A casi dos meses de que comenzara el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven de 23 años que fue asesinada hace 20 años en Tucumán, estaba previsto que este miércoles se diera a conocer la sentencia. Sin embargo, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, presentó un pedido para que el fiscal de Cámara Carlos Sale sea apartado, tras haber retirado los cargos en contra de uno de los acusados.

Tras haberse demorado dos décadas en llegar al proceso oral, producto de lo que los familiares de Paulina consideraron como un “mecanismo para asegurar la impunidad”, solo dos personas llegaron imputadas a esta instancia. Por un lado, la ex pareja de la joven, César Soto, acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen y, por el otro lado, Sergio Kaleñuk, amigo de Soto e hijo del ex secretario de José Alperovich, que fue señalado como encubridor.

Sin embargo, los alegatos cambiaron el panorama por completo, debido a que el fiscal Sale pidió la prisión perpetua para Soto, pero aseguró que no tenía pruebas suficientes para mantener los cargos en contra de Kaleñuk. Frente a esto, el padre de la joven presentó un recurso inédito para solicitar su apartamiento y la nulidad parcial del alegato.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, la solicitud fue presentada el lunes al mediodía ante la Cámara Penal Conclusional Sala III. Tras haber designado como abogado a Juan Emilio Abraham Musi, Lebbos se presentó en calidad de víctima, debido a que la querella había sido reservada para la hija de Paulina.

“Venimos a sostener la acusación, solicitando se decrete la nulidad parcial del alegato fiscal en lo que a Kaleñuk se refiere”, reclamaron al señalar que el representante del Ministerio Público Fiscal había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada” al retirar la acusación en contra del imputado.

Al mismo tiempo que pidieron ejercer el rol de la querella ante la ausencia de la hija de la víctima en el proceso, exigieron que se respete la pretensión punitiva que había sido demostrada al momento de elevarse el caso a juicio. Asimismo, pidieron que se haga uso del principio de razonabilidad y se designe a un nuevo fiscal.

En línea con esto, Lebbos denunció la existencia de una “asimetría procesal” respecto a los argumentos que presentó para librar al acusado de la imputación. Y apuntó que “el fiscal no logró justificar por qué la prueba que él mismo consideró suficiente para elevar la causa a juicio perdió repentinamente su aptitud conviccional”.

Por otro lado, el padre de Paulina criticó la falta de información respecto al avance del proceso. “Mi no participación es una consecuencia más del oscurantismo que hoy queda desvelado. No fue sino por la citación a testigo que fui notificado de estas actuaciones”, sostuvo al hacer referencia a que su lucha por justicia se extendió a más de 20 años.

Incluso, hizo referencia a una nota que había enviado al Ministerio Público Fiscal el 23 de Febrero de 2023, para que sea informado sobre el estado de la causa. No obstante, afirmó que nunca recibió una respuesta y, por ende, no recibió información sobre el desarrollo del proceso.

La acusación por encubrimiento contra Kaleñuk

Tras considerar que se trató de un “acto arbitrario y carente de motivación lógica”, remarcó que el hecho fue probado a lo largo de las semanas que duró el debate. “Quedó probado que Sergio Hernán Kaleñuk, lideró, junto a la cúpula política y policial de la provincia, un plan criminal destinado a ocultar la verdad material del homicidio de Paulina Alejandra Lebbos”, subrayó al destacar que la maniobra “fue garantizada por el entonces Gobernador José Jorge Alperovich”.

Como parte de prueba, el padre de Paulina recordó que el ex mandatario tucumano había aprobado los ascensos de varios agentes policiales que fueron encontrados culpables de encubrir el asesinato de su hija. Asimismo, remarcó que esas promociones también se dieron cuando los acusados eran investigados por la Justicia.

“No solamente me ofreció una ‘renta vitalicia’ o cargos públicos en el velorio de mi hija para que abandonara mi lucha, sino que también actuó activamente en la opinión pública, siendo la intervención más destacada aquella vez que dijo que conocía el nombre del asesino de Paulina Lebbos, sin que hasta el día de hoy diga a quién se refería”, sentenció.

De la misma manera, Lebbos recordó que la localización obtenida del celular de Kaleñuk había demostrado que había mentido en su declaración. Aunque este había dicho que la mañana del crimen estuvo en el Club Central Córdoba vendiendo entradas, las antenas telefónicas revelaron que entre las 09:49 y 11:52 horas estuvo en la zona de Avenida Independencia 1213.

Incluso, se habían llegado a detectar más de 200 comunicaciones que el acusado mantuvo con su padre, Alberto Kaleñuk, y los jefes policiales Hugo Raúl Sánchez y Luis Nicolás Barrera a partir de las 07:15 horas de ese domingo. Asimismo, indicó que los intercambios aumentaron durante la noche, poco después de que radicó la denuncia por desaparición.

“Este esquema permitió que el 11 de marzo de 2006, Sánchez y Barrera ordenaran a Héctor Rubén Brito y Enrique Antonio García confeccionar un acta de hallazgo falsa”, acusó el padre de Paulina, tras mencionar que se había probado el ocultamiento de las fotos originales del cuerpo y la destrucción de pruebas biológicas. Acusación que recayó sobre la bioquímica Lilia Amelia Moyano y el director Fernando Vázquez Carranza, quienes fueron señalados por dejar que las muestras se descompongan.

En ese sentido, denunció que “junto a su padre, financió la introducción de pistas falsas e inverosímiles para desviar sospecha de los ‘hijos del poder’, utilizando a personal como Francisco Vicente Picón, quien recibió dólares en mano cambiados en ‘cuevas’ ilegales” y mencionó la creación de una “policía paralela”, formada por Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, para producir “informes funcionales al poder”.

Luego de que mencionara la “posición de privilegio” con la que contaba Kaleñuk por ser un alto funcionario de la Secretaría General de la Gobernación, ratificó: “Este nivel de influencia sistémica demuestra que el imputado contaba con el poder fáctico no solo para impulsar el encubrimiento, sino para detener de forma definitiva la maquinaria de impunidad”.

Por este motivo, el padre de Paulina imploró al Tribunal que consideren “la contundencia de los elementos probatorios producidos durante el debate que destruyen de manera absoluta la inocencia de Sergio Hernán Kaleñuk y lo vinculan temporal y geográficamente con la víctima”.

“Hace memoria. Decí la verdad, no tengas miedo”, esas fueron las palabras que el padre de Paulina Lebbos le dirigió a Virginia Mercado, la mujer que supo ser amiga de su hija, pero que hoy está imputada por haber encubierto su asesinato. Poco después de que el cuerpo de la joven fuera encontrado al costado de una ruta de Tucumán en 2006, no volvieron a verse las caras hasta dos décadas más tarde.

El 26 de febrero de este año se cumplieron 20 años de la noche en la que la estudiante de 23 años desapareció, luego de haber salido de fiesta con amigos. Uno de ellos era Virginia, su confidente y compañera de carrera, con la que había tomado un remis para regresar a casa.

Al menos, eso fue lo que declaró en la comisaría, luego de que Alberto Lebbos denunciara la desaparición de su hija. Además, se cree que fue la última persona que la vio con vida, antes de que presuntamente se dirigiera a la casa de su ex pareja, padre de su hija y principal acusado, César Soto.

Sin embargo, a finales de 2025, Mercado admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen y la defensa inició el trámite para que pueda acceder a un juicio abreviado. Este viernes el juez Patricio Prado debía definir si concedía o no el pedido, pero solicitó unos días extras para evaluar la situación.

Al finalizar la audiencia, el magistrado no habría considerado como suficientes las razones expuestas por la Fiscalía y los defensores Elías Abi Cheble y Eduardo López, debido a que la acusada se negó a dar detalles sobre lo ocurrido esa noche. Por medio de una comunicación virtual, manifestó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Yo me enfermé. Yo estoy segura de que mi cáncer se debe a todo este sufrimiento, su señoría”, continuó Mercado, luego de que volvieran a pedirle que cuente lo que sucedió la noche de los hechos. Según la información a la que accedió Infobae, el juez advirtió que, para poder acceder a este beneficio, estaría obligada a dar “datos circunstanciados”, debido a que el caso toma como parámetro al antiguo Código Penal Procesal que estaba en vigencia al momento del crimen.

Tras la aclaración, la imputada aseguró que entendía lo que Prado explicaba. También le anunciaron que el padre de Paulina estaba presente en la audiencia y le concedieron la posibilidad de dirigirle la palabra. “Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, cuestionó.

En su intervención, hizo referencia a la posibilidad de que la acusada estuviera bajo amenazas e insistió: “Hace memoria. Decí la verdad, no tengas miedo”. Y rogó: “Vas a reivindicarte, Virginia. Por favor, te lo ruego por la memoria de Paulina, por tu amiga. Sabemos cómo te quería. Por favor, decí la verdad”.

A pesar de la súplica del padre de Paulina, a quien le reconoció que había sido bueno con ella y el cariño que le tenía, Mercado optó por mantener el pacto de silencio. “Fue un horror”, manifestó Alberto a este medio sobre la sensación de impotencia que lo llevó a romper en llanto al final de la audiencia.

La decisión de no aportar datos a la investigación no solo podría costarle el acceso a un proceso abreviado y a una pena reducida, sino que también pondría en juego el juicio contra los principales acusados: Soto y Sergio Kaleñuk, quien es conocido por ser el hijo de quien fuera el secretario del ex gobernador José Alperovich.

El proceso estaba programado para que comience el lunes 2 de marzo, pero el cambio de Fiscalía llevó a que su inicio se postergara para el 9 de marzo. La decisión se confirmó el jueves, luego de que el fiscal Carlos Sale solicitara una nueva fecha.

En esa misma audiencia, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó el rechazo al pedido de prescripción presentado por la defensa de Kaleñuk. De esta manera, Soto será juzgado por el delito de homicidio, mientras que Kaleñuk fue señalado por presuntamente haber encubierto el crimen.

Así, después de 20 años, el asesinato de Paulina Lebbos será evaluado por la Justicia. Y, aunque esta causa central ya reunió todas las pruebas en contra de los imputados, el testimonio -o la falta de este- de Mercado la volvió a ubicar en un lugar central, ya que sería una de las testigos claves del caso.

Todo ocurrió durante la madrugada del jueves 26 de febrero, cuando la mujer y su hija mayor habían ido en su camioneta Toyota Hilux a buscar al miembro más joven de la familia a la casa de una amiga en Padua. Sin embargo, al momento de regresar al hogar, una banda de cinco delincuentes los interceptó sobre la calle Centenario, entre San Martín y Solís.

Según confirmó el familiar de las víctimas en un diálogo con Infobae, la joven de 19 años iba al volante, cuando otra camioneta comenzó a hacerle luces. En principio, habían creído que los destellos eran una señal de permiso para adelantarlos, pero solo era la antesala de una secuencia de terror.

