El SOAT para motocicletas podría tener cambios durante el próximo Gobierno, si avanza la propuesta presentada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para reducir el costo de este seguro obligatorio.

La iniciativa busca ampliar la cobertura entre motociclistas, disminuir la informalidad y aliviar la carga económica de millones de conductores que usan este vehículo como medio de transporte o herramienta de trabajo.

La información publicada por Revista Semana señala que el Consejo Nacional Electoral finalizó este miércoles 24 de junio el escrutinio de segunda vuelta y ratificó a De La Espriella como próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Entre las propuestas que presentó durante la campaña aparece una modificación al sistema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, dirigida especialmente a las motocicletas.

Este seguro es clave para los conductores porque garantiza atención médica inmediata e incondicional cuando una persona resulta involucrada en un accidente de tránsito, sin importar quién haya tenido la responsabilidad del hecho. Sin embargo, el alto costo ha sido señalado como una de las razones por las que muchos motociclistas no lo adquieren.

Propuesta para reducir el costo del SOAT

Según la página oficial del partido Defensores de la Patria, De La Espriella propuso una reducción significativa en el valor del SOAT para motocicletas. El argumento principal es que una tarifa más accesible podría llevar a más usuarios a comprar el seguro y, con ello, ampliar la cobertura en todo el país.

El presidente electo ha señalado que Colombia enfrenta un problema grave en el parque automotor de motocicletas por la falta de aseguramiento. “Hay 13 millones de motos y cerca del 80 % no tiene seguro obligatorio”, dijo, al explicar la dimensión del reto que buscaría enfrentar con el reajuste.

Para De La Espriella, el costo actual del SOAT empuja a muchos conductores a circular sin póliza, especialmente a quienes dependen de la motocicleta para trabajar y sostener a sus familias. Bajo esa lectura, bajar tarifas no solo representaría un alivio económico, sino una forma de reducir la informalidad.

La propuesta parte de una idea concreta: si el seguro cuesta menos, más motociclistas podrían ingresar al sistema. Eso mejoraría la protección de los conductores y también la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de cubrir la atención derivada de siniestros viales.

Tarifas vigentes para motos en 2026

A comienzos de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó los valores vigentes del SOAT para diferentes tipos de vehículos. En el caso de las motocicletas, la tarifa depende del cilindraje y del nivel de riesgo asociado a cada categoría.

Para motos de menos de 100 centímetros cúbicos, el valor del SOAT está en 256.200 pesos. Para motocicletas entre 100 y 200 centímetros cúbicos, la tarifa vigente es de 343.300 pesos. En el caso de motos de más de 200 centímetros cúbicos, el costo llega a 761.400 pesos.

El valor para motocarros de cinco pasajeros quedó en 386.900 pesos, según las tarifas mencionadas. Estos precios muestran la diferencia que existe entre categorías y el impacto que el seguro puede tener sobre usuarios de menores ingresos.

La discusión sobre el SOAT para motociclistas vuelve así al centro del debate público. La propuesta del nuevo Gobierno buscaría resolver una tensión que lleva años en el país: mantener la protección obligatoria frente a accidentes, pero hacerla suficientemente accesible para que más conductores la paguen.

Por ahora, la iniciativa está planteada como una propuesta de campaña que deberá traducirse en decisiones normativas o regulatorias para convertirse en realidad. Mientras tanto, los motociclistas siguen sujetos a las tarifas vigentes y a la obligación de circular con el SOAT activo.

Primax Colombia formalizó una renovación total de su Junta Directiva después de que cinco integrantes del órgano directivo presentaran su renuncia irrevocable, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad.

La compañía informó que la Asamblea General de Accionistas aceptó las dimisiones y designó a los nuevos miembros durante una reunión extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2026.

La información publicada por Revista Semana señala que las renuncias fueron presentadas por Marco Aurelio Peschiera Fernández, Manuel Enrique Romero Valdez, Calixto Romero Guzmán, Hernando Aguirre Stoessel y José Antonio Onrubia Holder. Según la comunicación de la empresa, todas las salidas fueron voluntarias, irrevocables y vinculadas al relevo en el control de la compañía.

Primax Colombia también indicó que no tuvo conocimiento de otros hechos materiales relacionados con la salida de los directivos. La precisión fue incluida en el comunicado con el que la empresa informó al mercado sobre los cambios en su órgano de gobierno corporativo.

Renuncias aceptadas por la Asamblea

La compañía explicó que las dimisiones se dieron el mismo día de la reunión extraordinaria de accionistas. “El 24 de junio de 2026 las siguientes personas presentaron renuncia irrevocable a sus cargos como miembros de la junta directiva de la Sociedad”, informó Primax en la comunicación oficial.

Tras recibir las renuncias, la Asamblea General de Accionistas procedió a aceptar la salida de los cinco integrantes y nombró a quienes asumirán los renglones de la nueva Junta Directiva. La decisión dejó renovado por completo el órgano encargado de acompañar la orientación corporativa de la compañía.

Como parte de ese proceso, fueron designados Federico Nasser Facussé, Gilson Duarte Ribeiro, César Alfaro Ordóñez, Gabriela Arguello Pérez y Marysabel Maldonado Raudales. La empresa señaló que estos nombramientos también se realizaron como consecuencia del cambio de controlante.

Según el reporte, los nuevos miembros ocuparán los cinco renglones que conforman la Junta Directiva. Federico Nasser Facussé quedó en el primer renglón; Gilson Duarte Ribeiro, en el segundo; César Alfaro Ordóñez, en el tercero; Gabriela Arguello Pérez, en el cuarto; y Marysabel Maldonado Raudales, en el quinto.

Nuevos miembros asumirán funciones

Primax Colombia precisó que los nuevos integrantes asumirán las funciones de quienes presentaron su renuncia. “Las funciones de los miembros que presentaron su renuncia serán asumidas por los nuevos miembros de Junta Directiva designados por la Asamblea General de Accionistas”, indicó la compañía.

La empresa también aclaró que no conoce otros hechos materiales asociados a las nuevas designaciones. Con esa precisión, Primax limitó la explicación del cambio a la modificación en el control de la sociedad y al procedimiento adoptado por la Asamblea General de Accionistas.

El movimiento corporativo se produjo en una sola sesión extraordinaria y dejó formalizado el relevo completo de la Junta Directiva. La compañía comunicó la decisión al mercado como parte de sus obligaciones de información y destacó que el cambio quedó asociado al nuevo controlante de la sociedad.

Aunque Primax Colombia reportó los nombres de los directivos salientes y de los nuevos integrantes, no entregó detalles adicionales sobre las razones del cambio de controlante ni sobre posibles ajustes en su estrategia corporativa. Tampoco informó, según el texto divulgado, si la renovación tendrá efectos en sus líneas de negocio, operación o planes comerciales.

Con estas decisiones, la empresa cerró un capítulo de transición en su gobierno corporativo y dejó en manos de los nuevos miembros de Junta Directiva la continuidad de las funciones internas. El comunicado mantiene el foco en la formalización del relevo y en la aceptación de las renuncias presentadas por los cinco antiguos integrantes.

El anuncio quedó registrado como información relevante para accionistas, inversionistas y mercado.

El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector.

La iniciativa busca fortalecer la producción nacional, elevar la competitividad, incorporar nuevas tecnologías y promover vehículos de cero o bajas emisiones dentro de la industria automotriz.

La información publicada por Revista Semana señala que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sostuvo una reunión en Cartagena con varias ensambladoras de motocicletas del país para revisar el futuro del sector. En el encuentro participaron marcas como Incolmotos-Yamaha, Suzuki Motor, AKT Motos, HMCL-Hero Motos, Auteco Mobility, Fanalca-Honda y Grupo UMA.

El contexto del diálogo está marcado por el aumento en las matrículas de motocicletas nuevas. Según los boletines más recientes de Fenalco y la Andi, durante mayo se registraron 110.599 motos nuevas en Colombia, lo que representa un incremento del 23,03 % frente al mismo mes de 2025. Con corte entre enero y mayo, el crecimiento llegó al 34,00 %.

Decreto para actualizar el ensamble de motos

Durante la reunión, la viceministra de Comercio Exterior encargada, Sofía Cañón, explicó que el proyecto de decreto en trámite busca actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas. Uno de los puntos centrales es el ajuste del Porcentaje de Integración Nacional, PIN, por categorías, con el fin de incentivar mayores niveles de producción local.

La apuesta del Gobierno es que la industria avance hacia motocicletas diseñadas con tecnologías de cero o bajas emisiones, en línea con la transición energética que gana espacio en el mercado. Según la viceministra, el régimen de transformación y ensamble debe estar acorde con los estándares internacionales y responder a las nuevas condiciones de la industria.

Cañón también planteó la necesidad de aumentar la participación de insumos nacionales en la producción, mejorar la cadena productiva e incorporar tecnologías disponibles en el mercado, especialmente para motocicletas eléctricas. La expectativa del Gobierno es que el decreto ayude a avanzar en esos objetivos y fortalezca al sector.

La reunión en Cartagena fue presentada como un espacio de diálogo entre el Gobierno y las ensambladoras, en un momento en el que el mercado de motocicletas mantiene cifras positivas y se convierte en uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del sector automotor colombiano.

Nueve plantas y 45.000 empleos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, defendió el papel de esta industria en la economía nacional. “La industria de motocicletas es un actor clave para el desarrollo productivo del país”, afirmó al destacar la importancia de fortalecer la producción nacional, impulsar la competitividad y generar más oportunidades para los colombianos.

Según datos compartidos por la entidad, en Colombia existen nueve plantas ensambladoras donde se construyen localmente alrededor del 90 % de las motos que se comercializan en el país. Ese nivel de producción nacional muestra el peso que tiene la industria dentro de la economía y su capacidad para sostener empleo.

El sector genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con las cifras mencionadas por el Ministerio. Por esa razón, el Gobierno busca que cualquier actualización normativa contribuya a preservar esa cadena productiva, mejorar su capacidad tecnológica y abrir espacio a nuevas inversiones.

El proyecto de decreto todavía se encuentra en trámite, por lo que su alcance final dependerá del texto que sea adoptado. Sin embargo, el mensaje oficial apunta a modernizar las reglas del ensamble, aumentar el uso de insumos nacionales y preparar a la industria para una demanda cada vez más orientada hacia tecnologías limpias.

Con esta iniciativa, el Gobierno Petro busca impulsar un sector que no solo crece en ventas, sino que también tiene impacto sobre empleo, producción local y transición energética en Colombia.

Una adolescente de 17 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico. El hecho ocurrió durante la noche del martes y volvió a encender las alarmas por la situación de seguridad en este sector del área metropolitana de Barranquilla.

La información publicada por Revista Semana señala que la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Universidad del Norte, donde murió durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, pese a los esfuerzos del personal médico. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes dispararon y bajo qué circunstancias ocurrió el hecho.

De acuerdo con la versión conocida, la menor de edad estaba en su lugar de residencia cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego. Minutos después, sus familiares la encontraron herida en el suelo y la llevaron al centro asistencial. El caso fue reportado posteriormente a las autoridades.

Policía investiga los disparos

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que comenzó las labores investigativas para identificar a los responsables de los disparos que terminaron causando la muerte de la adolescente. La institución, liderada por el brigadier general Miguel Camelo, enfrenta un panorama de violencia que sigue afectando distintos sectores del Atlántico.

El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, para la respectiva necropsia. Mientras tanto, los investigadores buscan recolectar información en el barrio Ciudad Paraíso y establecer si el ataque estaba relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona.

Según el reporte, en el sector hay presencia de venta de estupefacientes y otras actividades ilegales desarrolladas por bandas criminales. Habitantes del barrio aseguran que el control de las autoridades ha sido insuficiente frente a la violencia que se presenta en las noches y que mantiene con temor a la comunidad.

Una residente del sector relató que los vecinos sienten miedo de salir después de cierta hora por la posibilidad de quedar en medio de una balacera. “Acá uno no puede ni salir de su casa después de las 8:00 de la noche porque en cualquier momento se puede formar una balacera o van a matar a otra persona”, dijo.

Comunidad denuncia extorsiones

La misma habitante agregó que la situación está “demasiado difícil” porque, según afirmó, en ocasiones terminan muriendo personas que no tienen relación con los hechos violentos. Su testimonio refleja la preocupación de la comunidad por el impacto de los enfrentamientos y ataques armados sobre personas ajenas a esas disputas.

Otra problemática denunciada por residentes del barrio Ciudad Paraíso es la extorsión. De acuerdo con el testimonio conocido, pequeños comerciantes y vendedores informales también estarían siendo afectados por cobros ilegales que dificultan el funcionamiento de sus negocios.

“Si usted coloca una venta de empanadas, le llegan a cobrar la extorsión porque no le dejan abrir su puesto. Muchas tiendas han cerrado sus puertas”, señaló otra persona consultada sobre lo que ocurre en la zona.

El caso de la adolescente fallecida se suma a los hechos de violencia que no cesan en el departamento del Atlántico, pese a los esfuerzos anunciados por las autoridades. Para los habitantes del barrio, la muerte de la menor evidencia el riesgo que enfrentan incluso quienes permanecen dentro de sus casas.

La investigación deberá determinar quiénes fueron los responsables de accionar el arma y si el hecho está vinculado con bandas que operan en el sector. Mientras tanto, la comunidad pide mayor presencia institucional y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en Ciudad Paraíso y otros barrios golpeados por la violencia en Soledad.

La Corte Suprema de Justicia fijó nuevas reglas sobre el alcance de la reparación integral como beneficio penal y dejó claro que indemnizar a la víctima no siempre permite cerrar un proceso judicial.

La decisión advierte que quienes vuelvan a cometer un delito dentro de los cinco años siguientes a haber recibido ese beneficio no podrán obtenerlo nuevamente.

La información publicada por Revista Semana señala que la Sala de Casación Penal cerró la puerta a la aplicación repetida de este mecanismo en casos de reincidencia. El pronunciamiento se produjo al revisar el caso de una mujer condenada por el delito de hurto agravado en grado de tentativa, quien había indemnizado a la empresa afectada para acceder al beneficio penal dentro de su proceso.

El expediente permitió a la Corte analizar los límites de la indemnización integral cuando una persona ya ha sido favorecida antes con una decisión similar. Según el reporte, la procesada recibió este beneficio en julio de 2016, nuevamente en diciembre de 2017 y después volvió a reparar a la víctima por hechos ocurridos en marzo de 2021.

La reparación no borra cualquier proceso

Los magistrados explicaron que la ley permite extinguir la acción penal en determinados delitos cuando la víctima es reparada integralmente. Entre esos casos se encuentran algunas conductas relacionadas con el patrimonio económico, siempre que se cumplan los requisitos previstos.

El fallo también aclaró que este beneficio puede aplicarse de forma retroactiva por el principio constitucional de favorabilidad, incluso en procesos que todavía estén en trámite. Sin embargo, la Sala Penal insistió en que esa posibilidad no es ilimitada.

La Corte recordó que existe una restricción central: el beneficio no puede concederse a una persona que ya haya sido favorecida con una decisión similar dentro de los cinco años anteriores. Esa condición busca evitar que la reparación se convierta en una herramienta para eludir procesos penales de manera repetida.

Con esa lectura, la Sala precisó cómo debe contarse ese periodo. El término de cinco años no depende de la duración del proceso ni de la fecha en que se profiera la sentencia, sino del tiempo transcurrido entre el beneficio anterior y la comisión del nuevo delito.

“El término de cinco años debe contarse entre la fecha en que se otorgó el beneficio anterior y la fecha de comisión del nuevo delito”, indicó la Corte, al advertir que otro criterio podría generar tratamientos desiguales y afectar la seguridad jurídica.

Reincidencia bloquea el beneficio

La Sala Penal explicó que la prohibición tiene una finalidad clara: exigir al procesado abstenerse de incurrir en conductas similares después de haber recibido el beneficio. Si la persona vuelve a cometer un delito dentro del periodo establecido, estaría frente a un escenario de reincidencia que impide aplicar nuevamente la reparación integral como salida procesal.

En el caso revisado, la Corte concluyó que el delito por el cual fue condenada la acusada ocurrió dentro del lapso de cinco años contado desde los beneficios anteriores, que también habían terminado con preclusión tras indemnización integral de perjuicios.

Por esa razón, aunque se pagó efectivamente el daño causado, la Sala determinó que no era posible dar por terminado el proceso. La prohibición está prevista en el artículo 78-A de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 4 de la Ley 2477 de 2025.

La decisión deja un mensaje para futuros casos: reparar a la víctima puede tener efectos penales, pero no opera como una fórmula automática ni repetible sin límites. Para la Corte Suprema, el beneficio debe aplicarse bajo reglas estrictas, especialmente cuando existen antecedentes recientes de uso del mismo mecanismo.

Con este fallo, la Sala Penal busca preservar la seguridad jurídica y evitar que la reparación integral sea usada de manera reiterada por personas que vuelven a delinquir dentro del plazo fijado por la ley.

Dos policías fueron asesinados y otros dos resultaron heridos en un ataque contra el puesto de Policía ubicado en el corregimiento El Muro, zona rural del municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca. La Policía Nacional atribuyó la acción a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, en medio de una nueva alerta de seguridad en el suroccidente del país.

La información publicada por Revista Semana señala que el ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles 24 de junio. La institución confirmó que los uniformados fallecidos pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales, GOES, del Departamento de Policía Valle, y que se encontraban cumpliendo labores relacionadas con la protección de la ciudadanía.

“Como consecuencia de esta acción criminal, fueron asesinados dos uniformados del Grupo de Operaciones Especiales del Departamento de Policía Valle”, informó la Policía Nacional. La institución agregó que otros dos policías resultaron lesionados y reciben atención médica especializada.

Señalan a estructura de las disidencias

De acuerdo con la Policía, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estado Mayor Central, específicamente de la Columna Móvil Wilson González, estructura que mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento.

La institución indicó que esta organización sería responsable de diferentes acciones violentas contra la fuerza pública y contra la población civil en el Valle del Cauca. Por eso, tras el ataque, las autoridades activaron el Plan Defensa y adelantan operaciones conjuntas para ubicar a los responsables.

La Policía informó que estas acciones se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El objetivo es avanzar en la localización y captura de quienes participaron en el ataque contra el puesto policial del corregimiento El Muro.

Desde la institución rechazaron el atentado y expresaron condolencias a las familias de los dos uniformados asesinados. También manifestaron solidaridad con los policías heridos y con los demás integrantes de la entidad.

“Su sacrificio en defensa de los colombianos no quedará impune”, señaló la Policía Nacional al referirse a los uniformados afectados por el ataque.

Investigan posible retaliación

Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con una posible retaliación por el abatimiento de alias Marlon, ocurrido en medio de una operación dirigida por el Ejército Nacional justo un día antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

Según el reporte, los organismos de inteligencia han seguido la hipótesis sobre la participación de estructuras vinculadas a Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, supuesto jefe del frente Jaime Martínez, en hechos violentos registrados recientemente en Valle del Cauca y Cauca.

El documento señala que alias Marlon tenía presencia en municipios como Buenos Aires, Suárez y Morales, en Cauca, así como en Jamundí y el Pacífico vallecaucano. Estos sectores coinciden con zonas donde se han presentado atentados en los últimos días.

El ataque en Calima El Darién vuelve a poner en evidencia la presión que enfrentan las autoridades en zonas rurales del Valle del Cauca. La presencia de estructuras armadas ilegales, sumada a acciones contra estaciones y puestos policiales, mantiene encendidas las alertas sobre la seguridad regional.

La Policía Nacional aseguró que continuará con las operaciones para dar con los responsables. Mientras tanto, el caso deja un nuevo saldo de uniformados muertos y heridos en una zona donde las disidencias de las Farc han sido señaladas por ataques recientes contra la fuerza pública y la población civil.

El hecho también ocurre en medio de una etapa de alta tensión en el suroccidente del país, donde las autoridades han advertido riesgos por la presencia de grupos armados y por posibles retaliaciones tras operaciones militares contra cabecillas de esas estructuras.

El abogado Nicolás Farfán, representante de Abelardo De La Espriella y del movimiento Defensores de la Patria, pidió la palabra de manera sorpresiva antes de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente la elección del nuevo presidente de Colombia.

El episodio llamó la atención durante la audiencia nacional de escrutinio realizada este miércoles 24 de junio, en la que el organismo electoral cerró el proceso de verificación de la segunda vuelta presidencial.

La información publicada por Revista Semana señala que la audiencia finalizó con la declaratoria de De La Espriella como presidente electo para el periodo 2026-2030. Antes de ese anuncio, Farfán intervino para agradecer a la organización electoral por el desarrollo de los comicios de primera y segunda vuelta, en nombre de la fórmula integrada por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo.

El abogado agradeció al Consejo Nacional Electoral, a su Sala Plena, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al registrador nacional y a los servidores que participaron en la organización y dirección del certamen presidencial. Su intervención se dio en Corferias, escenario donde se adelantó la diligencia final del escrutinio nacional.

Abogado habló de garantías y transparencia

Durante su intervención, Farfán sostuvo que el proceso electoral fue exitoso, pese a las dificultades que, según dijo, se presentaron. “Pese a algunas dificultades, el proceso electoral ha sido organizado de forma exitosa, con garantías y transparencia”, afirmó el abogado ante los asistentes.

También señaló que el resultado traduce fielmente la voluntad popular que llevó a la victoria de De La Espriella. En su mensaje, indicó que, una vez cerrada la campaña electoral, vendrá una nueva etapa marcada por el ejercicio del Gobierno y de la oposición dentro de la democracia.

La frase llamó la atención porque se produjo justo antes de la declaración oficial del CNE. La intervención del abogado buscó fijar la posición de la campaña ganadora frente al escrutinio y al papel de las autoridades electorales, en medio de una etapa poselectoral marcada por reclamos, dudas y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Tras la intervención, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, hizo una reflexión sobre la jornada de escrutinio y destacó que el proceso fue clave para confirmar el preconteo entregado por la Registraduría. Según dijo, el escrutinio no fue un simple trámite, sino una verificación rigurosa de la voluntad popular.

CNE defendió el escrutinio nacional

Quiroz afirmó que la corporación revisó el proceso con el cuidado que exige la democracia. En su intervención, sostuvo que cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta y cada voto fue contado antes de dar por terminado el escrutinio y proceder a la declaratoria de elección.

“Las elecciones no se declaran, se demuestran”, dijo el presidente del CNE, al subrayar que el resultado entregado no corresponde a una opinión ni a una conveniencia, sino a un proceso técnico, transparente y acompañado por testigos y observación internacional.

El presidente del organismo electoral también reconoció a las dos campañas que llegaron a la segunda vuelta y aseguró que compitieron en democracia. Además, hizo un llamado a que el país se reencuentre después de una campaña intensa y recordó que una democracia madura se mide también por la forma en que recibe los resultados.

Quiroz agradeció a los más de 800.000 jurados del país, a los más de 1.800.000 testigos electorales, a los delegados de la Registraduría, a los funcionarios del CNE, a los organismos de control, a la fuerza pública, a la misión de observación y a los medios de comunicación.

Con la declaratoria oficial, el CNE cerró el escrutinio nacional de la segunda vuelta y confirmó la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia. La audiencia dejó, además, un mensaje institucional: el resultado fue presentado como producto de una revisión técnica y no solo como consecuencia del preconteo.

Latam Airlines Colombia habilitó medidas especiales de flexibilidad para los pasajeros que puedan verse afectados por el fuerte sismo registrado en Venezuela durante la tarde del 24 de junio de 2026.

La aerolínea informó que las alternativas aplican para viajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 1 de julio, con el objetivo de facilitar cambios de itinerario ante posibles afectaciones por la emergencia.

La información publicada por Revista Semana señala que la compañía expresó su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el movimiento telúrico. En un comunicado, Latam explicó que las medidas buscan ofrecer opciones concretas a quienes necesiten reorganizar sus viajes en los próximos días.

“Latam Airlines Colombia expresa su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el fuerte sismo registrado en Venezuela en la tarde de hoy”, indicó la aerolínea en el mensaje divulgado tras la emergencia.

Cambios de fecha y devolución sin penalidad

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los pasajeros que tengan tiquetes dentro del periodo establecido podrán acceder a distintas alternativas sin costos adicionales. Una de ellas es cambiar la fecha del vuelo hasta siete días después de la programada originalmente, siempre que se mantenga la misma cabina.

Otra opción habilitada es la devolución del dinero de los tiquetes sin aplicación de penalidades. Esta medida está dirigida a los viajeros que, por la situación generada por el sismo, prefieran cancelar su desplazamiento y solicitar el reintegro correspondiente.

La aerolínea también permitirá modificar la ruta del viaje para que el destino final sea la ciudad de Cúcuta, igualmente sin cobros adicionales. Esta alternativa fue incluida dentro de las medidas de flexibilidad disponibles para los pasajeros afectados por las posibles dificultades derivadas de la emergencia en territorio venezolano.

La decisión de Latam se produce ante la incertidumbre que puede generar una situación de este tipo para quienes tenían previsto viajar en los próximos días. La compañía señaló que busca ofrecer margen de reorganización a sus usuarios y reducir el impacto de eventuales cambios operacionales o personales.

Canales oficiales y monitoreo permanente

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, explicó que la aerolínea entiende la preocupación que una emergencia puede generar en los pasajeros y sus familias. Por esa razón, dijo, se activaron alternativas para reorganizar los viajes con mayor tranquilidad.

“En Latam Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, señaló Zarante.

La aerolínea recomendó a los usuarios verificar de manera permanente el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación. También pidió adelantar los cambios requeridos únicamente a través de sus canales oficiales de atención.

Entre las opciones disponibles están el portal web de la compañía, la aplicación móvil, la línea telefónica de servicio al cliente y los canales de mensajería habilitados para consultas. Estos medios permitirán revisar el estado de los vuelos, solicitar modificaciones y conocer eventuales actualizaciones operacionales.

Latam indicó además que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la situación en Venezuela para evaluar posibles impactos sobre su operación aérea. La empresa aseguró que mantendrá informados a sus pasajeros ante cualquier novedad relevante.

“Latam Airlines Colombia continuará monitoreando la evolución de la situación y mantendrá informados a sus pasajeros ante cualquier actualización operacional relevante”, señaló la compañía.

Con estas medidas, Latam busca responder a los efectos del sismo sobre los planes de viaje de sus usuarios. Los pasajeros con vuelos entre el 25 de junio y el 1 de julio podrán revisar si aplican a cambios, reembolsos o modificación de destino bajo las condiciones anunciadas.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que resultó vencedor Abelardo De La Espriella. El organismo defendió la transparencia del proceso electoral y advirtió sobre el riesgo de alimentar desinformación desde la Presidencia.

La información publicada por Revista Semana señala que el pronunciamiento se produjo después de que Petro insistiera en denunciar presuntas irregularidades durante el proceso electoral. La postura del mandatario ya se había visto durante la primera vuelta, cuando también puso en duda algunos resultados, según el reporte conocido.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González Pons, hizo un llamado de atención al presidente por sus declaraciones. “Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo”, afirmó.

Misión de la UE defiende transparencia electoral

González Pons también expresó sorpresa por las denuncias formuladas desde la Casa de Nariño. Según dijo, resulta llamativo que el presidente denuncie irregularidades que no han sido planteadas por los propios candidatos que participaron en la contienda electoral.

“Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, señaló el diplomático. Además, recordó que el jefe de Estado debe cumplir su papel institucional y no actuar como parte de la campaña. “Él no es un candidato”, agregó.

La misión europea hizo énfasis en la solidez del sistema democrático colombiano, luego de haber acompañado las elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales. Para González Pons, la experiencia permitió observar una institucionalidad fuerte, respaldada por organismos independientes y un compromiso con el Estado de derecho.

“De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el Estado de derecho”, sostuvo el jefe de la misión. También advirtió que la polarización política no debe convertirse en una causa de debilitamiento democrático.

Registraduría y escrutinio

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que la Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz, pese a los retos logísticos y de seguridad en algunas zonas del país. El organismo también resaltó la independencia con la que se desarrolló el proceso electoral.

Según el reporte, el pronunciamiento se conoce pocas horas después de que la Registraduría informara que el escrutinio coincidió en un 99,997 % con los resultados del preconteo. Esa coincidencia ratificó la victoria de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

El mensaje de la misión europea se convirtió en una respuesta directa a las dudas planteadas por Petro y algunos sectores políticos sobre el proceso. Para los observadores, no hay elementos que permitan desconocer la transparencia general de la jornada electoral.

Las declaraciones también apuntan al impacto que pueden tener los mensajes emitidos desde el poder presidencial. La advertencia de González Pons no solo cuestionó las denuncias de presunto fraude, sino que puso el foco en la responsabilidad institucional del presidente frente a la confianza pública en las elecciones.

El caso se produce en medio de una etapa poselectoral marcada por reclamos, llamados a esperar el escrutinio y debates sobre el alcance del preconteo. Sin embargo, la misión europea insistió en que el proceso fue transparente y bien organizado, y que las instituciones electorales colombianas respondieron con independencia.

La Unión Europea dejó un mensaje político claro: las dudas sobre el resultado deben estar sustentadas en reclamaciones formales y no en señalamientos que puedan profundizar la desinformación o aumentar la tensión en el país.

El certificado electoral que recibieron los ciudadanos que votaron en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio puede servir para acceder a varios beneficios, entre ellos un descuento en la expedición del pasaporte colombiano. Este documento, entregado a quienes ejercieron su derecho al voto, tiene efectos prácticos en trámites, educación, servicio militar y descansos laborales compensatorios.

La información publicada por Caracol Radio señala que muchas personas desconocen que el certificado electoral puede utilizarse para obtener beneficios específicos. Uno de los más consultados es la rebaja en el valor del pasaporte ordinario colombiano, trámite necesario para salir del país y movilizarse internacionalmente.

Según el reporte, quienes votaron tienen derecho a una rebaja del 10 % sobre el valor de expedición del pasaporte ordinario. En 2026, el valor base aproximado de este documento es de 255.000 pesos, por lo que el descuento representa un ahorro cercano a 25.500 pesos.

Así queda el pasaporte con el descuento

Con ese cálculo, el pasaporte ordinario quedaría aproximadamente en 229.500 pesos, siempre que se aplique la rebaja señalada por presentar el certificado electoral vigente. El descuento se hace efectivo al momento del pago, durante el trámite ante las oficinas autorizadas.

La rebaja, sin embargo, tiene condiciones. El beneficio aplica por una sola vez durante los cuatro años siguientes a la fecha en la que el ciudadano votó. Esto quiere decir que, si una persona sufragó en 2026, podrá usar el descuento dentro de ese periodo, pero únicamente en una ocasión.

También se debe tener en cuenta que el descuento no aplica sobre todos los componentes del valor del pasaporte. Según la explicación citada, la rebaja corresponde a la parte destinada a la Nación y no al componente que va a la Cancillería. En la práctica, el descuento se aplica directamente al presentar el certificado durante el trámite.

Para reclamarlo, el ciudadano debe presentar el certificado electoral vigente al momento de tramitar el pasaporte en una oficina de la Cancillería colombiana o mediante el sistema de citas correspondiente. Si el trámite se realiza en el exterior, el procedimiento puede variar según el consulado, por lo que se recomienda consultar directamente en la sede correspondiente.

Otros beneficios por presentar el certificado electoral

El certificado electoral también permite acceder a otras garantías. Entre ellas está la prelación en caso de empate en los resultados de exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

Además, quienes prestan servicio militar obligatorio pueden obtener una rebaja de un mes si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y de dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

El documento también puede servir para beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. En el caso de estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, se reconoce un descuento del 10 % en el valor de la matrícula.

Otro beneficio es el descuento del 10 % en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar, así como en duplicados de la cédula de ciudadanía desde el segundo duplicado en adelante.

También existe el derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para votar. Este beneficio debe solicitarse siguiendo los procedimientos definidos para cada caso laboral.

De acuerdo con el Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral puede usarse una sola vez para cada beneficio y su vigencia termina cuando se realicen nuevas elecciones ordinarias. Por eso, conservar el documento es clave para quienes quieran hacer efectivo alguno de estos descuentos o garantías.

La Dian informó que durante 2026 seguirá operando el mecanismo de devolución automática y de oficio de saldos a favor, una herramienta que busca agilizar el reintegro de dinero a los contribuyentes que cumplan con los requisitos exigidos. El beneficio aplica para saldos originados en declaraciones de renta o de IVA, bajo condiciones específicas fijadas por la entidad tributaria.

La información publicada por Caracol Radio señala que este procedimiento permite recuperar de manera más rápida los saldos a favor que resultan de las declaraciones tributarias. En el caso de la devolución automática, el trámite puede tardar aproximadamente 15 días hábiles, siempre que el contribuyente cumpla con todos los requerimientos y no represente un riesgo fiscal alto para la Dian.

El mecanismo está dirigido especialmente a personas naturales residentes que presenten el formulario 210, así como a algunos responsables del IVA. La entidad explicó que el objetivo es garantizar mayor agilidad, transparencia y control fiscal en el proceso, evitando demoras innecesarias para quienes tienen derecho a reclamar estos recursos.

Quiénes pueden pedir la devolución

La devolución automática de saldos a favor funciona como un procedimiento ágil para que los contribuyentes recuperen dinero que quedó a su favor después de presentar la declaración de renta o de IVA. Sin embargo, no todos los saldos pueden tramitarse por esta vía.

La Dian precisó que este mecanismo aplica únicamente para saldos originados en renta e IVA. Los saldos a favor derivados de otros conceptos deben gestionarse mediante el procedimiento ordinario, con los tiempos y requisitos correspondientes.

El primer paso para solicitar la devolución es verificar si existe un saldo a favor. Esa revisión puede hacerse en la casilla correspondiente de la declaración tributaria o ingresando al portal web de la Dian. Una vez confirmado el valor, el contribuyente podrá iniciar el trámite virtual.

La solicitud puede presentarse dentro de los dos años contados desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Incluso, de acuerdo con la información entregada, es posible hacer la solicitud desde el día siguiente a la presentación de la declaración de renta.

Requisitos y trámite virtual

El trámite debe realizarse de forma virtual a través del Servicio Informático de la Dian, utilizando firma electrónica. Esta condición es clave para que la solicitud pueda ser presentada correctamente y avanzar dentro del proceso de devolución.

El contribuyente también debe tener el Registro Único Tributario, RUT, formalizado y actualizado. Además, no puede estar suspendido ni cancelado desde el momento en que presenta la solicitud en debida forma hasta cuando se emita el acto administrativo que defina el trámite.

Esta exigencia aplica tanto para el titular del saldo a favor como para su representante legal o apoderado, cuando corresponda. También se debe contar con el Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado en el RUE, según los casos en los que aplique.

Otro punto importante es que en la devolución automática no se pueden presentar solicitudes fragmentadas. Es decir, el contribuyente debe pedir el total del saldo a favor generado y no dividirlo en varias solicitudes.

La Dian señaló que estos requisitos buscan reducir riesgos fiscales y garantizar que el proceso sea más transparente. Para los contribuyentes, la recomendación principal es revisar con cuidado la declaración, confirmar el saldo a favor y verificar que la información tributaria esté actualizada antes de iniciar la solicitud.

Con este mecanismo, la entidad espera mantener un procedimiento más rápido para quienes cumplen las condiciones. La devolución automática se convierte así en una alternativa útil para personas naturales y responsables de IVA que tengan saldos a favor y quieran recuperarlos sin acudir al trámite ordinario.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, sostuvo una comunicación formal con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para revisar temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos países. La conversación fue calificada por el mandatario panameño como “muy productiva desde el primer momento” y abrió una primera ruta de trabajo conjunto entre las dos administraciones.

La información publicada por Revista Semana señala que el intercambio fue difundido por Mulino a través de sus canales institucionales, después de consolidarse el resultado electoral del preconteo en Colombia. Los dos dirigentes manifestaron su interés en coordinar actividades conjuntas y fortalecer la relación entre Colombia y Panamá.

“Hoy sostuve una llamada telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Fue una conversación muy productiva desde el primer momento”, declaró el jefe de Estado panameño, al referirse al diálogo con el mandatario electo colombiano.

Seguridad, energía e inversión

Según el reporte, durante la conversación se abordaron varios temas de interés común. Entre ellos estuvieron la interconexión eléctrica entre ambos países, la lucha coordinada contra el crimen organizado y una visión compartida para generar inversión.

El presidente panameño señaló que estos asuntos fueron tratados de inmediato dentro de la llamada. La agenda muestra los primeros puntos de coincidencia entre los dos gobiernos, especialmente en temas estratégicos para la frontera, la seguridad regional, la infraestructura energética y la actividad económica.

Durante la conversación registrada en el material audiovisual oficial, De La Espriella resaltó los lazos históricos entre Colombia y Panamá. El presidente electo afirmó que se trata de naciones hermanas y expresó la intención de trabajar para estrechar los vínculos en materia de desarrollo económico y comercial.

El dirigente colombiano también destacó la necesidad de priorizar soluciones prácticas enfocadas en el libre mercado. En su mensaje, sostuvo que la nueva etapa de gobierno estará guiada por una visión orientada al progreso, el desarrollo y la libre empresa.

“La única ideología que nos interesa es la del progreso, el desarrollo y la libre empresa”, manifestó De La Espriella, según el contenido conocido de la conversación bilateral.

Mesas técnicas y posesión presidencial

El presidente electo agradeció el espacio de diálogo con Mulino y aseguró que las dos naciones trabajarán como un equipo coordinado para potenciar oportunidades en la región. La conversación también dejó abierta la ruta para que las delegaciones diplomáticas avancen en mesas técnicas sobre seguridad fronteriza.

De acuerdo con el reporte, esas mesas buscarán estructurar convenios en una materia sensible para ambos países, especialmente por los retos compartidos en zonas de frontera y por la necesidad de responder de manera coordinada frente a estructuras criminales.

Por su parte, Mulino agradeció la disposición de la administración entrante en Colombia y ratificó su compromiso de mantener una relación de cooperación técnica basada en el respeto mutuo. El presidente panameño también confirmó que asistirá a los actos oficiales de posesión presidencial en Bogotá.

El mandatario de Panamá aseguró que estará presente para formalizar el inicio de los nuevos acuerdos bilaterales y le dará “un gran abrazo” al presidente electo colombiano. Su asistencia a la posesión refuerza la intención de mostrar cercanía política y diplomática desde el inicio del nuevo Gobierno.

La llamada entre De La Espriella y Mulino se suma a los primeros contactos internacionales del presidente electo tras la segunda vuelta. El mensaje central fue la intención de fortalecer la cooperación entre Colombia y Panamá en energía, seguridad, inversión y desarrollo económico, con una relación bilateral basada en trabajo conjunto y coordinación diplomática.

Agmeth Escaf, congresista electo del Pacto Histórico, reconoció públicamente la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, luego de que la Registraduría Nacional confirmara una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio adelantado por los jueces de la República. El pronunciamiento marca una de las primeras aceptaciones explícitas de la derrota desde sectores cercanos a la campaña de Iván Cepeda.

La información publicada por Caracol Radio señala que Escaf aseguró reconocer “esta derrota electoral”, aunque insistió en que el resultado fue estrecho y no puede leerse como una victoria “contundente” o “aplastante”. Según el congresista electo, la diferencia fue inferior al 1 %, por lo que el nuevo mandatario deberá gobernar entendiendo que el país quedó dividido en dos grandes bloques electorales.

“Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella”, expresó Escaf en su mensaje. También le deseó “mucha sabiduría” para asumir la Presidencia y enfrentar el reto de gobernar un país polarizado tras una segunda vuelta marcada por alta tensión política.

Escaf pide garantías para la oposición

El congresista electo sostuvo que De La Espriella deberá reconocer que más del 50 % del país no votó por él, por lo que tendrá que escuchar y respetar a quienes ejercerán oposición durante su Gobierno. En ese punto, el mensaje de Escaf pasó del reconocimiento electoral a una exigencia política sobre garantías democráticas.

“A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia”, señaló el dirigente del Pacto Histórico.

Escaf también pidió que cesen lo que considera señalamientos y persecuciones contra sectores progresistas. En su mensaje, afirmó que el presidente electo debe dejar de perseguir a sus contradictores y garantizar condiciones para quienes harán oposición desde el Congreso y otros escenarios políticos.

“Le pido respeto y garantías para los colombianos que le haremos oposición”, agregó. Además, rechazó las listas en las que, según dijo, se acusa a personas de cometer delitos sin aportar pruebas, así como las amenazas apoyadas en potencias extranjeras.

El congresista electo también pidió respeto por el periodismo y garantías para el ejercicio de ese oficio. Para Escaf, el nuevo escenario político debe permitir la convivencia entre sectores distintos, sin amenazas ni intentos de silenciar a quienes piensan diferente.

Llamado al progresismo tras la derrota

Aunque reconoció la derrota de Iván Cepeda, Escaf aseguró sentirse orgulloso por la votación alcanzada por el candidato del Pacto Histórico. Según su lectura, la campaña logró un resultado histórico y lo hizo de manera limpia y austera, pese a no alcanzar la Presidencia.

El congresista electo insistió en que el progresismo no debe desmovilizarse tras el resultado electoral. Por el contrario, llamó a reorganizarse, superar disputas internas y consolidarse como opción política para los próximos años.

“Progresistas: ¡a no desistir! Vamos a unirnos más, a dejar el canibalismo a un lado y a crecer como opción política”, concluyó Escaf en su mensaje.

Su pronunciamiento se conoce después de varios días de discusión sobre el escrutinio y el valor del preconteo en la segunda vuelta presidencial. Con la confirmación de la alta coincidencia entre ambos procesos, Escaf optó por reconocer el triunfo de De La Espriella, pero al mismo tiempo dejó planteadas las condiciones que, según él, serán necesarias para una oposición con garantías.

El mensaje resume la posición de un sector del Pacto Histórico que acepta el resultado, pero advierte que el nuevo Gobierno deberá gobernar sin desconocer a quienes votaron por Iván Cepeda y sin cerrar espacios al debate político.

El triunfo de Abelardo De La Espriella abrió la discusión sobre la fórmula económica con la que su próximo Gobierno buscará enfrentar el hueco fiscal, la elevada deuda pública y los mayores costos de financiamiento que hoy presionan las cuentas del país. El reto será estabilizar las finanzas sin frenar el crecimiento económico ni afectar la confianza inversionista.

La información publicada por El Tiempo señala que, en su programa de Gobierno, De La Espriella advierte que Colombia no puede seguir manejando sus finanzas públicas con irresponsabilidad ni “asfixiando” al sector productivo. Para su equipo, de ese manejo dependen la confianza inversionista, la competitividad, la calificación de riesgo y la capacidad de generar riqueza.

Entre sus primeras propuestas aparece un plan de choque y eficiencia radical del Estado. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha planteado eliminar gastos innecesarios y ponerle freno al aumento de la burocracia. La meta es generar un ahorro estructural cercano al 3,1 % del PIB.

Ahorro estatal, evasión y crecimiento

El plan contempla recursos por 31,8 billones de pesos derivados de la optimización del Estado, incluyendo eliminación de nómina, asignación adecuada de subsidios a quienes realmente los necesitan, mayor recaudo contra la evasión desde la Dian y venta de activos improductivos.

En entrevista con el mismo medio, De La Espriella resumió su fórmula en tres líneas: bajar costos, recuperar recursos perdidos por evasión, contrabando, corrupción y exenciones, y activar motores de crecimiento. Según dijo, sobre la mesa hay 120.000 millones de pesos en evasión y contrabando, 190 billones en corrupción y 110 billones en exenciones tributarias.

El programa económico propone estabilizar el déficit fiscal en 4,8 % del PIB durante los primeros 360 días de Gobierno y llevarlo a niveles inferiores al 3,5 % hacia 2030. También plantea que la deuda quede por debajo del 55 % del PIB para ese mismo año.

El punto de partida es complejo. El Gobierno de Gustavo Petro proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 que el déficit cerraría este año en 5,3 % y que sería necesario un recorte superior a 30 billones de pesos para el próximo año.

Regla Fiscal y apuestas productivas

El análisis citado por El Tiempo recoge la advertencia de Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, quien considera que ese ajuste se queda corto. Según él, Colombia necesita reducir el déficit a un rango entre 3 % y 3,5 % del PIB, lo que implicaría un ajuste cercano a 67 billones de pesos al año.

Mejía también alertó sobre la carga de intereses, que ya representa 36,9 % del recaudo tributario, frente a un promedio histórico de 22 %, según el Carf. Para el analista, parte del problema es que el ajuste queda atado a una reforma tributaria que tendría que aprobar otro Gobierno y otro Congreso en 2027.

El programa de De La Espriella ancla sus proyecciones en una meta de crecimiento superior al 5 % anual. Restrepo incluso ha dicho que el objetivo es crecer entre 6 % y 7 %, una apuesta que el equipo considera audaz frente al deterioro de las cuentas públicas.

Además, el nuevo Gobierno plantea cumplir la Regla Fiscal, modificar y simplificar la estructura tributaria, incentivar la inversión privada, reducir la nómina paralela, fusionar agencias redundantes y transformar subsidios eliminando su regresividad.

La agenda también incluye crear un ecosistema proempresa y volver a impulsar el sector minero-energético. En concreto, el programa habla de recuperar la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, además de transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe.

La Mesa Fiscal, integrada por expertos de las universidades de los Andes, Nacional y Javeriana, además del centro de pensamiento Fedesarrollo, lanzó una advertencia sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia. Según su análisis, la situación fiscal del país es “preocupante” tanto en el presente como hacia el mediano plazo, por el aumento de la deuda, el deterioro del déficit y las mayores necesidades de financiamiento del Gobierno.

La información publicada por El Tiempo señala que el documento fue trabajado desde noviembre del año pasado por petición del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. El diagnóstico de los expertos apunta a que el país debe iniciar pronto un proceso de ajuste, pues “entre más tarde se inicie el ajuste más costoso resultará”.

Uno de los datos centrales del informe es el aumento de la deuda neta del Gobierno, que pasó de 41,8 % del PIB en 2015 a 58,5 % del PIB en 2025. Esto representa un incremento de casi 17 puntos porcentuales en una década y muestra el deterioro acumulado de las cuentas públicas.

