La noche en que Hermenegildo (nombre ficticio que comparte la sentencia) y su familia debían embarcar en un crucero para celebrar una reunión largamente esperada, la sorpresa se transformó en desconcierto y frustración en el puerto de Barcelona. Su esposa, sus padres y un amigo colombiano acababan de llegar de Colombia con la ilusión de recorrer el Mediterráneo juntos, pero solo algunos pudieron cruzar la pasarela. La compañía les negó el acceso al barco a los padres y al amigo del demandante, alegando restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia de Covid-19 para ciudadanos de países fuera del espacio Schengen. La noticia cayó como un baldazo de agua fría: tras haber reservado y pagado el viaje completo, la familia vio truncada su oportunidad de compartir una experiencia única lejos de casa.

La decisión judicial, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, ha dado un giro inesperado al conflicto. El tribunal ha condenado solidariamente a MSC Cruises, S.A. y a Travelconcept, S.L. a indemnizar a Hermenegildo con 4.482,22 euros. El fallo, al que ha tenido acceso Infobae, entiende que la información facilitada por las empresas sobre las restricciones sanitarias resultó insuficiente y ambigua, lo que llevó a la familia a creer que todos podrían embarcar. El tribunal reconoce que la omisión y la falta de personalización en la información sobre los requisitos de entrada y las restricciones sanitarias constituyeron una vulneración de las obligaciones legales de las empresas de viajes. Las consecuencias para el demandante y sus familiares fueron claras: el viaje planeado se convirtió en una amarga experiencia y en una reclamación judicial que ahora encuentra respuesta favorable para el consumidor.

Las empresas no avisaron previamente de las restricciones

El origen de la frustración de Hermenegildo se remonta al 24 de agosto de 2021, fecha en la que realizó dos reservas para un crucero de ocho días por el Mediterráneo, con salida y llegada en Barcelona. El viaje no era solo un desplazamiento turístico, sino la oportunidad de reunir a su esposa, sus padres y un amigo, quienes habían viajado expresamente desde Colombia para compartir la experiencia familiar. Nada en el proceso de reserva ni en los correos electrónicos posteriores le hizo sospechar que la nacionalidad y residencia de sus padres y su amigo serían un obstáculo insalvable. Al contrario, los mensajes de la agencia y la naviera insistían en la consulta previa de las condiciones sanitarias y la posibilidad de que existieran restricciones, pero nunca alertaron de forma concreta sobre la prohibición de embarque para personas procedentes de países fuera del espacio Schengen.

El día de embarque, la familia se presentó en el puerto de Barcelona con los ánimos intactos. Los padres y el amigo, todos residentes en Colombia, habían logrado llegar a España sin incidentes, lo que reforzó la confianza de que podrían unirse al crucero. La negativa de acceso los tomó por sorpresa: la restricción, comunicada en ese momento, se basaba en su residencia y nacionalidad, factores que no habían sido advertidos con la suficiente claridad ni en la reserva ni en los avisos precontractuales. La situación obligó al matrimonio a replantear completamente su estancia, ya que dejar a los padres solos en un país extranjero no era una opción.

El recorrido judicial del caso empezó con la desestimación de la demanda en la primera instancia, dictada el 8 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Instancia de Burgos. Hermenegildo recurrió la decisión, sosteniendo que ni la agencia ni la naviera cumplieron con su deber de informar de manera precisa sobre las restricciones aplicables a los pasajeros de países no Schengen. La Audiencia Provincial de Burgos, al analizar la prueba, concluyó que la información facilitada se limitó a advertencias genéricas y que no existió una comunicación individualizada sobre la verdadera imposibilidad de embarque. El tribunal recordó que la ley impone a las empresas la obligación de proporcionar información clara y personalizada sobre los requisitos de entrada, incluidos los sanitarios y los vinculados a la nacionalidad. No se acreditó que MSC Cruises, S.A. o Travelconcept, S.L. alertaran expresamente sobre la prohibición para los residentes en Colombia, ni que ofrecieran alternativas u orientación adicional.

Como consecuencia, la Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, condenando a ambas empresas a pagar 4.482,22 euros al demandante, cantidad que incluye los gastos de los billetes, una noche de hotel y una indemnización por daño moral equivalente al 25% del coste del viaje. La sentencia impone además a las empresas el pago de las costas de la primera instancia, aunque no las del recurso. La posibilidad de recurrir en casación queda abierta únicamente bajo los estrictos requisitos que marca la ley, ya que la resolución se apoya en la interpretación de normas de consumidores y en precedentes judiciales sobre el deber de información en viajes combinados.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Donald Trump intensifica la tensión diplomática con España. Este jueves, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que se plantea retirar las tropas estaduidenses del país durante una comparecencia en la Casa Blanca. El mandatario ha justificado esta posibilidad en la postura crítica mantenida por el Gobierno español hacia la política exterior de Washington respecto a Irán, reafirmando su desacuerdo con la respuesta europea a la escalada de hostilidades en Oriente Medio.

“España ha sido horrible, absolutamente horrible”, ha apuntado Trump tras ser cuestionado acerca de la posibilidad de retirar militares de España e Italia, en paralelo a su anuncio sobre Alemania. ¿Por qué no debería? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible”, ha respondido. El presidente ha añadido que, según su punto de vista, Estados Unidos ofreció ayuda a Europa con Ucrania —pese a la distancia oceánica— mientras que los países europeos no respondieron con la misma disposición en la cuestión iraní.

El mandatario ha señalado, además, que el estrecho marítimo es fundamental para Europa y no para Estados Unidos, subrayando su tesis de que los aliados europeos deberían haber mostrado mayor voluntad de colaboración.

“Cuando los hemos necesitado no han estado allí y lo tenemos que recordar. Aunque no necesitábamos ninguna ayuda con Irán, porque desde el primer día estuvo acabado y ahora todavía más. No necesitábamos su ayuda pero dije que nos encantaría tener su ayuda porque quería ver si lo harían y en todos los casos dijeron que no querían verse involucrados”, ha señalado.

Amenaza a Alemania

La amenaza formulada por Trump es la continuación de su decisión de retirar soldados destacados en Alemania, medida que el presidente estadounidense ha vinculado de forma explícita con las críticas formuladas por el canciller alemán, Friedrich Merz, contra los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Trump, además, ha justificado su postura señalando que el conflicto con Irán reviste mayor urgencia para Europa, Israel y Oriente Medio que para los propios Estados Unidos, apelando a la necesidad de impedir que Irán disponga de armamento nuclear. Para reforzar su argumento, el presidente estadounidense ha afirmado: “Para este mundo, para nuestro país, pero sin duda para Israel, Oriente Medio y Europa, es mucho más urgente. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

En el centro del reproche dirigido a Europa, Trump ha incluido una crítica específica a la posición del canciller alemán. Ha recordado una conversación directa con Merz, en la que le preguntó si desearía ver a Irán dotado de un arma nuclear. Según Trump, Merz rechazó esa posibilidad, lo que, a su juicio, valida su propio enfoque en las operaciones militares recientes.

Durante semanas, un detective privado vigiló la rutina de Celia en el pequeño municipio de Trigueros, en la provincia de Huelva. Las imágenes recogidas, entradas y salidas reiteradas de un mismo domicilio, se convirtieron en la pieza central de una batalla judicial que llevaba años gestándose. La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la extinción de la pensión compensatoria que su exmarido, Plácido, debía abonarle desde su divorcio, tras considerar probado que convivía de forma estable con otro hombre. Con esta decisión, la historia que comenzó con una separación en el año 2001 y un divorcio en 2007 encuentra un giro definitivo: la relación sentimental de Celia ha sido suficiente para que la Justicia le retire la ayuda económica mensual que percibía.

La sentencia, dictada el 14 de enero de 2026, pone fin a una prestación de 305 euros mensuales fijada tras el divorcio y mantiene el criterio de la jueza de primera instancia. El tribunal no solo desestima el recurso de Celia, sino que la condena a pagar las costas del proceso de apelación y a perder el depósito que había efectuado para recurrir. La resolución se apoya en el informe elaborado por el detective, que documentó la convivencia de Celia con otro hombre en Trigueros durante el verano de 2022. Para la Audiencia, la prueba es contundente: la demandada “entra, sale y pernocta diariamente” en la vivienda de su pareja, y así lo corroboran tanto el reportaje fotográfico como el hecho de que en ese mismo domicilio fue emplazada judicialmente meses después.

El conflicto entre Celia y Plácido se remonta a las sentencias de separación y divorcio dictadas en 2001 y 2007, respectivamente, por las que se estableció una pensión compensatoria a favor de la mujer. Aquella cantidad, 305 euros mensuales, había sido fijada por el juzgado tras valorar el desequilibrio económico generado con la ruptura. Con el paso de los años, Plácido decidió iniciar el procedimiento de modificación de medidas, alegando que la situación que justificó la pensión había cambiado: aseguraba que Celia, además de recibir la prestación, trabajaba en la economía sumergida y, sobre todo, mantenía una convivencia estable con otra persona en Trigueros.

El hombre decía conocer solo “de vista” a Celia

El informe aportado como prueba fue elaborado entre el 20 de junio y el 13 de agosto de 2022. Durante ese periodo, el detective documentó que Celia entraba, salía y pernoctaba diariamente en el domicilio de Jose Pedro, el hombre con quien la Audiencia considera que mantenía una relación more uxorio. La propia Celia recogió el emplazamiento judicial en esa vivienda en marzo de 2023, una circunstancia que, para el tribunal, refuerza la solidez de la convivencia probada. En el juicio, Jose Pedro compareció como testigo, pero su declaración resultó poco convincente para los magistrados: llegó a afirmar que solo conocía a Celia “de vista” y negó que hubiera dormido en su casa, versión que la Audiencia rechaza de plano por contradecir la documentación gráfica.

La vía judicial ha tenido diversas etapas. Tras la demanda de modificación de medidas presentada por Plácido, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Huelva extingue la pensión compensatoria en julio de 2024. Celia recurre en apelación, alegando principalmente un error en la valoración de la prueba y falta de motivación en la sentencia, además de sostener que la situación económica de su exmarido había mejorado y que no existía convivencia marital con otra persona. La Audiencia Provincial, en su sentencia del 14 de enero de 2026, responde a cada uno de estos argumentos. Los jueces consideran que la motivación de la sentencia es adecuada, que el informe de detective fue admitido legalmente y conocido por la parte demandada, y que no se causó indefensión a Celia. La resolución recuerda que, según el artículo 101.1 del Código Civil, la convivencia more uxorio del beneficiario de la pensión es causa suficiente para su extinción.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Huelva zanja una disputa judicial de más de dos décadas y deja abierta únicamente la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podría ser presentado por Celia en los siguientes veinte días si considera que existe interés casacional o infracción de norma procesal o sustantiva.

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Cuando la situación de la vivienda es dramática y comprarse una casa, misión imposible, quien tenga suerte solo puede esperar una cosa: heredar. Pero hay un problema. Un estudio recién publicado de Fedea revela que la edad media a la que los españoles reciben su primera herencia ha pasado de los 35 años en la década de 1970 a los 55 años en 2022, un desplazamiento de dos décadas que tiene consecuencias económicas directas y medibles sobre la vida de quienes heredan tarde.

La investigación, firmada por J. Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco García-Rodríguez, de la Universidad de Alcalá, analiza los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España entre 2002 y 2022, con ocho oleadas y aproximadamente 6.000 hogares por ola. Sus resultados cuantifican por primera vez el coste económico del retraso hereditario: cada año adicional de demora en recibir una herencia se asocia con una reducción de alrededor del 2% en el patrimonio neto a largo plazo. Una demora de diez años equivale, según los autores, a una pérdida de riqueza de aproximadamente el 22%.

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“A medida que las herencias se reciben más tarde en la vida, su capacidad para fomentar la acumulación de riqueza (...) se debilita”

El mecanismo es doble. Por un lado, quien hereda tarde pierde años de rentabilidad acumulada sobre ese capital. Por otro, y más determinante según el estudio, quien hereda tarde llega sin liquidez a los momentos del ciclo vital en que más la necesita: la compra de la primera vivienda, la puesta en marcha de un negocio o la formación de una familia. “A medida que las herencias se reciben más tarde en la vida, su capacidad para fomentar la acumulación de riqueza, relajar las restricciones crediticias e influir en las decisiones económicas más importantes se debilita sistemáticamente”, sostiene el documento.

El envejecimiento demográfico es el motor principal de este desplazamiento. A mayor esperanza de vida, más tarde mueren los padres y, por tanto, más tarde heredan los hijos. Pero el estudio identifica un factor institucional específico de España que agrava el fenómeno: la práctica del usufructo vidual, por la que los bienes se dejan en usufructo al cónyuge superviviente, lo que retrasa la transmisión efectiva de la propiedad a los hijos hasta la muerte del progenitor que vive más. El resultado es que el retraso en la herencia supera con creces el aumento de la esperanza de vida individual, porque el umbral relevante no es cuándo muere uno de los padres, sino cuándo muere el último.

El retraso en heredar no golpea a todos por igual

El retraso no golpea a todos por igual. El estudio desglosa los resultados por nivel educativo y encuentra una asimetría llamativa: el coste del retraso hereditario recae casi en exclusiva sobre los hogares con estudios primarios y secundarios. Para los primeros, cada año de demora se asocia con una caída del 3,85% en el patrimonio neto. Para los de educación secundaria, la penalización es de alrededor del 2%. Para los universitarios, en cambio, el efecto es estadísticamente nulo. La explicación que ofrecen los autores es el acceso al crédito: quienes tienen mayor formación pueden financiarse por otras vías y sortear la falta de liquidez que provoca heredar tarde. Quienes no la tienen, no.

Esta brecha se traslada a decisiones concretas. Los hogares que heredan antes tienen más probabilidades de ser propietarios de su vivienda principal, de invertir en inmuebles adicionales y de montar un negocio. En el caso de los hogares con estudios primarios, el estudio encuentra un resultado que los autores califican de llamativo: el momento en que se recibe la herencia predice si ese hogar acaba siendo propietario de inmuebles adicionales, mientras que el tamaño de la herencia no lo predice. Es decir, para este grupo, no importa tanto cuánto se hereda como cuándo.

Qué pasa con las donaciones en vida

Las donaciones en vida —las transferencias inter vivos— podrían en teoría compensar el retraso, al adelantar la llegada del capital a los hijos cuando más lo necesitan. El estudio examina esta posibilidad y concluye que el mecanismo existe pero está distribuido de forma profundamente desigual. La probabilidad de recibir una donación en vida aumenta de forma monotónica y pronunciada con el nivel de riqueza del hogar, y las transferencias anticipatorias —las recibidas antes de los 45 años y antes de la herencia— se concentran casi exclusivamente en los dos deciles superiores de la distribución de patrimonio. Los hogares que más se beneficiarían de recibir capital temprano son precisamente los que menos acceso tienen a él por esta vía.

Los hogares que más se beneficiarían de recibir capital temprano son precisamente los que menos acceso tienen a él por esta vía

El estudio apunta también al marco legal español como factor condicionante. La legítima —la parte de la herencia reservada por ley a los herederos forzosos, que representa típicamente dos tercios del caudal— limita la capacidad de los testadores para redistribuir libremente sus bienes o adelantar su transmisión. A diferencia de los sistemas de derecho anglosajón, los herederos españoles tienen escaso margen para anticipar o acelerar la llegada de la herencia.

Los autores proponen que las políticas fiscales consideren no solo el tamaño de las transferencias patrimoniales, sino también el momento en que se producen. Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de modular los impuestos sobre sucesiones en función de la edad del heredero en el momento de recibirla, o de establecer incentivos fiscales para las donaciones en vida condicionados al nivel de riqueza del donante, con el fin de evitar que esa vía refuerce aún más la concentración de patrimonio en los hogares ya aventajados.

Jorge Azcón (PP) ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con 39 votos a favor —26 del Partido Popular (PP) y 13 de Vox— en el segundo día del debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. La derecha y la extrema derecha sellan así un Gobierno de coalición con la formación ultra que incluye, entre sus puntos más polémicos, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

El popular se convierte en el primer presidente en repetir mandato en la comunidad desde la restauración democrática. La aritmética de la sesión refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento aragonés: entre PP y Vox suman 40 diputados de los 67 que componen la Cámara, aunque una parlamentaria ultra no compareció por enfermedad, lo que redujo el respaldo efectivo a 39 votos. Azcón calificó el resultado de “investidura histórica”, en alusión a la mayoría absoluta que ambas fuerzas obtuvieron en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación también se hará con un senador de designación autonómica. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable”, ha afirmado Nolasco durante el pleno, para quien el acuerdo “no es un cheque en blanco”. El portavoz ultra fue más allá en la defensa de la “prioridad nacional”: “No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España”, subrayó ante la Cámara.

El propio Azcón se esforzó en matizar el alcance de esa cláusula. El presidente investido insistió en que la medida se aplicará con “estricta legalidad”, que en el acuerdo “no se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad” y que el criterio de acceso se vincula a un “arraigo real, duradero y verificable”.

Momentos tensos en la investidura

El debate de este miércoles también dejó momentos de tensión dialéctica. Cuando la portavoz de Izquierda Unida (IU), Marta Abengoechea, cargó contra el candidato por “legitimar el discurso racista” de Vox, Azcón respondió con una pregunta que arrancó las risas del propio Nolasco: “¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?”. La izquierda aragonesa —PSOE, IU y Chunta Aragonesista (CHA)— mantuvo a lo largo de la jornada una ofensiva sostenida contra la asunción del ideario ultra por parte del PP.

La portavoz del PSOE y jefa de la oposición, Pilar Alegría, ha abierto la sesión recordando que Nolasco no aplaudió en ningún momento el discurso de investidura de Azcón el día anterior. “No es porque fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue; no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló Alegría, quien advirtió que Vox intentará “devorarles por dentro” a lo largo de la legislatura. La exministra reprochó además a Azcón no haber buscado un acuerdo presupuestario con los socialistas antes de convocar elecciones anticipadas ni haber tendido puentes tras las urnas del 8 de febrero.

Nolasco, que previsiblemente ocupará la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo, fue tajante sobre las expectativas de su partido: “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”. La advertencia llega en un contexto en el que Azcón convocó las elecciones anticipadas en diciembre precisamente para tratar de deshacerse de la dependencia parlamentaria de los ultras, que le impedía sacar adelante los presupuestos. El resultado fue el contrario: el PP perdió dos diputados respecto a la legislatura anterior, mientras Vox duplicó su representación, lo que otorgó a la formación de Santiago Abascal un peso aún mayor en la negociación del nuevo pacto de gobierno.

La guerra en Oriente Medio deja también cadáveres empresariales. Ascend Airways, aerolínea británica, entró en situación de liquidación este lunes, apenas tres años después de su relanzamiento, según informó The Sun. El cierre fue repentino: la tripulación recibió las cartas de notificación esa misma tarde, mientras los directivos esperaban a que el último vuelo operativo, el YD187 procedente de Mascate (Omán), aterrizara sin incidentes en el aeropuerto de Stansted antes de hacer el anuncio público.

Un correo electrónico interno atribuyó el colapso a una combinación de presión económica, aumento de costes en el Reino Unido y falta de contratos. “Hoy ha quebrado, nos enteramos esta tarde. Todos hemos recibido las cartas informándonos de que la empresa entrará en liquidación”, declaró una fuente interna al diario británico. El mismo empleado apuntó directamente al diferencial de costes con el continente: “El Reino Unido es un 40% más caro que Europa porque los impuestos son demasiado altos”.

La crisis del combustible de aviación también pesó de forma determinante. Los precios del queroseno en Europa se dispararon hasta los 1.570 euros por tonelada a principios de abril, frente a los 709 de febrero, en un contexto de tensión geopolítica vinculada al conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. Fuentes internas de la aerolínea reconocieron al medio británico que “la situación del combustible influyó muchísimo” en la decisión final.

El detonante, el impago del alquiler

El detonante inmediato fue el impago a la empresa de alquiler de aeronaves. “Cuando supimos que no habían pagado, supimos que todo iba cuesta abajo rápidamente”, admitió una fuente interna al rotativo. Las negociaciones de última hora para encontrar socios que adquirieran suficientes aviones y mantuvieran la operativa a flote fracasaron, y la aerolínea devolvió su flota de seis Boeing 737 MAX 8 a los arrendadores.

Meses antes del cierre, la compañía había depositado sus esperanzas en obtener la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit), una licencia que le habría abierto el acceso a rutas internacionales. El intento, que se extendió hasta marzo de 2026, terminó en fracaso. Pese a ello, la empresa continuó con nuevas contrataciones hasta semanas antes del colapso, lo que generó confusión e indignación entre el personal. “Nos sorprendió bastante que contrataran a más personal; creo que contaban con obtener el certificado IOSA”, señaló una fuente interna a The Sun.

Los trabajadores no recibirán los salarios pendientes en su totalidad. A través del proceso de liquidación, podrían percibir una compensación de hasta 750 libras esterlinas semanales (865 en euros), una cifra que no cubre el total de las cantidades endeudadas. “No nos van a pagar lo de mayo y tenemos que pasar por el proceso de liquidación”, lamentó uno de los empleados afectados.

Ascend Airways había operado como proveedor ACMI (un tipo de contrato de alquiler de aeronaves) para aerolíneas como TUI Airways, Oman Air y Air Sierra Leone. La compañía fue fundada originalmente como Synergy Aviation en 2004 y adoptó su último nombre en 2023, año en que también amplió su flota con los Boeing 737 MAX 8. Su propietaria, el grupo lituano Avia Solutions Group, describió el cierre como una “optimización estratégica”. El colapso de Ascend se produce en un momento de fuerte presión sobre el sector aéreo europeo. Sin ir más lejos, y aunque a España no le afecta tanto esta crisis como a otros países europeos, aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea han anunciado que recortan vuelos por el aumento del precio del queroseno.

Lo que sí que subirán son los precios. La previsión de inflación pasa del 2,1% al 3,1%. Estos datos figuran en el Informe de Progreso Anual, ratificado por el Consejo de Ministros y que se remitirá esta semana a la Comisión Europea, en cumplimiento de los plazos normativos fijados por Bruselas.

“La economía española, en la situación presente y haciendo frente al shock de la guerra de Irán, está mejor preparada que en ocasiones anteriores en el ámbito económico, energético y presupuestario”, ha asegurado Cuerpo en la rueda posterior al Consejo de Ministros. “Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos con Europa, consolidando nuestras finanzas públicas, reduciendo nuestro déficit y deuda de manera sostenida y también cumpliendo con la regla de gasto, que es el principal, eh, objetivo y el principal compromiso en materia de reglas fiscales en Europa”, ha continuado.

Compromisos con Bruselas

El vicepresidente ha indicado que la evolución positiva de la economía facilita el cumplimiento de los compromisos del plan, como el déficit público, que en 2025 se ubicó en 2,4% del PIB. Excluyendo el gasto de la DANA, la cifra baja a 2,2% y, si se eliminan todos los efectos extraordinarios, según Cuerpo, desciende al 2%, una décima por debajo del 2,5 % comprometido. Para este año, se prevé que el déficit también sea inferior a lo estimado: 1,6% del PIB una vez descontados todos los efectos extraordinarios, frente al objetivo del 2,1%.

El saldo primario, que no contempla el pago de intereses de la deuda, mostrará un superávit del 0,3 % del PIB en 2026, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía. Esto permitirá reducir la deuda pública al 99,3 % del PIB, por debajo del 100,1 % previsto y rebajando el umbral del 100 % un año antes de lo previsto.

El informe de progreso señala que el gasto primario neto aumentará un 4,5% en 2025, cifra superior al límite del 3,7% acordado con Bruselas, aunque permite cumplir las reglas fiscales utilizando todos los mecanismos de flexibilidad disponibles.

Las nuevas reglas fiscales europeas permiten desviaciones puntuales del límite de aumento del gasto mediante mecanismos de flexibilidad de hasta tres décimas de PIB en un año o seis décimas de PIB acumuladas durante el periodo de análisis.

Cuerpo justifica los datos del paro

Finalmente, Cuerpo también ha anunciado que prevé que en abril España supere los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Según ha explicado, la cifra rondará los 22.060.000 afiliados, dato que se confirmará con la próxima publicación de las estadísticas de paro registrado y afiliación.

Sobre el aumento de la tasa de paro al 10,8% registrado por la EPA del primer trimestre, el ministro ha señalado que este periodo suele mostrar los peores datos del año debido al fin de los contratos vinculados a la campaña navideña, y ha afirmado que los datos mantienen una tendencia al alza en el empleo.

Contratos temporales, turnos variables y sustituciones que nunca acaban. Esta es la historia de Inocencia (nombre ficticio), una operaria de la empresa Corporación CLD, encargada de la gestión de residuos y limpiezas en Cataluña, pero su situación la ha vivido/vive mucha gente. En total, según la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, encadenó 17 contratos en poco más de dos años. En su caso, siempre bajo la promesa de que su puesto solo era necesario por la ausencia temporal de algún compañero. El día que decidió reclamar lo que consideraba justo —el reconocimiento de su relación indefinida—, la respuesta de la empresa no tardó en llegar: despido laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado nulo el despido de Inocencia, obligando a la empresa a readmitirla y a indemnizarla. La sentencia no solo reconoce la vulneración de derechos fundamentales, sino que obliga a la compañía a devolver a Inocencia a su puesto en las mismas condiciones previas al despido. Además, le impone el pago de los salarios que dejó de percibir desde agosto de 2023 y una indemnización de 7.501 euros por los daños morales sufridos. La resolución judicial analiza el impacto de la medida en la vida de la trabajadora, que durante más de dos años solo encontró contratos eventuales y nunca vio reconocida su necesidad permanente dentro de la plantilla. La justicia concluye que su despido fue una represalia directa tras reclamar su derecho a la fijeza laboral.

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La historia de Inocencia comenzó el 11 de enero de 2021, cuando firmó su primer contrato temporal como operaria de limpieza para Cespa. En los siguientes dos años y medio, su nombre aparecía una y otra vez en nuevos documentos laborales: contratos por sustitución de vacaciones, por bajas médicas de otros trabajadores, extensiones sucesivas que nunca consolidaban su puesto. La empresa justificaba cada alta y baja alegando circunstancias de producción o la necesidad puntual de cubrir ausencias. Entre enero de 2021 y agosto de 2023. Como comentábamos anteriormente, 17 contrataciones temporales y algunas con apenas semanas de diferencia entre sí.

El 12 de septiembre de 2022, Corporación CLD asumió la plantilla por subrogación y continuó la misma práctica de contratos eventuales. En ese periodo, Inocencia fue destinada hasta en 13 ocasiones distintas a sustituir a empleados en situación de incapacidad temporal. El último de estos contratos fue ampliado en septiembre de 2022 para cubrir la baja médica de una compañera, Sonia, que se extendió hasta el verano siguiente.

El tribunal ve fraude de ley

La trabajadora, ante la perpetuidad de la temporalidad, presentó el 18 de enero de 2023 una papeleta de conciliación para reclamar el reconocimiento de su relación indefinida. La empresa no accedió a su petición. Tan solo siete meses después, el 9 de agosto de 2023, recibió la carta de despido bajo el argumento de que había finalizado la causa de sustitución por la reincorporación de la persona a la que cubría.

El conflicto pasó primero por el Juzgado Social número 2 de Barcelona, donde se declaró únicamente la improcedencia del despido, pero no la nulidad. Sin embargo, Inocencia recurrió en suplicación, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revisó minuciosamente el caso. El tribunal detectó que la cadena de contratos eventuales era en realidad un fraude de ley, pues respondía a una necesidad continuada y no a causas temporales reales. Además, consideró que el despido se produjo como represalia tras la reclamación de fijeza, vulnerando la garantía de indemnidad protegida por la Constitución y la normativa laboral.

La sentencia del 23 de marzo de 2026 revoca la decisión previa, declara nulo el despido y obliga a la compañía a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones, abonar los salarios dejados de percibir y pagar 7.501 euros por daño moral. Además, la resolución señala que la empresa no justificó de forma suficiente la necesidad de extinguir el contrato, ni demostró que la situación que motivó la contratación hubiera desaparecido realmente.

Contra esta resolución todavía cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recurso que debe prepararse en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia. Hasta entonces, el caso de Inocencia se convierte en un ejemplo de cómo la justicia laboral puede revertir el curso de una cadena de contratos temporales y sancionar la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El primer día de trabajo de Ángel como peón de albañil en una empresa de construcción de Madrid terminó en la sala de urgencias. Sin estar dado de alta en la Seguridad Social, se cayó de un andamio y se lesionó la rodilla izquierda, iniciando así un largo periplo de bajas médicas, trámites judiciales y muchos problemas con la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que la empresa queda exonerada de indemnizarle por el accidente, pese a que la relación laboral comenzó en la más absoluta precariedad.

La historia de Ángel muestra la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse algunos trabajadores del sector. Contratado verbalmente el 14 de abril de 2021, Ángel empezó a trabajar en New Life Forms sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Esa misma jornada, sufre un accidente bajando de un andamio y comienza una incapacidad temporal que se extendería hasta marzo del año siguiente. No fue hasta el 18 de junio de 2021 cuando recibió un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social, informándole de que la empresa había tramitado su baja en la Seguridad Social con efectos desde ese día. La sentencia no aclara en qué momento la empresa regularizó —si es que lo hizo— su alta, únicamente deja constancia de la fecha de baja y que el accidente sucedió sin cobertura.

Por lo tanto, la empresa, tras el accidente, puso fin a la relación laboral y Ángel se vio obligado a impugnar su despido ante los tribunales. El Juzgado de lo Social número 43 de Madrid dictó sentencia en 2022, declarando la improcedencia del despido. Sin embargo, la batalla judicial por el accidente siguió un rumbo distinto.

Pese a la gravedad de las consecuencias físicas y personales, la reclamación de Ángel para que la empresa le indemnizase por los daños sufridos en el accidente laboral no prosperó. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión del juzgado de instancia: no existían pruebas suficientes para responsabilizar a la empresa por falta de medidas de seguridad. Tampoco se acreditó el vínculo directo entre el accidente y la supuesta negligencia empresarial, más allá de la ausencia de alta en la Seguridad Social.

El tribunal subrayó que, aunque la omisión del alta en la Seguridad Social constituye una infracción laboral, no es suficiente para establecer una relación de causa-efecto con el accidente sufrido. La demanda de Ángel se apoyaba en la idea de una “falta absoluta de medidas de seguridad”, pero la sentencia remarca que no se aportó ninguna prueba objetiva que acreditara un defecto en el andamio, el suelo o la dinámica de trabajo. Tampoco existía acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo ni expediente de recargo de prestaciones por la Seguridad Social.

El historial médico de Ángel

A esto se sumó un elemento determinante: el historial médico de Ángel incluía lesiones previas en la misma rodilla, producto de un accidente de tráfico ocurrido dos meses antes de incorporarse a la obra. El informe médico forense, incorporado al proceso, concluyó que únicamente una pequeña fractura marginal de la meseta tibial podía asociarse al accidente laboral y que no existían secuelas permanentes derivadas de este incidente. El tribunal consideró que la falta de pruebas sobre un incumplimiento concreto de la normativa de prevención por parte de la empresa impedía establecer su responsabilidad indemnizatoria.

Por resumir los hechos: Ángel logró en los tribunales una victoria parcial al lograr que el despido se declarara improcedente. Continuó luchando en los tribunales para reclamar una indemnización por los daños del accidente y en marzo de 2023 presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, sin acuerdo, y en febrero de 2025 el juzgado desestimó su demanda contra New Life Forms. Finalmente, en enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la absolución de la empresa.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Un estudio recién publicado por el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja una cifra que interpela directamente al consumidor: los márgenes de ganancia excesivos de las empresas equivalen a una pérdida del 16,94% de la capacidad de compra anual de los hogares españoles. Dicho de otra manera, si las empresas cobraran precios más cercanos a lo que les cuesta producir, cada español podría permitirse casi un 17% más de bienes y servicios con el mismo sueldo.

El documento, firmado por los economistas Alfonso Camba, Matías Covarrubias, José Luis Rodríguez y Raquel Tárrega, parte de un concepto técnico llamado margen o markup: la diferencia entre el precio al que una empresa vende un producto y lo que le costó fabricarlo. Cuando ese margen es del 20%, significa que por cada 100 euros de coste, la empresa cobra 120. El problema no es que las empresas obtengan beneficios —eso es inherente a cualquier economía de mercado—, sino que cuando ese margen supera lo que permitiría una competencia real, el exceso lo paga el consumidor sin obtener nada a cambio.

El informe describe ese sobreprecio con una analogía reveladora: actúa como un impuesto invisible y uniforme sobre toda la actividad económica. “El margen agregado actúa efectivamente como un impuesto sobre toda la actividad productiva”, apunta el texto. Esto quiere decir que, al igual que una subida del IVA encarece los productos y reduce lo que los hogares pueden comprar, los márgenes elevados producen el mismo efecto, con la diferencia de que el dinero no va al Estado sino a los beneficios empresariales.

La comparación con el sueldo es la más directa para entender el alcance. Si una familia española gasta 30.000 euros al año en consumo —alimentación, vivienda, transporte, ocio—, el modelo del BdE y la CNMC sugiere que, en un mercado más competitivo, esa misma familia podría consumir el equivalente a unos 5.000 euros adicionales sin ganar un solo euro más. Simplemente porque los precios serían más bajos.

El estudio también lanza una advertencia sobre la velocidad a la que se agrava el problema. Subir el margen promedio apenas cinco puntos porcentuales —del 20% al 25%— no produce un daño moderadamente mayor, sino que casi duplica la pérdida de capacidad de compra de los hogares, del 16,94% al 30,83%. Cuanto más alto es el precio de partida, más caro le sale al consumidor cada nueva subida.

Tres vías por las que el mercado pierde eficiencia

Los autores identifican tres mecanismos distintos a través de los cuales los márgenes dañan la economía. El primero, y más relevante, es el efecto directo sobre los precios: las empresas producen menos de lo que producirían en un entorno competitivo y cobran más por ello, lo que reduce la cantidad de bienes disponibles para los consumidores.

El segundo mecanismo es más sutil, pero igualmente dañino: la dispersión de márgenes entre empresas genera una mala asignación de recursos. Las empresas más grandes tienden a cobrar márgenes más altos, lo que atrae hacia ellas más capital y trabajo, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque tienen más poder de mercado. El resultado es que los recursos productivos del país no van a donde generarían más riqueza, sino a donde hay más poder de fijación de precios. Según el estudio, esta distorsión reduce la productividad total de los factores de la economía española entre un 1,3% y un 2,9%.

El tercer canal tiene que ver con la entrada de nuevas empresas al mercado. Los márgenes elevados distorsionan los incentivos para crear nuevas compañías, aunque el estudio señala que este efecto es el menos determinante de los tres.

España no es un caso aislado. La Comisión Europea calculó en 2024 que el aumento de márgenes empresariales registrado desde el año 2000 puede haber reducido el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea entre un 5% y un 7%. El fenómeno ha empeorado en las últimas décadas a ambos lados del Atlántico, con métricas de competencia deterioradas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Lo que aporta el nuevo documento es precisamente su anclaje en datos españoles. Los investigadores utilizaron la Central de Balances del Banco de España, que recoge información financiera de miles de empresas, para calibrar el modelo con la realidad del tejido productivo nacional. Es la primera vez que una metodología de este tipo —desarrollada originalmente para Estados Unidos por los economistas Edmond, Midrigan y Xu— se adapta al caso español con datos propios.

Qué significa para la política económica

Las conclusiones del informe apuntan en una dirección clara para los reguladores: incluso reducciones moderadas de los márgenes pueden tener un impacto notable en el bienestar de los consumidores, especialmente cuando el punto de partida es un margen elevado. La no linealidad del efecto convierte cada décima de reducción en más valiosa cuanto mayor es el margen inicial.

El contexto político refuerza la relevancia del informe. En marzo de 2026, el presidente Pedro Sánchez anunció un paquete anticrisis —el Real Decreto-ley 7/2026— que amplió las capacidades de supervisión y sanción de la CNMC sobre los márgenes empresariales en el sector de los combustibles, en respuesta al encarecimiento de los carburantes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio. En abril, el Consejo de Ministros fue un paso más allá y solicitó formalmente a la CNMC que elabore recomendaciones antes del 31 de mayo sobre la evolución de los márgenes en toda la cadena de valor del combustible. El Gobierno se reserva la posibilidad de intervenir los precios en función de lo que concluya el regulador.

El estudio del BdE y la CNMC llega, además, en un momento en que la propia CNMC registró en 2025 un récord de 122 concentraciones empresariales revisadas —frente a las 87 de 2024—, lo que refleja una aceleración en la consolidación de mercados que los expertos en competencia advierten que puede agravar las distorsiones que el documento cuantifica.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes que España remitirá el jueves a la Comisión Europea el informe de progreso de su Plan Fiscal, el documento con el que el Gobierno rinde cuentas ante Bruselas sobre el grado de cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias en materia de reducción de deuda y déficit público.

“España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos“, ha afirmado Cuerpo ante los medios de comunicación a la salida del Invest in Spain Summit, el foro que reúne en el Teatro Real de Madrid a representantes de 75 multinacionales de 25 países. El informe incluirá una actualización del escenario económico que recoja la incertidumbre global generada por el conflicto en Oriente Próximo y sus efectos sobre las previsiones de crecimiento e inflación.

Pese a ello, el ministro ha aclarado que la presentación del jueves constituye únicamente el paso previo a la revisión del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. La actualización completa de ese escenario, precisó, no llegará hasta finales de junio. “Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, ha recalcado el ministro.

Ese plazo deja apenas tres meses —con el verano por medio— para la tramitación de las cuentas públicas, lo que alimenta los pronósticos sobre una nueva prórroga presupuestaria. Las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un crecimiento del 2,2% para 2026, lo que situaría a España como líder del PIB en la Unión Europea (UE) por quinto año consecutivo, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido del conflicto en Irán y el encarecimiento de la energía, el Gobierno activó un plan anticrisis de 80 medidas con ayudas por valor de 5.000 millones de euros, centradas en rebajas fiscales y subvenciones a los combustibles.

Sánchez: “España es el mejor compañero de viaje”

La jornada ha arrancado con la inauguración del Invest in Spain Summit, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante los directivos de las multinacionales presentes las razones para elegir a España como destino de inversión en un entorno marcado por la guerra comercial de Trump y las turbulencias derivadas del conflicto bélico en Irán. “En tiempos de turbulencia, España es el mejor compañero de viaje“, ha afirmado el presidente en su discurso inaugural. Minutos antes, el presidente había mantenido encuentros con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que España ha generado la mitad del empleo creado en la UE, tiene garantizado el suministro energético gracias a las renovables y registra por primera vez en 60 años menos deuda que la media mundial. También aludió al freno de la economía alemana ante la competencia china y a las dificultades de la francesa.

La delegación estadounidense es la más numerosa del foro, con 19 empresas, seguida de las de China (8), Japón (7), Francia (5) y Reino Unido (4). Ese peso responde al avance de la inversión procedente de Estados Unidos en el último ejercicio, que se situó en 10.008 millones de euros —un tercio del total—, impulsada en gran parte por compromisos plurianuales de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft. En la primera edición del foro, celebrada en 2025, se movilizaron compromisos de inversión por 4.400 millones de euros, cifra que el Ejecutivo aspira a superar en esta convocatoria.

Con información de la agencia Efe

En el juicio del caso Koldo y las mascarillas, este lunes ha sido el turno del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ante el Tribunal Supremo, Balas ha hablado de la relevancia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la operación y ha enfatizado su capacidad para facilitar el acceso de los implicados a esferas a las que de otro modo no hubieran llegado. Su conclusión: la influencia de Ábalos fue determinante para la presunta trama. “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”, ha asegurado.

El testimonio de Antonio Balas insiste en que, aunque Víctor de Aldama ejercía funciones de mando, el papel de Ábalos era indispensable. El teniente coronel ha explicado que Aldama, Koldo García y el propio exministro disponían de teléfonos desechables para sus comunicaciones, facilitados presuntamente por Rubén Villalba. También ha aportado que la intervención y el registro de los dispositivos de los investigados respondieron a procedimientos que, por sistema, impiden la manipulación de evidencias, asegurando la integridad de los soportes electrónicos intervenidos.

El abogado defensor de Ábalos ha cuestionado durante la sesión la vinculación directa de su cliente con la organización investigada y los supuestos sobornos atribuidos a la trama. Frente a estas preguntas, Balas ha recalcado ante la sala la trascendencia del exministro: “¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde ellos no pueden llegar. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige, le pagan".

Aldama mandaba, pero Ábalos lideraba

El propio teniente coronel ha explicado que, aunque Aldama era quien “mandaba, exigía”, la trama no habría conseguido avanzar ni lograr sus objetivos sin la presencia de Ábalos. El responsable de la UCO ha especificado que en la estructura que se investiga existían miembros con diferente peso, pero el exministro resultaba imprescindible para que determinadas acciones se realizaran. Además, Balas ha explicado que la relación entre Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo García se remonta al verano de 2018, respaldando este dato con informes incorporados a la causa.

Durante su exposición ante el tribunal, Balas ha precisado que en unas comunicaciones fechadas el 24 de agosto de 2018, Aldama ya presumía ante un empresario mexicano de su relación directa con “el ministro de Fomento de aquí”. En otro intercambio, fechado siete días después, el hermano de Aldama le habría animado con la frase “lo tienes a huevo para hacer muchas cosas”, según el testimonio presentado ante el tribunal. Balas también ha detallado que la primera petición entre los integrantes se dio el mismo día en que Koldo García y Víctor de Aldama se conocieron, aunque no ha especificado la naturaleza precisa de esa solicitud.

Los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros domiciliarios fueron objeto de especial atención durante la sesión. Las defensas han intentado cuestionar la validez de los registros, aludiendo a presuntas irregularidades y posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Los agentes de la Guardia Civil presentes han defendido la rigurosidad técnica del procedimiento, asegurando que “de ninguna manera” se ha producido manipulación alguna de los portátiles ni del disco duro que estaba en poder de Koldo García.

Con información de agencias y de otros medios

En el corazón de la Puerta del Sol, la plaza más emblemática de Madrid, hay una farmacia centenaria. Está en el número 14, entre una óptica y una hamburguesería. La gestionaba Heraclio (nombre ficticio que aparece en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae) desde 1985. Pero el local no es suyo, sino que estaba en alquiler. Ahora, Heraclio, a sus 90 años, ha decidido jubilarse y dejar que su hijo, también farmacéutico, sea quien se encargue del negocio familiar. Pero no va a poder ser.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la extinción del contrato de arrendamiento que se mantenía vivo desde hace 41 años. ¿Por qué? La sentencia subraya que la propietaria del local ha logrado acreditar que el supuesto titular ya no ejerce su actividad y que el negocio ha sido traspasado en los hechos a su hijo y a una sociedad mercantil vinculada a la familia.

La causa que pone fin al contrato

El tribunal ha ratificado la decisión adoptada en primera instancia: el contrato de arrendamiento del local de la farmacia se extingue y debe resolverse, obligando a Heraclio a desalojar el inmueble. La resolución judicial considera que la jubilación efectiva del arrendatario y la cesión inconsentida del local a terceros constituyen causas suficientes para poner fin a una relación contractual que se remonta a los años ochenta.

Los magistrados apoyan su fallo en la documentación aportada, informes de detectives y testimonios que revelan cómo el padre apenas aparece en la botica y es su hijo, Arturo, quien dirige la actividad y figura como responsable ante las autoridades sanitarias. El impacto inmediato es la pérdida del derecho a ocupar el local para la familia, que además deberá afrontar las costas del proceso y el riesgo de lanzamiento en caso de no abandonar voluntariamente el espacio.

Desde el verano de 1985, Heraclio había firmado el contrato de arrendamiento del local, con cláusulas que prohibían la cesión o el subarriendo sin el consentimiento expreso de la propiedad. Durante años, mantuvo la titularidad formal y la gestión del negocio, pero en 1999 se jubiló y comenzó a percibir la pensión correspondiente, aunque tiempo después la suspendió para figurar como activo. Pese a esa suspensión, las pruebas aportadas en el procedimiento —incluyendo la confesión del propio arrendatario, el informe de un detective privado y las declaraciones de los conserjes del edificio— evidenciaron que Heraclio, ya con más de 90 años, acudía solo de forma esporádica a la farmacia.

El papel del hijo en la farmacia

El día a día lo llevaba su hijo, quien desde 2019 figura oficialmente como farmacéutico sustituto y, además, como administrador único de Parafarmaweb S.L., empresa dedicada a la venta online de productos de parafarmacia, que utilizaba el local como punto de venta y referencia en sus comunicaciones y redes.

La resolución administrativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2021 ya había dejado constancia de que el hijo, Arturo, era el director efectivo de la farmacia. El tribunal también valoró el hecho de que Parafarmaweb S.L., —con un volumen de ventas superior a 500.000 euros y domicilio social en otra dirección— utilizaba la ubicación de la Puerta del Sol como punto de entrega y referencia comercial, algo que quedó plasmado en el acta notarial incorporada al proceso.

El Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid estimó íntegramente la demanda del arrendador y declaró tanto la extinción como la resolución del contrato, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y del artículo 114 de la ley de 1964, al considerar que se había producido tanto la jubilación del titular como una cesión en los hechos no consentida. La Audiencia Provincial confirma ahora esa decisión y desestima el recurso de Heraclio, subrayando que la suspensión posterior de la pensión no puede considerarse una jubilación parcial ni puede servir para simular una continuidad profesional inexistente.

En su fallo, la Audiencia Provincial impone las costas del proceso de apelación al arrendatario y le advierte de la inminencia del desalojo. Tras esta sentencia, la familia pierde toda posibilidad de mantener el negocio en la ubicación histórica de la Puerta del Sol.

Queda abierta, no obstante, la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La ley concede a la parte afectada un plazo de veinte días para interponerlo, siempre que acredite el depósito correspondiente. Solo una decisión del alto tribunal podría revertir una resolución que pone fin a una relación profesional y familiar con el centro de Madrid, iniciada hace más de cuarenta años.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Nicolas, ciudadano peruano representado por su madre, Adela, inició el procedimiento para obtener la nacionalidad española como sefardí originario de España según la Ley 12/2015. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública denegó la solicitud en 2021, argumentando que los documentos aportados no acreditaban de forma suficiente ni su ascendencia sefardí ni la especial vinculación requerida con España. La demanda fue desestimada en primera instancia, lo que llevó a Nicolas a recurrir en apelación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por Nicolas. El tribunal considera que la documentación aportada demuestra tanto su condición de sefardí como la especial vinculación con el país. Entre los documentos valorados figuran certificados de comunidades judías reconocidas y avaladas por la Federación de Comunidades Judías de España, informes genealógicos y certificados académicos relacionados con la cultura y sociedad españolas. La sentencia reconoce a Nicolas la nacionalidad española por carta de naturaleza, deja sin efecto la resolución administrativa previa y obliga a la administración a realizar los trámites necesarios para la efectividad de esta declaración. No se imponen costas a ninguna de las partes.

Los documentos entregados

Nicolas inició el proceso de solicitud de nacionalidad española aportando pruebas como certificados de origen sefardí emitidos por la Congregación Or VeShalom de Atlanta y la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí de Lima, así como informes genealógicos elaborados por especialistas y documentos de entidades reconocidas. La administración cuestionó la validez y suficiencia de estos documentos: señaló falta de aval territorial, ausencia de reconocimiento legal del rabino firmante y la supuesta insuficiencia de los informes genealógicos y de apellidos para cumplir los requisitos exigidos por la Ley 12/2015.

La demanda presentada por Nicolas fue rechazada inicialmente por el Tribunal de Instancia de Madrid, que consideró que no se habían cumplido los requisitos legales. Sin embargo, en apelación, la Audiencia Provincial revisó los documentos aportados y las resoluciones previas de la Dirección General, y concluyó que sí se cumplían los requisitos legales. El tribunal valoró la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que los medios probatorios deben ser considerados en su conjunto y que los informes genealógicos y de apellidos pueden ser suficientes si son emitidos por entidades competentes. Además, constató que Nicolas había superado las pruebas exigidas por el Instituto Cervantes para acreditar la especial vinculación con España.

El recorrido judicial ha incluido una primera instancia desfavorable, seguida de un recurso de apelación que resultó estimado. La sentencia de la Audiencia Provincial no admite recurso ordinario, aunque cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo legal establecido. Mientras tanto, la sentencia reconoce la nacionalidad española de Nicolas y ordena a la administración realizar los actos necesarios para hacer efectiva esta declaración.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

A casi 3.900 metros de altitud, la aldea de Dhankar, en el Himalaya indio, acoge uno de los enclaves espirituales y paisajísticos más singulares del Valle de Spiti. Allí, un monasterio con más de mil años de historia permanece suspendido en el borde de un acantilado, en un entorno donde la fe y la supervivencia han evolucionado bajo la influencia implacable de la naturaleza.

La posición del monasterio de Dhankar sobre la abrupta ladera convierte a este asentamiento en uno de los más sobresalientes del Himalaya. El edificio domina un paisaje de desfiladeros profundos y ríos alimentados por el deshielo. La ubicación y la altitud han determinado el carácter de la comunidad local y han preservado su legado frente a las amenazas externas.

Dhankar, antigua capital de la región de Spiti en Himachal Pradesh, se sitúa a unos 32 kilómetros de Kaza. Su emplazamiento, en la ladera árida de un desierto de montaña, marcó primero su uso como fortaleza natural antes de convertirse en centro espiritual. La protección geográfica ha permitido que la localidad conserve una conexión palpable entre paisaje y espiritualidad.

El monasterio constituye el mayor atractivo turístico de la aldea. Construido sobre un espolón rocoso y aparentemente equilibrado en el borde del acantilado, el edificio ofrece al visitante una impresión visual de gran impacto. En el interior, pasillos estrechos llevan a salas de oración donde los murales y estatuas muestran colores atenuados por el paso de los siglos. Pese a la erosión y al riesgo de terremotos, la estructura permanece en uso cotidiano. Los monjes residentes siguen custodiando las prácticas religiosas vinculadas al templo.

El paisaje alrededor de Dhankar se aleja radicalmente del verdor característico de otras localidades himalayas. Abunda el terreno árido, el silencio y un ambiente lunar. No hay ni bosques ni mercados concurridos, lo que intensifica la sensación de aislamiento y autenticidad. Muy cerca, el valle desciende de forma abrupta, y la vista permite constatar la interdependencia entre la vida local y el medio.

En el entorno inmediato, existe un atractivo adicional para los viajeros: el Lago Dhankar. El acceso requiere recorrer un sendero empinado de unos 45 minutos, pero la llegada ofrece un ambiente sereno, rodeado de colinas marrones y con el reflejo de las montañas multiplicando la amplitud del cielo.

El antes y el después de cada estación en el Valle de Spiti

La visibilidad y el acceso a Dhankar dependen drásticamente de las condiciones meteorológicas y las estaciones. Según ha informado la televisión india NDTV, los meses más recomendables para llegar a la aldea se extienden de junio a septiembre, cuando las carreteras están abiertas y el clima presenta cierta estabilidad. Durante el invierno, las nevadas intensas dificultan el acceso y las temperaturas bajan notablemente por debajo de cero. Incluso en verano, las noches resultan frías y la altitud exige que los visitantes se preparen adecuadamente.

El acceso más común parte de Kaza, que actúa como base para quienes exploran Spiti. Desde allí, puede llegarse a Dhankar por carretera desde Manali, atravesando el Paso Kunzum cuando las condiciones lo permiten, o desde Shimla, recorriendo Kinnaur. La ruta desde Shimla, aunque más extensa, goza de mayor fiabilidad. El aeropuerto de Bhuntar, cerca de Kullu, es el más próximo, aunque el trayecto finaliza siempre por carretera a través de las montañas. Para quienes optan por el tren, las estaciones de Shimla o Kalka marcan el límite, teniendo que continuar después en vehículo privado o taxi local.

El alojamiento en Dhankar es esencialmente modesto, sin lujos ni grandes infraestructuras turísticas. La mayoría de los viajeros pernoctan en casas familiares o posadas donde se sirven comidas caseras, contribuyendo así a conservar el carácter genuino del lugar.

La dificultad de acceso refuerza el vínculo entre el viaje y la experiencia; llegar a la aldea y contemplar el panorama se presenta como un todo indivisible. Este destino no figura en los itinerarios de quienes priorizan la comodidad o la velocidad, sino que apela a los buscadores de paisajes elevados y de una historia milenaria. La imagen del monasterio milenario encaramado al precipicio sintetiza la singularidad de Dhankar dentro de Spiti.

Con información de NDTV Travel

La pareja formada por Monique (75 años) y Jean-Pierre (77) ha optado por una alternativa residencial poco común: instalar una vivienda modular en el jardín de su propia casa en el municipio belga Dilbeek. “Con 50 metros cuadrados, tenemos espacio de sobra”, ha afirmado Jean-Pierre al portal belga especializado Livios, en referencia al tamaño de su nuevo apartamento, que les proporciona una autonomía ajustada a sus necesidades y un considerable ahorro económico.

Este modelo de vivienda asistida se mantendrá en el jardín trasero durante un periodo inicial de tres años sin requerir permiso de obras tras haber presentado personalmente la solicitud de construcción ante el Ayuntamiento. El plazo es prorrogable una única vez por otros tres años, según ha detallado el matrimonio al medio belga. La residencia se ha instalado sustituyendo el invernadero y el cobertizo que antes ocupaban esa superficie, siguiendo todos los requisitos del estándar QZEN, que suponen un consumo energético casi nulo.

