En marzo, el Gobierno extendió el estado de emergencia en distritos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes por las lluvias intensas. Además, la última alerta de la comisión ENFEN advierte que El Niño Costero podría extenderse hasta fin de año, lo que mantiene latentes los riesgos climáticos.

Impacto a nivel nacional Perú enfrenta una exposición persistente a emergencias. En particular, destaca el caso de las lluvias —cuya frecuencia se multiplicó diez veces desde 2003— que representaron más de un tercio de las emergencias al 2024. Esto incrementa la vulnerabilidad de la población, agrava los daños sobre la infraestructura y eleva las pérdidas económicas, en un contexto de limitada respuesta estatal. En los últimos 10 años, el gasto de inversión para la gestión del riesgo de desastres promedió S/741 millones anuales. Para 2026, pese al establecimiento del estado de emergencia, el presupuesto (S/ 714 millones) se mantuvo en línea con el monto promedio de los últimos años.

La presencia de lluvias y desastres se da en mayor intensidad en periodos de Fenómeno El Niño. Esto afecta directamente a la economía, sobre todo en los sectores primarios más expuestos al clima como agro y pesca. Según Cenepred, cerca de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola están expuestas a riesgos por inundaciones. La evidencia histórica muestra su magnitud: en 1983, un Fenómeno El Niño extraordinario provocó fuertes caídas en el agro y la pesca, y contribuyó a una contracción de 10.4% del PBI nacional. Episodios similares contribuyeron a la contracción de la economía en 1998 y 2023, mientras que, si bien el crecimiento fue positivo en 2017 (2.5%), las pérdidas significativas por el FEN redujeron el crecimiento del año en 1.5 puntos porcentuales.

Perú: Crecimiento del PBI total, agropecuario y pesca en episodios seleccionados de ocurrencia de El Niño Costero (var. % anual)

Fuente: BCRP. Elaboración IPE.

Afectación agrícola en Piura

La región Piura mantiene riesgos dada la alerta activa del FEN y el pronóstico de lluvias entre marzo y mayo de 2026. Cenepred estima que Piura es la región con mayor población expuesta a riesgo muy alto de inundación: 368 mil personas, equivalentes al 16.9% de su población. Además, los daños potenciales amenazan la infraestructura y la producción. La infraestructura enfrenta una alta vulnerabilidad, con más de 3.3 mil colegios, 774 hospitales y 323 mil viviendas en riesgo alto o muy alto. A ello se suma que Piura es la cuarta región con más superficie agrícola expuesta a inundaciones, con 229 mil hectáreas, un riesgo especialmente relevante dado que la actividad agropecuaria representa más de la décima parte de su PBI (12.1%).

En particular, durante los episodios de FEN, Piura fue de las regiones del norte con mayor afectación en el desempeño agrícola. Por ejemplo, en 2017, registró la mayor caída de la producción agrícola (-21.6%) entre las regiones del norte, lo que llevó a una caída de 2.4% del PBI de Piura.

Macrorregión norte: Producción agrícola en periodos de FEN Costero (var. % anual; peso de la región en la producción nacional en paréntesis)

Fuente: INEI. Elaboración IPE.

La mayor exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública. Sin embargo, cinco de los 35 planes de gobierno (Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Patriótico, Partido Unido Perú, Perú Acción y País para Todos) no incluyen medidas para enfrentar los riesgos por lluvias e inundaciones. Fortalecer la planificación, promover el aseguramiento estatal frente a riesgos y orientar la inversión hacia infraestructura resiliente ayudaría a reducir los costos económicos y sociales de las emergencias.

Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

Cerca de 260 mil estudiantes volverán a las aulas en Cusco bajo una temporada de lluvias. En la región, uno de cada dos colegios públicos requiere ser demolidos y reemplazados por representar riesgo de colapso, lo que compromete la seguridad de 57,5 mil alumnos. Según Minedu, cerrar la brecha de infraestructura educativa en la región demandaría una inversión aproximada de S/ 33,2 mil por estudiante, por encima del promedio nacional (S/ 26,6 mil).

