Colombia enfrentará un fin de semana marcado por lluvias intensas en varias regiones del país, con un aumento significativo de las precipitaciones entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, lo que podría generar emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Revista Semana

El sábado se perfila como el día más crítico en términos de acumulación de lluvias, mientras que para el domingo se prevé una leve disminución en algunas zonas, sin que desaparezcan por completo las precipitaciones. Revista Semana

Las regiones Pacífica, Andina y Amazónica serán las más afectadas por estas condiciones climáticas, con presencia de lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y eventos de alta intensidad en sectores específicos. Revista Semana

De acuerdo con el reporte oficial, el comportamiento del clima durante estos días estará influenciado por sistemas atmosféricos que favorecerán la persistencia de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Este panorama implica riesgos importantes en zonas de ladera, áreas cercanas a ríos y sectores con antecedentes de deslizamientos, donde la saturación del suelo puede generar emergencias súbitas.

Para el viernes 1 de mayo, el pronóstico indica lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca registrarían los mayores acumulados, mientras que en la región Andina también se prevén precipitaciones constantes en Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Estas condiciones podrían afectar la movilidad terrestre y aumentar los tiempos de desplazamiento en corredores viales estratégicos.

El sábado 2 de mayo concentrará las condiciones más complejas. Durante esa jornada se esperan lluvias intensas en la región Pacífica, el sur de la región Andina y amplios sectores de la Amazonía, con posibilidad de tormentas eléctricas y eventos localmente muy fuertes. Este comportamiento climático podría generar interrupciones en actividades al aire libre, afectaciones en infraestructura y un incremento en el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas.

Para el domingo 3 de mayo, aunque continuará la presencia de lluvias en buena parte del país, se anticipa una ligera disminución en algunas regiones, especialmente en la Orinoquía y el sur de la región Andina. Sin embargo, las precipitaciones seguirán presentes en sectores del Caribe central y la región Andina, lo que obliga a mantener medidas de prevención frente a posibles emergencias derivadas de la acumulación de agua en días consecutivos.

En Bogotá, el panorama también genera preocupación por la intensidad de las lluvias previstas. Se esperan precipitaciones fuertes durante el fin de semana, especialmente en horas de la tarde y la noche del sábado y domingo. Los sectores del norte y occidente de la ciudad serían los más impactados por estas condiciones, que podrían afectar la movilidad urbana y generar encharcamientos en vías principales.

Además, el Ideam advirtió que no se descarta la posibilidad de granizo en la capital, un fenómeno que, aunque puntual, puede causar daños en vehículos, viviendas y redes de drenaje. Este tipo de eventos suele presentarse en medio de tormentas intensas, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada en espacios abiertos durante lluvias fuertes.

Las temperaturas en Bogotá oscilarán entre los 10 y 20 grados Celsius, configurando un ambiente frío y variable a lo largo del fin de semana. Este comportamiento térmico, combinado con la humedad constante, podría generar sensación térmica más baja, especialmente en horas de la noche y la madrugada.

Ante este escenario, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y tomar medidas preventivas frente a tormentas eléctricas y deslizamientos. También se sugiere asegurar techos, revisar sistemas de drenaje y planificar desplazamientos con anticipación para reducir riesgos asociados a las condiciones climáticas.

El comportamiento del clima durante estos días refuerza la necesidad de adoptar medidas de autocuidado y atención a las alertas emitidas por las autoridades, especialmente en regiones donde históricamente se han presentado emergencias por lluvias intensas. La combinación de precipitaciones continuas y suelos saturados aumenta la probabilidad de eventos que pueden afectar tanto a comunidades rurales como urbanas.

Desde la medianoche de este 1 de mayo entraron en vigencia los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas, una decisión que intensifica la tensión comercial entre ambos países y que impacta directamente el intercambio de mercancías en la región.

La medida aplica a productos que provengan o sean originarios de Colombia, con algunas excepciones específicas, entre ellas importaciones relacionadas con petróleo y generación energética, según lo establecido en una resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, citado por Revista Semana.

La decisión hace parte de una serie de acciones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano desde comienzos de 2026, en medio de un deterioro progresivo de las relaciones con Colombia. Las autoridades de ese país han argumentado que estas medidas responden a preocupaciones sobre seguridad en la frontera común.

En febrero, Ecuador ya había implementado una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, condicionando su permanencia a un mayor compromiso por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Posteriormente, en marzo, ese porcentaje fue elevado al 50 %, hasta llegar ahora al 100 %.

La decisión ha generado reacciones en distintos sectores económicos. Empresarios, exportadores y trabajadores de zonas fronterizas han manifestado su preocupación por el impacto que estas tarifas pueden tener sobre la actividad comercial y el empleo, al considerar que encarecen significativamente los productos.

También han hecho un llamado a los gobiernos de ambos países para retomar el diálogo y encontrar soluciones que permitan atender los temas de seguridad sin afectar de manera directa el comercio bilateral. Según han señalado, las medidas actuales ya están generando efectos negativos en la dinámica económica.

Colombia, por su parte, ha respondido con acciones que buscan equilibrar la situación. Entre ellas, se incluye la suspensión de la interconexión eléctrica con Ecuador y restricciones al ingreso de ciertos productos ecuatorianos, como arroz y banano.

Además, se han registrado otros ajustes en las condiciones comerciales. Ecuador incrementó el costo del transporte de petróleo colombiano a través de uno de sus oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril, lo que añade presión a las relaciones económicas entre ambos países.

La escalada de medidas ha estado acompañada de declaraciones cruzadas entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que ha contribuido a profundizar el distanciamiento diplomático. Esta situación ha llevado incluso a llamados a consultas de embajadores.

El conflicto también se ha visto influenciado por episodios relacionados con la seguridad en la frontera. A inicios de marzo, fuerzas ecuatorianas realizaron operaciones militares en esa zona, en medio de la presencia de grupos armados ilegales.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió cuando un artefacto explosivo terminó en territorio colombiano tras una operación en la frontera. El hecho fue posteriormente aclarado al determinarse que no detonó y que su presencia obedeció a circunstancias del operativo.

A esto se suman diferencias políticas entre ambos gobiernos. Declaraciones sobre situaciones internas y señalamientos relacionados con actores criminales han incrementado la tensión, dificultando la construcción de consensos.

El más reciente episodio se produjo tras acusaciones sobre una supuesta incursión de grupos armados en territorio ecuatoriano, lo que generó una nueva respuesta del Gobierno colombiano y propuestas de diálogo para abordar la situación.

El endurecimiento de las medidas comerciales refleja un momento crítico en la relación bilateral, con efectos que se extienden más allá del comercio y que podrían tener implicaciones en la estabilidad regional si no se logra un acercamiento entre las partes.

El presidente Gustavo Petro generó sorpresa al afirmar “No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, durante un evento público en La Guajira, donde se refirió al final de su mandato y al futuro político del país. La declaración se dio en medio de un discurso centrado en transformaciones sociales y económicas.

El mandatario también señaló que, tras el cierre de su gobierno, espera que continúe una línea política progresista, aunque aclaró que no se trata de un continuismo, sino de profundizar las reformas planteadas durante su administración, según lo expuesto en su intervención, citado por Revista Semana.

La afirmación sobre su futuro personal llamó la atención de los asistentes, ya que se produjo en un contexto en el que el jefe de Estado abordaba los cambios que considera necesarios para regiones como La Guajira. Su mensaje combinó reflexiones políticas con referencias a su salida del poder.

“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, expresó el mandatario, aludiendo al momento en que dejará la Casa de Nariño. La frase fue acompañada de otras declaraciones en las que insistió en la necesidad de continuar con las transformaciones impulsadas desde su gobierno.

En ese mismo espacio, Petro manifestó que los errores cometidos durante su administración deben ser reconocidos, pero enfatizó en la importancia de consolidar logros a futuro. “Errores que hemos cometido, son ciertos, pero se debe garantizar más éxitos en el futuro”, indicó, citado por Revista Semana.

El presidente aprovechó su intervención para referirse a la relación con el Banco de la República, a la que calificó como tensa. Agradeció que en la más reciente reunión no se incrementaran las tasas de interés, aunque insistió en la necesidad de que estas sean reducidas.

Las diferencias entre el Ejecutivo y el banco emisor han sido constantes. En episodios anteriores, el mandatario cuestionó decisiones relacionadas con el manejo de la política monetaria, lo que evidenció desacuerdos en torno a la dirección económica del país.

Durante el evento, también retomó su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, una iniciativa que ha generado debate en distintos sectores políticos. El presidente reiteró que su intención no es reemplazar la Constitución de 1991, sino complementarla.

“No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle capítulos”, explicó, al mencionar reformas sociales y medidas anticorrupción como parte de esa propuesta, citado por Revista Semana. Esta postura busca, según el mandatario, ampliar el alcance de la carta política vigente.

El discurso incluyó referencias a las dificultades que ha enfrentado su gobierno para impulsar reformas en el Congreso. En ese sentido, señaló que algunos cambios estructurales no han podido avanzar debido a bloqueos políticos.

La intervención en La Guajira se enmarca en una serie de recorridos que el presidente ha realizado en distintas regiones del país, donde ha insistido en la necesidad de mantener una agenda de transformación social.

Las declaraciones sobre su salida del poder y el futuro político del país se producen en un momento en el que comienza a tomar relevancia el panorama electoral, con miras a la transición de gobierno prevista para agosto.

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo, reconociendo que sus declaraciones no eran ciertas. Revista Semana

El caso tomó relevancia tras la insistencia del joven en redes sociales, donde aseguraba ser descendiente del artista fallecido, lo que generó rechazo inmediato por parte de los familiares del intérprete. Revista Semana

La retractación se produjo luego de un pronunciamiento legal que advertía posibles acciones judiciales si continuaban las afirmaciones, situación que llevó al joven a cambiar su versión de manera pública. Revista Semana

La controversia giró en torno a Jesús Eduardo Otero Arévalo, quien durante varios meses sostuvo que era el hijo mayor de Kaleth Morales, figura reconocida del vallenato colombiano. Sus declaraciones, difundidas principalmente a través de redes sociales, generaron una amplia reacción tanto en el entorno artístico como entre seguidores del género, debido a la importancia del legado del cantante.

El desenlace del caso se produjo tras la intervención de la representación legal de la familia Morales, que emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las afirmaciones del joven. En ese documento se expusieron elementos que, según la familia, desvirtuaban la versión presentada por Otero, incluyendo información sobre su registro en Colombia, el cual se habría realizado en el año 2021.

La comunicación también dejó claro que, de persistir las publicaciones en las que el joven se presentaba como hijo del artista, se iniciarían acciones legales para proteger la memoria y el buen nombre de Kaleth Morales. Esta advertencia marcó un punto de quiebre en el caso, ya que horas después se conoció la retractación pública del involucrado.

En varios videos difundidos en sus perfiles, Otero reconoció que no tenía ningún vínculo de parentesco con el cantante. “No quiero problemas con nadie. Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”, afirmó en su declaración, en la que además ofreció disculpas a la familia del artista.

El joven explicó que su decisión de retractarse obedecía a la intención de evitar conflictos legales y recuperar tranquilidad personal. También aseguró que no obtuvo beneficios económicos directos por el uso del nombre del cantante, aunque reconoció el impacto que generaron sus afirmaciones en el entorno público y mediático.

Asimismo, manifestó que continuará enfocado en su proyecto musical, comprometiéndose a no volver a involucrarse en asuntos relacionados con la familia Morales. Esta declaración fue interpretada como un intento de cerrar el episodio sin mayores consecuencias legales, luego de la presión ejercida por el entorno del artista.

Para la familia de Kaleth Morales, la situación no solo representaba un asunto personal, sino también una afectación a la memoria de un referente del vallenato. El cantante, fallecido en 2005, es considerado una figura clave dentro del género, y su legado ha sido preservado por sus allegados a lo largo de los años.

El caso también evidenció cómo las redes sociales pueden amplificar afirmaciones que, sin sustento, logran generar impacto en la opinión pública. Durante el tiempo en que el joven sostuvo su versión, se generaron debates y reacciones entre seguidores del vallenato, algunos de los cuales incluso consideraron la posibilidad de un nuevo integrante en la familia artística.

Con la retractación y la eliminación de los contenidos en los que se presentaba como heredero, la representación legal de la familia dio por cerrado el episodio. De esta manera, se evitó avanzar hacia un proceso judicial que podría haber derivado en cargos relacionados con fraude a la identidad o afectación al buen nombre.

La reacción en redes sociales tras la confesión ha estado marcada por un llamado al respeto hacia la memoria del cantante y su familia, así como por cuestionamientos sobre la veracidad de contenidos que circulan en plataformas digitales. El caso deja en evidencia la importancia de la verificación de información antes de su difusión, especialmente cuando involucra figuras públicas.

Una mujer colombiana denunció haber sido víctima de un procedimiento estético irregular que le dejó graves secuelas físicas, luego de que le inyectaran una sustancia distinta a la que le habían prometido durante una intervención en sus labios. Revista Semana

El caso se remonta a cuando tenía 17 años, momento en el que buscaba un aumento con ácido hialurónico, pero terminó enfrentando complicaciones inmediatas como dolor intenso e inflamación persistente tras la aplicación del producto. Revista Semana

Años después, estudios médicos confirmaron que la sustancia aplicada no era hialurónico, sino silicona mezclada con aceite industrial, lo que obligó a la afectada a someterse a múltiples cirugías reconstructivas. Revista Semana

La historia se conoció a través de redes sociales, donde la joven decidió relatar el proceso que ha enfrentado durante más de siete años. Según su testimonio, tras el procedimiento inicial comenzó a presentar síntomas que no coincidían con una intervención estética convencional, lo que la llevó a buscar tratamientos correctivos que no lograron resolver el problema en un primer momento.

En su intento por revertir los efectos, se sometió a varias sesiones de hialuronidasa, un procedimiento utilizado para disolver rellenos dérmicos. Sin embargo, la falta de mejoría generó nuevas sospechas sobre la sustancia aplicada, lo que la llevó a consultar con especialistas en diferentes países antes de obtener un diagnóstico definitivo.

Fue un cirujano maxilofacial quien, tras realizar estudios más detallados, determinó que el material inyectado correspondía a silicona combinada con aceite industrial. Este hallazgo marcó un punto crítico en su proceso médico, ya que este tipo de sustancias no solo están prohibidas para uso estético, sino que además pueden generar complicaciones graves y de difícil manejo.

Como consecuencia de esta situación, la mujer ha tenido que someterse a tres cirugías entre 2021 y 2026, siendo la más reciente una intervención de alta complejidad que se extendió por siete horas. Durante este procedimiento, los especialistas retiraron parte del material infiltrado, que ya había migrado desde los labios hacia otras zonas del rostro como el mentón y los pómulos.

Actualmente, la afectada continúa en proceso de recuperación mediante terapias orientadas a mejorar la movilidad facial y reducir las secuelas funcionales. Además, ha utilizado su experiencia para advertir sobre los riesgos de acudir a personas sin certificación médica y sobre la importancia de verificar tanto la idoneidad del profesional como la procedencia de los productos utilizados en este tipo de procedimientos.

El caso también reabre la discusión sobre el uso de biopolímeros en procedimientos estéticos, una práctica que, pese a estar prohibida en múltiples países desde hace décadas, continúa presentándose de forma clandestina. Estas sustancias pueden generar reacciones adversas, migración del material y daños permanentes en los tejidos, lo que obliga a intervenciones quirúrgicas complejas para su extracción parcial.

Situaciones similares han sido reportadas por figuras públicas que han enfrentado consecuencias médicas tras la aplicación de sustancias no autorizadas. En varios de estos casos, los pacientes han requerido múltiples cirugías reconstructivas, además de tratamientos prolongados para manejar complicaciones como dolor crónico, inflamación persistente y enfermedades asociadas.

Uno de los aspectos más complejos de este tipo de intervenciones es que, en muchos casos, el material no puede ser retirado completamente del organismo, lo que implica un seguimiento médico permanente. Esto no solo representa un impacto físico, sino también emocional y económico para quienes enfrentan este tipo de complicaciones a largo plazo.

La persistencia de estos casos evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre los procedimientos estéticos y de promover una mayor información entre la ciudadanía. Las autoridades y especialistas insisten en que cualquier intervención de este tipo debe realizarse en centros autorizados y con profesionales debidamente certificados, como una medida fundamental para prevenir riesgos.

El testimonio de esta joven se suma a una serie de advertencias sobre prácticas ilegales que continúan afectando a pacientes en distintas regiones del país, dejando en evidencia las consecuencias de acudir a procedimientos aparentemente sencillos que pueden derivar en afectaciones graves para la salud.

El sistema pensional colombiano permite recuperar los aportes realizados cuando no se cumplen las semanas necesarias para acceder a una pensión, a través de dos mecanismos diseñados para proteger los recursos de los trabajadores que no lograron consolidar su derecho a una mesada. Caracol Radio

Estas alternativas aplican principalmente cuando la persona llega a la edad de pensión sin cumplir los requisitos exigidos, aunque también pueden activarse en situaciones como invalidez o fallecimiento, permitiendo que el afiliado o sus beneficiarios reclamen el dinero acumulado. Caracol Radio

Existen dos caminos definidos según el régimen pensional al que pertenezca el afiliado, lo que determina la forma en que se devuelve el dinero y las condiciones específicas del trámite. Caracol Radio

En Colombia, el acceso a una pensión depende del cumplimiento de dos condiciones principales: la edad y el número de semanas cotizadas. Sin embargo, cuando una persona alcanza la edad requerida —57 años para mujeres y 62 para hombres— pero no logra completar las semanas exigidas, el sistema contempla mecanismos para evitar que los aportes se pierdan. Esta posibilidad representa una alternativa económica relevante para quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes o no lograron consolidar su historial de cotización.

Uno de los mecanismos es la devolución de saldos, que aplica para quienes están afiliados al Régimen de Ahorro Individual, es decir, a los fondos privados de pensiones. En este caso, si el afiliado no alcanza las semanas mínimas o el capital necesario para financiar una pensión, puede solicitar la devolución del dinero acumulado. Este monto incluye no solo los aportes realizados durante su vida laboral, sino también los rendimientos generados por la administración de esos recursos.

La devolución de saldos se activa, por ejemplo, cuando no se logran completar alrededor de 1.150 semanas o cuando el ahorro acumulado no alcanza para financiar una pensión equivalente al salario mínimo. En ese escenario, el afiliado recibe el dinero en un solo pago, lo que le permite disponer de esos recursos para diferentes fines personales o financieros.

Por otro lado, quienes están afiliados al régimen público, administrado por Colpensiones, no cuentan con la figura de devolución de saldos. En su lugar, el sistema contempla la indemnización sustitutiva, un mecanismo que busca reconocer los aportes realizados cuando no se alcanza el número mínimo de semanas, que en este caso es de 1.300. Este beneficio se entrega a quienes cumplen la edad de pensión pero no reúnen las condiciones para recibir una mesada mensual.

La indemnización sustitutiva consiste en un pago único que corresponde a los aportes realizados, ajustados conforme a la normativa vigente. Aunque no incluye rendimientos como en los fondos privados, sí garantiza que el trabajador reciba una compensación económica por el tiempo cotizado, evitando la pérdida total de sus aportes.

El proceso para solicitar cualquiera de estos mecanismos es relativamente sencillo, aunque requiere cumplir con una serie de pasos formales. En primer lugar, el interesado debe solicitar el formulario correspondiente ante su fondo de pensiones o Colpensiones, según sea el caso. Posteriormente, debe diligenciar la información requerida y reunir los documentos necesarios que acrediten su identidad y su historial de cotización.

Una vez completado este proceso, la solicitud debe ser radicada a través de los canales establecidos, ya sea de forma presencial o digital. Luego de esto, la entidad encargada evaluará el caso y emitirá una respuesta. Si la solicitud es aprobada, el afiliado recibirá el dinero correspondiente; en caso contrario, podrá solicitar una revisión para verificar si cumple con las condiciones exigidas por la normativa.

Este tipo de alternativas resulta especialmente útil para quienes no lograron completar una carrera laboral continua, pero sí realizaron aportes durante varios años. En estos casos, recuperar el dinero acumulado puede convertirse en un respaldo económico importante para enfrentar la etapa de retiro, cubrir necesidades personales o incluso iniciar nuevos proyectos.

El crédito digital continúa ampliando su participación dentro del sistema financiero colombiano. En 2026, la billetera digital Nequi mantiene habilitada su línea de préstamos de libre inversión, con montos que pueden alcanzar los $25 millones, en un entorno marcado por tasas de interés elevadas y mayores necesidades de liquidez entre los hogares, según informó la Revista Semana.

La expansión del crédito digital refleja un cambio en los mecanismos de acceso al financiamiento, en los que los trámites se concentran cada vez más en plataformas móviles.

Este modelo ha permitido que usuarios que no siempre cumplen los requisitos exigidos por la banca tradicional puedan acceder a productos crediticios a través de aplicaciones.

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En el caso de Nequi, el acceso al crédito no es automático. La plataforma define de manera individual qué usuarios reciben ofertas activas, tras evaluar variables como la frecuencia de uso de la aplicación, el comportamiento transaccional, la verificación de identidad y el perfil de riesgo asociado a cada cliente. Solo quienes cuentan con una oferta habilitada pueden avanzar en el proceso, el cual se desarrolla de forma completamente digital.

El monto disponible, así como el plazo del préstamo, depende del perfil asignado por la plataforma. Durante 2026, los créditos pueden pactarse hasta por 60 meses, equivalentes a 5 años, lo que amplía el acceso a cuotas más bajas en el corto plazo, pero incrementa el costo financiero total a lo largo del tiempo.

Semana citó una simulación realizada por Noticias Caracol sobre un préstamo de $25 millones a 60 meses, que permite dimensionar el impacto de las tasas aplicadas. En ese ejercicio, se consideró una tasa efectiva mensual cercana al 1,83 %, equivalente a una tasa efectiva anual del 24,26 %. Bajo esas condiciones, la cuota mensual se aproxima a los $812.600.

Al finalizar el plazo del crédito, el valor pagado únicamente por intereses ascendería a cerca de $18.343.178. Esta cifra no incluye otros costos asociados al producto financiero, los cuales influyen de manera directa en el valor total que asume el usuario durante la vigencia del préstamo.

Uno de los costos adicionales corresponde al seguro de vida obligatorio, que cubre el saldo de la deuda en caso de fallecimiento del titular. En la simulación citada, este seguro podría representar alrededor de $2.436.000 durante todo el periodo del crédito. Al sumar intereses y seguros, el valor final a pagar podría ubicarse cerca de los $48.756.178, una cifra cercana al doble del monto inicialmente solicitado.

El valor definitivo del préstamo depende de múltiples factores, entre ellos el monto aprobado, el plazo elegido y los costos asociados. Las condiciones no son uniformes para todos los usuarios, ya que Nequi define tasas, montos y plazos de manera individual, con base en sus análisis internos de riesgo. Por esta razón, dos personas pueden recibir ofertas diferentes incluso si solicitan el mismo valor.

Aunque las billeteras digitales se caracterizan por la rapidez del trámite y una menor carga documental, no están exentas del impacto de las tasas de interés altas que persisten en el mercado financiero. El crédito digital, pese a su facilidad de acceso, mantiene costos financieros relevantes, especialmente en préstamos de largo plazo.

Nequi permite realizar abonos a capital y pagos anticipados sin penalidades. Esta opción puede reducir el valor total de los intereses, siempre que el usuario mejore su flujo de ingresos y decida adelantar cuotas o disminuir el saldo de la deuda. No obstante, la estructura del crédito hace que una parte significativa del costo financiero se concentre en los primeros años del préstamo.

MINUTO 90+3: ¡Final en Medellín! El DIM se queda con la victoria por la mínima diferencia ante Cusco. Apenas instantes antes, en el min 90+1’, el ambiente en el Atanasio había cambiado por completo: la afición celebraba con alegría el triunfo ajustado, disfrutando de la ventaja que asegura tres puntos vitales para los locales.

MINUTO 87: ¡Golazo del DIM! El “Polaco” Fydriszewski aparece en el área y define con potencia arriba, dejando sin opciones al arquero. Es el primer tanto del conjunto local en el partido y con este resultado suma cuatro puntos, desatando la euforia en las tribunas.

MINUTO 85: El rostro de Botero refleja toda la tensión del momento: serio, con evidente preocupación, el técnico del DIM observa desde la línea sin encontrar respuestas en el campo. La presión del partido lo envuelve y transmite la sensación de un equipo que no logra reaccionar bajo su conducción.

MINUTO 82: Desde las gradas, la hinchada del DIM hace sentir su descontento: los reclamos se intensifican y el pedido es claro, mayor entrega e intensidad dentro del campo. El ambiente se carga de exigencia, reflejando la presión que la afición transmite al equipo en este tramo decisivo del partido.

MINUTO 78: Pedro Díaz se luce con una intervención clave: el centro de Fabra buscaba complicar al arquero, pero el guardameta peruano respondió con firmeza para mantener el cero y evitar el gol del DIM. Apenas dos minutos antes, en el min 76, el árbitro le había mostrado tarjeta amarilla en Cusco por demorar intencionalmente el reinicio del juego, castigando la pérdida deliberada de tiempo del portero.

64 MINUTOS: El conjunto local controla el trámite del juego, pero se atasca en la zona de definición. La falta de claridad en los últimos metros le impide transformar la posesión en ocasiones netas de gol.

MINUTO 57: La tensión estalla en el área: Chaverra impacta al guardameta peruano en una acción que provoca inmediata reacción. El roce enciende los ánimos y el clima se torna candente entre los dos equipos.

MINUTO 55: Fydriszewski sorprende al aparecer por el segundo palo, llegando desde atrás sin oposición. Pese a que el ángulo de disparo era reducido, consigue ubicarse en una zona de gran peligro para el DIM.

Final del primer tiempo

Independiente Medellín 0-0 Cusco FC

MINUTO 46: Cusco la perdió!!! Oswaldo Valenzuela tomó el balón afuera del área, remató hacia el palo derecho y el balón pasó muy cerca del arco

MINUTO 45: Dos minutos de adición

MINUTO 43: Medellín la perdió con Francisco Fydriszewski, al sacar un disparo fuerte que pasó cerca del palo superior del arco de Pedro Díaz

MINUTO 42: Cusco está terminando la primera parte con la pelea por el balón y su arco en cero, que es el objetivo en el partido

MINUTO 40: Medellín sigue apelando a la misma táctica: pase o centro desde el costado y buscar el balón en el área, que aún no le funciona para abrir el marcador

MINUTO 36: Medellín ha permitido que Cusco se acerque a su portería, debido a que adelanta sus líneas al momento de atacar y le deja espacios en defensa

MINUTO 32: Cusco se acercó con un disparo de Nicolas Silva, que terminó en las manos del portero Éder Chaux

MINUTO 30: Medellín la perdió con Esneyder Mena, que al sacar un centro, el balón se cerró y chocó con el palo superior

MINUTO 28: Medellín la perdió con Yony González, que sacó un disparo en el área y mandó el balón por arriba de la portería

MINUTO 24: El partido cayó en emociones, lo que benefició a Cusco para tratar de equilibrar las acciones en la cancha

MINUTO 20: Medellín está apelando a los disparos desde lejos para llegar al arco de los peruanos, que le cerraron espacios en el área

MINUTO 16: Cusco aguanta el encuentro, retrocede mucho y se arriesga a que sufra el primer gol por dejarle tanto espacio al Poderoso para disparar desde afuera del área

MINUTO 12: Medellín mantiene la presión sobre el rival, que empezó a manejar la pelota, pero sin ser ofensivo en el campo de juego

MINUTO 8: Cusco aguanta la presión del Poderoso en los primeros minutos, pero deja espacios que el rival aprovecha para entrar al área

MINUTO 4: Medellín apela a la velocidad y desequilibrio de Frank Fabra para llegar al área desde la banda izquierda

Comenzó el partido

Independiente Medellín vs. Cusco FC

Salen los equipos al campo de juego. Medellín tendrá camiseta roja, pantaloneta azul y medias rojas, mientras que Cusco usará uniforme dorado.

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Así jugará el Cusco de Perú

Formación del Medellín

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Flamengo y Estudiantes empataron en La Plata

En uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Copa Libertadores, el cuadro brasileño le sacó un empate 1-1 a los argentinos en su casa, para seguir en el liderato con siete unidades, pero dos puntos arriba del Pincha.

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Precios de boletería para Medellín vs. Cusco

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Posiciones del grupo A

1. Flamengo: 7 puntos (5)
2. Estudiantes de La Plata: 5 puntos (1)
3. Medellín: 1 punto (-3)
4. Cusco FC: 0 puntos (-3)

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Alineaciones probables para el partido

Independiente Medellín

• Portero: Eder Chaux
• Defensores: Halam Loboa, Daniel Londoño, Leonardo Escorcia
• Volantes: Francisco Chaverra, Frank Fabra, Alexis Serna, Daniel Cataño, Esneyder Mena
• Delanteros: Yony González, Francisco Fydriszewski
• Director técnico: Sebastián Botero

Cusco FC

• Portero: Pedro Díaz
• Defensores: José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías
• Volantes: Joel Herrera, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto
• Delanteros: Gabriel Carabajal, Facundo Callejo, Nicolás Silva
• Director técnico: Alejandro Orfila

Equipo arbitral para el Independiente Medellín vs. Cusco FC

• Árbitro central: Gery Vargas (Bolivia)
• Asistente número 1: José Antelo (Bolivia)
• Asistente número 2: Edwar Saavedra (Bolivia)
• Cuarto árbitro: Rodolfo Vera (Bolivia)
• VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

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Así va la fecha 3 de la Copa Libertadores

28 de abril de 2026

Lanús (Argentina) 1-0 Liga de Quito (Ecuador)

• Estadio: Ciudad de Lanús de Buenos Aires
• Árbitro: José Cabero (Chile)
• Goles: Agustín Cardozo al minuto 74 para Lanús

Libertad (Paraguay) 2-3 Independiente del Valle (Ecuador)

• Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
• Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
• Goles: Triplete Carlos González al minuto 33, 51 y 65 para Independiente del Valle, empató parcialmente Lorenzo Melgarejo al 37 para Libertad y también descontó desde el tiro del punto penal al 85 para Libertad

Universidad Central (Venezuela) 0-3 Rosario Central (Argentina)

• Estadio: Olímpico de Caracas
• Árbitro: José Burgos (Uruguay)
• Goles: Ignacio Ovando al minuto 35, Ángel Di María al minuto 53 de tiro penal y Enzo Copetti al 90+3 para Rosario Central

Cruzeiro (Argentina) 1-0 Boca Juniors (Argentina)

• Estadio: Mineirão de Belo Horizonte
• Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
• Goles: Néiser Villarreal al minuto 83 para Cruzeiro, salió expulsado en Boca Juniors el paraguayo Adam Bareiro al 45+1 por doble amarilla

Deportes Tolima (Colombia) 3-0 Coquimbo Unido (Chile)

• Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
• Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
• Goles: Sebastián Guzmán al minuto 59 de tiro penal, Luis Sandoval al minuto 66 y Jersson González al 78 para Tolima

Sporting Cristal (Perú) 2-0 Junior de Barranquilla (Colombia)

• Estadio: Alejandro Villanueva de Lima
• Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
• Goles: Santiago González al minuto 52 y Catriel Cabellos al 90+1 para Sporting Cristal, salió expulsado Jermein Peña al minuto 22 para Junior

29 de abril de 2026

Mirassol (Brasil) 2-0 Always Ready (Bolivia)

• Estadio: José Maria de Campos Maia
• Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
• Goles: Eduardo al minuto 10 y Alesson al minuto 80, salió expulsado João Victor alminuto 75 para Mirassol

Platense (Argentina) 2-1 Santa Fe (Colombia)

• Estadio: Vicente López de Buenos Aires
• Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
• Goles: Tomás Nasif al minuto 57 y Mateo Mendia al 63 para Platense, descontó Franco Fagundez al 90+4 para Santa Fe

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 1-2 Universidad Católica (Chile)

• Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil
• Árbitro: Roberto Pérez (Perú)
• Goles: Fernando Zampedri al minuto 17 y Clemente Montes al 22 para Universidad Católica, descontó Milton Celiz al 72 para Barcelona SC

Estudiantes de La Plata (Argentina) 1-1 Flamengo (Brasil)

• Estadio: Único Ciudad de la Plata
• Árbitro: Piero Maza (Chile)
• Goles: Luiz Araújo al minuto 33 para Flamengo, empató Guido Carillo al 55 para Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño (Paraguay) 1-1 Palmeiras (Brasil)

• Estadio: General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción
• Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
• Goles: Jhon Arias marcó al minuto 33 para Palmeiras, y se empató el partido por Cerro Porteño tras autogol de Carlos Miguel al 72 de partido

Universitario (Perú) 4-2 Club Nacional (Uruguay)

• Estadio: Monumental de Lima
• Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
• Goles: Maximiliano Gómez anotó de tiro penal al minuto 14 para Nacional, empató Cain Fara al 40, remontó Alex Valera al 46, volvió a empatar Mauro Silvera al 71 para Nacional, y Lisandro Azulgaray al 81 y José Carabalí al 90+2 le dieron la victoria a Universitario

30 de abril de 2026

Bolívar (Bolivia) vs. Fluminense (Brasil)

• Estadio: Hernando Siles de La Paz
• Árbitro: Derlis López (Paraguay)
• Hora: 5:00 p. m.
• Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Independiente Rivadavia (Argentina) vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)

• Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza
• Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
• Hora: 5:00 p. m.
• Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Corinthians (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay)

• Estadio: Hernando Siles de La Paz
• Árbitro: Cristian Garay (Chile)
• Hora: 7:00 p. m.
• Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Independiente Medellín (Colombia) vs. Cusco FC (Perú)

• Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
• Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
• Hora: 9:00 p. m.
• Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Afiche de la mascota del Cusco FC en el Atanasio Girardot

Convocados de Independiente Medellín para el duelo ante Cusco FC

Porteros

• Salvador Ichazo
• Eder Chaux

Defensores

• Leonardo Escorcia
• José Ortiz
• Malcom Palacios
• Daniel Londoño
• Leyser Chaverra
• Frank Fabra

Volantes

• Esneyder Mena
• Alexis Serna
• Baldomero Perlaza
• Halam Loboa
• Didier Moreno
• Diego Moreno
• Daniel Cataño

Delanteros

• Francisco Chaverra
• Hayen Palacios
• Yony González
• John Montaño
• Andrés Felipe Dávila
• Gerónimo Mancilla
• Francisco Fydriszewski

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El “Poderoso de la Montaña” quiere sumar su primera victoria en la “Gloria Eterna”

El partido se jugará el 30 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Premium.

El árbitro del partido será el boliviano Gery Vargas, y en el VAR estará acompañado por su compatriota Jorge Justiniano.

El 25 de abril de 2026, Independiente Medellín venció por 1-0 en la Liga BetPlay en el estadio Ditaires de Itagüí a Fortaleza con el gol de Yony González al minuto 86.

En la Copa Libertadores, Independiente Medellín cayó goleado por 4-1 ante Flamengo de Brasil en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, el 16 de abril de 2026.

Flamengo se fue adelante en el marcador con el gol de Lucas Paquetá al 15 de partido, pero Yony González empató de forma parcial para Independiente Medellín.

Pero al finalizar la primera parte, Bruno Henrique volvió a adelantar al Flamengo. Para el segundo tiempo, con los goles de Giorgian de Arrascaeta al 49 y de Pedro al 90+6, liquidaron las acciones de partido.

Por los lados del Cusco FC de Perú, el equipo dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila derrotó por 2-1 al Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el 26 de abril de 2026.

El argentino Facundo Callejo abrió el marcador para Cusco, pero el colombiano Yorleys Mena empató al 20 de partido para Sport Huancayo.

Finalmente, el argentino Iván Colman le dio la victoria al Cusco al 58 de partido.

En la Copa Libertadores, Cusco cayó por 2-1 ante Estudiantes en el estadio Único Ciudad de La Plata.

El argentino Facundo Farías abrió el marcador para el cuadro “Pincharrata” al minuto 28, pero Lucas Colitto empató al 31 de partido.

Finalmente, el uruguayo Tiago Palacios le dio la victoria al cuadro argentino al 48 de partido.

Un subsidio que cubriría hasta el 90 % del arriendo podría cambiar la situación de millones de colombianos que hoy enfrentan dificultades para sostener el pago mensual de vivienda.

La medida hace parte del plan Soluciones Duraderas, estructurado bajo el CONPES 4180, que busca brindar apoyo económico temporal a hogares en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con información citada por La Kalle, esta estrategia está dirigida a más de nueve millones de personas, lo que representa cerca del 17 % de la población del país.

El objetivo principal es garantizar estabilidad habitacional mientras los beneficiarios logran mejorar su situación económica, evitando que el costo del arriendo se convierta en una barrera permanente.

El subsidio no está diseñado para la compra de vivienda, sino para cubrir parcialmente el pago de la renta durante un periodo determinado.

El apoyo económico podría extenderse hasta por 24 meses, lo que equivale a dos años en los que los hogares beneficiados recibirían alivio en uno de sus gastos más altos.

El Ministerio de Vivienda será la entidad encargada de administrar los recursos y ejecutar la entrega del subsidio.

En términos de monto, la ayuda mensual podría alcanzar hasta el 60 % de un salario mínimo, lo que para 2026 se proyecta en aproximadamente $1.050.543 pesos, según la información conocida.

Este valor se alinea con los esquemas de subsidio existentes, buscando coherencia con otros apoyos del sistema.

El impacto del programa dependerá de su alcance y de la capacidad de los beneficiarios para estabilizar sus ingresos durante el tiempo que reciban la ayuda.

Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir una serie de requisitos específicos que determinan su elegibilidad dentro del programa.

El primero es estar registrado en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado, lo que prioriza a poblaciones afectadas por el conflicto.

Además, los ingresos del hogar no deben superar los dos salarios mínimos, lo que enfoca el beneficio en familias con limitaciones económicas.

Otro requisito clave es no contar con vivienda propia en ninguna parte del país, condición que busca garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente dependen del arriendo.

También se exige que la vivienda a arrendar sea independiente, cuente con condiciones dignas y tenga servicios públicos básicos.

Estas condiciones buscan asegurar que el subsidio no solo cubra el costo del arriendo, sino que garantice una vivienda adecuada para los beneficiarios.

El diseño del programa responde a una necesidad estructural en el país, donde el acceso a vivienda digna sigue siendo un desafío para millones de personas.

Según el planteamiento del programa, el objetivo es que al menos el 75 % de los beneficiarios logren superar su situación de vulnerabilidad, mediante un proceso gradual de estabilización económica.

Este enfoque implica que el subsidio no es permanente, sino una herramienta temporal para facilitar la transición hacia mejores condiciones de vida.

El programa también busca reducir la presión económica sobre los hogares, permitiéndoles destinar recursos a otras necesidades básicas mientras reciben el apoyo.

En ese sentido, el subsidio se convierte en un mecanismo para aliviar el impacto del costo de la vivienda en los ingresos familiares.

La implementación del plan se da en un contexto donde el arriendo representa uno de los gastos más altos para los hogares urbanos, lo que incrementa la vulnerabilidad económica.

Al cubrir una parte significativa de ese gasto, el Estado busca intervenir directamente en uno de los factores que más afecta la estabilidad financiera de las familias.

El alcance del programa dependerá de la ejecución efectiva de los recursos y del cumplimiento de los criterios establecidos, así como del seguimiento a los beneficiarios durante el tiempo de apoyo.

Mientras se pone en marcha la estrategia, el subsidio aparece como una de las apuestas más amplias para enfrentar las dificultades de acceso a vivienda en el país.

Un grupo de ciudadanos interpuso una acción de tutela para exigir garantías en el acceso a la energía como derecho fundamental, en medio de preocupaciones por un posible desabastecimiento en el país. La iniciativa fue presentada por 11 personas de distintos sectores, quienes advierten sobre el impacto que tendría una eventual crisis energética en la vida cotidiana.

Los accionantes sostienen que la falta de garantías en el suministro eléctrico pone en riesgo derechos como la salud, la educación y el trabajo, al considerar que la energía es un servicio esencial para el desarrollo de actividades básicas. La acción judicial cuenta con el respaldo técnico del Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana.

La tutela fue dirigida contra varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas la Presidencia de la República, así como los ministerios de Ambiente, Minas y Energía y Hacienda, además de organismos regulatorios del sector. Los ciudadanos argumentan que existe una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales ante la falta de medidas claras para garantizar el suministro energético.

“Argumentan los accionantes [...] que la falta de garantías para el acceso a la energía, ante un posible desabastecimiento, supone una amenaza contra la capacidad de trabajo [...] y el desarrollo de su vida misma”, señala el Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana. Este planteamiento busca evidenciar la dimensión estructural del problema.

El recurso también advierte que una crisis en el sistema energético no solo afectaría a los hogares, sino que tendría repercusiones directas en la economía nacional. La interrupción del servicio impactaría la productividad, el funcionamiento de empresas y la prestación de servicios esenciales.

En ese sentido, los demandantes consideran que el acceso a la energía debe ser tratado como un derecho fundamental, dado su papel en la garantía de condiciones mínimas de vida. Señalan que la incertidumbre frente al suministro representa un riesgo para la estabilidad social y económica del país.

El caso ya llegó a la Corte Constitucional, que deberá decidir si selecciona la tutela para una revisión de fondo. De hacerlo, el alto tribunal podría analizar el alcance del acceso a la energía dentro del marco de los derechos fundamentales en Colombia.

Además, el proceso ha vinculado a otras entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como a actores del sector energético. Esto refleja la magnitud del debate que plantea la acción judicial.

“Este escenario representa una oportunidad [...] para analizar un problema de carácter complejo y estructural que pone en riesgo el derecho [...] a un servicio de energía continuo y eficiente”, puntualiza el Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana.

Los promotores de la tutela insisten en la necesidad de un pronunciamiento judicial que evalúe las políticas actuales y su impacto en la estabilidad del sistema energético. También consideran que una decisión de fondo permitiría establecer lineamientos claros para garantizar el servicio en el largo plazo.

El análisis que realice la Corte podría sentar un precedente sobre la protección del acceso a servicios públicos esenciales, en un escenario marcado por la preocupación frente a posibles afectaciones en el suministro energético.

La aplicación oficial de TransMilenio fue renovada para mejorar la planeación de viajes en Bogotá, incorporando nuevas herramientas que permiten a los usuarios conocer rutas, tiempos y alternativas de desplazamiento con mayor precisión. La actualización busca optimizar la experiencia de quienes utilizan diariamente el sistema de transporte público en la ciudad.

El rediseño introduce un planeador de viajes con información en tiempo real, lo que facilita tomar decisiones antes y durante el recorrido. Según se explicó, la herramienta permite consultar la ubicación de los buses, identificar paraderos cercanos y elegir rutas según variables como tiempo, costo o número de transbordos, citado por Revista Semana.

La nueva versión fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre TransMilenio S.A. y un aliado tecnológico, con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva y funcional para los usuarios. Además, permite planificar trayectos con anticipación, lo que contribuye a reducir tiempos de espera y mejorar la organización de los desplazamientos diarios.

“La principal novedad es un planeador de viajes que permite elegir la mejor ruta para ahorrar tiempo, reducir transbordos o caminata”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, citado por Revista Semana. La funcionaria destacó que esta herramienta ya se utiliza en otras ciudades del mundo y busca elevar la calidad del servicio en Bogotá.

La aplicación cuenta con una base significativa de usuarios. De acuerdo con los datos entregados, más de 1,6 millones de personas la utilizan mensualmente, mientras que supera los 2 millones de instalaciones en dispositivos móviles. En el último mes, se registraron más de 17.800 nuevas descargas, lo que refleja un crecimiento sostenido en su uso.