Para Monique y Jean-Pierre, la decisión de mudarse a esta unidad independiente ha surgido tras buscar sin éxito un piso asequible en la zona, priorizando siempre aquellos con “una terraza grande, una plaza de aparcamiento privada, estar cerca de nuestra casa actual y, sobre todo, ajustarse a nuestro presupuesto”, tal como ha reconocido la pareja en su entrevista con Livios. La búsqueda infructuosa y un inesperado cambio en la situación familiar de una de sus hijas forzaron la aceleración del proceso: fue entonces cuando optaron por ceder la vivienda principal a ella y sus cuatro hijos.

El camino elegido tenía un precedente en la familia. “Ya conocíamos el concepto porque una de nuestras hijas había convertido su garaje en una vivienda durante la reforma de su casa”, ha explicado Jean-Pierre, lo que les llevó a explorar el mercado de módulos habitacionales, descartando la ampliación del propio inmueble por razones de coste y distribución.

Durante la instalación, la empresa constructora STiDO asumió íntegramente el proceso. “La instalación fue rapidísima: la grúa llegó a las 22:00 y, a medianoche, la unidad ya estaba en su sitio”, ha relatado el matrimonio, destacando que el montaje fue breve y todas las conexiones ya estaban resueltas. Los nietos recibieron la nueva construcción con sorpresa y expectativa.

Diferencias hay entre vivir en una vivienda en el jardín y un piso convencional

El día a día en el nuevo apartamento presenta tanto ventajas como retos logísticos. “El mayor cambio para nosotros fue el mobiliario. Tuvimos que comprar muebles nuevos que se ajustaran perfectamente a las dimensiones del apartamento. Esto requirió algo de investigación y tiempo”, ha indicado Monique a Livios. A pesar del espacio limitado, el diseño facilita accesibilidad y funcionalidad. “Las puertas y los pasillos son lo suficientemente anchos para el acceso en silla de ruedas, y los baños están adaptados”, ha detallado la pareja. Aunque les falta algo de espacio de almacenamiento y siguen utilizando servicios compartidos como la lavadora, consideran que las limitaciones son asumibles gracias al uso del garaje y el jardín comunitario.

“Las puertas y los pasillos son lo suficientemente anchos para el acceso en silla de ruedas, y los baños están adaptados”

En el plano social, la mudanza a una vivienda de estas características también implica ajustes: “Podemos invitar a una pareja a cenar o tomar algo con ocho personas, pero no más”, ha explicado Monique, subrayando la conveniencia de adaptar la mentalidad a estos espacios compactos.

Lo que Monique y Jean-Pierre recomiendan a quienes buscan esta opción

Los consejos de ambos para quienes contemplen una transición similar son claros. “Empiecen mientras aún estén en forma y tengan movilidad. Además, tengan en cuenta que mudarse es un gran esfuerzo. Les obliga a desprenderse de cosas que han acumulado a lo largo de los años, lo cual puede ser emocionalmente difícil”, ha recomendado el matrimonio al portal Livios, instando a pactar previamente acuerdos entre todas las partes implicadas y describiendo su propio funcionamiento como una especie de “cooperativa”.

En cuanto a la relación coste-eficiencia frente a una residencia de ancianos tradicional, Monique ha sido contundente en sus declaraciones a Livios: “Por ahora, vivimos de forma independiente, sin ayuda externa, pero está disponible si la necesitamos. En cuanto al costo, es una decisión acertada que reduce significativamente la carga financiera, tanto para la comunidad como para nosotras y nuestras hijas”. La diferencia de tarifas entre este sistema y un centro de mayores convencional es, en palabras de la pareja, abismal: “Si fuéramos a una residencia de ancianos tradicional, las tarifas serían completamente diferentes; los costes son mucho más altos”.

La pareja deja claro que, salvo casos de pérdida grave de autonomía, su elección de vida, por el momento, es inmejorable. “Mientras podamos vivir así, no podríamos estar mejor en ningún otro lugar”, han sentenciado Monique y Jean-Pierre en su conversación con Livios.

Los repartidores de Glovo van a protagonizar este fin de semana una huelga nacional convocada por Comisiones Obreras (CCOO) para protestar contra lo que el sindicato califica como “abuso laboral” tras el proceso de laboralización de los riders y contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza a 750 trabajadores en toda España. La paralización arranca este viernes a las 20.00 horas y se extenderá a lo largo de todo el sábado 25 de abril. El domingo, la protesta se concentrará en el tramo de las 12.00 a las 16.00 horas.Además, hay previstas concentraciones este sábado enfrente de cuatro establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald’s en las localidades de Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada (Madrid)

CCOO denuncia que Glovo pretende “normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías”, pese a años de conflicto por el modelo de contratación de la empresa y al proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. “La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de trabajadores”, denuncian desde Comisiones Obreras.

El sindicato, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones realizadas en Glovo, lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los riders pese a la “ofensiva constante” de la dirección. Sostiene que el ERE encubre un intento de externalizar la plantilla a través de las llamadas “flotillas”. Se refiere así a empresas subcontratadas que realizan las mismas funciones que los repartidores directos de Glovo, pero bajo convenios laborales distintos y con condiciones inferiores.

Carlos Rodríguez, delegado de CCOO en el Comité de Empresa de Glovo Álava, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que en algunos casos estas empresas ya emplean a trabajadores que fueron despedidos previamente por Glovo. “La diferencia es que les aplican otro convenio y van sacando todo el personal de la empresa madre”, han apuntado Rodríguez.

El representante sindical también ha informado de que el sindicato presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo en todas las provincias con comité de empresa de Glovo, al considerar que las flotillas se utilizan para “minimizar el efecto de la huelga”. Desde Álava, CCOO contabiliza más de 50 despidos desde las últimas elecciones sindicales, en el marco de lo que califica como un “ERE encubierto” extendido durante meses a escala estatal.

Piden la renuncia del ERE

Entre las exigencias del paro figuran la renuncia al ERE, el cese del régimen sancionador que CCOO considera “ilegal y represivo”, la negociación de un convenio colectivo propio acorde a las condiciones laborales actuales, y el fin de los obstáculos a la organización sindical. El convenio vigente data de 2006 y, según el sindicato, se aplica sin negociación con los comités de empresa.

CCOO también ha apelado a la ciudadanía para que durante los días de huelga evite realizar pedidos a través de Glovo como gesto de solidaridad con los trabajadores. “No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad”, ha afirmado el sindicato.

“No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta"

La huelga es el punto de llegada de una escalada de movilizaciones que comenzó en varias provincias en febrero. Hace una semana, cerca de un centenar de riders convocados por CCOO se concentraron frente a la sede de Glovo en Madrid para protestar por las mismas razones.

Por su parte, Glovo justificó los despidos como una medida para “evitar su cierre”, tras asegurar que tuvo que reducir su servicio en varias provincias españolas, aunque de momento lo mantiene en 800 localidades del país. La compañía ha evitado por ahora hacer comentarios sobre la huelga.

Hace menos de un año, Glovo pasó a contratar directamente a sus repartidores —más de 14.000, según sus propios datos— para adaptarse a la ley que prohíbe el uso de falsos autónomos como repartidores desde 2021. CCOO estima, no obstante, que al menos otros 20.000 trabajadores están contratados en flotas de “empresas pantalla”, y aguarda a que la Seguridad Social le comunique el dato real de afiliados, cifrado en unos 30.000.

Glovo, fundada en España, pertenece al grupo alemán Delivery Hero desde 2022 y opera en 23 países. El año pasado, la Comisión Europea multó a ambas compañías con 329 millones de euros por formar durante cuatro años un cártel en el reparto de comida y otros productos.

Con información de Europa Press y Efe

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha de una ayuda económica destinada a las familias que contraten a empleadas del hogar en la región, una iniciativa que pretende facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral y que, además, busca impulsar la contratación regulada de este colectivo. Según ha detallado Ayuso, la medida estará dirigida específicamente a quienes necesiten apoyo en el cuidado de menores y dependientes en el ámbito doméstico.

Las familias de la Comunidad de Madrid podrán acceder a una subvención de hasta 4.000 euros si cumplen los criterios establecidos. El programa está destinado a personas titulares de un hogar que contraten a una empleada encargada del cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 años con discapacidad. También podrán beneficiarse quienes tengan a cargo familiares de hasta segundo grado que presenten una discapacidad igual o superior al 50% o algún grado de dependencia reconocido.

El periodo subvencionable comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, y se admitirán las contrataciones realizadas tanto en ese intervalo como con anterioridad. Para quedar incluidos, la renta per cápita familiar no debe superar los 30.000 euros y será necesario cumplir el resto de requisitos publicados.

Qué requisitos deben cumplir las familias

De acuerdo con la información proporcionada por la Comunidad de Madrid, uno de los requisitos principales es residir y estar empadronado, tanto el titular del hogar como, en su caso, su pareja o cónyuge, en la misma vivienda en la que resida el menor o familiar dependiente. La vivienda debe estar situada dentro de la Comunidad de Madrid. Además, en los casos en que la contratación se dirija al cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad, los progenitores deben estar trabajando a jornada completa, bien por cuenta ajena o propia.

Existen, no obstante, excepciones a esta exigencia laboral. No será necesario tener una jornada completa si los progenitores presentan una discapacidad igual o superior al 33%; si la familia se encuentra en situación monoparental, en cuyo supuesto el progenitor podrá estar trabajando a tiempo parcial o beneficiarse de una reducción de jornada; o si se trata de una familia numerosa, permitiendo igualmente que uno de los progenitores realice una jornada parcial o con reducción de jornada.

El procedimiento exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de profesionales colegiados, se requerirá también estar al día en el pago de cuotas de la mutualidad profesional. Ni el titular ni su pareja deben estar en excedencia o reducción de jornada, y ninguno de los progenitores, tutores o responsables legales del menor beneficiario puede hallarse en situación de permiso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento durante el periodo subvencionable. Se requiere, asimismo, no mantener deudas con la Comunidad de Madrid, salvo que estén oficialmente garantizadas. Estas condiciones han sido confirmadas por la presidenta madrileña en el anuncio realizado sobre la nueva ayuda.

La medida, según la versión oficial de la Comunidad de Madrid, introduce modificaciones en los criterios para adaptarse a los diferentes tipos de familias que precisan contratar personal doméstico. El objetivo declarado es facilitar la labor de cuidados cuando se cumplen todas las obligaciones señaladas, dentro del periodo fijado para la solicitud de subvenciones.

El sector de la vivienda en España ha mostrado indicios de estar afrontando un cambio de ciclo después de un periodo de máximos históricos, según han señalado Fotocasa, Pisos.com e Idealista tras analizar los más recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas plataformas especializadas han coincidido en que, pese al mantenimiento de una demanda activa, se observan señales claras de ajuste y estabilización en el mercado.

La compraventa de viviendas en febrero ha descendido un 0,5% respecto al mismo mes del año pasado, sumando un total de 59.689 operaciones. El ajuste ha afectado tanto a la vivienda nueva como a la usada, con una mayor caída del 1,6% en las nuevas, hasta las 13.808 transacciones. Sin embargo, el grueso del mercado, casi el 77 %, corresponde a viviendas de segunda mano, que descendieron un 0,2% hasta alcanzar 45.881 operaciones, según el INE. Estos movimientos reflejan una ralentización tras varios ejercicios de fuerte crecimiento y una coyuntura marcada por la escasez de oferta, que sigue elevando los precios y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las personas con menos recursos.

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La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha descrito el contexto actual como una fase de “normalización tras los máximos del pasado ejercicio”, una tendencia derivada del dinamismo que el sector registró en 2025. Matos, según declaraciones recogidas por Europa Press, ha alertado de que el mercado se halla “a las puertas de un cambio de ciclo impulsado por el mercado hipotecario”, dada la evolución de las entidades financieras hacia posiciones más prudentes. Según Matos, esto podría suponer una moderación paulatina en el ritmo de concesión de hipotecas en los meses venideros.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha subrayado que los ajustes detectados en febrero han sido moderados, mientras la demanda continúa mostrando solidez y el nivel de actividad permanece elevado. Font ha apuntado que la oferta limitada, combinada con una demanda firme, refuerza las presiones al alza sobre los precios en el corto plazo. Para Font, el sector mantiene cotas altas de actividad en términos acumulados, pese a la tendencia de ajuste que se observa.

Desde Idealista, su portavoz Francisco Iñareta ha matizado que, aunque la estadística “parece indicar un techo en el volumen de operaciones”, todavía resulta prematuro asegurar un cambio definitivo de tendencia. Iñareta ha explicado que algunos segmentos de la demanda están abandonando el mercado debido a los altos precios y a un entorno de incremento de los tipos de interés, factores que podrían influir en la evolución del sector en un futuro próximo.

Descensos de compraventas en nueve comunidades

El INE ha constatado que, tras el crecimiento del 11,5 % en la compraventa de viviendas registrado en 2025 —con 714.237 unidades, la cifra más alta desde 2007—, la tendencia actual refleja un descenso acumulado del 2,8 % durante los dos primeros meses del año. Si se compara con enero, febrero ha introducido un ligero repunte del 3,8% en términos mensuales, con un protagonismo especial de la vivienda usada, que creció un 4,5% intermensual.

Respecto a la distribución geográfica, nueve comunidades autónomas han experimentado descensos en el volumen de compraventas en febrero: Región de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%), Galicia (-12%), Cantabria (-10,9%), Asturias (-7,6%), Extremadura (-4,9%), Comunidad Valenciana (-4,7 %), Baleares (-4,4 %) y Madrid (-3%). En contraste, Navarra (18,7%), Canarias (7,9%) y Cataluña (5,7%) han liderado los incrementos interanuales.

En cuanto a los diferentes regímenes, la vivienda libre ha concentrado cerca del 94% de las transacciones, con 55.938 operaciones y sin variaciones respecto a febrero de 2025. Por el contrario, la vivienda protegida ha sumado 3.751 compraventas, lo que supone una reducción del 7,9 % en términos interanuales, según datos del INE recogidos en virtud del convenio de colaboración con los Registros de la Propiedad.

La cifra que cambia el diagnóstico

Desde Fotocasa han destacado que el nivel de actividad se mantiene muy próximo a las 60.000 operaciones mensuales, lo que se traduce en una estabilización en las cotas más elevadas del ciclo reciente. De cara a los próximos meses, la evolución del sector dependerá, en gran medida, de factores como el euríbor y los tipos de interés, presionados por la situación en Oriente Medio, así como del techo alcanzado por los precios, que pone en jaque la capacidad de acceso para una parte creciente de la demanda.

La combinación de una oferta limitada y una demanda robusta sigue anticipando, según han concluido desde Pisos.com, una tendencia alcista de los precios a corto plazo.

Con información de Europa Press y Efe

El Gobierno ha notificado a 541 empresas con un volumen de gestión superior a 50 viviendas en alquiler cada una la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de arrendamiento, conforme a lo establecido por el Real Decreto-ley 8/2026. Así lo ha hecho mediante una carta enviada este viernes, insistiendo en la obligatoriedad de estas medidas para los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que el inquilino solicite formalmente la extensión de su contrato y en las mismas condiciones que las vigentes.

Según recoge el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han enviado comunicaciones a inmobiliarias, fondos de inversión y entidades financieras responsables, en conjunto, de más de 50.000 viviendas en régimen de alquiler distribuidas por España. Un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC apunta que el 61% del mercado del alquiler nacional está controlado por multiarrendadores particulares o personas jurídicas. Por el contrario, el denominado pequeño casero, con una sola vivienda en alquiler, solo gestiona el 39% de las unidades en arrendamiento.

La misiva, firmada por el Director General de Consumo, Daniel Arribas, detalla que el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, incorpora medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional, incidiendo especialmente en el sector de la vivienda habitual. En concreto, la disposición obliga a los grandes tenedores a aceptar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, a computar en plazos anuales, para contratos cuya caducidad esté comprendida en el periodo señalado. El arrendador deberá mantener las condiciones existentes y la renovación quedará supeditada únicamente a la solicitud puntual del arrendatario.

Qué implica la nueva obligación de prórroga

La comunicación de la cartera que dirige Pablo Bustinduy destaca que esta exigencia busca reforzar la estabilidad para los arrendatarios. Por otro lado, el documento recuerda también que la cuota de propietarios que gestionan múltiples viviendas resulta especialmente notable en grandes áreas urbanas.

Los datos del estudio conjunto entre Consumo y el CSIC reflejan que la concentración de viviendas en manos de multiarrendadores supera el 60% en ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%). A nivel nacional, las personas que perciben ingresos por alquiler de vivienda habitual representan el 4,9% de la población, mientras que los inquilinos suponen el 20,8%.

La carta remitida este viernes recomienda a las empresas establecer de manera inmediata todos los procedimientos internos necesarios para asegurar el cumplimiento escrupuloso de la medida. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exige máxima diligencia en la aplicación de las disposiciones, reiterando la obligación legal que impone el Real Decreto-ley 8/2026 para el sector profesional y corporativo del alquiler en España.

Una medida condenada al fracaso en el Congreso

Esta medida forma parte de un plan del Gobierno de España que busca atenuar los efectos derivados de la crisis económica vinculada al conflicto en Oriente Medio sobre los arrendatarios y reforzar lo que denomina el “escudo social y la protección a los trabajadores y trabajadoras”. Así lo expresó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora, esta prórroga debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde se espera que decaiga. No obstante, según el Ejecutivo, la prórroga se aplicará incluso si la norma no recibe el aval parlamentario, siempre que los arrendatarios hayan realizado la solicitud conforme al procedimiento y en el periodo establecido en el real decreto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoció que el decreto ley afronta “muchas dificultades” para salir adelante, en vista de las posiciones adoptadas por distintos grupos parlamentarios. Rodríguez remarcó que “va a ser muy complicado” que el Congreso apruebe la norma, sobre todo “observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas”. Según la ministra, Junts “no está por la labor”, mientras que PP y Vox mantienen posturas igualmente contrarias. No obstante, Rodríguez ha añadido que no descarta seguir negociando, afirmando: “Nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos”.

Qué se sabe sobre el rechazo de Junts

El distanciamiento entre Junts y Sumar se ha agravado tras una serie de acontecimientos recientes. Junts ha decidido suspender cualquier contacto con Sumar hasta que se produzca una disculpa pública, después de que Yolanda Díaz calificara a Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, de “racista y clasista”. Las fuentes cercanas a Junts han dejado claro que, mientras no haya rectificación por parte del equipo de Díaz, mantendrán bloqueadas las comunicaciones y rechazarán cualquier negociación, añadiendo: “Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP”.

En marzo de 2020, una mujer venezolana de nombre Cecilia acudió al despacho de un notario en Marbella con un portafolio repleto de papeles. Entre los documentos, llevaba un certificado expedido por la Asociación Israelita de Venezuela, el informe de un genealogista reputado y una constancia de la asociación La Kaza Muestra de Andalucía. Todo para probar, ante la ley española, que su linaje sefardí y su vínculo con España eran reales y vivos. Lo que buscaba, más allá del pasaporte, era el reconocimiento de una historia familiar tejida a lo largo de siglos, desde Toledo hasta Caracas, atravesando persecuciones, exilios y renuncias.

El drama de Cecilia no era aislado. Como otros descendientes de judíos expulsados en 1492, se topó con la negativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo encargado de conceder la nacionalidad española a los sefardíes. La administración rechazó su solicitud, alegando que los certificados y pruebas aportadas no cumplían estrictamente los requisitos de la Ley 12/2015. Un golpe que la condenaba a la incertidumbre: la esperanza de recuperar la nacionalidad de sus antepasados quedaba otra vez en suspenso.

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ha cambiado de raíz el destino de Cecilia. El tribunal ha estimado su recurso de apelación y ha dejado sin efecto la decisión administrativa que denegaba la nacionalidad. Reconoce que Cecilia es descendiente de sefardíes originarios de España y que ha demostrado una especial vinculación con el país. El fallo ordena a la administración a otorgar la nacionalidad española, en cumplimiento de la Ley 12/2015.

Importante: la documentación genealógica y los documentos judíos

Esta decisión no solo representa un reconocimiento individual, sino que reinterpreta el alcance real de las pruebas exigidas por la ley para los descendientes de sefardíes. Frente a la rigidez administrativa, la sentencia subraya el valor de la documentación genealógica, los certificados expedidos por organizaciones reconocidas en el ámbito judío internacional y los vínculos culturales y familiares sostenidos en el tiempo. La Audiencia Provincial, además, elimina la condena en costas a la actora, reflejando la complejidad jurídica y humana del asunto.

La travesía de Cecilia se remonta a los años previos a la pandemia, cuando inició su solicitud de nacionalidad española por carta de naturaleza. Reunió y presentó una colección de documentos: pasaporte venezolano, certificados de nacimiento y antecedentes penales debidamente apostillados, comprobantes de pago, y un certificado de la asociación La Kaza Muestra, inscrita en Andalucía. El 8 de marzo de 2020, compareció ante el notario de Marbella, quien tras verificar la autenticidad de cada papel emitió un juicio de notoriedad favorable. Ese acto, que para muchos aspirantes suponía el último peldaño hacia el reconocimiento, solo era el principio del laberinto burocrático.

Durante el año 2021, Cecilia obtuvo nuevas pruebas: un voluminoso informe genealógico elaborado por el doctor Roman, experto reconocido en genealogía sefardí, y el certificado de la Asociación Israelita de Venezuela. En ese documento se trazaba su linaje hasta el regidor Ambrosio, escribano de Toledo condenado por el Santo Oficio en el siglo XV, y se aportaban pruebas que la identificaban como descendiente directa, en decimosexto grado, de judíos expulsados de la península ibérica. La solicitud administrativa, sin embargo, quedó silenciada por la inercia: ningún aviso de subsanación, ningún requerimiento, solo la negativa tácita a través del silencio administrativo.

La negativa dio paso al litigio. El Tribunal de Instancia de Madrid desestimó la demanda de Cecilia, alegando que los certificados presentados no provenían de entidades reconocidas por la Federación de Comunidades Judías de España o no correspondían al lugar de residencia o nacimiento. Consideró insuficiente la aportación genealógica y cuestionó la idoneidad de los informes. La condena en costas, además, sumó presión a una causa marcada por la distancia y el desgaste emocional.

La apelación en la Audiencia Provincial de Madrid dio un giro

En apelación, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un giro. Ha valorado el conjunto probatorio —certificados, pruebas genealógicas, la exención de exámenes por tratarse de una nacional de país iberoamericano y los lazos familiares con residentes legales en España— y ha concluido que la historia de Cecilia cumple los requisitos de la Ley 12/2015. La sentencia revoca la resolución denegatoria, reconoce el derecho a la nacionalidad española y ordena a la administración acatar este reconocimiento. Contra la decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado a infracciones procesales o sustantivas y condicionado al interés casacional.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

¿Qué es ser pobre? La respuesta a esta pregunta suele ir seguida de un depende de con quién te compares. Pero no es exactamente así. A día de hoy hay una cifra: si en un año has recibido menos de 11.217 euros, estás en el umbral de pobreza. Es lo que se conoce como renta disponible equivalente. Si esta cifra baja hasta los 7.478, la situación es de extrema pobreza. Son datos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Hacienda, que ha publicado un análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza.

Este documento examina cómo se distribuyen la renta y la pobreza entre los hogares españoles entre 2017 y 2023. La desigualdad de la renta ha disminuido de forma sostenida: los hogares con menos ingresos han visto crecer su renta real más que los hogares más ricos, y la brecha entre los extremos de la distribución de ingresos se ha reducido notablemente. No obstante, en este artículo nos centraremos en la brecha existente entre los trabajadores por cuenta propia y los de cuenta ajena.

Ahí va la principal conclusión: los hogares en los que el ingreso principal proviene de trabajadores autónomos o por cuenta propia presentan tasas de pobreza mucho más elevadas que aquellos sustentados por asalariados. La diferencia entre ambos grupos es notable. La tasa de pobreza en los hogares con ingresos empresariales asciende al 31,04%, mientras que en los hogares asalariados es del 19,79%.

No se trata solo de un mayor número de hogares pobres, sino de una brecha que se ensancha cuando se analizan los niveles de pobreza extrema y la profundidad de la carencia económica. En los hogares de trabajadores autónomos, la pobreza extrema afecta al 16,96%, frente al 9,65% en los asalariados. Además, la intensidad de la pobreza —es decir, la distancia media de los ingresos respecto al umbral mínimo— es del 12,57% en los primeros y del 8,36% en los segundos. “Esta brecha indica que quienes dependen principalmente de ingresos empresariales o de actividades económicas enfrentan una mayor vulnerabilidad y están más expuestos tanto a la incidencia como a la profundidad de la pobreza”, indica el informe.

La protección social beneficia a asalariados

Estas cifras dejan claro que los hogares con trabajadores por cuenta propia soportan una vulnerabilidad mucho mayor frente a la pobreza. La explicación de esta diferencia está en varios factores. Por un lado, los ingresos de los autónomos suelen ser más inestables que los de los asalariados, con fluctuaciones sensibles según el ciclo económico, el sector de actividad y la demanda de servicios. Por otro, la cobertura del sistema de protección social es mucho más limitada para quienes trabajan por cuenta propia: el acceso a prestaciones contributivas, subsidios por desempleo y otras ayudas públicas es más difícil o, en muchos casos, inexistente.

La situación se agrava si se considera la relación de los hogares autónomos con el sistema de prestaciones. En los primeros deciles de renta, es decir, en los hogares con menores ingresos, la proporción de la renta que proviene de prestaciones públicas es significativa en los asalariados, pero mucho más limitada en los trabajadores por cuenta propia. Esto significa que la capacidad del sistema de protección para reducir la pobreza es mucho menor entre los autónomos, que dependen casi exclusivamente de su actividad económica para mantener el nivel de vida.

La campaña de la declaración de la renta ya está aquí. En dos meses, el 8 de abril, se abrirá el plazo para que los españoles ajusten cuentas con Hacienda y tendrán hasta el el 30 de junio. Respecto a años anteriores, hay un grupo salarial que quizá se sorprende al ver su resultado.

Pongamos contexto: en 2022, el Gobierno aprobó un cambio en la normativa del IRPF que afectó a las retenciones que las empresas aplican a los salarios (el Real Decreto 1039/2022, aprobado el 27 de diciembre de ese año). Antes, a quienes tenían sueldos entre 22.000 y 35.200 euros al año se les retenía una cantidad mayor de IRPF cada mes. Con la nueva norma, esa retención mensual bajó, lo que hizo que los trabajadores recibieran más dinero neto en sus nóminas durante el año.

Esto no significa que el impuesto total a pagar sea menor. Lo que ocurre es que, al llegar la declaración de la renta, Hacienda revisa cuánto IRPF corresponde pagar según el total cobrado y las circunstancias de cada persona (familia, deducciones, etc.). Si con las retenciones mensuales no se llegó a pagar lo que realmente tocaba, en la declaración hay que abonar la diferencia.

El cambio buscaba que los trabajadores tuvieran más liquidez mes a mes, pero ahora muchos tendrán que pagar más en la declaración anual porque se les ha retenido menos de lo que correspondía durante el año.

El nuevo sistema de retenciones se implementó a partir de enero de 2023. Esta modificación benefició de forma inmediata a quienes han visto incrementado su neto mensual, pero, a su vez, ha dejado sin cubrir la totalidad de la obligación tributaria anual. Por este motivo, el resultado final de la declaración no ha coincidido con la sensación transmitida por el salario recibido durante el año.

El efecto de este ajuste no es uniforme para todos los empleados dentro del tramo salarial señalado. Aquellos que se sitúan cerca de los 35.200 euros suelen afrontar una regularización más modesta, ya que la diferencia entre lo retenido y lo que corresponde pagar es menor. En cambio, quienes perciben un salario cercano a 22.000 euros con cargas familiares han experimentado ajustes más altos, ya que sus retenciones han sido especialmente reducidas. El importe final a ingresar está condicionado, además, por otros factores como la situación personal, el número de pagadores o la existencia de deducciones, siempre que estas se apliquen según los requisitos establecidos.

Tramos del IRPF según el salario

Los 6 tramos existentes para esta campaña de la declaración de la renta son, según Tax Down:

• Los ingresos inferiores a 12.450 euros, pagan el 19%.
• Las ingresos superiores a 12.450 euros e inferiores a 20.199 euros, pagan el 24 %.
• Los ingresos superiores a 20.200 euros e inferiores a 35.199 euros, pagan el 30 %.
• Las personas con ingresos superiores a 35.200 euros e inferiores a 59.999 euros, pagan el 37 %.
• Los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros e inferiores a 299.999 euros, pagan el 45 %.
• Las personas con ingresos superiores a 300.000 euros, pagan el 47 %.

Antes de que comience oficialmente la campaña, los ciudadanos podrán solicitar el número de referencia, consultar y descargar sus datos fiscales y acceder a información detallada sobre el proceso. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria permitirá confeccionar la declaración por teléfono, previa solicitud de cita, que podrá gestionarse entre el 29 de abril y el 27 de junio.

En relación con la atención presencial, la Agencia Tributaria atenderá en sus oficinas del 1 al 30 de junio de 2025 para ayudar a cumplimentar la declaración, siempre con cita previa. Las citas podrán concertarse del 29 de mayo al 27 de junio. El plazo para presentar declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria finaliza el 25 de junio.

Obligados a presentar la declaración de la renta 2026

Durante la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a declarar quienes perciban rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador, o 15.876 euros si los ingresos provienen de dos o más pagadores. También deberán presentar declaración las personas que hayan estado dadas de alta en algún momento del ejercicio como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Quienes sean titulares del ingreso mínimo vital (IMV) y los miembros de su unidad de convivencia también deberán declarar. Por el contrario, los beneficiarios de prestaciones por desempleo quedarán exentos de presentar la declaración del IRPF, siempre que el Congreso ratifique el real decreto-ley de revalorización de pensiones que contempla este cambio.

El año pasado, el 65% de las declaraciones resultaron a devolver En cuanto a los métodos de pago, la Agencia Tributaria admite el ingreso de la cuota mediante domiciliación, cargo en cuenta, NRC (Número de Referencia Completo), tarjetas de crédito o débito bajo condiciones de comercio electrónico seguro, y transferencias instantáneas a través de plataformas como Bizum. También puede pagarse mediante documento de ingreso, que debe imprimirse para abonar en una entidad colaboradora durante el plazo correspondiente.

En la campaña anterior, la de 2024, la Agencia Tributaria devolvió 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes. Hasta el 30 de diciembre se había efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas y se había abonado el 95,5% de los importes reclamados. Se presentaron 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que en el ejercicio previo. De ellas, 16 millones, el 65%, resultaron a devolver. Más de 47.000 declaraciones rectificativas fueron registradas, facilitando a los contribuyentes evitar comprobaciones posteriores, intereses y posibles sanciones.

En España, el sistema de impuestos y prestaciones públicas —es decir, lo que los ciudadanos pagan al Estado y lo que reciben a cambio— tiene un efecto claro: redistribuir la renta. Dicho de forma sencilla, el dinero fluye desde unos hogares hacia otros a través de impuestos, pensiones, ayudas o servicios públicos. Y según el último informe de Fedea, esa redistribución es tan significativa que la mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que aporta.

Los hogares no solo pagan impuestos como el IRPF, el IVA o las cotizaciones sociales. También reciben ingresos del sector público en forma de pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales o servicios como la sanidad y la educación. Cuando se compara todo lo que un hogar paga con todo lo que recibe, si el resultado es positivo, ese hogar es beneficiario neto. Y, si es negativo, es contribuyente neto: paga más de lo que recibe.

El informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea, estudia dos grandes ámbitos de la intervención pública: por un lado, las prestaciones públicas, que incluyen tanto transferencias monetarias (como pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social, ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) como prestaciones en especie (sanidad y educación); y, por otro, el sistema fiscal, que abarca impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios) e impuestos indirectos (IVA, ITPAJD, impuestos especiales sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad, así como el impuesto sobre primas de seguros y, de forma limitada, el IBI).

El documento divide a los hogares españoles en cinco grandes grupos según su nivel de renta (los llamados quintiles). Y el resultado es claro: los tres grupos con menos ingresos son, de media, beneficiarios netos del sistema. En cambio, los dos grupos con más renta son contribuyentes netos. Esto significa, en términos prácticos, que la redistribución afecta a una parte muy amplia de la sociedad. No se trata solo de los hogares más vulnerables: también muchas familias de renta media reciben más de lo que aportan.

“Como cabía esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los tres primeros quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también hay hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, y hogares en los dos tramos superiores que son beneficiarios netos”, apunta el informe.

La diferencia, eso sí, es muy grande según el nivel de ingresos. En el grupo con menos renta, el saldo positivo —lo que reciben menos lo que pagan— equivale a más del 80% de su renta. Es decir, las prestaciones públicas tienen un peso enorme en sus ingresos. En el tercer grupo, ya de renta media, ese saldo positivo baja a alrededor del 15%.

A partir de ahí, la situación se invierte. En el cuarto grupo, los hogares ya pagan más de lo que reciben, aunque de forma moderada. Y en el tramo más alto de renta, el saldo negativo es mucho mayor: estos hogares aportan claramente más al sistema de lo que obtienen.

Este mecanismo no es casual. Forma parte del diseño del Estado del bienestar, cuyo objetivo es reducir las desigualdades. El informe lo confirma: la intervención pública —sumando impuestos y prestaciones— reduce la desigualdad de renta en España en cerca de un 32%.

Las pensiones de jubilación, la mayor prestación

¿De dónde viene principalmente ese efecto redistributivo? Sobre todo, de las prestaciones públicas. Las pensiones, por ejemplo, son el elemento más importante. Representan más de tres cuartas partes de todas las ayudas monetarias que reciben los hogares y son clave para reducir las diferencias de ingresos.

Según el informe, en 2023, las prestaciones monetarias públicas incrementaron su peso en la economía doméstica de los españoles. Este conjunto de transferencias —integrado por pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social y diversas ayudas específicas— creció un 6,4% respecto al año anterior. El impulso más notable vino de las pensiones de jubilación, que aumentaron un 8,2% de media, mientras que las de invalidez y supervivencia lo hicieron en un 6,9% y 6,6% respectivamente.

El grueso de las prestaciones recae sobre las pensiones, que en 2023 representaron el 77,4% del total percibido por los hogares, frente al 76,3% del año anterior. Este incremento se inscribe en una tendencia continuada, reforzada por la revalorización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas conforme al IPC medio de 2022. Por otro lado, las prestaciones asociadas al desempleo representaron el 10%, cifra que descendió ligeramente, favorecida por la mejoría en el empleo.

Impuestos directos e indirectos y su capacidad redistributiva

El sistema fiscal español —que incluye impuestos directos como el IRPF o las cotizaciones sociales, e indirectos como el IVA— también influye de forma clave en los ingresos finales de los hogares. En 2023, la recaudación creció un 6,7%, aunque menos que la renta de los hogares (8,2%), lo que redujo ligeramente el peso de los impuestos hasta el 35,5% de la renta bruta. Además, mientras los impuestos directos aumentaron, los indirectos descendieron.

El IRPF sigue siendo la principal herramienta redistributiva desde el lado de los impuestos, aunque su impacto se redujo ligeramente en 2023. Otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades, son progresivos pero tienen un efecto limitado por su menor peso. En cambio, las cotizaciones sociales tienen un comportamiento desigual: suponen una carga relativamente alta para los hogares con menos ingresos y menor para los más ricos, en parte por los límites máximos de cotización.

En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022

En conjunto, el sistema fiscal reduce la desigualdad, pero lo hace de forma moderada y menos intensa que en años anteriores. En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022. Además, la progresividad del sistema se ve limitada por algunos impuestos indirectos y por el hecho de que los hogares con mayores ingresos soportan, en proporción, una menor carga en ciertos tributos.

Sanidad y educación

El gasto público en sanidad y educación es una de las principales herramientas de redistribución, aunque no se perciba directamente como dinero. Estas prestaciones en especie crecieron en 2023 un 5,2% de media —un 4,9% en sanidad y un 5,6% en educación— y, al sumarse a los ingresos de los hogares, dan lugar a la llamada renta disponible extendida, que aumentó un 8,4%. En términos de peso, la sanidad equivale al 8,7% de la renta bruta de los hogares y la educación al 5,2%.

El impacto de estos servicios públicos sobre la desigualdad es significativo. En conjunto, sanidad y educación redujeron la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023, aunque algo menos que el año anterior.

El grupo francés Lesieur evalúa una posible entrada en el capital de Deoleo, compañía española líder en la industria del aceite de oliva que controla un total de 29 marcas, entre ellas Carbonell (la más icónica), y Hojiblanca, Koipe, Elosúa y Giralda. Se trata de una información que ha adelantado el Corrierre della Sera, y es que Deoleo también cuenta con presencia en Italia a través de marcas como Bertolli y Carapelli. Este movimiento podría suponer un cambio relevante en la estructura de propiedad de uno de los principales actores del sector.

La capitalización de Deoleo alcanza los 160 millones de euros en la Bolsa de Madrid y la empresa opera en 68 países. De acuerdo con fuentes financieras citadas por el diario italiano, el grupo ha contratado al banco de inversiones William Blair para analizar opciones estratégicas. Además de Lesieur, la cooperativa española Dcoop y varios fondos de inversión han mostrado interés en la operación.

Deoleo distribuye anualmente 158 millones de litros de aceite y emplea a más de 600 personas. En el año 2025, la compañía volvió a registrar beneficios tras su reestructuración financiera, obteniendo ingresos por 821 millones de euros, un margen operativo de 50 millones y un beneficio neto de 20 millones de euros. Actualmente, el 57 % del capital está en manos de los fondos CVC y Alchemy.

La hoja de ruta de Deoleo

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, destacó tras conocerse los resultados de la compañía de 2025 que se corroboraba la hota de ruta marcada. “Son la prueba tangible de que EVOO-lution es la hoja de ruta adecuada y que se ha ejecutado de forma rigurosa”, manifestó. Se trata de un plan diseñado por la empresa para acelerar el crecimiento rentable y crear valor de forma sostenible y autofinanciada, fijando un objetivo claro: generar aproximadamente 32 millones de euros de Ebitda recurrente adicional para 2028, independientemente del contexto sectorial.

“Hemos sabido transformar la recuperación del consumo en valor real, protegiendo nuestros márgenes a través de la innovación y la eficiencia operativa”, añadió Valdés.

Mirando hacia el próximo ejercicio, el directivo señaló como prioridad la consolidación del crecimiento y la búsqueda continua de generación de valor a través del plan estratégico de la compañía. Entre otras mejoras operativas también puso el foco en Estados Unidos, donde la demanda de aceite de oliva experimenta un aumento pese a los aranceles impulsados durante la administración de Donald Trump.

Las opciones que barajan los fondos de Deoleo

Según fuentes financieras consultadas por Il Corriere de la Sera, los actuales fondos propietarios han encargado al banco de inversión William Blair la evaluación de posibles alternativas estratégicas, entre las que se contempla la venta de la empresa. Al interés expresado por Lesieur se suma la posibilidad de que la cooperativa andaluza Dcoop vuelva a explorar una operación de este tipo, dado que ya lo intentó en el pasado y nunca ha escondido su interés por la sociedad.

De acuerdo con esas mismas fuentes, tampoco se descarta la aparición de un nuevo socio de carácter financiero. Dentro del sector oleícola, marcado por la volatilidad y los efectos derivados de factores climáticos, la visión compartida en el sector es que una gestión de tipo industrial resultaría más adecuada para abordar los retos presentes.

El grupo francés Lesieur ya cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión de marcas dentro del sector. El grupo Avril, al que pertenece, consolida ingresos por valor de 8.200 millones de euros y ostenta una posición destacada en el ámbito agroalimentario gracias a una cartera diversificada en la que figura también la firma italiana Costa d’Oro. Esta estructura empresarial refuerza la presencia del grupo en el mercado internacional del aceite de calidad.

Hablar hoy de riqueza, renta y vivienda en España es, en gran medida, hablar de edad. La fotografía que deja la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF) elaborada por el Banco de España muestra claramente las grandes diferencias generacionales: los jóvenes pierden terreno, los adultos resisten con dificultad y los mayores, especialmente los jubilados, consolidan su posición (por supuesto, en términos generales). El resultado es una brecha cada vez más visible entre quienes ya han acumulado patrimonio y quienes ni siquiera han podido empezar.

El dato más contundente es la evolución de la renta mediana desde comienzos de siglo. En términos reales, los hogares españoles tienen hoy menos renta que en 2002 en casi todos los tramos de edad. Pero no todos pierden por igual. Los menores de 35 años han visto caer su renta mediana un 17%, un retroceso muy superior al de otros grupos. Entre los 45 y 54 años, la caída es del 15%; entre los 35 y 44, del 2%; y entre los 55 y 64, del 4%. Frente a este deterioro generalizado, hay una excepción clara: los jubilados. Los hogares de entre 65 y 74 años han incrementado su renta un 37%, y los mayores de 75, un 50%.

Esta divergencia no es casual. Responde a un modelo económico en el que las rentas del trabajo (la que consigues a través del salario) han perdido peso relativo frente a las rentas más estables (como las pensiones) y en el que las crisis sucesivas han golpeado con más intensidad a quienes estaban en fases iniciales de su vida laboral. Los jóvenes de hoy no solo han tenido peores sueldos, sino también trayectorias laborales más inestables, lo que limita su capacidad de ahorro.

La vivienda, el gran filtro generacional

Si hay un elemento que explica buena parte de esta desigualdad, es el acceso a la vivienda. Tener o no tener casa en propiedad marca una diferencia enorme en la acumulación de riqueza. Y aquí, de nuevo, la brecha generacional es evidente.

Los menores de 35 años tienen hoy mucha menos probabilidad de ser propietarios que las generaciones anteriores a la misma edad: más de 20 puntos porcentuales menos. Esto significa que una parte creciente de jóvenes no está participando en el principal mecanismo de acumulación de patrimonio en España, que sigue siendo la vivienda.

“El 70,6 % de los hogares era propietario de su vivienda principal a finales de 2024. (...) La tenencia aumenta, en general, con la renta y alcanza sus niveles más elevados entre los hogares de más edad, especialmente entre aquellos cuyo cabeza de familia supera los 74 años”, apunta el Banco de España en su informe, publicado este jueves. Aunque el porcentaje de dueños de viviendas es alto, esta cifra se ha reducido hasta casi dos puntos porcentuales respecto a hace dos años y, si comparamos con 2020, la caída es de hasta seis puntos.

La consecuencia es directa: menos riqueza neta. No se trata solo de ingresos más bajos, sino de un patrimonio mucho más reducido. Los jóvenes no solo ganan menos, sino que poseen menos. Y eso tiene efectos acumulativos a lo largo del tiempo.

Además, son el grupo para el que más ha caído la riqueza bruta en las últimas dos décadas. Es decir, incluso teniendo en cuenta todos sus activos —no solo la vivienda—, su posición patrimonial ha empeorado más que la de cualquier otro grupo de edad. Parten de más abajo y avanzan más despacio.

Un ciclo vital que ya no funciona igual

Tradicionalmente, la economía de los hogares seguía un patrón relativamente claro: bajos ingresos en la juventud, crecimiento en la edad media y estabilidad o descenso en la jubilación. Ese ciclo se ha desdibujado.

Hoy, los jóvenes no solo empiezan peor, sino que tardan más en mejorar. El retraso en la emancipación, la dificultad para comprar vivienda y la precariedad laboral hacen que la acumulación de riqueza se posponga o, directamente, no se produzca. Mientras tanto, los mayores mantienen o incluso mejoran su situación gracias a pensiones relativamente estables y a un patrimonio ya consolidado.

Esto explica por qué la riqueza neta alcanza su máximo en edades avanzadas, especialmente entre los 65 y 74 años. No es solo una cuestión de haber tenido más tiempo para ahorrar, sino de haberlo hecho en un contexto más favorable: vivienda más accesible, empleo más estable y crecimiento económico sostenido durante largos periodos.

Los jubilados, los únicos que mejoran claramente

En este contexto, los jubilados aparecen como el único grupo claramente beneficiado en términos relativos. No solo han aumentado su renta, sino que parten de niveles de riqueza elevados, en gran parte ligados a la propiedad inmobiliaria.

Su situación contrasta con la de los jóvenes, pero también con la de muchos hogares en edad activa, que han visto cómo sus ingresos perdían poder adquisitivo durante años de inflación y crisis. Mientras estos grupos han tenido que ajustar consumo y ahorro, los jubilados han mantenido una mayor estabilidad.

Esto no significa que todos los mayores estén en una buena situación (una viuda que tiene una única casa en propiedad no tiene que pagar alquiler, pero puede sufrir igualmente para pagar la cesta de la compra si su pensión es baja). Los datos que se aportan en este artículo son generales, organizados por edades, y, como grupo, los jubilados han resistido mejor los cambios económicos de las últimas décadas.

Si eres de los que considera la vivienda un bien activo del que poder sacar rentabilidad, este artículo te interesa. Cuando uno compra una casa con intención de reformarla para luego venderla, debe tener en cuenta qué tipo de vivienda se revaloriza más. Depende directamente del tamaño y la tipología del inmueble, según ha evidenciado un análisis realizado por Idealista en abril de 2026. Pero hay un tipo de vivienda ganadora: los estudios son los que presentan actualmente el mayor potencial de apreciación; adquirir uno en mal estado es la forma de obtener más beneficio.

Comprar un inmueble que necesita reformas y venderlo después de acondicionarlo puede generar, según el estudio de Idealista, una rentabilidad que varía entre el 24% y el 31%, en función del número de habitaciones que tenga la vivienda. El tipo de vivienda con mayor diferencial tras la reforma es el estudio, con un 31% de incremento, mientras que los pisos de cuatro o más dormitorios solo alcanzan un 24% de mejora frente a aquellos sin modernizar.

La metodología empleada por el portal inmobiliario se ha basado en comparar el precio por metro cuadrado de las viviendas calificadas como ‘en buen estado’ frente a las catalogadas ‘para reformar’, sin contemplar el coste efectivo de la obra. Esta referencia resulta especialmente útil para potenciales inversores interesados en calcular la capacidad real de obtener plusvalía a partir de la compra, reforma y reventa de un inmueble. Tras los estudios, las viviendas de una habitación incrementan su valor un 29% tras la reforma, seguidas de los pisos de dos habitaciones (28%) y los de tres dormitorios (26%).

El análisis revela, además, que en los mercados urbanos donde los precios y la demanda se mantienen en niveles muy altos, la relación entre tamaño del inmueble y revalorización se invierte. Así, en ciudades como Barcelona, la mejora derivada de la reforma de un estudio es tan solo del 15%, frente al 24% de los pisos de cuatro o más habitaciones. Una dinámica similar se detecta en San Sebastián —del 10% para estudios al 23% para los de mayor tamaño—, en Madrid, donde los estudios suben un 10% frente al 23% de las viviendas de más de cuatro dormitorios, y en Palma, donde el diferencial para estudios es del 15% y para las casas grandes, del 24%. Según Idealista, esto se debe probablemente a que en estos enclaves tanto el precio como la presión de la demanda hacen que el estado de conservación de la vivienda impacte menos en la diferencia de precio final, sobre todo en los segmentos más económicos.

Qué capitales de provincia españolas muestran la mayor revalorización

La investigación confirma que en mercados de alta tensión como Bilbao, la revalorización por reforma se mantiene prácticamente estable según el tamaño, y oscila del 23% para estudios al 24% para los de cuatro o más habitaciones. Un patrón muy similar presentan Málaga (del 22% al 24%) y Valencia (del 27% al 24%), donde tampoco se producen grandes diferencias en función de la tipología.

En el resto del territorio español, el comportamiento de los precios tras una reforma sigue la tendencia nacional, con un descenso en el porcentaje de revalorización a medida que aumenta el tamaño del piso. Nueve capitales —Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Palencia y Zamora— presentan una revalorización del 50% para los estudios reformados, la cifra más alta recogida en el estudio. En el segmento de viviendas de dos habitaciones, consideradas como el formato teóricamente idóneo para un hogar medio en España, destacan Lleida y Zamora con un 39% de incremento, seguidas de Cáceres, Jaén y Lugo, con un 38% en todos los casos.

Hablar de la situación de la vivienda, según para quién, es tirarse de los pelos; meterse en Idealista, un despropósito, y que tu casero te suba el alquiler, el fin del mundo. El propio CIS revela que la vivienda es el principal problema de los españoles y Pedro Sánchez sabe que muchos votantes socialistas o de izquierdas tendrán en cuenta su actuación en esta materia a la hora de votar en las próximas elecciones generales. Pero, con los datos en la mano, podemos ver que hay una parte de los hogares españoles que no sufre este drama: siete de cada diez son propietarios de su vivienda habitual y, además, uno de cada tres cuenta con una segunda propiedad.

Estos datos proceden del Banco de España. Según su última Encuesta Financiera de las Familias, el 33,7% de los hogares tiene una segunda vivienda. Si se amplía el foco a cualquier tipo de activo inmobiliario distinto de la residencia habitual —como un garaje, un local, una finca, oficinas (las más rentables)...—, el porcentaje sube al 45,3%. No obstante, en los dos últimos años este porcentaje ha caído ligeramente, especialmente en las rentas medias-altas, en personas de entre 35 y 44 años y en los grupos con mayor riqueza.

Esta reducción convive con un aumento del valor de estas viviendas, que ha crecido un 3,7% respecto a 2022. Es decir, hay menos propietarios, pero las propiedades que existen valen más. Este incremento se ha visto sobre todo en hogares de renta media, en edades centrales y entre trabajadores por cuenta propia, así como en hogares con personas en paro o inactivas.

Si se observa la evolución a largo plazo, la tendencia es a la baja desde la crisis de 2008. Cada vez hay menos hogares con activos inmobiliarios, aunque con altibajos. En 2011, casi el 90% de las familias tenía algún activo real; en 2024, ese porcentaje ha bajado al 82,6%. Aun así, el valor de estos bienes ha aumentado en muchos casos, salvo en los colectivos más vulnerables.

La vivienda principal, pilar del patrimonio familiar

La vivienda principal sigue siendo el pilar del patrimonio familiar. El 70,6% de los hogares es dueño de su casa, cuyo valor mediano ronda los 170.000 euros. España es un país de propietarios. No obstante, esta cifra se ha reducido hasta casi dos puntos porcentuales respecto a hace dos años y, si comparamos con 2020, la caída es de hasta seis puntos.

En conjunto, los llamados activos reales —viviendas, negocios u objetos de valor— representan el 77% de la riqueza de las familias, aunque su peso ha ido bajando ligeramente en los últimos años. En comparación con 2022, la tenencia de otros inmuebles ha descendido ligeramente, sobre todo entre las rentas medias-altas y en hogares encabezados por personas de entre 35 y 44 años.

Quienes tienen segundas viviendas en España

El acceso a una segunda vivienda no está repartido por igual. A medida que aumentan los ingresos, la edad o la estabilidad laboral, también lo hace la probabilidad de tener más de una propiedad. Los hogares donde la persona principal tiene entre 65 y 74 años concentran algunos de los mayores niveles de propiedad, al igual que ocurre con jubilados y trabajadores por cuenta propia. Estos últimos destacan especialmente, tanto por la frecuencia con la que poseen inmuebles adicionales como por el valor de los mismos.

Aun así, tener una segunda vivienda no es algo exclusivo de los más ricos. Incluso entre los hogares con menos ingresos, casi uno de cada cuatro cuenta con algún inmueble adicional. Según la encuesta, en la quintila inferior de la renta, el 24,7% de los hogares poseen activos inmobiliarios distintos de la vivienda principal. A continuación, compartimos la tabla elaborada por el Banco de España de los activos reales de los hogares, por tipo de activo y según las características de éstos.

Qué papel tienen los activos inmobiliarios en la riqueza de los hogares

La vivienda sigue siendo el principal activo de las familias españolas. La vivienda habitual concentra más del 40% del patrimonio total, mientras que las segundas propiedades suponen cerca de un 27%. El resto de activos tiene un peso mucho menor. Los negocios vinculados a trabajadores por cuenta propia representan una parte relevante en estos casos, mientras que otros bienes como joyas o antigüedades apenas tienen impacto en el conjunto.

Esta distribución cambia según el nivel económico. En los hogares con menos recursos, la vivienda principal concentra casi toda la riqueza, mientras que en los más acomodados el patrimonio está más diversificado.

En conjunto, aunque la tenencia de segundas viviendas ha disminuido ligeramente en los últimos años, su peso sigue siendo importante. La vivienda continúa siendo, al mismo tiempo, uno de los principales problemas para muchos y la base de la riqueza para una gran parte de los hogares en España.

Las ausencias laborales se han convertido en una de las principales preocupaciones de los empresarios. 2025 cerró con la mayor cifra de absentismo jamás registrada: una tasa del 7,1% que se traduce en que cerca de 1,6 millones de personas no acuden a su puesto diariamente, según un informe de Randstad Y esto al final cuesta dinero, por un lado a la Seguridad Social y por el otro a las propias empresas. Este martes la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) han presentado un informe en el que indican que el coste de las bajas laborales por contingencias comunes en los supermercados en España alcanzó el año pasado su máximo histórico: 1.180 millones de euros, con un aumento del 13% respecto al año anterior y del 155% en comparación con 2018.

Si desgranamos los datos, las prestaciones económicas de la Seguridad Social gestionadas por mutuas han supuesto 656 millones de euros (56% del gasto), mientras que el coste directo para las empresas del sector se ha situado en 524 millones de euros (44%). Para Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, este fenómeno ha adquirido una “dimensión importante” en los últimos años y representa un “grave problema social” que ha alcanzado un carácter “anormal”, según declaraciones recogidas por Europa Press. García Magarzo ha advertido en el análisis presentado por Asedas y AMAT que “el absentismo es una pandemia silenciosa, dañina para el modelo de negocio de los supermercados”. “No somos de los sectores más perjudicados, pero estamos gravemente afectados y como sociedad no nos lo podemos permitir”, ha añadido.

