El operativo policial se realizó en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Santa Anita, permitió el rescate de un prestamista colombiano (bajo la modalidad de ‘gota a gota’) que había sido secuestrado por una banda de delincuentes de nacionalidad venezolana.

El incidente, que se transformó en un episodio de alta tensión en plena vía pública por la persecución, el cruce de disparos y a los delincuentes rodeados por los agentes, terminó con dos detenidos, pero el tercer implicado, al no ver escapatoria, tomó la decisión de quitarse la vida con el revólver que llevaba consigo.

El caso se reportó a las 11:20 de la mañana en el jirón Abedul, en el distrito de El Agustino, cuando sujetos armados interceptaron a José Armando Villada Castañeda (29 años) y lo subieron por la fuerza a un vehículo Toyota con lunas polarizadas, placa BPF-092.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima se dedicaba a la modalidad de extorsión conocida como gota a gota, según confirmó el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola.

Vecinos que presenciaron el secuestro alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de agentes de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad y de la División de Secuestros (Divise), ambas dependientes de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), con apoyo de la Región Policial Lima Centro.

Los equipos analizaron cámaras de seguridad y rastrearon el vehículo hasta el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, entre los distritos de Ate y La Molina, señaló un informe del portal Trome.

En ese punto, mientras el auto se encontraba en la cola para pagar en ventanilla, los detectives rodearon el vehículo y dieron la voz de alto.

“¡Al piso, carajo!” fue la orden con la que cercaron a los secuestradores, según relataron testigos.

El comandante Arriola detalló que los agentes esperaron el momento y la posición más adecuados para intervenir, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El cruce de disparos entre los uniformados y los malhechores causó momentos de pánico entre choferes, vendedores y trabajadores del peaje, que salieron a buscar refugio y resultaron ilesos.

Los detenidos fueron identificados como Israel Rodríguez Palacios (29), alias Chato, y Saúl Bernal Campos (23).

Por su parte, un tercer sujeto, conocido como alias Chino se suicidó de un disparo en la cabeza al verse atrapado por la Policía.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, por sus características físicas se presume que el fallecido también era venezolano, aunque su identidad definitiva será confirmada por Migraciones y archivos policiales.

Las autoridades indicaron que los secuestradores formarían parte de la banda Los Malditos del Pepeo, dedicada a la extorsión y el sicariato.

La hipótesis sobre el intento de secuestro del prestamista colombiano en Lima

El móvil principal del secuestro, según las primeras indagaciones, sería una disputa por el control de actividades ilícitas entre organizaciones de origen extranjero.

Los delincuentes exigían un rescate de 100.000 soles por la liberación de la víctima, a quien planeaban asesinar si no se concretaba el pago.

El caso no pasó inadvertido y volvió a poner sobre el tablero la presencia de redes delictivas extranjeras en la capital peruana (sobre todo de Colombia y Venezuela).

Tal fue la indignación por lo que sucedió, que luego de que los agentes se llevaron detenidos a los dos criminales, uno de los transeúntes grito: “¡Así tienen que terminar todos los delincuentes!”

La investigación continúa para determinar si existen más implicados y esclarecer los vínculos de la banda con otros delitos similares en la ciudad. Mientras tanto, Villada (que también resultó ileso tras la balacera) y se encuentra bajo custodia policial para rendir testimonio y colaborar con las pesquisas.

El anuncio se hizo tras el éxito inesperado y masivo que tuvo el Mundial de Desayunos en 2025, y en el que millones de seguidores votaron y debatieron sobre la mejor propuesta matutina del planeta, y en el que Colombia espera volver a ser protagonista.

En su anuncio, Llanos comenzó recordando la experiencia previa: “El año pasado ganó Perú y ganó la sartén de oro, la sartén dorada, una sartén que ha sido muy criticada, pero muy criticada. He recibido comentarios, pero diciéndome barbaridades por la sartén de oro (el nombre del título que recibió Perú al ganar la primera edición del Mundial de Desayunos) y muchos peruanos muy enfadados. Por lo tanto, este año yo me comprometo a que el premio sea muchísimo mejor que el año pasado”.

El streamer reconoció que no esperaba la repercusión que alcanzó el torneo anterior y, por eso, ahora invita a su comunidad a sugerir ideas para el galardón de esta edición.

“¿Cuál debería ser el premio para el país ganador del mundial de comidas? Pero un premio realista, que tenga sentido, que sea bonito, un detalle que sea espectacular. Por favor, no me digáis cosas que sean absolutamente imposibles, lo pido de corazón”, comentó el creador de contenido español.

Ibai Llanos también relató cómo, tras la victoria de Perú en el Mundial de Desayunos, viajó a Lima para probar el tradicional pan con chicharrón en uno de los establecimientos más reconocidos de la capital peruana. Para esta nueva edición, el streamer promete que el reconocimiento al país campeón será más significativo y adaptado a la dimensión que ha alcanzado el concurso.

Colombia y el debut ante República Dominicana en los octavos de final

Uno de los momentos más esperados del anuncio fue la confirmación de los primeros cruces de octavos de final.

Colombia tendrá su debut enfrentando al arroz con habichuelas de República Dominicana, en un duelo que Llanos describió con entusiasmo y respeto por la tradición culinaria de ambos países.

“Su propio nombre lo dice. Arroz con habichuelas. Es arroz, habichuelas y pollo. Esto lo comí en casa de Steven Santos, más conocido como RD Javi, si me estás viendo, te mando un abrazo porque me lo hizo su padre, si no recuerdo mal. Esto es un espectáculo, os lo digo de verdad. Esto es sencillo, pero esto bien hecho es una locura (...) también se conoce como la banderal”, inicia Llanos en la segunda grabación en la que presenta el platillo tradicional del país caribeño.

Sobre la elección de la representación nacional de Colombia, Llanos detalló: “Por parte de Colombia había varias opciones. Me habéis dicho muchas, pero por Dios santo, esto es la bandeja paisa”.

El español recordó que cuando vino al país a inicios de diciembre de 2025 (estuvo en Medellín), la comió “en casa de Ovy (on the drums) con Westcol, sin palabras”.

“O sea, la bandeja paisa es otro rollo, igual que el arroz con habichuelas. Son dos grandes platos. ¿Qué lleva la bandeja paisa? Pues la bandeja paisa puede llevar muchas cosas: frijoles rojos, arroz, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo frito, plátano maduro, aguacate, arepa”, detalló Llanos sobre los elementos que componen uno de los platos más reconocidos de la gastronomía colombiana a nivel internacional.

El streamer invitó a su audiencia a participar activamente en la votación: “Ahora es vuestro turno. Votad. Bandeja paisa colombiana o el arroz con habichuelas de República Dominicana. Sígueme para no perderte este mundial de comidas”.

Sobre cómo se registran los votos, el creador de contenido determinó que la interacción en redes sociales será el mecanismo fundamental para determinar cuál de los dos platos avanza a la siguiente ronda, repitiendo la fórmula que ya convirtió el torneo de desayunos en un fenómeno global.

Las bases del torneo y el impacto de la iniciativa

El formato del Mundial de Comidas sigue el modelo de eliminación directa, con duelos entre platos representativos de cada país.

Los enfrentamientos se anuncian con antelación y los seguidores eligen a los ganadores a través de encuestas en las redes sociales de Ibai Llanos.

La dinámica fomenta la participación de la audiencia y, al mismo tiempo, genera debates sobre identidad, tradición y cultura gastronómica, y Llanos resaltó el valor de la experiencia culinaria, al recordar cómo en la edición anterior cumplió la promesa de viajar personalmente al país ganador.

“La gracia un poco del Mundial de Desayunos es que después yo fui a Perú, fui a Lima para probar el auténtico pan con chicharrón en el mejor sitio de todo Lima, Perú, que hacen los panes con chicharrón, que digamos que era un poco la gracia, más que la sartén de oro, es que yo mismo fui a Perú para probar la propia gastronomía peruana que había sido campeona del mundial de desayunos”, comentó el streamer.

La expectativa en torno al certamen también se centra en la elección del premio, aspecto sobre el cual Llanos pidió sugerencias directas de su audiencia. “Estamos llegando a los cuartos de final”, dijo el español, al anticipar que la competencia avanzará rápido y que cada ronda agregará emoción al desarrollo del torneo.

Estos son los enfrentamientos:

España vs. Argentina

Paraguay vs. Uruguay

Perú vs. Honduras

Guatemala vs. México

República Dominicana vs. Colombia

Venezuela vs. El Salvador

Bolivia vs. Chile

Ecuador vs. Cuba

En medio de la serie de anuncios de golpes en contra de criminales internacionales y objetivo de alto valor por sus nexos con grupos armados ilegales y actividades relacionadas con narcotráfico, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha desplegado una operación sin precedentes para capturar a Naín Pérez Toncel, más conocido como alias Bendito Menor.

Este sujeto es considerado el criminal más peligroso de la costa Caribe colombiana y es el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (Acsn y que también se conoce como Los Pachenca).

Las acciones, que cuentan con el respaldo de tecnología e inteligencia de Estados Unidos, se desarrollan en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, y buscan cerrar definitivamente las rutas de escape del fugitivo.

La operación se ejecuta por tierra, aire y mar, con equipos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional patrullando áreas estratégicas, señalaron fuentes a la revista Semana.

El despliegue marítimo en el Caribe responde a reportes sobre el movimiento de alias Bendito Menor en lanchas rápidas, con las que se desplaza entre zonas rurales y, de manera eventual, cruza la frontera colombiana.

Un oficial de inteligencia militar señaló al mismo medio que el cerco se estrecha diariamente gracias al monitoreo constante en las áreas donde el cabecilla suele refugiarse.

La participación de Estados Unidos se considera determinante, dado que permite a los equipos colombianos acceder a tecnología avanzada para la intervención de comunicaciones, incluso ante los intentos del grupo criminal de utilizar equipos encriptados.

“El apoyo de Estados Unidos en medio de esta operación es decisivo porque cuentan con tecnología de punta que nos permite intervenir sus comunicaciones, aunque ellos digan que utilizan aparatos que hacen que no sean interceptados”, indicó una fuente militar.

Los retos para el Gobierno del “Tigre”: las condiciones adversas en medio de la caza de “Bendito Menor”

La operación enfrenta retos significativos debido a las redes de apoyo en las comunidades locales, que alertan a los integrantes del grupo sobre los movimientos de las tropas.

Por esta razón, las autoridades han optado por ataques aéreos cuando la situación lo requiere.

“Las redes de apoyo en las comunidades han sido uno de los retos mayores de esta operación porque cuando movemos las tropas, la misma comunidad les cuenta a los objetivos, entonces se mueven una vez los tenemos ubicados”, explicó la fuente al mismo medio, y además aseguró que la orden es capturar a alias Bendito Menor y, en caso de resistencia, proceder con la fuerza.

De otro lado, expertos como Pedro David Tobías, analista en temas políticos y de conflicto, destacan que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra mantienen fuertes lazos familiares y sociales con las comunidades donde operan, lo que dificulta las operaciones de las fuerzas estatales.

“Son los nietos, hijos y sobrinos de personas que todavía viven en el sector. Por eso, cuando son bombardeados o atacados, las comunidades suelen reaccionar con protestas y movilizaciones para defenderse o bloquear las vías”, explicó Tobías.

Por su parte, la investigadora Norma Vera Salazar agregó que la capacidad armada y el control territorial de la organización en los tres departamentos donde se concentra el operativo.

“Tienen más de mil hombres en armas y presencia en La Guajira, Magdalena y parte del Cesar. No en vano la Alerta Temprana 055 reconoce el poder de esta organización criminal que maneja rutas del narcotráfico, extorsión, microtráfico, blanqueo de tierras y hasta el sistema de gota a gota”, afirmó Vera Salazar.

La operación en marcha representa una de las acciones más coordinadas y tecnológicamente avanzadas contra la criminalidad en la región Caribe, bajo la directriz de la presidencia de Abelardo de la Espriella y con colaboración internacional.

Las autoridades consideran que la captura o neutralización de alias Bendito Menor es cuestión de tiempo, en medio de un ambiente de alta tensión en los territorios donde se desarrolla el operativo, y siguiendo así la orden que De la Espriella le dio a su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

“(Alias Naín o Bendito Menor) este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo el presidente De la Espriella el 9 de julio desde su cuenta de X.

Al final de aquella publicación, el “Tigre” dejó esta advertencia final, y en especial, a “Bendito Menor”: “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

El hoy detenido es señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delictivo organizado Los Tiguerones.

Su captura se registró tras una operación conjunta que incluyó cooperación internacional y seguimiento judicial que se consumó en Armenia (Quindío), y cuyos detalles se conocieron días después por parte de las autoridades colombianas.

Según la información oficial, alias Colombia era un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en delitos como homicidios, sicariato y narcotráfico.

El prontuario criminal de alias Colombia, cabecilla Los Tiguerones

El historial policial le atribuye más de 20 años de actividad criminal, con antecedentes que incluyen homicidios y tráfico de drogas, así como la coordinación de actividades ilícitas desde diversos países de la región.

En 2023, Vásquez Ortiz se fugó de la cárcel de La Roca en Ecuador, aunque posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a su país de origen.

Las investigaciones revelan que en 2022 obtuvo el beneficio de prelibertad, pero incumplió las condiciones judiciales y huyó de forma irregular hacia Colombia.

Desde allí, mantuvo la coordinación de actividades de narcotráfico y sicariato, consolidando su influencia en la estructura de Los Tiguerones en Ecuador.

Las autoridades también lo relacionan con un homicidio ocurrido en Medellín en 2022. Las pesquisas policiales permitieron ubicar su paradero y ejecutar su detención mediante una orden judicial.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima habría sido enviada desde Ecuador por la propia organización criminal con la misión de sustituir a alias Colombia en la línea de mando.

De acuerdo con fuentes policiales, alias Colombia ejercía control sobre sectores del noroeste de Guayaquil y zonas de Esmeraldas, y presuntamente lideraba una facción interna del grupo conocida como Los Fénix, destacó el diario Extra.

Tras su captura, las autoridades avanzan en los trámites judiciales para definir los procesos penales que enfrentará en adelante.

Su objetivo principal era fortalecer la estructura financiera del narcotráfico y coordinar acciones de sicariato para el grupo delictivo organizado, enfocado en ciudades como Cali, Medellín y Armenia.

La misma semana cayó en Colombia alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como alias Páez o Nairobi, señalado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua en Perú y hombre cercano a alias Niño Guerrero.

La detención se produjo el jueves 27 de agosto en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), como resultado de una operación coordinada entre la Fuerza Pública colombiana y agencias internacionales de seguridad.

Pérez Nieto es acusado por las autoridades de encabezar actividades de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos similares.

La captura de alias Nairobi responde a un seguimiento detallado de sus movimientos en la capital colombiana y un golpe significativo para la estructura del Tren de Aragua, organización criminal transnacional con presencia en varios países de la región.

El presidente De la Espriella destacó el operativo a través de sus redes sociales, y sostuvo: “Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’”.

En su mensaje, el mandatario reiteró la postura del gobierno frente al crimen organizado: “El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.

Las autoridades subrayaron que la aprehensión de Pérez Nieto es parte de una estrategia enfocada en impedir que Colombia se convierta en refugio para líderes de organizaciones criminales extranjeras.

La mañana del sábado 29 de agostó se confirmaron los detalles del operativo de rescate de dos mujeres de nacionalidad colombiana por parte de las autoridades de Nigeria.

De acuerdo con lo que señaló el reporte oficial, Maria Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Rios Mesa habrían sido víctimas de una red de trata de personas y permanecieron en cautiverio en un escondite criminal ubicado en Lagos.

El operativo se llevó a cabo por parte de agentes de la Policía Nacional de Nigeria tras recibir información de la Interpol-NCB (National Central Bureaus u Oficina Central Nacional) de Bogotá el miércoles 26 de agosto de 2026.

Las dos colombianas fueron atraídas a Nigeria bajo falsas promesas y, una vez en el país, sus documentos de viaje fueron confiscados por los traficantes.

La policía nigeriana, tras recibir la alerta, puso en marcha una operación encubierta que permitió localizar el lugar donde se encontraban. Sin embargo, los sospechosos, que serían de nacionalidad china, huyeron al percatarse de la presencia policial, y dejaron a su suerte a las víctimas.

Las dos colombianas fueron rescatadas ilesas y se encuentran bajo custodia de la policía recibiendo el apoyo necesario.

A su vez, desde la Embajada de Colombia en Accra está colaborando con las autoridades nigerianas para gestionar alojamiento hotelero temporal y la expedición de documentos de viaje de emergencia para facilitar el retorno seguro de las mujeres a Bogotá.

Las autoridades nigerianas continúan las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos responsables, quienes permanecen prófugos. Según la policía, ya se han intensificado los esfuerzos para detener a los integrantes de la red, especialmente a los ciudadanos chinos presuntamente involucrados en la operación.

El Inspector General de Policía, Olatunji Rilwan Disu, reafirmó el compromiso de la fuerza policial nigeriana con la protección de los residentes y el fortalecimiento de las alianzas internacionales para combatir delitos transnacionales como la trata de personas, luego de que resaltó la colaboración entre agencias de distintos países fue clave para el desenlace exitoso de la operación.

Recomendaciones para tener

1. Informarse y mantenerse alerta

• Desconfíe de ofertas laborales, educativas o de viaje que parezcan demasiado buenas para ser verdad, sobre todo si implican salir del país o cambiar de ciudad rápidamente.

2. Verificar la legitimidad de las ofertas

• Investigue a fondo las empresas, agencias o personas que hacen ofertas de empleo, estudio o modelaje.
• Consulte páginas oficiales, busca referencias y verifica la existencia física de la empresa o entidad.
• No entregue documentos personales ni firmes contratos sin antes consultar con adultos de confianza o expertos.

3. Manténga la comunicación

• Informe siempre a familiares o amigos cercanos sobre tus movimientos, especialmente si te encuentras con desconocidos o viajas a lugares nuevos.
• Comparta su ubicación en tiempo real y mantén cargado tu celular.

4. Proteja su información personal

• No publique datos personales, planes de viaje o información sensible en redes sociales.
• Configure la privacidad de sus cuentas y desconfía de desconocidos que buscan entablar relaciones rápidamente en línea.

5. Viaje de forma segura

• Evite aceptar viajes, hospedaje o transporte de personas que no conozcas bien.
• Si viaja al exterior, registra tu viaje en el consulado o embajada colombiana en el país de destino.

6. Atención a señales de alerta

• Si la presionan para mudarse, trabajar o entregar documentos rápidamente, es una señal de alerta.
• Si le retienen documentos, restringen su comunicación o le aíslan, busque ayuda de inmediato.

7. Confía en su intuición

• Si algo te parece sospechoso o le incomoda, consulte con personas de confianza antes de tomar decisiones.

8. Busque ayuda

• Recuerda que existen líneas de atención gratuitas y confidenciales, como:
• • Línea Nacional contra la Trata de Personas: 01 8000 52 2020
  • Línea de emergencia 123 en Colombia

9. Denuncia

• Si sospechas que tú o alguien más está en riesgo, denuncia a las autoridades o busca ayuda en organizaciones especializadas.

10. Apoya y comparte información

• Difunde información de prevención y apoyo entre tus amigas, familiares y redes sociales.

Este movimiento, sumado al rechazo de la Fiscalía a la solicitud de traslado, desató un intenso enfrentamiento público en redes sociales y evidenció profundas divisiones dentro de la coalición de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que llevaron a que la senadora Isabel Zuleta sentara su posición sobre esta controversia.

El detonante fue la revelación de que los representantes Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas—todos del Pacto Histórico—votaron junto a otros partidos a favor de trasladar el expediente a la Comisión de Acusaciones.

La decisión sorprendió porque desde sus inicios el Pacto Histórico ha criticado con dureza a dicha comisión y la ha calificado de “comisión de absolución” por su baja efectividad para condenar o acusar formalmente a expresidentes.

“Con una inmensa tristeza y preocupación quedé con la explicación dada por el @PactoCol, entiendo que el CD fue el que impulsó la proposición y que tenían la mayoría de votos, pero así hubiésemos perdido el deber moral era votar no, dejar las constancias que las víctimas esperamos”, inició la réplica de la congresista, que además de su mensaje en X el viernes 29 de agosto, también compartió un video con algunas de sus conclusiones.

Zuleta detalló lo que podría suceder pronto en este caso judicial y se mostró impotente frente a la situación.

“El efecto práctico de esto es que los abogados de la defensa del señor Uribe pedirán que se aplace la indagatoria prevista para el 4 de septiembre en la @FiscaliaCol”, explicó la senadora, que no ocultó su desazón al afirmar: “Tantos años esperando, sufriendo en silencio el destierro miles de desplazados que quedamos vivos pero con el alma rota por la manera como nos arrancaron de esas montañas hermosas de Ituango, no es justo que se atrase ni un día esta oportunidad esperada para avanzar en algo en la justicia tan esquiva para mi adolorido territorio”.

Zuleta expresó que “cuando ocurrieron las masacres de El Aro y de La Granja en mi municipio, el municipio de Ituango, Antioquia, el señor Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento. Ninguna competencia tiene el Congreso de la República”.

Para la hoy senadora, Uribe Vélez “nunca debió ser presidente de nuestro país porque su participación quedó probada”. Zuleta fue más allá y puntualizó: “Las víctimas lo sabemos. Las víctimas del paramilitarismo en Antioquia y específicamente en Ituango sabemos de su responsabilidad. No fueron las únicas masacres que ocurrieron, muchas otras. Yo documenté más de doscientas masacres en el cañón del río Cauca y específicamente masacres tan aterradoras como las que ocurrieron en Orobajo, en Barbacoas, vecinos municipios de Ituango, pero del mismo cañón del río Cauca en donde queda El Aro”.

“Sabíamos lo que querían, sabíamos el dominio del territorio que buscaban. Así que no, la competencia no es del Congreso de la República. Sabemos que la defensa de Álvaro Uribe Vélez es eludir la responsabilidad y eludir a la justicia. Eso es lo que ha hecho durante tantos años, eludir la justicia para que su proyecto político de derecha no salga afectado. Mucho menos en este momento en el que están en una crisis, en una disputa entre la derecha extrema y la derecha que representa este señor Álvaro Uribe Vélez”, expuso más adelante dentro de sus argumentos la senadora Zuleta.

La congresista habló más adelante en la grabación y “como víctima” rechazó “que se haya presentado por parte de la bancada del Centro Democrático esta proposición, pero también que haya sido aprobada por mi bancada”.

Además de su inconformidad con lo que se resolvió en la Comisión de Acusaciones, la senadora le exigió “justicia a la Fiscalía”, y que se “avance con lo que ya las víctimas sabemos y es su responsabilidad (según Zuleta, de Uribe), que avance con la justicia, porque nosotros no solo no estamos dispuestos a negociar bajo ningún criterio impunidad para los grandes criminales de este país”.

Al final del video, la congresista le expresó a su partido (Pacto Histórico) que “sea coherente con las víctimas”.

“Yo lamento esta situación y la instrumentalización también que se está haciendo por parte de algunos abogados que no han estado con las víctimas. No han estado en Ituango. Se han apropiado de las luchas. Pero definitivamente no puede ser que este caso llegue a ser investigado por el Congreso de la República, porque no tiene competencia ni su Comisión de Acusaciones ni de ninguna manera el Congreso, porque el señor Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia en ese momento”, concluyó Zuleta.

La justificación de Gabriel Becerra, uno de los cinco congresistas del Pacto Histórico que votó en la Comisión de Acusaciones

En un intento por justificar su actuación, el representante Gabriel Becerra difundió un comunicado oficial, respaldado por los otros congresistas del Pacto involucrados (Toro, Pizarro, Landínez y Bastidas), en el que aseguran que “no existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”.

“No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, añade el documento, en el que los cinco explicaron que en principio consideraron “razonable y jurídicamente pertinente” clarificar la competencia procesal, pero al final respaldaron “que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”, detalla la respuesta oficial.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a otros referentes de la coalición. Una de ellas, la senadora Carolina Corcho, le respondió de forma contundente a Becerra vía X.

“Apreciado colega, es obvio que la competencia para investigar al señor Álvaro Uribe es de la Fiscalía, dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús María Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser Presidente que fue 2002 a 2010, donde no hay hecho investigado. Los hechos fueron previos a su Presidencia, luego no existe duda de que es la fiscalía quien debe investigarlo”, señaló la exministra de Salud de la administración de Gustavo Petro y con una posición similar a la que expresó Zuleta.

Corcho recalcó en su réplica a Becerra que en 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró estos crímenes como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, y sentenció: “No es aceptable el voto que hicieron”.

Por su parte, el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, sumó críticas desde otras corrientes políticas ajenas al Pacto Histórico y señaló la decisión como “la hipocresía del Pacto Histórico en su máxima expresión”.

Por su parte, la Fiscalía General rechazó la solicitud de traslado del expediente y, como estaba en el calendario, el 4 de septiembre se llevará a cabo la diligencia de indagatoria de Uribe en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá.

La palabra final sobre quién debe juzgar a Uribe la tendrá la Corte Constitucional, que deberá estudiar los argumentos técnicos de ambas partes y emitir un fallo definitivo.

Según el acta de la sesión del 19 de agosto, 15 de los integrantes de la Comisión Legal de Investigación y Acusación votaron por el “sí”, uno por el “no” y otro voto fue “excluido”. Entre quienes apoyaron la solicitud estuvieron congresistas del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) y el propio Pacto Histórico, lo que generó aún más confusión y polémica sobre eventuales alianzas políticas.

Así quedó la votación en la Comisión de Acusaciones:

A raíz de lo anterior, la congresista de Dignidad y Compromiso pidió la intervención directa de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para investigar a los responsables de difundir los señalamientos y del uso indebido de su imagen en contenidos digitales editados con logotipos del grupo armado ilegal.

Por tal motivo, desde la Defensoría se alertó sobre los riesgos que enfrenta la senadora Pedraza luego de la circulación de señalamientos sin fundamento que la colocan como integrante del grupo armadol ilegal, y los calificó como “difamatorios”.

En el pronunciamiento también se advirtió que ponen en peligro la vida e integridad tanto de la congresista como de su equipo de trabajo (UTL o Unidad de Trabajo Legislativo), además de afectar el ejercicio libre y seguro de su función.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, asociar a una persona con un grupo armado ilegal sin pruebas no está amparado por la libertad de expresión y puede constituir una forma de persecución relacionada con posturas políticas. Además, la institución insistió en la importancia de garantizar que quienes asumen posiciones críticas puedan hacerlo sin exponerse a estigmatizaciones que incrementen los riesgos para su seguridad.

En respuesta a la situación, la Defensoría le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad los hechos denunciados por la senadora Pedraza, esclarecer el origen y la difusión de las acusaciones, y determinar las responsabilidades correspondientes.

Al final, el comunicado también exhorta a quienes participan en el debate público, así como a quienes difunden contenidos en redes sociales, a ejercer la crítica con responsabilidad y evitar acusaciones sin sustento que puedan poner en riesgo a quienes sostienen posiciones diferentes.

Por último, desde la Defensoría se invitó a todos los partidos políticos a rechazar las acusaciones contra la senadora y reiterar su compromiso con la defensa del pluralismo democrático y la libertad de expresión.

Jennifer Pedraza pidió a la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo que tome acciones

“No permitiré que se ponga en riesgo mi vida y la de mi equipo en todo el país, tampoco permitiré que jueguen con mi buen nombre. Llegaremos hasta las últimas instancias para que los responsables respondan ante la justicia”, afirmó Pedraza en una publicación desde su cuenta de X el martes 25 de agosto, y advirtió sobre las consecuencias personales y para su equipo de trabajo.

De acuerdo con los detalles de la denuncia, el 25 de agosto de 2026 comenzó la circulación de un video titulado “JENNIFER PEDRAZA UNIDA CON EL ELN”.

En la grabación, un ciudadano radicado en Antioquia —ahora denunciado por injuria y calumnia agravadas— aseguró: “Señora Jennifer Pedraza, explíquele a Colombia su relación con el ELN. Es que es increíble que por los medios de difusión de esta guerrilla esté circulando un video suyo y aplaudido por todos esos guerrilleros”.

El mismo individuo, según el expediente, insistió en que los videos de la congresista estaban siendo compartidos con el logo del ELN y lanzó una acusación directa: “Señora Jennifer Pedraza, su unión ideológica con el ELN quedó más que demostrada”.

La segunda acción legal se dirige contra quienes editaron y difundieron el video en redes sociales, añadiendo la iconografía y el discurso del grupo armado.

Por lo anterior, Pedraza fundamentó su denuncia en la necesidad de sancionar el uso de plataformas digitales como instrumento para la difusión masiva de contenido falso, en virtud del artículo 223 del Código Penal colombiano.

En una declaración en video, la senadora explicó que este episodio de acusaciones se desencadenó luego de sus críticas a la gestión del ministro de Vivienda durante la emergencia ocasionada por el reciente sismo nacional.

“Y eso es lo que está haciendo un personaje desconocido en Antioquia buscando fama, a punta de calumniarme e inventarse que tengo nexos con el ELN, sencillamente por haber denunciado que el ministro de Vivienda se fue de vacaciones en pleno terremoto mientras el país estaba intentando recomponerse”, dijo la congresista.

La protesta de Pedraza fue visible en el Congreso, donde llegó con un cartel que decía “Beltrán, firme por las vacaciones” y exigió la salida inmediata del ministro Jaime Andrés Beltrán, tras revelarse que el funcionario viajó con su familia a Santa Marta durante la crisis.

Según Pedraza, este tipo de señalamientos buscan descalificar y silenciar voces críticas en el Congreso, y sostuvo: “Por mis críticas al gobierno de Petro dijeron que yo era aliada del paramilitarismo y de grupos de derecha. Y hoy no es la excepción que me digan guerrillera, sencillamente porque quieren en el Congreso gente que les aplauda todo lo que hacen”.

La senadora recordó que no es la primera vez que enfrenta campañas de desinformación y amenazas.

“Esta es la vieja confiable para callar los liderazgos que les incomodan. En el 2018 con el gobierno de Duque, se inventaron hasta que yo era la esposa de Timochenko. Después, por firmar el acuerdo estudiantil con el gobierno, me amenazaron con meterme ‘seis tiros en la cabeza’”, puntualizó la congresista.

De momento, el ente investigador asumió la investigación de las denuncias por injuria y calumnia agravadas y la manipulación digital, así como la difusión de material audiovisual falso.

Y es que el exmandatario que ahora se presenta como líder de la bancada de izquierda del Pacto Histórico (se autodenominó en una publicación hecha desde su cuenta de X) se refirió a las declaraciones que brindó el líder de la cartera de Hacienda Miguel Gómez Martínez, sobre los motivos por los cuales se tomó la decisión de aumentar el PGN.

El monto global propuesto asciende a $634,9 billones, y se traduce en un incremento de cerca de $59 billones respecto al proyecto presentado por la administración anterior de Gustavo Petro, que había fijado el presupuesto en $575,7 billones.

Por tal motivo, Petro escribió desde su cuenta en X la mañana del sábado 29 de agosto que “el enorme descuadre del presupuesto presentado por Abelardo tiene que ver con que vuelven a pagar subsidio a la gasolina por 10 billones”.

Según lo que explicó en su publicación el expresidente, con esta acción “anulan (desde el Gobierno de De la Espriella) la reforma tributaria para que los ricos no paguen el déficit que ellos mismos produjeron en la época del covid y financian la reconstrucción del país con deuda cuyo pago se extiende a las mismas víctimas”, haciendo alusión también a su antecesor, Iván Duque.

Para Petro, el PGN tendría varias consecuencias. “Ahora habrá mas sobre endeudamiento y encarecimiento de la deuda con baja en la producción y el empleo y ascenso en la pobreza”, concluyó el exmandatario.

La explicación que brindó el ministro de Haciendo Miguel Gómez, frente al aumento

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fue el encargado de explicar los motivos detrás de este salto presupuestal.

“Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras, presentado por el gobierno Petro”, afirmó Gómez en rueda de prensa a medios de comunicación, y agregó que el nuevo proyecto busca corregir lo que calificó como omisiones graves en el presupuesto anterior.

Según el ministro, el aumento no corresponde solo a una decisión de elevar el gasto, sino a la necesidad de incorporar obligaciones que no habrían quedado financiadas como se debería en el presupuesto de 2026. “El documento de Petro no contemplaba $8 billones para pensiones, $5,8 billones para subsidios eléctricos, $4 billones para salud y $3,6 billones correspondientes a contribuciones fiscales para la nómina de los servidores públicos”, detalló Gómez.

Además, el jefe de la cartera económica puntualizó la ausencia de recursos para financiar las elecciones regionales y, en especial, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Y lo caso realmente increíble, no estaban incorporados en el presupuesto que presentó el gobierno anterior 9,6 billones de pesos del FEPC”, recalcó Gómez, al exponer que estos recursos ahora sí están incluidos en la nueva propuesta.

El ministro explicó que este es un presupuesto realista, “no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes”. “Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no quedó en el presupuesto lo estamos incorporando nosotros ahora. Y por eso es que el presupuesto sube”, sostuvo Gómez, quien también atribuyó parte del crecimiento al ajuste por inflación, especialmente en partidas relacionadas con la nómina y los servicios personales del Estado.

La estrategia del Gobierno nacional: Plan Rescate de la Economía

En sus declaraciones, el líder de la cartera de Hacienda presentó el nuevo PGN como una de las primeras decisiones del llamado Plan Rescate de la Economía, impulsado por el Gobierno de De La Espriella.

“La situación fiscal recibida por el nuevo Gobierno es crítica y el terremoto agravó las dificultades existentes”, aseveró el ministro, al sustentar que el proyecto actual busca garantizar la financiación de los sectores considerados esenciales, como salud, educación, servicios públicos y protección social.

El argumento del Gobierno es que el aumento en el presupuesto es, en gran parte, la consecuencia de “reconocer obligaciones que ya existían y que ahora quedan reflejadas en el proyecto”, y no una política de gasto expansivo sin respaldo.

Gómez también insistió en que la propuesta incluye medidas de austeridad. “Los gastos de burocracia se ajustan a la inflación después de años de derroche”, dijo al pedir al Congreso su respaldo.

La estrategia fiscal del Ejecutivo no termina con el presupuesto. El ministro anunció que se presentará la denominada Ley Rescate, encaminada a contener el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda.

“Cada peso adicional de deuda que dejó el gobierno anterior tendrá que ser asumido por los colombianos de hoy o por las próximas generaciones”, advirtió Gómez.

El responsable de Hacienda reconoció que ordenar las finanzas públicas implicará sacrificios, pero que es el único camino para que el Estado conserve su capacidad de respuesta.

“La contención del gasto debe permitir preservar las obligaciones consideradas esenciales y recuperar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los colombianos. Gobernar con responsabilidad es el compromiso de la Patria Milagro con los colombianos”, concluyó el líder de la cartera económica.

El individuo, requerido por los delitos de hurto y asociación criminal, era buscado por su presunta participación en el robo de equipos médicos valorados en más de 110.000 dólares en São Paulo.

La retención se hizo efectiva en la capital colombiana como parte de la cooperación internacional en materia de justicia y lucha contra el crimen organizado transnacional.

Según la información oficial que brindó desde su cuenta de X el comandante de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Jesús Alejandro Barrera, la mañana del viernes 28 de agosto, el hoy detenido sería el líder de una red que robó aparatos biomédicos en al menos ocho clínicas de Brasilia y otras ciudades cercanas.

El modus operandi consistía en que los integrantes del grupo se hacían pasar por representantes comerciales de empresas de medicamentos para ingresar a las clínicas y retirar los equipos.

Las autoridades brasileñas detallaron en su momento que los equipos robados eran embalados cuidadosamente junto con un DVD que mostraba el proceso de desmontaje, facilitando así su posterior montaje por parte de los compradores en Colombia.

Además, los envíos se hacían con etiquetas que los identificaban como equipos usados de informática, con el fin de evadir los controles aduaneros.

En Brasil, el caso cobró notoriedad tras la captura, en un café de un centro comercial, de dos hombres y dos mujeres colombianos identificados como Jenny Rodríguez, Viviana Rodríguez, Edgar Mendieta y Leopoldo Ramos. Por tal motivo, la Policía Civil de Brasil informó que el grupo operó durante dos meses en la zona de Brasilia y que enfrentan cargos por formación de organización con fines criminales, delito castigado con hasta tres años de prisión, y robo calificado, con una pena de hasta ocho años.

“Ellos responderán ante la justicia brasileña y al final del proceso de cumplimiento de su pena serán deportados a Colombia”, explicó el delegado policial Watson Warmling.

El sujeto retenido en Bogotá también cuenta con antecedentes en Colombia, donde cumplió una condena de 10 años de prisión por el secuestro de un comerciante en el Tolima y su posterior entrega a las extintas Farc-EP, detalló el general Barrera en su reporte.

Este historial delictivo es una muestra de la cooperación entre las autoridades de ambos países para combatir el crimen transnacional y garantizar que personas con antecedentes por delitos graves no encuentren refugio en territorio colombiano.

Al final, desde la Policía Nacional se destacó la importancia de la articulación con Interpol para hacer efectiva la retención y reiteró su compromiso con el trabajo mancomunado en la lucha contra redes criminales que afectan el sector salud y la seguridad ciudadana.

El proceso ahora continúa con la verificación de la información judicial y la coordinación con las autoridades brasileñas para definir los pasos a seguir, que podrían incluir la extradición o la deportación del ciudadano colombiano, de acuerdo con los tratados y la legislación vigente.

En Bogotá también cayó otro extraditable requerido por la justicia brasileña

El caso del colombiano se suma al de otro connacional en febrero de 2026, y luego de que la Policía Nacional de Colombia detuvo en Bogotá a Miguel Ángel Díaz Lozano, requerido en extradición por las autoridades judiciales de Brasil bajo acusaciones de lavado de activos relacionados con una red de narcotráfico.

La captura, realizada en el sector de Santa Rita, fue posible mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Interpol, en coordinación con organismos internacionales.

El proceso judicial que involucra a Díaz Lozano se origina en un requerimiento del Juzgado 1 Penal de Teófilo Otoni, en el estado brasileño de Minas Gerais.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría actuado como operador financiero de una organización dedicada al tráfico de drogas, utilizando una empresa fachada en la región del Amazonas para legalizar fondos de origen ilícito.

Entre 2019 y 2025 dicha empresa habría recibido cerca de 5 millones de reales brasileños (aproximadamente un millón de dólares estadounidenses), mediante 2.229 depósitos realizados principalmente desde las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, detalla el reporte oficial.

En ese entonces, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín y de Interpol Colombia, detalló que la empresa fachada operaba con transacciones de bajo monto para no ser detectada por el sistema bancario de Brasil.

La detención de Díaz Lozano se produjo tras un operativo que involucró el intercambio de información clave entre las autoridades de Colombia y Brasil, lo que permitió a los agentes ubicar y aprehender al extraditable en la capital colombiana.

Tras su captura, Miguel Ángel Díaz Lozano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que será responsable de tramitar la extradición en el marco de los acuerdos internacionales de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Las autoridades continúan investigando para establecer si existen otras personas vinculadas a la estructura financiera detectada y rastrear el destino de los recursos ilegales movilizados a través de la empresa fachada.

Weimar Asprilla, arquero de Independiente Santa Fe, aclaró la situación de su familia tras los rumores difundidos por medios internacionales que aseguraban que sus seres queridos lo habían perdido todo durante el terremoto que sacudió a Colombia hace unas semanas.

El futbolista, que fue figura mundial luego de convertirse en héroe de la clasificación de Santa Fe en la Copa Sudamericana ante River Plate, desmintió esta versión y afirmó que, si bien su familia resultó afectada, no sufrió pérdidas totales.

“Quiero aclarar que mi familia no perdió todo como se dice. Apenas hubo daños leves en infraestructura, pero no se perdió todo. Hay personas que me están brindando ayuda, pero hay otras que necesitan más eso”, explicó Asprilla en declaraciones a Win Sports, poco después de aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El arquero, que saltó a la fama tras atajar el último penal de la tanda ante River Plate en el estadio Monumental, se mostró agradecido por las muestras de apoyo, pero pidió que la solidaridad se enfoque en quienes lo han perdido todo.

“Hay personas que necesitan más ayuda que yo. Mi familia está bien y, por fortuna, solo se vieron afectadas algunas cosas materiales”, aclaró el golero oriundo del Chocó, departamento donde se presentó el epicentro del sismo de 7,4 a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, a 103 km de profundidad en San José del Palmar.

La confusión sobre la situación de su familia se originó tras una entrevista concedida a Señal Colombia, y en la que Asprilla relató el temor que vivió en los días posteriores al terremoto.

“Tú salir para entreno y no saber si tu papá o tu mamá estaba viva. Ellos corrieron con la suerte de salir a tiempo. Se perdieron muchas cosas materiales, pero bueno, para mí en estos momentos lo importante es que ellos están con vida y con salud. Mi mamá la pude mandar para Medellín. Mi papá está en Bahía Solano, hace parte del Chocó, pero no sufrió tanto daño como lo sufrió Quibdó”, contó en ese entonces el arquero que defiende el equipo capitalino.

Weimar Asprilla, el héroe inesperado en la definición de penales entre River Plata y Santa Fe

Asprilla se ha consolidado como una de las revelaciones en el arco de Santa Fe. Su oportunidad llegó tras la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo y, desde entonces, ha respondido con actuaciones destacadas que lo han puesto en la mira del fútbol sudamericano.

La clasificación de Independiente Santa Fe a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate en el estadio Más Monumental se definió con una tanda de 22 penales y un desenlace que ubicó en el centro de la escena a un protagonista inesperado.

El arquero suplente de 27 años, ejecutó el penal decisivo que aseguró el pase del equipo bogotano.

El encuentro, disputado en Buenos Aires, finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario. Ante la igualdad, el pase a la siguiente ronda se resolvió mediante una extensa serie de penales.

Fueron necesarias once ejecuciones por bando hasta que Santa Fe se impuso 8-7 y accedió a la siguiente instancia, y la actuación de Asprilla cobró especial relevancia al tratarse de un jugador con un valor de mercado muy inferior al de las principales figuras del conjunto argentino.

El contraste económico entre los protagonistas de la noche quedó evidenciado en los registros de Transfermarkt, luego de que se conoció que el guardameta colombiano registra una valoración de mercado de 200.000 euros, mientras que Thiago Almada, reciente incorporación de River Plate y campeón mundial, alcanza los 20 millones de euros. Esta diferencia de cien veces en el precio de mercado no se reflejó en la definición, donde el aporte de Asprilla resultó decisivo para el club bogotano.

La plantilla de River Plate está estimada en 147,75 millones de euros, en tanto que Santa Fe presentó un equipo mucho más modesto en términos económicos.

Sin embargo, la clasificación otorgó al conjunto colombiano un premio inmediato, gracias a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) otorga US700.000 a cada equipo que accede a los cuartos de final por mérito deportivo.

Con el tiquete a cuartos de final, Santa Fe eleva a aproximadamente US5,48 millones el total de ingresos obtenidos por premios internacionales durante 2026, cifra que representa un alivio relevante para las arcas de la institución.

El siguiente desafío para Santa Fe ya tiene fecha y rival confirmado: Vasco da Gama (de Brasil) en una serie que comenzará el 8 de septiembre en Bogotá a las 5:00 p. m. (hora local), El partido de vuelta se jugará en Río de Janeiro el 15 de septiembre, también a las 5:00 p. m. (hora colombiana).

Esta llave representa la oportunidad para el club capitalino de repetir una campaña que lo llevó a conquistar la Copa Sudamericana en 2015, el único título internacional de este tipo para un equipo colombiano.

Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, eliminó más de 1.050 cuentas, páginas y grupos vinculados a una organización terrorista que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el informe semestral Adversarial Threat Report (Reporte sobre amenazas adversarias, en español) sobre amenazas adversariales de la empresa tecnológica, la red utilizaba estas plataformas para difundir propaganda, reclutar jóvenes e intentar coordinar acciones ilícitas.

Las acciones de remoción se llevaron a cabo en dos fases durante 2025, informó un investigador especializado de Meta a Portafolio.

En la primera ronda, realizada a comienzos de ese año, se desactivaron más de 250 activos, en su mayoría cuentas de Facebook, y se bloquearon enlaces relacionados con la infraestructura de radio propagandística del grupo, dirigidos a servicios de mensajería encriptada.

En mayo de 2025, una segunda ola eliminó más de 800 activos asociados a esta organización y a un grupo aliado, además de bloquear nuevas URLs. Mientras que en 2026, los sistemas automatizados de la compañía deshabilitaron más de 350 activos adicionales conectados a la misma red.

Meta describe al grupo como una organización terrorista de extrema izquierda, que ha expandido su influencia hacia territorios anteriormente controlados por un grupo rival y mantiene vínculos con organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Aunque la compañía no identificó el nombre del grupo, detalló que su aparato de radio, con décadas de funcionamiento, migró a internet para mantener su capacidad de reclutamiento y propaganda, especialmente dirigida a personas jóvenes.

El informe indica que estas cuentas se presentaban como medios de noticias independientes y replicaban la misma programación en múltiples perfiles y dominios, buscando evadir la detección y el bloqueo.

Además, se hallaron indicios de intentos para coordinar daños fuera de línea, incluidas amenazas contra rivales, a través de estas plataformas.

Meta denomina a estas intervenciones como “disrupciones de red estratégica”, cuyo objetivo es desmantelar redes completas y dificultar su reconstitución.

La compañía utiliza sistemas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje para identificar cuentas vinculadas a organizaciones peligrosas, que luego son revisadas por especialistas. También opera un sistema automatizado que emplea señales como palabras clave, patrones de nombres y conexiones de red.

De acuerdo con la política de Organizaciones e Individuos Peligrosos de Meta, este tipo de grupos está clasificado en el nivel más alto de peligrosidad.

“Cualquier tipo de glorificación, apoyo o representación de estas entidades y sus miembros está prohibida en la plataforma”, señaló el investigador al mismo portal económico.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de detección proactiva de contenido terrorista alcanzó el 98,8% sobre 3,8 millones de elementos sancionados. Durante el primer semestre del año, la tasa fue de 98,7%, con 8 millones de elementos deshabilitados.

Para organizaciones criminales, la tasa proactiva subió de 97,6% a 98,1% entre el primer y segundo trimestre, con 364.000 elementos sancionados en ese periodo y 910.000 en el semestre.

La campaña incluyó una intervención educativa inédita en Colombia, centrada en unos 20.000 usuarios de entre 13 y 25 años que habían interactuado con redes asociadas al grupo.

Para tal fin, Meta desarrolló este esfuerzo junto a la ONG colombiana Tiempo de Juego, empleando inteligencia artificial para identificar usuarios en riesgo y enviando mensajes dirigidos que, según la empresa, provocaron cambios medibles en el comportamiento digital de los destinatarios.

El investigador de la compañía afirmó que “enviar el mensaje dos veces, o sea, hacer una segunda ronda, amplifica el mensaje y el cambio de comportamiento”. Los efectos se concentraron sobre todo entre usuarios con mayor número de conexiones con la organización y antecedentes de sanciones previas.

Al final, desde Meta se advirtió que este tipo de esfuerzos es constante y evoluciona en respuesta a las tácticas de los grupos terroristas, que ajustan sus métodos y refuerzan su presencia digital, con un enfoque cada vez mayor en el reclutamiento de jóvenes.

Esta labor toma más importancia luego de que a finales de agosto de 2026 se conocieron las alarmantes cifras por parte del informe sobre el reclutamiento de menores en Colombia entre enero de 2021 y marzo de 2026 registraron 850 menores víctimas en el Cauca, muy por encima de Nariño, Chocó y Arauca, los otros departamentos con mayor afectación en el país.

El informe de la empresa también cita casos similares de disrupción en Afganistán, Pakistán, Siria e Iraq, e hizo hincapié acerca de su política y cobertura de alcance global, en colaboración con equipos multidisciplinarios y organizaciones de la sociedad civil.

El caso de Yenifer García, la mujer que falleció tras ser sedada durante una sesión de tatuaje en su vivienda del barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sigue generando indignación y reclamos por justicia en Bogotá.

El médico internaista, endocrinólogo y creador de contenido Rawdy Reales Rois, más conocido como Dr. Rawdy, fue uno de los primeros en pronunciarse con contundencia, cuestionando el manejo mediático y social del caso y llamando la atención sobre la responsabilidad penal y ética detrás de este tipo de procedimientos clandestinos.

En sus declaraciones, Dr. Rawdy precisó que al rechazar la idea de que la muerte de Yenifer García haya sido un accidente. “Jennifer García no murió. A Jennifer la mataron. Porque muchos están diciendo: murió, murió, murió. Y no, no murió, la mataron”, afirmó el especialista al aseverar que lo ocurrido fue consecuencia directa de una práctica irresponsable e ilegal.

El médico explicó que “cualquier persona que sea capaz de dar sedación o que intente dar sedación con anestésicos como la ketamina y sedantes como el midazolam sin tener la mínima preparación y sin saber qué hacer en casos de complicaciones, como lo sabe un anestesiólogo, es un homicida, es un delincuente”.

El Dr. Rawdy insistió en que el solo hecho de tener estos medicamentos controlados en la mano “lo convierten en un delincuente”.

El caso de Yenifer García ha puesto en el centro del debate la proliferación de procedimientos médicos y estéticos realizados en lugares clandestinos por personas sin la formación ni la autorización necesaria.

Por lo anterior, el médico e influencer recordó un caso similar ocurrido dos meses antes, el de Yulixa Toloza y denunció la diferencia en la reacción social y mediática dependiendo del origen de los implicados.

“Hace dos meses murió Yulixa y todos hablábamos: ‘Mataron a Yulixa. Los asesinos de Yulixa. A Yulixa la mataron’. ¿Por qué? Porque los que tenían responsabilidad eran venezolanos y ahora: murió. No murió. La mataron, le quitaron la vida, le hicieron un procedimiento en un lugar que no se debía hacer, le colocaron medicamentos personas que no tenían la pericia para hacerlo”, expuso el especialista.

Aunque en este caso el principal señalado sería un auxiliar de enfermería, el médico aclaró que “sigue siendo igual de responsable si lo hizo”. “Ojo, es que no podemos excusarnos en qué sea. Es que cuando se comete un delito, la persona se convierte automáticamente en un delincuente”, comentó el médico.

Al final, el Dr. Rawdy hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que tome conciencia sobre los riesgos de estos procedimientos.

“Ya no sabemos cómo decirles que no se hagan procedimiento en lugares clandestinos. No sabemos cómo decirles que los procedimientos médicos para cuidar tu salud tienen un costo, pero tu vida vale más que cualquier cosa. ¿Cómo que una sedación por 600 mil pesos? ¿Cómo que una sedación sin un anestesiólogo? ¿Cómo es que siguen haciéndose procedimientos quirúrgicos en lugares de garaje? ¿Cómo es que le siguen poniendo su cuerpo y su vida, su dignidad, su integridad y la salud mental de sus familias a carniceros, a personas que no tienen la pericia para hacer lo que están haciendo?” reflexionó el creador de contenido internista y endocrinólogo.

El médico fue más allá y agregó: “No estamos diciendo que colocarte un tatuaje con sedación sea malo. Estamos diciendo que cuando se hace por fuera de las normas, en lugares clandestinos, con personas que no tienen la mínima pericia, se convierte en un delito”.

El médico también apuntó a la responsabilidad de las autoridades y la cadena de suministro ilegal de medicamentos. “Aquí hay un delincuente, el que cometió el delito y colocó los medicamentos. Hay otro delincuente, quien se los vendió. Pero ¿y la Secretaría de Salud que tiene que regular la venta ilegal de este tipo de fármacos qué? ¿La responsabilidad qué? ¿Cuántos muertos más? ¿Dos más? ¿Tres más? ¿Cuántos más? Porque también hay que poner en cintura a las instituciones que deberían tener un control sobre esto. Y sigue pasando y siguen costando vidas”.

Para cerrar, el Dr. Rawdy reafirmó su llamado a la sociedad y a las autoridades para que se tomen medidas urgentes y efectivas.

“¿Cuántas vidas más? ¿Cuántas más? Yulixa, Jennifer. ¿Quién es la siguiente? ¿María, Patricia, Juliana, Susana, Roberto? ¿Quién es el próximo? Esto me tiene tristecísimo. Y lo digo adicionalmente, ¿por qué? Porque hay un profesional de la salud involucrado y nosotros estamos pasándola mal. Nuestra situación económica, no encontramos trabajo, no hay oportunidades, cuando trabajamos nos explotan. Pero absolutamente nada justifica cometer un crimen contra una persona. Pero el desespero de muchos lo hace cometer este tipo de actos que no tienen ninguna justificación”, añadió el médico.

El joven ingresó en el compartimiento de un equipo agrícola utilizado para dispersión y fumigación, mientras otros presentes (compañeros de tareas en el campo) grabaron la maniobra cerca de un río en los Llanos Orientales, tal y como compartieron en sus portales informativos varios medios regionales.

En la grabación se observa, en medio de las risas, cómo el dron despegó con el adolescente en su interior, sin ningún tipo de protección visible como casco o arnés, y permaneciendo cerca de las hélices del aparato.

Entre risas, uno de los presentes señaló: “Ventajas de ser pequeño”. Mientra que otro de sus compañeros añadió: “Así revisan los lotes”.

La operación se realizó mientras el dron se encontraba a bordo de una embarcación sobre el río, detalle que representó un alto riesgo debido a la posibilidad de accidentes provocados por fallos mecánicos, ráfagas de viento o errores humanos.

Frente a la circulación de este material audiovisual, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado oficial el 28 de agosto de 2026, donde expresó su “categórico rechazo” ante lo que calificó como una práctica que compromete la seguridad operacional.

La entidad puntualizó que este tipo de equipos están diseñados exclusivamente para labores agrícolas y no para el transporte de personas, y explicó que el uso irregular observado en el video vulnera de forma directa las disposiciones del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100 y RAC 219, que regulan la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas.

En el comunicado, la Aeronáutica Civil puntualizó: “Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS (Unmanned Aircraft System o Sistema de Aeronave No Tripulada) durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas en general”.

Según la entidad, el Capítulo D del RAC 100 prohíbe explícitamente el transporte de seres vivos en este tipo de plataformas.

Por lo anterior, la Aerocivil agregó que, de comprobarse los hechos y la existencia de infracciones a la normativa, se adelantarán las actuaciones administrativas necesarias y se impondrán sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y los riesgos generados.

El organismo reiteró que estos sistemas están certificados para operar bajo límites técnicos estrictos y que su uso como medio de transporte humano está excluido por completo.

La autoridad aeronáutica también hizo un llamado urgente a los explotadores, pilotos de UAS y demás actores del sector para que desarrollen sus actividades en estricto apego a la ley y bajo el principio rector de la seguridad operacional.

“Consolidar este principio como una responsabilidad compartida es el camino para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la industria de aeronaves no tripuladas en el país”, detalla el documento oficial.

Hasta el momento no se ha identificado al responsable de operar el dron durante el incidente registrado en Puerto Gaitán, pero el caso sigue bajo revisión de las autoridades, que analizan las posibles infracciones y la aplicación de medidas sancionatorias conforme a la legislación vigente.

El caso generó división en redes sociales, puesto que mientras una parte de los usuarios cuestionaron la acción, tanto del piloto como el adolescente, otro sector destacó la acción del grupo.

“Es una situación que el humano le gusta experimentar y de ahí nacen los grandes inventos y creaciones ; el llanero solo le gusta y se arriesga cuando está borracho con un arma de fuego en la cintura y dispara sin importar el riesgo de matar una persona , eso sí es riesgo; pero volar sobre un dron es una experiencia única, felicitaciones a ese gran volador”, señaló uno de los internautas que defendió a los protagonistas del video.

Por un lado, el jefe de Estado deberá pedir disculpas a raíz de lo que fue su discurso y acto de posesión presidencial el 7 de agosto en la Arena USC Carlos Andrés Perez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, y que de acuerdo con el fallo emitido por un juez de Bogotá a la tutela que presentó el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, y que le dio la razón al señalar que el presidente vulneró la neutralidad religiosa del Estado colombiano.

El segundo fue la reacción de la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB) hacia el vicepresidente José Manuel Restrepo, que lidera la convocatoria al evento programado para el viernes 28 de agosto a las 6:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y que se desarrollará, explicó en un mensaje que compartió desde sus redes sociales, como un acto de solidaridad nacional en un momento de luto y reconstrucción en el país.

El evento se creó como una forma de solidarizarse con las familias de las víctimas del terremoto de 7,4 que deja un saldo de 331 muertos, 4.449 heridos, 152 desaparecidos, 364 rescatados y un total de 406.963 personas afectadas, según el balance que compartió con corte la mañana del viernes 28 de agosto.

Sin embargo, el colectivo le recordó a Restrepo “el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

No obstante, y a pesar de todo lo anterior, desde la Presidencia de la República se compartió un mensaje vía X la mañana del mismo viernes, en el que reafirmó que la jornada naciona de oración se llevará a cabo, y menciona al comienzo de la publicación: “¡Colombia nos necesita unidos!“.

“El Gobierno de Colombia convoca a la ciudadanía a unirse en solidaridad y respeto en la Gran Velatón por las víctimas y las familias afectadas por el terremoto: Oración por Colombia”, menciona la publicación que se publicó a las 6:37 a . m. el viernes.

“La jornada se llevará a cabo hoy viernes 28 de agosto, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, iniciando con la recepción de donaciones desde las 11:00 a. m., apertura de puertas a las 3:00 p. m. y el inicio del Encuentro Nacional a las 6:00 p. m.”, añadió la publicación, que concluyó: “Unidos en un solo corazón, a Colombia la reconstruimos entre todos”.

Restrepo, a través de sus redes sociales, invitó a los colombianos a participar desde cualquier rincón del país, subrayando la necesidad de “unirnos” y “respetar cada fe y cada forma de oración”.

La jornada contempla el encendido de una luz por cada vida y familia afectada y busca, según el vicepresidente, “abrazar a quienes hoy sufren” y pedir por “la sanación, la esperanza y la reconstrucción de Colombia”.

A la Asociación de Ateos de Bogotá no le gustó la convocatoria del Gobierno nacional

Sin embargo, la Asociación de Ateos de Bogotá emitió un comunicado en el que, tras expresar su “profunda solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y con todas las familias afectadas”, advirtió sobre el riesgo de que la unidad nacional se construya “instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

El documento señala que la convocatoria, aunque difundida en perfiles digitales donde los funcionarios aseguran hablar a título personal, “exhiben y proyectan su investidura y cargo público, generando una confusión directa entre las convicciones privadas de la persona y la postura oficial del Gobierno”.

La Asociación recordó que la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada, desde la Sentencia C-350 de 1994 y otras como la C-766 de 2010 y la C-570 de 2016, que la Carta Política de 1991 consagra un Estado laico “fundado en un deber estricto de neutralidad religiosa y separación entre las confesiones y el poder público”.

Además, se detalló que las autoridades tienen prohibido “patrocinar, promover o adherir a cultos particulares, pues toda actuación estatal debe obedecer a finalidades estrictamente seculares”.

En referencia a las expresiones de los funcionarios públicos en redes sociales, la AAB citó la Sentencia T-124 de 2021, en la que la Corte Constitucional precisó que los altos dignatarios del Estado están sujetos a mayores restricciones en su libertad de expresión y a un deber de “especial prudencia y cuidado” cuando abordan cuestiones religiosas.

“La Corte dejó claro que los funcionarios no pueden ampararse en el carácter presuntamente ‘personal’ de sus cuentas ni en la ausencia de actos administrativos para eludir sus responsabilidades constitucionales, ya que al asociar su imagen o investidura a ritos confesionales vulneran el principio de laicidad y transmiten a la ciudadanía una indebida identificación del Estado con una religión particular”, argumentó el colectivo.

En su réplica, desde la AAB se puntualizó que “la oración es un acto devocional y confesional, no una práctica neutral ni universal. Las personas ateas, agnósticas, paganas o no afiliadas a ninguna religión no oran; o no se dirigen a sus dioses mediante los rituales característicos del cristianismo predominante”.

Asimismo, advirtió que presentar un rito judeocristiano como sinónimo de unidad nacional “resulta excluyente y desconoce la diversidad de la sociedad colombiana y sus culturas ancestrales: comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

Para la organización, “aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad y duelo colectivo tras una catástrofe para legitimar y promover una cosmovisión religiosa desde las altas esferas del poder constituye una instrumentalización del dolor social contrario a la ética pública en un Estado aconfesional y laico”.

Por ende, la AAB insistió en que la laicidad es la garantía institucional para que el Estado no pertenezca a ninguna iglesia y para que los derechos de todas las personas se defiendan bajo un marco de estricta igualdad.

Al final, la Asociación exigió a los altos funcionarios del Gobierno Nacional “cesar el uso de sus perfiles vinculados a la función pública para convocar a actos de fe, y demandó un apego irrestricto al mandato constitucional de neutralidad religiosa”.

Además, propuso que los actos de solidaridad institucional se desarrollen en marcos cívicos, seculares e incluyentes, como minutos de silencio, actos de memoria y atención humanitaria rigurosa, que convoquen a toda la ciudadanía sin importar sus creencias o ausencia de ellas.

Según las pesquisas, el crimen habría sido perpetrado por integrantes de la banda criminal conocida como La Plancha, un grupo delincuencial común organizado (GDCO) que opera en varios sectores del sur de la capital y que estaría vinculada a disputas por el control del tráfico de drogas, según lo que explicó en declaraciones a medios de comunicación el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la mañana del jueves 27 de agosto.