Luego de que el otro vehículo los sobrepasó, segundos después notaron que, en realidad, lo que buscaban era interceptarlos. Instantáneamente, la banda descendió y los acorralaron. “Tenían armas apuntándolos a la cabeza”, describió el hombre.

Ante esa situación, Norberto contó que su hija “quedó en shock” y que no podía bajarse de la camioneta, debido a que por los nervios no podía desabrocharse el cinturón. Esto generó que el ladrón que le golpeaba la ventanilla con un arma la amenazara. “Abrí porque te mató”, le habría dicho antes de efectuar dos disparos al aire.

El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona y registraron el momento en el que la joven se estrelló contra el otro vehículo mientras intentaba quitarse el cinturón. Tras el impacto, su padre aseguró que uno de ellos le abrió la puerta, la agarró del cuello y la tiraron en la calle.

Para ese entonces, su madre y su hermano ya habían descendido de la camioneta. Ambos se encontraban ilesos, pero tuvieron que acudir al hospital local, debido a que ella sufrió varias lesiones leves en la pierna y la rodilla producto de la agresión.

De acuerdo con la filmación a la que accedió este medio, el robo no llegó a durar ni un minuto. Sin embargo, el calvario para esa familia no terminó allí, debido a que media hora después confirmaron que los delincuentes le habían vaciado la billetera virtual a la madre.

Aunque dieron aviso a las entidades bancarias correspondientes para que no pudieran hacer uso de las tarjetas bancarias, afirmaron que no hicieron a tiempo a cerrar la cuenta que la mujer tenía en la entidad financiera digital. Si bien no pudo precisar la cifra de la que se apoderaron, estimaron que rondaría entre los 500 y 600 mil pesos que tenían disponibles para el día a día.

La familia denunció todo lo ocurrido en la Comisaría 2da. de San Antonio Padua, quienes le confirmaron que el caso sería girado a la Fiscalía interviniente. No obstante, todavía no lograron dar con ninguno de los responsables.

Frente al nivel de desprotección, relataron que tuvieron que reforzar las medidas de seguridad de su casa. En este sentido, decidieron cambiar todas las cerraduras de la propiedad, junto con el control del portón automático del garaje.

Al mismo tiempo, Norberto contó que su familia todavía lidiaba con el estrés producido por la violencia del robo y manifestó que su hija “tiene miedo de volver a manejar”. No obstante, afirmó que “hay que tratar de superarlo como familia y seguir adelante”, al revelar que la situación no hizo más que dejarle bronca.

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos (23) salió de fiesta a un boliche de San Miguel de Tucumán para celebrar que había aprobado una materia, sin imaginar que nunca volvería a su hogar. Desde ese entonces, su padre, Alberto Lebbos, exige justicia por la tortura seguida de muerte que sufrió su hija. Un caso que, según aseguró, sigue estancado por ciertas maniobras de encubrimiento por parte del poder.

Esa noche, la estudiante había ido a bailar al boliche “Gitana”. De allí, se fue en un remis con su amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, Virginia Mercado, quien declaró que regresó a su casa, mientras que Paulina se dirigía a la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la investigación, Mercado habría sido la última persona que la vio con vida. O eso se creía, ya que en diciembre del año pasado confesó que había mentido luego de que detectaran incongruencias en su relato.

Quedó imputada por encubrimiento agravado y a la espera de que se defina si podrá acceder a un juicio abreviado y, por ende, a una reducción en su condena por aceptar la responsabilidad del delito. “Le pedí que diga la verdad”, recordó Lebbos sobre el reencuentro que tuvieron en la audiencia. Aunque fue de forma virtual, debido a que la acusada alegó estar enferma y se conectó desde Salta.

“Hace 20 años que seguimos luchando”, lamentó Alberto al haberse cumplido dos décadas del crimen, sin que ninguno de los responsables fuera condenado. En este contexto, se regirió a la falta de avances como una “catástrofe jurídica” y denunció que la falta de verdad sería producto de un entramado de poder para proteger a los autores.

En todo este tiempo, recién la semana que viene serán llevados a juicio los principales sospechosos del crimen: Víctor César Soto y Sergio Hernán Kaleñuk. Soto es la ex pareja de la víctima, con quien tenían una hija en común, mientras que Kaleñuk es conocido por ser el hijo del secretario de José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado por abuso sexual.

El inicio de la instancia oral estaba previsto para el próximo lunes 2 de marzo. Sin embargo, Alberto anticipó en un diálogo con Infobae que este podría ser aplazado por un reciente cambio de fiscal. “Sigue funcionando esta estructura de impunidad”, acusó al señalar que “lo hacen todo a la sombra”.

De hecho, un día antes de cumplirse otro año del asesinato de su hija, contó que se había enterado de que Raúl Antonio Ferreira, uno de los altos funcionarios que había sido imputado por falso testimonio, había sido sobreseído. “Siento una conmoción, mucha emotividad”, reconoció.

Al momento del crimen, Ferreira era el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán. En 2023 habían solicitado la elevación a juicio por esta causa, pero el 25 de febrero de este año, el juez Raúl Cardozo del Juzgado de Instrucción Conclusional II decidió sobreseerlo.

Según la resolución a la que accedió este medio, la defensa, representada por el abogado Álvaro Ricardo Zelarayán, había solicitado que la acción penal fuera declarada extinta, por haber prescripto el plazo previsto para este tipo de delitos.

Anteriormente, se había realizado un juicio en 2018, en donde resultaron condenados varios altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos, el ex jefe de Policía de Tucumán, Hugo Rubén Sánchez; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Oscar Di Lella; el ex subjefe de la fuerza, Luis Nicolás Barrera; y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

Como parte de ese proceso, se ordenó investigar a más de treinta personas, que presuntamente habrían colaborado con el encubrimiento del crimen, aportado falsos testimonios o, en el caso de los funcionarios públicos, incurrido en el abuso de autoridad. De la cúpula del poder provincial, el nombre más resonante fue el de Alperovich.

A ocho años de ese fallo, tres de las personas investigadas admitieron su responsabilidad en los delitos que les atribuyeron y accedieron a juicios abreviados. El primero de ellos fue Jorge Hernán Jiménez, quien era un amigo cercano de Soto y quedó detenido en marzo de 2018 por falso testimonio.

Luego de que se llevara a cabo una investigación en su contra, en marzo de 2025, la defensa, también representada por Zelarayán, accedió al juicio abreviado. Así, fue condenado a cumplir una pena de dos años de prisión condicional.

En julio de ese mismo año, el ex subjefe de la Unidad Regional Norte, Vicente Francisco Picón, reconoció su responsabilidad de haber sido “autor voluntario y responsable del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública”. Por esto, solo le dieron dos años de prisión condicional.

Por último, el ex jefe de Inteligencia, Fernando Rodolfo Maruf, también fue condenado por el delito de “encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública”. No obstante, recibió una pena de tres años de prisión condicional y le ordenaron realizar un curso en Derechos Humanos y otro en Violencia de Género.

Frente a la cantidad de años que la Justicia impuso en cada uno de estos casos, Lebbos sostuvo que “se tienen que agravar las condenas para los funcionarios públicos que cometieran delitos”.

Al mismo tiempo que espera conocer para finales de esta semana el destino de los procesos en contra de, por un lado, Soto y Kaleñuk, y, por el otro lado, Mercado, el padre de Paulina confirmó que este jueves encabezará la marcha por Justicia que realizan todos los años en la Plaza Independencia de la capital tucumana. La convocatoria será a partir de las 17:00 horas.

Pese a los años que pasaron, Alberto reconoció que en estas fechas lo llevan a revivir todo el dolor que sufrió durante esos días. “Es como que todos los recuerdos aterrizan en tu corazón y en tu alma”, ilustró al asegurar que toda la familia Lebbos se encuentra más sólida que nunca, con el fin de lograr que los responsables del crimen de Paulina cumplan su condena correspondiente.

(Desde Doha) “Una vez estaba viendo una película y vi a alguien tomar mate”, contó el fundador de “La Tercera”, Ishaq Mohammed Al Baloshi, sin imaginar que años más tarde se transformaría en el líder en un mercado que se abre paso en Qatar. En principio, su target eran los argentinos residentes en el país árabe, pero el tiempo derivó en que los locales se animaran a probar los variados productos de industria argentina.

En un diálogo con Infobae, el emprendedor admitió que el particular ritual argentino captó su atención y lo llevó a emprender una búsqueda para poder probarlo. Al no saber hablar español, las cosas se le complicaron un poco más, hasta que compartió su primer mate en Dubai. Sin embargo, la chispa se encendió durante el mundial de fútbol organizado por Qatar en 2022.

La conexión entre Argentina, el mundial y Qatar sentó los cimientos para construir a La Tercera, sobre todo, después de que no pudiera encontrar ningún lugar donde conseguir su propio equipo de mate y yerba. De hecho, Ishaq explicó que el nombre fue inspirado en la tercera estrella que el seleccionado nacional ahora luce en sus camisetas. Tras descubrir que podía comprar yerba en Dubai, decidió comprar su primer palet de yerba y probar suerte. Más que por un interés económico, el qatarí aseguró que había nacido de una afición. Pues, en realidad, su principal fuente de ingresos proviene del servicio que brinda a las fuerzas militares de Qatar.

No obstante, la buena recepción que tuvo lo llevó a ampliar su catálogo de productos. Todo comenzó con la importación de yerba, mates y bombillas, pero recientemente sumó algunas marcas nacionales de dulce de leche y alfajores. “La gente me decía: ‘Extrañamos el dulce de leche’. No sabía lo que era, así que lo busqué y ahora lo vendo también”, comentó entre risas.

Luego de que pusiera a la venta los tradicionales dulces argentinos, Ishaq afirmó que la reacción de los argentinos al volver a verlos es lo que más atesora. “Una vez, un cliente se abrazó a una bolsa con alfajores y yerba. Los ven y lloran”, describió, con un dejo de fascinación al presenciar esa escena.

“Realmente los extrañan y eso me alienta a trabajar en esto. No solo por el dinero, porque como podes ver nuestros precios son accesibles”, señaló el creador de La Tercera al revelar que los productos también comenzaron a ganar popularidad entre los ciudadanos árabes. “Hay un montón de gente que lo toma, sobre todo, deportistas”, enfatizó.

A modo de recuento, el emprendedor destacó que los sirios y libaneses que viven en Qatar también comprenden una gran parte de sus clientes habituales. “Podes ver por vos mismo como los qataríes preguntan por el mate y lo buscan. Ahora también saben dónde encontrarlo”, remarcó al considerar a Lionel Messi como uno de los mayores impulsores de la bebida en la región.

Desde que se inició en el mercado, La Tercera ganó cierta popularidad en el área. Al punto de que fue una de las marcas convocadas a participar del programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025. Se trató del primer stand abierto al público que abrió, ya que hasta el momento solo ofrece sus productos en Instagram.