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“El absentismo es una pandemia silenciosa, dañina para el modelo de negocio de los supermercados”

Ignacio García Magarzo, director general de Asedas

El informe detalla que en 2025 se han registrado 386.687 bajas por enfermedad o accidente no laboral en la distribución alimentaria entre la población protegida por mutuas, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2024 y del 67% desde 2018. De estos trabajadores, solo el 6% ha concentrado el 49% de los procesos de baja. Esta incidencia supera la media nacional en dos puntos porcentuales, ya que en el conjunto de la población protegida por mutuas se han recogido 6,3 millones de procesos y un aumento del 7 % interanual. Según el análisis conjunto de Asedas y AMAT, las bajas afectan especialmente a los trabajadores jóvenes y consolidan patrones de absentismo que se agravan con el tiempo.

Los trabajadores de 16 a 35 años, los que más faltan

La incidencia varía según la edad. El grupo de trabajadores de 16 a 35 años (la mayoría de ellos forman parte de la Generación Z) ha acumulado en 2025 una incidencia media mensual de 50,66 procesos por cada 1.000 empleados, lo que representa un aumento del 152% respecto a 2018. García Magarzo ha expresado su inquietud por este comportamiento. “Las personas más jóvenes tienen más bajas que los de más edad y todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude. El nuestro es un sector joven y nos preocupa que año tras año se den estas circunstancias, que se ha consolidado”, ha sentenciado.

Por el contrario, en los trabajadores mayores de 55 años la incidencia ha descendido un 32% en el mismo periodo y se sitúa en 25,85 procesos al mes. No obstante, la duración media de las bajas aumenta con la edad: 97 días para mayores de 55 años (un 0,34 % más que en 2024), 56 días para los empleados de 36 a 55 años y 24 días para los más jóvenes. El informe señala que los lunes concentran el 22% de las bajas y los viernes el 16%, reduciéndose al 10% en los fines de semana para la población cubierta por mutuas.

No solo es culpa de los empleados: la burocracia frena

Entre los factores que influyen en el incremento y duración de las bajas, el informe menciona el “laberinto burocrático” en la gestión de los procesos, la falta de médicos en atención primaria y la escasez de inspectores médicos en la Seguridad Social, así como el aumento de las listas de espera en la sanidad pública.

Destaca la diferencia en la duración de las bajas según el profesional que las atienda. Las patologías traumatológicas tratadas en los servicios públicos de salud en el ámbito de la distribución alimentaria han registrado una media de 82 días de incapacidad, mientras que cuando la atención ha estado a cargo de mutuas, la media ha sido de 45 días. El director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz, ha asegurado que “los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes” si fueran asistidos por mutuas, lo que supondría “un ahorro de 212 millones de euros en la distribución alimentaria y más de 3.500 millones de euros en España”.

El sector propone que las mutuas dispongan de mayor capacidad de intervención, especialmente en procesos traumatológicos y musculoesqueléticos, mediante la formalización de convenios entre mutuas y comunidades autónomas para agilizar la reincorporación laboral y reducir las demoras.

Combatir el fraude

Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas, ha calificado la situación como “preocupante” y ha insistido en la necesidad de buscar “soluciones colaborativas” entre todos los actores implicados. “Estamos ante un gran problema, sea la etiqueta que sea, hay que solucionarlo, porque las cifras no bajan y se agrava la situación. Hablamos de una realidad que existe y que tiene dos partes distintas, el del jeta y profesional del absentismo y los que tienen otro tipo de solución, por eso necesitamos la colaboración de todos para encontrar una solución”, ha afirmado, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El presidente de Asedas ha solicitado al Gobierno avanzar en la búsqueda de soluciones e incorporar activamente a las mutuas en la gestión sanitaria y laboral del absentismo, en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de estas ausencias. Duran i Lleida ha destacado también que “el que cumple con sus obligaciones se da cuenta de que en su entorno se encuentra con colegas que no acuden a su puesto de trabajo”.

Por su parte, Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, ha coincidido en la urgencia de luchar contra el fraude en las bajas laborales y ha recalcado que “el fraude hay que combatirlo”. “es un “problema complejo que exige una respuesta en el ámbito sanitario, por lo que es imprescindible una mayor implicación de los servicios públicos de salud”, ha insistido. Suárez ha reiterado el “compromiso” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en impulsar la colaboración entre mutuas y comunidades autónomas ante el aumento de costes y el desafío de frenar el absentismo en el sector.

En cuanto a empleo, España ha conseguido alcanzar el mejor mes de marzo desde que hay registros. El Gobierno publicó los datos este lunes: 211.510 puestos de trabajo nuevos y, sin contar el efecto calendario, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. La subida es generalizada en todos los sectores, pero especialmente, vemos que la construcción va ganando peso. No es de extrañar: España necesita albañiles. En 2025 se aceleró la contratación en este sector y no solo eso, sino que subieron los salarios por la escasez de la mano de obra. De hecho, fontaneros, electricistas y albañiles ya ganan por encima de la media en España, según el informe de InfoJobs y Esade que recogió Infobae.

Solo en la construcción se han generado en marzo 19.500 puestos. Le ganó el sector servicios, el más grande (aglutina comercio, hostelería, turismo...) y por detrás le sigue la industria, con 9.100 empleos, y la agricultura, con 8.200. Son datos que comparte BBVA Research y que si desgranamos, vemos el papel real que está adquiriendo la construcción. Y es que de los 19.500 afiliados que la Seguridad Social sumó en marzo en términos brutos, si descontamos el efecto del calendario —habitualmente relevante en el inicio de la primavera—, se mantiene un aumento de 10.700 ocupados, según las estimaciones de BBVA Research.

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Esto muestra que los empleos generados en este sector son menos estacionales y más reales. Comparemos con los trabajos creados en relación a los servicios, que lideran la lista. Al tener en cuenta el calendario, pasa de 174.700 puestos de trabajo a 56.500, según las estimaciones de BBVA Research. Es decir, solo un 32%. Mientras tanto, este porcentaje en la construcción sube hasta el 55%. Es decir, no hay tanto empleo estacional.

En cuanto a los salarios, el informe de Infojobs y Esade revela que el salario medio de un fontanero está en los 27.477 euros anuales, el de un obrero asciende hasta los 28.567 euros y el de técnico en maquinaria de construcción alcanza los 28.762 euros anuales. Estas cifras superan el salario promedio de las vacantes publicadas en la plataforma, que en 2025 fue de 27.336 euros.

El sector primario también contribuyó al avance del empleo en marzo, con 8.200 afiliados más, y presenta además una evolución especialmente destacada en el conjunto del último año. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registra un crecimiento interanual del 7,7%, el más elevado entre las principales ramas de actividad. La construcción mantiene igualmente un comportamiento notable en términos anuales, con un incremento del 5,1%, claramente por encima del crecimiento medio del sistema, que se sitúa en el 2,5%. Estos datos sitúan tanto a la construcción como al sector primario entre las actividades que más crecen en términos relativos dentro del mercado laboral.

Cae el paro

El desempleo siguió una tendencia descendente durante marzo de 2026, con 22.900 personas menos inscritas en las listas del paro, lo que equivale a una caída interanual del 6,2%. Esta reducción fue más pronunciada de lo esperado, superando tanto la previsión de BBVA Research, que anticipaba una disminución de 16.200 personas, como la registrada en el mismo mes del año anterior.

Al corregir el efecto estacional, se estima que el número de personas desempleadas disminuyó en 17.400, cifra que representa un descenso superior al anotado en febrero. El análisis sectorial revela que el sector servicios fue responsable del 82% de la contracción total del paro en marzo, con una reducción de 18.900 personas. La construcción también tuvo un papel relevante, con 5.900 desempleados menos, seguida de la industria, que registró 1.500 bajas, y el sector primario, que aportó una contracción de 200 personas.

La Agencia Tributaria ha despejado la situación de inestabilidad que afectaba a 230.000 autónomos al publicar este miércoles una nota técnica en la que prolonga los límites de facturación imprescindibles para seguir acogidos al sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. La información se ha dado a conocer en la misma jornada en la que se inicia el plazo de presentación del pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre del año, según la nota difundida por la Agencia Tributaria.

Los profesionales por cuenta propia podrán conservar el acceso al sistema de módulos después de que la Administración haya confirmado la prórroga de los límites de facturación: 250.000 euros de ingresos globales o, en el caso de facturación a empresas, 125.000 euros. En ausencia de la prórroga, los baremos habrían descendido a 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente, desplazando a un elevado número de autónomos a otros regímenes tributarios.

La nota de la Agencia Tributaria coincide con la apertura del periodo para que estos trabajadores liquiden el primer pago del IRPF anual y clarifica que la medida mantiene, sin cambios, los umbrales de ingresos que permiten optar al sistema simplificado. Esta continuidad ratifica que la modificación favorece a los contribuyentes, como han indicado expertos citados en la propia nota técnica.

Qué modificaciones introduce la Agencia Tributaria

El Ministerio de Hacienda había intentado anteriormente prorrogar estos límites a través de un Real Decreto-ley presentado el 23 de diciembre, que también abordaba la revalorización de las pensiones y la prórroga antidesahucios, lo que provocó el rechazo a la norma por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso. Un segundo intento en el Real Decreto-ley del 3 de febrero tampoco prosperó por el mismo motivo. Dada esta situación, la Administración ha optado, por segunda vez consecutiva, por formalizar la extensión mediante una nota técnica, a pesar de que cualquier modificación en la materia requeriría una norma con rango de ley.

La Agencia Tributaria ha justificado su decisión señalando que, dado que la prórroga de los umbrales de facturación incluida en el Real Decreto-ley del 23 de diciembre seguía vigente a 1 de enero de 2026, ejercicio en el que se devenga el IRPF correspondiente a 2025, el texto despliega sus “plenos efectos jurídicos”, siendo por tanto de aplicación a los autónomos.

Otras novedades

Por otra parte, el documento hecho público por Hacienda incluye novedades relativas a la declaración de la Renta que comenzará el 8 de abril. Entre ellas, la Administración confirma la prórroga un año más del tipo reducido que grava a los propietarios de viviendas vacías, esto es, inmuebles sin alquilar. Concretamente, se aplicará un tipo del 1,1% sobre el valor catastral cuando la valoración haya sido revisada tras 2012; en el caso de inmuebles cuya revisión sea anterior, el tipo alcanza el 2%.

La información divulgada por la Agencia Tributaria concluye que la nueva nota técnica asegura la continuidad del marco vigente durante este ejercicio fiscal, tanto en el régimen de módulos de autónomos como en la tributación de viviendas vacías, permaneciendo ambas medidas activas de cara a la campaña de la renta de 2025.

Los costes laborales son una de las principales preocupaciones de los empresarios, sobre todo para las pymes. En 2025 marcaron su máximo histórico, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzando los 3.382 euros por trabajador y mes y un crecimiento del 3,8%. Un dato similar publica este martes Eurostat, que sitúa el incremento en un 3,5% durante el año anterior. Esto supone un incremento de 26,4 euros la hora, una cifra notablemente inferior al promedio de la Unión Europea, que ha alcanzado los 34,9 euros por hora. Es decir, 8,5 euros menos que la media comunitaria.

Las cifras de la Oficina Estadística de la Unión Europea muestran que España mantiene una posición en la franja media-baja de la clasificación, aún alejada de los países del norte y centro del continente, donde los costes laborales se sitúan en los niveles más elevados. Frente a los extremos de la clasificación europea, los costes más bajos se encuentran en países como Bulgaria (12 euros), Rumanía (13,6 euros) y Hungría (15,2 euros), mientras que los más elevados corresponden a Luxemburgo (56,8 euros), Dinamarca (51,7 euros) y Países Bajos (47,9 euros).

El aumento del coste laboral en la Unión Europea durante 2025 ha sido generalizado: la media comunitaria ha subido un 4,1% respecto al año anterior —de 33,5 euros por hora en 2024 a 34,9 este año—, mientras que en la zona euro se ha incrementado un 3,8%, hasta alcanzar 38,2 euros por hora. El crecimiento observado en España está en línea con el registrado por países como Chipre y Luxemburgo (ambos con +3,5%), aunque queda por debajo de los repuntes en Bulgaria (+13,1%), Croacia (+11,6%) y Eslovenia (+9,3%). El único país del área del euro donde se ha producido un descenso ha sido Malta, con una reducción del 0,5%.

Qué significa gastar 26,4 euros por hora en salarios y cotizaciones

El análisis estadístico publicado por Eurostat matiza que dicho coste medio por hora incluye remuneraciones, salarios en especie, cotizaciones sociales e impuestos soportados por el empleador. Uno de cada cuatro euros de este coste laboral en la Unión corresponde a conceptos ajenos al salario directo; concretamente, los costes no salariales —como las cotizaciones sociales— representan el 24,8% del total en la UE y el 25,6% en la zona euro. En el caso español, la proporción de estos costes es ligeramente mayor, con una tasa del 26,2%.

Las diferencias entre países no se limitan al importe total, sino que se aprecian también en la estructura de los costes. Así, Francia ostenta el mayor peso de los costes no salariales (32,3%), seguida de Suecia (31,7%) y Eslovaquia (28,6%). En el extremo opuesto, Rumanía (4,8%), Lituania (5,5%) y Malta (5,8%) presentan las menores proporciones de costes indirectos.

Así lo han advertido desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), sobre todo ahora que estamos a pocos días de que comience la campaña de 2025 el próximo 8 de abril. “Muchas familias lo desconocen y se encuentran con la sorpresa de la sanción por parte de la Agencia Tributaria una vez presentada la declaración”, han asegurado a través de un comunicado.

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La entidad ha destacado que este subsidio, enfocado en gastos de calefacción para hogares vulnerables, comporta multas de entre 94 y 118 euros por parte de la Agencia Tributaria cuando no es declarado en el IRPF, aunque en muchos casos no figura en el borrador validado por los contribuyentes.

La FEFN denuncia la “indefensión” de quienes reciben la notificación sancionadora y subraya que el error frecuentemente deriva de la omisión de información en la documentación fiscal oficial. “El sinsentido que supone pagar una multa en relación con una ayuda que se te ha concedido y de la que vas a perder la mitad o un tercio”, explican fuentes de esta entidad.

E insisten: “No puede considerarse un ingreso, es una prestación que tiene un fin social muy claro, que es proteger a hogares vulnerables, con pocos recursos y muchos niños, como las familias numerosas, para que no pasen frío”. No obstante, esta ayuda no está exenta de polémica. De hecho, más de la mitad de las familias numerosas que la reciben no la necesitan. Un análisis de Fedea publicado en marzo con datos de diciembre de 2025 destaca que, de todos los hogares con múltiples hijos que recibieron el bono, casi medio millón en total, no eran vulnerables 283.000.

Este fallo en el sistema no es nuevo saltó cuando se conoció que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ambos con ingresos elevados habían recibido esta ayuda. Al pertenecer a una familia numerosa, se les dio acceso de manera automática sin importar sus ingresos, algo que generó indignación. El informe publicado por Fedea muestra que continúan recibiéndolo familias —y también pensionistas— que no se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Petición al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España

El bono térmico, gestionado por comunidades autónomas, se entrega en un único pago, con cuantías que para 2025 oscilan entre 139 y 400 euros, según la zona climática y el grado de vulnerabilidad del hogar. La federación recalca que el objetivo social de esta prestación debe excluirla de tributación, por lo que solicitará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que suprima dicha obligación.

Mientras se resuelve esta reclamación, la FEFN urge a las administraciones a mejorar la comunicación y garantizar que la obligación de declarar el bono quede claramente reflejada en las notificaciones y aparezca automáticamente en los borradores de la declaración. Según la organización, existen diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de información proporcionado a los beneficiarios, contribuyendo así al desconocimiento de la normativa fiscal.

El temor a una “guerra perpetua” en Oriente Medio es real. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconocía este lunes la preocupación del Gobierno ante un conflicto que “no tiene visos de parar”. Y no será porque Donald Trump no lo intente. La semana ha comenzado con amenazas de destruir las centrales eléctricas de Irán, los pozos de petróleo y hasta la isla de Kharg si no se llega rápido a un acuerdo. Pero más allá del plano geopolítico, el Ejecutivo piensa ya en las posibles consecuencias económicas para España si este conflicto se prolonga y en si, llegado el caso, tiene que tomar nuevas medidas.

Los primeros efectos ya son visibles. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo se ha elevado hasta el 3,3% interanual, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La energía vuelve a ser el primer canal por el que se ataca el bolsillo de los ciudadanos. Pero no será el único. Según los análisis de Funcas, el siguiente frente inflacionario será el de los alimentos. La lógica económica es clara: el aumento del precio del combustible encarece el transporte, eleva los costes agrícolas y presiona al alza los fertilizantes y otras materias primas esenciales. Todo ello termina trasladándose, de forma progresiva, a la cesta de la compra.

Esta es la idea que comparte el economista Raymond Torres en una entrada en el blog de Funcas titulada Perspectivas tras un mes de guerra y que va en sintonía con lo que anunció este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien aseguró que estaría encima de cómo evolucionan los precios de la cesta de la compra. De momento, se ha dado tres meses para evaluar el efecto de una guerra que parece estar lejos de terminar, pese a las prisas de Donald Trump.

Los dos escenarios posibles en Oriente Medio

Son dos las posibles evoluciones del conflicto. La primera, más benigna, pasa por un cese relativamente próximo de las hostilidades. En ese caso, el impacto sería limitado y manejable para la economía española. La inflación podría situarse en torno al 3% en el conjunto del año, en línea con las estimaciones de organismos como el Banco de España o la OCDE. El golpe se traduciría en una pérdida moderada de poder adquisitivo y en una ligera desaceleración del crecimiento, según Funcas.

Sin embargo, el escenario que más preocupa al Gobierno es el segundo: un conflicto largo, con episodios de escalada y posibles interrupciones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es clave para el suministro energético mundial, y su bloqueo tiene consecuencias directas sobre el precio del petróleo. “Estamos ante una guerra larga hasta alcanzar unos objetivos, hay que decirlo, aberrantes. Israel, que lo ha dejado muy claro, está en una guerra que no tiene ningún viso de parar, como Estados Unidos”, sentenció el ministro de Exteriores José Manuel Albares.

En este sentido, Torres apunta lo siguiente: “Las tensiones sobre los precios serían mucho más intensas y persistentes que en el escenario central, pudiendo perpetuar el desvío de la inflación por encima de los objetivos marcados por los bancos centrales”. El Banco de España no descarta que el IPC pueda rozar el 6% en un escenario adverso, duplicando prácticamente el objetivo de estabilidad de precios.

El problema ya no es solo la magnitud de la subida, sino su duración. Una inflación elevada durante un periodo prolongado erosiona el poder adquisitivo de los hogares de forma más profunda y sostenida. Además, tiende a extenderse al conjunto de la economía, afectando a salarios, servicios y expectativas empresariales. Un entorno de precios altos reduce el consumo, encarece la inversión y genera incertidumbre. Y España, como economía dependiente de las importaciones energéticas, es especialmente vulnerable a este tipo de impactos externos.

El efecto tampoco se limita a los precios. La prolongación del conflicto condiciona la política monetaria. Los mercados ya anticipan nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, mientras que la Reserva Federal podría retrasar cualquier bajada. Esto se traduce en un encarecimiento del crédito tanto para los Estados como para el sector privado.

Otro problema: hipotecas más caras

En España, el euríbor ya se sitúa por encima del 2,8%, medio punto más que antes del estallido del conflicto. Ha alcanzado su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros anuales. Este aumento reduce la capacidad de gasto e inversión de los hogares. “El euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables y confirma un cambio de tendencia: dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

Ante esta situación, la respuesta de la política económica se vuelve más compleja. El Gobierno ya ha puesto en marcha medidas para amortiguar el impacto, como las rebajas de impuestos sobre los productos energéticos. Sin embargo, su coste es elevado. La recaudación anual por estos conceptos ronda los 22.500 millones de euros, y mantener las rebajas durante todo el año podría suponer un agujero fiscal de más de 10.600 millones, equivalente al 0,7% del PIB.

Torres advierte de que estas medidas son poco eficaces si se aplican de forma generalizada. En un escenario de guerra prolongada, recomiendan focalizar los esfuerzos en los sectores más afectados. “Habrá que prepararse para ello, y concentrar nuestra respuesta a la crisis en torno a las medidas más eficaces, como el apoyo al transporte profesional, al sector primario y a los grupos vulnerables, renunciando a renovar las rebajas universales de impuestos energéticos, poco eficaces y muy costosas”, concluye Torres en su artículo.

La guerra de Irán ha disparado los precios. Lo habrá notado en su bolsillo. Como parte de un plan para aliviar la factura energética de los hogares, el Gobierno ha aprobado una rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% hasta el 30 de junio de 2026, junto a una reducción en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y una suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Si tiene coche, lo notará. Pero más en concreto, si tiene uno de gasolina o diésel. Esto se debe a que el ahorro real en los vehículos eléctricos es limitado: entre 30 y 50 euros. Veamos.

El cálculo parte de los siguientes datos: según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo medio de referencia de un turismo eléctrico se sitúa en torno a 16 kWh cada 100 kilómetros. Por otro lado, un conductor medio en España recorre entre 11.500 y 14.000 km al año, según el Informe de Parque de Vehículos y Estadísticas de Matriculación, 2022–2024. Por lo tanto, si ponemos que de media se recorren unos 12.000 kilómetros al año, el consumo anual se sitúa aproximadamente en 1.920 kWh.

El precio medio de la electricidad en el hogar varía según la tarifa y el uso, pero se encuentra en torno a 0,18 euros por kWh, según comparadores energéticos y datos de Red Eléctrica. Con estas cifras, el gasto anual en recarga se sitúa alrededor de 345 euros.

La rebaja del IVA y los otros impuestos reducen la factura en aproximadamente un 10–13%, lo que se traduce en un ahorro de entre 35 y 45 euros al año para un conductor medio. Incluso en escenarios de mayor consumo, el ahorro difícilmente supera los 50 euros anuales. Desde luego que la rentabilidad que obtienen los propietarios de vehículos eléctricos variará según perfil de uso.

En contraste, los vehículos de combustión se benefician de la reducción fiscal sobre carburantes, estimada en unos 30 céntimos por litro, según el Gobierno. Aplicado a un coche de gasolina con un consumo medio de 7 litros cada 100 kilómetros, esto supone un ahorro de 2 a 3 euros cada 100, o entre 240 y 360 euros anuales para un conductor que recorra 12.000 kilómetros, acercándose incluso a los 400 euros en algunos casos.

El coste del coche eléctrico ya era inferior

La diferencia se explica por una cuestión estructural: el coste energético del coche eléctrico ya es muy inferior al de los de combustión. Recorrer 100 kilómetros en un eléctrico cuesta alrededor de 3 euros, frente a los 10–12 euros de un coche de gasolina. Por ello, aunque la rebaja fiscal abarata la electricidad, su impacto absoluto es mucho menor que en la gasolina.

La medida beneficia a todos los conductores, pero reduce ligeramente la ventaja económica del coche eléctrico frente a los de combustión. Aunque también hay que tener un pequeño detalle en cuenta. Los datos que compartimos en este artículo son la teoría, la práctica es distinta. Y es que la rebaja del IVA no llega íntegra al surtidor porque una de cada cuatro gasolineras aprovecha para subir los precios.

La cuestión es que el mercado de los carburantes está liberalizado. Cada operador fija el precio que quiere y eso hace que cada uno aplique las tarifas que mejor le vienen. Pero como en todo libre mercado, si los precios se disparan en una gasolinera, se pueden ir a repostar a la competencia.

Si dejamos a un lado que las empresas van a buscar siempre la forma de seguir aumentando beneficios, especialmente en tiempos de crisis como ya ocurrió cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, podemos decir que los conductores de coches eléctricos ahorrarán apenas entre 30 y 50 euros al año, mientras que los de gasolina deberían estar en torno a los 400 euros anuales. No obstante, las cifras pueden variar según el modelo de vehículo, la tarifa eléctrica contratada y los hábitos de conducción, pero el patrón general se mantiene.

Subida del MW/h del 843% en tan solo diez días

A raíz de la crisis energética provocada por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el precio del megavatio hora experimentó una subida del 843% en apenas diez días a principios de marzo de 2026, alcanzando los 136,86 euros por megavatio hora, con picos cercanos a los 250 euros.

Esta coyuntura llevó al Ejecutivo a aprobar un plan de choque de más de 80 medidas destinadas a mitigar el impacto de la subida de precios energéticos, desplegando 5.000 millones de euros y articulando principalmente la rebaja de impuestos sobre carburantes y electricidad.

El 13 de mayo de 2015, Magdalena firmó un contrato para cursar un Executive MBA (un posgrado intensivo de dirección empresarial diseñado para profesionales y directivos con amplia experiencia) a distancia con EAE Business School. Confiaba en que así tendría una mayor formación y, por ende, nuevas oportunidades laborales. Pero poco después, su historia se torció: una deuda de 6.333,34 euros por el curso, reclamada años más tarde por Editorial Planeta —la empresa que absorbió a la escuela— amenazó con arrastrarla a una batalla judicial de largo recorrido. La Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2026, decidió que esa deuda ya no podía perseguirse.

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación de Magdalena y ha revocado la sentencia dictada en primera instancia, que la obligaba a pagar la totalidad del importe reclamado por el curso. Según el tribunal, la acción de Editorial Planeta había prescrito: la reclamación se presentó más de tres años después del último pago realizado por la alumna, superando el plazo legal para exigir el cobro por servicios prestados. La decisión libera a Magdalena de la deuda y obliga a la editorial a asumir las costas del proceso en primera instancia.

El origen del conflicto se remonta al día en que Magdalena formalizó la matrícula. El acuerdo no implicaba únicamente la compra de material didáctico: la formación incluía acceso a tutorías, clases presenciales en las sedes de Madrid y Barcelona y la promesa de hasta veinte sesiones presenciales durante tres años, además de las clases en línea. Magdalena realizó pagos hasta septiembre de ese mismo año, pero no abonó el importe total. Pasaron más de seis años sin que la empresa iniciara ninguna reclamación formal.

El día en el que llegó la primera demanda

No fue hasta el 20 de octubre de 2021 cuando Editorial Planeta —ya como titular de la deuda tras absorber a EAE Business School— presentó la primera demanda monitoria para reclamar los 6.333,34 euros. La oposición de Magdalena abrió la puerta a un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número siete de Arenys de Mar, donde la sentencia de 24 de febrero de 2023 dio inicialmente la razón a la editorial. El juzgado consideró que el contrato debía regirse por un plazo de prescripción de diez años, al tratarse de una compraventa con pago fraccionado y obligación unitaria.

La batalla legal no terminó ahí. Magdalena recurrió la resolución, defendiendo que el contrato principal era un arrendamiento de servicios —no una simple compraventa— y que, por tanto, el plazo de prescripción debía ser de tres años según el Código Civil de Cataluña. Alegó, además, defectos en la información sobre el derecho de desistimiento y la falta de transparencia en la redacción del contrato, aunque estos argumentos no resultaron determinantes en la sentencia final.

La Audiencia Provincial de Barcelona atendió el recurso y reinterpretó la naturaleza jurídica del contrato, determinando que el elemento prevalente era la prestación de servicios educativos. Esa conclusión fue muy importante: al usar el plazo de tres años, el tribunal decidió que ya no se podía reclamar el pago, porque pasaron más de tres años desde el último pago en septiembre de 2015 hasta la demanda presentada en octubre de 2021. La sentencia de apelación revocó la condena a Magdalena, absolviéndola de todas las pretensiones y obligando a la editorial a sufragar las costas de la primera instancia.

En cuanto a los próximos pasos, la sentencia dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no es todavía firme. Editorial Planeta dispone de un plazo de veinte días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que cumpla los requisitos legales exigidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta entonces, el caso sigue abierto a un posible nuevo capítulo en el alto tribunal.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la condena a Feliciano (nombre que aparece en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae), exconsejero delegado de Metropolitan Spain, S.L., por incumplir su deber de lealtad con la empresa. La sentencia obliga a Feliciano a indemnizar a la sociedad con 203.095,24 euros, más intereses y costas, tras considerar acreditado que gestionó recursos de Metropolitan en beneficio de una sociedad vinculada a su familia.

Durante su etapa como consejero delegado, Feliciano intervino para que Metropolitan suscribiera un contrato de cesión de la marca The Club con Gip City, S.L., sociedad controlada por él mismo, su hermano y su hija. El tribunal entiende que la operación, que permitió la venta y promoción de ropa deportiva de The Club en los gimnasios Metropolitan, se realizó sin la autorización requerida del consejo de administración. Por ello, califica la actuación de Feliciano como desleal y constitutiva de un conflicto de intereses.

La relación entre Feliciano y Metropolitan Spain se remonta a 2003, cuando la sociedad fue constituida en Barcelona y él adquirió una participación relevante a través de su empresa Ocio Bienestar y Salud, S.L. En 2005, Feliciano se incorporó como miembro del consejo de administración y consejero delegado solidario, cargo que mantuvo hasta su cese en mayo de 2022. Posteriormente, en julio de 2022, presentó su dimisión como consejero.

En enero de 2019, Feliciano, junto a su hermano Gumersindo y su hija Asunción, constituyó Gip City, S.L., sociedad domiciliada en Barcelona y dedicada al sector textil. Gip City registró las marcas comerciales The Club y The Club Collection. Ese mismo mes, Metropolitan y Gip City firmaron un contrato de licencia para el uso de la marca The Club en la producción y distribución de ropa deportiva que se vendería en los centros Metropolitan. El contrato fue firmado por Asunción en nombre de Gip City y por Gumersindo como apoderado de Metropolitan. La licencia, gratuita y por un plazo de tres años, permitió la promoción y venta de la marca en los gimnasios, así como la celebración de campañas de marketing conjunto.

No hubo información del conflicto de intereses

A lo largo de este periodo, Metropolitan adquirió un stock de ropa deportiva con la marca The Club+Metropolitan, valorado en 203.095,24 euros según la pericial. En 2022, tras el cese de Feliciano como consejero delegado y su posterior salida del consejo, la junta de socios de Metropolitan acordó ejercitar una acción social de responsabilidad contra él. Metropolitan argumentó que Feliciano, como administrador, no informó ni solicitó la dispensa del conflicto de intereses al consejo antes de ejecutar la operación con Gip City, incumpliendo así su deber de lealtad.

El caso fue juzgado inicialmente en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona, que estimó la demanda y condenó a Feliciano a indemnizar a Metropolitan. Frente a esta sentencia, Feliciano interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, alegando que el contrato fue firmado por su hermano, que la actividad era conocida por el consejo y que existía una autorización tácita. El tribunal, sin embargo, rechazó estos argumentos y confirmó que la responsabilidad del administrador no depende de la firma material del contrato, sino de la decisión y beneficio derivado para una sociedad vinculada, en este caso Gip City, de la que Feliciano era titular junto a familiares directos.

La Audiencia Provincial estableció que la tolerancia o pasividad del consejo no equivale a una dispensa tácita y que la falta de diligencia de los demás consejeros no exime la responsabilidad del administrador principal. La sentencia también descarta que Metropolitan haya actuado de mala fe por haber tolerado la situación, señalando que la omisión de información relevante por parte de Feliciano impidió que el consejo valorara adecuadamente el conflicto de intereses.

El tribunal desestima el recurso de Feliciano, confirma íntegramente la condena e impone el pago de las costas procesales. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de veinte días desde la notificación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Cuando los salarios suben un 30% pero los alquileres de vivienda un 82%, es lógico que a los españoles les cueste ahorrar. Dadas las circunstancias de la crisis de vivienda en España, ya no se puede decir eso de que quien no ahorra es porque no quiere. Y aunque habrá de todo, hay una amplia mayoría que no ahorra porque no puede. Un informe de Fedea que analiza cómo las diferentes generaciones en España producen, consumen y comparten recursos económicos menciona una cifra curiosa de su base de datos: el 20% de la población española presenta un ahorro negativo. Esto significa que uno de cada cinco españoles concluye el año con más gastos que ingresos, por lo que tiene que recurrir a apoyos familiares, préstamos o al consumo de ahorros previos.

La investigación pone el foco en el papel de la estructura familiar y la dinámica del ciclo vital como factores explicativos de este comportamiento. Los jóvenes destacan como el grupo más expuesto al desahorro, en parte debido a su menor nivel de ingresos y a la tardía emancipación en España, que se sitúa en los 30,5 años, según Eurostat. Pero el fenómeno no se limita solo a los jóvenes: existe variabilidad individual significativa, incluso entre adultos y mayores.

El estudio de Fedea señala que, aunque el perfil medio del ahorro por edades es positivo —es decir, en promedio la población ahorra—, dentro de esa media se esconde un 20% de personas que gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. En los jóvenes, esta situación suele estar asociada a la dependencia familiar y a la dificultad de obtener ingresos estables en las primeras etapas de la vida laboral. Permanecer en el hogar de los padres o compartir vivienda permite amortiguar el impacto de los bajos ingresos, pero no evita que muchos deban recurrir a ayudas o a endeudamiento para mantener su nivel de consumo.

Y en este sentido, la familia es un pilar fundamental. Tiene “un papel claro en la financiación del consumo privado de los jóvenes a través de transferencias que se llevan a cabo en el interior de los hogares”, explica el documento. “La interpretación de este resultado tiene un marcado carácter estructural: en el tramo previo a la plena inserción laboral, el equilibrio entre consumo y recursos no se resuelve mayoritariamente mediante endeudamiento individual o acumulación previa de activos (por definición, limitada o prácticamente nula), sino mediante redistribución dentro del hogar”, agrega.

Es decir, el hogar opera como una especie de lo que los autores llaman “institución aseguradora”, hasta que los jóvenes consiguen encontrar un trabajo con el que mantenerse. Así, la estructura familiar en España influye de forma determinante en la capacidad de ahorro. La solidaridad intrafamiliar, especialmente en hogares donde conviven varias generaciones, permite suavizar los déficits puntuales de algunos miembros.

A partir de los 70 años baja el ahorro

A partir de los 65 años, el perfil financiero de los españoles experimenta un cambio significativo. Según el análisis de Fedea, en esta etapa de la vida las pensiones pasan a ser la principal fuente de ingresos, mientras que las rentas del trabajo adquieren un papel secundario o accesorio. La aportación de los mayores al sistema fiscal disminuye, a la vez que aumentan las prestaciones recibidas, especialmente en forma de pensiones y asistencia sanitaria.

El estudio muestra que, aunque el ahorro medio sigue siendo positivo entre los mayores, se observa una reducción progresiva a partir de los 70 años. Esto se refleja en la tendencia de las personas de mayor edad a estabilizar su riqueza y a utilizar los activos acumulados durante la etapa laboral para financiar su consumo en la vejez. Así, el ciclo vital económico se completa: tras años de acumulación, en la última etapa la renta disponible procede fundamentalmente de las transferencias públicas y del patrimonio construido previamente.

El efecto de la guerra en Irán sobre los países europeos no ha sido el mismo. Lo vemos, por ejemplo, con Reino Unido y España. Ambos han tratado de evitar una implicación directa en el conflicto, pero las consecuencias de esta decisión no les afectan igual. El medio británico Financial Times explica que la vulnerabilidad a la que se exponen por los precios volátiles de la energía no es la misma. Y es que, España, en comparación, se ha visto menos expuesta a los riesgos derivados del cierre del estrecho de Ormuz y a la consiguiente subida de precios del petróleo y gas.

Durante la mayor parte de lo que va de año, el precio de la electricidad en España ha alcanzado o superado el coste medio de la electricidad generada con gas solo el 15% del tiempo. En Italia, esa cifra ha sido del 89%. Este dato, según un estudio realizado por la organización Ember, ilustra hasta qué punto España ha conseguido minimizar la incidencia de las subidas del gas en la factura eléctrica. La idea es clara: mientras en Italia el coste de la luz depende casi constantemente del gas, en España ese efecto es muy limitado.

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La mayoría de los países europeos ha experimentado fuertes alzas en los precios del gas, del petróleo y de productos refinados, atribuibles al cierre del paso estratégico por el estrecho de Ormuz. La diferencia, según Financial Times, reside en el comportamiento del mercado eléctrico: Francia y España han podido contener en mayor medida los precios gracias a una producción eléctrica menos dependiente del gas natural, cuyo coste se ha duplicado desde principios de año. Francia se apoya principalmente en fuentes nucleares, mientras que España ha optado por ampliar su capacidad renovable, utilizando tanto energía eólica como solar e hidráulica.

Sin embargo, el mero hecho de desplegar más energías renovables no garantiza, por sí solo, precios más bajos. Un ejemplo es el Reino Unido, que, tal como recoge el análisis, ha generado más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables y nucleares, pero continúa fijando el precio de la electricidad con centrales de gas en dos tercios de los casos. Eso ha llevado a que el Reino Unido registre uno de los precios eléctricos más elevados de Europa, según datos de la consultora Aurora Energy citados por Financial Times.

Parte del éxito es “fortuito”

No obstante, el periódico británico descarta que parte del “éxito de España” es “fortuito”. “El país ha tenido un invierno particularmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica. Sus centrales de gas funcionan con más frecuencia de lo que sugieren las estadísticas y reciben una remuneración aparte por los servicios que prestan a la red eléctrica·

El texto publicado en Financial Times concreta también que, de mantenerse las condiciones actuales, el precio medio de la electricidad en España para el resto del año rondaría los 66 euros por megavatio hora, un valor que representa la mitad de la previsión para Italia. En este esquema, la energía nuclear cumple un papel de respaldo sólido. Las plantas nucleares españolas generaron el año pasado el 20% de la electricidad, lo que supone el doble de la proporción observada en el Reino Unido. Italia, por su parte, carece de producción nuclear.

La capacidad española de combinar varias energías renovables —eólica, solar e hidráulica— permite que el suministro se mantenga estable en diversas franjas horarias y durante distintas estaciones. Así, mientras el gas sigue siendo imprescindible para cubrir picos puntuales de demanda, su influencia sobre la tarifa final se atenúa en el mix español.

El resultado: menor coste y mayor autonomía política para España

La posición española es doblemente ventajosa, de acuerdo con el análisis de Financial Times: el rápido desarrollo de energías renovables no solo ha mitigado de manera apreciable las subidas de las facturas eléctricas, sino que también ha fortalecido la independencia política del país respecto a los vaivenes internacionales y las presiones asociadas al suministro de combustibles fósiles. El artículo sostiene que esta experiencia debería servir de motivación para quienes, desde Europa, abogan por impulsar aún más la transición a modelos energéticos sostenibles.

“El resultado es que España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos. Su rápido despliegue de energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, lo que también debería contribuir a reforzar su independencia política. Un buen motivo para que la brigada verde europea siga avanzando con paso firme", concluye el artículo.

Donald Trump ve legítimo retirar las bases estadounidenses de España, Alemania y de otros países de la OTAN que no colaboren en la seguridad en el estrecho de Ormuz. El senador republicano Lindsey Graham realizó esta petición ante la negativa de estos países a apoyar la ofensiva contra Irán, y cuando le han preguntado por esta cuestión al presidente, ha respondido que cree “que hace bien en plantearlo”.

“Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Ormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es”, ha respondido Trump ante la pregunta del diario ABC. “Y no es el único: hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada”, ha continuado el mandatario, que se ha dirigido a la prensa antes de subirse al helicóptero en los jardines de la Casa Blanca para ir a pasar el fin de semana a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Donald Trump está molesto con la OTAN. Incluso ha llegado “cobardes” a los países de la Alianza este viernes. “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", ha manifestado en su red Truth Social.

Y tras esta presión, Reino Unido ha movido ficha. El Gobierno británico ha dado el visto bueno a que Estados Unidos pueda utilizar sus bases militares para “operaciones defensivas estadounidenses” con el fin de neutralizar “las capacidades que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

Esta decisión no quiere decir que el país vaya a participar directamente en el conflicto, ha querido recalcar Downing Street en un comunicado. Además, insiste en que sus principios ante el conflicto “siguen siendo los mismos”. “Los ministros confirmaron que el acuerdo por el que Estados Unidos utiliza bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz”, indica el texto.

Trump rechaza el alto al fuego en Irán

El mandatario estadounidense ha descartado la posibilidad de declarar un cese de hostilidades en Irán y ha asegurado que el estrecho de Ormuz se reabrirá “por sí solo”, pese a la falta de apoyo de los aliados internacionales. “No quiero hacer un alto el fuego. Tú no haces un alto el fuego cuando estás literalmente destruyendo al otro bando”, ha explicado. “No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipamiento y sus líderes han sido asesinados en todos los niveles. No estamos buscando eso”.

Trump ha reiterado sus críticas hacia los aliados militares por negarse a colaborar en el desbloqueo de Ormuz, un paso marítimo clave para el tránsito de aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural. “La OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no han tenido el coraje de hacerlo. Y otros podrían ayudarnos, pero no lo usamos. En cierto momento, se abrirá solo”, ha concluido.

Con o sin ayuda. Donald Trump lo ha dejado claro: quiere liberar el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos ha llamado este viernes “cobardes” a los países de la OTAN por no colaborar en esta misión. Y tras esta presión, ha llegado la respuesta de Reino Unido. El Gobierno británico ha confirmado que Estados Unidos puede utilizar sus bases militares para “operaciones defensivas estadounidenses” con el fin de neutralizar “las capacidades que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

Esta decisión, que se ha tomado tras una reunión de los ministros, no quiere decir que el país vaya a participar directamente en el conflicto, ha querido recalcar Downing Street en un comunicado; además, insiste en que sus principios ante el conflicto “siguen siendo los mismos”. “Los ministros confirmaron que el acuerdo por el que Estados Unidos utiliza bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz”, indica el texto.

La autorización para el uso de las bases británicas para las operaciones destinadas a proteger el estrecho de Ormuz representa una victoria parcial para Donald Trump. Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, incluso antes, el presidente estadounidense ha criticado al Gobierno británico y cargado duramente contra el primer ministro Keir Starmer, de quien decía que “no es Winston Churchill” y que un país que Estados Unidos alguna vez consideró “el Rolls Royce de los aliados” ahora resultaba decepcionante.

Este anuncio puede interpretarse como una concesión de Reino Unido a las exigencias de Trump, especialmente después de que se haya puesto en tela de juicio la solidez de la alianza entre ambos países. Sin embargo, no es exactamente lo que ha exigido Trump, que desde que comenzaron los ataques en Irán —la llamada Operación Furia Épica— ha instado a los aliados de Estados Unidos, incluido el Reino Unido, a que hagan más para escoltar a los buques que transitan por el estrecho.

Hace tan solo cuatro días, Starmer aseguraba que su Ejecutivo estaba trabajando junto a sus aliados para llevar a cabo un “plan colectivo viable” que reabriera el estrecho de Ormuz. No obstante, se negaba a enviar buques de guerra pese a las presiones de Donald Trump. A principios de esta semana, Starmer remarcaba en rueda de prensa que evitaría que Reino Unido se involucre en una escalada bélica mayor.

La importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio mundial. Por él pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. En su parte más angosta, tiene solo unos 33 km de ancho, y las rutas de navegación son aún más estrechas. Esto lo convierte en un lugar vulnerable: cualquier conflicto o accidente puede interrumpir el tráfico fácilmente. Si algo ocurre allí, afecta rápidamente a los precios, la economía y la estabilidad internacional.

Su bloqueo —como el que actualmente ejerce Irán— ha provocado ya subidas en los precios de la energía y el temor a una crisis económica global. En este contexto, Donald Trump ha amenazado con una respuesta militar si Teherán no reabre la ruta, al considerar que interrumpir el flujo de petróleo supone un riesgo estratégico mundial y una presión directa sobre los aliados occidentales. Según sus propias advertencias, cualquier intento de cerrar el estrecho sería respondido con una fuerza “mucho mayor”. El control de este estrecho es por motivos económicos, pero también por una cuestión de poder geopolítico y militar.

El 21 de diciembre de 2017, Daniela acudió al supermercado Agromart Balear, S.L. en el centro de Palma para hacer la compra. No fue un buen día. Un resbalón en un pasillo mojado y sin señalización alguna hizo que su vida cambiara de forma radical. Tras años de litigio, el tribunal ha confirmado que la empresa deberá indemnizarla con 75.050,21 euros por las secuelas y perjuicios sufridos, pero la cifra dista mucho de la que reclamaba la afectada y deja fuera buena parte de sus pretensiones.

La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Illes Balears y a la que ha tenido acceso Infobae, reconoce que la clienta sufrió lesiones de entidad tras la caída y que la responsabilidad recae en el establecimiento por no advertir del riesgo de suelo húmedo. Para Daniela, el accidente supuso un antes y un después: desde entonces, ha necesitado tratamientos médicos continuados, ha visto limitada su autonomía y ha tenido que adaptar su vivienda y vehículo para poder desenvolverse en el día a día. Pese a ello, la justicia ha recortado sensiblemente la compensación económica a la que aspiraba, rechazando indemnizar conceptos como la asistencia sanitaria futura, el lucro cesante o la ayuda de tercera persona, por no haber quedado plenamente acreditados según los estrictos requisitos legales.

Tras el accidente, la afectada fue atendida en la Clínica Juaneda y, a lo largo de los años siguientes, se sometió a consultas, pruebas y tratamientos en distintos hospitales y clínicas de las Islas Baleares y Barcelona: informes de neurocirujanos, rehabilitadores, psicólogos, fisioterapeutas y peritos jalonaron su expediente. La polémica se centró en la atribución y alcance de las secuelas: mientras la actora defendía que sufría afecciones graves —incluida una ataxia que le impedía caminar con normalidad y un trastorno neurótico severo—, los peritos de la parte contraria y el tribunal descartaron la existencia de dicha ataxia y rebajaron la valoración de otras dolencias.

Lista de las secuelas de la caída de Daniela

La Audiencia Provincial analizó un voluminoso historial clínico, que incluía informes contradictorios sobre la caída, el mecanismo lesional y el impacto en la salud de Daniela. Se reconocieron como secuelas el síndrome de cola de caballo, algias postraumáticas, trastornos neuróticos y un perjuicio estético de grado medio, pero se descartaron las reclamaciones relativas a la ataxia, asistencia sanitaria futura y la necesidad de ayuda permanente de tercera persona. El tribunal consideró probado que la clienta tenía limitaciones y que la caída alteró su vida, aunque no en el grado extremo que ella alegaba: la incapacidad absoluta reconocida por el INSS respondía a un conjunto de secuelas, no solo a la patología más grave que pretendía acreditar.

En el proceso se debatieron también los gastos derivados de la adaptación de la vivienda, el vehículo y los desplazamientos en taxi durante el periodo de rehabilitación. La sentencia reconoce parte de estos conceptos, pero rechaza otros —como la adaptación futura del vehículo cada cinco años o la adecuación del baño y la terraza—, por falta de pruebas suficientes sobre su necesidad o sobre la efectiva realización de los trabajos. Además, el tribunal rebajó la suma final de la indemnización descontando importes ya abonados y partidas que excedían el periodo de estabilización de las lesiones, y limitó el devengo de intereses legales solo a una fracción de la cantidad reconocida.

La primera sentencia pedía 158.877 euros

El recorrido judicial ha sido largo y marcado por recursos cruzados. La primera sentencia, dictada en septiembre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma, estimó parcialmente la demanda y fijó una indemnización de 158.877,2 euros, cifra que la Audiencia Provincial ha reducido a 75.050,21 euros tras analizar los motivos de apelación de ambas partes. La resolución de segunda instancia impone a Daniela las costas de su recurso y mantiene la condena a la empresa, aunque exime a ambas partes de las costas en primera instancia.

A partir de esta sentencia, las partes aún disponen de veinte días para plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, si se alegan normas de derecho civil propio, ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Illes Balears.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

La economía española sufrirá las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,1%, atribuyendo este recorte principalmente al impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y financieros mundiales. Esta revisión implica una disminución de dos décimas respecto a la estimación anterior y refleja el aumento de la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, según el análisis publicado por el FMI.

El FMI, en su evaluación anual, ha identificado el encarecimiento de los precios del petróleo como el principal factor de riesgo para la economía española, que situó el crudo en unos 110 dólares por barril tras haberse incrementado en más de un 50% desde el inicio de las hostilidades. Además, el precio del gas natural ha experimentado un aumento del 98%, alcanzando los 60 dólares por megavatio hora después del ataque al campo iraní de South Pars y las sucesivas represalias en infraestructuras energéticas de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, especialmente la planta de Ras Laffan, donde se produce casi una quinta parte del gas mundial.

En el diagnóstico realizado por el organismo, se destaca que, a pesar de que España no es inmune a los efectos de la crisis energética global, presenta una mayor capacidad de resistencia en comparación con otros socios europeos. Los técnicos del FMI han subrayado que el impacto de la subida del gas se ve mitigado en parte por la elevada proporción de energías renovables en el sistema eléctrico español, fruto de una decidida apuesta durante la última década por aumentar la capacidad de generación solar y eólica.

El FMI pide que las ayudas sean temporales

El informe advierte que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, podrían mantenerse altos los precios de la energía, endurecerse las condiciones financieras y aumentar aún más la incertidumbre, con efectos negativos directos sobre la inversión, el consumo y el crecimiento. Además, el FMI ha alertado del riesgo de que los salarios y la inflación se vean afectados por efectos de segunda ronda, perpetuando una inflación general superior al 3% durante un periodo indefinido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros, incluyendo rebajas fiscales sobre carburantes y gas, ayudas directas a sectores perjudicados y protección contra desahucios. No obstante, el FMI recomienda que este tipo de apoyos sean temporales y estén focalizados exclusivamente en casos de choques graves, siempre y cuando los costes de financiación de la deuda estatal permanezcan bajos.

El FMI expone dudas sobre la capacidad de actuación del Ejecutivo español ante la fragmentación política y la debilidad parlamentaria manifestada en la dificultad para aprobar leyes y presupuestos. En este contexto, pone el foco sobre la necesidad de avanzar en la consolidación fiscal y las reformas pendientes.

La crisis de vivienda y las recomendaciones para atajar el déficit

La cuestión de la vivienda destaca como uno de los principales desafíos estructurales según el FMI, que exige “una acción más contundente del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda”. El organismo con sede en Washington respalda la mayoría de las medidas impulsadas por el ministerio competente, pero expresa reservas sobre el control de precios del alquiler adoptado en Cataluña, afirmando en el informe: “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”.

Desde la implementación de la regulación autonómica en Cataluña, la subida de los alquileres se ha contenido, aunque esto ha ido acompañado de una reducción de la oferta y un desplazamiento de pisos hacia usos alternativos, como la venta o el alquiler de temporada, apunta el FMI. Por ello, aconseja desarrollar políticas que incrementen la construcción y aceleren los procesos urbanísticos y de concesión de licencias, incluyendo la reactivación de la reforma de la Ley del Suelo para reducir la inseguridad jurídica y liberar más suelo edificable.

El informe también destaca el incremento del precio de la vivienda a ritmos de doble dígito y el auge en los alquileres, arrastrados por factores como la proliferación de viviendas turísticas, el crecimiento demográfico, la inmigración, los bajos tipos de interés hipotecario y la insuficiencia de nuevas construcciones. “La oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda”, remarca el Fondo.

Pide una reforma de la ley de vivienda estatal

Entre las recomendaciones del FMI figura la reforma de la ley de Vivienda estatal, centrada en la declaración de zonas tensionadas de alquiler, acompañado de la imposición de compromisos concretos y medibles para estimular que las comunidades autónomas liberen suelo y fomenten la oferta residencial.

Aunque valora el ajuste fiscal realizado, situando el déficit en el 2,5% del PIB en 2025, el Fondo Monetario Internacional advierte que será más difícil seguir recortando deuda en los próximos años. Además, prevé un aumento “considerable” a partir de 2030 motivado por el envejecimiento de la población y la presión sobre el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia.

Para lograr los objetivos de consolidación fiscal, el FMI propone la armonización de tipos de IVA, eliminando las tasas reducidas sobre numerosos productos y compensando con transferencias a los hogares de rentas bajas, lo que permitiría avanzar en el ajuste previsto. También sugiere profundizar en la reforma de las pensiones, planteando extender el periodo de cálculo de las prestaciones como alternativa a nuevas subidas de cotizaciones.

Si usted, lector de Infobae, tiene nietos, seguramente habrá hablado con ellos sobre cómo ha cambiado la vida y los gastos. Si por el contrario, todavía disfruta de sus abuelos, verá que sus finanzas no tienen nada que ver con las de ellos, que pudieron comprarse casa y coche, casarse y tener hijos, todo antes de los 30 (¡qué locura!). Los jubilados se quejan —con razón— de que su pensión es baja, pero a su vez, los salarios juveniles ni siquiera alcanzan para pagar un alquiler. La lucha intergeneracional, tenga sentido o no (no va de esto este artículo), está muy presente.

Y en pleno debate, un nuevo estudio de Fedea revela sobre quiénes recae el peso del Estado del bienestar en España. Las personas nacidas entre 1965 y 1998 —hoy adultos entre 28 y 61 años— aportan más de lo que reciben. El análisis, basado en las Cuentas Nacionales de Transferencia de 2022, muestra cómo este segmento asume el grueso de la financiación pública, mientras que jóvenes y mayores perciben más recursos públicos de los que generan por sí mismos. Pero al final, todos dependemos de todos. El ciclo de la vida.

