El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de los juicios políticos contra los jueces federales Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar en su acusación por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La sesión comenzó a las 9:30 bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, contó con la participación de todos los consejeros que integran el cuerpo y duró alrededor de seis horas.

En el caso de Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, la decisión fue adoptada por unanimidad de los 20 consejeros y habilitó su acusación formal, junto con la posibilidad de suspensión en el cargo mientras se sustancia el proceso. El dictamen aprobado también designó a los consejeros Luis Juez y Alberto Maques como representantes del Consejo en la etapa ante el jury.

El expediente se inició a partir de denuncias de organizaciones de la comunidad judía y particulares por una batería de publicaciones del magistrado en la red social X. Según las presentaciones, los mensajes, reposteos y respuestas difundidas desde su cuenta configuraron expresiones discriminatorias y ofensivas, con un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

El dictamen de la Comisión de Acusación analizó publicaciones realizadas entre 2024 y 2025 y concluyó que, en conjunto, podían encuadrarse en la causal de mal desempeño. Entre los elementos considerados se incluyeron una decena de mensajes con expresiones en las que el juez cuestionó la lealtad de los judíos en la Argentina, utilizó términos peyorativos y mantuvo interacciones con otros usuarios en la misma línea.

Durante el debate en el plenario, el consejero Luis Juez sostuvo: “Nos tocó investigar la conducta de un juez federal (…) que ha utilizado las redes sociales como un mecanismo de expresión, creyendo que en el ejercicio de su libertad de expresión podía decir, hacer, actuar de cualquier manera”, y agregó que la conducta analizada “ha superado cualquier límite de tolerancia”.

La consejera Jimena De la Torre afirmó que “la libertad de expresión no ampara el odio, ni la discriminación ni la pérdida de decoro que el cargo exige”, y consideró que las expresiones evaluadas afectan la investidura judicial y la confianza pública en la Justicia.

Por su parte, el consejero César Grau sostuvo que la función del Consejo de la Magistratura es habilitar la instancia de juzgamiento y remarcó que la libertad de expresión “no es absoluta” en el caso de los jueces, quienes tienen un “deber reforzado de mesura y reserva”.

Otros consejeros también intervinieron. Alberto Lugones consideró que el magistrado “se ha excedido”, mientras que Rodolfo Tailhade remarcó que el juez López había realizado en su contra expresiones “de igual gravedad” a las analizadas en el año 2017. Vanesa Siley acompañó la elevación al jury y también mencionó antecedentes previos.

El propio López, en su descargo, reconoció la autoría de las publicaciones y sostuvo que se trató de un ejercicio de su libertad de expresión, negando que haya afectado su función judicial. En tanto, la remisión de su caso al Jury de Enjuiciamiento se produjo poco después de la presentación de su renuncia, que aún no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Además, el plenario trató el expediente referido a Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, y aprobó la apertura del juicio político, su suspensión y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El consejero Álvaro González, informante del caso, señaló que en la investigación “se ha colectado una serie de medidas de prueba que (…) resultan concluyentes en esta etapa” y que el magistrado tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Indicó que se recibieron declaraciones de 16 testigos, se incorporaron otras 11 y se sumaron informes de organismos públicos que dieron cuenta de situaciones de acoso laboral.

El caso se originó en abril de 2023 a partir de una denuncia presentada por tres secretarios de su tribunal, quienes lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. Según el dictamen, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”.

Los hechos también fueron investigados en sede penal y la causa fue elevada a juicio oral. La acusación sostiene que Díaz Lacava generó un clima de “terror manifiesto”, con conductas como humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos y episodios de intimidación. En el caso de las trabajadoras denunciantes, los hechos fueron encuadrados en un contexto de violencia de género.

Durante el debate, el consejero Lugones planteó una postura alternativa y propuso una sanción disciplinaria -una multa del 50%- al considerar que la conducta era grave, pero no equiparable a la del caso López. El consejero Alberto Maques, en tanto, consideró que la existencia de una medida perimetral que impedía al magistrado acercarse a su propio tribunal constituía una situación “inentendible e inexplicable”.

El plenario aprobó la apertura del juicio político contra Díaz Lacava con 15 votos afirmativos, dos abstenciones -Gonzalo Roca y Santiago Viola- y un voto en contra —Lugones—, mientras que los consejeros Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit estuvieron ausentes en esa votación.

Durante la misma jornada, el Consejo de la Magistratura avanzó en otros puntos de su agenda. En materia de concursos judiciales, aprobó distintos dictámenes y elevó 17 ternas al Poder Ejecutivo, integradas por 51 postulantes, para cubrir cargos en tribunales orales federales y cámaras de apelaciones. La sesión incluyó además audiencias públicas a los aspirantes judiciales, informes institucionales -entre ellos el Informe Anual de Prisiones Preventivas 2025- y el tratamiento de expedientes disciplinarios.

Con la aprobación de ambos dictámenes, los expedientes quedaron en condiciones de ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar la responsabilidad de los magistrados y definir si corresponde su eventual destitución.

En la misma jornada, el cuerpo también aprobó —a partir de una iniciativa impulsada por la consejera Vanesa Siley— la actualización del monto y el carácter móvil de la asignación mensual destinada a empleados y funcionarios judiciales ex combatientes de Malvinas, y dispuso que la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la cuestión de las Islas Malvinas sea impartida por la Escuela Judicial, en el marco de las políticas de formación del organismo.

Un informe de auditoría interna de la Armada elaborado en pleno operativo de búsqueda del ARA San Juan ocupa un lugar destacado en la arquitectura acusatoria del juicio oral que desde el 3 de marzo pasado se desarrolla en Río Gallegos. El fiscal instructor Lucas Colla lo incorporó en su requerimiento de elevación a juicio para acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los imputados. El fiscal de juicio Gastón Pruzán lo introdujo en el debate oral y propuso testigos para examinarlo, entre ellos al propio autor del documento. El informe, al que accedió Infobae, fue producido por la Inspección General de la Armada (ISGA) entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017 y firmado por el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi.

El mismo documento integró, junto con la Inspección ISGA N°10/16 “S” de diciembre de 2016 -suscripta por el entonces inspector general contraalmirante Guillermo Lezana- y con el informe de patrulla COFS N°106/17 sobre la navegación de julio de 2017, los fundamentos del sumario militar que el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur, ordenó contra el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), capitán de navío Claudio Villamide, y contra el titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), contraalmirante Luis López Mazzeo, mientras los 44 tripulantes eran buscados de manera combinada con otros países.

Ese sumario administrativo, tramitado en seis días, sería luego parcialmente anulado por el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, por haber omitido documentos que el propio Ministerio calificó como relevantes y por no haber incorporado el dictamen de los peritos designados a ese proceso, considerados “indispensables” para la investigación.

Con todo, el juicio se desarrolla en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz semana de por medio. Los acusados son Villamide, López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor del COFS- y el capitán de fragata Hugo Correa -ex jefe de operaciones del COFS, quien llevaba las comunicaciones con el jefe de operaciones del ARA San Juan-. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones en sus respectivas indagatorias. El veredicto se prevé para mediados de julio de este año, luego de la inspección ocular sobre el submarino gemelo ARA “Santa Cruz” y el testimonio de más especialistas.

Qué es la Inspección General de la Armada

La ISGA es, según la reglamentación, “el organismo responsable de la supervisión del Sistema de Control Interno a nivel institucional”. Está vinculada con la Sindicatura General de la Nación y depende directamente del jefe del Estado Mayor General. Su función es auditar procesos de gestión a nivel interno para proporcionar a la máxima autoridad naval “un grado de seguridad razonable sobre la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la misión y objetivos institucionales, dando cumplimiento a las normas que regulan a la Armada y a la Administración Pública Nacional”.

Para eso, ejecuta inspecciones y auditorías -planificadas o de oportunidad- sobre las distintas dependencias de la fuerza, y realiza el seguimiento de las acciones correctivas hasta que las deficiencias queden subsanadas. Las observaciones que produce -consideradas como “desvíos de la norma”- son el resultado de comparar “lo que es” -la realidad relevada- con “lo que debe ser” -el plexo normativo-, y se clasifican según su impacto en “críticas”, “trascendentes” o “localizadas”. Estas últimas son las de menor gravedad: las que el propio organismo inspeccionado puede resolver sin recurrir a instancias superiores y que no implican riesgo inmediato para la seguridad del personal o del material. El plazo máximo para su resolución es de tres años.

El contexto de la auditoría

De acuerdo con las actuaciones, el ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017. Horas antes, a las 23:42 del día anterior, el teniente de navío Fernando Villarreal, jefe de operaciones del buque, llamó por sistema satelital de voz al celular personal del capitán de fragata Hugo Correa, jefe de operaciones del COFS y oficial de guardia de la Central de Comunicaciones de la fuerza en tierra. Según declaró Correa, Villarreal le informó que el submarino navegaba en superficie, que habían tenido un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, que estaba controlado, y que lo atribuían a la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación. La nave ventilaba con rumbo 080, alejándose de la costa, a 5 nudos, con propulsión dividida y la escotilla del puente cerrada, sin personal de guardia en la vela, navegando en un temporal con estado de mar 6 -“mar gruesa”, con olas de entre 4 y 6 metros, o más-.

La última comunicación se produjo a las 07:19 del 15 de noviembre. Villarreal llamó nuevamente a Correa para consultar si habían recibido la modificación de su plan de navegación -AVISS-, en el que constaba que el submarino abandonaba su patrulla y se dirigía directamente al puerto de Mar del Plata. En esa comunicación Villarreal informó que el SUSJ se encontraba en inmersión, en plano de periscopio (18 metros por debajo de la superficie), con rumbo a Mar del Plata, a 5 nudos, avanzando con circuito dividido -la mitad de las baterías propulsoras activas-. Expresó además que la tripulación estaba cansada, que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar y que luego inspeccionarían el tanque de baterías. Hasta ese momento, el tanque afectado por el principio de incendio de la noche anterior no había sido inspeccionado.

A las 10:51 de ese mismo 15 de noviembre el CTBTO registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en una posición del Atlántico Sur. El dato no fue comunicado de inmediato: el organismo lo reportó el 23 de noviembre, cuando el operativo de búsqueda llevaba ya ocho días sin resultado.

Dos días después de ese reporte, el 25 de noviembre, el jefe del Estado Mayor General emitió el mensaje naval GFH EMGA P 250730 NOV 2017 ordenando a la ISGA destacarse a la Base Naval Mar del Plata para auditar al Comando de la Fuerza de Submarinos. Pérez Bacchi emitió la Orden Transitoria ISGA N°09/17 “C” formalizando la comisión inspectora, integrada por los capitanes de navío Eduardo Acosta y Miguel Ángel Portela. Los tres trabajaron en la sede del COFS durante los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Lo que el informe encontró

El propósito de la auditoría quedó formulado en el propio documento: “Verificar la existencia de documentación válida que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del Submarino ARA San Juan”. Su alcance “estuvo circunscripto a verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del SUSJ”.

El resultado fue una observación general clasificada en la categoría de menor impacto: “LOCALIZADA”, en estado “DETECTADO”. Esa observación agrupó trece ítems específicos vinculados a ausencias documentales. El informe preliminar fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. El documento final, por su parte, fue firmado por el contralmirante Pérez Bacchi el 30 de enero de 2018 y elevado al vicealmirante José Luis Villán, quien para entonces ya había sucedido a Srur al frente del Estado Mayor General de la Armada.

La descripción de la observación decía: “La ausencia de determinados documentos que sustentan las actividades de adiestramiento y alistamiento de las Unidades de esta fuerza dificulta la disponibilidad de registros de las actividades desarrolladas en los casos en que es requerida“. Entre los trece ítems agrupados bajo ese acápite figuraban, entre otros archivos, los informes de navegaciones realizadas en 2016 y 2017 para pruebas de sistemas; los registros de adiestramiento en técnicas, tácticas y simuladores; las constancias de que los comandantes de unidades tomaron conocimiento del Plan Bienal Naval y de la carpeta de recomendaciones de seguridad; y los trámites posteriores al informe preliminar de una inspección realizada en 2015.

La auditoría también ponderó que los “Informes de Actividades” documentados en el COFS “registran la cantidad de ejercitaciones en técnicas y tácticas realizadas por el SUSJ. Sin embargo, no fue detectada documentación que explicite el nivel de adiestramiento alcanzado por la unidad en función de dichas ejercitaciones efectuadas”. Tampoco fueron halladas las planillas de pruebas de 48 horas previo a la zarpada de Mar del Plata y Ushuaia, obligatorias para salir a operar. Al respecto, se estimó que se encontraban “en el submarino siniestrado”.

Lo que sí fue localizado abarcó un registro de millas navegadas y horas de inmersión de los últimos dos años de la embarcación; las órdenes de operaciones del SUSJ para 2016 y 2017 y los libros de comunicaciones entre la nave y el personal de guardia de la Estación de Control. También se consignaron las obras pendientes a realizar en dique seco, requerido en un mensaje naval dirigido en junio de 2017 a la Jefatura del Material de la Armada para el primer semestre de 2018.

Entre la documentación localizada, por lo demás, figuraba el Índice de Control del Estado del Material (ICEM) N°07/17 confeccionado el 5 de septiembre de 2017 -siete semanas antes de la última zarpada- por el comandante del ARA San Juan, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento mediante el cual la dotación y su comandante relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Lo suscribe el comandante, que se erige como la autoridad responsable de emitir la orden de hacerse a la mar, y quien, según normativa de la fuerza, puede negarse a zarpar si evalúa que la nave o su tripulación no están en condiciones de hacerlo.

Ese ICEM N°07/17 calificó al SUSJ como “HABILITADO”, con un índice de 4,25/5. El informe lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material”, en virtud de una restricción preventiva que tenía el submarino “en su profundidad operativa” a causa del lapso transcurrido desde su última entrada a dique, donde se le realizó la última prueba hidráulica de válvulas y tuberías.

Pérez Bacchi en el juicio y la respuesta de Villamide

El contraalmirante retirado Pérez Bacchi, ex ISGA desde finales de 2016 -tras la partida de Lezana- hasta inicios de 2020, declaró en forma presencial como testigo de la Fiscalía en la séptima audiencia del debate oral en la ciudad de Río Gallegos. Allí el infante de marina explicó con detalle sus funciones dentro de la Armada, habló de las posibles causas del hundimiento y ratificó las conclusiones de ambos informes -el de Lezana de fines de 2016 y el suyo de 2017-. Sin embargo, su testimonio fue el disparador de una ampliación de indagatoria, ya que el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, anunció al cierre de esa jornada que la solicitaría.

“Es tal la cantidad de inexactitudes, cosas que no son ciertas -no digo falsas porque eso sería con mala intención y no voy a atribuir una mala intención a oficiales que hacen una auditoría-”, dijo. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, fijó una audiencia específica para oír al imputado que se concretó la semana pasada.

En esa ampliación, el ex capitán de navío expuso durante más de dos horas. Encuadró el “informe Lezana” como una “fotografía” que no representaba el estado del submarino al momento de su zarpada el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata hacia Ushuaia: “Ese informe del ISGA expresa un momento donde se hace una inspección a los procesos, plantea una situación, una fotografía que está atrasada y no representa la película a octubre de 2017.” Argumentó que la mayoría de las deficiencias consignadas en diciembre de 2016 habían sido subsanadas antes de la última misión y recorrió punto por punto las distintas observaciones mencionadas por la Inspección General.

Al referirse a la auditoría de noviembre de 2017 efectuada “in situ” en la Base Naval de Mar del Plata, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, Villamide cuestionó su validez procedimental: “Es normativa establecida en el Reglamento General del Servicio Naval que no se puede inspeccionar a un destino si no está el titular del mismo. (...) Mientras el almirante Pérez Bacchi inspeccionaba la Fuerza de Submarinos, yo estaba con la mayoría de la Armada operativa buscando al submarino“.

Luego planteó: “Si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales, él era almirante de la Armada. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se opuso a que el submarino zarpara?”. Y aseveró: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar.”

El sumario, el documento omitido y la anulación

El borrador del informe de Pérez Bacchi fue remitido al almirante Srur antes de su versión definitiva. Srur lo incorporó, junto con el informe Lezana y el COFS N°106/17, como fundamento del sumario militar disciplinario ordenado contra Villamide y López Mazzeo a fines de noviembre de aquel 2017. El proceso se resolvió en seis días: dictámenes al quinto, resolución de suspensión al sexto. Las imputaciones fueron por no haber impedido que el submarino navegara “con posterioridad a las severas anomalías detectadas -tanto en la Inspección ISGA N°10/16 ‘S’ como en la previa navegación del SUSJ para ‘Control del Mar’ efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017-”.

Esa resolución no mencionó el ICEM N°07/17 “S”: el documento firmado por el capitán Fernández el 5 de septiembre de 2017 que había calificado a su buque como operativo. El 13 de diciembre de 2017 Aguad remitió una nota a Srur advirtiendo que en su decisión administrativa -donde suspendió a los ahora acusados- “se habrían tenido en cuenta determinadas cuestiones fácticas que, en principio, serían inexactas; o, al menos, se habría omitido considerar elementos de hecho que resultarían relevantes para dar fundamento a vuestra decisión”. El Ministerio señaló en particular la ausencia del índice del material: “Esta conclusión resulta diametralmente opuesta con las expresiones vertidas en los considerandos” y “tiene la entidad suficiente para abonar una conclusión distinta a la arribada”.

Tras dictámenes de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, el 27 de septiembre de 2018 Aguad dictó la nulidad y revocó la parte de la resolución que declaraba a Villamide y López Mazzeo como "presuntos infractores“, aunque mantuvo la suspensión del servicio de los dos oficiales superiores.

Meses después López Mazzeo denunciaría penalmente a su jefe Srur, al auditor Dardo Difalco y al oficial instructor del sumario Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad. Los tres resultaron sobreseídos en primera instancia, con confirmación posterior de la Cámara de Apelaciones y la Casación Federal.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que lleva adelante el juicio por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) en Río Gallegos, realizará el 8 de mayo, a las 16, una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La diligencia, acordada durante la undécima audiencia y a la que concurrirán todas las partes del proceso, tiene como objetivo que magistrados, fiscales, querellantes y defensas recorran el buque gemelo del submarino siniestrado para tomar dimensión de la clase de nave y conocer de primera mano sus distintos sistemas. La visita cobra especial relevancia de cara a las próximas semanas, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que labraron informes sobre el estado de mantenimiento de la embarcación y las posibles causas de su hundimiento.

El ARA Santa Cruz es un submarino de la clase TR 1700, diseñado en la década del 70 y construido en la del 80 por la empresa alemana ThyssenKrupp -la misma firma que fabricó el ARA San Juan, aunque pocos años después-. En la fuerza naval quedó nomenclado como S-41, en tanto el SUSJ lo hizo como S-42. Ambos fueron incorporados a la Armada Argentina en ese mismo período. El vínculo del Santa Cruz con la causa es cercano: cuando el ARA San Juan egresó del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) -conformado por el astillero Tandanor y el Astillero Almirante Storni- tras su reparación de media vida, que se extendió por más de ocho años desde su ingreso el 18 de diciembre de 2008 y concluyó en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el turno del Santa Cruz de ingresar al mismo complejo para su propio proceso de mantenimiento integral. Ese proyecto quedó suspendido y el buque permanece actualmente en proceso de desguace en las instalaciones del astillero estatal. Las condiciones en que quedó el ARA San Juan tras su reparación y las tareas que quedaron pendientes han sido mencionadas durante las audiencias del debate en curso.

La propuesta de pericia que dividió a las partes

A lo largo de las actuaciones, distintas partes del proceso han venido señalando la ausencia de una pericia técnica integral y directa sobre los restos del naufragio, con el fin de contar con una mirada científica que ayude a determinar con certeza las causas materiales del siniestro. La insistencia -argumentaron- vino a cuenta de la necesidad de salir del plano de las hipótesis en el que el expediente ha quedado obligado a moverse desde el inicio. En la undécima audiencia de esta semana, y como una diligencia distinta e independiente de la inspección ocular ya acordada, el juez presidente Mario Reynaldi puso sobre la mesa una propuesta concreta: realizar una pericia sobre el ARA Santa Cruz a cargo del submarinista Ricardo Franceschelli, ingeniero naval e ingeniero electricista y subdirector de Operaciones de Tandanor, a quien había conocido durante una visita personal a las instalaciones.

“Como insistentemente durante el debate se hace referencia a la falta de una pericia, les estoy alcanzando los elementos, si quieren las partes hacer una por parte de una persona que tendría la idoneidad de realizarla (...). Corresponde a ustedes si quieren que se haga una pericia”, les dijo a los defensores y acusadores públicos y privados.

La querellante mayoritaria Valeria Carreras -que representa a 34 de las 44 familias de los tripulantes fallecidos- y el fiscal Gastón Pruzán se opusieron. Carreras sostuvo que su hipótesis acusatoria “no necesita ningún tipo de pericia” y recordó que el capitán Attis, a quien calificó como “el decano de los submarinistas”, había declarado ante el tribunal que en los restos del submarino hundido a 907 metros de profundidad “no encontraríamos nada”, dado el impacto del ingreso de agua, la destrucción y la reducción de la nave. Agregó que incorporar ahora una pericia sobre “un material que está fuera de funcionamiento hace más de 10 años” no era procesalmente viable. Pruzán coincidió: señaló que la etapa para ese tipo de medidas había precluido, que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya se había expedido en reiteradas oportunidades al confirmar los procesamientos y que la medida “va a retrasar el trámite del debate”.

El querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de navío Alejandro Tagliapietra, uno de los oficiales que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2017- adoptó una postura opuesta. Valoró la predisposición del tribunal y rechazó quedarse con la conclusión del oficial Attis: “Un profundo trabajo que hemos hecho durante años con especialistas que nos han ayudado de distintos lugares del mundo me dicen todo lo contrario: como bien se dice en materia forense, los cuerpos hablan, incluso después de que no estén más con nosotros”. Invocó como antecedente la tragedia del avión de AUSTRAL, donde dentro de restos “totalmente indetectables se pudo describir qué es lo que había pasado”. Afirmó que su querella va a insistir “obsesivamente en la averiguación de la verdad, en este juicio o en el que venga” y que las negativas por cuestiones procesales “tendrían que estar ajenas en este debate”.

El defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, se opuso a la pericia pero no sin antes referirse al costo personal que el proceso le había impuesto a su defendido. “Villamide, que era primero o segundo de promoción, que estaba por ascender a almirante y tenía una carrera rutilante, terminó en su casa cortando el pasto mirando televisión hasta que pudo rearmar su vida”, afirmó. Atribuyó esa situación a lo que describió como un Consejo General de Guerra “anómalo” -el organismo constituido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, integrado por un miembro de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y un civil del Ministerio de Defensa, que en 2021 resolvió la destitución de Villamide de la fuerza- que enfrentó una instrucción donde su defendido “no pudo participar” y donde, a su juicio, debería haberse realizado el peritaje que ahora se discutía. Apuntó contra la jueza de instrucción Marta Yáñez, contra el Ministerio Público que actuó en esa etapa y contra la Cámara Federal, cuyo entonces presidente, el doctor Javier Leal de Ibarra, “dispuso un peritaje con una mano y lo dejó sin efecto con la otra, una cosa de locos”. Para Vigliero, introducir esa medida en pleno debate oral equivalía a cargar sobre su defendido las consecuencias de omisiones que no le eran imputables.

Sobre la propuesta en sí, Vigliero trazó una distinción que sintetizó su postura: no objetaba una inspección ocular pero sí rechazaba una pericia. “El objeto de este proceso penal -y lo recalco- no es descubrir la verdad. En la etapa de debate oral es determinar la existencia o no de hechos y eventualmente atribuir responsabilidad. Los hechos ya están. Los testigos ya están y hay que jugar con lo que se tiene”. Y cerró: “Esta defensa enfáticamente se opone a que se realice un peritaje. Sí estamos de acuerdo en hacer una inspección porque ayuda e ilumina lo que ya tenemos. Pero no introducir una voz extraña”.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan comenzó el martes 3 de marzo y tiene en el banquillo a cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro negaron todas las acusaciones en su contra y afirmaron que el buque estaba en condiciones de operar, más allá de las novedades que presentaba al momento de zarpar a su última misión. La causa es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Pruzán y cuenta con la participación de tres querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes. Las audiencias se realizan semana de por medio, de lunes a jueves; este jueves tuvo lugar la duodécima jornada del debate, que se reanudará el próximo lunes 20 de abril.

Las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Ambos le solicitaron a la secretaria del cuerpo que informara los distintos proyectos registrados en ese ámbito antes de que el Máximo Tribunal impulsara su iniciativa: 17 expedientes con propuestas de modificación al reglamento presentados por consejeros de la integración actual, y otros 13 de integraciones anteriores.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200. La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”, e identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

Los que quieren aprobar ya

La postura más contundente a favor de la aprobación inmediata fue la de Jimena De la Torre, vicepresidenta de la Comisión de Selección y representante de la abogacía. La consejera reivindicó su trayectoria en el impulso de reformas -“yo presenté un proyecto integral donde reformaba en su momento el reglamento completo; después volví a presentar otra batería de seis proyectos más”- y celebró que la acordada recoja buena parte de esas iniciativas: “Celebro que el concurso anticipado pase a ser la regla en esta propuesta que nos trae la Corte, celebro también que empiece a fijarnos criterios objetivos, que proponga empezar a autolimitarnos y a exigirnos y autoexigirnos un poco más en materia de transparencia y sobre todo objetividad“. De la Torre fijó su posición con precisión: “Estoy para votarlo en un todo como lo sugirió la propia Corte al momento de presentar la Acordada, donde se dijo que esto es un todo armónico, sistémico”. Y fue taxativa respecto de cualquier intento de modificar el texto antes de su aprobación: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Dicho esto, una vez aprobado, y con esta misma mirada de mejora continua, pueden venir las reformas de segunda generación, porque siempre todo es perfectible, incluso esta Acordada”.

César Grau, también representante de la abogacía, adhirió con igual énfasis. Para enmarcar su postura, recurrió al pensamiento del constitucionalista Germán Bidart Campos y a la noción griega de dokimasia, que refiere al mérito como criterio de acceso a la función pública, para señalar que el sistema vigente ha tendido históricamente a su inversa: una “antidokimasia” que consolida lo que denominó, en términos “modernos”, una “casta judicial”. Articuló el debate en torno a cuatro preguntas: quién elige, a quién se elige, cómo se elige y para qué se elige. Sobre el primero de esos ejes señaló una anomalía estructural: de 67 pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. “Algo está fallando: no es que sean las personas que integran el Consejo, el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, afirmó, y recurrió a una imagen bíblica: “Podemos hacer una paráfrasis de Mateo 19,24 y decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un abogado de la matrícula llegue a ser juez”.

Por otra parte, se refirió a la idoneidad como una de las condiciones para ejercer cargos públicos. “Muchos de los que están acá saben y conocen que más de un tercio del Poder Judicial está interpelado con denuncias por muchísimas cuestiones variadas, pero muchas de ellas de esas denuncias son por el mal funcionamiento o su idoneidad deficiente en el desempeño del cargo. Esa es otra cuestión para tener presente. Nuestro sistema judicial es de 1002 jueces, de los cuales hay 650 en actividad, y tenemos más de 250 denuncias en trámite. No estoy diciendo que sean culpables pero sí están interpelados”, apuntó.

Los que piden debate sin firmar a libro cerrado

Lugones trazó desde el inicio el marco desde el que el Consejo abordará la propuesta. Reconoció el peso de la iniciativa pero matizó su alcance: “Primero yo entendía que nos proponían, después entendí que nos sugieren, nos proponen, nos acercan propuestas que supongo que van a ser buenas: son buenas”. Fue categórico, sin embargo, respecto de los tiempos y las condiciones del debate: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado. Esa es mi postura personal en los años que tengo en el ámbito del Poder Judicial, porque quiero saber por qué me van a insultar en la esquina. Cuando uno firma cosas que son complejas tiene que saber cuando lo paren en la esquina por qué firmó y por qué lo están parando”. El juez cerró su intervención con un compromiso de trabajo: “Vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, vamos a intentar tomar mucho de esta reforma y tratar de que esto salga algo muy positivo para el Consejo”.

Vázquez valoró el carácter plural del organismo como una fortaleza para el debate y destacó la envergadura técnica del documento recibido: “Tiene 100 artículos: realmente es un documento de trabajo completo, que aborda un sinnúmero de circunstancias, algunas que ya estaban previstas en el reglamento actual y otras que son de nueva incorporación”. Subrayó que las miradas de los distintos estamentos -magistratura, abogacía, legisladores y academia- son una potencialidad para “generar los consensos que son necesarios para poder avanzar con un reglamento que sea mejor que el que tenemos”. Para dar cierre al encuentro, anunció que se cursarán invitaciones a organizaciones del ámbito judicial para garantizar “el más amplio debate” sobre todos los proyectos sobre la mesa.

A su vez, en representación de los jueces del Poder Judicial se pronunció Alejandra Provítola, quien aportó una perspectiva particular, ya que ella misma transitó los concursos de selección de magistrados como postulante antes de asumir como magistrada y consejera. “Yo misma me he sentado en la entrevista personal ante los consejeros en ese entonces que componían el cuerpo. Yo misma he transitado los procesos de oposición y de mérito de mis antecedentes cumpliendo cada una de las largas etapas que tenemos que transitar quienes desde el Poder Judicial o de la abogacía aspiran al cargo de la magistratura”. Desde esa doble experiencia, señaló que la propuesta de la Corte “emana nada más y nada menos que del corazón de nuestro máximo representante de la Justicia” y que sus considerandos recogen gran parte de los proyectos que los consejeros venían trabajando. Destacó que bajo la gestión actual se aprobaron más de 100 concursos y que la implementación de los concursos anticipados para los fueros nacionales generó una inscripción récord de más de 1.000 postulantes.

Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, aclaró que no integra ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario destacar el trabajo institucional realizado en ese cuerpo. Recordó que la OCDE reconoció la implementación de los concursos anticipados como uno de los factores que contribuyó al avance de Argentina hacia la fase cuatro del proceso de ingreso al organismo, y defendió la formación de los magistrados en actividad: “La mayoría de los jueces y de las juezas tenemos una elevada formación porque así lo exige el reglamento: necesitamos ser docentes, tener publicaciones, tener especialización, maestría, doctorado, posdoctorado. Van a encontrar en los jueces personas altamente capacitadas en el Poder Judicial de la Nación”.

El abogado Alberto Maques rechazó la caracterización de la acordada como un mero “disparador” del debate -“si fuera un disparador sería que nosotros estuvimos durmiendo la siesta durante mucho tiempo”- y reivindicó públicamente el trabajo de Vázquez y Lugones al frente de las comisiones. También se mostró reticente a avalar el texto sin realizar análisis previo: “Yo no me voy a comprar una buena iniciativa a libro cerrado, porque creo que todos los proyectos que se mencionaron tienen cosas para armar, amalgamar y poder tener algo que sea notoriamente superior”. Y sobre el apuro que algunos invocan, fue irónico: “La verdad es que yo me preocupo cuando voy a ver a River, vamos perdiendo y no nos queda más tiempo adicionado; lo demás no me apura, me apura el sentido común y el sentido de la responsabilidad”.

Los que piden cautela

El camarista Diego Barroetaveña valoró el efecto convocante de la acordada -“esta Acordada de la Corte evidentemente ha servido como un disparador”- pero se distanció de quienes propugnan su aprobación sin modificaciones: “No estoy tan de acuerdo con la consejera Jimena de la Torre en que esto se tenga que aprobar porque lo leímos muy rápidamente”. El magistrado salió en defensa de los jueces designados bajo el sistema vigente: “Tiene que quedar absolutamente claro que todos los jueces y juezas que vienen desenvolviéndose hasta el presente ocupando cargos en la judicatura son idóneos y legítimos”. Señaló además que la productividad del sistema no depende exclusivamente del reglamento: “Con un mismo reglamento hubo períodos más productivos que otros. Pero esto no obedece a las carencias de los reglamentos en sí, sino más bien a los vaivenes políticos”. Para ilustrarlo, citó cifras concretas: en 2017 y 2018, bajo la presidencia de Miguel Piedecasas, se elevaron 163 ternas; en 2024, bajo la presidencia de Rosatti, casi 100. Identificó como uno de los puntos más delicados del proyecto el sistema de puntuación entre abogados y funcionarios judiciales: “Habría que trabajar sobre eso: cómo evaluamos a un abogado, porque no vaya a ser cosa que el sistema en definitiva conspire contra la idoneidad y el mérito que se pretende”.

Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo Nacional, cuestionó desde el inicio la premura con la que algunos consejeros impulsan la aprobación: “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”. Encuadró la iniciativa de la Corte Suprema como una sugerencia y no como un proyecto formal: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”. Fue más explícito al referirse a quienes reclaman una votación urgente: “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”. Propuso a su vez un orden de prioridades claro: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

A su turno, el diputado nacional Álvaro González aclaró que tampoco integraba ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario hacer oír su voz para defender el trabajo realizado por el organismo hasta el momento. “Yo vengo a todas las reuniones y sé cómo se trabaja”, dijo.

González también apuntó contra lo que consideró una narrativa injusta sobre el Consejo y sobre las ternas ya aprobadas: “Yo leo, escucho algunas cosas y la verdad me da mucho fastidio, porque decir cualquier cosa en función de que hubo una iniciativa por parte de la Corte no significa que hasta ahora no se haya hecho nada o todo lo que se hizo esté viciado de alguna nulidad”. Recordó que el Consejo había elevado numerosas ternas que el Poder Ejecutivo decidió no enviar al Senado durante un período, y celebró que esa situación haya cambiado. Cerró con una defensa de la institución: “A mí me gusta defender las instituciones donde trabajo, porque si no las defendemos nosotros no las defiende nadie”.

Las advertencias institucionales

Guillermo Tamarit, representante del ámbito académico, respaldó el análisis de la propuesta pero introdujo una advertencia sobre las condiciones en que ese debate se desarrolla. Sostuvo que era necesario alertar sobre “algunas cuestiones que tienen que ver con que esta presentación está en orden a ser llevada adelante bajo sospecha de un conjunto de elementos que hay que presentar arriba de la mesa, porque si no esto va a ser inconducente”. Llamó la atención sobre la aparición de actores que históricamente no habían mostrado interés en el sistema de selección de jueces: “Esta situación ha despertado la sensibilidad de organizaciones y grupos que en mi vida escuché preocupados por casi ningún tema judicial, y muchísimo menos por el sistema de selección de jueces; por lo tanto hay atrás de esto algunas otras cuestiones que también, queramos o no, forman parte de este debate". Marcó además un límite institucional: “Lo que puede pasar es que el Consejo de la Magistratura siga perdiendo sus competencias; para nosotros sí es un límite preservar esta institución de la Constitución".

El saludo de Rosatti

Fue durante los primeros minutos de la intervención de Vázquez que hizo su ingreso al recinto Horacio Rosatti, presidente del Consejo y de la Corte Suprema, quien no integra ninguna de las dos comisiones convocadas. Su presencia constituyó un gesto de peso político: se acercó a saludar, agradeció “la prontitud con la que han tomado este tema” y reconoció que la propuesta de la Corte “tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo del tribunal, afirmó: “Vamos a trabajar y a trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.

“Uno tiene bronca. Nada más. Es eso.”

Esas fueron las últimas palabras que pronunció el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz este jueves, pasadas las 20, antes de que se diera por concluida una audiencia que había comenzado a las 9 de la mañana con una serie de testimoniales y que derivó, por la tarde, en la ampliación de indagatoria del imputado. El presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le dijo que lo notaba emocionado. Villamide lo corrigió: no era emoción. Era bronca.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan se desarrolla en la sede judicial de la ciudad de Río Gallegos, desde el 3 de marzo pasado. Las audiencias se celebran de lunes a jueves, en semanas alternas. La ampliación de indagatoria de este jueves fue de contenido predominantemente técnico: Villamide expuso conceptos de ingeniería naval durante cerca de dos horas, acompañado de una presentación, para refutar punto por punto el informe de la Inspección General de la Armada (ISGA) que la acusación utiliza como uno de los ejes del caso en su contra.

La ampliación había sido solicitada por su defensor, Juan Pablo Vigliero, tras la declaración del contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi en la séptima audiencia del juicio, celebrada hace dos semanas. Pérez Bacchi -ex inspector general de la Armada entre 2016 y 2022- había respaldado en aquella oportunidad las conclusiones del informe elaborado por el entonces inspector general contraalmirante Guillermo Lezana en diciembre de 2016, y había defendido además la segunda inspección que él mismo llevó adelante en el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) el 27 de noviembre de 2017. Vigliero anticipó entonces que el documento contenía “inexactitudes” y que su defendido quería refutar los dichos del testigo. El tribunal -integrado además por los jueces Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini - fijó una audiencia específica para ello.

El informe en cuestión, fechado en diciembre de 2016 y suscripto por Lezana, fue el producto de una auditoría interna sobre el COFS. Sus conclusiones señalaron que las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan “dificultaban” su alistamiento para cumplir con los planes en vigor; que el incumplimiento del ingreso a dique seco con la periodicidad establecida también “dificultaba” su alistamiento; que el submarino se encontraba imposibilitado de ejecutar el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia de personal siniestrado; y que las obras y tareas pendientes desde la transferencia del buque desde el PYSU -organismo transitorio que se hizo cargo del submarino durante la reparación de media vida antes transferirlo al COFS- “afectaban sensiblemente” su estado de alistamiento. Como síntesis, el documento reconocía que el COFS estaba “realizando lo humanamente posible con los escasos recursos asignados”.

Ese documento es una de las piezas que sostienen la acusación contra Villamide y los otros tres oficiales imputados en el juicio oral. Los cuatro están procesados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte de los 44 tripulantes, y negaron los cargos en sus declaraciones indagatorias. La hipótesis acusatoria plantea que el submarino operaba con un nivel de riesgo superior al permitido y que esa circunstancia, conocida por la cadena de mando, debió haber impedido su zarpada el 25 de octubre de 2017. Las defensas, en cambio, sostienen que pese a las observaciones técnicas el buque se encontraba en condiciones de navegar.

La historia del informe ISGA dentro de la causa es compleja, ya que sus conclusiones fueron utilizadas por el entonces Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), almirante Marcelo Eduardo Srur, como uno de los insumos para impulsar un sumario disciplinario destinado a establecer responsabilidades en la cadena de mando tras la desaparición del submarino. Ese proceso se ordenó cuando aún estaba en pleno desarrollo el operativo de búsqueda, con el buque sin ser localizado y los 44 tripulantes desaparecidos, y avanzó en pocos días: se emitieron dictámenes en apenas cinco días y al sexto se firmó la resolución, suscripta por el propio Srur, que dispuso la suspensión de Villamide y de Luis Enrique López Mazzeo, entonces Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Esa resolución fue posteriormente anulada por el entonces ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad, aunque mantuvo las suspensiones.

Pérez Bacchi no es un testigo ajeno a ese proceso. Fue él quien, por orden de Srur, condujo una segunda inspección al COFS entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017 con el propósito de verificar la existencia de documentación que respaldara el nivel de alistamiento y las actividades operativas del buque. Esa auditoría consignó que “la ausencia de documentación o la existencia de documentación poco confiable ha sido una debilidad reflejada en los hallazgos localizados”, y que parte de la documentación relevante se encontraba a bordo del ARA San Juan, sin que existieran originales o copias en tierra. Pérez Bacchi había sido designado inicialmente como instructor para llevar adelante el sumario militar administrativo, función que luego recayó en el oficial auditor Piscicelli. En la séptima audiencia, por lo demás, hizo propias las conclusiones del informe de Lezana.

En su exposición de este jueves, Villamide encuadró ese documento de fines de 2016 como una “fotografía” desactualizada que no reflejaba el estado real del submarino al momento de su última zarpada, el 25 de octubre de 2017. “El informe del ISGA expresa un momento donde se hace una inspección a los procesos, plantea una situación, una fotografía que está atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, dijo. A continuación recorrió uno por uno los quince subpuntos de la primera “observación” mencionada en el documento y argumentó que la mayoría de las deficiencias allí consignadas habían sido subsanadas en el período transcurrido entre la auditoría y la última navegación.

Sobre las radiobalizas, el informe de 2016 señalaba que las dos unidades a bordo eran obsoletas e incompatibles con el sistema de comunicaciones de búsqueda y rescate vigente. Villamide explicó que esos dispositivos -que en caso de siniestro transmiten la posición de la unidad durante 72 horas, contra el minuto y quince segundos de una señal pirotécnica- habían sido reemplazados antes de la última zarpada por un modelo moderno compatible con los satélites internacionales de rescate COSPAS-SARSAT. “Es decir, estaba acorde a la normativa ya en el 2017”, indicó.

Sobre el tronco de embarque de torpedos -el conducto de proa construido con el mismo acero especial del casco resistente que soporta la presión del agua en inmersión-, el informe consignaba una pérdida de espesor de entre el 40 y el 60 por ciento. Villamide exhibió las conclusiones de una inspección realizada por la US Navy en septiembre de 2016 -un mes antes de la auditoría del ISGA- que determinó que ese sector “se encuentra en buenas condiciones generales”. Al momento de la inspección del almirante Lezana, explicó Villamide, dicho informe de la marina norteamericana no pudo exhibirse porque estaba siendo traducido.

Luego manifestó: “Este informe de inspección presentaba ciertas impresiones producto de que no contó con una comisión inspectora de submarinistas. Tampoco fueron a bordo, y tal vez no lograron interpretar algo o recibieron demasiada información”.

Respecto de la observación sobre el uso de materiales de baja calidad durante la reparación de media vida, fue tajante: “Esto no es así, está equivocado”. Detalló que los repuestos utilizados provenían de las construcciones originales, envasados al vacío, recorridos nuevamente en el astillero Tandanor y sometidos a control de calidad por el PYSU en cada etapa.

En relación con los sistemas de control de la atmósfera interior -los equipos que miden y regulan los niveles de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno dentro del casco para garantizar condiciones respirables-, presentó un certificado de calibración fechado el 6 de junio de 2017 y describió el sistema incorporado durante la reparación de media vida: una central Dräger con doce sensores de hidrógeno marca ICARE distribuidos a lo largo del buque -tres por tanque de batería, más sensores en el cuarto de MEP, en el cuarto de máquinas, en el cuarto de torpedos y en comando-, sensores de oxígeno y CO2 en proa y en popa, equipos portátiles y quince quemadores de hidrógeno en los distintos compartimentos. “Al momento de la zarpada del submarino San Juan contaba con los sistemas de control de atmósfera en servicio”, aseguró.

Sobre los trajes de escape -consignados en el informe como vencidos-, precisó que los adquiridos durante la reparación de media vida vencían en 2020 y 2021, y que ya había iniciado gestiones ante el COAA para la adquisición gradual de 25 unidades de modelo superador, a 5.400 euros cada una. “Muchas veces se han dicho cosas que yo he reiterado más de una vez, hemos provisto documentación que certifica esto”, expresó. Indicó que esa información había sido entregada en reiteradas ocasiones a la jueza Marta Yáñez, a cargo de la instrucción en Caleta Olivia, y a la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento.

En cuanto a las baterías -sistema de propulsión eléctrica en inmersión y uno de los ejes centrales de la teoría acusatoria-, presentó una prueba de capacidad realizada por la propia empresa proveedora que arrojó valores de 94,5 y 97,4 por ciento para las baterías de popa y proa respectivamente. “La batería del submarino todavía estaba en garantía, por eso vino la empresa y presenció la prueba de capacidad y dio con buenos valores”, apuntó.

Respecto de la segunda observación -el incumplimiento del ingreso a dique seco, reparación integral que el ARA San Juan tenía pendiente-, reconoció que el capitán Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente esa entrada y que él realizó las gestiones correspondientes ante el COAA y la Jefatura del Material de la Armada (JEMA). Advirtió que había acordado con el entonces titular de esa jefatura, almirante Malchiodi, el ingreso a dique seco para 2018, decisión que fue puesta a consideración sin que nadie objetara. “El hecho de una demora en el carenado no afecta la seguridad sino que hace al submarino más ruidoso, como ha dicho el fabricante. No estaba afectada la seguridad por esta cuestión”, subrayó.

La tercera observación del informe señalaba que el ARA San Juan no podía ejecutar el adiestramiento específico en operaciones de rescate y escape por falta de certificación de escotillas. Villamide trazó una distinción entre la certificación formal y la aptitud operativa: el submarino había sido construido por el astillero alemán Thyssen en los años 80 y sus escotillas eran originalmente “aptas” para esa clase de maniobras en el mar.

Uno de los tramos más relevantes de la jornada fue el referido a la válvula E-19 -una válvula del sistema de ventilación que conecta el exterior del buque con el tanque de baterías eléctricas-, señalada como una de las probables vías de ingreso de agua de mar aquel 14 de noviembre de 2017, que habría generado el cortocircuito en el tanque de baterías de proa número 3, desencadenando el principio de incendio que el propio submarino comunicó antes de perder contacto definitivo. Al respecto, el imputado explicó que esa válvula va cerrada durante la navegación por disposición reglamentaria y que solo se abre en puerto. Destacó que el sistema cuenta con un mecanismo de contención doble: antes y después de la válvula hay drenajes permanentemente abiertos para evacuar cualquier filtración. “La válvula E-19 tiene antes un drenaje, y después otro drenaje. Esos drenajes van abiertos, a diferencia de la válvula. ¿Para qué? Si hay agua antes, debe drenar ese agua, y si pasa algo de agua después, el siguiente drenaje debe drenar ese agua”, dijo.

En ese contexto abordó las pruebas realizadas por el capitán Fernández durante la navegación de julio de 2017, en las que abrió la E-19 para mezclar el aire de la zona de baterías de popa -con menos CO2 y más oxígeno- con el del resto del buque, logrando reducir los niveles generales y ganar entre 10 y 12 horas adicionales antes de necesitar reiniciar el snorkel. Esas maniobras, dijo, se efectuaron sin pedirle autorización, aunque sí le fueron comunicadas por escrito. “La hizo en condiciones de seguridad, no produjo ninguna novedad ni avería ni ningún inconveniente al buque”, afirmó. Aclaró que esa prueba no implicaba un cambio de rol -lo que hubiera requerido aprobación del COFS- sino el ejercicio de las facultades reglamentarias del comandante, y que no tenía constancia de que hubiera sido repetida durante la última navegación. Consultado por Reynaldi sobre si la maniobra representó un riesgo, respondió: “Yo creo que en las condiciones que él hizo la prueba no fue un riesgo. El buque estaba perfectamente cerrado. La E-19 no es una válvula de casco. No se produjo novedad en esa prueba”.

Al concluir su exposición, Vigliero le formuló preguntas orientadas a consolidar dos líneas argumentales de la defensa. La primera apuntó a establecer si los canisters -los filtros que absorben el dióxido de carbono del aire interior cuando el submarino no puede ascender a superficie para ventilar- pudieron haber incidido en los eventos del 14 y 15 de noviembre. Villamide fue categórico: “En sí, los canisters con una pérdida de control de profundidad no tienen nada que ver. Se usan para fijar el CO2, se regenera atmósfera si no se puede hacer snorkel. Pero en sí, el caníster, que es algo del sistema de ventilación, con el control de la profundidad -que está asociado a los planos, a la propulsión o al aire-, en sí, no tienen nada que ver”. Apoyó ese argumento en la reconstrucción horaria de los últimos contactos: cerca de la 1 de la madrugada del 15 de noviembre de 2017 había hablado con el capitán Fernández, quien le informó que había ventilado el buque y estaba cargando aire. Si el ARA San Juan se fue a inmersión entre las 2 y las 3 de la madrugada -como estimó Villamide-, el lapso transcurrido hasta el registro de la anomalía acústica detectada por el CTBTO a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017 no era suficiente para que hubiera sido necesario iniciar la regeneración de atmósfera.

“No tendría que usar los canisters en ese momento porque el buque se acababa de ventilar”, concluyó.

La segunda línea se centró en el sistema de propulsión de la nave, en directa relación con lo consignado en el último contacto desde el submarino: luego del principio de incendio en el tanque de baterías de proa número 3, el ARA San Juan informó que regresaba a puerto con las baterías de proa fuera de servicio y propulsando en "circuito dividido“. Villamide explicó que ese sistema -que divide el motor eléctrico de propulsión en dos mitades, una conectada a la batería de proa y otra a la de popa- le permite al buque continuar navegando cuando uno de los circuitos queda afectado. “En caso de que un circuito quede averiado, puede pasar a propulsar con circuito dividido utilizando la batería que le queda y la mitad del motor”, detalló. Sobre ambos circuitos el submarino dispone de cinco marchas hacia adelante y cuatro hacia atrás; sobre circuito dividido, de etapas 2 a 4 inclusive. “El buque en circuito dividido tiene fuerza para cumplir los roles de emergencia”, aseveró.

El tramo final de la audiencia fue el de mayor carga. Villamide cuestionó la legitimidad de la inspección conducida por Pérez Bacchi al COFS el 27 de noviembre de 2017 con una precisión reglamentaria: “Es normativa establecida en el Reglamento General del Servicio Naval que no se puede inspeccionar a un destino si no está el titular del mismo”. Luego elevó la voz: “Mientras el almirante Bacchi inspeccionaba la Fuerza de Submarinos, yo estaba con la mayoría de la Armada operativa buscando al submarino. La mayoría de los submarinistas estaba embarcada en los buques de la flota de mar colaborando con la búsqueda. Entonces, eso no fue una inspección”.

Señaló además que el informe de elevación del almirante Lezana expresaba, al elevarla al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, que “no se generaron nuevos riesgos institucionales”. “El almirante Pérez Bacchi realizó esos informes y esas inspecciones después de naufragado el submarino, y se expidió después de naufragado el submarino. Nunca antes había dicho algo al respecto”, remarcó. Y planteó: “Si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales, él era almirante de la Armada. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se opuso a que el submarino zarpara?” Añadió lo que consideró un argumento definitorio: “El mismo informe del ISGA y el mismo ISGA reconocen que quienes determinan el grado de alistamiento operativo no es el ISGA, son los comandos de alistamiento y los propios comandantes del buque”.

Luego aclaró: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar”.

El cierre lo protagonizó Vigliero. Se dirigió a su defendido, lo llamó “capitán de ultramar Villamide” -título civil que obtuvo tras ser exonerado de la Armada Argentina- y le preguntó: “¿Puede ser que usted nunca se haya sentido escuchado antes?” Villamide respondió con una voz que se fue quebrando. Tosió varias veces antes de continuar, haciendo un esfuerzo visible para que sus palabras llegaran con claridad a los oídos de los magistrados a través del micrófono.

Ahí contó que cuando concurrió a dar su primera declaración indagatoria en Caleta Olivia llevó documentación y encontró en la sala cajas de los allanamientos realizados al COFS con los precintos de la Armada sin abrir. Recordó que en la Comisión Bicameral, el diputado Carmona lo interpeló al aire: le preguntó por qué recién ahora traía todo ese material, cuando habían desfilado tantas personas sin poder aclarar lo que él estaba explicando. “Y yo le dije: porque me acaban de llamar. Nadie me llamó antes. No me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado. Yo era el comandante de la Fuerza de Submarinos. El almirante Srur no me llamaba. El ministro de Defensa nunca me llamó tampoco. Yo podría haber explicado cosas”, relató.

Reynaldi le dijo que lo notaba emocionado. Villamide lo corrigió una última vez: “Uno tiene bronca. Nada más. Es eso.”

El tribunal declaró un cuarto intermedio hasta el lunes 20 de abril a las 9, donde se recibirán nuevos testimonios de modo presencial y virtual.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el abogado Santiago Viola, cuestionó este jueves la rapidez con la que algunos consejeros impulsan la aprobación de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de magistrados. “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, afirmó durante el debate conjunto de las comisiones de Reglamentación y Selección.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Participaron además los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -esta última por videoconferencia-, los abogados César Grau, Álvaro González y Jimena De la Torre -que se conectó brevemente antes de abordar un vuelo-, el representante del gobierno Santiago Viola, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. Al inicio del encuentro estuvo presente el presidente del cuerpo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien no integra ninguna de las dos comisiones pero se acercó a saludar y agradecer la prontitud con la que el organismo convocó al debate.

Viola, que ocupa su banca en representación del gobierno del presidente Javier Milei, valoró la iniciativa de la Corte pero la encuadró como una sugerencia y no como un proyecto formal. “Siempre es bueno recibir sugerencias de otras partes del derecho, de personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, pero creo que es algo a trabajar”, sostuvo. Y fue más explícito al definir el estatus de la acordada: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”.

El consejero también cuestionó la urgencia con la que algunos miembros del cuerpo reclamaron avanzar hacia una votación. “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”, señaló. En contraste, reivindicó el trabajo del organismo: “Creo que el Consejo viene trabajando bien, tratando de sacar la mayor cantidad de ternas para cubrir las vacantes que tiene”.

Viola también aportó su perspectiva desde adentro del sistema judicial. “Yo estuve en los dos lugares: dentro del Poder Judicial, siempre como empleado y en la función de prosecretario, y después del otro lado. Y creo que hay una gran cantidad de jueces que cumplen correctamente con su función y que tienen, sin lugar a duda, la idoneidad”, afirmó. En esa línea, respaldó las ternas que el Poder Ejecutivo está enviando al Senado para su tratamiento.

Respecto del fondo de la acordada 4/2026 -firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone incorporar tecnología para garantizar el anonimato en las pruebas de oposición, reducir la discrecionalidad en la evaluación de antecedentes, crear un legajo digital para los postulantes e implementar concursos anticipados como regla general para evitar vacancias prolongadas-, Viola evitó pronunciarse en detalle sobre los puntos de acuerdo o desacuerdo y llamó a un análisis pausado. Su propuesta de trabajo apuntó a analizar primero los proyectos que los propios consejeros presentaron oportunamente, por considerar que son quienes mejor conocen las deficiencias del sistema.

“Entiendo que no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo. Todos los que están acá, con la experiencia que tienen y los años que han pasado, conocen en detalle cuáles son las cosas a mejorar, modificar y agregar”, dijo. Y agregó: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

La postura de Viola contrastó con la de otros consejeros que se pronunciaron por aprobar la acordada sin modificaciones. La abogada Jimena De la Torre había sido la más explícita en ese sentido: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Una vez aprobado, pueden venir las reformas de segunda generación, porque todo es perfectible, incluso esta acordada”. El abogado César Grau, por su parte, había expresado “la adhesión en términos incondicionales” a la propuesta.

Lugones, por su parte, reafirmó el compromiso del organismo de trabajar sobre la propuesta pero subrayó los límites de ese proceso. “Entiendo que corresponde, y vamos a trabajar sobre la propuesta de los señores integrantes de la Corte, y vamos a buscar un mejor reglamento, pero no porque no hayamos intentado hacerlo siempre, porque en realidad, si algo que hicimos siempre fue intentar mejorar cosas”, planteó. Luego reiteró la advertencia que había formulado al inicio de la reunión: “Ni en mi jurisdicción, ni cuando antes estaba en la Cámara Civil, nunca voté a libro cerrado nada. Asumo mis responsabilidades y me hago cargo de ellas”.

Para dar cierre al encuentro, Vázquez anunció que se cursarán invitaciones para fijar fechas y que organizaciones del ámbito judicial puedan manifestarse en torno a todos los proyectos sobre la mesa, con el objetivo de garantizar “el más amplio debate” sobre el asunto.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se presentó este jueves en la reunión conjunta de las comisiones de Reglamentación y Selección que inició el análisis de los proyectos para reformar el reglamento de concursos para la selección de magistrados, entre ellos el recientemente impulsado por el máximo tribunal con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Rosatti no integra ninguna de las dos comisiones. Su presencia al inicio del encuentro tuvo como objetivo agradecer la convocatoria y comprometerse a trabajar en conjunto con los distintos integrantes del organismo de selección y remoción de jueces..

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, expresó.

Rosatti agregó que espera que se considere también la intervención de organizaciones no gubernamentales que solicitaron participar en el proceso. “Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”, sostuvo. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo de la Corte, afirmó: “Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.

La reunión estuvo conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Al abrir el encuentro, antes de la llegada del ministro de la Corte, Lugones anticipó los términos en que el Consejo abordará la propuesta del máximo tribunal: “Sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.

También participaron los consejeros Santiago Viola -representante del Poder Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -por videoconferencia-, los abogados César Grau, Alberto Maques y Álvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. La abogada Jimena La Torre se conectó unos minutos al inicio antes de abordar un vuelo.

La acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y presentada en un acto público días después con la presencia de Rosenkrantz y Lorenzetti, propone una reforma integral del sistema de concursos para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal. El proyecto establece dos tipos de concursos: anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos- y especiales -como excepción, simples o múltiples-. Los concursos anticipados deberán integrarse en un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.

La prueba de oposición se dividirá en una etapa general de 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000, con corrección automatizada, y una etapa específica de resolución de casos prácticos. Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen y evaluadas por un Jurado mediante un sistema informático que garantiza el anonimato. Las entrevistas personales serán públicas y transmitidas por medios audiovisuales, con una ponderación máxima de 20 puntos.

En la acordada, la Corte señaló la necesidad de “perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. El texto también identificó la principal deficiencia del sistema vigente: la etapa de evaluación de antecedentes “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”. El proyecto deberá ser aprobado por el plenario del Consejo -que preside el propio Rosatti- para entrar en vigencia. La reunión de comisiones seguía en curso al momento de la publicación de esta nota.

Un suboficial declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que, según un comentario que circulaba entre compañeros, el comandante del ARA San Juan y su segundo habrían tenido posiciones encontradas sobre si volver a sumergirse tras el ingreso de agua de mar al balcón de barras del tanque de baterías número 3 de proa, que había generado un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico a bordo. El relato desató un contrapunto entre las partes que finalmente no prosperó: la defensa que había impulsado la citación del testigo que habría originado ese comentario terminó desistiendo de su propio pedido. El debate, que comenzó el martes 3 de marzo en Río Gallegos y tiene a cuatro exoficiales de la Armada Argentina en el banquillo, procura determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar al momento de su última misión y si en la cadena de conducción hubo incumplimientos con relevancia penal. El veredicto está previsto para mediados de julio de 2026.

Los cuatro imputados son el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro comparecieron ante el estrado y rechazaron todos los cargos en su contra. La acusación es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Gastón Franco Pruzán. Participan además querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes: la querella mayoritaria, encabezada por la abogada Valeria Carreras; la conducida por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales que perecieron en el hundimiento; y la de la abogada Lorena Arias.