Entre las funciones disponibles, los ciudadanos pueden consultar rutas troncales y zonales, conocer horarios, ubicar estaciones cercanas y recibir indicaciones paso a paso para llegar a su destino. También es posible visualizar distintas alternativas de viaje según las preferencias del usuario.

Otra de las mejoras relevantes es la posibilidad de seleccionar la fecha y hora de salida, lo que permite obtener recomendaciones ajustadas a las condiciones reales del sistema. Esta funcionalidad busca ofrecer una planificación más precisa y adaptada a las necesidades de cada pasajero.

La aplicación también incorpora herramientas adicionales relacionadas con el servicio. Entre ellas, se incluye la opción de recargar la tarjeta Tullave mediante PSE, consultar el saldo disponible y acceder a líneas de atención en caso de emergencia.

A esto se suman las notificaciones en tiempo real, que alertan sobre cambios en las rutas, interrupciones o novedades que puedan afectar la movilidad. De esta manera, los usuarios pueden reaccionar de forma inmediata y elegir rutas alternas.

El objetivo de estas actualizaciones es fortalecer la experiencia del usuario dentro del sistema de transporte público, brindando mayor control sobre los desplazamientos y facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

La aplicación TransmiApp se mantiene como una herramienta gratuita, disponible para descarga en dispositivos móviles a través de las principales plataformas digitales, con el propósito de ampliar su alcance y mejorar la movilidad urbana en Bogotá.

La suspensión del cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio abrió un nuevo frente de incertidumbre para empresas y entidades en Colombia, pese a representar un alivio inmediato para algunos sectores.

La medida, adoptada por la Corte Constitucional, detiene de forma provisional el pago que debía realizarse el 4 de mayo de 2026, específicamente para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas en proceso de liquidación.

De acuerdo con Revista Semana, esta decisión no elimina la obligación tributaria, sino que pausa su exigibilidad mientras el alto tribunal analiza de fondo la constitucionalidad de la medida.

“La suspensión de la segunda cuota del impuesto al patrimonio es un alivio parcial, no una decisión definitiva”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, citado por ese medio de comunicación.

La dirigente gremial señaló que el pronunciamiento de la Corte envía una señal clara sobre la existencia de dudas constitucionales relevantes, al tiempo que corrige lo que considera una inequidad frente a ciertas entidades.

Según explicó, el impacto de la decisión es limitado, ya que no resuelve de manera definitiva el panorama tributario ni elimina las obligaciones futuras.

El punto central es que la suspensión no implica la desaparición del impuesto, sino una pausa mientras se toma una decisión definitiva, lo que mantiene en vilo a quienes podrían verse nuevamente obligados a pagar.

Este escenario implica que las entidades beneficiadas con la medida deben mantenerse atentas al desarrollo del proceso judicial, ya que el resultado podría reactivar el cobro.

La falta de una decisión de fondo prolonga la incertidumbre jurídica, especialmente en un contexto en el que múltiples organizaciones enfrentan presiones financieras y dificultades para planificar sus obligaciones tributarias.

Lacouture también advirtió que miles de empresas continúan enfrentando problemas de liquidez y falta de claridad normativa en materia fiscal.

“Se requiere seriedad, consistencia y respeto por las normas”, expresó, citado por ese medio de comunicación, al referirse al entorno tributario actual.

La presidenta de AmCham insistió en la necesidad de que la Corte adopte una decisión definitiva en el menor tiempo posible, con el objetivo de devolver confianza y estabilidad al sistema.

“Ojalá la Corte adopte una decisión de fondo pronta y sólida, que le devuelva al país claridad, confianza y estabilidad”, puntualizó Lacouture, citado por ese medio de comunicación.

Desde el punto de vista técnico, expertos en materia tributaria coinciden en que la medida representa un alivio temporal, al permitir a las entidades reorganizar sus recursos y evitar sanciones inmediatas.

Sin embargo, advierten que este respiro podría ser momentáneo, dependiendo del fallo final que adopte el alto tribunal.

El efecto práctico es una pausa en la presión financiera para las organizaciones cobijadas por la decisión, pero sin una garantía de que esa carga desaparezca definitivamente.

Esto obliga a las entidades a mantener provisiones o estrategias financieras que contemplen un eventual pago futuro.

El caso también pone en evidencia tensiones dentro del sistema tributario colombiano, donde decisiones judiciales pueden modificar de manera temporal las obligaciones fiscales mientras se resuelven disputas de fondo.

Para el sector empresarial, este tipo de escenarios incrementa la complejidad en la toma de decisiones financieras y en la planificación de mediano plazo.

La discusión jurídica en torno al impuesto al patrimonio se convierte así en un factor clave para la estabilidad económica de ciertas organizaciones, especialmente aquellas que ya enfrentan limitaciones de liquidez.

Mientras avanza el análisis constitucional, la medida deja abierta la posibilidad de ajustes o cambios en la aplicación del impuesto.

El desenlace del proceso será determinante para definir si la obligación se mantiene, se modifica o se elimina para los sectores involucrados, lo que mantiene la expectativa en el ámbito empresarial.

Por ahora, la suspensión opera como un alivio temporal en medio de un panorama marcado por la incertidumbre normativa.

El uso del letrero “NO PDA” en vehículos se ha vuelto cada vez más común en Colombia, en medio de problemas relacionados con la actualización de información en sistemas de control de tránsito.

Este adhesivo busca advertir a las autoridades sobre posibles inconsistencias en los registros digitales, especialmente en casos donde un vehículo ya resolvió situaciones legales, pero sigue apareciendo con reportes activos.

De acuerdo con información citada por La Kalle, la sigla PDA hace referencia al dispositivo móvil que utilizan los agentes de tránsito y la Policía para consultar antecedentes vehiculares en tiempo real.

Cuando un carro porta este letrero, el mensaje implícito es que el sistema puede estar desactualizado, por lo que se solicita al agente verificar documentos físicos antes de tomar decisiones.

Este fenómeno surge como respuesta a un desfase entre decisiones judiciales y la actualización en bases de datos oficiales como el RUNT, la Dijín o la Sijín.

En algunos casos, un juez puede levantar medidas como embargos o reportes en cuestión de días, pero la información tarda meses en reflejarse en los sistemas digitales.

Esa diferencia de tiempos ha generado situaciones en las que conductores son detenidos o sus vehículos inmovilizados por reportes que ya no deberían estar vigentes.

Ante este escenario, el letrero “NO PDA” se ha convertido en una especie de advertencia preventiva, utilizada por algunos conductores para evitar inconvenientes en carretera.

Sin embargo, su uso no tiene respaldo jurídico dentro de la normativa vigente.

Desde el punto de vista del Código Nacional de Tránsito, no existe una prohibición expresa para portar este tipo de adhesivos, siempre que no afecten la visibilidad del conductor.

Aun así, las autoridades han sido claras en señalar que el letrero no tiene ningún efecto legal frente a los procedimientos de control.

Un agente de tránsito está obligado a verificar cualquier alerta que aparezca en su sistema, independientemente de mensajes visibles en el vehículo.

En la práctica, esto genera un efecto contrario al esperado por algunos conductores.

Para muchos uniformados, el letrero puede convertirse en una señal de alerta que motiva revisiones más detalladas, en lugar de evitar controles.

Esto significa que, lejos de ofrecer protección, el adhesivo puede incrementar la probabilidad de inspecciones.

El problema de fondo sigue siendo la falta de sincronización entre decisiones judiciales y registros digitales, lo que mantiene activos reportes que ya fueron resueltos.

Esta situación afecta tanto a conductores particulares como a compradores de vehículos usados, quienes pueden enfrentar inconvenientes por antecedentes que no corresponden a la realidad actual del automotor.

Frente a estos casos, la recomendación principal no es el uso del adhesivo, sino contar con la documentación que respalde la situación legal del vehículo.

Esto incluye oficios de levantamiento de medidas cautelares o actas de entrega emitidas por autoridades competentes.

Estos documentos tienen validez legal y permiten aclarar cualquier inconsistencia en el momento de un control, a diferencia del letrero, que no tiene reconocimiento normativo.

El uso del “NO PDA” también ha generado dudas entre quienes están interesados en adquirir vehículos que lo portan.

En estos casos, el adhesivo puede ser una señal de que el vehículo tuvo algún tipo de proceso judicial previo, lo que hace necesario revisar su historial antes de concretar una compra.

Esto implica verificar registros oficiales y asegurarse de que no existan pendientes legales o administrativos.

El fenómeno refleja una tensión entre la rapidez de las decisiones judiciales y la lentitud en la actualización de sistemas oficiales, lo que abre espacio a soluciones informales como este tipo de mensajes.

Mientras no se resuelva ese desfase, es probable que el uso del letrero continúe extendiéndose entre conductores que buscan evitar problemas.

La discusión sobre su utilidad sigue abierta, especialmente porque no ofrece garantías frente a los procedimientos oficiales, pero sí evidencia fallas en la gestión de la información vehicular.

Es por eso que el adhesivo se mantiene como una señal visible de un problema estructural más amplio dentro del sistema de control de tránsito.

El aumento del flujo vehicular en carreteras ha encendido alertas sobre la presencia de retenes ilegales en Colombia, una práctica que pone en riesgo la seguridad de los conductores y que puede derivar en extorsiones o estafas. En medio de operativos oficiales, las autoridades han insistido en la importancia de identificar correctamente los puestos de control autorizados.

Los retenes legales hacen parte de estrategias de seguridad y control en vías nacionales, especialmente durante temporadas de alto tránsito como fines de semana festivos. En estos puntos, los agentes verifican documentos, condiciones del vehículo y posibles antecedentes, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, según información citada por Revista Semana.

En contraste, los retenes ilegales son instalados por personas que simulan ser autoridades o que aprovechan la falta de información de los conductores para cometer delitos. Estos puntos no cuentan con respaldo institucional y suelen operar en zonas aisladas o con poca visibilidad.

Uno de los principales elementos para identificar un retén legal es la presencia de autoridades debidamente uniformadas. Los agentes deben portar uniforme completo, insignias visibles y elementos de identificación que permitan verificar su pertenencia a una institución oficial.

Además, los puestos de control autorizados deben contar con señalización previa. Esto incluye conos, vallas reflectivas y luces que advierten a los conductores sobre la proximidad del retén, permitiéndoles reducir la velocidad con anticipación.

La distancia también es un factor clave. Los retenes legales deben estar señalizados con al menos 50 metros de antelación, lo que permite una reacción segura por parte de los conductores. La ausencia de estas medidas puede ser una señal de alerta.

Otro aspecto relevante es el número de uniformados. En operativos urbanos pequeños suelen participar entre 4 y 6 agentes, mientras que en retenes más grandes se puede observar la presencia de más de 10 uniformados, acompañados de vehículos oficiales como patrullas o motocicletas.

Durante el procedimiento, los funcionarios pueden solicitar documentos como la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad y el SOAT. Estas verificaciones hacen parte de los controles habituales y deben realizarse de manera transparente y respetuosa.

Por el contrario, en un retén ilegal pueden presentarse comportamientos irregulares. La falta de identificación, la ausencia de señalización o la negativa a explicar el motivo del control son indicios que deben generar desconfianza.

Los conductores también tienen derecho a preguntar por la razón del retén y a registrar el procedimiento, siempre que lo hagan de manera respetuosa. Si los supuestos agentes impiden este tipo de acciones, puede tratarse de una situación irregular.

En caso de sospecha, se recomienda comunicarse de inmediato con la línea de emergencia 123, para verificar la legalidad del procedimiento y recibir orientación de las autoridades.

El conocimiento de estas características permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de ser víctimas de delitos en carretera. Identificar un retén legal no solo protege al conductor, sino que contribuye a fortalecer la seguridad en las vías del país.

A este panorama se suma que los retenes oficiales suelen estar articulados con operativos previamente anunciados por las autoridades, especialmente en temporadas de alta movilidad. Estas acciones buscan prevenir accidentes, controlar el transporte ilegal y reforzar la seguridad en corredores estratégicos, por lo que su presencia responde a planes estructurados y no a decisiones improvisadas en carretera.

También es importante tener en cuenta que las autoridades legítimas no solicitan dinero en efectivo ni imponen sanciones de manera informal en el lugar del procedimiento. Cualquier multa o comparendo debe quedar registrado en los sistemas oficiales, lo que permite su consulta posterior. Ante cualquier exigencia irregular o presión indebida, los conductores deben abstenerse de entregar dinero y reportar de inmediato la situación a las entidades competentes.

El crecimiento del patrimonio de Abelardo de la Espriella ha despertado interés en medio de su visibilidad política, especialmente por la estructura empresarial y los activos que respaldan su fortuna.

Su capital no responde a una sola fuente de ingresos, sino a una red diversificada de negocios que se ha expandido con el tiempo dentro y fuera del país, consolidando su presencia en distintos sectores económicos.

De acuerdo con información citada por Blu Radio, el abogado y empresario cuenta con al menos 35 empresas distribuidas entre Colombia, Estados Unidos y Panamá, lo que le ha permitido ampliar sus fuentes de ingreso y fortalecer su portafolio.

La base de su carrera está en el ejercicio del derecho, a través de su firma De la Espriella Lawyers Enterprise, desde donde construyó reconocimiento y posicionamiento en el ámbito jurídico.

Sin embargo, su modelo de negocio no se ha limitado a ese sector. Con el paso del tiempo, ha incursionado en actividades comerciales que incluyen licores, moda y restaurantes.

Esta diversificación le ha permitido reducir la dependencia de una sola actividad económica, al tiempo que amplía su alcance dentro del mundo empresarial.

Uno de los movimientos más visibles ha sido su incursión en el mercado de bebidas con la marca Salvatore, una apuesta que refleja su interés por participar en industrias distintas al derecho.

El crecimiento de su patrimonio también se evidencia en el sector inmobiliario, donde ha acumulado una importante cantidad de bienes a través de sus sociedades.

Según los datos disponibles, en Colombia se han identificado al menos 19 propiedades, entre fincas, apartamentos y bodegas, registradas bajo diferentes estructuras empresariales.

Un aspecto que llama la atención es que nueve de estos bienes fueron adquiridos en los últimos cinco años, lo que sugiere una expansión reciente en sus inversiones inmobiliarias.

Este patrón evidencia una estrategia enfocada en consolidar activos físicos como parte de su portafolio de riqueza.

A nivel internacional, su presencia se extiende a Estados Unidos, donde también posee propiedades junto a su esposa, reforzando su perfil como empresario con alcance global.

Entre estos bienes se destaca una mansión en Miami valorada en aproximadamente 5,1 millones de dólares, así como otra propiedad cercana a los 628.000 dólares.

Estos activos consolidan su posicionamiento fuera del país y amplían la dimensión de su patrimonio, integrando inversiones en mercados internacionales.

No obstante, la construcción de su fortuna no ha estado exenta de cuestionamientos.

Diversos sectores han puesto en duda el origen de algunos recursos y el manejo de sus finanzas, lo que ha generado controversias que acompañan su crecimiento empresarial.

Entre los episodios más mencionados se encuentra la supuesta recepción de 760 millones de pesos en 2008, vinculada a David Murcia, figura relacionada con la captadora ilegal DMG.

Este caso ha sido objeto de revisiones en escenarios judiciales y continúa siendo parte del debate público en torno a su patrimonio.

Las críticas han sido impulsadas por actores políticos que cuestionan la transparencia de sus ingresos, lo que mantiene vigente la discusión sobre el origen de su riqueza.

A pesar de estas controversias, la estructura empresarial de De la Espriella sigue siendo uno de los principales soportes de su fortuna.

El modelo que combina servicios jurídicos, inversiones comerciales y bienes raíces muestra una estrategia de crecimiento basada en diversificación, lo que ha permitido la expansión de su capital en distintos frentes.

Este esquema le ha facilitado consolidar activos en diferentes sectores, reduciendo riesgos y aprovechando oportunidades en mercados variados.

El interés creciente en su patrimonio coincide con su protagonismo en el escenario político, lo que ha llevado a un mayor escrutinio público sobre su trayectoria empresarial.

Su fortuna no solo se analiza desde el ámbito económico, sino también desde el impacto que puede tener en su proyección política.

La combinación de expansión empresarial, presencia internacional y controversias mantiene el tema en el centro del debate, especialmente en un momento en el que su nombre gana visibilidad.

La continuidad de la alimentación escolar en medio de la emergencia invernal llegó a la Corte Constitucional con una solicitud de la Defensoría del Pueblo para respaldar el decreto que busca evitar que miles de estudiantes pierdan acceso al PAE por la suspensión de clases.

La intervención se centra en mantener la entrega de alimentos incluso cuando no haya presencialidad escolar, debido a afectaciones provocadas por lluvias, daños en infraestructura y dificultades de acceso en múltiples regiones del país.

De acuerdo con información citada por Blu Radio, la Defensoría defendió la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica derivada de la ola invernal, al considerar que busca proteger derechos fundamentales de estudiantes afectados.

La medida permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar continúen recibiendo apoyo nutricional incluso fuera de la jornada escolar y por fuera de las instituciones educativas cuando asistir a clases no sea posible.

El eje de la solicitud es evitar que la suspensión académica termine interrumpiendo un servicio que en muchos casos representa una parte esencial de la alimentación diaria de los estudiantes.

La Defensoría advirtió que los impactos climáticos han generado daños en colegios, uso de planteles como albergues, interrupciones del calendario escolar y problemas de movilidad derivados del deterioro vial y del transporte escolar.

Esas condiciones han afectado la prestación educativa y, con ello, el acceso ordinario al PAE, lo que elevó las alertas sobre posibles consecuencias en seguridad alimentaria y permanencia escolar.

“La intervención documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis”, señaló la Defensoría, citado por Blu Radio.

La entidad insistió en que el decreto no amplía beneficiarios ni modifica la naturaleza del programa, sino que busca garantizar continuidad en condiciones excepcionales.

Según esa postura, la medida responde a una coyuntura extraordinaria y pretende evitar que la emergencia climática profundice vulneraciones relacionadas con alimentación, educación y desigualdad.

Uno de los argumentos centrales expuestos ante la Corte es que la norma no restringe derechos, sino que opera como mecanismo de protección frente a una contingencia que alteró condiciones normales de acceso al servicio educativo.

La Defensoría también presentó reportes regionales para sustentar la necesidad del decreto.

En Sucre, por ejemplo, se reportaron afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito, según la información conocida.

También se documentaron daños en Córdoba y situaciones en las que alimentos del PAE habrían sido redireccionados para responder a necesidades derivadas de la emergencia en zonas como Urabá Darién.

Esos casos fueron expuestos como evidencia de impactos concretos que, según la entidad, justifican medidas excepcionales para mantener cobertura alimentaria.

El debate tiene como trasfondo la revisión constitucional del decreto, cuyo aval definiría si la medida se mantiene como herramienta para garantizar continuidad del programa mientras persistan condiciones extraordinarias.

La Defensoría sostuvo que dejar sin efecto la norma podría agravar riesgos de hambre, deserción escolar y ampliación de brechas para estudiantes en territorios afectados por la temporada invernal.

“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

El pronunciamiento pone en el centro la relación entre emergencia climática y derechos fundamentales, especialmente en zonas donde la infraestructura escolar y las condiciones de movilidad han resultado comprometidas.

Para la Defensoría, la discusión no es únicamente operativa sobre alimentación escolar, sino una respuesta frente a efectos sociales más amplios derivados de la crisis.

También plantea que, en territorios vulnerables, la continuidad del PAE puede convertirse en una barrera de contención frente a impactos más severos en permanencia educativa.

La solicitud ante la Corte se produce mientras persisten efectos de la ola invernal sobre comunidades e instituciones educativas, escenario en el que la alimentación escolar aparece como una de las prioridades de respuesta.

La revisión constitucional del decreto será determinante para establecer si esa continuidad puede mantenerse bajo el esquema excepcional planteado por el Gobierno y respaldado por la Defensoría.

Mientras eso ocurre, la discusión dejó sobre la mesa la necesidad de garantizar que una emergencia climática no termine traduciéndose en interrupciones alimentarias para estudiantes que dependen del programa.

El planteamiento defendido por la Defensoría apunta justamente a evitar que la suspensión de clases implique también la suspensión de derechos.

La cancelación del proyecto Centros PotencIA dejó en evidencia el fracaso de un convenio millonario que, tras 17 meses de vigencia, no logró iniciar obras en ninguno de los 60 puntos previstos en el país.

El Ministerio TIC anunció que no prorrogará el contrato interadministrativo con Findeter, decisión con la que busca recuperar cerca de 230 mil millones de pesos y desmontar una iniciativa que permanecía estancada en fase de planeación.

De acuerdo con información citada por Revista Semana, la decisión se tomó luego de detectar fallas estructurales, ejecución física nula y retrasos que impidieron que el programa avanzara más allá de trámites preliminares.

El proyecto, concebido para ampliar acceso a inteligencia artificial y formación digital en regiones, terminó convertido en un caso de recursos comprometidos sin resultados materiales.

La ministra TIC, Carina Murcia, explicó que una solicitud de prórroga presentada por Findeter terminó acelerando la decisión de liquidar el convenio, pues incluía reducción de sedes y requerimientos de recursos adicionales pese a un avance apenas del 17 por ciento.

Según la funcionaria, continuar bajo esas condiciones habría implicado mayores riesgos para recursos públicos, por lo que optaron por cerrar el proceso antes de prolongar su incertidumbre financiera y jurídica.

“No podíamos permitir la continuidad de un proyecto sin avances en su ejecución”, señaló la ministra, al justificar la terminación del convenio y el acompañamiento preventivo solicitado a la Contraloría.

Uno de los elementos centrales del anuncio fue la recuperación de recursos. Del presupuesto cercano a 234 mil millones de pesos, solo se habría girado una suma cercana a 4 mil millones por asistencia técnica ya ejecutada.

El resto de recursos, junto con rendimientos financieros, será reintegrado a la Nación y al Fondo Único TIC como parte del proceso de liquidación y reestructuración del proyecto.

Ese componente fue presentado por el Gobierno como una medida para evitar mayores pérdidas y proteger recursos públicos comprometidos con conectividad e innovación.

El caso también abrió cuestionamientos sobre la gestión técnica del convenio con Findeter.

Bajo el diseño original, la entidad tenía funciones de estructuración, contratación y supervisión de obras, mientras MinTIC ejercía vigilancia y seguimiento financiero.

Sin embargo, auditorías internas identificaron incumplimientos reiterados de contratistas, debilidades de planeación y ausencia de alertas tempranas sobre problemas de viabilidad.

Ese conjunto de fallas terminó llevando al Gobierno a concluir que el modelo no era sostenible. Según el diagnóstico oficial, mantener el convenio implicaba altos niveles de incertidumbre sin garantías de resultados concretos.

La decisión marca un giro frente a la narrativa inicial del programa, que había sido presentado como una apuesta para democratizar acceso a inteligencia artificial y capacidades digitales en distintas regiones.

En su formulación, los Centros PotencIA contemplaban laboratorios tecnológicos, espacios de coworking y procesos de formación para comunidades.

Pero el proyecto quedó atrapado en la planeación y nunca llegó a consolidarse en ejecución real, lo que terminó precipitando la cancelación.

El anuncio también puso en contraste el balance entregado en la administración anterior, cuando se reportaban avances de diseño técnico y primeras piedras protocolizadas en algunas regiones.

Según la evaluación actual, esos anuncios no lograron traducirse en construcción efectiva ni en resultados visibles en territorio.

La liquidación del contrato busca ahora abrir la puerta a una reestructuración técnica, con nuevos criterios de ejecución para retomar objetivos de conectividad y formación digital bajo otro modelo.

El Gobierno planteó que la apuesta por esos objetivos continúa, aunque bajo esquemas que, según dice, deberán ofrecer mayores garantías de cumplimiento.

Esa redefinición aparece como intento de rescatar el propósito del programa después del fracaso contractual con Findeter.

La recuperación de los recursos se convirtió en el eje político del anuncio, en medio de un escenario en el que el Gobierno busca mostrar control frente a un proyecto que no produjo resultados pese a su alto presupuesto.

Más allá de la cancelación, el caso deja preguntas sobre fallas de estructuración, supervisión y responsabilidades dentro de un convenio que permaneció 17 meses sin iniciar obras.

También reabre debate sobre ejecución de proyectos tecnológicos públicos y la distancia entre anuncios de innovación y capacidad real de implementación.

Por ahora, el mensaje oficial es que el proyecto, tal como estaba concebido, terminó liquidado, mientras los recursos retornarán para una eventual reformulación.

Lo que empezó como una apuesta para expandir inteligencia artificial en regiones terminó convertido en un fracaso contractual que el Gobierno decidió cortar antes de ampliar costos.

Con la decisión, MinTIC busca cerrar un capítulo marcado por retrasos, proteger recursos públicos y replantear una iniciativa que, pese a sus ambiciones, nunca pasó del papel.

“Que la historia de este país los juzgue”, con esa frase María Fernanda Cabal lanzó uno de sus pronunciamientos más duros contra el Gobierno Petro tras la ola de violencia que golpeó al Cauca y al Valle del Cauca.

La senadora cuestionó la respuesta oficial frente a los atentados y aseguró que el país enfrenta una escalada premeditada, planteando que lo ocurrido en el suroccidente no puede leerse como hechos aislados sino como una situación de mayor gravedad.

De acuerdo con información citada por Revista Semana, Cabal sostuvo que los ataques registrados durante el fin de semana evidencian una arremetida que, a su juicio, tendría incluso implicaciones políticas y electorales.

La congresista del Centro Democrático elevó el tono de sus críticas al responsabilizar al Gobierno por lo que calificó como una falta de respuesta eficaz frente al deterioro de la seguridad.

Uno de los puntos más fuertes de su intervención estuvo en la idea de que la violencia fue premeditada, una afirmación que acompañó con cuestionamientos sobre decisiones políticas del actual gobierno.

“Parece que todo fuera premeditado. Y sí. Es premeditado”, afirmó la senadora en declaraciones retomadas en la publicación, en las que además vinculó sus críticas con el contexto electoral.

Ese pronunciamiento convirtió su reacción en algo más que una crítica a los atentados y la llevó a un cuestionamiento político de fondo al Ejecutivo.

Cabal también confrontó al Gobierno por lo que considera un doble rasero frente a la violencia, al comparar posturas presidenciales sobre conflictos internacionales con la situación de seguridad en Colombia.

En ese punto lanzó una de las frases más severas de su pronunciamiento, al afirmar que quienes hoy gobiernan deberán responder ante la historia por el deterioro del orden público.

La senadora sostuvo que mientras desde el Gobierno se han elevado posturas sobre conflictos externos, la violencia que golpea regiones del país no ha tenido, según su visión, una reacción proporcional.

Ese fue el contexto en el que surgió su frase “Que la historia los juzgue”, convertida en el eje político de su reacción frente a los atentados.

La declaración estuvo acompañada por un mensaje sobre las víctimas de la violencia y por cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad en el país.

Cabal planteó que los ciudadanos reclaman tranquilidad y seguridad, y sostuvo que el Gobierno ha fallado en garantizar esas condiciones.

Además del tema de seguridad, la congresista extendió sus críticas al modelo político y económico del Pacto Histórico.

En su pronunciamiento cuestionó la narrativa del oficialismo frente a sectores populares y aseguró que, contrario a lo que plantea el Gobierno, las políticas actuales no benefician a los más vulnerables.

Ese enfoque amplió su intervención más allá de la coyuntura de los atentados y convirtió su mensaje en una crítica política integral.

Los señalamientos surgieron tras ataques que afectaron puntos estratégicos del Cauca y el Valle, incluidos sectores cercanos a Popayán y corredores como la vía Panamericana.

Los hechos de violencia encendieron alertas en la región y provocaron múltiples reacciones políticas, entre ellas la de Cabal, que adoptó uno de los tonos más duros desde la oposición.

Su mensaje también se suma a los cuestionamientos sobre la política de seguridad del Gobierno y sobre el manejo de la situación en el suroccidente del país.

La senadora convirtió la coyuntura de los atentados en una crítica directa al proyecto político de Petro, insistiendo en que lo ocurrido refleja fallas profundas en la conducción del Estado frente a grupos armados.

En esa línea, su pronunciamiento se conectó con debates más amplios sobre seguridad, gobernabilidad y respuesta institucional frente al recrudecimiento de la violencia.

El centro de su mensaje, sin embargo, quedó condensado en el regaño político al Gobierno, con una frase que buscó señalar responsabilidades por lo ocurrido.

Primero cuestionó la reacción oficial, luego habló de hechos premeditados y finalmente cerró con una condena política resumida en que “la historia los juzgue”.

Ese tono convirtió su declaración en una de las reacciones más severas frente a los ataques recientes y profundizó la confrontación política alrededor de la seguridad.

Así, la respuesta de Cabal no solo fue una reacción frente a los atentados, sino una acusación directa contra el Gobierno Petro por el manejo de la violencia en el suroccidente.

Su mensaje deja instalada una nueva controversia política en torno a la seguridad, mientras persisten las tensiones por los hechos violentos en Cauca y Valle.

“Un medicamento que se vendía en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares”, afirmó el presidente Gustavo Petro al destacar el impacto del fallo internacional que respalda a Colombia en el acceso a tratamientos contra el VIH.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina validó la licencia obligatoria del dolutegravir, un medicamento clave para el tratamiento del VIH, permitiendo que el país mantenga su estrategia para reducir costos y ampliar cobertura.

De acuerdo con información citada por Revista Semana, el fallo resolvió una controversia jurídica que se había abierto tras la demanda presentada por farmacéuticas que cuestionaban la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno colombiano.

El proceso judicial giraba en torno a si la licencia obligatoria vulneraba normas de propiedad industrial dentro del marco andino, especialmente en relación con la vigencia de este tipo de decisiones.

El tribunal concluyó que Colombia no incurrió en ninguna infracción, al considerar que este tipo de mecanismos son válidos cuando existen razones de interés público, como la atención de una problemática sanitaria relevante.

La sentencia estableció que las licencias obligatorias pueden mantenerse activas mientras persistan las condiciones que justifican su aplicación, sin necesidad de un límite temporal estricto.

Este punto fue clave para el Gobierno, ya que garantiza continuidad en la estrategia de acceso a medicamentos esenciales, especialmente en un contexto donde el VIH sigue siendo un reto creciente en el país.

Las cifras reflejan esa tendencia: los casos han venido en aumento en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de garantizar tratamientos oportunos y asequibles para la población afectada.

Uno de los principales impactos del fallo está en el costo del medicamento, que pasará de valores cercanos a 200 dólares a aproximadamente 7 dólares por unidad, según lo destacado por el presidente.

Esa reducción representa un cambio significativo en términos de sostenibilidad del sistema de salud y en la posibilidad de ampliar la cobertura para miles de pacientes.

De hecho, se estima que cerca de 50.000 personas en Colombia podrían beneficiarse directamente de esta medida, al garantizar acceso continuo al tratamiento.

El Ministerio de Salud destacó que el fallo respalda el uso de herramientas legales para mejorar el acceso a medicamentos, en línea con la necesidad de equilibrar salud pública y regulación de propiedad intelectual.

Según la cartera, la decisión confirma que las acciones del país se ajustan al ordenamiento andino y permiten fortalecer la respuesta frente al VIH mediante tratamientos más accesibles.

El caso también pone sobre la mesa el debate sobre el uso de licencias obligatorias en sistemas de salud, una figura que permite a los Estados intervenir en el mercado farmacéutico cuando existen razones de interés público.

En este escenario, Colombia defendió que la medida buscaba garantizar acceso a un medicamento esencial frente a costos elevados que limitaban su alcance.

El tribunal reconoció ese argumento y avaló la posibilidad de adquirir versiones genéricas del fármaco, lo que abre la puerta a mantener precios reducidos durante la vigencia de la patente.

Este punto resulta determinante para el sistema de salud, ya que permite ampliar cobertura sin depender exclusivamente de medicamentos de alto costo bajo control de las farmacéuticas.

El impacto no solo es económico, sino también sanitario, al facilitar tratamientos continuos que pueden mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH y reducir riesgos asociados a interrupciones en la medicación.

Además, la decisión refuerza la capacidad del Estado para intervenir en situaciones donde la salud pública exige medidas excepcionales.

El Gobierno presentó el fallo como una victoria jurídica y sanitaria, al considerar que garantiza continuidad en el suministro de medicamentos y elimina barreras económicas para los pacientes.

Ese respaldo también consolida la política de acceso a tratamientos que busca reducir desigualdades en el sistema de salud colombiano.

La resolución deja un precedente sobre el equilibrio entre derechos de propiedad intelectual y necesidades de salud pública, un debate que sigue vigente en distintos países frente al acceso a medicamentos esenciales.

Mientras tanto, Colombia podrá mantener la distribución del dolutegravir a bajo costo, ampliando el alcance de la atención y garantizando continuidad en tratamientos para miles de personas.

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”, con esa frase Daniel Quintero marcó públicamente su cercanía con Gustavo Petro tras asumir como nuevo superintendente nacional de Salud, en un mensaje que desató reacciones por su carga política y por el momento en que se produce su llegada al cargo.

La posesión del exalcalde de Medellín quedó atravesada por ese gesto de respaldo al mandatario, al compartir una fotografía de la juramentación acompañada de una declaración que puso en primer plano su afinidad con el jefe de Estado.

De acuerdo con información citada por Revista Semana, el mensaje fue leído como una señal política sobre cómo ejercerá su rol en una entidad clave para el sistema de salud y para las discusiones que hoy rodean a las EPS.

La publicación también reforzó la percepción de que Quintero llega alineado con la visión del Gobierno sobre transformaciones en el sector, en momentos en que el debate por intervenciones, controles y licencias ocupa el centro de la discusión pública.

Más allá del nombramiento, la frase sobre Petro fue el primer mensaje político de su gestión, y dejó ver una cercanía que él mismo decidió subrayar públicamente en su estreno como superintendente.

La declaración se produjo en medio de tensiones por el manejo del sistema de salud y mientras el Gobierno impulsa decisiones sobre entidades promotoras que han generado controversia.

Quintero, además, prometió una vigilancia estricta sobre las EPS, aunque ese anuncio quedó inicialmente eclipsado por la atención que generó su mensaje de respaldo al presidente.

Luego de esa señal política, el funcionario comenzó a detallar el enfoque que plantea para su gestión, centrado en mayor control a las entidades promotoras y eventuales decisiones sobre licencias de funcionamiento.

En declaraciones posteriores, explicó diferencias entre liquidar una EPS y retirar su habilitación, insistiendo en que ambos escenarios no son equivalentes jurídicamente.

Según sostuvo, perder la licencia no necesariamente implica desaparición jurídica de una entidad, sino la suspensión de su operación bajo determinados incumplimientos.

“Lo que le conviene al país es que solo las EPS buenas operen”, afirmó Quintero al defender medidas de control sobre las entidades que, según señaló, fallen en servicio, manejo de recursos o condiciones financieras.

Ese planteamiento apareció como una segunda línea de su llegada al cargo, después del mensaje político sobre Petro que marcó el arranque de su gestión.

El nuevo superintendente sostuvo que cualquier revisión sobre licencias debe darse dentro de procesos regulatorios y con respeto al debido proceso.

También explicó que tanto en escenarios de revocatoria como en liquidaciones el sistema contempla mecanismos para traslado de afiliados, buscando continuidad en la atención.

Quintero planteó que la prioridad es que los usuarios no resulten afectados por decisiones administrativas, en un contexto en que varias EPS enfrentan crisis financieras e intervenciones.

Según expresó, la vigilancia buscará enfocarse en calidad del servicio, disponibilidad de medicamentos y uso adecuado de recursos públicos de la salud.

Ese discurso conectó con la línea que ha defendido el Gobierno sobre mayores controles sobre actores del sistema.

La cercanía con Petro, sin embargo, siguió siendo el elemento que marcó la lectura política de su llegada a la Superintendencia.

Su frase sobre trabajar “en equipo” con el mandatario fue interpretada como un mensaje de lealtad política, pero también como una declaración sobre el tono que podría tener su gestión en una entidad estratégica.

En medio del debate por el futuro de las EPS, esa cercanía cobra especial relevancia porque la Superintendencia tiene funciones clave de inspección, vigilancia e intervención.

Tras el mensaje político inicial, Quintero buscó complementar esa imagen con anuncios técnicos sobre regulación y control, proyectando una combinación entre respaldo al Gobierno y una agenda de supervisión más estricta.

Su defensa de retirar licencias a entidades que incumplan fue presentada como una herramienta para depurar el sistema, mientras insistió en que el foco debe ser proteger a los usuarios.

También subrayó que el manejo de recursos de salud será uno de los frentes prioritarios de su administración.

Así, su llegada quedó marcada por dos mensajes: cercanía política con Petro y una promesa de endurecer vigilancia sobre las EPS.

Primero apareció el gesto político con el presidente; luego, la explicación sobre cómo ve herramientas como la revocatoria de licencias y el control sobre entidades promotoras.

Con ello, Daniel Quintero arrancó en la Superintendencia con una declaración de alineación con el Gobierno y con una hoja de ruta que anticipa mayor presión regulatoria sobre el sistema.

“La reforma tributaria se fue a los municipios”, esa fue una de las afirmaciones centrales de Gustavo Petro al analizar los efectos fiscales de la medida y defender que su impacto fortaleció la descentralización, aunque redujo ingresos para la Nación.

El presidente sostuvo que parte del debate fiscal actual tiene relación directa con decisiones sobre la reforma tributaria, especialmente por efectos que, según explicó, trasladaron mayores recursos a los territorios y redujeron margen financiero del Gobierno central.

De acuerdo con declaraciones citadas por Revista Semana, el mandatario aseguró que una porción importante del recaudo terminó fortaleciendo a los municipios y consolidando un salto en la distribución territorial de recursos.

Petro vinculó ese resultado con lo que considera un avance en descentralización, al mencionar que la distribución podría acercarse al 42 por ciento para los municipios hacia 2030.

Según el presidente, el impacto no fue neutro para las finanzas nacionales. Por el contrario, aseguró que decisiones derivadas del proceso judicial sobre la reforma tributaria incidieron en una reducción del recaudo para la Nación.

El jefe de Estado señaló que una de las consecuencias fue un impacto cercano a siete billones de pesos menos al año, cifra que vinculó con parte del déficit fiscal y con mayores recursos orientados a entidades territoriales.

“Parte del déficit tiene que ver con esa decisión de la Corte Constitucional: siete billones menos al año”, afirmó Petro, al explicar que esos recursos terminaron reforzando las finanzas locales.

El mandatario planteó que ese traslado de recursos fortaleció sectores sensibles como educación, donde, según sostuvo, hubo un aumento importante en transferencias para los municipios.

Desde su perspectiva, ese cambio no debe verse únicamente como un costo fiscal para la Nación, sino como una transformación estructural en la relación entre el centro y los territorios.

Petro presentó esa dinámica como parte de una apuesta por fortalecer autonomía regional y ampliar la participación de municipios en la distribución de recursos públicos.

Uno de los puntos que subrayó fue que, pese al mayor flujo de recursos territoriales, la Nación no recibió un beneficio equivalente, lo que, en su análisis, explica tensiones presupuestales que hoy enfrenta el Gobierno.

Ese planteamiento apareció ligado a la idea de que el debate fiscal no puede leerse solo en términos de recaudo nacional, sino también de cómo se redistribuyen los recursos dentro del Estado.

Para el presidente, ese cambio configuró un avance político y administrativo en materia de descentralización que, según dijo, no ha sido suficientemente reconocido.

Otro elemento de su intervención estuvo relacionado con la educación pública. Petro cuestionó que recursos dirigidos históricamente al sector hubieran terminado favoreciendo procesos de privatización, en lugar de fortalecer lo público.

En su planteamiento, el redireccionamiento de recursos hacia un modelo que fortalezca la educación estatal hace parte de los cambios que busca consolidar.

Ese punto conectó la discusión tributaria con un debate más amplio sobre prioridades presupuestales y destinación del gasto social.

Las declaraciones del mandatario reabren la discusión sobre los efectos reales de la reforma tributaria, no solo en términos de recaudo, sino sobre equilibrio fiscal, descentralización y sostenibilidad de las finanzas públicas.

El señalamiento sobre siete billones menos para la Nación también vuelve a poner sobre la mesa la presión sobre el déficit, en momentos en que el manejo fiscal sigue bajo escrutinio.

Aunque Petro presentó ese efecto como consecuencia de decisiones judiciales y de un fortalecimiento territorial, el debate permanece abierto sobre cómo equilibrar mayores transferencias con estabilidad financiera nacional.

La defensa presidencial se centró en que la reforma terminó fortaleciendo municipios más que a la Nación, algo que para el Gobierno representa un cambio estructural en la arquitectura fiscal del país.

El argumento oficial apunta a que el mayor flujo territorial no debe interpretarse como una pérdida, sino como una redistribución de recursos con impacto en autonomía local y política social.

Sin embargo, el propio presidente reconoció que esa dinámica también ha incidido en restricciones fiscales del nivel central, especialmente por menores ingresos que, según afirmó, afectan parte del déficit.

La discusión deja planteado un doble debate: los efectos fiscales de la reforma y el alcance real de la descentralización que defiende el Gobierno.

Mientras Petro insiste en que la medida fortaleció municipios y transformó la distribución de recursos, la controversia sigue abierta sobre cuánto alivió a los territorios y cuánto presionó las finanzas de la Nación.

“Es un incumplimiento total de la ley”, con esa frase el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una advertencia sobre la situación financiera de varias EPS y abrió un nuevo capítulo del debate sobre sostenibilidad del sistema, al señalar fallas patrimoniales, problemas en reservas técnicas e incumplimientos de indicadores exigidos.

La alerta del Gobierno apunta a que varias entidades estarían operando con patrimonio negativo y sin cumplir condiciones financieras clave, pese a seguir recibiendo recursos públicos. Según información obtenida por Revista Semana, el ministro aseguró que, salvo dos excepciones, las EPS señaladas incumplirían los tres indicadores que exige el sistema.

Jaramillo sostuvo que esa situación representa un problema estructural y cuestionó que recursos del Estado sigan llegando a entidades que, según su planteamiento, no tendrían condiciones para recibirlos bajo la normatividad vigente.

“Todas estas empresas, con excepción de dos, están incumpliendo”, afirmó el ministro, al insistir en que se trata de un asunto legal y financiero que pone presión sobre el funcionamiento del aseguramiento en salud.

Uno de los señalamientos más delicados estuvo relacionado con Nueva EPS. Según expuso el jefe de la cartera, entre 2019 y 2023 se comprobó que sus estados financieros fueron fraudulentos, una afirmación que elevó la controversia alrededor de la entidad.

El mensaje de Jaramillo se centró en que no se trata solo de dificultades operativas, sino de incumplimientos sobre bases técnicas y patrimoniales, incluyendo reservas obligatorias para respaldar obligaciones del sistema.

Las reservas técnicas son uno de los soportes financieros más sensibles dentro del modelo de aseguramiento, porque respaldan la capacidad de responder por servicios y obligaciones frente a prestadores.

Que el ministro las mencionara como un frente de falla fue interpretado como una señal de alerta sobre riesgos más profundos dentro de varias EPS.

La discusión se amplió con el pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el futuro de las entidades intervenidas. El presidente planteó que liquidarlas podría impedir el pago de obligaciones pendientes con hospitales y clínicas, por lo que propuso una salida distinta.

“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas”, sostuvo el mandatario, argumentando que retirar licencias permitiría mantener vivas las obligaciones de los propietarios y evitar que las deudas desaparezcan en una liquidación.

Ese planteamiento busca, según Petro, preservar la responsabilidad patrimonial de los dueños para que esas acreencias puedan ser pagadas o eventualmente embargadas.