Disparidades entre provincias

Esta vulnerabilidad varía según provincias y se concentra en el ámbito rural: nueve de cada diez locales educativos que requieren sustitución total se ubican fuera de las zonas urbanas. Además, 9 de las 13 provincias tienen a más de la mitad de sus colegios en riesgo de colapso. Destacan Canas, Canchis y Paucartambo, donde 7 de cada 10 instituciones requieren ser demolidas, mayoritariamente en áreas rurales.

Las brechas también se reflejan en el acceso a servicios básicos. Al 2025, menos de la mitad de los locales de educación básica en la región (47,3%) cuenta simultáneamente con electricidad, agua y desagüe, lo que deja a más de 59 mil estudiantes sin acceso adecuado a estos servicios. Las diferencias entre provincias también son marcadas: mientras que en Cusco más del 80% de los colegios tiene acceso a estos tres servicios, en Paucartambo y La Convención la cobertura llega a menos del 40%.

Baja ejecución presupuestal

En este contexto, el presupuesto no ha logrado traducirse en avances proporcionales. En 2025, Cusco fue la tercera región con mayor presupuesto de inversión asignado para educación, solo por debajo de Lima y Puno; sin embargo, su nivel de ejecución la ubicó entre las 10 regiones con menor avance. Este rezago ocurre pese a que entre 2024 y 2025 los montos asignados y ejecutados, descontados por inflación, se mantuvieron prácticamente constantes. Para 2026, el presupuesto programado es incluso menor a lo que la región venía ejecutando.

El ajuste para 2026 se explica principalmente por el recorte en recursos destinados a la categoría presupuestal “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, cuyo presupuesto cayó 24,7% respecto al año previo. Dentro de esta, la inversión en intervenciones integrales de educación básica (orientadas a fortalecer el desarrollo y competencias a lo largo del ciclo formativo) se redujo 28,2% en promedio, mientras que la inversión en infraestructura y equipamiento público (destinada a asegurar condiciones físicas y equipamiento para un adecuado funcionamiento) cayó 31,7%.

A ello se suman riesgos estacionales que presionan aún más la infraestructura. Entre marzo y mayo, el Cenepred estima que, debido a las lluvias intensas, Cusco registra 4.303 locales educativos expuestos con riesgo alto y muy alto ante movimientos en masa, y 3.143 expuestos ante posibles inundaciones. En esa situación y cuando los colegios se tornan inhabitables, la respuesta temporal suele ser la instalación de módulos prefabricados. En la región, el 47,0% de las edificaciones educativas llevan ocho años de uso en promedio, pese a ser concebidos en principio como soluciones de emergencia. Esta situación incrementa el riesgo de colapso, al considerar que apenas 5,7% de estas edificaciones tiene una infraestructura adecuada.

La precariedad de la infraestructura educativa en Cusco evidencia problemas en la gestión de los recursos públicos, y sin una inversión eficiente, será difícil garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y el mejor desempeño académico en la región. En este escenario, es crucial seguir impulsando colaboraciones público-privadas para acelerar las inversiones en el sector y mejorar las condiciones en las escuelas.

Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA), una herramienta que evalúa el desempeño de las regiones en la gestión de sus recursos naturales. Estos resultados son relevantes porque evidencian que las regiones con mayor sostenibilidad ambiental también muestran una mayor competitividad y PBI per cápita.

El IRESA 2025

El índice considera 14 indicadores agrupados en dos pilares: (i) Calidad Ambiental, que mide el estado y la conservación del entorno natural, y (ii) Gobernanza Ambiental y Gestión de Riesgos, que analiza la capacidad de los distintos niveles de gobierno para prevenir y responder ante amenazas. En la edición 2025, La Libertad se ubicó en el puesto 12 de 25 regiones, retrocediendo tres posiciones respecto a 2019.

Limitaciones en el uso y calidad de los recursos

En el pilar de Calidad Ambiental, la región cayó del puesto 10 al 12 entre 2019 y 2025. En el uso de recursos, La Libertad mantiene rezagos. Por ejemplo, aunque el consumo de energías limpias —como gas natural, GLP o electricidad para cocinar— aumentó de 86.2% a 88.6% de la población, la región descendió del puesto 10 al 13 en este indicador. Asimismo, persisten brechas en el acceso a agua con niveles adecuados de cloro: solo uno de cada diez hogares cuenta con este servicio, su nivel más bajo registrado.

