A pesar de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el corazón del Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto emblema con que el Gobierno de José Antonio Kast anotó su primera gran victoria legislativa aún no podrá ser promulgado, pues parlamentarios de la oposición ya ingresaron sendos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de establecer como inconstitucionales varias de sus normas.

Esta mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que espera despachar por la noche el único punto pendiente que pasó a una comisión mixta -la exención del pago de contribuciones por su casa propia a los mayores de 65 años-, dejándolo listo para su etapa final.

“La próxima semana es semana regional. Para la vuelta de esa semana, lo del veto presidencial, que el Gobierno ya lo anunció, y por supuesto después de eso ya entra el Tribunal Constitucional (TC), a propósito de los requerimientos que se han anunciado (desde la oposición)”, señaló a Radio Duna

Ello, puesto que el Gobierno confirmó que ingresará un veto presidencial sobre cuatro materias de la también llamada “Ley Miscelánea” ingresadas por la oposición durante la tramitación del proyecto: el derecho al olvido financiero por deudas; la garantía de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas (pymes); el impedimento de cobrar intereses sobre intereses (anatocismo), y la prohibición de cortar servicios básicos en zonas siniestradas.

Los requerimientos ante el TC

Sin embargo, la demora en la promulgación de esta megarreforma se extenderá debido a que apenas fue despachada la iniciativa el martes, parlamentarios de distintos partidos de la oposición ingresaron de inmediato tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), acusando precisamente “vicios de inconstitucionalidad” en los siguientes puntos:

1.- La famosa invariabilidad tributaria

El punto más polémico del Plan de Reconstrucción es sin duda la norma que establece un régimen de invariabilidad tributaria para aquellas grandes empresas que inviertan a 10, 15 y hasta 20 años plazo, asunto que según los 21 senadores que firmaron el requerimiento vulnera la alternancia en el poder y limita a los futuros gobiernos y al propio Congreso en temas tributarios.

2.- Las indemnizaciones por calificaciones ambientales anuladas

Otra norma que la oposición espera impugnar es aquella que dispone una indemnización para aquellas empresas cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada mediante una sentencia judicial, sin la necesidad de acreditar la existencia de una falta de servicio por parte del Estado, cuestión que implicaría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

3.- La ampliación en contra de la invariabilidad tributaria

Finalmente, el tercer requerimiento presentado, esta vez por diputados, también dice relación con la invariabilidad tributaria y acusa un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”, al permitir que una ley establezca su propia invariabilidad eliminando la injerencia del Congreso al respecto.

Así las cosas, ahora queda esperar a que el TC acoja a trámite dichos requerimientos y resuelva si son inconstitucionales o no, para que finalmente el Gobierno pueda promulgar su proyecto estrella.

Luego de una querella estampada en 2023 por dos ex concejales, el alcalde de Chillán (400 kms al sur de Santiago), Camilo Benavente (PPD), será formalizado el próximo 16 de octubre por presunto fraude al Fisco en exactamente $1.276 millones de pesos (USD 1,192 millones), dineros que habría pagado de más en la compra de la medialuna comunal utilizada para realizar deportes rurales, en 2021.

Si bien la denuncia presentada por Juan Pablo López y Joseph Careaga apuntaba además a otros delitos como falsificación de documentos y negociación incompatible, finalmente la Fiscalía resolvió presentar acusación este martes, solo por el fraude a las arcas del Estado en la adquisición del recinto en $3.276 millones (USD 3 millones), cuando su valor real no superaba los $2.000 millones (USD 1.872 millones).

De acuerdo a Careaga, la tasación de la propiedad se estableció después de que la compra-venta se había realizado, asunto que ya fue zanjado por la Contraloría General de la República (CGR). Debido a esto, aseguró que espera que la justicia esclarezca este hecho “de una vez por todas, porque, en realidad, lo que aquí está en juego es la plata de la municipalidad y la plata de todos los chillanejos”, según consignó BioBíoChile.

La defensa del alcalde

Sin embargo, Marcelo Villena, abogado defensor del actual alcalde de Chillán -comuna famosa por sus embutidos-, asegura que éste efectuó la compra bajo el consejo y supervisión de los asesores del municipio, quienes en las distintas etapas del proceso no hicieron reparo alguno.

“A nuestro juicio no hay ninguna irregularidad, ningún fraude en ese hecho ni en ningún otro, pero bueno, la Fiscalía es soberana de formalizar investigación. Creemos que los argumentos de la defensa van a dejar claro que no hay responsabilidad del señor alcalde en los hechos”, aseguró.

De acuerdo al legista, el contrato se desarrolló “en distintas etapas, en todas las cuales se contó con los vistos buenos respectivos de los asesores jurídicos, de manera que el alcalde ejecutó aquello que le recomendaron los asesores”, aseguró al medio citado.

Finalmente, la actual concejala, Yanina Contreras, quien votó a favor de la adquisición, defendió la compra de la medialuna en 2021 puesto que hubo “tasaciones que se presentaron y justificaron el precio”, aunque agregó que “si hay cosas que aclarar, es bueno que se haga”.

Alicia Cebrián, directora del organismo, informó que gracias al restablecimiento de la conectividad el número de personas aisladas en el país bajó de 100.000 a unas 63.000, mientras que 3.300 se vieron damnificadas y 1.357 personas permanecen en albergues, la mayoría de ellas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

Tocante a los daños materiales, Cebrián detalló que 100 casas resultaron destruidas en su totalidad, 3.500 presentan daños mayores y alrededor de 20.000 registran afectaciones menores. Sin embargo, otras 1.700 viviendas están a la espera de evaluación.

La autoridad confirmó que la regiones de Coquimbo y Valparaíso presentan la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico, mientras que los cortes de agua potable afectan a 176.811 clientes en Coquimbo y a otros 5.079 en la región de Atacama.

La noche del martes, Cebrián ya había informado que “salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”.

Gremios empresariales cifraron pérdidas en más de USD 400 millones

Por otra parte, y mientras municipios y el Gobierno comienzan a cuantificar los daños, gremios empresariales cifraron “ a ojo de pájaro” las pérdidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en unos USD 400 millones, principalmente en el comercio, la pequeña minería y el agro.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, señaló este martes que unas 50 mil pymes tuvieron que parar sus actividades debido a las afectaciones, por lo que hizo un llamado al Gobierno para acelerar la ayuda a fin de que vuelvan a levantar sus cortinas y no se pierdan emprendimientos y empleos.

Por otra parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, afirmó que el desabastecimiento de hortalizas debido a los cortes de ruta en el norte del país -y el consiguiente aumento de sus precios-, será transitorio y volverá a la normalidad una vez se restablezcan las vías de acceso.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, recordó que las regiones de Atacama y Coquimbo concentran más de 600 faenas mineras pequeñas y medianas actualmente paralizadas, asunto que requiere, aseguró, “medidas extraordinarias” de parte del Gobierno para ser reactivadas.

Finalmente, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), confirmó que el comercio minorista en todo el país ha sufrido pérdidas por al menos unos USD 25 millones, siendo las regiones de Coquimbo y Valparaíso las más afectadas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió esta jornada con el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, a fin de sondear el respaldo de ese partido al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, batería de más de 40 leyes que fue despachada por el Senado la semana pasada y cuyas modificaciones deberán ser aprobadas este martes por la Cámara Baja del Congreso.

El Ejecutivo necesita al menos dos votos del PDG para evitar que la también llamada “Ley Miscelánea” pase a una Comisión Mixta, integrada por miembros de ambas cámaras, escenario que podría alargar aún más su tramitación.

Sin embargo, al término de la cita, Valenzuela aseguró a la prensa que su partido aún no ha decidido si apoyará el proyecto de ley con el que el Gobierno espera anotar su mayor victoria legislativa, y afirmó que, de no llegar a un acuerdo, es muy posible que entreguen a sus parlamentarios plena libertad de acción.

“Solamente nos sentamos en la mesa porque el ministro nos había pedido una reunión y nosotros, en la lógica dialogante, fuimos, escuchamos. Nos manifestó el hecho que es muy interesante para él poder avanzar lo antes posible y que llegue esta megarreforma con las soluciones que ellos han planeado para la gente, ese es el lenguaje”, señaló, según consigna La Tercera.

A renglón seguido, el parlamentario sostuvo que “estamos con el ánimo siempre de poder avanzar, pero tenemos nuestra propia visión: somos una bancada distinta, no somos oficialismo, no formamos parte del gobierno. Por tanto, evidentemente, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para poder deliberar y dar nuestra opinión respecto a eso”.

Los desacuerdos

Cabe señalar que el punto que más incomoda el PDG es la modificación a la franquicia tributaria del Sence, (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), organismo público cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y fomentar el desarrollo profesional mediante capacitaciones gratuitas, subsidios al empleo (como el Bono al Trabajo de la Mujer) e incentivos tributarios para las empresas.

“La solución no puede ser eliminar recursos nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, y creo que la forma no es desmantelar el Sence. Entonces estamos revisando eso, si se pueden hacer indicaciones y eso lo mandamos a una comisión mixta”, afirmó el diputado.

Empero, las modificaciones en el Sence no son el único problema que preocupa al PDG, puesto que, según sostuvo Valenzuela, también tienen reparos con otras materias de la iniciativa, como la famosa invariabilidad tributaria para las grandes empresas y los cambios de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Debido a esto, y de no llegar a un acuerdo de aquí a mañana, “vamos probablemente a habilitar la libertad de acción”, remató Valenzuela.

El frente de mal tiempo subió en las últimas horas de sur a norte y ha provocado graves inundaciones, cortes de rutas, del suministro eléctrico y del agua potable. Varias localidades han debido ser evacuadas, mientras otras permanecen totalmente aisladas.

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregaron el último balance del sistema frontal calificado por el primero como "intenso, con características anormales”, y que solo entre las 19:00 y las 20:00 horas de este domingo dejó 20 mm de agua caída en La Serena y Coquimbo, lo mismo que suele llover en todo un mes.

En tanto, en el pueblo de Andacollo, que está completamente aislado y sin suministro eléctrico, cayeron durante la noche más de 300 mms de lluvia.

Damnificados

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que en todo el país hay alrededor de 1.950 personas damnificadas -mayoritariamente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío-; y 1.091 albergados, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (Santiago).

Asimismo, unas 33.246 personas permanecen aisladas en las regiones de Atacama y Coquimbo; mientras que se han contabilizado 34 viviendas destruidas, 1.087 viviendas con daño mayor, 14.447 viviendas con daño menor y 1.429 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos locales.

Cebrián aseguró que dichas cifras se irán engrosando en las próximas horas puesto que “estos datos son dinámicos, van cambiando hora a hora en la medida también que los organismos municipales y los equipos puedan llegar a las distintas localidades para poder evaluar este daño que ya indicamos”.

Zona de catástrofe

Por otra parte, más de 215.000 personas sufrieron cortes de luz durante la noche, con más de 100.000 concentrados en Valparaíso y cerca de 30.000 en Coquimbo.

Debido a esto, y a que los reportes del tiempo aseguran que las lluvias continuarán durante toda la semana, el presidente José Antonio Kast anunció esta jornada que se decretó zona de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, en la región de Atacama, mientras que desde el Senapred confirmaron que las clases seguirán suspendidas para todo el sistema educativo en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de zonas específicas de Atacama y la Región Metropolitana.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frente de mal tiempo que sacude al país es el más grande registrado en los últimos años, no solo por su intensidad, sino también por su extensión geográfica, y llegó de la mano de “El Niño” luego de un otoño más bien seco en buena parte del país.

La tarde del pasado jueves, mientras constataba en terreno los estragos producidos por los temporales que afectan a la mayor parte del país, el presidente José Antonio Kast se refirió brevemente al Proyecto de Reconstrucción Nacional, batería de más de 40 leyes que la madrugada del miércoles fue despachado en particular por el Senado en una maratónica sesión con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

Y aunque desde la oposición ya aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en varios capítulos del proyecto en los que acusan “vicios de inconstitucionalidad”, el mandatario se mostró optimista y aseguró que su gobierno espera que la también llamada “Ley Miscelánea” o “Megarreforma“ sea aprobada definitivamente y “por un margen mayor” en la Cámara de Diputados, a la que volverá este lunes para su tercer trámite legislativo.

“Esperamos sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor. Y esperamos que, si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional (TC), eso se pueda resolver de manera rápida y oportuna (...) No creemos que haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad, pero está dentro de las reglas constitucionales y los parlamentarios que así lo planteen pueden recurrir al TC”, afirmó.

Su optimismo no es exagerado, pues la también llamada “Ley Miscelánea” o “Megarreforma”, ya fue visada en la Cámara Baja por una amplia mayoría de 90 votos a favor en mayo pasado, en su primer trámite, a la que ahora vuelve con varias modificaciones de última hora para destrabar los votos.

Las modificaciones

1. El controversial “Derecho al olvido comercial”

-El cambio: Se incorporó un nuevo artículo (el artículo 37) presentado por la oposición que obliga a borrar de los registros comerciales y financieros los datos de deudas ya extinguidas de personas naturales.

-La polémica: El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se opuso tajantemente argumentando que esto ya se encuentra normado. Pese a sus reparos, la Sala lo aprobó por 25 votos a favor contra 23. El Ejecutivo ya levantó una reserva de constitucionalidad sobre este punto.

2. Rebaja al Impuesto a las Herencias y Donaciones

• El cambio: El Senado añadió una disposición transitoria inédita que aplica una rebaja de hasta el 50% en el impuesto que grava a las herencias y a las donaciones. Se aprobó de forma estrecha por 26 votos contra 22, generando fuertes críticas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), los que acusaron que beneficia únicamente a los patrimonios más altos.

3. Restitución de Gastos Ambientales

• El cambio: Se agregaron normas que facultan la restitución de gastos públicos o incentivos a empresas privadas cuyos grandes proyectos de inversión sufran la revocación o caída de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

4. Ajustes en Invariabilidad Tributaria y Plazos

• El cambio: El Gobierno tuvo que modificar su propuesta inicial para amarrar un acuerdo con senadores del Partido por la Democracia (PPD). Se fijó un esquema estricto de tramos de protección para inversionistas (protección de 10, 15 y hasta 20 años según el volumen de capital invertido), dándole mayor estabilidad jurídica a las transacciones transnacionales.

5. Regulación de Pagos a Pymes

• El cambio: Se modificó la regla sobre la velocidad y condiciones de los pagos que el Estado efectúa a sus proveedores de pequeñas y medianas empresas (Pymes). Al igual que con el derecho al olvido, el ministro de Hacienda formuló reparos constitucionales formales.

Lo que se viene

Así las cosas, el proyecto volverá este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata para su tercer trámite que tiene reglas estrictas, pues los diputados solo pueden votar si aprueban o rechazan las modificaciones hechas por el Senado, sin agregar nuevas indicaciones. De ser ratificados los cambios, la norma quedaría en condiciones de ser promulgada como ley.

Sin embargo, si la Cámara Baja rechaza el derecho al olvido comercial, la rebaja a las herencias o la restitución ambiental, el proyecto se trabará y tendrá que resolverse obligatoriamente en una Comisión Mixta integrada por miembros de ambas cámaras, escenario que podría alargar aún su tramitación.

Por ahora, mientras el Ejecutivo aparece confiado en que el proyecto con el que espera anotar su primera gran victoria legislativa en sus poco más de cuatro meses de gobierno, será aprobado con celeridad, la oposición alista varios requerimientos al Tribunal Constitucional (TC), tal como lo confirmó el senador Alfonso de Urresti:

“A mas tardar el día lunes vamos a presentar en tiempo y forma el requerimiento al Tribunal Constitucional por materia ambiental, en materia de invariabilidad y otro aspecto”, aseguró la misma madrugada del jueves en que el Senado visó el proyecto.

La tarde de este jueves, mientras constataba en terreno los estragos producidos por el temporal que afecta a la mayor parte del país, el presidente José Antonio Kast se refirió al Proyecto de Reconstrucción Nacional, batería de más de 40 leyes que la madrugada del miércoles fue aprobada en general por el Senado en una maratónica sesión con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

Aunque desde la oposición ya aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en varios capítulos del proyecto, el mandatario se mostró optimista y aseguró que su gobierno espera que la también llamada “Ley Miscelánea” sea aprobada “por un margen mayor” en la Cámara de Diputados, a la que volverá este lunes para su tercer y último trámite legislativo.

“Entendemos que hay diferencias políticas en el tema tributario (...) La ciudadanía tomó una decisión cuando nos eligió como gobierno y hemos señalado que ojalá las votaciones fueran más amplias (pero), aunque sea por un voto, vamos a seguir avanzando”, aseguró Kast.

“Nosotros estamos convencidos que esta reforma, en temas tributarios, en temas de inversión, en temas de regulación ambiental, va a colaborar a que haya más inversión en Chile”, agregó.

La oposición y el TC

A renglón seguido, Kast afirmó que su gobierno espera que el Plan de Reconstrucción Nacional “sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor. Y esperamos que, si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional (TC), eso se pueda resolver de manera rápida y oportuna”.

“No creemos que haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad, pero está dentro de las reglas constitucionales y los parlamentarios que así lo planteen pueden recurrir al TC”, afirmó.

El mandatario recordó que algo parecido sucedió cuando se aprobó la ley de Escuelas Protegidas, a principios de junio pasado, y valoró que tras su promulgación ahora “hay una posibilidad mayor de control de mochilas en las escuelas, hay una posibilidad de identificar a alumnos que antes se cubrían el rostro, hay más autoridad para los profesores”.

Al cierre, Kast hizo un llamado a los diputados a que vean “lo que es tener un millón de personas sin trabajo, que veamos lo que es tener casi 2 millones de personas en la informalidad. Yo confío en la articulación que se está realizando a través del ministro José García, el biministro Claudio Alvarado y (el ministro de Hacienda), Jorge Quiroz, siga avanzando y tengamos el apoyo amplio de todos los parlamentarios esta próxima semana”, remató.

Escondido en el extremo sur de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) halló este jueves a uno de los prófugos más buscados del país: hablamos de Pedro Aladino Macheo Raimán, señalado por la justicia como uno de los asesinos de Moisés Orellana, trabajador de solo 21 años que tuvo la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados, la noche del 8 de septiembre de 2020.

El crimen, que conmocionó al país, ocurrió cuando Orellana, quien había sido brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), trabajaba en una frutería y era el sostén del hogar que compartía con su madre y su hermano menor, bebía a eso de la medianoche alcohol junto a dos amigos en un camino rural apartado en el sector de Paicaví, comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago), al interior del Peugeot que había comprado hace pocos meses.

De pronto, dos vehículos con individuos que habían llevado a cabo hace minutos un ataque incendiario contra tres casas pasaron a toda velocidad, y al ver el auto de Orellana, varios encapuchados se bajaron de uno de ellos conminándolo a él y a sus amigos, a los gritos, a abandonar el lugar.

En medio del revuelo se escuchó un disparo de escopeta, el que dio de lleno en la cabeza de Orellana.

- “Te lo pitiaste”, dijo uno de los agresores al que había percutado el arma.

Acto seguido, el grupo puso pies en polvorosa, mientras que sus amigos llamaron a carabineros quienes llevaron a Orellana hasta el hospital de Cañete, donde falleció pocos minutos después.

La captura

Pedro Macheo logró huir de la justicia desde ése día hasta este jueves, cuando detectives lo apresaron en las cercanías de Puerto Riquelme (2.250 kms al sur de Santiago), específicamente en el Golfo Almirante Montt, región de Magallanes, en virtud de sendas órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantía de Cañete.

El arresto se produjo durante un patrullaje de la PDI y la Armada, en el inicio de la temporada de extracción de la centolla en esa zona austral.

A Macheo se le acusa de los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas y además, se le vincula al grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Así, fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para su formalización de cargos de manera telemática ante el Juzgado de Garantía de Cañete.

Cabe señalar que el caso de Moisés Orellana ya tiene dos condenados: Carlos Palacios y Guillermo Carrera Zúñiga, sentenciados a 28 años de cárcel por los delitos de incendio reiterado (la quema de las cabañas en el sector de Paicaví) y robo con intimidación (cometido contra los amigos que acompañaban a Moisés en el vehículo), sin embargo, fueron absueltos del cargo de homicidio contra Orellana.

“Como se ha señalado, mantiene ese estado de extrema gravedad (...) Valoramos el trabajo que han desarrollado todos los equipos médicos, el apoyo del personal del hospital, y nosotros estamos poniendo todo a disposición”, señaló esta jornada el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

En el operativo, que se realizó en el sector de Punucapa, en la ciudad de Valdivia (850 kms al sur de Santiago), “El Rana” además hirió en el estómago al suboficial Roberto Canio Quilaqueo, quien ya fue dado de alta.

Pronta formalización

Sin embargo, en el enfrentamiento “El Rana” también fue resultó herido a bala y por ahora se encuentra fuera de peligro en el Hospital de Valdivia con una lesión cervical y otra en una rodilla.

Según el jefe técnico de la urgencia del Hospital de Valdivia, Vicente Schild, el detenido “fue operado de urgencia por el equipo de turno, estabilizado y también ya pronto a hacer su postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Debido a esto, apenas salga de pabellón “El Rana” será formalizado por el ataque a ambos carabineros y por su responsabilidad en el crimen del cabo Naín en 2020, caso que ya tiene a un sentenciado -Luis Kalfulican Tranamil Nahuel- a 32 años y un día de cárcel.

Cabe recordar que el crimen del cabo segundo Eugenio Naín ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando la patrulla en la cual se dirigía a despejar barricadas fue emboscada en el sector de Metrenco por un grupo de sujetos armados. Desde ése día, Carlos Cancino se encontraba prófugo.

En el Tribunal Oral de Cañete (630 kms al sur de Santiago) partió este miércoles el juicio contra 21 comuneros -19 adultos y 3 menores edad-, acusados del ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, ocurrido en la comuna de Contulmo, en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y el Ministerio Público adelantó que en el transcurso de las 37 audiencias telemáticas programadas, presentará las declaraciones de 11 testigos protegidos a fin de acreditar los delitos de homicidio frustrado, incendio, disparos injustificados y robo con violencia, por los cuales los menores de edad enfrentan hasta 10 años de internación provisoria, mientras que los adultos arriesgan cadena perpetua.

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

El grupo se reunió en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

El ataque

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus, “provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

“Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar. En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

Según la versión de la Fiscalía, Richards manejaba a exceso de velocidad -un informe la cifró entre 85 km/h y 102 km/h-, cuando perdió el control de su camioneta SUV y arrasó con varios puestos de feriantes que estaban en la vereda.

En tanto, la defensa sostiene que el conductor no recuerda nada de lo sucedido pues se desmayó al volante, y una llamada hecha a su pareja poco antes del accidente, en la que le decía que se sentía mal y que iba a estacionar pronto, daría plena cuenta de ello.

Así las cosas, el uniformado fue derivado al penal de Casablanca mientras que el tribunal fijo en 120 días el plazo de la investigación.

Negativo en alcohol y drogas

Pocas horas después del fatal atropello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el conductor arrojó negativo en los exámenes de alcohol y drogas.

“Tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, confirmó.

La autoridad detalló además que dos de los siete heridos ya fueron dados de alta, mientras que los cincos restantes permanecen fuera de peligro en el hospital Gustavo Fricke.

Tragedia que “enluta a todo el país”

El presidente José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos“, posteó el mandatario.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, complementó.

En paralelo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que tres de los seis fallecidos pertenecían al mismo grupo familiar.

“Una de las víctimas es funcionaria de la Armada (…) Falleció su padre y su hermana en el mismo sitio del suceso”, señaló a T13, detallando que la mujer, de 29 años, era madre de dos hijos.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) publicó su cuarto informe sobre el mercado internacional del litio, ubicando a Chile como el tercer productor mundial de este mineral con una participación de 19,3%, por detrás de Australia (31,7%) y China (21,4%).

Asimismo, el reporte señala que Chile concentra el 25% de las reservas globales de litio, la mayor proporción a nivel mundial, seguido de Australia (23%) y de Argentina y Estados Unidos, ambos con 12%.

Y aunque Australia lideró las exportaciones en 2025, al considerar únicamente productos de litio con mayor grado de procesamiento, como el carbonato e hidróxido, el país se ubica como el principal exportador mundial, con una participación de 46%, seguido por Argentina (21%) y China (16%).

El volumen embarcado de litio chileno continuó en ascenso durante 2025, llegando a 321.695 toneladas de carbonato de litio, un 2,6% más que el año anterior. Sin embargo, las exportaciones totalizaron USD 2.397 millones, lo que representa una caída de 7,3% respecto a los US$2.585 millones de 2024.

La divergencia entre ambas variables responde a la corrección de precios observada desde los máximos alcanzados en 2022, en un contexto de expansión de la oferta global y entrada de nuevos actores productores en países como Argentina, Brasil, Canadá, China, Malí, Estados Unidos y Zimbabue.

Durante la segunda mitad de 2025, los precios registraron una recuperación parcial impulsada por el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China y Europa, y por la mayor demanda de sistemas de almacenamiento de energía, tendencia que se ha acentuado en 2026.

“Chile tiene una posición estratégica en el mundo respecto al litio, siendo uno de los actores más relevantes tanto en reservas naturales como en exportaciones de productos con nivel mayor de procesamiento, como el carbonato y el hidróxido. Debemos ser capaces de capitalizar esa ventaja para posicionar cada vez más a nuestro país como un socio estratégico para otros mercados en un contexto de transición energética y desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando además valor agregado”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

¿Dónde se va el litio chileno?

Tocante a destinos, China continuó siendo el principal importador del litio chileno en 2025, aunque su participación se redujo de 70% a 67% respecto al año anterior.

El descenso se explica principalmente por el fuerte aumento de los envíos a Corea del Sur, que incrementó su participación de 15% a 22% en el período, consolidándose como el segundo mercado de destino.

El tercer lugar lo tiene Japón, seguido de Estados Unidos y la Unión Europea. En su conjunto, Asia representó por sí sola el 95% de las exportaciones chilenas de litio en 2025.

“Una de nuestras prioridades es impulsar una mayor diversificación de mercados y eso incluye al litio, donde vemos una concentración en Asia, lo que también es natural ya que este continente es el que demanda gran parte de la producción mundial hoy en día. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos por delante”, agregó Estévez.

Otra de las cosas que destaca el estudio es la mayor competitividad que está habiendo en el mercado global, que está marcada por la entrada de nuevos actores, una expansión significativa de la oferta y precios internacionales más ajustados.

“Esto ha cambiado las condiciones bajo las cuales opera la industria. Por lo tanto, Chile enfrenta un entorno internacional más exigente en el que el desafío estará en sostener y proyectar su liderazgo mediante mayor inversión, innovación, diversificación y valor agregado”, cerró la autoridad.

Luego de un juicio que se extendió por más de tres años, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kms al sur de Santiago) condenó este martes al exalcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao, por los delitos de estupro reiterado, inducción al aborto y abuso sexual contra dos de las tres mujeres que lo acusaron, una de ellas menor de edad.

Los hechos investigados fueron cometidos entre 2006 y 2020 y según la declaración de una de esas víctimas, Reinao le obligó a tomar pastillas abortivas luego de quedar embarazada, y luego la llevó hasta Ecuador para practicarle un aborto clandestino.

Así las cosas, el juez Marcos Pincheira fijó la lectura de sentencia para el próximo viernes 7 de agosto a las 14:00 horas, y aunque la Fiscalía pide 20 años de cárcel, su defensa espera conseguir una pena no mayor a los 5 años de libertad vigilada, puesto que Reinao ha permanecido casi tres años en prisión preventiva.

Quién es Juan Carlos Reinao

Juan Carlos Reinao era alcalde de Renaico -comuna ubicada en la región de la Araucanía a unos 550 kilómetros al sur de Santiago-, desde 2012, cuando logró la primera mayoría con 2.192 votos, el 41% de las preferencias. Luego se repostuló en 2016, aumentando a 3.082 sus votos y consiguiendo el 60% de las preferencias.

