En los próximos días, más de 550 mil estudiantes piuranos retornarán a las aulas para el inicio del año escolar 2026. Sin embargo, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 9 de cada 10 locales educativos en la región tienen riesgo alto o muy alto de inundaciones, lo que aumenta la urgencia de contar con infraestructura escolar segura y resiliente.

Brechas de infraestructura

En Piura, el 85.5% de los colegios son públicos; sin embargo, el acceso a servicios básicos evidencia profundas desigualdades. Mientras que el 93.3% de los colegios privados cuenta con agua, electricidad y desagüe, apenas un tercio de los colegios públicos dispone de estos servicios. La precariedad también se refleja en el estado físico de los locales: 2 de cada 5 colegios públicos presentan al menos un salón en mal estado. Entre los problemas más comunes se encuentran cerraduras deterioradas (18.4%), paredes dañadas (14.5%) y puertas en mal estado (13.6%).

Además, dos de cada cinco colegios públicos en Piura registran gran parte de su área techada en riesgo de colapso, por lo que requieren ser demolidos y sustituidos, afectando a más de 70 mil estudiantes. La situación es especialmente crítica en distritos con mayores niveles de pobreza, como Lagunas y Pacaipampa, ambas en Ayabaca, donde la pobreza supera el 60% y más de la mitad de sus colegios públicos tienen necesidad de sustitución.

Cuando los colegios resultan inhabitables, la alternativa temporal suele ser el uso de módulos prefabricados. En Piura, estos representan el 11.5% de las edificaciones educativas. No obstante, el 55.4% de estas estructuras fueron diseñadas en un inicio como soluciones de emergencia o temporales, pero llevan en promedio seis años de uso. En algunas provincias como Sechura, la mitad de los módulos prefabricados ya superan los diez años de uso. Esto incrementa significativamente el riesgo de colapso y limita su funcionalidad como aulas adecuadas.

Brechas en presupuesto

En 2025, el presupuesto de inversión de Piura en educación ascendió a S/ 576 millones, ajustado por inflación, de los cuales se ejecutó S/525 millones (91.1%), lo que ubica a la región como la quinta con mayor porcentaje de ejecución. Sin embargo, la brecha estimada por el MINEDU para cubrir las necesidades de infraestructura educativa en la región fue de S/ 10 mil millones en 2025, más del doble del presupuesto asignado ese año.

Para 2026, el presupuesto para proyectos de educación se ha reducido a S/ 432 millones, lo que representa una caída de 25% respecto al año pasado, en términos reales. Además, a menos de una semana del inicio de clases, la mitad de los proyectos de rehabilitación o remodelación de locales educativos registran nulos o escasos avances en su presupuesto.

Recomendaciones

Las elecciones generales, regionales y municipales de 2026 representan una oportunidad para priorizar propuestas orientadas a mejora educativa en Piura. Esto incluye, para las autoridades locales, la construcción de nuevos locales y el mantenimiento de los colegios existentes, a través de mecanismos como Obras por Impuesto (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP), así como garantizar infraestructura segura y servicios básicos funcionales. Solo así los estudiantes podrán acceder a una educación de calidad y reducir las brechas que persisten en la región.

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(*) Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con colaboración de Matias Buendia

Durante más de una década, Piura fue la principal región productora de petróleo del Perú: desde 2009, aportó más de la mitad del crudo nacional. Sin embargo, el potencial energético de la región se enfrenta a deficiencias en la gestión estatal y la falta de nuevas inversiones, lo que limita el potencial del sector como una importante fuente de crecimiento económico regional.

Potencial petrolero en Piura

Entre octubre de 2024 y setiembre de 2025, Piura produjo 7.9 millones de barriles, 31.9% menos que hace una década (11.6 millones en 2015). Además, ha perdido peso en la producción nacional y ahora representa menos de la mitad (48.1%), debido al aumento reciente de la explotación en Loreto. Esto se debe, en gran medida, a que la inversión nacional en hidrocarburos está estancada: se redujo de un promedio anual de US$ 1,400 millones entre 2004 y 2014 a apenas US$ 450 millones en la última década. Este retroceso se concentra en las actividades de exploración: desde 2021 solo se han realizado tres perforaciones, frente a las 47 ejecutadas en 2011-2015, y no se firma una nueva licencia desde 2017.