Sin embargo, y gracias a dos videos que se conocieron por medio del portal Colombia Oscura el mismo jueves, se observó la escena de terror que dejó la masacre de tres personas en una zona de invasión conocida como La Carbonera, ubicada en la parte alta de la localidad, pero en el reporte se menciona un sector conocido como Santo Domingo, ubicado en una zona limítrofe con el vecino municipio de Soacha, un sector que no se ha nombrado por las autoridades hasta el momento.

En varios fragmentos de las grabaciones se alcanzan a escuchar a los vecinos que intentan ayudar a una de las tres víctimas que, a pesar de ser impactada de bala en su cabeza, se pudo sostener mientras los transeúntes le insistían que debían ir de inmediato a un centro médico. Mientras todo esto ocurría, otro de los jóvenes que fue asesinado aún tenía signos vitales.

“Él está todavía vivo”, dice uno de los jóvenes que grabó con su celular, mientras otra de las vecinas le toma el pulso en el cuello, y seguido a esto su amigo le contesta: “El chino está agonizando, ñero”. Al final, uno de ellos solo sentenció: “Paila”.

Mientras que uno de ellos le dijo al sujeto que fue baleado en su cabeza: “ ¿Usted está bien, paisano? ¿Usted está bien? ¿Seguro? Venga, revíselo a él. Yo lo veo. No, este man acá le pegaron un tiro en la cabeza, mano. Venga, lléveselo para el hospital".

Pero la víctima de las balas, desorientado, trató de irse por sus propios medios, a lo que el transeúnte le advirtió: “Venga, venga, mani, mani. No, usted tiene que irse para el hospital. ¡Tiene un tiro en la cabeza, marica!”.

El joven que siguió registrando el momento con su telefóno celular caminó un par de metros más adelante donde quedó el cuerpo sin vida de la tercera víctima, un muchacho de tez morena que murió en el lugar por cuenta de los disparos.

“A este pirobo le pegaron como tres (tiros)”, dice uno de los dos transeúntes, a lo que su compañero solo guarda silencio, pero otra de las vecinas describió: “A ese sí lo mataron”.

El temor sobre las posible represalías en medio de las disputas (que confirmó el general Cristancho) se suman a lo que mencionaron los dos jóvenes, que no ocultaron su preocupación sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

“Nooo, qué visaje mano. Lo que queda por estar (ahí)”, cuenta uno de ellos, a lo que su amigo responde: “Si pilla el parchecito ahí queda”. Por este motivo, el primero de ellos sentenció: “Esos pirobos van a estar jodiendo a cada rato acá”.

Al final, uno de los habitantes de la zona volvió a advertir: “¿Sí ve? Todo por el parchecito, ¿sí ve? Todos por ese malparido parchecito”.

El mensaje que recibió el intendente Pinilla antes de acudir a investigar la masacre en Ciudad Bolívar: La Plancha

Los hechos se desencadenaron cuando Pinilla fue citado en el barrio Divino Niño (sector de El Mochuelo) por un supuesto testigo que le prometió información clave sobre el paradero de los responsables de tres homicidios recientes en la zona, señaló una fuente a Noticias Caracol.

Al llegar al sitio junto a otros investigadores de la Sijín, la camioneta policial fue interceptada y atacada a tiros por varios hombres armados.

El intendente Pinilla recibió al menos cuatro impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Meissen, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La rápida reacción de la Policía permitió la captura de tres personas presuntamente involucradas en el ataque que cobró la vida del agente, gracias a que “uno de los acompañantes del intendente reconoció a estas personas”, detalló el general Cristancho.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron tres armas de fuego: dos revólveres y un arma artesanal.

En este punto de la localidad se realizó el acordonamiento por parte de las autoridades:

De acuerdo con la investigación preliminar, los detenidos serían miembros de La Plancha, grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes y señalado de participar en múltiples hechos violentos en Ciudad Bolívar.

Tras el asesinato, decenas de uniformados se desplegaron en el sector para ubicar a los responsables, mientras expertos en criminalística de la Fiscalía realizaron la inspección judicial del lugar y recopilaron imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la plena identificación de los autores del crimen.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato del intendente Pinilla y solicitó a las autoridades intensificar las acciones para capturar a todos los integrantes de la banda.

“Mi solidaridad con la familia del Intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”, señaló Galán en un mensaje vía X la mañana del mismo jueves.

La carrera “ejemplar” del intendente Pinilla

El intendente Pinilla era considerado uno de los investigadores más experimentados de la Sijín. A lo largo de su carrera, logró infiltrarse en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en Bogotá, reuniendo pruebas para desarticular al menos diez estructuras y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Sobre su trayectoria, el general Cristancho destacó: “Tenía tres condecoraciones, seis menciones honorificas, 57 felicitaciones, 19 años en la Policía, cero sanciones, un policía ejemplar”.

Pinilla era recordado también por su faceta familiar, como esposo y padre de un niño de 10 años, y por su dedicación y compromiso en la lucha contra el crimen en la ciudad.

La noche del jueves 27 de agosto se armó una polémica en redes sociales luego de que se filtró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella habría definido siete ciclos de transformación, denominados los “milagros” para alcanzar la llamada ‘Patria Milagro’.

Así lo reveló una imagen compartida en varias reuniones internas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y conocida por Caracol Radio.

El documento, que contiene los logos oficiales del DNP, ha sido utilizado en encuentros reservados para orientar a los funcionarios sobre las prioridades y cambios estratégicos que impulsa la nueva administración.

Entre los puntos más polémicos del plan gubernamental se encuentra el “milagro del amor”, que propone medidas como propiciar el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una postura que ha generado inquietud entre defensores de los derechos humanos y sectores que respaldan el Acuerdo de Paz.

También plantea revivir la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo, una decisión que revertiría avances en materia de derechos igualitarios y que ya ha suscitado críticas de organizaciones LGBTIQ+ y sectores progresistas.

Otra de las propuestas destacadas en el ciclo del “milagro del amor” es la construcción de siete a diez megacárceles modelo Bukele y la eliminación del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), lo que supondría una reestructuración profunda del sistema penitenciario nacional.

Además, se contempla el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, iniciativa que ha generado controversia por el posible impacto en la seguridad ciudadana y el orden público.

En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, el plan incluye la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos de coca, una estrategia que revive el debate sobre el uso de glifosato y sus consecuencias en salud, medio ambiente y comunidades rurales.

El ciclo denominado “milagro de servir” incorpora la reducción del número de ministerios, pasando de 19 a 13, con el objetivo de optimizar la estructura gubernamental. También se prevé la modernización de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mediante la implementación de inteligencia artificial y la creación de un bloque de búsqueda contra los corruptos.

En materia fiscal, se menciona un ajuste de 70 billones de pesos para alcanzar un superávit primario, una meta ambiciosa que requeriría recortes significativos y una gestión rigurosa del gasto público.

El documento también hace referencia al “milagro de la vida”, donde se plantea la adopción de una postura “provida” que busca revertir la despenalización del aborto, decisión que podría alterar la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional en materia de derechos reproductivos de las mujeres.

Otros ciclos incluyen el “milagro del saber”, el “milagro de soñar”, el “milagro de pertenecer” y el “milagro de crear”, aunque los detalles específicos sobre estos apartados no han sido difundidos en público.

El contenido de la imagen ha generado preocupación en diversos sectores sociales y políticos, que advierten sobre la diferencia entre los anuncios realizados en público y las propuestas que se estarían discutiendo en espacios internos del Gobierno.

Varios colectivos y analistas han señalado el riesgo de que estas iniciativas impliquen retrocesos en materia de derechos humanos, igualdad y libertades civiles, y provocó que la imagen con la presentación fuera tendencia en redes sociales.

DNP se refirió a la polémica

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, aclarando la situación generada tras la filtración de una diapositiva que circuló en redes sociales y medios de comunicación, en la que se sugerían posibles lineamientos y prioridades para el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En el comunicado del viernes 28 de agosto de 2026, el DNP recalcó que “el documento filtrado no representa una decisión oficial”.

La diapositiva, explicó la entidad, corresponde a un “insumo preliminar de un ejercicio técnico exploratorio, de carácter no determinante ni vinculante”.

De acuerdo con el DNP, este material no constituye la base ni el fundamento del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, ni refleja la posición oficial del Gobierno. Además, “su contenido no garantiza en modo alguno los lineamientos definitivos que finalmente adoptará el PND”, menciona el documento.

El comunicado puntualizó que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo avanza desde el primer día de gestión de la nueva administración. Para esto, el director de la entidad Julián Buitrago ha liderado la conformación de un equipo técnico de primer nivel y la realización de reuniones orientadas a estructurar, “con rigor y responsabilidad fiscal, un Plan Nacional de Desarrollo ajustado a las necesidades reales del país y a los tiempos exigidos por la ley”, aclara el pronunciamiento oficial.

Sobre la dinámica interna del DNP, la entidad explicó en su respuesta que los espacios técnicos hacen parte normal del proceso de planeación.

“En el DNP existen mesas y espacios de trabajo donde se analizan y confrontan distintas visiones, escenarios y aspectos frente a los retos del país. Que un documento surja de estos espacios no significa que refleje una postura institucional definitiva; por el contrario, es evidencia de un ejercicio técnico”, aclaró el comunicado.

El DNP también aclaró que el nombre y los lineamientos definitivos del Plan Nacional de Desarrollo están en su fase normal de construcción.

De momento, el equipo técnico sigue trabajando en la estructuración final del PND, en el marco de un panorama fiscal exigente y con el propósito de impulsar la inversión pública y privada necesaria para la reactivación económica del país.

Al final, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que “se remitan únicamente a los canales oficiales de la entidad para acceder a información verificada sobre el Plan Nacional de Desarrollo, y a evitar conclusiones anticipadas a partir de documentos de trabajo de carácter no oficial”.

Un hallazgo que causó zozobra en los habitantes del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, provocó el hallazgo del tronco de un cuerpo humano dentro de bolsas de basura.

El descubrimiento se reportó luego de que una persona que transitaba por la zona notó las bolsas y alertó a las autoridades.

Al llegar al lugar, las autoridades acordonaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias. Minutos después unidades de criminalística desarrollaron el levantamiento de los restos humanos, que según lo que confirmó un vocero de la Mebog, se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Según el reporte preliminar, sobre el mediodía del miércoles 26 de agosto de 2026 solo se encontró el tronco, sin presencia de otras extremidades, lo que incrementa el misterio alrededor del caso.

Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se realizarán los análisis forenses necesarios para intentar establecer la identidad de la víctima y recolectar información sobre las causas y circunstancias de la muerte. Las autoridades indicaron que estos estudios serán fundamentales para avanzar en la investigación.

La Policía Judicial inició la recopilación de testimonios entre vecinos y transeúntes del sector, además de revisar las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. El objetivo es identificar a la persona o personas que habrían abandonado las bolsas en ese punto y reconstruir los hechos que llevaron a este macabro hallazgo.

La investigación se mantiene abierta y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

La misma semana se reportó el hallazgo de un cuerpo en Ciudad Bolívar

Dos días atrás, la noche del lunes 24 de agosto, las autoridades de Bogotá encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una caneca plástica en el sector de Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital colombiana.

De acuerdo con información preliminar suministrada por la Mebog, tres personas transportaban el recipiente por la vía pública cuando fueron interceptadas por uniformados que realizaban patrullajes de control en la zona.

El teniente coronel Óscar Iván Flórez, vocero de la Policía, explicó que los agentes observaron a los individuos en actitud sospechosa y procedieron a abordarlos para una verificación.

Durante el procedimiento, uno de los tres logró escapar mientras que los otros dos fueron capturados y, tras inspeccionar la caneca, los uniformados hallaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años.

Las autoridades reportaron que la identidad de la víctima no ha sido establecida y no se conocen aún las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El hallazgo activó un dispositivo especial de investigación en el que participan equipos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Estos grupos trabajan para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la posible participación de los detenidos, así como para ubicar al tercer involucrado que logró huir.

La verificación de antecedentes realizada por la Policía a los dos capturados arrojó que ambos presentan registros judiciales por distintos delitos. Uno de ellos es de nacionalidad extranjera, precisó el coronel Flórez.

Hasta el momento, la información oficial no vincula de manera directa a los aprehendidos con la muerte de la víctima.

En Suba encontraron cuerpo de un bebé dentro de bosla de basura

El caso se suma al hallazgo del cuerpo de un bebé en un botadero de basura en Suba ha generado conmoción y repudio entre los habitantes del sector de Caminos de Esperanza, al noroccidente de Bogotá. El hecho se conoció cuando residentes de la zona reportaron a las autoridades la presencia de una bolsa plástica sospechosa entre los desechos.

Al arribar, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del equipo de criminalística confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo sin vida de un recién nacido.

El área fue acordonada para permitir que los peritos realizaran la recolección de pruebas y la inspección técnica del cadáver, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

La presencia de las autoridades y el despliegue del operativo generaron tristeza e indignación en la comunidad, que mostraron su preocupación por la seguridad y el bienestar en el sector.

Según el reporte preliminar, el cuerpo fue encontrado gracias a la observación de un ciudadano que notó que varias vacas que pastaban en los alrededores se acercaban insistentemente a un punto específico entre la basura.

Al acercarse y alejar a los animales, el residente se percató de la presencia del menor y alertó de inmediato a las autoridades.

El planteamiento del bufete García Trujillo & Asociados despejó varias dudas a sus usuarios sobre los límites de la legítima defensa y la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de funcionarios públicos.

Según el análisis jurídico publicado por el colectivo en su cuenta de Instagram, los hechos clave del caso son claros: “El 19 de agosto de 2026, mientras realizaba labores administrativas en el CAI del barrio Galán en Bogotá, un patrullero fue agredido por la espalda en un ángulo ciego por un ciudadano con un arma cortopunzante dirigida a su cuello y cabeza. Tras una respuesta instintiva y un forcejeo dinámico que se trasladó al exterior del CAI donde sufrió múltiples heridas, el oficial desenvainó su arma de dotación 9 mm e impactó al agresor, provocándole la muerte”.

El patrullero fue atendido por las lesiones y el hecho está bajo investigación de la Fiscalía.

Uno de los puntos centrales del debate público ha sido si el uso del arma de fuego ante un cuchillo constituye un exceso en la respuesta policial.

El bufete recordó que existe “la creencia errónea de que defenderse con un arma de fuego ante un arma blanca constituye un abuso automático de la fuerza”, pero que tanto la ley como la jurisprudencia evalúan la racionalidad del medio según el contexto del riesgo y la necesidad de neutralizar la amenaza. “Un arma cortopunzante a corta distancia tiene una potencialidad letal real e inmediata. Responder con el arma de dotación es un medio idóneo y proporcional para salvaguardar la vida ante un ataque mortal”, subraya García Trujillo & Asociados.

Para que se configure la legítima defensa, el Código Penal Colombiano (artículo 32, numeral 6) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (SP4289-2020) exigen cinco condiciones:

1. Agresión ilegítima e injusta (ataque no provocado).
2. Peligro actual e inminente sobre la vida o integridad.
3. Necesidad racional de la reacción defensiva.
4. Proporcionalidad en la intensidad de la respuesta.
5. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende”.

El colectivo de abogados fue insistente al explicar los límites entre la defensa justa y el exceso, y precisó que “para que se configure un exceso en la legítima defensa, el uso de la fuerza letal debe continuar después de que la agresión ha cesado, por ejemplo, disparar cuando el atacante está desarmado o huyendo sin capacidad de ataque”. En este caso, los disparos se ejecutaron “en el contexto dinámico de persistencia del ataque, no concurren elementos de exceso punible”.

El análisis destaca que, “al no tratarse de una agresión imaginaria lo que descartaría una legítima defensa putativa y dado que los disparos se ejecutaron en el contexto dinámico de persistencia del ataque, no concurren elementos de exceso punible”.

Sobre el procedimiento legal, el bufete de abogados recordó que, aunque formalmente se inicia investigación por homicidio (art. 103 C.P.), la demostración clara de una agresión injusta impone a la Fiscalía la obligación, según los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal, de acudir ante un juez para solicitar la preclusión definitiva del caso.

“Someter a un ciudadano o policía a un juzgamiento prolongado habiendo operado en legítima defensa clara desnaturaliza la justicia y genera el fenómeno de la pena del proceso”, añade la revisión del caso por parte del colectivo.

El bufete también resaltó la importancia de proteger jurídicamente a quienes actúan para salvaguardar su vida en situaciones de peligro real y actual y resaltó que “la legítima defensa ampara el derecho a repeler una agresión injusta y letal de manera racional, protegiendo legalmente a quien actúa para salvaguardar su vida”.

Sobre el caso de Puente Aranda, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el uniformado fue atacado por la espalda, sin provocación alguna, y que la reacción fue instintiva y necesaria para evitar un daño mayor, expuso en el carrete que compartió el colectivo de abogados.

A partir de este detalle, se sostiene que el forcejeo y la gravedad de las heridas sufridas por el policía refuerzan la tesis de que la reacción fue proporcional y necesaria.

El análisis jurídico concluyó que “el caso del Subintendente Roben Ricardo Ramírez demuestra la necesidad de comprender que la legítima defensa ampara el derecho a repeler una agresión injusta y letal de manera racional, protegiendo legalmente a quien actúa para salvaguardar su vida”.

Sanabria, que ha sido una de las voces más visibles en defensa del ahorro pensional individual, calificó el fallo como un “golpe terrible” para millones de colombianos y presentó públicamente una propuesta alternativa, la llamada “contrarreforma pensional”.

En un extenso pronunciamiento que realizó a través de un video que compartió en sus redes sociales, Sanabria explicó: “Yo les prometí que no iba a bajar los brazos jamás en esta defensa del ahorro pensional y aquí les estoy cumpliendo. Esta que ustedes están viendo aquí es la contrarreforma pensional que va a salvar el ahorro de los colombianos, que va a salvar su devolución de saldos, que va a salvar el futuro pensional de mi generación y que le va a devolver a los afiliados la libertad de elegir en dónde quieren cotizar”, describe la joven universitaria mostrando el documento que resume sus propuestas.

La activista criticó con dureza la decisión de la Corte, y destacó que “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, dejando en pie pilares que, en su opinión, afectan de manera grave el derecho de los trabajadores a disponer de sus ahorros y elegir el régimen pensional.

“Para la Corte Constitucional está bien ese artículo que le dice a los afiliados que les roba su devolución de saldos”, afirmó Sanabria, y fue más allá al advertir que “la Corte acaba de aprobar una confiscación” al avalar el pilar semicontributivo y el pilar contributivo obligatorios.

Sanabria presentó su “contrarreforma pensional”, un documento de apenas tres artículos que, según ella, “es la contrarreforma que No con mi ahorro, mi movimiento, tiene preparado desde el año pasado”.

Este proyecto fue denominado inicialmente “la pensional del tigre” y había sido entregado al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Sanabria propuso renombrarla, al declarar: “Hoy esta no es solamente la pensional del tigre, es la pensional de los afiliados, la pensional de todos los colombianos”.

La propuesta de contrarreforma pensional de Jerome Sanabria contempla dos ejes principales

El primero es la eliminación total del pilar semicontributivo

“Si usted es un afiliado que estaba próximo a cumplir la edad de pensión, no va a llegar a las semanas de cotización y tenía esperanzas en recibir su devolución de saldos, a usted la Corte Constitucional le dijo el día de ayer, cuando aprobó la reforma de Gustavo Petro, que ya no va a tener su devolución de saldo, sino que en cambio va a tener una chichigua vitalicia, que además tendrá que recibir tres años después de la edad de pensión y que además no es heredable”, argumentó la creadora de contenido.

Pero dejó en firme: “¡Pues no señores! Con esta contrarreforma pensional eso se cae, se acaba el pilar semicontributivo”, afirmó la activista. En su lugar, propone volver a lo que establecía la ley 100, artículo 66, que “contempla la devolución de saldos” para quienes no cumplen con los requisitos para pensionarse.

El segundo punto central es la libertad de elección del régimen pensional

“El Estado no es nadie para decirnos en dónde tenemos que cotizar. Los afiliados debemos tener total libertad y total disposición sobre nuestro ahorro pensional, porque recuerden que su cotización es su propiedad privada y por esa razón el Estado no les puede decir qué hacer con ella”, expuso Sanabria en este punto de su explicación.

En su propuesta, los colombianos podrían elegir libremente entre Colpensiones y los fondos privados, aunque quienes opten por Colpensiones solo podrían cotizar hasta 2,3 salarios mínimos, para evitar la creación de megapensiones insostenibles.

Por tal motivo, Sanabria hizo un llamado a los congresistas de todos los partidos para que acojan la contrarreforma y la tramiten como proyecto de ley.

“Esto lo voy a poner a disposición de Salvación Nacional, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de todos los partidos y congresistas que lo quieran tener. La única petición en este momento, como representante de la Sociedad Civil y de No con mi ahorro, es que presenten este documento, que lo radiquen lo más antes posible”, aseguró la activista.

Sanabra reconoció las dificultades políticas que enfrenta una iniciativa de este tipo, y dijo que “este proyecto que él (De la Espriella) debe presentar como un proyecto de ley, como una iniciativa del Gobierno, debe pasar cuatro debates en todo el Congreso y ustedes saben que eso es muy difícil, mucho más en estos momentos en donde no hay tanta gobernabilidad”.

La joven concluyó su intervención expresando tristeza y frustración por el fallo de la Corte, pero reiteró su compromiso y no negó su tristeza y “una frustración personal muy grande, porque esta es la lucha que yo he dado todos estos años en mi vida y ver que por una decisión de la Corte Constitucional, que la verdad no entiendo, pues básicamente esta reforma se aprueba, no tiene mucho sentido”.

Por último, ella le pidió al Gobierno nacional liderar la discusión y “demostrar lo duro que muerde ‘el Tigre’”, en referencia al presidente De la Espriella, para defender el ahorro individual y la libertad de elección en el sistema pensional colombiano.

“Que esta sea la verdadera reforma del pueblo, la reforma de los afiliados al sistema pensional. Esta es la reforma de la libertad”, sentenció Sanabria.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y una de las voces más contundentes fue la de Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro.

En un pronunciamiento que se viralizó en redes sociales el jueves 26 de agosto, la joven cuestionó la base conceptual y política de la decisión.

“Aunque toda la vida nos han querido hacer creer que cuando dicen la niñez o los niños nos abarca a todos y a todas, no es así. Las palabras abarcan realidades y simplemente si no se nombra, no existe”, afirmó la hija del expresidente Petro, y dejó en firme que las niñas “son niñas, no solo son una etapa abstracta del desarrollo, ni son lo mismo que los niños (...) crecen enfrentando violencia, desigualdades y barreras específicas por el simple hecho de ser niñas”.

La preocupación de Antonella radica en que suprimir el término “niña” del discurso institucional equivale a desatender las particularidades y riesgos reales que enfrentan las menores en el país.

“Y cuando dejamos de nombrarlas, le quitamos el foco a los riesgos reales que hay en sus casas, en las escuelas y en los barrios. Decir niñas no es un capricho. El Estado debe reconocerlas con todas sus letras, porque ese es el primer paso para proteger sus derechos y asegurarse de que no queden envueltas en un término genérico que pretende igualar lo que en la práctica termina siendo profundamente desigual”, argumentó la joven bachiller que ahora ha incursionado más en las redes sociales luego de terminar el colegio.

Directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, defendió su postura: “Niñez”

Por su parte, la directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las críticas a través de su cuenta oficial de X.

“Me sorprende tanta preocupación porque supuestamente hablar de ‘NIÑEZ’ invisibiliza a las niñas. Y los niños? Ellos sí pueden ser invisibilizados?”, cuestionó la funcionaria, sugiriendo que el debate de la visibilidad debe contemplar toda la población infantil y no solo un género.

Restrepo defendió que el uso del término “niñez” se basa en la inclusión de todos los niños y niñas: “Precisamente hablo de NIÑEZ porque incluye a niñas y niños, a todos, sin excluir a nadie”.

En el comunicado oficial dirigido a los funcionarios y colaboradores del Instituto, el Icbf aclaró que “el concepto de ‘niñez’ comprende a todos los niños, niñas y adolescentes del país” y que este término incluye “los derechos, garantías y protecciones establecidos tanto por la Constitución como por la legislación nacional”.

Restrepo reiteró que la misión del Icbf es “la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, sin distinción alguna”.

Sin embargo, para Antonella y otros críticos de la medida, la perspectiva de la directora y del Icbf desconoce realidades que exigen un enfoque diferenciado.

Según la joven, “las niñas crecen enfrentando violencia, desigualdades y barreras específicas”, y si se deja de nombrarlas explícitamente, el Estado corre el riesgo de invisibilizar situaciones de acoso, abuso, discriminación y violencia de género que afectan de manera particular a las menores.

La hija del expresidente Petro insistió en que el reconocimiento explícito de las niñas en los discursos, políticas y documentos oficiales es un punto de partida esencial para diseñar estrategias que respondan de manera efectiva a su realidad.

Para la activista, “el lenguaje importa porque pone el foco donde existe una necesidad, una vulnerabilidad o una deuda histórica, y las niñas, por el hecho de serlo, requieren una protección reforzada y una visibilidad que el término genérico ‘niñez’ no necesariamente garantiza”.

Por su parte, Restrepo Cañavera reiteró que la apuesta del Icbf es fortalecer la comunicación institucional y garantizar que el lenguaje refleje el compromiso con la protección de la infancia, la adolescencia y las familias colombianas.

“Esta Dirección promoverá una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto, que ponga en el centro aquello que nos corresponde proteger: la niñez, la adolescencia y las familias colombianas”, aseguró la directora.

En un caso que ha provocado indignación y repudio por parte de los habitantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó por parte de la Fiscalía General de la Nación la judicializó de Cristian Leonardo Pinzón Méndez por su presunta responsabilidad en el abuso sexual y asesinato de su propia madre, una mujer de 64 años.

El caso se presentó el 14 de julio, pero solo hasta el miércoles 26 de agosto se revelaron los detalles inéditos del crimen que cometió el joven, y las maniobras de las que se valió para hacerles creer a sus familiares que su mamá seguía con vida, cuando ya había acabado con la vida de su progenitora.

De acuerdo con lo que se reveló por parte del fiscal del caso en medio de la audiencia de imputación de cargos, el procesado habría tratado de engañar a los familiares de la víctima manipulando su teléfono celular para hacerles creer que se encontraba enferma y aún con vida.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue sometida durante un tiempo a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo, que la intimidaba y le exigía dinero.

La Fiscalía determinó que la noche del 14 de julio, Pinzón Méndez habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le causó la muerte luego de golpearla en repetidas ocasiones.

“Al parecer, está referenciado de aproximadamente unos diez años atrás que (Pinzón Méndez) la intimidaba incluso en algunas oportunidades con el elemento cortopunzante o arma blanca a la ciudadana, (...) la maltrataba de forma verbal y de manera repetitiva”, describió el funcionario en representación del ente investigador.

En medio de la diligencia judicial se explicó que “esto acreditaba que (la madre y víctima) accediera en primer lugar, no solo por el cariño, sino por el temor que se empezó a dar (...) que ella ya tenía por parte de su hijo Cristian (...)”, y al final le terminaba dando dinero a su hijo.

Los elementos recopilados en el proceso permitieron establecer que, después de los hechos, el procesado intentó ocultar las pruebas y construir una versión falsa para familiares y autoridades.

Según la investigación, incluso utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía, con el propósito de respaldar la versión de que la mujer aún permanecía con vida.

El fiscal describió estas artimañas y contó que Pinzón Méndez enviaba desde el celular de “la persona fallecida vía WhatsApp” las fotos, describe el funcionario, pero la mamá siempre aparecía “con un tapabocas”.

“Y el tapabocas era con la finalidad de que no se mostrara el rostro, que ya estaba totalmente golpeado de la ciudadana fallecida, dándole a entender a sus familiares que ella se encontraba evidentemente enferma, pero que no tenía ningún tipo de situación que haya afectado su vida o a lo menos su integridad personal”, continúa la reseña del expediente.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

El ente acusador detalló en su comunicado que la captura de Pinzón Méndez se produjo el viernes 21 de agosto en una de las calles del barrio Las Margaritas (Kennedy), en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance de la investigación.

Líneas para denunciar casos de violencia contra la mujer en Bogotá

Las mujeres en Bogotá tienen derecho a vivir una vida libre de violencias y a recibir atención y acompañamiento oportuno por parte de entidades distritales y nacionales. Con el objetivo de prevenir y atender las violencias basadas en género (VBG), se ha fortalecido la articulación de servicios y rutas de atención para garantizar los derechos de las mujeres víctimas.

Si una mujer está en situación de riesgo, puede comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 123, que funciona todos los días, las 24 horas, en Bogotá. Esta línea ofrece orientación jurídica y en salud, sensibiliza sobre los diferentes tipos de violencias y brinda instrucciones precisas sobre cómo denunciar ante las autoridades competentes.

Adicional a lo anterior, existen servicios de acompañamiento psicosocial y orientación sobre derechos, mecanismos y rutas para hacer efectivos los derechos de las mujeres víctimas. Estos servicios también informan sobre la oferta institucional disponible para la atención y protección integral de las mujeres en la ciudad.

Para aquellas que buscan espacios de encuentro, empoderamiento y asesoría, Bogotá cuenta con una red de puntos de atención y orientación gratuita, disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. En estos lugares, las mujeres pueden acceder a orientación socio jurídica y psicosocial, así como participar en actividades de conocimiento de derechos y procesos de fortalecimiento social.

A continuación, se presentan los puntos de atención por localidad, con sus respectivas direcciones y números de contacto:

• Usaquén: 601 316 9092 / Cr. 7 F # 155-71 Barrio Barrancas
• Chapinero: 601 359 9555 / Calle 62 # 5-85 Frente al Club del Comercio
• Santa Fe: 601 439 9997 / Cr. 6 #14-98, piso 4 Barrio La Nieves
• San Cristóbal: 601 359 9502 / Cr. 8 # 15-72 sur Barrio Quinta Ramos
• Usme: 601 359 9505 / Cl. 78 Sur # 10-28 Barrio Andrea
• Tunjuelito: 601 359 9514 / Dg. 45B sur # 52A-82 Barrio Venecia
• Bosa: 601 316 9098 / Cl. 59 Sur #78C-29 Barrio Andalucía
• Kennedy: 601 316 9099 / Cl. 3A #71A-54 Barrio Américas Occ.
• Fontibón: 601 359 9500 / Carrera 98 # 18-19 Barrio Fontibón Centro
• Engativá: 601 359 9515 / Cr. 70D # 51-66 Barrio Normandía
• Suba: 601 359 9523 / Cl. 128B # 58A-37 Barrio Las Villas
• Barrios Unidos: 305 8165101 / Carrera 46 # 91-34 Barrio La Castellana
• Teusaquillo: 601 359 9544 / Cl. 43 # 27-25 Barrio La Soledad
• Los Mártires: 601 555 3029 / Cr. 29 # 1D-38 Barrio Santa Isabel
• Antonio Nariño: 601 359 9539 / Cl. 11 Sur # 11B-31 Barrio Caracas
• Puente Aranda: 601 359 9542 / Calle 5C # 53F-60 Barrio San Rafael
• La Candelaria: 601 359 9539 / Cl. 12C # 8-39 Piso 5 / Edificio Sabana Royal
• Rafael Uribe Uribe: 601 359 9543 / Cr. 24 # 27-65 sur Barrio Centenario
• Ciudad Bolívar: Calle 64 Sur # 70G - 61 Barrio Perdomo
• Sumapaz: 601 316 4690 / Cl. 78 Sur # 10-28 Barrio Andrea

Estos espacios y líneas de atención constituyen una red de apoyo para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia, acceder a información sobre sus derechos y recibir acompañamiento integral.

Pinilla Cárdenas, oriundo de Cunday, Tolima, estaba casado y era padre de un niño de nueve años. El uniformado perdió la vida en un punto de la zona conocida como El Mochuelo, y luego de que se desencadenó una persecución y balacera desde un sector de invasión llamado La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Todo se originó en medio de la búsqueda de los responsables de una masacre registrada en la misma localidad la tarde del miércoles 26 de agosto, y que dejó como víctimas a tres personas.

De acuerdo con la información entregada por el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog),se conocieron nuevos detalles tras las declaraciones que ofreció a medios de comunicación la mañana del jueves, sobre el triple asesinato que investigaba el intendente Pinilla, y que estaría vinculado a disputas por el control del tráfico de estupefacientes.

En este punto de la localidad se realizó el acordonamiento por parte de las autoridades:

El relato de cómo se desencadenó la balacera en medio de la indagación de un triple homicidio en Bogotá

“Nuestro intendente de la Sijín, Edilberto Pinilla Cárdenas, reacciona, y en esa reacción llegan a un punto donde encuentran a estas personas, hay intercambio de disparos”, inicia la descripción de los hechos, en la segunda declaración oficial que brindó el general Cristancho.

“La reacción policial permitió capturar tres personas”, añade el alto oficial, y fue gracias a “uno de los acompañantes del intendente”, que reconoció a los hoy detenidos. Producto de esta aprehensión se incautaron “tres armas de fuego, dos revólveres y un arma artesanal”, detalló el oficial.

Sobre la empresa criminal detrás del crimen del intendente Pinila, el general Cristancho señaló que “son del grupo delincuencial común organizado (GDCO) La Plancha, que delinquen en Ciudad Bolívar, que en su modus operandi trafican estupefacientes”.

El vocero de la Mebog confirmó que a esta empresa criminal ya la tienen reconocida. “De hecho, hemos capturado varios de ellos. Ayer (miércoles 26 de agosto) justamente habíamos capturado a alias Miguel por un doble homicidio que había ejecutado en febrero de este año”.

El general Cristancho confirmó que se intensificarán en la zona las operaciones y con la Fiscalía se adelanta de forma conjunta “un proceso judicial” que se ampliará para impactar el multricrimen en Ciudad Bolívar.

El oficial recordó la carrera ejemplar del intendente Pinilla, y comentó que él tuvo una carrera impecable dentro de la institución, que se reflejan en las “tres condecoraciones y 57 menciones honoríficas” durante sus 19 años en la Policía, con “cero sanciones”, y por lo que le calificaron como “un policía ejemplar”.

Tras conocerse el crimen, la institución desplegó sus capacidades operativas y de investigación para ubicar a los presuntos responsables. Para tal fin se dispuso un grupo de uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para que se desplazaran a La Carbonera y así adelantar las verificaciones correspondientes.

Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán repudió el crimen del intendente Pinilla

Debido a este caso que enluta a la Policía Nacional, el alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán repudió el crimen del oficial, al igual que el Ministerio de Justicia, que emitió un comunicado la misma mañana del jueves 27 de agosto.

“Profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la @PoliciaBogota. El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecusión a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolivar y que sería la responsable de tres homicidios”, señaló el mandatario local por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X.

Galán precisó que “el General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas”.

Al final, el alcalde capitalino expresó su “solidaridad con la familia del intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá”, y anunció que “la instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda resposables de este lamentable hecho”.

Por su parte, el comunicado de la cartera de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, señaló tras el homicidio del mimebro de la Sijín: “Su muerte nos duele y nos recuerda el enorme sacrificio de quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos”.

“Desde el Ministerio de Justicia trabajaremos, dentro de nuestras competencias y de manera articulada con las autoridades, para que hechos como este no se repitan y para que todos los responsables sean identificados, judicializados y sancionados con todo el rigor de la ley”, finaliza el pronunciamiento de la cartera, y recalcó para concluir: “A nuestros policías: cuentan con nuestro respeto, respaldo y compromiso”.

La investigación de una masacre que desembocó en una balacera en Ciudad Bolívar, que cobró la vida del intendente Edilberto Pinilla

Fue en el curso de esa búsqueda cuando los investigadores se encontraron con los posibles autores del triple homicidio. “En el momento que uniformados de la Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos”, explicó el general Cristancho.

En medio del tiroteo, Pinilla Cárdenas fue alcanzado por un proyectil, y quedó herido de gravedad. De inmediato, el oficial fue trasladado de urgencia al hospital de Meissen, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

La institución lamentó profundamente la pérdida de uno de sus miembros, un investigador que participaba activamente en el esclarecimiento de hechos violentos y que deja a su familia y a un niño de nueve años sin su padre.

La reacción de la Policía no se detuvo tras el fallecimiento del intendente. Las autoridades continuaron con el despliegue en el sector y lograron la captura de tres personas, a quienes les fueron incautadas tres armas de fuego. “Posiblemente son las responsables del homicidio de nuestro intendente”, señaló el comandante de la Mebog.

La investigación ahora busca determinar si los capturados participaron directamente en el triple homicidio y en la muerte del policía. Para esto, se analizará si alguna de las armas incautadas fue utilizada durante el ataque y cuál fue la participación individual de cada uno de los detenidos en la cadena de hechos violentos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expresó la solidaridad de la institución con la familia del uniformado y aseguró que la Policía mantendrá todos sus esfuerzos en la captura de los responsables. “Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, afirmó el general Cristancho.

El oficial señaló con vehemencia que la muerte del intendente Pinilla Cárdenas no frenará las acciones de la Policía contra las estructuras criminales que operan en la capital. “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, expresó el comandante de la Mebog.

Por ahora, los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su posible participación en los hechos.

El evento, que se realizará el viernes 28 de agosto a las 6:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, fue presentado por Restrepo como un acto de solidaridad nacional.

“Colombia atraviesa un momento de profundo dolor, pero también es momento de unirnos”, escribió el vicepresidente en sus redes sociales, con el fin de invitar a los colombianos a participar desde cualquier rincón del país y pidiendo respeto por “cada fe y cada forma de oración”.

La jornada contempla el encendido de una luz por cada vida y familia afectada y se plantea como un espacio para “abrazar a quienes hoy sufren” y pedir por “la sanación, la esperanza y la reconstrucción de Colombia”.

Sin embargo, la Asociación publicó un extenso comunicado la en el que, tras expresar “su profunda solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y con todas las familias afectadas por esta tragedia”, pero advirtió sobre los riesgos de que la unidad nacional se construya “instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

El comunicado señala que la convocatoria, aunque difundida en perfiles digitales donde los funcionarios afirman hablar a título personal, “exhiben y proyectan su investidura y cargo público, generando una confusión directa entre las convicciones privadas de la persona y la postura oficial del Gobierno”.

La organización recordó que “la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada, desde la fundacional Sentencia C-350 de 1994 y en pronunciamientos como las Sentencias C-766 de 2010 y C-570 de 2016, que la Carta Política de 1991 consagró un Estado laico fundado en un deber estricto de neutralidad religiosa y separación entre las confesiones y el poder público”. De igual forma, desde la AAB se puntualizó que las autoridades tienen prohibido patrocinar, promover o adherir a cultos particulares, y que toda actuación estatal debe obedecer a finalidades estrictamente seculares.

En referencia a las expresiones de los funcionarios públicos en redes sociales, la Asociación citó la Sentencia T-124 de 2021, en la que la Corte Constitucional precisó que los altos dignatarios del Estado están sujetos a mayores restricciones en su libertad de expresión y a un deber de “especial prudencia y cuidado” cuando abordan cuestiones religiosas.

El episodio se suma a la polémica por las disculpas que deberá ofrecer el presidente De la Espriella por su discurso durante su ceremonia de posesión presidencial.

Por tal motivo, en su réplica la Asociación hizo un recordatorio que se puede relacionar con lo que ocurrió con el jefe de Estado,

“La Corte dejó claro que los funcionarios no pueden ampararse en el carácter presuntamente ‘personal’ de sus cuentas ni en la ausencia de actos administrativos para eludir sus responsabilidades constitucionales, ya que al asociar su imagen o investidura a ritos confesionales vulneran el principio de laicidad y transmiten a la ciudadanía una indebida identificación del Estado con una religión particular”, afirmó el documento por parte de la AAB.

El pronunciamiento fue claro al afirmar que “la oración es un acto devocional y confesional, no una práctica neutral ni universal. Las personas ateas, agnósticas, paganas o no afiliadas a ninguna religión no oran; o no se dirigen a sus dioses mediante los rituales característicos del cristianismo predominante”.

También se afirmó que presentar un rito judeocristiano como sinónimo de unidad nacional “resulta excluyente y desconoce la diversidad de la sociedad colombiana y sus culturas ancestrales: comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, detalla el documento.

No obstante, la Asociación de Ateos advirtió de paso que “aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad y duelo colectivo tras una catástrofe para legitimar y promover una cosmovisión religiosa desde las altas esferas del poder constituye una instrumentalización del dolor social contrario a la ética pública en un Estado aconfesional y laico”.

Para la organización, la laicidad es la garantía institucional para que el Estado no pertenezca a ninguna iglesia y para que los derechos de todas las personas se defiendan bajo un marco de estricta igualdad.

Por último, desde la AAB se exigió a los altos funcionarios del Gobierno Nacional “cesar el uso de sus perfiles vinculados a la función pública para convocar a actos de fe, y demandó un apego irrestricto al mandato constitucional de neutralidad religiosa”, y se propuso que los actos de solidaridad institucional con las víctimas se desarrollen en marcos cívicos, seculares e incluyentes, como minutos de silencio, actos de memoria y atención humanitaria rigurosa, para convocar a toda la ciudadanía sin importar sus creencias o ausencia de ellas.

Luego de que un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas tras considerar que el acto de posesión presidencial realizado el pasado 7 de agosto en Cali vulneró la neutralidad religiosa del Estado colombiano, la senadora Jennifer Pedraza se pronunció ante el fallo y recordó cuando ella misma había advertido, luego de aquella ocasión, que el jefe de Estado incurrió en una falta.

Así lo señaló la congresista en un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del jueves 27 de agosto de 2026, un día después de que se reveló la decisión judicial, y que responde a una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra.

“Como advertimos: el acto de posesión del Presidente @ABDELAESPRIELLA violó el principio de neutralidad en materia religiosa y amenaza el carácter laico del Estado. Ahora, un juez de la República le solicita al Mandatario excusarse por violar el derecho de la ciudadanía a la libertad de consciencia y culto”, detalló Pedraza en su publicación.

Dentro del mismo recurso también se impone la expedición de una directiva presidencial para garantizar que todos los servidores públicos respeten la neutralidad religiosa en el ejercicio de sus funciones.

al final, Pedraza aseveró que “a Colombia le costó decadas separar, de manera sabia, el Estado de la(s) religión(es)”, y concluyó: “No podemos retroceder. Hay que defender el Estado Social de Derecho”.

Los detalles del fallo judicial: revés para De la Espriella

Según el fallo, la ceremonia de posesión incluyó un espacio de “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto, elementos que a juicio del juez desconocieron el deber de neutralidad que debe conservar el Estado en los actos oficiales.

Al respecto, el despacho judicial fue claro al señalar: “Esa unidad no puede construirse instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

El juez puntualizó que el fallo no niega que los funcionarios públicos puedan tener creencias religiosas, pero establece que, al actuar como autoridades, deben evitar que sus funciones institucionales aparezcan asociadas a una religión o credo particular. En palabras del despacho: “Cuando actúan como autoridades deben evitar que sus funciones institucionales aparezcan asociadas a una religión específica o a un credo particular”.

En la parte resolutiva, la sentencia amparó los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto del accionante y ordenó al presidente De la Espriella que, en alocución en radio y televisión, a más tardar el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., ofrezca disculpas al pueblo colombiano.

El mandatario deberá mencionar explícitamente que se abstendrá de incurrir en conductas que impliquen inclinación hacia la Iglesia Católica o cualquier otro credo particular y que reconoce la importancia de la neutralidad religiosa del Estado.

De igual forma, la orden judicial impone a la Presidencia la expedición de una directiva administrativa, en septiembre de 2026, para ordenar a los servidores públicos “respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones”.

Este punto convierte el fallo en una decisión con efectos institucionales más amplios que la ceremonia de posesión: la directiva deberá servir de guía para que los actos oficiales no sean utilizados para proyectar respaldo institucional hacia una confesión religiosa.

El fallo también cobija al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria programada para la última semana de septiembre de 2026. En esa intervención, deberá puntualizar su compromiso de abstenerse de incurrir en actuaciones que permitan que, en actos oficiales en los que represente al Congreso, se proyecte una inclinación hacia la religión católica o cualquier otro credo particular.

El togado, al explicar el alcance de la decisión, aclaró que “el punto central no está en las creencias personales de quienes gobiernan, sino en la forma como se desarrollan los escenarios institucionales”.

Por ello, desvinculó de la acción a líderes religiosos presentes en la ceremonia, como David Michaan (rabino principal de la comunidad hebrea de Colombia), Eduardo Cañas Estrada (pastor de Manantial de Vida Eterna) y Francisco Javier Múnera Correa (presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia).

El juez insistió en que la neutralidad religiosa es un principio constitucional ineludible y que las manifestaciones de fe, aunque legítimas en el ámbito privado, no pueden tener cabida en el protocolo de los actos oficiales del Estado.

Sin embargo, la decisión adoptada en el expediente D-15989, y que fijó además que las normas ya avaladas de la Ley 2381 de 2024 comenzarán a regir el 1 de abril de 2027, no cayó muy bien para la activista y creadora de contenido Jerome Sanabria, afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Les anticipo que es terrible. La noticia no debería ser que la Corte devolvió un par de artículos a la Cámara de Representantes. No, señores, lo que en la práctica acaba de pasar es que la Corte Constitucional aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, sentenció de entrada la joven universitaria mediante un video que compartió el martes 25 de agosto.

Sanabria aseguró que “la Corte Constitucional declaró exequible la inmensa mayoría de artículos de esta reforma; entre esos, por ejemplo, declaró exequible el artículo 18, que es el pilar semicontributivo”.

La joven creadora de contenido explicó que “para la Corte Constitucional está bien ese artículo que le dice a los afiliados que les roba su devolución de saldos”, y se atrevió a declarar que la alta corte está “avalando la expropiación, la confiscación de los ahorros pensionales de los trabajadores para darles en cambio una chichigua vitalicia”.

“La Corte acaba de aprobar una confiscación, pero no solamente eso, también declaró exequible, por ejemplo, el artículo 19 del pilar contributivo, ese artículo con el que la reforma de Gustavo Petro nos obliga a todos los colombianos a cotizar en la pirámide de Colpensiones”, argumentó Sanabria, al concluir que “se acaba completamente la libertad de elección de los sistemas pensionales”, y sentenció: “Nos toca a todos irnos obligatoriamente a Colpensiones”.

La Cámara solo deberá rehacer el trámite de los artículos señalados por la Corte

El plazo para corregir el trámite será de 30 días hábiles, pero ese conteo solo empezará cuando se notifique formalmente la sentencia. Hasta entonces no existe una fecha cerrada para la nueva discusión en plenaria, porque aún debe conocerse el texto definitivo de la providencia.

Según el resolutivo divulgado por la corporación, la votación fue de 7-1, con salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez. El fallo no reabre toda la reforma en el Congreso: limita la subsanación a los apartados que la Corte identificó de manera expresa.

El primer grupo de disposiciones devueltas incluye el inciso cuarto del artículo 11, que deberá ser tramitado otra vez mediante una proposición modificativa del representante Armando Antonio Zabaraín. También regresó el artículo 14 para que la plenaria estudie una proposición aditiva del mismo congresista.

Ese artículo 14 regula características de las prestaciones del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Allí se incluyen la pensión integral, la renta básica solidaria, la renta vitalicia del pilar semicontributivo y la prestación anticipada para quienes no cumplan los requisitos de la pensión integral.

La Corte también devolvió el literal k del artículo 19, igualmente por una proposición presentada por Zabaraín. Esa norma define características del Pilar Contributivo, integrado por el componente de Prima Media y el componente Complementario de Ahorro Individual.

Otro de los apartados que volverán a la plenaria es el parágrafo transitorio del artículo 23, esta vez por una proposición de la representante Jennifer Pedraza.

Ese punto trata la distribución de la cotización y fija reglas transitorias para el manejo de recursos de quienes entren al componente de Prima Media, incluida una regla sobre la comisión de administración que podrían cobrar las sociedades administradoras de fondos de pensiones durante el manejo temporal de esos recursos.

Uno de los cambios más amplios recae sobre el artículo 36, que fue devuelto en su totalidad. La disposición consagra el beneficio de semanas para mujeres con hijos y permite, bajo ciertas condiciones, reducir en 50 por cada hijo nacido vivo o adoptivo el número de semanas exigidas a mujeres que lleguen a la edad mínima de pensión sin completar el requisito, con el límite previsto por la norma.

En ese caso, la Cámara deberá tramitar la proposición presentada por el representante Víctor Manuel Salcedo. También regresó el inciso segundo del artículo 63, junto con una proposición modificativa y otra aditiva del mismo congresista que, si prospera, incorporaría un parágrafo.

El artículo 63 se refiere a la participación de los afiliados en el control de las entidades administradoras. La disposición prevé representantes de los afiliados en las juntas directivas, incluidos voceros del componente de ahorro individual y de Prima Media.

También vuelve el numeral quinto del artículo 84, relacionado con el tratamiento tributario de las pensiones. El texto legal establece que las pensiones están exentas del impuesto sobre la renta y que se gravará la parte que exceda de 1.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), en medio de la discusión legislativa sobre si ese umbral debía entenderse de manera mensual.

La Corte ordenó además devolver el inciso primero del artículo 92, para tramitar otra proposición de Salcedo. Esa disposición regula la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y fija principios para el manejo de esos recursos por parte del Banco de la República.

A esa lista se suma el artículo 93 completo. La norma establece un trato diferencial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como para el campesinado, en relación con los requisitos de años o semanas exigidos para ciertos beneficios, con ajustes basados en diferencias de esperanza de vida.

La Cámara también deberá tramitar una proposición presentada por Pedraza para incorporar un artículo nuevo. Después de recibir las actas y los documentos del Congreso, la Corte Constitucional volverá a pronunciarse sobre esos apartados, mientras que las disposiciones ya avaladas mantendrán su fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2027 y hasta entonces seguirá suspendido el curso de las demandas contra la Ley 2381 de 2024 que ya están en trámite o lleguen a presentarse.

Las pullas de Jerome Sanabria a la Corte Constitucional por aprobación de la reforma pensional: qué debería hacer De la Espriella

Para la joven “la sustancia del proyecto, el pilar semicontributivo y contributivo, los peores pilares, ya fueron aprobados por la Corte Constitucional”, por lo que se refirió a esto como “una vergüenza”.

“La votación quedó siete a uno. Todos los magistrados de la Corte Constitucional votaron prácticamente a favor de aprobar la reforma de Gustavo Petro y devolver este par de artículos a la Cámara. Uno, solamente uno salvó el voto, no fue ni siquiera un magistrado, sino el conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar. Es decir que es paradójico pensarlo, pero un conjuez sabe más lo que se está jugando Colombia que los propios magistrados. La verdad, esto es una vergüenza”, expuso la influencer y estudiante universitaria.

Pero al final, la joven presentó lo que para ella debería ser la estrategia que debería asumir el gobierno de De la Espriella y como ella mismo dijo: “Ahora sí va, como decía Abelardo, tiene que demostrar lo duro que muerde ‘el Tigre’”.

“Tiene que presentar un proyecto de ley modificatorio de las cosas más graves que deja este proyecto de reforma pensional de Petro”, expuso Sanabria en su análisis final, al indicar que el Gobierno nacional debería “acabar el pilar semicontributivo para devolverle la devolución de saldos a los ciudadanos y hacer opcional el pilar contributivo”.

“Pero este proyecto que él (De la Espriella) debe presentar como un proyecto de ley, como una iniciativa del Gobierno, debe pasar cuatro debates en todo el Congreso y ustedes saben que eso es muy difícil, mucho más en estos momentos en donde no hay tanta gobernabilidad”, dijo la joven, que fue sincera al ver “el escenario muy difícil”.

“No les niego que estoy muy triste, esto es una frustración personal muy grande, porque esta es la lucha que yo he dado todos estos años en mi vida y ver que por una decisión de la Corte Constitucional, que la verdad no entiendo, pues básicamente esta reforma se aprueba, no tiene mucho sentido”, concluyó Sanabria.

En medio de la atención de una emergencia, las autoridades terminaron llevándose una sorpresa mayúscula luego de descubrir un cargamento de cerca de cuatro toneladas de marihuana tras el incendio de un bus de transporte público en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

El hallazgo se produjo después de que efectivos de la Policía Nacional y el Cuerpo Voluntario de Bomberos respondieran a un llamado de emergencia para sofocar el fuego que consumía el vehículo en una zona conocida como el callejón El Tronco.

Una vez extintas las llamas, la inspección reveló más de 150 costales llenos de marihuana ocultos dentro del bus, y de paso dejó al descubierto una modalidad de transporte de estupefacientes que pretendía pasar desapercibida bajo la apariencia de un servicio público legal.

De acuerdo con lo que señaló en declaraciones a medios el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la reacción coordinada entre los organismos de socorro, la ciudadanía y la Policía permitió no solo evitar una tragedia por el incendio, y también se asestó un golpe importante a las finanzas de las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país.

Todo el cargamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las pesquisas con el fin de rastrear la procedencia y el destino final de la marihuana incautada.

Las autoridades también buscan identificar a los responsables vinculados a la propiedad y conducción del vehículo incendiado.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información relevante a través de las líneas contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 o el número 156 de la Red de Cooperantes. Se garantiza completa confidencialidad a quienes colaboren en el proceso investigativo.

En otra vía de Valle del Cauca se volcó un camión cargados con más de dos toneladas de marihuana

El sábado 22 de agosto de confirmó otro resultado por parte de la Policía Nacional la incautación de más de 2,1 toneladas de marihuana que permanecían ocultas en un camión abandonado en una carretera del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo gracias al aviso de la comunidad luego de que el vehículo sufriera un volcamiento en el kilómetro 2,5 de la vía Roldanillo–La Tulia, sector La Virgen, en jurisdicción del municipio de Roldanillo.

El cargamento, cuyo valor comercial supera los $1.688 millones, estaba oculto bajo una carga de heno y habría provenido del departamento de Cauca.

Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle descubrieron varios paquetes de diferentes tamaños y formas con una sustancia vegetal que, por sus características, textura y olor, correspondería a marihuana tipo “creepy”, detalló el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante (e) del Departamento de Policía Valle.

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación entre nuestra Policía y la comunidad. Seguimos fortaleciendo los controles sobre los principales corredores viales del departamento para impedir que las organizaciones criminales utilicen nuestras carreteras para transportar sustancias ilícitas. Con la estrategia ‘Corredores Seguros’ estamos cerrando el paso a la ilegalidad y protegiendo a quienes transitan por nuestras vías”, agregó el oficial.

La identificación definitiva quedó pendiente de confirmación mediante una prueba homologada.

El conductor del camión, marca Volkswagen y de servicio público, huyó del lugar tras el accidente, por lo que las autoridades adelantan investigaciones para establecer su identidad y determinar a los responsables del cargamento.

La sustancia incautada y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Especializada contra el Narcotráfico, mientras avanzan las actuaciones judiciales y la verificación técnica de la droga.

Al final, el coronel Astaiza volvió a hacer el llamado a la ciudadanía para que continúe suministrando información que permita anticipar y prevenir hechos delictivos, ratificando su compromiso con la seguridad de los habitantes y usuarios de las carreteras en el Valle del Cauca.

El tradicional tamal bogotano podría experimentar un aumento de precio en los próximos días debido a la escasez y al incremento en el valor de las hojas utilizadas para su preparación.

¿El motivo? La emergencia por cuenta de los incendios forestales que afectan al departamento del Tolima y, con ello, a productores y comerciantes del sector que alertaron por el disparo en los precios que se podría experimentar a raíz del costo de este insumo, esencial para envolver el tamal antes de su cocción, y que hasta el momento ha subido hasta un 70% en las últimas semanas.

Durante una visita a la plaza de San Martín de Mendoza, en el centro de Bogotá, los vendedores explicaron que conseguir hojas de popocho o cachaco —las más buscadas para envolver tamales— se ha vuelto una tarea difícil, así lo reveló El ojo de la noche.

Según Diego Prada, representante del gremio tamalero, “ya vamos en un más de un 70% del incremento. Hace 40 días un rollo de hoja estaba en un precio de $18.000. Hoy o ayer, que era el mercado, estuvo a $30.000 o $35.000 pesos”, le explicó a Noticias Caracol.

Sin la hoja se pierde de la magia del tamal

El aumento representa un fuerte impacto para los productores, especialmente quienes elaboran grandes volúmenes, ya que las hojas son indispensables para cada unidad.

“Uno entiende que el Tolima en este momento está en llamas. Entonces: el viento, el verano, los incendios; no hay hoja, no hay para el producto. Ese es el problema”, según Prada, al atribuir la situación a la emergencia ambiental departamento ubicado en el centro del país.

La escasez de hojas no solo encarece el producto, sino que reduce la calidad del material disponible. Los comerciantes reportan que parte de las hojas que llegan a Bogotá están dañadas por la situación en el campo, lo que obliga a usar más cantidad para envolver cada tamal.

“El tamal no lleva hoja para que se vea grande. Cuando el tamal lleva mucha hoja, al productor le da pérdida”, explicó un fabricante. al mismo medio. En ocasiones, es necesario colocar una segunda hoja para asegurar el correcto envuelto del producto, lo que incrementa aún más los costos.

Mientras tanto, los productores venden el tamal para negocio entre $4.000 y $4.500, pero con el alza en el precio de las hojas, el valor de venta al público podría ubicarse entre $5.000 y $6.000 por unidad, un aumento de al menos $1.000. Esto impactará a los consumidores, especialmente a quienes compran tamales con frecuencia durante los fines de semana.

La crisis ambiental ha provocado autoridades declararan la calamidad pública desde el 13 de agosto de 2026. En ese momento, se contabilizaban 38 incendios activos en dieciséis municipios y más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos destruidos. Además de la afectación directa en la producción de hojas, los incendios han perjudicado a cultivos de plátano, café y aguacate, así como a la ganadería, agravando la situación de los productores rurales.

Balance de los incendios en Colombia

Colombia enfrenta una nueva emergencia por incendios forestales que mantiene activos 18 focos en distintas regiones del país. Según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la mañana del miércoles 26 de agosto de 2026, el reporte nacional con corte a las 9:30 a. m. precisa que los departamentos de Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca presentan la mayor concentración de estos eventos, mientras que solo dos incendios han sido controlados.

La región de Tolima concentra el mayor número de emergencias, con diez incendios activos. Los puntos críticos se distribuyen en zonas rurales como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación.

La entidad señaló que en sectores como Cerro Las Mercedes, veredas Jaguaflor, Santa Isabel y Maracaibo, las llamas han complicado el acceso y la respuesta, motivo por el cual el despliegue de recursos aéreos y terrestres se ha intensificado.

En Nariño se reportan cinco incendios activos en áreas como La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo. El balance nacional, difundido por Infobae, detalla que estas emergencias afectan principalmente a veredas y corregimientos, dificultando las labores de control por parte de los organismos de socorro.

Por su parte, Valle del Cauca enfrenta un incendio en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, mientras que Cundinamarca registra dos focos, uno en Viotá y otro en el Fuerte Militar de Tolemaida, municipio de Nilo.

En cuanto a las capacidades desplegadas, el informe destaca la intervención coordinada de aeronaves y personal en tierra en Tolima.

Las operaciones aéreas incluyen dos AT-802 y un UH-60 de la Policía Nacional, un HUEY, un UH-60 y un RANGER de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), un MI-17 contratado por el Ejército y un AS 350 de la Gobernación del Tolima. El trabajo en superficie involucra a Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Policía Nacional, la Gobernación, la FAC, BIADE y la Defensa Civil.

El balance también confirmó la extinción de dos incendios: uno en el corregimiento El Ejido, municipio de Policarpa (Nariño), y otro en la vereda Cofradía Gallegos, municipio de Venadillo (Tolima).

El llamado de las autoridades es a extremar precauciones y reportar oportunamente cualquier nuevo foco, ya que la temporada seca y las altas temperaturas incrementan el riesgo de propagación rápida de las llamas.

Así lo destacó el mandatario por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del miércoles 26 de agosto, reafirmando su compromiso de luchar en contra de los grupos armados ilegales y los grupos criminales que hacen de las suyas en el país.

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”, inicia la declaración por parte del “Tigre”.

De la Espriella puntualizó que a estos criminales se les acabaron los privilegios, y recalcó que “el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”.

“Y que no quede ninguna duda: voy por todos. Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar”, precisó el mandatario, que dejó en claro que: “Mientras yo sea Presidente, los criminales no impondrán sus reglas. Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley”.

Al final, De la espriella le envió un mensaje a la que será su sede alterna de gobierno. “Voy a defender la tranquilidad de Barranquilla, del Caribe y de toda Colombia con carácter, determinación y mano firme”, concluyó el jefe de Estado.

La medida de traslado de criminales de alto perfil en Barranqulla: qué se viene

La medida, que busca impedir que desde los centros de reclusión se sigan coordinando actividades criminales, fue comunicada este 25 de agosto de 2026.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, afirmó el presidente en otro mensaje desde la misma red social el martes 25 de agosto.

Según el comunicado oficial por parte del Gobierno nacional, diez de las personas trasladadas se encontraban en estaciones de Policía y las otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Los traslados se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de la Fuerza Pública, con el objetivo de prevenir fugas, intentos de rescate o atentados durante los desplazamientos.

