.

El reclamo iniciado en 2006

Araya promovió la demanda contra el Estado el 13 de febrero de 2006 y reclamó $14,9 millones por los daños que atribuyó a su procesamiento y a la privación de su libertad.

El Estado solicitó el rechazo. Alegó que las irregularidades denunciadas constituían faltas personales de los funcionarios intervinientes, ajenas a su responsabilidad, y sostuvo que el funcionamiento del servicio de justicia había sido corregido por las instancias revisoras.

También pidió citar como terceros al exjuez Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación del atentado y de la causa “Brigadas”; a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que intervinieron en la pesquisa; al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; y a Carlos Alberto Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta utilizada como coche bomba.

Los citados rechazaron o discutieron la responsabilidad que se les atribuía. Galeano sostuvo que la prisión preventiva había sido dictada a partir de un requerimiento fiscal y de un estado de sospecha sobre el imputado. Mullen y Barbaccia plantearon, entre otras defensas, que la acción estaba prescripta y que la absolución posterior no volvía ilegítimo por sí mismo el procesamiento. Anzorreguy y Telleldín negaron que sus conductas hubieran tenido una relación causal con la detención de Araya.

Araya murió el 1 de mayo de 2013. Sus hijas y su esposa fueron reconocidas como herederas y continuaron el proceso.

La condena de primera instancia

El 2 de diciembre de 2024, el juez federal Santiago Carrillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3, hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó al Estado, a Galeano, Mullen y Barbaccia a pagar $1 millón por daño moral, más intereses.

Carrillo consideró que la prisión preventiva había devenido ilegítima y que se había configurado una prestación irregular del servicio de justicia. Aunque reconoció que una parte de la investigación relativa a los delitos comunes podía resultar formalmente válida, entendió que no era posible separarla de la decisión de mantener forzadamente a Araya vinculado con el atentado y bajo la competencia federal.

Según el fallo, la actuación atribuida a Galeano ocasionó tanto la privación irregular de la libertad como una demora perjudicial en la definición de la situación procesal del expolicía. El magistrado calificó esa prolongación como una “artera morosidad judicial”, incompatible con las garantías constitucionales que rigen el proceso penal.

La sentencia distribuyó la responsabilidad en un 80% para Galeano y un 10% para cada uno de los exfiscales. Carrillo entendió que Mullen y Barbaccia habían actuado con conocimiento de las maniobras ilícitas que rodearon la investigación.

En cambio, excluyó de la condena a Anzorreguy y Telleldín. Aunque ambos habían sido alcanzados por decisiones penales vinculadas con el uso de fondos públicos para obtener una declaración con información falsa, el magistrado concluyó que no se había probado un nexo causal suficiente entre esas conductas y la prisión preventiva sufrida por Araya.

También rechazó los reclamos por lucro cesante, pérdida de la carrera policial y ascensos. La exoneración de Araya de la Policía bonaerense había quedado firme porque no fue impugnada ni anulada judicialmente.

La responsabilidad del Estado

Al revisar la sentencia, la Sala III confirmó que el caso configuró un supuesto de error judicial y una falta de servicio atribuible al Estado.

Los camaristas recordaron que la responsabilidad estatal por la actividad jurisdiccional es excepcional y requiere que el acto que originó el daño haya sido previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto. Consideraron que ese presupuesto se encontraba cumplido por la nulidad decretada en el juicio oral.

El voto del camarista Fernández, al que adhirió López Castiñeira, destacó que la nulidad de las actuaciones y la absolución de los acusados permitían concluir que existió “en cabeza del Estado y de los funcionarios un caso de error judicial”.

La Cámara también ponderó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formalizado mediante el Decreto 812/2005. Allí se admitió que en la investigación del atentado “existió encubrimiento”, que medió un “grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación” y que se produjo una “denegatoria de justicia”.

Para los jueces, esa admisión, sumada a la nulidad y a los daños acreditados en el expediente, brindaba sustento suficiente para que prosperara el reclamo.

El tribunal de alzada rechazó además la postura del Estado Nacional según la cual las conductas atribuidas a Galeano debían considerarse actos personales ajenos a la responsabilidad pública. Aplicó, para el caso, la denominada teoría del órgano, que atribuye directamente al Estado los actos realizados por sus funcionarios en ejercicio de sus cargos.

Las decisiones cuestionadas, subrayaron los camaristas, fueron adoptadas por Galeano “en su condición de juez” a cargo del juzgado donde tramitaba la investigación. Como consecuencia, Araya fue sometido a una prisión preventiva de más de seis años basada en actuaciones que después fueron declaradas nulas.

“La posterior desincriminación no justifica el actuar del Estado, sino que, por el contrario, ratifica la existencia de una clara falta de servicio debido a que la justicia se administró de manera deficiente e irregular”, explicó la Sala III.

La situación de Galeano, Mullen y Barbaccia

La Cámara modificó, sin embargo, el alcance de la condena impuesta en primera instancia a Galeano, Mullen y Barbaccia.

Los jueces diferenciaron la responsabilidad objetiva del Estado, que podía resolverse sin esperar el final del proceso penal, de la eventual obligación personal de los exfuncionarios. Las causas penales vinculadas con sus conductas no contaban aún con una resolución firme que permitiera definir su responsabilidad civil definitiva.

“Únicamente respecto de los terceros existe prejudicialidad. Sin embargo, ello no es óbice para el dictado del presente pronunciamiento con relación al Estado Nacional”, consignó el tribunal.

La Sala III también tuvo en cuenta que Araya había dirigido originalmente su demanda solo contra el Estado y que los exfuncionarios fueron incorporados como terceros por pedido de la propia demandada.

Por esos motivos, dejó sin efecto en esta etapa la distribución del 80%, 10% y 10% fijada por Carrillo. Según la resolución, los porcentajes de una eventual acción de contribución “no pueden ser fijados en esta instancia” mientras se encuentre pendiente la definición penal.

El Estado podrá promover en el futuro una acción de regreso contra quienes considere responsables. En ese proceso se determinará, en caso de corresponder, qué proporción de la condena deberá afrontar cada exfuncionario.

La indemnización

Las herederas de Araya apelaron el monto fijado por daño moral. Plantearon que no reflejaba la extensión del encarcelamiento, la afectación de su vida familiar, los padecimientos económicos ni el perjuicio sufrido por haber quedado asociado públicamente al atentado.

La Cámara hizo lugar parcialmente al planteo y elevó la reparación de $1 millón a $1,5 millones.

El tribunal sostuvo que el padecimiento surgía de las propias circunstancias del hecho y sus consecuencias, por lo que no requería una acreditación específica. Para cuantificarlo, tuvo en cuenta la duración de la privación de libertad y la gravedad de la imputación.

La Sala III mantuvo el rechazo de los rubros relacionados con la carrera policial. Explicó que la exoneración de Araya había quedado firme y que un reclamo indemnizatorio fundado en la ilegitimidad de un acto administrativo exige que ese acto haya sido previamente impugnado y anulado.

La suma deberá abonarse en efectivo y devengará intereses, calculados según la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central, desde el 12 de julio de 1996 hasta su pago. Las costas de la segunda instancia quedaron a cargo del Estado Nacional.

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo del extitular de Vialidad Nacional en el macrismo Javier Iguacel ante el Tribunal Oral Federal 7.

La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción que trabajó en el caso en base a pedidos del juzgado federal 11, por entonces a cargo de Claudio Bonadio. Su declaración se extendió durante casi cinco horas y luego comenzó la del ex titular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel.

El debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho entró en una nueva etapa para escuchar a testigos de Vialidad Nacional, convocados por la fiscalía a cargo de Fabiana León. Durante las últimas semanas declararon abogados, contadores y ex jerárquicos de la exAFIP, actual ARCA.

Concluyó la declaración de Iguacel y el juicio continuará el jueves

Al finalizar el interrogatorio, el presidente del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, agradeció a Javier Iguacel por su declaración durante “esta extensa audiencia” y dio por concluida su participación en el juicio. Luego dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando está prevista la declaración del testigo Neira.

“Las auditorías confirmaron el esquema”: Iguacel ratificó irregularidades en Vialidad

Ante preguntas del abogado Mariano Galpern, representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Javier Iguacel afirmó que otros empleados de Vialidad Nacional también le habían relatado irregularidades dentro del organismo. Mencionó a una contadora vinculada al área de licitaciones que, según contó, pidió ser apartada porque no quería seguir ocultando pliegos ni recibir directivas externas sobre qué empresa debía resultar adjudicataria. También aludió a inspectores de obra que se habrían retirado tras advertir la emisión de certificados por trabajos que no habían podido verificar.

Consultado sobre las auditorías realizadas durante su gestión, el ex funcionario aseguró que esas revisiones confirmaron el esquema de corrupción que describió durante su declaración y que la documentación fue entregada cada vez que la Justicia la requirió.

Iguacel contestó preguntas sobre concesiones, empresarios y el funcionamiento del organismo vial

Tras el turno de Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, el interrogatorio al también ex intendente de Capitán Sarmiento por el PRO continuó durante más de una hora con preguntas formuladas por distintas defensas. En ese pasaje intervinieron los representantes de Sergio Passacantando, exgerente de Administración de Vialidad Nacional; Diego Olmedo, abogado del empresario Cristóbal López; y Agustín Labombarda, defensor del exsubadministrador de la DVN Sandro Férgola. Las consultas se concentraron en distintos aspectos de la gestión del organismo, las concesiones viales, el vínculo con empresarios y el origen de la información que el exfuncionario dijo haber recibido durante su paso por Vialidad. Finalizado ese tramo, el presidente del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de reanudar la audiencia.

Para el ex titular de Vialidad, la cartelización no benefició a un solo empresario

En el turno de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Javier Iguacel sostuvo que el sistema de cartelización que, según declaró, funcionaba en Vialidad Nacional no favorecía de manera exclusiva a una empresa, sino a buena parte de las compañías que obtenían contratos.

“Con precisión puedo decir los que denuncié, pero, en general, a la mayoría de los que tenían obras y principalmente a los que habían sido adjudicados con más obras”, respondió. Según explicó, en muchas licitaciones se repetía un esquema de tres oferentes con propuestas superiores a los valores que comenzaron a registrarse después de modificar el mecanismo de contratación.

“No existía un solo empresario beneficiado con este sistema de cartelización”, afirmó.

Beraldi también le preguntó si Vialidad había reclamado a las empresas la devolución de ganancias supuestamente obtenidas mediante sobreprecios. Iguacel respondió que durante su gestión presentaron entre diez y doce denuncias en los casos en los que consideraron que existían elementos suficientes para acudir a la Justicia. “En cada cosa que encontremos algo irregular lo vamos a denunciar”, recordó que había planteado al asumir.

El exfuncionario aclaró, sin embargo, que no toda diferencia de precios implicaba necesariamente una maniobra ilícita. Destacó que la redeterminación por inflación es un mecanismo legítimo y que una empresa podía incorporar un costo financiero si preveía demoras en los pagos.

Ante una nueva consulta de Beraldi, admitió que, fuera de las obras incluidas en esas denuncias, no había detectado de manera objetiva sobreprecios en las licitaciones realizadas durante su gestión. También sostuvo que, en los expedientes cuestionados, se procuró recuperar “todo lo que se pudo”.

“No soy corrupto”: el cruce de Iguacel con la defensa de Baratta

Pasadas las 15, la defensa de Roberto Baratta, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, interrogó al testigo Iguacel sobre las denuncias que recibió durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Vialidad.

El exfuncionario explicó que, al asumir, la mayoría de las reuniones con empresarios estuvieron vinculadas con reclamos por pagos atrasados durante la gestión anterior del kirchnerismo. “Al principio casi todos fueron por la deuda que teníamos”, señaló. También relató que mantuvo encuentros tensos con representantes del sector privado porque, según su percepción, algunos intentaban sostener prácticas de la gestión anterior. “Entendí que querían continuar con las prácticas anteriores y los saqué carpiendo de mi oficina”, afirmó.

Ante las preguntas de Gómez Alcorta, Iguacel reconoció que fue denunciado en distintas causas. Enumeró expedientes relacionados con la supuesta extensión irregular de contratos de concesión de autopistas y rutas nacionales, la rescisión de un contrato de la autopista Riccheri, la contratación de médicos para auditar licencias por enfermedad y la contratación de cursos de capacitación.

Consultado sobre una eventual denuncia vinculada con Del Plata Construcciones, respondió que no la recordaba. En cuanto al estado de esos expedientes, sostuvo que creía que ya no quedaba ninguno en trámite, aunque admitió no tener certeza y señaló que una de las causas había prescripto recientemente.

El intercambio se tensó cuando la defensa insistió sobre esos antecedentes. “Si su intención es tratar de hacerme ver a mí como corrupto, está yendo por el camino incorrecto, porque no lo soy”, respondió Iguacel.

“Los que decidían no firmaban”

Iguacel sostuvo que cuando llegó al cargo vio que en los certificados de obra se “metían tantas firmas para que nadie fuera responsable”.

“Los que realmente decidían no tenían ninguna firma” como por ejemplo “José López diciendo a quién se pagaba”, dijo en relación al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, juzgado en el debate.

Iguacel dijo que los empresarios “admitían ‘la camarita’”, el reparto de obra pública en el kirchnerismo

Javier Iguacel dijo que “en conversaciones informales todos” los empresarios “admitían lo de ‘la camarita’. Que existió, que se repartían las obras”.

“No les gustaba pero era la única manera que tenían de trabajar”, sostuvo que le decían y que argumentaban que sino participaban “se fundían”, al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

Iguacel habla de anticipos de obra “cargados en baúles” para el pago de coimas

El ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel ratificó que Sergio Passacantando fue contratado en el organismo a pedido del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Se trata de un contador que antes trabajó en Inverness, la financiera del arrepentido Ernesto Clarens, y que manejaba “el dinero de Lázaro Báez”.

" En un momento, Néstor Kirchner le pide a (Nelson) Periotti (su antecesor en el cargo) que lo meta en Vialidad para manejar el dinero”, relató. “Eso me lo confesó en una entrevista porque yo le dije que estaba complicado con lo que iba encontrando. Era la mano derecha de Ernesto Clarens, pero Passacantando manejaba directo el dinero de Lázaro Báez”.

Iguacel habló de “la camarita”, de “seudos falsos procesos licitatorios”. “Eso me consta que existía, no porque yo lo haya vivido, sino porque cuando pusieron los pliegos para licitaciones ”públicos y gratuitos en internet, pasamos de tener de dos o tres oferentes a trece o quince, y los precios bajaron casi 40 por ciento. Eso pasó de un mes para el otro. Era porque antes había contubernio; de otra manera es inexplicable”.

“Hacían pagar certificados por cosas que no se habían hecho y el que indicaba a quién pagarle o a quién no era José López (el ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo), quien muchas veces le mandaba los domingos una nota por escrito con el chofer para decirle a quién pagarle primero”, contó que se decía en Vialidad.

“Hay relatos, no me constan, que decían que el cien por ciento del anticipo” que las empresas cobraban por las obras “lo cargaban en baúles y lo llevaban como coima”.

Los pliegos “se administraban en una cueva”, dijo en relación a una “oficinita” del organismo. “Era difícil acceder”.

Comenzó a declarar Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional

Javier Iguacel comenzó a declarar como testigo pasadas las 1330 ante el Tribunal Oral Federal 7 y da pormenores sobre cómo encontró al organismo cuando asumió en reemplazo del titular durante el kirchnerismo, Nelson Periotti.

Terminó la declaración del ex funcionario de la OA y luego de cuarto intermedio declara Javier Iguacel

El exfuncionario Irigaray terminó su declaración que se extendió por casi cinco horas y se dispuso un breve cuarto intermedio antes del comienzo de la del ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

“Había un marco de impunidad muy grande”, evaluó ex funcionario de la OA

El testigo Irigaray lleva ya casi cinco horas declarando y concluyó que todo indica que “había un marco de impunidad muy grande” que vinculó a una “cadena de la felicidad”.

“Si son ciertas las reuniones fuera de Ministerios, cara a cara” entre funcionarios y empresarios de las que dio cuenta en sus anotaciones el remisero Centeno y los “movimientos en efectivo” de miles de dólares se estaría ante un esquema “que no pareciera sofisticado y si quiere es un indicio de un marco de seguridad por parte de los intervinientes, cómo que están muy seguros, tranquilos con lo que están haciendo. Uso la palabra impunidad”, graficó.

“No es muy normal ir con el chofer del Ministerio a un lugar a hacer intercambio de dinero, no es lo que se ve en los esquemas complejos”, agregó: “Había un nivel de impunidad altísimo” o bien, “una cadena de la felicidad” en un “marco de impunidad muy grande”.

Clarens “era un intermediario” en los cobros de sobornos

El exfuncionario de la Oficina Anticorrupción explicó que la hipótesis que se manejaba en la investigación era que el financista arrepentido Ernesto Clarens era un “intermediario financiero y directa o indirectamente recibía pagos que correspondían a sobornos vinculados a esas obras y llevaba un registro. Ese fue el que teníamos que ‘matchear’”.

Un informe que entregó la OA al juzgado dio cuenta de “74 obras del cuadro de Clarens que coinciden en forma parcial con la información aportada” por la Dirección Nacional de Vialidad.

Había “elementos fortísimos” que apuntaban a pagos ilegales, dijo el testigo

Irigaray declara desde poco después de las 9 y ante preguntas de la fiscal León sobre coincidencias entre reuniones que anotó Centeno y pagos respondió con su “opinión personal”.

“Sigo pensando lo mismo, creo que salvo mejor explicación en contrario -que por lo menos en ese momento no teníamos- la coincidencia temporal más o menos cercana” entre modificaciones a los contratos de obra que dependían de la aprobación del Estado federal y pagos que correspondían a fondos girados por el Estado “con reuniones en lugares fuera de los ámbitos de trabajo público de los funcionarios” con empresarios apuntarían a pagos ilegales. Como testigo, aclaró, dijo no poder dar fe de eso.

Irigaray habla de coincidencias entre anotaciones del remisero Centeno, reuniones de un empresario con funcionarios y pagos de obra pública

“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo, si hay un soborno corresponde a dinero que la empresa obtiene de su propio contrato”, ejemplificó el testigo cuando ratificó informes que dieron cuenta de coincidencias entre pagos de obra pública a la empresa BTU y reuniones consignadas por Oscar Centeno entre su entonces jefe y funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, el empresario de esa firma Carlos Mundin y Santiago De Vido en avenida Del Libertador 1902, según los cuadernos del remisero.

Irigaray respondió preguntas de la defensa sobre sus encuentros con Bonadio

El exfuncionario de la OA durante la gestión de Laura Alonso en el organismo respondió preguntas de las defensas de Cristina Kirchner y el ex funcionario y ex jefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, Roberto Baratta.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, le preguntó si firmó alguna vez un requerimiento de elevación a juicio vinculado a alguna causa por presuntos delitos en el gobierno de Mauricio Macri y la defensa de Baratta quiso saber pormenores del encuentro con Bonadio y el acceso que tuvo la OA a legajos de arrepentidos.

El trabajo de la OA con el listado del arrepentido Clarens

El testigo detalla que recibieron el listado del arrepentido financista Ernesto Clarens. “Era un listado con empresas, nombres de empresarios, obras y montos de pagos” de supuestos sobornos.

“Lo comparábamos con eventos salientes que pudieran relacionarse para darle al juez”, dijo. Además relató que encontraron coincidencias y “las señalaron”, ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera, representada por el abogado Mariano Galpern.

Antes recordó que la causa Cuadernos tuvo “consecuencias políticas, institucionales y de gestión enormes”. Cuando estalló el escándalo en 2018 “el Estado tenía contratos vigentes con la mayoría de las empresas que tenían socios, dueños, gerentes imputados y tenían embargos y tenía cuentas a pagar con esas empresas que eran alcanzadas por esos embargos”, graficó Irigaray sobre la situación que se generó.

La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción

El abogado fue funcionario en la Oficina Anticorrupción mientras el organismo fue querellante en la causa, rol que ya no tiene. Recordó que cuando la causa tomó estado público fueron al juzgado a ponerse a disposición del juez. “Tuvimos una muy breve reunión en el despacho del doctor Bonadio, nos pusimos a disposición”.

“Les explicamos que teníamos acceso más o menos ágil a alguna documentación del Poder Ejecutivo que podía ser de interés para la causa”, explicó. Después de eso llegó un primer pedido para requerir a Ministerios y organismos descentralizados contratos, antecedentes y licitaciones sobre “empresas a las que pertenecían las personas involucradas”.

El juez “nos hizo conocer fechas de supuestos pagos de sobornos” y “otro listado entregado por uno de los arrepentidos” para que “tomáramos como referencia al momento de analizar anticipos financieros”, explicó ante preguntas de la fiscal Fabiana León.

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La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó tramitar una medida cautelar con la que una concursante busca suspender el procedimiento para designar a ocho jueces nacionales en lo Civil de la ciudad de Buenos Aires, seleccionados a partir de un concurso cuya validez se encuentra cuestionada ante la Justicia.

El planteo fue presentado por María Laura Prada Errecart, secretaria del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 69 y participante del Concurso 420 del Consejo de la Magistratura. La actora reclama la nulidad del proceso de selección por una serie de presuntas irregularidades y pidió detener los nombramientos hasta que exista una sentencia sobre el fondo de su demanda.

La Cámara no resolvió si corresponde suspender las designaciones. Los jueces María Claudia Caputi y Luis María Márquez establecieron que la cautelar puede continuar dentro del expediente ya iniciado, pero que antes deberán ser escuchados el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado, dos de los órganos que intervienen en el mecanismo constitucional para nombrar magistrados.

El concurso cuestionado

El Concurso 420 fue convocado para cubrir las vacantes de los juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil números 19, 22, 44, 62, 66, 69, 80 y 110.

El procedimiento comenzó en 2019. Luego de la prueba de oposición, la evaluación de antecedentes, las impugnaciones, los exámenes psicológicos y las entrevistas personales, el Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó el concurso por unanimidad en abril de 2023.

En esa misma resolución, el organismo rechazó las presentaciones formuladas por Prada Errecart, conformó ocho ternas y una lista complementaria, y dispuso elevarlas al Poder Ejecutivo Nacional para que continuara el procedimiento constitucional de designación.

El Ministerio de Justicia recibió las propuestas, abrió el expediente administrativo EX-2023-48096419-APN-DGDYD#MJ y publicó las candidaturas en el marco del mecanismo de participación previsto por el Decreto 588/03.

Como informó Infobae en mayo de 2024, uno de los principales cuestionamientos de Prada Errecart recayó sobre la prueba escrita. Según su demanda, el examen presentó un caso prácticamente idéntico a una sentencia dictada por Juan Martín Alterini, uno de los integrantes del jurado.

La concursante planteó que algunos postulantes ya disponían del texto de ese fallo y que varios de los exámenes mejor calificados reprodujeron fragmentos o razonamientos de la sentencia, en ciertos casos sin comillas ni referencias.

También objetó el funcionamiento del jurado después del fallecimiento de dos de sus miembros y el modo en que fueron respondidas las impugnaciones a las calificaciones. El Consejo analizó y rechazó esos planteos antes de aprobar las ternas en cuestión.

Prada Errecart acudió luego a la Justicia Contencioso Administrativa Federal y pidió la nulidad de la Resolución 5/2023, de determinados actos anteriores del concurso y de las actuaciones posteriores que pudieran derivar del procedimiento cuestionado.

El pedido para detener las designaciones

La aprobación del concurso no equivale al nombramiento de los jueces. El Consejo de la Magistratura eleva ternas vinculantes al Poder Ejecutivo; el Presidente elige un candidato para cada vacante y remite su pliego al Senado, que debe prestar acuerdo antes de la designación definitiva.

Mientras la demanda judicial seguía en trámite, ese procedimiento avanzó. Según surge del fallo, el Senado convocó a una audiencia pública para tratar candidaturas correspondientes a los juzgados civiles números 44, 62 y 80.

Ante ese escenario, Prada Errecart pidió suspender la vigencia de la resolución que aprobó el Concurso 420 y la tramitación del proceso de selección “en cualquier instancia en que se hallare”.

En subsidio, solicitó que se prohibiera al Poder Ejecutivo efectuar nombramientos como consecuencia de los acuerdos que pudiera prestar el Senado. También reclamó que el Consejo de la Magistratura, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil o cualquier otra autoridad se abstuvieran de tomar juramento a los candidatos eventualmente designados.

La actora sostuvo que la cautelar no introducía un conflicto nuevo, sino que buscaba preservar la utilidad de la demanda principal. Según su postura, si los candidatos asumían antes de que se resolviera el planteo de nulidad, una eventual sentencia favorable podía llegar cuando el procedimiento ya se hubiera consumado.

El juez de primera instancia no analizó si estaban reunidos los requisitos para conceder la medida. Consideró que el pedido pretendía imponer obligaciones al Poder Ejecutivo y al Senado, aunque ninguno de esos órganos era parte de la causa original.

Entendió que resolverlo dentro del mismo expediente podía alterar el objeto del proceso e incorporar sujetos que no habían sido demandados. Por esa razón, indicó que Prada Errecart debía promover una nueva acción si pretendía obtener una decisión que también alcanzara al Presidente y a la Cámara alta.

La concursante apeló. Argumentó que toda la controversia giraba alrededor del mismo concurso y que obligarla a iniciar otro juicio podía colocarla ante la alternativa de renunciar a la tutela cautelar o abandonar la demanda principal.

Durante el trámite de la apelación se corrió traslado a quienes integraban las ternas y la lista complementaria para que pudieran expedirse. Algunos contestaron el memorial, mientras que el resto guardó silencio, según dejó asentado el juzgado.

La decisión de la Cámara

La Sala II coincidió con el juez de primera instancia en que una cautelar de ese alcance no podía resolverse sin escuchar previamente al Poder Ejecutivo y al Senado.

Los camaristas recordaron que el nombramiento de jueces constituye un procedimiento constitucional complejo en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Presidente de la Nación y la Cámara alta, cada uno con atribuciones propias.

En ese marco, afirmaron que “una medida como la solicitada por el actor requiere necesariamente, a juicio de este Tribunal, la intervención (...) de todos los órganos que por mandato constitucional intervienen en la designación de los jueces”.

El tribunal de alzada agregó que esas autoridades “deben inexcusablemente ser convocadas y oídas de forma previa al pronunciamiento sobre la tutela requerida”.

“No asiste razón a la recurrente cuando sostiene la innecesariedad de la intervención en autos del Poder Ejecutivo Nacional y del Honorable Senado de la Nación”, advirtieron los jueces, quienes añadieron que su participación “no puede ser obviada”.

Sin embargo, el tribunal discrepó con la exigencia de abrir otro expediente judicial. Por “estrictas razones de economía procesal”, consideró que una nueva causa estaría estrechamente relacionada con la demanda ya en trámite, porque ambas girarían alrededor del mismo Concurso 420.

Por eso concluyó que “no se advierte óbice para que -en el actual estado- la medida cautelar peticionada (...) sea sustanciada y resuelta en el marco del presente proceso”.

El expediente regresará, de ese modo, al juzgado de origen, donde se deberá requerir al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado los informes previstos por la Ley 26.854 que regula las cautelares en las que interviene el Estado. Una vez incorporadas esas respuestas, el juez de primera instancia quedará en condiciones de resolver el pedido de suspensión del procedimiento de designación.

De manera unánime, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal reconoció a María Frondizi el derecho a percibir la reparación económica contemplada en la Ley 24.043 por haber nacido y permanecido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres en la última dictadura militar. El tribunal de alzada dejó sin efecto, en rigor, una resolución del Ministerio de Justicia que había rechazado el reclamo y ordenó calcular la indemnización desde junio de 1977, cuando nació en Roma, hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que concluyó el gobierno de facto.

La sentencia fue firmada por los camaristas José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez. Para resolver, los jueces reconstruyeron la historia del grupo familiar, analizaron la documentación sobre su permanencia en Europa, el reconocimiento como refugiados y una serie de antecedentes mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia amplió progresivamente el alcance del régimen indemnizatorio a situaciones no previstas de manera expresa en el texto original de la norma.

La Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991 bajo el gobierno del presidente Carlos Menem, estableció una compensación económica para las personas que, durante la vigencia del estado de sitio, fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o que, siendo civiles, sufrieron detención por actos emanados de tribunales militares. El monto se calcula por cada día que duró la medida ilegítima, tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría superior del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

La norma dispuso, además, que los arrestos domiciliarios y los regímenes de libertad vigilada no debían considerarse como el cese de la privación de la libertad. También contempló incrementos para quienes murieron o sufrieron lesiones gravísimas durante ese período y habilitó a los derechohabientes a ejercer el reclamo en caso de fallecimiento del beneficiario.

Así las cosas, el texto aprobado en 1991 no menciona expresamente a quienes debieron abandonar el país para preservar su vida o su libertad. Tampoco contempla de manera específica a sus hijos, nacidos durante ese destierro. Esa ausencia dio lugar a una extensa discusión administrativa y judicial acerca de si el exilio forzado podía equipararse a las restricciones de la libertad que la ley buscó reparar.

La postura del Ministerio de Justicia en el caso de María Frondizi se apoyó precisamente en una interpretación literal y estricta de ese límite. Mediante una resolución del 29 de mayo de 2025, la cartera desestimó el beneficio al considerar que la mujer no reunía los requisitos legales ni presentaba una “analogía sustancial o identidad esencial” con los precedentes de la máxima instancia judicial sobre el alcance de la reparación.

La administración sostuvo que, por haber nacido en un país extranjero, “no ha existido situación alguna por la que pueda considerarse que la causante haya visto restringida su libertad en los términos de la Ley N° 24.043”. También destacó que Frondizi nunca estuvo privada de su libertad ambulatoria ni fue víctima directa de una persecución ilegítima que pusiera en riesgo su vida, sino que fundaba su reclamo en las consecuencias del exilio padecido por sus padres antes de su nacimiento.