En una breve conversación con este medio, Ishaq relató que contaba con la ayuda de varios colaboradores argentinos. Uno de ellos es Rodrigo, quien se estableció en Doha por trabajo y se había convertido en su cliente. La relación se transformó en una amistad y, actualmente, lo ayuda a generar contenido para redes sociales.

A raíz del crecimiento que tuvo el negocio, el emprendedor reveló que una de sus próximas metas será abrir su primer local físico en Souq Waqif, el primer mercado qatarí donde los antiguos pescadores y comerciantes ofrecían sus productos al público. Con el paso de los años, esa modalidad se mantuvo y se amplió hasta convertirse en uno de los puntos obligatorios a conocer de la ciudad.

Pero Ishaq piensa en grande, pues su sueño es instalarse en otros distritos y centros comerciales del área. “Tengo buenos amigos ayudándome, que nos enseñan más sobre la cultura. Así que creemos que todo irá bien y nos estableceremos como el número uno”, vaticinó al confiar que a futuro buscará abrir una panadería con facturas y galletitas argentinas.

Hace quince años, Graciela Goncalves Da Silva se animaba por primera vez a plasmar su arte en las paredes del barrio porteño de Villa Urquiza. Sin embargo, lo que comenzó como un espacio de disfrute y relax se transformó en un cohete que la llevaría a representar a la Argentina en festivales de todo el mundo.

Así, su participación en el World Wide Walls de Qatar, una propuesta que reunió a varios exponentes del street art, le dio la oportunidad de teñir de colores a una ciudad marcada por tonos desérticos.

“Por esto es por lo que vale la pena todo lo que uno hace”, reflexionó la artista creadora de Animalitoland, el nombre que azarosamente eligió para su sello, sin imaginar que sería la forma en la que la reconocerían internacionalmente.

A sus espaldas, un inmenso mural que logró captar la mirada de los vecinos, transeúntes, y hasta los conductores que circulaban por las calles de la capital qatarí de Doha. Pero para llegar a este punto, tuvo que animarse a salir a la calle a dar sus primeros pinceladas.

Mirándolo desde lejos, parece otra vida. Una en la que se dedicaba al diseño gráfico y, si bien diseñaba y pintaba digitalmente, la artista recuerda que se sentía encasillada. También presionada por la exigencia y correcciones que recibía. “En realidad, yo estudié diseño gráfico y estaba trabajando. Pensé que del arte no se podía vivir, menos en Argentina”, menciona entre risas al admirar el giro de 360 grados que dio su vida.Sobre esa etapa en su vida, todavía persisten las memorias de estar encerrada entre cuatro paredes frente a una computadora. Durante un diálogo con Infobae, rememoró que deseaba más que nada “salir al sol, dejar de estar encerrada y dibujar lo que se me antojara”. Hasta que un día, una amiga que se aventuraba en las técnicas del graffiti, la incentivo a comprar su primer aerosol. Juntas plasmaron unas caritas felices, pero solo eso basto para darle rienda suelta a su imaginación y descubrir un estilo que vivía escondido en ella.“Una vez estaba pintando y alguien me dice: ‘Che, ¿vos, vos pintaste en la esquina de tal y cual, no?’”, señaló sobre el instante en el que registró el impacto que sus obras podían tener en los vecinos del barrio. La pregunta también la tomó por sorpresa, reconoció al consultarle el motivo de su interrogante. “‘Porque es el mismo estilo’, me dice. Y yo ni sabía que tenía un estilo”. Con el diario del lunes, la artista admitió no ser buena para las estrategias de marketing, ya que nunca dejaba un nombre o un contacto en cada animal que pintaba. “Yo firmo con un simbolito. No lo estaba pensando como es una publicidad que me pueden llamar. Yo quería salir a disfrutar”, se sinceró al plantear que, para ella, el arte tiene una motivación social y no solo como un medio para buscar reconocimiento y/o rédito económico.

“De hecho, yo soñaba, fantaseaba con viajar por el mundo y pintar un edificio”, mencionó al repasar su trayectoria hasta este punto. Fiel a sus inicios, Graciela continúa retratando animales a cada lugar que va. No obstante, la convocatoria que recibió para participar del intercambio cultural promovido por el programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025 se presentó como un enorme desafío.La barrera cultural entre ambas naciones la sumergió en un profunda investigación, que transformó al jerbo, un pequeño roedor saltarín que habita en la región de Asia y África, en un punto de conexión. El tamaño de la pared que le cedieron en el distrito de Al Aziziyah (Doha) le dio el poder a este animal que no supera los 25 centímetros de largo para volverse gigante.Más la obra de Goncalves Da Silva invitó a pensar desde otra perspectiva, ya que en el diseño también se puede ver como un niño lo monta como si de un caballo se tratara. “Es un poco una invitación a jugar con la mirada. Desde una apreciación de la fauna local, va a un concepto más profundo que es que las cosas no tienen un peso y una magnitud establecida, sino que depende de la mirada que uno le pone”, puntualizó.Desde que llegó a Doha, la artista se enfocó en conocer a fondo a la sociedad qatarí y sus costumbres. Esto no solo le dio otro nivel de entendimiento, sino que, inevitablemente, la llevó a cambiar su diseño original. El diseño del fondo fue el más contundente, ya que decidió recrear los textiles de la jaima, es decir, la tradicional tienda que es utilizada hasta estos días para pasar la noche en el desierto.

La idea surgió durante una visita al Museo Nacional de Qatar, donde al ver una foto de la carpa árabe, una de las organizadoras le contó que tenía muchos recuerdos familiares de viajar hacia las dunas y mantener viva una práctica ancestral. “Entonces dije: ‘Ay, acá, acá hay un sentimiento’. Dentro de todas las cosas del museo, hay una persona diciendo: ‘Esta es mi parte favorita de mi infancia’”, recordó al interpretar que quizás ese sentir podría ser compartido por otros qataríes.Y, aparentemente, su interpretación no estuvo errada. Pues, desde que comenzó a trabajar en el mural, la artista reconoció haber recibido varias muestras de afecto inesperadas. “Las caras de la gente me lo dijeron todo. O sea, un día yo estoy pintando y escucho unas bocinas fuertísimas. Me doy vuelta y una chica manejando me hace el gesto del corazón”, relató.“Los vecinos de acá me invitaron a su casa a tomar el té”, contó Graciela como una muestra de haber podido sortear las diferencias entre la cultura argentina y la qatarí. Sobre todo, porque en esta clase de sociedades la privacidad y el hogar son considerados como ámbitos sagrados. Por esto, no es tan común recibir un tipo de invitación como esta y, sin dudas, creó un lazo a través de su arte.

(Desde Doha) Luego de un año signado por el intercambio cultural promovido por el programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025, el broche de oro fue la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Qatar Financial Center (QFC). “Es una plataforma para el futuro”, destacó el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernan Lombardi, sobre la alianza constituida con la entidad financiera qatarí, que es reconocida mundialmente por ser un centro de negocios e inversiones on shore.

“Esto apenas es el comienzo”, enfatizó Lombardi en su discurso previo a firmar el documento oficial. Sentado junto al CEO del QFC, Yousuf Mohamed Al-Jada, y rodeado de los imponentes rascacielos que caracterizan a la capital qatarí, Doha, el representante porteño aseguró que el acuerdo sería un elemento extra para fortalecer los lazos institucionales. “Así, desbloqueamos oportunidades para ambos países”, concordó el ejecutivo árabe.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la base del acuerdo surgió a partir del interés mutuo por impulsar a las start ups dedicadas, principalmente, al desarrollo de la inteligencia artificial. No obstante, el objetivo central será aplicar estas herramientas en la industria de la alimentación, la salud y el agro. También el gaming se sumó a las prioridades del gobierno porteño, producto del exponencial crecimiento que tuvo en los últimos años.

“El futuro depende de las compañías y de cuanto las impulsamos”, remarcó el ministro de Desarrollo Económico, tras hacer un balance de los frutos que la alianza con el centro financiero qatarí. Solo este año se logró que cinco empresas extranjeras se instalaran en la ciudad y se estipula que, para enero de 2026, otras tres abrirán sus sedes. Por esto, considero que Buenos Aires es “una ciudad de innovación que se abre al mundo”.

Otra de las novedades que trae consigo este tratado será la apertura de una oficina de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires en Qatar. Esta funcionará como “la puerta para invertir y para que las compañías porteñas se asienten en Doha”, explicó el titular de Desarrollo Económico, luego de afirmar que el gobierno qatarí replicará la medida en el distrito porteño.

“Va a permitir a las empresas porteñas acceder a condiciones en Qatar que de otra forma no tendrían”, sostuvo Lombardi, tras deslizar que habría varias empresas de high tech nacionales que estarían interesadas en desembarcar en la región de Asia occidental. “Funcionaria como un facilitador y no tiene costo para los porteños”, aclaró.

Para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos primordiales será la búsqueda para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los habitantes. “O la utilizamos a favor de la gente o ignoramos que existe. Bueno, desde el Gobierno de la Ciudad queremos utilizarlas a favor de la gente”, remarcó el ministro, a modo de hacer un guiño al proyecto de construir un Distrito IA en la zona de Microcentro.

Aunque la iniciativa se formó por fuera del acuerdo con Qatar Financial Center, ambas medidas terminan por entrelazarse. Pues la creación de un polo de inteligencia artificial no solo buscaría impulsar el desarrollo de start ups, sino que generaría una suerte de revitalización del área. Además, se estipula que la llegada de estas compañías se traduciría en una mayor oferta laboral.

“Uno tiene que saber que todo el mundo tecnológico, y en particular estas nuevas tecnologías, son una gran oportunidad”, evaluó Lombardi. De la misma manera, indicó que el lazo con Qatar también estaría en proceso de expansión a nivel cultural. Desde las funciones que la Orquesta Filarmónica qatarí brindó en el Teatro Colón, hasta la muestra de arte contemporáneo, que viajó desde el Malba hacia el Museo Nacional de Qatar, aún estaría en tratativas una posible inversión en el área audiovisual.

En este sentido, el ministro porteño apuntó: “Nos estamos abriendo al mundo. Estamos buscando auténticamente una industria cultural que permita generar trabajo para los argentinos y a su vez que fortalezca nuestra identidad”. A su vez, sería una tarea que llevaría codo a codo con la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, quien recientemente anunció un programa destinado a posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como el mayor productor audiovisual de la región.

Después de remarcar la importancia de tender puentes para crear coproducción con otros países, el titular de la cartera de Desarrollo Económico aseveró que la inversión en la creación multimedial sería vital para el distrito. Incluso, no cerró las puertas a un futuro acercamiento en materia deportiva con Qatar. Sobre todo, tras el anuncio de la inauguración de Polo Al Marsa, el primer predio frente al mar, donde el país árabe buscará sembrar las raíces de una práctica tradicional en Argentina.