El episodio Debrina

El episodio tuvo como disparador la declaración del suboficial principal maquinista Luis Nicolás Cruz, quien relató ante los magistrados lo que un suboficial identificado como Debrina -descripto como camarero del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, con acceso directo a sus oficiales- le habría comentado sobre los momentos previos a la última inmersión del submarino. Fue la querellante Lorena Arias quien, durante el interrogatorio, le leyó al testigo el fragmento de su declaración prestada ante el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, el 28 de junio de 2018, al cierre de aquella testimonial. El texto decía: “A mí me hicieron un comentario, el suboficial Debrina, que es camarero, que Villarreal lo llamó a Correa y el capitán se asombró porque lo llamó él y no el Comandante y el Segundo, y que le dice que fue porque ni el Comandante ni el Segundo estaban en condiciones de tomar una decisión porque no estaban de acuerdo, porque Fernández quería ir abajo y Bergallo no. Después sé que se fueron abajo y anteriormente, por desesperación de Villarreal, llamó a Correa: iban a estar mejor en superficie”.

Este martes, ante el tribunal, Cruz amplió y matizó aquel relato. Explicó que se trataba de algo que había escuchado en la sede del COFS en Mar del Plata: “Se decía que aparentemente hubo un llamado del tercer oficial hacia el jefe de Operaciones, que era Correa. Que había como una discusión del comandante, que quería ir a inmersión para recuperar a la gente después del episodio que tuvieron y, el segundo comandante, que no quería ir a inmersión, estaba en desacuerdo, porque no sabían lo que tenían adentro del tanque de baterías. Eso es lo que se dice. El tercer oficial lo llama al jefe Correa, y lo que sé es que el jefe le dice que por ningún motivo se vayan a inmersión y que continuaran en superficie y se dirijan a Puerto Belgrano, que es el recorrido más corto, antes que ir a Mar del Plata. Eso es todo. Después, cuando ya se dieron cuenta que no había comunicación, se supone que se fueron a inmersión por orden del Comandante“.

Consultado por el juez Mario Reynaldi sobre dónde había escuchado esa versión, Cruz respondió: “Ahí en el COFS, pero no me pregunté qué ni quién porque no lo recuerdo, fue un comentario entre compañeros que hubo”. Cuando el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, le preguntó si recordaba que había sido Debrina quien se lo hizo, el suboficial fue directo: “No, hoy no lo recuerdo si fue él; si lo dije ahí es porque seguramente…”.

El relato alude a lo ocurrido el 14 de noviembre de 2017, un día antes de la pérdida de contacto con el submarino. A las 23:42 de esa jornada, el Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal, jefe de operaciones del ARA San Juan, se comunicó por teléfono satelital IRIDIUM con el Capitán de Fragata Hugo Correa, jefe de operaciones en tierra del COFS, y reportó que la nave estaba en superficie, ventilando, tras registrarse el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación -el snorkel-, que había alcanzado el compartimento de baterías de proa y desencadenado un cortocircuito seguido de un principio de incendio eléctrico. Fue en ese marco que, según la versión transmitida por Debrina a Cruz, se habría producido una discrepancia entre el Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, comandante del submarino -quien habría querido continuar la inmersión- y su segundo, el Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo -quien habría preferido permanecer en superficie-. Al día siguiente, el 15 de noviembre de 2017, se perdió todo contacto con la nave y sus 44 tripulantes.

El abogado de Villamide solicitó de inmediato que Debrina fuera convocado a declarar en persona: “Quiero que quede asentado por secretaría que esta defensa va a pedir que se localice, se identifique y se lo convoque de modo presencial a declarar bajo juramento en este tribunal”. Y respaldó el pedido con énfasis: “Vamos a insistir con la citación a Debrina porque nos parece que si esto es cierto, que haya habido una discusión entre el comandante y su segundo comandante, o simplemente fue un comentario de terceros, o una habladuría o lo que fuera, nos parece que es esencial, y hace a la posición de Villamide como imputado y fundamentalmente hace también al buen nombre del capitán Fernández y del capitán Bergallo. Por eso estoy sorprendido con la oposición de la fiscalía y de las querellas”.

Fue el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras quienes advirtieron en primer término que la declaración del suboficial Cruz ya había sido “incorporada por lectura” al debate oral y que, por ese motivo, no era necesario convocar a Debrina.

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscl argumentó: “La declaración del señor Cruz es del día 28 de junio de 2018. No hay un hecho nuevo, lo que está diciendo el testigo es exactamente lo mismo que dijo en su declaración testimonial. Hemos tenido un sinnúmero de reuniones para determinar qué testigos venían, qué testigos incorporábamos por lectura, nos hemos puesto de acuerdo aquí en este tribunal. Ahora la defensa quiere traer un testigo por el simple hecho de estar en este momento leyendo una testimonial. Este testigo ya fue incorporado por lectura y no hay un hecho nuevo por el cual tenga que venir a declarar”.

Luego la querellante Lorena Arias adhirió a esa postura: “Esto no es un hecho nuevo, doctor. Esta es una testimonial que ya estaba en el momento en que se ofrecieron los testigos, no estamos incorporando ningún hecho nuevo”. La defensa de Correa, a su turno, también consideró que la prueba estaba incorporada y no requirió la presencia del suboficial camarero para aclarar sus presuntos dichos.

Sin embargo, la posición fue cediendo. El querellante Luis Tagliapietra -quien aclaró que aún no se había expedido sobre el tema- terminó adhiriendo al pedido de la defensa con un fundamento que fue más allá de lo normativo: “Si vamos a lo estrictamente jurídico procesal, es correcto lo que han dicho mis colegas respecto de que no es novedoso y que es prueba que se incorporó por lectura sin oposición. Ahora, adhiero a lo que dice el doctor Vigliero: a mí particularmente, y a quienes represento, nos importa la verdad, y todo lo que sea en pos de ello, nosotros vamos a adherir. Además, entiendo que tiene que ver con el derecho de defensa en juicio y queremos evitar todo tipo de posibilidad de nulidades”. La abogada Carreras, por su parte, terminó sumando su respaldo con reservas explícitas: “Hay algo que para mí es clave y es el respeto del proceso. En el respeto del proceso hemos tenido distintas instancias y por la causa, por la entidad que tiene, se han hecho concesiones. De hecho, mi participación acá fue objeto de la impugnación por parte de la defensa de Villamide, y sin embargo estoy acá. En virtud de algunas excepciones que se han realizado y del espíritu y el objetivo que planteaba mi colega Tagliapietra, a modo excepcional, voy a apoyar que se lo cite a Debrina, pero no sin decir que no corresponde porque esto era harto conocido por todos, y su validez es absolutamente cuestionable”.

Fue entonces cuando el propio Vigliero decidió dar un giro a su pedidio inicial. “Voy a retirar mi moción para que venga el testigo personalmente, porque al final del día, como lo dije antes, no es un problema de la defensa de Claudio Villamide... Estoy sorprendido, diría sorprendidísimo, porque más allá de la obviedad del respeto por el proceso, entiendo lo que nos ha dicho el siempre muy amable doctor Gastón Pruzán, el cambio de parecer de la doctora Carreras para apoyar la citación y el doctor Tagliapietra que desde el día uno se ha mostrado siempre interesado en descubrir la verdad, más allá de que podríamos discutir si ese es el objeto de un juicio oral. Pero nos sorprende que, más allá de que uno lo vea y lo escuche recién ahora -que para eso está el debate-, haya habido un contrapunto entre el comandante y su segundo, que insisto, es ajeno a Villamide y es ajeno a esta defensa, y se inscribe en esta línea que va emergiendo una y otra vez a partir de los interrogatorios de la fiscalía y de la querella, que mira hacia la tripulación. No es el caso nuestro, así que retiro la moción, y que sea un tema a resolver por los fiscales, por los querellantes y el tribunal. No es de nuestro interés".

Al término de la exposición del defensor del excapitán de navío, destituido en 2021 por un Consejo de Guerra, Carreras acompañó el desistimiento.

Los jueces del tribunal oral, integrado por su titular Mario Reynaldi, el vocal Enrique Baronetto, el vocal suplente Guillermo Quadrini y el vocal Luis Giménez-, pasó a deliberar y, al cabo de diez minutos, declaró abstracta la citación y la dejó sin efecto.

La décima audiencia incluyó en total cinco declaraciones testimoniales y se extendió por algo más de cinco horas. Este miércoles el debate continuará con el testimonio de tres familiares de tripulantes del ARA San Juan, tras el cual el imputado Villamide ampliará su indagatoria para responder a una serie de presuntas “inexactitudes” que, según su abogado, fueron ventiladas por un testigo durante una de las últimas jornadas del juicio.

En el marco de la novena jornada del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ), donde desde hace un mes se analiza si hubo responsabilidades penales en la tragedia naval, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, adelantó este lunes que es probable que el miércoles se reciba la declaración indagatoria del imputado Claudio Villamide, quien, por intermedio de su defensor, había solicitado deponer nuevamente para aclarar una serie de “inexactitudes” ventiladas por un ex inspector de la Armada durante una de las últimas audiencias.

El ex capitán de navío fue el primero de los cuatro oficiales de la Armada imputados en declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. En esa oportunidad se declaró inocente, dijo que las acusaciones eran “injustas” y negó todos los cargos en su contra. Llegó al debate acusado de “haber omitido las diligencias necesarias” para mantener en condiciones al buque en su calidad de Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) entre febrero y noviembre de 2017. También de “haber permitido” que “dicha unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS N° 04/17″, que delineó la última navegación del SUSJ en los meses de octubre y noviembre.

Desde su inicio a mediados de marzo, el juicio viene produciendo prueba testimonial con el fin de esclarecer el estado material del ARA San Juan para salir a navegar. Es por eso que gran parte de los testigos se pronunciaron con un fuerte contenido técnico, explicando los distintos mecanismos y sistemas del buque -clase TR 1700-, fabricado en Alemania e incorporado a la fuerza naval en 1985, e intentando precisar los alcances de las “novedades” que presentaba la embarcación antes de zarpar a su misión de adiestramiento y control del mar en el Atlántico Sur.

A lo largo de las distintas audiencias, ex comandantes y ex tripulantes del SUSJ, junto a ex titulares de la Fuerza de Submarinos y ex oficiales superiores con competencia presupuestaria o en arsenales, se expidieron respecto a la documentación que quedó en los archivos de la Armada referente al estado de alistamiento del buque, con pruebas pendientes y un pedido de ingreso a dique seco para concretarlas. Ahí aparece uno de los grandes ejes que deberá evaluar el tribunal: ya que si bien las defensas admiten que había tareas por ejecutar, la "seguridad náutica" no estaba en juego, en tanto lo que faltaba por realizar o testear no afectaba la “navegabilidad” del buque.

Uno de los testigos que declaró ante los magistrados Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, fue el contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ex Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022 y encargado, por su rol, de auditar los procesos internos de las diferentes áreas de la fuerza. En su exposición comentó y ratificó, entre otras cosas, una auditoría desarrollada en diciembre de 2016 por su antecesor en el cargo, el contralmirante Guillermo Lezana, que entonces había hallado “deficiencias” y “obras pendientes” que "dificultaban" el alistamiento del SUSJ “para cumplir con los Planes en vigor”.

El testimonio de este infante de marina fue el disparador que llevó al abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, a requerir un espacio en el cronograma de los testigos convocados por las partes para que su defendido pudiera poner en evidencia una serie de presuntas “inexactitudes” esbozadas por Pérez Bacchi a través de una ampliación de su indagatoria.

Ese planteo fue, en efecto, formalizado hace dos semanas. Este lunes a la mañana, al retomar las audiencias -que se llevan adelante semana de por medio- el titular del TOF detalló que, “conforme el cronograma”, la declaración del submarinista imputado “podría ser el miércoles 8″.

“Vamos a realizarla en el transcurso de la semana, conforme las disponibilidades“, dijo en un primer momento el juez Reynaldi. Luego precisó que el acto procesal podría llevarse a cabo este miércoles.

Por otra parte, y antes de comenzar la novena jornada del debate, el presidente del tribunal santacruceño informó a las partes que el martes 31 de marzo se había presentado personalmente en los astilleros TANDANOR para intentar contactar a representantes de la empresa alemana ThyssenKrupp, fabricante del SUSJ, sin obtener respuesta a los correos electrónicos enviados hasta el momento. En esa misma visita, el magistrado aprovechó para realizar una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -gemelo del ARA San Juan-, que se encuentra en proceso de desguace y cuya venta como chatarra es, según indicó, “muy probable”. Reynaldi relató que fue atendido por el ingeniero Ricardo Franceschelli, subdirector de Operaciones, a quien describió como submarinista, ingeniero naval e ingeniero electricista, y señaló que la visita le resultó “fructífera” en términos personales, ya que había podido observar desde el piso el balcón de baterías, las conexiones eléctricas que parten desde ese sector, la cañería que conduce al tanque de snorkel y los recodos de las tuberías de la nave. Todo eso le había permitido comprender, dijo, “el porqué se pueden llegar a producir pinchaduras por la acumulación de sarro”. A partir de esa experiencia, sugirió concretar en las próximas semanas una nueva visita al ARA Santa Cruz.

La novena audiencia

Este lunes, en una nueva sesión en los tribunales federales de Santa Cruz, ubicados en la avenida Presidente Néstor Kirchner al 900, se tomaron cinco declaraciones testimoniales. Una de ellas no fue transmitida de manera virtual porque el declarante pertenecía al área de inteligencia de la Armada y su alocución no podía ser difundida. Luego declararon tres suboficiales -ex tripulantes del SUSJ- y un exoficial de la Armada.

La audiencia duró casi cinco horas y giró en torno a los sistemas de medición de gases que tenía el submarino para evaluar la calidad de la atmósfera durante las navegaciones. También se analizaron las posibilidades de que la válvula E-19 -por donde habría entrado el agua de mar que generó el cortocircuito aquel 14 de noviembre de 2017- estuviera mal cerrada -por error-, averiada -por desgaste- o directamente abierta en virtud de una prueba puntual del equipo encargado de la ventilación del buque o por un accidente.

Por otro lado, el juez Reynaldi informó a las partes que había recibido documentación sobre el estado de salud del testigo Dardo Difalco, contralmirante retirado que fue Auditor de la Armada -jefe del cuerpo de abogados de la fuerza- al momento del naufragio del ARA San Juan y uno de los interventores del sumario disciplinario militar ordenado por el Ministerio de Defensa a los pocos días de la pérdida de contacto de la embarcación con sus 44 tripulantes a bordo. Según el certificado médico incorporado a la causa, sus condiciones clínicas desaconsejaban someterlo a “situaciones estresantes”.

Ante ese escenario, el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras solicitaron que su testimonio fuera incorporado por lectura, aunque Carreras condicionó su apoyo a que la lectura se realizara en voz alta, al igual que el informe del exinspector Lezana -que se terminó leyendo más tarde-. La defensa de Villamide se opuso y pidió tiempo hasta este martes para estudiar la situación. “Queremos que venga acá o que declare por Zoom desde Buenos Aires, si es que está tan afectado como dice estar”, expresó el defensor, quien recordó que Difalco pertenece a un grupo de testigos sobre los cuales las defensas no pudieron ejercer control durante la instrucción penal de la jueza Marta Yáñez.

Las defensas del contraalmirante Luis López Mazzeo -ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada-, del Capitán de Navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos- y del Capitán de Fragata Hugo Correa -responsable de operaciones y comunicaciones del COFS al momento de la pérdida de contacto con el ARA San Juan- acompañaron esa postura. El querellante Luis Tagliapietra no se opuso a la incorporación por lectura pero consideró que la posibilidad planteada por las defensas era “viable” e “interesante”, y se manifestó a favor de escuchar a Difalco “al menos por vía telemática”. La querellante Lorena Arias no se pronunció al respecto.

El interés de las defensas en interrogar a Difalco acaso no sea casual. El contralmirante retirado fue, al momento del naufragio del 15 de noviembre de 2017, el Auditor de la Armada y subordinado directo del entonces jefe del Estado Mayor General, el almirante Marcelo Srur. Cuando el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó el sumario disciplinario, fue Difalco quien lo ejecutó operativamente: designó al instructor, recibió la documentación y viajó personalmente a Caleta Olivia a entregarla en el juzgado federal el mismo día en que Srur firmó la resolución que suspendió a López Mazzeo y a Villamide. Ese expediente, que podía tramitarse en un plazo de seis meses, se resolvió en seis días. El propio Ministerio de Defensa anuló luego la parte de esa resolución que los declaraba presuntos infractores, al advertir que se habían omitido documentos clave y que los peritos designados nunca llegaron a dictaminar.

Años después, López Mazzeo denunció penalmente a Srur, Difalco y al oficial instructor Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad, sosteniendo que el sumario no habría sido una investigación disciplinaria genuina sino un mecanismo para proteger a Srur de eventuales imputaciones penales y desplazar a López Mazzeo, quien -según la tradición institucional de la Armada- era el candidato natural a sucederlo al frente del Estado Mayor General, dado que el COAA era el escalón previo a esa jefatura. La justicia penal no avaló esa hipótesis: los tres fueron sobreseídos y ese sobreseimiento fue confirmado luego en Cámara y Casación.

El 15 de noviembre de 2017 a las 10:51 horas, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registró en el Atlántico Sur un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”. Era el ARA San Juan (SUSJ). El submarino llevaba 44 tripulantes a bordo y había perdido contacto con la Armada Argentina unas horas antes. Casi ocho años después, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz lleva adelante en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento, con cuatro oficiales imputados por presunto incumplimiento de sus deberes y estrago agravado. Entre las pruebas incorporadas a la instrucción penal, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, figura el informe técnico del capitán de navío Gerardo Bellino, perito naval e ingeniero, en el que formuló cinco hipótesis sobre los hechos que, tras el principio de incendio reportado, pudieron haber desembocado en el colapso de la nave.

Todo comenzó la noche anterior. A las 23:42 del 14 de noviembre, el Jefe de Operaciones del SUSJ se comunicó por telefonía satelital IRIDIUM -un sistema que permite realizar llamadas desde cualquier punto del océano- con el Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y reportó: “En superficie - Ventilando - Principio de incendio controlado - Capeando temporal - rumbo 080 velocidad 5 nudos - Mar 6 - Cortocircuito en balcón barra de baterías - Vamos a verificar e informar”. El pronóstico indicaba viento del oeste con ráfagas de hasta 47 nudos y olas de entre dos y tres metros.

Lo que había ocurrido era lo siguiente: un volumen indeterminado de agua de mar había ingresado al tanque de baterías n° 3 de proa a través del sistema de ventilación, específicamente por el flap E19, una válvula que por diseño no debería estar abierta durante la navegación. El agua en contacto con las baterías de plomo-ácido generó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras -el compartimento donde se alojan las conexiones eléctricas de las baterías-. Allí, el buque salió a superficie, afrontó el temporal y controló -según las novedades- el foco ígneo. Las baterías de proa quedaron inhabilitadas, y eso obligó a la embarcación a propulsar en “circuito dividido”, es decir, con solo la mitad de su capacidad energética ubicada en popa.

A las 00:58 del 15 de noviembre, el comandante Pedro Martín Fernández habló por teléfono con el comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide. Fernández le comunicó su intención de cargar aire, regresar a inmersión y reconectar las baterías de proa para recuperar velocidad. El COFS -hoy imputado- le ordenó finalizar la patrulla y regresar a Mar del Plata. También le recomendó no reconectar las baterías, aunque le aclaró: “Usted es el que está a bordo”.

A las 06:00 del 15 de noviembre, el ARA San Juan envió un mensaje de texto por sistema HF TONINA -conexión radioeléctrica de alta frecuencia- donde se describía con mayor detalle lo ocurrido: “INGRESO DE AGUA DE MAR POR SISTEMA DE VENTILACIÓN AL TANQUE DE BATERÍAS N° 3. OCASIONÓ CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO EN EL BALCÓN DE BARRAS DE BATERÍAS. BATERÍAS DE PROA FUERA DE SERVICIO. AL MOMENTO EN INMERSIÓN PROPULSANDO CON CIRCUITO DIVIDIDO. SIN NOVEDADES DE PERSONAL. MANTENDRÉ INFORMADO”.

A las 07:19, el Jefe de Operaciones de la unidad realizó la última comunicación oral registrada desde el submarino, por IRIDIUM: “En plano de periscopio - Navegando con rumbo 015°, velocidad 5 nudos - Intención ir a plano de seguridad - Descansar y después abrir tanque de baterías”. Después de esa llamada, la embarcación no volvió a comunicarse. A las 09:35, el Comando de la Fuerza de Submarinos le ordenó “Actualizar situación - Comunicarse con CENCOMSUB”. No hubo respuestas. A las 10:51, la CTBTO registró el evento hidroacústico. Los restos del naufragio serían posteriormente ubicados en la Plataforma Continental Argentina, en posición 45°56′59.63″S y 59°46′22.71″O, a una profundidad de 907 metros, a aproximadamente 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Las cinco hipótesis de Bellino

Así las cosas, el informe técnico del Capitán de Navío Bellino parte de dos hechos que considera comprobados: las malas condiciones meteorológicas y el ingreso de agua de mar al tanque de baterías del compartimento de proa. Lo que se propone responder es qué ocurrió entre las 07:19 y las 10:51, el lapso de tres horas y media durante el cual el submarino dejó de comunicarse con la guardia en tierra. Sus cinco hipótesis reconocen expresamente que “los acontecimientos posteriores a la avería o incidente inicial son deducciones o suposiciones que, pese a recurrir para su formulación a la mayor rigurosidad técnica y científica posible, no permiten afirmar con certeza que representen exactamente lo sucedido a bordo del SUSJ en el período de tiempo involucrado”.

La primera hipótesis plantea que el hidrógeno acumulado en el tanque de baterías explotó sin ser detectado previamente por la tripulación. Ese hidrógeno se habría generado por electrólisis: el agua que había ingresado al tanque y permanecía en contacto con las baterías de plomo-ácido habría sido descompuesta por la corriente eléctrica residual de esas mismas baterías en oxígeno e hidrógeno, un gas invisible e inodoro que se acumula en espacios cerrados y es explosivo en concentraciones superiores al 4%. La dotación no habría podido detectarlo a tiempo porque los sensores fijos de la nave que monitorean la concentración de gases pudieron haber sido afectados por el principio de incendio anterior, y los detectores manuales que los tripulantes pueden llevar al compartimento no contaban con los reactivos necesarios para funcionar. La explosión habría afectado a gran parte de los tripulantes, concentrada en la zona de proa justo encima del tanque afectado.

Para el perito, el personal que no fue alcanzado por el impacto no logró ejecutar las maniobras de emergencia para salir a superficie y el submarino ingresó así en un descenso sin control hasta superar la profundidad de colapso, estimada en 600 metros, produciéndose la implosión del casco resistente por aumento de la presión.

El segundo escenario no involucra explosión de hidrógeno. Según la última comunicación registrada, la intención del comandante Fernández era ir a "plano de seguridad" -una profundidad de aproximadamente 40 metros, donde el submarino queda a resguardo de las condiciones meteorológicas en superficie- para descansar a la tripulación y luego inspeccionar el sector afectado. Bellino plantea que, para asegurar la estabilidad, el submarino pudo haber descendido por debajo de esos 40 metros, entrando en lo que se denomina "plano profundo“. En ese orden, pudo haberse producido una avería en el sistema de refrigeración principal -que tenía antecedentes de fallas en 2016 y nunca había sido probado a la presión de 62,5 bares- generando una "vía de agua“. Agravado por el hecho de que el submarino propulsaba en circuito dividido, con velocidad y capacidad de maniobra reducidas, no habría podido compensar el exceso de peso de la nave y perdió el plano de inmersión, descendiendo hasta el colapso.

La tercera hipótesis expone que el submarino se quedó sin propulsión, ya sea por una falla en los interruptores del tablero de propulsión o al intentar reconectar las baterías de proa. Un submarino convencional necesita velocidad para mantenerse en el plano correcto -de manera similar a como un avión necesita velocidad para mantenerse en el aire-. Sin propulsión, el descenso fue inevitable. Bellino reconoce que esta posibilidad no tiene respaldo documental y se apoya en la experiencia operativa de los submarinistas que colaboraron en el informe.

La cuarta formulación plantea que el buque, al propulsar en circuito dividido, incurrió en un mayor consumo energético y necesitó realizar una nueva maniobra de snorkel -el procedimiento por el cual se iza un tubo hasta cerca de la superficie para poder encender los motores diésel y recargar las baterías- y durante esa maniobra volvió a ingresar agua por el flap E19, desencadenando un segundo principio de incendio ya incontrolable. El ingeniero naval la considera “poco probable”, aunque no descartable.

La quinta y última hipótesis, que en el informe se define como “altamente probable”, es una combinación de todas las anteriores: explosión interna por hidrógeno, vía de agua, falla de propulsión o emergencia durante el snorkel, actuando de manera simultánea o sucesiva. La confluencia de varias causas al mismo tiempo -en un buque que ya navegaba a media máquina, con velocidad limitada y en condiciones meteorológicas adversas- fue lo que, según el especialista, pudo haber impedido revertir la situación y alcanzar la superficie.

Las hipótesis de Bellino son unas entre varias que fueron incorporadas a la instrucción de primera instancia, a falta de pericias científicas sobre los restos del buque. La comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa, el capitán de navío Arturo Marfort, el Consejo Asesor del Arma Submarina -presidido por el comodoro de Marina Gabriel Attis, quien declaró recientemente en el juicio- y el propio fabricante del submarino, la empresa alemana ThyssenKrupp, que en diciembre de 2017 se reunió con la Armada para evaluar las posibles causas del naufragio, también pusieron por escrito sus conjeturas.

En las próximas semanas los especialistas serán convocados para brindar testimonio ante los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini -vocal suplente-, integrantes del tribunal encargado de conducir el debate oral.

La causa causa “Cuadernos” sumó una nueva jornada de audiencias con la decisión de los empresarios Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio de no declarar ante el Tribunal Oral Federal N° 7, en una sesión realizada en la sala Auditorium de Comodoro Py. Ambos imputados optaron por guardar silencio o reservar su exposición para una instancia posterior, en el marco del avance de las indagatorias en el debate oral que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La audiencia se desarrolló ante el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, y comenzó con un planteo de la fiscal Fabiana León, quien cuestionó la existencia de canales informales de comunicación -Whatsapp- entre el tribunal y las defensas sin acceso para el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, reclamó “acceso igualitario a la información” y advirtió que esa situación generaba “conflicto y controversia”.

En ese contexto, otros imputados sí prestaron declaración. El empresario Carlos Mundin negó las acusaciones vinculadas a las anotaciones del remisero Oscar Centeno y afirmó que “lo que escribió Centeno fue un invento”, al sostener que podía probarlo con registros de antenas de telefonía. También encuadró sus reuniones con funcionarios como parte de la actividad normal vinculada a la ejecución de las distintas obras.

Por su parte, el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain rechazó haber participado en maniobras irregulares y cuestionó los hechos incluidos en su elevación a juicio. “Esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y agregó que una inspección posterior no detectó facturación apócrifa. También relativizó los dichos de Centeno al señalar que “habló de un paquete, no de dinero”.

En la misma audiencia, el empresario Alberto Tasselli describió un esquema de pedidos de dinero por parte del exfuncionario Roberto Baratta, que vinculó a aportes de campaña y relató haber recibido presiones para concretarlos. “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”, afirmó. También sostuvo que se le exigía que los pagos fueran en dólares: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”.

Además de Calcaterra y Roggio, otros imputados como Armando Loson optaron por no declarar o diferir su exposición. En el caso de Hernán Del Río, se incorporó su testimonio previo, en el que había denunciado amenazas y expresado temor: “Me dijeron que el silencio es salud… estoy aterrado”.

Fin de la audiencia

Tras la última declaración indagatoria, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la jornada y convocó a todas las partes para el próximo martes a las 9.

300 mil dólares “para la campaña”

“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró el empresario Taselli ante una pregunta del juez Castelli acerca de las entregas de dinero. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.

“Baratta me pidió un aporte para la campaña y estaba prácticamente obligado a aceptarlo”

El empresario Alberto Taselli, de 79 años, nacido en Italia, de profesión industrial y titular de una empresa dedicada a la construcción de transformadores eléctricos, declaró ante el tribunal y describió un pedido de dinero que -según afirmó- le realizó el exfuncionario Roberto Baratta en el contexto de una campaña electoral. “Quisiera confirmar que Baratta me llamó en un momento por teléfono, en donde me solicitó un aporte para la campaña”, sostuvo.

Según relató, el planteo incluyó una referencia al monto, aunque sin mayores precisiones: “Me puso un papelito sobre el escritorio en el que había un ‘1’. Me extrañó un poco la cosa, traté de ver qué era eso. ‘No, mirá, esto es para la campaña’, me dijo”. Taselli explicó que la situación le generó desconcierto, en particular porque no se especificaba la moneda: “Era una cifra que no sabía en qué moneda estaba”.

El empresario señaló además que, con el paso del tiempo, comenzaron a insistirle para concretar el pago. Afirmó que el exfuncionario lo “apestillaba” para que cumpliera con el requerimiento. “Empezaron a apretarme para el tema del pago”, dijo, y explicó: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

En ese marco, sostuvo que incluso hubo exigencias respecto de la moneda en la que debía realizarse el aporte. “Nosotros pagábamos en pesos, y me llamó Baratta y me dijo: ‘no te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos’”. Y agregó: “Esto no es menos que una apretada. Toda mi entrega fue siempre en pesos, por más que él me exigiera dólares. Yo sentía que estaba frente a una exigencia”.

Taselli indicó que no comprendía el motivo del pedido ni la intervención de ese funcionario en su actividad. “Yo decía, no entiendo por qué razón me venía el pedido de ahí y no de otro lado, porque Baratta para mí no era nadie, no era alguien que licitaba o compraba”. En esa línea, explicó que su actividad no le permitía intervenir en procesos licitatorios ni influir en adjudicaciones: “Yo no tenía ninguna manera de arreglar alguna licitación”.

También precisó que las compras de los equipos que fabricaba su empresa dependían de las compañías del sector eléctrico. “Las compras las hacían cada ente eléctrico, Edesur, Edenor… ellos eran los que nos compraban. Para comprar un transformador había que llenar documentación técnica que debía ser evaluada para adjudicar. Baratta no estaba en condiciones de evaluar una cosa de estas características”.

A su vez, describió su situación empresarial como fuertemente dependiente del sector público, lo que -según dijo- condicionaba su margen de decisión frente a ese tipo de pedidos. “Esos pedidos venían en forma apretada, insistente, para que paguemos esto”, afirmó. “Estaba prácticamente obligado a aceptarlo, porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kW, y el único que podía comprármelas era el Estado; no había nadie más que pudiera adquirir estos equipos”.

En ese contexto, reforzó la falta de alternativas frente a esa situación. “Estábamos obligados a hacerlo porque era el Estado, era mi único cliente, y si yo dejaba de hacerlo estábamos en peores condiciones”, sostuvo. Y agregó: “Todos los meses teníamos que pagar los sueldos, que nunca dejé de pagarlos en 35 años”.

“Realmente estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía”, expresó. En ese sentido, negó haber recibido contraprestaciones o beneficios por parte del Estado a raíz de esos pagos.

Lascurain negó irregularidades en su empresa y sostuvo que no existieron facturas apócrifas

El ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, rechazó durante su declaración las acusaciones en su contra en la causa y negó haber participado en maniobras de facturación apócrifa, por las que se lo vincula con operaciones por alrededor de 400 millones. “Lo que quiero señalar es que esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y remarcó que una inspección realizada en junio de 2019 “determinó que no hubo facturas apócrifas por contraprestaciones inexistentes”.

En esa línea, cuestionó la hipótesis de que su empresa se hubiera beneficiado de adjudicaciones públicas como contrapartida de pagos indebidos. A su vez, al describir la actividad de su firma, Fainser, puso como ejemplo un trabajo realizado para Dow Chemical: “Nos compró una caldera de 175 toneladas, la transportamos en un mes y diez días a Bahía Blanca, con toda una estructura y una logística, no son cosas sencillas las que nosotros hacemos”.

Durante su exposición, también repasó su trayectoria personal y empresarial. Relató que comenzó a trabajar a los 18 años, que manejó un taxi durante ocho años y que luego se volcó a la actividad industrial. Indicó que desde 1980 participó en el ámbito gremial empresario representando a fabricantes de acero, que en 1998 fue designado presidente de ADIMRA y que en 2007 asumió la conducción de la UIA. Sobre ese período, recordó la crisis energética de ese año, la estatización de las AFJP -que, según explicó, fue apoyada por el consejo directivo de la entidad- y el conflicto con el sector agropecuario en 2008, frente al cual la UIA adoptó una postura “equidistante”, promoviendo el diálogo.

Asimismo, mencionó su participación en viajes oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo misiones a Rusia y España, donde señaló haber recibido una condecoración, y encuentros bilaterales con Brasil orientados a fortalecer la industria en el Mercosur. “Esto es todo lo que he hecho en mi vida, de lo cual estoy absolutamente conforme y lo volvería a hacer”, expresó.

Por último, volvió a referirse a los hechos que se le imputan en el expediente y negó haber entregado dinero. “El señor Centeno dijo que yo entregué un paquete; no habló de dinero. El juez Bonadio y Stornelli hablaron de dinero, pero no encontré en ningún lado una justificación que hablara de dinero”, afirmó. Y concluyó: “Yo entregué unos catálogos”. En ese sentido, insistió en que su actividad siempre dependió de contrataciones derivadas de terceros: “Yo siempre fui subcontratado y dependía de que alguien haya ganado una licitación pública”. Luego de ello, cerró su declaración ante el tribunal.

Tras un cuarto intermedio, declara Juan Carlos Lascurain

El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A. adelantó que hará uso de la palabra, aunque no responderá preguntas.

Se negó a declarar el chofer del secretario de De Vido

Hernán Diego Del Río, quien asistía a José María Olazagasti, evitó responder preguntas.

Contó que actualmente hace changas, no tiene un sueldo ni un empleo fijo. Está acusado de ser partícipe necesario en el cobro de una coima.

Luego, a diferencia del resto, pasaron a leer la declaración indagatoria que hizo durante la investigación: “Quiero decirles que quiero colaborar, que estoy asustado, que a los dos días que apareció mi nombre en la televisión, me han amenazado a dos cuadras de mi casa en una moto, dos muchachos. Me dijeron que el silencio es salud, por eso estoy aterrado y hace tres días que no duermo y quería solicitarle al tribunal 72 horas para aportar todo lo que sé”, dijo por entonces Del Río.

Aldo Roggio también guardó silencio

El empresario arrepentido no declaró, y se limitó a decir ante el TOF N° 7: “Ratifico y mantengo todos los cuestionamientos jurídicos que mis abogados plantearon como cuestión preliminar”.

El empresario Armando Loson no declaró

Quien fuera dueño del Grupo Albanesi evitó hacer declaraciones en su indagatoria, aunque aseguró que lo hará “posteriormente”, tal como lo tiene permitido.

La mano derecha de Calcaterra también se negó

Javier Sánchez Caballero, principal colaborador de Ángelo Calcaterra en Iecsa, se negó a responder preguntas.

Se negó a declarar Ángelo Calcaterra

El empresario, primo de Mauricio Macri y dueño de la constructora Iecsa al momento de los hechos, utilizó su derecho a guardar silencio.

Varias defensas hicieron reserva del caso federal, en línea con los cuestionamientos a los arrepentidos que no refrendaron sus dichos en juicio ni aceptaron respuestas.

Mundin concluyó una larga exposición y negó pagos ilegales

El empresario sostuvo que sus reuniones con el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta referidas por el remisero Centeno en sus escritos fueron encuentros parte de “instancias normales de trabajo” vinculadas a la ejecución de obra pública. Explicó que la empresa BTU participó en proyectos clave de infraestructura energética, como la construcción de plantas compresoras y tramos del gasoducto entonces denominado Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno.

Según detalló, estos encuentros formaban parte de lo que en la jerga del sector se conoce como “reuniones de seguimiento”, en las que participaban funcionarios y empresas constructoras. “Eran reuniones presenciales, cara a cara, que duraban medio día y eran estrictamente ejecutivas. Uno de los éxitos de estas obras fue justamente ese esquema de trabajo”, afirmó.

También se refirió a los encuentros realizados en el restaurante Croque Madame, en el Museo de Arte Decorativo, donde —según dijo— se abordaban cuestiones técnicas como avances de obra, inauguraciones, reprogramaciones y dificultades para la importación de insumos.

Centeno documentó algunas de esas idas al restaurante y mencionó bolsos con dinero. “Es inverosímil pensar en maniobras de ese tipo en un lugar abierto y a la vista de todo el mundo”, desmintió Mundin. Además, señaló que “Centeno nunca dejó asentado en sus cuadernos la existencia de bolsos en ese restaurante”.

En esa línea, remarcó que existen registros fílmicos -hechos por el remisero- en los que se lo observa retirándose del lugar “sin portar ningún bolso, sino únicamente una carpeta de trabajo”.

“Nunca se me ocurrió ni pasó por mi cabeza hacer una oferta de dinero para evitar este juicio. Esperé este momento durante ocho años”, sostuvo al finalizar.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”

Mundin sigue declarando y sostiene que, en base a prueba suplementaria y a la ubicación de antenas de telefonía, se demuestra que lo que escribió Centeno “es un invento, no pasó”.

Según explicó, los registros de activación de antenas demostrarían que era imposible que hubiera estado en el lugar señalado en los cuadernos como encontrándose con el entonces funcionario y jefe de Centeno, Roberto Baratta para entregarle dinero que era llevado en bolsos.

“En base a dónde se captaron mis celulares, era imposible llegar al lugar marcado por Centeno en ese horario” y por eso “nuestro dinero mal podía estar en el bolso del señor Roberto Baratta”.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”, dijo.

“Puedo probar fehacientemente que estas cosas no sucedieron”, sostuvo el empresario Carlos Mundin sobre los escritos de Centeno

El dueño de la constructora BTU SA, Carlos Mundin, declara y relata el impacto personal y empresarial que tuvo su detención en la causa. “Nos sacaron esposados ante las cámaras de TV. Fue un show mediático, desde mi punto de vista, innecesario”.

Recordó que se negó a ser un arrepentido. “Me hubiera permitido recuperar la libertad en forma inmediata. Como me acusaban de asociación ilícita, podía quedar detenido dos años”.

“Yo siempre negué los hechos. No estaba dispuesto a mentir”.

“Me sostiene el no haber traicionado a mis principios y la convicción de mi inocencia”, dijo tras repasar el tiempo que pasó detenido, la crisis de su empresa y a nivel familiar. Luego comenzó a negar los hechos en base a prueba que, según el acusado, desmiente los escritos del exchofer de Baratta.

La fiscal Fabiana León pidió acceso igualitario a la información

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León cuestionó la existencia de canales informales de comunicación entre las defensas y el tribunal.

“Hay un canal de comunicación de los señores defensores con el Tribunal que excluye al Ministerio Público Fiscal —desconozco si también a la querella—”, expresó al inicio de la audiencia.

En ese sentido, remarcó que la fiscalía se mantiene permanentemente controlando los escritos de los imputados, pero que no tiene acceso a información relevante que circula por fuera del expediente:

“La fiscalía todo el tiempo está controlando los escritos de los imputados que van a declarar o que no van a declarar. No obstante, no conoce la situación de otros que sí lo harían, pero lo comunican por un carril diferente”.

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Además, cuestionó un episodio ocurrido en la sala de audiencias vinculado al ingreso de elementos como un portatraje. “Ingresó, violando cuestiones de seguridad, un elemento como una valija o un portatrajes. Por seguridad de los asistentes no debía haber ingresado a la sala ni debía haber sido exhibido en función de lo resuelto en el proveído de prueba”.

También objetó la incorporación de prueba sin las debidas garantías procesales, en referencia a un video de la declaración del remisero arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española en una causa abierta en ese país por el pago de sobornos en Argentina por parte de la empresa Isolux. “Se debía haber certificado”, dijo sobre esa prueba que se exhibió en la audiencia pasada.

/judiciales/2026/03/31/causa-cuadernos-los-empresarios-calcaterra-y-roggio-seran-indagados-hoy-en-una-nueva-jornada-del-juicio/

La reconstrucción de las horas previas a la tragedia del submarino ARA San Juan (SUSJ), con el fallecimiento de sus 44 tripulantes, quedó plasmada en el requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Lucas Colla y María Garmendia Orueta, en base a la instrucción llevada adelante en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez. Esa pieza acusatoria -que hoy constituye la base de las imputaciones en curso contra cuatro oficiales de la Armada- detalla, con apoyo en registros documentales y comunicaciones operativas, la secuencia de hechos que se desarrolló entre la noche del 14 y la mañana del 15 de noviembre de 2017, hasta el evento hidroacústico posteriormente detectado por un organismo internacional.

Esa secuencia se inscribe en la última misión del buque, desplegada en cumplimiento de la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) N° 04/17, firmada el 24 de octubre de 2017 por el jefe de Estado Mayor de esa área, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso -uno de los imputados que actualmente transita el juicio ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz-, y contributiva de la Orden COFLOMAR N° 14/17. En ese período, la conducción superior de la Armada Argentina estaba a cargo del almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, entonces jefe del Estado Mayor General.

Según surge del requerimiento, esas órdenes tenían como finalidad incrementar los niveles de alistamiento y adiestramiento del personal, mediante ejercicios navales, patrullaje y control del mar, en el marco del plan anual de la fuerza.

En ese entramado orgánico, el COFS -desde donde se impartieron las órdenes durante las horas críticas- dependía del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), entonces a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, también imputado. Esa estructura tenía bajo su órbita la preparación de los medios navales, integrados por la Infantería de Marina, la Aviación Naval, la Fuerza de Submarinos y la Flota de Mar.

El submarino zarpó el 25 de octubre desde Mar del Plata, arribó a la ciudad de Ushuaia el 4 de noviembre, navegó el Canal de Beagle con ejercicios tácticos y el 8 volvió a salir hacia su área de patrulla. Entre el 10 y el 11 participó de maniobras con unidades de la flota, y luego inició la patrulla en la zona denominada “Juliana”.

La reconstrucción de esas horas fue analizada por la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa (creada por Resolución 1244-E/2017), integrada por especialistas en submarinos. Entre ellos, el capitán de navío (R.E.) Jorge Rolando Bergallo, padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, de 42 años, subcomandante del buque. El informe fue incorporado como una de las piezas principales a la causa.

La secuencia de las últimas comunicaciones

El punto relevante comenzó la noche del 14 de noviembre. A las 23:42, el jefe de Operaciones de la nave -el teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, de 38 años- se comunicó por teléfono satelital al celular personal del Jefe de Operaciones del COFS, capitán de fragata Hugo Miguel Correa -hoy acusado-, donde informó que el buque estaba en superficie y ventilando tras un principio de incendio que calificó como “controlado”. Dijo que estaban “capeando temporal” con “rumbo 080°- orientado hacia el este- a una velocidad de 5 nudos. Explicó que se había producido un “Cortocircuito en balcón barra de baterías” y adelantó que irían a “verificar e informar”.

Ya el 15 de noviembre, a las 00:28, el jefe de Operaciones del SUSJ vuelve a llamar a Correa, de guardia en la sede del COFS, en Mar del Plata, y le comunicó que “El Sr. Comandante -Fernández- se encuentra en el puente”, es decir, en el sector del buque desde donde se controla la navegación y se centralizan las decisiones operativas. El oficial submarinista consignó además su posición GPS -46° 44′ S, 60° 08′ O- y avisó que no había “novedad” respecto a la tripulación.

Con esa información, el comandante del COFS, el entonces capitán de navío Claudio Javier Villamide -también acusado-, llamó a las 00:58 al capitán de fragata Pedro Martín Fernández (45), comandante de la unidad, quien relató que se encontraba navegando en superficie y se refirió a la avería que habían sufrido. También comentó que su intención era “cargar aire - Regresar a Inmersión - Volver a conectar las baterías de proa para tener más velocidad”.

Con todo, Villamide le ordenó: “Finalizar la patrulla - regresar a Mar del Plata - enviar SITREP ampliatorio”. A su vez, y según consta en el requerimiento fiscal, “le recomendó no volver a conectar baterías, aunque le expresó: ‘Usted es el que está a bordo’”.

A las 01:32, esa orden fue formalizada por un mensaje escrito a través del de HF Tonina -una conexión radioeléctrica de Alta Frecuencia que opera con un sistema encriptado-. El texto decía: “Solicitar cambio de Aviss / Derrota Directa a Mar del Plata / Velocidad a Discreción / Inmersión-Superficie según Factibilidad - Enviar SITREP ampliatorio”.

A las 06:00, el submarino envió el tristemente analizado mensaje SITREP por el mismo sistema HF, donde amplió el incidente ocurrido unas horas antes: “INGRESO DE AGUA DE MAR POR SISTEMA DE VENTILACIÓN AL TANQUE DE BATERÍAS N°3. OCASIONÓ CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO EN EL BALCÓN DE BARRAS DE BATERÍAS. BATERÍAS DE PROA FUERA DE SERVICIO. AL MOMENTO EN INMERSIÓN PROPULSANDO CON CIRCUITO DIVIDIDO. SIN NOVEDADES DE PERSONAL. MANTENDRÉ INFORMADO".

El último ida y vuelta se registró a las 07:19. Allí, el jefe de Operaciones del SUSJ -por teléfono satelital- habló con el jefe de Operaciones del COFS -Correa- para contarle que el buque navegaba en plano de periscopio (18 metros), con rumbo 015° -prácticamente hacia el norte, en línea con el regreso ordenado- y con intención de descender a plano de seguridad (40 metros), descansar y después abrir el tanque de baterías.

Luego de ese momento, el comando continuó emitiendo órdenes. A las 08:27 se dispuso aumentar la frecuencia de reportes y a las 09:35 se ordenó actualizar la situación y comunicarse con la central de submarinos. Nunca hubo respuesta.

Según surge de las actuaciones, el submarino operaba con una limitación preventiva de profundidad de 100 metros -derivada de pruebas anteriores-, debido a un examen de presión pendiente en el sistema de refrigeración del motor eléctrico.

La última referencia temporal se ubica a las 10:51, cuando la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares detectó un evento hidroacústico “anómalo, singular, corto y violento”, compatible con una explosión. El organismo informó ese hallazgo el 22 de noviembre, cuando ya estaba lanzada la operación de búsqueda.

El juicio oral en Río Gallegos

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan -en el que se evalúan posibles responsabilidades penales por incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado- comenzó el martes 3 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, presidido por Mario Reynaldi.

El debate, que ya lleva unas ocho audiencias de fuerte contenido técnico, se desarrolla en Río Gallegos, con modalidad mixta (presencial y virtual) y un esquema de sesiones semana de por medio. La fiscalía está encabezada por el fiscal Gastón Pruzán, mientras que los abogados Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias actúan, por separado, en calidad de querellantes.

En la última tanda declararon ex tripulantes, un ex inspector general, un ex oficial superior encargado del presupuesto naval y un ex comandante del submarino San Juan, entre otros testigos clave.

Las audiencias se reanudarán el lunes 6 de abril. Más adelante, está previsto que los integrantes de la Comisión Asesora del MINDEF expongan acerca de las diferentes hipótesis que formularon respecto a las posibles causas que habrían dado origen a la pérdida de control de profundidad que llevó al colapso del submarino.

Mientras tanto, el debate oral avanza con una reconstrucción basada en documentos y testimonios, pero con un dato que marca todo el expediente: pese a los pedidos del querellante Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes- y de las distintas defensas, nunca se llevó adelante una pericia científica integral que permita determinar, de manera concluyente, qué produjo materialmente el siniestro.

Dos de las principales organizaciones del ámbito jurídico expresaron su apoyo a la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual el máximo tribunal aprobó un proyecto de reforma integral del Reglamento de Concursos para la selección de magistrados y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su consideración. La iniciativa, según se consignó, busca reducir los márgenes de discrecionalidad en la designación de jueces, fortalecer la evaluación por mérito e idoneidad, incorporar herramientas tecnológicas que garanticen el anonimato en las pruebas de oposición y establecer criterios más objetivos y previsibles en todas las etapas del proceso.

La decisión de la Corte se produce en un momento en que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha una estrategia para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal, con el envío de las primeras tandas de pliegos al Senado. En la acordada, el máximo tribunal remarcó su carácter de “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina” y sostuvo que le corresponde colaborar en la corrección de disfunciones del sistema mediante reformas reglamentarias. Según indicó, las modificaciones buscan garantizar que el mérito y la idoneidad sean los factores centrales en la selección de magistrados.

El proyecto, en rigor, establece dos tipos de concursos: anticipados -como regla general, con cobertura de hasta ocho cargos por concurso-y especiales -como excepción, simples o múltiples con un máximo de nueve cargos-. La prueba de oposición escrita se divide en dos etapas: una general, con 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000 y corrección automatizada, y otra específica, con ejercicios de razonamiento e interpretación y la resolución de un caso práctico con sentencia. Para la evaluación de antecedentes se fijan criterios objetivos, y las entrevistas personales -públicas y transmitidas por medios audiovisuales- tendrán una ponderación reducida a 20 puntos. Al justificar la reforma, el máximo tribunal remarcó que la etapa de evaluación de antecedentes “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En ese marco, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) calificó la acordada como “un avance institucional relevante en la búsqueda de fortalecer la calidad, transparencia y legitimidad del sistema de designación de jueces”. En su comunicado, la organización destacó el rediseño estructural propuesto, orientado a que el acceso a la magistratura se funde “de manera prioritaria en criterios objetivos de mérito e idoneidad, reduciendo de manera significativa los márgenes de discrecionalidad que históricamente afectaron estos procesos”.

FORES ponderó la incorporación de evaluaciones anónimas, sistemas de corrección automatizada y criterios de calificación previamente establecidos, a los que definió como “un paso decisivo hacia la consolidación de procesos más confiables y equitativos”. También respaldó la decisión de limitar el peso de la entrevista personal, al señalar que esa instancia “ha sido una de las principales fuentes de discrecionalidad” en la práctica. Para el foro, estas reformas tienen un impacto directo sobre la independencia judicial: “La reducción de espacios de discrecionalidad política en la selección de magistrados contribuye a asegurar que el ingreso al Poder Judicial se base en condiciones de igualdad y en estándares objetivos, con fortalecimiento de la imparcialidad de los jueces y la confianza pública en las instituciones.”

Sin embargo, FORES no limitó su pronunciamiento al respaldo sino que planteó también la necesidad de profundizar la reforma. Reclamó la incorporación expresa de competencias que consideró “hoy esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional”: la capacidad de razonamiento jurídico aplicado, la formación en ética judicial, las aptitudes de gestión de casos y el manejo de lenguaje claro en la comunicación de decisiones. La entidad exhortó además al Consejo de la Magistratura a dar “pronto tratamiento” al proyecto remitido por la Corte.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también expresó su apoyo a la iniciativa. En su comunicado, la entidad porteña destacó que el nuevo reglamento “aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados”. Destacó además la realización de concursos anticipados como regla general, bajo el argumento de que así “se evitarán interferencias políticas, ya que los postulantes rendirán las pruebas sin saber para qué cargo concreto están concursando”.

El Colegio respaldó a su vez la reducción del puntaje asignado a la entrevista personal y explicó que esa medida “reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesaria para tan altos cargos”. La entidad cerró su pronunciamiento con la reafirmación de su rol institucional: seguirá, dijo, “velando por la integración del Poder Judicial con magistrados idóneos, independientes y que generen la confianza necesaria en la ciudadanía”.

Del rigor técnico y desapasionado, casi aséptico, al recuerdo asociado con el dolor en una sola pregunta. Había respondido durante horas preguntas sobre válvulas, periscopios, baterías y profundidades de inmersión, pero cuando el presidente del tribunal oral, Mario Reynaldi, le preguntó al comodoro retirado Gabriel Attis cómo describiría al capitán Pedro Martín Fernández, el marino que comandó el ARA San Juan en su último viaje, la voz se le quebró.

“Como un excelente oficial, un excelente comandante, un gran profesional, de esos profesionales a los que uno se saca el sombrero de cómo cumplen las cosas”, dijo. Luego pidió disculpas por emocionarse.

Gabriel Eduardo Attis declaró como testigo ayer en la octava audiencia del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ). Su presencia era esperada por su investidura al momento previo del naufragio: en abril de 2017, se desempeñaba como presidente del Consejo del Arma Submarina, el ámbito asesor que reúne a todos los oficiales superiores submarinistas en actividad. También fue de los pocos que vio, por pedido de la jueza instructora Marta Yánez, en el Edificio Libertad, las imágenes de los restos del submarino en el fondo del mar.

Con 40 años dentro de la fuerza y retirado en 2021, Attis era al momento de la tragedia el oficial de especialidad submarinista activo más antiguo de la Armada Argentina. Llevaba en su recorrido su paso como titular del Comando de la Fuerza de Submarinos en 2013 y, años antes, su comandancia en el ARA Santa Cruz, una unidad alemana tipo TR 1700 gemela del SUSJ.

La emoción que afloró al hablar del capitán Fernández no fue un momento aislado sino el punto de llegada de una declaración que tocó distintos temas, pero que siempre terminó volviendo a una premisa que Attis intentó subrayar: los 44 tripulantes del ARA San Juan eran marinos de guerra.

“Nosotros entramos a la Escuela Naval, a la Escuela de Suboficiales, para ir a la guerra, para aprender a ir a la guerra. Y nos adiestramos para ir a la guerra. Y en ese adiestramiento pasan cosas: jugamos con el riesgo. El riesgo y el peligro son cosas con las que nos educamos, no nos llaman la atención, tratamos de poder controlarlo pero no es nada nuevo para nosotros", dijo. Y más tarde remarcó: “Ante todo, antes que tripulantes o dotación, somos marinos de guerra”.

Esa convicción tiñó también su respuesta cuando se le preguntó si el ARA San Juan estaba en condiciones de navegar al momento de zarpar en su última misión, el 25 de octubre de 2017, con 46 tripulantes a bordo -dos de los cuales desembarcaron en Ushuaia-. “Por supuesto”, respondió. Y fue más lejos: “Si el capitán Fernández dijo que estaba preparado para navegar, ¿cómo no va a estar preparado para navegar? (...) Es la gran responsabilidad de él. No somos gente kamikaze que se sube al barco, -y dice- ‘voy a salir a navegar cualquier cosa’, tengo un monton de gente atrás mío, tengo una maquina de guerra que tripular. Tengo un monton de gente que me está mirando a ver si hago algo bien o mal".

“¿Cómo voy a pensar que está inseguro? -continuó el testigo- Imagínese al capitan Fernández diciéndole al capitan Villamide -entonces su jefe directo, hoy imputado-: ‘Permiso señor, buque listo para zarpar’, y que no esté listo. O que el capitan Villamide le diga ‘¿verificó tal cosa, miró tal válvula?’ Si yo soy comandante de un barco, y mi comandante superior me dice ‘¿verificó esto o aquello?’, me saco las tiras, se las pongo arriba del escritorio y me voy. Porque el comandante no confía en mí. Entonces, cada vez que nos preguntamos si el buque estaba para navegar, hablamos de la idoneidad del capitán Fernández, que me parece por demás idónea y, yo por lo menos, no la pongo en duda de ninguna manera".

Las preguntas del fiscal Franco Gastón Pruzán recorrieron distintos momentos con el fin de determinar las condiciones de navegabilidad del submarino para su última navegación de octubre-noviembre. Uno de esos fue el encuentro del Arma Submarina realizado a fines de abril de 2017 en Mar del Plata. Attis presidió ese Consejo asesor, que había sido convocado por iniciativa del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, para tratar tres temas específicos: la ausencia de un proyecto de renovación de los submarinos TR-1700, el estado de las baterías del ARA Salta -que estaban llegando al final de su vida útil- y la preocupación por garantizar que la fuerza tuviera al menos un submarino operativo navegando a lo largo del año. En ese Consejo, el propio Fernández expuso las observaciones de su buque: “operativo”, pero con un periscopio de observación fuera de servicio y el otro con los cojines desalineados; la profundidad máxima limitada a 100 metros por una prueba hidráulica pendiente, problemas en la línea de eje y diversas novedades de material sin resolver. Las conclusiones del aquel encuentro establecieron la “imperiosa” necesidad de ingresar a dique seco durante el primer semestre de 2018 para realizar su mantenimiento.

Consultado sobre si el submarino estaba apto para zarpar en julio de 2017 -una navegación anterior al hundimiento-, Attis fue más cauteloso que al hablar de la zarpada posterior. “Desde el punto de vista reglamentario, según el ICEM -Índice de Calificación del Estado del Material-, el buque estaba habilitado”, dijo. Pero agregó: “Desde mi expertise, y la crianza que tengo como submarinista, con un solo periscopio estoy condicionado en mi navegación.” Señaló que si ese periscopio fallaba, el comandante debía abortar la misión y salir a superficie. Para la última navegación de noviembre, en cambio, fue categórico: “Tenía los dos periscopios, tenía sonar. No tengo ninguna duda de que el buque estaba operativo”.

La declaración también abordó la maniobra con la válvula ECO-19 registrada en el informe de patrulla de esa misión de julio, por donde se consignó -como en noviembre- un ingreso de agua de mar al sector de las baterías. Attis explicó que esa válvula conecta el sistema de snorkel con la ventilación de baterías, y que según los manuales del fabricante debe permanecer cerrada durante toda la navegación. Ante la pregunta de si la maniobra de abrirla en inmersión para recircular el aire del buque y reducir el CO2 era una maniobra permitida, respondió sin rodeos: “No, usted altera los mecanismos establecidos“. Sin embargo, aclaró que el comandante, en el mar, tiene atribuciones para tomar ese tipo de decisiones si las considera técnicamente viables, y que al regresar debe informarlo al COFS.

“Los submarinistas somos criados, educados y adiestrados para navegar solos y resolver nuestros problemas solos”, afirmó.

El debate es instruido por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, integrado por su presidente Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto y Luis Giménez. En el banquillo se encuentran cuatro oficiales acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. Claudio Javier Villamide, destituido por un consejo de guerra en 2021, era al momento de los hechos capitán de navío y titular del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), siendo el jefe directo de Fernández; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa se desempeñaba como jefe de Operaciones del mismo comando; el vicealmirante Luis Enrique López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; y el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso era jefe del Estado Mayor del COFS. Los defienden, respectivamente, Juan Pablo Vigliero, Marcos González -quien también representa a Correa- y el defensor público Gastón Morillo. La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Pruzán, Lucas Colla, Julio Zárate y María Garmendia Orueta. Las querellas, en tanto, están representadas por Valeria Carreras, Luis Alberto Tagliapietra -padre de uno de los oficiales fallecidos- y Lorena Arias.