La Libertad es la séptima región con peor calidad del aire, con una concentración de 26.2 microgramos por metro cúbico de PM2.5 (partícula asociada a enfermedades respiratorias), superior al estándar de calidad ambiental de Perú (25). En cuanto a la disposición de residuos, 67.2% de liberteños viven en una municipalidad que dispone sus desechos en rellenos sanitarios o reciclaje, menor al promedio nacional (77.6%).

Creciente proliferación de la minería ilegal

En el pilar de Gobernanza Ambiental, la región se ubicó en el puesto 18, una posición similar a la registrada en 2019 (19). Por un lado, se observó un avance en la gestión municipal de áreas verdes: La Libertad subió al noveno lugar en este indicador tras casi duplicar la superficie conservada por habitante, de 0.77 a 1.13 metros cuadrados. Sin embargo, este progreso se ve parcialmente opacado por el incremento de las pérdidas ocasionadas por incendios forestales, que triplicaron su incidencia al pasar de 0.35% a 0.96% de la superficie total, más del doble del promedio nacional (0.42%).

Asimismo, la gobernanza ambiental enfrenta riesgos por el avance de la minería ilegal. En 2024, La Libertad se posicionó como la sexta región con mayor número de denuncias vinculadas a este delito, con un máximo histórico de 1.8 denuncias por cada diez mil habitantes, más del doble del promedio nacional (0.74).

Recomendaciones y perspectivas

La sostenibilidad ambiental está estrechamente vinculada con la promoción de la inversión privada, lo cual es indispensable para impulsar la competitividad y el desarrollo regional. Además, es fundamental fortalecer la gestión integral del agua priorizando la construcción y modernización de plantas de tratamiento mediante asociaciones público-privadas. Asimismo, se requiere combatir la minería ilegal, a través de la implementación de una estrategia articulada que incorpore mecanismos de prevención, sistemas de alerta temprana y políticas de trazabilidad del mineral.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Matías Buendía

La pobreza en Cusco cayó de 21.7% en 2023 a 18.5% en 2024, lo que equivale a 45 mil personas que lograron superar esta condición. Con este resultado, Cusco no solo se ubica por debajo del promedio nacional (27.6%), sino que también es una de las siete regiones que ya recuperaron sus niveles de pobreza prepandemia (2019: 23.0%).

El crecimiento impulsó la reducción de la pobreza

La reducción de la pobreza estuvo impulsada por el crecimiento económico de la región. El PBI de la región creció 0.8% en 2024, impulsado por la expansión de sectores como agropecuario (+5.2%), construcción (+3.1%), comercio (+2.2%) y rubros vinculados a servicios (transportes: +7.9%; otros servicios: +3.9%), que concentran más del 70% del empleo en la región, por lo que su crecimiento contribuyó a sostener los ingresos de los hogares y reducir la pobreza. Sin embargo, el crecimiento no fue mayor debido al retroceso del sector minería e hidrocarburos (-3.5%), que representa más del 40% de la producción, aunque únicamente 1% del empleo en la región.

La pobreza urbana incrementó su incidencia

Pese al avance en la reducción de la pobreza, esta muestra tendencias diferenciadas según zonas geográficas. Así, en la zona urbana, la pobreza se situó en 14.9% y se mantiene ligeramente por encima de su nivel prepandemia (14.3%); mientras que, en la zona rural, se situó en 24.7% y se encuentra por debajo del nivel de 2019 (35.4%). De esta manera, el número de pobres en la zona urbana se incrementó y, al 2024, pasó a representar la mitad de la población pobre en Cusco. Esta evolución se alinea con la tendencia nacional, donde la pobreza urbana muestra una tendencia al alza.

Cusco redujo su tasa de pobreza extrema

En Cusco, la pobreza extrema hace referencia a personas cuyo gasto mensual por persona es menor a S/227, necesarios para cubrir una canasta básica de alimentos (S/908 para una familia de cuatro integrantes). En el último año, la pobreza extrema en la región se redujo de 4.1% a 2.1%, lo que implicó que cerca de 28 mil cusqueños salieran de dicha condición. Con ello, Cusco es la única región del país que ha logrado reducir su tasa de pobreza extrema respecto a niveles prepandemia (3.6%).

