Por medio de un comunicado emitido el jueves 21 de octubre, la dependencia del instituto de educación superior rechazó el retiro de los elementos del recinto, y mostró “su preocupación por las declaraciones del presidente de la República y la ministra de Cultura y Patrimonio en torno a una supuesta «batalla cultural»“, al referirse también a Paola Holguín.

De acuerdo con el documento por parte del departamento de la reconocida universidad, “estos planteamientos son irresponsables”, debido a que “reducen discusiones históricas y culturales complejas a términos superficiales de confrontación política, prescinden del rigor que exigen y desestiman la pluralidad de perspectivas necesarias para abordarlas, a través de actos de censura”.

Desde la dependencia académica de Los Andes se reconoció que “los museos son espacios de disputa, atravesados por silencios, exclusiones y decisiones sobre las formas de representar el pasado, que construyen narraciones sobre el presente”.

Y es justo por lo anterior que, detalla el comunicado, estos espacios “deben ser objeto de crítica, investigación y revisión permanente”.

No obstante, desde el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes se puntualizó que reconocer las limitaciones en los museos “no justifica que el poder gubernamental decida qué se expone, qué discursos circulan o qué expresiones artísticas encuentran lugar en las instituciones públicas”.

Por todo lo anterior, la dependencia académica le exigió al presidente de la República que “respete la autonomía de las instituciones culturales y se abstenga de intervenir en las decisiones curatoriales del Museo Nacional”.

De igual forma, el llamado también se extendió “al Congreso de la República para que apunte la legislación en dirección a fortalecer las garantías que protegen la autonomía”, añade el comunicado.

Sobre las cerca de 50 obras y piezas que se removieron de las salas, el departamento de Los Andes expresaron su inquietud “aún más porque responde al avance de una tendencia anti-intelectual que cuestiona la legitimidad del conocimiento especializado, desestima la investigación rigurosa y presenta visiones unívocas que empobrecen el debate público y debilitan las condiciones necesarias para una sociedad democrática”.

Al final, desde la dependencia se reafirmó el “compromiso con las discusiones públicas sobre historia y cultura, con la complejidad del debate, con el rigor académico y con la defensa de la autonomía intelectual”.

“El Museo Nacional pertenece a la ciudadanía y, en ese sentido, asumimos la responsabilidad de mantenernos críticos, procurando siempre actuar en defensa de la disciplina histórica, sin presentarnos neutrales ni pasivos ante el poder”, concluyó el documento.

Ministra de las Culturas justificó el retiro de cerca de 50 piezas y obras del Museo Nacional

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, justificó el retiro de más de 30 piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, al afirmar el 16 de octubre de 2026 que la institución no debe funcionar como un instrumento de “adoctrinamiento político”.

La medida ocurrió un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara quitar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y objetos vinculados con Carlos Pizarro Leongómez.

Los desmontajes abarcaron tres salas y dejaron espacios vacíos y marcas en las paredes que pudieron ver los visitantes. Entre los objetos retirados había afiches, fotografías y materiales sobre los movimientos LGBT, el feminismo, la Unión Patriótica, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

La denuncia fue difundida el 15 de octubre por Marcela Sánchez, activista e integrante de Colombia Diversa, quien compartió fotografías de los cambios en su cuenta de X.

“En el Museo Nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El verdadero borrado”, escribió la usuaria.

La decisión coincidió con una instrucción presidencial impartida durante una visita a la sede del Ministerio. Abelardo de la Espriella sostuvo que las representaciones institucionales de Pizarro, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), podían interpretarse como una exaltación de integrantes de organizaciones terroristas.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos”, declaró el mandatario.

El presidente afirmó que las personas vinculadas con organizaciones armadas no deben ser presentadas en instituciones estatales como figuras históricas de la nación. “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, añadió.

La revisión de las salas y los objetos retirados

Holguín defendió la intervención al señalar que el Museo Nacional, como parte del Estado, debe conservar, restaurar, proteger y socializar la cultura.

“Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expuso en un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del viernes 16 de octubre.

La ministra también sostuvo que el museo no puede ser un espacio de “apología al delito o revictimización” y debe observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Holguín agregó que la institución debe proteger a los niños del acceso a material sensible, al invocar el artículo 44 de la Constitución.

La mayor parte de los objetos salió de la sala “Hacer sociedad”, en el segundo piso del Museo Nacional de Colombia. Su guion curatorial fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, mediante un proceso con cuatro comités curatoriales.

Esa muestra recorre procesos de organización, convivencia, resistencia y reivindicación social y política en Colombia.

Dos trabajadores del museo le dijeron a La Silla Vacía que cualquier modificación de esa museografía debe ser analizada por instancias curatoriales.

Adicional a o anterior, fuentes de la institución citadas bajo reserva de identidad por el mismo portal, señalaron al secretario general del Ministerio, Julián Sterling, de ejecutar la instrucción junto con la directora encargada del museo, Katia González. Ambos habrían seleccionado las piezas que saldrían de exhibición, luego de la directriz que Presidencia impartió a la cartera de las Culturas.

De la sala ‘Hacer sociedad’ habrían sido retirados al menos diez objetos sobre la historia LGBT y los movimientos feministas: la bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha LGBT de 2006, un impreso de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti de una movilización por la ciudadanía plena LGBT.

También fue desmontada una edición de La Ventana Gay, publicación vinculada a Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, activista asesinado en 1993. En otro sector de la sala ya no estaba el afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990.

Los vacíos sobre la paz y la diversidad

El afiche de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990, se retiró junto con un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y otros objetos vinculados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Una pared dedicada al período entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016 fue vaciada casi por completo. Allí estaba el balígrafo, la pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Entre los elementos retirados también figuraba el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La intervención alcanzó la sala ‘Memoria y Nación’, situada frente a ‘Hacer sociedad’, de donde fueron desmontadas la mayoría de las imágenes del muro de la diversidad, una instalación dedicada a la representación cultural, social y política del país.

La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno nacional revisar tres nombramientos recientes en entidades del Estado, al señalar que las personas designadas enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra mujeres.

El organismo advirtió que estos nombramientos contradicen los compromisos institucionales de tolerancia cero frente a la violencia de género.

La Defensoría identificó los tres casos en su pronunciamiento del 22 de octubre de 2026:

• Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, nombrado como asesor del Ministerio de las Culturas enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante el ejercicio de funciones diplomáticas en Chile.
• Un general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, con un proceso por presunto acoso sexual fue mencionado como posible candidato a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol.
• El presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo, por su parte, tiene una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano encargada de velar por los derechos humanos, y puntualizó que la presunción de inocencia debe respetarse y que corresponde a la justicia establecer las responsabilidades penales.

Pese a ello, el organismo sostuvo que ese principio no exime al Estado del deber de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública.

El organismo planteó una pregunta sobre el efecto institucional de estas decisiones: qué señal reciben las mujeres que ya han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener peso en los procesos de selección de funcionarios, y qué efecto tiene esa señal sobre quienes aún evalúan si hacerlo.

Dos exigencias concretas al Gobierno

La Defensoría formuló dos pedidos formales. El primero consiste en que el Gobierno nacional y las entidades involucradas revisen los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas.

El segundo insta a todas las entidades del Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para este tipo de designaciones.

Esos criterios deberían contemplar, según el organismo, la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos en curso, la naturaleza del cargo a ocupar, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.

La Defensoría también apuntó a una contradicción de fondo: el Estado promueve campañas de prevención, adopta protocolos y solicita a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes en sentido contrario.

El pronunciamiento describe un patrón documentado por la propia institución: las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyecto de vida.

Las barreras para acceder a la justicia —entre ellas el temor a represalias y la revictimización— se agravan cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas.

En Colombia, la Ley 1257 de 2008 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de adoptar medidas para evitar la impunidad. Por lo anterior, se recordó desde la Defensoría del Pueblo que es el órgano constitucional de control que puede emitir pronunciamientos de este tipo, aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo.

El organismo concluyó que las violencias contra las mujeres no constituyen un asunto privado y que los nombramientos en el sector público tienen una dimensión institucional que va más allá de los procesos judiciales individuales.

Hatem Eduardo Dasuky, el funcionario del Ministerio de las Culturas imputado por delitos sexuales

La ministra Paola Holguín nombró en septiembre como asesor a Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, exdiplomático imputado en 2024 por acto sexual violento y acoso sexual contra una empleada de la embajada de Colombia en Chile.

Mientras el proceso penal continúa, el funcionario coordina el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El nombramiento ocurrió tres semanas antes del discurso que el presidente Abelardo de la Espriella pronunció el 15 de octubre en el Museo Santa Clara de Bogotá. Allí anunció que cambiará la denominación de la cartera para incorporar las palabras cultura y patrimonio, y presentó esa decisión como “un golpe directo al wokismo y a la ideologización de la cultura”.

El mandatario definió el wokismo como una corriente que, según dijo, pervierte “los valores, la tradición familiar y la identidad nacional”. También afirmó que su gobierno buscará impedir que los espacios culturales sean “captados por el social comunismo ateo” y que combatirá el “relativismo moral”.

Dasuky, quien aplaudía el discurso a la derecha del presidente, fue ministro consejero de la embajada colombiana en Chile hasta octubre de 2022, señaló un informe del medio regional El Armadillo.

La Fiscalía lo imputó por hechos que habrían ocurrido en 2019, cuando ocupaba ese cargo y, de acuerdo con la acusación, utilizó su posición jerárquica para forzar acercamientos sexuales con Bianca Hincapié, una funcionaria de la misión diplomática.

Las acusaciones por hechos ocurridos en Chile

Bianca Hincapié, economista de la Universidad de Antioquia, llegó a Santiago de Chile en julio de 2019 para trabajar en la embajada. El escrito de acusación, conocido por el mismo portal, sostiene que el acoso comenzó antes de su llegada al país.

Según esa reconstrucción, Dasuky le preguntó si tenía novio, si era sexualmente activa y si llegaría “sexy”. También le habría dicho que él sería su jefe y que esas preguntas respondían a instrucciones del entonces embajador Alberto Rendón.

La secuencia de hechos habría continuado entre agosto y noviembre de ese año.

Adicional a lo anterior, el exdiplomático le comentó que, como segundo al mando de la embajada, tenía capacidad para destituir funcionarios; después se ofreció a ayudarla a encontrar vivienda en la capital chilena y, según el ente investigador, aprovechó esa circunstancia y sus conexiones políticas para presionarla.

En una ocasión, Dasuky le propuso ir a su apartamento “a pasarla bueno”. Ante la negativa de Hincapié, el documento señala que, mientras se encontraban en un vehículo detenido ante un semáforo, el hoy funcionario del Gobierno De la Espriella puso su mano sobre la entrepierna izquierda de la funcionaria sin su consentimiento y realizó comentarios sexuales.

La acusación también describe otros actos de violencia sexual, cuyos detalles fueron reservados para proteger la intimidad de la víctima. Esos hechos sustentaron la imputación por acto sexual violento y acoso sexual que pesa contra el actual asesor ministerial.

El caso se conoció en público solo hasta 2021, después de que Hincapié recurriera sin éxito a instancias internas de la Cancillería. Alberto Rendón dijo en ese entonces a Noticias Uno que solicitó la desvinculación de Dasuky tras conocer la situación, pero su petición fue rechazada.

Para ese momento, Hincapié acumulaba una incapacidad laboral prolongada que, según su versión, respondía a las afectaciones en su salud mental derivadas de las agresiones denunciadas. Rendón había sido reemplazado en marzo de ese año, por decisión del presidente Iván Duque, y Guillermo Botero asumió como embajador en Chile.

La funcionaria también escribió al correo institucional de la entonces vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez, sin obtener respuesta. Un comité de convivencia de la Cancillería la invitó a conciliar con su presunto agresor.

Hincapié presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2021 y concedió entrevistas a Noticias Uno y Blu Radio. Mientras tanto, Dasuky respondió con una denuncia por injuria y calumnia contra ella.

En julio de 2022, Los Irreverentes, plataforma fundada por Ernesto Yamhure, cuestionó que la Cancillería siguiera pagando el salario de una funcionaria incapacitada que mantenía actividad en redes sociales, pero la publicación no mencionó las denuncias de Hincapié contra Dasuky.

En medio del proceso, desde la Cancillería se abrió además un proceso disciplinario contra Hincapié por un supuesto abandono del cargo, a partir de una denuncia anónima.

La funcionaria fue absuelta y continúa vinculada a la embajada bajo estabilidad laboral reforzada, una protección para trabajadores que no pueden ser despedidos de forma injustificada o que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La trayectoria política y la denuncia por “persecución”a Dasuky

Hatem Eduardo Dasuky Quiceno es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la misma institución en la que se formó Holguín.

Su carrera estuvo ligada al servicio exterior y a sectores del uribismo desde que ingresó a la diplomacia en 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Además de su paso por Chile, fue cónsul en Montreal y primer secretario de la embajada de Colombia en El Salvador. En la década de 1990 trabajó como reportero de televisión y participó en campañas políticas como estratega de comunicaciones y relacionista público.

En 2009, La Silla Vacía informó que Dasuky fue designado asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia y del entonces presidente Uribe. El mismo medio señaló que era cercano a José Obdulio Gaviria y que su llegada a la Casa de Nariño buscaba equilibrar el poder del tercer piso, donde trabajaban Bernardo Moreno y Paola Holguín.

Cuatro años más tarde, el mismo medio lo identificó como jefe de comunicaciones del Centro Democrático, cuando esa colectividad comenzaba a estructurar su estrategia para enfrentar electoralmente a Juan Manuel Santos.

Después de su retiro de la embajada en Chile, Dasuky sostuvo que las acusaciones en su contra respondían a una “persecución política”. Ese argumento apareció en una denuncia que presentó contra Carmen Ramírez, representante a la Cámara por la circunscripción internacional durante el período 2022-2026.

Ramírez había celebrado en octubre de 2022 la salida del diplomático de la embajada chilena.

“Por fin un poco de justicia con Bianca Hincapié, quien soportó durante años el acoso sexual y laboral de este funcionario acomodado de las élites”, escribió entonces la congresista.

La Corte Suprema de Justicia falló en 2023 a favor de Ramírez y descartó que su publicación, así como las denuncias sobre el caso, obedecieran a una persecución política.

De acuerdo con un reportaje de Cambio, y tras esa decisión, el alto tribunal consideró que la parlamentaria se basó en información publicada por medios y en relatos que Hincapié le entregó directamente.

La Corte concluyó que esos elementos le permitieron advertir que las reclamaciones penales y disciplinarias de la funcionaria “no estaban siendo atendidas”. Dasuky celebró en agosto la designación de Holguín como ministra mediante una publicación en LinkedIn, en la que afirmó que había trabajado con ella en la Presidencia y conocía su “amor por la patria”.

La respuesta del Ministerio de las Culturas

El cargo de Dasuky incluye la coordinación del equipo que sirve de enlace entre el Ministerio y organismos de cooperación internacional, y también debe gestionar alianzas estratégicas con otros países y organismos multilaterales.

De otro lado, y en una columna publicada en abril en Minuto 30, el funcionario cuestionó la política exterior al cierre del gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia no puede darse el lujo de tener una política exterior emocional, errática o politizada”, escribió Dasuky, antes de afirmar que la diplomacia debe abrir mercados, atraer inversión, proteger intereses estratégicos, buscar mecanismos de cooperación y proteger a los colombianos en el exterior.

El Armadillo intentó comunicarse con Dasuky mediante el número telefónico consignado en el escrito de acusación y a través de su correo institucional en el Ministerio, pero no obtuvo respuesta.

No obstante, desde la Oficina de Divulgación y Prensa de la cartera sí se respondió por escrito.

La dependencia reconoció que conoce el proceso, pero indicó que el Ministerio no ha sido informado de una decisión judicial que impida al funcionario acceder o ejercer el cargo. Añadió que, mientras no exista una sentencia en firme que lo declare culpable, permanecen vigentes su presunción de inocencia y su derecho fundamental al trabajo.

En la grabación que compartió el otrora designado gestor de paz durante el Gobierno Petro, la tarde del miércoles 21 de octubre vía X, se puede observar a una de las delegadas del Gobierno, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, emitir unas declaraciones al final del encuentro, en el que también estuvo el exministro del Interior Armando Benedetti, además de De Currea-Lugo, que estuvo en esa ocasión como periodista, según su versión oficial.

Debido al revuelo que han causado los señalamientos que se conocieron por parte de la revista Semana, Mancuso difundió la grabación desde su cuenta de X la tarde del miércoles 21 de octubre.

Sumado al video, el exjefe paramilitar declaró: “Frente a las publicaciones sobre el supuesto «Pacto de Valledupar», aclaramos que el único documento auténtico es el Comunicado Conjunto No. 1 del 24 de octubre de 2025, leído públicamente por el DAPRE y divulgado en sus canales oficiales”.

Al día siguiente, y por medio de las misma red social, el expresidente Petro compartió la publicación de Mancuso, y destacó: “La base de una calumnia en la prensa se ha desplomado”.

Gobierno y exjefes de las AUC acordaron avanzar en el cierre del proceso de paz en Valledupar: qué se menciona en el video

En ese entonces, tal y como señaló Rtvc, el Gobierno de Colombia y un grupo de gestores de paz, antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), suscribieron una declaración en la que plantearon avanzar hacia el cierre del proceso de paz con esa organización armada.

El documento surgió de unas reuniones realizadas en Valledupar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, de acuerdo con el texto conocido.

Por su parte, en la declaración que hizo Rodríguez, se señaló que los excombatientes reiteraron su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, se planteó que la información ya entregada al Estado sobre la participación de las AUC en el conflicto armado deberá ser organizada, sistematizada y divulgada por una mesa técnica.

El comunicado al que hace alusión Mancuso menciona la participación de la entonces directora del Dapre, que se desempeñó como secretaria técnica de las sesiones, junto con su asesor Víctor de Currea-Lugo, sumado al apoyo del exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, y Fabio Cardozo, delegado del Alto Comisionado para la Paz.

El documento con fecha del 24 de octubre de 2025, recogió las principales conclusiones de las reuniones que se realizaron.

Los ex jefes paramilitares se comprometieron a actualizar planes de trabajo

Según la declaración que brindó Rodríguez, los en ese entonces gestores de paz (después de que el Gobierno De la Espriella derogara los decretos en los que se les atribuía esa figura legal) debían presentar una actualización de sus planes de trabajo, ajustados a las condiciones del proceso y a la situación del país.

Esos documentos, planteó el comunicado, identificarían las tareas necesarias para implementar los acuerdos alcanzados durante las jornadas de diálogo.

El texto sostiene que los encuentros buscaron crear condiciones de confianza entre las partes y promover gestos de reconciliación ante la sociedad, y estableció la necesidad de sostener conversaciones “ágiles y respetuosas”, con especial atención a los territorios y con las víctimas como eje del proceso.

“Estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso cuya meta final es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las ex Autodefensas Unidas de Colombia”, añade el comunicado que leyó Rodríguez.

El documento también propuso que se registraran los obstáculos y errores ocurridos durante el proceso con las AUC, de modo que pudieran servir de referencia para futuros diálogos de paz dentro y fuera de Colombia.

La mesa técnica debía organizar la información sobre el paramilitarismo

Uno de los puntos centrales del comunicado se refiere al tratamiento de la verdad ya entregada por los antiguos miembros de las AUC. El texto afirmó que esa información se encuentra disponible para el Estado colombiano y que la mesa técnica debía estructurarla y divulgarla.

Los firmantes señalaron en esa ocasión que el acompañamiento de la comunidad internacional es importante para respaldar la transparencia del proceso y el cumplimiento de los compromisos anunciados.

“Este esfuerzo busca contribuir desde la verdad y la responsabilidad al cierre definitivo de un camino doloroso de la historia nacional”, se lee en el comunicado.

El documento cita como marco jurídico la Resolución 337 de septiembre de 2025, mediante la cual se reconoció la condición de gestores de paz a los exintegrantes de las AUC.

Al final, algunos de los exlíderes paramilitares se mencionan en el comunicado que firmaron, pero en total estuvieron presentes en el encuentro: Salvatore Mancuso, Carlos Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40″; Freddy Rendón Herrera; Hernán Giraldo Serna; Edwar Cobos Téllez; Rodrigo Pérez Alzate; Héctor Buitrago; Luis Eduardo Cifuentes; Manuel de Jesús Pirabán; José Baldomero Linares y Juan Francisco Prada.

El hoy detenido es investigado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en enero de 2026.

De acuerdo con los detalles que se conocieron tras el informe oficial emitido por el Departamento de Policía de Cundinamarca (Decun), la captura se produjo por orden judicial, y después de una investigación adelantada por la Policía Nacional en el departamento ubicado en el centro del país.

García Sotomayor era requerido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villeta por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

El sujeto, tal y como explicó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Luis Carlos Romero Galvis, comandante del Decun, al parecer aprovechaba su trabajo como administrador de alojamientos turísticos para establecer contacto con familias y acercarse a menores de edad.

La hipótesis señaló que García Sotomayor les ofrecía bebidas embriagantes a las adolescentes y luego habría cometido agresiones sexuales.

La víctima logró escapar y contó lo sucedido a su familia

El caso que derivó en la captura habría ocurrido en una finca turística de Villeta, un municipio famoso por ser destino turístico por su clima y cercanía a Bogotá.

El modus operandi del hoy tras las rejas se logró luego del reporte que recibieron las autoridades, luego de que una menor logró escapar después de los hechos e informó de inmediato a sus familiares.

El padre de la adolescente presentó una denuncia con base en el relato de su hija, lo que permitió activar la investigación judicial. Los elementos recaudados llevaron a que un juzgado emitiera una orden de captura contra el señalado administrador.

Meses después, el hombre regresó a Villeta y fue detenido por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cundinamarca.

Durante las audiencias preliminares, García Sotomayor no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La Policía informó en su comunicado oficial que, en caso de ser declarado responsable, el procesado podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar posibles casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La investigación busca establecer si existen otras denuncias o víctimas que puedan estar relacionadas con el detenido y con su actividad en fincas turísticas del municipio.

“En Cundinamarca no hay escondite para quien atente contra nuestros niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional seguirá actuando con contundencia para protegerlos y garantizar sus derechos”, cerró el coronel Romero.

Días antes también capturaron a uno de los más buscados por el delito de homicidio

En otro caso que se presentó la misma semana, el lunes 19 de octubre la Policía Nacional capturó a alias Mueco, presunto sicario de la estructura criminal conocida como Los Puyicas, durante un allanamiento en Flandes, Tolima.

El detenido, incluido en el cartel de los más buscados de Cundinamarca, era requerido por el homicidio de Harold Joel Jiménez y por delitos relacionados con armas de fuego.

Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. La captura se produjo por orden judicial, según la institución.

Las autoridades señalan a “Mueco” por el asesinato de Jiménez, que se perpetró el 17 de febrero de 2025, en un caso por el que enfrenta cargos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El hoy detenido registra cuatro anotaciones judiciales por homicidio y tendría influencia criminal en Flandes y Girardot.

Luego de conocerse por parte de la Fiscalía General de la Nación que el lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m., se desarrollará la audiencia de imputación de cargos a Zulma Guzmán Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores de edad que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, otra decisión judicial se suma a la indagación en contra de la empresaria.

Así se determinó la mañana del jueves 22 de octubre, luego de que una fuente de la Fiscalía le confirmó a Infobae Colombia que, por solicitud de del mismo ente, un juez de control de garantías de Bogota prorrogó por un año la orden de captura vigente contra Guzmán Castro, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

La diligencia se realizará de forma virtual debido a que la investigada permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza su proceso de extradición a Colombia.

El ente acusador anunció que formulará cargos por homicidio y tentativa de homicidio. La audiencia fue solicitada el 19 de octubre y corresponde a una etapa del proceso que se adelanta por la intoxicación ocurrida en abril de 2025.

Hasta el momento, Guzmán Castro ha negado cualquier relación con el caso y deberá responder ante la justicia colombiana dentro del proceso correspondiente.

Tres niñas y un adulto consumieron las frambuesas contaminadas

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la vivienda de la familia De Bedout, al norte de Bogotá. El paquete, que aparentemente correspondía a un regalo institucional, no generó sospechas entre las personas que lo recibieron.

Al día siguiente, cuatro personas consumieron las frambuesas que contenían talio: tres menores de edad y un adulto. Dos niñas, de 13 y 14 años, murieron como consecuencia de la intoxicación, mientras que las demás personas afectadas sobrevivieron.

Las indagaciones que abrió la Fiscalía apuntan a que Guzmán tendría relación con el envío de los alimentos contaminados.

La mujer habría sostenido entre 2017 y 2018 una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

De acuerdo con el mismo ente investigador, De Bedout declaró que interrumpió esa relación antes de la muerte de Alicia Graham, su anterior esposa en 2021, y añadió que Guzmán intentó retomar el vínculo después de ese fallecimiento.

La Fiscalía menciona un presunto intento de intervenir un GPS

Dentro de los elementos conocidos del expediente, la Fiscalía señaló que Juan de Bedout expresó que Guzmán habría intentado intervenir un GPS instalado en su vehículo.

El padre de la menor también sostuvo que la mujer viajó por una temporada a Argentina, y que mostró molestia cuando él inició una nueva relación.

Estas referencias forman parte de la información que la Fiscalía tendrá en cuenta para sustentar la imputación. La responsabilidad penal de Guzmán deberá ser establecida por un juez durante las siguientes etapas del proceso.

La investigada, por su parte, ha reiterado que es inocente. Después de que el caso se hizo público en 2025, afirmó: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

Guzmán fue detenida en Londres y permanece en una prisión de Reino Unido

Después de los hechos, Guzmán salió de Colombia y no se conoció su ubicación durante varios meses.

Su captura se reportó el 17 de diciembre de 2025 en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis.

La mujer tiene vigente una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y luego de recibir atención hospitalaria, fue trasladada a la prisión de Bronzefield, una cárcel de mujeres ubicada en el Reino Unido.

El trámite de extradición se ha extendido debido a requerimientos de las autoridades británicas relacionados con las condiciones de reclusión y las garantías judiciales que recibiría en Colombia.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto sobre esas condiciones, documento que será relevante para la solicitud de extradición.

El objetivo es que Guzmán pueda ser enviada al país y comparezca de manera presencial ante la justicia, en lugar de que la Fiscalía deba avanzar con un proceso en ausencia.

El expresidente Gustavo Petro se pronunció la mañana del jueves 22 de octubre de 2026, luego de que el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Víctor de Currea-Lugo reconoció que planteó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso la posibilidad de hablar sobre Abelardo de la Espriella en una entrevista, aunque aseguró que esa conversación nunca se concretó y que los contactos ocurrieron después de su salida del Gobierno de Gustavo Petro.

El pronunciamiento se conoció luego de las revelaciones de Semana sobre el denominado Pacto de Valledupar, sumado a la difusión de mensajes y un audio que, según su contenido, vincularían a De Currea-Lugo con gestiones para entrevistar a Mancuso en medio de la campaña presidencial.

En un comunicado de 11 puntos, el exfuncionario rechazó haber recibido instrucciones del presidente Petro para buscar pronunciamientos contra dirigentes políticos, incluidos el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el entonces candidato Abelardo de la Espriella.

“No recibí instrucciones del presidente Petro para obtener declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella ni ninguna otra persona, ni realicé gestiones encaminadas a obtenerlas”, sostuvo De Currea-Lugo.

Por lo anterior, y anexo al documento que replicó el exmandatario colombiano, Petro puntualizó: “Con el comunicado de Víctor de Currea se aclara por completo la noticia falsa de prensa sobre la reunión del gobierno con los firmantes de paz de (Santa Fe de) Ralito”.

Más adelante, el expresidente reafirmó que “en el diálogo oficial nunca hubo ninguna petición del gobierno para acusar personas particulares y solo Víctor Currea interrogó a Mancuso sobre esas personas sin ser miembro de mi gobierno desde hacía meses y en calidad de periodista”.

El exasesor dijo que los contactos fueron posteriores a su salida del Dapre

De Currea-Lugo afirmó que presentó su renuncia al Dapre en marzo de 2026 y que la dimisión fue aceptada el 1 de abril. Dentro de su versión, añadió que los contactos con Mancuso se produjeron posteriormente, el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026.

El exasesor sostuvo que escribió al antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por iniciativa propia y con el propósito de realizar una entrevista para su página web. Afirmó que no existió coordinación con funcionarios del Gobierno ni una instrucción oficial para formular preguntas determinadas.

“Mi propósito era contribuir al debate público en el contexto electoral”, agregó el exfuncionario de la administración Petro, que también reconoció que el posible diálogo con Mancuso buscaba abordar el papel de De la Espriella dentro de la discusión política durante la campaña en la que enfrentaba a Iván Cepeda en segunda vuelta.

De Currea-Lugo añadió que, como periodista, podía expresar opiniones políticas y promover conversaciones sobre temas de interés público. Negó haber ofrecido dinero, favores, beneficios o cualquier contraprestación a Mancuso.

Salvatore Mancuso no respondió y la entrevista no se realizó

El exfuncionario indicó que Mancuso no respondió de nuevo a sus comunicaciones, por lo que la entrevista no llegó a realizarse, y aseguró que no pidió al exjefe paramilitar formular acusaciones falsas, mentir o incurrir en delitos.

La controversia está relacionada con las conversaciones que el Gobierno Petro sostuvo con antiguos jefes paramilitares en Valledupar, entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, dentro de la política de Paz Total.

De Currea-Lugo aseveró que durante esas reuniones se discutió la posibilidad de que los antiguos integrantes de grupos paramilitares ampliaran sus declaraciones sobre la dimensión política y económica de ese fenómeno armado.

“Se planteó la necesidad de que el país supiera no solo las acciones militares del fenómeno paramilitar, sino también sus variables políticas y económicas”, expuso en su comunicado el exasesor del Dapre.

Víctor de Currea-Lugo señaló que antiguos paramilitares rechazaron nuevas declaraciones

Según De Currea-Lugo, la propuesta buscaba abordar la parapolítica y la paraeconomía, asuntos que, en su opinión, todavía requieren discusión pública.

Sin embargo, afirmó que los exparamilitares rechazaron entregar nuevos testimonios ante el riesgo de que esas declaraciones derivaran en procesos penales adicionales.

El exasesor sostuvo que la seguridad jurídica de los antiguos jefes paramilitares fue un punto central de las conversaciones. Pese a ello, afirmó que los participantes aceptaron firmar un documento al cierre de la reunión.

Sumado a lo anterior, se advirtió que circularon versiones preliminares de ese documento, que fueron modificadas durante las discusiones. “Esas versiones no constituyen, por sí mismas, compromisos asumidos por las partes”, detalló el comunicado del exfuncionario del Gobierno Petro.

Las afirmaciones de De Currea-Lugo contrastan con señalamientos atribuidos a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y al propio Mancuso. El caso continúa bajo debate público, mientras no se conocen decisiones de autoridades judiciales o administrativas sobre los hechos mencionados.

De momento, el expresidente Petro anunció que tomará las acciones legales correspondientes.

“Fui calumniado por la prensa en afirmar que yo había pedido a Mancuso acusara a Uribe, Abelardo y Germán Vargas. Resulta que el mismo Mancuso dijo que yo nunca había sido y que quien se lo dijo fue una persona que en ese momento no era funcionario de mi gobierno, ni delegado mio en esas reuniones” precisó el líder de la oposición (Pacto Histórico).

Seguido a esto, en la misma publicación, Petro concluyó: “Oficialmente y desde aquí les exijo una rectificación y si no procederé judicialmente incluida la demanda civil”, escribió el exmandatario desde su cuenta de X el miércoles 21 de octubre, antes de que De Currea-Lugo compartiera el comunicado oficial.

A raíz de que el Senado y la Cámara de Representantes habrían aprobado versiones distintas del artículo 65, y después del aluvión de críticas que recibieron Lara y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, De la Espriella comunicó la decisión la noche del 21 de octubre de 2026.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, señaló De la Espriella, que en la misma publicación hecha desde su cuenta de X anunció a Alejandro Ordóñez (exprocurador y embajador de Colombia ante la OEA —Organización de Estados Americanos—) como reemplazo de Lara, mientras que el líder de la cartera de Justicia Iván Cancino ocupa el cargo de manera temporal.

No obstante, además de la réplica de la senadora Hernández, Bohórquez señaló a través de un video que difundió en redes sociales la mañana del jueves 22 de octubre, los motivos que habrían llevado al jefe de Estado a tomar la decisión, y relacionó dos puntos en concreto: una declaración que brindó Lara en medio de la controversia por el retiro de obras del Museo Nacional y la presunta influencia de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

“¡No fue solo por el presupuesto! Una fuente del Gobierno nos confirmó que el video en el que Lara reconoce que Bernardo Jaramillo fue un gran hombre pesó en su salida. ¿El problema? Contradecir a @ABDELAESPRIELLA y al asesor Suárez en su famosa «batalla cultural»“, señala el mensaje adjunto a la grabación de Bohórquez.

El representante a la Cámara por Bogotá comentó: “Se fue el ministro Lara y unos dicen que duró muy poco. La verdad es que duró demasiado para el sectarismo de este Gobierno”.

“Les quiero contar que en las últimas horas, no solamente por el tema del presupuesto, por la compañera Esmeralda Hernández, sino también, por muy buena fuente, me lo han confirmado, el video que sacamos indicando que por Bernardo Jaramillo, cuando él confiesa que es un buen hombre por el Museo Nacional, eso les cayó como un baldado de agua fría en el Gobierno nacional”, explicó Bohórquez más adelante.

El congresista detalló el presunto papel que habría desempeñado Suárez para que saliera Lara del Gobierno.

“Un señor Suárez, allá un poco sectario en ese gobierno, que le molestó profundamente que el señor ministro se solidarizara o manifestara que el señor Bernardo Jaramillo, un hombre de izquierda al que quitaron el Museo Nacional, era un gran hombre, porque eso básicamente contradecía la postura del Gobierno nacional”, puntualizó Bohórquez.

Para el representante a la Cámara, “eso se suma a varios de los errores para el Gobierno nacional que cometió el señor Lara”, y lo llevó a calificar el panorama con la expresión: “Pasamos de Guatemala a Guatepeor”.

Sobre los motivos que lo llevaron a sentenciar la frase anterior, Bohórquez expuso: “Porque el señor Ordoñez sí que es un ultrafascista, un hombre retrógrado, un hombre que considera que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres, un hombre que quiere decidir sobre el cuerpo de las mujeres, un hombre que quemaba libros, un hombre que usó la Procuraduría para perseguir a sus contrincantes políticos”.

“No nos esperan los mejores momentos, pero ahí no faltaba. Así como a Lara, al señor Ordoñez le pondremos cara y haremos debate, porque esto es una república democrática. Ahí nos vemos”, advirtió al final del video el congresista del Pacto Histórico.

Por último, y en el cierre de su mensaje en X, Bohórquez concluyó: “Ahora llega Ordóñez. Que quede claro: ¡no nos van a silenciar! A las imposiciones les respondemos con argumentos; a la intolerancia, con democracia. ¡Que empiece el debate!"

La modelo y una de las mayores divas de la televisión colombiana Amparo Grisales presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para registrar como marca el gesto que acompaña su expresión “Me ericé”, popularizada por sus intervenciones como jurado del reality show musical Yo me llamo.

Por lo anterior, la abogada especialista en propiedad intelectual Valeria David explicó por medio de una publicación que compartió desde su perfil de Instagram que el objetivo de la petición sería proteger un elemento gestual asociado de forma directa con la figura pública y sus servicios de entretenimiento.

La solicitud fue radicada el 26 de septiembre por Metatron Producciones SAS. Según David, el trámite pretende amparar una secuencia de movimiento que Grisales suele hacer mientras expresa entusiasmo ante las actuaciones que recibe en el programa musical.

La descripción incluida en el expediente señala que la persona extiende un brazo hacia adelante con la mano dirigida hacia abajo y los dedos relajados. Luego, con el índice de la otra mano, recorre el antebrazo desde la muñeca hacia el codo y la parte inferior del brazo, como una representación de la sensación de tener la piel erizada.

La solicitud busca que el gesto identifique servicios de entretenimiento

De acuerdo con lo que divulgó David, un gesto puede aspirar a convertirse en una marca si resulta distintivo lo suficiente y permite al público asociarlo con un origen empresarial o con determinados servicios.

En este caso, la solicitud de marca gestual busca que el movimiento sea identificado con actividades de entretenimiento vinculadas a Amparo Grisales.

La abogada agregó que, cuando una expresión o gesto adquiere carácter representativo, su titular puede intentar protegerlo por la vía marcaria.

Por lo anterior, será tarea de la SIC examinar si el gesto cumple los requisitos legales, entre ellos el carácter distintivo, y determinar si existe alguna causal que impida su registro.

“Corresponde a la entidad analizar si el gesto es distintivo para identificar servicios de entretenimiento y, además, evaluar si no hay otra causal de irregistrabilidad”, expuso la jurista.

Grisales ya había registrado la frase “Me ericé” en 2018

La petición del gesto forma parte de una estrategia más amplia alrededor de la frase que Grisales hizo recurrente en televisión.

Según la abogada, la expresión “Me ericé” ya fue registrada como marca desde 2018.

El registro previo de la frase aparece a nombre de Metatron Producciones SAS. De acuerdo con David, ese antecedente puede facilitar la nueva solicitud de una marca sonora basada en la voz de Grisales al pronunciar la expresión.

La especialista puntualizó que en 2026 también se solicitó el registro de una marca de sonido que contiene la voz de la actriz al vocalizar “Me ericé”. Además, habría una segunda solicitud relacionada con la frase, esta vez sin logo.

La protección de estas distintas modalidades (denominativa, sonora y gestual) buscaría ampliar el alcance de la marca en torno a una expresión que la presentadora utiliza para calificar las interpretaciones que le generan emoción en Yo me llamo.

Como surgió la expresión “me ericé”, de Amparo Grisales

En una entrevista con Bluradio, Grisales contó cómo nació la expresión “me ericé”.

“Es desde chiquita. Es muy raro, como que Dios me puso ahí un juguetito o un instrumento que se volviera representativo del programa y fue muy lindo, pero no fue ni siquiera inventado ni preparado. Yo nunca digo: ‘Los pelos se me ponen de punta’. Yo nunca digo: ‘Se me paran los pelos’. Yo nunca digo: ‘Se me puso la piel de gallina”', porque me parece muy feo eso.

La actriz y modelo afirmó que la piel de gallina le parece “horrible”, y agregó: “Como es una piel de gallina horrible cuando pelan una gallina. Yo, como soy vegetariana, me parece horrible ver la piel de una gallina. Y yo desde chiquita digo: “Me ericé”, porque siempre es la referencia mía de cuando a uno se le pone el vellito de punta".

“Es como el erizo cuando se le paran las pullitas. Entonces, me pareció más lindo un erizo erizado”, concluyó Grisales.

El gesto del Pibe Valderrama figura entre los pocos antecedentes en Colombia

David detalló que en Colombia solo existen dos registros vigentes de gestos como marcas.

Uno de ellos corresponde al gesto de “Todo bien, todo bien” asociado con el exfutbolista Carlos Alberto Valderrama, conocido como el Pibe.

El antecedente muestra que la legislación marcaria permite examinar signos no tradicionales, como movimientos, sonidos o imágenes, siempre que puedan representar de manera clara un signo y diferenciar determinados productos o servicios en el mercado.

En el caso de Grisales, la SIC deberá evaluar la descripción técnica del gesto y establecer si los consumidores pueden vincularlo con la actriz o con los servicios de entretenimiento que pretende proteger.

La decisión de la entidad definirá si la presentadora obtiene el registro solicitado o si la petición enfrenta objeciones durante el proceso administrativo.

La polémica alrededor del retiro de cerca de 50 obras ubicadas en tres de las salas de exhibición del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de Bogotá, no cesa luego del pronunciamiento de la ministra de Cultura Paola Holguín, que defendió la acción luego de la orden que recibió por parte del presidente Abelardo de la Espriella de quitar todo elemento alusivo a Carlos Pizarro Leongómez, el activista, guerrillero y político colombiano del M-19 (Movimiento 19 de abril).

No obstante, y después de que el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el 19 de octubre de 2026 una tutela contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia por remover las piezas y obras de arte, en redes sociales varios usuarios, entre ellos María Paz Gaviria Muñoz (exdirectora de Artbo e hija del expresidente César Gaviria Trujillo) y el artista Carlos Castro, que cuestionó en el recinto aún permanezca a la vista de los asistentes una obra en la que aparece el narco Pablo Escobar, elaborada por él.

“Pablo Escobar y Popeye se salvaron de la censura en el Museo Nacional; Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Katalina Ángel Ortiz, entre otros, no contaron con la misma suerte”, escribió Castro en una publicación que compartió desde su cuenta de Instagram el martes 20 de octubre, al precisar que en el Museo Nacional continúa su creación: La gran narco arca (2019).

Por su parte, Gaviria Muñoz recordó que en la sala ‘Fuerza, Fe y Sustancia’, aún permanece la obra de Castro, y que como ella misma explicó a través de un hilo que compartió desde su perfil en X la tarde del sábado 17 de octubre (durante el plantón convocado frente al recinto), “representa a Pablo Escobar entre otros tantos muros ahora vacíos”.

“¿Por qué en este caso se entiende que representar a alguien que ejerció violencia en Colombia no equivale a hacer apología del delito, mientras ese mismo argumento le sirve a la ministra para justificar el retiro de otras piezas? El contraste vuelve aún menos claro el criterio de selección” interpeló Gaviria a la líder de la cartera de Cultura, y añadió que “hacer memoria de los años más violentos del país es esencial para comprender lo ocurrido y construir garantías de no repetición”.

La exposición de Carlos Castro que incluye la serie de obras en las que aparece Pablo Escobar

En 2024, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) presentó entre el 14 de marzo y el 9 de junio la exposición El pasado nunca muere, del artista bogotano Carlos Castro Arias.

La exhibición reunió esculturas, tapices, pinturas y videos que revisan símbolos de la historia nacional, desde Cristóbal Colón y Simón Bolívar hasta Pablo Escobar, Hugo Chávez y Álvaro Uribe.

Nacido en Bogotá en 1976 y radicado en San Diego, Estados Unidos, Castro Arias desarrolla una práctica artística que parte de imágenes históricas, monumentos y objetos encontrados. Su trabajo cuestiona los relatos oficiales y pone en primer plano figuras, episodios y tensiones que, según la propuesta curatorial, han sido desplazados o ignorados dentro de las narraciones sobre Colombia.

El título de la exposición traduce una frase del escritor estadounidense William Faulkner: “El pasado nunca muere. No es ni siquiera pasado”. La cita funcionó como punto de partida para una muestra centrada en la permanencia de los conflictos, los traumas y los símbolos históricos en el presente, señaló la revista Artishock.

Las estatuas de Colón e Isabel la Católica que casi tumban miembros de la comunidad misak

Una de las piezas centrales de la exposición fueron las esculturas de Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica que estuvieron instaladas en la avenida El Dorado de Bogotá hasta el 11 de junio de 2021. Ese día, integrantes de la comunidad misak intentaron derribarlas durante una protesta.

Con autorización del Instituto Distrital de Patrimonio, el artista trasladó los monumentos desde las bodegas donde permanecían almacenados hasta el Museo de Arte Moderno. Allí, las esculturas aparecieron en una instalación que modificó su lectura original.

La disposición de ambas esculturas planteó una discusión sobre el sentido de los monumentos, su permanencia en el espacio público y las decisiones políticas que intervienen en la selección de personajes históricos que reciben homenajes urbanos.

La obra del artista confronta símbolos de la patria y de la herencia colonial

Castro Arias trabaja con géneros asociados a las tradiciones del arte occidental, entre ellos la pintura conmemorativa, la escultura y el tapiz. A partir de esas referencias, introduce elementos populares, militares, religiosos y políticos para cuestionar las narraciones establecidas.

Los curadores Eugenio Viola y Juaniko Moreno señalaron en ese entonces que el artista subvierte referencias históricas vinculadas con la tradición aristocrática para abordar las contradicciones del presente colombiano. En sus obras conviven personajes oficiales, iconografías populares, símbolos de poder y escenas que mezclan humor, sátira y conflicto.

La muestra incluyó series como Mosaico, de 2017, integrada por 23 pinturas de bustos estatuarios, y Juicio Público, realizada entre 2018 y 2019, que retrata monumentos vandalizados o retirados durante protestas ocurridas entre 2017 y 2018.

En otro proyecto, titulado Los Padres Ausentes, el artista retomó figuras relacionadas con la conquista española, como Colón y los Reyes Católicos, y las intervino con chaquiras plásticas y patrones visuales de la cultura inga del Putumayo. El resultado pone en relación imágenes de los conquistadores europeos con referentes indígenas de América.

Tapices medievales para contar historias de narcotráfico y violencia

La exposición también reunió obras de la serie Mythstories, desarrollada desde 2017. En estos trabajos, Castro Arias toma como referencia los tapices medievales y los relatos fantásticos para reconstruir episodios contemporáneos de Colombia.

Las obras abordan asuntos como el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la vida de Diomedes Díaz, el funeral de Hugo Chávez y la historia de Pablo Escobar.

El artista usa recursos propios de la mitología y la narrativa religiosa para mostrar cómo ciertos personajes y hechos se convierten en relatos que persisten en la memoria colectiva.

Una de esas obras es La gran Narco Arca, de 2019, un tapiz que reinterpreta el relato bíblico del arca de Noé a partir de los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia para su hacienda Nápoles.

Escobar introdujo cuatro hipopótamos en 1981. Con el paso de los años, la población creció y las autoridades ambientales clasificaron a estos animales como especie invasora en 2021. La obra vincula esa historia con el legado material y ambiental que dejó el narcotráfico en el país.

Otro tapiz, La creación del unicornio, recrea una historia relacionada con la hija de Escobar, Manuela. El artista representa al narcotraficante que ordena colocar un cuerno en un caballo para convertirlo en unicornio. La composición toma elementos de La caza del unicornio, conjunto de tapices góticos conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

La muestra en el MAMBO presentó una lectura crítica sobre las imágenes que forman parte de la identidad colombiana. Al recuperar estatuas retiradas, transformar iconos de la conquista y narrar hechos asociados con el narcotráfico y la violencia política, Castro Arias propuso una revisión de los símbolos que permanecen en el espacio público y en la memoria.

El curador Halim Badawi definió al artista como un observador de los mecanismos de construcción de la historia. Según su lectura, Castro utiliza parodia, apropiación y sarcasmo para revisar episodios que han quedado fuera de los relatos oficiales.

Un caso que dejó en evidencia el modus operandi de una adulta mayor, y que se presentó en Cali, llevó a Marly Tabares, de 54 años, tras las rejas, por haber cometido una serie de hurtos a 10 empresas de Cali.

Y es que Tabares hizo de las suyas, tal y como describió un fiscal delegado, que expuso al detalle cómo era que hacía la mujer para acceder a empleos en áreas financieras y contables, y desde allí obtenía información para realizar millonarias transferencias no autorizadas y retirar dinero en efectivo.

La investigación cuyos resultados se revelaron la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, establece que los hechos ocurrieron entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026.

Según el ente acusador, la procesada se postulaba para cargos vinculados con el manejo contable de empresas (con el cargo de auxiliar contable) y, aprovechando su aspecto que no generaba desconfianza entre sus compañeros de trabajo, se ganaba la confianza de sus empleadores y obtenía acceso a datos bancarios.

Una vez tenía acceso a esa información, Tabares obtenía las claves, tokens y contraseñas dinámicas para efectuar transferencias hacia cuentas que estaban bajo su control.

La Fiscalía le atribuye nueve casos asociados por el Grupo Contable del CTI

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali lograron asociar nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares.

Además de las operaciones electrónicas, la Fiscalía señaló que la mujer también habría tomado dinero en efectivo procedente de actividades comerciales.

El organismo investigador indicó que la procesada registra 28 condenas por conductas similares.

La orden de captura fue ejecutada en Cali por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

“En desarrollo de dicha actividad y prevaliéndose del acceso a información financiera, medios de pago y cuentas bancarias de sus empleadores, se apoderó de sumas de dinero en efectivo provenientes de la actividad comercial de las empresas y adicionalmente efectuó múltiples transferencias electrónicas de recursos sin autorización ni consentimiento de sus titulares, desviando los fondos hacia cuentas bajo su control o disposición”, describió el fiscal delegado en medio de la audencia.

El funcionario relató además, cómo Tabares “en uno de los eventos investigados, utilizó sin autorización la tarjeta bancaria personal de uno de los empleadores para realizar retiros de dinero en efectivo, incorporando tales recursos a su patrimonio”, y que “causó un detrimento patrimonial a las sociedades y personas afectadas, obteniendo un provecho económico indebido, afectando de manera directa el patrimonio económico de las víctimas”.

Al menor descuido la mujer aprovechaba el factor de oportunidad

En otro de los fragmentos de la diligencia judicial se expuso cómo Tabares hacía de las suyas para quedarse con el dinero.

“Para la ejecución de estas conductas, la presunta responsable aprovechaba momentos de baja supervisión y no estaban empleados (...) permaneciendo sola en oficinas administrativas, áreas de caja o espacios donde se resguardaba la caja fuerte, dineros, tokens bancarios, claves de acceso o cheques de empresa, facilitando así la apropiación de los recursos”, sustentó el funcionario.

De esta forma, reseñó el fiscal, “una vez consumada la apropiación de dineros, (Tabares) abandonaba de manera repentina el lugar de sus labores sin previo aviso, cambiando o desactivando sus números de contacto, bloqueando a los empleadores en mensajería o evitando cualquier tipo de comunicación, lo que dificultaba su ubicación y posterior seguimiento a los hechos”.

Era tal el nivel de sofisticación de la mujer para no dejar huella que, en algunos casos, ella destruía “la documentación integrada ante el proceso de contratación, hojas de vida o soportes personales con el propósito de dificultar su identificación y rastreo”, concluyó el funcionario del ente investigador.

Un caso ocurrió en una plaza de mercado de Cali

Uno de los episodios investigados se remonta al 10 de diciembre de 2024. Para ese momento, Tabares trabajaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado y tenía bajo su responsabilidad las cuotas de administración que entregaban los comerciantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la mujer habría guardado más de $38 millones en una bolsa. Después, habría introducido el dinero en su bolso personal y abandonó el lugar sin entregar los recursos que estaban bajo su custodia.

Ese hecho hace parte de la investigación por apropiaciones de dinero en efectivo, una modalidad distinta a las transferencias electrónicas que también detalló un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali.

La procesada aceptó cuatro delitos y deberá permanecer recluida

La Fiscalía le imputó a Tabares los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

La procesada aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, y esto llevó a que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Al final, desde el ente investigador se afirmó en el comunicado oficial que se continuará con las actuaciones para establecer el alcance total de las afectaciones económicas reportadas por las empresas.

El ingeniero de sistemas identificado como Fredy Eduardo Blanco Palacio, de 33 años y oriundo del municipio de El Copey (Cesar), fue hallado sin vida en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, después de haber sido reportado como desaparecido tras solicitar un servicio de transporte por aplicación la noche del viernes 9 de octubre.

De acuerdo con información conocida por Q’HUBO a través de allegados de la víctima, Blanco salió de la vivienda de su compañera sentimental, en el barrio Salazar Gómez (localidad de Puente Aranda), cerca de la medianoche.

Su destino era el apartamento al que se había mudado un mes antes, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con calle 26, para estar más cerca de su trabajo, en una zona que divide a las localidades de Fontibón y Engativá.

El vehículo que habría recogido al ingeniero era un Renault Logan rojo. Después de ese trayecto, sus familiares y compañeros perdieron contacto con él, tal y como quedó registrado en una cámara de seguridad que reveló Citynoticias de las 8 en su edición del martes 20 de octubre de 2026.

La ausencia en el lugar de trabajo de la víctima activó la búsqueda

Durante el fin de semana posterior a su desaparición, allegados de Blanco no tuvieron noticias sobre su paradero.

“Yo hablé con él la última vez el viernes, en la mañana. Luego le estuve marcando el viernes por la tarde, el sábado, nada, ya no me contestó más, ni domingo ni lunes”, contó al mismo noticiero capitalino Rosiris Palacio, madre de Fredy.

El lunes 12 de octubre, su teléfono celular volvió a encenderse, lo que llevó a sus cercanos a pensar que podía haber sido víctima de un hurto y que quizá tendría una oportunidad de comunicarse.

La alerta aumentó el martes 13 de octubre, cuando el ingeniero no llegó a su lugar de trabajo. Sus compañeros fueron hasta su residencia y confirmaron que no había regresado allí. A partir de ese momento, familiares y conocidos iniciaron una búsqueda que incluyó consultas en Medicina Legal.

“La hija mía es la que entra a una página donde encuentra que a las 4:20 (p.m.) le habían hecho la necropsia y ella entró a las 4:40 (p. m.) y ya lo encuentra (...) que estaba en los fallecidos. Y eso solo porque a las ocho de la mañana, que ya él no se presentó a trabajar, una compañera llama a mi hija y le dice que por qué no se presentó (Fredy) a trabajar”, contó la madre del ingeniero de sistemas, luego de que el mismo martes se confirmó que el cuerpo era de él.

En esa entidad establecieron que el cuerpo de Blanco había ingresado hacia las 11:00 de la mañana, luego de que las autoridades lo encontraran dentro de un inmueble de Ciudad Bolívar.

El cuerpo fue hallado en una vivienda tras una alerta por olor de descomposición

El hallazgo ocurrió, según la información disponible, en una casa ubicada en inmediaciones al barrio La Cumbre. El propietario del inmueble acudió al lugar luego de recibir una alerta por un fuerte olor de descomposición.

Al entrar, encontró el cuerpo del ingeniero con evidentes signos de violencia. De acuerdo con el relato de personas cercanas a la víctima, Blanco tenía las extremidades amarradas y presentaba heridas causadas con arma blanca, lo que llevó a las autoridades a establecer de forma preliminar que a Blanco lo habrían torturado antes de asesinarlo.

Las sospechas iniciales recaen sobre quienes arrendaban la vivienda, personas de nacionalidad venezolana que habrían abandonado el lugar de forma repentina el lunes 12 de octubre, un día antes de que se encontrara el cuerpo. Esta hipótesis está siendo barajada por parte de las autoridades judiciales.

La familia menciona una posible modalidad de paseo millonario

Los allegados de Blanco señalaron que las cuentas bancarias de la víctima fueron vaciadas después de su desaparición. Esa información llevó a la familia a considerar la posibilidad de que el ingeniero hubiera sido víctima de un secuestro, tortura o un posible paseo millonario.

Sin embargo, las autoridades no han informado una hipótesis oficial sobre los móviles del crimen ni han anunciado capturas relacionadas con el caso.

La indagación se centrará en revisar los datos de la aplicación de transporte, la ruta del vehículo, los movimientos financieros y los elementos encontrados en la vivienda.

“Él era de su casa, no tenía problemas, era muy tranquilo, una persona normal”, expresó un allegado de la víctima en diálogo con el diario bogotano.

Asimismo, los familiares indicaron que las autoridades les informaron que la investigación podría tomar cerca de tres meses, y debido a los procedimientos forenses, tampoco pudieron realizar un velorio en Bogotá.

“Queremos que su muerte no quede en la impunidad. O sea, nos han hecho un dolor (...) a todos, sobre todo a mí, que jamás me va a pasar. Yo sé que, conociendo quién lo hizo, quién fue el que hizo esto, no me lo van a devolver, pero por lo menos quedo conforme saber que se hizo justicia”, concluyó la progenitora.

Los restos de Blanco fueron trasladados a Valledupar, ciudad de origen de su familia, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

Tras la resolución por parte del juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá que condenó a Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz a 450 meses de prisión por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes atacado en Chapinero durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando se encontraba en condición de indefensión, se conoció un testimonio inédito de un joven que compartió con Suárez, y que detalló cómo fue que ingresó junto a él becados a la institución de educación superior.

La sentencia llegó casi un año después de la agresión ocurrida a la salida de un establecimiento nocturno.

La pena equivale a 37 años y seis meses de cárcel y obliga a los dos condenados a permanecer privados de la libertad, mientras el Inpec define el centro penitenciario donde la cumplirán.

El caso provocó que Alejandro González compartiera un video desde su perfil de Instagram el martes 20 de octubre de 2026, en el que describió cómo era Suárez antes de que se conocieran los hechos por los que aún las autoridades buscan a una tercer persona implicada: Kleidymar Fernández Sulbarán, una joven de nacionalidad venezolana que tiene circular roja de Interpol.

“Yo hacía barras con uno de ellos. Juan Carlos y yo entramos becados a Los Andes en el 2017. Él fue el mejor Icfes de su colegio y me decía que esa era su oportunidad para salir de un barrio caliente”, inicia su relato González.

El joven contó que él Suárez salían de clase “a hacer barras en un parque (...) y recuerdo que el man hablaba supercalmado y de hecho pensaba mucho las cosas antes de decirlas. Pero ocho años después no se había graduado y estaba trabajando en un call center”.

González recordó que él “hace un año estaba igual (que Suárez), sin grado y en un call center”.

“Jaime tenía apenas veinte años, jugaba en la selección de ajedrez y estaba aplicando a un intercambio en Finlandia”, contó el excompañero de Suárez, que al conocer los detalles del crimen de Moreno, expresó: “Cuando supe esto me sentí como Mario Mendoza cuando se enteró que Campo Elías, su compañero en La Javeriana, era el responsable de la masacre de Pozzetto”, que se presentó el 4 de diciembre de 1986.

González hizo una reflexión sobre lo que ahora deberá enfrentar Suárez, que estaba disfrazado con el rostro pintado de rojo la noche del jueves 30 de octubre de 2025.

“Ahora, yo sé lo que me van a decir. No todos los que se esfuerzan y no reciben el reconocimiento que merecen matan a alguien. Y tienen razón. Yo estuve en el mismo lugar que Juan Carlos y no he matado a nadie. Nada justifica lo que hizo. Pero Rodio decía algo: el talento no basta, también necesita plata, contactos y apellido para que el mundo te reconozca”, sostuvo el joven que compartió con Suárez.

El usuario recordó que según la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en Colombia a una familia pobre le toma once generaciones para llegar a un ingreso promedio.

“A (Mario) Mendoza le tomó años entender a Campo Elías. Yo la verdad, todavía no entiendo a Juan Carlos. Lo que sí tengo claro es que hoy hay una familia sin Jaime y un país donde el esfuerzo honestamente no alcanza”, concluyó González al final del video.

La familia de Moreno había solicitado una sanción superior a 45 años por homicidio agravado cometido con dolo, es decir, con intención. El juez, sin embargo, fijó la condena en 450 meses tras considerar que la víctima no pudo defenderse durante el ataque.

La golpiza tras una fiesta en Chapinero

Moreno, de 20 años, salió del establecimiento Before Club hacia las 3:20 de la madrugada, luego de asistir a la fiesta ‘Relaja la pelvis’ con un amigo. Ambos buscaban transporte para regresar a sus viviendas cuando un grupo de personas disfrazadas alcanzó al estudiante a pocos metros del lugar.

La reconstrucción incorporada al expediente indicó que el joven recibió un golpe por la espalda que lo derribó sobre la acera y lo dejó inconsciente.

Ya en el suelo, los agresores continuaron con patadas y puños dirigidos a la cabeza y el tórax.

El acompañante de Moreno intentó auxiliarlo, pero también fue atacado por personas que estaban en la zona. Las patrullas de la Policía Nacional llegaron tras una alerta de la comunidad y hallaron al estudiante con traumatismos graves y sangrado constante.

Los uniformados lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial, primero en Chapinero, y después remitido a Usaquén, al que ingresó sin signos vitales.

Las autoridades de policía judicial rastrearon después el recorrido de los sospechosos por la zona rosa de Chapinero, donde se habría producido un leve cruce de palabras dentro del bar.

Durante el juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó videos de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en el sector de la calle 64 con carrera 15, además de testimonios presenciales y dictámenes médicos de Medicina Legal.