Según un reportaje de Mega Investiga, durante los años 90 Reinao integró la Coordinadora Arauco Malleco (organización radical mapuche separatista). En esos años estrechó lazos con su ahora exlíder, Héctor Llaitul Carillanca, quien en 2024 fue condenado a 24 años de presidio.

De acuerdo a un informe policial, la primera pista apareció el 23 de noviembre de 2020, cuando los detectives intervinieron una comunicación telefónica de Llaitul:

Alcalde: ¿Qué paso compa?

Llaitul: ¿Cómo estay hermano?

Alcalde: Bien hermanito mío

Llaitul: ¿Oye, me harías un favor grande?

Alcalde: Por supuesto que sí

Llaitul: Necesito salir hacia Temuco y voy llegando a Peleco. ¿Tú le podrías hablar a Samuel, que me ayude?

Alcalde: Ya vale

Llaitul: Dile que.. Dale este número

Alcalde: Vale Listo

Llaitul: Llámalo y dile que estoy en Peleco porfa. Vale Gracias Chao

Alcalde: Chao

Casi una hora después, Llaitul volvió a llamar. Samuel, a quien habían destinado para la misión reservada, aún no tomaba contacto con el jefe de la CAM, quien se notaba preocupado.

Llaitul: Aló, compañero

Alcalde: dime

Llaitul: ¿Cómo te fue con Samuel?

Alcalde: bien poh hueón, ¿no te llamó?

Llaitul: no, no me ha llamado, pero dale mi número, porque él tiene el antiguo.

Un encuentro presencial

El jefe operativo de la CAM y el alcalde se encontraron solo una vez, en la casa del edil, tal como registra un informe de vigilancia reservado del 15 de febrero de 2021, de la Fuerza de Tarea de la PDI. El seguimiento partió a las 13.40 en el cruce Huequén, en la comuna de Angol. Ahí se reunieron Héctor Llaitul con Eduardo Vivian Badilla, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien se sentó al volante.

A las 14.30 pararon en un servicentro donde se les unió una tercer integrante: Carolina Manqueo Solar, pareja del comunero mapuche. Quince minutos después, tras deambular por las calles Renaico, se dirigieron hasta el km 1 del camino a Negrete: “Específicamente hasta el domicilio de Juan Carlos Reinao, el alcalde Renaico”, señala el documento.

El primero en irse fue el ex frentista Eduardo Vivian, A las 15.15, dejando en la casa de Reinao a Llaitul y su mujer. Unos minutos después. los detectives observaron nuevos movimientos en el lugar.

Según el informe, Llaitul se subió como copiloto a una camioneta de la municipalidad de Renaico. A las 15.57 fueron vistos frente a la Asociación de Caza y Pesca. En ese momento el equipo policial, al verse en peligro de ser expuesto, decidió darse una vuelta. Al regresar, la camioneta municipal con Llaitul en su interior había desaparecido. Después de esta vigilancia, nunca más vieron al jefe de la CAM en la comuna de Reinaco.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres, quienes a eso de las 05:00 horas se encontraban bebiendo alcohol en la vía pública, específicamente en el barrio Franklin, famoso por su gigantesca feria libre.

Al ser fiscalizados por la policía, el conducto decidió apretar el acelerador y se inició una persecución que terminó cuando la camioneta, a exceso de velocidad, no respetó la luz roja en la esquina de la avenida Santa Rosa y Franklin, colisionando contra un bus oruga del transporte público.

Debido al choque, ambos vehículos se incrustaron en una farmacia ubicada en la intersección, y a los pocos segundos el fuego consumió la camioneta, el bus y el negocio. Todo quedó registrado en varios videos tomados por testigos y cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo a las autoridades, los siete ocupantes del vehículo menor murieron carbonizados mientras que el chofer del bus, que a esa hora circulaba sin pasajeros, fue rescatado por un ciclista que providencialmente pasaba por el sitio del suceso, y llevado a un recinto asistencial con heridas leves.

Llamado a los familiares

Aunque en un principio Bomberos informó que los fallecidos eran cinco, horas después rectificaron la información, elevando el número de víctimas a siete.

El fiscal Centro Norte, Fernando Ruiz, informó que las víctimas, “según la información que ha recopilado personal de Carabineros en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana”.

En tanto, el delegado presidencial de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, hizo un llamado a los familiares de los fallecidos a acercarse al Servicio Médico Legal (SML) y entregar mayores detalles sobre su identidad y situación migratoria en el país.

“Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas”, remató.

Autoridades políticas, profesionales del área de la salud y organizaciones de derechos sexuales calificaron como “cruel” y “aberrante” un proyecto de ley presentado por diputados oficialistas, el que obliga a las mujeres o niñas que quieran acceder a un aborto legal a oír los latidos del corazón del feto antes de acceder a dicha prestación médica.

Cabe recordar que en Chile el aborto solo puede realizarse bajo tres causales, a saber, cuando la madre -sea mujer o niña- esté en riesgo vital; cuando el feto tenga una patología congénita incompatible con la vida de carácter letal, y cuando el embarazo sea producto de una violación.

La iniciativa, bautizada como “Escucha su corazón” y presentada a fines de junio por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Republicano (PR) y Renovación Nacional (RN), estipula que existe un “deber médico” de mostrar a la paciente la actividad embrionaria, y aunque ésta puede “declinar libremente” dicha escucha, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

Según argumentan sus autores, una decisión de esa magnitud solo puede ser libre cuando la paciente cuenta con información “completa y objetiva” del procedimiento al que se va a someter, y para ello citan precedentes legales norteamericanos registrados en estados como Kentucky, Texas, Arizona, Georgia y Missisipi, en el primero de los cuales existe una norma, la Ultrasound Informed Consent Act, “que obliga al médico, antes de la intervención, a hacer audible el latido cardíaco y a realizar, mostrar y describir la ecografía”.

Según el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor del proyecto, “colectivos feministas hablan de que es el cuerpo propio de la mujer y que ella tiene derecho a hacer lo que quiera, pero está súper comprobado que lo que está gestándose dentro del vientre materno es un ser independiente, un ser único, que tiene latidos de corazón”.

“No veo por qué, si ellos están tan decididos a cometer este acto, puede producir un menoscabo escuchar los latidos de mi hijo, y entiendo realmente lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo al final al abortar”, agregó.

“Cruel” y “aberrante”

Una vez conocido el tenor del proyecto de ley, trabajadores del área de la salud, organizaciones de derechos sexuales y autoridades políticas lo tildaron de “cruel y revictimizante”, tal como lo aseguró la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, quien aseguró además que la iniciativa es contraria “a toda lógica de autonomía y dignidad”.

De la misma opinión fue Marcelo Ahumada, matrón, ecografista y jefe de carrera de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, quien recordó que “quienes realizamos ecografías, estamos obligados a evaluar y señalar en el informe sobre todo el estado de vitalidad de esa gestación, ya si está vivo o no, y evaluar la actividad cardíaca”, según consignó BioBíoChile.

El profesional sostuvo que el proyecto implica “violencia obstétrica”, puesto que “ofrecerle u obligarle (a la paciente) a escuchar el corazón del feto, sobre todo en casos en que las personas ya se encuentran en un estado específico donde saben que se va a producir un aborto, o que ese embarazo no va a llegar a su fin, no solo es innecesario, sino que es una medida aberrante que solo agrava la situación clínica en la que se encuentra”, agregó taxativo.

Finalmente, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó en entrevista con Diario Usach si “¿realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá? ¿O a la mujer en riesgo vital y, por tanto, en procedimiento de emergencia?”.

De acuerdo al coronel de Carabineros, Alex Oporto, el atraco se llevó a cabo poco antes de las 14:00 horas en el centro de la ciudad, cuando “individuos desconocidos, a rostro plenamente cubierto y premunidos aparentemente de armas de fuego, hicieron ingreso a esta sucursal, donde intimidaron a la gente que trabaja en la misma, también al vigilante de la sucursal, extrayéndole entre sus pertenencias el revólver, el arma que él ocupa a diario al servicio”, consignó el medio local El Observador.

“Ingresaron al sector donde está la bóveda, conociendo la clave, por lo tanto, a priori podemos indicar que algo ya tenían planificado, sustrajeron una importante suma de dinero, más de $800 millones de pesos (...) Esto no fue un asalto común donde sustraen dinero que haya sido entregado por los propios cajeros”, explicó el uniformado.

Johnny Piraíno, alcalde de La Calera, agregó que “esta banda había estudiado cada detalle del banco, porque minutos antes se declaró un incendio vehicular en el sector de Artificio y quedaron obstaculizados con miguelitos y aceite los accesos a nuestra comuna. Este acto fue muy rápido, los tipos huyen rumbo hacia la costa puntualmente, a la comuna de Concón”.

Según el edil, por ahora hay dos detenidos, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del resto de los responsables.

La huida

El coronel Oporto dio detalles de la huida de los delincuentes, quienes bloquearon las vías de acceso con un camión y tiraron miguelitos a la calle.

“Hay un camión atravesado que se puso intencionalmente por parte de la banda para poder bloquear el paso de vehículos, particularmente vehículos policiales. También pusieron una camioneta marca Ford color negra en las afueras de la comisaría, precisamente en las afueras del portón de salida de los vehículos policiales, y en la salida a la ruta tiraron miguelitos para impedir también la persecución”, señaló al medio citado.

“Estos sujetos habrían hecho un eventual cambio de vehículo, por lo tanto esta es una figura compleja que tiene que ser dilucidada por los equipos especializados al mando de la Fiscalía Local de La Calera, que es quien instruye y quien dirige la investigación, para poder esclarecer bien cómo sucedieron los hechos”, complementó Oporto.

Tocante al número de delincuentes que participaron del atraco, el uniformado aseguró que “conforme a toda la dinámica del hecho en sí, estamos hablando de aproximadamente al menos nueve personas“.

Finalmente, la autoridad policial informó que no hubo heridos en el robo ni disparos al aire.

“Estaba todo previamente organizado, por lo tanto no fue necesario aparentemente para ello el uso de armamento de fuego”, remató Oporto.

La Corte de Apelaciones de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) rechazó los recursos de nulidad presentados por los 18 miembros de una banda narco compuesta casi íntegramente por ciudadanas ecuatorianas que adoraban a la "Santa Muerte" -patrona de los delincuentes-, y ratificó sus condenas a más de 118 años de cárcel por el delito de tráfico de ketamina, la que internaban al país desde el Perú.

Así, 13 mujeres ecuatorianas, dos venezolanas, una peruana y una chilena recibieron de tres a ocho años y un día de cárcel, mientras que el cabecilla de la organización, un ciudadano ecuatoriano de 58 años identificado como José Luis Herrera que se hacía llamar el “Obispo”, fue sentenciado a 20 años y un día.

De esta manera, la Fiscalía de Arica se anota un récord de juicios en contra de organizaciones trasnacionales, condenando a decenas de integrantes de las bandas Tren del Coro, Los Costeños, Los Caleños y Los Gallegos, ésta última facción del Tren de Aragua.

El caso

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización operaba desde mediados de 2024 y su líder, José Luis Herrera - el “Obispo”-, reclutaba “burreras” para transportar droga desde Perú adosada al cuerpo con fajas, a través del paso Chacalluta hacia Arica.

Cada vez que hacía un envío, Herrera y sus acólitas se encomendaban a la “Santa Muerte”, figura de culto popular de origen mexicano no reconocida por la Iglesia, considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

Según el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con esta manipulación religiosa Herrera lograba “trastocar los valores de la persona” y les entregaba una justificación moral para sus ilícitos a las mujeres, quienes podían ganar entre $1 y $2 millones de pesos por viaje (USD 1,120 a USD 2,250).

El Ministerio Público, en tanto, también logró determinar que varios de ellos tenían lazos con la agrupación criminal “Los Lobos” de Ecuador.

Según la carpeta investigativa, la mayor parte de las “burreras” cayeron detenidas en el complejo fronterizo Chacalluta, mientras que otras fueron apresadas en el control carretero de Cuya, a bordo de buses en que viajaban hasta Santiago.

El decomiso más grande se logró en diciembre de 2025, cuando la Policía de Investigaciones (PDI), allanó una casa en Arica en la que se apilaban 18 kilos de ketamina y en la que se ocultaba el “Obispo”.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió a eso de las 08:40 horas, cuando una camioneta SUV blanca que transitaba a exceso de velocidad por la Avenida Alessandri, en el sector de Gómez Carreño, perdió el control, subió a la acera y se volcó, arrasando a su paso con los puestos comerciales y peatones.

Al volante iba un funcionario activo de la Armada de Chile, quien fue retenido y por poco linchado por los propios feriantes, antes de ser entregado a Carabineros.

Pocas horas después, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el conductor arrojó negativo en los exámenes de alcohol y drogas.

“Tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, confirmó.

La autoridad detalló además que dos de los siete heridos ya fueron dados de alta, mientras que los cincos restantes permanecen fuera de peligro en el hospital Gustavo Fricke.

Tragedia que “enluta a todo el país”

El presidente José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos“, posteó el mandatario.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, complementó.

En paralelo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que tres de los seis fallecidos pertenecían al mismo grupo familiar.

“Una de las víctimas es funcionaria de la Armada (…) Falleció su padre y su hermana en el mismo sitio del suceso”, señaló a T13, detallando que la mujer, de 29 años, era madre de dos hijos.

Durante esta jornada, el conductor pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. La defensa del imputado sostiene que el funcionario sufrió un desmayo o síncope repentino al volante. Sin embargo, la Fiscalía investiga una conducción negligente y formalizará cargos por cuasidelito de homicidio, debido a su velocidad imprudente.

El Gobierno de José Antonio Kast fletó este domingo un séptimo vuelo con 40 extranjeros expulsados hacia Colombia, Bolivia y Ecuador, elevando así a 1.174 el número de migrantes que han sido deportados en lo que va del año.

Según informaron las autoridades migratorias, el operativo se realizó con una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile en la que trasladaron a 28 personas expulsadas por vía administrativa y 12 por casos judiciales.

En el caso de los deportados por delitos, estaban procesados por “robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y también abuso sexual”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum.

Del total de deportados, 20 son ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que con este vuelo ya van 1.174 personas expulsadas, tras el reporte entregado el pasado jueves, en el que se indicó que se habían materializado 1.134 deportaciones en 2026, de las cuales 1.009 responden a causas administrativas y 125 a judiciales.

“En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior”, señaló Pavez.

Cabe recordar que durante 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, fueron expulsados un total de 1.117 extranjeros.

Salidas voluntarias

Desde el Sermig detallaron además que, desde que asumió José Antonio Kast el gobierno, 6.384 migrantes irregulares han salido de manera voluntaria del país, 911 de ellos luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

Cerca del 77 % de quienes han salido por decisión propia desde enero pasado -unas 4.896 personas-, corresponde a ciudadanos venezolanos, según un comunicado del ministerio del Interior.

El Gobierno estima que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, quienes quedaron varados en el país tras el quiebre diplomático entre ambos países, luego de que el expresidente Boric no reconociera los comicios de 2024 que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

Hace unas semanas, el medio Bloomberg confirmó que la estatal China Southern Power Grid, después de silenciosas negociaciones que se prolongaron por dos años, desistió de adquirir el 100% de la empresa Transelec, la mayor transmisora de energía eléctrica con más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión a lo largo de todo Chile, noticia que pasó bastante desapercibida en los medios locales.

China Southern Power entró a la propiedad de Transelec en 2018, al comprar la participación del 28% de Brookfield por USD 1.300 millones. El resto de la propiedad -un 72%-, pertenece a tres fondos de pensiones canadienses, y aunque las tratativas entre ambas partes iban por buen camino al menos hasta septiembre del año pasado, y solo faltaba superar asuntos corporativos y regulatorios, discrepancias insalvables sobre la valoración financiera del activo y la estructura final del negocio, con un costo superior a los USD 4.000 millones, terminaron por echar tierra a las negociaciones.

La operación iba en línea con la expansión de empresas chinas en el sector eléctrico en Chile, puesto que otra estatal asiática, la State Grid Corp. of China, ya controla la Compañía General de Electricidad (CGE) -la distribuidora de energía eléctrica más grande de Chile adquirida en 2021- y Chilquinta Energía, mientras que China Southern Power, amén de su participación en Transelec, también ha consolidado operaciones en la región, incluyendo la compra de activos de Enel en Perú por cerca de USD 3.000 millones.

Cabe señalar que Transelec es clave, sobre todo, en la integración de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pues su infraestructura conecta los centros de generación con los distribuidores, facilitando la expansión de proyectos eólicos y solares en el norte y centro de Chile.

Su adquisición por parte de la China Southern Power, sumado al control de la State Grid Corp. of China sobre CGE y Chilquinta, significaba que el Estado chino pasaría a dominar la columna vertebral de la transmisión de alta tensión, con el poder de poner un dedo en el interruptor y cortarle la luz a todo Chile.

“El Estado chino se está adueñando de nuestros recursos”

La noticia del fin de las negociaciones fue recibida con alivio en Chile, al menos por los pocos parlamentarios que estaba interesados en el tema. Uno de ellos es el diputado independiente Jaime Naranjo, quien ya en el año 2000, cuando la State Grid acordó la compra de CGE, expresó su inquietud ante el avance de empresas estatales chinas en sectores estratégicos como la energía y la infraestructura crítica.

Por esos días, Naranjo junto a otros diputados presentó un proyecto de ley para establecer una regla formal de habilitación cuando un Estado extranjero adquiera la propiedad de compañías privadas que se puedan considerar indispensables para el funcionamiento de la población, iniciativa que no llegó a buen puerto.

Según el parlamentario, el hecho de que China Southern Power Grid haya desistido de la compra de Transelec es “una señal más de que las empresas estatales chinas están evaluando muy profundamente sus operaciones, porque están percibiendo que en los países están viendo que detrás de ellas está el Estado chino y no quieren quedar subordinados al imperialismo asiático. Y no descarto que también hayan existido presiones de EEUU”.

-¿Cuáles eran los riesgos para el país de haber prosperado las negociaciones?

“Lo más grave del actuar del imperialismo chino es que detrás de cada empresa no están capitales privados sino el Estado chino, y cada día este se está apoderando de recursos naturales, de la infraestructura y en general de la economía del país. Aún en nuestro país no hay clara conciencia de ello y lo mas grave que muchos políticos actúan subordinados a ella como verdaderos empleados".

- ¿Hasta dónde llega hoy la influencia china en Chile?

“La influencia china cada día es mayor en nuestro país a través de las invitaciones, viajes y donaciones que realizan y que han penetrado gravemente el Congreso. Muy pocos se atreven a cuestionar al Estado chino. Los parlamentarios de derecha cuestionan los DD.HH en Cuba y Venezuela, pero jamás en China donde no existe ningún tipo de libertad. Por otro lado, las instituciones empresariales y educativas también han sido tentadas, especialmente el sector empresarial exportador. El problema es que algunos no perciben o no quieren ver que el Estado chino se está adueñando de nuestros recursos y bienes poco a poco. Por eso hay que poner límites y restricciones hoy, porque después va a ser muy tarde.

La influencia china en Chile

Sus afirmaciones son refrendadas por el analista Juan Pablo Toro, exdirector ejecutivo de AthenaLab, editor internacional de El Mercurio, director de El Mercurio de Valparaíso y corresponsal de The Associated Press, para quien la presencia china en el país “es fuerte en materia de comercio exterior, no así tanto en inversiones donde Canadá y Estados Unidos son relevantes”.

De acuerdo al experto, quien también es Master en Ciencia Política y periodista, con estudios en seguridad y defensa, el Estado chino “también está ganando influencia política, sobre todo por medio del Partido Comunista de Chile, donde diplomáticos chinos asisten a su aniversario o donde dirigentes del partido enfrentan algunas investigaciones por financiamientos de empresarios chinos”, señaló, recordando el caso Chinamart que por estos días tiene por las cuerdas a la senadora comunista Karol Cariola.

“Hace poco, una senadora socialista abogó por las inversiones chinas ante un creciente descontento por trabas que estarían sufriendo. Asimismo, empieza a notarse una influencia en universidades chilenas donde se están desarrollando programas con contrapartes chinas. En el entorno donde operan las universidades chinas, por ejemplo, difícilmente existe libertad de cátedra, algo que para nuestras universidades es fundamental. Donde no hay influencia es en el campo militar”, aseveró.

La disyuntiva

Sin embargo, y de acuerdo también a Bloomberg, aunque las negociaciones llegaron a su fin, en un futuro no muy lejano China Southern Power podría retomar su intención de adquirir el 100% de Transelec. ¿Qué debería hacer el Gobierno de José Antonio Kast o los gobiernos a futuro en casos similares?

Para Naranjo, Chile debe “poner límites y restricciones cuando algún país a través de empresas estatales se quiere apoderar de su economía o de sus recursos. Esto debiera ser una política de estado y no solo una preocupación de un gobierno o de algunas personas. Cuando un Estado extranjero comienza a construir y a adueñarse de otro país, eso es de la mayor gravedad”.

“Eso ya lo vivimos en una escala menor cuando Colonia Dignidad construyó un Estado dentro de nuestro Estado. Lo más difícil es lograr un equilibrio o un respeto de la soberanía cuando no has puesto limitaciones o restricciones. Son derechos adquiridos. De tal manera que nuestro país debe tomar una decisión: o es un país soberano o te transforma en una colonia de China”, manifestó taxativo el parlamentario.

De la misma opinión es Toro, para quien “el equilibrio diplomático entendido como equidistancia es cada vez más difícil y relativo. El gobierno de Kast en sus primeros meses ha dejado en claro que tiene una inclinación hacia Estados Unidos, donde era necesario recomponer la relación, luego de que el gobierno de Boric se inclinara por China con críticas abiertas a Trump y reuniones múltiples con Xi Jinping, aparte de aprobar el famoso cable submarino, cosa que negó, pero que fue aprobada”.

El analista, eso sí, admitió la disyuntiva, pues “hay que seguir negociando con ambas potencias, pero nosotros debemos definir nuestros intereses nacionales a defender y promover, donde es clave establecer en qué áreas estamos dispuestos a avanzar con uno y con otro. La política exterior de Chile no se ha hecho cargo de esto, si no que ha ido avanzando sobre la base de los hechos consumados, de forma reactiva. Con Estados Unidos compartimos intereses, valores, un continente y 200 años de historia. Con China, solo intereses”.

Desde hace meses, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, viene advirtiendo sobre la urgente necesidad de flexibilizar los mecanismos de contratación de extranjeros, sobre todo ciudadanos bolivianos, para adaptarlos a la realidad del campo ante la escasez de mano de obra chilena.

Debido a esto, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, se reunió este jueves con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, a fin de analizar ajustes al Decreto Supremo N°177 que facilita la contratación de temporeros de acuerdo a una propuesta presentada precisamente por el SNA, pero resguardando la “seguridad jurídica” del sistema migratorio chileno.

Los ajustes

Al término de la cita, ambas autoridades informaron que entre los principales cambios se cuentan el entregar una visa de residencia temporal a los extranjeros que entren al país solo con su documento de identidad (carné o DNI), y agilizar sus contratos de trabajo permitiéndoles suscribirlos mediante una firma electrónica.

Dichos contratos, además, podrán extenderse hasta por 10 meses en un año -actualmente son por seis-, y se mantendrá la facultad de renovarlos hasta por siete años más, como lo establece la norma actual.

Cabe recordar que los extranjeros que pueden ingresar a Chile presentando únicamente su documento de identidad nacional -sin necesidad de pasaporte-, son los ciudadanos de los países miembros del Mercosur, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

“Este trabajo colaborativo con Migraciones nos permite avanzar en medidas que facilitan la contratación regular de trabajadores extranjeros, entregando mayor certeza al sector productivo y promoviendo procesos más ordenados, seguros y eficientes para quienes vienen a desempeñarse en el país”, señaló el subsecretario Venezian, según consignó BioBíoChile.

“El sector agrícola requiere mecanismos más ágiles para acceder a mano de obra temporal, pero esos cambios deben realizarse dentro del marco que establece la ley”, agregó Sauerbaum.

Finalmente, éste último valoró el tenor de las conversaciones entre la SNA y el Ejecutivo, y destacó que los ajustes al Decreto Supremo N°177 “facilitan la tramitación de estos permisos, simplifican requisitos y entregan mayores herramientas tanto a los empleadores como a los trabajadores, sin alterar las normas que son de rango legal”.

De acuerdo al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, se trata de “una denuncia que recibimos por parte de algunos hechos que son calificados en ella como actos de corrupción, de eventuales delitos funcionarios, y que estamos investigando”.

“Es una denuncia en contra de compañeros de trabajo, que guarda relación con hechos que revisten cierta gravedad y que son delitos funcionarios“, agregó el persecutor.

De paso, Sepúlveda aseguró que en la denuncia “no hay ningún antecedente respecto de fiscales. Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja”.

Finalmente, el fiscal a cargo de la investigación informó que el detective “se encuentra en evaluación médica”, y confirmó que está bajo protección policial.

Los hechos

La noche del martes, el subcomisario Silva se atrincheró en una oficina de abogados ubicada en la comuna santiaguina de Las Condes, rompió un ventanal y a los gritos comenzó a denunciar actos de corrupción dentro de la institución, asegurando que colegas suyos lo querían matar.

“Me van a matar…¡Por favor, ayúdenme! Llamen a Carabineros. Van a simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, soy inocente. Me obligaron a cometer delitos (...) ¡Ayúdenme, por favor!”, exclamaba el policía civil a viva voz, quien además dio nombres de varios colegas y fiscales “corruptos”.

Hasta el lugar llegaron Carabineros y Bomberos y luego de tres horas de conversaciones, Silva se entregó a los policías, quienes lo trasladaron primero al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y luego hasta su domicilio, donde quedó bajo custodia policial.

Sin embargo, Silva escapó de su casa poco antes de la medianoche del miércoles burlando a los policías y al volver, a eso de las 03:00 horas, rompió una ventana y se hizo una herida en el cuello, por lo que fue derivado nuevamente al mismo recinto asistencial con laceraciones de carácter leve.

Su esposa, identificada solo como Alejandra, contó en exclusiva para Teletrece que su marido, quien no presenta antecedentes psiquiátricos y tiene una buena hoja de vida, le dijo que la PDI había abierto dos sumarios en su contra, que se sentía “perseguido”, y que el martes por la mañana salió con la intención de ir a la Fiscalía para denunciar los actos de corrupción de los que tenía conocimiento.

Por la tarde, previo al incidente en el edificio en Las Condes, familiares la llamaron para contarle que su marido les había enviado una copia de su declaración a la Fiscalía y una foto de una servilleta con varios nombres de colegas y fiscales, asegurando que si le pasaba algo ellos serían los responsables.

“Hay algo muy turbio”

Por ahora, el subcomisario Silva permanece internado en el Hospital de Carabineros y en paralelo, un amigo suyo conversó con la prensa y aseguró que pone las manos a fuego por el policía civil, y que está seguro de que las acusaciones hechas son absolutamente ciertas.

“Hay algo muy turbio (...) O sea, la reacción que tuvo y todo lo que pasó. No es menor y es terrible (...) Para trabajar en el servicio público hay que estar un poco loco. Yo soy profesor y también estoy un poco loco, yo creo, pero él es una persona totalmente normal. Es un padre de familia, excelente papá, excelente abuelo”, sostuvo.

“No solamente es mi amigo, sino que es mi vecino. Somos apoderados en el mismo curso. Lo conozco como persona, como papá, como abuelo (...) No desconfío, pero ni un milímetro, de lo hecho y dicho”, remató el hombre, quien también es vecino del subcomisario.

La bancada de senadores del Partido por la Democracia (PPD) llegó a una acuerdo la noche de este miércoles con el Ejecutivo para ajustar el régimen de invariabilidad tributaria a las grandes empresas propuesto en el Plan de Reconstrucción Nacional que se discute actualmente en la Cámara Alta, provocando un quiebre en la oposición desde donde criticaron duramente el pacto calificándolo como “una vergüenza”.

Durante las tratativas entre los senadores PPD, la mesa del Senado generada por su presidenta, Paulina Núñez (RN), y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno se allanó a buena parte de las propuestas del partido que forma parte de la coalición del Socialismo Democrático (SC), junto a socialistas, radicales y liberales.

