Un día de trabajo que parecía normal terminó con una emergencia sanitaria al interior del Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de que siete funcionarios resultaran intoxicados tras consumir gomitas y chocolates que contenían marihuana. La situación más delicada corresponde a uno de los afectados, quien permanece internado en estado grave, intubado y bajo coma inducido.

El episodio ocurrió este martes, cuando uno de los funcionarios compartió las golosinas con sus compañeros de trabajo y lo que inicialmente habría sido una broma, terminó con varios trabajadores presentando mareos, náuseas y vómitos.

La situación fue denunciada por los propios jefes de los afectados, quienes advirtieron que los funcionarios no se encontraban en sus cabales y solicitaron la presencia de Carabineros.

Según señaló señaló la mayor Priscila Aguilar, comisaria de la 27ª Comisaría del Aeropuerto Internacional, “trabajadores del aeropuerto se encontraban intoxicados aparentemente producto de que se comenzaron a sentir mal y no se encontraban en condiciones normales. Sus propias jefaturas traspasaron la información y se comunicó con Carabineros”.

Formalización postergada

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, no existirían indicios de que el funcionario que distribuyó las golosinas buscara deliberadamente provocar una intoxicación entre sus compañeros. Así lo explicó la capitán Belén Galaz, integrante del OS7 de Carabineros, quien explicó que “nosotros vamos por el que no fue mala intención, solamente les dio de probar, pero hay que ver de dónde las adquirió o quién se las regaló a él”.

Las cuatro gomitas y el chocolate que quedaron como pruebas fueron derivados al Instituto de Salud Pública (ISP), puesto que “no descartamos que pueda tener otro tipo de sustancias por los efectos que provocó en estas personas. También es importante para Carabineros ver de dónde adquirió esta persona estas gomitas, si se comercializaron más”, complementó la uniformada.

Desde Carabineros señalaron que existen casos previos en los que se han detectado golosinas elaboradas con sustancias ilícitas, sin embargo, precisaron que no habían enfrentado episodios con consecuencias sanitarias de la gravedad registrada en esta oportunidad.

La situación más compleja fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que informó que uno de los siete trabajadores intoxicados permanece hospitalizado en el Hospital Félix Bulnes, en estado grave, intubado y bajo coma inducido.

De hecho, la audiencia de formalización, que inicialmente estaba prevista para este miércoles, tuvo que ser postergada debido a que el propio imputado también había consumido las gomitas y permanecía bajo los efectos de la sustancia.

Así las cosas, la Fiscalía analiza los antecedentes para determinar los cargos que podrían imputársele, entre ellos microtráfico de sustancias ilícitas y lesiones.

La proyectada llegada con provisiones y repuestos del buque chileno “Danstar” a las islas Malvinas continúa generando fricciones entre Santiago y Buenos Aires, y aunque ambos gobiernos han intentado restarle dramatismo al episodio, una nueva iniciativa impulsada en el Congreso argentino volvió a encender las alarmas y trasladó la discusión al terreno legislativo.

Se trata de un proyecto presentado por la diputada Agustina Propato, que plantea facultar a las autoridades argentinas para incautar embarcaciones que participen en el abastecimiento del archipiélago, propuesta que no pasó inadvertida en Chile y que motivó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios emplazaron a la Cancillería a dejar en claro la posición chilena frente a las señales provenientes del país vecino, y uno de los más críticos fue el diputado socialista Nelson Venegas, quien puso en entredicho la conducción diplomática del canciller Francisco Pérez Mackenna y advirtió sobre el desarrollo que está tomando la controversia.

“Necesitamos un canciller que sea fuerte en sus decisiones, que sea firme en las determinaciones y la defensa de la patria, siempre con prudencia con el hermano pueblo argentino, pero hay que decirle las cosas y, como no lo han hecho, ellos siguen avanzando en sus declaraciones, en sus determinaciones y hoy día con este proyecto de ley”, afirmó.

El debate tiene una dimensión jurídica, pues especialistas en derecho internacional sostienen que la eventual aprobación del proyecto de la diputada Propato no sería suficiente para impedir el tránsito del “Danstar”, considerando que el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el denominado derecho de “paso inocente”, que califica a aquel barco que navega de forma pacífica a través de las aguas territoriales de otro país sin representar una amenaza para su paz, orden o seguridad.

En términos prácticos, aquello significa que el país vecino no puede alterar mediante una norma de carácter interno los compromisos internacionales que ha adquirido en materia de navegación marítima. Por lo mismo, una eventual legislación argentina tendría que ajustarse a las obligaciones que establece el derecho internacional.

Viaje planificado para diciembre

Desde el extremo austral también surgieron voces para defender los intereses comerciales de la Región de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), Claudio Radonich, cuestionó que Argentina pretenda intervenir en las relaciones comerciales que establece la región.

“El buque es un buque chileno con bandera chilena y por eso es que yo reivindico el derecho que tienen los magallánicos a comerciar con cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que un tercer país como Argentina pueda decidir con quién negocia Punta Arenas, y si este paso es uno inocente porque la Convención del Mar así lo indica”, aseguró en conversación Radio Bío Bío.

De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.

El “Danstar”, nave perteneciente a la compañía nacional Easter Island Logistics, busca recuperar el tráfico marítimo comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, conexión que dejó de operar en 2011 tras firmar Chile la declaración del Mercosur, y cuya reactivación ahora vuelve a instalar un punto de fricción en la relación entre ambos países.

Los planes de la naviera contemplan realizar durante diciembre su primera operación comercial con destino a Puerto Argentino. Para cumplir con ese objetivo, la embarcación utilizaría el estrecho de Magallanes y posteriormente recurriría al derecho de paso inocente, descartando efectuar el trayecto por el mar de Drake.

La controversia por los beneficios carcelarios otorgados a pederastas sumó un nuevo capítulo, pues la Contraloría General de la República (CGR) desplegó una fiscalización en el Ministerio de Justicia a fin de examinar los procedimientos que permitieron reducir condenas, asunto que tiene por las cuerdas al titular de la cartera, Fernando Rabat.

Cabe recordar que entre marzo y septiembre de 2026, dicha cartera emitió 56 decretos exentos que rebajaron penas (hasta por 36 meses) a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores, lo que derivó en la liberación de al menos 33 de ellos.

La fiscalización presencial en el ministerio comenzó luego que la CGR recibiera denuncias y requerimientos de parlamentarios que acusan falta de respuesta a oficios de la Defensoría de la Niñez, razón por la cual el ente solicitó reportes formales a la cartera.

Sin embargo, el caso escaló a la justicia luego de que los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaran una denuncia penal, la que llevó a la Fiscalía a abrir una causa en la que el ministro Rabat figura en calidad de imputado por el presunto delito de prevaricación administrativa

Así, mientras el Ejecutivo mantiene al ministro en su puesto y plantea introducir modificaciones a la legislación que regula estas reducciones, la oposición alista el ingreso de una Acusación Constitucional (juicio político) contra el secretario de Estado.

Rabat evita fijar fecha para entregar los 56 decretos y gobierno lo blinda

Este miércoles, Rabat enfrentó en el Congreso nuevos cuestionamientos sobre los polémicos decretos y su futuro al mando de la cartera de Justicia, sin embargo, evitó fijar un calendario para hacerlos públicos y justificó su demora en la necesidad de resguardar información personal y sensible contenida en dichos documentos.

Tocante a la presencia de funcionarios de Contraloría en las dependencias del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado confirmó que el organismo solicitó documentación y antecedentes a su cartera, pero contextualizó la diligencia como parte de las labores habituales de control sobre los servicios públicos.

“La Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución”, afirmó.

Respecto a cuándo estarán disponibles los 56 documentos que concentran las críticas, el ministro evitó entregar una fecha, aunque aseguró que “estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que tener cuidado, porque hay datos ahí sensibles de personas que están amparados por la ley”, adujo.

Al cierre, consultado sobre los motivos que justificarían seguir encabezando la cartera de Justicia, el ministro evitó defender directamente su continuidad y recordó que “esa respuesta la da el presidente de la República respecto de todos y cada uno de los ministros de Estado”.

Pese al turbulento escenario, desde La Moneda volvieron a blindar al titular de Justicia y este miércoles, el ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó de plano que el Gobierno esté analizando removerlo de su puesto.

“Nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al presidente”, señaló taxativo, añadiendo que Rabat “cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República”.

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró por decisión unánime culpable al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por el delito de lavado de activos, tras acreditar que recibió durante años una asignación mensual proveniente de los gastos reservados de la institución, dinero que destinó, entre otras cosas, al pago de un departamento en el barrio alto capitalino.

El fallo representa otro capítulo del denominado “Milicogate”, una de las investigaciones por corrupción más relevantes vinculadas a las Fuerzas Armadas. En esta arista, la corte estableció que Izurieta recibió de manera periódica dineros desde fondos institucionales, y que posteriormente realizó distintas operaciones para ocultar su procedencia.

La investigación permitió reconstruir un mecanismo que, según el veredicto, se extendió durante varios años y que involucró a otros dos antiguos jefes del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes destinaron recursos de los gastos reservados para entregar una suerte de “mesada” a quienes habían ocupado anteriormente el máximo cargo de la institución.

Los pagos se realizaban en efectivo y sin respaldo contable, bajo un concepto denominado “Apoyo Ex-CJE”. Las sumas comenzaron en $400 mil (USD 412) durante 2010 y alcanzaron el millón de pesos en 2017 (USD 1.030).

De acuerdo a la investigación, Izurieta habría recibido entre $61,2 millones (USD 63.135) y $78 millones (USD 80.487) entre 2010 y 2018. El dinero llegaba en sobres cerrados, pese a que los gastos reservados están destinados por ley a necesidades propias del funcionamiento institucional.

El departamento

El Ministerio Público logró acreditar que Izurieta pagó entre 2012 y 2015, en dinero contante y sonante, 36 cuotas de un crédito hipotecario correspondiente a un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, pagos que alcanzaron la suma de $14,9 millones (USD 15.380). La propiedad, destinada al arriendo, generó ingresos entre 2010 y 2025 por al menos $166,2 millones (USD 171.562), según los antecedentes incorporados a la investigación.

Para peor, en 2019 Izurieta rectificó seis declaraciones tributarias correspondientes a los años comerciales entre 2012 y 2017, incorporando $51,2 millones (USD 52.847) bajo el concepto de rentas, sin transparentar el origen de esos recursos.

Dos años más tarde realizó otra operación que llamó la atención de los investigadores: puso el departamento a nombre de una de sus hijas. Meses después, recibió de ella un poder indefinido que le permitía gestionar la propiedad, concretar contratos de arriendo y percibir los ingresos correspondientes, los que entre 2022 y 2025 fueron transferidos desde una cuenta bancaria de su esposa hacia una cuenta perteneciente al propio Izurieta.

Ocho años de cárcel

Otro de los argumentos que no prosperó durante el juicio fue el planteamiento de que Izurieta no podía ser responsabilizado por lavado de activos debido a que ya no ejercía como comandante en jefe cuando recibió parte de los dineros.

El tribunal descartó esa interpretación y precisó que para configurar el delito de lavado no resulta indispensable haber participado directamente en la malversación que dio origen a los fondos. La acusación contra el exgeneral no apuntaba a que hubiera sustraído personalmente los recursos públicos, sino a las conductas posteriores relacionadas con su apropiación, administración y utilización.

Así las cosas, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó una pena de ocho años de presidio, una multa superior a los $36 millones (poco más de USD 37 mil), la incautación del departamento y las ganancias obtenidas mediante su explotación -amén de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-, sentencia que se conocerá el próximo 27 de noviembre.

La controversia por las rebajas de condenas que beneficiaron a 56 pederastas sigue escalando. Desde Roma, donde se encuentra en medio de su gira europea, el presidente José Antonio Kast volvió a cerrar filas con su ministro de Justicia, Fernando Rabat, y desafió directamente a la oposición que si pretende impulsar una Acusación Constitucional (juicio político), que la presente de una buena vez.

El jefe de Estado no solo ratificó la continuidad del secretario de Estado, sino que asumió personalmente el costo político de la polémica. Una señal con la que busca dejar claro que, al menos por ahora, no contempla pedirle la renuncia al titular de Justicia.

“La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente (...) El ministro cuenta con mi confianza”, afirmó.

El mandatario también recordó que la designación y eventual salida de los integrantes del gabinete es una atribución que corresponde exclusivamente a la Presidencia, marcando distancia de las presiones que han surgido desde el Congreso.

“En una democracia como la nuestra en Chile, a los ministros los nombra el presidente de la República y les pide el cese de funciones el presidente de la República. No diputados o senadores que están en su legítimo derecho de expresar lo que estimen conveniente, pero quien ejerce el mando de la nación y nomina a los ministros es el presidente de la República”, subrayó.

Kast elevó el tono de sus declaraciones al referirse a la Acusación Constitucional (AC) que alista la oposición en contra de Rabat y cuestionó que la oposición lleve varios días anunciando la presentación del libelo sin concretar la iniciativa.

“Han tenido una semana para presentar la AC, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote si lo estiman pertinente. Pero creemos que antes deberíamos trabajar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la AC mañana”, sostuvo.

El mandatario también reprochó que, a su juicio, el debate se haya concentrado en los anuncios de una ofensiva parlamentaria, en lugar de avanzar en cambios legislativos para abordar el problema de fondo.

“La han anunciado todos los días y cada día le añaden un antecedente más (...) Enfrentemos el problema de fondo, que es lo que nos exigen nuestros compatriotas”, señaló, insistiendo en que el Gobierno busca concentrar sus esfuerzos en corregir las disposiciones legales relacionadas con las rebajas de condenas.

Las palabras de Kast llegaron en una jornada marcada también por las advertencias de la oposición respecto del Presupuesto 2027. Este martes, el diputado Jorge Brito (FA) anticipó que su sector buscará rechazar los recursos destinados a las partidas de Justicia.

“Ni un peso para el gabinete del presidente de la República ni para el gabinete del ministro Rabat mientras no renuncien los responsables de haber dejado a pedófilos y a criminales de lesa humanidad libres”, manifestó el parlamentario.

Frente a esa posibilidad, el mandatario advirtió que una medida de esa naturaleza terminaría afectando a quienes precisamente la oposición dice defender: las víctimas de los delitos. Según planteó, el Ejecutivo mantiene como prioridad encontrar una salida al problema legislativo que originó la controversia.

La respuesta de la oposición

Lejos de descomprimir el escenario, el emplazamiento presidencial desde Italia abrió un nuevo flanco de confrontación con los parlamentarios opositores, desde donde fustigaron tanto a la permanencia de Rabat en el gabinete como la decisión del mandatario de desafiar públicamente al sector que prepara el juicio político.

Uno de los más duros fue el senador Iván Flores (DC), quien cuestionó la forma en que Kast se dirigió al Congreso y calificó sus declaraciones como un “toreo” al Poder Legislativo.

“Ha sido un día de furia que ha tenido el presidente”, afirmó Flores, quien de paso instó al jefe de Estado a “dedicarse a sus asuntos” y dejar que los legisladores ejerzan las facultades que les corresponden.

“¿Es tan valioso Rabat para el presidente de la República o es sencillamente la tozudez de no dar el brazo a torcer?”, arguyó el parlamentario, según consignó BioBíoChile.

Desde el Partido Socialista, el jefe de la bancada de Diputados, Raúl Leiva, instó al mandatario a pensar en las víctimas.

“Que se ponga en la situación de 56 familias que sufren porque violadores y pederastas están libres por una decisión de su ministro de Justicia”, retrucó.