El ente acusador sostuvo que hubo desproporción en la fuerza empleada y sevicia durante la golpiza.

La Fiscalía imputó a González y Suárez por homicidio agravado, con base en la indefensión de Moreno. Tanto el organismo acusador como la representación legal de la familia pidieron una pena de hasta 37 años de prisión para cada procesado, a partir de las pruebas científicas y testimoniales expuestas ante el juzgado.

Camilo Rincón, apoderado de la familia de Moreno, sostuvo que el fallo representa un “bálsamo” de justicia tras la muerte del universitario.

En una entrevista con Noticias Caracol, el abogado destacó que el juez descartó de forma categórica la pretensión de la defensa de calificar el caso como homicidio preterintencional.

“Jaime Esteban no muere por un solo golpe. Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que, de manera deliberada, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse. Fue de manera miserable, cruel y despiadada”, expuso Rincón.

El representante legal explicó que había solicitado una condena de 550 meses de prisión, más de 45 años, sin beneficios para los acusados.

“Cualquier condena sería insuficiente cuando se pierde un ser querido, pero la justicia respondió con prontitud. Esto debe llevarnos a una reflexión para bajar las banderas de la violencia y del odio”, agregó el jurista que defiende a la familia Moreno Jaramillo.

“¡Fuera abusador! ¡Fuera Jorge Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera Hollma Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera abusador! ¡Fuera Jorge Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No nos representas! ¡Fuera abusador! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡No nos representas! ¡Fuera abusador!" fueron algunas de las arengas que se observaron en el video que compartió el portal Volcánicas.

“Holman Morris, quien ha tenido varias denuncias por violencia intrafamiliar, acoso sexual, violencia sexual, entre otras, hoy apareció en el plantón pacífico en frente del Museo Nacional por las víctimas y por la comunidad Lgbtiq+. Una de sus denunciantes se acercó hacia mí y yo personalmente en el megáfono grité: «Fuera Holman Morris»”, detalló Gómez por medio de un video que compartió desde su cuenta de Instagram.

La menor de edad, fundadora del movimiento artístico ‘Resistencia Chiquita’, detalló que no quiere volver a encontrar a Morris en estos espacios.

“Porque no vamos a permitir que en un espacio seguro para las mujeres, para la comunidad y para todas las personas esté un presunto agresor”, recordó Gómez, que en el mismo video señaló que fue víctima de improperios por parte de personas que, según ella, habrían llegado junto al periodista, una de las caras más visibles durante la administración de Gustavo Petro.

“Él (Morris) fue muy hostil y las personas que estuvieron con él me insultaron. Ningún macho, por más que esté en contra del gobierno de Abelardo, o sea, de izquierda, va a poder estar en un espacio seguro si ha sido violento con otras mujeres o con otras personas”, detalló la adoelscente.

Al final, Gómez contó que “luego salieron a hablar otras dos víctimas más de él”. Por todo lo anterior, ella sentenció al final de la grabación: “Holman Morris, no vamos a permitir que estés en nuestros espacios seguros”.

El caso que reabrió la Fiscalía en contra de Hollman Morris por presunto acoso sexual a una periodista

La Fiscalía General de la Nación reabrió el 20 de abril de 2026 la investigación contra Hollman Morris, gerente general en ese entonces de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc - Sistemas de medios públicos, ahora Inravisión), por el presunto delito de acto sexual violento denunciado por la periodista María Antonia García de la Torre.

La decisión busca revisar si la anterior calificación jurídica redujo la gravedad de los hechos y limitó la protección de la denunciante, destacó un informe del diario El Tiempo.

La fiscal Marcela Abadía dispuso el desarchivo bajo un enfoque de género al considerar que tipificar el caso como una conducta de menor entidad podía constituir una forma de violencia de segundo orden. La investigación deberá establecer si esa valoración invisibilizó la denuncia y dificultó el acceso a la justicia.

La denuncia por un encuentro en Madrid en 2019

María Antonia García de la Torre, escritora y columnista de El Tiempo, denunció que Morris la acosó sexualmente en septiembre de 2019, durante una entrevista en el barrio Lavapiés de Madrid, España. En ese momento, García trabajaba como reportera de El Mundo.

La periodista relató en su columna Mujeres ardidas, publicada en 2019, que hubo tocamientos no consentidos y un beso forzado. De acuerdo con lo que contó la comunicadora, otras personas invitadas por Morris también se encontraban en el lugar.

El expediente había sido archivado el 7 de octubre de 2022 por el fiscal Alfonso Bonilla, quien concluyó que los hechos correspondían al delito de injuria por vía de hecho y no al de acto sexual violento. El funcionario sostuvo que la acción estaba caducada por tratarse de un delito querellable y por haber transcurrido siete años y nueve meses desde el suceso.

La revisión comenzó el 6 de abril de 2026, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reasignó el caso a Abadía, integrante de la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La instrucción fue realizar un nuevo análisis de la actuación previa.

La disputa por la tipificación y la prescripción

Abadía planteó en un documento de nueve páginas que una calificación errónea de un hecho de violencia de género no representa “un simple fallo técnico, sino una forma de violencia”.

Para la fiscal, ese error puede revictimizar a la denunciante, acortar el plazo de prescripción y validar de manera tácita la agresión desde el Estado.

La funcionaria judicial sostuvo que, cuando un operador judicial omite los elementos específicos de un tipo penal y lo clasifica de forma incorrecta, “despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”.

Por su parte, la delegación de la Fiscalía ante la Corte Suprema considera que la revisión debe cuestionar una neutralidad formal que históricamente ha ignorado relaciones asimétricas de poder y la violencia sistemática contra las mujeres.

Claudia Cristancho, abogada de Morris, afirmó que la presunción de inocencia de su defendido “permanece incólume” y calificó la reapertura como irregular.

La defensora argumentó que “la Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento”.

La jurista agregó que aquella conclusión se tomó tras valorar el relato de la denunciante, los elementos reunidos y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

De otro lado, Morris declaró que no existió contacto no consentido y sostuvo que el beso durante el encuentro en Madrid fue mutuo. Su defensa afirmó que no hay hechos nuevos ni aspectos distintos de los ya examinados, por lo que describió el desarchivo como una “relectura forzada” del expediente.

Mientras tanto, María Camila Correa Flórez, representante legal de García de la Torre, respaldó la decisión de la Fiscalía. “La decisión de desarchivo es adecuada”, declaró la abogada al mismo diario bogotano, y sostuvo que la calificación como injuria por vía de hecho en lugar de un delito sexual invisibiliza una violencia y constituye una forma de violencia de segundo orden.

La defensa de Morris atribuyó las irregularidades que denuncia a motivaciones políticas y mediáticas, mientras que la representación de García sostuvo que la revisión corrige fallos previos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.

Un viejo caso del pasado vuelve a ser motivo de discusión en el Gobierno nacional, debido a la denuncia que hizo por medio de su cuenta de X la periodista Paola Herrera, luego de señalar que un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura sería nombrado por el jefe de Estado en un cargo destacado en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El personaje en cuestión es el abogado Sergio Eduardo Estarita Jiménez, que figura como aspirante a la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, tal y como lo reveló Herrera, igual que el portal Cuestión Pública, el martes 20 de octubre de 2026.

Este mismo exmagistrado y jurista habría incido en el proceso judicial que se le abrió al De la Espriella (cuando ejercía como abogado) enfrenta dos procesos disciplinarios por su actuación como defensor del entonces magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió las actuaciones tras dos quejas contra el abogado, según lo que destacó un informe del diario El Tiempo en 2016.

El proceso contra Pretelt llevaba más de un año sin una decisión de fondo por los recursos que lo habían tratado de dilatar en ese entonces.

Las quejas fueron presentadas por los exrepresentantes Germán Navas Talero y Ángela María Robledo. Según sus argumentos, De la Espriella habría abusado de las recusaciones contra integrantes de la Comisión de Acusaciones para retrasar el expediente y habría divulgado en medios detalles exclusivos con el propósito de afectar o persuadir a funcionarios vinculados al caso.

Por lo anterior, Herrera señaló: “Ojo: El magistrado del @judicaturacsj que hace unos años absolvió a Abelardo De La Espriella en la investigación que se le abrió por presuntas faltas en la profesión cuando defendió a Jorge Pretelt, será premiado ahora por el presidente”.

La periodista añadió en su mensaje que Estarita Jiménez “llegará a la @sicsuper a ocupar el cargo de delegado de competencia”, que ella calificó como “la delegatura más importante de esa entidad”.

La hoja de vida del abogado Sergio Eduardo Estarita Jiménez fue publicada el 19 de octubre en la página de la Presidencia de la República. La postulación quedó registrada a las 11:05 de esa mañana.

El antecedente se remonta a una investigación disciplinaria contra De la Espriella por su actuación como defensor de Pretelt Chaljub, entonces magistrado de la Corte Constitucional.

Pretelt fue condenado tras un caso relacionado con la solicitud de $500 millones a Fidupetrol para intervenir en una tutela que la petrolera había presentado contra un fallo que la obligaba a pagar a la Gobernación de Casanare.

El cierre anticipado del proceso contra De la Espriella

El 8 de junio de 2016, El Espectador informó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá había abierto dos procesos disciplinarios contra Abelardo de la Espriella por presuntas faltas profesionales durante la defensa de Pretelt Chaljub.

Uno de esos expedientes surgió de una queja del entonces representante a la Cámara Germán Navas Talero, quien cuestionó un posible abuso del derecho a presentar recusaciones infundadas contra integrantes de la Comisión de Acusaciones.

De la Espriella respondió entonces a Navas Talero mediante un mensaje citado en una columna de Yoirá Ackerman: “El viejito gagá de Navas Talero presenta queja disciplinaria por hacer mi trabajo. Adelante, abuelo. La pelea es lo mío”.

La información publicada por el mismo medio incorporó posteriormente una aclaración editorial sobre el desenlace de ese trámite.

El 30 de junio de 2016, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, identificado allí como Sergio Eduardo Estarita Jiménez, ordenó la terminación anticipada del proceso relacionado con las recusaciones.

La decisión concluyó que las pruebas reunidas durante tres audiencias y la calificación provisional permitían establecer que “no existe falta alguna de naturaleza disciplinaria en el actuar del doctor Abelardo de la Espriella Otero y que no se incurrió, por lo tanto, en alguna vulneración en alguno de los deberes establecido en el artículo 28 del estatuto ético del abogado”.

El cierre se produjo 22 días después de que se informara sobre la apertura del proceso. La actuación disciplinaria concluyó que el abogado no había incurrido en una falta vinculada con las recusaciones contra los parlamentarios.

Una orden impartida por un suboficial habría desencadenado la discusión que terminó en un hecho con arma de fuego dentro del Batallón Tarqui de Sogamoso, en Boyacá, durante la madrugada del martes 20 de octubre.

El episodio dejó muertos: al sargento Héctor Lozano y a un soldado profesional (identificado como Edwin Malabet Collante), además de otro militar y un canino heridos.

Las versiones preliminares indican que el soldado profesional señalado de accionar el arma discutió con Lozano poco antes del ataque, de acuerdo con lo revelado por una fuente al diario El Tiempo.

El suboficial, adscrito al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional, al parecer se preparaba para atender una emergencia en Villa de Leyva cuando ocurrió la confrontación.

Según la información conocida por el mismo medio, el soldado habría respondido de forma negativa a una instrucción impartida por su superior.

Tras un intercambio de palabras, Collante presuntamente le disparó al sargento por la espalda.

“Al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”, fue la versión que conoció el diario bogotano.

El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades militares y judiciales. No obstante, el Ejército Nacional no ha confirmado el motivo de la discusión.

El Ejército afirmó que el soldado habría usado su arma de dotación

Horas después del incidente, el Ejército Nacional informó en su comunicado oficial que en el caso estuvo involucrado un soldado profesional que habría accionado su arma de dotación contra un suboficial. La institución sostuvo que, después del ataque, el militar se habría quitado la vida.

No obstante, las autoridades investigan el origen del arma utilizada, pues una de las primeras versiones indicó que debía establecerse si correspondía efectivamente al armamento asignado al soldado.

Además de causar la muerte del sargento Lozano, el ataque dejó herido a otro uniformado y a un canino que estaba cerca del lugar. Ambos reciben atención especializada, de acuerdo con la información entregada por el Ejército.

El episodio ocurrió en una unidad vinculada con la Brigada de Atención de Desastres. Sobre las 5:00 de la mañana, residentes y personas cercanas al batallón escucharon ambulancias, vehículos que se movilizaban a alta velocidad y uniformados que corrían dentro de la guarnición.

Las autoridades entrevistaron a quienes estaban en el batallón

Tras la alerta, las autoridades activaron los protocolos para recolectar evidencias, inspeccionar el lugar y tomar declaraciones a los uniformados que estaban presentes en el Batallón Tarqui.

Un reporte de Noticias Caracol destacó que se realizaron entrevistas dentro de la instalación militar para precisar la secuencia de los hechos.

La investigación deberá establecer si el cruce entre el soldado y el suboficial comenzó por una orden operativa y si existieron otros factores antes de los disparos.

Por su parte, desde el Ejército dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los dos militares fallecidos, y añadió que continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos”, menciona el documento oficial emitido por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional.

Otro dos hechos armados en instalaciones militares dejaron tres soldados muertos

El caso en Boyacá hizo recordar otros dos hechos en instalaciones del Ejército Nacional de Colombia dejaron tres soldados muertos y dos heridos entre septiembre y octubre de 2026.

Las autoridades investigan las circunstancias y las posibles responsabilidades en ambos casos.

El 6 de octubre, la Cuarta Brigada informó la muerte del soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez en una unidad militar de Buriticá, Antioquia.

Según el comunicado, un compañero presuntamente accionó su arma de dotación contra el uniformado, que pertenecía al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío.

El soldado señalado fue capturado y quedó a disposición de las autoridades. El Ejército activó sus protocolos y envió un equipo para acompañar a la familia de Benítez Rodríguez.

La investigación busca establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar del hecho.

De otro lado, el 3 de septiembre otro episodio armado ocurrió en la base militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare. El Ejército confirmó que dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos después de que un uniformado disparara con su arma de dotación.

Las víctimas integraban el Batallón de Infantería N.° 44, y la institución calificó el hecho como un episodio de intolerancia y coordinó las actuaciones judiciales con las autoridades.

De acuerdo con Prensa Libre Casanare, los fallecidos serían Eduar Alejandro Marín Cárdenas y Diego Armando Arias Guanaro, de 19 años.

Así lo reveló el documento oficial, y en el que se precisó que una de las actuaciones aborda contratos vinculados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, mientras la otra se concentra en el Hospital Departamental del archipiélago.

Las decisiones se conocieron pocos días después del encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella, la congresista Jay-Pang y la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, en el que el mandatario lanzó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y la administración de los servicios de salud en la isla.

Las indagaciones se encuentran en una etapa preliminar, con responsables disciplinarios aún “por determinar”. En esta fase, el Ministerio Público busca establecer si hay elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.

Los detalles tras el anuncio de la Procuraduría

La primera indagación, abierta el 19 de octubre, está relacionada con la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El documento menciona un informe de la periodista D’Arcy Quinn en La FM, según el cual una intervención habría identificado contratos que, presuntamente, terminaban en manos del esposo de la gobernadora del archipiélago.

La Procuraduría deberá recaudar pruebas y establecer si los señalamientos tienen sustento disciplinario.

Durante el careo difundido por la Presidencia, De la Espriella cuestionó a las dirigentes del archipiélago por el manejo del hospital. “Llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, afirmó el jefe de Estado.

La segunda indagación menciona contratos ligados al esposo de Elizabeth Jay-Pang

La otra actuación disciplinaria se inició el 20 de octubre y se refiere a posibles hechos en la Gobernación de San Andrés.

El documento también evaluará aspectos revelados por parte de un informe de Semana sobre Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang.

En plataformas oficiales figuran cuatro contratos vinculados con Vonblon Pomare entre 2018 y 2024, por una suma cercana a $ 1.709 millones. Uno de ellos corresponde a una contratación directa para adquirir un predio ubicado en el edificio Coral Palace.

La Secretaría de Infraestructura habría desembolsado $ 1.700 millones, equivalentes al 24,29% de un contrato de $ 7.000 millones, para comprar ese inmueble.

El predio estaba destinado, según la referencia al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), a un proyecto de construcción de alcantarillado pluvial en el distrito cuatro, señaló en su informe el mismo medio.

La indagación de la Procuraduría deberá definir si hubo actuaciones contrarias a las normas de contratación pública o posibles conflictos de interés.

El presidente anunció que no tolerará irregularidades en la isla

Durante la visita al centro médico de San Andrés, el presidente De la Espriella aseguró que conocía detalles sobre la contratación y los negocios del esposo de la congresista.

“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo, y no lo voy a permitir”, dijo el mandatario.

El presidente también aseveró que los recursos que su Gobierno envíe al archipiélago tendrán vigilancia especial.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, sostuvo ante la mandataria regional y la congresista.

En otra intervención, De la Espriella señaló que Vonblon Pomare estaría detrás de contratos de la Gobernación.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, dijo el jefe de Estado.

Gobierno pidió coordinación entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía

Por parte de la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, se informó que la Casa de Nariño solicitó una intervención articulada de la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para examinar denuncias sobre posibles redes de corrupción en el archipiélago.

Según Lombana, el Ejecutivo pidió que las pesquisas se coordinen desde Bogotá, con el uso de mecanismos de control preferente y excepcional. También propuso conformar un grupo especial para evitar posibles interferencias locales durante los procesos.

La Procuraduría deberá establecer si los contratos mencionados, la administración del hospital y las actuaciones de funcionarios o particulares ameritan la apertura de procesos disciplinarios formales.

Pero a la vez, Sánchez hizo una petición al Gobierno de Abelardo de la Espriella como último recurso para poder sobrellevar la porfiria intermitente aguda, la enfermedad huérfana que padece.

“También sufro de endometriosis grado cuatro y también tengo disautonomía POTS”, que se refiere al síndrome de taquicardia postural ortostática, un trastorno de la regulación automática del organismo, y especial de la circulación al cambiar de posición, y que provoca síntomas al pasar de estar acostado o sentado a estar de pie.

La joven monteriana destacó en el video que se difundió por el portal regional La Lengua Caribe, además del informe de Río Noticias el martes 20 de octubre de 2026, “sin cura” estos tres diagnósticos, y después aclaró que “por lo general, no tienen un tratamiento específico”.

Por todo lo anterior, Sánchez se dirigió de forma directa al presidente De la Espriella, al comentar en la grabación: “Estoy haciendo un llamado a la Presidencia de la República para que me pueda ayudar a tener ayuda para acceder a un medicamento que se llama Givosiran”.

La monteriana explicó que “este medicamento es para ayudarme para la porfiria, para que no me den tantas crisis de seguido”.

Más adelante, Sánchez afirmó, luego de un deterioro en salud después del video que ella compartió en marzo de 2026, y también pidiendo colaboraciones en esa ocasión para realizarse un exámen especial referente a su endometriosis: “Yo solamente quiero seguir luchando por mi vida”.

“Estoy en hospitalizaciones constantes desde hace cuatro meses, donde solo he pasado máximo cinco días fuera de la clínica y mi salud y mis órganos se han venido deteriorando poco a poco. Ya no aguanto más, vivo dopada por las medicinas y ya los médicos dicen que no pueden hacer más nada por mí”, detalló la mujer.

Sánchez pidió que la asistan por un motivo especial. “Por favor, solicito su ayuda. Necesito estar bien para mi hijo de nueve años con autismo. Espero puedan ayudarme y pueda llegar esto a las personas adecuadas”, concluyó el mensaje.

En marzo de 2026 Daniela Sánchez pidió ayuda para tratar complicaciones asociadas con endometriosis

En marzo de 2026, Sánchez Morales, en ese entonces con 29 años, publicó un video en redes sociales para pedir apoyo económico que le permitiera acceder a exámenes, consultas y un procedimiento médico especializado.

La joven aseguró que enfrenta una crisis de salud asociada con la endometriosis que padece desde los 17 años y con otros diagnósticos que afectan su calidad de vida.

Sánchez explicó en ese ocasión que requería una venografía pélvica, examen que permitiría evaluar una congestión venosa pélvica detectada meses antes.

De acuerdo con su testimonio, esa condición, también conocida como várices pélvicas, le provoca dolor persistente y se suma a los efectos de la endometriosis y el dolor pélvico crónico.

“Quiero vivir, quiero estar aquí mucho más tiempo”, expresó en el video la mujer, que decidió hacer pública su situación después de cuatro meses de complicaciones, hospitalizaciones y dificultades para recibir atención especializada.

Siete cirugías y la pérdida de cuatro órganos

Sánchez relató que ha pasado por siete cirugías debido a la endometriosis y a otros diagnósticos derivados de esa enfermedad.

Durante ese proceso le retiraron cuatro órganos, una situación que, dijo, afectó la funcionalidad de su cuerpo.

La endometriosis es una enfermedad en la que un tejido similar al endometrio se desarrolla fuera del útero y puede generar dolor, inflamación y otras complicaciones. En su caso, Sánchez sostuvo que durante años normalizó los síntomas por la falta de diagnósticos oportunos y por la escasez de especialistas en su ciudad.

“No es normal que todo el tiempo te duela algo, no es normal que todo el tiempo te sientas fatigada o cansada”, contó en el video que reveló . También señaló que, en su experiencia, varios médicos restaron importancia a sus síntomas.

La mujer indicó que los analgésicos convencionales dejaron de surtir efecto y que recibe medicamentos de alta potencia para controlar el dolor. Según explicó, esos fármacos le han permitido caminar y realizar actividades cotidianas, pero también han tenido efectos sobre otras funciones de su organismo.

La venografía pélvica hacía parte de un proceso médico más amplio

Sánchez dijo que el diagnóstico de congestión pélvica venosa surgió tras un examen que se practicó por el aumento de los dolores. La venografía pélvica que buscaba realizarse hacía parte de los procedimientos necesarios para precisar el estado de las venas de la pelvis y definir una ruta de atención.

Además de la endometriosis y las várices pélvicas, mencionó diagnósticos de disautonomía y dolor pélvico crónico. La disautonomía agrupa trastornos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión.

Sánchez dijo necesitaba atención por parte de un equipo multidisciplinario que incluyera cardiología, neurología, urología, gastroenterología, ginecología especializada en endometriosis, proctología, medicina del dolor, fisioterapia, nutrición y psicología.

Sumado a todo lo anterior, mencionó la necesidad de fisioterapia de piso pélvico para intentar mejorar el manejo de las molestias físicas.

Cuatro hospitalizaciones y un viaje a Medellín

La joven señaló que estuvo hospitalizada cuatro veces durante los cuatro meses previos a la publicación del video. La estadía más corta fue de cinco días y, en medio de esas atenciones, recibió explicaciones que atribuían sus síntomas a factores psicológicos.

Ante esa situación, aseguró que viajó por sus propios medios a Medellín, donde fue valorada por una especialista en endometriosis. Allí se realizó un mapeo de la enfermedad que, de acuerdo con su versión, confirmó los diagnósticos y le permitió conocer los pasos médicos que debía seguir.

“Me tocó por mis propios medios conseguir la manera de irme a otra ciudad”, relató Sánchez, y sostuvo que su entidad prestadora de salud (EPS) atravesaba una situación crítica e intervenida, por lo que no recibía respuestas suficientes para la atención que requería.

La situación económica fue uno de los motivos de su llamado en redes sociales. Sánchez solicitó aportes para costear traslados, estudios, consultas y los procedimientos indicados por los especialistas.

Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron al Gobierno de Colombia que tres iniciativas legislativas en trámite podrían afectar la capacidad operativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comprometer las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Una de ellas fue la jurista e investigadora estadounidense Margaret Satterthwaite, que compartió a través de su cuenta de X los detalles de la misiva, además de la respuesta oficial por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Omar Bula, luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

La comunicación, fechada el 29 de septiembre de 2026 y registrada bajo la referencia OL COL 10/2026, fue firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

La primera de las tres medidas que preocupan a los relatores es la reducción presupuestal prevista en el Presupuesto General de la Nación para 2027. La JEP solicitó $947.642 millones de pesos colombianos para cumplir su mandato.

El proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda el 27 de agosto de 2026 le asignó $821.803 millones, una diferencia de más de $125.000 millones respecto de lo pedido.

El recorte se amplió durante el trámite legislativo: el 17 de septiembre de 2026 se presentó una proposición para reducir $120.000 millones adicionales del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.

El Gobierno respaldó esa medida, y el 22 de septiembre once representantes a la Cámara pertenecientes a las circunscripciones transitorias especiales de paz creadas como parte del Acuerdo de Paz también la apoyaron públicamente.

Recorte aprobado en primer debate

El 23 de septiembre de 2026, las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones en el presupuesto de funcionamiento de la JEP, cifra que supera las propuestas anteriores. La medida fue justificada como un ejercicio de “racionalización y priorización del gasto público”.

La afectación acumulada entre lo pedido por la JEP y lo que recibiría ascendería a aproximadamente $300.000 millones.

Los relatores advirtieron que ese déficit tendría efectos directos sobre la fase de cierre de las investigaciones de los macrocasos, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes, la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial, el monitoreo de sentencias y los procesos de reparación.

Revisión militar de sentencias

La segunda iniciativa que los relatores señalan es un proyecto de reforma constitucional orientado a establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias proferidas por la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.

La propuesta contempla, además, que esas revisiones automáticas solo puedan hacerse a favor del sancionado.

Los relatores advirtieron que este mecanismo podría sustituir los procedimientos de apelación ya existentes y otorgar a los tribunales militares nuevas facultades sobre una jurisdicción autónoma con competencias constitucionales.

Además, el equipo de juristas recordó que el principio 29 del Conjunto de Principios actualizados para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece que la Justicia Penal Militar debe limitar su competencia a infracciones de carácter estrictamente militar, con exclusión de las violaciones de derechos humanos.

El grupo de juristas internaciones también destacó que el mecanismo propuesto beneficiaría exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública sin establecer vías equivalentes para salvaguardar los derechos de las víctimas, lo que podría generar interrogantes sobre el principio de igualdad ante la ley.

Reducción del mandato institucional

La tercera iniciativa es un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual fijó un período de funcionamiento de 15 años para la JEP.

De aprobarse, el mandato institucional de la Jurisdicción quedaría reducido a 10 años, lo que anticiparía su cierre del año 2033 al año 2028.

Los relatores advirtieron que esta reforma se produce cuando la JEP avanza en la etapa final de varias investigaciones, en la implementación de medidas restaurativas y en actuaciones dirigidas a garantizar los derechos de las víctimas.

En la comunicación, los cuatro mandatos invocan el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, que obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos.

También citan el artículo 14 del mismo Pacto sobre el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Colombia se adhirió el 28 de mayo de 1973.

Los relatores recuerdan, además, las conclusiones del mandato sobre rendición de cuentas en contextos de justicia transicional (A/HRC/48/60), según las cuales la insuficiencia de recursos humanos y financieros es una de las principales causas de impunidad de facto.

Las siete preguntas al Gobierno De la Espriella y la respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores

La comunicación formula siete preguntas concretas al Gobierno colombiano.

Entre los cuestionamientos figuran: qué análisis realizó sobre el impacto de los recortes en la capacidad operativa de la JEP; si se llevó a cabo una evaluación de impacto en derechos humanos antes de aplicar las reducciones; cómo se garantizará la culminación de investigaciones, juicios y reparaciones en curso si se aprueba el cierre anticipado en 2028; y de qué manera la revisión automática por la Justicia Penal Militar sería compatible con los principios de independencia judicial y autonomía de los mecanismos de justicia transicional.

Por su parte, el Gobierno de Colombia respondió el 30 de septiembre de 2026 a la comunicación conjunta de cuatro Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que cuestionaron tres iniciativas legislativas en curso en el Congreso de la República con posible afectación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La respuesta que Satterthwaite adjuntó en el mismo mensaje de X que compartió con la carta hacia el Gobierno nacional, fue cursada ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el código S-GAIIDH-26-028828.

Colombia reiteró ante el organismo internacional su reconocimiento de la JEP como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 e incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que las dos iniciativas de reforma constitucional deben cumplir lo dispuesto en el artículo 375 de la Constitución, que exige aprobación en dos períodos ordinarios y consecutivos y, en el segundo, el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. Además, los actos reformatorios de la Constitución quedan sujetos al control de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.

Ante la pregunta de los relatores sobre si el Gobierno evaluó el impacto en derechos humanos del recorte presupuestal, el Ejecutivo respondió que la reducción fue de iniciativa del Congreso, que el trámite no ha concluido y que la JEP administra de manera autónoma los recursos que se le asignan, conforme al artículo 8 de la Ley 1957 de 2019.

El Gobierno también aclaró que en la pregunta relativa a la “reducción anticipada del mandato en 2028” no es claro si los Procedimientos Especiales se refieren a la propuesta de modificación del artículo transitorio 15 o a una iniciativa distinta, y solicitó a los relatores que precisen el alcance de la consulta.

Medidas activas en el marco vigente

El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que mantiene en ejecución cuatro líneas de acción para garantizar los derechos de las víctimas con independencia del resultado de las iniciativas legislativas.

La primera abarca el cumplimiento de las sentencias en firme de la JEP y la coordinación de proyectos restaurativos a través de la Instancia de Articulación para las Sanciones Propias (Insart), cuya Secretaría Técnica ejerce ese Ministerio conforme al artículo 205 de la Ley 2294 de 2023. Entre los casos en seguimiento se encuentran los Macrocasos 01 y 03.

La segunda línea comprende el desarrollo de las condiciones para el cumplimiento de las sanciones propias, con base en el artículo 204 de la misma ley y en el Decreto 652 de 2026, reglamentario del artículo 38 de la Ley 1957 de 2019.

La tercera incluye la articulación interinstitucional con la JEP en el marco de los documentos CONPES 4031 y 4094, así como la elaboración de instrumentos normativos para coordinar la Jurisdicción Ordinaria con la Jurisdicción Especial.

La cuarta línea contempla la coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y con la Política Pública Integral de Búsqueda, como garantía de verdad y no repetición para las víctimas de desaparición forzada.

El Gobierno señaló que ampliará la información remitida a los Procedimientos Especiales una vez que las iniciativas cuenten con texto definitivo y, en caso de ser adoptadas, existan en el ordenamiento jurídico colombiano.

Un video que circula en X registró el momento en que allegados y miembros de la barra La Gran Familia ingresaron el féretro Carlos Andrés Chapetón Santos al escenario para rendirle homenaje.

Las imágenes muestran a varias personas que cargan el ataúd por las graderías hasta dejarlo en el sector de la tribuna donde se suelen ubicar los integrantes de la barra. Durante la despedida se escucharon pitos y cánticos de los asistentes.

En medio de la concentración se produjo una discusión en la que intervino una mujer que se encontraba junto al féretro. Otros asistentes pidieron respeto y solicitaron guardar un minuto de silencio por Chapetón.

El estadio aparece con poca iluminación, por lo que el ingreso del ataúd habría ocurrido durante la noche del lunes 19 de octubre, un día después del partido del conjunto Leopardo.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento de las autoridades o de la administración del estadio sobre cómo se autorizó o se produjo el acceso del féretro al escenario deportivo.

La barra La Gran Familia despidió a Carlos Andrés Chapetón

Chapetón tenía 32 años y era integrante de La Gran Familia, agrupación de seguidores del Atlético Bucaramanga que suele ubicarse en la tribuna norte alta del Américo Montanini.

Luego de conocerse su muerte, integrantes de la barra publicaron un mensaje en redes sociales en el que recordaron su presencia dentro de la organización.

“Gracias por todo lo bueno que nos brindaste, por cada gesto, cada momento y cada enseñanza que dejaste en nosotros”, señaló uno de los. También lo describieron como un amigo y una persona importante para el grupo.

La publicación agregó que la huella de Chapetón permanecerá en la historia de la barra. El homenaje dentro del estadio ocurrió en un momento en que sus allegados aún esperan avances en la investigación por el ataque que le causó la muerte.

El ataque ocurrió el 4 de octubre en el barrio La Cumbre

El atentado contra Chapetón se registró la noche del domingo 4 de octubre en el sector Miradores de la Sierra, ubicado en el barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander.

Según la información conocida por la Policía, el hombre se encontraba dentro de un establecimiento comercial cuando un sujeto de contextura gruesa ingresó y le disparó en varias oportunidades.

El presunto agresor vestía jean azul y un buzo negro de manga larga. Después del ataque, huyó en una motocicleta que, al parecer, era manejada por una mujer, destacó un informe del diario Vanguardia de Santander.

La víctima recibió cuatro impactos de bala: uno en el costado derecho del pecho, otro en la parte baja del abdomen y dos en las piernas, y alcanzó a ser trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, donde permaneció hospitalizado durante varios días.

Chapetón murió el sábado 17 de octubre debido a la gravedad de las heridas. Hasta ahora no se han informado los móviles del crimen ni se conocen capturas por el homicidio.

El caso hizo recordar a los hinchas de Millonarios

En agosto de 2023, la barra Comandos Azules ingresó un féretro con un cadáver al estadio Nemesio Camacho El Campín durante el partido contra Tolima por la cuarta fecha del torneo clausura, que terminó con victoria 1-0 para Millonarios.

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá sancionó a los hinchas con tres medidas: prohibió su ingreso durante la sexta jornada de la Liga BetPlay II, les impidió usar prendas del equipo durante cinco encuentros y les ordenó realizar un acto de reparación para recuperar la confianza de la ciudadanía.

La ausencia de la barra se hizo evidente en el siguiente partido como local, en el que Millonarios derrotó 2-1 al Once Caldas. Los Comandos Azules, en esa ocasión, se acogieron a las sanciones impuestas tras el homenaje fúnebre dedicado a uno de sus integrantes.

Un episodio similar ocurrió el 27 de marzo de 2011 en el estadio General Santander de Cúcuta. Durante un partido, hinchas del equipo local ingresaron un féretro con el cuerpo de Cristopher Alexander Jácome, conocido como Iguana, en la tribuna de la barra del Indio.

La Policía lo señala de tener presuntos vínculos con la estructura criminal Los Costeños y de participar en una modalidad de narcotráfico que consistía en captar personas en situación de vulnerabilidad para transportar droga hacia Europa.

La medida fue ejecutada por la Policía Nacional, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, luego de la detención del extranjero, que hizo parte de los 72 detenidos tras el balance del operativo en Barranquilla y su área metropolitana.

Según el reporte oficial por parte de la Policía Nacional, alias Traore fue detenido en en el barrio Soledad 2000. La investigación lo relaciona con Mauricio José Escorcia Villa, alias Mauricio El Quesero, señalado por las autoridades como jefe de zona de Los Costeños, y que fue capturado a mediados de 2026, además de figurar en el cartel de los más buscados por homicidio en la capital del Atlántico.

La Policía indicó en su informe que el ciudadano francés habría contactado a personas con dificultades económicas para convencerlas de viajar al continente europeo con sustancias estupefacientes adheridas al cuerpo o escondidas entre el equipaje.

La investigación señala una red de “correos humanos” hacia Europa: el rol de ‘Traore’

Las autoridades colombianas relacionan a “Traoré” con una modalidad detectada desde 2022, basada en el uso de viajeros como correos humanos.

De acuerdo con los investigadores, las personas captadas asumían el traslado de droga hacia Europa y enfrentaban el riesgo de ser detectadas en controles aeroportuarios de los países de destino.

El ciudadano francés ya había sido capturado el 1 de diciembre de 2022 por hechos relacionados con narcotráfico.

La expulsión se produjo días después de la Operación Blindaje 360, desplegada con más de 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, con coordinación de la Fiscalía.

La ofensiva dejó 72 capturas, 50 diligencias de allanamiento y registro, además de la incautación de 17 armas de fuego, una granada y estupefacientes.

La investigación apunta a que Traore habría actuado bajo las órdenes de “Mauricio El Quesero”, capturado en julio en Cajicá, Cundinamarca.

Las autoridades lo señalan de ser uno de los presuntos cabecillas de Los Costeños y de estar relacionado con homicidios selectivos, extorsiones y el control de rentas ilícitas en Barranquilla y Soledad.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Sandra Liliana Rodríguez Castro, destacó la coordinación entre las entidades que participaron en la salida del extranjero del país.

“Son acciones articuladas, planeadas y ejecutadas para contrarrestar el delito, no solo frente a quienes lo cometen en nuestro país, sino también frente a ciudadanos extranjeros que pretendan utilizar nuestra ciudad para desarrollar actividades criminales”, afirmó la oficial.

Alcalde Alejandro Char destacó las capturas de la Operación Blindaje 360

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, resaltó los resultados del operativo y afirmó que la ofensiva representa una acción contra grupos vinculados con homicidios, extorsiones y hurtos en la ciudad.

En una publicación en X, Char se refirió a la expulsión del ciudadano francés, al que le incautaron un kilogramo de cocaína.

“Este es el primero de muchos golpes que nuestra fuerza pública seguirá dando”, escribió el alcalde, quien sostuvo que la Alcaldía aportará recursos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía, entre ellas equipos de comunicación, cámaras, motocicletas y herramientas de inteligencia.

Por su parte, el presidente De la Espriella declaró: ¡El miedo ya no está del lado de la gente trabajadora, el miedo cambió de bando! Mi reconocimiento a todos los que hicieron posible esta Operación Blindaje 360: Sin tregua al delito, resultado de una labor de inteligencia e investigación de la Policía, en articulación con la Fiscalía. Seguiremos fortaleciendo a nuestra Fuerza Pública, porque la seguridad y tranquilidad de los barranquilleros se respeta. ¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde!”

“Qué vergüenza lo que uno tiene que ver en Colombia: un vago congresista, senador de la República, que coge a los escoltas para que le lleven los carritos de mercado ‘dos carritos de mercado allá en el Éxito para hacer el mercadito para su casa, pobrecito’”, inicia el mensaje por parte de Zamudio, que añadió: “El sinvergüenza se ve que no tiene ninguna discapacidad, camina normal”.

Más adelante, en la misma publicación el usuario señaló que el supuesto congresista que sería de oposición. “Parece ser, según lo que me han venido comentando, que es Alex Flores (sic), el zurdo marxista del Pacto Histórico”.

Por este motivo, Zamudio le hizo una petición al presidente Abelard de la Espriella, con el fin de “revisar este caso de cómo un senador o un congresista va de compras”.

“En la noche de ayer, mientras el Congreso estaba trabajando, aprobando el presupuesto hasta las 4 de la mañana, este sinvergüenza estaba de compras y los escoltas llevándole los carritos de mercado”, destacó el mismo ciudadano al referir que la grabación se habría realizado el lunes 19 de octubre de 2026.

Al final, Zamudio etiquetó la cuenta de X de la UNP, que le contestó, a pesar de que en las mismas redes sociales se precisó que la grabación corresponde al año 2022 por parte del portal Ruta Noticias y que compartieron en esa ocasión los usuarios @Elkin_ZC y @daniel71371.

La respuesta oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

La misma mañana del martes, y por medio de un mensaje desde su perfil en la misma red social, la Unidad Nacional de Protección (UNP), se pronunció sobre el caso que se conoció luego del video que difundió el militante de Salvación Nacional.

“Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre un presunto mal uso de medidas de protección por parte de un beneficiario, la Unidad Nacional de Protección informa que no tolerará estas prácticas y reitera que los esquemas de protección son asignados para salvaguardar vidas y son financiados con recursos públicos”.

Sobre las presuntas irregularidades, desde la UNP se precisó que “se adelantará un riguroso proceso administrativo sancionatorio y se notificará a la empresa contratista para las acciones disciplinarias a que haya lugar contra el personal de protección”.

Al final de su publicación, desde la UNP se dejó en claro que “los recursos del Estado se respetan”, y que “la protección es un compromiso con la vida”.

Alex Flórez y su proceso judicial por violencia intrafamiliar

A mediados de septiembre de 2026, se reveló que la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Álex Flórez Hernández por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja Johanna Peláez Botero, a partir de presuntas agresiones verbales y físicas ocurridas entre 2020 y 2021, cuando era concejal de Medellín.

Si la determinación queda en firme, el congresista del Pacto Histórico enfrentará un juicio ante la Sala de Primera Instancia.

La Sala Especial de Instrucción tomó la decisión después de una investigación iniciada en julio de 2024. La Corte sostuvo que reunió soportes documentales y testimoniales suficientes para avanzar en el proceso penal.

Peláez afirmó en marzo de 2025 que los hechos no ocurrieron. Sin embargo, el magistrado Marco Antonio Rueda, quien tuvo a cargo el expediente en un principio, consideró que los elementos recaudados permitían formular la acusación.

Registros médicos y testimonios en la base de la acusación

Entre las pruebas examinadas figura un registro de una entidad promotora de salud que consignó la expresión “sospecha de maltrato físico” sobre Johanna Peláez Botero.

También se conoció un parte médico de EPS Sura que reportó un traumatismo superficial en uno de sus oídos, atribuido a golpes.

La denuncia indica que Flórez habría agredido a la madre de su hijo después de que ella se negara a abortar. Cuando las acusaciones se hicieron públicas, ambos difundieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que mantenían una buena relación por su hijo, sin desmentir de forma expresa la presunta agresión.

Mientras que la defensa del senador podrá presentar un recurso de reposición contra la acusación. Si esa vía no modifica la decisión, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá conducir el juicio contra el congresista.

Flórez cuestionó la determinación judicial en marzo de 2025 y sostuvo que era injusta. El senador afirmó que la justicia había “ignorado intencionalmente” el testimonio de la madre de su hijo, quien negó haber sufrido violencia intrafamiliar.

El congresista concluyó: “Defenderé mi verdad y la tranquilidad de mi familia hasta las últimas consecuencias. No todo vale en política, y no permitiremos más mentiras ni ataques contra nuestra dignidad”.

Los mensajes divulgados durante 2025 agregaron otra dimensión al expediente. Fragmentos de conversaciones de WhatsApp publicados por Desigual, portal dirigido por el periodista Alejandro Villanueva, mostrarían intimidaciones contra Peláez y discusiones en la residencia de la pareja, y en las que ella habría manifestado temor por su seguridad.

Las publicaciones también aludieron a presuntas presiones para que Peláez firmara un comunicado conjunto en marzo de 2022, en el que negó las agresiones. Flórez respondió que los mensajes eran falsos y constituían actos de injuria y calumnia; además, pidió a la Fiscalía General de la Nación protección para su hijo menor de edad.

Dos integrantes del Ejército Nacional murieron y un tercero resultó herido después de un hecho que se presentó con arma de fuego de dotación la madrugada del martes 20 de octubre en el Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá.

El Comando de Ingenieros informó que, de manera preliminar, un soldado profesional habría accionado su arma de dotación contra un suboficial.

El ataque dejó lesionado a otro soldado y a un perro que se encontraba en la instalación militar.

Según la versión inicial de la institución, el uniformado que al parecer disparó contra el suboficial se habría quitado la vida después de la agresión.

El Ejército activó los protocolos tras la emergencia

El Ejército señaló en su comunicado oficial que activó los protocolos institucionales y las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió dentro del batallón.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las investigaciones sobre la secuencia de los hechos, las causas de la confrontación y el uso del arma de dotación.

El documento emitido por el Comando de Ingenieros lamentó el fallecimiento de los dos miembros de la institución y expresó solidaridad con sus familiares, compañeros y allegados.

“En las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución”, indicó el Ejército.

La institución aclaró que la información divulgada corresponde a una hipótesis preliminar y que será necesario esperar el avance de las indagaciones para determinar las responsabilidades y establecer si existieron otros factores relacionados con lo ocurrido.

El militar herido y el canino reciben atención especializada

El soldado que resultó lesionado fue remitido para recibir atención médica especializada. El Ejército indicó que el canino herido también está bajo cuidado veterinario.

Además, la institución dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado profesional y del suboficial fallecidos.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos”, destacó el Comando de Ingenieros.

El caso se suma a los hechos que obligan a revisar los protocolos de seguridad, convivencia y manejo de armas al interior de las instalaciones militares.

Por ahora, el Ejército no ha informado si se abrió una investigación penal, disciplinaria o administrativa adicional.

Dos casos más se reportaron en instalaciones militares

A inicios de octubre se conoció el caso del soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez, que murió tras recibir disparos de un compañero que presuntamente accionó su arma de dotación dentro de una instalación del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia.

Ambos pertenecían al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío.

La unidad activó sus protocolos institucionales, mientras el soldado señalado fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes, y desplegó un equipo interdisciplinario e interinstitucional para asistir a los familiares del uniformado fallecido.

La víctima, identificada como el SL18 Benítez Rodríguez, se encontraba dentro de la instalación militar cuando ocurrió el hecho, según informó la Cuarta Brigada en un comunicado publicado el 6 de octubre.

Las circunstancias permanecen bajo investigación para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, además de las posibles responsabilidades. A su vez, el Ejército indicó en su comunicado oficial que entregará la información solicitada por las autoridades judiciales y otros organismos, con respeto por el debido proceso.

Por su parte, a comienzos de septiembre de 2026 el Ejército Nacional de Colombia confirmó que murieron dos soldados y otros dos resultaron heridos tras el ataque de un uniformado con su arma de dotación en la mañana del jueves 3 de septiembre, dentro de la base militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare.

La institución investiga el caso, que calificó como un episodio de intolerancia.

Los dos heridos recibieron atención inicial en la instalación militar y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención especializada. El Ejército no informó su estado de salud ni divulgó las identidades de los uniformados involucrados.

El hecho activó los protocolos del Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad de la Octava División, que coordinó con las autoridades la práctica de actos urgentes y las labores judiciales.

Las víctimas pertenecían al Batallón de Infantería N.° 44.

De acuerdo con el medio regional Prensa Libre Casanare, los fallecidos serían Eduar Alejandro Marín Cárdenas, que prestaba el servicio militar hasta enero de 2027, y Diego Armando Arias Guanaro, de 19 años, que habría muerto en medio del traslado al centro asistencial. El uniformado señalado como responsable tendría el apellido Hernández.

La investigación de la Policía Nacional le atribuye al menos siete víctimas, de acuerdo con las denuncias que recibió la institución.

El detenido, a quien las autoridades identificaron como “El Depredador del Humedal Juan Amarillo”, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, luego de que permaneciera fuera de Bogotá durante cerca de dos meses, destacó la mañana del martes 20 de octubre de 2026 el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba.

La orden judicial fue ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá y Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que las pesquisas se extendieron durante un año.

Como parte del material probatorio se incluyó análisis de muestras por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, interceptaciones telefónicas, inspecciones a los lugares de los hechos, entrevistas forenses, consultas en bases de datos, reconocimientos fotográficos, vigilancias y seguimientos.

Según el reporte oficial, las siete víctimas fueron vinculadas formalmente al caso mediante cotejos genéticos efectuados con apoyo de Medicina Legal.

Las autoridades señalan que intimidaba a las víctimas con armas de fuego

La Policía indicó que el hombre abordaba a mujeres entre los 18 y los 40 años, así como a adolescentes entre los 13 y los 17 años.

De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, el hoy detenido utilizaba armas de fuego para intimidarlas y obligarlas a ingresar a sectores apartados del humedal Juan Amarillo.

Una vez en las zonas boscosas, el capturado presuntamente cometía las agresiones sexuales y se apoderaba de objetos personales de las víctimas antes de escapar.

Los investigadores señalaron que ciertas características permitieron asociar los hechos. Entre ellas estaban el acento del señalado agresor y el uso recurrente de botas industriales durante los ataques.

Una enfermera denunció un ataque después de su jornada laboral

Uno de los casos que integra la investigación ocurrió el 25 de octubre de 2025. La víctima era una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada de trabajo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el hombre la abordó de forma violenta y la amenazó con el revólver para que se fuera con él a la parte interna del humedal.

Antes de escapar, el presunto agresor usó una linterna de alta potencia contra el rostro de la mujer, lo que habría dificultado que ella lograra identificarlo.

Otro hecho involucró a una pareja que caminaba por la zona

La Policía también incluyó en el expediente un hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2025. Una pareja caminaba por vía pública cuando fue interceptada por el ahora capturado y otra persona.

Según las autoridades, ambos obligaron a las víctimas a dirigirse hacia el humedal. Mientras el segundo implicado habría hurtado los objetos personales de la pareja, el hombre capturado presuntamente abusó sexualmente de la mujer.

Las autoridades señalaron que la capital colombiana registra 70 capturas por acceso carnal violento en 2026.

Además, desde la Mebog se detalló que durante 2026 se capturaron en flagrancia a 18 personas por el delito de acceso carnal violento, y se efectuaron otras 52 detenciones mediante orden judicial por esa misma conducta.

El caso del hombre capturado en Turbaco quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar el proceso penal por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Al final, el teniente Botero le reiteró a la comunidad a aportar información que permita identificar a responsables de agresiones sexuales y otros delitos. Para esto, las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 o en el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

El cabildante denunció la mañana del martes 20 de octubre que las descargas no solo habrían ocurrido durante el procedimiento policial en el barrio Caracolí (localidad de Ciudad Bolívar), en el límite entre el sur de Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y también se habrían presentado dentro de la estación de Policía de Cazucá.

Avellaneda señaló que un patrullero de 27 años figura entre los principales investigados por el caso.

“¿Cómo es posible que un joven esposado, reducido y bajo custodia policial siga recibiendo descargas eléctricas dentro de una estación de Policía?”, cuestionó Avellaneda en un pronunciamiento divulgado la mañana del lunes 20 de octubre.

Balanta Paz, de 34 años, murió el 20 de septiembre después de permanecer detenido por uniformados que acudieron a Caracolí ante un reporte de discusión entre vecinos.

La Fiscalía General de la Nación informó el 19 de octubre sobre la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros por su presunta participación en las agresiones y omisiones que habrían derivado en el fallecimiento.

La investigación apunta a que recibió tres descargas dentro de la estación de Cazucá

Según los detalles expuestos por Avellaneda, la investigación ha permitido establecer que Balanta Paz fue golpeado y sometido a varias descargas durante su captura.

Una vez trasladado a la estación de Cazucá, donde permanecía esposado y en una condición de indefensión, habría recibido otras tres descargas.

La Fiscalía ya había indicado que los elementos materiales probatorios permiten ubicar las agresiones durante la aprehensión y en las instalaciones policiales. Adémás, la entidad señaló que un subintendente y tres patrulleros habrían golpeado al ciudadano con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de usar un dispositivo de descarga eléctrica.

El concejal cuestionó que la víctima, pese a estar bajo custodia de la Policía, no hubiera recibido asistencia inmediata cuando manifestó dificultades para respirar.

“La Policía tenía la obligación de proteger su vida, no de ponerla en mayor riesgo”, sostuvo Avellaneda, que agregó: “Donovan estaba bajo su custodia, pedía atención médica y, según la investigación, solo decidieron trasladarlo cuando perdió el conocimiento”.

Cuatro uniformados fueron detenidos y siete fueron suspendidos de forma temporal

Las órdenes de captura contra los cuatro policías fueron ejecutadas de manera simultánea en Soacha y Barbosa, Santander, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional.

La Fiscalía indicó que adelanta el caso con enfoque diferencial por la condición étnico-racial de Balanta Paz. La entidad busca determinar la responsabilidad de cada uniformado frente a las lesiones reportadas y a la posible omisión de asistencia médica, a pesar de los gritos de auxilio que habría emitido la víctima.

Días después de la muerte, el 23 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que siete uniformados fueron apartados temporalmente de sus cargos mientras avanzaban las investigaciones disciplinarias y judiciales.

La institución señaló entonces que las actuaciones de sus integrantes deben ajustarse a la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos, con respeto por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza.

La familia sostiene que el joven fue confundido durante el procedimiento

La familia de Balanta Paz ha sostenido que el joven regresaba a su casa después de estar con su pareja y que los policías lo habrían vinculado de forma equivocada con las personas involucradas en el hecho que motivó la llegada de los agentes.

Marleny Paz, madre de la víctima, aseguró que su hijo lanzó una botella y que, después de eso, varios uniformados fueron tras él. Esa versión deberá ser contrastada con los registros audiovisuales, informes de los policías, testimonios y demás pruebas del expediente.

Los familiares han afirmado que Donovan fue alcanzado por los agentes, reducido y golpeado. También han denunciado que recibió descargas eléctricas cuando ya estaba esposado.

Avellaneda insistió en que el caso exige establecer responsabilidades por las agresiones y por el tiempo que habría transcurrido antes del traslado hospitalario. “Ninguna persona pierde sus derechos por estar detenida”, afirmó el concejal.

La discusión que antecedió al procedimiento policial en Caracolí

Los hechos comenzaron hacia las 2:15 p. m. del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta permanecían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá.

Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados que recorrían el sector.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, y que reveló El Espectador, uno de los policías habría dirigido comentarios racistas a las personas presentes. Elisair Guerrero le reclamó por esas expresiones y sus familiares lo llevaron al interior de la vivienda para evitar que la situación escalara.

El expediente recoge una amenaza que el uniformado presuntamente lanzó en ese momento: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Unos 10 minutos después arribaron más patrullas, luego de que el mismo agente solicitara apoyo por una supuesta riña.

La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al consultarles por qué intervenían el vehículo, los policías le exigieron los documentos y varios agentes lo rodearon.

Según la información recopilada por el mismo medio, un patrullero le habría aplicado tres descargas con un dispositivo tipo táser en la espalda. José Luis Guerrero cayó al suelo y fue detenido.

En medio del operativo apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Las versiones indican que habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de salir corriendo. Los policías lo siguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector.

Los testimonios y videos incorporados al caso señalan que Balanta recibió golpes, patadas y descargas eléctricas cuando ya estaba esposado y reducido. Después, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a la Estación de Policía de Cazucá.

“Como colectivo Justicia Racial, exigimos justicia pronta, oportuna, sin dilaciones. No vamos a permitir que este caso quede impune”, destacó en un video que compartió el mismo lunes 19 de octubre desde su cuenta de X el abogado defensor de la familia de Balanta Paz, Alí Bantú Ashanti.

El jurista agregó que “los demás policías que participaron en este acto no están exento de que pronto también se emitan órdenes de captura y un quinto policía también será capturado próximamente”.

La Cámara de Representantes acogió el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado, con 112 votos a favor. En la cámara alta, la iniciativa obtuvo 57 votos favorables y uno en contra.

Con el aval de las dos corporaciones, el proyecto pasará ahora a sanción presidencial. La decisión evita que el Ejecutivo tenga que adoptar el presupuesto mediante decreto, una alternativa que se habría abierto si el Congreso no alcanzaba a aprobar la iniciativa dentro de los plazos legales.

Sin embargo, una de las intervenciones que más eco tuvo en redes sociales fue la del senador y activista Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como el “Elefante Blanco”, que cuestionó uno de los artículos, calificó lo que para él, sería un “mico” dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027 y que tiene que ver con el cobro de peajes.

“El artículo 90 precisamente tiene un ‘mico’ para que se puedan instalar nuevos peajes”, destacó Rúa, al recordar que se hizo “elegir denunciando y logrando el retiro de peajes”, además de que “concesiones como autopistas del café no fueran renovadas”, agregó al comienzo de su intervención.

Por este motivo, el congresista afirmó: “De ninguna manera puedo aprobar un presupuesto general de la Nación, en cuyo artículo noventa precisamente tiene un mico para que se puedan instalar nuevos peajes”.

Para sostener su posición, el senador de la Alianza Verde explicó que “la Ley 105 de 1993 establece cómo se financian actualmente las vías nacionales y las financia Invías (Instituto Nacional de Vías de Colombia)”.

Rúa señaló que “Invías es una institución que no ha funcionado muy bien, que ha tenido malos manejos, pero no porque lo público no funcione, sino porque simplemente no ha tenido buenos administradores, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro”.

El congresista detalló que “el 50% se debe invertir en la vía del recaudo del peaje donde está precisamente ubicado, y el resto se debe invertir en las vías que tienen menor tráfico y que, por lo tanto, no podrían tener peajes”.

Por lo que para el senador, esta “iniciativa del (artículo) 90, que ya habíamos logrado frenar en plenaria (Senado) y ahora la presentan aquí, es que sea potestad del Gobierno determinar cuándo está completamente arreglada una vía, que se haya hecho completamente el mantenimiento, y entonces deja desfinanciadas las otras vías, porque dice que hasta que esté completamente”.

Como ejemplo, Rúa mencionó que “los peajes generan excesos de recaudo, como ya lo hemos demostrado con el caso de Devimed (a cargo la de la Autopista Medellín - Bogotá y el oriente Antioqueño), que fue entregado hace poco a Invías”.

“Entre los dos peajes recaudan más de $312.000 (millones) y solamente el mantenimiento son unos 80.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué pasa con esos excedentes?" cuestionó el senador.

Por todo lo anterior, Rúa volvió a señalar el “mico” del proyecto. “Estamos de acuerdo que las vías se arreglan en su totalidad, pero la manera como lo presentan tiene un ‘mico’ y lo que hace es que se instalen más peajes, precisamente al dejarlos desfinanciados, cuando, únicamente instalamos el dinero en esta vía y los excedentes, ¿qué va a pasar con ellos? Que es precisamente lo que se hace y por eso no puedo apoyar", expuso ante el Congreso.

El congresista volvió a hacer hincapié más adelante que “ya en distintas instancias se le dijo públicamente al ministro (de Hacienda, Miguel Gómez Martínez) la preocupación, porque tampoco han indicado cuáles serían las otras fuentes alternativas para poder financiar las vías que quedan desfinanciadas, porque hay que explicarlo desde la Ley 105 del 93. Y no dio ninguna explicación”.

“Al contrario, según entiendo y lo que ha expresado, es que no van a tener en cuenta estas observaciones delicadas y van a dejar el artículo tal cual, que ya habíamos derrotado aquí en estas instancias”, sentenció Rúa al final de su intervención.

Durante la discusión en la plenaria del Senado, antes que se aprobara el Presupuesto General de la Nación en Cámara de Representantes, la senadora Jennifer Pedraza pidió votar por separados los artículos 2, 90, 91 y 92, por considerar su contenido como relevante por la cantidad de recursos que manejarían, pero al final el resultado fue favorable y se aprobaron.

La postura de la funcionaria se conoció el viernes 16 de octubre, un día después de que se hicieran públicas fotografías de salas con espacios vacíos y marcas en las paredes. Las obras desmontadas estaban vinculadas con la historia de los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La decisión coincidió con la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de retirar de los espacios públicos del Gobierno imágenes y referencias a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y candidato presidencial asesinado en 1990.

Por todo lo anterior, y en medio de la sesión del Concejo de Bogotá el viernes 16 de octubre, el cabildante Julián Espinosa cuestionó los motivos expuestos por la líder de la cartera, y le recordó un famoso lugar visitado por nacionales y extranjeros, y en donde vivió el narco Pablo Escobar: la Hacienda Nápoles.

“Ya está la señora ministra Holguín mandando cerrar la Hacienda Nápoles, porque allá en la casa de la Hacienda Nápoles, cuando uno va y mira la historia de los miles y miles asesinados por parte de Pablo Escobar Gaviria, uno ve una apología al delito de un sector en específico en este país”, destacó el concejal.

El cabildandate añadió que Holguín ya está “tratando de cerrar toda la historia que hay con respecto al Bogotazo, porque acá sucedió mucha violencia en Colombia con respecto a ese tema y hace parte de nuestra historia”.

Espinosa aseguró que la líder de la cartera debería llamar “al primer ministro de Alemania a ver si cierran el museo de Auschwitz, porque claro, hace parte de la historia de Alemania”.

“¿Sabe qué hacen los alemanes, señora presidenta? Tener ese museo como parte de no repetición, porque la historia se complementa, no se retira", siguió Espinosa con su arremetida contra la ministra.