Así, se redujo de 25 a 10 años el plazo de invariabilidad tributaria para inversiones de hasta USD$100 millones, se estableció un período de 15 años para proyectos de hasta USD$350 millones y se mantuvieron los 25 años para inversiones superiores a USD$500 millones.

Además, se implementó una sobretasa de 1,5% para aquellas grandes empresas que se acojan al beneficio, y se mantuvo intacto el pago del royalty minero.

En respuesta, los cuatro senadores del PPD que suscribieron el acuerdo comprometieron sus votos par aprobar el proyecto y aseguraron que no recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por ese punto específico del proyecto de ley, acción que fue anunciada esta jornada por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, y que es respaldada por todos los partidos de izquierda -incluyendo al propio PPD-, pues su propio presidente, el diputado Raúl Soto, suscribió el pacto de su bloque, evidenciando el quiebre no solo en el bloque de oposición, sino también al interior de dicha colectividad.

Las críticas

El acuerdo alcanzado por los senadores pepedeístas cayó como balde de agua fría en la centroizquierda, desde donde los acusaron de “negociar a espaldas de todo el resto de la oposición”, tal como acusó el senador Iván Flores (DC), quien agregó que el Ejecutivo actúa en política bajo las reglas del libre mercado y “algo compró o algo vendió”.

“Yo quisiera saber el precio de esa venta”, fustigó el parlamentario.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA), tildó el convenio como un “pésimo acuerdo” y “una vergüenza”, y recordó que “la invariabilidad del dictador Pinochet tenía mejores condiciones”.

De la misma opinión fue la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien afirmó que de todas maneras recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), “porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”.

Sin embargo, las recriminaciones también llegaron desde el propio PPD, pues solo unas horas después de anunciado el entendimiento su Mesa Nacional publicó un comunicado manifestando que el partido, a pesar de la decisión de sus senadores, “mantiene su postura contraria a la megarreforma del gobierno del presidente Kast”, especificando que el convenio pactado “es exclusivamente respecto de la invariabilidad, donde la propuesta fue mejorada”.

“En todos los otros aspectos, no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos”, agregaron.

Debido a esto, “el partido ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la megarreforma del Gobierno”, complementaron.

Dicho comunicado fue refrendado esta jornada por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien manifestó que “el PPD mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma del proyecto del gobierno de José Antonio Kast (...) Ese acuerdo es de los senadores, no un acuerdo del PPD, en eso quiero ser absolutamente claro”.

Luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara hace unos días que se venía una baja en los valores de los combustibles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó este miércoles su nuevo informe de precios estimados, que arrojó un considerable descenso en todas las gasolinas.

De acuerdo al reporte de la empresa estatal, el valor de la gasolina de 93 octanos bajó $100,3 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos lo hizo en $99,8/lt (ambos unos USD 0,10).

La disminución más significativa fue la del diésel, con $155,4/lt (USD 0,15), mientras que el gas de uso vehicular tuvo una caída de $22,1/lt (USD 0,23)

Desde la Enap recordaron que ellos no fijan ni regulan precios de combustibles en el mercado chileno, pues su labor es la de comercializar los derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, “las que fijan de manera autónoma el precio final de venta”.

Fin del alto al fuego en Irán

Cabe recordar que el precio del crudo aparecía estable por estos días, en línea con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, alto al fuego que fue roto en las últimas horas luego de que EEUU acusó al país islámico de atacar varias naves que cruzaban el estrecho de Ormuz, bombardeando varios objetivos.

Debido a esto, y a la volatilidad del escenario internacional, no se ve muy probable que las bencinas vuelvan a bajar en Chile en un futuro cercano, tal como lo esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostuvo la semana pasada que cuando la guerra se acabe, “los precios van a tener que volver a caer conforme van cayendo los precios internacionales”.

Una vez publicado el reporte de la Enap, y tras el recrudecimiento de la hostilidades en el Medio Oriente, Quiroz llamó a la calma y aseguró a la ciudadanía que pueden “estar tranquilos, ya iremos viendo. A nivel internacional un día hay una noticia, al otro día hay otra, pero estamos confiados que este conflicto va de salida”.

“Me van a matar…¡Por favor, ayúdenme! Llamen a Carabineros. Van a simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, soy inocente. Me obligaron a cometer delitos (...) ¡Ayúdenme, por favor!”, exclamaba el policía civil a viva voz, quien además dio nombres de varios colegas y fiscales “corruptos”.

Hasta el lugar llegaron Carabineros y Bomberos y luego de tres horas de conversaciones, Silva se entregó a los policías, quienes lo trasladaron primero al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y luego hasta su domicilio, donde quedó bajo custodia policial.

Sin embargo, Silva escapó de su casa poco antes de la medianoche de este miércoles burlando a los policías y al volver, a eso de las 03:00 horas, rompió una ventana y se hizo una herida en el cuello, por lo que fue derivado nuevamente al mismo recinto asistencial con laceraciones de carácter leve.

Los nombres en la servilleta

Su esposa, identificada solo como Alejandra, conversó en exclusiva con el noticiero de Teletrece la noche de este miércoles y explicó que su marido, quien no presenta antecedentes psiquiátricos y tiene una buena hoja de vida, le dijo que la PDI había abierto dos sumarios en contra suya, que se sentía “perseguido”, y que el martes por la mañana salió con la intención de ir a la Fiscalía para denunciar los actos de corrupción de los que tenía conocimiento.

“Pidió permiso a las 11 de la mañana para salir a declarar a la fiscalía. Desde ahí no supe nada más hasta que contactó a unos familiares de Valdivia”, señaló.

Por la tarde, previo al incidente en el edificio en Las Condes, dichos familiares la llamaron para contarle que su marido les había enviado una copia de su declaración a la Fiscalía y una foto de una servilleta con varios nombres de colegas y fiscales, asegurando que si le pasaba algo ellos serían los responsables.

“(Les envió) su declaración ante fiscalía indicando de que lo querían matar, que lo estaban buscando para matarlo. Mandó unos nombres que están en una servilleta, que, si a él le pasaba algo, estas personas estaban involucradas en su muerte”, detalló compungida la mujer.

Por ahora, la Fiscalía Oriente investiga el caso que permanece bajo reserva, razón por la cual no se conocen más antecedentes sobre las denuncias realizadas por el policía civil.

“Estamos preocupados por su salud”

Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, se refirió a los hechos y sostuvo que la institución ya “tomó conocimiento” del tema y ahora solo queda esperar el resultado de las indagaciones.

“Estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario que está siendo atendido en el Hospital de Carabineros. Es parte de lo que podemos entregar hasta este momento. Son diligencias que están en desarrollo. Estamos en conocimiento de estos hechos”, afirmó.

Según Abate, el subcomisario Silva es “un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago. El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra, como también lo que debe hacer el Ministerio Público pensando en alguna denuncia al respecto”, remató.

A pesar de que arrastra una deuda de más de $69 mil millones de pesos (USD 75 millones), el Gobierno de José Antonio Kast busca darle viabilidad a las operaciones del canal estatal Televisión Nacional de Chile (TVN), cuya sede en Santiago aparece desde hace ya varios años semivacía, y desde hace unos meses con varios letreros de “Se Vende”.

Así lo aseguraron este lunes el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos, y el presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant, quienes se apersonaron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para explicar el proyecto de ley que lleva adelante el Ejecutivo al respecto, el que contempla una serie de medidas para solventar su situación financiera.

La primera de ellas es la instalación de una mesa técnica asesora, la que estará compuesta por siete representantes del Gobierno y varios expertos, quienes tendrán 45 días para elaborar un diagnóstico de la emisora, revisar la eficacia y eficiencia de su gestión y proponer vías de financiamiento y modelos que permitan equilibrar su labor pública con número azules.

La segunda, conservar el modelo autofinanciado para la señal principal y el canal informativo, habilitando recursos estatales limitados únicamente a los contenidos de interés cultural o educativo de su misión pública, los cuales no pueden emitir publicidad.

Además, el plan contempla la creación de un fondo patrimonial impulsado por el Estado para asegurar la estabilidad del canal a largo plazo.

Y aunque ambas autoridades recalcaron que el Gobierno mantendrá el canal público al aire, sí insistieron en que el Ejecutivo espera celeridad en la discusión en el Congreso, la que esperan no se extienda más allá de este año, cuando venzan los primeros créditos.

Canal semivacío

Años atrás, la sede de TVN ubicada en la icónica dirección Bellavista 0990 en Santiago aparecía rebosante de trabajadores y artistas que daban vida a decenas de programas grabados en sus estudios. Sin embargo, la crisis financiera que arrastra el canal ha despoblado gradualmente sus oficinas las que ahora aparecen semivacías, mientras varios letreros anuncian que el edificio aún se encuentra a la venta.

Debido a esto, previo a la cita el diputado integrante de la Comisión de Cultura, Ricardo Neumann (UDI), aseguró que “los recursos que recibe TVN son de todos los chilenos y por lo mismo, debe mostrar a través de su rol público que están bien utilizados y que existe un plan serio de sustentabilidad en el tiempo”.

De la misma opinión, aunque desde la otra vereda política, fue el diputado Ignacio Achurra (FA), quien señaló que “TVN es un canal histórico que llega con información a todos los rincones del país, que tiene como misión preservar la cultura e identidad de nuestra patria, y esperamos que no sea el Presidente Kast quien le ponga la lápida”.

Así las cosas, por ahora el Ejecutivo negocia con la oposición para aprobar el paquete de medidas, mientras la discusión sigue en la Comisión de Cultura.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, valoró este lunes el estado de las relaciones bilaterales con Chile señalando que “nunca ha sido más fuerte”, luego de reunirse en Washington con el Canciller, Francisco Pérez Mackenna.

“Reunión productiva con el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, bajo el liderazgo del Presidente José Antonio Kast. Chile es un socio fuerte, y nuestra relación nunca ha sido más fuerte. Con la mirada puesta en lo que nuestras naciones lograrán juntas”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, el jefe de la diplomacia chilena afirmó al término de la cita que “Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y, sobre todo, de amistad”.

De paso, sostuvo que dicha relación “se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile, y hemos avanzado mucho en estas reuniones. Esperamos que podamos seguir trabajando en la construcción de más alianzas y oportunidades para los dos”, en un guiño a la serie de encontrones que el país norteamericano tuvo con el gobierno de Gabriel Boric.

“Fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”, indicó Pérez Mackenna.

Elige Chile

El Canciller aprovechó además de dar a conocer a Rubio los alcances del programa “Choose Chile” (Elige Chile), el que lo tiene embarcado en una gira internacional atrayendo inversiones.

“Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento. Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”, cerró Pérez Mackenna.

Finalmente, ambas autoridades estuvieron de acuerdo en la necesidad de diversificar los flujos de inversión, y establecieron avanzar en la colaboración sobre minerales críticos.

Junto a Perú y Costa Rica, Chile es el tercer país latinoamericano que tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y China, siendo este último su principal socio comercial. Estados Unidos aparece segundo en la lista, con un intercambio de USD 34.332 millones, pero primero como inversor extranjero con un stock de inversiones de USD 29.455 millones, asunto por el cual el Gobierno de José Antonio Kast se mueve en un delicado escenario de equilibrio diplomático.

Libre tras pagar una fianza de $2 millones (USD 2.160) quedó este fin de semana Matías Ignacio Letelier Muñoz, un conocido dentista de la ciudad-balneario de La Serena (470 kms al norte de Santiago), quien fue detenido luego de que vecinos lo divisaran vestido de carabinero dirigiendo el tránsito y realizando controles vehiculares en plena Avenida del Mar.

Para peor, el automóvil en el que se movilizaba tenía una patente con encargo por robo que no correspondía al vehículo, y en su interior se encontraron dos pistolas a fogueo, balizas, una cámara corporal y equipamiento táctico.

Pero aunque el Juzgado de Garantía de La Serena lo formalizó por los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de un arma de fuego adaptable, Letelier se allanó a pagar la fianza interpuesta, por lo que salió en libertad quedando con las medias cautelares de firma semanal y arraigo nacional, durante los 120 días decretados para la investigación.

“El imputado (...) se encontraba en la vía pública simulando ejercer funciones de Carabineros, utilizando un uniforme que, en apariencia o al ojo no experto, evidencia que puede ser de personal policial y que, además, al ser detenido en el vehículo en donde se desplazaba, contaba con una placa patente que tenía un encargo por robo y además portaba una pistola a fogueo apta para ser modificada, adaptable, y una pistola de compresión”, detalló la jueza María Asunción de la Barra.

“Me extralimité”

Una vez finalizada la audiencia, el falso policía habló con los medios de comunicación que lo esperaban afuera y pidió disculpas públicas, entregando una insólita explicación.

“Me extralimité en cuanto a la institución, a la que le tengo un respeto tremendo”, dijo compungido.

De acuerdo a su relato, el día viernes asistió a una reunión social con “colegas y excolegas, suboficiales y oficiales de Carabineros”, razón por la cual vestía un uniforme “similar” al de ellos.

“Había mucho tráfico en ese momento y estaba una retroexcavadora que no podía salir, entonces un funcionario municipal se me acercó, porque en el auto se veía que el uniforme era similar, y me pidió colaboración. Entonces ahí yo dije, pucha, ¿qué hago?, está la embarrada en el tránsito, no podemos pasar, ¿voy o no voy? Ya, le voy a ayudar”.

Tocante al falso uniforme de policía con la identificación “Mayor Letelier” y el encargo por robo al automóvil, el odontólogo sostuvo que sobre eso no podía referirse pues era “materia de investigación”, y que las pistolas de fogueo que se hallaron en el vehículo eran solo para “ahuyentar en caso de algún delito”, puesto que “como a muchos ciudadanos de este país y esta ciudad”, ya lo habían asaltado en su propia casa cuatro veces.

“Llevo 15 años atendiendo de manera gratuita a muchos funcionarios de Carabineros y me extralimité, efectivamente. Le pido disculpas a la institución por haberla pasado a llevar (...) Trabajé en el Hospital de Carabineros un par de años y acá seguí con mi vínculo con funcionarios, sobre todo de la Primera Comisaría y de la Tenencia Las Compañías”, remató.

En tanto, su abogado defensor, Mauricio Mc-Lean, admitió que la conducta de su representado “no es normal, estamos todos de acuerdo. Pero esperamos que el tribunal y el Ministerio Público sancionen en su justa medida, porque él no iba a delinquir; solamente estaba dirigiendo el tránsito, lo que naturalmente no es aceptable, pero él manifiesta un arrepentimiento; sabía las consecuencias de portar un uniforme y solamente se vistió desde su domicilio para ir al lugar donde se iba a juntar con funcionarios de Carabineros en retiro para compartir una reunión social”.

Consultado sobre los antecedentes psicológicos de Letelier, el legista indicó que “vamos a entregar antecedentes técnicos, pero estamos en los prolegómenos de la investigación”.

Polémicas previas

Cabe señalar que no es la primera vez Matías Letelier Muñoz se ve envuelto en una polémica, pues en 2018 su nombramiento como delegado presidencial por el expresidente Sebastián Piñera fue dejado sin efecto cuando un reportaje reveló que había mentido en su currículum, tal como lo aseveraban dos universidades, la Sociedad de Implantología Oral de Chile y la Superintendencia de Salud.

Además, una mujer identificada como María Carolina Carvajal asegura que Letelier acumula una deuda con su madre de $40 millones de pesos (USD 43 mil), desde el año 2015, por concepto de arriendo, asunto que ya está en tribunales.

“Muchas veces me trató de engañar mandándome depósitos ficticios, me dijo que padecía cáncer, con un certificado médico falso, también me contó que su hijo estaba enfermo, me mandó fotos de autos chocados, una seguidilla mentiras (...) También falsificó la firma de mi mamá y la firma de un notario que está fallecido y tengo los documentos que lo prueban”, acusó.

Por esta razón, “vamos a presentar al Ministerio Público una segunda demanda por la falsificación de la firma de mi madre y la del notario”, remató.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) condenó este domingo a 13 años y 7 meses de cárcel efectiva a Alex Santana Alarcón por los delitos de femicidio frustrado, desacato y daños contra su expareja, luego de atacarla con una motosierra y un hacha el 14 de febrero de 2024 en la comuna aledaña de Los Muermos.

De acuerdo a antecedentes del juicio, ese Día de San Valentín el condenado llegó hasta el domicilio de la mujer para intentar recomponer su relación amorosa, a pesar de que sobre él pesaba una orden de alejamiento desde el 2023 emitida por un juzgado de Puerto Montt.

Así las cosas, el sujeto logró convencer a la víctima de que lo dejara pasar a la vivienda y una vez dentro intentó hacer las paces. Sin embargo, al ver que que su expareja se negaba a retomar la relación, se desató la violencia.

Según el relato de la víctima, de los gritos Santana pasó a la acción y primero trató de estrangularla, después quiso atacarla con una motosierra que providencialmente no funcionó, y finalmente se abalanzó sobre ella con un hacha.

A pesar de ello la mujer logró huir, razón por la cual Santana destruyó el parabrisas de un automóvil estacionado y luego roció líquido acelerante por toda la casa y le prendió fuego, reduciéndola a cenizas.

Cárcel efectiva

Una vez finalizada la audiencia, el fiscal jefe de Los Muermos, Patricio Llancamán, se mostró satisfecho con la sentencia, a pesar de que el delito de incendio no pudo ser acreditado.

“El imputado se encuentra en este momento en el penal de Puerto Montt cumpliendo prisión preventiva, la cautelar impuesta (…) se mantendrá allí ahora, cumpliendo esta sanción que implica 13 años y 7 meses de cárcel efectiva”, señaló, según consignó BioBíoChile.

El persecutor explicó que Santana no tenía antecedentes penales previos, asunto que fue considerado por el juez de la causa como un atenuante, y valoró el hecho de que Santana fue condenado a las penas más altas por cada delito acreditado.

Ello, puesto que el jueves las autoridades colombianas extraditaron al ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, sindicado como uno de los autores materiales del secuestro y posterior crimen de Ojeda, y en paralelo EEUU ratificó la deportación al país de Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como el autor intelectual del asesinato.

El arribo de ambos al país ocurre mientras el Ministerio Público alista el juicio contra 20 acusados, todos miembros de “Los Piratas de Aragua”, quienes llevaron a cabo la operación que terminó con la vida del disidente venezolano.

“Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, afirmó el fiscal a cargo de la investigación que cada día estrecha más su cerco, Héctor Barros.

La Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello, razón por la cuál ya están en conversaciones avanzadas con el gobierno estadounidense para interrogar al ex dictador, Nicolás Maduro.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

Las pruebas de la Fiscalía

De acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros figuran dos declaraciones de cercanos al “Turko” -líder de los “Piratas de Aragua”-, que evidencian que el crimen de Ojeda fue planificado en Venezuela.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de “El Turko”, quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos (Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Bobby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como su líder y aseguró que Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

Los crímenes del “Botija”

Además de ser apuntado como uno de los secuestradores que irrumpió disfrazado de policía al departamento de Ronald Ojeda en Santiago, Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, también está acusado del crimen del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido en Santiago el 10 de abril de 2024 cuando intentó detener un atraco, asesinato que conmocionó al país.

Los hechos se registraron en las intersecciones de San Pablo con Radal, en la comuna de Quinta Normal, cuando el uniformado, que se encontraba dentro de su auto junto a su esposa y su hijo de 3 años y medio, vio como cinco delincuentes llevaban a cabo un asalto, por lo que decidió intervenir a pesar de no encontrarse de servicio.

Sin embargo, tras bajarse del vehículo e identificarse como carabinero, los delincuentes abrieron fuego en su contra en varias ocasiones, recibiendo cuatro disparos que le quitaron la vida de camino al hospital San Juan de Dios.

En medio de la balacera, el funcionario policial logró abatir a Julio César González, uno de los cinco delincuentes, quien falleció producto de sus heridas.

Tras el crimen, Orozco Castillo se rapó completamente y usó una cédula venezolana falsa bajo el nombre de Yendris Segundo Paz Pérez. Ésta habría sido impresa en un centro comercial en la ciudad de La Serena, lo que permitió captar su cambio de apariencia a través de las cámaras de seguridad.

Primero cruzó a Bolivia, luego a Perú y desde allí a Ecuador, acompañado de su pareja, cuyas conexiones por internet a redes sociales permitieron establecer que estaban en ese país y monitorear minuto a minuto la fuga.

Sin embargo, pese a que las autoridades ya habían establecido que Orozco Castillo iba camino a Venezuela y a que había una alerta roja con sus distintas identidades en Interpol, de Ecuador pasó a Colombia, en vez de regresar a Perú para intentar despistar a las policías.

Finalmente, fue detenido el 23 de abril de 2024 por la Policía Nacional de Colombia en un terminal de buses de Popayán, cuando buscaba trasladarse a Cali.

Amén del crimen del teniente Sánchez, quien fue ascendido de manera póstuma a mayor, Orozco también es señalado por su autoría directa en el asesinato de dos miembros de su propia banda que habrían actuado por su propia cuenta en diversos delitos sin autorización de “El Turko”, a fines de 2023.

Los otros delitos del “Turko”

Oriundo de Caracas, Rafael Enrique Gámez Salas, “El Turko”, apuntado por la Fiscalía chilena como el autor intelectual del crimen de Ojeda, fue capturado por la policía norteamericana en la ciudad texana de Cameron el 30 de diciembre de 2024 “por un delito relacionado con trata de personas”, tal como explicó a La Tercera el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos.

“El Turco es uno de los líderes que ejecutó y ordenó operaciones delictuales en nuestro país” (...) Su participación en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda se vincula a otras investigaciones y casos de secuestros extorsivos”, agregó.

“No es un autor material derechamente, sino un autor intelectual, quien articula y da órdenes desde el extranjero para la ejecución de este tipo de delitos”, detalló Barrientos.

Así, los múltiples secuestros imputados al “Turko”, corresponden a operaciones delictivas llevadas a cabo por “Los Piratas de Aragua” bajo sus órdenes, la primera de ellos el secuestro de un comerciante y su pareja llevado a cabo en febrero de 2024, quienes fueron liberados luego del pago de una alta suma de dinero.

Además, bajo sus órdenes, diversos comerciantes de la Región Metropolitana fueron contactados para exigirles millonarios pagos mensuales a cambio de protección, las llamadas “vacunas”. Aquellas víctimas que se negaron a ceder ante el secuestro o la extorsión sufrieron ataques armados directos contra sus locales comerciales, como los perpetrado por la banda en diciembre de 2023 y abril de 2024.

La extradición de “Larry Changa”

Las extradiciones del “Botija” y ”El Turko” se suman a la deportación desde Colombia, firmada el miércoles por el presidente Gustavo Petro, de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, quien bajo las directrices del “Niño Guerrero” sentó las bases de la organización y sus distintas ramificaciones a lo largo de Chile.

“Larry Changa” será formalizado en el país por su responsabilidad en varios secuestros extorsivos que terminaron en homicidios -ajenos a la investigación por el crimen de Ronald Ojeda-, como los de un ciudadano colombiano y otro venezolano en 2021; el de otro ciudadano venezolano en Pichidangui (200 km al norte de Santiago) en 2023, y otros más que se le adjudican a una facción del Tren de Aragua instalada bajo su mando en Iquique (1.750 km al norte de Santiago), llamada “La Compañía”.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó este jueves que la exministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, actuó ilegalmente al pedir al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir su puesto en marzo, antecedentes específicos sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen”, quienes habían trabajado bajo su mando en su etapa previa como fiscal regional de Tarapacá.

A los pocos días, la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, con 36 años de servicio, fue removida de su cargo, y las sospechas sobre una posible “vendetta” por parte de la flamante ministra se instalaron de inmediato.

El oficio de la CGR, publicado en exclusiva por BioBíoChile, estableció que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de seguridad”.

Así, el ente concluyó que el actuar de Steinert “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.

La reacción del Gobierno y el posible juicio político

La noticia cayó como balde de agua fría en el Gobierno, desde donde escuetamente salieron a defender la labor de la exministra Steinert.

“No nos vamos a referir a un juicio de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steiner (y) la labor que realiza Contraloría”, afirmó el ahora ministro de Seguridad, Martín Arrau.

En paralelo, parlamentarios de oposición aseguraron que buscarán perseguir “las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”, tal como lo señaló uno de los diputados que ofició a la CGR al respecto, Raúl Leiva (PS).

De la misma opinión fue su par Luis Cuello (PC), quien sostuvo que “acá perfectamente se configura una causal de Acusación Constitucional (AC)”.

Finalmente, el diputado Patricio Pinilla (DC) recordó que “por mucho menos se acusó al ministro Grau del Gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, es razonable evaluar una comisión investigadora o quizás una nueva Acusación Constitucional, porque aquí es la Contraloría la que ha dicho que se infringieron deberes establecidos en la Constitución y las leyes”, remató.

En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco (680 kms al sur de Santiago), partió este jueves el segundo juicio contra del lonko mapuche Guillermo Ñirripil Cheuquepán, acusado por la Fiscalía de los delitos de robo con intimidación y dos delitos de extorsión.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el lonko Ñirripil habría ingresado al fundo San Jorge en la comuna de Curacautín junto a un grupo de personas para intimidar a los encargados y robar leña desde una bodega, y además se le imputa haber extorsionado en dos oportunidades, entre 2021 y 2022, a un trabajador de la empresa Sefomec, bajo amenazas de ocupar el predio de la firma y destruir sus maquinarias, exigiendo dos pagos de $5 y $8 millones de pesos (USD 14 mil), montos que fueron cobrados mediante instrumentos bancarios.

Por estos delitos el Ministerio Público solicita una pena total de 22 años de presidio -8 años por el robo y dos penas de 7 años por cada extorsión-, mientras que la defensa aduce falta de pruebas y agrupaciones y comunidades mapuches acusan que el proceso no es más que una “persecución político-judicial”.

Cabe recordar que Ñirripil Cheuquepán ya se encuentra recluido cumpliendo una condena previa de 5 años y un día de cárcel por otro delito de extorsión, tras ser detenido en marzo de 2023 en Temuco al cobrar un vale vista de $18 millones de pesos (USD 19.500), exigido a una agricultora en la comuna de Lautaro.

“Racismo judicial”

Por su parte, el defensor penal público, Luis Acuña, aseguró que su representado es inocente y abogó por su absolución.

“El imputado Guillermo Ñirripil Cheuquepán es inocente. A nuestro juicio, de la prueba que se rendirá durante estas siete jornadas por las cuales está agendado el juicio, no se podrá lograr acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la participación culpable del imputado. Y es por eso que solicitamos en el alegato de apertura que, concluido el juicio, se dicte un veredicto absolutorio”, señaló, según consignó El Diario de La Araucanía.

En tanto, su hija, Valeria Ñirripil, junto a representantes de 21 comunidades mapuches de la zona, acusan al sistema judicial chileno de sostener un “racismo judicial” y una persecución penal selectiva.

Orozco, también acusado del crimen del oficial de Carabineros, Emmanuel Sánchez, fue detenido en la ciudad colombiana de Popayán el 23 de abril de 2024, tras escapar de Chile y haber pasado por Bolivia, Perú y Ecuador.

Su arribo al país ocurre mientras el Ministerio Público alista el juicio contra 20 acusados, todos miembros de la facción “Los Piratas de Aragua”, quienes llevaron a cabo la operación que terminó con la vida del malogrado exteniente.

La Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello como uno de los responsables, razón por la cuál también hay tratativas con el gobierno estadounidense para interrogar al exdictador, Nicolás Maduro.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

De acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros figuran dos declaraciones de cercanos Rafel Gámez (El “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, célula que llevó a cabo el crimen-, y un audio del “Gordo Alex” -una de las cabezas del Tren de Aragua en el país-, que evidencian que el crimen de Ojeda fue planificado en Venezuela.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza del “Turko”, quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos ( Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Bobby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

El “Turko”

En tanto, este mismo jueves EE.UU confirmó que se autorizó la deportación a Chile de “El Turko”, quien sería el autor intelectual del secuestro y crimen de Ojeda, asunto que podría concretarse la próxima semana.