Las prestaciones monetarias benefician, sobre todo, a las personas más mayores. Tiene sentido. Son quienes reciben las pensiones de jubilación tras haber cotizado durante su vida laboral. Pero también llegan a quienes están por debajo de la treintena, y es que son estas edades las que más se benefician, por ejemplo, de la educación pública. Algo similar ocurre con la sanidad: “Presenta un pico en los primeros años de vida y, posteriormente, crece suavemente hasta el entorno de los 55 años, en que inicia un crecimiento más pronunciado”, asegura el informe. En cualquier caso, cabe destacar que “los beneficios de las prestaciones de protección social se reparten de manera bastante uniforme a lo largo del ciclo vital”.

La edad define el esfuerzo fiscal

La investigación, elaborada por Julio López Laborda, Carmen Marín González, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente, cuantifica por primera vez con este nivel de detalle cómo fluyen los recursos entre generaciones, desvelando un patrón que se repite en la mayoría de las economías desarrolladas: la edad define tanto los déficits como los superávits fiscales a lo largo de la vida.

El núcleo del fenómeno reside en la diferencia entre lo que cada grupo de edad paga al Estado en forma de impuestos y cotizaciones y lo que recibe mediante prestaciones, servicios públicos y transferencias. Según los datos de Fedea, quienes se sitúan entre los 28 y los 61 años reciben de media un 18% menos en transferencias públicas de lo que aportan en renta, mientras que los menores de 28 años y los mayores de 62 son beneficiarios netos del sistema. Este saldo negativo para los adultos en edad laboral ilustra el papel central de este grupo como soporte financiero del Estado del bienestar.

“Durante las décadas comprendidas entre la entrada plena en el mercado laboral y el inicio de la jubilación, la mayor parte de la población sostiene con sus impuestos y cotizaciones el gasto público necesario para cubrir la educación, la sanidad y las pensiones de las generaciones más jóvenes y más mayores. El saldo fiscal se invierte en los extremos del ciclo vital: los niños y adolescentes, así como los mayores de 62 años, reciben a través de transferencias públicas y servicios mucho más de lo que podrían costear con sus propios ingresos”, indica el informe.

El ciclo vital y el saldo fiscal: quién da y quién recibe

El análisis de las Cuentas Nacionales de Transferencia para 2022 permite visualizar con claridad cómo la relación con el Estado cambia en función de la edad. Fedea detalla que los que actualmente tienen menos de 28 años aún en etapas formativas o de incorporación temprana al empleo, por lo que perciben más recursos públicos —en educación, sanidad, ayudas familiares— de los que generan a través del trabajo o el consumo. Esta situación se revierte progresivamente al alcanzar la edad adulta.

Entre los 28 y los 61 años, la renta laboral y la contribución fiscal de los individuos supera el volumen de prestaciones y servicios recibidos. En este rango, el saldo fiscal es negativo: por cada 100 euros aportados, el Estado devuelve una media de 82 en prestaciones y servicios. Este desfase supone que la población adulta es el principal financiador del consumo público global.

Entre los 28 y los 61 años por cada 100 euros aportados, el Estado devuelve una media de 82 en prestaciones y servicios

Al cruzar el umbral de los 62 años, el saldo vuelve a ser positivo para el individuo: las prestaciones, muy especialmente las pensiones y la asistencia sanitaria, superan con creces el valor de los impuestos pagados. Así, el ciclo vital dibuja una curva en U, donde solo la edad productiva soporta el peso de la redistribución intergeneracional.

Un dato clave para entender este patrón es que el subsidio medio efectivo —la diferencia entre transferencias públicas netas y renta total— llega a alcanzar el 125% para los mayores, mientras que para los adultos en plena actividad el tipo medio efectivo de gravamen ronda el 20%.

El consumo privado y público a lo largo de la vida

El estudio de Fedea revela que el consumo privado en España crece de forma sostenida hasta los 75 años, cuando comienza a descender levemente. Una vez que las personas mayores llegan a la etapa de la jubilación, tanto las rentas del trabajo como los impuestos disminuyen, y las pensiones pasan a ser la principal fuente de ingresos. Entonces, aunque el ahorro medio sigue siendo positivo, se observa una reducción progresiva, ya que muchas personas comienzan a utilizar sus activos acumulados —particularmente la vivienda— para financiar el consumo en la vejez.

El consumo público, compuesto por servicios como educación, sanidad y protección social, muestra picos entre los más jóvenes —por el peso de la educación— y los mayores —por la sanidad y dependencia—. Entre los 30 y los 60 años, la suma del consumo público y privado alcanza sus máximos. Queda reflejado así el mayor poder adquisitivo y las responsabilidades familiares de este grupo.

El papel de la familia y el ahorro

No solo el Estado redistribuye recursos. El informe subraya la importancia de las transferencias privadas, especialmente dentro del hogar. Es decir, la importancia que tienen los padres a la hora de mantener a sus hijos al menos hasta los 30 años y sostener su consumo privado. Según Fedea, las transferencias intrahogar suponen una fuente clave de sostenimiento para los jóvenes, ya que sus ingresos aún no alcanzan para cubrir todos sus gastos.

La vivienda habitual en propiedad también actúa como mecanismo redistributivo: los adultos titulares de la vivienda financian el consumo de todos los miembros del hogar, reforzando el papel de la familia como “institución aseguradora” frente a la insuficiencia de rentas en las etapas iniciales de la vida.

Aunque el informe de Fedea presenta los resultados agregados, se señala que existen diferencias notables entre hombres y mujeres en los patrones de renta laboral, prestaciones y ahorro, así como en la composición de los hogares. Las mujeres, por ejemplo, suelen experimentar períodos de desahorro a edades más avanzadas que los hombres, lo que tiene impacto en la redistribución de recursos.

Otro aspecto destacado es el perfil del ahorro por edades. En España, la acumulación de riqueza neta sigue aumentando con la edad, aunque se estabiliza a partir de los 65 años. El 20% de la población presenta un ahorro negativo, especialmente entre los jóvenes, en parte por la tardía emancipación respecto a la media europea. Y el problema para ahorrar siempre es el mismo: la vivienda. Quienes tienen una o varias casas en propiedad refuerzan la transferencia intergeneracional de recursos. El poder de las herencias.

Si en los 90 no estabas comprándote una casa y no eres rico, seguramente entre las mil aplicaciones de tu móvil esté la de Idealista. Hay toda una generación a la que tener que entrar le da verdadero terror. No es de extrañar. Si la vida fuera un videojuego, digamos que en los últimos años, quienes buscan una casa para alquilar o comprar están jugando en modo difícil (o hardcore, que dicen los jóvenes). Traduzcamos esta idea en datos económicos: entre 2014 y 2024, mientras los salarios medios crecieron un 30%, el precio de compra de vivienda subió un 65% y el alquiler se disparó un 82%.

Estos porcentajes están reflejados en el gráfico que compartimos a continuación. Forma parte del estudio El déficit de vivienda de emancipación: cuantificación y caracterización de la demanda joven de la vivienda (2024-2024), publicado en la Revista Ice (número 942) y elaborado por los técnicos comerciales y economistas del Estado Diego Cagigas Castro e Iker Beraza Pérez. La investigación se ha elaborado a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), el INE y el portal Idealista. “Un gráfico ilustrativo del problema de la vivienda en España”, afirma el doctor en Economía Juan Luis Jiménez, quien lo ha compartido en sus redes sociales.

La imagen es clara y no deja lugar a dudas sobre el estancamiento del poder adquisitivo real de la población joven y trabajadora frente al encarecimiento de los bienes residenciales. Si bien el salario medio pasó de 14.098 euros en 2014 a 18.338 euros anuales en 2024, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda se multiplicó, alejando la posibilidad de emancipación y consolidando nuevas barreras de desigualdad. El Índice de Precios de la Vivienda (IPV) y los alquileres muestran una tendencia ascendente mucho más pronunciada que el propio Índice de Precios al Consumo (IPC), que apenas registra un aumento del 23% en el periodo.

La evolución de estos indicadores muestra la realidad del mercado inmobiliario en España: la desconexión entre el crecimiento de los ingresos y la escalada de los precios residenciales. Mientras el IPC general se mantuvo en un rango contenido, el coste de acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, se disparó a ritmos sin precedentes. El precio del alquiler, en particular, pasó de situarse próximo al IPC y los salarios a inicios de la década, a escalar hasta un 82% por encima del nivel base de 2014, situándose como el componente más tensionado del gasto residencial.

Los jóvenes no se pueden emancipar en condiciones

Esta brecha creciente ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad de emancipación de la juventud. En 2024, solo el 31% de los jóvenes de 16 a 34 años vivía fuera del núcleo familiar, una cifra que representa un mínimo histórico y que refleja la consolidación de una tendencia regresiva, según el estudio publicado en la revista ICE. El grupo de 16 a 24 años apenas alcanza un 5% de emancipación, y entre los 25 y 29 años, el porcentaje cayó del 47 % al 36 % en una década. Incluso el segmento de 30 a 34 años, tradicionalmente más independiente, ha visto reducida su tasa de emancipación del 76% al 69%.

El problema no se limita al acceso a la propiedad. El alquiler, que debería funcionar como alternativa flexible, se ha visto sometido a una presión aún mayor. El gráfico revela que el precio del alquiler creció más rápido y de forma más sostenida que cualquier otro indicador considerado. Este aumento ha empujado a buena parte de la juventud a permanecer en el hogar parental o a destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de la vivienda. En 2024, un 23-25% de los ingresos totales de los hogares jóvenes emancipados se destinaba a la vivienda, y el porcentaje de quienes dedican más del 40% de su renta al alquiler sigue siendo significativo, sobre todo en regiones como Canarias, Madrid o las Islas Baleares.

La desproporción es aún más evidente cuando se analiza la evolución territorial. Comunidades como Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía concentran buena parte del déficit habitacional de emancipación, con más de 71.000, 57.000 y 34.000 hogares jóvenes no emancipados, respectivamente. El crecimiento sostenido de los precios en estos mercados, unido a la insuficiencia de la oferta de vivienda asequible, refuerza la exclusión residencial y amplía la brecha intergeneracional. En regiones como Canarias, el 21 % de los jóvenes emancipados dedica más del 40% de su renta a la vivienda, en Madrid la cifra es del 20%, y en las Islas Baleares alcanza el 15%.

Tener trabajo no soluciona el acceso a la vivienda

Los datos de este estudio no solo exponen la magnitud del problema, sino que también desmontan uno de los argumentos habituales en el debate público: la idea de que el empleo y el crecimiento salarial bastan para resolver el acceso a la vivienda. “Tener un empleo a tiempo completo no garantiza poder independizarse, sino que todo indica la incapacidad de encontrar una vivienda en la que los ingresos obtenidos a través del empleo sean suficientes para cubrir sus costes”, apuntan los investigadores.

“Tener un empleo a tiempo completo no garantiza poder independizarse”

El análisis muestra que, a pesar de una reducción histórica del desempleo juvenil y del incremento del salario medio por encima del IPC, la posibilidad de emanciparse se ha reducido a mínimos. Solo el 54 % de los jóvenes con empleo estable vive fuera de casa, lo que revela que el mercado laboral ya no es el principal obstáculo: la vivienda se ha convertido en un cuello de botella estructural.

La tendencia observada en el gráfico responde a una combinación de factores. Por un lado, el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito hipotecario tras la crisis financiera ha retrasado la compra de vivienda y reducido la presencia de jóvenes propietarios. Por otro, la limitada oferta de vivienda nueva y la concentración de la promoción privada en segmentos de precio medio-alto han desplazado a los jóvenes hacia el mercado del alquiler, donde la competencia y la escasez han elevado aún más los precios. El resultado es una “trampa del alquiler”: muchos jóvenes no pueden ahorrar lo suficiente para comprar y, al mismo tiempo, ven cómo el alquiler consume una parte creciente de sus ingresos.

“Dadas las dificultades de ajuste de la oferta, en el corto plazo, el mercado se tensiona, los precios aumentan y la capacidad de ahorro disminuye. En definitiva, se produce un círculo vicioso que dificulta cada vez más los procesos de emancipación de la población joven”, aseguran los autores.

¿Y cuál es la solución?

Este contexto ha llevado a los expertos a plantear la necesidad de políticas estructurales que trasciendan las ayudas puntuales o los incentivos a la demanda. Los datos muestran que aumentar el salario medio no es suficiente si los precios de la vivienda continúan creciendo a un ritmo mucho mayor. Según el análisis publicado, la prioridad debe ser aumentar la oferta de vivienda asequible, tanto a través de la promoción pública como ofreciendo incentivos a la iniciativa privada, para asegurar precios que sean accesibles para los jóvenes.

El problema de la vivienda en España no es coyuntural ni se resuelve con medidas aisladas. Es la consecuencia de una década de desajuste entre ingresos y precios, de una oferta insuficiente y de un mercado tensionado que expulsa a las nuevas generaciones de la independencia residencial. La diferencia entre el crecimiento del salario medio (30%), el IPC (23%), el precio de compra (65%) y el alquiler (82%) son continuos obstáculos para una sociedad que lo que quiere es poder pagarse una casa sin morir en el intento. Que se cumpla el artículo 47 de la Constitución.

La conexión de alta velocidad ferroviaria entre Málaga y Madrid continuará interrumpida después de Semana Santa debido a la falta de garantías en materia de seguridad. Así lo ha confirmado el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, durante una visita a las obras de reparación en el término municipal de Álora y ha recogido Efe. El corte de la línea, que ya acumula más de seis semanas, se ha producido tras el colapso de un talud que dejó inutilizada la infraestructura y ha afectado a todos los operadores ferroviarios que prestaban servicio en la ruta.

El presidente de Adif ha precisado que la reapertura del tráfico ferroviario no se producirá antes de la última semana de abril, una vez completadas las tareas de refuerzo y reconstrucción de las estructuras afectadas. El muro de pilotes que colapsó tenía una longitud aproximada de 300 metros y la sustitución del aparato de vía dañado requerirá de cinco a siete meses.

La interrupción del servicio, que se desencadenó tras las intensas lluvias que afectaron a Andalucía el 4 de febrero, se ha traducido en la imposibilidad de restablecer los trenes de alta velocidad directos entre Málaga, Madrid y otros destinos como Valencia, Córdoba o Barcelona. El responsable de Adif ha detallado que los muros que permanecen en pie en la zona dañada “no ofrecen el factor de seguridad necesario para mantener ningún tipo de circulación”, por lo que los planes para reanudar el servicio a finales de marzo han sido descartados. Todos los operadores, incluidos Renfe, Iryo (compañía con personal en ERTE a causa del bloqueo) y Ouigo, se han visto afectados por la interrupción.

Qué se sabe del corte de la alta velocidad entre Málaga y Madrid

El análisis realizado por los técnicos de Adif revela que el colapso estuvo propiciado por un episodio de lluvias intensas, que generaron una acumulación de agua en el terreno y neutralizaron la capacidad de drenaje del muro destinado a sostener una torre de alta tensión junto a la plataforma ferroviaria. Aunque las inspecciones de diciembre no encontraron deformaciones ni problemas, las revisiones posteriores han indicado que los sistemas para evacuar agua no fueron suficientes para prevenir el empuje del agua, lo que causó el derrumbe. En palabras de Pedro Marco de la Peña, “la rotura fue una rotura frágil que no estaba prevista”.

Tras el desprendimiento, el acceso a la zona resultó peligroso durante casi dos semanas, ya que el suelo permanecía inestable y cubierto de lodo, impidiendo la entrada de maquinaria pesada. Durante este tiempo, Adif ha priorizado la planificación de la obra y la coordinación con Red Eléctrica de España para asegurar la cimentación de la torre eléctrica afectada. Los trabajos de reconstrucción comenzaron a finales de febrero, con la previsión inicial de recuperar al menos una de las vías a finales de marzo, en base a la hipótesis de que los muros restantes eran estables.

Durante el periodo de interrupción, el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid ha sido sustituido por un sistema de transbordos en la estación de Antequera-Santa Ana, lo que ha incrementado notablemente los tiempos de viaje. Una vez restituido el tráfico ferroviario, la circulación se realizará en un primer momento por una sola vía, con limitaciones de velocidad en el tramo afectado, de unos quinientos metros, lo que reducirá el impacto en los recorridos. Se prevé que la doble vía pueda restaurarse a lo largo de junio, pero la reparación completa de la infraestructura se prolongará hasta final de año. Adicionalmente, la sustitución del aparato de vía —el conjunto de desvíos y cruces— requerirá entre cinco y siete meses de fabricación antes de su instalación definitiva.

Pérdidas económicas en la Costa del Sol

El sector turístico ha saltado ante esta noticia. La suspensión del AVE directo Madrid-Málaga provocará, según sus cálculos, pérdidas millonarias en la Costa del Sol durante la Semana Santa. La asociación de hoteleros alerta de caídas de hasta un 30% en la demanda y pide una solución urgente para restablecer las conexiones ferroviariasLa Junta de Andalucía ha anunciado que evalúa medidas legales si la conexión no se reanuda para el 29 de marzo, fecha de inicio de la Semana Santa.

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha anunciado durante un foro organizado por Diario SUR la intención de llevar al Gobierno central a los tribunales si la conexión directa no se restablece a tiempo. Mientras tanto, Adif mantiene turnos de trabajo de veinticuatro horas y señala que “no hay seguridad para abrir ni siquiera a velocidad más baja”.

El servicio de estudios de BBVA Research ha pronosticado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) escalará hasta el 3,5% durante marzo, impulsado fundamentalmente por el encarecimiento de los combustibles a raíz de la guerra en Irán. Pero puede ser peor. Los analistas consideran verosímil que la inflación se sitúe en torno al 4% entre los meses de abril y mayo, si las tendencias actuales de precios de la energía se mantienen.

BBVA Research estima que el alza en el precio del petróleo y el gas asociada al conflicto en Irán restará alrededor de dos décimas al crecimiento del PIB en 2026 y elevará la inflación media en tres décimas, siempre y cuando la duración de la guerra sea limitada. El dato diferenciador reside en que la previsión para marzo supone un aumento de la inflación respecto al 2,3% registrado en febrero, con una posible aceleración adicional en primavera.

Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA en España y Portugal, ha explicado en rueda de prensa que las subidas actuales de los carburantes derivan directamente del conflicto en Irán. Por el momento, los cambios regulatorios y la formalización de nuevos contratos han evitado significativas alteraciones en el coste de la electricidad, aunque la previsión para los meses venideros incluye un repunte de la inflación hasta cerca del 4%. Cardoso ha matizado, durante la presentación del Informe Situación España, que estos “choques de oferta generan un aumento brusco de la inflación”, sin que por ello existan motivos automáticos para que afecten a la inflación subyacente o a las expectativas a largo plazo, según ha recogido Europa Press.

Cómo afecta la guerra a la economía española

A juicio de los expertos de BBVA Research, mientras el alza de precios no se traslade de manera significativa a la inflación subyacente ni a las expectativas inflacionistas, la reacción del Banco Central Europeo será de cautela. El propio Cardoso ha anticipado que el BCE, en su reunión más reciente, “se quedará quieto y solo abrirá la puerta a subir los tipos de interés si percibe efectos de segunda ronda o señales de contaminación en las expectativas de inflación”, aunque “es muy pronto para eso”.

El informe detalla también las proyecciones macroeconómicas para los próximos ejercicios. Bajo el supuesto de un conflicto breve en Irán, la inflación podría establecerse en el 2,9% en 2026 y descender hasta el 2% en 2027, años en los que el crecimiento del PIB se situaría en el 2,4%. Este avance para 2027 supone una mejora de tres décimas respecto a la anterior previsión, mientras que la de 2026 se mantiene estable, ya que el impacto positivo del último trimestre de 2025 en el Producto Interior Bruto quedará neutralizado por el encarecimiento de la energía. El crecimiento trimestral del PIB, según el análisis, rondará el 0,7% en los primeros tres meses del año, para después moderarse hasta el 0,4% durante el segundo y tercer trimestre.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico en BBVA Research, ha abogado por la “prudencia” ante cualquier posible respuesta del Gobierno, desaconsejando rebajas inmediatas del IVA sobre los combustibles o la generalización de subvenciones a la gasolina. Doménech sostiene que las medidas deben ser focalizadas y temporales, dirigidas especialmente a los sectores de mayor uso energético y a los hogares vulnerables, siguiendo lo aprendido a raíz del conflicto en Ucrania. Ha subrayado, además, que debe preservarse la consolidación fiscal, por lo que resulta fundamental encontrar un equilibrio entre las ayudas y el control del déficit público.

Los límites a la intervención

Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA y director general de BBVA Research, ha hecho hincapié en que el encarecimiento actual del petróleo, pese a ser notable, no alcanza la magnitud experimentada durante la guerra de Ucrania. Sicilia ha puntualizado que “el gas ha subido mucho menos y está más aislado, por lo que el impacto en la economía y en el poder adquisitivo es ahora inferior al que vivimos entonces”.

Según Sicilia, adoptar medidas generalizadas de subvención —como rebajar el IVA a todos los combustibles— no solo sería precipitado, sino que comportaría un coste fiscal que conviene reservar ante posibles escenarios más adversos. Ha advertido que las intervenciones deben estar vinculadas explícitamente a niveles de precios concretos y tener un carácter temporal bien definido, para evitar que acaben convirtiéndose en transferencias de renta permanentes. El economista ha puesto en valor que, en comparación con Estados Unidos, Europa ha logrado en los últimos años reducir la intensidad del consumo de petróleo por unidad de producto por debajo del 2%, algo que considera imprescindible mantener.

DBBVA Research enfatiza que toda medida de ayuda conlleva un coste que la sociedad, en su conjunto, acabará pagando, aunque sea de forma indirecta.En el escenario central de BBVA, que apuesta por una guerra en Irán de duración limitada, Doménech considera que no sería necesario activar la excepción ibérica para limitar el precio del gas en España. Sin embargo, sí recomienda avanzar en la coordinación de políticas fiscales y monetarias a escala europea.

Con información de Europa Press

Esta mañana, uno de los dos hermanos detenidos este miércoles por la muerte de Francisca Cadenas se ha declarado culpable ante la Guardia Civil. Francisca desapareció en mayo de 2017 en la localidad de Hornachos (Badajoz). Su caso, que permaneció sin resolver durante casi nueve años, ha dado un giro definitivo esta semana con el hallazgo de sus restos y la confesión del crimen por parte de un vecino. Sin embargo, la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha asegurado este viernes por la tarde que no concede credibilidad alguna a los testimonios.

“Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer”, ha sentenciado la abogada. En declaraciones a la prensa recogidas por Efe, ha explicado que la investigación experimentó un giro decisivo en el momento en el que la Unidad Central Operativa (UCO) asumió el caso, hace poco más de un año. “Es poco tiempo para encontrar unos huesos de nueve años”, ha destacado, calificando a este cuerpo como “élite” por haber logrado el hallazgo en un periodo relativamente corto.

La abogada ha sido tajante. “No voy a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas, lo relevante aquí son las pruebas”, ha sentenciado, aclarando que solo se guiará por las conclusiones de la UCO y del sumario judicial. También ha rechazado que las recientes afirmaciones del abogado defensor sobre la supuesta colaboración de los detenidos resulten compatibles con el hecho de que el cuerpo estuviera oculto casi una década. “Si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente”, ha indicado.

Preguntada sobre la posibilidad de que uno de los hermanos detenidos haya actuado como encubridor, Guerrero ha considerado prematuro anticipar si este hecho influirá en el desarrollo del proceso. Ha admitido que el encubrimiento entre familiares “sin duda complica el escenario”, aunque ha dejado clara la ausencia de pruebas concluyentes que permitan atribuir la responsabilidad de la muerte a uno solo de los hermanos.

La abogada ha explicado que el Instituto de Medicina Legal será el encargado de conservar y analizar los restos. Y, en este sentido, ha recordado el caso de Manuela Chavero para evidenciar las dificultades que enfrentan las familias cuando la localización de los cuerpos se prolonga.

La soledad emocional de los hijos y la familia

Los hijos de la víctima también se han pronunciado. Han asegurado que conocer la noticia fue un “alivio para toda la familia”. Sin embargo, ahora les espera la fase del duelo tras conocer la muerte después de haberse “dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido”.

Han agradecido al pueblo el apoyo durante la última década y a la Guardia Civil por la investigación y han pedido que se haga justicia. “Confiamos en la Justicia plenamente” han destacado los hijos, según recoge Efe. Tras perder a su madre y saber quiénes son los detenidos, han dicho que quieren “mirarles a los ojos”. Por otro lado, han lamentado la soledad que sufren los familiares de personas desaparecidas respecto a recibir ayuda emocional. “Tenemos que gestionar una forma de vivir que nadie la quiere y nadie nos ayuda”, han asegurado.

Con información de agencias

Si eres runner seguramente serás un aficionado o aficionada al plátano. Con un poco de pan, crema de cacahuete y mermelada antes de una tirada larga está riquísimo. Pero ya no solo los corredores, en general, quien quiere comer fruta incorpora la banana a su dieta (banana y plátano no son exactamente lo mismo, pero para este artículo servirán como sinónimos). Y es de los alimentos más cómodos de consumir, no como las naranjas, que no hay quien las pele.

La nutricionista Lauren Manaker ha hablado con la web gastronómica Delish sobre la ingesta diaria de esta fruta. ¿Es sano comer un plátano todos los días? La recomendación general de las autoridades sanitarias sitúa el consumo óptimo de fruta entre una y dos piezas al día para adultos, siendo la banana una opción recurrente por su capacidad saciante.

Comer una pieza diaria aporta de manera regular potasio, fibra y vitamina C, elementos que contribuyen a la sensación de saciedad y pueden favorecer tanto el tránsito intestinal como el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre. Los plátanos también son reconocidos, según Manaker, por su potencial para apoyar la salud cardiovascular gracias a su contenido en potasio, magnesio y antioxidantes. Este fruto, habitual en la dieta de deportistas, se asocia con la mejora de la función muscular y la reducción de calambres gracias a su aportación de electrolitos, razón por la que suele ser consumido antes o después del ejercicio físico.

Para Manaker, el consumo diario es beneficioso para la mayoría de la población, sobre todo teniendo en cuenta que, según sus declaraciones, “se estima que el 90% de los estadounidenses no alcanzan las raciones recomendadas de frutas y verduras cada día”. Esta pauta puede incentivar la incorporación rutinaria de fruta en la dieta y ayudar así a suplir las carencias habituales de vegetales en la alimentación occidental.

Qué efectos tiene comer un plátano diario

No obstante, Manaker matiza que no todas las personas pueden beneficiarse de la misma forma: los plátanos no serían adecuados para quienes requieren limitar la ingesta de potasio, como ocurre en algunas patologías renales o en casos de ciertas medicaciones para la tensión arterial o insuficiencia cardíaca. Si bien la toxicidad por potasio sería poco probable en una persona sana consumiendo una banana al día (“es poco probable desarrollar hipercaliemia, especialmente si su dieta no es excesivamente rica en otros alimentos con alto contenido en potasio”, ha explicado la nutricionista a Delish), el seguimiento médico es aconsejable para quienes presentan condiciones preexistentes.

El contenido en carbohidratos y azúcares naturales de la banana origina habitualmente dudas en población diabética. Según informa la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el plátano presenta un índice glucémico bajo, si bien la carga glucémica es moderada. Por ello, resultaría pertinente atender tanto al tamaño de la ración como a la frecuencia de consumo.

La cantidad de piezas recomendable varía en función de la dieta y la tolerancia individual. Manaker precisa que quienes padecen molestias digestivas agudas pueden beneficiarse puntualmente de aumentar el consumo diario, mientras que para personas con dietas ya ricas en carbohidratos podría no ser recomendable incrementar su frecuencia.

Rotar el consumo de frutas

Sobre la idoneidad de limitarse exclusivamente a una fruta, Manaker insiste en que “aunque comer una banana al día no es perjudicial para muchas personas, podría ser mejor alternar distintos tipos de frutas e incluir el plátano dentro de esa variedad”. Al igual que sucede con cualquier alimento, el equilibrio y la diversidad son fundamentales para que la dieta resulte saludable a largo plazo y para evitar excesos nutricionales.

Un día estás tan tranquilo en tu granero, ves una piedra y años después resulta que has descubierto un objeto que se utilizó para la fabricación de armas de bronce en el sureste de la República Checa. Esto es lo que le ocurrió a J. Tomanec, un checo que en 2007 localizó en su jardín de Morkuvky una piedra rectangular que, durante años, sirvió de soporte en los cimientos de un granero y que posteriormente suscitó el interés de arqueólogos locales. Este hallazgo ha sido clave para que los investigadores hayan podido avanzar en la comprensión de las tecnologías metalúrgicas de la Edad del Bronce en Europa Central.

La pieza hallada en Morkuvky corresponde a un molde de fundición de casi 23 centímetros de longitud, fabricado en toba riolítica, una roca volcánica, según ha informado Radio Praga Internacional. Data aproximadamente del año 1350 a. C., y ha sido identificada como una matriz diseñada para elaborar puntas de lanza de bronce. Los especialistas han determinado que el bloque fue empleado de forma reiterada, evidenciado por la existencia de “alta tensión térmica” en su superficie, dato que, según el estudio publicado en Archeologicke Rozhledy, apunta a un uso prolongado posiblemente para decenas de lanzas.

El arqueólogo Milan Salaš, quien lidera la investigación del Museo Moravo de Brno, ha detallado a Radio Praga Internacional que este artefacto corresponde a una matriz para la fundición de armamento. De la pieza se conserva únicamente una de las mitades: “Como podemos ver, se trata de una losa de piedra rectangular bastante regular. En la superficie divisoria del molde, en un lado, hay una impresión negativa de forma muy precisa y muy bien conservada, utilizada para fundir una punta de lanza de bronce.”

Qué se sabe del hallazgo

La fabricación requería verter bronce fundido entre las dos mitades del molde, las cuales después se aseguraban con un alambre de cobre. El resultado era una punta de lanza lanceolada, con base hueca y nervaduras longitudinales, características propias de las armas extendidas en la región de los Cárpatos durante la Edad del Bronce Tardía.

La procedencia de la piedra volcánica de la matriz indica la existencia de redes de transporte de materias primas que, según el equipo investigador, podían alcanzar distancias de decenas o incluso cientos de kilómetros. En este sentido, los autores subrayan en el artículo científico que probablemente la toba riolítica llegó al lugar desde regiones situadas más al este. “Lamentablemente, no podemos determinar con precisión el lugar donde se preparó el molde, pero en general su procedencia es evidente (desde el norte de Hungría hasta el sureste de Eslovaquia)”, ha explicado Antonín Přichystal, geólogo de la Universidad Masaryk y coautor del estudio, en declaraciones recogidas por Live Science.

La investigación sugiere que el molde estaría vinculado a la cultura de los campos de urnas, una tradición originada en Europa Central hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los yacimientos de esta cultura destacan por la deposición de huesos cremados en urnas que se enterraban posteriormente. A diferencia de otros moldes de fundición conocidos de esa cultura, que suelen aparecer en yacimientos excavados o cementerios, se sostiene que el ejemplar de Morkuvky pudo haber sido redepositado desde un asentamiento próximo de los campos de urnas.

El equipo guerrero de la Edad de Bronce

Sobre el uso del armamento en la época, Salaš ha detallado en Radio Praga Internacional que los combatientes de la Edad del Bronce Tardía empleaban diferentes equipos, entre los que se encontraban escudos, lanzas y protecciones para las piernas. El propio arqueólogo añade una referencia histórica extraída de la epopeya homérica al afirmar: “Los guerreros de Troya tenían el mismo equipo. [Homero] incluso escribe que llevaban dos lanzas a la batalla. Siempre guardaban una de reserva. Cuando un guerrero lanzaba una lanza desde lejos, la perdía, así que tenía otra preparada”.

Pagar la factura de la luz y del gas es un tormento para muchos españoles. Cada guerra nos afecta. Lo vimos con la de Ucrania y ahora con la de Irán, que ha provocado una nueva espiral alcista en los mercados internacionales de energía. La consecuencia siempre es la misma: las facturas se disparan para las familias. Y en este contexto cabe recordar que en España contamos con el bono social eléctrico, una ayuda creada para proteger a los más vulnerables. Este dato es importante para entender a quién se supone que va dirigido este ingreso extra.

El pasado mes de diciembre recibieron el bono social eléctrico casi medio millón de familias numerosas (454.382) y un total de 77.000 pensionistas. El problema reside en que, según la información de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por el catedrático en Economía Diego Rodríguez, no todos los destinatarios a los que llegó este subsidio económico lo necesitaban. Si es por necesitar, nunca viene mal, pero a lo que nos vamos a referir en este artículo es a personas en una situación de vulnerabilidad severa.

Este fallo en el sistema no es nuevo. La controversia saltó a la agenda pública cuando se conoció que la ministra de Sanidad, Mónica García, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ambos con ingresos elevados y cargos de responsabilidad, habían recibido ayudas energéticas. ¿Por qué? Porque ambos forman parte de una familia numerosa, lo que les da acceso automático al bono social sin importar sus ingresos. El caso generó indignación. El informe publicado ahora por Fedea muestra cuántas personas que no están en situación de extrema necesidad se están beneficiando mensualmente de una ayuda para personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Desde 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) publica datos mensuales sobre los beneficiarios del bono social. Si observamos los de diciembre (los que analiza Rodríguez), vemos que, de todas las familias numerosas que recibieron el bono, casi medio millón, no eran vulnerables 283.000. Es decir, del total, solo el 37,7% estaban en situación de “vulnerabilidad severa”, la categoría que agrupa a quienes realmente atraviesan dificultades económicas para afrontar el pago de sus recibos. Eso significa que el 62,3% de los hogares con título de familia numerosa beneficiarios no eran vulnerables severos y, por tanto, no sufrían una situación de pobreza energética grave.

Lo mismo ocurre con los pensionistas. De los 76.893 pensionistas con pensión mínima que recibieron el bono social eléctrico en 2025, solo el 36,9% se encontraban en ese nivel de vulnerabilidad extrema. Así, aproximadamente 48.500 pensionistas cobraron la ayuda sin estar en situación de necesidad económica grave. Es decir, podrían afrontar el recibo de la luz sin necesidad de una ayuda pública.

El bono social se concentra en las familias de Madrid

El bono social eléctrico nació en 2009 para proteger a los hogares más frágiles ante los vaivenes del precio de la luz. Para acceder a él, es necesario estar acogido a la tarifa regulada (PVPC) y cumplir con una serie de requisitos. El más relevante es el económico: no superar un umbral de ingresos que se calcula según el número de miembros del hogar y circunstancias especiales, como tener menores de edad o personas con discapacidad a cargo. Sin embargo, el problema reside en que hay abiertas otras dos vías: basta con ser familia numerosa o pensionista con pensión mínima para acceder al bono sin tener en cuenta la renta.

Este diseño es el que explica que cientos de miles de hogares con rentas medias o altas hayan recibido el bono social eléctrico. El caso de las familias numerosas es especialmente llamativo en la Comunidad de Madrid, donde se concentra un 18% de los títulos de familia numerosa de toda España, a pesar de ser una de las regiones con mayor renta per cápita. En la práctica, esto ha permitido que personas con altos ingresos —como la ministra Mónica García o el vicepresidente Ossorio— hayan cobrado ayudas públicas diseñadas para quienes realmente tienen dificultades para pagar la luz.

En datos generales, Madrid solo representa el 13,9% del total de hogares del país. Y sin embargo, el 10,89% de los hogares madrileños reciben el bono social eléctrico, frente al 8,81% de la media nacional. Y este porcentaje superior de beneficiarios en Madrid no se explica por una mayor incidencia de pobreza energética, ya que Madrid tiene una de las rentas per cápita más altas del país, sino por el acceso automático al bono a través del título de familia numerosa.

En Barcelona, la proporción de títulos de familia numerosa es menor respecto a su peso en el conjunto de hogares de España, por lo que el porcentaje de familias beneficiarias del bono social en Barcelona está por debajo de la media nacional. En general, donde hay más familias numerosas (aunque la renta sea alta), hay más beneficiarios del bono social eléctrico por esa vía, independientemente del nivel de pobreza energética.

Qué ocurre en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El informe de Fedea también señala que el acceso al bono social eléctrico por la vía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o por criterios estrictamente de renta sí logra llegar a los hogares más necesitados. El 83,2% de quienes acceden por IMV son “vulnerables severos”, frente al 37,7% por familia numerosa y al 36,9% por pensión mínima. Esto demuestra que el sistema, cuando aplica filtros económicos estrictos, sí cumple su función social.

El problema, según apunta Diego Rodríguez en el estudio, es que el modelo fragmentado de ayudas y los criterios administrativos abren la puerta a que hogares sin problemas económicos accedan a recursos públicos. Además, la existencia de múltiples bonos —eléctrico, térmico, transporte— sin un control global sobre la renta y la situación real de los hogares complica la gestión y puede dejar fuera a quienes sí necesitan la protección.

La polémica ha obligado a las autoridades a anunciar cambios. El Gobierno se ha comprometido a revisar los criterios para que el acceso al bono social eléctrico por familia numerosa o pensión mínima dependa también de la renta y no solo de la categoría administrativa. Para muchos expertos, esta reforma es inaplazable, especialmente en un contexto en el que la energía sigue encareciéndose y la presión sobre los presupuestos familiares es máxima.

La vida de una camarera brasileña quedó marcada por una deuda que no contrajo de forma voluntaria. Durante meses, en Granada, mientras servía mesas en su jornada laboral, su expareja aprovechó su ausencia en casa para solicitar créditos y préstamos a su nombre, utilizando sus tarjetas y credenciales bancarias. Cuando la magnitud de la deuda alcanzó los 30.500 euros, la situación se volvió asfixiante y la joven se vio abocada al precipicio económico y emocional.

“Al romperse la relación, el escenario fue desolador: él desapareció, dejándola con una losa de 30.447 euros en deudas, sin vivienda y con su red familiar al otro lado del Atlántico. La vulnerabilidad de verse sola en un país extranjero, sumada al acoso telefónico de los acreedores, la hundió en una depresión grave. Durante mucho tiempo, el miedo la llevó a ignorar las llamadas y tirar las notificaciones postales sin abrirlas, paralizada por una situación de insolvencia que la mantenía encadenada a la exclusión social y al borde del abismo emocional”, asegura la defensa de esta trabajadora, según ha podido saber Infobae.

Por suerte, esta parte de su historia, acaba bien. La Justicia, en un auto dictado el 13 de febrero de 2026, le ha concedido la exoneración definitiva de ese pasivo insatisfecho, permitiéndole empezar de nuevo sin la losa de las deudas que nunca decidió asumir. La resolución judicial dictada por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid ha extinguido todos los créditos incluidos en el listado presentado por la afectada. Entre ellos se encuentran los que mantenía con entidades como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, El Corte Inglés, Ferratum Bank, ING Bank y otras financieras.

Los créditos por alimentos los debe pagar

El tribunal deja sin efecto la obligación de pago respecto a las sumas reclamadas, que incluían importes de 14.443 euros, 5.022 euros, 2.700 euros y otras cantidades derivadas de préstamos y líneas de crédito. Esta decisión judicial supone un alivio radical para la solicitante, que ya no tendrá que afrontar el acoso de los acreedores ni la amenaza de embargos o ejecuciones. El fallo aclara que esta exoneración no incluye los créditos por alimentos, deudas públicas que superen los límites legales, responsabilidades civiles que no sean del contrato y otros conceptos protegidos por la ley. La cancelación de la deuda incluye el levantamiento inmediato de embargos y la autorización para que la mujer pueda acreditar judicialmente su nueva situación financiera ante cualquier proceso en curso.

La historia de esta camarera arranca mucho antes del auto judicial. Como le puede pasar a cualquiera, su vida giraba en torno a su rutina y a la confianza que tenía en su pareja. La mujer, dedicada a su trabajo y a mantener su economía doméstica, jamás imaginó que su expareja aprovecharía su ausencia para utilizar sus tarjetas bancarias y solicitar una cascada de créditos y préstamos a su nombre. Cuando la afectada descubrió la magnitud del problema, la deuda resultaba ya inabordable y las amenazas de embargo comenzaron a llegar. La imposibilidad de hacer frente a la situación terminó por empujarla a recurrir a la Ley Concursal.

El recorrido judicial arrancó con la presentación de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho el 19 de noviembre de 2025, bajo el patrocinio del procurador Marco Antonio López de Rodas Gregorio. El tribunal acordó el concurso voluntario en su modalidad de “concurso sin masa” y trasladó la petición a todos los acreedores, quienes no formularon oposición alguna. Tras cumplirse todos los requisitos legales y verificarse la documentación aportada, el 13 de febrero de 2026 se dictó el auto de exoneración, declarando extinguida la totalidad de la deuda concursal y concluyendo el procedimiento por insuficiencia de masa.

El fallo señala que, en contra de la decisión de liberar a alguien, solo se puede hacer un recurso de reposición ante el mismo tribunal dentro de cinco días. En cambio, la conclusión del concurso es definitiva y no se puede apelar. La sentencia abre una puerta a la esperanza para otras personas en situaciones similares, a la vez que establece límites claros sobre los créditos y obligaciones que no pueden ser perdonados por la vía concursal.

Honestidad, la clave

La trabajadora buscó una salida legal en la Asociación Ayuda al Endeudamiento. Esta asociación explica a Infobae que, a pesar de su precaria situación, “ella nunca dejó de luchar: consiguió un empleo fijo-discontinuo y demostró su buena fe manteniendo al día el único préstamo que sí solicitó voluntariamente para viajar a Brasil por asuntos urgentes”. Según cuentan, la honestidad fue clave para que el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid dictara en febrero una sentencia que le devuelve la vida, aplicando la Ley de Segunda Oportunidad para borrar por completo ese pasado financiero que la asfixiaba.

“Ver la transformación de esta mujer es emocionante. Ha pasado de la parálisis emocional al alivio absoluto. Con esta sentencia, el juzgado no solo borra números de una pantalla, sino que le devuelve el derecho a tener una cuenta bancaria, a alquilar una vivienda digna y a que su salario sea, por fin, íntegramente para ella. Nadie debería vivir encadenado a una deuda que no eligió, y casos como este demuestran que la ley está para proteger a los más vulnerables”, asegura José Domínguez, letrado de la entidad y responsable del caso.

La operadora Renfe ha publicado su primera Oferta Pública de Empleo en 2026 para incorporar a 550 maquinistas. El objetivo es garantizar el relevo generacional en su plantilla de conducción, según ha informado la compañía. Los interesados podrán inscribirse hasta el 24 de marzo a través de la página web de la compañía, siendo imprescindible contar con licencia y diploma de conducción de vehículos ferroviarios.

La actual convocatoria está integrada en el plan que busca aumentar la plantilla en 2.000 personas durante 2026. El incremento se basa en la tasa de reposición ordinaria y en otra adicional. Esta última fue autorizada tras el acuerdo alcanzado en febrero con el Ministerio de Transportes y los sindicatos de maquinistas. El acuerdo busca fortalecer los servicios de la red y aumentar el gasto en mantenimiento después de los accidentes ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Las condiciones laborales ofrecidas por la compañía suelen atraer también a personal de la alta velocidad y empresas de mercancías competidoras. Recientemente, una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha obligado a la operadora pública a avisar con un mínimo de tres meses de antelación sobre sus ofertas. Además, debe comunicar cada inicio de año sus necesidades de personal de conducción. El objetivo es facilitar la planificación de las empresas competidoras y atenuar el traspaso de trabajadores clave.

Todo surgió porque las compañías que forman parte de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), entre las que se encuentran filiales de ACS, OHL, Acciona, Comsa o Ferrovial, denunciaron al operador público alegando que tenía un plan para dificultar la competencia a base de atraer maquinistas del ámbito privado, según informó Cinco Días. Ahora, Renfe mantiene una bolsa de aspirantes y selecciona personal de sus propias escuelas, aunque las rotaciones hacia firmas rivales siguen siendo frecuentes en el sector, informa el citado diario.

Salidas del sector ferroviario

Para visibilizar las salidas profesionales que brinda el sector ferroviario, Renfe ha anunciado que estará presente en la feria Aula, en Madrid, del 11 al 15 de marzo, y en el Saló de L’Ensenyament de Barcelona, del 18 al 22 de marzo. En ambos eventos, el alumnado que se acerque a los stands informativos de la operadora tendrá la oportunidad de conocer en profundidad las distintas profesiones vinculadas al ferrocarril, el amplio abanico de formación que ofrece Renfe y las vías para participar en sus procesos selectivos.

Durante estas visitas, el público podrá interactuar con un simulador de conducción y con diverso equipamiento técnico de mantenimiento ferroviario.

Qué hay que estudiar para ser maquinista en España

Ahora con la liberalización del mercado, el sector del ferrocarril vive una nueva etapa en España en la que se requiere personal. La profesión de maquinista se ha convertido en una de las opciones laborales más atractivas y con mayor proyección en España. Pero ¿qué camino hay que seguir para ponerse a los mandos de una unidad de tren?

Para iniciar la carrera ferroviaria no es necesario pasar por la universidad. La normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) estipula que los aspirantes deben contar, como mínimo, con el título de Bachillerato o un título de Formación Profesional de Grado Medio.

Además de la base académica, existen dos filtros previos indispensables, como haber cumplido la mayoría de edad y uperar un exhaustivo reconocimiento médico y psicológico en un centro homologado para certificar que el aspirante posee la agudeza visual, auditiva y el equilibrio emocional necesarios para la seguridad en la vía.

El núcleo de la preparación es el curso para la obtención conjunta de la Licencia (que acredita que el poseedor cumple los requisitos básicos) y el Diploma (que habilita para la conducción de trenes por la Red Ferroviaria de Interés General).

Este curso tiene una duración aproximada de un año (1.150 horas) y se divide en dos bloques:

• Parte Teórica: Estudio de normativa de seguridad, sistemas de frenado, infraestructura, motores y señales.
• Parte Práctica: Horas de conducción real en trenes de línea y sesiones intensivas en simuladores de alta tecnología que recrean situaciones de emergencia.

La formación puede realizarse en la Escuela de Renfe o en centros de formación privados autorizados (como CEFF, Medway o Captrain). Es importante destacar que el curso requiere una inversión inicial significativa, ya que el precio suele oscilar en torno a los 21.000 euros.

Una vez superado el curso, el alumno debe enfrentarse al examen oficial de la AESF. Aprobar esta prueba supone obtener el título de maquinista. A partir de ahí, el profesional puede optar a plazas en la operadora pública (Renfe) mediante sus Ofertas de Empleo Público (OEP) o trabajar para operadoras privadas de mercancías o de alta velocidad (como Iryo u Ouigo).

El camino exige disciplina y una inversión importante, pero la recompensa es una profesión estable, con salarios competitivos y la responsabilidad de conectar personas y mercancías a través del motor del futuro: el tren.

La Comisión Europea ha desplegado un nuevo paquete de medidas dirigido a abaratar la factura de energía en los hogares europeos, centrando la atención en potenciar el consumo y la producción de energía limpia, así como en incentivar el despliegue de pequeños reactores nucleares modulares en la próxima década. Estas iniciativas buscan atenuar el impacto de la volatilidad de los precios y ofrecer alternativas sostenibles a los consumidores.

Las propuestas del Ejecutivo comunitario incluyen la movilización de más de 75.000 millones de euros durante los próximos tres años, destinados a impulsar infraestructuras y tecnologías energéticas limpias. Este planteamiento también prevé que los hogares que opten por la producción y uso propio de energía solar podrían registrar un ahorro anual situado entre 260 y 550 euros, mientras que otras medidas fiscales, como las rebajas de impuestos, podrían repercutir en descensos adicionales en la factura.

El paquete presentado, recogido por Europa Press, pone el foco en reforzar los derechos de los ciudadanos para producir y compartir energía limpia, así como en facilitar el cambio de proveedor eléctrico como vía para elevar la competitividad y reducir precios. Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Limpia, ha remarcado al canalizar este plan que el objetivo es situar a los ciudadanos “en el centro” de la política energética, dada la creciente presión que ejercen los costes de la energía sobre los presupuestos domésticos.

Ribera ha insistido en que la dependencia de los combustibles fósiles mantiene a los consumidores expuestos a oscilaciones de precios. Sobre las energías renovables y limpias, ha asegurado que “son la única solución a largo plazo para la competitividad. ”Y para que la energía sea más asequible para las familias europeas”, ha agregado.

La Comisión Europea ha añadido que estas medidas forman parte del denominado Paquete de Energía para los Ciudadanos, concebido para combatir la pobreza energética y responder a los altos precios que afrontan los hogares. El documento, al que ha tenido acceso la citada agencia, destaca la necesidad de incrementar la transparencia en facturación y contratos, así como facilitar la participación ciudadana en comunidades energéticas de producción y consumo.

Al presentar estas propuestas, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha resaltado que una reducción fiscal dirigida específicamente a la electricidad permitiría alcanzar un ahorro de “como de 200 euros al año” por familia. Además, estima que la mejora de la competencia mediante la facilidad del cambio de proveedor podría suponer para los consumidores una rebaja adicional de hasta 152 euros anuales, según ha afirmado Jorgensen.

Medidas para abaratar la electricidad en la UE

El conjunto de iniciativas incluye incentivos a la eficiencia energética en viviendas, principalmente aquellas con consumos superiores y consideradas vulnerables. El plan de la Comisión Europea prevé movilizar financiación destinada tanto a infraestructuras eléctricas innovadoras como al desarrollo de nuevas tecnologías en el sector energético. El Grupo del Banco Europeo de Inversiones canalizará más de 75.000 millones de euros en los próximos tres años para acelerar la transición con instrumentos aclarados para atraer inversión privada mediante la reducción del riesgo asociado a los proyectos y el respaldo de grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las aseguradoras.

Según las proyecciones de Bruselas, la transformación plena del sistema energético europeo requerirá unos 660.000 millones de euros anuales hasta 2030. Este volumen de inversión será destinado al despliegue de nuevas redes, al refuerzo de las existentes y a la expansión de tecnologías bajas en carbono, con el objetivo de ampliar el uso de fuentes limpias y mitigar la dependencia de importaciones de combustibles fósiles. La Comisión Europea calcula que estos cambios permitirán reducir la factura europea por importaciones en hasta 130.000 millones de euros cada año para 2030. Alrededor de la mitad de dicho ahorro procederá de la sustitución de la generación fósil por fuentes limpias, mientras que el efecto combinado de la electrificación, la eficiencia y la flexibilidad de la red explicará cerca de otra cuarta parte, en cifras que suman tanto al refuerzo de infraestructuras como a la adecuación del sistema.

Entre las novedades del paquete, destaca la apuesta concreta por los pequeños reactores nucleares modulares (SMR), una tecnología anunciada antes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Con estos dispositivos, de fabricación modular y menor tamaño en comparación con las centrales convencionales, Bruselas busca agilizar la implantación de nueva capacidad nuclear al permitir el ensamblaje industrial y el recorte de plazos y costes de desarrollo.

El despliegue de mini reactores nucleares

La estrategia de la Comisión Europea para el desarrollo de los reactores SMR contempla que las primeras unidades puedan estar operativas a comienzos de la década de 2030. Esta tecnología está orientada a complementar la generación renovable, proporcionando electricidad y calor descarbonizado a los sectores industriales con necesidades energéticas elevadas, como la siderurgia, la industria química o la refinería. Los SMR también podrán emplearse en sistemas de calefacción urbana o para producir hidrógeno bajo en carbono, actuaciones que facilitarán la descarbonización de actividades donde la electrificación directa es menos viable.

Para agilizar el despliegue comercial de estas tecnologías, Bruselas ha anunciado el estudio de un refuerzo del programa InvestEU, que podría dotarse con hasta 200 millones de euros procedentes del Fondo de Innovación destinados a cubrir garantías y reducir el riesgo de inversión. La instalación de estos reactores, además, podría estimular nuevas cadenas industriales en Europa, crear empleo cualificado y favorecer sectores como la ingeniería avanzada, los materiales especializados y la robótica.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Comisión Europea, el despliegue de pequeños reactores nucleares tendría el potencial de reducir el consumo de gas en la Unión Europea en hasta 60.000 millones de metros cúbicos para 2050, cantidad equivalente al consumo eléctrico conjunto de varios países del continente.

Con información de Europa Press

El periodista, escritor y cronista político, Raúl del Pozo, ha muerto este martes en Madrid a los 89 años, según ha informado El Mundo, periódico del que era colaborador desde 1994. Definido por sí mismo como “reportero desde que nací”, Del Pozo ha sido referente de varias generaciones de profesionales y ha marcado un estilo reconocible en la prensa escrita y en los espacios de opinión. Su vínculo más duradero lo mantuvo con el citado diario, donde comenzó a escribir columnas en 1994 y se mantuvo en activo hasta el pasado 1 de enero de 2026, fecha de publicación de su última pieza.

Raúl del Pozo desarrolló una carrera periodística que abarcó desde la corresponsalía internacional hasta el columnismo de análisis político y costumbrista. El periodista, nacido en 1936, fue el artífice de términos como Costa Fleming en los años sesenta y desempeñó funciones en numerosos medios. Entre los hitos de su carrera destacan su paso por El Diario de Cuenca, su etapa en el diario Pueblo —que le llevó como corresponsal a París, Roma, Moscú, Lisboa, Londres, Latinoamérica y Estados Unidos— y su participación en redacciones centrales como la de Interviú, Mundo Obrero o Diario 16. Al margen de su labor en prensa, Del Pozo fue autor de novelas, ganador de premios como el Primavera, y receptor del Premio Mariano de Cavia en 2008 gracias a la columna España, el paraíso.