El concejal incluso le propuso una alterantiva a Holguín y el Gobierno nacional en cabeza Abelardo de la Espriella: “Si querían tener ahí personas para reconocer lo que eran los delitos del M-19 en contra de la fuerza pública y demás, pues complementen el museo, metan ahí las víctimas del M-19, metan ahí los que son víctimas también de las fuerzas militares y de policía. Pero la historia no se quita, se complementa, porque acá hay víctimas de todos los bandos”.

Al final, Espinosa destacó: “Lo que la ministra hoy defiende como quitar una apología para que los niños estén tranquilos, no es una apología a ningún tipo de pensamiento político en Colombia, es parte de nuestra historia, porque nosotros hemos tenido violencia política por parte de la izquierda y de la derecha”.

El concejal recordó que “acá hubo un genocidio en contra de la UP y eso no se puede borrar de los museos”, y sustentó que “hay que mostrarle a los niños y niñas que acá ha habido violencia política y acá hubo los principales perpetradores de las masacres que fueron los paramilitares y fue parte de la violencia política de sectores de derecha”.

“Le repito, señora Paola Holguín, la violencia política, la memoria y la historia no se borra, se complementa”, sentenció al final el cabildante.

Holguín dijo que el Museo Nacional no puede difundir “versiones sesgadas” de la historia

En un pronunciamiento difundido a través de redes sociales, la ministra sostuvo que el Museo Nacional debe cumplir tareas de conservación, restauración, protección y socialización de la cultura, sin transformarse en un vehículo para promover posiciones políticas.

“Su vocación institucional no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expuso Holguín.

La ministra agregó que el Museo debe ser un espacio accesible para toda la ciudadanía y que su programación tiene que tener en cuenta los derechos de niños y adolescentes, que tienen protección prevalente bajo el artículo 44 de la Constitución.

Según Holguín, el lugar debe proteger a los menores “del acceso a material sensible”. No especificó qué piezas retiradas fueron consideradas bajo ese criterio ni cuáles serán los parámetros para determinar el contenido de las futuras exhibiciones.

La ministra vinculó la decisión con los derechos de las víctimas

Holguín también sostuvo que el Museo Nacional no puede convertirse en un espacio de “apología al delito” ni en un escenario de revictimización. Afirmó que la institución debe observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

“La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados”, dijo la líder de la cartera.

De acuerdo con la funcionaria del Gobierno De la Espriella, ese proceso busca que los museos cumplan funciones relacionadas con la preservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural.

El anuncio plantea cambios en la curaduría de las salas del Museo Nacional, aunque el Ministerio no ha informado cuántas piezas serán revisadas, qué comités participarán en el proceso ni cuándo se conocerá el nuevo guion museográfico.

De la Espriella ordenó retirar referencias a Carlos Pizarro de espacios públicos

La polémica se produjo después de la visita del presidente De la Espriella a la sede del Ministerio. Durante ese acto, el jefe de Estado instruyó a Holguín para que se retiraran imágenes y elementos ligados a Carlos Pizarro y a otros integrantes de organizaciones armadas.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, declaró el mandatario.

De la Espriella sostuvo que las representaciones institucionales de antiguos integrantes de grupos armados podrían interpretarse como una exaltación del terrorismo. “No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, añadió.

El presidente no detalló si la instrucción cobijaba únicamente los bienes y espacios bajo administración del Gobierno nacional o si también incluía otros escenarios públicos en el país.

Las piezas retiradas incluían elementos sobre diversidad, violencia política y el Acuerdo de Paz

La mayor parte de los elementos desmontados pertenecía a la sala “Hacer sociedad”, situada en el segundo piso del Museo Nacional. El guion de ese espacio fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, en un proceso que contó con la participación de cuatro comités curatoriales.

Según fotografías divulgadas por la activista e integrante de Colombia Diversa Marcela Sánchez, fueron retirados al menos diez objetos asociados con la historia de la población Lgbti y los movimientos feministas.

Entre las piezas se encontraban la bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha Lgbt de 2006, un material de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti vinculada con una movilización por la ciudadanía plena Lgbt.

También salió de exhibición una edición de La Ventana Gay, publicación relacionada con Manuel Antonio Velandia y León Zuleta. Zuleta fue un activista asesinado en 1993.

Sánchez cuestionó los desmontajes en una publicación en redes sociales. “En el Museo Nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016”, escribió el 15 de octubre.

También desmontaron un afiche de Bernardo Jaramillo y el balígrafo del Acuerdo de Paz

En otra zona de la misma sala se encontraba un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990. Ese elemento también fue retirado, según las imágenes y los reportes conocidos.

La intervención incluyó un afiche de Carlos Pizarro, un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y otros objetos vinculados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Además, una pared dedicada al período entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016 quedó sin las piezas que la integraban. Allí estaba el balígrafo, la pluma fabricada con una bala que se utilizó para la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también habría sido desmontado.

Fuentes del Museo señalaron que la orden fue ejecutada por funcionarios del Ministerio

De acuerdo con fuentes del Museo Nacional consultadas por La Silla Vacía, el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, acudió a la sede junto con la directora encargada, Katia González, para seleccionar las piezas que serían retiradas.

Las mismas fuentes indicaron que las decisiones sobre cambios en la museografía deberían ser analizadas por comités curatoriales. Sin embargo, hasta ahora no hay información oficial sobre si esas instancias participaron en el retiro de las obras o en la revisión anunciada por la ministra.

La intervención también llegó a la sala ‘Memoria y Nación’, situada frente a ‘Hacer sociedad’. De ese espacio fueron retiradas la mayoría de las fotografías del muro de la diversidad, dedicado a la representación cultural, social y política del país.

El detenido es requerido en extradición por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

De acuerdo con el comunicado oficial, Correa Vega encabezaba una organización independiente que funcionaba como enlace entre las zonas de producción de cocaína, organizaciones armadas ilegales, redes de transporte y plataformas de salida internacional.

La Policía atribuye a su red envíos de hasta tres toneladas de cocaína por mes

Según la investigación de la Dijín, la estructura de alias El Señor tenía capacidad logística y financiera para coordinar el envío de hasta tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia el Caribe y, posteriormente, a Estados Unidos.

Las autoridades señalan que la organización usaba dos mecanismos principales para sacar los cargamentos del país: la contaminación de contenedores de carga en puertos colombianos y el traslado marítimo en lanchas rápidas, conocidas como Go Fast.

La red ajustaba los métodos de transporte según el volumen de la droga y las condiciones logísticas de cada operación.

Alias El Señor tendría laboratorios en Sardinata y Bucarasica

La Policía sostiene que uno de los elementos centrales de la estructura era su autonomía financiera y el control de laboratorios propios para procesar cocaína.

Esas instalaciones estarían ubicadas en áreas rurales de Sardinata y Bucarasica, municipios de Norte de Santander.

Desde esos puntos, la red coordinaba el acopio de derivados de coca provenientes del Catatumbo y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína.

Las autoridades describieron el modelo de operación como una forma de tercerización criminal, en la que la organización no dependía de una sola estructura armada o una única ruta.

Alias El Señor, según la Policía, articulaba distintos actores para garantizar las fases de producción, protección, transporte y exportación de los cargamentos.

Las autoridades reportaron presuntas alianzas con el ELN y redes de la Costa Caribe

El comunicado oficial emitidio por la institución señala que el grupo habría mantenido acuerdos funcionales con el frente criminal Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la hipótesis oficial, el grupo armado ilegal pagaba cuotas a esa estructura por la seguridad de los laboratorios ubicados en el norte de Santander.

Para el traslado de la droga hacia los puntos de salida, la red habría conectado las zonas de producción del nororiente colombiano con corredores hacia La Guajira y la Costa Caribe.

La Policía también informó que alias El Señor estableció vínculos logísticos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores criminales de la costa atlántica.

Algunos de esos presuntos socios, según la institución, fueron capturados en operaciones anteriores.

La operación fue desarrollada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se adelantan los trámites judiciales y diplomáticos requeridos para definir su entrega a las autoridades estadounidenses.

Señalado estafador mexicano-israelí buscado por la Interpol fue detenido en El Dorado

El viernes 16 de octubre se anunció que el ciudadano mexicano-israelí Mikhael Mezrahi, conocido como “El Banquero”, fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras ser identificado con una notificación roja de Interpol solicitada por Emiratos Árabes Unidos.

El procedimiento ocurrió el 15 de octubre y estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con apoyo de Migración Colombia. Mezrahi, de 61 años, es requerido por un proceso vinculado con un presunto fraude contra el Bank of Khartoum en Dubái.

Según la información oficial, la maniobra habría generado pérdidas por 61,44 millones de dírhams emiratíes, equivalentes a unos USD 16,7 millones. Las autoridades emiratíes lo señalan por presuntos delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

La investigación sostiene que Mezrahi habría integrado una red que se presentaba como un grupo de inversores y representantes de proyectos comerciales. Para respaldar esas operaciones, los involucrados habrían usado avales bancarios, contratos y documentación financiera falsos.

El expediente también menciona órdenes de transferencia apócrifas que habrían permitido postergar pagos y trasladar fondos al exterior. Parte del dinero habría llegado a cuentas vinculadas con la firma WYB AG General Trading, atribuida por las autoridades al acusado.

Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora se deberá definir su eventual entrega a Emiratos Árabes Unidos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está habilitada para recibir donaciones y pertenece al Régimen Tributario Especial, luego de los cuestionamientos sobre la procedencia y el manejo de los recursos recolectados para atender a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La organización fue creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y presentó un informe sobre las donaciones privadas que recibió entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, y en medio de varios señalamientos por congresistas de oposición y el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

Según el documento oficial que emitió el viernes 16 de octubre, la fundación con su balance, canalizó $54.589.523.791 para ayuda humanitaria y proyectos de reconstrucción en las zonas impactadas por el sismo.

Mientras tanto, la Dian señaló en un comunicado emitido el martes 13 de octubre de 2026 que la fundación tiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y que figura dentro del Régimen Tributario Especial (RTE).

La entidad indicó que las versiones que aseguraban que Colombia Luz y Sonrisas no tenía reconocimiento ante la administración tributaria o que no pertenecía a ese esquema “no corresponden a su situación jurídica actual”.

La Dian explicó qué permite el Régimen Tributario Especial

La precisión de la autoridad tributaria se produjo después de que surgieran inquietudes sobre la habilitación de la organización para recaudar recursos destinados a los damnificados, tras un informe por parte de Noticias Uno.

Al respecto, desde la agencia tributaria se sostuvo que una entidad sin ánimo de lucro constituida legalmente puede recibir donaciones para desarrollar su objeto social, incluso si no está inscrita en el Régimen Tributario Especial.

Sin embargo, la Dian hizo hincapié en su comunicado en que la pertenencia al RTE tiene una diferencia relevante para los aportantes. Las entidades que forman parte de ese régimen pueden expedir certificados que permiten a quienes realizan las donaciones acceder a los beneficios tributarios establecidos por la legislación.

En el caso de Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la Dian avaló ambas condiciones: puede recibir recursos privados y se encuentra incorporada al régimen especial.

La organización, por su parte, afirmó que esa situación “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social”.

Más de $54.000 millones provinieron de aportes privados

El informe indica que el 81% de los aportes fue entregado por el Grupo Gilinski. La entidad sostuvo que los recursos tienen como fin atender las necesidades derivadas de la emergencia y financiar proyectos para recuperar infraestructura educativa, sanitaria y habitacional en las áreas afectadas.

La fundación señaló que no ha recibido ni administrado recursos públicos, e informó que los gastos administrativos registrados en el periodo ascendieron a $11.916.639.

El balance de la organización destacó que la administración de los aportes está sujeta a los compromisos definidos con los donantes y al seguimiento de cada iniciativa que recibe financiación.

La información financiera forma parte de la rendición de cuentas presentada por Ana Lucía Pineda, que incluyó el detalle de la ayuda humanitaria entregada en una primera fase y las obras proyectadas para los meses siguientes.

La primera etapa incluyó ayuda para más de 48.000 personas

La fundación informó que movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios durante las primeras acciones tras el terremoto.

Para esas labores, contó con más de 30 centros de acopio, la participación de 1.250 voluntarios, el respaldo de más de 100 empresas y el apoyo de 24 compañías dedicadas al transporte y la logística.

Dentro de esa primera fase, la entidad incluyó la estrategia ‘Un Corazón Contigo’. El programa reunió a 600 profesionales voluntarios que ofrecieron acompañamiento psicológico y emocional a las personas afectadas por el desastre.

La fundación indicó que estas acciones buscaron responder a las necesidades inmediatas de las comunidades golpeadas por el sismo. Después de la entrega inicial de ayudas, la gestión se concentró en proyectos de recuperación de colegios, centros de salud y viviendas.

Seis instituciones de Cali hacen parte de los proyectos de reconstrucción

El informe contempla la intervención de seis instituciones en Cali, tres educativas y tres de salud, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia. El valor total estimado de esos proyectos es de $61.988 millones.

La organización consignó un aporte inicial aprobado de $6.400 millones para una fiducia. Las obras en los planteles educativos prevén beneficiar a 3.300 estudiantes, mientras que la reconstrucción o recuperación de la infraestructura sanitaria apunta a restablecer la atención para aproximadamente 152.000 pacientes al mes.

Asimismo, desde la fundación se aclaró que el avance dependerá de revisiones técnicas, financieras y de verificación.

La organización vinculó esos planes a una segunda etapa de respuesta tras el terremoto. El objetivo, según el balance, es recuperar espacios considerados esenciales para la prestación de servicios y el retorno de las comunidades a sus actividades habituales.

Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas concentran los planes de vivienda

El componente de vivienda incluye iniciativas en Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas, en Risaralda. En conjunto, los proyectos prevén la construcción de 35 viviendas nuevas y dos mejoramientos, con la participación de cuatro aliados.

En Quibdó, la fundación informó el inicio del proyecto Urbanización Tierra Nueva, que contempla 27 casas para familias afectadas por el terremoto. Para esa iniciativa, la organización gestionó $1.000 millones, de acuerdo con el informe.

En Dosquebradas, un convenio con ACF S. A. S. plantea la construcción de dos viviendas nuevas y la mejora de otras dos. El reporte incluye aportes en especie de la empresa por hasta $376 millones y una donación de $50 millones de Durapanel para el sistema estructural.

La explosión dejó dos personas lesionadas y daños en la infraestructura militar.

El operativo se realizó el 17 de octubre mediante cuatro diligencias de allanamiento coordinadas por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades con los alias de Barbas y Ashley. El adolescente aprehendido fue señalado con el alias de Sevillano. Por tratarse de un menor de edad, las autoridades no revelaron su identidad.

Según la información oficial, los tres habrían cumplido tareas distintas dentro de la operación que llevó el vehículo con explosivos desde la zona rural de Jamundí hasta el sector del Batallón Pichincha, en la capital del Valle del Cauca.

Alias Sevillano habría trasladado al conductor tras el abandono del vehículo

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, alias Sevillano habría tenido la función de retirar en motocicleta al conductor del bus después de que este dejó el vehículo acondicionado con explosivos frente a la instalación militar.

Luego de ese primer desplazamiento, alias Barbas habría recibido al conductor a pocas cuadras del lugar de los hechos. Según la investigación, el presunto cabecilla lo esperaba en un automóvil para facilitar su salida hacia la zona rural de Jamundí.

Las autoridades señalan a alias Barbas como uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez en Cali y le atribuyen labores de coordinación y reclutamiento de personas para actividades criminales.

Alias Ashley habría escoltado el vehículo desde Jamundí hasta Cali

El tercer implicado, alias Ashley, es investigado por presuntamente escoltar el vehículo empleado en el atentado. Las autoridades sostienen que acompañó el recorrido desde la zona rural de Jamundí hasta el ingreso a Cali.

Durante las diligencias, los investigadores incautaron el vehículo que habría sido usado en la fuga del conductor del bus. También decomisaron teléfonos celulares y un computador, elementos que serán analizados dentro de la investigación judicial.

A los dos adultos capturados les imputarán los delitos de terrorismo agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio agravado, porte de armas y explosivos, y daño en bien ajeno, de acuerdo con el reporte oficial. El comunicado no precisó la fecha de las audiencias preliminares ni si los procesados aceptarán los cargos.

Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones

El atentado del 24 de abril afectó el entorno del Batallón Pichincha y dejó dos personas heridas. La investigación busca establecer si existen otros responsables en la planeación, financiación y ejecución del ataque.

“No hay un solo centímetro del territorio donde estos criminales puedan esconderse”, señalaron las autoridades al anunciar los resultados. También indicaron que las pruebas obtenidas en los allanamientos serán determinantes para avanzar en la identificación de otras posibles personas involucradas.

Por su parte, y como parte del proces judicial, a finales de junio de 2026 un juez envió a prisión a Jhonatan Steven Villalobos, alias Tom, y a Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, por su presunta participación en el atentado con vehículo bomba contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada el viernes 26 de junio, después de que ambos fueran capturados el 20 de junio durante allanamientos en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El expediente incluyó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad. Con ese material, las autoridades reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos y el recorrido de los vehículos utilizados en los atentados contra instalaciones militares de Cali y Palmira.

La compra de la buseta y las labores de vigilancia

La investigación señala que Villalobos Aguilón adquirió por $ 20 millones una buseta escolar que habría sido empleada en el ataque contra el Cantón Militar Pichincha.

De acuerdo con el ente acusador, se realizó el traspaso del vehículo y lo facilitó para que fuera acondicionado con cilindros bomba.

Freyde Tolimán, en cambio, habría usado una motocicleta de su propiedad para advertir sobre controles policiales y permitir el desplazamiento del vehículo hasta el lugar de la explosión. También fue señalado por presuntas labores de planeación, reconocimiento y verificación de los objetivos atacados en Cali y Palmira.

Durante los procedimientos fueron incautadas bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta. Ambos procesados fueron vinculados a una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, asociada por las autoridades con las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Al final, ninguno aceptó los cargos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o “El Manuel”, señalado cabecilla de una estructura del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El procesado es investigado por su presunta participación en homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el ente acusador la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, Zuleta Pulgarín fue capturado en la vereda La Paulina, en Valdivia, durante una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, a quien la Fiscalía atribuye labores de seguridad, enfermería y comunicaciones dentro de la estructura ilegal.

La Fiscalía lo vincula con el homicidio de una mujer en San Andrés de Cuerquia

Uno de los hechos que se le atribuyen a alias Lobo ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia.

De acuerdo con lo que indagaron los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asignados al caso, el señalado cabecilla ingresó armado a un establecimiento comercial junto con otra persona y disparó contra una mujer identificada como Dora Ángela Muñoz Betancourt, que murió a causa de las heridas.

La Fiscalía sostiene que el hombre se incorporó al grupo armado ilegal en 2022 y que, con posterioridad, asumió el control de un componente armado, que a la postre quedó en manos de “Calarcá”. Dentro de esa función, habría articulado diversas acciones delictivas en zonas del norte antioqueño.

“Tiene entonces información que Wilmer se concertó desde el año 2022, con ‘Guillermino’, con ‘Richard’, después con ‘Primo Gay’ y con otros integrantes del Gaor (Grupo armado organizado residual) 36 realizar conductas delictivas indeterminadas, entre ellas homicidios y extorsión”, detalló la fiscal delegada del caso.

La funcionaria mencionó además que el hoy detenido “se encargaba también de la colocación de artefactos explosivos y después de que ‘Guillermino’ es sacado de la zona, entonces queda bajo el mando de Alex Richard, con quien participó en varios homicidios en el municipio de San Andrés de Cuerquia”.

Los procesados enfrentarán cargos por homicidio, armas y concierto para delinquir

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos, de acuerdo con la responsabilidad individual que les atribuye, varios delitos.

Entre las conductas incluidas están concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso personal y utilización ilegal de uniformes e insignias.

También deberán responder por tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Respecto de García Legarda, el ente investigador mencionó que la imputación se realizó bajo el criterio de responsabilidad individual, por lo que los cargos y la participación que se les endilga pueden variar entre ambos procesados.

Los dos procesados no aceptaron los cargos imputados y un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“Este peligroso cabecilla sostenía una violenta campaña de terror en el norte antioqueño, con un prontuario macabro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, secuestros y atentados con explosivos contra la Fuerza Pública. En la Patria Milagro la ofensiva no tiene tregua, vamos por todos aquellos que delinquen”, destacó el Ministerio de Defensa luego de confirmarse su captura, por medio de una publicación en X el 5 de octubre de 2026.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó por medio de la misma red social luego de la aprehensión del cabecilla guerrillero: “Alias Lobo era el tercero al mando de esta estructura criminal que tanto daño ha causado en el norte de Antioquia. Es señalado de estar detrás de homicidios, cobro de vacunas, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y desplazamientos masivos en Briceño”.

Al final, el mandatario regional mencionó que el hoy detenido “hacía parte del anillo de seguridad y era hombre de confianza de alias Primo Gay, quien hoy delinque para el Clan del Golfo, y de alias Chalá, capturado por el homicidio del periodista Mateo Pérez”.

Entre ellos hay un ciudadano francés arrestado en flagrancia con cerca de un kilogramo de cocaína y un revólver, además de alias Keko, recordado por ser uno de los dos criminales que encaró el presidente Abelardo de la Espriella, que lideró los operativos la madrugada del viernes 16 de octubre en la capital del Atlántico.

La ofensiva involucró a más de 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Durante 50 diligencias de allanamiento y registro en Barranquilla, Soledad y otros sectores del área metropolitana, las autoridades incautaron 17 armas de fuego, una granada, estupefacientes, dinero, celulares y dos vehículos.

De las 72 personas detenidas, 42 fueron capturadas en flagrancia y 30 por orden judicial, y los expedientes conocidos por El Tiempo describen una red de organizaciones con presencia en distintos sectores de la ciudad, en las que se disputan rutas de distribución de drogas, cobros extorsivos, control territorial y actividades de hurto.

Los capturados reseñados tendrían vínculos con estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Porteños y una organización residual identificada como Nueva Generación del Freseo. Las autoridades deberán establecer, dentro de los procesos judiciales en curso, las responsabilidades individuales de cada uno.

Alias Keko es señalado de coordinar amenazas contra comerciantes de Soledad

Uno de los detenidos es Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias Keko, señalado como presunto cabecilla de zona de la Nueva Generación del Freseo. Según los investigadores, ejercía influencia en sectores del Distrito Cinco de Barranquilla y en el municipio de Soledad.

La información policial indica que Keko respondería ante alias el Menor, identificado como principal cabecilla de esa estructura. Entre sus funciones estaría la coordinación de actividades relacionadas con homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.

Los investigadores también lo vinculan con los panfletos intimidatorios distribuidos contra comerciantes y habitantes de Soledad.

En esos documentos, que circularon en algunos sectores del municipio, aparecía el alias del capturado como una forma de presión contra la población.

Uno de los episodios bajo investigación ocurrió en julio de 2026, cuando varios establecimientos comerciales suspendieron actividades debido a las amenazas. Las fuentes consultadas por el mismo medio señalaron que alias Keko habría tenido participación en la distribución de esos mensajes.

Aunque en su expediente aparece una posible relación con una desaparición, las autoridades indicaron que ese señalamiento aún no estaba consolidado judicialmente.

Alias Cristian habría sido dinamizador del tráfico de drogas en La Playa

Otro de los perfiles es Cristian Rafael Orellano Sotelo, alias Cristian, detenido en una investigación por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y extorsión.

Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador de actividades del Clan del Golfo en el sector de La Playa, al norte de Barranquilla.

Su zona de operación, según los investigadores, incluía sectores conectados con Las Flores y Puerto Colombia, un corredor que ha sido objeto de pesquisas por su importancia en la distribución local de drogas.

Desde la Policía se sostiene que alias Cristian recibía órdenes de alias Raúl, a quien identifica como uno de sus superiores dentro de la estructura.

La judicialización fue precedida por cerca de ocho meses de seguimientos, recopilación de información y labores de ubicación.

Las fuentes también señalaron que el detenido ya había sido capturado en procedimientos vinculados con actividades delictivas.

Alias Kelly es investigada por manejar las finanzas de Los Porteños

La operación también alcanzó a Kelly Johana Posada Ahumada, alias Kelly, a quien las autoridades atribuyen la administración de recursos de la organización conocida como Los Porteños.

La estructura tiene presencia en Puerto Colombia y Las Flores, donde se han documentado disputas por el control del tráfico de estupefacientes, el narcotráfico y las extorsiones.

De acuerdo con la investigación, “Kelly” y su compañero sentimental, Brayan Daniel Carrillo Mieles, alias Salchichón, habrían pertenecido inicialmente al Clan del Golfo. Más adelante se habrían apartado de esa organización para integrar Los Porteños.

La Policía considera que su papel estaba relacionado con el manejo financiero de los ingresos derivados de las actividades ilícitas del grupo.

Su detención se produjo después de la captura de “Salchichón”, señalado como cabecilla principal de Los Porteños, y de un familiar de este que también habría ocupado una posición dentro de la red.

Con el arresto de alias Kelly, las autoridades contabilizan tres detenidos que, según las investigaciones, cumplían tareas de dirección o administración dentro de esa organización.

Alias Ñoño habría dirigido una red de atracos a personas que portaban joyas

En otra línea de investigación aparece es Édgar David Viloria Barrios, alias Ñoño, señalado como presunto líder de Los Rápidos, una banda dedicada al hurto de joyas de oro en el norte de Barranquilla, el Centro Histórico y Riomar.

La organización operaba con un esquema de tareas divididas. Un integrante, conocido como “marcador”, ingresaba a supermercados, farmacias o centros comerciales para identificar a personas que llevaban cadenas, pulseras u otros objetos de oro.

Luego, transmitía la información a otro miembro del grupo, encargado de abordar a la víctima con arma de fuego.

Un tercer implicado esperaba en una motocicleta para facilitar la huida, mientras otro vehículo servía para guardar los elementos robados y el arma utilizada.

La estructura intercambiaba las funciones entre sus integrantes para dificultar su identificación.

Alias Ñoño habría dirigido esa operación y tendría antecedentes de participación en otras organizaciones dedicadas al hurto, como Los Z y Los Grillos.

Los registros revisados por las autoridades le atribuyen cerca de 18 anotaciones judiciales. También aparecen referencias a capturas ocurridas en 2019, 2020 y 2022.

Alias Traoré, el francés detenido con cocaína y un revólver en Soledad

Entre las personas detenidas figura un ciudadano francés identificado como Traore Mamaodou, alias Traoré.

A diferencia de otros casos de Blindaje 360, la Policía aclaró que no existía una investigación previa dirigida específicamente contra él. Fue detenido en flagrancia durante una intervención en un inmueble de Soledad relacionado con el expendio de estupefacientes.

En el procedimiento, los uniformados incautaron aproximadamente un kilogramo de cocaína y un revólver, según la información suministrada por los investigadores.

Las autoridades hicieron verificaciones en fuentes abiertas y hallaron información que lo relacionaría con narcotráfico en Francia. Sin embargo, precisaron que no pesaba sobre él una circular roja de Interpol ni una orden de captura internacional vigente.

Alias Cara Sucia estaría vinculado al componente sicarial de Los Costeños

Las autoridades capturaron además a Eduardo José Gutiérrez Castro, alias Cara Sucia, a quien vinculan con actividades de sicariato, extorsión y distribución de estupefacientes en el suroriente de Barranquilla.

La investigación lo ubica en el componente sicarial de una estructura relacionada con Los Costeños, con presencia en barrios como La Chinita, Rebolo, Simón Bolívar y El Ferry. Su área de injerencia estaría concentrada en el Distrito Tres.

La captura se efectuó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En los registros oficiales aparecen cinco anotaciones judiciales, entre ellas una por secuestro simple.

Los investigadores recordaron que Gutiérrez Castro fue detenido antes junto a otras tres personas cuando se movilizaba en un taxi, después de un presunto atraco en esa misma zona de la ciudad.

Alias Luis fue detenido por violencia intrafamiliar, pero es investigado por drogas y extorsiones

El séptimo perfil corresponde a alias Luis, también identificado como Luis Miguel. Su captura se produjo en flagrancia durante la madrugada por un caso de violencia intrafamiliar.

No obstante, la información policial lo relaciona con el expendio de drogas en el barrio Renacer, en Soledad. Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador de la distribución de estupefacientes del Clan del Golfo en ese sector.

Los investigadores también encontraron referencias a que habría utilizado el nombre de Los Costeños para realizar exigencias extorsivas. La Policía aclaró que su detención obedeció al procedimiento por violencia intrafamiliar y no a una orden judicial relacionada con la investigación por narcotráfico o extorsión.

Las pruebas obtenidas durante los 50 allanamientos serán incorporadas a las actuaciones judiciales que determinarán el alcance de las conexiones entre las organizaciones que operan en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, así como la responsabilidad penal de cada capturado.

Un nuevo capítulo se suma a las polémicas por parte del caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, luego de la serie de investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la publicación en la que señaló a la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda de “ratita”, al cuestionar el destino de las donaciones que recibió su fundación para atender a los damnificados por el terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

Ahora, y sumado a la indagación que abrió el ente investigador luego de la denuncia del Gobierno de Abelardo de la Espriella, por la presunta comisión de cinco delitos luego de firmar un contrato de $257 millones con el Fondo Colombia en Paz durante el Gobierno Petro, el dibujante se fue en contra del alcalde de la capital de Risaralda Mauricio Salazar Peláez luego de anunciar que su esposa fue despedida sin justa causa de la empresa Agua y Aguas de Pereira.

La reacción de “Matador” se conoció a través de un mensaje que publicó la noche del viernes 16 de octubre desde su cuenta de X, en la que afirmó: “Tras 30 años de servicio, aguasyaguas.com.co de Pereira despidió sin justa causa ayer a mi esposa. La decisión fue aprobada por su Junta Directiva. ¿Y quién integra esa junta? El alcalde Mauricio Salazar, ¡Firme por la patria! Saquen conclusiones”.

Al inicio de la carta que compartió el caricaturista, y que recibió su compañera sentimental luego de que se le oficializó la decisión se indica: “La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. le comunica su decisión de dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo que mantiene con usted, con efectos al finalizar la jornada laboral del día 15 de octubre de 2026, de conformidad con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y con reconocimiento de la indemnización correspondiente”.

El memorando, fechado el 14 de octubre y firmado por el gerente suplente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., fue dirigido al Sistema de Gestión del Riesgo. Allí se comunica la salida de quien ocupaba el cargo de Profesional II, la esposa de González Quiceno, y que estaba al frente del Subproceso de Gestión del Riesgo.

La carta precisa que la medida no obedeció a razones disciplinarias ni a un incumplimiento de funciones.

La Junta Directiva aprobó eliminar el cargo de Profesional II

La comunicación atribuye la decisión a una determinación de la Junta Directiva de Aguas y Aguas de Pereira, consignada en el acta número 11 del 14 de octubre de 2026.

Según el documento, el órgano directivo aprobó “eliminar de la estructura de la Empresa el cargo de Profesional II que lideraba el Subproceso de Gestión del Riesgo”. La coordinación de esas labores pasará al nivel directivo, bajo responsabilidad de la Dirección de Planeación.

La compañía explicó que la modificación busca reforzar la articulación institucional en materia de conocimiento y reducción del riesgo, así como la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias que puedan afectar los servicios de acueducto y alcantarillado en Pereira.

La carta menciona, entre los factores considerados, el sismo del 10 de agosto y los riesgos ligados a la variabilidad climática, incluido el fenómeno de El Niño. Para la empresa, esas situaciones evidenciaron la necesidad de integrar la gestión del riesgo a las decisiones estratégicas, la planeación de inversiones, los recursos disponibles y la coordinación con las autoridades.

“Agradecemos los servicios prestados a la Empresa durante su vinculación”, concluye la comunicación.

Grupo de mujeres se movilizó en Pereira y realizó un plantón frente a la residencia de ‘Matador’, en Dosquebradas

La tarde del jueves 15 de octubre se conocieron videos e imágenes de un grupo de mujeres, lideresas sociales e integrantes de colectivos ciudadanos que se movilizó de manera pacífica hasta la residencia de González Quiceno, en Dosquebradas (municipio vecino a Pereira), Risaralda, para rechazar sus caricaturas y mensajes sobre la primera dama Ana Lucía Pineda.

Las participantes sostuvieron que esas publicaciones exceden la crítica política y pueden afectar la dignidad de las mujeres.

Las asistentes llegaron desde Pereira y Dosquebradas con pancartas y reclamaron que el debate público preserve límites de respeto, más allá de las posiciones frente al Gobierno nacional. La movilización se produjo luego de cuestionamientos a contenidos del caricaturista sobre Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

El reclamo apuntó a que la libertad de expresión y la sátira política no deriven en expresiones que, según las manifestantes, humillen o degraden a las mujeres. Las voceras afirmaron que su posición no depende de afinidades ideológicas ni se limita a la defensa de la primera dama.

“La violencia también se dibuja” fue una de las consignas expuestas durante la jornada. Los colectivos plantearon que “el respeto por la dignidad de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas”.

El reclamo por la descalificación de mujeres en espacios públicos

La protesta cuestionó lo que las participantes definieron como violencia simbólica y formas de descalificación contra las mujeres en ámbitos públicos y digitales.

Ese fue el propósito expresado por las voceras en declaraciones de Marisol Zuluaga, coordinadora de la Veeduría de Género en Risaralda, quien se refirió a acusaciones públicas sobre presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que ha sido mencionado González Quiceno.

“Ya hemos escuchado muchas situaciones de su vida precisamente con el tema de violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en contra de su esposa, o sea que ya eso es un indicador que nos está hablando de quién es él en verdad”, expresó Zuluaga a Caracol Radio.

Las manifestantes añadieron que la crítica hacia una figura pública no justifica ataques personales ni representaciones que, desde su perspectiva, afecten la imagen de una mujer. El cuestionamiento se concentró en el contenido de las publicaciones vinculadas con la primera dama.

La controversia ocurre mientras la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Pineda, difundió un reporte sobre su gestión tras poco más de dos meses del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, que dejó cientos de miles de damnificados.

Más de $54 mil millones canalizados tras el terremoto

La fundación informó que no recibió ni administró recursos públicos y que canalizó aportes privados para la atención de la emergencia y las tareas de reconstrucción.

Con corte al 13 de octubre, la organización reportó $54.607.443.810 en dinero y donaciones en especie recibidos, administrados y canalizados.

El Grupo Gilinski realizó el principal aporte, equivalente al 81 % de las ayudas. La entidad fue constituida el 7 de julio de 2026 como una organización privada sin ánimo de lucro destinada a promover el bienestar y el desarrollo integral de comunidades, con prioridad para personas en condición de vulnerabilidad.

El reporte de la fundación señaló que cada aporte económico o en bienes supone un compromiso con las familias afectadas. “Rendir cuentas de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo”, indicó la organización en el documento.

Los recursos proceden de aportes de personas naturales y del sector privado, y están destinados a programas, proyectos y actividades institucionales de acuerdo con el objeto social de la entidad y las condiciones definidas por los donantes.

La organización afirmó en su balance que utiliza sistemas de administración y trazabilidad, con registros contables, conservación de soportes y depósitos en entidades financieras vigiladas y reguladas.

Los costos de administración ascienden a $43.016.639, y el resto de los recursos permanece disponible y sujeto a los destinos específicos establecidos por los aportantes, según el avance de cada proyecto.

Por su parte, la respuesta a la emergencia se organizó en dos etapas. La primera incluyó centros de acopio, voluntariado, logística, distribución de ayuda humanitaria y personal capacitado para brindar acompañamiento emocional.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas habilitó más de 30 centros de acopio. Cada departamento contó con una coordinadora responsable de su punto de recepción, del registro de entrada y salida de ayudas, y del contacto directo con las comunidades.

La segunda etapa se concentra en la reconstrucción, para la que la entidad afirmó haber consolidado alianzas, convenios, equipos de trabajo y mecanismos de gestión de recursos.

El plan contempla reconstruir tres instituciones educativas y tres entidades prestadoras de servicios de salud bajo criterios de seguridad y sostenibilidad, además de impulsar soluciones de vivienda digna y programas de salud, nutrición, educación, cultura, recreación, deporte, formación, emprendimiento y generación de ingresos.

Un video grabado a las 7:30 p. m. del miércoles 14 de octubre en el eje ambiental de Bogotá mostraría que integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) avanzaron hacia los asistentes al plantón ‘Autofracking al parque’ y activaron sus medios de intervención antes de que se registrara una confrontación visible con los manifestantes.

Las imágenes, divulgadas en un informe de Noticia Uno, muestran a los uniformados que se acercan a las personas reunidas en el Parque de los Periodistas.

Según el material, los agentes dispararon una granada aturdidora y usaron agua contra los asistentes.

En el registro también se observa a gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ubicados sobre la calle 4 con calle 13, antes del avance de la unidad antidisturbios, y al lado de los agentes, mientras que metros más adelante se encontraba el grupo de ciudadanos.

Susana Muhamad afirmó que no hubo diálogo previo con los organizadores

La exministra de Ambiente Susana Muhamad, quien asistió a la movilización contra el fracking, aseguró que los uniformados rodearon el parque sin establecer contacto previo con quienes organizaban el evento.

“Sin ningún previo aviso, sin ninguna interlocución con los organizadores, a rodear el parque, con unas sirenas, que lo que causan es mucha angustia, sin mediar palabra”, declaró Muhamad.

La exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro sostuvo que los asistentes no bloqueaban vías ni alteraban el orden público.

“Había menores de edad, había mascotas”, afirmó la exministra, que cuestionó la decisión de intervenir el plantón que fue presentado por sus organizadores como una actividad de carácter cultural y ambiental.

El protocolo contempla la intervención de la Undmo como última medida

El manual para la atención de manifestaciones de la Policía establece que la intervención de la Undmo debe aplicarse como una medida final, después de que se agoten las alternativas de diálogo y mediación con los gestores de convivencia.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden fue creada para reemplazar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sin embargo, la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026 definió una nueva estructura bajo la denominación de Unidad Nacional Antidisturbios, que incluirá al Esmad.

El video conocido plantea interrogantes sobre si hubo una etapa previa de diálogo antes de la actuación policial. El material muestra la presencia de gestores distritales, y varios de ellos fueron encarados por parte de la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), que compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que denunció que no hubo diálogo previo con los funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, y que los agentes intervinieron sin mediar palabra.

La congresista habló con una de las gestoras, y dijo que sí habían hablado con los asistentes antes de la interveción de la Undmo, a lo que Carrascal la interpeló: “¿Cuándo mediaron? Tenemos todo el derecho a conocer qué fue lo que pasó acá, porque el diálogo nunca llegó. Llegaron a reprimir a los manifestantes”.

La Policía justificó el operativo por la presunta presencia de encapuchados

Tras los hechos, las autoridades difundieron un video desde el puesto de mando unificado en el que señalaron que había personas encapuchadas que, presuntamente, preparaban artefactos explosivos.

Una de las secuencias de ese registro tiene una marca de tiempo de las 5:30 p. m., dos horas antes de la intervención de la Undmo en el Parque de los Periodistas. En el fragmento se observa a una persona encapuchada.

Después del avance policial, varios manifestantes se desplazaron hacia la carrera 3. Allí ocurrió una confrontación entre una mujer y un uniformado, que terminó con una agresión contra ella y su acompañante.

Las asistentes, procedentes de Pereira y Dosquebradas, sostuvieron que las publicaciones cuestionadas exceden la crítica política y pueden afectar la dignidad de las mujeres.

Durante el plantón reclamaron que el debate público mantenga límites de respeto, más allá de las posiciones frente al Gobierno nacional.

La movilización se produjo en medio de las críticas que han surgido por contenidos del caricaturista vinculados con Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Las participantes consideraron que esas representaciones tienen un componente de descalificación hacia la primera dama.

Las asistentes plantearon un debate sobre la sátira política y la dignidad femenina

El mensaje de la protesta apuntó a que la libertad de expresión y la sátira política no deben derivar, según las manifestantes, en expresiones que humillen o degraden a las mujeres.

Las voceras de la movilización afirmaron que su reclamo no se limita a la defensa de la primera dama ni depende de afinidades ideológicas. El propósito, explicaron en declaraciones a Caracol Radio, era cuestionar lo que definieron como formas de violencia simbólica y de descalificación contra las mujeres en espacios públicos y digitales.

“El respeto por la dignidad de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas”, fue el planteamiento central expuesto por los colectivos durante la jornada.

Una vocera mencionó señalamientos previos contra el caricaturista

En el acto intervino Marisol Zuluaga, coordinadora de la Veeduría de Género en Risaralda, quien aludió a acusaciones públicas relacionadas con presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que ha sido mencionado el caricaturista.

“Ya hemos escuchado muchas situaciones de su vida precisamente con el tema de violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en contra de su esposa, o sea que ya eso es un indicador que nos está hablando de quién es él en verdad”, expresó Zuluaga.

Las manifestantes añadieron que la crítica a una figura pública no debe justificar contenidos que, desde su perspectiva, normalicen ataques personales o representaciones que afecten la imagen de una mujer.

Fundación Colombia Luz y Sonrisas señaló en informe los detalles sobre cómo se destinarán los recursos

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama Ana Lucía Pineda, presentó un reporte sobre su gestión tras poco más de dos meses del terremoto que dejó a cientos de miles de damnificados.

La entidad informó que no recibió ni administró fondos públicos y que canalizó aportes privados para la atención de la emergencia y la reconstrucción.

Con corte al 13 de octubre, la organización recibió, administró y canalizó $54.607.443.810 en dinero y donaciones en especie. El Grupo Gilinski realizó el aporte principal, equivalente al 81 % de las ayudas.

La fundación fue constituida el 7 de julio de 2026 como una entidad privada sin ánimo de lucro. Su objeto es promover el bienestar y el desarrollo integral de comunidades, con prioridad para las personas en condición de vulnerabilidad, destacó El Espectador.

El reporte sostiene que cada aporte económico o en bienes implica un compromiso con las familias afectadas: “Rendir cuentas de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo”.

Recursos privados y costos de administración

Los recursos provienen de contribuciones de personas naturales y del sector privado. La fundación detalló en su informe que los fondos se destinan a programas, proyectos y actividades institucionales, de acuerdo con su objeto social y las condiciones establecidas por los donantes.

La organización afirmó que emplea sistemas de administración y trazabilidad, con registros contables de las operaciones y conservación de los respectivos soportes. Los fondos permanecen depositados en entidades financieras vigiladas y reguladas.

Los costos asociados a la administración ascienden a $43.016.639. El dinero restante está disponible y sujeto a los destinos específicos definidos por los aportantes según el avance de cada proyecto.

Más de 30 centros de acopio y seis instalaciones por reconstruir

La respuesta a la emergencia se organizó en dos etapas. La primera se orientó a proteger vidas mediante centros de acopio, voluntariado, logística, distribución de ayuda humanitaria y personal capacitado para brindar acompañamiento emocional.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas habilitó más de 30 centros de acopio. Cada departamento contó con una coordinadora encargada de su punto de recepción, del registro de entradas y salidas de ayudas y del contacto directo con las comunidades.

La segunda etapa está centrada en la reconstrucción. Para ese objetivo, la entidad señaló que consolidó alianzas y convenios, además de equipos de trabajo y mecanismos de gestión de recursos.

El plan contempla reconstruir tres instituciones educativas y tres entidades prestadoras de servicios de salud bajo criterios de seguridad y sostenibilidad. La fundación también incluyó entre sus propósitos el impulso de soluciones de vivienda digna y programas de salud, nutrición, educación, cultura, recreación, deporte, formación, emprendimiento y generación de ingresos.

El juez federal Julián Ercolini concedió la extradición a Colombia de Brayan Ferney Cruz Castillo, un ciudadano colombiano de 30 años acusado de integrar una organización criminal que habría ejecutado homicidios selectivos y atentados con armas de fuego y explosivos en Bogotá.

La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 respaldara el pedido formulado por las autoridades judiciales colombianas, que lo requiere para que responda por su rol en el magnicidio del precandidato presidencual Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), que se ejecutó por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 en medio de un acto de campaña, y cobró la vida del senador el lunes 11 de agosto, luego de luchar más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Cruz Castillo había sido detenido en abril de 2026 en los tribunales ubicados sobre la calle Paraguay al 1500, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La captura se produjo tras el análisis de direcciones IP que sugerían su ingreso a la Argentina y la detección de una notificación roja de Interpol, junto con una orden de captura internacional emitida por Colombia en noviembre de 2025.

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el trámite de entrega a las autoridades colombianas.

Ercolini, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, ordenó además enviar copia de la resolución a dos tribunales orales para establecer si el hombre registra condenas previas o si cumplió penas en territorio argentino.

La Justicia colombiana lo señala como “marcador, vigilante y transportador”

La solicitud de extradición sostiene que Cruz Castillo participó en una estructura criminal organizada, integrada por varias personas y con división de funciones.

De acuerdo con las pesquisas que desarrollaron las autoridades colombianas, la empresa criminal tenía como finalidad cometer asesinatos y atentados que buscaban generar temor en la población.

El auxiliar fiscal Martín Garrido, representante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, expuso durante la audiencia que el requerido habría actuado como “marcador, vigilante y transportador” dentro de la organización.

De acuerdo con la acusación, ese rol se habría extendido desde enero de 2025 hasta el 20 de junio de ese año en Bogotá.

Por su parte, la Fiscalía colombiana le atribuye al Cruz Castillo los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

El requerimiento describe una organización que, según la investigación, preparaba ataques contra personas determinadas mediante armas y artefactos explosivos.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación indicó en su comunicado oficial que el objetivo de las acciones atribuidas a la banda era “generar miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva”.

La acusación incluye un plan para colocar una bomba lapa en un vehículo

Uno de los hechos analizados por la Justicia colombiana habría ocurrido entre fines de mayo y principios de junio de 2025.

Según el expediente, los jefes de la organización ordenaron un atentado contra una persona que debía ser atacada mediante la instalación de un artefacto explosivo tipo bomba lapa en el vehículo en el que se movilizaba.

La investigación estableció que el 3 de junio de 2025 los integrantes de la banda se habrían reunido para reafirmar el plan y asignar las tareas de cada uno. En ese esquema, Cruz Castillo habría tenido la misión de ubicar a la víctima, observar su desplazamiento e identificar el automóvil que utilizaba.

La acusación sostiene que el colombiano debía “ubicarse estratégicamente en el lugar de salida de la víctima, realizar seguimiento visual directo, identificar el vehículo” y transmitir esa información al resto de la organización.

Con esos datos, los responsables de colocar el explosivo podrían avanzar con el atentado.

La Fiscalía argentina consideró que los delitos son extraditables

Durante su alegato, Garrido sostuvo que los hechos atribuidos al detenido cumplen los requisitos para habilitar la extradición. El pedido fue analizado bajo el Tratado Interamericano de Extradición, vigente entre Argentina y Colombia.

Ese instrumento exige, entre otros requisitos, que los delitos investigados contemplen penas privativas de libertad cuyo mínimo sea superior a un año.

Para la Fiscalía, las conductas imputadas cumplen esa condición y cuentan con equivalentes en la legislación penal argentina.

El representante del Ministerio Público explicó que los hechos podrían encuadrar en Argentina bajo las figuras de asociación ilícita agravada, en concurso real con acopio y fabricación de armas. También consideró que esos delitos se agravan por la finalidad de aterrorizar a la población.

La postura de la Fiscalía fue aceptada por el juez Ercolini, que resolvió conceder la extradición solicitada por Colombia. La decisión deberá avanzar ahora a través de los mecanismos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la entrega del detenido.

Los chats entre Brayan Cruz y alias Gabriela y la relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Las conversaciones entre Brayan Ferney Cruz Castillo y Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, revelan la presunta logística previa al asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se ejecutó el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá (barrio Modelia, localidad de Fontibón).

Los expedientes judiciales conocidos por El Colombiano sitúan los intercambios durante los meses anteriores al ataque y describen seguimientos a camionetas Toyota TX blancas blindadas.

Cruz fue capturado en Argentina por un caso de hurto y por permanecer de manera irregular en ese país, tras una diligencia judicial derivada de un juicio abreviado. Más tarde, su nombre apareció de forma reiterada en las investigaciones por el crimen, mientras que en Colombia registraba un proceso por receptación-encubrimiento ante un juzgado de Bogotá.

La Fiscalía sostiene que el atentado, ejecutado por un sicario de 15 años, tendría vínculos con estructuras disidentes, entre ellas la Segunda Marquetalia. La hipótesis bajo investigación indica que esa organización habría articulado la operación mediante intermediarios logísticos.

La búsqueda de camionetas blindadas cerca de la Javeriana

Los peritos forenses recuperaron mensajes de marzo y abril de 2025 en los que Cruz preguntaba por la presencia de camionetas en inmediaciones de la Universidad Javeriana, en Bogotá. La información permitiría reconstruir una etapa de identificación del vehículo en el que se movilizaba Uribe Turbay.

En uno de los intercambios, Cruz recibió una alerta sobre la ausencia de los automotores: “Gorda, me acaba de llamar ‘El Viejo’ (Simeón Pérez Marroquín), que está en el punto, pero que no están las camionetas…”.

En otro mensaje, él le pidió a Martínez una imagen de una anotación: “Amor, hay un papelito blanco donde anoté las placas… me le puedes tomar foto y me la envías”.

“Gabriela” también habría participado en tareas de observación en el terreno. En otro mensaje avisó: “Ya estoy aquí a dos o tres cuadras, ya voy a asomarme al punto a ver si están las camionetas”.

Cruz le respondió que había localizado uno de los vehículos: “Listo mi amor, sí están ahí… ahí vi la TX”.

Las conversaciones sugieren que ambos podían reportar en tiempo real la presencia y los desplazamientos de las camionetas en el área universitaria.

Las órdenes atribuidas a “El Viejo” y otros contactos

Los mensajes incluyen instrucciones sobre traslados coordinados con contactos identificados como Sabogal y El Flaco. En uno de ellos, Cruz indicó: “Ahí la lleva a la universidad Javeriana… la espera unos minuticos y la trae pa’ acá”.

Otra comunicación plantea una secuencia para separar movimientos: “A lo que yo dé la salida acá, tú entregas y ya coges tu camino”. Para los investigadores, esas órdenes estarían vinculadas con la vigilancia y la coordinación logística alrededor de la Universidad Javeriana.

La Fiscalía ubica a Cruz Castillo como un posible enlace entre quienes ejecutaban tareas en terreno y otros integrantes de la red investigada. Los expedientes señalan que el colombiano habría recibido instrucciones de Pérez Marroquín, y que mantenía comunicación con Julián Ramírez, alias El Flaco; y Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco.

La investigación también examina eventuales conexiones con cabecillas de la Segunda Marquetalia como alias El Zarco Aldinever y con Iván Márquez, dentro de líneas que permanecen abiertas sobre la participación de estructuras disidentes.

En el video que se conoció por Instagram, el usuario explicó que todo se habría originado por cuenta de la persecución a un hombre señalado de haber cometido un hurto, y que intentó resguardarse en la tienda.

“Bueno, la historia es la siguiente: ese mancito que está ahí de verde venía corriendo con un cuchillo por toda esta calle y lo venían persiguiendo como seis personas. Se metió al, al Oxxo para resguardarse y a las malas abrieron esa puerta a patadas, toda la gente que lo venía persiguiendo. Y aprovecharon el desorden para sacarse maricadas, un six pack, papas, o sea, re pirobos”, contó el joven al inicio de su relato.

Sin embargo, al final de su descripción, el usuario destacó a las personas que se desempeñan en las tiendas ubicadas en el centro de Bogota, debido a que varias de ellas se encuentran a zonas complejas, donde la presencia de habitantes de calle hace más difícil la tarea, debido a que algunas personas intentan sacar productos sin pagar, como pasó en esta ocasión.

Adjunto al video, el usuario identificado como @judateka, escribió: “Que si alguien quiere trabajar en el Oxxo del centro en Bogotá? Solo hay que administrar, atender, limpiar y ser guardia de seguridad. porque si se llega a perder alguna cosita adivina quien responde?. Anímate, será súper espectacularsh!!”

Pero lo que más se llevó la atención y el reconocimiento por parte de los internautas y la ciudadanía por medio de comentarios en la publicación de Instagram fue cómo reaccionó la empleada de la tienda cuando el sujeto emprendió la huida, pero gracias a que fue retenido por un transeúnte la mujer lo alcanzó y con el palo que ella llevaba le propinó varios golpes, y le lanzó varios improperios antes de irse con el six pack de nuevo en sus manos.

La mujer fue calificada como la “princesa guerrera”, y en uno de los comentarios que acompañan el video se lee: “Qué nena tan guerrera, muy parada”.

Por su parte, la empleada de la tienda se fue gritando: “¿Todos estos hijueputas a que vienen acá al país?”

Al final, el usuario compartió en el video este mensaje para la reconocida cadena de tiendas mexicana: “Oxxo, a ella yo también la quisiera en mi equipo. Dale un aumento”.

En otros de los comentarios se lee: “Súbanle el sueldo a la muchacha”; “Dio la milla extra y el palazo extra también. Por favor un aumento”; y “No vale la pena que esa niña se arriesgue de esa manera. Primero su integridad física. Muy valiente, qué fuerte”.

Cayó banda de ladrones de una tienda OXXO en Bogotá: utilizaron uniforme de una de las empleadas para despistar a las autoridades

El 8 de agosto de 2026 se reportó la captura de cuatro hombres en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), cuando presuntamente asaltaban una tienda OXXO con uniformes de la empresa y un arma de fuego.

El grupo fue interceptado en flagrancia en el establecimiento ubicado en el barrio La Cabaña.

Durante la inspección de la camioneta Mazda blanca en la que se movilizaban, los uniformados encontraron una pistola, 150 gramos de droga sintética y prendas similares a las del establecimiento. También detectaron una placa falsa adherida sobre la matrícula original para evadir los controles de las cámaras de seguridad; el vehículo fue inmovilizado y los elementos quedaron incautados.

Las grabaciones muestran a los sospechosos descendiendo del automotor con el rostro cubierto con tapabocas. Uno de ellos llevaba el uniforme de la tienda mientras amenazaban con un arma a los trabajadores para apoderarse del dinero en efectivo.

Al advertir la presencia de las autoridades, los hombres intentaron huir, pero fueron interceptados varias cuadras después mediante un plan candado. Las imágenes serán utilizadas en la investigación para la imputación y la acusación; uno de los capturados tenía una anotación o proceso en curso por hurto.

Los hoy detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes.

Según registros de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026 se reportaron 4.043 casos de hurto a comercios en Bogotá, una disminución del 20,6 % frente al mismo periodo en 2025, de acuerdo con las denuncias recibidas.

Y es que luego de que circulara un video en redes sociales, dentro de las decenas de publicaciones en las que los hinchas azules mostraron su inconformidad por el anuncio hecho quince minutos antes del inicio del partido, una de las grabaciones que más eco tuvo fue la de Andrés, de 8 años, y que lloró desconsolado.

En ese momento, Dorman Ángel y Angélica Monroy, padre y madre del menor, contaron que habían viajado más de 18 horas por tierra desde el municipio de Puerto Asís (Putumayo), con un solo fin: cumplirle el sueño a su hijo de ver por primera vez jugar al equipo de sus amores.

Además, era su regalo de cumpleaños, y la familia contó al día siguiente (mañana del miércoles 15 de octubre de 2026) en diálogo con 6 AM W que venían ahorrando desde hacía seis meses atrás con el objetivo de poder costear los pasajes, la alimentación y el hospedaje para poder regresar el mismo miércoles a Putumayo, pero nada de esto fue así.

Sin embargo, en medio de la charla radial, se confirmaron dos gestos que anunciaron los presidentes de Millonarios y Santa Fe, Gustavo Serpa y Eduardo Méndez, que cubrirán los gastos para que la familia pueda estar en Bogotá hasta que se juegue, y que según la reprogramación que destacó la Dimayor, será el martes 20 de octubre a las 8:30 p. m..

No obstante, ese mismo día también se conoció que, en medio de la tristeza, el mal recuerdo quedó en el pasado con otro acto de generosidad hecho por el cuadro Embajador, que invitó a Andrés, Dorman y Angélica para que acompañaran al equipo en la sede del club, ubicada en el norte de la capital, para que compartiera con el plantel, dejando para la posteridad un video que difundió el club la misma noche del miércoles.

“¡Millonarios es de sus hinchas, y sus hinchas están en toda Colombia! Ayer, Andrés viajó con la ilusión de vivir su primer partido en El Campín, pero la cancelación del encuentro frente a Once Caldas le impidió cumplir su sueño. Hoy tuvo una nueva convocatoria: acompañarnos en nuestro entrenamiento y compartir un momento inolvidable junto al equipo", menciona el mensaje que acompaña el video en las redes sociales del equibo albiazul.

Andrés, que quiere ser arquero, compartió con los jugadores, y jugó a la pelota con uno de sus ídolos, el argentino Rodrigo Contreras, y hasta fue partícipe de la charla técnica liderada por el entrenador Alberto Gamero.

“Se te cumplió un deseo de ir, de entrar al campín y se te cumplió otro deseo de venir al entrenamiento. ¿Estás feliz? ¿Estás contento?" le dijo Gamero a Andrés, que solo respondió con una sonrisa: “Sí”.

“Porque ser Embajador va más allá de una ciudad, y los sueños de nuestra Familia Azul también son los nuestros”, finaliza la publicación, que recibió decenas de comentarios por parte de hinchas y usuarios, que destacaron la iniciativa del club.

Padre de Andrés contó cómo fue su travesía desde Putumayo a Bogotá para ver jugar a Millonarios

“Arrancamos hacia las seis de la tarde para el estadio. Llegamos, nos ubicamos y esperamos a que se hiciera la hora del, del partido. Cuando faltaban diez minutos, informan que se cancela el partido. Ya mi hijo se pone muy triste, está pa’ llorar y se vuelve inconsolable. Y nos fuimos hacia el hotel. Y a eso de la media hora de haber llegado al hotel, el Instagram estaba a reventar”, comentó Dorman.

El padre del pequeño contó de dónde nació la pasión por el equipo azul. “Como dicen, la herencia que me dejó mi padre. Mi padre fue hincha de Millonarios, yo también. Y mi niño, pues, tomó la decisión”, dijo su progenitor, a lo que Angélica terminó la frase con un “desde muy pequeño”.

Al final del entrenamiento todo el plantel se ubicó para tomarse una fotografía con Andrés, a quien nadie le borraba la sonrisa de su cara.

“Hoy fue algo muy bonito, que nos inviten a un entrenamiento de Millonarios, ver los jugadores, estar prácticamente con ellos, que mi hijo comparta un momento con ellos, fue algo muy, muy bonito para mí como padre, ahora para él, es espectacular”, concluyó Dorman, que se mostró agradecido por el gesto del equipo que es hincha.

Una casa abandonada de 1.854 metros cuadrados en el barrio El Diamante, en El Poblado, comenzó a ser demolida por orden de la Alcaldía de Medellín.

El inmueble, que estuvo vinculado a Pablo Escobar, permaneció durante décadas como una estructura deteriorada y, según residentes y autoridades, se convirtió en un foco de inseguridad, consumo de drogas, narcoturismo y presuntos rituales de magia oscura.

Una fuente consultada por Infobae Colombia reveló que la propiedad fue una de las primeras adquisiciones del jefe del cartel de Medellín. Según esta versión, el predio fue comprado en 1979 a nombre de Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar, y funcionó como la residencia principal de la familia hasta mediados de la década de 1980.

Los detalles sobre el antiguo uso de la vivienda contrastan con la imagen actual del lugar, que quedó abandonado luego de un atentado con explosivos y ahora será intervenido tras los conceptos favorables de las autoridades distritales.

La vivienda fue la primera residencia principal de la familia Escobar

De acuerdo con la información conocida por este medio, Escobar adquirió la propiedad cuando comenzaba a consolidar su fortuna.

El registro de compra habría quedado a nombre de Victoria Henao, aunque aún se buscan documentos relacionados con las transferencias y cambios de propiedad posteriores.