Para el Ministerio, el hecho de que sus progenitores hubieran dejado la Argentina para preservar sus vidas o su libertad no bastaba para concederle a la hija nacida en el exterior una indemnización creada específicamente para reparar privaciones ilegítimas de la libertad. La resolución subrayó, además, que la Ley 24.043 y sus normas complementarias instituyeron un "régimen de excepción“, cuya aplicación debía efectuarse con rigor, especialmente por el impacto de estos beneficios sobre los fondos públicos.

María Frondizi apeló esa decisión. Explicó que sus padres, Marcelo Hernando Frondizi y Silvia Susana Serrano, abandonaron el país el 13 de noviembre de 1976 como consecuencia de las persecuciones políticas que padecían y para preservar sus vidas o, al menos, su libertad. Marcelo Frondizi, militante político y sindical fallecido en 2018, era sobrino del expresidente Arturo Frondizi.

María nació en Roma al año siguiente. Durante su infancia también vivió en España y regresó a la Argentina junto con su familia el 21 de enero de 1984, cuando tenía seis años, mediante un programa de repatriación voluntaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En su recurso planteó que la decisión ministerial desconocía el dato central del expediente: no había nacido en Italia como consecuencia de una elección familiar libre, sino porque el accionar del Estado argentino había obligado a sus padres a abandonar el país. Según su planteo, esa situación incidió en sus derechos a la libertad, la identidad, la pertenencia cultural y la preservación de sus relaciones familiares.

También argumentó que la interpretación estatal contradecía la jurisprudencia desarrollada durante años por la Corte Suprema y el criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación. Frente a la lectura restrictiva defendida por el Ministerio, invocó el principio pro homine, que exige privilegiar, entre distintas interpretaciones posibles, aquella que brinde una protección más amplia a los derechos humanos.

Al evaluar el caso, el tribunal de alzada reconstruyó los hechos a partir de las pruebas incorporadas al proceso administrativo. La partida de nacimiento acreditó que María Frondizi nació en Roma. Los jueces también valoraron los pasajes utilizados por la familia para regresar desde Madrid, el pasaporte expedido en España, la certificación de la Dirección Nacional de Migraciones que registró su ingreso por el aeropuerto de Ezeiza, su libreta sanitaria italiana y documentación escolar correspondiente al ciclo 1982-1983 en un colegio madrileño.

Uno de los elementos centrales fue un certificado de ACNUR. El documento dejó constancia de que Marcelo Frondizi había sido reconocido como refugiado en España en octubre de 1980 junto con su grupo familiar. La Cámara de Apelaciones recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, esa certificación constituye una prueba relevante de la existencia de “fundados temores” de persecución y de la imposibilidad de acogerse a la protección del país de origen.

Los camaristas ponderaron, además, que el propio Estado ya había reconocido el carácter forzado del exilio del padre. En 2012, luego de un recorrido administrativo y judicial que incluyó la intervención de distintas salas de la Cámara y de la misma Corte Suprema, el Ministerio de Justicia le otorgó la indemnización de la Ley 24.043 por 2.541 días, correspondientes al período comprendido entre el 13 de noviembre de 1976 y el 28 de octubre de 1983.

Según los magistrados a cargo de la causa, ese antecedente y la documentación reunida demostraron que la familia no salió de la Argentina voluntariamente. El exilio, sostuvo la Sala II, “lejos de ser considerado voluntario o libremente adoptado, fue la única alternativa que tuvieron para salvaguardar la vida, la integridad física y la libertad, así como la unidad del grupo familiar, ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas”.

A partir de ahí, los jueces repasaron la evolución de la jurisprudencia sobre la ley de 1991. En los casos “Bufano”, “Geuna” y “Quiroga”, la Corte había admitido que el régimen podía abarcar situaciones que no coincidían literalmente con el concepto clásico de detención, pero constituían una prolongación o una consecuencia directa de una restricción ilegítima de la libertad.

En “Bufano”, el máximo tribunal analizó la situación de una persona que había escapado de sus captores. Consideró que la fuga no buscó burlar una orden legítima, sino preservar una vida y una libertad que ya habían sido vulneradas. En “Quiroga”, examinó el caso de una mujer detenida que había sido obligada a elegir entre continuar cautiva en un centro clandestino o exiliarse. En “Geuna”, entendió que la salida del país después de escapar de un régimen de libertad vigilada había constituido una prolongación de aquella restricción.

Otro antecedente decisivo fue “Yofre de Vaca Narvaja”. Susana Yofre reclamó la reparación por el período en el que ella y otros integrantes de su familia debieron refugiarse en la Embajada de México y luego abandonar el país. Las fuerzas habían asesinado a su esposo y a uno de sus hijos, mientras los demás miembros del grupo familiar estaban siendo perseguidos.

La Cámara entonces había rechazado inicialmente el pedido por considerar que no podía equipararse la situación de una persona detenida y posteriormente obligada a exiliarse con la de quien había optado por abandonar el país ante el contexto político. El dictamen de la Procuración -cuyos fundamentos fueron después compartidos por la Corte- descartó, sin embargo, que hubiese existido una decisión libre.

Buscar protección diplomática y emigrar, sostuvo aquel dictamen, había sido “la única y desesperada alternativa” para salvar la vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas. La Procuración también afirmó que el término “detención” comprende diferentes formas de menoscabo de la libertad ambulatoria y que, bajo aquellas condiciones, el exilio forzado podía equipararse al ostracismo.

La discusión avanzó un paso más en “De Maio”, resuelto por la Corte en 2014. Ana de las Mercedes De Maio y Eleonora Lucía De Maio habían nacido en Venezuela durante el exilio de sus padres. Una sala de la Cámara en lo Contencioso les había negado la reparación porque ellas no habían estado detenidas ni habían sufrido personalmente un riesgo directo sobre sus vidas.

La Corte revocó aquella sentencia. Recordó la “vocación reparatoria” de la Ley 24.043 y de las normas que posteriormente ampliaron sus plazos y supuestos de procedencia. Según el fallo, el Congreso buscó reparar, “sin restricciones extrañas a su propósito”, las graves violaciones a la dignidad humana cometidas durante aquel período.

El máximo tribunal sostuvo entonces que “carecería de justificativo válido desconocer idéntico derecho a los hijos de esos exiliados, que estuvieron impedidos de nacer en la patria de sus padres por razones completamente ajenas a ellos y desvinculadas con el libre ejercicio del derecho a elegir su propio plan de vida”.

También señaló que las hijas de exiliados fueron forzadas, como consecuencia directa del accionar ilegítimo del Estado, a crecer en un entorno cultural y social “diferente” del que debieron integrar. Esa experiencia afectó sus relaciones familiares, su identidad y su pertenencia cultural. La permanencia en el país extranjero, remarcó la Corte, no había sido una decisión voluntaria de los hijos, del mismo modo que tampoco lo fue la salida de sus padres.

La Sala II consideró que ese criterio resultaba aplicable a María Frondizi. Aunque todavía no había nacido cuando sus progenitores dejaron la Argentina, su nacimiento en Roma y su posterior crianza en Europa fueron consecuencias directas del exilio provocado por la persecución política. Por eso anuló la decisión del Ministerio y ordenó liquidar la reparación por el período comprendido entre su nacimiento y el 10 de diciembre de 1983.

El Poder Ejecutivo intentó llevar la controversia ante la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Sin embargo, la misma Sala II denegó poco después esa vía. La cartera todavía puede acudir directamente al máximo tribunal mediante un recurso de queja.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) cuestionó el proyecto que propone endurecer las penas por falsas denuncias y advirtió que una reforma del Código Penal no puede apoyarse en casos de alto impacto público ni en percepciones sobre la magnitud del fenómeno.

La posición fue expresada por la presidenta de la institución, Alejandra García, quien sostuvo que “las reformas al Código Penal no pueden fundarse en la repercusión pública de determinados hechos ni en percepciones sobre su magnitud”. A su criterio, cualquier modificación debe estar respaldada por evidencia que demuestre que la legislación vigente resulta insuficiente y que la respuesta propuesta es necesaria.

García recordó que “la falsa denuncia no constituye un vacío legal. El Código Penal ya la sanciona en su artículo 245” y planteó reparos sobre la técnica legislativa utilizada. Según señaló, el texto recurre a “categorías de contornos imprecisos”, como la de “hechos delictivos dolosos graves”, sin establecer parámetros objetivos para determinar su alcance.

“En derecho penal, donde rige el principio de legalidad, la precisión en la descripción de las conductas no constituye una exigencia meramente formal, sino una garantía para la ciudadanía”, afirmó.

El pronunciamiento del Colegio se produce en el marco del debate legislativo sobre el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada y otros legisladores, que en abril obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. La iniciativa propone modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, e incorpora agravantes cuando esos delitos se cometan en causas vinculadas con violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual. Durante el tratamiento en comisión, los respaldos más enfáticos al proyecto provinieron de la propia Losada y de los senadores Luis Juez y Juan Carlos Pagotto.

La entidad porteña respaldó su postura con datos del Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos. Según ese informe, las falsas denuncias representaron el 0,09% de las 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país. Del total identificado, solo el 8% estuvo vinculado con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar.

“Estos datos no significan que las falsas denuncias no existan ni que carezcan de importancia. Pero muestran que se trata de un fenómeno excepcional y no de una situación que justifique una reforma penal de esta naturaleza”, sostuvo García.

La entidad también citó la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, elaborada por el Estado nacional, según la cual apenas el 21% de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja formuló una denuncia.

Para la titular del CPACF, ese dato obliga a evaluar con especial cautela cualquier cambio normativo que pueda desalentar el acceso a la Justicia. “El verdadero desafío continúa siendo el subregistro de estos hechos”, señaló.

García también diferenció una denuncia falsa de una causa que finaliza sin condena. “No toda denuncia que concluye con un sobreseimiento o una absolución es una denuncia falsa”, remarcó. Y agregó: “Confundir ambos planos no solo conduce a conclusiones equivocadas, sino que también puede desalentar denuncias legítimas allí donde demostrar lo ocurrido resulta especialmente complejo”.

“Cuando una reforma penal no se apoya en un diagnóstico sólido, el riesgo es que el remedio termine agravando el problema”, concluyó.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Nilda Dammer, conocida como “Lila”, acusada de haber alojado y mantenido bajo su control a una mujer que, según la investigación, fue explotada sexualmente en una casa de la capital misionera entre octubre de 2018 y agosto de 2019.

De acuerdo con la hipótesis que el tribunal consideró suficientemente respaldada para esta etapa del expediente, Dammer habría recibido a la víctima cuando regresó desde Buenos Aires, retenido su documento de identidad, restringido sus movimientos y participado, junto con su hijo Cristian Pereira, en la organización de encuentros sexuales con distintos hombres. El dinero, siempre según la acusación, era cobrado por ellos y destinado a los gastos de la vivienda, la defensa de Benito Pereira -quien era pareja de la víctima y permanecía detenido en otra causa por trata de personas- y la construcción de otra casa.

Los jueces Ramón Luis González, Juan Manuel Iglesias y Rubén David Osca Quiñones entendieron que existen elementos suficientes para mantener a Dammer procesada como coautora del delito de trata de personas, en las modalidades de captación y acogimiento con fines de explotación sexual. La imputación fue agravada por el uso de violencia, amenazas e intimidación, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y la presunta concreción de la explotación económica de la prostitución ajena.

La Cámara Federal determinó que las pruebas reunidas permiten continuar el proceso en contra de la imputada. Para resolverlo, valoró principalmente la declaración de la damnificada en Cámara Gesell, junto con informes psicológicos, registros de visitas a una dependencia de Gendarmería Nacional, análisis de comunicaciones, constataciones realizadas en el domicilio señalado y testimonios de familiares, vecinos y otras personas vinculadas con el caso.

La defensa había solicitado que se revocara el procesamiento. Para eso alegó que el juez de primera instancia evaluó la prueba de forma arbitraria, se apoyó en convicciones personales e invirtió la carga probatoria en perjuicio de la acusada. Los camaristas rechazaron esos cuestionamientos al considerar que el relato de la mujer no fue examinado de manera aislada, sino en relación con otros elementos que coincidían con aspectos relevantes de su narración.

El origen de la causa

La investigación comenzó el 11 de septiembre de 2024, cuando la afectada presentó una denuncia ante la División Trata de Personas de la Policía de Misiones. Ahí describió una sucesión de hechos que, según manifestó, se remontaban a 2012, cuando había viajado a Buenos Aires con Benito Pereira, quien entonces era su pareja.

De acuerdo con su versión, una vez en Buenos Aires comenzó a trabajar en un bar llamado “La Taquita”, donde habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con hombres contactados por personas de su entorno. Esa situación se habría prolongado hasta 2018, cuando uno de sus hermanos formuló una denuncia en la ciudad de Posadas y se abrió una primera causa por trata de personas en la que ella aparecía como víctima.

Como consecuencia de aquel expediente, Benito Pereira quedó detenido durante aproximadamente seis meses en una dependencia de Gendarmería Nacional.

Fue en ese contexto, según la reconstrucción judicial, cuando comenzó la intervención atribuida a Nilda “Lila” Dammer y a su hijo Cristian Pereira.

Mientras Benito permanecía detenido, una mujer llamada Adriana, a quien la víctima identificó como cuñada de Pereira, se encontró con ella en Buenos Aires. La víctima le contó lo que había atravesado y le explicó que quería regresar a Posadas, pero que no tenía dinero, teléfono ni otra manera de hacerlo.

Adriana se ofreció a llevarla.

“Yo le dije que sí, que sí, que yo quería volver para Posadas, pero que no tenía de qué forma volver”, expresó la denunciante ante la Justicia.

El viaje se realizó en un auto que, según relató, había pertenecido al padre de una de sus hijas. Adriana condujo porque el vehículo tenía caja manual y la mujer no sabía manejarlo. Ningún integrante de su familia sabía que estaba regresando a Misiones y ella tampoco podía avisarles: de acuerdo con su testimonio, la Policía se había quedado con su teléfono.

Al llegar a la capital misionera, el auto se detuvo en una estación de servicio ubicada sobre la avenida Uruguay. En ese momento, siempre según el relato incorporado al expediente, aparecieron Nilda Dammer, Cristian Pereira y otro hombre al que la víctima dijo no conocer.

La mujer esperaba que la llevaran hasta la casa de su familia. Sin embargo, Adriana dio por terminado el viaje en ese lugar y la dejó con quienes habían ido a recibirla.

“Yo le dije a Adri: ‘Pero yo quería ir a mi casa’. Y ahí me dijo: ‘Hasta acá yo te traje. A partir de ahora te arreglás’”, recordó durante la Cámara Gesell.

Adriana se retiró. Cristian Pereira se habría llevado el auto en el que ambas habían viajado desde Buenos Aires, mientras que la víctima subió al vehículo en el que habían llegado Dammer y los demás hombres. Desde la estación de servicio la trasladaron hasta una vivienda situada sobre la avenida Tomás Guido, cerca de la intersección con la avenida Comandante Andresito.

Esa casa se convirtió en el escenario central de los hechos investigados.

La víctima manifestó que, apenas ingresó, Dammer y Cristian Pereira revisaron sus pertenencias. Entre ellas había dinero, documentación vinculada con distintos vehículos y su DNI. Según su relato, Dammer se quedó con el documento de identidad y le advirtió que se lo devolvería de acuerdo con su comportamiento.

“Ella me dijo que el documento se lo iba a quedar y que, dependiendo de cómo yo me porte, ella me lo iba a volver a entregar”, sostuvo.

La mujer afirmó que nunca recuperó su DNI. También indicó que le explicaron que no podía regresar con su familia porque Benito Pereira había sido detenido a raíz de la denuncia presentada por uno de sus hermanos.

Según la declaración, Dammer le comunicó que tendría que trabajar para reunir dinero, pagar al abogado que buscaba conseguir la libertad de Benito y colaborar con los gastos familiares. La víctima añadió que una parte de lo producido mediante su explotación sexual en Buenos Aires ya era enviada a Dammer y a Cristian Pereira. Ahora que su pareja estaba detenida, le habrían advertido, tendría que “trabajar el doble” para reemplazar esos ingresos, financiar la defensa y aportar a la construcción de una nueva vivienda.

Para la acusación, allí comenzó un nuevo período de sometimiento y explotación.

El control dentro de la vivienda

La casa tenía un cuarto, una cocina y un ambiente que funcionaba como sala, donde habían colocado una cama junto a un juego de sillones. La mujer dormía en ese espacio.

Cristian Pereira también permanecía ahí. La damnificada explicó que le habían dicho que debía vigilarla y evitar que escapara. Tampoco podía salir sola, caminar por el barrio ni acercarse libremente a sus familiares.

“Ellos no me dejaban salir porque ellos decían que, por culpa mía, Benito estaba preso”, declaró.

Cuando Dammer se ausentaba, podía llevar a la mujer con ella o dejarla bajo el control de su hijo. “En ningún momento me iba sola. O con uno o con el otro”, precisó.

La víctima agregó que la puerta permanecía cerrada con llave y que la última persona que entraba o salía se la guardaba en el bolsillo. Aseguró que intentó marcharse, pero nunca encontró una oportunidad para hacerlo.

“No había forma porque la casa siempre estaba llaveada”, señaló.

Durante ese período, la mujer habría quedado prácticamente aislada de su familia. Relató que algunas veces alcanzó a ver a su madre sentada en una plaza ubicada frente a la vivienda, aunque no podía acercarse a hablarle. En una oportunidad, siempre según su versión, su madre llegó hasta el domicilio, pero Cristian Pereira le ordenó a la víctima que volviera al interior y luego hizo que la mujer se retirara.

La División Trata de Personas realizó averiguaciones en la zona y constató que, a unos 50 metros del lugar, había una plazoleta, la Escuela Provincial N.º 548 y el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Para los investigadores, esas referencias coincidían con la descripción aportada durante la declaración.

Las visitas al detenido

Mientras Benito Pereira continuaba alojado en una dependencia de Gendarmería, la víctima comenzó a visitarlo. Según narró, Dammer y Cristian Pereira la obligaban a concurrir cada vez que se habilitaban los encuentros, con el propósito de mostrar ante la Justicia que ella quería mantener la relación y favorecer así la liberación del detenido.

La mujer refirió que debía permanecer durante todo el horario de visita, llevarle ropa y regresar después a la casa de la avenida Tomás Guido acompañada por alguno de ellos.

“Todos los días que había visitas, o me llevaba Lila o me llevaba Cristian”, aseguró.

Ese tramo encontró respaldo en los libros de guardia remitidos por el Escuadrón N.º 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional. La documentación mostró que, entre el 28 de noviembre de 2018 y el 11 de abril de 2019, la víctima concurrió nueve veces sola, 19 acompañada por Cristian Pereira y diez con Nilda Dammer. Hubo además otra visita en compañía de una tercera mujer.

En las constancias vinculadas con Dammer figuraba como domicilio la casa de la avenida Tomás Guido.

Los jueces aclararon que esos registros no demostraban por sí mismos que las visitas hubieran sido forzadas. Sin embargo, entendieron que confirmaban varios datos objetivos mencionados por la víctima: la frecuencia de los encuentros, el período en que ocurrieron, las personas que la acompañaban y el domicilio al que aparecían vinculadas.

La explotación sexual

La mujer afirmó que, mientras permanecía en la casa, Dammer y Cristian Pereira llevaban hombres para que mantuvieran relaciones sexuales con ella. De acuerdo a su versión de los hechos, los encuentros se repetían prácticamente todos los días y no tenía posibilidad de negarse.

“Yo sabía que cuando Lila salía era porque venía con alguien para que salga conmigo”, explicó.

La víctima relató que Dammer podía regresar acompañada por uno o varios hombres. Cristian Pereira conversaba con ellos y, posteriormente, él y su madre salían de la vivienda mientras el cliente ingresaba al ambiente donde se encontraba la mujer.

“Si era un hombre solo, solo el hombre conmigo. Si venían dos hombres, eran dos hombres conmigo”, declaró.

El dinero, según aseguró, era recibido directamente por Dammer o por su hijo. “Si estaba Lila, le pagaban a Lila. Si estaba Cristian, le pagaban a Cristian. Y si estaban los dos, a los dos”, detalló durante la Cámara Gesell.

La denunciante indicó que algunos de esos hombres la insultaban, le tiraban del pelo o le daban cachetazos. Si un cliente se quejaba por su comportamiento o por alguna demora, Dammer y Cristian Pereira la golpeaban después. También denunció que la obligaban a mantener relaciones sexuales cuando estaba menstruando y sufría pérdidas de sangre.

Al ser consultada por la cantidad de hombres que podían llevar a la casa, respondió: “A veces eran siete, a veces eran ocho”.

De acuerdo con la hipótesis central de la pesquisa, el dinero obtenido se utilizaba para cubrir los gastos de la vivienda, financiar la defensa judicial de Benito Pereira y avanzar con la construcción de otra casa de Dammer. La víctima atribuyó a la imputada las mayores presiones, ya que necesitaba comprar materiales y pagar a los albañiles.

“La plata que yo hacía era para ellos”, resumió.

Las tareas domésticas y las agresiones

La situación denunciada no se habría limitado solamente a la explotación sexual. En efecto, la mujer también tenía que limpiar, cocinar, lavar, planchar la ropa y cuidar durante la noche a uno de los hijos de Dammer.

Según explicó, el chico se quedaba despierto jugando y ella debía atenderlo, acompañarlo al baño y prepararle la comida. Si el niño se quejaba, Dammer la insultaba o la golpeaba.

“Me decía que no servía para nada”, evocó en su declaración.

La damnificada detalló cachetazos, tirones de pelo y castigos bajo la ducha. En una oportunidad, manifestó, Dammer la llevó hasta el baño, abrió el agua y le dijo que no saldría de ahí porque el niño había llorado por la comida.

También aseguró que no le permitían utilizar el baño de la casa con normalidad. Debía hacer sus necesidades y bañarse en el fondo, con un balde, cerca de la pileta donde lavaba la ropa. Cuando sentía dolores y pedía medicamentos, le respondían que no gastarían dinero en ella.

La rutina que describió combinaba encuentros sexuales impuestos, tareas domésticas, falta de descanso, aislamiento y violencia.

La prisión domiciliaria y el embarazo

Con el paso de los meses, Benito Pereira obtuvo la prisión domiciliaria y fue trasladado a la misma casa de la avenida Tomás Guido. La víctima afirmó que, poco después, sus captores le dijeron que debía quedar embarazada.

Según le explicaron, el embarazo podía favorecer la situación judicial de Pereira y evitar que le colocaran una tobillera electrónica. La mujer expresó que no quería quedar embarazada, pero que no tuvo posibilidad de negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Además, declaró que durante ese período también mantenía relaciones con Cristian Pereira y continuaba siendo explotada sexualmente con otros hombres. Por ese motivo, señaló que no podía saber con certeza quién era el padre de la hija que tuvo tiempo después.

La víctima relató que, cuando supieron que esperaba una nena, escuchó a Dammer decir que habían “matado dos pájaros de un tiro”: el embarazo podía beneficiar a Benito Pereira y la criatura podía convertirse, según la frase que le atribuyó, en otra “fuente de dinero”.

La explotación sexual, de acuerdo con su declaración, no se interrumpió durante el embarazo. En los primeros meses sufrió una amenaza de aborto, pero aun así debía mantener relaciones sexuales con la misma frecuencia. También mencionó que tenía más hambre y pedía porciones adicionales de comida, pero le respondían que ya había comido.

Las amenazas relacionadas con su hija

La víctima aseguró que las amenazas continuaron después del nacimiento de la beba. Según declaró, Dammer le advertía que, si hablaba o revelaba lo ocurrido, harían desaparecer a la criatura.

“Si yo abría mi boca y contaba lo que estaba pasando, ellos iban a hacer desaparecer a la criatura”, comentó en Cámara Gesell.

Por otro lado, un estudio elaborado el 1° de octubre de 2021 por una profesional de la División Trata de Personas advirtió que, terminado el cautiverio, la mujer fue a vivir con su hija, que entonces tenía cuatro años, a la casa de sus padres. El documento indicó que presentaba un cuadro de estrés postraumático, con ataques de llanto, insomnio, miedo constante, angustia, desconfianza e hipervigilancia.

La causa sumó también otros informes del Departamento Forense Interdisciplinario, de la psicóloga que atendía a la víctima y de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas. Para la Cámara Federal de Posadas, esos estudios guardaban correspondencia con el relato y permitían evaluar las consecuencias psicológicas de las situaciones denunciadas.

El resto de las pruebas

La investigación incorporó además los testimonios de los padres y de uno de los hermanos de la víctima, de vecinos de la casa de la avenida Tomás Guido, de una amiga de Dammer que trabajaba como empleada doméstica y de otras personas relacionadas con los involucrados.

También se estudiaron registros telefónicos de líneas vinculadas con Cristian Pereira, la víctima, Adriana y Dammer. Personal especializado de Gendarmería examinó datos de antenas para establecer si permitían ubicar a la mujer en la vivienda investigada o en sus inmediaciones durante el período analizado.

Las autoridades de la Escuela BOP 86 informaron, a su vez, que Dammer había trabajado en ese establecimiento entre el 8 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2019. Para los investigadores, esa información permitía situarla en Posadas durante buena parte del período bajo análisis, aunque no probaba por sí sola la conducta delictiva atribuida.

El tribunal de alzada entendió que, valorados en conjunto, esos elementos alcanzaban para sostener con el grado de probabilidad requerido en un procesamiento que la víctima había permanecido en el domicilio y que Dammer habría efectuado aportes concretos para mantenerla sometida y obtener dinero mediante su explotación sexual.

Los argumentos de la defensa

La defensa de Nilda Dammer planteó que el procesamiento se había basado en las convicciones personales del juez y no en pruebas suficientes. También cuestionó que el magistrado hubiera seleccionado de manera arbitraria los elementos favorables a la acusación y relegado aquellos que podían beneficiar a la imputada.

Según el recurso, la resolución había invertido la carga de la prueba y afectado el principio de inocencia. Los abogados solicitaron el sobreseimiento de Dammer o, de manera subsidiaria, que se dictara la falta de mérito.

La acusada se abstuvo de declarar durante la indagatoria, aunque presentó un escrito firmado junto con sus defensores.

Por qué la Cámara confirmó el procesamiento

Los camaristas descartaron que la decisión fuera arbitraria. A su criterio, el juez de primera instancia había explicado cuáles eran los hechos considerados provisoriamente acreditados, qué intervención le atribuía a Dammer y en qué pruebas apoyaba esa conclusión.

El tribunal de revisión destacó que el relato de la víctima tenía una relevancia particular por las características de los delitos de trata, que suelen cometerse en ámbitos cerrados, bajo relaciones de dominación y sin testigos independientes. Esto no significaba, aclaró, que su palabra debiera aceptarse automáticamente o sin un análisis crítico.

En estas actuaciones, los jueces concluyeron que la declaración aparecía acompañada por los informes psicológicos, los registros de Gendarmería, las constataciones en el domicilio, los estudios de comunicaciones y distintos testimonios que coincidían con aspectos de la narración.

La Cámara señaló, además, que la causa debía ser evaluada con perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata. Recordó que el delito protege la libertad de autodeterminación y que la ley considera irrelevante un eventual consentimiento cuando existe una finalidad de explotación.

Con esos fundamentos, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Nilda Dammer, mantuvo medidas de coerción en su contra y dejó vigente el embargo trabado sobre sus bienes.

La causa continuará en el juzgado de origen, donde deberán completarse las medidas de prueba pendientes y definirse si existen elementos suficientes para enviar a la acusada a juicio oral.

La Cámara Federal de Salta confirmó una sentencia que obliga a una empresa de medicina prepaga a cubrir la escolaridad de un menor de 10 años con autismo y discapacidad intelectual leve en un colegio privado ubicado en el barrio 20 de Febrero, de la ciudad de Salta.

La Sala II rechazó la apelación de la compañía de salud y ratificó que deberá afrontar la matrícula y las cuotas mensuales correspondientes al ciclo lectivo 2026. La prestación tendrá como límite el valor establecido en el nomenclador nacional para personas con discapacidad.

El conflicto enfrentó dos posiciones. La familia sostuvo que la permanencia del alumno en la misma escuela era una necesidad vinculada con su salud, su estabilidad emocional y los avances alcanzados durante seis años. La demandada, en cambio, argumentó que el establecimiento privado había sido elegido unilateralmente por los padres y que debía evaluarse una alternativa dentro del sistema público.

Los camaristas Mariana Inés Catalano, Alejandro Castellanos y Guillermo Federico Elías priorizaron la continuidad del proceso de integración escolar. En su resolución, firmada por unanimidad, concluyeron que las reglas sobre la oferta educativa estatal no podían aplicarse de manera automática cuando estaba acreditada una adaptación exitosa y existía riesgo de regresión.

El menor cuenta con Certificado Único de Discapacidad y tiene diagnóstico de “retraso mental leve” y “autismo en la niñez”. Además, recibe tratamiento interdisciplinario permanente.

Su neurólogo infantil prescribió que continuara durante 2026 en la misma institución. Según consignó en la documentación médica, el objetivo era lograr un “mayor compromiso en autocuidados, comunicación y conexión”.

A esa indicación se sumaron informes terapéuticos, sociales y pedagógicos que describieron progresos en distintas áreas curriculares, una mayor autonomía dentro del aula y mejoras en la interacción con compañeros y adultos.

Los profesionales también destacaron que la escuela representaba para el estudiante un espacio seguro, conocido y previsible, donde había logrado integrarse, construir vínculos afectivos, participar en actividades sociales y desarrollar un sentido de pertenencia.

De hecho, uno de los reportes incorporados al expediente remarcó que “la elección de la institución ha sido un factor fundamental para el progreso que hoy puede observarse” y que la comunidad escolar lo acompañó “desde el inicio con una mirada comprensiva, inclusiva y comprometida con su desarrollo”.

Las posturas enfrentadas en el expediente

La madre promovió una acción de amparo después de que la prestadora rechazara cubrir la escolaridad primaria. La empresa había autorizado distintas prestaciones de rehabilitación para 2026, pero denegó la educación de jornada simple “sin justificativo alguno”, según reconstruyó el tribunal de alzada en su decisión.