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como su líder y aseguró que un tal José Carlos Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

También, que una vez cometido el asesinato debían huir a Perú, donde se les pagaría por el “trabajo” hecho.

“Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, aseguró el fiscal, Héctor Barros.

Las extradiciones del “Botija” y ”El Turko” se suman a la deportación a Chile desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, firmada el miércoles por el presidente Gustavo Petro, quien será juzgado en Chile por otros secuestros extorsivos que terminaron en homicidios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó este miércoles la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, acusado de liderar el asentamiento de esta organización criminal en el país y a quien se le imputan varios homicidios y secuestros extorsivos.

De acuerdo a Insight Crime, “Larry Changa” nació el año 1977 en Maracay, Venezuela y comenzó su carrera delictiva robando autos en los estados de Carabobo y Aragua, razón por la cual fue apresado en 2002.

Luego de cuatro años tras las rejas, dio muerte en 2006 a un comerciante en Aragua y fue recluido en la cárcel de Tocorón, donde junto a “Niño Guerrero” y Johan Petrica fundaron el Tren de Aragua.

Su llegada a Chile

A Chile arribó en 2018 y junto a su esposa vivió tres años sin levantar sospechas, pero sentando bajo las directrices del “Niño Guerrero” las bases del Tren de Aragua y sus distintas ramificaciones a lo largo del país.

Sacó residencia temporal y abrió distintos negocios para pasar desapercibido, pero en 2021 tuvo su primer encuentro con la policía, cuando un auto a su nombre apareció vinculado a un homicidio. A pesar de que fue interrogado, la falta de pruebas permitió que fuera dejado en libertad.

Probablemente asustado, al año siguiente trató de entrar a Colombia vía aérea, pero las autoridades locales le negaron el ingreso y tuvo que volver a Chile para salir nuevamente, esta vez por un paso ilegal hacia Bolivia y luego por tierra hasta Colombia nuevamente, donde se instaló en Circasia, en el departamento de Quindío, donde finalmente fue detenido en julio de 2024.

Así las cosas, “Larry Changa” será formalizado en Chile por su responsabilidad en varios secuestros extorsivos que terminaron en homicidios, como los de un ciudadano colombiano y otro venezolano en 2021; el de otro ciudadano venezolano en Pichidangui (200 km al norte de Santiago) en 2023, y otros más que se le adjudican a una facción del Tren de Aragua instalada bajo su mando en Iquique (1.750 km al norte de Santiago), llamada “La Compañía”.

Con el apoyo de drones, carabineros de la Tercera Comisaría de Chile Chico (2.000 km al sur de Santiago) detuvo a un ciudadano chileno de 56 años acusado de receptar ganado bovino robado desde la localidad argentina de Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. El operativo permitió recuperar 17 de las 19 cabezas sustraídas, que ahora serán devueltas a sus dueños, mientras que el individuo quedó en prisión preventiva por el delito de abigeato.

De acuerdo a antecedentes del caso, las vacas secuestradas fueron trasladadas a Chile mediante un arreo a través del río Jeinimeni por un ciudadano presuntamente argentino, quien tendría un conocimiento acabado de los pasos cordilleranos.

Una vez recibida la denuncia, el personal policial delimitó un cuadrante de búsqueda en el sector conocido como “El Manzano” el que fue “mapeado” con drones hasta dar con el rodeo donde el ganado estaba escondido.

“Como resultado del procedimiento, se recuperaron 17 de las 19 cabezas de ganado avaluadas en cerca de $25 millones de pesos (USD 27 mil) y se detuvo a un ciudadano chileno por su presunta participación en el delito de abigeato y receptación”, detalló el jefe de la Tercera Comisaría de Chile Chico, teniente coronel Marco Reyes, según consignó el diario local La Opinión Austral.

Prisión preventiva

Una vez presentados los alegatos, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y dejó en prisión preventiva al acusado por los 50 días fijados para el desarrollo de la investigación, entendiendo que el delito tiene dos aristas: el perjuicio económico ocasionado a sus justos dueños, y el riesgo sanitario que implica contrabandear ganado desde otro país.

“El delito por el cual estábamos imputando es un delito pluriofensivo que no solo afecta a la propiedad, sino que también pone en riesgo la salubridad pública en atención a las posibles enfermedades que podrían transmitir estos animales de origen extranjero”, cerró la fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva.

Los presidentes de Chile y Uruguay, José Antonio Kast y Yamandú Orsi, se reunieron este miércoles en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, ocasión en la que ambos afirmaron su compromiso de trabajar en conjunto para combatir el crimen organizado e impulsar una mayor integración económica en Latinoamérica.

Durante la cita, que duró poco más de una hora, Orsi resaltó la buena relación que históricamente ha existido entre ambas naciones, sea cual sea el color político de sus gobiernos.

“Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos entre distintos presidentes de distinto signo político (y) de mucho respeto por las instituciones democráticas que estamos fortaleciendo en estos países“, señaló.

Por su parte, el discurso de Kast estuvo centrado en la necesidad de establecer una estrategia conjunta para luchar contra el narco en la región, la que ha sido “vulnerada por el crimen organizado transnacional”, flagelo que “puede ser extirpado de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones”.

Acuerdo de Santiago

En esa línea, el mandatario chileno aplaudió la decisión de Uruguay y Paraguay de suscribir el llamado “Acuerdo de Santiago”, iniciativa impulsada por el gobierno chileno para coordinar la lucha contra el crimen a nivel regional.

“Usted nos hace un llamado a todos a unirnos y generar una sinergia positiva”, agradeció el presidente chileno a su homólogo uruguayo, quien subrayó que más allá de las diferencias políticas, a ambas naciones las une “la democracia y el bienestar” de sus ciudadanos.

Respecto a la economía regional, Kast admitió que el país atraviesa una “situación crítica en temas de desempleo y crecimiento”, y elogió la estabilidad uruguaya.

“Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro, queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, han instalado una marca en el mundo”, sostuvo.

A renglón seguido, informaron que ambos Gobiernos firmaron dos acuerdos entre sus respectivas Cancillerías enfocados en la cooperación entre escuelas de diplomacia y el reconocimiento de la firma digital. Además, Orsi adelantó que en los próximos meses se firmarán nuevos documentos en materia de seguridad e infraestructura.

Esta jornada, el presidente Kast hará una presentación en un encuentro empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay.

Luego de allanarse a un procedimiento abreviado, el exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, fueron condenados este martes a cinco años de presidio con libertad vigilada intensiva en el marco de la Operación Topógrafo, evitando así la pena de cárcel efectiva de 20 años que la fiscalía solicitaba originalmente antes del acuerdo.

Los hechos del caso, uno de los emblemáticos sobre espionaje en democracia, se desarrollaron entre los años 2016 y 2018, cuando la inteligencia militar chilena montó una red de interceptación telefónica ilícita cuyo objetivo era vigilar a militares que estaban denunciando actos de corrupción al interior de la institución castrense -el famoso Milicogate-, y a un periodista que cubría la noticia.

Para lograr su objetivo, desde el Ejército presentaron solicitudes de escuchas a la justicia utilizando identidades y antecedentes falsos, registrando los números telefónicos de sus objetivos bajo nombres de supuestos “agentes extranjeros” que amenazaban la seguridad nacional.

El espionaje afectó directamente a diversos ciudadanos y funcionarios, entre ellos el periodista de investigación, Mauricio Weibel, autor del reportaje que destapó el Milicogate, y Rafael Harvey, capitán en retiro del Ejército que denunció activamente malas prácticas dentro de la institución, amén de otros oficiales activos, exfuncionarios y civiles denunciantes de irregularidades institucionales.

“Salida satisfactoria”

Así las cosas, Nazal y Poblete fueron condenados por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica en instrumento público, el primero por presentar solicitudes falsas, y el segundo por visarlas a pesar de estar en conocimiento de su ilegalidad.

De acuerdo a la fiscal Ximena Chong, el juicio abreviado representa para el Ministerio Público “una salida satisfactoria (pues) era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público”.

En tanto, el abogado del exjuez Poblete, el defensor penal público Víctor Providel, explicó que en la audiencia “el exministro aceptó los hechos de la acusación tal como estaban redactados, aceptó tramitar término de la causa a través de este procedimiento abreviado, que es la aceptación de hechos y aceptación de los antecedentes de la acusación. La pena se va a cumplir en libertad”.

Por su parte, el periodista Mauricio Weibel se mostró satisfecho con el acuerdo, puesto que “es la primera vez que se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia de un Ejército por espiar a un periodista, y eso es una señal tremenda para el mundo”.

“Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión no sólo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos”, remató el profesional.

Un duro revés sufrió el oficialismo este martes, luego de que el Senado rechazara por 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones la Acusación Constitucional (AC) presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP), contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric, por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

Y es que a pesar de que la semana pasada el libelo acusatorio había sido visado por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, su aprobación en el Senado se veía harto más difícil, puesto que su composición política es de un virtual empate, mientras que varios parlamentarios del bloque oficialista mostraron sus reparos al juicio político impulsado por sus socios por carecer de “sustento jurídico”.

Las razones del rechazo

En medio del álgido debate, desde la oposición el senador Vlado Mirosevic (PL), quien finalmente se inhabilitó de la votación, sostuvo que el juicio político no está hecho “para que se construya sobre apreciaciones de mérito de la gestión pública ni como crítica política” y recordó que el libelo no acreditaba “dolo ni negligencia”.

Por su parte, Fidel Espinoza (PS) advirtió que “este mecanismo ha ido perdiendo con el tiempo su carácter excepcional”, mientras que Karim Bianchi (IND), criticó el gasto para el fisco que implicó el traslado de los parlamentarios desde sus regiones en semana distrital, la que obliga a la suspensión del trabajo legislativo en las salas y comisiones del Congreso Nacional para que los parlamentarios se aboquen a sus territorios.

Desde la vereda del oficialismo, en tanto, una de las que votó en contra fue Andrea Balladares (RN), quien afirmó que “no he logrado la convicción suficiente de que exista la causal de infracción constitucional”.

De la misma opinión fue la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ya había advertido previo a la votación que “lo más probable” era que la AC fuera rechazada, asunto que “lo único que hace es debilitar al oficialismo”.

Los agradecimientos de Grau

Una vez finalizada la votación, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, agradeció el apoyo de su sector y valoró la decisión de parlamentarios del oficialismo de no votar a favor la acusación levantada por sus socios.

“En todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como de la UDI (...) En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”, afirmó.

“Cuando se investigó, se discutió con calma y fueron expertos y expertas a la comisión revisora, no hubo nadie que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, agregó Grau.

El exjefe de la billetera fiscal agradeció “que hayan existido senadores y senadoras, diputadas y diputados que, más allá de su visión política y de su legítima crítica al gobierno anterior, hayan votado en contra de esta acusación porque la hayan evaluado en su propio mérito. A mí no me corresponde ningún adjetivo a ese comportamiento, simplemente agradecerlo como la persona que estaba siendo sujeta a esta evaluación”, remató.

El Gobierno chileno anunció este martes que permitirá la salida legal por “razones humanitarias” de aquellos ciudadanos venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para estar con sus familiares después del doble terremoto que azotó al país.

“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción”, afirmó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

La idea, sostuvo la autoridad, es entregar “todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente eximiendo de algunos trámites”.

Quienes deseen acogerse al beneficio solo tendrán que apersonarse en las oficinas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago, y rellenar un simple documento antes de abordar un avión que los lleve de vuelta a Venezuela, detalló Sauerbaum.

Así, el plan rige para todos los venezolanos que tengan sus documentos de viaje caducados y cuenten con permiso de residencia en Chile, o hayan ingresado de manera irregular al país.

En paralelo, el Gobierno elabora un plan para facilitar el regreso voluntario a sus países de origen de los más de 330.000 mil migrantes irregulares que viven en Chile -la mayor parte de ellos venezolanos-, una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.

El quiebre de relaciones

Chile y Venezuela rompieron relaciones en 2024, luego que el gobierno de Gabriel Boric no reconociera las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro y denunciara la opacidad del proceso.

La administración de Maduro expulsó al personal diplomático y al embajador chileno en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales, y el 31 de enero de 2025 solicitó el cese de servicios de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, medida calificada por el gobierno chileno como una “suspensión” de relaciones en la práctica. En paralelo, retiró a todo su personal diplomático de Chile.

El quiebre también incluyó la cancelación de los vuelos entre Santiago y Caracas, lo que sumado a la nula posibilidad de conseguir o regularizar documentos, dejó en el limbo a miles de ciudadanos venezolanos que viven en Chile, ya sea legales o de manera irregular.

Asimismo, y según cifras oficiales, el país tiene pendientes más de 35 mil órdenes de expulsión de ciudadanos venezolanos.

El Gobierno de José Antonio Kast aseguró meses atrás que restablecer relaciones diplomáticas con el país caribeño es una prioridad del Ejecutivo, tal como lo señaló el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

“Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, señaló en mayo pasado el Canciller.

En esa línea, y en un gesto inédito, el presidente Kast llamó por teléfono el jueves pasado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.

Mientras tanto, miles de personas trabajan a contrarreloj para hallar a más sobrevivientes a casi una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano y han dejado hasta la fecha al menos 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, según la última información oficial.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó esta jornada su ultimo reporte de desempleo del trimestre marzo-mayo de 2026, el que arrojó que la tasa de desocupación en Chile se elevó al 9,4%, la más alta en el último lustro, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 9,8%.

La cifra a nivel nacional implica un aumento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,3%), en contraposición a las personas ocupadas (0,8%).

En tanto, los cesantes crecieron al 6,9%, de la mano de quienes ya se encontraban desocupados (5,9%) y de aquellas personas que salieron a la calle a buscar trabajo por vez primera (16,4%).

Por género, la tasa de desocupación en las mujeres subió 0,4 pp al 10,5%, mientras que en los hombres se incrementó en 0,5 pp., rozando el 8,6%.

Asimismo, la tasa de ocupación informal se situó en un 27,0%.

“Las personas ocupadas informales aumentaron 4,6%, incididas tanto por las mujeres (5,7%) como por los hombres (3,7%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (7,2%) y trabajadoras por cuenta propia (4,2%)”, detallaron desde el INE.

Finalmente, el informe reveló que la tasa de desempleo también sigue al alza en la Región Metropolitana, aumentando 0,3 pp. en doce meses y llegando al 9,8% en el trimestre marzo-mayo de este año.

“Años de malas políticas públicas”

Una vez conocidas las cifras, desde el Gobierno sostuvieron que éstas responden a “años de malas políticas públicas”, tal como lo señaló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Las cifras confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo”, aseguró la autoridad.

El biministro recordó que actualmente existen más de 980 mil personas sin empleo y cerca de dos millones trabajando de manera informal, asunto que representa un verdadero ”drama social” sobre todo para las mujeres y jóvenes del país.

Debido a esto, el Gobierno está actuando “con sentido de urgencia” y por eso se ha puesto como meta la creación de 50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses.

“Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo”, remató Mas.

El miércoles pasado, el Senado aprobó en general con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa, iniciativa que es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

La propuesta pasó ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, cuyo plazo vence el próximo 6 de julio, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

Empero, el estrecho margen de la votación tiene preocupado al Ejecutivo, sobre todo luego de que el Ministerio Público presentara una nueva solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas), por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos $105 millones de pesos (USD 113 mil), acusación por la cual enfrenta hasta 12 años de cárcel.

Ello, puesto que el voto a favor del senador por la Región de Aysén fue clave para alcanzar el quórum exacto de 26 legisladores que requería el Ejecutivo para continuar con el trámite del proyecto.

Calisto ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal firme ni con una pena aflictiva dictada que le impidiera legalmente competir en las urnas, razón por la cual, por ahora, mantiene su cargo -dieta incluida-, mientras el desafuero no sea confirmado.

Posición complicada

Así las cosas, y de acuerdo al analista político y director de Administración Pública de la UNAB, Roberto Munita, de concretarse el desafuero de Miguel Ángel Calisto la balanza en el Senado podría inclinarse hacia la oposición.

“En este segundo trámite (el proyecto de ley) requiere mayoría absoluta de los senadores. Esto quiere decir que si son 50, requiere de 26 votos. Ahora, si baja a 49, como es la mitad más uno, siguen necesitando los 26 votos, y por lo tanto puede ser complicado para el oficialismo”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, recordó que el senador Calisto tiene varios flancos abiertos por lo que su potestad como parlamentario podría escurrirse.

“Hay varias formas por las que el senador Calisto podría perder su cargo: por el desafuero como senador; por el Tribunal Constitucional (TC) al decir que no cumple con los requisitos para ser parlamentario; y por estar condenado por estos delitos por lo que se piden 12 años de cárcel. Todos estos caminos corren de forma paralela”, afirmó al medio citado.

Mediante un comunicado de prensa, este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que un cuarto connacional se encuentra entre las 1.719 personas fallecidas -hasta ahora-, en el doble terremoto que azotó a Venezuela el miércoles pasado, quien se suma a las tres primeras víctimas chilenas informadas el domingo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento”, señalaron desde dicha cartera.

“La Cancillería ha tomado conocimiento del caso mediante los familiares de la víctima, a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención. El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos”, cerraron.

Cabe recordar que el primer caso registrado se confirmó el viernes y corresponde a Érika Ramírez, conocida maquilladora e influencer que trabajaba en la industria de concursos de belleza venezolana y vivía en ese país hace años junto a su esposo y un hijo.

Ramírez tenía más de 30 mil seguidores en Instagram y de hecho, subió su última publicación realizando actividades deportivas un día antes de la catástrofe que le costó la vida.

“Le gustaba mucho caminar, conectarse con las personas, la naturaleza, era muy cálida. Queremos recordarla con ese cariño que ella también sentía por los demás y que dejó una huella”, señaló un familiar cercano al noticiero T13, quien aseguró además que la mujer venía periódicamente a Chile a visitar a su familia que vive en Santiago.

A ella se sumó luego Héctor Riquelme, de 54 años, chileno radicado hace mas de 20 años en La Guaira, probablemente la zona más afectada por los sismos.

Ahora, las autoridades chilenas esperan el resultado de las labores de rescate para dar con el paradero de Tomás Pribanic Boesze, de 73 años de edad, también residente en La Guaira y cuya desaparición el día de los terremotos fue informada por sus familiares.

La ayuda enviada por Chile

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno para tratar de paliar, en parte, los efectos del desastre.

De acuerdo a la autoridad, Chile envió “dos aeronaves KC-135 con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipo está altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito”, explicó.

La autoridad agregó que los rescatistas chilenos están operando precisamente en La Guaira bajo condiciones muy complejas, enfrentando altas temperaturas, alta humedad, falta de redes de agua potable estables y caídas en las comunicaciones locales. Sin embargo, aseguró que el equipo chileno cuenta con los recursos logísticos y de campamento necesarios para mantener operaciones de forma autónoma durante 10 días.

“Hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”, remató Pavez.

Este fin de semana el Partido Nacional Libertario (PNL), anunció que presentará a la brevedad un proyecto de indulto general para todos los uniformados, Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados durante las manifestaciones que sacudieron el país por meses en el llamado estallido social de 2019, el que dejó un saldo oficial de 30 personas fallecidas y 464 víctimas con trauma ocular.

Tal como lo señaló su líder, Johannes Kaiser, la iniciativa consiste en un “indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza durante el periodo del 18/10 en adelante”.

La idea ya fue apoyada por el Partido Republicano (PR), sin embargo, sus socios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazaron la propuesta asegurando que los indultos deben estudiarse “caso a caso”, mientras que desde el Gobierno mostraron cautela y optaron por esperar a que el proyecto sea presentado para analizarlo en detalle.

Así lo aseguró este domingo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con el programa Estado Nacional de TVN sostuvo que “uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”.

“A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos -que en mi opinión están injustamente presos-, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley”, agregó, según consignó Emol.

Gobierno muestra cautela

En el mismo programa político el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mostró cauteloso y afirmó que el Gobierno dará su opinión al respecto cuando conozcan en detalle el documento que desde la colectividad libertaria hace rato venían anunciando.

De acuerdo a la autoridad, se trata de “una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención (y) en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

Pavez admitió que el tema tiene una “fuerte carga política” y recordó de paso que el Presidente tiene la facultad de otorgar indultos particulares, pero un indulto general de estas características requiere necesariamente “una materia legislativa”.

“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, cerró Pavez.

El miércoles pasado, el Senado aprobó en general con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa, iniciativa que es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

La propuesta pasó ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, cuyo plazo vence el próximo 6 de julio, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

Empero, el estrecho margen de la votación tiene preocupado al Ejecutivo, razón por la cuál el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este domingo que están abiertos al diálogo con la oposición, a fin de conseguir los votos necesarios para lograr aprobar punto por punto las más de 40 medidas que conforman el proyecto de ley.

“Esas conversaciones no se hacen por la prensa y esperamos que conforme haya propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito, para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas y que nos permitan avanzar a un esquema más grande de votación”, señaló Pavez.

“El Gobierno está obligado a negociar”

Sin embargo, el gesto desde el Ejecutivo es visto con recelo desde la oposición, tal como lo afirmó el senador Iván Flores (DC), quien recordó que la composición política de virtual empate en la Cámara Alta obliga el Gobierno a abrirse al diálogo, cosa que no hizo cuando “pasó la aplanadora” en la Cámara de Diputados.

“Ahora entramos a una etapa distinta y el Gobierno está obligado, no es una cosa de voluntad, está obligado a conversar (...) Pero una cosa es decir ”queremos conversar" y no contestan nada, eso no es un diálogo, eso no es una negociación. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir", fustigó el parlamentario, según consignó BioBíoChile.

Cabe recordar que mientras la coalición de centro-derecha ocupa 25 escaños en la Camara Alta, la centro-izquierda tiene 23. Los dos senadores restantes son independientes: Fabiola Campillai, quien quedó ciega en noviembre de 2019 tras recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio del estallido social mientras se dirigía su trabajo y vota siempre con la mano izquierda, y Karim Bianchi, quien se distanció del gobierno de Gabriel Boric en los últimos años aunque no se ha alineado de forma disciplinada con ningún bloque político tradicional, y se caracteriza por su voto estrictamente pragmático, regionalista y fluctuante.

Bianchi ya rechazó la idea de legislar el proyecto, sin embargo, ha dicho en más de una oportunidad que está disponible a dialogar si ve que el Gobierno da pruebas de ello.

La Cancillería confirmó este domingo que otros dos ciudadanos chilenos se cuentan entre las mas de 1.450 personas fallecidas en el doble terremoto que azotó a Venezuela el miércoles pasado, quienes se suman a Erika Ramírez, la primera víctima identificada.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela. Ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención. El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”, reza el comunicado.

El primer caso registrado se confirmó el viernes y corresponde a Erika Ramírez, conocida maquilladora e influencer chilena que trabajaba en la industria de concursos de belleza venezolana y vivía en ese país hace años junto a su esposo y un hijo.

Ramírez tenía más de 30 mil seguidores en Instagram y de hecho, subió su última publicación realizando actividades deportivas un día antes de la catástrofe que le costó la vida.

“Le gustaba mucho caminar, conectarse con las personas, la naturaleza, era muy cálida. Queremos recordarla con ese cariño que ella también sentía por los demás y que dejó una huella”, señaló un familiar cercano al noticiero T13, quien aseguró además que la mujer venía periódicamente a Chile a visitar a su familia que vive en Santiago.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró que el gobierno venezolano “haya permitido que nuestro director general consular pueda estar desarrollando las coordinaciones esenciales, para que en circunstancias como una persona chilena fallecida, pueda tener la orientación necesaria para todos los trámites en momentos tan difíciles como estos”.

La ayuda enviada por Chile

Pavez detalló de paso la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno para tratar de paliar, en parte, los efectos del desastre.

De acuerdo a la autoridad, Chile envió “dos aeronaves KC-135 con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipo está altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito”, explicó.

La autoridad agregó que los rescatistas chilenos están operando en La Guaira -sector costero cercano a Caracas declarado zona de desastre-, bajo condiciones muy complejas, enfrentando altas temperaturas, alta humedad, falta de redes de agua potable estables y caídas en las comunicaciones locales. Sin embargo, aseguró que el equipo chileno cuenta con los recursos logísticos y de campamento necesarios para mantener operaciones de forma autónoma durante 10 días.

“Hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”, remató Pavez.

En una causa causa paralela a la que sigue actualmente el Ministerio Público por la pérdida de trazabilidad de parte del Estado de 64 menores haitianos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos de ese país, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, acusados de ser los líderes de una red internacional dedicada al tráfico de menores migrantes, lavado de activos y asociación ilícita.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización se aprovechaba de la necesidad y el desconocimiento de familias haitianas residentes en Chile, y les cobraban hasta $3 millones de pesos (USD 3.200) por cada menor de edad que prometían traer desde ese país bajo la figura de “reunificación familiar”, papeleo que también gestionaban.

Una vez enterado el dinero, los niños eran trasladados por pasos inhabilitados hacia República Dominicana para luego volar a Chile, acompañados de un “tutor legal” con permiso notarial gestionado por las familias, a quien ni siquiera conocían.

Sin embargo, la indagatoria arrojó que al menos seis menores quedaron abandonados o varados en la capital dominicana sin concretar el viaje, pasando meses en residencias de menores antes de ser deportados de vuelta a Haití.

El modus operandi

La red operaba a través de las agencias de viajes “MundoPam” (de Rome) y “Agencia Cananeen” (de Dormeus). Así, habrían logrado ganancias cercanas a los $800 millones de pesos (USD 870 mil), desde mediados del 2024.

Además, Jean Chery Dormeus presidía la ONG “ODEHC”, la cual se adjudicó cerca de $50 millones de pesos (USD 54 mil) en fondos estatales del Gobierno Regional Metropolitano y del Ministerio del Interior desde el año 2021, y trabajaba como “gestor cultural” para un municipio santiaguino.

Ambos imputados además realizaron maniobras en conjunto “blanquear” las ganancias obtenidas mediante la apertura de varias cuentas bancarias, empresas “fachada” y la compra de bienes muebles e inmuebles.

Finalmente, el Ministerio Público logró acreditar también la participación de otros cuatro integrantes de la organización trasnacional, haitianos y dominicanos, quienes viven en dichos países y eran encargados de la logística local.

Así las cosas, y debido a la gravedad de los hechos investigados, el tribunal decretó la prisión preventiva de los acusados y ambos ingresaron al penal Santiago 1, durante los 90 días decretados para la investigación.

Culpables. Ese fue el veredicto del juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral en los Penal de Temuco (xxx), contra cinco miembros del grupo radical Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por su responsabilidad en dos ataques incendiarios contra predios forestales ocurridos en la comuna de Lautaro, en noviembre de 2022.

Hablamos de Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del exlíder de la CAM, Héctor Llaitul; Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes fueron declarados culpables de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta, un delito de secuestro simple y un segundo delito de hurto.

El tribunal también acreditó para Pelentaro Llaitul y Juan Mardones el delito de porte ilegal de municiones.

Sin embargo, fueron absueltos de los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma prohibida y disparos injustificados.

Así las cosas, el tribunal fijó para el lunes 13 de julio la lectura de su sentencia y los años que deberán cumplir tras las rejas.

La CAM

Cabe recordar que la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) es una organización político-militar mapuche que opera en La Araucanía. Fundada en 1998, es una de las agrupaciones radicales más antiguas de la zona y es calificada por el Estado chileno como una asociación ilícita terrorista.

En mayo de 2024, la Justicia chilena condenó a 23 años de cárcel a su líder histórico, Héctor Llaitul, como autor de delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

En la sentencia del Tribunal Oral de Temuco se detalló que la pena se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco por hurto simple y otros tres por atentado a la autoridad.

“No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18216, no se le concede ninguna de las penas sustitutivas previstas en dicho cuerpo legal, debiendo cumplir de manera efectiva las penas prohibitivas de libertad en orden sucesivo, iniciando por la más grave”, señaló el tribunal en esa oportunidad.

En tanto, el juicio contra otro hijo de Héctor Llaitul, Ernesto, concluyó en julio de 2024, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles lo absolvió de todos los cargos -homicidio frustrado e incendio-, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes. Tras este fallo, quedó en libertad.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó este jueves en prisión preventiva a los dos últimos miembros detenidos de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida este martes en esa misma comuna santiaguina, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años, Alejandro Águila, y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a la vera del camino.