La pareja vivió allí hasta 1985 o 1986, antes de trasladarse al edificio Mónaco, otra propiedad que hizo parte de la historia del capo. Ese inmueble fue demolido durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez y el terreno fue transformado en el Parque Inflexión.

La residencia de El Diamante era descrita como una mansión de grandes dimensiones. En su parqueadero habrían estado algunos de los primeros vehículos de colección de Escobar, mientras que en las habitaciones se guardaba parte de la colección artística adquirida por Victoria Henao durante los años 80.

Entre las piezas estuvieron en el lugar había obras de Fernando Botero.

La hermana de Victoria Henao habría vivido allí después de la mudanza al edificio Mónaco

Tras el traslado de Escobar y su familia al edificio Mónaco, el predio habría permanecido a nombre de Victoria Henao. La fuente señaló que una hermana de ella se instaló en la casa y permaneció allí hasta 1988 o 1989.

Ese período coincidió con el aumento de la confrontación entre Escobar y Los Pepes, organización conformada por enemigos del narcotraficante, entre ellos integrantes asociados con el cartel de Cali y grupos paramilitares.

La casa de El Diamante fue una de las primeras propiedades vinculadas a Escobar que sufrió un atentado con explosivos.

La fuente relacionó ese ataque con la cercanía del inmueble a Montecasino, residencia que perteneció a los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, y que, de acuerdo con el mismo relato, continúa bajo control estatal.

Después de la explosión, familiares de Escobar recuperaron parte de los objetos que permanecían en la propiedad. El resto de la construcción habría quedado en estado de abandono durante más de tres décadas.

El predio quedó bajo administración de la SAE después de un proceso de extinción de dominio

La vivienda está ubicada en la intersección de la carrera 42 y la calle 16B Sur, en El Poblado. La Fiscalía General de la Nación inició en 2004 un proceso de extinción de dominio que incluyó el predio y otros bienes atribuidos a Escobar.

La decisión judicial quedó confirmada en 2020 y la propiedad pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Desde entonces, el lugar permaneció deshabitado por poco más de siete años. Vecinos del sector reportaron problemas de convivencia y alertaron sobre el uso de la casa para el consumo y la venta de drogas, el ingreso de visitantes interesados en la figura de Escobar y encuentros sexuales.

La Secretaría de Seguridad de Medellín también recibió relatos sobre supuestos ritos de magia oscura en el inmueble. Un residente le dijo a El Colombiano que personas llegaban a la vivienda “a hacer ritos satánicos, o venían a consumir y a vender droga”.

La Alcaldía aseguró que la demolición busca evitar la apología al narcotráfico

La intervención comenzó luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) emitió un concepto técnico favorable. La Inspección de Convivencia y Paz autorizó el desmonte y el Distrito adelantó los trámites requeridos ante la SAE.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que la demolición responde a las afectaciones que el inmueble generaba en el sector. “En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia”, puntualizó.

Villa Mejía agregó que la medida busca recuperar el espacio y evitar que la propiedad permanezca asociada con el pasado criminal de Escobar. “Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, concluyó.

El futuro del terreno aún no ha sido definido. La propiedad continuará bajo administración de la SAE, aunque se evalúa la posibilidad de que pase a manos de la Alcaldía de Medellín para desarrollar un proyecto de infraestructura o un espacio de carácter cultural, similar al que reemplazó el edificio Mónaco.

En este ocasión, y luego de lo que fue la operación Iron en Cali a finales de septiembre de 2024, el jefe de Estado participó en confrontaciones verbales con varios de los detenidos durante la Operación Blindaje 360, realizada en la madrugada del viernes 16 de octubre en Barranquilla.

En videos divulgados tras el procedimiento, el mandatario cuestionó a los capturados por los delitos que les atribuyen las autoridades y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las estructuras criminales.

“Así es que se doma a un bandido”, afirmó De la Espriella en una de las grabaciones de la operación, denominada Blindaje 360: Sin tregua al delito.

El despliegue contó con 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, que realizaron 50 registros y allanamientos en distintos sectores de la capital del Atlántico. Las autoridades dirigieron las acciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

El presidente encaró a alias Keko por una amenaza en su contra: “Bienvenido a la patria milagro”

Uno de los momentos registrados ocurrió con alias Keko, señalado como presunto cabecilla de Los del Freseo. Las autoridades interceptaron una grabación en la que el detenido se refería al jefe de Estado como “el tigre” y decía: “El tigre no tiene nada, que salga y se le echa plomo”.

Frente al capturado, De la Espriella hizo alusión a ese audio y le recriminó los delitos por los que es investigado. “¿Cómo era que decías que ‘no comías de tigre? Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando, robando, extorsionando. ¿Viste esa cara de miedo que tienes? La misma cara de tus víctimas”, le dijo.

Alias Keko respondió que había hecho esas declaraciones “por joder (molestar)” y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.

El presidente cerró el intercambio con otra frase: “Bienvenido a la patria milagro”.

De la Espriella también confrontó a alias Ñoño

El mandatario tuvo otro encuentro con Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño, capturado cerca de las 2:15 de la madrugada. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 13 años y reportaron que registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

“Alias Ñoño, 13 años de trayectoria de vida criminal. Robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la Patria Milagro, ‘Ñoño’. Mira la cara de miedo que tienes, el mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos”, expresó De la Espriella.

El detenido había sido capturado con anterioridad en Barranquilla por su presunta relación con Los Rapaces, una banda señalada de cometer hurtos en varias ciudades de la región Caribe.

En un audio que reveló el mandatario, se escucha a “Ñoño” decir: “Puro miedo, que no sé quej el tigre, que no sé que el gato, qué tigre ni que na’, al que salga se le echa plomo y huele en patio, que ellos no son locos. Eso que la ley, eso nada, dejen esa vaina a un lado, hermano”.

El balance oficial reportó 72 capturas:: 16 por concierto para delinquir, 18 por hurto, 14 por tráfico de estupefacientes, 14 por porte ilegal de armas de fuego, tres por homicidio y siete por otras conductas.

Al informar sobre los resultados, el presidente sostuvo que las organizaciones investigadas serán objeto de nuevas acciones. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”, manifestó.

La Operación Blindaje 360 busca afectar las estructuras y las fuentes de financiación de los grupos criminales investigados, en un contexto marcado por homicidios, extorsiones y hurtos en Barranquilla y su área metropolitana.

Fiscalía entregó detalles del operativo en Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación desarticuló parcialmente cinco organizaciones delincuenciales en Barranquilla y su área metropolitana con el resultado de 72 personas capturadas, según informó el organismo el 16 de octubre de 2026.

Los operativos comprendieron 50 registros y allanamientos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Sijin, la Dijin y el Gaula de la Policía Nacional.

Las investigaciones partieron de casos de homicidios, hurtos a personas y establecimientos de comercio, y tráfico local de estupefacientes. Los grupos afectados son el Clan del Golfo, Los Costeños, Los del Freseo, Los Pepes y Los Rápidos.

Los procedimientos abarcaron los municipios de Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo.

En total, se incautaron 17 armas de fuego, una granada, marihuana, cocaína, 12 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Entre los detenidos figura un ciudadano francés capturado en flagrancia con un kilogramo de cocaína y un arma de fuego. Otra parte de los capturados fueron notificados de órdenes judiciales o de nuevos procesos en su contra mientras cumplían condenas en las cárceles La Modelo y El Bosque, o permanecían en estaciones de policía.

Los Rápidos y los hurtos en el norte de la ciudad

Una de las estructuras más activas dentro de los operativos fue Los Rápidos, organización vinculada a hurtos violentos en centros comerciales y barrios del norte de Barranquilla.

Según el informe oficial del ente investigador, el grupo operó desde 2025 y acumuló una afectación económica superior a los 200 millones de pesos.

Los 72 capturados serán presentados ante jueces de control de garantías con el fin de que fiscales de la seccional Atlántico y de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales les imputarán cargos según la participación individual de cada uno.

Los delitos que se les atribuirán incluyen concierto para delinquir, homicidio, hurto calificado y agravado, fabricación y porte de armas de fuego, y tráfico de estupefacientes.

Luego de que la Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de injuria agravada al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, por una publicación que compartió cuestionando el destino de las donaciones enviadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en cabeza de la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, el publicista volvió a señalar a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

Después de que ‘Matador’ señaló a Pineda en un mensaje vía X en al escribir “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”, el también publicista volvió a señalar a Pineda y el dinero que recibió para ayudar a los damnificados por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7,4, y que dejó un balance de 305.791 familias afectadas, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En esta ocasión, y al recordar con un video que compartió Pineda en la antesala de la Jornada Nacional de Oración por Colombia, que se llevó a cabo la tarde del viernes 28 de agosto en la plaza de Bolívar, en Bogotá, el caricaturista recordó cómo en Pereira, capital del departamento de Risaralda, uno de los cinco departamentos más afectados por la emergencia, además de Caldas, Chocó, Quindío y Valle del Cauca.

“Este viernes, Colombia tiene una cita con la oración. Viviremos una Jornada Nacional de Oración por Colombia. Durante todo el día, desde cada rincón del país, unámonos en oración por las víctimas y sus familias, por la sanación, la esperanza, la unidad y la reconstrucción nacional”, dijo Pineda.

Por lo anterior, ‘Matador’ escribió: “Hay una señora en el parque Olaya de Pereira que duerme con su hijo de 16 años y su hermanita de 11 debajo de unos plásticos, ella vende dulces en una chaza y se quedó sin rancho. A ellos les va a servir mucho la jornada de oración. Más bien diga dónde está la plata”.

Ana Lucía Pineda explicó que las donaciones recibidas tras el terremoto se destinarán a la reconstrucción de viviendas

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, aseguró que los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia serán destinados a la construcción de casas para familias damnificadas que perdieron sus bienes y cuentan con terrenos aptos para edificar.

En una entrevista con La FM, Pineda detalló que la organización no utilizó las donaciones monetarias durante la primera etapa de la campaña humanitaria, denominada ‘Colombia Un Solo Corazón’. Según explicó la esposa del presidente De la Espriella, esos recursos fueron reservados para la fase de reconstrucción, que ya comenzó con alianzas con empresas constructoras.

“La decisión fue que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que los reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción”, expuso la primera dama.

Además, Pineda resaltó que la fundación emitirá órdenes de compra de servicios a las constructoras vinculadas para entregar viviendas terminadas, habitables y duraderas, y añadió que la selección de las familias se realiza junto con las alcaldías de los municipios afectados.

Las alcaldías definirán las familias priorizadas para recibir las viviendas

Pineda sostuvo que los gobiernos locales cuentan con la caracterización de las zonas afectadas y el Registro Único de Damnificados, herramientas que servirán para identificar a los potenciales beneficiarios.

La fundación priorizará a familias que lo perdieron todo durante el sismo, tienen un lote propio y cuentan con una evaluación técnica que confirme que el terreno no representa un riesgo para una nueva construcción. La intención, dijo, es comenzar con cinco familias en cada territorio.

“Trabajamos de la mano de los alcaldes. Ellos conocen su territorio y las situaciones de sus comunidades”, comentó la primera dama, y agregó que los gobiernos municipales establecerán el orden de prioridad según las necesidades de cada zona.

La primera dama sustentó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tiene, de manera inicial, tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados y que han comenzado a entregar viviendas.

La campaña movilizó más de seis mil toneladas de ayuda en especie

Durante la primera fase de respuesta al terremoto, la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’ recibió aportes en especie de 166 empresas, según los datos expuestos durante la entrevista.

Pineda dijo que la movilización superó las seis mil toneladas de ayudas y alcanzó a cerca de 50 mil personas.

Entre los elementos distribuidos mencionó mercados, colchonetas, almohadas, kits de día, carpas y alimentos para los centros de acopio, los rescatistas, los voluntarios y las comunidades afectadas.

La empresaria indicó que su fundación tenía pocas semanas de creada cuando ocurrió el terremoto y que decidió poner sus cuentas a disposición de los donantes nacionales e internacionales, y dejó en claro que la entidad está legalmente constituida y habilitada para recibir aportes.

Pineda aseveró que los integrantes de la fundación trabajan como voluntarios y que, hasta ahora, no reciben remuneración. “A la fecha no le he pagado a nadie y todo el mundo está prestando su servicio”, dijo.

La fundación creó una plataforma de atención emocional con más de 600 voluntarios

Además de la reconstrucción de viviendas, Pineda preció que la fundación puso en marcha la plataforma ‘Un Corazón Contigo’, destinada a brindar apoyo psicológico gratuito a personas afectadas por el terremoto.

La plataforma ofrece cuatro consultas virtuales sin costo y cuenta con más de 600 voluntarios especialistas, y la primera dama aseguró que el servicio ya atendió más de 4.500 citas.

La iniciativa surgió, explicó Pineda, después de identificar las necesidades emocionales de personas que perdieron familiares, viviendas o medios de vida a causa del sismo. “Se enfrentaron a una situación que genera ansiedad y necesitan apoyo”, expresó.

La empresaria cordobesa afirmó que el acompañamiento en territorio no se limita a la entrega de recursos materiales. “No es solo el tema de la plata. Llegar, dar una mano, un abrazo, saber que estamos ahí para escucharlos y apoyarlos también ha sido trabajo nuestro”, sostuvo.

Primera dama Ana Lucía Pineda dijo que la fundación rendirá cuentas sobre los recursos y sus proyectos

Más adelante en la entrevista, y cuando se le preguntó por los cuestionamientos que ha recibido, la primera dama sostuvo que no se siente intimidada por las críticas y defendió el trabajo de la fundación, y contó que la organización rendirá cuentas sobre los fondos recaudados y el destino de los recursos de la campaña.

“Mi compromiso es social y con absoluta transparencia, para mostrar cuáles son los fondos que se recogieron y qué se va a hacer”, confirmó Pineda durante la conversación con la periodista Vanessa de la Torre.

Pineda adelantó que, después de atender la emergencia causada por el terremoto, buscará retomar proyectos dirigidos a emprendedores, madres cabeza de hogar, niños y personas con discapacidad. Por ahora, insistió, la atención a las familias damnificadas es la prioridad de su gestión.

Por medio de varias fotografías que compartió desde su cuenta de X la activista e integrantes de Colombia Diversa, Marcela Sánchez , se observa que entre los objetos desmontados había afiches, fotografías y materiales vinculados con los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

Los espacios vacíos y las marcas en las paredes quedaron a la vista de los visitantes, que se llevaron una sorpresa al ver que no estaban algunas de las obras allí.

“En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El Verdadero borrado”, comentó Sánchez en su denuncia a través de redes sociales la tarde del jueves 15 de octubre de 2026.

Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y elementos vinculados con Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), al considerar que representan una apología del terrorismo incompatible con los principios de legalidad, libertad, institucionalidad y democracia que atribuyó a su administración.

La instrucción fue dirigida a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, durante una visita a la sede de la cartera.

El mandatario sostuvo que quienes estuvieron vinculados con organizaciones armadas no deben ser presentados en instituciones estatales como figuras históricas de la nación.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos”, declaró De la Espriella.

El jefe de Estado afirmó que las representaciones institucionales de Pizarro pueden interpretarse como una exaltación de integrantes de organizaciones terroristas.

Por lo anterior, el mandatario agregó: “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”.

La respuesta oficial por parte de la ministra de Cultura Paola Holguín

Debido a las publicaciones en redes sociales que han salido a cuestionar la decisión por parte de la cartera, la ministra Holguín se refirió la mañana del viernes 16 de octubre a la decisión en el Museo Nacional, y sustentó los motivos que llevaron a que se retiraran las obras en un lugar que, como ella misma explicó, refleja “el alma de la Nación”.

“El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expuso en su respuesta la funcionaria del Gobierno De la Espriella.

En la misma línea del jefe de Estado, Holguín reiteró que “el Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización”, y destacó que este lugar “tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Otro de los argumentos que presentó la ministra de Cultura es que “el Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible”.

Al final, Holguín resaltó que “la museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio, están siendo evaluados y rediseñados para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”.

Según fuentes del Museo consultadas por La Silla Vacía bajo reserva de identidad, la instrucción fue ejecutada por el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, quien habría acudido al edificio junto con la directora encargada de la institución, Katia González.

Las mismas fuentes sostuvieron que ambos seleccionaron las piezas que saldrían de exhibición.

La sala ‘Hacer sociedad’ concentraba las piezas sobre movimientos sociales

La mayor parte de los elementos retirados estaba en la sala ‘Hacer sociedad’, ubicada en el segundo piso del Museo.

Su guion curatorial fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, mediante un proceso en el que participaron cuatro comités curatoriales.

La muestra propone un recorrido por procesos de organización, convivencia, resistencia y reivindicación social y política en Colombia. De acuerdo con dos personas que trabajan en el Museo y hablaron con el medio, las modificaciones a esa museografía deben ser analizadas por instancias curatoriales.

De ese espacio habrían salido al menos diez objetos relacionados con la historia Lgbti y los movimientos feministas. Entre ellos estaban la bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha Lgbt de 2006, un impreso de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti de una movilización por la ciudadanía plena LGBT.

También fue retirada una edición de La Ventana Gay, publicación vinculada a Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, activista asesinado en 1993.

Retiraron afiches de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro: también objetos sobre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz

En otro sector de ‘Hacer sociedad’ ya no estaba el afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990.

De la misma zona también fue desmontado un afiche de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990. La lista incluye un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y otros objetos asociados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Una pared dedicada al período comprendido entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016 fue vaciada casi por completo, según el reporte. Allí estaba el balígrafo, la pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Otro de los elementos que se habría sido retirado fue el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La intervención alcanzó además la sala ‘Memoria y Nación’, ubicada frente a “Hacer sociedad”. De allí fueron desmontadas la mayoría de las imágenes del muro de la diversidad, una instalación dedicada a la representación cultural, social y política del país.

La polémica que provocó el rechazo de los hinchas de Millonarios luego de la cancelación del partido ante Once Caldas la noche del martes 13 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá debido al mal estado de la gramilla (luego de las dos conciertos de la banda de k-pop BTS el 2 y 3 de octubre), y que también generó cuestionamientos a la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Ahora, y luego de que se conoció que la veeduría ciudadana Vercontrol presentó una tutela para que se suspendan los conciertos y otros espectáculos no deportivos que requieran estructuras sobre la cancha, hasta que exista una certificación técnica que garantice condiciones adecuadas para el fútbol profesional, Sencia se pronunció la mañana del 16 de octubre y destacó que le dará prioridad a la recuperación del terreno para que se disputen los partidos, y por tal motivo se estudia la posibilidad de que el concierto de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre.

“Sencia ha venido trabajando para tener las mejores condiciones para jugar el partido programado para este sábado (17 de octubre, a las 6:00 p. m. entre Millonarios y Jaguares), favorecidas adicionalmente por la mejoría gradual del clima durante las últimas horas”, inicia el comunicado oficial por parte del concesionario.

También se precisó que los trabajos que se están desarrollando para tener en condiciones favorables el terreno de juego incluyen “labores de descompactación, inyección de aire, mantenimiento agronómico, revisión de las uniones del césped y monitoreo permanente de humedad”.

No obstante, y luego de indicar que “se están tomando medidas adicionales para poder desarrollar los partidos de fútbol en las mejores condiciones”, desde Sencia se anunció que se han “iniciado conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario”.

“Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el Estadio”, continúa el documento oficial por parte de la concesionaria.

Al final, se explicó que la decisión “la importancia de la nueva obra del Estadio”, con el fin de responder “a una necesidad de largo plazo para la ciudad: dotar a Bogotá de un escenario moderno, con la mejor tecnología y prácticas internacionales para el desarrollo de eventos futbolísticos y de entretenimiento”.

Los detalles de la acción de tutela de la veeduría ciudadana: el concierto de Fonseca y las demás fechas

La acción fue dirigida contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). La solicitud también busca vincular a Sencia, empresa concesionaria y administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín, y a la Secretaría Distrital de Ambiente.

El recurso pide que, dentro de las 48 horas posteriores a un eventual fallo favorable, se ordene detener los eventos que impliquen montajes sobre el césped.

La medida afectaría la agenda de espectáculos prevista entre octubre y diciembre, que incluye presentaciones de Fonseca, Ryan Castro, Los Tigres del Norte, el festival Megaland, Juntos de Nuevo y tres fechas de Karol G.

La tutela solicita detener desde ahora los montajes sobre el terreno de juego

Vercontrol también pidió una medida provisional para que la suspensión se aplique desde la admisión de la tutela y antes de que el juez adopte una decisión de fondo.

La veeduría plantea que no se autoricen nuevos montajes ni conciertos sobre la gramilla hasta que exista un concepto técnico de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) o de un especialista en céspedes deportivos. Ese dictamen debería establecer si el terreno cumple las exigencias necesarias para albergar partidos profesionales.

Además, la organización solicitó que el Idrd obligue a Sencia a devolver la cancha, como mínimo, al estado en el que fue recibida en octubre de 2024.

La tutela pide al concesionario un informe sobre las medidas implementadas para recuperar el césped y garantizar la disponibilidad deportiva del escenario.

Dos días antes del anuncio de Sencia, Fonsenca anunció sold out de la boletería para su concierto por medio de un video desde su cuenta de X.

“Yo llevo contando los días para que llegue nuestro encuentro en el estadio El Campín, 24 de octubre, mi Bogotá del alma. Y hoy quiero contarles que la casa está llena. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Sé que desde muchos lugares nos van a acompañar. Gracias a toda mi gente en Bogotá que hará parte de esta noche mágica. Para mí, un sueño cumplido”, declaró el cantante.

“Gracias por llenar la casa. Yo les prometo que vamos a tener una noche completamente inolvidable. Allá nos vemos. Llegar a mi ciudad, llegar a Bogotá, llegar al lugar donde todo comenzó y donde, donde está mi base, donde está absolutamente todo mi corazón, es la alegría más inmensa. Así que gracias, gracias por estar acá”, añadió el artista, que anunció su nuevo tour Antes de que el tiempo se vaya.

El partido entre Millonarios y Once Caldas expuso el deterioro de la gramilla

La controversia se intensificó el martes 13 de octubre, cuando el partido entre Millonarios y Once Caldas fue suspendido minutos antes del inicio por las condiciones del terreno de juego.

La recuperación de la cancha no se completó en el tiempo previsto, y dejó a ‘El Campín’ sin condiciones para recibir el encuentro por el fútbol profesional colombiano.

El episodio generó cuestionamientos contra Sencia por el manejo de la gramilla y sobre la capacidad del escenario para alternar actividades deportivas con eventos musicales de gran formato.

La concesionaria opera el estadio mediante un contrato de Asociación Público-Privada (APP) firmado con el Idrd en 2024. Entre las obligaciones previstas figura mantener disponible el escenario para la actividad deportiva y garantizar el cuidado del terreno de juego.

Por lo anterior, el Idrd abrió actuaciones por un posible incumplimiento de esas obligaciones. La entidad evalúa medidas relacionadas con los espectáculos programados para octubre, mientras revisa el plan de contingencia que debe presentar Sencia para recuperar el césped.

La Contraloría abrió una indagación preliminar sobre el contrato de concesión

La situación llegó también a la Contraloría de Bogotá, que el miércoles 14 de octubre abrió una indagación preliminar para establecer si la operación y el mantenimiento de ‘El Campín’ pudieron afectar los recursos públicos o generar consecuencias económicas para el Distrito.

La Dirección de Reacción Inmediata del organismo de control realizó una visita administrativa al estadio. Durante esa diligencia revisó el estado de la cancha y la documentación aportada por Sencia y por el Idrd.

El ente de control analizará el cumplimiento del contrato de concesión, en especial las cláusulas vinculadas con el mantenimiento de la gramilla, la disponibilidad del escenario para encuentros deportivos y la responsabilidad sobre los costos de recuperación o sustitución del césped.

La revisión también abarcará el trabajo de la interventoría y de la supervisión del Idrd. El ente de control verificará el seguimiento al mantenimiento, los pagos hechos con recursos públicos y las justificaciones técnicas que respaldaron las actuaciones adoptadas en el estadio.

El Distrito evaluará si la indisponibilidad del estadio generó perjuicios económicos

Uno de los puntos centrales de la indagación será determinar si el deterioro de la cancha, la suspensión de partidos o la falta de disponibilidad del estadio produjo afectaciones económicas para Bogotá.

Entre los aspectos bajo revisión están posibles reclamaciones, indemnizaciones u otros costos que puedan comprometer el patrimonio público.

La Secretaría Distrital de Ambiente también figura en la tutela presentada por Vercontrol. La organización pidió que esa entidad evalúe el impacto de los eventos masivos sobre la cobertura vegetal, el suelo, el ruido y los residuos generados en el estadio.

La solicitud plantea que, antes de autorizar nuevos eventos, la Secretaría defina medidas de prevención y recuperación relacionadas con el uso del escenario. El propósito es establecer si las estructuras, montajes y actividades asociadas con conciertos pueden afectar las condiciones del terreno de juego y del entorno del estadio.

Un ciudadano de Colombia fue trasladado de regreso a su país luego de que autoridades de México detectaran que se encontraba en situación migratoria irregular tras su detención en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán.

El hombre había sido interceptado luego de intimidar a otras personas mientras consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, y lo más bochornoso de la situación es que esto sucedió en presencia de su pareja y su hijo.

El caso comenzó como una intervención por una presunta falta administrativa, destacó el portal mexicano MiMorelia.com.

Por este motivo, miembros de la Guardia Civil acudieron al lugar luego de recibir el aviso sobre un hombre que, según el reporte, había generado molestias entre transeúntes durante el consumo de alcohol en una zona pública de la capital michoacana.

Los agentes trasladaron al ciudadano colombiano ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, donde debía definirse la sanción correspondiente por los hechos atribuidos. No obstante, el personal de la dependencia detectó que el hombre no contaba con una situación migratoria regular dentro del territorio mexicano.

La revisión migratoria derivó la entrega del colombiano al Instituto Nacional de Migración

Las autoridades locales iniciaron las gestiones para poner al detenido a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo encargado de verificar y resolver los procedimientos relacionados con la estancia de extranjeros en México, y con esto, cambió el curso del expediente.

El ciudadano colombiano enfrentaba en principio un proceso por una falta administrativa, pero la revisión posterior abrió un trámite migratorio que concluyó con su retorno a Colombia.

Las autoridades no precisaron si los familiares fueron incluidos en algún procedimiento administrativo o migratorio.

La presencia de bebidas alcohólicas en la vía pública fue uno de los elementos que motivaron el traslado del hombre ante la instancia de Justicia Cívica. El reporte también señala que el detenido habría intimidado a otras personas, aunque no se detalló si existieron denuncias formales, amenazas directas o lesiones.

Las normas migratorias mexicanas contemplan procedimientos administrativos para las personas extranjeras cuya situación de estancia no se ajusta a las disposiciones vigentes. Las decisiones pueden incluir la regularización, la salida voluntaria o el retorno al país de origen, según cada expediente y las resoluciones de la autoridad competente.

Chile expulsó a 21 migrantes colombianos

El 10 de octubre de 2026 las autoridades de Chile expulsaron a 56 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter que partió desde Santiago durante la madrugada del sábado.

El operativo incluyó a 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos, además de cinco personas consideradas de interés policial.

Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, Chile registró 10.345 salidas voluntarias de personas en situación migratoria irregular. Sauerbaum indicó que 8.243 de ellas correspondieron a ciudadanos venezolanos y 970 a colombianos.

El avión despegó después de la 01:00, hizo una escala en Iquique y continuó hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Del total, 45 expulsiones fueron administrativas y 11 judiciales, según la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

El prefecto inspector Ernesto León señaló que entre los expulsados había cinco personas con antecedentes por tráfico de drogas y violación. También mencionó a un colombiano requerido por la justicia de su país mediante una orden de captura por hurto calificado.

“Teníamos cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales por tráfico de drogas, algunos por violación y hay un sujeto que está requerido en su país, en Colombia, por mantener una orden de captura por un delito de hurto calificado”, puntualizó el prefecto inspector Ernesto León en una rueda de prensa en el cuartel general de la PDI.

Las expulsiones administrativas se aplican por infracciones a las normas de ingreso o permanencia, mientras que las judiciales derivan de resoluciones emitidas por tribunales dentro de procesos penales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que este fue el décimo vuelo de expulsión durante la administración del presidente José Antonio Kast. El Gobierno contabilizó 1.874 expulsiones de extranjeros en 2026, de las cuales cerca de 260 se realizaron antes del 11 de marzo, cuando cambió la administración.

Chile concretó 1.070 expulsiones en 2022 y 1.267 en 2025, de acuerdo con las cifras oficiales.

Uno de los más férreos en su convicción fue el representante a la Cámara por Antioquia Luis Miguel López Aristizábal (Centro Democrático —CD—), que fue directo en su pronunciamiento a través de un video divulgado desde su cuenta de X y un mensaje, en el que aseguró: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”.

“Hoy sumamos fuerzas para defender la vida, proteger a los niños y fortalecer a las familias”, continúa la publicación del congresista afín al Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella.

Por su parte, en el video López Aristizábal, que apareció con un cartel con la inscripción Colombia es PROVIDA, afirmó: “Es oficial, arrancamos la bancada provida. Éramos cincuenta y cuatro en el periodo pasado, ahora más de cien, casi el doble para defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa, la libertad de los padres a educar sus hijos, una educación desideologizada, sin adoctrinamiento”

“Desde el Congreso y esta bancada va a recuperar lo fundamental en Colombia, los valores y los principios, y que vuelva Dios a Colombia. Dios los bendiga”, cierra el representante a la Cámara.

El grupo multipartidista reúne a legisladores de colectividades que respaldan al presidente De la Espriella, entre ellas el Partido Conservador, Centro Democrático, Salvación Nacional, Cambio Radical y Creemos.

Bancada Provida presentó reforma constitucional en contra del aborto

La Bancada Provida radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política y establecer que la vida humana existe desde la fecundación. La propuesta, presentada a finales de julio de 2026, comenzará su trámite en el Congreso de la República.

La iniciativa plantea que el ser humano en gestación sea reconocido como sujeto de especial protección constitucional. Sus autores sostienen que la Carta Política declara inviolable el derecho a la vida, aunque no define de forma expresa desde qué momento inicia esa protección.

El proyecto busca que el Congreso, como constituyente derivado, fije ese alcance a través de una reforma constitucional. Los integrantes de la Bancada Provida señalaron que el asunto ha sido abordado durante años mediante interpretaciones judiciales y consideraron necesario trasladar la discusión al escenario legislativo.

“Ha llegado el momento de que el Congreso de la República, como constituyente derivado, abra una discusión constitucional de cara al país sobre la protección de la vida humana desde su inicio”, afirmaron los promotores de la propuesta.

La reforma plantea cambios puntuales al artículo 11 de la Constitución

El texto propone incorporar una precisión al artículo 11 de la Carta Política para indicar que la protección constitucional de la vida comienza desde la fecundación, y busca otorgar una protección especial al ser humano en gestación por su condición de vulnerabilidad y dependencia en las primeras etapas de desarrollo.

De acuerdo con la exposición de motivos, los autores respaldan el proyecto en argumentos de embriología humana, normas constitucionales e instrumentos internacionales. Entre las referencias incluidas aparece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de experiencias jurídicas de otros países.

La reforma no modifica por sí sola las normas vigentes, pues deberá superar los debates exigidos para los actos legislativos. Al tratarse de una iniciativa de cambio constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso.

Los congresistas indicaron que buscan promover un debate jurídico y democrático sobre el inicio de la protección constitucional de la vida. “Esta iniciativa busca que Colombia dé ese debate de manera democrática, jurídica y transparente”, manifestaron.

Los autores relacionaron la iniciativa con la caída de los nacimientos en Colombia

La exposición de motivos también alude al comportamiento demográfico del país. Los promotores citaron cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) según las cuales Colombia registró en 2025 el menor número de nacimientos de la última década.

El documento menciona, además, una tasa de fecundidad cercana a un hijo por mujer. Para los autores, esas cifras ameritan una discusión sobre la protección de la vida y las proyecciones demográficas del país.

“Esta es una causa que trasciende partidos políticos. Distintos congresistas hemos decidido unirnos para levantar la voz por quienes aún no la tienen”, señalaron los miembros de la bancada.

La iniciativa entrará ahora al proceso de asignación de ponentes y discusión en las comisiones constitucionales del Congreso. Si supera cada una de las etapas previstas, el texto podría avanzar hacia una modificación del artículo 11 de la Constitución Política.

A finales de septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación esclarecer si hubo perfilamiento racial durante el procedimiento policial que terminó con la muerte de Donovan Balanta Paz, un ciudadano afrodescendiente de 34 años que fue trasladado sin signos vitales a un hospital tras ser reducido por uniformados en el barrio Caracolí (localidad de de Ciudad), en el sur de Bogotá.

El caso ocurrió el domingo 20 de septiembre en una zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Poco más de un mes después del caso que generó una movilización hacia la Fiscalía, y un clamor de justicia, la entidad destacó en una publicación desde su cuenta de X la mañana del jueves 15 de octubre que la defensora del Pueblo Iris Marín sostuvo un encuentro con la familia de Balanta Paz.

“La Defensora del Pueblo, @MarnIris, se reunió con la familia de Donovan Balanta, quien habría sido víctima de maltratos y asesinado mientras se encontraba bajo custodia de la Policía en Bogotá”, destaca el comienzo del mensaje.

Más adelante se detalló que Marín “escuchó a la familia, sus preocupaciones, solicitudes y exigencias de verdad y justicia”, y como consecuencia de los hechos denunciados, “reflejarían patrones de discriminación racial estructural frente a los cuales la Policía Nacional debe tomar medidas inequívocas para modificar cualquier rasgo de la cultura institucional que pudiera llegar a ser complaciente o indiferente frente a hechos de inusitada gravedad, como los denunciados”, sigue la declaración oficial.

Desde la Defensoría del Pueblo se detalló en el mensaje que continuará ofreciéndole acompañamiento a la familia de Balanta Paz “hasta que los hechos sean esclarecidos y se ofrezcan todas las medidas de protección, justicia, reparación, esclarecimiento y acciones para prevenir la repetición de hechos similares”.

Al final, la publicación del organismo estatal sentenció: “La familia de Donovan merece respuestas, verdad y justicia. Su voz debe ser escuchada y respetada durante todo el proceso”.

Una semana después del crimen, el 27 de septiembre, la entidad pidió que las autoridades determinen las responsabilidades penales y disciplinarias que puedan surgir de la intervención.

“Se deben esclarecer las circunstancias de su muerte y posibles hechos de discriminación racial”, indicó la Defensoría en su pronunciamiento. La institución manifestó su solidaridad con los familiares y personas cercanas a Balanta Paz, y reclamó garantías para el acceso a la justicia.

Siete policías fueron apartados de sus funciones mientras avanzan las pesquisas

Según la información divulgada por la Defensoría, el operativo estuvo a cargo de integrantes de la Policía Metropolitana de Soacha. Durante el procedimiento, Balanta Paz fue reducido por los agentes y luego remitido a un centro médico.

La entidad señaló que el hombre “habría llegado sin signos vitales” al hospital. Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias precisas que causaron su fallecimiento ni los resultados de los exámenes forenses.

La Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria y separó de sus cargos a siete uniformados mientras se desarrollan las actuaciones internas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta los análisis para establecer la causa de la muerte.

La Defensoría pidió que las investigaciones permitan reconstruir cada etapa de la actuación policial. “Sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido y a que las investigaciones permitan establecer la verdad y las responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo la entidad.

La Fiscalía deberá establecer si hubo conductas de discriminación racial

El organismo solicitó de forma expresa que la Fiscalía examine si existieron comportamientos asociados a discriminación racial durante el operativo. Entre los elementos que deben ser verificados figura un posible perfilamiento racial contra Balanta Paz.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades a que haya lugar y establecer si durante el procedimiento policial se presentaron conductas asociadas a discriminación racial, incluido un posible perfilamiento racial”, expresó la Defensoría.

La institución afirmó que mantiene comunicación con personas cercanas a la familia para orientarlas sobre sus derechos. También informó que acompañó el seguimiento a movilizaciones y plantones pacíficos convocados para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

Además, la Defensoría participó en una mesa técnica solicitada por el Consejo Consultivo de Comunidades Negras de Soacha, con presencia de la Alcaldía Municipal. En ese espacio, integrantes de la comunidad expusieron inquietudes por denuncias de racismo y discriminación racial en el municipio.

La Defensoría del Pueblo citó alertas de expertos de Naciones Unidas sobre racismo estructural

En su comunicado, la Defensoría vinculó el caso con las observaciones del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la entidad, el grupo de expertos identificó durante una visita a Colombia, realizada en mayo, condiciones de racismo estructural, sistémico e histórico, además de registró denuncias de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y prácticas discriminatorias en comparendos y traslados.

La Defensoría recordó que las intervenciones policiales deben ajustarse a los estándares de derechos humanos, uso de la fuerza y trato digno. A las autoridades les solicitó aplicar las recomendaciones internacionales para definir y prohibir el perfilamiento racial en la legislación y en los protocolos de actuación policial.

La colombiana Laura Ramírez, residente en Estados Unidos desde hace siete años, relató cuánto le costó recibir atención médica sin seguro tras acudir a un centro de urgencias por una tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Entre la consulta, los exámenes y los medicamentos, aseguró que pagó USD 373, equivalentes a cerca de $1.192.700 colombianos.

Ramírez explicó que era la primera vez que debía buscar atención de urgencia desde que llegó al país. A partir de su experiencia, recomendó distinguir entre los centros de atención rápida, conocidos como urgent care, y las salas de emergencias de los hospitales, que en Estados Unidos reciben el nombre de emergency room.

“Si usted se siente mal y necesita atención médica rápida, acuda a un urgent care antes de ir a emergencias, a no ser que sea una situación grave que pone en riesgo su vida (sic)”, afirmó la colombiana.

La diferencia, según explicó, está en el tipo de atención. Los centros de urgencia ambulatoria reciben a pacientes con problemas que requieren valoración pronta, aunque no representan una amenaza inmediata para la vida. En contraste, una sala de emergencias está destinada a casos de mayor gravedad y puede implicar facturas más altas.

El registro en el centro médico costó USD 155

Para su consulta, Laura Ramírez acudió a una sede de Patient First, una red de centros de atención médica. Allí completó el registro con sus datos personales y esperó a ser llamada por el personal.

La primera transacción fue de USD 155, unos $495.600 colombianos, por concepto de admisión. Luego, según relató, el equipo médico le tomó signos vitales, como la saturación de oxígeno y la presión arterial.

“Cuando escuché: ‘Miss Ramírez’, ahí se debitó la primera transacción, ciento cincuenta y cinco dólares por admisión”, contó la migrante colombiana. La creadora de contenido bromeó con el nerviosismo que puede generar una visita médica en Estados Unidos sin póliza de salud: “¿Presión, señora? Estar aquí sentada”.

La paciente consultó por síntomas respiratorios que incluían tos persistente, dolor en el pecho y dificultades para respirar. Aunque había realizado pruebas previas de covid-19 e influenza, los profesionales del centro decidieron repetir los exámenes.

También le ordenaron una radiografía de tórax para descartar alteraciones en los pulmones. Ramírez señaló que, ante la posibilidad de tener que asumir esos gastos, decidió acudir de todos modos porque necesitaba determinar el origen de sus síntomas.

“Antes de que saque conclusiones, aunque no tenga seguro, siempre tengo un ahorro programado para este tipo de situaciones”, aclaró la colombiana.

La atención incluyó pruebas respiratorias y una radiografía de tórax

Tras la valoración y los exámenes, la médica le informó que las pruebas de COVID-19 e influenza habían dado resultado negativo. Finalmente, recibió un diagnóstico de bronquitis y una fórmula para adquirir medicamentos.

Ramírez señaló que una parte de su estrategia para enfrentar gastos médicos consiste en reservar dinero de manera anticipada. En vez de pagar una póliza mensual, explicó, destina recursos a una cuenta independiente para usarla ante consultas, tratamientos o procedimientos imprevistos.

“Yo prefiero guardar en una cuenta aparte el dinero que pagaría mensualmente por un seguro médico y tenerlo como fondo para gastos de salud”, dijo la connacional.

La colombiana admitió que el sistema médico estadounidense puede resultar costoso y complejo, incluso para quienes tienen una cobertura de salud. Sin embargo, su relato se refiere a un caso particular, por lo que los precios pueden variar según el estado, el centro asistencial, el tipo de exámenes, el diagnóstico y los descuentos disponibles.

Antes de salir del centro, Ramírez recibió un nuevo cobro de USD 195, cerca de $623.500 colombianos, que se sumó al pago inicial de admisión. Esa cifra, junto con el valor de los medicamentos, completó el gasto que detalló en su testimonio.

Un medicamento de USD 123 le costó USD 23 con un cupón de descuento

La colombiana también recomendó revisar alternativas de descuento antes de comprar medicamentos formulados. En su caso, utilizó GoodRx, una aplicación que permite consultar precios y cupones para presentarlos en determinadas farmacias de Estados Unidos.

“Si usted no tiene seguro, utilice la aplicación GoodRx. Escriba su código de área y el nombre del medicamento que necesita. Allí va a encontrar cupones de descuento que puede mostrar en la farmacia”, explicó la connacional.

De acuerdo con Ramírez, uno de los medicamentos prescritos tenía inicialmente un valor de USD 123, alrededor de $393.300 colombianos. Tras aplicar el cupón disponible en la plataforma, pagó USD 23, unos $73.500 colombianos.

El descuento redujo el precio en USD 100, equivalentes a cerca de $319.800 colombianos, según la tasa de cambio del 14 de octubre, día en que compartió la grabación.

Ramírez calculó que el costo final de su episodio médico fue de USD 373, suma que incluyó los USD 155 de admisión, USD 195 asociados al cierre de la atención y USD 23 por los medicamentos adquiridos con descuento.

“Aquí ya vino la doctora, me revisó, me hizo algunas preguntas de rutina y me dijo: ‘Sus resultados salieron negativos’”, siguió Ramírez, que añadió, sobre el diagnóstico: “El caso es que me diagnosticó una bronquitis y me recetó algunos medicamentos”.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, atribuyó el saldo de dos extranjeros muertos y 107 personas atendidas por intoxicaciones durante el festival Electric Daisy Carnival (EDC) al “consumo irresponsable” de sustancias.

En una entrevista con Semana, el funcionario de la administración del alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez, reclamó cambios normativos que, según afirmó, permitan a las autoridades actuar con mayor eficacia frente al microtráfico y el consumo en espacios públicos.

El festival de música electrónica se realizó el 10 y 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El balance sanitario incluyó 193 atenciones médicas, siete traslados a centros asistenciales y los fallecimientos de un ciudadano costarricense y de un médico indio-británico.

Las autoridades aún esperan los dictámenes de Medicina Legal para establecer las causas definitivas de ambas muertes, que de forma preliminar, estarían ligados al consumo de estupefacientes.

“Hemos estado en comunicación no solamente con los organizadores del evento, que son los directamente responsables, sino también, por simple criterio humanitario, con la misma familia”, afirmó el secretario de Seguridad.

El funcionario sostuvo que el caso debe abrir una discusión más amplia sobre la respuesta institucional y judicial frente a las drogas.

“El debate de fondo es el consumo irresponsable de la droga de muchos”, declaró Villa, tras referirse a los casos de asistentes que presentaron emergencias médicas durante las dos jornadas del evento.

Dos extranjeros murieron tras las emergencias registradas en el festival

El costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, murió durante la madrugada del domingo 11 de octubre en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

El joven había sido atendido luego de presentar una emergencia dentro del recinto del festival y llegó al centro médico en estado crítico, con convulsiones prolongadas y señales que apuntaban a una posible intoxicación.

El segundo fallecido fue Ajay Bhatnagar, médico indio-británico de 51 años, quien recibió atención inicial en uno de los puntos médicos habilitados en el evento. Después fue trasladado a la Clínica El Rosario, en El Poblado, donde permaneció bajo observación. Su muerte se confirmó durante la tarde del lunes 12 de octubre.

Los reportes conocidos hasta ahora señalaron que ambos casos estarían relacionados de forma preliminar con intoxicaciones y posible mezcla de sustancias psicoactivas con alcohol. Sin embargo, la Secretaría de Salud indicó que la causa básica de las muertes dependerá de los análisis médico-legales.

Por su parte, la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, informó que los equipos instalados en el EDC atendieron 193 situaciones médicas. De ese total, 107 estuvieron asociadas a intoxicaciones. Siete asistentes necesitaron traslado a instituciones de salud, destacó El Colombiano.

También hubo personas valoradas por crisis epilépticas, algunas relacionadas con los efectos de las luces del espectáculo, además de complicaciones derivadas de patologías previas.

“Por encima de cualquier celebración, está la vida”, puntualizó López Delgado al entregar el balance, y pidió a los asistentes de eventos masivos que acudan a los puestos de salud ante cualquier síntoma de alarma.

Villa vinculó el episodio con la discusión sobre el consumo y el microtráfico

Para el secretario de Seguridad, las cifras del EDC exponen un problema que excede la realización de un festival o la seguridad de un escenario particular.

“No es en un estadio, es el consumo irresponsable en el estadio o en muchas otras partes, en muchas discotecas, en muchas fiestas”, dijo el funcionario al mismo medio.

Villa cuestionó lo que describió como limitaciones de la normativa y de las decisiones jurisprudenciales para actuar contra personas que, según él, se dedican a comercializar drogas bajo la apariencia de consumidores.

“Cuánta gente no capturamos nosotros, todos los días los llevamos a la justicia y por la postura jurisprudencial y normativa vigente, cada ratico tienen que salir”, sostuvo el secretario.

El funcionario también planteó que existe una interpretación amplia de la llamada dosis de aprovisionamiento, una figura que permite a un consumidor portar una cantidad de droga para uso personal durante un período determinado. A su juicio, esta situación dificulta separar al consumidor de quien comercializa sustancias ilícitas.

“Te cogen a ti con más dosis de la permitida y tú dices que esa es mi dosis para durante ciertos días y entonces ya resulta que no te pueden capturar”, dijo Villa, que de paso aprovechó el espacio para pedir un “ajuste normativo” para que las autoridades tengan herramientas que les permitan perseguir a quienes, según su planteamiento, usan esa figura para evadir controles.

Un ciudadano australiano fue atacado después de asistir a la primera jornada del festival EDC en Medellín: recibió 25 puñaladas

El balance de incidentes asociados al fin de semana del EDC también incluye la agresión contra un ciudadano australiano de 46 años, identificado de forma preliminar como Frank Stephen Ramírez.

El hombre recibió 25 heridas con arma cortopunzante durante la madrugada del domingo 11 de octubre y permanece hospitalizado.

De acuerdo con la información inicial, el turista había participado en la primera jornada del festival y fue encontrado lesionado en el barrio Laureles, cerca del lugar donde se hospedaba. Fue trasladado a la clínica Incodol, donde quedó bajo atención médica.

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el ataque, entre ellas un posible hurto, además del “secuestro” que denunció su esposa Cindy Aguilera, por medio de la plataforma GoFundMe.

También analizan el testimonio de una persona que aseguró que la víctima fue arrojada desde un vehículo, pero ninguna de esas versiones ha sido confirmada de manera definitiva.

El EDC reunió a unas 94.000 personas durante sus dos jornadas, según Páramo Presenta, una de las empresas organizadoras. Para el dispositivo de seguridad y control se dispusieron 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de Espacio Público y 60 gestores operativos. Las investigaciones sobre las muertes, las intoxicaciones y la agresión contra el ciudadano australiano continúan en curso.

Luego de la polémica y el rechazo que recibió desde el Gobierno nacional por calificar de “ratita” a Ana Lucía Pineda, la primera dama de la Nación y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, se conoció un nuevo capítulo judicial para el caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

El motivo obecede a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación para establecer si cumplió con las obligaciones de un contrato por $257 millones que firmó en 2023 con el Fondo Colombia en Paz para elaborar contenidos gráficos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, durante la administración de Gustavo Petro.

La revisión se concentra en la ejecución de recursos públicos y en los productos que debían surgir de la estrategia de comunicaciones acordada entre el caricaturista y el Fondo, destacó un informe por parte de Noticias RCN el miércoles 14 de octubre de 2026.

El objeto contractual contemplaba la difusión de avances, acciones y resultados vinculados con la implementación del pacto firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El acuerdo contemplaba 12 meses de trabajo durante 2023

El contrato suscrito entre “Matador” y el Fondo Colombia en Paz tuvo una duración de 12 meses durante 2023. Su valor total ascendió a $257 millones, lo que representaba una asignación mensual aproximada de $21,4 millones.

De acuerdo con lo que destacó el informe, el caricaturista debía desarrollar una estrategia de comunicación basada en caricaturas y piezas gráficas.

El objetivo era acercar al público información relacionada con la puesta en marcha de compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La tarea de los investigadores consistirá en revisar los entregables, las actividades reportadas, los soportes de ejecución y los resultados de la campaña. Para lo anterior, desde la Fiscalía se deberá contrastar esos elementos con las cláusulas y obligaciones incluidas en el contrato.

La Fiscalía busca establecer si hubo cumplimiento integral en contrato que firmó Matador con el Fondo Colombia en Paz

Uno de los puntos que deberá aclarar el organismo es si la estrategia diseñada por González llegó a ejecutarse de manera integral. La revisión incluye la cantidad de materiales elaborados, sus canales de divulgación (incluidas redes sociales institucionales) y el vínculo de cada producto con los objetivos institucionales establecidos.

La investigación también pretende establecer si las labores del contratista correspondieron a la naturaleza del acuerdo. El contrato tenía como fin impulsar contenidos sobre la implementación de la paz mediante un formato gráfico, por lo que los fiscales deberán determinar cómo se estructuró esa campaña y cuál fue su alcance.

El Fondo Colombia en Paz administra recursos destinados a apoyar programas y proyectos relacionados con la implementación del acuerdo firmado en 2016. Por esa razón, la ejecución de contratos de comunicaciones bajo su órbita queda sujeta a verificaciones sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas acordadas.

La nueva actuación del ente investigador se conoce luego de que esa misma semana se iniciara otro procedimiento por señalamientos que Matador habría realizado contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, pero ambos asuntos tienen objetos distintos.

El resultado de la revisión dependerá de la documentación contractual, los informes de supervisión, las piezas gráficas que se hubieran producido y las pruebas sobre su divulgación. Con esos elementos, la Fiscalía definirá si archiva el caso, mantiene la indagación o avanza hacia otra fase procesal.

‘Matador’ no se mostró arrepentido por señalamientos en contra de Ana Lucía Pineda

‘Matador’ afirmó que no se arrepiente de los mensajes ofensivos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, publicados tras cuestionar el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero.

El caricaturista sostuvo que la polémica obligó al Gobierno nacional a responder sobre los recursos destinados a las familias afectadas.

La controversia comenzó el domingo 11 de octubre, cuando González publicó en X un mensaje sobre los fondos recolectados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que preside Pineda, para atender la emergencia en Pereira. En esa publicación utilizó los términos “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama.

Tres días después, durante una entrevista con los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, el caricaturista rechazó retractarse.

Coronell le preguntó por qué recurrió a descalificaciones personales en una crítica política, pero González sostuvo que esas expresiones desplazaron la atención hacia los afectados.

“Sí, y le voy a explicar por qué, Daniel. Si no hubiese sido por ese trino, claro, desafortunado, palabras ofensivas, sí, la gente no tendría la mirada hoy en la gente de Pereira, en la gente de Manizales, en la gente de Dosquebradas, que son los que están sufriendo y que se quedan callados”, afirmó el publicista.

La exigencia de un balance sobre las ayudas en Risaralda

González diferenció el uso de “ratita” de una acusación directa de delito y negó haber llamado “rata” a Pineda. Según su explicación, el término aludía a un animal pequeño y no implicaba señalarla por una conducta penal.

“Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”, dijo el caricaturista.

La Presidencia de la República calificó los comentarios como misóginos, sexistas y denigrantes. Además, en el pronunciamiento institucional se consideró que las publicaciones recurrieron a la animalización y a ataques contra la apariencia física de una mujer para descalificar su papel público.

El Gobierno nacional confirmó que puso las expresiones en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si las publicaciones constituyen conductas sancionables según el derecho penal.

Un ciudadano colombiano identificado como Carlos Vargas Ramírez, de 42 años, fue capturado la tarde del miércoles en Santa Cruz de la Sierra, y es señalado como sospechoso de participar en la ejecución a balazos del boliviano Johan Guzmán Parada, de 26 años, señalado en 2023 como presunto piloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La captura se produjo gracias al rastreo satelital (GPS) de uno de los teléfonos celulares sustraídos a la víctima, según informó el fiscal general del Estado, José Armando Urioste.

El funcionario detalló que el operativo permitió ubicar un inmueble en la urbanización Norte La Molina, donde se halló un arsenal considerable.

“Se han encontrado 500 municiones, seis revólveres, un rifle, dos automóviles de alta gama, una motocicleta, joyas y dinero”, precisó Urioste. En el mismo domicilio, agentes de la Policía boliviana aprehendieron a Vargas Ramírez, a quien se le imputan los delitos de tráfico de armas, porte y portación, tenencia de armas y legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.

El rastro de la víctima condujo hasta la organización narco

El fiscal Urioste explicó que la investigación se activó tras el hallazgo de armas en el domicilio y la posterior persecución de los sospechosos, todos de nacionalidad colombiana.

La hipótesis central de las autoridades judiciales apunta a que el detenido operaba dentro de una estructura criminal transnacional con ramificaciones en el narcotráfico regional.

“El imputado formaría parte de la organización criminal de Sebastián Marset y el ‘Colla’, hipótesis que será comprobada por los elementos e informes policiales correspondientes”, señaló Urioste.

Como “El Colla” se conoce en el mundo del hampa a Erlan Ivar García López, otro integrante señalado de la red del narcotraficante uruguayo, y considerado como su mano derecha, con quien Guzmán también mantenía vínculos según investigaciones previas.

Quién era Johan Guzmán Parada y su relación con el narco uruguayo Sebastián Marset

Johan Guzmán Parada fue presentado en 2023 por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como presunto piloto de Marset, el líder del llamado Primer Cartel Uruguayo.

El narcotraficante había permanecido prófugo durante años tras escapar de un operativo policial en Santa Cruz en julio de 2023, hasta que fue capturado el 13 de marzo de 2026 en un operativo de madrugada en esa misma ciudad boliviana.

Horas después, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales en el Distrito Este de Virginia por liderar una red dedicada al traslado de cocaína hacia Europa y al lavado de dinero a través de clubes de fútbol.

Guzmán, por su parte, arrastraba un proceso judicial independiente de esa causa. En noviembre de 2023 fue enviado al penal de Cerprom, en Montero, tras ser imputado por el asesinato de Aldo Calderón Mejía, un instructor de gimnasio de 33 años asesinado el 8 de julio de 2021.

Su abogada, Blanca Mercado, relató que se reunió con él horas antes del crimen para analizar la posibilidad de pedir la extinción de ese proceso, que ya superaba los tres años.

Cómo ocurrió el ataque: sicarios perpetraron el crimen

El homicidio se perpetró el martes en un taller de mecánica automotriz ubicado en la zona del tercer anillo interno y la calle General Franco, cerca de la Radial 27, en inmediaciones del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó cuatro veces contra Guzmán, quien se encontraba sentado en el interior.

Los disparos impactaron en el hombro y la región occipital del cráneo de la víctima. Ambos agresores huyeron tras el ataque.

Una testigo relató haber escuchado tres detonaciones antes de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acordonaran el área y recolectaran indicios. La Policía activó el denominado Plan Z y movilizó grupos especiales para dar con los responsables.

Los cargos formales contra el colombiano detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Tras el arresto de Vargas Ramírez, las autoridades judiciales formalizaron el proceso en su contra por los delitos de asesinato, tráfico de armas, porte, portación y tenencia de armas, además de legitimación de ganancias ilícitas.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido con certeza el móvil del crimen ni ha confirmado de manera definitiva si el ataque contra Guzmán guarda relación directa con sus antecedentes judiciales por el homicidio del instructor de gimnasio o con sus presuntos nexos con la red de Marset.

La investigación continúa bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a la estructura narco, mientras la Policía boliviana mantiene la búsqueda del segundo sospechoso que participó en el ataque a tiros.

Una lesión en el pulgar de la mano derecha derivó en la muerte de Jaime Rueda Sandoval, de 65 años, que falleció tras sufrir la picadura de un animal en la vereda El Majadal, en el municipio de Los Santos, Santander.

Las autoridades aún no han establecido qué especie causó la herida ni si esa lesión fue la causa directa del deceso.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, pero su caso se conoció en todo el país días después, luego de que se precisó que Rueda Sandoval, residente de la zona rural y dedicado a labores del campo, fue trasladado en un vehículo particular hasta el sector del parador El Boyaco, en la vía que comunica a Los Santos con Piedecuesta.

En ese punto, uniformados de la Subestación de Policía de la Mesa de Los Santos atendían un accidente de tránsito, motivo por el que las personas que acompañaban al hombre solicitaron ayuda, y fueron los paramédicos que se encontraban en el lugar los que acudieron para valorarlo y prestarle los primeros auxilios, destacó Vanguardia.

Los paramédicos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales

Al examinar a Rueda Sandoval, que era un amante del ciclismo, los socorristas determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del deceso, se dio aviso a las autoridades para activar el procedimiento judicial correspondiente.

De acuerdo con el reporte policial, los funcionarios identificaron una herida en el dedo pulgar de la mano derecha. La lesión habría sido provocada por la picadura de un animal, aunque hasta ahora no hay claridad sobre la especie involucrada ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Luego de conocer la situación, la Policía informó a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, para que asumiera las diligencias en el lugar. Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron elementos que permitan establecer la secuencia de los hechos.

La causa de la muerte de Rueda Sandoval será determinará por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, que practicará los análisis forenses para determinar cuál fue el animal que ocasionó la lesión y establecer si existe una relación directa entre la picadura y el fallecimiento.

Las honras fúnebres del campesino se adelantaron entre el 14 y 15 de octubre de 2026.

Adulto mayor murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en zona rural de Chima, Santander

En otro caso que se reportó en mayo de 2026, un hombre de 71 años murió después de sufrir múltiples picaduras de abejas en una zona rural de Chima, Santander.

La víctima fue identificada como Vicente Vega Vásquez, quien recibió atención de organismos de socorro y personal médico, pero falleció minutos después de ingresar al centro asistencial del municipio.

El ataque ocurrió en la mañana del 30 de abril de 2026. De acuerdo con la información conocida el 3 de mayo, el adulto mayor se encontraba en un sector rural cuando fue sorprendido por un enjambre.

Habitantes de la zona alertaron sobre la emergencia y facilitaron la llegada de los equipos de socorro. Los rescatistas prestaron atención inicial a Vega Vásquez y dispusieron su traslado urgente hacia el hospital, debido a la cantidad y gravedad de las lesiones.

El hombre falleció luego de ingresar al centro asistencial

El personal médico intentó estabilizar al paciente tras su llegada al centro de salud. Sin embargo, las consecuencias de las picaduras resultaron fatales, pese a las maniobras realizadas por los equipos de emergencia.

El caso generó preocupación entre los habitantes de Chima, y las autoridades locales insistieron en la necesidad de informar oportunamente sobre la presencia de enjambres, colmenas o concentraciones de abejas cerca de viviendas, caminos rurales y zonas de paso frecuente.

El reporte temprano de estos insectos permite activar protocolos de prevención y reducir la exposición de los habitantes, en especial de niños, adultos mayores y personas con antecedentes de reacciones alérgicas.

Las recomendaciones entregadas a la comunidad indican que, ante un ataque, se debe salir del área afectada lo más rápido posible, sin realizar movimientos bruscos que puedan aumentar la agresividad de los insectos. También aconsejan cubrir la cabeza y el rostro con una prenda o con las manos, ya que esas áreas suelen ser atacadas con mayor frecuencia.