Deuda, déficit y presión de financiamiento

La Mesa Fiscal también alertó sobre el comportamiento del déficit primario. Entre 2005 y 2019, este indicador promediaba apenas 0,2 % del PIB, pero en 2025 llegó a 3,5 % del PIB, según el documento citado.

A ese panorama se suman las necesidades de financiamiento del país, que alcanzaron 10,5 % del PIB, el nivel más alto desde al menos 2011, sin contar los años de pandemia. Para los expertos, estos datos muestran que la presión sobre las finanzas públicas no es un problema menor ni coyuntural.

El Carf ha señalado que, para estabilizar la deuda alrededor del 60 % del PIB, Colombia necesitaría una consolidación fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos del PIB. Esa magnitud del ajuste explica por qué los expertos consideran urgente tomar decisiones en ingresos, gasto e institucionalidad.

En materia tributaria, la Mesa recomienda racionalizar los beneficios fiscales y fortalecer la Dian para combatir la evasión. También propone ampliar la base de declarantes del impuesto de renta y reducir las exclusiones del IVA, acompañando esa decisión con un mecanismo de devolución para hogares vulnerables.

El documento también plantea ampliar los impuestos saludables y ambientales. Estas medidas buscan aumentar el recaudo sin depender únicamente de nuevas cargas generales, aunque implican decisiones políticas sensibles para cualquier Gobierno.

Gasto público y Regla Fiscal

Del lado del gasto, los expertos proponen medidas en sectores de alto impacto presupuestal. En salud, plantean racionalizar beneficios y alinear incentivos. En pensiones, sugieren reformas paramétricas relacionadas con edad, cotización y tasa de reemplazo.

También recomiendan revisar los subsidios a combustibles mediante una regla automática de ajuste de precios, así como mejorar la inversión pública con uso excepcional de vigencias futuras y mayor participación territorial y privada.

La Mesa Fiscal insiste en que la sostenibilidad de las finanzas públicas no depende solo de recaudar más, sino de gastar mejor. Por eso, sus recomendaciones combinan medidas de ingresos, control del gasto y reformas institucionales para evitar que el deterioro fiscal siga acumulándose.

En el frente institucional, los expertos consideran necesario respaldar la arquitectura actual de la Regla Fiscal y fortalecer sus mecanismos de corrección. También proponen mejorar la cláusula de escape con criterios más precisos, para evitar interpretaciones amplias que debiliten la disciplina fiscal.

Otro de los puntos planteados es avanzar hacia un presupuesto por programas y resultados. Esto permitiría evaluar mejor el impacto del gasto público y conectar los recursos con metas concretas.

El mensaje de la Mesa Fiscal es claro: Colombia enfrenta un deterioro fiscal que exige decisiones oportunas. Para los expertos, aplazar el ajuste aumentaría los costos económicos y políticos de corregir el rumbo de las finanzas públicas.

Un firmante de paz fue secuestrado junto a sus dos hijos menores y su escolta en el norte del Cauca, en un hecho en el que los responsables simularon ser policías, instalaron un falso retén y terminaron robando una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección. Las víctimas fueron liberadas horas después y llegaron por sus propios medios a Santander de Quilichao para denunciar lo ocurrido.

La información publicada por periódico El Tiempo señala que el caso se registró en la madrugada del domingo 21 de junio, hacia las 5:40 a. m., sobre la vía Panamericana, en el sector de La Colombina, cerca de la glorieta del municipio de Santander de Quilichao. El firmante de paz contaba con esquema de seguridad y se movilizaba en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el relato conocido, hombres armados instalaron un puesto de control falso y se hicieron pasar por integrantes de la Policía. Cuando el escolta descendió de la camioneta para presentar la documentación, los responsables aprovecharon para abrir las puertas, reducir a los ocupantes y tomar el control del automotor.

Víctimas fueron llevadas hacia zona rural

Después de interceptarlos, los falsos policías trasladaron al firmante de paz, al escolta y a los dos menores hacia una zona rural cercana al corregimiento de Timba, Cauca, en límites con Jamundí, Valle del Cauca. Allí permanecieron retenidos mientras los responsables esperaban instrucciones, según la información entregada por las víctimas.

Durante el hecho, los delincuentes hurtaron la camioneta blindada y varios elementos del esquema de protección. Sin embargo, las personas retenidas fueron liberadas posteriormente y lograron abordar un bus escalera, conocido como chiva, en el que se movilizaban varios indígenas hacia Santander de Quilichao.

Hacia las 8:30 de la mañana del mismo domingo, las víctimas llegaron al casco urbano y se presentaron en la estación de Policía para denunciar lo sucedido. Las autoridades confirmaron que fueron liberadas y se encuentran fuera de peligro.

La UNP, a través de un comunicado, confirmó que el firmante de paz adscrito a la Subdirección Especializada fue víctima de esta acción delincuencial. La entidad señaló que, una vez conocida la situación, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional mediante el Centro Automático de Despacho de la línea de emergencias Vida 103.

UNP advierte riesgos para protegidos

“La situación fue reportada oportunamente y se activaron los protocolos de atención, verificación y articulación institucional para atender la emergencia”, indicó la Unidad Nacional de Protección, al referirse al caso ocurrido en el norte del Cauca.

La entidad también advirtió que este tipo de hechos evidencian los riesgos que enfrentan las personas cobijadas con esquemas de protección, especialmente en regiones con complejas condiciones de orden público. Por ahora, el firmante permanece a la espera de un vehículo sustituto para continuar su desplazamiento hacia el Valle del Cauca.

En otro hecho distinto ocurrido en el municipio de Cajibío, cámaras de seguridad registraron el secuestro de un hombre en pleno casco urbano. De acuerdo con el video conocido, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a un ciudadano en un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años. En las imágenes se observa que uno de los desconocidos ingresa al lugar y luego lo saca por la fuerza, mientras otro lo intimida con un arma de fuego. Después, el hombre fue obligado a subir a una motocicleta y trasladado hacia una zona rural.

Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer ambos hechos y ubicar a los responsables armados.

Gustavo Bolívar explicó por qué sectores del petrismo aún no reconocen el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que Iván Cepeda quedó por debajo en el preconteo. Mientras avanza el escrutinio, el exsenador dijo que prefiere actuar con prudencia y cuestionó el peso político y mediático que se le ha dado al preconteo.

La información publicada por Revista Semana señala que Bolívar se pronunció este lunes a través de su cuenta en X, en medio de las dudas expresadas desde el petrismo sobre los resultados electorales. El exsenador petrista afirmó que decidió responder una de las preguntas que más le han hecho: por qué no reconocen aún el resultado del preconteo.

Bolívar organizó su respuesta en cuatro puntos principales para explicar la posición de ese sector político. En el primero, preguntó para qué existe el escrutinio si el preconteo realizado por la firma Thomas Greg and Sons se toma como resultado oficial. Con esa frase, insistió en que el conteo preliminar no puede reemplazar el proceso legal de verificación previsto para las elecciones.

Bolívar cuestiona el preconteo

En su segundo punto, el exsenador sostuvo que el preconteo es imperfecto y que, según su criterio, puede prestarse para irregularidades. Recordó casos anteriores en los que, según dijo, el escrutinio modificó resultados que habían sido presentados inicialmente.

“El famoso preconteo es informativo y, cuando les da la gana, acomodado. No tiene efectos legales”, escribió Bolívar en X. También mencionó que en 2022 el Pacto Histórico recuperó curules durante el escrutinio, argumento con el que defendió la necesidad de esperar el resultado oficial de las autoridades electorales.

El exsenador también afirmó que nunca se había presentado un resultado presidencial tan ajustado en Colombia. Según su mensaje, la diferencia entre De La Espriella e Iván Cepeda fue menor a un punto porcentual, razón por la cual considera que el proceso debe manejarse con cautela.

Bolívar planteó que si Cepeda estuviera por encima de De La Espriella por una diferencia similar, la campaña contraria tampoco habría reconocido el resultado de inmediato. Con ese argumento, buscó justificar la posición de quienes piden esperar el avance completo del escrutinio antes de aceptar la derrota.

Advierte riesgo de crisis política

En su cuarto punto, Bolívar habló del escenario hipotético en el que el escrutinio pudiera cambiar el número de votos entre los candidatos. Según dijo, sería problemático que el país asumiera como definitivo un resultado preliminar y luego el conteo oficial modificara la diferencia.

El exsenador advirtió que una situación de ese tipo podría provocar una crisis política, social y de orden público. También señaló que el sistema electoral quedaría deslegitimado si un candidato proclamado en el preconteo no aceptara después un resultado distinto al divulgado inicialmente.

Por esa razón, Bolívar sostuvo que lo mejor es esperar. Para él, el preconteo no debería tener el peso político que, según afirma, le han dado los medios de comunicación. En su mensaje, aseguró que ese mecanismo tiene un efecto psicológico sobre la ciudadanía.

“El preconteo no debería existir”, afirmó, al cuestionar que se le dé un valor vinculante a un dato que, según su postura, solo es informativo, preliminar y temporal. Bolívar sostuvo que aceptar ese resultado sin esperar el escrutinio puede cerrar la discusión pública antes de que concluya el proceso oficial.

Con su pronunciamiento, el exsenador pidió prudencia al petrismo y defendió la espera total del escrutinio como único resultado con efectos legales. Mientras tanto, la victoria de De La Espriella sigue siendo públicamente celebrada por sus seguidores y cuestionada por sectores cercanos a la campaña de Cepeda.

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la región, con un impacto directo en empleo, consumo, ocupación hotelera y movimiento de divisas para la economía local. Entre febrero y abril de 2026, el sector generó en promedio 110.923 empleos mensuales, equivalentes al 2,6 % del total de personas ocupadas en la ciudad.

La información publicada por El Tiempo señala que el dato proviene del más reciente Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá actualizado. El resultado representa un crecimiento del 10 % frente al mismo periodo de 2025 y confirma el dinamismo de una actividad que sigue ganando peso dentro de la economía local y en el fortalecimiento del ecosistema empresarial asociado al sector.

En detalle, la actividad de alojamiento y agencias de viajes empleó a 31.197 personas entre febrero y abril de este año. Esa cifra implica un aumento del 93,9 % frente a los 16.088 ocupados registrados en ese mismo trimestre de 2025, uno de los saltos más fuertes del informe.

Vuelos, pasajeros y visitantes extranjeros

El movimiento aéreo, especialmente desde El Dorado, también mostró resultados positivos este año. Entre enero y abril de 2026 se operaron 60.168 vuelos hacia Bogotá, lo que representa un incremento del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

Durante esos cuatro meses, se movilizaron 7.656.637 pasajeros y se ofertaron 9.529.013 sillas, con una ocupación promedio del 80,3 % en la oferta aérea hacia la capital. Ese indicador fue 1,6 puntos porcentuales superior al registrado en 2025.

Según el boletín, el crecimiento del tráfico aéreo estuvo impulsado por un aumento del 6,1 % en pasajeros nacionales y del 5,4 % en viajeros internacionales. En total, 751.969 visitantes extranjeros llegaron a Bogotá entre enero y mayo de 2026.

Los principales países de origen fueron Venezuela, con una participación del 16,9 %, Estados Unidos, con 14 %, y México, con 10 %, según el registro citado. También se registraron visitantes de España, Brasil, Ecuador, Perú, Francia, Argentina y Panamá.

El transporte terrestre también aportó al movimiento turístico de la capital. Las terminales de la ciudad movilizaron 5.792.626 pasajeros entre enero y mayo de 2026, un 1,5 % más que en el mismo periodo de 2025. La Terminal del Salitre concentró el 53,4 % de los viajeros, seguida por la sede Norte con 31,4 % y la sede Sur con 15,1 %.

Hoteles y prestadores turísticos al alza

La ocupación hotelera de Bogotá también cerró con cifras positivas. En abril de 2026, la tasa de ocupación en establecimientos de alojamiento de Bogotá fue de 55 %, superando en 8,7 puntos porcentuales el promedio nacional y creciendo 0,6 puntos frente a abril del año anterior.

El Registro Nacional de Turismo reportó que Bogotá cerró abril con 14.264 prestadores activos, lo que equivale a un crecimiento del 7,1 % frente al mismo mes de 2025. En total, se sumaron 949 nuevos registros.

Las viviendas turísticas lideraron el aumento, con 689 nuevos registros y una variación del 8,8 %. Además, entre marzo y abril de 2026, el número total de prestadores activos creció 4,6 %, impulsado por viviendas turísticas y agencias de viajes.

Durante el último año, los guías de turismo registrados también aumentaron. La categoría pasó de 742 a 843 profesionales con RNT activo, lo que representa un crecimiento del 13,6 %.

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad recibirá este año más de 15 millones de turistas, un aumento del 4,5 % frente a 2025 y del 8,7 % respecto a 2024, según la proyección oficial.

La familia López Henao fue reconocida como víctima de despojo y desplazamiento, más de dos décadas después de haber salido de su territorio en Puerto Triunfo, Antioquia. El Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Barrancabermeja ordenó la restitución de tierras a su favor y dejó documentado el impacto que tuvo la confrontación armada y el despojo sobre la población civil de esa zona del Magdalena Medio.

La información publicada por El Tiempo señala que, a principios de los años 2000, la familia tuvo que abandonar su casa por presión de Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, señalado como jefe narcoparamilitar y heredero de estructuras armadas vinculadas al Magdalena Medio. En el inmueble funcionaba un billar comunal y, según el expediente, el grupo pretendía convertirlo en un centro de operaciones.

La decisión judicial reconoció la condición de víctimas de alrededor de una decena de personas que permanecieron desarraigadas durante más de 20 años. El expediente también reconstruyó el contexto de violencia que afectó a Puerto Triunfo, territorio marcado por disputas entre narcotraficantes, guerrillas y paramilitares.

La venta forzada y el fallo de restitución

Según la sentencia, la heredad fue vendida por razones asociadas al conflicto armado a alias ‘Terror’, hijo de Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, máximo comandante del Bloque de Autodefensas del Magdalena Medio. El ciudadano Rubiel Rivera Henao fue el encargado de la venta entre los años 2000 y 2007, por acuerdo entre los hermanos.

El expediente explica que esa decisión se tomó por las pocas esperanzas de retorno a la zona, debido al recrudecimiento de la violencia. La familia ya había sufrido hechos de victimización y terminó saliendo del territorio en medio de un ambiente de presión armada y control territorial.

Puerto Triunfo aparece en la sentencia como un municipio atravesado por conflictos históricos por la tenencia de la tierra. El documento menciona el narcotráfico, el despojo, las compras forzadas, el uso de predios como pago de deudas y la apropiación de tierras como botín de guerra, una situación que se extendió aproximadamente hasta 2005.

El fallo también recuerda que la zona tuvo presencia de grupos armados y fue escenario de disputas por el dominio territorial. En 1992, según el expediente citado, hubo registro de 72 víctimas de homicidio, una cifra que muestra el nivel de violencia que enfrentaron las comunidades.

Compensación y nuevo proyecto de vida

Alias ‘Terror’ fue postulado a la Ley de Justicia y Paz, pero luego se apartó del proceso y se integró al Clan del Golfo. Según el reporte, su papel fue promover la expansión de esa estructura en el Magdalena Medio. En marzo de 2025, murió durante una operación de la Policía Nacional en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Triunfo.

La decisión de restitución tuvo en cuenta que la zona aún permanece bajo presión de estructuras criminales. Por esa razón, el juez ordenó que la familia López Henao sea compensada con un predio de características similares en otro lugar del país, en vez de regresar al terreno original.

La justicia también ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras fomentar la creación de un proyecto productivo para que la familia pueda sostenerse mediante actividades comerciales. Además, el Sena deberá capacitarlos y las secretarías de la región donde sean ubicados deberán garantizar su inclusión como ciudadanos.

El caso judicial cierra una etapa de más de dos décadas de desplazamiento forzado, pero también deja claro que la reparación no termina con una sentencia. Para la familia López Henao, la restitución implica recuperar un lugar digno en la vida civil, reconstruir estabilidad económica y dejar atrás años de desarraigo provocados por la violencia.

La Superintendencia Nacional de Salud defendió la inspección realizada a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, y aseguró que se trata de una actividad institucional rutinaria dentro de sus funciones de inspección y vigilancia. La respuesta oficial llegó después de la queja del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la diligencia adelantada este lunes en la empresa de licores departamental.

La información publicada por Caracol Radio señala que Rendón informó que un grupo de funcionarios de la Supersalud llegó a las instalaciones de la FLA y que también se realizaría una visita a la Secretaría de Salud de Antioquia, según la información entregada. El mandatario departamental cuestionó la diligencia a través de su cuenta en X.

“Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”, escribió Rendón, al referirse a la inspección realizada un día después de las elecciones presidenciales.

Supersalud dice que son visitas rutinarias

Ante el reclamo público, la Supersalud respondió que estas actividades hacen parte de sus labores ordinarias sobre entidades vigiladas por la Superintendencia. La entidad nacional sostuvo que Antioquia no es el único territorio donde se adelantan diligencias de este tipo y que tampoco será el único caso.

“La Superintendencia Nacional de Salud viene haciendo tareas de inspección y vigilancia a todos sus vigilados”, indicó la entidad. También señaló que, así como se han realizado más de 500 visitas a dispensarios de medicamentos, se han adelantado inspecciones a varias Secretarías de Salud.

Según la respuesta conocida, esas visitas también han incluido entidades territoriales como Bogotá, Magdalena, Santa Marta y Santander. La Supersalud agregó que ahora adelantará labores de inspección y vigilancia en varias fábricas de licores.

La entidad buscó despejar la idea de que la visita a la FLA estuviera relacionada con el resultado electoral reciente en Antioquia. Su argumento central es que se trata de un procedimiento de control que forma parte de una agenda más amplia de seguimiento a sus vigilados.

Orden de inspección y cuestionamientos políticos

El Colombiano informó que la inspección a la FLA se realizó con una orden escrita aprobada por Juan David Duque, delegado de Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud. El medio señaló que Duque fue secretario privado de Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín y que hoy ocupa ese cargo en la entidad.

El mismo reporte recordó que la diligencia se produjo un día después de las elecciones presidenciales, en las que Antioquia votó mayoritariamente por el candidato de oposición al Gobierno nacional. Ese elemento fue parte de las dudas expresadas por el gobernador Rendón sobre el alcance de la visita.

La Supersalud, sin embargo, insistió en que el operativo responde a tareas de inspección y vigilancia. La entidad enmarcó la actuación en una serie de visitas nacionales a dispensarios de medicamentos, Secretarías de Salud y, ahora, fábricas de licores.

El cruce de declaraciones deja abierta una discusión política e institucional sobre el alcance de las competencias de la Supersalud y la lectura política que hizo el Gobierno departamental de la visita. Rendón pidió que la diligencia se mantenga dentro de la ley, mientras la entidad nacional aseguró que su actuación hace parte de procedimientos regulares.

Por ahora, la FLA queda incluida en la lista de entidades visitadas por la Supersalud, que sostiene que continuará con labores similares. La controversia se mantiene por el momento en el terreno político, mientras se conocen los resultados concretos de la inspección y las eventuales observaciones de la entidad.

Fernando Ruiz, exministro de Salud, advirtió que el próximo Gobierno recibirá un sistema de salud profundamente en crisis, marcado por barreras de acceso, desfinanciamiento y pérdida de confianza entre los actores del sector. En su columna, planteó que la recuperación exigirá decisiones rápidas, regulación estricta y un rediseño que ponga al paciente en el centro.

En el texto publicado por Revista Semana, Ruiz afirmó que el nuevo presidente enfrentará una crisis humanitaria derivada de un sistema “casi en ruinas” institucionales. Para sustentar su diagnóstico, citó cifras de la Defensoría del Pueblo, según las cuales en 2025 los colombianos presentaron 312.000 acciones de tutela, frente a 92.372 en 2021 y 156.419 en 2022.

También mencionó datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Fecoer, que reporta más de 2.000 muertes prematuras asociadas a falta de acceso oportuno a servicios y medicamentos. Además, recordó que la Supersalud recibió 1,4 millones de quejas por barreras de acceso en 2024, un 20 % más que el año anterior, principalmente por dificultades para acceder a servicios.

Acceso, confianza y modelo de sistema

Ruiz señaló que el sistema ya tenía problemas, pero conservó resiliencia durante la pandemia. Según su análisis, la situación actual convirtió la atención cotidiana en una batalla para pacientes que esperan medicamentos, reciben fórmulas incompletas o enfrentan trámites administrativos para acceder a servicios incluidos en el plan de beneficios.

El exministro sostuvo que el próximo Gobierno deberá enfrentar el desfinanciamiento crónico y la pérdida de confianza entre aseguradores, clínicas, hospitales, proveedores farmacéuticos, pacientes y familias. Para él, recuperar el entorno de inversión y la credibilidad en la rectoría estatal será uno de los principales retos del nuevo mandato.

También planteó que el presidente entrante deberá decidir qué modelo quiere proyectar para los próximos 30 años: uno público, con gestión centralizada de recursos, o un modelo de aseguramiento con participación privada. Si se mantiene este último camino, afirmó que será indispensable una regulación mucho más estricta.

Ruiz pidió cambiar el paradigma de un sistema construido desde los intereses de los agentes y reconstruirlo alrededor del paciente. En su visión, la salud debe dejar de verse como gasto y entenderse como inversión para generar poblaciones más sanas, productivas y con mayor bienestar.

Regulación, EPS intervenidas y transparencia

Entre las salidas planteadas, el exministro propuso regular de forma estricta los conglomerados empresariales, revelar información y conflictos de interés, limitar abusos de posición dominante y definir mejor las tecnologías que reconoce el sistema según su valor terapéutico.

También pidió un sistema de información transparente y centralizado, en el que la información sobre facturas y pagos sea pública y abierta, y donde los datos giren alrededor del paciente, no de las organizaciones. Además, llamó a replantear los mecanismos de distribución y dispensación de medicamentos.

Ruiz sostuvo que deberán tomarse decisiones difíciles sobre las EPS intervenidas, varias de ellas inviables. En particular, advirtió que la Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, concentra una gran parte del hueco financiero y perdió capacidades para controlar la salud de sus pacientes.

El exministro también citó hallazgos de la Contraloría sobre más de 16 billones de pesos en anticipos a la red prestadora no legalizados, así como un escenario fiscal complejo que obligaría a revisar el uso eficiente de los 114 billones que el Estado dedica a salud.

Para Ruiz, la crisis puede convertirse en una oportunidad si el nuevo Gobierno impulsa un plan de rescate, logra consensos y construye una política de Estado. Su cierre apunta a blindar el sistema frente a los propios Gobiernos de turno y dar mayor autonomía institucional al sector.

El triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial redujo parte de los riesgos económicos que enfrentaba Colombia, pero no los eliminó por completo, según un análisis de la consultora británica Oxford Economics conocido tras la jornada electoral.

La firma advierte que el mercado financiero ya había anticipado este resultado y lo venía reflejando en el comportamiento del dólar y los (Títulos de Tesorería) TES.

La información publicada por Revista Semana señala que el candidato del movimiento Defensores de la Patria elegido nuevo presidente de Colombia tras superar a Iván Cepeda en las urnas, para varios analistas, disminuye algunos riesgos, especialmente porque el triunfo de De La Espriella era el escenario que esperaban los mercados financieros antes de la votación.

Desde la primera vuelta presidencial de 2026, el peso colombiano se fortaleció cerca de 7 %, hasta ubicarse alrededor de los 3.420 pesos por dólar. Al mismo tiempo, el rendimiento de los TES en moneda local a 10 años cayó 120 puntos básicos, hasta 11,6 %.

Fiscalidad, inflación y tasas de interés

Oxford Economics espera que el nuevo Gobierno avance en una reducción del déficit fiscal, que este año estaría cerca del 7 % del PIB. El objetivo sería devolver la deuda pública a una senda sostenible, aunque ese ajuste también podría tener efectos sobre la actividad económica.

Según el análisis, una política de consolidación fiscal podría moderar el consumo de los hogares y el crecimiento del PIB. A la vez, una menor presión de demanda ayudaría a reducir la inflación y permitiría que el Banco de la República evite nuevas alzas en las tasas de interés.

La firma considera que el banco central mantendría estable su tasa hasta comienzos de 2027, cuando podría iniciar un nuevo ciclo de recortes. Ese escenario estaría apoyado por un peso más fuerte, menores incrementos del salario mínimo y una dinámica de consumo más moderada.

El informe también plantea que el programa económico del nuevo Gobierno deberá enviar señales de consolidación fiscal. La expectativa de los mercados es que la administración entrante busque ordenar las cuentas públicas y recuperar confianza, sin generar un freno excesivo sobre la economía y la inversión.

Riesgos de gobernabilidad y seguridad

Pese a la reacción positiva de los activos, Oxford Economics advierte que los riesgos siguen siendo significativos. De La Espriella no ha ocupado antes cargos de elección popular y no cuenta con una bancada propia fuerte en el Congreso, lo que podría dificultar especialmente la aprobación de reformas.

Aunque varios partidos lo respaldaron durante la segunda vuelta, la consultora señala que ese apoyo pudo estar más asociado al rechazo a Cepeda que a una adhesión plena al programa del presidente electo. Por esa razón, la gobernabilidad será uno de los principales desafíos.

La consolidación fiscal, según la firma, podría avanzar de manera lenta. Su estimación es que el déficit bajaría solo hasta 3 % del PIB en 2030, una ruta que dependerá de la capacidad política del nuevo Gobierno para construir mayorías y sostener sus medidas económicas.

Oxford Economics también anticipa límites para eventuales intentos de gobernar por decreto o mediante poderes de emergencia, pues enfrentarían controles judiciales. Ese punto reduce el margen de maniobra del Ejecutivo si no consigue apoyo suficiente en el Congreso.

Otro frente de incertidumbre será la seguridad. De La Espriella ha prometido mano dura contra los grupos armados, pero aún no está claro hasta qué punto estos actores podrían afectar la actividad económica en distintas regiones del país. Por ahora, el mercado financiero recibió con alivio el resultado electoral, aunque el informe insiste en que la reducción de riesgos no equivale a su desaparición.

Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, propuso un Pacto Nacional por la Educación Superior para responder a los desafíos de acceso, permanencia, calidad, tecnología y flexibilidad en Colombia. Su planteamiento parte de una idea central: la transformación de la universidad no es una opción, sino una responsabilidad con las nuevas generaciones.

En una publicación de Revista Semana, Bernal sostuvo que la educación no puede verse como un trámite administrativo ni como un servicio más. Para la académica, es el eje de la productividad, el crecimiento económico y una de las herramientas más poderosas para cerrar las brechas de desigualdad que fracturan al país.

La rectora advirtió que el debate debe partir de la realidad del acceso. Según su análisis, de cada diez bachilleres que se gradúan en Colombia, solo cuatro logran ingresar a la educación superior. El problema continúa después: uno de cada tres estudiantes que inicia su formación deserta, y en algunos programas la cifra puede llegar a cinco o seis de cada diez.

Permanencia y calidad más allá de los indicadores

Bernal señaló que la deserción no responde únicamente al costo de la matrícula. También pesan el transporte, los materiales, la alimentación, la necesidad de trabajar y la fragilidad de las redes de apoyo. Por eso, planteó que la permanencia debe convertirse en prioridad, apoyada en datos, modelos predictivos y consejerías personalizadas que permitan detectar riesgos a tiempo.

La rectora también cuestionó que la calidad educativa se mida solo por insumos y procesos, como el número de doctores, edificios o publicaciones indexadas. Propuso cambiar el foco hacia tres dimensiones: transformación del aprendizaje, retorno social de la investigación y capacidad de adaptación institucional.

Desde esa mirada, una universidad de alta calidad debe demostrar qué pueden hacer, pensar y resolver sus estudiantes al graduarse; cómo su investigación se convierte en soluciones concretas para el país, y qué tan rápido puede renovar su modelo ante un mundo cambiante. Bernal afirmó que los rankings pueden ser señales, pero no el norte de una institución.

IA, flexibilidad y pacto nacional

La rectora también advirtió sobre la disrupción tecnológica. Citó que en Colombia se espera que el 44 % de las habilidades de los trabajadores cambien para 2030, por encima del promedio global. Para ella, el reto no se limita a la inteligencia artificial, sino a una transformación profunda del empleo.

Bernal alertó sobre la posible desaparición de empleos de entrada, como asistentes legales o analistas júnior, que han funcionado como una rampa de movilidad para graduados de primera generación. También mencionó el control algorítmico sobre trabajadores de plataformas, muchas veces en condiciones de precariedad y sin protección social.

Frente a ese panorama, defendió una universidad que no sea solo una “máquina de entrega de habilidades”, sino un ecosistema de formación humana. Enfatizó competencias como pensamiento crítico, ética, empatía, liderazgo y creatividad, habilidades que la IA no puede sustituir.

Sobre la inteligencia artificial, propuso rediseñar la evaluación para medir el proceso de pensamiento, convertir la IA en un tutor crítico y pensar su uso desde el sur global, sin importar herramientas entrenadas para realidades ajenas.

Bernal también defendió una educación modular, flexible y apilable, con múltiples entradas y salidas. Si un estudiante debe retirarse por razones económicas, la universidad debería certificar las competencias adquiridas para que tengan valor laboral y puedan reconocerse si regresa.

Su propuesta final es un pacto entre universidades, familias, empresas y Gobierno para poner a los jóvenes en el centro. Ese acuerdo debe garantizar acceso, calidad, financiamiento y cierre de brechas en matemáticas y lectoescritura. Para Bernal, cada reforma hacia la flexibilidad es parte de una nación más justa y productiva.

La Corte Constitucional definirá el próximo 24 de junio la suerte de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender las inundaciones registradas en la costa Caribe y en Antioquia. La ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero pide salvar el decreto, aunque con algunas salvedades que deberán ser analizadas por sus colegas en la discusión de fondo.

La información publicada por Revista Semana señala que los nueve magistrados de la Sala Plena estudiarán el documento presentado por Polo Rosero. La decisión será clave para establecer si la emergencia económica se mantiene como herramienta jurídica para atender a las personas afectadas por el invierno y los daños ocasionados por las inundaciones en distintas zonas del país.

El decreto extraordinario fue expedido por el Gobierno días después de que la Corte suspendió la primera emergencia económica que se había emitido tras el hundimiento de la reforma tributaria. Esta segunda declaratoria buscaba atender a más de 200.000 personas afectadas en varios departamentos del país, según el alcance planteado por el Ejecutivo.

Sala Plena decidirá sobre el decreto

La emergencia económica tenía como propósito recaudar miles de millones de pesos para responder a la situación de damnificados en zonas golpeadas por las lluvias. Entre los departamentos mencionados aparecen Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

La ponencia ya fue puesta a consideración de los magistrados de la Sala Plena, que deberán tomar una decisión de fondo sobre la viabilidad jurídica del decreto. Aunque el sentido conocido apunta a salvar la medida, el texto incluye salvedades que serán discutidas por la Corte Constitucional.

El análisis del alto tribunal constitucional se da en medio de la revisión de los recursos que el Gobierno pretendía conseguir para atender la emergencia. La Contraloría pidió al Gobierno nacional los soportes necesarios para justificar los 8 billones de pesos que buscaba recaudar para responder a las afectaciones y financiar la atención urgente.

Ese punto será uno de los elementos más relevantes dentro del debate institucional, pues la emergencia económica no solo implica reconocer una situación extraordinaria, sino también habilitar medidas para movilizar recursos públicos destinados a la atención de los territorios afectados.

Procuraduría pidió avalar la emergencia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió a la Corte Constitucional avalar el decreto. Según su postura, la declaratoria cumplió varios requisitos por la situación extraordinaria generada por las lluvias, las inundaciones y las afectaciones registradas en más de 100 municipios.

“Es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”, dijo Eljach a la Corte.

La posición del Ministerio Público respalda la necesidad de mantener una herramienta excepcional para atender a las comunidades afectadas. Sin embargo, la decisión final del caso quedará en manos de los nueve magistrados, que deberán valorar tanto la gravedad de la emergencia como la justificación de las medidas propuestas.

El caso jurídico vuelve a ubicar a la Corte Constitucional en el centro del control sobre los decretos de emergencia económica del Gobierno Petro. La Sala Plena de la Corte deberá definir si las condiciones expuestas permiten mantener la declaratoria y bajo qué límites, condiciones o salvedades.

Mientras llega la discusión prevista para el 24 de junio, la ponencia de Miguel Polo Rosero marca una ruta inicial: avalar la emergencia económica, pero no necesariamente en todos sus términos. La decisión final determinará el margen de acción del Gobierno para financiar la atención de los damnificados.

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que “los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”, durante un acto público en el Parque de las Banderas, donde conmemoró el primer año de aprobación de la Reforma Laboral. El presidente también llamó a la juventud a participar en la jornada electoral del próximo 21 de junio y a vigilar el proceso desde sus hogares.

La información publicada por Caracol Radio señala que el mandatario denunció amenazas, persecuciones y actos de censura contra periodistas, activistas y miembros de su Gobierno.

Según dijo, existen intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente en la antesala de la segunda vuelta presidencial de este domingo.

“No permitiremos que silencien la democracia”, advirtió Petro ante una multitud reunida al sur de la capital del Valle del Cauca, en la tarde del jueves. Su intervención pública combinó mensajes electorales, defensa de su gestión y anuncios relacionados con educación, salud, Policía Nacional y derechos laborales.

Llamado a jóvenes y defensa del voto

Durante su discurso, Petro convocó a los colombianos a participar en las elecciones de este domingo. El mandatario dirigió un mensaje especial a las juventudes y les pidió no quedarse al margen de la jornada electoral.

“Convoco a todas las juventudes de Colombia a que no se queden en la casa, en el parche o en el rincón”, afirmó. También las invitó a salir desde la primera hora, cuidar toda la jornada y convertirse en “testigos digitales” desde sus hogares.

El jefe de Estado insistió en que la participación ciudadana será clave durante la segunda vuelta presidencial. Su mensaje estuvo enfocado en la defensa del voto, la vigilancia del proceso y la necesidad de que los jóvenes asuman un papel activo durante la jornada.

En Cali, Petro también vinculó su discurso con la educación pública. La frase sobre el ingreso de jóvenes a cualquier universidad pública sin importar el estrato quedó como uno de los mensajes centrales de su intervención, en medio de una agenda pública marcada por la conmemoración de la Reforma Laboral.

Reforma Laboral, salud y ascensos en la Policía

El presidente destacó que las acciones impulsadas por su Gobierno en salud permitieron, según sus cifras, salvar la vida de 5.532 niños y niñas en el Valle del Cauca, frente a los registros del año 2022. Aseguró que este resultado estuvo relacionado con una inversión de $1,3 billones.

Petro también mencionó la puesta en marcha de 927 equipos básicos de salud, el desarrollo de 151 proyectos de infraestructura sanitaria y la entrega de 88 ambulancias para fortalecer la atención en el departamento.

Durante el mismo acto, el director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que 17.161 patrulleros podrán ascender. Según la información entregada, la decisión busca fortalecer a la institución y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, afirmó que la Reforma Laboral devolvió derechos a las y los aprendices de la entidad. Señaló que más de 377.000 jóvenes se benefician con la laboralización del contrato de aprendizaje, una medida que, según dijo, reconoce su trabajo y fortalece su protección.

“Podemos decirle al pueblo colombiano que hemos cumplido. El Gobierno de Gustavo Petro hizo una de las grandes reformas más importantes de los últimos tiempos”, sostuvo Londoño durante el evento.

La jornada en Cali dejó varios mensajes de cierre antes de la votación: defensa de la democracia, llamado a la participación juvenil, balance de gestión y reivindicación de la Reforma Laboral como una de las principales apuestas del Gobierno.

La Superintendencia Nacional de Salud identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander tras una auditoría realizada por un equipo técnico especializado de la entidad.

Los hallazgos preliminares apuntan a fallas en procedimientos que son responsabilidad de la autoridad sanitaria departamental y que podrían afectar la vigilancia sobre los servicios de salud que reciben los usuarios en el departamento de Santander.

La información publicada por Blu Radio señala que la auditoría técnica fue liderada por el superintendente delegado encargado para Entidades Territoriales y Generadores, Juan Duque, según el reporte. El proceso hizo parte de las funciones de inspección, vigilancia y control administrativo que ejerce la Supersalud sobre las entidades territoriales responsables del funcionamiento del sistema de salud en las regiones.

De acuerdo con los resultados preliminares, se evidenciaron fallas en labores relacionadas con la habilitación y supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. La entidad nacional advirtió que estas situaciones serán evaluadas para determinar las acciones administrativas a que haya lugar y exigir los ajustes que correspondan.

Retrasos y falta de seguimiento a IPS

Entre los principales hallazgos se encuentran retrasos en la realización de visitas de habilitación a centros asistenciales. Estas revisiones son clave para verificar si los prestadores de salud cumplen las condiciones necesarias para operar y atender a los usuarios del sistema.

La Supersalud también reportó falta de seguimiento a algunos prestadores de servicios de salud. Ese punto genera especial preocupación porque la supervisión permanente permite identificar riesgos, corregir fallas de manera oportuna y garantizar que la atención de los pacientes se preste bajo condiciones adecuadas para la población usuaria.

Otro de los aspectos señalados corresponde a omisiones frente a situaciones que podrían comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Según la entidad, los hallazgos podrían afectar la capacidad de vigilancia y control sobre los servicios que se prestan en el departamento.

La supervisión de las IPS, los procesos de habilitación y el seguimiento continuo a la prestación de los servicios son considerados elementos fundamentales para proteger a los usuarios del sistema de salud. Cuando estos procedimientos presentan retrasos o vacíos, se incrementan los riesgos para la oportunidad, calidad y seguridad de la atención.

Supersalud evaluará medidas correctivas

La auditoría se produce en un momento en el que el sistema de salud enfrenta múltiples desafíos relacionados con la capacidad de atención, el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras. En ese panorama, la vigilancia sobre las entidades territoriales adquiere mayor relevancia institucional y operativa.

La Superintendencia continuará revisando la información recopilada durante el proceso de auditoría. Con esa evaluación buscará establecer las medidas correctivas necesarias y verificar el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo de la Secretaría de Salud de Santander.

Por ahora, los hallazgos conocidos tienen carácter preliminar y deberán ser analizados para determinar las decisiones administrativas correspondientes. La entidad nacional no solo revisará los retrasos, omisiones detectadas y posibles debilidades institucionales, sino también el impacto que podrían tener sobre la red de servicios del departamento.

Se espera además un pronunciamiento oficial de la administración departamental frente a las observaciones realizadas por el organismo de control. Esa respuesta deberá explicar qué acciones concretas serán implementadas para subsanar las presuntas irregularidades y fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y seguimiento.

El caso deja bajo revisión el papel de la Secretaría de Salud de Santander en la supervisión de los prestadores. La Supersalud deberá definir los pasos siguientes frente a la autoridad territorial, mientras los usuarios esperan garantías efectivas para recibir atención con calidad, oportunidad y seguridad en el departamento.

Colombia tendrá por primera vez una regulación específica que permite almacenar energía renovable en baterías para utilizarla cuando la demanda sea más alta. La medida fue anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.

La información publicada por Blu Radio señala que la decisión quedó materializada en una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Esa norma define las reglas para la instalación, conexión y operación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías, conocidos como SAEB, dentro del Sistema Interconectado Nacional, el eje de la red eléctrica del país.

En la práctica, la regulación permitirá guardar la energía producida durante las horas de mayor generación, especialmente la proveniente de fuentes como la solar, para usarla después en la noche o en momentos de alta demanda eléctrica. Con esto, el país busca aprovechar mejor la infraestructura energética existente hoy, mejorar la estabilidad del servicio y responder con más capacidad técnica cuando el consumo aumente en determinados horarios.

Cómo funcionará el almacenamiento con baterías

La medida también abre la puerta para que la energía generada durante el día no se pierda ni dependa únicamente del momento en que se produce. En el caso de la energía solar, las baterías permitirán almacenar excedentes de generación y entregarlos al sistema cuando el consumo aumente o cuando ya no haya radiación solar.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que se trata de un cambio histórico para el mercado eléctrico colombiano. Después de más de tres décadas de funcionamiento, el país contará con reglas claras para incorporar una tecnología considerada clave en la expansión de las energías renovables.

La regulación contempla diferentes modalidades de almacenamiento. Estas podrán servir para respaldar redes de transmisión y distribución, operar como proyectos independientes o integrarse a plantas de generación renovable que participen en el mercado eléctrico, según las reglas definidas para el sector.

Con estas opciones, los sistemas de baterías podrán cumplir varias funciones dentro del sector eléctrico colombiano. No solo servirán para guardar energía, sino también para apoyar la confiabilidad de la red, reducir presiones en momentos de alta demanda y facilitar una operación más flexible del sistema.

Costa Caribe y nuevos proyectos de energía limpia

La medida tendrá especial importancia para regiones como la Costa Caribe, donde se concentra gran parte del potencial solar y eólico del país. Al contar con reglas para almacenamiento, los nuevos proyectos de energía limpia podrán incorporar baterías y ofrecer un suministro más confiable.

El almacenamiento también puede facilitar el desarrollo de iniciativas renovables que antes enfrentaban limitaciones por la intermitencia de la generación. La posibilidad de guardar energía y entregarla en otros horarios ayuda a integrar mejor estas fuentes al sistema nacional.

El anuncio se realizó durante la entrega de una granja solar en Barrancabermeja, Santander. Según el reporte, el proyecto beneficiará a cerca de 700 personas y dará origen a la primera comunidad energética de madres comunitarias del país.

La decisión de la CREG marca un paso regulatorio relevante para la transición energética en Colombia. Al permitir el uso formal de baterías dentro del Sistema Interconectado Nacional, el país incorpora una herramienta tecnológica que puede fortalecer la red y ampliar el papel de las fuentes renovables.

Con esta nueva regulación, el Gobierno nacional busca que la energía solar y otras fuentes limpias tengan mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema. La meta es que la electricidad generada en los momentos de mayor producción pueda utilizarse cuando el país más la necesite.

Las autoridades reforzaron el seguimiento a denuncias de presunto constreñimiento electoral en Angostura, norte de Antioquia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo en todo el país. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional desmontaron una bandera y una pancarta alusivas a las disidencias de las Farc en zona rural del municipio.

La información publicada por Blu Radio señala que el gobernador Andrés Julián Rendón llegó a Angostura junto con altos mandos policiales y militares para liderar una reunión de seguridad. La visita se produjo después de nuevas denuncias sobre presiones de grupos armados a poblaciones rurales antes de la jornada electoral del 21 de junio, según los reportes conocidos.

Uno de los hechos que encendió las alertas fue un mensaje difundido en redes sociales por el grupo armado, en el que se aseguraba que pedirían a habitantes de Angostura el certificado electoral para poder movilizarse en la región, lo que fue interpretado como una posible forma de presión sobre la población. Ese reporte elevó de inmediato la preocupación de las autoridades por posibles restricciones a la libertad del voto.

Autoridades refuerzan presencia en Angostura

El gobernador Rendón sostuvo que la mejor respuesta frente a estas estructuras ilegales es salir a votar de manera libre y masiva. También reconoció el trabajo de soldados y policías que custodian los puestos de votación y adelantan operaciones para contener el accionar criminal.

“La mejor forma de quitarse de encima a esos bandidos es votando”, aseguró Rendón. El mandatario añadió que la fuerza pública no solo está protegiendo los puntos electorales, sino desarrollando acciones defensivas para neutralizar los riesgos asociados a estos grupos.

La llegada de las autoridades ocurre en medio de operaciones de tropas de la Cuarta Brigada en zona rural de Angostura. En la vereda Los Pinos, los uniformados desinstalaron una bandera y una pancarta relacionadas con las disidencias, como parte de las acciones para recuperar el control y reducir mensajes de intimidación.

El seguimiento se concentra en el Norte de Antioquia, donde en los últimos días han aumentado las denuncias por posibles presiones a comunidades rurales. La preocupación principal es que esos mensajes puedan afectar la movilidad, la participación ciudadana o la libertad de los votantes durante la segunda vuelta.

Recompensas por cabecillas armados

Rendón reiteró que siguen vigentes las recompensas ofrecidas por diferentes cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Entre ellos mencionó a alias ‘Primo Gay’, por quien se ofrece hasta 640 millones de pesos, y a alias ‘Pimpón’, con una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

También siguen activas las recompensas por alias ‘Macho Viejo’ y alias ‘El Lobo’, de hasta 100 millones de pesos cada una. El gobernador recordó estos montos como parte de la estrategia para ubicar a los responsables de acciones que afectan la seguridad en la región.

Sobre la guerrilla del ELN, el mandatario indicó que continúan vigentes las recompensas de hasta 400 millones de pesos por alias ‘Mara’, alias ‘Omar’ y alias ‘Calvo’, integrantes del frente de guerra Darío Martínez.

Las autoridades buscan garantizar que la segunda vuelta se desarrolle sin interferencias de grupos armados. El retiro de la propaganda en Angostura y la reunión de seguridad hacen parte de las medidas para enfrentar denuncias de constreñimiento y proteger el derecho de las comunidades a votar sin presiones.

El mensaje oficial es que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con libertad. Mientras avanzan las operaciones en zona rural, el Gobierno departamental insiste en que la participación masiva es una forma de responder a las intimidaciones y defender el proceso democrático en Antioquia.

El presidente Gustavo Petro cerró en Cali una jornada de eventos masivos con un mensaje directo sobre las elecciones: “voten temprano”. A un día de la jornada electoral, el mandatario llegó a la capital del Valle del Cauca este viernes junto con todo su gabinete y aprovechó su intervención para llamar a la participación ciudadana, defender el voto y pedir que el domingo no haya agresiones.

La información publicada por Blu Radio señala que Petro intervino en la recta final de la campaña con un discurso en el que también lanzó cuestionamientos contra el candidato de oposición Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Sus declaraciones se dieron en medio de críticas de distintos sectores por las reiteradas intervenciones del presidente sobre la contienda electoral.

Durante el evento, el jefe de Estado también anunció un ascenso masivo en la Policía Nacional: más de 17.000 patrulleros pasarán a ser subintendentes. El anuncio oficial hizo parte de su agenda pública institucional en Cali, realizada a pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas este 21 de junio.