Todos enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Se les atribuye responsabilidad penal por haber permitido -por acción u omisión- que el submarino saliera a la mar en un estado que, dicen los acusadores, aumentó negligentemente el riesgo ínsito de la actividad naval.

El último contacto formal con el ARA San Juan fue un mensaje de situación -un SITREP, en la jerga naval- transmitido por sistema HF a las 6 de la mañana del 15 de noviembre de 2017, en el que Fernández informó al COFS: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades del personal.” Attis interpretó ese mensaje en la audiencia con la intensidad de quien recorrió durante años cada sistema del buque: el submarino había estado haciendo snorkel, había ingresado agua, y eso había provocado un cortocircuito y un principio de incendio en las baterías de proa.

El último llamado telefónico entre el submarino y el comando en tierra se registró a las 7.19. El evento hidroacústico -la implosión- se produjo a las 10.51.

En ese intervalo de poco menos de cuatro horas, la fiscalía le preguntó si era factible que se hubiera acumulado hidrógeno en cantidad suficiente como para provocar una explosión sin que la tripulación lo advirtiera. El testigo lo descartó: “El hidrógeno, cuando empieza a acumularse, produce cloruro de hidrógeno. Ese cloruro de hidrógeno, a partir del uno por ciento, le empieza a picar la nariz y a lagrimar los ojos. A partir del uno y medio por ciento, empieza a oler a lavandina. Si a usted le empieza a levantar hidrógeno, se da cuenta.” Y fue más lejos: “Tendría que haber pasado algo muy raro para que haya una altísima concentración de hidrógeno y que ese hidrógeno sea explosivo. ¿Es factible? Es tan factible como que no haya pasado, porque no tenemos conocimiento".

Ya sobre la tragedia ocurrida el 15 de noviembre, Attis ofreció su hipótesis con una mezcla entre el lenguaje de ingeniería naval y la carga emotiva de haber conocido a parte de la dotación. Describió las imágenes del submarino en el fondo del mar, que vio por primera vez en la sede del Estado Mayor General de la Armada y una segunda ante el Consejo de la Magistratura, donde les tradujo a los familiares lo que se veía en esos registros traídos desde el exterior.

Según relató, el casco resistente estaba achicado unos 22 metros; la vela aparecía caída hacia un costado con los periscopios doblados por ese movimiento; había una rasgadura en el sector de la cámara de oficiales -“evidentemente por donde se inicia la implosión e ingresa el agua”- y el casco lucía abierto hacia afuera sobre el motor 2. “Evidentemente -explicó- la presión del agua de mar ingresó por proa, recorrió el submarino y salió por arriba del motor 2”. Alrededor del buque, desperdigados, se vieron tubos de sistemas de aire: tuberías y otros elementos desprendidos por la fuerza del impacto. El comodoro de marina aclaró que al ver las primeras imágenes pidió autorización para llamar a otros submarinistas -Flamini y Ortiz- porque le costaba interpretar solo lo que estaba viendo.

Su hipótesis sobre la causa: “un hecho súbito” que dejó al submarino sin propulsión cuando ya estaba descendiendo. “Cuando el submarino toma más de 15 grados punta abajo es muy difícil de recuperarlo. Si usted tiene blackout de propulsión, se le planta, empieza a irse abajo, no tiene propulsión y adquiere más de 15 grados... empieza a irse para abajo fuerte”. Mencionó también una hipótesis alternativa: que el submarino, tras resolver el principio de incendio, haya intentado recargar baterías, sufrido un nuevo blackout de propulsión mientras hacía snorkel, y que el arríe del snorkel haya introducido agua en las tuberías de gases de escape, poniendo el buque diez mil litros más pesado. “Es factible, sí es factible. ¿Es más probable que la anterior? No”, dijo. Y resumió su convicción con una frase: “El submarino, en mi idea, se tiene que haber quedado sin propulsión para que no lo puedan recuperar. Y agregó, con otra voz: “Me los imagino a cada uno en sus puestos de combate, listos a hacer lo que debía hacer cada uno.”

Fue entonces cuando vino la pregunta del juez Reynaldi dirigida al comodoro Attis.

- ¿Usted tuvo trato con el capitán Pedro Fernández?

- Sí, mucho. Fue alumno mío, para empezar, en la Escuela de Submarinos. Yo dictaba la materia Comunicaciones, Guerra Electrónica y equipos de comunicaciones; era mi área de expertise.

- ¿Cómo lo describiría?, indagó el titular del tribunal.

- Como un excelente oficial, un excelente comandante, un gran profesional. De esos profesionales ante los que uno se saca el sombrero por cómo hacen las cosas...

- Perdón que lo haga emocionar, dijo el magistrado.

- No, lo que pasa es que uno se acuerda, ¿vio? A uno le costó hacer el duelo. Cuando todo esto pasó, yo era la cara visible, tenía que tratar de estar entero. Y uno va haciendo el duelo con el tiempo. Entonces, hablar de estas cosas no le digo que incomoda, pero a uno lo toca. Pero era un excelente oficial. Por eso mi mención a que somos marinos de guerra. Y cada vez que se pone en duda la capacidad del comandante, o si el buque estaba para navegar… Por supuesto que estaba. Si el capitán Fernández dijo que estaba preparado para navegar, ¿cómo no va a estarlo?.

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.

Durante su indagatoria, Thomas se refirió a los contactos que tuvo con Roberto Baratta y los circunscribió a episodios puntuales, alejados -según su versión- de cualquier circuito de recaudación ilegal. Ante preguntas del tribunal, señaló que el exsubsecretario de Planificación Federal “fue dos veces” a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires cuando él viajaba desde Posadas.

Según detalló, en una de esas ocasiones Baratta se acercó para retirar un libro de su autoría -“seguro quería tener la primicia”, afirmó- y en otra oportunidad pasó a buscar paquetes de yerba que Thomas traía desde Misiones. “Bajé a entregarle en la planta baja. Fue la única vez”, dijo al describir ese encuentro, y negó que esas visitas hayan tenido otro propósito.

El ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, se negó a declarar. El mismo curso de acción adoptó el empresario desarrollista Claudio Glasman.

Entre los citados para esta jornada estuvo el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa, quien está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.

Otro de los imputados que declaró fue Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.

La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también decidió declarar en la Sala Auditorium.

Del lado empresarial, el listado contemplaba el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas.

Cierre de la jornada en la Sala Auditorium

Pasadas las 18:30, y terminados todos los testimonios, el juez Enrique Méndez Signori dio por cerrada la audiencia hasta el próximo martes a las 09:30 para seguir recibiendo indagatorias.

Un ex representante de Isolux admitió pagos a Baratta, los vinculó a aportes de campaña en Río Turbio y mencionó “temor a represalias”

Luego de un cuarto intermedio de poco más de media hora, el exrepresentante de la empresa española Isolux en Argentina, Juan Carlos De Goycoechea, declaró como imputado colaborador y detalló el origen de los pagos investigados en la causa. Señaló que en 2009 fue convocado por Roberto Baratta, quien le planteó que la empresa debía realizar aportes para campañas electorales tras la adjudicación de la central térmica de Río Turbio. Según explicó, trasladó ese pedido a la casa matriz en España —donde se tomaban todas las decisiones— y, tras deliberar, recibió la instrucción de avanzar con los pagos por “expreso temor a represalias”, como la interrupción de certificados de obra o perjuicios en la ejecución del contrato.

El empresario afirmó que, a partir de esa decisión, retiraba dinero de casas de cambio y lo entregaba personalmente entre 2009 y 2014. “Sí que hice las entregas”, admitió, aunque aclaró que no tiene certeza sobre los montos ni sobre la cantidad exacta de operaciones. En ese sentido, revisó su declaración anterior y expresó que las entregas “no deben haber sido más de siete”, pese a que en el expediente se consignaron 17 o 19, y explicó que no llevaba registros porque era el único dentro de la empresa que conocía ese circuito. También precisó que los pagos se concretaban en la dirección de Maipú 741 y que el dinero le era remitido desde el exterior a través de canales que él conocía.

En su exposición, De Goycoechea intentó delimitar su rol dentro de la empresa —a la que describió como una sucursal sin autonomía respecto de la casa matriz española— y sostuvo que no era dueño ni directivo con poder de decisión. Afirmó además que “nunca” solicitó a Baratta gestiones en favor de la empresa y que su intervención se limitó a cumplir instrucciones. También cuestionó las anotaciones de Oscar Centeno: “lo que asentó respecto a Isolux no condice con lo que pasó”, dijo. A su vez, recordó que su detención, que se extendió por tres días tras una orden de captura, le provocó “un estrés y un quiebre emocional muy grave”, cuyas consecuencias —según señaló— aún persisten.

Poco después, solicitó transmitir en la pantalla de la sala de audiencias un video de nueve minutos con una declaración del chofer Centeno ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde responde preguntas y asevera que desconoce a los integrantes de Isolux en Argentina. La aceptación de esa solicitud acarrió previamente una deliberación del tribunal, que por mayoría aceptó admitir el pedido e incorporar la filmación al cúmulo de pruebas del expediente.

Al terminar el video, el imputado, para finalizar, remarcó: “Las entregas de dinero fueron exclusivamente para evitar cualquier tipo de perjuicios con Isolux. (...) No tomé yo ninguna decisión de entrega de estos dineros, ya que en definitiva escapaba a mi decisión, y sí obré como un mensajero material que seguía instrucciones”.

Un ex presidente de ENARSA negó haber recaudado coimas y dijo que el “famoso bolso” era un portatraje

En una larga indagatoria, con preguntas de distintos abogados y jueces del tribunal, Walter Fagías, exfuncionario del área energética, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, negó haber intervenido en maniobras de recaudación ilegal y cuestionó los hechos que se le imputan en la causa. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, sostuvo que su rol fue siempre técnico y remarcó que esperaba este momento para defenderse: dijo que aguardó “ocho años esta oportunidad” para impugnar “los hechos que se le imputan”. En ese marco, rechazó las acusaciones en su contra: “A mí me imputan que he recaudado, no sé cómo lo pude haber hecho”, afirmó ante el tribunal.

En relación a las menciones en los cuadernos de Oscar Centeno, Fagías cuestionó su contenido, se refirió al llamado “famoso bolso” y ofreció una explicación alternativa sobre los episodios que lo involucran. Incluso exhibió ante los jueces un portatraje y sostuvo que era el mismo que, según dijo, Roberto Baratta le pedía prestado cada vez que viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó. También remarcó que su situación judicial se basa exclusivamente en esas anotaciones: “Hasta ahora yo solamente estoy sentado acá por dos anotaciones de un cuaderno: no hay ninguna otra prueba”. Además, impugnó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, al sostener que lo acusan en calidad de presidente de ENARSA en un período en el que —según indicó— aún no ocupaba ese cargo.

El imputado recordó que aparece en las anotaciones del chofer de Baratta, su jefe de entonces, un total de 120 veces en 97 fechas distintas.

Un exsubordinado de Baratta dijo que estuvo cinco meses preso, denunció presiones para arrepentirse y afirmó: “Esto es una película”

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, inició su declaración con un repaso de su trayectoria y negó cualquier participación en hechos de corrupción. Explicó que ingresó en 2003 “como pasante en mesa de entradas” y que luego se desempeñó en el área hasta 2016, siempre bajo la órbita de Roberto Baratta. “Nunca tuve relación con empresarios. Yo no conocía a ninguno. Nunca tuve relación con ningún funcionario, solo con quien era mi jefe”, afirmó. También rechazó las imputaciones: “Estoy imputado por tres hechos de cohecho. Las únicas pruebas que hay son fotocopias de un cuaderno”.

En un tramo más personal, Gómez describió su detención —que se extendió durante cinco meses— y denunció presiones durante las primeras semanas. “Hemos estado 20, 24 horas en calabozos, totalmente muertos de frío, donde cada cierta cantidad de horas nos invitaban a arrepentirnos”, sostuvo. “La verdad que hubiese estado buenísimo tener algo para arrepentirse, porque realmente lo que viví no se lo recomiendo a nadie”, agregó. También aseguró que vive el proceso como algo ajeno: “Siento que esto es una película que me pasa por adelante”. Y cerró con una definición enfática sobre su conducta: “Nunca me llevé un peso que no venía de mi sueldo, nunca, jamás. Nunca le pedí dinero a nadie. Nunca le robé un centavo a nadie”.

Concluyó la indagatoria de Thomas

La indagatoria del ex directivo de Yacyretá Oscar Thomas concluyó poco antes de las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.

El acusado también fue interrogado por el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori. Ante preguntas del magistrado refirió que conoció a Héctor Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

“Una vez me vino a preguntar si podían adelantar los pagos financieros de un certificado. Yo le dije que no manejo eso”, recordó.

Una empresa “angurrienta” y contactos con Baratta por yerba y libros

Thomas respondió preguntas del juez Germán Castelli.

Sobre el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta dijo que el ex jefe del remisero Centeno -autor de los cuadernos- fue dos veces al domicilio en que vivía cuando viajaba desde Posadas a la ciudad de Buenos Aires. En una ocasión le entregó un libro de su autoría, “seguro quería tener la primicia”, dijo. En otra, paquetes de yerba.

“Usted dijo que estaba a tiro de decreto, ¿podían no estar conformes con su actividad?”, preguntó Castelli y Thomas respondió que el único mandato que tenía era terminar la obra: “Cumplimos lo que nos indicó la alta parte”.

Sobre el ex ministro De Vido, Castelli preguntó: “Usted destaca que no era empleado público, que nadie le daba órdenes pero usted reportaba la energía al ministro De Vido de mañana y de tarde?”. “La energía era para ver cuánto iba a disponer el sistema eléctrico argentino de energía de Yacyretá”, respondió.

Thomas aseguró que la empresa IMPSA intentaba hacer lobby para obtener contratos, aunque él evitaba recibirlos. Mencionó a Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, a quienes dijo haber conocido de manera ocasional.

Cuando le tocó preguntar, Castelli quiso saber más detalles sobre cómo buscaban hacer lobby. “Querían. Yo no los recibía”.

“Venían a pedir audiencia a mi scretaria. A Pescarmona y Valenti los conocí, me invitaron una vez a conocer la fábrica”

“Eran muy angurrientos, quería que todo le contratemos directamente a ellos más o menos. Si quiere le cuento algunos ejemplos”, ofreció. “Brevemente”, respondió Castelli.

Thomas se refirió a una licitación para un sistema inteligente de administración energética en la que IMPSA fue la única oferente, tras comprar otra compañía para poder presentarse, pero cuya propuesta fue observada durante meses hasta ser finalmente declarada desierta. También mencionó otro caso con una central hidroeléctrica, donde la firma quedó precalificada pero, al mismo tiempo, inició acciones contra Yacyretá por esa misma licitación: “sino salía ganadora, ya tenía la espada puesta”, graficó.

Pescarmona fue sobreseído al inicio del juicio oral por razones de salud y Valenti es uno de los acusados. Thomas contó que la empresa estaba en el mismo edificio, tres pisos más abajo, de donde Yacyretá tenía oficinas en Puerto Madero.

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí”

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí, alguien le dijo que me tenía que liquidar más o menos”, expresó Thomas en su indagatoria al responder preguntas de su abogado defensor José Manuel Ubeira.

El ex director de Yacyretá en el kirchnerismo vinculó su acusación en el caso Cuadernos con críticas que hizo sobre cómo siguió la gestión de Yacyretá en el gobierno de Mauricio Macri, incluída una condonación de una deuda millonaria a Paraguay. “Yo creo que estoy acá por eso”, sostuvo. “Es mi convicción”, insistió.

En cuanto a sus vínculos políticos, negó relación con el expresidente Néstor Kirchner y relativizó su cercanía con Cristina Fernández: “Con Cristina, una vez me saqué una foto en una visita”.

En relación a las menciones a su persona en los cuadernos de Centeno donde aparece citado en al menos 15 oportunidades en relación con supuestas visitas de Roberto Baratta a su domicilio o a su oficina en Puerto Madero, salió al cruce de los escritos del remisero. “No. Lo niego totalmente”.

A pedido de su defensor, el exfuncionario detalló números de su gestión en Yacyretá. Aseguró que la central pasó de generar entre “11.000 y 12.000 gigavatios hora” a “21.000” al momento de su salida. En términos económicos, afirmó que hubo ingresos por unos 8.200 millones de dólares, de los cuales “invertimos 4.000 millones en obras y expropiaciones” y quedaron “2.550 millones como crédito a favor de Yacyretá”, asentados en el presupuesto nacional.

Sobre su situación judicial, rechazó haber estado prófugo y relató cómo fue detenido. Dijo que se enteró por televisión de una orden de captura en su contra apenas 24 horas después de haber sido notificado de una absolución en otra causa. “Fui al juzgado federal de Posadas y no tenían conocimiento”, señaló. Luego viajó a Buenos Aires, buscó abogado y solicitó la eximición de prisión.

En ese contexto, denunció presiones para involucrar a terceros. Recordó que su abogado le refirió que “tenía que implicar a alguien en algún ilícito o iba preso”. También aludió a una conversación atribuida al fiscal Carlos Stornelli, quien le habría dicho a Ubeira que “había sortija para pocos” y que podía tomarle declaración como arrepentido incluso en su domicilio. “Yo le dije que no, que no tenía nada que decir”, afirmó.

“No tuve trato ni conocía cómo se manejaba el Gobierno nacional”, acotó.

Thomas estuvo preso en la causa, primero en el penal de Marcos Paz y luego bajo arresto domiciliario hasta que fue excarcelado.

Relató que cuando viajaba desde Misiones traía yerba de esa provincia para funcionarios y empleados. Y que en ese contexto el ex funcionario de Planificación Baratta, ex jefe del remisero Centeno, pasó por su domicilio en una ocasión a buscarla. “Bajé a entregarle en la planta baja”. “Fue la única vez”.

Thomas: “le escribía todos los días a De Vido” para informar la generación diaria de energía

El ex director de Yacyretá responde preguntas de los jueces del Tribunal y de la fiscal Fabiana León.

A requisitoria de la fiscalía, detalló que mantenía contactos diarios con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también juzgado en Cuadernos.

Con De Vido tenía contacto “para pedirle alguna reunión”, respondió y además “tenía que escribirle todos los días a las seis de la mañana cuánto se iba a generar en el día y a la noche. Tenía que informarle por mensajito cuanto se generó y con cuanta energía se iba a continuar al otro día, todos los días, 4500 días”.

Ante una pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre su vínculo con los entonces funcionarios, sostuvo: “Era un intercambio de información, yo no recibía órdenes de ellos”.

Según explicó, ese contacto se canalizaba con De Vido y muchas veces la comunicación terminaba en el subsecretario Roberto Baratta. Cuando De Vido “no tenía agenda para atenderme le entregaba la información a Baratta, que manejaba el tema de energía”.

Durante el interrogatorio de la fiscal León, también negó vínculos con los empresarios involucrados en la causa: “Conocí a algunos al principio en la Casa Rosada, en actos oficiales”.

También confirmó que varias de esas firmas fueron contratistas de Yacyretá: “Ganaron la licitación, eran las mejores empresas argentinas, estaban haciendo obra que nosotros necesitábamos”.

Se refirió a una de las obras más relevantes: la construcción del puente internacional y sus accesos, un compromiso asumido por Argentina con Paraguay en 1981. Según detalló, la licitación fue adjudicada a las empresas JCR e IECSA.

“Monumento a la corrupción”

Thomas defiende su gestión al frente de Yacyretá en una extensa exposición. “Yo en mi gestión no he manejado dinero, no he firmado cheques, no tenía caja; todo el dinero que se manejaba en Yacyretá era bancarizado”, sostuvo.

Al hacer un repaso de su llegada a la entidad binacional en 2003, describió un escenario de fuerte deterioro operativo e institucional. Según explicó, la empresa “estaba funcionando en condiciones inadecuadas respecto del proyecto” y arrastraba una serie de problemas técnicos, financieros y sociales que condicionaban su funcionamiento.

En ese marco, remarcó que su rol dentro del comité ejecutivo —que integraba junto al director paraguayo— era “resolver las cosas” en un contexto de alta conflictividad. Mencionó, entre otros episodios, cortes de puente, protestas sostenidas durante años frente a la sede en Posadas, cabildos abiertos tanto en Argentina como en Paraguay y un creciente malestar social por las consecuencias de la obra.

También apuntó contra estructuras de gasto que consideró injustificadas. “Teníamos una consultora que cobraba 800 mil dólares por mes por estar y no por hacer”, afirmó.

Destacó los resultados energéticos alcanzados. Señaló que durante su administración se generó “un 72 por ciento más de energía que entre 1994 y 2003”, en un contexto de fuerte demanda energética en la Argentina.

En ese sentido, calificó la demora en la finalización de la obra como “el peor monumento a la corrupción”, al recordar que el proyecto estaba previsto para completarse en ocho años pero terminó demorando 31. “La energía que no entró eso nunca más se va a recuperar”, enfatizó.

Subrayó que su gestión se desarrolló bajo la directiva de concluir el emprendimiento y que, en ese proceso, además de mejorar la producción energética, se impulsaron transformaciones en las zonas de influencia tanto del lado argentino como paraguayo.

Declara Oscar Thomas

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, un organismo binacional, comenzó a explicar Thomas, quien anticipó que responderá preguntas.

El arquitecto misionero negó “las 17 veces que se me nombró en los cuadernos rotundamente. Yo no recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como Director Ejecutivo bajo las normas de la empresa”.

Ex funcionario Nivello se negó a declarar

El ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo German Nivello se negó a declarar aunque descartó “rotundamente haber integrado una asociación ilícita”.

" En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a declarar voy a contestar todas las preguntas de todas las partes",, anticipó y explicó que por ahora desconoce cuáles son las pruebas en su contra.

El Tribunal rechazó “in limine” los pedidos de nulidad por tema arrepentidos

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó “in limine” los nuevos planteos de nulidad que hicieron las defensas contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el juicio, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero Oscar Centeno.

Según anunció el presidente del Tribunal, Enrique Médez Signori y ante un pedido de la fiscal Fabiana León se impusieron las costas del planteo al defensor que lo formuló porque se trató de una cuestión que ya había sido resuelta en la audiencia pasada.

La defensa de Ernesto Clarens contesta los planteos

El defensor del financista Ernesto Clarens, Hugo Juvenal Pinto, sostuvo que los planteos de nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores resultan “prematuros” y defendió la validez de los acuerdos ya homologados en la causa.

Durante su exposición, Pinto reconoció que “el régimen de la ley de colaboración no quedó del todo armonizado con el régimen procesal”, pero subrayó que se trata de un esquema “muy particular” que tiene una lógica propia: comienza con un acuerdo de colaboración y concluye con una resolución judicial que da por cumplido el rol del imputado colaborador.

En ese sentido, remarcó que en el caso concreto “las declaraciones de los colaboradores han sido confirmadas con otras comprobaciones”, lo que —según su criterio— refuerza su validez probatoria.

“El régimen de colaboración quedó cerrado cuando el juez aprobó, dentro del plazo legal, la situación corroborada con otra prueba. El compromiso del colaborador fue cumplido y ya es colaborador”, afirmó el letrado.

Además, apuntó contra las defensas que ahora cuestionan esos acuerdos: “Incluso quienes hoy se manifiestan en contra consintieron, junto con sus abogados, esa resolución en la cual se tuvo por cumplida la colaboración”.

Con ese argumento, Pinto concluyó que “está claro que el planteo de nulidad es prematuro”.

Comenzó una nueva audiencia del juicio

Una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzó este jueves con una nueva tanda de declaraciones indagatorias.

De manera previa, abogados defensores realizan planteos de nulidad de la incorporación por lectura de los legajos de los arrepentidos. Lo hicieron en relación a la decisión que se tomó al respecto en la audiencia pasada luego de la negativa del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “cuadernos de las coimas” a declarar en el juicio oral.

Un contraalmirante retirado de la Armada Argentina afirmó este miércoles en el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan que el siniestro debe entenderse como el resultado de una “concatenación de causas” y no de una única falla determinante, al tiempo que sostuvo que las deficiencias detectadas en el submarino antes de su última misión “dificultaban” su alistamiento, pero no lo hacían imposible.

Se trata de Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ex Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022, quien declaró en la séptima audiencia del debate que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos.

Durante su testimonio, el oficial explicó el enfoque técnico con el que se analizan los accidentes en el ámbito naval y rechazó la idea de una causa única. “Normalmente estas cosas ocurren de manera multicausal, es decir, no es una causa sino una concatenación de causas”, planteó.

En ese punto, aclaró que su explicación se apoyaba en conceptos propios de la teoría de gestión de riesgos, materia que -según indicó- había estudiado durante mucho tiempo. A partir de ese enfoque, describió que los sistemas de seguridad están diseñados con múltiples barreras, capas o medidas de control y contención que se instalan para evitar accidentes.

“Una medida de control, por ejemplo, es un adecuado adiestramiento de personal; otra es el adecuado estado de los medios; o la vigilancia de determinadas condiciones, etc; cuando alguna de esas capas falla, aparece un pequeño orificio, y cuando esos orificios se alinean, se produce el accidente”, refirió el testigo en una declaración de más de dos horas.

En esa línea, sostuvo que el naufragio del submarino pudo haber estado vinculado a una combinación de factores como condiciones meteorológicas, fatiga del personal, nivel de adiestramiento y estado de alistamiento. “No es que haya habido un mal adiestramiento o un mal alistamiento, pero esa pequeña cuota (…) alineada con la meteorología y el estado de cansancio de la gente es la que produce el accidente. Son sumatorias de cosas”, indicó.

Deficiencias detectadas antes del hundimiento

Pérez Bacchi también se refirió al informe elaborado por la Inspección General de la Armada en diciembre de 2016, firmado por el entonces inspector general, contraalmirante Guillermo Lezana, sobre el cual fue consultado durante su testimonio.

El documento, producto de una auditoría interna sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, concluyó, en relación al SUSJ, lo siguiente:

• “Existe un alto espíritu de compromiso, pertenencia y profesionalismo para desarrollar las distintas tareas que atañen al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las Unidades.
• Las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del Submarino ARA SAN JUAN dificulta su alistamiento para cumplir con los Planes en vigor.
• El incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco con la periodicidad preestablecida por parte de los Submarinos en Servicio del Comando de la Fuerza de Submarinos dificulta su alistamiento.
• El Submarino ARA SAN JUAN, al no disponer de la Certificación de Escotillas, se encuentra imposibilitado de ejecutar el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia del personal de submarino siniestrado.
• Las obras pendientes por parte del PYSU al momento del cambio de dependencia del Submarino ARA SAN JUAN al Comando de la Fuerza de Submarinos afectan sensiblemente el estado de alistamiento de la mencionada Unidad.
• Como síntesis de la Inspección, se pudo constatar que el COFS está realizando lo humanamente posible con los escasos recursos asignados".

Sobre ese informe, el testigo explicó el alcance de este tipo de evaluaciones y precisó que la función de la Inspección General de la Armada (ISGA) es “determinar el desvío y exponer lo que es de lo que debería ser”, es decir, identificar diferencias entre el estado real de las unidades y los estándares previstos.

En esa línea, introdujo una distinción técnica relevante: en el lenguaje de auditoría se utilizan tres niveles —“facilita”, “dificulta” o “impide”— y subrayó que en este caso se utilizó el segundo, como un desvío medio o moderado. “Dificulta; no hace imposible el alistamiento”, aclaró. A su vez, ante una pregunta del defensor público Gastón Morillo, representante del imputado Luis López Mazzeo, el testigo precisó que la referencia a los “Planes en vigor” contenida en el informe aludía a planes concebidos para escenarios de conflicto o guerra, articulados por la instancia del Comando Operacional -COPERAL-, que recibe los medios navales -recursos- ya preparados y listos para emplearlos en operaciones concretas.

Con todo, este informe técnico -firmado por el ISGA en diciembre de 2016- había quedado en su momento en el centro de un conflicto interno dentro de la Armada. Y es que, según surge de una de las apelaciones que habían sido presentadas por una de las defensas contra el requerimiento de elevación a juicio, sus conclusiones fueron utilizadas por el entonces jefe de la fuerza, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, como uno de los insumos para impulsar un sumario disciplinario destinado a determinar las probables causas del naufragio y las eventuales responsabilidades dentro de la cadena de mando tras la desaparición del ARA San Juan.

Ese proceso se ordenó cuando aún estaba en pleno desarrollo el operativo de búsqueda -con el submarino sin ser localizado y 44 tripulantes desaparecidos- y avanzó en pocos días. De acuerdo con la versión defensiva, pese a que el Ministerio de Defensa había dispuesto una investigación “profunda y precisa”, en los hechos se emitieron dictámenes en apenas cinco días y se dictó una resolución al sexto, firmada por el propio Srur, que dispuso la suspensión de Villamide y López Mazzeo. Esa decisión administrativa luego sería anulada por el entonces ministro de Defensa Oscar Raúl Aguad.

En ese contexto, la auditoría del ISGA -que señaló deficiencias que “dificultaban” el alistamiento de los medios navales- fue tomado como uno de los fundamentos para esas medidas disciplinarias, pese a que se trataba de una inspección realizada más de un año antes del siniestro. Desde la posición de una de las defensas se cuestionó ese uso al sostener que se trataba de observaciones “localizadas” y no impeditivas, que debían interpretarse en función de su evolución posterior y no como un diagnóstico vigente al momento de la última misión del submarino. En esa línea, se criticó que apoyarse en ese informe sin ponderar documentación más reciente -como registros de reparaciones de tareas pendientes y evaluaciones previas a la zarpada- implicó, en los hechos, utilizar antecedentes desactualizados para fundar decisiones adoptadas en un contexto de urgencia y sin pericias técnicas concluyentes.

Auditoría posterior y faltantes de documentación

En otro pasaje de la séptima audiencia, el contraalmirante Pérez Bacchi también describió una auditoría realizada a su cargo entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017, por orden del almirante Marcelo Eduardo Srur, mientras aún se desarrollaba el operativo de búsqueda del submarino.

El objetivo de esa inspección “in situ”, en la sede del COFS en la Base Naval de Mar del Plata, fue verificar la existencia de documentación que respaldara el nivel de alistamiento y las actividades operativas del buque. En ese marco, el procedimiento consignó que “la ausencia de documentación o la existencia de documentación poco confiable ha sido una debilidad reflejada en los hallazgos localizados”.

También registró: “En el caso particular del SUSJ, parte de la documentación relevante solicitada se encuentra a bordo de la Unidad, sin que existan originales o copias de las mismas en el Detall Gral. -sección administrativa de ese ámbito- que posee en tierra dicha dependencia o en su Comando Superior”.

Según el informe, “la ausencia de determinados documentos (…) dificulta la disponibilidad de registros de las actividades desarrolladas”, lo que evidenciaba debilidades en los sistemas de control. No obstante, el testigo terminó relativizando el impacto de esos faltantes al subrayar que “había documentación suficiente para poder llegar a una conclusión”, aunque advirtió que no toda la información pudo ser hallada en la auditoría.

Cuestionamientos de la defensa

El informe de la Inspección General fue cuestionado por la defensa del ex jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. Su abogado, Juan Pablo Vigliero, sostuvo en audiencia que el documento contenía “inexactitudes” y anticipó que solicitaría una ampliación de indagatoria de su asistido.

“Es tal la cantidad de inexactitudes, cosas que no son ciertas, no digo falsas porque eso sería con mala intención y no voy a atribuir una mala intención a oficiales que hacen una auditoría. (...) Vamos a pedir formalmente que el señor Claudio Javier Villamide amplíe su indagatoria específicamente para responder las observaciones en el informe y lo dicho por el testigo, expresó el defensor respecto al testimonio del ex inspector general de la Armada.

En ese sentido, precisó que la ampliación no demandaría más de una hora y tendría por objeto que su defendido “explique y precise” distintos aspectos vinculados a las “conclusiones y calificaciones” formuladas por Pérez Bacchi en relación con su auditoría realizada sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

Asimismo, cuestionó la oportunidad de esa auditoría al señalar que “Srur le metió una auditoría mientras él -Villamide- estaba embarcado”, en referencia a que la inspección se llevó a cabo entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017, mientras aún se encontraba en curso el operativo de búsqueda del ARA San Juan.

El tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, decidió fijar una audiencia específica para realizar una ampliación de indagatoria del imputado.

Un debate sobre el estado de la unidad naval

El proceso busca determinar si existieron negligencias u omisiones en la cadena de mando que habilitó la salida del ARA San Juan, en una causa donde la acusación sostiene que el buque operaba con un nivel de riesgo superior al permitido, mientras que las defensas argumentan que, pese a las observaciones técnicas, el submarino se encontraba en condiciones de navegar.

En el juicio están imputados cuatro ex oficiales de la Armada: Villamide, quien al momento del hecho era comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Correa, responsable de comunicaciones submarinas. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y negaron las acusaciones en sus declaraciones indagatorias.

El Capitán de Navío Eduardo Cella Irigoyen, submarinista y excomandante del ARA San Juan (SUSJ) -quien estuvo al frente de la unidad entre marzo de 2016 y febrero de 2017 y fue sucedido por el capitán de fragata Pedro Fernández- declaró en la sexta audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y aseguró que el submarino se encontraba operativo durante su gestión, aunque con limitaciones técnicas y tareas pendientes.

“El buque estaba en condición de alistamiento III, que es actividad preparado para la acción”, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en la ciudad de Río Gallegos, al tiempo que explicó que esa calificación implicaba que la unidad estaba en servicio y en condiciones de cumplir las misiones asignadas dentro de los parámetros fijados por la fuerza.

En respuesta a preguntas del fiscal ante el tribunal, Gastón Franco Pruzan, el testigo desarrolló cómo se definía ese estado operativo en función de los planes del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA).

En ese marco, describió que el submarino llevaba adelante ejercicios, patrullajes y tareas de entrenamiento con una planificación anual que contemplaba días de mar y objetivos específicos. Según detalló, durante su comandancia el buque concretó entre 14 y 15 navegaciones, ninguna superior a los 15 días, en un contexto además condicionado por restricciones de combustible.

En relación con la dinámica del debate, las audiencias se desarrollan bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. El tribunal está integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, mientras que el juez Guillermo Adolfo Quadrini sigue las sesiones de manera remota como integrante suplente. Entre los imputados, Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide asisten de forma presencial, en tanto que durante esta semana Héctor Alonso y Hugo Correa participaron de las audiencias mediante conexión virtual.

Al profundizar sobre el estado de alistamiento del submarino, Cella Irigoyen aclaró que esa condición no implicaba ausencia de fallas o tareas pendientes, sino que resultaba compatible con la existencia de observaciones técnicas y limitaciones operativas.

En esa línea, precisó que tanto al asumir como al dejar el mando el ARA San Juan mantenía pruebas pendientes de ejecución, entre ellas las de máxima velocidad y máxima profundidad, así como la prueba hidráulica del sistema de refrigeración principal de agua de mar, que requería ingreso a dique seco. Aun así, remarcó que esas condiciones no afectaban la seguridad náutica si se respetaban los límites operativos establecidos.

En ese mismo eje, durante su testimonio también se analizó documentación vinculada a la etapa posterior a su comando. En particular, se incorporó la nota mediante la cual su sucesor, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, solicitó -a poco más de un mes de asumir- el ingreso del submarino a dique seco o flotante en el “corto plazo” para completar tareas de mantenimiento y evitar que la unidad continuara navegando con limitaciones operativas.

Asimismo, se repasó el acta del Consejo del Arma Submarina -órgano asesor del COFS integrado por oficiales superiores submarinistas- donde se consignaba -en abril de 2017- la previsión de ingreso del ARA San Juan a reparaciones en arsenal durante el primer trimestre de 2018.

Entre las restricciones vigentes durante su comandancia, el testigo destacó la limitación de inmersión a 100 metros, adoptada tras una avería previa. “Yo mantuve la limitación de 100 metros de bajar al submarino, de plano”, señaló, y agregó que las actividades previstas no exigían operar a mayor profundidad, aun cuando la unidad pudiera potencialmente alcanzar cotas superiores con ciertos márgenes de incertidumbre técnica.

En otro tramo de su declaración, el ex comandante abordó la navegación de julio de 2017 -ya bajo el mando de Fernández- a partir de consultas de la fiscalía, que le exhibió documentación vinculada a esa operación. Se trató de una misión desarrollada entre el 1 y el 19 de ese mes, en la que se registraron distintas incidencias. En particular, recordó que en el sexto día de navegación se produjo el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación durante una maniobra de snorkel, episodio asociado a la válvula E19. “No estancó, estaba abierta o estaba mal cerrada”, explicó, y subrayó que esa válvula “debe salir cerrada” y permanecer en esa condición durante toda la navegación.

Uno de los puntos centrales del debate giró en torno al último mensaje emitido por el submarino el 15 de noviembre de 2017, identificado como un SITREP (reporte de situación) enviado a las 06:00. El contenido fue leído en sala: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías, batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”.

Sobre ese mensaje, el testigo evaluó que describía una situación anormal pero bajo control. “Está en presencia de un submarino con control”, dijo, al interpretar que la expresión “mantendré informado” reflejaba que el comandante estaba gestionando la contingencia sin requerir asistencia inmediata.

En otro momento de la audiencia, ante una pregunta de Juan Pablo Vigliero, defensor del imputado Claudio Villamide, Cella Irigoyen reforzó el principio de mando en navegación: “el comandante es la autoridad máxima en navegación” y no puede ser obligado a zarpar contra su criterio. “No conozco ningún caso” en que ello haya ocurrido, aseveró, al describir la lógica de responsabilidad y confianza que rige en la estructura naval.

Finalmente, al referirse al estado general del submarino, relativizó la existencia de observaciones técnicas. “¿Existen submarinos que no presenten novedades? Entiendo que no”, expresó, y reiteró que el ARA San Juan contaba con “seguridad náutica para hacerse a la mar” dentro de los límites establecidos.

El juicio oral

El juicio busca reconstruir lo ocurrido el 15 de noviembre de 2017, cuando el “San Juan”, un submarino clase TR-1700 adquirido por la Armada en 1985 y construido en Alemania, desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo. La unidad, cuya reparación de media vida se realizó entre 2009 y 2014 en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), con el objetivo de extender su vida util, había zarpado el 8 de noviembre previo a la tragedia desde Ushuaia hacia el área denominada “Juliana”, en el marco de una orden de operaciones del COFS, conforme a directivas del COAA. El día anterior a la pérdida de contacto, el entonces comandante Pedro Fernández informó un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa que derivó en un principio de incendio, el cual -según reportó- había sido controlado.

A partir de esa novedad, el entonces jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide —destituido de la Armada por un Consejo de Guerra en 2021- dispuso la cancelación de la misión y el regreso a la Base Naval de Mar del Plata, destino natural del buque. Esa fue la última comunicación operativa relevante: a las 10:51 de ese mismo día, estaciones de monitoreo registraron una anomalía hidroacústica compatible con una explosión. Un año después, los restos del ARA San Juan fueron hallados a 907 metros de profundidad.

En el proceso oral están imputados cuatro ex oficiales: Villamide, entonces titular del COFS; López Mazzeo, titular del COAA; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Correa, responsable de comunicaciones submarinas. Todos enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y negaron las acusaciones en sus indagatorias iniciales.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a través de Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Garmendia Orueta (PIA), mientras que intervienen las querellas de Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes-, junto con la querellante Lorena Arias en representación de familiares.

En cuanto a las defensas, el defensor público Gastón Morillo representa a López Mazzeo, mientras que el abogado Marcos González ejerce la defensa de Héctor Alonso y Hugo Correa. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por su presidente Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto y Luis Giménez.

Las audiencias continuarán este miércoles y jueves, en lo que se prevé serán jornadas extensas de declaraciones testimoniales, con la presencia de marinos retirados que serán consultados sobre inspecciones, informes y auditorías realizadas sobre el ARA San Juan en los meses previos a su última misión de entrenamiento y patrullaje.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz avanzó este lunes con una extensa audiencia en el juicio por el naufragio del ARA San Juan, marcada por testimonios técnicos que pusieron el foco en el estado operativo del submarino, las fallas detectadas tras su reparación de media vida y las decisiones adoptadas en la cadena de mando. Durante más de diez horas de debate, declararon especialistas y ex jefes de la Fuerza de Submarinos que, al reconstruir las condiciones de navegación y las alternativas disponibles ante la emergencia, aportaron elementos para evaluar sobre la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes.

La jornada en Río Gallegos estuvo dominada por testimonios de alto contenido técnico que dejaron, sin embargo, frases de alto impacto: un ex comandante de la Fuerza de Submarinos, por ejemplo, consideró que habría sido “conveniente” enviar un buque de apoyo cuando el capitán de la nave reportó el ingreso de agua. También reconoció que la unidad naval tenía tantas “redundancias de seguridad” para salir a superficie que, más de ocho años después, sigue sin poder explicar por qué no lo logró hacer.

Qué se está juzgando

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan (SUSJ) desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo. La embarcación había partido el 8 de noviembre desde la ciudad de Ushuaia con destino al área denominada “Juliana”. La misión se inscribía en una orden de operaciones del Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) que, siguiendo lineamientos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA), había especificado una serie de actividades de entrenamiento y patrullaje para la dotación del SUSJ. El 14 de noviembre, un día antes de la pérdida total de contacto con el personal del COFS que estaba de guardia en tierra, el comandante de la unidad, el capitán de Fragata Pedro Fernández, reportó un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa a través del sistema de ventilación.

Ese incidente generó un principio de incendio que, según su reporte, la tripulación ya había logrado controlar. El entonces jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, imputado en la causa y único marino destituido por el Consejo de Guerra que en 2021 se constituyó para analizar el accionar de los oficiales superiores en el manejo de la crisis, ordenó, alrededor de las 8 de la mañana del 15 de noviembre y frente a las novedades del capitán Fernández, cancelar la misión y regresar a la Base Naval de Mar del Plata. Esa sería la última comunicación, ya que cerca de las 10:51 de ese día, estaciones de monitoreo nuclear registraron una “anomalía hidroacústica” que era “consistente con una explosión” no nuclear en la zona. Un año después, los restos del ARA San Juan fueron hallados a 907 metros de profundidad por la empresa Ocean Infinity.

El debate no intenta solo reconstruir lo que ocurrió. Busca determinar si hubo negligencias u omisiones en la cadena de mando militar a la hora de permitir la salida del submarino. Para eso, uno de los ejes del debate, que este lunes se extendió durante 10 horas y media, con breves cuartos intermedios, recae sobre el estado de la unidad naval. Tanto la fiscalía como las querellas sostienen que el buque no solo no estaba apto para zarpar, sino que hubo distintas señales de alerta que denotaban un riesgo superior al permitido para operar. Las defensas, en tanto, postulan que si bien había pruebas de mantenimiento pendientes, la seguridad náutica y la navegabilidad no estaban en duda.

Son cuatro los ex oficiales de la Armada que se encuentran en el banquillo de los acusados: Villamide, quien al momento del siniestro era el comandante de la Fuerza de Submarinos -COFS-, autoridad inmediata del SUSJ; Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento -COAA-, una dependencia encargada de preparar y entrenar los distintos componentes de la fuerza -infantería, submarinos, aviación naval y buques de superficie.; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Correa, responsable de comunicaciones submarinas.

Llegaron a este proceso oral imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Al respecto, los cuatro negaron los cargos en sus declaraciones indagatorias, realizadas durante las primeras audiencias del debate oral, que comenzó el 6 de marzo ante el presidente del TOF de Santa Cruz, Mario Reynaldi, y los vocales Enrique Baronetto y Luis Giménez.

La hipótesis acusatoria radica en que la embarcación no estaba preparada para navegar como consecuencia de una serie de tareas reparatorias y de testeo a ejecutar en dique seco dentro de un arsenal. Según esa línea, esos desarreglos habrían propiciado el ingreso de agua de mar al tanque de baterías de proa a través de la válvula Eco-19, perteneciente al sistema de ventilación del buque. Ese incidente habría generado un cortocircuito que, posteriormente, por acumulación de hidrógeno, habría provocado una explosión que dejó inhabilitado al personal para evitar la pérdida de control del submarino y su descenso por debajo de la profundidad de colapso, donde la presión del agua destruye la resistencia del casco por implosión.

Tanto los cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal como las querellas de Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra -con un hijo fallecido en el submarino-, plantean que al momento de la navegación existían avisos documentados que daban cuenta de un estado precario del buque que hacía previsible el desenlace: 33 tareas pendientes al finalizar la reparación de media vida en 2015, advertencias de la SIGEN sobre pérdidas en las baterías, un pedido “imperioso” del propio comandante Fernández para ingresar a dique seco en marzo de 2017, restricciones de profundidad, periscopios fuera de servicio y testimonios de tripulantes que temían navegar en ese submarino.

Krawinkel: las 33 obras pendientes

El primer testigo de la jornada fue Fabián Walter Krawinkel, capitán de navío y submarinista especializado en propulsión y electricidad, que se desempeñó como jefe de planificación y logística del Proyecto de Submarinos (PYSU) desde 2006 hasta su retiro en 2019. El PYSU, según explicó, es un destino transitorio creado en 2004 con un fin específico: concretar las reparaciones del ARA Salta, continuar luego con las del San Juan y después con las del ARA Santa Cruz. Desde ese rol, Krawinkel supervisó la reparación de media vida del ARA San Juan, el proceso de mantenimiento mayor que se realiza cada 15 años de navegación. Ese ciclo comenzó cuando el buque llegó al Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) en 2007 y culminó con la firma del acta de cambio de dependencia orgánica en septiembre de 2015, momento en que el submarino pasó formalmente del PYSU al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS). El contratista principal de esa reparación fue Tandanor, que tuvo a cargo unas 500 de las 600 obras totales.

La fiscalía le presentó los informes de diferentes pruebas de mar que se fueron produciendo en 2014 antes de finalizar la reparación. Así se supo que en octubre de 2014, durante una navegación a plano de seguridad -40 metros de profundidad-, se rompió el accionamiento del selector de propulsión y el buque quedó sin posibilidad de conectar la propulsión para desplazarse. En esa secuencia el submarino comenzó a perder plano -es decir, “a tomar punta” hacia abajo- y la tripulación debió soplar los tanques de lastre -compartimentos que se llenan de agua para hundirse y se vacían con aire para subir- con el fin de volver a superficie.

En noviembre de ese mismo año, en otro documento que le exhibió el fiscal Gastón Pruzán, se registró una salida a superficie en emergencia, tras detectarse una "vía de agua" en el motor eléctrico de propulsión durante una inmersión exploratoria, y otra grieta en una tubería del sistema de refrigeración a unos 140 metros de profundidad. También se registró un blackout total -corte completo de energía que dejó la nave a oscuras- mientras navegaba sumergido a 80 metros durante pruebas de velocidad.

Krawinkel aclaró que ese tipo de inconvenientes son “esperables” durante las pruebas posteriores a una reparación mayor como la de media vida, que extiende la durabilidad de la nave. “Son situaciones que se van presentando a medida que se prueba. Se anotan, se corrigen en puerto y se vuelve a repetir la prueba, así hasta que se aprueba”, dijo. Sobre la calidad de los materiales utilizados en el mantenimiento de media vida, consultado por la querellante Carreras, consideró: “Los repuestos eran de buena calidad. No se puede salir de los listados de planos que tiene el submarino”.

Cuando el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, le preguntó por las 33 obras pendientes consignadas en el acta de cambio de dependencia orgánica, Krawinkel manifestó que no comprometían la operatividad del buque. “Todos los submarinos siempre tienen novedades. Es común que los barcos tengan 40 o 50 solicitudes de obras correctivas. Lo que importa no es la cantidad sino el tipo de novedad”, dijo. Agregó que al momento de la última navegación solo quedaban pendientes seis de las 33 originales. Ante la pregunta de si esas novedades impedían que el buque estuviera en estado operativo, respondió tajante: “No, las tareas pendientes que yo he visto -consignadas en el acta de traspaso del submarino desde el PYSU al COFS- (...) no afectaban a la seguridad de la navegación”.

El mismo abogado le preguntó por los mecanismos de control previos a cada zarpada. Krawinkel explicó que antes de hacerse a la mar, el submarino realiza una prueba de 48 horas -“mandatoria”- en la que cada cargo a bordo verifica el estado de sus mecanismos, confecciona planillas y las eleva al segundo comandante. Algunos de esos mecanismos, una vez probados, no pueden volver a alterarse hasta el regreso a puerto: las pruebas de vacío, por ejemplo, implican cerrar todo el buque para verificar que no haya pérdidas que puedan significar ingreso de agua. Además de esa prueba, cada tripulante tiene asignado un compartimento y realiza una doble verificación de los sistemas antes de zarpar. A eso se suma el ICEM -Índice de Calificación del Estado del Material-, una planilla trimestral en la que los jefes de cada cargo ponen en marcha los equipos, los califican según su estado y obtienen un número que representa la operatividad de la unidad. El responsable último de ese índice, expuso Krawinkel, es el comandante del barco. “Debemos asumir que si zarpa está en estado de seguridad, y la orden de zarpada la da el comandante”, aseguró.

Luego fue más directo: “El responsable de la seguridad del personal y material en última instancia siempre es el comandante del barco”.

Sobre si el comando en tierra debió haber enviado asistencia de la flota de mar ante un reporte de novedad sin declaración de emergencia por parte del comandante, Krawinkel consideró que no correspondía. “No debería considerarse en emergencia si el comandante no se declara en emergencia”, afirmó. Y luego agregó: “Siempre enviar un buque de apoyo puede ser un alivio para la dotación que se siente acompañada. En la situación que se encontraba el ARA San Juan, el buque de superficie tenía que capear el temporal de la misma forma“.

El audio del capitán Fernández

Hacia el final de la declaración de Krawinkel, el defensor de Villamide solicitó reproducir un audio del comandante Fernández grabado en abril de 2017, durante las jornadas del Consejo Asesor del Arma Submarina, un órgano integrado por alrededor de 20 submarinistas experimentados que se reunió en la Escuela de Submarinos y Buceo de Mar del Plata los días 29 y 30 de ese mes para recomendarle cursos de acción al Comando de esa Fuerza.

Tanto la fiscalía como las querellas impugnaron esos audios y presentaron reservas antes de la reproducción, que ya se había escuchado en una audiencia anterior generando otros planteos.

El presidente del tribunal advirtió a los familiares de los 44 tripulantes conectados virtualmente que se escucharía la voz de Fernández y que podían desconectarse si lo consideraban necesario para no afectar susceptibilidades. La abogada Carreras, que representa a 34 familias del SUSJ, pidió unos minutos para coordinar esa desconexión.

El audio no llegó a través de la transmisión virtual. Los querellantes Luis Tagliapietra y Lorena Arias, conectados de manera remota, intervinieron para hacer saber que el sonido no estaba llegando a sus dispositivos. El tribunal, desde la sala de Río Gallegos, aclaró que les haría llegar la transcripción. Krawinkel, que sí escuchó el audio en la sala, reconoció la voz de Fernández, pero dijo no recordar las conclusiones que se exponían en ese audio.

La transcripción revela que en aquella reunión de abril de 2017 -siete meses antes de la tragedia- el propio comandante del ARA San Juan, frente a camaradas de su misma especialidad, describió el estado del buque de esta manera: “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”. Fernández también enumeró las actividades del año: ejercicios con aeronaves, un lanzamiento de torpedo, traslados entre puertos para el cambio de periscopios.

Pereyra: “No le encuentro respuesta”

El segundo testigo fue Víctor Manuel Pereyra, capitán de navío que ejerció todos los cargos posibles en la fuerza submarina -hasta llegar a comandante- y que estuvo al frente de la Fuerza de Submarinos (COFS) precisamente en el período en que el ARA San Juan completó el traspaso desde el PYSU y quedó bajo su dependencia orgánica, entre 2014 y 2015. Fue él quien, al recibir el submarino, fijó la restricción de profundidad a 100 metros como medida “preventiva”, ante ausencia de la prueba hidráulica del sistema de refrigeración, que seguía pendiente por falta de dique seco. En ese mismo período elevó al Comando de Alistamiento y Adiestramiento (COAA) un pedido de ingreso a dique, dado que al año siguiente se cumplirían dos años del buque a flote -el plazo que activa el primer período de mantenimiento reglamentario-.

Pereyra fue consultado también en calidad de excomandante del ARA Santa Cruz, un submarino clase TR-1700 idéntico al "San Juan" en diseño y fabricación alemana.

La fiscalía comenzó leyéndole el informe de navegación de julio de 2017 presentado por Fernández al COFS, que describía, entre otros puntos, fallas repetidas en el sistema de propulsión. “Es evidente que hay fallas en el sistema de propulsión que eran insistentes y que no estaban logrando encontrar el motivo”, dijo Pereyra.

Luego explicó el funcionamiento del sistema de baterías: el submarino cuenta con cuatro tanques, y si uno falla, puede trabajar en "circuito dividido" con la mitad del sistema sin perder capacidad operativa. Sobre la válvula E-19, fue categórico: esa válvula trabaja normalmente cerrada, no está diseñada para estancar agua sino para direccionar aire, y su lugar de operación es el puerto. “Si yo hubiese recibido un informe de apertura de esa válvula estando el buque en inmersión, le hubiera ordenado que no lo haga”, asentó.

Los dichos del testigo se dieron al analizar una prueba que realizó el comandante Fernández durante una navegación que fue del 1 al 19 de julio, donde se consignó, entre otras novedades, un ingreso de agua de mar a través de la válvula Eco-19, que conecta el exterior del submarino con el balcón de baterías. De acuerdo a las actuaciones, el comandante estaba probando la apertura esa válvula para hacer circular el aire y “homogeneizar” la atmósfera del submarino, con su natural acumulación de dióxido de carbono y algunos calísters de cal soda vencidos -filtros químicos que se utilizan en espacios cerrados para absorber el CO₂-. Sobre ese punto, la testimonial de Pereyra fue más lejos y explicó el origen de la modificación que, según se baraja en la causa, se había aplicado en esa navegación de julio.

Durante la reparación de media vida, dijo, el teniente Wagner le había propuesto rediseñar el sistema de ventilación y usar esa válvula E-19 para mejorar la circulación del aire en el interior del submarino. La idea, explicó Pereyra, era técnicamente lógica: abrir la E-19 permitía que el aire circulara de manera diferente dentro del buque y tardara más en alcanzar niveles peligrosos de dióxido de carbono en el compartimento de proa, donde se concentra la mayor parte de la tripulación. “Y tenía razón, es correcto lo que él pensó y diagramó. Me lo trajo y me mostró los planos, y le dije sí, está bien”, recordó.

Sin embargo, esa modificación la descartó de inmediato: “Pero esta válvula tiene que trabajar cerrada. Nosotros navegamos los submarinos más de 20 años con este sistema, y para eso tenemos los caníster de cal soda y la maniobra de snorkel para regenerar el aire. La idea es teóricamente correcta, pero es una modificación a una condición de válvulas que no es aconsejable”. Y fue directo sobre lo que hubiera hecho de haber estado al frente del COFS cuando se utilizó esa válvula en inmersión: “Si yo fuera COFS, de acuerdo a mi criterio y a mi experiencia, yo le ordenaría que no lo haga”. La válvula E-19, aclaró Pereyra, es además uno de los defectos de diseño reconocidos del submarino: no está pensada para detener agua, sino únicamente para direccionar aire.

Ante la misma pregunta del defensor de Villamide respecto al seguimiento de protocolos antes de zarpar, Pereyra expresó: “Si el submarino zarpó, tenemos que asumir que estaba en condiciones de seguridad”. Y sobre la posibilidad de que el comando en tierra interviniera con logística de apoyo sin una declaración de emergencia de Fernández, sostuvo: “Cuando un comandante le dice a su superior que tiene la situación controlada, tenemos que confiar... Si no, sería una cacería de brujas entre nosotros”.

Sobre las limitaciones operativas que presentaba el buque, Pereyra trazó una distinción. Las restricciones descriptas por el capitán Fernández en el Consejo Asesor -profundidad limitada a 100 metros, velocidad reducida, ruido en la línea de eje- eran impedimentos para “misiones de combate”, pero no para actividades de menor exigencia. “Estas limitaciones son importantes para tener un submarino en estado operativo para combate o misiones de guerra, pero no implica que no se pueda utilizarlo para misiones secundarias, como un relevamiento de costas. Dentro de esas limitaciones, la tripulación también podía adiestrarse”, aseguró. También consideró que uno de los motivos de la demora del submarino para entrar a dique seco -los plazos para su reparación, fijados por el fabricante, estaban vencidos- podría haber sido la falta de operatividad de los arsenales de la Armada para llevar a cabo este tipo de mantenimientos, ya que en aquel momento había uno solo activo.

La pregunta crucial

El tramo final del testimonio de Pereyra fue el más cargado técnica y emocionalmente. El querellante Luis Tagliapietra -padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos- lo llevó al núcleo del caso: dado que el submarino tenía múltiples “redundancias” para salir a superficie, es decir, sistemas de respaldo que permiten que el submarino siga funcionando aunque uno falle, ¿todo tuvo que haber fallado para que el desenlace fuera el que fue?

Pereyra explicó la mecánica del hundimiento del ARA San Juan tal como la comprende luego de años de reflexión: “Algo hizo que perdieran el control de la profundidad, y a medida que el submarino gana profundidad empieza a jugar la presión. Cada vez va más rápido para abajo. Ahora, si no tiene la propulsión porque saltó la propulsión, tiene la opción de soplar los tanques, que sería el último recurso”. Soplar los tanques de lastre -de 9 toneladas de peso- permite ascender a superficie sin necesidad de propulsión, independientemente de la profundidad. Como profesor de inmersión y ex comandante, aclaró que esa maniobra es el último recurso disponible: “Una vez que ya lo sopló, ya no hay más recurso”.

Lo que no puede explicar es por qué esa maniobra no se ejecutó. “Le puedo asegurar que me he devanado la cabeza. Ante cada hipótesis que me dicen, ante cada conjetura, yo digo: ¿y por qué no hicieron esto, o tal cosa? Tiene tanta redundancia el submarino para evitar una tragedia que yo realmente no logro comprender lo que pasó. Creo que ni siquiera ellos se dieron cuenta de lo que les iba a pasar, y que hasta el último momento pensaron que iban a poder solucionarlo con propulsión, si es que la tenían”, dijo.