La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello también se sumó a las críticas y apuntó directamente a la contradicción que, a su juicio, existe entre la responsabilidad política que Kast dice haber asumido y su decisión de mantener a Rabat en el cargo.

“Presidente Kast, si tiene tanto apuro por cerrar esta crisis, pida la renuncia de su ministro de Justicia (...) Cada día que Rabat sigue en su cargo, más claro queda que usted estuvo de acuerdo con esta decisión o al menos con la rebaja de condenas”, remató taxativa.

La agenda internacional del presidente José Antonio Kast tuvo esta jornada una parada en el corazón del Vaticano. El mandatario chileno llegó hasta la Santa Sede para sostener una audiencia con el papa León XIV, instancia en la que ambos intercambiaron puntos de vista sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos los conflictos internacionales, la caída de la natalidad y los fenómenos migratorios.

Una vez finalizado el encuentro, Kast entregó sus impresiones desde la Plaza de San Pedro y destacó la cercanía que el pontífice mantiene con Chile. “Ha sido una muy buena reunión (...) El Santo Padre nos ha manifestado su cariño y aprecio por Chile, país que conoce muy bien”, señaló el jefe de Estado, recordando que León XIV visitó en reiteradas ocasiones territorio nacional durante su período como superior de los agustinos.

Entre los asuntos que marcaron la conversación estuvo la inquietud del Papa por el escenario de paz internacional y los cambios que experimenta la sociedad. Según explicó Kast, el pontífice también puso especial atención en la importancia de la familia y en la disminución de los nacimientos, una realidad que comienza a generar preocupación en distintos países. En ese contexto, el mandatario sostuvo que la natalidad es un desafío “que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones”.

Los regalos al Santo Padre

La audiencia también estuvo acompañada de una serie de obsequios que el presidente chileno llevó especialmente para León XIV. El principal fue una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, cuyo centenario se celebra durante este año.

La figura religiosa tiene una historia que cruza distintos países y épocas. Su fabricación se remonta a España, aunque posteriormente pasó a formar parte de un convento de religiosas francesas en Argentina. Está confeccionada con una antigua técnica de pasta de madera que actualmente se encuentra en desuso y posee ojos de cristal alemán, un material cuya producción dejó de realizarse después de la Segunda Guerra Mundial. La pieza fue sometida a trabajos de restauración por parte del equipo de Patrimonio de La Moneda.

El mandatario complementó los presentes con el libro “La Edad Media en Chile”, del monje benedictino Gabriel Guarda, publicación que profundiza en el desarrollo histórico de la Iglesia católica en el país. A ello agregó una caja de vinos chilenos como muestra de productos nacionales.

La actividad presidencial no terminó con la audiencia papal. Posteriormente, Kast sostuvo una reunión con Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, encuentro en el que se revisaron los vínculos diplomáticos y el papel que desempeña la Iglesia en la sociedad chilena.

A través de una declaración oficial, la Santa Sede entregó detalles de la conversación y destacó la relación entre ambas partes.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Chile y se hizo referencia a la importante contribución de la Iglesia católica a la vida social del país, así como a la vida espiritual, a través de la religiosidad popular”, indicó el comunicado.

Tras completar sus actividades en Italia, el presidente chileno continuará su recorrido europeo con destino a España, donde tiene contemplado participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid.

Kast inició su visita a Italia el martes, jornada en la que sostuvo encuentros con dos de las principales autoridades institucionales del país: la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella.

Nuevos antecedentes surgieron tras la muerte de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años asesinado la semana pasada tras ser secuestrado por una banda de venezolanos cuando iba a comprar droga. Uno de los acusados entregó detalles sobre la planificación del rapto, las exigencias económicas a su familia y el momento en que la víctima saltó del automóvil en movimiento tratando de salvar su vida.

El hecho conmocionó al país debido a la crueldad de los captores, quienes continuaron extorsionando a la familia y cobrando dinero por un rescate cuando el joven ya había sido asesinado. De acuerdo con la declaración judicial y los antecedentes de la investigación liderada por la Fiscalía ECOH, el padre de Martín Pérez Burgos alcanzó a pagar una suma que superó los $4 millones de pesos (poco más de USD 4 mil) en efectivo, amén de una cadena de oro.

Los hechos

La noche del lunes 26 de octubre pasado, Martín Pérez acudió a la calle Placilla en la comuna santiaguina de Estación Central, presuntamente enviado por su padre a realizar una transacción de $700 mil pesos (USD USD 715) para comprar marihuana. En ese lugar se reunió con sus raptores, quienes lo engañaron y lo hicieron subir de forma voluntaria a un automóvil concretando el secuestro.

A los pocos minutos de la captura, el grupo criminal se contactó con los familiares exigiendo un rescate de $50 millones de pesos (poco más de USD 50 mil) y enviando videos como supuesta “prueba de vida”. Desesperada, la familia alcanzó a realizar un pago parcial para intentar liberarlo.

Las pericias científicas revelaron que Martín fue asesinado solo pocas horas después de haber sido raptado. De acuerdo con la confesión de uno de los imputados, el homicidio ocurrió mientras trasladaban a la víctima en un vehículo entre casas de cautiverio en la comuna de Colina. Martín intentó salvar su vida lanzándose del automóvil en movimiento, momento en que uno de los secuestradores, un menor apodado “Ñaño”, le disparó al menos cuatro veces.

Tras días de intensa búsqueda por parte del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, el cuerpo de Martín fue encontrado oculto bajo escombros en las cercanías de un restaurante en el kilómetro 26 de la Carretera General San Martín, en Colina.

La formalización

Por este crimen, la justicia chilena formalizó a cuatro ciudadanos venezolanos, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva el fin de semana, mientras se fijó un plazo de investigación de 120 días. Los imputados son:

Oswal Moreno Prieto (18 años) y Carlos Álvarez Franco (22 años), apuntados como autores materiales del secuestro; un menor de 17 años (alias “Ñaño”), quien presuntamente percutó los disparos fatales, y J.E.V.O. (22 años), detenido por cumplir las funciones de “delivery”, es decir, el encargado de recoger el dinero pagado por la familia de la víctima.

La investigación expuso un complejo entramado vinculado al narcotráfico y antecedentes delictuales previos, puesto que la policía informó que tanto la víctima como su padre, Pablo Pérez Díaz, contaban con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y porte ilegal de armas.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, publicado este lunes, volvió a dejar en evidencia las dificultades que enfrenta la economía chilena para recuperar su dinamismo: la actividad avanzó apenas 0,2% en doce meses, golpeada principalmente por el desplome de la producción minera.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó los resultados en el Congreso y volvió a responsabilizar a las condiciones que, a su juicio, marcaron el escenario de inversión durante los últimos años. Su diagnóstico apunta a un problema estructural que todavía pasa la cuenta a la industria del cobre.

“El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato. Tenemos un problema con la producción minera, que está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones”, aseguró.

Los números del Banco Central respaldan la magnitud del retroceso. La minería registró una contracción anual de 12,1% durante septiembre, explicada por una menor extracción de cobre, la disminución de las leyes del mineral y la paralización temporal de algunas faenas..

De acuerdo al secretario de Estado, este retroceso “no se debe a ningún efecto de ninguna política”, sino que “a muchos años de incertidumbre, de amenazas de nacionalización, el royalty (...) esas señales adversas en los últimos siete, ocho, nueve años son las que nos tienen con este precio que estamos pagando este año en términos de producción minera”, según consignó Emol.

Frente a este panorama, el titular de Hacienda defendió las señales económicas impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que la estabilidad tributaria y jurídica permitirá recuperar la confianza de los inversionistas.

“Hemos dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales harán que los privados inviertan y podamos tener más producción en los próximos años”, agregó.

La apuesta del Gobierno está puesta en los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo, especialmente en el sector minero, cuyo impacto productivo comenzaría a sentirse durante 2027.

“Como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejor. Tenemos la plena confianza en que esa situación la vamos a dar vuelta”, recalcó Quiroz.

“Si uno mira lo no minero, está creciendo al 2%, el comercio se está recuperando (...) La señal positiva es que lo no minero, comercio y otras actividades, todos tienen cifras positivas”, remató.

“Cifras mediocres” de crecimiento

Sin embargo, el optimismo del gobierno no se condice con las opiniones de los expertos. Francisco Ormazábal, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, llamó a no confundir los resultados positivos de algunos sectores con una recuperación efectiva de la economía nacional.

“Una economía que apenas logra mantenerse a flote no está necesariamente creciendo, y mucho menos recuperando dinamismo”, advirtió en conversación con BioBíoChile.

Para el docente, el problema no está solamente en los resultados de un mes determinado, sino en la prolongada incapacidad del país para recuperar tasas de expansión más robustas.

“Esta realidad comienza a normalizarse (...) El problema de fondo es que Chile lleva demasiado tiempo conformándose con cifras mediocres”, agregó Ormazábal.

De acuerdo al especialista, los argumentos relacionados con la pandemia, el ajuste monetario y otros factores sectoriales “comienzan a agotarse”, pues detrás del estancamiento existen problemas más profundos: una menor inversión, baja productividad e incertidumbre económica. Mientras esos elementos no sean corregidos, anticipa que el país seguirá moviéndose entre períodos de avances modestos y nuevas contracciones.

“El Imacec de septiembre no describe una economía en crisis, pero tampoco describe una economía vigorosa. Refleja algo quizás más preocupante: una economía que se ha acostumbrado al crecimiento insuficiente. Y ese, más que cualquier cifra mensual, debería ser el verdadero motivo de preocupación”, afirmó.

Octubre amenaza con traer otro retroceso

Las proyecciones para octubre tampoco son muy optimistas. Según un reporte de Scotiabank -al que tuvo acceso el medio citado-, el Imacec podría volver a terreno negativo, con una variación estimada de entre -1,0% y -2,0%.

Entre los factores que explicarían este comportamiento mencionan las condiciones climáticas y las paralizaciones vinculadas a negociaciones colectivas en la minería. A ello se sumaría un desempeño más débil del comercio, influido por ventas del Cyber Monday inferiores a las expectativas.

En la misma dirección se mueve un pronóstico de Clapes UC, que estima una contracción de entre 1,5% y 2,0%. La institución fundamenta su proyección en “una base de comparación exigente”, además de un día hábil menos y el impacto de las lluvias sobre la actividad productiva.

La crisis por la rebaja de condenas a 56 reos condenados por delitos sexuales contra menores sumó un nuevo capítulo este lunes, luego que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está en calidad de imputado tras una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa, a saber, cuando un empleado público que no pertenece al orden judicial (autoridades o funcionarios de la administración del Estado) emite una resolución manifiestamente injusta.

La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) y desde el Congreso, Valencia explicó los alcances jurídicos de esta condición.

“Cuando se presenta una denuncia en contra de una persona, esa denuncia va nominativa, es decir, se dirige en contra de un individuo, de un ciudadano al que se le atribuye la comisión de hechos que supuestamente tendrían la calidad de delito y existe una investigación en su contra por parte de la Fiscalía, esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación”, explicó el máximo persecutor.

Por su parte, Rabat puso paños fríos y aseguró que enfrentará el procedimiento conforme a las reglas establecidas.

“Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá la tramitación que corresponda de conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno, al respecto de la cual se hace una denuncia (...) Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva”, señaló el secretario de Estado.

Oposición cierra filas y alista juicio político

La controversia, sin embargo parece lejos de terminar, pues parlamentarios de oposición en bloque llegaron hasta La Moneda para exigir directamente la salida de Rabat del gabinete y aseguraron que la Acusación Constitucional (juicio político), avanza lento pero seguro.

“Nosotros en este momento estamos trabajando no sólo en la Acusación Constitucional, sino que también en otras medidas”, aseguró la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

La ofensiva incluyó una advertencia que amenaza con complicar la agenda legislativa del Gobierno: los parlamentarios opositores anunciaron que dejaron de considerar al ministro como un interlocutor válido para avanzar en acuerdos y negociaciones parlamentarias.

El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, explicó que la decisión tendrá consecuencias concretas en las futuras tramitaciones.

“A partir de hoy día no consideramos al ministro Fernando Rabat como un interlocutor válido para tramitaciones legislativas como la ley de Presupuesto o los distintos proyectos que, por ejemplo, se van a ver en estas materias”, advirtió.

En una carta dirigida dirigida al presidente José Antonio Kast, los dirigentes opositores también exigieron conocer cada uno de los 56 decretos firmados y solicitaron al Ejecutivo elaborar un plan para revisar su legalidad e iniciar los procedimientos de invalidación que correspondan.

La secretaria general del Partido Socialista, Karina Delfino, apuntó directamente a la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad frente a quienes han resultado afectados por la crisis.

“Creo que es urgente pedirles disculpas a las víctimas y no solamente pedirles disculpas, sino que también existe un proceso de reparación hacia ellas, hacia sus familias, que lo han pasado muy mal durante todas estas ya casi dos semanas que ha durado esta crisis”, afirmó.

Las críticas a la gira de Kast por Europa

Los cuestionamientos opositores también apuntaron hacia el presidente Kast, cuya decisión de mantener su gira oficial por Europa en medio de la controversia abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo.

Desde la Democracia Cristiana, su presidente, Álvaro Ortiz, reconoció que el viaje presidencial estaba programado con anterioridad, pero advirtió que esa circunstancia no libera al mandatario de su responsabilidad política frente a una crisis que golpea directamente a su administración.

“Pareciera ser que ya da lo mismo si el presidente se encuentra acá o viajando a Europa, porque cuando uno asume un liderazgo, lo asume desde el minuto uno y eso es lo que no hemos visto acá desde el 11 de marzo del 2026”, remató.

La exposición internacional de información técnica vinculada al sistema de comunicaciones de Gendarmería de Chile encendió las alertas en el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri, del Partido Acción Humanista (AH), ofició a dicha institución y al Ministerio de Seguridad Pública para exigir explicaciones por la eventual divulgación de antecedentes que, por razones de seguridad nacional, debían mantenerse bajo estricta confidencialidad.

La ofensiva parlamentaria tiene como antecedente un reportaje publicado la semana pasada por el sitio de investigación Contrapoder Chile, que puso nuevamente en el centro de la controversia a la compañía china Hytera, adjudicataria del proyecto de radiocomunicaciones de Gendarmería y condenada en Estados Unidos por conspirar para apropiarse de secretos comerciales de Motorola.

Según reveló el citado medio, la empresa presentó el sistema implementado para la institución penitenciaria en un concurso internacional, pese a que el proceso de licitación contemplaba exigencias de confidencialidad y restricciones sobre la divulgación de información técnica por motivos de seguridad.

La situación generó mayores cuestionamientos luego de que un ejecutivo relacionado con la compañía entregara públicamente detalles sobre las tecnologías utilizadas en el proyecto. Sin embargo, cuando Contrapoder Chile solicitó explicaciones, ni Gendarmería, ni Hytera ni los organizadores del certamen aclararon si existía una autorización para exponer esos antecedentes.

Gazmuri exige explicaciones

A partir de estos antecedentes, la parlamentaria solicitó información oficial sobre las circunstancias en que se habría producido la exposición de datos técnicos del sistema de radiocomunicaciones penitenciario y las eventuales autorizaciones que pudieron existir para ello.

El documento enviado a ambas instituciones recuerda que el proceso de contratación comenzó en 2023 y que Hytera fue la compañía seleccionada para desarrollar la infraestructura tecnológica.