La propuesta de quitar licencias en vez de liquidar marca una línea política distinta frente a la crisis del sector, y aparece como parte del debate sobre qué hacer con entidades bajo intervención o con problemas estructurales.

Según el presidente, una liquidación convertiría muchas obligaciones en deudas difíciles de recuperar para hospitales y clínicas, mientras retirar licencias mantendría viva la responsabilidad empresarial.

Ese enfoque ha generado discusión porque implicaría una ruta distinta frente a la salida tradicional de liquidación cuando una EPS pierde viabilidad.

El pronunciamiento del ministro y del presidente llega en medio de crecientes alertas sobre funcionamiento del sistema, con cuestionamientos sobre pagos, redes de atención y estabilidad financiera de aseguradores.

Las declaraciones también coinciden con nuevos debates sobre las EPS intervenidas y advertencias sobre el impacto que cualquier decisión puede tener sobre millones de usuarios afiliados.

Jaramillo insistió en que el centro del problema está en entidades que, según dijo, reciben recursos sin cumplir plenamente las exigencias financieras y legales del modelo.

Ese señalamiento reabre el debate sobre supervisión y control, especialmente sobre cómo se permitió que varias EPS llegaran a escenarios de patrimonio negativo o deterioro de reservas técnicas.

Al mismo tiempo, la discusión sobre no liquidar sino quitar licencias introduce una fórmula que podría redefinir el manejo de entidades en crisis si esa tesis termina imponiéndose.

Para el Gobierno, el argumento es proteger el pago de deudas con hospitales y clínicas; para críticos, la discusión sigue siendo si esas soluciones corrigen problemas estructurales o solo administran una crisis persistente.

Lo que dejaron las declaraciones es una alerta doble: problemas financieros severos en varias EPS y una discusión abierta sobre cómo responder sin agravar el impacto sobre usuarios y prestadores.

Mientras el Gobierno insiste en que hay incumplimientos graves y defiende nuevas rutas para enfrentar la crisis, el debate de fondo vuelve a ser el mismo: cómo sostener un sistema donde patrimonio, reservas y flujo de recursos están hoy bajo creciente presión.

“No hemos logrado establecer un contrato”, con esa frase el Instituto Nacional de Cancerología explicó la decisión de dejar de recibir temporalmente nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS desde el 1 de mayo, una medida que vuelve a encender alertas sobre acceso y continuidad en tratamientos especializados.

La decisión está ligada a la falta de un contrato vigente y a pagos pendientes por servicios ya prestados, situación que, según información obtenida por Revista Semana, llevó a la institución a adoptar una medida que había sido aplazada en repetidas ocasiones por su impacto sobre los usuarios.

El anuncio establece que los nuevos diagnósticos oncológicos remitidos por Nueva EPS ya no serán recibidos a partir de esa fecha, mientras se define una salida contractual y financiera entre ambas entidades.

Desde el Instituto señalaron que durante meses continuaron atendiendo pacientes pese a no tener acuerdo formal, pero advirtieron que no fue posible concretar un esquema de pago por cartera pendiente ni recibir las autorizaciones necesarias para sostener el ingreso regular de nuevos casos.

La institución sostuvo que la medida responde también a la necesidad de proteger su sostenibilidad operativa y garantizar su funcionamiento en el largo plazo, un argumento que ha ganado peso en medio de tensiones crecientes entre prestadores y aseguradores.

“Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago”, señaló el Instituto en el comunicado citado por Revista Semana, donde además insistió en que la decisión busca propiciar una solución inmediata con la EPS.

El anuncio no implica un cierre total de servicios. La entidad aclaró que continuará prestando atención sin restricciones para urgencias oncológicas las 24 horas, así como para niños, niñas y adolescentes con cáncer, quienes seguirán recibiendo atención.

Ese punto buscó reducir la alarma generada tras conocerse la suspensión para nuevos pacientes, aunque la medida abrió inquietud entre usuarios que esperaban ser remitidos para iniciar tratamientos.

A quienes reciban un diagnóstico reciente se les recomendó comunicarse con Nueva EPS para conocer la nueva ruta de atención, de manera que puedan ser orientados hacia otras instituciones habilitadas para asumir sus procesos terapéuticos.

La decisión llega en un momento particularmente sensible para Nueva EPS, en medio de cuestionamientos por su situación financiera y operativa, mientras crece la presión sobre redes de prestación y acceso a servicios especializados.

Desde el Instituto también subrayaron que siguen trabajando con la EPS para destrabar la situación y restablecer cuanto antes la recepción de nuevos pacientes.

“Lo fundamental entre un asegurador y una institución prestadora es contar con un contrato y las autorizaciones respectivas”, señaló la entidad en otro de los apartados del pronunciamiento, enfatizando que esa es la base para normalizar la atención.

El caso vuelve a poner foco sobre la relación entre sostenibilidad financiera y continuidad asistencial, especialmente en áreas de alta complejidad como oncología, donde interrupciones o demoras generan especial preocupación.

En pacientes con cáncer, los tiempos de diagnóstico, referencia y acceso a tratamiento suelen ser determinantes, por lo que cualquier ajuste en rutas de atención genera impacto inmediato en usuarios y familias.

La decisión también reabre la discusión sobre deudas entre EPS e instituciones prestadoras, una tensión que ha derivado en alertas recurrentes en distintos servicios del sistema de salud.

Que la medida provenga del Instituto Nacional de Cancerología le da una dimensión mayor al episodio, por tratarse de una de las instituciones de referencia para manejo oncológico en el país.

Aunque el anuncio habla de una suspensión temporal, la incertidumbre gira ahora sobre cuánto tardará en resolverse la falta de contrato y si los pacientes podrán ser reubicados sin afectar oportunidad de atención.

El mensaje del Instituto insistió en que la decisión fue postergada múltiples veces por compromiso con los pacientes, pero que llegó un punto en que sostener el esquema sin respaldo contractual ya no era viable.

Mientras se intenta restablecer el diálogo con Nueva EPS, la medida deja un nuevo capítulo en la crisis de articulación entre aseguramiento y prestación, con el cáncer como uno de los frentes más sensibles por las implicaciones clínicas y humanas que involucra.

Lo inmediato es que desde el 1 de mayo no ingresarán nuevos pacientes oncológicos afiliados a esa EPS en esa institución, salvo las excepciones definidas para urgencias y población pediátrica, mientras sigue abierta una negociación que busca evitar que la suspensión se prolongue.

“Han reiterado su mala voluntad de continuar en el ejercicio de la violencia”, con esa frase Otty Patiño lanzó una crítica a los grupos armados responsables de recientes ataques en el suroccidente, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar en negociaciones si aparecen señales para retomar diálogos.

El alto comisionado para la Paz aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a conversar “a la menor señal” que esos grupos muestren, en una postura que mantiene vivo el enfoque de la paz total pese al recrudecimiento del conflicto en regiones como Cauca y Valle del Cauca. Según información obtenida por Caracol Radio, Patiño hizo esas declaraciones desde Lisboa, donde participó en una conferencia sobre procesos de paz.

Durante su intervención describió al Cauca como una región compleja, atravesada por la presencia de múltiples estructuras ilegales, varias de ellas por fuera de los actuales procesos de negociación.

El pronunciamiento se conoció en medio del impacto por el atentado en la vía Panamericana, donde un cilindro cargado con explosivos, atribuido a presuntos disidentes de las Farc, dejó veinte muertos, todos civiles, según la información divulgada.

Ese hecho, que se suma a una cadena reciente de ataques, fue citado por Patiño como reflejo de un escenario donde persisten expresiones armadas que, según dijo, requieren respuesta policial, militar y judicial.

“Es un tema policial, militar, un tema de justicia”, sostuvo el comisionado al referirse a la situación en esa región, donde advirtió que se ha configurado una dinámica de mayor violencia sin que aún se vislumbre una paz posible en los territorios.

Pese a ello, insistió en que el Gobierno no cierra la puerta a negociar. “A la menor señal que ellos tengan de querer participar en unos diálogos, ahí estará el Gobierno”, afirmó, reiterando que la disposición oficial sigue vigente.

Ese doble mensaje —crítica a la violencia y apertura a negociar— marcó el centro de su pronunciamiento. Mientras cuestionó a los grupos armados por no mostrar voluntad de paz, sostuvo que el Ejecutivo mantiene activo el camino del diálogo.

Patiño también defendió el proyecto de paz total impulsado por Gustavo Petro, al asegurar que continúan activas negociaciones con diez grupos armados en distintos frentes y que, según afirmó, en esos procesos se viene avanzando.

A su juicio, la iniciativa se encuentra en “una fase muy importante”, justo cuando se acerca el cierre del actual gobierno y crece la discusión sobre qué ocurrirá con esos procesos en la próxima administración.

“Vamos a dejar muchos pendientes, pero la idea es generar una dinámica de irreversibilidad”, afirmó el consejero, planteando que la apuesta es dejar avances difíciles de desmontar para el gobierno que reciba ese legado.

Ese punto aparece como uno de los mensajes políticos más relevantes de su intervención: más allá de los resultados inmediatos, la intención sería consolidar una estructura que permita continuidad a las negociaciones.

Patiño agregó que el futuro de esos diálogos dependerá también de factores internacionales y, por eso, destacó el interés del Gobierno en sumar respaldo externo. En ese contexto explicó que buscan que Portugal se vincule a los esfuerzos de acompañamiento.

La gestión internacional fue otro eje de su visita a Lisboa, donde participó en la charla La paz total: análisis y lecciones de Colombia para el mundo, espacio en el que promovió apoyo europeo a la estrategia del Gobierno.

El mensaje del comisionado llega en un momento complejo para la paz total, golpeada por ataques recientes, cuestionamientos políticos y dudas sobre resultados concretos en varios frentes de negociación.

Sin embargo, su postura dejó claro que, pese a la escalada armada, el Ejecutivo no renuncia al camino del diálogo, incluso con actores que hoy no están sentados en la mesa.

La declaración también reabre el debate sobre si es viable negociar mientras persisten atentados y acciones violentas, una discusión que ha acompañado toda la política de paz total desde su lanzamiento.

Para sectores críticos, hechos recientes ponen en duda esa estrategia; para el Gobierno, la alternativa sigue siendo combinar presión estatal y apertura política para eventuales conversaciones.

Patiño dejó planteada esa tesis: condena a la violencia, reconocimiento de la complejidad territorial y puerta abierta a negociar si aparecen señales. Una postura que mantiene viva la apuesta oficial incluso en medio de un panorama marcado por nuevas ofensivas armadas.

“La sacaron a la fuerza de su casa”, relataron versiones conocidas sobre el caso de Karol Daniela Cuartas, la joven de 20 años hallada sin vida en zona rural de Valdivia, Antioquia, después de permanecer secuestrada desde el 11 de abril.

El cuerpo fue encontrado en una vía terciaria del sector Doradas Bajas, en el corregimiento de Raudal Viejo, donde autoridades confirmaron el hallazgo que puso fin a más de dos semanas de búsqueda. Según información citada por Revista Semana, durante ese tiempo se adelantaron operativos para dar con su paradero, pero este lunes se confirmó el desenlace fatal.

La víctima era habitante de la zona y, de acuerdo con reportes preliminares conocidos por las autoridades, había sido sacada por hombres armados de su vivienda y retenida por la guerrilla del ELN, según se indicó en la información divulgada sobre el caso.

Las primeras hipótesis que indagan las autoridades apuntan a que el crimen estaría relacionado con señalamientos sobre presuntos vínculos con un integrante del Clan del Golfo, una versión que, según se precisó, no ha sido confirmada oficialmente y sigue bajo investigación.

El hallazgo de la joven ocurre en medio de un contexto de tensión por el deterioro del orden público en varias zonas de Antioquia, especialmente en municipios donde persisten confrontaciones armadas entre grupos ilegales.

Desde Raudal Viejo, tropas del Batallón de Infantería No. 31 Rifles reiteraron presencia militar en la zona para acompañar a la población civil y fortalecer condiciones de seguridad, según un pronunciamiento difundido en redes de la Séptima División del Ejército y citado por Revista Semana.

La muerte de Karol Daniela Cuartas se conoce en medio de otros episodios recientes de violencia en el norte del departamento. En Briceño, por ejemplo, trascendió el caso de un menor de 13 años herido en hechos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc.

En ese mismo municipio se han reportado desplazamientos de familias por confrontaciones armadas, amenazas contra autoridades locales y nuevas alertas por la situación de seguridad, en un panorama que sigue elevando preocupación regional.

El caso también revive la atención sobre la situación humanitaria en Valdivia, una zona donde se han denunciado afectaciones por presencia de grupos armados y riesgos para la población civil. El asesinato de la joven profundiza ese escenario.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, las autoridades trabajan en establecer las circunstancias en que fue asesinada y cómo ocurrieron los hechos posteriores a su secuestro.

El caso se conoció además en una jornada marcada por otras acciones militares en Antioquia. La Séptima División reportó recientemente el hallazgo de un depósito ilegal en zona rural de Anorí con más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero, proveedores, un dron y equipos de comunicación.

Ese hallazgo, atribuido al ELN y al frente 36 de las disidencias de las Farc, volvió a poner foco sobre la actividad armada en el departamento. Para las autoridades, ambos hechos reflejan la complejidad del momento de seguridad que atraviesa la región.

Dentro del material encontrado en Anorí también fueron reportados elementos de intendencia y documentación doctrinal relacionada con actividades criminales, según la información divulgada.

En el caso de Karol Daniela Cuartas, la investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan esclarecer si hubo participación de actores armados y cuál fue el móvil detrás del crimen.

La noticia generó conmoción en Valdivia, donde la desaparición de la joven había mantenido expectativa por su búsqueda desde el pasado 11 de abril. El hallazgo de su cuerpo confirmó el peor escenario.

La situación también ha vuelto a poner atención sobre los riesgos que enfrentan comunidades rurales en zonas donde convergen estructuras armadas ilegales. Organismos de seguridad mantienen presencia en la región mientras avanzan verificaciones sobre el caso.

El asesinato de Karol Daniela Cuartas ocurre en un momento de agravamiento del conflicto en el norte de Antioquia, donde episodios de desplazamiento, amenazas y hallazgos de material de guerra han encendido nuevas alertas.

La investigación judicial deberá determinar responsabilidades y circunstancias del crimen, mientras en Valdivia persiste la conmoción por la muerte de la joven secuestrada semanas atrás.

El hallazgo del cuerpo en Doradas Bajas cerró la búsqueda, pero abrió nuevas preguntas sobre un caso que vuelve a poner en evidencia la presión armada que golpea a varias comunidades del departamento.

“No viaje a estas zonas bajo ninguna circunstancia”, con esa advertencia Estados Unidos elevó el tono sobre la situación de seguridad en el Cauca tras los ataques terroristas del fin de semana, citado por El Espectador.

La alerta puso el foco internacional sobre la escalada violenta en el suroccidente del país, después de que el Departamento de Estado reiterara que el Cauca —con excepción de Popayán— figura entre las regiones consideradas inseguras para viajeros.

El pronunciamiento llegó luego de los hechos violentos registrados entre el 25 y 26 de abril, una ofensiva que, según se reportó, dejó muertos, heridos y decenas de ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La dimensión de esos hechos hizo que la advertencia estadounidense cobrara nueva relevancia.

En el mensaje difundido, se recordó que Colombia permanece en nivel 3 de advertencia, lo que significa reconsiderar el viaje, mientras departamentos específicos tienen nivel 4, el más alto, donde la recomendación es no viajar.

El ángulo fuerte de la noticia no es solo la advertencia consular, sino que la violencia ya produjo una reacción internacional visible. Ese elemento cambia el peso informativo del anuncio.

La advertencia reiteró que delitos violentos como homicidios y robos armados son frecuentes en algunas de esas zonas y que allí operan grupos armados, un señalamiento que acompañó el endurecimiento del mensaje tras los atentados, según información obtenida por El Espectador.

Otro punto que tomó fuerza es la decisión de mantener restricciones para parte del personal diplomático estadounidense que trabaja en Colombia, a quienes se les ha prohibido viajar a algunas de estas zonas por razones de seguridad.

La noticia también se mueve por el impacto reputacional que genera una advertencia de este tipo, porque toca la percepción internacional sobre seguridad en Colombia en un momento de alta tensión por orden público.

Dentro del pronunciamiento se reiteró que la restricción sobre Cauca y Valle del Cauca aplica con excepciones puntuales para ciudades como Popayán y Cali, pero mantiene la advertencia sobre amplias zonas donde persisten riesgos.

La reacción de Washington se conoció después de una ofensiva que autoridades calificaron como coordinada y que elevó la preocupación por la seguridad en varias regiones del país. Esa coincidencia temporal hizo que el mensaje tuviera un peso mayor.

Uno de los elementos que impulsa el interés de esta noticia es que no se trata de una actualización rutinaria, sino de una advertencia reforzada tras hechos terroristas. Ese componente eleva su impacto.

La publicación oficial insistió en que los ciudadanos estadounidenses eviten desplazamientos a esos territorios y mantengan precauciones frente a regiones catalogadas como críticas por la presencia de violencia y estructuras armadas.

El anuncio también reactivó la discusión sobre cómo hechos de seguridad interna pueden derivar en efectos diplomáticos, especialmente cuando gobiernos extranjeros emiten mensajes públicos sobre riesgos de viaje.

En el contenido difundido se recordó que Cauca, Arauca, Norte de Santander y zonas fronterizas con Venezuela siguen entre los puntos con restricciones más severas para viajeros.

La referencia a grupos terroristas operando en algunas de esas áreas fue uno de los apartados más sensibles del mensaje, porque endurece la lectura sobre la situación de seguridad en esos territorios.

La alerta se conoció además luego de condenas internacionales frente a la escalada violenta, lo que dio un contexto adicional al pronunciamiento y reforzó la atención sobre lo ocurrido en el suroccidente colombiano.

Mientras persiste el impacto de los ataques registrados este fin de semana, la advertencia volvió a poner en primer plano la situación de seguridad del Cauca y sus efectos sobre movilidad, percepción de riesgo y vigilancia internacional.

El Gobierno expidió un nuevo decreto que establece un plazo para resolver omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, una decisión que introduce cambios regulatorios en el sector y modifica disposiciones del Decreto Único Reglamentario de Transporte.

El centro de la medida está en el decreto mismo y en los cambios jurídicos que incorpora para atender un problema histórico del sector transportador. La norma sustituye el artículo 2.2.1.7.7.1.3 y adiciona nuevas disposiciones al marco vigente.

El decreto, firmado bajo competencias constitucionales y legales del Ejecutivo, adiciona los artículos 2.2.1.7.7.1.18 y 2.2.1.7.7.1.19 a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, considerado eje reglamentario del sector transporte.

La nueva regulación fue presentada como un mecanismo para establecer un plazo específico que permita resolver la situación de vehículos de carga con omisiones en su registro inicial, un tema que había estado sujeto a discusiones dentro del sector.

El alcance del decreto no se limita a abrir un plazo; también reconfigura el marco normativo aplicable a estos casos. Ese componente jurídico es el principal foco de la medida.

Dentro de los considerandos, el decreto invoca el artículo 365 de la Constitución Política, que establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, así como disposiciones de las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 relacionadas con regulación y control del transporte.

La norma también recuerda que la operación del transporte público está sometida a vigilancia estatal y que corresponde a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas para fomentar el uso adecuado de los medios de transporte.

Bajo ese sustento, el decreto introduce ajustes orientados a regular una materia específica: las omisiones en registros iniciales de vehículos de carga, una situación que había generado debates por sus implicaciones administrativas y jurídicas.

Uno de los puntos más relevantes es que la norma sustituye expresamente una disposición existente e incorpora nuevos artículos, es decir, no se trata solo de una medida transitoria sino de un ajuste reglamentario.

El texto del decreto plantea que las nuevas disposiciones quedan incorporadas a la estructura del Decreto 1079 de 2015, lo que les da alcance dentro del régimen general del transporte.

Además del plazo para resolver estos casos, la norma busca establecer reglas para el tratamiento de esos vehículos bajo el marco actualizado. Ese detalle concentra buena parte del interés del sector transportador.

Otro elemento clave del decreto es su énfasis en seguridad jurídica. La medida apunta a ordenar procedimientos y dar un cauce normativo definido para situaciones que estaban sujetas a incertidumbre.

Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también refuerza el papel del Estado en control, regulación y vigilancia del transporte, una línea reiterada en los considerandos del decreto.

La decisión se soporta igualmente en facultades presidenciales y en competencias sectoriales atribuidas al Ministerio de Transporte, lo que le da respaldo dentro del marco jurídico citado por la norma.

El artículo 4 del decreto establece su vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento empiezan a regir tanto la sustitución del artículo previo como las nuevas disposiciones adicionadas.

Ese artículo de vigencia es central porque activa formalmente la aplicación del nuevo régimen. Con ello, la medida deja de ser proyecto y entra en operación normativa.

Otro aspecto que destaca es que el decreto se presenta específicamente para resolver la situación de vehículos con omisiones en registro inicial, por lo que su enfoque es puntual y no una reforma general al sistema de carga.

Sin embargo, su impacto podría ser amplio por los cambios que introduce dentro del Decreto 1079 de 2015, una norma estructural para el sector transporte.

El énfasis del decreto está puesto en crear una solución reglamentaria para un problema concreto mediante modificaciones normativas expresas. Ese es el corazón de la decisión oficial.

La medida también ha llamado atención porque articula el plazo de regularización con nuevas reglas incorporadas al marco jurídico del transporte, una combinación que refuerza su alcance regulatorio.

Con esta expedición, el Gobierno introduce una nueva ruta jurídica para atender omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, sustentada en modificaciones concretas del régimen reglamentario vigente.

“El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal”, señaló el Ejército al confirmar el hallazgo de un arsenal oculto en zona rural de Anorí, Antioquia, durante una operación ofensiva en la que fueron encontrados explosivos, municiones y equipos de comunicación atribuidos a estructuras armadas ilegales.

El operativo permitió descubrir un escondite acondicionado de manera artesanal en la vereda Los Trozos, donde tropas ubicaron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 milímetros, tres proveedores, un dron, dos controles para operarlo, 10 radios de comunicación y dos baterías. Revista Semana citó que el hallazgo estaría relacionado con una comisión mixta del ELN y la Estructura 36 de grupos residuales de las Farc.

La operación fue desarrollada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 de la Séptima División, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho, según información divulgada por la institución militar y citada por Revista Semana.

Además del material de guerra, las tropas encontraron elementos asociados a actividades logísticas de los grupos ilegales. Entre ellos estaban 100 detonadores aneléctricos, un rollo de cable dúplex, dos uniformes camuflados, un uniforme de Policía, dos hamacas y cuatro brazaletes con identificación de las estructuras mencionadas.

En el depósito también fueron halladas tres libretas de apuntes y ocho libros relacionados con directrices doctrinales del ELN, material que quedó en poder de las autoridades tras el procedimiento.

Uno de los elementos más destacados del operativo fue la participación del canino Princesa, una belga malinois de 26 meses entrenada en detección de explosivos. El Ejército indicó que el animal detectó un rastro sospechoso dentro del área de operaciones y guio a los uniformados hasta el punto donde estaba escondido el arsenal.

Ese trabajo de rastreo fue clave para ubicar el depósito sin que se reportaran afectaciones para las tropas. La institución resaltó que la capacidad olfativa y el entrenamiento especializado del canino fueron determinantes en el resultado del operativo.

El hallazgo dejó en evidencia no solo la presencia de munición y explosivos, sino una infraestructura logística más amplia. La presencia de un dron, equipos de comunicación y detonadores llamó la atención dentro del balance entregado por los militares.

Según el reporte citado por Revista Semana, la operación impacta capacidades logísticas de estructuras que delinquen en el nordeste antioqueño, una región donde persisten acciones armadas y presencia de grupos ilegales.

El depósito estaba oculto en una zona selvática de difícil acceso y había sido acondicionado para esconder los elementos de manera artesanal, según precisó el Ejército. El hallazgo permitió sacar de circulación material considerado de alto riesgo.

La operación también mostró el papel que cumplen unidades caninas dentro de acciones militares de detección. En este caso, el protagonismo de Princesa fue central para encontrar el escondite y evitar que los explosivos y municiones continuaran en poder de estructuras ilegales.

El Ejército señaló que este tipo de acciones hacen parte de operaciones orientadas a debilitar capacidades criminales y afectar corredores donde operan grupos armados. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en un depósito clandestino con abundante material bélico.

El inventario incautado incluyó además elementos que, según el reporte militar, estarían ligados a actividades operativas y de coordinación dentro de esas estructuras. Ese componente fue uno de los aspectos resaltados tras la intervención.

La presencia de más de mil cartuchos, explosivos, detonadores y equipos tecnológicos convirtió el hallazgo en un golpe relevante dentro de la operación. El material encontrado reflejó el volumen de recursos que permanecían ocultos en esa zona rural de Antioquia.

La institución militar insistió en que la detección del escondite fue posible gracias a la reacción del canino durante el rastreo en terreno. Esa alerta condujo a los soldados hasta el punto exacto donde estaba enterrado y oculto el arsenal.

El operativo terminó teniendo como protagonista a Princesa, cuyo olfato permitió ubicar el depósito ilegal y conducir al hallazgo del arsenal escondido en Antioquia, en una acción que dejó al descubierto material explosivo, municiones y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

“No teníamos dónde escondernos”, esa frase resumió la jornada que vivieron tres integrantes de una misión médica que sobrevivieron a un robo armado y horas después quedaron atrapados en medio de un combate en el sur del Cauca, citado por Blu Radio.

La fuerza de la noticia está en que el personal médico enfrentó dos hechos violentos distintos en un mismo día, un ángulo que expone cómo la crisis de seguridad también golpea a quienes cumplen labores humanitarias en zonas sensibles.

El caso involucró a un médico rural, una auxiliar de enfermería y un conductor de ambulancia que regresaban de Cali luego de trasladar a un menor herido en el atentado de la vereda El Túnel, cuando comenzaron a vivir una secuencia marcada por el miedo.

El primer episodio ocurrió en la mañana, en el kilómetro 138 de la vía entre Cali y Popayán, cuando la ambulancia fue interceptada por hombres armados que obligaron al equipo a desviar el camino para robar los equipos médicos con los que estaba dotado el vehículo.

Los primeros tres párrafos concentran la dimensión principal del caso: una misión médica asaltada y luego atrapada bajo fuego cruzado. Ese es el hecho que convierte el episodio en una señal de alarma sobre los riesgos que enfrenta el personal de salud.

Según los testimonios conocidos, los hombres que interceptaron la ambulancia cubrían sus rostros con pasamontañas y, bajo amenazas con armas de fuego, exigieron abrir el vehículo y entregar los elementos médicos.

“Fueron minutos de zozobra y pánico, porque los dos delincuentes gritaban que abriéramos la ambulancia y nos apuntaban con armas de fuego”, relató uno de los testigos, citado por Blu Radio.

El robo, según los afectados, superaría los doce millones de pesos en equipos e insumos, un golpe que además dejó interrogantes sobre el uso que podrían dar a esos elementos hurtados.

Tras ese episodio, los integrantes de la misión acudieron a una estación de Policía para instaurar la denuncia y, pese a lo ocurrido, decidieron horas más tarde emprender el regreso hacia La Unión, en Nariño.

Fue en ese retorno cuando se produjo el segundo hecho que marcó la jornada. Hacia las cuatro de la tarde, en el sector de El Bordo, quedaron en medio de un combate entre disidentes de las Farc y la fuerza pública.

Ese giro convierte la historia en algo más que un caso de inseguridad vial: pasa a reflejar el impacto del conflicto sobre misiones humanitarias.

De acuerdo con el relato entregado por los sobrevivientes, comenzaron a escuchar intensos disparos y el sobrevuelo de helicópteros mientras permanecían sin posibilidad de huir o buscar refugio fuera de la ambulancia.

“Solo escuchamos intensos disparos y el sobrevuelo de los helicópteros. No teníamos dónde escondernos y decidimos permanecer dentro de la ambulancia para protegernos”, relató uno de los afectados, citado por Blu Radio.

La decisión de permanecer dentro del vehículo terminó siendo la única opción en medio del combate. El testimonio reveló además el impacto emocional de vivir una confrontación armada en primera persona.

Otro de los sobrevivientes aseguró que no logra comprender cómo tuvieron que afrontar dos hechos violentos aislados en una misma jornada y salir ilesos. El relato también dejó ver secuelas psicológicas por lo ocurrido.

Uno de los enfoques más fuertes para esta historia es que una misión médica terminó convertida en víctima doble de criminalidad y conflicto armado. Ese elemento eleva el interés informativo del caso.

La directora del Hospital Eduardo Santos de La Unión confirmó lo ocurrido y explicó que el equipo logró llegar sano y salvo a su destino pese a la gravedad de los dos episodios enfrentados.

El caso también volvió a poner atención sobre los riesgos para el personal de salud en corredores atravesados por violencia, especialmente cuando cumplen misiones de traslado y atención en territorios complejos.

Además del robo de equipos médicos, el hecho expuso la vulnerabilidad de ambulancias y misiones sanitarias en zonas donde coinciden delincuencia común y confrontación armada.

Mientras los tres integrantes lograron sobrevivir, el episodio dejó una nueva alerta sobre las condiciones en que opera el personal médico en regiones afectadas por inseguridad y conflicto.

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”, con esa frase Iván Duque volvió a agitar la confrontación política con Gustavo Petro al divulgar gráficas sobre cultivos ilícitos, producción potencial de cocaína e incautaciones, en un mensaje con el que cuestionó el rumbo de la política antidrogas del actual gobierno.

El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico, al acompañar su pronunciamiento con estadísticas que, según expuso, muestran un crecimiento sostenido de la producción de cocaína y una caída en indicadores clave de contención. Según información citada por Revista Semana, el mensaje fue publicado en su cuenta de X y reactivó el choque entre ambos sectores políticos.

Duque utilizó además un duro tono político en su publicación. “Otra vez, en el reality del Petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café”, afirmó, en un entrecomillado que centró la controversia y se convirtió en eje de su pronunciamiento.

Las gráficas compartidas por el expresidente muestran que la producción potencial de cocaína habría pasado de 220 toneladas métricas en 2014 a 1.918 toneladas en 2023, con uno de los aumentos más pronunciados entre 2022 y 2023, de acuerdo con los datos divulgados en el mensaje.

Otro de los puntos resaltados por Duque estuvo relacionado con las incautaciones. Según las cifras expuestas, la tasa de incautación habría superado el 50 % en 2015 y descendido a 28 % en 2023, aunque con una leve recuperación cercana al 30 % en 2024.

El exmandatario también puso el foco en los cultivos de coca y las acciones de erradicación, señalando que mientras los sembradíos muestran crecimiento desde 2016, la erradicación manual y la aspersión aérea presentan una reducción frente a años anteriores.

La publicación volvió a poner sobre la mesa la controversia por las cifras de Naciones Unidas sobre narcotráfico, un asunto que ha generado fricciones entre el gobierno Petro, organismos internacionales y sectores de oposición.

Según la información divulgada por Revista Semana, Duque utilizó ese debate para insistir en que las estadísticas reflejan un deterioro en la lucha antidrogas y cuestionó directamente el manejo oficial de los reportes sobre cocaína.

El choque ocurre mientras Petro ha defendido públicamente los resultados de su estrategia antidrogas. El presidente ha sostenido que los indicadores no pueden leerse solo desde la producción potencial de cocaína y ha insistido en que existen avances en reducción de cultivos ilícitos.

De hecho, en un mensaje divulgado el pasado 9 de abril, el mandatario aseguró que en 2025 se logró una disminución de 4.000 hectáreas de cultivos de coca, cifra presentada por el Gobierno como un resultado positivo.

Petro afirmó además que era la tercera vez en la historia que el país lograba reducir cultivos ilícitos, planteando que la discusión sobre narcotráfico requiere una lectura más amplia que solo las métricas tradicionales.

Ese contraste de versiones es justamente lo que volvió a detonar la confrontación política. Mientras el Gobierno defiende resultados en reducción de hectáreas sembradas, Duque sostiene que otros indicadores revelan expansión del fenómeno criminal.

El pronunciamiento también se produce en medio de una discusión más amplia sobre seguridad y violencia, donde la oposición ha venido cuestionando la política de paz y los resultados en control territorial frente a estructuras armadas ilegales.

Las cifras compartidas por Duque fueron usadas para sostener que el país enfrenta un deterioro estructural, mientras desde el Gobierno se insiste en que los datos oficiales muestran avances y que algunas mediciones internacionales han sido mal interpretadas.

El debate alrededor del informe de Naciones Unidas tomó nueva fuerza con la pregunta lanzada por el exmandatario sobre un reporte que, según sugirió, habría sido censurado, una afirmación que avivó reacciones políticas en redes sociales.

Más allá del tono del cruce, el fondo del debate volvió a centrarse en cómo medir el fenómeno del narcotráfico: producción potencial, hectáreas cultivadas, incautaciones, erradicación y capacidad estatal de control siguen siendo los indicadores en disputa.

La publicación de Duque reabrió así una confrontación que mezcla seguridad, política antidrogas y narrativa electoral, en momentos en que el tema vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública.

Mientras continúan las respuestas desde distintos sectores, las cifras sobre coca, incautaciones y erradicación vuelven a convertirse en terreno de disputa política, ahora con un nuevo episodio marcado por el cruce entre el expresidente y Gustavo Petro.

“2,3 billones de pesos están congelados”, esa fue la cifra que marcó la reunión clave liderada por Jorge Iván Ospina sobre el futuro de la Nueva EPS y que puso sobre la mesa la dimensión de la crisis financiera que enfrenta la mayor promotora de salud del país.

El nuevo interventor presentó un plan de seis ejes estratégicos con el que busca enfrentar los problemas de liquidez, recuperar confianza entre prestadores y estabilizar la operación de una entidad que atiende a más de 11 millones de afiliados.

La revelación sobre los 2,3 billones retenidos por embargos se convirtió en el dato más potente del encuentro, al exponer el tamaño del desafío financiero y el impacto que, según la intervención, tiene sobre pagos a proveedores y continuidad del servicio.

Durante la reunión técnica, Ospina explicó, citado por Revista Semana, que los procesos judiciales que rodean a la entidad han limitado recursos clave para garantizar atención y cumplir obligaciones con prestadores de salud.

Ese diagnóstico fue el punto de partida para anunciar un plan de choque que incluye modernización tecnológica, saneamiento financiero, transición hacia un modelo preventivo y correctivos operativos en varias regiones con problemas en servicios y medicamentos.

Pero el enfoque de la noticia no estuvo solo en la crisis, sino en el intento de convertir la intervención en una hoja de rescate. Ese fue el eje del mensaje lanzado por Ospina.

Dentro de las medidas inmediatas se anunció el envío de comisiones territoriales para atender fallas en zonas como Eje Cafetero, Sogamoso y Medellín, además de un plan piloto para dispensación de medicamentos en Ibagué, Girardot y Soacha.

La reunión también giró alrededor de un mensaje de transparencia en el manejo de recursos. Ospina insistió, citado por Revista Semana, en que cualquier intermediación irregular o cobros indebidos en la gestión de fondos está prohibida.

El plan de seis puntos busca sacudir la narrativa de crisis para moverla hacia recuperación, en medio de cuestionamientos sobre la situación de la entidad tras la intervención.

Uno de los elementos que tomó fuerza fue la idea de rediseño institucional, presentada como una apuesta para reorganizar la operación de la EPS y destrabar recursos hoy inmovilizados.

Ese componente financiero se mezcla con otro frente delicado: la crisis de confianza entre usuarios y proveedores. Por eso la nueva administración planteó como prioridad restablecer credibilidad en la entidad.

La frase clave terminó siendo “salvar la operación nacional”, porque condensó el objetivo del plan presentado por el interventor frente a una EPS golpeada por tensiones financieras, judiciales y operativas.

La agenda incluyó además el componente laboral. Ospina anunció reuniones con sindicatos como Sintraneps para revisar garantías para trabajadores y mantener estabilidad durante el proceso de intervención.

Ese frente interno aparece como parte de una estrategia más amplia que busca no solo corregir finanzas, sino sostener gobernabilidad dentro de la organización.

Mientras la Procuraduría mantiene vigilancia sobre la intervención y crecen los cuestionamientos alrededor del futuro de Nueva EPS, la reunión dejó un mensaje central: la crisis es profunda, pero la apuesta del nuevo interventor es responder con un plan de rescate basado en recursos, control y reorganización.

El uso de colegios como campamentos armados, depósitos de explosivos y puntos de control volvió a prender las alarmas en Colombia, en medio de denuncias sobre ocupación de escuelas por disidencias y un aumento de los riesgos para niños y adolescentes en zonas de conflicto.

La nueva advertencia surgió luego de un pronunciamiento oficial sobre el incremento del reclutamiento de menores y la violencia en entornos educativos, mientras también se conocieron evidencias sobre la presencia de grupos armados en instituciones escolares del Cauca.

Uno de los hechos que más impacto generó fue la denuncia de que algunas escuelas estarían siendo usadas para guardar explosivos e incluso esconder cuerpos, según alertas conocidas en medio del deterioro de seguridad en zonas rurales.

Desde la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes se advirtió sobre situaciones críticas en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, la Sierra Nevada y el Catatumbo.

Las alertas incluyen reclutamiento, amenazas, ataques y violaciones contra menores, así como afectaciones directas en escuelas que deberían ser espacios protegidos y hoy aparecen atravesadas por dinámicas del conflicto.

En medio de ese panorama, imágenes reveladas desde una zona entre El Tambo y Argelia, en Cauca, habrían mostrado a hombres armados ocupando instalaciones educativas y utilizando esos espacios como campamentos.

“Los niños no han podido volver a ir a estudiar”, advirtió el coronel Jesús María Garzón López, citado por Revista Semana, al confirmar que estructuras armadas habrían tomado esos puntos para permanecer allí, afectando el retorno a clases.

La frase resume el tamaño de la crisis: escuelas tomadas por actores armados y menores sin poder regresar a estudiar. Para comunidades afectadas, la situación va más allá de una alteración escolar y representa una amenaza directa sobre la niñez.

Según reportes conocidos, entre 2024 y 2025 se habrían documentado al menos doce hechos graves en entornos escolares de la región, incluyendo daños por combates, explosivos cerca de aulas, uso de escuelas como bases y suspensión de actividades académicas.

Ese panorama habría tenido consecuencias profundas en la permanencia escolar. Una de las instituciones afectadas reportó emergencia en varias sedes y una deserción que habría llevado la matrícula de unos 440 estudiantes a cerca de 240.

Las amenazas también han alcanzado a docentes. Se reportó que varios maestros han sido intimidados, agravando una crisis que golpea no solo el acceso a educación, sino la seguridad de toda la comunidad educativa.

La combinación de reclutamiento, ocupación de escuelas y presión armada está transformando entornos educativos en escenarios de guerra, una situación que organismos oficiales califican como una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El pronunciamiento del Gobierno fue enfático en rechazar estos hechos y exigir a grupos armados, incluidos aquellos en escenarios de diálogo, que cesen de inmediato acciones contra menores y se aparten del reclutamiento.

La preocupación crece porque estas denuncias aparecen en medio de alertas sobre incremento en reclutamientos forzados, un fenómeno que ha vuelto a poner a la niñez en el centro de la crisis humanitaria en varias regiones.

Más allá de la ocupación física de las escuelas, el impacto también se mide en miedo, deserción, ruptura del tejido comunitario y riesgo de que menores queden atrapados entre violencia, control territorial y presiones armadas.

Para las autoridades, el problema ya no se limita a hechos aislados. La denuncia de colegios convertidos en campamentos y depósitos de explosivos plantea una alerta estructural sobre el conflicto tocando directamente los espacios escolares.

Mientras se anuncian medidas de prevención y protección, la denuncia deja una imagen crítica: niños sin clases, docentes amenazados y escuelas usadas por grupos armados, una combinación que vuelve a poner bajo presión la seguridad de la niñez en Colombia.

Un camión incinerado en plena Ruta 45 volvió a elevar las alarmas por seguridad en el sur del país, luego de un ataque en el sector de Puerto Seco, entre Hobo y Gigante, que autoridades investigan en medio de versiones que apuntan a estructuras disidentes de las Farc.

El hecho se produjo en uno de los corredores viales más estratégicos para la conexión entre el centro y el sur de Colombia, lo que amplificó la preocupación por el impacto del ataque sobre la movilidad, el transporte de carga y el orden público regional.

La noticia tomó fuerza por un elemento que marcó el episodio: las siglas dejadas en el vehículo, atribuidas al grupo armado, detalle que alimentó las versiones sobre la autoría del ataque y convirtió el hecho en una nueva señal de presión violenta sobre corredores estratégicos.

Según información divulgada y citada por Revista Semana, las llamas consumieron gran parte del automotor mientras conductores que transitaban por la zona grababan la escena, en medio del temor por posibles nuevas acciones armadas.

Además de las pérdidas materiales, el ataque provocó afectaciones en la movilidad sobre la Ruta 45, una vía clave para el tránsito de mercancías y pasajeros, por lo que el episodio volvió a poner en debate la vulnerabilidad de estos corredores frente a estructuras ilegales.

El foco de la noticia no solo estuvo en el camión incendiado, sino en la lectura de una posible ofensiva más amplia, debido a que el hecho coincidió con otros episodios violentos reportados en distintas regiones durante la misma jornada.

Las autoridades desplegaron unidades de Policía Judicial, inteligencia y tránsito para atender la situación y avanzar en la verificación de responsabilidades, mientras se reforzaron medidas de seguridad en la zona.

El ataque ocurre además en un contexto de preocupación creciente en Huila por denuncias sobre presiones de grupos armados en áreas rurales. Ese panorama se ha visto agravado por alertas recientes sobre intimidaciones en municipios como Guadalupe, donde más de mil estudiantes permanecen sin clases por temor a amenazas.

Ese cruce entre violencia armada y afectación a la población civil refuerza el impacto del episodio, pues el ataque no aparece aislado, sino conectado con un deterioro más amplio del orden público.

En paralelo, autoridades de Huila y Caquetá mantienen operativos conjuntos e intercambio de información para contener el accionar de organizaciones criminales en zonas limítrofes, una estrategia que cobra mayor relevancia tras este nuevo hecho.

La coincidencia con otros atentados ocurridos este 24 de abril, entre ellos ataques en el suroccidente del país, también alimentó lecturas sobre un posible aumento de acciones coordinadas de estructuras ilegales.

El ataque en la Ruta 45 revive una preocupación sensible: los corredores logísticos vuelven a estar bajo amenaza, un escenario con implicaciones no solo para seguridad sino para abastecimiento, economía regional y confianza en las vías nacionales.

Más allá de la quema del vehículo, el hecho proyectó un mensaje de intimidación sobre uno de los ejes viales más importantes del país, razón por la que autoridades mantienen la investigación para establecer si detrás del caso hubo una acción planeada de mayor alcance.

Mientras avanzan esas indagaciones, el episodio vuelve a poner el foco en Huila como una región donde las tensiones de seguridad muestran señales de escalamiento, en un momento en que varias zonas del país reportan nuevas alertas por violencia armada.

“El Valle está enfrentando una escalada terrorista”, con esa advertencia la gobernadora Dilian Francisca Toro elevó la presión sobre el Gobierno nacional tras los atentados registrados este viernes en Cali y Palmira, hechos que llevaron a la mandataria a pedir una respuesta urgente del presidente Gustavo Petro.

Los ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia y dirigidos contra instalaciones militares en el departamento, encendieron las alarmas por un repunte violento que, según la gobernadora, exige decisiones inmediatas del Estado.