Petro pide votar y evitar agresiones

El mandatario sostuvo que quienes aspiran a la Presidencia deben promover convivencia y no confrontación. En su intervención, afirmó que la política no puede convertirse en un escenario de ataques entre colombianos y pidió que la decisión electoral se tome con reflexión.

“El que se acerque a una urna el domingo debe acercarse reflexivo para que su voto no se llene de sangre futura, sino de paz”, dijo Petro durante su discurso. También dio una instrucción directa a quienes han respaldado su Gobierno: no agredir a nadie durante la jornada electoral.

“Ningún ciudadano que haya defendido este Gobierno y me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente, debe agredir a nadie el domingo. La tarea del domingo es votar”, señaló el mandatario.

Petro también invitó a las juventudes a convertirse en “testigos digitales” del proceso electoral. Aunque no detalló el alcance de esa figura en la información conocida, el llamado se hizo dentro de su mensaje sobre participación, vigilancia ciudadana y defensa del voto.

Críticas a la oposición y ambiente electoral

En su discurso, Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato opositor. Según el reporte, el presidente insistió en que quienes aspiran a gobernar deben llamar a la convivencia y no a la confrontación entre sectores políticos.

En la parte final de su intervención, el jefe de Estado volvió a pedir de manera expresa que los ciudadanos acudan temprano a las urnas. “No se trata de construir de nuevo una orgía de sangre en Colombia. No se trata de destripar ni un solo colombiano, se trata de convocar las fuerzas de la vida”, expresó.

Sus declaraciones se producen en la recta final de una campaña marcada por tensiones políticas y llamados de distintas autoridades a respetar el resultado de las urnas. El mensaje de Petro estuvo centrado en tres puntos: votar temprano, evitar agresiones y participar de manera activa en la jornada electoral.

El evento público en Cali también sirvió para reforzar la presencia del Gobierno en la antesala de las elecciones. La llegada del presidente con su gabinete y el anuncio de ascensos en la Policía ocurrieron en una jornada de alto contenido político, pese a los cuestionamientos por sus intervenciones sobre la contienda.

Con este discurso, Petro cerró una agenda pública en la que pidió participación ciudadana y llamó a la calma. El domingo, dijo, la tarea principal será votar temprano y evitar cualquier acto que altere el desarrollo de la jornada electoral.

El Ministerio del Trabajo denunció presuntos casos de constreñimiento electoral en empresas de distintas regiones del país, a pocos días de la jornada presidencial del 21 de junio. El ministro Antonio Sanguino aseguró que han recibido reportes en los que directivos estarían ejerciendo presión sobre trabajadores para influir en su voto.

La información publicada por Blu Radio señala que Sanguino habló de 65 casos conocidos por la cartera laboral, los cuales fueron remitidos a la autoridad judicial para su revisión. El presidente Gustavo Petro, por su parte, afirmó que al menos 400 empresas habrían sido objeto de denuncias relacionadas con presuntas presiones a empleados.

Frente a ese panorama, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas para reforzar la protección del derecho al sufragio en espacios laborales. Entre ellas se encuentra una circular dirigida a empleadores para recordar que los trabajadores deben poder ejercer su derecho al voto sin restricciones, incluso si tienen turno laboral durante la jornada electoral.

Denuncias por presión a trabajadores

El ministro Sanguino aseguró que las denuncias recibidas apuntan a posibles conductas de presión dentro de empresas de varias regiones del país. Según lo expuesto, la preocupación central es que algunos trabajadores puedan sentirse condicionados por sus superiores al momento de ejercer su derecho al voto.

La cartera laboral insistió en que la participación electoral debe ser libre y sin interferencias. Por eso, las medidas preventivas buscan advertir a los empleadores sobre la obligación de permitir que sus equipos de trabajo acudan a las urnas y participen en la jornada democrática sin obstáculos, controles indebidos ni amenazas laborales.

La circular también apunta a quienes tengan programación laboral el día de las elecciones. En esos casos, los trabajadores deben contar con garantías para votar y luego regresar a sus labores, sin represalias, restricciones indebidas o presiones asociadas con su decisión política.

El Ministerio del Trabajo busca que los empleadores tengan claridad sobre los límites de su actuación durante la jornada. La entidad advirtió que el derecho fundamental al voto no puede quedar condicionado por horarios, turnos o instrucciones internas que impidan la participación de los ciudadanos.

Petro advierte consecuencias por interferir en el voto

En paralelo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de un mensaje en X y recordó que el voto es libre. El jefe de Estado afirmó que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus trabajadores.

Petro también señaló públicamente que, si un empleado tiene turno laboral el día de la elección, debe poder acudir libremente a las urnas y regresar a su puesto sin enfrentar represalias. Para el mandatario, cualquier intento de interferir en ese derecho puede constituir una conducta con consecuencias penales.

El Gobierno insistió en que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral es una práctica que debe ser denunciada y revisada por las autoridades competentes. En esa línea, los casos conocidos fueron trasladados a la autoridad judicial, mientras el Ministerio adelanta acciones preventivas desde el ámbito laboral.

Las medidas se producen en la recta final de la campaña presidencial de 2026, cuando aumenta la vigilancia sobre posibles irregularidades que puedan afectar la libertad de los votantes. El llamado oficial es a que los empleadores garanticen condiciones para que sus trabajadores participen en la jornada sin presión de ningún tipo por parte de sus empleadores.

Con estas acciones, el Ministerio del Trabajo busca enviar un mensaje claro al sector empresarial: la jornada electoral debe desarrollarse con garantías y el voto de los trabajadores debe ser respetado. La advertencia también busca prevenir nuevas denuncias antes de la elección del 21 de junio.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia el fallo que declaró en desacato al representante a la Cámara Miguel Polo Polo y ordenó tres días de arresto y una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes. La decisión está relacionada con el incumplimiento de una orden sobre la exposición artística Mujeres con las botas bien puestas, instalada en el Congreso de la República.

La información publicada por Revista Semana señala que la Sala Séptima Civil de Decisión confirmó el fallo del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá. El caso se originó en una orden previa de la Corte Constitucional del 4 de septiembre de 2025, que exigía al congresista realizar un acto público de disculpas y reparación por sus declaraciones frente a los falsos positivos y las víctimas.

En esa decisión, la Corte le ordenó publicar en sus redes sociales una disculpa pública en la que debía reconocer la naturaleza legítima de la instalación artística. También debía aceptar el “carácter inexacto” de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la exposición, integrantes de la Asociación Madres de Familia de Falsos Positivos, Mafapo.

Qué debía cumplir el congresista

Además de las disculpas, el fallo también ordenaba garantizar una nueva fecha para la exhibición Mujeres con las botas bien puestas en el mismo espacio y con la misma visibilidad de la muestra original. La exposición hacía referencia a las víctimas de los falsos positivos de Soacha.

El caso comenzó después de que Polo Polo publicara un video en el que tomó varias botas de la exposición instalada en el Patio Rafael Núñez del Capitolio y las arrojó a una bolsa negra. En ese momento, el representante afirmó: “Estas botas deben ir a la basura”.

Para el Tribunal, tras revisar la evidencia disponible en el expediente, el congresista no realizó el ofrecimiento de las “disculpas solemnes” ni convocó la concertación en el Congreso para reparar el daño causado a la exhibición.

“El accionado pretermitió el cumplimiento de la carga imperativa impuesta por el juez constitucional”, señaló el Tribunal. La corporación agregó que el representante se abstuvo de comparecer y de materializar el acto de contrición y reparación integral dentro del término fijado.

Tribunal rechazó argumentos de la defensa

Otro de los puntos de la decisión indica que Polo Polo no asistió a la exposición artística instalada en el Patio Rafael Núñez del Congreso entre el 5 y el 17 de diciembre de 2025. El Tribunal señaló que el congresista estaba informado y había recibido varias comunicaciones sobre el cumplimiento de la orden.

Con base en esos elementos, la Sala Civil rechazó los argumentos de la defensa, que sostenía que ya existía una decisión judicial que daba por cumplido el fallo de la Corte Constitucional. Para el Tribunal, las pruebas mostraban lo contrario dentro del expediente revisado.

La decisión citó comunicaciones del 28 de noviembre, del 2 de diciembre y una providencia del 3 de diciembre de 2025 para concluir que Miguel Abraham Polo Polo estuvo plenamente enterado desde el inicio sobre las actuaciones que debía cumplir.

El fallo ratificado deja vigente la orden de arresto por tres días y la multa de ocho salarios mínimos. Por ahora, el congresista no ha hecho ninguna manifestación pública conocida frente a los fallos judiciales emitidos esta semana.

La decisión judicial vuelve a poner en el centro el alcance de las órdenes de tutela y el deber de cumplimiento estricto cuando se trata de actos de reparación simbólica vinculados con víctimas afectadas. En este caso, el Tribunal concluyó que existió desacato frente a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

El tanto llegó casi antes de que la Tartan Army terminara de instalarse en las tribunas. Achraf Hakimi lanzó un pase largo en profundidad, Saibari lo recibió en el área y descargó un remate potente que no pudo detener el arquero escocés Angus Gunn. El gol marcó el ritmo de una primera mitad de sentido único, en la que los marroquíes sometieron a un rival que tardó más de 45 minutos en registrar su primer remate entre los tres palos.

El esquema de Marruecos funcionó con precisión desde el pitazo inicial del árbitro Ilgiz Tantashev de Uzbekistán. Ayyoub Bouaddi controló el mediocampo con recuperaciones constantes, mientras Brahim Díaz y Neil El Aynaoui desbordaban por la derecha con continuidad, generando los espacios que aprovechaban Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y el propio Saibari.

Los africanos circularon el balón a voluntad, alternando pases cortos y largos según los movimientos defensivos escoceses, y tuvieron al menos dos ocasiones claras para ampliar la diferencia antes del descanso: Ounahi filtró un pase al área para Saibari, que no alcanzó a conectar con el arquero vencido; y Hakimi llegó en velocidad por la derecha en el minuto 17, pero Gunn achicó con el pie derecho para evitar el segundo.

Escocia, dirigida por Steve Clarke, careció de ideas durante la mayor parte del primer tiempo. Scott McTominay retrasó su posición para intentar dar fluidez al juego, pero los errores propios y la presión marroquí impedían cualquier intento de salida. Solo en el minuto 45+1, con un centro de Andrew Robertson para John McGinn por la derecha, los europeos asomaron por primera vez cerca del área rival, aunque sin poder rematar con peligro.

El segundo tiempo trajo un cambio de cara para el conjunto escocés. Ya en el minuto 48, McGinn ganó un balón en el centro del campo, se internó en el área y recibió una entrada que los jugadores escoceses reclamaron como penalti. La revisión del VAR descartó la infracción y el partido continuó. Poco después, en el minuto 51, Gunn respondió con un despeje ante un remate de cabeza de Brahim Díaz tras un tiro de esquina, y en el minuto 50 un disparo de Saibari, tras un desvío, se estrelló en el travesaño.

Clarke movió el banco con determinación: primero salió Kieran Tierney —con molestias físicas— para dar paso a Ben Gannon-Doak, del Bournemouth, en apenas su segunda convocatoria con la selección; luego ingresaron Lyndon Dykes y Kenny McLean en lugar de Che Adams y Ryan Christie. Las sustituciones cambiaron el perfil del equipo y Escocia empezó a presionar con más convicción. En el minuto 63, Christie remató desde fuera del área por encima del arco de Yassine Bounou; en el 84, McTominay conectó cruzado con potencia, pero Chadi Riad se lanzó al suelo para despejar al tiro de esquina.

Marruecos respondió con sus propios cambios: salieron Saibari, El Khannouss y Díaz para dar entrada a Rahimi, Talbi y Amaimouni. En el minuto 88, McTominay remató de media vuelta tras recibir en el área, pero Bhouaddi interfirió y permitió que Bounou atrapara el balón. En el 82, el propio McTominay cayó en el área en otra acción que el árbitro tampoco sancionó como pena máxima. En el 90+5, Amaimouni disparó desde la derecha al palo largo y el balón rozó el vertical sin entrar.

Con este resultado, Marruecos suma cuatro puntos en el Grupo C y queda a la espera del partido entre Brasil y Haití para conocer su posición definitiva en la tabla. Escocia, que llegó al partido como líder del grupo, deberá enfrentar a la Verdeamarela en su último compromiso de la fase de grupos con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego.

Así queda la clasificación del Grupo C tras la victoria de Marruecos sobre Escocia

Final del partido

Marruecos se impone sobre Escocia por 1-0 y con cuatro puntos asume el liderato parcial del Grupo C, a falta de lo que suceda a segunda hora con Brasil y Haití. Los Leones del Atlas dominaron la mayoría del partido, mostrando su mejor versión en el primer tiempo con la anotación tempranera de Saibari y una labor destacada de sus dos principales estrellas, Akraf Hakimi y Brahim Díaz, imparables para la zaga escocesa.

Los de Steve Clarke carecieron de ideas y un juego colectivo coherente, apostando principalmente por pelotazos y jugadas a balón parado, ante la falta de efectividad en las acciones de contraataque. Al final del primer y segundo tiempo dieron indicios de peligro, pero la defensa marroquí se mostró solvente.

Ambos seleccionados cerrarán su participación en fase de grupos el miércoles 24 de junio. En simultaneo, Escocia se medirá ante Brasil, mientras que Marruecos cerrará ante Haití.

Minuto 90+5: Ayoube Amaimouni remata desde la derecha al palo más lejano, pero se va a centimetros del vertical derecho de Gunn.

Minuto 90+2: Remate de Talbi a puerta que despeja Gunn. La repetición evidencia que el guardameta toca el balón, pero en vez del tiro de esquina se decreta saque de puerta para Escocia.

Minuto 90: Seis minutos de reposición en Boston.

Minuto 89: Cambio en Escocia. Sale Patterson y entra Ralston. En Marruecos sale Ounahi, entra El Mourabet.

Minuto 88: ¡La tuvo McTominay! El atacante remata de media vuelta tras recibir en el área, pero Bhouaddi interfiere y le permite a Bono atrapar el balón. Se detiene el partido mientras el guardameta queda tendido en el suelo.

Minuto 87: Escocia se mete en partido, encierra a Marruecos y las tribunas rugen a la espera del milagro.

Minuto 86: Centra McGinn por la derecha, pero McTominay se estorba con Dykes cuando intentan cabecear.

Minuto 85: Dykes remata de cabeza tras el tiro de esquina pero el balón se va desviado. Saque de puerta.

Minuto 84: ¡La tuvo Escocia! McTominay remata cruzado y con potencia, pero Chadi Riad se barre y despeja al tiro de esquina.

Minuto 83: Sustituciones en Marruecos. Salen Saibari, El Khannouss y Díaz entran Rahimi, Talbi y Amaimouni.

Minuto 82: McTominay cae en el área pero el árbitro no pita pena máxima.

Minuto 80: Marruecos administra el balón sin presiones, circulando de lado a lado. Escocia intenta responder con movimientos sin balón, por ahora sin mucho éxito.

Minuto 76: Se rinde tributo a Donny Strathie, el hincha escocés fallecido antes del partido y al que la Tartan Army le rindió tributo aplaudiendo durante un minuto, coincidiendo el minuto con la edad que tenía al momento de su muerte.

Minuto 76: Balón en profundidad para Brahim Díaz que le quedó para rematar a portería. La defensa alcanza a cerrar en el último momento.

Minuto 73: Chocan Gannon-Doak y Bono mientras disputaban un balón en el área marroquí. La situación no pasa a mayores y el arquero reanuda el partido con tiro libre por falta en ataque.

Minuto 71: Se reanuda el partido.

Sustituciones en Escocia. Salen Che Adams y Ryan Christie, entran Lyndon Dykes y Kenny McLean.

Minuto 68: Pausa de hidratación en Boston. Se vienen cambios en Marruecos.

Minuto 65: Tarjeta amarilla para Robertson en Escocia por falta sobre Hakimi.

Minuto 63: Se acerca Escocia otra vez, ahora con un pase de McTominay para Ryan Christie que remata desde fuera del área, por encima de la portería de Bono.

Minuto 62: Remate de Hakimi desde la izquierda que se pierde en la última línea.

Minuto 59: Sustitución en Escocia. Se va Kieran Tierney, y entra en su lugar Ben Gannon-Doak. Es apenas su segundo partido con la selección para el jugador del Bournemouth.

Minuto 58: Los dos equipos realizan labores de calentamiento, y en Escocia se prepara para entrar Ben Gannon-Doak.

Minuto 54: Escocia busca controlar más el balón en la parte complementaria, haciéndolo circular buscando espacios en la defensa marroquí.

Minuto 51: ¡Se salva Escocia! Tras un tiro de esquina, el arquero Gunn despeja un remate de cabeza peligroso por parte de Brahim Díaz.

Minuto 50: ¡La tuvo Marruecos! Una carrera por la izquierda deriva en un centro que remata Saibari. El balón es impactado por un defensa y luego se estrella en el travesaño, antes de irse al tiro de esquina.

Minuto 48: Acción de posible penalti de El Aynaoui sobre McGinn. Los jugadores de Escocia protestaron, pero la revisión consideró que no hubo infracción y el encuentro se reanudó.

Arranca el segundo tiempo

Sin cambios en los dos seleccionados, se reanuda la acción en Boston.

Final del primer tiempo

El gol tempranero de Ismael Saibari marca la diferencia luego de 45 minutos. Marruecos controló la posesión y gozó de las mejores opciones, pero la falta de acierto les impidieron tener una ventaja más abultada. Escocia careció de ideas y solo al final del primer tiempo dejaron evidencia de que podían hacerle daño a los africanos. Mucho para revisar para Steve Clarke y Mohamed Ouahbi en el entretiempo.

Minuto 45+4: Marruecos vuelve a apoderarse del balón mientras los escoceses se muestran más determinados a ir al choque.

Minuto 45+2: Se anima Escocia a buscar el empate en el final del primer tiempo. Marruecos se defiende en su área mientras la Tartan Army alienta a los suyos.

Minuto 45+1: Primera oportunidad del partido para Escocia. Andrew Robertson centró buscando a McGinn, que llegó solo por la derecha, pero mo pudo rematar adecuadamente y el balón se perdió en la última línea.

Minuto 45: Cinco minutos de reposición en Boston.

Minuto 42: Escocia intenta lanzar contraataques para revertir el dominio marroquí, pero siempre se encuentra con una defensa bien parada, sumado a las coberturas acertadas de Bouaddi y El Aynaoui.

Minuto 38: Se hace notar la técnica individual de Brahim Díaz y El Aynaoui. Escocia padece las internadas de ambos jugadores por la derecha.

Minuto 35: Otra vez llega Marruecos, con una jugada en contraataque que remata El Khannouss por encima de la portería de Gunn. El partido se detiene para atender a El Aynaoui, que quedó golpeado en la jugada previa.

Minuto 34: Se acerca Marruecos por la izquierda con una jugada entre Bhouadi y El Khannouss que envía el pase al centro para Saibari. Su remate se va por encima de la portería escocesa.

Minuto 33: El empuje de Maruecos obliga a los once jugadores de Escocia a defender en su propio campo. No encuentran soluciones los dirigidos por Steve Clarke.

Minuto 29: Brahim Díaz cede al borde del área para Ounahi que remata el balón por encima de la portería de Escocia.

Minuto 27: Ya se reanuda el encuentro en Boston.

Minuto 24: Pausa de hidratación en Boston.

Minuto 22: Primera tarjeta amarilla del partido en Marruecos para Issa Diop, por una dura entrada sobre John McGinn.

Minuto 20: El ritmo de juego no es tan intenso como en los primeros minutos, pero el dominio de Marruecos se mantiene cuando está por llegar la primera pausa de hidratación.

Minuto 17: ¡Otra vez Marruecos! Hakimi llegó por la derecha en velocidad pero el arquero Gunn logró achicar de manera temeraria y evitar el segundo gol con su pie derecho, en el último momento.

Minuto 16: McTominay retrasa su posición intentando darle fluidez al juego de Escocia, en vista de que no logran retener el balón mucho tiempo por errores propios y la presión de los marroquíes.

Minuto 13: Marruecos tiene encerrado a Escocia en su campo, controlando el balón a voluntad gracias al trabajo de Ayyoub Bouaddi en la recuperación, y la movilidad de Hakimi y Brahim Díaz, que genera espacios que aprovechan Ounahi por el centro, Neil El Khannouss por izquierda, y Saibari en punta. Por ahora, el plan de los europeos está fallando de manera estrepitosa.

Minuto 11: Se volvió a acercar Marruecos por la izquierda, pero la defensa logró cerrar y, con dificultad, despejar al tiro de esquina.

Minuto 10: ¡La tuvo Marruecos! En una recuperación en tres cuartos de cancha, Azzedine Ounahi filtró un balón al área para Saibari que no alcanzó a impactar con el arquero vencido. Se salvó Escocia del segundo.

Minuto 7: Escocia intenta, con más voluntad que fútbol, subir líneas en busca del empate. Por ahora Scott McTominay no hace su aparición en el partido, pero empiezan a tomar impulso John McGinn y Lewis Ferguson en la mitad.

Minuto 5: El partido se juega a lo que Marruecos quiere. El balón se mueve de lado a lado, alternando pases cortos con largos, buscando diagonales, yendo a los lados o siendo más directos según lo pidan los movimientos de Escocia en defensa. Brahim Díaz es muy vigilado por la defensa rival, pero eso no impide que aparezcan espacios en la zaga escocesa.

Minuto 2: ¡Gooooooooooooooooooooooool de Marruecos!

Ismael Saibari culmina una jugada de varios toques sucesivos de lado a lado con un potente remate que superó la resistencia del arquero Angus Gunn. Los africanos se ponen en ventaja y asumen de manera parcial el liderato del Grupo C. Es el gol más rápido en lo corrido del Mundial.

Arranca el partido

El árbitro Ilgiz Tantashev de Uzbekistán da el pitazo inicial en el Boston Stadium. Escocia y Marruecos disputan el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Salen los equipos al campo de juego del Boston Stadium. Se inician los actos protocolarios.

Escocia y Marruecos ya adelantan labores de calentamiento en el Boston Stadium.

Hinchas de ambos seleccionados ya se hacen notar en Boston, en los minutos previos al trascendental encuentro que podría determinar sus destinos en el Mundial. McTominay y Hakimi, los preferidos de ambas hinchadas.

Alineación confirmada de Marruecos

Mohamed Ouahbi presentó su planilla con los titulares para el trascendental juego ante Escocia, por la segunda fecha de la fase de grupos.

La Tartan Army se hace sentir en Boston, marchando rumbo al estadio

Alineación confirmada de Escocia

Steve Clarke presentó su planilla con los titulares para el trascendental juego ante Marruecos, por la segunda fecha de la fase de grupos.

El Boston Stadium ya comienza a recibir a los simpatizantes de Escocia y Marruecos, que se reunen a las afuerras del escenario deportivo.

Afición escocesa aplaudirá un minuto del Escocia-Marruecos en homenaje a hincha fallecido

El grupo de aficionados escoceses The Tartan Army pidió que los asistentes del Escocia-Marruecos de este viernes en la sede de Boston aplaudan durante el minuto 76 en memoria de Donny Strathie, un aficionado escocés que falleció esta semana y no pudo llegar a animar a su selección en el Mundial.

“Significaría mucho para su familia si pudiéramos organizar un minuto de aplausos durante el minuto 76. Descansa en paz, Donny”, expresó ayer el grupo de aficionados escoceses The Tartan Army (Ejército del Tartán) en la red social X.

Donny Strathie falleció a los 76 años el pasado domingo en el hotel en el que se alojaba en Boston. Tenía una entrada para el Escocia-Marruecos, que hubiera sido su primer partido de Copa del Mundo. El aficionado escocés fallecido era un miembro habitual del grupo de aficionados The Tartan Army, con el que había viajado por Noruega, Croacia, Malta, Francia, Países Bajos o Portugal animando a su selección durante los clasificatorios para el Mundial o en amistosos.

/deportes/2026/06/13/el-tema-inspirado-en-la-mano-de-dios-que-los-fanaticos-de-escocia-cantaron-antes-del-esperado-debut-en-el-mundial/

/deportes/2026/06/14/escocia-le-gano-1-0-a-haiti-rompio-una-racha-de-36-anos-y-es-el-lider-del-grupo-c-en-el-mundial-2026/

Andrew Robertson habló sobre el partido ante Marruecos

El capitán y nuevo jugador del Tottenham habló sobre la exigencia del partido ante Marruecos. Estas fueron las palabras:

“Sabemos lo difícil que va a ser. Ahora jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero creemos que podemos complicar cualquier partido. Si logramos eso y si podemos ofrecer nuestro mejor rendimiento, creo que podemos conseguir lo que queremos y, con suerte, ser quienes hagan historia”

Así fue la última participación de Marruecos en un Mundial

La campaña del entrenador Walid Regragui en la edición de Qatar 2022 será una de las más recordadas por el pueblo marroquí, ya que llegaron a la instancia de semifinales de dicho Mundial.

En la fase de grupos, pasaron en el primer lugar en el grupo F con 7 puntos, por encima de Croacia, Bélgica y Canadá.

Para los octavos de final se vieron las caras con España en el estadio City Education de Rayan, y tras un partido intenso en los 120 minutos, el arquero Yassine Bounou eliminó al cuadro de Luis Enrique.

Para los cuartos de final, el 10 de diciembre de 2022, un gol de Youssef En-Nesyri al 42 de partido, le dieron la clasificación histórica a semifinales ante Portugal.

En el partido de las semifinales, el 14 de diciembre de 2022, el sueño africano de disputar una final de la Copa del Mundo quedó sepultado ante Francia gracias a los goles de Theo Hernández al 5 de partido, y de Randall Kolo Muani al 79.

Y finalmente, su participación terminó con la lucha del tercer lugar ante Croacia, el 17 de diciembre de 2022, cuando cayeron por 2-1 en el estadio Internacional de Khalifa. Pese al tanto inicial de Achraf Dari al minuto, Joško Gvardiol al 7 y Mislav Oršić al 42 de partido, le dieron el tercer lugar en Qatar 2022:

• 23 de noviembre de 2022 - Fase de grupos: Marruecos 0-0 Croacia
• 27 de noviembre de 2022 - Fase de grupos: Bélgica 0-2 Marruecos
• 1 de diciembre de 2022 - Fase de grupos: Canadá 1-2 Croacia
• 6 de diciembre de 2022 - Octavos de final: Marruecos 0-0 España (pasó el cuadro marroquí por 3-0 en los tiros del punto penal)
• 10 de diciembre de 2022 - Cuartos de final: Marruecos 1-0 Portugal
• 14 de diciembre de 2022 - Semifinales: Francia 2-0 Marruecos
• 17 de diciembre de 2022 - Tercer lugar: Croacia 2-0 Marruecos

Así quedó el grupo F:

1. Marruecos: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
2. Croacia: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
3. Bélgica: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
4. Canadá: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

/espana/deportes/2026/06/19/ayyoub-bouaddi-el-nino-prodigio-que-prefirio-marruecos-antes-que-francia-y-entiende-el-futbol-gracias-a-la-fisica-y-las-matematicas/

/colombia/deportes/2026/06/10/andrew-robertson-conmovido-por-la-carta-de-la-viuda-de-diogo-jota-llevaras-contigo-tambien-su-sueno/

Estadísticas de Marruecos a nivel general como equipo

Estadísticas de la selección de Escocia en rendimiento general como equipo

El concepto del exvolante de Escocia Charlie Adam sobre cómo su país podría hacerle daño a Marruecos

El 18 de junio de 2026, Adam habló en la emisora BBC Live 5 sobre el cómo podría hacerle daño el combinado británico a los marroquíes:

“Este partido le vendrá bien a Escocia; podremos contraatacar rápidamente y no tendremos tanta posesión, pero esperamos poder hacerles daño en diferentes zonas. Vamos a necesitar a [Ben Gannon-Doak] en ese contraataque, vamos a necesitar su velocidad, su potencia. Quizás intentemos jugar con un centrocampista más y solo uno en la delantera”, dijo.

Así fue el banderazo de los hinchas de Marruecos en Boston

Convocados de Marruecos para el Mundial de 2026

Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui y Ahmed Reda Tagnaouti.

Defensas: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Marwane Saâdane Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal y Anass Salah-Eddine.

Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet e Ismael Saibari.

Delanteros: Brahim Díaz, Amine Sbaï, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi, Gessime Yassine y Ayoube Amaimouni.

Afiche de la selección de Marruecos para el partido ante Escocia

Convocados de la selección de Escocia para el Mundial 2026

• Craig Gordon (Heart of Midlothian F. C. de Escocia)
• Angus Gunn
• Liam Kelly
• Grant Hanley
• Jack Hendry
• Aaron Hickey
• Dom Hyam
• Scott McKenna
• Nathan Patterson
• Anthony Ralston
• Andy Robertson
• John Souttar
• Kieran Tierney
• Ryan Christie
• Findlay Curtis
• Lewis Ferguson
• Ben Gannon-Doak
• Tyler Fletcher
• John McGinn
• Kenny McLean
• Scott McTominay
• Ché Adams
• Lyndon Dykes
• George Hirst
• Lawrence Shankland
• Ross Stewart

/peru/deportes/2026/06/19/javier-rabanal-formo-a-ismael-saibari-astro-de-marruecos-en-el-mundial-2026-y-se-rindio-ante-su-proyeccion-es-de-primer-nivel/

Afiche de la selección de Escocia presentando el duelo ante Marruecos

/colombia/deportes/2026/06/04/escocia-presento-su-cancion-oficial-para-el-mundial-2026-una-emblematica-banda-indie-fue-la-elegida/

/espana/2026/06/19/el-futbolista-marroqui-achraf-hakimi-sera-juzgado-por-violacion-en-francia/

/colombia/deportes/2026/06/05/figura-de-la-seleccion-de-escocia-fue-confirmada-como-refuerzo-del-tottenham-a-menos-de-una-semana-del-mundial-2026/

/deportes/2026/06/19/brasil-vs-haiti-en-vivo-por-el-mundial-2026-hora-tv-formaciones-y-todo-lo-que-hay-que-saber/

Resultados del 19 de junio en el Mundial 2026

República Checa 1-1 Sudáfrica

• Estadio: de Atlanta
• Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
• Goles: Michal Sadilek al minuto 6 para República Checa, empató Teboho Mokoena de tiro penal al minuto 82 para Sudáfrica

Suiza 4-1 Bosnia y Hezergovina

• Estadio: de Los Ángeles
• Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
• Goles: Doblete de Johan Mazambi al minuto 74 y 90 de partido, Ruben Vargas al 84 de partido, y Granit Xhaka de tiro penal al 90+5 para Suiza, descontó Ermin Mahmic al 90+3

Canadá 6-0 Qatar

• Estadio: de Vancouver
• Árbitro: Cristian Garay (Chile)
• Goles: Cyle Larin al minuto 16, triplete de Jonathan David al 29, 45+3 y 90+2, anotación de Nathan Saliba al 64, autogol de Mohammad Al Mannai al 75

México 1-0 Corea del Sur

• Estadio: de Guadalajara
• Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
• Goles: Luis Romo al minuto 50 para México

Así se jugará la jornada en la fecha 2 del Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia

• Estadio: de Seattle
• Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Brasil vs. Haiti

• Estadio: de Filadelfia
• Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)

Turquía vs. Paraguay

• Estadio: de Santa Clara
• Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

/colombia/deportes/2026/06/18/entrenador-de-escocia-advirtio-sobre-el-potencial-de-marruecos-es-igual-de-bueno-si-no-mejor-que-el-que-llego-a-las-semifinales-de-qatar/

Así estaría la plantilla de las dos selecciones para este encuentro:

Escocia: Angus Gunn estaría en el arco; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andy Robertson integrarían la línea defensiva; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn aparecerían en la mitad de la cancha; mientras que Lawrence Shankland y Ché Adams serían las cartas en ataque.

Seleccionador: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou, conocido como ‘Bono’, sería el guardameta; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui formarían en defensa; Neil El Aynaoui y Ayyoub Bouaddi estarían en la primera línea del mediocampo; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari completarían el frente ofensivo.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Ilgiz Tantashev, de Uzbekistán.

El partido Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium/Gillette Stadium, con inicio a las 6:00 p. m. hora local de Boston (Estados Unidos).

En otros países será a esta hora:

• Colombia 5:00 p. m.
• Argentina: 7:00 p. m.
• Perú 5:00 p. m.
• México 4:00 p. m. CDMX
• España 12:00 a. m. del sábado 20 de junio

Juan Manuel Santos volvió a dejar señales sobre su posición frente a la segunda vuelta presidencial, aunque evitó decir de manera directa por quién votará el próximo 21 de junio.

Desde Washington, el expresidente aseguró que mantiene su compromiso de no intervenir en asuntos electorales, pero fue enfático en que siempre defenderá su legado del proceso de paz.

La información publicada por Caracol Radio señala que Santos se encuentra en Estados Unidos por una reunión de la junta directiva de la Fundación Rockefeller. Durante su viaje, fue invitado a un evento del Diálogo Interamericano, considerado el principal centro de pensamiento dedicado a asuntos del Hemisferio Occidental, donde participó como orador principal.

En ese encuentro privado estuvieron presentes varios exembajadores de Estados Unidos en América Latina y Colombia, así como altos funcionarios de los departamentos de Defensa y Estado. Allí, al exmandatario le preguntaron varias veces por quién votará en la segunda vuelta que disputan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Santos evita decir su voto, pero habla del proceso de paz

Ante la pregunta, Santos recordó que desde que salió de la Presidencia de la República se comprometió a no intervenir en asuntos electorales y aseguró que ha cumplido esa promesa. Sin embargo, su respuesta dejó una pista política clara alrededor del Acuerdo de Paz con las Farc.

“También dije que siempre voy a defender mi legado, que es el del proceso de paz, y lo seguiré defendiendo”, señaló el expresidente. La frase tuvo especial lectura por el papel que tuvo Iván Cepeda como facilitador de los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

El Acuerdo de Paz fue una de las principales banderas del gobierno Santos y también el hecho que lo llevó a recibir el Premio Nobel de Paz en 2016. Por eso, cualquier referencia del exmandatario a la defensa de ese legado adquiere peso político en la recta final de la actual campaña presidencial.

Santos tiene previsto regresar a Colombia este viernes 19 de junio para votar en la segunda vuelta presidencial. Aunque no mencionó de forma explícita a ningún candidato, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal sobre el criterio que tendrá al momento de sufragar.

Trino reforzó lectura sobre un guiño a Cepeda

El corresponsal de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, también publicó un trino sobre lo ocurrido en Washington. Según escribió, Santos fue consultado varias veces sobre su voto y respondió que había hecho una promesa de no intervenir en política, pero dejó una frase que, para varios asistentes, fue reveladora.

“Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quién defienda el proceso de Paz”, escribió Merlano al relatar la respuesta atribuida al expresidente durante el encuentro privado en el Diálogo Interamericano.

El periodista agregó que, para varias personas que estaban en el lugar, esa frase fue un guiño clarísimo a Iván Cepeda, candidato presidencial en la segunda vuelta. La interpretación se relaciona con la trayectoria del candidato en los diálogos de La Habana y con la defensa que ha hecho del proceso de paz.

La declaración se produce en un momento decisivo de la contienda. La segunda vuelta presidencial enfrentará a De la Espriella y Cepeda el próximo domingo 21 de junio, y el voto de figuras como Santos puede tener un valor simbólico, incluso cuando el expresidente evita hacer una adhesión abierta.

Con sus palabras, Santos intentó mantener su promesa de no intervenir directamente en la campaña, pero dejó claro que su prioridad seguirá siendo defender el acuerdo que considera su principal legado político. Esa frase terminó convertida en la pista más fuerte sobre su voto

Colombia expulsó a Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, señalado como uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, máximo líder de esa organización.

Tras un procedimiento adelantado por Migración Colombia que permitió ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de Ecuador para que responda ante la justicia de ese país.

La información publicada por Blu Radio, con reporte de EFE, señala que alias ‘Javi’ era requerido mediante una notificación roja de Interpol y fue detenido esta semana en Bogotá. La captura se produjo en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países, tras el intercambio de información entre las partes.

Luego de la detención, Migración Colombia inició el procedimiento administrativo que permitió su entrega a Ecuador. En ese país, Macías deberá responder ante la justicia por presunto lavado de activos, uno de los procesos que lo vinculan con operaciones financieras atribuidas a actividades ilícitas.

Operación conjunta y expulsión a Ecuador

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el caso refleja la necesidad de cooperación regional contra organizaciones criminales transnacionales. “Las organizaciones criminales transnacionales buscan aprovechar las fronteras para expandir sus operaciones”, afirmó.

Arriero añadió que la respuesta del Gobierno colombiano es “cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas” para cerrar espacios de actuación a estas estructuras en la región. La expulsión de alias ‘Javi’ se presentó como parte de esa línea de trabajo entre Colombia y Ecuador, especialmente frente a estructuras que buscan moverse entre fronteras para ampliar sus operaciones.

Según la Fiscalía ecuatoriana, el detenido lideraba las operaciones de expansión internacional de Los Choneros y residía en Colombia bajo una identidad falsa. Además, forma parte de una investigación por presunto lavado de más de 25 millones de dólares, supuestamente procedentes de actividades ilícitas.

El caso también conecta con otros procedimientos recientes adelantados por Migración Colombia contra personas requeridas por la justicia ecuatoriana. Migración Colombia recordó que esta expulsión se suma a otras realizadas recientemente, entre ellas la de alias ‘Fede’, integrante de Los Choneros que había escapado de una cárcel y por quien se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares.

Defensa cuestiona el procedimiento

La abogada Ángela López, apoderada en Colombia de Javier Macías Villamar, cuestionó la forma como se produjo la salida del país. Según dijo, su cliente se encontraba en proceso de formalización de una captura con fines de extradición cuando Migración Colombia ejecutó la expulsión.

López sostuvo que Ecuador habría declinado la orden de extradición, lo que permitió que el procedimiento se concretara en pocas horas. La defensa calificó la actuación como “una práctica irregular” y aseguró que, a su juicio, hubo afectación al debido proceso.

“Es un trámite con un trasfondo de temeridad, puesto que la expulsión es inmediata y violaron su debido proceso frente a la captura que él tenía vigente en Colombia”, afirmó la abogada, al referirse a la situación jurídica de su representado.

Mientras Migración Colombia defendió la expulsión como resultado de la cooperación internacional entre países, la defensa insistió en cuestionar el procedimiento. El caso queda ahora en manos de las autoridades ecuatorianas competentes, que deberán avanzar en las investigaciones contra alias ‘Javi’ por los hechos que se le atribuyen desde Ecuador.

La salida de Macías Villamar del país refuerza la atención sobre los movimientos de estructuras criminales ecuatorianas en territorio colombiano. Según las autoridades, la coordinación entre ambos países busca impedir que esas organizaciones usen las fronteras para ampliar sus operaciones o evadir requerimientos judiciales.

Un niño de 10 años murió tras un grave ataque con dron que habría impactado la vivienda de una familia campesina en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El hecho dejó además varias personas heridas de la misma zona y volvió a encender las alertas por los riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas en el Catatumbo.

La información publicada por Blu Radio señala que el ataque se registró en una zona rural del municipio y que, de acuerdo con reportes preliminares, al menos seis personas resultaron afectadas. Entre ellas estaba el menor de edad que perdió la vida luego del hecho violento.

Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentran un niño de 2 años, un adolescente de 17 años, dos mujeres y un hombre adulto. Algunos de ellos reciben atención médica por lesiones de consideración, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y verificar las condiciones de seguridad en el sector afectado.

Ataque contra una familia campesina

El caso genera especial preocupación porque el impacto habría ocurrido sobre la vivienda de una familia campesina. La muerte del niño de 10 años convierte este episodio en una nueva tragedia para la población civil que habita en territorios afectados por confrontaciones armadas.

De acuerdo con los reportes conocidos, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque. Por ahora, la información disponible indica que el hecho dejó una víctima mortal y varios heridos, pero todavía se busca precisar cómo ocurrió, desde dónde se ejecutó el ataque y quiénes estarían detrás de la acción.

El ataque también expone la vulnerabilidad de quienes viven en zonas rurales del Catatumbo. Estas comunidades suelen quedar en medio de disputas armadas y, como muestra este caso, pueden sufrir consecuencias directas dentro de sus propias viviendas.

La atención de las autoridades se concentra en dos frentes: la asistencia a las personas heridas y la investigación sobre los responsables. Organismos humanitarios también expresaron preocupación por el impacto que este tipo de hechos tiene sobre la población civil, especialmente cuando involucra a menores de edad.

Riesgo para comunidades civiles

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio de confrontaciones armadas que se registran en la región del Catatumbo entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. La presencia de estas estructuras mantiene bajo presión a comunidades rurales que enfrentan riesgos permanentes.

La muerte del niño de 10 años es el dato más doloroso y sensible del ataque y refleja el nivel de afectación que puede sufrir la población no combatiente. El caso también deja en evidencia que las consecuencias de la confrontación no se limitan a los actores armados, sino que alcanzan a familias que viven en el territorio y permanecen expuestas a nuevos hechos de violencia.

Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los responsables y en la verificación de las circunstancias del ataque. Mientras tanto, la comunidad afectada enfrenta las consecuencias inmediatas de una acción violenta que dejó luto, personas heridas y temor entre los habitantes de la zona.

El hecho en Tibú vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a las comunidades civiles en medio de la violencia que golpea al Catatumbo. Más allá de las investigaciones, el caso deja una alerta humanitaria: una familia campesina fue impactada por un ataque y un niño de 10 años perdió la vida en su propia comunidad.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y los organismos humanitarios mantienen su preocupación por la situación de las familias que permanecen en zonas donde persisten las confrontaciones armadas.

Medellín llegó a 123 homicidios en lo corrido del año tras dos hechos violentos ocurridos en las últimas horas, uno de ellos contra un menor de edad de 17 años en el barrio Olaya Herrera.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para ubicar al responsable de este caso y esclarecer otro ataque registrado en el barrio Tejelo, ocurrido durante la jornada en la que jugó la Selección Colombia.

La información publicada por Blu Radio señala que el primer partido de la Selección Colombia se vivió en medio de tranquilidad en la ciudad, pero la jornada quedó marcada por un hecho violento en Tejelo, donde un hombre fue asesinado y otro resultó herido. De acuerdo con el reporte, los responsables huyeron en un taxi, según el reporte conocido.

Ese caso es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Mientras se adelantan las pesquisas por lo ocurrido en Tejelo, la Policía también busca al presunto responsable del ataque contra el adolescente en Olaya Herrera, hecho que incrementó la preocupación por los indicadores de violencia en la capital antioqueña.

Investigan crimen de menor de edad

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó un reporte sobre lo ocurrido con el menor de 17 años. Según indicó, el adolescente se encontraba cerca de su residencia cuando se presentó un caso de intolerancia que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

El uniformado explicó que el joven alcanzó a regresar a su vivienda y fue auxiliado por familiares y vecinos del sector. Las autoridades mantienen las labores para identificar y capturar al presunto responsable, quien continúa prófugo de la justicia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por hechos de intolerancia que terminan en violencia. Aunque la investigación deberá establecer las circunstancias exactas, el reporte oficial apunta a una confrontación ocurrida a pocas cuadras de la residencia de la víctima, en medio de un hecho descrito como intolerancia.

La muerte del menor se suma al ataque registrado en Tejelo. En ese hecho, un hombre fue asesinado durante la jornada del primer partido de Colombia y otro quedó herido. Las autoridades también buscan a los responsables de este episodio, que escaparon del lugar después del ataque.

Medellín supera los 120 homicidios

Con estos dos hechos, Medellín llegó a 123 homicidios durante este año. La cifra genera alerta porque muestra la acumulación de casos violentos en diferentes sectores de la ciudad y obliga a mantener activas las investigaciones para evitar que los responsables queden sin sanción.

El balance entregado indica que 13 homicidios han ocurrido durante este mes. La comparación con junio del año anterior evidencia un aumento: para ese mismo periodo se habían reportado 7 casos, es decir, seis menos que los registrados actualmente.

El incremento en los homicidios de junio coincide con una preocupación mayor por la seguridad en la ciudad. Aunque las autoridades resaltaron que el partido de la Selección se desarrolló con tranquilidad general, los dos hechos violentos conocidos dejaron un saldo grave para Medellín.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mantiene abiertas las investigaciones por ambos casos. En el ataque de Tejelo, las autoridades buscan establecer la ruta de escape y la identidad de quienes huyeron en el taxi. En Olaya Herrera, la prioridad es capturar al responsable de la agresión contra el menor.

Estos episodios dejan una nueva alerta sobre la violencia urbana en Medellín y sus comunas. Más allá de las cifras, las autoridades deberán responder por el avance de las investigaciones y por las medidas para contener hechos de intolerancia, ataques armados y homicidios en la ciudad

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos a menos de 72 horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio.

La advertencia apunta a posibles manifestaciones, actos de violencia y complicaciones de movilidad durante y después de la jornada electoral, especialmente cuando se conozcan los resultados oficiales.

La información publicada por Revista Semana señala que el aviso fue difundido por el Departamento de Estado, que recomendó a los viajeros prever retrasos o reconsiderar sus planes si tienen previsto desplazarse por Colombia durante el fin de semana electoral. La entidad también pidió mantenerse atentos a las condiciones de seguridad.

El documento oficial recuerda que las autoridades colombianas implementarán medidas especiales desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio para garantizar el desarrollo de la jornada democrática. Entre las restricciones mencionadas aparecen especialmente el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas, la ley seca y un amplio despliegue de personal de seguridad en distintas regiones del país durante los comicios.

Posibles protestas y alteraciones del orden público

La principal preocupación de las autoridades estadounidenses está relacionada con lo que pueda ocurrir una vez se conozcan los resultados de las urnas. El Departamento de Estado advirtió que podrían presentarse protestas y hechos de violencia asociados con la elección o posteriores a ella.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, señaló la entidad en el mensaje dirigido a sus ciudadanos.

La alerta también advierte que las manifestaciones y los operativos de seguridad podrían generar dificultades para quienes necesiten movilizarse dentro del territorio nacional. El riesgo no se limita a concentraciones públicas, sino que incluye posibles interrupciones en corredores viales y otros puntos de comunicación.

“Las manifestaciones y el despliegue policial pueden causar importantes interrupciones en el transporte, como el cierre de carreteras o vías de comunicación”, agregó el Departamento de Estado.