A esto se suman deficiencias en la gestión estatal en el sector. Las demoras y sobrecostos en la construcción de la Nueva Refinería Talara, entre otros problemas de gestión, dejaron a Petroperú en una situación financiera crítica. Por ejemplo, cuenta con una deuda financiera superior a US$ 5,460 millones al tercer trimestre de 2025, once veces más que en 2013. Peor aún, desde 2013, el Estado ha destinado S/ 24,600 millones en rescates financieros a la empresa, recursos que podrían haberse orientado a cerrar brechas esenciales, priorizando a Piura. Además, pese a los resultados negativos, la empresa estatal ha venido recibiendo nuevos encargos: a mediados de noviembre, se prorrogó el contrato temporal de Petroperú para la explotación del Lote Z-69, tras el fallido proceso de adjudicación de la operación.

El canon y las brechas piuranas

La relevancia de los hidrocarburos para Piura también se refleja en su aporte al fisco. Al 3 de diciembre, la región recibió S/ 297 millones por canon y sobrecanon petrolero. Sin embargo, estas transferencias son 35% menores que hace diez años y representan menos de la mitad de los montos máximos que recibía entre 2012-2014, ajustando por inflación. Esto en línea con la caída sostenida de la producción y pese a que los precios internacionales son 36% mayores que hace 10 años.

Pese a su potencial petrolero, la región mantiene rezagos económicos y sociales notables. Entre 2014 y 2024, el PBI per cápita de Piura cayó 2.5%, mientras el promedio nacional creció 8.7%. Las brechas de servicios son amplias: cuatro de cada diez viviendas y siete de cada diez escuelas carecen de acceso conjunto a agua, luz y saneamiento; cuatro de cada diez niños padecen anemia; y la continuidad del servicio de agua apenas alcanza nueve horas al día.

Esto corresponde también a un problema de gestión. Pese a los mayores recursos fiscales por hidrocarburos, múltiples municipalidades exhiben brechas de capacidades de ejecución. Con datos a inicios de diciembre de 2025, cerca de un tercio del canon petrolero destinado a la inversión pública permanece sin ejecutarse, lo que reduce el potencial impacto de estos recursos en la mejora de los servicios básicos y la infraestructura regional.

Cerrar las brechas de infraestructura y servicios en Piura requiere aprovechar plenamente su potencial energético. Para ello, es clave destrabar nuevos proyectos de exploración y producción, atraer mayor inversión privada y fortalecer la institucionalidad para gestionar de manera eficiente los recursos del sector. En ese contexto, se debe asegurar condiciones contractuales competitivas para impulsar la adjudicación de proyectos. Asimismo, resulta indispensable una ejecución eficiente de los recursos públicos, asegurando al cierre de brechas. Solo así Piura podrá traducir sus recursos petroleros en crecimiento sostenido, servicios de calidad y mayor bienestar para su población.

Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con colaboración de Pablo Castro

El turismo es uno de los principales motores de crecimiento de Cusco. A cinco años de la pandemia, si bien algunos indicadores muestran una recuperación gradual, aun no se alcanzan los niveles de precios de visitantes, producción y empleo. Así, la región está subaprovechando una actividad que impulsa la economía de miles de cusqueños y que podría contribuir a la reducción de la pobreza.

Recuperación incompleta

En 2024, los hospedajes de la región recibieron 3.4 millones de turistas, 2.4 millones más que lo registrado en 2023. Este incremento se explicó principalmente por una mayor llegada de turistas internacionales, que sumaron 858 mil visitantes más que 2023. A pesar de este avance, Cusco mantiene una brecha de 187 mil turistas nacionales y extranjeros respecto a los niveles registrados antes de pandemia. Asimismo, las visitas a Machu Picchu aún no alcanzan los niveles prepandemia. En 2024, el Santuario Histórico recibió 1.5 millones de visitantes, más del doble que en 2023, pero todavía 4.9% por debajo de lo registrado en 2019.

Arribo de visitantes a hospedajes en Cusco, 2019-2024

(millones de visitantes nacionales y extranjeros)

Fuente: Mincetur.

La lenta recuperación del turismo limita su potencial como generador de empleo. El empleo en el sector turístico de Cusco alcanzó los 66 mil puestos de trabajo directos e indirectos en 2024, una cifra 23.4% superior a 2023. Sin embargo, el nivel de empleo aún se mantiene 33.5% por debajo de 2019, cuando se contaban 100 mil puestos.

Empleo turístico total* en Cusco, 2019-2024

(miles de puestos)

*/ Incluye empleos directos e indirectos.

Fuente: Mincetur.