La declaración de “escalada terrorista” marcó el tono de la reacción oficial, en una jornada en la que Dilian Toro no solo condenó los atentados, sino que reclamó más fuerza pública, inteligencia y respaldo sostenido para enfrentar a las estructuras armadas que operan en la región.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, afirmó la mandataria, citada por Revista Semana.

El pronunciamiento estuvo acompañado de un llamado directo a la Casa de Nariño. Toro aseguró que el departamento no puede enfrentar solo la situación de seguridad y pidió al Gobierno un mayor despliegue institucional para contener la amenaza.

“El Valle no puede seguir solo en esta lucha”, dijo la gobernadora, citada por Revista Semana, al insistir en que la respuesta no puede limitarse a acciones aisladas desde las regiones, sino que requiere intervención nacional.

En ese contexto, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad Extraordinario para este sábado 25 de abril, con participación de la Fuerza Pública, para revisar el panorama de riesgo y adoptar nuevas medidas frente a la ola de violencia.

“No es momento de discursos, es momento de decisiones”, sostuvo, citada por Revista Semana, en una frase que reforzó el tono crítico frente a la respuesta del Gobierno.

La mandataria incluso fue más allá y lanzó un mensaje político al advertir que la seguridad de los vallecaucanos no puede depender de esfuerzos regionales fragmentados. Su discurso buscó posicionar la crisis como una responsabilidad del Estado en su conjunto.

“Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, remarcó, citado por Revista Semana, al exigir el respaldo total de la Nación para enfrentar lo que describió como un punto crítico para el departamento.

Uno de los mensajes más contundentes llegó cuando calificó la coyuntura como un “punto de quiebre”, una expresión que refuerza la gravedad con la que el gobierno departamental está leyendo los hechos ocurridos este viernes.

“Este es un punto de quiebre”, afirmó Toro, citado por Revista Semana, luego de advertir que no habrá espacio para ceder frente al terrorismo y que los responsables serán perseguidos hasta su captura.

Además del atentado en Palmira, la gobernadora recordó que horas antes había ofrecido hasta 200 millones de pesos de recompensa por información sobre el conductor del bus escolar adaptado para lanzar cilindros bomba contra el batallón Pichincha de Cali, uno de los episodios que profundizó la alarma regional.

Ese detalle reforzó la gravedad de la jornada y alimentó la percepción de una escalada coordinada de ataques, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en el suroccidente del país.

El enfoque de la reacción oficial giró, así, en torno a una exigencia clara: más respaldo del Gobierno nacional. El mensaje central no fue solo la condena a los atentados, sino la presión para una respuesta inmediata de Petro frente a una crisis que, según la gobernadora, está escalando.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las afectaciones y los responsables del ataque en Palmira, la declaración de Dilian Toro convirtió la seguridad del Valle en uno de los focos políticos y de orden público más sensibles de la jornada.

“Todo esto es tu culpa, entregaste al país y al suroccidente a los bandidos”, con esa frase Abelardo de la Espriella lanzó una de sus críticas más fuertes contra el presidente Gustavo Petro tras los atentados registrados este viernes en Cali, Palmira y el Huila, hechos que volvieron a encender la preocupación por la seguridad en el país.

Las declaraciones del candidato presidencial se conocieron en medio de la jornada de violencia que golpeó al suroccidente, donde distintos ataques pusieron en alerta a las autoridades y reactivaron el debate político sobre la estrategia de seguridad del Gobierno.

El eje de la reacción estuvo en responsabilizar directamente a Petro por el deterioro del orden público, una acusación que De la Espriella reforzó al señalar que los hechos violentos reflejan una crisis creciente en regiones golpeadas por grupos armados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, citado por Revista Semana, el abogado sostuvo que el Valle del Cauca está bajo ataque y cuestionó duramente la respuesta oficial frente a los atentados. “Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior?”, escribió, citado por Revista Semana.

El pronunciamiento se produjo después de conocerse nuevos hechos violentos en Palmira, que se sumaron a los ataques reportados durante la mañana en Cali y a hechos en el Huila, episodios que marcaron la agenda nacional de este viernes.

En medio de esa escalada, De la Espriella aprovechó para insistir en su propuesta de endurecer la política de seguridad. “El crimen se enfrenta con mano de hierro”, afirmó, citado por Revista Semana, al plantear una respuesta más severa frente a estructuras armadas ilegales.

El mensaje tuvo además un fuerte tono electoral. El candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, cambiaría de manera radical la conducción de la seguridad nacional y prometió una estrategia apoyada en las Fuerzas Armadas para enfrentar a los grupos criminales.

“El 7 de agosto asumiré el gobierno y les prometo que volverán a tener un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defender la Patria”, manifestó, citado por Revista Semana, en una declaración que convirtió la reacción a los atentados en un mensaje de campaña.

El enfoque de sus críticas apuntó a que la violencia reciente no es un hecho aislado, sino la expresión de un problema estructural que, según su lectura, se ha agravado por decisiones del Gobierno. Esa narrativa fue acompañada por un mensaje de solidaridad dirigido a los habitantes del Valle del Cauca.

“Mi solidaridad y cariño con los vallecaucanos. ¡Resistan, que falta poco!”, expresó, citado por Revista Semana, cerrando un pronunciamiento que elevó el tono político tras los ataques.

Más allá de las declaraciones, los hechos violentos en Cali, Palmira y el Huila volvieron a poner en el centro la discusión sobre seguridad y orden público, especialmente por ocurrir en una jornada marcada por múltiples alertas en el suroccidente del país.

La frase “Todo esto es tu culpa” terminó convirtiéndose en el eje político de la reacción, al condensar las críticas del candidato hacia Petro y posicionar la seguridad como uno de los frentes más sensibles del debate presidencial.

Los ataques, mientras tanto, siguen bajo investigación y las autoridades mantienen operativos para esclarecer responsabilidades y reforzar controles en las zonas afectadas.

En paralelo, el episodio reavivó las tensiones políticas sobre la política de paz y seguridad del Gobierno, un tema que vuelve a cruzarse con la campaña y con las críticas desde sectores de oposición.

Con los atentados como telón de fondo, el mensaje de De la Espriella no solo buscó cuestionar al Ejecutivo, sino capitalizar el momento alrededor de una narrativa de autoridad y mano dura, en una coyuntura donde la seguridad volvió a dominar la conversación nacional.

Pasarse un semáforo en rojo puede terminar costando mucho más que una multa, y en 2026 la sanción económica por esta infracción quedó en $1.266.222, con riesgos adicionales como inmovilización del vehículo, gastos extra y hasta suspensión de la licencia en casos de reincidencia.

La conducta está clasificada en Colombia como infracción D04 y es una de las faltas que mayores consecuencias puede traer para conductores, no solo por el valor del comparendo, sino por las cargas administrativas y operativas que puede activar.

El dato que más impacta es que un solo cruce indebido en rojo puede llevar el carro directo a patios, sumando costos de grúa, parqueadero y restricciones para hacer trámites posteriores si la sanción queda pendiente en el sistema.

La norma establece que no detenerse ante luz roja, amarilla, señal de pare o semáforo intermitente en rojo faculta a las autoridades para imponer la sanción e incluso proceder con inmovilización inmediata del vehículo.

Aunque muchos conductores solo ven el monto del comparendo, especialistas advierten que el costo real puede ser mucho mayor cuando se agregan gastos ocultos derivados del procedimiento.

Entre ellos aparecen los cobros por grúa, tarifas de patios por día o fracción y otros costos asociados a la recuperación del vehículo. Ahí es donde una infracción de tránsito puede convertirse en un golpe mucho más alto para el bolsillo.

La sanción económica, además, tiene un mecanismo para reducirse. Quienes realicen curso pedagógico y paguen dentro de los primeros once días hábiles pueden acceder a un descuento del 50 %. Entre los días 12 y 26 el beneficio baja al 25 %.

Ese alivio, sin embargo, no elimina otras consecuencias que pueden surgir cuando hay reincidencia o agravantes. El sistema castiga con mayor severidad cuando la conducta se repite en un lapso de seis meses.

En esos casos puede haber suspensión de la licencia por seis meses e incluso escenarios más severos si la autoridad determina repetición grave de la conducta.

Uno de los mayores riesgos está en la reincidencia, porque la multa deja de ser solo económica y empieza a afectar directamente el derecho a conducir. Ese es uno de los puntos que más suelen desconocer los conductores.

El panorama se agrava si la infracción ocurre bajo efectos del alcohol. Allí las sanciones pueden escalar drásticamente, con multas millonarias e inmovilizaciones prolongadas, además de otras consecuencias legales.

Otro frente crítico es el llamado bloqueo administrativo. Mientras el comparendo permanezca pendiente en el SIMIT, el conductor puede encontrar restricciones para renovar licencia, hacer traspasos, tramitar SOAT o avanzar en otros procesos vehiculares.

Ese efecto es el que convierte esta falta en una de las más costosas, incluso cuando el comparendo inicial parece “pagable”. Lo que empieza con una luz roja ignorada puede terminar afectando varios trámites y generando nuevas cargas económicas.

Además del impacto financiero, las autoridades suelen insistir en que esta es una de las infracciones con mayor riesgo vial, por la relación que tiene con siniestros graves en intersecciones urbanas.

Por eso el mensaje institucional suele ir más allá del comparendo. Pasarse un semáforo en rojo no solo cuesta $1.266.222: puede llevar a patios, bloquear trámites y poner en riesgo la licencia. Esa combinación explica por qué es una de las sanciones más severas del sistema.

En 2026, con el valor actualizado y los efectos asociados, la recomendación sigue siendo la misma: evitar una imprudencia que puede salir mucho más cara de lo que parece.

“No ofrece garantías de calidad”, esa fue la advertencia con la que el Invima lanzó una nueva alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de Diprospan Inyectable Suspensión x 2 mL, lote C130548, con fecha de vencimiento del 2 de enero de 2027, citado por Revista Semana.

La advertencia puso el foco en la circulación de un producto que, según las verificaciones realizadas, no corresponde a una importación autorizada y presenta diferencias en empaque, presentación y características frente al medicamento original aprobado en Colombia.

El eje de la alerta está en que se trata de un producto fraudulento que puede representar un riesgo para pacientes, una advertencia que llevó a las autoridades a pedir que no sea adquirido ni utilizado bajo ninguna circunstancia.

La falsificación fue confirmada por el importador autorizado del producto original, que notificó al Invima sobre inconsistencias detectadas en esta presentación que circula en el mercado. Según explicó la autoridad sanitaria, el medicamento auténtico cuenta con registro vigente, mientras que el lote advertido presenta características que no coinciden con las aprobadas oficialmente.

La frase más fuerte del pronunciamiento fue que el producto “no ofrece garantías de calidad”, una expresión que elevó el tono de la advertencia y convirtió la situación en una alerta de salud pública más allá de una irregularidad comercial.

El Invima pidió a quienes tengan acceso al medicamento señalado abstenerse de usarlo y, en caso de haberlo adquirido o estar consumiéndolo, suspender inmediatamente su aplicación, según información obtenida por Revista Semana.

La entidad recordó que los medicamentos falsificados pueden representar peligros porque se desconoce su composición, condiciones de elaboración y efectos reales sobre los pacientes, especialmente cuando se trata de productos inyectables.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el llamado a no comprar medicamentos por canales informales, un fenómeno que ha venido preocupando a las autoridades sanitarias por el crecimiento de ofertas irregulares en redes sociales, cadenas de mensajería y páginas web no autorizadas.

El mensaje institucional insistió en que los ciudadanos deben verificar siempre que los productos tengan registro sanitario vigente y provengan de distribuidores autorizados para reducir riesgos asociados con falsificaciones.

La alerta también incluyó instrucciones para reportar puntos de distribución o comercialización donde pueda encontrarse este lote señalado, con el fin de facilitar acciones de vigilancia y control.

El enfoque de la noticia no es solo el hallazgo del lote fraudulento, sino el riesgo sanitario que representa su circulación, lo que amplifica el impacto del caso y lo vuelve relevante para pacientes, médicos y establecimientos farmacéuticos.

Otro elemento que tomó fuerza en el reporte es que el producto original sí cuenta con autorización, por lo que el problema no recae sobre el medicamento en sí, sino sobre una versión falsificada detectada por las autoridades.

Eso llevó al Invima a reforzar el mensaje de que la ciudadanía debe prestar atención a empaques, registros y canales de compra, especialmente en productos sensibles como medicamentos inyectables.

La entidad también pidió reportar posibles eventos adversos asociados con el uso del producto advertido y recordó que esos casos pueden notificarse a través de los mecanismos oficiales de farmacovigilancia.

Dentro de las medidas divulgadas, la autoridad recomendó abstenerse de adquirir suplementos, fitoterapéuticos o medicamentos que no cuenten con validación sanitaria vigente, una advertencia que extendió el alcance del mensaje más allá del caso puntual del lote señalado.

La alerta también puso sobre la mesa el crecimiento del mercado ilegal de medicamentos, un fenómeno que preocupa por su impacto potencial sobre la seguridad de pacientes y sobre la confianza en los canales formales de distribución.

El caso tomó relevancia porque no se trata de una simple irregularidad documental, sino de un producto cuya autenticidad fue desconocida por la autoridad sanitaria y por el importador autorizado.

Eso llevó a insistir en la necesidad de revisar cuidadosamente etiquetas, empaques y procedencia antes de adquirir productos farmacéuticos, sobre todo aquellos destinados a aplicación inyectable.

También se reiteró el llamado para que profesionales de la salud, farmacias e instituciones médicas reporten cualquier hallazgo relacionado con este lote o presentaciones similares que generen sospechas.

Mientras continúan las acciones de vigilancia para rastrear posibles puntos de distribución, las autoridades mantienen activa la alerta y seguimiento sobre la comercialización del producto advertido.

“Se triplicó la crisis” en Savia Salud, esa es la denuncia que lanzó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió provisionalmente la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS que atiende a 1,7 millones de usuarios.

La decisión judicial abrió un nuevo frente político sobre el manejo del sistema de salud y dio fuerza a los cuestionamientos del mandatario regional, quien aseguró que durante la intervención la situación financiera de la entidad se deterioró gravemente.

El dato que concentró la controversia fue el salto del patrimonio negativo de 572.000 millones de pesos a 1,5 billones, cifra que Rendón convirtió en el centro de su crítica contra el Gobierno nacional.

“Como en todas las entidades del sector salud que ha intervenido Petro, se han deteriorado en su patrimonio financiero”, afirmó el gobernador, citado por Revista Semana, al insistir en que la intervención agravó la situación de la EPS.

El fallo del Tribunal cuestionó la resolución que ordenó la toma de Savia Salud por considerar que habría vacíos en la motivación del acto administrativo, especialmente frente al análisis sobre factores estructurales del sistema, como la UPC y los Presupuestos Máximos.

Pero el enfoque político tomó fuerza por la tesis de que la intervención no resolvió la crisis, sino que la profundizó. Esa fue la línea que impulsó Rendón tras conocerse la decisión judicial.

“Esa intervención no es más a lugar, no cumplió con el estándar constitucional”, sostuvo el mandatario, citado por Revista Semana, al celebrar la orden que obliga en diez días al Gobierno a realizar el empalme con los accionistas.

La decisión impacta a una EPS clave para el régimen subsidiado en Antioquia, razón por la que el debate trascendió lo jurídico y pasó al terreno político, con críticas sobre el modelo de intervención impulsado por el Gobierno Petro.

“Rompe con el modelo intervencionista”, dijo Rendón, citado por Revista Semana, en una frase que convirtió el caso Savia Salud en una disputa más amplia sobre la política de salud del Ejecutivo.

El gobernador advirtió además que aún no se sabe en qué condiciones recibirán la entidad tras el proceso de intervención, lo que, según planteó, genera incertidumbre para los usuarios más vulnerables del sistema.

Ese punto reforzó uno de los mensajes centrales del pronunciamiento: que la discusión no solo es financiera o política, sino que tiene implicaciones directas sobre millones de afiliados del régimen subsidiado.

La cifra de 1,5 billones terminó marcando el nuevo enfoque del caso, porque convirtió el debate en una discusión sobre deterioro patrimonial y no únicamente sobre la legalidad de la intervención.

La reacción política también se amplificó desde Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez calificó la decisión como histórica y sostuvo, citado por Revista Semana, que la intervención fue ilegal, arbitraria y con fines políticos.

Ese respaldo reforzó la lectura de que el fallo puede tener efectos más allá de Savia Salud, al abrir un precedente sobre otras intervenciones en el sistema.

Mientras avanza el proceso para el eventual retorno de la administración a sus accionistas, el caso se convirtió en un nuevo choque entre regiones y Gobierno nacional, con una narrativa impulsada desde Antioquia: que la crisis de Savia Salud no se contuvo, sino que se multiplicó bajo la intervención.

Un movimiento en la estructura del Ejército sacudió este jueves a las Fuerzas Militares, luego de que el Ministerio de Defensa ordenara el retiro del servicio activo de 17 oficiales superiores bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, una decisión formalizada en dos resoluciones expedidas el 23 de abril de 2026.

La medida quedó consignada en las resoluciones 004282 y 004283, firmadas por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, tras concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

El retiro incluye cinco coroneles y doce tenientes coroneles, en una decisión que genera atención por el alcance del ajuste dentro de la estructura militar y por el momento en que se produce, en medio de desafíos de seguridad en distintas regiones del país.

Entre los coroneles retirados figuran Héctor Libardo Cely Torres, Donny Edgardo Preciado Sierra, Óscar David Moreno Gómez, Fever Amaury Martínez Garzón y Guillermo Alberto Domínguez Giraldo.

En esa misma resolución también aparecen los tenientes coroneles Edward Iván Murcia Villamil, Anderson Antonio Bautista Moreno, Angélica María Guio Jaimes y Yecid Gerardo Rojas Guerrero.

La segunda resolución ordenó además el retiro de otros ocho tenientes coroneles: Rafael Mauricio Gamboa Velasco, Jhon Alexander Cárdenas Muñoz, Juan Camilo Salazar Ramírez, Adrian Osorio Cifuentes, Gloria Yurley Castro Galvis, Jair Fernando Tirado Gutiérrez, Bernardo Andrés Culchac Leyton y Bertha Constanza Perdomo Avilés.

La decisión fue adoptada bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, un mecanismo contemplado dentro de la normatividad militar que permite el retiro de oficiales activos bajo determinadas condiciones administrativas y de carrera.

Aunque se trata de una figura legal dentro del régimen castrense, movimientos de esta magnitud suelen despertar atención por sus implicaciones en la línea de mando y en la reorganización interna del Ejército.

Según los documentos conocidos, los oficiales continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría durante tres meses, conforme al artículo 164 del Decreto 1211 de 1990, mientras se surte el procedimiento establecido.

El alcance del ajuste ha puesto foco en una posible reconfiguración dentro del alto y mediano mando militar, aunque oficialmente las resoluciones se enmarcan en los procedimientos previstos para la carrera de oficiales.

Este tipo de decisiones suele tener lectura más allá del trámite administrativo, pues toca estructuras de mando en una institución clave en medio de un contexto de seguridad complejo, marcado por operaciones contra grupos armados y presiones en varios territorios.

El retiro simultáneo de 17 oficiales también ha despertado interés porque involucra perfiles de distintos niveles de responsabilidad dentro de la fuerza, lo que para algunos observadores puede interpretarse como un movimiento de reorganización interna.

Aunque no se han detallado motivaciones adicionales en las resoluciones conocidas, la decisión reabre la atención sobre los cambios en las Fuerzas Militares y los movimientos en la estructura de oficiales.

El dato que más impacto genera es el número de oficiales retirados en una sola decisión: 17 integrantes del Ejército salen por “llamamiento a calificar servicios”. Ese volumen convierte la medida en un movimiento relevante dentro del panorama militar reciente.

Mientras se mantienen los efectos administrativos del retiro durante los próximos meses, la decisión deja abierto el foco sobre cómo estos cambios pueden incidir en la estructura operativa y en futuros movimientos dentro de la institución.

Cerca de 40.000 personas tuvieron que confinarse en Colombia por cuenta de la agudización del conflicto armado, una cifra que encendió alertas por la dimensión humanitaria del fenómeno y por el impacto desproporcionado que está teniendo sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y zonas rurales golpeadas por la violencia.

La advertencia fue emitida por la Defensoría del Pueblo y ACNUR Colombia, que documentaron 26 eventos de confinamiento durante el primer trimestre de 2026, un panorama que refleja nuevas presiones armadas sobre comunidades que, además de quedar aisladas, enfrentan restricciones para acceder a derechos básicos.

La magnitud de la crisis se refleja en un dato que prende alarmas: 17 de los 26 eventos registrados afectaron comunidades étnicas, mientras los otros nueve impactaron poblaciones campesinas, mostrando cómo el recrudecimiento del conflicto golpea con mayor fuerza a territorios históricamente vulnerables.

Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía aparecen entre los departamentos donde esta problemática se ha intensificado, según el reporte conocido.

El confinamiento, aunque menos visible que el desplazamiento forzado, implica graves afectaciones humanitarias. No supone abandonar el territorio, pero sí quedar atrapados en él bajo restricciones impuestas por grupos armados ilegales que ejercen control social y territorial.

Eso se traduce, según la alerta, en limitaciones para movilizarse, conseguir alimentos, acceder a salud, asistir a clases o incluso desarrollar actividades básicas de subsistencia. La consecuencia es un aislamiento forzado que puede prolongarse durante semanas o meses.

La situación preocupa porque el fenómeno ha venido creciendo en medio de disputas armadas y presiones sobre comunidades rurales. Para organismos humanitarios, el confinamiento no solo representa una emergencia de protección, sino una afectación profunda del tejido social y comunitario.

En los territorios étnicos, el impacto es aún mayor. Según las alertas, estas restricciones alteran la relación de las comunidades con sus territorios, afectan prácticas ancestrales y ponen en riesgo dinámicas culturales y formas de vida ligadas a la tierra.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en que este fenómeno debe ser visibilizado por sus efectos sobre derechos fundamentales. Salud, educación, alimentación y vivienda quedan seriamente comprometidos cuando una comunidad no puede salir de su territorio por amenazas armadas.

Uno de los reclamos más insistentes es que las comunidades confinadas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, para que puedan acceder a rutas de atención y reparación, dado que el confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en Colombia desde 2016.

El reporte advierte que muchas de estas poblaciones claman por esa inclusión para no quedar por fuera de mecanismos institucionales de respuesta, en medio de una situación que suele tener menos visibilidad pública que los desplazamientos masivos.

Detrás del fenómeno aparece la presión de grupos armados ilegales, cuya presencia en distintos territorios estaría generando controles, intimidaciones y restricciones que terminan cercando a comunidades enteras.

La alerta también vuelve a poner el foco sobre el deterioro humanitario en regiones donde persisten economías ilícitas, disputas armadas y débil presencia estatal. Para organismos de derechos humanos, el aumento de confinamientos refleja un agravamiento del conflicto que trasciende las cifras.

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el confinamiento es considerado una de las expresiones más severas de control armado sobre población civil. No obliga a huir, pero sí impone un encierro bajo miedo que vulnera derechos y profundiza la crisis humanitaria.

Con 40.000 personas afectadas en apenas tres meses, la alerta de Defensoría y ACNUR plantea un mensaje de fondo: el confinamiento está creciendo como una de las caras más críticas y menos visibles del conflicto armado en Colombia.

La posibilidad de volver a subir el salario mínimo por fuera del ajuste anual abrió un debate sobre sus efectos legales y económicos, mientras expertos advierten que una medida extraordinaria podría impactar contratos vigentes, costos empresariales y la estabilidad del sistema laboral.

La discusión tomó fuerza tras los planteamientos sobre un eventual nuevo incremento salarial en medio del pulso por las tasas de interés, reabriendo preguntas sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno en esta materia y qué consecuencias tendría una decisión de ese tipo.

“Un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial”, advirtieron análisis citados por Revista Semana, al señalar que una decisión unilateral tendría repercusiones sobre presupuestos, obligaciones laborales y estructuras salariales ya definidas para 2026.

Desde el análisis jurídico, la discusión gira alrededor de la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996, normas que establecen el procedimiento para fijar el salario mínimo y el papel de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

El debate no se limita a si jurídicamente es viable un nuevo aumento, sino al impacto económico que podría generar en miles de empresas. Expertos advierten que cualquier modificación extraordinaria tendría efectos inmediatos sobre costos laborales y compromisos financieros ya proyectados.

Uno de los puntos centrales del análisis es que el salario mínimo tiene un proceso anual de concertación, pero también se plantea que un eventual decreto expedido por el Ejecutivo tendría presunción de legalidad mientras no sea controvertido por las altas cortes.

Esa posibilidad es la que ha alimentado el debate. Aunque cualquier medida de ese tipo podría enfrentar cuestionamientos jurídicos, los expertos advierten que, mientras no exista una decisión judicial en contrario, podría producir efectos y generar nuevas obligaciones.

Para el sector empresarial, ese escenario genera preocupación. Un ajuste adicional implicaría revisar nóminas, recalcular costos y ajustar presupuestos construidos con base en el incremento decretado a comienzos de año.

La preocupación crece porque el impacto no sería solo sobre salarios, sino sobre prestaciones, aportes y múltiples contratos atados al mínimo legal vigente. Eso, según los análisis conocidos, podría tener efectos especialmente sensibles para pequeñas y medianas empresas.

Otro punto que reaparece en la discusión es el principio de salario mínimo vital y móvil. Bajo esa figura, el ingreso debe responder a condiciones dignas de subsistencia, pero su actualización también está ligada a variables como inflación, productividad y crecimiento.

Allí surge otra tensión de fondo: mientras algunos sectores defienden mecanismos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, otros advierten que incrementos extraordinarios pueden trasladarse a mayores presiones sobre empleo, costos e inflación.

La discusión además se cruza con la autonomía del Banco de la República, pues el debate se dio en medio de cuestionamientos a la política monetaria. Eso llevó a que el tema trascendiera lo laboral y entrara en el terreno de la institucionalidad económica.

Expertos también alertan sobre los precedentes que podría dejar una decisión de este tipo. Modificar el salario mínimo fuera del ciclo ordinario abriría interrogantes sobre seguridad jurídica y reglas de juego para el sector productivo.

En el análisis económico, algunos advierten además que un ajuste extraordinario podría generar efectos en cadena sobre precios, contratación y competitividad, en un momento en que distintos sectores enfrentan presiones de costos.

Por eso la advertencia de que “un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial” ha ganado fuerza en la discusión. No solo resume la preocupación por los efectos inmediatos, sino que pone el foco en los riesgos que algunos ven para la sostenibilidad laboral.

Por ahora, el debate sigue abierto, pero dejó instalada una pregunta que cruza lo jurídico y lo económico: si puede darse un nuevo aumento por decreto y, sobre todo, qué costo tendría una decisión así para trabajadores, empresas y el mercado laboral colombiano.

Un caso que ha causado conmoción en Popayán mantiene bajo investigación a las autoridades luego de que se descubriera el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda donde, según información preliminar, su hermana habría convivido por más de un mes con el cadáver sin reportar lo ocurrido, de acuerdo con información divulgada por Revista Semana.

El hallazgo se produjo en una casa de dos pisos ubicada en el sector de Santa Catalina, donde vecinos comenzaron a alertar a las autoridades tras notar ausencia prolongada de las residentes y situaciones extrañas en el inmueble. Las sospechas crecieron hasta que una inspección permitió descubrir una escena que ha generado impacto en la ciudad.

Cuando las autoridades ingresaron a la vivienda encontraron el cuerpo en avanzado estado, lo que permitió establecer de manera preliminar que la muerte se habría producido varias semanas antes del hallazgo. Ese detalle dio paso a una investigación para reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble durante ese tiempo.

Según versiones conocidas en el proceso, la hermana de la víctima habría permanecido en la vivienda durante más de un mes sin dar aviso sobre el fallecimiento. Ese comportamiento ha despertado interrogantes entre los investigadores, que buscan esclarecer si existían circunstancias particulares que expliquen lo sucedido.

Fuentes cercanas al caso señalaron que una persona con aparentes problemas de salud mental fue trasladada a un centro asistencial luego del procedimiento, una línea que ahora hace parte del análisis que realizan las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que avanzan para establecer las causas de la muerte y determinar si hubo o no participación de terceros. Los resultados de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el hermetismo que rodeaba la vivienda y la sorpresa de los vecinos por lo ocurrido. Habitantes del sector aseguraron que desde hacía semanas no veían movimiento habitual en la casa y que el inmueble parecía permanecer cerrado y en aparente abandono.

“No se veían desde hace semanas y la casa permanecía cerrada”, relataron vecinos citados por Revista Semana, quienes señalaron que el silencio alrededor de la vivienda comenzó a generar sospechas antes de la intervención oficial.

La escena encontrada dentro del inmueble ha abierto preguntas no solo sobre las circunstancias del fallecimiento, sino sobre la situación de la mujer que habría convivido junto al cuerpo sin reportarlo. Parte de las pesquisas se concentra en establecer si existían condiciones médicas, emocionales o sociales que influyeron en ese comportamiento.

Las autoridades no han entregado hipótesis concluyentes sobre las causas de la muerte ni sobre si el caso podría tener implicaciones penales, por lo que la investigación sigue en etapa preliminar.

Mientras se esperan dictámenes forenses, el caso ha generado impacto por sus características inusuales y por la dimensión humana detrás del hallazgo. En Popayán, el episodio ha provocado consternación y múltiples reacciones por las condiciones en que fue descubierto.

También se examina el contexto en el que vivían las hermanas y si existían antecedentes de aislamiento o situaciones que hubieran podido advertir señales de alerta antes del hallazgo. Ese componente podría resultar clave para comprender lo ocurrido.

La investigación ahora busca responder dos preguntas centrales: cómo murió la mujer y por qué su hermana permaneció durante semanas junto al cuerpo sin pedir ayuda. Son dos interrogantes que mantienen abierto un caso que ha estremecido a la capital caucana.

Mientras Medicina Legal entrega resultados y avanzan las diligencias judiciales, el estremecedor episodio continúa rodeado de preguntas y mantiene en vilo a una comunidad impactada por uno de los hallazgos más desconcertantes registrados recientemente en Popayán.

Bogotá activó nuevas medidas sanitarias tras la confirmación de un nuevo caso de sarampión, que elevó a cuatro los contagios importados en la capital y a cinco los reportados en Colombia. Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y lanzaron un llamado urgente para completar los esquemas de vacunación ante el riesgo de propagación del virus, según informó Revista Semana.

La detección del caso se realizó mediante pruebas RT-PCR y permitió activar de inmediato acciones de contención. Entre las medidas adoptadas están un cerco sanitario, investigación epidemiológica de campo, rastreo de contactos y vacunación de bloqueo en poblaciones consideradas en riesgo.

La alerta se produce en medio de preocupación por casos importados asociados a viajeros internacionales, especialmente procedentes de Estados Unidos y México. De acuerdo con el reporte oficial, tres de los contagios detectados en Bogotá estarían relacionados con México y uno con Estados Unidos, mientras las autoridades subrayan que hasta ahora no se han identificado casos autóctonos en la ciudad.

El paciente confirmado permanece en manejo domiciliario, bajo seguimiento médico y sin complicaciones, mientras se mantienen activas todas las acciones preventivas para evitar una eventual transmisión del virus en la capital.

La Secretaría Distrital de Salud informó además que ha intensificado la vigilancia epidemiológica. Con corte al 11 de abril se habían notificado 286 casos sospechosos, una cifra que mantiene el monitoreo en niveles de alerta dentro de las metas nacionales para control y eliminación del sarampión y la rubéola.

La respuesta sanitaria también se apoya en el avance del plan de inmunización. Según cifras oficiales divulgadas por Revista Semana, en lo corrido de 2026 se han aplicado más de 33.000 dosis contra sarampión y rubéola en grupos priorizados, además de más de 50.000 dosis de la vacuna triple viral en población infantil.

Bogotá cuenta además con cerca de 97.600 dosis disponibles para garantizar continuidad en los esquemas, en un momento en que las autoridades insisten en no bajar la guardia frente a una enfermedad que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores no inmunizados.

El foco principal de la alerta está puesto en la vacunación infantil y en personas con riesgo de exposición por viajes internacionales. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres y cuidadores para verificar que los niños menores de diez años tengan el esquema completo.

“Es fundamental que los niños y niñas menores de 10 años tengan su esquema completo”, reiteraron las autoridades, recordando que la vacuna contempla una primera dosis al año de edad y un refuerzo a los 18 meses.

El Distrito enfatizó que la vacunación es gratuita y está disponible en más de 200 puntos distribuidos en la ciudad, incluidos lugares estratégicos como el aeropuerto El Dorado y terminales de transporte, donde se busca fortalecer barreras de prevención frente a nuevos casos importados.

La preocupación crece porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y aunque Colombia mantiene avances en eliminación, los contagios asociados a movilidad internacional han obligado a reforzar protocolos de respuesta rápida para evitar brotes.

El anuncio se produjo tras una Sala de Análisis de Riesgo desarrollada junto al Instituto Nacional de Salud, escenario en el que se revisaron medidas para contener posibles cadenas de transmisión y fortalecer la respuesta institucional.

La aparición de este nuevo caso reabre el debate sobre coberturas de inmunización y prevención. Mientras continúa el seguimiento epidemiológico, las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la principal barrera para contener cualquier amenaza de brote en Bogotá.

Una nueva noche de violencia sacudió a Cúcuta con dos hechos que encendieron las alarmas de seguridad en la ciudad. Una masacre en el asentamiento El Talento dejó al menos tres personas muertas y otras tres heridas, mientras una niña de diez años fue asesinada a tiros dentro de su vivienda en otro sector del municipio, según información divulgada por Revista Semana.

Los dos ataques ocurrieron en medio de una jornada marcada por tensión y conmoción. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de los hechos, mientras la Policía anunció una recompensa para dar con los responsables.

El episodio que más estremeció a la ciudad fue la incursión armada en El Talento, donde hombres con armas de largo alcance irrumpieron en una vivienda y dispararon contra varias personas que estaban refugiadas allí. Según el reporte conocido, tres víctimas murieron en el lugar y otras tres fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica.

Las primeras hipótesis apuntan a que los fallecidos eran personas desplazadas del Catatumbo que habrían llegado huyendo de la violencia en esa región. De acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades, algunas de las víctimas serían señaladas de haber pertenecido a las extintas Farc.

“Al llegar al lugar de los hechos nos encontramos con tres cuerpos sin vida al interior de una casa, al parecer fueron ultimados con armas de largo alcance”, manifestó el teniente coronel Ricardo Conde, citado por Cúcuta Real y replicado por Revista Semana.

El oficial agregó que, según la información preliminar recolectada, las personas atacadas se encontraban refugiadas en esa zona luego de desplazarse por la violencia que golpea al Catatumbo. Ese detalle ha llevado a que las autoridades exploren posibles conexiones del ataque con dinámicas del conflicto armado en la región.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre.

Mientras avanzaban las investigaciones sobre ese hecho, otro crimen generó consternación en la ciudad. En el barrio Cuberos, sector La Tomatera, una niña de diez años murió luego de ser atacada con arma de fuego cuando permanecía sola en su vivienda.

El asesinato de la menor elevó aún más la preocupación por la escalada violenta que golpea a Cúcuta. De acuerdo con las autoridades, la niña había sido dejada temporalmente por sus padres en la casa y fueron vecinos quienes, tras escuchar los disparos, alertaron a la Policía.

La menor fue trasladada de urgencia a la Unidad Básica Puente Barco Leonés, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El caso es materia de investigación para establecer si se trató de un ataque dirigido o si existen otros móviles detrás del crimen.

La coincidencia de ambos hechos en una misma noche profundizó la sensación de zozobra en una ciudad que ha venido enfrentando episodios recurrentes de violencia, especialmente en medio del deterioro del orden público en Norte de Santander.

Las autoridades analizan si la masacre de El Talento puede tener vínculos con disputas armadas derivadas del conflicto en el Catatumbo, una región que en los últimos meses ha sido escenario de ataques, desplazamientos y confrontaciones entre grupos ilegales.

En paralelo, el asesinato de la menor abrió nuevas preguntas sobre seguridad urbana y protección de la población civil, especialmente en sectores vulnerables donde persisten amenazas asociadas a estructuras criminales.

La racha violenta de este jueves dejó a Cúcuta bajo máxima tensión. Mientras avanzan las pesquisas y se refuerzan operativos, los dos hechos vuelven a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que golpea a la región fronteriza.

El Decreto 0415 de 2026 abrió un nuevo frente de controversia sobre el futuro del sistema pensional colombiano. El Consejo Gremial Nacional lanzó una fuerte alerta al advertir que la decisión de trasladar aproximadamente 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones pondría en riesgo el ahorro pensional de millones de afiliados, según cuestionamientos conocidos por Revista Semana.

La advertencia del gremio elevó el debate sobre el alcance del decreto y sus implicaciones jurídicas, económicas e institucionales. Desde distintos sectores han surgido reparos por lo que consideran una medida con potencial impacto sobre los recursos individuales de los trabajadores y sobre la sostenibilidad del sistema pensional a largo plazo.

El punto más sensible del pronunciamiento es la advertencia sobre un posible riesgo para recursos que pertenecen a afiliados que aún no han consolidado el derecho a pensionarse. Según el Consejo Gremial, cerca del 80 % de los recursos comprometidos corresponderían a trabajadores en esa condición, mientras que otro 20 % estaría relacionado con afiliados que ya habrían consolidado ese derecho.

“Esta contradicción taxativa de la ley aplica para el 80 % de los recursos que pertenecen a afiliados que no han consolidado el derecho a la pensión”, advirtió el Consejo Gremial Nacional, citado por Revista Semana, al cuestionar que el decreto también entraría en tensión con disposiciones previas sobre la administración de los ahorros individuales.

El gremio sostiene que el decreto desconoce garantías legales relacionadas con el manejo de esos recursos, que, según su interpretación, deberían continuar bajo administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide plenamente el derecho pensional de cada afiliado.

Además del impacto financiero, la preocupación se concentra en un eventual choque jurídico. El Consejo Gremial argumenta que la medida podría contradecir disposiciones contenidas en la Ley 2381 de 2024 y otras normas vigentes, lo que abriría un escenario de controversias legales sobre la validez y aplicación del decreto.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la Ley 2381 se encuentra suspendida, por lo que, según esa postura, el Gobierno no tendría facultades para modificar aspectos estructurales del régimen pensional a través de un decreto. Ese argumento ha sido uno de los ejes del debate que ha rodeado la decisión.

También se recordó que la legislación vigente establece restricciones para traslados entre regímenes cuando a un afiliado le faltan menos de diez años para pensionarse, un punto que ha alimentado nuevas dudas sobre los alcances de la medida.

El debate no solo gira sobre la legalidad del decreto, sino sobre el impacto que podría tener sobre la confianza en el sistema pensional colombiano. Para el sector empresarial, la discusión trasciende una disputa normativa y toca la percepción de seguridad sobre los recursos de largo plazo que administran los fondos.

“El decreto desconoce garantías legales sobre la administración de los recursos”, señaló el Consejo Gremial, que además advirtió posibles efectos sobre futuras generaciones si no se revisa la decisión. El mensaje del gremio ha sido interpretado como una solicitud urgente de intervención institucional.

Por eso, el llamado fue dirigido al Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría y las altas cortes para que evalúen medidas frente al decreto e incluso estudien la suspensión de su aplicación mientras se resuelven los cuestionamientos jurídicos.

La controversia se produce en un momento en que el debate pensional ocupa un lugar central en la agenda económica del país y ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores. Expertos, gremios y actores políticos han comenzado a advertir posibles efectos sobre ahorro, estabilidad financiera y reglas del sistema.

Mientras se define el futuro del decreto, el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones se perfila como uno de los capítulos más sensibles del debate pensional reciente, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura jurídica actual.

Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, salió a aclarar varios mitos sobre el funcionamiento de su plataforma, especialmente aquellos relacionados con la seguridad de las cuentas y posibles retiros no autorizados.

La entidad aseguró que no existe ninguna opción dentro de la aplicación que permita sacar dinero sin el consentimiento del usuario, desmintiendo versiones que generaban preocupación entre sus clientes.

La aclaración surge tras la circulación de rumores sobre supuestas vulnerabilidades en Nequi, lo que llevó a la empresa a explicar de manera detallada cómo operan sus servicios. En ese sentido, la plataforma fue enfática al señalar: “No existe ningún botón o funcionalidad en Nequi que permita sacar plata de la cuenta de otra persona sin su consentimiento en ninguna circunstancia”, citado por Revista Semana.

El crecimiento del uso de billeteras digitales en Colombia ha incrementado la necesidad de información clara sobre seguridad financiera. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera citadas por Revista Semana, entre 2021 y 2025 las operaciones realizadas por internet y aplicaciones móviles pasaron del 35,7 % al 66,6 %, lo que evidencia una mayor dependencia de estos servicios en el sistema financiero.

Frente a las dudas de los usuarios, Nequi explicó que una de las herramientas que ha generado confusión es la opción “Pedir”, la cual permite solicitar dinero a otra persona. Sin embargo, aclaró que esta función no implica ningún tipo de retiro automático. La transacción solo se realiza si el usuario que recibe la solicitud decide aprobarla.

La plataforma insistió en que siempre es necesario verificar los datos antes de aceptar cualquier movimiento. Recomendó aceptar únicamente solicitudes conocidas o previamente acordadas, con el fin de evitar posibles engaños. Este tipo de prácticas, según la empresa, son clave para fortalecer la seguridad en el uso de billeteras digitales.

Otro de los temas abordados por Nequi tiene que ver con las transferencias erróneas, una situación frecuente entre usuarios. La compañía explicó que, una vez se envía dinero a un número equivocado, la operación no puede revertirse automáticamente. El dinero pasa directamente a la cuenta del destinatario y solo puede ser devuelto con su autorización.

Ante este escenario, la plataforma detalló los mecanismos disponibles para intentar recuperar los recursos. El primero consiste en ingresar al historial de movimientos dentro de la aplicación, seleccionar la transacción y reportar el error mediante la opción correspondiente. Allí, el usuario debe diligenciar la información solicitada para iniciar el proceso.

La segunda alternativa es utilizar la función “Pedir”, que permite enviar una solicitud al destinatario para que devuelva el dinero. En este caso, el usuario debe ingresar el número de celular, el monto transferido y un mensaje explicando lo ocurrido. Aunque este proceso depende de la voluntad de la persona que recibió el dinero, es una de las herramientas más utilizadas en estos casos.

Nequi también reiteró que su sistema cuenta con mecanismos de control y verificación para garantizar la seguridad de las transacciones. La empresa indicó que el monitoreo constante y la validación de identidad son parte fundamental de su operación, lo que permite detectar comportamientos inusuales y prevenir posibles fraudes.

El crecimiento de las billeteras digitales en el país ha traído consigo nuevos retos en materia de educación financiera. Muchos usuarios aún desconocen cómo funcionan estas plataformas, lo que facilita la propagación de información errónea o incompleta. Por ello, Nequi ha insistido en la importancia de informarse a través de canales oficiales.

Además, la compañía recordó que el uso responsable de la aplicación es clave para evitar inconvenientes. Verificar cada transacción, revisar los datos del destinatario y no compartir información personal son algunas de las recomendaciones básicas para mantener la seguridad de las cuentas.

El aumento en el uso de plataformas digitales también ha impulsado la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema financiero. En este escenario, aclaraciones como las realizadas por Nequi buscan reducir la incertidumbre de los usuarios y prevenir situaciones que puedan derivar en pérdidas económicas.

Aunque los rumores sobre posibles fallas generan preocupación, la empresa reiteró que su plataforma opera bajo protocolos de seguridad que impiden movimientos sin autorización. La claridad en este tipo de información resulta fundamental para garantizar el uso adecuado de las herramientas digitales.

