A la hora de escribir este texto, aún no se sabe quién ganará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 21 de junio de 2026. Sin embargo, independientemente de quién sea elegido presidente por los colombianos, el próximo gobierno tendrá que enfrentar una situación complicada en materia económica.

Las últimas proyecciones del Banco Mundial ubican el crecimiento del PIB colombiano entre el 2,3% y el 2,8% para los próximos años, lo cual resulta insuficiente frente a una pobreza monetaria que, aunque se ha venido reduciendo desde hace varios años, sigue impactando a más de una cuarta parte de la población.

En cierta medida, estas proyecciones moderadas se explican por el repunte de la inflación desde el inicio de 2026. Esto obliga al Banco de la República a elevar de nuevo las tasas de interés, lo que frena la demanda agregada, a costa de reducir el potencial de crecimiento.

Más allá de una coyuntura económica que tarda más de lo previsto en converger hacia la meta de inflación del 3% anual, el próximo gobierno no podrá ignorar los problemas estructurales que afectan a la economía colombiana.

En especial, se puede mencionar la vulnerabilidad del país ante el cambio climático; las anomalías de temperatura y precipitación, cada vez más frecuentes, comprometen la productividad agropecuaria y el abastecimiento de energía. También las actividades ilegales de los grupos armados y las bandas criminales, que asfixian zonas rurales enteras y contribuyen a ampliar las brechas de desarrollo fuera de las áreas urbanas. Igualmente, una informalidad que afecta a más de la mitad de la población ocupada, junto con preocupaciones crecientes respecto a la salud y la educación. Finalmente, una estructura productiva que todavía muestra rezagos en materia de diversificación y valor agregado, junto con una inversión local y extranjera que aún depende en gran medida del petróleo y la minería.

El próximo gobierno seguramente no tendrá una receta milagrosa para enfrentar todos estos desafíos, en particular aquellos que existen desde hace décadas. Será necesario elegir prioridades (y mostrar resultados). Aun así, lo que puede ser un motivo de preocupación es que la lista de prioridades en materia de acción pública podría terminar siendo demasiado corta.

En efecto, aquí viene otro problema: el reciente deterioro de las finanzas públicas restringe el espacio fiscal para implementar políticas públicas que, por definición, tienen costos. El dilema se puede enunciar de la siguiente manera: una parte creciente del presupuesto de la nación debe ser asignada al pago de los intereses causados por la deuda pública, pero, al mismo tiempo, urge usar fondos para ejecutar acciones públicas que corrijan parte de los problemas que afectan a la economía colombiana.

Los dos candidatos de la segunda vuelta han hecho varias propuestas para mejorar las finanzas públicas, abordando temáticas tales como la reducción de ciertos tipos de gasto público, la búsqueda de eficiencias en la administración pública, la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, y la refinanciación de la deuda pública existente, entre otros.

Hoy en día es imposible predecir en qué medida se mejorarán las finanzas públicas y hasta qué punto será posible recuperar espacios fiscales para la acción pública. Sin embargo, la situación actual recuerda una verdad un poco incómoda: la capacidad de un gobierno para mostrar resultados depende de un adecuado manejo del dinero público.

Aunque el próximo mandatario heredará unas finanzas públicas deterioradas, no todo será responsabilidad de sus antecesores. Desde el inicio de su mandato, el nuevo gobierno deberá ser consciente de los obstáculos y, a pesar de ellos, tendrá que demostrar que sus propuestas mejoran las condiciones socioeconómicas de la población; en otras palabras, debe gobernar con responsabilidad.

Esta responsabilidad implicará diseñar políticas públicas, debatirlas en espacios públicos, evaluar sus costos y beneficios, monitorearlas y comprobar sus efectos… todos estos procesos están muy lejos del espectáculo y la emoción de las campañas electorales, así como del tono agresivo y polarizante de las publicaciones digitales. Ahí se encuentra otra verdad un poco incómoda: Colombia no necesita que la política se convierta en un show, sino personas capacitadas que acepten enfrentar los retos económicos del país con seriedad y responsabilidad.