No obstante, el tráfico aéreo hacia Cusco ha mostrado una evolución positiva. En 2024, el Aeropuerto Velasco Astete movilizó 4.2 millones de pasajeros (+39.5% respecto de 2023). Esta cifra también supera en 7.3% el registro de 2019, que se explica por un incremento de 299 mil pasajeros nacionales, aunque persiste una diferencia en el flujo internacional, con 8.5% arribos menos que en 2019.

Limitaciones

Uno de los principales retos para la recuperación del turismo es la infraestructura deficiente. Según Skytrax, el Aeropuerto Velasco Astete tiene la calificación más baja entre los principales aeropuertos de Sudamérica ante el rezago en indicadores de comodidad y calidad de las instalaciones. A ello se suma el retraso en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, que acumula seis años de demora y un avance de apenas 24% al cierre de abril de 2025.

Otro factor relevante es la percepción internacional del Perú como destino turístico. Esta se deterioró con la conflictividad social y el aumento de la inseguridad ciudadana. El Departamento de Estado de EE.UU. elevó la alerta de viaje al nivel tres de un máximo de cuatro en 2022, recomendando evitar viajes al país debido a serios riesgos para la seguridad. Aunque en 2023 la alerta bajó a nivel 2, en 2024 se emitieron 10 nuevas advertencias, lo que indica una percepción de riesgo por parte del turista extranjero.

Perspectivas y recomendaciones

Durante enero y febrero 2025, el turismo en la región mostró resultados mixtos. Por un lado, el Aeropuerto Velasco Astete movilizó 681 mil pasajeros, una cifra 19.8% más que el 2023, y 23.4% por encima de 2019. Por otro lado, Machu Picchu, que recibió 191 mil visitantes, registró un crecimiento del 16.6% respecto al mismo periodo de 2024, aunque esta cifra se mantiene 4.9% por debajo de 2019. Pese a los avances, persisten desafíos vinculados a la falta de promoción internacional, los problemas de conectividad e inseguridad ciudadana. Superar estos obstáculos requiere de una estrategia integral que combine políticas públicas que aseguren una mayor competitividad del sector y un uso eficiente de recursos públicos, lejos de beneficios tributarios cuya efectividad carece de evidencia.

(*) Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con la colaboración de Maylith Coronel

Este 1 de mayo, mientras algunos celebran el Día del Trabajo, hay un grupo cada vez más grande que no tiene mucho que festejar: los jóvenes. Si bien el empleo en el Perú aumentó en más de 600 mil puestos en los últimos cinco años, en ese mismo periodo dejaron de trabajar 160 mil jóvenes de 15 a 29 años. De ellos, 90 mil incluso ya no buscan empleo, reflejando una pérdida de esperanza frente a un mercado laboral que cada vez los excluye más.

Conseguir un trabajo en adecuadas condiciones es un reto para muchos, pero para los jóvenes las barreras son aún más elevadas. El 77% de jóvenes trabaja en la informalidad, una proporción mayor al 69% de los adultos mayores de 30 años. Además, incluso cuando logran acceder un empleo formal, la posición de los jóvenes sigue siendo precaria: uno de cada cuatro jóvenes con empleo formal cae en la informalidad al año siguiente, según estimaciones del IPE.

Estos desafíos se han agravado en los últimos años. Tras la pandemia y la lenta recuperación económica, el mercado laboral se ha vuelto más retador para los jóvenes. Las empresas formales ahora prefieren contratar a mayores de 30 años cuatro veces más que a jóvenes menores de esa edad. Antes del 2020, ocurría lo opuesto: se buscaba contratar el doble de jóvenes que adultos mayores. Este cambio en las preferencias de las empresas respondería a la búsqueda de trabajadores con mayor experiencia y estabilidad, en un contexto de incertidumbre económica.

Con menores puestos ofrecidos por las empresas, los propios jóvenes han comenzado a sentir que no tienen oportunidades antes siquiera de intentar entrar al mundo laboral. De hecho, cuando se les pregunta por qué ya no están buscando trabajo, el 20% dice que es por su edad y otro 15% responde que no lo hace por falta de experiencia.

Otro aspecto que limita la empleabilidad de los jóvenes son las barreras para acceder a una buena educación o capacitación. Con el deterioro de los ingresos de los hogares, afectados por la pandemia y la recesión del 2023, se ha vuelto más difícil para muchos jóvenes continuar con sus estudios. Como consecuencia, ha aumentado el número de “Ninis”, es decir, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Al 2023, son 200 mil Ninis más que en 2019, y tres de cada diez no estudia por problemas económicos en su hogar.