Finalmente, Nequi insistió en que los usuarios deben mantenerse atentos y actuar con precaución frente a cualquier solicitud o transacción. La combinación entre tecnología y buenas prácticas de uso es, según la compañía, la mejor forma de evitar fraudes y proteger el dinero dentro del sistema financiero digital.

Antioquia se consolidó como el departamento con más asesinatos de líderes sociales y mayor número de masacres en Colombia durante 2026, según reportes de la Defensoría del Pueblo, Indepaz y la fundación Forjando Futuros.

Las cifras reflejan una persistencia de la violencia que impacta directamente a comunidades rurales y procesos sociales en distintas regiones del país.

El departamento registra el mayor número de líderes sociales asesinados en lo corrido del año, lo que evidencia un escenario crítico en materia de derechos humanos. De acuerdo con los datos, Antioquia supera a regiones como Cauca y Arauca, que reportan cuatro casos cada uno, mientras que Nariño registra tres homicidios y otros departamentos presentan cifras menores.

La situación también se agrava por el número de masacres registradas, posicionando a Antioquia como el territorio más afectado por este tipo de hechos violentos. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron seis masacres en el departamento, dentro de un total nacional de 35 eventos que dejaron 133 víctimas, según cifras citadas por Revista Semana.

Uno de los casos que refleja la gravedad de la situación ocurrió el 31 de marzo en el municipio de Ituango, donde fue asesinado Alexander de Jesús Chavarría Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de La Granja. El líder campesino había denunciado previamente hechos de violencia en su territorio y, según información citada por Revista Semana, había recibido amenazas antes de su muerte.

De acuerdo con los reportes, hombres armados llegaron hasta su vivienda, lo sacaron por la fuerza y posteriormente lo asesinaron. Este hecho se suma a otros casos registrados en el departamento y evidencia los riesgos que enfrentan quienes ejercen liderazgo social en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

El panorama descrito por las organizaciones coincide en señalar que gran parte de las víctimas son líderes que trabajan en temas relacionados con la defensa del territorio, el medioambiente y la restitución de tierras. “Permanece una situación que es el ataque contra defensores del tema de tierras”, afirmó Gerardo Vega, abogado de la fundación Forjando Futuros, citado por Revista Semana.

Según el experto, estos ataques están relacionados con conflictos históricos por la propiedad de la tierra y la presencia de economías ilegales en distintas regiones. “Mientras no se avance en un tema de reforma agraria (…) van a seguir asesinando líderes sociales”, aseguró, citado por ese medio.

Además de los homicidios, las organizaciones advierten que existe un patrón de estigmatización previo a los ataques. “Eso quiere decir es que a la gente la desacreditan, la calumnian (…) y luego, si pueden, viene el asesinato físico”, explicó Vega, citado por Revista Semana. Este fenómeno, según los informes, contribuye a aumentar el riesgo para quienes defienden derechos humanos en los territorios.

Por su parte, Indepaz ha señalado que la violencia contra líderes sociales mantiene tendencias similares a años anteriores. Camilo González Posso, presidente de esa organización, indicó que “la situación de asesinato y de amenazas a los líderes sociales continúa siendo muy grave en Colombia”, citado por Revista Semana.

El directivo explicó que, aunque se ha registrado una leve disminución frente a periodos anteriores, no se puede hablar de un cambio estructural en la dinámica de violencia. “Siguen los mismos patrones y la estigmatización como uno de ellos”, agregó, al referirse a los factores que anteceden los ataques.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el impacto de estos hechos en las comunidades. Según la entidad, “cada caso representa una afectación grave a la vida, al liderazgo social y a los procesos organizativos en los territorios”, citado por Revista Semana.

Las cifras acumuladas desde la firma del acuerdo de paz en 2016 refuerzan la preocupación. De acuerdo con los datos oficiales, 1.699 personas han sido asesinadas en ese periodo, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra líderes sociales en el país.

Otro elemento que agrava la situación es la presencia de grupos armados ilegales en varias zonas de Antioquia, lo que incrementa los riesgos para la población. En algunos casos, las autoridades han señalado que los ataques podrían estar relacionados con disputas territoriales o control de economías ilícitas, factores que siguen generando tensión en distintas regiones.

El análisis de los informes también destaca que los discursos de odio y la desinformación contribuyen a este escenario. Según el documento “Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, estas prácticas han incrementado la vulnerabilidad de los líderes sociales, facilitando contextos de agresión.

Aunque el país ha avanzado en algunos frentes institucionales, las organizaciones coinciden en que aún existen retos importantes para garantizar la protección de quienes ejercen liderazgo en las comunidades. La necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios y mejorar los mecanismos de prevención sigue siendo uno de los principales desafíos.

El caso de Antioquia refleja una realidad compleja que combina factores históricos, sociales y de seguridad. Las cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino también la urgencia de implementar estrategias efectivas que permitan reducir la violencia y proteger a quienes trabajan en la defensa de derechos en el país.

El testimonio de Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, volvió a generar impacto tras revelar detalles inéditos sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023. “Confié en él como en un hijo y me vendió”, afirmó al referirse a la persona que, según su relato, habría facilitado su entrega a los captores, citado por Revista Semana.

El relato expone cómo una persona de su círculo cercano habría sido clave en el secuestro, generando una de las traiciones más dolorosas de su vida. Díaz aseguró que nunca sospechó de quien terminó involucrado, pues hacía parte de su entorno cotidiano y laboral. Según explicó, esa cercanía fue determinante para que bajara la guardia y aceptara un encuentro que terminó en el hecho violento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en situaciones de confianza y cómo estas pueden ser aprovechadas en contextos criminales. Durante la entrevista, Mane Díaz recordó que semanas antes ya existían advertencias sobre un posible secuestro. “Ya se escuchaban rumores: ‘Profe, cuídese’, ‘lo van a secuestrar’”, relató, citado por Revista Semana, pero admitió que no dimensionó el riesgo.

El día del secuestro, todo ocurrió bajo la apariencia de una reunión normal. Díaz contó que fue citado con el argumento de un encuentro pendiente. “Ya la gente lo está esperando”, le dijeron, lo que lo llevó a trasladarse sin sospechas. Sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptado por hombres armados. “Nosotros jurábamos que era un atraco”, recordó, citado por Revista Semana, hasta que comprendió que se trataba de un secuestro.

En su relato, explicó que fue obligado a subir a su propio vehículo y trasladado hacia una zona rural. “Me dieron la ruta… y me metieron al fondo de la selva”, afirmó, describiendo el momento en que entendió la gravedad de la situación. Uno de los hechos que más lo marcó fue la actitud de la persona que lo acompañaba ese día, quien desapareció sin explicación. “Salió… se fue normal”, contó, lo que reforzó la sospecha de traición.

Durante los días de cautiverio, Mane Díaz enfrentó una experiencia que describió como extrema. Aunque aseguró que no sufrió agresiones físicas, el impacto emocional fue profundo. “Eso es un infierno… uno no sabe si regresa o no regresa”, expresó, citado por Revista Semana. La incertidumbre constante y el aislamiento fueron los factores que más afectaron su estado emocional.

El secuestro de Mane Díaz generó una fuerte reacción nacional e internacional, especialmente por la notoriedad de su hijo, el futbolista Luis Díaz. En medio de esa presión mediática, el caso se convirtió en un tema de interés público, lo que, según el propio afectado, pudo haber influido en su liberación días después.

Uno de los momentos más sensibles del testimonio se produjo al recordar su liberación. Díaz se mostró visiblemente afectado al describir el reencuentro con su familia. “Así como yo ahorita… ellos también llorando”, dijo con la voz entrecortada, citado por Revista Semana. Para él, ese instante representó tanto alivio como la carga emocional de lo vivido durante el secuestro.

Tras recuperar la libertad, conoció detalles adicionales sobre el plan que habría permitido su retención. Según relató, las autoridades encontraron evidencia en el teléfono de la persona implicada. “Le cogieron el teléfono… tenía todas las conversaciones, videos, cómo se iba a pagar”, aseguró, citado por Revista Semana. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el secuestro fue planeado con información privilegiada.

A pesar de la gravedad de los hechos, Mane Díaz sorprendió al afirmar que no guarda rencor hacia quien lo habría traicionado. Indicó que incluso aceptó sus disculpas, aunque dejó un mensaje claro sobre las consecuencias de sus actos. “Yo te disculpo, pero piensa bien en tu familia y en lo que vas a hacer”, relató, citado por Revista Semana.

El caso del secuestro de Mane Díaz sigue siendo un referente sobre los riesgos asociados a la confianza en entornos cercanos. Más allá del hecho puntual, su testimonio deja una reflexión sobre la necesidad de estar alerta incluso frente a personas conocidas.

Al cierre de su relato, el padre del futbolista reiteró la lección que le dejó esta experiencia. “La confianza no se le puede brindar toda a nadie”, afirmó. Además, recordó una advertencia que, según él, pudo haber cambiado el desenlace: “Cuando alguien te dice ‘pila’, hay que pararle bola”, citado por Revista Semana.

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, recibió una ovación en el Congreso de Asofondos tras exponer su postura sobre la política monetaria en Colombia y defender la necesidad de mantener las tasas de interés en niveles elevados. “No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”, afirmó durante su intervención, citado por Revista Semana.

La reacción del auditorio se produjo luego de que la funcionaria justificara la decisión de no reducir las tasas de interés, pese a las críticas del Gobierno nacional. En su exposición, Acosta explicó que el objetivo principal del Banco de la República sigue siendo llevar la inflación a una meta cercana al 3 %, lo que implica mantener medidas restrictivas en el corto plazo.

El respaldo recibido en el Congreso de Asofondos refleja el apoyo de sectores económicos a una política monetaria más estricta en medio del actual escenario inflacionario. Durante varios minutos, los asistentes aplaudieron de manera unánime su intervención, lo que evidenció coincidencias con su visión sobre la estabilidad de precios y el manejo de la economía.

La participación de Acosta se dio en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones la decisión de mantener tasas altas, argumentando que estas afectan el crecimiento económico. Sin embargo, la codirectora reiteró que el enfoque del Emisor está centrado en el control de la inflación y la estabilidad a largo plazo.

Durante su intervención, la funcionaria explicó que existen factores que presionan el comportamiento de los precios en el país. Entre ellos mencionó el incremento del salario mínimo en un 23 %, así como otros elementos que podrían generar nuevas presiones inflacionarias. Según indicó, estas condiciones justifican mantener una política monetaria prudente.

Acosta también señaló que las decisiones adoptadas por el Banco de la República no son aisladas, sino que responden a tendencias globales. Recordó que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recomendado a los bancos centrales actuar con firmeza frente a la inflación, incluso si esto implica impactos en el crecimiento económico en el corto plazo.

En ese sentido, enfatizó que las tasas de interés altas tienen un costo, pero son necesarias para evitar efectos más graves en el futuro. “Sabemos que las tasas altas tienen un costo en materia de crecimiento, pero existimos (…) para poner la mirada en el largo plazo”, expresó, citado por Revista Semana.

Otro de los puntos abordados en su intervención fue el comportamiento de la economía colombiana. Aunque reconoció que se han registrado señales de recuperación, con un crecimiento cercano al 2,6 %, advirtió que este dinamismo está impulsado principalmente por el consumo, lo que podría generar desequilibrios si no se fortalece la inversión.

Según explicó, el crecimiento basado en el consumo puede ser un “espejismo” si no se acompaña de una recuperación sostenida de la inversión productiva. Esta situación, a su juicio, representa un riesgo para la estabilidad económica en el mediano y largo plazo.

El debate sobre las tasas de interés se ha convertido en uno de los temas centrales de la política económica en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducirlas para estimular la economía, el Banco de la República ha mantenido su postura de priorizar el control de la inflación.

La intervención de Acosta en el Congreso de Asofondos se dio en un espacio que reúne a representantes del sector financiero, expertos económicos y actores del sistema pensional. En este escenario, su postura encontró respaldo entre los asistentes, quienes consideran que la estabilidad de precios es un elemento fundamental para el desarrollo económico del país.

El respaldo también refleja la preocupación del sector financiero frente a los riesgos inflacionarios. Para estos actores, una inflación elevada puede afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos y generar incertidumbre en los mercados, lo que justifica mantener medidas de control estrictas.

A pesar de las críticas, el Banco de la República ha reiterado su independencia en la toma de decisiones. La Junta Directiva del Emisor ha defendido su enfoque técnico, basado en análisis económicos y proyecciones de mediano plazo, como fundamento para definir la política monetaria.

El episodio en Asofondos pone en evidencia la división de opiniones sobre el rumbo económico del país. Mientras algunos sectores respaldan la estrategia del Banco de la República, otros consideran que es necesario flexibilizar las medidas para impulsar el crecimiento.

En medio de este debate, la intervención de Olga Lucía Acosta se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento. Su mensaje, centrado en la necesidad de controlar la inflación y priorizar la estabilidad económica, marcó la agenda del Congreso y dejó en claro que la discusión sobre las tasas de interés seguirá siendo un tema clave en Colombia durante 2026.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se pronunció frente a las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y aseguró que cualquier señalamiento debe ser investigado por las autoridades competentes. Sus declaraciones reavivaron el debate político en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Pizarro fue enfática en su postura frente a las acusaciones. “En nuestro gobierno nosotros no vamos a permitir este tipo de situaciones. Todas las denuncias que se presenten deben ser investigadas y todas las personas que deban ser alejadas de sus cargos deben ser alejadas”, afirmó, citada por Revista Semana.

La intervención de la congresista se produjo luego de que Angie Rodríguez hiciera públicas varias denuncias que han generado controversia en distintos sectores políticos. La exfuncionaria, considerada en su momento cercana al presidente Gustavo Petro, entregó declaraciones que han sido objeto de análisis y discusión en la opinión pública.

Las palabras de Pizarro no tardaron en generar reacciones desde la oposición. Una de las críticas más directas provino de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el uso de la expresión “su gobierno” por parte de Pizarro. “’Su gobierno’ es el que en la actualidad está delinquiendo, según recientes declaraciones de su amiga Angie Rodríguez”, señaló, citada por Revista Semana.

Frente a estos cuestionamientos, la senadora del Pacto Histórico aclaró el alcance de su declaración y defendió la postura de su sector político. “’Nuestro gobierno’ es el mismo proyecto político, hoy con el presidente Gustavo Petro y mañana con Iván Cepeda. Nunca hemos evadido responsabilidades, tampoco tenemos silencios cómplices; cualquier hecho debe investigarse y, si hay mérito, sancionarse”, explicó.

El pronunciamiento de Pizarro también incluyó una crítica directa al uribismo, en medio de la confrontación política que ha marcado el debate alrededor de estas denuncias. La congresista aseguró que ese sector no cuenta con autoridad moral para referirse a estos temas, al recordar episodios de violencia y corrupción que han sido objeto de discusión en el país.

“Si algo caracteriza al uribismo, no es precisamente la autoridad moral para hablar de estos temas, y menos aún quienes guardaron silencio y respaldaron estructuras que llevaron al país a los peores capítulos de violencia y del saqueo del Estado”, afirmó, citada por Revista Semana.

En esa misma línea, Pizarro insistió en que existe una diferencia clara entre los sectores políticos. “La diferencia es simple. De un lado, quienes han normalizado la impunidad y abrazarse con la corrupción; del otro, quienes defendemos la verdad, la transparencia, la justicia y el cambio real”, agregó.

El caso ha generado un efecto en cadena dentro del escenario político, donde otros actores también han fijado posición. El candidato presidencial Iván Cepeda, quien hace parte del mismo proyecto político, se pronunció sobre la situación y reconoció que en el Gobierno Petro han existido hechos de corrupción, al tiempo que pidió que estos sean investigados.

Las denuncias de Angie Rodríguez han abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre la transparencia en la gestión pública. El tema no solo ha puesto en el centro del debate la actuación de funcionarios del Gobierno, sino que también ha intensificado la confrontación entre diferentes sectores políticos de cara al escenario electoral.

Mientras avanzan las investigaciones y se conocen más detalles sobre los señalamientos, la postura de figuras como María José Pizarro refleja la intención de marcar distancia frente a cualquier irregularidad y de insistir en la necesidad de esclarecer los hechos.

El desarrollo de este caso será clave en el debate político nacional, especialmente en un contexto en el que las denuncias de corrupción suelen tener un impacto directo en la percepción ciudadana y en la confianza hacia las instituciones.

La Policía Nacional entregó un balance de los diez años de funcionamiento de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en el que se destaca que 101.785 uniformados han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado interno, según información publicada por Revista Semana.

El informe evidencia el impacto del conflicto dentro de la institución y el papel que ha tenido esta unidad en la implementación de acciones relacionadas con el proceso de paz en Colombia. Durante este periodo, la UNIPEP ha liderado el diseño, coordinación y despliegue de estrategias institucionales orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el acuerdo firmado con las extintas Farc.

Entre las funciones principales de esta unidad se encuentra el acompañamiento a las zonas de reincorporación, la verificación de los ceses al fuego y la dejación de armas por parte de los excombatientes. Estas labores han sido clave para consolidar la transición hacia escenarios de menor confrontación en distintas regiones del país.

Uno de los datos más relevantes del balance es el relacionado con el material de guerra entregado por la antigua guerrilla. Según el reporte oficial, se logró la custodia y extracción de 8.122 armas, equivalentes a 69 toneladas de armamento, en el marco del proceso de desarme.

Además de estas acciones operativas, la institución ha avanzado en procesos de memoria histórica y reparación dirigidos a los miembros de la Policía afectados por la violencia. Este enfoque busca visibilizar el impacto del conflicto en la fuerza pública y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

“Este enfoque del servicio de policía ha permitido fortalecer la confianza institucional en las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, ya que trasciende la atención de los fenómenos delictivos”, señala el balance, citado por Revista Semana.

La estrategia implementada por la UNIPEP también ha estado orientada a promover acciones preventivas, con el objetivo de reducir la violencia y mejorar las condiciones de seguridad en territorios vulnerables. Estas intervenciones incluyen un enfoque diferencial basado en derechos humanos, género y protección de comunidades en riesgo.

En paralelo, la unidad ha desempeñado un papel como enlace con países y organismos internacionales de cooperación, facilitando el desarrollo de programas enfocados en la reconstrucción social en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estas zonas han sido históricamente afectadas por el conflicto armado.

El balance también resalta los esfuerzos en materia de memoria histórica. Como parte de estas iniciativas, se han construido cinco monumentos, se han publicado 21 libros y se han producido cinco documentales, además de otros contenidos audiovisuales orientados a preservar la memoria de las víctimas y promover la verdad.

A pesar de los avances reportados, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz continúan siendo evidentes en varios territorios del país. Un informe de Función Pública citado en el contexto del balance advierte que 38 municipios con PDET no han entregado sus informes de rendición de cuentas, lo que refleja dificultades en el seguimiento institucional.

Estos resultados se conocen en medio de un debate nacional sobre el alcance y cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con la seguridad en las regiones y la reparación de las víctimas.

El reconocimiento de más de 100.000 policías como víctimas del conflicto pone en evidencia la magnitud del impacto que la violencia ha tenido en la fuerza pública y plantea la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de reparación y memoria en el país.

En Colombia, la revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de los vehículos. Sin embargo, no todos los propietarios deben cumplir con este trámite en 2026, debido a las modificaciones introducidas por la normativa vigente, según información publicada por Revista Semana.

La principal excepción aplica para los vehículos nuevos, que cuentan con un plazo ampliado antes de realizar su primera inspección obligatoria. Esta medida quedó establecida en la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 52 de la Ley 769 de 2002, ajustando los tiempos en los que debe efectuarse este procedimiento.

De acuerdo con la normativa, los vehículos particulares matriculados después del 19 de mayo de 2023 deberán realizar su primera revisión técnico-mecánica cinco años después de su registro. Esto significa que los automóviles modelo 2023, 2024, 2025 y 2026 no están obligados a cumplir con este trámite durante el año en curso.

La decisión busca otorgar un beneficio a los compradores de vehículos cero kilómetros, teniendo en cuenta que estos automotores incorporan estándares de seguridad más recientes y presentan menor probabilidad de fallas mecánicas durante sus primeros años de uso.

En contraste, los vehículos de servicio público tienen condiciones diferentes. En estos casos, la primera revisión técnico-mecánica debe realizarse dos años después de la matrícula. Posteriormente, tanto para vehículos particulares como de servicio público, la inspección debe hacerse de manera anual.

La normativa también aplica para motocicletas, que siguen los mismos lineamientos establecidos para los vehículos particulares en cuanto a los plazos de revisión. Esto implica que las motos nuevas también cuentan con un periodo inicial más amplio antes de someterse a la inspección obligatoria.

La revisión técnico-mecánica es un procedimiento que permite verificar el estado general del vehículo, incluyendo aspectos fundamentales como el sistema de frenos, la suspensión, la dirección y los componentes eléctricos. Además, se evalúan las emisiones contaminantes para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Durante este proceso, también se inspeccionan elementos de seguridad como los cinturones, las llantas, las puertas y la carrocería. En el caso de los vehículos de transporte público, se incluyen revisiones adicionales relacionadas con las condiciones para los pasajeros, como las salidas de emergencia.

En el caso de las motocicletas, la evaluación contempla aspectos como el estado de la silla, los pedales, el sistema de frenos y otros componentes esenciales para la seguridad del conductor.

El cumplimiento de este trámite es fundamental para reducir riesgos en las vías y prevenir accidentes relacionados con fallas mecánicas. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de realizar la revisión dentro de los plazos establecidos, una vez se cumple el periodo de exención.

Aunque la ley contempla excepciones para ciertos vehículos, el objetivo general sigue siendo garantizar que todos los automotores que circulan en el país cumplan con condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

El desconocimiento de estos plazos puede llevar a sanciones económicas y a la inmovilización del vehículo, por lo que es clave que los conductores verifiquen la fecha de matrícula y el momento en que deben realizar su primera revisión técnico-mecánica.

De esta manera, la normativa vigente en 2026 establece un equilibrio entre facilitar la adquisición de vehículos nuevos y mantener los controles necesarios para la seguridad vial en Colombia.

Dos integrantes del ELN murieron en combates con el Ejército en el Catatumbo, según información obtenida por Blu Radio.

Cinco soldados resultaron heridos durante la operación y fueron trasladados a Cúcuta. Las autoridades confirmaron que reciben atención médica especializada.

El operativo permitió incautar armamento y material explosivo usado en ataques con drones. Las Fuerzas Militares destacaron el impacto contra esta estructura.

Operación militar y resultados en el Catatumbo

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo dejó como resultado la muerte de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de enfrentamientos registrados en zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

Los combates se desarrollaron en la vereda San Martín, donde tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una acción ofensiva contra el Frente de Guerra Nororiental de ese grupo armado.

Entre los guerrilleros abatidos se encuentra alias “Yair”, señalado como el tercer cabecilla de esta estructura e instructor en el uso de drones y francotiradores, considerado una figura clave en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas del grupo, según información obtenida por Blu Radio.

Junto a él también murió una mujer identificada con el alias de “Valentina”, quien haría parte de la misma organización ilegal que opera en esa zona del país.

De acuerdo con el reporte oficial, alias “Yair” estaría vinculado a múltiples acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en municipios como Sardinata y Teorama, lo que refuerza la relevancia de su neutralización dentro de la estructura.

Las autoridades señalaron que el operativo dejó además cerca de diez neutralizaciones adicionales; sin embargo, estas no pudieron ser verificadas en la fase posterior debido a nuevos ataques con drones por parte del grupo armado.

Las tropas lograron repeler estas acciones gracias a los protocolos de seguridad implementados en el terreno, lo que evitó mayores afectaciones durante el desarrollo de la operación.

Heridos, incautaciones y situación de orden público

En medio de los combates, cinco soldados resultaron heridos y fueron evacuados de manera oportuna hacia centros médicos en Cúcuta, donde reciben atención especializada.

Las Fuerzas Militares informaron que el estado de salud de los uniformados está siendo atendido bajo los protocolos establecidos, mientras continúan las operaciones en la zona.

Durante el desarrollo del operativo, las tropas lograron incautar armamento y material que evidenciaría la capacidad operativa del grupo armado. Entre los elementos decomisados se encuentran armas largas y cortas, cerca de 700 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material explosivo y más de 300 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Asimismo, fueron incautados equipos de comunicación como celulares y radios, que serían utilizados para coordinar acciones en el territorio.

En el lugar también fueron destruidos cuatro búnkeres y cuatro campamentos que, según las autoridades, eran utilizados por esta estructura para planear y ejecutar operaciones en la región.

Las Fuerzas Militares destacaron que este resultado representa un golpe significativo contra el ELN, especialmente en su capacidad para emplear tecnología como drones en acciones armadas, una modalidad que ha tenido un aumento en esta zona del país.

Los hechos se registran en medio de la compleja situación de orden público en el Catatumbo, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, lo que ha generado constantes enfrentamientos y afectaciones a la población civil.

Las autoridades reiteraron que continuarán las operaciones ofensivas con el objetivo de debilitar de manera sostenida a estas estructuras y reducir su capacidad de acción en el territorio.

El desarrollo de este tipo de operativos refleja la persistencia de las confrontaciones en la región y la necesidad de mantener presencia institucional para enfrentar los desafíos de seguridad en esta zona estratégica del país.

La Empresa de Acueducto de Bogotá recuperó más de $10.688 millones por fraudes en el consumo de agua. Las acciones se desarrollaron durante el primer trimestre de 2026, según información obtenida por Semana.

Las autoridades realizaron más de 3.000 inspecciones en Bogotá y Soacha para detectar irregularidades. Los operativos permitieron identificar múltiples conexiones ilegales.

Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Soacha fueron las zonas con mayor número de casos detectados. En estos sectores se concentraron las principales intervenciones.

Inspecciones y hallazgos por fraude en el consumo de agua

Durante los primeros meses de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en articulación con autoridades y alcaldías locales, adelantó un amplio plan de inspección para detectar irregularidades en el consumo de agua en la capital y municipios cercanos.

En total, se realizaron 3.095 inspecciones técnicas en 20 localidades de Bogotá y en Soacha, con intervenciones en viviendas, establecimientos comerciales y obras de construcción, donde se buscaba identificar posibles manipulaciones del servicio.

Como resultado de estos operativos, las autoridades identificaron 1.247 casos, equivalentes al 40 % de las revisiones, en los que se evidenciaron conductas relacionadas con el delito de defraudación de fluidos, según información obtenida por Semana.

Además, se logró recuperar un volumen de 1.468.531 metros cúbicos de agua que no estaba siendo registrado, lo que representa una cantidad significativa dentro del sistema de abastecimiento de la ciudad.

De acuerdo con datos entregados por la Alcaldía, este volumen equivale al consumo mensual de 133.502 familias de estrato 3, lo que evidencia el impacto que tienen estas prácticas ilegales sobre la prestación del servicio.

Las autoridades señalaron que estos fraudes no solo afectan las finanzas del sistema, sino que también generan desequilibrios en la distribución del recurso, lo que puede comprometer el acceso equitativo al agua para otros usuarios.

Modalidades de fraude y acciones de las autoridades

Las investigaciones permitieron establecer que las formas más comunes de fraude en el consumo de agua incluyen la instalación de conexiones ilegales a la red, la manipulación de medidores, las reconexiones no autorizadas y el retiro ilegal de equipos para acceder directamente al servicio.

Estas prácticas fueron detectadas en distintas zonas de la ciudad, aunque las localidades con mayor número de intervenciones fueron Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y el municipio de Soacha.

Uno de los casos más representativos ocurrió en febrero en la localidad de Kennedy, donde las autoridades identificaron un establecimiento de lavado de vehículos que operaba mediante un sistema ilegal conocido como bypass, el cual desviaba el agua antes del medidor para evitar su registro.

En este lugar se detectó el uso indebido de 8.171 metros cúbicos de agua, cuyo valor superaría los 66 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de este tipo de prácticas en algunos sectores.

Frente a este caso, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento en aplicación de la Ley 1801 de 2016, además de la captura del representante legal del local, quien enfrenta un proceso ante las autoridades judiciales por el delito de defraudación de fluidos.

En el marco de estas intervenciones, la EAAB radicó un total de 126 denuncias, relacionadas con irregularidades que comprometen aproximadamente 524.146 metros cúbicos adicionales de agua, avaluados en cerca de 4.730 millones de pesos.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral para combatir el uso ilegal del recurso hídrico y garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento en la ciudad.

“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas, sino que afecta la calidad del servicio, genera daños en la infraestructura y pone en riesgo el abastecimiento para la ciudadanía”, reiteró la EAAB, citado por Semana.

Las autoridades insistieron en que continuarán los operativos de control durante el año, con el fin de reducir estas prácticas ilegales y fortalecer la cultura de legalidad en el uso de los servicios públicos.

El balance del primer trimestre evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener vigilancia constante para proteger un recurso esencial como el agua en Bogotá y su área metropolitana.

Una docente en Barranquilla denunció amenazas extorsivas que obligaron a reforzar la seguridad en su colegio. La situación llevó a implementar vigilancia policial permanente en la institución, según información obtenida por el texto original.

Las intimidaciones incluían exigencias económicas y amenazas contra su vida y la de su familia. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa.

Autoridades investigan el origen de las amenazas mientras docentes alertan aumento de estos hechos. El fenómeno estaría impactando cada vez más al sector educativo.

Amenazas que obligan presencia policial en colegio

La rutina académica en la Institución Educativa Distrital Betania Norte, en Barranquilla, se ha visto alterada tras la implementación de vigilancia policial permanente como medida de protección frente a amenazas extorsivas dirigidas a una docente del plantel.

La decisión fue adoptada para garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo, en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre y el temor dentro de la comunidad educativa.

Según información oficial del colegio, la profesora comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia.

“Le exigían el pago de una suma cercana al millón de pesos a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia”, se detalla en el reporte del caso.

La situación no se limitó a una sola amenaza. Tras negarse a realizar el pago, las presiones aumentaron y los responsables incrementaron las sumas exigidas, intensificando el acoso contra la docente.

Ante este panorama, la profesora decidió acudir a las autoridades e instaurar la respectiva denuncia, activando los protocolos de protección y dando inicio a un proceso para salvaguardar su vida y la de sus allegados.

El caso ha generado preocupación entre padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos, así como entre docentes que deben continuar con sus labores en medio de un entorno de riesgo.

La extorsión, que tradicionalmente ha afectado sectores como el comercio, comienza a evidenciar un impacto creciente en el ámbito educativo, lo que enciende alertas sobre la expansión de este delito hacia nuevos escenarios.

Docentes en riesgo y llamado a medidas estructurales

El caso de la docente en Betania Norte no sería aislado. La Asociación de Educadores de Barranquilla ha advertido que los episodios de intimidación contra maestros han aumentado en los últimos meses, configurando un panorama preocupante para el sector.

Desde el gremio se señala que ejercer la docencia en determinadas zonas se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo, especialmente en áreas donde operan estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

El presidente de la organización ha cuestionado la capacidad de respuesta institucional frente a estos hechos, advirtiendo que la falta de acciones contundentes podría derivar en situaciones más graves.

Mientras tanto, la Policía Nacional ha reforzado su presencia en la institución educativa, con patrullajes constantes y acompañamiento durante la jornada escolar, como parte de las medidas adoptadas para contener el riesgo.

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y establecer si estas hacen parte de redes criminales con presencia en la ciudad.

Aunque la vigilancia policial ha generado una sensación de seguridad temporal, la comunidad educativa insiste en la necesidad de implementar soluciones de fondo que garanticen la protección a largo plazo.

El impacto de esta situación ya se refleja en la dinámica escolar. Algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases, mientras los docentes enfrentan el desafío de mantener la normalidad en medio de un ambiente de tensión.

Además de los riesgos para la integridad de las personas, este tipo de hechos afecta directamente el proceso educativo, ya que el aprendizaje se ve condicionado cuando el entorno está marcado por el miedo y la incertidumbre.

El caso también evidencia la evolución del delito de extorsión, que ha ampliado su alcance hacia sectores que antes no eran considerados objetivos principales, como el educativo.

Expertos en seguridad advierten que enfrentar este fenómeno requiere una estrategia integral que combine investigación, acción de las autoridades judiciales y medidas de prevención, junto con un acompañamiento constante a las víctimas.

La situación en Barranquilla reabre el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de fortalecer las acciones para proteger a los docentes, quienes cumplen un papel fundamental en la formación de la sociedad.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad educativa continúa sus actividades bajo vigilancia, reflejando un escenario en el que la seguridad se ha convertido en una prioridad urgente dentro de las aulas.

Las propuestas para restringir los debates presidenciales generaron un choque entre candidatos en plena campaña. Las diferencias evidencian tensiones sobre las reglas del juego electoral, según información obtenida por la Revista Semana.

Algunos aspirantes plantean limitar los debates a ciertos candidatos con mayor opción. Esto ha generado rechazo en otros sectores políticos.

El debate sobre la participación se convierte en un nuevo foco de confrontación. La discusión podría incidir en la recta final de la campaña presidencial.

Restricciones a debates generan división entre candidatos

La campaña presidencial entró en una nueva fase de confrontación luego de que varios candidatos propusieran limitar la participación en los debates, una situación que ha generado fuertes reacciones dentro del escenario político.

Una de las posturas más polémicas fue la del candidato Abelardo de la Espriella, quien planteó la posibilidad de realizar debates únicamente entre los aspirantes con mayores opciones en las encuestas.

“Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”, afirmó el candidato, citado por Semana.

Esta posición generó críticas entre otros aspirantes, quienes consideran que este tipo de planteamientos limita el acceso equitativo a espacios fundamentales para la exposición de propuestas ante el electorado.

A esta discusión se sumó el candidato Iván Cepeda, quien también fijó condiciones sobre su participación en los debates, señalando que estos deberían enfocarse en confrontaciones específicas entre sectores políticos opuestos.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso: los candidatos de la extrema derecha… La ciudadanía tiene el derecho a conocer las propuestas y confrontarlas con los candidatos de la extrema derecha”, expresó Cepeda, citado por ese medio de comunicación.

Estas declaraciones profundizaron la controversia, al plantear un escenario en el que no todos los aspirantes tendrían las mismas oportunidades de participar en los debates.

Reacciones y disputa por las reglas de la campaña

Las propuestas de restricción generaron inconformidad en otros candidatos, especialmente en aquellos que no están incluidos dentro de los escenarios planteados, quienes consideran que estas medidas afectan la equidad del proceso electoral.

Entre las voces críticas se encuentra el candidato Luis Gilberto Murillo, quien cuestionó abiertamente este tipo de iniciativas y defendió la necesidad de garantizar debates abiertos para todos los aspirantes inscritos.

“Estoy en el CNE presentando una queja porque estamos muy en contra de las declaraciones que han hecho algunos candidatos sobre la intención de excluir de manera arbitraria a candidatos a la Presidencia que estamos debidamente inscritos”, afirmó Murillo, citado por Semana.

El aspirante insistió en que la contienda electoral debe desarrollarse bajo principios de igualdad, permitiendo que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de todos los candidatos sin restricciones.

“No vamos a aceptar que, por arbitrariedades de algunos de los candidatos, se nos excluya. Necesitamos que los medios garanticen la igualdad de oportunidades”, agregó.

El candidato también hizo énfasis en que los debates son un espacio clave para el ejercicio democrático, ya que permiten contrastar visiones y propuestas frente al país.

En medio de esta controversia, la discusión sobre quiénes deben participar en los debates se convierte en un nuevo punto de tensión dentro de la campaña, evidenciando las diferencias estratégicas entre los aspirantes.

Por un lado, algunos candidatos buscan focalizar los debates en confrontaciones entre quienes lideran las encuestas o representan posturas ideológicas opuestas, mientras que otros defienden un modelo más incluyente.

Este escenario refleja la complejidad de la contienda electoral, en la que no solo se enfrentan propuestas de gobierno, sino también visiones sobre cómo debe desarrollarse el proceso democrático.

La polémica también pone en el centro del debate el papel de los medios de comunicación y las autoridades electorales en la definición de las reglas que regirán estos espacios.

A medida que avanza la campaña, la discusión sobre los debates presidenciales se perfila como un factor determinante en la visibilidad de los candidatos y en la formación de la opinión pública.

El desenlace de esta disputa podría influir directamente en el desarrollo de la recta final de la campaña y en las condiciones bajo las cuales los aspirantes presentarán sus propuestas al país.

El Clan del Golfo aseguró que no tiene menores de edad en sus filas tras un censo interno. La información fue presentada en el marco del proceso de diálogo con el Gobierno, según información obtenida por Blu Radio.

El Gobierno anunció que verificará los datos entregados por el grupo armado. Las autoridades deberán contrastar la información con investigaciones propias.

El informe hace parte del Mecanismo Tripartito de Seguimiento en los diálogos. Este documento evalúa avances y retos del proceso en varias regiones del país.

Informe del censo y postura del Gobierno

El más reciente informe del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV), elaborado en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, reveló que el grupo armado no reporta la presencia de menores de edad en sus estructuras.

El documento, que cubre el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, recoge los resultados de un censo interno realizado por el propio grupo, en el que, según su versión, no se identificaron niños, niñas o adolescentes en sus filas.

“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a)EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, señala el documento, citado por Blu Radio.

Pese a esta afirmación, el Gobierno dejó claro que la información no se asumirá como definitiva y que será objeto de verificación por parte de las instituciones del Estado.

Águeda Plata, delegada del Gobierno en las conversaciones, explicó que el mecanismo se basa en los datos reportados por el grupo armado, pero que corresponde a la institucionalidad contrastar esa información.

“El mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y la institucionalidad del Estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder de acuerdo con la ley”, indicó la funcionaria, citado por ese medio de comunicación.

Esta postura refleja la cautela del Gobierno frente a los datos entregados, en un tema sensible como el reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano.

Avances del proceso y retos en los territorios

El informe también recoge otras conclusiones sobre el estado del proceso de diálogo, señalando avances que, aunque considerados parciales, se concentran principalmente en la fase inicial de alistamiento institucional.

Entre estos avances se destacan la instalación del Mecanismo Tripartito, la definición de su marco operativo y la conformación de grupos de trabajo en municipios priorizados como Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó, así como Mutatá, en Antioquia.

En materia de desarrollo territorial, el documento señala progresos diferenciados en programas piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance en este componente.

“El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito… no obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria”, advierte el informe.

El documento también resalta la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar condiciones de seguridad, incorporar enfoques étnicos y fortalecer la infraestructura para facilitar la movilidad y el comercio en estas regiones.

Por su parte, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, defendió los resultados del censo y aseguró que estos reflejan una realidad verificable en el terreno.

“Esto puede ser, en principio, inverosímil, pero es una realidad… no ha habido un solo menor de edad que haya sufrido afectaciones”, afirmó, citado por Blu Radio.

En el ámbito institucional, el informe destaca que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha fortalecido su presencia en los municipios priorizados, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la niñez y promover entornos seguros.

Asimismo, se reporta el cumplimiento del compromiso de no interferencia en acciones relacionadas con minas antipersonal durante el periodo evaluado, sin incidentes atribuidos al grupo armado.

El documento también menciona la designación de un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como parte del fortalecimiento institucional en el proceso.

Finalmente, el mecanismo identificó retos clave para la siguiente fase del diálogo, entre ellos la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios, ampliar la participación de la sociedad civil y consolidar la articulación entre entidades a nivel nacional, departamental y local.

El desarrollo de este proceso continuará bajo monitoreo, mientras el Gobierno avanza en la verificación de la información entregada por el grupo armado, especialmente en lo relacionado con la posible ausencia de menores en sus filas.

El gremio ACICE alertó sobre el impacto de una regulación que estaría generando sobrecostos en el sector de combustibles. La duplicidad de trámites ha sido señalada como el principal problema, según información obtenida por Semana.

Los empresarios aseguran que deben cumplir con dos documentos que contienen la misma información. Esta situación estaría afectando directamente la operación y sostenibilidad de las compañías.

El sector advierte que los costos adicionales no pueden trasladarse al consumidor. Esto se debe a que sus márgenes están regulados por el Gobierno.

Duplicidad de trámites y efectos en el sector

La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) lanzó una advertencia al Gobierno Nacional sobre lo que considera una carga regulatoria excesiva que está impactando de manera directa la operación de las empresas del sector.

De acuerdo con el gremio, el principal problema radica en la exigencia simultánea de dos documentos: el Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte, los cuales contienen información idéntica relacionada con el traslado de combustibles.

Según explicó la organización, ambos registros incluyen datos como el origen, destino, volumen transportado y características del vehículo, lo que evidencia una duplicidad que, a su juicio, carece de justificación técnica y operativa.

Esta situación se traduce en un incremento de los costos administrativos para las empresas, que deben asumir el pago de ambos trámites sin recibir un valor agregado en términos de control o eficiencia del sistema.

El impacto es significativo si se tiene en cuenta que el sector opera bajo márgenes regulados por el Ministerio de Minas y Energía, lo que limita la posibilidad de trasladar estos costos al consumidor final.

En consecuencia, las compañías deben absorber directamente estos gastos adicionales, lo que reduce su rentabilidad y afecta su capacidad de inversión, operación y crecimiento dentro del mercado.

El gremio advirtió que esta carga regulatoria podría generar efectos negativos no solo para las empresas, sino también para la estabilidad del abastecimiento de combustibles en el país, en caso de que las condiciones económicas sigan deteriorándose.

Costos, pérdidas y llamado al Gobierno

La problemática se intensifica en los esquemas de distribución a múltiples clientes, donde el costo asociado al cumplimiento de estos requisitos puede superar incluso los márgenes permitidos por la regulación vigente.

En estos escenarios, las empresas enfrentan pérdidas operativas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de su actividad en determinadas rutas o regiones.

Desde ACICE se insiste en que esta situación genera una presión adicional sobre un sector que ya enfrenta múltiples desafíos operativos y regulatorios, lo que podría afectar su competitividad frente a otros mercados.

La representante legal del gremio señaló que la duplicidad de trámites no solo implica un mayor costo económico, sino también una carga administrativa innecesaria que ralentiza los procesos logísticos.

Ante este panorama, el gremio solicitó al Gobierno Nacional revisar la normativa vigente y avanzar hacia la unificación de criterios regulatorios que permitan simplificar los procedimientos.

En particular, propusieron que se reconozca la Guía Digital de Transporte como el único documento válido para estas operaciones, eliminando así la necesidad de tramitar el Manifiesto Electrónico de Carga de manera simultánea.

Esta medida, según ACICE, permitiría reducir costos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar condiciones más favorables para la operación de las empresas del sector energético.

Además, el gremio advirtió que mantener la actual duplicidad podría afectar la competitividad del país en materia logística y de distribución de combustibles, especialmente en un contexto donde la eficiencia operativa es clave.

Las empresas reiteraron la importancia de adoptar decisiones que faciliten la operación del sector, sin comprometer los mecanismos de control y vigilancia, pero evitando cargas innecesarias que impacten la sostenibilidad del negocio.

El llamado se da en un momento en el que el sector energético enfrenta retos estructurales y regulatorios, lo que refuerza la necesidad de revisar las normas vigentes para garantizar su funcionamiento eficiente y sostenible.

El Ministerio de Transporte anunció un decreto que permitirá regularizar el registro de vehículos de carga con inconsistencias. La medida establece un nuevo plazo para que propietarios se pongan al día, según información obtenida por Semana.

El Gobierno fijó un periodo de 18 meses para completar el proceso de normalización. Durante ese tiempo, los vehículos podrán seguir operando bajo ciertas condiciones.

También se habilitarán facilidades de pago para cumplir con los requisitos exigidos. La intención es reducir el impacto económico y ordenar el sistema.