Por esa razón, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos planear con anticipación cualquier desplazamiento. El mensaje fue directo para quienes tengan viajes programados durante el fin de semana electoral: “Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsidere sus planes”.

Medidas de seguridad por la segunda vuelta

La advertencia se conoce en medio de un ambiente de alta expectativa por la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el reporte, las autoridades colombianas reforzarán los dispositivos de seguridad para garantizar una jornada en calma en el territorio nacional.

El cierre temporal de fronteras y la ley seca forman parte de las medidas especiales anunciadas para el periodo electoral. Estas restricciones buscan reducir riesgos, ordenar la movilidad y facilitar el trabajo de las autoridades durante los días más sensibles del proceso.

El amplio despliegue de seguridad también hace parte del plan para prevenir alteraciones del orden público y reaccionar ante cualquier eventualidad. Para los viajeros, ese refuerzo puede significar mayor presencia policial, controles adicionales y posibles cambios en los tiempos de desplazamiento.

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse informados y evaluar sus movimientos antes, durante y después de la votación. La recomendación no implica una prohibición general de viaje para todos los ciudadanos estadounidenses, pero sí un llamado a actuar con precaución frente a posibles bloqueos, protestas o retrasos.

Con esta alerta, Estados Unidos se suma a las advertencias previas sobre el ambiente electoral en Colombia. El foco del mensaje está en la seguridad de sus ciudadanos y en la necesidad de tomar previsiones ante un fin de semana marcado por restricciones, vigilancia reforzada y expectativa por los resultados presidenciales.

Las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo mantienen en alerta al Bajo Cauca antioqueño, donde más de 350 personas han tenido que salir de zonas rurales entre los municipios de El Bagre y Zaragoza. La situación también genera preocupación por el impacto humanitario y por el riesgo que representa para las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

La información publicada por Blu Radio señala que, según fuentes militares, el censo más reciente registraba 355 personas desplazadas que llegaron hasta el corregimiento Puerto López, en el municipio de El Bagre. La mayor parte de la población afectada se concentró en ese punto mientras avanzan las acciones para recuperar el control de la zona.

Del total registrado, 78 personas provienen de la vereda Las Nubes, en El Bagre. Las restantes habrían salido de veredas del municipio de Zaragoza, entre ellas Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará. El desplazamiento se produce en medio de la disputa entre estructuras armadas que mantienen presencia en esta zona del departamento.

Desplazamiento hacia Puerto López

Puerto López se convirtió en el principal punto de llegada para las familias afectadas por las confrontaciones. La población civil quedó en medio de una situación de riesgo que obligó a abandonar zonas rurales y buscar resguardo mientras se estabiliza el panorama de seguridad.

Organizaciones sociales expresaron preocupación por el recrudecimiento de la crisis humanitaria en la región. El defensor de derechos humanos Óscar Yesid Zapata, de la Fundación Sumapaz, advirtió que lo ocurrido podría responder a escenarios de riesgo que ya habían sido alertados por organizaciones de la sociedad civil.

“Esta sería la consumación de los escenarios de riesgo advertidos por organizaciones sociales de la población civil”, señaló Zapata. El defensor también indicó que en el territorio podría estar configurándose un plan expansivo de las disidencias en zonas donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo.

La preocupación de las organizaciones sociales se centra en la población que vive en áreas rurales limítrofes entre El Bagre y Zaragoza. En esos sectores, las comunidades pueden quedar expuestas a restricciones de movilidad, miedo, salida forzada de sus viviendas y dificultades para acceder a sus actividades cotidianas.

Fuerza pública busca retomar el control

Desde la fuerza pública indicaron que continúan adelantando acciones para recuperar el control de la zona. El objetivo es crear condiciones de seguridad que permitan el pronto retorno de las personas desplazadas y reduzcan el impacto sobre las comunidades afectadas.

Las autoridades también buscan garantizar el desarrollo de los comicios del próximo domingo. En el Bajo Cauca antioqueño persisten las preocupaciones por las acciones de grupos armados, no solo por sus efectos sobre la población civil, sino también por el riesgo que pueden representar para el proceso electoral.

El caso ocurre en una región donde la presencia de estructuras armadas ha generado tensiones recurrentes. En esta ocasión, las confrontaciones entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo derivaron en un desplazamiento masivo que ya supera las 350 personas, de acuerdo con el reporte conocido.

El llamado principal de las comunidades y organizaciones sociales es que se atienda la emergencia humanitaria y se garantice la protección de los habitantes desplazados. Mientras tanto, la fuerza pública mantiene acciones en terreno para estabilizar la zona y permitir que las familias puedan regresar cuando existan condiciones seguras.

La situación en El Bagre y Zaragoza refleja nuevamente la vulnerabilidad de la población rural frente a disputas armadas por control territorial y rentas ilegales en la región. Por ahora, Puerto López concentra la atención de las autoridades como punto de recepción de las personas afectadas por la emergencia.

Trabajadores de Air-e Intervenida realizarán un plantón en Barranquilla este viernes desde las 7:00 de la mañana en la sede Torres del Atlántico de Air-e, ubicada en el norte de la ciudad.

La protesta fue convocada en rechazo al anuncio de liquidación de la empresa y a decisiones internas que, según el sindicato, han generado incertidumbre laboral entre empleados y sus familias.

La información publicada por Blu Radio señala este jueves que el llamado fue hecho por el Sindicato de Trabajadores de la Energía, Sintraelecol. El presidente de esa organización, Eduardo Remolino, aseguró que la movilización busca defender los contratos de trabajo, la estabilidad laboral, las garantías de los empleados y la convención colectiva.

El plantón también expresará el inconformismo de los trabajadores frente a la liquidación anunciada por el presidente Gustavo Petro esta semana. Para los empleados, el anuncio abrió nuevas dudas sobre su futuro contractual y sobre el rumbo operativo de la compañía. Para el sindicato, la decisión llega en un momento sensible, a menos de dos meses de que termine el periodo presidencial y a pocos días de las elecciones nacionales en las que se definirá un nuevo mandatario.

Plantón en Torres del Atlántico

“Nos jugamos nuestra estabilidad como trabajadores, pero mucho más que eso, la prestación de un servicio público”, declaró Remolino en entrevista con Blu Radio. El dirigente sindical señaló que la protesta no busca paralizar completamente la operación de la empresa, sino hacer visible la preocupación de los empleados.

La intención de los trabajadores es permanecer durante un par de horas en el plantón y luego regresar a sus respectivos sitios de trabajo. Con esa decisión, buscan expresar su rechazo sin frenar por completo la jornada laboral ni afectar de manera total la prestación del servicio.

Además de la liquidación, Sintraelecol cuestiona decisiones adoptadas internamente por el nuevo agente interventor, Jaime Humberto Mesa Buitrago. Según el sindicato, esas determinaciones han sembrado zozobra e incertidumbre por el despido de 12 trabajadores en los últimos 15 días dentro de la compañía.

Remolino también denunció que algunos cargos ocupados por personas de la Costa con varios años de experiencia estarían siendo presuntamente entregados a asesores provenientes del interior del país. Esa situación aumentó el malestar entre los trabajadores, quienes reclaman garantías frente al proceso de intervención.

Reclamo por estabilidad y garantías laborales

En una carta, Sintraelecol reconoció el compromiso histórico del gobierno de Gustavo Petro con las causas laborales y la defensa de los trabajadores. Sin embargo, advirtió que la lealtad con esos principios también exige señalar decisiones que, según el sindicato, se apartan de esa línea.

“La defensa de los trabajadores no puede ser un discurso para las campañas y una práctica diferente en la administración cotidiana de las empresas intervenidas”, señaló la organización en el documento.

El sindicato también sostuvo que la transformación de Air-e no se logrará mediante despidos, persecuciones o simples cambios de nombres en cargos directivos. Para los trabajadores, la solución pasa por construir una empresa sólida, técnica, transparente y respetuosa de los derechos humanos y laborales.

“Ningún proyecto empresarial puede sostenerse sobre el miedo, la injusticia o la vulneración de las garantías de quienes han entregado su vida al servicio de la comunidad”, agregó Sintraelecol Atlántico.

Con el plantón, los trabajadores buscan enviar un mensaje directo sobre el futuro de Air-e Intervenida. Su reclamo apunta a que cualquier decisión sobre la empresa tenga en cuenta la estabilidad de los empleados, el respeto por la convención colectiva y la continuidad de un servicio público esencial para la región Caribe, sin que los trabajadores carguen con las consecuencias de la intervención estatal.

Recientemente, Donald Trump hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella en una publicación en la red social Truth Details, donde lo llamó “The Tiger” y aseguró que el candidato presidencial colombiano tendría el apoyo de Estados Unidos si gana la segunda vuelta. El mensaje fue escrito en inglés, pero su contenido tiene impacto directo en la campaña presidencial en Colombia por el tono explícito del respaldo.

En la publicación, Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y duro”, y afirmó que lucha por su país de la misma forma en que él dice hacerlo por Estados Unidos. También sostuvo que, si llega a la Presidencia, el candidato sería exitoso en temas como economía, empleo, comercio, migración, crimen, drogas y orden público.

El pronunciamiento se da de cara a la segunda vuelta del domingo 21 de junio, en la que Trump presentó a De la Espriella como su opción preferida y llamó a votar por él. La frase más fuerte del mensaje fue su declaración de apoyo: “es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total”.

Traducción del mensaje de Trump

“El candidato presidencial colombiano, ‘The Tiger’, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendrá un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”.

Trump también aseguró que De la Espriella compite contra lo que llamó un “marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta del domingo 21 de junio. En su mensaje, afirmó que los resultados de esa elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos.

“Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, tendrá todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos detrás de él. Por sus enormes logros en la vida y por su apoyo político hacia mí, es un honor darle a Abelardo mi respaldo completo y total”, agregó Trump en la publicación.

Un apoyo directo en plena campaña

El cierre del mensaje también tuvo un tono electoral. Trump pidió salir a votar por “The Tiger” Abelardo de la Espriella y aseguró que no decepcionará al pueblo colombiano. “Salgan a votar por ‘The Tiger’ Abelardo de la Espriella: él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. Se elevará a una nueva altura de grandeza”, afirmó.

El respaldo es relevante porque no se trató de una referencia indirecta ni de una mención aislada. Trump pidió abiertamente votar por De la Espriella, vinculó el resultado electoral con la relación entre Colombia y Estados Unidos, y prometió apoyo político si el candidato gana.

La publicación también refuerza la afinidad política entre ambos. Trump destacó que De la Espriella lo ha apoyado políticamente y lo presentó como un dirigente alineado con sus prioridades: seguridad, control migratorio, comercio, crecimiento económico y lucha contra el crimen.

Con este mensaje, el expresidente estadounidense puso el foco internacional sobre la segunda vuelta colombiana. Su respaldo puede convertirse en un argumento de campaña para De la Espriella, pero también en un punto de debate por el peso que tiene una declaración extranjera tan directa en medio de una elección nacional.

El mensaje fue firmado por Trump como presidente Donald J. Trump y mantuvo el tono de respaldo absoluto hasta el final de la publicación en Truth Details social.

La posibilidad de que un colombiano obtenga asilo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en al menos 25 años, según datos oficiales del Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC, de la Universidad de Syracuse. Durante el año fiscal 2026, apenas el 2,77 % de las solicitudes presentadas por colombianos recibió una respuesta favorable.

La información publicada por El Tiempo señala que el desplome coincide con la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump para restringir el acceso al sistema de asilo y endurecer la política migratoria. El tema volvió a cobrar relevancia en Colombia por el caso del activista Beto Coral, solicitante de asilo detenido por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, en Phoenix, Arizona.

Los datos muestran una tendencia cada vez más restrictiva. En abril, último mes con estadísticas disponibles, solo 14 colombianos recibieron asilo. En marzo fueron 12, en febrero 14 y en enero 11. El contraste con 2025 es fuerte: ese año, Estados Unidos aprobaba en promedio unas 80 solicitudes mensuales de colombianos.

Rechazos en aumento para colombianos

Aunque las autoridades migratorias siguen resolviendo entre 800 y 1.000 solicitudes mensuales de ciudadanos colombianos, en los últimos cuatro meses menos del 2 % terminó con una decisión favorable. Las tasas de rechazo para colombianos ya eran altas, pero nunca habían llegado a los niveles actuales.

Durante los últimos 25 años, la tasa de rechazo había oscilado entre 49,5 % y 74,3 %. En 2025 subió al 82,8 % y en lo corrido de 2026 llegó al 92,9 %. En abril alcanzó incluso el 98,2 %, lo que significa que prácticamente todos los colombianos cuyas solicitudes fueron decididas ese mes recibieron una respuesta negativa.

El panorama actual no afecta únicamente a colombianos, aunque para ellos resulta más adverso que el promedio general. A nivel nacional general, la tasa de rechazo de solicitudes de asilo fue de 49 % en 2024, subió a 70 % en 2025 y en lo corrido de 2026 se acerca al 90 %.

Según los datos citados de TRAC, de 66.319 solicitudes de asilo decididas este año en todo Estados Unidos, apenas 6.228 fueron aprobadas. El resultado es un sistema más lento y restrictivo para quienes esperan una decisión, incluso en casos que ya estaban en trámite formal antes de los cambios administrativos.

Fallo judicial abre una posible pausa

El endurecimiento también se reflejó en decisiones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, que paralizó miles de solicitudes migratorias, incluidos asilos, permisos de trabajo, ajustes de estatus y procesos de naturalización. También se reportaron revisiones adicionales para inmigrantes de determinados países. Esa situación dejó a cientos de miles de personas en largos limbos migratorios.

Sin embargo, una parte de esa estrategia recibió un revés judicial. El juez federal John J. McConnell Jr., de Rhode Island, anuló varias políticas de USCIS al considerar que vulneraban la legislación migratoria vigente y discriminaban a inmigrantes por su país de origen.

Entre las medidas anuladas están la congelación global de solicitudes de asilo administradas por USCIS y la suspensión de decisiones migratorias para ciudadanos de 39 países sujetos a restricciones de viaje impuestas por Trump. El juez ordenó reanudar procesos normales y resolver más de un millón de solicitudes acumuladas.

El efecto práctico del fallo todavía es incierto, porque la administración criticó la decisión y no descartó apelar. Por ahora, los datos muestran que los colombianos enfrentan uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas para obtener asilo en Estados Unidos, mientras quienes tienen solicitudes pendientes siguen atrapados entre demoras, revisiones y una probabilidad cada vez menor de aprobación

Miles de afiliados del Fondo Nacional del Ahorro que ya tienen crédito de vivienda aprobado, pero aún no han cerrado su proceso, tendrán una jornada especial para avanzar en la compra de su inmueble.

La entidad anunció una estrategia nacional de acompañamiento para destrabar casos que quedaron pendientes por falta de documentos, elección de vivienda o dudas sobre el paso final.

La jornada de Asesor Exprés Inmobiliario se realizará del 25 al 27 de junio en 22 puntos de atención del país. El objetivo es atender, caso a caso, a quienes ya hicieron una de las etapas más difíciles del proceso: obtener la aprobación del crédito, pero todavía no han logrado convertirla en una vivienda real.

El FNA explicó que no se trata solo de orientación general. Durante esos tres días, la entidad trabajará junto con inmobiliarias y asesores especializados para guiar a los afiliados en el proceso, resolver dudas y facilitar el cierre de la financiación.

Crédito aprobado, pero proceso detenido

La estrategia está dirigida a personas que ya cuentan con una aprobación, pero que por distintas razones no han terminado el trámite. En algunos casos, falta elegir el inmueble; en otros, completar documentos o simplemente tomar la decisión final para avanzar.

“Muchas personas creen que con la aprobación del crédito ya todo está hecho, pero sabemos que después vienen decisiones importantes. Por eso queremos acompañarlos de cerca, resolver dudas y ayudarlos a concretar su compra de vivienda”, dijo Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

El mensaje de la entidad es directo: el crédito ya está aprobado y ahora hay que hacerlo realidad. Por eso, el acompañamiento cobra relevancia para quienes han tenido dificultades para encontrar vivienda, no saben por dónde empezar o dejaron el proceso en pausa.

La jornada busca que los afiliados no se queden únicamente con la aprobación del crédito, sino que puedan avanzar hacia la compra efectiva. Para el FNA, aprobar un crédito es apenas el comienzo; lo importante es completar el camino hasta la vivienda.

Fechas, horarios y puntos de atención

La atención se realizará el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado 27 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 m.. Los afiliados podrán acudir a los puntos habilitados para recibir orientación personalizada y avanzar en su proceso.

La jornada tendrá presencia en ciudades como Manizales, Medellín, Armenia, Pereira, Bogotá, Soacha, Tunja, Neiva, Villavicencio, Pasto, Popayán, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Cúcuta y Cali. En Bogotá habrá atención en sedes como CNA, Ángel, Suba y CAN. En la capital, la atención se concentrará en cuatro puntos: Calle 12 #65-11, Calle 19 #6-68, Transversal 60 #128A-68 y Calle 44 #52-06. También habrá atención en municipios y ciudades principales de distintas regiones, con horarios definidos para cada día de la jornada.

En esos puntos, los asesores buscarán revisar el estado de cada caso aprobado y orientar a los afiliados sobre los pasos pendientes. La intención es facilitar la relación entre quienes ya tienen crédito aprobado y las opciones inmobiliarias disponibles, para que el proceso no siga detenido.

El Fondo Nacional del Ahorro hizo un llamado a sus afiliados para que aprovechen esta jornada si ya tienen aprobación de crédito. La entidad aseguró que está lista para acompañarlos, resolver obstáculos y facilitar cada etapa hasta que la financiación pueda convertirse en vivienda.

El FNA, entidad del Estado con más de 55 años de experiencia, administra cesantías y ahorro de los colombianos para convertirlos en vivienda propia, con respaldo del Grupo Bicentenario, principal holding financiero público del país.

La Superintendencia Nacional de Salud detectó medicamentos formulados que sí estaban disponibles en bodega, pero que no aparecían registrados en el sistema de dispensación.

El hallazgo se produjo durante una inspección a un dispensario de Ramédicas en Bogotá, encargado de atender a usuarios de Famisanar EPS, y encendió alertas sobre la calidad del proceso de entrega.

La información publicada por Caracol Radio señala que esta situación estaba impidiendo la entrega efectiva de algunos tratamientos a los pacientes.

Ante el hallazgo, la Supersalud ordenó medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las terapias y mejorar la atención a los afiliados que requerían esos medicamentos formulados por sus médicos tratantes.

El punto central de la alerta está en la diferencia entre el inventario físico y el registro del sistema. Los medicamentos estaban almacenados y disponibles, pero al no aparecer en la plataforma de dispensación podían quedar por fuera del proceso de entrega. Para los usuarios, esa falla se convertía en una barrera directa para acceder a sus tratamientos.

Hallazgo en dispensario de Ramédicas

Durante la visita, funcionarios de la Delegatura para la Protección al Usuario y los SuperDefensores verificaron los procesos de dispensación de medicamentos. También revisaron la gestión de pendientes, los tiempos de atención y las respuestas entregadas a los usuarios que reclamaban soluciones frente a demoras o problemas en el servicio.

La inspección no se limitó al inventario de medicamentos. De acuerdo con la información conocida, también fueron revisados casos relacionados con autorizaciones, citas médicas y procedimientos, aspectos que hacen parte de la atención que reciben los afiliados y que pueden afectar la continuidad de los tratamientos.

El delegado para la Protección al Usuario de la Supersalud, Juan David Duque, aseguró que situaciones similares han sido identificadas en otros puntos del país. Además, advirtió que no existe justificación para que un paciente deje de recibir un medicamento que se encuentra disponible en las bodegas.

La advertencia apunta a una falla operativa que puede tener efectos directos sobre los pacientes. Si el medicamento existe físicamente, pero no aparece en el sistema, el usuario puede terminar enfrentando demoras, nuevas reclamaciones o interrupciones en una terapia que ya había sido formulada.

Inspecciones del Plan 100

Duque explicó que estas verificaciones hacen parte del denominado Plan 100, una estrategia con la que la Supersalud adelanta inspecciones esta semana en más de 300 dispensarios de medicamentos distribuidos en 30 departamentos del país. El objetivo es identificar barreras de acceso y exigir acciones correctivas.

La entidad busca revisar cómo se está realizando la entrega de medicamentos y si existen fallas en los sistemas de dispensación, especialmente cuando los productos están disponibles, pero no llegan al paciente. También pretende verificar que los usuarios reciban oportunamente los medicamentos y demás tecnologías en salud requeridas para sus tratamientos.

La Supersalud informó, además, que las Peticiones, Quejas y Reclamos relacionadas con la entrega de medicamentos se redujeron en 22 % durante los últimos tres meses. Según la entidad, esa disminución responde a las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento adelantadas en diferentes regiones del país.

Aun así, el caso detectado en el dispensario de Ramédicas muestra que persisten fallas que pueden afectar a los pacientes. La existencia de medicamentos en bodega no garantiza por sí sola que lleguen al usuario si los sistemas no reflejan correctamente la disponibilidad.

Con esta visita, la Supersalud reiteró que las fallas en los registros y en los procesos de entrega no pueden convertirse en una nueva barrera de acceso. La orden de medidas inmediatas busca corregir el problema y asegurar que los pacientes de Famisanar reciban los tratamientos formulados sin interrupciones injustificadas ni nuevas barreras administrativas.

Las personas que pidieron factura electrónica durante 2025 podrían acceder a un beneficio en la declaración de renta del año gravable correspondiente.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, explicó que algunos contribuyentes podrán aplicar una deducción del 1 % sobre el valor total de ciertas compras de bienes y servicios.

La información publicada por Caracol Radio señala que el incentivo está dirigido a quienes exigieron factura electrónica y realizaron pagos mediante canales virtuales o tarjetas. Se trata de un alivio directo al impuesto sobre la renta. El beneficio aplica para residentes fiscales en Colombia que utilicen el Formulario 210, destinado a personas naturales residentes.

Para acceder al descuento, no basta con haber comprado durante el año. La condición central es que la operación haya contado con factura electrónica y que el pago se haya hecho de forma electrónica.

La DIAN precisó que el valor correspondiente al 1 % debe registrarse en la casilla 28 del formulario. Ese punto es clave porque el beneficio no se aplica de manera automática: debe ser incorporado correctamente al momento de diligenciar la declaración.

Cómo aplicar el beneficio en el Formulario 210

El Formulario 210 está disponible en los servicios electrónicos de la DIAN desde el 1 de abril de este año. Allí, el contribuyente debe incluir el valor de la deducción en la casilla establecida para este incentivo, siempre que cumpla con las condiciones previstas.

La DIAN explicó que la medida busca reconocer a las personas que solicitaron factura electrónica en sus compras y usaron medios de pago electrónicos. Ese comportamiento permite respaldar las operaciones realizadas durante el año gravable y facilita que el beneficio pueda reflejarse correctamente y sin duplicidades en la declaración de renta.

El incentivo tiene límites. El valor acumulado por este concepto no podrá superar las 240 UVT, Unidades de Valor Tributario. Para el año gravable 2025, la UVT fue fijada en 49.799 pesos, por lo que el monto máximo que puede deducirse bajo esta regla es de 11.952.000 pesos.

También existe una restricción clave: la deducción no puede generar pérdidas fiscales en la liquidación del impuesto del contribuyente. Es decir, el beneficio debe aplicarse dentro de los márgenes permitidos y sin alterar de manera indebida el resultado de la declaración.

Condiciones para evitar doble beneficio

La DIAN estableció reglas para impedir que una misma compra sea usada dos veces con fines tributarios. Por eso, los valores sobre los que se aplique la deducción del 1 % en la casilla correspondiente no pueden haber sido solicitados como costo, deducción general o beneficio dentro de la misma declaración de renta.

Tampoco pueden haberse llevado como impuesto descontable en IVA, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, renta exenta, descuento tributario u otro beneficio fiscal. La norma, según la explicación entregada, prohíbe tomar dos veces el mismo concepto para obtener un doble beneficio.

El calendario para personas naturales también quedó definido según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria, NIT. Las fechas comienzan el 12 de agosto de 2026 para los NIT terminados en 01 y 02, y se extienden hasta el 26 de octubre de 2026 para los terminados en 99 y 00.

En la práctica, quienes quieran usar este incentivo deberán revisar sus compras de 2025, verificar si cuentan con factura electrónica, confirmar que el pago fue digital y asegurarse de que esos valores no hayan sido usados en otro beneficio tributario. Solo así podrán aplicar correctamente la deducción en la declaración de renta. La recomendación central es preparar la información con anticipación para evitar errores en el formulario y posibles inconsistencias frente a la DIAN.

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos hicieron un llamado conjunto a respetar el resultado de las urnas y a rechazar los discursos que anticipan violencia, fraude o desconocimiento electoral. El mensaje buscó transmitir confianza en las instituciones antes de la jornada.

La información publicada por Blu Radio recoge las declaraciones de los tres funcionarios, quienes coincidieron en pedir serenidad y respeto por el proceso democrático. Eljach cuestionó a quienes condicionan la aceptación de los resultados a que gane la opción de su preferencia y advirtió que ningún sector puede quitarle al país la normalidad democrática.

“Los incendiarios, los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad”, señaló el procurador. Luego insistió en que el resultado debe ser respetado y protegido por las instituciones, sin que minorías o actores inconformes le quiten esperanza a los colombianos.

Procuraduría pide acatar el resultado

Eljach afirmó que el país debe hacer respetar la decisión que salga de las urnas. “Lo vamos a respetar, invitamos a que lo hagamos respetar y lo vamos a hacer respetar”, dijo, al señalar que de eso dependen la legitimidad y la estabilidad de la sociedad colombiana.

El procurador también aseguró que, hasta el momento, la jornada electoral ha transcurrido en normalidad. Según explicó, las autoridades han logrado responder a los anuncios de quienes anticipaban hechos de violencia, terrorismo o alteraciones del orden público. Además, indicó que los reportes del Plan Democracia no registran incidentes que confirmen esos pronósticos.

Otro punto clave de su intervención fue la autoridad competente para definir la validez de una elección. Eljach enfatizó que la única autoridad con efecto jurídico determinante es el Consejo Nacional Electoral, con base en los escrutinios realizados por los jueces y la organización electoral. “No hay nadie más”, afirmó, al advertir que ningún actor político puede aceptar o rechazar resultados por fuera de los mecanismos legales.

También advirtió que quienes intenten salir del marco de la legalidad deberán asumir consecuencias. Según dijo, los organismos de control continuarán actuando frente a eventuales irregularidades.

Contraloría y Registraduría llaman a la calma

El contralor Carlos Hernán Rodríguez rechazó los mensajes que anticipan escenarios de crisis después de la elección presidencial. “No vamos a permitir que este país se incendie cualquiera que sea el resultado”, afirmó. También recordó que la responsabilidad de garantizar un ambiente democrático no recae únicamente en las instituciones, sino en candidatos, partidos políticos y Gobierno Nacional.

Rodríguez advirtió que los riesgos para la transparencia electoral no se limitan al conteo de votos. Según explicó, también pueden presentarse actos relacionados con constreñimiento al elector, participación indebida en política o uso del poder para favorecer candidaturas.

Frente a las denuncias anticipadas de fraude, el contralor pidió aceptar los resultados. “No podemos aceptar que sea uno u otro sector el que inmediatamente salga hablando de fraude electoral”, dijo, al cuestionar que una elección solo sea considerada válida cuando favorece a quien la disputa.

El registrador Hernán Penagos insistió en enviar mensajes de tranquilidad a la ciudadanía. Pidió confianza en las instituciones, en el Estado de derecho y en un proceso electoral íntegro y transparente. También informó que no existe ninguna decisión sobre traslado de mesas o puestos de votación y se refirió a las más de 122.000 mesas que serán instaladas.

Penagos agregó que las votaciones en el exterior avanzan “sin ningún contratiempo” y pidió reducir la polarización. Aunque reconoció que la elección presidencial es muy importante, sostuvo que no justifica ningún maltrato ni agresión.

El sector salud pidió que el próximo gobierno arranque con un plan de emergencia para enfrentar los problemas financieros y operativos que afectan la prestación de servicios en el país.

La solicitud fue planteada durante el Foro de Salud de la ANDI, donde representantes de distintos actores del sistema coincidieron en que las medidas deben adoptarse desde el primer día de la nueva administración.

La información publicada por Blu Radio señala que una de las principales preocupaciones está en el déficit financiero que impacta a diferentes participantes de la cadena. Para los voceros del sector, no basta con definir una hoja de ruta general: también será necesario recuperar la confianza entre EPS, IPS, prestadores de servicios, industria farmacéutica y autoridades sanitarias.

La presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, afirmó que el próximo presidente deberá iniciar su mandato con decisiones urgentes para atender ese déficit. Su planteamiento apunta a evitar que las dificultades económicas sigan afectando el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos, tratamientos y servicios de salud.

Plan de emergencia y confianza entre actores

Rodríguez señaló que la respuesta debe involucrar a todos los actores de la cadena. En ese grupo están las EPS, las IPS, los prestadores de servicios y la industria farmacéutica. El propósito, según lo expuesto en el foro, es garantizar que los usuarios encuentren una atención más oportuna y que el sistema pueda responder mejor a sus necesidades.

El llamado también incluye la reconstrucción de la confianza. Para la dirigente gremial, el próximo gobierno tendrá que abrir espacios de trabajo que permitan coordinar decisiones entre quienes financian, prestan, suministran y supervisan los servicios. Esa articulación aparece como una condición necesaria para que cualquier plan de emergencia tenga efectos reales.

Los representantes del sector insistieron en que la crisis no puede leerse solo como un problema de recursos. También hay dificultades operativas que afectan la experiencia de los usuarios y la capacidad de respuesta de las instituciones. Por eso, el debate del Foro de Salud de la ANDI se concentró tanto en la financiación como en la gestión.

IPS y secretarías de salud

El director de la Unión de las IPS, Jorge Toro, destacó una iniciativa que se adelanta junto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. El proyecto busca fortalecer las competencias de los secretarios de salud de las ciudades capitales y mejorar la relación entre las entidades territoriales y las instituciones prestadoras de servicios.

La propuesta apunta a reforzar asuntos concretos de gestión local, como el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. También incluye procesos de cierre de servicios, inspección y vigilancia, áreas clave para mejorar la respuesta institucional frente a las dificultades que se presentan en la atención.

Toro explicó que esta estrategia busca fortalecer la gestión local en salud y construir mecanismos de trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y las redes de prestación de servicios. Para las IPS, la coordinación con las secretarías de salud es fundamental si se quiere mejorar el seguimiento a los casos y resolver problemas que afectan directamente a los usuarios.

El sector también espera participar en la formulación de propuestas para los procesos de empalme del próximo gobierno. La intención es que esas ideas puedan ser consideradas y luego incorporadas en los planes de desarrollo, con acciones concretas para atender las necesidades del sistema de salud.

El mensaje central del foro fue claro: el próximo gobierno recibirá un sistema con presiones financieras, retos operativos y una demanda creciente de coordinación. Por eso, farmacéuticas e IPS piden que la respuesta no se postergue y que el plan de emergencia empiece desde el primer día de mandato.

El Consejo Gremial rechazó las advertencias sobre un eventual estallido social si los resultados de la segunda vuelta presidencial no favorecen a determinados sectores políticos.

La organización pidió respetar el veredicto de las urnas y defender el proceso democrático, luego de declaraciones que anticiparon un escenario de tensión si Abelardo de la Espriella resulta elegido.

La información publicada por El Tiempo recoge el pronunciamiento de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, quien rechazó cualquier forma de violencia, bloqueo o presión contra el resultado electoral. Su mensaje se produjo en medio del clima político previo a la segunda vuelta presidencial.

“Desde el Consejo Gremial rechazamos con vehemencia las declaraciones de actores políticos que advierten que Colombia ‘se va a incendiar’ si triunfa un determinado candidato, o las que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones electorales”, señaló Gutiérrez.

La dirigente gremial agregó una frase central de su llamado: “La democracia se fortalece con votos, no con amenazas; con respeto, no con confrontación”. Con esa declaración, el Consejo Gremial buscó marcar distancia frente a cualquier discurso que anticipe violencia, desconocimiento de resultados o presión sobre las instituciones electorales.

Llamado a respetar las urnas

Gutiérrez pidió serenidad y respeto por el resultado que entreguen los ciudadanos en la segunda vuelta. También recordó que la legitimidad democrática depende de que las personas puedan votar libremente y de que las instituciones sean respetadas después de la jornada electoral.

“Colombia se respeta cuando los ciudadanos pueden votar libremente, cuando se respetan los resultados electorales y cuando se defienden la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho”, afirmó la presidenta del Consejo Gremial.

En su declaración, también hizo un llamado al rechazo de cualquier forma de violencia o bloqueo. Para Gutiérrez, detrás de cada voto hay una voz y detrás del país hay millones de ciudadanos que merecen respeto. El mensaje apuntó a contener la tensión política y a pedir responsabilidad a los líderes que participan en la contienda o influyen sobre sus seguidores.

La reacción de los gremios se dio después de declaraciones de Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, exdirectores de la UNGRD y del Departamento de Prosperidad Social durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ambos se refirieron al escenario que, según ellos, podría abrirse si De la Espriella gana la Presidencia.

Más organizaciones piden reconocer resultados

Carrillo dijo en una entrevista que “indudablemente, se va a incendiar el país” si De la Espriella resulta electo, al señalar que habría protestas de una parte del país contra ese candidato. Bolívar, por su parte, afirmó que si se intenta atacar a la izquierda “se va a formar una guerra civil” porque la gente no se dejaría.

El pronunciamiento del Consejo Gremial no fue el único llamado a la calma. Este 17 de junio, más de 50 entidades y organizaciones de la sociedad civil también pidieron a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus campañas y a los principales líderes políticos, comprometerse públicamente a reconocer los resultados de las urnas.

Entre las organizaciones mencionadas están la Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia y la Red Nacional de Mujeres. El llamado conjunto busca promover la calma entre seguidores y contribuir a una transición democrática dentro de un marco de respeto por las instituciones.

Con ese mensaje, los gremios y las organizaciones civiles insistieron en que la segunda vuelta debe resolverse con votos y no con amenazas. La petición central es que los actores políticos acepten el resultado electoral, eviten discursos que aumenten la tensión y contribuyan a preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Bogotá acumula más de 1,48 millones de expedientes policivos sin resolver, una cifra que vuelve a poner en discusión la capacidad de las inspecciones de Policía para responder a los conflictos cotidianos de convivencia. La alerta fue hecha por la Personería de Bogotá, que advirtió sobre una congestión estructural en la justicia policiva de la capital. Estas dependencias son claves para tramitar comportamientos contrarios a la convivencia y asuntos contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La información publicada por Revista Semana y Caracol Radio señala que, con corte a marzo de 2026, la ciudad tenía más de 1.487.000 procesos abiertos. El personero Andrés Castro explicó que el rezago está asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite, decisión y respuesta.

El dato más crítico está en el bajo nivel de avance real de los expedientes. De acuerdo con el monitoreo citado por el organismo de control, solo el 5,7 % registra actuaciones sustanciales, mientras que el 94,3 % no tiene actuaciones registradas o no ha superado las dos primeras fases de radicación y reparto.

La mayoría de procesos no avanza de fondo

Los expedientes policivos están relacionados con conductas que impactan la convivencia ciudadana. Entre ellas aparecen el porte de armas cortopunzantes, riñas, disposición inadecuada de residuos, exceso de ruido, ocupación indebida del espacio público, evasión del pago en TransMilenio y consumo de sustancias psicoactivas en entornos educativos.

También se incluyen conflictos por tenencia de animales, quejas por obras y asuntos urbanísticos. Detrás de cada expediente hay una solicitud ciudadana que espera una decisión administrativa, pero el volumen acumulado muestra que el sistema avanza por debajo de la demanda.

“La Personería identifica un rezago estructural asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite y decisión, agravada por la finalización de estrategias transitorias de descongestión y por demoras en la consolidación de capacidades permanentes”, dijo Castro.

Uno de los factores señalados por el organismo es el cierre de las inspecciones de descongestión. Entre abril de 2021 y junio de 2024 se cerraban, en promedio, 41.500 expedientes al mes. Después, entre julio de 2024 y octubre de 2025, el promedio cayó a 25.000 expedientes mensuales, una reducción del 39,7 % en la capacidad de cierre. Para la Personería, esa caída golpea la respuesta institucional.

Porte de armas y procesos antiguos

Uno de los temas que más preocupa a la Personería es la mora en los expedientes vinculados al porte ilegal de armas. Al 18 de marzo, Bogotá tenía 507.800 casos de ese tipo sin resolver. De ellos, 392.353 expedientes, equivalentes al 77 %, ni siquiera habían sido asignados a una dependencia para su trámite.

Las localidades con más expedientes activos son Ciudad Bolívar y Bosa, según el reporte citado. El dato muestra que el represamiento no se distribuye de manera uniforme en la ciudad y que algunas zonas de Bogotá enfrentan una presión mayor sobre las autoridades encargadas de atender conflictos de convivencia.

El informe también revela la antigüedad de la mora. La Personería identificó 33.949 procesos iniciados antes de 2017 que siguen vigentes. Entre los casos más extremos aparecen un proceso por espacio público en Kennedy, abierto en 1985, y otro por cerramiento de parques en Puente Aranda, de 1986.

La alerta deja una conclusión clara: Bogotá no solo tiene más de 1,4 millones de expedientes represados, sino una baja capacidad para transformarlos en decisiones de fondo. Mientras los casos se acumulan, los ciudadanos siguen esperando respuestas frente a conflictos que afectan su vida diaria.

La licencia de conducción en Colombia tendrá un cambio de fondo tras la aprobación, en último debate de la plenaria del Senado, del proyecto de ley que crea un sistema por puntos. La iniciativa todavía debe pasar a conciliación y luego recibir la firma del presidente, pero ya marca una transformación en la forma como las autoridades medirán el comportamiento de los conductores en las vías.

La información publicada por El Tiempo señala que el nuevo modelo busca castigar las infracciones y convertir el documento de conducción en un beneficio que puede perderse si no se respeta el Código de Tránsito. El objetivo central es reducir los accidentes en el país mediante un mecanismo que descuenta puntos de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas.

A cada conductor se le asignará inicialmente una base de 26 puntos. Si comete infracciones, ese puntaje se reducirá de manera proporcional. Las faltas menores restarán 4 puntos, mientras que las infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, podrán quitar hasta 10 puntos.

Cómo funcionará la licencia por puntos

El sistema cambia la lógica tradicional del documento. No se trata solo de renovar la licencia cada cierto tiempo, sino de conservarla mediante un buen comportamiento en las vías. El Decreto Ley 019 de enero de 2012, conocido como Ley antitrámites, estableció que las personas menores de 60 años deben renovar su licencia cada 10 años.

Con el nuevo esquema, si un conductor pierde todos sus puntos y llega a cero, la licencia será suspendida automáticamente por nueve meses. Así lo explicó el senador Julio Alberto Elías, del Partido de la U, quien promovió el proyecto y detalló las consecuencias para quienes reincidan.

“A la licencia inicialmente se le asignarán 26 puntos. A medida que vas cometiendo infracciones, vas perdiendo puntos. Cuando llegas a cero, se cancela la licencia por nueve meses”, explicó el congresista.

Elías también señaló que, después de esa primera suspensión, los puntos se restablecen. Sin embargo, si el conductor vuelve a perderlos hasta llegar nuevamente a cero, la cancelación será por 12 meses. Si ocurre una tercera vez, la licencia se cancelará de por vida.

Conductores principiantes y límites temporales

El proyecto también introduce la figura del conductor principiante. Quienes tramiten por primera vez la licencia recibirán el documento con restricciones temporales. Si durante el primer año no cometen infracciones, podrán obtener la licencia plena.

En cambio, si registran faltas, la obtención del pase definitivo se retrasará dos años. Durante ese periodo de prueba, el conductor tendrá limitaciones específicas, entre ellas restricciones en los límites de velocidad en vías nacionales, un tope máximo de pasajeros permitidos en el vehículo y la obligación de portar un distintivo físico que lo identifique como “novato”.

El senador explicó que, mientras se cumple ese periodo, el conductor tendrá algunas limitaciones para circular. También dijo que, si no se cometen infracciones durante un año, se asigna la totalidad de las funciones para conducir. Si hay faltas, la licencia plena se restablecerá a los dos años.

Durante los debates legislativos se eliminó una propuesta que buscaba obligar a los conductores a pagar un seguro obligatorio adicional, independiente del Soat. Ese gasto quedó descartado. “Esto no tiene nada que ver con el Soat ni con otro seguro obligatorio”, afirmó Julio Alberto Elías.

Con la aprobación de este modelo, el país avanza hacia un esquema en el que el derecho a conducir dependerá del comportamiento en la vía. La medida aún debe completar sus pasos finales, pero ya define un cambio clave: acumular infracciones podrá llevar a perder temporalmente, o incluso de manera definitiva, la licencia de conducción.

Iván Cepeda Castro rechazó el arresto del creador de contenido Beto Coral en Estados Unidos y pidió que se le garanticen sus derechos tras la detención realizada por agentes de ICE. El candidato afirmó que, si la captura está relacionada con la actividad política de Coral, el caso podría representar una grave afectación a libertades civiles.

La detención de Coral fue conocida en la tarde de este martes 16 de junio, en Arizona. La información publicada por Revista Semana señala que, hasta el momento, no existe una versión oficial sobre los motivos del procedimiento ni una explicación pública de las autoridades estadounidenses sobre el caso.

Cepeda reaccionó a través de su cuenta de X y expresó su rechazo al arresto. “Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg”, escribió. Luego vinculó su pronunciamiento con la libertad de expresión en Estados Unidos y pidió claridad sobre las razones de la captura.

“La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles”, afirmó el candidato.

También pidió que Coral pueda ejercer su defensa y sea dejado en libertad de inmediato. “Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”, agregó.

Cepeda pide garantías para Beto Coral

El pronunciamiento de Cepeda puso el foco en el posible componente político del caso. En su mensaje, no afirmó que esa fuera la causa oficial del arresto, pero sí advirtió que, si la detención se explica por la actividad política del creador de contenido, se trataría de un hecho grave.

Coral ha sido identificado como uno de los defensores más fuertes del presidente Gustavo Petro en redes sociales. La nota original señala que ha arremetido contra el expresidente Álvaro Uribe, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El caso también generó atención porque la detención habría contado con participación de Homeland Security Investigations, conocida como HSI, una agencia federal de investigación criminal que hace parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. La sola participación de esa entidad, sin embargo, no permite establecer automáticamente el motivo específico de una captura.

Lo que se sabe del procedimiento

De acuerdo con la información incluida en la nota, HSI no se dedica únicamente a asuntos migratorios. La entidad también investiga delitos federales y actividades criminales con impacto dentro y fuera del territorio estadounidense, entre ellos trata y tráfico de personas, delitos relacionados con inmigración, fraude documental, ciberdelitos, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas y corrupción pública.

Las autoridades estadounidenses explican que una detención realizada por HSI suele ocurrir cuando existe causa probable y autoridad legal para proceder contra una persona. Este tipo de capturas pueden ser resultado de investigaciones previas y ejecutarse mediante órdenes de arresto, acusaciones formales de un gran jurado u operativos conjuntos con otras agencias.

Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha indicado si el caso de Coral está relacionado con una investigación criminal, un proceso migratorio u otro procedimiento federal. La información disponible también señala que el activista sería deportado a Colombia, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre los motivos de la detención.

En horas de la mañana, Coral había estado en inmediaciones de la Universidad de Miami con carteles y acompañado por más personas, a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Según la nota, el propio creador de contenido documentó esa actividad por medio de su cuenta de TikTok.

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva acusación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al señalarlo de estar vinculado a un supuesto fondo en Miami desde el que, según dijo, se estaría financiando una campaña de desprestigio contra su Gobierno. El mandatario sostuvo que esa estrategia se ha movido en plataformas como Netflix, YouTube y redes sociales, según lo expresó durante su intervención.

La información publicada por Revista Semana recoge las declaraciones hechas por Petro durante una sorpresiva alocución desde la Casa de Nariño. Allí, el jefe de Estado afirmó que la propaganda en su contra busca impedir que se denuncien delitos relacionados con recursos extranjeros.

“Yo sé que la propaganda sucia contra mí y contra candidatos que está inundando Netflix, YouTube y las redes quiere que impidan denunciar estos delitos con dineros extranjeros”, señaló Petro. Luego dirigió su acusación contra Gutiérrez y aseguró que el alcalde de Medellín tendría participación en ese supuesto fondo.

“Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”, afirmó el presidente.

Petro habla de censura y campañas de desprestigio

En su intervención, Petro aseguró que no se dejará censurar porque, según él, lo que está haciendo es denunciar delitos, una acción que considera protegida por la Constitución. El mandatario insistió en que existe una persecución contra funcionarios por pensar diferente y defendió su derecho a hablar públicamente de esos señalamientos, incluso ante los intentos que describe como censura.

“Yo no me dejo censurar porque estoy denunciando delitos y la Constitución me protege. Es un derecho fundamental. La honra, la persona y es una obligación constitucional que si ves un delito se denuncie (...) la persecución en contra de funcionarios por pensar diferente”, manifestó.

La denuncia contra Federico Gutiérrez se suma a una serie de declaraciones recientes del presidente sobre supuestas campañas para afectar la imagen de su Gobierno. En este caso, Petro vinculó esa presunta estrategia con recursos de empresarios de diferentes nacionalidades y con una difusión masiva en plataformas digitales.

Aunque el mandatario hizo señalamientos directos, en la información entregada no aparecen documentos, nombres de otros supuestos integrantes del fondo ni detalles sobre el origen de los recursos mencionados. Tampoco se señala si las afirmaciones ya fueron puestas en conocimiento de alguna autoridad competente.

Señalamientos contra De la Espriella

En la misma intervención, Petro también se refirió al candidato Abelardo de la Espriella, a quien acusó de participar en lo que denominó una “persecución a funcionarios”. El presidente afirmó que De la Espriella estaría amenazando con incluir a personas en la lista OFAC, presentada en la nota como una lista de sanciones con nombres propios.