El calvario que Julieta Prandi denunció haber vivido durante los últimos años que estuvo en pareja con su ex esposo y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, fueron ratificados por la Justicia, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenara al empresario a 19 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí”.

A lo largo del juicio celebrado entre el 6 y 8 de agosto, un total de 16 personas declararon ante los jueces Lucía Leiro, Daniel Répolo y Mariano Aguilar. Entre ellos, la propia Prandi y Contardi. Mientras que la denunciante sufrió una crisis emocional al finalizar su alegato y reiterar su pedido de justicia, la estrategia del acusado se mantuvo en decir que los hechos denunciados eran falsos.

Después de que las pruebas fueran analizadas, este miércoles el Tribunal resolvió condenar a Contardi. “Se ha reunido una cantidad de prueba contundente de cargo en contra del imputado la que he descrito precedentemente y que resulta concordante entre sí“, sostuvo la jueza Leiro al remarcar que no quedaban dudas de que el hecho había ocurrido ”tal como fuera descrito por la acusación".

El fallo penal no solo ratificó la veracidad del relato de Prandi, sino que fue más allá y expuso la complejidad del caso. Aunque en el juicio solo estaba previsto juzgarse si su ex esposo era culpable de abuso sexual agravado y reiterado, la magistrada reconoció que hubo “un esquema planificado para evitar que la víctima pudiera disponer de herramientas subjetivas para salir de la situación en la que estaba envuelta y perpetrar los abusos con total impunidad“.

“El accionar del Sr. Contardi ha sido un trabajo minucioso y diagramado a socavar la personalidad de J.L.P. a un punto tal que los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana“, interpretó en el documento al que tuvo acceso Infobae, sobre los hechos sucedidos entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

Y remarcó que “no era el único tipo de violencia que padecía la sexual, sino que esto formaba parte del cuadro de violencia de género que incluía la psicológica, física y la económica”. Una situación que consideraron que era percibida por diferentes personas de su entorno, pese a que entre ellas no compartieran círculos sociales.

“Resulta inverosímil pensar que todos ellos, familiares, amigos, amigas, compañeros de trabajo, empleada, su actual pareja se pongan de acuerdo y brinden un testimonio con la finalidad de perjudicar al imputado sin motivo alguno”, apuntó Leiro, tras echar por tierra el argumento de la defensa, en el que insistían en que la denunciante había mentido.

Las huellas psicológicas que dejaron los abusos

A pesar de que el Tribunal afirmó que solo la versión de la actriz no podía ser tomada como elemento condenatorio, se hizo hincapié en las declaraciones de su psiquiatra, Rafael Ángel Herrera Milano, su psicóloga, Claudia Silvana Crupi, y las pericias que detectaron los mismos síntomas provocados por un caso de violencia de género.

De hecho, existió un detalle particular que para Herrera Milano sería un indicador del nivel de trauma soportado por la víctima: su mirada. Durante su declaración, el profesional indicó haber encontrado una similitud entre la forma de mirar de Prandi y los veteranos de Malvinas -con quienes trabajó en 2017-, ya que ambos presentaban características de “ir a la guerra”.

“Les queda eso en la mirada, difícil de explicar, pero el que lo conozca, lo reconoce”, señaló el psiquiatra al mencionar que la presentadora tenía problemas para dormir. Bajo su punto de vista, explicó que las complicaciones surgían porque lo relacionaba con el hecho de “ir a combatir”, puesto que las agresiones solían ocurrir cuando dormía.

De esta manera, interpretó que la acción de dormir no solo la llevaba a recordar lo ocurrido, sino que la hacían revivir los episodios. “Tuvo que tratarlo con psicofármacos, porque era tan gravoso, tan profundo y tan consolidado el cuadro que no alcanzaba ninguna clase de psicoterapia disponible”, subrayó.

Otro de los datos tenidos en cuenta por los jueces fueron los resultados que arrojó la Escala de Hamilton respecto a los grados de depresión (20) y ansiedad (27) sufridos por Prandi a mediados de 2022. Siendo ambos considerados como un cuadro de depresión severa y de ansiedad grave, de acuerdo con los estándares mundiales.

En línea con esto, Crupi recordó que al momento de iniciar la terapia “estaba muy frágil, tenía crisis de ansiedad, pesadillas” y que “tenía dos síntomas básicos orgánicos, uno era las náuseas, las arcadas y la otra, eran los problemas respiratorios“, por lo que relacionó la sintomatología como efectos de situaciones post traumáticas que se dieron de forma reiterada.

“Hay cosas que no se pueden inventar”, sostuvo al reconocer que había detalles y situaciones de lo vivido por Prandi que llegaron a estremecerla y a llamarle poderosamente la atención. “Se vivió un proceso en el cual se llevó a una persona a la cosificación, es decir, transformar a un sujeto en objeto que para que ese objeto lo satisficiera en sus cuestiones económicas, sexuales, sádicas fantasías“, resaltó.

Por su parte, la perito que evaluó el testimonio de la actriz, Bárbara Tomasich, aseveró que “su relato fue espontáneo, consistente, no tuvo fisuras, contradicciones“. Además, destacó que la angustia, ansiedad y mecanismos defensivos que mostró la denunciante al ser entrevistada permitieron reconocer que había indicadores ”consistentes de abuso y violencia de género“.

Entre los tipos de violencia que pudo detectar, la técnica se refirió a que había indicios de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial, los cuales consideró que la habrían llevado a desarrollar la “sobreadaptación”, un mecanismo vinculado con la disociación para soportar los hechos de violencia de manera sistemática y sostenida en el tiempo.

El análisis de los jueces sobre la declaración de Contardi

Luego de que la defensa sostuviera que la denuncia presentada por Prandi era falsa y que, según el acusado, habría existido una suerte de confusión por parte de la conductora a la hora de reconstruir cómo fueron las transferencias y compras de las propiedades en las que el matrimonio había convivido, los jueces consideraron que su relato no era congruente.

“Resulta poco creíble pensar que si todo era tan idílico, ella se fuera sin motivo alguno, con sus hijos y que él ni siquiera se molestara y que la dejara irse sin más“, respondieron sobre los dichos de Contardi de que el matrimonio no tenía problemas, que estaban enamorados y felices.

De la misma forma, apuntaron que “su defensor (Claudio Nitzcaner) en los alegatos intentó mejorar su versión refiriendo que no todo era idílico, había conflictos, pero no ocurrió un abuso sexual“. Y volvieron a resaltar que las pruebas que se produjeron durante el debate penal habían demostrado todo lo contrario a lo expuesto por el acusado.

Otras de las estrategias que fue puesta en duda por el Tribunal fue el testimonio del jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, Ángel Pelozo, quien había asegurado haber visto como la modelo entraba y salía del country en compañía de su ex pareja. "Este testimonio, a criterio de la suscripta, corrobora el testimonio de J.L.P. quien refirió que en alguna oportunidad manejó los autos en el barrio, pero que salía y entraba siempre en remis o con su pareja“, evaluaron.

La razón por la que atenuaron la pena pedida

Luego de que el fiscal Christian Fabbio encontrara culpable a Contardi y solicitara una condena de 20 años de prisión, la cual sería la pena máxima estipulada por el Código Penal argentino, el TOC N° 2 de Zárate-Campana resolvió restar un año a la pena requerida.

“Se ha valorado como atenuante la carencia de antecedentes penales condenatorios del enjuiciado“, explicaron los jueces. Asimismo, justificaron la cantidad de años al remarcar la existencia de dos agravantes relacionados con el contexto de violencia de género y las características del hecho.

Por su parte, el abogado de Prandi, Javier Baños, había pedido que el empresario fuera condenado a 50 años por “cuestiones técnicas”. Sin embargo, la consideración fue rechazada por los magistrados al considerar que sentenciar a una persona a cumplir una condena tan extensa iría en contra de la ley, la cual garantiza los derechos de los reos a reinsertarse socialmente.

Tras conocerse el veredicto, Contardi quedó detenido formalmente y fue trasladado hacia la DDI de Campana. Horas después de que terminara el juicio, se resolvió que fuera alojado en un calabozo transitorio de la Comisaría 5° de Escobar hasta que haya un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. A partir de ahora, su nombre figurará en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

A solo unos meses de que la sentencia contra Javier Odera por un triple homicidio ocurrido en un siniestro vial quedara fija, Gabriela Casco, la mamá de Ramiro Pizzolato (20), uno de los jóvenes que murió ese 22 de noviembre de 2014, denunció que el único condenado por el hecho habría sido contratado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Navarro. “No se está respetando la Justicia”, sentenció y lamentó: “Volvieron a matar a mi hijo”.

“Parece que vivimos en el mundo del revés, y que ya a nadie le importa nada”, recriminó la mamá de Ramiro en un diálogo con Infobae luego de que se enterara de que el hombre que fue reconocido por la Justicia como el responsable penal de la muerte de su hijo y de otras dos personas había sido contratado como funcionario en el área de tránsito municipal.

La noticia se dio a conocer a principios de julio, cuando habrían nombrado a Odera como el remplazo del ex auxiliar Ignacio Cioncci, quien estaba a cargo de los sectores de Seguridad Vial, Monitoreo y Licencias de Conducir. No obstante, la contratación se habría efectuado, pese a que el denunciado no terminó de cumplir con su condena.

El hombre había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación para manejar por haber ocasionado la muerte de tres jóvenes durante un siniestro vial ocurrido el 22 de noviembre de 2014. Entre las víctimas, se encontraba Ramiro, quien había sido empleado por Odera para que se sumara a la vacunación de pollos en un predio ubicado en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Por aquel entonces, el condenado solía pasar a buscar a sus empleadores en una camioneta, para luego dirigirse todos al campo. Cerca de las 7 de la mañana, el hombre se presentaba en la puerta de su casa y, de ahí, emprendían viaje para el campo. Incluso, había jornadas en las que solían pasar la noche en el lugar, pero siempre regresaba antes de los sábados al mediodía “para ver ‘Pasión de Sábado’”, tal como recordó su madre.

Sin embargo, ese día la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión. “Lo vi hacer zig zag”, declaró el camionero ante la jueza del Tribunal en lo Correccional N°1 de Mercedes, Gisela Selva, sobre la maniobra que habría realizado Odera. Segundos más tarde, el costado del acompañante se incrustó de lleno contra el otro vehículo. Ramiro y otro de los pasajeros murieron en el acto.

Para Gabriela, lo que siguió después del accidente “fue complicado y doloroso” desde el minuto cero. No fue hasta la medianoche que pudo confirmar con sus propios ojos que el cuerpo que yacía en la morgue local era el de su hijo. “Me abre el cajón y estaba Ramiro dormido”, rememoró.