Nuevo plazo y condiciones para regularizar vehículos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió un decreto en 2026 que establece nuevas disposiciones para resolver la situación de los vehículos de carga que presentan omisiones en su registro inicial, una problemática que ha generado incertidumbre en el sector.

La medida se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley 105 de 1993, normativa que regula el transporte como un servicio público esencial y que establece la responsabilidad del Estado en su control, vigilancia y adecuada prestación.

Con este nuevo decreto, las autoridades buscan ofrecer una salida a propietarios que no han podido completar el proceso de registro de sus vehículos, permitiéndoles formalizar su situación dentro de un plazo determinado.

“¿Qué cambia? Se abre un nuevo plazo de 18 meses para normalizar la situación. Además, habrá facilidades de pago: se podrá hacer en una o dos cuotas, y desde el primer pago el vehículo podrá seguir operando mientras completa el proceso”, señaló el Ministerio de Transporte, citado por Semana.

Esta disposición representa un alivio para los transportadores, quienes podrán continuar con sus actividades mientras avanzan en la regularización de sus documentos, evitando interrupciones en la prestación del servicio.

El decreto surge como respuesta a una problemática persistente dentro del sector transporte, donde múltiples vehículos operaban con inconsistencias en su registro inicial, lo que dificultaba la supervisión por parte de las autoridades y generaba riesgos en términos de legalidad y control.

Cambios normativos y advertencias por incumplimiento

Uno de los aspectos centrales de la nueva norma es la modificación de disposiciones previas contenidas en el Decreto 1079 de 2015, especialmente en lo relacionado con la vigencia y derogatoria de artículos que regulaban el registro de vehículos de carga.

Estos ajustes buscan actualizar el marco normativo y ofrecer herramientas más efectivas para atender irregularidades que han sido recurrentes en el sector.

Adicionalmente, el decreto introduce medidas específicas para corregir errores en el peso registrado de los vehículos, un aspecto clave para garantizar la correcta operación dentro del sistema de transporte.

“También habrá ajustes para vehículos con errores en su peso registrado y reglas claras: quienes no se pongan al día dentro del plazo se exponen a sanciones. La idea es clara: ordenar el sistema, facilitar el proceso y que más transportadores puedan trabajar sin trabas”, indicó la cartera de transporte, citado por Semana.

Las autoridades advirtieron que, aunque se trata de una oportunidad para regularizar la situación, quienes no cumplan con el plazo establecido podrán enfrentar sanciones, lo que refuerza la importancia de acogerse a esta medida dentro del tiempo previsto.

El decreto también establece que el proceso de normalización permitirá mejorar la transparencia en el sector y fortalecer la legalidad en las operaciones de transporte de carga, un objetivo clave para las autoridades.

Además, se busca facilitar la supervisión y control por parte de las entidades encargadas, al contar con información más precisa y actualizada sobre los vehículos que operan en el país.

La norma representa un paso hacia la formalización del sector transporte, permitiendo que más actores puedan operar dentro del marco legal sin enfrentar barreras administrativas que dificulten su actividad económica.

En paralelo, el Ministerio de Transporte reiteró que continuará trabajando en medidas que fortalezcan la regulación del sector, con el fin de garantizar condiciones equitativas y seguras para todos los actores involucrados.

El desarrollo de este decreto evidencia la necesidad de ajustar constantemente las normas para responder a las dinámicas del sector transporte y corregir vacíos que han permitido la acumulación de irregularidades en el registro de vehículos de carga en Colombia.

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un Consejo de Ministros. Sus declaraciones se dieron en medio de una creciente tensión entre ambos países, según información obtenida por Semana.

El mandatario colombiano cuestionó decisiones políticas y comerciales del gobierno ecuatoriano. También lo vinculó con sectores de derecha y antiguos gobiernos en Colombia.

Las afirmaciones se producen en un contexto de confrontación diplomática y diferencias ideológicas. La situación ha escalado por declaraciones cruzadas entre ambos líderes.

Petro endurece su discurso contra Noboa

Durante el Consejo de Ministros del martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse de manera crítica al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de las tensiones que han marcado la relación entre ambos gobiernos.

El jefe de Estado colombiano aseguró que Noboa estaría alineado con sectores políticos de derecha y lo vinculó con figuras del escenario político colombiano, en declaraciones que profundizan el enfrentamiento entre los dos países.

“Hoy tenemos un presidente ecuatoriano acusándonos de lo que no hicimos, porque Duque es su amigo, porque son de derecha extrema y porque están ligados a una red de Miami de extremas derechas mundiales”, afirmó Gustavo Petro, citado por Semana.

El mandatario no solo reiteró sus críticas, sino que además las sostuvo sin matices, insistiendo en su postura frente a lo que considera una confrontación ideológica con el gobierno ecuatoriano.

“Lo digo sin arrepentir, porque ahí están las pruebas, sino porque mataron 6.402 jóvenes en el gobierno Uribe, o doscientos mil ciudadanos y ciudadanas colombianas en la alianza narcoestatal”, agregó el presidente, citado por ese medio de comunicación.

En sus declaraciones, Petro también señaló que Noboa estaría relacionado con sectores que, según su visión, han influido en el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia.

“El señor Noboa es aliado de los señores dirigentes colombianos que han agenciado el crecimiento del cultivo de hojas de coca en este país, por ignorancia, por sectarismo, porque no quieren la paz”, sostuvo el mandatario.

Comercio, tensiones y nuevas acusaciones

El presidente colombiano también abordó el impacto de las decisiones comerciales adoptadas por Ecuador, señalando que estas podrían afectar la salida de productos hacia el Caribe.

“Eso ya no lo podrá hacer Noboa, porque se cierra el comercio él mismo. Entonces, ¿cómo sale el Caribe? Por ningún lado”, afirmó Petro al referirse a las restricciones comerciales, citado por Semana.

El mandatario planteó que estas decisiones podrían limitar el desarrollo económico del país vecino y cuestionó las implicaciones de las alianzas internacionales que, según él, estarían influyendo en la política ecuatoriana.

“Entonces, ¿cómo se desarrolla un país? Pues tiene que irse a China… ¿Ecuador qué va a hacer? Una estupidez lo que hace su dirigencia en este momento”, expresó el presidente, citado por ese medio de comunicación.

Las declaraciones se producen en medio de un contexto de creciente tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, marcado por diferencias en políticas comerciales, posturas ideológicas y acusaciones públicas entre los mandatarios.

En la parte final de su intervención, Petro también respondió a señalamientos que lo vinculan con el narcotraficante ecuatoriano alias Fito, rechazando esas versiones y cuestionando el origen de dichas acusaciones.

“Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacerle ganar elecciones a la extrema derecha… y entonces me ponen de aliados de una serie de criminales”, manifestó el mandatario colombiano.

Asimismo, explicó detalles sobre un viaje realizado a Ecuador, asegurando que su visita tuvo fines oficiales y que existen testigos que respaldan su versión frente a los señalamientos.

El presidente concluyó sus declaraciones insistiendo en que las acusaciones en su contra carecen de sustento y forman parte de una narrativa política en medio del actual escenario de confrontación.

Este nuevo episodio refleja el deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, en un momento en el que las diferencias políticas y económicas han escalado a un nivel de confrontación directa entre sus principales líderes.

El asesinato de una psicóloga en un hogar de paso en Barrancabermeja continúa generando impacto nacional. Nuevos detalles revelan que la víctima ya había advertido sobre riesgos previos, según información obtenida por la Revista Semana.

La mujer habría sido amenazada días antes por adolescentes bajo su cuidado. El caso expone posibles fallas en las condiciones de seguridad dentro del sistema.

El crimen reabre el debate sobre la protección del personal en estos espacios. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Amenazas previas y advertencias ignoradas

El asesinato de Karelis Ismerlano, trabajadora de un hogar de paso en Barrancabermeja, ha generado conmoción en todo el país, especialmente tras conocerse nuevos detalles que apuntan a que el riesgo al que estaba expuesta ya había sido advertido días antes del crimen.

La mujer fue encontrada sin vida el pasado 9 de abril dentro de una fundación ubicada en el barrio La Libertad, luego de ser atacada por varios adolescentes que estaban bajo su cuidado. El caso ha cobrado relevancia por las circunstancias en las que ocurrió y por las alertas previas que, según su entorno cercano, no habrían sido atendidas.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Alejandro Cabarcas, la víctima enfrentaba condiciones laborales exigentes, con turnos nocturnos en diferentes hogares del ICBF, lo que implicaba una exposición constante a situaciones de riesgo.

“A ella le tocaba hacer turnos en diferentes casas… pasaba toda la noche en esa casa del ICBF”, relató Cabarcas, citado por Semana, al explicar el contexto en el que se desempeñaba la psicóloga.

El hombre también señaló que en el lugar donde ocurrió el crimen ya se habían presentado problemas de convivencia con algunos de los jóvenes. “En esa casa había dos pelados, ya grandes”, indicó, citado por ese medio de comunicación.

Según su relato, estos adolescentes mostraban comportamientos agresivos y reiteradas actitudes hostiles hacia la víctima. “Empiezan a decirle groserías, la insultaban, la trataban mal”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando, tras un altercado que obligó a la intervención de la Policía, uno de los jóvenes lanzó una amenaza directa. “El pelado la señala y le dice: ‘ah, sí, usted me las paga’”, recordó, citado por ese medio de comunicación.

Días después, la situación habría escalado aún más con un presunto intento de intoxicación dentro del mismo hogar. “Me dijo: ‘Esos chinos me tuvieron que haber echado algo en el agua’”, relató Cabarcas, citado por ese medio de comunicación. Exámenes médicos confirmaron la presencia de medicamentos en su organismo.

A pesar de estos antecedentes, la mujer regresó a trabajar al mismo lugar, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la gestión del riesgo en este tipo de instituciones.

La noche del crimen y cuestionamientos al sistema

Los detalles sobre la noche del crimen reflejan un escenario de alta tensión que terminó en un desenlace fatal. Según el testimonio conocido a través del pódcast Conducta Delictiva, los hechos habrían ocurrido en medio de un episodio de violencia extrema dentro del hogar.

“Ya era una noche de terror, ya era algo escalofriante”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación, al referirse a lo sucedido.

El relato también señala que una menor habría presenciado los hechos, lo que agrava la dimensión del caso y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que convivían los adolescentes dentro del lugar.

De acuerdo con la información conocida, en la vivienda convivían varios jóvenes, incluyendo una menor de 15 años, lo que habría generado conflictos adicionales. “Llegó una joven… y el comportamiento de estos pelados inmediatamente es empezar a morbosearla”, indicó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

Para protegerla, la víctima habría tenido que tomar medidas adicionales dentro del hogar. “Le tocaba encerrar a la niña… porque el peligro es latente en las noches”, relató, citado por ese medio de comunicación.

Estos elementos han reabierto el debate sobre las condiciones de funcionamiento de los hogares de paso y la capacidad del sistema para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los menores bajo protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que los hechos ocurrieron en una fundación que presta servicios a la entidad y que el caso se encuentra en investigación.

Además, indicó que, debido a que los responsables son menores de edad, su identidad está protegida, aunque la institución manifestó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Karelis Ismerlano continúa generando cuestionamientos sobre la prevención de riesgos en estos espacios y la necesidad de fortalecer los protocolos para evitar que situaciones similares se repitan.

La Procuraduría realiza una visita a la Nueva EPS para revisar su intervención y solicitar documentos. La acción busca verificar el proceso adelantado por la Superintendencia de Salud, según información obtenida por Revista Semana.

La entidad pedirá explicaciones sobre decisiones adoptadas y acceso a sistemas internos. También evaluará posibles riesgos en la gestión del sistema.

El caso genera preocupación en medio de críticas por recientes nombramientos en el sector salud. Pacientes y organizaciones han manifestado inquietudes.

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Procuraduría inicia revisión del proceso de intervención

Una comisión de la Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública inició una visita administrativa a la sede principal de la Nueva EPS en Bogotá, con el objetivo de revisar el proceso de intervención adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud.

La diligencia, realizada el 20 de abril, se enmarca en las funciones de vigilancia preventiva de la entidad, que buscan anticiparse a posibles riesgos en la gestión pública y proteger los derechos de los ciudadanos.

Según el oficio de la Procuraduría, la delegación solicitará documentos, acceso a sistemas y explicaciones tanto a la Superintendencia de Salud como al agente interventor recientemente designado, Jorge Iván Ospina.

“Se pone de presente el alcance y límites de la función preventiva integral, la cual busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas”, señala el documento, citado por Semana.

La entidad aclaró que este tipo de actuaciones no implica injerencia en las decisiones administrativas, financieras o técnicas de las entidades intervenidas, sino que tiene un carácter preventivo orientado a detectar posibles irregularidades.

“La actuación preventiva se desarrolla en forma independiente de las demás funciones misionales… y no implica coadministración”, indica el documento, citado por ese medio de comunicación.

Esta revisión se produce en un momento de alta sensibilidad para el sistema de salud, en el que usuarios han reportado cancelaciones de citas y demoras en tratamientos, lo que ha incrementado la atención sobre el funcionamiento de la Nueva EPS.

La Procuraduría busca establecer si el proceso de intervención se está desarrollando conforme a la normativa vigente y si existen riesgos que puedan afectar la prestación del servicio a millones de afiliados.

Cuestionamientos por nombramientos y situación del sistema

El proceso de intervención de la Nueva EPS también ha estado rodeado de cuestionamientos, especialmente por la designación de Jorge Iván Ospina como agente interventor.

Diversos sectores han expresado preocupación por este nombramiento, señalando que podría afectar la confianza en la gestión de la entidad en medio de la crisis del sistema de salud.

Entre las voces críticas se encuentra la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que manifestó inquietudes tanto por la llegada de Ospina como por el posible nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.

“Advertimos con profunda preocupación que, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes… no nos generan confianza”, indicó la organización, citada por ese medio de comunicación.

La federación también señaló que estos nombramientos podrían incrementar la incertidumbre entre los pacientes, quienes ya enfrentan dificultades en el acceso a servicios médicos.

“Aumenta la incertidumbre, profundiza el riesgo y nos envía un mensaje a los pacientes del país”, agregó, citada por ese medio de comunicación.

Además, la organización enfatizó que los cuestionamientos sobre estos funcionarios se relacionan con la necesidad de garantizar transparencia y confianza en la administración del sistema de salud.

El contexto en el que se desarrolla esta intervención está marcado por múltiples tensiones, incluyendo denuncias de usuarios sobre fallas en la atención, retrasos en tratamientos y dificultades en la prestación de servicios.

En este escenario, la actuación de la Procuraduría cobra relevancia como mecanismo de seguimiento y control, con el fin de identificar posibles irregularidades y prevenir afectaciones mayores a los afiliados.

La revisión en curso podría aportar elementos clave para esclarecer el manejo de la intervención y determinar si las decisiones adoptadas cumplen con los estándares requeridos en la administración pública.

Mientras tanto, el proceso continúa bajo observación, en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, donde las decisiones institucionales tienen un impacto directo sobre millones de usuarios.

La compra de carros usados en Colombia sigue siendo una opción frecuente para reducir costos. Sin embargo, este mercado también está expuesto a estafas y fraudes, según información obtenida por Revista Semana.

Expertos advierten sobre la importancia de verificar documentos y antecedentes del vehículo. Estas medidas permiten evitar problemas legales y pérdidas económicas.

Las recomendaciones incluyen revisar el historial, confirmar identidad del vendedor y validar el traspaso. Estas acciones son clave para una compra segura.

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Recomendaciones clave para evitar fraudes en la compra de vehículos

La compra y venta de carros usados se ha consolidado como una de las transacciones más comunes en Colombia, especialmente entre quienes buscan alternativas más económicas frente a los vehículos nuevos.

No obstante, este tipo de operaciones también representa un escenario propicio para fraudes, engaños y prácticas ilegales que afectan a cientos de personas cada año.

Ante este panorama, el experto Julián Acosta, director de Innovación de la empresa Intempo, entregó una serie de recomendaciones orientadas a reducir los riesgos asociados a este tipo de negocios.

El primer aspecto que destacó es la necesidad de verificar el estado legal del vehículo antes de realizar cualquier transacción. Esto implica revisar si el automóvil presenta multas, embargos o algún tipo de restricción que pueda afectar su traspaso.

Según explicó el experto, esta información puede consultarse en plataformas oficiales, lo que permite conocer el historial del vehículo y evitar inconvenientes jurídicos en el futuro.

Otro punto clave es confirmar la identidad del vendedor. Es fundamental asegurarse de que la persona que ofrece el vehículo sea realmente su propietario o, en caso contrario, que cuente con la autorización legal correspondiente para realizar la venta.

En este sentido, se recomienda verificar los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde se puede comprobar la titularidad del vehículo y evitar posibles suplantaciones.

Adicionalmente, Acosta advirtió sobre la importancia de no realizar pagos anticipados. Entregar dinero antes de completar el proceso de compra puede exponer al comprador a fraudes, especialmente en transacciones realizadas por medios digitales o con intermediarios no verificados.

Para minimizar estos riesgos, sugirió utilizar herramientas tecnológicas que permitan asegurar el dinero hasta que el traspaso del vehículo haya sido finalizado correctamente.

Verificación de documentos y proceso de traspaso

Otro de los aspectos fundamentales al momento de adquirir un carro usado es comprobar que las características del vehículo coincidan con la información registrada en los documentos oficiales.

Esto incluye verificar los números del motor, el chasis y demás datos consignados en la tarjeta de propiedad, con el fin de garantizar que no existan inconsistencias que puedan generar problemas legales.

Asimismo, es recomendable revisar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica, ya que estos documentos son indispensables para la circulación del vehículo y reflejan su estado general.

El proceso de traspaso es otro elemento determinante en la compra de un automóvil usado. La transacción no se considera finalizada hasta que el sistema del RUNT registre oficialmente al nuevo propietario.

Por esta razón, se aconseja realizar seguimiento al proceso y no entregar el dinero ni el vehículo hasta que el traspaso esté debidamente registrado, lo que garantiza seguridad tanto para el comprador como para el vendedor.

Además de estas recomendaciones, se sugiere investigar los antecedentes del vendedor y, de ser posible, realizar un peritaje técnico al vehículo para verificar su estado mecánico y estructural antes de concretar la compra.

Este tipo de medidas permite reducir significativamente los riesgos asociados a fraudes y asegura que la inversión se realice de manera informada y segura.

El mercado de vehículos usados continuará siendo una alternativa relevante para los colombianos, pero su crecimiento también exige mayor precaución por parte de los compradores, quienes deben adoptar prácticas responsables para evitar caer en engaños.

En este escenario, la verificación de información, la validación de documentos y el cumplimiento adecuado de los procesos legales se consolidan como herramientas fundamentales para garantizar transacciones transparentes y seguras en el país.

Una nueva convocatoria ofrece 100 becas parciales para estudiar doctorados con financiación de hasta el 55 %. Está dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría, según información obtenida por Revista Semana.

El programa busca fortalecer la formación académica en regiones y ampliar el acceso a estudios avanzados. La inscripción para la primera cohorte cierra el 24 de abril.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos académicos y presentar documentación básica para aplicar. No se exige propuesta de investigación ni certificación laboral.

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Convocatoria de becas para doctorado y enfoque regional

Cada vez más profesionales en Colombia buscan avanzar en su formación académica mediante estudios de doctorado, motivados por la posibilidad de acceder al más alto nivel educativo, mejorar su perfil laboral y generar impacto a través de la investigación.

En respuesta a esta tendencia, se lanzó una nueva convocatoria que ofrece 100 becas parciales de hasta el 55 %, orientadas a facilitar el acceso a programas doctorales a profesionales que residen en distintas regiones del país.

La iniciativa, denominada ‘Del 0.2 al 2.0: doctorados que llegan a territorios’, busca descentralizar la educación superior y llevar oportunidades académicas a zonas donde tradicionalmente el acceso a este tipo de formación es limitado, según información obtenida por Semana.

Este programa cuenta con alianzas con entidades territoriales como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras, con el objetivo de ampliar su cobertura y facilitar la participación de aspirantes en diferentes regiones.

La propuesta está dirigida principalmente a docentes en ejercicio, tanto del sector público como privado, desde educación básica hasta educación superior, así como a funcionarios públicos y profesionales que ya cuenten con título de maestría.

Además, se busca que los aspirantes tengan un impacto directo en sus comunidades, de modo que los conocimientos adquiridos durante el doctorado puedan traducirse en beneficios concretos para sus entornos laborales y sociales.

Requisitos, fechas y proceso de inscripción

El proceso de inscripción para la cohorte que iniciará en mayo tiene como fecha límite el 24 de abril, lo que ha generado expectativa entre los interesados, debido al corto plazo disponible para completar la postulación.

Posteriormente, se abrirá una nueva convocatoria el 11 de mayo, lo que permitirá a más profesionales participar en este programa de formación avanzada.

Para aplicar, los aspirantes deben ingresar al portal habilitado y diligenciar sus datos personales, seleccionar la universidad correspondiente y completar el proceso de inscripción en el programa doctoral de su interés.

Entre los documentos requeridos se encuentran el diploma de pregrado y de maestría, así como los certificados de notas de ambos niveles académicos, además de la hoja de vida y una carta de motivación que sustente su interés en el programa.

Una de las características destacadas de esta convocatoria es que no se exige certificado laboral ni la presentación de una propuesta de investigación o ensayo, lo que reduce las barreras de acceso para los aspirantes.

Este aspecto busca facilitar la participación de profesionales que, aunque cuentan con la formación académica requerida, no han tenido la oportunidad de estructurar proyectos formales de investigación.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para fortalecer la educación superior en el país, especialmente en regiones donde el acceso a estudios de alto nivel es limitado, contribuyendo así al desarrollo académico y profesional de los participantes.

Además, iniciativas como esta apuntan a consolidar redes académicas, fomentar la investigación y mejorar la calidad de la educación en Colombia, al permitir que más profesionales accedan a programas doctorales sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

El interés por este tipo de programas continúa en aumento, en un contexto en el que la formación avanzada se ha convertido en un factor clave para la competitividad laboral y el desarrollo de proyectos de alto impacto en distintos sectores del país.

Siete personas fueron vinculadas a una investigación por presuntamente certificar conductores sin cumplir requisitos. Los implicados harían parte de una escuela de conducción en Boyacá, según información obtenida por Revista Semana.

Las autoridades judiciales señalan que los usuarios obtenían licencias sin asistir a clases prácticas. El caso involucra registros falsos en sistemas oficiales.

Los hechos habrían ocurrido entre enero y septiembre de 2024 en el municipio de Samacá. La investigación sigue en curso y busca establecer responsabilidades.

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Certificados irregulares y manipulación de sistemas

Una investigación adelantada por las autoridades judiciales dejó al descubierto un presunto esquema irregular dentro de una escuela de conducción en el municipio de Samacá, Boyacá, donde siete personas habrían participado en la expedición de certificados de aptitud sin que los usuarios cumplieran con los requisitos exigidos por la ley.

De acuerdo con la información conocida, los implicados habrían entregado estos certificados a personas que no asistieron a las clases prácticas obligatorias, permitiéndoles acceder a licencias de conducción mediante pagos en efectivo.

“Las autoridades judiciales pusieron al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud”, según información obtenida por Semana.

El caso evidencia un presunto uso indebido de los sistemas que se articulan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad, en los que se registraban datos falsos para simular que los aspirantes habían aprobado todas las pruebas requeridas.

Según las investigaciones, los involucrados habrían consignado información adulterada en las plataformas oficiales, validando procesos que en la práctica nunca se realizaron, lo que permitió que los usuarios accedieran a documentos oficiales sin cumplir las condiciones establecidas.

Las irregularidades detectadas se habrían presentado en al menos 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre de 2024, lo que ha encendido las alertas sobre posibles fallas en los controles de este tipo de centros de formación.

Además, las autoridades señalaron que los implicados habrían utilizado su rol dentro de la institución para alterar planillas y reportar que los aprendices completaban las clases prácticas, cuando en realidad no asistían o no cumplían con la intensidad exigida por la normativa vigente.

Delitos imputados y avance de la investigación

Las personas vinculadas al caso fueron identificadas como Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

A estos implicados se les atribuyen los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, cargos que no fueron aceptados, según información obtenida por ese medio de comunicación.

Las autoridades judiciales también indicaron que, además de la manipulación de registros, los investigados habrían realizado procedimientos biométricos irregulares para dar apariencia de legalidad a los trámites, lo que refuerza la hipótesis de una operación sistemática.

“Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban”, según información obtenida por ese medio de comunicación.

Este tipo de prácticas, de comprobarse, representarían una grave afectación al sistema de expedición de licencias de conducción, ya que permitirían que personas sin la formación adecuada circulen en las vías, incrementando riesgos para la seguridad vial.

En el desarrollo del caso, las autoridades lograron la captura de siete personas, quienes ahora enfrentan un proceso judicial mientras se recopilan más pruebas para determinar el alcance total de las irregularidades.

La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se definan nuevas etapas procesales, incluyendo la posible radicación de un escrito de acusación que permita avanzar hacia una eventual condena.

Este caso ha generado preocupación sobre la supervisión de los centros de formación automovilística y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que este tipo de irregularidades se repitan en el país.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las indagaciones con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y establecer si existen más personas involucradas en esta presunta red de corrupción.

El candidato Abelardo de la Espriella denunció una presunta campaña para desprestigiarlo en plena contienda electoral. La declaración fue realizada a través de sus redes sociales, según información obtenida por Revista Semana.

El aspirante también se refirió a la llamada Operación Júpiter y descartó declararse víctima. Aseguró que continuará su camino político sin afectaciones.

En su pronunciamiento, lanzó críticas contra sus contendores y defendió su independencia política. El mensaje se dio a pocas semanas de la primera vuelta presidencial.

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Denuncia de campaña de desprestigio y postura frente a Operación Júpiter

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó una declaración pública el lunes 20 de abril en la que denunció que, en su contra, se estaría desarrollando una “campaña sucia” con el objetivo de afectar su imagen y debilitar su aspiración de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

La intervención fue transmitida a través de sus redes sociales, donde expuso su posición frente a lo que considera una estrategia para perjudicar su candidatura en un momento clave del proceso electoral.

Durante su mensaje, el aspirante hizo referencia directa a la llamada Operación Júpiter, señalando que, aunque este tema ha tenido repercusiones en su imagen pública, ha decidido no asumirse como víctima dentro de esta controversia.

“Así que con la Operación Júpiter no me voy a declarar víctima, queridos compatriotas, porque veo que les ha salido ese parapeto muy mal”, expresó Abelardo de la Espriella, citado por Semana.

En la misma intervención, el candidato aseguró que continuará su campaña sin verse afectado por los cuestionamientos, afirmando que mantiene respaldo ciudadano. “Yo sigo mi camino sin rasguños y sin heridas, porque me cubre el manto del fervor de la gente del pueblo y la protección divina de Dios”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

El aspirante también reiteró que, dentro de su visión política, identifica como principales adversarios al presidente Gustavo Petro y al también candidato Iván Cepeda, en el marco de la disputa electoral.

Mensajes políticos, críticas y defensa de su candidatura

En su declaración, Abelardo de la Espriella profundizó en su discurso político, insistiendo en que su candidatura representa una alternativa independiente frente a las estructuras tradicionales del poder.

“Lo que veo de la tal operación Júpiter es que tal vez para los de siempre el enemigo sea yo. Eso no me importa, me tiene sin cuidado”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, al referirse a las críticas que han surgido alrededor de este tema.

Asimismo, el candidato aseguró que su proyecto político está enfocado en transformar el panorama nacional y en representar a sectores que, según él, no han tenido participación en la política tradicional.

“Esto no es con los de siempre, esto es con nosotros los nunca, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”, manifestó, citado por ese medio de comunicación.

En ese mismo discurso, destacó que su campaña no está respaldada por grandes capitales, enfatizando en la idea de independencia económica y política como uno de los pilares de su aspiración presidencial.

“No me financian los grandes capitales”, aseguró, citado por ese medio de comunicación, al tiempo que defendió su capacidad para asumir decisiones en el país.

El candidato también expresó confianza en el resultado electoral, señalando que espera un respaldo significativo en las urnas. “Vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, proyectando un escenario favorable para su campaña.

La polémica en torno a la Operación Júpiter se intensificó luego de que la Revista Raya divulgara una investigación sobre una estrategia que, según el medio, tendría incidencia en el ámbito político y empresarial.

De acuerdo con esa publicación, dicha iniciativa habría impactado a cerca de 40.000 empleados en el país, lo que ha generado debate sobre su alcance y posibles implicaciones en el contexto electoral.

En medio de este escenario, la declaración de Abelardo de la Espriella se suma a la tensión política que caracteriza la etapa previa a las elecciones presidenciales, en la que los candidatos buscan consolidar apoyos y responder a cuestionamientos públicos.

El pronunciamiento también refleja el clima de confrontación que se vive en la campaña, donde los señalamientos, las denuncias y las estrategias comunicativas se convierten en elementos centrales del debate político nacional.

La Universidad Nacional de Colombia modificó su calendario académico para el 2026 y extendió el primer semestre hasta el 25 de julio. La decisión busca garantizar el cierre adecuado de actividades en todas las sedes, según información obtenida por Revista Semana.

Los cambios incluyen nuevas fechas para clases, registro de notas, admisiones y ceremonias de grado. La decisión se tomó tras una revisión interna con directivos académicos, según información obtenida.

El segundo semestre iniciará el 24 de agosto y tendrá ajustes en todo su cronograma. Las autoridades indicaron que el calendario seguirá sujeto a evaluación permanente.

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Cambios en el calendario académico del primer semestre

La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia emitió la Resolución 346 de 2026, mediante la cual se introdujeron modificaciones relevantes en el calendario académico del año en curso. La decisión responde a la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades en todas las sedes de la institución.

El ajuste se dio luego de una consulta realizada el pasado 7 de abril con decanos, directores de sedes de presencia nacional y vicerrectores, quienes analizaron las condiciones necesarias para asegurar la culminación del semestre 2026-1 sin afectar la calidad académica.

Como resultado de este proceso, se estableció que la finalización de clases del primer semestre se extenderá hasta el 25 de julio, lo que implica una ampliación significativa frente al cronograma inicialmente previsto.

Asimismo, se definió que el plazo máximo para el registro del 100 % de las calificaciones en el Sistema de Información Académica (SIA) será el 29 de julio a las 8:00 p.m., con el objetivo de garantizar que todos los procesos académicos queden debidamente cerrados.

La institución explicó que estos cambios responden a la necesidad de evaluar de manera permanente la reanudación de actividades en cada sede, teniendo en cuenta las condiciones particulares de funcionamiento en las distintas regiones del país.

Además, se contempló la implementación de un periodo intersemestral opcional entre el 22 de junio y el 24 de julio en sedes como Manizales, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco. Este espacio dependerá de la disponibilidad de asignaturas y de los recursos académicos en cada sede.

Nuevas fechas de admisión y cierre del año académico

El calendario también define los tiempos correspondientes al segundo semestre de 2026, que iniciará formalmente sus clases el 24 de agosto, luego del proceso de inscripción de asignaturas que se desarrollará hasta el día inmediatamente anterior.

Para este segundo ciclo académico, la finalización de clases quedó programada para el 12 de diciembre, mientras que el registro total de calificaciones deberá completarse antes de las 8:00 p.m. del 18 de diciembre, manteniendo la estructura de cierre académico establecida por la institución.

En cuanto a los procesos de admisión, la Universidad Nacional estableció que los exámenes para programas de pregrado se realizarán el 20 de septiembre, una fecha clave para miles de aspirantes en todo el país. Por su parte, las pruebas de posgrado se llevarán a cabo el 16 de octubre, como parte del proceso regular de ingreso.

Adicionalmente, la resolución incluyó ajustes en las ceremonias de grado. La segunda jornada del año se desarrollará entre el 3 y el 14 de noviembre, con un periodo de inscripción de candidatos que irá del 31 de agosto al 15 de septiembre, permitiendo organizar de manera anticipada estos procesos administrativos.

Las autoridades universitarias señalaron que todas estas fechas están sujetas a seguimiento permanente, debido a que dependen de factores académicos y operativos en cada sede. Esto implica que el calendario podría presentar ajustes adicionales si las condiciones lo requieren.

El objetivo principal de estas modificaciones es garantizar la continuidad del proceso educativo, ofreciendo mayor flexibilidad a estudiantes y docentes en un año que ha requerido ajustes institucionales para asegurar el cumplimiento de las actividades académicas.

De esta manera, la Universidad Nacional busca mantener la estabilidad de su calendario, adaptándose a las dinámicas internas y garantizando que los procesos de formación, evaluación y graduación se desarrollen conforme a los estándares establecidos por la institución.

Rappi confirmó el bloqueo de más de 2.300 cuentas de domiciliarios tras detectar irregularidades en la plataforma. La decisión generó protestas en distintos puntos de Bogotá, según información obtenida por el periódico El Tiempo.

Los repartidores salieron a las calles para exigir la reactivación de sus cuentas y mejores garantías laborales. Las manifestaciones se registraron durante la jornada del 20 de abril.

La empresa defendió su actuación y aseguró que responde a incumplimientos graves de los términos y condiciones. También indicó que mantiene canales de revisión para cada caso.

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Rappi explica razones de bloqueos y defiende controles

Durante la jornada del lunes 20 de abril, domiciliarios realizaron protestas en distintos sectores de Bogotá en rechazo al bloqueo de cuentas dentro de la aplicación de Rappi, una situación que generó congestión y tensión en varias zonas de la ciudad.

Tras varias horas de manifestaciones, la empresa emitió un comunicado en el que explicó que “más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas tras la detección de varias irregularidades en su uso”, citado por EL TIEMPO.

Según la compañía, la decisión se tomó luego de reforzar los controles de seguridad en la plataforma, en línea con su política de prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso del servicio.

“En Rappi somos conscientes de los riesgos asociados al uso indebido de cuentas y los gestionamos de manera activa y permanente”, señaló la empresa, citado por ese medio de comunicación.

Los cambios que dieron origen a la controversia comenzaron a implementarse desde el pasado 17 de marzo, cuando entraron en funcionamiento nuevas reglas enfocadas en la detección de comportamientos irregulares dentro de la aplicación.

Entre las principales causas de los bloqueos, la empresa enumeró prácticas como el uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en la información financiera, el alquiler o uso compartido de perfiles, así como comportamientos asociados a fraude o faltas graves.

Rappi insistió en que estos controles buscan proteger tanto a los usuarios como a los repartidores que operan de manera adecuada dentro de la plataforma, asegurando condiciones de transparencia y confianza en el servicio.

Protestas, reclamos y canales de revisión

Las medidas adoptadas por la empresa generaron inconformidad entre un grupo de domiciliarios, quienes salieron a protestar en la ciudad para exigir la reactivación de sus cuentas y denunciar posibles afectaciones a su trabajo.

Los manifestantes aseguraron que algunos bloqueos no corresponden a irregularidades reales y pidieron que se revisen los casos de manera individual, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de quienes dependen de la plataforma.

Frente a estas críticas, la empresa destacó que cuenta con un sistema robusto de control que incluye validación de identidad desde el registro, monitoreo permanente y herramientas tecnológicas para detectar patrones irregulares.

“Realizamos más de 29.000 validaciones diarias, con cerca del 25 % de intentos de registro rechazados por no cumplir nuestros estándares”, explicó Rappi, citado por ese medio de comunicación.

La compañía también indicó que trabaja de manera articulada con las autoridades para investigar posibles irregularidades y garantizar el debido proceso en cada caso, enfatizando que las sanciones aplicadas no representan a la totalidad de los repartidores vinculados a la plataforma.

En ese sentido, aclaró que más de 70.000 domiciliarios utilizan la aplicación de forma adecuada, por lo que las medidas se enfocan únicamente en quienes incumplen las normas establecidas.

Adicionalmente, Rappi informó que ha dispuesto canales formales de revisión para que los usuarios afectados puedan presentar sus casos, los cuales serán analizados de manera individual para determinar si procede o no la reactivación de las cuentas.

Mientras tanto, las protestas continuaron con llamados a mejorar las condiciones laborales y garantizar mayor claridad en los procesos de bloqueo, en un escenario que mantiene el debate sobre la regulación y el funcionamiento de las plataformas digitales en el país.

En Colombia, el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4×1000, se aplica a transacciones que superan determinados límites en cuentas bancarias o digitales. En plataformas como Nequi existen mecanismos legales que permiten administrar ese cobro y reducir su impacto mensual, según explicó Semana en un análisis sobre consumo inteligente y uso de billeteras digitales.

El impuesto corresponde a cuatro pesos por cada mil que se movilizan en operaciones financieras. Aunque el valor puede parecer reducido en cada transacción individual, su acumulación puede representar un monto significativo cuando se realizan múltiples movimientos durante el mes.

En el caso de Nequi, la aplicación del gravamen depende del tipo de producto financiero asociado al usuario. Al momento de crear la cuenta, se habilita por defecto un depósito de bajo monto, diseñado para facilitar la inclusión financiera y permitir operaciones básicas dentro de la plataforma.

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Ese depósito tiene límites establecidos. Si el usuario retira, envía o paga más de $3.404.310 en un mes, se activa automáticamente el cobro del 4×1000 sobre las operaciones que superen ese umbral. El control de los movimientos mensuales resulta determinante para evitar que el impuesto se genere de manera automática.

El 4×1000 es un impuesto que el Estado colombiano cobra por cada transacción financiera que se hace desde una cuenta o billetera. Su aplicación no depende del canal digital en sí mismo, sino del volumen de recursos movilizados y del tipo de cuenta que tenga el titular dentro del sistema financiero.

La forma de evitar el cobro dentro de Nequi es marcar la cuenta como exenta y cambiar el depósito de bajo monto a una cuenta de ahorros. Para hacerlo, el usuario debe gestionar la conversión dentro de la plataforma y solicitar que esa cuenta sea designada como exenta del gravamen en todo el sistema financiero colombiano.

Cuando la cuenta queda marcada como exenta, el límite mensual para que se aplique el 4×1000 cambia. En ese escenario, el impuesto solo se genera si los movimientos superan los $18.330.900 en un mes. La diferencia entre el tope inicial y el nuevo umbral puede representar un margen amplio para quienes realizan transacciones frecuentes.

El cambio no se activa de manera automática. El usuario debe ingresar a los canales de ayuda de la aplicación o comunicarse con el servicio de atención al cliente para solicitar la exención. La entidad dispone de hasta cuatro días hábiles para confirmar si la cuenta puede quedar marcada bajo esa condición.

Un requisito indispensable es no tener otra cuenta exenta 4×1000 en otra entidad financiera, ya que la normativa permite que cada persona registre únicamente una cuenta con ese beneficio dentro del sistema financiero nacional. Si existe otra cuenta exenta, no será posible aplicar la misma condición en Nequi.

El conocimiento de los topes y de las reglas del producto financiero es clave para evitar cobros adicionales y planear mejor el uso del dinero digital. La digitalización de los servicios financieros ha hecho más visible el efecto del impuesto en la cotidianidad de los usuarios, especialmente en operaciones recurrentes como pagos, transferencias y retiros.

Además de la gestión del gravamen, la plataforma ofrece herramientas orientadas al ahorro y al control de gastos. Entre ellas se encuentran los “bolsillos”, que permiten separar dinero con objetivos específicos, y las categorías de gastos, que facilitan identificar en qué se concentra el consumo mensual.

Estas funcionalidades pueden contribuir a organizar los recursos y reducir la fragmentación de transacciones. Al disminuir el número de movimientos pequeños y reiterados, también se reduce la probabilidad de acercarse rápidamente a los límites que activan el cobro del impuesto.

El análisis publicado por Semana señaló que cada vez más usuarios consultan información sobre el 4×1000 y los nuevos topes para 2026, con el fin de ajustar su comportamiento financiero. La gestión adecuada del tipo de cuenta, la revisión periódica de los movimientos y la solicitud formal de exención se convierten en herramientas prácticas dentro de ese proceso.

Entender cómo funciona el gravamen, identificar los montos de referencia y utilizar las opciones que ofrece la plataforma permiten mantener mayor control sobre los recursos. En un entorno en el que las transacciones digitales son cada vez más frecuentes, la diferencia entre pagar o no el impuesto puede depender de decisiones administrativas adoptadas a tiempo dentro de la aplicación.

Colombia mantiene cerca del 15 % de su territorio afectado por minas antipersonal, según cifras oficiales. El riesgo persiste en varias regiones del país, según información obtenida por Blu Radio.

En lo corrido de 2026 se han registrado 15 accidentes con 18 víctimas sobrevivientes. Las autoridades advierten que aún hay zonas sin intervención completa, según información obtenida.

La reducción de cooperación internacional complica los esfuerzos de desminado y atención a víctimas. El llamado es a mantener el apoyo.

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Persisten zonas en riesgo por minas antipersonal

Las minas antipersonal continúan representando una amenaza en Colombia, pese a los avances alcanzados en los procesos de desminado humanitario. Desde 1990 se han registrado cerca de 2.600 víctimas, una cifra que evidencia el impacto prolongado de estos artefactos en distintas regiones del país.

Durante 2026, se han reportado 15 accidentes con 18 víctimas, todas sobrevivientes, lo que confirma que el riesgo sigue vigente en territorios donde aún no se ha logrado la descontaminación total.

“Actualmente se estima que aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, explicó Mauricio Silva, coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, citado por Blu Radio.

Los departamentos más afectados incluyen Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare, zonas donde persisten condiciones de riesgo para comunidades y Fuerza Pública.

Este panorama refleja que, aunque el país ha avanzado en la eliminación de estos artefactos, aún existen áreas donde la presencia de minas limita el desarrollo y pone en peligro la vida de los habitantes.

Impacto en víctimas y desafíos del desminado

Las consecuencias de las minas antipersonal se reflejan en historias como la de Jean Carlos Gutiérrez, militar que resultó gravemente herido durante una operación en 2015.

“Durante el cumplimiento de una misión… la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató, citado por ese medio de comunicación.

Su testimonio evidencia el impacto físico y emocional que enfrentan las víctimas, así como los retos en su proceso de recuperación y reintegración. También hizo un llamado a fortalecer el apoyo institucional para quienes están expuestos a estos riesgos.

A esta situación se suma la reducción de la cooperación internacional, que ha afectado la disponibilidad de recursos para el desminado y la atención a víctimas. Desde el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas se ha advertido que la inversión ha disminuido debido a la priorización de otros conflictos globales.

“Desafortunadamente… la inversión en cooperación internacional para la acción contra minas ha disminuido bastante”, indicó Catalina Velázquez, de UNMAS Colombia, citado por ese medio de comunicación.

Pese a estas dificultades, las autoridades han destacado avances en la intervención de más de 280 municipios, con presencia activa en 16 departamentos y operaciones en al menos 67 municipios afectados. Estas acciones buscan reducir el riesgo y avanzar en la liberación del territorio.

Desde organizaciones sociales, el desminado también es visto como una herramienta clave para el desarrollo y la reconciliación, al permitir que comunidades accedan a proyectos de infraestructura y mejores condiciones de vida.

El reto sigue siendo amplio, ya que aún hay territorios que requieren intervención sostenida, recursos y coordinación institucional para garantizar que las comunidades puedan habitar espacios libres de este tipo de amenazas.

El movimiento Defensores de la Patria rechazó una tutela que pretende obligar a candidatos presidenciales a asistir a debates. Consideran que la acción no cumple requisitos constitucionales, según información obtenida por Blu Radio.

El equipo de Abelardo De La Espriella afirmó que el candidato ha mostrado disposición a debatir sin necesidad de imposiciones judiciales. También defendieron la autonomía de las campañas, según información obtenida.