Luego de recibir una carta documento, la entidad de salud respondió que no estaba obligada a financiar el colegio porque su elección había sido unilateral y voluntaria. También indicó que se trataba de una institución privada que no figuraba en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención y Rehabilitación a Personas con Discapacidad.

La firma puso a disposición de la familia a su equipo interdisciplinario para colaborar en la búsqueda de una escuela pública adecuada. Más tarde reiteró esa propuesta tanto en primera instancia como ante la Cámara.

En su recurso de apelación, cuestionó además los informes presentados por la madre del menor. Afirmó que eran documentos privados cuya autenticidad, contenido y firma no habían sido probados, y planteó que la condena se apartaba de la normativa y de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

También alegó que el beneficio era abusivo y discriminatorio frente a otros afiliados porque, según expresó en su recurso, el régimen de discapacidad no suponía un “all inclusive prestacional”.

La familia respondió que la continuidad escolar no obedecía a una preferencia, sino a una prescripción médica sustentada en la evolución del menor. Advirtió que la ruptura de ese entorno consolidado podía ocasionar retrocesos severos y desregulaciones en su conducta.

Además, calificó como “tardío e inapropiado” el ofrecimiento de la demandada, debido a que había sido formulado cuando el ciclo lectivo ya estaba en marcha y después de la intimación extrajudicial.

Por qué la Cámara validó los informes

A la hora de resolver, los camaristas desestimaron las objeciones contra la documentación aportada por la madre. En rigor, consideraron que provenía de médicos, terapeutas, docentes y autoridades que habían intervenido directamente en el tratamiento y la educación del alumno.

También ponderaron que algunas de las prestaciones mencionadas en esos reportes -entre ellas, psicología, psicopedagogía y maestra de apoyo- habían sido autorizadas por la propia compañía.

Para el tribunal, exigir que cada profesional compareciera a declarar para ratificar su informe implicaría “un excesivo rigor formal” que atentaría contra la naturaleza expedita del amparo y podría vulnerar el derecho a la salud del afiliado.

Los magistrados también rechazaron el planteo relacionado con la prueba que no había sido producida durante el curso del proceso. La prepaga pretendía que el Ministerio de Educación provincial informara sobre escuelas comunes y especiales aptas para recibir a un alumno con discapacidad.

Sin embargo, observaron que la propia demandada ya había incorporado un listado de instituciones. Por esa razón, entendieron que la medida solicitada no habría modificado el resultado del litigio.

El debate sobre la oferta educativa pública

La Ley 24.901 contempla la educación entre las prestaciones básicas destinadas a las personas con discapacidad. A su vez, la reglamentación prevé la cobertura cuando el beneficiario no dispone de una oferta estatal adecuada a sus necesidades.

El punto central consistía, entonces, en determinar si la demandada había demostrado la existencia de una escuela pública capaz de recibir al menor y brindarle condiciones equivalentes.

Los camaristas recordaron que la prueba inicial sobre la disponibilidad de una alternativa estatal recae en la entidad que presta los servicios de salud. Los padres, por su parte, deben acreditar la discapacidad, la afiliación y la indicación de un médico.

En este caso, la demandada acompañó una nómina general de colegios, pero no individualizó cuál podía garantizar el mismo nivel de inclusión, estabilidad emocional, contención socioafectiva y acompañamiento pedagógico.

La familia, en cambio, probó que el menor se encontraba integrado en su escuela, que había conseguido avances sostenidos y que los especialistas recomendaban preservar ese entorno para su bienestar.

Frente a esas circunstancias, la Cámara Federal salteña afirmó que “no cabe efectuar una aplicación lisa y llana” de la reglamentación vigente y que era necesario “evitar rigidizaciones que se aparten de las circunstancias particulares”.

El riesgo de cambiarlo de escuela

Aunque los padres habían elegido el colegio antes de afiliar a su hijo a la empresa y habían pagado las cuotas hasta 2025, los jueces descartaron que hubieran actuado de mala fe.

Durante ese período, explicaron, la institución respondió a las necesidades del alumno, facilitó su integración y lo acompañó de forma permanente. Por ese motivo, el debate ya no podía limitarse a quién había tomado inicialmente la decisión ni a la existencia abstracta de otras escuelas.

El tribunal puso especial énfasis en los vínculos que el menor había construido con sus compañeros, docentes y el resto de la comunidad. Según la sentencia, esas relaciones le aportaban una estabilidad emocional que debía ser preservada.

“Por ello, teniendo en miras el interés superior del niño, debe prevalecer la contención socio-afectiva existente en la actualidad a fin de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad en el marco de una prestación tan esencial como es la ‘Educación General Básica’, garantizando la educación inclusiva que ya goza”, expresaron los camaristas.

También plantearon que, en este caso, la escuela era el único ámbito en el que el alumno desarrollaba su vida social fuera del núcleo familiar.

Al respecto, expresaron: “un desarraigo indudablemente provocaría una limitación en su desarrollo y una regresión en sus condiciones de vida, relacionadas no solo con su proceso de aprendizaje y educación sino también de su salud”.

Para los magistrados, la negativa de la empresa tampoco podía fundarse razonablemente en la supuesta existencia de una alternativa estatal, debido a la “exitosa adaptación educativa preexistente”.

En otro tramo, indicaron que la reglamentación aplicable al caso debía ceder ante la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de un menor que ya se encontraba “ambientado y afectivamente contenido” en su ámbito escolar.

La sentencia agregó que el cambio podía generar “retrocesos, dificultades de adaptación y aumento de conductas desreguladas”, tal como había advertido el equipo que seguía su tratamiento.

Por último, la Cámara tuvo en cuenta que la empresa de medicina prepaga no había demostrado que la elección de la familia fuera irrazonable o excesiva. También señaló que la condena no imponía una cobertura ilimitada, ya que el pago quedó restringido al monto previsto en el nomenclador oficial.

Con esos fundamentos, los jueces confirmaron la obligación de cubrir la matrícula y las cuotas escolares de 2026, rechazaron íntegramente el recurso y mantuvieron las costas del proceso a cargo de la empresa demandada.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Matías Castro Ramos, un exmayor del Ejército Argentino condenado a seis años de cárcel por coaccionar a tres soldadas voluntarias cuando se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, con asiento en Esquel.

La resolución fue firmada por los jueces Eliana Beatriz Ratta Rivas y Enrique Nicolás Baronetto. Los magistrados concluyeron que el exmilitar no se encontraba comprendido en ninguno de los supuestos previstos por la ley para cumplir la pena en su domicilio y que tampoco se había acreditado una situación excepcional que justificara el beneficio.

La defensa particular había formulado el planteo durante una audiencia realizada el 30 de junio. Sus abogados explicaron que Castro Ramos convivía con su esposa, su hija de 14 años y una tía de su mujer de 85, y sostuvieron que el ingreso a una cárcel interrumpiría el vínculo cotidiano y la comunicación que la adolescente necesitaba mantener con su padre.

Otro de los argumentos fue la situación económica de la familia. La defensa afirmó que Castro Ramos había sido su único proveedor, que su esposa era ama de casa y que el encarcelamiento colocaría al grupo familiar en un estado de “vulneración extrema”. También informó que el matrimonio había instalado una mercería en la vivienda y que obtenía de esa actividad los recursos para sostenerse.

Según el planteo, el condenado era monotributista, podía dejar de percibir su retiro militar y su esposa no podría continuar con el emprendimiento sin su colaboración. Los abogados invocaron, además, la falta de antecedentes penales, su arraigo familiar, su comportamiento durante el proceso y la inexistencia de riesgo procesal.

La defensa también presentó un informe sobre la salud de Castro Ramos. Señaló que su estado había cambiado desde el inicio de las actuaciones y pidió que esa circunstancia fuera considerada para evitar un deterioro mayor. Al tomar la palabra ante los jueces, el propio condenado manifestó que su familia siempre había estado “bien constituida”, que se mantuvo a derecho y que nunca incumplió una medida judicial.

Para respaldar el pedido se incorporaron certificados escolares, constancias tributarias, comprobantes de gastos y servicios, documentación médica e informes psicológicos vinculados con el condenado, su esposa y su hija. También se presentaron reportes del colegio y de la escuela de handball a la que asistía la adolescente.

Una psicóloga de la Oficina Judicial del Distrito Comodoro Rivadavia entrevistó a la joven. El informe indicó que presentaba una afectación emocional compatible con una reacción de angustia, tristeza y preocupación asociada con la situación judicial de su padre, pero no observó indicadores de trastornos en la psiquis de la joven.

La intervención de las partes

El Ministerio Público Fiscal se opuso a la domiciliaria. Durante la audiencia planteó que la morigeración solicitada no estaba contemplada para la etapa de ejecución en una situación como la examinada y que no se verificaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 10 del Código Penal y en la Ley 24.660.

La fiscalía remarcó que la adolescente continuaba viviendo con su madre, que el núcleo familiar se mantenía y que no se había acreditado ningún riesgo potencial o efectivo para la menor. Sobre las dificultades económicas, indicó que ese escenario podría volver a analizarse en caso de concretarse, pero que no constituía un obstáculo para el cumplimiento de la condena.

También pidió que se consideraran la naturaleza de los delitos, la existencia de víctimas y las finalidades de prevención especial vinculadas con la ejecución de la condena. Con esos argumentos, requirió que el arresto domiciliario fuera rechazado.

La querella adoptó la misma postura. Sostuvo que, ante una sentencia firme, Castro Ramos debía cumplir la prisión en un establecimiento adecuado y que no correspondía apartarse de las reglas aplicables al resto de las personas condenadas.

Las representantes de una de las víctimas destacaron que el trámite judicial había demandado ocho años, con consecuencias para su salud psicofísica. También expresaron que se había frustrado su proyecto de vida, ya que tenía vocación de trabajar y continuar su desarrollo dentro del Ejército Argentino.

El Ministerio Pupilar, en cambio, solicitó inicialmente que se realizara un informe socioambiental y que la hija del condenado fuera entrevistada en condiciones de privacidad para conocer cómo podía repercutir en ella el cumplimiento de la pena en una cárcel.

Después de evaluar esa entrevista y los documentos incorporados por la defensa, pidió que se concediera la prisión domiciliaria. Consideró que una resolución contraria podía desatender el “principio de intrascendencia de la pena” y la protección que el ordenamiento jurídico reconoce al interés superior de niños y adolescentes.

Por qué los jueces rechazaron el pedido

Los jueces Ratta Rivas y Baronetto recordaron que el artículo 10 del Código Penal y los artículos 32 a 34 de la Ley 24.660 contemplan la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria, entre otros supuestos, a la madre de un menor de cinco años a su cargo.

De acuerdo con la resolución, esa previsión busca atenuar los efectos que el encarcelamiento puede proyectar sobre terceros durante la primera infancia, una etapa en la que los niños requieren cuidados especialmente intensos para su desarrollo. En este caso, Castro Ramos era padre de una adolescente de 14 años y, por lo tanto, no cumplía con la condición objetiva prevista por esa norma.

El tribunal analizó de todos modos si existían circunstancias excepcionales que justificaran apartarse de la regla. Concluyó que la adolescente continuaría viviendo con su madre y su tía abuela, quienes se ocupaban de su bienestar, y que no quedaría privada de una red familiar de cuidado.

“No se verifica entonces que la adolescente vaya a quedar privada de referentes adultos responsables ni que el cumplimiento de la pena provoque una ruptura de su red primaria de contención”, afirmaron los magistrados.

Respecto de los ingresos familiares, indicaron: “Las dificultades económicas invocadas constituyen una consecuencia habitual derivada de la privación de la libertad y no configuran, por sí solas, un supuesto que habilite la concesión del encarcelamiento domiciliario”.

Los jueces reconocieron que la afectación emocional descripta por la psicóloga resultaba comprensible ante la inminente ejecución de la condena de su padre. Sin embargo, remarcaron que el informe “no evidencia indicadores de desorganización psíquica, alteraciones de pensamiento ni una situación de vulnerabilidad” que permitiera concluir que el encarcelamiento ocasionaría un perjuicio excepcional.

La resolución señaló, además, que la adolescente no se encontraba en una situación de desamparo material o moral y que tenía cubiertas sus necesidades básicas habitacionales, sanitarias y económicas. Por ese motivo, consideró que las razones invocadas por la defensa y por el Ministerio Pupilar no encontraban suficiente respaldo en las constancias de la causa.

La condena contra el exmayor

El planteo fue presentado en la causa en la que Castro Ramos había sido condenado por hechos ocurridos cuando era la segunda autoridad del regimiento de Esquel.

El veredicto fue dictado el 6 de octubre de 2023 y los fundamentos se conocieron el 17 de ese mes. La sentencia fue firmada por los jueces Ana María D’Alessio, Mario Gabriel Reynaldi y Luis Alberto Giménez, integrantes subrogantes del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Los magistrados lo declararon autor de tres hechos de amenazas coactivas, cometidos en concurso real, y determinaron que uno de esos episodios también configuró el delito de abuso de autoridad militar. Le impusieron seis años de prisión, accesorias legales y costas.

La causa comenzó en abril de 2018, después de que una soldada voluntaria denunciara que el entonces mayor la acosaba desde que había empezado a cumplir funciones en el casino de oficiales. A partir de su declaración surgieron los nombres de otras posibles víctimas y la investigación incorporó los relatos de dos jóvenes que denunciaron situaciones similares.

Las tres mujeres se encontraban en los primeros años de su recorrido dentro del Ejército. Habían atravesado el Núcleo de Instrucción Básica, un período intensivo de formación, y aspiraban a conservar el empleo o ingresar a la Escuela de Suboficiales.

La sentencia describió que algunas de ellas necesitaban el salario para sostener a sus familias, mientras que otras proyectaban hacer carrera en la fuerza militar. Para el tribunal, esa expectativa de progreso y la dependencia laboral profundizaban la desigualdad frente a Castro Ramos, quien, por su jerarquía, podía influir en sus tareas, sanciones y posibilidades de crecimiento.

Los jueces tuvieron por probado que el entonces segundo jefe buscaba momentos en los que las jóvenes se encontraran solas y las abordaba en lugares apartados: la cocina del casino de oficiales, un sector cercano a un baño, una carpa durante una actividad en el terreno y puestos de guardia nocturnos.

Una de las denunciantes relató que, en febrero de 2018, el oficial la llevó hacia una zona sin visibilidad desde el exterior y le preguntó si existía “alguna posibilidad” entre ellos. Cuando ella respondió negativamente, Castro Ramos insistió.

La sentencia reprodujo la siguiente frase atribuida al entonces mayor: “¿Segura que no hay posibilidad?, muchas quieren pero nadie puede, si estás conmigo podés tener ventajas y si no atenete a las consecuencias, porque sabés bien como yo trato a los que se llevan mal conmigo”.

La joven interpretó que esas ventajas podían traducirse en un puesto mejor. Según tuvo por acreditado el tribunal, después de la negativa comenzó una secuencia de gritos, humillaciones y decisiones laborales perjudiciales.

La víctima declaró que Castro Ramos la ridiculizaba frente a otros integrantes de la unidad y que ordenó que participara de formaciones pese a contar con una indicación médica que la eximía. En una oportunidad se desvaneció y tuvo que ser trasladada en ambulancia al sector de sanidad. También denunció ataques de pánico y acompañó un certificado de su psicóloga.

El fallo indicó que el conflicto alcanzó además a la pareja de la joven, otro soldado voluntario. En la causa se incorporó un audio que, según los jueces, contribuía a comprender el trato intimidatorio atribuido al segundo jefe. En ese registro aparecía la expresión “lo voy a partir como un queso”.

Otro episodio se produjo durante un ejercicio nocturno en el terreno. Una de las soldadas relató que Castro Ramos realizó insinuaciones dentro de una carpa y las vinculó con su intención de ingresar a la Escuela de Suboficiales.

Ante sus negativas, le preguntó si estaba segura y utilizó un tono que la joven interpretó como una advertencia. La situación motivó la intervención de otros miembros del regimiento: un suboficial recurrió a una oficial de mayor jerarquía para que retirara a las soldados de la carpa.

El tribunal valoró esa actuación como un elemento de corroboración, porque implicaba intervenir frente al segundo jefe y comunicar la situación dentro de la cadena de mando.

En otro de los hechos, ocurrido durante una guardia nocturna, los magistrados consideraron acreditado que Castro Ramos volvió a presionar a una subordinada y que su rechazo fue seguido por la repetición de ejercicios y otras medidas adoptadas mediante el uso abusivo de la autoridad militar.

La defensa negó las acusaciones y propuso analizar separadamente cada episodio: el contacto de una mano, una conversación, la repetición de un ejercicio o una referencia al desarrollo profesional de las jóvenes.

Los jueces descartaron ese enfoque. Sostuvieron que las conductas debían examinarse dentro de su contexto y relacionando las insinuaciones sexuales, las promesas de beneficios, las respuestas negativas y las represalias posteriores.

“Como se verá, coincidimos con la Fiscalía en que los hechos deben leerse armonizándolos y de manera conjunta, puesto que, colocados en contexto, pequeñas señales no tendrían ni la significancia ni el poder ofensivo que se les otorgará al valorar su ocurrencia en aquellas circunstancias y su reiteración”, señalaron los magistrados D’Alessio, Reynaldi y Giménez.

El tribunal calificó los hechos como actos discriminatorios contra las mujeres cometidos en un contexto de violencia de género dentro del ámbito laboral e institucional. En sus fundamentos afirmó que Castro Ramos había reducido a las jóvenes “a una condición inferior ignorando su voluntad, su libertad y su dignidad”.

La resolución fue dictada en el marco del incidente de ejecución abierto a partir del pedido de prisión domiciliaria. Con el rechazo del planteo, la Secretaría de Ejecución Penal continuará con el trámite para el cumplimiento de la condena en un establecimiento penitenciario.

El futuro del suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que ingresó en la etapa de deliberación luego de concluir las audiencias de prueba y los alegatos. El tribunal deberá resolver si el magistrado incurrió en mal desempeño y corresponde su destitución o si, por el contrario, rechaza la acusación y ordena su regreso al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.

López enfrenta un juicio político por una serie de mensajes publicados en la red social X, que la acusación considera discriminatorios contra el pueblo judío y el Estado de Israel. El caso se convirtió en uno de los procesos disciplinarios de mayor repercusión de los últimos años y es el primero en el que un juez federal puede ser removido por hechos de esta naturaleza.

Con el debate ya finalizado, el Jurado quedó en condiciones de dictar sentencia. Fuentes ligadas al proceso estimaron ante Infobae que el veredicto podría conocerse entre el 19 y el 24 de agosto, aunque la fecha todavía no fue fijada oficialmente.

Qué debe resolver el Jurado

El tribunal deberá determinar si la conducta atribuida al magistrado configura mal desempeño, una de las causales previstas por la Constitución Nacional para remover a los jueces inferiores.

Si considera acreditada la acusación, dispondrá su destitución. En caso contrario, rechazará el pedido de remoción y el juez federal deberá ser reintegrado a sus funciones.

El reglamento establece que, una vez finalizado el debate, el Jurado debe deliberar en sesión secreta, pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes y dictar un fallo fundado dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles.

El cuerpo está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; la representante de la abogacía Ana Beatriz Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López.

La composición vigente contempla dos jueces de Cámara, cuatro legisladores y un representante de la matrícula federal.

Las acusaciones

El proceso se originó a partir de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

La acusación, sostenida durante el jury por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques -ambos integrantes del Consejo de la Magistratura-, afirmó que López desarrolló un "patrón de hostilidad" hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel mediante publicaciones incompatibles con las exigencias de prudencia e imparcialidad propias de la función judicial.

Entre los mensajes incorporados al expediente figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

También fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.

Para los acusadores, no se trató de expresiones aisladas ni de críticas limitadas a las políticas del gobierno israelí, sino de una conducta reiterada que afectó la confianza pública y la imagen de imparcialidad que debe preservar un magistrado. En el alegato final solicitaron la destitución del cargo.

La defensa

López reconoció como propios los mensajes, pero negó que constituyeran expresiones antisemitas o discriminatorias. Su defensa alegó que el proceso representaba una “persecución ideológica” y planteó que el juicio político buscaba sancionar opiniones personales protegidas por la libertad de expresión.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

La defensa también sostuvo que el juicio político no podía utilizarse para sancionar “opiniones personales” y afirmó que “lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos”.

En esa línea, pidió diferenciar las críticas dirigidas contra las políticas del Estado de Israel de las expresiones discriminatorias contra una comunidad religiosa y aseveró que las publicaciones del magistrado se referían al conflicto en Medio Oriente y a decisiones de la Corte Penal Internacional.

López también afirmó que sus acusadores debieron “buscar con lupa” sus publicaciones porque, según planteó, no encontraron un mensaje que atacara de manera general a la comunidad judía.

Con todo, antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera enviarlo a un proceso en manos de un Jurado de Enjuiciamiento, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó.

Los incidentes durante los alegatos

La última audiencia antes de la deliberación estuvo atravesada por fuertes incidentes. Mientras el consejero Luis Juez solicitaba la remoción, un grupo de personas que había concurrido para respaldar al magistrado comenzó a interrumpir la exposición con gritos e insultos contra los acusadores.

Ante esa situación, el presidente del jury, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó desalojar la sala y convocó a personal policial para que la audiencia continuara únicamente con funcionarios y asesores.

Con el debate concluido, los siete integrantes deberán resolver si las publicaciones de López constituyeron un ejercicio protegido de la libertad de expresión o una conducta incompatible con la función judicial. La decisión definirá si el magistrado pierde definitivamente su cargo o regresa al juzgado federal del que permanece suspendido.

Desde hace meses, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene bajo estudio una causa que puede fijar un criterio de gran alcance acerca del deber estatal de esclarecer los crímenes cometidos por organizaciones armadas durante la década de 1970.

Los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar tienen bajo revisión un caso donde deberán decidir si confirman o revocan la reapertura del expediente por el atentado de Montoneros contra el comedor de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, perpetrado el 2 de julio de 1976.

El proceso llegó a la máxima instancia penal del país después de que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dejara sin efecto la prescripción, revocara sobreseimientos y ordenara producir medidas de prueba para identificar a quienes intervinieron en la planificación y ejecución de aquel ataque. Esa resolución fue dictada el 19 de diciembre de 2024 y también dispuso prever la citación a declaración indagatoria del exjefe de Montoneros Mario Eduardo Firmenich.

Las defensas involucradas en las actuaciones recurrieron ese pronunciamiento y reclamaron que se mantuviera extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo. La audiencia ante Casación se tramitó el 11 de diciembre de 2025 y, desde entonces, el expediente permanece bajo estudio, según informaron a Infobae fuentes ligadas al trámite procesal.

Los camaristas Barroetaveña, Mahiques y Slokar cuentan, en rigor, con dos alternativas posibles. Si convalidan lo resuelto, el juzgado de primera instancia, en manos de María Servini, deberá continuar con las medidas pendientes y evaluar la indagatoria de Firmenich y de otras personas alcanzadas por el fallo de su alzada. Si aceptan los planteos defensivos, recuperarán vigencia la prescripción y los sobreseimientos que habían clausurado las actuaciones.

El interrogante de fondo consiste en determinar si un crimen cometido por una organización no estatal puede seguir siendo perseguido casi medio siglo después, cuando las autoridades omitieron esclarecerlo durante décadas. Los recurrentes afirman que el episodio no constituye un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra ni otro ilícito internacional imprescriptible. Sin embargo, la Cámara Federal porteña adoptó otra posición: consideró que la dimensión de la masacre y la ausencia de una investigación seria configuraron, en conjunto, una grave violación a los derechos humanos.

Ese criterio unánime es el que Casación examina desde diciembre pasado.

Cómo llegó la causa hasta Casación

La causa tramita desde 2003 y quedó atravesada desde el comienzo por una discusión central: si el atentado estaba prescripto o si podía investigarse bajo alguna de las categorías jurídicas que permiten perseguir determinados crímenes sin límite temporal.

En 2006, la jueza federal Servini archivó el expediente por prescripción. Esa decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Años más tarde, un grupo de abogados reclamó la reapertura y pidió que los hechos fueran declarados imprescriptibles. En 2021, Servini mantuvo su criterio y volvió a disponer el cierre.

La resolución fue apelada ante la Sala I de la Cámara Federal. Así, el 9 de junio de 2022, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Llorens anularon el fallo porque consideraron que presentaba “vicios trascendentes” y no cumplía con los estándares de fundamentación exigidos por la ley.

Los camaristas también remarcaron que la magistrada no había analizado distintos planteos formulados por quienes impulsaban la reapertura: el posible apoyo de Estados u organizaciones extranjeras, la eventual calificación del atentado como delito de lesa humanidad o crimen de guerra y la posibilidad de considerarlo una grave violación a los derechos humanos.

La Cámara no resolvió entonces que el hecho fuera imprescriptible. Ordenó que Servini volviera a examinar esos argumentos y dictara un nuevo pronunciamiento.

Al volver a pronunciarse, la jueza mantuvo el cierre de la causa. Sostuvo que decisiones anteriores y firmes ya habían descartado que el atentado constituyera un delito de lesa humanidad y, al no advertir elementos novedosos que justificaran apartarse de ese criterio, volvió a aplicar las reglas generales de prescripción y mantuvo los sobreseimientos.

Esa nueva decisión fue cuestionada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, Eduardo Kalinec y Alicia de León, con el patrocinio de los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea.

Además apeló José María Sacheri, como apoderado de María Alejandra Cepeda, Gabriel Cepeda y María Carolina Cepeda, en representación de su madre, Josefina Melucci de Cepeda, una de las víctimas fatales, y de Néstor Luis Soria, quien resultó herido en el ataque al comedor de la Policía Federal.

La nueva revisión derivó en el fallo del 19 de diciembre de 2024, mediante el cual Llorens, Bruglia y Bertuzzi revocaron por unanimidad la prescripción y los sobreseimientos, ordenaron reabrir la investigación y dispusieron prever la citación a indagatoria del ex titular de la organización guerrillera Montoneros.

Las defensas recurrieron ante la Cámara Federal de Casación, que escuchó en una audiencia a las partes el 11 de diciembre de 2025. Desde entonces, la Sala I tiene el expediente a estudio y deberá definir si mantiene la reapertura o vuelve a cerrar la causa

La bomba en el comedor

El ataque ocurrió el viernes 2 de julio de 1976, a las 13.20, en la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno al 1400, en el centro porteño.

En la planta baja funcionaba un comedor al que concurrían policías de distintas jerarquías, agentes retirados, empleados administrativos, personal civil, cocineros y camareros. El explosivo había sido colocado dentro de una valija. La elección del salón y del horario permitió que la detonación alcanzara a numerosas personas reunidas en un espacio cerrado.

El fallo de la Cámara Federal individualizó a 22 víctimas fatales y enumeró a 112 heridos. Entre quienes murieron había policías, suboficiales, empleados civiles y trabajadores dedicados a tareas de enfermería, cocina y atención del comedor.

La resolución destacó que el blanco no fue una autoridad determinada. A diferencia de otros ataques dirigidos contra jefes de las fuerzas de seguridad, la bomba alcanzó indiscriminadamente a cualquiera que estuviera almorzando. El juez Llorens, al respecto, escribió que “el objetivo ya no tenía la precisión quirúrgica de un homicidio, sino la espectacularidad de una matanza”. A su criterio, la finalidad fue golpear a la Policía Federal en toda su estructura y demostrar que ni siquiera podía proteger a sus integrantes.

“El destinatario directo fue cualquiera. No importó su jerarquía, su género, sus creencias ni su origen. Tampoco importó si eran hostiles al movimiento o simples trabajadores. Si los afectados eran unos pocos, o muchos. Lo importante nunca fueron los muertos o los lesionados, sino el mensaje concreto, claro y tangible”, consideró el juez en su voto.

Luego agregó: “Lo importante fue lo que el hecho iba a comunicar a la Policía Federal Argentina, a las fuerzas de seguridad y al resto de la sociedad. La seguridad en su punto más vulnerable, la calma estremecida, el terror espoleado. ¿Qué lugar ocuparon aquí las vidas y los destinos de esas personas? Ninguno. Sólo simples instrumentos en el camino de las metas de la organización".

La reivindicación de Montoneros

Montoneros se atribuyó el atentado ese mismo día. En un comunicado afirmó que el denominado Pelotón de Combate Sergio Puigrós había aprovechado una falla en el dispositivo de vigilancia para ingresar el artefacto y retirarse antes de la explosión.

La agrupación estimó que había provocado 25 muertes y 85 “bajas”, presentó la operación como un “hecho de guerra” y sostuvo que los daños habían afectado durante meses la capacidad operativa de la repartición.

Tiempo después volvió a reivindicar el ataque desde una de sus publicaciones al manifestar: "hicimos volar por el aire a 40 comensales de la Superintendencia de Seguridad Federal”.

Para los jueces, esas expresiones mostraron que el resultado mortal no fue una consecuencia imprevista, sino un componente de la finalidad política y propagandística.

El voto de Llorens diferenció este episodio de los asesinatos del entonces jefe de la Policía Federal Alberto Villar y del general Cesáreo Cardozo. En aquellos casos, explicó, el objetivo había sido una persona determinada. En el comedor, en cambio, el ataque se dirigió contra todos los presentes.

Los nombres alcanzados

El autor material fue identificado como José María Salgado, un agente de la Policía Federal de 21 años al que se vinculó con la organización guerrillera. Su pertenencia a la institución habría facilitado el ingreso de la valija.

La fuerza aceptó su baja voluntaria un día antes del atentado. Salgado murió el 2 de junio de 1977, poco antes del primer aniversario del episodio, y la acción penal fue declarada extinguida por su fallecimiento.

La Cámara Federal cuestionó que esa respuesta hubiera impedido profundizar cómo ingresó a la Policía Federal, por qué se aceptó su salida en la víspera de la explosión, qué vínculos mantenía y quiénes pudieron colaborar con él.

Un dictamen fiscal señaló además a Rodolfo Walsh como uno de los posibles responsables de la ideación, planificación y puesta en marcha de la operación. Como había sido asesinado y desaparecido por un grupo de tareas de la dictadura militar, la acción también se extinguió por muerte.