El tour delictual

En esta segunda audiencia de formalización, la fiscalía hizo una cronología detallada del “tour delictual” en el que se embarcaron la madrugada del martes los seis asaltantes y que culminó con la muerte del malogrado menor.

De acuerdo al relato del fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, todo partió pasada la medianoche, cuando L.M.N.E., A.C.G., D.A.L.S., F.O.E.C. y J.I.L.G. asaltaron una estación de servicio ubicada en la comuna de San Bernardo.

Allí amenazaron con armas blancas a uno de los empleados y al dueño de un Mitsubishi blanco que cargaba combustible, robando la recaudación del servicentro y el vehículo.

Tras una parada en una casa donde se bajó D.A.L.S. y se subió J.V.V, comenzó un periplo por la calles de la comuna, hasta que la 01:00 horas dieron con un carabinero de franco, a quien robaron sus pertenencias y golpearon hasta dejarle una clavícula fracturada.

15 minutos después se encontrarían con el vehículo rojo que manejaba el padre de Alejandro Águila, historia cuyo final ya es conocido.

Al término de la audiencia, el fiscal Tapia aseguró que “con esto ya hemos identificado a todos y cada uno de los responsables en este deleznable hecho“, por lo que ahora solo resta esperar los 120 días decretados por el tribunal para la investigación.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió al paso de los cuestionamientos luego de que el medio Fastcheck revelara que su esposa, Luz María Izquierdo Irarrázaval, es prima hermana del temerario conductor que fue detenido por manejar a 264 km/h por la Costanera Norte en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino.

La noticia causó indignación en redes sociales pues la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, ni siquiera le quitó la licencia al acusado de 38 años -quien es heredero de la familia Izquierdo-Menéndez, ligada a un poderoso grupo empresarial-, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes por la ley de drogas.

El individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no es posible revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza Ximena Rivera ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, es decir, quedó en libertad.

Tal como señaló en su cuenta de X el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, “no tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.

“Prohibió informar el nombre, generando una mayor indignación ciudadana. En los matinales muestran a los conductores infractores con total libertad. Brillante medida de la jueza”, sostuvo irónicamente otro usuario de la misma red social.

“No tengo cercanía”

Así las cosas, y una vez revelado el lazo consanguíneo con su esposa, el ministro Arrau señaló mediante una publicación en su cuenta de X que “al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía“.

“Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quién pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos“, remató.

Caso previo

El caso trajo a colación otro ocurrido en mayo recién pasado, cuando un conductor fue detenido manejando a más de 261 kms/hr un Lamborghini Spyder, también en la comuna de Vitacura, el que contaba con 38 infracciones graves por exceso de velocidad, quien tampoco quedó en prisión preventiva pero sí se le quitó la licencia.

De acuerdo a la ley, quienes sean formalizados por el delito de conducción temeraria arriesgan la pérdida definitiva de su licencia de conducir -en caso de ser reincidentes-, penas de hasta 3 años y un día cárcel y una onerosa multa.

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención -de Pedro Araya (PPD)-, este miércoles el Senado chileno aprobó en general el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.

Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

Empero, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

Así, la propuesta volverá ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

El objetivo del Gobierno es mantener la suma urgencia para despachar la iniciativa durante el mes de julio. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a negociar posibles cambios propuestos por la oposición para asegurar su aprobación definitiva, puesto que ahora cada norma discutida deberá reunir los respaldos necesarios para ser aprobada.

Presidente Kast: “Todo el mundo mira lo que hace Chile”

Por la tarde, en medio de su visita a la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast celebró la noticia, pero recordó que aún queda camino por recorrer.

“La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la Sala para que se apruebe la idea de legislar”, recordó el mandatario, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al mandatario, “ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile”.

De paso, Kast recalcó la importancia de aprobar el Plan de Reconstrucción propuesto por su gobierno, puesto que, según aseguró, "desde todo el mundo están mirando lo que hace Chile. Porque Chile ha sido faro a nivel mundial y volverá a ser líder a nivel latinoamericano y a nivel mundial si hacemos las cosas bien”.

Al cierre, el mandatario le dio las gracias “a cada uno de los ministros y subsecretarios que trabajaron incansablemente para que esto fuera realidad, y agradecerle profundamente a los senadores que permitieron que esto hoy día empiece a discutirse artículo por artículo”, remató.

Carabineros de Chile detuvo esta madrugada en la comuna santiaguina de San Bernardo a los dos últimos miembros de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida el martes en esa misma comuna, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos serán formalizados esta jornada por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a un costado del camino.

“Despecio absoluto por la vida”

Este miércoles, tras la audiencia de formalización de los primeros cuatro detenidos en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la fiscal regional (s) Occidente, Paulina Díaz, valoró la decisión de dejar en prisión preventiva e internación provisoria a los cuatro primeros formalizados, puesto que varios videos en poder de la Fiscalía dan cuenta de que los asaltantes se percataron de que Alejandro Águila era arrastrado por el pavimento durante al menos tres kilómetros, pero no hicieron nada para evitarlo.

“Por lo tanto, obviamente se sostiene el dolo común que existe en la totalidad de los imputados y en base a eso el tribunal finalmente decide que se da lugar a las cautelares solicitadas”, señaló.

En tanto, Leonardo Tapia, fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, afirmó en la audiencia que “todos (los miembros de la banda) advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados…Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen, tanto de la tía como del padre de este niño, indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaban que el niño iba siendo arrastrado. De todas formas, los imputados, haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, cometen este delito”.

Así las cosas, la fiscalía ya adelantó que pedirán las penas máximas para la banda, a saber, presidio perpetuo calificado para los adultos y 10 años para los menores de edad, según dicta la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mientras que el plazo de investigación se fijó en 120 días.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco indemnizar con un total de $130 millones de pesos (USD 142 mil), a la excónyuge y a los hijos biológicos del mecánico de 39 años Álex Andrés Núñez Sandoval, fallecido tras una brutal paliza por parte de al menos tres carabineros el 21 de octubre de 2019 en los alrededores de una estación de metro santiaguina, uno de los casos más emblemáticos del estallido social que sacudió al país en 2019.

El tribunal integrada por el ministro Hernán Crisosto, la ministra María Inés Lausen y el abogado Jorge Gómez, concluyó que $40 millones irán para cada uno de los tres hijos, mientras que $10 millones deberán ser abonados a la excónyuge, quien estaba separada desde 2011 del infortunado mecánico, puesto que “no es posible estimar el perjuicio, a su respecto, en términos similares a los hijos“.

Los hechos

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, la Región Metropolitana estaba bajo estado de emergencia y toque de queda decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Núñez, al igual que decenas de personas, trataba de llegar a su casa en metro cuando comenzaron a ser dispersados por carabineros que llegaron hasta el lugar. Debido a una lesión en su rodilla, no logró huir.

Testigos y querellas judiciales confirmaron que al menos tres uniformados lo derribaron y le propinaron reiterados golpes de pies, puños y lumas, ensañándose principalmente con su cabeza.

Tras lograr regresar herido a su hogar, su salud se deterioró rápidamente durante la noche. Fue trasladado de urgencia a la ex Posta Central, donde ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, fractura de cráneo y un grave edema cerebral. Falleció la madrugada del martes 22 de octubre.

La posterior investigación del Ministerio Público reveló que dentro de Carabineros hubo maniobras de encubrimiento y un “pacto de silencio” entre miembros de la institución para ocultar las bitácoras del día de la agresión, borrar pruebas e inculpar a terceros, dificultando la identificación de los autores directos de la paliza.

Y aunque hay dos carabineros apuntados por su responsabilidad en este hecho, hasta el día de hoy nadie ha sido detenido ni acusado.

Cabe recordar que el estallido social en Chile tuvo su fase de mayor intensidad durante cinco meses, entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, periodo en el cual se registraron oficialmente 30 fallecidos, más de 3.500 heridos y 464 víctimas de trauma ocular.

Viviendo con sus familias o tutores legales, escolarizados y en buenas condiciones de salud fueron ubicados los 64 niños haitianos que eran buscados frenéticamente por la autoridades, luego de un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) que alertaba graves falencias en los protocolos para su entrada al país, así como la pérdida de su trazabilidad por parte del Estado.

“63 se encuentran en Chile y una adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien. Es decir, con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estábamos verificando”, confirmó este martes el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, detalló que buena parte de los niños y adolescentes presentaban sus papeles migratorios en regla, acudían a un jardín infantil o escuela pública y estaban inscritos en centros de salud locales, y celebró el trabajo conjunto entre las policías y las diversas instituciones del Estado que tuvieron que movilizarse para dar con el paradero de los menores.

“El informe de Contraloría ayudará a perfeccionar (los protocolos) y sabemos que es urgente, porque cuando nos falta información, cuando hay brechas entre una institución y otra, podemos lamentar situaciones como esta (...) y el deber del gobierno es justamente avanzar y darle certeza a la ciudadanía”, señaló la secretaria de Estado.

Al cierre, ambos recalcaron que se descartó el delito de trata de personas, tal como ya lo había señalado este domingo el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, quien aseguró que “con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito”.

El caso

Cabe recordar que el lunes pasado, luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras el preinforme de la Contraloría, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto tráfico de decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar”, acompañados de 12 “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos y cuyo paradero se desconocía.

Mediante un comunicado, desde la Fiscalía señalaron que la Contraloría identificó “que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, advirtieron.

El asunto tuvo de cabeza toda la semana a dichas reparticiones, pero también al Gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el Registro Civil, y hasta la Unicef aseguró que era “necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

Los sumarios que abrió la Contraloría

Así las cosas, esta jornada la Contraloría emitió un duro informe final e instruyó sumarios administrativos por graves falencias en el Programa de Reunificación Familiar al interior del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

Y es que de acuerdo al Informe Final 541-2025, se detectaron “una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.

Ello, “implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección”, señalaron desde el ente.

Finalmente, La CGR ordenó implementar “sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos”.

Durante esta jornada se llevará a cabo la audiencia de formalización de tres de los cuatro acusados -hasta ahora- por la muerte de un menor de 12 años, identificado como Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida la madrugada de este martes en la comuna capitalina de San Bernardo, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Todo ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando el grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos cinco sujetos en un auto robado, algunos de ellos notoriamente menores de edad, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a un costado del camino.

El “tour delictual”

Así las cosas, a lo largo de este martes, la policía logró dar con el paradero de tres de los atracadores, de 17, 18 y 21 años, mientras que el cuarto, también de 17 años, fue entregado esta madrugada a la policía por su padrastro. En tanto, otro individuo permanece prófugo, aunque estaría plenamente identificado.

Trascendió que varios de los detenidos presentan antecedentes penales previos por otras “encerronas” y robos en estaciones de servicio.

Leonardo Tapia, fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, hizo una cronología de los hechos, puesto que los atacantes llevaron a cabo un verdadero “tour delictual” antes de encontrarse con el grupo chileno-argentino.

Todo partió en una estación de servicio San Bernardo, hasta la que el grupo llegó a pie para intimidar a un conductor que cargaba combustible y robarle su vehículo. Luego recorrieron las calles de la comuna por varias horas y asaltaron a un carabinero de franco, a quien le quebraron un brazo.

Fue entonces cuando se se encontraron con el auto que conducía el padre del menor.

“En este hecho, interceptan a este vehículo, lo que normalmente se le denomina encerronas, se bajan todos sus ocupantes, nuevamente realizando un acto intimidatorio, amenazas, agreden, golpean a las dos personas que se encontraban en los asientos delanteros del vehículo, con el propósito de sustraerle las especies y principalmente el vehículo en que se transportaba”, detalló el persecutor.

“Fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedó atrapado justamente con su cinturón de seguridad", complementó Tapia.

Kast pide cadena perpetua

La noche de este martes, decenas de vecinos se congregaron en el sitio del suceso para realizar una velatón en memoria del menor fallecido y exigir justicia a las autoridades.

“Si el Estado no es capaz de protegernos, porque ese es el mandato que nosotros damos a través de nuestro voto, lamentablemente, como periferia, como vecinos, estamos desprotegidos. No tenemos presencia policial. Aquí no se ve un carabinero, aquí no se ve nada”, denunció a BioBíoChile uno de ellos, identificado como Carlos Navarrete.

Y esta jornada, el presidente, José Antonio Kast, pidió que los responsables paguen su crimen con cadena perpetua.

“Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Controversia causó en el país la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, de dejar en libertad sin siquiera quitarle la licencia a un conductor de 38 años que fue detenido por manejar a 264 km/h por la Costanera Norte en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes por la ley de drogas.

La subcomisaria administrativa de la 32.ª Comisaría del Tránsito, teniente Nicol Barrera Díaz, señaló que al ser detectado, Carabineros procedió “a su retiro desde el interior de la autopista a una zona segura, momento en el cual se notifica su detención por conducción temeraria”.

“Es importante destacar que este conductor ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por Ley 20.000 y por conducción en estado de embriaguez”, agregó la uniformada, quien subrayó que hechos de esta naturaleza “son conductas reprochables para la seguridad vial al momento de la conducción“.

Así las cosas, el individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no es posible revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza Ximena Rivera ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, es decir, quedó en libertad.

Familia poderosa

La noticia causó indignación en redes sociales, pues trascendió que el acusado es heredero de una familia chilena ligada a un poderoso grupo empresarial.

Tal como señaló en su cuenta de X el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, “no tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.

“Prohibió informar el nombre, generando una mayor indignación ciudadana. En los matinales muestran a los conductores infractores con total libertad. Brillante medida de la jueza”, sostuvo irónicamente otro usuario de la misma red social.

De acuerdo a información recopilada, P.J.I.R pertenece a una familia que controla una de las empresas de telecomunicaciones más grandes el país, cuyo nombre tampoco puede ser divulgado, y además tiene lazos con otro conocido empresario quien es consejero de un importante gremio y ha sido ligado a investigaciones por derechos humanos, según consignó BioBíoChile.

Caso previo

El caso trajo a colación otro ocurrido en mayo recién pasado, cuando un conductor fue detenido manejando a más de 261 kms/hr un Lamborghini Spyder, también en la comuna de Vitacura, el que contaba con 38 infracciones graves por exceso de velocidad, quien tampoco quedó en prisión preventiva pero sí se le quitó la licencia.

De acuerdo a la ley, quienes sean formalizados por el delito de conducción temeraria arriesgan la pérdida definitiva de su licencia de conducir -en caso de ser reincidentes-, penas de hasta 3 años y un día cárcel y una onerosa multa.

El fiscal regional de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, confirmó que en los últimos días 2.840 kilos de distintas drogas fueron decomisados en cuatro operativos llevados a cabo en conjunto por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, los que dejaron además cinco personas detenidas.

Flanqueado por el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, el persecutor que encabeza el ranking de incautaciones de droga en el país con 112 toneladas desde que asumió en octubre de 2023, recordó que “esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado”.

El primer operativo

Según informó Castro Bekios, la diligencia más grande se llevó a cabo en la turística comuna de San Pedro de Atacama, donde detectives de la PDI sorprendieron en una fiscalización a los conductores de un furgón transportando más de mil paquetes de marihuana, a saber, 1.179 kilos.

Tras el interrogatorio de rigor, los policías apresaron también a los pasajeros de otro vehículo que apoyaba el traslado de la droga, para luego allanar una vivienda en la ciudad de Calama, donde hallaron otro vehículo con 1.089 kilos de cannabis.

Amén de los 2.269 kilos de droga, la policía civil decomisó los dos dos furgones, un automóvil y unos $7,7 millones de pesos (USD 8.400), en dinero contante y sonante.

Los otros tres

Por su parte, Carabineros de Chile llevó a cabo otros tres operativos que terminaron con el decomiso de 571 kilos de droga, todos ellos en la provincia de El Loa.

El primero tuvo lugar en un camino de tierra en las afueras de Calama, donde los uniformados dieron con una camioneta que tenía encargo por robo y en cuyo interior hallaron 318 kilos de cannabis.

En el segundo, fue apresado el conductor de un automóvil que transitaba por la ruta B-75 con 32,5 kilos de marihuana.

Y en el tercero, dos individuos fueron apresados en el sector de Tocorpuri transportando en dos vehículos 115 kilos de cocaína, 95 kilos de pasta base de cocaína y 11 kilos de ketamina.

De acuerdo al fiscal Castro Bekios, con estos operativos los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en lo que va del año en la región de Antofagasta, siete toneladas mas que todo lo incautado en el año pasado.

Luego de la conformación de una Mesa por el Empleo mandatada por el presidente José Antonio Kast para combatir la crisis laboral que tiene a unas 940 mil personas sin trabajo en todo el país, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó este lunes que el Gobierno se puso como meta crear 50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses, esfuerzos que estarán dirigidos sobre todo a las mujeres y las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Bío Bío, las más afectadas por el desempleo.

“El Presidente nos ha pedido generar empleo porque no hay mejor forma de proteger a las familias chilenas que con trabajo digno. Queremos llegar con soluciones concretas a los territorios y apoyar especialmente a quienes hoy enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral”, señaló el secretario de Estado.

De acuerdo al biministro, el país vive “una emergencia de un grado mayor en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana. Vamos a trabajar con programas (sociales) ya existentes, como los que tiene Sercotec, por ejemplo, para aquello”.

La idea es destrabar proyectos entrampados por la llamada “permisología”, y agilizar herramientas y programas sociales actualmente en funcionamiento como los que ofrece Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica), la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), a fin de hacer más eficaz y eficiente su impacto en el empleo.

Las cifras

En tanto, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recordó que “estamos en un momento en que el desempleo está por encima del 9%, con cifras sobre dos dígitos en el desempleo femenino y jóvenes y ante esa realidad no se puede ser indiferente”.

Cabe recordar que la tasa de desocupación femenina se elevó al 10,5% en el trimestre móvil febrero-abril, según las últimas cifras del INE, mientras que ellos jóvenes de entre 15-25 años muestran un desempleo de 22,8% en el mismo periodo.

Mientras tanto, las regiones que presentan los mayores índices de desocupación son Valparaíso (10,3%), Bío Bío (9,8%) y Metropolitana (9,7%).

Así las cosas, la Mesa por el Empleo sesionará nuevamente esta semana, por lo que se esperan nuevos anuncios al respecto.

La agresión fue repudiada de manera transversal por todo el espectro político y ahora, desde la casa de estudios ubicada en la ciudad de Valdivia (900 kilómetros al sur de Santiago), anunciaron una “suspensión académica según su grado de responsabilidad”, pues se logró comprobar su participación “en los referidos acontecimientos”.

De esta manera, uno de los estudiantes acusados recibió tres semestres de suspensión, otro dos semestres, y los dos restantes, un mes cada uno.

Finalmente, desde la UACH subrayaron que “la universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país. Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia”, cerraron.

La investigación penal

Cabe recordar que tres de los estudiantes detenidos por la agresión fueron formalizados ese mismo mes por la justicia acusados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad pero con la medida cautelar de arraigo nacional, a pesar de que el Gobierno -que actuó como querellante- y el Ministerio Público pidieron prisión preventiva para ellos.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología, quienes por ahora deben presentarse ante el juzgado cada dos semanas por los próximos 120 días que dio de plazo el juez para la investigación.

En caso de ser condenados, arriesgan penas de hasta tres años de cárcel, además de multas, las cuales cumplirían en libertad dado su irreprochable historial previo.

Tras la agresión, figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la madrugada de esta jornada se esperan temperaturas de hasta -4°C grados en seis regiones de la zona central chilena, asunto por el cual el Gobierno activó el “Código azul” a fin de reforzar el resguardo de aquellos que viven en situación de calle.

De acuerdo al comunicado, el fenómeno dice relación con una condición de “altas presiones” y afectará las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Cabe señalar que dichas alertas de la DMC son emitidas cuando se “pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, casos en los cuales se recomienda a la ciudadanía estar informados en si van a realizar actividades al aire libre.

Gobierno activa “Código azul”

Debido a esto, desde el gobierno decretaron el llamado “Código Azul” en dichas regiones, el que consiste en un “refuerzo de la red de atención para personas en situación de calle, ante temperaturas menores o iguales a 0°C; o temperaturas menores o iguales a 5°C con precipitaciones, nieve o aguanieve”.

Así, trabajadores púbicos y voluntarios recorren distintos puntos de la ciudad entregando alimentación, ropa de abrigo, artículos de higiene, trasladan a las personas hacia los albergues y les brindan un espacio seguro para dormir, comer y protegerse del frío.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó que esta precaución estará activa hasta las 13:00 horas de este martes y regirá para toda la región Metropolitana, amén de Los Andes y San Felipe (región de Valparaíso), Rancagua (región de O’Higgins), Talca y Curicó (región del Maule), Chillán (región de Ñuble) y Los Ángeles (región del Bío Bío).

“Para nuestro Gobierno lo más importante es la vida de las personas. Por eso, en invierno, reforzamos el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle a través de la activación del Código Azul”, señaló la secretaria de Estado.

Al cierre, Wulf subrayó que en el caso de ver “a una persona en situación de calle arriesgándose al frío, invitamos a llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, que funciona 24/7″.

Sigue la polémica en Chile por el paradero de decenas de niños haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárters, bajo la figura de “reunificación familiar” y acompañados de 12 tutores legales con quienes no compartían lazos sanguíneos, a pesar de que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó esta jornada que 52 menores de una lista de 64 han sido hallados en buen estado y escolarizados, aunque muchos de ellos en situación de pobreza.

Ello, puesto que aunque el Servicio de Migraciones (Sermig) estampó una denuncia por presunto tráfico de menores, este domingo el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, aseguró que “hasta ahora, con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito”.

En conversación con el programa político Estado Nacional, Quesille detalló que “hay un grupo de niños que formalmente han sido ubicado y que en definitiva también da cuenta de un trabajo coordinado de un trabajo coordinado de las instituciones competentes”.

Ahora, aseguró el defensor, solo falta saber “cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas que del sistema de protección integral”.

Quesille calificó también como acertada la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de poner el asunto en manos del Ministerio de Desarrollo Social, pues “el enfoque que se le está dando a esta tarea no es el de la seguridad, no es de control migratorio, sino que es desde la mirada desde la protección de niños, niñas y adolescentes”.

Alertas desde 2023

De acuerdo al abogado, la oficina que dirige viene levantando alertas desde 2023 a distintas instituciones por presuntas irregularidades en los documentos presentados por los menores y sus tutores al ingresar al país.

Debido a esto, “la primera herramienta legal es efectivamente identificar si dentro de este proceso existen o no eventuales comisiones de delitos o existen vulneraciones de derechos”, afirmó Quesille.

Así, pidieron a la Policía de Investigaciones (PDI) y el Sermig “que nos entregaran un reporte detallado que nos permitiera ver la situación de los menores para ver si había vulneraciones o delitos”, aseveró.

Según Quesille, desde la PDI, “no dan cuenta de situaciones que estuvieran vinculadas a la comisión de delitos”, mientras que desde el Sermig, aseguró, no tuvieron respuesta.

“Dimos cuenta que había una serie de situaciones donde eventualmente podría haber riesgos para los derechos de los niños y niñas en contexto de movilidad. Primero, en general, riesgos de que sean víctimas de explotación sexual, riesgos de que sean víctimas del crimen organizado, paso por vías irregulares muchas veces con situaciones vinculadas a explotación o a cuestiones relacionadas con captación por el crimen organizado, y una serie de riesgos de vulneraciones de derechos en general", remató Quesille.

Luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público abrió el lunes pasado una investigación por el presunto tráfico de decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar”, acompañados de 12 “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos, paradero de la mayoría de ellos que actualmente aún se desconoce.

El asunto tiene de cabeza a dichas reparticiones, pero también al Gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el Registro Civil, y hasta la Unicef aseguró que “es necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

Mediante un comunicado, desde la fiscalía señalaron que la Contraloría identificó “que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, advirtieron.

Esa noche, el presidente José Antonio Kast publicó en su cuenta de X que “la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

Cifra indeterminada de niños

El martes, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, admitió que el número de afectados podría elevarse al doble y aseguró derechamente que la oficina que dirige investiga también la presunta colaboración de funcionarios del Estado en lo que podría ser una verdadera red de trata de menores.

“Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación”, señaló el fiscal en entrevista con Expreso Bío Bío.

El persecutor también reconoció que no saben quién pagó los vuelos chárter y recordó que “la ley chilena castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” .

“La unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile (...) Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa”, afirmó Campos.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró escuetamente que el paradero de los menores presuntamente afectados “es parte de la investigación”.

“Ésta tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se hayan visto afectadas, si se ha cometido o no se ha cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores”, cerró Valencia.

El pronunciamiento de la Unicef

Al día siguiente, desde la Unicef también se pronunciaron al respecto, tildaron el asunto como “grave” e hicieron un llamado a investigar con “celeridad” las circunstancias de este hecho.

“Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, UNICEF está solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes (...) Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, señalaron mediante un comunicado.

“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

Al cierre, recalcaron que es necesario “saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.

Por su parte, el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, salió al paso de las críticas y recordó que su oficina presentó en 2023 varias denuncias al respecto ante el Ministerio Público, contra agencias de viaje y aerolíneas por presuntos vínculos con redes de tráfico de personas, al igual que la Defensoría de la Niñez, que en ese mismo emitió diferentes oficios advirtiendo la falta de protocolos de enrolamiento y registro biométrico y una “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a niños migrantes, proponiendo una mesa técnica que finalmente no llegó a buen puerto.

Los primeros niños encontrados

La mañana del jueves, el Gobierno instaló una fuerza de tarea interministerial para abordar el asunto y distribuyó entre los municipios una lista con 64 menores de edad reportados por la Contraloría cuyo paradero se desconocía, 9 de los cuales fueron localizados ese mismo día en las comunas capitalinas de Estación Central y Graneros, tal como informaron sus propios alcaldes.

El primero de ellos, Felipe Muñoz, detalló que funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a siete menores en distintas viviendas de la comuna.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza (...) Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó a T13.

Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, señaló que hallaron a dos de nueve niños que dieron como domicilio cuando entraron al país una vivienda en su comuna.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos (...) Están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero de todos estos niños”.

Republicanos emplazan a Boric

Las repercusiones políticas tampoco se hicieron esperar y aunque el Gobierno aseguró que no están buscando culpables -al menos por ahora-, diputados del Partido Republicano (PR) emplazaron en bloque al expresidente, Gabriel Boric, a pronunciarse al respecto, toda que vez que la entrada irregular de estos niños y niñas ocurrió bajo su administración.

“En su gobierno ingresaron menores de edad de forma ilegal a Chile y ¿ninguna alerta fue capaz de entregarse a él? ¿Dónde estuvieron sus ministros del Interior?, ¿su ministro de Seguridad?”, criticó Álvaro Carter.

De la misma opinión fue Fernando Ugarte, quien sostuvo que “esto ocurrió bajo su administración, mediante decisiones de sus directores. Él debe asumir la responsabilidad política”.

Por su parte, Stephan Schubert acusó que al exmandatario le ha gusta “criticar al actual Gobierno, pero cuando más se necesita saber su opinión, se queda mudo”.

Finalmente, Leandro Kunstmann afirmó que acá no existe “exageración, ni irracionalidad alguna. Acá lo único irracional es que su gobierno no fue capaz de realizar una trazabilidad de niños que venían de otro país”, remató.

Aparecen más niños

La noche del viernes, la ministra de Desarrollo Social, María Jesus Wulf y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmaron que con el correr de las horas más niños han ido apareciendo.

“Hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante, padre, madre, hermanos; jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en la red de salud”, informó Cerna.

De paso, el jefe de la PDI dejó en claro que todos los menores buscados entraron al país con sus documentos en regla.

“Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió como si fuese cualquier adulto en un control migratorio”, afirmó.

Ello, puesto que el protocolo indica que “el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe, que se relacione con los documentos que trae y la autorización que ha sido solicitada, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega”.