El caso abre un debate sobre la obligatoriedad de los debates en procesos electorales. La discusión continúa en el escenario político.

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Movimiento rechaza tutela sobre debates

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, se pronunció en contra de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que busca obligar a los aspirantes a participar en debates durante la campaña.

A través de un comunicado, la organización política calificó la acción judicial como improcedente y sin sustento jurídico, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.

El pronunciamiento se dio en medio de la discusión sobre el papel de los debates en la contienda electoral y la forma en que estos deben desarrollarse dentro del ejercicio democrático.

El movimiento sostuvo que la tutela no puede convertirse en un mecanismo para imponer conductas a los candidatos, especialmente cuando existen otras formas de participación y comunicación con la ciudadanía.

Argumentos jurídicos expuestos

El equipo del candidato explicó que la acción de tutela tiene un carácter excepcional dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“De acuerdo con el marco constitucional colombiano, este mecanismo tiene un carácter subsidiario y excepcional…”, indicó el movimiento, citado por Blu Radio.

También señalaron que este tipo de acciones solo procede cuando no existen otros mecanismos para proteger derechos fundamentales o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable.

Desde su perspectiva, ninguna de estas condiciones se cumple en el caso planteado por el ciudadano que interpuso la tutela.

Además, argumentaron que la acción no procede contra particulares en este escenario, ya que el candidato no presta un servicio público ni existe una relación de subordinación frente al accionante.

Postura frente a los debates

El movimiento aseguró que Abelardo De La Espriella ha manifestado de manera reiterada su disposición a participar en debates durante la campaña presidencial.

Indicaron que esta posición ha sido expresada públicamente y también a través de su apoderado, el abogado Germán Calderón.

Según el comunicado, el candidato incluso ha invitado a otros aspirantes, especialmente a Iván Cepeda, a debatir sus propuestas ante la ciudadanía.

El equipo político considera que estos espacios son importantes para la democracia, pero insiste en que deben desarrollarse sin imposiciones judiciales.

Derecho a la información y autonomía

El movimiento también defendió que el derecho a la información de los ciudadanos ya está garantizado, al señalar que el programa de gobierno del candidato está disponible en distintos canales.

“El candidato ha divulgado de manera amplia su programa de gobierno…”, indicó el comunicado, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, destacaron que el aspirante ha participado en entrevistas, encuentros regionales y espacios abiertos al público, lo que permite conocer sus propuestas.

Finalmente, el movimiento señaló que las decisiones de tutela tienen efectos particulares y no pueden convertirse en reglas generales que limiten la autonomía de las campañas.

El pronunciamiento concluye que, aunque los debates son relevantes dentro de un sistema democrático, deben respetar la libertad política de los candidatos y las dinámicas propias del proceso electoral.

Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales, según información obtenida por Semana.

Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios, según información obtenida.

Las autoridades recomiendan verificar siempre en canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La modalidad ha generado preocupación en la ciudad.

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Nueva modalidad de estafa en la ciudad

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer una nueva modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito como mecanismo para engañar a los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito.

Según la información disponible, varios ciudadanos han recibido mensajes de texto que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades como la Policía de Tránsito.

Uno de los mensajes identificados señala: “Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico. Liquide ahora con 50% de descuento y evite el embargo de sus bienes”, citado por Semana.

Este tipo de mensajes busca generar urgencia y temor en las personas, con el fin de que actúen rápidamente sin verificar la autenticidad de la información.

Cómo operan los delincuentes

La modalidad utilizada corresponde a un tipo de ciberdelito conocido como smishing, en el que los delincuentes emplean mensajes de texto para engañar a las víctimas.

Los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas diseñadas para simular plataformas oficiales.

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser inducidos a entregar información sensible como números de cuentas, datos de tarjetas bancarias y otros datos personales.

Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer robos, fraudes financieros o incluso suplantación de identidad.

Las autoridades advirtieron que muchas de estas páginas están diseñadas con apariencia legítima, lo que aumenta el riesgo de que las personas caigan en la trampa.

Señales para identificar el fraude

La Secretaría de Seguridad recomendó prestar atención a ciertos elementos que permiten identificar este tipo de estafas.

Entre ellos, destacan los mensajes que incluyen términos como “cobro jurídico” o “embargo”, utilizados para generar pánico en los usuarios.

También alertaron sobre mensajes con un alto sentido de urgencia, que invitan a realizar pagos inmediatos o a hacer clic en enlaces sin verificar la información.

Otra señal de alerta son los supuestos descuentos o beneficios para evitar sanciones, los cuales suelen ser utilizados como gancho para engañar a las víctimas.

Asimismo, las autoridades recordaron que las entidades oficiales no notifican embargos ni procesos de cobro por medio de mensajes de texto.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a este panorama, las autoridades insistieron en la importancia de verificar siempre la información a través de canales oficiales antes de realizar cualquier pago.

En el caso de Bogotá, los ciudadanos pueden consultar el estado de sus multas directamente en los portales oficiales de las entidades correspondientes.

También se recomendó evitar ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal o financiera a través de páginas cuya autenticidad no esté confirmada.

El llamado es a mantener la precaución y a reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes, con el fin de evitar que esta modalidad continúe afectando a más ciudadanos.

El anuncio de Gustavo Petro sobre la creación de un consultorio con droguería estatal generó críticas en el debate sobre la reforma a la salud. La propuesta fue divulgada a través de redes sociales, según información obtenida por Semana.

El exministro de Salud Fernando Ruiz cuestionó la iniciativa y la comparó con modelos antiguos de atención. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales, según información obtenida.

El tema se suma a la polémica por cambios en el sistema de salud impulsados por el Gobierno. La discusión se mantiene en distintos sectores.

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Anuncio del Gobierno sobre modelo de atención

El presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta en la red social X, un cambio dentro de su propuesta de modelo de salud que ha generado reacciones en distintos sectores políticos y técnicos.

El mandatario publicó un mensaje en el que anunció la creación de lo que sería el primer consultorio con droguería estatal en el país.

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”, escribió el jefe de Estado, citado por Semana.

La iniciativa hace parte de las transformaciones planteadas dentro de su política de salud, que ha sido objeto de debate y cuestionamientos desde su presentación.

El anuncio se dio en medio de un contexto de discusión sobre el futuro del sistema de atención en Colombia, especialmente frente a los cambios que propone el Gobierno.

Críticas del exministro Fernando Ruiz

Uno de los pronunciamientos más fuertes provino del exministro de Salud Fernando Ruiz, quien reaccionó públicamente a la propuesta del presidente.

A través de su cuenta en X, el exfuncionario expresó su desacuerdo con el enfoque planteado por el Gobierno.

“¿En qué terminó el modelo de atención que reemplazará al aseguramiento: droguerías con consultorio como hace 50 años? Salud pobre para los pobres, en eso se concretó el cambio”, señaló Ruiz, citado por ese medio de comunicación.

Su mensaje se convirtió en uno de los principales puntos de crítica dentro del debate, al cuestionar la dirección que estaría tomando la reforma al sistema de salud.

Reacciones en redes sociales

La propuesta también generó múltiples reacciones por parte de usuarios en redes sociales, quienes expresaron opiniones divididas frente a la iniciativa.

Algunos cuestionaron la idea de implementar este tipo de modelos de atención, señalando preocupaciones sobre la calidad de los servicios.

“En lugar de crear grandes clínicas… usted nos quiere llevar a lo más paupérrimo en atención en salud”, indicó un usuario, citado por ese medio de comunicación.

Otros comentarios apuntaron a la necesidad de mantener estándares altos en la prestación del servicio y evitar retrocesos en la atención médica.

“Mientras los estándares de calidad cada vez son más exigentes… usted pensando en volver a la atención de garaje”, expresó otro internauta, citado por ese medio de comunicación.

Estas reacciones reflejan la intensidad del debate que ha generado la reforma a la salud en distintos sectores de la opinión pública.

Debate en medio de decisiones del Gobierno

La controversia se produce en un momento en el que el Gobierno ha tomado decisiones relevantes en el manejo del sistema de salud.

Entre ellas se encuentran movimientos administrativos y designaciones que han sido ampliamente discutidas, lo que ha intensificado el debate sobre el rumbo de la política pública en este sector.

El anuncio del consultorio con droguería estatal se suma a estas discusiones, generando nuevas posturas frente a las transformaciones propuestas.

Las opiniones continúan divididas, mientras diferentes actores analizan el impacto que podrían tener estos cambios en la estructura del sistema de salud en Colombia y en la calidad del servicio para los ciudadanos.

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta $150 millones por información que permita capturar a los responsables de un homicidio en Támesis. El hecho ocurrió en medio del robo de vehículos en zona rural, según información obtenida por Semana.

Un trabajador identificado como Yamid Augusto Soto fue asesinado durante el ataque, en el que también fueron robadas dos volquetas y una motocicleta. Las autoridades activaron operativos para dar con los responsables, según información obtenida.

Las investigaciones avanzan mientras se analizan cámaras de seguridad y rastros de los vehículos robados. La recompensa busca acelerar resultados.

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Ataque violento en zona rural de Támesis

Un hecho de violencia sacudió al municipio de Támesis, en Antioquia, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara un homicidio en medio de un robo en una zona rural del territorio.

La víctima fue identificada como Yamid Augusto Soto, de 47 años, quien se encontraba en una finca donde operaban contratistas encargados de obras de pavimentación vial.

De acuerdo con la información disponible, los atacantes llegaron hasta el lugar y, durante su accionar, asesinaron al trabajador antes de huir con dos volquetas de servicio público y una motocicleta vinculada a las labores en el sector.

El caso generó alarma en la comunidad, debido a la violencia con la que se produjo el crimen y a la afectación directa a un proyecto de infraestructura que se adelantaba en la zona.

Las autoridades iniciaron de inmediato las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad de los responsables.

Recompensa para ubicar a los responsables

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $150 millones con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana.

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos… ofrecemos una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que nos permita dar con el paradero de los responsables”, afirmó el mandatario, citado por Semana.

El anuncio se dio como parte de las acciones urgentes adoptadas por el Gobierno departamental para dar respuesta al crimen y fortalecer la seguridad en la región.

Además, se confirmó que la Fuerza Pública desplegó sus capacidades operativas para adelantar la búsqueda de los implicados y recuperar los vehículos hurtados.

Seguimiento a los vehículos robados

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, indicó que ya se están revisando registros de cámaras de seguridad para establecer la ruta que tomaron los delincuentes tras cometer el robo.

Según explicó, los sistemas de geolocalización de los vehículos fueron desconectados alrededor de las nueve de la noche, lo que dificultó su rastreo inmediato.

No obstante, imágenes captadas por cámaras permitieron evidenciar que las volquetas se desplazaban hacia la doble calzada cercana al lugar de los hechos.

“Tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección a la doble calzada”, señaló el mandatario local, citado por ese medio de comunicación.

La cercanía del sector con vías 4G habría facilitado la huida de los responsables, lo que constituye un elemento clave dentro de la investigación.

Investigación en curso y líneas de análisis

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no existen denuncias previas por amenazas o extorsiones relacionadas con la empresa vinculada a los vehículos robados.

Este aspecto es relevante para determinar si el hecho fue planeado con antelación o si corresponde a una acción delictiva oportunista.

Las indagaciones continúan con la recopilación de pruebas, testimonios y material audiovisual que permita reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

El caso ha generado preocupación en el departamento, donde se insiste en la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas rurales y garantizar condiciones para el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicar a los responsables y avanzar en la judicialización de este crimen.

Bogotá activó un plan de preparación ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, previsto para los próximos meses. Las medidas buscan evitar impactos en el suministro de agua y reducir riesgos de incendios, según información obtenida por Semana.

Las autoridades reforzarán el monitoreo del sistema Chingaza y la infraestructura hídrica clave de la ciudad. También se evaluó la capacidad operativa de plantas y redes, según información obtenida.

El plan incluye equipos especializados y apoyo aéreo para enfrentar incendios forestales. La estrategia prioriza la coordinación institucional.

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Preparación ante posible llegada de El Niño

El fenómeno de El Niño, caracterizado por el aumento de la temperatura en las aguas del océano Pacífico, genera alteraciones en los patrones climáticos que afectan directamente a Colombia.

Entre sus principales consecuencias se encuentran periodos prolongados de sequía, incremento de las temperaturas y reducción de las lluvias, factores que impactan el abastecimiento de agua y elevan el riesgo de incendios forestales.

Frente a este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Bogotá anunciaron un conjunto de acciones preventivas para anticipar los efectos del fenómeno, cuya posible llegada se proyecta hacia la segunda mitad del año, especialmente en septiembre.

Durante un encuentro entre autoridades nacionales y distritales, en el que participó el IDEAM, se analizaron datos técnicos que permiten proyectar escenarios y definir estrategias de respuesta.

Las entidades coincidieron en la necesidad de actuar con anticipación para evitar situaciones críticas como las registradas en años anteriores.

Refuerzo del sistema hídrico

Uno de los ejes principales del plan es el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua, considerado estratégico para la ciudad.

Las autoridades anunciaron la activación de un monitoreo permanente del sistema Chingaza, que es fundamental para garantizar el suministro hídrico de Bogotá.

También se revisó el estado de otros componentes del sistema, como el sistema norte, así como la capacidad operativa de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc.

Estas evaluaciones buscan asegurar que la infraestructura funcione de manera óptima ante escenarios de alta demanda o disminución en los niveles de los embalses.

El objetivo es prevenir situaciones de desabastecimiento y garantizar la continuidad del servicio en la capital.

Las autoridades señalaron que, aunque la ciudad cuenta con mejores condiciones que en años anteriores, es necesario mantener la vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta.

Prevención de incendios forestales

Otro componente clave del plan es la prevención y atención de incendios forestales, que suelen incrementarse durante eventos de sequía asociados a El Niño.

Para enfrentar este riesgo, se anunció la incorporación de helicópteros tipo Fire Hawk y equipos especializados que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Estos recursos buscan atender de manera más eficiente los incendios, especialmente en zonas de difícil acceso donde las condiciones climáticas pueden agravar la propagación del fuego.

La disponibilidad de este tipo de tecnología ha sido una necesidad histórica en el país, por lo que su incorporación representa un avance en la gestión del riesgo.

Coordinación institucional y prevención

Las autoridades destacaron que la articulación entre el Gobierno Nacional, el Distrito y las entidades técnicas será determinante para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

Bogotá y la Sabana tienen un papel estratégico dentro del país, por lo que la protección de sus recursos hídricos y su entorno ambiental es una prioridad.

El trabajo conjunto permitirá implementar medidas oportunas que reduzcan los impactos en la población y en los servicios esenciales.

El llamado de las autoridades es a mantener la preparación y evitar la complacencia, fortaleciendo las acciones preventivas que permitan afrontar de manera adecuada la posible llegada de El Niño en los próximos meses.

Cinco colombianos denuncian estar retenidos en Ucrania tras intentar regresar al país luego de participar en la guerra. La situación fue reportada por familiares y afectados, según información obtenida por Blu Radio.

Los ciudadanos aseguran que permanecen sin comida, atención médica y bajo control del Ejército ucraniano. Afirman que no han podido salir por problemas con sus documentos, según información obtenida.

Familiares piden intervención urgente de autoridades colombianas y organismos internacionales. El caso genera preocupación por las condiciones en las que se encuentran.

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Denuncian retención en la frontera

Cinco colombianos atraviesan una situación crítica en territorio ucraniano, donde aseguran estar retenidos sin posibilidad de salir del país tras haber tomado la decisión de abandonar su participación en el conflicto armado.

De acuerdo con los testimonios conocidos, los ciudadanos se encuentran en una zona fronteriza, en donde permanecen bajo control de autoridades militares sin claridad sobre su situación jurídica ni sobre el tiempo que deberán permanecer en ese lugar.

Uno de los afectados relató que llevan varios meses intentando salir del país sin éxito, lo que ha incrementado la incertidumbre y la angustia entre el grupo.

“Nosotros nos queremos ir, ya llevamos acá cuatro meses… nos tienen aquí esposados… como si fuéramos delincuentes”, afirmó uno de los colombianos, citado por Blu Radio.

Según su versión, la situación se habría originado por la falta de sellos de salida en sus documentos, lo que les ha impedido abandonar el territorio ucraniano.

Los ciudadanos aseguran que se encuentran en instalaciones restringidas, sin poder movilizarse libremente y bajo condiciones que califican como precarias.

Condiciones precarias y denuncias de abandono

Los testimonios también describen un panorama complejo en términos de condiciones básicas de subsistencia.

Uno de los colombianos indicó que la falta de alimentos y agua es uno de los principales problemas que enfrentan actualmente, lo que ha deteriorado su estado físico y emocional.

“Ya no hay agua, nada… la nevera está vacía, solo hay unos pescados ya viejos”, relató uno de ellos, citado por ese medio de comunicación.

A esto se suma la ausencia de atención médica, lo que aumenta la preocupación por su bienestar, especialmente después de haber estado expuestos a situaciones de riesgo en medio del conflicto armado.

Los afectados también denunciaron que no han recibido pagos por las labores realizadas y que no han obtenido respuestas claras por parte de quienes los reclutaron o dirigían.

Además, señalaron que los comandantes con los que tenían contacto dejaron de comunicarse, lo que ha profundizado la sensación de abandono y vulnerabilidad.

Uno de los relatos menciona que el grupo sobrevivió recientemente a un ataque con drones, lo que refleja el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos antes de intentar abandonar el país.

Llamado urgente de las familias

Frente a este panorama, los familiares de los colombianos han elevado un llamado urgente a las autoridades del país para que intervengan y faciliten el regreso de los ciudadanos.

La solicitud incluye acompañamiento diplomático y gestiones consulares que permitan esclarecer la situación y garantizar la protección de los afectados.

Los familiares también han pedido el apoyo de organismos internacionales que puedan mediar en el caso y contribuir a una solución humanitaria.

La situación ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentran los colombianos, quienes aseguran que su única intención es regresar al país tras haber vivido una experiencia marcada por el riesgo y la incertidumbre.

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan quienes deciden viajar a zonas de conflicto y posteriormente buscan retornar a sus lugares de origen, encontrándose con obstáculos legales, logísticos y humanitarios que dificultan su regreso.

Mientras se esperan respuestas oficiales, la incertidumbre continúa y las familias mantienen la esperanza de que se logren avances que permitan el retorno seguro de los colombianos en el menor tiempo posible.

Monómeros estaría cerca de alcanzar un acuerdo con sus acreedores que le permitiría superar su crisis financiera. La empresa podría salir del proceso de vigilancia estatal en los próximos meses, según información obtenida por Blu Radio.

El superintendente Billy Escobar proyecta que el acuerdo se concrete en junio, con el pago de deudas superiores a $100 mil millones. Esto marcaría el retorno a la normalidad operativa de la compañía, según información obtenida.

La compañía ya presenta estados financieros organizados y muestra señales de recuperación tras su proceso de reorganización. El panorama es considerado viable por las autoridades.

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Avanza acuerdo con acreedores

La empresa Monómeros, una de las más importantes en el sector de fertilizantes en Colombia, avanza en su proceso de reorganización con el objetivo de alcanzar un acuerdo con sus acreedores en los próximos meses.

Desde Barranquilla, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que la compañía se encuentra en una fase clave para consolidar este acuerdo, el cual permitiría estabilizar su situación financiera.

“Ellos están en la etapa de reorganización… en mis cuentas les quedan más o menos tres meses, es decir para el mes de junio se daría todo”, afirmó el funcionario, citado por Blu Radio.

De concretarse este proceso, la empresa podría salir de la vigilancia especial a la que fue sometida y retomar plenamente sus operaciones.

El acuerdo contemplaría el pago de obligaciones que superan los $100 mil millones, una cifra clave para restablecer la confianza en la compañía.

Recuperación financiera y proyección

El superintendente destacó que, a diferencia de su situación en 2024, cuando presentaba desorden en sus cuentas, actualmente Monómeros cuenta con estados financieros claros y organizados.

Esta transformación ha sido determinante para avanzar en el proceso de reorganización y proyectar un escenario de recuperación.

Escobar explicó que la viabilidad del acuerdo también está relacionada con la composición de los acreedores, ya que una parte importante corresponde a contratistas vinculados a la propia operación de la empresa.

“Es viable… porque el mayor acreedor son ellos mismos, o sea sus contratistas venezolanas”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Además, resaltó que la compañía ha comenzado a generar utilidades en el presente año, luego de un periodo prolongado de dificultades financieras.

Impacto en el sector y continuidad operativa

La posible salida de Monómeros del proceso de vigilancia tendría un impacto relevante en el sector agrícola, dado su papel en la producción y distribución de fertilizantes.

El superintendente calificó a la empresa como una “empresa salvada”, destacando su reputación, su participación en el mercado y su importancia social.

También señaló que la compañía se beneficia de la eliminación de restricciones internacionales que anteriormente afectaban su operación, lo que mejora su perspectiva a futuro.

Monómeros, que cuenta con miles de trabajadores directos, es considerada estratégica para la cadena productiva del país, especialmente en el suministro de insumos para el agro.

Aunque la posibilidad de una venta no se descarta en términos generales, las autoridades indican que actualmente la empresa está enfocada en consolidar su estabilidad financiera y operativa.

En este contexto, el acuerdo con acreedores se perfila como un paso determinante para garantizar su continuidad y fortalecer su rol dentro de la economía nacional.

Momentos de tensión se vivieron en zona rural de Jamundí tras una incursión armada que habría terminado con el secuestro de cuatro menores. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Villa Paz, según información obtenida por Blu Radio.

Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas. Las autoridades aún no confirman oficialmente el hecho ni han entregado un balance detallado, según información obtenida.

El caso genera preocupación por el riesgo de reclutamiento forzado en zonas con presencia de grupos armados ilegales. La situación permanece en verificación por parte de las autoridades.

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Incursión armada en zona rural de Jamundí

Los hechos se registraron en el corregimiento de Villa Paz, una zona rural ubicada aproximadamente a 35 minutos del casco urbano de Jamundí, donde se reportó el ingreso de hombres armados que se movilizaban en dos camionetas.

De acuerdo con los reportes iniciales, los sujetos portaban armas de largo alcance y realizaron grafitis en el sector, generando temor entre los habitantes.

En medio de la incursión, los hombres habrían interceptado a un grupo de menores de edad y los obligaron a subir a uno de los vehículos antes de huir con rumbo desconocido.

Aunque la información aún es preliminar, se habla de cuatro adolescentes que habrían sido retenidos en contra de su voluntad.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el secuestro ni han entregado detalles sobre posibles operativos de búsqueda, lo que mantiene la incertidumbre en la zona.

Riesgos por presencia de grupos armados

Villa Paz es uno de los corregimientos más extensos de Jamundí y, según reportes, en esta zona hay presencia de estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las Farc.

Este contexto aumenta la preocupación por posibles casos de reclutamiento forzado, una práctica que ha sido denunciada en distintas regiones del país.

La comunidad teme que los menores hayan sido llevados por estos grupos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre los responsables.

La situación ha generado alerta entre los habitantes del sector, quienes piden una respuesta rápida de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la población.

Incertidumbre y llamado a las autoridades

Hasta ahora, las versiones disponibles apuntan a un posible secuestro, pero la falta de información oficial mantiene el caso en desarrollo.

Las autoridades continúan recopilando datos para establecer lo ocurrido, mientras crece la presión para que se adelanten acciones que permitan ubicar a los menores y determinar responsabilidades.

El caso se suma a otros hechos recientes que evidencian la complejidad de la seguridad en zonas rurales del suroccidente del país, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue representando un riesgo para las comunidades.

En este contexto, se espera que en las próximas horas se conozcan avances en las investigaciones y posibles operativos que permitan esclarecer la situación y garantizar la protección de los menores involucrados.

Comerciantes de Buenaventura alertan por el aumento de extorsiones que ya está provocando el cierre de negocios. La situación afecta especialmente al centro de la ciudad y golpea la economía local, según información obtenida por Blu Radio.

Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes. Ante este escenario, algunos propietarios han optado por cerrar sus establecimientos, según información obtenida.

El miedo a represalias ha reducido las denuncias formales, agravando la problemática en la ciudad. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades.

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Aumento de extorsiones golpea el comercio

En Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, crece la preocupación entre comerciantes por el incremento de casos de extorsión registrados en los últimos meses.

Según denuncias del sector, la situación se ha intensificado en semanas recientes, afectando especialmente a pequeños negocios ubicados en el centro de la ciudad.

Varios comerciantes han reportado que han tenido que cerrar sus establecimientos debido a las presiones de grupos delincuenciales, que exigen pagos periódicos para permitirles operar.

De acuerdo con testimonios recopilados, los extorsionistas estarían solicitando sumas de hasta $2 millones, un monto que resulta inalcanzable para muchos propietarios de pequeños comercios.

Ante esta situación, algunos optan por cesar sus actividades para evitar riesgos mayores, lo que impacta directamente la dinámica económica local.

Miedo a denunciar agrava la situación

Uno de los factores que más preocupa es el bajo nivel de denuncias formales, debido al temor que sienten los comerciantes frente a posibles represalias.

“Mucha gente le da miedo denunciar por temor a que algo les pase… la situación es muy compleja en esta zona”, aseguró un comerciante, citado por ese medio de comunicación.

Según relatan los afectados, existen casos en los que personas que han denunciado extorsiones han tenido que abandonar la ciudad tras recibir amenazas contra su vida.

Este contexto ha generado un ambiente de silencio que dificulta la acción de las autoridades y permite que la problemática continúe expandiéndose sin control.

Impacto en la economía local

El aumento de las extorsiones no solo afecta a los comerciantes, sino que también tiene repercusiones en el empleo y en la economía de Buenaventura.

El cierre de negocios reduce las oportunidades laborales y limita la actividad comercial en una ciudad que depende en gran medida de su dinámica económica local.

Además, la disminución en las ventas refleja el impacto del temor en los consumidores y empresarios, generando un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza en el sector productivo.

La comunidad y los comerciantes han hecho un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las estrategias de seguridad, con el fin de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades económicas sin presiones ilegales.

En medio de este panorama, el reto para las instituciones es recuperar la confianza y frenar el avance de la extorsión, una problemática que continúa afectando la estabilidad de uno de los principales centros económicos del Pacífico colombiano.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció que revisará los cobros del catastro en 25 municipios tras quejas de comunidades rurales. La medida busca corregir inconsistencias en la actualización catastral que habrían afectado a pequeños campesinos, según información obtenida por Blu Radio.

La gobernadora Dilian Francisca Toro cuestionó que el proceso no diferenció entre grandes propietarios y productores rurales. Además, advirtió que los incrementos en avalúos podrían generar impactos económicos desproporcionados en el campo, según información obtenida.

El ajuste pretende evitar que el catastro afecte la sostenibilidad de las economías rurales y la seguridad alimentaria. La revisión se centrará en aplicar criterios más equitativos.

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Revisión del catastro en municipios rurales

La Gobernación del Valle del Cauca confirmó que adelantará un proceso de revisión y corrección de las actualizaciones catastrales en 25 municipios del departamento.

La decisión se tomó luego de múltiples inconformidades expresadas por comunidades campesinas, que han manifestado preocupación por el incremento en los costos asociados al avalúo de sus predios.

Según las autoridades departamentales, el proceso de actualización no tuvo en cuenta las diferencias entre grandes extensiones de tierra y pequeñas unidades productivas, lo que generó impactos desiguales en el sector rural.

“El Catastro Multipropósito es importante, pero no estuvo bien aplicada la actualización… metió a todos en la misma bolsa”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, citado por Blu Radio.

Este escenario ha generado la necesidad de ajustar los criterios aplicados para evitar afectaciones económicas en los campesinos.

Diferenciación entre campesinos y grandes propietarios

Uno de los principales objetivos de la revisión será establecer una diferenciación clara entre latifundistas y pequeños productores.

La gobernadora explicó que los cobros deben tener en cuenta factores como el tamaño de la propiedad y el uso productivo de la tierra.

“Vamos a revisar el Catastro para que hagamos diferenciación entre los latifundistas y los campesinos que realmente se están viendo afectados…”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

El propósito es evitar que los pequeños agricultores enfrenten cargas tributarias que no correspondan a su capacidad económica, especialmente en un contexto donde muchos dependen de actividades agrícolas de subsistencia o de pequeña escala.

Además, la revisión busca garantizar mayor equidad en la aplicación del catastro multipropósito, ajustando los avalúos a las condiciones reales de cada predio.

Impacto en el campo y seguridad alimentaria

La administración departamental también advirtió que el incremento en los avalúos podría tener efectos negativos en la producción agrícola y en la estabilidad económica de las comunidades rurales.

El Valle del Cauca cuenta con una amplia diversidad productiva que incluye cultivos como café, frutas, aguacate, limón tahití y actividades ganaderas, además del sector azucarero.

En este contexto, un aumento desproporcionado en los costos asociados al catastro podría afectar la sostenibilidad de estas actividades.

La gobernadora enfatizó que el objetivo es mitigar el impacto del proceso y proteger a los productores que sostienen la economía rural del departamento.

Asimismo, la revisión del catastro se plantea como una medida para fortalecer la seguridad alimentaria, al evitar que los costos adicionales limiten la producción agrícola.

Con este proceso, las autoridades buscan ajustar la implementación del catastro multipropósito a las realidades del territorio, garantizando un equilibrio entre la actualización de la información catastral y la protección de los sectores más vulnerables del campo colombiano.

El INPEC aseguró que el sistema de brazaletes electrónicos no presenta fallas estructurales, pese a recientes capturas de delincuentes con detención domiciliaria en Bogotá. El pronunciamiento surge tras varios casos que han generado preocupación sobre la efectividad del control, según información obtenida por Revista Semana.

Las autoridades distritales cuestionaron la capacidad de seguimiento a personas con casa por cárcel, luego de evidenciar reincidencia delictiva. El caso más reciente involucró a un individuo que portaba el dispositivo mientras intentaba cometer un hurto, según información obtenida.

El debate se centra en la articulación entre entidades y la respuesta judicial frente a incumplimientos de las medidas. La discusión ha puesto en duda la eficacia del sistema en la práctica.

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Casos recientes y cuestionamientos al sistema

La polémica se intensificó luego de que la Policía frustrara un intento de hurto en Bogotá, en el que uno de los implicados portaba un brazalete de monitoreo de detención domiciliaria.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el dispositivo habría sido cubierto con papel aluminio, aparentemente para bloquear su señal y evadir el control.

“Llegó el momento de que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas…”, afirmó el mandatario, citado por Revista Semana.

El alcalde advirtió que este tipo de situaciones afecta los esfuerzos por reducir la criminalidad, al permitir que personas bajo medidas judiciales reincidan en delitos.

Estos hechos han reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de monitoreo y la capacidad de reacción de las autoridades.

Respuesta del INPEC y funcionamiento del sistema

Frente a las críticas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aseguró que el sistema de control electrónico funciona correctamente.

“El sistema de brazaletes electrónicos para control domiciliario no presenta fallas sistémicas ni estructurales”, indicó la entidad, citado por Revista Semana.

El instituto explicó que la tecnología incluye monitoreo permanente, georreferenciación y alertas en tiempo real ante cualquier irregularidad.

Además, detalló que el seguimiento se realiza a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), encargado de detectar alarmas como salidas de zona, desconexiones o manipulaciones del dispositivo.

Según la entidad, cualquier incumplimiento es reportado a los jueces de ejecución de penas, quienes son los únicos autorizados para tomar decisiones como la revocatoria de la medida.

Debate sobre eficacia y respuesta institucional

A pesar de la defensa del sistema, los recientes casos han puesto en evidencia posibles fallas en la articulación institucional y en la respuesta judicial.

El INPEC reveló que en un caso reciente una persona bajo detención domiciliaria acumuló 34 transgresiones, incluyendo varias violaciones a la zona permitida, lo que fue reportado en múltiples ocasiones a la autoridad judicial.

Sin embargo, la falta de decisiones oportunas ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del modelo de control.

Actualmente, el sistema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones, además de un despliegue operativo que incluye decenas de equipos de verificación y visitas periódicas.

La entidad insiste en que continuará fortaleciendo sus capacidades, mientras crece la presión para revisar los protocolos y garantizar que las medidas de detención domiciliaria se cumplan de manera efectiva.

El debate sigue abierto sobre si el problema radica en la tecnología o en la coordinación entre las instituciones encargadas de aplicar y supervisar estas medidas, en un contexto donde la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones en la capital.

La Dian explicó por qué es urgente aprobar el nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio de 2026. La entidad advirtió que, de no cumplirse este plazo, se generaría un vacío jurídico que afectaría la lucha contra el contrabando, según información obtenida por Revista Semana.

El proyecto busca unificar normas y fortalecer los mecanismos para sancionar el comercio ilegal en el país. Además, se ha construido mediante mesas de trabajo con el sector privado para lograr consensos técnicos, según información obtenida.

La discusión se da en medio de críticas sobre el enfoque del proyecto, señalado por algunos sectores como excesivamente sancionatorio. Sin embargo, la Dian insiste en que es necesario para garantizar el control aduanero.

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La urgencia del plazo y el riesgo de vacío legal

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió que la aprobación del nuevo régimen sancionatorio aduanero responde a una obligación impuesta por la Corte Constitucional.

Según explicó la entidad, existe un plazo perentorio que vence el 20 de junio de 2026, fecha límite para que el Congreso expida una ley que reemplace el régimen actual.

“En esa fecha ya debe estar expedida, sancionada y vigente la ley que establezca este régimen sancionatorio aduanero”, señaló la Dian, citado por Revista Semana.

El incumplimiento de este plazo tendría consecuencias graves para el país, ya que implicaría un vacío jurídico que limitaría la capacidad del Estado para combatir el contrabando.

Entre los efectos más críticos estaría la imposibilidad de imponer sanciones administrativas y de aprehender mercancías ilegales, lo que debilitaría el control sobre el comercio exterior.

Construcción del proyecto y diálogo con el sector

El proyecto del régimen sancionatorio ha sido construido a través de un proceso de concertación con distintos actores del sector privado.

De acuerdo con la Dian, se han realizado más de 27 mesas de diálogo, lo que ha permitido recoger observaciones y construir un documento técnico con mayor consenso.

“Todas las críticas constructivas son siempre bienvenidas… hemos realizado más de 27 mesas de diálogo con el sector privado”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

Por su parte, desde Analdex se ha reconocido que el proceso ha avanzado en la búsqueda de acuerdos, lo que podría facilitar su trámite en el Congreso.

El objetivo es presentar un proyecto equilibrado que responda a las necesidades del país y permita fortalecer el sistema aduanero.

Debate sobre sanciones y competitividad

A pesar de los avances, el proyecto ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que el enfoque es excesivamente sancionatorio.

Se ha cuestionado que la propuesta priorice el castigo sobre el incentivo a las buenas prácticas, así como su complejidad normativa.

Incluso, se ha señalado que podría tener un enfoque recaudatorio más que una intención de facilitar el comercio exterior.

Sin embargo, la Dian ha defendido la iniciativa, argumentando que un régimen sancionatorio robusto es fundamental para combatir el contrabando, un problema que afecta la competitividad y las finanzas públicas.

El contrabando, según diversos sectores, representa una de las principales fugas de recursos del Estado y genera distorsiones en el mercado, afectando a las empresas que operan dentro de la legalidad.

En este contexto, la aprobación del nuevo régimen se presenta como una herramienta clave para fortalecer el control aduanero y cerrar las brechas que permiten el ingreso de mercancías ilegales.

El debate continúa en el Congreso, donde se definirá el alcance final de una norma que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el comercio ilícito en Colombia.

El candidato Iván Cepeda defendió la legalidad de la financiación de su campaña y aseguró que sus cuentas están en regla ante el Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre el sistema de reporte electoral, según información obtenida por Revista Semana.

El senador afirmó que todos los movimientos financieros están debidamente soportados y disponibles para verificación por autoridades y ciudadanos. Además, señaló que su equipo ha actuado bajo principios de austeridad y transparencia, según información obtenida.

La declaración ocurre en un contexto de alertas por fallas técnicas en la plataforma de rendición de cuentas del CNE. El tema ha generado preocupación sobre la transparencia en el proceso electoral.

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Defensa de la financiación y transparencia

Iván Cepeda reiteró que su campaña se ha desarrollado bajo el cumplimiento estricto de las normas establecidas en la Constitución y la legislación electoral.

“Las cuentas de mi campaña están en regla ante el Consejo Nacional Electoral, se encuentran debida y rigurosamente soportadas en documentos contables, que dan cuenta del origen, la gestión, los gastos y su registro oficial”, afirmó el candidato, citado por Revista Semana.

El senador enfatizó que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio fundamental de su proyecto político.

En ese sentido, aseguró que cualquier ciudadano o autoridad puede verificar la información financiera de su campaña, lo que busca generar confianza en el proceso electoral.

Además, indicó que su equipo ha mantenido una política de cero tolerancia frente al uso indebido de recursos públicos o la injerencia de servidores del Estado.

Contexto de fallas en el sistema electoral

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio de un ambiente de tensión técnica, tras las advertencias realizadas por la organización Transparencia por Colombia.

Según se ha señalado, existen dificultades en el funcionamiento de la plataforma Cuentas Claras, administrada por el Consejo Nacional Electoral, que es utilizada para reportar los gastos de campaña.

Entre los problemas identificados se encuentran demoras en la asignación de usuarios y contraseñas para los candidatos, lo que ha dificultado el registro oportuno de la información financiera.

Estas fallas podrían generar riesgos de opacidad en el proceso electoral, así como eventuales sanciones para los aspirantes que no logren cumplir con los tiempos establecidos.

Debate sobre transparencia y proceso electoral

El contexto electoral actual se caracteriza por una alta exigencia en materia de transparencia y control de recursos, especialmente en campañas políticas.

Cepeda aseguró que su postura responde también a lo que considera una “campaña sistemática de difamación”, frente a la cual ha optado por reforzar la claridad en el manejo de los recursos.

En Colombia, cada proceso electoral implica una logística compleja, con miles de mesas de votación y comisiones escrutadoras que deben garantizar la legalidad del proceso.

En ese escenario, la rendición de cuentas se convierte en un elemento clave para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones.

El candidato insistió en que su campaña ha priorizado la austeridad como principio rector, en contraste con prácticas cuestionadas en otros contextos políticos.

Mientras tanto, el debate sobre las condiciones técnicas del sistema de reporte y la transparencia en la financiación de campañas continúa siendo uno de los puntos centrales de la agenda electoral en el país.

El Gobierno nacional alista un decreto para regular plataformas digitales y reforzar la protección de menores en internet en Colombia. La medida, liderada por el Ministerio TIC, busca garantizar entornos seguros en redes sociales y espacios educativos, según información obtenida por Revista Semana.

La ministra Carina Murcia confirmó que la norma será publicada en las próximas horas y responde a los riesgos crecientes que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales. Además, el decreto plantea una regulación más robusta con participación del sector tecnológico, según información obtenida.

El anuncio también incluye advertencias sobre el costo del internet en el país y la necesidad de reducir tarifas para cerrar la brecha digital. El Gobierno insiste en que la conectividad no puede seguir siendo un lujo.

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Decreto para regular plataformas y proteger a menores

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmó que el país está a punto de dar un paso importante en la regulación del entorno digital, con un decreto enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Hoy precisamente tenemos la publicación, entre hoy y mañana, la publicación del decreto que permite tener entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”, afirmó la ministra Carina Murcia, citado por Revista Semana.

La iniciativa surge en medio de preocupaciones crecientes por los riesgos a los que están expuestos los menores en plataformas digitales, especialmente en redes sociales y espacios virtuales de aprendizaje.

El objetivo principal es establecer bases claras para garantizar condiciones seguras, involucrando tanto al Estado como a las empresas tecnológicas que operan en el país.

Según explicó la funcionaria, el decreto no es una medida aislada, sino el resultado de un proceso amplio de construcción conjunta con múltiples actores del ecosistema digital.

Trabajo conjunto con empresas y cambios estructurales

De acuerdo con el Ministerio TIC, la elaboración del decreto contó con la participación de más de 25 mesas de trabajo en las que intervinieron empresas tecnológicas y entidades públicas.

“Es un decreto que se trabajó con más de 25 mesas, con las empresas que hacen parte de esta prestación en plataformas digitales”, señaló Murcia, citado por ese medio de comunicación.

Entre las compañías que participaron en este proceso se encuentran grandes plataformas digitales como Meta y Google, lo que refleja el alcance de la iniciativa y su impacto en el ecosistema digital.

La ministra también enfatizó la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales en la legislación para fortalecer la protección de menores en entornos digitales y educativos.

“Hay que transformar leyes que permitan proteger más a los niños, niñas y adolescentes en los entornos también escolares”, afirmó, citado por Revista Semana.

Además, señaló que este proceso requerirá el compromiso del Congreso y del próximo Gobierno para consolidar una regulación más amplia y efectiva.

Tarifas, conectividad y brecha digital

En paralelo al anuncio del decreto, la ministra abordó la problemática del acceso a internet en Colombia, destacando que los costos actuales siguen siendo una barrera significativa para millones de ciudadanos.

Murcia indicó que el Gobierno ha sostenido reuniones con operadores de telecomunicaciones para analizar posibles ajustes en las tarifas, con el fin de facilitar el acceso a la conectividad.

“Hoy en Colombia casi que podría entenderse que es un lujo”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, al comparar la situación del país con otras naciones donde el internet es considerado un servicio esencial.

Según cifras mencionadas por la funcionaria, existen 73 millones de líneas en pospago frente a 22 millones de usuarios con plan celular, lo que evidencia una brecha en el acceso a servicios de telecomunicaciones.

La ministra también advirtió sobre el impacto de los altos costos en el índice de pobreza digital, que ronda el 37 %, lo que limita las oportunidades de acceso a educación, información y servicios digitales.

“Si no bajan los operadores las tarifas, pues nos lleva a ampliar esta brecha”, aseguró, citado por Revista Semana.

Finalmente, reiteró que el Gobierno trabaja en garantizar tarifas más justas y un servicio de calidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más equitativo en el acceso a la conectividad, en el que internet deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho accesible para todos los colombianos.

Proantioquia respaldó la declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín y advirtió que la situación evidencia una crisis estructural del sistema de salud en Colombia. El pronunciamiento se dio tras el colapso de la red hospitalaria en la ciudad, según información obtenida por Blu Radio.

La organización señaló que la alta ocupación en hospitales y la suspensión de servicios reflejan fallas profundas en el funcionamiento del sistema. Además, hizo un llamado urgente a todos los actores para coordinar acciones que permitan superar la crisis, según información obtenida.

El gremio insistió en que el problema ya no es local, sino un reflejo de dificultades nacionales que afectan el acceso a la atención médica. La situación pone en riesgo a millones de usuarios del sistema.

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Colapso hospitalario y presión sobre el sistema

Proantioquia calificó como crítica la situación que atraviesa Medellín, al señalar que la ocupación hospitalaria supera ampliamente la capacidad instalada.

Según el gremio, los niveles de ocupación se encuentran entre el 150 % y el 250 %, lo que ha desbordado la infraestructura de salud y ha generado dificultades para atender a los pacientes, especialmente en casos de urgencia.

Este panorama se agrava por la suspensión de servicios en centros de alta complejidad, una consecuencia directa de los retrasos en los pagos a clínicas y hospitales.

La falta de flujo de recursos ha impactado la operación de las instituciones prestadoras de salud, limitando su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda.

Respaldo a la emergencia y llamado a medidas urgentes

Frente a este escenario, la agremiación respaldó la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de declarar la emergencia hospitalaria.

Consideró que la magnitud del problema requiere la adopción de medidas extraordinarias para evitar un deterioro aún mayor en la atención de los usuarios.

El gremio enfatizó que la prioridad debe centrarse en garantizar la continuidad de los servicios y proteger la vida de los pacientes.