Otra de las medidas es buscar refugio en un lugar cerrado, como una vivienda o un vehículo, y cerrar puertas y ventanas. Las autoridades desaconsejan intentar espantar a las abejas con los brazos o sumergirse en agua, pues los insectos pueden permanecer en la superficie.

La atención médica debe ser inmediata ante síntomas de alergia

En caso de sufrir picaduras, se recomienda acudir a personal de salud para que evalúe la extracción de los aguijones y el tratamiento requerido.

Mientras se obtiene atención, las zonas afectadas pueden lavarse con agua y recibir compresas frías para disminuir la inflamación y el dolor.

También es necesario vigilar señales como dificultad para respirar, hinchazón en labios o rostro, urticaria en distintas partes del cuerpo, mareo o pérdida de conocimiento. Estos síntomas requieren atención médica inmediata, debido a que pueden estar asociados con una reacción alérgica grave.

La Policía española investiga si el asesinato del cirujano estético de origen alemán Alexander Aslani en Marbella pudo haber sido ordenado por familiares de una paciente colombiana que murió tras una intervención en su clínica.

La hipótesis hace parte de varias líneas de investigación y, hasta el momento, no existe información pública que establezca un vínculo entre los allegados de la mujer y el crimen.

Aslani, de 57 años, fue asesinado a tiros el 7 de octubre dentro de la clínica Cirumed, de la que era fundador, en Marbella, provincia de Málaga.

Un ciudadano sueco de 18 años fue detenido al día siguiente en Benalmádena como presunto responsable material del ataque, aunque ha negado haber efectuado los disparos.

Según informó The Olive Press, los investigadores analizan si el sospechoso pudo actuar por encargo de una antigua paciente o de una persona de su entorno.

Entre los casos revisados figura el de una colombiana que falleció después de someterse a una cirugía estética en el centro médico.

Los familiares de la paciente colombiana habrían responsabilizado al médico

De acuerdo con la información publicada por el medio británico en España, los familiares de la paciente cuestionaron las explicaciones entregadas por la clínica tras la muerte de la mujer y habrían atribuido una responsabilidad directa a Aslani.

Los agentes estudian si esa inconformidad pudo constituir un móvil de represalia. Sin embargo, la investigación no ha presentado pruebas públicas que conecten a los familiares de la colombiana con el homicidio.

El caso de la mujer no es el único que revisan las autoridades.

Otra línea apunta a una ciudadana saudí que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño y, según los reportes citados, quedó inconforme con el resultado.

La mujer habría solicitado la devolución de cerca de 17.000 libras esterlinas, unos 19.600 euros (más de 6′900.000 de pesos colombianos con corte a la tasa de cambio del miércoles 14 de octubre de 2026), sin lograr un acuerdo con el centro médico.

El reporte del El Mundo señala que ella abandonó España junto con su pareja, a quien se le atribuyen mensajes intimidatorios y visitas a la clínica para advertir al personal. Tampoco hay confirmación oficial de que esa disputa esté relacionada con el crimen.

El médico había denunciado amenazas meses antes de ser asesinado: la reconstrucción del crimen

El crimen de Alexander Aslani ocurrió meses después de que el especialista acudiera a la Policía para denunciar amenazas asociadas con su actividad profesional.

De acuerdo con un informe de Diario Sur, el cirujano presentó una denuncia formal en abril de 2026.

Ese antecedente se convirtió en una de las piezas que examinan los investigadores para determinar si el ataque fue contratado por alguna persona con conflictos previos con el médico.

Aslani recibió varios disparos en la cabeza poco después de las 18:00 (hora local) del 7 de octubre. Un hombre con el rostro cubierto ingresó a las instalaciones de Cirumed y abrió fuego contra el cirujano, según los datos divulgados en la investigación.

El agresor abandonó el lugar en una motocicleta. La Policía considera la posibilidad de que haya contado con apoyo logístico, tanto para el transporte como para la obtención de información sobre los desplazamientos y horarios de la víctima.

Un joven sueco fue detenido y enviado a prisión preventiva: su presunto nexo con una red criminal

El principal detenido por el caso es un ciudadano sueco de 18 años, señalado de tener posibles vínculos con la organización criminal Shottaz, con presencia en Estocolmo.

El joven quedó en prisión preventiva sin fianza, aunque ha rechazado de forma reiterada ser el autor de los disparos.

El caso permanece bajo secreto judicial, mientras se revisan las comunicaciones, antecedentes y posibles conflictos profesionales del cirujano.

Aslani no tenía licencia para ejercer la medicina en Reino Unido desde 2016

Tras el homicidio, se conoció que Aslani dejó de contar con licencia para practicar la medicina en Reino Unido desde 2016. El cirujano había recibido restricciones profesionales luego de una evaluación realizada en 2012.

El informe identificó deficiencias en seis áreas de su ejercicio, entre ellas el manejo de historias clínicas, la prescripción de medicamentos, la valoración de pacientes, los consentimientos, el trabajo dentro de sus límites profesionales y los cuidados posteriores a las intervenciones.

El Consejo Médico General del Reino Unido, conocido como GMC por sus siglas en inglés, le impuso otras 14 restricciones antes de que el profesional entregara su licencia cuatro años después.

El mismo porta británico destacó que Aslani dirigió entre 2008 y 2018 los departamentos de cirugía plástica de hospitales Quirón en Málaga y Marbella hasta que, en 2018 fundó la clínica Cirumed, donde fue asesinado.

Expacientes del cirujano asesinado en Marbella han difundido denuncias después del homicidio

En los días posteriores al asesinato, decenas de mujeres contactaron a medios y grupos de apoyo para relatar experiencias negativas tras procedimientos practicados por Aslani.

Algunas denunciaron presuntas complicaciones, presiones para firmar acuerdos de confidencialidad y dificultades para obtener respuestas del centro médico.

La Policía mantiene abiertas las hipótesis vinculadas con pacientes, familiares y otros conflictos alrededor de la actividad profesional de Aslani.

La situación procesal del joven sueco detenido dependerá del avance de las pruebas que recopilen los investigadores y de las decisiones de la autoridad judicial española.

El profesor estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuestionó varios apartados del proyecto de estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En una publicación en X, el académico alertó que la iniciativa incluiría un aumento de penas para delitos relacionados con drogas que, a su juicio, no exige probar nexos con organizaciones terroristas.

Weintraub señaló que el proyecto contiene medidas que considera útiles, como instrumentos para mejorar la trazabilidad de minerales y disposiciones sobre el uso de drones. A la vez, planteó reparos sobre la redacción de algunas definiciones, los efectos de un registro público y el tratamiento que recibirían habitantes de zonas bajo dominio de grupos armados.

El estatuto hace parte de un paquete de seguridad que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso junto con una ley de sometimiento. Esta última fue radicada el 13 de octubre y contempla rebajas de pena para integrantes de estructuras ilegales que entreguen armas, bienes e información, además de aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de economías ilícitas.

El aumento de penas por delitos de drogas es el principal reparo del docente

El investigador afirmó que el proyecto incorpora un parágrafo al artículo 376 del Código Penal, que regula el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes.

Según explicó en el hilo que compartió en su perfil, la sanción aumentaría entre una tercera parte y la mitad cuando la conducta beneficie a una organización incluida en los listados oficiales o cuando ponga en riesgo la vida, la salud o el ambiente.

Para Michael Weintraub, el uso de la conjunción “o” permite que la agravación opere sin demostrar una relación con una estructura terrorista. “Casi cualquier conducta de tráfico o porte puede argumentarse como peligro para la salud”, sostuvo en su publicación.

El docente añadió que la protección de la salud pública ya constituye el bien jurídico tutelado por ese artículo. Por eso, sostuvo que la fórmula podría extenderse incluso a conductas ligadas a cantidades menores de estupefacientes y tendría efectos sobre consumidores. “Efectivamente criminaliza el consumo”, escribió.

El académico indicó que cláusulas similares aparecerían en tipos penales como secuestro simple, trata de personas y contrabando.

En su explicación, el profesor universitario también cuestionó que la exposición de motivos cite la Sentencia T-762 de 2015, relacionada con la necesidad de una política criminal basada en evidencia, mientras el proyecto propone elevar penas por delitos de drogas en un sistema penitenciario que la Corte Constitucional ha declarado en estado de cosas inconstitucional.

Las definiciones de terrorismo y apoyo material concentran otras críticas

Otro de los puntos que planteó Weintraub se relaciona con el alcance de las definiciones. De acuerdo con su lectura, el proyecto definiría el terrorismo como la producción de miedo, pánico o zozobra mediante riesgos, amenazas o violencia.

El texto también incluiría dentro de la categoría de actor terrorista a quienes pertenezcan a “redes de apoyo”, incluidas las de información. Para el director del Cesed, esa redacción podría afectar a personas que viven en territorios sometidos al control de organizaciones armadas.

“En una vereda gobernada por un grupo armado, quien le pasa información bajo amenaza cabe en esa definición”, advirtió. Weintraub agregó que el delito de apoyo material tendría penas de entre 13 y 22 años, sin una exclusión expresa para quienes actúen bajo coacción.

El profesor cuestionó, además, el registro que plantea el proyecto para personas naturales vinculadas a las organizaciones listadas. Según su descripción, esa base de datos permitiría consultas por nombre o número de cédula.

Por este motivo, el académico consideró que la publicación de esos datos puede exponer a represalias a habitantes de municipios con presencia de estructuras armadas.

Sumado a lo anterior, Weintraub mostro reparos frente a la suspensión administrativa de personas jurídicas, pues señaló que la medida podría alcanzar a juntas de acción comunal, consejos comunitarios y cooperativas.

La iniciativa combina un estatuto antiterrorista y una ley de sometimiento

El Gobierno nacional ha presentado el paquete como una estrategia de dos vías. Por un lado, la ley de sometimiento ofrece beneficios condicionados para las estructuras que se acojan a la justicia. Por el otro, el estatuto antiterrorista busca ampliar las herramientas estatales contra organizaciones armadas y criminales que no acepten esas condiciones.

El proyecto de sometimiento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de “actores armados ilegales o terroristas”

Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y la población civil. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radica su proyecto de ley de sometimiento

Las organizaciones interesadas en acogerse al mecanismo deberán presentar su solicitud por medio de un abogado autorizado. Tendrán que informar el número de integrantes, el armamento, los bienes, las economías ilícitas y los datos que posean sobre personas desaparecidas o secuestradas.

La propuesta contempla el desarme, la entrega de activos de origen ilegal y la suspensión de actividades delictivas. Los jueces evaluarán los aportes individuales y colectivos a la verdad, la reparación, la localización de víctimas y el desmantelamiento de redes financieras y de corrupción.

Los integrantes sin roles de mando podrían obtener una rebaja de hasta el 50% de la pena acumulada, mientras que los líderes tendrían una reducción máxima del 30%, siempre que cumplan los requisitos fijados por la norma.

Las condenas podrían ejecutarse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas. Ley de Sometimiento: así es el estatuto antiterrorismo radicado por el Gobierno

Weintraub cuestionó las restricciones para la base de las organizaciones

El director del Cesed sostuvo que el proyecto prevé mecanismos de colaboración para mandos de las estructuras ilegales, aunque restringiría el principio de oportunidad para toda persona que pertenezca a una organización incluida en los listados del estatuto.

A su juicio, esa prohibición puede dificultar la desvinculación de integrantes de menor rango. “Queremos incentivar que la gente salga de las filas, no lo contrario”, escribió el catedrático.

El investigador diferenció esos reparos de los aspectos que considera positivos y mencionó, entre ellos, los mecanismos de trazabilidad de minerales, con comprobantes digitales por lote, guías electrónicas y cruces entre el volumen declarado y la capacidad de los títulos mineros.

Para Weintraub, esas medidas apuntan a las vías utilizadas para el lavado de oro.

El compositor sanjuanero Juan Pablo Marín Álvarez publicó una interpretación musical con la que rechazó los ataques verbales contra la primera dama Ana Lucía Pineda, en medio de la controversia que surgió por comentarios del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador.

Marín, quien obtuvo el título de rey de la Canción Vallenata Inédita en la edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, celebrada en 2023, utilizó la expresión caribeña “te levanto a trompá” como eje de su mensaje, luego de la entrevista que concedió al portal regional El Pilón.

El autor presentó una composición dirigida al caricaturista y planteó su postura sobre los límites de la discusión pública.

El compositor apeló al lenguaje del vallenato para cuestionar la violencia verbal. En la publicación difundida en las redes sociales del mismo medio, el músico explicó que su respuesta no aludía a una agresión física. “Mis trompadas son con letra y melodía, porque a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa”, expresó Marín.

La pieza tomó una frase usual en la región Caribe y la trasladó al terreno musical, y el compositor planteó que el debate político y las críticas en redes sociales deben preservar el respeto hacia las mujeres, en particular cuando ocupan espacios de representación pública.

Marín fue rey de la Canción Vallenata Inédita en 2023

Juan Pablo Marín recibió el reconocimiento en el Festival de la Leyenda Vallenata por la obra “Si nace una rosa”. El texto señala que también es heredero musical del juglar Hernando Marín Lacouture.

Su pronunciamiento se produjo después de los cuestionamientos que distintos sectores y el Gobierno Nacional atribuyeron a publicaciones de ‘Matador’ sobre Ana Lucía Pineda, que la calificó de “ratica”, al cuestionarle en una publicación desde su cuenta de X el destino de las donaciones enviadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, y que tienen como destino ayudar a las víctimas y damnificados luego del terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

En redes sociales, el mensaje del caricaturista y publicista fue señalado de carácter “misógino” y “machista”.

La intervención trasladó la discusión a las expresiones culturales, por lo que el autor recurrió a versos y a una interpretación en redes para expresar su desacuerdo con los comentarios dirigidos contra la primera dama.

La canción se presentó como una defensa del respeto hacia las mujeres en el debate público, sin apartarse de los recursos lingüísticos y musicales asociados a la tradición oral caribeña.

Así es la letra de la canción:

Esta es mi manera de protestar por ti o contra ti, Matadorcito.

No seas cobarde, Matador.

No uses el arte con maldad.

Sigue mostrando tu gran don sin pisotear la dignidad.

Una mujer es una flor que no se debe pisotear.

Es mejor llenarlas de amor.

Son delicadas y especial.

Son el regalo del creador, fuente de vida natural.

Por ellas podemos soñar embelesados de pasión.

Tengo una hija, Matador, y también tengo una mamá,

unas hermanas con gran don y una mujer muy especial.

Y son el símbolo que tú has mancillado con maldad.

No seas tan malo, Matador,

porque te levanto a trompadas.

Y mi trompada son mis canciones y mi melodía.

Por qué la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda, no podría recibir donaciones

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuya representante legal es la primera dama Ana Lucía Pineda, no cuenta con la habilitación de la Dian para recibir y administrar donaciones destinadas a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, según reveló un informe de Noticias Uno.

La organización fue una de las tres autorizadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para canalizar ayudas para la reconstrucción.

La ausencia de inscripción en el Régimen Especial Tributario mantiene la controversia sobre los recursos recolectados para las zonas afectadas. Ese régimen permite a las entidades sin ánimo de lucro certificar donaciones deducibles y acceder a beneficios fiscales, pero exige una solicitud formal y una actualización anual de responsabilidades en el Registro Único Tributario.

La Dian había fijado el 30 de junio de 2026 como fecha límite para que las organizaciones sin ánimo de lucro presentaran la actualización anual mediante su servicio informático. La fundación fue creada en junio de ese año, durante la campaña presidencial, y quedó constituida oficialmente el 7 de julio, cerca de un mes antes de la asunción presidencial de De la Espriella.

El trámite tributario pendiente y un plazo de cuatro meses

La fundación debía pedir expresamente su inclusión en el régimen tributario especial, un requisito adicional a su constitución como entidad sin ánimo de lucro.

La abogada Natalia Monroy explicó que la inscripción no es automática: “No por el hecho de que ustedes sean una fundación ya lo tienen. Tienen que hacer un paso adicional, que es solicitar ante la Dian la aplicación del régimen tributario especial y cada año van a tener la obligación de renovarlo”.

El 20 de agosto, Pineda convocó un consejo de fundadores para reformar los estatutos de la organización y adecuarlos a las exigencias normativas de la autoridad tributaria. Las actas de esa reunión, divulgadas por Noticias Uno, también mencionan una red de mujeres denominada Tigresas Moviéndose con Corazón.

La eventual regularización no tendría efecto inmediato. El tributarista Daniel Zambrano sostuvo que la Dian dispone de cerca de cuatro meses para resolver de fondo una petición de calificación: “La Dian tendrá un plazo más o menos de cuatro meses para atender de fondo nuestra solicitud para la calificación”.

Durante ese lapso, las donaciones que reciba la entidad carecerían de la vigilancia fiscal correspondiente, de acuerdo con las advertencias recogidas por el noticiero. Hasta el momento, ni la fundación ni la primera dama se pronunciaron sobre esta situación.

El martes 13 de octubre de 2026, en vísperas de la primera jornada de movilizaciones en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella por parte de algunos sectores de oposición (convocada por el expresidente Gustavo Petro para el miércoles 14 de octubre), se anunció ante el Consejo de Estado la primera demanda contra el Decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social, firmado el mismo día por parte del mandatario.

La acción fue liderada por parte de la senadora Jennifer Pedraza, que compartió a través de su cuenta de X las razones que la llevaron a entablar la acción judicial.

“Demandamos el decreto que reforma el uso de la fuerza pública en la protesta. Es regresivo e inconstitucional”, inicia la declaración que compartió Pedraza.

En el primer punto, la congresista de Dignidad y Compromiso argumentó que “solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta (art. 37 de la Constitución)”, y agregó que “hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.

Sobre el Decreto 003 de 2021, y que modificó el Gobierno de Abelardo modifica, Pedraza sustentó que se creó a partir de una orden de la Corte Suprema como consecuencia de los excesos de la fuerza pública (agentes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad— y ahora denominada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden —Undmo—) en 2019, “el Gobierno lo cambió con una consulta de solo 7 días y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías”.

Según lo que expresó la senadora, este “nuevo decreto convierte el diálogo en una simple ‘preferencia’ y permite saltárselo, también la mediación, incluso cuando no hay violencia”, y de esta manera “abre la puerta a disolver protestas pacíficas por bloqueos”, añadió Pedraza, que calificó la situaicón como “un retroceso”.

“La protesta es pacífica, pero también disruptiva”, agregó la congresista, tras detallar que “bloquear una vía no es delito por sí solo (C-742/12), y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas”.

Al final, Pedraza recordó que “cuando se debilitan los contrapesos, la protesta pacífica es la herramienta para defender otros derechos: la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa”.

Jennifer Pedraza sobre el decreto del Gobierno nacional y sus reparos a Abelardo de la Espriella

En declaraciones a La FM, Pedraza dijo que el decreto que ha emitido el gobierno de Abelardo de la Espriella “es inconstitucional porque al modificar un derecho fundamental como lo es el derecho a la protesta, debe ser tramitado como un proyecto de ley estatutaria ante el Congreso”.

“Y si a esto le sumamos un ambiente de autoritarismo y de estigmatización del derecho constitucional a la protesta pacífica, como es la narrativa que ha implementado el Gobierno Nacional y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sin duda alguna vamos a tener un salpicón que lo que lleva es a que la gente se desincentive de utilizar un derecho tan importante como el derecho a la protesta”, puntualizó la senadora.

“Este decreto es ilegal, debería estar pasando por el Congreso de la República”, dijo la congresista, al recordar el proceso que se dio para que se emitiera el Decreto 003 de 2021.

“Recordemos que ocurre en el 2021, precisamente a raíz de las protestas en el gobierno de (Iván) Duque, por una acción de tutela y una acción legal que llega a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ocurre? Se convocan unas mesas técnicas en las que se concerta el decreto, que es el que hoy está siendo modificado sin ningún tipo de concertación", expuso Pedraza.

Por lo anterior, para la senadora “esta es una modificación restrictiva en el sentido de que se elimina la primacía del diálogo”.

“El Gobierno de frente nos está diciendo que no va a agotar ninguna instancia de diálogo antes de intervenir con violencia las movilizaciones sociales. Y en ese sentido es una modificación regresiva. Por eso debería pasar por el Congreso de la República”, justificó Pedraza.

Al final, la congresista lamentó que un gobierno “que está amenazando la libertad de prensa, que está amenazando las decisiones judiciales y pasándoselas por la faja, además le estorbe el derecho constitucional a la protesta pacífica, que no es un derecho cualquiera, es el derecho a través del cual se defienden otros derechos”.

“Lo único que falta es que nos manden a darle cinco vueltas al (estadio El) Campín, como ya están proponiendo, como que nadie se entere de la protesta y que nadie se dé cuenta de la protesta pacífica cuando su naturaleza, por supuesto, es que la protesta sea pacífica, pero en sí misma disruptiva. Eso es lo que al Gobierno le molesta, a un gobierno autoritario al que le estorba cuando la ciudadanía utiliza sus derechos y no nos vamos a quedar callados. Espero que la Corte Constitucional tome una decisión que proteja estos derechos, sentenció Pedraza.

Congresistas Laura Daniela Beltrán, ‘Lalis’; y Daniel Monroy, del Pacto Histórico, también demandaron el decreto

Los representantes a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, y Daniel Monroy anunciaron que presentaron una demanda de nulidad contra el Decreto 1525 de 2026 ante el Consejo de Estado, al considerar que la norma expedida por el Gobierno nacional restringe el derecho fundamental a la protesta pacífica.

Los congresistas también informaron que interpusieron una tutela y solicitaron la suspensión del decreto, con el propósito de evitar efectos inmediatos sobre las personas que participen en movilizaciones, destacó un video y un comunicado que compartieron ambos a través de X.

La representante Beltrán sostuvo que el Ejecutivo no tiene competencia para introducir limitaciones al derecho a la movilización mediante un decreto. “El Gobierno de Eduardo de la Espriella no es ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional”, afirmó al explicar las razones de la demanda.

Beltrán cuestionó que el Gobierno pueda ponderar la protesta frente a otros derechos

La congresista aseguró que el Decreto 1525 abre la puerta para que las autoridades evalúen el ejercicio de la protesta en contraste con garantías como el trabajo, la salud y la movilidad. A su juicio, esa posibilidad supone una modificación a las reglas de protección de un derecho fundamental.

“Plantear la posibilidad de ponderar el derecho a la protesta frente a otros derechos como el trabajo, la salud y la movilidad es arbitrario y no puede hacerlo el presidente de la República”, expresó “Lalis”.

La representante recordó que el Decreto 003 de 2021 surgió tras una orden de la Corte Suprema de Justicia. Dicha decisión buscó fijar garantías para el ejercicio de la protesta pacífica y establecer mecanismos de prevención, control y verificación sobre las intervenciones de la Policía.

Beltrán también citó el artículo 152 de la Constitución Política, que establece que la regulación de derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección, debe tramitarse mediante una ley estatutaria.

Con base en ese argumento, los demandantes cuestionan que el Gobierno haya modificado las condiciones de intervención en protestas mediante una decisión administrativa.

Monroy pidió suspender la norma para evitar afectaciones a los manifestantes

El representante Monroy expuso que el decreto cambia el papel del diálogo previo entre las autoridades y quienes participan en movilizaciones. Según su lectura, la nueva redacción presenta la conversación como una opción y no como una obligación antes de ciertas intervenciones.

“En este nuevo decreto, el diálogo es discrecional y no un deber. Establece circunstancias bajo las cuales se puede prescindir de él y eso es peligroso”, señaló el congresista.

Monroy sostuvo que la acción judicial no busca respaldar actos violentos durante las manifestaciones. “No defendemos la violencia ni a los vándalos. Los delitos se investigan, pero la protesta pacífica no puede tratarse como una amenaza”, afirmó.

El representante indicó que acompañarán las denuncias de organizaciones sociales y ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos a raíz de la aplicación de la norma. La solicitud ante el Consejo de Estado busca que se declare la nulidad del decreto y que se adopte una medida cautelar mientras se estudia el fondo del caso.

Qué señala el Decreto 1525 de 2026, firmado por Abelardo de la Espriella

El Decreto 1525 de 2026 es una norma que actualiza los protocolos de las autoridades ante movilizaciones sociales y establece nuevas reglas para intervenir frente a hechos violentos, bloqueos y afectaciones a servicios esenciales.

El documento modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 y conserva las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. A la vez, incorpora parámetros para la prevención, el diálogo, la mediación, la intervención policial y la evaluación posterior de las jornadas de manifestación.

Entre los cambios se encuentran la creación de un sistema de alertas tempranas de conflictividad social, la obligación de activar Puestos de Mando Unificados (PMU) y la implementación de corredores para ambulancias, bomberos, misiones médicas y organismos de socorro.

El decreto señala que la identificación de actos violentos debe ser individualizada. Por esa razón, las actuaciones de la Policía contra quienes incurran en agresiones no podrán afectar de manera indiscriminada a quienes participen pacíficamente en una concentración.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, escribió el presidente al anunciar la firma de la norma.

La Policía podrá actuar de inmediato ante armas, explosivos y agresiones

El Decreto 1525 precisa que las autoridades pueden intervenir directamente cuando se presenten conductas como el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios.

También contempla la retención de personas, agresiones a civiles, integrantes de la fuerza pública, funcionarios, personal médico y periodistas, además de ataques contra infraestructura pública o privada.

En esas circunstancias, la Policía podrá actuar contra quienes ejecuten los hechos sin que el diálogo previo sea un requisito obligatorio que retrase la respuesta. La disposición exige, sin embargo, que la intervención se concentre en los responsables de las conductas y no se dirija contra toda la manifestación.

El PMU deberá verificar y documentar las situaciones que justifiquen las actuaciones. Ese registro tendrá que ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. Si no es posible cumplir alguna de las etapas iniciales de diálogo, mediación o facilitación, la autoridad deberá explicar y dejar consignada esa decisión en el acta correspondiente.

Los bloqueos no permiten disolver una movilización de forma automática

La norma define la obstrucción de vías como la ocupación total o parcial de una calzada, acceso o infraestructura de transporte que impida o afecte el tránsito vehicular o peatonal durante una protesta.

El texto distingue entre bloqueos temporales, intermitentes, prolongados y aquellos que comprometen infraestructura crítica. No obstante, aclara que la obstrucción vial no elimina por sí misma el carácter pacífico de una manifestación.

La disolución de una protesta solo podrá aplicarse en escenarios excepcionales. Para ello deberá existir una afectación grave y sostenida, además de la imposibilidad de usar una medida menos lesiva para el derecho de reunión y manifestación pública.

Antes de definir la respuesta institucional, el PMU tendrá que valorar la duración del bloqueo, la existencia de rutas alternas, el impacto en vehículos de emergencia, el abastecimiento de bienes, la prestación de servicios esenciales y la presencia de personas con especial protección constitucional.

El decreto establece criterios similares para las ocupaciones prolongadas que impidan el funcionamiento de instalaciones industriales, comerciales, de servicios o de infraestructura. En esos eventos, las autoridades deberán determinar la afectación acreditada, las alternativas de acceso y los efectos sobre trabajadores, insumos y actividades esenciales.

El esquema de respuesta tendrá cinco niveles

La norma fija una secuencia de cinco etapas para la actuación de las autoridades: facilitación y gestión preventiva; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas o disponibles en el territorio.

El paso de un nivel a otro estará condicionado a que la fase anterior resulte insuficiente. Cada decisión deberá quedar sustentada en las actas del PMU.

El decreto prevé excepciones cuando se presenten hechos de violencia o circunstancias que demuestren el agotamiento del diálogo. En esos casos, se podrá prescindir de los tres primeros niveles siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Las autoridades territoriales y la Policía Nacional deberán habilitar y mantener corredores solidarios para ambulancias, bomberos, misiones médicas, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, niños y adolescentes.

Esas franjas también deberán permitir el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. La norma ordena garantizar el acceso permanente a hospitales, aeropuertos, acueductos, plantas de tratamiento de agua, redes eléctricas, terminales, ductos de combustible, centros de abastecimiento y entidades de emergencia.

Ministerio del Interior administrará alertas de conflictividad social

El Ministerio del Interior tendrá a su cargo un sistema de alertas tempranas para anticipar posibles conflictos sociales. Una vez se active una alerta, la autoridad territorial competente deberá instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Los acuerdos alcanzados en esas instancias deberán registrarse en un sistema de seguimiento de acceso público. A su vez, los PMU tendrán que operar antes, durante y después de las manifestaciones, con participación de autoridades locales, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y organismos de atención de emergencias, según corresponda.

La disposición también ordena que alcaldes y gobernadores presenten una explicación pública sobre los procedimientos administrativos y policiales relacionados con el uso de la fuerza cuando se presenten daños a la vida o integridad personal. Ese informe deberá emitirse dentro de los tres meses posteriores, con base en la información oficial disponible.

El congresista compartió desde su cuenta de X la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026 un video que se tomó en inmediaciones de la Casa de Nariño, y desde ese lugar se observó cómo un grupo de agentes adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) realizando un entrenamiento, en el que se ven a los efectivos desplegarse en un ejercicio que, de acuerdo a lo que destaca el congresista y creador de contenido, se podría replicar en medio de las marchas que se adelantarán en la capital colombiana.

Al inicio de su mensaje, Rodríguez calificó de “dictadorzuelo” a De la Espriella, y agregó: “A 2 horas del inicio de movilizaciones en Bogotá y otras partes del país, Abelardo permite que la fuerza pública utilice la plaza de Presidencia para entrenamientos y acciones en contra del pueblo”.

Wally añadió en su publicación adjunta con el video que replicó el portal Al Punto, que “este, era un espacio que hace algunos meses se utilizaba para abrirle las puertas a la ciudadanía, La Paz y las reformas sociales”, en la administración de Gustavo Petro.

Al final, el congresista le advirtió al jefe de Estado: “¡Sin miedo, estaremos en las calles!"

Mientras que el colega de Rodríguez, y también senador por el Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, replicó la grabación y reprochó la directriz por parte del Gobierno nacional.

“Dejan ver cómo degradan los espacios de la democracia y envían con esto el mensaje de que regresó la violencia del estado a Colombia”, destacó el congresista.

Al final, Gómez se sumó a Wally y precisó: “No nos amedrentan , ¡todos a las calles!"

Críticas a De la Espriella desde la oposición por firma del Decreto 1525 de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella puso en vigencia el Decreto sobre protesta social antes de una jornada de movilizaciones en Colombia, y abrió un choque con sectores de oposición por las nuevas reglas para el uso de la fuerza pública y las condiciones de intervención policial.

La exsenadora María José Pizarro cuestionó que la regulación comenzara a aplicarse el mismo día de las marchas sin que los organizadores conocieran sus disposiciones, además de preguntar si la fuerza pública recibió información suficiente, si la sociedad civil pudo formular observaciones y si el texto respeta los principios constitucionales que protegen la protesta.

Pizarro dirigió sus cuestionamientos al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y planteó una duda sobre la entrada en vigencia de la norma: “¿Se hace así para evitar cualquier medida cautelar?”.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que el Decreto 1525 habilita intervenciones policiales sin que se completen todas las fases previas de mediación, y objetó que incorpore afectaciones comerciales y productivas como criterios para la actuación de la fuerza pública.

Zuleta advirtió sobre la posibilidad de disolver concentraciones por bloqueos que provoquen perturbaciones graves y sostenidas. Además, cuestionó la creación de un sistema de alertas sobre conflictividad, que, según dijo, debe contar con salvaguardas para impedir la vigilancia o estigmatización de organizaciones sociales.

La congresista añadió que el escalamiento policial podría avanzar sin un concepto vinculante del Ministerio Público y que algunas intervenciones podrían ejecutarse de inmediato, con una justificación posterior. “La protesta social es un derecho, no un delito”, aseveró.

El expresidente Gustavo Petro también rechazó la forma en que se expidió la disposición. En un mensaje al ministro Lara, escribió: “No es válido un decreto sin publicidad previa”, y agregó: “Señor Lara, deje de perder tiempo y vuelva a estudiar derecho”.

Los cuestionamientos al papel de los Puestos de Mando Unificado

La representante a la Cámara por Valle del Cauca, Ana Erazo, calificó la medida como un decreto que “criminaliza la protesta social”. Según su interpretación, los Puestos de Mando Unificado deberán verificar si se agotaron las causales de diálogo antes de que intervenga la fuerza pública.

Erazo cuestionó que la norma fije tres meses para expedir una resolución que reglamente la coordinación entre las autoridades de esos puestos y la Policía Nacional. “¿Entonces mañana saldrá la fuerza pública con un decreto que no conoce?”, preguntó.

La representante advirtió que, ante un riesgo inminente, la decisión podría recaer en el comandante de Policía presente en el lugar. Para Erazo, esa posibilidad deja sin una función efectiva a los Puestos de Mando Unificado en situaciones que exijan una respuesta inmediata.

“Ni la fuerza pública ni las autoridades locales del país conocen este esperpento”, expresó la congresista. También sostuvo que la expedición del decreto antes de las movilizaciones puede operar como una advertencia para disuadir la participación ciudadana.

Por su parte, la senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Martha Peralta, vinculó la publicación de la disposición con la proximidad de las movilizaciones. “¿Quieren callar la voz popular?”, interpeló desde su cuenta de X.

Peralta destacó que el presidente firmó una norma que permite intervenir sin haber agotado el diálogo y consideró que constituye un “mensaje intimidante” para quienes cuestionan las políticas del Ejecutivo. “La protesta es un derecho constitucional, no un permiso del presidente”, escribió.

La congresista pidió garantías y respeto por la vida, y sostuvo que ningún episodio aislado puede justificar actuaciones contra quienes participan pacíficamente en una movilización.

La causa fue el deterioro de la gramilla, un escenario que el concesionario Sencia había considerado apto horas antes para el duelo de la fecha 13 de la Liga BetPlay.

La decisión dejó el encuentro pendiente de reprogramación y abrió nuevas críticas contra la concesión encargada del estadio de Bogotá, y una de las postales que retrató la desazón y amargura de los hinchas albiazules fueron las declaraciones de varios miembros de una familia oriunda del municipio de Puerto Asís, Putumayo, y que había viajado desde el sur del país para que el integrante más pequeño, Andrés Fernando Ángel Monroy, conociera El Campín y que viera jugar por primera vez al equipo de sus amores.

Sin embargo, la frustración y el desconsuelo fueron las únicas sensaciones que se hallaron entre los familiares del niño de 8 años, que salió entre lágrimas del escenario deportivo al no poder cumplir uno de sus sueños.

“Mira como sale, o sea, no me parece justo”, dijo la mamá del niño, que no dejaba de llorar mientras su progenitora conversó con el periodista y creador de contenidos Jaco Tiki Taka, que compartió el video desde su perfil de Instagram (@jaco_tikitaka).

“Hoy trajimos al niño para que conociera el Campín, para que viera a jugar a Millonarios y se va triste, devastado”, comentó otro de los familiares del menor.

“No, imagínese, obsequiarle a mi hijo del cumpleaños que venga a ver al partido (...) al equipo de él. Y mira cómo sale, no me parece justo, no me parece justo que hagan eso de un momento para otro”, añadió la madre del pequeño hincha.

Sumado a lo anterior, también se conoció que la familia hizo un extenso viaje por tierra para poderle cumplir el sueño al niño, por lo que la progenitora se mostró enfadada por la determinación que tomó la Dimayor luego de la revisión del gramado en la previa del encuentro, y cuando ya miles de hinchas habían ingresado al estadio, y pese a la lluvia que cayó en gran parte de la capital colombiana.

“Mira esta criatura de Dios, dígame, ¿yo cómo voy a compensarlo? Viajamos desde Puerto Asís, Putumayo, 22 horas viajando”, detalló la mamá de Andrés.

Ella y el padre del menor, que brindaron las declaraciones, señalaron que la tristeza y el enojo no se basa en el dinero que se invirtió, sino en el mal recuerdo que dejó esta situación en el niño.

“No es por la plata, es la emoción, y la sensación (...) es la tristeza (con la) que se va mi hijo. Y nosotros ya mañana (miércoles 14 de octubre) mismo viajamos nuevamente ¿y cómo va a ser posible eso? (...) Me da rabia, me da tristeza, me da impotencia... porque uno no vive aquí, uno viene de lejos, y dándole yo el regalo a mi hijo de cumpleaños que venga a ver el partido del equipo favorito de él. Mira cómo se va a sentir”, concluyó la madre, que salió desanimada, igual que los demás hinchas que aprovecharon las cámaras a la salida del recinto para expresar su malestar con Sencia y la administración distrital, en cabeza de Carlos Fernando Galán.

La cancha todavía deberá recibir compromisos de Santa Fe y Millonarios, además de los ocho conciertos previstos para el resto del año, mientras persisten las dudas sobre el tiempo que necesitará para recuperar sus condiciones.

Los hinchas cuestionaron que la cancelación se produjera después de que se hubiera autorizado el uso del campo, sumado a los reclamos por los desplazamientos y gastos de quienes llegaron al estadio con la expectativa de ver al equipo, incluida la familia que llegó desde Putumayo, y tendrá que regresar a Puerto Asís sin haberle cumplido el sueño al miembro más pequeño, que esperaba gritar un gol en El Campín del equipo de sus amores.

Millonarios y Santa Fe se unieron para cumplir el sueño de un niño tras la cancelación del partido en El Campín

La historia de Andrés Fernando Ángel Monroy tuvo un nuevo capítulo después de la cancelación del partido contra Once Caldas. El club embajador lo invitó a un entrenamiento para que conozca a los jugadores, mientras que el presidente de Santa Fe anunció que asumirá los gastos de su familia para que pueda asistir a un próximo encuentro.

La familia había preparado el viaje como regalo de cumpleaños y ahorró durante seis meses para comprar las entradas y cubrir el traslado desde Putumayo.

El padre del menor, Dorman Ángel, contó a 6AM W que el viaje tenía un significado especial para la familia. “Fue muy difícil para él y para nosotros, porque era un sueño. Yo soy hincha de Millonarios desde pequeño y siempre hemos alimentado esa idea de algún día ir a El Campín”, relató.

“Llegamos al estadio como a las cinco y media de la tarde. El niño estaba contento, veía la fiesta y a la gente cantando. Faltaban cinco o diez minutos para que empezara el partido y nos avisaron que no iba a haber juego”, explicó el progenitor.

El padre señaló que el menor comenzó a llorar de inmediato y que fue difícil tranquilizarlo, y recordó que la intención de la familia era convertir el partido en uno de los recuerdos más importantes de su cumpleaños.

La situación se hizo conocida en redes sociales y generó mensajes de apoyo de aficionados de distintos equipos. La reacción también llegó a los directivos de los dos clubes bogotanos.

Millonarios invitó al niño a conocer a los jugadores

Luego de que el caso se difundiera, Millonarios se contactó con la familia de Andrés Fernando y lo invitó a asistir a un entrenamiento del plantel profesional. La actividad permitirá que el niño conozca a los jugadores del equipo del que es seguidor.

La invitación busca ofrecerle una experiencia distinta a la que esperaba vivir en el partido suspendido. Por ahora, no se entregaron detalles sobre la fecha del entrenamiento ni sobre los futbolistas que participarán en el encuentro con el menor.

El gesto del club se produjo después de que el relato del padre circulara en medios y plataformas digitales. Para Andrés, la oportunidad de ingresar a un entrenamiento representa un acercamiento directo con el equipo que esperaba ver desde las tribunas de El Campín.

El presidente de Santa Fe ofreció cubrir los gastos para otro partido

El caso también tuvo una respuesta desde Independiente Santa Fe. El presidente del club cardenal anunció que asumirá los gastos de la familia para que Andrés pueda asistir sin dificultades a un próximo partido de Millonarios.

La oferta incluye los viáticos necesarios para que el niño y sus acompañantes puedan permanecer en Bogotá y volver al estadio. La iniciativa fue presentada como una respuesta al esfuerzo que realizaron sus padres para cumplir la promesa de llevarlo a ver a Millonarios.

La serie de acusaciones y señalamientos que causó polémica en Colombia luego de las revelaciones que hizo la exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia Eva Ferrer, en entrevista con la revista Semana, y en la que la exesposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, fue señalada de ser la líder de una presunta red de narcotráfico y envío de armas, uno de los mencionados en sus controversiales declaraciones, el catalán Manel Grau, salió a pronunciarse luego de que fue mencionado por Ferrer.

El ciudadano que cuenta con la nacionalidad colombiana otorgada por el expresidente Petro en 2022, y que saltó a la fama por aparecer junto a Alcocer durante su sonada estancia en Estocolmo (Suecia) a finales de noviembre de 2025, anunció que presentará acciones penales y civiles para defender su buen nombre, su dignidad y la de su familia.

En un comunicado dirigido a la opinión pública que se difundió la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026, Grau calificó de “falsos y calumniosos” los señalamientos atribuidos a Ferrer.

El pronunciamiento responde a las declaraciones de la exfuncionaria, y luego de que la Procuraduría citó a Eva Ferrer para que declare sobre las acusaciones que formuló contra Alcocer.

La exconsejera presidencial señaló a la ahora exprimera dama por supuestamente articular una red con intereses económicos y políticos desde la campaña de Gustavo Petro y durante su llegada a la Casa de Nariño.

Entre los señalamientos figura el supuesto ingreso no declarado de USD 2,5 millones en efectivo a Colombia, que, según Ferrer, habría sido destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer.

La exconsejera también afirmó que se habrían utilizado aviones oficiales asignados a Alcocer para realizar viajes confidenciales a Venezuela. Según su versión, en esos desplazamientos se habrían transportado droga y dinero entre ambos países: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Ferrer sostuvo además que el asesor Manel Grau supuestamente le confirmó la presencia de estupefacientes en esos vuelos. En la entrevista mencionó posibles actividades de tráfico de estupefacientes, lavado de activos, tráfico de armas, financiación irregular de campañas, uso indebido de bienes públicos y cobros a cambio de nombramientos en entidades estatales.

“Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán”, afirmó Grau en su pronunciamiento oficial.

El catalán sostuvo que las afirmaciones divulgadas por Ferrer son “mentirosas, calumniosas” e “injuriosas”. Además, aseguró que ella no tendría pruebas que las respalden porque, según su postura, los hechos expuestos no ocurrieron.

Manel Grau anunció denuncias por injuria y calumnia en contra de Eva Ferrer

Grau informó que dio instrucciones a sus abogados para iniciar los procedimientos legales que considere pertinentes. Entre las medidas mencionadas figuran denuncias por injuria y calumnia.

También señaló que solicitará que se investigue si existieron otras personas o intereses detrás de las declaraciones. “Denunciaré por los delitos de injuria y calumnia, y los demás que procedan como el concurso para delinquir si existen móviles externos”, indica el documento.

Adicional a lo anterior, el comunicado añade que Grau promoverá acciones civiles para reclamar una reparación por los perjuicios que, según afirma, se habrían causado a su reputación.

Grau pidió una retractación a quien fue su amiga durante 25 años

Manuel Grau aseguró que tuvo una relación de amistad con Eva Ferrer durante los últimos 25 años. Según dijo, ese vínculo también involucraba a integrantes de las respectivas familias.

No obstante, el catalán expresó que desconoce las razones que habrían llevado a Ferrer a realizar las declaraciones.

“Hago un llamado a la cordura para que (Ferrer) se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella”, añadió Grau.

Al final, el empresario le envió un mensaje a Ferrer, y afirmó: “Le deseo a Eva que encuentre la serenidad necesaria en este momento para hacer lo que procede, que es la retractación oficial de sus afirmaciones absolutamente falsas a la revista Semana”.

El aumento de los decomisos de cocaína en Europa coincide con una mayor presencia de organizaciones criminales latinoamericanas en el continente.

Así lo concluyó investigación de cuatro meses que adelantó el diario británico The Guardian, y en el que se muestra cómo operan los carteles y estructuras armadas de América Latina en, como mínimo, 12 países de Europa, aunque documentos de inteligencia brasileños analizados por el diario sugieren que solo el Primeiro Comando da Capital (PCC) tendría actividad en 16 naciones de ese continente.

El informe señala que entre 2014 y 2024 la cantidad de cocaína incautada en Europa aumentó 471%. En ese mismo periodo, las autoridades desmantelaron más laboratorios locales destinados al procesamiento de derivados de la droga, una señal de que las redes han ampliado sus operaciones más allá de los puertos de entrada.

La investigación incluyó la revisión de bases de datos, documentos de organismos policiales y de inteligencia, además de entrevistas con jueces, fiscales y especialistas de ocho países. El resultado describe un fenómeno que ya no se concentra en España, Portugal, Bélgica o Países Bajos, puntos tradicionales de ingreso de cargamentos procedentes de América Latina.

De acuerdo con el reporte, las organizaciones identificadas tienen vínculos o presencia en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia.

También se han detectado actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gi-Toc) incluye además a Bulgaria en el mapa de expansión.

Del Clan del Golfo al Cartel de Sinaloa, las estructuras mencionadas en el informe

Entre las organizaciones criminales latinoamericanas citadas aparecen el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng) de México; el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La lista también incluye al PCC y al Comando Vermelho de Brasil, el Tren de Aragua de Venezuela y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), surgidas en Estados Unidos y con actividad en países de Centroamérica.

El mismo diario precisó en su reporte que los datos solo consideran grupos cuya presencia fue identificada en operaciones policiales, investigaciones internacionales o procesos judiciales que involucran a intermediarios, miembros, células o redes de funcionamiento en Europa.

Eso deja por fuera a organizaciones que no tienen una presencia física permanente en territorio europeo, pero negocian cargamentos o servicios mediante alianzas puntuales con mafias locales. Por esa razón, la dimensión real de las conexiones criminales podría ser superior a la identificada por las autoridades.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, sostuvo que el alcance de las organizaciones latinoamericanas puede ser mayor. “El Cartel de Sinaloa y el Cjng tienen presencia en más de 20 países europeos. Obviamente, eso no significa que dominen o tengan células grandes”, dijo al periódico británico.

El experto agregó que esas estructuras actuarían, en muchos casos, a través de “emisarios comerciales”, encargados de coordinar alianzas, intercambios y rutas con grupos delictivos locales.

Los grupos buscan nuevos territorios fuera de los puertos tradicionales

Daniel Brombacher, politólogo y director del Observatorio Europa de Gi-Toc, afirmó que el escenario actual presenta diferencias frente a las dinámicas de décadas anteriores.

“Está ocurriendo algo nuevo con la presencia de grupos latinoamericanos en geografías donde no hay una infraestructura previa”, explicó el analista al medio británico.

Brombacher advirtió que el fenómeno dejó de limitarse a los países considerados históricamente como puertas de entrada de la cocaína.

“Las recientes operaciones policiales han descubierto laboratorios de metanfetamina dirigidos por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín. Los grupos latinoamericanos también aparecen en Rumania y Bulgaria a lo largo de la ruta de los Balcanes”, señaló el experto.

La investigación reseña que, desde la década de 1980, organizaciones colombianas como los carteles de Medellín y Cali tenían conexiones en España, y en especial en Galicia. Sin embargo, autoridades y expertos consultados por el diario consideran que el fenómeno adquirió una escala distinta en los últimos años.

Un informe reciente de Europol citado por el medio afirma que redes criminales latinoamericanas de alta amenaza se han asentado en la Unión Europea y dirigen desde allí operaciones con impacto dentro del bloque.

El organismo identificó 731 redes criminales consideradas especialmente peligrosas en Europa; de ese total, 149 tendrían conexiones con organizaciones latinoamericanas.

Según el informe, 67 de esas redes tienen integrantes latinoamericanos y 22 están conformadas principalmente por personas procedentes de América Latina.

Europa se consolidó como mercado de mayor rentabilidad para la cocaína

La expansión de las organizaciones coincide con un aumento sostenido de la producción de cocaína en América Latina. El reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para 2026 estima que la producción mundial de cocaína durante 2024 se ubicó entre 3.800 y 4.700 toneladas.

Esa cantidad equivale a más de cuatro veces el volumen registrado una década antes. En ese periodo, los cultivos de coca en Sudamérica habrían alcanzado 385.000 hectáreas, una cifra tres veces superior a la de 2014.

La investigación sostiene que la producción regional llegó a cerca de 4.100 toneladas en 2024.

Colombia mantiene un papel central en la oferta global de cocaína, mientras organizaciones de Ecuador, Brasil, Venezuela y México participan en distintas etapas de transporte, protección, negociación y distribución.

Europa ofrece márgenes de ganancia más altos que Estados Unidos para las organizaciones traficantes. Desde el inicio de la década, las autoridades europeas han decomisado más droga que las estadounidenses y los datos indican que el continente concentra alrededor de una cuarta parte del consumo mundial.

Un documento no publicado de la Fiscalía de São Paulo, revisado por The Guardian y elaborado parcialmente con datos de la Agencia Brasileña de Inteligencia, concluyó que el PCC tendría actividad en 16 países de Europa. Entre ellos aparecen Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Ese panorama plantea un desafío para las autoridades europeas y latinoamericanas, ante estructuras que combinan contactos locales, rutas marítimas, redes financieras y operaciones en territorios que antes no figuraban entre los principales destinos de la cocaína.

Cindy Aguilera, esposa del australiano Frank Stephen Ramírez, inició una campaña para reunir recursos que permitan trasladarlo a Australia, después de que sufriera un ataque con arma blanca tras asistir al festival de música electrónica EDC, realizado en Medellín el 10 y 11 de octubre de 2026.

La solicitud fue publicada en la plataforma GoFundMe, en la que Aguilera explicó que Ramírez continúa hospitalizado en la capital antioqueña y deberá afrontar un proceso de recuperación que podría incluir intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y atención médica prolongada.

La colecta tiene tres propósitos principales: costear el viaje de Aguilera a Colombia, cubrir los gastos médicos de su esposo y apoyar económicamente a la familia durante el tiempo que Ramírez no pueda trabajar. La meta final, de acuerdo con el mensaje, es lograr su retorno a Sídney, donde vive junto a sus seres queridos.

En la descripción de la campaña, Aguilera presentó a Ramírez como un padre y esposo dedicado. “Frank Stephen Ramírez es un hombre con un corazón de oro. Es un padre devoto para su hijo, un esposo amoroso y dedicado para su esposa, y un amigo querido por todos los que lo conocen”, escribió.

La mujer también destacó que su compañero había trabajado para construir una vida con su familia en Nueva Gales del Sur, Australia. “Su sonrisa y su hermosa alma iluminan cada lugar al que llega”, agregó en la publicación.

El viaje a Medellín terminó en una hospitalización de urgencia

Según el relato de Aguilera, Ramírez viajó a Colombia para asistir al festival EDC, un evento que esperaba disfrutar como una experiencia especial. Sin embargo, después de la actividad fue víctima de un hecho violento que lo dejó con lesiones graves.

La versión difundida en GoFundMe señala que el australiano habría sido retenido por varias personas, obligado a subir a un vehículo y atacado durante el recorrido. Aguilera afirmó que los responsables buscaban obtener dinero de la víctima.

“Fue secuestrado, obligado a entrar en la parte trasera de un automóvil y atacado brutalmente con más de 25 puñaladas”, relató la esposa de Ramírez.

La mujer sostuvo que los agresores lo sometieron a violencia para presuntamente obligarlo a entregar dinero. De acuerdo con su mensaje, el australiano fue abandonado posteriormente en la vía pública.

“Testigos informaron que estas personas lo torturaban y trataban de obligarlo a darles todo el dinero posible. Cuando terminaron, lo sacaron de un vehículo en movimiento y lo dejaron en la calle para que muriera”, afirmó Aguilera.

La familia busca que Cindy Aguilera pueda viajar de inmediato a Colombia

Uno de los objetivos urgentes de la campaña es conseguir los recursos necesarios para que Aguilera viaje desde Australia a Medellín y acompañe a su esposo durante la hospitalización.

“Necesitamos llevar a su esposa a Colombia de inmediato. Ella necesita estar a su lado. Frank está solo, tiene miedo y permanece en estado crítico”, expresó la campaña.

Aguilera indicó que la presencia de la familia es necesaria durante la recuperación. “No es solo un consuelo: es esencial para que tenga fuerzas para luchar y para su recuperación”, menciona la publicación.

La colecta contempla los costos de vuelos internacionales de último momento, hospedaje y manutención durante una estadía cuya duración todavía no ha sido definida, debido a que la familia afirmó que no tiene la capacidad económica para asumir esos gastos sin ayuda externa.

“Está completamente solo en un país extranjero, a miles de kilómetros de su familia, enfrentando por sí mismo este trauma”, escribió Aguilera.

La campaña también busca cubrir cirugías, rehabilitación y gastos familiares

Además del desplazamiento de Aguilera, la solicitud de crowfunding busca recaudar dinero para la atención médica que pueda requerir Ramírez durante las próximas semanas o meses.

“El camino hacia la recuperación será largo y muy costoso. Necesitará cirugías extensas, rehabilitación y atención médica continua”, afirmó la esposa.

Aguilera detalló que la familia pretende asegurar que el australiano reciba tratamiento sin que los costos médicos comprometan la estabilidad económica del hogar. La meta son 40.000 dólares australianos y ya se superaron los 9.000.

La campaña también contempla recursos para los gastos cotidianos de la familia en Australia. De acuerdo con el mensaje, Ramírez no podría trabajar mientras enfrenta su recuperación, lo que afectaría los ingresos disponibles para vivienda, alimentación y otras necesidades esenciales.

La esposa cerró la publicación con un llamado a la solidaridad y a compartir el enlace de la colecta. “Cada dólar hace una diferencia. Si no pueden donar, por favor compartan la historia de Frank”, pidió.

Continúa la controversia luego de las recientes entrevistas concedidas por parte de la exdirectora del Fondo de Adaptación y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, a raíz de la serie de señalamientos en contra del expresidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer.

Rodríguez afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro habría funcionado una presunta red de mujeres con capacidad para influir en decisiones administrativas, contratos y nombramientos dentro de Casa de Nariño.

Por tal motivo, el abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, señaló desde un mensaje de su cuenta de X que emprenderá las acciones legales correspondientes por parte de su cliente, que cuestionó a la exfuncionaria, además de pedir la intervención por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se indaguen presuntas “conductas delictivas” señaladas por Rodríguez.

“En mi calidad de abogado del Presidente Petro, considero que existen múltiples conductas delictivas que la @FiscaliaCol debe investigar en relación con la señora Angie Rodríguez. En consecuencia, y por instrucciones del ex presidente Petro, procederé a interponer las denuncias correspondientes”, inicia la publicación del penalista la mañana del martes 13 de octubre de 2026.

Carranza destacó que emprenderá “acciones legales por injuria indirecta, injuria agravada y calumnia, que (Rodríguez) ha estado perpetrando contra el (ex)Presidente de manera sucesiva y abusiva en varios medios de comunicación”.

El jurista aseguró que la exdirectora del Dapre en el Gobierno Petro “llegó al extremo de hacer acusaciones delirantes, como que el Presidente contrataba mujeres de la ‘vida alegre’, cuando en realidad ella misma fue contratada por él”.

El abogado defensor de Petro se despachó contra Rodríguez, y dijo que ella “no solo perdió la dignidad del cargo que ostentaba por sus presuntas relaciones y sus posible malos manejos administrativos, perdió la oportunidad de ser una destacada servidora de origen humilde, porque apenas tuvo un poco de poder en sus manos se comportó como los que nunca saben qué hacer cuando tienen poder y perdió el rumbo”.

Carranza argumentó que el comportamiento de la exfuncionaria “ha generado dudas sobre su obsesivo deseo de buscar oportunidades publicitarias para autovictimizarse y entonces generarse un miedo paranoico, con la esperanza de seguir siendo el centro de atención y provocar lástima”.

Sumado a lo anterior, el jurista justificó que “la opinión pública ya la vio, la escuchó, y ha expresado su preocupación por su incapacidad para desempeñar funciones gubernamentales de manera efectiva y seguramente, eso es algo que también se verá en el sector privado si logra convencer a alguien para que la contraten, aunque ella no necesita, porque es millonaria hoy en día”.

Abogado de Gustavo Petro también se refirió a Álvaro Leyva

En su mismo mensaje, Carranza también se pronunció sobre la carta que envió el excanciller Álvaro Leyva (también de la administración Petro), y que entregó documentos en la embajada de Estados Unidos en Colombia, con el fin de soportar presuntas denuncias en contra del exmandatario.

“Pocas veces habia visto a alguien, a parte de @AlvaroLeyva; autodestruirse tanto por la rabia de haber perdido la confianza y el poder que le había dado el presidente Petro”, precisó el abogado penalista, luego de que se difundió la publicación por parte del mismo Leyva vía X la mañana del mismo marte.

Al final, Carraza concluyó que “la Sra. Angie Rodríguez y el Sr. Álvaro Leyva son dos viudos del poder que se esfuerzan por evitar el olvido y la ignominia que ellos mismos se marcan como rumbo inexorable”.

En declaraciones a Caracol Radio, Carranza señaló la misma mañana del martes que “se van a iniciar todas las acciones penales contra la señora Ferrer, pero no solamente contra ella, sino que también se van a iniciar acciones de tipo civil contra Revista Semana, porque ha venido en una campaña sistemática, un ataque completo de desprestigio, de desmoralización para tratar de que el progresismo no crezca en Colombia, sino que sea reprochado, sindicado, sea siempre señalado. Para eso entonces toman la familia del líder del progresismo y tratan de destruirla”.

Sobre la acción legal en contra de Ferrer, el jurista precisó que se está analizando como una especie de “extorsión”.

A su vez, Carranza recordó que este no es el primer episodio polémico entre su cliente y el mismo medio de comunicación, al señalar lo que pasó con uno de sus hijos: Nicolás Petro.

“La cosa ha sido de tal magnitud que recordemos, el juez segundo penal especializado de la ciudad de Barranquilla le compulsó copias penales a la señora Vicky Dávila y también pidió que se investigara a Revista Semana, porque han venido siendo muchos los ataques, desde, por ejemplo, filtrar a Laura Ojeda (esposa del hijo de Petro) desnuda en un operativo que no tenía ningún sentido hacerlo, tratar de meterse con la intimidad de Laura Ojeda, tratar de ahora sindicar a la exprimera dama como una mujer narcotraficante y una mujer que supuestamente llevaba armas”, mencionó el penalista.

Por lo anterior, el jurista advirtió que “eso va a tener una consecuencia jurídica para Revista Semana por la falta de rigor, de compromiso investigativo y obviamente contra la señora Ferrer, porque la señora Ferrer se excusa diciendo que a ella le parece que ella escuchó, ¿sí? No asegura de frente. Y Vicky Dávila entonces hace esto una noticia sin el derecho de contradicción para que la exprimera dama se defienda".

Qué dijo Angie Rodríguez sobre el expresidente Gustavo Petro y cómo eran los días en Palacio de Nariño

En una entrevista con Caracol Radio, Rodríguez se refirió a las denuncias que hizo Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, sobre supuestas irregularidades vinculadas con Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación.

La exfuncionaria contó que algunas personas ajenas a los niveles formales de decisión tenían una influencia superior a la de la dirección del Dapre. “Había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre”, dijo en la charla radial.

Según su relato, ella recibió mensajes y llamadas para que interviniera en asuntos administrativos. La exfuncionaria dijo que se opuso a solicitudes que consideraba fuera de los procedimientos establecidos y que, en algunos casos, se invocaba el respaldo del entonces presidente Gustavo Petro.

La exfuncionaria sostuvo que algunas de las mujeres a las que se refirió habrían ocupado cargos en entidades del Estado, y de paso afirmó que otras tenían capacidad de incidir en decisiones sobre contrataciones y designaciones, pese a desempeñar funciones auxiliares.

Entre los episodios que mencionó figura un viaje oficial a Japón. Según su versión, Vanessa Cortés (expareja de Petro) habría viajado en el avión presidencial sin integrar la delegación oficial registrada para esa visita.

Rodríguez habló de un supuesto pacto de silencio entre Petro y Alcocer

La exdirectora del Dapre también aseguró que existía un supuesto acuerdo de protección mutua entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer frente a cuestionamientos sobre posibles irregularidades.

“Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía”, sostuvo Rodríguez al describir la relación que, según ella, mantenían el entonces presidente y la exprimera dama.

La exfuncionaria aseveró que puso en conocimiento de Petro varias situaciones que consideraba irregulares. Sin embargo, señaló que no recibió respuestas que derivaran en medidas institucionales.

Rodríguez citó además el caso de Juliana Guerrero. De acuerdo con sus palabras, ella advirtió al entonces mandatario sobre asuntos relacionados con esa funcionaria (que saltó a la fama por el escándalo de los títulos falsos de la Fundación San José), pero Petro habría cuestionado el trato que ella le daba.

Las residencias presidenciales y los contratos que serían “intocables”

En la entrevista, Rodríguez también se refirió a contratos vinculados con las residencias presidenciales y con los servicios de alimentación para altos dignatarios. Esos asuntos, detalló, tenían un manejo reservado y existían límites para intervenir en ellos desde la dirección del Dapre.

La exfuncionaria aseguró que encontró deficiencias en esos procedimientos y que, cuando intentó actuar, le indicaron que se trataba de temas controlados por personas cercanas a Alcocer.

Las declaraciones se conocieron dos días después de las afirmaciones de Eva Ferrer, quien también habló de presuntas irregularidades en el entorno de la Presidencia en las que, incluso, se tildó a Alcocer de ser la líder de una presunta red de narcotráfico.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, dijo el exmandatario por medio de un mensaje desde su cuenta de Facebook el 12 de octubre, acompañado de un video que difundió en su perfil de X.

“La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, puntualizó Petro al final de la publicación.

Mientras que en video, el expresidente señaló que “ya ha pasado más de un mes de gobierno (de De la Espriella) y ya sabemos para dónde van: el salario mínimo vital”.

Petro dijo que “a partir del primero de enero (2027) va a ser mucho menor de lo que hoy tenemos”. Como ejemplo, destacó que “ya está subiendo el precio de los alimentos, de la papa, de la carne, del tomate, de la zanahoria”.

Para el exmandatario, “si baja el salario mínimo real, que es la combinación entre el precio de los alimentos y lo poco que pueda subir el año entrante el salario nominal, lo que tenemos es una caída del nivel de vida de todos los colombianos”.

Eso llevaría, en palabras de Petro, a un “incremento de la pobreza, del hambre y a quiebra de empresas”. Por tal motivo, el líder de la oposición (Pacto Histórico) dijo que “hoy está en peligro la economía colombiana y Colombia está muriendo porque llega la sequía, porque lo que quieren es petróleo, porque quieren es acabar el agua, porque quieren es minería para extranjeros y no están pensando en la gente”, al recordar, de paso, el fenómeno de El Niño.

Petro arremetió contra De la Espriella, al reprochar que “este no es un gobierno para la gente, este es un gobierno para los grandes negocios de los extranjeros”.

Por lo anterior, el expresidente justificó el llamado a la ciudadanía para que salga a marchar.

“Luego, hay que salir a defender la vida, la gente en las calles, por el salario mínimo vital. Subrayo la propia palabra vital, por la comida de la gente. Y para eso, millones de colombianas y colombianos en las calles. Yo voy a marchar. Voy a estar allí en Bogotá este 14 de octubre. No se les olvide, 14 de octubre en todos los municipios de Colombia. Los de derecha, los de izquierda, los que tienen hambre, los que necesitan comida barata, los que necesitan ingresos para pagar la vida que viene, para el mes, para el siguiente año, para ser dignos en Colombia”, concluyó Petro.

Las organizaciones sindicales y sectores políticos que se oponen a las medidas del Gobierno de Abelardo De La Espriella adelantarán la jornada para cuestionar decisiones económicas y laborales del Ejecutivo.

La jornada contará con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sectores del Pacto Histórico y la participación anunciada del expresidente Gustavo Petro, que lo comunicó en redes sociales.

En Bogotá, Fecode informó que el punto de concentración será el Parque Nacional y que las actividades comenzarán a las 10:00 a. m. La convocatoria está dirigida al magisterio, aunque también incluye a organizaciones sociales y ciudadanos que respalden las demandas sindicales.

La organización sindical también reportó movilizaciones en Medellín, con un posible punto en la plaza San Antonio; Cali, en la plaza de Caycedo; Bucaramanga, Barranquilla y Armenia, entre otras ciudades.

Los lugares definitivos aún están pendientes de confirmación, mientras que el Pacto Histórico señaló que las jornadas en el resto del país comenzarían alrededor de ese horario.

La fuga de 41 personas privadas de la libertad de un Centro de Traslado por Protección (CTP) en Santa Marta provocó cambios en la comandancia de la Policía y activó una búsqueda prioritaria de dos de los evadidos: Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, y Yojan Amauris Cujia Orozco, alias El Guajiro o Johan.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó llamar a calificar servicios al coronel Yeison López, quien estaba al frente de la Policía Metropolitana de Santa Marta cuando ocurrió la evasión. Mientras se formaliza la llegada del coronel Jimmy Belalcázar, el coronel Olmer Urriago asumió de manera transitoria la dirección de la institución en la ciudad.

Sin embargo, el caso no pasó por alto para el exmandatario Gustavo Petro, que cuestionó la gestión de De la Espriella luego de lo que fue el paro armado que mantuvo en vilo a Santa Marta y la troncal del Caribe, luego de lo que fueron las represalias que tomaron Los Pachenca (también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Acsn), tras el bombardeo en el que fue abatido alias Cholo, uno de sus principales cabecillas.

Por medio de un mensaje de X la noche del 12 de octubre, Petro recordó el caso de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, uno de los siete abatidos en el operativo que dio de baja a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, y señalado por el Gobierno nacional de ser integrante de Los Pachenca, versión a la que se opone la mamá del joven de 18 años.

“El gobierno mató un joven civil campesino, le quitó la posibilidad del agua potable a Santa Marta y ahora deja escapar 41 presos de la cárcel en Santa Marta”, destacó Petro en su publicación, que recordó otro de los anuncios hechos por De la Espriella a finales de septiembre: la finalización del proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, que calificó como “no viable”.

Por todo lo anterior, al final de su mensaje Petro dejó una reflexión final para los habitantes de Santa Marta: “¿Samarios y samarias, quién va perdiendo?"

El expresidente compartió sus palabras acompañado de un video por parte del senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz, que criticó lo hecho por De la Espriella en la capital del Magdalena.

“Abelardo de la Espriella tiene que darle la cara a la seguridad en Santa Marta. Hace dos semanas fue a Santa Marta con pistola en el cinto y mucho show, y lo único que logró fue afectar el turismo en la ciudad. Hoy él mismo anunció la fuga de 41 personas detenidas por los delitos de hurto y microtráfico del centro de detención en Santa Marta”, destacó el congresista.

Al final, el senador dijo que “la inseguridad recrudece. Necesitamos acciones concretas que le den tranquilidad a los samarios y no acciones irresponsables que desafíen a los delincuentes”.

Por lo anterior, Gómez le pidió a De la Espriella “más acción, menos show” con el fin de enfrentar a la delincuencia en Santa Marta, y recalcó: “Abelardo de la Espriella, póngase serio. Deje de culpar a otros por lo que es su falta de seriedad en el manejo de la seguridad de Santa Marta, del Magdalena y de todo el país”.

Qué dijo De la Espriella luego de la fuga de 41 presos en Santa Marta

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el mandatario en X al anunciar la medida luego de la salida del coronel López.

Las autoridades identificaron a los 41 fugados y ofrecieron una recompensa de hasta $5 millones por información que permita ubicarlos y recapturarlos. El caso ocurrió el domingo 11 de octubre.

Alias Mongolo es señalado como cabecilla de Los Pachenca

Uno de los hombres buscados con mayor prioridad es Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de Los Pachenca.

De acuerdo con información del Ejército, había sido capturado el 6 de octubre en un puesto de control. Las autoridades lo ubican como presunto informante de alias Pinocho sobre los movimientos de la fuerza pública en la región.

Méndez Aguilar, según el reporte oficial, tendría una trayectoria de más de 21 años dentro de esa estructura y registra más de seis anotaciones judiciales por distintos delitos. También es señalado de ordenar la quema de vehículos y de promover intimidaciones contra residentes, comerciantes y empresas de transporte que circulan por la Troncal del Caribe.

Alias El Guajiro es investigado por el asesinato de un patrullero

La segunda prioridad en el operativo de recaptura es Yojan Amauris Cujia Orozco, conocido como alias El Guajiro o Johan.

El hombre es investigado por su presunta participación en el asesinato del patrullero Milton Salas Rodríguez, quien trabajaba como escolta del alcalde de Puebloviejo, Magdalena.

Cujia Orozco había sido capturado el 7 de octubre. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario antes de su inclusión entre los detenidos que escaparon del CTP.

La evasión del 11 de octubre es la tercera fuga colectiva registrada en Santa Marta durante 2026. En conjunto, los tres episodios suman 100 personas privadas de la libertad que escaparon de centros de reclusión.

La ola de críticas hacia el caricaturitsa Julio César González Quiceno, conocido como Matador, luego de la publicación que compartió el domingo 11 de octubre de 2026 vía X, y en contra de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, no cesa.

González apuntó contra Pineda y cuestionó el destino de las ayudas humanitarias y la atención a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el 10 de agosto, y que dejó mayores afectaciones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó).

La controversia surgió por el mensaje cargado de expresiones despectivas contra Pineda: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió “Matador”.

La publicación generó reacciones en redes sociales, de parte de la misma ciudadanía y hasta de integrantes del Gobierno nacional, que reprocharon los comentarios y los señalaron como ofensivos.

Sin embargo, la mañana del martes 13 de octubre “Matador” hizo una denuncia desde su perfil de X sobre una situación que se vendría presentando con su esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Un alto funcionario de la @UNPColombia les dio la orden a las personas que me cuidan de que me dejaran solo y que, si yo preguntaba, no me dijeran nada”, inicia la publicación por parte de González.

Al final, el caricaturista advirtió y señaló al jefe de Estado, luego de que aseguró: “¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!"

Para cerrar, “Matador” concluyó su mensaje al escribir: “Dejo constancia”. Sumado a lo anterior, el también publicista mencionó las cuentas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fiscalía General de la Nación, la ONG Reporteros Sin Fronteras y la Defensoría del Pueblo, que dirige Iris Marín, y que se refirió a la publicación por parte de González.

No obstante, para la defensora del Pueblo “@Matador000 se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, destacó desde su cuenta de X el 12 de octubre.

Denuncia de ‘Matador’ y su esquema de seguridad de la UNP se suma a la del activista de izquierda Levy Rincón

El caso de “Matador” se suma a otro caso similar que denunció a inicios de octubre de 2026 vía X el creador de contenido y activista político Levy Rincón.

El influencer de izquierda aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría retirado nuevamente su esquema de seguridad, pese a que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas había avalado su continuidad por riesgo extraordinario.

Rincón atribuyó la decisión a una persecución y denunció un supuesto plan para atentar contra su vida.

La protección asignada a Rincón está integrada por dos escoltas y una camioneta convencional para sus desplazamientos en Colombia. No obstante la UNP no emitió un pronunciamiento sobre la nueva denuncia en ese momento.

El activista, afín a la administración de Gustavo Petro, apuntó contra el director de la entidad, Didier Blanco; el presidente, Abelardo de la Espriella; el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña; y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Rincón sostuvo que Blanco habría actuado siguiendo órdenes de De la Espriella y Barrera Peña. “El criminal Didier Blanco, director de la UNP, me quiere asesinar. Dejo constancia en este tuit de que este señor ha emprendido una persecución en mi contra por orden de Abelardo de la Espriella y Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional”, escribió.

La autorización por riesgo extraordinario y la denuncia de persecución

El creador de contenido afirmó que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) había autorizado en septiembre que mantuviera las medidas de protección tras determinar que enfrentaba un riesgo extraordinario. Según su denuncia, la decisión posterior desconoció esa evaluación.

“Hoy decidió, nuevamente, desmontarme el esquema de seguridad, saltándose el estudio de riesgo del CERREM, que ya había autorizado que continuara haciendo uso del esquema por riesgo extraordinario. ¡La orden es asesinarme!”, dijo Rincón.

El activista también vinculó el retiro de la protección con una presunta estrategia contra activistas, políticos, líderes sociales e influenciadores de izquierda críticos del Gobierno.

Rincón acusó a De la Espriella, Barrera Peña y Blanco de estar “al servicio del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia” y mencionó a Cancino al referirse a supuestos “falsos positivos judiciales”.

La denuncia se suma a un episodio ocurrido el 12 de septiembre, cuando Rincón cuestionó el retiro de su equipo de seguridad después de que la UNP, según su versión, realizara una evaluación rápida que concluyó que ya no necesitaba medidas de protección.

En esa ocasión, afirmó que enfrentaba amenazas, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá. Atribuyó la calificación de riesgo extraordinario a un estudio realizado en junio, aunque al día siguiente señaló que la UNP le había enviado un correo que ratificaba su esquema con base en una evaluación efectuada en julio.

“El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes Abelardo de la Espriella pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace cuatro años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, dijo en ese entonces Rincón vía X.

El influencer también responsabilizó a Barrera Peña de una persecución que, según dijo, comenzó en 2020 después de sus denuncias sobre la compra de un software que presuntamente habría sido usado para interceptaciones ilegales contra sectores de la oposición, cuando el oficial dirigía la Dirección de Inteligencia.

Así lo señaló la cartera bajo el liderazgo del general (r) Jorge Mora, y precisó además que, durante las acciones terrestres, tres soldados resultaron heridos tras la activación de un campo minado.

El Ministerio de Defensa informó a través de un video que se difundió desde su cuenta oficial de X que la intervención comenzó a las 10:00 p. m. del sábado 10 de octubre en una zona rural de la región de Catatumbo, en Norte de Santander.

Según el comunicado oficial, las labores previas de inteligencia permitieron ubicar tres campamentos, un búnker y sectores preparados con artefactos explosivos improvisados.

Esa información llevó a las Fuerzas Militares a emplear un componente aéreo antes de la entrada de unidades terrestres para asegurar y registrar el área.

Las autoridades señalaron que los objetivos fueron identificados y delimitados antes de la operación.

El Ministerio de Defensa indicó que el planeamiento incluyó medidas para proteger a la población civil, bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario.

Una adolescente de 16 años murió durante la operación

De acuerdo con la información oficial, en el desarrollo de la ofensiva murieron tres hombres y una mujer que hacían parte del Frente 33.

El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la mujer era una adolescente de 16 años.

Desde el Gobierno nacional, el ministro Mora detalló que la menor se encontraba en función continua de combate al momento de la operación. Asimismo, el líder de la cartera rechazó el reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

“Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el funcionario en el comunicado.

Los tres militares heridos fueron afectados durante el ingreso al sector, luego de la explosión de un campo minado situado en zonas cercanas a uno de los campamentos.

La operación, de carácter conjunto, coordinado e interinstitucional, estuvo dirigida contra campamentos y otras instalaciones atribuidas al Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Frente 33.

Incautaron diez fusiles y más de 3.860 cartuchos

Durante el registro de la zona, los uniformados incautaron diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver y 57 proveedores.

También se hallaron 3.867 cartuchos de distintos calibres, dos miras ópticas, material de intendencia y tres celulares.

La operación permitió localizar tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada. Las autoridades además reportaron tres áreas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker.

Entre los hallazgos también figuran cinco brazaletes alusivos a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La operación buscaba proteger a las comunidades rurales de Tibú

El Ministerio de Defensa sostuvo que la intervención tuvo como propósito reforzar la protección de las comunidades rurales de Tibú, afectadas por la presencia y confrontaciones del Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según la versión oficial, los enfrentamientos entre ambos grupos han provocado daños en viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos.

A su vez, desde el Gobierno nacional también se indicó que en la zona persisten campos minados que representan un riesgo para la población civil y para los integrantes de la fuerza pública.

Las autoridades indicaron que los daños en viviendas fueron documentados antes de la ejecución de la operación del 10 de octubre, y desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se reiteró que se mantendrá acciones contra las estructuras armadas dentro del marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, en pro de seguir impactando a los grupos armados ilegales que hacen de las suyas, y dejando en medio de las confrontaciones a la población civil.

El bombardeo fue ordenado por Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ordenó una operación de bombardeo contra el Frente 33, estructura de las disidencias de las Farc vinculada a alias Calarcá, en Norte de Santander.

El mandatario informó que impartió la instrucción durante la noche del sábado 10 de octubre y que siguió el desarrollo de la ofensiva en comunicación con el ministro de Defensa y la cúpula militar.

“Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33”, afirmó el jefe de Estado el domingo 11 de octubre.

De La Espriella sostuvo que la acción se dirigió contra una estructura a la que calificó de narcoterrorista. “¡Con los narcoterroristas no hay tregua!”, expresó en su declaración que compartió Presidencia.

El jefe de Estado afirmó que las Fuerzas Militares tienen la instrucción de actuar dentro de los límites legales y con las capacidades del Estado.

“A nuestros soldados les he dado una instrucción clara: actuar con determinación, dentro del marco de la ley y con toda la capacidad legítima del Estado”, destacó el mandatario.

De la Espriella también aseguró que las operaciones contra grupos armados continuarán sin depender de horarios.

“Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror”, agregó “el Tigre”.

Las autoridades de Chile concretaron la expulsión de 56 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter que salió desde Santiago durante la madrugada del sábado 10 de octubre.

El procedimiento incluyó 45 expulsiones administrativas y 11 judiciales, informó la Subsecretaría del Interior junto con el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre las personas expulsadas había cinco catalogadas como sujetos de interés policial. También fue trasladado un ciudadano colombiano que era requerido por la justicia de su país.

El avión despegó desde la capital chilena después de la 01:00 y realizó una escala en Iquique antes de seguir hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Del total de expulsados, 21 eran colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Cinco de los expulsados tenían antecedentes policiales

El prefecto inspector Ernesto León se refirió a los antecedentes de algunos de los ciudadanos incluidos en el operativo.

“Teníamos cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales por tráfico de drogas, algunos por violación y hay un sujeto que está requerido en su país, en Colombia, por mantener una orden de captura por un delito de hurto calificado”, señaló el funcionario en rueda de prensa desde el cuartel general de la Policía de Investigación de Chile (PDI).

Las expulsiones administrativas corresponden a decisiones adoptadas por las autoridades migratorias por infracciones a las normas de ingreso o permanencia en el país. Las judiciales se originan en resoluciones dictadas por tribunales dentro de procesos penales.

El Gobierno reportó 1.874 expulsiones en 2026

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que esta operación fue el décimo vuelo de expulsión efectuado durante la administración del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los datos entregados por el Gobierno, Chile acumula 1.874 expulsiones de extranjeros durante 2026. La cifra considera los procedimientos realizados desde enero y, según aclaró Pavez, cerca de 260 ocurrieron antes del 11 de marzo, fecha del cambio de gobierno.

El subsecretario comparó el registro con los datos de años anteriores. En 2022, las autoridades chilenas materializaron 1.070 expulsiones, mientras que en 2025 la cifra llegó a 1.267.

El Ejecutivo también informó sobre las salidas voluntarias de personas que se encontraban en situación migratoria irregular. E

Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, se registraron 10.345 salidas voluntarias efectivas.

Sauerbaum añadió que más del 79,6% (8.243) de las personas que abandonaron Chile de forma voluntaria eran ciudadanos venezolanos, mientras que el 9,3% (970) fueron colombianos.

Colombiano buscado por homicidio fue detenido en Perú: lo señalan de pertenecer a La Inmaculada

La detención de un ciudadano colombiano en Lima abrió una investigación sobre una posible expansión de redes delictivas de ese país en Perú.

Todo se confirmó el sábado 10 de octubre, luego de que efectivos de la Policía Nacional de ese país detuvieron a Juan Alejandro Galeano, de 27 años, conocido como alias Colocho, quien, según las autoridades, tenía órdenes de captura vigentes en Colombia y había escapado de un establecimiento penitenciario.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y permitió detener además a un ciudadano francés, identificado por la institución como alias Franchua. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias judiciales.

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, Galiano ingresó al país con una identidad que no correspondía a la suya. Con esos documentos habría conseguido alquilar una vivienda en la capital peruana.

La Policía sostiene que el detenido sería parte de La Cordillera, una estructura criminal de origen colombiano (y que opera en el norte de Valle del Cauca).

“De las evidencias y elementos de convicción que le hemos encontrado, podemos determinar de que este sujeto ya estaba ramificando las acciones criminales de su organización criminal ‘La Cordillera’ acá en el Perú”, declaró el coronel Cano.

El operativo dejó armas, municiones y elementos para procesar sustancias

Durante la intervención, los agentes incautaron un fusil artesanal, una réplica de arma y municiones de calibres 5.56 y 9 milímetros. El reporte oficial registra 89 proyectiles calibre 5.56 y otros 10 calibre 9 milímetros.

También fueron halladas pastillas que serían sometidas a análisis para establecer si corresponden a éxtasis u otra sustancia ilícita.

Sumado a todo lo anterior, en el inmueble había una prensa manual, selladoras, balanzas y moldes metálicos que, según la Dirincri, podrían haber sido utilizados para la elaboración o empaque de drogas sintéticas.

Colombiano enfrentará primero procesos judiciales en territorio peruano

El colombiano será investigado por la presunta comisión de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión en Perú.

Sobre los procesos pendientes en Colombia, Cano afirmó que Galiano tiene requerimientos por homicidio y tráfico de armas.

“Este sujeto fuga de su país, porque registra dos órdenes de captura, por los delitos de homicidio y tráfico ilícito de armas. También es prófugo de un establecimiento penitenciario”, indicó el coronel Cano.

Una eventual extradición solo se tramitaría después de que se resuelva su situación judicial en Perú. Si es condenado allí, deberá cumplir primero la pena que impongan los tribunales peruanos antes de ser entregado a las autoridades colombianas.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdictador venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Adela Flores de Maduro fueron acusados de conspirar para cometer tortura, en un nuevo escrito de cargos que también incluye narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez señaló que con estas revelaciones siempre tuvo la razón.

¿El motivo? Los nexos que el denunció durante sus mandatos y desde el Congreso, entre excomandantes de las extintas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el régimen venezolano.

El exmandatario y líder del Centro Democrático, señaló desde su cuenta de X: “20 años después una justicia extranjera, la de USA, da la razón a nuestra lucha, pero en paralelo con la impunidad a Farc nuestros compañeros, quienes cumplían con el deber de enfrentar al terrorismo Castro Chavista, han sufrido y siguen sufriendo, por ejemplo, María del Pilar y Andrés Peñate”.

Al final Uribe afirmó que siguen “en la lucha” y agregó un fragmento del escrito de acusación formal que reveló el Gobierno de Donald Trump, tras la captura de Maduro y Flores en medio de una operación militar (Resolución absoluta) llevada a cabo el 3 de enero de 2026.

En el documento se señala que “poco después de la muerte de Chávez, aproximadamente en 2013, Maduro Moros y la acusada Cilia Flores de Maduro asistieron a una reunión con la dirigencia de las Farc, incluidos Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como «Timochenko», Luciano Marín Arango, también conocido como «Iván Márquez», y Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como «Jesús Santrich», sobre el dinero que Maduro Moros debía a las Farc en relación con su asociación para el narcotráfico".

Seguido a lo anterior, el indictment menciona: “(...) Para pagar al menos parte de la deuda, Maduro Moros accedió a vender minas explosivas y otras armas a las FARC, lo que Maduro Moros reconoció que también aumentaría la capacidad de las FARC para librar una guerra contra Colombia. De hecho, las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015, y Maduro Moros facilitó la venta de minas fabricadas en Cuba a, entre otros, grupos terroristas.

Los detalles de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos

La acusación sustitutiva, y que fue desclasificada, amplía el proceso judicial que enfrenta la pareja venezolana.

Según el comunicado oficial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York atribuye a ambos una presunta participación, durante más de dos décadas, en una estructura que combinó corrupción, narcotráfico y represión contra opositores y personas detenidas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Justicia sostuvo que Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, afrontan cinco cargos, con penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, según el delito y las circunstancias que eventualmente establezca la justicia.

La acusación incluye narcoterrorismo, cocaína y armas de guerra

La imputación sustitutiva señala a Maduro y Flores por participar en una conspiración de narcoterrorismo. Ese cargo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El segundo cargo se refiere a la presunta conspiración para cometer tortura, que puede llevar a una pena de hasta 20 años de cárcel. El escrito también incluye una acusación por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delito que tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de prisión perpetua.

Los cargos cuarto y quinto están relacionados con el supuesto uso, porte y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las presuntas conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína.

De acuerdo con el comunicado, el cuarto cargo contempla una condena mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua. El quinto tiene una pena máxima de prisión perpetua.

El Departamento de Justicia describió un supuesto sistema de torturas

La acusación sostiene que Maduro y Flores habrían usado organismos militares, policiales y judiciales venezolanos para consolidar un sistema de persecución contra personas consideradas opositoras al Gobierno.

Según el Departamento de Justicia, ese esquema habría recurrido a arrestos arbitrarios, violencia, amenazas y tortura física y psicológica. El documento menciona denuncias por descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y encierro en celdas de castigo.

La Fiscalía estadounidense aseguró que las presuntas torturas habrían incluido a ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela, y que las autoridades habrían empleado esos métodos en momentos de inestabilidad política o cuando la continuidad de Maduro en el poder enfrentaba cuestionamientos.

El comunicado también alude a tres altos funcionarios venezolanos que aparecen identificados en la acusación como CC-1, CC-2 y CC-3. No divulgó sus nombres.

Según la Fiscalía, uno de ellos habría ordenado asesinatos de personas que se oponían al Gobierno, supervisado actos de tortura y amenazado con asesinar al hijo de un detenido. Otro habría diseñado métodos de tortura y presentado esas prácticas para aprobación de Maduro, de acuerdo con la versión de los investigadores.

El documento menciona el caso de un ciudadano estadounidense que presuntamente fue sometido a privación de comida y agua, simulación de ahogamiento, golpizas, descargas eléctricas en los genitales e inyecciones forzadas. Esos señalamientos forman parte de la acusación presentada por las autoridades federales.

La Fiscalía vinculó el caso con presuntas alianzas narcotraficantes: las Farc, el ELN y el Tren de Aragua

La acusación señala que Maduro, Flores y otros integrantes de su entorno habrían utilizado organismos estatales de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas y proteger a socios dedicados al narcotráfico.

El Departamento de Justicia detalló que las autoridades venezolanas bajo control de los acusados habrían participado en una red para enviar cocaína hacia Estados Unidos mediante puntos de tránsito ubicados en el Caribe y Centroamérica.

Entre los grupos mencionados en el comunicado figuran las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas —posteriormente conocidos como Cartel del Noreste— y el Tren de Aragua.

Este es el documento de acusación formal (indictment) del que el expresidente Uribe tomó la mención en su mensaje vía X:

La Fiscalía sostiene que los supuestos acuerdos con organizaciones criminales permitieron movilizar cargamentos de droga desde Venezuela, con protección de integrantes de las fuerzas militares, organismos de seguridad y entidades judiciales.

El escrito afirma que los investigados se habrían beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción y el desvío de fondos públicos. Según la acusación, parte de ese dinero habría servido para sostener alianzas políticas y redes de lealtad dentro de las instituciones venezolanas.

El Gobierno estadounidense afirmó que la investigación continúa

El fiscal general Todd Blanche afirmó que los cargos adicionales responden a la investigación sobre presuntos delitos contra ciudadanos venezolanos y estadounidenses.

“Estas acusaciones adicionales contra los Maduro reflejan la dedicación de esta administración para llevar justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, dijo en el comunicado.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, sostuvo que el caso incorpora denuncias de tortura a ciudadanos estadounidenses bajo custodia del Estado venezolano. El funcionario mencionó agresiones con drogas, descargas eléctricas y violencia sexual entre los métodos descritos en la acusación.

Por su parte, el fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que los procesados habrían abusado de posiciones de confianza pública para obtener beneficios mediante narcoterrorismo, tráfico de cocaína y otros actos de corrupción.

Después de que el expresidente Gustavo Petro anunció que denunciará a Miguel Uribe Londoño por calumnia, a raíz de que el padre del senador Miguel Uribe Turbay lo señalara como presunto instigador de su asesinato, su abogado defensor Alejandro Carranza lanzó serios señalamientos sobre los motivos que estarían detrás de las acusaciones hechas por el exconcejal y exsenador.

“Presentaremos la denuncia conforme a las indicaciones del Dr. Petro”, señaló el jurista que representa a Petro, en un mensaje que compartió en su cuenta de X.

Previamente, el exmandatario respondió al excandidato presidencial la noche del jueves 8 de octubre, al calificarlo de “calumniador”.

Sumado a lo anterior, Carranza expresó: “Por supuesto, señor ex Presidente, lamentamos profundamente la tragedia. Sin embargo, los únicos beneficiarios del asesinato fueron los sectores de la ultraderecha”.

Según el penalista, “la narrativa de responsabilizar al ex director de la UNP el ingeniero Augusto Rodríguez fracasó” en la Corte Constitucional, en la Fiscalía General de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), donde, según lo que argumentó el abogado, “se reconoció que jamás se le envió a él petición alguna para el reforzamiento del esquema de protección asignado”.

El abogado expuso también que se estaría “intentando manipular la tragedia para generar temor en la población de cara a las próximas elecciones”, y señaló a la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“Los que sabían de las amenazas y peligros que corrían eran nada más y nada menos, que @MariaFdaCabal y su esposo (José Félix Lafaurie, el director de la Federación Nacional de Ganaderos —Fedegán—), así lo plasmaron en la melancólica carta de despedida del @CeDemocratico”, concluyó Carranza.

Miguel Uribe Turbay fue atacado por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá. Murió el lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, tras luchar más de dos meses por su vida.

“Lamentablente y ya como ciudadano del común tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”, escribió Petro en su cuenta de X. Su mensaje llegó después de que Uribe Londoño calificara el homicidio de su hijo como un “crimen de Estado”.

El origen político que Petro atribuyó a las acusaciones de Miguel Uribe Londoño

Petro vinculó los cuestionamientos de Uribe Londoño con un episodio posterior a su elección como alcalde de Bogotá en 2011.

“El odio de este señor Uribe Londoño contra mí se debe a que quería que lo pusiera como presidente de la ETB después de votar por mi, o eso dijo, a la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo el expresidente vía X.

También señaló que, tras ganar las elecciones presidenciales de 2022, no lo incorporó a su gabinete. “No quise ponerlo en la presidencia porque temía que por sus antecedentes, se la robara”, escribió Petro.

Uribe Londoño formuló sus acusaciones durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, celebrado en Bogotá el miércoles 7 de octubre. El panel fue moderado por María Carolina Hoyos, hermana del senador.

El exsenador sostuvo que su hijo era un obstáculo para los planes políticos de Petro por su condición de dirigente opositor y precandidato presidencial del Centro Democrático. “Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, afirmó.

La denuncia por hostigamiento y los cuestionamientos por la seguridad

En una entrevista con Blu Radio, Uribe Londoño reiteró que Petro debía ser investigado como presunto instigador del crimen.

“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen”, dijo al referirse a publicaciones que atribuyó al expresidente en X y que, según su interpretación, estaban dirigidas contra su hijo.

El padre de Miguel Uribe Turbay afirmó que esos mensajes debían ser evaluados dentro de las actuaciones judiciales para establecer quiénes fueron los responsables intelectuales del asesinato. “La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!”, expresó.

Uribe Londoño indicó que presentó una denuncia por hostigamiento contra Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El exsenador contó que el trámite no ha tenido avances: “Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte”.

El exsenador también cuestionó el esquema de seguridad que tenía su hijo antes del atentado y mencionó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, entre las personas sobre las que ha planteado interrogantes. Sostuvo que al entonces dirigente político se le habría negado protección.

Abelardo de la Espriella asistió al homenaje a Miguel Uribe Turbay y afirmó que el crimen no quedará impune, y declaró que las pesquisas deben avanzar hasta determinar quién ordenó el asesinato.

El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, luego de que un adulto mayor de 65 años acababa de retirar dinero de una entidad financiera ubicada en el sector del 20 de Julio.

Según lo que precisó el reporte oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el viernes 10 de octubre de 2026, tres personas lo habrían seguido e interceptado cuando se movilizaba por el barrio Ramajal.

Los asaltantes se desplazaban en dos motocicletas y, de acuerdo con lo que detalló el informe, e intimidaron a la víctima con un arma de fuego antes de quitarle el dinero. Después emprendieron la huida por las calles del sector.

La alerta de la comunidad permitió que los uniformados que patrullaban la zona activaran un operativo para ubicar a los presuntos responsables del fleteo. En medio de la persecución, uno de los señalados tomó una decisión que no le permitió evitar la captura.

El detenido intentó usar el río como ruta de escape

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, informó que los policías alcanzaron a uno de los presuntos implicados luego del robo.

“Esta persona, al intentar huir, intenta lanzarse al río Fucha”, explicó el oficial. El hombre ingresó al afluente con la intención de alejarse de los uniformados, pero fue interceptado metros más adelante.

La Policía capturó al sospechoso en flagrancia tras el intento de fuga por el río, según las autoridades. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías.

La justicia le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las autoridades indicaron que el hombre tiene antecedentes judiciales por delitos como homicidio y hurto calificado.

El adulto mayor rechazó el acompañamiento policial que ofreció el banco

La Policía reveló que la entidad financiera ofreció al ciudadano el servicio de acompañamiento para trasladar el dinero. El hombre, sin embargo, decidió no aceptarlo antes de abandonar el banco.

“Es importante indicar que la entidad financiera ofreció el servicio de acompañamiento a la persona y la persona no aceptó el acompañamiento”, afirmó el teniente coronel Velásquez.

El acompañamiento policial para retiros de sumas altas busca reducir el riesgo de asaltos durante el trayecto entre los bancos y los lugares de destino. La institución reiteró la recomendación de solicitar el servicio antes de realizar movimientos que impliquen cantidades significativas de dinero.

Las autoridades deberán establecer cómo los responsables conocieron el retiro, si siguieron a la víctima desde el 20 de Julio y cuál fue la participación concreta del hombre que quedó detenido.

Capturaron a un joven en Suba tras presunto hurto y ataque con arma traumática

En otro caso que se presentó el jueves 8 de octubre, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un joven de 19 años señalado de hurtar y lesionar con un arma traumática a un ciudadano en el barrio Alcalá, localidad de Suba, en Bogotá.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron una cadena de oro avaluada en más de $9 millones.

El caso fue atendido después de que la central de radio alertara sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la comunidad. De acuerdo con el reporte, el hombre habría disparado contra una persona luego de, presuntamente, quitarle sus pertenencias.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a la víctima con una herida que, según las primeras verificaciones, habría sido causada por un arma de fuego. La persona recibió atención mientras los uniformados intervenían para controlar la situación.

La Policía incautó una pistola traumática

Al verificar la identidad del joven y practicarle un registro, los agentes hallaron una pistola traumática en su poder. También recuperaron una cadena de oro cuyo valor fue estimado en más de $ 9 millones.

El detenido deberá responder, de forma preliminar, por los delitos de amenaza, hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía General de la Nación recibió al capturado, el arma incautada y los elementos recuperados para avanzar en el proceso de judicialización.

La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar hechos delictivos, comportamientos sospechosos o casos de intolerancia mediante la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

El crimen fue perpetrado por dos hombres en motocicleta, que después de entregarle un panfleto, como se observa en el video que se conoció en redes sociales, y le dispararon en dos oportunidades.

“Saludos de parte de Los Satanás. Estas son las consecuencias x no escuchar (sic) al llamado. Att: Pedrito y Moisés”, señala el papel, que también contiene un número de celular para que los dueños del lugar se comuniquen con ellos.

El crimen ocurrió en medio de denuncias de presuntas extorsiones contra el negocio, cuyos empleados también reportaron amenazas de un posible ataque con granadas en caso de volver a abrir el establecimiento y no ceder ante sus órdenes: el pago de extorsiones.

Según varios testimonios recolectados por parte de Citynoticias de las 8, el hecho se registró pasadas las 10:06 p. m.. Los dos sicarios se acercaron a López, que trabajaba de manera ocasional como miembro de seguridad en una discoteca del sector. Tras el ataque, escaparon en la motocicleta. Las autoridades iniciaron las labores para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Las versiones de algunos de los afectados detallan que estarían afrontando dichas exigencias económicas desde diciembre de 2025. La responsabilidad por el crimen y la autenticidad de las amenazas deberán ser determinadas por la investigación judicial.

El crimen se presentó en este punto:

Las exigencias económicas habrían comenzado con mensajes por $40 millones

Una persona vinculada con el negocio, cuya identidad permanece bajo reserva, señaló que recibió mensajes en los que le exigían una millonaria suma de dinero.

“Me empezaron a enviar mensajes pidiéndome 40 millones de pesos. Decían que ellos me iban a cuidar, que nos iban a proteger y que estarían pendientes de nosotros”, relató la víctima al mismo medio.

Los mensajes habrían sido atribuidos por los afectados a personas que se identificaban como miembros de Los Satanás, una de las organizaciones criminales de origen venezolano que se generó después de la irrupción del Tren de Aragua en Colombia.

Esa versión forma parte de las denuncias de los trabajadores y propietarios, pero corresponde a las autoridades establecer si ese grupo tiene relación con las amenazas o con el homicidio.

El testimonio conocido indica que la situación fue puesta en conocimiento del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Pese a ello, las intimidaciones habrían continuado y tomaron mayor gravedad tras las dificultades para concretar la entrega del dinero.

La fuente consultada explicó que se evaluó la posibilidad de pagar la suma exigida. Sin embargo, los presuntos extorsionistas habrían impuesto como condición que el giro se hiciera por transferencia bancaria, sin aceptar efectivo.

Los trabajadores denuncian amenazas de un ataque con granadas

Después de que no se concretara la transacción, los mensajes habrían cambiado de tono. Los afectados aseguran que comenzaron a recibir insultos y advertencias sobre un posible ataque contra el negocio.

“Empezaron ya con las groserías, con las vulgaridades, con lo peor: que iban a colocar granadas, que iban a acabar con el negocio”, afirmó la fuente que denunció las presuntas extorsiones.

El establecimiento permanece cerrado después del asesinato de López y de las amenazas recibidas. Al menos 40 trabajadores están afectados por la situación y expresaron temor ante la posibilidad de nuevas acciones violentas.

Los empleados pidieron que se adopten medidas de protección y que se avance en la identificación de las personas que habrían enviado los mensajes. También solicitaron celeridad para establecer quiénes participaron en el ataque contra el vigilante.

El homicidio ocurrió en una zona de Bogotá donde operan distintos negocios nocturnos. Los investigadores deberán establecer si el panfleto entregado a López contenía algún mensaje dirigido a los propietarios o trabajadores del establecimiento.

La Policía busca a los dos hombres que llegaron en motocicleta

Tras conocer el caso, la Policía Nacional activó sus capacidades investigativas. El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), informó que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del ataque.

“Con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y dar con los responsables de este hecho punible para dejarlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el vocero oficial.

Las autoridades mantienen el llamado a denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, mientras que los trabajadores del negocio aguardan que las diligencias permitan identificar a los responsables, definir si existe una estructura detrás de las intimidaciones y recuperar las condiciones de seguridad para retomar sus actividades.

La salida de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a Estados Unidos por orden del presidente Abelardo de la Espriella habría dejado un nuevo jefe al frente de los Comandos de la Frontera.

De acuerdo con información de inteligencia militar revelada por la revista Semana, Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, quedó al mando de una estructura con más de 1.000 integrantes y presencia en Putumayo, Nariño, Caquetá y Amazonas.

El reacomodamiento interno de la organización se habría producido después de la extradición de Rojas, a quien el informe identifica como máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.

La nueva línea de mando tendría como prioridad conservar el control en el bajo Putumayo y ampliar la presencia armada hacia otros departamentos del sur de Colombia.

Alias Popeye tendría bajo su coordinación una estructura integrada por 1.029 hombres, de los cuales 865 serían hombres y 165 mujeres. El organigrama conocido por el medio lo presenta como cabecilla principal de una facción asociada a José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.

La información señala que el componente armado de los Comandos de Frontera incluye antiguos integrantes de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de redes de delincuencia común.

El supuesto nuevo jefe tendría a su cargo una expansión hacia cuatro departamentos

El documento de inteligencia reseñado por el mismo medio advierte que la organización busca avanzar en Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas, mientras mantiene confrontaciones con otras estructuras armadas y consolida rutas para el narcotráfico, la minería ilegal y el abastecimiento de armas.

En Nariño, los Comandos de Frontera sostendrían una disputa contra las estructuras Carolina Ramírez y Raúl Reyes, vinculadas con las disidencias de las FARC que responden a Iván Mordisco. La confrontación también involucraría acciones contra la fuerza pública, según la información militar citada por la revista.

El reporte sostiene que, tras la extradición de alias Araña, los frentes de la organización entraron en una fase de reorganización.

El objetivo, de acuerdo con las fuentes militares, sería desplegar una campaña de expansión territorial desde sus áreas de influencia en el sur del país, y “como parte de su estrategia de sostenimiento delictivo del territorio”, detalle un fragmento del documento de inteligencia.

Uno de los riesgos advertidos por las autoridades sería la posibilidad de un paro armado el 14 de octubre, una acción que, según la información conocida por la revista, estaría dentro de los planes atribuidos a la estructura. No se conocieron detalles sobre los municipios que podrían resultar afectados ni sobre instrucciones dirigidas a la población.

El organigrama ubica a Héctor Bastidas Bravo, alias Bonito, como segundo cabecilla, seguido por César Rojas Flórez, conocido como alias Milton Barbas; Fredy Pasinga Chapal, alias Pasinga; y Cristian Arrojado, alias Camilo o “Parlinson”.

También aparecen Orlando Molano, alias Mauricio Chiquillo, y Bladimir Vallen Garzón, alias Ovidio Matalana o “Chacal”, señalado como cabecilla pseudopolítico.

La estructura tendría rutas aéreas, fluviales y terrestres hacia Ecuador y Perú

La facción bajo el mando de alias Popeye tendría presencia en corredores que conectan el sur de Colombia con Ecuador y Perú.

El informe sitúa sus zonas de control en municipios y áreas rurales de Putumayo, con referencias a Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, La Paya, Piñuña Negro y Pierrta Negro.

La estructura utilizaría pistas clandestinas, vías terrestres, trochas y rutas fluviales por los ríos Putumayo, San Miguel y Caquetá. Esos corredores serían empleados para sacar cargamentos de cocaína y mantener contactos con organizaciones criminales del otro lado de la frontera.

En materia de narcotráfico, el documento señala que los Comandos de Frontera controlarían cultivos de coca en Putumayo y Caquetá, además de instalar laboratorios para el procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína.

Las redes también obtendrían precursores químicos a través de los pasos fronterizos.

La información de inteligencia añade que la organización usa muelles ilegales sobre los ríos para transportar los cargamentos. El destino de la droga, según el reporte, serían redes criminales en Ecuador y Perú, que también aportarían armas, logística y contactos para la comercialización.

Mientras que en Ecuador, las autoridades identifican a Los Lobos como uno de los grupos con los que la organización mantiene vínculos.

La relación tendría actividad en zonas como Esmeraldas y Carchi, donde se moverían armas y comisiones armadas, además de establecerse alianzas de carácter temporal según los intereses de cada grupo.

La minería ilegal y el lavado de activos completarían las rentas de la organización

Dentro de las actividades ilegales que se han documentado, los Comandos de Frontera también cuentan con operaciones de minería ilegal en ríos como Piñuña Negro, Mecaya, La Paya y Pacora.

La estructura movería maquinaria pesada, dragas, mercurio y otros insumos para extraer oro en zonas de difícil acceso.

La minería ilegal serviría para financiar la estructura y lavar recursos procedentes de otras economías ilícitas, de acuerdo con el organigrama.

No obstante, el documento advierte sobre impactos ambientales asociados con la deforestación, el uso de maquinaria amarilla y el vertimiento de sustancias contaminantes.

Las fuentes militares sostienen que el grupo recurriría a empresas fachada, compra y venta de ganado, comercios de abarrotes y operaciones inmobiliarias para movilizar dinero. Entre las actividades bajo observación figura la adquisición de grandes extensiones de tierra a campesinos en Putumayo, con el propósito de reforzar el control social sobre determinadas áreas.

Además, y como otra forma de someter a la población civil a sus reglas, también se señala que los Comandos de Frontera utilizan mecanismos de control territorial y poblacional. Entre ellos, imparten reglas propias, ejercen intimidación, reclutan personas y recurren a redes de apoyo en las comunidades donde tienen presencia.

En Putumayo, la estructura sostendría disputas con las disidencias de Iván Mordisco y con Los Choneros de Ecuador. Pero desde fuentes de inteligencia se menciona que no responden a una división permanente entre bandos, debido a que las alianzas pueden cambiar según las rutas, los recursos y los intereses criminales en cada zona.

La zona de ubicación temporal es observada por las autoridades

El informe se refiere también a la Zona de Ubicación Temporal del bajo Putumayo, donde permanecen más de 58 integrantes de los Comandos de Frontera que participan en el proceso de paz total promovido por el Gobierno nacional.

Las autoridades militares sostienen que ese espacio tendría un propósito distinto al de una desvinculación definitiva de la actividad armada. Desde ese territorio se buscaría mantener la capacidad operativa mediante la activación de comisiones denominadas Jesús Santrich y Jacobo Arenas.

La hipótesis de inteligencia plantea que esas unidades tendrían como objetivo preservar el control territorial y la continuidad de las actividades ilegales de la organización.

Siguen las reacciones luego de que la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, después de determinar que transcurrió un año desde la resolución de acusación en su contra sin que se instalara el juicio por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Una de las primeras en salir a celebrar la decisión fue la concejal de Bogotá e hija de Name, María Clara Name Ramírez (Partido Alianza Verde) que, a través de un mensaje desde su cuenta de X la tarde del viernes 9 de octubre de 2026, mismo día en que se conoció el fallo de la alta corte, expresó su satisfacción al ver que su progenitor podrá demostrar que no es culpable de los señalamientos en medio de escándalo de los carrotanques de La Guajira.

“Mi padre, Iván Name Vásquez, podrá defenderse en libertad y ejercer plenamente su derecho a la defensa. Después de casi un año y medio, se garantiza el respeto a su presunción de inocencia”, inicia la declaración por parte de la cabildante.

Al final, Name Ramírez se mostró confiada en que “la justicia colombiana permita esclarecer los hechos y que el proceso continúe con todas las garantías del debido proceso”, y sentenció para cerrar: “¡Demostrará su inocencia!”

La medida quedó consignada en una providencia del 9 de octubre de 2026, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia.

La decisión beneficia a los dos excongresistas, que permanecen recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota, mientras avanza el proceso judicial relacionado con el presunto desvío de recursos públicos.

El alto tribunal aplicó el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, que contempla la libertad provisional cuando vence el plazo para iniciar el juicio luego de la acusación. La resolución no modifica los cargos ni implica una definición sobre la responsabilidad penal de los procesados.

La acusación contra Name y Calle continúa vigente, y la Corte deberá programar e instalar el juicio en el que se debatirán las pruebas presentadas por la Fiscalía, las defensas y los demás intervinientes dentro del expediente.

La salida de prisión depende de una caución y otros compromisos

La libertad de Name y Calle no será automática. La providencia establece que cada exlegislador deberá constituir una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, por un valor de $ 17.509.050.

El pago podrá realizarse mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario dispuesta por la Corte Suprema de Justicia o mediante una póliza que cubra el monto exigido. Una vez se cumpla esa condición, los procesados deberán firmar una diligencia compromisoria ante la autoridad judicial.

Entre los compromisos fijados aparece la obligación de entregar información precisa sobre su residencia y sobre cualquier cambio de ubicación. La Sala advirtió que el incumplimiento de esas condiciones puede derivar en multas y en la revocatoria del beneficio.

La decisión la firmaron las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Socorro Mora Insuasty, esta última en calidad de ponente. También ordena expedir las boletas de libertad para que sean remitidas a La Picota.

No obstante, el centro penitenciario deberá verificar antes de hacer efectiva la salida que Name Vásquez y Calle Aguas no tengan requerimientos pendientes de otras autoridades judiciales. Esa revisión definirá el momento concreto en que podrían abandonar el lugar de reclusión.

La Corte no cerró el proceso por el caso de la Ungrd

La libertad provisional se limita a la medida de aseguramiento. El expediente por el supuesto entramado de corrupción en la Ungrd seguirá en trámite y conserva la etapa procesal posterior a la resolución de acusación.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Name y Calle el 27 de agosto de 2025. A ambos se les atribuye, de manera preliminar, la presunta comisión del delito de cohecho impropio y su participación en peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La acusación incluyó la circunstancia de mayor punibilidad asociada con la posición distinguida de los dos excongresistas dentro de la sociedad. Name presidió el Senado de la República, mientras que Calle ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes.

Según la hipótesis recogida por las autoridades judiciales, Name habría recibido $ 3.000 millones y Calle otros $ 1.000 millones. El dinero, de acuerdo con el expediente, habría buscado facilitar la aprobación de proyectos legislativos promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos las reformas a la salud y al sistema pensional.

Las entregas habrían ocurrido en octubre de 2023. En el caso de Name, la investigación señala a Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, como la persona que habría realizado dos entregas de efectivo.

Para Calle, el señalamiento apunta a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. Según la acusación, Pinilla habría llevado el dinero a un apartamento ubicado en Montería, Córdoba.

El expediente analiza el origen de los recursos entregados

La investigación judicial busca establecer si los recursos destinados a los presuntos pagos provenían de fondos desviados de un contrato de la Ungrd para adquirir carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.

En medio del proceso, las autoridades también indagan un préstamo atribuido a Pedro José Castro Espinosa, que habría sido reembolsado con dinero de origen irregular. Ese punto integra la reconstrucción financiera que intenta determinar cómo se habrían movido los recursos vinculados con el contrato.

En el expediente aparecen además nombres de otros exfuncionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Sandra Ortiz.

Las indagaciones tienen como objetivo identificar las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura que habría permitido el desvío de fondos públicos. Las defensas de Name y Calle han controvertido elementos de la investigación y la validez de algunos aspectos probatorios, además de cuestionar la configuración del delito de peculado.

Pese a esos argumentos, la Sala Especial de Instrucción mantuvo la acusación contra los exlegisladores. La providencia que concedió la libertad provisional admite recursos de reposición y apelación, por lo que las partes podrán controvertir la decisión dentro de los términos previstos por la ley.

El siguiente paso será la instalación del juicio, instancia en la que la Corte Suprema examinará las pruebas y definirá si los dos excongresistas tienen responsabilidad penal por los hechos que se les atribuyen.

Sin embargo, la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026 las autoridades colombianas informaron que rescataron a los dos extranjeros, luego de acudir a una supuesta negociación para invertir en actividades de minería.

Los captores exigían la suma de USD 50.000 a sus familias a cambio de su liberación, según el reporte oficial que se reveló por parte del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.

El caso ocurrió entre Nariño y Putumayo, luego de que las víctimas viajaran desde Ecuador a Colombia el martes 29 de septiembre de 2026.

Los dos hombres llegaron a Pasto, donde se reunieron con quienes serían sus victimarios para avanzar en una aparente inversión en dólares.

Después de ese encuentro, fueron trasladados a una zona rural del municipio de Santiago, Putumayo. Allí, de acuerdo con lo que explicó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, subdirector del Gaula Policía Nacional, los retuvieron contra su voluntad y grabaron pruebas de supervivencia que luego enviaron a sus allegados.

Los presuntos responsables utilizaron esas grabaciones para exigir el pago del dinero por la supuesta liberación de los dos ecuatorianos, mientras las víctimas permanecían bajo custodia de sus captores.

Una de las víctimas logró escapar y alertó a la Policía

La Policía señaló que durante el cautiverio los dos hombres sufrieron heridas causadas con armas cortopunzantes. Posteriormente, los habrían encadenado a un árbol y abandonado en la zona rural, según la versión expuesta por el Gaula.

Los familiares de los dos ecuatorianos fueron alertados vía WhatsApp, y en dos videos que enviaron se escucha decir a uno de los extranjeros: “Estoy secuestrado mija, y me están pidiendo una recompensa de cincuenta mil dólares. Por favor, trata de unirle a la familia, que sean solidarios conmigo, colaboren. Ellos piden 50.000 (dólares) y que sea en perfil bajo”.

Además, en ese momento, uno de los secuestrados aclaró que debían comunicarse con la policía ni la prensa, porque, como advirtió el ciudadano: “Si no, me matan, mija”.

En la segunda grabación, el hombre dijo: “Se nos está agotando el tiempo. Esperemos que puedas ya solucionar con lo que haya de recursos ahorita para poder salir de esta cuestión y... Como te he dicho, no avisar a nadie, ni a la policía, a nadie”.

El 30 de septiembre, uno de los secuestrados consiguió liberarse de las ataduras. Luego se dirigió a la subestación de Policía del corregimiento de El Encano, donde informó que había escapado, pero que su acompañante seguía retenido en el lugar donde los habían dejado.

El ciudadano ecuatoriano recibió traslado a un centro médico debido a las lesiones que presentaba. En paralelo, los investigadores iniciaron las labores para ubicar a la segunda víctima, con base en la información entregada por el sobreviviente.

Las unidades que llegaron al área (Santiago, Putumayo) encontraron al otro hombre encadenado a un árbol. Tras el rescate, también fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tres personas fueron detenidas en Ipiales

Mientras avanzaban las acciones de rescate, los familiares de las víctimas continuaron recibiendo las pruebas de supervivencia y las exigencias económicas. Ese contacto permitió a los investigadores desplegar un operativo posterior en Ipiales, Nariño.

Las autoridades anunciaron la captura de tres personas que estarían vinculadas con el secuestro y las extorsiones. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según la Policía, los capturados deberán responder de forma preliminar por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y tentativa de homicidio, y corresponderá a las autoridades judiciales determinar su grado de participación y definir su situación procesal.

La operación contó con la participación del Gaula, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (Mspot), el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El comunicado de la Policía incluyó un mensaje dirigido a los grupos dedicados a este tipo de delitos. “Desde cualquier lugar donde pretendan delinquir o esconderse, los perseguiremos hasta llevarlos ante la justicia”, indicó la institución.

Al final, el coronel Téllez reiteró desde el Gaula a todas aquellas personas que conozcan hechos de secuestro o extorsión pueden comunicarse con la línea nacional gratuita 165, habilitada para recibir denuncias y activar la atención de las autoridades.

La mujer, que sería la víctima del engaño por parte de su pareja sentimental, llegó acompañada de otra persona que registró con su celular el momento, que interrumpió la jornada dentro del inmueble.

“Muy buenos días a todos. Por favor, hacemos silencio para que escuchemos lo que voy a decir. A algunos les conviene escuchar un mensaje que traigo, pero lo voy a dejar para el final del video”, dijo la mujer, que se identificó como la “esposa del jefe de zona de esta tienda”.

La ciudadana describió cómo fue que se enteró de la infidelidad, al detallar que el 19 de julio (de 2026) supo que “lleva una relación sentimental” con una de sus compañeras de trabajo. Lo más delicado de la situación fue que la mujer describió que ella y su compañero sentimental “tienen un hijo en común”.

“Hoy precisamente está cumpliendo su primer año, así que celebremos. Quiero decirle a la señorita que usted lo conoció con carro, apartamento, con buen sueldo; yo lo conocí hace catorce años, con un (salario) mínimo, con las medias, bóxer rotos”, describió la mujer en medio de la indignación.

Al final, la mujer contó que su compañero sentimental “no tenía cómo brindarme una aromática”, y hasta confesó que ella pagó “los gastos del matrimonio”.

“También le pagué un semestre en la universidad”, dice la misma ciudadana, cuando es confrontada en ese momento por parte de una de las empleadas de la tienda que le pidió que se retirara.

En ese momento, la mujer aseveró: “Señorita, usted no le va a quitar lo que le corresponde a mi esposo. Yo misma que estoy cansada del maltrato físico, sexual, económico”.

Circulación de presunto video íntimo de empleados de D1 abre debate sobre privacidad y violencia digital en Colombia

El caso se suma a un hecho conocido semanas atrás, luego de la difusión en redes sociales y canales de mensajería de un presunto video íntimo atribuido a trabajadores de Tiendas D1 en Ciénaga, Magdalena.

El caso recordó los límites sobre los riesgos de compartir contenido privado sin autorización y la propagación de versiones no confirmadas sobre la vida personal de quienes aparecen en las imágenes.

Las publicaciones que circularon en plataformas digitales vinculan a los protagonistas con una sede de la compañía en el departamento de Magdalena. No obstante, no existe una confirmación oficial sobre sus identidades ni sobre una eventual relación laboral con la empresa.

El portal Sahagún en Línea informó que no se ha establecido de forma oficial quiénes aparecen en el material. A su vez, Notición.co señaló que Tiendas D1 habría iniciado una indagación interna para esclarecer lo ocurrido, aunque tampoco se confirmó que las personas involucradas trabajen en alguna de las tiendas de la cadena en Colombia.

La empresa no confirmó supuestos despidos ni vínculos laborales

En redes sociales también surgieron versiones según las cuales uno de los involucrados tendría una relación sentimental y ambos habrían perdido sus empleos después de la difusión del video. Esos señalamientos no cuentan con confirmación de la compañía.

Tiendas D1 dispone de una Línea Ética confidencial y anónima para recibir denuncias sobre presuntos incumplimientos de sus políticas internas o situaciones que puedan afectar el ambiente de trabajo. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento público de la empresa sobre despidos asociados a este caso.

Política Heroica recogió versiones sobre la aparición de otros videos vinculados con una de las personas señaladas en las publicaciones iniciales.

La circulación del material habría ocurrido sin el consentimiento de quienes aparecen en él, según las versiones difundidas en internet.

La falta de información confirmada no impidió que se multiplicaran comentarios sobre aspectos laborales, sentimentales y personales de los supuestos protagonistas.

La Corte Constitucional definió que divulgar contenido íntimo sin permiso es violencia digital

El caso cobra relevancia después de la sentencia T-184 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia, que analizó la denuncia de una mujer contra su expareja y compañero de trabajo por la publicación de videos íntimos sin autorización plena.

De acuerdo con el fallo, el material se había producido para un público internacional, pero luego quedó disponible en plataformas para adultos sin restricciones para usuarios en Colombia. La víctima expresó que la divulgación tuvo consecuencias en sus relaciones familiares, sociales y laborales.

El alto tribunal concluyó que la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos constituye una forma de violencia digital y sexual. También consideró que esa conducta puede vulnerar los derechos a la intimidad, a la imagen, al buen nombre y a una vida libre de violencias.

La Corte precisó que el consentimiento debe ser libre e informado, no equivale a una autorización indefinida y puede retirarse en cualquier momento. El fallo estableció que esa decisión debe respetarse “sin que medien consideraciones adicionales de ninguna naturaleza”.

El comunicado se conoció el jueves 8 de octubre y advierte que ese tipo de expresiones, provenientes de una figura que ocupó la Presidencia de la República, pueden afectar el debate público, estigmatizar a autoridades elegidas democráticamente y alimentar escenarios de intolerancia.

“Acusar a un alcalde de ser cómplice de un genocidio es una irresponsabilidad de enorme gravedad”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

La respuesta se sumó a otra de las réplicas que hizo Petro en contra de Galán vía X, luego de que le señaló que sus cuestionamientos podrían llevar a hechos violentos dada su figura pública, a lo que el exmandatario dijo: “Violencia ya es la que está descargando usted al golpear a los jóvenes solo porque están contra el genocidio en Gaza”.

Asocapitales pidió responsabilidad en el debate político

La asociación sostuvo que las diferencias políticas no justifican imputaciones de tal gravedad contra mandatarios territoriales. En su pronunciamiento, pidió a los dirigentes ejercer un liderazgo responsable y preservar el respeto por las instituciones democráticas.