“Todo empezó a girar, no entendía nada. Había que bajar los pies a la tierra”, reflexionó sobre el camino que enfrentó para poder saber qué era lo que había sucedido con su hijo. “Me sentía con los brazos cruzados y necesitaba hacer algo”, contó al mencionar que ese impulso la llevó a ponerse en contacto con Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, y Alberto Linares, quien la acompañó y asesoró a durante el proceso judicial.

En total, fueron ocho años de investigación a pulmón. De recopilar pruebas y testimonios que la ayudaran a demostrar que Odera había sido responsable de la muerte de su hijo. Un camino que, según ella, la llevó a “descubrir cosas lamentables” como, por ejemplo, los presuntos juegos que el acusado realizaba al conducir y que, en realidad, se habrían tratado de maniobras peligrosas.

“Por su negligencia, me lo arrebató de los brazos”, apuntó Gabriela al indicar que no solo se habría tratado de la forma de conducir del hombre, sino que también habría llevado a más chicos en la camioneta de lo que permite la ley.

La mamá de Ramiro aseveró que los testimonios de los compañeros de su hijo fueron claves durante el juicio celebrado en 2022, ya que muchos de ellos declararon que no solo no habrían sido transportados de manera segura, sino que también habrían realizado el trabajo en negro y sin que les permitiera comer.

Frente a los elementos que conformaron un expediente de 500 fojas aproximadamente, la jueza Selva resolvió condenar a Odera a tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para manejar. La misma quedó firme este año y recién cumpliría la primera parte de la pena en abril de 2026.

“Una condena que no me dio nada, porque a mi hijo nadie me lo devuelve”, sentenció Gabriela luego de quejarse de la falta de cumplimiento efectivo de la pena. Pues no solo el acusado habría sido contratado por el municipio pese a su historial, sino que este tampoco habría respetado la inhabilitación para conducir.

Un mes antes de que Odera fuera designado, la mujer aseguró haberlo visto detrás de un volante. “Me descompuse en mi casa”, recordó sobre la sensación que le produjo el episodio, el cual fue denunciado ante el Juzgado de Ejecución N° 1 de Mercedes, para que controle el cumplimiento de la pena.

“Ahora Odera no solo seguirá conduciendo autos ilegalmente, sino que, además, será quien otorgue Licencias y quien controle el Monitoreo de Seguridad y de Tránsito”, expuso la mujer en una carta que presentó ante la Municipalidad de Navarro, el Concejo Deliberante local y la Justicia.

A diez años del siniestro vial en el que perdió a su hijo, Gabriela sentenció: “Volvieron a matar a mi hijo”, al hacer referencia a la presunta contratación del condenado por el triple homicidio por parte del municipio. “Hoy es volver para atrás con ese dolor que me acompañará por el resto de mi vida y de mi familia”, ratificó al señalar que no tuvo respuesta por parte de las autoridades.

A una semana de que terminara el juicio contra Néstor “Piri” Pinta, el máximo campeón de la Regata de Río Negro acusado de haber entregado a sus ex alumnas para que su padre abusara sexualmente de ellas, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca condenó al deportista de élite a cumplir una condena de 4 años y 6 meses en prisión. Los jueces lo consideraron responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

La querella, que fue representada por la abogada María Fernanda Petersen, había solicitado una pena de 15 años de cárcel en contra del referente deportivo, aunque los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías consideraron que correspondía reducir la cantidad de años, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“Ha quedado probado que en fechas no precisadas, Néstor Aldo Pinta, cooperó en la perpetración de los hechos de abuso sexual cometidos por su padre, Aldo Pinta”, sentenciaron respecto de las dos denuncias que ratificaron sus ex alumnas de canotaje.

Al mismo tiempo, remarcaron que el remero se encontraba en condiciones de impedir los abusos: señalaron que este optó por no velar por el cuidado de las, por entonces, menores de edad y omitir lo que sucedía en su propiedad.

Por este motivo, los jueces evaluaron como agravantes del caso “la extensión del daño causado, la prolongación en el tiempo y la relación de asimetría entre el imputado y las víctimas”. No obstante, consideraron reducir la condena propuesta al valorar que como atenuantes “la carencia de antecedentes penales y el buen concepto”, por parte de Pinta.

De la misma manera, el tribunal descartó el pedido de absolución esbozado por la defensa del “Rey del Río”, a cargo del abogado Maximiliano De Mira, tras haber planteado que no había pruebas suficientes para poder condenarlo respecto de los cargos que le atribuyeron.

A lo largo del juicio, el patrocinador de Pinta había intentado frenar el proceso en dos ocasiones, bajo el argumento de que los elementos que fueron anexados al expediente no eran contundentes como para acusarlo de haber sido responsable de los abusos en calidad de partícipe necesario.

No obstante, la versión de la defensa fue desechada, después de que los magistrados consideraron que sí había facilitado y permitido que sus ex alumnas de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones fueran sometidas por su padre, Aldo Pinta.

El presunto autor no llegó a ser juzgado: se suicidó poco después de que se radicara la primera denuncia en su contra.

Uno de los últimos recursos que planteó la defensa durante la declaración espontánea que brindó en la jornada del miércoles 12 de febrero afirmaba que era imposible continuar con la instancia oral porque Pinta había sido sobreseído. Sin embargo, los jueces rechazaron todas sus objeciones y permitieron que el juicio siguiera su curso natural.

De esta forma, en el alegato la querella remarcó que era imposible que el deportista desconociera sobre los abusos sexuales a los que habían sido sometidas sus ex alumnas a manos de su padre, ya que ambas víctimas relataron haber sido violentadas cuando su ex entrenador llevaba al equipo de canotaje a merendar en su domicilio.

Allí se encontraba Aldo que, bajo la excusa de realizarle masajes deportivos a las atletas, las abusaba en su dormitorio matrimonial. Según constó en el expediente judicial, la habitación y el comedor eran ambientes contiguos, al punto de que era posible ver con total facilidad cómo el hombre se llevaba a las alumnas y cerraba la puerta detrás de sí.

Al exponer el contexto en el que ocurrieron los innumerables abusos, la letrada denunció que el padre de “Piri” Pinta no contaba con ninguna habilitación ni preparación para oficiar de masajista de atletas de alto rendimiento. Por este motivo, remarcó que el entrenador “no debería haber permitido que se le hicieran masajes a las niñas deportistas antes de ir al gimnasio porque no es lo recomendable”.

“El Señor Néstor Pinta no llegó a esta instancia meramente por ser ‘hijo del abusador’, sino por su cooperación dolosa en la perpetración de los abusos sexuales ocurridos”, acusó Petersen al remarcar que el entrenador de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones tenía la responsabilidad de haber velado por la seguridad de los menores que tenía a su cargo.

En línea con el planteo, la querella planteó que el campeón de la Regata de Río Negro había permitido que se concretaran los abusos sexuales por el simple hecho de no haber actuado y/o ignorado las situaciones que ocurrieron en la propiedad. “Sin esta cooperación, el no velar por el cuidado de las víctimas, las omisiones deliberadas, el delito no habría podido cometerse, ni sostenerse en el tiempo”.

Para la abogada de las denunciantes, otro de los elementos que fueron claves para que se perpetuaran los abusos fue el status de ídolo de Pinta. Y es que las víctimas aseguraron haberse sumado al club municipal, luego de haber sido invitadas por el deportista. Una propuesta que, en su momento, les generó orgullo a ambas.

“Mis padres y yo aceptamos por la historia familiar compartida, el respeto, la confianza que teníamos hacia él y su familia”, reconoció Victoria Carrión, una de las denunciantes que reveló a este medio que el factor de que hubiera una relación de amistad entre el multicampeón y sus padres -que también practicaban el canotaje- fue vital para que decidiera cambiarse de equipo.

Por su parte, Pinta había admitido la posibilidad de que “algo hubiera pasado”, cuando fue llamado a declarar por el Tribunal. Sin embargo, mantuvo firme su versión sobre que desconocía de los abusos que había cometido su padre a lo largo de los años y negó los casos presentados por las denunciantes.

A pesar de las estrategias planteadas por la defensa, los jueces ratificaron la culpabilidad del “Rey del Río” por los abusos sexuales que sufrieron sus ex alumnas de la escuela de canotaje. Un veredicto que todavía podría ser apelado por parte de la defensa y que implicaría una dilatación temporal para que se dicte la prisión efectiva para el palista.

Aunque todavía resta que la condena quede firme, la querella consideró que representa “un paso hacia la justicia, no solo para las víctimas, sino también como un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad y el deber de protección que tienen los adultos en posiciones de confianza”.

En el cierre del juicio contra el multicampeón de canotaje Néstor “Piri” Pinta, la querella solicitó que el deportista de élite fuera condenado a cumplir 15 años en prisión, por presuntamente haberle entregado ex alumnas a su padre para que abuse de ellas. Luego de que el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca volviera a rechazar un pedido de nulidad por parte de la defensa, el “Rey del Río” admitió que había varias similitudes en los relatos de las testigos.

La abogada de las denunciantes del referente deportivo de Carmen de Patagones, María Fernanda Petersen, sostuvo que el acusado debía afrontar una pena de 15 años en prisión, más accesorias legales y costas por considerarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

“El Señor Néstor Pinta no llegó a esta instancia meramente por ser ‘hijo del abusador’, sino por su cooperación dolosa en la perpetración de los abusos sexuales ocurridos”, sostuvo la letrada, después de que destacara que los hechos se habrían sostenido durante un largo período de tiempo. Aldo Pinta, el padre del remero, no será juzgado, debido a que el hombre tomó la decisión de suicidarse, luego de que se radicara la primera denuncia en su contra a mediados de 2020.

Durante el alegato, la querella destacó que “su rol como entrenador de una escuela de canotaje implica una obligación ética y legal de proteger a los menores”, al hacer referencia a que las denunciantes habrían sido menores de edad en el momento que habrían sucedido los abusos.

En el escrito al que tuvo acceso Infobae, Petersen señaló que “su inacción no solo defraudó la confianza depositada en él, sino que también permitió que se perpetraran actos de abuso que podrían haberse evitado”. Y apuntó que “sin esta cooperación, el no velar por el cuidado de las víctimas, las omisiones deliberadas, el delito no habría podido cometerse, ni sostenerse en el tiempo”.

Otro de los detalles que fueron destacados por la querella constó de las invitaciones que el acusado habría realizado a las denunciantes para que se sumaran al equipo de canotaje que él entrenaba en la Escuela Municipal de Carmen de Patagones. A la vez que remarcó que su rol de “ídolo” fue un factor clave, debido a que ambas aseguraron haberse sentido orgullosas de haber sido convocadas por él.

“No solo era director de Deporte, quien estaba a cargo de la escuela de canotaje, era el referente deportivo, el ídolo, con quien todas, según pudieron declarar las víctimas, quieren remar”, subrayó al indicar que el peso de su imagen habría sido utilizada como una “herramienta de aseguramiento de la confianza”.