“Sin embargo, durante 2026, la compañía presentó el sistema de comunicaciones implementado para Gendarmería de Chile ante los International Critical Communications Awards (ICCA), bajo la candidatura denominada “Hytera Converged TETRA–Private LTE Solution for Gendarmería de Chile”, siendo seleccionada como finalista en la categoría Best use of critical communications in public safety”, reza el libelo.

Para Gazmuri, el episodio abre interrogantes que deben ser aclaradas por las autoridades, particularmente respecto de las obligaciones contractuales que asumió la empresa al adjudicarse el servicio y las condiciones en que habría compartido información del proyecto con terceros.

“No se ha podido establecer si Gendarmería otorgó autorización previa para divulgar estos antecedentes ni cuál fue el alcance de la información que la empresa puso a disposición de terceros. Por su parte, solicito al Ministerio de Seguridad Pública informar si ha tomado conocimiento de estos antecedentes y si ha realizado alguna evaluación respecto de sus posibles implicancias para la seguridad penitenciaria y la protección de la información estratégica de las instituciones bajo su ámbito de competencia”, prosigue el oficio.

“Asimismo, agradeceré señalar si ha impartido instrucciones o coordinado acciones con Gendarmería para esclarecer lo ocurrido y resguardar los antecedentes técnicos de sus sistemas de comunicaciones”, agrega.

En conversación con Infobae, Gazmuri sostuvo que “aquí hay una cuestión de fondo: no estamos hablando de información comercial cualquiera, sino de un sistema de comunicaciones estratégico para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y la protección de sus funcionarios. La exposición de su arquitectura tecnológica podría generar riesgos que deben ser evaluados con seriedad”.

“Queremos saber si Gendarmería autorizó esta presentación, qué información se permitió divulgar y si se adoptaron medidas para resguardar la seguridad institucional. Además, nos preocupa que esta misma empresa esté vinculada al próximo proceso de renovación de las radiocomunicaciones de Carabineros”, complementó la parlamentaria.

“El Estado debe ser especialmente riguroso cuando contrata tecnología sensible para sus instituciones de seguridad. La confidencialidad y la protección de esta información no pueden quedar subordinadas a la promoción comercial de una empresa”, remató.

Las condenas a Hytera en EE.UU

Cabe señalar que la compañía china Hytera Communications fue condenada en Estados Unidos tras haberse declarado culpable de un cargo federal de conspiración para robar secretos comerciales de Motorola Solutions. La empresa admitió haber reclutado a ex empleados de Motorola y tomado sin autorización documentos y código fuente sobre tecnología DMR para desarrollar sus propios productos.

En marzo de 2026, un juez federal de Illinois impuso a Hytera una multa de USD 50 millones, obligándola a mantener un programa de cumplimiento estricto e informar de manera anual al gobierno.

Aunque el tribunal determinó que las pérdidas para Motorola ascendían a USD 214 millones en ganancias, esta restitución fue compensada por pagos previos que Hytera realizó en litigios civiles paralelos.

La sentencia penal se sumó a una serie de millonarios fallos civiles previos en los que tribunales de EE.UU ordenaron a Hytera pagar cientos de millones de dólares por daños y regalías debido al uso continuo de tecnología robada.

Con una agenda marcada por encuentros políticos de alto nivel y el propósito de estrechar relaciones, el presidente José Antonio Kast arribó esta jornada a Madrid, primera escala de una gira internacional que también contempla reuniones en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente de ese país y el Papa León XIV.

El mandatario se reunirá con Santiago Abascal, líder de Vox, colectividad española con la que el Mandatario mantiene una relación política de larga data. La visita contempla además una reunión con el Rey Felipe VI, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana, y contactos con autoridades españolas.

Kast no llegó solo. La delegación chilena incluye a tres representantes de los principales poderes del Estado: la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y también forman parte de la comitiva ministros y representantes diplomáticos.

La gira, sin embargo, se desarrolla en un escenario complejo para el Gobierno, debido a la polémica que provocaron las rebajas de condenas a 56 reos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, situación que tiene por las cuerdas al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre quien pende una Acusación Constitucional (juicio político) impulsada por la oposición.

Visión de Estado

Apenas pisó suelo español, el jefe de Estado abordó los principales objetivos de su visita, aunque antes dedicó palabras a la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

“Quiero expresar mis condolencias a las familias de las personas fallecidas en este grave accidente ferroviario, a su Majestad, a las distintas autoridades a nivel nacional, por esta tragedia que enluta a la nación, y que también conmueve a todos aquellos que nos sentimos muy cercanos a España”, partió su alocución.

A renglón seguido, Kast enfatizó la importancia económica y diplomática de ambos destinos, destacando el peso que tienen España e Italia como socios de Chile.

“Es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación”, añadió.

Al cierre, sostuvo que con esta gira busca generar “un vínculo hacia toda la comunidad europea, con la cual tenemos muy buenas relaciones y pretendemos seguir teniéndolas en intercambio comerciales, sociales, en temas de educación y en las más distintas materias que interesan a nuestras naciones”.

Una relación política que viene desde antes de La Moneda

El encuentro con Santiago Abascal no será una reunión entre dos dirigentes que recién comienzan a conocerse. La cercanía política entre Kast y el líder de Vox tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando el entonces presidente del recién creado Partido Republicano viajó a Madrid para reunirse con representantes de la colectividad española.

Posteriormente, ambos estrecharon sus relaciones a través del Foro de Madrid, iniciativa promovida por la Fundación Disenso, entidad vinculada a Vox. Kast figuró entre los primeros adherentes a esta plataforma.

La última edición de ese encuentro realizada en Santiago tuvo un contexto especial: coincidió con la llegada de Kast al sillón presidencial y con el cuarto aniversario de la victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. La ausencia de Abascal en esa instancia impidió que ambos concretaran un nuevo encuentro.

La reunión más reciente entre los dos dirigentes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Kast, ya en calidad de presidente electo, visitó Madrid durante su recorrido por Europa. En esa misma gira ambos dirigentes coincidieron en la Cumbre Transatlántica organizada por la Political Network for Values, en Bruselas.

Una jornada recreativa terminó en tragedia este domingo en la comuna santiaguina de San José de Maipo, luego que un grupo familiar de 13 personas salieran eyectados de la balsa en la que descendían las aguas del caudaloso río Maipo. Tres mujeres perdieron la vida, mientras que las otras diez víctimas del accidente, entre ellos varios menores de edad, fueron rescatados con heridas de diversa consideración.

Según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI), la familia habría organizado la actividad por cuenta propia, utilizando una embarcación particular y sin recurrir a alguna de las empresas de turismo autorizadas que operan en la zona.

Las tres víctimas fatales tienen 65, 45 y 33 años y cuatro personas debieron ser trasladadas a centros asistenciales, aunque ninguna en riesgo vital. En tanto, otros cuatro integrantes del grupo optaron por no recibir atención médica.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la familia habría accedido al cauce por un punto que no está habilitado para desarrollar actividades de rafting.

Exceso de pasajeros

Uno de los antecedentes que surgió durante las primeras indagatorias tiene relación con la cantidad de personas que abordaron la embarcación. De los 14 integrantes del grupo, 13 subieron a la balsa, incluidos cuatro menores de edad, excediendo ampliamente el número de ocupantes permitido.

“La ordenanza municipal de San José de Maipo nos indica que solo pueden ir seis, nos dice de una irresponsabilidad tremenda”, explicó la delegada presidencial de la Provincia Cordillera, María Angélica Villadangos.

Otro elemento que está siendo considerado por los investigadores apunta a quién estaba a cargo de conducir la actividad, pues la persona que cumplía funciones de guía sería integrante del mismo grupo familiar y la actividad habría contado además con el acompañamiento de un kayakista.

Tocante a la dinámica del accidente, las primeras hipótesis indican que la embarcación habría chocado durante el recorrido, provocando que sus ocupantes salieran despedidos de la balsa, siendo posteriormente arrastrados por la corriente.

La tragedia también tiene un componente familiar especialmente doloroso: de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la PDI, entre las tres mujeres fallecidas estarían la madre y una hermana de la persona que habría asumido las funciones de guía durante la excursión.

Por instrucción de la el fiscal de flagrancia, Denys Pavez, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, la que deberá reconstruir las circunstancias del volcamiento y establecer las eventuales responsabilidades en esta tragedia que enluta a una familia entera.

Una profunda reestructuración comenzó a tomar forma al interior de la estatal Codelco, luego de que su directorio resolviera este jueves desvincular a ocho ejecutivos y altos mandos vinculados a la Casa Matriz y a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador. La decisión se adoptó tras conocerse los resultados de una serie de auditorías que identificaron anomalías en las cifras de producción de la cuprífera, correspondiente a 2024 y 2025.

Las revisiones, realizadas tanto por equipos internos como por las consultoras externas KPMG y EY, detectaron inconsistencias en los procedimientos utilizados para registrar y comunicar los niveles de producción de cobre, antecedentes que llevaron a la administración a tomar medidas sobre distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.

La nómina de desvinculados incluye al gerente general de División Salvador; al gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; y a los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

También dejaron sus funciones el jefe de Valorización Metalúrgica de Contabilidad, el superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

Desde la corporación señalaron que las medidas forman parte de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.

“El directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente”, señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

Las auditorías

Las desvinculaciones se producen en medio de una investigación que lleva varios meses desarrollándose y que busca establecer cómo se generaron las diferencias detectadas en los reportes de producción de la minera estatal.

Los primeros antecedentes aparecieron en mayo pasado, cuando auditorías internas identificaron anomalías en los procedimientos de cierre de producción. Según los resultados preliminares, estas inconsistencias habrían provocado que los niveles de cumplimiento aparecieran por encima de los resultados efectivos.

La situación adquirió especial relevancia debido a sus consecuencias económicas: las cifras cuestionadas habrían permitido activar el pago de bonos por más de USD 14 millones a trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz.

Durante los primeros días de octubre surgieron nuevos antecedentes que fueron puestos a disposición de la justicia por la propia administración de Codelco. En esa oportunidad, la compañía informó sobre la detección de un eventual sistema de doble contabilización, mediante el cual un mismo volumen de cobre habría sido incorporado en los registros productivos de dos divisiones diferentes, generando una sobreestimación de los resultados a fin de cobrar dichos bonos.

A partir de estos hallazgos, Codelco confirmó que extendería el trabajo de las auditorías externas de KPMG y EY para revisar en profundidad los cierres correspondientes a los años 2024 y 2025, con el objetivo de determinar el alcance de las irregularidades, establecer las responsabilidades involucradas y esclarecer cómo se produjeron las diferencias entre los registros y la producción efectiva.

Así, las ocho desvinculaciones anunciadas representan las primeras salidas de alto nivel dentro de la estructura ejecutiva de la estatal a raíz de este caso.

Las cifras del desempleo en Chile no repuntan. Este jueves, el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la desocupación llegó a 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, el registro más elevado desde 2021, cuando el indicador se ubicó en un 10%.

El resultado refleja un incremento del 1,3% respecto del mismo período del año anterior y estuvo acompañado por un crecimiento de 15,3% en la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo.

El dato más preocupante es que los desempleados ya superaron la barrera del millón. En concreto, se destruyeron 102.875 empleos y el país contabilizó 1.007.976 personas desocupadas durante el período analizado.

El estudio arrojó además que el comportamiento del mercado laboral no ha sido homogéneo, pues algunas actividades productivas registraron importantes retrocesos en sus niveles de ocupación -particularmente la industria manufacturera-, donde el número de trabajadores disminuyó 8,1%.

El escenario es todavía más complejo en otras áreas: el sector de información y comunicaciones experimentó una contracción de 20,8%, mientras que las actividades financieras y de seguros anotaron una caída de 14,1%.

A este panorama se suma el retroceso de 2,5% en los trabajadores asalariados formales, una señal que también da cuenta de las dificultades que enfrenta el empleo con contrato y protección laboral.

La menor actividad se refleja, además, en la cantidad de horas destinadas al trabajo. El total de horas efectivamente trabajadas retrocedió 2,2% en un año, en tanto que el promedio semanal por trabajador bajó 1,1%, situándose en 36 horas.

Mujeres registran mayor desempleo y Santiago supera promedio nacional

Al revisar los resultados según género, las mujeres continúan enfrentando una tasa de desocupación superior a la masculina. En el trimestre analizado, el desempleo femenino alcanzó el 10,5%, lo que representa un aumento de 1,4% en comparación con igual período del año pasado.

Entre los hombres, en tanto, el indicador llegó a 9,3%, tras experimentar un incremento anual de 1,2%.

Sin embargo, al observar la evolución de la población ocupada aparece una diferencia relevante: la disminución del empleo afectó con mayor intensidad a los hombres, cuya ocupación cayó 1,9%. Entre las mujeres, la contracción fue bastante menor, alcanzando apenas un 0,1%.

La situación también preocupa en el Gran Santiago, donde el desempleo llegó a 10,4% durante julio-septiembre, superando el promedio nacional.

El indicador experimentó un alza de 1,6% en doce meses, en un escenario marcado por una reducción de 1,3% en el número de personas ocupadas.

Paralelamente, la fuerza de trabajo registró un crecimiento de 0,5%, lo que significa que aumentó la cantidad de personas disponibles para trabajar mientras disminuían los puestos de trabajo.

Qué dicen los expertos

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, admitió que las cifras “no son buenas”, mientras que el decano de la Facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile, Óscar Landerretche, recordó que la última vez que hubo un millón de cesantes fue entre julio y octubre del 2020, en plena pandemia.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, aseguró en entrevista con EmolTV que se trata de “malas noticias y ya no podemos decir que inesperadas”, y que la situación “va empeorando por el lado del empleo”

De la misma opinión fue Soledad Hormazábal, investigadora de Pivotes, quien advirtió al medio citado que “no estamos simplemente ante una economía que crea empleos insuficientes para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, sino ante una economía que está destruyendo puestos de trabajo”.

Carlos Smith, economista y académico investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES FEN UDD), señaló en tanto a BioBíoChile que “en un año hay 103.000 personas ocupadas menos y a eso hay que sumarle que hay 113.000 personas más fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, si la participación se hubiese mantenido, la tasa estaría en torno al 10,3%”.

Smith identificó una relación entre la menor inversión registrada meses atrás y la actual pérdida de puestos de trabajo. A su juicio, la contracción de la actividad inversora termina trasladándose al mercado laboral, afectando las decisiones de contratación y las oportunidades disponibles para los trabajadores.

“Lo que dejó de invertirse hace unos meses, hoy se ve en el empleo”, afirmó.

Finalmente, Smith advirtió que el problema no se limita a la menor cantidad de personas ocupadas, pues la reducción de los asalariados formales también evidencia un deterioro en las características de los empleos disponibles, con un mercado laboral que pierde estabilidad y calidad y se vuelve cada día mas precario.

Con una agenda que contempla 50 iniciativas científicas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dio el vamos este jueves en Punta Arenas (2.200 kms al sur de Santiago) a la 63ª Expedición Científica Antártica (ECA), en una ceremonia en la que destacó la creciente importancia de esa ciudad como “puerta de entrada” para las operaciones internacionales en el continente blanco.

De acuerdo al secretario de Estado, la presencia de investigadores extranjeros y el interés de distintos países por utilizar territorio nacional como punto de conexión con la Antártica consolidan una posición que Chile busca seguir fortaleciendo.

“La confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica“, afirmó el secretario de Estado.

Las cifras entregadas por la Cancillería dan cuenta de ese crecimiento. Desde 2004, los países que utilizan Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para desplegar sus programas nacionales de investigación antártica pasaron de 12 a 21. A ellos se suman otras ocho naciones que han recurrido ocasionalmente a la ciudad para organizar sus operaciones.