Al cierre, la ministra Wulf agradeció el apoyo de todas las instituciones del Estado involucradas y recalcó que “esta no es la hora de la política, ni de la búsqueda de culpables, ni responsables. Es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”, manifestó.

“Hacemos un llamado a seguir trabajando no solo para enfrentar esta crisis en particular que afecta a los niños haitianos, sino también para avanzar en medidas preventivas para proteger y resguardar a los niños de nuestro país”, remató la secretaria de Estado.

Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte avanza con la indagatoria penal por los presuntos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

La Cámara de Diputados aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, una resolución que solicita al presidente, José Antonio Kast, que ordene por decreto en todas las reparticiones públicas del país “el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”, a saber, el llamado “lenguaje inclusivo”.

La iniciativa, propuesta por la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sostiene que durante la administración de Gabriel Boric “se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”.

Y aunque desde el Partido Republicano (PR) celebraron la aprobación del proyecto, asegurando que “el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologías”, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), criticaron el documento calificándolo como una “pésima señal” para la libertad de expresión.

“Sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, fustigó Ramón Gómez, encargado del área de Derechos Humanos de dicho organismo, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al activista, “tememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo de manera de garantizar la no discriminación, tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia. Estaremos muy vigilantes a lo que ocurra y al uso que dará el Gobierno a esta petición parlamentaria”.

Los manuales del gobierno de Boric

Cabe recordar que en mayo de 2022, dos meses después de asumir el gobierno Gabriel Boric, la Subsecretaría de la Niñez publicó en sus redes sociales una guía de lenguaje inclusivo en la que invitaba, entre otras cosas, a referirse como “niñes” a las niñas y niños, asunto que causó una álgida polémica e incluso significó una reprimenda desde la Real Academia de la Lengua.

“Si se refiere al conjunto de todos los niños, con independencia de su sexo/género, el uso de la letra ‘e’ es, además de ajeno a la morfología del español, innecesario, pues el masculino ‘niños’ ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”, indicaron desde la RAE ante una consulta de un usuario de la entonces red social Twitter.

Durante los años siguientes, tanto la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (2022), el Ministerio de Justicia (2023) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (2024) publicaron sus propios manuales de lenguaje inclusivo no sexista, y varias autoridades causaron controversia al hablar en “lenguaje inclusive“ en discursos oficiales o publicaciones en redes sociales.

La mañana de este jueves, Carabineros de Chile detuvo a cinco militares bolivianos que ingresaron al país de manera irregular por el paso fronterizo de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), incautando la camioneta en que se movilizaban y su armamento. Sin embargo, por la tarde, el fiscal a cargo de la investigación resolvió que no cometieron delito alguno, razón por la cual serán reconducidos de vuelta a Bolivia a la brevedad.

De acuerdo a una nota de Radio Paulina, los uniformados formaban parte de una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera en el sector del Salar de Coipasa, cuando fueron detectados por un Puesto de Observación Fronteriza (POF) del Ejército, quienes notificaron a Carabineros de inmediato.

Tras ser detenidos se les incautaron sus armas de servicio y el vehículo en el que se trasladaban.

He aquí el detalle del decomiso:

-1 vehículo militar sin patente, marca Toyota, modelo Land Cruiser.

-5 pistolas (con su respectiva munición).

-1 fusil de guerra (con su respectiva munición).

-3 cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

“No hay delito”

Tras la detención, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, valoró la rápida acción del Ejército y la policía nacional “en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”, y explicó que los detenidos se encontraban realizando pesquisas contra el crimen organizado cuando ingresaron al país de manera accidental.

Debido a esto, el fiscal del Tamarugal, Milton Torres, aseguró que “no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y, desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia“.

Tocante a la camioneta y las armas decomisadas, detalló que estos serán “remitidos en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia también“.

La mañana de este jueves, el gobierno de José Antonio Kast instaló una fuerza de tarea interministerial para dar con decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar” y acompañados de “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos, cuyo paradero actualmente se desconoce.

El asunto tiene de cabeza a reparticiones como el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), el Registro Civil y el Ministerio Público, y ha causado un revuelo tal que hasta la Unicef aseguró que “es necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

Debido a esto, el gobierno distribuyó entre los municipios una lista con 184 menores de edad, 9 de los cuales ya fueron localizados en las comunas capitalinas de Estación Central y Graneros, tal como informaron sus propios, alcaldes.

El primero de ellos, Felipe Muñoz, detalló que funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a siete menores en distintas viviendas de la comuna.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza (...) Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó a T13.

Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, señaló que hallaron a dos de nueve niños que dieron como domicilio cuando entraron al país una vivienda en su comuna.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos (...) Están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero de todos estos niños”.

Así las cosas, las autoridades esperan que en los próximos días más niños sean ubicados.

Republicanos emplazan a Boric

Las repercusiones políticas tampoco se han hecho esperar y aunque el Gobierno ya aseguró que no están buscando culpables -al menos por ahora-, diputados del Partido Republicano (PR) emplazaron al expresidente, Gabriel Boric, a pronunciarse al respecto, toda que vez que la entrada irregular de estos niños y niñas ocurrió bajo su administración.

“En su gobierno ingresaron menores de edad de forma ilegal a Chile y ¿ninguna alerta fue capaz de entregarse a él? ¿Dónde estuvieron sus ministros del Interior?, ¿su ministro de Seguridad?”, criticó Álvaro Carter.

De la misma opinión fue Fernando Ugarte, quien sostuvo que “esto ocurrió bajo su administración, mediante decisiones de sus directores. Él debe asumir la responsabilidad política”.

Por su parte, Stephan Schubert acusó que al exmandatario le ha gusta “criticar al actual Gobierno, pero cuando más se necesita saber su opinión, se queda mudo”.

Finalmente, Leandro Kunstmann afirmó que acá no existe “exageración, ni irracionalidad alguna. Acá lo único irracional es que su gobierno no fue capaz de realizar una trazabilidad de niños que venían de otro país”, remató.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar este miércoles una campana de la época colonial peruana de más de 300 años y varias otras piezas arqueológicas cuyo tráfico está prohibido, las que estaban en poder de un presunto coleccionista santiaguino quien las vendía por internet.

El hombre fue detenido en su domicilio, ubicado en la comuna de Huechuraba, y según explicaron desde la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de Concepción y Santiago, la investigación partió luego de que detectives se percataran de que la campana junto a varios otros fósiles eran ofrecidos a la venta en la plataforma Marketplace de Facebook.

De acuerdo al subprefecto Rodrigo Arévalo, jefe de la BIDEMA Concepción, “detectives de esta unidad especializada denunciaron de oficio al Ministerio Público una situación que revestía carácter de delito relacionada con la venta de una campana descrita como perteneciente al Virreinato del Perú, con una antigüedad o data estimada entre 320 y 375 años procedente de la ciudad de Cajamarca”.

Dicha pieza, “de fabricación artesanal, además de poseer un carácter religioso, presentaba una inscripción sobre su relieve labrado en castellano antiguo y marcados rasgos asociados a campanas jesuitas coloniales de la época”, agregó el policía civil.

Fósiles varios

Luego de hacer las averiguaciones correspondientes con el Ministerio de Cultura del Perú, los agentes llegaron hasta la vivienda del acusado, “siendo detenido por infringir el artículo 38 de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, e incautada la campana patrimonial, perteneciente a la época del Virreinato del Perú, como también diversos fósiles, amonites, dientes de megalodón de distintos tamaños, objetos líticos que corresponden a herramientas o utensilios elaborados en piedra por grupos humanos prehistóricos o comunidades originarias, y un ancla con una data superior a los 50 años”, detalló Arévalo.

La autoridad policial destacó que el procedimiento se inscribe dentro del trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales para salvaguardar el patrimonio cultural y combatir el tráfico de bienes históricos, en los que se sustenta la memoria e identidad de los pueblos.

Así las cosas, la evidencia, el acusado y los antecedentes de la investigación fueron derivados a la fiscalía local santiaguina, que formalizará a la brevedad al responsable y coordinará la devolución de la pieza arqueológica a su lugar de origen.

Continúan las repercusiones tras la investigación que abrió el Ministerio Público por el presunto tráfico de más de 300 menores de edad haitianos, quienes entraron al país entre enero y abril de 2025 en varios vuelos chárter, bajo la figura de una “reunificación familiar”, acompañados de adultos que fungieron como “tutores legales” sin tener lazos consanguíneos con ellos.

Para peor, las autoridades no hicieron una trazabilidad de los niños y adolescentes, por lo que ahora se desconoce su paradero dentro del país.

El asunto ha significado la apertura de investigaciones penales y sendos sumarios al interior del Registro Civil, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), amén de la instalación de comisiones investigadoras en el Congreso, hasta donde llegaron las autoridades de gobierno a dar sus explicaciones del caso.

Este miércoles, desde la Unicef también se pronunciaron al respecto, tildaron el asunto como “grave” e hicieron un llamado a investigar con “celeridad” las circunstancias de este hecho.

“Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, UNICEF está solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes (...) Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, señalaron mediante un comunicado.

“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

Al cierre, recalcaron que es necesario “saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.

El plan de acción del gobierno

Por su parte, el biministro Claudio Alvarado señaló este miércoles que el presidente José Antonio Kast “nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años”, y dio detalles de las acciones que está tomando el gobierno al respecto, partiendo por la denuncia penal presentada por el Sermig.

“Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”.

Así, esta jornada se lleva a cabo una reunión con las policías, autoridades de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría y las instituciones mencionadas, a fin de “reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados“.

“Es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer una responsabilidad que permita solicitar, trabajar, obtener esa información y colocarla a disposición del Ministerio Público”, explicó Alvarado.

“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir (...) No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno (...) Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”, remató la autoridad.

Conmocionados se encuentran los 25 mil habitantes de la pacífica comuna de Loncoche (760 kms al sur de Santiago), luego de la detención de tres adolescentes, todos de 17 años, quienes se concertaron para asesinar a la madre de una de ellas. La mujer fue hallada en su domicilio el lunes con más 80 puñaladas y varias fracturas, y los menores de edad serán formalizados este viernes por los delitos de parricidio y homicidio calificado.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, la hija de la víctima -identificada como Carmen Barrera Rantul, de 53 años-, junto a su “pololo”, pagaron la suma de $60 mil pesos (USD 67) a un compañero de curso para cometer el macabro crimen, y fue ella quien dejó la ventana abierta de la casa por donde entró el imberbe asesino.

“La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofreció un pago de $60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, señaló explicó Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

En tanto, el fiscal regional, Roberto Garrido, agregó que los motivos del ataque tendrían en su origen en la mala relación que tenían madre e hija, “incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con el pololo”.

Según el persecutor, testigos aseguraron haber visto al sicario huir del sitio del suceso con su ropa manchada de sangre, imágenes que también fueron registradas por las cámaras de seguridad del sector.

“Hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de vídeo, sino que también algunos testimonios (...) Se trata de un sicariato”, sentenció tajante Garrido.

“Las imputaciones que se pueden hacer en este caso son homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima. Hay varias circunstancias que pueden calificar esta conducta como homicidio calificado”, complementó.

Los acusados, por ser menores de edad, enfrentan hasta 10 años de cárcel, y la audiencia de formalización será este viernes a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Loncoche, instancia en la que la fiscalía pedirá su internación provisoria.

Padre de la menor: “Estoy destrozado”

Por otra parte, el padre de la menor de edad, José Coronado, habló este miércoles con el programa “La tarde es nuestra” de Canal 13, aseguró estar “destrozado” y dejó en claro que la relación entre la víctima y su hija eran más que tensas.

“La que era mi esposa castigaba a mis hijos chicos. Al primero, después con el segundo y después siguió con ella”, partió contando en la entrevista.

Tocante al crimen, dijo estar seguro que “fue planeado por mi hija (...) porque honestamente hace años venía esta situación (...) Mi hija se encerraba, todo el tiempo, se encerraba en la pieza (...) Hasta ahora, que mi hija tenía su pololo, ella le dijo ‘que era mucho pololo para ella’”, agregó.

“Qué voy a decir, es el amor de mi vida, mi princesa. No tengo palabras, al contrario, si yo pudiera sacarla de ahí, la sacaría”, remató el acongojado progenitor.

pie: El hecho ocurrió en la pequeña comuna de Loncoche y tiene conmocionado al país.

Pie: El padre: “Estoy destrozado”.

Carabineros de la ciudad de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago) detuvo la tarde de este martes a una concejala de la comuna de Lumaco, identificada como Yanela Mabel Flores Cárdenas, de 43 años, luego de ser denunciada por robar varios artículos al interior de un centro comercial.

Para peor, Flores se encontraba en dicho puerto en comisión de servicio, participando precisamente del “Encuentro Nacional de Concejales 2026”, por lo que se bochornoso actuar causó polémica y se convirtió en el comidillo de sus colegas de todo el país.

De acuerdo al diario local El Día, la militante del Partido Republicano fue retenida por los guardias del shopping mall tras sorprenderla hurtando ropa y lentes en dos tiendas, quienes dieron aviso de inmediato a los uniformados.

Formalización será esta jornada

Luego de revisar las cámaras de seguridad, los carabineros pusieron a disposición de la fiscalía a la mujer y la evidencia, a saber, tres prendas de vestir y unos lentes de sol avaluados en un total de $327.870 (USD 371).

Cabe señalar que Yanela Flores Cárdenas es ingeniera comercial y ha ocupado el cargo durante dos períodos consecutivos, luego de conseguir la reelección en las elecciones municipales de octubre de 2024. Gracias a ese resultado, su actual periodo se extenderá hasta 2028, según detalló el medio citado.

De acuerdo a información policial, la concejala no registra antecedentes penales previos, por lo que esta jornada será formalizada por hurto simple en el Tribunal de Garantía de Coquimbo.

La Fundación América Transparente denunció este martes que la Corporación Municipal de la comuna santiaguina de Colina desembolsó casi $13 millones de pesos (USD 14.700) en álbumes y láminas del mundial de fútbol con el fin de apoyar “actividades recreativas y educativas”. Sin embargo, la adquisición se hizo en dos pagos iguales, asunto que representaría una fragmentación de compras destinada a saltarse el proceso de licitación pública.

“¿Quién no ha soñado con completar el álbum del Mundial? En la Corporación Municipal de Colina se lo tomaron muy en serio, ¡pero con plata de todos los vecinos! Revisamos sus registros y encontramos un ‘dribleo’ administrativo que roza lo legal”, denunciaron desde la organización mediante sus redes sociales.

“La Corporación compró 1.700 álbumes del Mundial 2026. ¿La justificación? Apoyar ‘actividades recreativas y educativas’. Pero un álbum no sirve de nada sin las láminas, así que también adquirieron 6.800 sobres, esta vez con el objetivo de fortalecer la ‘integración estudiantil’”, explicaron desde el organismo cuya misión es, precisamente, transparentar el gasto público.

La trampa

De acuerdo a la fundación, el problema no solo radica en la cantidad de dinero público utilizado en comprar los álbumes y las figuritas, sino también en el hecho de que la compra se dividió en dos pagos exactamente iguales, para así elegir a dedo al proveedor.

“En lugar de levantar una licitación, dividieron la adquisición en dos ‘compras ágiles’ distintas. ¿Y quién fue el afortunado ganador de ambas ventas? Exactamente el mismo proveedor: Grupo Tradenix SpA”, acusaron desde la ONG.

“Los montos son la prueba del ”golazo”. La compra de los álbumes costó exactamente $6.497.876. ¿Y las láminas? Costaron exactamente los mismos $6.497.876. Al partir una compra de $13 millones de pesos por la mitad, lograron mantener cada boleta por debajo del límite legal", afirmaron.

“A esta práctica se le llama fragmentación de compras. Es una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo”, denunciaron enfáticos.

Al cierre, desde el organismo recordaron que “ya sean sobres del Mundial o artículos de oficina, los recursos del Estado exigen probidad real, no ‘jueguito de piernas’ para eludir la ley”.

Cabe señalar desde la Corporación Municipal de Colina aún no han hecho sus descargos al respecto.

El Ministerio Público chileno abrió el lunes una investigación por el presunto tráfico de alrededor de 200 niños y adolescentes haitianos que entraron al país en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de una decena de adultos que oficiaron como “tutores legales” sin tener lazos sanguíneos con los menores y bajo la figura de una “reunificación familiar”, asunto que fue considerado como “gravísimo” por el presidente, José Antonio Kast.

Este martes, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, admitió que el número de afectados podría elevarse al doble y aseguró que la oficina que dirige investiga también la presunta colaboración de funcionarios del Estado en lo que podría ser una verdadera red de trata de menores.

“Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación”, señaló el fiscal en entrevista con Expreso Bío Bío.

El persecutor admitió que tampoco saben quién pagó los vuelos chárter y recordó que “la ley chilena castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” .

“La unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile (...) Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa”, afirmó Campos.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que el paradero de los cientos de menores presuntamente afectados “es parte de la investigación”.

“Esta tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se hayan visto afectadas, si se ha cometido o no se ha cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores”, cerró Valencia.

Gobierno evita culpar al gobierno de Boric

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, evitó culpar por estos hechos a la administración de Gabriel Boric y afirmó que “nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior (...) Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración”.

De acuerdo a la autoridad, “hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, que toma una pequeña muestra, y eso es lo que se ha conocido, que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde para conocer la cifra, es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra, y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad”.

“Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la mas alta gravedad”, remató Pavez.

Siguiendo el ejemplo de países como Australia, Indonesia y Malasia, el primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes que el Reino Unido prohibirá desde 2027 el acceso a redes sociales a menores de 16 años, asunto que también se discute por estos días en el Congreso chileno, específicamente en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto de ley chileno, llamado “Protección Digital Infantil”, contempla cortar el acceso a los menores a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, pero también a los portales de apuestas y videojuegos en línea, así como aquellas que transmiten eventos en vivo y alojan pornografía.

“El propósito de esta ley es proteger a los menores de edad de los efectos perniciosos y dañinos para su integridad psíquica y física, su salud mental y su bienestar emocional, particularmente frente a conductas de adicción compulsiva y uso inapropiado”, se lee en la iniciativa presentada por diputados de todos los colores políticos, razón por la cual se espera su rápida tramitación.

Las prohibiciones

De acuerdo al documento en discusión, la iniciativa prohíbe el acceso a cualquier red social a menores de 16 años, aunque tengan la autorización de sus progenitores o tutores legales.

Los menores de 18 años, en tanto, no podrán acceder a plataformas de apuestas online y solo los mayores de 16 podrán acceder a los portales de transmisiones en vivo, siempre y cuando cuenten con el permiso de sus padres.

También estará prohibido a los menores de 18 años jugar videojuegos en línea que sean extremadamente violentos, según lo establece la ley sobre calificación de la producción cinematográfica, incluso con el consentimiento de los padres.

Finalmente, el proyecto de ley restringe definitivamente el acceso a páginas de contenido sexual o pornográfico a todo menor de 18 años, aunque tengan el visto bueno de los progenitores.

Corresponderá a las plataformas mencionadas verificar la edad de sus usuarios y desplegar banners con información visible sobre los peligros del uso compulsivo de estas redes sociales, así como “enganchar” a los menores mediante algoritmos.

Las multas pueden llegar a ser millonarias y elevarse sobre los $200 millones de pesos (USD 225 mil), y la ley faculta además a los padres a llevar a la justicia a las plataformas en cuestión.

La experiencia australiana

En diciembre de 2025, Australia implementó una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, entre otras) a menores de 16 años para proteger su salud mental.

Una vez puesto en marcha, el ejemplo australiano fue replicado en Indonesia y Malasia y países países como Francia, Noruega, Turquía y España han comenzado a impulsar leyes al respecto. Eso sí, servicios como YouTube Kids, WhatsApp, Google Classroom o juegos en línea como Roblox generalmente no están sujetos a esta prohibición.

La ley indica que las plataformas deben bloquear a menores bajo riesgo de multas de hasta USD 34,4 millones, y la carga de la verificación de edad -mediante sistemas basados en IA (escaneo facial) o documentos de identificación-, recae en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, quienes no serán multados por intentar saltarse la norma.

Y aunque el gobierno australiano justificó la norma debido el aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos, algunos adolescentes han iniciado acciones legales alegando que la medida limita la libertad de expresión y comunicación, mientras otros ya aprendieron a burlar la regulación utilizando VPNs, herramienta de seguridad que crea una especie de “tunel” entre un dispositivo e internet, ocultando la dirección PI real y encriptando datos.

Autoridades policiales informaron este lunes el hallazgo de una pasarela ilegal instalada sobre una de las zanjas construidas en el sector de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), en la frontera con Bolivia, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas y migrantes irregulares desde el país vecino.

Cabe recordar que dichos fosos están siendo excavados también en la frontera con Perú, tienen 3 metros de profundidad, se extenderán por unos 60 kms en su primera etapa y forman parte del plan “Escudo Fronterizo” del gobierno de José Antonio Kast, el que busca combatir el cruce de vehículos, el paso de caravanas clandestinas y el crimen organizado.

El plan completo a largo plazo contempla blindar un total de 298 kilómetros de la frontera norte mediante la combinación de vallas de 5 metros, zanjas y cercos eléctricos, complementado con el patrullaje de más de 1.100 efectivos militares

Así las cosas, “desde que esta situación anómala fue informada, se están llevando a cabo patrullajes diurnos y nocturnos por parte del Ejército y Carabineros y el sector se encuentra monitoreado por sensores”, aseguró el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, según reza una nota de BioBíoChile.

De acuerdo al delegado presidencial, situaciones de este tipo eran esperables, sin embargo, “estamos preparados y la voluntad del gobierno es seguir con este proceso de forma metódica, constante y lo más efectiva posible”, resaltó.

Críticas de la oposición

Una vez conocida la noticia, varios parlamentarios de oposición acusaron “improvisación” y un “show comunicacional” por parte del gobierno.

“La zanja era un show comunicacional que poco y nada servía para controlar la frontera. Mientras veíamos filmaciones con drones y paseos en máquinas, hoy vemos que se la saltan poniendo puentes. Terminemos con la improvisación. Necesitamos tecnología, coordinación institucional, infraestructura y más recursos si de verdad nos queremos hacer cargo del problema”, señaló el diputado Carlos Carvajal (IND-PPD) al medio citado.

De la misma opinión fue el senador Vlado Mirosevic (PL), quien sostuvo que en el gobierno “creen que con hacer una zanja bastaba (...) ¿Cómo es posible que haya sucedido esto frente a las narices del gobierno? Aquí necesitamos que pongan tecnología, que pongan supervisión, vigilancia permanente. Eso es lo que prometieron. Cúmplanlo”, fustigó el legislador.

Luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto tráfico de más de 300 niños y adolescentes haitianos que entraron al país en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de al menos 12 adultos -entre chilenos y haitianos-, los que oficiaron como “tutores legales” sin tener lazos sanguíneos con los menores.

Mediante un comunicado, desde la fiscalía señalaron que la causa busca “analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación familiar, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025”, a saber, la administración del expresidente Gabriel Boric.

Ello, puesto que la CGR “habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, remataron.

Denuncia “gravísima”

Este lunes, en conversación con el canal 24 Horas, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, calificó el asunto como “demasiado grave” y aseguró que “nos interesa poder indagar si hay vuelos sin listado de pasajeros, vuelos sin evidencia o validación, entre otros, de adultos acompañantes de aquellos menores, y la existencia o no de autorizaciones de viaje de menores de edad”.

De acuerdo al persecutor, existe “una zona gris de alto riesgo que deberá ser despejada con una investigación con la mayor celeridad, y esperamos, como así siempre ha sido, que todos estos organismos públicos (la DGAC y el Sermig) que hemos dado cuenta, pongan a disposición la mayor cantidad de antecedentes a la brevedad posible al Ministerio Público”.

Según Campos, existen “varias líneas investigativas (...) Primero, toda aquella información que el Servicio Nacional de Migraciones deberá otorgar. Segundo, las coordinaciones que pueda tener la Subsecretaría de la Niñez. Y tercero, (...) va a haber una línea investigativa sobre quién financia esos vuelos chárter con niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar”.

“Acá vamos a llegar aguas arriba adonde tengamos que llegar, y el Ministerio Público no tiene tapujo alguno respecto de las personas que puedan estar involucradas, sea cual sea el grado, la calidad de la persona, el Ministerio Público va a investigar y si hay responsabilidad penal llevarlo a tribunales de justicia como corresponde”, remató el fiscal.

Cabe señalar que una nota de BioBíoChile reveló que la Defensoría de la Niñez envió desde 2023 varios oficios a diversas autoridades advirtiendo sobre la falta de coordinación entre dichos organismos públicos y los riesgos de esta migración irregular de niños haitianos, sin obtener respuestas.

Finalmente, el presidente José Antonio Kast publicó en su cuenta de X que “la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

La semana pasada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al Canciller, Francisco Pérez Mackenna, visitaron el yacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta en la provincia argentina de Neuquén y pusieron a disposición del principal polo energético argentino la infraestructura portuaria nacional para que el país exporte combustibles hacia Asia.

En función de esto, autoridades de las regiones del BioBío y La Araucanía pondrán en marcha en julio próximo un plan piloto que busca agilizar el transporte de carga hacia dicho yacimiento, conectándolo con el Puerto de Coronel y la ciudad de Victoria, tal como lo señaló el alcalde de esta ciudad, Javier Jaramillo.

“Estamos desarrollando una alianza estratégica con Ferrocarriles del Estado para establecer un corredor bimodal que llegue hasta Vaca Muerta (...) Nos hemos reunido con el Puerto de BioBío (Coronel), quienes han manifestado que existe un ingreso de un 20% de material que va directamente hacia ese yacimiento. La proyección que se estima de crecer de aquí al 2030 en un 30% está sucediendo ahora, y va a seguir creciendo”, aseguró el edil, según consignó el medio BioBíoChile.

La idea, según Jaramillo, es que la carga se venga en ferrocarril desde el puerto de Coronel hasta Victoria, “y desde Victoria hacia Argentina se vaya en camiones”.

De acuerdo a la autoridad regional, “esperamos desarrollar este piloto en el mes de julio, el mundo empresarial está dispuesto a hacer las inversiones respectivas y eso nos permite proyectar las cifras que se podrían generar de ahí a futuro”, complementó el alcalde de Victoria, quien al cierre resaltó que el futuro corredor bimodal también podrá ser utilizado por otros socios del Mercosur para exportar a Asia.

Cabe recordar que Argentina es el segundo proveedor energético de Chile -el primero es Estados Unidos-, y en 2025, el país importó productos de esta índole desde ese país por unos USD 2.876 millones.

Según antecedentes de la investigación, la empresa captaba clientes y exigía abonos de hasta el 20% del presupuesto a sabiendas de que no contaban con la solvencia económica para prestar los servicios, y al llegar el día del matrimonio simplemente no se presentaban, forzando a los novios a buscar soluciones de último minuto. Hasta ahora, la fiscalía estima los montos defraudados en unos $120 millones de pesos (USD 135 mil).

La mayoría de estas estafas se llevaron a cabo durante todo el año pasado y una influencer rusa que participó de uno de los casamientos, con más de 200 invitados, relató en un video la experiencia.

“No había mesas, ni sillas, ni comida, nada (...) Algunos fuimos a comprar comida. Otros se fueron a la casa de los padres del novio: ahí organizamos picoteo, carnes y bebidas en cuestión de minutos y la verdad lo pasamos increíble“, narró la chica.

“La empresa de banquetería era recomendada, con experiencia, pero, al parecer, decidieron cerrar y antes de hacerlo, estafar a cientos de personas (...) Es terrible, no debería pasar“, agregó.

Finalmente, hizo una reflexión: “La vida se lo quita multiplicado. Y no siempre en dinero; a veces en cosas mucho más valiosas. Todo tiene un precio. Y todo se paga. La vida siempre encuentra la manera de recuperar el equilibrio”.

Los descargos de la banquetera

Una vez estalló el escándalo, aupado por la viralización del video de la influencer rusa, Natalia Álvarez publicó una declaración pública y después cerró todas sus redes sociales.