Entre los nombres divulgados por el Presidente figuran reconocidos integrantes de bandas criminales como Rodrigo Javier Pantoja Linero (alias Rodrigo o “El Gamo”, señalado de pertenecer a Los Pepes), Brayan Camilo Lobo Guerrero (alias El Lobo o “Comandante Gabino”, de Los Costeños), Fabio Andrés Diazgranados Pallares (alias Caballo), Adrián Hernán Guerrero Peña (alias El Miquito), Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez (alias Pastel), Jesús Andrés Arrieta Mercado (alias Makelele), Andrés Felipe Londoño Cáceres (alias Chocolate), José Eulises Flórez Blanco (alias Ñeco), José Luis Barrios Álvarez (alias El Huequito), Dairo Luis García Quintero (alias El Pequeño) y Wuainer Jesús Altamar Medina (alias El Gordo Pan), entre otros.

Una vez en Bogotá, los privados de la libertad serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país en los próximos quince días, según las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

El presidente De La Espriella siguió con su serie de advertencias a los criminales, y desde su perfil de X también recordó que “la orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

Esta decisión es parte de las medidas que el Gobierno nacional implementa para fortalecer el control estatal en las cárceles y cortar las cadenas de mando y comunicación que han permitido a cabecillas de organizaciones criminales seguir delinquiendo desde los centros de reclusión.

El Gobierno nacional sancionó la denominada Ley No Más Zoofilia, de autoría de la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), estableciendo por primera vez en Colombia el acceso carnal a animales como un delito penal autónomo, con penas de prisión y sanciones adicionales para los responsables de estos actos.

“Esto significa que a partir de ahora entra en vigencia nuestra ley que penaliza la zoofilia. Es decir, que el código penal introduce un nuevo tipo penal que es el de acceso carnal a animales. Es el único delito contra los animales que no es excarcelable en Colombia”, explicó la senadora Hernández, que celebró la sanción presidencial como un “triunfo histórico para los animales en Colombia”.

Otra de las congresistas conocida por su agenda en pro de la defensa de los derechos de los animales, Andrea Padilla (Alianza Verde, y que promulgó la Ley Ángel), también se mostró agradecida con el presidente Abelardo de la Espriella luego de su firma.

“¡Sancionada la ley que castiga penalmente el 4buso sexu4l de animales en Colombia! Gracias, Presidente @ABDELAESPRIELLA. Con nuestro equipo contribuimos a que esta ley fuera penalmente robusta y hoy la celebramos ¡Más protección animal! Más #LeyAngel", señaló la congresista desde su cuenta de X la noche dle 25 de agosto de 2026.

La nueva ley, trabajada durante la administración de Gustavo Petro y ratificada bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella, contempla penas de prisión entre 48 y 55 meses para quienes cometan este delito, así como sanciones económicas e inhabilidades profesionales.

“Pero si se configura uno de los agravantes, como por ejemplo que el agresor cometa el delito delante de un menor de edad, en espacio público o que grabe el abuso para fines pornográficos, entre otros, se expone a una condena de hasta 140 meses”, detalló la congresista Hernández.

Los detalles de la Ley No Más Zoofilia

De acuerdo con el texto sancionado, el artículo 339D agrega al Código Penal el delito de acceso carnal a animales, imponiendo, además de la pena de prisión, una inhabilidad especial de dos a cuatro años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales, prohibición de tenencia, cuidado y refugio de animales, y una multa de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ley detalla que no habrá responsabilidad penal cuando las conductas tengan lugar en el marco de procedimientos médicos veterinarios, zootécnicos o de reproducción bajo control profesional, así como para intervenciones diagnósticas o de productividad animal.

En cuanto a los agravantes, el nuevo artículo 339E establece que la pena podrá aumentar de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se comete en concurso de dos o más personas, contra varios animales, valiéndose de una posición de:

• Confianza.
• En espacio público.
• Con fines de lucro.
• En más de una ocasión sobre el mismo animal.
• Cuando se registre o difunda el acto por medios digitales, con sevicia, en represalia o con ánimo de coerción.
• Contra animales en condiciones de vulnerabilidad, bajo custodia institucional, o con discapacidad, edad avanzada, gestación, abandono o imposibilidad de defensa.

La ley también apunta a la prevención. El artículo 4 ordena al Gobierno Nacional, en coordinación con los ministerios de Justicia, Salud y Culturas, diseñar una estrategia de sensibilización en los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma.

Esta campaña deberá incluir información sobre el impacto social y de salud pública de la zoofilia, su tipificación penal y los mecanismos de denuncia. La estrategia requerirá la participación de refugios, fundaciones y organizaciones defensoras de los animales, para asegurar un enfoque realista y pedagógico.

Sobre el alcance de la conducta, la ley define el acceso carnal como la penetración del miembro viril humano o cualquier objeto en el animal por vía anal, vaginal u oral, así como cualquier otra conducta sexual impuesta a un animal. Se diferencia acceso carnal de “acto sexual”, entendido como cualquier otra conducta sexual realizada con animales.

En materia de investigación y prueba, la Fiscalía General de la Nación deberá formular, en los próximos seis meses, un protocolo de investigación que incluya reglas para la recolección de pruebas y la capacitación de organizaciones y activistas para colaborar con la justicia.

La senadora Hernández recalcó que la ley “no solo marca un hito en defensa de los animales sino también en la prevención de violencias sexuales contra seres humanos”.

Por último, la ley establece que entrará en vigencia a partir de su publicación y que deroga cualquier disposición contraria.

De entrada, el especialista de la salud aclaró que a ella “le hicieron una sedación en su casa para que soportara la realización de un tatuaje”.

Dentro de los dos aspectos claves que resaltó Suárez dentro de lo que ha revelado la investigación y declaraciones por parte de familiares de Yenifer y del concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico), es que además de que el supuesto anetesiólogo resultó siendo auxiliar de enfermería, “la segunda es que las drogas que encontraron, unas de ellas es esta: una ampolla de midazolam”, comentó el especialista mientras sostenía el envase de vidrio.

El creador de contenido sobre salud aclaró cómo obtuvo la ampolla, para señalar por qué es anormal que uno de esos elementos haya quedado en manos del falso anestesiólogo.

“Soy médico especialista en cuidados intensivos y ahora mismo estoy en la UCI (Unidad de Ciudados Intensivos) y saqué esta ampollita para mostrárselas. No la tengo en mi casa. Se la aplico a personas para poderlos intubar, porque esto causa sedación. Esto duerme a las personas. Esto también puede parar una convulsión”. explicó el doctor Suárez.

Sobre los usos que se le dan a este medicamento, el intensivista aclaró que “esto (midazolam) también puede quitar una crisis de ansiedad o de pánico”, y detalló que también “se usa para profundizar tanto a una persona que se puede operar, inclusive”.

El doctor Suárez también explicó lo que hace en el cuerpo otra de las sustancias que los familiares encontraron en el cuarto donde se llevó a cabo la sesión que desembocó en la muerte de Yenifer: la ketamina.

No obstante, el especialista e influencer detalló que los auxiliares de enfermería que trabajan junto a él tienen la facilidad de conocer en detalle todo lo relacionado con el suministro a pacientes.

“(La ketamina) también se usa para cuadros de dolor intenso, para sedación, para intubación, etc. Los auxiliares de enfermería que están a mi lado pueden aprenderse la dosis de esto y ver con cuánta dosis se seda o con cuánta dosis se duerme”, comentó el doctor Suárez, que precisó más adelante: “Yo siempre he dicho, uno entre menos sabe, más tranquilo vive, por eso la ignorancia es atrevida”.

Por todo lo anterior, el intensivista resaltó que en ese caso “no se trata de saber la dosis de esto para causar sedación; puede causarle eventos adversos que no está mal que sucedan”. Y añadió que la reacción del auxiliar de enfermería no habría sido la más favorable para estabilizar a la mujer.

“Lo malo es que él no esté preparado para enfrentarlos, para resolverlos. Ahí lo que pasó probablemente es que la dosis de ketamina y de midazolam profundizaron tanto a la paciente que hizo un paro respiratorio”, señaló el doctor Suárez, que ejemplificó esto con casos que se presentan en su día a día, y por esto dijo que “es probable”, que esa pueda ser la causa de la muerte de Yenifer, aún a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal.

“Si eso sucede acá en la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que solucionar eso. Apoyamos ventilatoriamente a la persona, le damos oxígeno o la intubamos si hace falta. El punto no está en saberse la dosis de esto, es saber qué haces con la complicación. Por eso en Colombia hay leyes que hacen que este tipo de medicamentos sean especiales y los use la gente que está preparada en el ámbito y el medio correcto”, agregó el doctor Suárez, al explicar por qué estos medicamentos no son de uso y venta libre.

Al final, Suárez hizo una reflexión para la ciudadanía para que dejen de realizarse esta clase de procedimientos clandestinos: “Basta, basta. Pero no le digo basta a los delincuentes que se hacen pasar por anestesiólogos, por médicos especialistas para administrar esto. Le digo basta a ustedes (los usuarios), que en una era de redes sociales, sobre todo, donde hay tanta información, donde hoy en día se diseminan tanto los casos de sedaciones en casas y en lugares no aptos. Y ustedes están viendo la noticia y ustedes siguen creyendo y haciéndose estas cosas en su casa. Por favor, basta. Los que ya murieron por este delito ya no me pueden oír, pero los que todavía estamos vivos, por favor, basta, amigos”.

El especialista de la salud invitó a no realizarse estos “procedimientos en garaje por ahorrarse unos pesos” y contratar “gente sin verificar su profesionalismo”.

Debido a que se conoció (por parte del concejal Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico) que otro joven llegó junto al tatuador y que, según el reporte preliminar, era el anestesiólogo que le habría suministrado varias sustancias a Yenifer, pero que en realidad resultó siendo un auxiliar de enfermería, familiares de la mujer de 33 años —que se dedicaba a la confección de chaquetas— revelaron los momentos de zozobra que se vivieron la mañana del sábado, luego de que ella no despertó.

Su esposo le contó a Citynoticias de las 8 que Yenifer acusó mucho dolor y él consultó con el tatuador para ver qué se podía hacer para minimizar las dolencias en la segunda sesión del tatuaje, que había sido un regalo de él hacia ella, y que tenía planeado dejar hecho para recuperarse días antes del viaje familiar que tenían programado para Santa Marta (Magdalena).

Los últimos minutos con vida de Yenifer García: “Me duele mucho”

“«Ya, amor, me duele mucho la espalda. Estoy embalada con este tatuaje porque ya me duele mucho. Yo no sé qué hacer». Entonces, yo le decía a Roberto (el tatuador): «Hermano, mire a ver qué cremas tiene o qué podemos hacer. Dígame y yo lo compro, ¿sí? Con tal de que ya no sienta el dolor». Roberto me dice que no, que él (auxiliar de enfermería) no utiliza nada de anestesia", comentó el esposo de Yenifer al recordar las últimas palabras de su compañera de vida y madre de tres hijos.

Sin embargo, hubo una llamada que se realizó en medio de este momento, tal y como describió la pareja de la mujer, luego de que habló con una de las amigas más cercanas de Yenifer, y que vive en Estados Unidos. “Ella dice: «Venga, yo hablo con Yahir (...)». Sí, entonces, yo le digo a ella: «Bueno, ¿qué tan seguro es?», y dice: «No, que él aplica anestesia, pero es anestesia local»”, recordó el hombre, al precisar que no fue anestesia general.

Una de las hijas de Yenifer también relató lo que le dijo el tatuador a ella cuando su mamá no reaccionaba.

“Cuando yo me asomo así y veo que el tatuador sale, entonces, yo me vine para acá y yo dije: «¿Qué pasó?» Y me dijo: «No, su mamá no nos responde». Él bajó corriendo por las escaleras y yo le dije: «¿Qué, cómo así?» Me asomé, o sea, me quedé viéndolo mientras bajaba las escaleras un momentico y ahí volteé a ver acá al cuarto. Cuando volteé, mi mamá estaba boca arriba y el anestesiólogo le estaba haciendo RCP (reanimación cardiopulmonar). Me dijo: «No, es que su mamá no nos responde». Y entonces, la cogió y la sentó. Y le cogía la cara y le decía: «Yen, no me asuste». Y yo (...) no sabía qué hacer", contó la joven.

La llegada de los paramédicos y la reacción del tatuador: la petición del “anestesiólogo” a una de las hijas

Minutos antes del mediodía, y tal y como quedó consignada en la cámara de seguridad ubicada en la entrada de la vivienda, se ve cómo el esposo de Yenifer regresa en medio de la preocupación, al darse cuenta que habían llegado paramédicos a su residencia, temiendo lo peor.

“Y cuando yo llegué, parqueé el camión y llegué corriendo las escaleras, el tatuador estaba afuera llorando y se cogía la cabeza. Yo le dije: «Dígame que no me le pasó nada». Y entonces, él llorando, me decía: «¡Suba, suba, suba rápido!». Entonces, yo ya cuando yo llego acá y la veo que está botada en el piso y paramédicos por un lado, un reguero de gente. Entonces, yo lo que hago es tirarme al piso y me tiro a cogerle la mano. Y yo empiezo a gritarle que: «¡Fuerte, fuerte, mi amor, no nos vaya a dejar!»”, contó el hombre, que solo pide justicia.

Sin embargo, uno de los detalles que más han generado impacto se reveló por parte de la misma hija de Yenifer, luego de que el supuesto anestesiólogo, en medio de los intento en vano por reanimarla, le hizo una petición.

“El anestesiólogo me dijo: «Ayúdame a sentir si tu mamá tiene pulso». Y yo... le cogí la mano a mi mamá, pero yo estaba temblando y yo no le sentí nada. Entonces, le hice acá (le tomó el pulso en el cuello), pero tampoco, estaba temblando y no le sentí nada”, dijo la joven, que minutos después cuando le consultó a su tía (Claudia) cómo estaba su mamá, solo recibió como respuesta que “ella estaba muerta”.

Los hallazgos de los familiares de Yenifer García en el cuarto y en el baño

Otro de los elementos que hacen parte central de la investigación por parte de las autoridades fueron los elementos que se encontraron detrás de la cama en la habitación donde se llevó a cabo la sesión de tatuaje.

“Nosotros, incluso en el baño, no entiendo por qué lo hizo (el anestesiólogo), de esconder una jeringa en la rejilla del baño”, agregó el esposo de Yenifer.

En la recámara también se encontraron estas sustancias:

• Dormicum Midazolam 5 mg/5 mL
• Tapón de Heparina Luer lock Sterile EXP: 10/2027
• Ketamina Clorhidrato Solución inyectable 50 mg/mL 10 mL, y que en su presentación hace una clara alusión: “USO INSTITUCIONAL”.
• Un empaque de POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE

Por todo lo anterior, la familia de Yenifer espera celeridad en las pesquisas para que se haga justicia y que el caso no quede impune.

La abogada laboralista Cindy Isaza emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para aclarar el alcance de la derogación de once circulares del Ministerio del Trabajo, una decisión adoptada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, y luego de recibir varios mensajes de sus seguidores con dudas al respecto.

El mensaje de la jurista brindó un parte de tranquilidad a empleadores, trabajadores y asesores de recursos humanos, al puntualizar que los derechos laborales fundamentales y las obligaciones legales siguen vigentes.

“Queremos brindarles tranquilidad y explicarles, de manera general, qué ocurrió y cuál es el verdadero alcance de esta decisión”, señaló Isaza en el inicio de su comunicado.

La abogada explicó que la derogación de las once circulares —expedidas entre 2025 y 2026— se produjo después de una revisión jurídica y técnica en la que se identificó que “algunos de estos documentos no se limitaron a orientar la aplicación de las normas laborales, sino que incluyeron requisitos, procedimientos, criterios obligatorios o consecuencias jurídicas que no podían crearse a través de una circular”.

Isaza recordó que “esto no significa que se haya derogado la reforma laboral, ni que hayan desaparecido los derechos de los trabajadores o las obligaciones de los empleadores”.

No obstante, la jurista antioqueña detalló que las leyes, decretos, resoluciones y jurisprudencia que regulan las materias laborales continúan vigentes y que la principal consecuencia es que las circulares derogadas ya no podrán utilizarse “como fundamento jurídico autónomo para exigir obligaciones, imponer requisitos, limitar derechos, establecer procedimientos o aplicar sanciones que no estén respaldadas directamente por una norma superior”.

Entre los temas abordados por las circulares derogadas, Isaza precisó:

• Jornada laboral, trabajo doméstico, remuneración a destajo, horas extras y trabajo en días de descanso obligatorio: la derogación de la Circular Externa 0101 de 2025 “no elimina la reducción de la jornada laboral ni sus reglas sobre horas extras, recargos y descansos según la normatividad vigente”, señala el documento.

Las obligaciones continúan vigentes en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes aplicables.

• Estabilidad laboral reforzada por salud: se retiraron las circulares relacionadas con la terminación de contratos por enfermedad o discapacidad.

“Su derogatoria no elimina ninguna de las protecciones legales para los empleados que puedan terminar sus vínculos contractuales por motivos de salud”, aclaró Isaza.

• Cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social: la derogación de la Circular 0031 de 2026 “no elimina las obligaciones legales relacionadas con igualdad, no discriminación, protección de las personas cuidadoras, equidad de género o corresponsabilidad”.
• Libertad sindical, permisos sindicales y acuerdos colectivos: aunque fue derogada la Circular Externa 0032 de 2026, “los derechos de asociación sindical, negociación colectiva, permisos sindicales y cumplimiento de convenciones o acuerdos colectivos continúan protegidos por la Constitución, la ley, los convenios internacionales y la jurisprudencia”, aseveró la abogada.
• Jornada y trabajo suplementario en el sector de vigilancia y seguridad privada: la Circular 0040 de 2026 fue retirada, pero esto “no significa que las empresas de vigilancia hayan quedado sin límites de jornada o sin obligación de reconocer el trabajo suplementario”, menciona el comunicado.
• Debido proceso disciplinario laboral: la derogación de la Circular 0048 de 2026 “no eliminó el debido proceso disciplinario”, argumentó la jurista.

Los empleadores deben seguir cumpliendo lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y normas relacionadas.

• Principios laborales y modalidades de contratación: la derogatoria de la Circular 0057 de 2026 no afecta la vigencia de las reglas sobre contratos a término indefinido, fijo, por obra o labor, y demás modalidades reguladas por la ley.
• Trabajo mediante plataformas digitales de reparto: la Circular 0086 de 2026 fue retirada por posibles excesos de competencia de los inspectores, pero la regulación legal y reglamentaria sigue vigente.
• Negociación colectiva de empleados públicos: la Circular 0088 de 2026 fue derogada, pero la negociación colectiva en el sector público sigue regulada por la Constitución, la ley y los acuerdos respectivos.
• Inspección del trabajo doméstico remunerado: la Circular 0089 de 2026 fue dejada sin efectos. Sin embargo, “continúan vigentes, entre otras, las reglas sobre contrato escrito, afiliación y pago de la seguridad social, prestaciones sociales, jornada máxima, descansos, recargos y demás garantías laborales”.

Isaza también advirtió sobre la necesidad de revisar si alguna política, formato, procedimiento o actuación interna de la empresa cita una de las circulares derogadas, para verificar si tiene respaldo en normas superiores.

Más adelante, la jurista le aconsejó a los empleadores “no continuar utilizando estas circulares como fundamento jurídico autónomo para imponer obligaciones, requisitos o sanciones”.

La abogada concluyó que el mensaje principal es de tranquilidad y sentenció que “la derogación de estas once circulares no significa que el sistema jurídico laboral haya quedado sin reglas”, y añadió que “las obligaciones que tienen fundamento en normas vigentes continúan aplicándose”.

“Lo que se deberá revisar es si algún procedimiento o exigencia dependía exclusivamente de uno de los documentos que fueron retirados”, expuso Isaza.

Por último, la abogada antioqueña informó que su firma está revisando de manera detallada la Resolución 2708 y que en los próximos días enviarán un informe técnico y material explicativo con recomendaciones concretas para actualizar documentos y protocolos internos en cada empresa, de acuerdo con su operación y actividad económica.

El caso, que solo se conoció en medios de comunicación hasta el martes 18 de agosto, ha generado preocupación por la falta de control y las irregularidades en procedimientos estéticos a domicilio, en un caso que volvió a recordar lo que le pasó a Yulixa Toloza.

Avellaneda, quien ha acompañado a la familia de Yenifer en su búsqueda de la verdad, aseguró que “los malos procedimientos vuelven a cobrar una vida”.

“Durante hace varios días vengo haciendo el acompañamiento de la familia de Yenifer García”, explicó el cabildante, que precisó en su publicación (un video que compartió en su cuenta de Instagram la noche del lunes 24 de agosto) que esperan mayor diigencia por parte de las autoridades distritales luego de los elementos inéditos que se conocieron, y con un solo fin, como explicó Avellaneda: “Que se sepa la verdad sobre lo que sucedió”.

Según relató el concejal, García buscaba hacerse un tatuaje que cubriera toda su espalda, y que se dio como un regalo de su esposo.

Dada la extensión del tatuaje, el procedimiento debía realizarse en varias sesiones. Sin embargo, en la segunda sesión, Yenifer no soportó el dolor. “(Ella) Manifestó demasiado dolor y una amiga le dice que ella conoce a una persona, un señor, Juan Jaider Sánchez Goes, que trabaja como anestesiólogo en un garaje donde hacen lipos y papadas. Esta serie de intervenciones delicadas que ya han cobrado otras vidas tiempo atrás”, explicó Avellaneda.

El concejal detalló que Sánchez Goes, quien fue contactado por la amiga de Yenifer, llegó al lugar y presuntamente inyectó medicamentos de uso restringido para anestesiar a la víctima, y que como se reveló fue ketamina.

“Una persona que no tiene el conocimiento no puede estar obteniendo esto como si fuera de venta libre. El señor Sánchez Goes registra como auxiliar de enfermería, él no registra como anestesiólogo. Él es el que la familia manifiesta que fue quien aplicó los medicamentos que pudieron haber desencadenado el final de Yenifer durante la sesión de este tatuaje”, afirmó el cabildante.

Según la información recabada por Avellaneda, Sánchez Goes cobró 600.000 pesos por el procedimiento.

El sábado 15 de agosto, al mediodía (tal y como se observa en el registro de una de las cámaras de seguridad ubicada dentro de laq vivienda de García), tras la aplicación de los medicamentos, Yenifer sufrió complicaciones.

“Hay una llamada al 123 (línea de emergencias), se dan indicaciones vía telefónica para reanimar a Yenifer, pero todo este esfuerzo no sirvió. Finalmente, Jennifer fallece. Y todo esto nos deja una serie de irregularidades”, señaló el concejal.

Entre las preguntas que plantea el caso, Avellaneda recalcó la importancia de verificar la verdadera formación profesional de Juan Jaider Sánchez Goes y si tenía o no vínculo con la clínica Méderi.

“Eso también tienen que establecerlo. Llegan las autoridades a acudir al llamado de emergencia, llega la Policía, llega la Fiscalía y los dos sujetos a hoy están libres. No se sabe de su paradero. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si hay una presunta flagrancia, los sujetos no son capturados?”, cuestionó el cabildante a las autoridades distritales.

El concejal también se mostró preocupado por el fácil acceso a medicamentos delicados, cuyo uso debería estar restringido a profesionales capacitados.

“Medicamentos delicados, de un manejo para expertos, para gente que se ha preparado para usarlos. Y ahora, ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud? Esto se puede salir de control, porque son muchos los profesionales, los tatuadores que prestan sus servicios a domicilio. Esto tiene que tener una regularización. No podemos, seguir exponiendo a los ciudadanos bogotanos a estas prácticas que pueden ser fatales”, advirtió Avellaneda.

Tanto la familia de la víctima y el concejal Avellaneda exigen respuestas de las autoridades y advierten sobre los riesgos que implica recurrir a personas sin la formación y autorización adecuadas para realizar intervenciones médicas o aplicar medicamentos anestésicos, mientras pasan los días y aún no se reportan detenciones por el caso.

El menor de edad se hizo viral a través de redes sociales no solo en la capital de Risaralda, sino en varios países, todo por el relato de su madre que contó cómo su hijo, conocido en la calle por vender dulces, cambió por completo sus prioridades para ayudar en la emergencia.

La ciudad fue en una de las zonas más afectadas del Eje Cafetero, y en medio de la emergencia apareció el menor entre brigadistas y voluntarios, hasta convertirse en una de las imágenes humanas más difundidas de la catástrofe.

Por este motivo, la senadora María Irma Noreña (Partido de La U), compartió con Juan Pablo y su mamá una sorpresa que llenó de jubilo al adolescente.

“En octubre viajarás con tu mamá a Bogotá, a un lugar donde te van a enseñar a ser rescatista con los mejores de Colombia”, le dijo la congresista al menor, que recibió un sobre con los detalles de la invitación, que será todo pago, según lo que explicó Noreña.

Juan Pablo leyó la carta que le entregó la congresista y dijo: “Juan Pablo, gracias por animar a esta tierra a salir adelante a tu corta edad. Tú nos has enseñado a ser valientes y guerreros, a no dejar sola a nuestra nación y a luchar por nuestros sueños”.

“Nosotros vamos a asumir todo para que tú empieces ese camino de amor, de bondad, de alegría, mi amor, porque usted es un ejemplo para nosotros, para los niños de Colombia, para los niños de Pereira. Quiero que nunca te alejes del camino del bien. Estamos muy orgullosos de ti”, le expresó Noreña a Sánchez Espinel.

Juan Pablo agradeció a la senadora y precisó: “Me siento superfeliz, parce, porque ya voy a poder cumplir mi, mi sueño de ser rescatista. Me van a entrenar como yo siempre he querido. En serio, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga”.

En el barrio Providencia, donde el terremoto dejó viviendas colapsadas y escenas de destrucción, Sánchez Espinel fue visto participando en labores de rescate con tapabocas, guantes y gorra. Su presencia llamó la atención por tratarse de un niño de 13 años en medio de una operación marcada por el riesgo, el cansancio y la búsqueda de sobrevivientes.

La madrugada del sismo Juan Pablo dormía en su casa del barrio San Luis, sobre la vía a Armenia, cuando sintió el movimiento. “Empieza todo a sacudirse maluco. Yo dije: ‘Es un temblorcito’. Cuando empieza todo a crujir y dije: ‘No, esto es un terremoto’”, relató al diario.

Después de evacuar con su madre y comprobar que su vivienda no había sufrido daños graves, salió a la calle y vio que el techo de una tienda del barrio, La Fonda, se había desplomado. En ese momento comenzó a ayudar a los vecinos a remover escombros.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron, y por medio de comentarios que le dejaron en su cuenta de Instagram al adolescente (que creó su perfil después de hacerse famoso, y que aparece como @soyjuanpablo_oficial) resaltaron su labor y celebraron la buena noticia que recibió por parte de la congresista Noreña.

Una de las internautas destacó el servicio y la vocación de Espinel, sumado a centenas de mensajes que se sumaron a la dicha del menor que, junto a su madre, podrá seguir materializando su sueño.

“Bien Merecido! Felicitaciones Juan Pablo y para su orgullosa madre!!!! que tus sueños se hagan realidad!!! Con ese corazón tan grande que posees, serás un gran rescatista . Gracias por tus palabras para toda Colombia en los momentos más difíciles del terremoto! Bravo!” destacó la usuaria.

Debido a lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que activó la ruta de atención y seguimiento tras conocer la denuncia, mientras el menor recibe acompañamiento y permanece bajo observación de las autoridades.

Según informaron las autoridades, la familia del niño lo trasladó a un servicio de urgencias la noche del martes 18 de agosto, donde fue valorado y permaneció en observación, luego de que le contó a sus padres que tenía dolores.

Durante la atención, la familia recibió orientación sobre los pasos a seguir y, posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

La subsecretaria de Integración Social, Juliana Sánchez, explicó que, para garantizar la transparencia y objetividad en las investigaciones, la Secretaría decidió designar nuevo personal en el jardín infantil.

“Esta medida también busca garantizar la continuidad en la atención de los niños y niñas que asisten a la institución mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, señaló la funcionaria.

Sin embargo, la activista Vanessa Conde acompañó una de las jornadas de movilización al frente del jardín infantil, donde habló con uno de los tíos del menor de edad, que se mostró indignado porque el lugar sigue prestando el servicio como si nada.

Antes de hablar con el familiar del niño, la creadora de contenido se mostró iracunda mientras explicó lo que se sabía hasta el momento del caso, y que en consecuencia, provocó la movilización.

“Les presento este maravilloso jardín que se llama Jorge Bejarano. Tan bueno que permitieron que el martes 18 de agosto un niño de cuatro años fuera (abusado sexualmente) y ni cuenta se dieron. Cuando el niño está con su mamá en la casa, le manifiesta que le duele su colita y allí es cuando empieza a relatar los hechos. Ese mismo día él se encontraba con sus compañeros solos en el salón, cuando entra un señor que él dice estaba haciendo aseo y limpiando” inicia el relato de la joven.

“Los levanta, los pone a mirar hacia la pared, a él le baja sus pantalones, le besa sus partes íntimas, lo nalguea y más encima lo [penetra]. Por ende, el niño tenía tanto dolor. Los padres se comunican inmediatamente con una de las profesoras. Ella manifiesta que nunca lo dejó solo. Después hablan con la coordinadora. Dicen el mismo cuento: que los niños no estaban solos. Entonces, ¿cómo un niño resultó (abusado) en sus narices y ustedes no hacen absolutamente nada?” señaló Conde.

A lo anterior, el tío del menor añadió: “No sale nadie (directivas del jardín infantil), antes se burlan de nosotros, se están burlando del dolor de nosotros como familia.”

La impotencia del hombre por lo que le pasó a su sobrino se reflejó en otro de los comentarios que le hizo a Conde, y en el que el clamor de la familia del niño de 4 años es solo uno: “Lo que nosotros pedimos es justicia, que la justicia actúe como debería de actuar en estos casos, que sea rápido”.

Actualmente, hay dos investigaciones en curso. La primera, de carácter penal, fue asumida por la Fiscalía General, que ya cuenta con un investigador asignado y avanza en la recolección de pruebas. La segunda se adelanta desde la Secretaría Distrital de Integración Social, que abrió una investigación interna a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario para determinar “si hubo alguna actuación de un servidor o servidora que hubiera podido, de alguna manera, comprometer la seguridad de los niños y las niñas que nosotros atendemos”.

El menor se encuentra actualmente bajo el seguimiento del Icbf como parte de la ruta de protección establecida por la ley. Además, la Secretaría de Integración Social indicó que continuará articulando acciones con los sectores de Salud, Protección y Justicia, y brindando acompañamiento a la familia.

De manera paralela, se realiza una revisión institucional de los registros y la información relacionados con la atención brindada en el jardín infantil, con el objetivo de aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias de los hechos.

La Secretaría Distrital de Integración Social hizo énfasis en que, debido a la naturaleza del caso y en respeto por los derechos del menor y su familia, evitará formular hipótesis, señalar responsables o anticipar conclusiones mientras avanzan las investigaciones. “Cuando se conoce una posible situación de violencia contra un niño o niña, la Secretaría actúa con absoluta seriedad y prioriza su protección”, destacó la entidad en un comunicado.

La detención de Gloria Barazone, una ciudadana colombiana de 46 años y esposa de un estadounidense, por parte de agentes de inmigración (ICE) en Estados Unidos, mostró uno de los retos que enfrentan las familias de estatus mixto en medio de las políticas migratorias actuales ordenadas por el presidente Donald Trump.

El caso, que se reportó en julio de 2026 en el aeropuerto de Newark, se dio mientras la mujer tenía pendiente su solicitud de residencia permanente (“green card”) y contaba con otros trámites legales en curso.

Su esposo, Mounque “Monk” Barazone, de 77 años y residente en Florida, relató a Newsweek cómo fue arrestada Gloria por agentes de ICE cuando viajaba de Nueva Jersey a Miami.

Lo que más ha llamado la atención en este caso concreto es que, epse a la difícil situación, Barazone reafirmó su apoyo al jefe de Estado norteamericano y a su política migratoria. “No. Absolutamente no”, respondió cuando se le preguntó si se arrepentía de su voto, y agregó: “Nuestro país estaría en peor situación si continuara la administración Biden”.

Barazone explicó que su esposa entró a Estados Unidos con una visa de turista y luego solicitó la residencia, proceso que llevan gestionando juntos durante casi tres años.

“Habíamos presentado toda la documentación, renovado visas, asistido a entrevistas y ella tenía pendiente la autorización de trabajo y el número de seguridad social”, detalló el compañero sentimental de la colombiana. Incluso, Gloria había recibido una licencia de conducir Real ID en Florida mientras esperaba el fallo de su caso migratorio.

A pesar del respaldo al presidente Trump, el esposo cuestionó la forma en que se ha tratado a su pareja. “No creo que se deba arrestar a las esposas de ciudadanos estadounidenses y luego decirles que gasten decenas de miles de dólares que no tienen”.

“Estoy de acuerdo con el 80% de lo que Trump está haciendo, pero no con esto. Y no se arresta a las esposas de ciudadanos americanos”, argumentó el adulto mayor.

Cuando Barazone intentó explicar la situación a los agentes de ICE, argumentando el estatus de su esposa y el proceso pendiente, no logró cambiar la decisión.

Gloria fue detenida en Nueva Jersey, y luego la trasladaron a Luisiana y más tarde al sur de Texas.

“Las transferencias interrumpieron los esfuerzos legales en cada lugar y obligaron a los abogados a volver a presentar documentos y recursos judiciales”, relató Barazone sobre las dificultades a las que se han visto expuestas durante el proceso judicial. Según él, esto complicó la defensa y elevó considerablemente los gastos legales, obligando a la familia a pedir préstamos y destinar los ingresos de su pensión a los honorarios de los abogados.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó al mismo portal estadounidense que la detención se dio como parte de una “operación de control migratorio específica” y que Gloria Barazone había ingresado legalmente a Estados Unidos en enero de 2025 con permiso hasta julio de ese año, “violando las leyes de nuestro país, ella permaneció más tiempo del permitido”, afirmó el portavoz del DHS.

En medio de la crisis, Barazone buscó ayuda en las oficinas de la senadora Ashley Moody y de la representante María Elvira Salazar, ambas republicanas.

“Me dijeron que necesitaban formularios firmados por mi esposa, pero esos documentos no le llegaron mientras estaba detenida, así que no pudieron intervenir directamente”, explicó el esposo de la colombiana.

Mientras que un portavoz de la oficina de Salazar confirmó que están trabajando con la familia y las agencias federales, aunque no pueden compartir detalles del proceso. También señaló que la congresista ha expresado preocupación por el impacto de las políticas migratorias en familias estadounidenses de estatus mixto.

La situación ha impactado profundamente a la familia. “Cuando la conocí, ella era jefa de seguridad en el aeropuerto de Medellín. La llamaban Alpha Uno”, contó el esposo. Gloria trabajó como examinadora de polígrafo y dirigió un negocio en Colombia antes de mudarse a Estados Unidos, donde esperaba regularizar su estatus.

Barazone aclaró que apoya la deportación de criminales y personas peligrosas: “Estoy completamente a favor de arrestar a criminales, abusadores de menores, asesinos, ladrones de autos, miembros de pandillas”. Sin embargo, él opinó que el caso de su esposa es diferente. “Creo que debería haber un estándar diferente cuando se aplican las leyes migratorias a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses”.

El hombre, que enfrenta problemas cardiacos y otras complicaciones de salud, reconoce que el proceso legal y la ausencia de su esposa han agravado su condición. “No estoy bien”, confesó, al agregar: “Tengo problemas cardíacos que han empeorado”.

Pese a todo, Barazone sostiene su apoyo a la política migratoria de Trump, aunque insiste en la necesidad de “un trato aparte para los ciudadanos estadounidenses” en situaciones como la suya. “Debe haber un estándar cuando se aplican leyes migratorias a migrantes ilegales, especialmente criminales, pero debería haber un estándar separado para los ciudadanos americanos”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró el periodo 2022–2026 con cifras históricas en materia de participación, vigilancia y transparencia electoral en Colombia.

Así lo comunicaron los magistrados de la entidad, al destacar un crecimiento sustancial tanto en la presencia ciudadana en las urnas como en los mecanismos de control y observación electoral.

Durante este ciclo (mismo periodo del expresidente Gustavo Petro Urrego), el número de actores electorales acreditados aumentó de 724.974 en 2022 a 1.779.266 en 2026, lo que representa 1.054.292 personas adicionales y un crecimiento superior al 145%.

En el caso de los testigos de mesa en las elecciones de Congreso, la cifra pasó de 394.235 en 2022 a 1.053.236 en 2026, registrando un crecimiento del 167,16%.

La vigilancia técnica también mostró un avance notable. Los auditores de sistemas en las elecciones de Congreso pasaron de 186 en 2022 a 10.720 en 2026, lo que equivale a un aumento de más de 57 veces (+5.663%).

En total, en las jornadas electorales de 2026 fueron acreditados 12.864 auditores de sistemas y más de 41.000 observadores electorales nacionales e internacionales.

La mayor vigilancia estuvo acompañada de una mayor participación ciudadana. En la segunda vuelta presidencial, la participación pasó del 58,17% en 2022 a más del 63,5% en 2026.

En cifras absolutas, cerca de 26,3 millones de ciudadanos votaron en 2026, frente a los 22,7 millones de 2022, lo que representa alrededor de 3,6 millones de votantes adicionales.

Las autoridades electorales resaltaron que este fortalecimiento de los mecanismos de control y la participación ciudadana fue reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

A su vez, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se destacó la importancia de los testigos electorales, las auditorías y la publicación de actas como herramientas que fortalecen la transparencia de los procesos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos) resaltó el compromiso cívico de testigos, jurados y organizaciones de la sociedad civil.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó la segunda vuelta presidencial como una elección “transparente y bien organizada” y destacó la fiabilidad y eficacia del sistema de gestión de resultados, en contraposición a lo que ha venido denunciado el expresidente Petro, incluso días antes de finalizar su periodo presidencial el 7 de agosto de 2026, mismo día en que comenzó de manera oficial la administración del jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

El balance del CNE se conoció en vísperas de la elección de sus nueve magistrados

El Congreso de la República elegirá el martes 25 de agosto de 2026 a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, una votación prevista para las 5:00 p. m., y que definirá el equilibrio político del organismo encargado de decisiones sobre campañas y financiamiento, con efectos sobre asuntos que involucran al presidente Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda.

Por el lado del oficialismo, se busca reunir seis votos dentro del CNE para incidir en las decisiones clave del organismo. Esa meta convierte a partidos pequeños y a alianzas de última hora en piezas decisivas para completar mayorías.

En ese escenario, el Pacto Histórico anunció que los dos cupos que le corresponden serán ocupados por Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio y exministra de Justicia encargada, y Ana Jimena Bautista, abogada y especialista en Derecho Constitucional.

Rusinque agradeció al expresidente Gustavo Petro y a la bancada oficialista por haberla escogido para representar al bloque en el tribunal electoral.

La exfuncionaria escribió: “Quiero agradecer al Presidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico por su voto de confianza para representarlos en el CNE, una institución central en la arquitectura de nuestro Estado social de derecho. Tenemos el compromiso y la tarea de darle el lugar que merece, para que nuestro sistema político avance hacia una democracia real”.

En el mismo mensaje Rusinque agregó: “Vivimos tiempos difíciles, en los que las fuerzas neofascistas y reaccionarias se han propuesto devolvernos a tiempos de violencia y persecución. Unidos, con inteligencia y valentía, disiparemos esas tinieblas, protegeremos los derechos conseguidos y avanzaremos hacia la sociedad moderna y progresista que nos hemos propuesto construir”.

Salvación Nacional puede inclinar uno de los escaños en disputa

Uno de los nombres que concentra negociaciones es José Antonio Parra, respaldado por Salvación Nacional y por las llamadas curules de paz. Su llegada al CNE, sin embargo, depende de acuerdos adicionales con partidos de mayor tamaño y con otras agrupaciones del Congreso.

El partido vinculado al presidente De la Espriella aparece como actor relevante en esas conversaciones, con la posibilidad de acceder a un escaño si logra ampliar sus apoyos más allá de sus cinco legisladores. La candidatura de Parra se apoya además en su paso por entidades como la Registraduría y la Procuraduría.

Otra disputa se mueve alrededor de Cambio Radical, que impulsa a Gersel Pérez Altamiranda, exrepresentante ligado a una de las corrientes internas más fuertes de esa colectividad. Si el Pacto Histórico alcanza un tercer puesto, la continuidad de Pérez Altamiranda o la entrada de un candidato del oficialismo quedarían en tensión, porque el ingreso de uno desplaza al otro.

La elección no solo ordenará nombres, sino que fijará la relación de fuerzas dentro del organismo electoral para los próximos expedientes.

Los partidos grandes llegan con alianzas que aseguran varias magistraturas

El Centro Democrático amarró dos magistraturas tras un acuerdo con el partido MIRA. Los nombres que figuran en esa coalición son Nubia Stella Martínez, fundadora y exdirectora del Centro Democrático, y Plinio Alarcón, funcionario de la Oficina Jurídica del CNE.

Alarcón es reconocido por su papel en la recuperación de curules y en la organización de testigos electorales. Con ese entendimiento, la coalición llega a la votación con una ventaja sobre otros bloques que todavía dependen de pactos abiertos.

El Partido Conservador postula al exrepresentante Juan Carlos Wills con apoyo de dirigentes de peso dentro de esa colectividad. La U presenta al exsenador Juan Felipe Lemos, quien encabezó la lista del partido en la elección legislativa más reciente.

El Partido Liberal busca conservar dos escaños y promueve al exrepresentante Silvio Carrasquilla, respaldado por el senador Lidio García y otros dirigentes. En la franja final de la competencia aparecen también la Alianza Verde, que impulsa a José Salamanca pese a sus diferencias internas, y En Marcha, que postula a Guillermo Rivera.

La aspiración de En Marcha enfrenta una dificultad adicional: su baja representación en el Congreso la obliga a construir consensos más amplios para asegurar un asiento.

Dicha necesidad de sumar votos externos explica por qué la elección del martes será una prueba de disciplina partidista y de negociación entre bancadas.

La guerra entre facciones de las disidencias de las Farc de alias Calarcá (Alexánder Díaz Mendoza) y el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—) dejó una novedad que confirmaron las autoridades del departamento de Antioquia.

En medio de las disputas, Neyder de Jesús Uñates López, más conocido con el alias de Primo Gay, y ahora exintegrante de las disidencias de las Farc, decidió unirse al Clan del Golfo, en una acción que ha intensificado la violencia y los enfrentamientos en el norte de Antioquia, y sobre todo en los municipios de Briceño e Ituango.

Según información de inteligencia militar y confirmación de las autoridades, Uñates López habría entregado información estratégica sobre la estructura y operaciones de sus antiguos compañeros a cambio de “mejores condiciones económicas”, destacó un informe de Teleantioquia Noticias.

Sumado a lo anterior, un panfleto de las disidencias de las Farc, cuya autenticidad fue confirmada (y que circuló en redes sociales desde el 10 de agosto de 2026), señala que “Primo Gay” ahora hace parte del Clan del Golfo, organización con la que antes estaba en confrontación directa.

“‘Primo Gay’ hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura y las disidencias de las Farc ya están haciendo anuncios para sacarlo de sus filas”, precisó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez.

Fuentes militares citadas por el mismo medio local explicaron que “debido a que ‘Calarcá’ le daba poco dinero a alias ‘Primo Gay’ y a su vez era asediado por nuestros operativos, este, aparentemente, decidió unirse al Clan del Golfo, con quien también estaba en una confrontación”.

Además, el protagonismo mediático que Uñates López ganó en los últimos años habría generado desconfianza entre sus antiguos jefes, lo que lo llevó a buscar nuevos aliados, uno de ellos: Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o “Alejandro”.

“Queremos ser claros y contundentes: “Primo Gay” NO hace parte de la dirección del nuestro FRENTE, NI pertenece a nuestra organización. Su nombre ha sido vinculado a nosotros de manera interesada, pero la realidad es que sus actuaciones públicas y privadas han evidenciado una clara ambición de poder y actitudes que se contraponen frontalmente a los principios que nos rigen”, menciona un fragmento del comunicado a nombre del Estado Mayor Central (EMC) del Frente 36 de las Farc-EP.

La carrera criminal de ‘Primo Gay’: del frente 36 de las disidencias de Calarcá al Clan del Golfo

El historial criminal de “Primo Gay” es extenso. Sus inicios se remontan hasta el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y en 2017 fue identificado por inteligencia militar tras un ataque terrorista en Anorí.

Un año después (2018), se unió a las disidencias de las Farc, donde ascendió en poco tiempo gracias a su conocimiento en explosivos.

En 2019 fue nombrado cabecilla de escuadra y en 2024 llegó a ser el quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio, ordenando ataques en distintos municipios y participando en el asesinato de cuatro civiles en Anorí.

Tras la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, ‘Primo Gay’ habría ofrecido al Clan del Golfo información sobre campamentos, colaboradores y redes de apoyo de las disidencias, a cambio de participación en las rentas ilegales de la zona.

La consecuencia más inmediata de esta traición ha sido un aumento de la violencia.

Y es que informes de inteligencia darían cuenta de que “Primo Gay” estaría entrenando a miembros del Clan del Golfo en la instalación de campos minados, como el que causó la muerte del soldado Jhoan Camilo Sanabria Mendoza y dejó a tres más heridos el fin de semana del 22 y 23 de agosto en zona rural de Briceño, en la vereda El Roblal.

El reconocido explosivista y líder guerillero también habría revelado los planes de las disidencias para recuperar el control de zonas rurales de Ituango, lo que provocó el desplazamiento de 91 familias (181 personas) de tres veredas del municipio.

El secretario de Seguridad de Antioquia hizo hincapié en que la lucha actual en la región no responde a ninguna ideología, y expuso que “aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales, como son las que producen la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión”.

Preocupa la situación en Ituango por desplazamientos en medio de guerra entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc

El lunes 24 de agosto se conocieron las conclusiones luego de que la Gobernación de Antioquia realizó un Consejo de Seguridad en Ituango para analizar la grave situación de orden público que atraviesa el municipio, donde cientos de familias campesinas han sido desplazadas de sus veredas debido a amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona encabezó la reunión junto al alcalde de Ituango Javier Parias Posso, la fuerza pública, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo principal del encuentro fue evaluar la confrontación entre estructuras de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control de rentas ilegales en la región.

La violencia entre estos grupos ha provocado temor y el desplazamiento masivo de familias rurales, especialmente en las veredas El Torrente, La Rica, Filadelfia y San Luis. De manera preliminar, cerca de 100 personas han solicitado apoyo para trasladarse hacia la cabecera municipal, aunque las autoridades advierten que el número podría aumentar a medida que avance el censo y se caractericen a las familias afectadas.

“Hemos pedido a la Fuerza Pública actuar con contundencia para permitir el retorno de la población civil. Gobernación y Alcaldía trabajan en la atención humanitaria”, aseguró el gobernador Rendón Cardona tras la reunión.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre otras comunidades de Ituango que podrían estar en riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos a causa de los enfrentamientos armados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que ya había advertido sobre estos riesgos en la Alerta Temprana 004 de 2020 y en su informe de seguimiento de 2021. En esos documentos se señalaban los efectos negativos de la disputa entre grupos armados sobre la población civil y la necesidad de fortalecer la protección y atención a las comunidades.

Ante el escenario actual, la Defensoría reiteró su llamado a los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que pongan en peligro a la población y los bienes civiles.

Por último, se solicitó también a las autoridades de todos los niveles garantizar condiciones seguras para los desplazados, activar las rutas de atención humanitaria y mantener un monitoreo constante sobre las comunidades en riesgo.

Un pastor evangélico colombiano, identificado como Omilfer Peña Muñoz, fue capturado en Caracas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras evadir la justicia de Colombia, donde enfrenta una condena de casi 17 años de prisión por abuso sexual contra su hija de 14 años.

Peña Muñoz, proveniente de Neiva, departamento de Huila, huyó de Colombia después de ser sentenciado por los delitos cometidos y se ocultaba en Venezuela utilizando documentos falsificados.

El hombre fue localizado la noche del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la unidad Contrabandas Criminales de la PNB realizaban un operativo de seguridad en la parroquia Coche, en Caracas, pero solo hasta el lunes 24 de agosto su foto circuló de forma masiva a través de redes sociales.

Durante la inspección, los funcionarios observaron al sujeto desplazándose en motocicleta y, al requerirle identificación, presentó una cédula venezolana a nombre de Jorge Luis De Lima Hernández. Los agentes detectaron alteraciones en la fotografía y la firma del documento, ante lo cual el hombre reconoció que era falso y que su intención era utilizarlo para obtener otros documentos venezolanos.

Peña Muñoz quedó a disposición del Ministerio Público venezolano por la presunta falsificación y forjamiento de documentos. En las próximas semanas, se espera que las autoridades de Colombia y Venezuela, con el apoyo de Interpol, coordinen su entrega para que el capturado responda ante la justicia colombiana y cumpla la condena impuesta por los delitos cometidos contra su hija.

Los detalles de la condena en contra del pastor evangélico Omilfer Peña Muñoz: la confesión de su hija

A mediados de diciembre de 2021 se conoció que el pastor Omilfer Peña Muñoz, en ese entonces líder de una iglesia cristiana en Neiva, Huila, fue condenado a 203 meses de prisión (cerca de 17 años) por haber abusado sexualmente de su hija durante más de tres años.

El caso, que conmocionó a la comunidad, reveló detalles alarmantes sobre la conducta del acusado y el proceso judicial que siguió a la denuncia.

Según el expediente, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la menor, oriunda de Caquetá, pasaba temporadas de vacaciones en la casa del pastor en el barrio La Rioja de Neiva. En su denuncia, la joven relató que el abuso comenzó cuando “empezó a hablarle de los novios, a decirle que la iba a besar, (…) pero que su ‘cosita’ no la podía tocar nadie más, solo él. La empezó a tocar y la llevó a la cama”.

La víctima, que en ese entonces era menor de 14 años, declaró ante las autoridades: “Siempre que terminaba de abusarme oraba a Dios para pedir perdón”. El abuso se repitió durante las visitas familiares a Neiva, donde Peña Muñoz residía con su esposa y dos hijos.

El caso salió a la luz cuando la niña comenzó a mostrar comportamientos extraños que alertaron a su abuela.

La menor al final se atrevió a contar los vejámenes sufridos a manos de su padre. La denuncia fue presentada en 2016 y, tras varios años de proceso judicial, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva emitió sentencia condenatoria el 9 de diciembre de 2021.

El fallo judicial determinó que Peña Muñoz es “autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo”.

Además de la pena de prisión, el pastor fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y no podrá acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria.

Por ese entonces, la familia de la víctima calificó la sanción como insuficiente. Yeimi Diaz, madre de la joven, expresó en diálogo con el portal La Gaceta que “la condena muy mínima”.

“Es que es su propia sangre, cometió incesto, fue una situación tan terrible. A mi parecer, muy poquitos años”, dijo en esa ocasión Diaz, y que para ese momento no tenía conocimiento del paradero de Peña Muñoz, puesto que ya no se encontraba en Neiva.

La madre también hizo un llamado al sistema judicial, y expresó: “Lo único que uno le pide al Tribunal de Justicia es que realmente se haga justicia, porque, así como le hicieron a mi hija, puede haber muchos niños más”. Producto de los vejámenes la joven víctima recibió tratamiento psiquiátrico para superar las secuelas de los abusos sufridos.

Lo que más generó repudio en la sociedad huilense fue que la sentencia fue apelada por el abogado del pastor ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

“Tal vez esto te va a explotar la cabeza, pero que el nivel de acoso sexual no alcance para constituir un delito no significa que deje de ser acoso”, señaló de entrada la creadora de contenido en un video que compartió desde su cuenta de Instagram la noche del lunes 24 de agosto, mismo día que Poveda compartió su grabación por la misma red social, y en la que dijo que todo es una “campaña de difamación”.

La periodista fue clara al señalarle a los hombres que, según comentarios que ella misma ha mencionado, “ahora dicen que todo es acoso”, que se bajen “de esa idea de que si algo no se puede castigar legalmente, entonces tampoco es tan grave”.

“Dejen de buscar la forma de justificar lo injustificable. El acoso sexual tiene consecuencias reales en las vidas de las mujeres. Nos hace sentir observadas, inseguras, nos lleva a cambiar recorridos, evitar lugares, modificar nuestra forma de vestir y hasta calcular cuidadosamente cómo responder frente a un hombre que está cruzando nuestros límites”, argumentó Valencia.

La influencer expuso que “el acoso ha sido usado como una forma de ejercer poder sobre nosotras, una manera de recordarnos que nuestros cuerpos pueden ser comentados y sexualizados incluso en espacios donde deberíamos sentirnos seguras”.

La docente dijo en la recta final de su grabación que “tú o un juez consideren que un caso de acoso no cumple con los suficientes criterios para que se constituya el delito no significa que esa conducta pierda su gravedad o que deje de generar daño y que tengamos que aprender a tolerarla”.

Valencia concluyó que “el derecho establece unos límites para determinar qué puede ser castigado, pero nuestra capacidad para reconocer la violencia y cuestionar las conductas que la reproducen puede ir mucho más allá”.

Luisa Valencia se refirió a las primeras denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión

El escándalo en Caracol Televisión, y que resultó en la desvinculación de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por denuncias de acoso y abuso sexual, llevó a que en su momento la misma Valencia compartiera un contundente mensaje dirigido a los hombres que, según ella, han intentado minimizar las denuncias públicas de varias mujeres y periodistas.

Valencia reaccionó a la ola de testimonios que han salido a la luz (desde marzo de 2026, y que motivaron la fundación del movimiento ‘Me Too Colombia’ y el colectivo YoTe Creo Colega), entre ellos los de Juanita Gómez, Lina Tobón, Catalina Botero, Mónica Rodríguez, Paula Bolívar y Laura Palomino, quienes relataron sus experiencias en medios y redes sociales.

Según Valencia, la reacción de algunos hombres que afirman que “ahora todo es acoso” revela mucho sobre sus verdaderas actitudes.

“Cuando un hombre dice que ya no se les puede decir nada a las mujeres porque ahora todo es acoso, lo que yo veo es una confesión. Una confesión de que le importa poco incomodar a las mujeres con su intensidad”, afirmó en su video de Instagram.

La periodista antioqueña argumentó que esa frase es también “una confesión de que no acepta el rechazo cuando tiene otras pretensiones. Una confesión de que no sabe leer el consentimiento y ahora le molesta que lo nombremos y lo defendamos”.

Valencia agregó que ningún hombre que realmente valore a las mujeres recurriría a ese argumento, porque sabe distinguir entre el coqueteo legítimo y el acoso, y entiende que el desinterés es motivo suficiente para no insistir.

“Entiende los límites, no los pone a prueba y no necesita que se le expliquen dos veces”, explicó Valencia, refiriéndose a la diferencia entre quienes respetan y quienes insisten pese a una negativa.

Para la influencer, muchos de los hombres que minimizan las denuncias tienden además a responsabilizar a las mujeres y a perpetuar la idea de que deben “rogarles” o insistirles, como si el deseo femenino fuera negociable.

Valencia fue clara al aseverar que “eso también es una confesión de que crecieron creyendo que el deseo de las mujeres es algo que se negocia y de que aprendieron que un no es un reto y no una respuesta completa”. Además, ella destacó que la cultura de insistencia y presión es parte del problema, y que las relaciones sanas no se construyen con comunicaciones ambiguas ni con la expectativa de que una negativa pueda convertirse en afirmativa bajo presión.

La periodista recalcó que la diferencia ahora es que las mujeres están poniendo límites y nombrando las conductas inapropiadas. “No, no es que ahora todo sea acoso, es que ahora lo estamos nombrando, es que ahora estamos poniendo límites y estamos diciendo que el interés tiene que ser mutuo, claro y sin presión”, argumentó.

Valencia precisó en el final del video que también compartió en ese entonces en su cuenta de Instagram que solo se sienten incómodos quienes “estaban acostumbrados a avanzar sin preguntarse nada, a los que se resisten a perder el privilegio de poder decir, insinuar, tocar o insistir sin consecuencias”.

Para ella, los hombres que usan el argumento de “todo es acoso” demuestran que “nunca les interesó realmente el deseo de las mujeres, sino la posibilidad de acceder a ellas”, añadió que “a quien le importa el otro, pregunta, escucha, lee el ambiente, se detiene. Y a quien le importa solo lo que él quiere, insiste”.

Por último, Valencia invitó a reconsiderar los vínculos con quienes piensan de esa manera. “Por lo menos yo reconsideraría dos veces vincularme con un hombre que piense así”, sentenció.

Jennifer Dorado, encargada de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), advirtió que de los 129 municipios con alertas activas, 19 están en rojo, 39 en naranja y 71 en amarillo. Tolima y La Guajira concentran la mayor exposición, mientras que Cundinamarca y Nariño se suman a los departamentos críticos: entre los cuatro agrupan cerca del 65% de las alertas. En monitoreo también están Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Magdalena y Sucre.

La funcionaria del Ideam atribuyó las condiciones a la combinación de altas temperaturas, reducción de precipitaciones y vientos fortalecidos, aunque aclaró que esas variables por sí solas no explican el nivel descontrolado de las conflagraciones. Sobre el fenómeno de El Niño, la funcionaria precisó que Colombia atraviesa una condición de calentamiento oceánico y atmosférico, pero que aún no hay un fenómeno declarado ni consolidado.

En el Tolima, el epicentro de la crisis, la gobernadora Adriana Matiz reveló que el departamento llegó a registrar 37 incendios en un solo día, el 14 de agosto, y que cerca de 20.000 hectáreas resultaron afectadas. El impacto se extiende al sector agropecuario: más de 18.000 cabezas de ganado quedaron sin alimento tras la quema de pastos, y cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano resultaron destruidos en municipios como San Luis, Valle de San Juan y Ortega. La mandataria advirtió que la pérdida de ingresos de los productores agudizará los índices de pobreza en la región, aunque subrayó que no se registraron pérdidas de vidas humanas.

Siete incendios están controlados en el Tolima y el resto se atiende con apoyo aéreo —dos aviones de la Policía Nacional, uno del Ejército y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial— y con bomberos de varios departamentos. Matiz mencionó refuerzos llegados desde Bogotá, Boyacá, Caquetá, Huila, Antioquia y Valle del Cauca. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegó un equipo de 26 bomberos forestales y dos funcionarios administrativos con autonomía operativa para trabajar durante siete días.

En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey reportó más de 225 emergencias por incendios durante agosto, con más de 1.500 hectáreas de vegetación devastada. El panorama más complejo se concentra en La Vega, donde el fuego avanza en la vereda La Huerta sobre una zona de alta montaña y difícil acceso. En Lenguazaque, vereda Chirvaneque, las autoridades estudian una posible causa técnica asociada a la caída de cuerdas de alta tensión. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reportó un promedio de 606 incendios forestales en lo corrido de 2026, con 1.555 hectáreas afectadas en cerca de 15 provincias.

En el Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó cerca de 50 incendios forestales en 21 municipios entre el 16 de junio y el 21 de agosto, con una afectación acumulada superior a las 700 hectáreas. El foco de mayor magnitud se ubicó en Tuluá, donde las conflagraciones arrasaron aproximadamente 250 hectáreas dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas. Le siguieron Yumbo, con más de 180 hectáreas, y El Cerrito, con cerca de 153 hectáreas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó, con corte a las 10:30 a. m. del 21 de agosto, un total de 12 conflagraciones activas a nivel nacional, 11 de ellas en Tolima y una en Cundinamarca, con 10 ya controladas.

Los incendios forestales que azotan al departamento del Tolima registraron una mejoría relativa el viernes 22 de agosto, según informó el ministro del Interior Rodrigo Lara en horas de la noche. No obstante, la emergencia sigue activa en múltiples departamentos con 129 municipios bajo algún nivel de alerta y un incremento del 87% en el número de alertas activas frente al día anterior.

Lara precisó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) opera bajo el liderazgo de la gobernadora del Tolima y la directora nacional de Bomberos. Los focos activos se concentran en San Luis, Carmen de Apicalá, Armero y dos frentes en Coello, a los que se sumó uno nuevo en Guamo. El ministro confirmó la llegada de refuerzos y destacó el apoyo de las comunidades locales, con un leve rocío nocturno previsto que favorecerá las labores de control.

Siga el en vivo aquí:

Reporte de la Ungrd sobre afectaciones por terremoto del 10 de agosto

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) actualizó el balance del sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, y que hasta las 6:30 p. m. del 22 de agosto deja 329 personas fallecidas, 4.600 heridas y 234 desaparecidas. El evento ha afectado a 16 departamentos y 481 municipios, con un total de 317.130 personas y 154.789 familias damnificadas.

En materia de vivienda, se reportan 173.501 viviendas averiadas y 31.307 destruidas, así como 5.884 edificios averiados y 568 colapsados. La infraestructura presenta daños en 408 centros de salud, 3.441 centros educativos, 4.131 centros comunitarios, 428 vías, 15 aeropuertos, 111 acueductos y 73 puentes vehiculares.

Las labores de rescate han permitido salvar a 364 personas y 1.205 animales, mientras que 2.728 animales resultaron afectados. La Ungrd informó que los datos son preliminares y continúan en consolidación, tras la incorporación reciente de reportes de Santander y Caquetá.

Última actualización de la Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó que, hasta las 5:00 p. m. del 22 de agosto, se mantiene el seguimiento a 24 incendios forestales en el país, de los cuales 14 permanecen activos y 10 han sido controlados. Las emergencias se concentran en cinco departamentos, con un saldo de 360 hectáreas afectadas entre incendios activos y controlados. En la última semana, los equipos de respuesta han logrado liquidar 69 focos.