El respaldo logístico que ofrece la zona austral constituye uno de los principales atractivos para estas misiones, que requieren infraestructura portuaria, aeroportuaria y servicios especializados para concretar sus desplazamientos, puesto que “usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas”, subrayó el Canciller.

Más de 150 científicos participarán en la nueva campaña antártica

Esta nueva versión de la Expedición Científica Antártica considera una intensa temporada de trabajo en terreno, pues de acuerdo con las proyecciones del Gobierno cerca de 50 proyectos serán ejecutados por más de 150 científicos, quienes permanecerán en distintas zonas del territorio antártico entre noviembre y fines de marzo.

Para Pérez Mackenna, estas investigaciones tienen una dimensión que trasciende el ámbito académico, debido a su relación directa con los intereses estratégicos del país y el conocimiento de un territorio determinante para el equilibrio ambiental global.

“La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo.

El despliegue científico y operativo contempla instalaciones en diferentes sectores de la península Antártica y también en áreas interiores del continente. Entre los lugares considerados figura el glaciar Unión, ubicado aproximadamente a 1.000 kilómetros del Polo Sur, una de las zonas más remotas donde Chile desarrolla actividades de investigación.

La presencia histórica de Chile en el continente blanco

La participación nacional en la Antártica tiene también una dimensión territorial y diplomática. El continente se encuentra bajo el marco del Tratado Antártico, suscrito originalmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, instrumento internacional que establece un régimen destinado a garantizar el uso pacífico del territorio y promover la cooperación científica.

El acuerdo no reconoce la soberanía de ningún país sobre el continente y establece condiciones especiales para su utilización, sin embargo, antes de su entrada en vigor, distintas naciones habían formulado reclamaciones territoriales sobre sectores antárticos, entre ellas Chile, Argentina, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

En el caso chileno, los antecedentes se remontan a 1940, cuando el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda estableció mediante un decreto los límites del Territorio Chileno Antártico.

La presencia permanente del país comenzó a materializarse siete años después, con la inauguración de la primera instalación nacional en el continente, actualmente conocida como Base Naval Capitán Arturo Prat.

Hoy, Chile dispone de diez bases antárticas distribuidas en distintos puntos del territorio. Cinco de ellas están bajo la administración del Instituto Antártico Chileno (INACH), mientras que las restantes dependen de las Fuerzas Armadas.

La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera paralización de camioneros, luego de que transportistas independientes de San Antonio (120 kms al oeste de Santiago) iniciaran un bloqueo total de los depósitos de carga. La movilización responde al incremento sostenido del precio de los combustibles y al rechazo a cuatro nuevos pórticos TAG (peajes) asociados a la ampliación de la Ruta 78.

La protesta comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y, según los antecedentes disponibles, reúne a más de 40 camioneros independientes, mientras cerca de 200 máquinas de carga permanecen detenidas. Los organizadores anunciaron que la medida no tiene una fecha definida de término.

Manuel Araya, dirigente de Agreporsai, agrupación que reúne a porteadores independientes de San Antonio, confirmó la continuidad del bloqueo en conversación con Radio Biobío y explicó que la decisión fue adoptada después de consultar a las bases del gremio.

“Lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, afirmó.

La medida amenaza con afectar el funcionamiento de la cadena logística portuaria, particularmente por las restricciones de acceso a los recintos vinculados con la actividad de carga y descarga.

Camioneros exigen intervención directa del Ejecutivo

Los transportistas condicionaron cualquier avance a la intervención de una autoridad del Gobierno que permita abordar sus demandas tarifarias. Araya señaló que esperan un acercamiento del subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, y advirtió que la paralización continuará mientras no exista una respuesta concreta.

El dirigente descartó que el sector esté disponible para repetir las instancias de conversación que, según su planteamiento, no han permitido resolver el problema.

“Hoy día ya no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, que nos recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, añadió.

La principal exigencia apunta a conseguir un ajuste en las tarifas del transporte de carga que permita enfrentar el encarecimiento de la operación. Los camioneros sostienen que el aumento de los combustibles y los nuevos cobros asociados a la infraestructura vial están presionando sus ingresos y dificultando la continuidad de sus actividades.

Araya también hizo hincapié en que las consecuencias económicas de estos incrementos no se limitan a los propietarios de los camiones, sino que alcanzan al resto de la comunidad. En esa línea, el dirigente pidió comprensión frente a la decisión de paralizar las operaciones y manifestó su expectativa de alcanzar una salida que permita retomar el trabajo.

“Esto nos afecta a todos, el TAG, el alza de combustible (...) Nosotros queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, agregó Araya.

Negociaciones pendientes

Mientras se mantiene la interrupción de las operaciones, desde Agreporsai esperan que los responsables de los depósitos y de los puntos que generan carga se abran a negociar con ellos.

“Esperaremos no más, esperar que los gerentes de cada depósito, de cada generador de carga, se sienten a conversar con nosotros“, complementó el dirigente gremial.

Araya planteó que la estructura del sector hace especialmente difícil absorber nuevos incrementos de costos, debido al peso que tienen los operadores de menor tamaño dentro de la actividad.

“Hoy día el porteo se puede reflejar en que el 90% somos los pequeños empresarios”, subrayó.

La organización también dejó abierta la posibilidad de que otras agrupaciones se sumen a la protesta durante esta jornada. Consultado por eventuales adhesiones, el dirigente mencionó que “tal vez hoy día también se pueda unir Fede Quinta“.

Por ahora, los camioneros mantienen su decisión de impedir el ingreso y la salida de vehículos de los depósitos de carga de San Antonio, a la espera de una respuesta que permita destrabar el conflicto.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles que el abogado penalista Luis Hermosilla vuelva a prisión preventiva, acusado esta vez por presuntos delitos de cohecho y soborno por su rol en una eventual red de gestiones e intercambio de información reservada, en la que también aparecen el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La decisión se produjo luego de tres días de audiencia en que las partes expusieron sus argumentos. Los querellantes - Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez-, plantearon que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 15 delitos de cohecho atribuidos, pese a que su relación contractual con el gobierno no le confería formalmente esa condición.

La defensa, en tanto, destacó la colaboración que el penalista habría prestado durante las distintas diligencias y solicitó conservar el arresto domiciliario parcial y el arraigo nacional, decretadas por su participación en el Caso Audios.

Después de escuchar a los intervinientes, la magistrada resolvió imponer la prisión preventiva, al estimar que la libertad del imputado constituía un riesgo para la sociedad.

Conversaciones de WhatsApp, gestiones judiciales y favores cruzados

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica, examina una serie de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 que habrían tenido como propósito influir en causas judiciales, acceder a información reservada y conseguir beneficios mediante contactos personales y políticos.

Durante las tres jornadas de formalización, el Ministerio Público presentó antecedentes correspondientes a 15 hechos, respaldados principalmente por conversaciones de WhatsApp. En esos registros también aparece Chadwick, primo hermano y exministro del Interior durante el último gobierno de Sebastián Piñera, quien figura como imputado, aunque todavía no ha sido formalizado en esta arista.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a una relación de intercambios entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, cuyos contactos habrían facilitado determinadas gestiones relacionadas con investigaciones de interés público durante la administración del expresidente Piñera.

Entre los asuntos mencionados en la audiencia figuran el Caso Penta y las investigaciones penales originadas tras el estallido social.

Para los persecutores, el eventual mecanismo de corrupción no necesariamente dependía de transferencias de dinero por cada intervención. La tesis apunta a que los participantes habrían acumulado compromisos mediante gestiones y favores que podían ser retribuidos posteriormente.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, precisó que la formalización de Hermosilla en esta causa se concentra en los delitos de soborno y que el componente patrimonial quedó fuera de esta investigación específica.

“Con esos favores generaron una suerte de cuenta de ahorro corruptiva para después cobrar a su vez con otros favores. Es una forma de corrupción que evidentemente es incluso peor que la que podría resultar de un simple pago económico”, afirmó Carrera.

La contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián

Uno de los episodios que concentró parte de la discusión fue la incorporación posterior de Manuel Guerra a la Universidad San Sebastián. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) relacionó ese antecedente con la figura de un eventual cohecho subsecuente y lo utilizó para respaldar su petición de prisión preventiva contra Hermosilla.

El abogado querellante del organismo, Rodrigo Álvarez, expuso que los mensajes examinados mostrarían conversaciones previas sobre la contratación del exfiscal y eventuales gestiones para concretarla.

“Conversan sobre la futura contratación y en un momento el señor Hermosilla le pregunta literalmente si es necesario empujar algo. El señor Guerra responde que no, que Andrés ya habló con ellos y al día siguiente aparece ya contratado y lo felicitan con un sueldo completamente desajustado a los parámetros”, detalló Álvarez.

Desde la perspectiva del CDE, esos antecedentes permitirían examinar si la contratación pudo constituir una contraprestación posterior a las actuaciones investigadas. El organismo consideró este punto entre los elementos que justificaban aplicar la medida cautelar más gravosa contra el penalista.

Andrés Chadwick sigue como imputado, pero sin formalización

La situación del exministro Andrés Chadwick constituye otro de los aspectos relevantes de la investigación. Su nombre aparece en los mensajes presentados por los persecutores y en las gestiones que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, habrían desarrollado los involucrados.

La Fiscalía reconoció que existen antecedentes relacionados con el exsecretario de Estado, quien mantiene la calidad de imputado en la causa. Sin embargo, aclaró que todavía no ha resuelto si corresponde formalizarlo.

La distinción es relevante: pese a las referencias a Chadwick en las conversaciones y en la teoría investigativa, hasta ahora no se han comunicado formalmente cargos en su contra ante el tribunal por estos hechos.

Pese a que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió a ultranza este miércoles en el Congreso su postura basada en fallos anteriores de la Corte Suprema para explicar las rebajas de condenas a 56 pederastas, tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes que aseguraron ser del Tren de Aragua -buena parte de los cuales quedaron en libertad-, la centroizquierda en pleno anunció una Acusación Constitucional (AC) en su contra, asunto que también tensiona las relaciones entre los partidos oficialistas.

En su intervención ante la Cámara de Diputadas y Diputados, Rabat no ofreció disculpas por los beneficios concedidos ni calificó como equivocada su aprobación. Reconoció, eso sí, una falencia en el mecanismo: la ausencia de participación de las víctimas en el procedimiento, y también admitió haber modificado su postura inicial que apuntaba a rechazar las solicitudes, tal como lo hizo la cartera de Justicia en la administración de Boric.

En el contraataque, trasladó parte de la responsabilidad al Congreso -al que reprochó no haber solucionado las dificultades surgidas con la aplicación de la reforma de 2022-, sostuvo que su cartera debía acatar las resoluciones previas de la Corte Suprema y de paso, recordó que durante la administración anterior también se concedieron rebajas de condena, incorporando ese antecedente a su defensa.

El juicio político

El anuncio de la AC se produjo después de que el ministro concluyera su presentación en la Sala y la encargada de comunicar la decisión fue Daniela Serrano, jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, quien cuestionó los argumentos expuestos por el titular de Justicia.

“Nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y, por tanto, de manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional“, anunció.

Serrano también abordó el proyecto de resolución aprobado por la Cámara, mediante el cual se solicitó la salida de Rabat y de los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos. Según la parlamentaria, esa medida resulta insuficiente frente a la controversia.

“No nos basta, acá hay que buscar la responsabilidad política hasta el final”, afirmó taxativa.

“Sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores, y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso, o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Así que, por un tema de convicción política y también de resguardo a las víctimas, nosotros y nosotras vamos a perseverar”, acusó.

De est amanera, la resolución, aprobada con 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, exige al presidente José Antonio Kast “ejercer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, en particular, solicitar la renuncia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Fernando Rabat Celis, así como también al señor Subsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrazával, y del señor Subsecretario de Derechos Humanos, don Pablo Mira Hurtado”.

Tensión en el oficialismo

La continuidad del ministro no solo abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, sino que también profundizó las diferencias al interior de la coalición oficialista, luego de que parlamentarios de Chile Vamos (RN+UDI+Evópoli), insistieran en pedir la renuncia de Rabat, pese al respaldo expresado por el presidente Kast.

En las filas republicanas existe malestar por la posición adoptada por sus socios. Según se reconoce en el sector, las solicitudes públicas para que Rabat deje el cargo han alimentado un clima de desconfianza y cuestionamientos entre las colectividades que sustentan al Gobierno. La discusión incluso puso nuevamente sobre la mesa las dudas respecto de una eventual alianza más amplia entre Republicanos, Renovación Nacional (RN) y la UDI.

En RN, donde la discusión provocó diferencias internas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, puso paós fríos y recordó que “es el presidente de la República el que toma la decisión. Los problemas internos nuestros, obviamente, que se conversan internamente y también se solucionan internamente”.

La UDI también enfrenta dificultades para ordenar su postura. Su presidente, Guillermo Ramírez, reconoció que la colectividad atraviesa un escenario político complejo, especialmente después de que parlamentarios de su propia bancada se sumaran a las voces que piden la salida del ministro.

“Es un momento difícil, no vale la pena esconderlo”, admitió.

Las etapas de una AC

La AC es un mecanismo establecido en la Constitución para perseguir la responsabilidad de determinadas autoridades públicas cuando se les atribuyen delitos, infracciones constitucionales o legales, o abusos de poder cometidos en el desempeño de sus funciones.

La herramienta puede dirigirse contra gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales, entre otras autoridades contempladas en la normativa.

Su presentación requiere el patrocinio de un grupo de entre 10 y 20 diputados y el procedimiento puede iniciarse en contra de una autoridad mientras se encuentre en ejercicio o hasta tres meses después de haber dejado el cargo. Durante ese período, no puede abandonar el país sin autorización de la Cámara. Para los presidentes de la República, el plazo posterior al término de su mandato se extiende a seis meses.

Una vez ingresado el documento, la Cámara de Diputadas y Diputados debe designar una comisión de cinco integrantes para examinar sus fundamentos y emitir un informe. La autoridad cuestionada, por su parte, debe ser notificada y dispone de hasta diez días para comparecer personalmente o presentar su defensa por escrito.

Posteriormente, la comisión analiza los antecedentes y se pronuncia sobre la acusación. La Cámara debe destinar sesiones al conocimiento y debate del asunto, instancia en la que la autoridad puede cuestionar la procedencia formal del procedimiento y “deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.

Si los diputados acogen ese planteamiento, el proceso termina. Si lo rechazan, la tramitación continúa y la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación.

En caso de superar esa etapa, el asunto pasa al Senado, que actúa como jurado y debe resolver si la autoridad es culpable de las infracciones o abusos que se le imputan. La decisión requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, mientras que las acusaciones contra un presidente o un gobernador exigen el respaldo de dos tercios.

Una declaración de culpabilidad implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años.

Con un presupuesto de $166.600 millones de pesos (poco más de USD 169 millones) y un fuerte despliegue de recursos humanos, tecnológicos y aéreos, el presidente José Antonio Kast puso este martes en marcha desde el Aeródromo de Tobalaba la estrategia nacional para enfrentar los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.

La iniciativa busca reforzar tres frentes fundamentales: prevenir la aparición de focos de incendio, detectar oportunamente las emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante el avance de las llamas. Para ello, el plan contempla un importante contingente de brigadistas, aeronaves especializadas y sistemas de vigilancia distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Durante la presentación, el mandatario puso el acento en la responsabilidad compartida frente a una amenaza que no depende únicamente de las condiciones meteorológicas, sino también de las acciones humanas y de la capacidad de anticipación de las autoridades.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy: a la prevención y a la coordinación”, señaló Kast.