Para los camaristas, esas decisiones individuales clausuraron prematuramente la posibilidad de reconstruir la estructura que pudo haber intervenido.

El fallo de 2024 revocó los sobreseimientos dictados por prescripción respecto de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

También ordenó establecer quiénes participaron directa o indirectamente en la planificación y ejecución, incluidos quienes pudieran haber integrado la estructura de mando que ideó, autorizó o coordinó la operación.

La decisión no atribuyó automáticamente responsabilidad penal a todas las personas mencionadas. Encomendó, en rigor, reunir pruebas para determinar si correspondía formular imputaciones concretas.

Respecto de Firmenich, valoró su posición pública y notoria dentro de la conducción montonera y dispuso prever su citación en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal.

La postura de las defensas

Los recurrentes pretenden que Casación revoque el fallo, restablezca la prescripción y mantenga los sobreseimientos.

Su argumento central es que Montoneros fue una organización no estatal que no ejerció funciones públicas ni controló una porción del territorio argentino con facultades equiparables a las de un Estado. Por ese motivo, afirman que sus delitos no pueden recibir el tratamiento reservado a los crímenes de lesa humanidad perpetrados mediante el aparato público.

También invocan las decisiones anteriores que habían considerado agotada la acción penal por la ausencia de participación estatal y descartado que la bomba pudiera calificarse como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o acto terrorista imprescriptible.

Las defensas niegan además que el incumplimiento del deber de esclarecer lo ocurrido pueda modificar la naturaleza jurídica del delito original. Según su interpretación, una eventual responsabilidad internacional de la Argentina por su inacción al investigar no convierte un ataque cometido por particulares en un ilícito imprescriptible.

Otro argumento se relaciona con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Después cincuenta años, la pérdida de documentación, la muerte de testigos y protagonistas y el deterioro de la prueba pueden comprometer las posibilidades de ejercer una defensa eficaz.

Qué dijeron Bruglia y Bertuzzi

Los tres integrantes de la Sala I del tribunal federal de alzada porteño votaron por reactivar la causa en una resolución de 47 páginas. Llorens desarrolló fundamentos propios, mientras Bruglia y Bertuzzi suscribieron un voto conjunto.

Estos últimos identificaron dos ejes: “la enorme gravedad y magnitud del evento que constituye el objeto procesal” y “la prácticamente nula intervención del Estado en el cumplimiento de su deber de promover e impulsar la acción penal con el fin de dar una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas”.

Para dimensionar el episodio, los camaristas ponderaron: “Estamos frente a un expediente iniciado por un acto criminal de una magnitud extraordinaria, considerando para su calificación solo parámetros objetivos tales como número de personas que murieron, heridos y daños causados. Por otro lado, el lugar donde se colocó el explosivo (comedor), el día y horario de la detonación, la finalidad de provocar el derrumbe total de edificio (tal como surge del comunicado del grupo que lo ocasionó), son elementos de análisis que dan a entender no solo la envergadura efectiva de la agresión, sino también la enorme carga de intencionalidad criminal, reflejada sobre todo por la indiscriminación de indefensas víctimas que se buscó causar y la clara demostración, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, de la aviesa intencionalidad de generar la mayor cantidad de daños y muertes posibles".

Y añadieron: “Se buscó, y se logró, otorgar al acto una siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte”.

Bruglia y Bertuzzi señalaron que el atentado seguía en trágica trascendencia a los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

La clave de su razonamiento radicó, sin embargo, en otra circunstancia: “el suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”.

Para ambos camaristas, las características excepcionales del crimen y la falta de una respuesta institucional durante más de cuatro décadas no podían ignorarse “a la luz de los actuales estándares de protección internacional de los derechos humanos”.

Sobre esa base, calificaron el ataque y la posterior omisión de esclarecerlo como una grave violación a los derechos humanos.

“Tenemos ahora la oportunidad, todavía, de intentar hacer lo que nunca se hizo, una correcta y seria investigación jurisdiccional, que permita -por los medios que el sistema democrático ha articulado- dar una respuesta a la sociedad y especialmente -sobre todo-a las víctimas de esta brutal acción criminal”, expresaron.

El voto de Llorens

Llorens coincidió con el resultado, pero elaboró un voto particular.

Comenzó por diferenciar la reapertura de cualquier intento de relativizar el terrorismo de Estado. Definió la represión ilegal desplegada desde el 24 de marzo de 1976 como “el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina”, en tanto “no hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare”.

“Pero, aun así -subrayó el juez-, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización ‘Montoneros’-; a las distintas células encargadas de su logística y realización -los integrantes del denominado ‘Pelotón de Combate Sergio Puigrós’-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”.

El magistrado aclaró que no buscaba construir una equivalencia jurídica o histórica entre la violencia de una organización armada y el plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos ejecutado desde el Estado, ya que la "historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises”, escribió.

Y agregó: “Aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.

Para Llorens, la condena al terrorismo de Estado no podía traducirse en la ausencia de una respuesta para quienes padecieron otras expresiones de la violencia política durante aquellos años. También planteó que el objetivo era alcanzar “el pleno conocimiento de los hechos como precedente de la neutral aplicación de la ley como único camino de real pacificación; de hacer carne la ‘Verdad’, con mayúsculas, como meta que, más allá de todo estudio histórico, antropológico o político, es misión de la judicatura afrontar y no por arrogancia, sino por imperativo constitucional y legal”.

A su vez examinó las primeras actuaciones del ataque. La Policía Federal abrió dos sumarios administrativos después de la detonación, pero estos se concentraron en identificar muertos y heridos, estimar daños y describir aspectos generales de la mecánica del ataque.

“Ni una sola de sus fojas revela el camino propio de una investigación penal”, advirtió.

La doctrina utilizada

La Cámara Federal se apoyó en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admiten la responsabilidad de un Estado por acciones de particulares cuando sus autoridades no actúan con debida diligencia o niegan protección judicial.

Citó el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, en el que el tribunal interamericano estableció que un hecho inicialmente no atribuible al poder público puede comprometer su responsabilidad por la falta de una respuesta posterior adecuada.

Al respecto, los jueces Bruglia y Bertuzzi explicaron que un acto de particulares puede generar responsabilidad estatal cuando las autoridades contribuyeron a que ocurriera o cuando “no haya investigado ni sancionado el delito negando la debida protección judicial”.

A su entender, la masacre del comedor de la Policía Federal quedaba comprendida en la segunda hipótesis.

También acudieron a la sentencia de la Corte Interamericana en Memoria Activa contra la Argentina, vinculada con el atentado a la AMIA. Allí se estableció que el acceso a la Justicia exige adoptar las medidas necesarias para conocer la verdad y que esa tarea debe asumirse como una obligación estatal, no como una gestión dependiente de la iniciativa de los familiares.

A partir de esos estándares, concluyeron que la vulneración no había quedado agotada en julio de 1976, sino que persistía mientras las víctimas y sus allegados continuaran sin una respuesta.

Las alternativas bajo análisis

Casación puede confirmar el fallo recurrido, revocarlo o adoptar una solución intermedia sobre el alcance de las medidas ordenadas y de las personas alcanzadas por la investigación.

Si convalida la reapertura, el expediente volverá a primera instancia para continuar con la producción de prueba, recibir los testimonios de sobrevivientes y familiares y evaluar si existen elementos suficientes para indagar a Mario Firmenich u otros posibles responsables.

Si hace lugar a los recursos, en cambio, volverán a regir la extinción de la acción penal y los sobreseimientos dictados en la causa, con el consecuente cierre de las actuaciones.

Las defensas plantean que la inacción estatal no puede traducirse en una pérdida de garantías para quienes son investigados medio siglo después de los hechos. Los acusadores particulares responden que esa misma omisión tampoco debe privar definitivamente a las víctimas de conocer lo sucedido.

Desde el 11 de diciembre de 2025, los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar tienen bajo estudio esa tensión jurídica. Su decisión definirá si el expediente regresa al juzgado de instrucción para avanzar con la pesquisa o si queda definitivamente clausurado por el paso del tiempo.

La Corte Suprema de Justicia quedó habilitada para revisar si la Municipalidad de San Isidro puede intervenir como querellante en una causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a un programa de viviendas en el barrio Martín y Omar.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal concedió, por mayoría, los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Bernardo Landívar y Germán Ballester contra la resolución que había incorporado al municipio como acusador particular.

El fallo en cuestión no analizó la responsabilidad penal de los imputados, ya que la discusión que llegará al Máximo Tribunal se limita a determinar si la comuna puede presentarse como particular damnificada en un expediente que investiga la actuación de funcionarios municipales y de particulares contratados para intervenir en las obras.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron que las defensas habían planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria.

“Las defensas han logrado acreditar la existencia de una cuestión federal pues el derecho a querellar se enmarca dentro de la garantía constitucional del debido proceso”, sostuvieron en su voto conjunto.

Ambos jueces concedieron los recursos contra la resolución del 6 de marzo pasado, mediante la cual la Sala IV del máximo tribunal penal del país había hecho lugar a una impugnación, revocado el pronunciamiento anterior y resuelto “tener por parte querellante a la Municipalidad de San Isidro”.

El camarista Gustavo Hornos votó en disidencia. Entendió que los planteos no cumplían los requisitos necesarios para acceder a la Corte.

“Los recursos extraordinarios traídos a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no pueden ser autorizados”, remarcó el camarista.

Hornos también sostuvo que las defensas no habían refutado todos los fundamentos de la decisión cuestionada ni demostrado que el pronunciamiento fuera contrario a los derechos federales invocados.

Para el magistrado, “no se advierte que la sustancia de los planteos en que los impugnantes fundan sus recursos implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada”.

El origen de la investigación

La causa CFP 12.590/2014 comenzó el 4 de agosto de 2014, a partir de una denuncia presentada por la entonces concejal de San Isidro Marcela Durrieu. El expediente investiga presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos del Plan Federal de Viviendas desarrollados durante la gestión de Gustavo Posse al frente de la Municipalidad.

Uno de los emprendimientos analizados es el denominado “Proyecto 48” o “San Isidro I”, correspondiente a la licitación pública municipal 7/2006. El plan contemplaba la construcción de 250 viviendas, además de trabajos de infraestructura y mejoramiento urbano, en el barrio Martín y Omar, ubicado en el Bajo de San Isidro.

El presupuesto original informado para 2006 era de aproximadamente 15,2 millones de pesos, a los que debían agregarse los mayores costos y las partidas destinadas a infraestructura. El plazo inicial de ejecución era de doce meses.

Las obras comenzaron en octubre de 2006 y estuvieron sucesivamente a cargo de Emaco SA, Construcciones Ecológicas SA e Inelco SA. Las empresas presentaron certificados de avance sobre cuya base se tramitaron liquidaciones, facturas y órdenes de pago.

La investigación se concentró en la diferencia entre lo asentado en esa documentación y el estado de los trabajos.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el certificado número 95, presentado por Inelco, registró un avance físico acumulado del 99,44%. Sin embargo, una inspección ocular realizada durante la instrucción constató la existencia de 44 viviendas construidas a través del programa, sobre las 250 previstas. La denuncia inicial había contabilizado 43.

El porcentaje certificado comprendía el desarrollo general del proyecto, que incluía las casas, la infraestructura y las tareas de mejoramiento. Por eso, la cantidad de unidades encontradas no puede trasladarse de manera directa al porcentaje total de ejecución, aunque constituye uno de los elementos centrales bajo investigación.

La fiscalía también incorporó testimonios de vecinos que describieron problemas de humedad, rajaduras, instalaciones expuestas, falta de conexión a servicios básicos y reformas realizadas por cuenta propia.

Los roles investigados

Bernardo Landívar se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas de San Isidro. El Ministerio Público Fiscal le atribuyó la firma de documentación relacionada con certificados de obra, liquidaciones y facturas emitidas durante el período investigado.

Germán Ballester era un arquitecto vinculado con Soluciones Urbanas SRL, una de las firmas contratadas para realizar tareas de inspección y certificación de los trabajos.

La hipótesis fiscal procura determinar si se certificaron avances que no coincidían con la ejecución efectiva de las obras, si se autorizaron pagos sobre esa base y qué intervención tuvieron funcionarios de los distintos niveles del Estado y representantes de las empresas contratistas.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la Municipalidad tenía a su cargo la elaboración de los proyectos, la licitación, la contratación de las constructoras, la inspección de los trabajos y el pago de los certificados con fondos adelantados por la Nación.

Casación, por otra parte, también declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados contra una resolución del 14 de mayo, que había rechazado planteos de nulidad y recursos de “casación horizontal” de las defensas.

El expediente será elevado a la Corte Suprema para que revise la incorporación al proceso penal de la Municipalidad de San Isidro.

La consejera Jimena de la Torre presentó un proyecto de dictamen para aplicar una multa equivalente al 35% de los haberes mensuales al juez nacional en lo Civil Carlos Hugo Goggi, por haber declarado de oficio y de manera reiterada la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales en distintos expedientes.

De la Torre integra el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. Su propuesta todavía no constituye una sanción: deberá ser tratada por la Comisión de Disciplina y, si obtiene dictamen favorable, será elevada al plenario del organismo, que tiene la facultad de imponer advertencias, apercibimientos o multas de hasta el 50% de los haberes de un magistrado.

El proyecto atribuye a Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, una modalidad de actuación sostenida en al menos cinco causas. Según el texto, dejó de aplicar el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) mediante fundamentos similares, sin acreditar en cada expediente un perjuicio constitucional concreto ni darles previamente a las partes la posibilidad de discutir la eventual invalidez de la ley.

El expediente disciplinario comenzó el 22 de septiembre de 2023, a partir de una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Durante la investigación se incorporaron causas testigo, resoluciones de la Cámara Civil, dictámenes del Ministerio Público Fiscal y las declaraciones de Ricardo Gil Lavedra, entonces presidente del Colegio, y Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Las actuaciones examinadas fueron “Roiz”, “Tarrico Villafañe”, “Prokopis”, “Cagnoni” y “Nikolaus”. Las decisiones fueron dictadas entre 2018 y 2020, salvo una cuya fecha exacta no pudo determinarse. Varias fueron revocadas por las salas I, K y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

En “Roiz”, Goggi declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley en junio de 2018. La Sala K revocó la resolución porque no encontró acreditado un perjuicio concreto y recordó la prudencia exigida antes de invalidar una norma sancionada por el Congreso.

En “Tarrico Villafañe”, la Sala I calificó sus fundamentos como “conjeturales” y sostuvo que constituían un “mero fundamento aparente”, basado en afirmaciones generales. Meses después, Goggi adoptó un criterio semejante en “Prokopis” y la misma sala volvió a revocar su decisión.

El proyecto aclara que el reproche no se apoya en el contenido de una sentencia aislada, en la adopción de una interpretación minoritaria ni en que las resoluciones hayan sido revisadas por tribunales superiores. Tampoco cuestiona la facultad de los jueces de controlar de oficio la constitucionalidad de una norma.

“La garantía de independencia judicial no se encuentra afectada”, señala el texto. Y precisa que Goggi “no es sancionado por declarar la inconstitucionalidad de una ley, por sostener una posición minoritaria, por disentir con sus superiores ni porque sus decisiones hayan sido revocadas”.

La conducta observada, de acuerdo a la propuesta, fue la reiteración de un mismo método en expedientes de distinta naturaleza: introducir una cuestión constitucional que no había sido planteada por las partes, utilizar fundamentos generales, no individualizar una afectación concreta y mantener el criterio después de las objeciones formuladas por distintas salas de la Cámara y por el Ministerio Público Fiscal.

El dictamen sostiene que “en ninguna de las causas examinadas el magistrado individualizó un perjuicio real, actual y específico derivado de la aplicación de la Ley 27.423”. También cuestiona que la invalidez fuera declarada sin debate previo, pese a que la decisión incidía directamente sobre el valor de los honorarios.

Por su parte, la actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía porteño, Alejandra García, al pronunciarse sobre el asunto expresó: “El respeto por la Ley de Honorarios forma parte del deber de todo magistrado de aplicar el derecho vigente. La defensa de esa ley no responde a un interés corporativo, sino a la protección del ejercicio profesional y al cumplimiento del principio de legalidad“.

Durante su descargo, Goggi defendió su posición y destacó que cumplió las resoluciones de la Cámara. “Sí, la Cámara ha revocado muchas de esas resoluciones”, afirmó en la audiencia celebrada el 24 de junio ante el Consejo de la Magistratura. Luego aseguró que había acatado “escrupulosamente todas y cada una de ellas”.

El magistrado sostuvo que su criterio buscaba proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Planteó que el sistema de la UMA generaba una desigualdad al preservar el valor de los honorarios profesionales mientras otros créditos, como determinadas indemnizaciones, no contaban con un mecanismo equivalente.

La propuesta consideró que esa finalidad no justificaba la aplicación uniforme de la solución. Señaló que algunas de las causas examinadas -entre ellas una ejecución de alquileres y una nulidad de escritura- no presentaban una situación de vulnerabilidad acreditada. También observó que dejar sin efecto la UMA no actualizaba ni mejoraba las indemnizaciones, sino que incidía sobre la retribución de los abogados.

El dictamen evaluó, además, las consecuencias procesales. Según el proyecto, los profesionales afectados debieron apelar para obtener la aplicación del régimen vigente, lo que incrementó la duración y el costo de los trámites y generó incertidumbre sobre créditos considerados de carácter alimentario.

Gil Lavedra declaró que “insistir sin posibilidades de cambio”, sin incorporar nuevos argumentos, “le quita previsibilidad, seguridad, y es un obstáculo a la marcha normal del proceso”. Basso, en tanto, planteó que no existe un fallo plenario que obligue a los jueces de primera instancia a seguir los criterios de la Cámara, aunque quien se aparta de una interpretación consolidada “debe fundar debidamente su postura”.

El proyecto propone considerar configuradas dos faltas disciplinarias: el incumplimiento reiterado de normas procesales y reglamentarias y la falta en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. En cambio, descarta que Goggi haya incurrido en actos ofensivos al decoro o que comprometieran la dignidad de la función judicial.

Para graduar la sanción, De la Torre ponderó que el magistrado no registra antecedentes disciplinarios firmes, compareció personalmente, ejerció su defensa, colaboró con el procedimiento y acató las revocaciones dictadas en cada causa. También tuvo en cuenta que no se acreditó un propósito de obtener un beneficio personal.

Como factores contrarios, mencionó la reiteración en al menos cinco expedientes, la extensión temporal de la conducta, la persistencia después de las primeras revocaciones y la ausencia de una argumentación superadora.

Con esos elementos, la consejera consideró insuficientes una advertencia o un apercibimiento y propuso al plenario una multa equivalente al 35% de los haberes mensuales de Goggi.

El juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida cautelar presentada por el camarista Diego Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de impedirle participar como candidato en las próximas elecciones de los representantes de los jueces para el período 2026-2030.

La resolución no reconoció de manera definitiva el derecho del actual consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal a ser reelegido, sino que su alcance se limitó a preservar la posibilidad de que integre una lista mientras la Justicia determina qué regla debe aplicarse a los mandatos de quienes integran el organismo de selección y remoción de magistrados.

Según surge de la sentencia, Barroetaveña promovió el 11 de junio una acción declarativa de certeza contra el Consejo para que se establezca cuál es la versión vigente del artículo 3 de la Ley 24.937, que regula la duración de los cargos y la posibilidad de reelección.

En su presentación, pidió que se declare aplicable la redacción original de esa norma, según la cual los consejeros pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva. Como medida provisoria, solicitó que el organismo no adoptara decisiones que limitaran su eventual postulación hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

El camarista fue elegido en representación del estamento judicial para el período 2022-2026 y su mandato vence el próximo 18 de noviembre. Su incorporación a una candidatura dependerá, además, de las decisiones de su espacio y del cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento electoral.

El Consejo de la Magistratura se opuso al pedido. Sin embargo, el juez Lavié Pico consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro de que el avance del proceso electoral volviera ineficaz una eventual sentencia a su favor.

La discusión sobre la reelección

La controversia se originó en las sucesivas reformas de la ley que regula el Consejo y en los efectos del fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia restableció en 2021 la integración de veinte miembros.

La redacción original de la Ley 24.937 establecía que los consejeros durarían cuatro años y podían ser “reelegidos por una vez en forma consecutiva”. En 2006, la Ley 26.080 modificó esa regla y dispuso que solo podían volver a ocupar el cargo “con intervalo de un período”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la integración de trece miembros establecida por esa reforma y ordenó recuperar el esquema anterior de veinte consejeros. No obstante, no definió expresamente qué regla sobre la reelección debía aplicarse a quienes fueran elegidos bajo la composición restablecida.

Según Lavié Pico, la duda planteada por Barroetaveña surge de una “compleja trama normativa y jurisprudencial” formada por las distintas modificaciones legislativas y los efectos de los pronunciamientos del Máximo Tribunal sobre el funcionamiento del organismo.

El juez de primera instancia sostuvo que las consecuencias de esos fallos sobre la vigencia del artículo referido a los mandatos aparecen “susceptibles de más de una interpretación razonable”.

En ese marco, consideró jurídicamente atendible, con el alcance preliminar propio de una cautelar, la postura según la cual la Corte habría restablecido el régimen original de la Ley 24.937 y su correctiva, la Ley 24.939, hasta que el Congreso sancione una nueva norma.

El magistrado aclaró que ese análisis no implicaba adelantar una decisión definitiva, ya que la sentencia de fondo deberá establecer si continúa vigente la prohibición de reelección inmediata o si los consejeros elegidos en 2022 pueden competir por otro período consecutivo.

Para conceder la cautelar, también ponderó los derechos políticos invocados por el camarista Barroetaveña y el principio de participación electoral. Frente a la incertidumbre existente, consideró que correspondía privilegiar “aquella interpretación que preserve la posibilidad del actor de participar del procedimiento electoral” por sobre una lectura que determinara anticipadamente su exclusión.

Los plazos electorales

El juez Lavié Pico también tuvo en cuenta que el proceso para renovar a los representantes de los magistrados dentro del Consejo ya se encuentra en marcha. En noviembre de 2025, la Presidencia de ese organismo ordenó confeccionar las listas provisorias de electores y preparar las actividades necesarias para los comicios.

En mayo de este año, la Secretaría General del organismo remitió a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el listado provisorio de jueces de todas las jurisdicciones.

El reglamento dispone que la convocatoria debe realizarse al menos 60 días antes de las elecciones y establece plazos sucesivos para registrar las listas, controlar los requisitos y oficializar las candidaturas.

Para el juez Lavié Pico, una resolución definitiva dictada después de agotadas esas etapas podría resultar ineficaz, porque una eventual sentencia favorable “ya no podría restituirle a la parte interesada la posibilidad de participar en un proceso electoral que, para entonces, se encontraría definitivamente agotado”.

“La exclusión de una candidatura o la imposibilidad de integrar oportunamente una lista configurarían un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, pues las etapas preclusivas del proceso electoral, una vez consumadas, no son susceptibles de ser retrotraídas”, precisó el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 en su resolución.

El fallo precisó que la medida no garantizaba que Barroetaveña fuera candidato ni que resultara electo, sino que impedía que el Consejo lo excluyera del proceso por la discusión sobre la reelección antes de que existiera una sentencia definitiva.

Al respecto, el magistrado explicó: “La tutela cautelar únicamente preserva la posibilidad de que el actor participe en ese proceso de selección en igualdad de condiciones con los demás potenciales postulantes, sin alterar las reglas que disciplinan el proceso electoral”.

Luego, aclaró: “En tales condiciones, la medida aquí decidida aparece orientada a evitar que el propio transcurso del proceso electoral torne estéril o prive de toda utilidad práctica al pronunciamiento que eventualmente recaiga sobre el fondo de la controversia planteada en estos autos”.

Para Lavié Pico, su resolución “únicamente impide que el Consejo de la Magistratura de la Nación adopte una decisión que cercene anticipadamente la posibilidad de participación del actor antes de que el proceso electoral tenga oportunidad de desarrollarse plenamente”.

“Por el contrario -añadió el juez-, la medida cautelar favorece que el proceso electoral se desarrolle con la mayor amplitud participativa posible, sin alterar el cronograma previsto ni las competencias de las autoridades electorales, en consonancia con los principios constitucionales y convencionales que rigen la materia”.

Y concluyó: “De allí que, lejos de comprometer el interés público, la tutela cautelar concedida procura armonizar la protección de los derechos invocados con el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

“Es llamativo que con esta prueba abrumadora, documental y testimonial, hayamos llegado hasta acá. (...) El desenlace está en manos del tribunal”.

Con esa frase, el abogado Juan Pablo Vigliero abrió el alegato en el que pidió la absolución de su defendido, Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos y uno de los acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

Dos semanas después, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó por mayoría al ex submarinista a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante seis años como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. También le impuso las costas del proceso y reglas de conducta por tres años.

Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez absolvieron, en cambio, por unanimidad al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Hugo Correa.

Los fundamentos serán dados a conocer el 21 de agosto. Recién entonces podrá saberse qué razonamiento siguieron los dos magistrados que conformaron la mayoría para condenar y para rechazar los distintos planteos de nulidad respecto al alegato presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Después de casi 30 audiencias, cerca de 100 testigos y un debate atravesado por reglamentos navales, informes técnicos, pruebas de mar, baterías, válvulas y procedimientos de emergencia, la sentencia deberá responder una cuestión central: cuál fue el incumplimiento concreto atribuido al ex comandante de la Fuerza de Submarinos y cómo esa omisión adquirió relevancia penal para causar el desenlace, encuadrado como un estrago agravado por la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación del buque.

El incumplimiento de los deberes de funcionario público sanciona al funcionario que deja de ejecutar una obligación propia de su cargo. En términos sencillos, castiga una omisión funcional. El estrago culposo, en cambio, exige algo más: que una conducta imprudente, negligente, imperita o contraria a los reglamentos haya causado el desastre.

No alcanza, en efecto, con demostrar que existió un incumplimiento. Y es que para condenar también por estrago debe establecerse una relación jurídicamente relevante entre esa conducta y el resultado.

Ese nexo atravesó el juicio iniciado el 3 de marzo en Río Gallegos.

Tres horas y 33 minutos sin una explicación definitiva

La implosión del ARA San Juan fue registrada a las 10.52 del 15 de noviembre de 2017. La última comunicación conocida había ocurrido a las 7.19.

Desde la nave informaron que el comandante Pedro Martín Fernández tenía previsto descender a plano de seguridad para que la tripulación descansara después del temporal atravesado en superficie y luego ingresar al tanque de baterías de proa para verificar su estado tras el ingreso de agua por el sistema de ventilación que provocó un cortocircuito con principio de incendio eléctrico.

Entre ambos momentos transcurrieron tres horas y 33 minutos.

En ese lapso no se emitió ninguna señal de emergencia. No se activaron radiobalizas, balsas salvavidas ni señales pirotécnicas. Tampoco se soplaron los tanques de lastre, una maniobra que habría permitido impulsar rápidamente al submarino hacia la superficie.

Distintos especialistas consideraron que esa falta de reacción podía resultar compatible con un evento súbito que hubiera incapacitado a la tripulación. Sin embargo, el debate no logró determinar qué ocurrió exactamente antes de que la nave perdiera plano y superara la profundidad de colapso de su casco.

Sobre esa incertidumbre se apoyó la defensa.

“Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó”, planteó Vigliero.

La Fiscalía, integrada por Gastón Pruzán, Lucas Colla, María Garmendia y Julio Zárate, construyó la acusación desde otra perspectiva.

No afirmó haber reconstruido el último evento ocurrido dentro del submarino. Su planteo fue que los acusados permitieron que la nave cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y que distintas omisiones incrementaron un riesgo no permitido que finalmente se materializó.

En el caso de Villamide, la fiscal Garmendia centró el reproche en las funciones que el Reglamento General del Servicio Naval le asignaba como comandante de la Fuerza de Submarinos: “alistar”, “entender” e “intervenir” respecto de las tres unidades entonces bajo su mando (ARA San Juan, ARA Salta y ARA Santa Cruz).

Para la fiscal, “intervenir” suponía actuar frente a la información recibida y no limitarse al papel de un “mero espectador”. El análisis debía realizarse desde el deber objetivo de cuidado: qué sabía Villamide, qué podía prever por su formación y experiencia y qué medidas estaba en condiciones de adoptar para disminuir los riesgos propios de la navegación submarina.

En ese punto adquirió especial relevancia la válvula ECO-19.

La ECO-19 y uno de los posibles caminos de la condena

Uno de los documentos más debatidos fue el informe elaborado por Fernández tras una navegación realizada en julio de 2017. Allí quedaron asentados dos episodios vinculados con la ECO-19, una válvula del sistema de ventilación.

Durante el sexto día se produjo un ingreso de agua que el comandante atribuyó, como hipótesis, a una posible falta de estanqueidad. El 13 de julio, además, ordenó abrirla para realizar una prueba de homogeneización de las atmósferas de proa y popa y evaluar el rendimiento de los canisters de cal soda, utilizados para absorber el dióxido de carbono acumulado dentro de la nave.

El objetivo era establecer si el submarino podía permanecer más tiempo en inmersión sin salir a superficie, una capacidad decisiva para una unidad militar cuya principal ventaja operativa depende del sigilo.

La prueba obtuvo resultados prometedores. Al mismo tiempo, por tratarse de una maniobra poco habitual durante una navegación, fue examinada extensamente por submarinistas, antiguos comandantes del ARA San Juan y ex titulares de la Fuerza de Submarinos.

El suboficial Figueroa, que participó de aquella salida, declaró que el ingreso de agua en julio se produjo porque la válvula había quedado mal cerrada. Otros testigos consideraron muy difícil que un mecanismo de esas características pudiera abrirse de manera accidental.

El juicio, sin embargo, no pudo establecer -por imposibilidad material- qué ocurrió con la ECO-19 en noviembre. La válvula pudo haber quedado abierta o mal cerrada; haber sido operada incorrectamente o haber sido utilizada para repetir una nueva prueba. También pudo haber tenido una avería o un desgaste. Ninguna de esas posibilidades quedó demostrada de forma concluyente.