Luego de reiterar que era imposible que desconociera los presuntos abusos que cometía su padre en su habitación matrimonial, debido a que él se encontraba en el cuarto contiguo en plena merienda con el resto del equipo, sostuvo que Pinta “sabiendo lo que sucedía, continuaba convocando jóvenes para que integren dicha institución”.

Incluso, la letrada cuestionó la naturaleza de las “sesiones de masajes” que su padre le realizaba a las deportistas, tras apuntar que los padres de las menores de edad nunca fueron informados. Asimismo, expuso que la habitación en la que ocurrieron los hechos no estaba preparada para ese fin, debido a que ni siquiera había una camilla de masajes en su interior.

Además de apuntar que Aldo Pinta no contaba con ningún tipo de autorización y/o contratación para ofrecer esa clase de servicios a los atletas, la querella resaltó que “como adulto deportista de élite no debería haber permitido que se le hicieran masajes a las niñas deportistas antes de ir al gimnasio porque no es lo recomendable”.

“La condena del Señor Néstor Pinta debe ser vista como un paso hacia la justicia, no solo para las víctimas, sino también como un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad y el deber de protección que tienen los adultos en posiciones de confianza”, sentenció Petersen.

Previo a esto, el referente del canotaje hizo uso de su derecho a declarar ante el tribunal, en donde volvió a negar que tuviera algún tipo de conocimiento de los presuntos abusos que habría cometido su padre en contra de sus ex alumnas. Y aseguró que se habría enterado de las denuncias, luego de que fuera convocado por el intendente de Carmen de Patagones.

Al mismo tiempo que reconoció sentirse arrepentido de la manera en la que actuó con su padre porque “hoy no lo tiene vivo”, admitió la posibilidad de que “algo hubiera pasado”. La reflexión surgió producto de los relatos aportados por las testigos, sin embargo, desconoció los casos de las denunciantes.

Frente a esto, el abogado de Pinta, Maximiliano De Mira, solicitó hacer una declaración espontánea, en donde solicitó al tribunal que diera lugar a la nulidad del requerimiento de prueba, tras considerar que la imputación no era clara y que no había elementos de prueba suficiente para continuar con el juicio.

El recurso ya había sido presentado durante la audiencia del lunes y, al igual que en la primera instancia, volvió a ser rechazado. Por este motivo, la defensa solicitó la absolución del multicampeón de la Regata de Río Negro al asegurar que no tenía manera de saber sobre la existencia de los supuestos abusos.

Luego de que se cerrara el proceso judicial, los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías contarán con una semana para tomar una resolución respecto a los hechos por los que fue acusado Pinta. El tribunal contará con tres vías posibles: aceptar el pedido de la querella, proponer una pena propia, o darle lugar a la solicitud de absolución de la defensa.

El juicio contra Néstor “Piri” Pinta, el multicampeón del canotaje que es acusado por presunta facilitación de abusos sexuales, llegará a su punto culmine este miércoles. Luego de que las denunciantes ratificaran los hechos en el estrado, la querella presentará su alegato. Por primera vez, el acusado podrá comparecer ante la Justicia y brindar su versión de los hechos.

Después de dos extensas jornadas que tuvieron lugar en el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías, la acusación solicitará la pena que podría afrontar el referente deportivo de Carmen de Patagones, en caso de que fuera encontrado culpable por los cargos que le imputaron: abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

En la audiencia del lunes el foco estuvo puesto en la declaración que realizaron las dos ex alumnas de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones ante el tribunal, el martes fue el turno de los testigos. Aunque la querella logró que todas las personas convocadas pudieran reforzar la versión de las denunciantes, la defensa, representada por el abogado Maximiliano De Mira, aún tiene pendiente llamar a un testigo más de su lado.

No obstante, la última audiencia pactada para juzgar al conocido “Rey del Río” estará marcada por la declaración de Pinta. Según indicaron fuentes oficiales del caso a Infobae, está pactado que el tribunal llame al acusado a comparecer, aunque podría existir la posibilidad de que el deportista optase por rechazar a su derecho procesal.

Una vez que se den por finalizadas la ronda de declaraciones, la querella dará a conocer el alegato. En esta oportunidad, los jueces solo evaluarán el pedido de la representante de las denunciantes, la abogada María Fernanda Petersen, debido a que el caso llegó a la instancia oral con el puesto de fiscal de juicio vacante.

La investigación fue encabezada por la fiscal Marina Lara, quien terminó por apartarse de la causa, luego de que la Justicia disolviera el sobreseimiento que le había dictado a “Piri” Pinta. La representante del Ministerio Público consideró que no había pruebas suficientes para avanzar con el juicio, pero la apelación presentada por la querella consiguió que el proceso judicial continuara con su curso.

“Esto demuestra la importancia de todos los espacios, pero sobre todo de que en los espacios públicos se den respuestas, que acompañen y que validen todo lo que denuncian y todo lo que atraviesan”, destacó Petersen durante un diálogo con este medio. Aunque no se trató de la única instancia en la que la defensa del campeón de la Regata de Río Negro intentó evitar el juicio.

De hecho, la defensa de Pinta pidió la nulidad de la imputación antes de que iniciara el debate. De acuerdo con el argumento que De Mira esbozó ante los jueces, la medida de sobreseimiento continuaba vigente sin apelación. Pero, tras evaluarse la situación, el tribunal resolvió rechazar la solicitud y continuar con la instancia oral.

La causa por presunta facilitación de abuso sexual se abrió en julio de 2020, después de que Victoria Carrión, una ex alumna de “Piri” en la escuela municipal, denunciara que había sido abusada sexualmente por el padre del deportista, Aldo Pinta, cuando su -por entonces- entrenador la llevaba a ella y a los demás jóvenes del club a merendar a su domicilio particular.

Según la declaración a la que tuvo acceso Infobae, los ataques sexuales habrían ocurrido cuando tenía entre 14 y 15 años de edad. Los hechos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, pero la joven no pudo denunciar lo sucedido ante la Justicia hasta que no cumplió los 20 años.

Al poco tiempo, la repercusión que generó la noticia en la comunidad de Carmen de Patagones alentó a otra de las ex alumnas de Pinta a revelar que también habría sido agredida por el padre de su ex entrenador. No obstante, el único que llegará a juicio será “Piri” Pinta, debido a que su padre se suicidó poco después de que trascendieran las acusaciones en su contra.

En su declaración, la víctima -de aquí en adelante “X”, para preservar su identidad- repitió el mismo modus operandi que había narrado Carrión en su declaración. Ambas aseguraron que el padre de su referente las habría abusado, luego de que se ofreciera a realizarle “masajes deportivos” en su dormitorio matrimonial, aunque éste no contaba con ningún tipo de autorización y/o contratación por parte del Municipio de Carmen de Patagones.

A pesar de la coincidencia en los hechos que relataron las denunciantes, los casos no habrían ocurrido durante el mismo período de tiempo: “X” habría sufrido las vejaciones entre 2011 y 2013, mientras que Carrión aseguró que habrían ocurrido entre 2015 y 2016. Incluso, afirmaron que no se conocieron hasta que ambas denunciaron y optaron por compartir abogada.

Cinco años después de que decidieran presentarse ante la Justicia, el caso inició la cuenta regresiva hacia su resolución. “Fue muy difícil para ellas, porque implicaba alejarse del deporte”, subrayó Petersen. No obstante, para “X” hubo un quiebre en la relación que tenía con el canotaje, ya que tomó la decisión de alejarse y nunca volvió a remar.

Nacida en el núcleo de una familia de palistas, Victoria Carrión heredó el amor por el canotaje desde que era muy pequeña. Antes de cumplir los 15 años, Néstor “Piri” Pinta, un multi campeón en el deporte y amigo cercano de sus padres, le ofreció entrenarla en la Escuela Municipal de Canotaje de Carmen de Patagones. Obnubilada por la figura de ídolo, aceptó sin dudarlo, pero no imaginó que esa situación la llevaría a denunciarlo por presuntamente haber facilitado que abusaran de ella.

Carrión denunció que el padre de su entrenador, Aldo Pinta, la habría corrompido. Se presentó ante la Justicia en julio de 2020. Ahora, “Piri” Pinta será juzgado en un juicio oral que tendrá lugar en el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca.

Este 10, 11 y 12 de febrero, los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías le darán una resolución al caso, del cual no participará el sospechoso de haber cometido los abusos sexuales, tras haberse suicidado poco después de que las acusaciones se conocieran en la ciudad. Sí su hijo, denunciado por presuntamente haber facilitado las víctimas para los ataques.

A lo largo del proceso judicial, la defensa representada por la abogada María Fernanda Petersen consiguió que el atleta profesional y ex director de Deportes de Carmen de Patagones sea juzgado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

“No lo podía entender, él era mi referente”, planteó la denunciante, según la declaración judicial a la que tuvo acceso infobae. En la mente de Victoria, en base a lo que ella cuenta, no tenía sentido cómo su entrenador nunca fue capaz de preguntarle qué le pasaba, cada vez que salía de la “sesión de masajes” que le realizaba Aldo Pinta durante los recreos que tomaban en la escuela para merendar.

Los innumerables hechos que denunció la joven habrían ocurrido en el domicilio de “Piri”, al que concurrían todos los alumnos de la escuela municipal después de que terminaran de remar, así consta en la causa.

De lunes a sábados, la casa del campeón les abría las puertas a los niños y jóvenes deportistas que entrenaban en el club municipal. Según relató la palista, habría sido atacada entre 2015 y 2016, luego de que Pinta le propusiera a ella y su familia que se cambiara del Club Náutico La Rivera a la escuela municipal de Patagones.

Para ese entonces, la oferta no encendió ninguna alarma, debido a que el reconocido campeón mantenía una relación de amistad con los padres de Victoria.

La relación entre los Carrión y los Pinta era tan cercana a tal punto que el deportista y su familia estuvieron presentes en varios acontecimientos importantes de la vida de la joven, entre ellos, su bautismo y su fiesta de 15 años. “Mis padres y yo aceptamos por la historia familiar compartida, el respeto, la confianza que teníamos hacia él y su familia”, admitió.

Aunque la joven aseguró que los abusos no habrían comenzado apenas ingresó al equipo, sí dijo haber visto cómo una de las deportistas entró a la habitación de Aldo Pinta. El mismo sitio que luego señalaría como el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Carrión, de 14 años por ese entonces, contó: “Obviamente, sin saber lo que ocurría, quedé impactada por la situación, pero no hice preguntas”.

En un principio, los entrenamientos transcurrían de manera normal, hasta que un día Aldo Pinta le hizo una seña, añadió. “Nos decía que ingresáramos a su habitación con una mirada perturbadora e intimidante y un gesto con su mano”, describió.

Pese al temor que sentía, la joven contó que era imposible escapar a la invitación, debido a que el hombre insistía: “Siempre era así. Cuando nos negábamos nos persuadía diciendo: ‘Te noto cansada, tensa’”.