Según Petro, esa actuación haría parte de una presión contra funcionarios y personas cercanas a su Gobierno. El mandatario aseguró que la amenaza de sanciones internacionales estaría siendo utilizada para generar temor, especialmente entre quienes comparten posturas políticas distintas.

El presidente también hizo una afirmación sobre Estados Unidos y sostuvo que, en un sector de su Gobierno, habría cambiado la prioridad de la lucha contra el narcotráfico por una orientación ideológica de extrema derecha. “Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”, enfatizó.

Con esas declaraciones, Petro volvió a elevar el tono contra Gutiérrez y De la Espriella, mientras insistió en que seguirá denunciando lo que considera delitos y campañas de desprestigio contra su administración.

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y cuestionó una denuncia presentada ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra él y varios funcionarios de su administración.

Durante un consejo de ministros, el mandatario aseguró que la denominada lista de sanciones OFAC estaría siendo utilizada como un mecanismo para generar temor entre quienes respaldan posiciones de su Gobierno. El reclamo hizo parte de su intervención en ese escenario oficial.

La información publicada por Revista Semana recoge las declaraciones en las que Petro afirmó que la denuncia busca intimidar a sectores de la sociedad colombiana. “Ciudadano que prefiere ser de Estados Unidos que de Colombia nos pone una denuncia a mí y a un poco de funcionarios que han pasado por el Gobierno, creando miedo en la sociedad colombiana”, dijo el jefe de Estado.

Según Petro, la intención sería asustar a quienes comparten algunas de las ideas impulsadas por su administración bajo la amenaza de eventuales sanciones internacionales. El mandatario sostuvo que ese recurso estaría dejando de usarse únicamente contra estructuras criminales para convertirse, según su versión, en una herramienta de presión política.

Petro cuestiona el uso de la lista de sanciones

En su intervención, el presidente aseguró que la lista OFAC fue creada por autoridades estadounidenses para perseguir estructuras vinculadas al narcotráfico, pero afirmó que ahora estaría siendo usada con otros fines. “Es un instrumento de la justicia de Estados Unidos que se hizo contra narcotraficantes, pero que se está usando ahora para perseguir a magistrados, jueces y líderes políticos”, manifestó.

El señalamiento estuvo dirigido contra Abelardo de la Espriella, a quien Petro ha cuestionado por acudir a instancias de Estados Unidos. La molestia del mandatario se relaciona con una denuncia que, según la información conocida, busca que él y algunos de sus allegados sean incluidos en la lista OFAC.

Petro insistió en que ese tipo de acciones crean miedo dentro de la sociedad colombiana. Para el presidente, la amenaza de sanciones internacionales tendría un efecto político sobre quienes expresan respaldo a su Gobierno o comparten parte de sus propuestas. Aunque lanzó fuertes cuestionamientos, no se detalló en la información si existe una decisión formal de las autoridades estadounidenses frente a esa denuncia.

La referencia a Marquetalia

En el mismo discurso, Petro también vinculó las propuestas de seguridad que, según él, se plantean desde la campaña de Abelardo de la Espriella con episodios históricos del conflicto armado colombiano. El presidente aseguró que hay quienes proponen acciones militares que terminarían afectando a la población campesina bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Para explicar su crítica, recordó el bombardeo a Marquetalia ocurrido en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, abuelo de la excandidata Paloma Valencia. Petro afirmó que esa operación militar contribuyó al surgimiento de las antiguas Farc y marcó el inicio de una escalada de violencia que se prolongó durante décadas.

“Produciendo en mucho lo que produjo el presidente Guillermo León Valencia en 1964 (...) y creó las Farc con ese bombardeo. Mire todo el episodio que desde entonces se ha desatado en Colombia”, señaló el mandatario.

Petro agregó que la decisión de bombardear habría sido impulsada directamente por Valencia, pese a advertencias que, según él, le hicieron algunos mandos militares. “Los generales le dijeron: no haga eso al presidente, y él quería ser como un Franco”, aseguró.

Con esas declaraciones, el presidente volvió a elevar el tono contra De la Espriella y mezcló su crítica a la denuncia ante Estados Unidos con advertencias sobre el uso de la fuerza, la persecución política y los riesgos de repetir episodios de violencia en Colombia.

La micromovilidad eléctrica gana espacio en Bogotá y, al mismo tiempo, aumenta la preocupación por los siniestros viales asociados al uso de vehículos livianos. Ante ese panorama, el concejal Julián Forero radicó un proyecto de acuerdo para implementar cursos gratuitos de formación teórico-práctica dirigidos a usuarios de patinetas eléctricas, monopatines, mopeds y otros medios similares.

La propuesta, reseñada por Revista Semana, busca que la ciudad se anticipe a los riesgos antes de que los accidentes sigan aumentando.

Forero ha insistido en que Bogotá debe promover una movilidad más segura para quienes usan estos vehículos, que se han convertido en una alternativa económica y rápida frente a otros modelos de transporte.

El crecimiento de estas unidades ha sido acelerado. Entre 2022 y 2025, según el concejal, a Colombia fueron importados más de 465.000 vehículos ligeros, lo que representó un aumento del 289 %. Además, registros de la Andi y Fenalco indican que las patinetas eléctricas tuvieron un incremento cercano al 150 % durante el último año, mientras que los mopeds subieron 97 %.

El auge de la micromovilidad eléctrica

Los vehículos eléctricos livianos han ganado terreno por varias razones. Una de las principales es su bajo costo de operación, especialmente para usuarios que buscan moverse de forma más económica dentro de la ciudad. De acuerdo con lo expuesto en la nota original, varios usuarios afirman que el incremento mensual en la factura de energía apenas supera entre 12.000 y 15.000 pesos.

A ese factor se suman otros beneficios: menor contaminación auditiva, reducción de emisiones contaminantes y optimización de los tiempos de trayecto. En una ciudad como Bogotá, donde los tiempos de desplazamiento suelen ser una preocupación cotidiana, estos vehículos aparecen como una opción atractiva para recorridos cortos o intermedios.

Sin embargo, el aumento de usuarios también ha abierto preguntas sobre la preparación de quienes los conducen. La propuesta de Forero apunta precisamente a llenar ese vacío mediante espacios gratuitos donde los ciudadanos puedan aprender técnicas básicas de conducción, reacción ante riesgos y maniobras seguras.

El proyecto se concentra en vehículos personales de movilidad eléctrica, un grupo que incluye desde patinetas hasta otros formatos ligeros usados cada vez con mayor frecuencia en la capital. La meta central es reducir la siniestralidad vial.

Siniestros viales y falta de experiencia

La preocupación central del proyecto está en la seguridad vial. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses citadas en la información, desde 2020 han fallecido 20 personas que se movilizaban en patinetas eléctricas. Solo durante 2025, se registraron ocho fallecimientos.

Forero afirmó que la ciudad no puede esperar para adoptar medidas que ayuden a evitar más siniestros. “La falta de destrezas para conducir le está cobrando la vida a muchos actores viales”, señaló el concejal, al advertir que quienes adquieren vehículos personales de movilidad eléctrica no cuentan hoy con espacios adecuados para practicar antes de salir a las vías.

El cabildante también sostuvo que estos usuarios aumentan cada día y que Bogotá tiene la responsabilidad de brindar escenarios gratuitos donde puedan adquirir habilidades para movilizarse de manera segura. La iniciativa no se plantea como una restricción, sino como una herramienta de formación preventiva frente a un fenómeno que sigue creciendo.

La experiencia aparece como otro punto clave. Según registros de la Secretaría Distrital de Movilidad citados en la información, cuatro de cada 10 personas fallecidas en siniestros viales tenían menos de dos años de experiencia conduciendo.

Ese dato refuerza el argumento del proyecto: aprender a maniobrar, reaccionar y conducir con seguridad puede ser determinante para reducir riesgos en las vías de Bogotá, especialmente cuando el número de usuarios sigue creciendo.

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva denuncia y volvió a referirse a la controversia que rodeó a Verónica Alcocer durante su visita oficial a Suecia.

El mandatario aseguró que ya cuenta con información sobre las personas que, según él, habrían impulsado una campaña para desprestigiar a la primera dama. La declaración fue hecha durante una alocución este 16 de junio, en la que afirmó que esos datos deberán ser entregados a la Fiscalía.

La información publicada por Revista Semana señala que Petro vinculó las críticas contra Alcocer con una presunta estrategia organizada. El jefe de Estado sostuvo que ya conoce quiénes estarían detrás de esa campaña y cómo habría sido financiada. Su señalamiento se suma a las discusiones políticas que surgieron meses atrás por los gastos, reuniones y actividades de la primera dama en territorio sueco.

“Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para eso. Esa información se debe entregar a la Fiscalía porque es nuestra obligación, pero se debe saber”, afirmó Petro durante su intervención. Aunque lanzó una acusación directa sobre la existencia de un supuesto fondo ilegal, el mandatario no entregó nombres ni precisó detalles sobre los presuntos responsables.

La visita a Suecia y los cuestionamientos

La polémica tomó fuerza después de que Verónica Alcocer fuera señalada de disfrutar supuestos lujos y sostener reuniones durante su visita a Suecia. Ese viaje coincidió con negociaciones del Gobierno colombiano en ese país para la posible adquisición de aeronaves Gripen, fabricadas por la compañía sueca Saab.

Desde entonces, sectores de oposición han pedido explicaciones sobre el papel que desempeñó la primera dama durante esa visita y sobre los recursos utilizados en su desplazamiento. Las críticas también abrieron debates sobre su participación en asuntos relacionados con la agenda internacional del Gobierno.

Para los contradictores del Ejecutivo, las preguntas no solo giran alrededor de los gastos, sino también sobre el alcance institucional de las actividades de Alcocer en Suecia. La controversia se mantuvo en la discusión pública por los señalamientos y las solicitudes de información que surgieron tras el viaje.

Petro, sin embargo, sostuvo que detrás de esos cuestionamientos habría existido una campaña organizada para afectar la imagen de su esposa. El mandatario presentó esa tesis como parte de una campaña de desprestigio que, según su versión, fue financiada de manera irregular y se habría movido mientras la primera dama estaba en territorio sueco.

Petro dice que entregará información

El presidente aseguró que la información recopilada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes. En su declaración, insistió en que entregar esos datos a la Fiscalía es una obligación, aunque también afirmó que el país debe conocer lo ocurrido.

La referencia a un supuesto fondo ilegal elevó el tono político de la denuncia, debido a que el mandatario no habló únicamente de críticas públicas, sino de una presunta financiación destinada a afectar la imagen de la primera dama. Aun así, hasta el momento no se conocen nombres, documentos o detalles específicos sobre quienes habrían participado en esa estrategia.

El caso se mantiene abierto en el terreno político, especialmente porque la controversia sobre la visita a Suecia ya había generado solicitudes de información y reclamos desde la oposición. La nueva declaración de Petro agrega otro elemento a la discusión: la posibilidad de que, según él, haya existido una campaña organizada y financiada contra Verónica Alcocer.

Por ahora, ni la Presidencia ni la Fiscalía han revelado si existe una investigación formal relacionada con las afirmaciones hechas por el mandatario. Tampoco se ha informado si la supuesta información mencionada por Petro ya fue entregada oficialmente a las autoridades competentes.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una nueva alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país por turismo, negocios o residencia permanente.

El documento, conocido por Revista Semana, advierte sobre riesgos de orden público en varias zonas y fija restricciones concretas para los desplazamientos de funcionarios del Gobierno estadounidense.

La advertencia se concentra, en primer lugar, en el departamento del Atlántico, donde la delegación diplomática señaló un aumento en los indicadores de criminalidad.

De acuerdo con el comunicado, los delitos, la extorsión y los homicidios atribuidos a grupos armados ilegales han tenido un incremento en distintas localidades de la región. Por esa razón, la entidad confirmó el retiro de algunos empleados gubernamentales asignados a esa zona.

La Embajada pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. La recomendación incluye medidas básicas de autoprotección, como mantener las puertas de los vehículos aseguradas, no exhibir objetos de valor y evitar la resistencia física ante intentos de hurto.

Municipios y departamentos con restricciones

Las indicaciones locales se suman a la alerta del Departamento de Estado, que mantiene el llamado a “reconsiderar” los viajes a Colombia por factores de orden público. Además de los nueve municipios mencionados en Atlántico, la entidad gubernamental prohíbe explícitamente visitar los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

La restricción territorial tiene dos excepciones señaladas en el documento: las ciudades capitales de Popayán y Cali. Fuera de esos casos, el organismo norteamericano advierte que los desplazamientos en esas regiones representan un riesgo para sus ciudadanos. También se restringen los movimientos en un radio de 10 kilómetros sobre la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El informe sostiene que la delincuencia callejera es común en el país y advierte que los procesos de investigación policial pueden diferir de los estándares estadounidenses. Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de medios locales y consultar reportes actualizados antes de realizar desplazamientos.

Las medidas también afectan directamente a empleados del Gobierno de Estados Unidos en Colombia. El documento establece que estos funcionarios tienen prohibido cruzar fronteras terrestres sin autorización, movilizarse en motocicleta o tomar taxis en la calle. Estas limitaciones buscan reducir la exposición a situaciones de inseguridad en áreas consideradas vulnerables.

Riesgos por terrorismo, protestas y emergencias

La alerta también menciona el avance de estructuras vinculadas al narcotráfico en más regiones del país. Según los informes citados por la institución, instalaciones militares, centros comerciales, aeropuertos y zonas turísticas pueden convertirse en posibles objetivos de ataques con artefactos explosivos.

El documento advierte, además, sobre el uso de camiones bomba y drones en zonas apartadas, lo que representa un riesgo adicional para la población civil. Estas amenazas aparecen dentro del panorama de seguridad descrito por el Gobierno estadounidense y explican parte de las restricciones impuestas a sus ciudadanos y funcionarios.

Frente a las manifestaciones políticas, la entidad indicó que las protestas pueden provocar cierres viales sin previo aviso y limitar el acceso al transporte público. La recomendación apunta a evitar desplazamientos innecesarios cuando haya movilizaciones o señales de alteración del orden público.

El informe diplomático incluye también un apartado sobre riesgos naturales. El Departamento de Estado alertó por la actividad volcánica, la frecuencia de eventos sísmicos y la posibilidad de deslizamientos de tierra en terrenos montañosos. Ante ese escenario, sugirió vigilar los reportes del Servicio Geológico Colombiano como medida preventiva.

Con esta actualización, Estados Unidos refuerza sus advertencias de viaje hacia Colombia y delimita con mayor precisión las zonas donde sus ciudadanos deben extremar precauciones o evitar cualquier desplazamiento.

El presidente Gustavo Petro anunció que propondrá modificar la Ley 30 de educación superior con el objetivo de convertir la gratuidad en las universidades públicas en un derecho para todos los ciudadanos, sin importar su nivel de ingresos. El mandatario aseguró que la iniciativa será uno de los temas centrales del próximo consejo de ministros televisado.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado afirmó que la gratuidad en la educación superior no debe estar focalizada y sostuvo que cualquier persona, independientemente de su condición económica, debe tener acceso gratuito al sistema público.

“Mañana en el consejo de ministros televisado, hablaré sobre modificar la Ley 30 sobre la educación pública superior de tal manera que la gratuidad sea parte del derecho al saber”, escribió Petro.

El mandatario agregó que la política de acceso gratuito no debería limitarse únicamente a determinados sectores de la población.

“La gratuidad no se debe focalizar, toda persona independientemente de su condición económica, debe gozar de gratuidad en su educación”, señaló.

La propuesta supondría una modificación de la Ley 30 de 1992, norma que regula el sistema de educación superior en Colombia y que ha sido objeto de debates y reformas parciales durante las últimas décadas.

Petro también anticipó medidas para proteger la industria nacional

Además del anuncio sobre educación superior, el presidente adelantó que durante el consejo de ministros abordará la política arancelaria que prepara el Gobierno.

Según explicó, las medidas no tienen como propósito responder a Estados Unidos, sino fortalecer sectores productivos colombianos.

“También hablaré sobre los nuevos aranceles que no están pensados en defendernos de EEUU, sino de ser inteligentes para que se proteja y desarrolle la industria nacional comenzando por el calzado y las confecciones”, afirmó el jefe de Estado.

De acuerdo con el mandatario, la estrategia busca impulsar la producción nacional y brindar mayores herramientas de competitividad a industrias que históricamente han enfrentado la competencia de productos importados.

Sectores como el del calzado y las confecciones serían los primeros beneficiados con las nuevas medidas que estudia el Ejecutivo.

Los anuncios serán presentados en un consejo de ministros televisado

Petro indicó que ambos temas serán desarrollados en el consejo de ministros que será transmitido públicamente.

El Gobierno no ha entregado detalles sobre el alcance de la reforma a la Ley 30 ni sobre las tarifas arancelarias que se aplicarían a determinados productos.

Sin embargo, el anuncio del presidente anticipa una nueva discusión sobre el modelo de financiamiento de la educación superior pública y sobre la política comercial del país.

La gratuidad universitaria ha sido uno de los principales ejes de la agenda educativa del actual Gobierno, mientras que la protección de la industria nacional forma parte de las estrategias que ha promovido la administración Petro para fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de las importaciones.

Los detalles de ambas iniciativas se conocerán durante la sesión del consejo de ministros prevista para este martes.

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella después de que se viralizara un video del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, en el que cuestiona unas declaraciones del aspirante sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza. El mandatario aseguró que las palabras del abogado cordobés equivalen a plantear un “genocidio” en Colombia.

La polémica se originó a partir de una entrevista en la que De la Espriella afirmó que considera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está haciendo “lo que tiene que hacer para defender a su pueblo” y añadió que actuaría de la misma manera para defender a Colombia en caso de llegar a la Presidencia.

“Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia”, afirmó el candidato.

Las declaraciones fueron retomadas por Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, quien publicó un video en el que contrastó esa posición con las cifras sobre víctimas palestinas en Gaza y con antecedentes relacionados con el paramilitarismo en Colombia.

Según Reyes, entre octubre de 2023 y febrero de 2026 la ofensiva israelí había dejado más de 71.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos, de acuerdo con cifras atribuidas a Unicef.

Luis Carlos Reyes cuestionó la comparación hecha por De la Espriella

En su video, el exfuncionario sostuvo que las afirmaciones del candidato presidencial no podían interpretarse como un simple desconocimiento sobre lo ocurrido en Gaza.

“Cuando un candidato presidencial nos promete esto en Colombia, no lo está haciendo por desconocimiento”, afirmó Reyes.

El exdirector de la Dian también recordó declaraciones pasadas de De la Espriella sobre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y mencionó cifras de la Comisión de la Verdad sobre el impacto del paramilitarismo en Colombia.

“Cuando una persona de estas nos dice que va a hacer en Colombia lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, vote a conciencia, porque ya sabe lo que le están prometiendo”, señaló.

El pronunciamiento de Reyes fue compartido posteriormente por el presidente Gustavo Petro, quien elevó el tono de las críticas y aseguró que las palabras del candidato presidencial equivalen a una propuesta de exterminio.

Petro afirma que las ideas de De la Espriella ponen en riesgo a millones de colombianos

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reaccionó al video del exdirector de la Dian y vinculó las declaraciones de Abelardo de la Espriella con un eventual genocidio.

“Hacer en Colombia lo que hicieron en Gaza dice Abelardo. Eso es hacer un genocidio”, escribió Petro.

El mandatario agregó que, a su juicio, millones de colombianos estarían en riesgo por las ideas expresadas por el candidato presidencial.

“Quieren un genocidio del pueblo colombiano y millones de personas que están en peligro por las ideas de Abelardo votan por él”, agregó el presidente.

La controversia se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial y se suma a una campaña marcada por fuertes enfrentamientos entre los sectores que respaldan a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Nequi, la plataforma de servicios financieros digitales creada por el Grupo Bancolombia, permite a sus usuarios modificar los límites de uso de su cuenta de forma sencilla desde el celular.

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes.

La aplicación, que ha ganado popularidad desde su lanzamiento en 2016, fue diseñada para funcionar exclusivamente en dispositivos móviles, sin necesidad de trámites presenciales o formularios extensos. Su enfoque ha sido atraer a personas que prefieren soluciones simples y accesibles para administrar sus finanzas.

Una de las características más útiles que ofrece esta herramienta es la posibilidad de definir límites personalizados para transferencias, compras y retiros. Gracias a esta opción, los usuarios pueden fijar montos máximos diarios o mensuales según su perfil y necesidades específicas.

Para ajustar estos límites, el procedimiento se realiza directamente desde la app.

El primer paso consiste en ingresar a Nequi utilizando la clave habitual o mediante la huella digital. Luego, en la pantalla principal, se debe buscar el ícono con forma de engranaje que aparece en la esquina superior derecha, correspondiente a la sección de configuración.

Dentro de ese menú, la persona encontrará una opción denominada ‘Topes’ o ‘Límites’. Al ingresar allí, se desplegarán los valores actuales asignados para cada tipo de operación. Para cambiarlos, basta con seleccionar el tope que se desea modificar, digitar el nuevo valor y confirmar el ajuste.

En algunos casos, el sistema solicitará una autenticación adicional mediante un código enviado al teléfono o al correo del titular.

Es importante tener en cuenta que estos topes están definidos también por políticas internas de Nequi, y pueden variar según el tipo de verificación que tenga la cuenta. Por ejemplo, quienes han validado su identidad con la cédula pueden acceder a montos mayores en sus operaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Nequi permite la modificación de los topes de las cuentas de las personas”, indicaron desde la entidad, subrayando que esta función no solo brinda comodidad, sino también seguridad. Si un usuario sufre la pérdida de su dispositivo móvil, los topes establecidos pueden minimizar el impacto económico de un posible acceso no autorizado.

En cuanto a los montos permitidos, Nequi permite retirar hasta dos millones de pesos por medio de corresponsales bancarios o transacciones del sistema financiero. Si el retiro se realiza a través de un cajero automático, el tope asciende a 2.700.000 pesos por día.

Aquellos usuarios que deseen aumentar sus topes más allá de los límites predeterminados podrían necesitar realizar un proceso adicional de verificación. Esto garantiza que los fondos estén protegidos y que las operaciones cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa nacional.

Durante junio, miles de trabajadores en el país esperan recibir la prima de servicios, una prestación social que representa un ingreso adicional importante para los hogares colombianos. Para 2026, muchas empresas e instituciones iniciaron el pago de manera anticipada, teniendo en cuenta que el 15 de junio coincide con un día festivo.

Pese a ello, no todos los trabajadores accederán a este beneficio. La legislación laboral establece que el reconocimiento de la prima depende del tipo de vínculo existente entre el trabajador y la entidad o empresa para la cual presta sus servicios.

La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y se cancela en dos cuotas: una durante junio y otra en diciembre. El monto recibido varía según el salario devengado y el tiempo laborado durante el respectivo semestre.

El hecho de desempeñar una actividad o prestar un servicio no garantiza automáticamente el derecho a recibir esta prestación. La naturaleza del contrato es el principal factor que define si una persona tiene acceso o no a este pago.

En el caso del sector educativo, los docentes vinculados mediante contratos laborales con colegios privados y quienes hacen parte de la planta oficial del sistema educativo público sí tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios, de acuerdo con las normas vigentes.

Si el trabajador no completó los seis meses del semestre, el valor se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.

Los trabajadores vinculados por prestación de servicios no tienen derecho a la prima

Uno de los principales grupos que quedarán excluidos del pago de la prima de mitad de año está conformado por las personas contratadas mediante prestación de servicios.

Bajo este esquema, los trabajadores son considerados independientes, razón por la cual no tienen acceso a prestaciones sociales como la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías y las vacaciones remuneradas en las mismas condiciones que los empleados dependientes.

Dentro de este grupo se encuentran algunos profesores que desarrollan actividades académicas bajo esta modalidad. Aunque realizan labores de enseñanza, su contratación no genera el reconocimiento de este beneficio económico.

La exclusión no depende de la profesión u oficio que desempeñe la persona, sino de la modalidad contractual bajo la cual fue vinculada.

Esto significa que trabajadores de diferentes sectores podrían encontrarse en la misma situación, siempre y cuando su relación con la entidad contratante se haya establecido mediante contratos de prestación de servicios.

Algunos docentes universitarios también podrían tener condiciones especiales

Otro grupo que podría tener condiciones particulares es el de algunos profesores universitarios vinculados como catedráticos u ocasionales.

En estos casos, el acceso a beneficios adicionales dependerá de las condiciones pactadas con cada institución y de la naturaleza jurídica del contrato suscrito.

Las condiciones de contratación son las que determinan los derechos económicos de cada trabajador. Por ello, resulta fundamental revisar cuidadosamente las cláusulas y obligaciones establecidas en los documentos firmados con las instituciones o empresas.

La llegada de junio también suele generar dudas entre los trabajadores sobre los pagos a los que tienen derecho y los plazos para recibirlos. En ese sentido, conocer el tipo de vinculación laboral permite tener claridad sobre las prestaciones sociales reconocidas por la ley.

Por esa razón, mientras millones de trabajadores recibirán durante este mes uno de los ingresos más importantes del año, otros deberán revisar las condiciones de su contrato para establecer si tienen derecho al pago o si hacen parte de los grupos que quedarán excluidos de este beneficio en 2026.

El incremento del salario mínimo, uno de los más altos de la historia reciente, no se habría traducido en una mejora proporcional para quienes se desempeñan en la informalidad. Por el contrario, el análisis del centro de estudios económicos Anif indica que una proporción creciente de estos trabajadores se está alejando del umbral que representa el salario mínimo.

El mercado laboral no ha logrado absorber plenamente el aumento del salario mínimo, lo que ha ampliado las diferencias entre los trabajadores formales y quienes dependen de actividades informales. El panorama también plantea mayores dificultades para que millones de personas puedan acceder a la seguridad social y avanzar hacia la formalidad, debido a que sus ingresos quedan cada vez más rezagados frente al nuevo referente salarial.

El estudio, reseñado por El Tiempo, advierte que, mientras el salario mínimo creció con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, una mayor proporción de ocupados informales quedó por debajo del nuevo umbral salarial.

Cada vez más trabajadores informales reciben ingresos por debajo del mínimo

El principal hallazgo del informe es el deterioro de los ingresos entre las personas que viven del rebusque.

De acuerdo con las cifras divulgadas por El Tiempo, el número de trabajadores informales que reciben ingresos equivalentes a entre 0,5 y 0,6 salarios mínimos pasó de 700.000 personas en 2025 a un millón en 2026.

Asimismo, quienes perciben entre 0,6 y 0,7 salarios mínimos aumentaron de 400.000 a 600.000 personas durante el mismo periodo.

Al mismo tiempo, disminuyó el número de trabajadores informales que logran obtener ingresos equivalentes a uno o más salarios mínimos. En 2025 eran 800.000 personas las que devengaban un salario mínimo, mientras que en 2026 la cifra cayó a 700.000.

La reducción también se observó entre quienes reciben ingresos superiores al mínimo. Según el estudio, este grupo pasó de un millón de personas a 800.000, reflejando una pérdida de capacidad para obtener mejores remuneraciones dentro del sector informal.

“Al incrementarse el referente real del mínimo en una magnitud que el mercado no logra absorber, una mayor fracción de los trabajadores informales queda mecánicamente por debajo del nuevo umbral”, señala el informe de Anif, citado por El Tiempo.

Para el centro de estudios, el resultado ha sido una ampliación de la brecha entre formalidad e informalidad, en lugar de una reducción de las diferencias entre ambos sectores.

La entidad sostiene que una consecuencia adicional es que cada vez más trabajadores informales se alejan de la posibilidad de cotizar al sistema de seguridad social y de avanzar hacia la formalidad.

También se reducen las posibilidades de acceder a salarios superiores

El análisis también encontró efectos sobre la estructura salarial del empleo formal.

La cantidad de trabajadores que reciben exactamente un salario mínimo pasó de 3,3 millones de personas en el primer trimestre de 2025 a 3,6 millones en el mismo periodo de 2026, lo que representa un aumento cercano a 300.000 ocupados.

Según Anif, muchos salarios que antes se ubicaban ligeramente por encima del mínimo terminaron siendo absorbidos por el nuevo piso salarial, debido a que las empresas no pudieron trasladar incrementos equivalentes al resto de la escala de remuneraciones.

La tendencia también se refleja en las nuevas vacantes laborales, donde cada vez hay menos ofertas con remuneraciones superiores al salario mínimo. La proporción de empleos que ofrecen ingresos por encima de ese umbral cayó del 18,1 % en 2024 al 10 % en 2026, una reducción de 8,1 puntos porcentuales.

Este comportamiento se observó en sectores intensivos en mano de obra como agricultura, comercio, industria, actividades artísticas y servicios profesionales, donde aumentó la participación de las ofertas que pagan exactamente un salario mínimo y disminuyó la de aquellas que ofrecen remuneraciones superiores.

En conclusión, Anif considera que el incremento del salario mínimo de 2026 terminó alejando a una mayor proporción de trabajadores informales de la posibilidad de acceder a mejores ingresos y a la protección social.

“Lejos de cerrar la brecha entre formalidad e informalidad, el incremento desproporcionado del mínimo tiende a ampliarla”, concluye el centro de estudios, en un análisis divulgado por El Tiempo.

Tres presuntos integrantes de grupos armados ilegales fueron capturados por el Ejército Nacional en una carretera del municipio de Linares, Nariño, cuando transportaban munición y ocultaban el cadáver de un hombre en el vehículo en el que se movilizaban. El procedimiento se produjo en medio de los intensos combates que desde hace una semana afectan varios municipios del occidente del departamento.

La acción fue posible gracias a información de inteligencia militar y a la instalación de un puesto de control que permitió bloquear una posible ruta de escape utilizada por integrantes de estructuras armadas ilegales. Según el Ejército, las capturas se realizaron en coordinación con la Policía Nacional.

Las autoridades investigan la identidad del hombre fallecido y si este habría participado en los enfrentamientos que se desarrollan en la zona. La Policía Judicial asumió los actos urgentes y el proceso de judicialización de los capturados.

La situación más crítica se registra en zona rural de Linares, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 9 sostienen combates en la vereda Cuatro Esquinas contra una presunta comisión mixta integrada por las Autodefensas Unidas de Nariño y el grupo armado organizado Comuneros del Sur.

El comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército, general Juan José Guzmán, explicó que la rápida reacción de las tropas permitió frustrar la huida de los hombres armados.

“Se logró bloquear una posible ruta de escape, mediante la instalación de un puesto de control, permitiendo la captura de tres individuos que se movilizaban en un vehículo portando munición y transportando un cadáver”, afirmó el oficial.

Combates mantienen confinadas y desplazadas a decenas de personas

La violencia se extiende también a los municipios de Los Andes-Sotomayor y Samaniego, donde persisten los enfrentamientos entre distintos grupos armados y las tropas del Ejército.

Según la información disponible, al menos 150 personas permanecen confinadas y otras 100 han tenido que abandonar sus hogares debido a los combates.

En el corregimiento de Tabiles, en jurisdicción de Linares, dos habitantes identificados como Hernando Tapia y Venicio Unigarro resultaron heridos durante enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.

En esa zona, un artefacto explosivo lanzado presuntamente desde un dron impactó una vivienda y causó daños en puertas y ventanas.

Teresa, habitante del corregimiento, relató que el domingo, día habitual de mercado, los habitantes tuvieron que refugiarse en sus casas debido a las detonaciones.

“Todos los negocios fueron cerrados, es muy triste ver esto, tengamos mucho cuidado, no estamos en condiciones de ir saliendo, de tener a los niños en las calles”, expresó.

Por su parte, Luis Eduardo, propietario de una tienda del sector, aseguró que la comunidad se siente abandonada en medio de la disputa entre los grupos armados.

“Estamos totalmente desprotegidos, estamos en medio de un conflicto con dos grupos que están peleando por el territorio. Desde el día viernes se han sentido las bombas y los disparos. El día de ayer la gente no pudo mercar, incluso una bomba cayó en una casa y destruyó buena parte de ella. La única protección que tenemos es tener que encerrarnos”, afirmó.

Los combates se extienden a Samaniego y Los Andes-Sotomayor

En la vereda El Motilón, en Samaniego, los enfrentamientos obligaron a los habitantes a permanecer encerrados en sus viviendas ante el temor de ser alcanzados por los disparos.

Mientras tanto, en Los Andes-Sotomayor continúan los combates entre tropas del Ejército y las disidencias de las Farc.

La Tercera División informó que, en desarrollo de la Operación Cordillera, ocho integrantes del grupo armado ilegal murieron y otros habrían resultado heridos.

De acuerdo con la versión oficial, integrantes del frente Franco Benavides habrían buscado refugio en viviendas del sector para protegerse de los disparos de las tropas.

“Ante la presión ejercida por las unidades militares, los integrantes del grupo ilegal habrían buscado refugio entre viviendas del sector, usando a la población como escudo para disparar indiscriminadamente contra los soldados y aeronaves”, señaló el Ejército.

/colombia/2026/06/15/elecciones-presidenciales-de-colombia-2026-en-vivo-arranca-la-semana-decisiva-para-cepeda-y-de-la-espriella-antes-del-21-de-junio/

/colombia/2026/06/15/ivan-cepeda-cerro-su-campana-presidencial-en-atlantico-con-duros-ataques-contra-de-la-espriella-nosotros-si-somos-firmes-aqui/

/colombia/2026/06/15/abelardo-de-la-espriella-acuso-al-gobernador-de-narino-de-intimidar-a-alcaldes-y-ciudadanos-de-cara-a-la-segunda-vuelta-no-sea-bandido/

/colombia/2026/06/14/hanwen-zhang-estadistica-china-cuestiono-encuesta-de-celag-que-da-empate-tecnico-entre-cepeda-y-de-la-espriella-no-me-da-indicios-claros/

/colombia/2026/06/15/ivan-cepeda-se-tomo-con-humor-las-noticias-falsas-supuestos-pactos-con-el-diablo-y-lanzo-pullas-a-de-la-espriella-en-fcksnews-yo-no-me-maquillo/

/colombia/2026/06/14/lina-maria-garrido-insto-a-ivan-cepeda-a-que-le-cuente-al-pais-como-esta-de-salud-a-una-semana-de-la-segunda-vuelta-que-oculta/

/colombia/2026/06/14/alex-campos-respaldo-la-candidatura-de-abelardo-de-la-espriella-este-pais-necesita-un-milagro/

/colombia/2026/06/14/organizacion-indigena-denuncio-falsa-adhesion-a-la-campana-de-de-la-espriella-y-rechazo-uso-indebido-de-la-memoria-de-un-exconsejero-mayor/

En directo: cierre de campaña del candidato Abelardo De La Espriella desde Buga, Valle del Cauca

En directo: Iván Cepeda realiza su cierre de campaña en Soledad, Atlántico

Simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda se concentran en el Boulevard del barrio Los Robles, en Soledad, Atlántico, a la espera de su llegada.

En el lugar se realizan actividades de organización y acompañamiento antes del encuentro político.

MOE desplegó 201 observadores internacionales en 24 países para garantizar la transparencia en la votación

La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó el despliegue de 201 observadores internacionales en 24 países y 58 ciudades alrededor del mundo, con el objetivo de acompañar y vigilar el inicio de las votaciones de la segunda vuelta presidencial de Colombia en el exterior, reforzando la confianza y transparencia del proceso electoral para la ciudadanía residente fuera del país.

El equipo internacional de observadores está compuesto por delegados de Europa (Reino Unido y España), Asia (Corea del Sur), África (Sudáfrica) y América Latina y el Caribe (México, Argentina, Guatemala, entre otros). La misión busca garantizar que el proceso de votación fuera del territorio nacional se desarrolle bajo los más altos estándares de integridad electoral y que se fortalezca la democracia colombiana con acompañamiento y monitoreo independiente.

La presencia de los observadores internacionales se distribuirá estratégicamente en 58 ciudades donde se concentra el mayor número de votantes colombianos. El despliegue permitirá un seguimiento detallado en consulados y puestos habilitados, con especial atención en la apertura, desarrollo y cierre de las urnas, así como en la recepción y transmisión de los votos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, hizo un llamado a los colombianos y colombianas en el exterior, así como a los propios observadores electorales, para reportar cualquier irregularidad que se presente durante la jornada. Para ello, se habilitó el canal de atención vía WhatsApp 315 266 1969, exclusivo para reportes relacionados con el proceso electoral, como parte de los mecanismos de monitoreo ciudadano implementados por la MOE.

El objetivo es que cualquier situación anómala, desde dificultades logísticas hasta posibles intentos de fraude, pueda ser conocida y atendida de manera inmediata por las autoridades competentes.

Colombianos en el exterior inician votación anticipada para la segunda vuelta presidencial en 67 países

Con la apertura de urnas en Auckland, Nueva Zelanda, comenzó la jornada electoral anticipada para la segunda vuelta presidencial de Colombia, permitiendo que los 1.441.661 colombianos habilitados para votar fuera del país ejerzan su derecho al sufragio en diferentes consulados y puestos habilitados alrededor del mundo.

La diferencia horaria permitió que, mientras en Colombia eran las tres de la tarde del domingo, los primeros votos ya se depositaban en Auckland, donde la jornada arrancó a las 8:00 a. m. Tras este inicio, la votación se extenderá progresivamente en ciudades como Canberra, Sidney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shangai, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokyo, Kualalumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou, según el avance de los husos horarios.

Cronograma y puntos de votación en el exterior

Los connacionales residentes fuera del país pueden ejercer su derecho al voto hasta y el sábado 20 de junio en los consulados de Colombia habilitados en 67 países. El domingo 21 de junio, día de la elección en territorio nacional, los votantes en el exterior podrán sufragar en puestos adscritos a cada circunscripción, garantizando así la participación en la jornada definitiva.

La Cancillería de Colombia recordó a los ciudadanos que el proceso de votación en el exterior sigue los lineamientos de seguridad y transparencia establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, e instó a los votantes a consultar las sedes y horarios específicos de cada consulado.

Participación en 67 países y expectativa por el voto exterior

En total, 1.441.661 colombianos están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial desde el extranjero, una cifra que refleja el crecimiento de la diáspora nacional y la importancia del voto exterior en el proceso democrático. Los resultados de las votaciones en el exterior serán incorporados al escrutinio nacional el domingo 21 de junio, junto con los votos depositados en el país.

La jornada en el exterior se desarrolla bajo estrictos protocolos de bioseguridad y vigilancia, con la participación de jurados designados por la Registraduría y el acompañamiento de observadores internacionales en varios países.

Veteranos y reservistas de la Fuerza Pública anuncian respaldo a Iván Cepeda en la recta final presidencial

El Movimiento de Veteranos y Reservistas de la Fuerza Pública “Me la Juego por la Vida” oficializó el 14 de junio su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, llamando a soldados, policías en retiro, sus familias y la ciudadanía a respaldar masivamente el proyecto democrático y de dignificación de la Fuerza Pública en la jornada electoral del 21 de junio.

En un manifiesto divulgado por el Sargento (R) Alexander Chala Sáenz, en su cuenta de X; el movimiento, que agrupa a militares y policías en retiro junto a ciudadanos comprometidos con la seguridad y el bienestar institucional, reconoció los avances alcanzados durante el gobierno de Gustavo Petro en materia de nivelación salarial, mejores condiciones para los soldados y esfuerzos de depuración institucional.

El texto destaca que “la Fuerza Pública se fortalece cuando se protege al buen soldado, al buen policía, al veterano honesto y al servidor leal a la Constitución y al pueblo colombiano”.

Los firmantes subrayaron el valor de la disciplina, la honestidad y la justicia en la formación de los hombres y mujeres que han servido al país, al tiempo que valoraron las oportunidades de capacitación y promoción impulsadas en los últimos años.

“Reconocemos la importancia de la nivelación salarial, mejores condiciones para los soldados, mayor bienestar institucional y oportunidades de capacitación y promoción para quienes han servido al país con honor, disciplina y sacrificio”, resalta el manifiesto.

Un llamado a la unidad democrática y pacífica

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Movimiento “Me la Juego por la Vida” invitó a veteranos y reservistas, así como a sus familiares, amigos y demás ciudadanos, a sumarse “de manera pacífica, democrática y decidida” en apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. El respaldo, explican, se fundamenta en la defensa de un proyecto de país orientado a la vida, la dignidad, la paz y el bienestar de la Fuerza Pública y sus familias.

El manifiesto enfatiza que la Fuerza Pública debe fortalecer su legitimidad y confianza social a través de la protección de quienes actúan de acuerdo con los valores constitucionales y el respeto al pueblo colombiano. “La Fuerza Pública se fortalece cuando se protege al buen soldado, al buen policía, al veterano honesto y al servidor leal a la Constitución y al pueblo colombiano”, reiteró el movimiento.

El documento destacó logros recientes como la nivelación salarial, la mejora en condiciones laborales, el fortalecimiento del bienestar institucional y la promoción de la transparencia y la honestidad dentro de las filas policiales y militares. También reconoce los esfuerzos del gobierno actual para depurar las instituciones de aquellas conductas que atentan contra los valores y principios del servicio público.

Marchas por Aberlardo De La Espriella frenan la movilidad en Bogotá

En Bogotá, las marchas a favor de Abelardo De La Espriella continúan generando afectaciones en la movilidad. Desde la mañana del domingo 14 de junio, simpatizantes del candidato realizaron una caravana que ha impactado el tránsito en varios puntos de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad reportó congestión en la calle 63 con carrera 60, en sentido Oriente-Occidente, debido a la manifestación. Personal del Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona de la glorieta para mitigar las afectaciones.

Más de 41 millones de colombianos fueron llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional confirmó que los jurados seleccionados en la primera vuelta deben volver a cumplir su función en esta jornada, ya que no se realiza un nuevo sorteo y las designaciones iniciales siguen vigentes, salvo cambios específicos notificados por la entidad.

El servicio de jurado de votación es obligatorio y quienes no asistan sin causa justificada pueden enfrentar sanciones: destitución para servidores públicos o multas de hasta $17.509.000 para particulares.

Los jurados tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, acumulable si también ejercieron su derecho al voto, y deben cumplir funciones desde las 7:30 a. m. hasta terminar el escrutinio, manteniendo la neutralidad política y la presentación adecuada.

/colombia/2026/06/03/que-pasara-con-los-jurados-seleccionados-en-la-primera-vuelta-registraduria-aclaro-si-deben-regresar-el-domingo-21-de-junio/

Desde la introducción de la doble vuelta en la Constitución de 1991, solo Álvaro Uribe Vélez ha logrado alcanzar la Presidencia de Colombia en primera vuelta. Su victoria en 2002 se consolidó con el 54,51% de los votos válidos, cifra que le permitió superar directamente a Horacio Serpa y evitar la segunda ronda electoral.

El resto de los mandatarios elegidos desde 1991 ha necesitado disputar un balotaje para definir el resultado, ya que ninguno logró superar el umbral requerido en la primera vuelta. Este dato resalta la singularidad del triunfo de Uribe en la historia reciente de las elecciones presidenciales del país.

/colombia/2026/05/28/elecciones-presidenciales-2026-quien-es-el-unico-presidente-de-colombia-que-ha-ganado-en-primera-vuelta/

El jefe de Estado colombiano dijo que podría mostrar los resultados de los exámenes médicos que se le han realizado, pero hizo un llamado de alerta respecto a la privacidad de la história clínica de los pacientes en este tipo de situaciones electorales.

/colombia/2026/06/14/petro-arremetio-por-la-divulgacion-de-los-resultados-medicos-de-de-la-espriella-la-hoja-de-salud-es-de-absoluta-reserva/

A partir del 15 de junio y hasta el 20 de junio, las personas que viven en el exterior podrán acercase a los 116 consulados habilitados para ejercer el derecho al sufragio y así poder elegir entre el candidato Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

/colombia/2026/06/07/estan-definidas-las-fechas-para-las-elecciones-a-la-segunda-vuelta-presidencial-de-colombia-en-el-exterior/

Registraduría da parte de tranquilidad para votaciones en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que todo está listo para que el 15 de junio los colombianos que viven en el exterior se acerquen a los 116 consulados y ejerzan su derecho al voto.

"La jornada contará con acompañamiento institucional y auditoría internacional para hacer seguimiento a etapas clave del proceso, como el conteo de votos y el actas electorales y su digitalización, fortaleciendo las garantías para todos los actores políticos y ciudadanos“, escribió la entidad en su cuenta de X.

/colombia/deportes/2026/06/14/esta-es-la-mejor-hora-para-ir-a-votar-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-de-colombia-y-no-perderse-ningun-partido-del-mundial/

/colombia/2026/06/14/aumenta-la-confrontacion-y-la-desinformacion-a-una-semana-de-la-segunda-vuelta-presidencial-en-colombia-defensoria-del-pueblo-alerta/

/colombia/2026/06/14/elecciones-en-colombia-2026-nueva-encuesta-asegura-empate-tecnico-entre-ivan-cepeda-y-abelardo-de-la-espriella/

/colombia/2026/06/14/abelardo-de-la-espriella-lidera-la-intencion-de-voto-frente-a-ivan-cepeda-segun-encuesta-del-cnc/

/colombia/2026/06/14/asi-esta-la-imagen-de-gustavo-petro-entre-los-colombianos-a-menos-de-dos-meses-para-salir-de-la-presidencia-segun-encuesta-del-cnc/

/colombia/2026/06/12/la-busqueda-de-votos-de-ivan-cepeda-y-abelardo-de-la-espriella-el-foco-que-deben-tener-sus-errores-y-el-escape-de-la-polarizacion/

/2026/06/14/simpatizantes-de-abelardo-de-la-espriella-fueron-atacados-con-punales-en-chia-una-mujer-mayor-resulto-herida-sacaron-una-cadena-de-metal/

/colombia/2026/06/13/exfuncionarios-y-expertos-presentan-propuesta-de-seguridad-y-justicia-para-el-proximo-gobierno-se-necesita-firmeza-sin-caer-en-el-autoritarismo/

/colombia/2026/06/13/colectivo-de-abogados-calificaron-de-regresiva-la-propuesta-de-la-campana-de-abelardo-de-la-espriella-de-eliminar-impuestos-saludables/

/colombia/2026/06/13/mundial-y-elecciones-asi-fueron-las-jornadas-en-las-que-colombia-eligio-presidente-durante-la-copa-del-mundo-en-el-siglo-xxi/

/colombia/2026/06/13/denuncia-de-cepeda-contra-de-la-espriella-ante-la-corte-penal-internacional-no-prosperaria-abogado-victor-mosquera-hablo-de-un-error-juridico/

Abelardo De la Espriella convoca caravana en el Atlántico con la camiseta de la selección Colombia

A siete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella convocó a sus seguidores en el Atlántico para participar en una caravana y caminata masiva prevista para este domingo 14 de junio de 2026.