“Ese día, por circunstancias externas que interfirieron directamente en la operación y que escaparon a mi capacidad de control los servicios comprometidos no pudieron ser ejecutados (...) Si bien existieron factores que impidieron la realización de los eventos, asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde como representante legal y dueña del servicio“, aseguró la banquetera.

“Como corresponde, se iniciará el proceso de reembolsos e indemnizaciones para todas las personas y familias afectadas. Cada caso será abordado de manera individual con el fin de garantizar un proceso justo, respetuoso y totalmente transparente. Sé que ninguna acción borrará lo sucedido, pero reitero mi compromiso total con la reparación, la verdad y la responsabilidad”, remató en esa oportunidad.

Le llueve sobre mojado a Nicolás Grau, exministro de Economía de la administración de Gabriel Boric, quien por estos días enfrenta una Acusación Constitucional (AC), o juicio político, llevado adelante por el oficialismo por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

La semana pasada, un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) arrojó que 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin permiso de trabajo fueron contratados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para trabajar en el Censo que se llevó a cabo en 2024, asunto por el cual el gobierno perseguirá “responsabilidades políticas”, tal como lo afirmó el actual biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”, señaló Mas.

Este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, corroboró sus palabras y en conversación con el programa político “Mesa Central”, aseguró que el problema es aún más grave, puesto además de las personas contratadas “hay un problema con el Censo 2024 de $480 millones de pesos (USD 540 mil) que no están correctamente bien rendidos”.

“Lo más insólito es que el día 1° de mayo, feriado renunciable, hay $134 millones de pesos (USD 150 mil) que se rindieron como gasto de transporte cuando nadie salió a censar ese día”, complementó.

De acuerdo a la autoridad, “todo lo que pasó en el censo es grave. En ese sentido a mí me parece que las autoridades del gobierno anterior en esta materia tienen que dar una explicación (...) Cuando nuestro sector político tuvo problemas en algún minuto con el Censo, ahí pidieron todas las responsabilidades políticas. Ahora tiene que pasar lo mismo”, sentenció Pavez.

La respuesta

Dichas acusaciones fueron refutadas por el Comité Técnico Asesor del Censo 2024, quienes mediante una carta publicada por el diario El Mercurio afirmaron que, “a nuestro juicio, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas en materias como dinámica demográfica, natalidad, migración, envejecimiento y desarrollo territorial”.

En la misiva, Máximo Aguilera, David Bravo, Andrés Hernando, Pamela Jervis, Ignacio Irarrázaval y Osvaldo Larrañaga, señalaron que “para llevar adelante esta tarea el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a alrededor de 38.000 censistas. Los 16 casos cuestionados por contar con antecedentes penales y los 14 casos con una situación migratoria irregular representan menos de 0,1% del total de personas contratadas, proporción que debe ser considerada al momento de evaluar la magnitud de las observaciones realizadas”.

“Evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada”, apuntaron.

Finalmente, los integrantes del equipo asesor subrayaron que “el Censo 2024 fue un proceso exitoso, cuya evaluación no puede ponerse en cuestión por los antecedentes recién conocidos”.

La semana pasada se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de La Serena (470 kms al norte de Santiago), una audiencia de autorización de diligencias tendiente a dilucidar los avances en la extradición desde Venezuela de José Medina Ladera (50), detenido hace más de un año en ese país y requerido por la justicia chilena por su responsabilidad en los brutales femicidios de María José Zambra, ocurrido en 2019, y de Ana María Pizarro, en 2025.

El proceso permanece estancado debido al quiebre de las relaciones diplomáticas y el consiguiente cierre de las embajadas y consulados en ambos países en la administración de Gabriel Boric, razón por la cual el fiscal Eduardo Yáñez ofició al tribunal para que requiera “información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estado de avance de la extradición”.

Por su parte, Ana María Araya, abogada de la familia de Ana María Pizarro, explicó que la diligencia busca recabar “información respecto de cuál ha sido la gestión que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya desarrollado a este respecto (...) Como parte querellante hemos desarrollado diligencias particulares en Venezuela que han permitido constatar la privación de libertad del imputado, sin perjuicio de que la información oficial debe obtenerse por los conductos diplomáticos”, subrayó.

Los desaparición de Ana María

La mañana del 3 de abril de 2025, Ana María Pizarro (56) le dijo a su familia que iba a reunirse con su ex empleador para cobrar un finiquito en el centro de La Serena y volvía. Desde su hogar era un trayecto de no más de diez minutos en transporte público, sin embargo, nunca regresó, y tras remover cielo y tierra, 16 días después la policía halló su cuerpo desmembrado a la vera de la Ruta 5, en el sector Cuatro Esquinas.

La mujer, de hecho, nunca llegó a dicha cita, y el registro de llamadas de su celular arrojó que realmente se había dirigido a la casa de su ex pareja, José Medina Ladera (50), un hombre de nacionalidad venezolana con residencia legal en el país que trabajaba esporádicamente como gásfiter, a cuya vivienda entró y de la que no volvió a salir con vida.

Todo indica que Ana María Pizarro prefirió no contarle a su familia que iba a reunirse con su amante, a quien veía desde el 2022, pues no aprobaban dicha relación debido a que el hombre siempre le pedía dinero. Los detalles de lo que sucedió dentro de esa casa se conocerían más adelante y estremecieron no solo a ese conocido balneario, sino a todo el país.

A pesar de una búsqueda infructuosa, la policía no logró dar con el paradero de Medina Ladera y para peor, a poco andar los detectives relacionaron el espantoso crimen con otro muy parecido ocurrido varios años atrás, en 2019, cuando el cuerpo de María José Zambra (35) apareció descuartizado bajo un puente en la misma ciudad, específicamente el 18 de octubre, día en que el estallido social se desató en todo el país.

El primer crimen

Según antecedentes de la carpeta investigativa, María José Zambra murió por estrangulamiento manual y varios golpes con un objeto contundente antes de ser desmembrada. De hecho, nunca se descartó la posibilidad de que sus restos se mantuvieran congelados antes de ser arrojados a la ribera norte del río Elqui, donde unos niños los encontraron.

La investigación, la verdad, no avanzó durante unas semanas debido a la convulsión que sacudía al país, pero cuando el chip del teléfono celular de María José fue reactivado en un celular perteneciente a Ana María Pizarro, su familia vio por fin un atisbo de esperanza.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigieron entonces a casa de esta última, quien al ser interrogada contentó que sí, que el celular era suyo, pero que lo usaba su pareja, José Medina Ladera, aunque había sido ella quien había portado el número de una compañía a otra e instalado el chip en el teléfono Samsung del “Chamo”, como lo llamaba cariñosamente.

Los funcionarios se dirigieron entonces donde Medina Ladera, quien corroboró dicha versión y mostró sin problemas el dispositivo, por lo que las sospechas sobre él fueron desechadas y el caso se mantuvo sin culpables por casi seis años hasta la aparición de los restos de quien fuera su segunda pareja.

El segundo crimen y la conexión

Tras el crimen de Ana María el 3 de abril, las sospechas recayeron de inmediato sobre su expareja, el “Chamo”, quien al ser interrogado diez días después en calidad de testigo -pues el cuerpo no había aparecido aún y el caso se investigaba como una presunta desgracia-, negó haber visto o tenido noticias de ella.

A poco andar, sin embargo, comenzaron a llegar los resultados de las pericias policiales, entre ellos las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de llamadas de Pizarro el día de su desaparición, que mostraban cuatro llamadas entrantes y una de salida con Medina el día de su desaparición.

“Inclusive, en las coordenadas de la última llamada de Ana María, se conectó a una antena telefónica cercana a la casa de José, y, por tanto, con esta información se pudo establecer ya de manera bastante fundada, que la señora se encontraba el día jueves en Pampa Baja”, sostuvo el fiscal Nicolás Zolezzi, según consignó el diario El Día.

Cuando el cuerpo de Ana María Pizarro apareció la noche del 19 de abril, las similitudes llevaron a los detectives a hacer de inmediato la conexión con el crimen de María José Zambra en 2019 y se lanzaron a la caza de Medina en una búsqueda estéril, puesto que ya había salido del país por un paso no habilitado.

La testigo clave y la captura

El 22 de abril, una vecina del “Chamo” declaró ante la PDI que el día después que Ana María Pizarro desapareció, vio por la noche como aquel sacaba un cuerpo al patio de su casa y comenzaba a desmembrarlo, primero con un cuchillo y después con una sierra eléctrica, arrojando los restos en varias bolsas como las que se usan en la construcción.

Sin embargo, la mujer fue descubierta por el asesino, quien aseguró que el hombre le puso un puso al cuello, amenazándola con matarla si decía una sola palabra al respecto.

Su testimonio calzaba con las pericias hechas a los restos de Ana María, las que indicaban que durante ese 3 de abril, entre las 13:40 y las 19:00 horas, Medina Ladera golpeó con un objeto contundente a la víctima en la cara y cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico, y luego usó un cuchillo para terminar finalmente con su vida. A la noche del día siguiente procedió a desmembrar a la mujer tal como había dicho la vecina, arrojando sus restos en cinco bolsas en la vereda norte de calle Cuatro Esquinas, entre la Ruta 5 Norte y El Santo.

Caso cerrado.

Los detalles que fueron apareciendo de ambos casos estremecieron a todo el país por un par de semanas hasta que el 3 de mayo de 2025, el “psicópata de La Serena” fue detenido en la ciudad venezolana de Carabobo mientras deambulaba por la calle, gracias a un operativo conjunto entre la Interpol, la PDI y la policía local.

Una semana después, las familias de ambas víctimas llegaron clamando justicia hasta el Juzgado de Garantía de La Serena, que formalizó a Medina Ladera en ausencia por los delitos de homicidio calificado y femicidio íntimo de ambas mujeres. Un par de semanas después -en un fallo unánime-, la Corte de Apelaciones de esa ciudad dio luz verde a la solicitud de extradición desde Venezuela, consignando las similitudes en las muertes, sus móviles y el famoso chip de celular que terminó por conectar los dos casos.

Para ello, el tribunal analizó el tratado de extradición vigente entre Chile y Venezuela -firmado en 1964-, determinando que “se cumplen todos los requisitos legales” para la solicitud, la misma que hoy, más de un año después, tiene en ascuas a las familias de ambas víctimas y a la justicia chilena.

Cuatro años en cama esperando morir de cáncer: así estuvo una paciente del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), quien demandó al establecimiento luego de que no se le realizarán los exámenes necesarios para establecer si realmente el tumor diagnosticado era maligno o no.

La querella fue acogida y este miércoles, el Tercer Juzgado de Letras de esa ciudad decretó al nosocomio pagarle $100 millones de pesos (casi USD 110 mil), por “falta de servicio” y daño moral, una parte para la víctima y otra para su hija, quien la cuidó durante todo ese tiempo.

Según el fallo, el centro médico tuvo un actuar “grave e inexcusablemente tardío” en la realización de exámenes y la biopsia correspondientes.

Cuatro años con un diagnóstico no confirmado

De acuerdo a antecedentes del juicio, en 2019 un médico del hospital diagnosticó a la paciente un cáncer urotelial de uréter derecho, el cual no podía ser operado pues la mujer presentaba una patología cardíaca. Y aunque se le aseguró que el tumor era maligno, la biopsia y una serie de exámenes clínicos de rigor que debían confirmarlo nunca le fueron realizados.

“No se siguieron los protocolos o las exigencias mínimas establecidas por el Ministerio de Salud”, sentenció el tribunal, que confirmó una infracción a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en su atención de salud.

Según el fallo, hubo una “negligencia grave e inexcusable” por parte del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, al tener a la mujer por más de cuatro años en su domicilio en cama, sin un tratamiento adecuado y sin siquiera entregarle la información que ésta insistentemente pedía.

Los informes psicológicos arrojaron además que, tanto la paciente como su hija-cuidadora, vivieron años de angustia y sufrimiento, los que el tribunal decretó que $60 millones le correspondían a la primera y $40 millones a la segunda, por “falta de servicio” y daño moral.

“Argentina puede salir a través de nuestros puertos al Pacífico y conectarse con Asia. Nosotros podemos aprovechar nuestra infraestructura e interconectarnos energéticamente con este país”, aseguró este miércoles la ministra de Energía chilena, Ximena Rincón, quien junto al Canciller, Francisco Pérez Mackenna, visitaron el complejo Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo.

La idea del gobierno es estrechar relaciones en este punto y poner a disposición del principal polo energético argentino la infraestructura portuaria nacional a fin de que el país exporte dichos combustibles hacia el oriente, pero además, diversificar sus fuentes de abastecimiento, luego del alza de los hidrocarburos por la guerra en Irán.

“Hemos conversado e investigado la posibilidad de que Chile se incorpore como importador de los hidrocarburos que se van a producir en esta región”, señaló en tanto Pérez Mackenna, tras una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el gerente general de la petrolera YPF, Daniel Martín.

“Chile puede constituirse en un mercado regional cercano, estable y complementario para la producción energética de Vaca Muerta y ofrece infraestructura portuaria, terminales de GNL, experiencia regulatoria, capacidades logísticas y una posición geográfica relevante para explorar, a largo plazo, rutas potenciales hacia mercados del Pacífico”, manifestaron por otra parte, mediante un comunicado de prensa, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que Argentina es el segundo proveedor energético de Chile -el primero es Estados Unidos-, y en 2025, el país importó productos de esta índole desde ese país por unos US$2.876 millones.

Encuentro Binacional de Integración Biobío-Neuquén

Además, la autoridades chilenas firmaron dos declaraciones conjuntas orientadas al desarrollo comercial, logístico y energético, y estuvieron de acuerdo en la necesidad de instalar el Paso Internacional Pichachén como una pieza clave para un Corredor Bioceánico entre las regiones del Biobío y Neuquén que conecte el Pacífico con el Atlántico.

Así, Chile se comprometió a pavimentar 58 kilómetros de la ruta hasta el límite internacional y a avanzar en un sistema de control integrado que agilice el tránsito de vehículos, mientras que Argentina mejorará los caminos que unen Pichachén con El Cholar, Los Guañacos, Los Miches y Andacollo.

Finalmente, el gobernador de la Región del BioBío, Sergio Giacaman, indicó que la idea es “avanzar en suministro de gas desde Vaca Muerta, posicionar al Biobío como polo logístico del centro-sur y concretar compromisos para el Paso Pichachén”, lo que implicará “rutas, maquinaria y operación todo el año”.

“En primera instancia, quiero señalar cómo funciona el Tren de Aragua (en Chile). Ellos se manejan por regiones; en cada zona o lugar tienen a un grupo con su propio líder”. Así comienza la declaración reservada de uno de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que extorsionaba a dueños de locales nocturnos y organizaba fiestas en las que vendían drogas y prostituían mujeres, logrando desviar mas de USD 85 millones en ganancias ilícitas a Colombia.

En su declaración, el individuo dibujó un verdadero “mapa” de la organización criminal y su funcionamiento en Santiago de Chile, asegurando que todos responden finalmente al jefe máximo, Héctor Guerrero Flores, el “Niño Guerrero”:

“La estructura del Tren de Aragua acá en Chile y sus jefes, se compone de la siguiente manera: arriba de todos está el ‘Niño’ Guerrero, y su mano derecha es Johan Petrica. Abajo de ellos viene ‘Larry Changa’ (Larry Álvarez), quien le da las órdenes a Carlos ‘Bobby’”, se lee en un informe al que tuvo acceso Emol.

“Yo nunca he tenido una llamada directa ni con el ‘Niño Guerrero’ (Héctor Rusthenford) ni con (Carlos) ‘Bobby’ (Gómez). De hecho, los que son del Tren, de verdad, son los que estuvieron presos en Tocorón, en Venezuela. Los otros tienen distintas relaciones con la banda: por ejemplo, Yolvi (González, acusado por el crimen del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez) no es del Tren, es de una subfacción que se llama ‘Lacoste’, pero tiene línea directa con los de arriba, porque lleva mucho tiempo en la organización”.

De acuerdo al testimonio, un sujeto apodado Kevin ’La Muerte’ está al mando de todo Santiago, “trabajando en sociedad con Carlitos ‘Persa’ y con ‘Catire Santa Rita’. Kevin le está cobrando la ‘vacuna’ a todos los comerciantes y delincuentes del Persa (…). Carlitos es de una banda llamada ‘Los Piratas’ y trabaja para Kevin aquí en Chile. A Carlitos ‘Persa’ se le ubica en Estación Central (...). Todos los lanzazos, robos y vendedores de droga en el Persa de Estación Central le responden a él, y les cobra una cuota semanal en efectivo".

Asimismo, el ahora testigo reservado aseguró que estuvo en un asado donde compartió con algunos de los sujetos que llevaron a cabo el secuestro y crimen del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, en Santiago el año 2024:

“Todo se comentó en un asado que se hizo en la casa de José Carlos, que queda en una vulcanización en la avenida 5 de Abril. Esa era la casa de Julio, el que murió el día del homicidio del teniente Sánchez de Carabineros. En ese asado estaban José Carlos, ‘Yolvi’, el ‘Mudo’ (Jhonny López) y el mismo Julio; estaban celebrando porque se iban a ir del país. Ahí mismo, José Carlos estaba hablando sobre las cosas que pasaron y confesó que él había manejado el Nissan Versa que usaron para secuestrar a Ojeda, y que estaba preocupado porque sus huellas habían quedado en el auto”, reza el documento.

“‘El Mudo’ es el que se ve en los videos llevando a Ojeda por el cuello en un pasillo. José Carlos también dijo en el asado que ‘El Gordo Ale’ (Alfredo Henríquez) había entrado al departamento de Ojeda”, prosigue la declaración.

Tocante al dinero de los secuestros, el testigo aseguró que el encargado de repartir el botín es ‘El Turko’ (Rafael Gámez), quien “decide cuánto se lleva cada grupo, y lo que sobra se lo queda él, junto con (Carlos) ‘Boby’ (Gómez, cabecilla de la organización detenido en Colombia) y los demás de la cúpula”, según consigna el medio citado.

El mapa del poder en Santiago

Finalmente, el expediente recoge los nombres de quienes controlan la capital del país y cómo se distribuyen las zonas.

“Junior”, “Kevin La Muerte” y “Cachete”, le rinden cuentas directamente al “Francés”’. “Jean Cal y Canto”, controla el sector de Parque Almagro y le rinde cuentas al “Ruso” (...) “Gallito” controla la comuna de Maipú y le rinde cuentas a “Cachete”.

También menciona a la facción “Los Mapaches”, liderada por ‘Fran Mapache’ y ‘Negro Miranda’. “Ellos controlan las comunas de Quinta Normal, Renca y la calle Thompson en Estación Central, donde “Catire” se tomó un inmueble que conocen como “La Casa del Terror”.

Finalmente, sostuvo que el Tren de Aragua está por encima incluso de los motochorros que roban celulares en las calles por su propia cuenta.

“Lo mismo pasa con los ‘motochorros’, ‘Kevin La Muerte’ y ‘Cachete’ los controlan. Cuando ven a un motochorro robando, preguntan si alguien lo conoce. Si nadie lo conoce, lo retienen y lo obligan a alinearse con la organización y a pagar una cuota”.

En prisión preventiva quedaron la tarde este martes en la comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago) cuatro comuneros miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), acusados en calidad de coautores de robo con intimidación reiterado, incendio de vivienda reiterado y un homicidio simple, en la provincia de Arauco.

Los individuos, identificados como Alexis Llanquileo, Eduardo Donoso Tromelao, Diego Lincopan y César Millanao, fueron apresados por la madrugada en varios allanamientos llevados a cabo por unos 150 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Armada en el lof Huentelolen, ubicado en dicha comuna.

El delito más grave que se les imputa es el crimen del brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Moisés Orellana, de solo 21 años, hecho acaecido en septiembre de 2020, fecha desde la que se encontraban prófugos de la justicia. Por ese atentado incendiario, que además terminó con tres viviendas quemadas, otros dos comuneros ya fueron sentenciados a 28 años de cárcel.

Autoridad valoró el trabajo policial

Uno de los formalizados, Alexis Llanquileo Mariñan, de 27 años, también tendría directa relación con un ataque incendiario ocurrido en el sector Los Ríos, donde un trabajador resultó herido a bala en una pierna y una veintena de vehículos y máquinas forestales resultaron calcinados.

La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, explicó en la audiencia de formalización que la policía logró dar con imágenes que “donde aparece un sujeto encapuchado, armado, que baja de un vehículo e intimida al chofer de un camión”.

“Esa persona fue identificada mediante el trabajo científico-técnico de la PDI y hoy, finalmente, pudo ser detenido”, detalló sobre Llanquileo.

En tanto, el seremi de seguridad pública del Bíobio, Richard Soto, valoró el trabajo de la policía asegurando que la prisión preventiva de los cuatro acusados es un hecho concreto “que hoy día le va a entregar una mayor posibilidad a la gente la provincia de Arauco, de poder desplazarse, de poder tener una vida normal”.

Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Cañete fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

El escándalo sexual que sacude a la política chilena suma y sigue, luego que el lunes la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, acusara a su exmarido, Percy Marín, de filtrar fotos íntimas suyas de alto calibre con su nueva pareja, las que se viralizaron profusamente en redes sociales.

Este martes, la brigada de Cibrecrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), allanó la casa de Marín y halló evidencia asociada a las imágenes filtradas de la parlamentaria en sus dispositivos electrónicos. A pesar de ello, el exesposo de Flores negó tajantemente su responsabilidad en la filtración de las fotos y videos, en un video que hizo llegar a Chilevisión.

Cabe recordar que el lunes, la parlamentaria, quien además está siendo investigada por presunto fraude al fisco tras una denuncia anónima en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, subió un video a su cuenta de X denunciando directamente a se exmarido de coludirse con otras personas para difundir “fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

“Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada”, señaló Flores visiblemente afectada.

“Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF (violencia intrafamiliar), que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", argumentó.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no puede) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar en pareja? (...) Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", manifestó la parlamentaria.

“Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...) No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", remató.

Los descargos de Marín

Así las cosas, Percy Marín respondió a las acusaciones mediante un extenso video al que tuvo acceso Chilevisión, en el que aseguró que “no he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella (Flores). Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas, todo lo cual es objeto de una investigación”.

Asimismo, sostuvo que “existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”, detalló el exconsejero regional (CORE) de la Región de Valparaíso.

“Existe el riesgo de que la divulgación pública de estos antecedentes pueda tener la intención de afectar o desestimar las pruebas que sustentan la demanda de divorcio culposo. Solicito a la justicia que se investigue rigurosamente el origen de estos hechos”, complementó.

A renglón seguido, entró en un terreno más peliagudo y manifestó que “mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida (...) El tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso. Esos son los hechos”.

“Me resulta especialmente doloroso que cada vez que surge una investigación que afecta a mi excónyuge, se recurra nuevamente a mi nombre como una forma de desviar la atención o construir una explicación conveniente para sus intereses”, acusó taxativo.

“Esta será mi primera y última declaración pública sobre esta situación. Concentraré mis esfuerzos en recuperar mi tranquilidad, cuidar mi salud mental y preocuparme del bienestar de mi hija”, remató Marín.

La semana pasada, la “Operación Tokio” permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que logró desviar ganancias ilícitas por más de USD 85 millones a Colombia, dejando 14 imputados en prisión preventiva, todos venezolanos. Sin embargo, la policía va a hora por quién aparece como uno de los líderes de la banda, Jefrey Jesús Miranda Pinto, alias “Yefri”, presuntamente prófugo en el extranjero.

Su nombre aparece repetidamente en los contactos telefónicos de varios de los formalizados por lavado de activos, asociación criminal, extorsión y trata de personas, como Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva del BancoEstado encargada de cobrar las “vacunas” a los dueños de los locales nocturnos que la banda extorsionaba; José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander y pieza clave en el lavado de activos, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, “jefa de plaza” de la estructura criminal y quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a otro de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El reporte sobre “Yefri”

Empero, el nombre de Jefrey Jesús Miranda Pinto y sus alias aparecen también en la agenda de otros miembros del Tren de Aragua formalizados y actualmente en prisión preventiva por diversos delitos, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) caratulado con el número el N°542 y consignado este martes por Emol.

“En el proceso investigativo (de la Operación Tokio”) se logró establecer que el líder de la estructura criminal corresponde a un sujeto conocido como ‘Yefri’, ‘Yefri San Agustín’ o ‘Shelby’ (por el protagonista de la serie Peaky Blinders), individualizado como Jefrey Jesús Miranda Pinto, venezolano", reza el reporte.

El “Yefri” aparece vinculado a una serie de secuestros, tráfico de drogas y al menos un homicidio, específicamente el del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido en 2024.

“La primera de ellas asociada a la causa (...) ‘Homicidio del teniente Sánchez’, ocurrido el día 10 de abril del 2024, en la comuna de Quinta Normal y el sujeto que mantiene dentro de su libreta de contacto a Jefrey Jesús, corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en dicha causa y actualmente se encuentra en prisión preventiva”, prosigue el documento.

“La otra causa ahí indicada corresponde a la (...) catalogada como ‘Secuestro Operación Infierno’, donde se indagan delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en diversas comunas de la Región Metropolitana”, en la que ”Yefri" aparece entre los contactos de otro formalizado por esta investigación, Edward González Araujo, también en prisión preventiva.

De acuerdo al dossier, “es importante recalcar, que uno de estos resultados, se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias ‘Carlos Bobby’, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario ‘La Picota’, pasillo Extraditables, en Bogotá, Colombia, donde, en un trabajo colaborativo y coordinado, fue irrumpida su celda”.

Debido a esto, “la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones, sumada a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal, constituye un antecedente relevante que permite inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, específicamente, relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua”, cierra el dossier.

El Partido Nacional Libertario (PNL) ingresó este lunes la Acusación Constitucional (AC) que se venía fraguando las últimas semanas contra Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric, por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

El juicio político contó con el respaldo de diputados del Partido Republicano (PR), de Renovación Nacional (RN), del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Social Cristiano (PSC), y se sustenta en varios capítulos, entre ellos:

- Inconsistencias y omisiones en los informes financieros: se acusa a Grau de ocultar o entregar proyecciones erróneas sobre el déficit fiscal efectivo y la deuda pública, con diferencias estimadas en más de USD 10.500 millones.

- Vulneración del principio de probidad: los parlamentarios sostienen que la entrega de información incongruente vulneró las normativas constitucionales y legales que regulan la administración financiera del Estado.

- Incumplimiento de metas de balance estructural: se cuestiona la no incorporación de compromisos de gasto vigentes (como el reajuste del sector público) dentro del Presupuesto, y la falta de coordinación entre los programas financieros y anuales.

Así las cosas, trascendió que Grau ya designó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para su defensa. Ahora, el libelo acusatorio deberá ser visado por una comisión revisora de cinco diputados y tras eso, la ex autoridad será notificada de manera formal y el Senado decidirá su futuro.

Respaldo suficiente

En el oficialismo están optimistas pues de acuerdo al diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), al menos los votos en la Cámara Baja estarían asegurados gracias al respaldo del bloque. Sin embargo, hizo una llamada al Senado “a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida” y voten a favor el juicio político.

En tanto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Guillermo Ramírez, aseguró que su colectividad también “tomó la decisión de apoyarla (...) Creemos que el Senado tiene que juzgar y, para eso, vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados”.

Desde la otra vereda, en tanto, argumentan que la Acusación Constitucional carece de fundamentos jurídicos sólidos y es más bien un “show político” destinado a presionar otras negociaciones legislativas, tal como criticó el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito: “Por darse un gustito político, siguen haciéndole daño a Chile y es por eso que, si la acusación prospera en la Cámara, esperamos que sea detenida en el Senado“, cerró el parlamentario de oposición.

El conflicto entre ambos partió hace unos meses cuando tras 17 años de relación, Marín interpuso una demanda por “divorcio culposo” contra Flores denunciando haber sido víctima de “abuso de poder” tras ser desalojado por la flamante senadora de la casa que la familia compartía escoltado por carabineros.

Marín, quien se desempeñó como consejero regional (CORE) de la Región de Valparaíso entre 2014 y 2024 y fracasó en su intento de convertirse en diputado en las elecciones parlamentarias del año pasado, sostuvo además en el documento presentado que su ahora exesposa no la dejó ver por un lapso de 40 días a la hija que ambos tienen en común, razón por la cual pidió una indemnización que bordea los $300 millones (USD 327 mil).