“Estos abusos los cometió muchas veces”, manifestó Carrión, para luego remarcar que, en ninguna de las ocasiones, “Piri” Pinta intervino o siquiera le preguntó cómo se encontraba. De hecho, detalló que el entrenador se enfocaba en contar sus hazañas al resto de los deportistas, en tomar mate y que, algunas veces, solía dormir la siesta antes de que todos fueran al gimnasio que también se ubicaba en su casa.

“No salía llorando, pero sí salía en un estado de angustia y de shock, pero él nunca me decía, ni me preguntaba nada”, recriminó la deportista al añadir que tampoco se cuestionaba cuando tardaba en regresar al entrenamiento físico. Pues, incluso en esos momentos, Aldo Pinta habría aprovechado para repetir los abusos.

A pesar de que el acusado aseguró no haber sabido sobre los ataques sexuales que habrían ocurrido en su casa, la denunciante discrepó por completo al sostener que su lenguaje corporal denotaba que no se encontraba en buen estado luego de que sufriera los presuntos abusos.

“Néstor Pinta, figura del deporte del canotaje en nuestra comarca Patagones-Viedma, héroe del río, gladiador del río, campeón del río, dueño del río y, principalmente, dueño de todas las niñas que practicábamos canotaje en la Escuela Municipal de Carmen de Patagones, fue quien nos trasladaba hasta la casa donde convivía con su padre, permitía que Aldo Pinta nos lleve a su habitación y cometiera abusos sexuales en forma reiterada”, apuntó la joven.

La denunciante pudo reconciliarse con el deporte, luego de que le pidiera a su madre que la retirara del club municipal y adoptara ella el rol de entrenadora.

A lo largo de estos años, Carrión contó con asistencia psicológica que fueron claves para que pudiera atravesar los altibajos anímicos que sufrió por períodos. Ahora que llegó el momento del juicio, su abogada afirmó que “en este momento más que nunca es cuando está con todo tipo de acompañamiento”, debido a lo movilizante que le resultó el proceso.

A casi cinco años de que el exponente del canotaje Néstor “Piri” Pinta fuera denunciado por una de sus ex alumnas por presunta facilitación de abusos sexuales, este lunes comenzará el juicio por el caso que sacudió a la comunidad deportiva de Carmen de Patagones. A lo largo de tres extensas audiencias, la Justicia juzgará al reconocido atleta que supo ser el ídolo de los jóvenes deportistas de la ciudad.

Bajo el aporte de testigos y pruebas materiales, la defensa que representará a las dos denunciantes buscará comprobar la culpabilidad de Pinta, imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías.

Todo comenzó en julio de 2020, cuando todavía regía la cuarentena estricta por COVID-19. Luego de varios años de haber guardado silencio, Victoria Carrión, una joven palista que había sido alumna del multicampeón de canotaje en la Escuela Municipal de Carmen de Patagones, decidió denunciar las vejaciones que habría sufrido en manos de Aldo Pinta, el padre de su entrenador.

Por aquel entonces, la denunciante tenía 20 años, pero había ocultado lo sucedido por, al menos, unos cinco años. Y es que cuando tenía entre 14 y 15 años de edad denunció haber sido corrompida por el progenitor de su ídolo en reiteradas ocasiones.

Según constó en la denuncia, solía concurrir a la casa de Pinta para merendar con el resto del equipo de canotaje. Se trataba de una suerte de descanso que realizaban después de haber practicado en el río y antes de continuar con el trabajo físico en el gimnasio que “Piri” tenía en su propiedad. Aunque no pudo precisar las fechas, dijo que en esos momentos sucedieron los ataques sexuales.

Según consta en la causa, a la que accedió Infobae, con la excusa de realizarle masajes a los atletas, el padre del acusado habría llevado a la joven hacia su dormitorio matrimonial. Una vez alejados del resto de los palistas, el hombre habría consumado los abusos. No obstante, el señalado no afrontará un juicio oral, debido a que se suicidó poco después de que se conociera la denuncia en su contra.

A partir de ese punto de inflexión, Carrión continuó con el proceso en contra de su entrenador por presuntamente haber facilitado los abusos sexuales que le endilgaron a su padre. En este sentido, las fuentes judiciales remarcaron que Pinta “no veló por el cuidado de Victoria Carrión para evitar que Aldo Pinta cometiera los abusos”, tras apuntar que era una de sus responsabilidades por ser el profesor encargado de su guarda.

Pese a que el acusado había declarado ante la Justicia desconocer los cargos que le imputaron, otra ex alumna de la Escuela Municipal se animó a denunciarlo. A modo de preservar la identidad de la víctima, nos referiremos a la segunda denunciante como “X”, quien relató haber sufrido los abusos sexuales por parte de Aldo Pinta cuando tenía entre 16 y 19 años.

El caso de “X” habría ocurrido varios años antes que el de Carrión, para ser más específicos, entre 2011 y 2013. Ninguna de ellas se conoció mientras ocurrieron los hechos, debido a que “X” abandonó el club mucho antes de que Victoria se inscribiera allí.

Sin embargo, los testimonios que brindaron a la Justicia presentaron muchas similitudes, pues el padre de su entrenador también se habría aprovechado de la segunda denunciante, con la excusa de hacerle masajes deportivos. Una tarea que carecía de regulaciones, ya que el hombre nunca había sido contratado como masajista por el Municipio de Carmen de Patagones.

“Para ellas es muchísimo lo que se ha logrado”, reconoció María Fernanda Petersen, la abogada de las atletas, tras destacar una de las singularidades que marcó la causa: la ausencia de la Fiscalía en el juicio. “Las partes que vamos a estar en el juicio oral vamos a ser: particular damnificado, como titular de la acusación, y la defensa técnica del imputado”, señaló.

Durante un diálogo con Infobae, la letrada explicó que la determinación de llegar al juicio con el rol de la acusación vacante no se trató de un capricho, sino que fue el resultado de que “la Fiscalía no haya acompañado la elevación a juicio”.

Anteriormente, la investigación fue encabezada por la fiscal Marina Lara, quien había solicitado el sobreseimiento del acusado por considerar que no había pruebas suficientes para aceptar el pedido de elevación a juicio. Ante el reclamo realizado por la defensa, la Justicia habilitó la instancia oral, aunque sin la presencia de un fiscal de juicio.

“Esto demuestra la importancia de todos los espacios, pero sobre todo de que en los espacios públicos se den respuestas, que acompañen y que validen todo lo que denuncian y todo lo que atraviesan”, destacó la defensora. “Somos nosotras, quienes tenemos la carga de llevar testigos, hacer las notificaciones y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo”, amplió.

Por otro lado, Petersen admitió que el proceso “fue muy difícil para ellas, porque implicaba alejarse del deporte”, después de que mencionara el impacto social que las denuncias tuvieron en la comunidad.

“Es una persona muy conocida, es un referente en el canotaje. No es que es cualquiera”, remarcó al indicar que, previo a las denuncias, “Piri” Pinta no solo estaba a cargo del equipo de canotaje municipal, sino que ocupaba el cargo de director de Deportes de Carmen de Patagones.

Como consecuencia de los hechos, la relación de las denunciantes con el deporte cambió drásticamente. Mientras que Carrión pudo volver a practicar el canotaje, “X” decidió alejarse por completo. Asimismo, las dos tuvieron que recurrir a la asistencia psicológica.

“En el transcurso de todos estos años han tenido diferentes situaciones de altibajos y de afectación en su salud mental”, reveló Petersen al asegurar que ambas se encuentran fortalecidas para afrontar el juicio.

En la primera audiencia, ambas se sentarán ante los jueces para refrendar sus denuncias con el campeón del canotaje que, en algún momento, las inspiró a remar contra la corriente del río.

Cada seis años, la historia se repite en Venezuela. El régimen pone en marcha todas las estrategias que le son posibles con tal de evitar una derrota en las urnas, sabiendo que no cuenta con respaldo popular. Pero la elección presidencial de este domingo no parece ser una elección más en el país caribeño. Nicolás Maduro sabe que sus opciones son el fraude electoral o admitir la derrota.

A diferencia de comicios anteriores, en los que la oposición se abstuvo o se enfrentó dividida al chavismo, esta vez la elección de María Corina Machado como candidata presidencial en primarias dio un impulso al antichavismo para avanzar en su estrategia para defender la democracia a través del voto.

Como era de esperarse, el régimen desplegó todo su arsenal de artimañas para dar una batalla que solo ha demostrado el carácter autoritario del chavismo y el hastío de un pueblo agotado de la crisis.

El primer golpe fue la inhabilitación de Machado. No importó el Acuerdo de Barbados, ni haber obtenido una aplastante mayoría en las elecciones primarias, ni ningún tipo de recurso apelando al Tribunal Supremo de Justicia, afecto al régimen. El chavismo ya había decidido que ni ella, ni ninguno de los integrantes de su equipo podrían postularse a la Presidencia, con lo que se dio comienzo a una nueva ola de represión que tuvo al menos 305 víctimas en los últimos meses.

Los ataques contra el equipo de Machado comenzaron en el mes de enero, cuando fueron detenidos los coordinadores regionales del partido político Vente Venezuela, Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo).

En marzo, el régimen, a través de la Fiscalía General de la República, detuvo a Emill Brandt Ulloa, coordinador del partido en Barinas. En la misma semana, detuvieron a Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.

Para ese entonces, se conoció también que el régimen dictó órdenes de detención contra otros siete miembros del equipo de María Corina Machado que no pudieron ser efectuadas. Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda lograron refugiarse en la embajada de Argentina en Caracas, antes de que pudieran ser capturados por las fuerzas de Maduro.

Varios organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas (ONU), reportaron un incremento en el número de denuncias realizadas a lo largo de la carrera electoral. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, hasta el 22 de julio de 2024, se contabilizaron un total de 305 presos políticos, entre ellos 275 hombres y 30 mujeres. Apenas un recorte que ilustra las consecuencias del sistema de terror orquestado por la dictadura de Maduro.

“Es un mecanismo de intimidación que trata de socavar la plataforma que sostiene un camino hacia unas elecciones libres,” evaluó el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, durante un diálogo con Infobae, en donde señaló que las detenciones arbitrarias tuvieron como blanco a ‘personas que han apoyado directa o indirectamente la gira nacional o campaña política de María Corina Machado y Edmundo González.

De los 305 detenidos, 151 eran civiles; los 154 restantes, integrantes de las fuerzas militares. Todos fueron detenidos por diferentes motivos; sin embargo, el abogado defensor de los derechos humanos apuntó que todas las causas concluyen en un mismo fin: intimidar a la población.