El departamento del Tolima concentra la mayor parte de los incendios activos, con eventos registrados en municipios como Suárez, Carmen de Apicalá, San Luis, Saldaña, Venadillo, Armero, Líbano, Coello y Ortega. También se reportan emergencias vigentes en Nariño, en Chachagüí y Buesaco.

El informe de la Ungrd aclara que el conteo oficial agrupa varios eventos bajo una misma jurisdicción, por lo que el listado de municipios puede diferir del total de incidentes activos.

Entre los incendios controlados más recientes figuran casos en Nariño, Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca. En el Tolima, las operaciones cuentan con el despliegue de aeronaves AT-802 y UH-60, así como apoyo de helicópteros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades terrestres especializadas.

Brigadas forestales de distintas regiones y bomberos de Bogotá, Tuluá y Jamundí refuerzan la respuesta desde un Puesto de Mando Unificado en Espinal, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos y los comités regionales de gestión del riesgo.

El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) mantiene el monitoreo permanente de los incendios, con operaciones aéreas y terrestres y la movilización de recursos territoriales para contener y extinguir los focos activos.

El Gobierno Nacional intensificó la respuesta ante los 14 grandes incendios que afectan al departamento de Tolima, donde más de 182 bomberos y 306 integrantes de organismos de socorro y equipos especializados trabajan en la atención de la emergencia, con apoyo aéreo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lideró un Puesto de Mando Unificado en San Luis, acompañado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, autoridades locales y altos mandos de la Policía y Bomberos. Las autoridades investigan posibles causas criminales y anunciaron sanciones severas contra los responsables.

El Gobierno también coordina medidas de apoyo para productores agropecuarios afectados, especialmente en municipios como Ortega, donde el fuego ha impactado 18.500 hectáreas productivas.

/colombia/2026/08/22/incendios-en-tolima-gobernadora-respaldo-a-lugareno-que-encaro-a-estudiante-en-medio-de-labores-por-controlar-las-llamas-no-vengan-a-chimbear/

El Ministerio de Ambiente prohíbe quemas agrícolas y mineras ante riesgo de incendios forestales

El Ministerio de Ambiente de Colombia decretó la suspensión temporal de las quemas abiertas controladas en actividades agrícolas y mineras para reducir el riesgo de incendios forestales ante el aumento de las temperaturas y la persistente sequía asociada al fenómeno de El Niño.

La medida, establecida mediante la Resolución 1070 del 21 de agosto de 2026, rige en todo el país y estará vigente hasta que el Ideam confirme el fin de las condiciones climáticas que motivaron su adopción.

La restricción afecta la preparación de suelos, el manejo de rastrojos, la eliminación de residuos de cosechas y el uso de fuego para mitigar heladas en cultivos. Asimismo, prohíbe el uso de quemas en el descapote de terrenos mineros, obligando a agricultores y operadores a emplear métodos alternativos. El Gobierno advirtió que, en el contexto actual, incluso una quema planificada puede salirse de control cuando hay vegetación seca y fuertes vientos.

Según datos oficiales, 539 municipios presentan algún nivel de amenaza por incendios de cobertura vegetal, de los cuales 235 están en alerta roja. La resolución permite excepciones únicamente con autorización expresa de una autoridad ambiental competente, tras evaluación técnica de riesgos.

El Ministerio de Ambiente recordó que el 95% de los incendios forestales tiene origen humano y reiteró que el incumplimiento de la prohibición puede acarrear sanciones ambientales, multas y acciones judiciales. La suspensión permanecerá activa hasta que las condiciones meteorológicas permitan retomar las prácticas bajo control estricto.

La CAR intensifica controles contra quemas abiertas en Soacha para enfrentar el fenómeno de El Niño

La Corporación Autónoma Regional (CAR) reforzó los operativos de control en Soacha, Cundinamarca, con el propósito de detener las quemas a cielo abierto y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en la región.

Según informó la autoridad ambiental, el más reciente procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Chacua, donde se hallaron doce pilas de combustión activas y se capturó a cuatro personas por presuntos delitos ambientales.

El operativo fue realizado por equipos de la CAR y la Policía de Carabineros de Soacha. De acuerdo con el reporte oficial, la producción de carbón vegetal utilizaba grandes pilas de madera encendidas de manera incompleta, lo cual afecta el aire, el suelo y el agua. Durante la inspección, los funcionarios identificaron estructuras de hasta ocho metros de largo y casi dos metros de alto, y constataron que la operación carecía de permisos ambientales y controles de emisiones.

La intervención ocurrió en medio de incendios forestales activos en Soacha y Sibaté, lo que llevó a intensificar las acciones de vigilancia. El director regional de la CAR en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, señaló que en 2026 ya se han realizado más de seis operativos y se han reportado quince capturas por este tipo de prácticas.

Autoridades de Tolima insisten en “manos criminales” por incendios en departamentos

Las autoridades del Tolima investigan la posible participación de “manos criminales” en los recientes incendios forestales que afectan al departamento.

Según la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Erika Marcela Lozano, existen indicios de que varios focos se habrían originado en zonas “que precisamente no tienen una vocación agrícola”, lo que refuerza la hipótesis de una intervención humana.

La funcionaria indicó en diálogo con Semana que la emergencia mantiene al departamento en una situación crítica y confirmó que bomberos de otras regiones han sido desplegados para apoyar los trabajos de control, en coordinación con la Dirección Nacional de Bomberos y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Lozano explicó que los operativos se concentran en horarios estratégicos que permiten aprovechar las condiciones climáticas favorables y así contener la expansión del fuego.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades solicitan a la ciudadanía reportar cualquier comportamiento sospechoso y se mantienen alertas ante posibles prácticas indebidas realizadas por personas ajenas a las labores agrícolas. El objetivo es esclarecer si existe responsabilidad humana en las conflagraciones y tomar medidas para salvaguardar los ecosistemas y recursos naturales del Tolima.

/colombia/2026/08/20/el-nino-amenaza-rios-y-embalses-claves-para-ahorrar-agua-en-casa-ante-menos-lluvias-en-colombia/

/colombia/2026/08/22/ministerio-de-agricultura-activo-plan-de-choque-regional-para-hacer-frente-al-fenomeno-de-el-nino-no-vamos-a-esperar/

/colombia/2026/08/16/fenomeno-de-el-nino-podria-extenderse-en-colombia-hasta-inicios-de-2027-expertos-explican-sus-efectos-y-el-impacto-en-la-salud/

/colombia/deportes/2026/08/22/periodista-viajo-para-cubrir-el-tolima-vs-bucaramanga-y-se-hizo-viral-por-las-imagenes-de-los-incendios/

Ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo llegó a Tolima

/colombia/2026/08/22/ministerio-de-salud-activo-respuesta-sanitaria-por-incendios-forestales-y-mala-calidad-del-aire-en-varios-departamentos-del-pais/

/colombia/2026/08/22/por-incendios-forestales-en-colombia-ministerio-de-ambiente-suspende-de-forma-temporal-las-quemas-abiertas-controladas-en-zonas-rurales/

/colombia/2026/08/16/el-ideam-alerto-por-incremento-de-la-temperatura-y-escasez-de-lluvias-en-diferentes-regiones-del-pais-a-partir-de-septiembre/

Fenómeno de El Niño podría ser el más intenso que se registra en Colombia desde 1950, señaló experto

Colombia se prepara para enfrentar un fenómeno de El Niño que, según expertos, podría ser el más intenso desde 1950. Entre octubre y diciembre de 2026 se prevé que los efectos superen los eventos registrados en las últimas décadas, con serias consecuencias para el ambiente, la agricultura, el suministro de agua y la salud.

Datos de la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) muestran un calentamiento extraordinario del océano Pacífico ecuatorial.

En julio de 2026, las anomalías de temperatura subsuperficial llegaron a ser hasta 10 grados Celsius más altas que el promedio en zonas cercanas a Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica. Esto significa que existe un gran “depósito de energía” bajo la superficie del mar, que podría alimentar el calentamiento superficial en los próximos meses.

Frente a lo anterior, el investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia Germán Poveda Jaramillo explicó que este fenómeno aumenta la sequía y reduce la lluvia, lo que disminuye la cantidad de agua en el suelo, baja los caudales de los ríos y seca la vegetación, facilitando la propagación de incendios forestales.

Además, la menor nubosidad y lluvia pueden provocar heladas en las tierras altas, afectando la agricultura y la ganadería, y el descenso de los caudales pone en riesgo la generación de energía hidroeléctrica, con posibles aumentos en las tarifas y peligro de racionamiento.

El impacto se extiende también a la salud y los ecosistemas. El aumento de las temperaturas y la sequía favorecen la pérdida de masa de los glaciares, la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, malaria y zika, y afectan la calidad del aire y el hábitat de especies vulnerables.

Frente a este panorama, Poveda Jaramillo resaltó la importancia de la anticipación y la preparación, y expresó que es necesario monitorear los niveles de precipitación, humedad del suelo, caudales de ríos y almacenamiento de agua en embalses para tomar decisiones informadas antes de llegar a situaciones críticas.

El experto añadió que los investigadores y tomadores de decisiones deben trabajar de manera interconectada, considerando el agua, la agricultura, la energía y las ciudades como partes de un mismo sistema.

El país cuenta con una estrategia nacional para El Niño 2026-2027 enfocada en reducir los riesgos sobre el agua, los alimentos, los incendios y la energía, y las autoridades y la ciudadanía están llamadas a coordinar acciones, activar alertas tempranas y adoptar medidas preventivas para reducir los efectos negativos del fenómeno.

La clave, según los expertos, está en actuar antes de que llegue el punto crítico, aprovechando la información disponible y fortaleciendo las redes de observación y respuesta en todo el territorio nacional.

Ministro del Interior Rodrigo Lara viaja a Tolima para atender la emergencia

El Gobierno nacional anunció nuevas acciones para atender la emergencia por los incendios en el departamento del Tolima. Antes de su llegada a Ibagué, las autoridades compartieron un balance de las actividades realizadas en Cali y el Valle del Cauca, donde culminó la fase de búsqueda y rescate tras la reciente tragedia, de acuerdo con lo que señaló el ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo por medio de un video que compartió vía X la mañana del sábado 22 de agosto.

En primer lugar, se informó que la etapa de búsqueda y rescate en Cali y el Valle del Cauca ha finalizado. Las autoridades destacaron el esfuerzo del alcalde Alejandro Eder, la gobernadora Dilian Francisca Toro, los organismos de socorro y los ciudadanos que participaron activamente en las operaciones de rescate.

Además, se anunció que, por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, desde la próxima semana se desbloquearán los Auxilios de Vida, que serán entregados directamente a las familias afectadas, en coordinación con las alcaldías y la Gobernación de Calle del Cauca. Esta medida busca brindar apoyo económico y social a los damnificados.

Durante la jornada, representantes del Gobierno recorrieron las zonas afectadas junto con Jaime Uribe, gerente del Fondo Patria Milagro. También se avanzó con la Gobernación del Valle del Cauca en la organización del proceso de autoconstrucción de viviendas en sectores especialmente golpeados, como Buenaventura.

Finalmente, las autoridades reiteraron su solidaridad con las familias de las víctimas y con todos los afectados por la tragedia. En Cali se realizó una actividad religiosa en homenaje a quienes perdieron la vida y en oración por la recuperación de los heridos.

El Gobierno ratificó su compromiso de acompañar a las comunidades y coordinar esfuerzos con las entidades locales y regionales para superar la emergencia.

Gobernadora del Tolima Adriana Matiz denunció que incendios forestales habrían sido provocados

La Gobernación del Tolima informó que los recientes incendios forestales que han devastado más de 22.000 hectáreas de vegetación, bosques y cultivos en el departamento podrían haber sido provocados de manera intencional.

Ante esta sospecha, la administración departamental presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si detrás de algunos de los focos existe intervención humana.

La emergencia, que se ha dado en medio de una temporada de altas temperaturas con registros de hasta 40,8 grados centígrados, obligó a las autoridades a analizar la posibilidad de que no todos los incendios tengan origen natural.

La simultaneidad y cantidad de conflagraciones activas en un solo día —el departamento llegó a registrar hasta 40 incendios al mismo tiempo— llevó a la gobernadora Adriana Matiz a solicitar la intervención de las autoridades judiciales.

“Yo misma estoy colocando las denuncias correspondientes porque una cosa es enfrentar la fuerza de la naturaleza y otra muy distinta que esta tragedia sea provocada deliberadamente por manos criminales”, afirmó la mandataria. Matiz explicó que se trabaja junto a las autoridades para determinar el origen de los incendios y establecer posibles responsabilidades.

La gobernadora argumentó al final que la respuesta institucional es diferente cuando se trata de un fenómeno natural frente a una emergencia causada de manera deliberada y que, en caso de comprobarse la intencionalidad, los responsables deberán afrontar las sanciones previstas en la legislación colombiana.

Cuerpo de Bomberos de Bogotá apoya labores en Tolima

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá completaron más de 24 horas de labores luego de que llegaron para apoyar en varios puntos críticos del departamento con un solo fin: acabar con las llamas.

Por medio de un video que compartió desde su cuenta de Instagram la entidad, expresaron su agradecimiento luego del reconocimiento de varios lugareños que, al igual que los bomberos, colaboraron para apagar los focos activos y poder controlar los 13 incendios que siguen manteniendo en máxima alerta al departamento.

Ministerio de Ambiente suspendió quemas abiertas en zonas rurales de forma temporal

“Estamos enfrentando una alta vulnerabilidad frente a los incendios forestales en varias zonas del país. Por eso, y trabajando conjuntamente con las Corporaciones Autónomas Regionales, desde @MinAmbienteCo hemos decidido suspender temporalmente las quemas abiertas controladas en todo el territorio nacional”, señaló la mañana del sábado 22 de agosto vía X el ministro de Ambiente Fabio Arjona.

El líder de la cartera señaló que el objetivo principal es “proteger nuestros bosques, nuestros ecosistemas y la vida de las comunidades es una responsabilidad de todos”.

CAR Cundinamarca compartió recomendaciones para promover buena prácticas entre campesinos para enfrentar el fenómeno de El Niño

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) activó una estrategia enfocada en las zonas rurales para reducir el riesgo de incendios forestales y mitigar los impactos de la sequía.

Desde la entidad se hizo un llamado a las comunidades del campo para adoptar prácticas agrícolas sostenibles que ayuden a prevenir quemas y proteger los ecosistemas en esta temporada de mayor vulnerabilidad climática.

Según la CAR, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático requieren la integración de cinco acciones clave en las fincas rurales:

1. Manejo adecuado de residuos agrícolas con bioinsumos orgánicos: esta medida mejora la fertilidad del suelo, disminuye los costos de producción y evita la acumulación de materiales inflamables que pueden desencadenar incendios.
2. Uso de coberturas vegetales, cercas vivas y barreras cortafuego: estas herramientas ayudan a frenar la propagación del fuego y mantienen ambientes más frescos y húmedos dentro de los predios, reduciendo así el riesgo de conflagraciones.
3. Implementación de agricultura de conservación: prácticas como la labranza mínima, la siembra directa y el fortalecimiento de la materia orgánica contribuyen a conservar la humedad del suelo, reducir la erosión y evitar la degradación de la tierra.
4. Desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles: la inclusión de árboles en cultivos y pasturas proporciona sombra, reduce las temperaturas y favorece la retención de humedad, lo que disminuye la probabilidad de incendios forestales.
5. Gestión eficiente del agua: la construcción de reservorios, la recolección de agua lluvia y la modernización de sistemas de riego son fundamentales para enfrentar la sequía y reducir el estrés hídrico en los predios rurales.

Ungrd entregó balance de la atención por incendios en Tolima la mañana del sábado 22 de agosto

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compartió el más reciente informe sobre la segunda temporada de menos lluvias en Colombia, con corte al 22 de agosto de 2026 a las 8:00 a. m., reporta un panorama complejo frente a los incendios forestales en el país.

Según el balance nacional, con corte a las 8:00 a. m., hay 23 incendios en seguimiento, de los cuales 13 permanecen activos y 10 han sido controlados.

Los incendios activos afectan principalmente a tres departamentos:

• Tolima
• Cundinamarca
• Norte de Santander

En Tolima, los focos se localizan en Suárez (sector Cerro Las Mercedes), Carmen de Apicalá, San Luis (CENOP, Campoalegre), Ortega (vereda Canali, Balsillas), Venadillo (Mesa Río Recio, La Sierrita, Arabia y Malabar), Alvarado (sector Mesa de las Yeguas), Armero (vereda Maracaibo), Chaparral (vereda Tamirco), Líbano (vereda Campo Alegre), Coello (Potrerillo, Caimital y Chaguala) y Guamo (Las Mercedes y El Jardín).

En Cundinamarca, se mantiene activo el incendio en Lenguazaque (vereda Chirvaneque); y en Norte de Santander, en Durania (vereda La Platanala).

Entre los incendios controlados, se reportan los siguientes: en Nariño, el de Policarpa (corregimiento El Ejido); en Magdalena, el de Sitionuevo (Vía Parque Isla Salamanca); en Cundinamarca, siete eventos (tres en Girardot, tres en Jerusalén y uno en Tocaima); y en Valle del Cauca, el de Tuluá (corregimiento San Rafael, vereda Las Veraneras).

Para enfrentar la emergencia, se han desplegado importantes capacidades en Tolima, donde continúan las operaciones aéreas con dos aviones AT-802 y dos helicópteros UH-60 en CENOP.

Además, en Carmen de Apicalá y Suárez operan un helicóptero HUEY de la FAC y uno UH-60 del Ejército. La BRIAD cuenta con 24 unidades en operaciones, la Brigada Forestal Riosucio con 30, y PONALSAR con 7.

También participan bomberos de Garagoa, Tuluá, Jamundí y Bogotá, quienes se encuentran en desplazamiento hacia las zonas afectadas.

Las brigadas de apoyo en Tolima se coordinan desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Espinal, bajo la gestión de la DNBC y el CDGRD.

Por último, el monitoreo, la verificación y la coordinación con las entidades territoriales y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúan de manera permanente para seguir la evolución de los incendios y atender las necesidades de las zonas afectadas.

Recomendaciones del Ministerio de Salud para la ciudadanía ubicada en zonas cercanas a los incendios

Dentro de las directrices y recomendaciones que compartió la cartera de Salud, se aconseja que las personas con enfermedades preexistentes mantengan su tratamiento y tengan a disposición los medicamentos prescritos.

Ante síntomas de alerta, como dificultad respiratoria, dolor en el pecho, aumento relevante de la tos, sibilancias, cambios en el estado de conciencia o empeoramiento de una enfermedad crónica, el Ministerio recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud.

Respecto a la exposición a altas temperaturas, el Ministerio exhorta a mantener una hidratación adecuada, consumir agua potable frecuentemente, evitar exposición solar directa entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., y permanecer en lugares frescos y ventilados.

De paso, se solicita estar atentos a señales de alerta como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o temperatura corporal superior a 39 grados centígrados, condiciones que podrían indicar cuadros de “golpe de calor” que requieren atención médica urgente.

Por último, la autoridad sanitaria aconseja a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades competentes y reportar oportunamente la presencia de incendios, focos de calor, fuego o humo a los organismos de gestión del riesgo, emergencia o control ambiental.

Ministerio de Salud advirtió a entidades territoriales de cara a la atención de emergencias por cuenta de los incendios

El Ministerio de Salud y Protección Social también comunicó que ofrece orientación y asistencia técnica a las entidades territoriales para fortalecer la respuesta sanitaria.

Según el comunicado, las Secretarías de Salud, las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y demás actores del sistema deben intensificar la vigilancia, la preparación de los servicios y la comunicación de riesgos, así como garantizar la atención oportuna de la población afectada.

El documento destaca la necesidad de coordinar acciones entre equipos de salud pública, aseguradoras, prestadores de servicios, Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), y entidades encargadas de la gestión del riesgo.

La capacidad de las Salas de Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA) podrá ajustarse según la evolución de las enfermedades respiratorias y la demanda de atención en cada territorio.

En cuanto a recomendaciones sanitarias, la entidad sugiere reducir la exposición al humo evitando actividades físicas intensas al aire libre, permaneciendo en espacios interiores cuando sea posible y utilizando tapabocas en caso de desplazarse por zonas afectadas. Estas recomendaciones están dirigidas particularmente a grupos vulnerables, como niños, personas mayores, mujeres gestantes y pacientes con afecciones respiratorias, cardiovasculares o crónicas.

Ministerio de Salud se pronunció ante incremente de incendios forestales en Colombia

Ante el aumento de los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire en varias regiones de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social informó el 21 de agosto de 2026 que ha reforzado las estrategias de vigilancia, prevención y atención sanitaria para mitigar los impactos en la salud asociados a la exposición al humo y las altas temperaturas.

La entidad señala que la exposición al humo puede elevar la concentración de material particulado en el aire, situación que puede afectar las vías respiratorias y agravar enfermedades crónicas, como:

• Asma
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Desde la cartera también se advirtió que los grupos poblacionales más vulnerables comprenden a niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes y quienes padecen afecciones respiratorias, cardiovasculares u otras condiciones crónicas.

De acuerdo con el Ministerio, la Circular Externa Conjunta 023 del 10 de julio de 2026 establece los lineamientos para la preparación y respuesta del sector salud ante la actual temporada seca y el Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Por lo anterio, la entidad ha fortalecido el seguimiento de los riesgos que pueden afectar la salud por causas como los incendios forestales, la presencia de humo y el deterioro de la calidad del aire.

Para esto, el sector salud recurre a la integración de información epidemiológica, territorial y de calidad del aire a través de herramientas, entre las que se encuentran las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA), el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Sistema de Vigilancia de Riesgos Ambientales (VIGIFRA).

Estas plataformas, junto a datos suministrados por autoridades y servicios de salud, permiten identificar poblaciones expuestas, prever necesidades de atención y orientar la aplicación de medidas preventivas.

Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima brindó reporte de cómo avanzan los incendios

“Espero ya tener este día con cero incendios en el departamento”, expresó Lozano, quien señaló que las altas temperaturas dificultan las labores de los equipos de emergencia.

Por este motivo, las operaciones se concentran en los horarios más favorables, es decir, desde las 4:30 hasta las 10:00 de la mañana y luego durante la tarde y noche, cuando las condiciones climáticas permiten avanzar con mayor efectividad.

“La situación nos tiene un poco acorralados en algunos municipios”, reconoció la funcionaria, quien resaltó la importancia de aprovechar las llamadas ventanas de oportunidad para combatir las llamas.

Debido a la magnitud de la emergencia, han llegado refuerzos de bomberos de Bogotá, Valle, Neiva, Jamundí y el nordeste antioqueño, que serán distribuidos en los puntos más críticos del departamento. Además, se espera la llegada de más apoyo aéreo para las labores de extinción.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el posible origen provocado de varios incendios. Por tal motivo, Lozano reveló que se han iniciado investigaciones para determinar la causa de las conflagraciones.

“Nos han dado denuncias o están en materia de investigación precisamente que estos incendios están siendo provocados, pero no necesariamente por temas agrícolas, sino por otro tipo de provocaciones”, advirtió la funcionaria departamental.

Sigue la alerta en Tolima: el sábado se confirmaron que continúan activos 14 incendios

El departamento del Tolima amaneció con 14 incendios forestales activos, según informaron las autoridades regionales.

Desde las primeras horas de la madrugada del sábado 22 de agosto, los organismos de socorro y las autoridades locales iniciaron intensas operaciones para controlar las llamas en diferentes municipios afectados.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, confirmó que entre los municipios con focos activos se encuentran Venadillo, Coello y San Luis, luego de que el fuego se propagara desde el Centro de Entrenamiento de la Policía (CENOP).

En contraste, algunos incendios en Alvarado, Chaparral y Ortega lograron ser controlados, aunque durante la mañana se realizaría un nuevo barrido para evaluar la situación tras la noche.

Preocupa bajo nivel de precipitaciones en algunas zonas del Tolima

El informe de Cortolima también advierte sobre la situación climática que agrava la emergencia. Entre el 1 y el 20 de agosto, el departamento registró solo 16,7 milímetros de lluvia, mientras que lo habitual para este periodo es 42,9 milímetros. Es decir, las precipitaciones alcanzaron apenas el 39% de lo esperado y el 96% del territorio tuvo lluvias por debajo de los registros históricos.

La reducción de lluvias ha impactado también en las fuentes hídricas. De las 13 corrientes monitoreadas por Cortolima, nueve reportaron disminución en sus niveles y diez en sus caudales, con una reducción promedio del 23,7% frente al periodo anterior.

}Esta situación confirma una menor disponibilidad de agua y una mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento en la región.

Frente a este panorama, la directora de Cortolima recomendó fortalecer el ahorro de agua, mejorar el seguimiento a las captaciones y mantener la vigilancia ante posibles situaciones de desabastecimiento e incendios de cobertura vegetal.

Por el momento, las autoridades y los organismos de socorro se mantienen en alerta para atender la emergencia y evitar que la crisis ambiental y de recursos hídricos se agrave en los próximos días.

Balance de los incendios en Tolima

Los incendios forestales en el departamento de Tolima han dejado una grave afectación ambiental, según el más reciente informe de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

El análisis, basado en imágenes satelitales y cartografía oficial, revela que 22.319 hectáreas de cobertura vegetal han sido arrasadas por el fuego en 28 municipios desde principios de agosto.

Las zonas más afectadas corresponden a los municipios de Ortega (6.887 hectáreas), San Luis (4.371 hectáreas), Guamo (4.041 hectáreas), Coyaima (1.680 hectáreas) y Chaparral (1.579 hectáreas).

Sobre el impacto, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, señaló que “el 68% de las afectaciones a los suelos corresponden a bosques y áreas seminaturales bastante considerables. Existen suelos que después de un incendio de esta magnitud nunca vuelven a recuperarse completamente”.

De acuerdo con el balance de la autoridad ambiental, el fuego ha consumido diferentes tipos de cobertura: 1.927 hectáreas de herbazal, 1.341 hectáreas de bosque de galería y ripario, 1.051 hectáreas de pastos limpios, así como arbustales y cultivos de cereales como maíz y arroz.

Autoridades compartieron canales para denunciar quemas

La Gobernación del Tolima hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de quema, advirtiendo que proteger el territorio es responsabilidad de todos.

Ante los recientes incendios que afectan al departamento, la autoridad recordó que las quemas controladas están prohibidas, ya que ponen en riesgo los bosques, la fauna, las viviendas y la vida de las personas.

“Si ves a alguien realizando quemas, ¡denuncia! Tu denuncia puede evitar una tragedia y salvar vidas”, señala el mensaje oficial.

Para reportar estos hechos, se encuentran habilitadas la línea gratuita nacional de la Policía, 123, y una línea de WhatsApp disponible las 24 horas: 3132934649.

La Gobernación también advirtió que provocar incendios es un delito según el artículo 350 del Código Penal. Las sanciones incluyen penas de arresto de 2 a 22 años y multas que van desde 133 hasta más de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los incendios forestales registrados en Tolima han arrasado más de 20.000 hectáreas de vegetación nativa, zonas de pastoreo y cultivos, dejando una amplia afectación ambiental y productiva en este departamento del centro-oeste de Colombia.

Consejo para evitar un incendio forestal | Reportar inmediatamente el humo o las llamas

Si se observa humo o fuego en una zona forestal, se debe avisar a las autoridades. No se debe asumir que otra persona ya realizó el reporte de la emergencia.

Es importante indicar con claridad la ubicación donde se observó el posible incendio. También conviene describir el tamaño del fuego y cualquier información relevante. Una alerta temprana permite que los organismos de emergencia actúen rápidamente

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, encabezó en Barranquilla una mesa de trabajo para definir un Plan de Choque Regional ante los efectos del fenómeno de El Niño. Entre las medidas anunciadas figura la estrategia que denominó “combo McDonald’s del riego”, orientada a enfrentar la sequía en las fincas.

El plan articulará al Gobierno, los gremios y el sector agroindustrial en siete frentes: agua, producción agrícola, producción pecuaria, incendios forestales, financiamiento, asistencia técnica y alertas tempranas.

Consejos para evitar un incendio forestal | No abandonar vidrios

Se deben recoger botellas, vidrios y otros residuos al visitar espacios naturales. Los desechos contaminan y pueden aumentar los riesgos durante un incendio.

Es recomendable llevar una bolsa para guardar la basura producida durante el recorrido. Los residuos deben depositarse únicamente en contenedores o lugares autorizados. Mantener limpios las zonas naturales también ayuda a reducir posibles fuentes de fuego.

/colombia/2026/08/22/tragedia-en-tolima-adulto-mayor-murio-en-incendio-y-autoridades-revisan-si-una-vela-causo-el-fuego/

La emergencia por el incendio forestal en el cerro El Indio, en Tolima, continúa activa. Bomberos de Ibagué y Boyacá, junto con unidades de la Policía y la Defensa Civil, mantienen las labores para contener y controlar las llamas.

Consejos para evitar un incendio forestal | No quemar basura ni residuos

Se debe evitar la quema de basura, hojas, ramas o residuos cerca de zonas forestales. El viento puede transportar las llamas y las chispas rápidamente.

Es preferible utilizar los servicios adecuados para eliminar o reciclar los residuos. Si se realiza una quema autorizada, deben cumplirse todas las normas de seguridad. Nunca se debe abandonar una quema mientras exista fuego o material caliente.

Bomberos de Cundinamarca:

Informan que el incendio forestal registrado en Fusagasugá se encuentra controlado en un 99%. De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia ha dejado alrededor de 15 hectáreas afectadas.

Consejos para evitar incendios forestales | No arrojar colillas de cigarrillo

Nunca se deben arrojar cigarrillos encendidos en carreteras, bosques o zonas verdes.

Las hojas secas y el pasto pueden incendiarse con mucha facilidad. La colilla debe apagarse completamente antes de depositarla en un recipiente.

Se recomienda evitar fumar cerca de vegetación seca o material combustible. Una conducta responsable puede impedir que se origine un incendio forestal.

Bomberos de Cundinamarca:

Reportan dos incendios forestales activos en el municipio de Viotá.

Uno se registra en la vereda Puentón, donde las condiciones del terreno han impedido adelantar labores de control.

El segundo afecta la vereda Iguá, a la altura del kilómetro 56, y es atendido por seis unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Viotá con una camioneta de intervención rápida.

Consejos para evitar un incendio forestal | Evitar encender fogatas

No se deben encender fogatas en bosques o zonas con vegetación seca. Una pequeña chispa puede provocar un incendio de gran magnitud.

Si está permitido encender fuego, se deben utilizar únicamente áreas autorizadas. Las llamas deben apagarse completamente con agua antes de abandonar el lugar. Es necesario comprobar que las cenizas estén frías y no quede ningún punto encendido.

Rodrigo Lara anunció progresos en detener los incendios forestales

Según lo reportado por el ministro del Interior en su cuenta de X, la situación de los incendios en el Tolima registró una mejoría frente al panorama del jueves 20 de agosto.

Rodrigo Lara precisó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) opera bajo el liderazgo de la gobernadora Adriana Matiz y la directora nacional de Bomberos. Los focos activos se concentran en San Luis, Carmen de Apicalá, Armero y dos frentes en Coello, a los que se sumó uno nuevo en Guamo.

El ministro confirmó la llegada de refuerzos, desplegados frente a cada uno de los focos, y destacó el apoyo de las comunidades locales. Agregó que se prevé un leve rocío nocturno que favorecerá las labores de control.

Incendios forestales aumentaron 87% en alertas respecto al día anterior y 129 municipios están en riesgo

Jennifer Dorado, encargada de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), advirtió en Noticias Caracol que el panorama de alertas por incendios forestales se agravó frente al día anterior, con un incremento del 87% en el número de alertas activas. De ese total, el 58% corresponde a municipios que escalaron a alerta roja.

Al corte de esta tarde, 129 municipios del país están bajo algún nivel de alerta: 19 en rojo, 39 en naranja y 71 en amarillo. Tolima y La Guajira concentran la mayor exposición, mientras que Cundinamarca y Nariño se suman a los departamentos críticos: entre los tres agrupan cerca del 65% de las alertas. En monitoreo también están Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Magdalena y Sucre.

Dorado señaló que las condiciones climáticas actuales —alza de temperaturas, reducción de precipitaciones y vientos fortalecidos— crean el escenario propicio para la propagación del fuego, aunque aclaró que esas variables por sí solas no explican el nivel descontrolado de los incendios.

“Hay que revisar todos los temas que están dentro de las quemas controladas y los respectivos factores”, afirmó la funcionaria.

Sobre el fenómeno del Niño, Dorado precisó que Colombia atraviesa una condición de calentamiento oceánico y atmosférico, pero que aún no hay un fenómeno declarado ni consolidado. Según explicó, la importancia de esta distinción radica en el hecho de que estar en esa condición no implica ausencia de lluvias, colocando como ejemplo el caso de Cundinamarca, que superó su récord de temperatura el día de ayer, al tiempo que algunas zonas del país registrarán descenso térmico este fin de semana por el paso de ondas tropicales.

En paralelo, el Ideam mantiene alertas por crecientes súbitas en cuencas tributarias de Antioquia, Santander, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, como respuesta a los acumulados de lluvia del fin de semana. Dorado aclaró que esas crecientes localizadas no implican que los niveles generales de los ríos estén subiendo: las cuencas del Cauca y el Magdalena siguen en tendencia de descenso.

Para las próximas horas, el Ideam prevé el paso de la onda tropical número 38, que traerá lluvias al centro, sur y occidente de la región Caribe —con excepción de La Guajira—, al norte de la región Andina, al Pacífico occidental y a la Orinoquía. El lunes aumentaría la probabilidad de lluvia en esas mismas zonas, lo que intensificará el monitoreo sobre las cuencas con riesgo de creciente.

El Ideam recomienda consultar su página web, el canal de Whatsapp “Pronósticos y Alertas” y la aplicación Ideam en tu mano, donde se publican pronósticos para seis variables climáticas, además de alertas por hidrología, deslizamientos e incendios forestales.

Gobernadora del Tolima revela el alcance de la emergencia por incendios y anuncia plan de recuperación

El Tolima concentra buena parte de los focos activos en el país, con cerca de 20.000 hectáreas afectadas por incendios forestales atribuidos al fenómeno de El Niño. En entrevista con El Tiempo, la gobernadora Adriana Magali Matiz detalló el estado de la emergencia, que tiene impacto ambiental, económico y social.

En el frente operativo, siete incendios están controlados y el resto se atiende con apoyo aéreo —dos aviones de la Policía Nacional, uno del Ejército y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial— y con bomberos de varios departamentos del país. Los municipios de mayor riesgo son San Luis, Valle de San Juan, Ortega, Coello y Chaparral.

Las afectaciones económicas incluyen la pérdida de cultivos de limón, mango y café, y más de 18.000 cabezas de ganado sin alimento tras la quema de pastos. En lo social, la mandataria advirtió que la pérdida de ingresos de los productores agudizará los índices de pobreza en la región.

Para la reactivación, la Gobernación trabaja en cuatro frentes: alivios financieros con el Ministerio de Agricultura, restauración ambiental con Cortolima, fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y un concierto solidario el 5 de septiembre —con artistas como Santiago Cruz— cuyos bonos de entrada se convertirán en materiales de construcción para las cerca de 50 viviendas destruidas.

Sobre el origen de los incendios, Matiz señaló que parte de ellos fueron provocados por quemas irresponsables y pidió a las autoridades aplicar el Artículo 350 del Código Penal, que contempla penas de hasta 22 años de prisión. La Corporación Autónoma Regional del Tolima ya inició investigaciones al respecto, según comentó.

Tolima abre puntos de acopio en tres ciudades para atender a damnificados por incendios forestales

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima activó centros de recepción de donaciones en Ibagué, Bogotá y Medellín. Los puntos de acopio están destinados a brindar ayuda a las familias y animales afectados por los incendios que azotan el departamento.

50 incendios forestales en el Valle del Cauca dejaron más de 700 hectáreas afectadas en dos meses

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó este jueves cerca de 50 incendios forestales en 21 municipios del departamento entre el 16 de junio y el 21 de agosto de 2026, con una afectación acumulada que supera las 700 hectáreas en los casos con cifras confirmadas.

El foco de mayor magnitud se ubicó en Tuluá, donde un conjunto de conflagraciones arrasó aproximadamente 250 hectáreas dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas. Le siguen Yumbo, con más de 180 hectáreas afectadas en la zona montañosa sobre la vía Yumbo–La Cumbre, y El Cerrito, con cerca de 153 hectáreas. En Pradera, la afectación preliminar en los sectores de Bolo Blanco, La Carbonera y El Retiro ronda las 100 hectáreas, cifra aún en verificación técnica.

“Entre los eventos recientes se destacan los registrados en Yumbo, El Cerrito, Pradera, Buga, Florida, Cali y Tuluá”, señaló Adriana Patricia Ramírez Delgado, directora de gestión ambiental de la CVC. La funcionaria atribuyó la propagación de los incendios a las condiciones de altas temperaturas, baja humedad y menor presencia de lluvias en el departamento.

En Yumbo también se registró un segundo incendio en los barrios Las Américas y Portachuelo, con una afectación de 12 hectáreas, atendido por los Bomberos Voluntarios del municipio con apoyo de los cuerpos de bomberos de Rozo y Palmira y la brigada de emergencia de Smurfit Kappa. Una emergencia adicional en el Parque Logístico Valle del Pacífico dejó seis bodegas afectadas. En Cali, el incendio del sector de Cristo Rey fue controlado; en Buga se reportaron emergencias en la vereda Santa Rosa y el corregimiento El Rosario; en Florida, las cifras de afectación están por confirmar.

La CVC instó a la ciudadanía a no realizar quemas ni fogatas y a reportar cualquier columna de humo a los organismos de socorro. La Corporación mantiene seguimiento a las condiciones ambientales en coordinación con los Comités Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo.

Reporte de cifras de incendios forestales en Cundinamarca en lo corrido de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reporta 5 municipios con incendios forestales activos en este momento: Girardot, La Vega, Lenguazaque, Guaduas y Quipile. Los cuerpos de bomberos de cada jurisdicción atienden los focos con apoyo de los organismos de primera respuesta.

“Desde Bomberos de Cundinamarca entregamos el balance oficial de incendios forestales atendidos durante el año 2026, lo cual genera una afectación de aproximadamente 15 de nuestras provincias, un promedio de 606 incendios forestales, 1.555 hectáreas que infortunadamente han sido afectadas por este tipo de incidentes”, declaró el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.

Sobre la situación del mes en curso, Farfán Vargas precisó: “En lo corrido del mes de agosto a la fecha, tenemos un promedio de 174 incendios forestales en 74 de nuestros municipios”.

Reporte oficial de incendios forestales en Colombia

Con corte a las 10:30 a. m. del 21 de agosto de 2026, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reporta a esta hora un total de 12 conflagraciones a nivel nacional, 11 de ellas en Tolima, y una en Cundinamarca. De las mismas, 10 se encuentran controladas.

La entidad hace seguimiento de la situación en cinco departamentos.

Cuerpo de Bomberos de Bogotá anunció envío de efectivos al Tolima

La directora de la entidad, Paula Ximena Henao, informó a través de su cuenta de X que ya se moviliza a esta hora un equipo conformado por 26 bomberos forestales y 2 funcionarios administrativos, con vehículos, herramientas especializadas, equipos tecnológicos y autonomía operativa para trabajar durante los próximos siete días en las labores de control y liquidación de las emergencias en el vecino departamento.

“Desde Bogotá reafirmamos nuestro compromiso de solidaridad y apoyo con las regiones que hoy enfrentan esta difícil situación”, manifestó Henao.

Cundinamarca, azotada por los incendios forestales

El gobernador Jorge Emilio Rey a través de su cuenta de X lanzó una alerta sobre la situación en el departamento por cuenta de las conflagraciones. Según informó, se produjeron cinco nuevos incendios forestales durante la tarde del jueves, totalizando a la fecha más de 225 emergencias de este tipo durante el mes, dejando más de 1.500 hectáreas de vegetación devastada.

El panorama más complejo se concentra en el municipio La Vega, donde el fuego avanza en la vereda La Huerta, sobre una zona de alta montaña y difícil acceso. “Trabajamos en una zona de alta montaña y difícil acceso con más de 40 miembros de los organismos de respuesta y la comunidad”, señaló Rey. En ese mismo municipio se había registrado días atrás un incendio provocado por un volador durante un sepelio.

En Lenguazaque, vereda Chirvaneque, las autoridades estudian una posible causa técnica: según el gobernador, el incendio “estaría asociado a la caída de cuerdas de alta tensión”. En Girardot, vereda Piamonte, se reporta afectación de cobertura vegetal, municipio que ya concentraba tres focos activos desde el miércoles en distintos sectores de su territorio.

Dos focos adicionales completan el mapa de emergencias activas. En Guaduas, vereda Malambo, Rey indicó que la magnitud del incendio “está siendo verificada”, mientras que en Puerto Salgar, sobre el kilómetro 41 de la vía que conduce a Puerto Libre, el fuego ya consumió cerca de siete hectáreas de vegetación.

A estos cinco nuevos focos se suman otros nueve incendios previos que persisten en los municipios de Jerusalén, Ricaurte, Girardot, Tocaima y Viotá. “En su mayoría, ya han sido controlados al 80%”, precisó el mandatario departamental. Los equipos de emergencia, coordinados desde la Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres de Cundinamarca , continúan en terreno con el objetivo de lograr la liquidación completa de cada foco.

“Mantenemos monitoreo permanente y coordinación con los municipios para atender cualquier nueva emergencia”, afirmó Rey.

Tolima había comenzado la preparación en febrero, pero no esperaba esta escala

Matiz sostuvo que el Tolima venía trabajando desde febrero en reuniones de preparación frente al fenómeno de El Niño a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Dijo que sí esperaban incendios, pero no “en la magnitud” con la que se presentaron.

Entre las medidas mencionó un programa llamado Agua de cosecha, basado en la entrega de kits para que comunidades rurales mantengan reservas ante la sequía. También dijo que el departamento avanzaba en conversaciones con el Banco Agrario para establecer alivios financieros para ganaderos y maiceros afectados por el fenómeno climático, una agenda a la que ahora deben sumar las pérdidas por el fuego.

La gobernadora afirmó que casi toda la capacidad prevista para esta temporada se consumió en los últimos días. En medio de ese panorama, destacó que no se registraron pérdidas de vidas humanas y sostuvo que el daño, hasta el momento, es material.

Para enfrentar la reconstrucción, anunció un concierto solidario el 5 de septiembre con participación confirmada de Santiago Cruz, Juan Carlos Corabanda y Golpe a Golpe. La iniciativa, explicó, no cobrará entrada tradicional sino que buscará reunir materiales de construcción para recuperar las viviendas afectadas por el terremoto y por los incendios.

Gualanday está cerca de Ibagué, pero las llamas seguían a 40 kilómetros de la ciudad

La imagen del fuego visible desde sectores próximos a Ibagué abrió otra inquietud durante la entrevista. Matiz negó que las llamas estén sobre la capital departamental, aunque reconoció que el incendio en Gualanday puede verse desde allí por su magnitud y por la ubicación en los cerros.

Consultada por la distancia, respondió que el frente de fuego estaba a unos 40 kilómetros de Ibagué. Aun así, insistió en que el tamaño de las llamas explica la alarma visual en fotografías difundidas durante la mañana.

Esa visibilidad, de acuerdo con su explicación, no cambia la urgencia operativa. La gobernadora reiteró que el control depende de descargas aéreas sobre puntos a los que no se puede llegar con facilidad por tierra.

Tolima llegó a tener 37 incendios en un solo día

Matiz ubicó el punto álgido de la temporada el 14 de agosto, cuando el departamento registró 37 incendios. Explicó que esta semana habían comenzado con dos focos controlados, pero que miércoles y jueves la situación volvió a deteriorarse hasta llegar a los 24 activos reportados durante la entrevista.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, dijo que el departamento enfrenta incendios de una magnitud que no había previsto pese a meses de preparación ante el fenómeno de El Niño. Reveló además que hay indicios bajo investigación sobre posibles fuegos provocados y que la consecuencia inmediata es una demanda urgente de apoyo helicoportado porque los cuerpos de bomberos locales no dan abasto.

Esa insuficiencia, según su relato, se cubre con refuerzos enviados desde otros territorios. Mencionó apoyo de bomberos de Bogotá, Boyacá, Caquetá, Huila, Antioquia y Valle, además de unidades de municipios tolimenses que ya controlaron sus propias emergencias.

En el caso de Bogotá, señaló que el alcalde desplegó 25 unidades adicionales para el Tolima. La gobernadora agradeció también la intervención del Ministerio de Defensa y del ministro del Interior, con quien dijo haber hablado a la una de la mañana antes del envío de la directora nacional de Bomberos.

La prioridad, insistió, sigue siendo la ayuda aérea. Llegó incluso a pedir que se destine uno de los helicópteros de mayor capacidad para descargas de agua sobre cerros y zonas de acceso restringido.

Balance de la Ungrd sobre las zonas afectadas

Cinco departamentos registran incendios forestales en seguimiento en Colombia, según el balance nacional del 21 de agosto de 2026. Hay 21 eventos monitoreados, con 12 incendios activos —once en Tolima y uno en Cundinamarca— y 10 ya controlados.

En Tolima, los focos afectan zonas rurales de municipios como Suárez, Carmen de Apicalá, San Luis, Alvarado, Armero, Villahermosa, Rovira, San Sebastián de Mariquita, Chaparral y Coyaima. En Cundinamarca, el incendio activo se localiza en la vereda Chirvaneque de Lenguazaque.

Los incendios controlados corresponden a áreas de Nariño, Magdalena, Valle del Cauca y municipios de Cundinamarca. Las autoridades mantienen el monitoreo y la atención en las regiones comprometidas, especialmente en Tolima, donde se concentra la mayor emergencia.

La Sala de Crisis actualiza la información de manera preliminar y pide a la población acatar las recomendaciones para reducir el riesgo de nuevos incendios y salvaguardar los ecosistemas locales.

La gobernadora habló de indicios de incendios provocados, pero evitó darlo por probado

Uno de los puntos de mayor tensión de sus declaraciones fue la hipótesis de intervención humana en algunos focos. “Una cosa es enfrentar la fuerza de la naturaleza y otra muy distinta que esa tragedia sea provocada deliberadamente por manos criminales”, dijo.

Matiz aclaró que no está haciendo una afirmación cerrada, pero sostuvo que existen indicios que obligan a investigar. Relató que una persona de la comunidad en Coello le dijo haber visto a personas en moto provocando uno de los incendios en una zona de Potrerillo.

La gobernadora añadió que también recibió referencias similares sobre Ortega. Según indicó, un integrante de los bomberos que estuvo en ese municipio le trasladó un comentario en el mismo sentido durante la noche anterior.

Matiz remarcó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en Tolima. “Yo no lo estoy afirmando, no lo estoy asegurando, pero sí vamos a adelantar las investigaciones correspondientes”, sostuvo después de señalar que ya habló con el director seccional para que se inicie el proceso.

La funcionaria distinguió esa línea de pesquisa de otro fenómeno ya detectado por las autoridades: las “mal llamadas quemas controladas” hechas para preparar tierras de cultivo. Sobre ese punto, indicó que Cortolima ya sancionó a algunas personas por prácticas que derivaron en incendios.

El daño ya alcanzó cultivos, ganadería y fauna silvestre

Adriana Magali Matiz precisó que el impacto no se limita al frente forestal. “Ya vamos por más de veinte mil hectáreas que han sido consumidas por los incendios”, afirmó al detallar que quedaron arrasados cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano.

La gobernadora agregó que la afectación golpea de lleno al sector agropecuario. Según explicó, hay más de 18 mil reses sin alimento porque los pastos se quemaron por completo, un dato que traslada la emergencia desde el control del fuego hacia el abastecimiento rural.

También reportó consecuencias sobre la fauna. Dijo que han encontrado animales muertos y que fundaciones, junto con la autoridad ambiental, participan en labores de rescate. Entre los casos mencionó iguanas heridas que salen a las vías y requieren atención inmediata.

En San Luis, señaló, el golpe fue total sobre actividades que sostienen el ingreso local. Allí, según su descripción, se quemaron completamente cultivos y pastos, con efecto directo sobre la ganadería y la producción agrícola.

Ministro del Interior actualiza estado de los incendios forestales en Tolima

El ministro del Interior Rodrigo Lara informó sobre la situación de los incendios en el departamento de Tolima y advirtió que “el terreno dificulta el uso de herramientas”, mientras avanzan operaciones en varios municipios con apoyo aéreo y refuerzos de brigadas que llegan desde el Valle del Cauca.

En Carmen de Apicalá y Suárez, Lara señaló que se trata de “terreno muy difícil” y que se cuenta con “apoyo aéreo de la UNGRD y la Policía”. En Armero Guayabal, precisó que “el acceso toma cerca de dos horas” y que “es complejo llevar agua y abastecer las bombas”.

El ministro indicó que en Chaparral y Ortega hay “operaciones en curso”. Sobre San Luis, reportó que “el fuego está cerca de la Escuela CENOP de la Policía y ha causado destrucción de flora y fauna”.

Lara también se refirió a Coyaima, donde “se lograron proteger las viviendas”, aunque alertó que “existe riesgo de extensión hacia Chaparral”. En ese marco, afirmó: “Están llegando brigadas del Valle del Cauca”.

En el balance de apoyos, Lara sostuvo: “Contamos con gran apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y la UNGRD”. También remarcó que “los bomberos requieren más equipos para el combate efectivo de estos incendios” y que “el fortalecimiento del cuerpo de bomberos es una prioridad del gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA”.

Según el ministro, “la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, coordina todas las acciones”. Y cerró: “Seguimos trabajando”.

Llamado de deportistas

La solidaridad ha movilizado a futbolistas tolimenses del campeonato profesional, quienes han hecho un llamado urgente para reunir ayuda en el centro de acopio ubicado en el Parque Deportivo de Ibagué. Su objetivo es asistir a las personas damnificadas por los incendios recientes en el departamento del Tolima y por el terremoto que ha afectado a diversas familias.

Entre quienes impulsan esta iniciativa se encuentran Dayro Moreno, Harold Santiago Mosquera, Éder Farías, Aldair Quintana y Juan Pablo “Mariachi” Nieto. Estas figuras del fútbol han aprovechado su reconocimiento para convocar a la comunidad y motivar la entrega de donaciones de víveres, agua, ropa y medicamentos.

Afectaciones

La gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz sostuvo que uno de los focos de mayor preocupación está entre Suárez y Carmen de Apicalá, en el cerro Las Mercedes, donde un incendio de gran magnitud se acerca a una empresa del sector avícola. Dijo que el acceso terrestre a esa zona es complejo y que la ayuda disponible, incluso la contratada por privados, “no es suficiente”.

La gobernadora habló desde Coello, en el corregimiento de Gualanday, donde pasó la noche hasta la 1:30 a. m. atendiendo la emergencia. Desde allí pidió helicópteros, aeronaves y descargas de agua con retardante para contener incendios que, en algunos puntos, solo pueden atacarse por vía aérea.

Profesionales llegaran a la zona de la emergencia

Una comisión especial de la Universidad Nacional viajará este lunes al Tolima para atender a los animales afectados por los incendios forestales, con un equipo que, según explicó la profesora Alejandra Torres, se enfocará en “atender fauna silvestre” y también “grandes animales, equinos y bovinos que hayan podido llegar a ser afectados por los incendios forestales”.

La misión está integrada por 11 profesionales, médicos veterinarios que saldrán desde la clínica de Grandes Animales de la sede de la Universidad, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol.

Torres, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria, detalló que al llegar a la zona revisarán el impacto en animales domésticos y de producción, y levantarán un diagnóstico en las comunidades: “Vamos también a ver cuáles son las necesidades de la población”.

La profesora añadió que el grupo tendrá un enfoque amplio en terreno: “Va un equipo multidisciplinario para atender las necesidades que se requieran en la región”.

Sobre las especies que podrían necesitar atención, Torres enumeró que entre los grandes animales se incluye a “mulas, equinos, bovinos, algunos ovinos y caprinos”, además de la fauna silvestre presente en el área afectada: “Toda la que esté desplegada en esa región”.

La comisión se desplazará con ayudas recolectadas para la atención clínica. “Tenemos insumos médicos suficientes para la atención de estos animales”, afirmó Torres.

Un incendio forestal de grandes proporciones afecta el sector de Gualanday, en jurisdicción de Coello, Tolima.

La emergencia es atendida por cuerpos de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Ibagué, con apoyo de habitantes de la zona y entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

/colombia/2026/08/21/arde-tolima-por-13-incendios-forestales-campesinos-pierden-cultivos-y-evacuan-vivienda/

Sin embargo, minutos después se generó un momento de tensión con la gobernadora del departamento, Adriana Matiz, un líder juvenil y un lugareño que encaró al joven (y uno de los que llegó al lugar junto con Acosta) y con vehemencia le reclamó que él y los demás universitarios llegaran al punto a protestar la falta de atención a la emergencia por parte de las entidades departamentales.

Todo ocurrió ante la mirada de Matiz, que compartió fragmentos del momento que el poblador de la zona, bastante alterado, cuestionó al líder social.

“Estamos acá trabajando y ustedes vienen ahorita a medianoche, ¿a qué? ¿A qué vienen? ¿A gritar como unos locos? Esto es lo que están haciendo. ¿Y son estudiantes? Son estudiantes. O sea, toda la mierda nos la comimos nosotros, los de acá, los que vivimos en Coello. ¿Y ustedes vienen a chimbear la vida acá? Vayan pa’ la mierda. Vayan pa’ la mierda, no vengan a chimbear acá”, le dijo el lugareño al joven.

Cuando el líder social pretendía responder, el habitante local señaló a los bomberos y a la gobernadora Matíz para ejemplificar que “esta gente ha estado acá como carne de cañón” en medio de la titánica tarea para controlar las llamas.

“¿O no es así, señora (Matiz)? La señora ha venido apoyando” (...) Ustedes no son de acá, pregunte. Mire, ellos sí son de acá, pregunte. ¿Les han ayudado? (...) vienen a chimbear y a sacar pecho", le dijo el mismo ciudadano a Acosta, y sentenció: “La verdad, nosotros somos del campo, somos los que estamos ayudando”.

Al final, la gobernadora se sumó a la posición del poblador local y solo añadió: “Y nosotros también estamos trabajando”.

Acompañada de la grabación que subió a sus redes sociales, Matiz comentó: “Este ciudadano de Gualanday dijo lo que muchos están pensando: mientras nuestros bomberos, la fuerza pública, los organismos de socorro, las instituciones y los campesinos llevan días jugándose la vida para apagar los incendios, no faltan quienes llegan a gritar, señalar, provocar confrontaciones y pretender convertir una emergencia en un escenario político”.

No obstante, Matiz le restó importancia a lo sucedido y destacó que “el fuego se apaga trabajando, no gritando, por eso este tolimense, defendió con contundencia a quienes están en el territorio enfrentando las llamas”.

“Necesitamos respeto por quienes están trabajando, solidaridad con quienes están sufriendo y unidad para enfrentar el fuego. Todo lo que no sume a eso, sobra. Tolima necesita unidad y el apoyo solidario de toda Colombia”, concluyó la gobernadora.

La versión de los hechos que brindó el presidente del Pacto Histórico en Tolima Cristhian Acosta: “Nadie los sacó”

Acosta desmintió las versiones que señalaban que los estudiantes habrían sido expulsados del lugar por habitantes de la zona.

“A los estudiantes de la Universidad del Tolima nadie los sacó, eso es completamente falso”, afirmó el líder juvenil en diálogo con el portal El Olfato.

El líder del Pacto Histórico en Tolima aseguró que la decisión del grupo de jóvenes de retirarse fue voluntaria y se dio después de que los jóvenes solicitaran que un grupo de militares presente en el área también se sumara a las labores para combatir las llamas.

De acuerdo con su relato, mientras estudiantes, voluntarios y motociclistas colaboraban para controlar el incendio, más de 30 militares permanecían en un camión, lo que generó inconformidad entre quienes trabajaban en la zona.

Tras solicitar el apoyo de los uniformados y considerar que ya habían hecho un avance importante en el control del fuego, los estudiantes optaron por trasladarse a otro punto donde continuaba la emergencia.

Acosta destacó que, antes de su salida, los estudiantes lograron controlar una parte considerable de las llamas. “Un miembro oficial del grupo de bomberos reconoció que, gracias al trabajo logrado, ya había una gran parte del fuego controlado”, señaló. Luego, algunos de los jóvenes se dirigieron hacia Potrerillo, otra zona afectada por incendios forestales.

El líder juvenil también habló sobre el momento de tensión con la gobernadora Matiz, y admitió que hubo críticas políticas hacia la mandataria, pero negó que se haya presentado una confrontación o expulsión como se ha sugerido en algunos relatos.

“Sí, se hicieron críticas políticas, porque la Gobernadora también ha politizado la tragedia, defendiendo su gestión, defendiendo la gestión del Gobierno nacional que no se ve por ningún lado”, expuso Acosta, que defendió el papel de los estudiantes durante la emergencia, no solo en las zonas afectadas por el fuego, y también resaltó la recolección y distribución de ayudas.

Para finalizar, el líder social recordó que la Universidad del Tolima se ha mantenido uno de los principales centros de acopio del departamento y que sus estudiantes han estado involucrados de forma directa en la atención de los incendios.

La brigada internacional de rescate mexicana Topos Azteca emitió un comunicado oficial en el que aclaró varios puntos sobre su llegada y labor en Colombia, en especial en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), donde colaboran en las tareas de búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

En el comunicado (que se emitió la noche del viernes 21 de agosto), la organización precisó que su decisión de movilizarse a Colombia fue totalmente autónoma y tomada por el Topo Mayor, Héctor Méndez, “mientras nuestro equipo finalizaba labores en Venezuela, al conocer la magnitud de la emergencia”.

De esta forma, desmintieron versiones sobre una supuesta intermediación política o gestiones previas con partidos o actores políticos, uno de ellos el congresista de Alianza Verde Duvalier Sánchez.

“No existió contacto, coordinación ni solicitud previa entre Topos Azteca y el senador Duvalier Sánchez, ni con ningún actor o partido político, para gestionar nuestro traslado o ingreso al país”, aclaró la brigada en su misiva, y que se replicó por medio de su cuenta de Instagram.

Añadieron que cualquier trámite o documento realizado por terceros “no fue solicitado ni coordinado por Topos Azteca y no corresponde al proceso mediante el cual llegamos a Colombia”.

Sobre la logística de su llegada, la brigada detalló que su movilización fue posible “gracias al esfuerzo de la brigada y al apoyo de la iniciativa privada”.

El colectivo destacó el patrocinio de las aerolíneas Copa Airlines, Avianca y Wingo, así como el apoyo de Yadid Jalaff (colombo-venezolano) y un grupo de empresarios. Parte del equipo viajó por tierra desde La Guaira (Venezuela), hasta Riohacha (Colombia), y desde allí se coordinó el vuelo privado y el transporte necesario hasta Cali.

En cuanto al ingreso y apoyo recibido en el país, Topos Azteca informó que su entrada a Colombia “se realizó de manera regular, sin impedimentos ni trabas administrativas”, y agradecieron especialmente “las facilidades logísticas brindadas posteriormente por las alcaldías de Cali y Pereira, dentro del operativo en desarrollo”, añade el comunicado oficial.

La organización resaltó su carácter solidario y se dejó en claro que “Topos Azteca es una organización independiente y sin fines de lucro”, además de precisar: “No participamos en campañas, agendas ni plataformas políticas. Nuestro único compromiso es con la vida y el rescate en momentos de desastre”.

En la parte final del mensaje, el colectivo expresó su gratitud “a la sociedad civil, empresas, voluntarios y autoridades que apoyan nuestra labor”, reiterando que su objetivo principal es salvar vidas y colaborar en situaciones de emergencia, como la que actualmente afronta el suroccidente colombiano tras el devastador terremoto.

El origen de uno de los episodios que motivó la aclaración de los Topos Azteca: qué tiene que ver Yadid Jalaff

Días atrás, se generó una polémica entre el empresario colombo-venezolano Yadid Jalaff y el congresista Sánchez por la gestión de la llegada de la brigada de rescate Topos Azteca a Colombia, en medio de las labores tras el terremoto que sacudió al país.

Jalaff, quien apoyó la coordinación para traer a los Topos Azteca a Cali, aseguró en entrevista con 6AM W que el congresista “se atribuyó” la gestión de la llegada del equipo de rescatistas.

Según explicó el hombre que afirmó ser amigo del hoy presidente Abelardo de la Espriella, él tenía contacto previo con los Topos Azteca por operaciones anteriores en Venezuela y se ofreció de inmediato para facilitar su traslado y apoyo en Colombia. También destacó que ha colaborado con otras organizaciones para atender la emergencia.

Por su parte, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez defendió su papel y afirmó que, tras ver su nombre “calumniado”, decidió hacer públicas las gestiones que realizó.

Según Sánchez, él y su equipo contactaron a la cooperación de la Gobernación, a Migración Colombia y a la Aerocivil para facilitar la llegada de 28 rescatistas y dos vuelos con ayuda humanitaria desde Miami. Subrayó que los Topos Azteca ingresaron en un vuelo comercial donado por Copa Airlines y no como parte de una misión diplomática o de cooperación internacional.