“Hoy día tenemos que generar conciencia no solamente por el tema de los aludes, el crecimiento de las quebradas, sino de cómo vamos a enfrentar un verano que va a ser duro”, agregó.

De acuerdo al jefe de Estado, “ya vemos lo que ha pasado en el hemisferio norte. Vemos como el tema del fenómeno de El Niño está afectando a a los países vecinos (...) Lo más probable es que en el verano vamos a tener que pedir colaboración también de otros países, porque, por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco, porque puede ser un verano complejo”.

Respuesta público-privada

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recordó por su parte que el combate de los incendios no constituye una tarea exclusiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), pues la estrategia involucra a distintas reparticiones públicas y contempla mecanismos de colaboración con organismos privados para mejorar la preparación y la reacción ante situaciones críticas.

“Esto no es solamente un tema de CONAF. Desde que comenzó el gobierno del presidente Kast, todo el Estado de Chile ha estado muy preocupado en cómo vamos a abordar la temporada de incendios. Y para esos efectos, todas las agencias del Estado, todos los servicios públicos, todos los ministerios que tienen que ver sobre el particular, nos hemos articulado y estamos actuando coordinadamente”, aseguró.

El plan contempla más de 40 protocolos y convenios de colaboración entre instituciones públicas y privadas, y entre las acciones previstas figuran operaciones aéreas conjuntas, simulacros regionales y labores de reducción de vegetación combustible en zonas vulnerables.

El “Botón Rojo” y 7.200 kms de cortafuegos

La modernización de las herramientas de vigilancia constituye otro de los componentes destacados de la estrategia. Según explicó la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, durante los últimos meses se han introducido mejoras tecnológicas destinadas a entregar información más precisa sobre las condiciones de riesgo.

Uno de los sistemas que será reforzado es el denominado “Botón Rojo”, herramienta que permite identificar períodos y territorios con condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios.

“Desde marzo a la fecha hemos dado un salto cuantitativo en lo que significa tecnología. Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando como ”Botón Rojo", por ejemplo, pero ahora vamos a tener “Botón Rojo” con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo".

En paralelo, la prevención territorial considera intervenciones para reducir la cantidad de vegetación que puede alimentar un incendio. El programa incluye capacitaciones, campañas informativas, preparación de comunidades y establecimientos educacionales, además de trabajos de mitigación durante todo el año.

Entre las principales medidas se encuentran la construcción de cortafuegos, puesto que “sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe. El Presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación”, cerró Baldini.

Por la cuerda floja camina estos días el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que su cartera rebajara la condena a 56 pederastas entre marzo y septiembre de este año aduciendo criterios previos de la Corte Suprema, y más aún tras la revelación de que también hubo rebajas de condenas a tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes extranjeros que aseguraron ser del Tren de Aragua, la mayoría de los cuales quedó en libertad.

Ello, puesto que a pesar de que el presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad y optó por mantenerlo en su cargo, las críticas transversales no han parado y mientras la oposición alista una acusación constitucional (juicio político) en su contra, desde el oficialismo también le piden que dé un paso al costado

A lo reproches previos hechos por figuras de su mismo sector como la excandidata presidencial Evelyn Matthei, los senadores Rojo Edwards (IND-RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN), este martes se sumaron las voces de los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI), quienes derechamente le pidieron a Rabat dejar el cargo.

“Por el bien del país, que tome la decisión y se aleje del cargo”, señaló Durán según consignó BioBíoChile, quien, eso sí, aclaró que mantiene su respaldo a la administración de Kast.

Sobre un eventual juicio político, en cambio, evitó anticipar una decisión y sostuvo que corresponde analizarla una vez que sea presentada formalmente.

De la misma opinión fue el diputado Omar Sabat (UDI), quien describió lo ocurrido como un “error garrafal” y advirtió sobre los riesgos que representa la salida anticipada de personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

En tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), también emplazó al Ejecutivo a reconsiderar la continuidad del secretario de Estado pues, a su juicio, su permanencia genera consecuencias políticas para el Gobierno y exige una respuesta que sitúe a las víctimas en el centro de las decisiones.

“La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, señaló taxativa.

Al cierre, la parlamentaria dijo esperar que el presidente Kast haga valer las responsabilidades correspondientes derivadas de la controversia, para así desactivar el juicio político en ciernes contra Rabat.

A pesar de las críticas el vocero, Gonzalo Arenas, ratificó esta jornada que el ministro de Justicia “cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional“.

Cadem: 77% desaprueba al ministro y 64% cuestiona que Kast lo mantenga

Los cuestionamientos políticos encontraron su correlato en la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este martes, la que arrojó un amplio rechazo a la gestión del ministro Rabat, y también a la determinación presidencial de mantenerlo en el gabinete.

De acuerdo con el sondeo, un 77% desaprueba el desempeño del titular de Justicia, mientras que apenas un 12% evalúa positivamente su gestión. Otro 11% no respondió la consulta.

La evaluación del Presidente José Antonio Kast tampoco quedó al margen de la controversia. Un 64% manifestó su desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat en el cargo para encabezar la búsqueda de soluciones, frente a un 27% que respaldó la determinación del mandatario.

Incluso entre las personas que aprueban la gestión presidencial, la evaluación del secretario de Estado presenta diferencias. En ese grupo, un 45% desaprueba el desempeño del ministro y un 35% lo aprueba. Pese a ello, un 68% de quienes respaldan la gestión de Kast está de acuerdo con que Rabat permanezca en sus funciones.

Asimismo, un 94% de los encuestados estuvo en desacuerdo con las rebajas de condena.

Tocante a la responsabilidad del titular de Justicia en la firma de los decretos, un 79% considera que Rabat no estaba obligado a suscribirlos, mientras que un 14% sostiene la posición contraria.

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para enfrentar la situación, un 65% prioriza impedir que se otorguen nuevas reducciones de penas. A su vez, un 54% considera necesario buscar alternativas legales que permitan revertir los beneficios ya concedidos.

La encuesta también reveló que un 79% de los entrevistados cree que es necesario modificar la Constitución, a fin de evitar que hechos como este vuelvan a suceder en el futuro.

La polémica por las rebajas de condena concedidas por el gobierno a 56 pederastas abrió un flanco sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pues la oposición evalúa un juicio político en su contra. En respuesta, el Ejecutivo optó por mantenerlo en el cargo e introdujo cambios legales para precisar los límites de estos beneficios y evitar que las diferencias de interpretación vuelvan a permitir reducciones de penas en casos similares.

La iniciativa será examinada esta tarde por la Comisión de Constitución del Senado, instancia que preside Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien convocó a sus integrantes para abordarla con urgencia.

El proyecto propone modificar la Ley 19.856, que regula las rebajas de condena por buena conducta, mediante dos cambios destinados a resolver las controversias sobre la aplicación de sus restricciones.

El primer ajuste busca aclarar el alcance temporal de la prohibición de acceder a estos beneficios, incorporada en febrero de 2022. La propuesta apunta a que dicha restricción también alcance a quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, a fin de cerrar la discusión jurídica que ha derivado en interpretaciones distintas respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

El segundo cambio apunta a suprimir una excepción relacionada con el artículo 73 del Código Penal, disposición que actualmente permite acceder a reducciones de condena en determinadas circunstancias. Eso sí, en este caso la nueva limitación se aplicaría a los delitos cometidos desde la publicación de la futura ley.

Sin embargo, la iniciativa no establece la anulación automática de los beneficios que ya fueron otorgados ni contempla modificar los efectos de las sentencias judiciales que se encuentran firmes. Ese punto marca un límite al alcance de la reforma, que busca corregir las reglas hacia adelante sin alterar automáticamente las decisiones ya adoptadas.

Entendimiento con el Ejecutivo

En medio de las negociaciones legislativas, el senador de oposición Pedro Araya (PPD) confirmó que existe un entendimiento con el Gobierno para avanzar en una solución normativa que permita resolver la disputa.

“Habría un acuerdo hoy día con el gobierno en orden a poder avanzar en un proyecto de ley que pueda zanjar este punto en forma definitiva, probablemente a través de una ley interpretativa para establecer con claridad cuáles son los criterios para optar a las rebajas de condena”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Eso sí, el parlamentario no se pronunció sobre la responsabilidad política del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, ya que podría verse obligado a intervenir como jurado.

Así las cosas, la discusión partirá a las 16:30 horas, cuando la Comisión de Constitución del Senado se reúna para revisar la iniciativa. Su presidente, Vlado Mirosevic, adelantó que buscará dar celeridad a la tramitación y de paso, fustigó la decisión del Ejecutivo de respaldar una determinada lectura de la legislación vigente.

“De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor, que era darles la razón a los violadores de menores y darles beneficios de reducción de condena”, criticó, asegurando que “este proyecto cierra completamente esa puerta y ningún gobierno, ningún ministro, ni nadie en el futuro va a poder aplicar mal ese criterio”, remató.

Una disminución en varios de los principales indicadores de seguridad fue el balance que presentó este lunes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de encabezar una nueva sesión del comité policial. Entre los antecedentes expuestos figuran menos homicidios, una caída de los robos violentos y una reducción de los ataques en la llamada Macrozona sur.

En el caso de los homicidios, las estadísticas al 18 de octubre contabilizan 733 víctimas, frente a las 867 registradas durante el mismo período del año anterior. La diferencia equivale a 134 víctimas menos. “Es decir, una disminución de un 15,5% de los casos policiales de homicidios”, explicó Arrau, según consignó Emol.

Los robos violentos también muestran una variación a la baja. De acuerdo con las cifras, estos delitos disminuyeron un 14,3% en comparación con el año pasado, lo que representa 11.915 casos policiales menos.

Otro de los puntos destacados fue el combate al narcotráfico. “Hace algunas semanas celebrábamos las 100 toneladas, y al 18 de octubre vamos en 112 toneladas incautadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”, afirmó el secretario de Estado.

Baja de ataques en la Macrozona sur

La evolución de los hechos violentos en la Macrozona sur -que comprende las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos-, también formó parte de la exposición ministerial, en momentos en que el Ejecutivo mantiene la discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción constitucional en ese territorio, el que tiene a los militares patrullando sobre todo zonas rurales.

Así, el titular de Seguridad aseguró que gracias a esa medida se registró “un 25,1% menos de ataques en la zona”.

En el frente legislativo, Arrau valoró la aprobación de la ley de fortalecimiento de Carabineros, que considera recursos por $106 mil millones (USD 96.778.300). El Gobierno, además, trabaja en una propuesta destinada a reforzar las capacidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y según adelantó el ministro, la iniciativa se encuentra en sus últimas etapas antes de ser ingresada al Congreso.

Nuevas atribuciones para agilizar las expulsiones administrativas

El ministro también puso el foco en los cambios legales vinculados al control migratorio y destacó la aprobación de la normativa que fortalece las expulsiones administrativas, con modificaciones orientadas a facilitar su aplicación práctica.

De acuerdo a Arrau, “es una ley que da bastantes más facultades, incluso permite el ingreso a viviendas con autorización judicial por supuesto, notificaciones por medios digitales y hace bastantes mejoras que debería allanar el camino para una función más eficaz de la Policía de Investigaciones”.

Como parte de esa estrategia, el ministro informó que la PDI realizó la semana pasada un nuevo operativo masivo de fiscalización, en el que “se detectaron 347 personas en incumplimiento o irregularidad migratoria (...) seguiremos todas las semanas en diferentes partes de Chile haciendo operativos para poder ir ordenando, poco a poco, ese desorden que se permitió durante muchos años”.

Al cierre, Arrau también destacó que los ingresos irregulares a territorio nacional registraron una caída del 85,8% durante este año, mientras que “las salidas voluntarias y expulsiones también han aumentado”.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que el fenómeno registrado en Requínoa cerca de las 17:30 horas dejó al menos 20 viviendas afectadas y destruyó por completo un colegio de 300 alumnos, en pleno horario de clases.

De inmediato, el organismo declaró Alerta Roja para Requínoa y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en tanto, estimó que el fenómeno correspondió a un tornado de categoría EF2, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Waldo Valdivia, alcalde de Requínoa, señaló a 24 Horas que durante el paso del tornado “había docentes, todo el personal y alumnos acá. Pero gracias a Dios, no hay personas lesionadas, es lo que se nos ha informado. Sí un daño importantísimo en su infraestructura. Su gimnasio prácticamente totalmente destruido, varias salas de clases, ventanales rotos y un container que voló y quedó en el camino”.

Estragos en la capital

En Santiago, por otra parte, las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y granizos activaron quebradas en la precordillera que provocaron inundaciones en el sector oriente, donde el agua descendió arrastrando grandes cantidades de material.

En el sector de El Arrayán, en Lo Barnechea, las corrientes bajaron desde los cerros cargadas de barro, piedras, troncos y ramas, golpeando viviendas y bloqueando caminos. En las inmediaciones de Camino El Cajón, el aluvión destruyó una capilla y dejó una vivienda completamente arrasada.

En el sector de Huallalolén, unas 200 personas quedaron aisladas debido a la acumulación de piedras y barro en las vías de acceso. En paralelo, Bomberos debió rescatar desde una residencia de adultos mayores al menos a 16 personas.

Los desprendimientos de terreno obligaron a suspender el tránsito también en la Ruta G-21 que conduce hacia Farellones, luego de que se reportaran remociones en masa a la altura del kilómetro ocho. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, informó que alrededor de 150 personas, entre turistas y trabajadores, permanecían aisladas en esa zona.

También se reportaron calles inundadas y desbordes de quebradas producto de las intensas precipitaciones en las comunas de Peñalolén y La Reina, mientras que en Las Condes las precipitaciones volvieron a anegar las calles del barrio San Carlos de Apoquindo, sector que ya había sufrido los efectos de un aluvión el pasado 8 de octubre.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló que en aproximadamente una hora se acumularon 20 milímetros de lluvia, volumen que contribuyó al rápido incremento del caudal.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que las obras preventivas permitieron contener parte del material aunque no evitaron las complicaciones en otros puntos de la comuna, y anunció nuevos catastros para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar el retiro del material acumulado.

El presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una reunión con parte de su equipo ministerial para analizar el ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), iniciativa impulsada por Donald Trump que busca articular una respuesta regional para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro reunió a los titulares de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, en un ambiente de cautela respecto de la adhesión formal al mecanismo, al que Chile se ha acercado bajo la figura de “observador”.

A pocos días de la cumbre de la A3C programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana -instancia en la que se espera avanzar en la formalización de la coalición-, el punto más sensible está precisamente en el alcance de esa cooperación, puesto que esta iniciativa paralela al Escudo de las Américas no se limita al intercambio de información y abre la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas de los países participantes en operaciones contra redes delictivas, bajo esquemas de coordinación regional.

Cautela en Defensa y la presión del oficialismo

Cabe recordar que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó la idea de que Washington incremente su presencia militar en el continente, aludiendo a la llamada “Doctrina Donroe” planteada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, sostuvo Barros en agosto pasado.

Parte de la discusión se ha concentrado en distinguir la A3C del Escudo de las Américas, a la que Chile adhirió en septiembre, decisión que no supone automáticamente su incorporación formal a esta nueva coalición contra las organizaciones criminales.

Aunque ambas iniciativas se inscriben en la estrategia regional de Trump para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, la A3C contempla una dimensión operativa y militar que ha generado mayores interrogantes entre las autoridades chilenas.