Uno de los casos más recientes que se erigió como una postal de la persecución política que se vive en Venezuela tuvo como protagonista a Ricardo Albacete Vidal, un empresario que fue arrestado a principios de julio por haberle brindado hospedaje a María Corina durante su viaje al Estado de Táchira. “Hemos procedido con la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal en cumplimiento de la ley”, declaró en su momento el fiscal general de Venezuela, William Saab, quien reconoció que no había ninguna prueba de que hubiera incurrido en actividades ilícitas. Un hecho que no impidió que este fuera privado de su libertad. Por este motivo, Romero subrayó que “la medida tenía como fin intimidarlo y castigarlo”.

El caso no solo funciona como ejemplo, sino que también expone una nueva traba que fue impuesta por la Justicia para evitar que los presos políticos puedan acceder a una defensa. “Este año se puede caracterizar por precisamente la falta de acceso a Tribunales, la falta de acceso a expedientes y restricciones tanto físicas como obstáculos diversos a la defensa privada”, denunció Romero al mencionar que tuvieron que formularse varias denuncias en el fuero internacional al tratarse de la única vía posible para asistirse.

La situación se torna más compleja a la hora de hablar de aquellos detenidos que se encuentran en una especie de “purgatorio judicial”. Pero, ¿de qué se trata ese plano intermedio que fue construido por la Justicia chavista? Básicamente, el término hace alusión a aquellas personas que han permanecido detenidas por tiempo indefinido. Sin importar que el plazo establecido por la ley - tres años en prisión preventiva - haya sido superado.

Mientras que 145 de las personas que fueron detenidas ya cuentan con una condena, aún hay 160 reclusos que están a la espera de ser enjuiciados y condenados. No obstante, el director de Foro Penal advirtió que “lo que ocurre con esas personas es que no hay forma de acusarlas, no hay forma de sustentar su prisión y las mantienen privadas de libertad sin ningún tipo de justificación”.

Al mismo tiempo, Romero remarcó que la mayoría de los detenidos en esta situación son militares, debido a que “son el grupo que se ha querido intimidar en mayor proporción”. De hecho, mencionó que el coronel retirado José de Jesús Gámez de Bustamante es una de las víctimas de este método, debido a que lleva doce años en prisión preventiva. “No ha tenido ni siquiera la oportunidad de realizar la primera audiencia de juicio”, indicó.

Sin embargo, los datos que serían verdaderamente alarmantes corresponden a la escalada represiva que se reportó entre el 4 y el 14 de julio pasado, donde se contabilizaron un total de 71 detenciones arbitrarias que tuvieron como víctimas a 66 hombres y a 5 mujeres. Asimismo, informaron que en el 61.9% de los arrestos hubo participación de organismos estatales.

Según el organismo, unos 44 casos fueron vinculados a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); 9 al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); 4 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 2 a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); 2 a civiles armados; 1 a tránsito y 9 denuncias cuyos autores no fueron identificados. Incluso, la PNB (9), el Sebin (1) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (1) fueron acusados de haber sido parte de los 26 denuncias por hostigamientos.

A esto se le suman 11 casos de obstrucción en la vía pública, con la intención de bloquear la realización de actos de campaña proselitista, varias represalias con retención de bienes que implicaron el cierre de un restaurante de empanadas en Corozo Pando, donde María Corina había comprado un desayuno, tres allanamientos de propiedades y hasta una suma de 20 atentados contra la libertad de expresión y el acceso a la información.

El retrato del terror que atraviesa a la sociedad venezolana ha sido reiterativo a lo largo de las últimas dos décadas, sin embargo, no deja de ser preocupante para los especialistas ante la posibilidad de que el chavismo pudiera recurrir a una de sus conocidas estrategias para bloquear el camino hacia la libertad. “Como toda sociedad, requiere justicia y paz”, reflexionó el presidente de Foro Penal al remarcar que “establecerla es un ejemplo de justicia y, obviamente, es la respuesta a las víctimas”.

La victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Desde entonces el país se fue desbarrancando hacia el régimen dictatorial que hoy representa Nicolás Maduro. El régimen fue inclinando cada vez más la balanza para complicar las candidaturas opositoras, con todo tipo de trampas electorales. Aún así, en 2015 la oposición unida le asestó un duro golpe a Nicolás Maduro, venciendo en las elecciones legislativas.

La fecha que había sido fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era el 6 de diciembre. Aunque muchos obstáculos tuvieron que ser atravesados antes de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganara la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional (AN) con el 65,27% de los votos, según validó el organismo electoral.

Hacia el final del 2015, Venezuela ya se encontraba colapsada producto de la crisis económica que comenzó a registrarse dos años antes a consecuencia del modelo socialista impulsado por Chávez, que se agravó con el liderazgo de Nicolás Maduro. Una situación que también hizo tambalear la estabilidad del régimen. A pesar de que los índices venían en caída desde el 2013, ese año el país sufrió un cimbronazo producto del desplome de los precios del petróleo, el desabastecimiento de productos y la inflación récord del 180,9% acumulado ese año, según informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Para hacerle frente, el régimen impulsó políticas destinadas a reducir el gasto público, aunque también se registró un aumento del endeudamiento (interno y externo) que resultó en un salto de los índices de inflación que duplicaron el 68,5% que fue medido en el 2014. Al mismo tiempo que el Banco Central de Venezuela reconocía una baja del 20% en el consumo, la crisis se reflejaba en la falta de abastecimiento y regulaciones en las compras de productos básicos. Comenzaron, por aquella época, los retratos de venezolanos en Caracas, la capital del país, peleando en los supermercados por comida y haciendo largas filas para ingresar a establecimientos en busca de comida. Aquello llamaba la atención para los capitalinos, pero desde muchos años antes, era parte de lo cotidiano en el interior del país, incluso en las grandes ciudades.

La situación socioeconómica repercutió en las tasas de empleo y desempleo, debido a que la tasa de ocupación pasó de ser del 61,9% al 58,8%, mientras que la de desempleo alcanzó su pico del 6% en diciembre. Como consecuencia, se aceleró el éxodo de ciudadanos. La cifra de desplazados no ha parado de crecer desde entonces, y a la fecha, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más 7,7 millones de personas abandonaron el país desde entonces.

Bajo este panorama, la oposición concentró el descontento social que produjo el declive en la calidad de vida de los venezolanos, debido a que supieron unirse para simbolizar el deseo de adoptar un nuevo modelo económico ante el fracaso que representó el propuesto por el chavismo. La victoria en las parlamentarias del 2015 parecía sembrar una luz de esperanza en un pueblo que soñaba con un cambio.

“Ha triunfado la guerra económica. El terror económico instaurado a nuestro pueblo distorsionó la opinión de algunos llevándonos a la derrota”, fue la frase que pronunció Maduro durante el discurso que brindó post elecciones al reconocer la derrota. Pese a que el régimen había dado el brazo a torcer al aceptar celebrar los comicios, por aquel entonces, nadie imaginaba que el oficialismo terminaría de socavar a la oposición al bloquear las elecciones presidenciales que debían celebrarse en 2016, con la complicidad de los tribunales regionales de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo.

La victoria en las urnas no solamente representó una ventaja legislativa para la oposición que pasó a ocupar 109 bancas contra 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 3 de Representación Indígena, sino que la campaña encabezada por los dirigentes y el apoyo que recibieron de la ciudadanía se enmarcaron cómo un “modelo a seguir” en la contienda por escapar del yugo del régimen. De hecho, el hito se transformó en la victoria con mayor cantidad de votos que la oposición cosechó como fruto de 16 años de hacerle frente al chavismo.

La estrategia del chavismo que frenó los cambios de la oposición

En el período de luna de miel post elecciones, las esperanzas de la oposición comenzaban a tomar otro vuelo, hasta que el régimen buscó la manera de cortarles las alas. Una vez más, Maduro y su séquito pasaba por encima de la Ley de Orgánica de Proceso Electorales de Venezuela y de la propia Constitución, aprobadas por el propio chavismo bajo los principios de la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y la confiabilidad, entre otros.

Luego de que la victoria le diera a la oposición el control del Parlamento con una mayoría calificada, se esperaba que los diputados ganarían las facultades de emitir votos de censura en contra del vicepresidente y los ministros, aprobar enmiendas, sancionar leyes que le darían poderes legislativos al presidente e, incluso, designar y remover a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el régimen se ocupó de encontrar la forma de bloquear las habilitaciones del antichavismo en el Legislativo a través del Poder Judicial controlado por magistrados afectos a la dictadura.

Mediante una jugada de la Corte Suprema, la oposición perdió la mayoría calificada del Parlamento tras la impugnación de los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos en el estado Amazonas como representantes de la MUD. El recurso fue presentado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La impugnación se basó en denuncias de irregularidades y presunto fraude electoral ocurrido durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. Estas denuncias llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emitir una medida cautelar el 30 de diciembre de 2015, suspendiendo la proclamación de los diputados electos por esa entidad.

En 2016, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a tres diputados cuya elección había sido impugnada. Esta medida, junto con otras decisiones del TSJ, limitó significativamente el poder legislativo del Parlamento opositor y llevó al país a un nuevo nivel de confrontación: el conflicto de Poderes.

El chavismo se impuso en el poder legislativo por medio de la creación ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, Maduro halló el camino para perpetuarse en el poder y evitar que los opositores bloquearan sus políticas y reformas.

La razón de ser de la ANC era sostener un parlamento paralelo, en el que solo fueron admitidos diputados chavistas. Si bien la Constitución venezolana contempla la creación de nuevos organismos, para que estos sean considerados oficiales deben ser aprobados por medio de un referéndum.

No obstante, la instancia no fue contemplada ante el presunto rechazo que podría haber manifestado el pueblo y su posterior disolución. De esta manera, el régimen se aseguró de arrebatarle a la oposición la posibilidad de seleccionar a las autoridades judiciales y electorales, debido a que esta facultad recayó en manos de este segundo parlamento.

Otra de las funciones claves que cumplió la cámara chavista se relaciona directamente con los bloqueos e inhabilitaciones que sufrieron los candidatos presentados por la oposición. El caso más reciente fue el de María Corina Machado, quien se enfilaba como la favorita de la disidencia hasta que la CNE confirmó su prohibición para ejercer cargos públicos en marzo de este año.

En octubre del año pasado, Machado ganó las elecciones primarias de la oposición con un contundente 92,35% del apoyo ciudadano. La reacción del oficialismo surgió por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en enero falló en su contra y ratificó la inhabilitación de 15 años impuesta por la Contraloría General de la República.

La sanción allanó el terreno para que el CNE bloqueara su inscripción sin que pudiera presentarse queja alguna. “Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente”, explicaron desde la página oficial sobre los motivos detrás de la baja de María Corina.

Este año, la oposición unió fuerzas al crear la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la que promete ser la mayor coalición antichavista y que es representada por Edmundo González Urrutia. Mientras, el régimen, agotado y sin recursos, pero necesitado del control sobre el poder, se enfrenta a mayor desafío: reconocer la derrota o avanzar con un nuevo fraude electoral.