Después sugirió: “Yo creo que una tragedia como esta, como toda tragedia es una suma de pequeños errores, entre los cuales se puede encontrar algún error humano. Usted no se olvide que ellos habían estado toda una noche en superficie con semejante temporal, y estaban cansados, estaban golpeados, porque adentro del submarino uno se quiere desplazar 5 metros y tiene que mirar bien de dónde se va a agarrar”.

Además, remarcó: “Con semejante temporal, estaban sin dormir, golpeados. Estaban descompuestos, es inevitable. El marino se acostumbra al movimiento del mar, pero con semejante tormenta, se termina descomponiendo. (...) El as de mangas que tiene todo comandante para decir ‘bueno, me voy arriba, navego en superficie y después vemos cómo solucionamos el problema que tuvimos’, no lo podía ejecutar porque, ya le digo, con ese temporal (...) con olas de 5 a 8 metros, yo creo que realmente en superficie no lo podía tener -al buque-, por eso él -por Fernández- quería ir abajo, para que la gente descanse, para poder navegar y no romper el barco“.

Después completó: “Sumado a alguna cosa que puede haber empezado a fallar, puede haber habido alguna emergencia que fue mal resuelta. Puede haber sido una emergencia seguida de otra emergencia más, o de una emergencia mal resuelta; alguien pudo haberse equivocado en alguna maniobra a bordo, y usted suma todo eso, y bueno, las tragedias son esas sumatorias de pequeños errores y fallas. Es el día de hoy que le puedo asegurar que no le encuentro respuesta (...). Ellos tenían muchas novedades -reporte de fallas, averías o tareas pendientes-, pero no olvidemos que navegaron prácticamente 20 días sin ningún problema“.

“A mí me lo dijo Fernández por teléfono: estaban contentos por todo lo que habían hecho”, concluyó el ex COFS al recordar una conversación que tuvo con el comandante del SUSJ al llegar en noviembre con su buque a Ushuaia desde Mar del Plata.

Sobre si hubiera sido conveniente enviar un buque de apoyo o medio naval cuando el ARA San Juan reportó la novedad del ingreso de agua a las baterías, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos respondió, aclarando que lo decía “con el diario del lunes”: “Doctor, no le voy a mentir: hubiera sido conveniente”.

Luego de un cuarto intermedio, ya pasadas las 18:30, declaró el suboficial mayor Luis Rafael Amilaga, primer suboficial en hacerlo en el marco del debate oral. Su testimonio aportó una perspectiva desde la tropa sobre la válvula E-19: “Cuando se va a inmersión, esa válvula debe estar cerrada. No puede abrirse accidentalmente, porque tiene que dar muchas vueltas”, explicó. Y reseñó un incidente que vivió a bordo del submarino ARA Santa Cruz: “Cuando era cabo primero, hubo un incidente cuando entró agua en un ventilador en el tablero de baterías. Paramos todo. Sacamos el agua y pudimos seguir con la maniobra de snorkel”.

Más tarde declaró Jorge Omar Mercado, suboficial especializado en máquina y ex tripulante del ARA San Juan, quien comenzó su testimonio recordando un incendio ocurrido en 1995 a bordo de esa unidad, cuando estaba a punto de zarpar -incluso después de haberse completado la prueba de 48 horas- y que les llevó unas 12 horas sofocar. Cerró la jornada, de un total de 10 horas y media, el suboficial electricista Ángel Orlando Valdez.

El juicio por el ARA San Juan continuará este martes con nuevas audiencias testimoniales en Río Gallegos. Esta semana habrá sesiones hasta el jueves, con modalidad presencial y virtual. Se proyecta contar con un veredicto para mediados de julio.

Un documento fechado el 1 de agosto de 2024, presentado como “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”, expone un posible vínculo formal entre la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd y la Presidencia de la Nación que hasta ahora no había sido desarrollado en el marco del caso de la criptomoneda $LIBRA. El texto -dirigido al presidente Javier Milei- plantea la posibilidad de “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina” y propone una serie de iniciativas financieras, regulatorias y fiscales que, por su alcance, se insertan en el entramado de relaciones y proyectos que actualmente analiza la Justicia federal.

La causa $LIBRA, en rigor, investiga el rol del trader Mauricio Novelli y su vínculo con el entorno presidencial más cercano, a partir de mensajes, contratos y registros que dan cuenta de pagos, intermediación empresarial y acceso a funcionarios. Según surge del expediente, Novelli pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un nexo con llegada directa al Presidente y a su círculo más cercano, en un esquema que incluyó contactos con empresarios del ecosistema cripto y proyectos vinculados al uso de la imagen presidencial en iniciativas económicas.

En ese contexto, la carta de intención de Cube Exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en Australia, introduce un elemento adicional: un planteo de desarrollo institucional en el sistema financiero argentino. Allí, se establece como objetivo “establecer una cooperativa de crédito que brinde servicios financieros asequibles y de calidad, fomentando la inclusión financiera y apoyando el desarrollo económico local”, incluyendo productos como “cuentas de ahorro y crédito, préstamos personales y empresariales, y otros servicios financieros que contribuyan al bienestar económico de nuestros futuros miembros”.

La carta no lleva firmas, pero consigna un remitente: Cube Exchange Australia Pty Ltd, una sociedad privada de responsabilidad limitada, que en el documento se presenta con domicilio en “401 N Morgan Street, Suite 300, Chicago, IL 60642”, una dirección ubicada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Uno de los puntos que sobresalen del documento, al que tuvo acceso Infobae, es la referencia al acceso a información para el desarrollo de esos servicios. El texto indica que toda “información es de ayuda para mejorar los modelos de riesgo y desarrollo de productos, como datos financieros anonimizados del Banco Central y autoridades fiscales”. La mención se inscribe en un apartado técnico, pero introduce la posibilidad de interacción con fuentes de información estatal para la operatoria del proyecto.

En paralelo, la propuesta incluye un esquema de incentivos fiscales de alcance amplio. En forma textual, la empresa solicita “una exención fiscal corporativa de 10 años, con tasas impositivas que no excedan el 10% durante la siguiente década”, así como “acuerdos plurianuales, subsidios fiscales y exenciones de ubicación” y un “impuesto sobre las ganancias de capital para inversores limitado al 10% durante los primeros 10 años”. A su vez, plantea que todas “las aprobaciones regulatorias necesarias [sean] garantizadas dentro de los 60 días de la aplicación”.

El documento también contempla mecanismos de articulación directa con distintos organismos públicos. En el apartado “Colaboración con el Gobierno”, Cube Exchange requiere “el apoyo y el compromiso del gobierno argentino para facilitar la implementación de esta iniciativa”. Este pedido, de acuerdo con la Carta de Intención, menciona la inclusión de un “contacto directo con los delegados de los organismos reguladores determinados, como el (BCRA, UIF, CNV, SSN, SAFJP, ABA, AAEF), para una comunicación directa y fluida”. A ese punto se suman otros pedidos vinculados a determinada orientación “en el cumplimiento de regulaciones locales y en materia de beneficios fiscales” y a la posibilidad de establecer “la sede en Buenos Aires con un contrato gubernamental para solidificar las operaciones”.

Otro eje de la propuesta es la dimensión académica e institucional y el “Compromiso con la Comunidad”. En ese orden, el texto expone un compromiso a “trabajar estechamente con las comunidades locales, autoridades y otras partes interesadas para asegurar que nuestra presencia beneficie ampliamente a la población, fomentando la educación financiera y el desarrollo sostenible”.

A su vez, propone “colaboración internacional y la posibilidad de asociarse con la Universidad de Chicaco para establecer el ‘El Instituto Milei’ para estudios financieros e innovación, donde podemos incluir cumbres trimestrales con reguladores de cooperativas de crédito de EE.UU.”.

En ese mismo apartado, se habla de “implementar el sistema de Identidad Digital Nacional (DNI) para reemplazar los sistemas actuales como Sumsub, mejorando la seguridad y accesibilidad para los ciudadanos”.

El documento se presenta como una carta de intención, es decir, no implica por sí mismo la concreción del proyecto ni la existencia de un acuerdo definitivo, pero solicita expresamente la firma del destinatario del escrito “para formalizar su apoyo y compromiso con esta iniciativa”.

“Nuestro objetivo es facilitar la incorporación de nuevos fondos público-privados financieros y promover un sistema bancario de reserva del 100% a nivel mundial”, señala el documento.

La investigación judicial de la criptomoneda está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la instrucción. En ese marco, las actuaciones avanzan con la incorporación y análisis de prueba digital obtenida de dispositivos electrónicos -entre ellos el teléfono del lobbista Novelli-, peritajes técnicos realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y el cruce de contratos, mensajes y registros de reuniones que buscan reconstruir la secuencia de los hechos y el alcance de los vínculos entre los distintos actores involucrados.

Entre las medidas en curso se encuentran el análisis de comunicaciones, la trazabilidad de operaciones económicas y la identificación de eventuales acuerdos o contraprestaciones vinculadas a la promoción de activos financieros. La hipótesis de la Fiscalía incluye la posible existencia de un esquema en el que se habrían articulado negocios privados con acceso a funcionarios y proyección institucional, lo que es evaluado a la luz de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

La aparición de este documento se produce en un contexto en el que la investigación ya había identificado múltiples iniciativas económicas vinculadas al entorno de Novelli. Entre ellas, la organización de eventos financieros como el Tech Forum, la planificación de proyectos vinculados a activos digitales y propuestas comerciales con empresarios internacionales que, según los registros incorporados al expediente, incluyeron reuniones en Casa Rosada y contactos con funcionarios del área presidencial.

Asimismo, el material analizado por estos días da cuenta de un modelo de negocios más amplio que utilizaba la figura de Milei como elemento central de promoción, incluyendo cursos, eventos, productos financieros y contenidos audiovisuales, cuya proyección se vio interrumpida tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en febrero de 2025.

Las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan se reanudarán este lunes en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, en una nueva etapa centrada en la producción de prueba testimonial. Según lo previsto, el debate de esta semana se desarrollará hasta el jueves, bajo la conducción de los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, con la declaración de cinco testigos por jornada y en un proceso que busca determinar responsabilidades penales por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, donde murieron los 44 tripulantes del submarino.

El juicio, que comenzó el 6 de marzo, tiene en el banquillo a cuatro exintegrantes de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a través de un equipo integrado por Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia; Julio Zárate, jefe de la Unidad Fiscal de Río Gallegos; Gastón Franco Pruzán, designado para intervenir ante el tribunal oral; y María Garmendia Orueta, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). A su vez, intervienen dos querellas que representan a familiares de las víctimas: una encabezada por la abogada Valeria Carreras y otra liderada por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.

El debate oral intenta dilucidar si el submarino se encontraba en condiciones de navegar al momento de iniciar su última misión, en el marco de una orden den de operaciones dictada por el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) para realizar tareas de adiestramiento y patrullaje en sectores específicos del mar argentino. También procura analizar si en la cadena de decisiones y controles de los niveles de conducción se registraron incumplimientos u omisiones con relevancia penal.

Las audiencias que se desarrollarán en esta etapa tendrán un alto contenido técnico, con exposiciones de expertos orientadas a reconstruir el funcionamiento del submarino, los manuales de navegación, la cadena de mando y las condiciones de seguridad náutica de la unidad naval. Todo ese material será central para sostener o refutar las distintas hipótesis que conviven en simultáneo acerca de lo ocurrido aquel 15 de noviembre, en medio de un fuerte temporal en el Atlántico Sur.

A lo largo de los próximos días es probable que se hable del estado de navegabilidad del buque; de la reparación de media vida terminada -con algunas pruebas pendientes- en 2014; de los protocolos que realiza todo tripulante de un submarino antes de zarpar; de las navegaciones previas del San Juan y de las novedades registradas en ellas unos pocos meses antes de la tragedia. Es posible que se aborde también la cuestión de la válvula E-19 -por donde habría entrado el agua-; su finalidad en el sistema de ventilación y de la utilización que le dió el comandante del buque, Pedro Fernández, en un viaje en agosto para mejorar las condiciones de la atmósfera del buque.

Según surge de las actuaciones, existen algunos datos objetivos sobre la secuencia previa al naufragio. En primer lugar, se registró un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa a través del mencionado sistema de ventilación, lo que generó un cortocircuito y un principio de incendio que, de acuerdo con el parte transmitido por el jefe de la nave, el capitán de fragata Fernández, habría sido controlado por la tripulación.

A partir de ese incidente, el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, dispuso la cancelación de la patrulla y ordenó el regreso del submarino a la Base Naval Mar del Plata. Posteriormente, el propio Fernández informó que la nave navegaba “en circuito dividido” y que su intención era sumergirse para evaluar el estado de las baterías afectadas.

En ese momento, el submarino se encontraba en condiciones meteorológicas adversas, con olas de entre seis y diez metros de altura. Tras esa última comunicación, se produjo un silencio radial. Cerca de tres horas después, a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017, estaciones de monitoreo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registraron un “evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en un área cercana al lugar donde, un año después, se hallarían los restos del ARA San Juan.

Los acusadores sostienen que los imputados incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La investigación del caso estuvo a cargo en su etapa inicial de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, con intervención de los fiscales Lucas Colla y María Garmendia Orueta, quienes impulsaron la instrucción. En las actuaciones se registran declaraciones que van desde el expresidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña, hasta el entonces jefe de la Armada Marcelo Eduardo Hipólito Srur y su superior directo, el exministro de Defensa Oscar Aguad. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de los actuales imputados y dispuso el sobreseimiento de otros oficiales superiores que también habían sido investigados por presunto incumplimiento de sus deberes.

En contraste con la acusación, los imputados rechazaron de manera categórica los cargos durante sus declaraciones indagatorias. El primero en declarar fue Villamide, quien sostuvo: “Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente”, y defendió el estado operativo del buque al momento de su última misión. En esa línea, afirmó que “el submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar”.

Durante su exposición, también reconstruyó las comunicaciones previas a la pérdida de contacto con el submarino y señaló que la tripulación logró controlar inicialmente la contingencia. Sin embargo, admitió la falta de certezas sobre el desenlace: “La realidad es que no sabemos qué pasó”.

Los otros tres imputados adoptaron una línea defensiva similar. López Mazzeo negó “todas y cada una de las imputaciones” en su contra; Alonso sostuvo que su imputación se basó en un reglamento “desactualizado”; y Correa también rechazó los cargos.

En conjunto, las defensas sostienen que el submarino se encontraba en condiciones operativas al momento de zarpar y que no existen pericias directas que permitan establecer con certeza la causa del hundimiento ni un nexo causal entre las supuestas irregularidades y el resultado final. En ese marco, destacan el cumplimiento de protocolos técnicos como las pruebas de 48 horas y la elaboración del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), documento que certificaba que el buque estaba habilitado para navegar.

Por otra parte, el desarrollo del juicio también quedó atravesado por un incidente procesal vinculado a la intervención del Ministerio Público Fiscal. Y es que en diciembre de 2025, el Tribunal Oral resolvió que solo dos fiscales -Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla- podrían intervenir activamente en el debate, pese a que el procurador general interino Eduardo Casal había dispuesto la conformación de un equipo de cuatro fiscales en atención a la complejidad del caso.

El tribunal de Santa Cruz fundamentó su decisión en los principios de oralidad, inmediación e igualdad de armas, advirtiendo que la participación alternada de los acusadores podría generar nulidades. Frente a esa limitación, los fiscales interpusieron un recurso de casación al considerar que la medida resultaba arbitraria y afectaba su autonomía funcional.

El planteo fue inicialmente rechazado por el tribunal por considerarlo inadmisible. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público recurrieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La intervención de Casación: habilitan el planteo de la fiscalía

La controversia escaló esta semana al máximo tribunal penal del país. Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, decidió hacer lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, declarar erróneamente denegado el recurso de casación y conceder su tratamiento.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que “la naturaleza federal de los agravios planteados por la recurrente, los cuales lucen, en principio, razonablemente fundados (...), permiten habilitar así esta instancia”, y aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del planteo.

De este modo, ahora el máximo tribunal penal del país deberá analizar si la limitación impuesta por el Tribunal Oral respecto de la participación de los fiscales se ajusta a derecho, en una discusión que se superpone al desarrollo del juicio, donde se prevé recibir casi un centenar de testimoniales tanto en Río Gallegos como de manera virtual.

El juez federal Alfredo Eugenio López lleva meses en el centro de una tormenta judicial e institucional. Todo comenzó en febrero de 2025, cuando organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias contra el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata por publicaciones realizadas en su cuenta de X. Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.

También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.

Con la denuncia, se labró el expediente N° 19/2025 en la Comisión de Acusación del Consejo, donde el titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, oportunamente, se presentó para desarrollar y exponer su defensa basada -en líneas generales- en cuatro ejes: ejercicio legítimo de la libertad de expresión; inexistencia de delito; falta de legitimidad de las organizaciones denunciantes; y razones ajenas al antisemitismo para impulsar la denuncia en su contra.

Esta semana, por lo demás, la Comisión de Acusación reunió los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca para elevar el caso al Plenario del organismo encargado de la selección y remoción de los jueces, presidido por el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Si los dos tercios de los 20 consejeros aprueban la acusación, López será suspendido de su cargo y pasará a ser juzgado por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Los consejeros Juez y Maques fueron propuestos como representantes del cuerpo para esa etapa.

El dictamen acusatorio que ahora será trasladado al plenario del Consejo de la Magistratura fue elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien durante su instrucción identificó 17 mensajes publicados desde la cuenta @JuezLopezMDP entre septiembre de 2024 y julio de 2025 que consideró constitutivos de un patrón sistemático de agresión hacia la comunidad judía.

Entre ellos figuran: “A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”. También: “Pueden dejarles sus comentarios a estos fariseos”; “Bueno judío, es Twiter y hay que abreviar”; “Otro J victimizándose, ya se les gastó de tanto usar, lo siento”; “Que idea judío insolente?”; “Otro juden” y “Si, raza de víboras”. Ante una nota periodística sobre el lanzamiento de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, el juez escribió: “¿ida y vuelta?”. Sobre la composición de la Corte Suprema, preguntó: “Usarán la Tora o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene”. También reposteó un mensaje que decía: “El juez López es la voz de los que no tienen voz. Por tal motivo es el objetivo de la judiada, interna y externa. Debemos unirnos como pueblo en esta cruzada patriótica y poder así reconquistar el mando de nuestra nación, ya sin injerencia extranjera”. Y respondió “Muchas gracias” a un usuario que había escrito que “a estos miserables cerdos judíos hay que confrontarlos abiertamente y ponerlos en su sitio”.

En su descargo frente a la comisión acusatoria, el magistrado reconoció haber publicado esos mensajes y confirmó que administraba personalmente la cuenta de X.

El argumento central de López giró en torno a que sus publicaciones constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En su defensa sostuvo que sus mensajes eran “interpretaciones absolutamente subjetivas y descontextualizadas respecto de los intercambios realizados en las redes sociales, que de ninguna manera afectan el Servicio de Justicia ni la imparcialidad” de su función, “habida cuenta de que no se ha expresado en relación a ninguna causa en trámite”. Como prueba de ello, señaló que nunca fue recusado ni apartado de ninguna causa judicial.

López también argumentó que “del relato formulado en la denuncia no surge la comisión de ningún delito, razón por la cual no se formuló ninguna denuncia al respecto” en su contra en ningún fuero del país. Desde esa base, cuestionó que las organizaciones denunciantes hubieran recurrido al Consejo de la Magistratura: “Evidentemente los denunciantes lo hacen en esta instancia porque saben que carecen de consecuencias legales”, expresó, y advirtió que se reservaba el derecho a iniciar “denuncias penales y la reparación de los daños y perjuicios” contra los firmantes por lo que calificó como una “falsa denuncia”.

A su vez, el magistrado cuestionó la representatividad de las dos organizaciones que encabezaron las denuncias -el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la DAIA- y aseveró que “ambas organizaciones denunciantes se arrogan una representación que no les fue otorgada por quienes hicieron el intercambio de opiniones en la red social X”. Sobre la DAIA fue aún más crítico: la describió como “una organización que abiertamente representa los intereses de un Estado extranjero, mas no los de la totalidad de la colectividad judía”, y calificó las denuncias como el producto de “una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa” contra un magistrado “designado por concurso público y de acuerdo a todas las normas constitucionales vigentes con más de 40 años de trayectoria intachable”.

Por último, el denunciado buscó apoyo en la Resolución N° 259/2020, mediante la cual el propio Consejo de la Magistratura había archivado en noviembre de 2020 una denuncia en su contra promovida por el diputado Rodolfo Tailhade en virtud de expresiones vertidas igualmente en redes sociales. Para el juez, ese precedente era directamente aplicable al caso. Además, ofreció su propia lectura sobre el origen de las denuncias: sugirió que “lo que realmente ha molestado y motivado a perseguir a este magistrado por los denunciantes ha sido la difusión de la decisión tomada por la Corte Penal Internacional, ordenando la captura internacional del Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su Ministro de Defensa por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza, siendo la República Argentina adherente al Tratado que reconoce competencia de ese órgano jurisdiccional penal internacional y que, teniendo en consecuencia rango constitucional, la República Argentina está obligada a acatar”.

También atribuyó parte de las críticas a su condición de católico y a su adhesión a la interpretación del constitucionalista Germán Bidart Campos sobre el artículo 2 de la Constitución Nacional, remarcando que “el odio y la persecución estarían motivadas en su condición de católico”.

El dictamen acusatorio de Luis Juez respondió punto por punto. Consideró que las expresiones digitales del magistrado no constituían “manifestaciones aisladas ni meras opiniones polémicas sobre asuntos públicos” sino “un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo”, y dejó en claro que el eje del procedimiento no era la política internacional sino el cumplimiento de los deberes de imparcialidad, decoro e igualdad que exige la función judicial. Para arribar a esa conclusión aplicó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), adoptada por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución N° 343/2024, y el “test de las tres D” -demonización, deslegitimación y doble estándar- utilizado internacionalmente para distinguir la crítica legítima al Estado de Israel del discurso antisemita. El dictamen también señaló que la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento” respecto de las publicaciones resultaba un elemento central para evaluar la aptitud de López para continuar ejerciendo la función judicial.

No es la primera vez que López queda envuelto en una controversia de alcance institucional. En 2021 protagonizó adquirió notoriedad pública al hacer lugar a una medida cautelar que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su jurisdicción. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Al cierre de la sesión de esta semana, donde se acordó tratar el caso de López en el plenario del Consejo para ver si se opta por activar un juicio político, el consejero Juez comentó a Infobae: “Un magistrado no puede sembrar odio, no puede discriminar ni poner en duda la igualdad de los ciudadanos. Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, no falla solo a una persona, sino a la institución”.

Si prospera la acusación, será el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación el encargado de decidir la eventual destitución de López.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en una causa por lavado de activos y le permitió continuar interviniendo en el proceso, pese a la vigencia del Decreto 274/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que había eliminado esa facultad acusatoria para el organismo.

La decisión fue adoptada esta semana por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en el expediente “Rodríguez, Enrique Osvaldo s/recurso de casación”, una investigación iniciada en 2011 en la que se analizan presuntas maniobras de blanqueo de dinero vinculadas a operaciones financieras irregulares, en el marco de la Ley 25.246.

El fallo dejó sin efecto lo resuelto en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N°5, que había excluido a la UIF como parte acusadora al interpretar que el decreto en cuestión-dictado por el Poder Ejecutivo- impedía su continuidad como querellante incluso en causas en trámite.

Esa resolución del TOF fue apelada por el organismo estatal por considerarla arbitraria e infundada.

El punto central del caso, en rigor, fue el alcance temporal del Decreto 274/2025, firmado por Javier Milei y los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y publicado en el Boletín Oficial el 16 de abril de 2025. Esa norma derogó el régimen que habilitaba a la UIF a actuar junto al Ministerio Público Fiscal como acusador particular en procesos penales.

En sus argumentos, el decreto sostuvo que “el esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos” y advirtió sobre “el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”. Además, recogió recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que había señalado que ese rol podía “afectar la autonomía e independencia operativa” del organismo antilavado.

También expuso que, en virtud del artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal, mientras que la UIF debía concentrarse en tareas de análisis financiero, inteligencia y colaboración con la Justicia.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, estableció un límite a esa interpretación. En el voto que conformó la mayoría, el juez Javier Carbajo, al que adhirió Gustavo Hornos, indicó que si bien el decreto eliminó la facultad de intervenir procesalmente hacia el futuro, no podía aplicarse de manera retroactiva para desplazar a la UIF en procesos donde ya había sido admitida como parte.

El camarista destacó que el organismo había sido incorporado en esta causa como querellante en 2016 y que desde entonces intervino activamente en el expediente, incluyendo el requerimiento de elevación a juicio y el ofrecimiento de prueba. Para el juez, esa intervención configuraba una situación procesal “consolidada”.

A su vez, el juez Hornos dijo: “las normas procesales rigen de manera inmediata, pero no tienen efecto sobre situaciones jurídicas ya consolidadas. En el caso, la UIF fue admitida como parte acusadora en este proceso penal con anterioridad a la vigencia del nuevo decreto, y en ese carácter ha intervenido en distintos y sustanciales actos del proceso (...), por lo que debe reconocérsele la posibilidad de continuar ejerciendo los actos procesales propios de su condición”.

Y añadió: “En esas circunstancias, quitarle la legitimación para intervenir en el mismo proceso importa una afectación al debido proceso (...), en tanto introduce una restricción no prevista en la normativa y en contradicción con la doctrina que impide el cercenamiento intempestivo de facultades procesales reconocidas con anterioridad".

La decisión no fue unánime, ya que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia tras considerar que, después de la derogación del régimen anterior, la UIF ya no contaba con facultades legales para actuar como querellante, por lo que correspondía ratificar el apartamiento dictado por el tribunal de juicio que había sido solicitado por la defensa del imputado.

Al respecto, Borinsky explicó que con el decreto 274/2025 “el Poder Ejecutivo Nacional emitió la referida norma por la cual, en lo que aquí concierne, a través de su artículo 10 derogó el Decreto PEN N° 2226/2008 (...) que autorizaba ‘a la titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo amerite’“.

Además, el juez precisó: “Es de interés remarcar que el Decreto PEN N° 274/2025 brindó los fundamentos por los cuales se desaconsejaba que el organismo ejerza ese tipo de rol, decisión que incluso se acopla a las recomendaciones que sobre el particular se habían formulado en el ámbito internacional”.

Luego advirtió: “No puede soslayarse que la derogación de la facultad de querellar de la Unidad de Información Financiera se fundamentó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, particularmente teniendo en cuenta que en el derecho comparado y otros países del mundo estos organismos (las UIF) no ejercen ese tipo de rol, como así también para evitar la superposición de funciones con las del Ministerio Público Fiscal (...), encargado éste último de ejercer la acción penal pública; amén de optimizar, claro está, los recursos económicos, humanos y la eficiencia en el ámbito del Estado”.

De este modo, por mayoría, la Sala IV de la Casación resolvió hacer lugar al planteo de la UIF y revocar la resolución impugnada. También dispuso “estar a la decisión antecedente por la que se confirió a la Unidad de Información Financiera la calidad de querellante”.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el rechazo de una acción de amparo presentada por un trabajador contra el Estado Nacional, quien buscó en tribunales hacer valer la protección especial que la ley otorga a los representantes gremiales frente a un despido. El tribunal de alzada concluyó que el demandante no logró acreditar que contaba con esa cobertura sindical al momento de la finalización de su vínculo laboral y que el reclamo en cuestión excedía los alcances de esa vía judicial excepcional.

La decisión fue adoptada por los camaristas Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Osvaldo Tazza, quienes ratificaron la sentencia dictada en primera instancia por el juez Alfredo Eugenio López, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata.

El expediente se inició el 18 de abril de 2024, cuando Jorge Gómez promovió la acción contra la Subsecretaría de Pesca y Agricultura de la Nación -actual Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía-, solicitando su reinstalación laboral y el dictado de una medida cautelar para que se ordene su reincorporación inmediata.

Según su relato, se desempeñaba desde hacía más de 20 años como inspector de pesca y el 26 de febrero de 2024 “el Estado le negó el ingreso para prestar servicios sin causa alguna y sin tener en cuenta su condición sindical”. Dijo además que no había sido notificado “de ninguna decisión sobre su situación laboral”.

El demandante también precisó que había sido designado como “miembro paritario" de ATE, y que el Estado había sido notificado “mediante carta cinco días antes de la negativa a su ingreso”, quedando así de “de manera manifiesta la discriminación sufrida”.

A su vez, cuestionó la modalidad de contratación bajo la cual se desempeñaba. Explicó que, aunque formalmente figuraba como contratado, en la práctica cumplía funciones permanentes y continuas, propias de un empleado estable del Estado. Desde esa perspectiva, advirtió que su desvinculación no podía producirse sin respetar las garantías constitucionales que protegen la estabilidad laboral.

Indicó que la decisión de la empleadora resultó “arbitraria y discriminatoria” en tanto le negó “tareas habituales y normales en fraude a la ley”.

El planteo se apoyó en la ley 23.551 de asociaciones sindicales, que habilita el uso del amparo cuando se obstaculiza el ejercicio de derechos gremiales. En ese marco, el trabajador reclamó -junto a su reincorporación- el pago de salarios caídos y una indemnización por daño moral por un monto de 16.515.008,64 pesos.

La demanda fue contestada por una apoderada del Estado Nacional, que negó la existencia de la protección sindical al momento del despido. En efecto, la abogada alegó que la relación contractual había finalizado el 19 de febrero de 2024, mientras que la comunicación de la designación como representante gremial se produjo el 21 de febrero, es decir, dos días después. En ese orden, remarcó que al momento de la desvinculación el trabajador no contaba con la cobertura invocada.

En primera instancia, el juez Alfredo López desestimó la acción de amparo tras evaluar la secuencia temporal del caso, ya que “del examen de la documental aportada por la actora se desprende que efectivamente existe una nota fechada el día 21 de febrero de 2024 por la cual dos integrantes -el Secretario General y el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo- de la Asociación de Trabajadores del Estado comunican al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Fernando Vilella, que el Sr. Gómez ha sido designado miembro paritario para representar a dicha asociación sindical en la delegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo –CYMAT- en la Subsecretaría de Pesca, Regional Mar del Plata.

Luego, agregó: “La designación indicada precedentemente no fue negada por la accionada, sin embargo ha objetado su oportunidad ya que como se dijo la misma fue posterior a la finalización de la contratación que las vinculaba. En efecto, en la documental aportada por el Estado Nacional se observa que en los listados de contrataciones la última correspondiente al Sr. Gómez abarcaba el período comprendido entre 1º de enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, con lo cual, teniendo en cuenta que la comunicación efectuada a la Secretaría data del día 21 de febrero de 2024 sin que en la misma se hubiera consignado fecha alguna de su designación como paritario ni fueron aportados otros elementos que permitieran establecer tal circunstancia estimo que la tutela solicitada no puede ser acordada“.

Sobre esa base, el magistrado dispuso la denegación del planteo e impuso las costas al trabajador.

Gómez apeló la decisión. En su recurso cuestionó la fecha de finalización del contrato, aseguró que no fue debidamente notificado de su baja y reiteró que su vínculo con el Estado debía ser considerado como una relación laboral permanente, con estabilidad protegida por la Constitución Nacional.

Así las cosas, radicado el expediente en el tribunal de alzada, el camarista Eduardo Jiménez fue el encargado de liderar el acuerdo donde, al exponer su voto, optó por confirmar la sentencia de primera instancia. Para eso señaló que el actor “no probó en la causa los extremos necesarios para hacer lugar a dicha tutela” y subrayó que la carga de la prueba recaía sobre quien promovió la acción sindical.

Por otro lado, el juez entendió que resultaba determinante que la designación como representante gremial hubiera sido comunicada con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, en tanto “resulta a todas luces evidente que tal certificación carece de valor desde que fue posterior a la fecha de finalización de la contratación que vinculaba a las partes”.

“Reitero -precisó el magistrado-, el contrato fenecía el 19/2/2024, mientras que la certificación reza la fecha 21/2/2024, es decir, dos días después. A mayor abundamiento, nótese que tal comunicación no posee en su cuerpo de escritura ninguna referencia a una eventual designación en fecha anterior a la consignada”.

Y añadió: “Tales consideraciones, que tuvo en cuenta el a quo para rechazar la demanda, son compartidas por el firmante ya que no queda lugar a dudas que la nota confeccionada por ATE no posee la virtualidad que le asigna la amparista y por lo tanto resulta insuficiente para fundamentar la tutela peticionada”

El camarista también abordó el planteo sobre la naturaleza del vínculo laboral y concluyó que esa discusión -esto es, si el trabajador debía ser considerado como empleado permanente o contratado del Estado- requería de un análisis probatorio más amplio, incompatible con el marco del amparo. En ese sentido, postuló que se trataba de una cuestión que debía canalizarse por otra vía judicial “más idónea”.

El juez Alejandro Tazza, a su turno, adhirió en todos sus términos al voto de su colega, por lo que la Cámara Federal de Mar del Plata dejó firme la sentencia que rechazó la acción de amparo sindical contra la Subsecretaría de Pesca y Agricultura de la Nación.

A partir de las últimas novedades incorporadas al expediente que investiga presuntas estafas vinculadas al lanzamiento del token $LIBRA, el nombre de Mauricio Gaspar Novelli quedó en el centro de la escena. La reconstrucción de sus comunicaciones, sus movimientos financieros y su vínculo con el presidente Javier Milei lo ubican como una pieza relevante dentro del entramado que dio origen al proyecto.

Mauricio Novelli es un joven trader, empresario y operador del mundo financiero que en los últimos años construyó un vínculo sostenido con Milei y su entorno, primero en el plano profesional y luego con acceso directo al círculo más cercano del poder. Su perfil combina la actividad en el trading con un rol de articulación -cercano al de un lobbista- dentro del ecosistema cripto, donde operó como nexo entre empresarios tecnológicos y la esfera política.

Su trayectoria se desarrolló a través de N&W Professional Traders, una academia de formación en inversiones que fundó junto a su socio Jeremías Walsh. Desde allí ofrecía capacitaciones sobre mercado cambiario y operatoria financiera. Fue en ese ámbito donde comenzó su relación con Milei, quien desde 2020 dictaba cursos en esa estructura a cambio de honorarios. Ese vínculo, inicialmente profesional, se sostuvo en el tiempo y se profundizó con el crecimiento político del economista hasta su llegada al Poder Ejecutivo.

Con Milei en el poder, Novelli pasó a tener un acceso frecuente a la Casa Rosada y a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Ese vínculo no solo fue institucional, sino también operativo: la investigación judicial analiza por estas horas si esa cercanía fue utilizada como un activo dentro de negocios vinculados al mundo de las criptomonedas.

En paralelo, el joven empresario amplió su campo de acción. Junto a Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum Argentina de octubre de 2024, un evento que reunió a actores del ecosistema tecnológico y en el que Milei participó como figura central. Ese encuentro funcionó como punto de contacto entre el presidente y referentes del sector, entre ellos el estadounidense Hayden Mark Davis, señalado en la causa como uno de los ideólogos del token $LIBRA.

La causa $LIBRA se originó, en rigor, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje difundiendo el lanzamiento de la cripto. En pocas horas, el activo pasó de valer centavos a cerca de cinco dólares, para luego desplomarse. Según las denuncias, durante ese lapso un grupo reducido de operadores habría retirado cerca de 100 millones de dólares, mientras otros inversores registraron pérdidas millonarias.

En ese contexto, el expediente incorporó en las últimos días una pericia tecnológica sobre el teléfono celular de Novelli, realizada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El análisis permitió reconstruir mensajes, audios, llamadas, documentos borrados y notas internas, y aportó nuevos elementos sobre su vínculo con Milei y su entorno.

Uno de los mensajes recuperados, fechado el 1° de agosto de 2023, expone una dinámica previa a la llegada al poder: “Tenemos que pagar los US$2000 de Milei de siempre”, le indicó Novelli a su secretaria. Otros intercambios refuerzan esa línea. “Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danann y Milei”, explicó en un audio, en referencia al uso de criptomonedas para generar liquidez. En ese mismo circuito aparecen instrucciones directas: “Traeme ese fajo”.

Los registros también incluyen menciones al entorno presidencial. En junio de 2023, Novelli ordenó separar dinero para “la secretaria de Milei”, y ya con el gobierno en funciones, un mensaje alude a “juntar los 4000 para Karina”. Para los investigadores, estos elementos forman parte de una línea de análisis que busca determinar si existieron pagos sistemáticos y recurrentes vinculados a la figura del hoy jefe del Estado.

La pericia también permitió reconstruir cómo Novelli explotaba ese vínculo en el plano comercial. En la organización del Tech Forum, por ejemplo, compartió una selfie con Milei tras una reunión en Casa Rosada y la utilizó para promocionar el evento ante potenciales sponsors. “Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos”, comentó en uno de los intercambios. En otro audio, mencionó la posibilidad de organizar “un evento con presidencia” en un hotel porteño.

Ese uso de la imagen presidencial como activo de negocios es uno de los ejes que analiza la investigación judicial. Los chats también reflejan movimientos de dinero de gran escala. En octubre de 2024, en plena organización del foro, Novelli escribió: “Te estoy llevando 5M en efectivo”. En paralelo, buscaba facilitar encuentros con el presidente para inversores: “Sería genial si entro primero yo solo así lo pongo en tema a Javier”.

Otro aspecto bajo análisis es el nivel de consumo del joven empresario. Los mensajes recuperados muestran consultas por vehículos de alta gama, propiedades de alto valor y relojes de lujo, con referencias reiteradas a pagos en efectivo. Estas conductas son evaluadas en el marco de la evolución patrimonial del trader.

En cuanto al lanzamiento de $LIBRA, la pericia permitió reconstruir la secuencia de comunicaciones del 14 de febrero de 2025. Ese día, Novelli mantuvo múltiples contactos con Milei minutos antes y después del posteo que impulsó el valor del activo. También se registraron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó a Santiago Caputo, además de cerca de 200 interacciones durante ese fin de semana, en medio del derrumbe del token.

El análisis del dispositivo también recuperó un documento redactado en inglés, fechado tres días antes del lanzamiento, que describe un esquema de pagos por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de la moneda digital, con referencias a acuerdos y reuniones previas con actores del proyecto.

A la par del avance de la pesquisa -con intervención del fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi-, la Cámara Federal ordenó acelerar la producción de prueba y revisar las medidas patrimoniales, ante la aparición de nuevos damnificados y el posible incremento del perjuicio económico.

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Río Negro que había incorporado las tierras del aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche al ejido municipal y dejó sin efecto una sentencia que habilitaba al municipio a ejercer poder de policía e imponer tasas municipales sobre esa actividad, al admitir los recursos extraordinarios promovidos por el ORSNA y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A..

La decisión fue adoptada este martes por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en una causa caratulada “O.R.S.N.A. c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ varios”, donde se debatió el alcance de las facultades municipales sobre una infraestructura vinculada al transporte aerocomercial y la validez constitucional de las normas provinciales que extendieron la jurisdicción local sobre ese ámbito.

El conflicto, en rigor, tuvo su origen en la ley provincial N° 3978 -luego complementada por la ley N° 4559- mediante la cual Río Negro amplió el ejido urbano de Bariloche e incorporó dentro de sus límites las tierras donde se emplaza el aeropuerto. A partir de esa ampliación, la Municipalidad de Bariloche avanzó sobre la actividad desarrollada en la terminal aérea e intimó a la empresa concesionaria a cumplir con obligaciones administrativas y tributarias locales, incluyendo la inscripción en registros municipales, la declaración de ingresos, la tramitación de habilitación comercial y el pago de la tasa de seguridad e higiene, bajo apercibimiento de clausura.

Frente a ese escenario, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) impulsó una acción declarativa de certeza ante la justicia federal para que se dilucidara si el municipio contaba con facultades para ejercer poder regulatorio para imponer tributos sobre el aeropuerto de Bariloche.

En su presentación, el ORSNA advirtió sobre la necesidad de evitar “cualquier interferencia que afecte el debido cumplimiento por parte del concesionario del Aeropuerto del fin específico de utilidad nacional del respectivo establecimiento”, al considerar que las exigencias municipales podían incidir en la operatoria del servicio aerocomercial.

El planteo no prosperó en primera instancia, ya que el juzgado federal interviniente desestimó el planteo en los términos propuestos por la entidad reguladora, que había contado con el acompañamiento de la firma Aeropuertos Argentina 2000. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca modificó ese fallo y admitió parcialmente la acción declarativa de certeza. Al respecto, entendió que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche podía ejercer sus facultades de poder de policía y imposición, pero aclaró que ese ejercicio debía realizarse sin “interferir, obstaculizar o impedir, en ninguna forma, el normal funcionamiento del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche y los servicios complementarios existentes en su ámbito, cualesquiera fuese su naturaleza”.

Al mismo tiempo, el tribunal de alzada descartó que correspondiera revisar la validez de normas de derecho público local vinculadas a los límites del ejido urbano. En ese sentido, consideró que la ley provincial 3978 no modificó la titularidad de las tierras ni su carácter de parque nacional, sino que se limitó a incorporarlas al ámbito de jurisdicción municipal en lo relativo a las competencias propias de las autoridades locales.

Esa postura fue objetada por el ORSNA y la concesionaria, quienes interpusieron sendos recursos extraordinarios -replicados también por el Estado Nacional- por evaluar que la sentencia de la Cámara convalidaba una injerencia indebida sobre un ámbito sometido a jurisdicción federal, en tanto el predio en cuestión se encontraba dentro del Parque Nacional “Nahuel Huapi”, un establecimiento de utilidad pública nacional.

Concedidos los recursos, el expediente quedó en condiciones de ser examinado por la Corte Suprema.

En esa instancia, el Máximo Tribunal enfocó su análisis en la constitucionalidad de la ley provincial 3978, que permitió expansión del trazo municipal sobre las tierras del aeropuerto “Teniente Luis Caldelaria”. Bajo esos términos, evocó un fallo propio en el que ya había examinado un caso similar.

“Sobre ese punto, en lo pertinente, cabe remitir a los fundamentos y conclusiones de esta Corte en Fallos: 347:552, precedente en el que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro. En función de ello, corresponde hacer lugar a los recursos extraordinarios deducidos y revocar la sentencia apelada", consignó la resolución de este martes.

El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, emitió su propio voto, donde reconstruyó el encuadre normativo del caso y destacó que las tierras donde se emplaza el aeropuerto “se encuentran dentro de la jurisdicción de la Reserva Guitíerrez del Parque Nacional Nahuel Huapi (...)" y que “es importante que esa zona se integre al ejido municipal de San Carlos de Bariloche, único municipio que puede absorberlo en su jurisdicción”.

No obstante, remarcó: “La potestad tributaria que la MSCB pretende ejercer con relación al aeropuerto anexado a su territorio por la ley provincial impugnada -consistente en aplicar la tasa de seguridad e higiene- involucra una prestación que no compete a esa jurisdicción municipal al encontrarse la Provincia de Río Negro, a la que pertenece dicha municipalidad, impedida de efectuar actos de disposición con relación a tales territorios. Por ende, la tasa en cuestión carece de causa y por esa razón no puede ser exigida por la MSCB (...)”.

El juez Ricardo Lorenzetti, en su voto concurrente, recordó que el 28 de mayo de 2024 la Corte Suprema ya se había pronunciado sobre este mismo conflicto en la causa “Administración de Parques Nacionales” (APN), tramitada en instancia originaria. En ese expediente, la APN había demandado a la Provincia de Río Negro para que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes locales 3978 y 4559, mediante las cuales se habían incorporado al ejido de la Municipalidad de Bariloche extensas superficies de la Reserva Nacional Nahuel Huapi y del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En ese planteo, el organismo nacional sostuvo que la provincia se había arrogado facultades sobre tierras que integran el dominio público del Estado Nacional, regidas por la ley 22.351, y que por su naturaleza resultan “imprescriptibles e inalienables”. También subrayó que no se trataba de territorio provincial adquirido con posterioridad, sino de tierras que pertenecían “a la Nación desde sus orígenes, con anterioridad a la creación de la Provincia de Río Negro”.

Al citar ese antecedente, Lorenzetti destacó que el Máximo Tribunal había declarado la inconstitucionalidad de las leyes cuestionadas y determinado que las superficies involucradas -entre ellas, el área donde se emplaza el aeropuerto internacional- integran las reservas y el parque nacional mencionados, y que “han sido excluidas de los bienes que debían transferirse con motivo de la provincialización dispuesta por la ley 14.408”, lo que “impedía a la provincia demandada efectuar actos de disposición con relación a ellos”.

Sobre esa base, el magistrado entendió que los agravios planteados en el caso actual encontraban respuesta en ese precedente, en tanto no se discutía que el territorio incorporado por la ley provincial 3978 se ubica dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Gutiérrez- y que en una porción de esa superficie se encuentra el aeropuerto.

En ese contexto, concluyó que la declaración de inconstitucionalidad de la norma “conlleva, como lógica consecuencia, que el municipio demandado carece de competencia en razón del territorio para llevar a cabo el ejercicio del poder de policía e imposición que pretende ejercer en el ámbito del aeropuerto”.

La Corte remitió el expediente al tribunal de origen con el fin de que “se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente”.

Con la presencia de distintas personalidades del ámbito judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, le tomó juramento este martes al secretario de Justicia, Santiago Viola, como nuevo representante del Poder Ejecutivo en ese organismo.

La ceremonia se realizó en cumplimiento de la Acordada 3/2026, mediante la cual el Máximo Tribunal del país autorizó al presidente de la Corte a recibir el juramento previsto en la Ley 24.937 para la incorporación del nuevo consejero. Viola había sido designado en el cargo por el Decreto 142/2026, publicado el 9 de marzo de 2026, que también aceptó la renuncia de su antecesor, Sebastián Amerio, quien actualmente se desempeña como Procurador del Tesoro de la Nación.

El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y del ministro Ricardo Lorenzetti, quienes acompañaron a Rosatti en la jura. De este modo, Viola quedó formalmente incorporado al Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con la Ley 24.937, los miembros del Consejo, en el acto de su incorporación, deben prestar juramento de desempeñar debidamente el cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requisito que habilita su integración efectiva al órgano.

Viola se desempeña actualmente como secretario de Justicia de la Nación, en el ámbito del Ministerio de Justicia. En ese rol tiene a su cargo la Subsecretaría de Política Criminal, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, cada una con sus respectivas dependencias. Su designación se produjo tras la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente de esa cartera, en el marco de una reorganización del equipo judicial del Gobierno.

Con 38 años, el nuevo consejero es abogado con experiencia en materia penal. Trabajó con Karina Milei desde los comienzos del espacio libertario y se presentó como su letrado de confianza en una causa por presunto espionaje. Además, es apoderado de La Libertad Avanza y fue interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) durante la investigación al sindicalista Omar “Caballo” Suárez. Es hijo de Claudia Balbín, una abogada con trayectoria en los tribunales federales de Comodoro Py.

En su carrera profesional, intervino en causas de relevancia en el fuero federal. En 2016 asumió la defensa de los hijos del empresario Lázaro Báez en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, tramitada ante el juez federal Sebastián Casanello. En ese contexto, también estuvo imputado en una investigación vinculada a la supuesta presentación de testigos falsos, expediente que posteriormente fue cerrado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Participaron del acto el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y los consejeros Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernanda Vázquez.

También asistieron representantes del Senado y del Congreso de la Nación, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal general adjunto de la Ciudad y autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

La incorporación de Viola se produce en un contexto de fuerte nivel de vacancias en el Poder Judicial. Según distintos relevamientos, existen alrededor de 300 cargos de jueces sin cubrir, una situación que impacta en el funcionamiento de los tribunales y en la capacidad del sistema para dar respuesta a la demanda judicial. En ese escenario, el Consejo de la Magistratura cumple un rol central en los concursos y procesos de selección de magistrados, en coordinación con el Poder Ejecutivo y el Senado.

En el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz -con sede en Río Gallegos- rechazó recientemente un planteo del Ministerio Público Fiscal contra una resolución que limitó la cantidad de fiscales que pueden intervenir activamente en el debate oral. Los jueces dispusieron que solo dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino Eduardo Casal participen en las audiencias, mientras que los demás integrantes del equipo podrán presenciarlas, aunque sin intervenir procesalmente.

La fiscalía cuestionó esa restricción mediante un recurso de casación, pero los magistrados lo declararon inadmisible al considerar que se trata de una cuestión procesal que no reviste el carácter de sentencia definitiva. Frente a ese revés, los acusadores acudieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revise lo resuelto por los jueces que conducen el debate.

El fallo impugnado por el MPF lleva las firmas de los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes llevan adelante el proceso que busca determinar eventuales responsabilidades por el naufragio del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El debate oral comenzó el 6 de marzo y tiene en el banquillo a cuatro oficiales de la Armada: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío retirado Alejandro Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.

Las acusaciones en el juicio

La fiscalía y dos querellas, que representan a distintas familias de los 44 tripulantes fallecidos, sostienen que los marinos incurrieron en incumplimiento de sus deberes por el rol que ocupaban en la cadena de mando de la Armada. Según la tesis acusatoria, los imputados habrían autorizado o permitido que el submarino continuara operando con fallas o averías en el material, pese a que esas condiciones -afirman- comprometían e incrementaban la seguridad de la nave.

El ARA San Juan había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata y, tras una escala de tres días, volvió a hacerse a la mar desde la Base Naval Ushuaia el 8 de noviembre de 2017. La navegación se desarrollaba en el marco de actividades de “Adiestramiento Naval Integrado” y de “Operaciones de Vigilancia y Control” del mar argentino, conforme lo establecido en la Orden del Comando de la Fuerza de Submarinos 04/17, emitida el día anterior a esa última misión.

Para los acusadores, la decisión de mantener al buque en operaciones pese a distintas deficiencias consignadas en documentación interna habría aumentado el riesgo inherente a la actividad naval y generado las condiciones que derivaron en la tragedia. Además del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los imputados enfrentan cargos por “omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal”.

Según se analiza en las actuaciones, el episodio se habría iniciado con el ingreso de agua de mar al balcón de baterías de proa, lo que habría provocado un cortocircuito y un principio de incendio. Esa secuencia habría desencadenado la pérdida de control del submarino y su posterior implosión a unos 500 metros de profundidad.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue localizado un año más tarde, a 907 metros de profundidad, durante un operativo de búsqueda realizado por la empresa contratista Ocean Infinity.

La defensa de los oficiales

Los acusados sostienen una versión distinta de los hechos. Según plantearon ante el tribunal, el submarino se encontraba operativo al momento de zarpar y las reparaciones pendientes no afectaban la seguridad estructural del buque, sino únicamente su eficiencia operativa.

En esa línea, explicaron que antes de cada salida al mar el submarino debía cumplir un protocolo técnico estricto de verificación en el que participaba toda su tripulación. Entre esos pasos se encuentran las planillas de pruebas de 48 horas, una batería de controles sobre los distintos sistemas de la nave, y la confección del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), una evaluación técnica interna que refleja el estado general del buque.

Ese documento -puntualizaron- era firmado por el propio comandante del buque y certifica que se encuentra apto para ir hacia la mar. De acuerdo con la postura defensiva, sin la realización de esos procedimientos el submarino no podía zarpar, por lo que sostienen que la salida del ARA San Juan implicaba necesariamente que había superado todos esos controles.

Otro de los argumentos centrales, planteados tanto en la instrucción penal de la jueza Marta Yanez como en la instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, apunta a la falta de certezas técnicas sobre el origen del hundimiento. De acuerdo a las defensas, no existen pericias directas sobre los restos del submarino que permitan determinar a ciencia cierta qué ocurrió en el momento del siniestro o, en todo caso, qué lo produjo. En ese contexto, afirman que resulta imposible establecer un nexo causal entre las supuestas negligencias y el resultado trágico.

La discusión sobre la intervención de la fiscalía

Con todo, el proceso también se vio atravesado por una incidencia sobre la forma en que debía intervenir el Ministerio Público Fiscal durante el debate oral.

Y es que durante la audiencia preliminar celebrada el 4 de diciembre del año pasado en Comodoro Rivadavia, la fiscalía informó que el procurador general interino Eduardo Casal había dispuesto, mediante la Resolución PGN 267/2025, la conformación de un equipo de cuatro fiscales para intervenir en el juicio oral. El grupo era el siguiente: Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia; Julio Zárate, jefe de la Unidad Fiscal de Río Gallegos; Gastón Pruzán, quien se desempeña interinamente en esa misma unidad y fue designado para intervenir ante el tribunal oral; y María Garmendia Orueta, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La medida del procurador Casal se fundamentó en la complejidad e importancia del caso, en tanto “la conformación de equipos de trabajo (…) constituye una herramienta institucional particularmente relevante para promover la eficacia en la tramitación de actuaciones complejas” y “el abordaje integral que surge de la actuación conjunta de distintos magistrados repercute favorablemente en el cumplimiento de la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad que la Constitución de la Nación Argentina le encomienda al Ministerio Público (...)”.

Semanas después, en una decisión adoptada el 23 de diciembre, los jueces del TOF emitieron una sentencia interlocutoria donde establecieron que sólo dos fiscales podrían intervenir activamente durante el desarrollo del juicio a su cargo. Al respecto, expresaron: “El Tribunal respeta la resolución del MP 267/25, pero la voluntad del Procurador General no se encuentra por encima de la ley. Dicha resolución no tiene supremacía sobre el claro texto del art. 67 del CPPN. Quedó establecido en la audiencia preliminar que en el debate actuarían los fiscales Gastón Franco Pruzan y Lucas Colla. Los demás integrantes del equipo podrán asistir al debate para colaborar, pero no podrán intervenir en acto procesal alguno. Y sólo podrán formular alegato los fiscales que hayan asistido a las audiencias en forma presencial o remota. Fiscal que no participe en una audiencia se encuentra vedado de alegar. Así lo estableció el Tribunal en el precedente ‘Bendini’. Así lo exigen los principios de oralidad e inmediación de un debate”.

La postura del tribunal estuvo basada, entre otros puntos, en el principio de igualdad de las partes e igualdad de armas en el proceso, ya que el artículo 105 del Código Procesal Penal de la Nación prevé una limitación de dos defensores para cada imputado, por lo que entendieron que cabía realizar un paralelismo y fijar igual número para la acusación.

Frente a esta medida, los fiscales presentaron un recurso de casación donde expusieron que la decisión de “permitir únicamente que participen del debate los Dres. Franco Pruzán y Colla resulta por demás arbitraria y un exceso de facultades respecto a la dirección del proceso penal”.

Señalaron además que el tribunal había incurrido en “un exceso de jurisdicción” al restringir la modalidad de intervención del Ministerio Público y que eso había afectado su "autonomía funcional e independencia“.

También se agraviaron respecto de la ”inexistencia de reparos u objeciones por parte de las defensas que impliquen el reclamo o planteo de necesidad de ‘reequilibrar la situación del imputado’“, por lo que -afirmaron- ”ese pretendido auxilio judicial con el que resuelve aquí el TOF resulta arbitrario e implica el avasallamiento de facultades del MPF en el ejercicio de su función".

Los fiscales hablaron sobre “la necesidad de garantizar la celeridad del proceso y de obtener justicia para las víctimas y sus familiares, la sociedad en su conjunto e incluso para los aquí procesados”, y aclararon que “no es la intención de nuestro organismo dilatar el debate oral y público, todo lo contrario, el hecho de recurrir la resolución que nos trae hasta aquí, persigue como único objetivo velar por la independencia funcional y de acción del MPF (...)”.

En ese contexto, a través del recurso de casación pidieron que se modifique la sentencia apelada, “habilitando plenamente el Equipo Fiscal designado por resolución PGN 267/2025, para intervenir en todas las etapas del proceso del debate (...), y se deje sin efecto la imposición ‘Fiscal que no participe en una audiencia se encuentra vedado de alegar’”.

El rechazo del recurso

A la hora de evaluar la procedencia del planteo fiscal el 27 de febrero pasado, el TOF de Santa Cruz resolvió declararlo inadmisible, cerrando así uno de los accesos hacia el máximo tribunal penal del país.

El primer voto estuvo en manos del juez Mario Gabriel Reynaldi, quien subrayó que la impugnación bajo estudio era “una cuestión netamente procesal” asociada con la “definición de los fiscales que pueden intervenir en el juicio, con actuaciones procesalmente válidas, el número de los mismos y estén presentes [sic] en todas las audiencias para estar en condiciones de alegar “.

“Luego -explicó el magistrado-, al analizar los argumentos expuestos por los señores representantes del Ministerio Público Fiscal, los agravios expuestos no logran superar los presupuestos objetivos de admisibilidad requeridos pues, por su naturaleza y efectos, el acto jurisdiccional atacado no reviste la calidad de sentencia definitiva, ni se equipara a ella en los términos del art. 457 del CPPN, ya que no ponen fin a la acción, ni a la pena, no hace imposible que continúen las acciones, ni deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

Y añadió: “Ni siquiera la tacha de arbitrariedad con la que intentan descalificar el decisorio atacado logra superar tal valladar, por cuanto la resolución cuenta con suficiente motivación”.

Para el magistrado, la “intención de los representantes fiscales que dejaron traslucir en la audiencia preliminar -del 4 de diciembre- y en el propio escrito donde solicitaron aclaratoria, era asistir a las audiencias en forma alternada los cuatro representantes. Ante ello, el Tribunal en uso de las facultades de orden sobre el desarrollo del proceso y con la finalidad de evitar futuros planteos de nulidad, fue terminante en definir quienes eran los fiscales legalmente autorizados para actuar en el debate".

“La asistencia alternada de los fiscales -destacó el juez Reynaldi- está prohibida por ley. (...). La ley no da margen para que puedan o no asistir. Impone la asistencia obligatoria. La razón de la asistencia obligatoria es por el principio de inmediación. Además de representar al Estado en la acusación, su presencia resulta indispensable para percibir, internalizar los resultados de la prueba rendida en el debate".

Y aclaró: “No corresponde que a unas audiencias vengan unos fiscales y otros fiscales a diferentes audiencias, en forma alternada como propusieron, pues ello es una causal de nulidad a su intervención (...) El buen orden del proceso aconseja definir en forma apodíctica quiénes son los fiscales legitimados para intervenir en el debate, debiendo asistir a todas las audiencias para poder alegar".

Tanto el juez Enrique Nicolás Baronetto como su colega Luis Alberto Giménez acompañaron la posición del magistrado que lideró el acuerdo, por lo que por unanimidad el tribunal votó por rechazar “por inadmisible el recurso de casación”.

Según indicaron a Infobae fuentes del Ministerio Público Fiscal, el equipo designado por Eduardo Casal ya presentó un recurso de queja para llevar su planteo directamente ante Casación.