Por esa razón, el Gobierno ya comunicó hace un par de semanas al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, que Chile participará inicialmente bajo esta figura, determinación que busca mantener abierta la evaluación de las consecuencias jurídicas, políticas y operativas de una adhesión plena.

La discusión, sin embargo, ya trascendió el ámbito de las relaciones exteriores y comenzó a generar presión dentro de las propias fuerzas que respaldan a Kast.

El viernes pasado, representantes de partidos oficialistas solicitaron al mandatario reconsiderar la decisión de mantener al país fuera de la membresía plena de la coalición.

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, advirtió que sería un error que Chile se restara de una alianza orientada a combatir las organizaciones criminales, postura que fue refrendada por Arturo Squella, senador y líder del Partido Republicano, quien alertó sobre las consecuencias que podría tener la ausencia de Chile como integrante pleno del mecanismo.

El presidente chileno José Antonio Kast reconoció que el Gobierno cometió un error en la gestión de las 56 rebajas de condena concedidas a reos sentenciados por delitos sexuales contra menores, pero descartó sacar a Fernando Rabat del Ministerio de Justicia y le encomendó una tarea: encabezar las medidas destinadas a corregir lo ocurrido.

Desde el Palacio de La Moneda junto a Rabat y rodeado de varios ministros, Kast calificó la situación como “grave”, “profundamente dolorosa” e “inaceptable”.

“Quiero hablarle a todo Chile, y especialmente a las víctimas y sus familias. Durante estos últimos años, el Estado otorgó rebajas de condena a más de 300 condenados por abuso sexual y violación de niños”, comenzó su alocución.

“A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde. Como gobierno, que va más allá del poder Ejecutivo, nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”.

De acuerdo al mandatario, ahora “hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo, y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema: el vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno”.

“Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”.

De paso, aseguró que “el ministro Rabat ha reconocido la gravedad del ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”.

“Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró (...) Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas, en primer lugar, y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura, para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, remató.

Vendaval legislativo

En medio de ese debate, y mientras la oposición analiza la viabilidad de un juicio político en contra del ministro Rabat, Jaime Gajardo y Luis Cordero, exministros de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, pusieron sobre la mesa una iniciativa que ya se encuentra en tramitación y que, a su juicio, permitiría abordar los problemas de interpretación que quedaron expuestos.

Se trata del proyecto que establece tribunales especializados para resolver controversias surgidas durante la ejecución de las penas. La propuesta busca ordenar los procedimientos judiciales asociados al cumplimiento de las condenas y evitar que los recursos de amparo se transformen en una vía recurrente para resolver discusiones sobre beneficios penitenciarios.

La iniciativa, de origen transversal, fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2024, con 133 votos favorables, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

A la discusión se suma un proyecto que el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal y nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, anunció que pondrá en tabla este martes, que busca prohibir expresamente que los futuros ministros de Justicia concedan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

En conversación con el programa político Mesa Central este domingo, Mirosevic explicó que el texto fue trabajado con representantes de distintos sectores, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y que se fusionará con otra moción presentada previamente por legisladores de diversas bancadas.

La propuesta no es la única que apunta en esa dirección. Senadores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD), también anunciaron una iniciativa destinada a garantizar que la exclusión de estos condenados se aplique efectivamente.

Hay preguntas que, con el paso de los días, se vuelven más difíciles de responder. En el pacífico balneario de Santo Domingo (120 km. al este de Santiago), mientras el viento recorre las dunas y los equipos de emergencia avanzan por los sectores próximos al litoral, una de ellas sigue sin encontrar respuesta: ¿qué ocurrió con María Soledad Baasch?

A poco más de dos semanas después de su desaparición, los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones (PDI) no han permitido determinar dónde se encuentra. La búsqueda continúa bajo la coordinación de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), en un operativo que reúne a distintas instituciones y mantiene la atención puesta en cada elemento encontrado durante los rastreos.

Esta historia comenzó el pasado jueves 8 de octubre. Esa mañana, Baasch, de 60 años, salió de su departamento en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, con un destino claro: una automotora donde alquiló un vehículo, asunto que no comunicó a su familia.

El automóvil elegido fue un Peugeot 208 blanco, el que seis días después apareció estacionado en las inmediaciones de la playa Santa María del Mar, en Santo Domingo, Región de Valparaíso.

En su interior los detectives encontraron ropa y otros objetos personales de la mujer, incluido su teléfono celular. De María Soledad, sin embargo, no había rastro alguno. A partir de entonces, el vehículo dejó de ser solamente un punto de referencia geográfico y se convirtió en una pista clave para intentar reconstruir lo sucedido.

La búsqueda

Las diligencias policiales se han concentrado en los alrededores del lugar donde apareció el Peugeot y en sectores que podrían ayudar a esclarecer los últimos desplazamientos de la mujer. La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), explicó la relevancia de estos hallazgos y del trabajo desplegado en el sector.

“Por diligencias investigativas que se han realizado, tenemos posicionada a la mujer entrando en la playa Santa María el día 8 de octubre en horas de la tarde. Se han encontrado diversas especies de la persona, tanto ropa como cosas personales, lentes, celular, tarjetas, que nos dan certeza. Es por eso que los esfuerzos de búsqueda se concentran en esta zona”, señaló, según consignó CHV.

Mientras las especies encontradas están siendo sometidas a peritajes, los investigadores buscan establecer qué ocurrió después de que Baasch llegara a la costa. Cada antecedente puede contribuir a delimitar las áreas de búsqueda y a reconstruir una secuencia de movimientos que, hasta ahora, permanece incompleta.

La investigación también contempla el análisis de registros audiovisuales. Las imágenes recopiladas permiten observar parte del trayecto de la mujer, desde el punto donde dejó el automóvil hasta el acceso a la playa. Se trata de información que podría ayudar a precisar sus desplazamientos y orientar las diligencias en terreno.

“Es por eso que ahora nos encontramos trabajando con la Armada, con Bomberos, con personal de la Defensa Civil, con PDI tanto de Santiago como de San Antonio, en la búsqueda de la persona desaparecida”, agregó García-Huidobro.

El despliegue considera cerca de 50 personas, distribuidas en distintos puntos de la zona. Las batidas se han concentrado especialmente en las dunas y en los sectores próximos al lugar donde fue encontrado el automóvil, un terreno en el que la geografía obliga a revisar cuidadosamente cada área.

El domingo 18 de octubre, personal de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de San Antonio inició un despliegue marítimo y terrestre para apoyar la búsqueda de María Soledad. En el marco de las diligencias dispuestas por la Fiscalía Local de Las Condes, efectuaron patrullajes en una lancha entre Las Brisas de Santo Domingo y la desembocadura del río Maipo.

Dichas labores también han contado con drones, medios de exploración submarina, buzos y binomios caninos. Durante los días 19 y 20 de octubre continuaron los patrullajes marítimos y terrestres en distintos sectores del borde costero entre Cartagena y Santo Domingo.

El Capitán de Puerto de San Antonio, Capitán de Fragata Roberto Asencio, señaló que “hemos desplegado personal y medios marítimos para apoyar la búsqueda, en coordinación con las instituciones participantes, contribuyendo a las diligencias y entregando los antecedentes recabados al Ministerio Público”.

Una incógnita sin resolver

En paralelo a las labores sobre el terreno, los registros audiovisuales se han convertido en otra pieza clave para los investigadores, pues las cámaras de seguridad han permitido reconstruir parte del recorrido de María Soledad y establecer referencias sobre sus movimientos por el sector costero.

Aun así, la información reunida todavía no ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurrió después de su llegada a Santo Domingo. La presencia de sus pertenencias, los registros de su desplazamiento y la ubicación del vehículo son antecedentes que ayudan a orientar las pesquisas, pero no bastan para determinar su destino.

Poco más de dos semanas después de la última vez que se supo de María Soledad Baasch, el Peugeot blanco continúa siendo uno de los puntos claves de una investigación que intenta unir las piezas disponibles. Las prendas de vestir, los objetos personales y las imágenes de las cámaras ofrecen referencias para reconstruir sus últimos movimientos, pero la respuesta sobre su paradero aún sigue pendiente.

Críticas desde todo el espectro político enfrenta el gobierno luego que un reportaje del medio Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia rebajó las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo al artículo, 27 de los beneficiados cumplían condenas por abuso sexual y otros 29 por violación y solo una de las solicitudes presentadas fue rechazada.

La noticia provocó reacciones transversales. El exministro de esa cartera, Jaime Gajardo, y la exvocera Camila Vallejo, recordaron que durante la administración de Gabriel Boric el criterio político fue rechazar sistemáticamente cada una de estas solicitudes, y acusaron al gobierno de modificar esta directriz de manera injustificada.

En tanto, diversos sectores parlamentarios fustigaron que el Ministerio de Justicia otorgara el beneficio de reducción por vía administrativa -directamente por decreto-, pese a reconocerse que ninguno de los 56 reos beneficiados contaba con un recurso judicial particular ganado en tribunales para este proceso.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, apuntó a la fuerte contradicción del discurso gubernamental, cuestionando que el Ejecutivo prometa públicamente “mano dura” contra la delincuencia cuando en la práctica aminora las penas de agresores sexuales de niños, mientras que el diputado Jaime Mulet aseguró que se trata de un “indulto parcial” encubierto.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez manifestó su enérgico rechazo, denunciando un grave retroceso en la protección de la infancia, y exigió aclarar qué medidas y resguardos concretos se adoptaron para las víctimas de los delincuentes favorecidos.

La respuesta del gobierno

Desde el Ejecutivo defendieron la medida y descartaron que las decisiones respondan a una determinación discrecional del Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo este miércoles que se ajustó estrictamente a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema.

Según explicó el titular de la cartera, el escenario jurídico cambió con la entrada en vigencia de la modificación legal de 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios en los delitos contemplados por la normativa. Antes de ese cambio legislativo, la Corte Suprema acogió recursos de amparo presentados por personas condenadas, estableciendo criterios que posteriormente debían ser considerados por la autoridad administrativa.

En esa línea, Rabat argumentó que la decisión consistió en asumir dicho criterio de forma generalizada.

“La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el Ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue seguir la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó el secretario de Estado.

Tocante a si no correspondía que cada condenado tramitara su pretensión de manera individual ante los tribunales, Rabat reiteró que “lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, y al cierre negó que todo el asunto se haya hecho sin informar a la opinión pública.

“¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución”, argumentó.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la participación del presidente José Antonio Kast, cuya firma aparece en los decretos que autorizaron las reducciones de pena. Consultado por este aspecto, Rabat explicó que las decisiones judiciales deben materializarse mediante actos administrativos y que la firma presidencial forma parte de ese procedimiento.

La ofensiva legislativa

Así las cosas, en cuestión de horas diputados y senadores de todos los colores políticos anunciaron cinco iniciativas legislativas con el mismo objetivo: impedir que los responsables de estos delitos puedan acogerse a rebajas de condena bajo determinadas condiciones.

La primera vino desde la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, que presentó una propuesta de reforma constitucional para modificar los criterios temporales aplicables a las reducciones de condena.

La diputada Emilia Schneider (FA) también anunció un proyecto orientado a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores obtengan reducciones de pena mediante interpretaciones de la normativa que regía antes de 2022.

Desde la Cámara Alta, el senador Arturo Squella (REP) anunció una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, con el objetivo de asegurar que la exclusión de estos beneficios tenga una aplicación efectiva.

Asimismo, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) se incorporó a la ofensiva legislativa con un proyecto que pretende extender la prohibición de acceder a rebajas de condena a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022, y tiene previsto reunirse esta jornada con el ministro Rabat para examinar su viabilidad jurídica.

La quinta propuesta fue anunciada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), e incorpora mayores exigencias de fundamentación y mecanismos de control para la concesión de reducciones de condena.

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó que a partir de esta jornada el precio de los combustibles tendrá un nuevo aumento, el quinto consecutivo desde julio pasado. Esta vez, el mayor impacto se concentra en el diésel, que subió $91,5 por litro (USD 0,93), mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentaron un aumento de $41,3 por litro (USD 0,41).

La parafina tampoco quedó al margen de la variación, con un alza de $24,8 por litro (USD 0,25). En tanto, el gas licuado (GLP) destinado al uso vehicular registró un incremento de $13,9 por litro (USD 0,14).

Desde fines de julio, el precio de las gasolinas acumula un incremento de $183,4 por litro (USD 1,85). En el caso del diésel, la variación total llega a $401,4 por litro (USD 4,06), diferencia que explica en buena parte la inquietud que existe entre los gremios del transporte de carga y pasajeros.

El escenario es particularmente complejo para los pequeños transportistas, que representan una parte importante del sector y que no siempre cuentan con suficiente margen para absorber los costos adicionales o traspasarlos íntegramente a las tarifas de los fletes.

Hacienda defiende el mecanismo de estabilización

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Ejecutivo está “haciendo un esfuerzo muy grande por que estas alzas sean lo más pausadas posibles dentro de lo que permiten las finanzas públicas”.

Según detalló, la intervención fiscal asociada a esta tarea ha representado un efecto de aproximadamente $300 mil millones (USD 304.049.284), en tres semanas.

El instrumento al que apunta el Gobierno es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), diseñado para amortiguar las fluctuaciones de los valores internacionales y evitar que todos sus efectos se traspasen de inmediato a los consumidores.

El sistema contempla revisiones periódicas de los precios de las gasolinas y el diésel, con ajustes cada tres semanas. Sin embargo, su funcionamiento y los límites de las variaciones han quedado bajo escrutinio después de los fuertes incrementos registrados durante el año.

A fines de marzo, el mecanismo fue neutralizado de manera excepcional, situación que derivó en el denominado “bencinazo”. En esa oportunidad, la gasolina de 93 octanos aumentó $372,2 (USD 3,77) por litro, mientras que el diésel experimentó una subida de $580,3 (USD 5,88) por litro.

En el caso de las gasolinas, el economista Mauricio Vásquez explicó a Emol que el mecanismo contempla un límite de incremento de 2,4% por cada período de tres semanas. Para el diésel, en cambio, ese mismo tope no se está aplicando, por lo que el monto de los reajustes queda sujeto a las decisiones de Hacienda.

A fines de septiembre, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, había anticipado que los valores observados en ese momento hacían prever aumentos de magnitud similar cada tres semanas hasta comienzos de diciembre. De esta manera, el próximo reajuste de las gasolinas y el diésel está previsto para entrar en vigencia el próximo 12 de noviembre.

Camioneros: “Situación insostenible”

La sucesión de incrementos tiene más que preocupados a los gremios del transporte. Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, advirtió que los pequeños transportistas enfrentan una situación cada vez más difícil, debido a que el encarecimiento del combustible no siempre puede reflejarse en el precio de los servicios que prestan.

“Esto es un golpe más al bolsillo de muchos camioneros”, señaló Martínez, quien calificó el panorama como “insostenible” y cuestionó lo que considera una falta de voluntad política para abordar algunas de las alternativas disponibles.

Desde la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, en tanto, anunciaron la realización de un consultivo nacional ampliado para el 4 de noviembre, en Santiago, instancia que buscará recoger la opinión de las bases y definir la posición del gremio ante las autoridades.

En paralelo, camioneros de San Antonio tienen prevista una reunión esta jornada con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler Duncker, para abordar el precio del diésel y las tarifas de los fletes.

En el corazón del desierto más árido del mundo comienza a tomar forma una apuesta que busca cambiar el mapa productivo del norte chileno: llevar agua desalada a terrenos fiscales en el desierto de Atacama y convertirlos en campos de cultivo.