Asocapitales señaló que la discusión sobre las protestas y el orden público debe realizarse dentro de parámetros institucionales.

Como respaldo a Galán, que es el presidente de la Junta Directiva de Asocapitales, en su respuesta oficial la organización gremial también indicó que las autoridades tienen el deber de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, al tiempo que protegen a los ciudadanos, servidores públicos y bienes públicos y privados.

Desde la entidad se expuso que la defensa de esos derechos no puede convertirse en una razón para estigmatizar a los alcaldes o para atribuirles responsabilidades sin que existan decisiones judiciales que lo sustenten.

A su vez, Santamaría advirtió que las palabras de dirigentes con alta visibilidad tienen consecuencias en una sociedad marcada por antecedentes de violencia política. “Colombia conoce las consecuencias de la estigmatización y de convertir las diferencias políticas en señalamientos personales”, destacó el funcionario.

El cruce surgió tras una protesta frente a la Embajada de Israel

La controversia se originó después de una movilización propalestina realizada el miércoles 7 de octubre cerca de la sede diplomática de Israel en Bogotá.

La jornada coincidió con el tercer aniversario del ataque de Hamas en territorio israelí, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

El expresidente Petro cuestionó la actuación de la fuerza pública durante la protesta por parte de miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), y escribió en X al recordarle a su padre: “Galán cómplice de un genocidio, qué hubiera pensado Luis Carlos Galán”.

El alcalde respondió que no acepta esa acusación y pidió moderación al exmandatario.

“No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?”, expresó Galán.

El mandatario distrital defendió su gestión al expresar que su administración ha garantizado las movilizaciones que se desarrollan de manera pacífica. Sin embargo, señaló que durante la jornada se presentaron actos que obligaron a ordenar la intervención de la Policía.

Galán denunció ataques contra una iglesia y una gestora de diálogo

Según la versión expuesta por el alcalde, durante las protestas fueron atacadas una iglesia y una gestora de diálogo de la alcaldía, quien tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

“Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía”, detalló Galán.

El alcalde indicó que mantendrá esa instrucción cuando se registren ataques contra ciudadanos, funcionarios, gestores de diálogo o bienes públicos y privados.

Por su parte, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, también denunció afectaciones en los alrededores de la embajada. En publicaciones en X compartió videos de la concentración y cuestionó que la movilización se realizara en la fecha en que se conmemoró el ataque de Hamas de 2023.

Aisen calificó como “vandalismo” los daños reportados en el espacio público y sostuvo que destruir o ensuciar zonas de la ciudad no contribuye a la defensa de la población palestina.

Mientras que Santamaría concluyó: “La democracia se defiende con argumentos, no con acusaciones que pueden poner en riesgo la integridad de quienes ejercen responsabilidades públicas”.

Un terremoto con magnitud de 7,6 se reportó pasadas las 12:56 p. m. el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico fue superficial, y debido a esto se sintió en varias ciudades de Colombia.

La entidad detalló que debido a que el evento sísmico de presentó una profundidad 33 km, con epicentro en Pitaloza Arriba (corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera).

En departamentos como Chocó y Antioquia ya se reportaron varios usuarios desde redes sociales, que confirmaron la intensidad del sismo, que provocó minutos de angustia y pánico entre los connacionales, debido al terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (103 km de profundidad).

UNGRD descartó amenaza de tsunami en costa Pacífica por sismo en Panamá

A su vez, la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) señaló vía X que desde la Dirección General Marítima (Dimar) evaluaron la posible amenaza de tsunami en la costa Pacífica “debido al sismo de magnitud 8,0 a 61 km de Las Tablas, Panamá”, y se confirmó que no existe peligro.

Por lo anterior, se pidió estar atentos a los próximos mensajes y a las recomendaciones de las autoridades.

Qué hacer en caso de un sismo

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, alteró la rutina de millones de personas en Colombia y reavivó la necesidad de conocer cómo actuar para reducir lesiones y proteger la vida durante un sismo.

La reacción depende del tipo de edificación y del lugar donde se encuentre cada persona al comenzar el movimiento.

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtieron que estos fenómenos no pueden predecirse, pero la preparación permite responder con mayor seguridad.

En los edificios de más de seis pisos, la indicación es permanecer protegido durante el temblor y evacuar cuando termine. La altura, precisaron especialistas del Idiger, no define por sí sola el riesgo: la seguridad está vinculada al cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente y a las características arquitectónicas.

Mantener la calma es la recomendación inicial ante cualquier movimiento sísmico. Salir corriendo apenas comienza puede aumentar la exposición a caídas, vidrios, objetos desprendidos y otras amenazas dentro de una estructura.

La evacuación, limitada a estructuras dañadas y rutas seguras

Evacuar de inmediato solo resulta apropiado cuando el edificio presenta daños visibles, existe riesgo inminente de colapso o la construcción tiene deficiencias estructurales y hay una salida segura.

En inmuebles con acceso directo al exterior, la decisión debe tomarse únicamente si las condiciones permiten salir sin exponerse a un peligro mayor.

El desplazamiento debe hacerse por las escaleras, siguiendo la ruta señalizada y rumbo al punto de encuentro acordado. Los ascensores no deben utilizarse durante un sismo porque pueden quedar fuera de servicio y transformarse en una trampa.

Las personas que permanezcan dentro de edificaciones sismorresistentes o en pisos altos deben aplicar una maniobra de autoprotección: agacharse, protegerse y sujetarse de una estructura firme.

Una mesa robusta o un escritorio sólido pueden ofrecer resguardo, mientras que ventanas, vidrios y objetos que puedan caer deben quedar fuera del área inmediata.

La cabeza y el cuello deben cubrirse con los brazos mientras dura el movimiento. Desde el SGC no se recomienda refugiarse de forma automática bajo el marco de una puerta, ya que no todos esos elementos resisten el impacto de objetos pesados o un posible colapso; solo puede considerarse si fue identificado previamente como zona segura dentro del plan de emergencia.

Tampoco todas las mesas brindan la misma protección. Solo aquellas suficientemente resistentes sirven como refugio, y las escaleras requieren una evaluación previa de su resistencia y funcionalidad antes de ser consideradas un punto seguro durante un temblor.

Un plan familiar y suministros para afrontar réplicas

El kit de emergencia debe contener agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, radio con baterías, botiquín, silbato, medicamentos, artículos de higiene, documentos importantes, dinero en efectivo, cobijas y herramientas básicas. Cada familia debe ajustarlo a sus necesidades, incluidas las de niños, adultos mayores y mascotas.

La preparación también exige identificar zonas seguras dentro de la vivienda o el lugar de trabajo, conocer las rutas de evacuación y participar en simulacros. Asegurar estanterías y muebles altos, además de mantener despejadas las salidas, reduce los riesgos cuando ocurre un movimiento inesperado.

Las familias deben acordar cómo se comunicarán y dónde se reunirán después de una evacuación. También conviene conocer la ubicación de las llaves de gas, agua y electricidad, mantener a mano los números de emergencia y estar preparados ante réplicas o nuevos movimientos.

Una delicada denuncia que se conoció en medio de una rueda de prensa el jueves 8 de octubre por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades detectaron el ingreso al país de ciudadanos colombianos con antecedentes en Ucrania.

El funcionario indicó que México trabaja en coordinación con instituciones colombianas para establecer el alcance de esos casos.

La declaración se produjo durante una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, yen la que García Harfuch presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El secretario respondió a una pregunta sobre versiones periodísticas que vinculaban a exmilitares mexicanos con entrenamientos en drones o armamento.

“Lo que sí hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, es personas que ingresaron a nuestro país desde Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, precisó García Harfuch.

Sumado a lo anterior, el funcionario explicó: “No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió en la nota periodística, en drones o en algún armamento”, luego de que varios medios locales replicaron la noticia.

García Harfuch comentó que las autoridades mexicanas colaboran y reciben apoyo de sus pares colombianos frente a la detección de personas con antecedentes en Ucrania, teniendo en cuenta las decenas de casos que se han documentado y conocido a través de redes sociales de connacionales que buscan en otras latitudes, y en medio de conflictos bélicos, obtener mejores ingresos de los que tendrían en su país de origen.

En junio de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que autoridades ucranianas habrían ampliado vínculos con carteles mexicanos. El texto de referencia no presenta pruebas independientes que confirmen esa versión.

Claudia Sheinbaum ordenó verificar videos que circularon en redes

Sumado al caso de los ciudadanos colombianos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno abrió una verificación sobre videos difundidos en redes sociales.

En esas grabaciones aparecen supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación durante entrenamientos en un campamento militar de Ucrania.

Sheinbaum explicó que aún no existe certeza sobre la autenticidad de las imágenes. “Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, dijo la mandataria.

La mandataria sostuvo que, si se confirma la presencia de mexicanos relacionados con organizaciones criminales en el conflicto, será necesario establecer bajo qué mecanismos llegaron a Ucrania.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún Ejército de alguna entidad, de algún Gobierno”, planteó la jefe de Estado.

México no ha contactado a Ucrania por este asunto

Sheinbaum indicó que hasta el momento el Gobierno mexicano no ha establecido comunicación directa con Ucrania para tratar las denuncias, pero detalló que, si fuera necesario, la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiría el contacto institucional.

Las denuncias sobre una posible captación de integrantes de organizaciones criminales de México y Colombia se han incrementado en los últimos meses. La hipótesis plantea que personas con experiencia en combate podrían adquirir conocimientos sobre manejo de drones y otras tecnologías militares para trasladarlos posteriormente a escenarios criminales en América Latina y poner en práctica lo aprendido en sus disputas locales, relacionadas con el control del territorio, líneas y rutas de narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Por ahora, el Gobierno mexicano confirmó únicamente la detección de ciudadanos colombianos que tuvieron antecedentes o pasaron por Ucrania antes de ingresar a México.

Las autoridades deberán precisar si esas personas tienen relación con actividades ilegales, estructuras armadas o entrenamientos especializados.

Algunos mercenarios colombianos en Ucrania serían enviados por grupos armados ilegales

Grupos armados y redes de narcotráfico de Colombia estarían enviando combatientes a Ucrania para aprender técnicas de uso de drones en la guerra y trasladar luego esos conocimientos al conflicto interno, según una investigación publicada por Financial Times.

El diario británico informó a inicios de agosto de 2026 que exparamilitares, exguerrilleros y exintegrantes de la fuerza pública habrían coincidido en el frente ucraniano, donde adquieren destrezas sobre pilotaje de drones, comunicaciones cifradas, instalación de cargas explosivas y operación de aeronaves conectadas por fibra óptica.

La alerta surge en medio del aumento de ataques con drones en Colombia. Según las cifras citadas en el informe, el Ministerio de Defensa registró 264 ataques entre 2024 y 2025, mientras las Fuerzas Militares afirmaron haber neutralizado el 96% mediante interferencia de radiofrecuencia o destrucción directa de los equipos.

Sumado a lo anterior, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señaló que en Colombia cada 20 horas se registra un ataque con drones a la fuerza pública.

Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, se presentaron 318 incursiones armadas bajo esta modalidad por parte de grupos armados ilegales, y en su mayoría, atribuidos a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El expresidente Gustavo Petro continúa de forma activa en las redes sociales, y en este ocasión (además del cruce de mensajes que tuvo con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán) apuntó contra Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, luego de que él lo acusó de ser “instigador” en el magnicidio de su hijo, perpetrado por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 en un evento de campaña en Bogotá, y cuya muerte se reportó el lunes 11 de agosto de 2025, luego de luchar más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe.

“Lamentablente y ya como ciudadano del común tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”, inicia la respuesta que compartió Petro por medio de un mensaje desde su cuenta de X la noche del jueves 8 de octubre, después de que Uribe Londoño también calificó el homicidio como un “crimen de Estado”, en medio de un panel en el que participó durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, que se celebró en Bogotá el miércoles 7 de octubre.

Para el exmandatario, las palabras del exsenador postulado como embajador de Colombia ante el Reino Unido por Abelardo de la Espriella tienen su origen, según él, debido a un episodio en el que fue elegido alcalde de la capital en 2011.

“El odio de este señor Uribe Londoño contra mí se debe a que quería que lo pusiera como presidente de la ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) después de votar por mi, o eso dijo, a la Alcaldía de Bogotá (sic)”.

Adicional a lo anterior, y tras resultar vencedor en los comicios presidenciales de 2022, Petro también contó el motivo por el que no tuvo en cuenta a Uribe Londoño para acompañarlo dentro de su gabinete.

“No quise ponerlo en la presidencia porque temía que por sus antecedentes, se la robara”, sentenció el expresidente al final de la publicación.

Uribe Londoño reafirmó que el expresidente fue “instigador” en el “magnicidio” de su hijo durante un evento

Uribe Londoño volvió a referirse al expresidente Petro como supuesto “instigador” del asesinato de su hijo y pidió que sea investigado por esa hipótesis.

Durante su intervención en el panel moderado por María Carolina Hoyos (hermana de Uribe Turbay), el exsenador aseguró que su hijo representaba una amenaza política para el anterior Gobierno por su papel como dirigente de la oposición y precandidato presidencial del Centro Democrático.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, afirmó Uribe Londoño, y agregó que el exmandatario sabía quién asesinó a su hijo y que habría buscado desviar las investigaciones para impedir que se identificara a los responsables intelectuales.

Más tarde ese mismo día, pero en diálogo con Bluradio, el exconcejal de Bogotá reiteró sus acusaciones y señaló que el expresidente debería ser vinculado a la investigación como presunto instigador.

“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen”, dijo Uribe Londoño, que citó varias publicaciones que atribuyó a Petro en la red social X y que, según su interpretación, constituían mensajes dirigidos contra Miguel Uribe Turbay.

El padre del exsenador afirmó que esos pronunciamientos no pueden quedar sin consecuencias y pidió que sean valorados dentro de las actuaciones judiciales.

El padre del exsenador cuestionó la protección que recibió su hijo durante el Gobierno Petro

Uribe Londoño también cuestionó las medidas de seguridad que tuvo Miguel Uribe Turbay antes del atentado.

En sus declaraciones, sostuvo que al entonces dirigente político se le habría negado protección y que ese aspecto debe hacer parte de las investigaciones.

Según su versión, los responsables habrían considerado que el asesinato permitiría silenciar las denuncias que hacía su hijo contra el Gobierno de Petro.

El exsenador afirmó que su hijo se había convertido en una figura incómoda para el anterior Ejecutivo por sus intervenciones en el Congreso y por su actividad política dentro de la oposición.

“La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!”, expresó Uribe Londoño al explicar el origen de sus señalamientos.

Uribe Londoño recordó una denuncia presentada en la Comisión de Acusaciones

El padre de Uribe Turbay indicó que presentó una denuncia por hostigamiento contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

A su juicio, ese trámite no ha avanzado de la manera esperada. “Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte”, aseveró Uribe Londoño.

En su diálogo con el medio radial, el dirigente político mencionó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, como otra de las personas sobre las que ha expresado cuestionamientos en relación con la seguridad que tenía su hijo.

En el evevento en Bogotá hizo presencia el presidente De la Espriella, y aseguró durante el acto de homenaje a Miguel Uribe Turbay que el crimen no quedará en la impunidad, y añadió que las pesquisas deben avanzar hasta establecer quién ordenó el asesinato.

En un caso que ha generado repudio e indignación, además de un clamor de justicia en Bogotá, desde la Fiscalía General de la Nación se anunció la acusación formal en contra del sacerdote Manuel Cely Silva.

El religioso tendrá que responder por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra un niño de seis años, ocurridos entre agosto de 2022 y agosto de 2023 en Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, Cely Silva se desempeñaba en ese entonces como director de un monasterio y sacerdote del colegio San Carlos, uno de los más reconocidos de la capital colombiana.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados por las circunstancias previstas en la ley. La investigación está a cargo de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

La investigación se refiere a hechos ocurridos durante un año escolar

Según la información divulgada por la Fiscalía, las pruebas recolectadas indican que el sacerdote habría llevado en varias oportunidades al menor a zonas privadas del monasterio. En esos lugares, presuntamente, se habrían presentado conductas de carácter sexual que afectaron al estudiante.

La acusación formal marca el paso del caso hacia la etapa de juicio. Ahora, la Fiscalía deberá exponer los elementos de prueba con los que busca sustentar su teoría ante un juez de conocimiento.

El ente investigador informó que, además de la acusación, incorporó nuevos elementos materiales probatorios al expediente, y serán debatidos en el juicio oral, cuya fecha será fijada por el despacho judicial competente.

El antecedente en la investigación por abuso sexual al sacerdote Manuel Cely Silva: ocurrió en el colegio San Carlos

Un informe por parte del portal Casa Macondo señaló a finales de septiembre de 2026 que la Secretaría de Educación de Bogotá sancionó al Colegio San Carlos por no activar de manera adecuada el protocolo de atención ante una denuncia de presunta violencia sexual contra un estudiante de seis años.

La medida corresponde a una amonestación pública que deberá permanecer expuesta durante cinco días hábiles en un lugar visible de la institución y de la Dirección Local de Educación.

La decisión quedó consignada en la Resolución 093 de la Dirección de Inspección y Vigilancia. El acto administrativo se relaciona con la denuncia presentada por la familia de un alumno, que señaló al sacerdote benedictino Manuel Cely Silva, prior del Monasterio de Tibatí y presidente del consejo directivo del colegio, como presunto responsable de hechos de violencia sexual.

Cely Silva fue imputado por la Fiscalía en diciembre de 2024. En ese entonces el sacerdote no aceptó los cargos.

La Secretaría de Educación identificó fallas en la activación de la ruta de atención

La autoridad distrital centró su evaluación en las actuaciones de la institución educativa después del 11 de agosto de 2023, fecha en la que los padres del niño llevaron a la rectoría un informe de una psicóloga externa.

Según la resolución, desde ese momento el colegio debía activar una ruta de atención “inmediata, integral y completa”. Por lo anterior, desde la Secretaría se concluyó que la institución incurrió en tres fallas principales.

La primera se relaciona con la obtención de información sobre lo ocurrido. El San Carlos revisó antecedentes médicos y pedagógicos del estudiante, pero, de acuerdo con la decisión administrativa, no profundizó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar planteadas por la familia.

La entidad señaló que el colegio no entrevistó al niño, decisión que debía respetar criterios para evitar su revictimización. No obstante, también indicó que no se entrevistó al presunto agresor, a docentes cercanos al estudiante ni a compañeros mencionados en el informe psicológico.

La resolución añade que tampoco se verificaron los lugares frecuentados por el alumno durante los descansos ni se revisaron las cámaras de seguridad de los espacios donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

La segunda irregularidad identificada por la Secretaría se refiere a la falta de remisión de la familia a servicios de apoyo psicosocial. Según el documento, el colegio consideró que el niño ya recibía terapia privada y que sus padres lo habían retirado de la institución.

Para la autoridad educativa, esa atención particular no reemplazaba el deber del establecimiento de activar sus propios mecanismos institucionales de acompañamiento.

El tercer punto corresponde a medidas de prevención, al precisar que en una reunión del Comité de Convivencia del 11 de septiembre de 2023, el rector habría propuesto la creación de un equipo de trabajo.

Sin embargo, la Secretaría indicó que no encontró soportes que demostraran la existencia o funcionamiento de ese grupo.

El colegio también informó sobre capacitaciones y la eventual contratación de una firma especializada. No obstante, la resolución concluyó que los documentos entregados, como diapositivas, lecciones y constancias, no incluían listas de asistencia, firmas ni registros que permitieran verificar la realización de esas actividades.

La Secretaría clasificó el caso como una situación tipo III, categoría reservada para hechos que pueden constituir presuntos delitos.

El documento señala que los relatos atribuidos al menor permiten inferir, en grado de presunción, conductas que podrían corresponder a acceso carnal abusivo por vía oral.

La amonestación pública es la primera sanción prevista en la ley

La medida impuesta al Colegio San Carlos es la primera de las sanciones contempladas en el artículo 36 de la Ley 1620 de 2013.

Las escalas siguientes incluyen la publicación de la sanción en un medio de alta circulación, la clasificación de la institución en régimen controlado de matrículas y, en el nivel más alto, la cancelación de la licencia de funcionamiento.

La resolución identifica al colegio como una institución propiedad del Monasterio Benedictino de Tibatí y señala que su representación legal está a cargo de Manuel Cely Silva, mientras Juan Fernando Corral Strassmann figura como rector.

Ese punto generó cuestionamientos porque las directivas del colegio habían sostenido que el sacerdote fue apartado de sus funciones. Sin embargo, el documento administrativo mantiene su nombre como representante legal de la institución.

En qué iba el caso penal tras la discusión judicial

El proceso penal tuvo cambios mientras avanzaba el trámite administrativo. La fiscal que consiguió la imputación contra Cely Silva fue separada del caso y su reemplazo, el fiscal William Giovanny Ángel Moreno, solicitó anular la imputación ante el Juzgado 65 Penal del Circuito.

La procuradora María Yazmín Cruz Mahecha se opuso a esa solicitud, y el juez Carlos Rafael Masmela Andrade debía resolver el pedido, pero la audiencia fue aplazada y quedó programada para el 8 de octubre.

Además, la Fiscalía adelanta una investigación contra Ángel Moreno por su solicitud de nulidad y por una presunta omisión de elementos que respaldarían el testimonio del menor.

La fuerza pública registró 318 ataques con drones en Colombia entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, un promedio de un hecho cada 20 horas. Así lo reveló un análisis publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El informe advierte que los grupos armados ilegales (como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otros) han convertido tecnologías comerciales de bajo costo en una herramienta para vigilar, atacar y ejercer control territorial.

Desde 2023 y hasta el 1 de octubre de 2026, se contabilizaron 716 acciones con estos artefactos. Agosto fue el mes con mayor número de hechos, con 56 ataques, y los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron el 71% de los casos documentados.

Desde la FIP se atribuye el 95% de los ataques a dos organizaciones: el Estado Mayor Central (EMC), lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, con el 72%; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya comandante del Frente de Guerra Nororiental Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, fue declarada objetivo de alto valor por De la Espriella, con el 23%.

El análisis detalló que las estructuras armadas emplean drones para lanzar explosivos, obtener información sobre movimientos de la fuerza pública y vigilar comunidades y zonas de interés económico.

Los ataques contra el radar de Candelaria y una estación de Policía muestran el alcance de la amenaza

La fundación citó dos episodios recientes para ilustrar la expansión de esta modalidad. El 16 de septiembre de 2026, tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura asociada al EMC, impactaron semanas atrás el radar aeronáutico 3D de Candelaria, Valle del Cauca. El equipo hace parte de un proyecto valorado en más de $370.000 millones, orientado a mejorar la cobertura y la seguridad aérea del país. Por otro lado, el 5 de octubre, otro dron fue utilizado para atacar una estación de Policía en Aguachica, Cesar.

Para la FIP, estos hechos reflejan una ofensiva que busca disputar al Estado el control del espacio aéreo. Los ataques ya no se limitan a posiciones militares ubicadas en zonas rurales, y ahora también alcanzan infraestructura estratégica y centros urbanos o semiurbanos.

El primer ataque con explosivos mediante un dron en Colombia fue registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, y fue atribuido a los Comandos de la Frontera, y cuyo cabecilla Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue extraditado a los EE. UU. el viernes 25 de septiembre por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La modalidad se consolidó después, con 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. En enero de 2026, el frente Carlos Patiño del EMC utilizó por primera vez drones kamikaze contra la Fuerza Pública en Patía, Cauca, de acuerdo con el informe.

El EMC y el ELN ampliaron sus capacidades para atacar a distancia: ventajas para los grupos armados

El EMC aparece como la organización con mayor número de hechos desde 2023, con 512 ataques atribuidos. Entre las estructuras señaladas están los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Franco Benavides.

El ELN, por su parte, pasó de 36 ataques durante 2025 a 132 en lo corrido de 2026. Por este motivo, desde la fundación se advierte que la incorporación de drones a los planes armados de estas organizaciones les ofrece ventajas operativas frente a la Fuerza Pública y a grupos rivales.

Los dispositivos permiten verificar la seguridad de campamentos, identificar rutas, observar movimientos de autoridades y población civil, ubicar áreas de minería ilegal o cultivos de uso ilícito y apoyar labores de extorsión.

Además, la formación de un operador de drones requiere menos tiempo que el entrenamiento de un combatiente. Los grupos pueden realizar ataques sin exponer directamente a sus integrantes, con equipos que tienen costos relativamente bajos frente al daño potencial que pueden causar.

La FIP citó un mensaje atribuido a “Iván Mordisco”, en el que se plantea que un dron cuyo valor comercial puede llegar a valer $36 millones podría fabricarse por cerca de $6 millones y cargarse con explosivos.

Los drones con fibra óptica dificultan la respuesta estatal

El Ministerio de Defensa ha informado que durante 2025 detectó cerca de 9.000 intentos de ataque y logró inhibir alrededor del 96%. Sin embargo, el informe de la FIP aseveró que el porcentaje restante es suficiente para causar daños a personas e infraestructura.

La mayor preocupación está relacionada con la aparición de drones guiados por fibra óptica. Estos sistemas transmiten la señal a través de un cable, por lo que no dependen de radiofrecuencias y no pueden ser neutralizados mediante inhibidores convencionales.

El acceso a estos equipos se ha ampliado por la oferta global de tecnología comercial y por los aprendizajes derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según el informe, grupos armados ilegales habrían enviado personas a capacitarse en Venezuela y, más recientemente, habrían creado escuelas propias de operadores en Colombia.

También existirían casos de formación en academias legales, contratación de instructores con experiencia en Ucrania o envío de integrantes a ese país para aprender técnicas de operación y adaptación de drones.

Los ataques con drones dejaron 487 personas afectadas desde 2024

Desde 2024, los ataques con drones han afectado a 487 personas, según las cifras recopiladas por la FIP. Entre la población civil se registraron 55 heridos y seis muertos. Por su parte, entre los miembros de la fuerza pública, el balance es de 401 heridos y 25 fallecidos.

El impacto no se limita a las víctimas directas. El informe menciona desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y obstáculos para actividades cotidianas en comunidades que viven bajo vigilancia de grupos armados.

Mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre los efectos para niños, mujeres y comunidades étnicas. También han destacado riesgos para misiones humanitarias y para el acceso a educación en zonas afectadas por el conflicto.

Qué debería hacer el gobierno De la Espriella: la FIP pide priorizar a instructores y proveedores

El Estado activó en 2025 (durante la administración de Gustavo Petro) el primer Batallón Antidrones del país y restringió la entrada de partes para fabricar estos equipos a los puertos de Cartagena y Bogotá.

En 2026, el gobierno Petro también presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en $6,7 billones, cuya primera fase tendría una inversión aproximada de $1,1 billones.

La FIP considera necesarias esas medidas, pero sostiene que desde el gobierno de De la Espriella debe complementarse con acciones dirigidas a los nodos que sostienen la capacidad operativa de los grupos armados. Entre ellos menciona a instructores, proveedores de equipos, redes de abastecimiento y personas encargadas de adaptar la tecnología.

La fundación también planteó dos prioridades inmediatas: llevar capacidades antidrones a las unidades más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, que suelen ser las más afectadas, y establecer protocolos de autoprotección para comunidades expuestas a este tipo de ataques.

Todo se generó a raíz de la divulgación de fragmentos de audiencias en las que el otrora líder de las Farc compareció ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El intercambio se produjo después de que Posada difundiera videos de diligencias en los que Londoño aparece riéndose junto con magistrados.

Por tal motivo, la congresista cuestionó el desarrollo de esas sesiones y sostuvo que las imágenes evidenciaban una actitud incompatible con la gravedad de los hechos examinados por el tribunal.

“La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, respondió Londoño a través de sus redes sociales. El exjefe guerrillero afirmó que la publicación de esos contenidos buscaba afectar las actuaciones judiciales y el modelo de sanciones restaurativas de la JEP.

Por este motivo, Gómez publicó un video con un mensaje desde su cuenta de X, y destacó de manera vehemente: “‘Timochenko’, lo que es con María Clara es conmigo”.

En la parte final de su mensaje, Gómez le declaró a Londoño: “No vamos a seguir permitiendo que se les lave la cara con el dinero de todos los colombianos.”

Posada cuestionó videos de las audiencias ante la JEP

La senadora publicó apartes de una audiencia en la que intervino Londoño y criticó la actitud de los participantes.

“Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, escribió Posada desde su perfil en X.

Después, Posada afirmó que recibió el material de una fuente anónima, y cuestionó que las diligencias fueran manejadas bajo reserva y planteó críticas sobre los recursos destinados al funcionamiento de la jurisdicción.

La congresista agregó que, a su juicio, el desarrollo de las audiencias no refleja un sometimiento efectivo de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Sus cuestionamientos se extendieron a fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad realizada por Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. Las imágenes muestran al excomandante con un machete mientras limpia vegetación de bambú alrededor del camposanto.

La actividad formó parte del inicio del cumplimiento de una sanción propia impuesta por hechos cometidos durante el periodo en que Londoño dirigió las Farc.

Londoño habló de riesgos para la verdad judicial y los comparecientes

En su respuesta, “Timochenko” sostuvo que la divulgación de fragmentos reservados puede afectar “la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas”.

Sumado a lo anterior, Londoño destacó que la publicación podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes ante la JEP incluidos integrantes de la fuerza pública que participan en los casos abiertos por el tribunal.

“Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes”, añadió Londoño.

El excomandante vinculó el intercambio con los pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro sobre la continuidad de la JEP.

Petro destacó que el tribunal debe mantenerse mientras persista el conflicto armado en Colombia y recuperar facultades previstas en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Londoño respaldó esa postura y señaló que existen sectores políticos que, según él, buscan impedir que se conozca toda la verdad sobre las responsabilidades durante el conflicto.

La senadora mantiene críticas al modelo de sanciones restaurativas

El cruce de mensajes continuó y Posada respondió a Londoño. Además, le reiteró sus reparos sobre las audiencias y las actividades restaurativas.

La congresista cuestionó que una persona investigada por crímenes cometidos durante el conflicto armado cumpla parte de su sanción con labores en el cementerio de Pitalito.

“La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos”, destacó Posada.

Posada también ha planteado denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación de sedes de la jurisdicción, incluidos cuestionamientos al edificio que ocupa la entidad en el norte de Bogotá y a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

Los carteles de droga de América Latina estarían preparando el uso de submarinos no tripulados con explosivos para transportar cocaína hacia Europa, según una investigación publicada por The Telegraph, y basada en alertas de inteligencia militar y un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (Cmcon, por sus siglas en inglés).

Las embarcaciones, conocidas como narcosubmarinos, podrían ser configuradas para navegar de manera autónoma y detonar si fuerzas policiales o militares intentan abordarlas. El propósito sería destruir la carga, impedir el hallazgo de pruebas y dificultar el rastreo de los astilleros clandestinos donde son fabricadas.

El informe plantea que estas naves podrían convertirse en un método relevante para mover cocaína desde Colombia hacia la península ibérica.

Sin embargo, el transporte marítimo en contenedores sigue siendo la modalidad principal para enviar droga hacia Europa.

Los narcosubmarinos podrían usar sistemas de navegación satelital

Las organizaciones criminales han incorporado tecnologías comerciales de navegación, comunicación satelital y sensores a embarcaciones construidas en astilleros ocultos en la costa colombiana.

Entre los equipos que habrían sido detectados figuran antenas del sistema Starlink, GPS, cámaras de vigilancia y enlaces satelitales. Sumado a esto, las organizaciones buscan que las embarcaciones sigan rutas programadas y respondan a obstáculos sin necesidad de llevar tripulación.

En el mismo informe del diario británico, se menciona que el 2 de julio de 2025 la Policía de Colombia encontró frente a Santa Marta una embarcación equipada con GPS, dos antenas Starlink, un sistema satelital y dos cámaras.

El vehículo no transportaba droga y habría sido utilizado como prueba de navegación. Su capacidad estimada era de 1,5 toneladas de cocaína y podía recorrer más de 800 millas náuticas sin reabastecimiento.

Fuentes de inteligencia citadas por el mismo medio sugieren que las estructuras criminales buscarían contratar ingenieros del mercado ilegal para adaptar equipos de navegación autónoma adquiridos en Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, también se destacó que, si aumentan los controles sobre estos sistemas, los grupos podrían recurrir a tecnologías satelitales de origen chino.

Las embarcaciones tendrían capacidad para transportar hasta nueve toneladas

Los narcosubmarinos son construidos con materiales livianos como fibra de vidrio, madera y fibra de carbono. Su longitud puede oscilar entre 12 y 30 metros, y algunos modelos tendrían capacidad para llevar hasta nueve toneladas de cocaína en un solo viaje.

Las estructuras suelen estar pintadas con tonalidades que se confunden con el mar y navegan cerca de la superficie para reducir las posibilidades de detección. Por su parte, las salidas de los tubos de escape, reciben recubrimientos para dificultar su identificación mediante cámaras térmicas.

Una vez que las embarcaciones llegan a cercanías de la costa de España, lanchas rápidas recogerían los paquetes con droga para trasladarlos a tierra.

El informe especial también menciona puntos de escala en Guinea-Bisáu, Sierra Leona y Mauritania (África), donde las cargas podrían ser transferidas a otros barcos antes de continuar hacia Europa.

La ruta final tendría como destinos principales puertos como Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. Desde esos puntos, la cocaína sería distribuida mediante organizaciones criminales italianas, albanesas y de los Balcanes, según la investigación.

El Clan del Golfo y otras organizaciones estarían vinculados con la red

El informe del Cmcon agrega que varias organizaciones criminales de América Latina habrían establecido una red para financiar, fabricar y trasladar las embarcaciones desde Colombia hacia Europa.

Uno de estos grupos armados ilegales, y una de las organizaciones criminales de alto valor para el presidente Abelardo de la Espriella, es el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), tendría un papel en la provisión de cocaína y en la creación de una red de astilleros clandestinos ubicados en estuarios y ríos colombianos.

En los últimos siete años, las autoridades habrían identificado 31 astilleros en un tramo de cerca de 900 kilómetros, desde la frontera con Ecuador hasta Panamá. La vegetación de selva y manglar dificultaría la ubicación de estas instalaciones mediante imágenes satelitales.

El reporte también menciona a disidencias de las Farc como responsables de proteger algunos de esos puntos de construcción.

La falta de tripulación reduciría el riesgo de filtraciones

Jennifer Scotland, investigadora del Real Instituto de Servicios Unidos (Rusi, por sus siglas en inglés), precisó que la ausencia de personas a bordo reduce la posibilidad de capturas e interrogatorios que permitan a las autoridades obtener información sobre la red.

“La eliminación de personal implica que no hay nadie en estas embarcaciones que pueda ser capturado e interrogado”, explicó Scotland al mismo diario.

La falta de tripulación también libera espacio para aumentar la carga útil, dado que no es necesario destinar áreas a alimentos, agua o descanso.

Esta combinación podría facilitar el traslado de grandes volúmenes de cocaína.

Además, desde el Cmcon se detalló que el riesgo de narcosubmarinos con explosivos requiere monitoreo permanente por parte de los Estados y las Fuerzas Militares.

Las autoridades advierten sobre una amenaza en evolución con las redes de narcotráfico

Desde 1993, cuando se detectó el primer semisumergible ilegal cerca de Providencia (Colombia), las autoridades han interceptado 351 embarcaciones de este tipo.

No obstante, las posiciones desde la Rusi y el Cmcon muestran que el número real de naves utilizadas por las redes de narcotráfico puede ser más alto.

Por ejemplo, en enero de 2026, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido participó en la incautación de un narcosubmarino con nueve toneladas de cocaína cerca de las Azores (Portugal). La entidad indicó que conoce la amenaza y que mantiene vigilancia sobre la evolución de estas embarcaciones.

El reporte advierte que el uso de tecnologías comerciales para fines ilegales puede ampliar las capacidades de los carteles, incluidos los mexicanos, además de otras redes que han visto su ‘mina de oro’ en Latinoamérica, como las albanesas e italianas.

La polémica alrededor de los estudios universitarios por parte de la ministra de Cultura Paola Holguín tiene un nuevo capítulo.

La exsenadora del Centro Democrático se pronunció públicamente luego de que la congresista Jennifer Pedraza confirmara que la líder de cartera cultural no cuenta con un título de maestría en Estudios Políticos, en la que también reveló la respuesta a un derecho de petición hacia el alma mater de la funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella: la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

Por medio de un mensaje que compartió pasado el mediodía del jueves 8 de octubre desde su cuenta de X, Holguín salió a responderle a Pedraza, y de paso aclaró qué fue lo que ocurrió con su cartón.

“Si soy buena o mala Ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible (sic)”, inicia la réplica de la ministra hacia la senadora de Dignidad y Compromiso.

En un segundo punto, Holguín precisó que “en todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos”, y tal y como señaló la respuesta del derecho de petición que divulgó Pedraza, la funcionaria confirmó que no se graduó.

“NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, destacó la líder de la cartera de Cultura.

Al final, Holguín le lanzó una pulla a Pedraza y concluyó: “Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático”.

Sumado a lo anterior, la ministra compartió un certificado de la UPB en el que se constata que completó el plan de estudios del programa de maestría, y hasta presentó su trabajo de grado titulado Hacia una definición estratégica del terrorismo.

Qué señaló la respuesta oficial por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) aclaró que la ministra de Cultura, Paola Holguín, cursó y aprobó las asignaturas de la Maestría en Estudios Políticos, pero no recibió el título académico correspondiente (similar a lo que expresó la ministra en su respuesta).

La precisión motivó cuestionamientos de la senadora Pedraza, que pidió explicaciones sobre la información divulgada en perfiles institucionales y publicaciones oficiales.

La controversia surgió después de una respuesta de la UPB a un derecho de petición presentado por Pedraza. Según el documento citado en el informe, la universidad confirmó que Holguín es egresada de Comunicación Social y Periodismo, pero precisó que no le otorgó el título de magíster.

“Respecto de la Maestría en Estudios Políticos, no se adjunta acta de grado, por cuanto la Universidad Pontificia Bolivariana no ha otorgado a la señora Paola Andrea Holguín Moreno el título de Magíster en Estudios Políticos”, señala la respuesta mencionada.

La UPB confirmó que Holguín aprobó las materias de la maestría

El comunicado de la Universidad Pontificia Bolivariana, divulgado el miércoles 7 de octubre, indicó que la ministra designada cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas incluidas en el programa académico.

La aclaración se produjo luego de que Pedraza solicitara información sobre los títulos otorgados a la exsenadora del Centro Democrático.

Entre los requerimientos figuraba una copia del título de maestría, que no fue entregada porque, según la universidad, no existe un acta de grado correspondiente.

La senadora cuestionó publicaciones que mencionaban la maestría y criticó a Holguín tras conocer la respuesta de la UPB.

Pedraza afirmó que la ministra se ha presentado como magíster en Estudios Políticos en publicaciones personales y oficiales.

“La señora Paola Holguín, aparte de mala ministra, es una mentirosa”, escribió la congresista en sus redes sociales. Esa es una valoración de Pedraza y no una determinación judicial ni administrativa.

La parlamentaria sostuvo que, mientras documentos publicados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) no incluirían el posgrado, otras publicaciones sí harían referencia a la maestría.

Pedraza también cuestionó una publicación de la Universidad Pontificia Bolivariana del 18 de julio de 2026, divulgada tras la designación de Holguín como ministra de Cultura, las Artes y los Saberes.

El mensaje institucional felicitaba a la exsenadora y mencionaba su formación en Comunicación Social y Periodismo y en la Maestría en Estudios Políticos.

El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella y el candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro abordaron la cooperación contra el narcotráfico, el endurecimiento de las políticas de seguridad, el control de puertos y fronteras, y una eventual coordinación bilateral en caso de que el aspirante de derecha llegue a la Presidencia de Brasil.

La conversación se transmitió en la tarde del miércoles 7 de octubre a través del canal de YouTube de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato y miembro de su equipo de campaña.

El diálogo ocurrió después de la primera vuelta presidencial en Brasil, celebrada el domingo 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, que sumó 53.879.538 votos.

Durante la charla, ambos dirigentes coincidieron en calificar a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal como grupos terroristas o narcoterroristas. También plantearon que esa clasificación permitiría ampliar los mecanismos de cooperación regional y financiera contra estas estructuras.

Flávio Bolsonaro propuso declarar terroristas al PCC y al Comando Vermelho

El candidato brasileño afirmó que, si gana la segunda vuelta, buscará declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias que operan en Brasil, a lo que De la Espriella avaló dicho anuncio.

Según Bolsonaro, esa decisión facilitaría el intercambio de información y acciones conjuntas con Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros países de la región.

El aspirante a la Presidencia sostuvo que su propuesta incluye la creación de 500 mil plazas carcelarias y una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra integrantes de estructuras criminales.

“Quienes caminarán con miedo por la calle serán los criminales”, afirmó Bolsonaro, al referirse a su propuesta de seguridad.

El aspirante de derecha también planteó integrar las fuerzas armadas, las policías estatales y las entidades de inteligencia para reforzar la vigilancia de fronteras, puertos y corredores utilizados para el tráfico de drogas.

Bolsonaro mencionó el puerto de Santos como uno de los puntos que buscaría intervenir con tropas de élite de la Marina y nuevas herramientas tecnológicas. Según su planteamiento, el objetivo sería reducir la salida de cargamentos de cocaína desde Brasil hacia otros mercados.

De la Espriella defendió la clasificación de grupos como narcoterroristas y defendió lo hecho durante su gestión

El presidente colombiano afirmó que, al comenzar su Gobierno, ordenó tratar bajo una misma categoría a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y los homicidios.

“Estamos completamente de acuerdo y tenemos la misma visión. Cuando llegué al gobierno de Colombia, los distintos grupos narcoterroristas se definían con una serie de siglas y de manera diferente. Y dije a la fuerza pública y a mis ministros: ‘Lo primero que tenemos que hacer es entender que todos estos grupos son narcoterroristas: los que trafican drogas, los que practican minería ilegal, como ocurre en Brasil, los que extorsionan, los que asesinan, los que secuestran, porque todo ese dinero alimenta el narcoterrorismo con el que asesinan a nuestros policías, nuestros soldados y nuestros ciudadanos. Lo primero es catalogarlos como lo que son: terroristas, narcoterroristas”, sostuvo De la Espriella.

El mandatario señaló que esa clasificación permite aplicar “toda la fuerza legítima del Estado” dentro del marco del Estado de derecho, y expresó respaldo a la propuesta de Bolsonaro de fortalecer las penas y la capacidad operativa de las autoridades brasileñas.

Durante la transmisión, los dos dirigentes realizaron cuestionamientos a los gobiernos anteriores de Colombia y Brasil (en cabeza de Gustavo Petro y Lula Da Silva).

“Eso es lo que debe producir en los delincuentes un gobierno que aplica la ley: terror, pánico. Cuando los delincuentes se alegran por lo que hace un gobierno es porque están asociados con el gobierno. Y ellos tienen miedo de que tú seas presidente de Brasil porque saben que vas a aplicar la ley con total determinación”, le contestó De la Espriella a Bolsonaro.

Seguido a lo anterior, el presidente añadió: “Y en esto tenemos que ser claros. Yo no soy político. Tengo que hacer todo lo que corresponda para ayudar a mi país, pero también quiero que les vaya bien a nuestros vecinos y solamente les puede ir bien a los países vecinos y al hemisferio si la seguridad es una política de Estado y si hay una persecución frontal contra los delincuentes, que es la que propones tú y la que hizo en su momento el presidente Jair Bolsonaro”.

Seguridad, puertos y fronteras estuvieron entre los temas centrales

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el control de los puertos. Bolsonaro aseguró que reforzaría la vigilancia del puerto de Santos, mientras De la Espriella afirmó que su administración ya adoptó medidas en terminales marítimas colombianas.

El presidente colombiano indicó que integró capacidades de inteligencia de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sumado a esto, De la Espriella expresó que se fortalecieron controles en los puertos, que describió como corredores relevantes para la salida de droga.

El jefe de Estado añadió que algunas direcciones de aduanas quedaron en manos de mujeres vinculadas con la Armada, sometidas a controles periódicos con polígrafo.

El mandatario planteó que cerrar los puertos a las redes criminales permitiría reducir su capacidad para exportar cocaína, una modalidad que cada vez más toma fuerza y a la que las redes de narcotráfico pulen detalles técnicos en pro de evadir los controles por parte de las autoridades.

Bolsonaro, por su parte, propuso establecer una cooperación para capturar e intercambiar información sobre personas requeridas por la justicia de ambos países. Dijo que si un ciudadano colombiano vinculado con delitos se encuentra en Brasil, buscaría detenerlo y entregarlo a las autoridades colombianas.

El presidente colombiano respondió que una reunión bilateral permitiría estrechar la cooperación entre los dos países.

Asimismo, De la Espriella aclaró que no asistiría a una eventual investidura de Bolsonaro porque prometió no salir de Colombia durante su mandato, pero expresó disposición para un encuentro institucional posterior.

El candidato brasileño elogió la política de seguridad de Colombia

Flávio Bolsonaro destacó las acciones del Gobierno colombiano contra organizaciones armadas y redes de narcotráfico que dispuso apenas asumió de manera oficial el cargo como presidente el viernes 7 de agosto de 2026.

En particular, el candidato brasileño le preguntó a De la Espriella por la extradición a EE. UU. de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos armados ilegales que hace de las suyas en zonas que conectan a Colombia y Ecuador.

El presidente afirmó que destrabó el proceso de extradición del designado gestor de paz, luego de que el trámite hubiera sido suspendido durante el Gobierno Petro.

En otro momento, De la Espriella defendió la actuación de la fuerza pública frente a integrantes de organizaciones armadas y afirmó que los delincuentes que no se sometan a la justicia serán enfrentados por el Estado dentro de los parámetros legales.

La conversación finalizó con referencias religiosas y con mensajes de respaldo mutuo. Ambos dirigentes se definieron como cristianos y coincidieron en describir la seguridad como una prioridad para Colombia, Brasil y otros países del continente.

Tal y como ocurrió durante la administración de Gustavo Petro con el caso de Juliana Guerrero (escándalo de títulos falsos de la Fundación Universitaria San José), la congresista Jennifer Pedraza volvió a dar de qué hablar luego de que confirmó algo que venía investigando semanas atrás relacionado con la formación académica de una funcionaria del Gobierno nacional: que la ministra de Cultura designada por Abelardo de la Espriella, la exsenadora Paola Holguín, no cuenta con título de maestría.

Así lo señaló la senadora de oposición por Dignidad y Compromiso (Coalición Centro Esperanza), que por medio de una publicación soportada con documentos, anunció la mañana del jueves 8 de octubre el hallazgo, sumado con el comunicado de prensa por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), emitido la tarde del miércoles 7 de octubre, y en el que se aclaró que Holguín si es egresada de la facultad de Comunicación Social y Periodismo.

No obstante, más adelante se detalla en el mismo documento que la hoy ministra (y que figura con la especialidad en su hoja de vida) “con la Maestría en Estudios Políticos, cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente”.

Por lo anterior, Pedraza aprovecho la situación para cuestionar a la exsenadora del Centro Democrático: “La señora @PaolaHolguin, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como Magister en Estudios Políticos pero, según la información que me entregó la misma @upbcolombia, no le ha otorgado ese título”.

La arremetida de la congresista fue más allá al cuestionar la acción por parte de Holguín. “¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí“.

Por lo anterior, Pedraza aseguró que, “de no ser por que pedimos formalmente la info, seguirían viéndonos la cara”.

La senadora aprovechó la ocasión y de paso lanzó señalamientos contra el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella.

“¿Dónde quedó la ‘extrema coherencia’? El título de la ministra Holguín, al igual que el ‘banco de talentos’, es una farsa. El mérito sometido a la Palanca y el arribismo como sello de este Gobierno", sentenció al final de su publicación Pedraza.

La publicación en redes sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana

El origen de los cuestionamientos por parte de Pedraza surgieron luego de una publicación hecha en el perfil de Instagram de la UPB el 18 de julio de 2026, luego de conocerse la designación de Holguín para liderar la cartera de Cultura por parte del presidente De la Espriella.

Por tal motivo, ese día se compartió una imagen acompañado de un mensaje por parte de la institución universitaria en la que se reconoció a su egresada y se detalla que la hoy ministra cuenta con el título de maestría.

“Felicitamos a nuestra egresada Paola Holguín Moreno por ser designada como Ministra de Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia. Su formación en Comunicación Social-Periodismo y en la Maestría en Estudios Políticos nos recuerda que la educación es puente para servir”, menciona un fragmento de la publicación.

Esto llevó a que Pedraza solicitara información sobre la información académica sobre títulos expedidos de Holguín al mismo claustro mediante un derecho de petición.

Dentro de los cinco requerimientos por parte de la senadora, se pidió una copia del título de maestría, el cual no se entregó por parte de la UPB en su respuesta oficial.

“Respecto de la Maestría en Estudios Políticos, no se adjunta acta de grado, por cuanto la Universidad Pontificia Bolivariana no ha otorgado a la señora PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO el título de Magíster en Estudios Políticos”, detalla el documento.

De momento, la ministra Holguín no se ha pronunciado de manera oficial luego de la aclaración que hizo la UPB en sus redes sociales, y tras la respuesta al derecho de petición que hizo Pedraza.

La Contraloría General de la República requirió a Emcali (Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.) la documentación completa del proceso de licitación del alumbrado público de Cali, valorado en aproximadamente $452.711 millones.

La decisión se conoció luego de una denuncia formal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver) por presuntas irregularidades que podrían afectar el patrimonio público y las tarifas que pagarán los usuarios durante los próximos 20 años.

El ente regulador notificó el requerimiento mediante el oficio 2026EE0214301 del 7 de octubre de 2026, dirigido al gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero.

El organismo solicitó el expediente precontractual completo, el estado actual del proceso y todas las actuaciones relacionadas con la Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026, con un plazo de respuesta de tres días hábiles.

El contrato tiene vigencia proyectada hasta 2045 y afectará directamente las tarifas de alumbrado público de propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales en Cali.

La Red Ver alertó sobre una situación que podría dejar el proceso con un único oferente habilitado: de las tres propuestas presentadas al cierre del 25 de septiembre, una podría ser excluida porque el último correo electrónico vinculado a esa oferta habría llegado aproximadamente cinco minutos después del horario límite de cierre, las 4:30 p. m..

Las condiciones del proceso en Emcali, bajo cuestionamiento

El mecanismo de recepción de ofertas es uno de los ejes de la denuncia. En el documento oficial se dispuso que las propuestas se enviaran por correo electrónico, y no a través del módulo transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que la Red Ver señala como una anomalía de procedimiento.

Para determinar la validez de la oferta en cuestión, la veeduría considera necesario revisar los registros electrónicos (logs), la hora exacta de envío y recepción, la integridad de los archivos, su cadena de custodia digital y si los documentos recibidos fuera de término tenían carácter sustancial o podían subsanarse.

Si la exclusión se confirma, el proceso avanzaría con un único proponente habilitado, lo que la Red Ver vincula directamente con el uso de un llamado “pliego sastre”: un pliego de condiciones cuyas exigencias habrían restringido la participación.

La veeduría también cuestionó los requisitos de experiencia, el número de luminarias exigido y los perfiles profesionales solicitados.

En el caso de Emcali, además de la Contraloría, también intervino la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación también ejerce control preventivo sobre el proceso. Según la Red Ver, el organismo formuló requerimientos y recomendaciones a EMCALI desde el 28 de septiembre, es decir, más de una semana antes de la intervención de la Contraloría.

Las tres ofertas fueron publicadas junto con el informe preliminar de evaluación, pero la veeduría sostiene que esa publicación no despeja las dudas sobre las condiciones en que las propuestas fueron recibidas, custodiadas y evaluadas.

Ante la confluencia de cuestionamientos y la intervención de dos organismos de control, la Red Ver solicitó formalmente la suspensión del proceso hasta que se aclaren los hechos y se completen las verificaciones.

La organización pidió en específico que no se produzca ninguna adjudicación mientras persistan las dudas sobre la igualdad de condiciones entre los oferentes y la recepción de las propuestas.

“La Contraloría ya está requiriendo a EMCALI el expediente y la información del proceso por posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público”, indicó la veeduría en el comunicado, y se concluyó que “por la magnitud del contrato, consideramos indispensable que se esclarezcan estos hechos antes de cualquier adjudicación”.

Procuraduría ya le tenía puesta la lupa al gerente general de Emcali

El 29 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente a dos funcionarios por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de alumbrado público en Cali.

La medida recayó en Roger Mina Carbonero, gerente general de Emcali, y en José David Insuasti Avendaño, gerente de la Unidad Estratégica de Negocios.

La suspensión provisional fue de tres meses. Durante ese periodo, la Procuraduría revisó las condiciones del negocio jurídico, la documentación disponible, las actividades relacionadas y la participación de las personas involucradas.

La medida se tomó evitar una posible reiteración de las conductas investigadas, la intervención de los funcionarios en otros procesos contractuales o el incumplimiento de las normas aplicables.

El expediente analizó la selección de un aliado estratégico para prestar el servicio durante 20 años, y por el que ahora la Contraloría aperturó la indagación.

Miguel Uribe Londoño calificó la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay como “un crimen de Estado” y señaló al expresidente Gustavo Petro de tener conocimiento del autor intelectual del asesinato contra el exsenador de la república.

Las afirmaciones fueron realizadas durante un acto de reconocimiento al excandidato presidencial, celebrado en el norte de Bogotá la tarde del miércoles 7 de octubre, donde se llevó a cabo el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, y en el que el excandidato presidencial fue uno de los panelistas.

Uribe Londoño, sostuvo que su hijo representaba un obstáculo para los intereses políticos de Petro y de personas cercanas a él.

“Gustavo Petro sabe quién mató a Miguel Uribe Turbay”, afirmó Uribe Londoño durante el evento, en el que participaron el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Uribe Londoño señaló a Petro por la falta de protección

El padre del excandidato sostuvo esa misma tarde del miércoles, pero en entrevista con Blu Radio, que a Miguel Uribe Turbay se le habría negado protección y calificó el hecho como un “crimen de Estado”.

Según su intervención, los responsables habrían considerado que silenciar a su hijo facilitaría la continuidad de actividades que él denunciaba. Uribe Londoño afirmó que Petro habría instigado el asesinato y que conocía a las personas involucradas.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, aseveró durante el evento el dirigente político, designado por De la Espriella para ocupar el cargo de embajador de Colombia ante el Reino Unido.

Mientras que en la charla radial, y cuando se le volvió a preguntar sobre cómo asocia al expresidente con el magnicidio de su hijo, Uribe Londoño arremetió de nuevo contra el exmandatario, y hasta recordó algunos mensajes que compartió Petro desde su cuenta de X, en los que, según él, mostraba su incomodidad con Uribe Turbay, que en ese momento ejercía una férrea labor como líder de la oposición desde el Congreso, y que lo llevó a lanzarse como precandidato presidencial del Centro Democrático.

“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen. Él se pasó durante mucho rato instigando para que a Miguel lo asesinaran. ‘Miguel es el nieto de un expresidente que torturó a diez mil personas’; ‘El senador Miguel Uribe debe desaparecer’; ”Tienen que desaparecer todos los senadores que votaron en contra de la consulta popular’; ¿Todo eso qué? Eso no se puede quedar así en nada. Y esos son tres trinos de 42. Entonces, él es el instigador del crimen. Petro sabía que iban a matar a Miguel y Petro sabe quién lo mató“, expuso el exsenador.

Miguel Uribe Londoño señaló que Gobierno Petro veía a Miguel Uribe Turbay como un duro adversario para las elecciones presidenciales

Sobre los aparantes motivos por los que señala a Petro, él añadió: “La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!“

De acuerdo con el mismo Uribe Londoño, su hijo “le estaba haciendo la vida muy difícil a Petro porque era el líder de la oposición y él estaba contándole a Colombia entera todo lo que las bestialidades que hacían en esa presidencia entre crímenes y corrupción”.

Incluso, el exconcejal de Bogotá expresó que desde el Gobierno Petro “tenían que salir de él porque además creían que él iba a ganar las elecciones en ese momento”.

No obstante, Uribe Londoño sentenció que “lo que no calcularon nunca es que después viniera un gran líder como el que llegó y derrotara a Petro (que respaldo a Iván Cepeda, del Pacto Histórico), que es el presidente Abelardo de la Espriella”.

Sobre cómo debería responder el expresidente Petro a raíz de los mensajes que señaló como ejemplo, el padre de Uribe Turbay dijo que tendría que “ser investigado y vinculado como instigador del crimen”.

“Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte porque aquí no hay justicia para el presidente de Colombia. Petro está por encima de la ley”, añadió Uribe Londoño, que también ha apuntado durante la investigación del magnicidio al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez.

Mientras que en el evento, el exsenador mencionó que el exmandatario habría intentado desviar la investigación para impedir que se estableciera quién dio la orden del crimen.

Abelardo de la Espriella recibió un reconocimiento en el evento

Durante la ceremonia, el presidente Abelardo de la Espriella recibió el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay 2026.

En su discurso, el mandatario afirmó que el asesinato del excandidato presidencial no quedará en la impunidad y que el Gobierno contribuirá al esclarecimiento de los hechos dentro de los límites de la Constitución y la ley.

De la Espriella sostuvo que las investigaciones no deben detenerse en los autores materiales. “La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo”, dijo.

El presidente afirmó que la justicia ha avanzado en la reconstrucción de una parte de la estructura que intervino en el crimen, pero señaló que aún faltan respuestas sobre quién ordenó el homicidio.

“Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, agregó el jefe de Estado.

El presidente De la Espriella prometió continuar con la búsqueda de los responsables por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De la Espriella ratificó ante los asistentes su compromiso de apoyar las acciones que permitan identificar a todos los responsables del asesinato de Uribe Turbay.

El mandatario puntualizó que seguirá persiguiendo a quienes habrían participado en el crimen y expresó confianza en que se determinará quién aportó recursos para ejecutarlo.

El presidente también relató una conversación que, según dijo, tuvo con la familia del excandidato durante su propia campaña presidencial. De la Espriella aseguró que les comentó que, si Uribe Turbay lograba recuperarse tras el atentado, abandonaría su aspiración para respaldarlo.

“Si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña”, afirmó que les dijo entonces.

Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado fueron encontrados sin vida en una vía rural de Jamundí, Valle del Cauca, horas después de que un grupo de hombres armados presuntamente los sacara de su vivienda en el corregimiento de Guachinte.

La pareja de adultos mayores había sido reportada como desaparecida desde la tarde del martes 6 de octubre, luego de que circularon volantes de búsqueda a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes ingresaron a la finca Cusagui, donde residían, y los obligaron a abandonar el lugar.

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada del miércoles en la carretera que comunica el casco urbano de Jamundí con el corregimiento de Robles. Ambos presentaban heridas por arma de fuego (tiros de gracia).

Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con conflictos por invasiones

Información conocida de manera inicial por el portal regional Cali Informa indica que las víctimas tendrían lesiones compatibles con disparos a corta distancia.

Ese aspecto deberá ser confirmado por los procedimientos de Medicina Legal y las diligencias de Policía Judicial.

Las autoridades investigan las circunstancias del doble homicidio y analizan si el caso guarda relación con conflictos derivados de invasiones de predios que se han registrado en los últimos meses en esa zona rural.

Por ahora, esa es una línea preliminar de investigación y no existe una hipótesis oficial definitiva sobre los responsables ni los móviles del crimen.

La búsqueda comenzó luego de que familiares advirtieran que Aponte y Hurtado no regresaban a la vivienda. Horas después, conocieron que ambos habían sido encontrados muertos.

La presencia de grupos armados dificulta el acceso al lugar

Uno de los aspectos que preocupa a la comunidad es la presencia de actores armados en el sector. Según la información reportada desde el territorio, esa situación habría dificultado el ingreso de las autoridades para realizar la inspección y el levantamiento de los cuerpos.