La actividad, organizada por el movimiento Defensores de la Patria, busca reunir a simpatizantes del candidato en diferentes municipios del departamento y se inscribe como una de las principales acciones de campaña antes de los comicios del 21 de junio.

La movilización está programada para iniciar a las 3:00 p. m. y recorrerá varios puntos estratégicos del Atlántico, incluyendo la ciudad de Barranquilla.

El llamado de De la Espriella, quien aspira a la Presidencia con el respaldo de Defensores de la Patria, está dirigido a los habitantes del departamento y sus municipios. “Queridos compatriotas del departamento del Atlántico, este domingo 14 de junio a las 3 de la tarde los quiero ver en la calle. Invito a todos los municipios del Atlántico a acompañarnos en la gran caravana y caminata por Colombia. Lleven con orgullo la bandera de Colombia y la camiseta de nuestra selección Colombia”, expresó el candidato en un mensaje difundido por su campaña.

“Que el amarillo, azul y rojo llenen las calles de esperanza y amor por esta patria. Salgamos con alegría, respeto y con la convicción de quienes soñamos con una Colombia más segura, con más oportunidades, más confianza y más futuro”, precisó De la Espriella

/colombia/2026/06/13/actriz-karen-lizardi-denuncio-amenazas-por-no-apoyar-a-abelardo-de-la-espriella-tengo-que-votar-por-el-candidato-que-dice-firme-por-la-patria/

Iván Cepeda realizó su cierre de campaña en Bogotá

El acto de cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá marcó una de las concentraciones más visibles del Pacto Histórico antes de la segunda vuelta presidencial. El evento, realizado en la Plaza Cultural La Santamaría, reunió a cientos de simpatizantes en torno a una consigna clara: “Bogotá ¡Se la juega por la vida!”.

Durante la jornada, el equipo repartió camisetas de la selección Colombia, generando una atmósfera que fusionó el ambiente político con el fervor futbolero.

La cita, convocada para las 10:00 a. m., formó parte de una estrategia que buscó capitalizar el impacto simbólico de la camiseta nacional, luego de que otros candidatos también apelaran a la identidad deportiva en sus campañas. El mensaje de la campaña fue directo: la ciudad debía movilizarse en defensa del proyecto político que representa Cepeda, con la camiseta amarilla como emblema de unidad.

/colombia/2026/06/11/exesposa-de-diomedes-diaz-le-nego-el-ingreso-a-ivan-cepeda-a-la-ventana-marroncita-no-entran-guerrilleros/

/colombia/2026/06/13/expresidente-de-paraguay-anuncio-su-apoyo-a-la-candidatura-de-abelardo-de-la-espriella-para-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales/

Se cerró la inscripción de testigos electorales en el exterior

El Consejo Nacional Electoral de Colombia informó que en la segunda vuelta presidencial, que va a realizarse el 21 de junio de 2026, se acreditaron 8.579 testigos electorales para vigilar los comicios en el exterior. Estos testigos, postulados por las campañas presidenciales, estarán presentes en el 90,98% de las 3.670 mesas de votación distribuidas en 67 sedes diplomáticas para los colombianos residentes fuera del país.

Además, 15.409 observadores nacionales ya recibieron acreditación para monitorear y seguir el desarrollo del proceso electoral en todo el territorio colombiano.

En cuanto a la observación internacional, la Misión de Observación Electoral Internacional contará con la participación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (Amea), Transparencia Electoral, Idea Internacional y otros organismos de América Latina.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia, la vigilancia y la legitimidad del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Consejo Nacional Electoral con la democracia y las garantías para todos los participantes.

Instalación de PMU

El registrador nacional Hernán Peganos anunció que, por el alto riesgo de orden público previsto para la segunda vuelta, se instalará por primera vez el Puesto de Mando Unificado (PMU) con cinco días de anticipación, el martes 16 de junio.

Según explicó el funcionario, la decisión apunta a asegurar la logística electoral. “Buscamos con esta medida garantizar que el material electoral llegue a tiempo a cada zona del país para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto”, afirmó.

/colombia/2026/06/13/abelardo-de-la-espriella-supera-a-ivan-cepeda-en-la-recta-final-de-la-segunda-vuelta-presidencial-segun-encuesta-de-guarumo-y-ecoanalitica/

Iván Cepeda reafirmó su compromiso con prohibir el ‘fracking’ en Colombia

En su discurso en Bucaramanga, el candidato del Pacto Histórico aseguró que no hay contradicción entre proteger la naturaleza, avanzar en la transición energética y fortalecer la economía del país.

“Creemos en una nación que entiende que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. Creemos que el agua es lo fundamental. Es la fuente y el sustento de la vida”, manifestó.

“No vemos contradicción entre cuidar la naturaleza, garantizar la justicia social, entre tener soberanía energética y avanzar hacia la transición energética, entre cuidar nuestros recursos y ser una potencia económica crecientemente exitosa ante el mundo productora de alimentos y de riqueza. Con lo que no estamos de acuerdo es en depredar la naturaleza. Y mi gobierno, lo digo con toda claridad, no hará fracking. Que de una vez se sepa con todas las letras”.

/colombia/2026/06/12/petro-envio-mensaje-por-whatsapp-en-el-que-asegura-que-en-el-voto-de-la-gente-esta-la-posibilidad-de-ampliar-su-legado-salga-a-votar/

/colombia/2026/06/13/gustavo-bolivar-recreo-polemica-entrevista-de-de-la-espriella-para-hacerle-campana-a-cepeda-unos-votos-bien-bacanos-del-electorado-femenino/

/colombia/2026/06/13/abelardo-de-la-espriella-se-pronuncio-sobre-caida-de-las-acciones-legales-que-perjudicaban-su-campana-no-tenemos-rabo-de-paja/

/colombia/2026/06/12/campana-de-abelardo-de-la-espriella-alerto-sobre-personas-que-estan-pidiendo-dinero-en-nombre-del-candidato-no-entregue-un-solo-peso/

/colombia/2026/06/13/el-mundial-como-bandera-politica-por-que-la-idea-de-ivan-cepeda-divide-a-los-votantes-y-revive-el-colombia-1986/

/colombia/2026/06/13/petro-propuso-hacer-vacas-para-que-las-personas-puedan-ejercer-su-derecho-al-voto-en-segunda-vuelta-salgan-todos/

/colombia/2026/06/13/la-registraduria-aclaro-si-puede-votar-en-las-elecciones-presidenciales-con-la-contrasena-o-la-denuncia-en-caso-de-hurto-o-perdida-de-la-cedula/

Iván Cepeda está en Bucaramanga

El candidato del Pacto Histórico hizo acto de presencia en un acto en defensa del páramo de Santurbán.

José Manuel Restrepo visitó la Basílica del Voto Nacional en Bogotá

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella asistió al reciento para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, a pocos días de celebrarse la segunda vuelta presidencial.

“Como católico practicante, nosotros estamos comprometidos con la consagración al Sagrado Corazón a nuestra Nación”, expresó horas antes del acto que inició a las 4:00 p. m.

Restrepo también estuvo presente en el sector de San Andresito, dialogando con los comerciantes de la zona.

/colombia/2026/06/12/la-busqueda-de-votos-de-ivan-cepeda-y-abelardo-de-la-espriella-el-foco-que-deben-tener-sus-errores-y-el-escape-de-la-polarizacion/

/colombia/2026/06/12/radicaron-queja-disciplinaria-contra-andres-julian-rendon-por-presunta-participacion-politica-buscan-suspension-provisional/

/colombia/2026/06/12/ivan-cepeda-describio-el-perfil-de-su-rival-abelardo-de-la-espriella-violento-misogino-y-de-ambicion-inescrupulosa/

/colombia/2026/06/12/alvaro-uribe-hizo-grave-denuncia-de-cara-a-la-segunda-vuelta-electoral-entre-de-la-espriella-y-cepeda-el-eln-decomiso-cedulas/

Exmagistrado del CNE demandó a Abelardo de la Espriella

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez demandó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella al sostener que su doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, lo pondría en una situación de conflicto de intereses incompatible con la defensa de la soberanía nacional y, por eso, con la posibilidad de llegar a la Presidencia de Colombia.

La controversia no se limita a esa demanda. Distintos sectores y figuras públicas han sostenido que la nacionalidad estadounidense de De la Espriella no le permite aspirar a la Presidencia, y ese planteamiento ya había sido expuesto en un comunicado firmado por 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y otros juristas.

Pérez radicó la acción judicial con el argumento de que la doble ciudadanía del abogado genera un riesgo para la soberanía del país. En su escrito también afirmó que De la Espriella ha mostrado un desprecio reiterado hacia las comunidades afro, los sectores de bajos recursos y el campesinado.

Corte Suprema de Justicia falló a favor de Abelardo de la Espriella

Corte Suprema tumbó orden que prohibía a De la Espriella utilizar la bandera de Colombia y las frases “Firmes por la patria” como propaganda electoral

El alto tribunal sostuvo que la entidad encargada de garantizar la transparencia de las elecciones, ya había aprobado formalmente la identidad de esa candidatura. “El CNE como suprema autoridad administrativa para la inspección, vigilancia y control de la organización electoral (…) emitió la Resolución # 09098 de 29 de septiembre de 2025, a través de la cual, aprobó y registró formalmente el logosímbolo «Defensores de la Patria» y el eslogan de campaña «Firmes por la Patria»”.

Iván Cepeda tiene nuevo aliado de cara a la segunda vuelta

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hizo oficial la adhesión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) a su aspiración a la Casa de Nariño.

Invamer no publicará encuesta de segunda vuelta presidencial

La decisión se fraguó después de un error amplio en la medición de primera vuelta y por los requisitos de las autoridades colombianas a las empresas encuestadoras, informó Caracol Radio.

/colombia/2026/06/12/ridicula-y-ambientalmente-inviable-asi-calificaron-la-propuesta-del-concejal-barrios-a-de-la-espriella-de-construir-una-mega-carcel-en-el-sumapaz/

Los colombianos inscritos para votar en el Consulado General de Colombia en Miami deberán desplazarse a una nueva sede durante la segunda vuelta presidencial. Las autoridades de Coral Gables concluyeron que las instalaciones consulares no reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo la jornada electoral anticipada entre el 15 y el 21 de junio, razón por la cual el proceso se trasladará al Watsco Center de la Universidad de Miami.

La medida fue notificada oficialmente por el Departamento de Policía de Coral Gables al Consulado. Según el reporte, en la primera vuelta se presentaron extensas filas, concentración de votantes en la vía pública, congestión vehicular y obstáculos para la movilidad peatonal en el sector.

Además, se advirtió que el incremento esperado de participación en la segunda vuelta podría generar mayores riesgos en materia de seguridad, atención de emergencias y acceso de residentes y comerciantes de la zona.

/colombia/2026/06/12/agmeth-escaf-respondio-a-la-suspension-de-la-procuraduria-tras-fuertes-senalamientos-contra-abelardo-de-la-espriella-no-me-retracto/

/colombia/2026/06/12/mauricio-gaona-resolvio-dudas-sobre-la-polemica-por-doble-nacionalidad-de-abelardo-de-la-espriella-la-constitucion-esta-escrita/

El Consulado de Colombia en Houston, Estados Unidos, anunció ajustes para la segunda vuelta presidencial: los ciudadanos no podrán sufragar ni en la sede consular ni en el Metropolitan Multiservice Center. La decisión obedece a los incidentes registrados durante la jornada anterior y a compromisos logísticos ya programados en esos espacios.

Por lo tanto, a partir del lunes 15 de junio se habilitarán nuevas mesas de votación, disponibles cada día entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, el domingo 21 de junio el voto solo podrá ejercerse en la ciudad donde cada persona se encuentre inscrita.

Sobre la medianoche de este 12 de junio se presenta una manifestación al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el parque de los Hippies (norte de Bogotá).

/colombia/2026/06/11/consejo-de-estado-resolvio-debate-judicial-sobre-presunta-inhabilidad-de-abelardo-de-la-espriella-para-aspirar-a-la-presidencia/

Dos militares ecuatorianos resultaron heridos durante un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en una zona de minería ilegal ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El Ejército de Ecuador informó además que, de manera preliminar, existen indicios de que también habría personas fallecidas y heridas entre los atacantes, aunque no precisó el número de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio de Cascales, mientras las Fuerzas Armadas desarrollaban operaciones relacionadas con el denominado “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales. Según las autoridades, los soldados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con disparos.

Tras la agresión, los uniformados respondieron utilizando la fuerza de manera legítima y progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución militar. Los dos militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica.

De acuerdo con el Ejército ecuatoriano, la operación se desarrollaba en una zona donde se adelantan actividades ilegales relacionadas con la extracción minera.

La institución señaló que las tropas fueron sorprendidas por hombres armados y que, posteriormente, repelieron el ataque.

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en una región estratégica debido a su cercanía con Colombia y a la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Ejército mantiene ofensiva contra grupos criminales

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que las operaciones militares en esa región continuarán.

El Ejército recordó que estas acciones se han intensificado desde enero de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a varias bandas criminales.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han aumentado los operativos contra grupos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

La institución militar explicó que la presencia de estos grupos en zonas fronterizas representa uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Aunque el Ejército no reveló la identidad de los civiles armados involucrados en el enfrentamiento, sí indicó que la operación se mantiene en desarrollo y que las autoridades continúan verificando lo ocurrido.

Noboa ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa ha ordenado fortalecer los controles militares en el norte del país.

El mandatario ecuatoriano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por las actividades criminales que operan en las zonas limítrofes y ha señalado que, a su juicio, Colombia no actúa con suficiente contundencia frente a estas amenazas.

Como parte de esa estrategia, Ecuador ha incrementado la presencia de tropas en la frontera y ha intensificado las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El enfrentamiento registrado en Sucumbíos se produce en medio de ese contexto y vuelve a poner de relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Ecuador en las áreas cercanas al territorio colombiano.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las personas que habrían resultado muertas o heridas dentro del grupo armado y señalaron que las investigaciones continúan.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó las denuncias del expresidente Álvaro Uribe sobre un supuesto constreñimiento electoral del Eln en Arauca y aseguró que las verificaciones realizadas por distintas entidades no evidencian una relación entre la presencia de grupos armados y el comportamiento de los votantes. La respuesta se produjo en medio de la controversia generada por las afirmaciones hechas por el exmandatario en redes sociales.

Según el funcionario, una revisión conjunta con la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que no existe una correlación significativa entre la presencia de estructuras ilegales y la orientación del voto. El análisis se realizó después de la primera vuelta presidencial.

Pedro Sánchez también sostuvo que los resultados electorales registrados en Arauca contradicen las denuncias formuladas por Uribe, pues el candidato al que supuestamente habrían favorecido las presiones no ganó en ese departamento. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el ministro afirmó que otro aspirante obtuvo una votación superior.

La controversia comenzó después de que Álvaro Uribe publicara en su cuenta de X que comunidades de Arauca le habían informado sobre el decomiso de cédulas por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y sobre presuntas amenazas para obligar a campesinos a votar por Iván Cepeda.

“Comunidad araucana confirma que el Eln decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales, 3 días antes de la primera vuelta y llenó las planillas donde hizo aparecer que todos votaron por Cepeda en varios lugares del departamento. El Eln para la segunda vuelta está visitando a los grupos campesinos, amenazándolos con asesinato si no aparecen todos los votos de la vereda por Cepeda”, escribió el expresidente, según recoge El Tiempo.

Mindefensa afirma que la MOE no encontró relación entre armados y votos

Frente a esos señalamientos, Pedro Sánchez reveló que el Gobierno sostuvo una reunión con distintas entidades encargadas del seguimiento electoral.

“Ayer tuvimos una reunión con la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y un ente totalmente independiente, que es la Misión de Observación Electoral. La MOE señala claramente que no existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”, afirmó el ministro, citado por El Tiempo.

El funcionario explicó que uno de los elementos analizados fueron los resultados de las elecciones en Arauca.

“Donde ganó fue otro candidato. No ganó el candidato por el que estarían mencionando que habría constreñimiento. Es más, casi que lo duplica en Arauca”, sostuvo Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa indicó además que versiones similares fueron reportadas en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima.

Sin embargo, insistió en que las cifras de las votaciones no muestran comportamientos que permitan concluir que existió una orientación forzada del sufragio.

Ministro recordó un caso de desinformación relacionado con audios

Durante su intervención, Pedro Sánchez también hizo referencia a un episodio ocurrido meses atrás, cuando un audio difundido en redes sociales fue presentado inicialmente como una prueba de presiones electorales ejercidas por grupos armados.

Según explicó, las investigaciones posteriores determinaron que se trataba de una llamada extorsiva originada desde la cárcel La Picota.

“Decían que era para conseguir votos en Meta, Guaviare y Caquetá, pero realmente era una extorsión que se estaba realizando en Huila y Tolima”, explicó el ministro, según información publicada por El Tiempo.

Las declaraciones del titular de Defensa se producen a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de un ambiente marcado por denuncias, acusaciones cruzadas y advertencias sobre posibles campañas de desinformación.

El Gobierno ha insistido en la necesidad de verificar cualquier información relacionada con amenazas o irregularidades electorales y ha reforzado los mecanismos de coordinación con las autoridades encargadas de garantizar la transparencia y la seguridad durante la jornada del próximo 21 de junio.

El fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente y las autoridades meteorológicas advirtieron que Colombia podría enfrentar uno de los episodios más intensos desde que existen registros, con una fase crítica prevista para finales de 2026. Los expertos alertan sobre un aumento significativo de las temperaturas y una reducción de las lluvias que afectaría la disponibilidad de agua en gran parte del país.

La directora del Ideam, Gisliane Echeverry, aseguró que este evento podría convertirse en el más fuerte desde 1950, año a partir del cual se tienen registros del comportamiento del fenómeno. La funcionaria señaló que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya muestran que El Niño se encuentra plenamente desarrollado.

Los modelos climáticos indican que existe una probabilidad superior al 60 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año, con características similares o incluso superiores a las registradas en 1982, 1997 y 2015. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las proyecciones fueron respaldadas por expertos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA).

La confirmación del inicio del fenómeno se produjo después de que los especialistas verificaran que la atmósfera y las aguas del océano Pacífico ya se encuentran acopladas, una condición que indica que el evento dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad climática.

“Seguramente este Niño va a ser el más fuerte desde el que se tenga registro. Desde 1950 que se tiene registro del fenómeno del niño, este puede ser el más fuerte”, afirmó Gisliane Echeverry, directora del Ideam, citada por Blu Radio.

Los expertos prevén una fase crítica para finales de 2026

La preocupación de las autoridades se concentra en los próximos meses, cuando el fenómeno alcance su mayor intensidad.

Según explicó Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA), las simulaciones actuales muestran un escenario de alta probabilidad para un evento extremo.

“Probabilidad de más del 60 % de que para el fin de año tengamos un fenómeno del Niño muy fuerte que ya esté desarrollado”, señaló el experto, según información publicada por Blu Radio.

Los análisis indican que las condiciones podrían igualar o incluso superar los episodios registrados en 1982, 1997 y 2015, considerados entre los más severos de las últimas décadas.

La directora del Ideam aclaró que los efectos no serán inmediatos ni se manifestarán con la misma intensidad en todas las regiones del país.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que habrá una reducción considerable de las precipitaciones y un aumento generalizado de las temperaturas.

Estas condiciones tendrán un impacto directo sobre la oferta hídrica y sobre actividades económicas que dependen del comportamiento climático.

Sequías, incendios y heladas figuran entre los principales riesgos

El Ideam advirtió que uno de los efectos más importantes será la disminución del agua disponible para diferentes usos en gran parte del territorio nacional.

Según explicó Echeverry, la reducción de las lluvias afectará los caudales de ríos estratégicos como el Magdalena y el Cauca.

La situación también incrementará el riesgo de incendios forestales y podría provocar heladas en zonas de alta montaña.

Aunque estos eventos pueden parecer contradictorios, los expertos explican que las noches despejadas características de El Niño favorecen el descenso extremo de las temperaturas en algunos sectores.

De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las autoridades consideran que los efectos asociados al fenómeno obligarán a reforzar las medidas de prevención y a realizar un seguimiento permanente de las condiciones climáticas.

La alerta se produce en momentos en que el país ya enfrenta un aumento sostenido de las temperaturas y cuando diferentes sectores, entre ellos el energético y el agrícola, han comenzado a preparar estrategias para enfrentar una eventual prolongación de las condiciones de sequía.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que las autoridades tienen información de inteligencia sobre posibles disturbios y hechos violentos una vez se conozca el resultado de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. La alerta llevó al Gobierno a anticipar la activación de mecanismos de monitoreo y coordinación para enfrentar eventuales alteraciones del orden público.

Según el funcionario, las amenazas relacionadas con acciones violentas figuran entre las principales preocupaciones de las autoridades, junto con los riesgos asociados a la desinformación. La advertencia se produce a nueve días de la elección que definirá al próximo presidente de Colombia.

Ante este panorama, el Ministerio de Defensa anunció que el Puesto de Mando Unificado (PMU) será activado desde el 16 de junio y no el mismo día de los comicios, como había ocurrido en procesos electorales anteriores. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las autoridades también pondrán en funcionamiento un PMU cibernético para vigilar el comportamiento de las redes sociales.

La alerta fue dada a conocer por el general (r) Pedro Sánchez, quien reconoció que existen amenazas relacionadas con posibles actos de violencia posteriores a la jornada electoral.

“Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podrían llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos. Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas, por ello es clave atacar ambos”, afirmó el ministro, citado por Blu Radio.

Gobierno anticipará los puestos de mando y reforzará monitoreo digital

Frente a estos riesgos, el Ministerio de Defensa decidió adelantar la instalación del Puesto de Mando Unificado.

La medida implica que el dispositivo de coordinación entre autoridades comenzará a funcionar cinco días antes de la segunda vuelta presidencial.

“Lo vamos a activar muchos días antes, no el mismo día, como se estaba haciendo en las elecciones. Y a las 10 de la mañana, seguido de esa activación, vamos a activar el PMU cibernet para monitorear todas las redes y e intentar mitigar al máximo cualquier acción que pueda desembocarse en un evento violento”, explicó Sánchez, según información publicada por Blu Radio.

El objetivo, según el Gobierno, es reaccionar con mayor rapidez frente a posibles amenazas relacionadas tanto con acciones violentas como con campañas de desinformación.

Las autoridades consideran que ambos factores representan riesgos para la tranquilidad y el desarrollo normal del proceso democrático.

La activación del componente cibernético permitirá realizar seguimiento permanente a la información que circula en las plataformas digitales durante los días previos y posteriores a la jornada electoral.

La advertencia se produce en medio de una campaña marcada por acusaciones

La alerta del Ministerio de Defensa llega cuando faltan nueve días para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ambos candidatos alcanzaron el paso al balotaje tras obtener 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 %, y 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,90 %, respectivamente.

La recta final de la campaña ha estado acompañada de fuertes cuestionamientos entre los dos sectores políticos.

En los últimos días, los candidatos y sus equipos han intercambiado acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales, la financiación de las campañas y eventuales amenazas contra la transparencia del proceso.

En medio de ese ambiente de tensión política, las autoridades buscan anticiparse a posibles escenarios de violencia una vez se conozcan los resultados oficiales.

Según información publicada por Blu Radio, el Ministerio de Defensa considera que las amenazas derivadas de la desinformación y de eventuales actos violentos constituyen actualmente uno de los principales desafíos para la seguridad del país en el marco de las elecciones.

Por ello, las autoridades han decidido fortalecer los mecanismos de coordinación y vigilancia antes de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que, de las 2.374 víctimas de falsos positivos determinadas judicialmente dentro del Caso 03, 1.956 ya han sido plenamente identificadas, mientras que otras 418 continúan sin ser reconocidas. El balance fue entregado por la Sala de Reconocimiento de Verdad en respuesta a un derecho de petición presentado por un ciudadano.

Los datos corresponden a decisiones judiciales en las que la JEP ha logrado establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en diferentes regiones del país. Las cifras tienen corte a 2025.

La información también revela que la Costa Caribe concentra el mayor número de víctimas determinadas, seguida por Casanare y Antioquia. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, estos resultados hacen parte de los avances alcanzados por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.

La respuesta fue emitida tras una solicitud elevada por el ciudadano Juan José Serrano, quien pidió información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según el reporte oficial, el proceso de contrastación judicial ha permitido reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y vincularlos con los diferentes subcasos territoriales abiertos por la JEP.

Más de 400 víctimas aún no han sido identificadas

De las 2.374 víctimas determinadas judicialmente, 1.956 corresponden a personas cuya identidad ya fue establecida plenamente.

Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz informó que todavía existen 418 víctimas cuya identificación continúa pendiente.

Los avances presentados hacen parte del trabajo de esclarecimiento desarrollado por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 03.

La JEP explicó que estas cifras corresponden a personas respecto de las cuales se ha adelantado un proceso de verificación y contrastación de información que permitió establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados.

Ese ejercicio también ha permitido determinar la relación entre los casos y los patrones de macrocriminalidad que son objeto de investigación en los distintos territorios.

Los autos de determinación de hechos y conductas constituyen decisiones judiciales mediante las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz avanza en la reconstrucción de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

La Costa Caribe concentra el mayor número de víctimas

La información entregada por la JEP también detalla cómo se distribuyen territorialmente las víctimas determinadas judicialmente.

La región con el mayor número de casos documentados corresponde a la Costa Caribe, donde se han establecido 737 víctimas.

En segundo lugar aparece Casanare, con 546 personas determinadas judicialmente, seguido por Antioquia, que acumula 507 víctimas en los dos periodos analizados.

La lista continúa con Meta, que registra 209 casos; Huila, con 208 víctimas; Norte de Santander, con 120; y el subcaso de Dabeiba, en Antioquia, con 47 personas documentadas.

Según información publicada por Blu Radio, hace algunos meses la Jurisdicción Especial para la Paz amplió el periodo de análisis e incorporó nuevas fuentes de información para actualizar el universo provisional de víctimas del Caso 03.

Como resultado de ese proceso, la entidad reportó un total de 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.

La cifra corresponde al universo provisional de hechos investigados por la JEP y representa uno de los principales insumos para el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales que son objeto de análisis dentro del sistema de justicia transicional.

Los avances en la identificación de las víctimas forman parte de los esfuerzos de la jurisdicción para reconstruir la verdad sobre uno de los capítulos más graves del conflicto armado colombiano y establecer las responsabilidades derivadas de estos hechos.

Una influencer denunció que un procedimiento estético realizado en Buenaventura puso en riesgo su vida y la obligó a someterse a tratamientos médicos para retirar sustancias que, según especialistas, no están autorizadas para uso corporal. La mujer decidió hacer pública su experiencia con el propósito de advertir a otras personas sobre los riesgos de acudir a personas no certificadas.

La afectada es Maina Quiñones, una creadora de contenido oriunda de Tumaco, quien aseguró que acudió a una persona que se presentó como especialista para realizarse un procedimiento en los glúteos. Según su testimonio, durante la intervención le fue aplicada silicona cosmética, una sustancia utilizada en productos de maquillaje y no para procedimientos médicos.

La influencer reveló que actualmente permanece bajo observación médica y enfrenta varios tratamientos para retirar el material de su organismo. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, los especialistas advierten que este tipo de sustancias puede ocasionar inflamaciones crónicas, necrosis y otras complicaciones severas.

Según relató Maina Quiñones en sus redes sociales, la persona que realizó el procedimiento también habría utilizado un adhesivo de uso doméstico para cerrar las perforaciones generadas durante la intervención.

La influencer aseguró que el producto empleado es utilizado comúnmente en materiales como calzado y madera, situación que, según expertos, aumenta los riesgos para la salud.

La creadora de contenido comparte su caso como una advertencia

A través de sus plataformas digitales, Maina Quiñones ha mostrado el proceso médico al que ha debido someterse y las consecuencias que enfrenta por la aplicación de estas sustancias.

“Ya no quiero sufrir más. Esto es muy doloroso. Gracias a las oraciones de mi mamá y de mi familia sigo aquí. No se apliquen esto nunca en su vida. Costó 30 mil pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”, manifestó la influencer, citada por Blu Radio.

La mujer explicó que decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de evitar que otras personas pasen por una situación similar.

Desde que comenzó a compartir su historia, ha utilizado sus redes sociales para documentar la evolución de su estado de salud y para insistir en la importancia de acudir únicamente a profesionales certificados.

Según el reporte, Maina Quiñones continúa bajo seguimiento médico y permanece sometida a diversos procedimientos para retirar el material de su cuerpo.

Los especialistas han advertido que las complicaciones derivadas de estas sustancias pueden prolongarse durante años y, en algunos casos, generar daños irreversibles.

Médicos insisten en acudir a establecimientos autorizados

Frente al caso, expertos en cirugía plástica reiteraron la importancia de verificar que los procedimientos sean practicados por profesionales habilitados y en instituciones que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

“Continuamos enfrentando situaciones relacionadas con la inyección de sustancias que el cuerpo no puede absorber. Debemos basarnos en pilares fundamentales como la asepsia y verificar que los procedimientos se realicen en establecimientos habilitados por la Secretaría de Salud”, explicó la cirujana plástica Lina Triana, según información publicada por Blu Radio.

Los médicos señalaron que el uso de materiales no aptos para el cuerpo humano puede ocasionar inflamación crónica, necrosis de tejidos y otras afectaciones que comprometen seriamente la salud de los pacientes.

La situación expuesta por Maina Quiñones vuelve a poner sobre la mesa las advertencias que las autoridades sanitarias y los especialistas han hecho durante años sobre los peligros de los procedimientos estéticos realizados fuera de centros autorizados.

Mientras continúa su recuperación, la influencer insiste en que su experiencia sirva como una alerta para quienes buscan tratamientos de bajo costo sin verificar la formación de quienes los practican y las condiciones sanitarias en las que se realizan.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda llegó a Bucaramanga para fortalecer apoyos políticos y ambientales en Santander, una región donde la defensa del páramo de Santurbán y del agua se ha convertido en uno de los principales temas del debate público. El candidato aprovechó una movilización convocada por organizaciones sociales para presentar varias de sus propuestas en materia ambiental.

Durante el evento, Cepeda firmó por primera vez un pacto por el agua con líderes ambientales y se comprometió a priorizar la protección de los páramos, ríos y ecosistemas estratégicos por encima de intereses económicos. El acto se llevó a cabo en la entrada de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde fue recibido por estudiantes y representantes de diferentes sectores.

La visita del aspirante presidencial también tuvo un claro componente político, pues busca consolidar respaldos en Santander antes de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Según información publicada por Blu Radio, la jornada se desarrolló en medio de una movilización en defensa del páramo de Santurbán.

La marcha partió desde el sector de La Puerta del Sol y recorrió la carrera 27 de Bucaramanga hasta llegar a la Universidad Industrial de Santander.

Allí, organizaciones sociales, sindicales y colectivos ambientales participaron en un encuentro en el que el candidato expuso varias de sus propuestas relacionadas con la protección del recurso hídrico.

Cepeda se comprometió a proteger Santurbán y descartar el fracking

Durante su intervención, Iván Cepeda anunció la firma de un acuerdo con organizaciones ambientalistas de Santander.

“Acabamos de firmar un pacto por el agua en Santander. Nos comprometemos a cuidar los páramos, el agua y los ríos del país”, afirmó el candidato, citado por Blu Radio.

El aspirante presidencial también aseguró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, no permitirá el desarrollo de proyectos de fracking en Colombia.

Asimismo, defendió la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua y reiteró la importancia de preservar ecosistemas estratégicos como el páramo de Santurbán.

Cepeda planteó además la construcción y el fortalecimiento de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en municipios del área metropolitana de Bucaramanga, entre ellos Girón.

Según explicó, estas obras forman parte de una estrategia para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la gestión ambiental en la región.

“La política debe entender que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. El agua es la fuente de la vida y debe garantizarse para todas las comunidades”, manifestó.

El candidato aprovecha una bandera histórica de Santander

Durante el encuentro, Cepeda también lanzó cuestionamientos contra sectores que respaldan la explotación de hidrocarburos mediante fracking.

El candidato sostuvo que ese tipo de proyectos representan una amenaza para ecosistemas estratégicos y para las fuentes de abastecimiento de agua.

La movilización que acompañó su visita reunió a organizaciones que durante años han liderado campañas en defensa del páramo de Santurbán, considerado una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.

La protección del agua y el rechazo a la minería en zonas de páramo se han convertido en una de las principales banderas de numerosos movimientos sociales de Santander.

Según información publicada por Blu Radio, Cepeda busca capitalizar ese respaldo en una región donde los debates ambientales han tenido una fuerte incidencia política.

Con la firma del pacto por el agua, el candidato pretende consolidar apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Abelardo de la Espriella.

La defensa de Santurbán y la protección de las fuentes hídricas aparecen así como algunos de los temas con los que busca ganar respaldo entre los votantes del departamento y fortalecer su presencia en una de las regiones más activas en materia ambiental del país.

Las empresas generadoras de energía advirtieron que la deuda acumulada por Air-e Intervenida podría superar los tres billones de pesos a finales de este año y encendieron las alarmas sobre la capacidad del sistema para enfrentar el fenómeno de El Niño. El llamado fue hecho por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que alertó sobre las dificultades financieras que atraviesa el sector.

Según el gremio, los compromisos pendientes con Air-e ascienden actualmente a cerca de 2,5 billones de pesos y aumentan a un ritmo cercano a los 140.000 millones de pesos mensuales. De mantenerse esa tendencia y si no se realizan abonos, la deuda podría llegar a 3,2 billones de pesos en diciembre.

Andeg aseguró que la falta de recursos amenaza los preparativos realizados por las generadoras para afrontar un eventual fenómeno de El Niño y advirtió que podrían presentarse dificultades para garantizar el suministro de energía a partir de 2027. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el gremio considera que no existe una solución clara por parte del Gobierno nacional.

El director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, explicó que las plantas térmicas requieren alrededor de 1,5 billones de pesos mensuales para adquirir el combustible necesario para la generación de energía.

“Para nosotros comprar el combustible que nos generará energía un mes en todas las plantas térmicas del país nos vale cerca de 1.5 billones de pesos, entonces estaríamos iniciando este fenómeno con un mes sin caja para comprarlo. La verdad lo que notamos es que no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno. Como decimos, no hay ninguna priorización de desembolsar esos recursos”, afirmó Castañeda, citado por Blu Radio.

Generadoras cuestionan la gestión de la intervención de Air-e

El dirigente gremial sostuvo que las empresas del sector comenzaron desde el año pasado los preparativos para enfrentar un periodo prolongado de altas temperaturas, mediante mantenimientos programados y el alistamiento logístico para garantizar el suministro de combustible.

Sin embargo, advirtió que la ausencia de soluciones financieras podría poner en riesgo esos esfuerzos.

De acuerdo con Castañeda, la situación se ha agravado durante los 20 meses de intervención de Air-e y cuestionó la forma en que el Gobierno ha manejado la empresa.

“El Gobierno Nacional no tiene ni idea del por qué intervino la empresa Air-e. No sabía en qué se estaba metiendo, ni lo sabe después de 20 meses de gestión”, afirmó el director ejecutivo de Andeg, según información publicada por Blu Radio.

El dirigente señaló que cuando el Ejecutivo asumió la operación de la compañía existía una deuda cercana a los 500.000 millones de pesos, una parte vencida y otra pendiente de pago.

A juicio del gremio, la intervención debía garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico.

Andeg teme dificultades para enfrentar la sequía

La asociación también manifestó preocupación por las consecuencias que tendría una eventual falta de recursos en medio del fenómeno de El Niño.

“Será complejo soportar los golpes del fenómeno El Niño”, advirtió Castañeda, quien insistió en la necesidad de garantizar recursos para las empresas generadoras.

El directivo también cuestionó los cambios constantes de agentes especiales al frente de Air-e, al considerar que esas modificaciones dificultan la comprensión y atención de la crisis que enfrenta la compañía.

Según el gremio, la estabilidad administrativa resulta fundamental para avanzar en soluciones de largo plazo.

La advertencia se produce en momentos en que el país se prepara para enfrentar un nuevo periodo de altas temperaturas y una posible reducción en las lluvias, condiciones que incrementan la dependencia de las plantas térmicas para garantizar la estabilidad del sistema energético.

En ese escenario, las generadoras consideran que resolver la situación financiera de Air-e será determinante para evitar que las dificultades económicas terminen afectando la capacidad de respuesta del país frente a una eventual temporada de sequía.

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva etapa del proceso disciplinario contra Helbert Panqueva, exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia y monitoreo para la entidad. El organismo de control formuló pliego de cargos tras advertir posibles anomalías en un contrato celebrado durante 2023.

La investigación busca establecer si dentro de un acuerdo destinado a la vigilancia de las sedes de la empresa se incluyó un servicio permanente de escolta para el entonces gerente, sin que existiera una justificación relacionada con un nivel de riesgo alto. Según la Procuraduría, esa situación podría comprometer principios que rigen la función administrativa y el manejo de los recursos públicos.

El ente de control calificó provisionalmente la conducta atribuida al exdirectivo como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el proceso disciplinario entra ahora en una nueva fase en la que Panqueva podrá ejercer su derecho a la defensa y controvertir los señalamientos formulados en su contra.

La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y se centra en un contrato bilateral celebrado durante la vigencia de 2023 para la prestación de servicios de vigilancia y monitoreo en las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo.

Según las indagaciones preliminares, el acuerdo habría contemplado un componente adicional que llamó la atención del organismo de control: la prestación permanente de servicios de escolta para el gerente de la entidad.

Procuraduría busca determinar si existía una justificación para el esquema

La actuación disciplinaria pretende establecer si la asignación del servicio de protección contaba con los soportes técnicos y las condiciones necesarias para justificar un esquema permanente de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, la Procuraduría intenta determinar si la decisión fue adoptada sin que existiera una acreditación formal de un nivel de riesgo alto que hiciera necesario brindar ese tipo de protección al entonces directivo de la empresa.

La entidad considera que el caso podría involucrar una eventual vulneración de los principios de responsabilidad y moralidad pública, que hacen parte de las obligaciones que deben observar los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni una decisión definitiva, sino un paso procesal dentro de la actuación disciplinaria que permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En esta etapa, el organismo de control expone las conductas que considera susceptibles de investigación y las calificaciones preliminares sobre las que se desarrollará el proceso.

El exgerente podrá presentar pruebas y ejercer su defensa

Con la decisión adoptada por la Procuraduría, Helbert Panqueva tendrá la posibilidad de presentar pruebas y argumentos encaminados a desvirtuar los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

La actuación se produce varios años después de la celebración del contrato y se suma a las labores de vigilancia que adelanta el ente de control sobre el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal.

Según información publicada por Blu Radio, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida al exgerente como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Ese concepto corresponde a una valoración inicial que podrá ser objeto de análisis y discusión durante las siguientes etapas del proceso disciplinario.

Mientras avanza la actuación, el organismo de control continuará evaluando las circunstancias en las que fue celebrado el contrato y si la inclusión del servicio de escolta permanente para el entonces gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga se ajustó a los criterios y requisitos exigidos por la normatividad vigente.

Los usuarios que esperaban una reducción en las tarifas de los peajes de Autopistas del Café tendrán que esperar varios meses más. El Gobierno nacional confirmó que el beneficio no entrará en vigencia durante 2026 y que su implementación quedó aplazada hasta comienzos de 2027. La decisión fue anunciada por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera.

La funcionaria aseguró que las tarifas diferenciales para los municipios ubicados en el corredor Manizales-Pereira-Armenia solo comenzarán a operar una vez concluya el actual contrato de concesión. Según explicó, el cambio está previsto para finales de febrero o comienzos de marzo del próximo año.

El Gobierno también descartó la posibilidad de poner en marcha la medida de manera anticipada debido a las limitaciones presupuestales y al costo que tendría subsidiar la diferencia entre la tarifa actual y la que se pretende aplicar a los beneficiarios. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el Ejecutivo calcula que esa diferencia asciende a cerca de 17.100 pesos por cada vehículo que transite por los peajes.

La aclaración fue realizada por Luz María Múnera durante una entrevista concedida a la emisora UMFM de la Universidad de Manizales, donde explicó que la decisión de establecer tarifas diferenciales ya fue adoptada, aunque todavía existen compromisos contractuales que deben cumplirse antes de ponerla en funcionamiento.

“La decisión ya está tomada. Eso va a estar a partir del mes de marzo del próximo año. Lo que pasa es que hay unos contratos que hay que finiquitar. Vamos a tener siete municipios en los que las personas deberán inscribir su vehículo con su placa para pagar solo $700 por cada paso”, afirmó Múnera, citada por Blu Radio.

Gobierno descarta aplicar la medida durante este año

La consejera presidencial fue enfática en señalar que el beneficio no podrá entrar en operación en los próximos meses, pese a las expectativas generadas alrededor de la iniciativa.

Según explicó, las restricciones presupuestales han impedido que el Gobierno asuma desde ahora el costo que representaría subsidiar las tarifas de los peajes.

La funcionaria indicó que la diferencia entre el valor actual y el monto preferencial que se pretende establecer obligaría al Estado a destinar recursos adicionales por cada vehículo que atraviese las estaciones de peaje, situación que actualmente no sería viable.

La medida busca beneficiar a habitantes de siete municipios, cuyos propietarios de vehículos deberán registrar las placas para acceder a la tarifa especial prevista por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la implementación del esquema quedó condicionada a la finalización del contrato vigente y a la transición hacia un nuevo modelo de administración del corredor vial.

El Gobierno ratifica que no renovará la concesión

Durante la entrevista, Múnera reiteró que la decisión del Ejecutivo consiste en no prorrogar el contrato actual y asumir directamente la operación del corredor Manizales-Pereira-Armenia.

La funcionaria aclaró además que el fin de la concesión no implicará la desaparición de los peajes. Por el contrario, estos continuarán funcionando, aunque bajo administración estatal.

Será precisamente después de ese cambio cuando comenzarán a aplicarse las tarifas preferenciales anunciadas para los municipios beneficiados.

La explicación de la Consejería Presidencial para las Regiones se conoce en momentos en que distintos sectores del Eje Cafetero han venido reclamando una reducción en los costos de los peajes de Autopistas del Café y una mayor participación del Estado en la administración de la infraestructura vial.

Por ahora, el Gobierno mantiene la decisión de implementar las tarifas diferenciales, pero confirmó que los usuarios deberán esperar hasta comienzos de 2027 para acceder al beneficio.

Avianca anunció una investigación interna luego de la denuncia hecha por Sofía Méndez, esposa del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien aseguró que varias pertenencias desaparecieron de una maleta perteneciente a su hijo menor de edad durante un viaje internacional. La controversia se originó tras un recorrido con conexiones entre Ciudad de México, Bogotá y Montería.

La primera dama de Sincelejo sostiene que el equipaje fue manipulado y que al revisar la maleta encontró únicamente una Biblia y los pañales del niño, mientras que el resto de los objetos había desaparecido. El caso fue expuesto públicamente por la propia Méndez a través de sus redes sociales.

La aerolínea aseguró que activó los protocolos de atención desde el momento en que recibió el reporte y confirmó que adelanta una revisión para establecer qué ocurrió durante el trayecto. Según información publicada por El Tiempo, la compañía también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes.

De acuerdo con el relato de Sofía Méndez, el viaje fue realizado junto a su familia y durante el trayecto registraron cinco maletas: dos a nombre de ella, dos correspondientes a su esposo y una perteneciente a su hijo.

La familia recibió el equipaje en Montería sin advertir anomalías visibles y posteriormente se desplazó hasta Sincelejo. Sin embargo, la situación cambió cuando decidieron revisar la maleta del menor.

La denuncia se hizo pública tras varios reclamos

Según la versión de la esposa del alcalde de Sincelejo, el equipaje presentaba un peso inusual y los objetos en su interior se encontraban desordenados.

Méndez aseguró que únicamente permanecían dentro de la maleta una Biblia y los pañales del niño, mientras que las demás pertenencias habían desaparecido.

La primera dama atribuyó lo sucedido a una posible manipulación del equipaje durante la cadena de custodia del transporte aéreo.

Tras descubrir la situación, afirmó haber iniciado una reclamación formal ante Avianca mediante los canales de atención habilitados por la empresa.

Según explicó, diligenció formularios, suministró información sobre los elementos faltantes y presentó varias solicitudes de atención.

Ante lo que calificó como una respuesta insuficiente, decidió hacer pública la situación y solicitar la intervención de organismos como la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte.

“Cuando entregamos nuestro equipaje a una aerolínea confiamos en que llegará a salvo a su destino”, escribió Méndez en sus redes sociales, según recoge El Tiempo.

Avianca afirma que revisa toda la cadena de custodia

La compañía respondió mediante un comunicado oficial conocido por El Tiempo, en el que indicó que los protocolos de atención fueron activados desde que se recibió la reclamación.

“Desde el momento en que se recibió el reporte, nuestro equipo de servicio al cliente activó los protocolos de atención correspondientes para brindar el acompañamiento y la asistencia requerida a la viajera”, señaló Avianca.

La aerolínea también informó que abrió una investigación interna para reconstruir los detalles del recorrido realizado por el equipaje.

“Es importante señalar que el transporte de equipaje involucra una cadena de custodia compartida en la que intervienen múltiples actores aeroportuarios, de seguridad y aduaneros en los distintos países y terminales. Por ello, estamos recopilando de manera exhaustiva los registros de cada etapa del proceso”, explicó la compañía.

Asimismo, Avianca indicó que trabajará conjuntamente con las autoridades y los operadores aeroportuarios para esclarecer lo sucedido.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes causados a nuestra usuaria. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, la confianza y el bienestar de todos nuestros pasajeros en cada uno de sus viajes”, concluyó el comunicado.

Mientras avanza la investigación, la denuncia realizada por Sofía Méndez ha reabierto el debate sobre los controles y las garantías de seguridad en el manejo del equipaje durante los vuelos internacionales.