La propuesta es impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y tiene un objetivo que va más allá de la producción de fruta: generar nuevas fuentes de empleo en una región que podría beneficiarse de una actividad agrícola de mayor escala.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó este martes en entrevista con EmolTV que “estamos conversando con mucha gente y pensando fuera de la caja para ver cómo generamos más fuentes de trabajo en el país”.

La iniciativa considera aprovechar las condiciones climáticas de la zona y compensar la falta de agua mediante tecnología de desalación. La meta inicial es habilitar una superficie de 450 hectáreas, siempre que se logre resolver la ecuación económica que permita sostener el proyecto.

Según las estimaciones entregadas por el biministro, un plan piloto de esa magnitud podría generar cerca de 3.000 puestos de trabajo durante la temporada de cosecha.

Mas reconoció que el precio del recurso hídrico constituye la principal dificultad para avanzar. Por eso, el Ejecutivo estudia cómo estructurar un esquema que permita financiar las primeras 450 hectáreas y comprobar si el modelo demuestra resultados.

Arándanos en el desierto

El plan piloto que impulsa el gremio agrícola contempla inicialmente 200 hectáreas destinadas al cultivo de arándanos en maceta, con riego mediante agua de mar desalinizada, en terrenos ubicados a 20 kilómetros al norte del aeropuerto Desierto de Atacama, en la comuna de Caldera (870 kms al norte de Santiago).

Eso sí, el presidente de la SNA, Antonio Walker, advirtió que si las plantas no se siembran en Chile durante mayo de 2027 terminarán siendo cultivadas en Perú, tal como sucedió con su propuesta inicial que no llegó a buen puerto en el último gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto contempla una inversión estimada de entre USD 25 y USD 30 millones y según el dirigente gremial, hay un inversionista chileno dispuesto a asumir el riesgo inicial. La fórmula planteada considera que el Estado facilite los terrenos fiscales y apoye el financiamiento de la inversión de partida, mientras el sector privado se haga cargo de los costos operacionales.

La propuesta fue presentada a Mas el 16 de septiembre pasado, en una reunión en la que también participó Alejandro García-Huidobro, fundador y CEO de Prize, empresa productora y exportadora de arándanos con operaciones en Chile y Perú.

Perú, el modelo a imitar

La semana pasada, Mas y Walker viajaron a Perú para conocer experiencias de desarrollo agrícola en zonas áridas y los sistemas de irrigación que han permitido ampliar la superficie cultivada en ese país.

El caso peruano ofrece una referencia relevante, aunque no se trata de un modelo idéntico al que se busca implementar en Atacama. Allí, parte de la expansión agrícola se ha apoyado en el traslado de agua desde zonas de mayor disponibilidad hacia valles secos, una alternativa que, según Mas, tiene un costo algo menor que la desalación.

“Esto ya se hace en otras latitudes y tenemos que adaptarlo al modo chileno”, planteó el biministro.

Las cifras expuestas por Walker dimensionan la diferencia entre ambos países: Perú cuenta con 2,6 millones de hectáreas regadas y exportaciones frutícolas por USD 15.000 millones, mientras Chile registra alrededor de 900.000 hectáreas bajo riego.

Para los impulsores de la iniciativa, esa brecha representa una oportunidad para explorar nuevas superficies productivas en el norte chileno, siempre que se resuelvan las limitaciones hídricas y financieras.

El proyecto también abrió una discusión sobre el uso productivo del patrimonio estatal. La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó que la propuesta permite mirar los terrenos fiscales como una herramienta para generar nuevas actividades económicas, incluso en territorios marcados por la escasez de agua.

Desde la cartera de Agricultura, el ministro Jaime Campos también valoró la iniciativa y señaló que se enmarca en la búsqueda de alternativas para ampliar las posibilidades de desarrollo agrícola en el norte del país, aunque de paso advirtió que el desafío requiere una mirada de largo plazo y una visión de país.

La Fiscalía Regional de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una red criminal dedicada al robo y comercialización de cobre desde las instalaciones de la mina El Teniente de Codelco en Rancagua (85 kms al norte de Santiago). El megaoperativo policial, bautizado como “Operación Veta Roja”, contempló el allanamiento de 70 viviendas y movilizó a unos 300 uniformados, dejando un saldo de 59 detenidos.

Entre las especies incautadas figuran cobre, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y herramientas utilizadas para ejecutar los delitos, razón por la cual todos serán formalizados este jueves por los delitos de robo en bienes nacionales de uso público, usurpación, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.

De acuerdo al Ministerio Público, la banda operaba hace al menos dos años y su líder era un excarabinero que ya había sido investigado en 2023 por hechos relacionados con la receptación de cobre proveniente también de Codelco, causa por la que recibió una condena de 541 días mientras aún prestaba servicios en la Primera Comisaría de Rancagua.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, destacó el trabajo investigativo que permitió reunir antecedentes durante diez meses y desarticular la estructura criminal.

“Hemos desarrollado una investigación que en definitiva llevó a desbaratar una banda con 59 detenidos. Vamos a formalizar 30 delitos de robo y hurto de cobre”, adelantó este martes el persecutor, según consignó Emol.

Información desde el interior de El Teniente

La indagatoria también alcanzó a trabajadores de la cuprífera estatal, puesto que dos funcionarios de la mina habrían “dateado” al resto de los integrantes de la red.

“Daban información privilegiada a las demás personas que se dedicaban al robo y comercialización del cobre”, explicó por su parte el fiscal de Análisis Criminal, Carlos López.

Sin embargo, la Fiscalía no ha podido establecer aún con precisión el volumen total de cobre robado, puesto que su cantidad varía según cada episodio.

“Es relativo, porque tenemos alrededor de 30 hechos que vamos a formalizar. Algunos son de 600 kilos, otros de 800 kilos. No podría dar una cifra precisa ahora”, explicó el persecutor.

Tocante al destino de la carga, todo indica que era traslada hacia puntos de comercialización ubicados principalmente en Santiago y el puerto de San Antonio.

Sus roles

Los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa describen una estructura bien organizada, en la que cada integrante cumplía una tarea específica. La operación no terminaba con el robo del cobre, pues el material debía salir de zonas de difícil acceso, llegar a sus compradores y transformarse en dinero contante y sonante sin levantar sospechas.

Así, en los sectores cordilleranos actuaban las denominadas “cuadrillas de montaña”, encargadas de sustraer el mineral. Luego, el cobre era entregado a los llamados “muleros”, quienes utilizaban animales para transportarlo desde la montaña hasta lugares donde pudiera ser acopiado y trasladado con mayor facilidad.

Otro grupo estaba compuesto por los “cortadores”, a quienes se atribuye la sustracción de cobre desde líneas eléctricas. Luego venían los receptadores, que utilizaban empresas de chatarra como fachada para dar salida comercial a las especies robadas. Dichas empresas habrían permitido insertar el cobre en el mercado y dificultar la identificación de su origen.

La investigación también identificó a presuntos testaferros, quienes habrían puesto bienes o ganancias a su nombre para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones, y a ellos se suma la participación de una mujer a cargo de las operaciones financieras de una de las empresas vinculadas a la estructura.

El Senado aprobó este martes con 37 votos a favor y una abstención el proyecto que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la legislación chilena, gracias al cual el Ejecutivo suma nuevas herramientas para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes y reducir las dificultades que, hasta ahora, han complicado su aplicación.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, valoró el resultado de la votación y destacó los cambios introducidos durante la discusión legislativa, especialmente tras el paso de la iniciativa por una comisión mixta.

“Había una serie de dificultades. Se presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley fue mejorado por el actual Ejecutivo. Fuimos a una comisión mixta. Esa comisión mixta, por la unanimidad de sus integrantes, acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”, señaló Ruminot.

Más herramientas

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa apunta a un problema operativo: encontrar a las personas que mantienen órdenes de expulsión vigentes y ejecutar su deportación.

Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ahora solicitar autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona requerida y proceder a su detención. El magistrado tendrá un máximo de 24 horas para resolver la petición, incorporando así una revisión judicial previa a la diligencia.

La reforma también entrega nuevas facultades al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para recabar antecedentes que permitan ubicar a personas en situación migratoria irregular. Las solicitudes de información podrán dirigirse a particulares, empresas y funcionarios públicos, aunque la norma contempla límites y entre las restricciones se encuentran la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales, así como información relativa a menores de edad.

La iniciativa incorpora, además, mecanismos destinados a facilitar la identificación y tramitación de los casos. Entre ellos figuran el registro biométrico obligatorio para extranjeros infractores mayores de edad y la posibilidad de retener documentos de viaje.

Menor plazo para una reclamación

Otro de los cambios relevantes está en los plazos para impugnar una orden de expulsión administrativa. Con la nueva regulación, el período para presentar una reclamación judicial se reducirá de diez a cinco días. Además, la presentación del recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida.

En términos prácticos, reclamar una expulsión ya no será suficiente, por sí solo, para detener su cumplimiento. La modificación busca evitar que la sola interposición de una acción judicial paralice necesariamente el procedimiento.

La reforma también amplía las causales que pueden justificar una expulsión administrativa, incorporando las graves afectaciones al orden público. A ello se suma un endurecimiento de las restricciones para regresar al país: el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile aumentará de tres a cinco años.

La normativa establece, asimismo, que las órdenes de expulsión se mantendrán vigentes hasta que sean ejecutadas. De esta forma, la medida no perderá vigencia simplemente por el transcurso del tiempo antes de materializarse.

Tres procedimientos policiales ejecutados en distintos puntos de la Región de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago) permitieron sacar de circulación 798 kilos de marihuana y detener a seis personas en un lapso de cuatro días. Las operaciones, desarrolladas la semana pasada, tuvieron como escenarios la Ruta 5 Norte, Calama y el sector fronterizo de Inacaliri, en la frontera con Bolivia.

Los resultados fueron presentados este lunes en un punto de prensa por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, junto a autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en una jornada marcada por dos hitos: los 25 años de la Reforma Procesal Penal en la región y el cumplimiento de tres años de su gestión al frente del Ministerio Público regional.

Pero más allá de la cantidad de droga decomisada en estos últimos operativos, el persecutor puso el acento en la metodología detrás de estos, la que busca identificar las estructuras criminales y seguir la “ruta del dinero”, y no limitar la persecución penal a quienes trasladan los cargamentos.

Los tres operativos

El primer procedimiento se concretó el jueves pasado, luego de un seguimiento iniciado en la Ruta 5 Norte cuando carabineros fiscalizaron un furgón en el sector La Negra, en Antofagasta, en cuyo interior hallaron más de 622 kilos de marihuana ocultos en el área de carga.

El conductor fue detenido en el lugar y la investigación posterior permitió identificar a otros dos involucrados que cumplían funciones de “punta de lanza”, es decir, de apoyo y alerta durante el desplazamiento del cargamento, quienes fueron detenidos posteriormente en Caldera.

La segunda incautación ocurrió el viernes en Calama, cuando a partir de información de inteligencia detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI fiscalizaron una camioneta que transportaba un baño químico. Al inspeccionar su interior, encontraron 128 paquetes con 131 kilos de marihuana, cuyo destino era la zona central del país.

El tercer procedimiento tuvo lugar este domingo en el sector de Inacaliri, donde personal del retén fronterizo detuvo a dos adolescentes que habían ingresado a Chile desde Bolivia con 44 kilos de marihuana en sacos.

Los imputados por los dos primeros operativos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación de los menores de edad será abordada por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente.

127,8 toneladas de drogas decomisadas en tres años

Castro Bekios sostuvo que los procedimientos forman parte de una tendencia que comenzó en octubre de 2023 y que, hasta la fecha, suma 127,8 toneladas de droga incautada en la región, volumen que equivale a 276 millones de dosis y representa un valor estimado de $810 mil millones de pesos (USD 828.132.916).

Por otra parte, entre enero y octubre de 2026 las incautaciones alcanzan las 62,3 toneladas, lo que se traduce en un promedio de 214 kilos decomisados diariamente.

El persecutor también comparó las cifras recientes con los registros nacionales de años anteriores para dimensionar los cambios que ha experimentado el narcotráfico y la respuesta de las instituciones encargadas de combatirlo.

“En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, solo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo.

El fiscal vinculó estos resultados con los tres años que lleva al mando de la Fiscalía Regional y con el aniversario de la Reforma Procesal Penal, planteando que la evolución de las organizaciones criminales ha obligado a modificar las estrategias de investigación.

“En 25 años el crimen cambió, pero en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”, profundizó el persecutor.

Perseguir las redes

La estrategia descrita por Castro Bekios apunta a intervenir en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, desde el ingreso de la droga por pasos fronterizos hasta su almacenamiento, traslado y distribución hacia el norte del país.

En esa línea, el fiscal regional enfatizó que las incautaciones no representan por sí solas el objetivo final de las investigaciones, sino que forman parte de un trabajo orientado a identificar a los responsables de organizar las operaciones y seguir el rastro de los recursos económicos asociados a ellas.

“No celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”, remató el exitoso persecutor.

El Gobierno chileno expulsará del país a seis ciudadanos extranjeros detenidos durante los disturbios registrados el domingo pasado en Santiago, en medio de las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social que dejaron seis carabineros heridos.

La decisión fue anunciada la noche de este lunes por el presidente José Antonio Kast, quien instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) a utilizar las herramientas disponibles para llevar a cabo la medida.

A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público. He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

En la misma publicación, Kast destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley destinado a agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular.

Migraciones activa procedimientos administrativos

Tras el anuncio, el Sermig confirmó que comenzará a tramitar la revocación de las residencias definitivas de los seis detenidos, a fin de avanzar hacia su expulsión del país.

El director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, precisó que tres de los involucrados son peruanos, dos haitianos y uno venezolano. De ese grupo, los cinco primeros cuentan con residencia definitiva. Además, uno de los ciudadanos haitianos había solicitado la nacionalidad chilena, petición que fue rechazada.

Sauerbaum confirmó que ya se trabaja en los procedimientos administrativos necesarios para dejar sin efecto dichos beneficios migratorios.

“Como ha señalado el presidente Kast, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, afirmó la autoridad.

“No se puede permitir este tipo de situaciones, y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público”, remató el director del Sermig.

Los antecedentes de los seis detenidos

Según antecedentes entregados por el organismo, en el caso de los ciudadanos peruanos, Raúl Yupanqui Ulloa registra una detención en flagrancia en 2022, mientras que Reynaldo Héctor Abad Salazar fue detenido en circunstancias similares en 2024, aunque ninguno de los dos casos derivó en una orden de expulsión.

En tanto, el tercer ciudadano peruano, Víctor Diestra, fue apresado por falta de respeto a la autoridad.

Entre los ciudadanos haitianos, Ives Dossous fue arrestado por porte de arma cortante o punzante, mientras que Jean Claydy Delphonse mantenía una orden vigente al momento de su detención.

Por su parte, el ciudadano venezolano Isario Barreto fue arrestado por una infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.

En medio de las fricciones con Argentina por el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas en noviembre próximo desde la ciudad de Punta Arenas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes en Londres con su par británico, Ed Miliband, en un encuentro que busca avanzar hacia una asociación estratégica entre Chile y el Reino Unido.

“Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, señaló el Canciller tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el embajador de Chile en dicho país, Diego Paulsen.

“Queremos iniciar una conversación para desarrollar un marco de cooperación bilateral más profundo, basado en la fuerte relación que hoy une a ambas naciones, y enfocándonos en aquellas áreas que cada país considere prioritarias”, agregó.

En el encuentro, que se desarrolló en las oficinas de la Cancillería británica, los ministros abordaron también la situación geopolítica en el cono sur.