Para la Fiscalía, esa incertidumbre no cerraba el episodio de julio: era precisamente la razón por la que el informe exigía una intervención posterior del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Garmendia recordó que el ex comandante Pereyra declaró que habría ordenado no volver a utilizar la válvula. También citó al capitán Adrián Colella, responsable de las pruebas de mar posteriores a la reparación de media vida, quien afirmó: “Con la E-19 no se juega”.

La fiscal sostuvo, además, que la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa integrada por Alejandro Kenny, Gustavo Trama y Jorge Bergallo había cuestionado que el COFS no instruyera actuaciones para reconstruir el ingreso de agua, verificar el estado de la válvula ni esclarecer las condiciones de la prueba de homogeneización.

El reproche a Villamide no consistió en haber manipulado personalmente la ECO-19 ni en haber provocado directamente el ingreso de agua. La acusación le atribuyó no haber adoptado medidas suficientes para determinar qué había sucedido.

Villamide declaró que, tras recibir el informe de navegación de julio, habló con Fernández, quien le aseguró que la novedad vinculada con la válvula había sido resuelta y se encontraba bajo control. Para la Fiscalía, esa conversación no alcanzó para satisfacer el deber reglamentario de intervenir.

La defensa mantuvo la posición contraria.

El defensor del ex capitán de navío afirmó que, después de los episodios de julio, el ARA San Juan continuó navegando, realizó nuevas inmersiones y completó la salida sin registrar otros problemas vinculados con la válvula de ventilación. También señaló que no existía una Solicitud de Obra Correctiva (SOC) que informara una avería persistente, sostuvo que la pieza se encontraba dentro de su ciclo normal de mantenimiento y consignó que no se podía descartar un error humano en el manejo de ese flap.

“Es una obviedad -desarrolló Vigliero durante su alegato de clausura-, una cuestión de sentido común irrefutable. Si hubiese existido una falla estructural en el mecanismo -dejemos de lado que no había una SOC, que la válvula había sido colocada nueva durante la reparación de media vida y que, por reglamento, debía recorrerse cada seis años-, la pregunta es: si funcionaba mal, ¿funcionó mal selectivamente dos veces en dos años? Pudo haber ocurrido otra anomalía que desconocemos. ¿Algo obstruyó el cierre de la válvula? ¿Un alga? No lo sabemos. ¿Se abrió para hacer la prueba de compensación, como quedó documentado? No lo sabemos. ¿No la cerraron después de abrirla para esa prueba? ¿Quedó mal cerrada? Tampoco lo sabemos".

Con todo, uno de los posibles caminos para sostener la condena únicamente contra Villamide podría encontrarse en la conexión entre el informe de navegación de julio, la intervención que -según la Fiscalía- el Comando de la Fuerza de Submarinos debió desplegar a partir de ese reporte y el ingreso de agua que, cuatro meses después, provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el tanque de baterías de proa.

En ese orden, si los dos jueces que votaron por condenar admitieron esa línea acusatoria, deberán explicar por qué descartaron que la válvula estuviera abierta o mal cerrada por un error humano; por qué consideraron acreditada una deficiencia material cuando no existía una SOC que informara una avería persistente; y por qué juzgaron insuficiente la conversación en la que, según Villamide, Fernández le aseguró que el episodio se encontraba resuelto.

También deberán ponderar que el Reglamento General del Servicio Naval atribuía al comandante de la unidad la responsabilidad primaria por su estado material y seguridad, y que fue el propio Fernández quien dispuso ir a la mar luego de las verificaciones pre-zarpada.

El antecedente de 1995

La Fiscalía también recordó un incendio ocurrido en 1995 en el propio ARA San Juan.

El submarino estaba amarrado en el puerto de Mar del Plata cuando, durante una maniobra con los tanques de agua de compensación, el agua alcanzó el sector de las baterías de proa. El combate contra el fuego se prolongó durante aproximadamente un día.

Según la acusación, aquel episodio había dejado recomendaciones internas todavía vigentes en 2017 y demostraba que las consecuencias de un ingreso de agua en ese sector eran conocidas dentro de la especialidad submarina.

Si bien las circunstancias de ese episodio difieren a las del reporte del 14 de noviembre de 2017, la referencia fue utilizada para reforzar la previsibilidad del riesgo. Para la Fiscalía, la falta de una intervención adecuada después del informe de julio habría incrementado un riesgo que las normas buscaban evitar y ese peligro se verificó cuando el agua volvió a alcanzar el sector de baterías.

Para la defensa, esa secuencia no explicaba la implosión. Entre el incendio eléctrico reportado como controlado y la pérdida definitiva del submarino persistía un vacío causal que el juicio no logró completar. Vigliero destacó, además, que el buque había superado las verificaciones anteriores a su partida, que Fernández lo consideró apto para navegar y que pocos días antes del desenlace había cumplido “como un reloj suizo” un ejercicio con la Flota de Mar.

Los fundamentos deberán establecer, por lo tanto, cuál fue el incumplimiento preciso atribuido a Villamide, qué medida concreta debía adoptar y de qué manera esa omisión incrementó un riesgo no permitido hasta adquirir relevancia causal en el estrago culposo agravado, pese a que el evento que provocó la pérdida definitiva de control aun es objeto de al menos cinco hipótesis.

Antes de anunciar la condena este miércoles, el tribunal rechazó -también por mayoría- los planteos de nulidad formulados por las cuatro defensas contra los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Los abogados sostenían que la acusación no había individualizado con suficiente precisión las conductas atribuidas a cada imputado ni explicado cómo se vinculaban con el estrago.

Durante su alegato, Vigliero había resumido su objeción en estos términos:

“¿Cómo es posible hablar de un incumplimiento de los deberes de funcionario público que deba traducirse en un aumento indebido de los riesgos propios de la actividad y, finalmente, en el evento que causa el estrago, si no sabemos cuál fue ese evento?

Si no sabemos qué ocurrió, tampoco podemos determinar cuáles fueron las violaciones al deber objetivo de cuidado ni cuáles fueron las omisiones relevantes. Y no se trata de cualquier omisión: estamos hablando de derecho penal, no de una respuesta para la tribuna.

Deben ser omisiones que el imputado pudiera conocer y que, en todo caso, hubiera desatendido, desestimado o subestimado. Pero, si no conocemos cómo se produjo el desenlace, ¿cómo podemos establecer qué fue lo que omitió evitar? ¿Cómo hacemos el recorrido hacia atrás? Es imposible. Y, si ese recorrido es imposible, también es imposible defenderse”.

Los fundamentos que los jueces darán a conocer el 21 de agosto deberán despejar esas dudas que quedaron planteadas en la sala de audiencias.

“La resolución que tomamos fue absolutamente con libertad de criterio, sin ningún tipo de presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento de cada uno de los magistrados sobre la solución que debía darse al caso. Reconocemos nuestra naturaleza humana y, si pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas”.

Con esa aclaración, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi, pasó a leer este miércoles el veredicto. Por mayoría, los jueces condenaron a tres años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como había solicitado la fiscalía.

Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 21 de agosto, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar para ir a la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, si así lo consideran.

Uno de los ejes centrales de los fundamentos será establecer qué vínculo consideró acreditado la mayoría del tribunal entre los incumplimientos atribuidos al condenado y el desenlace de la tragedia, cuya secuencia -desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión- todavía es materia de hipótesis.

Villamide ya había sido destituido de la Armada en 2021 tras un proceso disciplinario tramitado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, en el que un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos centrales, por no haberle ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras el ingreso de agua reportado en el tanque de baterías.

Este miércoles, el ex oficial superior de la Armada -y actual capitán de ultramar de la Marina Mercante- recibió una pena de “tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos y costas del proceso” tras ser hallado “autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 248 del Código Penal-, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte -art. 189, segundo párrafo-”.

El tribunal oral le impuso a Villamide una serie de reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar domicilio y teléfono, informar cualquier cambio, no cometer nuevos delitos y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio.

Los jueces también rechazaron “por improcedente” un pedido realizado por la fiscalía durante su alegato, que pretendía aplicar al caso la Resolución PGN 58/2024, dictada por el procurador general interino Eduardo Casal. Esa norma fue concebida para promover investigaciones patrimoniales, medidas cautelares y el recupero de activos vinculados principalmente con delitos de criminalidad económica, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo, categorías ajenas al objeto de este proceso.

Durante el juicio penal declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material de la nave al momento de su última operación, que comprendía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Para ello, se analizó toda la documentación en la que constaban las novedades y las pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente y con lo declarado por la mayoría de los testigos, las reparaciones y tareas de mantenimiento pendientes -entre ellas, la prueba de máxima profundidad, la prueba de presión del sistema principal de refrigeración y el ingreso a dique seco para realizar el carenado, cuyo plazo reglamentario estaba vencido- no impedían la operatividad del submarino.

Las defensas sostuvieron que esa conclusión también estaba respaldada por la decisión del propio comandante del buque, quien ordenó la zarpada una vez superadas las pruebas realizadas durante las 48 horas previas y que, de acuerdo con los reglamentos del servicio naval, solo podía autorizarla si consideraba que la unidad se encontraba en condiciones de navegar.

El contrapunto a esa visión estuvo dado por la teoría del caso de la fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, quien alegó que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión y que ese aumento terminó contribuyendo al hundimiento de la nave y a la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación.

Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para Villamide y el contralmirante López Mazzeo -quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de los hechos, el máximo cargo operativo de la fuerza—; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y tres años y seis meses de prisión para el capitán de fragata Correa, exjefe de Operaciones de ese mismo comando.

Tanto el querellante Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan- como las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias habían solicitado penas de prisión para todos los acusados. Tagliapietra formuló el pedido más severo: reclamó ocho años de cárcel para Villamide al considerar que los delitos concurrían de manera real y no ideal. Sin embargo, ambos alegatos fueron anulados por haberse apartado de los límites de la acusación formulada por la fiscalía, dado que ninguna de las querellas había presentado oportunamente un requerimiento propio de elevación a juicio.

El debate oral se llevó adelante en la ciudad de Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una primera etapa del expediente llegaron a estar imputados siete oficiales de la Armada. Tiempo después, los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia, con el posterior aval de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, elevaron la causa a juicio oral en el año 2024 con cuatro acusados, cuya situación procesal quedó definida este miércoles.

En cualquier caso, durante las audiencias del debate se revisaron en reiteradas oportunidades distintos informes periciales y otra documentación relacionada con los antecedentes del ARA San Juan: su reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), sus cambios de comando y un extenso listado de tareas ejecutadas y pendientes sobre los sistemas y equipos del buque.

También se revisaron al detalle los reglamentos de la Armada para determinar cómo funcionaba la cadena de mando y qué funciones y responsabilidades correspondían a cada uno de los involucrados en la Operación N.º 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos, que terminó de definir la misión que debía cumplir el submarino.

Uno de los nodos centrales del juicio fue el informe de navegación de julio de 2017, elaborado por el comandante Pedro Fernández. En ese documento, informó a su superior, Claudio Villamide, que el día 13 se había producido un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hasta uno de los ventiladores del tanque de baterías de proa, el mismo sector en el que meses después se reportaría el incidente que derivó en la tragedia.

Ese reporte fue objeto de una exhaustiva revisión durante buena parte del cronograma de audiencias, por las que fueron desfilando expertos submarinistas y marinos de distintos escalafones. ¿Cómo había ingresado el agua hasta ese sector? Fernández ofrecía una explicación plausible: “una posible falta de estanqueidad” de la válvula ECO-19.

Así, durante las sucesivas jornadas se intentó determinar en qué estado se encontraba esa válvula -perteneciente al sistema de ventilación- al momento de la partida del submarino, el 25 de octubre. ¿Estaba en mal estado o desgastada? ¿Había sido abierta durante la navegación, en contra de lo establecido por el reglamento, como había ocurrido días antes para realizar una prueba en el interior del buque? ¿Había quedado mal cerrada después de esa prueba inédita? ¿O estaba rota? En ese caso, ¿el buque había emitido una Solicitud de Orden Correctiva (SOC) para reparar ese flap, como correspondía administrativamente? No se encontraron constancias de esto último.

Y es que a falta de una SOC, podría inferirse entonces que, si durante aquel mes de julio se había producido alguna falla, esta había sido subsanada por la propia dotación por tratarse de una tarea de primer o segundo escalón de mantenimiento, y no de tercero o cuarto, niveles que ya requerían la intervención más compleja de un arsenal o un taller. En cualquier caso, según los especialistas, el agua que provocó el cortocircuito y el principio de incendio eléctrico en el ARA San Juan durante la noche del 14 de noviembre no pudo haber ingresado por otro conducto que no fuera el de la válvula ECO-19, que conecta el tanque de baterías con el tubo de inducción del snorkel.

Es probable que la mayoría del tribunal -por dos votos contra uno- haya considerado válida la teoría acusatoria de la fiscalía, según la cual Villamide incurrió en una falta de diligencia o de cuidado en la inspección de la E-19 después de recibir, en agosto, el informe elaborado por el capitán Fernández. De acuerdo con esa hipótesis, la omisión habría incrementado el riesgo propio de la actividad militar y configurado un incumplimiento del deber de cuidado derivado de su posición de garante.

Ese riesgo, para esa línea de pensamiento, se habría concretado finalmente en el resultado.

La cronología básica de los hechos fue la siguiente: ingreso de agua, cortocircuito y principio de incendio, que la tripulación reportó como controlado y “sin novedad de personal”; salida a superficie para ventilar el buque en medio de un temporal de mar gruesa; posterior inmersión a plano de periscopio -18 metros- para completar el envío de los últimos mensajes al comando en tierra, que ya había cancelado la patrulla y ordenado el regreso a Mar del Plata.

A las 7.19 del 15 de noviembre, desde el submarino informaron que la intención del comandante era descender a plano de 40 metros para descansar y luego ingresar al tanque de baterías con el fin de verificar su estado. Tres horas y 33 minutos después, el buque implosionó tras perder plano y superar la profundidad de colapso de su casco.

En ese lapso no se emitió ninguna señal de emergencia ni se activaron alarmas, radiobalizas, señales pirotécnicas, balsas salvavidas o los tanques de lastre, cuyo soplado habría permitido impulsar al submarino hacia la superficie en forma casi inmediata. La ausencia de cualquiera de esas maniobras abona la hipótesis principal de que, durante ese intervalo, se produjo un evento súbito que neutralizó a la tripulación y le impidió ejecutar los procedimientos necesarios para llevar la nave nuevamente a flote.

Las últimas palabras de Villamide

Antes de escuchar el veredicto, Claudio Villamide volvió a proclamar su inocencia y cuestionó que la acusación hubiera logrado precisar cuál fue la conducta concreta que se le reprochaba. “Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”, sostuvo. Y agregó: “No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque”.

El excomandante de la Fuerza de Submarinos también remarcó que todavía no existe una explicación definitiva sobre la mecánica de la tragedia. “Al día de hoy no sabemos por qué se perdió el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, afirmó ante los jueces.

En ese sentido, recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder preguntas. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal nunca le formulara interrogantes concretos sobre su actuación. “Declaré tres veces ante este tribunal. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, expresó.

Villamide consideró que el proceso excedió su responsabilidad individual y alcanzó a toda la institución. “Esto es un juicio a la Armada”, dijo, al reivindicar la formación de los submarinistas y los procedimientos aplicados durante la misión. También describió el impacto personal que tuvo la causa: recordó su destitución, la pérdida del grado, la imposibilidad de volver a utilizar el uniforme y la afectación que sufrió su familia.

Sobre el final, defendió la vocación de servicio y rindió homenaje a los 44 tripulantes. “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”, expresó.

Luego pidió al tribunal que resolviera a partir de los testimonios brindados durante el debate y concluyó que el capitán Pedro Fernández y su tripulación “honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina”.

Las querellas que intervinieron en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan cuestionaron el veredicto dictado este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que condenó a Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso y absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada Argentina sometidos a juicio.

En diálogo con Infobae, la abogada Valeria Carreras resumió la reacción de los allegados de los 44 tripulantes: “A las familias les resultó injusto y es entendible”.

Antes, Carreras y su colega Lorena Arias habían difundido un comunicado conjunto en el que combinaron el cuestionamiento por las absoluciones con una valoración positiva del precedente que, a su entender, dejó la condena contra quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos.

“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer hoy su veredicto por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. De los cuatro acusados, Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, fue condenado por la mayoría del tribunal a tres años de prisión por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los otros tres -López Mazzeo, Alonso y Correa- fueron absueltos”, señalaron.

Las abogadas destacaron que la resolución del tribunal, integrado en esta causa por su presidente Mario Reynaldi y los jueces subrogantes Luis Giménez y Enrique Baronetto, se trató de “la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, sostuvieron.

Carreras y Arias admitieron que el resultado dejó sensaciones contrapuestas entre los familiares a los que representan.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá -contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos- ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, expresaron.

En el mismo comunicado, anunciaron que buscarán cuestionar la decisión una vez que se conozcan sus argumentos.

“Como querella, adelantamos que vamos a recurrir esta sentencia una vez conozcamos sus fundamentos, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena”, afirmaron.

“El juicio fue una farsa”

También fue crítico con la decisión judicial Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos, y querellante en el expediente.

Ante una consulta de Infobae sobre el veredicto, cuestionó la competencia territorial del tribunal con sede en Río Gallegos, denunció restricciones durante el debate y afirmó que continuará reclamando para revertir lo resuelto.

“Cuando hallamos los restos del San Juan me di cuenta de que la Armada mintió, que el submarino estaba en aguas internacionales, a 300 millas de la costa, y lo encontramos a 275. Denunciamos el hecho como ‘forum shopping’ y planteamos la incompetencia. Hoy, ese planteo está en la Corte, porque las leyes que regulan la competencia territorial de los juzgados federales la limitan hasta la milla 200 al este”, sostuvo.

Tagliapietra agregó que, según su postura, las conductas investigadas tampoco se produjeron en la jurisdicción de Santa Cruz.

“Además, los hechos imputados fueron cometidos en Mar del Plata y Bahía Blanca. Por todo eso, Santa Cruz es incompetente y se violó la garantía del juez natural -artículo 18 de la Constitución Nacional-”, afirmó.

El querellante recordó que planteó esas objeciones antes del inicio del debate y cuestionó las decisiones adoptadas frente a sus pedidos.

“Cuestión que expuse en las preliminares del juicio y fueron rechazadas con anuencia de todas las partes, como también rechazaron mi pedido de pericias durante el juicio, también con anuencia de todas las partes”, señaló.

También denunció que se le impusieron límites al momento de interrogar a los testigos y formular su acusación final.

“Durante el juicio, además, me limitaron inconstitucionalmente a hacer preguntas pertinentes, alegando que no eran propias del objeto procesal, y la frutilla del postre fue que nos permitieron alegar, pero no nos permitieron solicitar las reglas del concurso de delitos que entendimos probadas ni pedir pena de manera autónoma a la que pidió la fiscalía. Todas violaciones severas a derechos constitucionales adquiridos”, expresó.

Tagliapietra cerró con una dura valoración del proceso. “Al final, el juicio fue lo que predije: una farsa. Iremos hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad y que los responsables respondan por sus actos”, advirtió.

El tribunal condenó por mayoría a Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

En cambio, absolvió por unanimidad a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto. A partir de entonces, por cuestiones procesales ya firmes, solo la fiscalía y la defensa de Villamide podrán presentar recursos de casación contra el fallo.

Claudio Javier Villamide -condenado hoy por la tragedia del ARA San Juan- se declaró inocente, cuestionó que la fiscalía no hubiera precisado cuál era la conducta concreta que le reprochaba y aseguró que el proceso significó, en los hechos, un juicio contra la Armada Argentina y el ejercicio del comando en el mar.

Lo hizo este miércoles durante la instancia de las últimas palabras, inmediatamente antes de que los magistrados del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, se retiraran a deliberar para dictar el veredicto por el hundimiento del ARA San Juan.

Dos horas después, Villamide fue condenado por mayoría a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Los otros tres acusados -Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa- fueron absueltos por unanimidad.

Al momento de los hechos del 15 de noviembre de 2017, Villamide tenía el grado de capitán de navío, contaba con serias posibilidades de ascender a contralmirante y se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos. Desde ese cargo tenía bajo su responsabilidad el control operativo y el alistamiento general de las tres unidades submarinas con las que contaba entonces la Armada: el ARA Salta, el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz.

Era, además, el superior directo de Pedro Martín Fernández, comandante del ARA San Juan, capitán de fragata al momento del naufragio y ascendido post mortem al grado de capitán de navío.

Villamide fue destituido de la Armada en marzo de 2021 por decisión de un Consejo de Guerra realizado por orden del Ministerio de Defensa y en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La sanción implicó la pérdida de su grado, de su estado militar y del derecho a utilizar el uniforme.

El juicio comenzó el 3 de marzo y se extendió durante más de 30 jornadas, en las que declararon cerca de 100 testigos, entre expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales de la Marina. El objetivo central debate fue evaluar el estado material del submarino antes de que zarpara el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata rumbo a Ushuaia.

Durante las audiencias se analizaron las tareas de mantenimiento pendientes, las pruebas realizadas antes de la partida, las condiciones de operatividad del submarino y la eventual incidencia de esos factores en la tragedia.

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, a las 10.52, después de que alrededor de las 22 del día anterior se produjera un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías de proa. En su última comunicación con el comando en tierra, transmitida a las 7.19, el buque informó que se dirigiría a plano de seguridad para descansar del temporal que había atravesado en superficie y luego realizar el control de daños.

Qué dijo Villamide

“Buenos días, señores miembros del tribunal”, comenzó Villamide, antes de anticipar que no volvería sobre todos los aspectos discutidos durante el debate.

Ante los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto, afirmó: “No voy a referirme, porque que ya se ha hablado cuantiosamente, sobre lo acontecido, sobre las responsabilidades, sobre la injerencia de la política; simplemente voy a decir, tal cual el día que me senté en mi declaración indagatoria, que soy inocente. Y al día de hoy, no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino”.

El ex comandante indicó que durante el proceso no se había precisado cuál era el comportamiento concreto que se le atribuía ni de qué manera habría contribuido al desenlace.

“No sé, y no me han podido indicar taxativamente, qué es lo que hice mal y cuál fue el incumplimiento a mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque, su ida a pique y su naufragio. Ingresé a la Armada a los 19 años de edad, cumplí y me eduqué y me instruí y me capacité de acuerdo a todos los requerimientos que me puso la Armada. Y me desempeñé cumpliendo los reglamentos y los procedimientos navales de la manera que la Armada esperaba de mí. Por esa razón, es lo que digo que no entiendo claramente por qué estoy aquí”, expresó.

Villamide dirigió entonces sus cuestionamientos hacia la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

“La fiscalía nunca me indicó claramente la acusación: leí más de una vez el requerimiento de elevación a juicio y no lo podía entender técnicamente. Al día de hoy, no sabemos por qué se fue el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, expresó.

También recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder las preguntas de los acusadores.

“Declaré tres veces en este tribunal, y me puse a disposición de la fiscalía y de las querellas para que me preguntaran, y nunca me preguntaron nada, con excepción del Dr. Tagliapietra. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, planteó.

A partir de allí, Villamide sostuvo que el proceso había excedido el análisis de las conductas individuales de los cuatro imputados y se había convertido en un cuestionamiento más amplio contra la institución.

“De alguna manera, aunque se ha dicho que no, esto es un juicio a la Armada, porque a nosotros nos han preparado, y cumplimos procedimientos. Lo mismo fue en ese momento: más aún, más nos apegamos a ellos porque nos indicaban lo que específicamente debíamos hacer, y así lo hicimos. Aquí se está cuestionando a los reglamentos y a la Armada misma. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, afirmó.

El ex jefe naval reivindicó la formación recibida y remarcó que quienes eligen la carrera militar aceptan desde el comienzo los riesgos y las exigencias propias de la profesión.

“Nuestra profesión ha sido siempre riesgosa y todos nosotros, cuando ingresamos a la Armada, así lo aceptamos. Siempre lo supimos y siempre convivimos con eso. Siempre supimos que íbamos a estar ausentes en momentos importantes para nuestras familias, y así lo aceptamos, porque es parte de este trabajo”, señaló.

Para ejemplificarlo, se refirió a un despliegue reciente de militares argentinos en el exterior.

“¿Creen ustedes que hace dos semanas, cuando aconteció el terremoto en Venezuela, los infantes de marina que están desplegados ahí se imaginaron siquiera que iban a estar en este momento en Venezuela, que ellos no iban a tener circunstancias familiares que debieron resignar? Sin embargo, allí fueron, a otro país y a servir, simplemente porque se los ordenaron, resignando a sus familias y sus cuestiones”, expresó.

Dirigiéndose a los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, añadió: “Y gracias a Dios que esto es así; gracias a Dios que hay gente que todavía quiere servir. ¿Se imaginan ustedes lo que sería para nuestra sociedad si no existieran? Como ustedes sirven, también”.

La destitución y el impacto familiar

Villamide dedicó otro tramo de sus últimas palabras a describir las consecuencias que la investigación, el proceso disciplinario y la exposición pública tuvieron en su vida profesional y personal.

“Este proceso, de 8 años y medio, en particular para mí tuvo un impacto altísimo, no solo por mi destitución, la pérdida de mi grado, de mi estado militar, de mi derecho a usar el uniforme -que ni siquiera me lo pude poner en el casamiento de mi hija-, la pérdida del derecho a mi haber luego de 38 años de servicio; la asignación de una pensión a mi mujer del 75% de mi haber, teniendo un hijo en edad escolar; la pérdida de mi obra social en el medio de la pandemia cuando me encontraba bajo atención médica, sin hablar de la afectación a mi imagen, a mi prestigio por la condena social que se recibió, porque ustedes saben que se habló de todo”, enumeró.

Sin embargo, destacó que durante el juicio los jueces pudieron oír directamente a los especialistas de la fuerza naval.

“Pero por primera vez escucharon a los submarinistas acá. Acá los escucharon y opinaron y ustedes vieron la prueba. Y opinaron como opinábamos nosotros”, afirmó.

El ex comandante aseguró que el impacto no se limitó a su situación personal, sino que alcanzó a todos los integrantes de su familia.

“Este perjuicio, además, no solo me impactó a mí, alcanzó a mi familia. Y la verdad que eso no está en el contrato social que uno acepta con la Armada cuando decide servir. Mi familia en persona lo recibió. Mi mujer, que trabaja en la Armada, mi hijo, que está en la Armada, e incluso mi hijo menor de edad, que en la escuela tuvo que soportar comentarios y padecer observaciones infundadas de profesores que no sabían que él estaba ahí”, señaló.

A partir de esa experiencia, dijo, comenzó a preguntarse si valía la pena prestar servicio en las Fuerzas Armadas.

“Entonces, irremediablemente uno se pregunta a esta altura si vale la pena servir a la Nación, si vale la pena ingresar a la Armada o a las Fuerzas Armadas de la Nación sabiendo que uno va a tener siempre un sueldo bajo, va a estar ausente, va a trabajar las 24 horas del día los 365 días del año en una actividad riesgosa, muchas veces ingrata desde el punto de vista familiar por las ausencias y lo que uno resigna, donde hay guardias permanentes, impagas, donde prima la necesidad del servicio por la necesidad personal”, expresó.

Y agregó: “Se pretende que demos la vida por la Patria, y, sin embargo, ante la ocurrencia de un hecho trágico, luctuoso, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.

El mensaje a los familiares

El ex oficial también dirigió parte de su intervención a las familias de los 44 tripulantes y recordó las oportunidades en las que, después de la desaparición, expresó personalmente sus condolencias.

“A los familiares les he expresado las veces que tuve oportunidad, el 6 y 7 de diciembre de 2017, que participé en el parte diario, y también en la Comisión Bicameral, mi más profundo dolor y pésame por la pérdida sufrida. Sé que no hay nada que pueda llenar el dolor ante la ausencia de sus seres queridos, nada que yo pueda decir”, manifestó.

Luego, explicó que conocía personalmente a gran parte de la dotación y que había compartido navegaciones y actividades con muchos de sus integrantes.

“Pero sí quiero que sepan que ellos fueron compañeros nuestros: yo navegué con muchos de ellos, tal cual comentó el señor capitán Alonso; compartí navegaciones, cumpleaños, ejercitaciones, trabajos; yo conocía a la mayoría de los suboficiales y a más de la mitad de la Plana Mayor; ¿cómo no vamos a tener dolor?”, preguntó.

Villamide reconoció que el dolor de los integrantes de la fuerza era distinto del atravesado por los familiares, aunque reivindicó el vínculo cercano que existe entre los submarinistas.

“Naturalmente, es distinto, es cierto, no puedo estar en el lugar de ellos y no voy a sentir lo mismo, pero nosotros perdimos camaradas, compañeros de trabajo en un trabajo distinto a otros, donde realmente existe un vínculo cercano”, reconoció.

Después, volvió sobre la ausencia de preguntas durante sus declaraciones.

“Ojalá me hubieran preguntado, porque creo que hubiera podido dar satisfacción a las dudas que ustedes hubieran tenido”, les dijo a los representantes de la fiscalía y de las querellas.

“Mis submarinistas”

En otro momento de su exposición, Villamide describió la imagen que conservaba de los 44 integrantes de la dotación.

“Yo les voy a decir cuál es mi percepción de mi tripulación: la tripulación del submarino ARA San Juan era orgullosa por la tarea que hacía. Por ser submarinistas. Ellos demostraron incansablemente el cariño que tenían por su buque y el trabajo permanente que realizaban por mantenerlo en la mejor condición posible. De alta idoneidad y calidad profesional. Mi absoluto reconocimiento a ellos”, expresó.

El ex comandante rechazó que los tripulantes hubieran tenido temor de embarcarse o de navegar en inmersión.

“Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo a embarcar e irse a inmersión: todo lo contrario, siempre fueron orgullosos de lo que hacían. Siempre se mostraron entusiasmados con navegar, y mucho más con la ida a Ushuaia”, manifestó.

Villamide retomó entonces la pregunta que había formulado sobre la vocación de servicio y dio su respuesta.