Las indagatorias y lo que viene en el juicio

El tribunal que conduce el proceso ya recibió durante la primera semana del debate las declaraciones indagatorias de los cuatro imputados.

Tanto Villamide como López Mazzeo, Alonso y Correa rechazaron las acusaciones en su contra en audiencias que se extendieron más de cuatro horas cada una. La próxima etapa continuará con la producción de prueba testimonial, donde se contempla un total de 98 testigos, cuya declaración se desarrollará a lo largo de los próximos encuentros.

La siguiente semana de audiencias está prevista entre el lunes 23 y el jueves 26 de marzo, período en el que se espera la declaración de cinco testigos por jornada.

Se anticipan sesiones extensas y con fuerte contenido técnico. Gran parte de los testimonios estarán orientados a explicar el funcionamiento del submarino -de origen alemán-, así como la estructura de mando, los protocolos de navegación y el circuito de responsabilidades dentro de la Armada al momento de la última misión de la nave.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional habilitó este viernes la revisión de una causa penal vinculada a una disputa patrimonial y familiar tras la muerte de un ex integrante de la Policía Federal Argentina, en la que se investigan presuntas maniobras para disponer de bienes del fallecido y obtener de manera irregular una pensión.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus, quienes hicieron lugar a un recurso de queja presentado por la querellante María Josefa Saig -heredera universal de Giuliano Edgardo Tierro- y ordenaron conceder el recurso de casación contra una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había confirmado el sobreseimiento de tres imputados.

De este modo, el máximo tribunal penal porteño habilitó que otra sala de Casación analice si fue correcto cerrar la investigación contra Yanina Susana Scotti, Malvina Edith Córdoba y Walter Daniel García, acusados de participar en presuntas maniobras para disponer de bienes del causante y obtener una pensión previsional tras su fallecimiento.

El expediente se originó luego de la muerte del ex oficial, ocurrida el 30 de marzo de 2022. Tras el fallecimiento, Saig -reconocida judicialmente como heredera- denunció que Scotti, quien había sido pareja del hombre, habría realizado distintas operaciones que afectaban el patrimonio sucesorio.

Según la imputación analizada en la causa, una de las maniobras atribuidas a Scotti consistió en la presunta disposición irregular de tres vehículos pertenecientes al fallecido: un Volkswagen Bora, una camioneta Ford Ranger y un Ford Falcon.

De acuerdo con la acusación, el Volkswagen Bora habría sido vendido en enero de 2022, cuando el ex policía aún estaba con vida, por un valor inferior al de mercado y sin contar con la documentación necesaria para formalizar la transferencia, como el formulario 08 firmado por el titular.

En el caso de la Ford Ranger, la querella señaló que Scotti habría ofrecido el bien en venta a través de la red social Facebook por un precio cercano a los 1,3 millones de pesos, aunque posteriormente la unidad habría sido transferida a un tercero por apenas 80.000 pesos.

El tercer auto, un Ford Falcon, se encuentra actualmente en poder de otra persona y no registra transferencia formal en los registros automotores.

Los tres bienes integran el patrimonio que forma parte del proceso sucesorio de Tierro, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°91. Según la tesis acusatoria, Scotti no habría informado esas operaciones en ese expediente civil.

Además de esas supuestas maniobras patrimoniales, la causa investiga otro hecho vinculado con la obtención de una pensión del agente federal fallecido.

De acuerdo con la denuncia, el 7 de mayo de 2022, Scotti habría presentado ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina un certificado de convivencia destinado a comprobar que había mantenido una relación con Tierro desde julio de 2020, en plena pandemia, hasta su muerte.

Ese documento fue emitido por una comisaría de Concepción de Tucumán y contó con la participación de Walter García y Malvina Córdoba como testigos del supuesto vínculo convivencial.

La querella sostiene que esa certificación contenía declaraciones falsas y que fue utilizada para intentar acceder al beneficio previsional. Sin embargo, el organismo a cargo finalmente rechazó el otorgamiento de la pensión tras considerar que el período de convivencia acreditado no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa.

En primera instancia, el juez de la causa dispuso los sobreseimientos de los tres imputados. Esa decisión fue confirmada luego por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los jueces de la alzada entendieron entonces que las conductas atribuidas no configuraban delitos. Y en relación con los vehículos, sostuvieron que el conflicto debía resolverse en el ámbito civil del proceso sucesorio, recordando que los autos siguen registrados a nombre del fallecido y que incluso se ordenó su secuestro para incorporarlos al acervo hereditario.

Respecto del certificado de convivencia, los camaristas advirtieron que no se pudo acreditar que Scotti y los testigos hubieran mentido sobre la relación con Tierro y que, además, la pensión finalmente no fue otorgada, lo que descartaría la existencia de un perjuicio concreto.

Frente a esa resolución, la querella intentó recurrir ante Casación, argumentando que los jueces habían incurrido en un error de derecho al descartar la posible configuración de delitos.

Según planteó, la existencia de un proceso sucesorio no excluye la eventual comisión de ilícitos vinculados con la administración o disposición del patrimonio del fallecido y, por lo tanto, la investigación penal debía seguir adelante.

La Cámara de Apelaciones porteña rechazó inicialmente el recurso tras evaluar que se trataba de una mera discrepancia con la valoración de la prueba ya realizada por dos instancias judiciales.

Ante esa negativa, la querella presentó un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación. Ahora, al estudiar ese planteo, los jueces Bruzzone y Jantus concluyeron que correspondía admitirlo y habilitar la revisión del caso.

En su resolución explicaron que los agravios presentados por la querella encuadraban dentro de los motivos previstos por el Código Procesal Penal para el recurso de casación y que la decisión impugnada era una de las resoluciones que pueden ser revisadas por esa vía.

Por ese motivo resolvieron hacer lugar a la queja, conceder el recurso de casación y remitir el expediente a la Oficina Judicial del tribunal para que se designe la sala que deberá revisar el caso.

Esa sala será ahora la encargada de determinar si los sobreseimientos confirmados por la Cámara de Apelaciones deben mantenerse o si corresponde continuar con la investigación penal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de dos empresarios acusados de defraudación contra la administración pública por la presunta obtención fraudulenta de fondos del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia de COVID-19. La decisión judicial, en consecuencia, habilitó que la causa continúe su trámite hacia la etapa de juicio.

La investigación gira en torno al acceso al programa ATP por parte de Necho S.A., una compañía de productos de consumo masivo, cuyos responsables al momento de los hechos eran Nemesio Filipuzzi (72), presidente de la firma, y su hijo Rodolfo (43), director y gerente general. Ambos están acusados de haber obtenido ese beneficio estatal sin cumplir con los requisitos fijados por la normativa que regulaba el beneficio.

El programa en cuestión fue implementado por el Estado nacional para asistir a empresas afectadas por las restricciones sanitarias derivadas de la entonces incipiente pandemia. Fue creado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 332/2020, firmado el 1° de abril de ese año por el entonces presidente Alberto Fernández, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el resto de los ministros del gabinete.

Entre otras medidas, el ATP contemplaba el pago de parte de los salarios de trabajadores del sector privado, la reducción o postergación de contribuciones patronales y distintos mecanismos de asistencia estatal destinados a empresas cuya actividad se había visto afectada por la emergencia sanitaria.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los responsables de la firma apuntada habrían presentado información falsa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -actualmente ARCA- para acceder al subsidio correspondiente al período abril de 2020.

Dicha maniobra habría provocado un perjuicio económico al Estado estimado en 2.794.334,34 pesos, correspondiente al beneficio percibido en el marco de la ayuda estatal.

En el expediente se atribuye a los empresarios haber intervenido en una maniobra destinada a obtener ese monto mediante la presentación de una declaración jurada falsa, conducta que fue encuadrada bajo el delito de defraudación contra la administración pública, previsto en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.

El planteo de la defensa

La defensa de los imputados solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, al sostener que la acusación habría sido modificada durante el desarrollo de la investigación.

El abogado Diego Siman argumentó que esa situación vulneró el "principio de congruencia“, que exige que una persona sea juzgada por los mismos hechos que le fueron imputados al momento de prestar declaración indagatoria. Para el defensor, los empresarios habrían sido indagados inicialmente por una descripción del hecho diferente de la que luego fue incluida en el requerimiento de elevación a juicio.

En particular, cuestionó que la acusación incorporara como elemento central de la maniobra la existencia de una declaración jurada falsa, circunstancia que -a su criterio- no habría formado parte de la imputación original.

De acuerdo con esta postura, dicha variación habría afectado la posibilidad de preparar adecuadamente la estrategia procesal, ya que el caso avanzaría hacia el juicio oral sobre la base de una hipótesis distinta de aquella por la cual los acusados prestaron declaración en su momento.

En esa línea, el abogado advirtió que la modificación de la acusación habría generado una situación de "indefensión estructural“.

La postura de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo del planteo de nulidad y sostuvo que el pedido de la defensa constituía una “reiteración” de cuestionamientos ya analizados durante la etapa de instrucción y descartados por los tribunales que intervinieron previamente.

El fiscal expresó que la imputación se mantuvo estable durante toda la pesquisa y siempre se refirió a la obtención fraudulenta del beneficio ATP, sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

También dijo que las nulidades procesales deben interpretarse de manera restrictiva y solo proceden cuando se acredita un perjuicio concreto para el derecho de defensa.

El recorrido de la causa

La investigación, en efecto, se inició en marzo de 2024 tras una denuncia presentada por Sebastián Bogao, entonces jefe interino de la Sección Penal “A” de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP (actual ARCA). La presentación señalaba la presunta obtención fraudulenta del beneficio del programa ATP, al considerar que la empresa no habría cumplido con los criterios establecidos por la normativa que regulaba el acceso a ese subsidio estatal.

Tras el impulso fiscal de la investigación, se realizaron diversas medidas de prueba. En ese contexto, en julio de 2024 el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín fijó audiencia para recibir declaración indagatoria a los imputados. Sin embargo, esas sesiones no se concretaron inicialmente debido a que la defensa presentó una excepción de falta de acción, junto con un pedido de sobreseimiento.

Ese planteo fue rechazado en octubre de 2024 en primera instancia y luego confirmado en noviembre de ese mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La defensa intentó recurrir esa decisión, pero ese mismo mes la Cámara rechazó el recurso de casación. Posteriormente, en marzo de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” la queja presentada contra esa resolución.

Superadas estas incidencias procesales, el juzgado instructor avanzó con la investigación y, tras la producción de distintas medidas probatorias, en agosto de 2025 dictó el procesamiento de los empresarios como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública. Ese fallo fue confirmado en septiembre de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, lo que permitió avanzar hacia la etapa final de la pesquisa.

Tiempo después, la fiscalía federal presentó el requerimiento de elevación a juicio, y la causa quedó radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 4 de San Martín. En ese marco, la defensa formuló un planteo de nulidad contra la acusación.

La decisión del tribunal

Al analizar el planteo, el juez de cámara Matías Mancini, integrante del TOCF 4, concluyó que no existió una alteración sustancial de los hechos imputados a lo largo del proceso.

En la resolución de este miércoles, el magistrado sentenció: “no advierto, bajo ninguna índole, que el sustrato fáctico atribuido a Nemesio Jesús Filipuzzi y Rodolfo Filipuzzi hubiera sido modificado a lo largo el proceso, afectando al principio de congruencia y menos aún que ello derive en la declaración de nulidad de todo lo actuado”.

En ese sentido, subrayó que lo planteado por el Ministerio Público Fiscal al momento de requerir la elevación de la causa a juicio “no afecta el principio de congruencia, dado que no hay alteración de la base fáctica, que no fue objeto de modificaciones -sobre todo en lo atinente a la calificación jurídica asignada-”.

A su vez, recordó que el sistema de nulidades procesales debe interpretarse de manera restrictiva y que solo procede cuando se acredita un perjuicio concreto para el derecho de defensa.

“Por lo demás -concluyó Mancini-, el debate oral y público resulta ser el ámbito adecuado para confrontar la acusación y, en su caso, la oportunidad de atacar a elección de aquella figura -penal-”.

Con esos fundamentos, el juez rechazó el planteo defensivo y dispuso continuar con el proceso hacia el juicio, fijando una audiencia para el próximo viernes 27 de marzo, que se realizará de manera virtual.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, postuló al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para encabezar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y detectar maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La propuesta apunta a colocar al frente del organismo a un funcionario con trayectoria en la investigación de narcotráfico y criminalidad organizada, áreas en las que desarrolló gran parte de su carrera dentro del Ministerio Público Fiscal.

La postulación se produce en el marco de la renovación de autoridades del organismo, conducido hasta ahora por Ernesto Gaspari. La decisión forma parte además de una reorganización más amplia impulsada por el nuevo titular de la cartera de Justicia tras asumir el cargo.

Álvarez llega a la UIF desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde desarrolló su carrera en áreas vinculadas a la investigación de delitos complejos. Hasta el momento de su postulación se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la unidad especializada del Ministerio Público dedicada a investigar organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y las estructuras criminales asociadas.

Su trayectoria comenzó en 2015 como secretario de fiscalía. Entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y posteriormente continuó su labor en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas.

La elección de Álvarez imprime a la conducción de la UIF un perfil vinculado al seguimiento de las dimensiones económicas del narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada. La PROCUNAR, en rigor, fue creada en 2013 con el objetivo de desarrollar políticas criminales frente a la expansión y complejidad del tráfico de drogas, un fenómeno que con frecuencia involucra mecanismos sofisticados de lavado de activos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Antes de incorporarse al Ministerio Público Fiscal, Álvarez también trabajó en el Poder Judicial de la Nación, donde integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal. Actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En paralelo con su actividad judicial, desarrolla tareas académicas. Es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. También integra el cuerpo docente del posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (CGLAFT), impulsado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

En el plano internacional, participa desde 2017 en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que funciona dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y promueve la cooperación entre fiscales de la región para enfrentar el narcotráfico y otras formas de criminalidad transnacional. Actualmente se desempeña allí como cocoordinador adjunto.

El funcionamiento institucional de la UIF y el procedimiento para designar a sus autoridades están regulados por la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, modificada por la Ley 26.119 sancionada en 2006. De acuerdo con ese marco normativo, el organismo está integrado por un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor compuesto por siete vocales que representan a distintos organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, la actual ARCA, la Comisión Nacional de Valores y distintos ministerios del Poder Ejecutivo.

El presidente y el vicepresidente de la UIF son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia mediante un procedimiento público que incluye la publicación de los antecedentes del candidato, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y un período durante el cual ciudadanos, organizaciones civiles y entidades profesionales pueden formular observaciones.

Las autoridades del organismo antilavado ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y tienen mandatos de cuatro años, con posibilidad de renovación. Las decisiones de la UIF son adoptadas por su presidente previa consulta al Consejo Asesor, cuya opinión no tiene carácter vinculante.

La Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar que desde fines de 2021 impedía al Poder Ejecutivo modificar determinados criterios de distribución de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De manera unánime, el máximo tribunal hizo lugar a un recurso presentado por el Estado nacional y dejó sin efecto una resolución que había sido otorgada en primera instancia y luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco de un litigio judicial sobre el sistema de compensaciones tarifarias del sector.

La causa se originó a partir de una “acción declarativa de certeza” promovida contra el Estado Nacional y el entonces Ministerio de Transporte de la Nación -hoy Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía- por varias empresas prestadoras del servicio de colectivos en el AMBA.

Entre las compañías actoras figuran Pilarbus S.A., Compañía La Isleña S.R.L., La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., Expreso General Sarmiento S.A., Empresa General San Martín S.A.T., Compañía de Transporte Vecinal S.A.T., Modo S.A., Compañía de Transporte Vecinal S.A. y Sargento Cabral S.A.T. Unión Transitoria.

En su presentación inicial, firmada en 2021, las empresas denunciaron que “la estructura de costos se encuentra desactualizada y no refleja el real valor de los ítems que la componen desde el año 2016”. En ese marco, reclamaron que el Estado adopte “las medidas necesarias para que, tanto la denominada estructura de costos y la metodología de cálculo de costos de explotación del transporte urbano y suburbano, como también los criterios de distribución de las compensaciones tarifarias, respeten el equilibrio económico financiero de los contratos de estos servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor".

Las actuaciones consignan la evolución del sistema de financiamiento del transporte automotor. Y es que, según explicaron las empresas demandantes, hasta la crisis económica de 2001 la prestación del servicio se financiaba exclusivamente mediante el precio del boleto pagado por los usuarios. A partir de ese momento, el Estado comenzó a intervenir mediante el pago de compensaciones tarifarias, es decir, subsidios destinados a sostener la prestación de esa actividad.

Uno de los cambios relevantes en ese sistema se produjo con la resolución 1144/2018 del entonces Ministerio de Transporte, que reorientó la asignación de subsidios hacia la demanda. A partir de ese esquema, las compensaciones comenzaron a distribuirse principalmente en función de la cantidad de pasajeros transportados registrada en el sistema SUBE.

Ese mecanismo se vio alterado durante la pandemia de COVID-19, cuando la fuerte caída en la cantidad de pasajeros llevó al Estado a modificar los criterios de distribución mediante diversas normas dictadas entre 2020 y 2021, entre ellas las resoluciones 132/2020 y 40/2021.

Según las empresas, una vez recuperados los niveles de afluencia de pasajeros-que estimaron entre el 80 y el 90 por ciento de los valores previos a la pandemia- correspondía retomar el esquema basado en la demanda establecido en 2018. Ante el temor de que la administración introdujera nuevos cambios en el régimen de subsidios, interpusieron una medida cautelar para impedir modificaciones mientras se resolvía el fondo del planteo.

El 17 de diciembre de 2021, el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº10 hizo lugar al pedido y ordenó al Estado “la no modificación del status quo respecto del criterio de distribución de las compensaciones tarifarias con destino a las firmas accionantes”.

La decisión fue confirmada posteriormente. El 7 de junio de 2022, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso presentado por el Estado y mantuvo la cautelar.

El Estado nacional apeló esa resolución. El 23 de junio de 2022 presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la Cámara el 8 de julio de 2022, lo que motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema.

En abril de 2023, la procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, emitió su dictamen en el que aconsejó revocar la medida cautelar. Allí sostuvo que las empresas no habían acreditado adecuadamente uno de los requisitos centrales para el dictado de medidas precautorias: el peligro en la demora.

En ese sentido, señaló que “la complejidad de esa cuestión y la magnitud de los montos involucrados, requieren extremar la prudencia en el examen de los requisitos que tornan procedente la concesión de medidas cautelares”.

También advirtió que “la petición cautelar luce insuficiente (...) para determinar el grado de afectación que el eventual cambio del régimen de distribución de compensaciones tarifarias pueda tener sobre la ecuación económica financiera de las demandantes y cómo ello puede repercutir, concreta e inmediatamente, en la prestación del servicio a su cargo”.

La Corte Suprema adoptó ese criterio en el último acuerdo. En la sentencia firmada por los tres ministros, los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que “los agravios del apelante encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal de la Nación, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad”. En consecuencia, se resolvió “hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada”.

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, emitió además un voto con fundamentos propios en el que analizó el alcance del control judicial sobre las decisiones regulatorias del Estado.

En ese marco remarcó que “no es conveniente adoptar decisiones precautorias basadas en razonamientos meramente prudenciales trastocando el equilibrio general del sistema y perpetuando distorsiones singulares”.

Rosatti sostuvo además que, en servicios públicos con múltiples prestadores, “el equilibrio económico financiero particular de un grupo de empresas debe evaluarse globalmente en el marco de todo el servicio, y este amplio discernimiento –como principio– no puede sustituirse, sin más, por la prudencia judicial".

El magistrado también cuestionó la fundamentación de las decisiones judiciales que habían concedido la cautelar. Según indicó, “tampoco se advierte una adecuada fundamentación del peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho”.

Bajo esos términos, aseveró que el “impacto de los cambios de criterio para la distribución de las compensaciones tarifarias en el sector del transporte requiere (…) una prueba de mayor contundencia que meras estimaciones y aproximaciones basadas en resultados hipotéticos”.

Finalmente, Rosatti consideró que no correspondía al Poder Judicial definir la política regulatoria del sistema de transporte. Al respecto, sostuvo que no era tarea de la Corte “seleccionar una de las múltiples alternativas posibles para gestionar el interés público, en un ámbito de regulación económica incidido por variables técnicas de alta complejidad. Esta es un tarea propia de la administración pública”.

Con esta decisión, la Corte dejó sin efecto la cautelar que impedía modificar el régimen de subsidios para las empresas demandantes. El expediente volverá ahora al tribunal de origen, donde continuará la tramitación del proceso principal en el que deberá resolverse si la estructura de costos y el sistema de compensaciones del transporte público se encuentran efectivamente desactualizados, como sostienen las compañías.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la Municipalidad de San Isidro podrá intervenir como querellante en una causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación y construcción de viviendas financiadas en el marco del Plan Federal de Viviendas lanzado por el gobierno nacional en 2005. El tribunal dejó sin efecto una decisión previa que había rechazado esa participación y concluyó que el municipio acreditó un perjuicio concreto que habilita su intervención en el proceso penal.

La resolución fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Hornos emitió el voto inicial y propuso admitir el recurso presentado por el municipio; Borinsky y Carbajo coincidieron con esa postura, por lo que la decisión se adoptó por unanimidad.

El planteo había sido descartado previamente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En una resolución del 25 de noviembre de 2025, ese tribunal confirmó la negativa a admitir a la Municipalidad de San Isidro como acusador particular dentro del expediente. Frente a ese pronunciamiento, el intendente Ramón Lanús, en representación del municipio y con el patrocinio del abogado Juan José Oribe, interpuso un recurso de casación que fue concedido el 23 de diciembre pasado.

La causa penal se inició en agosto de 2014 a partir de una denuncia que advertía posibles irregularidades en la ejecución de obras vinculadas con el Plan Federal de Viviendas en el distrito de San Isidro. La investigación se centra en una serie de supuestos desmanejos relacionados con la licitación, ejecución y construcción de casas en el marco de convenios celebrados entre el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro.

Según surge del expediente, en esas maniobras habrían intervenido funcionarios municipales de distinta jerarquía -desde el entonces intendente hacia abajo- junto con empresas contratistas y otros terceros. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las irregularidades habrían implicado desvíos de fondos y pagos indebidos durante la ejecución de obras públicas, con afectación tanto de recursos nacionales como de fondos propios del municipio, además del uso de recursos humanos, materiales y administrativos de la estructura municipal.

Los hechos investigados podrían configurar, en principio, delitos contra la administración pública, entre ellos fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Las obras estaban vinculadas con el “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, una iniciativa lanzada en 2005 por el Gobierno nacional dentro del Plan Federal de Viviendas. Para implementar ese programa en San Isidro, en 2008 se firmó un convenio entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, entonces representada por el intendente Gustavo Posse.

Ese acuerdo establecía que el municipio debía elaborar los proyectos, confeccionar las licitaciones, adjudicar los contratos de obra pública, supervisar la ejecución de los trabajos y gestionar el pago de certificados de avance a las empresas constructoras.

El convenio también contemplaba que la municipalidad debía aportar recursos propios para cubrir eventuales diferencias económicas que excedieran el financiamiento nacional, con el objetivo de garantizar la finalización de las obras dentro de los plazos previstos.

Uno de los episodios investigados en la causa está vinculado con la urbanización del barrio “Martín y Omar”. De acuerdo con información publicada en el portal del Ministerio Público Fiscal, el proyecto contemplaba la construcción de 250 viviendas, aunque finalmente solo se habrían construido entre 43 y 44 unidades. El resto de las obras quedó inconcluso y, según los antecedentes del caso, los trabajos se habrían paralizado alrededor de 2007, pese a que los fondos destinados al programa ya habían sido asignados.

En el recurso presentado ante Casación, el municipio argumentó que los hechos investigados no solo habrían afectado a la administración nacional -que aportaba la mayor parte del financiamiento- sino también a las arcas municipales. Según la presentación, el gobierno local habría realizado erogaciones con fondos propios en el marco de obras que no se concretaron o que se habrían ejecutado de manera irregular.

En su voto, el camarista Gustavo Hornos sostuvo que el derecho a intervenir como querellante forma parte de las garantías del debido proceso. En ese sentido afirmó que “el derecho a intervenir como acusador particular integra el ámbito de protección del debido proceso legal”.

El magistrado explicó que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación permite que toda persona o entidad particularmente ofendida por un delito de acción pública se constituya como querellante. Bajo ese criterio, precisó que “la noción de ‘particularmente ofendido’ comprende tanto al titular del bien jurídico lesionado como a quien, aun no siendo el sujeto pasivo típico, sufre un perjuicio derivado de la conducta investigada que lo legitima a querellar”.

Al examinar las constancias del expediente, Hornos consideró que el municipio había individualizado un daño propio derivado de las maniobras investigadas. En ese sentido destacó que “la municipalidad no se limita a invocar una afectación institucional genérica, sino que identifica un perjuicio propio, directo y diferenciado, derivado de las maniobras investigadas”.

El juez también destacó que las presuntas irregularidades habrían involucrado recursos humanos, materiales y administrativos de la estructura municipal. En ese contexto aseveró que “cuando los bienes que pertenecen a toda la comunidad local son dañados, el municipio deja de ser un espectador pasivo y asume un rol activo en el proceso penal para asegurar que se castigue también ese daño comunitario”.

Hornos descartó el argumento utilizado por la instancia anterior para negar la intervención municipal. Sobre ese punto precisó que “el argumento relativo a una hipotética afectación de la objetividad o imparcialidad del proceso no aparece suficientemente fundado para neutralizar la legitimación querellante”.

El juez Borinsky votó en segundo término y expresó que compartía los fundamentos desarrollados por Hornos. En su intervención recordó que el artículo 82 del Código Procesal Penal establece que “toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante”, y remarcó que ese criterio también comprende a quienes sufren un perjuicio concreto derivado del hecho investigado.

A su turno, Carbajo emitió el tercer voto y manifestó que compartía, en lo sustancial, las consideraciones desarrolladas por sus colegas, por lo que acompañó la solución propuesta.

Con esos tres votos coincidentes, la Sala IV resolvió “hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar y revocar la resolución impugnada y tener por parte querellante a la Municipalidad de San Isidro”. De ese modo, el expediente deberá continuar su trámite con la intervención procesal del municipio.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el planteo de un acusado que buscaba cerrar su causa mediante el pago de una suma de dinero y confirmó que deberá enfrentar un juicio oral por su presunta participación en los disturbios ocurridos frente al Congreso durante una protesta mientras el Senado debatía la denominada Ley de Bases.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Por unanimidad, desestimó la salida alternativa invocada por la defensa -una reparación integral del daño prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal- tras considerar que no resultaba aplicable ese mecanismo cuando los hechos investigados afectan bienes jurídicos colectivos, como el orden público o el funcionamiento de las instituciones del Estado.

El imputado es Walter Gabriel Quiroga, quien fue enviado a juicio por hechos ocurridos el 12 de junio de 2024 durante una manifestación frente al Congreso de la Nación, en momentos en que la Cámara Alta debatía el proyecto denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Ese día, miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Parlamento para rechazar el texto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Durante la jornada se registraron duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al edificio legislativo y en las calles cercanas a la Plaza del Congreso.

Según los reportes oficiales de ese momento, los incidentes se intensificaron a medida que avanzaba la sesión en el Senado. Manifestantes arrojaron piedras, botellas y otros objetos contundentes contra el cordón policial desplegado en la zona, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más violentos.

Los disturbios se extendieron durante varias horas y provocaron destrozos en vehículos y mobiliario urbano. Al menos cinco efectivos de seguridad resultaron heridos y 27 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes.

En ese contexto, la acusación sostiene que Quiroga participó de las agresiones y arrojó elementos contundentes contra fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso y contra el propio edificio parlamentario. Por ese motivo fue enviado a juicio acusado de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Durante el trámite previo al debate oral, la defensa ofreció el pago de 250.000 pesos para reparar el supuesto daño ocasionado y solicitó que se extinguiera la acción penal en su contra mediante el mecanismo de reparación integral previsto en el Código Penal.

En su presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa había formulado una propuesta que constituía “un ofrecimiento meramente reparador del presunto daño causado y no un allanamiento a las acusaciones que se le dirigen”. En esa instancia, además, explicó que el imputado había reunido el dinero con ayuda de personas de su entorno debido a su “ajustada economía familiar”, y que ese hecho reflejaba “la voluntad superadora del conflicto por parte de Quiroga”.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella -que representa al Senado de la Nación- se opusieron a esa salida procesal alternativa. Ambas partes argumentaron que la conducta investigada tenía una relevancia institucional que hacía necesario que el caso fuera discutido en un juicio oral y público.

La querella también señaló que los incidentes ocurrieron “durante el desarrollo del ejercicio de la democracia” y remarcó que los hechos analizados en la causa “han ido más allá de los límites del derecho a la protesta y constituyeron en parte, un atentado contra la democracia”.

El Tribunal Oral rechazó el planteo por mayoría en octubre de 2025. Los jueces Fernando Machado Pelloni y Andrés Fabián Basso consideraron atendibles las objeciones formuladas por las partes acusadoras y concluyeron que el conflicto debía resolverse con un debate oral. El único voto en disidencia fue el del juez Javier Feliciano Ríos, quien votó que correspondía aceptar la reparación económica ofrecida por la defensa para que deposite el monto de 250 mil pesos “en favor del Hospital de Pediatría SAMIC ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’”.

Contra esa decisión la defensa recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, alegando arbitrariedad y una interpretación restrictiva del instituto. En consecuencia, el expediente quedó radicado en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, quienes coincidieron al desestimar el planteo y ratificar la resolución del tribunal oral.

En el voto que lideró el acuerdo, Hornos explicó que el mecanismo de reparación integral no puede aplicarse de manera automática. Según indicó, “la reparación no es un derecho absoluto del imputado, sino una herramienta de política criminal cuya aplicación debe ponderarse en cada caso concreto”.

El magistrado precisó a su vez que el mecanismo está pensado principalmente para resolver conflictos entre particulares y que presenta límites cuando el delito afecta intereses colectivos. En ese sentido, afirmó que “en las figuras delictivas que protegen bienes jurídicos colectivos o supraindividuales la víctima es la sociedad en su conjunto. El titular del bien jurídico es la comunidad, y su representación en el proceso penal es ejercida por el Estado a través del Ministerio Público Fiscal".

A partir de ese razonamiento, el camarista concluyó que la reparación económica ofrecida por la defensa resultaba “insuficiente para atender el daño social que comportan los hechos, encontrándose, como se dijo, comprometidos bienes jurídicos supraindividuales como lo son el orden público y la administración pública”.

El voto también advirtió que admitir la extinción de la acción penal mediante el pago de dinero en este tipo de casos podría afectar los fines del derecho penal. Según argumentó Hornos, “la extinción de la acción penal a cambio de una suma de dinero anula por completo esta función preventiva y transmite el mensaje de que los delitos contra el orden público y la administración pública se traducen en conductas ‘monetizables’”.

El juez Javier Carbajo coincidió con ese criterio y sostuvo que la naturaleza del hecho imputado y el contexto en el que ocurrió justifican que el caso avance hacia el juicio oral. Por su parte, Mariano Borinsky también votó por rechazar el recurso y destacó que la oposición fundada del Ministerio Público Fiscal constituía un obstáculo para aplicar este tipo de mecanismos.

Con estos argumentos, la Sala IV resolvió rechazar el recurso del imputado y confirmar la decisión del tribunal anterior. La causa, así, seguirá su curso hacia la realización del juicio oral.

El capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, declaró ante el Tribunal Oral Federal con asiento en Río Gallegos durante la segunda audiencia del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. En su declaración indagatoria, el ex oficial sostuvo que las acusaciones en su contra son “injustas”, afirmó ser inocente y defendió el estado operativo del buque y las decisiones adoptadas por la conducción naval antes de la última misión de la nave.

El debate oral comenzó el martes ante el tribunal federal santacruceño y tiene como objetivo determinar eventuales responsabilidades penales dentro de la cadena de mando militar por el naufragio.

“Soy el ex capitán Claudio Javier Villamide, que durante el año 2017 me desempeñé como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de naufragar el submarino San Juan. Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente. Cumplí con mi deber, cumplí con la doctrina de submarinos, con los reglamentos y con los procedimientos”, aseveró el ex oficial al inicio de su declaración ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

En ese marco, el imputado insistió varias veces que la embarcación se encontraba en condiciones de navegar cuando comenzó su última navegación. “El submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, expresó al empezar su exposición, tras convertirse en el primero de los acusados en prestar declaración durante el debate.

Villamide compareció como uno de los cuatro imputados en el proceso. Junto a él son juzgados Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas. Los tres primeros llevaron a cabo sus exposiciones frente al estrado durante las dos últimas jornadas.

La acusación, en efecto, es sostenida por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y por la fiscal María Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes atribuyen a los imputados los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Los familiares de las víctimas participan del proceso a través de dos querellas: una representada por la abogada Valeria Carreras y otra encabezada por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, quien además es padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes fallecidos.

La declaración del ex jefe de la Fuerza de Submarinos

Durante su extensa indagatoria, realizada este miércoles, Villamide defendió las decisiones adoptadas por la conducción naval antes de la última misión del ARA San Juan e insistió que el submarino había cumplido con los procedimientos reglamentarios exigidos por la Armada antes de iniciar su travesía.

“Sí sabemos que el buque cumplió sus requerimientos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar, desde el mantenimiento planificado, las pruebas de 48 horas (...), la preparación de mecanismos, el cumplimiento de roles”, enumeró el ex capitán de navío, quien aseveró que la información disponible en aquel momento no indicaba que la nave debiera quedar fuera de servicio.

“Ni la tripulación ni nadie en el Estado Mayor, ni nadie en la Armada consideraba que el San Juan no podía navegar. No había papeles que dijeran que no podía navegar”, dijo ante la mirada de todas las partes.

En su relato también reconstruyó las comunicaciones mantenidas con el submarino durante las horas previas a la pérdida de contacto con la embarcación. De acuerdo con su versión, el 14 de noviembre de 2017 se reportó un ingreso de agua de mar que provocó un cortocircuito en el sistema de baterías de proa que, según manifestó, la tripulación consiguió controlar en un primer momento.

“Sabemos que el buque resolvió inicialmente la contingencia, la emergencia que se le planteó y salió a superficie; pudo resolver sin inconvenientes ese tema, porque subió a superficie, normalizó la maniobra, cargó aire, ventiló el buque y nuevamente volvió a inmersión”, explicó.

El último reporte indicaba que la nave continuaba navegando hacia Mar del Plata. Sin embargo, luego se produjo un período sin comunicaciones.

“Tenemos un vacío de información alrededor de las 8:45 hasta 10:51, donde se desencadenó algo que provocó la incapacitación parcial o total de la tripulación y la pérdida de control del submarino”, precisó el acusado.

Las hipótesis sobre el naufragio

Villamide sostuvo ante los magistrados que, hasta el momento, no existe una explicación concluyente sobre el evento que desencadenó la tragedia. Y aseguró: “No aconteció que el buque se inundará; no se rompió ninguna tubería de refrigeración ni falló ninguna válvula en casco, porque no fue encontrado así. Pero sí pasó lo siguiente: por alguna causa que desconocemos -hasta ahora sólo se han formulado hipótesis-, la tripulación perdió el control de la profundidad del submarino y el submarino se fue a pique. En algún momento, al alcanzar su profundidad de colapso, el buque implotó y naufragó a 907 metros de profundidad”.

Según su exposición, distintos especialistas elaboraron múltiples hipótesis técnicas sobre lo ocurrido, aunque ninguna logró determinar con certeza la causa final del siniestro.

En sus palabras, el oficial destituido dijo: “La realidad es que no sabemos qué pasó. Ninguno de los autores -de las distintas hipótesis- tampoco vinculó las novedades existentes al causal que provocó el naufragio del submarino. A fin de cuentas, no sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora”.

A su vez, manifestó: “No sabemos qué es lo que originó esto. Tampoco sabemos, porque no hemos podido determinarlo, porqué ingreso el agua, pero sí sabemos el circuito que recorrió. No sabemos a qué profundidad ocurrió el hecho desencadenante que originó la ida a pique del submarino. Tampoco sabemos si se ingresó o no al tanque de baterías. La realidad es que nadie puede asegurar con certeza lo que le ocurrió al submarino. Solo manejamos hipótesis, con distintas probabilidades de ocurrencia".

Las preguntas de la querella

Tras su exposición, la fiscalía decidió no formular preguntas, al igual que la querella representada por la abogada Carreras. En cambio, el querellante Luis Tagliapietra intervino para realizar, vía Zoom, una serie de consultas vinculadas con incidentes ocurridos durante navegaciones previas.

“Si el capitán quiere responderme, tengo algunas preguntas para hacerle”, introdujo el abogado.

Tagliapietra recordó que durante una navegación realizada en julio de 2017 se produjo un ingreso de agua por el esnórquel, incidente que el entonces comandante Pedro Martín Fernández había atribuido a una supuesta falta de “estanqueidad” de la válvula E-19.

“En esa misma navegación de julio se produjo el ingreso de agua por el esnórquel, que no llegó al balcón de baterías, como pasó en la última navegación (…). Mi pregunta es si se tomó algún otro temperamento o medida a los efectos de verificar cuál fue finalmente el motivo de esa entrada de agua”, planteó.

Villamide respondió que ese episodio se atribuyó a un error operativo, ya que “la entrada de agua del 6 de julio se produjo porque la válvula E-19 estaba incorrectamente cerrada, y así lo declaró un tripulante”.

Ante la observación del querellante -“Lo dieron por cierto”-, el imputado sostuvo que la situación ya había quedado aclarada en su momento.

“Naturalmente, si la válvula estaba incorrectamente cerrada, se procedió a cerrarla. El buque volvió a navegar, realizó esnórqueles a lo largo de la navegación de agosto, del 6 al 19, todos esos días, con condiciones distintas metereológicas, y después fue hasta Ushuaia, también con condiciones meteorológicas adversas, y nunca ingresó agua. Sabemos que debe haber realizado alrededor de 30 esnórqueles, y la válvula había sido encontrada mal cerrada: no había ninguna medida que tomar“, afirmó Villamide.

Tagliapietra también lo interrogó sobre la reacción de la conducción naval tras el reporte de ingreso de agua y el principio de incendio eléctrico durante la última navegación de noviembre.

“¿Conformó un comité de crisis o convocó especialistas en electricidad o máquinas (…) para asesorarlo a usted y al capitán Fernández?”, indagó el abogado querellante.

Villamide respondió que no tomó esa decisión en esa oportunidad.

“No convoqué en ese momento. A mí me informó el parte mi jefe de Estado Mayor (…) Hablé con el capitán Fernández -el comandante del submarino-, que disponía, si no recuerdo mal, de nueve electricistas a bordo”, explicó. Ante esa novedad, continuó el acusado, resolvió cancelar la misión de patrullaje y ordenar el regreso a base del submarino.

“En ese momento consideré oportuno (…) la cancelación de la patrulla, cambiarle la misión al buque y que regrese a Mar del Plata ante esta novedad que había ocurrido”, indicó.

Luego aclaró que el comandante del submarino no había caracterizado la situación como una emergencia. “Permítame decirle que el capitán Fernández nunca declaró emergencia ni tampoco calificó de ‘grave’ la situación.

El momento en que recordó a la tripulación

En otro de los tramos de su declaración, Villamide evocó a varios de los integrantes de la tripulación del ARA San Juan con quienes había compartido distintos destinos dentro de la Armada. Durante ese momento -según se observó en la audiencia- su voz se quebró.

“Se me ha señalado a mí, a mi comandante, y a mis subordinados, como que no nos importara nuestra gente. Ellos eran colegas nuestros. Los conocíamos. Yo conocía al capitán Fernández desde el año 98, había navegado con él, le tenía aprecio, respeto profesional y absoluta confianza. Lo conocía al capitán Bergallo; conocía al teniente Villarreal, había sido subordinado mío en el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia y en el submarino Santa Cruz”, mencionó Villamide en su exposición.

Además, precisó: “Ese año en el Santa Cruz también fue oficial mío Wagner y el teniente Mendoza, que era oficial alumno. Los conocía a todos estos oficiales y había sido jefe en la Escuela Naval de Mealla y Tagliapietra. Tenía un conocimiento personal. Conocía 11 de los suboficiales: a Gallardo, a Rodríguez, a Real, a Fernández, a Vallejos, que había sido suboficial sonarista mío. (...) Tenía un conocimiento cercano de ellos, que eran camaradas nuestros”.

Luego añadió: “Afirmar que los dejamos zarpar con el buque sin estar en condiciones es falso. Eso es mentira. Yo mismo me embarqué en Ushuaia y me fui a inmersión. Tenía confianza en el buque, confianza en su tripulación. Como les dije: el buque había cumplido los reglamentariamente establecido para hacerse a la mar“.

Y completó: “Sostener que el submarino San Juan no se encontraba en condiciones de navegar, y que le permitimos irse a la mar con el buque fuera de norma, fuera de estado, es indignante. Y lo peor es que esa afirmación menosprecia la idoneidad profesional del señor capitán Fernández y de toda su tripulación”

La postura de la acusación

La reconstrucción planteada por la fiscalía difiere de la explicación presentada por Villamide. Según el Ministerio Público Fiscal, el hundimiento del ARA San Juan fue consecuencia de una cadena de fallas técnicas iniciada por el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías número tres y provocó un cortocircuito seguido de un principio de incendio.

Ese proceso habría generado una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro del submarino hasta producir una explosión interna que habría incapacitado a la tripulación. Sin posibilidad de ejecutar maniobras de emergencia, la nave habría perdido el control de profundidad y descendido hasta superar la resistencia estructural del casco, lo que derivó en la implosión del submarino en aguas profundas.

Para la fiscalía, el siniestro también se vincula con deficiencias operativas y retrasos en tareas de mantenimiento, entre ellos el incumplimiento del plazo reglamentario para ingresar a dique seco y las restricciones de inmersión que pesaban sobre el buque antes de su última navegación.

Villamide -quien fue destituido por “negligencia” de la Armada por un Consejo General de Guerra en marzo de 2021- rechazó esa interpretación e insistió en la aptitud del submarino para operar.

Otras declaraciones

Este jueves, en el marco de la tercera audiencia, el tribunal de Río Gallegos recibió las indagatorias del contralmirante Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento del naufragio, quien negó “todas y cada una de las imputaciones” en su contra en una sesión que duró cerca de seis horas. El oficial retirado reconstruyó las comunicaciones previas a la desaparición de la nave, relató que fue informado de un principio de incendio controlado y describió las gestiones de la Armada para activar la búsqueda, al tiempo que cuestionó la instrucción judicial tras considerar que fue acusado “sin pruebas” y que aún no se realizaron pericias concluyentes para determinar qué ocurrió.

Luego fue el turno del capitán de navío retirado Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, dedicado, según indicó, a asesorar a Villamide en sus funciones. Dijo estar acusado en virtud de un reglamento orgánico de la fuerza de submarinos que estaba “desactualizado” y “caduco”.

“El reglamento orgánico de las fuerzas de submarinos fue editado en el año 1992, con lo cual estaba desactualizado y no tenía correcciones, causa por la cual la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia me imputó una serie de falencias debido a esa reglamentación”, explicó el tercer imputado en declarar ante los magistrados.

El cuarto acusado -capitán de fragata (RE) Hugo Correa- brindará su declaración este viernes a las 9, cuando se reanude la audiencia tras el cuarto intermedio dictado por el presidente del tribunal Mario Gabriel Reynaldi.

Los tripulantes del ARA San Juan

La dotación del submarino San Juan estaba compuesta por: el comandante Pedro Fernández; el segundo comandante Jorge Bergallo; los oficiales Fernando Villarreal, Fernando Mendoza, Diego Wagner, Eliana Krawczyk, Víctor Maroli, Adrián Meoqui, Renzo Silva, Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra; y los suboficiales y cabos Javier Gallardo, Walter Real, Hernán Rodríguez, Cayetano Vargas, Roberto Medina, Celso Vallejos, Hugo Herrera, Víctor Coronel, Víctor Enríquez, Ricardo Alfaro Rodríguez, Luis Leiva, Jorge Monzón, Jorge Valdez, Cristian Ibáñez, Mario Toconas, Franco Espinoza, Jorge Ortiz, Hugo Aramayo, Luis García, Sergio Cuellar, Fernando Santilli, Alberto Arjona, Enrique Castillo, Luis Nolasco, David Melián, Germán Suárez, Daniel Polo, Leandro Cisneros, Luis Niz, Fabricio Alcaraz Coria, Aníbal Tolaba, Alberto Sánchez y Daniel Fernández.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia presentada contra la ex ministra de Seguridad, hoy senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad vinculados con un operativo policial desplegado en los alrededores del Congreso durante una marcha realizada en septiembre de 2024 en favor de los jubilados.

La decisión fue adoptada este jueves por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en línea con el dictamen de la Procuración General de la Nación, al resolver un conflicto de competencia entre el juzgado federal a cargo de Martínez De Giorgi y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Horacio Pietragalla, quien responsabilizó a Bullrich por el operativo de seguridad realizado el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Según el escrito, el despliegue policial llevó adelante un operativo donde “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.

Ese día, organizaciones sociales, agrupaciones piqueteras y jubilados autoconvocados se movilizaron frente al Congreso en rechazo al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Durante la protesta, los manifestantes ocuparon la calzada y las fuerzas de seguridad federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar la circulación.

La jornada registró incidentes en distintos puntos del palacio legislativo. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad y el operativo dejó una treintena de personas heridas, entre ellas ocho periodistas. La entonces ministra de Seguridad siguió el desarrollo del operativo desde el centro de monitoreo de su cartera.

El expediente se inició en el juzgado federal de Martínez De Giorgi. El magistrado consideró que el objeto del caso se vinculaba “en última instancia, sobre la validez de la resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad -que estableció un protocolo de actuación ante el corte de vías de circulación-” y, por ese motivo, decidió declinar su competencia a favor de un juzgado del fuero ordinario.

En su resolución sostuvo que la cuestión ya había sido planteada en una causa anterior iniciada bajo la forma de habeas corpus preventivo en la que se discutía la legalidad de ese procedimiento antipiquetes.

Sin embargo, el juzgado nacional rechazó intervenir en el expediente. Para eso, destacó que “el objeto, la pretensión y el trámite que corresponden a la causa CNE 10514/2023 (...) es completamente diferente al de una denuncia por delito de acción pública y que, por lo tanto, no se da ningún supuesto del artículo 41 del código procesal”.

También subrayó que “las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distinto fuero y que la investigación de la conducta de quien se desempeña como ministra de la Nación por un acto propio de su función es de indudable competencia federal”.

El conflicto llegó así a la Corte Suprema. En su dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, consideró que la posición del juzgado nacional resultaba correcta, en tanto las “razones expuestas por el juez de instrucción de la Capital dan respuesta correcta a la declinatoria del juez federal”.

Además, agregó que, dadas “las diferencias categóricas en cuanto a la pretensión y el trámite de cada una de las causas”, la eventual coincidencia en el debate jurídico “en modo alguno altera las reglas de competencia ni debe confundirse con supuestos que habilitan la acumulación de expedientes”.

Con base en ese dictamen, el Máximo Tribunal resolvió que el expediente continúe tramitando ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, que deberá seguir adelante con la investigación de la denuncia contra Patricia Bullrich.

Con la recepción de declaraciones testimoniales, el Consejo de la Magistratura avanzó este jueves con el trámite disciplinario contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5, denunciado por presunto mal desempeño tras el fallo que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El expediente N° 154/25 se encuentra radicado en la Comisión de Acusación del organismo encargado de seleccionar y eventualmente remover a los magistrados, presidida por el consejero Alberto Maques, y tiene como instructor al senador Luis Juez. En ese marco, desde la mañana de este jueves se escucharon cuatro testimonios requeridos por la defensa del juez civil, una diligencia que forma parte de la etapa de producción de prueba dentro del proceso administrativo.

El caso tiene su origen en la medida cautelar que Maraniello dictó el 1° de septiembre del año pasado en el expediente “Milei, Karina Elizabeth s/ medidas cautelares”, mediante la cual dispuso el cese de la difusión de audios atribuidos a la hermana del Presidente en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. La orden judicial incluyó además la notificación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para comunicar el alcance de la decisión.

Esa resolución se conoció en medio de la repercusión pública generada por una serie de grabaciones vinculadas con la investigación periodística que derivó en la denominada causa ANDIS, que analiza presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de su entonces titular, Diego Spagnuolo.

En los fundamentos del fallo, Maraniello consideró que, de acuerdo a las actuaciones, “los mencionados audios habrían sido obtenidos de forma ilegal y clandestina, incluso pudiendo haber sido grabados dentro de la propia Casa de Gobierno, y en el contexto de una reunión privada del grupo de trabajo de la Sra. Milei. En consecuencia, es necesario equilibrar la debida protección de la libertad de prensa y la prohibición de la censura previa -elementos fundamentales para el mantenimiento del sistema republicano y el bien jjurídico tutelado que es la democracia- frente a las graves consecuencias que la difusión de información por cualquier medio podría tener sobre las posibiles investigaciones en curso”.

Y explicó: “Esto implica que el derecho a la libertad de expresión -entendido de manera amplia y en todos sus aspectos- debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión solamente de los audios grabados en Casa de Gobierno atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, anunciados el día 29/08/25. Tal situación configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior, lo que da lugar al concepto de peligro en la demora (...)“.

La decisión generó críticas en distintos ámbitos políticos, jurídicos y periodísticos. A partir de ese pronunciamiento judicial, Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, Claudio Lozano y Alejandro Zelaya presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se analice la conducta del juez por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y, eventualmente, promover su remoción del cargo.

En la presentación, los denunciantes sostuvieron que el fallo constituía un supuesto de censura previa incompatible con el orden constitucional. Bajo esos términos, aseveraron que la medida implicó “una de las violaciones más graves al sistema de derechos y garantías en una sociedad democrática”. A su vez, denunciaron que la justificación que realizó el juez federal “para imponer la censura -que la difusión ‘podría’ conllevar ‘graves repercusiones’- se basa, por su propia confesión, en una mera especulación“.

Y advirtieron: “Un acto judicial, para ser válido, debe estar fundado en hechos comprobados y en una aplicación razonada del derecho. Una decisión basada en la hipótesis de un daño potencial de un contenido que se desconoce es la antítesis de la fundamentación; es un acto de pura voluntad, desprovisto de sustento fáctico y jurídico. Es, en definitiva, un acto manifiestamente arbitrario que degrada la función judicial y la convierte en un ejercicio de poder discrecional e irrazonable. Censurar ‘por si acaso’, como lo calificó un experto, es una práctica inadmisible en un Estado de Derecho“.

Con ese escrito se inició un expediente que quedó bajo la órbita de la Comisión de Acusación, órgano que tiene entre sus atribuciones examinar la conducta de los magistrados federales. Durante esta etapa, el consejero instructor puede disponer diligencias probatorias, convocar testigos y requerir informes antes de elaborar un dictamen sobre el caso.

Si la comisión concluye que existen elementos suficientes para avanzar con el caso, podría podrá promover una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, el cuerpo constitucional encargado de determinar la eventual remoción de jueces federales.

Maraniello enfrenta, por lo demás, otras acusaciones ante el Consejo de la Magistratura. El sindicato de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (UEJN) formuló, en su contra, imputaciones por acoso sexual, violencia de género y maltrato laboral, hechos que -según la organización gremial- habrían sido padecidos por trabajadores de su juzgado. Todas las presentaciones se encuentran bajo examen.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme este martes el procesamiento del cabo primero de la Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Nahuel Grillo durante la marcha en favor de los jubilados del 12 de marzo de 2025, frente al Congreso de la Nación, y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La decisión fue adoptada por la Sala II del cuerpo, integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, que declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del efectivo. Con ese pronunciamiento, el máximo tribunal penal del país rechazó revisar el caso y dejó firme el procesamiento que ya había sido confirmado por la Cámara Federal porteña.

Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad, en concurso real con abuso de armas reiterado en cinco oportunidades. También quedó firme el embargo sobre sus bienes por 203 millones de pesos.

El caso se inició a partir de las graves heridas que sufrió el fotoperiodista aquella tarde de marzo, cuando cubría la manifestación convocada en apoyo a jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la reconstrucción judicial, entre las 17:14 y las 17:22 el gendarme efectuó seis disparos con una pistola lanzagases marca FM desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, donde estaba desplegada la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6. El cuarto disparo, realizado a las 17:18:05, impactó en la cabeza del fotógrafo, que se encontraba a unos 50 metros de distancia, agachado detrás de una estructura de madera incendiada, tomando imágenes.

El procesamiento dictado en primera instancia fue firmado en octubre del año pasado por la jueza federal María Servini. La defensa del gendarme apeló esa decisión, pero el 26 de diciembre de 2025 la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal -integrada por Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico- confirmó el auto de mérito y el embargo. Ahora, Casación cerró el camino recursivo tras considerar que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable y que ya existía “doble conformidad judicial”.

En su fallo de diciembre, la Cámara Federal dio por acreditado -con el grado de probabilidad exigido en esta instancia- que Guerrero disparó seis veces municiones de gas lacrimógeno y que uno de esos proyectiles calibre 38 mm candela “CN” impactó en el cráneo de Grillo, ocasionándole fractura expuesta, hematomas intracraneales y lesiones graves y gravísimas que pusieron en peligro su vida, según dictaminó el Cuerpo Médico Forense.

Los camaristas Irurzun y Farah valoraron en conjunto videos periodísticos, filmaciones de drones, registros oficiales y peritajes médicos y balísticos, que calificaron como “coherentes y complementarios”. Según esa reconstrucción, el tiro fue efectuado de manera antireglamentaria y “de forma prácticamente horizontal, en dirección hacia los cuerpos de los manifestantes, y golpeó a Grillo luego de atravesar la estructura de madera que tenía delante".

En los momentos anteriores al impacto de la granada de gas, la víctima estaba sacando fotos al cordón de las fuerzas de seguridad, a 50 metros de distancia. Para los camaristas, Grillo se encontraba detrás de una estructura de madera en cuclillas, a 70 centímetros del suelo.

La defensa había sostenido que el arma no era de precisión y que su trayectoria podía resultar errática, además de cuestionar la autoría material del disparo. Pero la Cámara Federal rechazó esos argumentos al advertir que el hecho de que el arma no fuese de precisión no impedía dirigir el disparo hacia un lugar determinado, y que la reiteración de disparos en posición horizontal revelaba un patrón de conducta incompatible con un error o una contingencia. También descartó que el impacto previo de la granada en una barricada de madera hubiera alterado decisivamente su trayectoria: las filmaciones, indicaron los jueces, daban cuenta de que el proyectil atravesó la estructura y continuó hasta el cráneo del fotógrafo.

El tribunal de alzada ponderó, además, que no existía habilitación reglamentaria para disparar de ese modo. Citando el manual del fabricante y estándares internacionales, afirmó que en ningún caso los cartuchos deben ser disparados apuntando hacia personas, dado el riesgo de provocar lesiones graves o incluso la muerte. Para los camaristas, el accionar atribuido configuró un apartamiento de los deberes funcionales propio del abuso de autoridad agravado.

En su voto, Boico añadió que el imputado tenía pleno conocimiento del carácter ofensivo del arma y voluntad de disparar contra el conjunto de personas que integraban la manifestación. “No dirigió los disparos a un individuo determinado, pero expuso de manera objetiva a un grupo de personas a un peligro concreto, con plena conciencia de ese riesgo”, escribió, y consideró necesario profundizar la investigación respecto de eventuales responsabilidades de la cadena de mando del operativo.

Con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el procesamiento quedó firme en esta etapa y la causa continuará su trámite en el juzgado de Servini. No obstante, la defensa aún podría intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario federal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento total y definitivo de tres imputados en una causa iniciada en 1995 por presuntas afiliaciones irregulares de empleados del Correo Argentino al sistema privado de jubilaciones. La decisión se apoyó en la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable, luego de que transcurrieran casi tres décadas sin que se realizara el juicio oral.

La resolución benefició a Guillermo Flores, Argentina Elizabeth Argañaraz y Ramón Narciso Gómez, quienes habían sido procesados por los delitos de estafa en grado de tentativa, defraudación contra la administración pública, falsificación de instrumento privado y violación a la libertad de elección de administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

La causa, en rigor, se originó el 30 de enero de 1995 a partir de la denuncia de un empleado de la entonces Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA-Correo Argentino). Según consta en el expediente, el trabajador había optado por el régimen estatal de reparto, pero meses después recibió una notificación de la AFJP Previnter S.A. informándole su incorporación al sistema de capitalización individual.

Al consultar en la ANSeS, le confirmaron que figuraba afiliado al régimen privado desde el 1° de diciembre de 1994. El denunciante sostuvo que nunca había elegido esa administradora y que su afiliación habría sido fraguada. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían adulterado fichas de afiliación u obligado a empleados a incorporarse a la AFJP sin respetar su verdadera voluntad.

Durante 1995 se tomaron declaraciones indagatorias y el 8 de agosto de ese año los acusados fueron procesados. El 5 de diciembre de 1996 se formuló el requerimiento de elevación a juicio y el 26 de diciembre de 1996 se dictó el decreto de citación a juicio, considerado el último acto procesal con capacidad para interrumpir la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, el debate oral nunca se llevó a cabo.

El expediente registró movimientos hasta septiembre de 2006, pero luego permaneció sin impulso procesal durante casi dos décadas. Recién en octubre de 2025 la defensa solicitó la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido. El Ministerio Público Fiscal acompañó el planteo y consideró que el proceso había excedido ampliamente los plazos razonables.

A la hora de analizar las actuaciones, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta -integrado por las juezas Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Gabriela Elisa Catalano- encuadró la cuestión en la garantía constitucional de plazo razonable prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Las magistradas señalaron que “han transcurrido veintinueve años desde el último acto procesal con virtualidad para dar impulso a la acción penal (…) sin que se hubiese celebrado un juicio para definir la cuestión de fondo”. También remarcaron que la causa no presentaba una complejidad tal que justificara una demora de esa magnitud y que no se verificaron conductas dilatorias atribuibles a los tres imputados de la causa.

El tribunal sostuvo además que “la falta de impulso procesal hasta su culminación no puede redundar en un perjuicio hacia los encausados”, quienes durante casi treinta años no obtuvieron una definición judicial sobre su situación judicial. La resolución citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar que el imputado “no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal”.