La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria para que conjuntos residenciales de la ciudad puedan acceder a sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia valorados en más de 17 millones de pesos. La iniciativa busca promover el uso eficiente del recurso hídrico y preparar a la capital frente a posibles periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.

Los proyectos seleccionados podrán recibir soluciones para recolectar, conducir y almacenar aguas lluvias, que posteriormente podrán ser utilizadas en actividades que no requieren agua potable. La estrategia es liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat y está dirigida a propiedades horizontales de uso residencial.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de junio y contempla beneficios por hasta 17.509.050 pesos para cada conjunto residencial escogido. Según información publicada por El Tiempo, la iniciativa está enfocada en inmuebles ubicados en estratos 1, 2 y 3 de la ciudad.

El objetivo es disminuir la presión sobre el sistema de abastecimiento de agua potable y fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar los efectos del cambio climático.

Las soluciones permitirán aprovechar las lluvias para tareas como el riego de jardines, la limpieza de zonas comunes y otras actividades que no requieren el uso de agua potable.

Además de la instalación de los sistemas, el programa contempla procesos de capacitación para administradores, trabajadores encargados del mantenimiento y residentes de las propiedades horizontales.

Los sistemas permitirán ahorrar agua y reducir costos

La estrategia impulsada por el Distrito busca fomentar alternativas que contribuyan a un consumo más eficiente del recurso hídrico.

Los sistemas incluirán mecanismos para la recolección, conducción y almacenamiento del agua lluvia, con el propósito de utilizarla posteriormente en espacios comunes de los conjuntos residenciales.

Según explicó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, estas soluciones permitirán disminuir la presión sobre los embalses y generar un ahorro económico para las comunidades.

“Con esto vamos a poder regar los jardines, lavar las zonas comunes y hacer las labores de limpieza usando el agua que nos da la naturaleza. Es un alivio enorme para el bolsillo de la comunidad, reducimos la presión sobre nuestros embalses y, lo más importante, protegemos el futuro de Bogotá”, afirmó la funcionaria, citada por El Tiempo.

Las autoridades consideran que este tipo de medidas resultan especialmente importantes ante la posibilidad de enfrentar temporadas secas asociadas al fenómeno de El Niño.

La iniciativa también busca fortalecer la sostenibilidad ambiental y promover una cultura de uso responsable del agua en la ciudad.

Hasta el 19 de junio estarán abiertas las postulaciones

La Secretaría de Hábitat informó que los administradores o representantes legales interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el próximo 19 de junio.

Antes de realizar la inscripción, la entidad recomendó consultar la Circular 12 de 2026, documento en el que se encuentran los requisitos, documentos exigidos y criterios de priorización del proceso.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a propiedades horizontales de uso residencial ubicadas en estratos 1, 2 y 3 que cuenten con las condiciones necesarias para instalar este tipo de sistemas.

Las autoridades señalaron que tendrán prioridad los proyectos que generen un mayor impacto social y ambiental y que beneficien a comunidades ubicadas en zonas con mayores necesidades relacionadas con el recurso hídrico.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta el potencial de aprovechamiento del agua lluvia, las características físicas de la copropiedad, el impacto social y las condiciones de vulnerabilidad hídrica de cada sector.

También se analizarán los niveles de precipitación registrados en las zonas donde se encuentran ubicados los conjuntos residenciales.

La Secretaría de Hábitat recordó que la inscripción no garantiza automáticamente la asignación del beneficio.

La selección final dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos, de la viabilidad técnica de las propuestas presentadas y de la disponibilidad de recursos para ejecutar el programa.

El consumo de energía en Colombia alcanzó máximos históricos durante mayo de 2026, una situación que coincide con una disminución en las reservas de agua y que obligará al país a reforzar de manera preventiva la generación térmica ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las cifras muestran que la demanda residencial e industrial continúa creciendo a un ritmo superior al previsto inicialmente.

La demanda eléctrica aumentó un 8,76 % frente al mismo mes de 2025 y se ubicó cerca de los escenarios más extremos proyectados por los expertos. Según información publicada por El Tiempo, el comportamiento del consumo superó en 245 GWh-mes el Escenario Medio de proyecciones elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Al mismo tiempo, los embalses del país registraron un volumen útil agregado del 69,43 %, un nivel inferior a la senda de invierno establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Este escenario ha llevado al Sistema Interconectado Nacional a preparar una mayor participación de las plantas térmicas para enfrentar una eventual reducción de las lluvias.

Actualmente, el sistema eléctrico colombiano dispone de una Capacidad Efectiva Neta de 21.315,61 megavatios en operación comercial. El 62 % de esa capacidad corresponde a generación hidráulica, mientras que las centrales térmicas representan el 29 % y la energía solar aporta el 9 % restante.

El incremento en el consumo de electricidad ha estado asociado principalmente al aumento de las temperaturas máximas registrado desde marzo en diferentes regiones del país.

De acuerdo con los datos citados por El Tiempo, la demanda creció un 5,67 % en marzo, un 6,7 % en abril y alcanzó un 8,76 % en mayo, consolidando el mayor nivel de consumo residencial e industrial registrado hasta ahora en el Sistema Interconectado Nacional.

Los embalses se mantienen por debajo de la meta prevista

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con el comportamiento de las reservas hídricas.

Al corte del 4 de junio, el volumen útil agregado de los embalses se ubicó en 69,43 %, una cifra que se encuentra 0,63 puntos porcentuales por debajo de la trayectoria de almacenamiento definida por la CREG para la temporada invernal.

Según los análisis técnicos, el país necesita incrementar progresivamente las reservas para afrontar una eventual temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

Los modelos utilizados por los expertos consideran variables como las proyecciones de demanda elaboradas por la UPME, los cronogramas de nuevos proyectos energéticos, los mantenimientos programados y las características operativas declaradas por las plantas del país.

De acuerdo con esas simulaciones, Colombia debería llegar con un volumen útil superior al 80 % en los embalses antes del inicio del verano de 2026-2027 para garantizar la atención de la demanda sin riesgos para el suministro.

El informe señala que ese proceso de llenado preventivo debería consolidarse de manera progresiva desde agosto de este año.

El sistema se prepara para aumentar la generación térmica

Ante la posibilidad de enfrentar una hidrología deficitaria asociada al fenómeno de El Niño, los expertos consideran necesario fortalecer la participación de las plantas termoeléctricas.

Según las proyecciones recogidas por El Tiempo, esperar a que las reservas continúen descendiendo implicaría un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.

El escenario base toma como referencia las condiciones registradas durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016, uno de los eventos más severos de las últimas décadas.

Bajo esa simulación, las centrales térmicas tendrían que mantener una generación superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca.

Esa exigencia obligaría a las autoridades a garantizar el suministro de combustibles y adoptar medidas que permitan mantener la capacidad operativa del parque térmico.

Los especialistas advierten además que estos cálculos se realizan bajo condiciones ideales y sin considerar contingencias adicionales, fallas imprevistas en las plantas o una prolongación extraordinaria de la sequía.

Si alguno de esos factores llegara a presentarse, el país tendría que aumentar aún más la generación térmica para preservar la estabilidad del sistema y evitar riesgos para el abastecimiento de energía.

La Terminal de Transporte de Bogotá lanzó una alerta a los conductores que utilizan las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) tras recibir reportes sobre posibles fraudes y casos de suplantación de operadores en varios sectores de la ciudad. Las denuncias han llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones para evitar que los usuarios sean víctimas de cobros irregulares.

Los reportes se han concentrado en localidades como Suba, Chapinero y Fontibón, donde algunas personas estarían cobrando por el servicio sin estar autorizadas o haciéndose pasar por trabajadores del sistema. Según información publicada por El Tiempo, la situación ha generado preocupación entre las autoridades distritales.

La entidad recordó que hacerse pasar por funcionarios o utilizar indebidamente la imagen institucional constituye una conducta ilegal que puede derivar en investigaciones y acciones judiciales. Por esa razón, insistió en que los usuarios deben verificar la identidad del personal y utilizar únicamente los canales oficiales para efectuar los pagos.

De acuerdo con la Terminal de Transporte, los operadores autorizados deben portar uniforme e identificación visible. Los trabajadores oficiales están obligados a llevar carné, gorra y chaqueta azul con el logo de Zona de Parqueo Pago y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La advertencia se produce luego de que la entidad recibiera denuncias relacionadas con cobros irregulares y procedimientos que no corresponden al funcionamiento establecido para el sistema.

Suba, Chapinero y Fontibón concentran las denuncias

Las autoridades señalaron que las anomalías han sido reportadas principalmente en las localidades de Suba, Chapinero y Fontibón.

Ante esta situación, la Terminal recordó que los ciudadanos cuentan con una herramienta que permite verificar en tiempo real si una persona está autorizada para prestar el servicio.

Según explicó la entidad, los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Zona de Parqueo Pago y acceder a la opción “Verifica al personal”. Allí es posible consultar, mediante el número de cédula del operador, si este hace parte del sistema.

Cuando la información corresponde a un colaborador autorizado, la plataforma muestra el mensaje “Personal activo Verificado”, junto con el cargo que desempeña y las zonas en las que está habilitado para trabajar.

Por el contrario, si aparece el mensaje “No verificado”, la recomendación es abstenerse de realizar cualquier pago y reportar la situación a las autoridades.

La Terminal indicó que esta herramienta busca brindar mayores garantías a los usuarios y reducir los riesgos asociados a la suplantación de operadores.

Autoridades advierten sobre pagos no autorizados

La entidad también recordó cuáles son los únicos mecanismos habilitados para efectuar pagos anticipados por el uso de las Zonas de Parqueo Pago.

Entre ellos figuran la aplicación ZPP Bogotá para dispositivos iOS y Android, el asistente virtual ZIPI a través de la línea de WhatsApp 305 939 3333 y las plataformas aliadas Flypass y Gopass.

Para quienes prefieren realizar pagos en efectivo, la recomendación es exigir siempre el comprobante oficial, el cual es enviado al número de celular registrado por el usuario.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con las transferencias a cuentas personales o billeteras digitales.

La Terminal enfatizó que los operadores autorizados no están facultados para recibir dinero mediante Nequi, Daviplata ni otras plataformas similares, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe ser considerada una señal de alerta.

La entidad también aclaró que el sistema no entrega vales ni recibos elaborados manualmente y advirtió que utilizar mecanismos no autorizados no valida el uso del estacionamiento ni evita eventuales sanciones por parte del personal oficial.

En caso de detectar irregularidades, la recomendación es no entregar dinero a personas no identificadas y reportar inmediatamente la situación a los canales oficiales.

La Terminal recordó que las Zonas de Parqueo Pago forman parte de la estrategia distrital para mejorar la movilidad, organizar el estacionamiento en vía y recuperar el espacio público. Además, señaló que los recursos obtenidos son destinados a programas relacionados con señalización, cultura ciudadana, movilidad y al Fondo de Estabilización Tarifaria.

Seis meses después del accidente que cobró la vida de 17 personas en Antioquia, las autoridades anunciaron una millonaria sanción contra Precoltur, la empresa propietaria del bus siniestrado, tras detectar múltiples irregularidades que, según la investigación administrativa, comprometían la seguridad de los pasajeros. La medida fue adoptada por la Superintendencia de Transporte luego de recopilar pruebas y verificar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte especial.

La sanción asciende a 4.215 millones de pesos y se produce después de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia ordenaran, en diciembre pasado, la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía. Según las autoridades, los hallazgos encontrados evidenciaron la necesidad de fortalecer los controles sobre este tipo de servicios.

Las investigaciones revelaron fallas relacionadas con la comunicación con los conductores, programas de capacitación incompletos, irregularidades en los contratos y problemas con la afiliación al sistema de seguridad social de quienes operaban los vehículos. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, estas deficiencias fueron consideradas por las autoridades como factores que comprometían la seguridad de los usuarios.

El accidente ocurrió la madrugada del 14 de diciembre de 2025, cuando un bus con más de 20 ocupantes se precipitó a un abismo en el municipio de Remedios, Antioquia.

La tragedia dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 jóvenes recién graduados y un adulto que regresaban de una excursión organizada para celebrar el final de sus estudios.

Desde entonces, el caso fue asumido por las autoridades competentes con el propósito de establecer las causas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

Hallazgos llevaron a una sanción superior a los 4.200 millones de pesos

La Superintendencia de Transporte informó que la investigación administrativa se centró en establecer si Precoltur cumplía con las normas de seguridad y con las obligaciones operativas exigidas para la prestación del servicio.

Como resultado de las verificaciones, la entidad concluyó que existían múltiples incumplimientos.

Según explicó el organismo, se revisaron aspectos relacionados con las claves operativas, los vehículos utilizados, la habilitación de la empresa, los mecanismos de comunicación y la capacitación suministrada a los conductores.

Producto de esas inspecciones, se identificaron deficiencias en la comunicación con los conductores y ausencia de tecnología y personal asignado para determinadas funciones.

Asimismo, se encontraron irregularidades en la afiliación de los conductores al sistema de seguridad social, programas de formación incompletos y problemas en los contratos de vinculación.

La Superintendencia sostuvo que esas situaciones comprometían directamente la seguridad de los pasajeros.

“La sanción busca garantizar que todas las empresas cumplan con sus obligaciones legales y sobre todo proteger la vida de los pasajeros o de los usuarios de transporte”, indicó la entidad, según información publicada por El Tiempo.

Las inspecciones al bus reforzaron varias hipótesis del accidente

Además de las irregularidades detectadas en la empresa, las autoridades también encontraron inconsistencias durante la revisión técnica del vehículo involucrado en el siniestro.

De acuerdo con los hallazgos divulgados, fueron detectadas mediciones incorrectas en el labrado de algunos componentes y omisiones relacionadas con la inspección de elementos externos e internos del bus.

También se evidenciaron deficiencias en la señalización reflectiva y en otros implementos considerados fundamentales para garantizar la seguridad del transporte.

La Superintendencia de Transporte reiteró que continuará ejerciendo labores de vigilancia sobre las empresas del sector con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.

“Porque cada vida importa y la movilidad es un derecho de todos”, señaló la entidad al reafirmar su compromiso con las labores de control.

Meses atrás, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había advertido que las autoridades no permitirían que irregularidades o negligencias en las revisiones técnicas siguieran cobrando vidas en las carreteras del país.

Mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el accidente, la sanción impuesta a Precoltur se convierte en una de las decisiones más severas adoptadas por las autoridades tras la tragedia que enlutó a Antioquia y que dejó una de las peores emergencias viales registradas recientemente en la región.

La difusión de un video que muestra a dos estudiantes enfrentándose a golpes encendió las alarmas en la comunidad educativa del INEM Jorge Isaacs de Cali y motivó la apertura de una investigación interna. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por el aumento de las riñas entre alumnos dentro y fuera de la institución.

Directivos del colegio confirmaron que el caso ya es analizado por el comité de convivencia escolar, mientras la Secretaría de Educación Distrital anunció que la situación será discutida en una reunión con las directivas del plantel. Según información publicada por Blu Radio, el episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática que viene siendo reportada desde hace varios meses.

Líderes comunitarios y vecinos del sector aseguran que las confrontaciones involucran principalmente a estudiantes mujeres y que algunas de estas peleas son organizadas previamente para ser observadas por otros jóvenes. La situación ha generado inquietud entre residentes y padres de familia debido a la frecuencia con la que estarían ocurriendo estos enfrentamientos.

El caso más reciente quedó registrado en un video en el que aparecen dos adolescentes con uniforme escolar agrediéndose físicamente mientras son observadas y alentadas por otros estudiantes. Según versiones conocidas por la comunidad, incluso algunos padres de familia habrían estado involucrados en situaciones relacionadas con estos conflictos.

La institución educativa está ubicada en el norte de Cali y es considerada uno de los colegios más representativos de la ciudad. Por esa razón, los hechos han generado una amplia reacción tanto dentro como fuera de la comunidad académica.

Vecinos denuncian aumento de enfrentamientos entre estudiantes

Habitantes de los alrededores del colegio aseguran que las riñas se han convertido en una situación recurrente y que varios de los enfrentamientos ocurren en espacios públicos cercanos a la institución.

De acuerdo con Johan Sebastián Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Calima, los puntos donde más frecuentemente se presentan estos episodios son los alrededores de la carrera Quinta con calle 62 y el teatrino ubicado en el parque central del sector.

“Se ven sobre los alrededores de la carrera Quinta con 62, o se acumula en el teatrino del parque central del barrio para hacer la redonda y pelear. La mayoría de los casos han sido niñas entre los 14 y 15 años, entre séptimo y octavo en adelante”, explicó Guerrero, citado por Blu Radio.

Los residentes también aseguran que la situación se ha incrementado desde que dejó de existir presencia permanente de la Policía Comunitaria en la zona. Según su percepción, esa ausencia habría reducido la capacidad de prevención frente a este tipo de conflictos juveniles.

La preocupación no solo involucra a los estudiantes del INEM, sino también a jóvenes de otras instituciones educativas cercanas que comparten espacios comunes en el sector.

Piden acciones para frenar la violencia escolar

Líderes comunitarios sostienen que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener el problema. Por ello, están solicitando nuevas estrategias pedagógicas y de acompañamiento que permitan reducir las confrontaciones entre estudiantes.

“Siempre se citan para tener estas confrontaciones entre jóvenes por sus diferencias o muchas veces por querer agradar a sus compañeros. Aunque se han tenido charlas, se ha hablado con el rector, se han tenido otras situaciones en las cuales se ha tratado de apoyar con la Policía, no ha sido posible acabar con esa situación”, afirmó Carlos Peláez, líder de la zona.

Según los vecinos, el impacto de estas riñas trasciende el ámbito escolar y termina afectando la convivencia en sectores residenciales cercanos, donde con frecuencia se reúnen grupos de estudiantes antes o después de la jornada académica.

Blu Radio informó que intentó obtener una versión del rector de la institución, aunque hasta el momento de la publicación no se había recibido respuesta. Sin embargo, sí se conoció un comunicado oficial en el que el colegio confirmó que los hechos están siendo investigados por los mecanismos internos de convivencia.

Mientras avanzan las indagaciones, la Secretaría de Educación Distrital analizará el caso junto con las directivas del plantel para evaluar posibles medidas que permitan prevenir nuevos episodios de violencia entre estudiantes y fortalecer los procesos de convivencia escolar.

Los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán estarían facilitando el crecimiento de la minería ilegal dentro de uno de los ecosistemas más estratégicos del nororiente colombiano. Esa fue la principal conclusión expuesta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.

Los organismos de control advirtieron que, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, el proceso continúa sin completarse. Según señalaron, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales e institucionales que hoy afectan a las comunidades de la región.

La Procuraduría concluyó que la demora ha propiciado el aumento de la extracción ilícita de minerales dentro del ecosistema, además del crecimiento de la informalidad y nuevas dificultades para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan la zona. Las observaciones quedaron consignadas en el XXV Informe de Seguimiento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, según información publicada por Blu Radio.

El documento, con corte al 30 de abril de 2026, expone una serie de incumplimientos que, a juicio de los organismos de control, han impedido avanzar hacia una solución definitiva para la delimitación del páramo.

La situación preocupa especialmente porque Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de Santander y Norte de Santander, por lo que cualquier afectación ambiental genera repercusiones que van más allá de las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

Procuraduría llevará hallazgos a la Fiscalía

Uno de los puntos más delicados del informe tiene relación con la capacidad del Estado para ejercer control sobre actividades ilegales dentro del ecosistema.

La Procuraduría sostuvo que la prolongación del proceso ha limitado la capacidad institucional para enfrentar fenómenos como la minería ilegal, situación que continúa generando afectaciones ambientales en la zona de influencia del páramo.

Ante ese panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de extracción ilícita de minerales que presuntamente se estarían desarrollando en áreas cercanas a Santurbán.

Los organismos de control consideran que la ausencia de una delimitación definitiva ha generado incertidumbre sobre el manejo del territorio y ha dificultado la adopción de medidas más efectivas para proteger el ecosistema.

Además de las preocupaciones relacionadas con la minería ilegal, el informe identifica otros incumplimientos que comprometen el avance del proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Cuestionan al Ministerio de Ambiente por nuevos incumplimientos

La Procuraduría también formuló observaciones sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de las órdenes judiciales asociadas a la delimitación.

Entre los hallazgos figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Según el ente de control, esta situación no es nueva y se viene registrando de manera reiterada desde 2019.

El documento también señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los retrasos en las mesas de concertación con las comunidades. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían desarrollarse encuentros en 15 municipios. Sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones programadas fue realizada.

Los organismos de control también encontraron deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”, donde identificaron ausencia de información reciente, diferencias entre cronogramas publicados y reportados oficialmente, así como la falta de publicación de varios informes de seguimiento.

Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar la delimitación del páramo, establecer fechas concretas para las mesas pendientes y fijar un plazo para expedir el acto administrativo definitivo. Además, anunciaron el traslado de copias a dependencias disciplinarias para evaluar posibles responsabilidades de funcionarios relacionados con los incumplimientos detectados.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda aseguró desde Medellín, Antioquia, que su campaña presentará ante las autoridades lo que calificó como un conjunto de hallazgos relacionados con una presunta compra de votos.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que la información recopilada apunta a supuestas prácticas que estarían siendo utilizadas por su contendor, Abelardo de la Espriella.

Cepeda indicó que el abogado Miguel Ángel del Río será el encargado de llevar ante las autoridades competentes el material que, según dijo, ha sido recopilado durante las últimas semanas de campaña. El anuncio se produjo durante una concentración política realizada en la capital antioqueña, en la recta final de la carrera por la Presidencia de la República.

Las declaraciones elevan la tensión política entre las dos campañas cuando faltan pocos días para que los colombianos regresen a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro. Según información publicada por Blu Radio, el pronunciamiento ocurrió ante miles de seguidores que asistieron al evento realizado en Medellín.

La acusación surgió después de que, días atrás, Abelardo de la Espriella hiciera referencia a personas que, según sus afirmaciones, estarían involucradas en presuntas irregularidades electorales en algunas regiones del país. En ese escenario, Cepeda respondió anunciando que su campaña también prepara acciones relacionadas con posibles hechos que considera relevantes para las autoridades.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que la información será presentada formalmente y sostuvo que existen elementos que ameritan una revisión por parte de los organismos competentes.

Cepeda dice tener un “compendio de hallazgos”

Durante su intervención, Cepeda afirmó que la campaña ha recopilado información que, según él, evidenciaría intentos de influir de manera irregular en la voluntad de los votantes.

“Hay unos métodos que está utilizando el señor de la Espriella comprando votos. Hay que decirlo. El abogado Miguel Ángel del Río, a quien hemos comisionado, presentará en los próximos días el compendio de hallazgos que hemos hecho con relación a la manera como se está intentando comprar masivamente la conciencia del electorado”, manifestó el candidato, citado por Blu Radio.

Hasta el momento, durante el evento en Medellín no se divulgaron públicamente las pruebas ni los documentos a los que hizo referencia el aspirante presidencial. El anuncio se limitó a informar que el material será entregado en los próximos días ante las instancias correspondientes.

Las declaraciones se producen en medio de una campaña marcada por denuncias cruzadas, señalamientos políticos y una fuerte disputa por captar los votos necesarios para alcanzar la Presidencia en la segunda vuelta.

Llamado a organizar la votación y promesas para el campo

Además de referirse a las presuntas irregularidades electorales, Cepeda aprovechó su intervención para enviar un mensaje a sus simpatizantes y pedirles que se preparen para la jornada electoral.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el candidato instó a sus seguidores a organizar la votación con el objetivo de lograr la victoria en las urnas durante la segunda vuelta presidencial.

Durante su breve paso por Medellín también abordó temas relacionados con el campo colombiano. En particular, hizo referencia a la situación de las tierras de los campesinos y aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, buscará intensificar los procesos de entrega de tierras a las personas que viven en las zonas rurales del país.

El anuncio sobre las presuntas pruebas de compra de votos y las propuestas relacionadas con el sector rural hicieron parte de una agenda política que estuvo marcada por el ambiente electoral. Ahora la atención se concentra en la información que, según Cepeda, será presentada por Miguel Ángel del Río ante las autoridades y que podría convertirse en un nuevo episodio de confrontación entre las campañas que disputan la Presidencia de Colombia.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La determinación le permitirá recuperar esos derechos mientras continúa cumpliendo los compromisos adquiridos dentro del proceso de Justicia y Paz.

La decisión fue adoptada al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra una providencia que le había negado tanto la posibilidad de ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad que pesaba en su contra. Según información publicada por Blu Radio, el caso fue analizado por el Tribunal tras una decisión previa emitida por un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz.

El fallo representa un cambio en la situación jurídica de Vargas Pinto, quien había permanecido inhabilitado para ejercer derechos políticos pese a encontrarse sometido al régimen especial establecido por la Ley 975 de 2005. La corporación concluyó que la pena alternativa contemplada dentro de ese proceso tiene efectos sobre las sanciones ordinarias impuestas a los postulados.

Luis Alberto Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002. Permaneció en esa estructura armada hasta el 7 de mayo de 2004, fecha en la que fue capturado por las autoridades.

Posteriormente, se desmovilizó mientras se encontraba privado de la libertad y fue postulado formalmente a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz el 15 de enero de 2008, mecanismo creado para facilitar los procesos de verdad, justicia y reparación tras la desmovilización de grupos paramilitares.

El debate sobre la vigencia de la inhabilidad

La controversia jurídica surgió luego de que el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional concluyera que la sanción seguía vigente.

Según esa decisión, la inhabilidad únicamente podría extinguirse una vez quedaran ejecutoriadas todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones impuestas y del correspondiente periodo de libertad a prueba.

El juzgado consideró que el ordenamiento jurídico no contempla la suspensión anticipada de ese tipo de sanciones. Por esa razón rechazó la solicitud presentada por la defensa de Vargas Pinto.

Los abogados del exintegrante de las AUC cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que resultaba excesivamente restrictiva frente al proceso de reintegración adelantado por su representado. También argumentaron que la permanencia de la inhabilidad limitaba su resocialización al impedirle participar plenamente en la vida democrática y ejercer derechos reconocidos a otros ciudadanos.

Tribunal revocó la decisión de primera instancia

Al estudiar el recurso, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la pena alternativa contemplada en el marco de Justicia y Paz tiene efectos jurídicos distintos a los de las penas ordinarias.

“La pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”, señaló la corporación, según recoge Blu Radio.

El Tribunal también indicó que la finalidad de la pena alternativa no se limita únicamente a restringir la libertad del postulado. A juicio de los magistrados, este mecanismo busca promover el cumplimiento de compromisos relacionados con la reparación de los daños causados y facilitar procesos de resocialización.

Con base en ese análisis, la corporación decidió revocar parcialmente el auto emitido el 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa sometido a las obligaciones derivadas del proceso de Justicia y Paz. No obstante, deberá seguir cumpliendo los compromisos establecidos dentro del régimen especial que regula a los exintegrantes de grupos armados que se acogieron a ese mecanismo judicial.

Los familiares de una de las víctimas de la masacre que dejó cuatro campesinos muertos en Remedios, Antioquia, aseguran que las personas asesinadas no eran el objetivo de los hombres armados que perpetraron el ataque. Según su versión, la acción habría estado dirigida a sembrar temor entre integrantes de estructuras rivales que disputan el control territorial en el Nordeste antioqueño.

La afirmación fue hecha por Luis Alberto Botero, hermano de Efraín de Jesús Botero, uno de los cuatro campesinos asesinados en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. El familiar sostiene que ni su hermano ni las demás víctimas habían recibido amenazas previas y que no existían indicios que permitieran relacionarlos con alguno de los grupos armados que operan en la región.

La hipótesis de la familia apunta a que la masacre fue utilizada como una demostración de fuerza en medio de la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según información publicada por Blu Radio, los familiares consideran que el mensaje dejado por los atacantes refuerza esa interpretación.

Luis Alberto Botero explicó que su hermano dividía su tiempo entre labores de minería en el corregimiento de Santa Isabel y actividades agrícolas y ganaderas en la finca donde ocurrieron los hechos. El pasado sábado llegó al predio para realizar trabajos relacionados con el manejo de ganado y allí fue sorprendido por hombres armados junto a su esposa Rocío Silva y otros dos trabajadores.

De acuerdo con el relato de la familia, ninguno de ellos esperaba una situación de ese tipo. Tampoco tenían conocimiento de amenazas recientes o de una presencia activa de ese grupo armado en el sector donde se produjo la masacre.

La familia cree que el mensaje iba dirigido a otros actores armados

La principal razón que lleva a los familiares a descartar que los campesinos fueran el objetivo directo del ataque es el mensaje que, según relatan, dejaron los agresores en el lugar de los hechos.

Sobre una lona verde parcialmente consumida por el fuego que también destruyó dos viviendas, habría quedado escrita la frase: “Muerte a sapos Omar y Enano”. Para los allegados de las víctimas, el contenido de ese mensaje demuestra que los responsables buscaban enviar una advertencia a otras personas y no a quienes terminaron asesinando.

“El objetivo no era el hermano mío ni la gente que mataron. Nunca hubo un grafiti referente a mi hermano o a la gente de ahí de la finca que asesinaron. Era un mensaje de los del Clan del Golfo, que tenían que causar terror, miedo, y el mensaje era eso, ahí le damos sus muertos”, afirmó Luis Alberto Botero, citado por Blu Radio.

La declaración se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la masacre y determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Revelan detalles sobre los últimos momentos de las víctimas

El familiar también habló sobre los momentos previos al asesinato de los cuatro campesinos. Según explicó, las víctimas fueron retenidas por hombres armados y posteriormente ejecutadas.

Botero se refirió además a la fotografía que se hizo viral en redes sociales y que muestra a las víctimas amarradas de manos mientras permanecían bajo custodia de un hombre armado identificado por las autoridades como alias ‘Johan Veneco’, por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos.

Asimismo, explicó que el cuerpo de Efraín Botero fue encontrado después de los demás porque, aparentemente, intentó escapar al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

“Ellos quedaron aquí arriba, al pie de la peseta. El hermano mío, según vemos, al ver lo que está sucediendo, trató de huir, y huyó alrededor de 100 metros ya lo candelearon. Él fue muerto por tiros de fusil. Los demás no, según Medicina Legal”, relató.

Mientras se realizan las honras fúnebres de Efraín Botero y Rocío Silva en Remedios, Antioquia, la familia insiste en que las víctimas fueron personas ajenas a la confrontación armada y sostiene que el verdadero objetivo de los responsables era enviar un mensaje de terror dentro de la disputa criminal que afecta a esta región del país.

Con fotografías, documentos y meses de incertidumbre acumulada, familias de colombianos desaparecidos tras viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania llegarán al Congreso de la República para exigir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. El encuentro busca llamar la atención del Gobierno nacional y de organismos internacionales frente a casos que, según denuncian, permanecen sin avances pese a múltiples solicitudes de información.

Cinco familias de Santander y Norte de Santander hacen parte de esta iniciativa, que también reúne a más de 160 hogares de distintas regiones del país que aseguran haber perdido contacto con familiares que viajaron al conflicto europeo. Los afectados sostienen que han agotado diferentes canales institucionales sin obtener datos concretos sobre el estado o ubicación de quienes partieron al extranjero.

La jornada se realizará en Bogotá y tendrá como principal objetivo solicitar la intervención de la Cancillería, del Gobierno colombiano y de representantes diplomáticos para esclarecer qué ocurrió con decenas de colombianos desaparecidos tras llegar a zonas relacionadas con la guerra. Según información publicada por Blu Radio, los familiares esperan que el encuentro permita abrir nuevas rutas de investigación y cooperación internacional.

Entre las personas que lideran la iniciativa se encuentra Lorena del Pilar Gómez Rangel, residente en Girón, Santander. Su esposo, de 37 años, viajó al conflicto atraído por ofertas laborales y promesas de mejores ingresos, pero desde hace cinco meses no tiene noticias sobre su paradero.

La incertidumbre ha golpeado especialmente a su núcleo familiar. Gómez asegura que, pese a los esfuerzos realizados para obtener información, ninguna entidad le ha entregado respuestas claras sobre lo ocurrido con su esposo.

Familias dicen haber agotado las vías institucionales

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle. He enviado derechos de petición, radicados y correos a la Cancillería, pero nadie nos da información”, afirmó Gómez, citada por Blu Radio.

Su caso no es el único. Las familias sostienen que decenas de colombianos viajaron bajo promesas de empleo y mejores condiciones económicas, pero posteriormente dejaron de comunicarse con sus allegados.

Según los testimonios recopilados por los afectados, muchos fueron contactados por intermediarios que les ofrecieron salarios elevados y trabajos que, aparentemente, no implicaban participar directamente en acciones militares. Sin embargo, con el paso de los meses, varias familias perdieron completamente el contacto con ellos.

Los familiares aseguran que algunos de los colombianos habrían terminado en zonas de confrontación, una situación que incrementó la preocupación sobre su seguridad y su situación actual.

La falta de información ha llevado a que numerosas familias se agrupen para compartir datos, acompañarse mutuamente y buscar respuestas conjuntas ante diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Denuncian posible red de reclutamiento con falsas promesas

Uno de los aspectos que más inquieta a los familiares es la posibilidad de que detrás de varios de estos casos exista una estructura dedicada a captar personas mediante ofertas laborales engañosas.

Las esposas y madres de los desaparecidos sostienen que algunos hombres fueron convencidos de viajar para desempeñar labores de apoyo logístico, cocina o atención de heridos. Sin embargo, afirman que posteriormente habrían sido enviados a zonas directamente relacionadas con el conflicto armado.

“Los llevan engañados. Les prometen millones de pesos, pero muchas familias nunca volvieron a recibir noticias de ellos. Hay madres campesinas que no saben dónde pedir ayuda y sienten que han sido abandonadas por las instituciones”, manifestó Gómez.

La preocupación también es compartida por María Isabel Leal Meza, esposa de otro colombiano desaparecido. Según explicó, el temor y la incertidumbre han provocado que muchas familias prefieran no hacer públicas sus historias.

“La gente por miedo no habla. Nosotros nos hemos unido en un grupo con familias de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y otras regiones para apoyarnos y buscar respuestas”, señaló.

Durante la jornada prevista en el Congreso, los familiares solicitarán información sobre el estado y ubicación de los colombianos desaparecidos y pedirán que se investiguen los mecanismos mediante los cuales estas personas fueron contactadas para viajar al conflicto. Más allá de las explicaciones institucionales, las familias aseguran que su principal objetivo sigue siendo el mismo: saber qué ocurrió con sus seres queridos y obtener una respuesta después de meses de silencio.

La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump continúa generando cambios que afectan a colombianos que viajan por turismo, hacen negocios, residen legalmente o planean migrar a Estados Unidos. Durante los últimos meses, la administración estadounidense ha acelerado la implementación de medidas relacionadas con visas, solicitudes de asilo, acceso a beneficios públicos y procesos migratorios.

Las modificaciones alcanzan tanto a quienes buscan ingresar temporalmente al país como a migrantes que ya viven en territorio estadounidense bajo diferentes figuras legales. Algunas disposiciones ya están en vigor, mientras que otras comenzarán a aplicarse de manera gradual durante los próximos meses, según información publicada por El Tiempo.

Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas exigencias para obtener visas, restricciones para solicitantes de asilo, mayores controles sobre programas migratorios y modificaciones en el acceso a servicios de salud y procesos de residencia permanente. Estas son las principales medidas que hoy generan impacto entre la comunidad colombiana.

Uno de los ajustes más recientes se relaciona con las entrevistas para visas de no inmigrante. El Departamento de Estado ordenó incorporar nuevas preguntas obligatorias dirigidas a identificar si los solicitantes han sufrido maltratos en su país de origen o si temen regresar a él.

De acuerdo con la información recopilada por El Tiempo, una respuesta afirmativa podría ser interpretada como una posible intención de solicitar asilo en el futuro. Sin embargo, responder negativamente también podría generar dificultades posteriores si la persona decide iniciar un proceso de protección internacional.

Nuevas restricciones para asilo, DACA y ciudadanía

Otra de las medidas que comenzó a generar preocupación entre organizaciones migratorias es la implementación de nuevas tarifas para quienes soliciten asilo en Estados Unidos.

Las reglas establecen un pago inicial de 100 dólares para presentar la solicitud y un cobro adicional de 100 dólares por cada año que el caso permanezca pendiente de decisión. Además, quienes no realicen los pagos dentro de los plazos definidos podrían perder automáticamente el trámite y los beneficios asociados, incluido el permiso de trabajo.

Los beneficiarios del programa DACA también enfrentan nuevas dificultades. Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que contar con este estatus ya no constituye, por sí solo, una razón suficiente para cerrar procesos de deportación.

Según datos citados por El Tiempo, entre 3.000 y 3.500 colombianos estarían protegidos actualmente bajo este programa, diseñado para personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.

La administración también busca aumentar significativamente los procesos de desnaturalización, es decir, la revocatoria de ciudadanías obtenidas mediante naturalización cuando las autoridades detecten posibles irregularidades, fraudes o inconsistencias en la información suministrada durante el proceso.

Salud, bancos y residencias permanentes bajo revisión

Las medidas impulsadas por la Casa Blanca también podrían afectar el acceso al sistema financiero. Aunque aún no existe una decisión definitiva, se estudia una propuesta para que los bancos verifiquen el estatus migratorio de sus clientes antes de abrir o mantener cuentas.

Actualmente, muchas personas pueden acceder a servicios bancarios utilizando documentos como pasaportes o números ITIN sin necesidad de acreditar una condición migratoria específica. Un eventual cambio podría afectar a millones de inmigrantes que utilizan el sistema financiero estadounidense.

En materia de salud, una reforma aprobada por el Congreso en 2025 modificó las reglas de acceso a programas como Medicare, Medicaid y subsidios contemplados en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Según la información publicada por El Tiempo, más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían verse afectados por estas restricciones. Parte de los cambios comenzarán a implementarse en octubre de este año y tendrán un impacto más amplio a partir de 2027.

Otro de los puntos que sigue generando incertidumbre es la suspensión de la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Aunque los trámites continúan avanzando y los solicitantes pueden asistir a entrevistas y cumplir requisitos, las visas no están siendo expedidas mientras continúan las revisiones ordenadas por las autoridades.

La medida también se extendió a determinados procesos de residencia permanente iniciados dentro de Estados Unidos, incluidos algunos ajustes de estatus relacionados con matrimonio, asilo y reunificación familiar. Como consecuencia, miles de personas permanecen en una situación de espera mientras las autoridades revisan nuevamente solicitudes que, en muchos casos, se encontraban en etapas avanzadas de trámite.

Las instituciones prestadoras de salud aseguran que la crisis del sistema continúa afectando a miles de pacientes en Colombia, quienes siguen encontrando obstáculos para acceder a consultas, procedimientos y servicios especializados. A menos de dos meses del cambio de Gobierno, representantes del sector advierten que no se han adoptado soluciones estructurales para enfrentar los problemas financieros que afectan a hospitales y clínicas.

Los prestadores sostienen que las dificultades económicas continúan provocando cierres de servicios y restricciones en la atención de usuarios afiliados a algunas EPS, especialmente aquellas que se encuentran intervenidas. Según explican, la falta de flujo de recursos sigue impactando la operación de las instituciones de salud en distintas regiones del país.

La advertencia fue hecha por Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, quien afirmó que la discusión pública se ha concentrado en la campaña presidencial mientras la situación del sistema sigue deteriorándose. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el dirigente gremial considera que el actual Gobierno finalizará sin implementar medidas que permitan superar la crisis que atraviesan los prestadores.

“El sistema cada día va empeorándose más y no hay mecanismos de solución. Este Gobierno termina sin generar medidas estructurales que permitan a los prestadores salir de la crisis”, afirmó Toro.

Las preocupaciones del sector no se limitan al funcionamiento interno de hospitales y clínicas. Según los prestadores, los efectos de la crisis terminan impactando directamente a los usuarios, quienes encuentran cada vez más dificultades para acceder de manera oportuna a servicios médicos especializados.

Prestadores denuncian un “cierre pasivo” de servicios

Uno de los fenómenos que más preocupa a las IPS es lo que denominan un “cierre pasivo” de servicios. Según explicó Toro, se trata de situaciones en las que las instituciones no reportan oficialmente el cierre de una unidad o especialidad, pero dejan de recibir pacientes de determinadas aseguradoras debido a problemas relacionados con los pagos.

De acuerdo con el dirigente gremial, esta situación se presenta principalmente con usuarios afiliados a EPS intervenidas, cuyos pacientes encuentran obstáculos para acceder a redes de mediana y alta complejidad.

“Hay redes que no los reciben y el principal perjudicado termina siendo el usuario”, manifestó Toro, citado por Blu Radio.

Según los prestadores, este escenario genera retrasos en la atención y mayores dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos, procedimientos especializados y consultas médicas que requieren remisiones entre diferentes niveles de complejidad.

La situación también contribuye a aumentar la presión sobre otras instituciones que sí mantienen la prestación de servicios, lo que termina afectando la capacidad de respuesta del sistema en distintas regiones del país.

Advierten impacto sobre hospitales y personal médico

La Unión de las IPS también alertó sobre las consecuencias que la crisis financiera está teniendo sobre el talento humano en salud.

Toro explicó que cuando una institución se ve obligada a suspender o cerrar servicios, disminuye la necesidad de contar con determinados profesionales y trabajadores asistenciales. Esa situación puede derivar en la terminación de contratos y en la salida de personal que presta atención directa a los pacientes.

El dirigente gremial sostuvo que la recuperación del sistema requerirá medidas urgentes por parte del próximo Gobierno. Entre las prioridades mencionó la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de hospitales y clínicas, recuperar la capacidad operativa de los prestadores y facilitar la reapertura de servicios que han sido suspendidos debido a las dificultades económicas.

También insistió en que el debate sobre la financiación del sistema continúa sin resolverse. “Seguimos en la misma discusión sobre si los recursos alcanzan o no, mientras los prestadores y los usuarios continúan enfrentando serias dificultades de caja y de acceso a los servicios”, concluyó.

A pocas semanas del cambio de administración en la Casa de Nariño, las IPS sostienen que la situación financiera del sector sigue sin mostrar señales de mejoría y advierten que, mientras no se adopten medidas de fondo, los principales afectados continuarán siendo los pacientes que buscan atención dentro del sistema de salud colombiano.

Bogotá puso en marcha una estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La iniciativa busca responder a las dificultades que enfrenta esta población para acceder al mercado inmobiliario tradicional, según información obtenida por Revista Semana.

El programa elimina barreras como los créditos hipotecarios exigentes y propone un modelo más flexible basado en las condiciones reales de los beneficiarios. Además, busca garantizar estabilidad, seguridad y bienestar para quienes no cuentan con vivienda propia, según información obtenida.

La propuesta incluye un enfoque integral que no solo contempla vivienda, sino también calidad de vida y autonomía para los adultos mayores. Este modelo marca un cambio en la forma de abordar el acceso a vivienda en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un modelo sin barreras financieras tradicionales

El acceso a vivienda en Bogotá ha sido históricamente complejo para los adultos mayores, especialmente por las exigencias del sistema financiero.

Factores como la falta de ingresos estables, la edad avanzada y los requisitos de endeudamiento han dejado a muchas personas fuera del mercado formal, obligándolas a depender de familiares o a vivir en condiciones precarias.

Frente a este panorama, el Distrito propone un modelo que elimina la necesidad de cumplir con las condiciones tradicionales de crédito, facilitando el acceso a soluciones habitacionales.

La estrategia está dirigida especialmente a personas mayores que no tienen vivienda propia y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En lugar de exigir altos ingresos o historial crediticio, el modelo evalúa de manera más amplia la situación social y económica de los beneficiarios.

Una apuesta por la inclusión y la dignidad

El programa representa un cambio en la manera en que se abordan las políticas de vivienda en Bogotá, pasando de esquemas rígidos a modelos más inclusivos.

La estrategia reconoce que no todas las personas cuentan con las mismas condiciones para acceder a una vivienda, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En este sentido, se busca construir soluciones sostenibles que respondan a las realidades económicas y sociales de los adultos mayores.

Aunque el déficit de vivienda en la ciudad sigue siendo significativo, este tipo de iniciativas abre nuevas oportunidades para una población históricamente excluida del sistema.

Para muchos adultos mayores, este programa representa la posibilidad de acceder a un hogar propio, con mayor estabilidad, seguridad y dignidad, sin depender exclusivamente de su capacidad económica o del apoyo de terceros.

Cuatro senadores presentaron su renuncia a la curul cuando falta poco más de un mes para que finalice el periodo constitucional 2022-2026 del Congreso de la República. Las dimisiones fueron leídas durante la plenaria del Senado y corresponden a Alejandro Carlos Chacón Camargo, Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Pinto Hernández y León Fredy Muñoz, quienes dejarán sus escaños en diferentes fechas de junio.

Las salidas obedecen a distintas razones, entre ellas problemas de salud, proyectos personales y decisiones de carácter profesional. Con estas renuncias, los congresistas anticipan el cierre de su actividad legislativa en el actual cuatrienio y ponen fin a su participación en el Congreso antes de la terminación oficial del periodo constitucional.

Ninguno de los cuatro regresará al Congreso para el periodo 2026-2030, por lo que sus renuncias marcan el cierre definitivo de una etapa en su trayectoria política dentro del Legislativo. Según información publicada por La República, cada uno presentó comunicaciones individuales explicando las razones que motivaron su decisión.

Alejandro Carlos Chacón Camargo presentó una renuncia irrevocable a su investidura como senador y solicitó que fuera puesta a consideración de la plenaria para que produjera efectos a partir del 16 de junio de 2026. En su carta expresó agradecimientos a los integrantes del Congreso, a los funcionarios y colaboradores de la corporación y a los ciudadanos que respaldaron su trabajo legislativo.

El senador también destacó el papel que desempeñó durante su permanencia en el Capitolio, señalando que su gestión estuvo orientada a representar los intereses de la ciudadanía y a contribuir al fortalecimiento institucional del país. Su salida se convertirá en la primera de las cuatro renuncias que comenzarán a hacerse efectivas durante este mes.