“Planteada la pregunta que me he hecho antes: si vale la pena servir a la Patria: sin duda, sin duda vale la pena, a pesar de lo que nos toque”, afirmó.

Antes de concluir, pidió a los magistrados que tuvieran especialmente en cuenta los testimonios de los submarinistas que declararon durante el debate oral, ya que “ellos han explicado tal cual lo ven, lo aprendieron y los usos y costumbres, cómo se evaluaba una unidad y cómo percibían el estado del submarino. Ustedes los han escuchado; ellos son los únicos del país que han ejercido esta actividad”.

El homenaje final a la dotación

En el cierre de sus últimas palabras, Villamide reflexionó sobre la dureza de la carrera militar y rindió homenaje al comandante Pedro Fernández y a los otros 43 tripulantes.

“El señor capitán Fernández, junto a toda su tripulación, desde el señor capitán Bergallo hasta el cabo más moderno de la dotación, el cabo Niz, han honrado las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina: el submarino San Juan constituye hoy un hito en las profundidades que demarca el límite a todo el mundo de nuestra soberanía marítima. Muchas gracias”, concluyó.

Después de escuchar la intervención de Villamide y de los otros tres acusados, los magistrados del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se retiraron a deliberar.

Dos horas más tarde, lo condenaron por mayoría a tres años de prisión en suspenso, le impusieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y fijaron una serie de reglas de conducta durante tres años.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto.

El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo nunca concedió entrevistas. Siempre prefirió, según explica, que los documentos hablaran por él.

Tras haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -el máximo cargo operacional de la fuerza, desde el que tenía bajo su órbita “los fierros”, como se denomina en la jerga naval a los buques-, hoy, a los 66 años, atraviesa los últimos días del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes.

Es conocido el conflicto que mantuvo con el entonces jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, quien, mediante un “sumario exprés” de cinco días, suspendió a López Mazzeo del servicio al considerarlo “presunto infractor” de “faltas gravísimas” por no haber impedido la zarpada del submarino, supuestamente en deficientes condiciones de alistamiento. Desde entonces, según fuentes de la promoción 108 de la Escuela Naval Militar, a la que pertenece, el almirante Srur dejó de mantener vínculo con sus compañeros de camada.

López Mazzeo, actualmente imputado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, entiende que aquella maniobra buscó ofrecerle a la política responsables por la gran tragedia. Sin embargo, el contralmirante retirado asegura que no existe ningún testimonio ni informe técnico que indique que el buque no estaba en condiciones de llevar adelante la operación de adiestramiento y control de los espacios marítimos que le había sido encomendada.

A su criterio, “toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provista por el submarino”.

En ese sentido, también reivindica el profesionalismo de los tripulantes, responsables de efectuar las pruebas previas a la zarpada y de verificar que el submarino estuviera en condiciones de salir a la mar. A su entender, la acusación fiscal apunta de manera velada contra la propia dotación, que operaba el buque y que, a través de su comandante, debía definir si estaba apto para zarpar.

El oficial superior retirado considera que este juicio nunca debió realizarse, porque su objeto principal -determinar el estado de mantenimiento del submarino- ya había sido examinado tanto por la Comisión Bicameral del Congreso, entre 2018 y 2019, como por el Consejo de Guerra de 2021. Según señala, en ambas instancias se concluyó que el buque estaba en condiciones de cumplir la misión.

López Mazzeo cuenta que desde hace casi nueve años lleva adelante “un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz” y para que “quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes”. Admite que ese proceso lo condujo a “un detenimiento de la vida personal”, porque “hasta que no se resuelva esto, uno no puede seguir adelante”.

Hace dos semanas, la fiscalía, encabezada por Gastón Franco Pruzán, reclamó que el ex jefe operacional fuera condenado a cinco años de prisión por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la acusación, López Mazzeo -junto con los otros tres ex altos mandos navales imputados- actuó de manera negligente al incorporar a una misión a un buque en malas condiciones, incrementando indebidamente el riesgo propio de la actividad militar, que luego se habría concretado en el resultado trágico.

En su alegato de cierre de este martes, su abogado, el defensor público oficial Gastón Morillo, solicitó la nulidad de la acusación al entender que no había contemplado ninguno de los testimonios producidos durante el debate oral, iniciado el 3 de marzo. También planteó que su defendido cumplió con todos los deberes a su cargo y que, además, no podía atribuírsele un estrago cuando aún se desconoce, en rigor, cuál fue la causa que llevó al submarino a perder el control hasta alcanzar la profundidad de implosión.

Con las últimas palabras de los cuatro imputados, previstas para este miércoles, el tribunal con sede en Río Gallegos quedará en condiciones de dar por concluido el debate. Los magistrados podrían adelantar el veredicto durante esa misma jornada.

A poco de esa decisión final, López Mazzeo dialogó de forma exclusiva con Infobae.

—¿Cómo vio el alegato de este martes de su abogado, Gastón Morillo?

—Para mí, fue un excelente trabajo del defensor público oficial, muy sólido y apoyado en todos los argumentos que demuestran que la acusación no produjo pruebas a lo largo del juicio. Ese es el motivo por el cual pedimos la nulidad.

Además, la fiscalía, durante su alegato, incorporó dos imputaciones en mi contra que no figuraban entre las acusaciones iniciales, por lo que no pudimos defendernos de ellas en el debate oral.

—Su abogado dijo que, por la acusación planteada por la fiscalía, parecía que el juicio no se hubiera realizado.

—Claro. Si después de cuatro meses de juicio y unos 90 testigos vuelven a repetir la misma acusación, que a su vez es una copia del auto de procesamiento, ¿para qué hicimos el juicio?

Por otro lado, insisto, los fiscales agregaron dos imputaciones que no estaban al principio. Por eso el presidente del tribunal -Mario Gabriel Reynaldi- les recordó que el principio de congruencia era una cuestión básica.

—¿Por qué pidieron la nulidad de la acusación?

—Porque la fiscalía no presentó un alegato acorde con lo que se desarrolló durante el juicio. Por eso el defensor oficial dijo que era como si el debate no se hubiera llevado a cabo. A eso se suma, de nuevo, el agravante de que incluyó dos imputaciones que no estaban en la acusación inicial. Yo no puedo defenderme de algo por lo que antes no había sido acusado.

La fiscalía seleccionó parcialmente la prueba y tergiversó sus resultados. Hizo una interpretación basada solo en una parte de los elementos incorporados. Si van a hablar del informe de los contralmirantes Trama y Kenny y del capitán de navío Bergallo, tienen que mencionar todo su contenido, no extraer una frase y ocultar el renglón siguiente, donde se dice que el submarino estaba en condiciones, para después arribar a una conclusión distinta.

—¿Con qué expectativas llega al veredicto?

—No sabemos qué va a resolver el tribunal. Pero no hay un solo documento ni un testimonio que respalde la imputación fiscal. Por eso llego con la expectativa de una absolución.

Durante los cuatro meses de juicio, todos los testigos, incluidos cada uno de los propuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal, declararon que el submarino estaba en condiciones de operar y cumplir la orden de operaciones; que ninguna de las novedades o pruebas pendientes afectaba su seguridad, y que nada de eso tuvo relación con el ingreso de agua del 14 de noviembre y el posterior principio de incendio.

Además, como dijo el defensor, estas mismas acusaciones, con los mismos testigos y la misma prueba documental, ya habían sido analizadas por el Consejo General de Guerra, mi juez natural, que determinó que el submarino estaba en condiciones.

—¿Considera que esa cuestión quedó saldada durante el juicio?

—Totalmente. No hubo una sola prueba documental que indicara lo contrario. Los tres informes periciales dicen lo mismo, al igual que los 68 o 70 submarinistas que declararon. No hay forma de que la fiscalía pueda sostener una conclusión diferente.

—¿El Consejo General de Guerra era su juez natural por su condición militar?

—Sí.

—Sin embargo, usted fue crítico de la composición de ese tribunal.

—Sí, porque atravesamos tres meses de un Consejo de Guerra sin un solo marino entre sus integrantes. Fueron los testimonios recibidos los que llevaron al Consejo a concluir que el submarino estaba en condiciones, que era apto para la operación y que lo ocurrido no tenía relación con las novedades que presentaba.

Mi crítica se vincula con la falta de marinos que pudieran formular preguntas coherentes desde el conocimiento profesional. Un submarinista o un marino de superficie no preguntaría, por ejemplo, si con un submarino a 200 millas de la costa y a 40 metros de profundidad se puede hacer lo mismo que desde una torre de control cuando se verifica si un avión tiene desplegado el tren de aterrizaje.

—¿Cuánto influyó lo resuelto en el Consejo de Guerra sobre el proceso penal?

—No influyó. De hecho, el proceso penal continuó como si aquel procedimiento no hubiera existido y tomó de manera parcial algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, se menciona que Claudio Villamide fue destituido, pero no fue destituido por el estado del submarino, que es el objeto de este juicio, sino por otra hipótesis.

En mi caso, fui sancionado por estar procesado en esta causa penal. Ahora la fiscalía pide que se me condene porque fui sancionado por el Consejo de Guerra a raíz de ese procesamiento.

El fiscal afirmó en su alegato que yo había sido condenado por el Consejo de Guerra. Primero, el Consejo no condena: sanciona. Segundo, la sanción estuvo relacionada con mi situación en el proceso penal. Respecto del estado del buque, el Consejo determinó que el submarino estaba en condiciones de operar.

—Su defensor dijo que este juicio nunca se tendría que haber realizado. ¿Por qué?

—Porque todo lo que se vio durante el juicio ya había sido analizado tanto en el Consejo de Guerra como en la Comisión Bicameral del Congreso. Además, no existe una sola prueba documental que diga que el submarino no estaba en condiciones.

Esa premisa fue una construcción de la instrucción penal y de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia: “No sabemos por qué naufragó, pero seguramente fue por el estado general del submarino”.

Sin embargo, ninguna de las novedades del buque pudo físicamente haber incidido en el ingreso de agua por el sistema de ventilación.

—No se sabe a ciencia cierta qué llevó al submarino a perder plano hasta la implosión, pero ¿descarta que el ingreso de agua haya tenido relación con las novedades que presentaba el buque?

—Es físicamente imposible que haya tenido relación con esas novedades. Físicamente imposible.

—¿Y, en ese marco, qué valor le da al informe que hizo el comandante Pedro Martín Fernández sobre la patrulla de julio, donde registró un ingreso de agua por el mismo sistema de ventilación?

—Él registró el ingreso, lo informó y la unidad era responsable de su reparación. No existió una solicitud de obra correctiva que no hubiera sido ejecutada.

El razonamiento sería válido si el buque hubiera presentado una solicitud de obra correctiva que después no se hubiera cumplido, pero eso no ocurrió. El capitán Villamide explicó con claridad que había abordado esa cuestión con el capitán Fernández.

—¿Por qué el carenado del ARA San Juan fue programado para 2018?

—Porque así lo aconsejaron los 17 submarinistas con mayor experiencia. Lamentablemente, después se verificó que el comportamiento del casco y de sus válvulas fue el correspondiente a su diseño, porque el submarino implosionó por debajo de los 700 metros de profundidad.

Eso demuestra que el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y las coordinaciones realizadas para efectuar el carenado durante el primer semestre de 2018 no habían incrementado el riesgo.

—En su segunda declaración indagatoria usted mencionó que 44 de los 66 cascos de la Armada tenían reprogramado el carenado.

—Sí, porque la reprogramación no afecta la seguridad. Ese es el grave error conceptual en el que incurren las acusaciones.

El carenado es un mantenimiento preventivo destinado a preservar el casco a lo largo de la vida útil de la unidad. Reprogramarlo no implica que el buque se vuelva peligroso o inseguro.

—Pero, por un lado, estaban los reglamentos, que entonces fijaban ciclos de 24 meses, y por otro la situación operativa concreta de esos 44 cascos reprogramados.

—Los 24 meses corresponden a una situación ideal. Reprogramar un carenado no significa que el buque pase a ser más peligroso o inseguro.

El grave error es asociar automáticamente la demora en el carenado con un aumento del riesgo. Durante el juicio se demostró que ese concepto era equivocado y, lamentablemente, también quedó acreditado por la forma en que implosionó el submarino.

—Como excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, ¿qué escenario prevé para el funcionamiento futuro de la fuerza si la Justicia considera que esa demora puede dar lugar a un reproche penal?

—No lo sé, pero sería grave, porque esta Armada y todas las armadas del mundo funcionan de la misma manera.

Pero además, ¿cómo podrían reprochar penalmente el carenado por considerar que afectó la seguridad si ya se demostró que no incrementó el riesgo? La imputación no es técnica ni fácticamente válida. Eso quedó probado.

—La querellante Valeria Carreras dijo en su alegato que este no era un juicio contra la Armada, sino contra cuatro de sus integrantes. ¿Tiene una opinión formada al respecto?

—No coincido. Este es un juicio a los procedimientos, a los tripulantes del ARA San Juan, a la organización y a la capacidad técnica de la propia Armada. Si 17 submarinistas sostienen que el carenado podía prorrogarse porque no afectaba la seguridad, y la querella afirma lo contrario, entonces lo que se está juzgando no es únicamente mi desempeño, sino también la capacidad técnica de los 17 submarinistas más experimentados para recomendar una prórroga de 14 meses.

—¿Por qué afirma que también es un juicio contra los tripulantes del submarino?

—Porque la organización jerárquica de la Armada se sostiene sobre dos pilares: la especialización y la obligación de informar al superior. La información fluye de abajo hacia arriba para la toma de decisiones. Así funciona la cadena de mando. La supervisión se ejerce personalmente, pero también mediante los informes y reportes.

Si los tripulantes realizaron la prueba de 48 horas y certificaron que el submarino estaba en condiciones seguras para zarpar -una prueba que requiere más de 900 horas-hombre, con doble verificación y control-, ponerlo en duda equivale a cuestionar que hicieron la prueba, que la hicieron correctamente o que informaron con veracidad.

También se están juzgando los procedimientos y los instrumentos de verificación de la Armada. Por ejemplo, se relativizó el Índice de Calificación del Estado del Material, el ICEM. Como se vio en el debate, si bien puede contener una cuota de evaluación personal, el resultado final no depende solamente de un número: el comandante informa si el buque está habilitado o no. Es un procedimiento reglamentado que le permite evaluar la aptitud de su unidad. [La última evaluación ICEM del submarino fue realizada en septiembre de 2017: el comandante Pedro Fernández le asignó una calificación de 4,25 sobre 5 y consignó que el buque estaba “habilitado” para operar].

—Por otro lado, las querellas señalaron que, aunque la decisión final de zarpar correspondía al capitán del buque, la estructura vertical de la fuerza le dejaba poco margen para oponerse.

—Eso es absolutamente falso. En tres oportunidades, durante mis dos comandos de buques y cuando fui comandante de división, se decidió no zarpar.

Un comandante podía decirme: “Se rompió tal cosa, no puedo salir”. La respuesta era sencilla: no podía zarpar. A nadie se le ocurriría obligarlo a hacerlo. La Armada no funciona de esa manera, y mucho menos en tiempos de paz.

—¿Por qué asumió personalmente la conducción del caso SAR si el reglamento establecía que debía hacerlo el comandante de la Fuerza de Submarinos?

—Con la magnitud de los medios internacionales involucrados, no podía no hacerme cargo. ¿Lo iba a dejar a él y yo qué iba a hacer? ¿Sentarme y decirle: “Más vale que usted lo encuentre”? ¿O asumir la operación de búsqueda y rescate y conformar el Estado Mayor que armamos, con más de 4.000 personas y más de cinco países? ¿Cómo iba a dejar solo al comandante de la Fuerza de Submarinos? El trabajo de búsqueda, aunque resultó malogrado porque ya no había posibilidades de rescatarlos, fue ponderado por todos los países.

—¿Cree que la Armada reconoció internamente ese trabajo?

—No.

—¿Qué recuerda del momento en que, el 22 de noviembre, recibió de la Marina de los Estados Unidos la información sobre el evento hidroacústico compatible con una implosión?

—Que las posibilidades de sobrevida eran prácticamente nulas.

La decisión que tomé entonces fue duplicar todos los cálculos para ofrecerles a las familias la certeza de que no estábamos abandonando a los tripulantes.

El cierre del caso SAR lo dispuse el 30 de noviembre, después de haber superado el ciento por ciento de las posibilidades de sobrevida. También había más de 1.500 personas desplegadas en el mar y mantenerlas ahí implicaba riesgos.

—¿Por qué se lo ha acusado de ocultarle información al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur?

—No lo sé, porque la información siempre fue entregada. Él fue quien le ocultó información a la política al decirles que el submarino tenía un problema de comunicaciones, cuando nosotros ya habíamos lanzado la operación SUBMISS -de búsqueda y rescate del submarino-. También le dijo al secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, el licenciado Horacio Chighizola, que había “un 70 por ciento de probabilidades de encontrar al buque” porque presentaba un problema de comunicaciones, aun cuando nosotros ya habíamos realizado dos vuelos sin detectar la nave en superficie.

—¿Por qué la búsqueda de los restos del submarino terminó en manos de una empresa privada?

—La Armada, por sí sola, no tiene capacidad para realizar ese tipo de búsquedas. No contaba con los medios necesarios. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2017, la Armada del Reino Unido nos había ofrecido ese tipo de vehículo para explorar o descartar la zona que aún faltaba revisar: los cañadones. El resto de la plataforma ya había sido técnicamente descartado, porque habíamos logrado identificar objetos de menor tamaño que el submarino en cada una de esas áreas. Los cañadones eran los únicos sectores a los que no podíamos ingresar por falta de medios idóneos, que fueron los que después utilizó Ocean Infinity.

La Marina británica nos ofreció esos medios el 5 de diciembre. Yo se lo informé a Srur ese mismo día y, el 7, me suspendió del servicio. Nunca se avanzó con ese ofrecimiento. No me consta por qué.

—¿A qué se refirió su abogado en su alegato de clausura cuando dijo que los acusados y las familias fueron víctimas de “los juegos perniciosos de la política”?

—Fue una evaluación que hizo sobre el manejo posterior a la pérdida de contacto con el submarino.

El caso se utilizó políticamente en la disputa entre los dos principales partidos de entonces, que intentaron atribuirse mutuamente la responsabilidad por la tragedia.

—¿Considera que fue utilizado como una especie de fusible?

—En cinco días, dos abogados de la Armada, sin el asesoramiento ni la participación de ningún submarinista, dijeron que éramos responsables por no haber impedido la zarpada del submarino. Veinticuatro horas después, todos los medios de comunicación anunciaban que habían aparecido “los dos responsables de la tragedia”.

—Usted fue muy crítico de la instrucción de la jueza Marta Yáñez por la falta de pericias.

—Sí. Algunas de esas pericias se hicieron parcialmente recién durante el juicio.

Durante la instrucción, nosotros presentamos 89 puntos de pericia respecto de lo que luego se debatió en este juicio: cada equipo, sus componentes, las responsabilidades, obligaciones y tareas de sus integrantes. Ninguno fue considerado. La instrucción tuvo fallas muy graves.

Por otra parte, le repito lo que la jueza de instrucción les dijo a mis abogados el 10 u 11 de diciembre de 2017, en Caleta Olivia: “A mí la Marina me entregó dos cabezas; ahora quiero saber si hay más”. Creo que ese comentario es revelador.

—Después de todos estos años y de haber revisado la documentación, ¿tiene alguna hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido entre el último contacto del buque y el horario de la implosión, a las 10:52?

—No puedo formular una hipótesis sin contar con un informe técnico elaborado por quienes tienen capacidad para hacerlo. Sería hablar sin respaldo, y no lo hago.

Para plantear una hipótesis es necesario establecer un método científico que determine cuáles son los puntos por investigar y cómo deben analizarse.

Eso también les habría permitido a las querellas transmitirles cierta tranquilidad a los familiares. Sin embargo, salvo la querella de Luis Tagliapietra, las demás no solicitaron pericias.

—¿Entiende a los familiares que decidieron presentarse como querellantes en su contra?

—Sí, los entiendo perfectamente. Pero creo que fueron muy mal orientados, en el mejor de los casos. Acá les atribuyo mala praxis a los abogados y a las autoridades de la Armada de entonces.

Piense que llegaron a asignarles la responsabilidad de determinar la posición del submarino durante la búsqueda. Es decir, les transfirieron la responsabilidad de encontrarlo, al punto de embarcar videntes y dirigirse a un área en la que era cinemáticamente imposible que estuviera el buque. Eso es perverso.

En lugar de sentarse con ellos y decirles: “Miren, los entendemos y los comprendemos, pero no vamos a buscar en esa zona porque el submarino no puede estar allí”, iban 200 millas más al norte con un vidente y un péndulo.

—¿Qué implicaron para usted estos casi nueve años?

—Un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz y quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes. Porque, como dije antes, se los está acusando veladamente de haber sido imprudentes o de haber sido malos profesionales.

Si ellos informaron que el buque estaba en condiciones de cumplir con la tarea y se sostiene que no lo estaba, indirectamente se les atribuye la responsabilidad. Pero, como no pueden responsabilizarlos a ellos, se la atribuyen a quienes estábamos en tierra.

Tenga en cuenta que toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provistas por el propio submarino.

—¿Qué significó en términos personales ese trabajo “incesante”?

—Un detenimiento de la vida personal, repitiendo una y otra vez, en distintos ámbitos, lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo declaré ante la Comisión Bicameral, en el Consejo de Guerra, durante la instrucción, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y acá, en el juicio oral de Río Gallegos.

—¿Qué significa “un detenimiento de la vida personal”?

—Que hasta que esto no se resuelva, uno no puede seguir adelante.

—¿Le gustaría agregar algo?

—Que estoy tranquilo desde el primer momento porque hicimos las cosas como correspondía y adoptamos todas las medidas necesarias, incluso antes de que vencieran los plazos para activar el protocolo de búsqueda y rescate.

También quiero destacar que la información provista por el submarino coincide con las conclusiones de los informes elaborados un año y medio después. Todos determinaron que el ARA San Juan estaba en condiciones de cumplir la tarea asignada.

Los testigos también coincidieron en que las novedades registradas no afectaban la seguridad y que el ingreso de agua por el sistema de ventilación no tenía relación con las tareas o pruebas que se encontraban pendientes.

“La totalidad de la prueba que se produjo demostró que López Mazzeo es inocente de todos los hechos que se le imputaron” y “los imputados, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

Con esas dos afirmaciones, las más contundentes de su alegato, el defensor público Ricardo Gastón Morillo condensó este lunes su posición en favor del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada juzgados por el naufragio del ARA San Juan.

La jornada comenzó a las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en pleno centro de Río Gallegos. Morillo solicitó la nulidad de la acusación fiscal y la absolución de su asistido. De manera subsidiaria, y en caso de que los magistrados evalúen otro escenario, requirió que fuera absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, que obliga a resolver en favor del acusado cuando no existe certeza suficiente para condenarlo.

El abogado calificó el alegato del Ministerio Público Fiscal como “forzado” e “infundado”, cuestionó la utilización parcial de la prueba ventilada durante el debate y denunció la introducción de tres hechos que, según explicó, nunca habían integrado la imputación original.

Su argumento de fondo fue que las declaraciones recibidas desde el comienzo del juicio, en marzo, conformaron un conjunto probatorio vasto en favor de López Mazzeo. A lo largo de su exposición, remitió de manera permanente a los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron ante el tribunal y que, de acuerdo con su lectura, coincidieron en que el buque estaba operativo, alistado y en condiciones de cumplir la misión asignada.

“Ni un solo testigo dijo en esta sala que el submarino no hubiese estado operativo y alistado para formar parte de la operación 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Ni un solo testigo”, remarcó.

El cargo más alto de la estructura operacional

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -COAA, según las siglas utilizadas por la fuerza-, el cargo más alto dentro de la estructura operacional.

Desde esa posición debía alistar, adiestrar y sostener los medios del poder naval para ejecutar los planes en vigor. Bajo su órbita se encontraban los principales componentes operativos, entre ellos el Comando de la Fuerza de Submarinos, encabezado entonces por el capitán de navío Claudio Javier Villamide, también acusado en el proceso.

Esa relación jerárquica resultó central tanto para la fiscalía como para la defensa. Los acusadores ubicaron a López Mazzeo como la máxima autoridad con facultades para supervisar el estado de los medios, controlar su alistamiento y evitar que una unidad sin condiciones suficientes fuera destinada a una operación.

Morillo, en cambio, procuró delimitar el alcance de esas funciones. Describió una organización piramidal basada en la especialización, la delegación funcional, la cadena de comando y el deber de los subordinados de informar cualquier novedad relevante.

Según los datos repasados durante el alegato, aproximadamente el 65% del personal de la Armada dependía de aquella estructura entonces a cargo de López Mazzeo: alrededor de 17.500 personas, decenas de buques, tres submarinos, aeronaves, helicópteros, medios terrestres, arsenales, talleres, depósitos y bases distribuidas en distintos puntos del país.

Para la defensa, esas dimensiones impedían atribuirle un conocimiento directo sobre cada desperfecto, mecanismo o trabajo pendiente de todos los medios bajo su órbita. Su intervención, explicó Morillo, se desarrollaba en el plano del planeamiento general, la distribución de recursos y la supervisión macrooperativa.

“El COAA no tiene competencia sobre un interruptor ni sobre una válvula. No tiene competencia sobre la tan charlada y debatida ECO-19”, afirmó ante los jueces.

La fiscalía interpretó esas mismas atribuciones de manera diferente. Consideró que la delegación funcional no lo liberaba de sus obligaciones de supervisión y lo situó en una "posición de garante" respecto de la seguridad de los tripulantes.

Qué le imputó la fiscalía a López Mazzeo

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán pidieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

La acusación individualizó tres núcleos de incumplimiento.

El primero estuvo relacionado con la demora en el ingreso del submarino a dique seco para realizar tareas de carenado. Según el Ministerio Público, López Mazzeo no respetó los plazos reglamentarios y doctrinarios previstos para ese mantenimiento y dilató el trámite para conservar operativa la unidad durante el segundo semestre de 2017.

El segundo reproche se vinculó con la información suministrada al Estado Mayor General de la Armada sobre las patrullas de control de los espacios marítimos y la utilización de recursos provenientes del área de Pesca. Los fiscales indicaron que no se comunicó adecuadamente que un submarino de la clase TR-1700 sería utilizado en esas actividades.

Por último, le atribuyeron haber afectado al ARA San Juan a la orden de operaciones COFLOMAR 14/17, firmada el 19 de octubre de 2017, cuando la nave todavía figuraba a más de 72 horas de apresto por reparaciones de tercer escalón -trabajos de mayor complejidad técnica, realizados en un arsenal y fuera del mantenimiento habitual de la tripulación- sobre sus periscopios en el Arsenal Naval Mar del Plata.

Los partes diarios incorporados al expediente señalaban que el submarino recuperó formalmente su condición operativa el 24 de octubre y zarpó al día siguiente. Para la fiscalía, sin embargo, la decisión de incluirlo en la planificación había sido adoptada cuando aún permanecía fuera de servicio y constituyó una “grave infracción” a los deberes de supervisión del COAA.

La teoría acusatoria planteó que López Mazzeo podía haber seleccionado otro medio o desafectado al submarino antes de la partida. Al no hacerlo, habría incrementado un riesgo no permitido mediante la asignación de una misión que combinaba un ejercicio de guerra antisubmarina y una patrulla de control de los espacios marítimos.

Durante el alegato del 23 de junio, la fiscalía sostuvo que el ARA San Juan cumplió aquella operación en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”. También afirmó que los mandos privilegiaron los objetivos operativos por encima de la seguridad de la tripulación.

Para los acusadores, a su vez, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y antecedentes de ingreso de agua elevó indebidamente los riesgos propios de una actividad que ya resultaba peligrosa por su naturaleza.

Una acusación “forzada” e “infundada”

Morillo inició su respuesta cuestionando la validez del alegato fiscal. Recordó que toda acusación debe ser fundada, concreta, precisa, objetiva y no puede sorprender al imputado durante la última etapa del proceso.

A su criterio, ninguna de esas exigencias fue respetada.

El defensor reconoció que el Ministerio Público Fiscal enumeró las conductas que consideró constitutivas de incumplimientos, pero objetó que no hubiera explicado por qué la prueba producida durante el juicio permitía tenerlas por acreditadas ni cómo se relacionaban con el naufragio.

“¿Qué debió haber hecho la fiscalía? Debió haber pedido la absolución de López Mazzeo. ¿Y qué hizo? Formuló un alegato forzado, una acusación infundada”, planteó.

También acusó a los fiscales de apartarse del principio de objetividad que debe orientar su actuación. Desde su perspectiva, la fiscalía “priorizó criterios de eficacia basadas en criterios de condena y pena por sobre el principio de objetividad”,omitiendo testimonios, documentos y reglamentos que favorecían a los imputados.

“Al acusar no fue objetivo, y eso es un mandato y conforma la guía de actuación del Ministerio Público Fiscal”, expresó. “Omitió la totalidad de la prueba que se produjo en este juicio, como si este juicio no se hubiese desarrollado”.

El abogado calculó que durante el debate declararon cerca de cien testigos, gran parte de ellos ofrecidos originalmente como prueba de cargo, y planteó: “Casi el 90% de esos testigos fue prueba de cargo. Toda prueba de cargo que demostró lo contrario”.

Los hechos que la defensa consideró sorpresivos

El pedido de nulidad no se apoyó únicamente en la valoración de la prueba. Morillo denunció que la fiscalía incorporó en su alegato de clausura tres hechos que, según explicó, nunca habían formado parte del requerimiento de instrucción, de la imputación ni de la elevación de la causa a juicio.

Se refirió al supuesto ocultamiento de información sobre la participación del submarino en una patrulla de control del mar, a una presunta falta de transparencia respecto del uso de recursos del área de Pesca y a la inclusión del ARA San Juan en una orden de operaciones mientras todavía permanecía sometido a reparaciones.

“No son inocuos estos hechos”, advirtió, ya que “con ellos pretenden construir el elemento subjetivo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pretenden construir el dolo con tres hechos que jamás fueron imputados a López Mazzeo”.