Sánchez sugirió que el empresario podría tener intereses políticos vinculados al actual gobierno de De la Espriella, a lo que Jalaff respondió negando cualquier afiliación partidista. “Yo sí soy amigo del presidente Abelardo De La Espriella, no de ahora, de hace mucho tiempo, y soy amigo de muchas personas que militan en su partido, pero yo no milito para ningún partido y a mí nadie me estaba mandando a ir a ningún lado”, afirmó Jalaff.

El conflicto se acentuó por un episodio que se viralizó en redes sociales, justo en el Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali, y que tuvo a Sánchez como protagonista.

Jalaff acusó al congresista de entorpecer las labores de los rescatistas al cuestionar la respuesta del gobierno mediante un megáfono y de impedir su ingreso al hospital. Sánchez, por su parte, explicó que estaba respondiendo al llamado de la hija de una víctima atrapada bajo los escombros y negó haber bloqueado las operaciones de rescate, asegurando que solo realizó un plantón pacífico junto a familiares de afectados.

Duvalier Sánchez se pronunció luego de la publicación del comunicado de Topos Azteca

Por medio de un video que difundió en sus redes sociales la misma noche del viernes en que se conoció la posición oficial de la brigada mexicana de rescate especializada, Sánchez declaró: “Yo he dicho acá, y quienes han seguido las publicaciones desde que empecé esta gestión saben, no conozco a los Topos Azteca”.

Como respuesta a quienes lo habrían difamado, según el mismo senador, e incluido el empresario, el congresista contó cómo fue su gestión.

“Hice una gestión porque me buscaron a través de una organización humanitaria con sede en Miami para lograr los trámites y darle alcance al ingreso de dos vuelos con ayudas humanitarias y de 28 rescatistas. Incluso pagamos el tiquete de un rescatista que andaba por allá en La Guajira. Aquí está el tiquete, aquí está la certificación, que sin nuestra ayuda no hubieran podido ingresar a Colombia”, dijo el senador, al mostrar las capturas de pantalla con las que soportó su versión de los hechos.

El congresista calificó la polémica como “absolutamente innecesaria en medio de la tragedia de tantos casos que se necesitan hacerse visibles, de familias que necesitan que cuerpos de víctimas sean recuperados, de personas que están necesitando, digamos”.

“Esto de quién se pone la medallita, de quién trajo o no trajo, me parece un poco infantil, y que no deberíamos estar en esta discusión, pero en aras de aclarar además que aquí a quien han calumniado y difamado viralmente es a mí, pues me tocó mostrar la evidencia de la gestión de los puentes, de la agilización de trámites. Había una orden del presidente Abelardo de la Espriella de no recibir ayudas internacionales ni colaboración de otros países. Pues bien, ahí fue donde nosotros hicimos la labor como congresista, que además mi, yo estoy donde pueda servir”, cerró Sánchez.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López respondió a la investigación formal que abrió en su contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le citó a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.

El proceso busca determinar si la congresista se extralimitó en sus funciones durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se incautó un arma de fuego tras información entregada por el interno Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU. a inicios de febrero de 2026.

En un mensaje publicado en su cuenta de X la mañana del sábado 22 de agosto, Zuleta defendió su actuación y aseguró que su presencia en la cárcel respondió a su compromiso con la paz y la protección de la vida.

“Trabajar por La Paz es un deber de todos y una obligación del Estado. Pero así va la persecución judicial en mi contra por trabajar por La Paz urbana y La Paz carcelaria. ¿A quién le importa que hayan muertos al interior de las cárceles y las consecuencias que estas muertes tienen para las comunidades y los territorios?”, escribió la senadora.

Zuleta explicó que su presencia en la diligencia fue solicitada como garantía para la entrega de un arma que, según la información recibida, iba a ser utilizada para asesinar a una persona que buscaba sumarse a los procesos de paz dentro del penal.

“Pidieron mi presencia como garantía para que se diera la entrega de un arma como gesto de paz en un patio de una cárcel, arma con la que presuntamente iban a asesinar a una persona que le estaba apostando a La Paz, alias Araña”, indicó la congresista.

La senadora añadió que su presencia estaba debidamente autorizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos y la dirección del establecimiento penitenciario para prevenir hechos de violencia como amotinamientos.

No obstante, Zuleta recalcó que su intervención no fue una injerencia en la labor judicial, sino un intento de garantizar que la entrega del arma se realizara de manera pacífica y legal.

“Mi presencia en el espacio nunca fue una intervención, yo misma solicité que fuera una diligencia judicial más allá del gesto de paz, lo hice por medio del Ministro de Justicia por la magnitud de la situación y la posibilidad de que el arma estuviera asociada a homicidios”, aseguró la congresista, que también causó polémica tras su papel en el recordado ‘Tarimazo’ en La Alpujarra (Medellín), durante la administración de Gustavo Petro.

Zuleta insistió en que la entrega del arma fue posible gracias a su mediación, la cual consideró un gesto de paz que ayudó a salvar vidas y evitar más violencia dentro de la cárcel.

“Mi presencia hizo posible el gesto de paz, hice presencia porque anhelo con todo mi corazón que no hayan armas que causen la muerte de nadie en ninguna parte, en ningún espacio, tampoco en una cárcel, en Colombia no hay pena de muerte por lo tanto a todos se nos debe proteger la vida incluidos los privados de la libertad”, argumentó la senadora del Pacto Histórico.

La congresista también exigió que si su presencia era requerida, se rindiera declaración formal ante la Fiscalía General, lo que ocurrió con el testimonio de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. “Exigí que si querían mi presencia debían rendir declaración formal directamente ante la Fiscalía, así lo hizo el señor Andres Felipe Marin y por ello hubo el allanamiento”, explicó Zuleta en su publicación.

Respecto a la legalidad de su actuación, Zuleta señaló que las pruebas practicadas en el caso demuestran que no intervino ni obstaculizó la diligencia.

“Las pruebas practicadas en este, un caso más de persecución judicial en mi contra, demuestran que en ningún momento interferí en la diligencia”, aseveró la senadora, recordando que los jueces que conocieron del allanamiento declararon la legalidad del proceso.

Zuleta interpretó la investigación como una persecución política y judicial. “Confío en que la Corte esclarecerá los hechos y podré demostrar mi inocencia como en tantos otros casos de persecución judicial que padezco

Sectores de la derecha que promueven esta persecución buscan que los escenarios judiciales se conviertan en el lugar de disputa política para impedir que realicemos tareas de paz coherentes con nuestra postura cuya prioridad es salvar vidas y reducir las violencias”, expresó en su extenso mensaje la congresista.

La investigación de la Corte Suprema se centra en determinar si la senadora, como coordinadora del Gobierno en la mesa de conversación sociojurídica con estructuras armadas de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, tenía competencias para participar en la diligencia de incautación del arma en la cárcel La Picota.

El tribunal deberá definir si su presencia estuvo limitada a su papel como facilitadora de procesos de paz o si asumió funciones propias de las autoridades judiciales y penitenciarias.

Mientras avanza el proceso, Zuleta reiteró su disposición a seguir trabajando “por la paz, jamás para la violencia o la guerra”, y defendió que el diálogo y los gestos de paz son la vía para reducir las violencias y salvar vidas en el país.

Sin embargo, su llegada también ha suscitado inquietudes en el ámbito laboral, y en especial sobre las posibles consecuencias de participar en estos duelos durante la jornada de trabajo.

Por tal movio, el abogado laboralista Fernando Triana explicó los riesgos legales y disciplinarios que enfrentan los empleados que deciden sumarse a batallas de “aura” en horario laboral.

Según Triana, que compartió sus declaraciones en un video por medio de su cuenta de instagram, la práctica, aunque divertida y viral, puede acarrear sanciones serias si se realiza en el tiempo destinado a las obligaciones contractuales.

“Si hacen batallas de aura en la empresa, ¿me pueden echar los de recursos humanos? Si usted hace las batallas de aura en vigencia de la jornada laboral, es decir, en desarrollo de la jornada laboral, usted estaría incumpliendo con las funciones y obligaciones propias de su contrato”, advierte el jurista.

Para entender la dimensión del fenómeno, es importante saber qué implica “farmear aura”. La expresión proviene de la cultura digital y de videojuegos, donde “farmear” significa acumular experiencia o recursos mediante acciones repetidas, y “aura” se refiere al carisma, presencia y magnetismo que una persona proyecta en público y en redes sociales.

En la práctica, “farmear aura” consiste en realizar poses, gestos y actitudes que incrementen simbólicamente el carisma de una persona. Esto llevó a que centenares de jóvenes organicen batallas en plazas, oficinas o en línea, donde el público o los compañeros deciden quién suma más “puntos de aura” por su actitud, creatividad y presencia.

Las competencias de aura, que se han popularizado en ciudades de América Latina y se viralizan en plataformas como TikTok, Instagram y X, trasladan la lógica del videojuego a la vida real: cada acción ingeniosa o desafiante suma puntos, mientras que errores restan reputación.

El objetivo es proyectar seguridad y captar la atención del público, no solo a través de movimientos, sino también con referencias a memes y cultura pop.

No obstante, el abogado laboralista Fernando Triana insiste en que, dentro del entorno laboral, estas competencias pueden tener repercusiones negativas si se realizan durante el horario de trabajo.

“Le recomiendo que haga las batallas de aura en la hora de almuerzo o una vez finalizada la jornada laboral con sus compañeros, pero no las haga en vigencia de la jornada laboral, porque le van a hacer procesos disciplinarios y posiblemente, si hace más de una batalla de aura a la semana, incluso le podrían terminar el contrato”, señala Triana.

El jurista hizo hincapié sobre la participación en este tipo de actividades durante la jornada puede considerarse una falta al cumplimiento de las funciones asignadas y, por tanto, justificar sanciones dentro de la empresa, y daría pié a que le pueden iniciar procesos disciplinarios, emitir llamados de atención, suspender al trabajador e incluso terminar el contrato si la conducta se repite.

Triana aclara que estas advertencias no buscan desalentar la expresión o la integración entre compañeros, sino recordar la importancia de respetar los límites laborales.

Esta tendencia ha tomado tal fuerza en el país, que ya circulan videos virales en redes sociales de jóvenes en algunas universidades colombianas y en otros puntos, como el caso de Envigado, que 28 de agosto albergará un eventos en el Parque Cultural Débora Arango. Allía se llevará a cabo la primera competencia de este tipo.

“¡NOOOOO! ¡Llegó a Envigado! Pensamos que nos habíamos salvado… pero no. 😂 Bendito Internet, primero fueron los therians y ya vamos en: La Batalla de Farmear Aura aterriza en Envigado. ⚔️🔥📍 Parque Cultural Débora Arango 📅 28 de agosto ⏰ 7:00 p. m. ¿Será que los envigadeños sí tenemos suficiente aura para esta batalla?” menciona el cartel que circula en redes sociales.

El caso judicial contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, volvió al centro del debate público tras las fuertes declaraciones de la exfiscal Lucy Laborde, que denunció presiones desde la Fiscalía General de la Nación para retirar el delito de lavado de activos en la imputación que enfrenta.

Laborde afirmó que la fiscal general Luz Adriana Camargo le pidió dejar solo el cargo de enriquecimiento ilícito, lo que ella se negó a cumplir por considerar que el expediente sí sustentaba la acusación por lavado de activos.

En respuesta a la entrevista de Lucy Laborde, Nicolás Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que cuestionó la cobertura del caso y defendió su versión de los hechos.

“La misma estrategia de siempre, solo quedarse con una parte de la historia, la otra parte la omiten descaradamente”, expresó Petro la mañana del sábado 22 de agosto de 2026, al criticar lo que considera una visión parcial y sesgada de la situación.

Nicolás Petro, además, señaló que en la entrevista no se abordaron otros aspectos relevantes del proceso.

“¿Por qué en la entrevista a la señora Lucy Laborde no le preguntaron cómo violentó los derechos de mi bebé al mostrar su rostro y hacer público en una audiencia judicial los sitios a donde mi bebé frecuentaba para su recreación? Por esta clara vulneración, a la señora Lucy le compulsaron copias disciplinarias”, escribió el hijo del exmandatario.

El exdiputado del Atlántico también puso en duda la imparcialidad de la exfiscal y de otros funcionarios involucrados.

“Muy curioso que no le preguntaron a la señora Lucy Laborde de las compulsas de copias tanto disciplinarias y penales que realizó el juez del caso contra el señor Mario Burgos por los visibles actuaciones delictivas de él y de Víctor Forero”, agregó en su publicación de X Petro, y quien según él enfrenta un proceso judicial por otro caso conocido como “Pacho Malo”, y cuestionó la defensa que la exfiscal hace de Forero.

El hijo del expresidente también hizo referencia al trato mediático y al impacto sobre su entorno familiar.

“Jamás iban hablar en la entrevista de las compulsas de copias penales que hizo el Juez Carbono contra la Revista Semana y la señora Vicky Dávila por mostrar a mi esposa semi desnuda y con 8 meses de embarazo en la captura ilegal que me hicieron. ¿Por qué esas compulsas de copias no avanzan en la Fiscalía General?”, señaló el hijo del expresidente.

En su mensaje, el acusado también anunció que presentará un derecho de petición a la fiscal general Luz Adriana Camargo.

“Esta semana radicaré un derecho de petición a la Fiscal General Luz Adriana Camargo preguntado por las compulsas de copias contra Mario Burgos, Revista semana y Vicky Dávila. Que la Fiscalía actúe contra todos, no solo contra una parte”, concluyó.

Las declaraciones de la exfiscal Lucy Laborde

El motivo de la acción judicial en contra del medio de comunicación obedece a que Lucy Laborde, exfiscal encargada del proceso, denunció en entrevista con Semana que fue presionada para retirar el delito de lavado de activos contra Nicolás Petro.

Según Laborde, durante una reunión en el despacho de la fiscal general Camargo, se le pidió dejar solo el cargo de enriquecimiento ilícito y no el de lavado, con el argumento de que la pena sería igualmente alta.

Laborde explicó al mismo medio que, a su juicio, el expediente sí sustentaba la acusación por lavado de activos, ya que Nicolás Petro habría recibido dineros ilícitos y realizado movimientos para ocultar su origen, como la compra de bienes a nombre de terceros.

La exfiscal relató que, tras negarse a retirar el cargo, fue trasladada a Barranquilla en condiciones laborales precarias, sin apoyo administrativo ni recursos básicos para continuar la investigación, lo que consideró una forma de presión. Al final fue reemplazada y el caso quedó en manos de otro fiscal.

El caso de Nicolás Petro involucra acusaciones por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de activos, y la controversia por la actuación de la Fiscalía y las denuncias de presiones internas han intensificado el debate sobre la independencia y transparencia de la justicia en Colombia.

Mientras tanto, Nicolás Petro insiste en que la Fiscalía debe actuar con imparcialidad y responder por todas las compulsas de copias y procesos pendientes, no solo por una parte del caso.

El Ministerio de Ambiente anunció el viernes 21 de agosto la suspensión temporal de las quemas abiertas controladas en las zonas rurales de Colombia, una medida que busca prevenir incendios forestales ante las altas temperaturas y la escasez de lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.

La restricción, formalizada a través de la resolución 1070 del 21 de agosto de 2026, aplica a las quemas utilizadas para preparar suelos agrícolas, realizar actividades mineras, manejar rastrojos o residuos de cosechas y controlar los efectos de las heladas.

La decisión responde al aumento del riesgo de incendios en el país por las condiciones climáticas actuales, y que según el balance que entregó la mañana del sábado 21 de agosto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), tiene aún 13 incendios activos, en su mayoría en el departamento del Tolima, además de Cundinamarca y Norte de Santander.

La decisión se tomó basado en datos oficiales que, para el 15 de agosto ya arrojaban que 539 municipios tenían algún nivel de alerta por incendios: 235 en alerta roja, 177 en naranja y 127 en amarilla.

Además, la Ungrd reportó 600 incendios forestales en 226 municipios, con cerca de 14.872 hectáreas afectadas.

No obstante, la norma contempla excepciones: las autoridades ambientales podrán autorizar quemas en casos específicos, siempre que exista justificación técnica y se garantice que no aumentará el riesgo de incendios en la zona.

El Ministerio de Ambiente, en cabeza de Fabio Arjona, advirtió que el incumplimiento de la resolución puede dar lugar a procesos sancionatorios, multas, correctivos de la Policía Nacional y, en casos graves, acciones penales por delitos contra los recursos naturales.

La suspensión de las quemas abiertas controladas se mantendrá hasta que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informe oficialmente que han cesado las condiciones del fenómeno de El Niño que motivaron la medida.

La resolución del Ministerio de Ambiente se suma al de la cartera de Salud

El mismo viernes 21 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección Social activó una respuesta especial ante el aumento de incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire en varias regiones del país, asociados a las altas temperaturas y la escasez de lluvias reportadas por el Ideam.

La entidad anunció el refuerzo de estrategias de vigilancia, prevención y atención, así como la comunicación del riesgo para mitigar los impactos en la salud pública por la exposición al humo y al aire contaminado.

El humo proveniente de los incendios puede aumentar la presencia de partículas en el aire, afectando las vías respiratorias y agravando condiciones crónicas como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Los grupos más vulnerables son niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias, cardiovasculares u otras condiciones crónicas, quienes requieren medidas especiales de protección.

Como parte de la preparación del sector salud, el Ministerio recordó la vigencia de la Circular Externa Conjunta 023 del 10 de julio de 2026, que orienta la respuesta frente a la temporada seca y el fenómeno de El Niño.

Se fortaleció el seguimiento de eventos relacionados con incendios, humo y calidad del aire, integrando información epidemiológica y ambiental a través de herramientas como las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA), el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Sistema de Vigilancia de Riesgos Ambientales (VIGIFRA). Esto permite identificar a las poblaciones expuestas y orientar medidas de prevención y atención.

La cartera también brinda asistencia técnica a las entidades territoriales y a todos los actores del sistema de salud, para reforzar la vigilancia, la preparación y la atención oportuna de las personas afectadas.

Dicha respuesta requiere coordinación entre los equipos de salud pública, aseguramiento, prestación de servicios y gestión del riesgo. Para esto, las Salas ERA (Enfermedades Respiratorias agudas) podrán fortalecerse dependiendo del comportamiento de las enfermedades respiratorias y la demanda de atención en cada territorio.

Entre las recomendaciones para la ciudadanía, desde el Ministerio de Salud se aconsejó evitar actividades físicas intensas al aire libre cuando haya humo en el ambiente, permanecer en espacios interiores, y utilizar tapabocas si es necesario salir o permanecer en zonas afectadas.

Es fundamental que las personas con enfermedades crónicas sigan sus tratamientos y tengan a mano sus medicamentos. Ante síntomas de alarma como dificultad respiratoria, dolor en el pecho, tos intensa, sibilancias, alteración del estado de conciencia o empeoramiento de una enfermedad previa, se debe consultar inmediatamente a los servicios de salud.

Para prevenir los efectos del calor, se recomienda mantener una buena hidratación, consumir agua potable con frecuencia, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Es importante estar atentos a signos de alerta como mareo, debilidad, piel caliente y seca o fiebre alta, ya que podrían indicar un golpe de calor que requiere atención médica urgente.

La abogada laboralista Cindy Isaza explicó los aspectos clave que deben tener en cuenta los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes respecto a la segunda entrega de dotación para 2026, que está programada para el 31 de agosto como fecha límite.

Sus declaraciones aclararon dudas frecuentes que recibió por parte de algunos usuarios sobre la obligación de los empleadores y los derechos de los trabajadores en torno a este beneficio.

Según Isaza, es fundamental que los empleados conozcan las reglas que regulan la entrega de dotación en Colombia.

“Durante la relación laboral, la dotación no puede ser sustituida por dinero. El artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo lo prohíbe de manera expresa y la Corte Constitucional lo confirma”, precisó la jurista antioqueña.

Esto significa que, independiente de los acuerdos informales, la empresa no puede entregar dinero en vez de las prendas o el calzado de trabajo.

La abogada agregó que existe una excepción a esta regla: “La dotación sí puede entregarse mediante bonos”.

Sobre este punto, la abogada laboralista contó que “este mecanismo es válido siempre que los bonos sean intransferibles, no negociables, no representen dinero en efectivo y se destinen exclusivamente a la adquisición del calzado y vestido de labor”.

De esta manera, los empleadores tienen la posibilidad de cumplir con la obligación utilizando bonos, pero es indispensable que estos no puedan ser convertidos en dinero ni usados para otras compras.

Otro punto que destacó Isaza es la diferencia entre dotación y elementos de protección personal.

“La dotación y los elementos de protección personal no son lo mismo. Los elementos de protección personal dependen de los riesgos del cargo, no del salario, ni de la antigüedad o de las fechas de entrega que tiene la dotación”, explicó Isaza.

Por eso, ejemplificó la jurista, una persona puede requerir elementos de protección personal, como cascos, guantes o botas especiales, sin tener derecho a dotación, y la dotación nunca reemplaza los elementos de protección personal que exige la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

Frente a la pregunta sobre qué hacer si la empresa no entrega la dotación, Isaza fue clara y detalló que “mientras el contrato esté vigente, puede exigirse el cumplimiento de la obligación y, de persistir el incumplimiento, acudir al Ministerio del Trabajo”.

Lo anterior “puede dar lugar a una investigación y, según el caso, a sanciones administrativas”, puntualizó la abogada laboralista, y recomendó que los trabajadores documenten y soliciten formalmente la dotación, dado que esta evidencia será útil en cualquier reclamación.

En caso de que el contrato finalice sin que la dotación haya sido entregada, la situación cambia. “Si el contrato finaliza sin que la dotación haya sido entregada, ya no resulta procedente suministrarla, dado que la relación laboral ha terminado. Sin embargo, el incumplimiento no desaparece. El trabajador puede reclamar una indemnización ordinaria de perjuicios siempre que demuestre el daño sufrido”, afirmó Isaza.

No obstante, la jurista expuso que las dotaciones pendientes no se convierten automáticamente en dinero dentro de la liquidación final y su valor no está definido por la ley.

Además, no se genera la sanción de un día de salario por cada día de retraso, como ocurre con otros conceptos laborales.

Isaza indicó que, en caso de no existir acuerdo entre trabajador y empleador respecto a la indemnización por la falta de entrega de dotación, “será el juez quien determine si hay lugar a un perjuicio y cuál sería su cuantía”.

Por esta razón, ella insistió en que el cumplimiento de esta obligación requiere equilibrio y responsabilidad por parte de las empresas, y así “entregar oportunamente las prendas adecuadas, utilizarlas para su finalidad y llevar un adecuado registro de todo este proceso”, agregó la abogada.

La especialista recordó que la dotación es un derecho fundamental para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, y reiteró la importancia de que tanto empleadores como empleados conozcan la normatividad vigente para evitar conflictos en la relación laboral.

La decisión por parte de la administración del “Tigre” abrió una nueva fase de la estrategia de seguridad en una región donde la guerra entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc ya deja desplazamientos, confinamiento y muertes, pero causó controversia luego de los señalamientos que hizo por medio de un comunicado la Defensoría del Pueblo.

Todo porque en la zona donde se presentó la acción de la fuerza pública se reportaron tres personas heridas: todos civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, y a quienes “nuestros equipos en territorio están acompañando”, precisó el documento, y en el que también se anunció que “estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra”.

“No importa el gobierno, el plan es el mismo: bombardear comunidades. Para el Catatumbo, la horrible noche ni empieza ni termina. Se mantiene junto con los planes orientados por el imperio de los Estados Unidos, obedecidos por el Estado colombiano y perpetrados a través de la acción conjunta de las Fuerzas Militares y sus mercenarios narcoparamilitares”, inicia la declaración por parte de la líder guerrillera.

Guerrero aclaró que “el gobierno puede haber cambiado, pero las prácticas criminales son las mismas, porque son parte de la doctrina militar contrainsurgente y la estrategia del enemigo interno, que busca aterrorizar y arrasar territorios enteros para la extracción de los recursos, el posicionamiento de enclaves narcotraficantes y el control de un territorio geoestratégico como la frontera entre Colombia y Venezuela”.

La vocera del ELN alertó que “dicha acción se ejecutó contra la población civil, causando daños a la vivienda y dejando herido a tres civiles habitantes de dicha comunidad, Élfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Ángel Yadamiel Ascanio, quienes fueron alcanzados por el estallido de granadas de 155 milímetros lanzadas por las Fuerzas Militares estatales”.

Sin embargo, y más adelante en su declaración, Guerrero despotricó no solo del Gobierno de De la Espriella, sino que recordó a su antecesor, el expresidente Gustavo Petro.

“Desde el nuevo gobierno, al igual que el anterior, justifican estas acciones criminales en la idea de golpear al ELN. Incluso por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas”, apuntó la cabecilla del ELN, y por la cual las autoridades ofrecen una recompensa de más de 1.600 millones de pesos.

Por todo lo anterior, desde los altos mandos del ELN se afirmó que la acción por parte del Gobierno de De la Espriella “constituye una grave violación al derecho internacional humanitario”.

En la parte final de su declaración, Guerrero hizo un llamado a “las entidades y organismos defensores de derechos humanos a contribuir en la búsqueda de mecanismos humanitarios que permitan la protección de las comunidades afectadas”, pero dejó en firme que desde el Frente de Guerra Nororiental del ELN van a seguir “confrontando los planes imperiales y sus agentes militares y paramilitares”.

Los detalles del primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: en el Catatumbo

La operación se produjo en una zona donde, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 120.000 personas fueron desplazadas en Norte de Santander desde el comienzo de la crisis (que inició en la administración Petro), cerca de 50.000 familias siguen confinadas y alrededor de 120 personas murieron por los enfrentamientos.

La ofensiva, denominada Operación Beta, fue ejecutada por las Fuerzas Militares en áreas rurales entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander.

La información oficial indicó que estuvo dirigida contra estructuras del ELN y que dejó la destrucción de cinco campamentos, dos búnkeres y la incautación de armamento, explosivos y drones, según el reporte oficial de las autoridades.

Luego de que se conoció un informe por parte de Noticias RCN en el que se afirmó que la Fiscalía investiga una posible infiltración del grupo armado ilegal ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la Defensoría del Pueblo con sede en Ocaña (Norte de Santander), entidad encargada de proteger a víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

La denuncia alertó sobre la presunta filtración de información confidencial que habría terminado en manos de la estructura armada ilegal, pero en vista de la situación la entidad se pronunció de manera oficial y aclaró algunos señalamientos que se hicieron en el reporte especial que se difundió la mañana del jueves 20 de agosto de 2026.

El caso comenzó a tomar fuerza luego de que un defensor de derechos humanos recibiera el 12 de febrero de 2025 un mensaje amenazante atribuido al frente de guerra nororiental del ELN.

El mensaje, dirigido a miembros de una asociación de víctimas, contenía detalles precisos sobre las labores humanitarias y jurídicas del defensor, datos que, según la denuncia, solo conocían en tiempo real la Defensoría Regional de Ocaña y el Ejército Nacional.

“Lo alarmante es que la información contenida en ese mensaje coincide con detalles precisos de mi labor humanitaria y jurídica”, afirmó el denunciante en el informe del mismo noticiero, quien también señaló: “De los cuales solo tenía conocimiento en tiempo real la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y el Ejército Nacional”.

La investigación preliminar, ya abierta por la Fiscalía bajo el delito de amenazas, incluye como indiciado al actual defensor regional, Ever Jesús Pallares.

Un dato que agrava la sospecha es que Pallares sería el sobrino de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero o “Ana María”, identificada por las autoridades como cabecilla del ELN y señalada como responsable de más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y 23.000 confinamientos en la región del Catatumbo. Esto se refuerza con imágenes muestran a ambos juntos en actividades relacionadas con la entrega de personas secuestradas, y el nombre de alias Silvana Guerrero aparece en el cartel oficial de los más buscados en la zona.

La denuncia no solo menciona este vínculo familiar, sino que pide a la Fiscalía investigar si hubo delitos de revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas, prevaricato, abuso de autoridad por omisión de denuncia y posibles vínculos o colaboración con grupos armados ilegales.

Además, solicita verificar los vínculos contractuales, financieros y disciplinarios de las personas mencionadas, incluido Carlos Pallares, otro funcionario de la Defensoría en Ocaña desde 2020, y explorar posibles nexos familiares con alias Silvana Guerrero.

En el centro de la investigación está la filtración de información sobre el acompañamiento jurídico a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc que habían decidido someterse a la justicia. El denunciante puntualizó que la Defensoría Regional conocía su intervención en el proceso del sometimiento voluntario del excomandante alias Meco, información que luego apareció en la amenaza del ELN.

Por todo lo anterior, el ente investigador deberá responder si hubo filtración, quién tuvo acceso a la información y si fue utilizada para amenazar a defensores de derechos humanos.

Si se confirma la hipótesis, el caso implicaría una posible penetración del ELN en una entidad estatal cuya misión es precisamente la protección de quienes han sido víctimas del conflicto y la violencia.

Qué respondió la Defensoría del Pueblo

En un comunicado emitido desde la Defensoría del Pueblo la mañana del jueves 20 de agosto, y que conoció Infobae Colombia, la entidad realizó varias precisiones luego del informe que compartió el mismo medio de comunicación.

En el primer punto del documento se indicó que se “tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo”.

En el segundo aspecto que puntualizó el comunicado se recordó que “la renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”, y se precisó desde la entidad que se brindará “toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades”.

En el tercer punto del documento se dejó en claro que se confía “en que las instituciones de justicia esclarecerán plenamente los hechos dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual”.

Por último, se hizo hincapié en que la Defensoría del Pueblo “ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares”.

Según testigos, el enfrentamiento comenzó cuando uno de ellos reclamó al otro por ingresar al sistema de manera irregular. La discusión escaló y ambos terminaron a los golpes, ante la sorpresa de los demás pasajeros.

El incidente generó comentarios sobre la seguridad y el comportamiento de los usuarios en el sistema de transporte público, y por el momento las autoridades no reportaron personas heridas ni detenidas por el hecho.

Los internautas se pusieron de lado del usuario que interpeló al otro por no pasar la tarjeta por el torniquete de ingreso. Uno de los comentarios precisó: “Si no quieres tener problemas paga tu pasaje, en Bogota nos gusta la cultura”.

No obstante, otro de los usuarios escribió: “Quien los manda de sapos? O sea, no estoy defendiendo a los que se colan, estoy diciendo es que reclamarles, prohibirle, devolverlos, etc. Es trabajo de la policía o del personal de seguridad. Para que se ganan problemas? O es que si un chirrete les pega una puñaladas, transmilenio lo va a curar?”

El caso se suma a otro episodio que se conoció a finales de junio de 2026 en la estación Calle 76, escenario de otra pelea entre un usuario y un vigilante después de un reclamo por evasión del pasaje, y volvió a exponer la violencia contra el personal del sistema y el impacto operativo y judicial que pueden tener estas agresiones en Bogotá.

Durante el último año se han documentado más de 180 agresiones físicas contra vigilantes de la red, según datos oficiales. La cifra, presentada como un registro acumulado, muestra que no se trata de un hecho aislado sino de una repetición constante dentro del transporte público de la capital.

El incidente comenzó cuando vigilantes intentaron frenar el ingreso de dos personas que buscaban entrar sin pagar. La intervención derivó en agresiones físicas por parte de los infractores y en una riña que alteró el paso habitual de usuarios en la estación.

Más de 180 ataques a vigilantes muestran un problema repetido en el sistema

La directora técnica de seguridad de TransMilenio, Natalia Tinjacá, describió la gravedad de lo ocurrido con una advertencia sobre el alcance del problema.

“Hemos tenido más de 180 agresiones a vigilantes, lo cual es inaceptable porque son servidores públicos que están prestando un servicio”, precisó la funcionaria, y pidió que se cumpla con el pago del pasaje no solo por el efecto económico sobre el sistema, sino por las consecuencias físicas que estos choques pueden provocar.

Tinjacá señaló que esa conducta es necesaria para “prevenir lesiones y muertes innecesarias”.

Las autoridades recordaron que agredir a un funcionario de TransMilenio es considerado agresión a servidor público. Esa figura penal puede dar lugar a sanciones judiciales para los responsables.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes incurren en este tipo de ataques enfrentan procesos legales y penas orientadas a disuadir esa conducta.

En estación de la troncal autopista Norte también ocurrió un caso similar

Un video grabado en una estación de TransMilenio sobre la autopista Norte volvió a exponer la violencia que atraviesa el sistema en Bogotá, luego de que un usuario dentro de la plataforma se enfrentó a pedradas con un hombre que intentaba entrar sin pagar.

El caso se difundido el jueves 14 de mayo, y se suma a otros casos recientes de agresiones entre pasajeros, presuntos evasores y personal de vigilancia.

Durante 2026 las agresiones dentro del sistema no solo aumentaron en cantidad; también en la gravedad de los ataques.

En los videos más recientes ya no predominan solo los empujones o discusiones: se documentaron ataques con armas blancas y objetos contundentes.

La grabación fue compartida por la cuenta @chibcholandia en X, y la secuencia muestra al usuario dentro de la estación lanzando piedras contra el hombre que buscaba ingresar por una de las puertas sin pagar el pasaje.

Uno de los proyectiles lo golpeó después de que el presunto colado esquivara un ataque previo. El impacto le hizo perder el equilibrio y estuvo a punto de caer de bruces, aunque finalmente no logró entrar.

La publicación presentó la escena con una frase en tono irónico: “Bogotá/Vibes... Nada como iniciar el día jugando ponchados en Transmilenio”. Ese mensaje activó una cadena de reacciones de usuarios que combinaron burlas y sorpresa ante una situación expuesta como parte de la rutina urbana.

Entre los comentarios que acompañaron la circulación del video aparecieron mensajes como: “El que graba tenía un solo trabajo y lo hizo bien, denle un aumento”; “Te mantiene en forma y crea agilidad senso-motriz”; y “Creí que lo había visto todo pero no...”.

La mañana del viernes 21 de agosto de 2026 se conoció la posición oficial por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), luego de que la ministra de Educación Viviane Morales anunció una revisión de los materiales pedagógicos usados en los colegios públicos del país.

Lo anterior se conoció luego de que ella denunció que se detectaron intentos de imponer la llamada ideología de género, una decisión que el Gobierno vincula con cambios en la malla curricular de la educación preescolar, básica y media.

La inspección no se limitará a un tipo de contenido. Incluirá textos escolares, guías de aprendizaje y planes de enseñanza en instituciones oficiales de todo el territorio nacional, y se mantendrá antes de autorizar nuevas guías para el calendario escolar.

“Esto es una absoluta y total mentira. La educación necesita apoyo, inversión, dotaciones, no más estigmatización”, señaló un mensaje que se publicó desde la cuenta de X del sindicato, y en respuesta a las declaraciones que compartió el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y que apoyó a la ministra Morales dijo a los medios de comunicación: “Se denunció que maestros y maestras le preguntan, por ejemplo, a un niño que si de verdad tiene definido el género como hombre, que por qué no lo piensa mejor”.

Por tal motivo, desde Fecode se compartió la posición de la senadora del Pacto Histórico María Eugenia Londoño, acerca del Proyecto de Ley 074 de 2026, otro de los anuncios que no cayó bien en el gremio de los educadores.

“Toca que empezar por desenmascarar una idea que atraviesa todo el proyecto. La calidad de la educación pública no puede reducirse al comportamiento individual del maestro ni a los resultados de una prueba estandarizada”, comentó al principio d de su intervención la congresista.

Asimismo, Londoño afirmó que “este proyecto no se pregunta por qué existen colegios con problemas de infraestructura y más ahora, luego de la dramática situación que atraviesan todos los territorios del país y los más afectados con el terremoto”.

Dentro de sus cuestionamientos al proyecto que respalda la ministra Morales, la senadora dijo que “tampoco se pregunta por qué faltan docentes, por qué persisten brechas enormes en territorios o por qué el Estado incumple acuerdos con el Magisterio”.

Al final de su declaración, Londoño reparó en que dicho proyecto de ley “coloca el foco sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación, se individualizan las responsabilidades del sistema y se socializan las culpas sobre los maestros y maestras”.

“La verdadera discusión sobre calidad educativa debería comenzar por otra pregunta”, sentenció la congresista, al compartir la pregunta: “¿Qué condiciones está garantizando el Estado para que una maestra o maestro pueda enseñar y un estudiante pueda aprender dignamente?"

La posición de la ministra de Educación Vivian Morales

Morales sostuvo que la gestión de la cartera se concentrará en fortalecer los valores institucionales y en defender el papel de las familias dentro del proceso formativo.

Según explicó ante los medios, la revisión busca verificar qué se enseña en las aulas y si esos contenidos fueron incorporados sin conocimiento de los acudientes.

La ministra afirmó que en los últimos años se aplicaron orientaciones pedagógicas que, a su juicio, interfirieron en la labor formativa de los hogares, y mencionó en particular las metodologías utilizadas en educación sexual y la incorporación de enfoques conceptuales sin concertación previa ni aval explícito de los padres.

Una de los principales objetivos, tal y como expresó en declaraciones a medios de comunicación la funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella“ es que ”no se busque adoctrinar a los niños ni meterles en su formación cosas que no estén acorde con su desarrollo de acuerdo con la edad y su desarrollo emocional”.

Para la ministra lo que viene es “una tarea importante” por parte del Gobierno Nacional, según ella, para “restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación”.

“Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos”, cerró Morales.

La controversia aumentó en el país debido a que se confirmó que esta solicitud se hizo semanas antes de que se conocieran las denuncias sobre la presunta influencia que habría ejercido Muñoz en la Aeronáutica Civil, y ahora el nuevo director de la entidad deberá decidir si mantiene una protección compuesta por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas.

La revisión coincide con la indagación previa que abrió la Procuraduría a finales de julio de 2026 contra la Aerocivil por posibles irregularidades en la vinculación de la estudiante de Derecho, de varios de sus familiares y en distintas decisiones contractuales. Uno de los negocios bajo examen pasó de $400 millones a $12.000 millones, destacó Bluradio.

En su extenso testimonio, y que compartió a través de redes sociales la mañana del viernes 21 de agosto, Muñoz rechazó las versiones que han circulado en algunos medios y redes, asegurando que su historia personal ha sido manipulada y malinterpretada.

“Quiero contarles mi historia. No la historia que algunos medios han inventado sobre mí ni la que construyen quienes aseguran que mi activismo nació de supuestos beneficios. Quiero contarles la verdadera, la que conoce mi familia, mis amigos y las personas que han caminado conmigo desde siempre”, afirmó la joven de 20 años al principio de la grabación.

Muñoz explicó que su compromiso con el progresismo no surgió por resentimiento ni por adversidad, sino por convicción y educación familiar. “Entendí que el valor de una persona jamás debería medirse por el dinero que tiene, el lugar donde nace o las oportunidades que recibe”, relató la funcionaria.

Ella reconoció que desde niña fue privilegiada, con viajes, una infancia cómoda y una familia que le brindó amor y protección. “Nada apareció por arte de magia. Cada viaje, cada comodidad y cada oportunidad fueron posibles porque ellos se esforzaron para dármelas. Lo reconozco con orgullo y con una gratitud que me acompañará toda la vida”, afirmó la universitaria, que ahora se desempeña en la UTL de un congresista del Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié Ramírez.

En su testimonio, la activista relató el papel fundamental de su abuelo, a quien describió como un “lector intelectual que defendió los derechos de los campesinos en la Caja Agraria, fue perseguido y también necesitó seguridad del Estado”.

De paso, la funcionaria recordó las historias que él le contaba sobre dignidad y justicia social, enseñanzas que, admite, no comprendía del todo cuando era niña, pero que con el tiempo germinaron en su conciencia y la llevaron a no ser indiferente ante la realidad de otros.

Muñoz también reconoció la influencia de su familia paterna, de ideología de derecha y muy cercana al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, pero ella aclaró: “Aunque con los años elegí un camino político diferente, su disciplina, su trabajo y sus enseñanzas también fueron profundamente significativos en mi vida. Crecer entre distintas formas de entender el país me enseñó a pensar por mí misma, a respetar las diferencias y a construir mis propias convicciones”.

Sobre las críticas que la acusan de haber recibido beneficios políticos, la estudiante de derecho contó: “Mi activismo no apareció con un cargo, una fotografía ni una cercanía política. Nació mucho antes, en las conversaciones de mi familia, en las enseñanzas de mi abuelo y en la certeza de que los derechos no pueden depender de la suerte”.

La activista reseñó que su experiencia personal la ha sensibilizado frente a las desigualdades que viven miles de niñas en Colombia, al recordar episodios de su infancia.

“Mientras yo jugaba en mi casita de madera, otras niñas de mi edad crecían preguntándose si ese día podrían comer, si tendrían agua potable, si podrían llegar a una escuela o si la violencia les permitiría regresar vivas a casa. Esas niñas no son pobres porque quieren. Sus familias no carecen de oportunidades porque no trabajen lo suficiente. Decirlo no solo es falso, es cruel”, puntualizó la joven antioqueña.

Muñoz insistió en que la pobreza no es un defecto moral, sino el resultado de territorios históricamente abandonados y de desigualdades que se transmiten de generación en generación.

“Por eso no siento vergüenza de reconocer mis privilegios. Al contrario, precisamente porque sé lo determinante que es crecer con amor, seguridad y oportunidades. Yo quiero luchar para que otras niñas también puedan tenerlos”, expresó la universitaria.

En cuanto a la relación entre posiciones políticas y clase social, Muñoz cuestionó los estigmas que asocian el ser de izquierda con la pobreza y el ser de derecha con la riqueza.

“Ser de derecha no los hace ricos, ser de izquierda no los hace pobres y ser progresista no significa odiar a quien tiene dinero. Conmigo, particularmente, se equivocan muchísimo. Yo fui privilegiada desde niña y no voy a negarlo para encajar en la caricatura que algunos han construido sobre el progresismo”, contó la funcionaria.

Para finalizar, Muñoz reafirmó que su lucha busca que la infancia de cada niña no dependa del “código postal en el que nació” y que el mérito, aunque existe, no lo es todo.

“Reconocerlo no disminuye el esfuerzo de nadie, simplemente nos obliga a mirar con honestidad la realidad de los demás. Y es por eso que yo me considero progresista, porque haber tenido más no me hace mejor que quien tuvo menos. Porque haber recibido oportunidades me da todavía más razones para querer que otros también las tengan”, aseveró la estudiante de Derecho.

“Podrán publicar falsas noticias, inventar narrativas y tratar de reducir mi convicción a intereses o beneficios. Pero no podrán borrar quién soy, de dónde vengo ni los valores con los que fui criada. Solamente yo, mi familia y quienes realmente me conocen sabemos cuál ha sido mi historia. Y sé también que defenderé durante toda mi vida los derechos de quienes menos tienen, porque así me educaron, porque ese fue el legado de mi abuelo y porque esa es la persona que libremente decidí ser”, concluyó.

Así se llama a la temida organización criminal con fuerte presencia en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y que es reconocida porque su exjefe máximo es Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, y que el 3 de febrero de 2026 fue extraditado a los Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y nexos con el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

A “Carlos” lo buscaban en varios países de la región mediante circular azul de Interpol por el delito de extorsión agravada y tenía una trayectoria criminal de más de 17 años.

El hoy detenido había huido hacia Panamá con la intención de radicarse en México para evadir el cerco policial, pero fue detenido por las autoridades panameñas y deportado a Colombia, donde se le notificó la orden de captura, explicó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, director de Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal).

El criminal de extenso prontuario es señalado de ordenar la ejecución de extorsiones, atentados terroristas y sicariales contra los gremios productivos de Tuluá, en especial ganaderos, frigoríficos y comerciantes.

Las investigaciones del Gaula de la Policía Nacional establecieron (tal y como quedó evidenciado en varias grabaciones y en panfletos) que exigía a sus víctimas el pago de cerca de 1.000 millones de pesos, bajo amenazas de atentar contra su integridad y la de sus negocios.

Además, el cabecilla que era considerado como el tercero en la línea de mando de La Inmaculada, manejaba una red de préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”, obligando a los comerciantes a adquirir productos en puntos de venta determinados, donde los precios eran elevados. Aquellos que se negaban a las exigencias eran víctimas de extorsiones y atentados.

La Policía también identificó que “Carlos” realizaba viajes frecuentes a Medellín, donde coordinaba acciones con dos de los grupos criminales que hacen de las suyas en el Valle de Aburrá: Los Chatas y Los Pachelly.

Lo anterior, explicó el vocero del Gaula, lo hacía con el fin de aprender y replicar sus métodos delictivos en el Valle del Cauca.

La operación fue resultado de una labor conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia (a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol), la Policía Nacional de Panamá y Migración Colombia.

“Este resultado es muestra fehaciente del trabajo articulado y corresponsable internacional, para perseguir a las organizaciones y a sus líderes que pretendan hacer tránsito hacia otros países buscando evadir control policial”, agregó el coronel Herrera.

Al final, el director de Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula dejó en firme que “el mensaje para los grupos delincuenciales es claro, sin importar donde pretendan esconderse, no descansaremos hasta ubicarlos y llevarlos ante la justicia”.

Al final, el oficial hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho relacionado con los delitos de secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.

Esto decía uno de los panfletos que repartían los hombres bajo el mando de alias Carlos

Infobae Colombia conoció uno de los panfletos que los delincuentes al servicio de La Inmaculada y “Carlos” repartían a sus víctimas en el norte del Valle:

“OFICINA DE TULUA

Cordial Saludo:

LA OFICINA DE TULUA se dirige nuevamente hacia ustedes por 2 vez muy pacíficamente haciéndole un llamado para que por favor de manera muy cordial se comuniquen a este número de WhatsApp 322 XXXXXXXX para solucionar y hablar un tema el cual tenemos pendiente.

Nuevamente te reiteramos que nuestra ESTRUCTURA ARMADA es la encargada de ejercer el control en todo el territorio como muy bien ustedes ya son conocedores sobre eso les pedimos encarecidamente comunicarse lo más pronto con nosotros ya que es el segundo y último llamado pacíficamente que les hacemos a ustedes, en caso de hacer caso omiso a este segundo aviso les aseguramos que el 3 llamado no será de manera muy pacífica ya que si enviamos varias razones es porque tenemos nuestros motivos suficientes para hacerlo.

Muchas gracias y quedamos atentos a su mensaje.

OFICINA DE TULUA ORDEN Y CONTROL".

La Presidencia de la República compartió la mañana del viernes 21 de agosto de 2026 un balance actualizado sobre la atención a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el lunes 10 de agosto.

El informe se conoció a través de la cuenta oficial en X (@infopresidencia), y detalla el impacto del desastre y las acciones desplegadas en la primera semana tras el sismo, y soportado con los balances que lleva la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por lo que algunas cifras variaron un poco en el transcurso de la mañana del mismo viernes.

Según el reporte, la tragedia ha dejado 321 personas fallecidas, 4.595 heridas y 257 desaparecidas (con corte a las 6:30 a. m. del 21 de agosto). El número de familias afectadas asciende a 153.336. En cuanto a infraestructura, el terremoto ocasionó daños en 163.884 viviendas y la destrucción total de 31.461.

En materia de atención y recuperación, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella informó que 364 personas han sido rescatadas durante las más de 200 horas de labores de búsqueda.

También se han implementado subsidios de arrendamiento y soluciones transitorias para vivienda temporal, mientras que en salud se instalaron carpas, se entregaron medicamentos y se reforzaron los servicios de atención física y mental en las zonas más golpeadas.

En paralelo, el proceso de reconstrucción involucra al sector público, privado, financiero y de cooperación internacional, con el objetivo de reconstruir mejor y de forma más segura.

La respuesta del Estado siguió una evolución escalonada:

• 10 de agosto: activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, departamental y municipal, con prioridad en las tareas de búsqueda y rescate.
• 12 y 13 de agosto: atención a heridos, habilitación de albergues, instalación de hospitales de campaña y entrega de ayuda humanitaria.
• 14 y 15 de agosto: evaluación de daños, apoyo psicosocial y activación de subsidios de arrendamiento y otras soluciones temporales.
• 16 y 17 de agosto: inicio de las acciones de reconstrucción y recuperación temprana, bajo el Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

El informe resaltó la solidaridad nacional en la emergencia, luego de que miles de ciudadanos se han sumado como voluntarios y numerosas empresas han aportado insumos, transporte y logística. Para esto, las entidades públicas han coordinado la atención integral y el apoyo territorial.

Gobierno de De la Espriella destacó la cooperación internacional en medio de la tragedia: ayudas y donaciones

En el ámbito internacional, la Cancillería reportó la llegada de más de 220 toneladas de ayuda y el despliegue de 144 integrantes de equipos especializados.

Entre los países que han enviado asistencia se encuentran:

• China: generadores, sistemas de purificación de agua, desinfección, iluminación solar, tiendas y mantas (aprox. 80 toneladas).
• Alemania: 2.500 litros de agua y 3.000 kits de cocina.
• Suecia: 16 toneladas de mantas y 360 mallas.
• India: 20 toneladas de socorro, carpas, medicamentos y equipos médicos.
• Estados Unidos: 12 toneladas de alimentos, tiendas y equipos médicos.
• Guatemala: 1.600 kits alimentarios, 3.000 kits de aseo, y cerca de 30 toneladas en total.
• Luxemburgo: 75 carpas familiares.
• Japón: carpas, mantas y suministros a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

El balance destaca el despliegue de equipos internacionales y la importancia de la cooperación global para enfrentar la emergencia.

A su vez, desde el Gobierno nacional se reiteró que los esfuerzos de reconstrucción y apoyo a los damnificados continuarán mientras se avanza en la recuperación de las zonas afectadas, luego del anuncio de De la Espriella de la puesta en marcha del Plan Milagro de Reconstrucción para restablecer viviendas y servicios básicos en las regiones afectadas por el terremoto, y que el jefe de Estado socializó durante su alocución del lunes 17 de agosto de 2026.

Con esta nueva etapa que busca atender los efectos de la catástrofe, desde el gobierno se busca pasar de la atención de emergencia a la reconstrucción integral de las familias que perdieron sus hogares y bienes.

La conducción central de la iniciativa quedará en manos del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, a quien el Ejecutivo asignó la coordinación de las entidades involucradas.

El plan fue definido como una estrategia multisectorial que reúne al Gobierno Nacional, al sector constructor, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes de todo el país.

La meta oficial es reconstruir viviendas y restablecer condiciones de vida digna en zonas afectadas por el sismo, y que se concentran en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

“No vamos a desproteger a ninguna región. Estamos en todos los frentes. Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción”, dijo el mandatario al explicar el cambio de foco de la respuesta estatal.

El expresidente Gustavo Petro siguió con sus señalamientos al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, y en esta ocasión mostró sus reparos frente a una de las decisiones más complejas que ha tomado la administración, que inició labores de lleno desde el 7 de agosto de 2026, y que solo tres días después tuvo que atender la calamidad a nivel nacional luego del terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto: declarar la emergencia económica, social y ecológica en Colombia durante 30 días para enfrentar los efectos del sismo.

La medida habilita al gobierno a expedir decretos con fuerza de ley ante una calamidad que deja 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.

No obstante, Petro señaló a través de un mensaje que publicó la mañana del viernes 21 de agosto vía X que no le cree mucho al “Tigre” luego de que firmó el decreto el 19 de agosto.

“Lo único que propone Abelardo es endeudar a la clase media damnificada por el terremoto”, comentó el expresidente, que replicó además el hilo que difundió por la misma red social el senador del Pacto Histórico Wilson Arias.

El congresista señaló esa misma mañana de viernes que “nueve días después del terremoto llegó el decreto de Emergencia Económica”, lo que calificó como “necesario”, pero hizo algunas precisiones sobre su contenido y dejó una pregunta abierta para el Gobierno de De la Espriella: “¿La única alternativa para una familia que perdió su casa es endeudarse?"

“Dicen que hay créditos preferenciales. Es decir, el que lo perdió todo, además, que pague intereses. Eso no es una garantía, es un préstamo. Un gobierno que solo ofrece crédito está renunciando a dar garantías económicas”, explicó en el hilo Arias.

No obstante, el senador dijo que “hay otro camino y ya lo pusimos sobre la mesa”, haciendo alusión a un programa que buscaría atender las zonas afectadas al mismo tiempo que se generan trabajos.

“Un Programa Público de Empleo que contrate a trabajadores, cooperativas y Mipymes de los municipios afectados, junto a un Programa de Construcción de Vivienda Pública”, recordó Arias, que le dijo a De la Espriella: “Abelardo no sea un Duque 2.0, adóptelo”.

Al final, el senador se pronunció ante “el tamaño de lo que hay que reconstruir a corte del 20 de agosto”, y puntualizó “pérdidas cercanas al 1 % del PIB (Producto Interno Bruto)”, y por lo anterior fue que Arias sentenció: “Un crédito deja una deuda, un empleo construye un futuro y una casa”.

Qué le permite hacer a Abelardo de la Espriella el decreto de emergencia económica

El presidente De la Espriella declaró la emergencia económica, social y ecológica en Colombia durante 30 días para enfrentar los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026

El documento señala que el régimen excepcional regirá en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También podrá extenderse a otros municipios si se prueba una afectación concreta derivada del sismo y de sus réplicas.

El decreto ordena que el Ministerio del Interior presente un informe motivado al Congreso, y dispone remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional y comunicar la decisión a la ONU y a la OEA.

El texto señala que los cierres y restricciones viales comprometen corredores de carga y abastecimiento, dado que los departamentos afectados aportan el 11,5% del abastecimiento total de alimentos del país, con participación relevante en verduras, carnes, alimentos procesados, frutas, lácteos y huevos, una disrupción que ya genera desabastecimiento en distintas regiones, sobre todo en el suroccidente.

De otro lado, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos asociados a escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos, afectación de fauna silvestre y posibles impactos sobre áreas protegidas. El volumen de escombros se estima entre 1,5 millones y 2,4 millones de toneladas.

El gobierno incluyó en el decreto una evaluación económica preliminar que ubica el impacto en al menos $30 billones, cerca del 1,8% del PIB. El documento también cita una estimación del Servicio Geológico de los Estados Unidos que considera más probable un rango de pérdidas de USD 1.000 millones a USD 10.000 millones.

Asimismo, se resaltó que desde el Ejecutivo ya se habían activado mecanismos ordinarios, incluida la declaración de desastre nacional y la respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con evacuaciones, alojamientos, remoción de escombros, traslados de pacientes, priorización eléctrica para servicios esenciales y suspensión de términos judiciales y tributarios.

Aun así, el decreto afirma que la estrechez fiscal limita la capacidad estatal de respuesta.

El cupo de endeudamiento anual aprobado por el Congreso asciende a USD 17.273.146.933 y la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para manejo de desastres dispone de apenas $47.265.782.863.

Por esa razón, el Gobierno prevé decretos legislativos para habilitar nuevas fuentes de recursos, reasignaciones presupuestarias, alivios tributarios temporales, operaciones de crédito más ágiles, uso de recursos del Sistema General de Regalías, ampliación de Obras por Impuestos y mecanismos extraordinarios con activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Entre las voces más destacadas que se han sumado al debate se encuentra la de Martín Caratar, un niño de 8, influencer y activista por los derechos de la infancia oriundo del departamento de Nariño, y que a través de un video publicado en sus redes sociales el jueves 20 de agosto de 2026, cuestionó a la directora de la entidad, María Carolina Restrepo Cañavera.

En el video, Caratar inició su réplica con nombre propio. “María Carolina Restrepo, no me extraña que tengas ese pensamiento. Tal vez te quedaste en la época en la que los niños no podían ni siquiera pensar. A las mujeres las silenciaban y los hombres ni siquiera podían expresar sus sentimientos”.

El creador de contenido menor de edad y con una comunidad digital (más de 111.000 seguidores en Instagram) que lo sigue por sus análisis, no dudó en plantear un reclamo ante lo que considera una visión desactualizada sobre el papel de los niños y las niñas en la sociedad.

El influencer recordó a la directora que hoy enfrenta un “maravilloso reto: proteger a todos los niños, niñas y adolescentes de este país”. Pero Caratar fue más allá al señalar la importancia de que quienes dirigen instituciones como el Icbf reconozcan la realidad de la infancia colombiana, y dijo: “Espero de verdad que puedas dirigirla entendiendo la realidad de nosotros, los niños y las niñas”.

El segundo detonante de la reacción de Caratar fue, además de la directriz sobre el lenguaje institucional, la polémica intervención de Restrepo respecto al colectivo Resistencia Chiquita.

“Seguramente te estarás preguntando: ¿por qué este niño me estará preguntando todo esto? Pues porque tuve la oportunidad de ver un video donde estabas completamente indignada por la frase Resistencia chiquita. Y después dijiste exactamente lo mismo: los niños lo único que tienen es que jugar”, expresó el joven.

Caratar recalcó la necesidad de que los niños sean escuchados. “Espero que para este momento del video ya hayas investigado qué significa la frase Resistencia chiquita, porque yo sí hice mi tarea. ¿Ves? Los niños no solamente debemos jugar, también tenemos derechos y deberes”.

El influencer explicó que Resistencia Chiquita es un colectivo artístico nacido tras el caso de Yuliana Samboní y que busca defender los derechos de las niñas a través del arte. “Para mí no hay nada más hermoso que utilizar el arte para transformar la realidad que nos duele”, afirmó el activista.

El video también abordó el impacto de los discursos que minimizan la capacidad de los niños para opinar y participar.

“Sin embargo, tú condenas esto y también cuestionas a los niños y niñas que decidimos alzar la voz, como si por ser niños no fuéramos capaces de entender. Hoy te exijo respeto. ¿O a ti te gustaría que te digan que por ser mujer tienes que quedarte callada porque hay temas que no son para ti? No, ¿verdad? Pues entiende que decirle a un niño que lo único que tiene que hacer es jugar es prácticamente lo mismo”, reclamó Caratar.

El joven también compartió su experiencia personal con la censura y relató: “Yo ya fui censurado una vez y lo digo con seguridad. Sí, me censuraron por hablar de política y por tener una posición. Y yo me logré defender porque conozco mis derechos. Basta de hacernos creer que nuestra única misión en la vida es jugar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ya tengamos que responder por nuestros actos, pero nunca nos han permitido leer, estudiar o cuestionar?”

Caratar concluyó su mensaje solicitando a la directora del Icbf y a los funcionarios públicos que no hablen de los niños “sin escucharnos o preguntarnos”.

“Y no confundas protegernos con callarnos. Y de verdad espero de todo corazón que por este mensaje no me censuren, porque si lo hacen, me volveré a defender”, dijo el menor, que a inicios de julio de 2026, y con ayuda de su mamá, tuvo que interponer una acción de tutela con el fin de que le restituyan sus redes sociales, y que le cerraron de forma inesperada.

El influencer también expresó su solidaridad con otros niños y niñas que alzan la voz, mencionando a Antonia Gómez (fundadora del colectivo Resistencia Chiquita) como ejemplo de valentía en la defensa de la participación infantil. “De verdad te admiro muchísimo por tu valentía, pero sobre todo te apoyo, porque alzar nuestra voz no nos hace menos niños, nos hace sentirnos importantes”, expresó Caratar sobre su colega.

El agente, que sufrió heridas en la cabeza y los brazos, logró desenfundar su arma de dotación y disparó para repeler el ataque, acción que resultó en la muerte del agresor pocos metros fuera del recinto policial.

El episodio quedó consignado en cámaras de seguridad y se replicó en redes sociales, muestra el ingreso repentino del atacante al CAI, el ataque por la espalda al policía y el forcejeo que culmina en la vía pública.

Por esta secuencia se ha puesto sobre la mesa cuestiones legales y éticas respecto a la actuación del uniformado, en particular sobre los límites de la legítima defensa y la proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos de alto riesgo.

Por este motivo, la abogada penalista Laura Ramírez analizó el caso y abordó los elementos que definen la legítima defensa en el marco jurídico colombiano.

“El policía quien se encontraba allí en este lugar reaccionó de manera inmediata sacando su arma de dotación y generándole un impacto que generó la muerte. Y esto ha generado muchas dudas si puede haber o no legítima defensa”, explicó Ramírez al principio de su intervención.

La jurista detalló que la legítima defensa exige el cumplimiento de varios requisitos fundamentales.

“El primero es que haya existido una agresión generada por un tercero, elemento que se cumple. Adicionalmente, que esa agresión sea injusta y que sea inminente y que sea actual, es decir, que debe haber reaccionado inmediatamente mientras su vida todavía estaba en riesgo. En ese momento, la vida del policía todavía estaba en riesgo”, expuso Ramírez.

Sobre la proporcionalidad, la penalista aclaró una de las principales discusiones surgidas en redes sociales.

“Debe haber una proporcionalidad. Y recuerden que la proporcionalidad no se trata entonces que si él atacó con un cuchillo, el policía solamente se podía defender con un cuchillo. No. Significa que la vida del policía estaba en riesgo, por eso afectó la vida. Son bienes jurídicos iguales, por lo cual sí puede haber legítima defensa y el policía podría estar inmerso en una causal de ausencia de responsabilidad”.

Qué se sabía de Michael Felipe Santos en el barrio Galán: atacó con un cuchillo al policía dentro de un CAI

Según el reporte policial, Michael Felipe Santos era conocido por su presencia constante en parques y espacios públicos de Galán, donde solía ser visto consumiendo estupefacientes.

Líderes comunitarios confirmaron que, en varias ocasiones, había sido conducido a un Centro de Traslado por Protección (CTP) debido a comportamientos asociados al consumo de drogas.

A pesar de estos antecedentes y de intervenciones previas, Santos continuaba circulando en la zona y era una figura reconocida por vecinos y autoridades.