Salud y proyectos personales impulsan las salidas

La segunda renuncia corresponde a Óscar Barreto Quiroga. En la comunicación dirigida al Senado explicó que el pasado 4 de febrero sufrió un quebranto de salud relacionado con una enfermedad coronaria severa. Aunque el episodio fue atendido oportunamente, aseguró que las recomendaciones médicas actuales exigen un proceso de rehabilitación cardíaca integral durante los próximos cuatro meses.

Barreto argumentó que esa situación le impide participar plenamente en las sesiones previstas para el cierre del periodo legislativo. Por esa razón presentó una renuncia irrevocable y explicó que la decisión también busca garantizar la participación efectiva del Partido Conservador durante la etapa final del cuatrienio.

La tercera dimisión fue presentada por Miguel Ángel Pinto Hernández. El senador solicitó que su renuncia fuera sometida a consideración de la plenaria con efectos a partir del 23 de junio. Según explicó en su carta, la decisión responde a razones profesionales y a proyectos personales que desarrollará junto a su familia una vez concluya su paso por el Congreso.

Pinto aprovechó la comunicación para agradecer a los ciudadanos que respaldaron su labor, así como a sus colegas y al personal administrativo de la corporación que lo acompañó durante el ejercicio de sus funciones legislativas.

Salidas definitivas antes del cierre del periodo

La cuarta renuncia fue presentada por León Fredy Muñoz, quien informó su decisión irrevocable de abandonar el cargo de senador a partir del 26 de junio de 2026. Su salida será la última de las cuatro anunciadas durante la plenaria del Senado.

Las renuncias se producen en la recta final del actual Congreso y reflejan diferentes circunstancias personales entre los legisladores. Mientras una de ellas está directamente relacionada con una condición médica, las demás obedecen a decisiones individuales vinculadas con nuevos proyectos y planes fuera del Legislativo.

Con la salida anticipada de Chacón, Barreto, Pinto y Muñoz, el Senado afrontará las últimas semanas del periodo constitucional con cambios en su composición. Las decisiones también representan el cierre definitivo de la actividad parlamentaria de estos congresistas, quienes no harán parte del Congreso que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2030.

Las empresas que decidan no contratar aprendices del SENA deberán pagar cerca de 2,6 millones de pesos por cada vacante que no ocupen durante 2026. La cifra corresponde a la nueva cuota de monetización establecida tras los cambios introducidos por la reforma laboral y aplica para aquellas compañías obligadas a vincular aprendices que opten por no hacerlo.

El valor equivale a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que la empresa deje de contratar. La medida forma parte de las modificaciones aprobadas en junio de 2025, que redefinieron la relación entre las empresas y los estudiantes vinculados mediante contratos de aprendizaje, según información publicada por Caracol Radio.

La obligación aplica para empresas que cuenten con 15 o más trabajadores, tal como lo establece la Ley 789 de 2002. Quienes incumplan con esa cuota deben compensar económicamente al SENA mediante el pago de la denominada monetización de la cuota de aprendizaje.

Aunque en teoría este mecanismo busca incentivar la contratación de aprendices, las cifras recientes muestran un comportamiento distinto. Cada vez más compañías están optando por pagar la monetización en lugar de incorporar nuevos estudiantes a sus plantas de personal.

Los datos citados por Caracol Radio indican que durante 2025 un total de 8.048 empresas eligieron pagar esta compensación económica. La cifra representó un aumento del 39 % frente al año anterior y generó un recaudo récord para el SENA de 440.737 millones de pesos.

Qué cambió con la reforma laboral

Uno de los aspectos más importantes de la reforma laboral fue la transformación del contrato de aprendizaje. A partir de los cambios aprobados en 2025, este vínculo pasó a tener carácter laboral especial a término fijo, lo que implicó nuevas obligaciones para las empresas.

La reforma también modificó el valor de la monetización. Antes de los cambios normativos, las compañías debían asumir una suma menor por cada aprendiz no contratado. Sin embargo, la nueva legislación elevó el monto hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada vacante que permanezca sin cubrir.

La medida fue presentada como una herramienta para fortalecer la vinculación de aprendices y aumentar las oportunidades de formación práctica para miles de jóvenes en el país. No obstante, algunos sectores consideran que el resultado ha sido diferente al esperado.

Las cifras más recientes muestran que la práctica continúa creciendo. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, 5.243 empresas ya habían pagado la monetización en lugar de contratar aprendices, lo que evidencia que muchas organizaciones siguen considerando esta alternativa dentro de sus decisiones financieras.

Cuánto cuesta contratar un aprendiz en 2026

La discusión sobre la monetización está relacionada con el incremento de los costos asociados a la contratación de aprendices. Según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), vincular a un aprendiz puede representar un costo mensual cercano a los 3,2 millones de pesos durante 2026.

Entre los cambios que elevaron ese valor se encuentran la inclusión obligatoria de prima de servicios, cesantías y vacaciones durante la etapa práctica. A esto se suman los aportes obligatorios a pensión y los pagos correspondientes a salud, riesgos laborales y parafiscales.

La reforma también incrementó el apoyo de sostenimiento que reciben los aprendices. Durante la etapa lectiva pasó al 75 % del salario mínimo, mientras que en la etapa práctica alcanza el 100 % del salario mínimo mensual legal vigente.

La situación ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos. Según recoge Caracol Radio, la congresista Catherine Juvinao ha advertido que podría estarse creando un incentivo económico mal focalizado, ya que para algunas empresas resulta más atractivo pagar la monetización que generar nuevas oportunidades de formación y empleo para los jóvenes.

Mientras continúa ese debate, miles de compañías siguen enfrentando la misma decisión: contratar aprendices o asumir el pago de una cuota que en 2026 ronda los 2,6 millones de pesos por cada vacante no ocupada.

El movimiento político Soy Porque Somos, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. La adhesión se convierte en uno de los primeros apoyos políticos que recibe esa campaña después de los resultados de la primera vuelta presidencial.

La decisión fue presentada por la organización como una ratificación de su compromiso con “la defensa de la vida, la democracia y la dignidad de Colombia”. El anuncio se produjo cuando faltan apenas 11 días para la elección que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, según información publicada por El Espectador.

El respaldo adquiere relevancia porque proviene del movimiento creado alrededor de la figura política de Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República y una de las dirigentes más influyentes dentro del sector progresista. La colectividad decidió fijar posición frente al nuevo escenario electoral y llamó a sus simpatizantes a participar activamente en los comicios.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una campaña que entra en su recta final. En ese escenario, las adhesiones políticas se han convertido en una de las principales herramientas de los candidatos para ampliar sus bases de apoyo y atraer sectores que quedaron sin representación directa tras la primera vuelta.

Cepeda llega a esta nueva etapa electoral después de obtener más de 9,7 millones de votos en la jornada inicial. La campaña continúa sumando respaldos mientras busca consolidar alianzas que le permitan fortalecer su aspiración presidencial antes de la cita definitiva en las urnas.

El mensaje político de Soy Porque Somos

En el comunicado divulgado por la organización, Soy Porque Somos recordó los principios que dieron origen al movimiento y explicó las razones que motivaron la decisión de respaldar a Cepeda y Quilcué.

“Nacimos de las luchas por la defensa de la vida de los Pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, de las juventudes, de las poblaciones LGBTIQ+, poblaciones diversas y sectores históricamente excluidos. Por ello, hoy reiteramos que no somos neutrales frente al momento que vive el país y hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en las próximas elecciones”, señaló el movimiento, citado por El Espectador.

La organización también destacó lo que considera avances alcanzados durante los últimos años en áreas relacionadas con justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico-racial y focalización territorial del presupuesto. Al mismo tiempo, reconoció que aún existen desafíos pendientes para alcanzar transformaciones estructurales en diferentes ámbitos del país.

El respaldo concluyó con una invitación dirigida a la militancia de la colectividad para acompañar la candidatura de Cepeda y Quilcué en la segunda vuelta. Además, retomó una de las frases más recordadas de la campaña presidencial de 2022, cuando Francia Márquez acompañó a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial: “Siempre estaremos del lado de la vida, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Francia Márquez marca distancia de apoyos directos

El anuncio del movimiento coincidió con una polémica relacionada con el uso de la imagen de la vicepresidenta en redes sociales durante la campaña electoral. Ese mismo día, Francia Márquez denunció que algunas publicaciones la vinculaban con la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La vicepresidenta rechazó esa utilización de su imagen y recordó que su trabajo público ha estado enfocado en la defensa de la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la juventud, los pueblos étnicos y campesinos, así como de la comunidad LGBTIQ+ y de sectores históricamente marginados.

Sin embargo, Márquez evitó expresar respaldo directo a alguno de los candidatos presidenciales. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la vicepresidenta no manifestó apoyo explícito a ninguna campaña debido a su condición de funcionaria pública, aunque el movimiento político que lidera sí decidió fijar posición frente a la segunda vuelta presidencial.

Mercedes García de Cadavid, una mujer de 94 años, enfrenta la posibilidad de ser desalojada de la vivienda donde ha vivido toda su vida en la vereda San Andrés, en Girardota, Antioquia. La situación se deriva de una decisión judicial relacionada con una sucesión familiar y ha generado preocupación entre sus allegados, quienes advierten sobre el impacto emocional y físico que podría sufrir la adulta mayor.

El procedimiento estaba programado para ejecutarse este martes, pero fue aplazado gracias a la intervención de la Personería de Girardota y del Consejo Comunitario. Aunque la suspensión brinda un alivio temporal a la familia, el conflicto legal continúa abierto y la amenaza de desalojo sigue vigente, según información publicada por Caracol Radio.

Los familiares sostienen que la señora Mercedes ha permanecido durante toda su vida en ese predio y consideran que obligarla a abandonar su hogar a los 94 años podría tener consecuencias graves para su bienestar. La mujer padece enfermedades como hipertensión, diabetes y artrosis, condiciones que, según sus seres queridos, hacen más delicada cualquier alteración en su entorno cotidiano.

El caso tiene origen en una sucesión familiar sobre un terreno ubicado en la vereda San Andrés. De acuerdo con la información conocida, Mercedes García de Cadavid posee una participación del 20 % sobre la propiedad, mientras que sus nietas son titulares del 80 % restante.

La controversia se intensificó luego de que las propietarias mayoritarias impulsaran un proceso de remate del predio y solicitaran la salida de la adulta mayor. La decisión derivó en una disputa familiar que hoy mantiene en vilo a quienes acompañan a Mercedes García de Cadavid.

El origen de la disputa familiar

El terreno fue declarado por un juzgado como un bien proindiviso. Esta figura jurídica implica que la propiedad no está dividida físicamente entre los copropietarios y que todos tienen derecho a poseer y disfrutar el inmueble completo, aunque cada uno cuente con una participación diferente dentro del total.

Según la información entregada por la familia, el proceso de remate fue promovido por las nietas de la adulta mayor. Como propietarias del porcentaje mayoritario, decidieron avanzar con el procedimiento para que la participación minoritaria fuera compensada económicamente mediante el pago correspondiente al 20 % del valor de la propiedad.

La principal preocupación de los familiares no se centra únicamente en el litigio, sino en las consecuencias que tendría un eventual traslado para una persona de avanzada edad. Consideran que abandonar la vivienda donde ha construido toda su historia de vida podría afectar significativamente su estabilidad emocional y su estado de salud.

“Es una persona de 94 años que ha vivido toda la vida en el terruño, que trabajó arduamente para mantenernos y para mantener el pedazo de tierra que tenemos. Y es una persona que ya hoy, con la edad que tiene y todas las enfermedades que sufre (hipertensión, diabetes, artrosis), representa una falta definitiva de humanidad sacarla de aquí”, afirmó Fabio Cadavid, hijo de la adulta mayor, citado por Caracol Radio.

La familia busca evitar que el caso llegue al desalojo

Aunque el procedimiento fue suspendido temporalmente, la familia reconoce que las opciones jurídicas para impedir el desalojo son limitadas. Según explicó Fabio Cadavid, la única alternativa disponible sería acudir ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

No obstante, asegura que esa posibilidad resulta difícil de asumir debido a los costos económicos que implica continuar una disputa judicial que lleva varios años desarrollándose. Por ello, mantienen la esperanza de encontrar una solución que permita a la adulta mayor permanecer en el lugar que considera su hogar.

El hijo de Mercedes también cuestionó la actuación de sus sobrinas, hijas de un hermano fallecido hace trece años. “Yo veo ahí inhumanidad, una falta de solidaridad absoluta, una falta de compromiso. Nosotros creemos que se está perdiendo hoy el núcleo familiar y las bases honestas. La gente actuando por lo material antes que por lo sentimental y lo espiritual”, expresó.

Mientras el proceso continúa, la familia ha convertido el caso en un llamado más amplio para que se fortalezcan las medidas de protección a los adultos mayores. Sus allegados insisten en que situaciones como esta obligan a reflexionar sobre el papel de las familias y la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para quienes han llegado a la última etapa de su vida.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció procesos sancionatorios contra gestores farmacéuticos y dispensarios que incumplan con la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios.

La decisión fue revelada por el superintendente Daniel Quintero durante una visita de inspección realizada en el barrio Restrepo, en Bogotá, donde las autoridades detectaron demoras que, en algunos casos, alcanzan varios meses.

Según la Supersalud, las visitas de vigilancia han permitido evidenciar pacientes que llevan entre tres y cinco meses esperando tratamientos que deberían ser entregados de manera regular.

El hallazgo se produjo durante una inspección al dispensario Rámedicas, donde también se identificaron situaciones relacionadas con la disponibilidad de medicamentos reportados inicialmente como inexistentes.

Quintero aseguró que, durante las jornadas de inspección, algunos medicamentos que no aparecían en los registros terminaban siendo entregados una vez llegaban los equipos de control de la entidad. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Caracol Radio, en medio de una nueva ronda de visitas que la Superintendencia adelanta en Bogotá y otras regiones del país.

El funcionario explicó que la entidad continúa verificando las condiciones de atención a los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los actores encargados de la dispensación de medicamentos. Las inspecciones hacen parte de una estrategia de vigilancia orientada a identificar posibles incumplimientos y corregir fallas que afectan a miles de pacientes.

Durante la visita al dispensario del barrio Restrepo, la Supersalud recopiló información relacionada con tiempos de espera, disponibilidad de tratamientos y respuesta a las solicitudes de los afiliados. La entidad sostiene que varias de estas situaciones reflejan problemas que se repiten en distintos puntos de atención del país.

Supersalud advierte sobre incentivos que afectan la entrega

En sus declaraciones, Quintero aseguró que existen dinámicas dentro del sistema que terminan favoreciendo el aplazamiento o la no entrega de medicamentos. Según indicó, algunos actores obtendrían beneficios económicos cuando los tratamientos no son dispensados oportunamente a los usuarios.

“El negocio hoy es inversamente proporcional a la medicina entregada y a la atención prestada”, afirmó el superintendente, citado por Caracol Radio. El funcionario señaló que estas prácticas estarían relacionadas con determinados incentivos que terminan afectando la calidad y oportunidad del servicio.

La Superintendencia anunció que continuará adelantando procesos sancionatorios contra aquellos dispensarios y gestores farmacéuticos que incumplan sus responsabilidades frente a los pacientes. De acuerdo con Quintero, el objetivo es garantizar que los usuarios reciban sus medicamentos dentro de los tiempos establecidos y evitar que las demoras se conviertan en una situación recurrente.

El funcionario también aseguró que las jornadas de vigilancia han tenido efectos positivos. Según explicó, las visitas han contribuido a incrementar la entrega de tratamientos y a reducir el número de peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios del sistema de salud.

Convulsión de una usuaria encendió las alarmas

Durante la jornada de inspección se registró además una situación que llamó la atención de los funcionarios de la Supersalud. Una usuaria sufrió una convulsión mientras permanecía en las instalaciones esperando atención.

De acuerdo con lo observado por los equipos de vigilancia, en ese momento no había personal disponible para prestar primeros auxilios de manera inmediata. La situación generó preocupación entre los funcionarios presentes en el lugar y puso nuevamente sobre la mesa las condiciones de atención que enfrentan algunos usuarios.

“Nos encontramos un caso dramático de una señora que, en medio de la atención indigna que se da en estos lugares, termina convulsionando. Afortunadamente, pudimos estabilizarla, y yo mismo fui a buscar sus medicamentos, y ahí estaban los medicamentos de doña María. Esperamos que ya esté bien. Su hijo vino por ella”, relató Quintero, según información publicada por Caracol Radio.

El superintendente también se refirió al reciente informe de AFIDRO sobre la cartera adeudada a laboratorios farmacéuticos. Frente a ese tema, sostuvo que la deuda de Nueva EPS cuenta con respaldo de la Nación y consideró que no existen razones para suspender la prestación de servicios ni la entrega de medicamentos a los afiliados de esa entidad.

La intervención de Asmet Salud podría extenderse nuevamente, según anticipó el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien descartó que la EPS esté cerca de una liquidación. El funcionario explicó que la entidad continúa bajo evaluación y que el Gobierno busca evitar mensajes que puedan interpretarse como una señal de cierre para una de las aseguradoras con mayor presencia en el régimen subsidiado.

La posibilidad de una nueva prórroga surge después de que el Gobierno autorizara extender la intervención forzosa de la EPS hasta el próximo 11 de junio de 2026. La medida mantiene a la entidad bajo vigilancia especial mientras las autoridades revisan su desempeño financiero, administrativo y asistencial, según información publicada por Caracol Radio.

Asmet Salud cuenta con cerca de 1,65 millones de afiliados y permanece intervenida desde 2023, por lo que cualquier decisión sobre su futuro tiene impacto directo en millones de usuarios del sistema de salud. La evaluación que adelanta la Superintendencia busca determinar la capacidad de la entidad para continuar prestando servicios en los territorios donde opera.

Daniel Quintero explicó que la entidad modificó la forma en que analiza la situación de las EPS intervenidas. Según indicó, ya no se limita a revisar indicadores nacionales consolidados, sino que ahora realiza una evaluación regional que permite identificar diferencias en el desempeño de cada aseguradora dependiendo del territorio donde opera.

Ese nuevo enfoque busca establecer con mayor precisión cuáles son las fortalezas y debilidades de cada EPS. La intención es evitar decisiones basadas exclusivamente en cifras generales que, según la Superintendencia, pueden ocultar comportamientos distintos entre departamentos y regiones.

Evaluación por regiones cambia el análisis de la EPS

De acuerdo con Quintero, Asmet Salud presenta dificultades en algunos territorios del país, especialmente en departamentos como Quindío y Risaralda. Sin embargo, aseguró que la situación es diferente en otras zonas donde la entidad muestra mejores resultados en materia de atención y funcionamiento.

El superintendente señaló que la EPS registra desempeños relativamente favorables en departamentos como Nariño, Cauca y Caquetá. Esa diferencia regional es uno de los factores que está siendo considerada dentro de la evaluación que adelantan las autoridades para determinar los pasos a seguir frente a la entidad.

“Cuando uno ve las cifras agregadas de Asmet dice que no tiene mucho futuro, pero cuando mira algunas regiones encuentra desempeños relativamente buenos”, afirmó Quintero, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La evaluación territorial se ha convertido en uno de los principales argumentos de la Superintendencia para mantener abierta la posibilidad de nuevas medidas de seguimiento antes de adoptar decisiones definitivas sobre el futuro de la EPS. El análisis pretende identificar en qué regiones la aseguradora puede fortalecer su operación y dónde requiere ajustes para garantizar una mejor prestación del servicio.

Gobierno busca reorganizar la atención en varios territorios

El superintendente también reveló que la entidad trabaja en acuerdos con EPS públicas y privadas para reorganizar la prestación de servicios en aquellas zonas donde algunas aseguradoras no cuentan con suficiente capacidad operativa o arraigo institucional.

La estrategia apunta a mejorar la atención de los usuarios mediante una redistribución más eficiente de responsabilidades entre las entidades que participan en el sistema de salud. Según explicó el funcionario, el objetivo es que los afiliados reciban servicios de mejor calidad sin afectar la continuidad de la atención médica.

La posibilidad de una nueva prórroga para Asmet Salud coincide con una posición que la Superintendencia ya había expresado a comienzos de este año. En ese momento, la entidad descartó que la EPS estuviera en proceso de liquidación y aclaró que la intervención no implicaba la suspensión de servicios para sus afiliados.

Por ahora, Asmet Salud continuará bajo vigilancia especial mientras avanzan las evaluaciones sobre sus resultados y el Gobierno define los siguientes pasos. La decisión que adopten las autoridades será determinante para el futuro de una EPS que mantiene presencia en distintos departamentos del país y que sigue siendo una de las principales operadoras del régimen subsidiado.

La Agencia Nacional de Infraestructura rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada de iniciativa privada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S., para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.

La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, después de más de seis años de estudios y evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad, de acuerdo con información publicada por Blu Radio.

El rechazo frena, por ahora, la posibilidad de renovar bajo ese esquema privado la operación del corredor vial actualmente operado por Autopistas del Café. Según la ANI, la iniciativa no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de esta infraestructura, clave para la conexión entre Caldas, Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca.

La entidad aclaró que la decisión no se basó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a los lineamientos sectoriales vigentes. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura una vez finalice la actual concesión.

Gobierno apunta a mayor participación estatal en el corredor

La resolución señala que la propuesta de Odinsa Vías S.A.S. fue sometida a procesos de evaluación y socialización en Caldas, Risaralda y Quindío. Sin embargo, la ANI concluyó que el proyecto resultaba incompatible con la estrategia institucional planteada por el Gobierno nacional, que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor vial y una reducción gradual de peajes.

Ese punto es central para entender el alcance de la decisión. La entidad no presentó el rechazo como una descalificación técnica de las obras o de la propuesta, sino como una determinación asociada a la política pública que el Gobierno busca aplicar en esta vía. En la práctica, la ANI cerró el camino a la iniciativa privada presentada por Odinsa y ordenó archivar el expediente correspondiente.

La determinación ocurre en medio de la discusión pública sobre el futuro de Autopistas del Café, un corredor que conecta varias zonas estratégicas del Eje Cafetero y que ha estado en el centro de reclamos ciudadanos por el cobro de peajes. La decisión de la ANI, por tanto, no solo tiene efectos administrativos, sino también políticos y sociales, porque coincide con las demandas de sectores que piden cambios en el modelo de operación y en las tarifas que pagan los usuarios.

Tarifas diferenciales siguen bajo revisión

Aunque la ANI ordenó el archivo del expediente, Odinsa Vías S.A.S. aún podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley. Ese recurso permitiría a la empresa controvertir la decisión administrativa y solicitar que la entidad revise nuevamente los argumentos que llevaron al rechazo de la propuesta.

Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café.

Según informó en sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes, el documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.

Con este panorama, el futuro del corredor queda marcado por dos frentes abiertos: la decisión de cerrar la iniciativa privada presentada por Odinsa y la revisión del decreto sobre tarifas diferenciales. Ambos procesos serán claves para definir cómo se administrará la vía, qué papel tendrá el Estado y qué alivios podrían aplicarse a los usuarios que transitan por los peajes de Autopistas del Café.

La familia de María Fernanda Rodríguez lanzó un llamado urgente de ayuda económica luego de que la cuenta médica por su atención en una unidad de cuidados intensivos en México superara los 82 millones de pesos colombianos. La mujer permanece hospitalizada tras sufrir una grave reacción a medicamentos poco después de dar a luz a su hija.

Los allegados aseguran que los recursos que habían ahorrado para cubrir el parto ya fueron superados por los costos de la hospitalización, lo que los llevó a solicitar apoyo ciudadano para continuar financiando el tratamiento. La situación se agravó debido a que la colombiana no contaba con cobertura médica en México por su condición de extranjera, según información publicada por El Tiempo.

La deuda hospitalaria ya alcanza los 400.000 pesos mexicanos, equivalentes a cerca de 82,9 millones de pesos colombianos, y continúa aumentando mientras María Fernanda permanece en cuidados intensivos. Sus familiares afirman que la prioridad es garantizar que los médicos puedan seguir brindando la atención que necesita para intentar recuperarse.

La mujer había construido su proyecto de vida en México junto a su pareja. Ambos planificaron el nacimiento de su hija y durante meses reunieron dinero para asumir los gastos de un parto particular, conscientes de que no tenían acceso a cobertura médica en ese país.

Lo que esperaban que fuera uno de los momentos más felices de sus vidas cambió drásticamente después del nacimiento de la bebé. Según relataron sus familiares, una complicación médica inesperada desencadenó una emergencia que hoy mantiene a María Fernanda en estado crítico.

Una reacción a medicamentos cambió todo después del parto

De acuerdo con Brandon Hernández, esposo de la colombiana, el procedimiento transcurrió sin inconvenientes hasta que fue trasladada a observación médica después del nacimiento.

“Cuando yo me fui, a ella la llevaron a observación, le dieron medicamentos, luego hizo un choque de medicamentos muy fuerte”, relató Hernández a Noticias Telemedellín, según recoge El Tiempo.

La madre de la paciente, Mónica Laverde, explicó que la reacción provocó el cierre de las vías respiratorias de su hija. La complicación derivó en un paro cardiorrespiratorio que obligó a los médicos a intervenir de urgencia para estabilizarla.

“Ya después de que se le cerró la tráquea tuvo un paro cardiorrespiratorio y en estos momentos la tengo en cuidados intensivos en un hospital en México”, manifestó Laverde.

Desde entonces, María Fernanda permanece bajo observación médica especializada. La familia sigue pendiente de los reportes clínicos mientras espera una evolución favorable que le permita recuperarse y reunirse con su hija recién nacida.

“Nos toca pedir ayuda económica”

La preocupación por la salud de María Fernanda se mezcla con la incertidumbre financiera. Cada día de hospitalización incrementa una deuda que los familiares reconocen que ya no pueden asumir por sí solos.

“En el hospital están cobrando una millonada por un día, llevan 400.000 pesos mexicanos, cerca de 82.903.440 pesos colombianos”, aseguró Brandon Hernández al referirse a los gastos acumulados.

Ante esa situación, la familia decidió acudir públicamente a la solidaridad de ciudadanos en Colombia y México para intentar reunir recursos que permitan sostener la atención médica.

“En este momento nos toca pedir ayuda económica, de verdad que es difícil pero nos toca pedir este tipo de ayuda a las personas que nos quieran colaborar, se los agradeceré toda la vida”, afirmó Mónica Laverde.

Los familiares mantienen la esperanza de que María Fernanda logre superar la emergencia médica. Mientras esperan noticias positivas sobre su estado de salud, continúan buscando apoyo para afrontar una cuenta hospitalaria que sigue creciendo y que hoy se ha convertido en una de sus mayores preocupaciones.

La propiedad horizontal se ha consolidado como una de las formas de vivienda más comunes en Colombia, especialmente en las principales ciudades del país. El crecimiento de conjuntos residenciales, edificios de apartamentos y complejos mixtos ha llevado a que cada vez más ciudadanos compartan espacios comunes y deban asumir obligaciones asociadas a su mantenimiento y funcionamiento.

Según información obtenida por Revista Semana, una de las dudas más frecuentes entre los propietarios surge cuando un apartamento, casa, oficina o local comercial permanece desocupado durante varios meses. En esos casos, muchos se preguntan si la ausencia de residentes o arrendatarios los exonera del pago de la cuota de administración.

La respuesta es no. La legislación colombiana establece que la obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de la copropiedad no depende del uso que se haga del inmueble, sino de la condición de propietario dentro de una propiedad horizontal.

Esta obligación busca garantizar el mantenimiento de los bienes comunes, la seguridad de los residentes y el adecuado funcionamiento de la infraestructura compartida por todos los copropietarios.

La obligación se mantiene aunque el inmueble esté vacío

La Ley 675 de 2001, conocida como Ley de Propiedad Horizontal, regula los derechos y deberes de quienes hacen parte de este tipo de copropiedades en Colombia.

De acuerdo con esta normativa, los propietarios deben asumir las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por la asamblea o establecidas por la administración, independientemente de si habitan el inmueble, lo tienen arrendado o permanece completamente desocupado.

La razón principal es que los gastos de administración no están relacionados exclusivamente con el uso individual de una vivienda o local, sino con el sostenimiento de las áreas y servicios compartidos por toda la comunidad.

Fachadas, porterías, escaleras, ascensores, zonas verdes, sistemas de iluminación, redes de servicios comunes y vigilancia hacen parte de la infraestructura que requiere financiación permanente para su funcionamiento y conservación.

Por esa razón, la responsabilidad económica se deriva del derecho de propiedad sobre esos bienes comunes y no del nivel de ocupación de cada unidad privada.

La normativa también establece que todos los copropietarios participan proporcionalmente en los gastos de funcionamiento de la propiedad horizontal, de acuerdo con los coeficientes fijados para cada inmueble dentro del reglamento correspondiente.

Los bienes comunes deben financiarse entre todos

La administración de una propiedad horizontal tiene como objetivo garantizar el adecuado mantenimiento de los espacios compartidos y la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

Entre los gastos que se cubren con las cuotas de administración se encuentran la vigilancia, el aseo de áreas comunes, el mantenimiento de ascensores, jardines, sistemas eléctricos, redes hidráulicas, porterías, seguros y demás servicios necesarios para la conservación del inmueble.

Incluso cuando una vivienda permanece vacía durante largos periodos, continúa beneficiándose indirectamente de estos servicios, ya que la infraestructura conserva su valor y permanece protegida gracias a las labores financiadas por toda la comunidad.

Por esta razón, la ley no contempla excepciones automáticas para quienes tengan inmuebles desocupados.

Los expertos en propiedad horizontal señalan que incumplir con el pago de estas obligaciones puede generar intereses de mora, procesos de cobro e incluso acciones judiciales por parte de la copropiedad.

En consecuencia, cualquier propietario de un apartamento, casa, oficina o local dentro de una propiedad horizontal debe seguir contribuyendo al pago de la administración mientras mantenga la titularidad del inmueble, sin importar si este se encuentra habitado o permanece vacío durante meses.

Los conductores colombianos cuentan desde este año con una nueva herramienta que busca dar mayor claridad en la asignación de responsabilidades por infracciones detectadas mediante sistemas automáticos de vigilancia.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) habilitó un mecanismo que permite trasladar determinadas fotomultas a la persona que conducía el vehículo al momento de cometer la falta.

Según información obtenida por Revista Semana, la medida fue oficializada mediante el Comunicado 060 de 2026 y representa un cambio importante para miles de propietarios que, en ocasiones, terminaban asumiendo comparendos generados cuando el vehículo era conducido por familiares, amigos, empleados o terceros autorizados.

Hasta ahora, cuando una cámara detectaba una infracción, la notificación llegaba inicialmente al propietario registrado en el sistema, quien debía adelantar procesos presenciales o asumir sanciones que muchas veces no correspondían a su comportamiento como conductor.

Con esta nueva alternativa, el dueño del vehículo podrá solicitar que la responsabilidad sea trasladada a la persona que realmente estaba al volante cuando ocurrió la infracción, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades de tránsito.

La medida busca fortalecer los principios de responsabilidad individual y evitar que las sanciones recaigan automáticamente sobre quienes no participaron en la conducta infractora.

Qué infracciones permiten solicitar el cambio de infractor

La nueva función no aplica para todas las multas registradas en el sistema. El procedimiento está diseñado para determinadas infracciones captadas por medios tecnológicos, especialmente aquellas relacionadas con el comportamiento del conductor.

Entre los casos habilitados para solicitar el cambio se encuentran las fotomultas por exceso de velocidad, el paso por semáforos en rojo, la circulación indebida por carriles exclusivos de transporte masivo y las sanciones asociadas al incumplimiento de medidas de pico y placa.

En estos eventos, el propietario podrá iniciar el procedimiento para que la infracción sea trasladada a quien conducía el vehículo en el momento exacto en que se produjo la falta.

La iniciativa ha sido destacada por expertos en movilidad debido a que permite individualizar la responsabilidad y evitar conflictos entre propietarios y conductores ocasionales.

Sin embargo, el trámite no es automático. El sistema exige una serie de verificaciones destinadas a garantizar que la información suministrada sea real y que no existan intentos de evadir responsabilidades mediante registros falsos.

Requisitos y casos en los que no aplica el trámite

Para que el cambio de infractor sea aprobado, tanto el propietario como la persona que asumirá la sanción deben participar en el proceso y manifestar su conformidad con la solicitud.

Además, ambas partes deben encontrarse conectadas al sistema durante la gestión virtual para validar la información requerida por la plataforma.

Una vez presentada la solicitud, será el organismo de tránsito que impuso el comparendo quien analizará el caso y decidirá si acepta o rechaza el traslado de la responsabilidad.

No obstante, existen infracciones que no pueden ser reasignadas mediante este procedimiento.

Las sanciones relacionadas con documentos obligatorios del vehículo continúan siendo responsabilidad directa del propietario registrado. Por esta razón, las multas derivadas de un SOAT vencido o de la ausencia de la revisión técnico-mecánica no pueden ser trasladadas a otra persona.

Las autoridades recuerdan que estas obligaciones están asociadas al estado legal y administrativo del vehículo y no exclusivamente al comportamiento de quien lo conduce.

Con esta actualización, el RUNT busca ofrecer una herramienta más precisa para la gestión de comparendos electrónicos, garantizando que las sanciones recaigan sobre quienes efectivamente incumplen las normas de tránsito y fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia dentro del sistema de movilidad colombiano.

Con la llegada de junio, miles de familias colombianas comienzan a organizar viajes, actividades recreativas y espacios de descanso aprovechando las vacaciones escolares de mitad de año. Aunque existe una orientación general establecida por el Ministerio de Educación, las fechas del receso pueden variar dependiendo de la ciudad, el departamento y el tipo de institución educativa.

Según información obtenida por El Tiempo, el calendario académico para 2026 mantiene la estructura habitual de 40 semanas de trabajo escolar distribuidas durante el año, acompañadas de varios periodos de descanso para los estudiantes. Sin embargo, las autoridades educativas territoriales tienen la facultad de realizar ajustes que respondan a las necesidades específicas de cada región.

La mayoría de los colegios públicos que funcionan bajo calendario A iniciarán las vacaciones de mitad de año el próximo 22 de junio, aunque algunas ciudades aplicarán cronogramas diferentes debido a decisiones adoptadas por las respectivas secretarías de Educación.

Este periodo representa una de las pausas más importantes del calendario escolar y suele ser aprovechado por estudiantes y padres de familia para realizar actividades recreativas, viajes o programas de refuerzo académico antes del inicio del segundo semestre.

Fechas varían según cada ciudad

En la mayoría de los establecimientos oficiales que operan bajo calendario A, el receso escolar comenzará el 22 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 6 de julio. Una vez finalizado este periodo, los estudiantes retomarán las clases para continuar con el segundo semestre académico.

No obstante, algunas entidades territoriales certificadas han definido calendarios diferentes. En Bogotá, por ejemplo, las vacaciones también se desarrollarán entre el 22 de junio y el 6 de julio, manteniendo las fechas previstas por la programación general.

En Medellín, el descanso escolar será más amplio y se extenderá desde el 22 de junio hasta el 12 de julio, ofreciendo una semana adicional de receso para los estudiantes de la capital antioqueña.

Por su parte, Cali estableció un cronograma distinto. En la capital vallecaucana las vacaciones comenzarán el 15 de junio y finalizarán el 5 de julio, permitiendo que los estudiantes inicien el descanso una semana antes que en otras ciudades del país.

Las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia consultar directamente los calendarios oficiales de cada institución o de las respectivas secretarías de Educación para evitar confusiones al momento de planificar actividades durante el receso.

Las diferencias responden a factores regionales como condiciones climáticas, necesidades académicas específicas y procesos de organización interna definidos por cada territorio certificado.

Colegios privados y calendario B manejan otras fechas

En el caso de los colegios privados, las fechas pueden presentar mayores variaciones debido a la autonomía que tienen estas instituciones para organizar sus cronogramas académicos, siempre que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la normativa educativa nacional.

A pesar de ello, una gran parte de los establecimientos privados que funcionan bajo calendario A suelen programar sus vacaciones entre finales de junio y comienzos de julio, en periodos similares a los establecidos para los colegios oficiales.

La situación es diferente para las instituciones que operan bajo calendario B. Estos colegios, cuyo año académico generalmente inicia entre agosto y septiembre, manejan una programación distinta para los periodos de descanso.

En estos casos, las vacaciones de mitad de año suelen desarrollarse entre julio y agosto, dependiendo de la planeación interna de cada establecimiento educativo.

Las autoridades recuerdan que Colombia no cuenta con un único calendario escolar nacional, razón por la cual cada entidad territorial certificada puede realizar modificaciones que se ajusten a las necesidades locales.

Por esta razón, antes de organizar viajes, actividades recreativas o compromisos familiares durante el receso estudiantil, la recomendación principal es verificar las fechas oficiales directamente con cada institución educativa para evitar inconvenientes o cambios inesperados en la programación académica.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por las afectaciones que están generando los bloqueos y el cese de actividades registrados desde el pasado 5 de junio en varios campos de producción petrolera ubicados en Puerto Gaitán, Meta.

El gremio aseguró que la situación ya impacta el desarrollo normal de las operaciones y podría tener consecuencias económicas para trabajadores, contratistas y comunidades que dependen de esta actividad.

Según información obtenida por El Tiempo, la interrupción de las actividades productivas está afectando la cadena operativa asociada a la industria de hidrocarburos en una de las regiones con mayor actividad petrolera del país. La organización señaló que la prolongación de estas acciones podría generar efectos sobre la generación de empleo, la inversión y los recursos que reciben los territorios gracias a la producción de petróleo.

La ACP advirtió que la continuidad de los bloqueos podría comprometer la estabilidad de numerosas actividades económicas ligadas al sector energético y afectar a miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta industria en el departamento del Meta.

De acuerdo con el gremio, las manifestaciones son promovidas por integrantes del sector metalmecánico que han planteado solicitudes relacionadas con condiciones económicas unificadas y beneficios adicionales para algunos trabajadores y contratistas vinculados a las operaciones petroleras.

ACP pide soluciones dentro del marco institucional

La organización reconoció que las inquietudes planteadas por los manifestantes deben ser escuchadas y atendidas mediante los canales institucionales establecidos. Sin embargo, insistió en que cualquier acuerdo debe construirse respetando el marco legal vigente y las particularidades de cada empresa que opera en la región.

La ACP sostuvo que las condiciones laborales, comerciales y contractuales no pueden imponerse mediante acciones que paralicen la actividad productiva, sino a través de espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones concertadas entre todas las partes involucradas.

El gremio también destacó la importancia de respetar la autonomía empresarial en la definición de sus procesos internos y recordó que las operaciones petroleras involucran una amplia red de proveedores, contratistas y trabajadores que podrían verse afectados por una suspensión prolongada de actividades.

La asociación reiteró que la búsqueda de acuerdos debe realizarse sin comprometer la continuidad de una industria que representa una fuente significativa de empleo y recursos para distintas regiones del país.

Asimismo, señaló que el diálogo entre empresas, trabajadores, contratistas, comunidades y autoridades es la vía adecuada para resolver las diferencias que han surgido alrededor de las condiciones planteadas por algunos sectores vinculados a la actividad petrolera.

Preocupación por impactos económicos y energéticos

La ACP advirtió que las consecuencias de los bloqueos no se limitan únicamente al ámbito laboral. Según explicó, la interrupción de las operaciones también puede generar efectos sobre las finanzas regionales y la economía de municipios que dependen en buena medida de los recursos provenientes de la actividad petrolera.

La organización indicó que una eventual prolongación del conflicto podría afectar la generación de ingresos destinados a programas sociales, infraestructura y proyectos de desarrollo financiados mediante regalías y otros recursos asociados al sector de hidrocarburos.

Además, el gremio alertó sobre posibles repercusiones en materia de seguridad energética, debido al papel que desempeña la industria petrolera dentro del abastecimiento nacional y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La producción de hidrocarburos continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos fiscales para el país, así como un componente relevante dentro de las exportaciones colombianas y la generación de divisas.

Por esta razón, la ACP hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen el libre desarrollo de las actividades económicas, la libertad de empresa y el respeto por los mecanismos institucionales de concertación.

Finalmente, la organización reiteró su disposición para participar en escenarios de diálogo que permitan superar la situación actual y encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a las comunidades y empresas que operan en la región, evitando mayores afectaciones para la economía local y nacional.

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre total e inmediato de un establecimiento de estética ubicado en el norte de la ciudad luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la realización de procedimientos invasivos sin autorización.

La decisión fue adoptada tras una inspección motivada por una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

Según información obtenida por El Espectador, durante la visita de verificación realizada por funcionarios de salud fueron encontrados medicamentos, equipos e insumos que estarían asociados a procedimientos de cirugía plástica invasiva, pese a que el establecimiento no estaba habilitado para prestar ese tipo de servicios médicos.

Las autoridades aseguraron que la evidencia encontrada permitió comprobar que en el lugar se desarrollaban actividades para las cuales no existía autorización sanitaria, situación que motivó la clausura inmediata del establecimiento mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló en el marco de las labores de inspección y vigilancia que adelanta la administración distrital para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a clínicas, consultorios y centros especializados en procedimientos estéticos.

Hallaron insumos asociados a procedimientos invasivos

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, durante la inspección fueron encontrados elementos que evidenciarían la realización de intervenciones invasivas sin las habilitaciones requeridas por la legislación colombiana.

El funcionario explicó que la medida sanitaria fue adoptada luego de confirmar que el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos de cirugía plástica y, aun así, disponía de equipos y medicamentos relacionados con este tipo de intervenciones.

Las autoridades indicaron que todos los elementos encontrados quedaron bajo custodia mientras se adelantan las verificaciones técnicas necesarias para determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el lugar.

Asimismo, se abrió un proceso administrativo sanitario que permitirá establecer posibles responsabilidades y determinar si existieron otras infracciones relacionadas con la prestación de servicios de salud sin los permisos correspondientes.

La Secretaría de Salud reiteró que cualquier establecimiento que ofrezca procedimientos médicos o estéticos debe cumplir estrictamente con los requisitos de habilitación, infraestructura, talento humano y seguridad exigidos por las autoridades sanitarias.

Casos recientes mantienen la alerta en el sector estético

La decisión se produce en medio de la preocupación que existe en distintas regiones del país por los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados en lugares no autorizados o por personas que carecen de las certificaciones requeridas.

Uno de los casos más recientes fue el de Yulixa Toloza, quien falleció después de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino en Bogotá. A este hecho se sumó la muerte de Nayeli Larrahondo, quien presentó complicaciones durante un procedimiento estético realizado en Puerto Tejada, Cauca.

Estos casos han generado llamados de atención por parte de las autoridades sanitarias para que los ciudadanos verifiquen previamente la legalidad de los establecimientos donde planean realizarse procedimientos médicos o estéticos.

En Cali, los operativos de control se han intensificado durante los últimos meses con el propósito de identificar establecimientos que incumplan las normas y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes.

La Secretaría de Salud recordó que actualmente existen más de 129 instituciones registradas y autorizadas para realizar procedimientos de cirugía estética en la capital del Valle del Cauca.

Por esta razón, la entidad insistió en la importancia de que los ciudadanos consulten previamente la habilitación de los centros médicos y verifiquen que los profesionales encargados cuenten con las certificaciones y permisos exigidos por la ley antes de someterse a cualquier procedimiento.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la prevención y la verificación de la información son herramientas fundamentales para evitar complicaciones médicas derivadas de procedimientos realizados en establecimientos clandestinos o sin controles adecuados.

La construcción de una nueva sede para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, permanece suspendida debido a presuntas amenazas y exigencias económicas ilegales que estarían afectando el desarrollo del proyecto.

La situación fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre las consecuencias que este hecho genera para cientos de estudiantes de la región.

Según información obtenida por El Espectador, la obra es financiada con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y tiene como objetivo ampliar la capacidad de atención de una institución que presta servicios educativos a cerca de 500 alumnos. Sin embargo, los problemas de seguridad registrados en la zona han impedido que los trabajos avancen conforme al cronograma previsto.

La paralización del proyecto no solo afecta la ejecución de una importante inversión pública, sino que también retrasa el mejoramiento de las condiciones académicas de niños y jóvenes que enfrentan limitaciones de infraestructura para desarrollar sus actividades escolares.

Defensoría alerta por amenazas contra la comunidad educativa

La denuncia fue realizada por el defensor regional del Pacífico, David Torres, quien aseguró que las presiones extorsivas han impedido la continuidad de la construcción de la nueva sede educativa.

De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, la situación ha llegado incluso a afectar a la rectora de la institución, quien habría sido objeto de intimidaciones y exigencias económicas pese a no tener ninguna relación contractual con la ejecución de la obra.

La Defensoría explicó que ha venido acompañando a la comunidad educativa y que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes con el propósito de activar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que se han realizado coordinaciones con la Secretaría de Educación para buscar alternativas que permitan proteger a los directivos docentes y garantizar que el proyecto pueda retomarse en condiciones de seguridad.

Las amenazas han generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes consideran que la construcción de la nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer el acceso a la educación en una de las zonas rurales más apartadas de Buenaventura.

Persisten los problemas de seguridad en la región

La situación ocurre en un contexto marcado por las dificultades de orden público que históricamente han afectado a varias comunidades rurales del Pacífico colombiano.

Según la Defensoría del Pueblo, en distintos sectores de Buenaventura mantienen presencia estructuras armadas ilegales como el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, grupos que disputan corredores estratégicos y ejercen influencia sobre algunas comunidades.

Las autoridades investigan si alguna de estas organizaciones tendría relación con las amenazas denunciadas alrededor de la construcción de la sede educativa.

Durante los últimos años, organizaciones sociales y representantes del sector educativo han advertido sobre las afectaciones que la violencia genera en el acceso a la educación. Entre ellas se encuentran desplazamientos de docentes, suspensión de clases y restricciones para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Diversos gremios educativos también han señalado que algunos profesores han debido abandonar temporalmente determinadas zonas por razones de seguridad, situación que impacta directamente la continuidad de los procesos académicos.

Frente a este panorama, la Defensoría insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a la comunidad educativa y garantizar que los recursos destinados a mejorar las condiciones de aprendizaje puedan ejecutarse sin interferencias de grupos ilegales.

La entidad también pidió acelerar las investigaciones para identificar a los responsables de las presuntas extorsiones y evitar que una obra considerada prioritaria para cientos de estudiantes continúe detenida por acciones criminales que afectan el desarrollo social y educativo de la región.