Discípulo de Umbral y amigo de literatos como Cela, Del Pozo heredó la memoria del columnismo histórico y supo insertar en su escritura la tensión entre la tradición literaria y las nuevas dinámicas urbanas. Mantenía el contacto directo con fuentes políticas, prefería el testimonio de primera mano y rehuía el columnismo basado únicamente en el comentario literario. Destacan sus exclusivas derivadas de encuentros con Luis Bárcenas, así como su costumbre de compartir mesa con colegas jóvenes e históricos en lugares emblemáticos como el Café Gijón o el Lhardy.

El periodista iba a cumplir 90 años el próximo 25 de diciembre. Entre los reconocimientos a su figura, sus amigos han promovido un galardón que lleva su nombre, entregado en el Café Varela y cuyo último premiado ha sido Javier Cercas. El 18 de diciembre de 2007 publicó la primera columna de El ruido de la calle, con una colaboración ilustrada por el artista mexicano Ulises. Su última colaboración para El Mundo, fechada el 1 de enero de 2026 y titulada Una máquina de perder, evidenciaba su práctica de “pisar calle” hasta el final y su contacto con informaciones políticas de actualidad.

Las últimas etapas de su vida

A lo largo de su carrera editorial, Del Pozo manifestó autoexigencia y un punto de autocrítica respecto a su obra literaria, señalando que la pertenencia al ‘Sindicato del crimen’ de los noventa restó visibilidad a su producción ficcional. Al recibir el Premio Mariano de Cavia, expresó: “Dice un poeta norteamericano que el pasado es un cubo lleno de cenizas y el mundo, sólo un océano de mañanas”, y confesó su antigua aspiración de escribir en ABC, diario que consideró un referente durante su niñez.

En las últimas etapas de su vida, Del Pozo mantuvo una rutina de encuentros y tertulias en redacciones y cafés emblemáticos de Madrid. Se mantuvo como participante habitual en el programa radiofónico Más de Uno de Onda Cero con Carlos Alsina, quien prologó el libro biográfico No le des más whisky a la perrita. Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo (2020), de Jesús Fernández Úbeda y Julio Valdeón.

“Errores, he cometido errores… he malgastado mucho el tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí”, dejó dicho en una conversación que recogía el tono de despedida de su último periodo, Frente al formalismo ajeno, el periodista prefería la conversación directa y la ventana abierta al debate.

Mercadona celebra este martes sus resultados “históricos”. La cadena de supermercados Mercadona ganó 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más que el ejercicio anterior. Las ventas subieron un 8% respecto a 2024, hasta los 41.900 millones. Con las buenas noticias, el presidente de la compañía, Juan Roig, ha aprovechado la presentación de resultados para confirmar que va a implantar un nuevo modelo de supermercado, la tienda 9 (el actual es la tienda 8) que supondrá una reorganización completa del espacio y los procesos a partir de 2026.

Esta transformación busca aumentar la productividad y la eficiencia de las tiendas, dando mayor protagonismo a los productos frescos y agilizando la experiencia de compra de los cliente. Y aunque Roig no ha dado detalles muy concretos, sí ha dejado claro que el objetivo es “mejorar la productividad y la eficiencia”. La idea pasa porque haya más espacios para frescos, como de carne y de pescado, ya que, según Roig, “cada vez se venden más”, pero también del espacio de listo para comer, que son los platos preparados. “Les vamos a dar más espacio, además de otras reestructuraciones”, ha afirmado.

El nuevo formato de las tiendas, en el que se invertirá 3.700 millones de euros y que requerirá el cierre temporal de cada local entre 15 días y un mes, implica pasar de “tiendas por negocios” a “tiendas por procesos”. De este modo, se ampliarán los espacios dedicados a frescos, y se simplificará la compra para que sea “más ágil y sencilla”. Roig ha detallado que, al cierre de 2026, la compañía cuenta con 1.672 tiendas (de las cuales 69 están en Portugal) y que “a final de año tendremos nueve tiendas 9, con el objetivo de alcanzar que todas sean modelo 9 al concluir 2033”. Actualmente, solo hay una tienda que funciona bajo este nuevo paradigma.

Mercadona ha cerrado 2025 con una facturación de 41.900 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% respecto a los 38.800 millones del ejercicio anterior. Además, la empresa valenciana ha consolidado el liderazgo absoluto en el sector de la distribución alimentaria en España, alcanzando una cuota de mercado del 28,5%. Los datos aportados por Juan Roig durante la rueda de prensa anual muestran, además, la apertura de 43 tiendas, el cierre de 45 y la reforma de 14 establecimientos en el último año. Roig ha insistido en que aquellas tiendas “incómodas para el trabajador o sin buen acceso para el coche” van a ser descartadas. En paralelo, en Portugal, la firma ha alcanzado 69 supermercados con unas ventas de 2.092 millones de euros y 26 millones de beneficios.

Mejoras implantadas en 2025, según Juan Roig

En el ámbito laboral, Juan Roig ha destacado mejoras implementadas a lo largo de 2025, entre las que figuran el mantenimiento del poder adquisitivo y una subida acumulada de las primas hasta 780 millones de euros. Los empleados también han recibido una semana extra de vacaciones, sumando en total una mejora salarial de 1.000 millones de euros para la plantilla. En términos individuales, “un gerente A, que son el 70% de los trabajadores, cobra 2.200 euros netos al mes”, ha concretado el presidente de la compañía.

Respecto a la venta online, Roig ha señalado que, aunque este canal resulta rentable y aporta el 2,5% (1.061 millones de euros) del total de la facturación, no obstante, el foco de la transformación está en las tiendas físicas debido al aumento sostenido en la venta de frescos. “2025 ha sido un año espectacular”, ha concluido Roig.

Puedes creer o no en la suerte, en el destino o en una divinidad. Pero perder una cartera con 500 euros y que te la lleven hasta la puerta de tu casa con todo el dinero dentro, las tarjetas y sin un rasguño suena a ser una persona, cuando menos, afortunada. Esto es lo que le ha pasado a un matrimonio de la localidad italiana de Sant’Angelo di Piove di Sacco, y no en un día cualquiera, sino en la víspera de Navidad.

El medio italiano Il Messaggero se hace eco de esta historia. La pareja, formada por Memo Baldan y Fiorella Sorgato, había estado de compras en Vigonovo, localidad cercana a Venecia, y después echaron gasolina en una estación de vía Dante. Al descender del vehículo, Memo sacó 50 euros de la cartera y se la entregó a Fiorella, quien, sentada en el coche, la colocó sobre sus piernas.

Con el depósito lleno, la pareja se puso en marcha con intención de continuar sus compras. Sin embargo, Fiorella olvidó que entre sus piernas tenía la cartera de su marido y, al bajar del coche, cayó al suelo. Ninguno de los dos se dio cuenta y pusieron rumbo a la siguiente tienda.

Una vez allí, cuando tocaba pagar, fue cuando se llevaron las manos a la cabeza. Memo no tenía su cartera, tampoco Fiorella. Fueron rápido al coche a ver si estaba allí, pero no la encontraron. Tampoco estaba en los alrededores del aparcamiento. No había nada que pudieran hacer.

“Fuimos enseguida al cercano cuartel de los carabinieri para presentar una denuncia y bloquear la tarjeta, pero la oficina acababa de cerrar”

“Entramos en pánico”, narró Fiorella al medio italiano. “No tanto por el dinero que había dentro, que de todos modos era una buena suma, sino por la presencia de la tarjeta de crédito. Fuimos enseguida al cercano cuartel de los carabinieri para presentar una denuncia y bloquear la tarjeta, pero la oficina acababa de cerrar”, contó la mujer, que en ese momento no pudo sentir otra cosa que no fuera angustia.

Sorpresa 30 minutos después de perder la cartera

“No nos quedó más remedio que ir a casa y desde allí llamar al banco. Ni siquiera habíamos tenido tiempo de marcar el número gratuito del banco cuando oímos sonar el timbre de casa. Nos asomamos y vimos a dos personas. ‘Buenos días’, nos dijeron, ‘¿por casualidad han perdido una cartera? Estaba sobre una acera en Vigonovo. Nos permitimos mirar dentro para buscar un documento y vimos la dirección. Aquí está su cartera’“.

Ni Memo ni Fiorella se podían creer lo que estaba ocurriendo. Se quedaron sin palabras. Cuentan que lo único que pudieron fue agradecer y preguntar cuáles eran sus nombres. Tan solo había pasado media hora desde que habían perdido la cartera y y la tenían de vuelta con todas sus pertenencias dentro. Las personas que la encontraron habían recorrido 6 kilómetros solo para devolversela a sus dueños.

“Solo sé que se llaman Andrea y Marco”, explicó Fiorella Sorgato. “Tendrán entre 30 y 35 años. A través del periódico (en referencia a Il Messaggero) quiero agradecerles. Andrea y Marco, muchas gracias. Encontraron nuestra cartera y nos la devolvieron intacta, incluso vinieron a entregárnosla a casa. Son personas buenas y honestas. Solo me arrepiento de que, con toda la confusión, no pensé en preguntarles su apellido. Gracias otra vez”, concluyó.

La escalada de la guerra en Irán afecta al bolsillo de los españoles. El precio mayorista de la electricidad en España alcanza este martes su nivel más alto en un año, desde que el 17 de febrero de 2025, el pool marcó 138,17 euros por megavatio hora, según los registros del operador del mercado ibérico de electricidad (OMIE) que sigue Efe. Así, este martes se producirá un incremento del 5% que situará el precio medio en 136,86 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida marca la tercera jornada consecutiva de aumentos en el mercado mayorista español y supera el anterior máximo de 129,86 euros/MWh registrado el 19 de enero de 2026. La cotización media diaria de la electricidad en el mercado mayorista ha escalado un 14,6% respecto a la tarifa del lunes, situada en 119 euros/MWh. Los máximos de este martes se han fijado en 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, con mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y 15.00 horas.

No se puede obviar en esta evolución del precio de la electricidad la inestabilidad geopolítica que estamos viviendo por la guerra en Oriente Próximo. El investigador principal del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, ha señalado en declaraciones a EFE que “la situación que ha originado la guerra en Irán no pinta bien para los mercados energéticos en Europa”, y ha anticipado que “las subidas de precio ya van a ser difíciles de contener” mientras persistan las tensiones internacionales.

La escalada de precios se refleja en las subidas del gas natural en los mercados como consecuencia directa de la inestabilidad tras el ataque militar del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. El índice TTF holandés, referencia clave para el mercado europeo del gas, se mantenía este lunes por encima de 61 euros/MWh, lo que implica un aumento de más del 14%. Al mismo tiempo, el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), principal termómetro para el mercado español, cotizaba a 51,65 euros/MWh, tras crecer un 2,1%.

Este funcionamiento del mercado eléctrico mayorista es resultado de un sistema de subasta gestionado por un algoritmo que organiza las ofertas de venta y compra de electricidad por precio, siendo la opción más cara la que termina fijando el importe final. Así, la demanda en determinados momentos puede hacer que se utilicen fuentes más costosas, como el gas natural, en detrimento de alternativas más económicas como las renovables.

La pérdida de influencia del ‘pool’ y los hogares en tarifa regulada

El precio mayorista de la luz, a pesar de su visibilidad, no refleja completamente el importe que abonan los consumidores acogidos a la tarifa regulada, conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Desde 2024, el método de cálculo del PVPC se basa en una combinación de precios a medio y largo plazo para suavizar las variaciones del mercado diario, sin abandonar los incentivos al ahorro derivados de las referencias a corto plazo.

La correlación entre el PVPC y el precio del pool se ha reducido progresivamente. En 2026, la vinculación a los mercados de futuros ya representa un 55% del cálculo final. No obstante, estos aumentos de precio impactan directamente en unos ocho millones de hogares acogidos al PVPC, mientras que los consumidores del mercado libre experimentan las subidas en función de sus contratos particulares con las comercializadoras, según datos recogidos por Europa Press. Además, al precio mayorista hay que añadir los costes fijos derivados de peajes, cargos y ajustes del sistema, que completan la factura final para los usuarios.

La sombra de la guerra acecha. El panorama geopolítico de los últimos años cada vez se parece más al del siglo XX. Guerra en Ucrania, ataques rusos, Israel, Gaza... y ahora Irán. Ante la normalización de bombardeos en las noticias y la percepción de que los conflictos se aproximan al continente —como evidencia la situación en Chipre—, los países europeos han incrementado sus esfuerzos para reforzar sus capacidades militares, registrando el mayor aumento contemporáneo en importaciones de armas. En este proceso, Estados Unidos se ha consolidado como el aliado indispensable, suministrando casi la mitad del armamento que llega a Europa y afianzando su posición dominante en el comercio global de armas.

Durante el periodo 2021–2025, Estados Unidos fue responsable del 42% de las transferencias internacionales de armamento, superando el 36% del lustro anterior, según el informe del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), instituto sueco especializado en el seguimiento del comercio de armas. Esta supremacía se apoya en una industria militar de alcance global, que satisface la demanda de 99 países en los cinco continentes. Estados Unidos aumentó las exportaciones a Europa en un 217% entre 2016 y 2025, lo que marca un salto sin precedentes en la relación transatlántica de defensa, impulsado por la guerra en Ucrania y el temor a una escalada con Rusia. Europa ha recurrido masivamente a la industria armamentística estadounidense para modernizar y reconstituir sus fuerzas.

Europa ha superado por primera vez en dos décadas a Oriente Medio como principal destino de exportaciones de armas estadounidenses: el 38% de las ventas de Estados Unidos se dirigieron al continente europeo, mientras que Oriente Medio absorbió el 33%.

La dependencia europea de los sistemas de defensa estadounidenses responde tanto a la necesidad de tecnología militar avanzada como a la búsqueda de garantías políticas y estratégicas. La adquisición de armamento estadounidense fortalece la alianza con Washington y garantiza la interoperabilidad en la OTAN. La confianza en el respaldo norteamericano se ha convertido en un eje central de la planificación militar europea, ante dudas sobre la capacidad de la industria local para responder a la crisis actual.

El 48% de armas en Europa proceden de EEUU

En este contexto, casi la mitad de las armas que llegan a Europa proceden de Estados Unidos (48%), cifra que evidencia la asimetría en la relación transatlántica de defensa. Las exportaciones estadounidenses incluyen equipos militares, transferencia tecnológica y apoyo logístico, consolidando un sistema de dependencia estructural entre ambos lados del Atlántico. Alemania (7,1%) y Francia (6,2%) siguen en la lista de principales proveedores. El papel de la OTAN fue determinante: los 29 países europeos miembros incrementaron sus importaciones conjuntas un 143% entre 2016–2020 y 2021–2025. En este periodo, Estados Unidos suministró el 58% de las armas importadas por los Estados europeos de la OTAN, mientras que Corea del Sur (8,6%), Israel (7,7%) y Francia (7,4%) completan la lista de principales exportadores.

Según el informe de Sipri, este fenómeno fue impulsado en gran parte por la Estrategia America First de Transferencias de Armas, implementada por la administración de Donald Trump, que convirtió la exportación de armamento en una herramienta de política exterior y en un motor para la industria militar estadounidense. Para EEUU, las ventas de armas representan tanto un beneficio económico como un instrumento para consolidar su papel como garante de la seguridad internacional.

Ucrania recibió el 9,7% de todas las transferencias globales de armas en 2021–25, posicionándose como epicentro del rearme europeo. Polonia y el Reino Unido se ubicaron entre los mayores importadores, mientras se observa un refuerzo generalizado de los arsenales nacionales en toda la región. El crecimiento del 210% en las importaciones europeas en cinco años ilustra la magnitud de esta transformación.

El resultado de este proceso es una Europa más armada y, al mismo tiempo, más dependiente de Estados Unidos en términos tecnológicos y estratégicos. El aumento del 217% en las exportaciones de armas estadounidenses a Europa refleja una interdependencia que condiciona el equilibrio militar y político en el continente. Mientras persista la amenaza de guerra y la percepción de inseguridad, la demanda europea de armamento estadounidense se mantendrá en niveles históricamente altos, reforzando el papel central de Washington en la seguridad regional.

Pese a los esfuerzos de la Unión Europea por estimular la producción local y fomentar la autonomía estratégica en defensa, los datos muestran que la mayoría de los contratos relevantes continúan en manos de empresas estadounidenses, especialmente en sectores de alta tecnología como la aviación de combate y los sistemas de defensa aérea de largo alcance.

El descenso en Oriente Medio

Mientras Europa se consolida como el mayor mercado mundial de armas, Oriente Medio ha registrado una caída del 13% en sus importaciones entre 2016–20 y 2021–25. Sin embargo, la región mantiene a tres de los diez mayores importadores globales: Arabia Saudí, Qatar y Kuwait. Más de la mitad de las armas adquiridas en Oriente Medio proceden de Estados Unidos, seguido por Italia, Francia y Alemania.

Arabia Saudí sigue siendo el mayor comprador individual de armas estadounidenses, representando el 12% de las exportaciones de Washington. Qatar ha duplicado sus importaciones, convirtiéndose en el segundo mayor importador regional. A pesar de la reducción en el volumen total, las tensiones persistentes y las rivalidades locales mantienen elevada la demanda de sistemas avanzados y la búsqueda de diversificación de proveedores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reafirma en la decisión de España de no apoyar la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que la guerra no constituye una solución válida y rechazando la utilización de la fuerza como vía para resolver conflictos. Así lo ha expresado en un artículo publicado en The Economist, donde ha sostenido de forma categórica: “No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a la repetición de los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas”. El jefe del Ejecutivo ha subrayado también que “la guerra no es la solución”, dejando clara la postura del Gobierno.

“Algunos dirán que nuestra aspiración es ingenua. Pero lo verdaderamente ingenuo es creer que un intercambio cada vez más intenso de drones y misiles, como el que estamos presenciando, conducirá a algo bueno. Lo ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha puesto a prueba esa fórmula, y no funciona”, ha escrito Sánchez en un breve artículo de opinión.

España ha defendido de manera consistente que la ofensiva militar dirigida por Estados Unidos e Israel vulnera la legalidad internacional y supone una amenaza grave para el orden basado en normas globales. En su artículo en el prestigioso periódico inglés, Pedro Sánchez ha destacado que, aunque no existe certeza sobre si la operación provocará la caída del régimen de Irán, sí es seguro que sus consecuencias serán muy significativas y recaerán de manera desproporcionada sobre la población civil, afectando no solo a los ayatolás sino también al conjunto de la sociedad iraní y extendiéndose al resto del mundo. Del mismo modo, el presidente del Gobierno ha recordado que el coste humano de esta crisis será especialmente severo para los ciudadanos iraníes.

Sánchez: “Esta guerra es ilegal”

“Esta guerra es ilegal, supone una grave amenaza para el orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad”. En este sentido, el presidente también ha alertado además de las consecuencias económicas y geopolíticas de una escalada militar con Irán. “Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes y que no los soportarán solo los ayatolás. Los civiles iraníes los sufrirán de manera desproporcionada”, ha agregado.

Al exponer las razones que fundamentan la política de España, Sánchez ha precisado que la negativa a respaldar la acción militar, así como la decisión de no autorizar el uso de bases militares españolas, no responden a animadversión hacia la actual administración estadounidense ni a simpatía alguna por el régimen iraní. Ha sostenido que la cooperación entre aliados implica apoyo mutuo, pero no requiere obediencia incondicional ante acciones precipitadas, una declaración que marca un distanciamiento claro respecto a la postura norteamericana.

El líder del Ejecutivo ha insistido en que el compromiso de España reside en la defensa del derecho internacional, la promoción de la cooperación entre Estados y la preservación de la vida humana. Sánchez ha señalado que este enfoque responde al mandato recibido en las urnas por parte de la ciudadanía, recalcando que: “España siempre estará del lado del derecho internacional, la cooperación entre las naciones y la protección de la vida humana. Ese es el mandato que nos dan los ciudadanos al elegirnos”.

A lo largo de todo su posicionamiento, Sánchez ha reiterado que la respuesta de España ante la escalada militar en Irán se fundamenta en principios legales y humanitarios, y que cualquier participación en acciones bélicas debe estar justificada bajo el respeto a la normativa internacional. El presidente ha remarcado que la prudencia y la crítica razonada entre aliados son necesarias frente a situaciones que puedan generar consecuencias globales y agravios a la población civil.

Este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos pusieron en marcha un “ataque preventivo” contra Irán, comenzando así la operación “Furia Épica” o “Rugido del león”. Irán, a modo de respuesta, ha atacado 16 países de la región, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

En el arranque de la semana, un dron - que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no fue lanzado desde territorio iraní - fue interceptado en trayectoria hacia la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. Además, la OTAN derribó el miércoles un misil sobre Turquía, cuya autoría Irán ha rechazado. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace varios días, permitiendo solo el paso de embarcaciones bajo bandera china. Ante la escalada, Francia, Italia, Reino Unido y España han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona para asegurar la protección de su personal y sus intereses, aunque no se plantea la intervención directa en el conflicto.

/espana/2026/03/06/el-patrimonio-que-esta-en-la-linea-de-fuego-por-la-guerra-en-oriente-medio-los-29-tesoros-que-se-pueden-perder-en-iran/

Pedro Sánchez en ‘The Economist’: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado públicamente la decisión de España deno apoyar la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que la guerrano constituye una solución váliday rechazando la utilización de la fuerza como vía para resolver conflictos. Así lo ha expresado en un artículo publicado enThe Economist, donde ha sostenido de forma categórica:“No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional.No a la repetición de los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas”. El jefe del Ejecutivo ha subrayado también que “la guerra no es la solución”, dejando clara la postura del Gobierno.

Lea el artículo completo: Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

Las gasolineras que más han subido desde que comenzó la guerra en Oriente Medio

Desde que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los precios de los combustibles han subido a nivel internacional como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz.

España no es un caso aparte. La asociación Facua ha denunciado que las gasolineras han aprovechado esta circunstancia para aumentar los precios del combustible, en concreto del gasóleo, durante los últimos cuatro días. En la Península, entre el lunes 2 de marzo y el viernes 6, se ha registrado una subida media de 23 céntimos por litro.

Según Facua, entre las cuatro cadenas de gasolineras que acaparan más de la mitad del mercado, Repsol, la principal, se posiciona como la que más incrementos ha registrado en los precios del gasóleo, con una media de 16,5 céntimos. Por su parte, Moeve registra una media de 15,6 céntimos; BP alcanza los 13,8 céntimos; y Galp los 13 céntimos.

Lea aquí la información completa: Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

/america/mundo/2026/03/06/iran-se-ensana-con-las-naciones-del-golfo-fuerzas-navales-de-qatar-estaban-en-edificios-de-bahrein-bombardeados/

Esta noche llegan al aeropuerto de Torrejón 229 españoles

Exteriores confirma que esta noche llegará a Torrejón un vuelo militar desde Mascate (Omán) a las 20h45, con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos (229 españoles y 11 extranjeros). El Ministerio ha facilitado otros operativos de salida por carretera desde Israel (37 personas), Kuwait (35 españoles y 13 extranjeros), Palestina (9 personas) y Bahréin (2 personas). Además, 658 personas ciudadanos españoles llegarán en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

En total, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles. El objetivo sigue siendo repatriar hasta el último ciudadano español que así lo desee.”

/wapo/2026/03/06/aseguran-que-putin-provee-informacion-de-inteligencia-a-iran-para-atacar-buques-aviones-y-centros-de-comando-de-eeuu/

Sánchez: “Esta guerra es un error que vamos a pagar”

Sánchez ha reiterado su rechazo a la guerra, subrayando que no se ajusta al derecho internacional y justifica sus críticas señalando que, entre países aliados, es bueno ayudar cuando se tiene razón pero también “señalar cuando se está equivocado”. “Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar”, ha insistido el jefe del Ejecutivo, incidiendo en que el conflicto es “de todas todas ilegal”.

La ley respalda el envío de la fragata a Chipre

Pedro Sánchez, preguntado por si el envío de la fragata a Chipre pasará por el Congreso para su autorización, ha explicado que la decisión está amparada en la “legislación nacional”, citando la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005. Dicho esto, ha reiterado que es una “misión defensiva, nada ofensiva”, cuya naturaleza sobre todo es de “rescate” ante una guerra que los chipriotas “no han provocado”.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha reprochado que en 2003 el entonces presidente del Gobierno José María Aznar metió a España “en una guerra ilegal” en Irak “y tardó diez meses en comparecer en el Congreso” mientras que él ya ha pedido acudir a la Cámara Baja para explicar la posición de España en una guerra que, a su juicio, es “ilegal”.

Información de Europa Press

/espana/2026/03/06/las-tres-princesas-influencers-de-iran-exiliadas-pero-con-esperanza-de-volver-noor-iman-y-farah-hijas-de-reza-pahlavi-y-nietas-del-ultimo-sha/

Sánchez, sobre Trump: “Entre países aliados es bueno señalar cuando se está cometiendo un error y esta guerra es un error extraordinario”

“Entre aliados es bueno señalar cuando se está cometiendo un error y esta guerra es un error extraordinario”, ha asegurado Pedro Sánchez durante su comparecencia. Se defiende así de las amenazas de Donald Trump y recalca la “tranquilidad de España” al estar del lado de la “legalidad internacional” ante este conflicto.

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

En el marco de la cumbre, el jefe del Ejecutivo español ha defendido el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, en respuesta a la solicitud de este socio europeo. La misión, según ha explicado Pedro Sánchez, se inscribe en una operación de protección, defensa y rescate, con el objetivo de respaldar a un estado miembro de la Unión Europea que “ha sufrido un ataque en su propio suelo”.

El presidente ha subrayado: “Con la misma determinación que nos lleva a decir ‘no a la guerra’ en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto”.

Lea la noticia completa aquí: Pedro Sánchez afirma que la “colaboración leal” debe primar sobre la “confrontación” en las relaciones entre España y EEUU

Las compañías de cruceros se lanzan al rescate de sus miles de viajeros atrapados en Oriente Medio

El conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados ha dejado atrapados a miles de turistas en Oriente Medio. Desde el inicio de los bombardeos el pasado sábado 28 de febrero, los ataques han continuado y han afectado a otros países de la península arábiga, entre ellos Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La tensión militar ha alcanzado también a Europa, con el ataque a las bases militares de Reino Unido en Chipre y un misil lanzado a Turquía.

En medio del fuego cruzado, el Ministerio de Asuntos Exteriores calculaba que en la región residían cerca de 30.000 españoles, a lo que se suman miles de visitantes que habían quedado atrapados durante sus viajes turísticos. Entre ellos se encontraban los viajeros de un crucero turístico anclado en el puerto de Dubái.

La embarcación, propiedad de MSC Cruceros, ha permanecido varada toda la semana debido al cierre del espacio aéreo del país. Este jueves, Emiratos Árabes Unidos puso en marcha una serie de corredores aéreos que han permitido comenzar la repatriación de los turistas atrapados. MSC Cruceros ha decidido no esperar la acción de los gobiernos y ha puesto en marcha una operación aérea para agilizar la repatriación de sus pasajeros de forma “segura y rápida”.

Diego Moya, empresario español en Dubái: “Ahora cualquier ruido te pone en alerta, quieras o no, tienes la tensión en el cuerpo”

Diego Moya, empresario español, llevaba alrededor de año y medio viviendo en Dubái cuando, el pasado 1 de marzo comenzaron los ataques de Irán en respuesta a Estados Unidos e Israel. En ese momento, él y su grupo estaban visitando el proyecto inmobiliario junto a inversores españoles cuando recibió la primera alerta. “Estábamos viendo una oportunidad inmobiliaria en Dubai Islands, una zona nueva donde están creando playas y proyectos residenciales. De repente recibí una llamada avisando de que había habido un ataque en Abu Dabi y que habían interceptado algún misil cerca de la zona de la Palmera”, recuerda en conversación con Infobae.

La reacción fue inmediata. “En menos de diez minutos cogimos un Uber y nos fuimos a casa a resguardarnos”. Moya dirige desde Dubái una academia de gestión patrimonial y un club de inversión centrado en el sector inmobiliario. Actualmente trabajan con inversiones en mercados como Estados Unidos, Colombia o República Dominicana y organizan viajes para clientes que quieren explorar proyectos internacionales, como tuvo que hacer él cuando decidió buscar oportunidades fuera de España. Esta misma semana tenía en la ciudad a treinta empresarios españoles participando en uno de esos programas.

La guerra entre EEUU e Irán no frena a Juan Carlos I: la fecha en la que el emérito regresará a España

El rey emérito Juan Carlos I prepara un nuevo viaje a España para participar en las regatas de Sanxenxo mientras la tensión militar en Oriente Próximo mantiene en alerta a buena parte de la región del Golfo. El exjefe del Estado reside en Abu Dabi desde 2020 y, en los próximos días, prevé desplazarse a Galicia para competir en una nueva prueba de la Liga Española de 6 metros.

Este pasado lunes, 2 de marzo, se conocía que el emérito se encontraba “tranquilo y a salvo” en medio del conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán. La escalada militar ha generado inquietud en la región y ha afectado a la operativa aérea durante los últimos días, aunque las autoridades aeroportuarias han ido restableciendo progresivamente el tráfico de vuelos comerciales. Si bien se pensaba que, ante esta realidad, el exmonarca cancelaría sus planes de regresar a nuestro país, lo cierto es que su agenda sigue adelante.

Voces chipriotas piden la retirada de la presencia militar británica

El reciente ataque con drones contra la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, ha vuelto a situar en el centro del debate la presencia militar del Reino Unido en la isla. Desde la independencia de Chipre en 1960, Akrotiri y Dhekelia permanecen bajo soberanía británica. A lo largo de los años, figuras políticas locales han expresado su malestar por la presencia de estas instalaciones, consideradas enclaves estratégicos para Londres en Oriente Medio. Aunque las autoridades chipriotas aún no han solicitado formalmente el cierre de las bases, el ataque ha propiciado un aumento de las demandas para que se reconsidere el papel del Reino Unido en la isla.

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha expresado simplemente que no puede “descartar nada”. Paralelamente, algunos medios locales han intensificado la presión. El columnista principal del diario Phileleftheros, Costas Venizelos, fue tajante en un editorial: “Las bases deberían irse. Están poniendo en peligro nuestra seguridad”.

La tensión se intensificó después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, evitara descartar el uso de las bases chipriotas en la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel ante Irán. Estas palabras generaron malestar en el Gobierno de Nicosia, que forzó a Londres a aclarar que las instalaciones no estaban siendo utilizadas en el actual operativo. Para rebajar la crispación, el ministro de Defensa británico, John Healey, viajó a Chipre, mientras que el presidente Christodoulides mantuvo una reunión con la directora del MI6, Blaise Metreweli, aunque no trascendieron detalles del encuentro.

“Sí, hubo irritación” por los comentarios de Starmer, reconoció el presidente chipriota en una entrevista concedida a la cadena griega Skai TV. En el plano jurídico, expertos chipriotas consideran que la pervivencia de estos enclaves militares es un vestigio colonial incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

“Eso implica que se puede y se debe aplicar algo similar en el caso de Chipre, es decir, que las bases se sitúen en una nueva base que cumpla plenamente con el derecho internacional”, sostiene Costas Clerides, ex fiscal general y magistrado del Tribunal Supremo de Chipre. El acuerdo alcanzado en 2025 para que el Reino Unido devuelva la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, tras un fallo internacional que declaró ilegal la separación, es citado como precedente.

Hasta la fecha, el Ejecutivo británico mantiene la legalidad de su presencia en Chipre. “Nuestras zonas de soberanía son totalmente legales según el derecho internacional”, asegura un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Pese a todo, el debate sobre el futuro de las bases parece lejos de cerrarse. Algunos funcionarios chipriotas admiten en privado que abordar el asunto resulta complicado mientras persista la división entre grecochipriotas y turcochipriotas.

237 españoles vuelan ya desde Omán hacia España a bordo de un Airbus del Ejército del Aire

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio está de regreso a España desde Omán con 237 personas a bordo, todas ellas ciudadanos españoles que han sido evacuados tras quedar varados en Oriente Medio a raíz del conflicto con Irán. La llegada del A330 está prevista para esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Según Defensa, “con esta misión, las Fuerzas Armadas se suman a los esfuerzos del Gobierno para traer de vuelta a los españoles que se encuentran en la zona”. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha señalado en la red social X que esta segunda evacuación ejemplifica “el compromiso de España y sus Fuerzas Armadas con la protección de los españoles en cualquier circunstancia”.

La amenaza de embargo de Trump es “imposible de ejecutar”, según un analista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de romper los lazos comerciales con España como respuesta a la negativa española de permitir el uso de sus bases militares para operaciones contra Irán. El economista Franco Macchiavelli afirma que este tipo de amenazas carecen de viabilidad real en múltiples frentes: “Jurídicamente imposible de ejecutar, económicamente contraproducente para los propios intereses de EEUU y políticamente hueca en el contexto del derecho internacional y el reglamento europeo”, sostiene.

España, desde su adhesión al Tratado de Roma en 1957, no gestiona de forma autónoma su política comercial exterior, una competencia asumida de forma exclusiva por la Unión Europea. Macchiavelli explica que “España no negocia aranceles, no firma tratados comerciales bilaterales y no puede ser objeto de sanciones comerciales unilaterales sin que esas sanciones afecten automáticamente a los otros 26 Estados miembros de la UE”. Por tanto, cualquier intento de represalia económica por parte de Estados Unidos no solo impactaría sobre España, sino sobre el conjunto del mercado europeo.

A ello se suma el límite legal de la normativa estadounidense. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada en otras ocasiones para imponer restricciones comerciales, no le otorga al presidente una autoridad general para sancionar a países de forma unilateral. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado claro ese límite. Así, la amenaza de un bloqueo comercial pierde fuerza tanto en el plano jurídico europeo como en el propio marco estadounidense.

España y Estados Unidos: una relación comercial asimétrica

El análisis de la balanza comercial reciente entre ambos países revela un desequilibrio a favor de Estados Unidos. En el último año, las exportaciones españolas al país norteamericano alcanzaron 16.700 millones de euros, frente a unas importaciones de 30.100 millones. El déficit, por tanto, lo asume España. “Venden casi el doble de lo que compran en bienes físicos, y esa brecha se amplificó aproximadamente un 34% en 2025. Si alguien tiene incentivos económicos para no romper esta relación, es precisamente Estados Unidos”, razona Macchiavelli.

El aspecto energético marca la excepción. Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) y petróleo para España. “Esta dependencia es sensible a nivel estructural, y pese a que pueda ser diversificable a medio plazo, en el contexto más inmediato de crisis en el Estrecho de Ormuz, este sería el único flanco donde la amenaza de Trump tiene mordiente real”, advierte Macchiavelli. El suministro energético, por tanto, se erige como la única área donde una acción estadounidense podría tener efectos tangibles a corto plazo.

En suma, el economista Franco Macchiavelli describe la amenaza como “ruidosa”: “No hay base legal para ejecutarlas, la lógica económica para hacerlo es contraproducente (salvo en materia energética), y lo más relevante, la narrativa geopolítica para sostener dicho conflicto es la peor posible”, concluye.

El Comité de Emergencia Español activa sus protocolos de actuación

El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos ante el empeoramiento del conflicto en Oriente Medio y el aumento de las necesidades humanitarias en la región. La organización ha advertido este viernes que su capacidad de respuesta dependerá del acceso sin restricciones a las zonas afectadas, garantías de seguridad y fondos suficientes. Según un comunicado del Comité, la inseguridad, el cierre del espacio aéreo y las interrupciones en la cadena de suministro dificultan la labor humanitaria.

Equipos pertenecientes a ONG integradas en el Comité - como Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision - están presentes en países como Afganistán, Gaza, Cisjordania, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Turquía y Yemen, atendiendo la emergencia social.

*con información de EFE

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El conflicto en Oriente Medio podría ralentizar en dos décimas el crecimiento de la economía española y elevar la inflación por encima del 3% antes de este verano, según el análisis de Funcas. En su primer documento estimando el impacto de la guerra en Irán en los precios y la actividad en España, el ‘think tank’ prevé un efecto limitado en el Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, siempre que el enfrentamiento militar se limite a unos tres meses de duración.

La escalada bélica tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán la semana pasada se ha empezado a notar en los mercados financieros y el bolsillo de los españoles en forma de repuntes en los valores del petróleo y el precio al consumidor de la gasolina y otros carburantes. El cierre casi total del estrecho de Ormuz ha provocado un aumento inmediato en los precios energéticos, con el combustible registrando ya una subida de 10 céntimos por litro en apenas una semana y la electricidad encareciéndose un 13% respecto al mes anterior.

Grecia desplegará una batería de misiles Patriot y dos cazas F-16 para dar “cobertura antibalística” a Bulgaria

El gobierno griego ha decidido reforzar la defensa de Bulgaria ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. El ministro de Defensa, Nikos Dendias, confirmó este viernes el envío de una batería de misiles Patriot y dos cazas F-16 al norte de Grecia, como parte de un operativo conjunto tras la petición formal presentada por Sofía para aumentar la cobertura defensiva frente a posibles ataques procedentes de Irán.

A través de una intervención televisiva, Dendias detalló que “una batería de misiles Patriot será trasladada en las próximas horas al norte de Grecia para garantizar la cobertura antibalística de gran parte del territorio búlgaro”. El titular de Defensa subrayó el compromiso de Grecia de ofrecer “toda la asistencia posible para la defensa antibalística de Bulgaria frente a Irán”. Sin embargo, no aportó más información sobre la naturaleza concreta de la amenaza.

En los dos días previos a este anuncio, Dendias mantuvo contacto directo con el ministro de Defensa búlgaro, Atanas Zapryanov, con el objetivo de coordinar la respuesta a la solicitud búlgara. Según explicó, la cooperación se enmarca en la voluntad de Grecia de apoyar a su vecino en el fortalecimiento de su sistema de defensa.

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emprende este fin de semana un viaje de trabajo a Nueva York con el objetivo de atraer inversiones. Su equipo lleva varios meses preparando la agenda de la que será su sexta visita institucional a Estados Unidos desde que gobierna la región. Allí permanecerá tres jornadas en las que se reunirá con representantes de cerca de un centenar de grandes compañías.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hace un “llamado al cese inmediato de las hostilidades”

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado este viernes a frenar la escalada y apostar por la contención y el diálogo a todas partes implicadas en la guerra en Oriente Medio. Volker Turk, en una comparecencia ante la prensa en Ginebra, señaló que la crisis originada hace casi una semana, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, “se ha extendido como un reguero de pólvora”.

Turk subrayó la urgencia de adoptar medidas que contribuyan a rebajar la tensión y a frenar la cadena de bombardeos, destrucción y muertes que se han sucedido en los últimos días. Durante su intervención, insistió en la necesidad de “ver pasos que contengan y extingan este incendio”, lamentando que “en cambio, solo estamos viendo más retórica inflamatoria y belicosa, más bombardeos, más destrucción, muertes y una escalada que lo alimenta aún más”. El responsable de derechos humanos de la ONU reclamó a los Estados implicados “tomar medidas inmediatas para reducir la tensión, para dar una oportunidad a la paz”, y pidió a los demás países que “pidan de forma clara a las partes que retrocedan”.

Este viernes, nuevos ataques afectaron a Irán y Líbano, mientras Israel anunciaba una nueva fase en el enfrentamiento, lo que incrementa la preocupación internacional. La situación en Líbano fue descrita por Turk como “un punto crítico clave”. El alto comisionado manifestó su inquietud ante los últimos acontecimientos: “Estoy extremadamente preocupado y alarmado por los últimos acontecimientos tras los ataques de Hezbolá contra Israel y la dura respuesta israelí, así como por las amplias órdenes de desplazamiento que ya han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares”, afirmó. “Hago un llamado al cese inmediato de las hostilidades”.

Turk también puso el foco en el respeto a los tratados y normas internacionales, señalando que “también se ha sembrado confusión respecto al derecho internacional” y que “algunos han despreciado abiertamente los valores fundamentales de nuestra humanidad común”. Ante este panorama, realizó un llamamiento a los líderes mundiales para que se comprometan de manera inequívoca con la defensa del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas. “No podemos permitirnos que estallen más polvorines”, concluyó.

El director de la Agencia Internacional de la Energía asegura que “hay mucho petróleo en el mercado” a pesar de la guerra

En una rueda de prensa desde Bruselas, Bélgica, el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Dr. Fatih Birol, ha transmitido un mensaje de tranquilidad ante los temores de una crisis petrolera mundial tras la subida de precios por la guerra entre EEUU, Israel e Irán. Birol ha asegurado que “hay mucho petróleo en el mercado”.

Concede, eso sí, que la “interrupción logística” provocada por la guerra está “creando dificultades para muchos países”, pero insiste: “No hay escasez de petróleo a nivel mundial”. A la pregunta de si la AIE contempla la liberación de reservas de emergencia, Birol afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa”, aunque considera que “en esta fase” no hay planes para una “acción colectiva”.

Los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tienen la obligación de mantener reservas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo, con el fin de disponer de ellas en caso de emergencia. Para que estas reservas puedan ser liberadas, es necesario que los gobiernos lleguen a un acuerdo colectivo y determinen que las condiciones del mercado lo justifican. “En este momento, no estamos en esa situación”, señaló Fatih Birol. Ha expresado también que esta crisis “ha suscitado dudas en algunos sectores sobre si volver a recurrir a Rusia o no”. Para Birol, “uno de los errores históricos de Europa fue la excesiva dependencia de sus fuentes de energía de un solo país, Rusia”.

El conflicto ha provocado que el precio del crudo haya aumentado en torno a un 20% desde el 27 de febrero, la jornada previa al inicio de los ataques. La AIE se creó con el objetivo de coordinar la respuesta internacional ante grandes interrupciones en el suministro, tras la crisis del petróleo de 1973. La Comisión está barajando varias opciones para hacer frente a esta situación, como la reducción de los impuestos y aranceles que encarecen las facturas energéticas o el permitir que los gobiernos utilicen más ayudas estatales para brindar apoyo a las industrias que consumen mucha energía, según han informado a Reuters dos funcionarios de la Unión Europea.

Bolaños niega que Sánchez deba recibir la aprobación del Congreso para enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado los motivos por los que, a su juicio, la decisión de enviar la fragata española ‘Cristóbal Colón’ a Chipre no necesita pasar por el Congreso, como ha exigido el Partido Popular esta mañana.

“Es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo, como es Chipre. Y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española”, ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa. “Esa fragata ya estaba en el Báltico y estaba en el seno de una misión (...) en donde estábamos trabajando con otras flotas de otros países y otras fragatas y otros barcos de otros países socios europeos”, ha explicado.

El ministro argumentaba también que la fragata española se encontraba ya integrada en el grupo naval del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ (realizando operaciones de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico) y que ahora se dirige al Mediterráneo oriental como parte de ese conjunto naval.

El Tratado de la Unión Europea contempla en su artículo 42.7 una cláusula de defensa mutua que establece que, en caso de que un Estado miembro sufra un ataque armado en su territorio, los demás Estados miembros le prestarán ayuda y asistencia con todos los medios disponibles, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, la activación de este mecanismo de defensa colectiva depende de una solicitud expresa por parte del país afectado, algo que Chipre no ha realizado hasta el momento.

La guerra en Oriente Medio, declarada “emergencia humanitaria mayor” por la ONU

La agencia de la ONU para los refugiados ha declarado la crisis en Oriente Próximo una “emergencia humanitaria mayor”, insistiendo en la necesidad de una “respuesta inmediata” en la región, ha dicho desde Ginebra Ayaki Ito, Director de Emergencias y Apoyo a los Programas de ACNUR.

Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha subrayado este viernes la necesidad de realizar “investigaciones transparentes e imparciales” sobre el presunto ataque mortal a una escuela en Irán, e instó a Washington a avanzar “con rapidez” en la investigación anunciada.

“Lo que hemos solicitado son investigaciones rápidas, transparentes e imparciales, que entendemos que ya han sido anunciadas por Estados Unidos”, declaró Volker Turk ante periodistas en Ginebra. Añadió que “es necesario que este proceso avance con rapidez y que se garantice tanto la rendición de cuentas como la reparación para las víctimas”.

El Ejército del Aire aterriza en Omán para evacuar más españoles

El Ministerio de Defensa ha informado este viernes que un Airbus A330 del Ejército del Aire se encuentra ya en Omán para llevar a cabo su segunda misión de evacuación de ciudadanos españoles en el Golfo Pérsico.

El Estado Mayor de la Defensa ha informado también que el avión despegará hacia Madrid en las próximas horas bajo el control operativo del comandante del Mando de Operaciones. La aeronave partió desde Yibuti tras salir de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para recoger al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) “Orión”.

Este grupo de aviadores participó en la Operación Atalanta de la Unión Europea, destinada a combatir la piratería y proteger el tráfico marítimo en el Océano Índico y el Cuerno de África, y se encontraba desplegado en la zona desde finales de 2025. El Airbus A330 ya había completado una primera operación de evacuación entre el martes y el miércoles de esta semana, tras el aumento de la tensión bélica en Oriente Medio, aterrizando en la base de Torrejón con 171 españoles a bordo procedentes de Omán.

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Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso para aclarar la postura española ante la guerra en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado - al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso - comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, según han confirmado fuentes de la Moncloa a EFE y Europa Press. Sánchez aprovechará su intervención para informar también sobre la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en febrero.

“Europa debe aumentar la producción de misiles antiaéreos y antibalísticos”, según el comisario de Defensa de la UE

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la Unión Europea, ha expresado este viernes durante una rueda de prensa con el vicepresidente polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz que “con la crisis iraní, si es que puede llamarse así, ha quedado muy claro que Europa debe aumentar la producción de misiles antiaéreos y antibalísticos con urgencia". ”Los estadounidenses no podrán suministrar los suficientes, no a los países del Golfo Pérsico, sus propias fuerzas, y a Ucrania a la vez“, ha advertido Kubilius.

Por esto, la producción de “se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa”, ha insistido Kubilius, que se encuentra en una suerte de gira europea destinada a alentar el aumento de la producción europea en este ámbito.

El alcalde de Rota afirma que “sigue habiendo movimiento” de barcos y aviones en la base: “Salen y entran y nunca nos informan”

Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota (Cádiz), afirmó este viernes que la base militar ubicada en la localidad mantiene un flujo constante de aviones y barcos “diariamente”, aunque desconoce si estos movimientos están relacionados con la operación militar lanzada por Estados Unidos contra Irán. Según ha explicado esta mañana en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, las autoridades locales no reciben información sobre los destinos o procedencias de estos vehículos, y los ayuntamientos tampoco suelen ser notificados.

El alcalde detalló que presencia habitual de actividad en la base es una constante, pero ni él ni su equipo preguntan sobre los desplazamientos, ya que es habitual que no se les informe sobre estos detalles. Pese a ello, subrayó la relevancia de la base para el empleo local, señalando que cerca de 3.000 personas del municipio y de la Bahía de Cádiz trabajan directa o indirectamente gracias a los contratos adjudicados a Navantia para labores de mantenimiento y obras dentro del recinto militar.

Ruiz Arana remarcó la importancia de cualquier cambio relacionado con la gestión de las bases, tanto para Rota como para el conjunto de la Bahía, y defendió la necesidad de anteponer la seguridad de la población. Consideró que sería un error convertir a estos municipios en objetivo de posibles amenazas. Respecto a la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el alcalde calificó la operación como un ataque unilateral sin respaldo de resoluciones internacionales.

Macron explica que “Francia no forma parte de esta guerra” y que solo busca proteger a “compatriotas” y “aliados”

“Ustedes no van a hacer la guerra en absoluto y van a continuar viviendo”, respondía anoche Emmanuel Macron a la pregunta de una joven francesa a través de su cuenta oficial en la red social Instagram. En el mismo mensaje, expresaba su visión sobre la situación en Oriente Próximo y las causas del conflicto: “Estados Unidos e Israel han lanzado operaciones militares en Irán porque Irán había tomado decisiones muy peligrosas para todos”.

“Estaba desarrollando armas nucleares”, ha asegurado Macron en contradicción directa con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi, quien decía este martes que no existe prueba alguna de que en Irán se estuviese desarrollando esta tecnología. “Tenía armas que llamamos balísticas, desestabilizaba la región y había masacrado a su pueblo. Y en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel, Irán golpea a toda la región” es como ha resumido el mandatario la escalada.

“Francia no forma parte de esta guerra. Nosotros no estamos en combate y no vamos a involucrarnos en esa guerra. Pero, ¿qué hacemos? Primero, protegemos a los nuestros. Tenemos varios cientos de miles de compatriotas allí. Todos los que quieren regresar, los ayudamos a volver en paz y seguridad. Después, tenemos amigos, aliados que están siendo atacados por Irán: los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania. Y ahí los ayudamos como un socio de confianza a protegerse, a interceptar drones, a interceptar misiles".

Macron ha expresado también los intereses económicos: “Y luego, esta guerra está bloqueando una gran parte del comercio mundial, bloqueando petróleo, gas. Así que está aumentando el costo de la vida en muchas economías, creando inestabilidad. Entonces, de forma completamente pacífica, nos estamos movilizando para intentar asegurar el tráfico marítimo, que los barcos, los petroleros puedan salir".

“Por último, hay un tema final, que es el Líbano, que al mismo tiempo hoy está afectado, muy desestabilizado. Los ayudamos a recuperar la paz, la legitimidad, la soberanía, la calma, ya que hoy están sacudidos por esta situación. Esto es muy complicado, lo que está ocurriendo en la región, pero Francia no está haciendo la guerra. Protege a las francesas y los franceses, a sus aliados, y está al lado del Líbano y de su soberanía, de su integridad territorial, ni más ni menos. Así que quería tranquilizarlos y decirles que seguiremos haciendo eso".

Insistía en su apoyo al Líbano en un mensaje publicado en X: “Por Líbano debemos actuar. Debe hacerse todo lo posible para evitar que este país, tan cercano a Francia, vuelva a verse arrastrado a la guerra. Los libaneses tienen derecho a la paz y la seguridad, como todas las personas en Oriente Medio. Para detener la guerra y evitar lo peor, después de mis conversaciones con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, hablé hoy con las más altas autoridades del Líbano con el fin de establecer un plan que ponga fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel a ambos lados de la frontera.

Hezbolá debe cesar inmediatamente sus disparos hacia Israel. Israel debe abstenerse de cualquier intervención terrestre u operación a gran escala en territorio libanés. Las autoridades libanesas me han dado su compromiso de tomar el control de las posiciones ocupadas por Hezbolá y de asumir plenamente la responsabilidad de la seguridad en todo el territorio nacional. Les brindo todo mi apoyo.

Francia reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas Libanesas y les proporcionará vehículos blindados de transporte, así como apoyo operativo y logístico. El destacamento francés dentro de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano también continúa su misión en el sur del país.

Preocupado por el desplazamiento de decenas de miles de civiles libaneses que actualmente huyen del sur, he decidido enviar de inmediato ayuda humanitaria para ellos. Se están transportando varias toneladas de medicamentos, junto con soluciones de refugio y asistencia. Esto es una muestra de la amistad que los franceses sienten por el pueblo libanés.

En este momento de gran peligro, hago un llamado al primer ministro israelí para que no extienda la guerra al Líbano. Hago un llamado a los dirigentes iraníes para que no involucren aún más al Líbano en una guerra que no le corresponde. Hezbolá debe renunciar a sus armas, respetar el interés nacional, demostrar que no es una milicia que recibe órdenes desde el extranjero y permitir que los libaneses se unan para preservar su país", concluye su comunicado.

El PP reclama a Sánchez que someta al Parlamento el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre

El Partido Popular ha demandado que la decisión del Gobierno de enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre sea sometida a votación en el Congreso de los Diputados. Según fuentes de la formación, Pedro Sánchez estaría eludiendo el control parlamentario en cuestiones de despliegue militar. Para Feijóo, el “no a la guerra” de Pedro Sánchez es “no al Congreso”.

El principal partido de la oposición insiste en la necesidad de que el presidente del Gobierno explique ante la Cámara Baja los motivos y detalles de la misión. Además, reclama que la autorización para el despliegue de la fragata se tramite “de inmediato”, tal y como establece la Ley de Defensa Nacional.

Esa Ley Orgánica contempla que el Ejecutivo deba consultar y recibir la autorización de la Cámara baja para todo tipo de intervenciones en el exterior que no estén relacionadas directamente con la defensa de España o de los intereses nacionales. Es decir, de cualquier despliegue que no sea consecuencia o reacción a una amenaza directa a la seguridad española o de compromisos de defensa pactados explícitamente. Sin embargo, esta ley recoge también que, cuando por razones de emergencia no sea posible pedir la autorización antes del despliegue, el Gobierno puede (y tiene el deber de) someter la decisión al Congreso posteriormente, si bien con la mayor brevedad posible.

El despliegue de la fragata, considerada el buque más avanzado de la Armada, se produce en un área en la que la tensión militar es elevada. El Partido Popular advierte de que los soldados españoles no deberían exponerse a riesgos en una “zona de conflicto” sin la legitimidad que otorga el respaldo parlamentario. Recuerdan también que la misión no cuenta con el apoyo de varias formaciones que “mantienen encendido el respirador” del presidente del Gobierno.

La dirección del PP critica que una decisión de este alcance no haya sido comunicada previamente a la Cámara ni a la ciudadanía. Según la formación, “no puede ser que la principal fuerza política de España se entere por los medios de comunicación” del envío de un buque equipado y preparado para un posible enfrentamiento armado. Se acusa al Gobierno de evitar deliberadamente el debate y los controles legales, actuando “como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás”

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Pedro Sánchez traslada su apoyo a Omán y Qatar

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, transmitía esta mañana su “solidaridad” y el “apoyo de España” al sultán de Omán y el emir de Qatar ante los ataques que “han sufrido sus países”, los cuales considera “injustificables” . “Ningún país debe ser agredido impunemente”, ha expresado hoy en una publicación en X en la que advertía también que “los misiles y drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido “construir la paz y la seguridad que todos merecen”, reafirmando también el rechazo que ya expresaba desde un principio a la guerra desatada en Oriente Medio tras la escalada provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado sábado.