Por unanimidad, las juezas dispusieron el “sobreseimiento total y definitivo” de los tres acusados, sin costas, al considerar vulnerada la garantía de ser juzgados en un plazo razonable. En consecuencia, quedó cerrada una causa iniciada en los primeros años del sistema de AFJP, durante la vigencia del régimen mixto de jubilaciones, que había sido elevada a juicio en 1996 pero nunca llegó a debate oral.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la condena a 10 años de prisión contra un hombre acusado de intentar sacar del país casi 200 kilos de cocaína a través del puerto de Bahía Blanca. Tras analizar los agravios, la Sala IV rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad en una causa por tentativa de contrabando agravado vinculada al tráfico internacional de estupefacientes.

El cargamento en cuestión estaba compuesto por 196,36 kilos de clorhidrato de cocaína con una pureza cercana al 80%. La droga fue hallada en junio de 2022 en la ría de Bahía Blanca y en sectores costeros próximos al complejo portuario, luego de que apareciera a la deriva un semirrígido sin tripulación en el canal de acceso al puerto.

El condenado es Aureliano Villalba Cabrera, a quien el tribunal de juicio consideró partícipe primario de la maniobra tras entender que aportó los medios logísticos indispensables para ejecutar el intento de exportación de la sustancia ilegal.

El hallazgo que activó la investigación

Las actuaciones se iniciaron cuando la Prefectura Naval Argentina encontró flotando el bote “ALI LAFKEN II” en el canal de acceso al puerto bahiense. En los días posteriores comenzaron a aparecer bolsos herméticos que contenían panes rectangulares de cocaína con la inscripción “PATRÓN”, tanto en distintos puntos de la ría como en una playa cercana a la Base de Infantería de Marina Baterías.

Las pericias químicas confirmaron que el total del cargamento ascendía a 196,36 kilos.

El análisis de cámaras de seguridad, registros de navegación GPS y movimientos vehiculares permitió reconstruir que el semirrígido había sido trasladado en tráiler desde la localidad bonaerense de Florencio Varela hasta Bahía Blanca con el objetivo de ingresar a la ría y transferir la droga a un buque de ultramar para venderla en el exterior. La operación no llegó a completarse.

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a Villalba Cabrera como partícipe primario del delito de tentativa de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes destinados inequívocamente a la comercialización y por la intervención de tres o más personas. Los fundamentos se dieron a conocer el 19 de mayo de ese año.

Los jueces tuvieron por acreditado que el imputado era el propietario real del semirrígido utilizado en la maniobra y de la camioneta Ford Ranger que permitió su traslado hasta la zona portuaria del sur de la provincia. Consideraron que su aporte fue esencial para la ejecución del hecho.

Valoraron, además, que la embarcación presentaba modificaciones compatibles con el traslado de carga pesada y sistemas de izado preparados para transferir bultos a buques de mayor porte en aguas profundas. También registraba cortes en los pontones que fueron interpretados como parte de un abandono deliberado destinado a encubrir la operación.

La sentencia ponderó que el acusado había obtenido su licencia de timonel pocas semanas antes del hecho junto a otros implicados, lo que evidenciaba planificación de la banda narco.

Los agravios ante Casación

Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación y cuestionó, entre otros puntos, la legitimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante del proceso, la valoración de la prueba y la pena de 10 años de cárcel, a la que calificó de desproporcionada.

El acuerdo en la Sala IV fue liderado por el juez Javier Carbajo, quien abrió el voto proponiendo rechazar el recurso.

Carbajo sostuvo que el tribunal oral había fundado la condena en una “red de indicios plural, precisa y convergente” que permitía alcanzar el grado de certeza exigido en materia penal. En relación con la pena, afirmó que “el monto impuesto ha sido correctamente fundado por el tribunal de juicio y es la justa medida”, y que “los defectos señalados por la defensa son insuficientes para descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido”.

El juez Mariano Borinsky declaró formalmente admisible el recurso pero coincidió en su rechazo. Recordó que la nulidad procesal exige un perjuicio concreto y que “no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley”. También afirmó que la sentencia condenatoria constituía “un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias” y que la prueba configuró “un cuadro cargoso suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena”.

Por su parte, el juez Gustavo Hornos adhirió al voto inicial y destacó que el tribunal de juicio realizó “un examen global y abarcativo de los distintos elementos probatorios”, evitando fragmentarlos. En cuanto a la pena, ponderó que “no resulta en modo alguno evidente” una desproporción frente a la magnitud del cargamento y la logística desplegada.

El juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, atraviesa horas cruciales luego de que un dictamen firmado por el senador nacional y consejero Luis Juez concluyera que una serie de publicaciones realizadas en la red social X configuran “mal desempeño” por su contenido considerado antisemita. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, con atribuciones para decidir la apertura de un procedimiento de remoción, acordó esta semana tratar en la próxima sesión el caso de López.

Se trata del expediente N° 29/2025, abierto el 14 de marzo de 2025 tras denuncias promovidas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y otros particulares. Las presentaciones apuntaron a una serie de mensajes -posteos, reposteos y respuestas- difundidos desde la cuenta @JuezLopezMDP, donde el propio magistrado se presenta públicamente como juez federal.

El dictamen elaborado por Luis Juez será tratado en el próximo encuentro de la Comisión acusatoria y tiene como propuesta llevar al Plenario del Consejo “la apertura del procedimiento de remoción” del juez, su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión en su cargo. Según plantea el escrito del senador cordobés, López “utilizó su perfil de la red social ‘X’ a efectos de realizar diversas publicaciones (...), en los que se configura un patrón de hostilidad -en forma reiterativa- hacia la comunidad judía e Israel”.

Dicho planteo parte de la definición elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo integrado por 35 Estados -entre ellos la República Argentina- creado con el objetivo de promover la memoria y la educación sobre el Holocausto, y adoptada como una herramienta jurídicamente no vinculante. En ese marco, se recuerda que “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, y se enumeran como ejemplos conductas tales como “pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos”, formular acusaciones estereotipadas -como la supuesta conspiración judía mundial-, negar el Holocausto o sus mecanismos, “culpar a los judíos como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto”, aplicar “un doble rasero” al Estado de Israel o establecer comparaciones entre su política actual y la de los nazis.

Entre los 17 mensajes publicados en X -ex Twitter-, transcriptos en las actuaciones seguidas al juez, aparece uno fechado el 27 de febrero de 2025: “A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?”. Ese mismo día, y en la misma plataforma, expresó: “El Talmud es un compendio de odio anticristiano, supongo que ese libro si lo deben conocer, no?”.

En jornadas anteriores había manifestado: “Pueden dejarles sus comentarios a estos fariseos”; “Bueno judío, es Twiter y hay que abreviar”; “Otro J victimizándose, ya se les gastó de tanto usar, lo siento”. También: “En la Patria Católica Argentina no gobiernan los judíos”; “Un rabino que quiere gobernar la Argentina”; “Usarán la Tora? o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”.

El 22 de junio de 2025 escribió: “Otro juden”, y el 3 de julio respondió: “Si, raza de víboras”. Luego, en otro posteo dijo: “En una Patria Católica, los que representan los intereses de un estado extranjero, no tienen derecho a interpelar a un Juez de la Nación”. También sostuvo: “Se creen dueños de la Argentina”.

El dictamen que interpela al magistrado incorpora a su vez un intercambio en el que un tercero escribió: “A estos miserables cerdos judíos hay que confrontarlos abiertamente y ponerlos en su sitio”. Frente a esa intervención, respondió: “Muchas gracias”.

“Las expresiones emitidas por el doctor Alfredo López no constituyen manifestaciones aisladas ni meras opiniones polémicas sobre asuntos públicos”, aseguró en su dictamen el consejero Juez, miembro de la Comisión de Acusación del Consejo, y luego agregó: “Por el contrario, configuran un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo, tal como han sido definidas por organismos internacionales, tribunales y marcos normativos especializados”.

Además advirtió: “Su análisis exige un abordaje que contemple tanto el contenido literal de los mensajes como su contexto, su reiteración sistemática y su impacto en la esfera judicial. El volumen de publicaciones resulta particularmente significativo: las denuncias refieren a decenas de mensajes, reposteos, imágenes y comentarios discriminatorios, emitidos en forma sistemática entre febrero y junio de 2025, y con especial intensidad en fechas sensibles para la comunidad judía. A ello se suma el hecho de que muchas de las expresiones se realizaron en días y horarios laborales, desde la cuenta institucional del propio magistrado, lo que refuerza su carácter funcional.

Y concluyó: “En definitiva, no resulta aceptable que un magistrado federal, en ejercicio de su cargo, publique, promueva o legitime expresiones que niegan derechos colectivos, reproducen estereotipos antisemitas y refuerzan teorías conspirativas de raíz religiosa o racial, así como que inicie o continúe debates del estilo descripto".

El juez López fue convocado a las actuaciones para realizar su descargo y desarrollar su defensa. Allí señaló que “del relato formulado en la misma, no surge la comisión de ningún delito, razón por la cual no se formuló ninguna denuncia al respecto en su contra. Solo se trata, en consecuencia, de interpretaciones absolutamente subjetivas y descontextualizadas respecto de los intercambios realizados en las redes sociales, que de ninguna manera afectan el Servicio de Justicia ni la imparcialidad del sucripto, todo ello, habida cuenta de que no se ha expresado en relación a ninguna causa en trámite, razón por la cual no ha sido objeto de recusación alguna, y solo ha ejercido el derecho de libertad de expresión garantizado por el Art. 14 de la Constitución Nacional y Art. 75 inc. 22 que le da rango constitucional a los Tratados Internacionales de derechos humanos (...)“.

El magistrado tildó de falaces las denuncias presentadas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la DAIA, y planteó que “la gravedad institucional resulta de la temeridad de que una organización que abiertamente representa los intereses de un Estado extranjero, mas no los de la totalidad de la colectividad judía, de denunciar a un magistrado argentino, que fuera oportunamente designado por concurso público y de acuerdo a todas las normas constitucionales vigentes con más de 40 años de trayectoria intachable, forzando una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa”.

También dijo: “ambas organizaciones denunciantes se arrogan una representación que no les fue otorgada por quienes hicieron el intercambio de opiniones en la red social ‘X’. En efecto, ninguno de ellos inició denuncia o acción legal alguna contra el suscripto. De igual manera, en forma soberbia se adjudican la interpretación falsa del ‘supuesto odio’, habida cuenta que se trata el mismo de un sentimiento íntimo, que en forma supremacista pretenden conferir a otros, sin que se pueda actuar recíprocamente por el odio que los denunciantes parecen manifestar contra el suscripto por sus creencias”.

El dictamen elaborado por el senador subrayó, con todo, que la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento respecto de las manifestaciones denunciadas constituye un elemento particularmente relevante a los fines de valorar su aptitud para continuar ejerciendo la función jurisdiccional, en tanto pone de manifiesto una persistencia en una conducta incompatible con los deberes de prudencia, mesura y decoro que el ordenamiento exige a los jueces de la Nación".

La decisión de avanzar hacia el Jurado de Enjuiciamiento figuró en el orden del día del pasado miércoles. Durante la reunión de la Comisión acusatoria, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó la postergación del tratamiento tras manifestar que, si bien consideraba grave el caso, no estaba convencido de que correspondiera el juicio político y entendía que debía evaluarse la posibilidad de una sanción disciplinaria menor en la Comisión de Disciplina. Los consejeros acordaron diferir la definición para la próxima reunión, cuya fecha fijará el presidente de ese cuerpo, Alberto Maques. Tras la postergación, Luis Juez confirmó a Infobae que insistirá con su dictamen para que el expediente sea elevado al plenario del Consejo de la Magistratura.

Si la Comisión aprueba la acusación, el expediente será remitido al plenario. De reunir la mayoría requerida, se formalizará la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, órgano encargado de decidir la eventual destitución y que puede disponer la suspensión mientras dure el proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un recurso presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez y mantuvo vigente la pena única de 15 años de prisión en su contra que le fue impuesta tras la unificación de las condenas dictadas en las causas conocidas como la Ruta del Dinero K, por lavado de activos, y Vialidad, por fraude en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. En la resolución, los magistrados resolvieron rechazar “in limine el planteo de nulidad efectuado por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez; con costas”. También desestimaron el pedido de apartamiento del juez Carbajo.

En rigor, la pena de 15 años de cárcel había sido fijada en julio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la ciudad de Buenos Aires, que compaginó la condena de 10 años impuesta al empresario por lavado de dinero con la de 6 años dictada en el expediente de Vialidad, donde compartió juicio con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados.

En el primero de esos casos, la Justicia determinó que el entonces titular del grupo Austral participó en maniobras para blanquear más de 54 millones de dólares mediante sociedades constituidas en el exterior. En el segundo, fue hallado culpable por fraude a la administración pública en el direccionamiento de contratos de obra vial en favor de sus empresas de construcción.

Tras el rechazo del recurso de casación en diciembre pasado, la defensa de quien fuera amigo del matrimonio Kirchner promovió un incidente de nulidad contra esa resolución. En su escrito sostuvo que la sentencia había sido dictada con “integración irregular del tribunal” por la intervención del juez Carbajo, quien previamente se había excusado de intervenir en la causa Vialidad al considerar comprometida su imparcialidad.

Sin embargo, la Sala IV concluyó que la nulidad “no puede prosperar en la medida en que no constituye un remedio procesal idóneo para impugnar los pronunciamientos de esta Cámara”. Recordó que, como regla, las decisiones de Casación no son susceptibles de nulidad o reconsideración y que la vía prevista para su eventual revisión es el recurso extraordinario federal.

Los camaristas también señalaron que la excusación del magistrado había sido resuelta en el marco de la causa de Vialidad, mientras que la resolución cuestionada fue dictada en el proceso de unificación de pena. En ese contexto, precisaron que la defensa no llegó a demostrar “inobservancia legal alguna” que justificara invalidar la sentencia adoptada.

Además, los jueces remarcaron que el condenado y su abogada conocían la integración del tribunal al momento de la audiencia oral celebrada el 5 de noviembre de 2025. Según consta en el acta y el registro fílmico, los nombres de los magistrados fueron dados a conocer “a viva voz por el Presidente, antes de comenzar la audiencia”. Por eso, remarcaron que la nulidad pretendida “no constituye un remedio procesal idóneo para reclamar ahora la invalidez de la constitución del tribunal -ya consentida- que dictó la sentencia”.

La Sala IV, por otro lado, también rechazó el pedido de apartamiento de Carbajo por considerarlo “extemporáneo” y porque la excusación en la causa Vialidad no resultaba extrapolable a este trámite de unificación. En ese punto, el fallo precisó que, tal como sostuvo la propia defensa de Báez, “la unificación no importa revisión de los hechos ni reapertura del juicio de culpabilidad ya concluido”.

Con todo, el máximo tribunal penal del país dispuso dar trámite al recurso extraordinario federal del empresario y ordenó correr traslado al Ministerio Público Fiscal y a las querellas. Eso significa que la pena única de 15 años continúa vigente, aunque la decisión podría ser revisada por la Corte Suprema de Justicia el recurso es concedido.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata condenó a dos hombres acusados de integrar una banda dedicada al narcomenudeo en La Plata y Berisso a penas de seis años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización y tenencia con fines de venta, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La causa, iniciada a partir de una denuncia anónima y desarrollada con escuchas telefónicas, tareas de inteligencia de la Policía Bonaerense, análisis de redes sociales y allanamientos simultáneos en distintos barrios del sur platense, permitió reconstruir un circuito de provisión y distribución de cocaína que funcionó al menos entre enero y septiembre de 2019.

La sentencia fue dictada este jueves por el juez Nelson Javier Jarazo, en el marco de un juicio abreviado. Ambos imputados llegaron al proceso bajo prisión preventiva mientras avanzaba la pesquisa. Uno de ellos recibió además la unificación con una condena previa por amenazas calificadas con arma, por lo que deberá cumplir seis años y ocho meses de prisión; el otro obtuvo seis años, pena que el tribunal dio por cumplida porque el tiempo que permaneció detenido preventivamente alcanzó el monto de la sanción impuesta.

Los condenados son David José Balarezo Meza y Hebert Francis Sánchez García, ambos de nacionalidad peruana. Según el fallo, integraron una asociación compuesta por siete personas, estructurada en tres parejas y con la participación de un familiar -actualmente fallecido- que colaboraba en el último eslabón de comercialización. El grupo operaba principalmente en Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, con alcance hacia Berisso, y cada subgrupo cumplía una función específica dentro de la cadena de abastecimiento y reventa de clorhidrato de cocaína.

La investigación se inició tras una denuncia recibida en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de allí se desplegaron vigilancias, relevamientos fotográficos, informes registrales, datos migratorios y comerciales, y la identificación de líneas telefónicas utilizadas por los imputados. También se analizaron perfiles públicos en Facebook y otras plataformas para corroborar los vínculos entre los integrantes de la banda y confirmar la existencia de relaciones estables entre las parejas que componían la estructura.

Las intervenciones telefónicas fueron determinantes para sostener la acusación por venta de estupefacientes. Sobre el abonado atribuido a Balarezo Meza se registraron diálogos que, aunque formulados en términos cotidianos, fueron interpretados como referencias a la comercialización ilegal. En una conversación del 5 de julio de 2019, una mujer identificada como “Florencia” le manifestó: “están que me hacen pedido David y no tengo nada y el Heber me ha dicho que no puede, no lo puede dejar sin chofer”, a lo que él respondió: “quedate tranquila, yo ni bien llego a las cinco hago las cosas yo”. En el mismo intercambio se escucha: “creo que hicimos todas las empanadas, ¿no?”. Para los investigadores, expresiones como “empanadas” o “carne picada” funcionaban como códigos para referirse a la cocaína fraccionada. El contexto -pedidos pendientes, coordinación horaria y dependencia de la provisión- permitió vincular el diálogo con la actividad ilícita.

En otra comunicación del 3 de agosto de 2019, la interlocutora señaló: “el Heber me dijo que me iba a avisar en veinte minutos… ¿Le podés escribir vos?”, mientras Balarezo respondió: “los chicos están acá queriendo por su plata, por su pago, yo les he dicho que no hay plata también hasta mañana”. El tribunal entendió que allí se aludía a pagos por ventas previas y a la necesidad de recibir nueva sustancia para continuar con la distribución. El juez remarcó que, aun utilizando un lenguaje encriptado, los registros telefónicos evidenciaban vínculos directos con el tráfico de drogas.

El 12 de septiembre de 2019, alrededor de las 6 de la mañana, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Altos de San Lorenzo y Villa Elvira. En una vivienda situada en la zona de las calles 16 y 83, en Altos de San Lorenzo, donde residía Balarezo Meza junto a su pareja, se halló una bolsa de nylon colocada debajo de un horno microondas en la cocina. En su interior había quince envoltorios con sustancia blanca que, tras el test de orientación, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de doce gramos. En el mismo inmueble, dentro de una cartera guardada en el ropero de la habitación matrimonial, se encontraron dos bolsitas con marihuana, con un peso de cinco gramos. También se incautaron celulares, tarjetas SIM y dinero en efectivo.

En un domicilio de la zona de calles 117 y 75, en Villa Elvira, donde vivía Sánchez García, los efectivos secuestraron quince envoltorios con veintitrés gramos de cocaína, ubicados en el segundo cajón de una cómoda. En el lugar se encontraron además dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y una balanza, elemento que reforzó la hipótesis de venta al menudeo. La investigación incluyó asimismo la inspección de un inmueble cercano, también en Villa Elvira, donde fue revisado un Volkswagen Suran estacionado en el garaje. Detrás del revestimiento del techo del sector delantero del auto se encontraron cinco envoltorios con 13,1 gramos de cocaína, junto con recortes de nylon y sustancia de corte. En ese procedimiento, a su vez, se incautaron un arma de fuego y municiones.

El juez del tribunal platense dedicó gran parte de su fallo a elaborar un repaso de toda la prueba acumulada en el expediente. En el punto central consideró que la modalidad de almacenamiento -fraccionada en pequeños envoltorios y oculta en distintos sectores-, sumada a la presencia de una balanza y sustancia de corte, daba cuenta del destino comercial del material secuestrado y descartaba cualquier hipótesis de desconocimiento por parte de los imputados.

En la parte resolutiva, el magistrado condenó a Balarezo Meza a seis años de cárcel, unificando esa pena con la impuesta el 1 de diciembre de 2025 por el Juzgado Correccional N° 1 de La Plata por amenazas calificadas con arma, lo que fijó una pena única de seis años y ocho meses. Sánchez García, en tanto, recibió seis años de prisión, una sanción que se tuvo por cumplida en virtud del tiempo que permaneció detenido de manera preventiva. Ambos deberán abonar una dentro de los diez días de quedar firme la sentencia.

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció este miércoles al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las declaraciones que realizó en un programa de radio en las que afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena” al evocar la crisis de 2001. La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a que se investigue la posible comisión de delitos como el de la incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición.

En el escrito de 4 páginas, al que tuvo acceso Infobae, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 relató que tomó conocimiento “en razón de haber tomado estado público” de los hechos y promovió la denuncia judicial “a fin de que mediante la pertinente instrucción sumarial sea investigado y, de acreditarse su materialidad, se deslinde la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Según la presentación del fiscal, este martes 23 de febrero Quintela “habría exteriorizado diversas manifestaciones públicas que, prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional, entre otros, adquiriendo mayor trascendencias y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”. Los dichos a los que se refirió Stornelli fueron realizados en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10.

El fiscal transcribió en forma textual los dichos del mandatario provincial:

“...eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda...”.

Para Stornelli, esas expresiones implican una “comparación explícita con los hechos ocurridos en el año 2001” y una alusión a la eventual necesidad de adoptar “fuertes decisiones”, “incluso frente a la posibilidad de víctimas fatales”, con “proyección sobre la coyuntura presente”.

En el apartado de calificación legal, el denunciante indicó que el hecho podría encuadrar bajo los delitos previstos en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición) del Código Penal.

Además, solicitó que se incorporen como prueba “un fragmento del programa ‘Mañana Sylvestre’ (...), correspondiente al día del 23 de febrero del corriente año; como así también un recorte del mismo programa el cual fuera publicado en la red social X (...)”, y que se adopten “las medidas urgentes del caso para la debida preservación de los registros audiovisuales mencionados precedentemente”.

También pidió que, en su oportunidad, “reciba V.S. declaración indagatoria a Ricardo Clemente Quintela, en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación".

El expediente ahora deberá ser sorteado para determinar qué juzgado federal intervendrá y resolver si corresponde impulsar o no la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

En el marco de un entramado de causas judiciales locales e internacionales, vínculos familiares complejos con reclamos económicos y acusaciones cruzadas, la defensa de la artista brasileña Paula Seabra Parisot sostiene que es inocente pese a haber solicitado la suspensión del juicio a prueba (probation) en una investigación penal por intento de estafa, tramitada ante la Justicia porteña. Ese expediente, iniciado por impulso de la familia de su exesposo fallecido, derivó en agosto de 2024 en el otorgamiento de ese beneficio procesal por parte del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7, decisión a la que la querella se opuso. A ese panorama se sumó una denuncia de la pintora contra esa familia por supuesto hostigamiento, donde obtuvo una medida cautelar contra su excuñado.

La artista y sus antecedentes familiares

Parisot, de 47 años, nació en Río de Janeiro y desarrolló una trayectoria artística interdisciplinaria que abarca la literatura, la pintura, la escultura, la performance y la producción audiovisual. Su producción fue exhibida en Brasil, Argentina y otros países, y desde casi una década reside en la provincia de Buenos Aires. Es madre de dos hijos mellizos, nacidos en 2011. Su última obra consistió en un libro infantil.

El origen del conflicto se remonta a su relación con Richard Haber, un ciudadano brasileño con quien se casó en 2008 y se divorció en 2014 mediante un acuerdo homologado por la justicia del estado de San Pablo. Dos años más tarde, en 2016, Richard falleció a causa de un tumor cerebral. A partir de su muerte se activaron diversos procesos judiciales vinculados a la herencia, a la obligación alimentaria en favor de los menores y a la administración del patrimonio familiar.

Según surge de actuaciones judiciales tramitadas en Brasil, tras el deceso del padre de los mellizos el deber de abonar la cuota alimentaria, acordada previamente en el acuerdo de divorcio, recayó en la madre del fallecido, Myriam Haber, abuela paterna de los menores con residencia en Brasil. Esa situación dio lugar a una serie de desencuentros entre Parisot y la familia de su exesposo, en particular en relación con rendiciones de gastos, pagos efectuados y administración de recursos.

La causa penal por presunta estafa

En ese contexto se originó una causa penal que primero tramitó y se cerró en Brasil y luego se sustanció en Argentina. La denuncia fue presentada por Myriam Haber, una mujer de más de 80 años, quien se constituyó como querellante. Allí imputó a la artista de haber intentado obtener reintegros económicos indebidos mediante la presentación de comprobantes falsos o inexactos, vinculados a supuestos gastos educativos, deportivos y extracurriculares de sus nietos.

La imputación asumida después por el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Parisot los delitos de estafa, en grado de tentativa reiterada en tres oportunidades y estafa en grado de tentativa mediante el uso de documento privado falso, reiterado en dos oportunidades. Bajo esos parámetros, señaló que Parisot presentó más de 150 comprobantes falsos, entre facturas, recibos y documentos con sellos apócrifos, para simular gastos vinculados a la crianza y educación de sus hijos y reclamarle, así, reembolsos de dinero a su exsuegra, a cargo parcialmente de la manutención de los menores.

Los hechos, para la acusación, habrían ocurrido entre 2018 y 2020, y se habrían concretado a través de la utilización de aparentes recibos por servicios, por ejemplo, a nombre del “Club Nordelta” y el “Nordelta Golf Club”, con logos y sellos truchos.

Durante la etapa de instrucción de esa causa también fueron imputadas otras personas, entre ellas Carla Rainone, hija de la actual pareja de Parisot. A Rainone se le atribuyó haber emitido recibos falsos por supuestas clases particulares para reforzar el español de sus hijos durante los meses de septiembre a diciembre de 2020 por un monto de 280 mil pesos, “pese a carecer de cualquier formación como maestra y a que los menores (...) recibían asistencia profesional por otros tutores”.

Sin embargo, el 14 de julio de 2025 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 dispuso su sobreseimiento, tras considerar que no se había acreditado una participación penal relevante. Esa desvinculación fue ratificada el 23 de septiembre del mismo año por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que indicó que las actividades cuestionadas se habían prestado, aunque no necesariamente en la extensión luego pretendida, y que no existía prueba suficiente para sostener una maniobra fraudulenta atribuible a Rainone y en perjuicio de la abuela paterna de los niños.

En cuanto a Parisot, su situación procesal avanzó hasta la elevación a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, donde llegó acusada, como se señaló, de inventar presuntas erogaciones vinculadas a la formación de sus hijos que no existieron o que fueron diferentes a los consignados. Según la fiscalía, la operatoria se habría desarrollado de manera sistemática y prolongada en el tiempo, constituyendo cargos con penas de entre un mes a seis años de prisión.

La probation y la oposición de la querella

En esa instancia oral se celebró -en agosto de 2024- una audiencia para tratar la solicitud de suspensión del juicio a prueba de la artista, con intervención de la fiscal Carolina Del Prado, la defensa de la imputada y los representantes de la querella.

Allí el tribunal analizó los requisitos previstos en el artículo 76 bis del Código Penal. Ponderó que la eventual sanción aplicable permitiría una condena de ejecución condicional, que la imputada carecía de antecedentes penales y que el Ministerio Público Fiscal había prestado su consentimiento al pedido de la defensa. En relación con la oposición de la querella de admitir la probation, precisó que sus argumentos no habilitaban a rechazar el instituto.

En consecuencia, el tribunal oral resolvió suspender el proceso por el plazo de dos años. Durante ese período, Parisot quedó obligada a fijar domicilio -vive en el barrio de Nordelta-, someterse al control de la autoridad judicial y realizar seis horas mensuales de tareas comunitarias en el merendero-comedor comunitario “Centro de Integración Sana Convivencia”, ubicado en Ruperto Mazza 1080, en el partido de Tigre.

La querella, continuada por familiares de Richard Haber tras el fallecimiento de Myriam Haber, exsuegra de la imputada, se opuso a la concesión del beneficio procesal basándose en “la gravedad de los hechos investigados” y en el volumen de la prueba acumulada durante la instrucción. Ese planteo resultó desestimado por el tribunal.

Desde la defensa de Parisot, en cambio, se afirmaría tiempo después que la solicitud de la probation respondió a la necesidad de poner fin a un conflicto judicial de largo alcance sin que eso implicara admitir responsabilidad alguna.

La denuncia por hostigamiento contra la familia Haber

Y es que en paralelo al trámite penal en su contra, Paula Seabra Parisot Guterres promovió el año pasado una denuncia por hostigamiento “personal, familiar y mediante plataformas digitales” contra, entre otras personas, Eduardo Haber, hermano de su exesposo fallecido y fundador de una importante fintech en Brasil. El escrito fue presentado ante el Juzgado Civil Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ramiro Santo Fare, en el expediente 75942/2025.

En esa presentación, la defensora de la pintora mencionó que la decisión de pedir una “medida alternativa” para dejar en pausa el juicio por presuntos intentos de estafa se había adoptado “sin perjuicio de sostener su falta de responsabilidad penal”. Al respecto, expresó: “Paula tomó la decisión de solicitar la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba para cerrar el caso y protegerlos -a sus hijos- por el incesante hostigamiento. No podía soportar más años de litigio, aún siendo inocente”.

A su vez, y de acuerdo a los antecedentes que expuso la presentación judicial de la defensa de la artista brasileña, desde la muerte de su expareja, “ella ha sido víctima de una serie de acciones de hostigamiento, acoso e insolvencia fraudulenta del patrimonio correspondiente al acervo hereditario de sus hijos menores, por parte de los miembros de la familia de su exmarido (...)“.

Luego detalló: “-Parisot- Contrajo matrimonio con Richard Haber en el 2008 y fruto de esta relación nacieron sus dos hijos (...) en 2011. Con el paso de los años, la pareja decidió separarse en 2014 iniciando de manera conjunta el proceso de divorcio. Lamentablemente Richard Haber falleció en el año 2016 y fue a partir de este suceso que comenzó el conflicto de hostigamiento y persecución con fines económicos, con aquella familia”.

“Y es al momento de la muerte del padre de sus hijos -agregó la abogada patrocinante-, que la familia de él inició el incumplimiento deliberado del acuerdo de divorcio consensual homologado por los tribunales de Sao Pablo [sic] en 2014. Dicho acuerdo abarcaba alimentos y partición de bienes, cuya parte del pago debía realizarse durante los siguientes 8 años desde su suscripción. Sin embargo, éste no fue cumplido por la Familia Haber. Tampoco se cumplió el acuerdo de alimentos, dado que Paula y Richard vivían de los dividendos del patrimonio familiar“.

Cabe señalar que, en paralelo, una denuncia impulsada por Parisot en el ámbito de la Justicia porteña fue archivada el 7 de enero de este año por el fiscal Juan Cruz Artico, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 18 especializada en Violencia de Género, al considerar que los hechos relatados no configuraban una conducta típicamente sancionable en los términos del Código Contravencional.

Medidas cautelares y escalada del conflicto

Según consta en una resolución dictada el 3 de febrero de este año, el juez del caso analizó los informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que calificaron el riesgo de violencia familiar como “moderado”, y así dispuso una medida cautelar por un plazo de 120 días. La decisión, en rigor, ordenó específicamente a su excuñado, Eduardo Haber, “cesar todo acto de perturbación u hostigamiento“, directo o indirecto, respecto de Parisot y de sus hijos, y le prohibió todo tipo de contacto, ya sea físico, telefónico, por redes sociales o a través de terceros. Además, le ordenó abstenerse de promover o consentir la difusión pública de información vinculada a las actuaciones y de datos relativos a sus sobrinos menores de edad.

La defensa de Eduardo Haber apeló esa resolución mediante un recurso de reposición con apelación en subsidio, en el que solicitó su revocación al sostener que la medida carecía de fundamentación suficiente, resultaba desproporcionada y se apoyaba exclusivamente en el relato de la denunciante sin corroboración objetiva.

En esa denuncia, por lo demás, Parisot describió un escenario intrincado de contiendas múltiples con los Haber, “una familia poderosa, con recursos ilimitados y conexiones políticas y judiciales en dos países”. En dicho escrito, al que tuvo acceso Infobae, se puede leer: “Es bajo lo expresado y en defensa de los intereses pecuniarios de sus hijos, que actualmente la denunciante enfrenta 19 procesos judiciales: en Brasil (17), Argentina (1) y Nueva York (1)“. Y se asegura: “El propósito que persigue sistemáticamente la familia Haber tiende a desacreditar el lazo familiar con los menores y vulnerar los derechos patrimoniales que corresponden a sus hijos”.

La presentación de la escritora manifestó que las distintas acciones judiciales de la familia brasileña tendrían como finalidad ejercer “presión económica, psicológica y emocional” sobre la artista. En ese marco, la defensa dio cuenta de una intensa conflictividad intrafamiliar que se habría exacerbado luego de la muerte de Richard Haber, con un telón de fondo marcado por supuestas disputas en la gestión de un acaudalado patrimonio familiar.

“Lo que aquí se expone -anunció la denuncia de hostigamiento interpuesta por Parisot el año pasado- es una forma grave de violencia estructural, económica, simbólica, judicial e institucional, ejercida de manera sistemática contra una madre y sus hijos, con el claro objetivo de silenciar, desgastar, excluir, destruir y controlar“.

Y detalló: “Se ha intentado por todas las vías posibles resolver estos conflictos ya sea por la vía legal y pacífica. Sin embargo, la respuesta ha sido más persecución, más humillaciones y más daño hacia los hijos de Paula Parisot. Lo que está en juego aquí no es solo un patrimonio: es el derecho de una madre a proteger a sus hijos, a trabajar en paz, a reconstruir su vida y a no ser perseguida por negarse a firmar su silencio”.

Patrimonio, offshore y referencias a causas en Brasil

En particular, el escrito incorporó diferentes referencias a procesos sucesorios tramitados en Brasil, en los que se investigaron presuntas maniobras de ocultamiento patrimonial mediante sociedades inmobiliarias y estructuras offshore. Los presuntos artilugios de la familia para negar y esconder el “patrimonio real”, aseguró la abogada de Parisot, irían en contra de la “vocación hereditaria” de sus dos hijos respecto a las herencias de su padre y de su abuelo Roger Clement Haber, un empresario ligado al holding Agata International y fallecido en 2010.

También asoció el conflicto familiar con investigaciones periodísticas y judiciales desarrolladas en Brasil en el marco de causas de gran impacto público, tales como el caso de corrupción del Lava Jato, en las que se mencionaron estructuras financieras supuestamente relacionadas con integrantes de la familia Haber. Según se expuso en la presentación judicial de Parisot, esos antecedentes formarían parte del contexto patrimonial y sucesorio que rodea los litigios en los que se encuentran involucrados los hijos de la artista.

“Es importante destacar que los padres de su exmarido -Roger Clement Haber y Myriam Haber- han sido acusados y estaban involucrados en los más grandes escándalos de corrupción en la historia de Brasil, como Mensalão, Banestado, Lava Jato, entre otros, como lo demuestran las notas periodísticas que adjunto”, consignó el documento elaborado por Eugenia Sukutián, abogada apoderada de Parisot.

El episodio en el colegio y la denuncia contra la hija de su pareja

Uno de los ejes del planteo por hostigamiento, que entre otros puntos habló de agresiones virtuales y de una supuesta persecución laboral para que la artista no exponga en Buenos Aires, refirió a hechos ocurridos en el ámbito escolar de los mellizos. De acuerdo con la denuncia, uno de los hijos de la denunciante fue increpado en su colegio por otro alumno, hijo de una persona presuntamente vinculada al entorno de la familia Haber. El escrito reprodujo el episodio, donde el compañero de su hijo le habría mostrado con su celular un artículo de un diario que había publicado una noticia sobre la causa por estafas seguida contra Parisot.

“Mirá esto, tu mamá es una estafadora. Mostráselo a tu hermana y a tu madre”, señaló la denuncia respecto a lo que le habría dicho el chico a uno de los hijos de la denunciante.

Como parte de una supuesta estrategia de ahogo, Parisot aseveró que la familia de su exesposo impulsó una imputación penal contra la hija de su actual pareja, Christian Rainone. Esa causa tramitó bajo el número CCC 4499/2022, y concluyó con el sobreseimiento definitivo de Carla Rainone en una resolución que, tal como se indicó, luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña.

Desde la perspectiva de la imputada, ese sobreseimiento refuerza su postura de que no existió ninguna maniobra delictiva organizada ni un intento de defraudación económica en perjuicio de su exsuegra, obligada por orden judicial -y en virtud de un acuerdo de divorcio homologado entre su hijo y su exnuera- a brindar manutención a sus nietos tras el fallecimiento de su hijo Richard.

La posición de la familia Haber

La familia Haber, por su parte, mantuvo una posición opuesta a la que se terminó adoptando en la causa por estafas. En su rol de querellante, Myriam al principio, y sus familiares después, afirmó que ese expediente revelaba una operatoria sistemática destinada a obtener fondos mediante documentación falsa y que la suspensión del juicio a prueba impedía un esclarecimiento pleno de los hechos en un debate oral y público.

Para la querella, en manos de los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, Paula Seabra Parisot Guterres pergeñó una maniobra mediante la cual intentó inducir a error mediante engaños a su exsuegra para lograr una “disposición patrimonial” de su parte. Ese ardid, sostuvo la intimación, “consistió en haber presentado, por correo electrónico (...) a Myriam Haber (...) recibos y facturas apócrifas (remitidas no en original sino en el marco de los correos electrónicos emitidos por la imputada) en miras a justificar a través de esos documentos erogaciones que supuestamente correspondían a los menores; con el objetivo de que fueran costeados por Haber, lo que finalmente no ocurrió, pero que de haberse concretado hubiese generado el consecuente perjuicio patrimonial”.

La resolución que concedió la probation dejó constancia de esa controversia. El tribunal ponderó la falta de antecedentes penales de la imputada, la calificación legal de los hechos como tentativa y la inexistencia de un perjuicio económico efectivo, y consideró que el instituto resultaba jurídicamente procedente.

Situación actual

En cuanto a la vida personal de Parisot, la denuncia por hostigamiento esbozó una reconstrucción del vínculo con su exesposo y el deterioro de su salud en los años previos a su fallecimiento. Allí se consignaron supuestos episodios de violencia psicológica y control en el ámbito doméstico, con conductas atribuidas a Richard Haber que, según la artista, “el grupo familiar” conocía “sin prestar ningún tipo de ayuda hacia ella y sus hijos”.

Esos hechos fueron mencionados con tono de reproche y como una especie de descripción del contexto familiar previo a la escalada de litigios que vendrían después.

Así las cosas, el conflicto entre las partes continúa abierto en distintos planos. La causa penal permanece suspendida en virtud de la probation concedida en agosto de 2024, cuyo cumplimiento se encuentra bajo control judicial. En paralelo, la medida cautelar dictada por el Juzgado Civil N° 23 fue apelada por la defensa de Eduardo Haber, mientras que la denuncia promovida por Parisot fue archivada por el Ministerio Público Fiscal por inexistencia de delito. El entramado de litigios, con derivaciones en Argentina y Brasil, mantiene así activa una disputa familiar que combina reclamos patrimoniales, acusaciones penales y medidas de protección judicial.

Este martes se reanuda el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, el expediente que analiza presuntos sobornos en la obra pública y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La audiencia está programada para las 13:00. En el reinicio del debate, la fiscal general Fabiana León adelantó a Infobae que, si el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) no fija un cronograma para ordenar la continuidad del proceso, lo solicitará formalmente. “Si no lo proveen, lo pediré”, afirmó ante la consulta de este medio.

El proceso, que comenzó el 6 de noviembre pasado bajo modalidad virtual, ya dejó atrás la etapa de lectura de los requerimientos de elevación a juicio. El 30 de diciembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 finalizó esa instancia tras 13 jornadas y dio inicio a las cuestiones preliminares, centradas en los planteos de nulidad formulados por las defensas. Desde entonces, el debate gira en torno a la validez del proceso y aún no comenzaron las indagatorias.

El TOF 7 -integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- escuchó durante las últimas audiencias los cuestionamientos de los abogados defensores, que apuntan al origen y desarrollo de la investigación. Los planteos incluyeron denuncias de supuestas irregularidades en la asignación del expediente, cuestionamientos al uso de la figura del imputado colaborador y objeciones sobre presuntas presiones para obtener declaraciones.

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, sostuvo ante el tribunal que se trata de “un proceso nulo” y habló de un “engaño de origen” vinculado a un supuesto direccionamiento del caso. Otros abogados pidieron la nulidad “desde cero”, al sostener que el expediente habría estado viciado desde su inicio.

En esta etapa preliminar, el juicio no se concentra todavía en los presuntos pagos de coimas detallados en los cuadernos manuscritos del ex chofer Oscar Centeno, sino en la discusión sobre la legalidad del procedimiento que permitió llevar el caso a la instancia de debate oral.

La causa tramita bajo el expediente 9608/2018, caratulado “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita y otros”, y reúne el expediente principal y distintos tramos conexos vinculados a presuntas maniobras de recaudación ilegal en la obra pública.

Una vez que concluyan los planteos preliminares, el tribunal dará vista al Ministerio Público Fiscal y a la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), para que respondan cada uno de los pedidos de nulidad. Luego, el TOF 7 deberá pronunciarse y definir si se avanza hacia la etapa de indagatorias.

En ese contexto, la fiscal Fabiana León anticipó que buscará imprimirle mayor celeridad al desarrollo del debate. Consultada por Infobae sobre si pedirá formalmente la fijación de un nuevo cronograma, respondió: “Si no lo proveen, lo pediré”. Ante la pregunta de si evalúa sugerir algún esquema específico o modificar la modalidad actual del juicio, agregó: “Podría ser cambiar a modo eficiente”.

Desde el inicio del juicio, el tribunal defendió el esquema virtual al señalar la complejidad logística de reunir a 87 imputados y sus respectivas defensas en forma presencial. Los magistrados explicaron que la modalidad remota se mantendrá mientras se desarrollen cuestiones preliminares. Las indagatorias, en caso de realizarse, podrían ser presenciales si los acusados deciden declarar.

La causa Cuadernos tiene como principal imputada a la ex jefa de Estado junto a otras 86 personas, entre ex funcionarios, empresarios y dos choferes. Entre los acusados se encuentran Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, entre otros.

La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad.

El requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscal Fabiana León supera las 678 páginas. En ese documento se sostiene que la ex mandataria y otros funcionarios implementaron “un plan integral” destinado a organizar “una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

Según la acusación, el sistema de recaudación ilegal contó “con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”, y en uno de ellos “eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios”.

Como aún quedan planteos de defensas pendientes y falta el pronunciamiento de la fiscalía y la querella, no hay fecha definida para el inicio de la etapa probatoria. Tampoco está previsto cuándo podrían comenzar las indagatorias, si es que los imputados optan por declarar.

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, el expediente que investiga presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su gobierno. Al mismo tiempo, dejó firmes los procesamientos de empresarios y ex funcionarios involucrados en la maniobra.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky. En el caso de Fernández, el tribunal hizo lugar a la queja presentada por su defensa, declaró erróneamente denegado el recurso de casación y concedió su tratamiento.

Para entender el alcance del fallo hay que retroceder al 18 de noviembre de 2025, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña —integrada por Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun— confirmó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello.

En esa resolución, la Cámara sostuvo que existían “pruebas e indicios” suficientes para ubicar al ex mandatario en un “rol crucial” dentro de un esquema de “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, que habría operado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que estableció que los organismos del sector público nacional debían contratar sus seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A.. Según la hipótesis del fiscal federal Carlos Rívolo y del juez Casanello, ese esquema fue utilizado para direccionar la intermediación hacia determinados brokers que cobraron comisiones millonarias.

El principal beneficiado, según la acusación, fue el empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal del entonces Presidente y esposo de su secretaria privada, María Marta Cantero. La causa sostiene que, desde el inicio de la gestión presidencial, Martínez Sosa concentró aproximadamente el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de pólizas emitidas a organismos estatales.

Entre los elementos que valoró la Cámara Federal en noviembre figura un intercambio de mensajes del 24 de mayo de 2023. Ese día, Cantero informó a Fernández que en Cancillería habían designado a otro broker que no era su esposo. “Ya me ocupo”, respondió el entonces Presidente. Cinco días después, la designación fue revertida. Para los camaristas, esa secuencia acreditó una “participación directa” del ex mandatario haciendo uso del cargo que ostentaba.

La Cámara porteña también destacó que entre Fernández y Martínez Sosa existía no solo una relación de amistad, sino vínculos comerciales y financieros -incluyendo financiamiento de gastos personales y deudas periódicamente renovadas- que permitían “deducir razonablemente” una injerencia en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado.

Tras confirmar el procesamiento, la Sala II rechazó los intentos de las defensas de llevar el caso ante Casación. Declaró “improcedentes” los recursos al considerar que la confirmación de un procesamiento no constituye “una sentencia definitiva ni equiparable a tal”, y que no se acreditó un perjuicio de “imposible o difícil reparación”, requisito exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema para habilitar la revisión excepcional.

En ese trámite ante la Cámara Federal, el fiscal general ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, había solicitado que se dictara la falta de mérito respecto de Alberto Fernández y que se profundizara la investigación, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener la acusación en ese estadio. Lo hizo tanto por escrito como en audiencia oral. Sin embargo, la mayoría de la Sala II decidió igualmente confirmar el procesamiento.

Ese punto fue central para que la defensa del ex mandatario presentara un recurso de queja ante la Sala IV de Casación. Para la mayoría del tribunal -Carbajo y Borinsky-, la circunstancia de que el fiscal ante la Cámara no hubiera sostenido la acusación en esa etapa amerita un análisis bajo el prisma del principio acusatorio, por lo que declararon mal denegado el recurso y resolvieron concederlo para su estudio de fondo.

El juez Hornos sostuvo que, en principio, la confirmación de un procesamiento no es una decisión definitiva que habilite la intervención de Casación. Sin embargo, una vez que sus colegas resolvieron abrir la instancia, acompañó el resultado para que el tribunal analice los agravios planteados por la defensa.

La resolución de la Sala IV no implica la revocación automática del procesamiento del ex jefe de Estado, sino que abre una instancia de revisión. Casación deberá ahora analizar si la confirmación dictada el tribunal anterior fue ajustada a derecho o si corresponde modificar su situación procesal.

En paralelo, la máxima instancia penal del país rechazó las quejas de empresarios y ex funcionarios para analizar procesamientos y pedidos de nulidad. Por mayoría, la Sala IV desestimó tratar los planteos de Alfredo Del Corro, Mariana Trupia, Damian Gosso, Alejandro Celes, Debora Toloza, Hernán Bressi, Héctor Basilio Villaverde, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, Mauro Damián Tanos y María Victoria Bisogni.

La causa Seguros continúa en etapa de instrucción y podría avanzar hacia el juicio oral si los procesamientos se terminan de consolidar.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra dos hombres que integraban una organización dedicada a la venta de autos robados con documentación falsa, cuya estructura operaba incluso desde el interior de una cárcel bonaerense y utilizaba redes sociales para captar compradores. En una decisión unipersonal, la jueza Angela Ledesma rechazó los recursos de las defensas y ratificó tanto las penas impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín como la declaración de reincidencia y la unificación de condenas previas en uno de los casos, que elevó la pena total a 27 años y 6 meses de cárcel.

El 21 de agosto de 2025, el tribunal oral había condenado a Juan Manuel Castillo a cuatro años de prisión como miembro de una asociación ilícita. Además, le impuso una pena única de cinco años de cárcel, multa, accesorias legales y costas, tras revocar la condicionalidad de condenas anteriores. En el caso de Nicolás Nahuel Medina, fue condenado a seis años de prisión como organizador de la banda y, al unificar esa pena con condenas previas por delitos graves -entre ellos secuestro extorsivo agravado, robo agravado, homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra- el tribunal fijó una pena única de 27 años y 6 meses de cárcel, con declaración de reincidencia.

La investigación penal acreditó el funcionamiento de una organización dedicada a la venta de vehículos robados, la falsificación de documentación y la colocación de patentes adulteradas. Según se tuvo por acreditado, la banda operó al menos entre febrero y agosto de 2023. Medina, quien se encontraba detenido en la Unidad Carcelaria de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, coordinaba las maniobras desde prisión. Castillo y otros integrantes en libertad trasladaban los autos, los guardaban en domicilios particulares, adulteraban la documentación y concretaban las ventas.

El caso se inició a partir de la declaración de un imputado en otra causa federal, quien aportó datos sobre la existencia de un grupo que compraba y vendía autos de origen ilícito. Del análisis de un celular secuestrado en ese expediente surgieron conversaciones con un contacto identificado como “Nico La Matanza”, que almacenaba vehículos robados y los ofrecía en Facebook Marketplace a precios muy por debajo del valor de mercado.

La sentencia de juicio -confirmada este jueves por el máximo tribunal penal federal- describió cómo desde la cárcel Medina contactaba a potenciales compradores, coordinaba encuentros y luego daba instrucciones a Castillo -apodado “el gordo” o “Juan el gordo”- para mover los autos, conseguir chapas patentes, adulterar grabados de cristales y entregar documentación apócrifa. El tribunal oral consideró que el rol de Castillo era esencial para el funcionamiento del esquema delictivo.

Entre las pruebas centrales se incluyeron escuchas telefónicas y registros de comunicaciones digitales. En una conversación del 26 de abril de 2023, incorporada como pieza central, los imputados hablaban sobre la necesidad de cambiar de teléfono y de lugar de operación porque habían “hecho un re desastre” en un domicilio donde vendieron numerosos autos. En ese intercambio, Medina afirmaba haber vendido “casi 48 autos” en un año y detallaba cómo preparaban los vehículos antes de entregarlos, incluyendo la colocación de stickers y el marcado de vidrios para simular legalidad. También se burlaban de un comprador que pagaría “un palo trescientos” por un auto convencido de estar haciendo un buen negocio.

Los allanamientos realizados el 22 de agosto de 2023 en distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires permitieron secuestrar autos con pedido de captura, patentes adulteradas, documentación automotor falsa, dinero en efectivo, armas de fuego y teléfonos celulares. Los peritajes de la Policía Federal Argentina reforzaron la acusación.

Un punto relevante fue que la condena se dictó en el marco de un juicio abreviado. Y es que el 8 de julio de 2025 las partes presentaron un acuerdo en el que tanto Medina como Castillo reconocieron su participación en la asociación ilícita, aceptaron la calificación legal y las penas propuestas por el Ministerio Público Fiscal. Así, en la audiencia, ambos ratificaron su conformidad, incluso después de que se les explicaran las consecuencias de la declaración de reincidencia.

Llegado el caso a Casación, la jueza Ledesma destacó que los imputados admitieron expresamente los hechos, su intervención, el encuadre penal y las penas acordadas, y que optaron por evitar el debate oral y público. Frente a ello, consideró que no correspondía revisar la sentencia como pretendían las defensas, ya que no cuestionaron de manera concreta la valoración de la prueba.

En relación con el monto de las penas, la magistrada ponderó que fueron correctamente fijadas conforme a los criterios del Código Penal. El tribunal de juicio valoró en su momento como atenuantes el reconocimiento del hecho, la colaboración con la justicia, el bajo nivel educativo previo al contacto con el sistema penal y las condiciones familiares y sociales de los acusados. En el caso de Medina, se tuvo en cuenta que es padre y que retomó sus estudios secundarios en prisión; en el de Castillo, que es padre de tres hijos y había reiniciado la escolaridad primaria. Como agravante, se ponderó la reiteración de conductas delictivas anteriores.

El fallo de Casación que las penas acordadas -cuatro y seis años por la asociación ilícita- estaban cerca del mínimo legal y no resultaban desproporcionadas. Por eso rechazó los pedidos de reducción.

Por otra parte, la jueza Ledesma también evaluó la reincidencia en el caso de Medina. La defensa había sostenido que una condena anterior no estaba firme. Sin embargo, del sistema judicial surgió que los recursos habían sido rechazados y que la sentencia estaba confirmada. Como los nuevos delitos fueron cometidos dentro del plazo previsto por la ley, la camarista confirmó la declaración de reincidencia.

Con estos fundamentos, la jueza de la Sala II de Casación dejó firmes las condenas por asociación ilícita vinculada a la venta de autos robados.

En una resolución dictada por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Estado ya no puede investigar ni juzgar el delito de intermediación financiera ilegal en una causa iniciada en 2014 en la ciudad de Mar del Plata por una presunta red de cambio clandestino de divisas. En consecuencia, rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme la decisión que había declarado prescripta la acción penal por ese ilícito, tras considerar que transcurrió el plazo máximo previsto por la ley sin que se produjeran actos que lo interrumpieran.

La resolución alcanzó a cinco imputados respecto del delito de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina y cerró definitivamente ese tramo del expediente por el paso del tiempo.

Qué hechos se investigaban

Según la hipótesis fiscal, los acusados habrían participado en una estructura dedicada a la compra y venta ilegal de dólares en la vía pública y en oficinas no habilitadas de Mar del Plata, sin las autorizaciones administrativas correspondientes.

La imputación por intermediación financiera no habilitada consistía en haber actuado como operadores de cambio informal: captar clientes, coordinar operaciones fuera del circuito oficial y concretar transacciones en efectivo de manera habitual.

De acuerdo con los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, la red habría estado integrada por entre diez y quince personas que comercializaban divisas ilegítimamente en distintos puntos de la ciudad balnearia, en un esquema sostenido en el tiempo.

La fiscalía también sostuvo que muchas de esas operaciones podían implicar infracciones al régimen penal cambiario y que, en algunos casos, habrían servido como antesala o vehículo para otras maniobras económicas, entre ellas posibles operaciones de lavado de activos.

En el expediente se investigó además la eventual participación de al menos dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A uno de ellos -con cargo jerárquico en la Jefatura Distrital Norte de Mar del Plata- se le imputó haber facilitado las maniobras mediante la omisión de controles y actos propios de su función, lo que habría permitido que la actividad ilegal se desarrollara durante un largo período.

El debate judicial

El delito de intermediación financiera no autorizada prevé una pena máxima de cuatro años. Las defensas plantearon que ese plazo ya había vencido, dado que las indagatorias y requerimientos a juicio se realizaron entre 2016 y 2020 y que desde entonces no hubo actos procesales con capacidad de interrumpir o suspender la prescripción de la acción penal.

En febrero de 2025, el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata rechazó ese planteo al evaluar que debía analizarse el caso en el marco más amplio de la investigación, que incluía la hipótesis de asociación ilícita y la posible participación de funcionarios públicos en la banda criminal.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó esa decisión y declaró extinguida la acción penal por el delito de intermediación. Para eso consideró que el plazo debía contarse de manera independiente para cada ilícito y que, en este caso, los cuatro años ya estaban cumplidos.

El Ministerio Público Fiscal recurrió esa resolución ante Casación, máximo tribunal penal del país. En sus agravios argumentó que las operaciones de cambio ilegal no debían estudiarse aisladamente, sino como parte de una organización ilegal más amplia, lo que permitiría aplicar el plazo más largo previsto para la asociación ilícita.

La decisión de Casación

La Sala IV -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo— rechazó el recurso por mayoría.

El voto principal estuvo en manos de Borinsky, al que adhirió Carbajo. Los camaristas señalaron que la propia acusación había diferenciado desde el inicio las distintas figuras investigadas -asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera- y que no correspondía unificarlas para extender el plazo de prescripción.

También recordaron que las imputaciones por intermediación financiera no autorizada databan de 2016 a 2020 y que desde entonces no se verificaron actos con efecto interruptivo o suspensivo respecto de ese delito específico. En consecuencia, concluyeron que el plazo de cuatro años estaba cumplido y que la acción penal se encontraba extinguida respecto de cinco imputados.

El juez Gustavo Hornos votó en disidencia. Planteó que, al momento de analizar la prescripción, debía tomarse en cuenta la calificación más gravosa posible hasta que existiera una sentencia definitiva y evaluar si las maniobras formaban parte de un único hecho complejo vinculado con la asociación ilícita y la presunta connivencia policial.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia confirmó este viernes la prisión preventiva de un imputado acusado como jefe de una asociación ilícita que habría utilizado facturas falsas con distintos organismos del gobierno de Chaco durante la gestión de Jorge Capitanich, rechazó su pedido de prisión domiciliaria basado en el interés superior de sus hijos menores y sostuvo que subsisten riesgos procesales concretos en una causa por facturación apócrifa, desvío de fondos y lavado de activos que ya fue elevada a juicio.

Se trata de Fernando Adrián Ayala, detenido desde el 23 de abril de 2025 en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia. La decisión fue adoptada por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, integrantes del cuerpo que intervendrá en el debate oral. Los magistrados entendieron que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen reemplazar la prisión preventiva por un régimen domiciliario y que, en esta etapa, corresponde asegurar la sujeción del imputado al proceso.

Ayala está acusado de haber encabezado una estructura destinada a la emisión sistemática de facturas truchas para simular gastos, generar créditos fiscales indebidos y canalizar fondos públicos mediante cooperativas y fundaciones formalmente constituidas pero -según la hipótesis fiscal- sin operatividad real. La investigación comenzó en 2022 y describe una operatoria que combinaba ingeniería contable, utilización indebida de claves fiscales y circulación de importantes sumas de dinero en efectivo.

En ese esquema aparece como figura relevante el contador Walter Antonio Pasko, señalado por la Fiscalía como el responsable del armado técnico-contable de la maniobra. Según la acusación, gestionaba la utilización de CUIT de terceros, estructuraba la emisión de comprobantes apócrifos y coordinaba el respaldo documental necesario para justificar operaciones inexistentes ante el fisco.

La causa y los organismos bajo análisis

La causa, en efecto, investiga una estructura de facturación apócrifa utilizada para aparentar erogaciones y generar créditos fiscales, con un perjuicio millonario para el Estado. Según plantea el fiscal federal Patricio Sabadini, la organización habría utilizado claves fiscales de cooperativas y fundaciones para desviar fondos públicos que debían destinarse, entre otros fines, a la construcción de viviendas y programas sociales.

El expediente no se limita a una sola dependencia. La investigación analiza la posible vinculación de la facturación investigada con distintos organismos del gobierno provincial. Entre ellos se encuentra el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que durante la gestión del tres veces gobernador Capitanich -y actual senador nacional- canalizaba recursos hacia cooperativas y organizaciones sociales.