Los dos primeros puntos habían surgido durante la declaración del exoficial Javier Dutto Carcagno, quien al momento de la tragedia del submarino se desempeñaba como secretario privado del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

El testigo manifestó que López Mazzeo había ocultado información sobre la intervención del submarino en la patrulla y desobedecido una supuesta indicación relacionada con su utilización.

Después de esa declaración, el acusado pidió ampliar su indagatoria. Ante los magistrados , explicó el contenido de los mensajes navales examinados durante el debate y exhibió partes informativos que, según dijo, “se puso en conocimiento al almirante Srur respecto de la actividad que estaba realizando el submarino”.

Morillo diferenció también aquella explicación de una defensa frente a una imputación formal.

“López Mazzeo estaba dando explicaciones porque estaba contestando a un testigo que se había manifestado falazmente, pero no estaba contestando una imputación del Ministerio Público”, señaló.

Respecto de la inclusión de la unidad en la orden de operaciones, indicó que tampoco había integrado con la precisión necesaria la plataforma fáctica original. Como indicio, destacó que ningún testigo fue interrogado específicamente sobre si un submarino que atravesaba tareas de mantenimiento podía ser incorporado a una planificación futura.

La defensa aseguró que no existe ninguna norma naval que prohíba esa decisión. Lo vedado, explicó, es que una unidad zarpe sin haber recuperado sus capacidades operativas.

El ARA San Juan finalizó las reparaciones, volvió a ser informado como operativo el 24 de octubre y partió de Mar del Plata al día siguiente.

“No hubo ninguna irregularidad. El submarino fue alistado, estaba operativo y zarpó en condiciones”, aseveró Morillo.

Para el abogado, la introducción de esos tres hechos durante el alegato final violó el principio de congruencia, que exige correspondencia entre la imputación inicial, aquello por lo que el acusado fue llevado a juicio y las conductas sobre las que finalmente se solicita una condena.

“Es una acusación que violó el principio de congruencia y el derecho de defensa de López Mazzeo. No puede ser subsanada”, concluyó.

La decisión de zarpar y el rol del comandante Fernández

Dentro de la distribución de competencias de la Armada, Morillo también puso el foco en las atribuciones del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

Según explicó, el Reglamento General del Servicio Naval reconocía al titular de la unidad el derecho y la obligación de determinar si el buque estaba en condiciones de zarpar.

Para la defensa, Fernández era quien tenía conocimiento directo sobre el estado del submarino, recibía los resultados de los controles previos y podía negarse a iniciar una navegación si consideraba que la seguridad no estaba garantizada.

Morillo aclaró que ese argumento no buscaba trasladar la responsabilidad hacia el comandante fallecido, sino delimitar las funciones correspondientes a cada nivel de la cadena de mando.

El defensor remarcó que el submarino terminó las reparaciones, recuperó su condición operativa y atravesó las verificaciones anteriores a su partida.

“Lo que sí prohíbe la Armada es que una unidad zarpe cuando perdió las capacidades operativas”, diferenció.

Según su postura, eso no ocurrió: el ARA San Juan fue informado como operativo el 24 de octubre de 2017 y zarpó al día siguiente bajo el visto bueno de Fernández.

El planteo que había formulado la defensa de Villamide

La nulidad reclamada por Morillo coincidió con la presentada la semana pasada por Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, subordinado de López Mazzeo dentro de la estructura operacional.

Vigliero había cuestionado que la fiscalía no precisara cuál fue el deber objetivo de cuidado vulnerado por su asistido, qué conducta concreta debía desplegar ni de qué manera esa omisión incidió en la pérdida del submarino.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, había preguntado ante el tribunal.

La línea compartida por ambas defensas fue que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes, restricciones o decisiones adoptadas antes del naufragio. Para fundar una condena, argumentaron, debía identificarse el riesgo prohibido creado por cada acusado y demostrarse cómo se concretó en el resultado.

Vigliero había resumido su postura con otra pregunta: “No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”.

La prueba de los expertos y el estado del submarino

A lo largo de su alegato, el defensor público del ex COAA volvió de manera permanente sobre las declaraciones de los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron durante el juicio.

Según remarcó, quienes poseían experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de esa clase de unidades coincidieron en que el ARA San Juan estaba operativo, alistado y apto para cumplir la misión encomendada.

Entre los testigos mencionó al almirante retirado Alejandro Kenny, al contralmirante retirado Adolfo Trama y al capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, quienes integraron la comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa después de la desaparición del buque.

También citó al capitán de navío retirado Arturo Guillermo Marfort, al ingeniero naval Jorge Bellino y a Gabriel Attis, quien presidía el Consejo Asesor del Arma Submarina cuando ese organismo recomendó programar el ingreso de la nave a dique seco durante el primer semestre de 2018.

Para la defensa, ese conjunto de testimonios consolidó dos afirmaciones: que las tareas pendientes no impedían la navegación y que ninguna fue identificada como causa concreta del naufragio.

Morillo defendió además el valor del Índice de Calificación del Estado del Material, conocido como ICEM. El último confeccionado antes de la misión asignó al submarino 4,25 puntos sobre cinco y lo ubicó en la categoría de “buque habilitado”.

La fiscalía había relativizado ese instrumento al considerar que contenía un componente subjetivo y reflejaba el estado general de la unidad en un momento determinado. La defensa admitió que el puntaje podía incluir apreciaciones, pero diferenció esa valoración de la conclusión acerca de si el buque estaba habilitado o no.

“El ICEM (...) es el único instrumento que utiliza la Armada y está reglamentado para calificar la operatividad o habilitación de una unidad submarina”, expresó.

También rechazó las dudas sobre las pruebas de sistemas y mecanismos efectuadas durante las 48 horas anteriores a la partida y recordó las declaraciones de ex tripulantes que dijeron haber intervenido en esos controles.

El carenado y el informe de Thyssen

Uno de los principales reproches contra López Mazzeo fue, en efecto, la postergación del ingreso a dique seco para realizar tareas de carenado.

El comandante del submarino había solicitado en marzo de 2017 que esos trabajos se efectuaran “en el corto plazo”. Un mes después, el Consejo Asesor del Arma Submarina -integrado por oficiales superiores submarinistas- recomendó programarlos para el primer semestre de 2018.

La fiscalía sostuvo que los plazos reglamentarios se encontraban vencidos. Citó las normas internas de la Armada, que contemplaban un intervalo de 24 meses, y el manual del fabricante alemán, que recomendaba 18 meses.

Según la acusación, López Mazzeo dilató el trámite para mantener operativo al submarino durante el segundo semestre de 2017 y permitir que cumpliera las navegaciones previstas.

Morillo respondió que los plazos no eran absolutos sino “flexibles” y dependían de la evaluación de los técnicos, la disponibilidad de infraestructura, las necesidades operativas y los límites presupuestarios.

“En este punto es necesario recordar la información que nos brindó López Mazzeo en su indagatoria: en 2017, 44 de 66 cascos tenían reprogramado el carenado y 11 unidades ingresaron a dique seco para carena. El último ingreso a dique del submarino había sido en 2015, por una junta en el tubo externo del lanzatorpedos, pero se hicieron trabajos. Cada vez que una unidad ingresa a dique seco se activa un protocolo de revisión general del casco y, si hubiesen surgido novedades serias, se habrían informado indefectiblemente. Nada de eso ocurrió”, afirmó el defensor público.

“Tenemos un submarino que no ingresó en 2017 a dique seco para carena porque no reportaba una situación de emergencia, a pesar de tener vencidos los plazos reglamentarios. No había una situación que justificara romper con el -planeamiento- vigente. También es importante que el Consejo General de Guerra desestimó la acusación vinculada con el dique seco y sostuvo que no hubo negligencias en el proceso de alistamiento de la unidad”, agregó.

El término “imperioso”, empleado por el Consejo Asesor submarinista para promover el ingreso a dique para 2018, tampoco constituía -de acuerdo con el defensor- una categoría reglamentaria que significara que el submarino no podía navegar. La recomendación implicaba otorgarle prioridad presupuestaria dentro de la planificación de 2018.

Para respaldar esa posición, Morillo puso en valor el informe del fabricante alemán Thyssen, incorporado al expediente y analizado durante el debate. Según explicó, el documento señalaba que el carenado no determinaba por sí solo la seguridad náutica del submarino y que correspondía a cada Armada establecer sus propios estándares de mantenimiento y habilitación.

La defensa utilizó esa conclusión para sostener que el vencimiento de los plazos recomendados no convertía automáticamente al ARA San Juan en un buque inseguro ni le impedía navegar.

“¿Qué hizo López Mazzeo? Hizo lo que tenía que hacer: seguir el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y la gestión de la Fuerza de Submarinos con el Estado Mayor. Lo incluyó en el techo presupuestario para 2018”, manifestó.

Morillo recordó, además, que el Consejo General de Guerra no le atribuyó negligencias relacionadas con el proceso de alistamiento por la postergación de esos trabajos.

“Tiene que quedar claro: el ingreso a dique o los trabajos de carena no hacían a la seguridad náutica ni afectaban las condiciones de alistamiento del submarino”, insistió.

La implosión del ARA San Juan

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, a las 10.52, después de superar la profundidad de colapso de su casco resistente.

Morillo sostuvo que ese desenlace permitió arribar, de manera trágica, a una conclusión técnica respaldada por los expertos que declararon durante el juicio: el casco, las válvulas y sus componentes cumplieron con las prestaciones para las que habían sido diseñados.

“La tragedia permitió comprobar que el consejo estaba acertado, porque la implosión demostró que el casco resistente, como las válvulas y sus componentes, cumplieron con sus prestaciones de diseño. Esto, lamentablemente, fue así”, expresó.

Los recursos destinados al submarino

Para rechazar que su asistido hubiera desatendido el estado del buque, el defensor enumeró distintas decisiones adoptadas durante su gestión.

Afirmó que López Mazzeo canalizó recursos para reparar los periscopios, válvulas y antenas; gestionó contrataciones relacionadas con sensores de hidrógeno; incorporó el carenado dentro de la planificación de 2018 y autorizó partidas para ampliar la navegación hasta Ushuaia, a pedido del comandante Fernández “para levantar la moral” de la dotación y favorecer su adiestramiento.

También indicó que el presupuesto destinado a mantener operativas las unidades navales aumentó considerablemente -“en un 600%“- bajo su conducción.

“López Mazzeo intervino activamente y se trabajaba sobre un submarino operativo y habilitado”, manifestó. “Lejos de no cumplir con sus obligaciones, quedó demostrado que sí las cumplió”.

La defensa insistió en que la Fuerza de Submarinos poseía la especialización y el conocimiento directo sobre sus unidades. A su vez, el comandante y la tripulación intervenían en los mantenimientos de primer y segundo escalón y debían informar cualquier novedad capaz de afectar la navegación.

“No sabemos qué pasó”

La imposibilidad de reconstruir con certeza la secuencia final ocupó otro tramo central de la exposición.

Durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, el submarino informó un ingreso de agua por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. La última comunicación telefónica con tierra se produjo a las 7.19.

Durante el debate se analizaron distintas hipótesis sobre la posterior pérdida de control: una explosión por acumulación de hidrógeno, una inundación, una pérdida de propulsión, una falla crítica, un nuevo ingreso de agua durante una maniobra de snorkel o una combinación de factores.

Ninguna pudo establecerse de manera concluyente.

La fiscalía sostuvo que no era indispensable identificar el mecanismo final si se acreditaba que los acusados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

Morillo rechazó esa tesis.

“Todos los testigos confirmaron que no sabemos qué pasó. No se sabe cuáles fueron las causas del naufragio”, afirmó. “Y si no sabemos qué pasó, es imposible determinar cómo vincular el resultado con alguna conducta que se pueda imputar a López Mazzeo”.

El defensor diferenció el caso de otros precedentes mencionados por la acusación, entre ellos las tragedias de Cromañón, Once y LAPA, donde sí había podido reconstruirse el mecanismo que produjo el resultado.

“No tenemos causa. No sabemos qué pasó”, reiteró.

A su entender, tampoco pudo excluirse un acontecimiento fortuito ni un eventual error humano. Sin una explicación sobre la pérdida de control, agregó, no era posible establecer qué conducta concreta de López Mazzeo habría evitado el desenlace.

“Ninguno de los trabajos pendientes de mantenimiento tuvo relación con alguna de las hipótesis del naufragio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo?”, preguntó.

En otro pasaje de su exposición, el abogado aseveró: “Este es un juicio que nunca se debió haber hecho. (...) López Mazzeo y ninguno de los imputados es responsable de ninguno de los hechos imputados: son inocentes, y eso se demostró en el juicio”.

Luego remató: “Los acusadores han tratado de comprobar que tienen responsabilidades penales (...) pero se demostró que cumplieron con sus deberes”.

El perfil de López Mazzeo y “los juegos perniciosos de la política”

En el tramo final, Morillo se apartó de los reglamentos, los programas de mantenimiento y las órdenes de operaciones para referirse personalmente a su defendido, a quien conoció recién cuando la causa quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Relató que el trabajo de la defensa y el desarrollo de las audiencias le permitieron conocer a un oficial de “extensa trayectoria”, alta capacitación y profundo conocimiento de la estructura naval. El abogado destacó además que López Mazzeo no había alcanzado el cargo operacional más alto de manera fortuita, sino después de más de cuatro décadas dentro de la institución.

“López Mazzeo no vino del cielo para ser comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Estuvo más de 40 años en la Armada hasta que llegó a ser COAA”, expresó.

También ponderó la formación de Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, los restantes imputados, y aseguró que las carreras dentro de la fuerza se construyen sobre la experiencia y el mérito profesional.

Morillo reconoció el dolor atravesado por las familias de los 44 tripulantes, pero afirmó que el proceso también tuvo consecuencias sobre los acusados. En ese contexto, vinculó la situación de ambos grupos con las decisiones adoptadas después de la tragedia.

“López Mazzeo y todos los imputados aquí, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

El defensor recordó las actuaciones disciplinarias impulsadas mientras todavía se desarrollaba la búsqueda del submarino, el sumario iniciado dentro de la Armada y la posterior intervención del Consejo General de Guerra bajo el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según su lectura, aquella instancia no pudo atribuirle a López Mazzeo responsabilidad por las condiciones de alistamiento del ARA San Juan. Las sanciones que recibió, añadió, estuvieron relacionadas con cuestiones disciplinarias diferentes y no con el mantenimiento del buque ni con las causas de su pérdida.

También buscó desvincularlo del destrato, la falta de información y las tareas de inteligencia denunciadas por familiares después de la desaparición.

“López Mazzeo no cometió ninguno de los hechos que le imputaron. Tampoco es culpable del destrato, del espionaje ni de la desinformación que los familiares denunciaron acá”, indicó.

Antes de concluir, Morillo reiteró que el juicio había producido “pruebas contundentes” a favor de su asistido y que ninguna permitía vincularlo con el naufragio.

“López Mazzeo es inocente. Acá quedó probado”, afirmó el defensor público al cerrar su exposición.

Luego, la defensora pública Leticia Diez, representante de Alonso y Correa, también pidió la nulidad de los alegatos de cierre de la fiscalía al considerar que el Ministerio Público omitió y tergiversó la prueba producida durante el debate.

Para este miércoles están previstas las últimas palabras de los cuatro acusados, instancia tras la cual el tribunal podrá cerrar formalmente el juicio y eventualmente adelantar el veredicto.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

Las penas reclamadas por la fiscalía

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.

El planteo de la defensa de Villamide

La semana pasada también alegó Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien pidió la nulidad de la acusación fiscal y, de manera subsidiaria, la absolución de su asistido.

El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.

Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.

En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.

Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.

Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

El Consejo de la Magistratura de la Nación convocó a los abogados y las abogadas con matrícula federal activa a participar de las elecciones para renovar los cuatro lugares que corresponden a ese estamento dentro del organismo encargado de seleccionar, sancionar y promover la remoción de jueces nacionales y federales.

La convocatoria, firmada por la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, y su secretario general, Mariano Pérez Roller, fue publicada en el Boletín Oficial y fijó los comicios para el próximo 20 de octubre, entre las 9 y las 18.

Podrán votar los profesionales con matrícula federal activa inscriptos hasta el 17 de julio y con domicilio electoral en la República Argentina. Se elegirán cuatro consejeros titulares, cada uno con un suplente del mismo género, para el período 2026-2030.

Al menos dos de las bancas deberán ser ocupadas por mujeres. La convocatoria también exige que entre los electos haya, como mínimo, dos abogados de la matrícula federal del interior del país y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cargos que serán renovados son los que actualmente ocupan Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. El inicio del proceso electoral volvió a poner en discusión qué norma debe aplicarse para determinar si quienes integraron el Consejo durante el período 2022-2026 pueden postularse inmediatamente para otro mandato.

La incertidumbre se origina en las sucesivas reformas que atravesó el organismo y en el alcance del fallo mediante el cual la Corte Suprema restableció su composición de veinte miembros.

La Ley 24.937, sancionada en diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, reglamentó el Consejo creado por la reforma constitucional de 1994. Su artículo 2 estableció la integración del cuerpo -inicialmente con 19 miembros- y reservó cuatro lugares para los representantes de los abogados de la matrícula federal. El artículo 3 dispuso que los consejeros durarían cuatro años y podrían ser "reelegidos por una vez en forma consecutiva“.

Días después, la Ley 24.939 corrigió distintos aspectos de ese régimen. Entre ellos, elevó de 19 a 20 la cantidad total de integrantes, pero no modificó el artículo referido a los mandatos. Se mantuvo así la posibilidad de una reelección inmediata.

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso aprobó la Ley 26.080. Su artículo 1 sustituyó el artículo 2 de la ley original, redujo el Consejo de veinte a trece miembros y disminuyó de cuatro a dos la representación de los abogados.

El artículo 2 de la reforma reemplazó, a su vez, el artículo 3 de la Ley 24.937. Aunque mantuvo en cuatro años la duración de los cargos, dispuso que los consejeros podían ser reelegidos únicamente “con intervalo de un período”. La nueva redacción eliminó así la posibilidad de ejercer dos mandatos consecutivos.

Ese esquema funcionó hasta el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ Estado Nacional”. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 1 y 5 de la Ley 26.080, referidos a la integración de trece miembros y al quórum de siete consejeros.

El Máximo Tribunal consideró en ese fallo que aquel diseño quebraba el equilibrio entre los sectores político, judicial, profesional y académico exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Al definir el alcance de ese principio, sostuvo que debía existir un “equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo”.

Bajo la Ley 26.080, el estamento político reunía siete integrantes: seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Esa cantidad le permitía alcanzar sin la participación de los otros sectores el quórum requerido y adoptar las decisiones que no exigieran mayorías especiales.

Según la reseña de la Corte respecto de la normativa cuestionada, "el estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional”.

Así las cosas, el tribunal exhortó en 2021 al Congreso a sancionar una nueva ley y fijó “un plazo razonable” de 120 días para completar el Consejo bajo la integración anterior. Como el Poder Legislativo no aprobó otro régimen, volvieron a aplicarse las disposiciones que establecían un organismo de veinte integrantes, presidido por el titular de la Corte Suprema y con un quórum de doce miembros.

“Hasta tanto esa ley sea dictada corresponde que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables recobre plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937 y su correctiva 24.939”, dispuso la sentencia.

El fallo, sin embargo, no declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley 26.080, que había cambiado la regla sobre los mandatos. Al establecer cómo se incorporarían los representantes necesarios para completar la nueva integración, la Corte agregó: “Los integrantes del cuerpo podrán ser reelegidos con intervalo de un período (art. 3° de la ley 24.937, texto según ley 26.855). Excepcionalmente, para los nuevos integrantes no se computará la primera elección a los efectos de una eventual reelección consecutiva”.

Ese pasaje sustenta actualmente la interpretación según la cual la sentencia restituyó la composición, el quórum y las mayorías correspondientes al Consejo de veinte miembros, pero dejó vigente la prohibición de renovar consecutivamente los mandatos.

La postura contraria pone el foco en que, para organizar las elecciones de 2022, el propio organismo dictó la Resolución 74/22 y adecuó sus reglamentos a los parámetros de la Ley 24.937 y su correctiva 24.939. Ese esquema recuperó las cuatro bancas de la abogacía, un padrón nacional único y la representación de los profesionales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.

Las resoluciones 95/22 y 107/22 incorporaron después modificaciones relacionadas con el cierre del padrón, los suplentes y la organización del comicio. La última estableció que para ser candidato regían “las condiciones previstas en la ley 24.937 y sus modificatorias”, pero no incluyó una disposición específica sobre la reelección consecutiva.

En paralelo al proceso electoral ya iniciado para el estamento de la abogacía, el consejero juez Diego Barroetaveña presentó en junio una acción declarativa de certeza para que la Justicia en lo contencioso administrativa determine si puede postularse a un nuevo mandato consecutivo. La causa quedó a cargo del juez federal Enrique Lavié Pico.

Con todo, la convocatoria de los abogados fue publicada durante dos días en el Boletín Oficial. Los informes sobre el padrón, los lugares de votación y el registro de listas pueden solicitarse en la Secretaría General del Consejo, en Libertad 731, o ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

La inteligencia artificial ya se utiliza en distintos organismos judiciales del país para buscar jurisprudencia, ordenar documentación, anonimizar sentencias, automatizar tareas administrativas y colaborar en la redacción de piezas. Su incorporación, sin embargo, avanza de manera fragmentada y sin un marco nacional común que establezca límites, responsabilidades y mecanismos de control.

El diagnóstico surge de dos documentos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño, investigadores de CIPPEC, que analizaron experiencias locales e internacionales y propusieron lineamientos para ordenar la adopción de estas herramientas en el sistema judicial.

Los trabajos, titulados Inteligencia artificial en el sistema judicial argentino: aprendizajes internacionales para una adopción responsable y Gobernar la inteligencia artificial en la Justicia. Lineamientos para una adopción responsable en Argentina, parten de una misma premisa: la discusión ya no gira en torno a si la IA llegará a los tribunales, sino a las condiciones bajo las cuales será diseñada, contratada, implementada, utilizada y supervisada.

A finales de 2024, el Consejo de Europa había identificado 125 sistemas de inteligencia artificial en instituciones judiciales de distintos países, principalmente europeos. Sin embargo, solo nueve contaban con guías específicas para regular su uso. Entre ellos se encuentran Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.

Ninguno de esos sistemas reemplaza al juez en la decisión final. La mayoría se concentra en funciones auxiliares, como la clasificación de expedientes, la búsqueda de precedentes, la gestión de normativa, la anonimización de documentos y la elaboración de estadísticas.

Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, construido a partir de datos de 44 países, el mayor despliegue tecnológico se registra en la gestión de expedientes. El nivel más bajo aparece en las herramientas de apoyo a decisiones, un área en la que los sistemas judiciales avanzan con mayor cautela por su impacto sobre derechos y garantías.

Las experiencias argentinas

El caso local más conocido es Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.

La herramienta fue aplicada en 658 casos vinculados con el derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. De acuerdo con los datos citados por CIPPEC, alcanzó un 90% de precisión y elevó la cantidad de casos tramitados por mes de 130 a 490.

Desde mayo de 2024, el mismo organismo utiliza ChatGPT para analizar documentación y preparar borradores en expedientes sobre empleo público y reclamos salariales. Según el relevamiento, el tiempo de redacción de una resolución pasó de una hora a diez minutos.

El Poder Judicial de Córdoba implementó en noviembre de 2024 Jurisemia, un sistema de búsqueda de jurisprudencia mediante inteligencia artificial. Por su parte, un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5.000 integrantes del sistema judicial.

En materia de regulación, las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobaron protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó en 2025 una guía de uso responsable, mientras que la Suprema Corte de Justicia bonaerense firmó un acuerdo de cooperación con la UNESCO.

Para los autores, el problema no es la ausencia de experiencias, sino que esas iniciativas funcionan sin un marco común. Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron 62 iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial y Justicia en el Congreso Nacional, pero ninguna se convirtió en ley.

Una brecha institucional

El principal hallazgo de los trabajos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño es que las diferencias entre los sistemas judiciales no dependen únicamente de la disponibilidad tecnológica.

De acuerdo con el documento de CIPPEC sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la Justicia, “la brecha más importante no es tecnológica sino institucional. Contar con herramientas, infraestructura o capacidades técnicas es fundamental, pero no alcanza”.

La evidencia comparada muestra que las implementaciones más sostenibles se apoyan en reglas claras, supervisión humana efectiva, datos confiables, trazabilidad, criterios de responsabilidad y capacidad de corrección.

El análisis internacional incluye experiencias de países como Reino Unido, Brasil, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Chile y la Unión Europea. Según el relevamiento, Reino Unido estableció lineamientos que exigen supervisión humana sobre las herramientas utilizadas en la Justicia, mientras que Brasil redujo un esquema de más de 50 plataformas sin integración a 14 sistemas articulados a escala nacional y fijó límites para aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.

Los autores ubican la discusión argentina dentro de un sistema que presenta debilidades previas, entre ellas la baja publicidad y trazabilidad de la información judicial, la escasa estandarización de datos, los problemas de interoperabilidad, las capacidades organizacionales desiguales y la baja confianza pública en la Justicia.

En ese contexto, advierten que la inteligencia artificial “no puede pensarse como una solución autónoma a problemas estructurales ni como un atajo de modernización”.

Su incorporación, agregan, requiere condiciones que todavía no se encuentran garantizadas de manera homogénea: información judicial pública y reutilizable, criterios estables de registro y publicación, infraestructura interoperable, capacidades técnicas sostenidas y mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

Privacidad, sesgos y trazabilidad

Los trabajos identifican riesgos vinculados con la privacidad, la opacidad, la imparcialidad, la calidad de los datos y la supervisión humana.

Según el análisis de CIPPEC, esos problemas no derivan únicamente de la herramienta o del modelo utilizado. También pueden estar asociados con la ausencia de evaluaciones previas, controles insuficientes sobre la calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo durante el uso y debilidad de los mecanismos de auditoría.

Los autores advierten que una implementación deficiente puede convertir a la IA en un mecanismo de estabilización y opacamiento de desigualdades preexistentes.

También señalan que una base aparentemente anonimizada puede permitir reconstruir la identidad de una persona al cruzarse con otras fuentes, y que estas herramientas pueden generar respuestas falsas con apariencia convincente. En el ámbito judicial, esas advertencias alcanzan a la información personal y sensible contenida en los expedientes.

Frente a ese escenario, los investigadores sostienen que, cuando la adopción tecnológica avanza más rápido que la capacidad institucional para supervisarla, evaluarla y asignar responsabilidades, “la tecnología no resuelve por sí sola los problemas de base: tiende a volverlos más visibles y, en algunos casos, a profundizarlos”.

La hoja de ruta

CIPPEC propuso un marco orientador para ordenar la incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial argentino.

La propuesta no busca ofrecer una regulación exhaustiva ni un manual técnico cerrado, sino aportar criterios comunes para guiar decisiones institucionales, normativas, presupuestarias y tecnológicas vinculadas con el diseño, la contratación, la implementación, el uso, el monitoreo y la revisión de estas herramientas.

El esquema se organiza alrededor de tres condiciones. La primera es “una gobernanza clara, con roles y responsabilidades definidos”. La segunda, “la existencia de información judicial confiable, trazable y suficientemente estructurada”. La tercera, “una supervisión y un control humano efectivos, con capacidad real —técnica y jurídica— para revisar, contextualizar, corregir o dejar sin efecto los resultados producidos por la herramienta”.

A esas condiciones se suman la necesidad de establecer estándares mínimos de datos y metadatos, criterios de anonimización, segmentación de los casos de uso según su nivel de riesgo y pilotos acotados y evaluables, además del fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizacionales.

Así las cosas, la discusión propuesta por CIPPEC no apunta a detener la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito judicial, sino a establecer quién responde por sus resultados, qué datos utiliza, cómo puede ser auditada y qué límites debe respetar, sin desplazar la responsabilidad de jueces y funcionarios.

A media cuadra del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, donde desde marzo se desarrolla el juicio por el naufragio del submarino ARA San Juan -ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes-, Claudio Javier Villamide, de 62 años y uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada acusados, recibió a Infobae en el hotel donde se hospeda, en el centro de Río Gallegos, la ciudad continental más austral del país.

Es jueves y acaba de concluir el alegato de su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, quien lo representa desde hace ocho años y siete meses y lo acompañó durante las acusaciones que enfrentó tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas como en la Justicia penal. Tres días antes, el equipo de cuatro fiscales encabezado por Gastón Pruzán había pedido que fuera condenado a cinco años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación a bordo.

La acusación sostuvo que el ARA San Juan afrontó su última misión en condiciones materiales “deficientes” que incrementaron indebidamente los riesgos propios de la actividad militar encomendada: un adiestramiento naval junto con unidades de la Flota de Mar y una patrulla de vigilancia y control marítimo en el Atlántico Sur. Según la fiscalía, Villamide dictó la orden que dispuso esa operación pese al mal estado del buque, y esa falta al “deber de cuidado” se materializó en el resultado de la implosión del buque a las 10:52 de aquel 15 de noviembre.

En 2021, un Consejo General de Guerra constituido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, sin oficiales de la Armada entre sus integrantes, resolvió destituir a Villamide tras 38 años de servicio en la institución. Al momento de la tragedia, se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos.

La sanción, que le quitó su condición militar, se fundó en que no había “ordenado ni recomendado expresamente al comandante del ARA San Juan la conveniencia de permanecer en superficie” durante la conversación que mantuvo con el capitán de la unidad, Pedro Martín Fernández, después del principio de incendio detectado en uno de los tanques de baterías por el ingreso de agua de mar.

También se le reprochó “no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas”, con el objetivo de “analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución”. A esos fundamentos se sumó que se encontraba procesado por un delito cuya pena máxima superaba el año de prisión.

Durante el alegato, su defensor pidió la nulidad de la acusación al remarcar que aún no se sabe qué provocó la pérdida de plano del buque y subrayó la inocencia de Villamide. Además, comparó al ex capitán con un “Ulises contemporáneo” que, después de atravesar el Consejo de Guerra, la instrucción penal y la revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, continúa enfrentando obstáculos en su intento de regresar a casa.