Pese a esto, la región persiste con importantes desafíos. Por ejemplo, la tasa de vulnerabilidad monetaria, es decir, personas con riesgo de caer en situación de pobreza, es de 39.2%: 4 de cada 10 cusqueños están en riesgo de sufrir situación de pobreza.

El crecimiento requiere mayor dinamismo

La experiencia de Cusco muestra que el crecimiento económico puede reducir la pobreza, pero para mantener y acelerar este progreso se necesita más dinamismo. Según estimaciones del IPE, con una tasa de crecimiento a nivel nacional en torno al 3.0% anual, la dinámica de la reducción de la pobreza para regresar a los niveles previos a la pandemia podría tomar entre 10 y 20 años. Para acelerar este proceso, es clave impulsar un entorno propicio para la inversión privada que genere empleo formal, eleve los ingresos de los hogares y reduzca su vulnerabilidad. Además, será necesario fortalecer los programas sociales para responder al avance de la pobreza urbana y mejorar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales.

Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE con colaboración de Yamilet Senosaín.

La macrorregión norte registró un crecimiento de 3.3% en 2024, en línea con la dinámica del promedio nacional. ¿Cómo le fue a La Libertad en 2024? La economía de La Libertad creció 6.2% en 2024 y se posicionó como la quinta región con mayor crecimiento del país. Asimismo, fue la segunda región con mejor resultado de la zona norte, solo por detrás de Tumbes (8.2%).

Impulso de agro y pesca

La mayor producción de la región se sustenta, principalmente, en el desempeño favorable del sector agropecuario, que tuvo un avance de 11.2% en el año. La presencia de condiciones climáticas adecuadas favoreció la producción de arándano (+53.8%) y papa (+3.3%); no obstante, hubo menores cosechas de productos como palta (-14.7%) y caña de azúcar (-9.3%). Respecto al subsector pecuario, se destacó un aumento en la producción de leche fresca (10.1%), que contrastó un descenso en la producción de huevos (-1.5%).

Sumado a esto, el sector pesca (+142%) tuvo una recuperación favorecida por la normalización de las condiciones climáticas del mar y una mayor cuota de extracción para la segunda temporada de pesca asignada por el Ministerio de Producción. Esto dinamizó la industria manufacturera, la cual creció 8.8% como consecuencia de una mayor producción industrial de aceite y harina de pescado.

El sector minero mantiene su dinamismo

La minería creció 6.7% en 2024, resultado similar al año previo (6.5%). En particular, el resultado del sector minero estuvo impulsado por la mayor producción de oro en las unidades mineras de Poderosa (+8.5%) y Boroo Misquichilca (+33.3%). Con este resultado, La Libertad se mantiene como la región líder en producción de oro, y acumula la tercera parte de la extracción aurífera total.

Persisten retos en sector turismo

En particular, la llegada de turistas a la ciudad alcanzó 1.1 millones de visitantes en 2024, registrando una disminución por segundo año consecutivo. Las visitas a los principales centros turísticos (Huacas del Sol y la Luna, Palacio Nikán y Museo de Chan Chan) se situaron 5.3% por debajo de su nivel de 2019. Así, el flujo turístico aún se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, cuando la región recibía aproximadamente 1.9 millones de visitantes al año.

Perspectivas y desafíos

Tras la normalización de las condiciones climáticas anómalas durante 2023, La Libertad se recupera de manera más favorable respecto a otras regiones del norte. En particular, la mayor captura durante la segunda temporada de pesca a fines de 2024 llevará a mayores niveles de producción de harina de pescado en los meses siguientes, por lo que continuará impulsando el sector manufactura.

No obstante, aún se necesitan medidas que protejan a las actividades productivas de futuros problemas climáticos, especialmente en sectores como agricultura, pesca y manufactura, que representan más de la mitad del empleo formal en la región y que contribuyeron con más de la mitad del crecimiento durante 2024. Estas medidas deben complementarse con políticas integrales que impulsen la recuperación sostenida del turismo, un sector clave aún rezagado y con alto potencial para dinamizar la economía regional.

(*) Miguel Alzamora es economista senior del Instituto Peruano de Economía