Pero no es el único organismo bajo análisis. También se investigan operaciones vinculadas con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de la Producción y al menos cinco municipios de la provincia del Chaco. De acuerdo a la postura de la fiscalía, las cooperativas bajo la lupa habrían emitido comprobantes por servicios o bienes inexistentes que luego eran utilizados para justificar transferencias o rendiciones administrativas.

La sospecha es que la facturación falsa funcionaba como respaldo formal para dar apariencia de legalidad a movimientos de fondos que, en realidad, no se correspondían con prestaciones efectivas. De confirmarse esa hipótesis, el perjuicio no sería únicamente tributario sino también presupuestario.

En términos económicos, la Fiscalía estimó que el daño fiscal por impuestos evadidos rondaría los 150 millones de pesos a valores de 2023, mientras que la facturación total investigada superaría los 500 millones de pesos. Esos montos surgen del análisis de documentación secuestrada en allanamientos, cruces de información bancaria y peritajes contables.

Además del eventual desvío de fondos, el expediente evalúa presuntas maniobras de lavado de dinero, movimientos transfronterizos y la utilización de bienes de alto valor como mecanismo para reinsertar fondos ilegales en el circuito formal. En ese marco se estudian viajes al exterior, adquisiciones patrimoniales y movimientos bancarios que podrían guardar relación con la operatoria investigada.

Interviene como querellante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que absorbió funciones de la ex AFIP, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) participó con dictámenes sobre las maniobras de lavado y el flujo de fondos bajo análisis.

Los videos y el manejo de efectivo

Uno de los elementos centrales que motivaron la detención de Ayala en abril del año pasado fueron los videos hallados en el peritaje de su celular. Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad instalada en el living de su propia casa, muestran la recepción y el conteo de importantes sumas de dinero en efectivo entregado en bolsos y mochilas.

En una de las grabaciones se observa cómo convoca a quienes presumiblemente serían sus hijos menores para trasladar los fajos a otro sector del domicilio. En otra secuencia, fechada el 28 de septiembre de 2023, se lo ve ingresar con una mochila de la que extrae dinero en efectivo y comienza a organizarlo. Al día siguiente, según los informes migratorios incorporados al expediente, viajó con su familia a Brasil con cinco valijas.

Para la Fiscalía, esas imágenes evidencian manejo de grandes volúmenes de efectivo en el contexto de las maniobras investigadas y refuerzan la hipótesis de una estructura organizada con capacidad logística y financiera.

En abril de 2025, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó su detención tras considerar que existía riesgo de entorpecimiento y posibilidad de ocultamiento de activos. Desde entonces permanece alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal.

El planteo por sus hijos y la respuesta del Tribunal

Con la causa ya elevada a juicio, la defensa del presunto jefe de la banda solicitó el cese de la prisión preventiva o, en subsidio, la prisión domiciliaria, invocando el interés superior del niño. El planteo se centró en la situación de sus hijos -de 15 y 10 años- y en el impacto emocional que la detención estaría generando en ellos. También argumentó que la esposa del imputado percibe ingresos mensuales aproximados de 600.000 pesos, lo que habría generado dificultades económicas al ser el único sostén de la familia.

El Tribunal analizó ese cuadro de manera específica. En la resolución sostuvo que “según las constancias de la causa se advierte que los menores se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, asisten a sus actividades escolares, y religiosas, cuentan con acompañamiento psicológico y poseen contención familiar e institucional, no registrándose indicadores de abandono, desprotección ni vulneración grave de derechos”.

También afirmó que “la existencia de hijos menores no impone por sí sola la concesión de la prisión domiciliaria”, ya que Ayala “no resulta el único referente afectivo ni el cuidador exclusivo”, existe otro adulto responsable y el impacto de la detención “aunque relevante, no configura un daño grave, actual e irreparable a los derechos del niño”.

Los jueces agregaron que “la afectación emocional propia de la privación de libertad de un familiar, aun cuando resulte relevante desde el plano humano, constituye una consecuencia frecuente del proceso penal y no resulta suficiente, por sí sola, para habilitar la aplicación del instituto excepcional solicitado”, y remarcaron que “corresponde resaltar que el desarrollo de la infancia de los niños debe compatibilizarse con la circunstancia de privación de la libertad que se le impuso a Ayala en el marco de este proceso penal”.

Riesgos procesales vigentes

Además del análisis familiar, el Tribunal evaluó la vigencia de los riesgos procesales. En la resolución afirmó que “persisten riesgos procesales concretos de fuga y entorpecimiento no neutralizados por la modalidad domiciliaria”. Señaló que la proximidad del debate, la gravedad de la imputación y la eventual posibilidad de enfrentar una pena de cumplimiento efectivo incrementan el riesgo de eludir la acción de la justicia.

También advirtió que esta etapa no elimina el peligro de entorpecimiento, ya que podría existir “posibilidad de influencia indebida sobre la prueba pendiente de producción, en especial respecto de los testigos”.

La Justicia Federal de Neuquén ordenó a una empresa de medicina prepaga que, en el plazo de un día, entregue la medicación inmunosupresora que necesita para sobrevivir una joven de 29 años trasplantada de corazón, autorice un estudio cardíaco de control y cubra pasajes aéreos, alojamiento y traslados para que pueda atenderse en un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión fue dictada como medida cautelar ante el riesgo de rechazo del órgano.

La resolución fue firmada este jueves por la titular del Juzgado Federal N°1 de esa provincia, María Carolina Pandolfi, en el marco de una acción de amparo promovida por la afiliada por medio de sus apoderados, con el objetivo de que se restablezca la cobertura médica que, según denunció, estaba bloqueada en el sistema de autorizaciones.

De acuerdo con lo relatado en el fallo, al que tuvo acceso Infobae, el 6 de junio de 2025 la joven se había realizado estudios prequirúrgicos para una intervención menor, “en los que se confirmó la inexistencia de patologías de base”. Sin embargo, tres días después, durante la operación, se produjo -según se expuso- “una falla de coordinación gravísima de parte del personal médico que la asistió”, lo que derivó en “una falla cardíaca irreversible”. El cuadro obligó a un trasplante cardíaco de urgencia y a eso se sumó una “isquemia severa” que derivó en la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla.

Desde entonces, dijo la paciente a través de sus apoderados, su vida depende de controles permanentes y de un tratamiento farmacológico de por vida. En la historia clínica acompañada al expediente se la identifica como “trasplantada cardíaca del día 17/06/2025” y se indica la prescripción de “Tacrolimus 1 mg -cáps- 4 mg cada 12 horas” y “Micofenolato sódico 360 mg -1 comps. cada 12 horas”, medicación que debe administrarse “(…) de por vida, dependiendo de evolución del paciente y criterio médico”.

Se trata de medicación inmunosupresora, es decir, fármacos que reducen la respuesta del sistema inmunológico para impedir que el organismo ataque al órgano recién trasplantado. En pacientes cardíacos, la suspensión del tratamiento puede desencadenar en un rechazo agudo. En su presentación judicial, la afiliada precisó que la medicación no era “opcional ni postergable”, ya que sin ella el sistema inmunológico “atacará el corazón trasplantado provocando el rechazo agudo del órgano y la consecuente muerte en cuestión de días”.

El 2 de febrero de 2026 demandó la cobertura de los medicamentos a través de la aplicación de la prepaga. Según consta en el expediente, los pedidos figuraban en estado “Observado”, situación que demostró con distintas capturas de pantalla. Para la magistrada que intervino en el amparo, con la “precariedad que demanda esta etapa inicial del proceso”, estaban acreditadas la condición médica de la actora, la prescripción del tratamiento y la negativa de la empresa de salud a brindar las prestaciones.

Pero además del tratamiento farmacológico, la paciente debe realizarse el 9 de marzo una biopsia endomiocárdica y un ecodoppler de vasos del cuello en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La biopsia, en rigor, consiste en extraer una pequeña muestra del músculo cardíaco para detectar posibles signos de rechazo, un estudio habitual en personas trasplantadas. Para poder asistir a esos controles, la demandante solicitó pasajes aéreos ida y vuelta entre Neuquén y Aeroparque, alojamiento y traslados especiales para ella y un acompañante.

En el fallo se señala que el traslado aéreo “sería el único medio de transporte idóneo”, teniendo en cuenta que se trata de una paciente trasplantada y amputada, en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Si bien no se acompañó constancia formal del pedido de cobertura de los estudios y traslados, la jueza Pandolfi recordó un precedente según el cual, en esta misma etapa cautelar, no se requiere “certeza sino solamente la apariencia suficiente” de que la gestión fue realizada, en tanto “no se explicaría el capricho del actor de no hacerlo disponiendo de los elementos”.

Al analizar los requisitos de la medida cautelar, la titular del Juzgado Federal de Neuquen N°1 destacó el “elevado rango del derecho constitucional en juego –derecho a la salud–”, tratándose de una persona alcanzada por la ley 24.901 y protegida por la ley 26.928, que establece que las entidades de medicina prepaga “deben brindar (…) cobertura del ciento por ciento (100%) en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante”. También citó la ley 27.447, que reconoce a los pacientes receptores de órganos el “Derecho a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior”.

Respecto al peligro en la demora, necesario para avalar la solicitud de la afiliada, subrayó que el inmunosupresor es un fármaco que “no debe suspender ni modificar”, lo que “evidencia la urgencia del pedido”.

Con todo, la jueza resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó que, en el plazo de un día, la empresa entregue la medicación inmunosupresora, emita los pasajes aéreos entre Neuquén y Buenos Aires, garantice el alojamiento y los traslados especiales, y autorice la biopsia endomiocárdica y el ecodoppler programados.

La cobertura deberá extenderse “hasta que exista sentencia firme”, siempre que se mantenga la prescripción médica, bajo apercibimiento de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que comenzará a tratar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en el marco de la ejecución de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por el direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz. El monto que está en juego, establecido como reparación al Estado nacional, asciende a $684.990.350.139,86.

La convocatoria fue dispuesta por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes estudiarán los recursos presentados contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).

Dicha sentencia dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado, en ejecución de la resolución firme dictada en 2022. El monto originalmente fijado en $84.835.227.378,04 fue reformulado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

La condena contra la ex presidenta quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y dejó confirmada la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En una primera fase, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes titularidad de CFK y Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas al empresario, entre ellas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Se trata principalmente de inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, que deberán ser tasados antes de su eventual subasta. También se dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La decisión del Tribunal Oral respondió al pedido formulado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la incautación para satisfacer la suma fijada en la condena.

Uno de los puntos que ahora deberá resolver Casación es la inclusión de 19 propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa y recibieron esos bienes por herencia. El TOF 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incorporó esas propiedades al esquema de decomiso. Las defensas apelaron esa decisión.

Los abogados de la ex mandataria y el apoderado de sus hijos sostuvieron que se trata de inmuebles de terceros ajenos al proceso penal y que su afectación vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.

En sentido contrario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó confirmar lo resuelto por el Tribunal Oral. Señaló que deben analizarse los “patrones de incremento patrimonial injustificado” y la vinculación entre el delito y la expansión patrimonial.

En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal presentó un nuevo pedido para ampliar el decomiso. Se reclamó incorporar 141 inmuebles adicionales -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez-, además de 46 vehículos y distintas sumas en dólares.

Entre los bienes identificados figuran el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución -sede del arresto domiciliario de la exvicepresidenta-; el hotel La Aldea, en El Chaltén; y departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. También se solicitó el decomiso de USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros montos depositados en cuentas bancarias.

Así las cosas, la audiencia del 5 de marzo será la instancia en la que la Sala IV escuchará los argumentos de las partes antes de resolver sobre el alcance del decomiso dispuesto por el TOF 2.

El juez en lo Correccional N° 4 de San Isidro, Juan Facundo Ocampo, denunció ante el Ministerio Público Fiscal la creación de una cuenta falsa en la red social X que utiliza su nombre, su imagen y su cargo para difundir mensajes antisemitas y otras publicaciones ofensivas. En la presentación por “averiguación de ilícito”, el magistrado sostuvo que no posee perfil en esa plataforma y solicitó que se investigue el origen del usuario. La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Ciberdelitos del mismo Departamento Judicial.

La denuncia fue formulada el 9 de febrero. Según detalló el juez, el 4 de febrero de este año un imputado en un juicio oral que debía realizarse ante su juzgado envió al celular oficial del tribunal distintas capturas de pantalla de una cuenta supuestamente abierta a su nombre.

En esas imágenes aparecía un mensaje que, según las capturas, habría sido dirigido desde ese perfil al propio imputado y que decía: “Tenes cara de cieguito. Y encima pro judío. Dos discapacidades. Asco das, rata sionista”. Ocampo negó haber emitido ese mensaje y en la denuncia expresó de manera textual que se trata de “manifestaciones que claramente no fueron llevadas a cabo por mi persona, destacando que no tengo ninguna cuenta en dicha aplicación”.

De acuerdo con la presentación, el 6 de febrero el mismo imputado remitió nuevas capturas de pantalla con publicaciones difundidas desde el mismo perfil cuestionado. Allí se incluían más mensajes de contenido antisemita y frases de tono amenazante.

Las capturas exhibían un usuario identificado como @drfacundoocampo, bajo el nombre “Juez Facundo Ocampo”, con una fotografía del magistrado y referencias a su investidura. Entre las publicaciones consignadas figura una del 11 de enero a las 20:14 que dice: “Para hacer patria hay que erradicar el sionismo”, con siete vistas. El 12 de enero a las 9:46 aparece otro posteo: “Hay que sacarse la careta y darle a los judíos sin asco. Bien por Hamas”, que registraba 60 visualizaciones. Un minuto después, desde el mismo perfil se difundió un mensaje que decía: “Adorni, no finjan demencia para regalarles la patagonia a los judíos después”.

A su vez, se incluyen publicaciones del 12 de enero a las 9:50 -“Otra vez con el cuento de los mapuches. Ya quedó claro que son los judíos”-; del 14 de enero a las 23:52 -“Mientras nos distraen con estas huevadas le entregan la patria a los judíos. Van a pagar!”-; y del 17 de enero a las 15:23 -“Mientras ustedes nos acusan de nazis los judíos se roban la Patagonia. Pobre patria, con este gobierno de judíos”.

En el escrito presentado ante la fiscalía, el magistrado dejó constancia de que el perfil utiliza su nombre, su fotografía e invoca su cargo de juez. En ese sentido, requirió expresamente: “Solicito que se investigue el origen de esta cuenta ya que, reitero, no son expresiones vertidas por el suscripto ni guardan relación con mi pensamiento, persona la cual está usando no solo mi nombre sino una fotografía de mi persona invocando mi cargo de juez”.

Además de describir las publicaciones, Ocampo incorporó antecedentes vinculados con el imputado que envió las capturas al celular oficial del Juzgado en lo Correccional N°4 de San Isidro, con sede en la calle Moreno 623. De la denuncia a la que tuvo acceso Infobae surge, a su vez, un hecho descripto por el magistrado donde “en oportunidad de no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en la causa mencionada al ser notificado por el Auxiliar Letrado (...), oportunamente el imputado le contestó que no sabíamos con quién se estaba metiendo y que iba a complicar las cosas”. Además, se consignó que en otra oportunidad el acusado manifestó que trabajaba en el Congreso de la Nación “para demostrar cierta influencia”.

El debate oral y público que debía iniciarse el miércoles 18 de febrero correspondía al expediente N° 7777, caratulado “Crespo Francisco Salvador s/ amenazas coactivas en contexto de violencia de género”. La denuncia de Ocampo por averiguación de delito fue presentada días antes de esa fecha. El proceso oral fue momentáneamente suspendido.

Producto de la presentación penal, tomó intervención la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty, quien el 10 de febrero libró un oficio dirigido a X Corp., la empresa titular de la red social con sede en Bastrop, Texas. En ese escrito solicitó con carácter “muy urgente” que se informen todos los datos disponibles sobre el perfil @drfacundoocampo, incluidos los datos de registración, las direcciones de correo electrónico asociadas y los registros de conexión (direcciones IP), especialmente los correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 2026 y la fecha del oficio.

El documento también dispuso que se ordene la eliminación del usuario por presunta infracción a los términos del servicio de la plataforma. La red social X ya dio de baja el perfil cuestionado.

El juez Ocampo cobró notoriedad pública al dictaminar en uno de los procesos más resonantes de los últimos tiempos en los tribunales de San Isidro. En junio de 2024 encabezó el juicio por la muerte de Alejandro Cohn, hermano del célebre cineasta Mariano Cohn, quien falleció en 2015 pocos días después de ingresar al Hospital Central “Melchor Posse” por una descompensación diabética.

En tanto, la investigación actual deberá determinar la trazabilidad digital de la cuenta denunciada con el fin de identificar a su creador y establecer si los hechos pueden encuadrarse en figuras penales vinculadas a la usurpación de identidad u otros delitos informáticos.

En línea con un reciente fallo fijado días atrás por la Cámara Federal de Casación Penal, que aplicó por primera vez la Ley 27.799, conocida como ley de “inocencia fiscal”, el juez en lo Penal Económico N° 11, Diego Amarante, sobreseyó a una empresa en una causa por presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y concluyó que los hechos investigados resultaban “atípicos” bajo el nuevo Régimen Penal Tributario.

La causa CPE N° 937/2025 se había iniciado el 29 de octubre de 2025 a partir de una denuncia presentada por la Dirección Regional Microcentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que se investigara la supuesta evasión del IVA, correspondiente a los ejercicios anuales 2022 y 2023 atribuida a una sociedad anónimca en su carácter de contribuyente.

Según la imputación inicial, el monto evadido ascendía a $1.539.418 para el período 2022 y a $3.554.035,16 para el de 2023. Luego, tras un informe técnico solicitado por el Ministerio Público Fiscal -que contempló saldos a favor y el mes de cierre del ejercicio fiscal (abril de cada año)- la propia ARCA precisó que las sumas presuntamente evadidas eran de $1.973.520,76 para 2022 y de $2.972.316,26 para el año siguiente siguiente.

Esos hechos fueron calificados bajo el artículo 2°, inciso d), en función del artículo 1° de la Ley 27.430, que regulaba el Régimen Penal Tributario antes de la reciente reforma. El artículo 1° establecía pena de dos a seis años de prisión para quien, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid, evadiera tributos cuando el monto superara los $1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual.

A su vez, el artículo 2°, inciso d), contemplaba una forma agravada con una escala de tres años y seis meses a nueve años de cárcel cuando, además de verificarse la evasión, hubiera mediado la utilización total o parcial de facturas o documentación ideológica o materialmente falsa, siempre que el perjuicio superara ese mismo piso de $1.500.000.

El 2 de enero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.799, presentada oficialmente como ley de “inocencia fiscal”, que modificó el Régimen Penal Tributario y elevó los umbrales económicos de punibilidad. En el artículo 1°, para el caso, sustituyó el umbral de $1.500.000 por el de $100.000.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, manteniendo la sanción de dos a seis años de prisión.

Del mismo modo, el artículo 2°, inciso d), fue alterado y pasó a exigir que el perjuicio generado por la utilización de facturas o documentación falsa supere los $100.000.000, conservando la escala agravada de tres años y seis meses a nueve años de prisión.

Frente a ese cambio legislativo, el juez recordó la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”, donde se sostuvo que cuando una reforma eleva los umbrales monetarios y resulta más favorable para el imputado, debe aplicarse retroactivamente en base al principio de la ley penal más benigna.

Amarante afirmó que “queda claro que de los términos de las resoluciones del Alto Tribunal citadas precedentemente, se encuentra clausurada la posibilidad de cuestionar que debe aplicarse al caso en forma retroactiva el artículo 1° de la ley 27.799 (elevación de los ‘umbrales cuantitativos’ del delito penal tributario dispuesto por aquella normativa), y que a partir de ello los hechos objeto de investigación resultan atípicos”.

También explicó que “si bien la ley N° 27.799 no se encontraba vigente al momento de comisión de los sucesos descriptos (…) resulta más benigna (…) pues los montos presuntamente evadidos no superan el de $100.000.000, que actualmente se señala por el actual Régimen Penal Tributario”.

En consecuencia, el juez resolvió “sobreseer totalmente en el presente expediente (…) con relación a la firma B. S.A. (…) vinculado a los hechos consistentes en la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado por los ejercicios anuales 2022 (…) y 2023 (…)”.

La decisión se alineó con el criterio fijado esta semana por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en otro caso vinculado al régimen que regula penalmente la cuestión impositiva. En esa causa, referida a la apropiación indebida de aportes a la seguridad social, los montos mensuales retenidos y no depositados habían oscilado -según la sentencia impugnada- entre $400.466,86 y $1.420.380,17, con registros como $537.852,24 (1/2012), $900.222,96 (12/2013) y $1.086.908,76 (6/2014). Con la modificación legal, el nuevo umbral mensual para esa figura pasó a ser de $3.500.000, por lo que los importes analizados quedaron por debajo de la condición objetiva de punibilidad.

En ambos expedientes el punto decisivo fue el mismo: la reforma introducida por la llamada “inocencia fiscal” alteró las cifras que determinan la “condición objetiva” para la existencia de un delito tributario. Dichos montos, según la ley, se ajustarán de forma anual a partir del 1° de enero de 2027 en base a la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

La Cámara Federal de Casación resolvió este jueves que deberá revisarse la condena impuesta al responsable de una empresa por apropiación indebida de aportes a la seguridad social, luego de la entrada en vigencia de la nueva ley 27.799 de “inocencia fiscal”. En consecuencia, el tribunal suspendió por unanimidad el trámite de un recurso presentado por la defensa y ordenó que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 analice si, con los nuevos montos mínimos fijados por la reforma, los hechos que motivaron la condena dejaron de ser delito.

La decisión fue adoptada por la Sala III de la máxima instancia penal del país al intervenir sobre la sentencia impugnada que había declarado penalmente responsable al directivo de la firma y a la propia sociedad por no depositar, dentro del plazo legal, los aportes previsionales descontados a sus empleados.

Qué ocurrió en el caso

La causa examinó 29 períodos fiscales mensuales comprendidos entre enero y noviembre de 2012, y entre diciembre de 2013 y mayo de 2015. Según se tuvo por probado durante el juicio, la empresa -en su carácter de agente de retención- descontó de los salarios de sus trabajadores los aportes correspondientes al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), pero no los ingresó dentro del plazo de diez días hábiles administrativos previsto por la ley.

La sentencia apelada sostuvo que “durante los períodos examinados (…) la sociedad tuvo en su poder fondos adicionales al monto de los salarios del personal (…) y no se depositaron los aportes como consecuencia de una decisión orientada a que esos fondos fuesen destinados a otras obligaciones comerciales de la entidad”.

Los montos retenidos en cada uno de esos 29 períodos oscilaron entre aproximadamente $400.000 y $1.420.000 mensuales, en algunos casos acompañados por sumas adicionales superiores a los $100.000 o $200.000. El fallo detalló cifras concretas como $537.852,24; $900.222,96; $1.086.908,76; y $1.420.380,17, entre otras.

El tribunal oral consideró acreditado que en cada período “se practicaron las retenciones (…) se presentaron las declaraciones juradas (…) y se omitió el depósito de aquellas dentro del término de diez días hábiles administrativos”, concluyendo que la decisión de no ingresar los fondos “fue renovada período a período”.

La responsabilidad del directivo y de la empresa

La condena alcanzó al responsable de la firma, a quien el tribunal describió como quien adoptaba las decisiones centrales del funcionamiento societario. Según la sentencia impugnada, era quien dirigía la empresa y definía la utilización de los recursos.

El fallo sostuvo que el imputado conocía “la condición de agente de retención que tenía la sociedad (…) la obligación de depositar ante el Fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; y (…) la falta de depósito de las sumas retenidas en los períodos en cuestión”.

También se descartó que existiera imposibilidad económica. Los peritajes incorporados indicaron que la empresa presentaba índices de liquidez superiores a la unidad, incrementos en activos y saldos significativos en caja y bancos, además de haber realizado inversiones en capital de trabajo y equipamiento.

La propia empresa fue declarada penalmente responsable como persona jurídica, al considerarse que los hechos fueron cometidos “en nombre y con la intervención de la mencionada sociedad”.

En la misma causa también había sido imputada otra integrante de la firma, cuya responsabilidad fue analizada en relación con la administración societaria. El tribunal en lo penal económico decidió absolverla y Casación rechazó el recurso interpuesto contra esa decisión.

El cambio legal que modifica el escenario

El eje de la resolución de Casación fue la entrada en vigencia de la ley 27.799, conocida como ley de “inocencia fiscal”, publicada el 2 de enero de 2026 e impulsada por el gobierno de Javier Milei, junto con su Decreto Reglamentario 93/26.

La reforma modificó el Régimen Penal Tributario y elevó de manera sustancial los montos mínimos para que determinadas conductas sean consideradas delito. En el caso de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, el nuevo umbral es de $3.500.000 por mes.

Los montos analizados en esta causa -que van de aproximadamente $400.000 a $1.420.000 mensuales- se encuentran por debajo de ese nuevo piso legal.

En ese marco, el camarista Juan Carlos Gemignani, quien abrió el acuerdo de la Sala III de Casación, sostuvo que la sanción y promulgación de la ley de “inocencia fiscal” elevó los umbrales punitorios y se volvió más benigna que el régimen tributario anterior. Señaló además que, dado que “los montos supuestamente retaceados al Fisco Nacional (…) resultan inferiores a los tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) mensuales establecidos como condición objetiva de punibilidad (…) ha de concluirse que la conducta ventilada ya no configura el delito en cuestión”. En esa línea, recordó la doctrina de la Corte Suprema en los precedentes “Palero” y “Vidal”, según la cual corresponde aplicar retroactivamente la ley penal más benigna cuando una reforma excluye la relevancia penal del hecho.

El juez Carlos Mahiques adhirió a la solución propuesta por su colega y, al exponer su posición, remarcó que la Corte Suprema, en el caso “Vidal”, se pronunció de modo diferente al criterio que él había sostenido previamente, pero que, por razones de coherencia institucional, celeridad y economía procesal, correspondía conformar la decisión a la doctrina del máximo tribunal. Por su parte, el camarista Mariano Borinsky también coincidió en la aplicación retroactiva de la ley 27.799.

Al respecto, recordó que el 2 de enero de 2026 entró en vigencia la norma, luego reglamentada por el Decreto 93/26, y que el nuevo régimen fijó en $3.500.000 mensuales el monto mínimo para configurar el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. En ese contexto, afirmó que las conductas atribuidas -por sumas inferiores a ese umbral- “han dejado de ser delito”, en consonancia con la doctrina fijada por el Máximo Tribunal.

Qué decidió la Casación Federal

Con ese marco, y por mayoría coincidente en el resultado, la Sala III resolvió suspender el trámite del recurso de casación interpuesto por la defensa del directivo y de la empresa y remitir el expediente al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 para que se pronuncie específicamente sobre la eventual atipicidad de la conducta a la luz del nuevo régimen legal.

La decisión no implica una absolución automática para el directivo ni para la empresa, pero sí deja abierta la posibilidad de que el tribunal de origen declare que los hechos, tal como fueron probados en la sentencia apelada, ya no encuadran como delito.

En cuanto al recurso de ARCA -constituida como querellante- contra la absolución de la otra imputada, los tres magistrados coincidieron en rechazarlo en base al principio “in dubio pro reo” tras “haberse ponderado un diverso cúmulo probatorio, luego del cual se concluyó que -la acusada- no tuvo injerencia real en la toma de decisiones de la empresa (...), sin perjuicio de haber ocupado la presidencia del directorio y su rol de accionista de la sociedad”.

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó este jueves suspender los efectos de la resolución administrativa que había dado de baja la pensión vitalicia que percibía Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner, y dispuso su restablecimiento mientras se tramite el juicio principal contra la ANSES.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, anticiparon a Infobae que presentará un recurso federal extraordinario a través del equipo de Legales de la Administración Nacional de la Seguridad Social para frenar la medida y mantener la quita.

La decisión que benefició a la ex presidenta, que cumple una pena de prisión de seis años por corrupción, fue adoptada por la Sala III del tribunal previsional, en el expediente “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de acto administrativo”, al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de una medida cautelar en primera instancia.

El juez Sebastián Russo, cuyo voto encabezó el acuerdo, sostuvo que en el caso se encontraban reunidos los requisitos para conceder la tutela cautelar. En particular, indicó que debía otorgarse “prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”.

La resolución cuestionada es la 2024-1092-ANSES, por la cual el organismo previsional dispuso la baja del beneficio de asignación mensual vitalicia N° 40-5-8085213-0, reconocido en su carácter de “causahabiente” del ex presidente fallecido en 2010.

En su exposición, Russo afirmó que “el acto administrativo cuestionado no exhibe, en esta etapa inicial, un nexo causal claro y suficiente entre los motivos invocados y la baja del beneficio de pensión cuya rehabilitación se pretende”. También precisó que ese aspecto deberá ser analizado con mayor profundidad al momento de resolver el fondo del litigio.

En cuanto al peligro en la demora, uno de los recaudos estipulados para la aplicación de la cautelar solicitada, el magistrado indicó que “la suspensión del beneficio priva a la actora de ingresos de naturaleza alimentaria, circunstancia que resulta idónea para generar un perjuicio actual y de difícil reparación ulterior”. Sobre esa base, entendió procedente el dictado de una medida innovativa que suspenda preventivamente los efectos de la baja.

El tribunal resolvió: “hacer lugar parcialmente” al recurso y “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”.

El juez Juan Fantini Albarenque adhirió al voto de Russo. La jueza Nora Dorado no firmó la sentencia por encontrarse en uso de licencia, según consta en el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Contexto del caso

La medida cautelar fue solicitada luego de que, a fines de 2024, la ANSES resolviera dar de baja dos prestaciones que percibía la ex presidenta: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la asignación mensual vitalicia por haber ejercido la Presidencia de la Nación, tras confirmarse su condena en la causa conocida como Vialidad. Por esa causa, CFK cumple una condena de prisión domicliaria en San José 1111.

En primera instancia, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 había rechazado la cautelar. Esa decisión fue apelada por la defensa de Fernández de Kirchner, patrocinada por el abogado Fernández Pastor en materia previsional.

La Sala III aclaró que la suspensión cautelar no interfiere con lo que eventualmente pueda decidir el juez competente en materia de ejecución penal respecto del alcance del artículo 19 del Código Penal y las penas accesorias. Señaló expresamente que corresponde a ese fuero evaluar la forma en que se ejecuta una condena penal.

En el análisis del tribunal, la discusión sobre la validez de la baja dispuesta por ANSES deberá resolverse en la sentencia definitiva. La decisión actual tiene carácter estrictamente provisorio y se limita a preservar la situación mientras se sustancia el proceso principal de nulidad del acto administrativo.

El monto actualizado de la pensión vitalicia no surge del expediente examinado en esta etapa cautelar. En años anteriores, informes públicos habían consignado que el beneficio rondaba cifras millonarias, aunque esos valores pueden haber variado conforme a las actualizaciones previstas por la normativa vigente.

Con esta resolución, la ex presidenta volverá a percibir la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner mientras continúe la tramitación del juicio contra la ANSES, en el que se discutirá la legalidad de la baja del beneficio.

Comunicado oficial

Horas después de la resolución, el Poder Ejecutivo lanzó un comunicado oficial a través de un posteo en su cuenta oficial de X -ex Twitter- de la cartera encabezada por Petovello, donde expresó: “El Ministerio de Capital Humano comunica que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), interpondrá Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que reestableció la asignación mensual vitalicia otorgada a Cristina Fernández de Kirchner como viuda del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, la cual fuera dada de baja por la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES”.

El gobierno buscará, así, llegar a la máxima instancia judicial para que la Corte Suprema revise la decisión que favoreció a la expresidenta.

Tras una serie de planteos judiciales que llegaron hasta la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a intervenir en la causa Seguros, el expediente en el que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su gobierno. La Sala IV, a cargo del trámite, deberá ahora analizar los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña y los planteos de nulidad impulsados por las defensas, en un caso que podría derivar en juicio oral.

La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por el entonces presidente Fernández, que estableció que las entidades del sector público nacional debían contratar sus seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A. Según la hipótesis fiscal, ese esquema fue aprovechado para direccionar intermediaciones hacia determinados productores de seguros -brokers- que cobraron comisiones millonarias.

La instrucción cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11, despacho donde tramita el expediente. El fiscal federal Carlos Rívolo está encargado de la acusación en una causa que analiza la posible existencia de un esquema de direccionamiento irregular de contratos públicos.

El 10 de julio de 2025, Casanello procesó a Alberto Fernández como supuesto autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y dispuso un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283,68. En la misma resolución procesó a Héctor Martínez Sosa -amigo personal del ex mandatario-, a su esposa María Cantero -ex secretaria privada presidencial- y a otros ex funcionarios y directivos vinculados con Nación Seguros.

De acuerdo con la imputación, desde el inicio del mandato presidencial, Martínez Sosa habría concentrado el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de pólizas emitidas a organismos públicos. Para el juez y el fiscal, ese volumen de participación se vinculó con el vínculo personal y comercial existente entre el broker y el entonces jefe de Estado.

El 18 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara Federal -integrada por Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun- confirmó los procesamientos. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían “pruebas e indicios” que ubicaban a Fernández en un “rol crucial” dentro de un esquema de “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.

Entre los elementos valorados se incluyó un intercambio de mensajes del 24 de mayo de 2023. Ese día, María Cantero alertó al entonces Presidente sobre la designación de otro broker en Cancillería que no era su esposo. “Ya me ocupo”, respondió Fernández. Cinco días después, la designación fue revertida. Para la Cámara Federal porteña, esa secuencia acreditó una “participación directa” del ex mandatario en el conflicto de interés investigado.

Este mes, Casanello amplió el alcance de la investigación y procesó a la empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. como partícipe necesaria del delito de negociaciones incompatibles. Según la resolución, la firma habría percibido $416.546.348,81 en comisiones. El juez sostuvo que la “existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un indicador del elevado nivel de riesgo”.

En ese tramo también se avanzó sobre la responsabilidad penal empresaria. El magistrado procesó a otras compañías del sector asegurador al considerar que no implementaron mecanismos adecuados de control o programas de integridad (compliance) que evitaran posibles irregularidades en la contratación pública. Entre las firmas mencionadas se encuentran Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Tras la confirmación de los procesamientos, las defensas intentaron habilitar la revisión ante la Cámara de Casación. La Sala II del tribunal de alzada declaró “improcedentes” los recursos al evaluar que la confirmación de un procesamiento no constituye una "resolución definitiva" que habilite automáticamente la intervención del máximo tribunal penal federal. También entendió que no se acreditó un perjuicio de “imposible o difícil reparación”.

Frente a ese rechazo, las defensas presentaron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Ese tribunal ahora deberá resolver si admite los planteos y si corresponde revisar los fundamentos de los procesamientos y los pedidos de nulidad formulados.

En paralelo, este miércoles se realizó el sorteo para cubrir la vacante del Juzgado Federal N° 11. El juez federal Ariel Lijo resultó designado para hacerse cargo del despacho, donde tramitan otras causas de alto impacto político como “Andis”, “Guardapolvos” y los expedientes conexos a “Cuadernos”. Lijo asumirá el control de la instrucción de “Seguros” con planteos pendientes de tratamiento en la Casación Federal.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), por su participación en el ingreso al país de una valija con 790.550 dólares que llevaba el empresario venezolano Guido Antonini Wilson cuando ambos arribaron a la Argentina en agosto de 2007.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Uberti por incumplimientos formales. En particular, señalaron que la presentación no cumplió con los requisitos previstos en la Acordada 4/2007, que regula la forma y el contenido de las quejas ante el máximo tribunal. En consecuencia, la Corte desestimó la presentación directa y dejó firme la condena dictada en las instancias anteriores.

Uberti había sido condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa. Por la misma razón formal, la Corte también rechazó los recursos presentados por otros ex funcionarios aduaneros condenados en la causa a penas menores, de entre diez meses y un año de prisión en suspenso, por encubrimiento de contrabando agravado.

Se trata del guarda aduanero Jorge Félix Lamastra; María Cristina Gallini, entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newbery; Guillermo David Lucángeli, ex jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque; y Rosa Nélida García Santillán, ex directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de Ezeiza. En todos los casos, el máximo tribunal entendió que las presentaciones no reunían las exigencias formales necesarias para habilitar su análisis.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), empresa con participación estatal, en el marco de gestiones vinculadas a contratos energéticos bilaterales. Entre los pasajeros se encontraban Uberti; su secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el entonces presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; el empresario venezolano Guido Antonini Wilson; y otros ciudadanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA.

Durante el control de equipajes, una valija que no había pasado por el escáner llamó la atención del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue la agente María de Luján Telpuk quien insistió en revisar el equipaje luego de que el escáner detectara una gran cantidad de objetos rectangulares. Consultado por su contenido, Antonini Wilson respondió que llevaba “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija, se encontraron billetes de dólares estadounidenses. En un primer momento, el empresario dijo que se trataba de unos 60 mil dólares, pero al ser contabilizados se comprobó que el monto ascendía a 790.550 dólares, acondicionados en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria.

El dinero fue incautado y posteriormente destinado a jardines de infantes de zonas carenciadas. Antonini Wilson, en tanto, participó ese mismo día de un acto en la Casa Rosada y luego regresó a Estados Unidos. Nunca se presentó ante la Justicia argentina ni retiró el dinero, y los pedidos de extradición formulados por el país resultaron infructuosos.

El caso tuvo derivaciones internacionales. En Estados Unidos, Antonini Wilson colaboró con el FBI y declaró que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En Miami, la Justicia federal estadounidense juzgó y condenó a tres ciudadanos venezolanos y a un uruguayo, acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez para intentar comprar el silencio del empresario.

En la Argentina, la causa atravesó un largo derrotero. Uberti fue inicialmente indagado y luego beneficiado con una falta de mérito, y el expediente estuvo cerca de prescribir. La investigación se reactivó cuando se imputó también al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, lo que permitió extender los plazos por tratarse de ex funcionarios públicos.

En diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dictó un procesamiento de más de 500 páginas que reimpulsó la causa y la llevó finalmente a juicio oral. El debate se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva y absolvió a De Vido y a Echegaray. También fueron condenados los funcionarios aduaneros mencionados, con penas en suspenso.

En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En ese fallo, los camaristas destacaron que la integración probatoria para sostener la responsabilidad de Uberti “no padece de arbitrariedad o parcialidad” y que existía un cuadro indiciario “de peso cargoso indudable”. Según Casación, el hecho no se limitó al intento de ingreso de la valija con dinero, sino que formó parte de un entramado destinado a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de control aduanero.

Así las cosas, con la decisión del máximo tribunal quedó firme la sentencia condenatoria y cerró el trámite del caso, tras casi dos décadas de proceso judicial. Uberti estuvo al frente del OCCOVI entre 2003 y 2007, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, encabezado entonces por De Vido. Se encuentra acusado como miembro de una asociación ilícita en la causa “Cuadernos”, donde declaró como arrepentido.

Un juez en lo civil de la Ciudad de Buenos Aires ordenó excluir a una mujer de la herencia de su esposo fallecido tras considerar probado que, al momento de la muerte, la pareja estaba separada de hecho y sin intención de retomar la vida en común. La decisión se apoyó en un análisis exhaustivo de los hechos incorporados al expediente, que permitió reconstruir los últimos años del hombre, su alejamiento definitivo del hogar conyugal, el traslado a otra provincia, el deterioro progresivo de su salud y la ausencia de contacto con su esposa hasta el final.

El conflicto llegó a los tribunales a partir de una demanda iniciada por el hermano del fallecido, quien solicitó que la mujer fuera apartada del proceso sucesorio. De acuerdo a su planteo, aunque el divorcio no se había concretado antes del fallecimiento, la relación estaba rota desde hacía tiempo y ya no existía un proyecto de vida compartido. La esposa, en cambio, rechazó esa versión y sostuvo que nunca había habido una separación definitiva, sino ausencias prolongadas que formaban parte de la dinámica habitual del matrimonio.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el vínculo atravesaba una crisis profunda desde al menos 2020. Aunque durante un período continuaron viviendo en la misma casa, ya no funcionaban como pareja. En septiembre de ese año, la mujer pidió judicialmente la exclusión del hogar de su esposo. Como consecuencia de esa medida, él dejó la vivienda con pocas pertenencias y viajó en taxi a la provincia de Córdoba, donde primero se alojó de manera transitoria y luego se instaló en la casa de su hermano.

Desde entonces, no volvió a convivir con su mujer, ya que en Córdoba fijó domicilio ante distintos organismos públicos y reorganizó su vida lejos del hogar matrimonial. Por otra parte, el expediente dio cuenta de un deterioro progresivo de su estado de salud, con complicaciones vinculadas a una diabetes mal controlada que derivaron en tratamientos domiciliarios, atención médica permanente e internaciones hospitalarias, incluida una estadía en terapia intensiva. Durante ese período, el hombre ya se encontraba jubilado.

Al contestar la demanda, la mujer negó que ese alejamiento implicara una ruptura total del vínculo. En la audiencia preliminar afirmó que el matrimonio llevaba más de treinta años y que había convivido “los últimos 15 o 16 años” en el mismo domicilio. Aseguró que no estaban separados de hecho y explicó que su esposo solía ausentarse por largos períodos, algo que -según su relato- era normal en él. Dijo que era habitual que se fuese de la casa por largos períodos “porque le gustaba pescar” y agregó que, tras jubilarse, “se iba un mes, dos meses, siempre volvía”.

También precisó que la denuncia por violencia doméstica presentada en octubre de 2020 no significó el final, sino una medida temporal frente a un momento de conflicto. En su alegato señaló que “la medida perimetral impetrada contra mi ex cónyuge fue meramente temporal (desde octubre 2020 hasta abril/2021), por los problemas psíquicos que atravesaba, y una vez vencida jamás fue solicitada su ampliación”.

En ese mismo contexto, la mujer vinculó el conflicto vincular con problemas de adicción que, dijo, atravesaba su esposo. Explicó que la denuncia judicial había tenido como finalidad obligarlo a iniciar un tratamiento psicológico que lo asistiera, e indicó que el distanciamiento estuvo marcado por “una etapa de violencia psíquica extrema“. También expresó que pese a ello existía una voluntad de continuar la vida matrimonial y que él “quería terminar su vida junto a ella para compensar sus ‘aventuras’”.

El juez analizó esa postura, pero advirtió que la defensa no sostuvo que la separación se hubiera producido como consecuencia directa de una situación de violencia que justificara mantener derechos hereditarios, ni planteó que la exclusión pretendida constituyera una prolongación del daño por otras vías. En la sentencia se dejó constancia de que “no surge de la denuncia que la Sra.(...) hubiera solicitado asistencia psicológica o psiquiátrica para su cónyuge” y que esa cuestión “no ha sido tampoco objeto de actividad probatoria en este proceso”.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la caracterización de la estadía en Córdoba. El fallo rechazó la idea de que se tratara de viajes recreativos o ausencias voluntarias habituales, incluso luego de la jubilación. En ese sentido, la postura resultó categórica: “es claro que el nombrado no se divirtió en esa provincia, en la que, muy por el contrario, atravesó dos internaciones médicas complicadas, sin contacto con la Sra. A.”.

La resolución puso especial énfasis en la falta de comunicación entre ambos durante el período de la enfermedad del fallecido. Y es que en las historias clínicas de los centros de salud donde el hombre fue atendido no figuraba su esposa como persona de referencia ni como contacto ante emergencias. Tampoco surgía que hubiera participado en decisiones médicas o en su cuidado diario. Esa situación fue corroborada por un informe social incorporado en un trámite administrativo iniciado por la propia mujer para solicitar una pensión, en el que declaró que no sabía que su esposo estaba enfermo “porque en esos meses no se hablaban”.

El expediente también permitió reconstruir de manera precisa los cambios de domicilio del hombre. Desde febrero de 2020 había registrado vivienda en Córdoba ante el Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral. Más adelante, realizó modificaciones similares ante su obra social y ante la empresa de telefonía celular. Para el juez de la causa, estos datos resultaron especialmente relevantes en función del estado de salud que atravesaba. En ese marco, destacó que “no sería razonable que una persona gravemente enferma denuncie ante su prestadora de servicios médicos un cambio de domicilio a otra provincia, si piensa seguir viviendo donde lo hizo por años”.

Otro elemento ponderado fue el inicio de un trámite de divorcio unilateral. A fines de agosto de 2021, pocas semanas antes de morir, el hombre presentó una demanda para disolver el matrimonio de manera exprés. En ese escrito aseveró que se encontraba separado “desde varios años atrás, sin voluntad de unirse”. Aunque el proceso no avanzó debido a su muerte, el magistrado entendió que esa presentación reflejaba de manera clara su intención en ese momento.

La defensa de la mujer intentó restarle valor a ese elemento y puso en duda la autoría del escrito. Sin embargo, la sentencia determinó que no se produjeron pruebas que respaldaran esa impugnación y que “tal manifestación no puede prevalecer sobre la realidad de los hechos ni sobre el contenido de la pieza, en la que (...) -el hombre- dijo claramente que demandaba la ruptura del vínculo con su cónyuge”.

También se analizaron las circunstancias del fallecimiento. El hombre murió en septiembre de 2021 en una habitación de hotel de la Ciudad de Buenos Aires, adonde había viajado para atenderse en la clínica de su obra social. No estaba acompañado por su esposa, sino por un amigo que lo asistía en los traslados y en la atención médica. Para el juez, ese dato resultó concluyente. En la sentencia se indicó que dicho “cuadro es incompatible con un vínculo de pareja en el que subsiste la voluntad de unirse, pues da cuenta del desapego afectivo de los integrantes de la pareja”.

La resolución fue dictada por Gustavo Carmelo, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1. En el fallo, el magistrado explicó que, para conservar derechos hereditarios, no basta con que el matrimonio siga existiendo en términos formales. Precisó que la separación no se define únicamente por dejar de vivir bajo el mismo techo, sino por la ausencia de un proyecto de vida común y por la falta de una comunidad real de vida.

El magistrado también examinó el antecedente de la denuncia por violencia doméstica desde una perspectiva cuidadosa, pero dejó constancia de que la defensa no sostuvo que la separación se hubiera producido por esa causa ni cuestionó la validez de la norma aplicada al caso. Por ese motivo, el análisis se concentró exclusivamente en los hechos acreditados en el expediente y en su valoración conjunta.

A partir del conjunto de la prueba incorporada a las actuaciones -documentos, testimonios, informes médicos y registros administrativos-, Carmelo tuvo por probado que la pareja estaba separada y sin intención de retomar la convivencia al momento del fallecimiento. En consecuencia, el juez hizo lugar a la demanda y ordenó excluir a la mujer de la herencia.

En el marco de un conflicto de competencia, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver esta semana si admite el recurso presentado por Carlos Cearras, fiscal general ante ese tribunal, en la investigación penal conocida como causa AFA, que analiza el origen de los fondos utilizados para la compra de una propiedad de lujo en el partido bonaerense de Pilar y otros bienes de alto valor, adquiridos a través de presuntos testaferros. La decisión no ingresará en el fondo del expediente, pero determinará si el reclamo del Ministerio Público Fiscal es elevado a la Cámara Federal de Casación Penal o si el fiscal queda habilitado a recurrir en queja ante ese tribunal, el máximo órgano penal del país.

La causa investiga si los recursos empleados en la adquisición del inmueble y de otros activos podrían estar vinculados a maniobras económicas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, sin que hasta el momento existan imputaciones penales formales contra las máximas autoridades de esa institución. El expediente, en rigor, tiene como eje una finca ubicada en la localidad de Villa Rosa, cuyo valor real fue estimado por peritos oficiales en más de 20 millones de dólares, una cifra muy superior a la declarada en la documentación de compra.

El recurso del fiscal Cearras apuntó contra la resolución dictada el 20 de enero por el camarista Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín y del Consejo de la Magistratura, quien intervino en el incidente de competencia y ordenó derivar la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, apartándola del fuero Penal Económico, donde se había iniciado y tramitado hasta ese momento.

La discusión no gira en torno a la validez de las medidas adoptadas ni a la hipótesis investigada, sino a qué jurisdicción debe continuar con la pesquisa. Cearras sostiene que el proceso debe regresar al juzgado en lo Penal Económico, donde intervino en sus primeras etapas el juez Marcelo Aguinsky.

El conflicto se originó cuando el juez González Charvay reclamó el expediente tras aceptar un planteo del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, titulares formales de los bienes bajo lupa, señalados en la causa como supuestos testaferros o “prestanombres”. El pedido fue formulado a fines de diciembre y se apoyó en el argumento de que la finca bajo análisis se encontraba ubicada en el partido de Pilar. En consecuencia, al solicitar la inhibitoria de su colega porteño, el juez de Campana invocó la garantía del juez natural -prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional- y señaló que la investigación debía tramitar ante el juzgado federal con competencia territorial en la zona donde se localizaba la casa.

El juez Aguinsky rechazó apartarse de la causa. En su respuesta, expresó que el eje de la investigación no era el inmueble en sí, sino el posible delito precedente, que -según su criterio- sería una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. Como elemento central, consideró que el titular formal de la quinta y de los vehículos de alta gama realizaba consumos con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corporativa de la entidad deportiva, con sede en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo ese razonamiento, aseveró que el foco del expediente se encontraba en CABA y no en Pilar, y que la especialidad del fuero Penal Económico resultaba determinante para la continuidad de la investigación bajo su cargo

Al resolver la contienda, la Cámara Federal de San Martín dio la razón al planteo del juzgado de Campana. En su voto, el camarista Lugones entendió que la competencia judicial debía definirse a partir del lugar donde se habrían materializado las maniobras patrimoniales investigadas y no exclusivamente por el sitio donde podría haberse producido el eventual delito precedente. En ese sentido, consideró fundamental que el inmueble investigado se encontrara radicado en el partido de Pilar, dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana.

El camarista entendió además que, tratándose de una pesquisa por presunto lavado de activos, el eje territorial de los hechos investigados debía primar a los fines de fijar la competencia. Como argumento adicional, su resolución tuvo en cuenta que la AFA inscribió en noviembre de 2024 un cambio de domicilio legal a una dirección ubicada en Pilar, algo que -precisó- reforzaba el vínculo territorial de la causa con esa jurisdicción. Con base en esos elementos, la Cámara Federal de San Martín dispuso la remisión del expediente a Campana y apartó al juez Penal Económico.

El fiscal general Cearras se opuso a esa decisión e insistió con su postura: en investigaciones por lavado de activos, la competencia no puede definirse únicamente por el domicilio del bien. Dijo que este tipo de ilícitos exigía una mirada más amplia, que contemple el circuito económico bajo análisis y el eventual delito precedente. También cuestionó que haya sido la Cámara Federal de San Martín la que resolvió la disputa, tras considerar que esa definición correspondía a la Cámara en lo Penal Económico, como tribunal de alzada del juez que participó primero.

La postura de Cearras coincidió con la de los fiscales Sebastián Bringas y Claudio Navas Rial, quienes en intervenciones previas también dictaminaron que la causa debía continuar en el juzgado de Aguinsky.

En efecto, la instrucción penal se inició en los tribunales federales de Comodoro Py y avanzó sobre la hipótesis de una maniobra de lavado de activos vinculada a la compra de la finca de Villa Rosa. Una pericia oficial de 550 páginas, elaborada por tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, determinó que el valor total del patrimonio relevado asciende a USD 20.815.100. El informe detalló la tasación de la parcela principal, la casa principal, una vivienda secundaria y diversas edificaciones anexas, además de amenities de alto valor, como pileta, bar, quincho, spa, gimnasio, cancha de paddle y helipuerto.

Durante los allanamientos se secuestraron 54 vehículos, entre autos y motos de alta gama y de colección, incluidos Porsche, Audi, BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430. La existencia de un helipuerto motivó medidas para reconstruir movimientos aéreos. Por orden judicial, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, en el hangar de la empresa Flyzar, para obtener documentación sobre órdenes de vuelo, seguros y nóminas de pilotos. Algunos declararon que realizaban “vuelos de entrenamiento”, una explicación que generó interrogantes en el expediente.

La discusión sobre la competencia se entrelazó además con el debate por el domicilio legal de la AFA. Informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) constataron que la dirección informada por la entidad como su nueva sede -Mercedes 1366, partido de Pilar- no existe y corresponde a una zona de terrenos baldíos. Ese dato fue incorporado al expediente y adquirió relevancia porque el cambio de domicilio, como se consignó, fue uno de los elementos considerados para justificar el traslado de la causa a Campana.

Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá definir si concede el recurso del fiscal Cearras. Si lo hace, el planteo será elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, que revisará la decisión de enviar la causa al juez Adrián González Charvay. Si lo rechaza, el representante del Ministerio Público quedará habilitado para presentar una queja directamente ante Casación.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó a Walter Ricardo Bento a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas penales bajo su cargo. La decisión puso fin al juicio de cesura abierto tras el veredicto de culpabilidad dictado el martes pasado.

En rigor, por unanimidad se declaró a Bento, de 63 años, responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de su función pública, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, el pedido de su defensa para purgar la pena en prisión domiciliaria fue diferido por el tribunal, por lo que será analizado más adelante. El exjuez seguirá así detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo. En tanto, su esposa Marta Boiza recibió una condena 6 años de cárcel tras ser hallada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de los hijos del matrimonio, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió una condena de cinco años de prisión, también por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.

El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, que durante esta última etapa del proceso determinó el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para los 17 imputados hallados responsables en la megacausa por corrupción judicial que sacudió a la provincia de Mendoza.

El juicio oral se desarrolló ante el Tribunal 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas. El debate comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con la declaración de alrededor de 300 testigos y el análisis de un voluminoso cuerpo de prueba documental y digital.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Vega, y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco y Laura Roteta. La acusación sostuvo que Bento ocupó un rol central e insustituible dentro de una estructura criminal estable, con división de roles y permanencia en el tiempo, orientada a obtener dinero y bienes a cambio de decisiones judiciales ilegítimas.

Según se tuvo por acreditado en el veredicto, la organización funcionó al menos desde 2007 y operó principalmente en expedientes complejos -entre ellos causas por narcotráfico y contrabando- tramitados en el juzgado a cargo de Bento. El mecanismo incluía el cobro de sobornos para otorgar libertades, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, faltas de mérito o sobreseimientos. De acuerdo con la estimación de la fiscalía especializada, el circuito de coimas habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles.

Bento fue declarado culpable por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícto, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba, entre otros delitos. El tribunal consideró probado que el exmagistrado definía las estrategias, autorizaba los beneficios procesales, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras, apoyado por abogados, intermediarios y contactos en el ámbito policial.

En cuanto al capítulo patrimonial, las juezas tuvieron por acreditado un entramado familiar destinado a ocultar y legitimar el origen ilícito de los fondos, mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y otras inversiones.

Durante la audiencia de cesura, todas las defensas expusieron sus pedidos antes de la decisión final. La fiscalía había solicitado 18 años de prisión efectiva para el exjuez, además de la inhabilitación perpetua y una multa millonaria. La defensa de Bento reclamó una reducción sustancial de la pena y pidió prisión domiciliaria, invocando razones familiares vinculadas al cuidado de su hijo con discapacidad. También se escucharon los planteos de las defensas de los restantes condenados.

En sus últimas palabras, previas a la imposición de las penas, Nahuel Bento expresó: “En el uso de estas últimas palabras de esta audiencia de cesura, simplemente quiero decirles que este proceso ha arruinado mi vida; permítanme rehacerla”. Por su parte, su padre, el exjuez, sostuvo: “De todo lo que acabamos de escuchar se evidencia una causa trágica que ha mellado no solamente a quienes estamos imputados sino a nuestros núcleos familiares. Como confío en la justicia, solamente tengo para decir que voy a seguir luchando, que no voy a bajar los brazos”.

Bento había asumido al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, en septiembre de 2006, tras un concurso. El juzgado se encontraba vacante desde 2002. Su nombramiento se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner. La investigación que derivó en la megacausa se reactivó en marzo de 2020, cuando una pesquisa por narcotráfico a cargo del Ministerio Público Fiscal reveló comunicaciones en las que se aludía al “juez”, al “número uno” o al “gran jefe”, en presunta referencia al entonces magistrado.

Con la lectura de la sentencia de cesura, el Tribunal Oral Federal N° 2 dio por concluida la etapa de determinación de penas. Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer en una resolución posterior.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy absolvió este jueves a un empresario agropecuario acusado de haber sometido durante más de dos décadas a dos trabajadores rurales a condiciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre en una finca azucarera del este provincial. La decisión, adoptada por unanimidad, se produjo tras un debate oral en el que se recibieron más de 20 declaraciones testimoniales y se analizaron inspecciones administrativas, peritajes y documentación técnica incorporada durante la investigación.

En la resolución de 95 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, se identificó al imputado como G.A.R., un productor agropecuario y contador público de 50 años, y a los trabajadores como J.C.V. y F.A., vinculados desde la década de 1990 a una explotación de caña de azúcar ubicada en Arroyo Colorado, localidad de Santa Clara, en el departamento jujeño de Santa Bárbara. La finca, dedicada al cultivo cañero, integra una estructura empresaria de carácter familiar con actividad citrícola. El fallo, en tanto, fue dictado por las juezas María Alejandra Cataldi y Marta Liliana Snopek, y el juez Diego Martín Matteucci, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy.

El caso tuvo su origen en una denuncia anónima recibida en julio de 2023 por el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata, que dio lugar a inspecciones administrativas y, posteriormente, a un allanamiento realizado en diciembre de ese año en el predio rural. A partir de esas actuaciones, la fiscalía imputó al empresario haber reducido a los trabajadores a una situación de servidumbre, aprovechando su vulnerabilidad social y económica.

En septiembre del año pasado, y en el marco de una audiencia de control acusatorio, la Cámara Federal de Salta ordenó la apertura del juicio tras evaluar formalmente admisible la acusación por presunta explotación laboral y hacinamiento de los dos trabajadores de la finca azucarera. Esa decisión habilitó la elevación del expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal y dio inicio a la etapa de debate oral, que concluyó ahora con la absolución del imputado.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, J.C.V. y F.A. habrían trabajado durante años en jornadas extensas, de lunes a domingo, sin descansos adecuados ni pago de horas extras, percibiendo salarios por debajo de los mínimos legales. También se les atribuyó haber residido junto a sus familias dentro del predio rural en condiciones habitacionales precarias, con acceso irregular al agua potable, instalaciones eléctricas deficientes y uso de baños improvisados, ubicados a considerable distancia de las viviendas.