Sánchez estuvo también en contacto anoche con el presidente del Líbano, a quien transmitió que puede “contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados”.

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Fatima ha vivido una experiencia traumática con su hija Aysel. La menor, de un año y medio, ha necesitado ser operada de urgencia —dos veces— y hospitalizada durante 25 días debido a una apendicitis con peritonitis después de que el Hospital Universitario de Niños Reina Fabiola, en Bruselas, la enviase a casa hasta en dos ocasiones sin detectar la gravedad del cuadro, según ha informado la cadena de televisión belga RTL. Según el testimonio de la madre, los síntomas iniciales —fiebre alta, vómitos y diarrea— fueron atribuidos en dos ocasiones sucesivas a una infección gastrointestinal leve, aconsejando simplemente reposo y observación en casa.

En una primera visita a urgencias, los facultativos comunicaron a la familia que se trataba de una gastroenteritis, recomendando esperar cinco días. Tras dos jornadas sin mejoría, la madre llevó de nuevo a su hija al mismo centro, donde, según relata, recibió instrucciones similares, pese a explicar que la pequeña rechazaba cualquier tipo de alimento. Solo varios días después, el estado empeoró de manera alarmante, presentando la menor vómitos oscuros. En ese momento, Fatima optó por acudir a urgencias del hospital Saint-Pierre, donde, tras realizar varias pruebas diagnósticas, se detectó una perforación en el apéndice. El equipo informó entonces a la familia de la gravedad de la situación y de la necesidad de intervenir quirúrgicamente sin demora.

Aysel ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas y su evolución es positiva actualmente, según ha relatado Fatima a la televisión belga, pero la madre sigue profundamente afectada por la experiencia vivida en el hospital Reina Fabiola. Desde la institución, se han limitado a indicar que no comentan situaciones individuales por motivos de confidencialidad, aunque han recordado que disponen de un servicio de mediación “para examinar todo señalamiento con la seriedad que merece”, confirmando que Fatima ha hecho uso de este canal.

Existen diversas afecciones —entre ellas gastroenteritis viral, divertículo de Meckel, invaginación intestinal o enfermedad de Crohn— que pueden simular los síntomas de la apendicitis. En niños muy pequeños, la falta de signos clásicos y la posible ubicación atípica del apéndice pueden hacer especialmente complejo identificar el origen real de los problemas, destaca el manual médico MSD. Según este texto, la ecografía abdominal suele ser la primera prueba diagnóstica preferida para evitar radiaciones, aunque en situaciones ambiguas puede ser necesario realizar otras pruebas para concluir si existe apendicitis y tomar decisiones terapéuticas a tiempo.

Lo que determina la responsabilidad médica y los posibles recursos legales

Además del acceso al servicio de mediación hospitalario, los padres de la menor podrían contemplar recurrir a la vía judicial. En declaraciones a RTL, Ludovic De Block, abogado especializado en derecho médico, ha explicado que existen “clásicamente tres grandes vías posibles” en estos supuestos.

El letrado ha hecho hincapié en que no toda complicación o desenlace desafortunado implica necesariamente una negligencia profesional. “Es fundamental distinguir entre una falta y un error no culposo. Algunas equivocaciones simplemente forman parte de los riesgos terapéuticos. Solo puede hablarse de falta cuando el médico actúa de un modo que otro profesional no habría adoptado en la misma circunstancia”, ha indicado De Block.

Según su ejemplo, pueden darse dificultades diagnósticas ligadas a malformaciones excepcionales, sin que ello suponga necesariamente un fallo sanitario punible. No obstante, existen situaciones en las que la responsabilidad resulta mucho más clara, como “el caso de compresas olvidadas dentro del cuerpo de una madre tras un parto”. Fatima valora aún sus opciones legales tras el desenlace favorable para su hija, aunque todavía se encuentra conmocionada por lo vivido.

La sociedad tiene mucho que avanzar y llegará un momento en el que ir solo al cine, a un restaurante o a un viaje no sea algo que sorprenda, sino que puede ser algo habitual para lo que cualquier ser humano esté capacitado. Pero, de momento, no es así. Sentarse a solas en una mesa de un restaurante lleno y disfrutar sin sentir incomodidad constituye, según la psicología, uno de los indicadores más discretos —y poco habituales— de madurez emocional. Esta capacidad revela una relación sólida con uno mismo, independiente de la constante búsqueda de validación externa que caracteriza a gran parte de la sociedad contemporánea.

Comer solo en un restaurante, lejos de tratarse de una acción trivial, permite identificar el nivel de independencia emocional de una persona. Un dato relevante es que la psicóloga Bella DePaulo destaca en un artículo publicado en el eportal Global English Editing que “la capacidad de estar solo tiene valor y puede contribuir al bienestar general”. La dificultad que sienten muchas personas ante este escenario —la incomodidad, la tentación de mirar el teléfono, la inseguridad y el miedo a la mirada ajena— no radica tanto en la soledad en sí, sino en el desafío personal de enfrentarse a los propios pensamientos sin distracciones.

Para la mayoría, la mera idea de ocupar una mesa en solitario —no para una comida rápida ni para comer en la oficina, sino para sentarse sin compañía en un restaurante— supone una experiencia que genera ansiedad. Surgen pensamientos autocondicionados como la duda sobre la imagen que se proyecta: “¿Por qué está solo? ¿No tiene amigos? ¿Está pasando por una ruptura?”. Ese primer intento, según recoge el testimonio de la psicóloga, suele ser breve y marcado por una incomodidad física casi tangible, como llevar una prenda demasiado ajustada.

En el fondo, el malestar no está necesariamente vinculado al hecho de estar solo, sino a lo que la soledad obliga a afrontar, detalla el artículo. Sin el habitual bullicio de conversaciones, distracciones o gestos hacia los demás, solo queda la propia compañía. Este ejercicio, aunque temido, refleja la dificultad de convivir con los propios pensamientos y exige una validación personal de la que muchos carecen. En el contexto digital actual, la necesidad de aprobación externa —ya sea en forma de “me gusta” o comentarios— ha sustituido la valoración interna de la experiencia.

Si nos parecemos a observar, vemos que la mayoría de la gente recurre a sus teléfonos móviles en cuanto surge un momento de soledad, más por incomodidad ante el silencio que por auténtico deseo de socialización. Esta respuesta evidencia el elevado volumen de ruido interno que muchos prefieren ignorar.

Qué indica la capacidad de comer solo

El proceso de habituarse a la soledad en público puede verse acelerado tras experiencias personales como la pérdida de audición. La dificultad para seguir conversaciones en lugares bulliciosos lleva a una revalorización de los momentos de desconexión social, donde sentarse solo permite disfrutar de la comida sin esfuerzo ni agotamiento. Paradójicamente, el temor a ser juzgado por estar solo suele ocultar el verdadero valor de esta práctica: ser capaz de estar tranquilo con uno mismo es señal de fortaleza.

La investigación científica apunta a una relación directa entre madurez emocional y adaptación social. Según estudios citados por Global English Editing, quienes desarrollan una mayor inteligencia emocional establecen vínculos más sólidos, pero mantienen una menor dependencia de ellos. La calidad, y no la cantidad, marca la diferencia en estas relaciones, que surgen del deseo y no de la necesidad. Esta transformación personal puede experimentarse incluso en un círculo social reducido, mejorando la autenticidad y profundidad de las amistades. La autora Avery White lo sintetiza así: "La capacidad de estar solo sin sentirse solo es la máxima medida de la madurez emocional“.

En esta línea, la autonomía emocional no solo ayuda a superar etapas vitales complejas, como las crisis de la veintena, sino que se cimenta especialmente en los momentos de recogimiento. La resiliencia no se forja en la hiperactividad social, sino en la capacidad de enfrentarse con honestidad a los propios deseos y emociones.

La soledad voluntaria como expresión de integridad personal

El escritor Adam Kelton señala que “el acto silencioso de comer solo, en vez de acallar la propia conciencia, no es antisocial; es lo que ocurre cuando una persona decide que pertenecer a sí mismo importa más que pertenecer a la mesa”. Esta idea resuena en quienes han vivido años ocultando su ansiedad social tras una fachada profesional, llegando a la conclusión de que no es más valiente soportar reuniones incómodas, sino reconocer que, en ocasiones, una cena con un buen libro resulta una compañía más gratificante que la conversación superficial.

Comer solo en un restaurante se convierte, por tanto, en una prueba sencilla y directa para evaluar el propio nivel de madurez emocional. Reservar una mesa, guardar el teléfono, elegir el plato deseado —en vez del más rápido— y aceptar la posible incomodidad constituye un ejercicio de autoconocimiento. La experiencia de estar en buena compañía con uno mismo dista mucho de ser una rareza: es, en realidad, el privilegio de quienes han aprendido a vivir consigo mismos.

La primera telecirugía realizada a distancia entre el Reino Unido y Gibraltar ha sido calificada como un “hito” en la medicina por los profesionales implicados, según ha avanzado la agencia de noticias británica Press Association. En esta intervención pionera, un cirujano ubicado en Londres ha operado a un paciente con cáncer de próstata a más de 2.400 kilómetros de distancia, en Gibraltar, utilizando tecnología robótica de última generación.

El viernes, el paciente, Paul Buxton, de 62 años y residente en Gibraltar desde hace cuatro décadas, se recupera “fantásticamente” solo cuatro días después de la intervención. Buxton se ha sometido voluntariamente a la primera operación de este tipo al recibir un diagnóstico de cáncer de próstata a finales de diciembre. Si no hubiera accedido a la telecirugía, habría tenido que desplazarse a Londres, entrar en la lista de espera del NHS -el sistema británico de salud- y pasar hasta tres semanas fuera de su domicilio.

Esta circunstancia, junto con el hecho de que el único hospital de Gibraltar, el St. Bernard’s, suele requerir derivar a sus pacientes más complejos a centros sanitarios de Reino Unido, ha facilitado que Buxton aceptase sin dudarlo la propuesta de someterse a esta operación remota.

El procedimiento ha sido dirigido por el profesor Prokar Dasgupta, urólogo de referencia internacional en cirugía robótica y director del Centro de Excelencia en Robótica de The London Clinic. Dasgupta ha explicado a Press Association que la operación se ha desarrollado según lo previsto, con “un retraso de tan solo 0,06 segundos” en la respuesta del instrumental quirúrgico entre Londres y Gibraltar, lo que le permitió trabajar como si estuviera físicamente presente en el quirófano gibraltareño.

El robot, dotado de una cámara 3D HD y cuatro brazos, está controlado íntegramente desde una consola similar a la de un ordenador. Ha destacado que la infraestructura técnica utilizada incluía cables de alta velocidad y una conexión de fibra óptica, respaldada por red 5G, para garantizar la continuidad del procedimiento. Un equipo local de Gibraltar estaba listo para intervenir en caso de cualquier incidencia técnica, según ha detallado la misma fuente.

Qué implica la cirugía robótica

La colaboración entre The London Clinic y la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha permitido llevar a cabo este avance empleando un sistema robótico Toumai, fabricado por Microport, y contando con el apoyo de la empresa tecnológica global Presidio. Según ha señalado Dasgupta a la Press Association, la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones significa que “los pacientes en áreas remotas no siempre tienen acceso a la mejor atención, pero la telecirugía permite ahorrar los grandes gastos e incomodidades asociados a los desplazamientos para tratamientos médicos”. En palabras del propio especialista: “Esto nos permite tratar a pacientes en lugares remotos y comunidades pequeñas, trasladando literalmente al mejor cirujano a cualquier lugar”.

Paul Buxton ha manifestado a la Press Association que ser el primer paciente en beneficiarse de esta técnica ha sido “fácil”, y ha equiparado el salto en calidad asistencial logrado a pasar “del Campeonato a la Liga de Campeones” en el ámbito del fútbol. Además, ha subrayado que, normalmente, para cirugías relevantes, los residentes en Gibraltar debían desplazarse a Londres o Madrid. “Es la primera vez que ocurre aquí; ya no hay que salir de Gibraltar para este tipo de intervención”, ha comentado.

El profesor Dasgupta ha confirmado que la primera intervención oficial con esta tecnología tuvo lugar el 4 de marzo y ese mismo día se practicó una segunda prostatectomía robótica en Gibraltar a otro paciente, de 52 años, cuya identidad no ha trascendido. El próximo 14 de marzo está prevista una nueva intervención que se retransmitirá en directo ante 20.000 cirujanos urológicos de todo el mundo en el congreso de la Asociación Europea de Urología.

El testimonio de los protagonistas

“Este es un momento histórico: la primera telecirugía de The London Clinic se realizó en Gibraltar, a 2.400 kilómetros de distancia. Todo salió de maravilla. Usamos un robot y una conexión muy especializada entre Londres y Gibraltar, que se desarrolló sin ningún problema. Debido al retraso entre ambas partes, mi cerebro cree que estoy en Gibraltar”, ha declarado a AP Dasgupta tras completar la operación.

Por su parte, el director ejecutivo de The London Clinic, Al Russell, ha asegurado que la Clínica de Londres “se enorgullece de formar parte de la historia de la medicina y goza de una sólida reputación por ser pionera en el campo de la medicina”. “Esperamos que más pacientes puedan beneficiarse de este increíble logro médico”, ha agregado.

Sin sorpresas. El proceso de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ha vuelto a encallar tras no lograr los apoyos necesarios en la votación celebrada este viernes. Este fracaso constituye un hecho inédito en el Parlamento autonómico, donde nunca hasta ahora se había rechazado la elección de un presidente por falta de respaldo en una sesión de investidura.

Guardiola ha enfrentado la votación sin la mayoría absoluta que precisaba y después de tres reuniones presenciales mantenidas entre el Partido Popular y Vox desde el 21 de diciembre. La última negativa de Vox, lejos de causar sorpresa, ha sido recibida con gestos de ánimo y gritos de “presidenta, presidenta” de los 29 diputados populares presentes en el hemiciclo. En este contexto, el calendario electoral fija como fecha límite el próximo 4 de mayo para resolver la situación.

El desencuentro entre las dos formaciones, sin embargo, no es absoluto. Desde el PP aseguran que las negociaciones se encuentran “encarriladas” y que dependerán de nuevos contactos telefónicos en las próximas semanas. A pesar de la falta de acuerdo, el plazo legal concede a los populares margen para intentar recabar los apoyos necesarios y evitar una nueva convocatoria electoral.

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha atribuido la responsabilidad del bloqueo no a Guardiola, sino a la dirección nacional del Partido Popular y concretamente a Alberto Núñez Feijóo. “El principal problema para creerla son sus compañeros de Génova y de Bruselas. No los de aquí... de momento”, ha asegurado Calle. También ha aludido a los contactos de Feijóo con otras formaciones, en referencia a la relación del dirigente popular con el PNV y su reciente presencia en un acto en el País Vasco junto al presidente nacionalista Aitor Esteban.

El portavoz de Vox ha abundado en la crítica señalando que Guardiola “se sienta con gusto con el PNV y adula a los que quieren romper España”. Además, ha reiterado la disposición de Vox a negociar medidas concretas y ha subrayado que, según su interpretación, los electores extremeños “han dicho que quieren el doble de Vox”. No obstante, ha insistido en que la voluntad de acuerdo permanece vigente y ha recordado públicamente que desde hace dos meses y medio están abiertos a negociar “medida a medida”.

En la Cámara legislativa extremeña, este rechazo a la investidura no encuentra precedente. Los antecedentes más cercanos se remontan a 2011, cuando una abstención de Izquierda Unida permitió la investidura del PP, y a 1995, con una abstención similar para facilitar el acceso al gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El llamamiento de Guardiola a la lealtad

Durante su intervención final en la sesión, Guardiola ha apelado a la responsabilidad compartida para anteponer la estabilidad de Extremadura. “Deberíamos dejar a un lado los reproches y la culpa. Así se lo voy a pedir a mi partido. El objetivo debe ser la estabilidad. Cada día que pasa es un día que no vuelve. Los votos no nos pertenecen a ninguno. Podría lamentarme en no ser investida presidenta, pero tengo la conciencia tranquila. Solo pido lealtad. Extremadura nos está esperando, señor Fernández, no la fallemos”, ha afirmado.

La candidata popular ha enfatizado que, aunque no ha conseguido la investidura en esta ocasión, asume con tranquilidad el resultado y mantiene su confianza en que las próximas semanas permitan reconducir la situación. La presión del calendario añade urgencia: si no se logra la investidura antes del 4 de mayo, la convocatoria de nuevas elecciones se convertirá en la única salida. La negociación continúa.

A pesar de los avances recientes, España continúa muy rezagada respecto a la Unión Europea y otras grandes economías en materia de productividad laboral. El informe anual del Consejo de la Productividad de España (CPE) ofrece una radiografía nítida: el crecimiento de la productividad por hora trabajada ha sido históricamente muy inferior al de sus principales socios europeos y de países como Estados Unidos. A lo largo de las últimas décadas, esta brecha se ha traducido en una menor capacidad para aumentar la renta per cápita y reducir desigualdades, situando a la economía española en una posición de clara desventaja comparativa.

Según los datos del CPE, entre 1996 y 2019, la productividad por hora trabajada en España creció a un ritmo medio anual del 0,6%, apenas la mitad del promedio alcanzado por la Unión Europea (1,1%) y muy lejos de países como Alemania (1%) o Francia (0,8%). Estados Unidos, por su parte, lideró este indicador con un crecimiento del 1,6% anual. Esta diferencia, que puede parecer modesta a corto plazo, se convierte en una brecha abismal cuando se acumula durante largos periodos. Así, mientras que otros países han conseguido sostener el aumento de la productividad en niveles que permiten duplicar la riqueza en una generación, en España ese proceso se ralentiza de forma considerable.

El informe subraya que el débil desempeño de la productividad española no se explica solo por la cantidad de capital o el nivel educativo, sino que responde, en buena medida, a la evolución negativa de la productividad total de los factores (PTF). ¿Esto qué quiere decir? Pues si este indicador es negativo, muestra que una economía es menos eficiente al combinar capital y trabajo, produciendo menos con los mismos o más recursos. Y esto significa que el crecimiento no proviene de mejoras tecnológicas o de gestión, sino de aumentar recursos, lo que frena el desarrollo económico sostenible.

En el periodo analizado, la contribución de la PTF al crecimiento de la productividad nacional fue negativa (-0,5 puntos porcentuales por año), un resultado que contrasta con el comportamiento positivo registrado en Alemania, Francia y Estados Unidos. Sin estas pérdidas de eficiencia, España habría podido acercarse al ritmo de mejora de sus vecinos y reducir la brecha de bienestar.

La remuneración por hora trabajada crece un 3%

Este rezago no solo ha impedido a la economía española alcanzar el nivel de renta de otras potencias, sino que también ha limitado la capacidad de repartir los frutos del crecimiento entre la población. En la práctica, el informe demuestra que la remuneración real por hora trabajada ha evolucionado todavía más lentamente que la propia productividad. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora creció un 9,5% acumulado, mientras que la remuneración real por hora lo hizo apenas un 3%. Dicho de otra forma, por cada tres puntos de avance en productividad, solo se trasladó uno a los salarios reales.

Este fenómeno, calificado en la literatura económica como “desacople” entre productividad y salarios, no es exclusivo de España. Desde los años 80, la mayor parte de las economías desarrolladas han registrado una tendencia decreciente de la cuota laboral: es decir, la parte de la renta nacional destinada a salarios se ha reducido, mientras que la correspondiente a beneficios empresariales ha aumentado. En el caso español, la cuota laboral cayó casi 8 puntos porcentuales en medio siglo, pasando del 70,4% del PIB en 1974 al 62,5% en 2024. “Tan importante es que la productividad crezca como lo es que las ganancias de productividad lleguen a toda la población”, asegura el informe en sus conclusiones.

El informe precisa que, en los años de expansión económica y en la crisis financiera posterior, la remuneración real por hora se mantuvo estancada o creció menos que la productividad, lo que redujo el peso de los salarios en el conjunto de la renta nacional. Solo en los últimos años, con la recuperación tras la pandemia y el impulso de políticas como la subida del salario mínimo, esta tendencia ha comenzado a corregirse. Desde 2018, el crecimiento acumulado de la remuneración real por hora trabajada (7,7%) ha superado al de la productividad por hora (3,6%). Sin embargo, este repunte todavía no ha sido suficiente para recuperar el terreno perdido: en 2024, la cuota laboral seguía 1,4 puntos por debajo de la de 1999 y la capacidad adquisitiva derivada del salario medio por hora apenas ha mejorado respecto a veinte años atrás.

El informe del CPE también destaca que el repunte reciente de la productividad —con tasas anuales del 1% entre 2022 y 2025, el doble que en el periodo 2014-2019— coincide con una fuerte creación de empleo. Sin embargo, advierte que es pronto para saber si este cambio es estructural o solo una reacción al ciclo económico y a factores coyunturales como la recuperación pospandemia.

¿Y por qué España está estancada?

Entre las causas del estancamiento productivo español, el texto señala la baja inversión en capital tecnológico e intangibles y una estructura productiva centrada en sectores con menor contenido tecnológico. Además, la brecha de productividad se amplía por la lenta adopción de tecnologías basadas en la inteligencia artificial y por la limitada capacidad de las empresas para crecer y consolidarse, especialmente las de menor tamaño.

El informe concluye que el crecimiento de la productividad es el factor central para aumentar la renta per cápita y reducir desigualdades. Sin avances sostenidos en este ámbito, el país seguirá enfrentando dificultades para sostener el Estado del Bienestar, mejorar salarios y garantizar el crecimiento inclusivo. Por eso, el CPE reclama una estrategia nacional que combine inversión productiva, modernización empresarial y políticas redistributivas capaces de trasladar los beneficios de la productividad a toda la población.

¿Están los autónomos hechos de otra pasta? Claramente, no. Aunque si les preguntamos a ellos, dirán que sí. Si nos basamos en los datos de bajas médicas, su aguante parece mayor, pero es la consecuencia de que si no trabajas, no facturas. La conclusión a la que llega un estudio español publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine —la revista especializada en medicina laboral del grupo British Medical Journal— es que ser autónomo reduce el riesgo y la duración de las bajas laborales por dolor lumbar.

La investigación, coordinada por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda*, se realizó durante 18 meses a más de 7.200 trabajadores de toda España y de la mayoría de los sectores, y concluye que los factores socioeconómicos y el tipo de contrato influyen mucho más que los factores clínicos en la probabilidad de solicitar una baja y en su duración en casos de dolor lumbar.

El estudio ha demostrado que la condición de trabajador autónomo es el único factor que, de manera estadísticamente significativa, asocia a un menor riesgo de solicitar una baja y a que esta dure menos días, en comparación con los empleados por cuenta ajena. Aunque el 57% de los participantes reportó dolor lumbar y el 60% utilizaba medicación, apenas el 7,4% pidió la baja por esta dolencia durante el periodo analizado, lo que pone en primer plano la importancia del tipo de contrato frente a los factores clínicos o personales.

Ser autónomo, único factor de riesgo

Los investigadores analizaron 77 variables relacionadas en estudios previos con la intensidad del dolor, la discapacidad y la evolución de ambos parámetros. Entre ellas figuran la edad, el sexo, el nivel educativo, los antecedentes médicos, la calidad del sueño, factores psicológicos y expectativas laborales, así como condiciones como la inestabilidad económica o la temporalidad del empleo. Sin embargo, solo la condición laboral de ser autónomo se mantiene como predictor robusto frente al riesgo de solicitar una baja y la posibilidad de acumular 30 o más días de ausencia laboral. De hecho, la probabilidad de que un autónomo pida una baja por dolor lumbar es un 33% menor en comparación con un trabajador asalariado.

Otros factores muestran una asociación, aunque menos marcada. Según los datos del estudio, por cada año adicional de edad, el riesgo de baja por lumbalgia aumenta un 3 %; quienes han tenido episodios anteriores de dolor prolongado (más de 14 días) tienen un 43 % más de probabilidad de solicitar otra baja. Anticipar que se precisará una baja en los siguientes doce meses incrementa ese riesgo en un 44%, y percibir que una baja supondría un gran perjuicio económico lo aumenta en un 48%. Por el contrario, sentir inseguridad laboral reduce en un 30% la probabilidad de solicitar una ausencia. No obstante, al considerar de forma conjunta todos estos parámetros, únicamente la diferencia entre autónomos y asalariados se mantiene como determinante fiable del riesgo y la duración de la baja.

Explicaciones y declaraciones de los investigadores

Los autores del estudio defienden la idea de que el sistema español de Seguridad Social otorga menos prestaciones a los autónomos durante la incapacidad temporal, lo que supone mayor inestabilidad de ingresos para este grupo, y esta podría ser la explicación de la diferencia de comportamiento. Ana Royuela, de la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro–Segovia de Arana y coautora del estudio, ha señalado en declaraciones a la revista que “es llamativo que la inmensa mayoría de los parámetros clínicos que han demostrado influir en la evolución del dolor o el grado de discapacidad resulten irrelevantes para predecir la baja laboral o su duración”. “Los datos sugieren que, a igualdad de dolor, un autónomo sigue trabajando cuando un trabajador por cuenta ajena solicita la baja”, asegura.

“A igualdad de dolor, un autónomo sigue trabajando cuando un trabajador por cuenta ajena solicita la baja”

Francisco Kovacs, de la Unidad de Espalda Kovacs y director de la REIDE, ha resumido también para Occupational and Environmental Medicine que “las estrategias de prevención del dolor lumbar y las bajas laborales por esa causa deberían dirigirse a toda la población activa”. Y es que, en su opinión, “resulta imposible predecir quiénes tienen mayor riesgo de padecerlas”.

Metodología, datos y colaboración institucional

El estudio multicéntrico ha reclutado a 7.262 trabajadores activos, de ambos sexos (46% hombres), residentes en cuarenta y ocho provincias españolas y en sectores muy diversos, salvo el de Agua y Gestión de Residuos. Todos ellos fueron seleccionados durante los reconocimientos médicos anuales en sus empresas. La edad media de los participantes fue de 42 años. A cada uno se le aplicaron cuestionarios validados y se analizaron variables socioeconómicas, clínicas, psicológicas, laborales y personales, llegando a incluir un total de setenta y siete factores en el análisis.

El análisis abarcó un seguimiento completo durante dieciocho meses, desde 2008 hasta la finalización en 2025. A lo largo del periodo, solo 535 trabajadores (7,4%) solicitaron la baja por dolor lumbar y 162 de ellos (un 30 % del total de bajas) acumularon treinta o más días de ausencia. El estudio ha evidenciado que, aunque factores como la edad, los antecedentes de dolor prolongado, la percepción del impacto económico o la inseguridad laboral aparecen asociados estadísticamente al riesgo de baja, ninguno permite anticipar de manera fiable el riesgo concreto para una persona determinada. Por este motivo, los investigadores recomiendan orientar la prevención al conjunto de la población activa, y no a perfiles concretos.

En el desarrollo del proyecto participaron la REIDE, el Instituto de Biomedicina de León (IBIOMED), la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro–Segovia de Arana, el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y la Unidad de Espalda Kovacs en el Hospital HLA Moncloa. El trabajo contó también con el apoyo de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y empresas de distintos sectores. Además, expertos de las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona asesoraron en la interpretación de los resultados.

Aunque variables como el paso de los años, los antecedentes de dolor y la percepción económica tienen una relación estadística con el riesgo de baja laboral por lumbalgia, solamente la condición de autónomo se mantiene como predictor sólido tras integrar todos los factores. De ahí que los autores del estudio insistan en que las medidas preventivas y de control de la baja laboral por dolor lumbar deben dirigirse a toda la población trabajadora, sin focalizarlas en grupos selectos.

Un trabajador ha conseguido que la justicia obligue a su empresa a abonarle 53.543 euros tras haber sido despedido por supuestamente gestionar un estanco a la vez que desempeñaba sus funciones de responsable de taller. Según la información publicada por Cadremploi, un medio francés, la decisión judicial se ha apoyado principalmente en la incapacidad del empleador para demostrar las irregularidades imputadas al trabajador.

El origen del conflicto se remonta a mayo de 2018, cuando el empleado, que había ascendido de técnico montador a responsable de taller, planteó a la dirección una consulta relativa al funcionamiento de los descansos compensatorios. El responsable de la empresa, al no dominar el aspecto técnico, remitió la cuestión a sus abogados, quienes solicitaron documentación para verificar el tiempo de trabajo efectivo, como fichas semanales, partes de horas y registros. Al recopilar estos documentos, el dirigente alegó que varias fichas no aparecían, algunos turnos estaban incompletos y había horarios imposibles de comprobar, lo que motivó la apertura de una investigación interna.

El 4 de junio de 2018, el trabajador fue convocado a una entrevista previa y suspendido cautelarmente. Se le acusó de manipular partes de horas y de mantener una actividad paralela al empleo principal. Durante la reunión, admitió carecer de algunos registros semanales, pero negó cualquier comportamiento inapropiado. No obstante, el 16 de julio, la empresa procedió a su despido por falta grave.

En el escrito de despido, la compañía le imputó fraude en el registro horario, uso del ordenador profesional para fines personales y, sobre todo, haber organizado su labor para explotar un estanco de forma simultánea a la ocupación principal. Documentos encontrados en el equipo informático y publicaciones en redes sociales alimentaron las sospechas del empleador. El empresario aseguró incluso haber encontrado una página pública en la que el trabajador figuraba como responsable del establecimiento, con su número de teléfono destacado. A su juicio, el empleado habría desorganizado voluntariamente el taller para ocultar sus actos.

El proceso judicial y la evaluación de la prueba

El antiguo responsable de taller rechazó de inmediato los cargos y, el 27 de agosto de 2018, presentó demanda y solicitó el pago de su salario durante la suspensión, indemnización por despido y daños y perjuicios. Alegó que las acusaciones no se respaldaban con pruebas concretas y que su contrato nunca incluyó una cláusula de exclusividad que le prohibiera otra actividad profesional. Como recordó la abogada especializada en derecho social, Alix Hirlemann, al medio Cadremploi, “En ausencia de una cláusula de exclusividad, el empleador debe demostrar de manera concreta que el trabajador ha incumplido sus obligaciones o causado perjuicio a la empresa”. Según el empleado, la empresa podría haber actuado en represalia por su consulta sobre los descansos compensatorios y su mayor interés en la representación laboral.

La resolución inicial llegó en marzo de 2022, con el fallo favorable al trabajador por parte de los prud’hommes, quienes señalaron que el despido carecía de causa real y justificada. La empresa fue condenada a abonar 3.889 euros por la suspensión, 6.380 euros en concepto de preaviso y vacaciones devengadas, 11.248 euros de indemnización por despido, 16.000 euros por daños y perjuicios y 2.387 euros por la pérdida de descansos compensatorios. Además, debió pagar 1.250 euros en costas judiciales, sumando 41.544 euros. La empresa recurrió argumentando abuso de confianza y la realización simultánea de otra actividad durante la jornada laboral.

Confirmación en apelación y el criterio del tribunal

Sin embargo, la corte de apelación afirmó que el despido se llevó a cabo sin una razón real y seria, y aumentó algunas de las indemnizaciones, incluyendo los daños y perjuicios, que fijó en 28.000 euros. Añadidos 2.500 euros de gastos judiciales por el recurso, la cuantía alcanzó los 53.543 euros. Los magistrados enfatizaron que la obligación de acreditar los hechos recae en el empleador. La letrada Alix Hirlemann explicó a Cadremploi: “Cuando un empleador acusa a un trabajador, debe ser capaz de demostrar los hechos. De lo contrario, el despido no puede considerarse justificado”. En este caso, aunque las sospechas eran numerosas, la empresa no logró fundamentarlas de modo suficiente.

Los jueces advirtieron que la mera existencia de una actividad paralela no constituye motivo de despido si no existe prohibición contractual expresa. De hecho, la compañía basó parte de sus acusaciones en una fotografía publicada en Facebook, sin concretar cuándo tuvo conocimiento de dicha imagen. Sin esa precisión, señalaba la abogada a Cadremploi, no es posible iniciar el procedimiento disciplinario fuera del plazo de dos meses desde la constatación de los hechos.

El caso, finalmente, terminó con la confirmación de que el despido careció de justificación, manteniendo e incluso incrementando las compensaciones económicas a favor del trabajador. Según ha subrayado la abogada Alix Hirlemann a Cadremploi, “la justicia no ha sostenido que el trabajador actuó sin falta alguna, sino simplemente que el empleador no presentó las pruebas necesarias para justificar el despido”.

Tramitar los papeles de extranjería será más fácil. El Gobierno ha aprobado la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una medida destinada a que sindicatos y organizaciones sociales gestionen trámites administrativos en nombre de personas migrantes a través de procedimientos telemáticos. Esta iniciativa, formalizada mediante una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo principal facilitar el acceso a estos trámites y papeleo para colectivos tradicionalmente implicados en el acompañamiento e integración de personas extranjeras.

El nuevo registro entrará en vigor el 6 de marzo, al día siguiente de su publicación oficial, y ofrece un mecanismo de representación adicional a las vías ya previstas en la legislación vigente. La inscripción será gratuita y tendrá una validez de cuatro años, renovable si las entidades mantienen los requisitos legales. Esta herramienta refuerza la eficacia, la transparencia y la seguridad jurídica en la tramitación de expedientes de extranjería, de acuerdo con lo publicado en el BOE.

El registro estará adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones y gestionado por la Dirección General de Gestión Migratoria. Su ámbito de aplicación comprende todo el territorio español para procedimientos de extranjería tramitados por la Administración General del Estado, y sus destinatarios principales son organizaciones sindicales y entidades sociales que actúan en el sector migratorio o de protección internacional.

Quiénes pueden ser colaboradores y requisitos de inscripción

Podrán inscribirse en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o autonómico, reconocidas conforme a la Ley Orgánica 11/1985, y las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España con una antigüedad mínima de tres años desde su creación, cuyos estatutos o programas estén vinculados al ámbito migratorio o de la protección internacional, tal como estipula la orden publicada en el BOE.

Las entidades deben estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no haber sido condenadas ni sancionadas, tanto ellas como sus representantes legales, por delitos relacionados con su actividad ni por infracciones en materia de extranjería, derecho laboral o protección de datos personales en los tres años previos a la solicitud.

Además, se exige acreditar una experiencia mínima de dos años en tareas de acompañamiento, asesoramiento, integración o tramitación administrativa orientadas a personas migrantes o solicitantes de protección internacional. Para ello, deberán presentar memorias de actividad, certificaciones de proyectos, convenios, informes de entidades financiadoras o documentos equivalentes que reflejen el trabajo realizado y permitan identificar a los responsables y los recursos empleados.

En el trámite de inscripción será obligatorio entregar un censo actualizado de las personas que estarán habilitadas para representar a migrantes ante la Administración; dicho censo debe incluir los datos identificativos de cada delegado y la justificación de que cumplen los requisitos legales. Por otro lado, estarán excluidos de este registro los sujetos que ya dispongan de convenios para la gestión electrónica de trámites de extranjería con la Administración General del Estado, según se señala en la normativa.

Obligaciones, garantías y funcionamiento del sistema

Las entidades colaboradoras deberán mantener actualizado el censo de representantes e informar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, sobre cualquier alta o baja. El listado debe recoger nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y los documentos identificativos de cada representante autorizado.

Todas las tramitaciones gestionadas bajo este registro deberán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, siguiendo las condiciones establecidas por la Dirección General de Gestión Migratoria. La normativa prohíbe expresamente que los colaboradores cobren honorarios o compensaciones económicas por los servicios realizados a las personas migrantes en este marco, garantizando así la gratuidad del servicio: “La representación a través de este sistema tendrá carácter gratuito, por lo que las entidades no podrán cobrar a los migrantes por realizar estos trámites dentro de este marco”, dice la nota ministerial.

También se exige que las entidades dispongan de un seguro de responsabilidad civil que cubra la labor de sus representantes acreditados. Todas las personas autorizadas deberán contar con firma electrónica reconocida, conforme a los estándares requeridos por la Administración, y garantizar la confidencialidad y adecuada protección de los datos personales tratados conforme a la legislación vigente.

Para mantener la inscripción en el registro, las entidades deben demostrar de forma regular que cumplen con los requisitos necesarios. Esto se hace a través de informes o auditorías externas que muestren el número de casos gestionados, los procedimientos realizados y los recursos utilizados. La inscripción tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable en caso de cumplir con los criterios legales y documentar adecuadamente la actividad desarrollada.

Protección de derechos y límites de aplicación

La inscripción en el registro como colaborador de extranjería no limita otras formas de representación jurídica reconocidas en la ley; las personas extranjeras pueden ejercer sus derechos ante la Administración por cualquiera de las vías previstas en la normativa. No pueden acceder al registro las entidades o colectivos cubiertos por convenios específicos que ya les permitan tramitar procedimientos electrónicos de extranjería con la Administración.

El procedimiento prevé mecanismos concretos de baja y control. La Dirección General de Gestión Migratoria podrá acordar de oficio la baja en el registro si se pierde el cumplimiento de los requisitos, tras procedimiento de audiencia previa, o a petición de la propia entidad. Asimismo, la baja operará por vencimiento del plazo de inscripción o de su prórroga correspondiente. Frente a la denegación o retirada de la inscripción, las entidades disponen de derecho de recurso en alzada ante el órgano superior jerárquico.

La protección de datos personales se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 y la legislación española vigente, siendo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el responsable del tratamiento. El registro podrá consultarse de forma automatizada por aplicaciones y sedes electrónicas autorizadas de la Administración exclusivamente para validar la identidad de los representantes habilitados. La ejecución y supervisión del sistema corresponden a la Dirección General de Gestión Migratoria, aplicándose de forma supletoria la Ley 39/2015 en todos aquellos aspectos no regulados expresamente por la orden.

Ser joven hoy en día no es fácil. No lo es emanciparse, pagarse el alquiler, ahorrar para la entrada de una casa y todas esas cosas que la sociedad espera de ellos y que sus padres hicieron antes de los 30. La realidad es muy distinta. Al menos, el acceso al mercado laboral entre los jóvenes nacidos en España entre 1992 y 2001 —los que ahora tienen entre 25 y 35 años— ha experimentado una considerable mejora en los últimos años. Las tasas de empleo han subido, pero tener un salario no se ha traducido en un aumento paralelo de la emancipación.

Según datos publicados por Funcas en un blog firmado por Juan Carlos Rodríguez, a pesar de que la ocupación en este segmento de la población ha alcanzado el 80% en el último trimestre de 2025—nivel máximo desde 1987 junto con el registrado en 2007—, la proporción de jóvenes que residen fuera del hogar familiar ha descendido hasta cifras históricamente bajas. De hecho, quitando la etapa de pandemia de coronavirus, cuando los precios de la vivienda bajaron, el dato de jóvenes que se independizan es el peor en 130 años.

A finales de 2025, el índice de jóvenes ocupados en el tramo de 25 a 34 años se ha situado en el punto álgido de las últimas décadas, según se observa en la serie histórica iniciada en 1987. Este logro se debe fundamentalmente al fuerte avance en la incorporación de las mujeres al empleo, puesto que la ocupación masculina todavía se mantiene 6 puntos porcentuales por debajo del récord de 2007.

Destaca el hecho de que la brecha de género prácticamente ha desaparecido, partiendo de una diferencia de 39 puntos porcentuales en 1987. Sin embargo, estos avances no han conseguido impulsarse sobre la tasa de emancipación, que históricamente solía experimentar un crecimiento, aunque fuera con cierto desfase, tras periodos de mejora sostenida en la inserción laboral juvenil, según destaca el texto.

Actualmente, solo el 46% de los varones españoles de entre 25 y 34 años vive de forma independiente, cifra que alcanza el 55% en el caso de las mujeres del mismo grupo. Estos porcentajes apenas superan los mínimos de toda la serie, que tocaron su fondo en 2021 como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia.

El impacto de las crisis y la evolución de las rentas

Las dificultades para acceder a la independencia residencial no son consecuencia exclusiva del actual contexto, sino el resultado acumulado de sucesivos impactos económicos que han incidido de forma especialmente negativa sobre el empleo y la renta de los jóvenes, explica Funcas. La probabilidad de lograr la emancipación a edades comprendidas entre 25 y 34 años ha experimentado un descenso pronunciado desde hace unos 45 años, en buena parte por el efecto de crisis periódicas: desde los shocks de los 70 y a principios de los 80, pasando por la recesión de 1993-1995, la gran crisis de 2008 a 2013 y el parón provocado por las restricciones ante la pandemia.

Incluso los ciclos expansivos, si han sido breves, no han logrado revertir esta tendencia. Así, el auge económico de 1985 a 1992 apenas tuvo repercusión. Únicamente la larga etapa de crecimiento entre 1996 y 2007, con marcado alza de la ocupación y mejora de los salarios en la juventud, permitió una cierta recuperación de la emancipación, aunque con un importante retraso de hasta ocho años, indica Rodríguez en su publicación. A continuación, la crisis posterior borró en poco tiempo los logros conseguidos.

Una larga tendencia a la emancipación tardía

Pese a la recuperación económica general vivida tras 2012 y el sostenido ascenso de la tasa de ocupación durante trece años, Rodríguez explica que la evolución de la emancipación ha seguido un rumbo descendente, interrumpido únicamente por el episodio más agudo de la pandemia. Este fenómeno se explica además por la evolución de los ingresos medios: en 2024, la renta neta individual de la población autóctona de 25 a 34 años era tan solo un 7% más elevada que el mínimo alcanzado en 2014, pero permanecía un 33% por debajo respecto a 2007. Además, el mercado residencial ha concentrado presiones adicionales: el precio de la vivienda se ha incrementado un 65% entre 2014 y 2024, al tiempo que la renta media apenas ha crecido un 31% en el mismo periodo si se consideran cifras nominales.

Este comportamiento arraigado de emancipación tardía, que según publica Funcas constituye la base de la respuesta habitual a las crisis, ha permitido absorber los golpes económicos sufridos por los jóvenes durante el último medio siglo, afectando tanto al empleo como a los ingresos. Rodríguez concluye la publicación en el blog haciendo referencia a la siguiente expresión :“Ya escampará; mientras, quedémonos a resguardo en casa de los padres”. Así, resume la lógica cultural imperante, que no favorece la toma de riesgos y que supone un obstáculo para cualquier estrategia de recuperación de la natalidad, difícilmente alcanzable si el proceso de emancipación continúa retrasándose progresivamente.

Mientras en Europa cierran filas con Pedro Sánchez y su postura del “no a la guerra”, desde el otro lado del Atlántico, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al que Donald Trump pidió que cortara todo tipo de relación con España este martes, se ha pronunciado sobre el posible embargo comercial a España por su postura sobre Oriente Próximo en una breve entrevista en la CNBC.

“Cualquier cosa que frene nuestra capacidad de entrar en guerra pone en peligro vidas estadounidenses, los españoles están poniendo en peligro vidas estadounidenses”, ha afirmado el Secretario del Tesoro de EEUU. Así, hace referencia a la negativa de España a permitir que Estados Unidos use sus bases de Rota y Morón para atacar a Irán. “Es un aliado terrible”, sentenció este martes Donald Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump elevó aún más el tono asegurando que “España no tiene nada que nosotros queramos”. “Un pueblo fantástico, pero que tiene unos dirigentes terribles”, añadió el mandatario estadounidense. Acto seguido, anunció represalias: “Vamos a cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver con ellos”. Y España no tardó en responder y recordó a la administración norteamericana que, en caso de que decidiera revisar los acuerdos entre ambos países, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”.

Este miércoles a primera hora el presidente español ha realizado una declaración institucional desde La Moncloa, sin periodistas ni preguntas, en la que, aunque no ha citado en ningún momento a Donald Trump, sí ha respondido a sus amenazas. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo”, ha afirmado.

Sánchez ha lamentado que la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque de EEUU e Israel y continuó con la respuesta de Teherán sobre los activos de estos en la región, se adentra en terreno desconocido. “Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes iniciaron el primer ataque”, ha afirmado.

La política comercial europea “se negocia en bloque”

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha señalado este miércoles en una entrevista en Cadena Ser que el comercio exterior de la Unión Europea “se negocia en bloque”, por lo que no pueden imponerse represalias exclusivamente contra España, como propone Trump.

Desde su rol en Bruselas, Ribera ha manifestado que la UE debe responder con mayor contundencia en el conflicto de Oriente Medio, insistiendo en que el respeto al derecho internacional resulta indispensable sin importar afinidades políticas con determinados gobiernos. “Todos sabemos que la situación en Irán era terrible, pero el respeto al derecho internacional es la premisa fundamental, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país”, ha añadido.

En relación a la política estadounidense, Ribera ha afirmado que “a Estados Unidos no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea” y ha recomendado mantenerse firmes ante el discurso del mandatario. Ha calificado como “profundamente perturbadora para la sociedad y la economía”.

Pedro Sánchez ha abierto una crisis con Donald Trump por no permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota para sus operaciones contra Irán. El líder estadounidense se mostró muy duro este martes, refiriéndose a él como un “aliado terrible” e incluso afirmando que había dado la orden de cortar todo tipo de relaciones con España. Enseguida salió Emmanuel Macron a posicionarse y a reivindicar el cese inmediato de los ataques. Lo hizo a través de una declaración institucional y, en la mañana de este miércoles, le ha llamado por teléfono.

Según fuentes del Elíseo, recogidas por las agencias, el presidente francés ha mantenido una conversación en la que “le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo” la víspera.

En cuestión de horas, este martes Pedro Sánchez pasó de estar solo en Europa con su postura contra los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (o eso parecía) a que, tras la intervención de Trump en el Despacho Oval, Emmanuel Macron asegurara que “Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos e Israel”. Mismo pensamiento que defiende Sánchez desde que el fin de semana estalló el conflicto: se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar”, ha repetido Sánchez.

También la Comisión Europea ha salido en defensa del presidente español. Esta mañana el portavoz comunitario, Olof Gill, ha sentenciado que desde Bruselas se solidarizan “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos”. “A través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha agregado. Gill también ha asegurado que “la Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea” y ha subrayado que “salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca”.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha destacado la importancia de la unidad europea al afirmar que este bloque comercial protege a España frente a las recientes amenazas de Estados Unidos, que hasta el momento no se han traducido en medidas específicas. En una entrevista en La Sexta, ha asegurado que el respaldo conjunto de la Unión Europea funciona como escudo ante posibles represalias derivadas de la postura española en relación a la ofensiva contra Irán. “Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege”, ha indicado, reiterando que, por ahora, no hay ninguna medida sobre la mesa y que las relaciones se mantienen bajo el acuerdo bilateral existente.

Albares, sorprendido con Merz

El apoyo que no llegó, o no en directo, fue el del canciller alemán, Friederich Merz, quien no defendió a España ante los reproches de Trump sino que, en cambio,respaldó las críticas estadounidenses, señalando que España es el único país que no ha cumplido con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Albares recordó la solidaridad mostrada por España en situaciones recientes - como el apoyo a Dinamarca en el caso de Groenlandia o el envío de armas a Ucrania - y argumentó: “Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España”. Ante esta actitud, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado su “sorpresa”.

Por su parte, Alberto Nuñez Feijóo, líder de la oposición, ha cargado contra Sánchez por “ir contra la seguridad de España” y de aislar al país en el contexto internacional. “La política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno”, ha declarado Feijóo en el Fórum Europa en Bilbao.

Que si un café por aquí, una botella de agua que tengo sed, un décimo de lotería por si acaso o me apetece ver esta serie que solo está en Amazon Prime. Son pequeños detalles/gastos que, aunque no harán que ahorres lo suficiente como para la entrada de una casa, pueden hacer que mejores tus finanzas personales. Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos.

El informe de Raisin, apoyado en cifras del Ministerio de Agricultura, Eurostat, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) y la Encuesta Europea de Salud en España (2023), identifica los principales focos en los que se nos va el dinero. Entre ellos destacan los alimentos desperdiciados, el pago habitual de agua embotellada y consumos invisibles en electricidad. Además, se incluyen pagos bancarios y de seguros no revisados, suscripciones y compras recurrentes poco aprovechadas, junto con hábitos de ocio diarios que rara vez se cuantifican.

Marta Pinedo, directora de Raisin España, indica que el ahorro significativo no requiere grandes esfuerzos. “Muchas veces creemos que para ahorrar hay que hacer grandes sacrificios, pero nuestro análisis demuestra que una parte importante del gasto se concentra en hábitos cotidianos y decisiones que hemos normalizado y cuyo impacto anual rara vez cuantificamos”, afirma. “Con pequeños cambios en los hábitos cotidianos y una mejor gestión financiera, muchos hogares pueden ahorrar miles de euros al año sin renunciar a su bienestar”, agrega.

“Una parte importante del gasto se concentra en hábitos cotidianos y decisiones que hemos normalizado

Marta Pinedo, directora de Raisin España

De acuerdo con los datos, la suma de estos pequeños gastos supone miles de millones de euros de impacto nacional cada año. Y España, en determinados apartados, figura entre los países europeos que destinan más presupuesto a partidas prescindibles.

¿En qué nos gastamos el dinero a lo tonto?

Según el Ministerio de Agricultura y Eurostat, cada persona en España tira comida por 250 euros anuales, lo que supone 625 euros por hogar y más de 12.200 millones de euros anuales a nivel nacional. En 2024, los hogares españoles han desperdiciado 1.125 millones de kilos de alimentos. En Europa, el promedio es de 130 kilos por persona, sumando 58,2 millones de toneladas anuales. Para evitar esta situación, en el estudio se sugiere llevar a cabo una planificación de los menús semanales, el uso de listas de la compra y el aprovechamiento de sobras.

Aunque el 99,5% del agua del grifo en España es apta para el consumo, los hogares destinan una media de 310 euros al año a agua embotellada

El gasto en agua embotellada resulta también notable. Aunque el 99,5% del agua del grifo en España es apta para el consumo, los hogares destinan una media de 310 euros al año a agua embotellada, lo que eleva el gasto nacional a más de 6.000 millones de euros, recoge Eurostat. Esta preferencia implica además un coste ambiental relevante. Alternativas como optar por el agua del grifo o el uso de jarras con filtro pueden reducir el gasto y el impacto ambiental.

El denominado consumo fantasma eléctrico —aparatos en stand by— representa entre el 7% y el 11% del consumo anual según el IDAE, con un coste medio de 67 euros por vivienda (más de 1.300 millones de euros a nivel nacional). El informe señala que desconectar dispositivos y priorizar regletas con interruptor son recomendaciones efectivas para evitar estos pagos invisibles.

Gestión financiera y seguros: fuentes de ahorro

Una administración pasiva del saldo bancario puede restar poder adquisitivo. Mantener ahorros en cuentas sin interés implica dejar de percibir en torno a 245 euros anuales por persona y 600 euros por hogar, calcula Raisin; a nivel estatal, la pérdida de rentabilidad supera los 12.000 millones de euros. Para afrontar la inflación, se sugiere traspasar el dinero a cuentas o depósitos remunerados.

Las comisiones bancarias suponen un gasto recurrente y discreto. Según la Asufin, los titulares de cuentas no bonificadas pagan una media de 160 euros anuales, mientras que la media ponderada por hogar es de 115 euros y el coste nacional alcanza los 2.245 millones de euros. Revisar las condiciones contractuales y buscar bancos que no cobren comisiones aparece como táctica relevante.

En el segmento de los seguros, renovar la póliza del coche sin comparar puede costar 150 euros al año por conductor, apunta Raisin. El ahorro potencial por cambio de aseguradora, manteniendo cobertura equivalente, puede variar entre 200 y 400 euros y reportar al conjunto de los conductores hasta 4.200 millones de euros al año.

Pagos recurrentes: suscripciones, ocio y hábitos

El acceso a servicios de streaming se ha generalizado: el 83,1% de la población utiliza plataformas de este tipo, con un gasto medio de 456 euros por persona al año (38 euros mensuales), que suman en el agregado nacional unos 22.257 millones de euros. Revisar y cancelar las suscripciones que no se emplean habitualmente es una de las claves sugeridas para optimizar el presupuesto. En cuanto a los gimnasios, 5,4 millones de personas están inscritas con una media de 30 euros al mes; alrededor del 20 % de las altas de cada año se cancelan en los tres primeros meses.

El estudio también cita gastos recurrentes como la Lotería de Navidad (190 euros anuales por hogar y 3.709 millones de euros en total), el café para llevar (673 euros anuales por familia y 13.140 millones de euros nacionales) y consumos como tabaco (419 euros por fumador, 2.926 millones de euros en total) y alcohol (499 euros al año por hogar, 9.737 millones de euros nacionales), según la Encuesta Europea de Salud en España (2023) y Eurostat.

Finalmente, algo que podría ser evitable si fuéramos responsables al volante son las multas de tráfico, que suponen un gasto promedio de 48 euros anuales por hogar, para un total de 539 millones de euros en el conjunto de España. El informe remarca que se trata de importes totalmente evitables con una conducción atenta y respetuosa de las normas.

Todo esto ocurrió en el transcurso de unas seis horas en las que Pedro Sánchez pasó de estar solo en Europa con su postura contra los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (o eso parecía) a que, tras la intervención de Trump en el Despacho Oval, Emmanuel Macron se viera obligado a grabar un vídeo institucional en el que dejaba clara una idea: “Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos e Israel”. Mismo pensamiento que defiende Sánchez desde que el fin de semana estalló el conflicto: se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar”, ha repetido Sánchez.