El ataque, que ocurrió poco después del mediodía, sorprendió por la vulnerabilidad de los agentes en sus propios espacios de trabajo.

Frente a lo anterior, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el uniformado actuó en defensa propia tras sufrir una agresión directa y peligrosa.

El agente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas.

Implicaciones legales y sociales

El análisis de la abogada penalista puntualizó que la reacción del policía, al enfrentar una agresión sorpresiva y letal, está cobijada dentro de los principios de la legítima defensa reconocidos por la legislación colombiana.

Ramírez insistió en que la proporcionalidad no implica equiparar los medios de defensa, sino ponderar el riesgo real para la vida e integridad del agredido.

La discusión pública sobre este caso puso de relieve la necesidad de fortalecer tanto la atención integral a personas con diagnósticos de salud mental y adicciones, como los sistemas de prevención y seguridad en los entornos policiales.

La familia de Eliana Alexandra Rojas, conocida como Eliana Bigoni tras su matrimonio, atraviesa momentos de dolor y exige justicia luego de que la mujer, de origen colombiano (procedente de Bogotá), fuera hallada sin vida en Plano, Texas.

El caso ha generado conmoción tanto en Estados Unidos como en Colombia, donde sus allegados piden que el responsable reciba todo el peso de la ley por el crimen de la mujer de 34 años.

Eliana, madre de dos hijos de 5 y 12 años, residía en Texas y se desempeñaba en el sector de finca raíz. Según consta en sus redes sociales, contrajo matrimonio con Jake Bigoni en 2020.

Seis años después, la pareja se encontraba en proceso de divorcio, trámite que no había finalizado para el momento de su muerte.

El 12 de agosto, Eliana acudió al apartamento de su esposo para recoger a sus hijos y llevarlos a la escuela.

Antes de ingresar, habló por seis minutos con una persona cercana, con quien había planeado encontrarse a las 8:30 a. m. Sin embargo, nunca llegó a la cita.

La persona, preocupada por la ausencia y al notar que la ubicación del teléfono de Eliana seguía en el apartamento de Jake, alertó a las autoridades. Lo que debía ser una visita breve se convirtió en horas de incertidumbre y angustia.

La Policía acudió en tres ocasiones al apartamento de Bigoni tras la denuncia de la desaparición. En la primera visita, Jake afirmó haber visto a Eliana pero dijo no saber dónde se encontraba. Minutos después, los uniformados encontraron anotaciones inquietantes como “creo que alguien ha resultado herido o muerto” y “el hijo dijo que ella está muerta”.

Más tarde, la madre de Jake Bigoni llamó a la Policía y reveló que su hijo le había confesado que Eliana había muerto tras una pelea.

Durante la tercera visita, los agentes detuvieron a Jake y, al registrar el apartamento y el garaje, hallaron el cuerpo de Eliana en el baúl de un Hyundai Genesis, en una postura anormal. La investigación sobre las circunstancias de la muerte sigue en curso en Estados Unidos.

Desde Colombia, el padre de la víctima, Mauricio Rojas, pidió justicia a través de una entrevista que concedió a Telemundo 39.

“Que se haga justicia y que todo el peso de la ley le caiga encima”, expresó el progenitor.

Rojas calificó el crimen como una bajeza y mostró su desconcierto ante la brutalidad del acto.

“¿Cómo van a cometer un delito de esa naturaleza? Es algo inaudito”. Además, lamentó desconocer las penas para feminicidio en Dallas y comparó la severidad de las leyes con las de Colombia, que considera más estrictas en estos casos.

El padre de Eliana también recordó con tristeza los planes que su hija tenía para regresar a Colombia y conocer a su nuevo nieto, quien había nacido recientemente. “Ella tenía ganas de conocerlo”, dijo, haciendo hincapié en los sueños y momentos familiares que quedaron sin realizarse por el crimen.

El homicidio de Eliana Bigoni volvió a poner sobre el tablero una vez más la gravedad de la violencia de género y la urgencia de que las autoridades actúen con firmeza, minetras que la familia y la comunidad esperan que el caso avance con celeridad y que el responsable reciba una condena ejemplar.

Los detalles que se revelaron del crimen tras la captura de Jake O’Brien Bigoni

A la colombiana la encontraron sin vida en el baúl de su vehículo y el principal sospechoso y detenido por el crimen es su esposo, Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y profanación de cadáver, según reportó el Departamento de Policía de Plano.

De acuerdo con los informes, la mujer había acudido el 12 de agosto al apartamento de su esposo, con quien estaba en proceso de separación, para recoger a sus dos hijos pequeños y llevarlos al colegio.

Una testigo, que tenía previsto encontrarse con Eliana para desayunar a las 8:30 a. m., notó que la ubicación del teléfono móvil de la colombiana seguía marcando el complejo residencial, lo que incrementó la preocupación tras varias horas sin noticias de ella.

La policía acudió al conjunto de apartamentos The Parker, en Charles Place, donde Jake Bigoni afirmó que su esposa había estado allí temprano, pero que desconocía su paradero.

Los agentes inspeccionaron el complejo y observaron el Hyundai Genesis blanco de la víctima en el garaje. Al revisar el automóvil, hallaron el cuerpo de Eliana en el maletero, en una posición antinatural y sin signos vitales, lo que llevó a que los uniformados acordonaran el apartamento y evacuaran a los menores.

En el desarrollo de la investigación, los agentes notaron una “gran mancha de humedad” en la camisa del acusado y continuaron recabando evidencia.

De forma paralela, la madre de Jake Bigoni reveló a la policía que había hablado con su hijo aproximadamente a las 10:15 a. m., momento en el que él le confesó: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”, según consta en la declaración jurada.

El Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona, revocó la resolución expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro que declaraba como reserva natural 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada fuera del Páramo de Santurbán (en la Cordillera Oriental entre los departamentos de Santander y Norte de Santander).

La decisión, formalizada mediante la Resolución 1037, deja sin efectos la protección legal que había sido otorgada a ese territorio y devuelve el trámite administrativo al punto en que debe garantizarse la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.

Según el Ministerio, la revocatoria responde a la necesidad de “corregir irregularidades identificadas” en el trámite previo y a la obligación de acatar una tutela del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

El fallo judicial ordenó reiniciar todo el proceso, argumentando que la consulta pública adelantada vulneró derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander, y dejó sin efectos esa consulta.

Además, el Ministerio advirtió que la resolución revocada se expidió cuando existía una tutela admitida y una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada, lo que —según la cartera ambiental— suspendía legalmente la actuación administrativa.

Sin embargo, y luego de varios señalamientos por parte de la oposición, el líder de la cartera de Ambiente realizó una serie de aclaraciones desde su cuenta de X tras la revocatoria de la resolución.

La medida, adoptada por el Ministerio a menos de dos semanas de su llegada al cargo, ha generado debate entre organizaciones ambientales y la ciudadanía, y en especial por la movilización convocada por el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.

En su publicación, Arjona expuso “cinco cosas sobre Santurbán” para responder a críticas y aclarar el alcance de la decisión ministerial:

• 1) Minería ilegal, el verdadero riesgo: El ministro señaló que durante los últimos cuatro años, mientras se hablaba de proteger Santurbán y el agua, la minería ilegal creció sin control, causando graves daños al ecosistema.

“Hoy tenemos documentadas más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá”, afirmó Arjona, que criticó la falta de acción de las administraciones anteriores frente a esta problemática.

• 2) Participación de las comunidades: Arjona cuestionó que el proceso de delimitación realizado previamente se hiciera con solo “unos cuantos”, dejando de lado a las comunidades que viven en el territorio.

“Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan, reconocer sus realidades y garantizar que las decisiones tengan participación y legitimidad”, insistió el líder de la cartera de Ambiente.

• 3) Cumplimiento del mandato judicial: El ministro puntualizó que la revocatoria obedece a una orden judicial. Además, Arjona recordó que la resolución que declaraba la reserva se expidió a menos de 24 horas de finalizar el gobierno anterior, existiendo una tutela admitida y una recusación pendiente contra la ministra encargada.

“El juez determinó que debía reiniciarse el proceso y dejarse sin efectos la consulta pública. Por eso revocamos la decisión”, enfatizó.

• 4) Las hectáreas no eran páramo: Arjona aclaró que las 1.499 hectáreas de La Baja no estaban dentro del ecosistema de páramo, sino por fuera de sus límites.

“La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del Gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento. Por eso la revocamos: no para renunciar a la protección ambiental, sino para rehacer el proceso con participación, transparencia, ciencia y seguridad jurídica”, explicó el funcionario del Gobierno de De la Espriella.

• 5) Desinformación sobre fracking: El ministro desmintió versiones sobre la posibilidad de fracking en los páramos, aclarando que en estos ecosistemas no hay petróleo ni gas. Recordó que la ley colombiana prohíbe la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en los páramos.

“Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez”, agregó el ministro de Ambiente.

Al final, Arjona concluyó que la administración del presidente Abelardo de la Espriella tiene el compromiso de cuidar el agua, la biodiversidad y a las comunidades, y dejó en firme que las decisiones recientes buscan garantizar una protección basada en ciencia, legalidad y participación real de los habitantes del territorio.

¿Qué viene ahora? Esto se señaló desde el Ministerio de Ambiente sobre el páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente anunció que realizará una nueva evaluación técnica y jurídica “integral” sobre la protección de la zona, pero aclaró que esto no significa el rechazo a los fundamentos científicos y ambientales que motivaron la protección inicial.

El trámite ahora deberá garantizar la participación efectiva de las comunidades locales y un proceso administrativo transparente.

Santurbán es considerado uno de los ecosistemas más estratégicos para el abastecimiento de agua en Colombia, puesto que surte a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander.

El área en cuestión forma parte de los territorios señalados por organizaciones ambientales y sociales como fundamentales para la protección de fuentes hídricas y la biodiversidad del país.

La revocatoria provocó el rechazo inmediato del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que expresó su preocupación por lo que consideran un retroceso en la protección ambiental.

A través de su cuenta en X, el Comité denunció que, a menos de un mes de posesionado, el gobierno de Abelardo De La Espriella “empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán”.

Según la organización, la resolución anulada era la primera que prohibía el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, en la zona, y su revocatoria pone en riesgo el acceso al agua de cerca de 2 millones de personas.

El Comité convocó a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y las movilizaciones que emprenderán en defensa del páramo, bajo la consigna de que “el agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden”.

Además, cuestionó que la decisión se haya tomado mientras el país enfrenta la emergencia provocada por el reciente terremoto, sugiriendo que el momento fue aprovechado para debilitar la protección ambiental.

La llegada de Carolina Restrepo Cañavera a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha reavivado el debate sobre el lenguaje institucional y la participación infantil en Colombia.

En menos de un mes en el cargo, Restrepo ha enfrentado dos controversias públicas: la primera, por la decisión de retirar un mural con intervención del colectivo Resistencias Chiquitas de la sede principal en Bogotá; la segunda, por una directriz interna que, según denuncias, ordenó prescindir del término “niña” en las comunicaciones oficiales del ICBF.

Este último anuncio provocó la respuesta vehemente por parte de la senadora Jennifer Pedraza, que le hizo un recordatorio a la funcionaria del Gobierno de De la Espriella.

“Directora @carorestrepocan, ¿usted conoce el Código de Infancia y Adolescencia? El art. 12 OBLIGA a reconocer las diferencias entre niñas y niños para garantizar equidad y derechos", inicia el mensaje de la congresista de Dignidad y Compromiso.

Al final de su mensaje vía X, la senadora cuestionó a la directora del Icbf de nuevo, y afirmó que con esta iniciativa de Restrepo es que “invisibilizar a 7 millones de niñas no es un ‘detalle’: es incumplir la ley. ¿O es que para usted las niñas no cuentan?”

El origen de la polémica sobre el lenguaje se remonta a una denuncia difundida por la representante a la Cámara Lourdes Mateus.

Según la congresista, la nueva administración del Icbf habría emitido una directriz interna que instruye a los funcionarios a utilizar únicamente los términos “niños y adolescentes”, omitiendo la referencia explícita a las niñas en documentos, comunicados y piezas institucionales.

Mateus afirmó que la instrucción fue comunicada de manera simultánea por la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección General del Icbf.

La denuncia generó inquietud en organizaciones sociales, colectivos feministas y defensores de los derechos de la infancia, quienes advirtieron sobre el riesgo de invisibilizar a las niñas en políticas y acciones públicas.

La directora Restrepo respondió a las críticas mediante un comunicado institucional, en el que puntualizó la misión del Icbf: “La protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia”.

A lo anterior, Restrepo añadió: “Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país”.

Con estas declaraciones, la funcionaria buscó matizar la controversia y enfatizar que la misión de la entidad no excluye a ningún grupo de la infancia colombiana. Sin embargo, no desmintió explícitamente la existencia de la directriz, lo que dejó abierta la discusión sobre la política de lenguaje adoptada por la nueva administración.

Restrepo llegó al Icbf como parte de la promesa de “transformación profunda” anunciada por el presidente De la Espriella.

La abogada cuenta con más de treinta años de experiencia, excandidata al Senado por el Centro Democrático y antes cabeza de lista a la Cámara por Salvación Nacional, Restrepo asumió el cargo con el respaldo del nuevo gobierno y el objetivo de reorganizar la entidad.

“Lo más grave de todo esto es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido siempre una entidad que terminan repartiendo entre los aliados políticos, nombrando gente que no tiene una hoja de vida ni experiencia suficiente en el sector”, agregó Pedraza en un video que compartió desde su cuenta de X.

La congresista recordó que lo anterior se denunció “en el gobierno de Petro cuando nombraron a Concepción Baracaldo y ahora lo denunciamos en el gobierno de Abelardo de la Espriella con Carolina Restrepo”.

Para finalizar, la senadora recordó que “hablar de una niñez o de una infancia en abstracto tiene grandes dificultades”, y señaló como ejemplo la ley que impulsó para sacar adelante la prohibición del matrimonio infantil y la ley contra la mutilación genital femenina, que “reconocen unas formas de violencia específica para las niñas y se adoptan medidas concretas para proteger sus derechos”, y en su última pulla hacia la nueva funcionaria del gobierno de De la Espriella, Pedraza concluyó: “Esto no lo reconoce la directora del ICBF, Carolina Restrepo”.

La Asociación de Ateos de Bogotá emitió una fuerte respuesta hacia el presidente Abelardo de la Espriella, y tras su primer discurso oficial como jefe de Estado que pronunció el lunes 17 de agosto de 2026, en medio de la crisis nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

El sismo ha dejado, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte a las 6:30 a. m. del jueves 20 de agosto, un saldo de 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 personas desaparecidas.

La noche del 19 de agosto, desde su cuenta de X, la Asociación criticó las declaraciones presidenciales en las que De la Espriella relacionó la tragedia con una “prueba divina”.

En el mensaje, la organización rechazó que el mandatario afirmara: “Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

La asociación calificó esta postura como “la asquerosidad de convertir una tragedia en ‘prueba divina’”, y puntualizó en el mismo mensaje: “No es un chiste. No es una metáfora descuidada. Es la afirmación literal de que el terremoto del 10 de agosto —que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de familias sin hogar— fue una decisión deliberada de Dios, tomada con sabiduría, y ejecutada precisamente cuando él asumió el poder”.

El pronunciamiento de la ONG (Organización No Gubernamental) atea cuestiona la moralidad y la lógica detrás de las palabras del jefe de Estado.

“El presidente está diciendo que un dios omnipotente y omnisciente eligió aplastar a niños, ancianos y trabajadores bajo escombros para ‘poner a prueba’ a su gobierno. Y que esa decisión, lejos de ser un escándalo moral, es muestra de sabiduría divina”, menciona la réplica por parte de la asociación.

La Asociación de Ateos también recalcó la gravedad de justificar el sufrimiento humano como parte de un plan político o pedagógico, y detalló en su misiva que “convertir el sufrimiento de inocentes en instrumento pedagógico religioso para un presidente es una idea profundamente inmoral”, y concluyó que lo anterior “es transformar a las víctimas en material de laboratorio de un experimento divino cuyo único beneficiario político es el hombre que acaba de llegar al poder”.

El comunicado advierte sobre el riesgo de normalizar este tipo de discurso en la esfera pública, y puntualizó que “normalizar este tipo de lenguaje es aceptar que el sufrimiento humano puede ser justificado retrospectivamente como ‘voluntad de Dios’ siempre que coincida con el calendario político de alguien”.

En la misma línea argumental, la réplica de la asociación precisó que lo anterior sería “aceptar que los muertos del 10 de agosto no son solo víctimas de un fenómeno geológico, sino piezas de un plan divino cuyo propósito principal era poner a prueba a Abelardo de la Espriella”.

En la parte final del mensaje, la ONG recordó la importancia de la laicidad del Estado y la necesidad de evitar el uso de referencias religiosas para legitimar el poder político, y se detalló que “un presidente laico de una república constitucional no tiene por qué profesar ateísmo”, pero se agregó que “(el presidente) tiene, sin embargo, la obligación mínima de no instrumentalizar la religión y la muerte de cientos de ciudadanos para construir una narrativa de destino providencial alrededor de su propio mandato”.

Al final, el comunicado sentenció que “las placas tectónicas no consultan el calendario electoral” y que “los terremotos no llegan para examinar gobiernos”. Sino que “llegan porque la tierra se mueve desde hace millones de años”, continúa la publicación, en la que se repitió que “convertir esa realidad física en ‘prueba divina’ es una forma particularmente cínica de despreciar tanto a la razón como a las víctimas”.

Beto Coral también cuestionó el discurso presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella generó polémica tras su primera alocución como jefe de Estado en medio de la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Durante su discurso, el mandatario afirmó: “Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

La declaración llevó a que el activista político Beto Coral respondiera con dureza y recordó, a través de un video, el pasado ateo de De la Espriella.

En el material compartido, el actual presidente había declarado años atrás: “No creo en nada que la razón no pueda explicar” y justificó su matrimonio religioso diciendo: “Porque uno por amor hace estupideces y tonterías”.

Coral cuestionó el uso de argumentos religiosos para explicar tragedias y rechazó la idea de que el sufrimiento de los afectados forme parte de una “prueba” para el nuevo gobierno.

“Ahí tienen a este señor. ¿Los muertos eran parte de la prueba presidencial? ¿Los heridos, los niños, las familias que perdieron su casa?”, dijo el activista en su cuenta de X. Además, afirmó: “Yo no creo en ese Dios punitivo, castigador y chantajista que mata a unos para poner políticamente a pruebas otros”.

El activista insistió en que los terremotos tienen una explicación geológica y no están vinculados a decisiones políticas.

“La naturaleza no revisó el calendario de posesión de Abelardo de la Espriella. La tierra no tembló porque comenzó su mandato”, recalcó Coral, y pidió al mandatario evitar el uso de la fe como herramienta política, especialmente en momentos de dolor nacional.

En otra de las pullas de Coral hacia De la Espriella, el creador de contenido agregó: “Deje de meter a Dios en estas cosas, mucho más cuando el discurso religioso se utiliza para hacerle daño a otros o como herramienta política”.

El activista también cuestionó la gestión oficial frente a la emergencia, criticando un video del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en el que propone entregar materiales de construcción a familias damnificadas en Buenaventura, dependiendo de donaciones.

Coral señaló que la medida es insuficiente y resaltó que los habitantes de la zona viven en condiciones precarias. Además, consideró inapropiado que el ministro sonriera frente a una de las mujeres afectadas: “Se ríe en la cara de una de las mujeres”, comentó.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana de 43 años fue condenado a 8 años de prisión y será expulsado de la República Oriental del urgudel país tras ser hallado culpable de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas cometidas contra su expareja en el balneario La Paloma, departamento de Rocha.

El caso ocurrió el 20 de enero de 2026, cuando la Policía recibió un aviso sobre un incidente de violencia en una vivienda ubicada en la intersección de El Navío y Calle 13.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa cerrada, pero lograron escuchar los gritos de auxilio de una mujer en el interior.

Ante la urgencia, los efectivos rompieron una ventana e ingresaron a la vivienda. Allí encontraron a la víctima, de 43 años, atada de pies y manos y con un buzo enrollado alrededor del cuello, en evidente estado de sofocación sobre una cama.

Durante el procedimiento, el agresor apareció desde otra habitación portando un cuchillo y fue reducido por los policías.

La investigación determinó que la mujer había logrado comunicarse previamente con otra expareja para alertar sobre los maltratos físicos que estaba padeciendo y expresar su temor por la gravedad de la situación, destacó el portal Subrayado.

La oportuna intervención policial permitió rescatarla con vida y solicitar atención médica inmediata. Durante la asistencia, se constató que la víctima se encontraba embarazada.

La Justicia procesó al hombre por los delitos de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas. Como parte de la sentencia, se dispuso su expulsión del país una vez cumplida la condena, en cumplimiento de la normativa vigente.

Qué se sabía del caso del colombiano capturado en Uruguay

El hecho ocurrió el lunes 20 de enero por la noche, cuando residentes del balneario alertaron a las autoridades tras percibir voces de auxilio provenientes de una vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes forzaron la entrada y encontraron a una mujer de colombiana (nacionalizada uruguaya), atada con los brazos hacia atrás, semidesnuda y con evidentes signos de violencia.

En el segundo piso de la casa, los uniformados hallaron al agresor, identificado por las iniciales A.S.G.. La víctima, que se encontraba con nueve semanas en ese momento, logró gritar “¡Auxilio, me mata!” antes de ser rescatada, según relataron medios locales como Rocha Noticias.

El caso fue calificado por las autoridades uruguayas como un intento de feminicidio. La mujer fue trasladada a un hospital, donde los médicos determinaron que presentaba “politraumatismos por violencia basada en género”, con lesiones graves producto de golpes, rodillazos en el abdomen y marcas de ahorcamiento en el cuello.

Además, los especialistas aseguraron que la rápida reacción policial fue determinante para preservar su vida y la del bebé.

De acuerdo con la información facilitada por la Jefatura de Policía de Rocha al portal El Observador, el ciudadano colombiano permaneció bajo prisión preventiva por 180 días mientras avanzaba la investigación, y un equipo de investigadores de la Fiscalía de Rocha reunió acervo probatorio y testimonios para determinar la sanción definitiva que, además de la condena, lo llevará a dejar Uruguay.

Los detalles previos al ataque revelaron una relación que, a pesar de haber comenzado hace pocos meses, se había deteriorado notablemente tras la llegada de la pareja a Uruguay.

Según Montevideo Portal, el cambio de actitud del agresor fue evidente después de que la mujer quedó embarazada.

Este aumento de violencia motivó a la víctima a tomar la decisión de separarse, hecho que el hombre no aceptó. La noche de la agresión, la mujer intentó pedir ayuda escribiendo al casero de la vivienda, aunque el mensaje fue borrado posteriormente, lo que incrementó la preocupación entre sus allegados.

Colectivos de mujeres y organizaciones sociales han exigido fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante casos de maltrato y tentativas de feminicidio.

Dentro del proceso judicial, los agravantes fueron sustentados por el diagnóstico médico que determinó lesiones graves derivadas de violencia de género.

Por este motivo, desde el ente investigador se puntualizó que el objetivo es dejar constancia de la gravedad de estos hechos y avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas.

Continúan las réplicas en el departamento del Chocó diez días después del terremoto que se registró la madrugada del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7,6 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, y a una profundidad de 103 km.

Así lo confirmó durante la madrugada del jueves 20 de agosto el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reportó tres eventos sísmicos que volvieron a encender las alarmas entre los pobladores de la región Pacífica colombiana.

Según el instituto, los temblores se presentaron en la misma población cercana a San José del Palmar: Istmina, y que junto a Sipí, son dos de los municipios en los que más se han presentado réplicas.

Istmina

• Fecha: 03:38 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
• Magnitud: 2,9
• Profundidad: 44 km
• Localizado a 24 km de Sipí, a 54 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 56 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Istmina

• Fecha: 01:52 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
• Magnitud: 3
• Profundidad: superficial
• Localizado a 33 km de Sipí, a 58 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 63 km de Buenaventura (Valle Del Cauca).

Istmina

• Fecha: 01:15 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
• Magnitud: 2,6
• Profundidad: 40 km
• Localizado a 26 km de Sipí, a 52 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 55 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Balance de la tragedia por el terremoto de 7,4 en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, sigue mostrando cifras preocupantes en todo el país. De acuerdo con el reporte oficial que compartió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del jueves 20 de agosto de 2026, el evento ha impactado a 15 departamentos y 476 municipios.

El balance nacional registra 153.336 familias afectadas y 282.709 personas impactadas, aunque la cifra podría aumentar cuando se consoliden los datos de Risaralda, donde aún no se ha informado el número total de personas afectadas, pese a que ya se reportan 54.708 familias perjudicadas en ese departamento.

En cuanto a la población, el informe señala 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas. Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 364 personas en diversas zonas golpeadas por el terremoto.

La afectación en viviendas detalla 151.995 casas averiadas y 30.803 quedaron destruidas. También se reportan 5.809 edificios con daños y 302 colapsados.

El impacto en la infraestructura y los servicios abarca 349 centros de salud, 3.513 centros educativos, 4.994 centros comunitarios, 450 vías, 110 acueductos, 70 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

En lo que respecta a los animales, 1.731 han resultado afectados y 549 han sido rescatados por los equipos de emergencia.

Las autoridades han advertido que estos datos son preliminares y que continúan en proceso de consolidación a medida que avanzan las labores de evaluación y atención en las zonas afectadas.

Réplicas por sismo de 7,4 en Colombia ya superan las 325, según el SGC

Una semana después del sismo de San José del Palmar en Chocó, las autoridades han reportado más de 325 réplicas desde el evento principal registrado el 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m..

Según el balance oficial, la mayoría de las réplicas han sido de baja magnitud. De las 325 detectadas (con corte a la mañana del lunes 17 de agosto), 141 fueron menores a 2 grados, 157 se ubicaron entre 2 y 2,9, 21 estuvieron entre 3 y 3,9, y solo 2 alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4.

La réplica más fuerte se registró el mismo día del sismo principal, el 10 de agosto, a las 8:18 a. m., con una magnitud de 4,8, también en San José del Palmar.

Los eventos sísmicos se han concentrado principalmente en tres zonas del Chocó: San José del Palmar (con 111 eventos), El Litoral de San Juan y Santa Genoveva de Docordó (67 eventos), y Sipí (61 eventos).

Las autoridades explicaron que la persistencia de estos movimientos secundarios es un fenómeno esperado tras un sismo de gran magnitud.

Las réplicas ocurren mientras la zona de ruptura original se reajusta y recupera su equilibrio, un proceso que puede extenderse durante minutos, horas, días, meses o incluso años. La frecuencia y la potencia de las réplicas suelen ser mayores en los primeros días y disminuyen progresivamente con el tiempo, según la conocida ley de Omori.

El tiempo que persisten las réplicas depende tanto de las condiciones geológicas de la zona como de la magnitud del sismo principal.

Por este motivo, las autoridades recomiendan mantener la precaución y seguir las medidas de seguridad en las regiones afectadas, donde el monitoreo sísmico continúa de manera permanente.

Luego de una semana del terremoto con magnitud de 7,4 que sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó (profundidad de 103 km), la tierra sigue moviéndose en esta región del Pacífico colombiano, y tras la continuación de las réplicas que se sintieron la madrugada del martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Minutos antes del amanecer, el sismo superficial de 3,4 se presentó a las 5:49 a. m. (hora local) en la región del Medio San Juan (y su cabecera municipal Andagoya).

Casi dos horas antes, la misma madrugada del martes otra réplica superficial con magnitud 3,1 se presentó con epicentro en Istmina.

Menos de dos horas para la medianoche, el lunes 17 de agosto también se presentaron otra dos réplicas en:

Istmina

• Fecha y hora local: 17 de agosto de 2026 - 11:52 p. m.
• Magnitud: 2,5
• Profundidad: 40 km
• Localizado a 14 km de Sipí, a 47 km de Nóvita, y a 53 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Litoral del San Juan (Docordó)

• Fecha y hora local: 17 de agosto de 2026 - 11:52 p. m.
• Magnitud: 3,1
• Profundidad: 50 km
• Localizado a 37 km de Calima (Valle Del Cauca), y a 41 km de Buenaventura (Valle Del Cauca), y a 43 km de Restrepo (Valle Del Cauca).

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, muchas personas en Colombia se preguntan por qué se producen estos eventos en la región, cuánto tiempo pueden durar y si es posible predecirlos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su equipo de expertos y de la Red Sismológica Nacional, respondió a las principales inquietudes sobre el fenómeno, su comportamiento y las características particulares del reciente sismo.

Según el director general del SGC, Julio Fierro Morales, el evento se convirtió en el tercer sismo de mayor magnitud en la historia del país.

La entidad explicó que en la región del Pacífico colombiano se presentan procesos de subducción, donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana. Es en esa interacción donde se libera energía y se producen los sismos, lo que explica la alta sismicidad en zonas como Chocó.

Aunque el sismo no fue superficial (su profundidad fue de 103 kilómetros), se sintió en varias regiones alejadas debido a su gran magnitud.

Desde el se SGC aclaró que en eventos de alta magnitud, la energía liberada es tan considerable que no alcanza a disiparse completamente bajo la superficie, por lo que el movimiento es perceptible en zonas extensas. En cambio, sismos menos profundos o de menor magnitud pueden pasar inadvertidos fuera del área cercana al epicentro.

Sobre la duración, el instituto señaló que la percepción del tiempo que dura un sismo puede variar según la distancia al hipocentro, las características del terreno y el tipo de construcción.

En el caso del terremoto de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron una duración de entre 90 segundos y 2 minutos. La percepción individual puede diferir, pero esto no significa que alguna de las sensaciones sea incorrecta: las ondas sísmicas se propagan de manera diferente según el entorno.

La entidad también aclaró que no es posible predecir los sismos ni sus réplicas. La ciencia aún no cuenta con métodos para anticipar cuándo, dónde o con qué intensidad ocurrirá un terremoto. Lo que sí existe es el Modelo nacional de amenaza sísmica, una herramienta probabilística desarrollada por el SGC que permite estimar las intensidades de futuros terremotos en Colombia y prever posibles efectos y daños sobre las personas, las construcciones y la naturaleza.

Servicio Geológico Colombiano hizo aclaraciones sobre las réplicas, tras el terremoto de 7,4 en San José del Palmar, Chocó

Una réplica es un sismo de menor magnitud que ocurre en la misma región después del evento principal, mientras la zona afectada se reajusta.

Las réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses, y su aparición tampoco puede preverse de forma precisa.

Por último, desde la entiodad se aclaró que los términos sismo, temblor y terremoto corresponden al mismo fenómeno. Aunque comúnmente se usa “temblor” para movimientos leves y “terremoto” para los más intensos o dañinos, en la ciencia no existe una diferencia: todos refieren al mismo tipo de evento sísmico, y la denominación no determina su magnitud ni sus efectos.

La historia que se hizo viral en redes sociales tuvo como protagonista a Bruno, un perro que logró regresar a casa gracias a la perseverancia de su pequeña dueña (Antonia, junto a su madre Geraldine) y a la solidaridad de la comunidad en la capital de Valle del Cauca.

Durante la emergencia, Bruno desapareció, sumiendo a su familia en la preocupación, y con ello a su joven dueña, quien lejos de resignarse, tomó lápiz, papel y colores con un solo fin: dibujar el rostro de su mascota y escribir su nombre.

Con ese retrato sencillo y con la fe intacta, la menor salió a recorrer las calles de su barrio en busca de su compañero. La historia no pasó inadvertida y se difundió por parte de la Fundación Gloria Mariana, que acompañó y visibilizó la búsqueda.

“Ella escribió su nombre, dibujó su carita y salió a buscarlo”, relató la organización en una publicación hecha a través de sus redes sociales.

Mientras otras familias en Cali enfrentaban la incertidumbre y el dolor generados por el sismo, la niña continuó su búsqueda sin perder la esperanza de reencontrarse con su perro, hasta que el esfuerzo finalmente se vio recompensado.

Bruno logró regresar a su hogar, donde fue recibido con un abrazo de su dueña, sellando un reencuentro que la Fundación Gloria Mariana describió como un momento inolvidable en medio de la tragedia.

El caso se replicó por parte de los internautas como ejemplo de esperanza y como mensaje para quienes aún buscan seres queridos tras la emergencia.

“No dejen de buscar. No están solos”, expresó la organización, alentando a otras familias a mantener la fe y continuar con las búsquedas.

La experiencia de Bruno y su dueña también sirvió para destacar una vez más la importancia de incluir a los animales en los planes de emergencia.

Durante un sismo, perros y gatos pueden desorientarse, huir y perderse, por lo que resulta fundamental identificarlos y contar con mecanismos que faciliten su localización y retorno.

Usando un dron, creador de contenido localizó a Lulú, una gata desaparecida tras el terremoto en Cali

Cinco días después del terremoto del 10 de agosto en Cali, un dron permitió localizar con vida a Lulú, una gata desaparecida entre los escombros de un edificio del sur de la ciudad.

La localización de Lulú fue documentada por César Orozco, creador de contenido que empleó sus drones en misiones de búsqueda y rescate de animales tras el sismo.

En un video difundido en TikTok, el operador mostró el sobrevuelo sobre el edificio afectado y la inspección de zonas de difícil acceso sin exponer a los rescatistas.

Orozco narró el momento desde el aire, y afirmó: “Misión de rescate, operación gatito, apoyando aquí al sur de Cali y mira, este es el edificio donde está”.

El dron permitió confirmar que Lulú seguía con vida entre los escombros

La cámara del dispositivo revisó apartamentos y áreas parcialmente destruidas en busca de la gata.

Tras varios minutos de exploración visual, registró el movimiento del animal y confirmó que seguía con vida después de varios días desaparecida.

La segunda parte del operativo fue el rescate físico. Para esto, un voluntario se acercó hasta el punto donde había sido vista Lulú y usó un guacal para capturarla de forma segura, con el objetivo de evitar riesgos para el animal y para quienes participaban en la maniobra.

El episodio se sumó a otros rescates de animales atrapados en estructuras colapsadas desde el sismo. Tres días después del movimiento telúrico, un perro también fue hallado con vida bajo los restos de un edificio.

La madrugada del sismo, Juan Pablo dormía en su casa del barrio San Luis, sobre la vía a Armenia.

En un primer momento, pensó que solo se trataba de una sacudida menor. “Empieza todo a sacudirse maluco. Yo dije: ‘Es un temblorcito’. Cuando empieza todo a crujir y dije: ‘No, esto es un terremoto’”, relató al diario El Colombiano.

Tras evacuar junto a su madre y comprobar que su vivienda no sufrió daños graves, salió a la calle, donde vio que el techo de una tienda del barrio, La Fonda, se había desplomado. Sin dudarlo, comenzó a ayudar a los vecinos a remover escombros.

La inquietud por el bienestar de su familia llevó a Juan Pablo hasta la casa de su abuela. Allí se encontró con su tío, Juan David, quien le mostró imágenes y videos del barrio Providencia, uno de los sectores más afectados por el terremoto. “Me indigné y dije: ‘Vamos para Providencia a sacar gente’”, recordó el joven rescatista.

Con tapabocas, guantes y una gorra, Juan Pablo se dirigió hacia la zona de desastre.

En una de las viviendas colapsadas halló a una vecina, Leticia, de 60 años, atrapada bajo los escombros. “Yo era con las palas y ¡tras!, sacando escombros, sacando ladrillos y todo, y yo abrí campo para que pudieran sacar a la señora. La sacaron muerta. Yo la vi muerta, pero por lo menos la rescatamos. Aunque muerta, la pudimos rescatar. Y yo abrí campo para rescatarla”, relató con naturalidad el adolescente.

La actitud de Juan Pablo ha sido reconocida por quienes han presenciado su entrega y solidaridad, e incluso por varios medios internacionales que cubrieron la tragedia en la capital de Risaralda.

Por este motivo, en redes sociales circula una declaración que compartió la madre del menor, y que reveló el negocio ambulante que montó su hijo desde que llegaron a vivir en esta zona ubicada en el Eje Cafetero.

“El niño tiene su negocio ambulante, porque él desde, desde que llegamos a Pereira en el 2023, él quiso salir a, a vender cositas en la calle. Él se estuvo en el barrio Boston y se hizo conocer por allá y ahora pues lo tiene un poquito más grande. Es, eh, se hace llamar Che Dulces”, comentó la progenitora, pero aclaró que con la emergencia las prioridades cambiaron para su hijo, y de manera temporal “(Juan Pablo) ahora está en otro cuento”

Al final, la mamá de Juan Pablo le envió un mensaje en el que exaltó su labor sin intereses y en pro de ver que Pereira salga adelante después de la tragedia.

“Yo lo único que te digo, mi amor, en este momento es que sigas para adelante y que procures ser feliz. Es lo único que te digo y lo que le digo a mis otros hijos, porque ellos también en este momento la están pasando difícil. No sufrieron el terremoto como nosotros, porque ellos viven en Pasto (Nariño), pero a ellos también les quiero decir que lo que hagan sea para su felicidad”, expresó la madre orgullosa.

Al final, la progenitora hizo una reflexión para todos los internautas en general: “Que hagan lo que su corazón les dice y que sea lo que sea, siempre pongan a Dios por delante”.

Las declaraciones que hicieron viral a Juan Pablo Sánchez Espinel

En medio de las labores de rescate por el sismo de 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026, Sánchez apareció entre brigadistas y voluntarios en Pereira con una frase que condensó el impacto humano de la tragedia y lo puso como portada en varias publicaciones alrededor del mundo.

La escena ocurrió en una de las ciudades más afectadas del Eje Cafetero, donde las tareas de búsqueda y rescate ya superan las 200 horas, cuando el menor brindó unas declaraciones un medio de comunicación extranjero.

Sánchez llamó la atención de un periodista argentino de TN Todo Noticias, que cubría la emergencia en la capital de Risaralda, y su declaración mostró tanto el peso emocional del desastre como su decisión de seguir colaborando.

“Un poco triste porque arrumado porque mi país, mi Pereira como está... prácticamente hundida, está derrumbada toda mi Pereira”, dijo el adolescente al medio argentino.

Juan Pablo también relató qué hizo durante las primeras horas tras el movimiento telúrico. “Sí, el 10 de agosto cuando hubo el terremoto yo estaba allí atrás en una casa derrumbada, sacando escombros para que sacaran a una señora, que aunque la sacaron muerta, yo ayudé a abrir campo para que la rescataran”.

La respuesta que más reacciones provocó llegó cuando el corresponsal le preguntó por qué había salido a ayudar. “Porque yo no voy a dejar solo a mi país. Ningún colombiano puede dejar solo a su país”, dijo Sánchez sin inmutarse.

Una de las regiones más afectadas, además del Pacífico, es el Eje Cafetero, y en Pereira (Risaralda) se conoció un caso que ha generado cientos de reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, luego de que un adolescente de 13 años identificado como Juan Pablo Sánchez Espinel.

El menor de edad sorprendió a un periodista argentino y corresponsal de TN Todo Noticias que cubre para su país la tragedia, luego de que se encontró con el joven en medio de los brigadistas y voluntarios que ayudan a remover escombros en Pereira con el objetivo de recuperar víctimas y posibles personas que puedan seguir con vida.

Por este motivo, y ante la templanza del joven que, a pesar de su corta edad mostró en sus declaraciones estar dispuesto a seguir ayudando sin importar nada, los internautas resaltaron la actitud del pequeño Juan Pablo, que no dudó un solo instante en colaborar.

“Un poco triste porque arrumado porque mi país, mi Pereira como está... prácticamente hundida, está derrumbada toda mi Pereira”, inicia la declaración el adolescente, que señaló más adelante cómo se vivieron los momentos de zozobra en medio del evento sísmico, y qué fue lo primero que hizo.

“Sí, el 10 de agosto cuando hubo (sic) el terremoto yo estaba allí atrás en una casa derrumbada, sacando escombros para que sacaran a una señora, que aunque la sacaron muerta, yo ayudé a abrir campo para que la rescataran”, contó en medio de las tareas de los brigadistas en Pereira, que ya completan más de 120 horas.

Al final, y lo que más ha causado mensajes de apoyo por lo que viene haciendo el menor, y en respuesta a la pregunta que le hizo el periodista argentino: “¿Por qué saliste a hacer todo, todo eso?”

A lo anterior, Juan Pablo le contestó: “Porque yo no voy a dejar solo a mi país. Ningún colombiano puede dejar solo a su país”.

Algunos de los mensajes por parte de los usuarios exaltaron la tarea del menor: “Es increíble, los huevos con los que habla este hombre por que es un HOMBRE, no un niño, mis respetos”; “Él me representa, representa a toda Pereira, representa a Colombia”: “Este niño vive por el barrio San Luis, ayer nos lo encontramos ayudando en providencia, yendo y viniendo a pie. Nos dijo “vengo en nombre de mi empresa” (Vende dulces). Un gran ejemplo, emprendedor desde chiquito. Hermoso!”

Asocapitales compartió actualización de reporte por emergencia en Colombia tras el terremoto de 7,4

Las autoridades reportaron que el evento sísmico, cuya información fue recopilada por las alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), causó afectaciones severas en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia, cuyas emergencias se mantienen bajo alerta roja.

Así lo detalló en su informe la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con corte a las 9:30 a. m. del viernes 14 de agosto de 2026.

En Cali, los daños humanos y materiales figuran entre los más elevados: se reportaron 111 fallecidos, 1.416 heridos y 77 desaparecidos, además de 107 viviendas colapsadas y 800 viviendas averiadas.

El número de estructuras colapsadas alcanza las 46, y se contabilizan 1.408 estructuras averiadas, 214 instituciones educativas afectadas y 26 puntos de acueducto comprometidos. La ciudad empleó 750 rescatistas (incluidos 350 de apoyo externo) y 14 caninos para las tareas de búsqueda.

Pereira informó 95 fallecidos, 259 heridos y 270 desaparecidos, con un balance de 35.200 viviendas averiadas y 165 instituciones educativas impactadas.

La terminal de transporte de la ciudad permanece cerrada y el aeropuerto opera de modo restringido. Se desplegaron equipos para la búsqueda y el rescate debido al alto número de estructuras colapsadas y afectadas.

En Manizales, el sismo ocasionó seis muertes y 211 heridos. Fueron contabilizadas 2.707 viviendas colapsadas y 3.993 averiadas, así como 20 estructuras colapsadas, 56 averiadas y 40 instituciones educativas dañadas. Las autoridades también reportaron 4.000 personas damnificadas y 31 animales rescatados.

El balance en Quibdó es de nueve fallecidos, 119 heridos y ninguna persona desaparecida, junto con 2.125 viviendas averiadas y 100 colapsadas. Se rescataron cuatro personas y las afectaciones estructurales incluyen 125 edificaciones colapsadas y 20 con daños.

Armenia reportó un fallecido, 134 heridos y 3.412 damnificados. Las autoridades informaron sobre 51 viviendas colapsadas, 54 averiadas, 55 estructuras colapsadas y 10.500 estructuras averiadas, además de 15 instituciones educativas y dos centros de salud afectados.

A nivel nacional, la Ungrd informó un total de 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos.

El balance general destacó que hay:

• 15 departamentos afectados.
• 448 municipios afectados.
• 54.008 familias afectadas.
• 115.461 personas afectadas.

En declaraciones, Viviana León Herrera afirmó que la inversión representa uno de los cambios tecnológicos más significativos en la historia de la entidad y defendió la operatividad de los equipos.

“Esta no es simplemente la compra de tres máquinas. Es uno de los cambios tecnológicos más importantes que ha hecho la Imprenta Nacional de Colombia”, sostuvo León a través de la grabación que se compartió la noche del martes 18 de agosto desde la cuenta de X de la INC.

La funcionaria explicó que la adquisición tiene como propósito fortalecer la capacidad industrial de la imprenta, recuperar producción propia, reducir la dependencia de terceros y cumplir con las funciones definidas por la Ley 109 de 1994 y el decreto 1099 de 2025.

La nueva línea tecnológica está compuesta por una prensa digital inkjet de alta producción, un sistema de corte y conversión, y una solución para alzado, encuadernación y refile.

Según León, “al 18 de agosto de 2026, los equipos ya están instalados y en operación”, y producto de lo anterior “hoy la imprenta tiene una capacidad que antes no tenía: impresión digital de alto volumen, datos variables, tirajes cortos y medios y menores tiempos de alistamiento”, añadió la funcionaria.

La gerente general de la INC expuso que este avance permite a la entidad asumir directamente trabajos que anteriormente se tercerizaban, lo que representa un cambio frente a la dinámica tradicional de la imprenta, que en palabras de León, “limitó la operación industrial rentable de la entidad”, y añadió que “la respuesta tenía que ser ampliar nuestra capacidad propia y abrir nuevas posibilidades comerciales”.

Sobre el proceso de adquisición, León recalcó que se llevó a cabo con transparencia y conforme a la normativa “mediante el proceso contractual correspondiente con publicidad y trazabilidad en Secop, utilizando recursos propios de la imprenta”.

Sumado a lo anterior, la funcionaria resaltó que “la documentación contractual, técnica y financiera reposa en los expedientes institucionales y está disponible para los organismos de control”.

Frente a las dudas sobre el provecho de la inversión, León aclaró que “comprar maquinaria no es modernizar”, y precisó que “una máquina genera valor cuando produce y produce sostenibilidad cuando esta producción se convierte en contratos, ventas e ingresos”.

Por lo tanto, la gerente general de la INC consideró preocupante que “en algunos escenarios se está anticipando que esta inversión es un elefante blanco, incluso antes de activar comercialmente la capacidad”. Para León “ese juicio desconoce la realidad. Los equipos existen, están instalados, están operando”.

Por último, la gerente sostuvo que el riesgo real sería no aprovechar la capacidad instalada y no gestionarla comercialmente.

“La Imprenta Nacional ya dio el salto tecnológico. Ahora corresponde capitalizarlo. Más producción propia, más negocios, menos dependencia de terceros”, concluyó León.

La demanda que recibió luz verde por parte del Consejo de Estado: por Decreto 1099 de 2025

A finales de mayo de 2026 se conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 1099 de 2025, la norma con la que el Gobierno nacional ordenó que varias entidades públicas contrataran de forma exclusiva con la Imprenta Nacional la producción de pasaportes y otros documentos oficiales.

Esta decisión abre la puerta a que ese esquema sea suspendido mientras el alto tribunal estudia si el Ejecutivo amplió sin respaldo legal las funciones de esa entidad.

La resolución quedó en un auto del 20 de mayo de 2026 firmado por el magistrado Fredy Ibarra Martínez, de la Sección Tercera, Subsección B. El proceso fue admitido en única instancia a partir de una acción presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDe.Colombia, el 14 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el documento, el tribunal ordenó notificar a la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, además del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También corrió traslado de la demanda por 30 días.

La demanda sostiene que el decreto creó una contratación obligatoria sin respaldo legal

La acción judicial cuestiona la legalidad del decreto expedido en octubre de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el entonces ministro del Interior Armando Benedetti.

Según la fundación, la norma impuso a las entidades del orden nacional la contratación exclusiva con la Imprenta Nacional para publicaciones, impresos, pasaportes, instrumentos migratorios y documentos oficiales de identidad.

FEDe.Colombia sostiene que la regulación “desborda” lo previsto en la Ley 109 de 1994. Según la organización, esa ley solo autorizaba una contratación preferente con la Imprenta Nacional para publicaciones vinculadas con la seguridad jurídica, como el Diario Oficial, gacetas y normas oficiales.

La demanda afirma que el Gobierno extendió de manera irregular el alcance de esa ley al incluir pasaportes, cédulas de extranjería, Permisos por Protección Temporal y otros instrumentos migratorios. En el texto radicado ante el alto tribunal, la organización señaló que el decreto “introduce de facto una modalidad de contratación directa que carece de respaldo legal”.

El recurso enumera siete presuntas irregularidades: exceso en la potestad reglamentaria, violación de la reserva de ley en contratación pública, vulneración de los principios de planeación y selección objetiva, afectación a la libre competencia y al régimen constitucional de monopolios, afectación a la autonomía de las ramas Judicial y Legislativa, falsa motivación y expedición irregular por presuntas omisiones de trámites obligatorios.

Otro de los reparos apunta al artículo 5 de la norma. Esa disposición faculta a la Imprenta Nacional para revisar en Secop II el cumplimiento de las obligaciones previstas en el decreto y reportar presuntas omisiones a organismos de control, una atribución que la fundación también cuestionó.

Después de que a finales de mayo de 2026 la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por sitios no autorizados en los que se realizan sesiones de tatuajes bajo sedación, y que reveló como consecuencia el caso de una persona hospitalizada, volvió a ser causal de debate en la capital colombiana debido a la muerte de una mujer de 38 años el sábado 15 de agosto de 2026.

El caso se hizo viral en redes sociales el martes 18 de agosto, luego de que se conocieron varios detalles sobre el caso que se reportó en principio a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Salud, y provocó que el concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) hiciera un llamado para que las autoridades distritales se apersonen de la situación, luego de que la ciudadana murió en medio de una sesión que contrató para que se llevara a cabo en su lugar de residencia, ubicado en el barrio Terrazas de San Jorge, localidad de Rafael Uribe Uribe (suroriente de la capital).

De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae Colombia, el caso se presentó alrededor del mediodía, momento en el que la mujer habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Uno de los detalles en los que más se concentran las labores investigativas por parte de los agentes de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, será definir qué habría ocasionado la reacción desfavorable en la salud de la ciudadana, y determinar si alguna de las sustancias que se utilizaron para realizar el tatuaje, o al momento de aplicarle la anestesia, habrían influido en el desenlace fatal.

Asimismo, otro de los aspectos que tienen en cuenta los peritos judiciales corresponde a qué estaban haciendo los presentes en la residencia cuando se reportó la muerte de la joven, puesto que además del tatuador otra persona habría ingresado con él al domicilio.

De momento, las causas de la muerte serán determinadas luego de la inspección al cuerpo, y cuya necropsia adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por muerte de mujer que se mandó a hacer un tatuaje en Bogotá, concejal recordó caso de joven en Expotatuaje, en Medellín

“A la casa de la mujer llegan dos personas, el tatuador y lo que pudiera ser un anestesiólogo”, señaló el cabildante Avellaneda en un video que compartió desde su cuenta de Instagram el martes 18 de agosto de 2026.

Por lo anterior, el concejal de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que “sean responsables a la hora de hacerse este tipo de procedimientos”, y dejó esta reflexión: “¿Por qué un tatuaje tiene que costar la vida? Piensen en eso".

Avellaneda también cuestionó a los tatuadores, y expresó que “una anestesia no es cualquier cosa (...) no se la hacen a uno en cualquier parte ni cualquier persona”, y agregó que “estos son profesionales altamente calificados, porque de su responsabilidad deriva la vida”.

Al final, el concejal de Bogotá le pidió más controles a la administración distrital y a las autoridades, “porque el hecho pasa el sábado y nos enteramos hasta hoy martes (18 de agosto)”.

“¿Y qué piensan hacer de ahora en adelante, Secretaría de Salud? ¿Qué piensan hacer para que esto no sea una práctica recurrente y sigan muriendo personas haciéndose tatuajes? Una práctica en apariencia normal, pero vimos que está cobrando vidas", concluyó el cabildante, que recordó el episodio de Juan Felipe Palacio Vélez, el joven de 26 años que murió como consecuencia de un paro cardíaco, luego de participar en tres sesiones de tatuaje en la feria Expotatuaje, realizada entre el 8 y el 10 de mayo de 2026 en el centro de convenciones Plaza Mayor (en Medellín), y cerró con vehemencia: “Esta discusión hay que darla”.

Qué pasó en la edición de Expotatuaje 2026, en Medellín

La feria Expotatuaje, realizada en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín entre el 8 y el 10 de mayo de 2026, se pronunció tras la muerte de Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años que sufrió un paro cardíaco después de someterse a tres sesiones de tatuaje en menos de 72 horas.

Según la familia, Palacio se tatuó gran parte de su pierna derecha durante el evento y, días después, comenzó a sentirse mal. El joven fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde falleció tras ser diagnosticado con muerte cerebral.

La madre del joven, Alexandra Vélez, aseguró que la causa fue una sepsis derivada del tatuaje, según el diagnóstico médico, y pidió que se investigue si hubo fallas en los protocolos de higiene durante la feria.

La organización de Expotatuaje 2026 lamentó el fallecimiento y afirmó que cumplieron con todos los requisitos de las autoridades de salud, además de los protocolos internos para expositores y asistentes.

La Alcaldía de Medellín indicó que este tipo de eventos pasan por un comité que verifica el cumplimiento de las reglas de seguimiento y control.

Especialistas recuerdan que, antes de realizar un tatuaje, es fundamental asegurarse de que las máquinas, agujas y tintas sean nuevas o hayan sido esterilizadas correctamente. El área a tatuar debe limpiarse con soluciones antisépticas y el tatuador debe usar guantes desechables.

Después del tatuaje, se recomienda cubrir la zona, lavarla con agua tibia y jabón neutro, y protegerla del sol y de las piscinas para evitar infecciones durante el proceso de cicatrización.

Cuatro nuevas denuncias de acoso sexual y laboral han sido dirigidas contra el periodista y presentador Rafael María Poveda Mendoza, reconocido por el video pódcast Más allá del silencio, y con más de cuatro décadas de trayectoria, y que también dirigeel programa Testigo Directo.

Los nuevos testimonios fueron revelados la mañana del miércoles 19 de agosto de 2026 por la Revista Raya, suman un total de seis las mujeres periodistas que han señalado a Poveda por conductas inapropiadas ocurridas entre 2006 y 2013 en entornos profesionales, en medio de un ambiente de intimidación y desacreditación hacia las denunciantes.

Las declaraciones de las mujeres describen situaciones en las que Poveda habría intentado besarlas o tocarlas sin consentimiento, acorralarlas en espacios cerrados y realizar insinuaciones de carácter sexual, muchas veces acompañadas de promesas de oportunidades laborales o ascensos.

Estos episodios, aclaró el mismo medio, tuvieron lugar tanto en oficinas, redacciones y hoteles donde el periodista coordinaba actividades profesionales, como en encuentros derivados de talleres formativos o reuniones de trabajo.

Uno de los testimonios narra un episodio en el que, tras coordinar un encuentro en un hotel bajo el pretexto de discutir temas laborales,

Poveda recibió a la reportera en su habitación y la abordó de manera violenta, de acuerdo con lo que contó la víctima, también periodista. “Se me lanzó a darme un beso, fue muy rudo porque él es un hombre alto, grueso, fuerte. Yo empecé a patalear, a mover la cara, a no dejarme besar y a quererlo empujar. No sé en qué momento reaccionó y se levantó, seguramente en medio de mis gritos y de mi rechazo. Me paré y me fui”.

Este hecho determinó el fin de su vínculo profesional con el presentador y, según expuso la misma mujer a la revista, provocó un periodo de remordimiento y miedo a ser revictimizada.

“Por mucho tiempo sentí rabia conmigo misma por no haber contado. Me molesta pensar que si digo ‘me fui a una habitación con un tipo’, la gente piense: ¿cómo se te ocurre? Fue más un tema de creer que había sido mi responsabilidad y mi culpa”, contó la misma afectada.

El segundo testimonio corresponde a Paola Beltrán (nombre ficticio), quien ingresó como practicante a la productora de Poveda en 2009, cuando tenía 21 años.

Durante una jornada laboral, el presentador la habría abrazado a la fuerza y, mientras la sostenía, intentó besarla y la tocó sin consentimiento. “Me decía en repetidas ocasiones: ‘Déjese si quiere llegar lejos’”, contó la segunda mujer, y que luego de zafarse, llevó a que Beltrán recurriera a la oficina de recursos humanos, entonces a cargo de la esposa de Poveda, donde presentó la denuncia.

Tres meses después, ella abandonó el periodismo por lo que le pasó. “El episodio me llevó a dejar la carrera”, sentenció la joven.

El tercer caso, el de Natalia Borrego, revela una relación laboral marcada por el hostigamiento constante.

Según su testimonio, Poveda la llamaba a su oficina con frecuencia, y alllí la habría intentado besar, además de hacerle propuestas no solicitadas. “Su oficina era una especie de altillo; allí nos mandaba a llamar: ‘Nenita, ¿cómo vas?, ¿todavía tienes novio?’ Yo le decía, nerviosa y completamente congelada, que no. Ahí continuaba: ‘Bueno, por lo menos dame un piquito, aunque sea esquinero’. Le repetía que no, pero él insistía: ‘Entonces un piquito en la puntica de la nariz, confía en mí’, y me lo daba sin mi consentimiento”.

Borrego describe el “estrés y asco” que sentía al regresar a su puesto de trabajo y señala que varias compañeras optaban por esconderse para evitar encuentros con el presentador.

Las oportunidades profesionales ofrecidas por Poveda también estaban atravesadas por un trasfondo de chantaje, según el testimonio de la tercera joven: “Me daba miedo tener que verlo más seguido, que mi trabajo dependiera directamente de su aprobación y que usara ese poder como chantaje”, recordó.

El detonante para hacer pública la denuncia fue la solicitud de una persona cercana a Poveda para que dejara mensajes de apoyo al periodista en redes sociales, aun sabiendo del historial de hostigamiento.

El cuarto testimonio, identificado con el nombre ficticio de Katherine, detalla un episodio posterior a un taller de presentación impartido por Poveda en Bogotá.

La periodista fue citada a una reunión laboral en la sede de la productora, donde el presentador le habría hecho comentarios sobre su apariencia y le ofreció regalos y ropa de Miami.

“Cuando me puse de pie, me acorraló contra la pared y se lanzó a darme un beso. Lo esquivé, me salí por debajo de su brazo, le dije gracias y salí de ahí llorando”, relató Katherine.

Tiempo después, ambos coincidieron en el canal Cablenoticias, pero Poveda no volvió a acercarse.

Por este motivo, Katherine decidió hablar tras ver cómo otras mujeres relataban situaciones similares y ante la reacción pública del presentador, y se refirió a las grabaciones que compartió Poveda luego de la denuncia que hizo el colectivo ‘Yo Te Creo Colega’ (hecho por las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez) en las que se defendió de las acusaciones que lo hicieron volverse tendencia nacional.

“Al ver el video de Poveda mostrándose como una víctima me pareció un descaro absoluto. Es hora de que todos y todas conozcan su verdadero rostro”, dijo Katherine, a raíz de las denuncias iniciales, publicadas el 30 de julio por las organizaciones ‘Yo Te Creo Colega’ y Brava News, y que ya habían generado gran repercusión.

Una de las periodistas denunció tocamientos sin consentimiento y otra, Sofía Vela Mejía, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presunto abuso sexual ocurrido en 2019.

Tras la difusión de estos casos, varias periodistas comenzaron a recibir amenazas de muerte, mensajes misóginos y hostigamientos dirigidos también contra sus familias. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) repudiaron los ataques y exigieron garantías para que las afectadas pudieran continuar su labor investigativa.

La respuesta de Poveda y su entorno se ha caracterizado por una activa campaña de defensa en redes sociales y la contratación del abogado penalista Jaime Lombana. El presentador publicó el audio de una llamada con varias de las periodistas involucradas, alegando que se le negó la posibilidad de defenderse ante las primeras denuncias.

Asimismo, la periodista Graciela Torres (más conocida como “La Negra Candela”) también difundió mensajes en respaldo al presentador y expuso públicamente a cuatro de las mujeres que participaron en la investigación.

El caso de Poveda se conoció luego de la fundación del movimiento Me Too Colombia, impulsado desde marzo con las dos primeras denuncias que se conocieron en Caracol Televisión (Noticias Caracol), ha recopilado más de 260 testimonios de trabajadoras de medios y practicantes, según Yo Te Creo Colega.

Las condiciones laborales precarias, las jerarquías rígidas y la consolidación de figuras públicas influyentes han favorecido la aparición de estos abusos y la revictimización de quienes denuncian.

Al final del informe, se precisó porparte de la Revista RAYA que se contactó a Rafael Poveda para conocer su versión sobre las acusaciones más recientes. En principio, el periodista fue contactado telefónicamente y se le enviaron preguntas por escrito, pero hasta el cierre de la investigación no se había pronunciado.

Rafael Poveda respondió a los señalamientos luego de los cuatro nuevos casos que lo mencionan

Infobae Colombia conoció la respuesta oficial que Poveda le ofreció a la periodista Tatiana Portella, del mismo medio que publicó el informe con los cuatro testimonios que convergen al señalarlo a él.

Al comienzo de la respuesta al mensaje de Portella, Poveda expresó su “respeto profundamente a las mujeres y a cualquier persona que decida formular una denuncia o entregar un testimonio sobre hechos que considere graves y que puedan afectar su integridad”.

“Empiezo por señalar algo de manera categórica: nunca he acosado a una mujer ni he incurrido en conductas de esa naturaleza. No ha sido ni es mi forma de actuar”, menciona más adelante la respuesta oficial del presentador.

Sobre los cuatro nuevos casos en concreto que menciona la Revista Raya, Poveda dijo que “algunos (casos) de los cuales, según el propio cuestionario, se remontarían a 17 o incluso 20 años atrás, me resulta materialmente imposible ejercer una defensa seria y responder responsablemente cuando desconozco elementos esenciales de los hechos que se me atribuyen: qué ocurrió exactamente, cuándo habría ocurrido, dónde, bajo qué circunstancias y en qué contexto”.