El Ministerio Público describió esas condiciones como parte de un régimen sostenido de explotación, reforzado -según su planteo- mediante sanciones disciplinarias, suspensiones sin goce de sueldo y la amenaza de despido y desalojo. En ese contexto, precisó que la permanencia de los empleados en el establecimiento rural a lo largo de los años no había respondido a una elección libre, sino a la ausencia de alternativas reales, en un escenario de pobreza estructural y bajo nivel de alfabetización.

Durante el debate oral se detalló que J.C.V. habría realizado tareas físicas extenuantes, como el macheteo de surcos de gran extensión, la limpieza de acequias y labores de riego, incluso en edades avanzadas y con problemas de salud. En el caso de F.A., se remarcó su analfabetismo y la presunta imposibilidad de comprender los recibos de sueldo que firmaba, algo que -de acuerdo a la fiscalía- lo colocaba en una situación de especial indefensión frente a la parte empleadora.

También se describieron las viviendas del sector conocido como “conventillo” como construcciones precarias, con techos de chapa, pisos de cemento o tierra y conexiones eléctricas expuestas. Según la acusación, en algunos períodos los trabajadores debían abastecerse de agua mediante mangueras desde la red del pueblo, bañarse con agua de acequia y utilizar baños sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

La defensa, por su parte, sostuvo desde el inicio que el caso no configuraba un delito penal sino, en todo caso, un conflicto laboral, agravado tras el despido de J.C.V. en 2023. Alegó que ambos trabajadores estuvieron registrados, percibieron salarios conforme a convenios colectivos, contaron con obra social, ART, vacaciones y licencias, y que cualquier irregularidad debía tramitarse por vías administrativas o laborales.

Durante el juicio se incorporaron recibos de sueldo, constancias de aportes previsionales, facturas de servicios públicos y peritajes técnicos. La defensa explicó que las sanciones disciplinarias aplicadas a J.C.V. respondieron, en efecto, a incumplimientos laborales y que los descuentos salariales detectados en algunos períodos se vincularon con esas sanciones y con ausencias injustificadas.

En relación con las condiciones habitacionales de sus empleados, aseveró que la finca contaba con energía eléctrica provista por la empresa distribuidora provincial, agua corriente de la red de Arroyo Colorado y baños de material disponibles para el personal. También expresó que las letrinas precarias fotografiadas durante los allanamientos se encontraban en un predio lindante, fuera de la propiedad del imputado, y que habían sido construidas por los propios trabajadores.

El fallo reconstruyó la evolución de la relación laboral y dio por acreditado que ambos trabajadores ingresaron a la finca a comienzos de la década de 1990, cuando la explotación estaba a cargo del padre del imputado. Tras su fallecimiento, en 2014, G.A.R. asumió la dirección plena de la empresa. En ese contexto, J.C.V. fue designado capataz y trasladado a una vivienda de mejores condiciones dentro del predio, conocida como “la Sala” o “casa del capataz”, mientras que F.A. continuó residiendo en el sector destinado a los peones.

Uno de los ejes centrales de la sentencia recayó en la valoración de la presunta “voluntad anulada” de los trabajadores. En ese sentido, los magistrados señalaron que un “sujeto reducido a la servidumbre no tiene la autonomía necesaria para litigar contra su supuesto explotador”, y destacaron que J.C.V. contrató abogados “para litigar contra su supuesto explotador”, envió telegramas laborales, promovió demandas judiciales y se trasladó fuera de la finca tras su despido.

Respecto de F.A., los fundamentos de la resolución puntualizaron que, luego de los allanamientos de diciembre de 2023, decidió continuar trabajando para la empresa y fue trasladado a otra vivienda en la localidad de Santa Clara, circunstancia que -según se indicó- resultaba “incompatible” con "un régimen de sometimiento permanente“.

Los jueces también evaluaron las inspecciones estatales realizadas a lo largo de los años y advirtieron que no se habían registrado sanciones administrativas firmes por explotación laboral. Bajo esos términos, consideraron que la “orfandad probatoria genera la falta de certeza, ya que, si bien existen elementos de cargo aportados por la Fiscalía, también encontramos pruebas que permiten interpretar el hecho de modo exculpatorio”.

En uno de los tramos centrales del documento, el tribunal precisó que el análisis debía realizarse conforme al régimen penal de la trata de personas, con especial atención a la eventual afectación de la libertad de movimiento, de la libre autodeterminación y a la existencia de mecanismos de coacción, amenaza o sometimiento. Desde esa perspectiva, sostuvo que “no puede tenerse por acreditado que las presuntas víctimas hayan visto restringida su libertad ambulatoria ni su capacidad de decidir libremente sobre su vida y su trabajo”, y añadió que “de la prueba rendida no surge que hayan sido sometidas a torturas, humillaciones sistemáticas, tratos degradantes ni que hayan sido utilizadas como meros objetos”.

Si bien reconoció la existencia de un contexto de vulnerabilidad social y económica, concluyó que “no se ha logrado acreditar, con la certeza requerida, un aprovechamiento penalmente relevante de dicha situación por parte del imputado”.

De ese modo, por unanimidad, los magistrados resolvieron dictar la absolución del acusado y dejar sin efecto las medidas restrictivas que pesaban sobre él. La sentencia fue notificada a las partes y podrá ser recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal, de acuerdo los plazos previstos por el Código Procesal.

La fiscalía pidió este jueves 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Ricardo Bento, a quien ubicó como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de beneficios procesales desde el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. El planteo fue formulado durante el juicio de cesura, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 mendocino lo declarara culpable el martes por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, entre otros.

La acusación también solicitó un total de seis años de prisión para la esposa del exmagistrado, Marta Isabel Boiza, tras ser hallada culpable por el delito de lavado de activos agravado y otros dos ilícitos más.

La exposición del Ministerio Público se dio en el marco del juicio de cesura, una fase del proceso penal destinada a determinar la pena concreta que corresponde a cada uno de los 17 imputados hallados culpables. Al debate oral habían llegado 33 imputados, de los cuales el resto resultó absuelto o desvinculado en distintas etapas del proceso.

La audiencia correspondió a la segunda jornada de cesura, que se reanudó a las 15.20 tras un cuarto intermedio dispuesto luego de las declaraciones brindadas por la mañana por el propio Bento. En esa instancia también declararon su esposa, y su hijo Nahuel Agustín Bento Boiza, hallado culpable por lavado de activos agravado, mientras que el segundo hijo del matrimonio fue absuelto. Además, prestaron declaración otros imputados que resultaron condenados en el debate oral.

En primer término intervino la fiscal María Gloria André, quien estructuró su alegato sobre agravantes de especial entidad vinculadas al rol institucional de Bento, a la naturaleza de los hechos y a la persistencia del entramado criminal. Al describir la asociación ilícita, sostuvo que “el centro de esta organización haya sido un juzgado penal del Poder Judicial de la Nación es una circunstancia que claramente debe ser valorada como agravante”.

André remarcó que la organización —integrada por un juez, abogados y un comisario— alcanzó un grado extremo de complejidad, con división de roles y estabilidad en el tiempo. Según explicó, la operatoria se sostuvo mediante el aprovechamiento de la tramitación regular de los expedientes, lo que permitió ejecutar maniobras ilícitas sin alterar formalmente los procesos judiciales. En ese sentido, advirtió que “no solo se aprovechó el trámite regular, sino también el trabajo probo y honesto de los empleados del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza”.

Al abordar el cohecho, la fiscalía diferenció responsabilidades individuales y precisó que Bento actuó como autor de cohecho pasivo en ocho hechos, todos ellos de entidad suficiente como para descartar la aplicación del mínimo legal. En cuanto a sus condiciones personales, descartó atenuantes vinculados a inexperiencia o necesidad económica y sostuvo que “el único móvil que lo determinó a delinquir fue el afán de lucro, una codicia excesiva”, circunstancia que calificó como agravante.

André también le atribuyó el mayor grado de responsabilidad dentro del entramado delictivo, al considerarlo el único sujeto indispensable para la comisión tanto del delito de asociación ilícita como de los hechos de cohecho, con una actuación intensa, reiterada y sostenida durante varios años.

Luego tomó la palabra el fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien centró su exposición en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Puso el acento en la condición de funcionario público del imputado y en el cargo específico que ocupaba, al tratarse de un juez federal con competencia penal y electoral.

Velasco subrayó que Bento “no es un funcionario cualquiera”, sino un magistrado que ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía en la provincia, con una formación profesional directamente vinculada a la materia penal y financiera. Esa circunstancia, explicó, “lo coloca en una posición distinta a la de cualquier otra persona”, lo que debe ser ponderado como agravante al momento de individualizar la pena.

Cerca de las 16.30, André retomó la palabra y solicitó, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta y perpetua para el exjuez, al considerar que la gravedad de los hechos y el daño institucional provocado tornan incompatible su eventual reinserción en el ejercicio de funciones públicas.

Al precisar el pedido de pena, la fiscal repasó las escalas penales de los delitos atribuidos y sostuvo que, conforme al artículo 55 del Código Penal, la escala aplicable para fijar una pena única oscila entre los 5 y los 50 años de prisión. Dentro de ese marco, y atendiendo a las circunstancias agravantes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 18 años de prisión, una multa superior a los 752 millones de pesos, la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (artículo 12 del Código Penal) y la inhabilitación absoluta perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito.

El pedido de pena se formuló tras el veredicto unánime dictado el martes por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas, que declaró a Bento culpable como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo (ocho hechos), enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica (dos hechos) y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba, con imposición de costas.

El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con alrededor de 300 testigos y un volumen significativo de prueba documental y digital. Según la acusación, el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, mediante pagos en efectivo, vehículos y operaciones inmobiliarias.

Bento permanece detenido desde noviembre de 2023 en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, luego de haber sido destituido por mal desempeño por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. El proceso continuará este viernes, cuando el tribunal determinará la pena concreta que deberá cumplir cada uno de los imputados condenados. Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos en una instancia posterior.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró este martes culpable al exjuez federal Walter Bento (62) por corrupción, al considerarlo jefe de una asociación ilícita destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, además de hallarlo responsable por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. El veredicto fue dictado por unanimidad, pasadas las 16, y dejó para una instancia posterior la determinación de las penas, que se resolverá este miércoles en una audiencia de cesura.

Antes de ingresar en el análisis de fondo, la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, abordó distintos planteos formulados por las defensas. En primer lugar, rechazó el argumento de acusación incompleta presentado por los abogados de Bento, su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento. Luego, hizo lugar parcialmente a un pedido de prescripción de la acción penal, lo que derivó en el sobreseimiento de Bento por los delitos de abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial, omisión o retardo de justicia y prevaricato, correspondientes a hechos con penas menores, sin afectar los cargos centrales de la acusación.

En su decisión “definitiva y por unanimidad”, adoptada en la Sentencia N° 2841, las juezas hallaron responsable penalmente al exmagistrado federal por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, por ocho hechos, en calidad de autor. Esos hechos corresponden a los casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 analizados durante el debate oral. A su vez, fue condenado en concurso real con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado -por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio u ocasión de su carácter de funcionario público-, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir de prueba, con imposición de costas.

Al analizar la asociación ilícita, el TOF 2, compuesto por las magistradas Diamante, María Pereira y Eliana Rattá Rivas, sostuvo que quedó acreditada la existencia de una estructura criminal estable, con permanencia en el tiempo, división de roles y obtención efectiva de resultados judiciales, que funcionó desde al menos 2007. “La estructura, la permanencia en el tiempo, la división de roles y la efectiva obtención de resultados judiciales demuestran la existencia de una asociación ilícita típica, organizada para delinquir”, aseveró la titular del tribunal durante la lectura del veredicto. Según se expuso, Bento ocupó un rol principal dentro de ese engranaje, desde donde "definía las estrategias, autorizaba los beneficios, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras”.

A su vez, precisó que la organización actuaba sobre todo eb en expedientes judiciales ligados al contrabando, que permitían importantes cobros de sobornos a los imputados a cambio de beneficios procesales.

El fallo identificó como pieza clave del esquema delictivo al fallecido Diego Aliaga, señalado como operador y nexo entre los distintos integrantes de la organización. De acuerdo con la acusación avalada por el tribunal, el propósito de la estructura era “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, mediante el cobro de sobornos a personas investigadas en causas penales, a quienes se les garantizaban beneficios procesales como libertades, sobreseimientos o recalificaciones favorables.

Uno de los tramos centrales del veredicto estuvo dedicado al delito de lavado de activos, que el tribunal tuvo por plenamente probado y calificó como una “expresión paradigmática de corrupción judicial”. En palabras de la jueza, se trató de un caso en el que “se utilizó la función judicial como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”. Según se detalló, Bento encabezó un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al patrimonio bajo una apariencia de legalidad.

La sentencia afirmó que la intervención del exjuez fue determinante: “Seleccionó oportunidades de inversión, definió la estructura de titularidad y canalizó fondos a través de la estructura familiar”. El tribunal agregó que seleccionó de manera deliberada a los integrantes del grupo familiar que aparecerían como titulares de los bienes, con operaciones propias y cruzadas entre su esposa Marta Boiza y sus hijos, orientadas a disimular el origen ilícito del dinero.

En ese análisis, las juezas destacaron un aspecto particularmente sensible del caso: la utilización de un hijo del matrimonio con discapacidad severa como parte del esquema patrimonial. “En este entramado no dejaron afuera a su hijo con discapacidad: pusieron bienes a su nombre, consagrándolo propietario de inmuebles, vehículos y locales”, afirmó el tribunal. Para las magistradas, su situación personal fue instrumentalizada para justificar titularidades y dar apariencia de legalidad a los fondos. “En todo este escenario se advierten tipologías típicas como indicadores de lavado de activos”, concluyó el veredicto.

El tribunal también tuvo por acreditados dos hechos de falsedad ideológica vinculados a operaciones inmobiliarias y financieras. En uno de ellos, referido a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación en 2011, se consideró probado que Bento y Boiza introdujeron manifestaciones falsas en un instrumento público al declarar que cumplían los requisitos para acceder a un préstamo subsidiado, pese a que ya eran propietarios de múltiples inmuebles. “La falsedad ideológica se consuma con la sola introducción consciente de lo falso en un instrumento público; lo que se afecta es la fe pública”, sostuvo la jueza.

El segundo hecho de falsedad ideológica estuvo vinculado a la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, realizada en 2021. En esa operación, según el tribunal, Boiza declaró falsamente no encontrarse alcanzada como persona políticamente expuesta, lo que permitió concretar la transacción en condiciones que no correspondían.

Bento llegó a esta instancia detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, donde permanece desde noviembre de 2023, cuando fue destituido por mal desempeño por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y perdió los fueros que impedían su arresto. Durante años fue titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, y también subrogó el Juzgado Federal N° 2, lo que le otorgó una posición de fuerte influencia en la justicia federal de la provincia.

El juicio oral comenzó en julio de 2023 y llegó a debate con 33 imputados. A lo largo de más de 130 audiencias, declararon alrededor de 300 testigos, se analizaron cientos de miles de fojas y grandes volúmenes de evidencia digital. Según Diego Velasco e Ileana Schygel, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, mediante pagos en efectivo, vehículos de alta gama y propiedades. En el debate oral actuaron los fiscales Dante Marcelo Vega y María Gloria André.

Durante la lectura del veredicto, la presidenta del tribunal destacó la complejidad institucional del caso. “A este tribunal le tocó juzgar a un par, a un juez federal. Es decir, a alguien que pertenecía al mismo estamento institucional de quienes hoy integramos este cuerpo”, afirmó.

Y agregó: “Esta situación no fue neutra ni sencilla. Juzgar a un par implicó una exigencia adicional de prudencia y de responsabilidad institucional. No se trató solamente de analizar conductas delictivas complejas, sino de hacerlo cuando uno de los principales acusados había ejercido durante años una función jurisdiccionalmente similar a la de quienes debimos juzgarlo“.

Además del exjuez Walter Ricardo Bento Vega, el tribunal declaró responsables penales a su esposa, Marta Isabel Boiza Yorino, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica, y a su hijo Nahuel Agustín Bento Boiza, por lavado de activos agravado, en calidad de coautor. En cambio, Luciano Ezequiel Bento Boiza fue absuelto en ese delito por falta de acusación fiscal.

En relación con la estructura de la asociación ilícita, el fallo declaró responsables como organizadores a Luciano Edgardo Ortego Hernández y Jaime Andrés Alba Nortes, ambos condenados además por cohecho pasivo, según los hechos acreditados. Como miembros de la organización fueron condenados Walter Eduardo Bardinella Donoso, Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander, Alejandro Matías Aramayo Ciacera, Luis Francisco Álvarez López y José Gabriel Moschetti Retamales, este último también por violación de secretos y violación de deberes de funcionario público.

Por último, el tribunal declaró responsables por cohecho activo agravado, en distintos hechos, a Alfredo Rodolfo Aliaga Luque, Marcos Adrián Calderón Devias, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina Pérez, Eugenio Javier Nasi Pereira, José María Sanguedolce Cadile y Martín Rodolfo Bazán Guerra, mientras que el resto de los imputados fueron absueltos.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en una resolución posterior. Mientras tanto, el proceso continuará con la audiencia de cesura este miércoles a las 13, en la que se determinará la pena que le corresponderá a cada uno de los condenados.

El presidente Javier Milei solicitó al Senado un nuevo acuerdo para que el juez Carlos Alberto Mahiques, de 74 años, pueda permanecer otros cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. El pedido se encuadra en lo dispuesto por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige un nuevo nombramiento con acuerdo de la Cámara alta para los magistrados federales que alcanzan la edad límite prevista.

La nota fue firmada por Milei y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el martes, e ingresó este miércoles a las 08:25 en la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado de la Nación, según consta en el registro parlamentario. Con ese envío, el Poder Ejecutivo dio inicio formal al trámite para renovar el acuerdo del camarista de la Sala I.

En el mensaje dirigido a la Cámara alta, el Ejecutivo solicitó “el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional”, para Mahiques, actual vocal de la Vocalía VII de Casación. El texto recordó que el juez fue designado originalmente en noviembre de 2013 como vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y que en julio de 2018 fue trasladado a la Cámara Federal de Casación para desempeñar el cargo que ocupa en la actualidad, en ambos casos con acuerdo del Senado.

La Constitución Nacional establece que el Presidente de la Nación “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Agrega además que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”, y que “todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.

Mahiques cumplirá 75 años en noviembre, por lo que el Gobierno impulsó el pedido de acuerdo antes de que alcance el umbral etario fijado en la Constitución. De obtener la anuencia del Senado, el juez podrá continuar en funciones por un nuevo período de cinco años en el máximo tribunal penal del país, donde recogió el aval de todos sus colegas.

El magistrado cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Jurídicas, desarrolló su carrera tanto en la justicia provincial -es oriundo de Mercedes- como en la nacional y federal. A lo largo de los años se desempeñó como juez de primera instancia, fiscal de cámara, juez de tribunales orales y magistrado del Tribunal de Casación Penal bonaerense, además de ejercer la docencia universitaria y participar en actividades académicas vinculadas al derecho penal y procesal penal.

Además, y de acuerdo con información publicada en su sitio web personal, Mahiques intervino en decisiones de alto impacto institucional en los últimos años. En 2024, por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal que presidió dictó sentencia en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA de 1994, calificó el ataque -que provocó 85 muertos y cientos de heridos- como crimen de lesa humanidad, lo atribuyó a Hezbollah con apoyo de Irán y condenó a los responsables del encubrimiento institucional. Ese mismo año, el tribunal reabrió, en aplicación del principio de jurisdicción universal, una denuncia presentada por una ONG uigur por presunto genocidio en la región china de Xinjiang.

En 2023, Casación confirmó 54 condenas por 789 hechos de tortura, desaparición forzada y los denominados “vuelos de la muerte” vinculados al complejo clandestino de la ESMA; en 2022, ratificó sanciones a la cúpula de la organización CNU por homicidios políticos; y en 2021 intervino en causas por delitos de lesa humanidad, lavado de activos y narcotráfico, entre ellas las vinculadas al denominado Clan Ale y a la banda rosarina Los Monos. En 2018, absolvió al expresidente Carlos Menem en la causa por la exportación ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Mahiques es además padre de Juan Bautista Mahiques, de 45 años, fiscal general porteño desde octubre de 2019, y de Ignacio Mahiques, de 40 años, actual vicepresidente de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

El trámite iniciado por el Poder Ejecutivo deberá ahora continuar su curso en el Senado conforme el mecanismo constitucional vigente, en un contexto en el que persiste aproximadamente un tercio de los cargos judiciales vacantes.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el pedido de libertad condicional de un hombre condenado por secuestro extorsivo tras considerar que presentaba una “escasa actitud empática” hacia la víctima y que no había logrado concientizar “la gravedad de los hechos” por los que fue sentenciado. Para el tribunal, esa carencia en su fuero interno impidió formular un “pronóstico favorable” de reinserción social y volvió improcedente el egreso anticipado, aun cuando el preso hubiera observado una conducta reglamentaria adecuada durante su detención.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II de la máxima instancia penal federal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, que ratificó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, dictada el 31 de octubre de 2025. Los camaristas rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial y consideraron que la resolución apelada se encontraba “debidamente fundada” y “ajustada a derecho”.

Uno de los ejes centrales del fallo giró en torno a la valoración de la "dimensión psíquica y subjetiva" del condenado. En ese sentido, se tuvo en cuenta que “a los fines de ponderar el pronóstico de reinserción social exigido para el otorgamiento de la libertad condicional, no basta la sola constatación de un comportamiento reglamentario adecuado ni la ausencia de sanciones disciplinarias” durante el encierro. Por el contrario, se hizo hincapié en la necesidad de contemplar la actitud que adopta el reo “frente al hecho cometido y el modo en que elabora la afectación ocasionada a las víctimas”.

En delitos de la naturaleza del secuestro extorsivo, expresó el juez Yacobucci en el primer voto, “la valoración del compromiso con la norma y el reconocimiento del daño causado revisten especial relevancia, en tanto permiten verificar si el penado ha internalizado el desvalor de su conducta y si se encuentran dadas las condiciones para una futura convivencia social respetuosa de la ley”. Según consignó, la “mera formalidad externa de adaptación carcelaria no permite, por sí sola, inferir un pronóstico favorable, siendo necesario el examen integral de su subjetividad y del proceso de responsabilización personal que atraviesa".

La sentencia tuvo especialmente en cuenta el dictamen elaborado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal (EIEP), que concluyó que el condenado, si bien había asumido su responsabilidad de manera formal, “no logró implicarse cabalmente frente al delito”. De acuerdo con ese documento, su posición resultó “endeble”, ya que sostuvo un discurso orientado a la “minimización de su accionar” y se ubicó en “un rol secundario” dentro de los hechos, donde actuó como chofer, justificando su conducta principalmente en las dificultades económicas que atravesaba al momento de llevar a cabo el delito.

Los profesionales del EIEP señalaron además que el condenado, detenido en la Unidad N°6 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó “dificultades para establecer una posición reflexiva y autocrítica” y que “no logra profundizar reflexivamente -y desde una posición autocrítica- en las posibles causales subyacentes profundas de su accionar disvalioso”. En ese marco, subrayaron que su discurso “se apreció sin la consecuente resonancia afectiva” y que evidenció “escasa actitud empática demostrada para con la víctima”.

El voto de Yacobucci también ponderó los informes del SPF y del Consejo Correccional de la Unidad N° 6, que habían recomendado de manera unánime la incorporación del interno al régimen de libertad condicional. De acuerdo con esas evaluaciones, el preso había sido incorporado a la “fase de confianza”, transitaba su pena en un alojamiento semiabierto y había alcanzado calificaciones de conducta ejemplar y concepto bueno. A su vez, se mencionó que no registraba sanciones disciplinarias desde 2022 y que había mostrado mejoras en el trato con el personal y en la convivencia con otros internos.

Sin embargo, el líder del acuerdo aclaró que esos informes no resultaban vinculantes y que correspondía a la judicatura ejercer un control de razonabilidad. Bajo esos parámetros, recordó que el ordenamiento jurídico autoriza la intervención de otros cuerpos técnicos, como el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, creado por ley del Congreso, cuya función es aportar evaluaciones diagnósticas integrales e interdisciplinarias. Para el camarista, ese informe “ahonda con mayor profundidad, brinda más precisiones y arroja luz sobre la temática a decidir”.

En ese marco, Yacobucci remarcó que, si bien el condenado había observado los reglamentos carcelarios y había avanzado en su programa de tratamiento individual, ese “desenvolvimiento positivo del interno (...) sólo se verifica en un ambiente controlado por el servicio penitenciario”. A su vez, advirtió que “no obran, de momento, indicadores que permitan concluir que dicho comportamiento pueda reproducirse con igual eficacia en el medio libre”.

La resolución ponderó la gravedad de los delitos por los que el hombre fue condenado. En mayo de 2019 había recibido una pena única de 13 años y 6 meses de cárcel como coautor de un secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, el cobro del rescate y el empleo de armas de fuego, en concurso con otros delitos graves, entre ellos robo doblemente agravado, resistencia a la autoridad y abuso de armas. Al momento de resolver el pedido de libertad condicional, aún le restaban cumplir más de cuatro años y medio de prisión.

Para la Sala II, ese dato también resultó relevante a la hora de evaluar la procedencia del beneficio procesal, en tanto la combinación entre la gravedad de los hechos, el estadio del tratamiento penitenciario -aún en fase de confianza- y las conclusiones del Equipo Interdisciplinario impedían conceder el egreso anticipado sin afectar los fines de la ejecución penal.

En su voto concurrente, la jueza Ledesma coincidió en que, pese a los informes favorables de las autoridades penitenciarias, “aún no estaban dadas las condiciones -valorando pautas objetivas- para conceder la libertad condicional”. El juez Slokar adhirió a la propuesta de rechazar el recurso de casación de la defensa oficial.

Así las cosas, la Sala II de la Cámara Federal de Casación resolvió desestimar el planteo interpuesto y confirmar la denegatoria de la libertad condicional, sin imponer costas.

De acuerdo a un informe elaborado por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Justicia federal atraviesa una situación de “extrema gravedad institucional”, ya que sus principales organismos funcionan sin autoridades titulares o con asientos cubiertos de manera interina y con un nivel estructural de vacantes judiciales que alcanza a un tercio de los cargos. El diagnóstico fue difundido este lunes como una "alerta pública" tendiente a analizar las causas del fenómeno, sus consecuencias institucionales y las posibles vías de mejora.

En palabras del documento, con “el fin del mandato de la Defensora General de la Nación -Stella Maris Martínez-, las cabezas de los cuatro organismos que componen el sistema de justicia federal, junto con otros dos directamente vinculados a su funcionamiento, se encuentran hoy vacantes, interinas o en una situación irregular”. A ese cuadro agregó “un dato estructural alarmante: uno de cada tres cargos de jueces, fiscales y defensores federales se encuentra vacante”.

La advertencia fue elaborada por el centro de estudios especializados, activo desde 1989 y presidido por el jurista Alberto Binder, que desarrolló un relevamiento integral sobre el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y de los ministerios públicos, con foco en la continuidad institucional, la cobertura de puestos relevantes y la capacidad operativa del sistema.

El texto se encargó rápido de aclarar un punto a la hora de iniciar su análisis: “El proceso de acefalía no es nuevo ni repentino”. Allí se dedicó a mencionar distintos casos que tejieron un “deterioro sostenido” a lo largo de más de una década, con vacancias prolongadas e interinatos extendidos. El primer antecedente identificado fue el de la Defensoría del Pueblo de la Nación, vacante desde 2009. A ese caso se sumó la Procuración General de la Nación, cubierta por el procurador Eduardo Casal de modo interino desde 2018.

El estudio también mencionó la situación de la Corte Suprema de Justicia, que “se encuentra integrada por solo tres de los cinco miembros que le corresponden”, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en 2024. En ese mismo año, recordó el INECIP, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba al Consejo de la Magistratura desde 2006 y otorgó al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva norma.

“Desde entonces -continuó el análisis- han transcurrido 1.873 días: más de quince veces el plazo fijado por el máximo tribunal, sin que el Congreso haya cumplido con su obligación constitucional. En consecuencia, el Consejo continúa funcionando bajo una ley derogada hace exactamente veinte años y, de manera paradójica, se encuentra presidido por el propio presidente de la Corte Suprema, quien asumió ese rol en virtud de un fallo dictado por el tribunal que integra".

El relevamiento incluyó el caso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cuyo titular Francisco Mugnolo falleció en 2023 tras ejercer desde 2000 el puesto de manera transitoria a pesar del proceso de designación contemplado en una ley orgánica dictada en 2003. Además, señaló que con el vencimiento del mandato este domingo de la defensora Stella Maris Martínez, “se produjo el ‘cartón lleno’”, en tanto “el sistema de justicia federal quedó completamente privado de autoridades titulares en todos sus órganos centrales”.

Un párrafo después, el centro de estudios abordó el problema de “los cargos inferiores, con un 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación y más del 40% en el Ministerio Público Fiscal”. Este cuadro, advirtió el escrito, “se agrava por prácticas que erosionan aún más la capacidad del sistema: jueces y juezas que, pese a registrar graves retrasos en sus propios juzgados, aceptan una o más subrogancias en otros tribunales para percibir los correspondientes incentivos salariales, o que incluso desarrollan actividades incompatibles con la función judicial, como integrar tribunales de disciplina de la AFA, o desempeñar tareas docentes o personales impropias de un contexto de emergencia judicial“.

Y aseveró: “En este escenario, la ética judicial carece de controles externos efectivos y se encuentra sometida a un profundo desorden interno".

En el apartado dedicado a las causas, el documento subrayó que la responsabilidad era “colectiva” porque no podía endilgársele “a un partido en particular”. “Se trata de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de más de una década, atravesando cuatro gobiernos de distintos signos políticos“, expresó, y llamó a “toda la dirigencia política, en su justa medida”, a “asumirla y hacerse cargo de revertirla”.

Entre los factores centrales, se identificó la persistencia de estrategias de nombramientos judiciales que no se adaptan a un escenario de creciente “polarización política y atomización parlamentaria”. Según el informe, los gobiernos de turno se dedicaron a implementar maniobras para imponer “candidatos propios”, muchas veces sin capacidad real de generar consensos amplios. A ello se suma, añadió, una “tendencia regional preocupante” en la que los esquemas judiciales “se han convertido en campos de disputa de poder, no solo entre partidos políticos, sino también entre corporaciones económicas, organizaciones criminales y distintos grupos sociales, algunos de ellos legítimamente interesados en ser oídos”.

“En ese contexto -advirtió el informe-, los procesos de designación se tornan más complejos, con múltiples actores e intereses en juego, y la vieja estrategia de la imposición pierde toda viabilidad”.

El documento pasó luego a enumerar distintas consecuencias institucionales vinculadas al “sistema judicial acéfalo“. La primera dio cuenta de la posibilidad de un “poder sin control”, en el que las decisiones políticas o económicas quedan habilitadas para ejercerse “sin límites ni controles efectivos”, cuya lógica “profundiza las desigualdades sociales y habilita la vigencia de la ley del más fuerte, en la que quienes cuentan con mayores recursos logran imponer sus intereses sin contrapesos”.

“Un ejemplo de ello es la falta de respuesta de la Corte Suprema frente a la utilización abusiva y sistemática de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo”, mencionó la organización no gubernamental dedicada -según su web- a “contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y el Caribe”.

La segunda consecuencia señalada se refirió a la impunidad del crimen de alto impacto. Según la alerta, un Poder Judicial federal debilitado se vuelve “incapaz de perseguir eficazmente los delitos más graves que afectan a la sociedad”, a saber, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad económica, entre otros.

En ese marco, la entidad aseveró que la “ausencia de un Procurador General legitimado para diseñar e implementar una política de persecución penal estratégica constituye, en este sentido, una excelente noticia para los mercados ilegales y las organizaciones criminales”.

A su vez, el texto alertó que el fenómeno descripto era capaz de impactar también en la seguridad jurídica y en los objetivos de inserción internacional, acceso a los mercados y cumplimiento de estándares exigidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, en tanto “la debilidad judicial no es compatible con el desarrollo económico ni con la inserción internacional".

Para salir de esta suerte de bloqueo institucional, el documento planteó como primera condición la necesidad de postular “candidaturas intachables e insospechables”, al advertir que el reparto de cargos entre fuerzas políticas se volvía inviable cuando las personas propuestas no reunían la “idoneidad, trayectoria, integridad, perspectiva de género y compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos necesarios para el ejercicio de su función”. En un contexto de fragmentación legislativa, señaló que resultaba imposible alcanzar mayorías para cargos de enorme poder y duración prolongada “si los candidatos generan sospechas razonables de incompetencia, sumisión política o potencial sometimiento frente a intereses espurios, incluidos, como se observa en la región, los del crimen organizado“.

Como segunda condición, el informe sostuvo que la única vía para lograr designaciones con legitimidad suficiente era la implementación de “procesos transparentes, abiertos y participativos”, capaces de despejar dudas y generar consensos en torno a las postulaciones. En ese sentido, sugirió que intentar lo contrario ya no podía ser leído “como una práctica tolerable de ‘rosca política’, sino como la persistencia necia en herramientas obsoletas que vienen fracasando desde hace más de una década". Desde la sociedad civil, aseguró el texto, “nos comprometemos a apoyar activamente estos procesos y a monitorear su cumplimiento, conforme a las reglas mínimas de una democracia saludable”.

Luego concluyó: “Las recientes renuncias y suspensiones de jueces federales vinculados al crimen organizado demuestran que el punto de no retorno que ya atraviesan otros países de la región no se encuentra tan lejos. La dirigencia política debe demostrar que está a la altura de las circunstancias”.

Con un nivel de vacantes judiciales que supera el 35% en la justicia federal y alcanza porcentajes aún mayores en fueros sensibles, el funcionamiento del sistema de selección de jueces quedó nuevamente bajo análisis institucional. En ese contexto, ingresó al Consejo de la Magistratura un conjunto de proyectos reglamentarios que proponen modificar distintos aspectos de los concursos públicos de oposición y antecedentes -desde la elaboración y corrección de exámenes hasta la evaluación de antecedentes, las entrevistas personales y la conformación del orden de mérito- con el objetivo de introducir criterios más explícitos, estandarizados y trazables en el proceso de designación de magistrados.

La magnitud de las vacancias constituye uno de los datos estructurales más relevantes del sistema judicial argentino. Según evaluaciones internacionales, alrededor del 35% de los cargos de la justicia federal se encuentran sin cubrir. En el fuero de seguridad social, el porcentaje supera el 58%, mientras que en el fuero penal económico ronda el 38%. A esto se suma la situación del Ministerio Público Fiscal, donde en áreas vinculadas a delitos económicos complejos las vacantes alcanzan niveles cercanos al 60%.

Ese escenario fue señalado en informes del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que examinó puntualmente la capacidad del Estado argentino para investigar corrupción y delitos económicos complejos. En sus evaluaciones, el organismo internacional identificó como ejes que hacen a la arquitectura del esquema judicial: el nivel de vacancias, la opacidad y lentitud de los procesos de selección de magistrados y la falta de estadísticas públicas confiables. Por otro lado llamó la atención respecto al retraso en la implementación del sistema procesal acusatorio y advirtió por los déficits en materia de ética judicial.

En ese marco, durante 2025 ingresó formalmente al Consejo un paquete de iniciativas reglamentarias cuyo tratamiento podría comenzar en el transcurso de este período. Las propuestas fueron presentadas por la consejera Jimena de la Torre en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial y en representación del estamento de la abogacía del organismo. Los textos abarcan cinco ejes centrales del sistema de concursos y parten de un diagnóstico común: la existencia de márgenes amplios de discrecionalidad, falta de homogeneidad en los criterios de evaluación y debilidades en la trazabilidad de las decisiones a la hora de conformar las ternas que se elevan para su acuerdo.

El mecanismo vigente para la selección de jueces se estructura, en rigor, a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. El procedimiento comienza con la inscripción de los postulantes y la presentación de sus antecedentes profesionales y académicos. Luego se toma una prueba de oposición escrita, de carácter anónimo, en la que los aspirantes deben resolver un caso práctico vinculado a la función jurisdiccional. Posteriormente se evalúan los antecedentes y se realiza una entrevista personal. Con los resultados de esas etapas, la Comisión de Selección elabora un orden de mérito y eleva una terna al Plenario del Consejo, que decide su posterior remisión al Ejecutivo.

Uno de los proyectos propone la publicación de las pruebas de oposición, junto con sus correcciones e informes de calificación, una vez producida la “desanonimización de los exámenes". En la nota presentada ante el organismo se afirma que la medida apunta a “garantizar la transparencia del procedimiento, asegurar el acceso a la información pública y permitir el efectivo control ciudadano sobre el proceso de selección de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Nación”. La iniciativa no modifica el contenido de los exámenes ni la modalidad de evaluación, sino que se circunscribe a la etapa posterior a su corrección.

Otra de las propuestas se refiere a la determinación de criterios reglados para la evaluación y calificación de las pruebas de oposición. El proyecto incorpora un documento anexo que desagrega los parámetros previstos en el reglamento vigente, con el objetivo de homogeneizar pautas entre jurados y concursos. Según se indica, el instrumento, que promueve la explicitación pública de los criterios de corrección de las evaluaciones, busca “reducir márgenes de discrecionalidad y promover una calificación técnicamente fundada, conforme con los más altos estándares éticos, normativos y jurisprudenciales”.

Un tercer eje está vinculado a la creación de un Banco de Casos estandarizado, automatizado y público para las pruebas de oposición, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. El repositorio funcionaría como un archivo institucional de casos prácticos, clasificados por fuero e instancia, con niveles de dificultad homogéneos y validados por unidades técnicas especializadas. En los fundamentos se mencionan problemas asociados al uso de expedientes en papel, sorteos manuales y exámenes con trazabilidad limitada, y se plantea que el banco permitiría estandarizar los insumos sin alterar el carácter anónimo de la evaluación.

Otro de los proyectos aborda la evaluación de antecedentes profesionales y académicos mediante la implementación de un sistema automatizado de puntuación. La propuesta prevé la digitalización estructurada de los legajos y la aplicación de reglas algorítmicas basadas en los parámetros reglamentarios vigentes, con generación de una calificación preliminar desagregada por rubros. “El consejero sorteado conserva la facultad de revisar y ajustar el puntaje, debiendo fundar toda modificación respecto de la propuesta generada por el sistema”, precisa el texto, que mantiene la intervención humana como instancia obligatoria de control.

El quinto y último proyecto se concentra en la entrevista personal y propone reformar el reglamento para incorporar una escala objetiva de evaluación, con conceptos comunes aplicables a todos los postulantes. La entrevista se orientaría a valorar la idoneidad, la aptitud funcional y la vocación democrática, conforme a lo previsto en la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura. Entre los parámetros enumerados figuran la integridad ética, la independencia, la capacidad de comunicación, las habilidades de gestión, la responsabilidad institucional y el compromiso con los derechos humanos, cada uno con puntaje y fundamentación especial.

En relación con el orden de mérito, la propuesta introduce una nueva fórmula de ponderación entre las etapas del concurso: 50% para la prueba de oposición, 30% para los antecedentes y 20% para la entrevista personal. En los fundamentos se sostiene que la prueba escrita, por su carácter anónimo y estandarizado, permite evaluar con mayor objetividad la capacidad real de los postulantes para ejercer la magistratura, mientras que los antecedentes y la entrevista cumplen funciones complementarias.

Los proyectos incluyen referencias a estándares internacionales sobre independencia judicial, como pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y documentos de Naciones Unidas. En ese marco, se subraya la necesidad de contar con procedimientos basados en criterios objetivos, públicos y verificables, aplicados en condiciones de igualdad y con posibilidad de control institucional y ciudadano.

Vacantes judiciales: el envío de pliegos quedaría habilitado a partir de marzo

El fenómeno de las vacantes en el sistema judicial sumó un nuevo capítulo institucional durante la feria judicial luego de que el Poder Ejecutivo no incluyera el tratamiento de acuerdos para la designación de jueces en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron este lunes y tramitarán hasta el 27 de febrero, según lo dispuesto en el decreto 24/2026. De acuerdo con previsiones oficiales, el envío de pliegos al Senado podría iniciarse a partir de marzo y abarcaría 153 cargos de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos.

Ese escenario generó alertas en el ámbito jurídico. Para el caso, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el nivel de vacancias “pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia” y recordó la obligación constitucional del Poder Ejecutivo de remitir los pliegos al Senado. Datos del Consejo de la Magistratura de la Nación muestran que durante 2025 se elevaron solo 19 ternas, la cifra más baja de los últimos años.

Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la estrategia para cubrir las vacantes se orientará a respetar el orden de mérito de los concursos, con un criterio de “purismo” en la evaluación técnica de los antecedentes. El objetivo declarado es avanzar en un envío amplio de pliegos una vez retomada la actividad legislativa ordinaria.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el pedido de excarcelación interpuesto por un acusado reclamado en extradición por México por un doble homicidio, quien planteó que llevaba más tiempo detenido en prisión preventiva que el máximo previsto por la legislación argentina sin sentencia firme. El tribunal de alzada confirmó, de ese modo, la continuidad del encierro mientras se tramita la remisión al país reclamante, al considerar que la detención del imputado se inscribe en un proceso de cooperación penal internacional y resulta necesaria para garantizar la “eficacia en la persecución penal transnacional”.

La decisión fue adoptada este jueves tras resolver un recurso de apelación contra un fallo del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que había rechazado tanto un reclamo de inconstitucionalidad como la solicitud de libertad del presidiario, quien se encuentra detenido desde el 5 de julio de 2022 bajo el marco de un trámite de extradición formulado por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, donde enfrenta cargos por un doble homicidio cometido en el estado de Sinaloa. Ese delito prevé una pena de hasta 40 años de cárcel.

En su escrito, la defensa indicó que el acusado ya acumulaba tres años y cinco meses de encierro sin condena firme, excediendo los plazos máximos establecidos por la Ley 24.390, que fija un límite general de dos años de prisión preventiva, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año. Bajo ese argumento, esgrimió que la situación de su defendido iba en contra del artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a recuperar la libertad.

A su vez, sostuvo que no se verificaban riesgos procesales que justificaran la continuidad del encierro, ya que el juicio de extradición había tenido lugar el 17 de julio de 2025, por lo que no subsistían medidas probatorias pendientes susceptibles de ser entorpecidas o afectadas. En ese contexto, la defensa destacó el arraigo domiciliario, laboral y familiar del imputado en la provincia de Santiago del Estero, así como la inexistencia de antecedentes penales.

Otro de los agravios planteados en el recurso de apelación se centró en la impugnación del artículo 26 de la Ley de Cooperación Internacional en Material Penal (24.767), norma que dispone que, una vez concedida la extradición, “el requerido” debe permanecer detenido hasta su entrega al Estado “solicitante”. Para la defensa técnica, esa previsión resultaba incompatible con la Constitución Nacional y no podía legitimar una restricción prolongada de la libertad, al sostener que la situación debía evaluarse según estándares constitucionales internos y no a criterios propios de procesos extranjeros.

El planteo incorporó además menciones a informes periodísticos internacionales, publicados por medios de comunicación mexicanos, de acuerdo a los cuales un ciudadano de ese país habría asumido la autoría del doble crimen investigado en Sinaloa. Para el abogado del detenido, esa versión pública, junto con la ausencia de prueba directa en el expediente de extradición, erosionaba la solidez de la imputación en su contra y volvía procedente la inmediata liberación del acusado.

Al abordar el fondo del asunto, la Cámara Federal de Tucumán reseñó la situación del imputado, Eduardo Daniel Soria, actualmente detenido en Argentina en virtud de “un proceso de extradición solicitado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos”. De acuerdo con el fallo, sobre Soria pesa una orden de captura internacional emitida en ese país por el delito de “homicidio calificado”, presuntamente llevado a cabo “con premeditación y ventaja con el propósito de un robo“.

El tribunal de alzada puso de relieve que “el delito por el cual se lo requiere" está reprimido por el Código Penal del Estado de Sinaloa con una pena de 40 años de cárcel, un dato que resultó decisivo al ponderar el "riesgo de fuga" y la conveniencia de mantener la detención hasta concretar la entrega del acusado a las autoridades mexicanas.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad, los magistrados recordaron que la invalidez de una norma constituye una medida de carácter excepcional, reservada para supuestos de contradicción manifiesta con la Constitución. En esa línea, remarcaron que la Corte Suprema de Justicia ya había convalidado la validez del artículo 26 de la Ley 24.767 en precedentes como “Sánchez Viamonte” y “N.M.D.”.

La Cámara explicó, por lo demás, que el procedimiento de extradición “no constituye un proceso penal interno, sino un mecanismo de cooperación internacional, fundado en compromisos asumidos por el Estado argentino frente a la comunidad internacional, principios de reciprocidad, buena fe y eficacia en la persecución penal transnacional”.

Bajo esos parámetros, la sentencia subrayó que la detención prevista en el artículo cuestionado “no persigue fines punitivos”, sino que apunta a “asegurar el cumplimiento efectivo de una decisión soberana del Estado argentino que accede a la entrega del requerido”. En consecuencia, aclaró que el artículo 26 “no regula una prisión preventiva en sentido estricto, sino una medida de aseguramiento posterior a una decisión judicial firme que declara procedente la extradición”.

El tribunal de alzada también descartó que la situación del acusado configurara una detención “arbitraria" en los términos de la Convención Americana, al señalar que su artículo 7.5 “no prohíbe toda forma de detención obligatoria, sino aquellas que sean arbitrarias”. En el caso, puntualizó, esta restricción de la libertad estaba apoyada en una "ley formal“, dispuesta por autoridad judicial competente y en consonancia con un "fin legítimo" reconocido a nivel internacional.

Desde esa perspectiva, la Cámara Federal tucumana consideró que no podía calificarse al encierro como arbitrario, “sino como una restricción permitida dentro del margen de apreciación estatal”, cuya finalidad apuntaba a “preservar la eficacia del procedimiento internacional y cumplir con los compromisos de colaboración asumidos por Argentina en materia penal".

El fallo fue suscripto por Marina Cossio y Mario Rodolfo Leal, junto al conjuez Federico Bothamley, quienes decidieron “no hacer lugar al recurso de apelación” y ratificar la resolución que había denegado la excarcelación del acusado, con la aclaración de que el caso continuará sometido a control judicial ante la eventual aparición de situaciones excepcionales.

La Cámara Federal de Corrientes confirmó este viernes la prisión preventiva de una mujer imputada por integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, investigada por ofrecer servicios a turistas que visitaban la provincia a través de un esquema coordinado de captación, traslado y explotación de mujeres. Al rechazar el recurso de apelación presentado por su defensa, el tribunal de alzada ratificó la decisión que había denegado la excarcelación y otras medidas alternativas, al considerar que subsistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en una causa que se encuentra en una etapa inicial.

El fallo fue adoptado por mayoría, con los votos de los camaristas Eduardo Belforte y Ramón González, mientras que el juez Rubén Quiñones se pronunció en disidencia. Además de convalidar la detención actual, la Cámara Federal dispuso sostener la intervención del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social y del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3 de Corrientes, en atención a la situación del hijo menor de la imputada.

De acuerdo con la acusación formulada en el expediente, la mujer habría ocupado un rol estratégico dentro de una estructura criminal integrada por al menos cinco personas, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La pesquisa permitió reconstruir un mecanismo de funcionamiento que operaba principalmente en la localidad correntina de Paso de la Patria, donde guías turísticos ofrecían a visitantes servicios sexuales de mujeres en situación de vulnerabilidad.

A partir de ese primer contacto, la organización coordinaba encuentros en cabañas u hoteles de la zona y disponía los traslados de las víctimas mediante distintos vehículos, cuyos conductores actuaban como remiseros. Según la investigación, la imputada no se limitaba a tareas accesorias, sino que asumía funciones centrales: organizaba los desplazamientos, mantenía el vínculo con los clientes, administraba los pagos y distribuía el dinero proveniente de la explotación sexual.

Las actuaciones judiciales consignaron que, a través de comunicaciones telefónicas, la mujer impartía instrucciones a otros integrantes de la banda, fijaba condiciones para los encuentros sexuales y supervisaba la logística general del circuito. Ese conjunto de elementos fue valorado por el juzgado de primera instancia como indicativo de una participación activa dentro del entramado delictivo investigado.

Por estos hechos, el Juzgado Federal interviniente le atribuyó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual (artículo 145 bis del Código Penal), agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la pluralidad de sujetos pasivos afectados y la intervención de múltiples sujetos activos, todo ello en carácter de coautora. En ese marco, el magistrado de primera instancia subrayó que la escala penal prevista para esa calificación excluyía, en abstracto, la posibilidad de una condena de ejecución condicional.

Al analizar el pedido de excarcelación y de otras medidas de morigeración presentado a comienzos de enero, dicho juez estimó que persistían "riesgos procesales" concretos. En particular, ponderó la gravedad de los hechos imputados, la envergadura y escala de la organización y la expectativa de la pena, factores que -a su criterio- incrementaban el "peligro de fuga“. A su vez, advirtió que la causa se encontraba en una fase incipiente y que la imputada, en libertad, podría interferir en la producción de prueba referida al caso.

En ese sentido, sostuvo que la eventual liberación de la acusada podría obstaculizar declaraciones testimoniales del personal actuante y de las víctimas, así como de otras diligencias clave como el análisis pericial de celulares.

La defensa recurrió esa decisión cuestionando su razonabilidad. En sus agravios, aseveró que la resolución carecía de una "fundamentación concreta y razonada“, al apoyarse -según expresó- en apreciaciones genéricas, centradas casi exclusivamente en la gravedad del ilícito y en la pena en abstracto. También planteó que no se habían individualizado "elementos objetivos“ que acreditaran un riesgo real de fuga o de entorpecimiento.

Además, la defensa precisó que la investigación penal no presentaba una complejidad significativa y que las pruebas ya se encontraban bajo custodia judicial, por lo que no existían diligencias pendientes que justificaran la continuidad de una medida tan restrictiva de la libertad como la que pesaba sobre su defendida. En ese marco, destacó la conducta colaborativa de su clienta y su "arraigo familiar, social y laboral“.

Uno de los ejes centrales del planteo defensivo estuvo vinculado a la situación de su hijo de cuatro años. La defensa expuso que la mujer solicitó el arresto domiciliario para poder retomar su actividad laboral como peluquera y generar así ingresos económicos que le permitieran mantener al menor. Según argumentó, la privación de la libertad le impedía trabajar, profundizaba la desorganización económica del hogar y afectaba el vínculo cotidiano con su hijo.

En esa línea, cuestionó que la resolución apelada se hubiera apartado “sin motivación suficiente” del dictamen preparado por la asesora de menores, quien había advertido una afectación al interés superior del niño. También alegó que el progenitor no se encontraba en condiciones de brindar un sostén adecuado, ya que estaba atravesando un tratamiento psiquiátrico y carecía de ingresos estables. Por último, afirmó que la decisión judicial prescindió de “una perspectiva de género" y desconoció estándares constitucionales y convencionales aplicables a su caso.

La Cámara Federal de Corrientes desestimó todos esos agravios. Al abordar el recurso, los jueces de la mayoría entendieron que la sentencia de primera instancia se encontraba debidamente motivada y que había evaluado los riesgos procesales conforme a los parámetros establecidos en los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. En ese sentido, consideraron que la impugnación expresaba “una mera discrepancia" con la solución adoptada.

En relación con el peligro de fuga, la alzada remarcó que el análisis tuvo en cuenta “las circunstancias y naturaleza del hecho”, en tanto existían elementos objetivos que vinculaban a la imputada con un delito de extrema gravedad y con un rol fundamental dentro de una organización dedicada a la trata de personas. También ponderó que la calificación legal y la pena en expectativa constituyían factores legítimos a estudiar en este estadio del proceso.

Respecto de la situación del niño, la Cámara tuvo presente que, al momento de la detención de su madre, el menor se encontraba bajo el cuidado de su progenitor y que una resolución dictada en diciembre por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3 de Corrientes le había otorgado el "cuidado personal unilateral provisorio“, con prohibición de modificar el ”centro de vida" sin autorización judicial. Los informes psicológicos y socioambientales incorporados al expediente indicaron que el niño se encontraba escolarizado, recibía acompañamiento terapéutico y contaba con una red familiar de contención, sin que se advirtiera “una situación de desamparo”.

Con esos fundamentos, la mayoría ponderó que “permanecen vigentes al momento de resolver la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”, lo que impedía conceder la excarcelación u otras medidas alternativas menos gravosas, y que la prisión preventiva resultaba, por el momento, la herramienta más adecuada para neutralizar dichos riesgos.

En disidencia, el juez Rubén Quiñones indicó que la detención cautelar no debía constituir “la regla general" y que el ordenamiento procesal exigía justificar por qué otras medidas menos restrictivas no resultaban suficientes. En sus propios términos, recordó que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general” y enfatizó que debía aplicarse como “última ratio”, conforme a estándares del derecho internacional y a una perspectiva de género contemplativa del interés superior del niño. A su criterio, la resolución apelada omitió explicar por qué la imposición individual o combinada de otras diligencias no alcanzaban para “conjurar” los riesgos procesales en cuestión, por lo que propuso revocar lo decidido y devolver las actuaciones al juez de origen.

Así las cosas, por mayoría, la Cámara Federal correntina rechazó la apelación, confirmó la prisión preventiva y mantuvo la intervención de los organismos de protección de la niñez y del fuero de familia, en un expediente que continuará su trámite en la etapa de investigación.

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal puso bajo investigación al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, a funcionarios de su gabinete y a particulares, por una presunta maniobra de bloqueo administrativo deliberado vinculada a un extenso predio en la zona serrana de “La Porteña”, un corredor de alta valorización para el mercado inmobiliario. La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, atribuyó al Ejecutivo municipal una serie de decisiones, omisiones y declaraciones públicas que -según los denunciantes- habrían impedido de manera arbitraria el avance de un expediente local, pese a la existencia de antecedentes de dominio, urbanísticos y tributarios favorables.

El escrito fue impulsado por los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y Jorge Heter, quienes solicitaron la apertura de una investigación penal preparatoria contra el jefe comunal; el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Luciano Lafosse; el empresario turístico Luis Cerone y contra “todo aquel que la investigación señale como coautor, encubridor o partícipe de la maniobra delictiva”. En la denuncia se mencionaron presuntos delitos de defraudación a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, estafa procesal, falsedad ideológica y supresión de documento público, todo ello en concurso real y como parte de “un plan criminal organizado y sistemático ejecutado desde la cúpula del Ejecutivo Municipal de Tandil”.

El eje del planteo, en rigor, tiene vinculación con un inmueble conocido como "Chacra 274″, compuesto por alrededor de 250 parcelas, cuyo plano de subdivisión -según se detalló en la presentación- fue aprobado en 1947, décadas antes de la sanción de la Ley provincial 8912 de ordenamiento territorial y del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de Tandil. Para los denunciantes, ese dato histórico resulta central, ya que habría otorgado al loteo un estatus jurídico que fue reconocido y validado durante años por el propio Municipio.

En ese sentido, el escrito enumeró una serie de actos administrativos que, a criterio de los presentantes, demuestran un reconocimiento estatal expreso del loteo en cuestión: liquidación y cobro de tasas municipales por parcela, celebración de convenios de pago, adhesión a moratorias, ejecución y posterior cancelación de juicios de apremio, y aceptación de trámites vinculados al predio ahora en conflicto. “El Municipio reconoce jurídica y tributariamente la existencia de los lotes”, remarcaron los desarrolladores inmobiliarios en su presentación ante la fiscalía tandilense.

La situación, siempre según la denuncia, cambió de manera abrupta cuando los titulares del emprendimiento intentaron avanzar en el lugar con un desarrollo denominado “Miradores de Monte Cristo”. A partir de ese momento, consideraron, el expediente administrativo quedó paralizado sin resolución formal, se introdujeron objeciones que no habían sido planteadas con anterioridad y se denegaron autorizaciones técnicas sin fundamentos claros. En ese marco, denunciaron la presunta desaparición de fojas del expediente y la negativa de funcionarios municipales a permitir la vista completa de la documentación.

Desde el Ejecutivo local ofrecieron una versión diferente. En declaraciones a un medio local, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó que el proyecto está frenado porque el predio se encuentra por encima de la cota de 220 metros sobre el nivel del mar y se encuentra ubicado en una zona considerada "área rural no urbanizable" según el Plan de Desarrollo Territorial vigente. El funcionario también advirtió la existencia de complicaciones legales vinculadas a una antigua sucesión familiar, lo que impediría habilitar obras como la apertura de calles sin que previamente se acredite adecuadamente la titularidad del dominio.

Lafosse sostuvo además que, aunque el plano de subdivisión original data de 1947, la normativa provincial se modificó sustancialmente en 1977 con la Ley 8912, que incorporó nuevos requisitos de infraestructura. Bajo esos parámetros, en una entrevista con La Voz de Tandil el funcionario afirmó que la decisión política de la Municipalidad será resguardar la zona como área de espacio natural y evitar, de ese modo, nuevos proyectos inmobiliarios en aquel sector. “Desde el Ejecutivo local -aseveró-, la iniciativa es que eso se mantenga como área natural”.

La denuncia planteó un claro contrapunto a esa postura oficial. Y es que los desarrolladores aseguraron que los argumentos técnicos y normativos invocados por el Municipio apuntan a encubrir un “bloqueo político ilegal”, orientado a demorar las actuaciones y a desgastar económicamente a los titulares del emprendimiento para asirse del terreno. En esa línea, presentaron un pedido de pronto despacho dirigido al intendente Lunghi, en el que advirtieron que el trámite administrativo permanece inmovilizado pese al cumplimiento de los requisitos exigidos en distintas etapas.

Uno de los puntos más sensibles del escrito se vincula con declaraciones públicas del propio jefe comunal. En una entrevista a la radio LU22 Tandil, Lunghi manifestó haber solicitado una “cautelar” para frenar el avance del proyecto en curso. Para los denunciantes, esa afirmación resultó particularmente grave, en tanto el “mismo intendente, cuya investigación solicitamos hoy, entre otros delitos por abuso de autoridad, afirmó haber ‘solicitado una medida cautelar’ que, hasta la fecha, no ha presentado ni nos ha sido notificada”. Para los firmantes, se trató de una frase “extorsiva y falaz” que “nos ha provocado un grave perjuicio económico, dado que las declaraciones del intendente generaron temor en posibles compradores de lotes en Miradores de Monte Cristo, afectando su disposición a invertir”.