El bloque conocido como E3 -Francia, Reino Unido y Alemania-, que el domingo firmaba un comunicado conjunto en el que decían estar dispuestos a atacar Irán en defensa de sus intereses, ha pasado de asegurar que permite las “acciones defensivas necesarias” a lamentar que las operaciones militares “se hayan llevado a cabo al margen del derecho internacional”. Esta es la idea que defiende Pedro Sánchez, y es que los ataques no cuentan ni con el aval de Naciones Unidas ni con el del Congreso de los Estados Unidos.

“Junto con Alemania y el Reino Unido, hemos dejado claro que es deseable un cese inmediato de los ataques y que la paz duradera en la región solo se logrará mediante la reanudación de las negociaciones diplomáticas”, aseguró Macron en su discurso institucional, matizando las ideas que expresaron en su escrito del lunes en el que hablaban de que todo ataque debe ser en defensa propia. Ahora, el jefe de Estado francés considera que el pueblo iraní debe “decidir libremente su propio destino”.

La postura de Reino Unido ha sido compleja e incluso un tanto confusa. Al contrario que España, el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer anunció el pasado domingo que había accedido a que Estados Unidos usara sus bases británicas para atacar a Irán. “La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos”, argumentó el primer ministro británico. Pronto llegó la respuesta: esa noche, la base de Akrotiri, gestionada por el ejército británico en Chipre, país miembro de la UE, fue atacada por drones iraníes. Y así el conflicto llegó a Europa.

El discurso de Starmer ha cambiado. “Todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones. No participamos en los ataques iniciales contra Irán y no nos sumaremos a ninguna acción ofensiva ahora”, sentenció, provocando así el descontento del presidente de Estados Unidos, quien expresó su frustración en declaraciones a The Sun: “No ha ayudado mucho. Nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que vería esto del Reino Unido. Francia, por ejemplo, ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido se ha comportado de modo muy diferente (…) Era la relación más sólida de todas. Ahora tenemos relaciones más sólidas con otros países europeos". Unas declaraciones que se produjeron antes del discurso de Macron.

La UE en defensa de España

Muy distinta fue la actitud del canciller alemán, Friedrich Merz, en la tarde de este martes. Ni siquiera se inmutó cuando, sentado junto a Trump en el Despacho Oval, escuchaba las críticas del magnate contra Sánchez. Solo intervino para decir que trataría de convencer al presidente español para que subiera el gasto en Defensa hasta “el 3% o el 3,5%” de su PIB (el escaso gasto en defensa: el gran reproche de Estados Unidos). Trump no necesitó ni que le preguntaran por España. Tenía claro su discurso. En cuanto le mencionaron la posición de Europa en el conflicto en Oriente Medio comenzó la retahíla de ataques. “Ya le he dicho a Scott (en referencia al secretario del Tesoro de los Estados Unidos) que corte todas las relaciones”, llegó a decir. Y la respuesta de España no tardó en llegar, ni tampoco la de la Unión Europea.

Mientras que el Gobierno respondía a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y que cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”, la Unión Europea se pronunciaba en favor de España. El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, frente a medios presentes en Bruselas, como Europa Press, sentenciaba que la Comisión "siempre garantizará la plena protección de los intereses de la UE”. “La postura de la Unión Europea no ha cambiado”, afirmó, haciendo referencia a cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa.

El rearme nuclear liderado por Francia

Y aunque ahora los países europeos pidan la paz, por lo que pueda pasar, Francia ha decidido liderar un rearme nuclear en Europa al que se han sumado ocho países —Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Polonia, Suecia y Dinamarca—, y del que España se desmarca. “Polonia mantiene conversaciones con Francia y un grupo de aliados europeos más cercanos sobre el programa de disuasión nuclear avanzada. Nos estamos armando junto con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos“, anunció el primer ministro polaco Donald Tusk en un mensaje en sus redes sociales el lunes.

De momento, Francia ha desplegado su portaaviones nuclear Charles-de-Gaulle tras el cierre del estrecho de Ormuz. “No podemos permitir que se bloqueen las rutas estratégicas”, sentenció Macron. Además, Francia ha enviado a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, tras los ataques del domingo. Por su parte, Reino Unido ha reforzado también su presencia militar en la isla con el envío de helicópteros con tecnología antidrones y el destructor de defensa aérea HMS Dragon. Y Grecia ha destinado cuatro cazas F-16 y dos fragatas que navegan hacia la isla.

Reino Unido ha reforzado su presencia militar en Chipre tras el ataque con dron atribuido a Irán contra la base de Akrotiri la madrugada del lunes. El despliegue incluye el envío inmediato de helicópteros con tecnología antidrones y el destructor de defensa aérea HMS Dragon a la isla mediterránea. Se suma así a Francia, que ha enviado sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, y a Grecia, que ha destinado cuatro cazas F-16 y dos fragatas que navegan hacia la isla, según ha informado Reuters.

El primer ministro Keir Starmer ha asegurado el pleno compromiso británico con la seguridad de Chipre y del personal militar desplegado. “El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí. Continuamos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para hacerle saber que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región. Siempre actuaremos en interés del Reino Unido y de nuestros aliados”, ha declarado Starmer en su cuenta de X.

La reacción europea se ha consolidado en torno a la cooperación militar, con la excepción de España. Según una declaración conjunta del E3 —formado por Reino Unido, Francia y Alemania—, los tres países han decidido poner sus efectivos militares a disposición de acciones defensivas, pero han descartado participar en ataques directos contra Irán. El comunicado, publicado este lunes, destaca su propósito de proteger tanto los intereses nacionales como los de sus aliados en la región.

Este respaldo ha permitido que París y Berlín refuercen las iniciativas británicas, dando prioridad a la protección de infraestructuras estratégicas en Chipre y a la mejora de las capacidades defensivas.

Reino Unido, Estados Unidos y las bases militares

La gestión de las bases británicas en la zona ha generado debate diplomático entre Londres y Washington. Inicialmente, Starmer rechazó que el ejército estadounidense utilizara las instalaciones británicas para lanzar el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Dos días después, el jefe de Gobierno británico autorizó finalmente su uso, aunque exclusivamente para la neutralización “defensiva” de misiles iraníes.

La decisión de Starmer ha provocado el descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su frustración en una entrevista telefónica con The Sun: “[Starmer] No ha ayudado mucho. Nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que vería esto del Reino Unido. Francia, por ejemplo, ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido se ha comportado de modo muy diferente[…] Era la relación más sólida de todas. Ahora tenemos relaciones más sólidas con otros países europeos. Es un mundo diferente, de hecho. Nuestra relación con tu país es ahora muy diferente a como era.”

Las tensiones entre ambos gobiernos se ven reforzadas debido a la negativa del Reino Unido a permitir el uso de la base compartida de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos, para operar contra Irán, decisión ratificada por Starmer días antes del ataque en Chipre. La posición estadounidense sobre el futuro del archipiélago ha sido contradictoria: el secretario de Estado Marco Rubio ha apoyado el acuerdo para la devolución de Chagos a Mauricio, mientras que Trump lo ha calificado como un “acto de estupidez”.

Vivir rodeado de 400 tortugas en un jardín de 500 metros cuadrados no es una experiencia común. En primer lugar, hay que tener dinero. Por eso el protagonista de esta historia es un antiguo empleado de la banca, ahora jubilado, residente en Treviso (Italia), para quien convivir con estos animales se ha convertido en su día a día. Su nombre es Renato Gobbetto y asegura que ahora disfruta de una vida tranquila y compartida. “Ahora son las más felices, me tienen completamente para ellas”, ha relatado al Corriere del Veneto.

El origen de esta afición tan particular se remonta al año 2009, inmediatamente después de que él y su esposa adquirieran una vivienda con jardín. Fue entonces cuando afloró el recuerdo de sus visitas infantiles, junto a su padre, a la casa de un amigo con numerosas tortugas, una experiencia que, según cuenta, le resultaba fascinante. Aquella añoranza desembocó en la adquisición de sus dos primeros ejemplares, a partir de los cuales la colección fue aumentando rápidamente, hasta alcanzar las 400. “Todo esto ha ido creciendo sin parar. Hoy ya tengo cuatrocientas tortugas”, ha destacado Gobbetto con cierto orgullo.

En el terreno conviven ejemplares de reducido tamaño, similares a una moneda, y otros que presentan un caparazón de hasta 35 centímetros. Para las más grandes, ha detallado Gobbetto, es imprescindible disponer de un espacio mínimo de veinte metros cuadrados por animal. Además, es habitual que, en los meses cálidos, alguna de las tortugas entre en la casa si la puerta permanece abierta, como si la vivienda también fuera suya.

Letargo y alimentación: el ciclo anual

Durante cinco meses al año, las tortugas pasan por su periodo de letargo. Según ha relatado Gobbetto al citado medio, “se entierran unos diez centímetros y permanecen quietas, con una temperatura de cinco grados en su interior y apenas dos latidos por minuto”. A lo largo de este periodo, que transcurre desde finales de octubre hasta marzo, apenas pierden un dos por ciento de su peso corporal. Para él, este ciclo supone también un respiro: “Yo no hago letargo, pero esos meses también me relajo bastante”.

El despertar llega con la primavera, cuando los animales emergen cubiertos de tierra y muestran inicialmente una actividad limitada. Poco a poco, recuperan el metabolismo y retoman la alimentación. En cuanto a la dieta, Gobbetto ha insistido en su sencillez, pero también en la estricta exigencia de las tortugas: “El menú diario consiste en hierba, diente de león y, sobre todo, radicchio. Llegan a consumir diez kilos al día”. No obstante, advierte que estos animales muestran una selectividad considerable. “No aceptan la parte blanca del radicchio. Son extremadamente delicadas”, asegura.

“Por cada macho hay unas diez hembras. Los machos son muy activos y necesitan varias compañeras para estar satisfechos"

La jornada de Renato Gobbetto comienza muy temprano, cuando saluda individualmente a cada tortuga y presta atención a su estado general. “Las observo a los ojos, así sé si todo va bien. Cuatrocientas miradas son muchas, comprendo por qué necesito el letargo para descansar”, ha señalado. Entre todas ellas, reconoce tener especial debilidad por algunas, como Margherita o Carmen, y asegura distinguir cada ejemplar. Para evitar confusiones, identifica a las tortugas con marcas de colores en el caparazón, y conoce bien las diferentes “familias” de su jardín: “Por cada macho hay unas diez hembras. Los machos son muy activos y necesitan varias compañeras para estar satisfechos”.

Control de la reproducción y legalidad

A partir de mediados de mayo, comienza la temporada de puesta de huevos. Las hembras dedican hasta dos horas a cavar y después cubren el lugar con tanta precisión que resulta indetectable desde el exterior. Para controlar este proceso, incluso cuando está de vacaciones, Gobbetto ha instalado treinta cámaras de vigilancia en el jardín. “Si desde la playa veo que una está poniendo huevos, sé dónde encontrarlos al volver. Después los paso a incubadoras”, ha explicado al Corriere del Veneto. El sexo de las crías depende de la temperatura y solo se determina a partir del quinto año de vida. Así, en el norte de Italia nacen más machos y en el sur más hembras.

Gobbetto subraya la rigurosidad legal en la tenencia de estos animales. Todas las tortugas deben estar identificadas con microchip y contar con el correspondiente certificado Cites. Poseer ejemplares no documentados puede derivar en sanciones penales y multas de cuantía considerable.

Relación con el público y longevidad

Las tortugas pueden superar los 90 o 100 años de vida, motivo por el cual, en ocasiones, son heredadas por nuevos dueños. “He recibido tortugas de un hombre muy entregado a ellas tras fallecer; a la esposa no le gustaban y me las trajo”, ha explicado. Las visitas y el interés del público son habituales, ya que tanto adultos como niños sienten una gran curiosidad por estos animales, a pesar de que no sean afectivos en sentido estricto. Según su experiencia, reconocen su entorno y a quienes las cuidan.

Contrario a la creencia común, las tortugas no son tan silenciosas. Durante el apareamiento, el macho emite sonidos particulares y lleva a cabo una especie de cortejo que incluye morder las patas de la hembra. Gobbetto recuerda con emoción algunas interacciones con visitantes, como el caso de un hombre de ochenta años que, tras pasar tres meses hospitalizado, expresó su deseo de tener una tortuga tras esa experiencia: “Quería algo lento, sólido y silencioso”, ha concluido Gobbetto.

En el verano de 2018, Azucena soñaba con transformar su vivienda en Madrid en un espacio renovado para su familia, compuesta por dos adultos y dos niños. La ilusión de una reforma integral, contratada por 119.166,98 euros a Construcciones Dulsberg, pero como ocurre con cualquier reforma, todo acabó con problemas técnicas, retrasos y sospechas de incumplimientos. Aunque este caso fue más allá e incluso acabó en los tribunales. Azucena no quería pagar, pero tendrá que hacerlo. El veredicto final de la Justicia es que tiene que abonar 24.067 euros más intereses a la constructora, según ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid.

El tribunal considera que la deuda es clara y que, aunque se acreditaron algunos defectos en la obra, estos ya se han descontado del precio final a pagar. No hay base para reducir más la deuda ni para conceder indemnización adicional por daños morales o por penalizaciones de retraso de los albañiles.

El contrato, que incluía penalizaciones en caso de demora y la obligación de la empresa de asumir el coste de hotel si la obra no se entregaba a tiempo, fue negociado activamente por la propia Azucena, según reconoce ella misma y confirman conversaciones aportadas al procedimiento. Cuando la entrega real de la vivienda superó el plazo previsto y comenzó a detectarse una lista creciente de discrepancias sobre el resultado, Azucena dejó de pagar una parte importante del precio pactado. Alegó que existían partidas mal ejecutadas, humedades, techos de altura inferior a la normativa y la demolición de un elemento estructural sin su consentimiento, además de la falta de gestión de licencias y certificados por parte de la empresa.

En su respuesta judicial, la constructora reclamó el pago de 40.722,15 euros como cantidad pendiente por los trabajos ejecutados. Azucena reconoció una deuda parcial de 25.745,36 euros, pero intentó compensarla reclamando 62.159,70 euros por defectos y 3.000 euros por daños morales. El tribunal, tras un detallado informe pericial, consideró acreditado que el contrato se ejecutó en su mayor parte y que los defectos alegados suponían un descuento final de 4.385 euros más IVA. Así, la cantidad líquida pendiente de pago —24.067,62 euros— es la suma resultante tras restar al precio los importes por partidas defectuosas o no ejecutadas correctamente. El tribunal también declara que el IVA debe abonarse íntegramente, independientemente de cómo cumpla la empresa sus obligaciones tributarias.

En su recurso, Azucena insistió en que debía reconocérsele la condición de consumidora y que la cláusula de penalización por retraso era abusiva, pese a haber sido incorporada al contrato a su propia petición. El tribunal rechaza la nulidad parcial del contrato y recuerda que la cláusula fue negociada y beneficia a la propietaria, por lo que no es abusiva. Además, se confirma que la obligación de gestionar licencias y certificados correspondía a la propietaria, no a la empresa. El perito judicial considera que la reforma no requería ni proyecto ni dirección facultativa, dado que afectaba a menos del 25% de la superficie del edificio. Respecto a la demolición del supuesto pilar, se determinó que no era estructural y que no causó daños a la vivienda.

Reclamación por humedades y reducción de techos

Las reclamaciones por humedades y reducción de altura de los techos también fueron desestimadas: el tribunal señala que las humedades no quedaron probadas y que la disminución de altura, hasta los 2,40 metros, se debió a requisitos de aislamiento térmico solicitados por la propiedad, sin incumplir la normativa de forma relevante. La indemnización por daño moral, de 3.000 euros, también se rechaza, al no acreditarse que el retraso causara un perjuicio efectivo y directo, ni que la familia llegara a alojarse en un hotel, según atestiguó un detective privado.

El recorrido judicial arrancó en 2019, tras el fracaso de las negociaciones extrajudiciales. En octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid dictó sentencia condenando a Azucena al pago de 24.067,62 euros más intereses. Contra esa resolución, la propietaria recurrió en apelación, manteniendo su versión de los hechos y reclamaciones. El 8 de enero de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso y confirmó la condena, imponiendo a Azucena las costas de la apelación y recordando que la sentencia es firme, salvo posibilidad de recurso de casación si se cumplen los requisitos legales, en el plazo de veinte días.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El 3 de julio de 2019, Leticia sintió que su vida privada quedaba al descubierto sin aviso. Mientras la carnicera se recuperaba de una lesión que le impediría volver a ejercer su profesión, una cámara invadió su privacidad. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha declarado que la agencia de detectives contratada por Asepeyo vulneró el derecho a la intimidad de Leticia al fotografiarla en su domicilio y en el balcón durante su baja laboral.

El tribunal ha ordenado que Asepeyo y la empresa Intelligentia Pro Justitia—conocida como Detectib Detectives Privados y Criminólogos— indemnicen de manera conjunta y solidaria a Leticia con 3.000 euros, más intereses legales, como reparación por la intromisión ilegítima en su vida privada. La resolución reconoce el desasosiego provocado por haber sido observada y fotografiada en espacios reservados, así como la falta de justificación para la actuación investigadora en el entorno doméstico. La sentencia concluye que la difusión de las imágenes se limitó al procedimiento judicial, pero subraya que el daño moral existe y debe ser compensado.

Bajo el prisma de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la historia de Leticia adquiere nuevos matices al mirar atrás. Todo comenzó en julio de 2019, cuando la trabajadora, de baja por una lesión en el hombro derecho, se convirtió en objeto de una investigación privada. Por encargo de Asepeyo, la agencia Detectib llevó a cabo un seguimiento durante varios días, capturando imágenes de Leticia tanto en el balcón como en el interior de su vivienda. La finalidad: aportar pruebas en el juicio laboral donde se discutía el reconocimiento de una incapacidad permanente total.

Las fotografías tomadas a lo largo de los días 3, 4 y 5 de julio de 2019, algunas desde la calle y otras con un zoom que permitió captar detalles del interior de la casa, se plasmaron en un informe pericial. Leticia fue retratada en momentos cotidianos, ajena a que su rutina de recuperación se convertía en material de litigio. El informe, según la sentencia, incluía imágenes en las que la afectada aparecía en el balcón, el quicio entre el balcón y la habitación, y dentro de su domicilio.

Leticia pedía 30.000 euros de indemnización

La controversia no tardó en llegar. El informe de los detectives fue presentado por Asepeyo como prueba en el procedimiento laboral que terminó, en agosto de 2020, reconociendo a Leticia una incapacidad permanente total. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la sentencia meses después. Pero la trabajadora decidió acudir a la vía civil, demandando tanto a la mutua como a la agencia de detectives por vulneración de sus derechos fundamentales y reclamando una indemnización de 30.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia de Tolosa desestimó inicialmente su demanda, pero la apelación transformó el rumbo del caso.

El recorrido judicial de Leticia muestra la persistencia frente a la negativa inicial. Tras la sentencia en contra en 2025, la apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa resultó decisiva. El tribunal revocó la resolución previa, declaró que tanto Asepeyo como Detectib habían vulnerado el derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen de la demandante y fijó la indemnización en 3.000 euros, al considerar la cantidad reclamada inicialmente desproporcionada pero reconociendo el daño moral padecido. Además, la sentencia impone a las demandadas la obligación de abonar las costas de ambas instancias.

La resolución abre la puerta a un posible recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Las partes disponen de veinte días hábiles para formalizarlo, y solo podrán hacerlo tras depositar 50 euros en la cuenta del tribunal, salvo que cuenten con asistencia jurídica gratuita o estén exentas por ley. Mientras tanto, Leticia recibe el reconocimiento judicial de que su esfera privada, aun en el balcón de su propia casa, merece protección frente a cualquier intrusión no autorizada.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Renfe ha detectado un aumento de fibras de amianto en su taller en Fuencarral (Madrid) tras el desprendimiento de parte de la cubierta de fibrocemento a causa de los fuertes vientos registrados hace una semana. El taller, en el que trabajan más de 100 empleados, ha tenido que cerrar, lo que ha provocado afectaciones directas en el servicio de Cercanías y la suspensión temporal del Civis que enlaza Guadalajara con Madrid Chamartín-Clara Campoamor, según ha informado Efe.

Según fuentes de la empresa, la detección del amianto responde al procedimiento habitual de control que Renfe Ingeniería y Mantenimiento mantiene vigente en las instalaciones con cubiertas de este material. La alteración en los niveles ha obligado a ejecutar una limpieza intensiva y reparar las zonas afectadas, siguiendo los protocolos del Real Decreto 396/2006. Esta normativa establece la obligatoriedad de evaluar el riesgo mediante la comparación de los datos recogidos con los valores límite fijados para las concentraciones de fibras en el lugar de trabajo, y así determinar con precisión la magnitud y el carácter de la exposición a la que se enfrentan los trabajadores.

En 2021 la empresa puso en marcha un plan de sustitución de cubiertas, dotado con una inversión de 23 millones de euros. Desde Renfe, han señalado la reciente adjudicación de la obra para levantar una nueva base de mantenimiento y una nave auxiliar en Fuencarral, cuya partida supera los 1.000 millones de euros. El nuevo recinto tendrá seis vías interiores de 240 metros, junto a un núcleo de oficinas y servicios distribuidos en tres plantas. Para ello, se derribará la nave actual y la actividad se trasladará de manera temporal a la nave auxiliar mientras concluyen los trabajos de construcción del nuevo taller.

La respuesta de la compañía ha contado con el respaldo de la representación sindical. Carlos López, secretario regional del Sector Ferroviario de UGT Madrid, ha puesto en valor la rapidez con la que, según sus palabras, Renfe ha protegido a los más de cien empleados del centro, explicando que “la empresa evacuó la instalación y avisó a todos los trabajadores”. López ha señalado que, para permitir el regreso del personal, las pruebas de calidad del aire a cargo de una empresa especializada deberán arrojar resultados negativos, y ha instado a Renfe a acometer medidas estructurales como la reparación o la retirada de la cubierta de fibrocemento para evitar la repetición de incidentes similares.

Alteraciones en las líneas de Cercanías Madrid

El cierre del taller de Fuencarral afecta de forma directa a las líneas C-2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba) del servicio de Cercanías de Madrid. Durante las horas punta, la frecuencia de las circulaciones desde Alcalá de Henares llega ahora a los quince minutos, mientras que antes era de siete.

Los trenes procedentes de Guadalajara han pasado a operar también con frecuencias de hasta quince minutos, en comparación con los doce minutos habituales. En los periodos de menor demanda y en los horarios intermedios, los trenes mantienen los intervalos normales. Además, el servicio Civis entre Guadalajara y Madrid Chamartín-Clara Campoamor ha quedado, asimismo, suspendido temporalmente.

Renfe ha cifrado en unas dos semanas el periodo estimado para completar las reparaciones de emergencia necesarias en la cubierta. Mientras tanto, la empresa recomienda a los viajeros que consulten en la página web o la aplicación oficial los horarios actualizados antes de planificar sus desplazamientos.

Como resultado directo del cierre, los operarios del taller de Fuencarral han sido destinados a las bases de Villaverde y Cerro Negro, así como al turno de tarde del fin de semana. Por otra parte, los trabajos de mantenimiento de los trenes de la serie 449, dedicados a servicios de media distancia con motor diésel, se están realizando en la ciudad de León.

Con información de Efe

Los Premios Goya vuelven este 28 de febrero a Barcelona y contarán (además de con el gallego Luis Tosar) con la catalana más moderna y popular como presentadora: Rigoberta Bandini. La cantante, que adora su tierra, juega en casa, en la ciudad que la vio crecer. Ya han pasado seis años desde que subía a los escenarios con el uniforme de su colegio y cantaba Too many drugs. Este aspecto llamaba la atención. Bien uniformada, con la faldita, el polo y sin ocultar que, pese a sus ideas progresistas y su feminismo en el que nos invita a todas a sacarnos las tetas y bailar con los pechos al aire, su infancia estuvo marcada por un colegio concertado y religioso. Y es de esto de lo que va este artículo. Porque no se trata de cualquier centro, no. Sino de un edificio que obra del arquitecto modernista Antoni Gaudí.

Se trata del Col·legi de les Teresianes (Colegio de las Teresianas), situado en la antigua localidad de San Gervasio de Cassolas, actualmente integrada al distrito de Sarriá-San Gervasio en Barcelona. El edificio se encuentra en la calle Ganduxer número 85 y fue proyectado por san Enrique de Ossó con el objetivo de albergar un colegio y el convento de la Congregación de Religiosas Teresianas, congregación que él mismo fundó. La construcción se realizó entre 1888 y 1890 y destaca por el uso intensivo del ladrillo y sus formas rectilíneas que evocan la silueta de un castillo.

La obra corresponde al período neogótico de Gaudí, cuando el arquitecto adoptó referencias del arte gótico medieval y las reinterpretó con un enfoque propio, buscando optimizar las soluciones estructurales. El neogótico, impulsado por los estudios de Viollet-le-Duc, alcanzó notable popularidad en ese tiempo. Gaudí profundizó en el estudio del gótico catalán, balear, rosellonés, leonés y castellano, y concluyó que se trataba de un estilo incompleto. En sus proyectos, evitó el uso de contrafuertes mediante superficies regladas y eliminó elementos decorativos excesivos como cresterías y calados.

En la capital catalana conviven dos realidades: la imagen más visible y turística, y una Barcelona oculta, con lugares que escapan al itinerario convencional y que invitan a descubrir sus secretos. National Geographic ha destacado que existen rutas alternativas que conducen a esos espacios invisibles, donde reposan estatuas olvidadas o por los que discurren circuitos de agua subterráneos. Precisamente, uno de esos enclaves representa el punto de partida de la historia de Paula Ribó.

El colegio se erige como un claro ejemplo de modernismo catalán, con marcada influencia neogótica y mudéjar. La fachada, coronada por almenas, incorpora símbolos con guiños humorísticos, como el birrete doctoral que alude a Santa Teresa. La atmósfera interior se caracteriza por la amplitud de la luz natural y unos pasillos en los que el silencio parece haber sido cuidadosamente concebido.

Desde las calles del colegio hasta la Barcelona más desconocida

El recorrido que parte del Col·legi de les Teresianes invita a abandonar la perspectiva monumentalista para explorar la Barcelona-jardín. Viajes National Geographic describe cómo, en tan solo diez minutos de paseo, es posible llegar a los Jardins de la Tamarita, un espacio de tranquilidad diseñado por Nicolau M. Rubió i Tudurí en 1919, en torno a una casa noucentista que perteneció a Alfredo Mata. El diseño paisajístico alterna zonas de orden geométrico y áreas más silvestres, logrando crear un refugio frente al bullicio urbano.

Siguiendo este itinerario, la Avinguda del Tibidabo se presenta como un auténtico compendio del modernismo residencial de la ciudad. La vía, nacida en 1897 por impulso del doctor Andreu, se caracteriza por la sucesión de mansiones y jardines que han conservado su atmósfera original de principios del siglo XX. Entre los puntos más notables, la revista de viajes menciona La Rotonda —antiguo Hotel Metropolitan de 1906—, la Casa Roviralta (apodada el Frare Blanc), la Casa Muley-Afid —construida en 1911 por encargo de un sultán marroquí exiliado al arquitecto Puig i Cadafalch— y la Casa Evarist Arnús (El Pinar), obra de Enric Sagnier, que destaca por su carácter neogótico y su aspecto de castillo iluminado al anochecer.

Vivir Sarrià-Sant Gervasi como un vecino

La propuesta de Viajes National Geographic invita a adentrarse en el distrito de Sarrià–Sant Gervasi para experimentar la vida cotidiana que se respira lejos del centro de la ciudad. La Plaça de Sarrià, que fue el corazón del antiguo municipio, conserva aún hoy un ambiente de barrio animado por terrazas y el ritmo pausado de los vecinos. Desde allí se accede fácilmente al Mercat de Sarrià, un mercado tradicional que mantiene la costumbre de la compra diaria y cuenta con puestos que ofrecen talleres y degustaciones, ideales para improvisar un aperitivo.

La oferta de la zona no se limita solo a los alimentos frescos o a la historia de la plaza; se sugiere completar la experiencia con una visita a los bares del barrio, disfrutar de las vistas desde el mirador de Turó del Putxet o asistir a una sesión de cine en los Mooby Balmes. De este modo, propicia redescubrir una Barcelona cotidiana y secreta, muy distinta a la imagen oficial de la ciudad.

La salida de José Manuel Bernabé como director gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha reactivado la crisis institucional que atraviesa el principal centro de investigación del cáncer en España. La decisión se ha formalizado este viernes, cuando el patronato de la entidad ha aceptado la dimisión presentada por Bernabé, quien estaba bajo la lupa tras una denuncia por un presunto caso de acoso laboral. Su renuncia, de la que ha informado el CNIO a través de un comunicado, llega después de que tomara la responsabilidad de investigar una presunta trama corrupta que estaría activa en la institución desde hace años.

“Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del Centro relativo a la gestión del mismo. El patronato, por decisión propia, celebrará una nueva reunión a la mayor brevedad posible para analizar la situación actual y el futuro del Centro”, asegura el texto.

La persona denunciante es Laura Muñoz, ex secretaria general del CNIO, destituida el 25 de noviembre junto a otros dos altos cargos por su presunta implicación en un sistema de contrataciones fraudulentas sospechoso de haber desviado hasta 20 millones de euros del centro, una investigación que actualmente lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Muñoz fue apartada un día antes de presentar su denuncia de acoso contra Bernabé.

En su escrito, la exempleada ha asegurado que el gerente le habría presionado sobre sus horarios, y le habría enviado imágenes y mensajes personales por WhatsApp, incluidos vídeos en el gimnasio y comentarios de índole privada sobre su vida sentimental, según adelantó ABC. Hipotéticamente, Muñoz habría presentado la denuncia ante el área de recursos humanos temiendo represalias, tal y como sostiene su versión.

Bernabé, que asumió el cargo en septiembre de 2025, había sido designado precisamente para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas bajo la gestión de su predecesor, Juan Arroyo. Su perfil de profesional respetado fue avalado en el CNIO y también desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, apuntan fuentes del propio centro al periódico. En su gestión, Bernabé ha remitido hasta cinco informes a la Fiscalía, aportando nuevas pruebas de contratos irregulares que, según estos documentos, tenían como beneficiario principal a Arroyo y su entorno. Laura Muñoz, afín a Arroyo y vinculada a una de las empresas investigadas, Gedosol, comenzó a trabajar directamente para el CNIO en febrero de 2025.

Apoyo científico y división interna

El jueves previo al anuncio oficial de su salida, los investigadores jefes del CNIO impulsaron un manifiesto de apoyo a Bernabé. En el documento, los científicos reconocen la dedicación del gerente y le consideran “el primer actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia”, según informa El País. Igualmente, condenan la campaña de “desprestigio” que, según los firmantes, busca socavar la reputación de Bernabé, a la vez que expresan su rechazo a cualquier situación de acoso laboral.

En su petición, más del 90% de los investigadores principales solicitan al Ministerio una nueva dirección imparcial e insisten en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades, señalando que el centro atraviesa una “deriva” preocupante. No todos han rubricado el texto: el exdirector Mariano Barbacid, responsable del CNIO hasta 2011 y con cercana relación con Juan Arroyo, no figura entre los firmantes.

Barbacid ha estado en el foco mediático recientemente después de anunciar un avance experimental relevante en el tratamiento del cáncer de páncreas en ratones, un resultado que ha generado expectativas desproporcionadas entre los pacientes, hasta el punto de que algunos han acudido directamente al centro solicitando tratamiento, pese a que la investigación aún no ha llegado a la fase clínica. La Fundación Cris contra el Cáncer, que financia a Barbacid y participa como patrono privado en el CNIO, ha conseguido recaudar a raíz de este anuncio más de 3,5 millones de euros. Paralelamente, una campaña en internet acumula ya cerca de 90.000 firmas pidiendo el Premio Nobel de Medicina para el investigador.

Movilización sindical y advertencias internas

A las 13.00 de este viernes, los sindicatos CSIF y UGT han convocado una concentración frente al CNIO bajo el lema “basta de cultura del miedo”, dirigida a todos los trabajadores del centro. El comunicado sindical sostiene que la nueva gerencia ha facilitado la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y ha abierto los expedientes internos, animando a continuar con este proceso sin retrocesos: “Queremos que se limpie lo que se tenga que limpiar y que el CNIO sea noticia solo por nuestros descubrimientos científicos”, recoge la convocatoria.

La ministra Diana Morant, vinculada además a la política valenciana y candidata para presidir la comunidad autónoma, ha mantenido públicamente la postura de tolerancia cero ante los casos de acoso. Morant ha declarado a la prensa, según recoge Efe, que José Manuel Bernabé “tiene que abandonar su puesto” debido a un comportamiento “reprobable” que ha derivado en un caso de presunto acoso. “Los mensajes denunciados contra Bernabé no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada”, ha indicado la ministra.

Bajo el pavimento de una antigua vivienda en Tell eṣ-Ṣâfi, localidad que corresponde a la antigua ciudad de Gath, en Israel, un hallazgo arqueológico nos descubre cómo eran las prácticas rituales y las redes de poder y comercio del Próximo Oriente durante la Edad del Bronce Antiguo. Un equipo de arqueólogos ha exhumado los restos de cuatro asnos cuidadosamente enterrados en posiciones que evidencian un marcado componente ritual. La inusual procedencia de estos animales y el tratamiento que recibieron han dejado perplejos a los especialistas.

Las excavaciones, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Plos One y con fecha de mayo de 2025, sitúan los hechos entre los años 2.900 y 2.550 antes de nuestra era, coincidiendo con el período del Antiguo Imperio en Egipto y la eclosión de las primeras sociedades urbanas en la región de Canaán. El contexto histórico del hallazgo es relevante: Egipto atravesaba una etapa de expansión y centralización de poder, caracterizada por la construcción de pirámides y el auge del comercio, mientras en Canaán se consolidaban rutas comerciales en las que el asno tenía un papel central.

El primer asno fue localizado en 2010, con la cabeza separada y emplazada cuidadosamente sobre el abdomen, las extremidades atadas y el cráneo orientado hacia el este, posición compartida con los otros tres animales desenterrados posteriormente. Todos los ejemplares aparecieron bajo el suelo de casas, lo que sugiere prácticas rituales ligadas al inicio de la vida doméstica: el sacrificio podría haber estado vinculado a la protección o prestigio de la vivienda mediante un rito fundacional.

El equipo de investigación ha profundizado en el origen de estos animales mediante análisis isotópicos del esmalte dental, que han resultado reveladores. Ninguno de los asnos había nacido localmente ni siquiera en el Levante, sino que provenían de la cuenca del Nilo, en Egipto. El traslado de animales de gran tamaño a lo largo de cientos de kilómetros suponía un notable esfuerzo logístico y económico, lo que realza la singularidad de la práctica hallada.

El significado de los sacrificios

Elizabeth Arnold, especialista en antropología y arqueología ambiental en la Universidad Estatal de Grand Valley (Michigan), interpreta la importación de estos animales como una manifestación ostentosa de poder y recursos. Según ha argumentado la investigadora en declaraciones recogidas por Sciencepost, en una época en la que los asnos resultaban esenciales para el trabajo agrícola y el transporte de mercancías, ofrecerlos en sacrificio se consideraba ya un acto de gran coste. El hecho de que fueran hembras jóvenes y fértiles —con un valor reproductivo destacado— y además procedentes de Egipto, confiere mayor carga simbólica y económica al hallazgo.

La propia Arnold compara este derroche con “quemar billetes de banco”, haciendo hincapié en el valor añadido que suponía sacrificar animales reproductores importados, en lugar de ejemplares locales destinados al consumo o la labor. La presencia de estos asnos egipcios denota la existencia de vínculos comerciales privilegiados entre los habitantes de Gath y el poderoso reino nilótico, en una fase histórica en la que Egipto ejercía un claro liderazgo regional. Así, el sacrificio sobrepasa la mera expresión de religiosidad para convertirse en un gesto político: afirmar la posición de un linaje o jefe local como interlocutor ante potencias extranjeras.

El análisis comparativo integrado en el trabajo también incluye otros restos de animales hallados en el yacimiento, tales como un asno, una oveja y una cabra. A excepción de esta última —también originaria de Egipto— todos los animales estudiados eran autóctonos. No obstante, la cabra importada no recibió un trato funerario singular, lo que lleva a pensar que formó parte del ganado de viaje, posiblemente como fuente de alimento para los trayectos largos.

Ritual, economía y simbolismo en el inicio de la urbanización

Más allá del impacto inicial del hallazgo, los resultados obtenidos por los arqueólogos refuerzan una visión cada vez más aceptada por la comunidad científica: la función de los équidos en la Antigüedad iba mucho más allá del transporte o las tareas agrícolas. Su sacrificio y el modo en que se llevaba acabo respondían también a estrategias de representación, conexión intercultural y diferenciación de estatus social.

Cada resto recuperado —ya sea una orientación craneal específica o una cuerda fosilizada utilizada para atar las patas— contribuye a reconstruir la complejidad cultural y la sofisticación de estas sociedades. Los gestos discretos, como el entierro de un asno bajo el umbral de una casa, resultan, a la luz de la ciencia, tan elocuentes como los grandes monumentos de piedra.

El trabajo de campo sigue activo en Tell eṣ-Ṣâfi. La investigación corrobora que estos asnos, llegados desde el Valle del Nilo, fueron mucho más que simples animales de carga. En realidad, se trataba de portadores simbólicos de lazos económicos, políticos y espirituales que, al sacrificarles, sellaban alianzas y delimitaban espacios de poder en un mundo profundamente interconectado.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español ha registrado este febrero un mínimo inédito, situándose en torno a 16,4 euros por megavatio hora (MWh) y marcando así el valor más bajo documentado hasta la fecha para este mes, según datos recopilados por EFE. Este descenso histórico se ha atribuido a un notable incremento en la generación eólica, que ha experimentado un auge del 70% impulsado por una sucesión de borrascas que ha atravesado la Península Ibérica en las últimas semanas.

La comparativa interanual revela un abaratamiento muy pronunciado. Frente a los 108,3 euros por MWh alcanzados al cierre de febrero de 2025, el precio medio se ha reducido en torno al 85%. Incluso si se considera la anterior marca mínima para febrero —los 17,11 euros/MWh logrados en 2014—, el coste actual del ‘pool’ queda por debajo de ese umbral. Tradicionalmente, febrero suele figurar entre los meses con tarifas mayoristas más elevadas, debido tanto al aumento de la demanda por las bajas temperaturas invernales como a una menor aportación de energía renovable.

Asimismo, los registros de febrero de 2022 situaban el récord máximo en 200,22 euros/MWh, un pico asociado al encarecimiento generalizado de los mercados energéticos tras la pandemia y las tensiones vinculadas a la invasión rusa de Ucrania. En el contexto de la serie histórica, iniciada en 1998 con la liberalización del mercado eléctrico español, los datos actuales establecen un hito sin precedentes.

Los valores más bajos y la dinámica diaria del mercado

A lo largo de estas cuatro últimas semanas, las subastas gestionadas por el operador OMIE han reflejado variaciones notables. Los precios medios más altos se han fijado el lunes 23 de febrero (34,82 euros/MWh) y el martes 3 (32,74 euros/MWh). Sin embargo, el resto de sesiones han mostrado cotizaciones sustancialmente menores. El domingo 15, por ejemplo, el coste medio se ha situado en 1,55 euros/MWh, coincidiendo con la caída habitual de la demanda durante los fines de semana.

Durante el mes, en hasta once jornadas, según el trabajo elaborado por la agencia Efe, el precio del MWh ha permanecido por debajo de 10 euros, en fechas como el jueves 5 (6,3 euros), viernes 6 (9,39 euros), sábado 7 (6,85 euros), domingo 8 (5,92 euros), martes 10 (4,69 euros), miércoles 11 (4,23 euros), jueves 12 (5,7 euros), viernes 13 (4,42 euros), sábado 14 (2,13 euros) y lunes 16 (4,4 euros). En contraste, en febrero de 2025 el máximo se alcanzó el martes 4, cuando el precio medio fue de 143,39 euros/MWh, y el valor mínimo quedó fijado el viernes 21 en unos 48 euros/MWh.

El impacto de las borrascas y el avance de las renovables

La dinámica intradía del mercado ha puesto de manifiesto episodios de precios cero o incluso negativos, una situación más habitual en primavera, cuando aumenta la aportación renovable. No obstante, este 2026 estos fenómenos ya han aparecido en enero (por ejemplo, el sábado 31, con una media de 5,57 euros/MWh). Esta tendencia se ha visto reflejada con especial nitidez desde el pasado 1 de octubre, fecha en la que el pool ha adoptado un sistema cuartohorario con 96 franjas de precios diarias en lugar de las 24 anteriores, lo que proporciona mayor exactitud y visibilidad a estos valores puntuales.

Febrero ha prolongado la senda iniciada en la quincena precedente, marcada por la irrupción de varias borrascas consecutivas y fuertes vientos que han disparado la generación eólica a máximos históricos registrados el pasado enero. Esto ha desplomado los precios del mercado diario por debajo de 40 euros/MWh y ha ocasionado incluso intervalos horarios en negativo (−0,5 euros/MWh), tal como señalan los datos recogidos por EFE.

Según la estadística diaria publicada por Red Eléctrica, hasta el 27 de febrero la producción eólica ha aportado en torno al 30% de la electricidad generada en el sistema peninsular, tras crecer un 72 % respecto al año anterior. Por su parte, la hidráulica se habría situado en el 22 % del ‘mix’, con un repunte del 10 % en términos interanuales. Sin contar con los datos definitivos, la cuota de tecnologías renovables en el conjunto del sistema rondaría el 65 %.

En términos generales, la energía nuclear ha mantenido su papel como segunda fuente de generación, con el 19,6 %. Por su parte, los ciclos combinados han estado muy próximos a la solar fotovoltaica, anotando un 10,7% de participación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este viernes la puesta en marcha de la aplicación provisional del acuerdo tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay. Las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España apuntan al potencial de este tratado para abrir la mayor área de libre comercio del mundo, que involucra a más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.

Desde el ámbito agrario, las reacciones han sido mayoritariamente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, ha indicado que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, subrayando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el campo sigue siendo “moneda de cambio”. Por su parte, Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha acusado a la Comisión Europea de mostrar “un desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores”, tachando la decisión de “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.

Aunque desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano ha reconocido que la aplicación provisional era previsible, ha señalado como positivo la inclusión de cláusulas de salvaguardia recientemente aprobadas, “que no son ni mucho menos papel mojado”. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha lamentado la activación “exprés” del acuerdo y ha anunciado que su organización analizará posibles medidas legales, argumentando que no se ha respetado la legalidad, al no haber ratificación por parte de la Eurocámara y por los perjuicios tanto para agricultores como para consumidores.

A continuación, COAG ha calificado de “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión, solicitando al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que rechacen su ratificación definitiva debido a la amenaza que representa para la seguridad alimentaria de la UE. COAG sustenta su posición en los resultados del informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241, el cual concluye que el sistema de control de residuos hormonales en Brasil, incluyendo el estradiol –prohibido en la UE desde 2003–, es deficiente en todas sus fases.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha afirmado que “lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos, sino que la formula la propia Comisión Europea a través de sus auditores”. Padilla ha remarcado que el mismo organismo que ha negociado y presionado para la aplicación del acuerdo ha reconocido por escrito fallos estructurales graves en el control de la carne brasileña, formando, dice, un hecho sin precedentes.

En la misma línea, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha pedido al Gobierno de España que siga el ejemplo de Hungría y Polonia y presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE para suspender temporalmente el acuerdo. Asaja se ha referido también al informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, cuyo contenido pone en entredicho la capacidad de Brasil para garantizar la ausencia de hormonas prohibidas en la carne exportada a Europa.

Respaldo oficial y visión desde la industria alimentaria

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han reiterado el apoyo de España al acuerdo, recalcando la dimensión del nuevo espacio comercial y las oportunidades que representa para empresas y trabajadores españoles. El ministro Carlos Cuerpo ha declarado que “en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha valorado el momento como “oportuno” dada la inestabilidad internacional, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los sectores más sensibles, según ha trasladado la patronal. FIAB ha advertido sobre la importancia de que los productos de Mercosur que lleguen a Europa cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad sanitaria y medioambiental. Según los datos presentados por la patronal, en 2024 el valor de las ventas al bloque Mercosur ha alcanzado los 329 millones de euros, frente a unas importaciones de más de 2.200 millones.

Rafael Pico, director de Asoliva, asociación que agrupa a los envasadores de aceite de oliva, ha celebrado la aplicación del tratado, al entender que es “favorable y conveniente” para el sector español. No obstante, Pico ha señalado que el acuerdo, a pesar de liberalizar de inmediato las exportaciones de aceite de oliva desde Mercosur a la UE, estipula que la desescalada arancelaria para el aceite europeo se extenderá a lo largo de 15 años.

La Organización Interprofesional del Vino de España y la Federación Española del Vino (FEV) han mostrado su respaldo, apuntando a las oportunidades que se abren especialmente en mercados como Brasil, cruciales en un contexto de caída de consumo.

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) se respalda la aplicación provisoria, siempre que se den mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia para evaluar y corregir el impacto en el mercado. Anice ha destacado las “potenciales oportunidades” que brinda el acuerdo en apertura de mercados y fortalecimiento de relaciones comerciales, siempre bajo el principio de reciprocidad normativa, sanitaria y medioambiental.

En el ámbito hortofrutícola, Ignacio Antequera, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), ha reconocido también el potencial de crecimiento, remarcando, sin embargo, la necesidad de que se respeten las salvaguardas establecidas.

Desarrollo y futuro del acuerdo

La Comisión Europea ha señalado que la parte comercial del acuerdo puede aplicarse provisionalmente desde que, al menos, un país del bloque Mercosur efectúe su ratificación, como ha sucedido con Argentina y Uruguay. Sin embargo, la aplicación definitiva requiere la aprobación de los Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo, condicionado en la actualidad por el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE para clarificar la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario, lo que ha congelado su ratificación.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido que la entrada en vigor es por definición una medida temporal y ha explicado que las capitales y los eurodiputados han estado debatiendo intensamente el asunto durante las últimas semanas. Von der Leyen ha indicado que el proceso de tramitación tras la notificación a los socios de Mercosur llevará aproximadamente dos meses, si bien la fecha exacta permanece aún por confirmar.

El Comité Ejecutivo Provincial de VOX en la Región de Murcia ha presentado su dimisión en bloque este jueves, como respuesta a su desacuerdo profundo con la gestión del presidente regional del partido, José Ángel Antelo. Según fuentes de la formación, el propósito de esta dimisión conjunta es instar a la dirección nacional de VOX a que asuma el control y aporte una solución a la “grave crisis de cohesión interna” que, según estas fuentes, se ha intensificado en los últimos tiempos.

La renuncia masiva ha generado incertidumbre en la militancia y en las estructuras territoriales del partido, que observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Murcia. Esta crisis regional adquiere relevancia nacional al sumarse a otros episodios recientes de inestabilidad interna.

La decisión implica a la que era vicepresidenta provincial, Lourdes Méndez, diputada en el Congreso, y a la secretaria Carmen Menduiña. También han dejado sus cargos los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial: Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver. Las renuncias afectan a áreas estratégicas de la estructura interna de VOX en la región y reflejan la magnitud de la fractura interna.

José Ángel Antelo ha optado por no hacer declaraciones sobre la situación interna del partido. Durante la sesión semanal de control al Ejecutivo en la Asamblea Regional, el hasta ahora presidente murciano de VOX ha evitado pronunciarse sobre una crisis interna. El silencio de Antelo ha sido interpretado como señal de la gravedad del conflicto, aunque el dirigente ha preferido mantener la reserva mientras la dirección nacional analiza los próximos pasos.

Negativas a la existencia de conflicto

Desde el ámbito municipal, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Murcia y miembro de la ejecutiva nacional, Luis Gestoso, ha negado en declaraciones al inicio del pleno del consistorio “ningún movimiento en contra de nadie” en el partido a nivel regional.

Una postura similar ha mantenido el portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ha calificado de “infundio” la posibilidad de que su formación vaya a renovar la dirección murciana. Ambos dirigentes han insistido en que las decisiones se toman con normalidad y que no existe un conflicto abierto, pese a la evidencia de fracturas internas.

La formación política ha situado en el día de mañana la fecha para que se conozcan los pasos que adoptará la dirección nacional respecto a la organización territorial de VOX en la Región de Murcia, dado que tras la dimisión colectiva la ejecutiva provincial ha quedado desmantelada y está pendiente del nombramiento de una gestora provisional, en función de la decisión que tome la cúpula en Madrid.

Agencia EFE ha intentado sin éxito recabar una valoración de José Ángel Antelo, quien será relevado del cargo una vez se designe a una nueva persona responsable desde la dirección nacional. La incertidumbre sobre el futuro inmediato de la organización ha incrementado la expectación en torno a la reacción de la dirección nacional.

Reacciones de antiguos dirigentes de VOX

A raíz de la crisis murciana, antiguos rostros destacados de VOX han lanzado duras críticas contra la dirección estatal del partido. Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de la formación, ha señalado en su cuenta de X: “Felicidades a la cúpula de Vox. Aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido, @JA_Antelo en Murcia. ¡Es que es increíble!”.

Por su parte, Juan García-Gallardo, que lideró Vox en Castilla y León hasta el año pasado, ha manifestado en la misma red social: “Alucinante. Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio. Vox se merece un líder nacional que quiera a los mejores jugadores en su equipo titular, no lo que estamos viendo en los últimos tiempos”. Estas reacciones evidencian el impacto de la crisis murciana en la percepción de la estabilidad interna del partido y la preocupación por el rumbo que pueda tomar la dirección en el futuro inmediato.

El interno Ian Huntley, conocido por los asesinatos de las niñas Holly Wells y Jessica Chapman en Soham (Reino Unido), ha resultado gravemente herido tras sufrir una agresión en la prisión de alta seguridad de Frankland, ubicada en el condado de Durham. Según ha informado The Sun, el ataque se ha producido alrededor de las nueve de la mañana, cuando otro recluso le ha golpeado en la cabeza con una barra metálica con pinchos mientras se encontraban en el taller del centro penitenciario. Huntley, de 52 años, ha sido encontrado inconsciente sobre un charco de sangre en el ala de la prisión y ha sido trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado grave.

Las circunstancias del asalto han generado sorpresa dentro del penal, donde Huntley suele estar fuertemente protegido debido a la naturaleza de sus delitos y al historial de ataques previos sufridos en prisión. Una fuente cercana al entorno penitenciario ha declarado al medio británico que el suceso ha sido caótico y que es inusual que un interno logre acercarse tanto a Huntley, dadas las medidas de seguridad habituales. Este mismo informante ha afirmado: “Han debido esperar el momento en que no estaba custodiado por los funcionarios y utilizar un arma para causarle estas heridas tan graves”.

“Han debido esperar el momento en que no estaba custodiado por los funcionarios”

El Servicio de Prisiones ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que un recluso ha recibido atención médica tras un incidente ocurrido la mañana del jueves en HMP Frankland, aunque ha subrayado que no realizará más declaraciones hasta que la investigación policial en curso finalice. Por su parte, la Policía de Durham ha actualizado la información precisando que la víctima, identificada como un preso de 52 años herido durante la agresión en el taller, continúa en estado grave tras ser atendido por lesiones en la cabeza. Agentes de policía científica han peinado el lugar de los hechos durante toda la jornada y han conseguido identificar a un sospechoso: un recluso varón de unos cuarenta y cinco años que, si bien aún no ha sido detenido formalmente, permanece aislado dentro del propio establecimiento penitenciario.

No es la primera vez que agreden a Huntley

La lista de ataques sufridos por Huntley en centros penitenciarios británicos es extensa. Fuentes citadas por The Sun destacan que ha sido víctima de al menos tres episodios violentos anteriores desde el ingreso en prisión por el asesinato de las menores en 2002. En 2018, este medio informó de que un preso armado con una “shank” —un cuchillo artesanal fabricado en prisión— intentó degollarle; un suceso que Huntley narró en una grabación obtenida durante su estancia en prisión ese mismo año. En dicha grabación, el propio Huntley relata cómo el agresor, identificado como Simon Maskrey, entró en su celda con una cuchilla incrustada en un cepillo de dientes e intentó cortarle el cuello.

Huntley indica en la cinta: “Hubo un intento de acabar con mi vida el año pasado. No tengo problema en decir su nombre, fue un preso llamado Simon Maskrey. Entró en mi celda armado y trató de degollarme. Conseguí darle una patada en el pecho y luego en el estómago. Le quité el arma y acabó en el suelo. Poco después, uno de mis amigos apareció y le dije, ‘Tiene un arma’, justo cuando Simon se levantaba. Entonces, mi amigo lo sujetó por detrás. Al poco llegaron los funcionarios”.

Otro episodio relevante se remonta a 2010, cuando el autor de robos con violencia Damien Fowkes le atacó con un cuchillo en la cárcel de Frankland, lo que le ocasionó una herida de tal gravedad que requirió 21 puntos de sutura desde la yugular hasta el lado opuesto de la tráquea. Huntley ha llegado a afirmar: “Quedó a dos milímetros de mi yugular. Lo único en lo que pensaba era en enviar un mensaje a mi familia para decir que estaba bien”. En 2005, el asesino Mark Hobson le arrojó agua hirviendo mientras estaba interno en la prisión de Wakefield. The Sun recuerda que, al margen de estos incidentes, Huntley ha tenido que ser hospitalizado en varias ocasiones a consecuencia de estos ataques.