Dichas acusaciones fueron negadas por la parlamentaria, quien en mayo pasado logró que la justicia decretara la prohibición de divulgar cualquier antecedente de la causa.

“Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho”

Así las cosas, tras la viralización de las imágenes este lunes, la senadora subió un video a su cuenta de X acusando directamente a se exmarido de coludirse con otras personas para difundir “fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

“Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada”, señaló Flores visiblemente afectada, haciendo alusión a la investigación por fraude al fisco que pesa en su contra.

“Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera", agregó la parlamentaria.

“Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF (violencia intrafamiliar), que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", argumentó.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no puede) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar en pareja? (...) Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", manifestó la parlamentaria.

“Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...) No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", remató.

Este domingo el Juzgado de Garantía de San Miguel dejó en prisión preventiva a 14 de los 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que desvió mas USD 85 millones a Colombia. En la maratónica audiencia, el Ministerio Público reveló que otra de las imputadas, identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, de 45 años, también era una ejecutiva bancaria, aunque su rol distaba de ser el lavado de dinero.

La mujer, de nacionalidad venezolana al igual que todos los detenidos, quedó tras las rejas -al menos hasta el cierre de la investigación decretado en 150 días-, junto al ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades de ser una “jefa de plaza” de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Así las cosas, y a pesar de su trabajo en el BancoEstado, el papel que cumplía Rossana Blanco, pareja de uno de los líderes de la facción, consistía en recaudar las “vacunas” que debían pagar los dueños de los locales que la célula coaccionaba, obligar a jóvenes de su misma nacionalidad a prostituirse e incluso cobrar los rescates de los secuestros que la banda llevaba a cabo, tal como lo explicó este lunes el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros:

“Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculada con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones”, detalló el persecutor a Chilevisión.

En tanto, desde el BancoEstado informaron que la mujer ya fue removida de su cargo y que cumplió funciones “como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026“.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

El persecutor detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

Este fin de semana, desde la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron que investigarán las responsabilidades detrás del craso error cometido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que entregó, entre 2024 y 2025 y durante seis meses, miles de documentos de identificación con residencia definitiva a migrantes que solo contaban con una residencia temporal.

El yerro fue admitido por el Registro Civil, desde donde apuntaron a un nuevo software instalado en 2024. De paso, informaron que las cédulas fueron bloqueadas de los sistemas y quedaron inhabilitadas para cualquier tipo de trámite.

La noticia también salpicó al Servicio de Migraciones, puesto que el software implicaba una homologación de datos con dicha oficina, cruce en el cual se produjo el fallo.

Su director, Frank Sauerbaum, anunció “un sumario interno para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta de lo que venimos denunciando desde hace ya dos meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable”.

El software

Desde el Congreso, en tanto, el diputado Daniel Lilayu (UDI), señaló que esta jornada “a primera hora, oficiaremos al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes y explique con claridad qué ocurrió, cuántas personas se vieron beneficiadas por este error, cuáles fueron sus consecuencias y qué medidas se tomarán para corregirlo: aquí hay responsabilidades que asumir”

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), indicó que el martes pedirá que la Comisión de Seguridad cite “formalmente” al ministro de Justicia -Fernando Rabat-, y al Director General de Migraciones, Frank Sauerbaum.

De acuerdo a un reportaje del medio de investigación Ciper, la primera alerta sobre este tema la dio el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien durante la administración de Gabriel Boric comunicó al Registro Civil que habían detectado a tres migrantes que habían recibido documentos con residencia definitiva.

Consultados por el medio citado, desde el Servicio de Registro Civil confirmaron que, efectivamente, hubo un “incidente” por el cual durante seis meses se entregaron cédulas con residencia definitiva a quienes no aplicaban, y que se detectaron 14 mil datos errados, aunque eso no implica que se hayan entregado esas 14 mil cédulas.

El presidente, José Antonio Kast, quien se encuentra realizando una minigira por el norte del país, anunció este domingo desde el complejo Chacalluta de Arica (2.036 kms al norte de Santiago) que el gobierno ya firmó dos modificaciones que buscan endurecer el control migratorio, uno para retener por 60 días a migrantes con órdenes de expulsión y otro para castigar a los llamados “burreros”.

El mandatario, quien fiscalizó los avances en las obras del “Plan Escudo Fronterizo”, el que contempla zanjas por 50 kms en la frontera y un reforzamiento en la vigilancia, detalló que la primera propuesta implica una reforma constitucional, mientras que la segunda una enmienda al Código Penal.

En el primer caso, la idea es ampliar el plazo actual de retención de migrantes con órdenes de expulsión de 5 a 60 días -con la opción abierta de prórroga-, a fin de que dichas deportaciones puedan hacerse efectivas.

“Hay cinco días donde la pueden tener retenida (a una persona migrante). Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar”, señaló Kast.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días”, subrayó.

“En esa línea, vamos a presentar una idea de legislar, un proyecto de ley al Parlamento. Esperamos que cuente con el respaldo transversal de todos los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara”, complementó.

Los “burreros”

Tocante al segundo punto, el presidente Kast explicó que “hoy en día nosotros tenemos sancionado lo que es la entrada de migrantes irregulares. También queremos sancionar las salidas. Pero más importante que eso, también ir detrás de aquellos que trasladan a los migrantes irregulares. Eso lo hemos señalado de manera reiterada”.

De acuerdo al jefe de Estado, “lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también se constituya como delito, y con agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares”, recalcó el jefe de Estado.

“Ustedes saben que el crimen se mueve. Cuando nosotros vamos formando algunas disposiciones, el crimen se traslada. Y también tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía”, remató el mandatario.

Este domingo se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Miguel en Santiago la audiencia de formalización de los 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que envió más USD 85 millones a Colombia: 14 quedaron en prisión preventiva y tres con arresto domiciliario, incluyendo a una mujer de 80 años.

Todos son de nacionalidad venezolana y entre quienes quedaron tras las rejas al menos hasta el cierre de la investigación, decretado en 150 días, se cuentan un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

Según información policial, la caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

El persecutor detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

La nueva víctima fue identificada como Nahmia Escobar Jofre, de 20 años, quien se suma a Ninoska Carvajal, de 19, fallecida esa misma noche tras recibir una bala en el estómago.

“Los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico”, señalaron desde el recinto asistencial.

De acuerdo a imágenes de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió a las 22:28 horas en la esquina de avenida Rodelillo y el pasaje María Labrín, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos disparó en repetidas ocasiones desde un automóvil en movimiento contra varias personas que se encontraban en la calle, desatando la tragedia.

Dos personas en estado crítico

El director subrogante del Hospital Carlos Van Buren, Simón Rojas, actualizó el estado de salud de los sobrevivientes, dos de los cuales se encuentran en estado crítico.

El primero es un hombre de 54 años que recibió un balazo en la médula espinal y presenta daños pulmonares, mientras que el segundo se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo abdominal.

Otros heridos de menor gravedad, de 73 y 31 años, presentan lesiones en sus extremidades y debieron ser sometidos a procedimientos traumatológicos, a la vez que otras dos personas sufrieron traumatismos en sus rostros.

Rojas detalló que en total recibieron nueve pacientes, asunto que obligó a los trabajadores de la salud a reaccionar de manera simultánea para atenderlos, provocándose un verdadero caos asistencial con frenéticos intentos de reanimación y familiares en las afueras del recinto lamentándose y clamando por justicia.

Así las cosas, el motivo exacto de la balacera ocurrida en el cerro Rodelillo aún se encuentra bajo investigación, aunque la Fiscalía local y las policías barajan varias hipótesis como una disputa territorial por narcotráfico, una venganza o una acción de sicariato.

Por ahora, las diligencias están dirigidas a analizar las evidencias balísticas halladas en el sitio del suceso, las cámaras de seguridad y las declaraciones de las víctimas y testigos, pues no se han informado personas detenidas por el despiadado ataque.

Cabe recordar que el altercado ocurrió el 10 de mayo pasado cuando Naranjo se dirigía a una feria en Alemania. En medio del trayecto, se trenzó en una discusión con miembros de la tripulación, en la que lanzó duros epítetos discriminatorios y se burló del color de piel y la orientación sexual de uno de los auxiliares.

Todo quedó registrado en más de un video, en el que es posible apreciar cómo Naranjo insulta al trabajador con frases como “él es gay en contra de mí, yo no soy gay” o “la piel negra, el olor a negro, a brasileño”.

Secundado por sus colegas, el tripulante presentó la denuncia y Naranjo fue detenido por la Policía Federal de San Pablo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, donde permanece en prisión preventiva.

En entrevista con el medio Jornal da Record, la víctima -quien pidió mantener en reserva su identidad-, aseguró que en 20 años de trabajo surcando los aires “nunca había vivido una situación así”, y que el video con la agresión que se viralizó rápidamente solo muestra una pequeña parte del altercado que duró más de una hora.

“Él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta cuando él quisiera, a la hora que él quisiera(...) Cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces, que dolieron, hirieron mi alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, sostuvo taxativo.

“Tengo certeza de que el regreso será triunfal, será brillante y se hará justicia”, remató.

Naranjo, quien fue despedido de la empresa en la que fungía como gerente comercial, publicó una carta pidiendo disculpas al afectado:

“Probablemente estés demasiado enojado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de disculparme personalmente contigo. Repito: no era yo. Mi mente estaba en un estado alterado”, reza la misiva.

Así las cosas, este jueves el medio carioca Globo señaló que la fiscalía local formalizó al ahora exejecutivo por los delitos de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, insultos racistas a los empleados de la aerolínea, amenazas a los policías, desacato y resistencia a la autoridad, por lo que arriesga hasta 14 años de cárcel y una fuerte multa.

El intento de soborno

Sin embargo, no es la primera vez que Naranjo se “manda un show” como el que hizo arriba del avión con destino a Frankfurt, pues su historial registra al menos otros dos altercados en suelo chileno que dan cuenta de su carácter irascible y xenófobo: un intento de soborno a una funcionaria del Registro Civil para que le hicieran rápido un pasaporte, y una amenaza de bomba en un conocido hotel capitalino para “matar musulmanes”.

Por estos días, el 4.° Juzgado de Garantía de Santiago tramita una querella en contra de Naranjo Maldini por el delito de soborno a funcionario público, estampada por el Registro Civil luego de que en febrero de 2025 llegara junto a su esposa a retirar un pasaporte de su hijo a la oficina ubicada en la comuna capitalina de Lo Barnechea.

De acuerdo al documento consignado por Meganoticias, Naranjo se saltó la fila y le habló de manera prepotente a la funcionaria detrás de la ventanilla, quién le informó que el pasaporte aún no estaba listo.

-“¿A quién hay que pagarle? Hace tres años le pagué a Mario Patiño para agilizar el trámite”, deslizó primero en voz baja.

-“Tome esto y me hace el pasaporte rápido”, dijo a renglón seguido mostrando un fajo de billetes.

Cuando la funcionaria se negó a recibir el dinero y lo acusó con los guardias, Naranjo dio vuelta su discurso y a los gritos, afirmó que ella le estaba pidiendo dinero para entregarle rápido el documento de viaje.

-“¿A qué weón hay que pagarle?, aquí tengo los billetes”, gritaba descontrolado.

Su comportamiento fue calificado como de "suma gravedad”, pues desde el Registro Civil señalaron que “afecta directamente la fe pública, vulnera la legalidad institucional y pone en riesgo el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”.

La amenaza de bomba

Años atrás, Naranjo estuvo involucrado en un incidente en el Hotel W, ubicado en el barrio alto santiaguino, hasta donde llegó el 29 de agosto de 2013 acompañado de una mujer.

Luego de reclamar porque no le había gustado la habitación y pedir que se la cambiaran, Naranjo le dijo al botones que tenía que volver a la pieza que le habían asignado inicialmente, puesto que allí había olvidado “una bomba para matar a todos los musulmanes”.

El trabajador dio la alarma, se activaron los protocolos de seguridad y hasta el Grupo de Fuerzas Especiales (GOPE) de Carabineros se apersonó en el exclusivo hospedaje, solo para corroborar que la amenaza era falsa.

A pesar de ello, la fiscalía y el tribunal estimaron que el hecho no constituía delito y Naranjo salió libre de polvo y paja.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que el presidente, José Antonio Kast, nombró al abogado Gabriel Zaliasnik como su nuevo embajador en Israel, tras más de dos años sin un representante diplomático en ese país.

Cabe recordar que el expresidente Gabriel Boric retiró de su cargo como embajador en Israel a Jorge Carvajal San Martín, en protesta por las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Luego de llamarlo a consultas en octubre de 2023, la embajada chilena en Israel quedó bajo el mando de un encargado de negocios ad interim, situación que escaló posteriormente con el retiro de los agregados militares en 2025, consolidando el distanciamiento diplomático entre ambos países. Carvajal nunca regresó a Tel Aviv y finalmente fue destinado a los Países Bajos.

Zaliasnik es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, amén de socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios.

Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile, es consejero del Colegio de Abogados y ejerció como presidente de la Comunidad Judía en Chile entre 2006 y 2010.

En su carrera profesional, ha liderado las defensas de altas figuras políticas y corporativas del país. Sus intervenciones abarcan desde el financiamiento irregular de la política hasta acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, consolidándolo como uno de los penalistas más influyentes del país.

Así, ejerció como defensor del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, en el Caso Penta; fue asesor y consejero legal corporativo de la minera no metálica Soquimich en medio de las indagatorias por aportes irregulares a campañas políticas en el Caso SQM, y defendió a los exministros Jaime Mañalich y Víctor Pérez cuando fueron llevados a juicio político por la administración de Gabriel Boric,

También fue parte del equipo legal defensor del expresidente peruano Alberto Fujimori durante su proceso de extradición mientras se encontraba retenido en Chile, y representó al expresidente argentino Carlos Menem en Chile frente a requerimientos judiciales internacionales.

Desde la Cancillería informaron además que también fueron nombrados los embajadores Ricardo Hernández en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos, y James Sinclair en el Vaticano.

“Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos”, cerraron desde dicha cartera.

Comunidad Palestina rechaza nombramiento

En tanto, la Comunidad Palestina de Chile criticó el nombramiento de Zaliasnik y pidió al Ejecutivo reconsiderar una decisión que, argumentan, implica un cambio “preocupante” en la política exterior chilena.

“Resulta incomprensible que, mientras una parte importante de la comunidad internacional avanza hacia medidas de presión diplomática frente a las reiteradas vulneraciones al derecho internacional cometidas por el gobierno israelí, Chile decida elevar nuevamente su representación diplomática en Tel Aviv”, señaló su presidente, Maurice Khamis Massú.

Una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) y el Ministerio Público local permitió el decomiso de 18 toneladas de cobre robado a una minera en la ciudad de Antofagasta, cargamento que estaba listo para ser contrabandeado al Perú.

Las diligencias se llevaron a cabo específicamente en el conflictivo Cerro Chuño de la mencionada ciudad, hasta donde llegaron los efectivos policiales para dar con un camión que estaba cargado con el preciado material. Dos ciudadanos extranjeros, uno boliviano y el otro peruano, fueron detenidos y formalizados por el delito de receptación de artículo robado.

Según informó el prefecto inspector José Contreras, jefe regional de la PDI, el cobre venía “en cátodos y ánodos, y también cobre trifásico, lo que nos permite hoy, en el proceso investigativo, establecer la trazabilidad de este cobre sustraído, que corresponde a una minera de la región de Antofagasta“, consignó BioBíoChile.

Contreras valoró el operativo policial, “enmarcado en el Plan Contra el Crimen Organizado, toda vez que estas especies sustraídas iban a ser destinadas al traslado por pasos no habilitados a Perú”, aseguró.

74 toneladas de cobre incautado a la fecha

En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que, en lo que va del año, la Fiscalía y la policía civil han decomisado 74 toneladas de cobre robado y desbaratado varias bandas criminales dedicadas a su tráfico, tal como indicó el fiscal Rodrigo González.

“Desde hace ya varios meses que se lleva a cabo una investigación de largo aliento con el fin de establecer las estructuras y detener a sus integrantes, que se dedican básicamente al robo, a la receptación y comercialización de cobre robado. En este contexto es que el día de hoy se pudo lograr la detención de dos personas de nacionalidad extranjera que se prestaban a trasladar cobre robado hacia Perú”.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, afirmó que “valoramos inmensamente la eficacia con la que está trabajando la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Arica”.

“En lo que va de 2026, ya llevamos más de 70 toneladas incautadas, y eso va muy de la mano de lo que mencionó el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, que esto es un golpe al crimen organizado, y también que va a haber una fuerza de tarea para combatirlo fuertemente”, indicó según el medio citado.

Asimismo, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, manifestó que el combate contra la delincuencia “es tarea de todas las instituciones. El mercado ilícito del cobre, como lo hemos visto, está fuertemente al alza, y por esa misma razón debemos trabajar y actuar de manera coordinada y colaborativa”.

Al cierre, el seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, subrayó que “este es un nuevo golpe al robo de cables de cobre, uno de los delitos que tenemos priorizados en la región”.

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer este martes la identidad de la persona que resultó ser clave en la desarticulación de una célula del Tren de Aragua que envió más de $78 mil millones de pesos (USD 87 millones) a Colombia.

Se trata de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como una “jefa de plaza”, a saber, miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien saltó al tapete debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

La llamada “Operación Tokio” dejó 19 detenidos -10 mujeres y 9 hombres-, todos de nacionalidad venezolana, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela. Todos serán formalizados este domingo.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

Según información policial, la caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

El fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, explicó el “modus operandi” que tenía la célula y la manera en que amasaron una verdadera fortuna.

De acuerdo al persecutor, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Barros agregó que gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

Al cierre, detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

Tal como lo adelantó el presidente José Antonio Kast el lunes pasado en su primera Cuenta Pública al país, este miércoles el gobierno lanzó su “Plan de Abandono Voluntario”, mecanismo excepcional para incentivar la salida de Chile de aquellos extranjeros con situación migratoria irregular.

De acuerdo a un instructivo publicado en las redes sociales del Servicio Nacional de Migraciones, podrán acogerse a este plan todos aquellos que hayan entrado al país por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, y también quienes ingresaron con visa de turista o permanencia transitoria, pero se quedaron en el país aunque dicho plazo ya ha vencido.

Quienes accedan a este beneficio podrán abandonar el país sin una sanción económica, ni la prohibición de reingresar al país de manera legal. También se revocarán automáticamente las órdenes de expulsión fundadas precisamente en el ingreso irregular, siempre y cuando se cumpla con salir de Chile en los plazos establecidos por las autoridades.

Así, los interesados deberán acreditar su identidad mediante pasaporte, documento nacional de identidad vigente o vencido, salvoconducto consular o título de viaje.

Eso sí, no podrán acceder al beneficio las personas que registren antecedentes penales o policiales en Chile o en el extranjero.

El Director Regional (subrogante) del Servicio Nacional de Migraciones, Ricardo Sprohnle, hizo un llamado “a las personas extranjeras que actualmente se encuentran en situación migratoria irregular a informarse oportunamente sobre este programa excepcional, que busca entregar una alternativa segura, ordenada y gratuita para regularizar su salida del país”.

“Este mecanismo permite resolver su situación migratoria de manera institucional, evitando sanciones económicas y facilitando futuros procesos migratorios conforme a la normativa vigente. Invitamos a quienes cumplan los requisitos a utilizar los canales oficiales del Servicio Nacional de Migraciones y evitar intermediarios o información no oficial”, complementó Sprohnle.

Arraigo familiar y contrato de trabajo

Sin embargo, quienes tengan un hijo, cónyuge, conviviente civil, padre o madre chilenos, o bien algún vínculo con un extranjero que posea residencia definitiva, así como aquellos que tengan un contrato laboral vigente, podrán presentar una solicitud de residencia temporal antes de abandonar el país, la que se activará cuando la persona deje el territorio nacional.

Cabe destacar que todo el proceso es completamente gratuito y mediante la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones (www.serviciomigraciones.cl), donde la solicitud será recepcionada. El plazo es de 180 días corridos desde la apertura de la plataforma en la web del SERMIG, la cual será comunicada de manera posterior a la tramitación de las resoluciones respectivas.

Tras una investigación de largo aliento, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público desarticularon una banda dedicada al tráfico sexual de mujeres, principalmente de nacionalidad paraguaya, la que operaba en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Puerto Montt y Castro.

La organización criminal estaba formada por chilenos, venezolanos, argentinos y paraguayos, quienes captaban mujeres en este último país y las trasladaban hasta Chile bajo promesas de trabajo y una mejor vida.

Una vez ubicadas en casas particulares, secuestraban sus documentos de identidad y las obligaban a ejercer el comercio sexual bajo amenazas, reteniendo sus ganancias y cobrándoles altas multas incluso por perder las llaves del lugar donde eran explotadas o comerse la vianda de sus compañeras.

La llamada “Operación Guaraní” involucró a más de 50 detectives que realizaron siete allanamientos a lo largo del país, capturando en total a 10 integrantes de la banda que era liderada por una mujer extranjera.

Cinco de los apresados cayeron en Viña del Mar; dos en la región Metropolitana; uno en el paso Los Libertadores; uno en Puerto Montt y uno en Chiloé, según consignó El Heraldo Austral.

Además, se decomisaron medios de prueba como celulares, notebooks, cuadernos con registros contables y más de $600 mil pesos (USD 670) en dinero contante y sonante.

Así, los imputados fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago), para su control de detención y formalizados por asociación criminal, trata de personas y lavado de activos, quedando sus líderes en prisión preventiva.

Condiciones “deplorables”

De acuerdo con la fiscal regional, Carmen Wittwer, las víctimas que fueron rescatadas se encontraban en condiciones “deplorables”.

“Claramente fueron vulnerados todos sus derechos al ser víctimas de trata de personas. Estaban en condiciones bastante deplorables, teniendo presente su dignidad, su calidad de mujeres”, señaló, según reza una nota de BioBíoChile.

La persecutora recordó que organizaciones criminales de este tipo se caracterizan “por tener retenidas a estas mujeres bajo distintas amenazas o retención de documentos”.

En tanto, el jefe de la Brigada Investigadores de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, explicó que la investigación partió luego de varias denuncias por robos en las viviendas donde las víctimas eran obligadas a prostituirse.

“Se establece que se abren ciertas sucursales, tanto en la región de Valparaíso y la región de Los Lagos, y determinando mediante múltiples técnicas de investigación, que un grupo, tratándose de una estructura transnacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay”, detalló el detective.

Finalmente, trascendió que tras recibir la atención psicológica y social correspondiente, varias víctimas ya volvieron a su país, mientras que solo cinco permanecen en Chile.

Horas de terror e incertidumbre vivieron los pasajeros de un vuelo de LATAM que este martes hacía el trayecto entre Calama y Santiago, cuando en medio del trayecto uno de los viajeros aseguró a viva voz que portaba un aparato explosivo.

La amenaza obligó a la tripulación y al Aeropuerto de Santiago a activar sus protocolos de emergencia, lo que implicó el despliegue de personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Sin embargo, al aterrizar los uniformados pudieron corroborar que la amenaza era falsa, razón por la cual el individuo fue detenido de inmediato y puesto a disposición del tribunal correspondiente para su formalización, esta jornada.

Pasajero “disruptivo”

Una vez superada la situación, la DGAC informó a través de sus redes sociales que la emergencia “fue descartada y el pasajero detenido por PDI”.

Desde LATAM, en tanto, detallaron mediante un comunicado que “durante el vuelo LA1249, entre Calama y Santiago el día de hoy (martes), un pasajero realizó una falsa amenaza relacionada con la supuesta presencia de un artefacto sospechoso a bordo”.

“Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, LATAM Airlines Group activó de inmediato los procedimientos correspondientes junto con las autoridades a cargo, quienes descartaron la presencia de un artefacto de esas características”, agregaron.

“La aeronave aterrizó en el Aeropuerto de Santiago a las 18:55 horas y, posteriormente, todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura. Asimismo, la persona que realizó la amenaza fue detenida por las autoridades para los procedimientos correspondientes”, complementaron desde la aerolínea.

Al cierre, la empresa advirtió sobre el aumento de este tipo de pasajeros “disruptivos”, a saber, aquellos que cometen “agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, consumo de alcohol en exceso y drogas a bordo, falsas alarmas y otras conductas que comprometen la seguridad operacional”.

Cabe señalar que en Chile, un falso aviso de bomba en un avión es considerado un delito grave, por lo que ahora el responsable enfrenta penas de cárcel que van desde 61 días hasta 5 años (dependiendo de si se juzga bajo el Código Penal o el Código Aeronáutico), además del pago de altas multas y la prohibición de volver a volar.

Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron un golpe importante al Tren de Aragua en Chile, al desarticular una facción de esta banda criminal que envió más de $78 mil millones de pesos (USD 87 millones) a Colombia.

La llamada “Operación Tokio” deja hasta ahora 19 detenidos -10 mujeres y 9 hombres-, todos de nacionalidad venezolana, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela. Todos serán formalizados este domingo.

Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión a la espera de su extradición a Chile.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

Este martes, el fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, explicó el “modus operandi” que tenía la célula y la manera en que amasaron una verdadera fortuna, investigación que partió tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024.

Según el persecutor, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Barros agregó que gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

Al cierre, detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aun permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público llevaron adelante operativos en una sucursal bancaria, tres cárceles y diversos domicilios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, a fin de desarticular una célula del Tren de Aragua que habría enviado más de USD 87 millones a Colombia.

Dicho dinero habría ido directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, quien aparece nombrado en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y se encuentra en prisión a la espera de su extradición a Chile.

Al cierre de esta nota se contabilizaban 18 detenidos, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela.

Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas, prostituir mujeres y enviar las ganancias a Colombia.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas Carlos “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Y es que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

Asimismo, el “Testigo Reservado N°2” sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

Ganancias por más de USD 87 millones

En un punto de prensa, el fiscal Héctor Barros valoró el trabajo de la policía y aseguró que se trata de “uno de los mayores lavados de dinero que hemos tenido en nuestro país”.

Respecto del rol que cumplía en la organización el ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, detalló que “él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, moviendo grandes sumas de dineros provenientes de extorsiones, prostitución, drogas y secuestros.

“Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones de pesos (USD 87 millones), que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas (...) Yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio”, afirmó el persecutor.

Finalmente, el fiscal Barros explicó que la investigación partió tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua, la que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa en 2024.

“En virtud de eso, se llevó adelante una investigación por los créditos de extorsión, contrabando, por asociación ilícita para el lavado activo, por lavado de activos y por asociación criminal”, cerró el fiscal a cargo de la investigación.

Luego de la Cuenta Pública entregada este lunes en el Congreso Nacional en la que realizó varios anuncios clave en temas de seguridad, economía y migración, el presidente de Chile José Antonio Kast enfiló por la tarde hacia el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y puso manos a la obra encabezando una nueva reunión del Comité Político y firmando un decreto y dos proyectos de ley orientados a fortalecer estos tres puntos.

Así, la primera rúbrica la estampó en el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, el que busca quitar beneficios sociales a quienes agredan a carabineros o dañen infraestructura pública o privada.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya había explicado el domingo que “los que rompen paraderos, los que rayan nuestros museos, los que rayan las casas de los vecinos sin permiso: a todas esas personas las vamos a incorporar a un registro para que de a poco vayan desincentivando esas conductas y que puedan perder también algunos beneficios sociales".

Además, el mandatario firmó un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en USD 6.200 millones.

Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco.

El Mecanismo de Salida Voluntaria

Finalmente, la jornada también contempló la firma del decreto relativo al Mecanismo de Salida Voluntaria contenido en el Plan Retorno, destinado a "incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país, sin sanción migratoria”.

“Quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde van a tener que abandonar el país“, aseguró el presidente Kast previamente en la Cuenta Pública.

La actividad contó con la participación del biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Al cierre, el mandatario recalcó que estas medidas forman parte de la agenda del Gobierno para fortalecer la seguridad, recuperar el orden institucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.