Estas cifras deberían preocuparnos no solo por lo que significan hoy, sino porque comprometen la productividad de quienes sostendrán al país en el futuro. Hoy vemos menos jóvenes trabajando y estudiando, pero mañana veremos trabajadores con menos experiencia y habilidades. El IPE estima que cada año de educación superior puede aumentar el salario de una persona en más de 10%, y cada año adicional trabajando puede aportar un incremento de hasta 1%. Si no actuamos ahora, en diez o quince años tendremos una fuerza laboral menos productiva, con menores ingresos y con mayores dificultades para mejorar la calidad de vida de sus hogares.

La empleabilidad de los jóvenes debe ser una prioridad económica. Es urgente implementar medidas que efectivamente mejoren el acceso a una educación superior de calidad, conecten a los jóvenes con una primera experiencia de trabajo en condiciones adecuadas, y reduzcan los desincentivos a la contratación formal que hoy genera nuestra normativa laboral. Solo así el Día del Trabajo podrá ser una fecha que también pueda celebrar nuestra juventud.

La inseguridad ciudadana es uno de los mayores desafíos en La Libertad, donde la victimización ha alcanzado su punto más alto en seis años. Entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes se cuadruplicaron, convirtiéndola en la región con el mayor número de casos a nivel nacional. Además, el 88.7% de la población percibe un alto nivel de inseguridad, la cifra más elevada entre las regiones del norte. A pesar de este escenario, el presupuesto para orden público y seguridad este año se redujo en un 33% en términos reales en comparación con el año anterior.

Aumento de la criminalidad

La creciente inseguridad afecta la vida de los ciudadanos y frena el desarrollo económico, elevando los costos de seguridad para las empresas y reduciendo la confianza empresarial. Durante el primer semestre del 2024, la tasa de victimización se ubicó en 24.6%, la segunda más alta en el norte después de Piura (27.7%). El pesimismo sobre la inseguridad también ha crecido, el 88.7% de los liberteños cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, cifra que supera el promedio nacional de 86.1%. Este temor estaría vinculado al aumento de delitos como homicidios, extorsiones, sicariatos, secuestros, además de la expansión de economías ilegales.

El problema se intensifica con las extorsiones. Según la Policía, en 2024 La Libertad registró 246 denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes, cifra cuatro veces mayor que la registrada en 2019 (63) y la más alta a nivel nacional (49). Además, el Sistema Nacional de Defunciones reportó una tasa de homicidios de 10 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 7 en la primera mitad de 2019, ubicando a la región en el tercer lugar a nivel nacional, solo detrás de Madre de Dios y Tumbes.

Desafíos de gestión

La gestión de la seguridad en La Libertad enfrenta serios desafíos. Aunque el estado de emergencia, declarado en febrero de 2024, buscaba combatir la violencia y la minería ilegal con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras más de un año, las cifras de extorsión se han cuadruplicado, evidenciando la ineficacia de las medidas implementadas.

Además, se observa una menor prioridad de gasto. El presupuesto del Ministerio del Interior asignado a la región ha caído 43% en términos reales respecto a niveles prepandemia. Por su parte, el presupuesto en orden y seguridad destinados a La Libertad en los tres niveles cayó 33% en 2025 respecto a lo destinado en 2024. Asimismo, el Gobierno Regional destinó solo S/ 32.5 millones a la adquisición de vehículos de patrullaje en 2024, muy por debajo del compromiso de S/ 150 millones estipulado en el plan de gobierno para el periodo 2023–2026, que preveía reforzar la seguridad ciudadana mediante la compra de vehículos de vigilancia, drones y un helicóptero para la persecución delictiva. Esta ineficiencia en el gasto en seguridad se agrava al considerar el deficiente estado de la infraestructura policial. En 2023, ninguna comisaría de La Libertad contaba con equipo GPS, solo el 15% disponía de radio portátil (frente al 18% nacional) y apenas el 68% tenía computadoras, en comparación con el 86% a nivel nacional.

Desafíos y perspectivas

Es fundamental que el Estado asigne mayores recursos y defina lineamientos claros para reducir la criminalidad. Asimismo, es fundamental fortalecer la presencia policial con mejor equipamiento y estrategias de inteligencia para desarticular redes criminales. Además, el incremento del presupuesto en seguridad debe ser una prioridad, asegurando su uso eficiente y focalizado en las zonas de mayor incidencia delictiva. En esa línea, se debe aprovechar una mayor cooperación entre el sector público y privado, como las Obras por Impuestos o las Asociaciones Público-Privadas, para combatir la criminalidad en mejores condiciones.