Además, destacó que la crisis actual no puede analizarse únicamente desde cifras financieras, sino desde su impacto directo en la población.

“Hoy, más que de cifras, estamos hablando de personas…”, señaló la organización, citado por Blu Radio.

Un problema nacional que exige coordinación

Proantioquia advirtió que lo que ocurre en Medellín es un reflejo de problemas estructurales del sistema de salud en todo el país.

En ese sentido, hizo un llamado a la articulación entre Gobierno, entidades prestadoras, aseguradores y demás actores del sector para enfrentar la situación.

La organización subrayó que es necesario actuar con responsabilidad, rigor y sentido de urgencia para restablecer la atención y recuperar la confianza en el sistema.

Asimismo, alertó sobre el impacto que la crisis puede tener en cerca de siete millones de antioqueños que dependen del funcionamiento adecuado de los servicios de salud.

El pronunciamiento concluye que, sin acciones coordinadas y oportunas, el sistema podría enfrentar un deterioro aún mayor, afectando de manera directa la atención de los pacientes y la estabilidad del sector salud en Colombia.

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de destituir alcaldes. El pronunciamiento se dio en medio de la controversia generada por las palabras del mandatario durante el paro en varias regiones del país.

El jurista defendió que los mandatarios locales elegidos por voto popular responden a los ciudadanos y no al Gobierno nacional. Además, reiteró que cualquier sanción debe seguir los procedimientos establecidos en la ley, según información obtenida.

Las declaraciones se suman a los cuestionamientos de distintos sectores políticos frente a la postura del presidente. El debate gira en torno a los límites del poder ejecutivo y la autonomía territorial en Colombia.

Gaona responde a Petro y defiende la democracia

La polémica surgió luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que los alcaldes que no acaten ciertas directrices podrían ser retirados de sus cargos. “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó el mandatario.

Posteriormente, en un consejo de ministros, agregó: “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra, porque es de la justicia”.

Estas declaraciones generaron una reacción inmediata en distintos sectores, incluidos gremios de mandatarios locales que rechazaron lo que consideraron una extralimitación de funciones.

Frente a este escenario, Mauricio Gaona fijó su postura a través de un mensaje en redes sociales, en el que enfatizó el carácter democrático del mandato popular.

“El mandato de un funcionario elegido popularmente pertenece a los electores, no al Gobierno”, afirmó el jurista, citado por Revista Semana.

Debate sobre autonomía territorial

El abogado Gaona profundizó su argumento señalando que la Constitución establece mecanismos claros para la eventual remoción de autoridades elegidas por voto popular. Según explicó, estos procesos deben estar sujetos a decisiones judiciales y al debido proceso, y no pueden depender de decisiones unilaterales del Ejecutivo.

“Su revocatoria revela el sistema aplicable. La dictadura acata la voluntad del gobernante; la democracia, el debido proceso y una sentencia judicial”, indicó el abogado, citado por ese medio de comunicación.

El jurista advirtió que cualquier interpretación distinta podría vulnerar principios fundamentales del sistema democrático colombiano.

Reacciones y contexto político

Las palabras del presidente Petro también fueron interpretadas como una amenaza por parte de asociaciones de alcaldes, que salieron en bloque a rechazar las afirmaciones.

Desde Asocapitales señalaron que los mandatarios locales son autoridades legítimas con autonomía para gobernar sus territorios dentro del marco constitucional. Además, insistieron en que cualquier señalamiento sobre irregularidades debe tramitarse a través de instancias judiciales y disciplinarias, y no mediante declaraciones públicas.

El debate se da en medio de las tensiones generadas por el paro de ciudadanos en varias regiones del país, relacionado con el incremento del impuesto predial y las actualizaciones catastrales.

En este contexto, la discusión sobre los límites del poder presidencial y la autonomía territorial ha cobrado fuerza, con pronunciamientos de expertos, autoridades locales y distintos sectores políticos que buscan delimitar el alcance de las decisiones del Ejecutivo frente a los gobiernos locales.

Bogotá puso en marcha una estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La iniciativa busca responder a las dificultades que enfrenta esta población para acceder al mercado inmobiliario tradicional, según información obtenida por Revista Semana.

El programa elimina barreras como los créditos hipotecarios exigentes y propone un modelo más flexible basado en las condiciones reales de los beneficiarios. Además, busca garantizar estabilidad, seguridad y bienestar para quienes no cuentan con vivienda propia, según información obtenida.

La propuesta incluye un enfoque integral que no solo contempla vivienda, sino también calidad de vida y autonomía para los adultos mayores. Este modelo marca un cambio en la forma de abordar el acceso a vivienda en la ciudad.

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Un modelo sin barreras financieras tradicionales

El acceso a vivienda en Bogotá ha sido históricamente complejo para los adultos mayores, especialmente por las exigencias del sistema financiero.

Factores como la falta de ingresos estables, la edad avanzada y los requisitos de endeudamiento han dejado a muchas personas fuera del mercado formal, obligándolas a depender de familiares o a vivir en condiciones precarias.

Frente a este panorama, el Distrito propone un modelo que elimina la necesidad de cumplir con las condiciones tradicionales de crédito, facilitando el acceso a soluciones habitacionales.

La estrategia está dirigida especialmente a personas mayores que no tienen vivienda propia y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En lugar de exigir altos ingresos o historial crediticio, el modelo evalúa de manera más amplia la situación social y económica de los beneficiarios.

Proyecto Aldeia y enfoque integral

Dentro de esta iniciativa se destaca el proyecto Aldeia, que abrirá sus puertas el 20 de junio y será operado por Casa Nua.

Más allá de ofrecer viviendas, este proyecto propone un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

El modelo contempla espacios diseñados para fomentar la interacción social, prevenir el aislamiento y promover estilos de vida activos.

Este enfoque responde a recomendaciones de expertos en salud, quienes destacan la importancia de mantener la actividad física y social en la vejez para preservar el bienestar.

Además, la iniciativa prioriza a quienes más lo necesitan, simplifica los procesos de acceso y evita que los beneficiarios asuman deudas difíciles de pagar.

Una apuesta por la inclusión y la dignidad

El programa representa un cambio en la manera en que se abordan las políticas de vivienda en Bogotá, pasando de esquemas rígidos a modelos más inclusivos.

La estrategia reconoce que no todas las personas cuentan con las mismas condiciones para acceder a una vivienda, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En este sentido, se busca construir soluciones sostenibles que respondan a las realidades económicas y sociales de los adultos mayores.

Aunque el déficit de vivienda en la ciudad sigue siendo significativo, este tipo de iniciativas abre nuevas oportunidades para una población históricamente excluida del sistema.

Para muchos adultos mayores, este programa representa la posibilidad de acceder a un hogar propio, con mayor estabilidad, seguridad y dignidad, sin depender exclusivamente de su capacidad económica o del apoyo de terceros.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que Venezuela ya no estaría interesada en vender la empresa Monómeros en medio de la actual coyuntura geopolítica. La declaración se dio durante el Congreso de Naturgas 2026, donde abordó distintos temas energéticos y económicos, según información obtenida por Revista Semana.

El funcionario explicó que el contexto internacional ha revalorizado el papel de los fertilizantes, lo que habría cambiado la postura del país vecino frente a una posible venta. Además, reiteró la importancia estratégica que tiene esta empresa para el mercado colombiano, según información obtenida.

El pronunciamiento se da en medio de conversaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela sobre energía, gas y petróleo. El futuro de Monómeros sigue siendo un tema clave dentro de esa agenda.

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Cambio en la postura sobre Monómeros

Durante su intervención, Palma señaló que la posibilidad de que Colombia adquiera Monómeros se ha visto afectada por un cambio en la visión estratégica de Venezuela.

“Lo de Monómeros, yo creo, y espero ser lo más preciso posible, es que ya, en la nueva coyuntura política y geopolítica, para Venezuela hoy ya no hay interés en vender Monómeros”, afirmó el ministro, citado por Revista Semana.

El jefe de la cartera explicó que el aumento en la relevancia global de los fertilizantes ha llevado a reconsiderar decisiones sobre activos estratégicos en este sector.

“Hoy cobra evidencia la importancia de los fertilizantes en el mundo”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

A pesar de este escenario, Palma subrayó que Monómeros continúa siendo fundamental para el mercado colombiano, especialmente en el suministro de insumos para el agro.

En Colombia, esta empresa tiene un peso significativo dentro del sector, al participar en una porción relevante del mercado de fertilizantes y contribuir a la producción agrícola nacional .

Diálogo bilateral y agenda energética

El ministro también se refirió a los avances en las conversaciones con el Gobierno venezolano, particularmente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Según explicó, se han abierto espacios de diálogo para tratar temas relacionados con energía, transmisión eléctrica, petróleo y gas.

“Estamos conversando alrededor de energía, de transmisión, de importación, de petróleo y de gas”, indicó Palma, citado por ese medio de comunicación.

Dentro de estas discusiones se incluyen aspectos técnicos y ambientales sobre el suministro de gas natural, así como la revisión de contratos existentes entre empresas de ambos países.

El funcionario mencionó que uno de estos acuerdos involucra a Ecopetrol y PDVSA, y que se encuentra vigente, aunque en proceso de revisión.

Subsidios y papel de los fertilizantes

Otro de los puntos abordados por el ministro fue la política de subsidios a fertilizantes, considerada clave para garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos.

Palma hizo un llamado a las empresas del sector para que contribuyan a asegurar el acceso a insumos a menor costo para los productores agrícolas.

“Necesitamos que las empresas que producen fertilizantes… nos puedan garantizar que lleguen fertilizantes baratos a nuestro campo para así producir alimentos baratos y que no haya inflación”, afirmó, citado por Revista Semana.

La relevancia de Monómeros en este contexto es alta, ya que se trata de una empresa petroquímica con sede en Barranquilla que produce fertilizantes y otros insumos esenciales para la cadena agrícola .

Incluso, su papel ha sido considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país, al abastecer una parte significativa del mercado nacional y apoyar al sector agropecuario .

En este escenario, el futuro de la empresa sigue siendo un elemento clave dentro de la política económica y energética, especialmente por su impacto directo en el costo de los alimentos y en la estabilidad del campo colombiano.

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria gratuita ‘Innovers Bogotá 2026’, dirigida a jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años. El programa busca fortalecer ideas de negocio mediante formación práctica, acompañamiento y conexiones comerciales, según información obtenida por Revista Semana.

La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pretende impulsar el ecosistema emprendedor juvenil en la ciudad. Además, incluye espacios de aprendizaje, liderazgo territorial y acceso a plataformas de visibilización, según información obtenida.

El programa está dirigido tanto a jóvenes con emprendimientos en marcha como a quienes están en etapas iniciales de ideación. La estrategia apunta a consolidar proyectos productivos en distintos niveles de desarrollo.

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Formación práctica y acompañamiento para emprendedores

El programa ‘Innovers Bogotá 2026’ se enfoca en ofrecer herramientas reales para que los jóvenes puedan fortalecer sus iniciativas empresariales en un entorno competitivo.

De acuerdo con lo informado, la estrategia contempla procesos de formación práctica, desarrollo de habilidades empresariales y fortalecimiento del liderazgo territorial.

“Seguimos comprometidos con generar oportunidades reales que les permitan a las y los emprendedores crecer, innovar y consolidar sus negocios en un entorno cada vez más competitivo”, afirmó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, citado por Revista Semana.

Además, el programa incluye acompañamiento técnico especializado, con el fin de orientar a los participantes en la estructuración y crecimiento de sus modelos de negocio.

Metodología innovadora y clubes territoriales

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es el uso de metodologías modernas como la gamificación, que busca fortalecer habilidades empresariales mediante dinámicas prácticas y trabajo en equipo.

En este contexto, se crearán 10 Clubes de Emprendimiento Territoriales, espacios donde los participantes podrán desarrollar sus proyectos mientras reciben asesoría técnica.

Estos clubes permitirán que los jóvenes enfrenten retos diseñados para fortalecer sus ideas de negocio y mejorar su capacidad de gestión empresarial.

“Esta es una oportunidad para que más jóvenes de la ciudad pasen de tener una idea a fortalecer su proyecto de vida”, señaló Diego Duque, subdirector para la juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, se elegirán embajadores juveniles que asumirán roles de liderazgo dentro de los territorios, facilitando la articulación entre los emprendedores y las entidades distritales.

Inscripción, eventos y visibilización

El proceso de inscripción para participar en el programa se realiza de manera virtual a través de un enlace habilitado por las autoridades distritales.

Posteriormente, se llevarán a cabo encuentros en distintas localidades de Bogotá para realizar diagnósticos, conformar los clubes y definir los participantes de la Red Innovers.

El programa también contempla estrategias de incentivos y visibilización para los emprendimientos destacados.

Entre las oportunidades que tendrán los participantes se encuentra la posibilidad de asistir a eventos de ciudad como la Semana de la Juventud y diversas ferias, donde podrán exhibir sus productos o servicios.

Estas plataformas buscan ampliar el alcance de los emprendimientos juveniles, permitiendo que más ciudadanos conozcan sus propuestas y generen oportunidades comerciales.

En conjunto, la iniciativa se proyecta como una herramienta clave para fomentar el emprendimiento juvenil en Bogotá, ofreciendo formación, acompañamiento y espacios de crecimiento para nuevas generaciones de empresarios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que Colombia debe prepararse incluso para el peor escenario ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El pronunciamiento se dio durante el Congreso de Naturgas en Cartagena, en medio de preocupaciones por el impacto climático y energético, según información obtenida por Revista Semana.

El jefe de la cartera insistió en que la cooperación entre todos los actores será clave para evitar afectaciones como racionamientos. Además, planteó la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático, según información obtenida.

El ministro también abordó temas como la importación de gas desde Venezuela, la situación de Monómeros y el impacto de la coyuntura internacional. La discusión refleja los desafíos energéticos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo.

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Preparación ante El Niño y riesgos energéticos

Durante su intervención en el Congreso de Naturgas, Edwin Palma hizo énfasis en la necesidad de anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño, que podría impactar la disponibilidad de recursos energéticos en el país.

El ministro señaló: “Solamente podemos pasar cualquier fenómeno de El Niño si cooperamos con todos los agentes”, citado por Revista Semana.

Además, advirtió que el comportamiento del fenómeno aún es incierto, ya que podría presentarse en niveles leves, moderados o severos, lo que obliga a prepararse para distintos escenarios.

En ese sentido, afirmó: “Tenemos que estar preparados para el peor escenario”, destacando la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten afectaciones al suministro energético.

Palma también indicó que el Gobierno buscará articular esfuerzos con exministros y expertos para enfrentar el fenómeno y garantizar que no se presenten interrupciones en el servicio.

Gas y Venezuela

El ministro abordó también la posibilidad de importar gas desde Venezuela como una de las alternativas para fortalecer el abastecimiento energético.

Explicó que se están evaluando opciones, entre ellas la continuidad de un contrato vigente con PDVSA hasta 2027, el cual ha sido objeto de revisión por parte del país vecino.

Asimismo, se refirió al contexto internacional, señalando que las tensiones globales, como la guerra en Irán, han generado incrementos en los precios y presiones inflacionarias a nivel mundial.

Sobre este punto, afirmó: “Ha puesto los precios al alza. Ha hecho que se genere una inflación mundial… Ojalá nosotros no lleguemos a ese nivel”, citado por ese medio de comunicación.

El ministro también mencionó la necesidad de avanzar hacia la descarbonización de la economía y reducir la dependencia de fuentes tradicionales, en línea con las tendencias globales del sector energético.

Infraestructura, Monómeros y urgencias del sector

En el marco del congreso, se destacó la importancia de fortalecer la infraestructura energética del país para enfrentar eventuales contingencias.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió que es urgente poner en funcionamiento nuevos proyectos que permitan garantizar el suministro de gas en escenarios críticos.

En ese sentido, señaló la necesidad de agilizar las autorizaciones gubernamentales para evitar retrasos que puedan comprometer la capacidad de respuesta del sistema.

El ministro Palma explicó que se están evaluando mecanismos como los procesos tipo open season para proyectos de regasificación, los cuales permitirían medir el interés del mercado antes de desarrollar infraestructura para importar gas en estado líquido.

Además, se refirió a la situación de Monómeros, indicando que una eventual venta no sería viable en el corto plazo debido al contexto actual de los fertilizantes.

El debate en el Congreso de Naturgas dejó en evidencia los retos que enfrenta Colombia para garantizar su seguridad energética, en un escenario marcado por el cambio climático, la presión internacional y la necesidad de inversiones en infraestructura clave.

La actualización catastral en Colombia ya se ha aplicado en cientos de municipios y está generando preocupación por posibles aumentos en el impuesto predial. El proceso, liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha sido uno de los principales detonantes de protestas en distintas regiones, según información obtenida por Revista Semana.

Más de 520 municipios han sido objeto de actualización catastral, con ajustes en los avalúos de los predios que podrían impactar el valor del impuesto. Este procedimiento busca reducir rezagos históricos en la información de los bienes inmuebles, según información obtenida.

Los incrementos en el predial dependen de decisiones locales y de los límites legales establecidos, lo que ha generado dudas entre los ciudadanos. El debate se mantiene activo en medio de manifestaciones y revisiones del proceso.

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Municipios con actualización catastral en Colombia

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que el proceso de actualización catastral se ha realizado en 520 municipios del país, mediante un procedimiento técnico masivo que busca ajustar los valores de los predios a condiciones más cercanas a la realidad.

Entre los departamentos con mayor número de municipios intervenidos se encuentran Boyacá (81), Santander (68) y Nariño, seguidos por Tolima (38), Cauca (31), Bolívar (26) y Huila (26).

También figuran regiones como Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19), Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11), lo que evidencia una cobertura amplia del proceso en diferentes zonas del país.

Este ajuste responde a la necesidad de corregir rezagos en los avalúos catastrales, ya que en muchos municipios los valores no se actualizaban desde hace varios años, lo que generaba distorsiones en el sistema tributario.

Sin embargo, el avance del proceso ha sido más lento de lo esperado, pues inicialmente se proyectaba alcanzar cerca del 60 % de los municipios actualizados, meta que aún no se cumple.

Cómo impacta la actualización en el impuesto predial

Uno de los principales efectos de la actualización catastral es el incremento en el avalúo de los predios, lo que puede traducirse en un aumento del impuesto predial.

No obstante, este incremento no es automático ni uniforme, ya que depende de varios factores, incluyendo las tarifas definidas por los concejos municipales, el estatuto tributario de cada localidad y los límites establecidos por la ley.

El proceso se rige por normas como la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019, que fijan condiciones para evitar aumentos desproporcionados en la carga tributaria de los ciudadanos.

Además, el IGAC estableció algunos casos especiales. Por ejemplo, para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos hasta 135 salarios mínimos, el incremento puede estar limitado al índice de inflación, bajo ciertas condiciones.

En contraste, para predios rurales de gran extensión, especialmente aquellos iguales o superiores a 100 hectáreas, el aumento del impuesto podría llegar hasta el doble del valor pagado el año anterior, conforme a la normativa vigente.

Protestas y revisión del proceso

El impacto de estas actualizaciones ha generado protestas y bloqueos en varias regiones del país, donde ciudadanos han expresado su preocupación por el incremento en el impuesto predial.

En departamentos como Santander, las manifestaciones llevaron a la apertura de espacios de diálogo entre autoridades y comunidades, con el objetivo de revisar los avalúos y ajustar posibles inconsistencias.

Estos acuerdos incluyen la participación de entes territoriales en la evaluación de los incrementos y la revisión de los procesos técnicos aplicados durante la actualización catastral.

El Gobierno y las autoridades locales han insistido en que el catastro multipropósito es una herramienta clave para mejorar la equidad tributaria, aunque reconocen que su implementación ha generado tensiones en distintos sectores.

En medio de este escenario, el debate continúa sobre el equilibrio entre la actualización de la información catastral y la capacidad de pago de los ciudadanos, en un contexto donde el impuesto predial se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda pública nacional.

Un atentado armado contra líderes sociales en el distrito de Aguablanca, en Cali, generó alarma por la seguridad en el oriente de la ciudad. El ataque ocurrió en la noche del 13 de abril cuando un grupo de dirigentes comunitarios fue interceptado por sicarios, según información obtenida por el texto original.

Los agresores dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas y luego lanzaron una bomba molotov, provocando un incendio. Aunque los ocupantes lograron salir ilesos, el hecho fue calificado como una grave vulneración a sus derechos, según información obtenida.

Las autoridades locales exigieron una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección a líderes sociales. El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en zonas vulnerables.

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Ataque armado y con explosivos en el oriente de Cali

El atentado se registró en el barrio Mojica, ubicado en el distrito de Aguablanca, una de las zonas más vulnerables y con mayores índices de violencia en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información disponible, los líderes sociales Andrés Valencia, Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptados por hombres armados.

Según relató Andrés Valencia, los atacantes primero abrieron fuego contra el vehículo y posteriormente lanzaron una bomba molotov, lo que ocasionó que el automotor se incendiara en cuestión de minutos.

Pese a la gravedad del ataque, los ocupantes lograron salir ilesos, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre las autoridades y la comunidad por el riesgo al que están expuestos los líderes sociales en esta zona.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó lo ocurrido y señaló: “Este hecho constituye una grave vulneración a la vida, la integridad y al ejercicio legítimo del liderazgo social”, citado por el texto original.

Además, calificó el ataque como un hecho inaceptable que atenta contra la seguridad ciudadana y el trabajo comunitario en sectores históricamente afectados por la violencia.

Falta de protección y exigencia de investigación

Uno de los aspectos que más preocupación generó tras el atentado es que, según las primeras indagaciones, el líder Andrés Valencia no contaba en ese momento con el acompañamiento de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Esta situación fue considerada grave por las autoridades, ya que podría evidenciar fallas en los esquemas de seguridad para personas en riesgo.

En ese sentido, el personero insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia en la protección de los líderes.

Mendoza hizo un llamado contundente: “Como garante de los derechos humanos exijo de las autoridades competentes una investigación pronta, rigurosa y eficaz que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas y de todos los líderes sociales del territorio”, citado por ese medio de comunicación.

El funcionario también advirtió que este tipo de hechos no pueden ser normalizados, ya que ponen en riesgo la vida de quienes trabajan por sus comunidades, especialmente en sectores con alta vulnerabilidad social.

Contexto de riesgo en Aguablanca

El distrito de Aguablanca ha sido históricamente una de las zonas más complejas de Cali en materia de seguridad, con presencia de estructuras criminales y problemáticas sociales que afectan a sus habitantes.

En este contexto, los líderes sociales cumplen un papel clave como voceros de las comunidades, lo que en muchos casos los expone a amenazas y ataques.

El atentado ocurrido en el barrio Mojica reaviva la preocupación sobre las garantías de seguridad para estos actores sociales y la necesidad de fortalecer las medidas de protección.

Desde la Personería de Cali se reiteró el compromiso de hacer seguimiento al caso y de velar por el respeto de los derechos humanos, mientras se espera que las autoridades avancen en la identificación de los responsables.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en el Valle del Cauca y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el país en la protección de líderes sociales, especialmente en territorios con condiciones de alta vulnerabilidad.

Una intervención del presidente Gustavo Petro en Ipiales generó controversia por sus afirmaciones sobre la conexión con el universo. El mandatario hizo comentarios durante un consejo de ministros que rápidamente provocaron reacciones en distintos sectores, según información obtenida por Revista Semana.

El jefe de Estado invitó a escuchar una frecuencia específica como una forma de conexión espiritual, lo que despertó críticas y debate público. Sus declaraciones incluyeron reflexiones sobre el cuerpo, la mente y la percepción humana, según información obtenida.

La intervención también incluyó comentarios sobre cultura, sexualidad y música, ampliando la polémica más allá del tema inicial. El episodio se convirtió en uno de los más comentados en la agenda política reciente.

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La declaración que desató la polémica

Durante el consejo de ministros realizado el 13 de abril en Ipiales, el presidente Gustavo Petro invitó a los asistentes a escuchar la frecuencia 852 Hz, señalando que esta permitiría una conexión con el universo.

En su intervención, el mandatario expresó: “Los invito a ver la frecuencia 852 Hz y me entenderán. Es fácil ponerla, porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre (risas), o te has consumido quién sabe qué vainas”, citado por Revista Semana.

El jefe de Estado también hizo referencia a los ancestros y a la diversidad cultural, indicando que comprender esos elementos puede aportar enseñanzas sobre la realidad humana.

Además, mencionó la existencia de una glándula en el cuerpo que, según su planteamiento, podría estimularse para percibir aspectos que normalmente no son visibles, aunque evitó profundizar en ese punto.

Estas afirmaciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales y en sectores políticos, donde se cuestionó el contenido y el tono del mensaje emitido por el mandatario.

Otros comentarios que ampliaron el debate

La intervención del presidente no se limitó a ese tema. Durante el mismo espacio, también se refirió a aspectos relacionados con la sexualidad y la cultura popular.

En ese contexto, el mandatario cuestionó una frase de la canción Bzrp Music Sessions #53 de la cantante Shakira, en la que se afirma que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Sobre esto, Petro señaló: “El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, defendió el uso de términos científicos al referirse al cuerpo humano y explicó que la sexualidad está relacionada con el cerebro y el sistema nervioso.

Estas declaraciones ampliaron la controversia y generaron nuevas críticas, al considerar algunos sectores que el contenido no correspondía al escenario institucional en el que se desarrolló la intervención.

El episodio se suma a otras intervenciones del presidente que han generado debate en la opinión pública, consolidándose como un nuevo foco de discusión política en el país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió con contundencia a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos vínculos con “testaferros de la mafia”. La mandataria negó cualquier relación con estructuras ilegales y defendió su gestión en medio del debate nacional por el catastro multipropósito, según información obtenida por Blu Radio.

Toro aseguró que su postura está centrada en la defensa de los campesinos y productores del departamento, y no en intereses de grandes terratenientes. La controversia se da en un contexto de protestas y tensiones políticas por el incremento del avalúo catastral, según información obtenida.

El cruce de declaraciones refleja un aumento en la confrontación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, especialmente en temas de tierra y autonomía territorial. La discusión se ha trasladado a distintos escenarios políticos y mediáticos.

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Rechazo a señalamientos y defensa de productores

Dilian Francisca Toro fue enfática al negar las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro, quien la vinculó con supuestos intereses de grandes hacendados y testaferros.

En su respuesta, la gobernadora afirmó: “Yo no soy amiga de ningún testaferro de las mafias. Soy amiga, por supuesto, de los cañicultores, que son gente decente que le generan empleo al Valle del Cauca”, citado por Blu Radio.

La mandataria explicó que el sector agroindustrial, especialmente el relacionado con la caña de azúcar, cumple un papel clave en la economía regional, generando empleo y dinamizando la actividad productiva en el departamento.

Además, insistió en que su defensa está orientada a proteger a los pequeños productores y campesinos, quienes, según indicó, son los principales propietarios de la tierra en el Valle del Cauca.

En ese sentido, sostuvo: “Estamos defendiendo a los campesinos porque es que la mayoría de la tierra del Valle del Cauca la tienen los campesinos, no los grandes latifundistas”, citado por ese medio de comunicación.

Estas declaraciones se producen en medio de un clima de tensión nacional por las medidas relacionadas con el catastro y el impacto que estas podrían tener sobre el sector rural y los impuestos territoriales.

Debate por autonomía y críticas al Gobierno Nacional

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento de Toro fue la defensa de la autonomía territorial frente a las declaraciones del presidente sobre posibles acciones contra mandatarios locales.

La gobernadora cuestionó la idea de que el jefe de Estado pueda destituir alcaldes o gobernadores, recordando que estos son elegidos por voto popular y están protegidos por la Constitución.

Sobre este tema, afirmó: “Eso está clarísimo, él sabe exactamente que no se pueden destituir y menos por el Presidente de la República”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, señaló que resulta contradictorio que se planteen este tipo de medidas, teniendo en cuenta antecedentes en los que el propio presidente defendió su permanencia en cargos públicos mediante instancias judiciales internacionales.

Toro también aprovechó el espacio para cuestionar la gestión del Gobierno Nacional en su departamento, asegurando que muchas de las acciones en materia social y económica han sido impulsadas desde el nivel regional.

“Yo no hablo solamente, yo hago y ejecuto lo que no hace el Presidente por el Valle del Cauca”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

Contexto de tensión por catastro y protestas

El intercambio de declaraciones se da en medio de un escenario marcado por protestas campesinas en distintas regiones del país, motivadas por el incremento en los avalúos catastrales y el impacto en el impuesto predial.

Este contexto ha generado un ambiente de alta sensibilidad política, en el que diferentes sectores han expresado preocupaciones sobre el alcance de las medidas y sus efectos en la economía rural.

La intervención a Nueva EPS dejó al descubierto un agravamiento de su crisis financiera, con deudas que superan los $26 billones. La Superintendencia de Salud evidenció un deterioro sostenido desde 2024 que pone en duda la viabilidad de la entidad, según información obtenida por Blu Radio.

El volumen de facturas represadas alcanzó los $14,9 billones, lo que refleja fallas graves en el procesamiento de cuentas médicas. Esta situación ha generado efectos en cadena sobre hospitales, clínicas y usuarios del sistema, según información obtenida.

Las dificultades financieras ya impactan la calidad del servicio, con retrasos en citas, entrega de medicamentos y aumento de quejas. El panorama compromete la atención de más de 11 millones de afiliados en el país.

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Facturas represadas y deudas en aumento

Desde la primera intervención en abril de 2024, la Nueva EPS ya presentaba déficits importantes en su estructura financiera, incluyendo faltantes en capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas necesarias para su operación.

Sin embargo, lejos de mejorar, la situación se agravó con el paso del tiempo. Uno de los indicadores más críticos es el crecimiento de las facturas sin procesar, que pasaron de $5,7 billones al inicio de la intervención a $14,9 billones a finales de 2025, equivalentes a más de 14,2 millones de cuentas pendientes.

Este rezago en el procesamiento de pagos afectó directamente la contabilidad de la entidad y generó un impacto en toda la red de salud, ya que hospitales y proveedores comenzaron a acumular deudas significativas.

En ese contexto, las cuentas por pagar aumentaron un 24 %, pasando de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025.

La Superintendencia de Salud explicó que este deterioro se relaciona con múltiples fallas operativas, entre ellas demoras en el procesamiento de cuentas médicas, dificultades en la legalización de anticipos y debilidades en los mecanismos internos de pago, citado por Blu Radio.

Impacto en la atención y aumento de quejas

El deterioro financiero terminó trasladándose directamente a la calidad del servicio prestado a los usuarios. Según el diagnóstico de la Superintendencia, se evidencian problemas en la red de atención, incluyendo retrasos en citas especializadas y dificultades en la entrega de medicamentos.

Además, varias clínicas y hospitales han optado por restringir la atención a casos urgentes debido a la falta de pagos, lo que ha afectado el acceso a servicios para miles de afiliados.

Las inconformidades de los usuarios también han aumentado de manera sostenida. Las quejas crecieron en un 37 %, mientras que las solicitudes registraron un incremento anual del 14,25 %, con una tasa mensual superior al promedio nacional.

Otro elemento crítico ha sido el uso masivo de anticipos como mecanismo para sostener el flujo financiero. Estos recursos crecieron un 115 %, alcanzando los $17,1 billones, sin lograr solucionar los problemas estructurales de la entidad.

La crisis también ha impactado indicadores clave en salud pública, como la vacunación, el control de enfermedades crónicas y la detección temprana de patologías, lo que evidencia un deterioro integral del servicio.

Ante este panorama, el nuevo interventor deberá implementar medidas para recuperar la solvencia financiera, cumplir con las reservas técnicas y negociar acuerdos con acreedores, en un escenario donde la estabilidad del sistema y la atención de millones de usuarios están en riesgo.

El Gobierno de Perú explicó el operativo militar en el río Putumayo que terminó con la muerte de un ciudadano colombiano. La Cancillería peruana aseguró que la intervención se dio en medio de patrullajes por seguridad electoral, según información obtenida por Revista Semana.

Las autoridades peruanas afirmaron que la embarcación colombiana habría abierto fuego primero, lo que llevó a una respuesta armada. El incidente dejó además heridos y detenidos, en un contexto de tensión en la frontera amazónica, según información obtenida.

El hecho generó una reacción inmediata de Colombia, que pidió explicaciones oficiales por lo ocurrido. La situación revive tensiones diplomáticas en una zona históricamente sensible.

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Perú asegura que actuó en un operativo de control

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el operativo se realizó como parte de un patrullaje programado para proteger el desarrollo de las elecciones presidenciales en ese país.

Según la versión oficial, dos lanchas de la Marina de Guerra del Perú interceptaron una embarcación colombiana de carga en el río Putumayo y le solicitaron detenerse para un control de identificación.

En ese contexto, la Cancillería peruana señaló: “La embarcación colombiana se negó a la acción de control y abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra del Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque”, citado por Revista Semana.

El operativo hacía parte de un despliegue reforzado desde el 10 de abril, con el objetivo de prevenir posibles acciones violentas en zonas cercanas a los puestos de votación.

Como resultado del intercambio de disparos, un efectivo naval peruano resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que la embarcación fue interceptada por las autoridades.

Colombia pide explicaciones tras muerte de ciudadano

En medio del enfrentamiento, murió el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, quien era propietario de la embarcación.

El ministro de Defensa de Colombia confirmó el fallecimiento y señaló que otro ciudadano colombiano resultó herido durante el incidente. Este último fue trasladado posteriormente a Bogotá en un operativo de evacuación aeromédica para recibir atención médica especializada.

Además, dos tripulantes de la embarcación fueron detenidos y permanecen bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, con acceso a asistencia consular.

El Gobierno colombiano solicitó formalmente a Perú esclarecer los hechos, en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el operativo.

Por su parte, Perú sostuvo que el ciudadano herido cruzó la frontera por sus propios medios para recibir atención en territorio peruano antes de ser trasladado a Colombia.

Este episodio se suma a las tensiones diplomáticas que ambos países han sostenido desde 2025 por disputas territoriales en la región amazónica, particularmente en zonas del río Amazonas donde existe controversia sobre la soberanía.

Aunque en septiembre ambas naciones acordaron garantizar la navegabilidad en el río, el reciente incidente vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los acuerdos y la complejidad de la seguridad en la frontera.

Una nueva controversia sacude al Gobierno Petro tras la denuncia de presuntas irregularidades en el Fondo Adaptación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, anunció que llevó el caso ante las autoridades judiciales, según información obtenida por Revista Semana.

La denuncia apunta a posibles cobros de coimas en contratos del Fondo Adaptación, lo que ha generado tensiones internas dentro del Ejecutivo. El caso involucra a funcionarios y procesos administrativos que ahora están bajo revisión, según información obtenida.

El escándalo revive cuestionamientos sobre prácticas irregulares en entidades del Estado y abre un nuevo frente político dentro del Gobierno. Las acusaciones han intensificado el debate sobre transparencia y control institucional.

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Denuncia por presunta concusión y cobro de coimas

Carlos Carrillo informó que radicó una denuncia formal por el delito de concusión, señalando que existirían exigencias económicas ilegales en procesos contractuales del Fondo Adaptación.

El funcionario afirmó: “Ayer radiqué una denuncia, junto con la evidencia pertinente, por el delito de concusión por el posible cobro de coimas en el Fondo Adaptación”, citado por Revista Semana.

Según su versión, el caso se relaciona con un contratista que habría sido presionado para pagar un porcentaje del valor de un contrato a cambio de recibir pagos o facilitar su ejecución.

Carrillo detalló que el monto de la presunta exigencia sería cercano a $2.000 millones, equivalente a aproximadamente el 10 % del contrato, lo que calificó como un caso de “extorsión”.

Además, indicó que el proyecto en cuestión corresponde a iniciativas desarrolladas en La Mojana, estructuradas previamente durante su paso por la dirección del Fondo Adaptación.

El director de la UNGRD aseguró que el testimonio del contratista incluye nombres y referencias a reuniones informales en las que se habrían realizado las solicitudes económicas, lo que, en su criterio, amerita una investigación urgente por parte de las autoridades.

Tensiones internas y llamado a investigar

El caso ha sido interpretado como un nuevo episodio de “fuego amigo” dentro del Gobierno, al involucrar a entidades y funcionarios cercanos a la administración nacional.

Carrillo también hizo un llamado para que se dé celeridad al proceso. En ese sentido, señaló: “Necesitamos una política de tolerancia cero con los actos de corrupción. El proceso del cambio en Colombia debe erradicar prácticas como esas de nuestro proceso político; el Pacto Histórico no puede repetir el camino que han recorrido otros procesos de izquierda en América Latina”, citado por ese medio de comunicación.

El funcionario explicó que la denuncia no involucra directamente a la UNGRD, sino a actuaciones dentro del Fondo Adaptación, aunque advirtió que parte del equipo actual fue vinculado recientemente a esa entidad.

Asimismo, aseguró que el contratista afectado estaría dispuesto a colaborar con las autoridades, aunque reconoció que en muchos casos este tipo de situaciones no se denuncian debido a presiones o temores, lo que contribuye a la impunidad.

Carrillo también reveló que el proyecto completo supera el billón de pesos, mientras que los contratos individuales rondarían los $15.000 millones, cifras que reflejan la magnitud de los recursos comprometidos.

El funcionario concluyó que continuará colaborando con las autoridades y respondiendo ante los entes de control por los proyectos que lideró anteriormente, al tiempo que insistió en la necesidad de esclarecer los hechos denunciados.

La polémica se suma a otros cuestionamientos recientes en el sector y abre un nuevo capítulo de tensiones dentro del Gobierno, en medio de exigencias de mayor transparencia en la contratación pública.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto fracaso en la exploración energética del país. El pronunciamiento se dio en respuesta a recientes declaraciones del mandatario sobre el futuro del petróleo y el gas, según información obtenida por Revista Semana.

El gremio aseguró que Colombia sí cuenta con potencial energético, pero enfrenta dificultades para desarrollar los recursos disponibles. Esta postura contradice la idea de un colapso en la exploración y plantea un enfoque más técnico sobre la situación del sector, según información obtenida.

Los expertos advirtieron que simplificar el panorama energético como un fracaso desconoce factores estructurales que afectan la ejecución de proyectos. La discusión se centra en la capacidad operativa y las condiciones para invertir, más que en la existencia de recursos.

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Gremio rechaza visión de fracaso en exploración

El pronunciamiento fue liderado por el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, Flover Rodríguez Portillo, quien respondió directamente a los señalamientos del presidente sobre la industria energética.

El mandatario había afirmado que las exploraciones han fracasado y que el petróleo dejaría de comercializarse, lo que generó preocupación en distintos sectores del país.

Frente a esto, Rodríguez Portillo sostuvo: “Esto es importante porque es la oportunidad que tenemos para desarrollar a nuestras sociedades, para superar la pobreza energética e impulsar el desarrollo territorial sostenible”, citado por Revista Semana.

El directivo insistió en que el análisis del sector no puede limitarse a interpretaciones simplificadas, ya que involucra variables técnicas, regulatorias y económicas que determinan la viabilidad de los proyectos.

Además, explicó que el debate energético debe abordarse con una visión integral, teniendo en cuenta el abastecimiento de recursos y la autosuficiencia del país en el mediano y largo plazo.

Desarrollo de recursos y retos estructurales

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del gremio es que el problema no radica en la capacidad de encontrar hidrocarburos, sino en la posibilidad de desarrollarlos de manera efectiva.

En ese sentido, Rodríguez Portillo afirmó: “Pero interpretar esto como un fracaso exploratorio es simplificar un fenómeno mucho más complejo. El problema no está en la capacidad de encontrar recursos. Está en la capacidad de desarrollarlos”, citado por ese medio de comunicación.

El gremio también destacó que la explotación responsable de recursos energéticos puede convertirse en un motor clave para el desarrollo regional, especialmente en zonas apartadas donde estas actividades generan empleo, regalías e inversión social.

Asimismo, subrayó que el acceso a energía confiable sigue siendo un desafío para millones de personas, por lo que el debate debe considerar su impacto en la calidad de vida y en la reducción de brechas sociales.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos reiteró que el país cuenta con un potencial geológico significativo, pero advirtió que este podría no materializarse si no existen condiciones adecuadas para la inversión y la ejecución de proyectos.

Finalmente, el gremio señaló que, en el marco de la transición energética, el gas natural continuará siendo un recurso fundamental como respaldo del sistema mientras se consolidan las energías renovables. Esta posición plantea la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo de nuevas fuentes limpias y el aprovechamiento de los recursos existentes.

El Gobierno Nacional aclaró que tener una vivienda no es motivo para ser excluido del Sisbén ni perder los beneficios sociales. La precisión surge en medio de las protestas por el catastro multipropósito y las dudas de miles de ciudadanos, según información obtenida por Revista Semana.

La propiedad de un inmueble solo afecta la clasificación si genera ingresos económicos registrados oficialmente. De lo contrario, no impacta el acceso a subsidios ni la permanencia en el sistema, según información obtenida.

El Sisbén y el catastro son sistemas independientes, por lo que el avalúo de un predio no modifica automáticamente la clasificación de los hogares. Esta aclaración busca evitar confusiones en medio del debate nacional.

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Tener casa no implica perder beneficios

El Departamento Nacional de Planeación explicó que ser dueño de una vivienda o una parcela no constituye una causal de exclusión del Sisbén ni del Registro Universal de Ingresos (RUI).

En ese sentido, la entidad indicó: “Ser dueño de un inmueble NO es causal de exclusión del Sisbén ni del RUI: millones de campesinos, pequeños propietarios y familias en situación de pobreza son dueños de una vivienda o de una parcela. Tener ese bien no les impide estar en el Sisbén ni recibir subsidios del Estado. La tenencia de una propiedad solo afecta la clasificación en el RUI si dicha propiedad genera una rentabilidad económica que sea reportada en las bases de datos oficiales”, citado por Revista Semana.

Esto significa que el simple hecho de tener una propiedad no cambia automáticamente la condición socioeconómica del hogar. La clave está en si ese bien produce ingresos adicionales que puedan ser medidos por el sistema.

Además, el Gobierno enfatizó que el catastro multipropósito cumple una función distinta, enfocada en registrar información técnica de los predios, como su ubicación y características físicas, sin incidir directamente en los subsidios sociales.

Cómo funciona la clasificación y qué cambios pueden darse

El Sisbén clasifica a la población en cuatro grupos principales (A, B, C y D), según sus condiciones de vida e ingresos. Esta categorización determina el acceso a programas sociales como transferencias monetarias y ayudas estatales.

La clasificación no depende del valor del inmueble, sino del nivel de ingresos del hogar, medido a través del Registro Universal de Ingresos. En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación señaló: “El avalúo de su predio NO modifica su puntaje en el Sisbén ni en el RUI”, citado por ese medio de comunicación.

Sin embargo, los procesos de actualización pueden generar cambios en la ubicación de los hogares dentro de estos grupos. Algunas familias podrían pasar de categorías como A a B, lo que podría implicar modificaciones en los beneficios que reciben.

Este escenario ha generado inquietud entre los ciudadanos, especialmente en quienes dependen de subsidios para su sostenimiento. No obstante, las autoridades reiteraron que cualquier ajuste responde a la actualización de información socioeconómica y no exclusivamente a la propiedad de bienes.

En medio de las manifestaciones por el catastro multipropósito, el Gobierno insistió en que es fundamental que las personas consulten su clasificación y mantengan actualizados sus datos para evitar interpretaciones erróneas sobre la pérdida de beneficios.

La aclaración oficial busca reducir la incertidumbre y garantizar que los ciudadanos comprendan que el acceso a programas sociales depende de su situación económica real y no únicamente de la tenencia de una vivienda.