Guachinte ha enfrentado problemas de seguridad y afectaciones a servicios básicos. La población permanece sin acceso regular a agua potable después de que el acueducto comunitario fuera atacado con explosivos en marzo.

El homicidio de la pareja vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en la zona rural de Jamundí, donde las comunidades han denunciado la presencia de grupos armados y disputas que afectan a los habitantes.

El caso quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes participaron en la incursión armada, qué motivó la salida forzada de las víctimas de su residencia y si existen vínculos entre el asesinato y los conflictos que se investigan en la región.

Pasado el mediodía del miércoles 7 de octubre, la Policía Metropolitana de Cali emitió un comunicado en el que solicitó a la ciudadanía colaborar con información que pueda aportar para esclarecer los hechos.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto de violencia y hace un llamado urgente a la comunidad para que, a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el 321 394 5156, aporten cualquier información que permita el pronto esclarecimiento de este caso. Se garantiza absoluta reserva”, señala el comunicado.

De otro lado, desde la Junta de Acción Comunal de Guachinte se compartió un mensaje de condolencia en el que se recordó a la pareja “y toda la comunidad lamentan el sensible fallecimiento”.

“Don Luis fue un hombre ejemplar, comprometido con el bienestar de nuestro territorio. Su liderazgo, su participación en las diferentes Juntas de Acción Comunal y su valioso aporte al desarrollo de nuestra comunidad dejaron una huella imborrable en la historia guachinteña”, agregó el mensaje que se difundió en Facebook.

“Junto a Doña Lucy, fueron personas apreciadas, respetadas y queridas por todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlos”, menciona más adelante la publicación.

Al final, se unieron en “oración por el descanso eterno de sus almas y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus hijos, familiares y seres queridos. Compartimos su dolor y les enviamos un abrazo fraterno, con la esperanza de que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de Dios y en el cariño de toda la comunidad”.

Luego del caso de hurto del que fue víctima y que provocó una cadena de busqueda luego de ser reportado como desaparecido a mediados de septiembre en Jamundí (Valle del Cauca), el artista de música popular Fabio Nelson Silva, más conocido como Chakal del Sur, volvió a dar de qué hablar en redes sociales.

En este ocasión no fue para señalar un hecho de inseguridad, sino para pedirle ayuda a sus seguidores y conocidos en su tierra natal, el departamento del Huila, para dar con un joven que vivió un momento amargo por culpa de la inmovilización de su motocicleta.

“Muchachos, me quitaron la moto los policías”, dijo entre lágrimas el joven, luego de que un agente de tránsito lo notificó luego de parar en un puesto de control en una vía del municipio de Pitalito.

“Me quedé sin mi Carmela. Sin mi moto. No, me quedé sin mi moto. (...) Tengo que ir a hacer pan, ya que realmente vendí todas mis rosquitas. Como pueden ver, muchachos, no me caté y miré este control de policía y me pararon. Muchachos, me quitaron la moto los policías. Me quedé sin mi Carmela. Sin mi moto. ¿Y ahora cómo voy a trabajar?“, comentó entre sollozos el ciudadano desconsolado.

“Ahora no sé qué hacer. La verdad, solamente quería trabajar. Yo le expliqué, le lloré al señor agente para que me lo soltara y ni en sí. Tras de paso me hace un comparendo y me quita mi moto. La verdad, con la única que siempre trabajaba, pues con esa moto era la que yo trabajaba vendiendo rosquitas en Pitalito, en todas las partes del Huila. Para que me perjudiquen de esa manera, quitándome a mi Carmela, mi moto, la que más siempre me acompañaba en las buenas y en las malas. Ahora no voy a poderla sacar. La verdad, no le hago daño a nadie. Solamente soy un joven que solamente quiere salir adelante y demostrarle a la gente que yo sí puedo salir adelante”, dijo el muchacho.

Al final, y lo que motivó la reacción por parte del cantante, fue el apego y el valor que tiene para el joven el automotor, luego de que comentó: “Mi motico se me va a pudrir en ese patio, la verdad no voy a poderla volver a ver. Tantas aventuras que tuve con mi Carmela (...) la gente alrededor mío lo único que hacía era burlarse de mí”.

Esto llevó a que el artista compartiera un video desde su cuenta de Instagram la misma tarde del martes 6 de octubre, día que se viralizó el caso en redes sociales, y le solicitó la colaboración a los usuarios.

“Oiga, mi gente, quiero que me ayuden a ubicarme en el departamento de Huila a un muchacho. Ahí te voy a dejar la noticia que le quitaron, tuvo un inconveniente con unos agentes de policía de carretera, le quitaron la moto y quiero ayudar a ubicarlo, que me ayuden a ubicarlo para resolverle el problema”, afirmó Chakal del Sur.

El artista recibió decenas de comentarios de apoyo por su noble gesto para dar con el joven.

“Muchas bendiciones Chakal por ayudar al la gente que más lo necesita”, “Dejen de juzgar nadie sabe la necesidad con la que las personas viven, qué pesar ojala lo encuentren rápido”, y “gracias por la labor, ojalá lo encuentres”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación del artista.

Al final, uno de los usuarios le brindó la información que tanto buscaba. “Yo te escribí por el interno yo tengo número de él del muchacho que lo quitaron la moto él es amigo mío”, señaló el internauta, que espera en los próximos días compartir la segunda parte de la historia.

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de una estrategia contra las organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Como ya se conocía desde mediados de septiembre, las aeronaves, operadas de forma remota, tienen capacidad para realizar vigilancia prolongada, recolectar información en tiempo real y, si son configuradas para ello, ejecutar ataques de precisión.

Sin embargo, el despliegue ocurre en un momento en el que Washington busca ampliar el alcance de sus operaciones contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

En el caso colombiano, en el reporte se señala que el país acordó recibir tres unidades y que se estudiaba la incorporación de una aeronave adicional.

Los equipos pueden aportar información para seguir movimientos en zonas montañosas, selváticas y fronterizas, donde operan grupos armados y redes de narcotráfico. Sin embargo, sus capacidades ofensivas también han abierto cuestionamientos sobre la forma en que podrían ser utilizados en la región.

El MQ-9 Reaper combina vigilancia aérea y capacidad de ataque

El MQ-9 Reaper es una aeronave militar no tripulada de 20,1 metros de envergadura y 11 metros de longitud.

Puede alcanzar una altitud máxima de 15.240 metros, mantener una velocidad de crucero cercana a los 370 kilómetros por hora y transportar hasta 1.701 kilogramos de carga útil..

La aeronave está diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Su principal ventaja consiste en la posibilidad de permanecer durante varias horas sobre una zona específica, seguir objetivos y enviar información a estaciones terrestres mediante enlaces satelitales.

El sistema suele ser operado por un piloto y un especialista en sensores desde tierra. De acuerdo con los detalles técnicos, la plataforma puede ser utilizada para vigilar fronteras, costas, rutas de armas y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su equipamiento puede incluir cámaras diurnas, sensores infrarrojos, sistemas de visión nocturna, telémetros, designadores láser y radar de apertura sintética. Esa combinación permite captar imágenes y datos aun en condiciones de poca visibilidad o en regiones con coberturas extensas de selva.

Colombia recibiría tres aeronaves para ampliar la vigilancia: la lucha contra el narcotráfico

El informe que reveló el diario The New York Times indica que las autoridades colombianas informaron durante el verano que el país recibiría tres drones Reaper. También se analizaría la incorporación de un cuarto aparato.

Aunque la plataforma puede estar armada, su uso no implica siempre el desarrollo de operaciones ofensivas. La capacidad de los drones permite localizar rutas, identificar movimientos, vigilar sectores determinados y suministrar información para procedimientos de autoridades militares y de seguridad.

Estas funciones podrían ser relevantes para el seguimiento de corredores usados por organizaciones criminales en áreas rurales de difícil acceso. El reporte plantea que los sensores y la autonomía de las aeronaves permitirían identificar a líderes o integrantes de redes de narcotráfico en sectores selváticos y montañosos.

El despliegue, sin embargo, no precisó cuántas aeronaves fueron asignadas a Colombia ni cuántas ya se encontraban en territorio nacional. Fuentes citadas por La FM también señalaron que el número total enviado a Colombia y Ecuador sería reducido.

Los drones pueden transportar misiles y bombas guiadas

El Reaper también puede funcionar como una plataforma armada, dado que puede utilizar misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas como las GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

El sistema de designación láser permite marcar objetivos para el empleo de municiones guiadas. Estados Unidos ha usado este tipo de aeronaves en operaciones contra Estado Islámico, Al Qaeda y Al Shabab, además de misiones de reconocimiento y vigilancia.

Además, los MQ-9 Reaper fueron utilizados en ataques de precisión, entre ellos la operación de 2020 que terminó con la muerte del general iraní Qassim Suleimani.

Esa capacidad genera inquietudes frente a una eventual ampliación de acciones militares contra grupos de narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos y expertos han advertido sobre los riesgos para población civil (en especial menores de edad) y han cuestionado si la eliminación de integrantes de estas estructuras logra interrumpir de forma duradera las rutas del tráfico de drogas.

Ecuador ya reportó operaciones con dos Reaper

Ecuador también hace parte del despliegue regional. El ministro de Defensa de ese país, Gian Carlo Loffredo, destacó que dos aeronaves habían sido entregadas y ya operaban en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

El país vecino fue el primero de la región en autorizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos durante 2026, dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, una posición similar que comparte Abelardo de la Espriella.

El traslado de estos equipos desde África también plantea un reto para Estados Unidos. El reporte señala que al menos 45 MQ-9 Reaper, cerca de una cuarta parte de la flota estadounidense, fueron destruidos durante la guerra con Irán, lo que habría reducido la disponibilidad de estas aeronaves.

Operarios de una empresa de aseo encontraron el cuerpo de un recién nacido entre residuos del relleno sanitario Río Grande, ubicado en zona rural de Quinchía, Risaralda (en la región del Eje Cafetero).

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas de la muerte y las circunstancias en las que el cuerpo llegó al lugar.

El hallazgo se produjo durante la jornada de trabajo de los empleados encargados del manejo de los desechos. Tras advertir la presencia del cuerpo, los operarios notificaron a las autoridades para que adelantaran el procedimiento correspondiente.

Al relleno sanitario acudieron unidades de Policía Judicial y personal de criminalística, que realizaron la inspección técnica al cuerpo, y que al final trasladaron a la sede de Medicina Legal, donde se practicarán los estudios forenses.

Los resultados de esos procedimientos serán determinantes para establecer el momento del fallecimiento, la causa de la muerte y las condiciones en las que ocurrió el hecho. La investigación también deberá precisar la ruta que siguieron los residuos hasta el relleno sanitario y determinar si existen elementos que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades verifican la situación de una mujer de 29 años

De forma paralela a la inspección en el relleno, los investigadores iniciaron verificaciones en centros asistenciales y otros puntos de interés para esclarecer el origen del caso.

Dentro de esas diligencias, las autoridades ubicaron a una mujer de 29 años que estaría relacionada con la investigación. Según la información conocida por parte del medio regional Informador de Occidente, la mujer expresó que había sufrido una complicación médica en su vivienda.

Por ahora, las autoridades no han establecido si existe una conexión directa entre la situación relatada por la mujer y el cuerpo encontrado en el relleno sanitario de Quinchía, y se determinará mediante los exámenes forenses, entrevistas y demás pruebas que sean incorporadas al expediente.

Bebé de cinco meses permanece en delicado estado de salud luego de ser víctima de golpes por su padre

Un hombre de 31 años fue capturado en Itagüí, Antioquia, por su presunta responsabilidad en las lesiones que mantienen a su hija de cinco meses bajo atención médica especializada.

La menor ingresó a una clínica con múltiples heridas, incluidas lesiones en la cabeza, y su estado de salud continúa bajo pronóstico reservado.

Las autoridades informaron que la bebé llegó al centro asistencial con un cuadro clínico que requería atención inmediata. El personal médico activó los procedimientos para estabilizarla y continúa con el seguimiento de su evolución.

El hoy detenido fue identificado como Daniel Toro, padre de la niña. La Policía Nacional realizó el procedimiento luego de recibir una alerta ciudadana sobre una posible agresión dentro del entorno familiar.

La Fiscalía investiga al hombre por tentativa de homicidio agravado, y luego de su arresto, Toro quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación.

El ente acusador deberá presentar el caso ante un juez de control de garantías, que definirá la situación jurídica del capturado durante las audiencias correspondientes.

La investigación busca establecer las circunstancias en que ocurrieron las lesiones. Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el entorno en el que habría ocurrido la agresión.

La Alcaldía de Itagüí activó la ruta de protección para la bebé

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, afirmó que la administración municipal acompaña el proceso judicial. “Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro”, señaló.

El funcionario indicó que la condición de la bebé es reservada y pidió a los ciudadanos reportar de manera inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

La Alcaldía de Itagüí rechazó el caso y activó la ruta integral de atención para proteger a la menor y acompañar a su madre. Las medidas incluyen apoyo psicológico, jurídico y social, además de las actuaciones necesarias para el restablecimiento de los derechos de la niña.

La administración local señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades judiciales y con las entidades encargadas de la protección de la infancia.

“Ningún niño o niña debe ser víctima de violencia, y mucho menos dentro de su propio hogar”, expresó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

Sumado a lo anterior, también se confirmó que el penalista hizo una solicitud al juez 35 de garantías de Bogotá para que se desarrolle una audiencia preliminar con miras a revisar si la medida de aseguramiento que emitió dicho despacho en una guarnición militar, luego de la orden del presidente Abelardo de la Espriella.

López fue trasladado junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, ambos protagonistas de la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques destinados a atender la sequía en La Guajira.

La decisión de su traslado fue resuelta por parte del mandatario, que compartió a través de su cuenta en X el video de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro, siendo dirigidos por miembros del Inpec hacia el penal ubicado en la capital colombiana, y en el que sentenció: “Se acabó la guachafita y se acabaron los beneficios”.

En las imágenes se observa a los dos exfuncionarios esposados de pies y manos, con la cabeza rapada, durante el traslado, tal y como ocurre en las megacárceles de El Salvador que ha promulgado el jefe de Estado Nayib Bukele.

Tras la divulgación de las imágenes, Moreno insistió en que su reclamo no busca impedir que López cumpla la medida de aseguramiento que le fue impuesta.

La defensa afirma que Olmedo López es testigo en procesos que comprometen a más de 20 personas

Moreno explicó la mañana del miércoles 7 de octubre en entrevista con Noticias Caracol que su cliente ha colaborado con la Fiscalía General de la Nación y que sus declaraciones involucran a más de 20 personas, entre ellas altos funcionarios de la administración anterior.

“Esto no es una discusión sobre privilegios, sino una alerta urgente para impedir que la historia se repita”, afirmó el penalista.

Según el defensor, la decisión judicial que impuso la medida de aseguramiento contra López determinó de forma expresa que debía permanecer en un centro de reclusión militar.

Moreno señaló que esa decisión no obedeció a una concesión especial, sino a una valoración de riesgo realizada durante las audiencias.

El jurista que representa a López sostuvo que el exdirector de la Ungrd estaba recluido en una cárcel y no en un lugar de descanso, y sustentó: “No era un casino del Ejército, no era un lugar de esparcimiento”.

La defensa afirmó que el traslado a La Picota debe revisarse a la luz de la orden dictada por el juzgado y de la condición de López como testigo en investigaciones que siguen en curso.

Moreno recordó el asesinato de un testigo que estuvo en La Picota por el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

El principal argumento de Moreno está relacionado con la seguridad de su cliente. El abogado aseguró que en enero de 2025 fue asesinado en La Picota un testigo que iba a colaborar con la Fiscalía en un proceso relacionado con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: Luis Correa Galeano.

“En Colombia ya asesinaron dentro de La Picota a un testigo clave que había sido trasladado de un lugar de mayor seguridad”, señaló el penalista.

Para el defensor, ese antecedente obliga al Estado a evaluar de manera reforzada las condiciones de reclusión de López.

Moreno también mencionó denuncias sobre corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las fugas registradas en centros de reclusión del país. A su juicio, esos elementos deben considerarse ante un traslado que pueda exponer al exfuncionario a personas o intereses afectados por sus declaraciones.

El abogado sustentó que un privilegio supone una ventaja que carece de justificación, mientras que una protección responde a un riesgo particular que ha sido acreditado y valorado por una autoridad judicial.

El traslado ocurre en medio de las investigaciones por el caso Ungrd

López y Pinilla han aportado información dentro de las investigaciones por un presunto entramado de corrupción en la Ungrd. El caso se originó por la compra de carrotanques para llevar agua a comunidades afectadas por la sequía en La Guajira, pero las pesquisas se extendieron a otros contratos y a posibles actuaciones de congresistas, exfuncionarios y particulares.

Las declaraciones de ambos exfuncionarios han sido relevantes para la Fiscalía en procesos que involucran a distintas personas. Por esa razón, la defensa de López sostiene que las autoridades tienen el deber de garantizar su integridad mientras cumple la medida de aseguramiento y participa como testigo.

Moreno recordó que el juez que definió el centro de reclusión habría reconocido la existencia de riesgos. El funcionario judicial señaló que, aunque como ciudadano podía tener una apreciación distinta, debía otorgar garantías de seguridad a López con base en los elementos presentados por la defensa.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que desde su cartera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos que habrían sido celebrados durante el gobierno de Gustavo Petro bajo la figura de urgencia manifiesta.

Según el alto funcionario, y como señaló por medio de un video difundido desde la cuenta oficial de Presidencia de la República en X la mañana del miércoles 7 de octubre, una auditoría forense ordenada desde su Ministerio encontró hallazgos en un contrato de $ 24.000 millones suscrito con la empresa MAC Soluciones, de Barranquilla.

Según lo que expuso el líder de la cartera del Interior, parte de los elementos pagados no habrían sido entregados a la entidad y que algunos pagos se realizaron en medio de la Ley de Garantías.

“Lo que voy a decir está en documentos oficiales y no en opiniones”, expresó el ministro al presentar las denuncias. El proceso hace parte de una revisión más amplia sobre $ 62.000 millones contratados en modalidades similares.

El Ministerio cuestionó el uso de una urgencia manifiesta por las inundaciones

Lara explicó que los contratos se sustentaron en una emergencia declarada tras un frente frío que, según sus hallazgos, afectó a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

De acuerdo con el ministro, cerca de 250.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones.

Con base en esa emergencia, la Dirección Nacional de Bomberos declaró una urgencia manifiesta, mecanismo que permite contratar directamente sin adelantar un proceso de licitación cuando existen circunstancias que requieren una respuesta inmediata.

El ministro cuestionó que de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, solo $313 millones se habrían destinado a atender directamente las consecuencias de las inundaciones.

Dentro de lo que se halló en la documentación, Lara expuso que el resto de los recursos se utilizó para adquirir trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para la atención de sustancias peligrosas. Y aunque reconoció que son insumos necesarios para los cuerpos de bomberos, sostuvo que no guardaban relación directa con la emergencia invernal invocada para justificar la contratación directa.

“La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley”, declaró el ministro del Interior.

El contrato en la Dirección Nacional de Bomberos pasó de $16.000 millones a $24.000 millones

Uno de los principales hallazgos expuestos por Lara corresponde al contrato 076, firmado con MAC Soluciones. Tal y como explicó Lara, el proceso comenzó por $16.000 millones y luego recibió una adición de $8.000 millones, hasta alcanzar los $24.000 millones.

El ministro aseveró que la adición llevó el contrato cerca del límite permitido por la ley. Asimismo, cuestionó el tiempo de ejecución, pues, de acuerdo con la auditoría citada, el contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia y cuando la emergencia ya había finalizado.

No obstante, el acuerdo habría fijado un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. Pero como dijo Lara, esa cronología no se ajusta a una contratación que buscara responder de manera inmediata a una calamidad.

Otro de los puntos señalados se relaciona con una diferencia entre los bienes facturados y los que habrían ingresado al almacén. El ministro indicó que en una primera factura se cobraron 744 equipos, mientras que los registros daban cuenta de la recepción de 670.

El Gobierno cuestionó cuentas en la Dirección Nacional de Bomberos: actas de recibo y pagos por $5.600 millones

Lara señaló que el 20 de junio de 2026, funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos firmaron un acta de recibo a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración.

No obstante, el líder de la cartera añadió que ese mismo día se elaboró otra acta para que los bienes permanecieran almacenados en la bodega del contratista. Y a raíz de esto, planteó varios interrogantes sobre el por qué la entidad certificó la recepción de los elementos, pero permitió que continuaran en poder del proveedor.

Dos días más tarde, añadió el ministro, el contratista presentó una factura por $5.600 millones, que fue pagada.

Lara sostuvo que, en septiembre, ya durante la actual administración, la Dirección Nacional de Bomberos solicitó la entrega de los artículos adquiridos y que, hasta la fecha de su declaración, estos no habían sido entregados.

“¿Cómo así que se destinan $24.000 millones a dedo, se giran en plena campaña, en plena Ley de Garantías, y no aparece lo que se compró?”, cuestionó el ministro.

La revisión se extiende a otros contratos por $42.000 millones

El funcionario del Gobierno De la Espriella aclaró que no puede establecer responsabilidades penales antes de que las entidades competentes adelanten sus investigaciones. Sin embargo, pidió a la Fiscalía, a los organismos de control, al Consejo Nacional Electoral y a la Unidad de Información y Análisis Financiero que determinen el destino de los recursos.

El Ministerio del Interior informó que la auditoría inició con el contrato de $24.000 millones, pero se ampliará a otros tres procesos suscritos con la misma urgencia manifiesta.

Lara puntualizó que hay otros $42.000 millones bajo revisión y que la cartera busca concluir las verificaciones para completar el análisis sobre los $62.000 millones contratados bajo mecanismos similares.

El ministro expresó que los recursos destinados a los cuerpos de bomberos deben llegar a las instituciones y no quedar en bodegas privadas o sin una trazabilidad clara.

Rodrigo Lara también explicó la salida del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda

En su declaración, el ministro se refirió a la salida del capitán Germán Miranda, quien estuvo cerca de tres semanas al frente de la Dirección Nacional de Bomberos y fue declarado insubsistente por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Lara aseguró que la decisión se tomó luego de que surgieran audios en los que el entonces director se refería a presuntas prácticas indebidas.

Entre los contenidos mencionados estaría la eventual entrega de dinero a autoridades judiciales para evitar el avance de una investigación.

El ministro sostuvo que las grabaciones aluden a hechos anteriores a la actual administración y que no se relacionan con actuaciones ocurridas durante este Gobierno. Aun así, afirmó que el contenido de los audios provocó una pérdida de confianza institucional que derivó en la salida de Miranda.

Las denuncias presentadas por el Ministerio del Interior deberán ser evaluadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que definirán si existe mérito para abrir procesos penales, disciplinarios o fiscales por las contrataciones cuestionadas.

El jurista aseguró a través de un video que compartió el mismo martes 6 de octubre de 2026 desde su perfil de Instagram (día en que se conocieron las imágenes de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro encadenados de manos y pies) que la decisión de mover a López desde el Centro de Reclusión Militar Caldas hacia la cárcel La Picota de Bogotá desconoce una orden judicial previa y las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta el exdirector de la Ungrd por su colaboración con la justicia.

“No estamos solicitando su libertad ni un privilegio. Estamos exigiendo que se proteja la vida de un testigo esencial y la verdad en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo”, afirmó el penalista.

López y Pinilla son investigados por el entramado de corrupción relacionado con la compra de carrotanques que serían destinados a atender la emergencia por sequía en La Guajira. Ambos han entregado información a la Fiscalía sobre los hechos y sobre otros presuntos participantes en la red.

La defensa cuestionó el traslado de Olmedo López a La Picota

Moreno indicó que el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó que Olmedo López permaneciera recluido en el Centro de Reclusión Militar Caldas.

Según el abogado, la decisión judicial incluyó una boleta de detención dirigida expresamente a ese establecimiento. Por dicha razón, sostuvo que el Inpec no debería modificar el lugar de reclusión mientras no exista una nueva orden emitida por el juez competente.

“Mientras la orden judicial no sea modificada por el juez competente, se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión”, puntualizó Moreno.

La defensa pidió, además, que se evalúe la apertura de investigaciones disciplinarias por la decisión administrativa de trasladar al exfuncionario a otro centro penitenciario.

La Fiscalía habría alertado sobre los riesgos por su colaboración

El abogado comentó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia envió un documento el 16 de septiembre de 2026 en el que advirtió que el nivel de riesgo de López aumentó debido a su colaboración con las investigaciones.

Dentro de sus argumentos, Moreno expuso que el ente acusador indicó que esa situación no había mejorado y que podía aumentar cada vez que López cumpliera con su obligación de rendir declaraciones dentro de los procesos derivados del caso Ungrd.

La Fiscalía, de acuerdo con la versión de la defensa, habría solicitado que no se realizara el traslado y que se mantuvieran las medidas de protección para el exdirector de la entidad.

Moreno también alegó que el 3 de octubre de 2026 la Fiscalía certificó que López será testigo de cargo en procesos relacionados con altos exfuncionarios del Estado.

El abogado defensor del exdirector de la Ungrd también afirmó que enviar a López a La Picota podría exponerlo a personas, redes o intereses afectados por la información que ha entregado a las autoridades.

La preocupación del penalista se relaciona con el papel que López ha desempeñado dentro de la investigación, en la que ha aportado datos sobre contratos, reuniones y presuntas actuaciones de funcionarios y particulares vinculados con el escándalo.

Moreno agregó que la información entregada por su cliente ha contribuido a avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos de corrupción con mayor impacto reciente en el país.

“No permitiremos que se convierta en un testigo de bolsillo. Él solo declarará en lo que le corresponde y de lo que sabe”, aseveró el abogado.

La expresión se refiere a que, según la defensa, López deberá limitar sus declaraciones a los hechos que conoció de forma directa y a la información que pueda sustentar dentro de las actuaciones judiciales.

El caso de los carrotanques en La Guajira y la orden del presidente Abelardo de la Espriella

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, se convirtieron en figuras centrales de la investigación por la adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades afectadas por la sequía en La Guajira.

La Fiscalía investiga posibles irregularidades en ese contrato y en otros procesos de la entidad. Las declaraciones de López y Pinilla han derivado en menciones a congresistas, exfuncionarios (como Sandra Ortiz e Iván Name) y otros actores que habrían tenido participación o conocimiento de presuntas actuaciones ilegales.

La defensa de López insiste en que, debido a su condición de colaborador y testigo en varios procesos, las autoridades deben garantizar condiciones especiales de seguridad y evitar decisiones que, a su juicio, pongan en riesgo su integridad o afecten el avance de las investigaciones.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella, se mantuvo en firme con su decisión y se refirió al traslado de López y Pinilla a La Picota, con un mensaje que compartió desde su cuenta de X el mismo martes.

“¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos", destacó en su publicación el jefe de Estado.

El mandatario advirtió más adelante: “Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”.

Al final, De la Espriella sentenció que “aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”, al señalar que “la plata pública es sagrada”.

“Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”, concluyó el presidente de la República.

La mujer, de 33 años, murió el 15 de agosto de 2026 en su vivienda del barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, mientras recibía la cuarta sesión de un tatuaje en la espalda.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación medicamentosa combinada por la administración intravenosa de los tres fármacos.

Para Castillo, el informe descarta que el procedimiento de tatuaje haya sido la causa directa del deceso y concentra la investigación en la aplicación de medicamentos de uso controlado.

“Yenifer no murió por el tatuaje”, afirmó la penalista al referirse al resultado forense. Según expuso, el análisis jurídico debe centrarse en quién suministró las sustancias, bajo qué condiciones y con qué conocimiento del riesgo.

El dictamen atribuyó la muerte a una intoxicación intravenosa combinada

El reporte pericial estableció que el fentanilo, la ketamina y el midazolam comprometieron de forma irreversible las funciones respiratorias y cardiovasculares de García.

En el dictamen, desde Medicina Legal se calificó el caso como una muerte violenta en contexto de homicidio, una conclusión que no equivale por sí sola a una condena penal ni define aún la modalidad de responsabilidad de la persona investigada.

De acuerdo con la información conocida dentro de la investigación, la víctima mostró señales de dolor durante la sesión de tatuaje. Después, se contactó a un hombre que se habría presentado como enfermero para administrar analgésicos y anestésicos por vía intravenosa.

Las pesquisas señalan que el procedimiento tuvo un costo de $ 600.000 y se realizó en un entorno residencial.

El documento forense indicó que no hubo una valoración clínica previa, monitoreo permanente de signos vitales ni elementos para reanimación prehospitalaria. También advirtió que la aplicación ocurrió fuera de un lugar con condiciones asistenciales y sin los protocolos requeridos para responder ante una depresión respiratoria.

Castillo advirtió que uno de los elementos relevantes es que, según la información divulgada, quien suministró los medicamentos no era anestesiólogo. La penalista agregó que se investiga la posible realización de varias aplicaciones, un aspecto que puede resultar determinante para reconstruir la secuencia de los hechos.

La discusión penal puede ir del incumplimiento del deber de cuidado al dolo eventual

La primera hipótesis planteada por la abogada es la de homicidio culposo. Esa figura puede configurarse si la persona no buscaba causar la muerte, pero desatendió el deber objetivo de cuidado exigible al administrar sustancias con efectos anestésicos y analgésicos, por vía intravenosa y sin los controles médicos adecuados.

“Un homicidio culposo no significa simplemente que fue un accidente. Significa que alguien causó una muerte porque incumplió el cuidado que debía tener”, expuso Castillo.

De acuerdo con la jurista, la sanción prevista para ese delito va de 32 a 108 meses de prisión, un rango que equivale aproximadamente a entre dos años y ocho meses, y nueve años.

La segunda posibilidad, de mayor gravedad, es que la Fiscalía establezca la existencia de dolo eventual. En términos jurídicos, esta modalidad requiere demostrar que la persona se representó como probable el resultado mortal de su conducta y, pese a ello, decidió continuar. No supone necesariamente que hubiera una intención directa de matar.

Castillo aseveró que la eventual repetición de las aplicaciones no implica que haya un homicidio por cada una de ellas. Sin embargo, puede aportar elementos para determinar si, entre una administración y otra, la persona advirtió señales de alarma, entendió el riesgo que afrontaba García y optó por seguir con el procedimiento.

“Si la Fiscalía logra demostrar que esta persona conocía el riesgo que estaba creando, se representó que la muerte podía ocurrir como un resultado probable y aun así decidió continuar, podríamos estar hablando directamente de un dolo eventual”, detalló la abogada.

De prosperar esa hipótesis, la pena correspondería a la del homicidio doloso, que Castillo ubicó entre 208 y 450 meses de prisión, es decir, aproximadamente entre 17 años y cuatro meses y 37 años y seis meses.

La Fiscalía debe definir la imputación y establecer eventuales responsabilidades adicionales

La investigación también deberá precisar el papel del tatuador y de las demás personas que estaban en la vivienda. Castillo planteó que corresponde establecer si existió alguna responsabilidad adicional, según el grado de intervención de cada uno, el conocimiento que hubieran tenido sobre la administración de los medicamentos y las decisiones que tomaron frente al estado de salud de la víctima.

El hombre señalado en las denuncias como quien habría suministrado la mezcla, Juan Jair Sánchez Góez, fue capturado inicialmente por la Policía en el lugar de los hechos y posteriormente quedó en libertad mientras avanzaban las primeras diligencias, según la información del caso que conoció el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda y que, junto a la familia de García, han pedido que se aceleren las actuaciones judiciales tras conocerse el dictamen forense.

La Fiscalía General de la Nación mantiene el expediente en indagación preliminar y ordenó pericias complementarias para definir la eventual imputación. Entre los puntos por esclarecer están la acreditación profesional de quien aplicó los fármacos, la forma en que fueron adquiridos, las dosis administradas y la cronología de las atenciones que recibió Yenifer García antes de morir.

Un padre de familia que viajó desde Cúcuta (Norte de Santander) a Bogotá contó que pagó $1.600.000 por una entrada de reventa para que su hija de 18 años pudiera asistir a uno de los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS en el estadio El Campín, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026.

El hombre relató que su hija intentó conseguir una boleta desde abril, cuando se habilitó la venta de entradas, pero no pudo completar la compra.

Según lo que explicó el progenitor, la fila virtual la ubicaba de forma repetida a la joven en puestos que superaban las 16.000 y hasta las 20.000 personas.

Ante la imposibilidad de acceder a una entrada por los canales iniciales, ambos viajaron a Bogotá sin tener asegurado el ingreso al concierto. La decisión de buscar una boleta de reventa la tomaron después de llegar a la capital.

El padre afirmó que arribaron a Bogotá el día anterior al evento. Hacia las 12:30 del mediodía, ya en inmediaciones del estadio El Campín, lograron conseguir una localidad en occidental alta.

“$1.600.000 acabo de pagar una entrada por occidental alta”, relató mientras permanecía fuera del escenario deportivo.

El hombre señaló que, a sus 41 años, nunca había pagado una cifra similar por una boleta. En medio de su declaración, una mujer que estaba cerca intervino para decirle que “siempre hay una primera vez”.

El padre respondió que el gasto había sido excepcional, pero sostuvo que la emoción de su hija justificó el esfuerzo económico y el viaje que realizaron desde la capital de Norte de Santander.

La sonrisa de su hija fue su forma de retribución

El momento que, según explicó el hombre, compensó el valor de la entrada ocurrió cuando la joven pasó los filtros de acceso al estadio.

El padre contó que la vio entrar feliz y que esa reacción le permitió dar por bien invertido el dinero.

“Con esa sonrisa que ella me dio, con eso quedó pago”, aseguró el progenitor en medio de la emoción, pero también del asombro por los precios de la reventa. Luego, reiteró que se sentía “cien por ciento satisfecho” tras lograr que su hija ingresara a la presentación.

El padre esperó afuera del estadio hasta el final del concierto

Tras el ingreso de su hija, el padre decidió permanecer en los alrededores de El Campín hasta que terminara el espectáculo. Aunque la joven tiene 18 años, explicó que prefería esperarla afuera para acompañarla en su regreso.

“Ahora me toca quedarme aquí esperando afuera del estadio a que ella salga, porque tiene 18 años, pero para mí es una niña”, dijo el papá.

El hombre calculó que tendría que permanecer en el sector hasta las 11:00 p. m. o más de la medianoche, cuando concluyera la presentación. Su plan era recorrer las inmediaciones mientras esperaba la salida de su hija.

Padre e hija se salvaron de grupo de cosquilleros detenidos en la previa del concierto de BTS en Bogotá

Al día siguiente, sábado 2 de octubre de 2026, se confirmó que cinco personas fueron capturadas en las inmediaciones del estadio El Campín, en Bogotá, durante la segunda presentación de la banda surcoreana BTS en la capital.

Las autoridades investigan si los detenidos aprovecharon la llegada y salida de miles de asistentes para robar celulares, billeteras y otros objetos personales.

El operativo se realizó de noche y en medio de la concentración de más de 50.000 espectadores que acudieron al segundo concierto del grupo de K-pop. La Policía había reforzado los controles en accesos, vías cercanas y puntos de encuentro debido a la afluencia prevista para las dos fechas.

Los cinco capturados serán investigados por hurtos mediante la modalidad de cosquilleo, una práctica que consiste en sustraer pertenencias durante aglomeraciones mediante empujones, contactos físicos o distracciones.

Un radio de comunicación quedó bajo análisis de las autoridades

Durante uno de los procedimientos, los uniformados encontraron un radio de comunicación en poder de uno de los detenidos. Ese elemento será analizado para establecer si habría sido utilizado para coordinar acciones con otros integrantes de una posible red dedicada al hurto.

Una de las hipótesis plantea que algunas personas podían identificar a las víctimas en medio de la multitud, mientras otras se acercaban para tomar los objetos y retirarlos del lugar.

Las indagaciones también buscan determinar si el equipo permitía comunicarse con personas ubicadas fuera del área en la que se produjeron las capturas.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.

Los hoy detenidos fueron señalados por parte del ente investigador de participar en la planeación y la logística del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

El ataque ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y dejó 6 personas muertas y más de 58 lesionadas.

Los procesados fueron capturados en dos inmuebles de Cali durante diligencias realizadas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Nacional.

La Fiscalía les atribuye labores de planeación y apoyo para la huida

La investigación sostiene que Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la preparación del atentado y cumplido tareas logísticas para facilitar la ruta de escape de las personas que dejaron los camiones con explosivos.

Según el fiscal, y como parte de los fragmentos de la audiencia que reveló el ente acusador, esas labores también habrían buscado impedir que los responsables directos fueran ubicados y detenidos tras el ataque contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

El funcionario imputó a los dos hombres los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Torres Caicedo y Rojas Becerra no aceptaron los cargos durante las audiencias. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal.

Atentado a la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 58 heridos

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer la totalidad de responsabilidades por la planeación, ejecución y apoyo logístico que habría permitido el atentado.

No obstante, en medio de la diligencia judicial también se resolvió que una mujer fue enviada a prisión por presunto tráfico de estupefacientes

Durante uno de los procedimientos de captura, las autoridades detuvieron en situación de flagrancia a Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo.

Desde la Fiscalía se agregó que la mujer tenía en su poder varias dosis de estupefacientes. Por ese hecho, le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Torres Caicedo también era conocido con el alias de Black Woob, y Rojas Becerra como “Rojas” o “Shaggy”. De acuerdo con la institución, ambos habrían usado la actividad ilegal del cobro “gota a gota” como fachada para vigilar las rutinas, desplazamientos y esquemas de seguridad de integrantes de la fuerza pública.

El ataque, cometido con dos camiones cargados con artefactos explosivos improvisados, dejó siete muertos, entre ellos un menor de edad, y 76 personas heridas, según el comunicado de la Policía.

Los capturados habrían coordinado el traslado de los camiones desde Corinto

La operación incluyó cuatro diligencias de registro y allanamiento en Cali, coordinadas entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana.

Las autoridades señalaron que los dos hombres habrían coordinado con otros procesados, identificados con los alias de Sebastián, “El Mono” y “Gramo”, el acondicionamiento y traslado de los vehículos usados en el atentado.

Según la investigación, los camiones habrían salido desde la zona rural de Corinto, Cauca, hacia Cali. El objetivo era ubicarlos en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez para ejecutar la acción armada.

Alias Black Woob habría realizado inteligencia sobre las rutas de acceso

La institución atribuyó a Torres Caicedo labores de inteligencia previas al atentado. La Policía indicó que alias Black Woob habría revisado rutas de ingreso y coordinado aspectos del transporte para facilitar la fuga de quienes dejaron los vehículos en el lugar.

A alias “Rojas” o “Shaggy” le atribuyen una participación en la extracción y escape del conductor del camión que explotó cerca de las instalaciones militares.

Las autoridades sostienen que los dos procesados contaban con una trayectoria delictiva superior a cinco años y que su presencia en sectores de Cali bajo la modalidad de préstamos informales les permitía observar movimientos de la Fuerza Pública sin despertar sospechas.

Según el comunicado, esa fachada también habría servido para verificar condiciones de seguridad en infraestructura considerada estratégica para la región.

Durante las diligencias judiciales, las unidades policiales capturaron en flagrancia a una mujer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En los inmuebles allanados fueron halladas dosis de marihuana, 95 dosis de cocaína y dosis de tusi. Además, los investigadores incautaron elementos para dosificar sustancias ilícitas, siete teléfonos celulares, dos tarjetas SIM y dinero en efectivo.

La muerte de Keiner Banguera Mancilla (y que para los integrantes de su comunidad y familiares fue un asesinato), un joven de 19 años e integrante del Consejo Comunitario del Río Tapaje, es objeto de versiones contrapuestas entre su familia, habitantes de El Charco, Nariño, y la fuerza pública.

El caso ocurrió el viernes 2 de octubre de 2026 (e incluso, el presidente Abelardo de la Espriella compartió una publicación sobre el resultado de la operación), cuando una embarcación en la que viajaba fue interceptada por unidades del Ejército Nacional y la Armada Nacional.

Familiares y testigos sostienen que el joven fue atacado cuando regresaba a su casa y se encontraba en condición de indefensión.

Por su parte, la institución militar afirmó que Banguera pertenecía a una estructura armada y que los uniformados respondieron a una agresión, de acuerdo con un informe de Noticias Uno.

La comunidad pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer las circunstancias de la muerte y verificar los elementos que fueron presentados por las autoridades después del operativo.

La familia afirma que Keiner Banguera quería ingresar a la universidad

De acuerdo con los familiares del joven, Banguera Mancilla tenía planes de continuar sus estudios en la universidad.

Por su parte, Alí Bantú Ashanti, abogado de la familia, comentó en diálogo con el mismo medio que quienes conocían al joven lo describían como una persona ajena a actividades criminales.

El representante sostuvo que no existe, según su versión, material que demuestre una vinculación de Banguera con grupos armados, tal y como señaló el mismo De la Espriella en declaraciones oficiales.

La defensa de la familia indicó que el joven se desplazaba hacia su vivienda cuando militares le hicieron una señal para detener el bote. Según el jurista, Banguera acató la instrucción, pero recibió un disparo en una pierna.

Ashanti también señaló que testigos del hecho habrían observado lesiones en el cuello del joven. Por lo anterior, desde la familia se planteó que el caso debe ser investigado para establecer si hubo uso desproporcionado de la fuerza y determinar la causa exacta de la muerte.

El Ejército afirma que hubo una agresión contra los uniformados

La versión de la fuerza pública difiere de los testimonios recogidos por el medio. El coronel William Morales, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, sostuvo que los uniformados fueron atacados durante el procedimiento.

De acuerdo con el alto oficial, Banguera no detuvo la embarcación y disparó contra los militares. Sumado a lo anterior, el coronel Morales sustentó que los integrantes de las Fuerzas Militares reaccionaron, según él, dentro de una actuación legítima y con respeto por los derechos humanos.

Desde el Ejército también se señaló que el joven pertenecería al bloque occidental Jacobo Arenas, estructura vinculada por las autoridades a las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y uno de los principales objetivos de la administración de Abelardo de la Espriella.

El presidente de la República también mencionó en sus declaraciones posteriores a los hechos que, en la embarcación en la que se transportaba Banguera Mancilla, fueron encontrados $675 millones y dos proveedores de pistola.

La comunidad y el expresidente Gustavo Petro cuestionaron los elementos presentados por las autoridades

Habitantes de El Charco rechazaron la versión institucional y exigieron una investigación independiente. Una testigo consultada por el mismo portal informativo cuestionó el uso de armas contra el joven y aseguró que era un civil.

El abogado de la familia agregó que los allegados desconocen el origen de los proveedores de munición y del dinero que las autoridades vincularon con el procedimiento.

Además, Ashanti cuestionó el manejo del cuerpo y sostuvo que la escena pudo haber sido alterada.

La Fiscalía deberá establecer la procedencia de los elementos incautados, las circunstancias de la interceptación, el uso de la fuerza y la eventual pertenencia de la víctima a una organización armada.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo acompaña a la familia de Banguera y solicitó verificar si los procedimientos de la Fuerza Pública cumplieron los protocolos aplicables en este tipo de operativos.

Por su parte, Gustavo Petro señaló desde su cuenta de X la mañana del martes 6 de octubre que “Keiner no es un narcoterrorista”.

“Abelardo, es un joven negro civil y desarmado ejecutado por sus hombres armados bajo su responsabilidad”, agregó el expresidente a modo de réplica hacia el jefe de Estado.

El exmandatario aseguró dentro de su respuesta hacia De la Espriella que “ha vuelto a la época de los 6.042 jóvenes ejecutados, crimen de lesa humanidad que debe ser reabierto por la Corte Penal Internacional por su propia decisión como presidente de desfinanciar la Justicia Especial para la Paz, JEP”.

Petro al final le recordó al presidente que “se pactó desde un principio que si a la JEP no la dejaban hacer justicia vendría la Corte Penal Internacional a juzgar a los criminales contra la humanidad colombianos”. Por tal motivo, el expresidente declaró que “Abelardo ha incumplido y aquí confiesa la ejecución de un joven civil desarmado”.

La organización criminal es una de las que mantiene en vilo a la comunidad en el puerto, debido a las disputas por el control del territorio con su mayor rival: Los Espartanos. Además, de otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El hombre fue trasladado a Colombia tras ser requerido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido el 24 de febrero de 2023.

A su vez, desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) se efectuó el procedimiento que está dispuesto dentro de los acuerdos de cooperación con España.

Las autoridades sostienen que la captura y el traslado afectan los intentos de expansión internacional de la estructura criminal, y que además del país ibérico, también cuenta con células en Chile.

La investigación vincula a alias Gustavo con un secuestro en Buenaventura

De acuerdo con la información de la Policía, alias Gustavo habría participado junto con otros integrantes de Los Shottas en la retención y tortura de un taxista en el barrio Juan XXIII de Buenaventura.

Las autoridades investigan si el hecho buscaba imponer control territorial e intimidar a habitantes del puerto. Por tal razón, Bonilla López quedó a disposición de la autoridad judicial que solicitó su captura para que avance el proceso penal en su contra.

La Policía describió a Los Shottas como una estructura vinculada con extorsiones, secuestros, narcotráfico y homicidios selectivos en el distrito de Buenaventura.

Según la institución, la organización ha incidido en alteraciones del orden público y en hechos de violencia que afectan a la población del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

Los inicios de Los Shottas y el terror que imponen en Buenaventura

Los Shottas son una de las principales estructuras criminales de Buenaventura, Valle del Cauca, y mantienen una disputa territorial con los Espartanos por las rutas del narcotráfico, la extorsión y el control de barrios estratégicos de la ciudad portuaria.

La organización surgió de la fragmentación de La Local, grupo que durante años dominó buena parte de las economías ilegales en Buenaventura.

La ruptura interna ocurrió en diciembre de 2020 y dio origen a los dos bandos que desde entonces han protagonizado una parte importante de la violencia en el municipio.

La captura en España de Diego Bustamante, alias Diego Optra, quien fue señalado como líder de los Shottas hasta febrero de 2026, abrió un escenario de incertidumbre sobre el mando de la estructura, destacó un informe de Insight Crime. Sin embargo, la experiencia de otras organizaciones indica que los jefes pueden conservar influencia desde prisión a través de mandos medios y redes territoriales.

La historia de la organización se remonta a finales de la década de 1990, cuando el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó a Buenaventura para disputar la presencia del Frente 30 de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Mientras la guerrilla mantenía presencia en zonas rurales, los paramilitares concentraron su actividad en el casco urbano. En ese escenario reclutaron jóvenes de barrios vulnerables y ampliaron prácticas de extorsión y violencia.

Tras la desmovilización de las AUC en 2006, algunos antiguos integrantes del Bloque Calima conservaron sus actividades ilícitas. Entre ellos estaba el clan Bustamante, que conformó una estructura conocida como la Empresa.

El grupo criminal La Empresa controló durante años rutas para el tráfico de drogas, cobros extorsivos, secuestros y desapariciones. Más adelante, integrantes del clan Bustamante se apartaron de esa estructura y dieron paso a La Local.

En abril de 2019, Diego Bustamante asumió el control de La Local después de la captura de su tío, Lugo Bustamante. Su llegada al mando profundizó diferencias internas que terminaron con la división del grupo y la creación de los Shottas y los Espartanos.

El control de los estuarios es clave para las rutas de cocaína

El narcotráfico representa la principal fuente de ingresos de los Shottas. La organización busca dominar barrios ubicados cerca de estuarios, espacios donde los ríos y remansos se conectan con el océano Pacífico.

En esos sectores existen astilleros informales desde donde pueden salir lanchas rápidas con cargamentos de droga. Las rutas también permiten llevar cocaína hacia embarcaciones de mayor tamaño y, según el reporte, facilitar el envío clandestino de sustancias en portacontenedores.

Los Shottas y los Espartanos disputan esos puntos por su importancia dentro de la cadena de transporte de cocaína. Las estructuras también ejercen control sobre el movimiento de cargamentos, cobran extorsiones y vigilan corredores utilizados para el contrabando.

La extorsión constituye otra fuente de financiación. El informe del mismo portal especializado sostiene que buena parte de los negocios de Buenaventura paga cuotas a uno de los dos grupos. Las actividades atribuidas a los Shottas también incluyen secuestros y hechos violentos contra personas que consideran vinculadas con sus enemigos o con las autoridades.

La disputa con os Espartanos mantiene fronteras invisibles en la ciudad

Los principales rivales de los Shottas son los Espartanos, con quienes comparten origen en La Local. Desde la división de 2020, ambas estructuras se enfrentan por barrios, rutas de tráfico y fuentes de extorsión.

La confrontación ha derivado en homicidios, restricciones a la movilidad y fronteras invisibles dentro de Buenaventura. Estas divisiones impiden que habitantes de algunos sectores circulen libremente hacia zonas controladas por el grupo rival.

Los tiroteos y amenazas han impuesto un toque de queda informal en comunidades bajo fuerte presencia criminal. Muchos habitantes evitan salir de sus casas después del atardecer por temor a ataques. Algunas escuelas incluso habrían modificado horarios para que los estudiantes regresen a sus viviendas antes de la noche.

La tregua de Paz Total redujo homicidios, pero se rompió en 2025

En octubre de 2022, los Shottas y los Espartanos acordaron una tregua en el marco de los acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro bajo la política de Paz Total.

El pacto produjo 92 días consecutivos sin homicidios en Buenaventura, de acuerdo con el informe. Las organizaciones prorrogaron la medida en distintas oportunidades y los asesinatos disminuyeron 16% entre junio de 2023 y junio de 2024.

No obstante, la tregua se rompió a comienzos de 2025 durante el gobierno de Gustavo Petro, y los homicidios volvieron a aumentar. Aunque el acuerdo de no agresión fue retomado meses después, la violencia ha tenido variaciones y la disputa territorial continúa.

El reacomodo de los mandos representa un nuevo factor de tensión. Además de la captura de alias Diego Optra en España, Jorge Isaac Campaz, alias Mapaya, identificado como líder de los Espartanos, fue detenido en abril de 2026 cerca de Santa Cruz, Bolivia.

Los Shottas operan en el continente y en zonas turísticas de Buenaventura

Los Shottas concentran su presencia en el área urbana de Buenaventura, en particular en comunas del continente, entre la 9 y la 12. La ciudad se divide entre una zona insular y otra continental, donde están varios de los barrios disputados por las organizaciones.

También tendrían una presencia menor en corregimientos y playas ubicadas al norte del municipio, como Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. En esas zonas, el grupo obtendría recursos mediante extorsiones y robos dirigidos a embarcaciones turísticas, según organizaciones locales citadas en el reporte.

En octubre de 2024, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estimó que los Shottas tenían entre 600 y 1.000 integrantes.

La organización mantiene una relación histórica con el Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—, también conocidas como Clan del Golfo, debido a sus antecedentes paramilitares y a intereses vinculados con el narcotráfico. En el escenario actual, las alianzas se han modificado de acuerdo con las disputas territoriales.

El Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central se habría aliado con los Espartanos en zonas cercanas a la Comuna 12. Como respuesta, los Shottas habrían establecido acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, que tiene presencia en áreas rurales del norte de Buenaventura.

Este balance se origina producto de las labores desarrolladas durante septiembre en aeropuertos del país para combatir el tráfico internacional de estupefacientes.

La intervención fue liderada por la Dirección de Antinarcóticos como parte de las acciones de la estrategia Esmeralda, que también permitió decomisar 96,7 kilogramos de marihuana e identificar 103 casos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades reforzaron controles sobre pasajeros, equipajes, carga aérea, envíos de correo y aeronaves. La operación contó con análisis de riesgo, gestión de información y coordinación con organismos de otros países, y señalaron cuáles son las modalidades de las que se han valido las redes criminales para ocultar la droga.

Detectaron cocaína oculta en café y cerveza con destino a España

Entre los hallazgos reportados, y uno de los que más llamó la atención de las autoridades colombianas, se encuentra el decomiso de 1.211 kilogramos de cocaína mezclados con café que tenían como destino Barcelona, España.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que el procedimiento se desarrolló con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

En otro caso, los investigadores detectaron un cargamento de 3.500 kilogramos de cocaína ocultos en cerveza. De acuerdo con la institución, el envío iba dirigido a Toledo, España.

Los dos hallazgos concentran la mayor parte de la droga incautada dentro de la operación. Por tal motivo, las autoridades analizan las rutas, los responsables de los despachos y los mecanismos utilizados para ocultar las sustancias dentro de productos de exportación.

Las organizaciones usaron equipajes, encomiendas y sustancias adheridas al cuerpo: así camuflan la droga

La Dirección de Antinarcóticos señaló que la operación permitió identificar distintas modalidades de ocultamiento utilizadas para sacar droga del país por vía aérea.

Además de la mezcla de cocaína en productos de exportación, los investigadores encontraron casos de sustancias escondidas en objetos tipo recuerdo, maletas, envíos postales y paquetes de correo.

Desde la institución también reportó modalidades que incluyen estupefacientes adheridos al cuerpo de pasajeros y casos de transporte mediante ingesta. Estos métodos, según el comunicado, buscan superar los controles en las terminales aéreas.

La operación incluyó cooperación con cuatro países

La Policía informó que la Operación Jotam fortaleció el intercambio de información con autoridades de España, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La cooperación permitió identificar rutas que tendrían como destino España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Panamá. El comunicado no precisó los aeropuertos donde se realizaron las incautaciones ni la nacionalidad de las 32 personas detenidas.

Según la institución, el análisis de pasajeros, carga y mensajería permitió anticipar nuevas formas de camuflaje empleadas por las organizaciones que operan en el tráfico transnacional de drogas.

El general Castaño expuso que las organizaciones narcotraficantes ajustan sus estrategias para utilizar los aeropuertos como plataformas de salida de sustancias ilícitas.

“Desde la Dirección de Antinarcóticos estamos fortaleciendo el análisis de riesgo, la cooperación internacional y nuestras capacidades operativas para anticiparnos a estas modalidades y cerrar las rutas utilizadas por estas organizaciones criminales”, señaló el oficial.

Al final, desde la Policía se recalcó que no cesarán con los controles e intercambios de información para afectar las rutas aéreas de narcotráfico y las estructuras que las utilizan para surtirse.

Semanas atrás cayó un cargamento de droga en México procedente de Colombia: oculto en bolsas de café

La tarde del 15 de septiembre de 2026 la Secretaría de Marina aseguró 1.077 kilos de café contaminado con presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Aicm), con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas.

El cargamento procedía de Bogotá, Colombia, y tenía como destino España.

La mercancía quedó bajo resguardo de la Aduana del Aicm para determinar la naturaleza de la sustancia. Después del aseguramiento, las autoridades continuaron el proceso para obtener el dictamen técnico definitivo y poner el caso a disposición de la Fiscalía General de la República.

El embarque fue declarado como café tostado y molido y estaba compuesto por más de 3.000 bolsas. Su detección fue posible gracias a información del área de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Marina señaló que el caso podría corresponder a una modalidad de contaminación de mercancía lícita para trasladar sustancias ilícitas a través de distintos países, con los mismos patrones que señalaron las autoridades colombianas luego de entregar los resultados de la Operación Jotam.

Según dijo, el presidente Abelardo de la Espriella habría anunciado durante la campaña que promovería acciones contra dirigentes de izquierda y del progresismo.

Las declaraciones de Cepeda se conocieron el martes 29 de septiembre, luego de la suspensión de las visas estadounidenses de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y en un video publicado la mañana del martes 6 de octubre de 2026 desde su cuenta de X, dejó en claro que, tanto Petro ni él, están “vetados o censurados, ni nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie”.

El congresista sostuvo que esa decisión haría parte de movimientos que, a su juicio, buscan afectar a sectores cercanos al anterior Gobierno con corte de izquierda.

El senador no presentó pruebas públicas que respalden la existencia de ese plan, pero añadió en la grabación que el Gobierno nacional “quiere llevar a cabo decisiones totalmente arbitrarias que lesionan los derechos sociales y buscar reprimir de una manera cruenta la protesta y la movilización social pacífica y legítima de los ciudadanos”.

Cepeda expresó que el Gobierno de De la Espriella “está volviendo a reeditar prácticas de violación de derechos humanos, de censura de las libertades públicas”.

Como ejemplo, el congresista y una de las caras más visibles del Pacto Historico (partido de oposición), recordó la figura del jefe de Estado y “cómo se comporta con las y los periodistas que no son de su agrado, también con el poder judicial que no acata dócilmente, pues las fórmulas que proclama el gobierno y también incluso con los dirigentes gremiales”, al hacer referencia a la reciente salida de Bruce Mac Master.

Cepeda calificó al dirigente gremial como la “primera víctima de un tratamiento absolutamente arrogante e impositivo” por parte de la administración de De la Espriella.

Para el senador y excandidato presidencial que perdió en la segunda vuelta electoral con el hoy presidente, es “contra un amplio espectro de fuerzas, muy plural, que se está desarrollando una actitud eminentemente despótica y autoritaria” por parte del Gobierno nacional.

“Nos vamos a oponer claramente y vamos a defender los derechos sociales, las conquistas que hizo nuestro gobierno en los últimos años y, por lo tanto, vamos a salir adelante”, concluyó Cepeda, al precisar que su mensaje es de “responsabilidad, tranquilidad y también de esperanza al pueblo colombiano en cuanto a lo que va a ser nuestro comportamiento y conducta política”, aseveró..

Ivan Cepeda afirmó que ya informó a la Fiscalía sobre el supuesto plan de Abelardo de la Espriella

Durante sus declaraciones, Cepeda aseguró que conoce los movimientos que, según él, estarían en marcha contra dirigentes del Pacto Histórico.

También afirmó que le compartió información con antelación relacionada con ese asunto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y Cepeda añadió que “si se requiere lo volveré a hacer”.

El senador destacó que quienes estarían detrás de esas acciones conocen que él tiene información sobre sus actuaciones.

Cepeda planteó que desde la campaña presidencial y el comienzo del actual Gobierno había advertido sobre posibles iniciativas dirigidas contra figuras de izquierda. Según su versión, De La Espriella había expresado que buscaría llevar ante la justicia estadounidense a dirigentes del progresismo y del Pacto Histórico.

El congresista afirmó que esos señalamientos no corresponden a conjeturas, aunque no detalló los documentos, testimonios o elementos que respaldarían su denuncia.

El senador habló de un supuesto intento de fabricar testimonios

En una publicación en su cuenta de X, Cepeda señaló que tendría conocimiento de la reactivación de un plan que, según dijo, no pudo ejecutarse en el pasado por parte de agencias estadounidenses.

El congresista afirmó que el supuesto objetivo sería construir testimonios falsos para relacionarlo con actividades ilegales y provocar la apertura de un proceso judicial en Estados Unidos.

En la publicación también se mencionó la existencia de campañas en redes sociales en su contra, y atribuyó esas acciones a sectores de extrema derecha y a personas que, según su postura, actúan para amplificar ese tipo de mensajes.

Cepeda vinculó sus señalamientos con las visas de Martha Peralta y Euclides Torres

Las declaraciones se emitieron después de que se conociera la suspensión de las visas estadounidenses de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres (uno de los que colaboraron en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022).

Cepeda responsabilizó políticamente a De La Espriella por esa decisión y aseguró que se trataría de una acción dirigida contra personas vinculadas con el anterior gobierno.

Torres fue uno de los financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro y ha sido mencionado por su participación en contratación estatal durante el cuatrienio anterior.

No obstante, Cepeda no presentó elementos que permitieran establecer un vínculo directo entre el presidente De la Espriella y la decisión adoptada por las autoridades de Estados Unidos respecto de las visas.

De la Espriella respaldó las decisiones de Estados Unidos

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la suspensión de las visas a Peralta y Torres. En un mensaje en su cuenta oficial de X, hizo referencia a posibles medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y a sanciones administrativas.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”, escribió el mandatario.

El presidente también afirmó que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están comprometidos con la lucha contra la corrupción. “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes”, mencionó el jefe de Estado en su pronunciamiento.