Vigliero le pidió al tribunal que le permita completar ese derrotero mediante una absolución, para que pueda encontrar “un poco de paz y tranquilidad”.

“Alguien me dirá: ‘Los muertos no tienen tranquilidad’. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no fue responsabilidad de Claudio Villamide”, sostuvo. Y agregó: “No podemos tapar una tragedia con una injusticia”.

Ya sin traje y corbata, Villamide recibe a Infobae al caer la noche sobre la fría capital de Santa Cruz. Tiene los ojos cansados, pero saluda con la amabilidad medida, correcta y formal de un militar. Cuenta que acaba de terminar de preparar la valija para regresar a su casa, en Buenos Aires, donde vive con su esposa. El avión partirá de madrugada y aterrizará pasadas las cinco en Aeroparque.

Desde el 3 de marzo, semana de por medio, repite la misma rutina de lunes a jueves. El próximo 6 de julio será el turno de los abogados de los otros tres imputados. Luego vendrán las últimas palabras y, finalmente, los jueces quedarán en condiciones de dictar el veredicto.

A continuación, la entrevista.

—Fue un camino de casi nueve años. Pasaste por una investigación penal en Caleta Olivia y por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; declaraste dos veces ante la Comisión Bicameral creada por el Congreso para investigar las causas del hundimiento del submarino; enfrentaste un Consejo de Guerra en el Estado Mayor Conjunto, que terminó con tu destitución; y asististe de manera presencial a las cerca de treinta audiencias del juicio oral en Río Gallegos. Después de todo ese recorrido, ¿cómo llegás a la instancia final del juicio?

Bueno, uno llega, por supuesto, con expectativas, con esperanzas, buscando justicia, pero con la convicción de que lo que se ha visto en el juicio es lo mismo que venimos diciendo desde el primer día, desde que declaré en la Bicameral.

Yo lo cité también acá, durante la indagatoria, cuando el diputado Guillermo Carmona me dijo: “Capitán, ¿por qué viene recién ahora y nos cuenta todo esto, toda esta información que trajo?”. Es lo mismo que veníamos diciendo.

Tengo la convicción -yo la tenía y también la tenía la tripulación- de que el buque estaba en condiciones de navegar y que así se hizo a la mar para cumplir todas las actividades. Creo que ustedes han escuchado a muchos de los testigos que opinaron de manera similar a lo que decíamos nosotros: yo, en lo personal, y nuestra gente de la Fuerza de Submarinos.

Uno llega, sí, un poco cansado. Se ha hecho difícil. El camino fue arduo, duro, y de alguna manera nos tiraron -digo “nos tiraron” porque estoy incluyendo al doctor Vigliero y a los otros que hemos sido acusados- por la cabeza todo el peso del Estado.

Recuerdo, por ejemplo, que en el Consejo de Guerra, cuando tomamos conocimiento del expediente, nos pusieron a un teniente coronel y a una mayor parados delante de nosotros, cuando fuimos con los abogados administrativistas, para controlar qué hacíamos. No nos dejaban sacar copias: teníamos que pedirlas.

Fue arduo, fue difícil, y era como si uno tuviera todo en contra. Había que remontarla solo, con el conocimiento técnico que yo tenía de la profesión y con los reglamentos que me avalaban.

—En ese sentido, este jueves, durante el alegato, tu abogado sostuvo que vos “nunca te sentiste escuchado”: ni por el Consejo de Guerra, ni durante la instrucción de la causa, ni siquiera por las autoridades de la Armada de aquel momento. ¿Por qué creés que pasó eso y qué consecuencias considerás que tuvo?

En mi opinión, el problema fue que se metió la política, tal como manifestó el doctor Vigliero durante su alegato. Un caso que era eminentemente técnico y operativo fue utilizado como una herramienta política, y eso hizo que las cosas fueran mucho más difíciles.

Hubo trascendidos parciales de información que llegaron a distintos medios y llenaron el vacío, la necesidad de respuestas que existía ante la pérdida de un submarino y de toda su tripulación. Y, como esa fue la primera información que circuló, se terminó generando -no sé si decirlo así- un prejuicio o una opinión contraria a la idea de que en la Armada hacíamos las cosas bien.

Y a quien en ese momento encabezaba la Armada [el almirante Marcelo Srur] le faltó coraje y liderazgo. Además, un grupo minoritario de acólitos que lo rodeaba, en lugar de buscar la verdad y defender el interés institucional, procuró protegerlo a él. Así se construyó una imagen que no se correspondía con la realidad.

—¿Qué considerás que dejó en claro el debate? ¿Creés que permitió esclarecer algún aspecto?

Bueno, creo que primero mostró que ser marino es una actividad que siempre ha sido difícil y que tiene un riesgo inherente. El mar puede ser maravilloso y uno puede decir: “Qué lindo, estoy navegando”; pero, por momentos, se vuelve duro y hostil.

Hay un libro que lo representa muy bien, que se llama El mar cruel -Nicholas Monsarrat, escritor inglés, 1951-. Así es el mar: uno no debe cederle nada porque, así como puede estar calmo, también puede ser realmente cruel.

En ese sentido, creo que el debate mostró que nuestro trabajo es difícil y que exige atender cada detalle, en particular dentro de un submarino, donde el entorno, en el seno de la masa de agua, es todavía más hostil y complejo.

Por eso, uno debe prepararse y ser exigente. El submarinista cuida mucho su material y tiene un conocimiento profundo de su unidad, precisamente porque es él quien está embarcado allí.

—¿Considerás que los 11 oficiales y los 33 suboficiales del ARA San Juan estaban debidamente preparados para cumplir la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos N° 4/17?

—Sí, creo que estaban debidamente adiestrados y en condiciones de acometer la tarea.

El mensaje sobre la última ejercitación que realizaron con la Flota de Mar -enviado por el capitán Pedro Fernández a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017, antes de ingresar en la última etapa de la orden de operaciones, destinada al control de los espacios marítimos, y a pocos días de la tragedia- es una descripción acabada del tipo de actividad que llevaron adelante: un ataque a un núcleo cortinado, en el que el submarino debía atravesar sin ser detectado una barrera formada por buques de guerra que protegían al blanco principal.

Los cortinadores avanzan mucho más rápido que un pesquero. Mientras un pesquero navega a unos cuatro nudos con las redes desplegadas, los cortinadores se desplazan a 18 o 21 nudos, y el submarino debe penetrar la cortina entre ellos.

Esa dotación estaba correctamente adiestrada y en condiciones de desarrollar la tarea que le había sido ordenada.

—La acusación, cuya nulidad pidió tu defensor, sostuvo el lunes que el submarino zarpó en condiciones “deficientes de seguridad”, que vos conocías esa situación y que, aun así, decidiste incluirlo en una operación. Entre otros puntos, señaló que el carenado del buque estaba vencido, que presentaba 33 novedades y que tenía ocho pruebas pendientes. ¿Por qué considerás que esos antecedentes no comprometían la seguridad náutica del ARA San Juan?

—El carenado, como se ha explicado y también señalaron distintas personas, es una tarea de mantenimiento preventivo que busca, como todo mantenimiento de ese tipo -y tal como indica el propio fabricante-, asegurar la disponibilidad del medio. Es decir, que el buque esté alistado y pueda operar de manera permanente.

Si uno logra realizar el mantenimiento preventivo, tiende a asegurar que el buque esté siempre en condiciones de salir a navegar. Sin embargo, también existen tareas correctivas.

Quisiera aclararte que, de esas 33 tareas pendientes que mencionás y de las pruebas, tal como expresaron el capitán Ferraro y el almirante Cuccorese, todas aquellas que comprometían la seguridad ya se habían realizado. Incluso habían comenzado a ejecutarlas los comandantes anteriores a mí y quienes me precedieron al frente de la Fuerza de Submarinos.

Y, de las ocho pruebas pendientes, solo quedaban cuatro por realizar: la prueba de presión a 62,5 bares, cuya falta había originado la limitación de navegación a 100 metros; la prueba de máxima profundidad, precisamente porque no se había realizado la anterior; la prueba de máxima velocidad, para la cual se necesitaba poder superar los 100 metros o contar con un margen mínimo de profundidad de 190 metros; y la prueba del destilador de baja presión, que también se estaba ajustando y que, incluso, según el informe de la navegación de julio del capitán Fernández, había producido 2.000 litros de agua diarios.

Ninguna de esas novedades afectaba los sistemas trascendentes o importantes vinculados con la propulsión, la seguridad, los elementos de lucha contra incendios, los elementos de detección de gases, los sensores principales, los motores diésel o las baterías. Eran novedades de equipamientos que, en general, eran accesorios.

Y el propio fabricante, en lo que se refiere al carenado, señala que una demora en su realización no incide ni afecta la navegación segura del submarino.

—Cuando la acusación plantea que invocás la responsabilidad doctrinaria del comandante sobre su nave como una manera de desligarte de tus propias obligaciones, ¿cómo respondés a ese planteo?

Primero, me parece que la acusación es ofensiva. Nosotros no dijimos eso. Lo que sostuvimos es que el comandante de la unidad es quien determina si su buque está en condiciones de operar y de zarpar.

¿Por qué es así? Porque es quien está a bordo, tiene asignada una dotación completa y posee la responsabilidad primaria de operar y mantener ese buque. Es quien lo conoce, quien convive con la unidad y quien tiene a su cargo todos sus sistemas.

El comandante de la Fuerza, en cambio, es responsable del alistamiento: debe procurarle los recursos necesarios.

Ahora bien, si el comandante hubiera querido zarpar y yo hubiese tenido la percepción de que el buque no estaba en condiciones, de ninguna manera lo habría autorizado. Así actué, por ejemplo, cuando en 2010, siendo comandante, dispuse que el submarino Santa Cruz no continuara operando.

—¿Cómo fue eso?

El buque había realizado la reparación de media vida en Brasil en el año 2000 y, al llegar a 2010, presentaba un problema sensible en la batería. Eso me llevó a tomar la decisión de detener su actividad. Lo hablé con el comandante de la Fuerza de Submarinos de ese momento. Él salió a navegar conmigo, observamos la situación y también advirtió el problema. Después lo presentamos formalmente, se convocó al Consejo del Arma Submarina, que respaldó la decisión, y la Armada envió una inspección técnica.

Finalmente, se coincidió en que el submarino debía quedar fuera de servicio. Yo no tuve ningún perjuicio por haber tomado esa decisión. La única oposición provino de algunos oficiales jóvenes de mi plana mayor, subordinados míos, que no querían que el buque dejara de navegar.

—¿Qué opinás del reproche que te hizo el Consejo de Guerra por no haberle ordenado ni recomendado expresamente al comandante Fernández la conveniencia de regresar en superficie a Mar del Plata, luego del ingreso de agua por el sistema de ventilación que produjo un cortocircuito y un posterior principio de incendio en el tanque de baterías N° 3 de proa?

Yo tengo absoluta tranquilidad, en ese sentido, de que quien mejor estaba en condiciones de tomar las decisiones ahí era el capitán Fernández. Y de que, en el mensaje que le envié, tenía la libertad absoluta y la opción de decidir si volver en inmersión, volver en superficie o volver en un tránsito combinado, tal como manifestó también algún otro testigo.

Si en ese momento no hubiera habido temporal, ¿qué hubiera hecho Fernández? Se hubiera quedado en superficie. En ese momento no hubiera vuelto a inmersión. Probablemente, estando el buque calmo, hubieran entrado en el tanque permaneciendo en superficie.

Además, creo que esto lo he dicho: probablemente hasta tenía problemas para prender los motores y ventilar en superficie por los bandazos que daba el barco. Entonces, en inmersión, a plano de periscopio, era más fácil ventilar haciendo snorkel.

—¿Qué me podés contar de la tripulación?

Yo conocía al señor capitán y al capitán -Jorge- Bergallo. El teniente -Fernando- Villarreal había sido subordinado mío en el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia y también en el submarino Santa Cruz, cuando fui comandante. Había tenido dos veces a cargo al teniente Villarreal.

Conocía al teniente -Diego - Wagner: había integrado mi plana mayor en el Santa Cruz y era mi oficial de dotación complementaria. También conocía al teniente -Fernando- Mendoza, que en aquel momento era alumno cuando yo era comandante.

Además, conocía a varios de los suboficiales. Al suboficial -Javier- Gallardo lo había tenido a bordo; conocía a Alberto Cipriano Sánchez y a Cayetano Hipólito Vargas; conocía a “Moncho” -Hernán- Rodríguez, suboficial de máquinas; y también a -Walter- Real, aunque nunca había estado embarcado con él. Conocía al suboficial -Luis- Leiva, el cocinero, y al suboficial -Daniel- Fernández, el camarero.

—¿Es como que los submarinistas se conocen todos entre sí?

Sí, pero a los cabos, en general, ya no llegué a conocerlos porque yo era más antiguo. Lo mismo me pasó con los tenientes más jóvenes: nunca había navegado con -Adrián- Zunda Meoqui ni con -Eliana- Krawczyk. Tampoco conocía a -Víctor- Maroli ni a -Renzo- Silva.

Y, respecto de los cabos más modernos, en general de cabo principal para abajo, no los conocía. Pero a los suboficiales los conocía a todos.

—¿Vos fuiste tripulante del ARA San Juan?

Sí, sí. Fui muchas veces tripulante del San Juan. Fui oficial de dotación complementaria en 1992, durante el despliegue a Puerto Rico. También fui jefe de Armamento en 1997, jefe de Operaciones en 1998 y 1999, y segundo comandante en 2003 y en 2008.

—Y, en otro orden de temas, ¿comprendés, en algún punto, la decisión de algunas familias de querellar contra vos?

Yo entiendo que probablemente no haya nada que pueda decirles a las familias que les produzca tranquilidad. He tratado de contestarles todo lo que sé y obré utilizando todo mi saber y entender frente a este suceso, que fue trágico, y durante la búsqueda, que fue crítica y contrarreloj. Pero entiendo que seguramente nada de lo que yo diga les va a dar satisfacción.

Lo que sí creo es que, en ese sentido, deberían tener la tranquilidad de que eran sus propios familiares quienes operaban el barco y quienes determinaban si estaba en condiciones o no. Hay filmaciones de aquel momento en las que se ve que el buque estaba impecable. Por dentro se lo veía perfectamente durante la Semana de la Armada, en mayo, cuando fue a Buenos Aires y pudo ser visitado. Hay muchas imágenes en las que se ve muy bien el interior del buque. Incluso hubo visitas de dirigentes políticos y de autoridades.

—¿Cómo estaban cuando llegaron a Ushuaia el 4 de noviembre, después de partir de la Base Naval Mar del Plata?

Estaban contentos. Yo me crucé con muchos que iban con sus bolsitas, llevando algún recuerdo para sus familias. En general, los vi muy bien a todos, contentos de haber ido a Ushuaia, de haber realizado las operaciones que se habían llevado a cabo hasta ese momento y también de haber tenido la posibilidad de conocer el lugar. Ir a Ushuaia siempre resultaba atractivo. A lo largo de nuestro litoral, los submarinos no podían entrar en todos los puertos. En Ushuaia sí podían hacerlo, siempre que contaran con el amarradero correcto, y era siempre lindo entrar allí. En otros puertos del sur, como Río Gallegos, en general el submarino no podía entrar ni amarrar.

—¿Y qué impacto tuvo este caso, este proceso, en tu vida afectiva, personal y laboral?

Bueno, el impacto fue absoluto, total. Ya te digo: fui destituido. Perdí el derecho no solo a usar el uniforme, sino también a percibir mi haber. Mi mujer recibe una pensión equivalente al 75% de lo que me hubiera correspondido por el grado. Es como si me hubiera muerto.

En medio de la pandemia, perdí la obra social. Fui, de alguna manera, excluido, borrado, erradicado. Uno suele seguir vinculado con los destinos de la Armada y recibir invitaciones oficiales. A mí no me ocurre, salvo con los submarinistas, que me han invitado a ceremonias de cambio de comando y a ceremonias de bautismo de fuego. He asistido a algunas.

—¿Sentís que la Armada te “exilió”?

No sé si usar ese término, pero, de alguna manera, un poco sí. Aunque depende mucho, por supuesto, de las personas. Aquellos con quienes trabajé o los subordinados que tuve no han tenido para nada esa actitud. Pero la Armada también está constituida como una organización verticalista: recibe órdenes y se adecua a lo que se dispone desde la política.

—¿Mermó, de alguna manera, tu sentido de pertenencia a una institución en la que estuviste casi 40 años?

No, para nada. Yo estoy molesto con ciertas personas de la Armada. Y me molesta también la falta de coraje de buena parte de la conducción superior de la Armada de aquel momento.

Quiero separar, como alguien también lo ha dicho, a la Marina de Guerra, a la Marina operativa, que respondió de otra manera. Desde los primeros momentos hizo lo que debía hacer: salió al mar a buscar a sus camaradas. El esfuerzo de búsqueda fue máximo y absoluto. Y no fue solamente un esfuerzo de la Armada Argentina, sino también de muchas armadas amigas. La Royal Navy fue la primera que llegó con medios, con el Protector; la Armada de Chile envió al Cabo de Hornos; también participaron la Armada de Uruguay, la Armada de Brasil, la Marina de Guerra del Perú, la Armada Española, la Marina canadiense, la Armada francesa y la Armada de la Federación Rusa.

Y, por supuesto, la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo un esfuerzo absoluto. Llegó en un momento crítico y fue, de alguna manera, como un derrame de tranquilidad en medio del temporal. Confirmó nuestras áreas de búsqueda y eso me dio tranquilidad a mí y a mi comandante. Ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros. Después desembarcaron con todo, trajeron todo y se comprometieron absolutamente con nosotros y con la salvaguarda de la vida humana en el mar.

No puedo dejar de estar eternamente agradecido a todas las armadas que nos ayudaron y a la propia gente de la Armada, que hizo un esfuerzo máximo: hombres y mujeres, civiles y militares. El almirante Luis López Mazzeo -otro de los imputados en el juicio oral- habló del caso del nadador de rescate de nuestra Fuerza que se arrojó al mar en medio de la noche para tratar de recuperar unos papeles y determinar si pertenecían al submarino. Tuvimos el temor de no saber si podríamos recuperar al nadador. Las comunicaciones se escuchaban desde la central de operaciones de Puerto Belgrano hasta que finalmente lograron rescatarlo. Al final, eran unos papeles amarillos, parecidos a los manuales que utilizaba el submarino, que estaban escrito en chino.

—¿Y te pasa de pensar seguido en esos días?

—Sí, sí. Hay momentos en los que se te vienen esos días a la cabeza. Ha sido duro para mí en lo personal y en lo familiar. Mi familia también padeció el tema. Yo tenía un hijo menor de edad, mi mujer trabaja en la Armada y tengo otro hijo en la Armada. No ha sido fácil para ellos.

—¿Te reprochás algo de alguna manera?

En lo que se refiere a las tareas y a la búsqueda que hicimos, no. Yo cumplí el procedimiento. En el momento en que dijimos: “Algo le pasó al buque, no se comunica”, se lo informé al almirante López Mazzeo y él me autorizó a pedir los medios navales. Nosotros, los submarinistas, hicimos lo que hacemos siempre.

El plan SARSUB -de búsqueda y rescate de submarinos- lo habíamos revisado ese año y habíamos elaborado uno nuevo. Tomamos el plan y cumplimos con su procedimiento. Me llevé a Puerto Belgrano a los dos oficiales que habían revisado todo el plan, que ya estaba listo para ser promulgado. Eran los dos que habían participado de las reuniones de ISMERLO. Cumplimos con las tablas de chequeo, emitimos los mensajes previstos en el plan y respetamos los tiempos. Hicimos lo que hacemos los submarinistas: tomar la tabla y empezar a cumplir cada punto.

—¿Hay algo que no te haya preguntado y que consideres importante decir?

A partir de lo que pasó, me he hecho mil preguntas. La verdad es que tengo muchísimas dudas respecto de lo que pudo haber ocurrido con el submarino. Siempre nos va a quedar esa duda.

Si fue una explosión de hidrógeno, ¿cómo no detectaron el hidrógeno? Eso hace difícil creer que haya sido una explosión de ese tipo. Pero, al mismo tiempo, dado que no se accionó o no hubo radiobaliza, esa hipótesis parece muy razonable. Yo lo he dicho más de una vez: me parece muy razonable.

Y vos por ahí me podés decir: “Bueno, pero ¿qué pasó si el buque perdió la propulsión?”. Siempre que tuvimos alguna situación así logramos sacar los buques a la superficie soplando los tanques del submarino. El TR-1700, como el San Juan, era un fierro: confiable, fuerte, robusto y, como decimos, redundante. El propio oficial de inmersión era quien efectuaba el soplo. Tenía el soplo de los tanques de lastre acá, los tanques de compenso resistentes allá, con cuatro botones, y el manifold de soplo de los tanques resistentes allá -dice mientras hace ademanes con las manos, como si representara la ubicación de los distintos dispositivos-.

Entonces queda esa incógnita: ¿qué pasó? Me lo he preguntado permanentemente y todos nos lo hemos preguntado. Hay muchas hipótesis. Es parte de la tragedia y de todo lo que desconocemos: la gran incertidumbre, la gran incógnita.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”. Con esa pregunta, el abogado Juan Pablo Vigliero condensó este jueves el argumento central de la defensa de Claudio Javier Villamide, el excomandante de la Fuerza de Submarinos para quien la Fiscalía pidió cinco años de prisión por la tragedia del ARA San Juan.

La exposición comenzó a las 9.15 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en la zona céntrica de Río Gallegos, y se extendió durante dos horas y 37 minutos. Fue un alegato por momentos técnico y meticuloso, pero también vehemente, acalorado y atravesado por preguntas dirigidas a los jueces. En su tramo final adquirió un tono emotivo que dejó expuesto el telón de fondo de este largo proceso: una tragedia que golpeó a 44 familias, conmovió a la Armada Argentina y mantuvo en vilo al país entero.

“Las familias deben ser compensadas, sin dudas. Los tripulantes fallecidos deben ser recordados y honrados, sin dudas, y las lecciones que dejó la tragedia deben ser aprendidas por la Armada”, sostuvo Vigliero. “Pero esto no justifica que frente a la Justicia se condene a personas inocentes”.

Los minutos previos al inicio estuvieron marcados por la tensión propia de una instancia decisiva. Era la última oportunidad de la defensa del ex oficial Villamide para exponer sus argumentos ante el tribunal antes de que el proceso avanzara hacia su desenlace.

Vigliero caminó varias veces por la sala mientras esperaba el ingreso de los magistrados. Se sentó, e inquieto volvió a ponerse de pie y recorrió otra vez el espacio frente al escritorio que compartía con la codefensora Magalí Crespo.

Cuando finalmente ocupó su lugar, todavía a la espera de los tres jueces presentes en la sala —el cuarto magistrado participaba de manera remota—, comenzó a tamborilear los dedos sobre el escritorio. Enfrente estaban ubicadas las dos querellas y la totalidad del equipo de fiscales. El abogado ensayó por momentos ligeras muecas de risa nerviosa, mientras Villamide permanecía a su lado con el cuerpo rígido y el semblante serio.

A las 9.15 ingresaron los jueces. Todos los presentes se pusieron de pie, como ocurre al comienzo de cada audiencia. Hubo una breve reverencia, el saludo protocolar y un nuevo silencio. Vigliero tomó un sorbo de agua, ordenó sus papeles y comenzó a hablar.

Sus primeras palabras no estuvieron dirigidas a las válvulas, los reglamentos ni las pruebas técnicas que dominarían buena parte de las dos horas y 37 minutos siguientes. Eligió comenzar con una reflexión sobre quienes atraviesan los tribunales en busca de una respuesta.

“Aristóteles hacía un paralelismo entre los médicos y los abogados: los médicos tratan enfermedades físicas y los abogados, las enfermedades del alma o de las personas. Y comparaba los hospitales con los tribunales: lúgubres, con pocos recursos, donde la gente va a fallecer o a morir”, expresó.

Luego miró hacia el estrado y continuó: “En los tribunales me imagino cómo la gente -los justiciables, o quienes esperan justicia- deambula también con sus pesares. Y en el medio, los jueces, ustedes, y nosotros, los abogados”.

La introducción funcionó como una advertencia sobre el tono que atravesaría toda la exposición: el reconocimiento del dolor provocado por la tragedia y, al mismo tiempo, la convicción de que ese dolor no podía reemplazar las reglas del proceso penal.

“Este es un proceso que trae tristeza, mucha tristeza, pero también, por momentos, genera injusticia”, concluyó antes de ingresar de lleno en los fundamentos de la defensa.

Villamide, excapitán de navío destituido por un Consejo de Guerra y máxima autoridad de la Fuerza de Submarinos al momento de la implosión ocurrida el 15 de noviembre de 2017, está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Gastón Franco Pruzán, sostuvo durante sus alegatos que el ARA San Juan había zarpado en un “estado de alistamiento precario” y en deficientes condiciones de mantenimiento. Según esa teoría, Villamide y los otros tres ex altos mandos sentados en el banquillo permitieron que la nave cumpliera una misión que incrementó indebidamente los riesgos propios de la actividad submarina.

Vigliero rechazó esa reconstrucción de manera terminante. Afirmó que el juicio no permitió establecer qué provocó la pérdida de control de la nave y sostuvo que tampoco se pudo demostrar qué conducta concreta de su defendido habría desembocado en la implosión registrada a las 10.51 de aquella mañana en el Atlántico Sur.

“Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó”, planteó ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

La distancia entre esos dos extremos -el ingreso de agua informado durante la madrugada y la destrucción del casco resistente varias horas después- ocupó uno de los principales tramos de su exposición final.

“Hay 120 minutos en los cuales no sabemos qué es lo que pasó”, dijo el defensor al referirse al período posterior al último intento de comunicación satelital de la nave.

Según consideró, el submarino debió perder el control antes de descender hasta superar la profundidad de colapso. Lo que no pudo determinarse, insistió, fue cuál fue el acontecimiento que provocó esa pérdida.

“¿Por qué se perdió el control? ¿El evento ocurrió antes e hizo que perdieran el control? No lanzaron la radiobaliza, una balsa ni hubo aceite. No soplaron los tanques.Hemos escuchado acá lo sencillo que era accionar esos mecanismos. No se hizo nada”, señaló.

Y continuó: “Evidentemente hubo algo que los atrapó, que los incapacitó. Pero no sabemos qué fue. Y si no sabemos qué fue, no podemos cargarle la culpa a nadie”.

El pedido de nulidad

Antes de avanzar sobre las cuestiones técnicas, Vigliero pidió que la acusación del Ministerio Público Fiscal fuera declarada nula. A su criterio, los fiscales no describieron con la precisión necesaria cuáles fueron las conductas concretas atribuidas a Villamide ni explicaron cómo se relacionaban con el desenlace.

“La acusación de la Fiscalía es nula”, comenzó.

Según su planteo, para ejercer correctamente la defensa era indispensable conocer cuál había sido el deber objetivo de cuidado presuntamente violado, qué omisión concreta se le reprochaba al imputado y de qué manera esa omisión había incidido en el estrago.

“Uno no puede defenderse de lo que no conoce”, repitió.

Vigliero argumentó que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes o decisiones adoptadas durante los años anteriores al hundimiento. Para responsabilizar penalmente a Villamide, dijo, era necesario demostrar qué riesgo jurídicamente desaprobado había creado y cómo ese riesgo se había materializado en la muerte de los tripulantes.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, preguntó.

Después resumió: “Si es imposible hacer el recorrido hacia atrás, es imposible defenderse”.

El abogado también cuestionó la forma en que, según su visión, la Fiscalía presentó los testimonios y documentos producidos durante las 31 audiencias del debate iniciado el 3 de marzo.

Aseguró que el Ministerio Público “parcializó, tergiversó, seccionó y amputó” elementos de prueba documental y omitió aquellos tramos de las testimoniales que respaldaban la posición defensiva.

“El Ministerio Público no puede perseguir tozudamente solo para lograr un resultado, hacer estadística o ganar un juicio”, manifestó, y completó: “Acá están en juego personas concretas, la honra y la libertad de personas concretas”.

“La prueba es abrumadora”

De manera subsidiaria al planteo de nulidad, el abogado desarrolló la defensa de fondo. Su primera conclusión fue que el ARA San Juan se encontraba alistado y en condiciones de cumplir la misión de adiestramiento y patrulla de control de los espacios marítimos iniciada en la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017.

“En este proceso es abrumadora la prueba que impide el progreso de la acusación”, sostuvo.

A lo largo de las 31 audiencias del juicio declararon alrededor de 90 testigos, en su mayoría submarinistas con experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de ese tipo de unidades. También comparecieron comandantes, oficiales superiores, responsables de arsenales, técnicos y especialistas que participaron en las distintas investigaciones realizadas después de la tragedia.

La defensa apoyó su posición en esos testimonios y en los informes técnicos incorporados al expediente. Vigliero enumeró a antiguos comandantes del ARA San Juan, exjefes de la Fuerza de Submarinos, integrantes de la Comisión Asesora creada por el Ministerio de Defensa después del hundimiento y oficiales que intervinieron en las tareas de mantenimiento y alistamiento.

Todos y cada uno de ellos “declararon bajo juramento”, reseñó.

Entre los testigos mencionó a los oficiales superiores Alejandro Kenny, Gustavo Trama, Jorge Bergallo y Arturo Marfort, cuyos informes concluyeron que las novedades y pruebas pendientes existentes al momento de la última zarpada no impedían que el submarino navegara ni anticipaban la tragedia.

“¿Por qué mentirían todos? ¿Por camaradería? ¿Todos?”, preguntó el defensor.

Luego ensayó su propia respuesta: “A lo mejor declararon todos lo mismo porque estaban diciendo la verdad”.

Vigliero destacó que varios de esos testigos revisaron durante las audiencias las planillas con el estado del material del submarino. Según señaló, ninguno concluyó que las 33 novedades y las ocho pruebas pendientes registradas antes de la partida comprometieran la seguridad náutica.