El periodista aclaró que lo anterior no quiere decir que haya “una negativa a responder” de su parte, sino que “se trata de la imposibilidad de hacerlo frente a acusaciones formuladas de manera indeterminada y trasladadas a través de un cuestionario sin la información mínima que permita identificarlas, contrastarlas y ejercer frente a ellas un derecho elemental de defensa”, aseveró el presentador.

El reconocido reportero expuso que al no haber la precisión sobre los lugares en los que ocurrieron los señalamientos por parte de las cuatro periodistas, y explicó: “Durante todos estos años he ejercido el periodismo en distintas regiones del país, he trabajado con numerosos equipos y he dictado decenas de talleres, cursos y espacios de formación”.

Por lo anterior, Poveda dijo que “en ese contexto, referencias como ‘un hotel’, ‘una oficina’, ‘un taller’ o ‘la productora’, sin mayores precisiones de tiempo, lugar, circunstancias o contexto, no permiten identificar de manera inequívoca los episodios sobre los cuales se me solicita pronunciarme”.

Al final, el presentador dejó en claro que respeta “la labor periodística de contrastar testimonios y denuncias”, pero sentenció que “cuando se trata de señalamientos de esta gravedad, considero indispensable que la persona señalada conozca de manera suficiente los hechos que se le atribuyen”.

Para cerrar, el periodista argumentó que “no resulta razonable exigir respuestas concretas frente a acusaciones cuya identidad fáctica permanece oculta o indeterminada”, y volvió a reiterar “de manera inequívoca: nunca he acosado a una mujer y rechazo categóricamente cualquier conducta de esa naturaleza”.

El actor y director teatral Hugo Kogan, reconocido por su extensa trayectoria en Mar del Plata, atravesó una experiencia límite durante su estadía en Manizales, Colombia, al resultar gravemente afectado por el ataque de un enjambre de abejas tras el terremoto que sacudió la región el 10 de agosto de 2026, y que también tuvo que soportar.

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 km, deja hasta el momento un balance de 312 fallecidos, 4.380 heridos y 358 personas desaparecidas, según el reporte oficial que emitió la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte a las 6:30 del miércoles 19 de agosto de 2026.

Además de la capital de Caldas, la catástrofe impactó ciudades aledañas en el Eje Cafetero y la región Pacífica, alterando la rutina de miles de personas, entre ellas la del artista argentino.

Kogan había llegado a Manizales la noche anterior (es decir, el domingo 9 de agosto), procedente de Bogotá, como parte de una gira de talleres y presentaciones teatrales en universidades y espacios culturales del país.

Aquella mañana del sismo, mientras desayunaba en el hotel, el temblor interrumpió las actividades y obligó a los huéspedes a evacuar de inmediato.

“Estuvimos en el hotel hasta que la tierra paró de moverse. De ahí nos mandaron al atrio de la Catedral”, relató Kogan al portal argentino La Capital, cuando en ese entonces aún desconocía la magnitud del desastre que se desarrollaba en el país.

La situación se volvió aún más crítica cuando, debido a las afectaciones estructurales en la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, varios enjambres de abejas, que habitaban en la cúpula, se dispersaron sobre la multitud que aguardaba en el exterior.

“Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y a mí me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados”, describió el dramaturgo.

El ataque desencadenó graves consecuencias. Kogan comenzó a sufrir vómitos y diarrea, lo que motivó su traslado de urgencia a un centro médico local. Allí, los profesionales le extrajeron más de 50 aguijones y le administraron antibióticos y corticoides para estabilizar su estado.

“El médico me dijo que zafé porque no soy alérgico a nada. Si no, en cinco minutos me moría”, confesó, aún impresionado por la gravedad de lo ocurrido.

Tras pasar todo el día hospitalizado, Kogan recibió el alta médica por la noche y pudo regresar al hotel. Solo entonces, según narró el argentino, comprendió la dimensión del terremoto y los daños provocados en Manizales y otros departamentos como Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

“Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 (8:00 p. m.) hasta las 6 (6:00 a. m.) y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro”, explicó sobre el ambiente en la ciudad tras el desastre.

La emergencia alteró por completo la agenda del artista. Los talleres que debía dictar en la ciudad de Caldas, una de las más perjudicadas por el sismo, fueron suspendidos, al igual que la función programada en Pereira.

El itinerario que contemplaba nuevas presentaciones en Medellín, y la participación en seminarios de la Universidad de Antioquia, quedó en suspenso. En principio, Kogan planeaba regresar a Argentina el 23 de agosto, pero la catástrofe lo llevó a replantear sus planes y priorizar su retorno lo antes posible.

Balance de la emergencia por el terremoto de 7,4 en Colombia

De acuerdo con el reporte actualizado al 19 de agosto de 2026, a las 6:30 a. m., el movimiento telúrico ha impactado a 15 departamentos y 470 municipios.

En total, 143.533 familias y 294.503 personas resultaron afectadas. Además, las labores de rescate han permitido salvar a 358 personas.

La afectación en viviendas es significativa: 134.282 quedaron averiadas y 29.680 fueron destruidas. Asimismo, 5.808 edificios sufrieron daños y 277 colapsaron completamente.

El impacto en la infraestructura y los servicios es amplio. El sismo dañó 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios. También se registraron daños en 421 vías, 5 aeropuertos, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

En cuanto a los animales, 1.310 resultaron afectados y los equipos de emergencia lograron rescatar a 485.

El documento, denominado Libro de la Verdad, revisó el destino de estos fondos entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026, identificando graves deficiencias en el seguimiento y la transparencia del gasto público en salud.

Debido a estos señalamientos del Gobierno de De la Espriella hacia la administración de antecesor, Gustavo Petro, varios exfuncionarios del expresidente mostraron sus reparos ante las acusaciones de algunos integrantes del nuevo mandatario, y argumentaron que el no haber hecho el proceso de empalme no permite que se conozca la verdad.

En esta misma tónica se sostuvo el exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, que la misma noche del martes 18 de agosto, día en que se hicieron los anuncios por el Gobierno de De la Espriella en cabeza del líder del equipo de empalme, el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Por este motivo, Sánchez señaló en un mensaje que publicó vía X que “los empalmes existen para garantizar una transición de gobierno responsable, profesional y transparente”.

En una clara alusión al nuevo gobierno, el exministro de Defensa de Petro afirmó: “Cuando quienes llegan renuncian al empalme, corren el riesgo de interpretar información incompleta o descontextualizada y presentarla como verdad”.

Frente a la publicación de los hallazgos del Gobierno de De la Espriella, Sánchez expresó: “Publicar desinformación toma minutos. Desmentirla exige tiempo, hechos y evidencia. Y, aun así, el daño ya está hecho”.

Por todo lo anterior, el exfuncionario que acompañó hasta el último día de su mandato a Petro, sentenció que “un empalme no es un trámite burocrático: permite conocer lo ocurrido, entender los avances y los problemas para tomar mejores decisiones”.

Al final, Sánchez hizo hincapié acerca de “los efectos negativos por renunciar al empalme”, al concluir que “no los paga un gobierno”, sino que “los paga Colombia”, finaliza la publicación.

Qué más reveló ‘el libro de la verdad’ que presentó el Gobierno de De la Espriella

Según el informe, los recursos fueron asignados a la financiación de equipos básicos en salud destinados a fortalecer la atención primaria en zonas rurales y apartadas del país.

Estos equipos estaban integrados por médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a Empresas Sociales del Estado (ESE).

La estrategia buscaba ampliar el acceso a servicios esenciales, pero la auditoría señala que el Ministerio de Salud no implementó mecanismos de evaluación que permitieran medir la efectividad de la inversión.

La principal crítica del equipo de empalme de De la Espriella apunta a la ausencia de indicadores verificables de impacto y resultados concretos. “El Ministerio de Salud financió equipos básicos en salud durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado”, recoge el informe.

Además, el documento puntualizó que “no existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención”. De acuerdo con el mismo informe, el gobierno anterior solo puede informar cuánto gastó, pero no cómo se tradujo ese gasto en mejoras para la población.

El Libro de la Verdad sostiene que un programa de semejante magnitud, con 6,8 billones de pesos ejecutados y sin indicadores de impacto, “no es una política pública, es una caja de gasto sin control ni rendición de cuentas”.

Este diagnóstico ha sido catalogado como una de las alertas más graves sobre la gestión de la administración anterior, ya que el nivel de ejecución de los recursos a junio de 2026 se ubicaba en apenas el 29%.

Además, el 67% del presupuesto asignado se invirtió entre 2025 y el primer semestre de 2026, lo que, según los autores del informe, evidencia una concentración tardía del gasto y una falta de control sobre el destino de los fondos.

Otra de las preocupaciones señaladas en el Libro de la Verdad es la falta de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que no fiscalizó la ejecución de estos recursos. La ausencia de pronunciamiento por parte de este organismo alimentó las sospechas sobre la transparencia y el impacto real de las inversiones realizadas.

El informe también contrasta el gasto público con el deterioro de la prestación de servicios de salud en el mismo periodo. Se reportaron retrasos en la atención, incumplimientos en la entrega de medicamentos y un aumento de los pasivos con Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores.

Entre 2022 y los primeros seis meses de 2026, las EPS intervenidas acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos, de las cuales 645.794 correspondieron a medicamentos no entregados.

El análisis del empalme también recalcó la paradoja entre el desembolso de recursos y la falta de soluciones concretas para los usuarios del sistema. “Mientras el sistema de salud se desangraba financieramente y millones de colombianos sufrían las consecuencias en la atención, el ministerio comprometía billones sin realizar un seguimiento de su ejecución ni evaluar su impacto”, se detalla en uno de los apartados del documento.

El informe hace referencia a una decisión tomada el 29 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Salud aprobó y asignó más de 2,2 billones de pesos para la ejecución de 60 proyectos de infraestructura hospitalaria.

Según la denuncia desde el Gobierno de De la Espriella, estos fondos se comprometieron en el cierre del año fiscal, sin estudios de conveniencia, diseños definitivos ni presupuestos de obra, lo cual generó preocupación entre los actores del sector salud por el posible uso inadecuado de los recursos públicos.

Otra observación clave del informe apunta a la legalización de los recursos. De los 16,1 billones de pesos destinados a la salud entre 2022 y 2026, únicamente se formalizó el 28,3%, según el sistema de información del ministerio.

Esta baja tasa de legalización llevó a la Contraloría General de la República a no aprobar la cuenta fiscal de 2025. El órgano de control formuló 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen incidencia disciplinaria y uno, fiscal. El documento vincula estas observaciones a deficiencias en la planeación y supervisión del gasto, así como a dudas sobre el destino final de los recursos.

Ante estos hallazgos, el gobierno actual anunció un plan de choque por 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud y garantizar el acceso a servicios básicos. El Ejecutivo se comprometió a mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, y a implementar nuevas herramientas para monitorear el impacto de la inversión pública en salud.

El informe finaliza señalando que la falta de balance y evaluación de los resultados de la estrategia de atención primaria representa un desafío para la gestión pública y la transparencia en el sector.

Los interrogantes sobre el uso y la efectividad de los fondos asignados durante la administración de Gustavo Petro continúan abiertos, mientras la nueva administración busca recuperar la confianza en el sistema y asegurar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios efectivos para la ciudadanía.

La grabación que difundió el medio regional El Informativo Madrid Cundinamarca dejó ver como un hombre alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial luego de que recibió un impacto de bala. Sin embargo, el sujeto no llegó en una ambulancia sino en una buseta.

De acuerdo con los detalles que se conocieron de forma preliminar, el herido de bala es fue un joven de 23 años de nacionalidad venezolana.

Sin embargo, y con el tiempo en contra, la víctima del impacto con arma de fuego habría salido a buscar ayuda para que lo llevaran hasta un hospital, pero al no recibir apoyo tomó la decisión de parar el vehículo, y el conductor al verlo malherido no dudó en dejarlo acceder.

El video muestra al joven tendido en la entrada de la buseta, ante la mirada atónita de los demás pasajeros, y uno de ellos en ese instante grabó el momento con su celular.

Al final, el joven baleado logró llegar el hospital Santa Matilde, donde fue socorrido por personal médico en el área de urgencias y quedó bajo atención especializada.

Por el lado de las autoridades se mantienen labores de patrullaje en la zona, sumado a la verificación de cámaras y testimonios de vecinos en la zona con el fin de establecer quién perpetró el ataque a bala.

El caso generó una ola de comentarios cargado de críticas hacia la administración municipal y se pidieron mayores controles y acciones por parte de las autoridades en el municipio ubicado en la Sabana Occidente, debido a que se mencionó que los casos violentos, como riñas, hurtos, y hasta homicidios, son delitos que cada vez más se registran por los mismos ciudadanos, que comparten a través de redes sociales sucesos como el del joven en la buseta.

En Bogotá un hombre fue asesinado dentro de un articulado de Transmilenio

Un hombre perdió la vida en un bus de Transmilenio tras una disputa que escaló a un ataque con arma blanca en el sur de Bogotá, a finales de julio de 2025.

La víctima fue identificada como Eleazar Alejandro Blanco, de nacionalidad venezolana, y recibió varias puñaladas durante un enfrentamiento con otro pasajero en un articulado de la ruta Suba-Tunal, cerca del Portal del Tunal, señaló Bluradio.

La agresión ocurrió dentro de un bus de la ruta H15. De acuerdo con información recogida por Caracol Radio, el atacante utilizó un arma cortopunzante y logró huir tras el hecho, mientras los demás pasajeros alertaron a las autoridades y solicitaron asistencia médica para el herido.

Como respuesta, efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y trasladaron a Blanco al Hospital de Meissen, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El teniente coronel Óscar Chauta, vocero de la Policía Nacional, afirmó que “la Policía Nacional lamenta los hechos sucedidos dentro de un articulado de Transmilenio, donde dos personas por un hecho de intolerancia se agreden con un arma cortopunzante. Nuestras unidades llegaron al lugar y trasladaron al herido a un centro asistencial donde, infortunadamente, falleció. Estamos adelantando todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable”, explicó el oficial.

Las autoridades revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas tanto en el bus como en la estación cercana en busca de identificar al agresor y determinar las causas del altercado.

La Policía mantiene el caso abierto y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información relevante que permita dar con el paradero del responsable.

Este caso, sumado a comportamientos inadecuados dentro del sistemas siguen generando preocupación entre los usuarios de Transmilenio, quienes han pedido mayor presencia policial y medidas de seguridad en los buses y estaciones.

La controversia surgió porque el viaje coincidió con la gestión de la crisis por parte del Ministerio de Vivienda, responsable de coordinar la respuesta para miles de personas afectadas por el sismo.

Ante los señalamientos, Beltrán aclaró que su presencia en Santa Marta fue motivada por razones familiares y negó haber tomado vacaciones o descuidado sus responsabilidades ministeriales.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, afirmó el funcionario a través de los canales oficiales del Ministerio y en sus redes sociales.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficiente para la activista, politóloga, docente, y creadora de contenido Karol Solís Menco, que cuestionó los argumentos del excalcalde de Bucaramanga, que hizo parte del equipo de campaña del “Tigre”, y que fue designado por el jefe de Estado de liderar Plan Milagro de Reconstrucción, como parte de los anuncios en su discurso presidencial del lunes 17 de agosto.

En un mensaje vía X, la influencer arremetió contra el mandatario y escribió: “‘Detrás del ministro hay un padre…' Y un mal servidor, un indolente, un cínico. Un manipulador que usa la familia para lavarse la cara. Todo eso hay también detrás del ministro. Descarado @soyjaimeandres”.

Pero la indignación que no solo expresó Solís Menco el fin de semana al revelarse el video, sino cientos de usuarios en redes sociales, y que ocasionó un debate entre quienes apoyaron que el líder de la cartera de Vivienda presente su renuncia y los que lo defendieron.

“Un aplauso de pie para el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Un tipo comprometido con las víctimas y damnificados del terremoto en el país. Perfectamente bronceado, retomará labores tras este fin de semana en Santa Marta descansando. Porque cómo no ir a descansar a la playa en pleno puente festivo mientras hay miles de familias durmiendo en albergues o incluso entre escombros cerca de lo que quedó de sus hogares”, inició la declaración de la politóloga.

Solís Menco mencionó algunas cifras que deja la tragedia, y que ya deja un balance de 304 muertos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas.

Pero lo que más provocó el enfado de la académica fueron los detalles de los subsidios de vivienda que se anunciaron, que provocaron una nueva pulla hacia el ministro Beltrán.

“En Manizales, la Alcaldía acaba de anunciar un subsidio de arrendamiento de 357 mil pesos, un mes para arrendatarios, tres para propietarios. ¿Qué arriendan con eso? Por supuesto que es insuficiente, pero difícil ir a saber uno cómo el Gobierno nacional va a operar en relación con esos subsidios y las quejas ciudadanas que se están recibiendo, si es que el ministro de Vivienda está de paseo”, mencionó Solís.

“Eso sí, este es el mismo ministro que salió a decir que les dejaron la olla pelada, que se llena la boca, que habla de forma fatídica en relación con el anterior gobierno, porque él al parecer es muy diferente. Cuando usted le vendan el discurso de los nunca, pero le ponen de ministro a uno de siempre, no espere nada distinto a esta, que es la indolencia histórica en este país de mucha de la gente que llega al poder”, continuó la serie de ‘dardos’ que lanzó la académica en contra del exalcalde de Bucaramanga.

Ministro Beltrán se defendió tras señalamientos por video de paseo familiar

El ministro rechazó lo que calificó como información “falsa” sobre un supuesto abandono de sus funciones.

“Hoy me dirijo a todos los colombianos en mi calidad de ministro de Vivienda y también como padre de familia. En las últimas horas han circulado videos y mensajes que afirman que Jaime Andrés abandonó sus responsabilidades en medio de la emergencia, señalando que nos fuimos de vacaciones y descuidamos nuestro compromiso en el ministerio. Esa información es falsa”, insistió el funcionario del Gobierno de De la Espriella.

Beltrán detalló que, durante los días posteriores al terremoto, su equipo ha recorrido todos los municipios y departamentos impactados, estructurando un plan en tres fases.

Este esquema incluye la caracterización de las familias damnificadas, la entrega de subsidios de arriendo, el mejoramiento de viviendas y procesos de renovación urbana, en coordinación con alcaldes y gobernadores.

“Este trabajo se ha realizado en coordinación con alcaldes y gobernadores, implementando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, gestionando recursos, herramientas y alianzas”, explicó el líder de la cartera de Vivienda.

El ministro también detalló la importancia de no descuidar el entorno familiar a pesar de las exigencias del cargo público.

“Quiero recordar que detrás del cargo de ministro también hay una persona, un padre, un esposo y un hijo. No tiene sentido construir grandes proyectos si se descuida lo más importante: la familia. Mi reto es contribuir a que los colombianos tengan vivienda propia sin descuidar el hogar. El mensaje del presidente es claro: así como construimos casas, lo fundamental es fortalecer los hogares”, declaró.

Beltrán resaltó que reside en Bogotá mientras su esposa e hijos viven en Bucaramanga, y que procura reunirse con ellos periódicamente, especialmente durante el periodo de vacaciones escolares.

“En días recientes viajé a visitarlos durante el periodo de vacaciones de mis hijas. Ese encuentro no implica descuido de mis funciones, sino el ejercicio responsable de mi rol como padre”, dijo el ministro de Vivienda.

Según el ministro, tanto él como su esposa han participado activamente en la recolección y distribución de ayudas para los sectores más afectados. “La reconstrucción del país no es solo una tarea del ministerio; también la llevamos a cabo en el ámbito social, con el apoyo de mi esposa, recolectando ayudas y distribuyéndolas en cada sector necesitado”, aseveró el funcionario.

Para concluir, Beltrán reiteró su compromiso con el cargo y con su familia. “Cuento con la confianza de miles de colombianos, quienes han sido testigos de mi trabajo y dedicación durante estos meses. Continuaré cumpliendo mis funciones como ministro, sin dejar de ser padre y esposo. La fortaleza de Colombia está en sus familias”, finalizó.

El martes 18 de agosto de 2026, la familia Vélez Reyes (compuesta por David Vélez Osorno y Mariel Reyes Malik, cofundadores de Nubank) anunció, mediante un comunicado dirigido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a la primera dama, Ana Lucía Pineda de la Espriella, una significativa contribución económica para apoyar la reconstrucción nacional tras el devastador terremoto del 10 de agosto de 7,4.

La tragedia deja por el momento un balance oficial de 34 muertos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas, según el reporte que compartió con corte a las 6:30 a. m. del mismo martes la Unidad Nacional para Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la carta, Vélez y Reyes expresaron su solidaridad con las miles de familias afectadas por la tragedia sísmica, resaltando el dolor y la devastación que perdurarán durante años, especialmente en las regiones que ya enfrentaban serios desafíos antes del desastre.

“El terremoto que sacudió al país ha dejado un dolor profundo en miles de familias y una devastación cuyas consecuencias se sentirán durante años, particularmente en aquellas zonas que ya enfrentaban enormes desafíos”, señaló la pareja al jefe de Estado y la primera dama de la Nación.

La familia precisó en su misiva que, al contar con la capacidad de contribuir, consideran que también tienen el deber de hacerlo. Por lo anterior, anunciaron su compromiso de aportar 100.000 millones de pesos colombianos a los esfuerzos de reconstrucción.

Su enfoque principal estará en el ámbito educativo, con el objetivo de recuperar escuelas y espacios de aprendizaje que permitan a los niños y jóvenes volver a estudiar, y en en especial para el departamento del Chocó, epicentro del sismo y una de las zonas más devastadas por la tragedia.

“A partir de allí iremos evaluando, junto con su Gobierno, comunidades y organizaciones locales, otras zonas afectadas hacia las cuales podríamos extender nuestro apoyo”, explicaron en el comunicado.

El documento hizo hincapié acerca de la intención de coordinar este aporte con otras iniciativas, de manera conjunta y ordenada, asegurando “criterios comunes de seguimiento y transparencia, para que el trabajo llegue donde más se necesita”, agregó el documento.

Al final, la familia Vélez Reyes reafirmó su deseo de ver a Colombia unida en la recuperación y reconstrucción.

“Este es un momento en el que Colombia debe permanecer unida: solo trabajando juntos será posible reconstruir y salir adelante. Cuenten con nosotros para la pronta recuperación de Colombia y para que el país salga más fuerte y más unido de esta tragedia”, finaliza la misiva.

La donación de la pareja de empresarios fue presentada por parte de De la Espriella como uno de los mayores apoyos privados frente a la emergencia y que se sumó a otros aportes millonarios destinados a la reconstrucción y la asistencia de los damnificados.

La respuesta empresarial ya incluye otra cifra de gran escala: la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Andi, reunió $201.637 millones para la atención de la crisis y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio se hizo durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena.

De la Espriella informó en su cuenta de X que habló con Vélez y que el banquero le comunicó su decisión de canalizar la donación para asistir a los damnificados. En ese mensaje, el mandatario agradeció el aporte y lo definió como un gesto de solidaridad y amor por el país.

El presidente también vinculó el anuncio con un llamado a la unidad nacional ante la tragedia. “Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad. Así construimos juntos nuestra Patria Milagro”, escribió.

La ayuda privada sumó aportes para víctimas, hospitales y escuelas

La donación de Vélez se integró a otros esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil activados tras el sismo. Entre ellos figura el aporte anunciado por la familia Gilinski, que según informó de la Espriella asciende a $150.000 millones.

El mandatario precisó en X que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, le comunicaron la decisión de destinar esos recursos a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Luego presentó el aporte como una muestra de solidaridad con el país y escribió: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

Más tarde, el jefe de Estado publicó una carta de la familia en la que se confirma la donación, en el que los Gilinski señalaron: “Nuestra nación sufrió un terremoto de gran magnitud”, y describieron la situación como “una crisis que requiere de la acción decidida y respuesta efectiva de toda la sociedad”.

Mientras tanto, la Fundación Santo Domingo, junto con Valorem y sus empresas vinculadas, también anunció una contribución de $100.000 millones para respaldar a las personas afectadas por el terremoto, incluidas aquellas que perdieron familiares y viviendas. La organización indicó que los fondos buscarán contribuir a la atención de las víctimas y apoyar la reconstrucción de las comunidades golpeadas.

La fundación explicó que coordinará los esfuerzos para que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la necesitan. En su mensaje añadió: “Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”.

La entidad también expresó su solidaridad con las familias de fallecidos, heridos y personas que se quedaron sin hogar. A la vez, reconoció el trabajo de quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las víctimas.

La campaña empresarial prevé una fiducia para seguir el uso de los recursos

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia fue presentada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, durante el congreso empresarial celebrado en Cartagena. Allí, el líder gremial detalló que se hizo un aporte inicial equivalente a la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al evento, con una base de $2.000 millones.

Mac Master explicó que las donaciones crecieron con rapidez desde el lanzamiento de la iniciativa. En la primera hora se superaron los $4.500 millones, al cierre de la primera jornada el total llegaba a $9.100 millones y dos días después la cifra ya había pasado de los $50.000 millones.

Según el dirigente gremial, los fondos serán administrados mediante mecanismos que permitan hacer seguimiento a su utilización. Para eso se prevé la constitución de una fiducia que garantice transparencia y control a los donantes sobre la administración de los recursos.

El caso ha movilizado a congresistas, organizaciones de derechos humanos y a la familia de la víctima, que viajó desde Colombia para exigir respuestas y justicia.

Durante una audiencia especial organizada el lunes 17 de agosto por miembros demócratas del Congreso en Maine, los padres de Durán Guerrero hablaron públicamente por primera vez sobre la pérdida de su hijo.

Omar Durán Guerrero, padre del joven, relató el vacío que la muerte de Johan Sebastián ha dejado en su familia.

“Somos los padres de Joan Sebastián Durán Guerrero, quien el 13 de julio de 2026, en un operativo de ICE por uso excesivo de la fuerza, fue asesinado estando indefenso en un vehículo en el cual salió a trabajar esa mañana”, expresó ante los asistentes. Aunque la acusación de uso excesivo de la fuerza aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades estadounidenses, la familia insistió en la necesidad de esclarecer los hechos.

El padre del joven compartió el dolor que atraviesan. “La muerte de nuestro hijo, hermano, padre, esposo nos ha dejado el corazón roto, un gran vacío de nuestras vidas. Siento un gran dolor en el alma. Cuando su pequeña hija, nuestra nieta de tres años, pregunta su papá por qué no ha llegado del trabajo”, relató visiblemente afectado.

La audiencia fue acompañada por varios funcionarios y congresistas estadounidenses, quienes manifestaron su respaldo a la familia y su compromiso con la investigación, señaló un informe de Telemundo Nueva Inglaterra.

Bennie Thompson, congresista demócrata, afirmó: “Estamos aquí para exigir que se rindan cuentas por la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un colombiano con permiso de trabajo asesinado frente a su pequeña hija por agentes de ICE”.

Uno de los elementos clave que se conoció durante la audiencia fue la aclaración sobre el objetivo del operativo. La congresista Chellie Pingree reveló que, según sus investigaciones, “el objetivo de ICE era el compañero de piso de Joan Sebastián y propietario del coche que conducía esa mañana, y tampoco tenía una orden de deportación definitiva”.

Esta declaración contradice la versión oficial presentada inicialmente por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ante las nuevas revelaciones, los medios de comunicación consultaron a ICE, que reiteró a través de un vocero: “En nuestras declaraciones anteriores se indicó claramente que ‘ICE estaba llevando a cabo vigilancia dirigida en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden final de expulsión’. No vamos a divulgar información y métodos sensibles para las fuerzas del orden. En ningún momento dijimos que Joan Sebastian Duran Guerrero o su compañero de piso fueran el objetivo de la operación”.

Al momento de su muerte, Durán Guerrero tenía un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido, lo que ha incrementado el clamor por justicia en la comunidad migrante y entre sus familiares.

La familia de Durán Guerrero y sus representantes legales aseguran que continuarán buscando respuestas y pidieron transparencia en la investigación, mientras la comunidad local y diversas organizaciones sociales mantienen el reclamo de justicia para el joven colombiano y su familia.

La reconstrucción del día de la tragedia para la familia del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero

Durán Guerrero iba camino al trabajo la mañana del tiroteo y, según el abogado de la familia, recibió cinco disparos de un agente federal. A más de un mes de su muerte, aún no se sabe oficialmente a quién buscaban los agentes ni con qué información actuaron ese día.

“Nuestro Gobierno federal disparó y mató a una persona inocente. Un mes después, el Gobierno sigue negándose a decirnos quién era realmente el objetivo del operativo o si aquella mañana existía siquiera algún propósito legítimo para llevarlo a cabo”, denunció el abogado de la familia colombiana, Ben Gideon.

La gobernadora del estado, Janet Mills, expresó su preocupación por la actuación de ICE, y señaló a Univisión: “Esto tiene que terminar y, si ICE no puede ser reformado fundamentalmente, entonces ha llegado el momento de abolirlo”, lo que fue recibido con aplausos por parte del público.

Por su parte, la comunidad de Biddeford ha rendido homenaje a Durán Guerrero con un mural de 15 pies de altura en el centro de la ciudad, en el que aparece junto a su hija pequeña. Su viuda, presente en el acto y activa en redes sociales, compartió imágenes de su visita al mural, recordando la ausencia de su pareja.

“Johan Sebastián Durán Guerrero debería estar vivo hoy. Debería estar en casa con su pareja. Debería estar viendo crecer a su hija de 3 años”, concluyó Pingree. Los padres de la víctima, visiblemente conmovidos, leyeron un mensaje: “No sabemos cómo seguir adelante sin ti, hijo. Solo esperamos encontrar la fuerza para continuar”.

La defensa legal de Lili Pink emitió un comunicado en el que reveló información relevante sobre las audiencias de imputación y las medidas de aseguramiento que enfrenta la empresa.

Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña (del buffete Riveros Bazzani), quienes lideran la estrategia jurídica, afirmaron que, tras analizar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) trasladados a la Fiscalía, no existen pruebas que sustenten acusaciones de contrabando.

“Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, señalaron los representantes legales en la declaración oficial que se conoció la mañana del martes 18 de agosto de 2026.

El equipo de defensa explicó que, según las respuestas de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) a la Fiscalía, la mercancía de Lili Pink habría ingresado al país a través de puertos autorizados, utilizando intermediarios sometidos a vigilancia estatal y cumpliendo con la normativa aduanera vigente.

Los abogados recordaron que entre mayo y septiembre de 2023, la Dian realizó visitas a la compañía y, tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad del inventario, que correspondía a más de tres millones de prendas avaluadas en 54.000 millones de pesos.

“La compañía ratifica que la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”, aseguraron los juristas.

La defensa también denunció que estos hechos motivaron una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, presentada en 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, así como la impugnación de los actos administrativos del decomiso ante el Consejo de Estado.

Después, en enero de 2026, la empresa detectó que parte de la mercancía decomisada estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca Lili Pink, lo que llevó a la presentación de dos nuevas denuncias penales.

Según el comunicado, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía tanto en 2023 como en 2026.

Los abogados expusieron que tres jueces de control de garantías distintos han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas, lo que, a su juicio, pone en evidencia graves fallas en el proceso.

Frente a este panorama, los representantes legales de Lili Pink reiteraron que continuarán actuando en todas las instancias para mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas y preservar su buen nombre.

“La defensa será técnica, rigurosa y permanente hasta el esclarecimiento total de los hechos”, concluyeron los abogados en el comunicado oficial.

El caso sigue en desarrollo y la defensa insiste en que las actuaciones de la compañía se han ajustado a la legalidad, mientras continúa el trámite judicial y las investigaciones correspondientes.

La Dian se pronunció días antes

La Dian respaldó el 11 de agosto la petición de la Fiscalía para que un juez envíe a prisión a ocho imputados por una presunta red transnacional de contrabando y lavado de activos vinculada con Lili Pink, al sostener que la medida de aseguramiento es necesaria para proteger la evidencia y contener una estructura que, según la investigación, habría operado durante años con sociedades en Colombia, Panamá y otros países.

La dimensión patrimonial del caso quedó expuesta en las cifras presentadas en audiencia: la Fiscalía reportó un presunto lavado de activos por más de $730.000 millones, un posible enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía por más de $54.000 millones y un contrabando que superaría los $75.000 millones.

A la par, en los operativos ya fueron embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Las diligencias de ocupación de bienes se hicieron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia.

La solicitud de medida de aseguramiento fue presentada por la representación civil de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reconocida como víctima dentro del proceso penal. La apoderada de la entidad dijo en audiencia que los elementos expuestos por la Fiscalía permiten una inferencia razonable de participación de los ocho procesados.

Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Ninguno aceptó los cargos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La acusación describe una red con sociedades de papel y control desde el exterior

En la audiencia, la apoderada de la Dian sostuvo que la intervención de la entidad busca destacar la afectación al sistema tributario aduanero, al control del comercio exterior, al recaudo fiscal, al patrimonio público y al orden económico y social.

También advirtió sobre la posible existencia de una organización transnacional con funciones societarias, financieras, administrativas y de representación repartidas entre varios actores.

Según esa exposición, la estructura habría usado de manera sucesiva personas jurídicas nacionales y extranjeras. Empresarios panameños y nicaragüenses, junto con empleados de distintos niveles, habrían intervenido en la creación y operación de compañías fachada para facilitar el ingreso ilegal de mercancías al país.

La abogada afirmó que el entramado se habría articulado alrededor de sociedades comercializadoras, proveedoras e importadoras para ejecutar las operaciones investigadas.

Ese esquema, añadió la jurista, permitía aparentar una tercerización en la adquisición y suministro de mercancías destinadas a la sede central de Lili Pink en Barranquilla.

Otro grupo de personas, de acuerdo con la misma intervención, habría prestado su nombre para constituir sociedades de papel y dar apariencia de legalidad a operaciones de exportación e importación.

Algunas compañías constituidas en Panamá habrían ejercido funciones de control accionario o de titularidad, un elemento que, para la representación de la víctima, muestra capacidad de organización y componentes económicos y societarios en el exterior.

La apoderada agregó que los antecedentes de la denuncia de la Dian y lo expuesto durante la audiencia permiten advertir una estructura empresarial compleja que habría operado durante varios años.

Esa dinámica incluía la creación, transformación, liquidación y sustitución sucesiva de sociedades, mientras se mantenían establecimientos de comercio, marcas, infraestructura operativa y la participación recurrente de varias de las personas hoy imputadas.

El Tribunal de Instancia de Huesca decretó prisión provisional y sin fianza para un ciudadano colombiano investigado por su presunta responsabilidad en el incendio de Las Peñas de Riglos, una decisión que el magistrado fundamentó principalmente en el “elevadísimo riesgo de fuga” derivado de la situación personal del detenido.

Según el auto firmado por el juez Jorge Zapatero, el investigado, que posee pasaporte colombiano, llegó a España el pasado 14 de julio de 2026, apenas cuatro semanas antes del inicio del incendio que ha calcinado más de 17.000 hectáreas y forzado el desalojo de varias localidades en la Hoya de Huesca y la Jacetania.

El documento judicial detalla que el hombre reside en un hostal de Murillo de Gállego, careciendo “por completo de arraigo en el territorio nacional”, ya que no tiene familiares, propiedades ni otro tipo de vínculo con el país, destacó el portal COPE.

Su alojamiento depende directamente de la empresa para la que trabajaba en las obras de la A-132, añade el documento judicial.

Por su parte, el juez argumenta que, si el investigado pierde su empleo debido al proceso penal, algo que considera “previsible”, también perdería su alojamiento y no contaría con medios económicos propios, lo que aumentaría la probabilidad de que intente sustraerse a la acción de la justicia.

El auto puntualizó que el riesgo de fuga es “elevadísimo”, independientemente de si conserva o no su puesto de trabajo, y añade el peligro de que, en libertad, el detenido pudiera interferir en las diligencias de investigación pendientes o influir sobre posibles testigos.

La causa, según reconoce tanto el juez como el Ministerio Fiscal, se encuentra aún en una fase inicial de instrucción.

Por su parte, la defensa del investigado ha argumentado que la medida supone un castigo por carecer de arraigo, una interpretación que el magistrado rechaza remitiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla expresamente la falta de vínculos en el país como un factor que incrementa el riesgo de fuga, así como el de ocultación o alteración de pruebas.

El auto de prisión recuerda que la investigación sigue abierta para esclarecer la causa exacta del incendio y determinar si el detenido actuó en solitario o si hubo implicación de otras personas en el origen del fuego.

La instrucción busca aclarar todas las circunstancias de un siniestro que ha provocado graves daños medioambientales y que mantiene en vilo a las autoridades y a la población de la región.

Cómo avanza la situación por el incendio en España

El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca avanza hacia una evolución favorable después de arrasar 17.500 hectáreas y mientras el Gobierno de Aragón prepara el regreso de parte de los evacuados, una decisión que dependerá de que se garantice la seguridad y se verifiquen los servicios básicos en los núcleos afectados.

El fuego mantiene fuera de sus casas a 1.046 personas de 19 núcleos de población, además de dos campings y un campamento. De ese total, 73 siguen alojadas en recursos habilitados por las administraciones.

Según el Gobierno de Aragón, el dispositivo concentra este martes su estrategia en estabilizar el incendio, que permanece en Situación dos Nivel dos del Procinfo (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales).

La administración autonómica informó, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada, que la noche transcurrió con una sola incidencia relevante al suroeste de Santa Cruz de la Serós.

Esa reproducción no afectó a las líneas de control y fue contenida por los efectivos que ya trabajaban en la zona. El Ejecutivo aragonés sostuvo que la evolución de las tareas sigue condicionada por la meteorología.

El viento de hasta 40 km/h y la humedad del 10-15% condicionan la extinción

Durante la jornada se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h, temperaturas máximas de entre 34 y 35 °C y una humedad relativa que puede caer al 10-15%. Esas condiciones complican la lucha contra el fuego en un perímetro ya muy amplio.

Para localizar puntos calientes, el operativo utiliza drones. Esos focos serán revisados por tierra para su comprobación y enfriamiento, mientras se refuerza la actuación de medios aéreos en las zonas de acceso más difícil.

El despliegue en vuelo ronda los 30 medios aéreo, y esto llevó a que el Gobierno de Aragón definiera el operativo como un dispositivo con cifras históricas de medios terrestres y aéreos por la colaboración entre distintas instituciones.

El gobernante estimó en $30 billones los daños materiales causados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia y advirtió que la reconstrucción de las ciudades y regiones afectadas podría costar una suma similar, en una emergencia que golpeó a 472 municipios de 15 departamentos y obligará al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, explicó “el Tigre” la noche del lunes 17 de agosto.

Uno de los anuncios que más controversia causó desde varios sectores cercanos a la oposición fue la solicitud de un crédito al Banco Mundial que provocó la respuesta del exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, que se refirió a una de las medidas que anunció el Gobierno de De la Espriella.

“Una alocución muy pandita, como todo lo de este señor. Dice @ABDELAESPRIELLA que recibió el país endeudado, pero su respuesta al terremoto es contraer más deuda con el Banco Mundial. ¿Cómo lo va a pagar? ¿La primera dama va a hacer una colecta?” inicia la réplica por parte de Carrillo (funcionario de la administración del expresidente Gustavo Petro) hacia el jefe de Estado.

El exfuncionario precisó que “este gobierno (de De la Espriella) corporativista le va a reducir los impuestos a los megaricos y será la masa la que pague esos créditos”, y justificó más adelante con otro exmandatario como ejemplo y lo que tuvo que hacer luego del terremoto en Armenia el 25 de enero de 1999.

“Hasta (Andrés) Pastrana, otro títere gremial, tuvo que aumentar los impuestos, para reconstruir Armenia”, recordó Carrilo, al exponer que “la reconstrucción sólo puede garantizarse con inversión pública”, añade el mensaje.

Al final, el exdirector de la Ungrd lanzó una última pulla al mandatario colombiano, y le recordó que él no vivió en el país durante los últimos años antes de lanzarse a la Presidencia de la República.

“En cada alocución deja claro que no conoce el Estado, literalmente no sabe en dónde está parado. ¡Bueno, llevaba 20 años viviendo en Miami!" concluyó Carrillo.

Anuncios de Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial del domingo 17 de agosto: balance de daños

Durante la alocución presidencial del 17 de agosto, el mandatario desagregó la pérdida preliminar con base en la estimación de una firma privada: 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. Esa cifra sirve de base para el plan de respuesta en las zonas donde continúan las labores de búsqueda y asistencia.

El terremoto dejó pérdidas materiales por $30 billones y la reconstrucción podría exigir otro esfuerzo financiero de la misma magnitud. A eso se suma el impacto humano y social sobre más de 123.789 familias afectadas.

El Gobierno activó USD 200 millones y creará un fondo para dirigir la reconstrucción

En materia de financiamiento, el Gobierno activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por USD 200 millones, recursos que, según explicó el presidente, ya están disponibles para atender las necesidades más urgentes de las víctimas.

“Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro Gobierno”, dijo el jefe de Estado durante su alocución presidencial.

De la Espriella también anunció la creación del Fondo Milagro, un mecanismo inspirado en el Forec que atendió el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Según explicó, ese instrumento servirá para estructurar todo el plan de reconstrucción.

El presidente definió además el Plan Milagro de Reconstrucción, que integrará al Gobierno nacional, constructores, sector financiero, aseguradoras, gobernadores y alcaldes. El esquema buscará coordinar la respuesta institucional y privada frente a la destrucción provocada por el sismo.

Sobre ese diseño, “el Tigre” sostuvo: “Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el Forec, que atendió el terremoto del Eje Cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento”.

El Ejecutivo ofrecerá subsidios, alivios y nuevas viviendas para los damnificados

De la Espriella pidió un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. En ese marco, destacó el papel de la primera dama Ana Lucía Pineda en la campaña “Colombia, un solo corazón”, que canaliza cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos y ropa para las zonas golpeadas.

El mandatario también convocó a las empresas del sector constructor y al sistema financiero a participar en la recuperación de las viviendas destruidas. “Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, afirmó el jefe de Estado.

Dentro de esta serie de medidas, el Gobierno implementará subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y de mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. También realizará un censo y una caracterización de los afectados para definir la entrega de soluciones.

Para acelerar esas medidas, el presidente anticipó que decretará el estado de emergencia económica. “Voy a decretar el estado de emergencia económica, porque este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, puntualizó.

En el manejo de los recursos, el mandatario fijó una advertencia directa contra la corrupción. “No hay en mi Gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad, como corresponde”.

Al final, el jefe de Estado vinculó ese desafío a la situación de las cuentas públicas. “En los últimos dos años, $1 cada $3 del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno, que gracias a Dios, ya abandonó el poder”, señaló.

En medio de las labores de búsqueda que se adelantan en Cali (Valle del Cauca), una de las ciudades más afectadas en Colombia por el terremoto de 7,4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro hizo una petición por medio de su cuenta de X la mañana del sábado 15 de agosto.

Petro afirmó que el cuerpo de una joven aún permanece atrapado en el edificio Vanessa, situado en el barrio Los Cámbulos, donde ya se han recuperado varias víctimas mortales que dejó la catástrofe, y cuyo saldo va en 285 personas fallecidas, 3.975 heridos, 379 personas desaparecidas y 354 que fueron rescatadas, según cifras oficiales que brindó la Unidad Nacional para la Gestión y el Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Catalina Ortiz es una militante progresista y esta desaparecida en un edificio de Cali cuya dirección esta abajo. El hecho ocurrió en el momento del terremoto”, inicia la publicación del exmandatario.

Adicional a lo anterio, Petro compartió el volante de búsqueda que se ha replicado por medio de las redes sociales, y que detalla:

“¡DESAPARECIDA! EN EL TERREMOTO DE CALI

CATALINA ORTIZ SE ENCUENTRA DESAPARECIDA TRAS EL TERREMOTO OCURRIDO EN CALI

HOY 10 DE AGOSTO DEL 2026

¡AYÚDANOS A ENCONTRARLA!

LUGAR: EDIFICIO VANESSA CRA 44 # 9 - 35 LOS CÁMBULOS"

Al final, el mensaje de Petro recalcó su deseo y el de su circulo más cercano, y concluyó: “Busquémosla”.

El caso se conoció mientras que las autoridades de Cali mantienen activas las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto, con la participación de 750 rescatistas especializados, según el último informe del Puesto de Mando Unificado (PMU).

El operativo continuará hasta el sábado 16 de agosto a las 8:00 a.m., momento en que se revisará la necesidad de extenderlo, pero luego de dicha hora en algunos puntos las acciones no cesan en pro de dar con los cuerpos que aún no aparecen.

De acuerdo con datos oficiales, en Cali 88 personas han sido rescatadas, mientras que 115 permanecen desaparecidas según registros de la Cruz Roja. El número de fallecidos asciende a 104.

El impacto en las infraestructuras es considerable, con 46 edificaciones colapsadas por completo y 35 con colapso parcial. Además, se reportan 1.408 construcciones con daños estructurales y 457 órdenes de evacuación, dentro de un total de 812 edificaciones verificadas hasta el momento.

Las autoridades continúan coordinando la respuesta desde el PMU y en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes de Cali.

Recuperaron cuerpos de tres venezolanos que fallecieron bajo los escombros del edificio Vanessa tras el terremoto en Cali

Los cuerpos de José Juan Vivas Santiago, de 16 años, y sus abuelos, Juan de Dios Vivas y Yelitza González, fueron encontrados sin vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali, mismo lugar de residencia de Catalina Ortíz.

De acuerdo con información de El Pitazo, los equipos de rescate localizaron a los tres venezolanos, oriundos del estado Barinas, luego de más de 72 horas de búsqueda.

La familia había quedado atrapada durante el colapso del edificio residencial, y los rescatistas trabajaron desde el lunes en la remoción de escombros hasta que, la tarde del jueves 13 de agosto, lograron extraer los cuerpos.

El padre de José Juan, quien viajó desde Florida, Estados Unidos, junto a la madre del joven, reconoció los restos tras llegar a Cali al conocer la noticia.

Vivas Santiago vivía en Florida con sus padres y desde finales de 2025 se había trasladado a Cali para prepararse como beisbolista en una academia local. Su sueño era firmar con un equipo de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, mientras que sus abuelos lo acompañaban y cuidaban durante su estadía en Colombia.

Ambos adultos mayores estaban jubilados; él había sido comerciante y ella docente de educación especial, según relataron sus allegados al mismo medio de comunicación, al que le contaron que la familia era muy unida. Yelitza era recordada como una mujer afectuosa y profundamente creyente, mientras que Juan de Dios destacaba por su inteligencia y serenidad ante las dificultades.

Durante las operaciones de rescate, los familiares hallaron pertenencias personales entre los restos, como un bate de béisbol y una biblia. En las primeras horas después del terremoto, el teléfono de José Juan seguía activo y su ubicación lo situaba dentro del edificio Vanessa.

Bomberos y mineros trabajaron en la apertura de túneles para llegar hasta donde se encontraban los cuerpos, confirmando su fallecimiento al localizarlos. Ahora la familia espera completar los trámites legales para el retiro de los restos y su repatriación a Venezuela.

El encuentro contó con la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quienes visitaron la capital vallecaucana para supervisar de primera mano la respuesta a la emergencia.

En su intervención, Cote puntualizó la importancia de mirar hacia adelante y planificar cada etapa de la recuperación.

“Hay que pensar todo el tiempo en el futuro. Nos faltan diez días, un mes, hasta el 30 de este mes (agosto). Tenemos que limpiar, arreglar todo lo que podamos, salvar la mayor cantidad de vidas, proteger a la gente asustada, a la gente triste, dar apoyo psicosocial. Todo eso hay que hacerlo”, aseveró el director de la Cruz Roja Valle, al referirse a la multiplicidad de tareas que involucra la gestión de una catástrofe de esta magnitud.

Cote hizo hincapié al señalar que el restablecimiento de las capacidades esenciales de agua, saneamiento y salud es crucial para garantizar condiciones dignas para la población, y lo calificó como “todo lo que sirve para que la gente viva bien en Cali y poner a todo el mundo que sea parte de la solución”, indicó el experto, que invitó a la comunidad a sumarse de manera activa al proceso de reconstrucción.

El diectivo recalcó que ninguna autoridad ni organización puede enfrentar sola el reto que representa una emergencia de esta escala.

“Aquí no se puede solo, nadie puede solo. El alcalde (Eder) no puede solo, ninguno de nosotros puede solo. Así que necesitamos a todo el mundo, la comunidad, las entidades, todos los sectores”, dijo Cote al realizar un llamado contundente a la cooperación entre instituciones, sectores privados y la ciudadanía.

El representante de la Cruz Roja advirtió que la emergencia tendrá un impacto prolongado en el tiempo.

“La emergencia es de largo plazo. Esta emergencia nos va a durar entre dos y cuatro años. Si nos va bien, si lo manejamos bien”, explicó, insistiendo en la necesidad de organizar el trabajo en etapas y promover el relevo y la confianza mutua entre los equipos.

Sumado a lo anterior, Cote aseveró: “Hay que tener postas, hay que reemplazar y creer en el otro. Hay que trabajar en equipo. Eso es obligatorio. Debería ser una ley de, de Cali. Obligatorio trabajar en equipo, obligatorio ayudar a crear soluciones”.

El director regional de la Cruz Roja en el departamento ubicado en la región Pacífica también fue claro en que el objetivo no es solo restaurar lo perdido, sino transformar la ciudad, y fue más allá al expresar su deseo de tener “una Cali mucho más poderosa, mucho más fuerte”.

“Creo que ese es el sueño que todos quisiéramos tener”, sentenció Cote, con el fin de mantener la esperanza y la visión colectiva hacia una urbe más resiliente.

En el cierre de su intervención, el director de Operaciones de Emergencia de la Cruz Roja Valle del Cauca agradeció a quienes han trabajado incansablemente desde el primer día y reiteró la disposición de la institución para seguir colaborando.

“Espero representar sus sueños de manera colectiva, pero estamos listos a seguir trabajando día y noche para que esto pase. Muchas gracias”, concluyó.

Las autoridades siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate de cuerpos en Cali, una de las ciudades más afectadas junto a Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó), de acuerdo con el reporte que brindó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m., deja un saldo de 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas.

Todo ocurrió por cuenta de una ciudadana cartagenera y residente del barrio Mandela, que compartió en un video dirigido al exmandatario una invitación directa y cargada de humor para que se mude a vivir con ella tras dejar la Casa de Nariño.

En el video, que Petro mismo replicó desde su cuenta en X el viernes 14 de agosto el video, que solo acompañó con la frase “una propuesta...”, y en el que la mujer inicia reconociendo el cierre del ciclo presidencial y la necesidad de que cada colombiano piense en su propio futuro.

Ya hoy, 7 de agosto, finaliza tu periodo presidencial. Ya hiciste una labor espectacular y todo el mundo, pues ya tiene que mirar qué va a hacer con sus vidas. Entonces, bajo esa premisa, yo me tomé el atrevimiento de comentarte algo”, expresa, antes de lanzarse con franqueza a su propuesta.

Refiriéndose a la vida personal del expresidente, la cartagenera menciona que él está divorciado y que su hija menor, Antonella, ya alcanzó la mayoría de edad.

“Tú te separaste, te divorciaste de Vero (Verónica Alcocer). Anto, que es la más pequeña, ya cumplió 18 años, como quien dice, ya está haciendo su vida. Entonces, mi propuesta es la siguiente: ¿tú por qué no te vienes a vivir conmigo? Yo vivo en Mandela, acá todo el mundo te ama, o sea que tu hermosa vida no va a correr ningún tipo de riesgo”, comentó la mujer mientras se realizaba su rutina de limpieza de la cara (skin care).

La ciudadana anticipó algunas posibles dudas del exmandatario sobre su diferencia de edad, su energía (en la cama) o los gastos que podría implicar la convivencia.

“Tú dirás: ‘No, lo que pasa es que tú eres una mujer más joven, yo no te aguanto el voltaje’. Bueno, yo la verdad es que tengo que confesarte que yo también de uno solo, uno solo de diez minuticos, ya yo estoy contenta”, comenta con espontaneidad para referirse a cuántas veces deberían tener relaciones sexuales, despejando así dudas sobre cualquier preocupación acerca del ritmo de vida en pareja.

Sobre el aspecto financiero, la cartagenera afirma que es independiente y que no espera que el exmandatario destine recursos personales en su bienestar.

“Tú no te vas a gastar tu dinero para nada, porque yo soy una mujer que yo sola me pongo pestañas, yo sola me pongo uñas, como ves estos crespos hermosos, yo solo me los defino. Así que tu dinero lo puedes gastar en obras sociales, tu dinero lo puedes pagar en la educación de Anto. O sea, por eso no es”, comenta la usuaria, al reafirmar su autosuficiencia y su interés genuino por compartir su vida al lado del jefe de Estado.

La mujer también destacó su perfil intelectual y cultural como un punto a favor de su propuesta.

“Otra cosa que juega a mi favor y es que yo soy una mujer muy culta. Si tú te das una pasadita por mis videos, tú me vas a escuchar hablando vulgaridades, siguiéndole la corriente a la gente, pero la verdad es que a mí me encanta leer, sé de política, sé de geografía, sé cómo funciona el mundo, la economía, sé de monedas. Entonces, en la mañana tú y yo levantándonos temprano, viendo el sol salir, tomándonos un café y hablando espectacular. O sea, la verdad es que yo a nuestra relación todavía no le he encontrado una sola desventaja”, argumentó la cartagenera.

La creadora de contenido no eludió las polémicas mediáticas y comentarios sobre la vida personal y la reputación de Petro, especialmente en lo relativo a rumores sobre sus relaciones.

“Tú vas a decir: ‘No, porque qué tú sabes la reputación que yo tengo, que la gente dice que yo me junto con chicas trans y yo no sé qué más’. Bueno, déjame decirte que tengas que ver con chicas trans no significa que no seas un hombre homo(sexual) o bi(sexual), para lo cual para mí no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres completamente”, sostiene, añadiendo con humor que incluso ella misma admiraría a figuras trans conocidas.

Al final, la cartagenera resaltó que ya ha intentado contactar a Petro por todos los medios posibles.

“Igual, ya yo te he escrito bastantes mensajes al Instagram, te he mandado mi WhatsApp, te he mandado mi correo, te he mandado mi ubicación. La demora es tuya, ¿oíste?”, cierra el mensaje, sellando su declaración con un beso al aire.

El expresidente Petro oficializó días atrás (12 de agosto) su divorcio con Alcocer, y lo confirmó en un mensaje vía X: “En innumerables oportunidades he visto periodistas asignándome parejas sentimentales. Decidir sobre una pareja sentimental es cuestión solo de dos personas y de nadie más. Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella decidimos, nadie más. En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”

Un ciudadano colombiano fue sentenciado a tres años de prisión federal en Estados Unidos tras ser declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el uso fraudulento de la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener documentos oficiales y participar en procesos electorales.

La Fiscalía del Distrito Central de Florida informó que Carlos Felipe Jaramillo Grajales, de 55 años y residente de Jacksonville, deberá además enfrentar una orden de deportación que lo enviará de regreso a Colombia una vez cumpla su condena.

Según los documentos judiciales y la información presentada durante la audiencia de sentencia, Jaramillo Grajales utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para solicitar y obtener un pasaporte.

Con la misma identidad falsa, solicitó y obtuvo una licencia de conducir en Florida y se registró para votar, participando en varias elecciones, detalló el comunicado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Central de Florida

El caso detalla que Jaramillo Grajales obtuvo por primera vez una licencia de conducir a nombre de la persona suplantada en marzo de 2003, renovándola en ocasiones posteriores hasta la última renovación en febrero de 2024.

En abril de 2003, presentó una solicitud para un pasaporte estadounidense, identificándose como ciudadano del país y proporcionando un certificado de nacimiento de Puerto Rico a nombre de la víctima, junto con la licencia de conducir obtenida fraudulentamente.

Con estos documentos auténticos pero obtenidos de forma fraudulenta, se le concedió el pasaporte en mayo de ese año, renovándolo en 2013 y 2023.

En diciembre de 2010, Jaramillo Grajales completó una solicitud de registro de votante en Florida, pero mintió al asegurar que era ciudadano estadounidense y nacido en Puerto Rico, lo que le permitió votar en varias elecciones, incluida la de noviembre de 2020 en el condado de Duval.

La investigación también reveló que la mujer que posteriormente se convirtió en su esposa ingresó a Estados Unidos en 2003 con visa de visitante. Ambos contrajeron matrimonio y ella solicitó la residencia permanente y la ciudadanía como esposa de un supuesto ciudadano estadounidense.

Las solicitudes fueron aprobadas y la mujer obtuvo la ciudadanía en agosto de 2017, pero tiempo después la pareja se divorció en enero de 2020.

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia bajo la identidad falsa. Su exesposa viajó a Colombia en junio de 2024 y solicitó una visa K-1 (de prometido) para Jaramillo Grajales bajo su nombre real, visa que fue aprobada y permitió su retorno a Estados Unidos.

Ambos se volvieron a casar en junio de 2025, y él solicitó la residencia permanente como cónyuge de una ciudadana estadounidense.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe afirmó que las leyes de inmigración federales buscan salvaguardar las fronteras y proteger la integridad de las instituciones de gobierno, y dejó en claro que “aquellos que intenten eludir, explotar o violar estas leyes serán procesados en toda su extensión”.

Por su parte, el agente especial adjunto de Homeland Security Investigations en Jacksonville, Tim Hemker, calificó el caso como un ejemplo de explotación prolongada de una identidad robada para obtener documentos oficiales, beneficios y participar ilegalmente en procesos electorales.

“Esta condena demuestra que el robo de identidad, el fraude migratorio y el fraude contra la integridad de los sistemas del gobierno estadounidense serán investigados a fondo y procesados con el máximo rigor de la ley”, añadió el funcionario, en una clara advertencia para los connacionales, y como parte de las medidas que viene ejerciendo la administración del presidente Donald Trump.

La investigación estuvo a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado (DSS) y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.

Otra colombiana pasó 20 años viviendo en EE. UU. a punta de identificaciones falsas

El caso de Jaramillo Grajales trajo a colación una de las condenas más recordadas en los últimos años por actuaciones similares en ese país: el de la ciudadana colombiana Lina María Orovio Hernández, que también fue condenada en Estados Unidos tras comprobarse que vivió más de 20 años bajo una identidad robada, obteniendo beneficios federales por más de 400.000 dólares.

La hoy procesada también votó de manera ilegal en las elecciones presidenciales de 2024.

Según informó el Tribunal Federal de Boston, Orovio Hernández, de 59 años, utilizó documentos falsos para obtener una Real ID de Massachusetts, solicitó un pasaporte estadounidense y gestionó hasta nueve identificaciones estatales.

Durante ese tiempo, accedió a programas sociales como asistencia para el alquiler, beneficios por discapacidad y ayudas alimentarias, fondos que están destinados a personas de bajos ingresos, discapacitados y adultos mayores.

El jurado la declaró culpable de siete delitos federales, entre ellos falsa representación de un número de Seguro Social, declaración falsa en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, recepción de dinero o propiedad gubernamental robada y voto fraudulento.

Las penas para estos cargos pueden variar entre cinco y diez años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares por cada delito y periodos de libertad supervisada, además de una pena obligatoria de dos años para el cargo de robo de identidad agravado.

Orovio Hernández permanecía bajo custodia federal desde febrero de 2025, cuando fue acusada formalmente, y se encuentra a la espera de la condena definitiva, que podría incluir su deportación a Colombia tras cumplir la pena.

La incertidumbre y la angustia persisten para los familiares de Mario Alberto Zapata Verdier (57 años) y Brenda Eloisa Flores Reyes (42), la pareja mexicana que desapareció en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Ambos habían llegado al país el jueves 6 de agosto, con planes de disfrutar unos días de vacaciones en el departamento de Risaralda y conocer varios municipios en la región del Eje Cafetero.

El Hotel Dibeni, donde se hospedaban, es uno de los edificios que colapsaron tras el sismo, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Familiares y allegados en México han seguido las labores de rescate a distancia, apoyándose principalmente en transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales realizadas desde la zona afectada.

“Realmente, la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, relató Mario, hijo de Zapata, a la agencia EFE.

La última comunicación de la pareja con su familia se produjo poco antes de la tragedia, a las 7:17 a. m. y el terremoto se sintió a las 7:34 a. m.

Mariela Zapata (hermana de Mario) habló con su padre para confirmar los vuelos de regreso, pero minutos después se enteró del terremoto por las noticias en redes sociales.

“Le contesté que se lo checaba (los tiquetes) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela a medios locales.

La familia, tras horas de incertidumbre, pudo confirmar que ambos estaban hospedados en el Hotel Dibeni gracias a imágenes difundidas en Internet.

El caso fue reportado a la Embajada de México en Colombia, que, según informaron sus allegados, ha mantenido contacto con la familia, aunque la información recibida ha sido limitada.

“La idea principal es no estar dependiendo de la embajada ni de las transmisiones en vivo, es tener a alguien de nuestra familia que nos dé información directa y más rápido estando ahí en el lugar”, explicó el hijo de Zapata.

Por ello, una hija de Mario y una hermana de Brenda viajarán a Colombia, con la esperanza de llegar a Pereira para obtener información de primera mano sobre las labores de rescate.

La desaparición de la pareja también ha tenido un fuerte impacto en los hijos de Brenda Flores.

“Estoy devastado, tengo 18 años y mis hermanos son menores”, relató José Leonel Rivas Flores, quien señaló las dificultades para tramitar su pasaporte y poder sumarse a la búsqueda en Colombia.

La Embajada de México en Colombia emitió un comunicado oficial confirmando la desaparición de Mario Zapata, de 57 años, y Brenda Flores, de 42 años, tras el terremoto.

“Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”, indicó la embajada. Además, la Cancillería mexicana informó que trabaja en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Pereira.

De igual manera, las autoridades mexicanas han realizado gestiones para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y han establecido una coordinación directa con los equipos de rescate colombianos.

“Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, destacó la respuesta diplomática oficial.

Mientras tanto, la familia de Mario Zapata y Brenda Flores aguarda noticias y mantiene la esperanza de que ambos puedan ser hallados con vida.

Reporte oficial por el terremoto de 7,4 en Colombia: informe de la Ungrd la mañana del sábado 15 de agosto

El más reciente balance oficial sobre el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, refleja la gravedad de la emergencia en Colombia.

Hasta la mañana del sábado 15 de agosto con corte a las 6:30 a. m. se reportan 54.008 familias afectadas y 115.461 personas damnificadas en 15 departamentos y 448 municipios del país.

El sismo ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Asimismo, las labores de rescate han permitido salvar a 353 personas, mientras que 188 animales también han sido rescatados y 578 resultaron afectados.

En cuanto a viviendas, el informe indica 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

La infraestructura de servicios también presenta daños importantes: 241 centros de salud afectados, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios presentan daños, junto a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 peatonales y 5 aeropuertos que han resultado afectados.

Ese mismo viernes, y horas antes de confirmarse la recuperación del cuerpo entre los escombros del Hotel Dibeni, donde Juan Felipe estaba hospedado en la habitación 201 al momento del sismo, Hernán Giraldo –padre del joven de 24 años que viajó desde Antioquia a Pereira para colaborar a los voluntarios y brigadistas especializados– le envió un mensaje de apoyo y brindó detalles de lo que sería la boda que se iba a celebrar el domingo 16 de agosto: su hijo y su pareja Natalia Patiño, con quien tienen un hijo de 2 años.

Sin embargo, con el paso de las horas, la misma tarde del viernes 14 de agosto, Natalia difundió dos historias (stories) a través de su cuenta de Instagram en las que compartió dos fotos y un video acompañado del mensaje: “Por siempre y para siempre mi cora, fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”.

Mientras que la grabación fue un recuerdo que Natalia hizo junto a Juan Felipe una tarde, donde quedó plasmado entre besos y caricias cómo ella espera recordarlo: su gran amor.

Don Hernán nunca perdió la ilusión: la boda se mantuvo en firme hasta el último momento

La historia de Juan Felipe Giraldo se ha convertido en uno de los rostros más conmovedores de la emergencia que vive Pereira.

El joven había llegado desde Bogotá por motivos laborales como vendedor de monturas y gafas. Horas después, el sismo transformó la ciudad y dejó decenas de desaparecidos, entre ellos Juan Felipe.

Desde el momento en que se confirmó la desaparición, Hernán Giraldo, padre del joven, viajó desde Antioquia a la capital de Risaralda para sumarse a las labores de búsqueda. Este hombre permaneció día y noche permanece junto a los equipos de rescate, observando cada avance y atento a cualquier señal que permita ubicar a su hijo bajo los escombros del hotel colapsado.

“Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, expresó Hernán Giraldo en un video difundido en redes sociales entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto.

La convicción de que Juan Felipe seguía con vida para don Hernán resultó más fuerte que la incertidumbre. El joven tenía previsto casarse con su prometida, Natalia Patiño el domingo 16 de agosto.

La pareja, que reside en Bogotá y tiene un hijo de dos años, esperaba celebrar su unión rodeada de sus seres queridos, pero la boda se mantuvo en suspenso hasta que la tarde del viernes se confirmó el hallazgo.

Natalia permaneció en la capital colombiana, en comunicación constante con los equipos de rescate y con la familia de Juan Felipe, con la esperanza del reencuentro.

“Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza”, afirmó don Hernán, que en un mensaje directo a su hijo, añadió: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”.

El caso de Juan Felipe Giraldo es solo uno entre los cientos que conforman el balance nacional de la tragedia: 294 personas fallecidas, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas, según el más reciente reporte con corte a las 6:30 a. m. del sábado 14 de agosto por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Más de 145.000 personas se han visto afectadas en diferentes regiones del país, mientras ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños.

Sin embargo, la avalancha de solidaridad en Bogotá ha generado un nuevo reto: muchos puntos de acopio y centros de voluntariado se encuentran saturados, lo que dificulta canalizar el apoyo de quienes quieren sumarse a las labores humanitarias

Frente a este escenario, una joven identificada como Sofía Garcés creó una herramienta digital de acceso abierto que centraliza y actualiza en tiempo real los lugares que requieren voluntarios en la capital.

Su iniciativa busca evitar el colapso de los centros más concurridos y facilitar la distribución organizada de la ayuda.

Gracias a este archivo, cualquier persona interesada en colaborar puede consultar la dirección exacta de los puntos que necesitan apoyo, el tipo de ayuda requerida, la hora de la última actualización, los horarios de atención y notas específicas con consejos útiles.

El documento también incluye enlaces a grupos de WhatsApp, números de contacto y observaciones que permiten optimizar la experiencia de los voluntarios y evitar desplazamientos innecesarios.

La herramienta, que se actualiza de manera dinámica, cuenta además con una pestaña dedicada a donaciones, donde se detalla en tiempo real qué insumos son prioritarios, cuáles ya han sido cubiertos y en qué lugares hace falta abastecimiento.

Así, los interesados pueden saber exactamente qué artículos llevar y a dónde, evitando la acumulación de productos en puntos ya saturados y asegurando que la ayuda llegue de forma equitativa a quienes más lo necesitan.

La iniciativa surgió tras observar el “cuello de botella” informativo que se generó en redes sociales y grupos de mensajería, donde la sobreoferta de datos y la falta de coordinación provocaban confusión y pérdida de tiempo.

“Ahora mismo estamos viviendo un cuello de botella de tanta información que está saliendo y necesita atención, entonces mantenerla ordenada y actualizada es crucial. Así va a haber una mejor distribución y ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos”, señaló el creador de contenido Juan Camilo Hernández, que replicó la iniciativa de Garcés.

La joven tiene disponible la información en su cuenta de Instagram (@sofigarcesc), los usuarios encontrarán el enlace directo al archivo y a otros recursos útiles para quienes buscan ayudar.

El objetivo es democratizar la información, reducir la saturación de los puntos de acopio y maximizar el impacto de la solidaridad ciudadana en un momento crítico para el país.

La respuesta a la iniciativa ha sido positiva y varios colectivos y organizaciones han sumado esfuerzos para mantener la actualización del documento, reportar cambios en las necesidades de los centros y garantizar un flujo constante de información verificada.

De esta manera, la labor de los voluntarios puede enfocarse en las zonas y comunidades donde la ayuda es más urgente.

Si piensa ir como voluntario a uno de los centros de acopio: esto es todo lo que debe saber

El jueves 13 de agosto de 2026, Sofía Garcés, reconocida por su activismo social, utilizó su cuenta de Instagram para difundir una serie de recomendaciones dirigidas a quienes desean sumarse como voluntarios en los centros de acopio de Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el lunes 10 de agosto.

El sismo, que tuvo especial impacto en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, motivó una amplia movilización ciudadana y generó múltiples iniciativas de ayuda humanitaria.

En su mensaje, Garcés orientó a voluntarios interesados sobre cómo prepararse antes de acudir a los puntos de recolección.

“Lleva ropa cómoda, un canguro donde esté tu celular, hidratación y un poquito de alimentación o una maleta pequeña. Pero sobre todo lleva marcadores, cajas de cartón, cinta adhesiva, principalmente gruesa”, detalló la activista.

La preparación previa, aclaró la creadora de contenido, permite a los voluntarios optimizar el tiempo y contribuir de manera más eficiente en las labores de clasificación y empaque de suministros.

Garcés insistió en la importancia de llegar a los centros de acopio ya desayunados o almorzados y portar snacks propios. Esta medida busca evitar interrupciones y asegurar que la energía se concentre en las tareas de apoyo.

Otro de los puntos que precisó como importantes la joven es la utilidad de contar con insumos básicos como marcadores y cinta adhesiva, elementos claves para la organización de las donaciones.

En cuanto al proceso de clasificación, la activista pidió a quienes asistan como donantes entregar los insumos previamente separados por tipo, como aceites, cepillos de dientes o champús, para facilitar el trabajo en los centros.

“Es mucho mejor llevar pacas, por ejemplo, de arroz que un mercado de muchas cosas, porque en el centro de acopio igual se va a separar y clasificar”, dijo Garcés.

La decisión obedeció a que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) se detectaron posibles señales bajo estructuras colapsadas y todavía hay 111 personas reportadas como desaparecidas.

Debido a lo anterior, en redes sociales ha circulado un video que se compartió la tarde y noche del jueves 13 de agosto y que tuvo como protagonista al adulto mayor y brigadista mexicano, que fue directo en su solicitud al alcalde Eder.

“Vengo a apoyar aquí al pueblo de Colombia, (vengo de) apoyar al pueblo de Venezuela desde el 26 (de julio) a la fecha (13 de agosto de 2026)... Iba a México, me vine para acá”, inicia su declaración el especialista en búsqueda de víctimas.

Seguido a lo anterior, el comandante Cienfuegos le dijo al alcalde Eder que “están desperdiciando las vidas que tiene el equipo”. Por esta razón fue que el rescatista pidió un encuentro breve con el gobernante.

“Le ruego que me reciba cinco o diez minutos, haga una reunión con todos los jefes de Bomberos, la gente responsable, nos ponemos de acuerdo, trabajamos y vamos a salvar más vidas. Y si no salvamos vidas, a recuperar los cuerpos para entregárselos a sus familias”, concluyó el brigadista.

Este video ha tomado fuerza en redes sociales a partir de la decisión que se tomó en una emergencia que deja 287 muertos, 3.975 heridos y un daño urbano amplio: 45 edificaciones con colapso total, 46 con colapso parcial, 1.142 con afectaciones estructurales y 18 edificios aún con orden de evacuación. Hasta las 11:00 del jueves 13 de agosto, las autoridades también habían retirado 8.236 toneladas de escombros.

La ampliación de las labores se concentra en sectores como el Hospital Universitario del Valle, Cuarto de Legua, Capri, la calle cinco con carrera 39, la calle cinco con carrera 56, la calle nueve con carrera 44 y el frente de la Clínica de Colores. En esas zonas se reportaron algunas de las afectaciones más graves del sismo.

El sector de Tequendama concentra uno de los operativos más complejos

Uno de los frentes más delicados está en Tequendama, en el sur de la ciudad. Allí, en la tarde del miércoles 12 de agosto, los organismos de socorro hicieron pruebas de sonido que permitieron detectar señales que podrían corresponder a dos mujeres reportadas como desaparecidas por sus familiares.

A partir de ese hallazgo, los equipos iniciaron una nueva fase con maquinaria pesada para remover grandes placas de concreto y abrir acceso al punto donde fueron ubicadas esas señales.

Las autoridades consideran esa estructura como uno de los escenarios más complejos de la emergencia por la inestabilidad de los escombros y las condiciones de seguridad para los rescatistas.

El alcalde Eder sostuvo en su cuenta de X que la búsqueda no se detendrá mientras exista posibilidad de encontrar personas con vida. Por lo anterior, el mandatario dijo: “Mientras exista esperanza de encontrar vidas debajo de los escombros, los equipos y organismos de socorro seguirán trabajando sin descanso para encontrarlas”.

El mandatario local también explicó que la decisión fue adoptada desde el PMU en los puntos críticos de la ciudad y que al personal local se sumaron equipos especializados de Estados Unidos e Israel.

En otro mensaje desde su cuenta en la misma red social, Eder afirmó: “A esta nueva etapa se suman equipos especializados de Estados Unidos e Israel, con tecnología de punta, que trabajarán junto a nuestros rescatistas y organismos de socorro”.

Por su parte, el teniente Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que la búsqueda continúa pese a que ya se cumplió la ventana inicial de 72 horas, y aseveró: “Tenemos equipos especializados y le pedimos a la comunidad que nos siga colaborando, escuchando y acatando las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Estamos en territorio con sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que nos permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida”.

Esos equipos trabajan con sensores capaces de detectar sonidos, movimientos y variaciones de temperatura dentro de estructuras colapsadas. Por esa razón, el llamado oficial a la ciudadanía es mantener silencio en los puntos de intervención para no interferir con las tareas de localización.

Mientras que el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Ricardo Peñuela pidió reducir al mínimo el ruido alrededor de los operativos.

“Reiteramos la importancia de que la gente haga silencio en esos puntos donde se trabaja para rescatar vidas en medio de los escombros. Son momentos críticos donde la probabilidad de vida va mermando, pero siguen activos. Es fundamental que la ciudadanía deje trabajar a los rescatistas”, cerró el funcionario de la administración distrital.

La indignación de los equipos de emergencia se hizo visible en un video publicado por el usuario Kevin Bedoya Gómez, que relató lo ocurrido durante una de las intervenciones recientes en locales comerciales afectados.

Según el testimonio del ciudadano, los rescatistas acudieron al llamado de auxilio ante la supuesta presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

Sin embargo, al llegar al sitio y tras remover parte de las ruinas, descubrieron que el objetivo real era recuperar una caja registradora entre los restos de los comercios.

“Nos mintieron que estaban encontrando cuerpos, y mentiras, que lo que estaban era encontrando una caja registradora”, expresó el voluntario en la grabación.

En el mismo video, se observa el malestar de los equipos de emergencia por la utilización de maquinaria pesada, como una retroexcavadora, durante el operativo.

Bedoya Gómez cuestionó que se destinen recursos del municipio para este tipo de maniobras en situaciones donde no hay riesgo para la vida humana.

“Da rabia que utilicen la ayuda de corazón, de verdad, del municipio, de la retroexcavadora. ¿Usted sabe cuánto cuesta una retro para el municipio?”, expresó el voluntario, puntualizó el valor del tiempo y los recursos que se desvían de las labores prioritarias de búsqueda y rescate.

El episodio recalcó la necesidad de verificar la información antes de movilizar personal, maquinaria y esfuerzos en medio de la emergencia.

De acuerdo con el relato de los voluntarios y bomberos presentes, los responsables del establecimiento aseguraron luego que nunca confirmaron la presencia de personas atrapadas, aunque la versión fue cuestionada por los equipos de emergencia, quienes insistieron que, de haber tenido la información correcta desde el principio, no habrían concentrado sus esfuerzos en ese punto.

La situación generó un debate sobre la responsabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos y voluntarios en casos de como catástrofes, así como comentarios cargados de críticas hacia quienes jugaron con el tiempo y la energía de los ciudadanos.

Los equipos de rescate recordaron que la prioridad debe ser siempre la búsqueda y salvamento de vidas humanas, y en especial cuando las labores continúan en otros sectores de la ciudad donde aún se reportan personas desaparecidas o atrapadas.

Bedoya Gómez hizo un llamado a la comunidad y a quienes participan en las labores de ayuda en Pereira para que verifiquen la veracidad de los reportes antes de solicitar la presencia de equipos de emergencia.

Otro de los voluntarios también se mostró impactado, y recordó los hechos. “Utilizaron lo que fueron las excavadoras, la grúa, más de cien personas en ese punto, que fue en toda la calle 15. Toda la tarde la excavadora movió escombros, las personas que estuvimos ahí, se movió escombros...” relató el hombre a ANUNNAKI Noticias.

El mismo sujeto, en medio de su indignación, dijo que se gastó agua, “todo porque supuestamente los trabajadores de ahí decían que había gente, que había gente, que había gente”.

“Se utilizó las excavadoras para mover los escombros, Bomberos, la Defensa Civil, las ambulancias. Resulta que nunca hubo gente debajo de los escombros. Había una caja fuerte. Utilizaron las personas, la excavadora, la maquinaria, para mover escombros, para sacar una caja fuerte. Nos dimos de cuenta de eso ahora ya tarde”, sentenció el hombre, que hizo un llamado igual que el otro testigo de la situación para que se verifique todo antes de proceder y, como en este caso, perder horas de esfuerzo que hubieran podido ayudar a recuperar un cuerpo o una persona con vida.

Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Antioquia para sumarse a las labores de búsqueda e intentar encontrar a su hijo con vida bajo las ruinas del Hotel Dibeni, uno de los inmuebles colapsados por el sismo.

Juan Felipe, de 24 años, originario del municipio de El Santuario, Antioquia, había llegado a Pereira desde Bogotá por motivos laborales. Su trabajo como vendedor de monturas y gafas lo llevó a hospedarse en el hotel la madrugada del lunes, horas antes del temblor que transformó la ciudad y dejó a decenas de personas desaparecidas.

Desde entonces, la familia Giraldo intenta reconstruir las últimas horas de Juan Felipe y mantener la esperanza.

Don Hernán permanece junto a los equipos de rescate, observando cada maniobra, atento a cualquier señal que pueda indicar la presencia de su hijo entre los restos del edificio.

“Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, expresó el padre en un video que circula en redes sociales.

Para Hernán, la convicción de que su hijo sobrevivió es más poderosa que la incertidumbre. El domingo, Juan Felipe tenía planeado casarse con Natalia Patiño, su prometida, con quien comparte un hijo de dos años.

La boda, que debía celebrarse este fin de semana, se mantiene en suspenso, a la espera de noticias. Natalia, desde Bogotá, también conserva la esperanza de un reencuentro y se ha mantenido en contacto constante con los organismos de socorro y la familia de su pareja.

Frente a lo anterior, el padre de Juan Felipe no contempla la cancelación de la boda, solo un aplazamiento. “Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza”, afirma el progenitor.

Luego, en un mensaje dirigido directamente a su hijo, don Hernán dijo: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí hijo”.

Las labores de búsqueda continúan en el lugar donde se encontraba el hotel y en otros puntos afectados de la ciudad. Los rescatistas, junto a los familiares, permanecen atentos a cualquier indicio que permita localizar a Juan Felipe o a otros desaparecidos.

Hasta ahora, no se ha recibido ninguna señal que confirme su paradero, pero la esperanza de la familia no se apaga.

“Es un berraco, es un ganador”, repite Hernán Giraldo, convencido de la fortaleza de su hijo y de que podrá superar incluso esta prueba.

La familia Giraldo ha habilitado los números 300 285 0231 y 318 237 9488 para recibir cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Juan Felipe. Además, le solicitaron a la ciudadanía y a quienes participan en las labores de rescate que los contacten ante cualquier novedad.

El caso de Juan Felipe forma parte del balance nacional de una emergencia que, hasta ahora, deja 287 personas fallecidas, 3.975 heridas y 378 desaparecidas, además de más de 135.179 personas afectadas, según el reporte oficial emitido por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Sumado a lo anterior, Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia continúan en alerta roja.

Las labores en Pereira no cesan mientras este padre de familia guarda la ilusión de volver a estar al lado de su hijo, en medio de las postales de esperanza que han dejado las labores de rescate de sobrevivientes en medio de la tragedia.

Por este motivo, la neuróloga Vanessa Benjumea compartió un video en redes sociales para acompañar y orientar a quienes, desde entonces, no han podido descansar de manera adecuada.

Sus recomendaciones buscan ayudar a quienes sufren insomnio, despertares nocturnos o ansiedad durante la noche, síntomas que, según la especialista, son respuestas normales del cerebro tras vivir un evento percibido como amenazante.

“Puede que te esté costando conciliar el sueño o que te estés levantando varias veces en la noche o que estés levantándote en la madrugada a pensar alrededor de todo esto. Y te quiero decir que esto es una respuesta frecuente luego de vivir un evento que el cerebro percibe como amenazante”, explicó la especialista, poniendo en palabras la realidad de quienes permanecen en estado de vigilancia y alerta aún días después del sismo.

Benjumea detalló que durante el día es más fácil dispersar la mente gracias a las ocupaciones cotidianas, pero que en la noche, con el silencio, el cerebro da paso a pensamientos de preocupación y ansiedad.

“El cerebro empieza a preguntarse: ¿Y si vuelve a temblar? ¿Cómo estarán los otros? La sensación de culpa. Y, por eso, estos días no se trata solamente de obligarte a dormir, porque es necesario para estar mejor o para descansar o para que tu cerebro esté gradualmente más tranquilo”, señaló la neuróloga.

Para la especialista, la clave está en crear rutinas nocturnas que envíen señales de seguridad al cerebro de manera repetida antes de acostarse.

Entre sus principales recomendaciones, la neuróloga aconsejó que la habitación esté oscura, silenciosa y fresca, debido a que la oscuridad facilita la producción natural de melatonina, hormona fundamental para regular el sueño y “con eso tu reloj biológico empieza a sincronizarse mejor; ayuda a que hagas inducción de sueño”, puntualizó Benjumea.

Otra sugerencia relevante es evitar el consumo de noticias y la exposición a información sobre el terremoto al menos una hora antes de dormir.

“Sé que quieres saber qué está pasando y eso es comprensible. Tú y yo estamos en lo mismo. Pero exponerte constantemente a ese flujo continuo de información, de temblor, videos, imágenes, personas sufriendo alertas, conversaciones, lo único que hace es mantener activo nuestro sistema de vigilancia”, advirtió la especialista, y de paso recordó que, aunque la intención sea estar informado, el exceso de estímulos mantiene al cerebro en alerta y prolonga la dificultad para conciliar el sueño.

La epileptóloga también recomendó reducir el uso de pantallas electrónicas antes de acostarse.

“Intenta bajar las pantallas una hora antes de acostarte. No solo por la luz esta azul y brillante que emiten las pantallas, sino por ese contenido que, eh, consumimos sin filtro de toda esta información”, añadió, haciendo hincapié en el impacto que tienen tanto la luz como el contenido en el sistema nervioso.

Como parte de la rutina nocturna, Benjumea propuso crear un pequeño ritual antes de dormir.

“Una ducha con agua caliente que baje la temperatura central más fácil y te ayude en la inducción de sueño. Música tranquila con sonidos binaurales. Por ejemplo, que te coloques audífonos mientras que haces un ciclo de respiración cuatro, siete, ocho con aromaterapia, por ejemplo, de lavanda. Lee unas páginas de un buen libro que te guste mientras te tomas una aromática de manzanilla. No tomes café después de las dos o tres de la tarde. Habla con alguien que te haga sentir seguro. Escribe las tareas del día siguiente, lo que vas a hacer y una cosa que puedas hacer, por ejemplo, para ayudarle a los otros”, fueron varias de las sugerencias por parte de la especialista.

La neuróloga aclaró que no se deben hacer todos estos pasos al mismo tiempo, cada noche, pero sí comprometerse con al menos una de las acciones que envíen señales de seguridad al cerebro.

“Repite señales de seguridad para tu cerebro. A través de esa repetición tu cerebro va a aprender que sí es posible bajar, apagar gradualmente ese sistema de alarma”, concluyó la epileptóloga.

Un equipo internacional especializado en el rescate de animales en zonas de desastre arribó a Cali para apoyar las labores de búsqueda y salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente a la región.

La llegada del Grupo de Rescate Animal de Belo Horizonte (GRABH), procedente de Brasil, fue confirmada por la senadora animalista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), que destacó la importancia de este refuerzo en el contexto de la emergencia.

El GRABH está conformado por bomberos civiles, veterinarios y biólogos con experiencia en operaciones de rescate técnico, atención prehospitalaria y salvamento de animales en entornos urbanos afectados por catástrofes.

Su intervención permitirá atender de manera especializada los casos de animales atrapados o heridos, una necesidad que ha cobrado relevancia ante la magnitud de los daños registrados en viviendas y estructuras colapsadas.

“Es un equipo maravilloso de distintas organizaciones latinoamericanas especializado en rescate animal con todo lo necesario para actuar. Necesitamos que la ciudadanía nos reporte de manera inmediata sitios donde pueden haber animales atrapados para que ellos puedan ir y contribuir. Ante esta catástrofe, toda vida debe ser salvada”, declaró la senadora Hernández, que de paso resaltó el valor de la colaboración ciudadana para facilitar la localización de los animales en riesgo.

La congresista agradeció a la Fundación Franz Weber, al expresidente Ernesto Samper y al dirigente Vladimir Rodríguez por su papel en la coordinación de esfuerzos para asegurar la llegada del equipo brasileño a Colombia.

Asimismo, la congresista reconoció el respaldo del colectivo Atrévete y de la Asociación Latinoamericana de Emergencias y Desastres para Animales (Aleyda), organizaciones que se han sumado al trabajo conjunto en favor de las familias interespecie afectadas por el desastre.

El llamado de las autoridades y de los grupos de rescate es claro: quienes tengan conocimiento de animales atrapados o posiblemente con vida deben reportarlo inmediatamente a través de las redes sociales de la senadora Esmeralda Hernández y del colectivo Atrévete.

Es fundamental incluir la dirección exacta del lugar, junto con una foto o descripción del animal, para facilitar la planificación y ejecución de las tareas por parte de los expertos socorristas.

Las labores del equipo brasileño se desarrollarán en coordinación con las autoridades locales, los cuerpos de emergencia y las organizaciones de protección animal, movilizando recursos y conocimientos para responder de manera rápida y eficaz a los reportes ciudadanos.

La prioridad, reiteraron los voceros, es salvar vidas y garantizar la recuperación de las comunidades impactadas por la tragedia.

La invitación sigue abierta a la ciudadanía para que mantenga la solidaridad y continúe informando sobre casos que requieran atención, asegurando que ningún ser vivo quede sin la posibilidad de ser rescatado.

En Corferias dispusieron punto de donación de ayudas para mascotas afectada por el terremoto

Corferias, Bogotá, habilitó, donaciones y mascotas concentran una de las respuestas abiertas tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 en Colombia: del 13 al 17 de agosto recibirá ayudas para animales damnificados, en medio del colapso de refugios, las urgencias veterinarias y la multiplicación de casos de mascotas perdidas.

La campaña que articula esa recolección enfrenta un escenario de 243 animales afectados y 32 refugios colapsados, dos de los datos que describen la dimensión de la emergencia en el ámbito animal.

El punto de acopio funciona en el arco principal del recinto ferial, en la carrera 37 24-67, con atención continua entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m..

La recolección está a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en el marco de ExpoPet 2026, aunque no es necesario entrar al evento para donar.

Quienes quieran ayudar desde Bogotá pueden llevar alimentos e insumos para la atención de mascotas y animales afectados por la emergencia.

Entre los elementos priorizados están: gasa, algodón, clorhexidina, cefalexina, metronidazol, meloxican, solución salina, lactato de Ringer, venoclisis, cánulas, coban, etamsilato, jeringas de distintas capacidades y otros productos de primeros auxilios.

La Alcaldía de Cali (Valle del Cauca) anunció que el proceso de registro de las familias afectadas por el terremoto de 7.4 que se registró en el territorio nacional el lunes 10 de agosto de 2026 se realizará exclusivamente de manera presencial.

El anuncio se hizo por parte del mandatario local Alejandro Eder el jueves 13 de agosto, que desde su cuenta de X precisó que el conteo “será presencial, casa por casa y con formatos físicos”, con el fin de garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información recolectada.

El gobernante de Cali, una de las ciudades capitales más afectadas por la emergencia junto a Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó), detalló que este proceso se realizará de forma manual y presencial, al detallar que “no habrá códigos QR, líneas telefónicas ni plataformas digitales para realizar este registro”.

Eder también detalló en su publicación que “las jornadas serán anunciadas previamente y estarán a cargo del personal debidamente identificado de la @alcaldiadecali”, y por tal motivo le pidió a la ciudadanía no entregar “sus datos a personas que no hagan parte de estos equipos”.

El mandatario local confirmó que con corte al jueves se mantenían “activos 9 frentes de búsqueda y rescate, donde nuestros equipos siguen trabajando y mantenemos la esperanza de hallar signos de vida”.

Al final, y debido a que se mantienen labores de búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, Eder recordó la importancia de “guardar silencio y no acercarse a las zonas de rescate: necesitamos que nuestros rescatistas puedan escuchar, trabajar y salvar vidas”.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Ricardo Peñuela explicó que la única fuente oficial de registro estará bajo la responsabilidad de las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social.

El funcionario advirtió que las jornadas de verificación —conocidas como barridos— serán anunciadas previamente en cada zona. Estos censos estarán a cargo de personal debidamente identificado de los organismos de la Administración Distrital.

Peñuela alertó sobre la presencia de personas que estarían haciéndose pasar por censistas oficiales y al igual que Eder, le recordó a la comunidad no entregar información a quienes no formen parte de los equipos anunciados por la Alcaldía.

El censo presencial es distinto al reporte de daños en viviendas. Para informar sobre afectaciones en inmuebles, la Alcaldía mantiene habilitada la línea de WhatsApp 310 229 97 08, que seguirá operando de manera independiente al registro de familias damnificadas.

En cuanto al balance de la emergencia, con corte a las 11:00 de la mañana del jueves, las autoridades habían identificado 1.400 estructuras afectadas en Cali, cifra que podría aumentar a medida que avanzan las verificaciones técnicas. De estas edificaciones, 89 presentan algún tipo de colapso: 46 de manera total y 43 de forma parcial.

A su vez, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación) reportó 96 personas fallecidas tras el análisis y verificación de los datos, mientras que 88 personas han sido rescatadas con vida.

Los nueve frentes de búsqueda y rescate activos se encuentran ubicados en puntos estratégicos como el Hospital Universitario del Valle, los barrios Cuarto de Legua y Capri, y sectores de la calle 5 con carrera 39, calle 9 con carrera 44 y frente a la Clínica de Colores.

“Donde estamos activos es porque tenemos todavía esperanza y signos de vida”, aseguró Peñuela, quien solicitó a la ciudadanía guardar silencio en los lugares donde trabajan los equipos de rescate y evitar acercarse u obstaculizar las labores para no poner en riesgo las operaciones.

En paralelo, un equipo de ingenieros estructurales, conformado por personal de la Administración Distrital y voluntarios técnicos, avanza en la evaluación de las edificaciones afectadas para determinar cuáles pueden ser habitadas y cuáles representan riesgo. También se están revisando los edificios que fueron evacuados de manera preventiva.

Peñuela explicó que el acompañamiento institucional a las familias dependerá, entre otros factores, de si cuentan con póliza de seguro, dato que se tendrá en cuenta para definir la atención y el apoyo social.

En un video publicado en sus cuentas oficiales, Rico hizo un llamado a la ciudadanía para no difundir información falsa que pueda obstaculizar la llegada de donaciones a las zonas críticas.

“La guerrilla está parando los camiones”, dice el fragmento de la grabación que compartió la antioqueña y que días antes difundió desde su cuenta en Instagram la creadora de contenido Badra Jadi, y a lo que Rico señaló: “Por favor, no difundir información falsa. Y me atrevo a decir que es información falsa porque yo ya llegué y llegamos por tierra, porque la gente deja de venir a traer las ayudas al Chocó”.

La joven empresaria desvirtuó con su experiencia directa los mensajes de alerta que circulan en plataformas digitales.

Rico explicó que, junto a un equipo de voluntarios, logró arribar al Chocó por vía terrestre y sin contratiempos, transportando un camión de trece toneladas con donaciones recolectadas en diferentes regiones.

“De verdad que han metido mucho terror, que las vías, que la guerrilla, que no hay nada. Nosotros llegamos con el camión, vean el camión acá, este camión es supergrande, creo que es de trece toneladas y ya llegamos”, afirmó la emprendedora, que mostró imágenes del vehículo y del proceso de descarga en el lugar de destino.

La también creadora de contenido advirtió que la circulación de noticias infundadas sobre bloqueos armados y supuestas amenazas ha tenido un impacto negativo en la logística de ayuda, pues desmotiva a quienes desean colaborar y retrasa la atención a las comunidades damnificadas.

“Dejan de venir las ayudas por la información falsa que están dando porque le meten terror a la gente. Ya llegamos y de una vez agradezco a la empresa Zeta Express, que nos hizo el favor de traer todo al Chocó y nos ha ayudado a, a llevar las donaciones a todos los lugares, a Pereira, Cali, a todos los lugares”, recalcó Rico.

Durante la grabación, la antioqueña agradeció a la empresa de transporte Zeta Express por su apoyo en la movilización de los insumos y por su compromiso para facilitar la entrega en distintas ciudades afectadas por el sismo, y destacó también la labor de los numerosos voluntarios que colaboran en la descarga y distribución de los víveres.

En el cierre de su mensaje, Rico reiteró su invitación a la ciudadanía para que verifique la información antes de compartirla y para que no se deje llevar por mensajes alarmistas que puedan perjudicar la respuesta solidaria.

“Por aquí hay mucha gente ya voluntaria que nos está ayudando a bajar del camión. Ya vamos a ir a repartir las donaciones”, concluyó la emprendora, que mostró la organización y el espíritu colaborativo que prevalece en las zonas de emergencia.

La creadora de contenido Badra Jadi respondió a las críticas y explicó por qué hizo tal afirmación

Badra Jadi bajó la grabación de sus redes luego de la ola de comentarios que recibió con críticas por lo que los mismos usuarios calificaron su actuar como “desinformación”.

Debido a esto, el jueves 13 de agosto la joven compartió un nuevo video en el que aclaró el por qué afirmó que grupos armdos ilegales estarían reteniendo camiones cargadas con ayudas para los más damnificados en Chocó.

“Hoy quiero hablar justamente de este video. Ayer (miércoles 12 de agosto) nos llegó esa información con amigos que entrando al Chocó les quitaron la mercancía y por eso dije esa información”, explicó al comienzo de su declaración Jada.

Por lo anterior, la creadora de contenido aseguró que no es “momento para entrar en guerra, para decir que dije información falsa, si fue información que nos pasó a personas cercanas de nosotros”, y pidió el favor de apoyarse los unos a los otros, mientras que, igual que Rico, ella también adelantar entregas de donaciones el departamento ubicado en la región Pacífica colombiana.

“Yo también, así como tú llegaste, yo también llegué acá al Chocó, acá estamos entregando. Entonces, por favor, solo les pido que dejen el hate y nos enfoquemos en las cosas que sí podemos hacer”, cerró Jada en respuesta a Rico y a los internautas que la criticaron por el video que difundió.

Siguen repotándose réplicas en el departamento de Chocó luego del terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

Durante el inicio de la jornada del viernes 14 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que con corte a las 7:00 a. m. se han reportado cuatro movimientos telúricos, y uno de ellos, de acuerdo con lo que señalaron varios usuarios en la publicación de X del instituto de investigación, en la madrugada se sintió uno de esos eventos sísmicos en Bogotá.

Los registros del SGC detallaron cinco sismos:

Litoral del San Juan (Docordó)

• Hora local: 01:07 a. m.
• Magnitud: 2,8
• Profundidad: superficial
• Localizado a 31 km de Sipí, a 45 km de Trujillo (Valle Del Cauca), y a 51 km de Riofrío (Valle Del Cauca).

Sipí

• Hora local: 02:29 a. m.
• Magnitud: 2,4
• Profundidad: 54 km
• Localizado a 15 km de Sipí (Chocó), a 43 km de El Dovio (Valle del Cauca), y a 48 km de Versalles (Valle del Cauca)

Sipí

• Hora local: 03:44 a. m.
• Magnitud: 3,1
• Profundidad: superficial (menor a 30 km)
• Localizado a 10 km de Sipí (Chocó), a 43 km de Nóvita (Chocó), y a 51 km de El Dovio (Valle del Cauca)

San José del Palmar

• Hora local: 05:01 a. m.
• Magnitud: 3,2
• Profundidad: superficial (menor a 30 km)
• Localizado a 18 km de San José del Palmar (Chocó), a 24 km de Nóvita (Chocó), y a 25 km de El Cairo (Valle del Cauca)

De acuerdo con los reportes, el último sismo en Sipí junto al de San José del Palmar se alcanzaron a sentir en la capital colombiana.

Balance de la tragedia por el terremoto en Colombia: van 285 muertos, 3.975 heridos y 379 personas desaparecidas

De acuerdo con el reporte que se conoció con corte a las 6:30 a. m. del viernes 14 de agosto por parte de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (Ungrd), la crisis ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios, dejando a 45.523 familias y 102.263 personas en situación de vulnerabilidad.

El balance de afectación a la población confirma 285 personas fallecidas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas. Mientras que las labores de búsqueda y rescate han logrado salvar a 354 personas que permanecían atrapadas bajo los escombros, mientras continúan los operativos en las zonas más golpeadas.

En materia de vivienda, el sismo ha dejado 73.455 viviendas averiadas y 12.828 destruidas, además del colapso total de 121 edificios. Miles de familias han perdido sus hogares y requieren asistencia urgente para alojamiento, recuperación de pertenencias y acceso a servicios básicos.

La infraestructura y los servicios públicos han sufrido graves daños. Se reportan 240 centros de salud afectados, lo que dificulta la atención médica en emergencias, y 2.205 centros educativos dañados, lo que compromete la continuidad de la educación en numerosas comunidades.

Además, 1.208 centros comunitarios presentan afectaciones, junto con 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

Las cifras reflejan las dificultades para la movilidad, el acceso a recursos y la reactivación de la vida cotidiana en los municipios más afectados.

El informe también señala afectaciones en la infraestructura aeroportuaria, con 5 aeropuertos impactados, lo que limita la llegada de suministros, equipos de rescate y ayuda humanitaria a varias regiones.

En cuanto a la fauna, el reporte destaca el rescate de 169 animales, aunque 247 resultaron afectados por el desastre, reflejando el alcance de la emergencia no solo en la población humana sino también en los ecosistemas locales.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y continúan desplegando recursos para atender a los damnificados, restaurar servicios y avanzar en la reconstrucción de las zonas impactadas.

Desde la dirección de la Ungrd bajo el mando de David Santiago Tamayo, y por orden del presidente Abelardo de la Espriella, la prioridad sigue siendo la protección de vidas, la atención integral a las familias afectadas y la recuperación de la infraestructura crítica en los territorios más vulnerables.

Se espera que alrededor del mediodía, y en medio de la ronda por las zonas afectada que realizará el jefe de Estado (recorreré Chocó, Risaralda y Valle del Cauca), se actualice el balance oficial por la atención de la emergencia.

Producto de lo anterior, se logró el primer rescate por parte de los brigadistas: un perro que permanecía atrapado entre los escombros de una estructura colapsada.

El video del momento quedó en redes sociales, luego de que en la cuenta de Instagram oficial de Topos Azteca (@toposazteca) se compartió el momento en el que uno de los rescatistas mexicanos aparece en una de las edificaciones junto al peludo.

El rescate del perro, liderado por Cristian Kuperbank, fue celebrado en redes sociales y se convirtió en un mensaje de esperanza para la población.

Las imágenes muestran el esfuerzo de los rescatistas para acceder al lugar donde el animal permanecía atrapado, removiendo escombros y garantizando su seguridad antes de entregarlo a los servicios veterinarios.

La grabación se convirtió en un símbolo del compromiso de los rescatistas con la protección de todas las formas de vida en medio de la emergencia.

Topos Azteca se puso a disposición en Colombia para buscar sobrevivientes del terremoto

Topos Azteca es un grupo de voluntarios y especialistas en búsqueda y rescate que surgió tras el devastador sismo en la Ciudad de México en 1985, que arribó a la capital vallecaucana la madrugada del miércoles 12 de agosto para sumarse a las labores de auxilio y búsqueda en zonas afectadas.

“Cada vida cuenta. Hoy, en Colombia, Cristian Kuperbank realizó su primer rescate de esta misión: un perrito atrapado entre los escombros que pudo volver a salvo. Si podemos llegar, vamos a intentarlo”, compartió el grupo a través de sus canales oficiales.

El último reporte del Puesto de Mando Unificado, correspondiente al corte del 12 de agosto, informó que en Cali han sido rescatadas 88 personas, mientras la cifra de víctimas mortales asciende a 96, con 1.224 heridos y 111 desaparecidos.

En materia de infraestructura, las autoridades reportan 45 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial, 832 con daños estructurales y 18 inmuebles con orden de evacuación.

Las operaciones de rescate siguen activas y coordinadas por un equipo multidisciplinario que incluye a los Topos Azteca, bomberos, equipos de Defensa Civil y organismos internacionales que han llegado a la ciudad para apoyar la emergencia, como el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax - VA-TF1 / USA-0 de los EE. UU..

La labor de los Topos Azteca ha sido reconocida en distintos escenarios de catástrofe a nivel internacional, y el grupo continúa trabajando a contrarreloj en diferentes puntos críticos de la ciudad, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posible.

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no ingresar a edificaciones afectadas sin autorización y a colaborar con los equipos de emergencia.

El balance de daños y necesidades continúa actualizándose, y la prioridad sigue siendo la protección de vidas y la atención integral a los damnificados.

El consejo que un integrante de los Topos Azteca brindó en Cali para quienes ayudan a buscar cuerpos

En medio de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, uno de los líderes de los Topos Azteca, el comandante Carlos Cienfuegos, compartió recomendaciones directas y críticas sobre los procedimientos que deben seguir quienes participan en la recuperación de cuerpos y sobrevivientes bajo los escombros.

Su mensaje, dirigido tanto a rescatistas profesionales como a voluntarios y miembros de la comunidad, resaltó la necesidad de actuar con rapidez, precisión y conocimiento técnico para salvar vidas y evitar errores que pueden resultar fatales.

Durante un encuentro con habitantes de Cali, el rescatista hizo hincapié sobre la importancia de no perder tiempo valioso en procedimientos innecesarios, como la repetición excesiva de llamados de silencio o preguntas reiteradas a las víctimas localizadas.

“Si ya lo tienes ubicado, ¿para qué le preguntas pinche 1.754 veces? ¿Sí me escuchas? Ya te escuché. Sácame de aquí, cabrón”, expresó el mexicano, al precisar que cada minuto cuenta para quienes permanecen atrapados y que la demora puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El experimentado rescatista criticó la práctica de interrumpir constantemente las labores de excavación para pedir silencio ante cualquier ruido, afirmando que esta costumbre ha costado cientos de horas de trabajo efectivo y, en muchos casos, la vida de personas que pudieron haber sido rescatadas a tiempo.

“Ya quítense esa estupidez de: ‘¡Silencio, silencio!’ cada cinco minutos. Son cientos de horas perdidas de trabajo que se está haciendo. Si hay gente viva, hay que sacarla ya. Si está muerto, pues tenemos que sacarlo ya, hay que entregarlo a sus familias”, insistió el líder de los Topos Azteca, pidiendo a los equipos de rescate mayor determinación y menos dilaciones.

Al ser consultado sobre el procedimiento concreto para avanzar en la búsqueda, el rescatista fue enfático: “A mover losas. Corta la losa. Esa losa la levanta y si hay un hueco, te metes, nos metemos y si hay alguien, lo sacamos. Y si es un muerto, lo sacamos y listo”.

Además, el mexicano reiteró que la prioridad es actuar de inmediato y de forma coordinada, evitando parálisis o dudas cuando la vida de una persona está en juego.

El integrante de los Topos Azteca también advirtió sobre los riesgos de realizar maniobras de rescate sin conocimiento técnico, especialmente cuando una persona se encuentra atrapada y presenta extremidades prensadas.

“Si una persona está atrapada y tiene prensado el pie, la mano, lo que sea, no lo muevan. Le quitan el peso y lo matan. Eso ya en América están haciendo compartimental, o sea, tiene que ser un procedimiento muy específico para poder sacarlo”, explicó el brigadista.

Al final, él detalló que la desesperación por liberar rápidamente a una víctima puede provocar lesiones fatales si no se siguen protocolos médicos y de rescate adecuados. “La gente, por la desesperación de sacarlos, salen, ven, llegan a la luz, sí, pero del cielo, porque ya lo mataron. Hacerlo con conocimiento, saber qué puede romper, qué no puede romper. Elementos estructurales, elementos no estructurales. Y en base a eso empezar a llegar. Si ya lo tienes vivo, pues no voy a llegar a romper la trabe para que le caiga encima”, concluyó.

Al final, el brigadista agradeció el esfuerzo y la solidaridad de quienes han participado en las labores de apoyo en Valle del Cauca y otras regiones, pero hizo un llamado a la disciplina operativa y al respeto por los protocolos de rescate.

La brigada internacional mexicana Topos Azteca llegó a Cali el miércoles 12 de agosto para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente de Colombia el lunes 10 de agosto.

Su presencia no solo simboliza la solidaridad internacional, sino que ha llamado la atención por el uso de tecnología avanzada y protocolos innovadores en la localización de personas atrapadas entre los escombros.

Topos Azteca nació en respuesta al sismo que golpeó la Ciudad de México en 1985. Ante el colapso de los servicios oficiales de emergencia, grupos de ciudadanos organizaron acciones independientes para buscar sobrevivientes, ganándose el reconocimiento y el apodo que aún mantienen.

Desde entonces, han intervenido en desastres alrededor del mundo y se han consolidado como una referencia internacional en búsqueda y rescate.

En su despliegue en Cali, la tecnología es un pilar central de sus operaciones. Héctor Mario Méndez, fundador, presidente y director de la brigada, detalló a través de su cuenta oficial de Instagram las herramientas tecnológicas que emplean en la zona de desastre.

“Traemos innovación que utilizamos a través de las ondas de wifi, con una aplicación que probamos exitosamente en Venezuela y ya estamos aplicando aquí”, explicó Méndez.

Uno de los avances más destacados es el sistema de rastreo por Wi-Fi, que permite localizar señales de celulares encendidos o captar la presencia de redes inhabilitadas entre los escombros.

Esta tecnología facilita la determinación de la ubicación exacta de víctimas atrapadas en espacios confinados, agilizando el rescate en situaciones críticas.

A la par del rastreo digital, los Topos Azteca emplean herramientas neumáticas, equipos de fuerza impulsados por aire comprimido. Estas herramientas son fundamentales para romper bloques de concreto, cortar barras de metal, levantar grandes cantidades de escombros y estabilizar estructuras inestables, permitiendo avanzar con seguridad y eficiencia en las zonas de mayor riesgo.

Otra innovación implementada es el uso de pistolas térmicas, dispositivos de escaneo que detectan la radiación de calor. Su función principal es identificar la temperatura corporal de personas sepultadas bajo ruinas o atrapadas detrás de muros, facilitando así la localización y priorización de los rescates en áreas donde la visibilidad es nula.

Frente a estas ayudas, Méndez dijo que esto les “permite buscar víctimas más allá de las paredes y debajo de los suelos”.

La labor de la brigada en Cali se desarrolla principalmente en el sector de La Guadalupe, donde la combinación de tecnología y experiencia ha permitido optimizar la búsqueda en ambientes colapsados.

El líder del grupo narró que la brigada llegó directamente desde Venezuela, modificando su itinerario tras enterarse del desastre en Colombia.

“Llegamos de Venezuela, en La Guaira, a medianoche. Íbamos hacia México, pero cuando nos enteramos del terremoto, cancelamos la ida a México y nos vinimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar hermanos sobrevivientes”, relató Méndez.

El origen ciudadano del grupo y su enfoque en la innovación tecnológica han convertido a los Topos Azteca en un referente en la gestión de emergencias.

Su trabajo en Colombia contribuye no solo con sus capacidades técnicas, sino también con la transferencia de conocimientos a equipos locales y la motivación para continuar buscando sobrevivientes en condiciones extremas.

La llegada de la brigada mexicana fortalece la respuesta en uno de los momentos más complejos para Cali y el suroccidente colombiano, donde las tareas de rescate y recuperación siguen siendo prioritarias, más aún, porque son las horas más críticas en cuanto a la esperanza de poder rescatar más personas con vida atrapada entre los escombros.

La tecnología, en manos de especialistas experimentados, se ha convertido en una herramienta vital para salvar vidas y acelerar el proceso de localización en medio de una emergencia sin precedentes, que sumado a la solidaridad de los pobladores locales, buscarán seguir encontrando a las centenas de desaparecidos.

Además de la senadora Esmeralda Hernández, que cuestionó al canciller Omar Bula y promovió que lo citen en el Congreso a un debate de control político, Gabriela Muñoz, recordada funcionaria de la administración del expresidente Gustavo Petro, criticó al jefe de Estado Abelardo de la Espriella por la forma en que el gobierno ha manejado la recepción y coordinación del apoyo internacional.

Muñoz resaltó las consecuencias humanas de cada hora perdida en la toma de decisiones.

En un mensaje difundido por redes sociales, Muñoz expuso que la Cancillería anunció la llegada de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia (EE. UU.) para apoyar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Estos especialistas están formados en coordinación de búsqueda y rescate urbano, comunicaciones, procesamiento de información e ingeniería USAR.

Además, el gobierno confirmó que recibirá equipos de rescate de Israel, El Salvador y Ecuador, mientras que China expresó su disposición a colaborar. Sin embargo, Muñoz cuestionó la falta de respuestas claras sobre otros ofrecimientos y, sobre todo, el tiempo que se tardó en aceptar la necesidad de apoyo internacional.

“Solo 53 horas después del terremoto, el Gobierno reconoció que sí se necesitaban rescatistas internacionales. 53 horas decisivas durante las cuales se rechazaron, limitaron o dejaron esperando ofrecimientos de ayuda, mientras continuaban personas atrapadas bajo los escombros y comunidades enteras permanecían y permanecen incomunicadas”, advirtió Muñoz.

La exfuncionaria insistió en que toda ayuda profesional debe ser aceptada, siempre que cumpla con los protocolos técnicos y de coordinación, porque la prioridad absoluta debe ser la vida de las personas atrapadas y de toda la sociedad colombiana, incluidos los animales afectados.

Muñoz dejó en claro la importancia de separar cualquier debate político de las necesidades humanitarias inmediatas: “Si nosotros podemos separar nuestras posiciones políticas de una necesidad humanitaria, ¿por qué no se hizo lo mismo desde el principio con todos los países que ofrecieron ayuda?”

Asimismo, ella puso de ejemplo el caso de El Salvador, que dispuso inicialmente el envío de ayuda humanitaria pero no de rescatistas, debido a que Colombia les comunicó que no requería personal internacional.

El caso de México fue aún más preocupante para Muñoz, puesto que ella afirmó que la brigada de rescate Topos Tlatelolco informó que Colombia no autorizaría el ingreso de grupos externos porque la emergencia estaría cubierta por equipos nacionales, y dejó más cuestionamientos al presidente De la Espriella: “Ahora se reporta que rescatistas mexicanos ya llegaron al país, pero todavía no tendrían autorización para intervenir. Esto es inaceptable. No hay razones para no permitir que se salven vidas. ¿Cómo es posible que mientras existen personas atrapadas, muriendo y comunidades aisladas, rescatistas preparados y dispuestos a ayudar permanezcan sin autorización para actuar?”

La exfuncionaria agregó que, si estas demoras respondieron a diferencias ideológicas o diplomáticas, la responsabilidad gubernamental es aún más grave.

“Ninguna afinidad política puede valer más que una vida humana”, recordó Muñoz, y también reveló que, hasta hace pocas horas, la ONU no había recibido una solicitud de asistencia de Colombia, a pesar de estar disponible para colaborar.

A la problemática de la gestión internacional se suma la situación de las comunidades incomunicadas tras el sismo, y para esto Muñoz recordó el frgamento de una entrevista con declaraciones del ministro del Interior Rodrigo Lara,. y en la que admitió no conocer el subregistro de víctimas ni la situación en zonas como Chocó, declarando: “No, no sé Chocó, yo estoy en Risaralda. Anoche, pues le pasé toda la noche sin comunicación”.

Para Muñoz, esto implica que aún existen regiones cuya situación no ha sido dimensionada y que podrían estar enfrentando la tragedia solas, sin comunicación, sin ayuda y sin aparecer en los balances oficiales.

Al final, Muñoz destacó la calidad y el compromiso de los rescatistas colombianos, pero recordó que también son seres humanos, llevan horas trabajando y requieren relevos urgentes.

“Quienes permanecen debajo de los escombros no preguntarán de qué país proviene la mano que consiga salvarlos. Las familias tampoco distinguen entre gobiernos amigos, adversarios políticos o intereses diplomáticos. Solo quieren volver a abrazar a sus seres queridos”, añadió la joven antioqueña en la parte final de su declaración.

Para cerrar, Muñoz hizo una petición al Gobierno de De la Espriella: “La Presidencia de la República debe orientar y canalizar la solidaridad de todo un país que quiera ayudar para que cada aporte llegue donde realmente se necesita y no termine dificultando la operación de emergencia”.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández presentó el miércoles 12 de agosto de 2026 una proposición en el Senado de la República para citar a debate de control político al canciller Omar Bula Escobar, designado hace poco más de un mes por el presidente Abelardo de la Espriella.

El llamado se produce tras cuestionamientos sobre el manejo de la ayuda internacional ofrecida a Colombia para atender la emergencia generada por el terremoto de 7.4 que sacudió al país el 10 de agosto, y que según el balance actualizado por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya deja 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Por lo anterior, la congresista señaló que existen dudas sobre los criterios aplicados para vetar el apoyo de varios países y organismos multilaterales.

Hernández criticó lo que calificó como un “manejo politiquero” de la crisis por parte de Bula.

“No es posible que, por razones políticas, se rechacen ayudas humanitarias ofrecidas por China, Brasil, México e incluso la ONU”, afirmó la legisladora, y puntualizó la importancia de dejar de lado intereses partidistas en un momento de emergencia nacional.

La senadora indicó que el gobierno del presidente De la Espriella mantiene una postura asociada a la campaña electoral, pese a que el ciclo ya concluyó, explicó Hernández.

“El gobierno debe entender que el ciclo electoral ya terminó. Lo sensato con el país, en este momento de emergencia, es que se actúe con altura, responsabilidad y seriedad. Abelardo no es el mandadero de Donald Trump, es el mandatario que debe responder por todos los colombianos”, expresó la congresista, luego de hacer referencia a la necesidad de priorizar la gestión humanitaria sobre cualquier otra consideración.

La proposición radicada por la congresista tiene como objetivo que el ministro de Relaciones Exteriores explique ante la plenaria del Senado los lineamientos seguidos para aceptar o rechazar la ayuda internacional. En particular, Hernández demandó claridad sobre el veto a la asistencia proveniente de China, Brasil, México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su intervención ante el Congreso, la senadora también cuestionó la falta de celeridad en la concentración de recursos y esfuerzos en la atención de víctimas.

Ella comparó la reacción del Ejecutivo ante la emergencia con la rapidez demostrada en otros asuntos diplomáticos ajenos al contexto nacional. “Hemos evidenciado que la prioridad durante las primeras horas de emergencia no era atender víctimas, sino reconocer la soberanía de Israel sobre Altos del Golán, cuando 22 países han rechazado esta decisión”, sostuvo Hernández.

La legisladora puntualizó que en la situación actual la prioridad debe ser el rescate de heridos, la atención a las víctimas mortales y la coordinación de una ayuda integral en la etapa post emergencia.

“La prelación es la vida de la gente en los territorios. Aquí no puede haber un criterio distinto a ese, no se puede improvisar con la atención a la ciudadanía, sus derechos y el futuro del país”, concluyó la senadora.

Qué dijo el canciller Omar Bula

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, aseguró en declaraciones el miércoles 12 de agosto que el Gobierno colombiano no ha rechazado ofrecimientos de ayuda humanitaria de otros países por motivos políticos o ideológicos, como parte de las acciones dispuestas para atender la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

Desde el Palacio de San Carlos (en Bogotá), el canciller informó sobre el avance en la llegada de donaciones y el despliegue de cooperación internacional para atender a las zonas más afectadas.

“Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria. Puedo mencionar algunas, 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por el gobierno de El Salvador que llegaron ayer por la noche”, detalló Bula.

El funcionario del Gobierno de De la Espriella dijo que la recepción de ayuda internacional es un proceso continuo, en el que se priorizan las necesidades de las regiones más impactadas por el desastre.

En su intervención, el ministro también se refirió a la asistencia enviada por México, país que ha despachado vuelos con insumos y equipos de rescate.

“Tenemos otro vuelo proveniente de México que está llegando en este momento a nuestros aeropuertos, dirigidos sobre todo a las zonas más afectadas, en la medida, obviamente, que los aeropuertos y las facilidades para que estos equipos operen estén en el lugar”, explicó el diplomático colombiano.

Bula reconoció que las operaciones aéreas se han visto limitadas en ciudades como Pereira y Cali debido a los daños en la infraestructura aeroportuaria, pero destacó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantiene el monitoreo permanente para garantizar la llegada y distribución de la ayuda.

“Obviamente hay más afectaciones, sobre todo en el caso de Pereira, pero el aeropuerto de Cali tiene algunas limitaciones también y seguimos, obviamente, con la UNGRD estudiando cuál es el nivel de daño”, señaló el canciller, y de paso aclaró que la distribución de los recursos depende de la viabilidad logística y la seguridad de las operaciones en cada localidad.

Bula negó con vehemencia que el Gobierno de De la Espriella haya excluido a países por razones diplomáticas o ideológicas.

“Esto es un proceso continuo; 58,5 toneladas del gobierno de México; no hemos excluido absolutamente a ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, afirmó el canciller.

El alto funcionario destacó la importancia de la cooperación internacional en situaciones de crisis y reiteró el agradecimiento oficial a los gobiernos que han manifestado su apoyo.

“Hemos trabajado también con la Unión Europea muy de cerca, activando el protocolo de la Dirección General de la Unión Europea para ayuda humanitaria y protección civil. También los europeos han estado muy presentes, acompañándonos a lo largo del proceso y nos seguirán acompañando en los próximos días”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Un nuevo sismo de 4.2 que se reportó la mañana del jueves 13 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y mismo lugar en el que se desecadenó el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto, generó minutos de pánico entre los ciudadanos de algunos puntos en Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).

Este nuevo evento sísmico provocó que cientos de pobladores en ambas ciudades capitales ubicados en edificaciones tuviera que evacuar de inmediato.

A través de algunas publicaciones en redes sociales, usuarios confirmaron que sintieron el movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se produjo a las 9:42 a. m. a una profundidad de 95 kilómetros, y los municipios más cercanos al epicentro fueron San José Del Palmar (Chocó) a 20 km; El Cairo (Valle Del Cauca) a 23 km; y Nóvita (Chocó) a 25 km.

Ese mismo día se registró dos sismos: uno en la madrugada y el otro al amanecer del jueves, tres días después del terremoto de 7.4 del lunes 10 que sacudió a Colombia, mientras los protocolos de emergencia siguen activos por la posibilidad de nuevos movimientos y por un balance nacional que ya asciende a 273 fallecidos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

El dato más amplio de la emergencia muestra que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno nacional, ya fueron rescatadas 335 personas de los escombros y persisten daños en infraestructura crítica, centros educativos y de salud, servicios públicos y redes viales.

En paralelo, el consolidado territorial reporta 220 estructuras colapsadas, 1.604 viviendas destruidas, 4.048 viviendas averiadas y 719 estructuras con daños parciales.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el primero de los sismos del jueves fue confirmado minutos después de la medianoche. El segundo ocurrió a las 6:22, con magnitud de 3.6, a 14 km de Nóvita, en Chocó, y a una profundidad de 94 km.

Horas más tarde, a las 9:42, se registró otro movimiento telúrico de 4.2 a 20 km de San José del Palmar, con una profundidad de 95 km. La zona sigue bajo tensión desde el terremoto del lunes, cuyo epicentro estuvo en ese municipio.

Los habitantes de San José del Palmar, Sipí, Nóvita, Istmina y localidades de las zonas del Litoral y Medio San Juan continúan en estado de temor mientras avanzan las labores de emergencia y siguen llegando donaciones. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, informó el miércoles 12 de agosto que ya no se reportaban personas atrapadas entre los escombros dejados por el sismo en el departamento.

Actualización del balance de la tragedia en Colombia: esto informó el director de la Ungrd David Santiago Tamayo

Más de 72 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en cabeza de su director David Santiago Tamayo, entregó minutos antes del mediodía del jueves 13 de agosto un nuevo balance nacional sobre el impacto de la emergencia.

El reporte confirmó que la catástrofe ha dejado una huella grave en catorce departamentos y más de 400 municipios del país.

Según la información oficial, 97.515 personas resultaron afectadas y 40.753 familias han visto comprometidas sus condiciones de vida. El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, provocó daños severos tanto en la infraestructura como en la población de amplias zonas del territorio nacional.

Las labores de búsqueda y rescate han permitido salvar a 348 personas que permanecían atrapadas en diferentes estructuras colapsadas.

El trabajo de los equipos de emergencia continúa en escenarios de alto riesgo, donde todavía se reportan desaparecidos y se mantiene la alerta en distintas regiones.

En cuanto a la afectación de viviendas, 75.654 viviendas presentan daños y 12.563 han sido destruidas por completo. El reporte también detalla el colapso de 172 edificios, lo que agrava la situación de miles de familias desplazadas o sin refugio seguro.

La infraestructura de servicios esenciales también sufrió daños considerables: 217 centros de salud y 2.206 centros educativos fueron afectados, impactando la atención médica y la continuidad de la educación en varias regiones.

Asimismo, se reportaron daños en 825 centros comunitarios, afectación en 226 vías, así como la pérdida de funcionalidad en 71 acueductos, 24 puentes vehiculares, 8 peatonales y 5 aeropuertos.

El sismo también dejó consecuencias para la fauna local. Los equipos de rescate informaron el salvamento de 99 animales y la afectación de 242 más en distintas zonas.

El reporte de la UNGRD identifica los departamentos más golpeados por la emergencia:

• Valle del Cauca presenta el mayor número de víctimas mortales, con 148 personas fallecidas.
• Risaralda registra 104 muertes.
• Chocó reporta 13 fallecidos.
• Caldas suma 6 víctimas fatales.
• Quindío cuenta con 1 persona fallecida.

Las autoridades continúan desplegando recursos para atender a los damnificados, restaurar servicios y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.