El historial delictivo y el perfil penitenciario de Ian Huntley

El revuelo generado por el ataque reciente a Huntley viene marcado por la notoriedad de su caso. El exconserje de colegio fue condenado en 2003 a cadena perpetua por el asesinato de las dos niñas de diez años en Soham, localidad situada en Cambridgeshire, tras declararse no culpable en el juicio. La investigación reveló que Huntley atrajo a Holly Wells y Jessica Chapman a su domicilio tras una barbacoa familiar en 2002. Una vez allí, las asesinó y se deshizo de los cuerpos abandonándolos en una zanja, a una distancia de 19 kilómetros de la localidad. Posteriormente volvió al lugar y trató de quemar los restos.

Durante los días que duró la búsqueda, la policía, periodistas y la comunidad local colaboraron intensamente para dar con las niñas, cuyos cuerpos no se hallaron hasta más de una semana después, cerca de una base aérea. El papel de Huntley ante los medios, compartiendo detalladas opiniones sobre el comportamiento de las menores, levantó las sospechas de reporteros y autoridades. En una de las entrevistas, describió cómo posiblemente reaccionaría cada una ante un extraño, llegando a afirmar de Jessica que “se resistiría de verdad y daría realmente problemas”, lo que aumentó las dudas sobre su implicación. Algunos periodistas trasladaron sus recelos a la policía, al considerar inusual el nivel de detalle que aportaba. Tal y como recoge The Sun, uno de los reporteros explicó: “Sabía cómo reaccionarían porque así fue como reaccionaron cuando las mató”.

La entonces prometida de Huntley, Maxine Carr —por entonces asistente en el colegio de las niñas—, le proporcionó una coartada falsa, por lo que fue condenada a tres años y medio de prisión por encubrimiento y, tras su puesta en libertad, recibió una nueva identidad y una orden judicial de anonimato permanente en 2005. En el juicio, Carr llegó a referirse a Huntley como “esa cosa en el banquillo”, según ha recordado The Sun.

Las familias de las víctimas jamás han recibido por parte de Huntley una explicación satisfactoria. Durante el proceso judicial, el acusado insistió en que las muertes se debieron a sendos accidentes: sostuvo que Holly se ahogó en su bañera y que asfixió a Jessica accidentalmente al intentar silenciar sus gritos. Sin embargo, en grabaciones obtenidas en 2018 desde prisión, Huntley admitió haber matado intencionadamente a Jessica para evitar que diese la alarma, manteniendo solo que la muerte de Holly fue accidental.

La vivienda ahoga a los españoles, ya sea a la hora de comprar o de alquilar. Los precios están por las nubes y es algo que también sufren los estudiantes cuando se ven obligados a abandonar sus ciudades de origen para ir a la universidad. Este jueves en el Congreso se debatía una propuesta para para limitar el precio de los alquileres de temporada y habitaciones, una medida impulsada para facilitar el acceso a la vivienda de estudiantes universitarios desplazados. No ha salido adelante. PP, Vox y Junts han votado en contra. La misma coalición también ha rechazado la idea de reforzar la supervisión sobre la calidad de las universidades privadas y sus titulaciones más recientes.

La discusión parlamentaria ha ido en torno al impacto que los precios de alquiler tienen en los estudiantes. Para la diputada de ERC Etna Estrems, la falta de vivienda asequible obliga a muchos jóvenes a abandonar sus estudios: “Muchos estudiantes tienen que renunciar a estudiar por la falta de oferta de vivienda”, ha afirmado. En Cataluña, el coste del alquiler de habitaciones ha registrado un incremento del 62%, ha asegurado en su intervención.

Sumar y PSOE han defendido la necesidad de regular los precios para evitar que la vivienda actúe como un filtro social a la universidad. Teslem Andala, del partido de Yolanda Díaz, ha subrayado que la intervención es urgente: muchos universitarios se ven obligados a “compaginar estudios con un trabajo precario para poder pagarse una habitación”. Desde el PSOE, Víctor Camino calificó la inacción como “indecente”.La votación, marcada por un empate, se resolvió mediante voto ponderado, lo que dio 177 votos en contra (PP, Vox y Junts) frente a 165 a favor, lo que supuso el rechazo definitivo a la iniciativa.

Fortalecer el control de la calidad de las universidades privadas

Otra de las propuestas, impulsada esta vez por Sumar con enmienda del PSOE, pedía fortalecer el control sobre la calidad de las universidades privadas y sus titulaciones. La petición instaba al Gobierno a vigilar el cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos en el último real decreto, revisar los trámites administrativos y agilizar la homologación de títulos. El mismo bloque de PP, Vox y Junts se opuso, impidiendo su avance.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades también ha debatido sobre la seguridad y la igualdad en el entorno académico. En este caso, la iniciativa socialista orientada a combatir la violencia de género en la universidad sí prosperó, gracias a la abstención del PP y Junts. La proposición aprobada apunta a mejorar la formación del profesorado en violencia de género, ayudar a las víctimas en la concesión de becas y ayudas, y fomentar la investigación universitaria con perspectiva de género. Se plantea también agilizar la homologación de títulos para las víctimas.

Durante el debate, el diputado de Vox Jacobo González-Robbato ha critidado el enfoque académico de los planes de igualdad, asegurando que “mucho papel y mucho plan y contenidos de género en las carreras, pero esto no protege a las mujeres que quieren volverse solas y borrachas a casa”.

La manera en que cada persona organiza la limpieza en la cocina revela mucho de cómo es cada una. Solo hay que ver a Monica Geller -el personaje de Courteney Cox en Friends-, quien limpia compulsivamente y tiene aspiradoras pequeñas para limpiar las grandes y que queden impolutas. Hay quien sufre si ve un vaso sin su posavasos y la gota caer hacia la mesa. O quien mientras está cocinando no soporta la acumulación de sartenes y utensilios sucios y va limpiando a la vez. Todo esto tiene un porqué y la psicóloga Leticia Martín Enjuto nos da la explicación.

La costumbre de ir fregando a la vez que se cocina se vincula con varios rasgos de la personalidad y el bienestar emocional. Quienes lo hacen no actúan necesariamente por obsesión con el orden. La experta indica, en un artículo para Cuerpomente, que este hábito suele estar motivado por el deseo de tranquilidad en el propio espacio. “Limpiar mientras se cocina no es tanto una obsesión por el orden, sino una forma de estar más tranquilo”, afirma Martín Enjuto. Para estas personas, el entorno limpio es sinónimo de calma y contribuye a que la experiencia culinaria resulte placentera.

“Limpiar mientras se cocina no es tanto una obsesión por el orden, sino una forma de estar más tranquilo”

En contraste, quienes prefieren dejar la limpieza para el final pueden percibir este hábito como excesivo. Sin embargo, la psicóloga aclara que, en realidad, responde a una búsqueda de comodidad y paz en las tareas cotidianas. El desorden llega a resultar incómodo o agobiante para algunos, y mantener la cocina recogida es una forma de priorizar el bienestar antes que la rapidez.

Gestión del tiempo y anticipación en la cocina

Otro rasgo común entre quienes limpian sobre la marcha es su enfoque práctico del tiempo. Para este grupo, la limpieza no se separa del proceso de cocinar, sino que se integra en él. Según Martín Enjuto, “estas personas no ven la limpieza como algo separado de la cocina, sino como parte del proceso”. Así, afrontan pequeñas tareas en el momento, lo que les proporciona “una sensación de alivio inmediato” y evita una acumulación de trabajo posterior.

La facilidad para anticiparse a las necesidades también destaca entre estos perfiles. Antes de iniciar una receta, suelen planear los pasos y utensilios que van a utilizar, lo que les permite recoger y organizar sin esfuerzo adicional. Esta previsión se traduce en una cocina más funcional y en una experiencia menos estresante.

La limpieza durante la preparación de alimentos puede evidenciar un alto nivel de responsabilidad cotidiana. Martín Enjuto señala que finalizar la tarea con la cocina ordenada genera “una satisfacción silenciosa”, equiparable a cerrar un capítulo antes de pasar al siguiente. Este pequeño gesto refuerza la sensación de estar al día con las obligaciones del hogar y aporta una suerte de paz mental.

Además, la psicóloga menciona que quienes adoptan este método suelen presentar una personalidad pragmática, orientada a reducir cargas mentales innecesarias. Saber que no habrá una pila de platos esperando tras la comida permite disfrutar más del presente y es, en palabras de la experta, “una forma sencilla de cuidarse”.

Psicología de la limpieza y el factor emocional

Más allá de los hábitos fijos, el componente emocional influye en la elección de limpiar durante o después de cocinar. Martín Enjuto subraya que el desorden puede resultar molesto para algunas personas no por ser incorrecto, sino porque interfiere en su concentración o bienestar. Así, mantener el espacio ordenado ayuda a contar con una mente más despejada, sobre todo en momentos de estrés.

La flexibilidad también forma parte del panorama. Hay quienes alternan entre ambos métodos según su estado anímico o las circunstancias: en días de mayor estrés, la cocina impecable puede volverse indispensable, mientras que en vacaciones, el desorden puede pasar a segundo plano.

“La consulta psicológica muestra cómo estos hábitos reflejan la gestión del estrés, el tiempo y las responsabilidades”, resume Martín Enjuto. A pesar de las diferencias, la experta destaca que no existe superioridad en una forma de organizarse sobre otra. “Limpiar mientras se cocina no es una manía ni una virtud especial. Es solo una costumbre cotidiana que refleja cómo buscamos sentirnos mejor en nuestro día a día”.

Con tan solo 13 años Adela, una niña nacida en 2013, ya está inmersa en líos familiares por dinero. Su abuelo, antes de morir, decidió excluirla de su testamento. Su derecho a heredar no solo dependía de la sangre, sino de una compleja cadena de exclusiones y disputas legales que trataremos de explicar en este artículo. La Audiencia Provincial de Palma ha decidido anular la adjudicación judicial de la legítima a la menor y ordenar la repetición del juicio, exigiendo que se incluya a todos los herederos en el proceso. Esta sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, muestra el enfrentamiento entre dos generaciones, marcado por la desheredación de un hijo y la lucha de una nieta por obtener la parte que la ley le reserva.

La resolución judicial cambia el destino inmediato de la familia. La Sala ha revocado la sentencia que reconocía a Adela su legítima estricta en la herencia de su abuelo, Inocencio, y que condenaba a sus tías Lucía y Marí Jose al pago de 17.707,88 euros cada una. La decisión de la Audiencia no niega el derecho de la menor a reclamar, pero recalca que el procedimiento seguido fue incompleto: faltaba una heredera esencial, la viuda Sofía, que también fue instituida universal en el testamento.

Además, el tribunal ha declarado que Joaquín, padre de Adela y desheredado por sentencia firme, carece de legitimación para representar a su hija en este litigio, aunque sí reconoce la validez de la representación ejercida por la madre, Noemi. La falta de inclusión de todos los herederos y la cuestión de quién puede actuar en nombre de la menor han obligado a retrotraer el proceso judicial a una fase anterior, abriendo una nueva etapa de incertidumbre para la reclamación de la legítima.

El testamento de Inocencio, firmado el 18 de julio de 2012, repartía sus bienes entre su esposa, Sofía, y sus hijas, Lucía y Marí Jose, dejando fuera al hijo varón, Joaquín, por haberlo desheredado. Aquella exclusión quedó confirmada por sentencia firme en 2016. Cuando nació Adela, hija de Joaquín, la distancia entre ramas familiares se tradujo en un nuevo conflicto: la reclamación de la legítima reservada por ley para los descendientes, aún en caso de desheredación.

Los padres de Adela exigieron la legítima

En febrero de 2021, los padres de Adela enviaron un burofax a las herederas exigiendo el pago de la legítima y la concreción del caudal hereditario. El proceso judicial se inició poco después, con una demanda en la que reclamaban que se reconociera el derecho de la menor a recibir la legítima estricta de su abuelo, fijada por peritaje en 35.415,76 euros. La sentencia de primera instancia, dictada el 23 de mayo de 2023, estimó la demanda parcialmente: reconoció el derecho de Adela y condenó a Lucía y Marí Jose a abonar cada una la mitad de la suma, más intereses, sin imponer costas.

Las tías recurren. Alegan falta de legitimación, prescripción y la ausencia en el proceso de la viuda, también heredera. El tribunal de apelación aborda uno a uno los argumentos: confirma que el nacimiento de Adela está acreditado, pero estima que Joaquín no podía representar a su hija por haber sido desheredado, aunque la madre sí. La clave, sin embargo, está en la ausencia de la viuda en el proceso: la Audiencia considera que para repartir la legítima y fijar el inventario de bienes es imprescindible que todos los herederos estén presentes y puedan defender sus derechos. Por ello, ordena retrotraer las actuaciones al momento previo a la audiencia, para que se amplíe la demanda e incluya a Sofía.

El recorrido judicial no termina aquí. La sentencia de la Audiencia Provincial permite a las partes presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears si la cuestión afecta al derecho civil propio de la comunidad. El plazo para interponer el recurso es de 20 días desde la notificación. Mientras tanto, la reclamación de Adela queda en suspenso, a la espera de que el proceso se reinicie con todas las garantías de defensa y representación para cada uno de los herederos.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Estefanía Unzu no tiene límites. La influencer, más conocida como Verdeliss, se ha propuesto un nuevo reto en el que llevará a su cuerpo al límite: 24 horas seguidas corriendo en una tienda del centro de Madrid. Sin pausa alguna. Esta singular prueba, impulsada con el respaldo de la marca deportiva Decathlon, ha situado a la navarra en el foco de atención de sus seguidores y de los aficionados al running, quienes han seguido su evolución a través de actualizaciones y publicaciones en redes sociales.

La decisión de abordar esta experiencia llega tras una serie de pruebas de alto nivel llevadas a cabo por Verdeliss, quien en 2025 ha completado el exigente desafío de correr siete maratones en siete días y en siete continentes distintos, sumando un total de 295 kilómetros y logrando alzarse con la primera posición en la clasificación femenina. Estos precedentes han consolidado a la navarra como uno de los referentes del running extremo.

El inicio de la maratón de 24 horas ha tenido lugar en el interior de la tienda Decathlon situada en la calle Orense. La actividad se desarrolla sin pausas, según ha informado 20 minutos, con el fin de mantener el dinamismo durante toda la jornada. Como ha manifestado la propia Verdeliss en sus redes sociales, la prueba busca demostrar hasta qué punto la fuerza de voluntad y la disciplina pueden imponerse ante el agotamiento físico y la falta de sueño. Una de las frases compartidas por la influencer y que resume su filosofía durante el reto es: “Cuando el cuerpo empieza a pedir pausa, la cabeza es capaz de continuar”.

La organización garantiza en todo momento las condiciones de seguridad y el control necesario para el buen desarrollo de la prueba, con personal de apoyo presente en la tienda y zonas habilitadas donde el público puede seguir la evolución del desafío en el horario de apertura. El evento trasciende la mera marca deportiva y se concibe como un test de resistencia no solo física, sino mental.

El fenómeno de las pruebas de larga duración

El desafío de Verdeliss se incorpora a un fenómeno creciente: el de los retos de larga duración, que en la actualidad despiertan un notable interés tanto entre el público como en el colectivo de influencers enfocados en el deporte. La dimensión de los logros recientes de la navarra y la atención mediática generada, distinguen esta iniciativa en el ámbito del running extremo.

A lo largo de la prueba, la creadora de contenido ha recurrido a su experiencia previa en competiciones de resistencia para gestionar tanto el ritmo como la concentración mental. Además, la tienda donde se desarrolla el evento ha proporcionado los recursos logísticos necesarios.

Mientras se aproxima la conclusión de las veinticuatro horas de carrera, la comunidad de seguidores yo pierden detalle del estado físico y anímico de Verdeliss. En los últimos compases del reto, la influencer mantiene su actividad en la cinta con la mirada puesta en completar la jornada de esfuerzo ininterrumpido, consolidando así su estatus como exponente de la constancia y la superación dentro de las pruebas de resistencia.

Con información de Europa Press

Buenas noticias para los jubilados. El Congreso tiene previsto aprobar este jueves la esperada subida de las pensiones para 2026 conforme al IPC. El Real Decreto-ley, que garantiza el incremento automático de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), logra así un respaldo parlamentario amplio.

El apoyo al texto no solo proviene del Gobierno y sus socios habituales. A la suma de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís, UPN y Coalición Canaria se añaden dos partidos clave: PP y Junts, que se habían opuesto en un principio. El respaldo de estas formaciones ha quedado claro en la sesión plenaria, donde sus portavoces han confirmado el sí al decreto, despejando cualquier duda sobre el resultado de la votación.

Por parte del Partido Popular, el diputado Miguel Ángel Paniagua ha reiterado el compromiso de su grupo con la subida de las pensiones según la inflación y ha criticado al Gobierno por haber generado incertidumbre en el pasado al vincular la revalorización de las pensiones a otras medidas en un único decreto, como la moratoria de desahucios. “Los pensionistas no se merecían este circo y no se merecen tenerla como ministra”, espetó Paniagua a la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde Junts, Josep María Cervera fue aún más contundente y acusó al Ejecutivo de “ineptitud” y “torpeza” por repetir los errores del año pasado. Además, Cervera reclamó al Gobierno la llamada “deuda histórica” con Cataluña en materia de pensiones, cifrada por la Comisión de Estudio del Parlamento catalán en 30.000 millones de euros.

Durante el debate, la ministra Elma Saiz defendió la aprobación del decreto como una medida esencial para “evitar una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas”. Saiz ha insistido en que la iniciativa responde a la obligación legal de revalorizar las pensiones y remarcó la importancia de garantizar estabilidad y certidumbre a los pensionistas.

El Ejecutivo ha optado por tramitar la subida de forma separada, desmarcándose de otras políticas sociales para evitar el rechazo que generó en el pasado la presentación conjunta de varias medidas en un único texto legal.

Vox no confirma su apoyo a las pensiones

Mientras la mayoría de grupos parlamentarios han confirmado su apoyo, Vox mantiene la incógnita sobre su voto. Su portavoz, José María Figaredo, ha expresado dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema y ha criticado la ausencia de reformas estructurales que garanticen su viabilidad a largo plazo.

Por su parte, Junts y UPN han exigido al Ejecutivo que no vuelva a generar incertidumbre entre los pensionistas en futuras reformas y han reclamado mayor atención a las especificidades territoriales, con especial énfasis en Cataluña.

Con la inminente aprobación de la subida conforme al IPC, millones de jubilados recibirán la garantía de que sus prestaciones mantendrán su poder adquisitivo en 2026. El consenso parlamentario logrado en esta ocasión refuerza la estabilidad del sistema, aunque el debate sobre su sostenibilidad y sobre las demandas territoriales seguirá presente en los próximos meses.

El teniente coronel Antonio Tejero ha muerto a los 93 años tras unos meses de lucha contra problemas de salud, según ha podido confirmar Infobae. El fallecimiento se ha producido a las 18.45 horas, en Alzira. El anuncio de su muerte lo ha realizado el despacho jurídico Cañizares Agodos, y ha coincidido con la publicación de los documentos desclasificados sobre el 23-F en la web de La Moncloa, procedentes de los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.

“Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos. Toda la familia en el convencimiento absoluto de que ‘la muerte no es el final’, agradecede de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estots momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad”, dice el comunicado difundido por los abogados de la familia.

El guardia civil pasó a la historia de España tras protagonizar un hecho clave en los acontecimientos recientes. Seis años después de la dicctadura de Franco, Tejero trató de tumbar la democracia por la fuerza con el conocido caso de los disparos en el Congreso de los Diputados. Fue condenado a 30 años de prisión por rebelión y expulsado del cuerpo de la Guardia Civil. Desde su salida de prisión, residía en su provincia natal, Málaga, y sus apariciones públicas se han reducido notablemente. En los últimos años, únicamente intervenía en ámbitos políticos puntuales, participando en iniciativas de ultraderecha. Su imagen, con el tricornio, la pistola en la mano y el grito de “¡se sienten, coño!” en la tribuna del Congreso, ha quedado como la estampa más emblemática del 23-F, el episodio durante el cual un grupo de guardias civiles dirigidos por él irrumpió en el Congreso durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, manteniendo retenidos durante 18 horas al Gobierno y a la Cámara.

Durante su etapa en prisión, Tejero puso en marcha el partido político Solidaridad Española, que se presentó a las elecciones generales de 1982 con el lema “¡Entra con Tejero en el Parlamento!”, aunque obtuvo un resultado muy modesto: apenas 28.451 votos, el 0,14 % del total. En 1993 accedió al tercer grado penitenciario y en 1996 a la libertad condicional, después de que el Gobierno le denegara el indulto pese al pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo.

Durante sus últimos años, Tejero continuó siendo una figura de referencia para la ultraderecha más nostálgica. Ha participado en actos como la reinhumación de los restos de Francisco Franco en 2019 en el cementerio de Mingorrubio, hecho en el que intentó sin éxito atravesar un cordón policial para acceder al panteón donde se enterraba al dictador. Uno de sus últimos pronunciamientos públicos ha tenido lugar en marzo pasado, al aparecer su nombre como firmante de la “Plataforma 2025”, organización que pretendía contraprogramar los actos oficiales por el 50º aniversario de la muerte de Franco y el inicio de la transición a la democracia.

Tejero también ha actuado judicialmente contra líderes políticos involucrados en procesos independentistas o pactos con nacionalistas. Así, en 2012 presentó una denuncia contra Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, por conspiración y sedición relacionadas con el proceso soberanista en Cataluña. En 2023 ha hecho lo propio contra Pedro Sánchez, por sus negociaciones de investidura con partidos nacionalistas. Ese año, en declaraciones a El Español, justificaba sus acciones afirmando: “No veo ninguna reacción social ante las barbaridades que hace ese hombre que se llama Pedro”, para añadir: “Me gustaría que hubiera un gobierno militar que pusiera las cosas en su sitio”, si bien admitía asumir al “PP como mal menor”.

“¡Quieto todo el mundo!”

La tarde del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados junto a más de 200 guardias civiles armados. Adolfo Suárez cedía su puesto tras ser el primer presidente de la democracia y el Congreso iba a escoger a su sucesor en una sesión de investidura. A las 18:23, el grito de “¡quieto todo el mundo!” interrumpió las intervenciones.

Antonio Tejero, dentro del edificio, disparó al techo y ordenó a todos los diputados se tiraran al suelo. Tres de ellos, Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, hicieron oídos sordos y se mantuvieron en pie. Todo quedó registrado gracias a la retransmisión de la radio en directo, lo que permite tenerlo archivado en la cadena SER y RTVE.

El plan golpista estaba liderado por Antonio Tejero, coordinado junto al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, y el capitán general Jaime Milans del Bosch. Este último adoptó medidas excepcionales en Valencia, desplegando tanques por la ciudad y decretando el estado de excepción, para mostrar su apoyo al golpe. Sin embargo, no contó con la colaboración esperada.

La intervención televisiva del rey Juan Carlos I durante la madrugada terminó con sus aspiraciones. Vestido con uniforme militar, transmitió el respaldo de la Corona al orden constitucional y democrático. Ante la ausencia de respaldo militar y político, Tejero y sus colaboradores terminaron por entregarse. A mediodía del 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron las instalaciones del Congreso y permitieron la salida de los diputados retenidos.

Tragedia en Grandfontaine, una localidad francesa en Alsacia. Una mujer septuagenaria fue detenida el pasado viernes tras matar a su esposo, de 87 años, con un martillo mientras él dormía, según ha informado France Info. La alarma saltó alrededor de las 8:30 horas, cuando varios vecinos advirtieron la intención de la mujer de arrojarse por la ventana desde la primera planta de la vivienda. Al acceder al domicilio, los testigos encontraron al marido en la cama, fallecido a consecuencia de fuertes golpes en el rostro.

Christine de Curraize, vicefiscal de la República del Doubs, explicó que la mujer presentaba síntomas de embriaguez y se encontraba en estado de shock en el momento de la llegada de los equipos sanitarios. Durante la investigación, la arrestada ha admitido los hechos, afirmando que cometió el homicidio durante la noche tras despertarse y golpear repetidamente a su marido con un martillo. Posteriormente, ha manifestado que ingirió alcohol para armarse de valor y con la intención expresa de quitarse la vida, según ha detallado la fiscalía.

El hombre, de avanzada edad, sufría un diagnóstico de Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Estaba previsto su traslado inminente a una residencia de mayores (Ehpad), medida que, según ha indicado la vicefiscal, ambos cónyuges parecían haber aceptado. La representante del ministerio público ha remarcado que la esposa llevaba un tiempo ejerciendo de cuidadora principal y que se había ocupado de su pareja con dedicación.

La investigación se centra en la situación emocional de la autora confesa. Durante su comparecencia, la septuagenaria ha reconocido hallarse exhausta por la carga acumulada debido al estado de su cónyuge, y ha descrito su estado al momento de los hechos como de “fatiga importante”. Además, ha manifestado su temor ante la perspectiva de afrontar la soledad tras el traslado de su marido a una institución. Ya en las semanas previas al suceso, la mujer había sufrido varios desmayos, pero ni familiares ni personal médico percibieron lo profundo de su angustia ni el alcance de un posible cuadro depresivo, tal y como ha indicado el citado medio francés.

La justicia ha imputado a la septuagenaria por homicidio de su cónyuge y ha certificado, según el propio ministerio fiscal, que no existía historial alguno de maltrato o violencia en la pareja que pudiera anticipar este desenlace. Ante la evaluación de su estado mental, las autoridades han decidido su ingreso en una unidad psiquiátrica. La mujer permanece actualmente bajo custodia en dicho centro a causa de su delicada situación psicológica.

Cuidar a personas con Alzheimer

Cuidar de personas enfermas de Alzheimer no es fácil. La enfermedad altera de manera progresiva la memoria, la orientación y la capacidad para realizar tareas cotidianas, lo que obliga a los cuidadores a prestar atención permanente y a asumir un nivel elevado de responsabilidad. Profesionales del sector sanitario señalan que quienes asumen este rol suelen experimentar altos niveles de estrés, fatiga y aislamiento social, factores que pueden afectar profundamente su bienestar.

La sobrecarga resulta especialmente notoria cuando el avance de la enfermedad neurodegenerativa exige asistencia para la higiene personal, la alimentación y el control de la medicación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 80% de los cuidados recaen en familiares directos, quienes a menudo no cuentan con recursos suficientes ni acceso a redes de apoyo. El acompañamiento prolongado de una persona con Alzheimer puede generar sentimientos de impotencia y desesperanza, lo que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos como la depresión o la ansiedad.

Cualquier ciudadano puede tener acceso desde hoy a los documentos oficiales desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Son más de 150 documentos en los que se revela información del papel del rey Juan Carlos I, de los militares e incluso se comparte la transcripción de numeras conversaciones de teléfono de personas implicadas, como la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez.

La primera reacción de una figura política ha sido la de Felipe González, quien ha planteado la imperiosa necesidad de facilitar el acceso transparente a los archivos relativos a episodios históricos de especial trascendencia. El expresidente del Gobierno ha defendido que la actuación del rey Juan Carlos I en ese momento supuso un factor fundamental para la defensa de la democracia y la continuidad del régimen constitucional.

Durante la presentación celebrada en la Cámara Alta de la segunda edición del libro El Rey, de Manuel García-Pelayo, González ha subrayado las diferencias existentes entre España y otras democracias europeas en materia de acceso a secretos oficiales. Ha resaltado que los investigadores españoles encuentran, en ocasiones, más información relevante en archivos extranjeros que en los propios nacionales. En este contexto, ha reclamado la exigencia de “una ley que garantice el acceso pleno” y ha apostado por la creación de marcos legales equivalentes a los de Reino Unido, Francia o Alemania.

El papel de la Corona

En el acto, González ha insistido en la necesidad de desclasificar la totalidad de los documentos relacionados con el 23-F y ha reiterado su confianza en que una mayor transparencia y divulgación contribuirían a esclarecer el papel desempeñado por el entonces jefe del Estado. El socialista ha hecho referencia a las dudas surgidas en algunos sectores acerca del tiempo que el monarca tardó en intervenir públicamente tras el asalto al Congreso, pero ha descartado que en la actitud del rey existiera “alguna tentación de otra naturaleza”, si bien no ha cuestionado la posibilidad de maniobras o engaños. En palabras del propio González, “la actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva”.

González ha insistido en la importancia de que el rey tuviera conocimiento preciso de la situación de las distintas guarniciones antes de comparecer ante la nación. En su intervención, ha recalcado que durante el 23 de febrero, “en ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución”, y ha subrayado que el pronunciamiento de Juan Carlos I permitió restablecer de inmediato el régimen constitucional. Por otra parte, el exmandatario ha señalado que tras la aprobación de la Constitución, la Corona se consolidó como la institución con mayor respaldo popular. También ha recordado que el monarca transfirió poderes políticos incluso antes de la promulgación de la Carta Magna.

Durante su intervención, González ha llamado la atención sobre la existencia de una “anomalía” normativa en el caso español respecto al acceso a secretos oficiales, proponiendo su revisión y adaptación al estándar europeo. La propuesta del expresidente contempla la necesidad de establecer límites definidos, criterios claros y plazos transparentes para la desclasificación de documentos, en línea con las mejores prácticas de los países de nuestro entorno. En su opinión, solo a través de esta apertura legal será posible comprender en detalle episodios como el del 23-F y el verdadero rol que ejerció el monarca, garantizando el derecho a la información y fortaleciendo el conocimiento público del desarrollo democrático.

Con información de agencias

Los expedientes secretos, hasta ahora protegidos bajo la figura de secreto oficial, pasan a formar parte del dominio público. Hay un total de 153 unidades documentalesque provienen de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y comprende informes secretos y transcripciones de las conversaciones mantenidas por los principales protagonistas del episodio.

El acceso se ha habilitado a mediodía a través del portal institucional de La Moncloa, aunque la información disponible se limita a documentos escritos, dado que las grabaciones de las llamadas telefónicas no forman parte de la publicación. Puedes acceder a ellos en este enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/desclasificacion-documentos-23F.aspx

Papeles desclasificados del 23F

Estos son algunos de los documentos que se pueden descargar:

• Transcripción de conversación telefónica de (presuntamente) García Carres y Tejero mientras (posiblemente) el segundo se encontraba dentro del Congreso.
• Transcripción de conversación telefónica de García Carres con otra persona después de la citada.
• Conversaciones telefónicas de (presuntamente) la unidad militar El Pardo (24 de febrero del 1981).
• Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980).
• Documento manuscrito de posible planificación del golpe.
• Transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero.
• Nota del EM de la Guardia Civil con una secuencia parcial de los hechos del asalto al Congreso.
• Télex interiores y de agencias recibidos en 2ª sección EM el día 23-F informando del estado de situación (23 de febrero de 1981).
• Oficio zona País Vasco que expresa una comunicación del teniente coronel Tejero sobre la posible situación de tensión por la presencia de ETA (1975).
• Nota sobre la comparecencia del teniente coronel Tejero informando sobre una reunión en la cafetería Galaxia citando al resto de asistentes (1978).
• Nota Informativa sobre la repercusión en prensa del arresto de Tejero en 1978 cuando era Jefe de la Comandancia de Málaga, y sobre alguna carta de apoyo de civiles.

El papel del rey Juan Carlos

Como no podía ser de otra manera, uno de los aspectos que suscitan más expectación es el papel del rey Juan Carlos I. Entre otros documentos, hay uno elaborado por el ministerio de Interior que atribuye a los militares que propiciaron el golpe de Estado de febrero de 1981 la puesta en marcha de una campaña para involucrar al Juan Carlos I en el 23F.

Esta supuesta implicación “responde, por una parte, al deseo dedisminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro”, señala el texto, que forma parte del paquete de documentos desclasificadoseste miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al utilizar el término de procesados, este informe debió ser realizado tras la judicialización del caso.

“Tanto por parte de los abogados defensores de los verdaderamente implicados, como entre los grupos politicos y circulos simpatizantes con la causa de aquellos, se ha manejado profusa mente esta supuesta implicación de S.M. el Rey como razón primaria del intento de golpe de estado. Para ello se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que sólo han existido en la mente de sus creadores”, se puede leer en el inicio de este informe. Que habla de “sucesivos rumores contra la Corona”. El principal argumento que estaban usando los implicados “de manera insistente” es que no era posible la intervención de dos generales como Milans del Bosch y Armada “sin conocimiento previo de Su Majestad”.

Este miércoles se han desclasificado los documentos secretos del 23F. Son 153 unidades documentales que ponen fin a cuatro décadas de secreto oficial. Los archivos se han publicado en la página web de Moncloa y son todos en texto, puesto que no aparecen las grabaciones de las conversaciones telefónicas. En uno de ellos se comparte la transcripción de las conversaciones telefónicas que mantuvo la mujer deL teniente coronel Antonio Tejero con sus familiares y con militares tratando de encontrar a su marido.

Conversación entre Carmen Díez y su hijo Antonio

La siguiente conversación es con su hijo Antonio, que estaba en la Academia General Militar de Zaragoza:

A - Antoñito, soy tu madre.

B- Si,

A - Sí hijo, sí

B- Hola, ¿que tal madre?

A - Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejao a tu padre tirao como colilla

B - Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

A - Todo el Ejército estaba detrás, hijo mio

B - Y, ¿qué ha pasao?

A - Pues que el Ejército se ha rajao

B - Hijo putas!

A - Eso ha pasado hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo

B- Bueno y tú ¿qué tal estás?

A - Yo estoy muy bien, demasiado bien. Pero fíjate que ... tengo una decepción de ver como han dejao a tu padre tirao como una colilla

B - Bueno, y ahora ¿que va a pasar con padre?

A - Pues no lo sé, nada más le pido a Dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida

B - ¿Tú sabes lo que es eso madre?

A - Pero que salga sano. ¿Que?

B- Pero, tu sabes lo que es eso?

A - Si sé lo que es eso

B- ¿Tú lo has leído en el código?

A - ¿Qué?

B- Tu lo has leído en el código de justicia militar ?

A- ¿Qué?

B Que si tu lo has leído en el código de justicia militar?

A- No, no,la pena de muerte la han quitao

B- ¿Eh?

A- Que la pena de muerte la han quitao

B- Anda, Anda! pero que mas da eso que esté toda la

A- Bueno son 12 años de prisión

b- ¿Cuántos?

A- 12

B- ¡Ay, madre! Bueno, qué tal estais todos?

A- Todos estamos... pero lo que quiero es que estés tu tranquilo

B- Si, ya ves tú

A- Eso si hijo de mi alma. Si yo pudiera volverte a parir

B- ¿Eh?

A - Si yo pudiera volverte a parir ninguno sería militar de mis hijos

B - Qué dices?

A- Que si yo pudiera volver a parir ningun hijo mío sería militar

B- Sabes que no me dejan salir, no? Madre

Que?

Que no me dejan salir, he pedido permiso urgente y no me dejan

A - Bueno, déjalo bonico. Estás en la Academia, no?

B- Si

A - Pues estáte tranquilito

B- Si claro tranquilísimo, siempre desconecta

Carmen Díez y José Antonio Asiego

Conversación de Carmen Díez con José Antonio Asiego, ultraderechista y dirigente de la Falange

A- Dígame

B - Buenas, por favor está la Sra. de D. Antonio TEjero?

A - Quién es, por favor?

B- José Antonio Asiego, quería hablar con ella nada más que un morento

A- Soy yo, soy yo

B- Eh!

A- Soy yo

B- ¡Ah! hola, qué hay?, mira...

A - Aquí estoy, hijo mío

B- Mira, es para decirte que, en fin, que llame anoche prestando mi apoyo y que te vuelvo a decir lo mismo ahora mismo

A - Yo te lo agradezco mucho, pero tu sabes lo que hacía falta

B- Ya sé, si es que nos han inmovilizao a todos los grandes, aquí había

A - Pero por Dios, pero si el Ejército estaba detrás

B- Si... no estaba detrás. Bueno, de esto hablaremos, mira yo tengo aquí un grupo, de un monton de abogados de mi Sindicato, los tenéis a todos incondicionalmente

A- Ya se lo que tiene, yo lo he mirado en el Código de Justicia Militar, hijo

B- ¿Eh?

A-Que ya lo he mirado en el Codigo de Justicia Militar

A- Bueno, y para vosotros pues tu toma mi teléfono, haz el favor

A - Si

В - Тoma un lápiz .

A- Lo tiene Antonio, lo tiene Antonio

B- Lo tiene él, bueno, lo que necesiteis de mí, de mi teléfono de la índole

que sea, podeis contar conrigo, eh!

A - Bueno, pues muchas gracias, hijo

B -Vale!

A- Yo 10 único que quería es que le hubieran ayudao, ahora ya me conforme

con que salga vivo

B Son todos unos cobardes

A- Una mierda,es una mierda todo

B- Son todos unos cobardes

A - Es una mierda

B Qué le vamos a hacer!

A - Me voy que está Antonio en la television

B- Bueno, hasta luego

A - Adios

Conversación con Elvira

A - Digame?

B - Tete, o Elvirita, quién es?

A - No se, quien es ahí?

B- Elvira, Cammen, eres tu, hija?

A- Soy yo

B- Ya ni nos conocemos la vOZ

A - Qué desgraciao mi marido, Elvira, qué desgraciao

B- Tu marido es un desgraciao, porque hay mucho cobarde

A - Ay que desgraciao!, el Ejército detrás que estaba, ahora he visto en la televisión cuando ha dicho que, el Capitán ese, que ha dicho que, que, esperen un momento que va a ir ... si era el Ejército, si era un tío del Ejército más gordo que un deronio, y no ha ido nadie, le han dejao solo, y no querían nadà más que terminar con el terrorismo ydespues ya está

B-... lo que me dice mi herrana, que había mucho gente, ... una Junta Mi litar para acabar con el terrorismo y despues volverá la denocracia

A - No, qué desgraciao es! Cómo ha confiao ... la cárcel, Elvira

- ¿Y por quë se negó cuando le dijeron que le daban un avión?

- Porque no pensó, porque no se lo creyó, porque tenía todos los militares detrás, y despues se han ido para atrás, a mi me dijeron que al

Sr. que me lo dijo per teléfono se lo han llevao preso, ne dijo per

teléfono García Carrés, Carmen, estéte trenquila, que me acabaen de cecir por tal teléfono que hay cinco Capitanes Generales, cinco de las regiones de España, que se suman a esto

B- Ya ves tu... tarbién se volvió para atrás

A - Y Milans del Boch primero sí y después se retractó

- Claro, cuando vio que todo el mundo se quedaba tranquilo, yo sabía que Antonio no iba a hacer esa jilipoyez él sólo, tenía que estar pensando

que estaba respaldao por unos cuantos gordos

A - Todo el Ejército!

B - Todo el Ejército, ya ves tu

A - Todo el Ejército

B - Además, para más inri el se echa la culpa a sí mismo, él solo

A - Si hija, si. ¡Que tonto es!

B - ¡Por favor! pues yo estoy malísima, Carmen

A - Yo estoy..... Antonio me ha intentao llamar, pero me han cortao la comunicación

B El donde está ahora mismo?

A - Está en la Guardia Civil, hemos ido a ver si me dejaban verle, y no me han dejao, y él me ha intento llamar y le han cortao la comunicación.

Una clienta de Mercadona presentó una demanda contra el supermercado por las lesiones sufridas al ser golpeada por una barrera automática en el aparcamiento de un establecimiento de la cadena en Madrid. El incidente motivó la reclamación de una indemnización por importe de 7.356,28 euros. La clienta, llamada Diana en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, sostiene que el accidente se debió al funcionamiento defectuoso de la barrera, atribuyendo la responsabilidad a la empresa propietaria del establecimiento. No obstante, en el fallo no se especifica cómo fue el golpe ni si Diana iba en coche, a pie o de otra manera.

La demanda fue interpuesta en el partido judicial de Moncada, localidad donde Mercadona SA tiene su domicilio social. La elección de este juzgado responde a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite a quien demanda a una persona jurídica optar por presentar la reclamación en el domicilio social de la entidad demandada. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Moncada, sin embargo, declaró su falta de competencia territorial al considerar que los hechos sucedieron en Madrid y remitió el procedimiento a los juzgados de esa ciudad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 14 de Madrid, una vez recibido el caso, dictaminó que tampoco era competente para conocer la demanda. Este órgano judicial argumentó que, conforme a la normativa aplicable, la demandante tenía derecho a elegir el fuero del domicilio social de la empresa, por lo que el asunto debía resolverse en Moncada. Como consecuencia de la discrepancia, se elevó un conflicto negativo de competencia ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Qué dice la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Tribunal Supremo analizó el caso atendiendo a los artículos 50 y 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Determinó que no concurría ningún fuero especial que desplazara la regla general de competencia territorial para personas jurídicas, como sería el caso de daños derivados de la circulación de vehículos a motor. Según el Supremo, la normativa otorga al demandante la posibilidad de elegir entre el lugar donde la persona jurídica tiene su domicilio o el lugar donde nació la relación jurídica, siempre que allí exista un establecimiento abierto al público. En el caso de Diana, la opción ejercida fue la del domicilio social de Mercadona SA en Moncada.

El Ministerio Fiscal informó en el mismo sentido, apoyando que la competencia territorial correspondía al partido judicial de Moncada por haber sido esa la elección de la demandante y no existir un fuero imperativo aplicable al supuesto. El Tribunal Supremo resolvió que corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Moncada conocer del asunto, por ser el partido judicial elegido por Diana y el lugar donde la empresa tiene fijado su domicilio social.

En la parte dispositiva del auto dictado el 20 de enero de 2026, la Sala acuerda declarar la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Moncada, ordenar la remisión de las actuaciones a dicho juzgado y comunicar la resolución al órgano judicial de Madrid. Contra este auto no cabe recurso, por lo que la decisión es firme.

A partir de esta resolución, el procedimiento podrá continuar y el juzgado competente deberá pronunciarse sobre el fondo del litigio: la reclamación de 7.356,28 euros presentada por Diana contra Mercadona SA como consecuencia de las lesiones sufridas en el aparcamiento del establecimiento de la empresa en Madrid.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

La idea de que la bengala podría ser el origen del incendio fue la conclusión de la primera investigación que se llevó a cabo. Iba introducida en una botella de champán y, acercarse peligrosamente al techo, provocaron que el fuego se expandiese rápidamente. Según la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, el incendio comenzó en torno a la 1:30 horas del día de Año Nuevo. En ese momento, cerca de 400 personas se encontraban en el interior del establecimiento, que únicamente disponía de una salida de emergencia operativa.

El local sólo tenía una vía de evacuación, lo que ha sido un factor clave en el agravamiento de la situación. Informes policiales revelan que numerosas personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de la barandilla de madera de la escalera principal. La presión de la multitud que trataba de escapar hizo que la barandilla se desgajara de la pared y cayese, impidiendo el paso.

De acuerdo a los resultados aportados por los investigadores italianos, designados por el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Roma, unas 34 de las 41 víctimas mortales murieron al no conseguir abandonar el edificio por la escalera.

Testimonios recabados tras los hechos afirman que el hijo de los propietarios intentó destrozar los paneles de plexiglás para auxiliar la evacuación, mientras que las autoridades investigan otra acusación similar contra Jessica Moretti, esposa del dueño, que habría huido del establecimiento llevándose la caja registradora. Tanto Jaques Moretti, el dueño del local, como su mujer, Jessica Moretti, se encuentran bajo investigación por homicidio imprudente. Jaques Moretti fue enviado a prisión preventiva y salió el 23 de enero tras pagar una fianza de 215.000 euros.

Reformas ilegales y antecedentes previos

La gestión del bar acumulaba diversos antecedentes. El periódico italiano Il Giornale informó que, en 2015, Le Constellation realizó unas obras de renovación sin los permisos necesarios, modificaciones que alteraron de manera significativa la seguridad del local. La escalera principal, originalmente de tres metros de ancho, fue reducida a uno. Además, el establecimiento no había superado las revisiones anuales exigidas por la normativa desde el año 2019.

No era la única irregularidad detectada en la gestión. Las autoridades suizas ya habían investigado a la pareja propietaria por el presunto uso irregular de ayudas públicas durante la crisis provocada por el Covid-19. El diario suizo SonntagsZeitung reveló que en 2020 la Fiscalía del Cantón de Valais abrió una causa por la posible utilización fraudulenta de un crédito de 75.500 francos suizos (81.000 euros), equivalente al 10 % de la facturación del local, que se concedió como auxilio extraordinario en plena pandemia.

Parte de esos fondos sirvieron para adquirir un coche Maserati valorado en 33.000 francos suizos (35.400 euros), que se sumaba a una flota conformada por un Mercedes-AMG, un Bentley y un Porsche Cayenne. Finalmente, la instrucción se archivó tras determinarse que —al figurar el Maserati como vehículo registrado de empresa asociado al bar— no se podía probar su uso personal por parte del matrimonio propietario.

Más recientemente, en 2022, los medios suizos detallaron que la inspección laboral intervino después de que varios trabajadores denunciaran infracciones en las condiciones del empleo. Según declaraciones recabadas por la agencia Ansa, dichas denuncias describían “horarios laborales no respetados, trabajo nocturno impagado y descansos no concedidos”. Además, el diario Sonntags Zeitung apuntó que Jacques Moretti tiene antecedentes penales en Francia. En 2005 fue arrestado y, en 2008, el tribunal de Annecy le condenó a un año de cárcel por proxenetismo, de los que cumplió cuatro meses en prisión y los ocho restantes en libertad condicional.

El Tribunal de Cuentas ha señalado la gestión de Adif y Adif Alta Velocidad y este martes se convertirá en objeto de debate en el Congreso y el Senado. La presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, presenta este martes un informe ante las Cortes Generales en el que hablará de la investigación llevada a cabo tras diversas denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Este documento, al que ha tenido acceso Infobae, que ya fue publicado en diciembre, cuestiona el rigor de las actuaciones del gestor ferroviario y hace referencia a debilidades en los sistemas de control, transparencia y motivación en la valoración técnica de las ofertas.

Este informe se expondrá en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y tiene como fin valorar la ejecución de actuaciones financiadas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre de 2024. En este contexto, el Tribunal ha puesto de manifiesto dos investigaciones abiertas por la presentación de sendas denuncias internas sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes técnicos que determinan la adjudicación de contratos.

La primera denuncia fue trasladada a Adif por parte de Ineco el 17 de julio de 2022, en la que se informaba de que un empleado del administrador ferroviario supuestamente habría dado instrucciones a dos trabajadores de Ineco para modificar las valoraciones técnicas de tres licitaciones, basándose en órdenes de un superior jerárquico de Adif. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, Adif recibió a través de su canal ético una segunda denuncia que alertaba de la posible falsificación de puntuaciones en la adjudicación de contratos de obras para beneficiar a una empresa concreta.

Las acusaciones afectan a tres expedientes; entre ellos, uno vinculado directamente con el Plan de Recuperación, cuyo valor supera los 20 millones de euros. La documentación aportada por Ineco revela que las modificaciones en las valoraciones alteraron la puntuación global en dos de los expedientes y, en el tercero, se habrían dado instrucciones directas a los técnicos para decidir la clasificación de los licitadores en el tramo de valoración subjetiva.

“Asignación injustificada y arbitraria”

El informe remitido por Adif en diciembre concluyó que no existían indicios suficientes de vulneración normativa, respaldándose además en una pericial externa sobre la valoración técnica. Sin embargo, tras analizar el proceso y los documentos, el Tribunal de Cuentas ha alertado de “falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuación”, advirtiendo de que esta opacidad podría amparar “una asignación injustificada y arbitraria”.

Además de la transparencia, el Tribunal presidido por Enriqueta Chicano ha señalado como problemática la intervención de personal de Ineco en el proceso de valoración, cuya participación no quedó debidamente documentada en los expedientes. Las conclusiones del informe pericial encargado por Adif sobre el expediente más relevante, el vinculado a fondos europeos, han sido tildadas de “muy escuetas” por el órgano fiscalizador, como se destaca en los análisis de Okdiario y Forbes España.

El Tribunal de Cuentas estima que la actuación de Adif en estos casos “carece del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados”, mencionando como factores críticos la fragilidad de los pliegos contractuales, las irregularidades detectadas en los informes de valoración, la escasa motivación de los informes periciales y la ausencia de explicaciones claras sobre la intervención de trabajadores externos.

Por otro lado, en el marco de este proceso de fiscalización, el organismo también ha presentado el resultado de su revisión sobre el coste real de los abonos gratuitos de Renfe para Cercanías, Media Distancia y Avant. Según detalla Forbes España citando el informe, el Gobierno abonó 245 millones de euros de más a Renfe, ya que el gasto final por esta medida resultó significativamente más bajo que las previsiones iniciales. Concretamente, Renfe Viajeros percibió una compensación de 201 millones de euros por el servicio prestado en el último tramo de 2022 y 600 millones para todo 2023, aunque el coste ajustado calculado por el Tribunal habría sido de 137,2 millones y 419,1 millones de euros, respectivamente.

La fiscalización de estos gastos, así como la revisión de los mecanismos internos de gestión y control, se produce en un momento especialmente delicado para el sistema ferroviario español. El Tribunal de Cuentas llevará a cabo en 2026 una amplia auditoría sobre la planificación y ejecución de las actuaciones en la red ferroviaria, precisamente cuando la red pública afronta presiones crecientes derivadas del deterioro de servicios, fallos y múltiples incidencias. Esta revisión comprenderá el periodo 2022-2026 y pondrá el foco en la correspondencia entre los proyectos planificados y las obras ejecutadas, analizando la eficiencia en la asignación de recursos públicos, la trazabilidad de las decisiones y la consistencia de los controles internos aplicados a una infraestructura estratégica para la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Renfe y el abono gratuito: una diferencia millonaria

Por otro lado, el otro eje central de la comparecencia será el abono gratuito de Renfe, una de las medidas estrella lanzadas para fomentar el uso del transporte público y aliviar el bolsillo de miles de ciudadanos. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha detectado una diferencia sustancial entre el dinero transferido a Renfe y el coste real del servicio.

Según el informe que expondrá este martes Enriqueta Chicano, el Estado compensó a Renfe Viajeros con 201 millones de euros en la última parte de 2022 y 600 millones para todo el 2023, en concepto de la gratuidad de los servicios de Cercanías, Media Distancia y Avant. Sin embargo, el gasto real calculado por el Tribunal fue sensiblemente menor: 137,2 millones y 419,1 millones, respectivamente. La diferencia total asciende a 245 millones de euros, un desvío que plantea interrogantes sobre los mecanismos de estimación y control del gasto público.

La serie de comparecencias y la presentación de los distintos informes de fiscalización dan paso ahora a un periodo en el que los grupos parlamentarios formularán sus apreciaciones y propuestas de resolución, que posteriormente deberán ser debatidas y votadas en el seno de la Comisión Mixta.

El alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE) ha presentado su dimisión este lunes tras 14 años en el cargo, en medio de la apertura de diligencias por acoso sexual a un menor aprendiz de torero, según la decisión de la Fiscalía. Todo comenzó ya hace un año, pero no fue hasta el pasado 13 de febrero cuando los hechos fueron denunciados en el canal interno de comunicación del partido, según desveló El Mundo.

En ese momento, los padres de la víctima y Manuel Carbonell, exdirector de la Escuela Taurina local, interpusieron denuncias tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía. Carbonell, según ha informado Efe, acusa a Agüera de ser un “depredador sexual” y ha solicitado una orden de alejamiento para proteger al joven presuntamente acosado durante varios meses.

La denuncia, que incluye mensajes entregados por el menor y atribuye intercambios entre octubre de 2024 y febrero de 2025, ha sido derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática para esclarecer los hechos denunciados. Según el escrito, el menor habría contado lo sucedido a Carbonell, a quien entregó los mensajes que intercambió con Agüera y en los que este último se habría insinuado y llegado incluso a plantear un encuentro. En la misma carta, el hasta hoy alcalde dice que se va del Ayuntamiento “con la cabeza muy alta y con la conciencia muy tranquila”.

En el canal interno del PSOE, se presentó una denuncia anónima recogiendo, entre otros, el siguiente mensaje: “Ayyy si tuvieras los 18!!!”. A raíz de esas comunicaciones, el partido inició una investigación interna bajo las acusaciones de “ciberacoso y hostigamiento sexual”.

Agüera se pronuncia

En un comunicado difundido este lunes, Agüera ha manifestado que renuncia a la alcaldía durante unos meses para poder dedicar tiempo a su defensa, recalcando que lo hace “por su salud mental y la de su familia y no por ser culpable de nada”. Así lo ha comunicado públicamente, subrayando su intención de defenderse de las “graves acusaciones de este empleado”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, ha afirmado el edil. También ha asegurado que ha denunciado este hecho “ante la justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

En ese texto, el exalcalde ha responsabilizado a un “empleado municipal” de haber divulgado una conversación que, ha remarcado, ocurrió hace más de un año. Además, ha vinculado la publicación de esos mensajes con “el cierre de la escuela municipal taurina”, institución en la que el menor —presunta víctima— recibía clases. Agüera ha calificado el episodio de “venganza y odio personal” dentro de su mensaje de despedida.

El PSOE de Sevilla no adopta medidas

El PSOE de Sevilla, por su parte, no ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra Agüera hasta la fecha, argumentando que los hechos no podían “fundamentarse sin certidumbre alguna” y que en esos momentos tampoco existía proceso judicial abierto.

Actualmente, el PSOE de La Algaba, localidad de unos 17.000 habitantes, cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y desde este martes asume las funciones del cargo el primer teniente de Alcalde, José Manuel Gutiérrez.