El Canciller, asimismo, buscó potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación —vigente desde 2021— y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Cabe señalar que el intercambio entre ambos países alcanzó USD $1.196 millones en 2025, con una importante participación del sector agroalimentario.

“Chile ha vuelto a ser un destino atractivo para invertir y traemos la invitación a que elijan Chile. Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura. Y también queremos exportar más valor agregado”, cerró Pérez Mackenna.

Paños fríos

El viaje del Canciller al Reino Unido se da cinco días después de que el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitara la ciudad de Punta Arenas para reunirse con autoridades locales, y luego de que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” al polémico viaje del “Danstar”.

La semana pasada, el canciller argentino Pablo Quirno afirmó en una entrevista que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

La historia fue compartida en redes sociales por su esposo argentino, quien quiso mostrar la reacción de la madre ante un asunto que, según ella, poco tiene que ver con un documento oficial.

“Mi esposa es chilena y no puede creer esto del documento argentino”, contó el hombre al comenzar el registro, pasando a explicar que ambos se habían convertido en padres hacía un mes y que acababan de recibir la identificación de su hijo.

Fue entonces cuando la mujer expuso su desconcierto:

“Yo estoy hace tres años acá, tengo mi documento, pero ahora lo renovaron. Y el nuevo documento, que es el que le llegó a nuestro hijo, tiene las tres estrellas de los campeones del mundo. ¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad? Que alguien me explique”, señaló enojada.

La respuesta de su pareja fue mucho más breve y reflejó una costumbre profundamente arraigada en el país vecino: “Así vivimos en Argentina el fútbol. Impresionante”.

Documento con sello albiceleste

Cabe señalar que la presencia de las estrellas no es un error de impresión ni una particularidad del ejemplar recibido por la familia, pues forma parte del diseño del nuevo DNI argentino anunciado a fines de 2023 y puesto en circulación durante 2024.

La renovación incorporó distintos elementos representativos de la identidad argentina y entre ellos figuran el Monumento a la Bandera de Rosario, las islas Malvinas, la flor del ceibo, la cola de una ballena franca austral, el Sol de Mayo, el glaciar Perito Moreno y la cordillera de Los Andes.

A ese conjunto de símbolos se sumaron las tres estrellas que recuerdan los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina, referencia futbolística que quedó incorporada en un documento utilizado cotidianamente por millones de personas.

El nuevo formato también incluye un chip y un código QR para facilitar los procesos de validación electrónica, características que acercan el sistema argentino al modelo de identificación que ya se utiliza en Chile.

Sin embargo, la sorpresa de la madre chilena abrió, además, una comparación inevitable con el documento nacional de identidad utilizado en Chile, que incorporaba anteriormente una estrella en una de sus esquinas, detalle que desapareció con la renovación de su diseño.

La diferencia es que, mientras Argentina decidió llevar sus tres títulos mundiales al documento oficial, Chile dejó atrás aquel símbolo. Eso sí, ya puestos a hablar de fútbol, la comparación invita a recordar los títulos que marcaron la historia reciente de la selección chilena: las dos Copas América conquistadas en 2015 y 2016.

La zona central de Chile se prepara para varios días de inestabilidad meteorológica que traerá abundantes lluvias, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes ráfagas de viento toda esta semana, razón por la cual las autoridades declararon Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana ante el peligro de anegamientos y aluviones o “flash floods”, como el último que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes hace un par de semanas.

De acuerdo a los informes meteorológicos, las primeras precipitaciones que trae este nuevo ciclón extratropical comenzaron durante la noche de este domingo con lluvias débiles en sectores de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, las que comenzarán a intensificarse durante la tarde de esta jornada entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

El martes aparece como la jornada más preocupante, pues se incorporará una baja segregada que reforzará las condiciones de inestabilidad aumentando la posibilidad de tormentas intensas. El viento también podría convertirse en un factor relevante, pues las ráfagas alcanzarían los 60 k/hr en sectores costeros como Valparaíso y Pichilemu, además de zonas cordilleranas.

Para el miércoles se mantiene la posibilidad de chubascos intensos, tormentas eléctricas y granizadas junto con episodios de viento localizado, escenario que no terminaría ahí pues a partir del jueves se espera el ingreso de un nuevo ciclón extratropical a la zona central, el que extenderá el sistema frontal hasta el viernes aunque con menor intensidad.

Alerta Roja en diez comunas de Santiago

Debido a esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó Alerta Roja para diez comunas de la Región Metropolitana, medida que fue informada este domingo y comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La decisión responde al peligro de que las condiciones meteorológicas y las características del terreno favorezcan aluviones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas, especialmente en sectores de cordillera y precordillera.

Así, con la activación de la Alerta Roja, se refuerza la coordinación y movilización de los recursos disponibles para responder ante posibles emergencias, de acuerdo con la evolución de las condiciones de riesgo.

Cabe recordar que la semana pasada una intensa granizada se desató sobre buena parte de Santiago dejando calles anegadas, gente arrastrada por el agua, un completo caos vehicular y 40 mil hogares sin luz, mientras que dos semanas atrás un aluvión de lodo causó estragos en la comuna de Las Condes dejando seis personas heridas, 2 mil viviendas dañadas, y más de 200 hectáreas completamente anegadas de barro.

La conmemoración del estallido social del 18 de octubre de 2019 volvió a tensionar las calles de Santiago. Lo que comenzó durante la mañana del domingo como una marcha pacífica terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, 6 funcionarios heridos, vehículos del transporte público incendiados 29 personas detenidas.

La movilización se inició en Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda, en dirección al poniente. Según informó el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes Quezada, unas 2.800 personas participaron en la convocatoria.

Los servicios policiales preventivos comenzaron a las 10:00 horas. Cerca de las 13:00, los manifestantes iniciaron el desplazamiento por la Alameda. La marcha transcurrió inicialmente de manera pacífica, pero el escenario cambió cuando un grupo de encapuchados pasó a la vanguardia de la columna y comenzó a atacar a los uniformados “con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov”, explicó Cifuentes.

Entre los procedimientos destacados figura la captura de una persona acusada de portar y lanzar un artefacto incendiario contra funcionarios policiales.

A ello se sumaron la detención de un individuo por un robo con violencia a un local comercial y la de otro sujeto acusado de vandalizar cámaras de seguridad públicas instaladas en el eje Alameda.

Violencia nocturna

Los hechos de violencia se extendieron durante la noche a otras comunas de la capital, con barricadas, ataques al transporte público y enfrentamientos que se prolongaron hasta la madrugada.

En Pedro Aguirre Cerda, un bus del sistema RED terminó completamente incendiado cerca de las 21:00 horas. La máquina circulaba con pasajeros cuando un grupo de encapuchados los habría obligado a descender antes de prenderle fuego al vehículo.

La violencia también alcanzó a Peñalolén. Allí, otro bus del transporte público fue atacado con piedras, fierros y palos, mientras su conductor regresaba al terminal durante la noche.

“Me llegaron los piedrazos, fierros, palos. Se tiraron encima del bus; tuve que hacerle el quite y tirarme contra el tránsito. Y después de haber pasado ese grupo, había otro grupo más. Ellos ya tiraron fierros, palos, piedras, de todo al bus”, contó el chofer de la máquina, según consignó BioBíoChile.

Otro de los focos de violencia se registró en Maipú, donde cerca de 60 personas intentaron saquear un supermercado, asunto que obligó a evacuar a los clientes que todavía realizaban sus compras en el lugar.

Según el relato de un testigo, los participantes “empezaron a romper las rejas y en el momento que estaban abriendo la cortina para entrar al supermercado, llega un carabinero”, señaló un testigo.

La intervención policial impidió que los involucrados ingresaran al interior del establecimiento. Sin embargo, el procedimiento derivó en nuevos enfrentamientos, con lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes contra los funcionarios. Carabineros utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y finalmente el operativo terminó con un adulto detenido.

Los episodios de violencia continuaron durante la madrugada de este lunes. Cerca de la 1:00, todavía se registraban barricadas, presencia de encapuchados y enfrentamientos con personal de Control de Orden Público de Carabineros en otras zonas de la capital.

La carrera presidencial 2029 no estuvo sobre la mesa. Al menos, eso fue lo que aseguraron este jueves Michelle Bachelet y Gabriel Boric, luego de compartir un desayuno con representantes de los partidos de oposición en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, en la comuna santiaguina de Ñuñoa.

La idea de Bachelet era agradecer a los dirigentes que participaron en el acto organizado en respaldo a su fallida aventura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Tras la reunión, la exjefa de Estado sostuvo que el objetivo fue conversar “temas país” y explorar alternativas para responder a las necesidades de la población, dejando cualquier definición electoral fuera de la discusión.

La exmandataria explicó que la conversación estuvo centrada en las preocupaciones cotidianas de las familias. “La invitación fue para hablar del país. A todos nosotros nos importa que a Chile le vaya bien (...) Este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo”, aseguró taxativa.

Bachelet puso el acento en las dificultades económicas que, a su juicio, deben concentrar la atención de los partidos y se mostró preocupada porque “la economía va a crecer poco, la inflación es alta, los salarios no suben. Sube el costo de la vida, suben los alimentos, pero el salario no sube”, señaló.

Tocante a sus declaraciones de la semana pasada en una entrevista con TVU, cuando respondió “yo creo que sí” ante la posibilidad de candidatearse por tercera vez a La Moneda, Bachelet precisó que su intención principal es contribuir al debate público y apoyar la búsqueda de soluciones.

“Yo también añadí que mi tarea fundamental iba a ser contribuir, apoyar. La verdad, como le digo, no es un tema que hayamos tocado ni yo ni el presidente Boric, porque nosotros no estamos de candidatos”, cerró.

Boric tampoco va

Sus palabras fueron refrendadas por Gabriel Boric, quien al término del encuentro añadió que actualmente tampoco contempla competir por el sillón presidencial y coincidió con Bachelet en que adelantar ese debate es baladí.

“Hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura. No es mi rol (...) No voy a siquiera ponerme en esos casos. Hoy día no hablamos nada de candidaturas, creo que no tendría sentido y en eso la presidenta y yo estamos de acuerdo”, afirmó.

De paso, deslizó una autocrítica y llamó a las fuerzas de izquierda a reflexionar sobre el resultado de las últimas elecciones, en las que su sector sufrió una derrota que, admitió, fue amplia.

“Nosotros perdimos y perdimos por harto en la última elección y no fue hace tanto tiempo”, recordó.

Debido a esto, sostuvo que la prioridad ahora es revisar lo ocurrido, comprender las razones del resultado electoral y recuperar el vínculo con los ciudadanos, en lugar de instalar prematuramente una discusión sobre candidaturas.

El expresidente describió una realidad marcada por familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, pero que mantienen aspiraciones, proyectos y expectativas de mejorar sus condiciones de vida.

“Los partidos políticos de izquierda, de centro izquierda, tienen que salir a escucharlos y a conectarse con ellos. No basta con hablar solamente entre nosotros mismos”, planteó.

Al cierre, Boric hizo un llamado a “salir a hablar con la gente en las calles, en las plazas, en los centros deportivos; eso es lo que yo he estado tratando de hacer en este último tiempo en las escuelas, y me interesa seguir haciéndolo porque veo que hay una juventud deseosa de participar, de pensar y de construir Chile, y creo que la manera no es pensando en elecciones, sino pensando en construir un país más justo”, remató.

Las exportaciones chilenas atraviesan uno de sus momentos de mayor expansión. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron los USD 93.837 millones, una cifra inédita para los primeros nueve meses de un año y que representa un salto de 18,5% respecto del mismo período de 2025. El resultado vino acompañado de otro hito: un superávit comercial de USD25.721 millones, el más alto desde 2007.

Los números, contenidos en el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaborado sobre la base de antecedentes del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, dan cuenta de un intercambio comercial que llegó a USD 166.985 millones. En comparación con los primeros nueve meses del año anterior, el monto creció 12,9%.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “el récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile”.

La minería concentró USD 58.873 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual de 25,7%. En simple, casi dos de cada tres dólares obtenidos por Chile mediante la venta de bienes al exterior provinieron de esta actividad.

El cobre mantuvo su posición central. Los embarques del metal rojo generaron ingresos por USD 49.247 millones, un 18,7% más que en igual período de 2025. De ese total, US$31.565 millones correspondieron a concentrados y US$14.839 millones a cátodos.

China siguió encabezando la lista de compradores, seguida por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Más atrás apareció una de las novedades del año: India avanzó hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil después de incrementar sus compras de cobre chileno en 101,3%.

Pero el repunte de los minerales no se limitó al principal producto de exportación del país. Los envíos de litio prácticamente se triplicaron y totalizaron USD 4.745 millones. El oro, por su parte, alcanzó ventas externas por USD 3.401 millones, su mayor resultado para un período enero-septiembre.

India duplica sus compras

Una parte importante del crecimiento se explica por la apertura de mercados más allá de China y Estados Unidos. De los USD 14.673 millones adicionales que Chile exportó en comparación con enero-septiembre de 2025, el 63,4% tuvo como destino otros países.

India sobresale en esa expansión. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado llegaron a USD 5.096 millones, prácticamente el doble de lo registrado un año antes. Entre los productos que explican el avance figuran el cobre, el oro, el yodo, las manzanas frescas, la pasta de madera y el litio.

Japón, Corea del Sur y Suiza también aumentaron sus compras y de acuerdo a la subsecretaria Estévez, la diversificación forma parte del camino para ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Envíos de alimentos

El resto de la oferta exportadora también mostró avances. Las ventas de bienes no mineros sumaron USD 34.963 millones, el mayor monto para los primeros nueve meses de un año y un 8,2% por encima del resultado de 2025.

La industria alimentaria alcanzó exportaciones por USD 10.712 millones, estableciendo igualmente un máximo histórico para el período. El salmón aportó USD 4.770 millones, equivalente al 45% del total, con un incremento anual de 8%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de este producto, con adquisiciones por USD 1.975 millones -un 3% más que en los primeros nueve meses del año pasado-, a pesar del contexto arancelario. Brasil y Japón completaron los tres principales destinos.

La pesca y la acuicultura también superaron una barrera relevante. Considerando productos como jurel, mejillones congelados, merluza, trucha y bacalao de profundidad, las exportaciones del sector llegaron a USD 7.453 millones, siendo la primera vez que los envíos de esta categoría sobrepasan los USD 7.000 millones en un período enero-septiembre.

A ese desempeño se sumó otro registro destacado: las frutas congeladas generaron USD 617 millones, su mayor cifra para los primeros nueve meses del año.

El crecimiento del comercio internacional no solo se vio reflejado en los embarques, pues también aumentó la cantidad de compañías chilenas que participan en los mercados externos.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 8.029 empresas exportaron bienes, un 3% más que en el mismo lapso del año anterior. Son 232 compañías adicionales y la mayor cantidad registrada para este período.La manufactura, los servicios, la minería y la industria forestal destacaron entre las actividades que sumaron nuevos participantes a la actividad exportadora.

Servicios digitales

Por otro lado, las exportaciones de servicios alcanzaron USD 2.718 millones, con un aumento de 17,3% y un nuevo máximo histórico.

Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron USD 960 millones, impulsados principalmente por las tecnologías de la información y las asesorías profesionales.

Estados Unidos concentró el 53,6% de las ventas chilenas de estos servicios. México, Perú, España y Brasil también registraron avances, ampliando la presencia de los proveedores nacionales en mercados internacionales.

Este resultado añade una dimensión distinta al balance comercial de 2026: junto con el peso estructural de la minería y el avance de los alimentos, las prestaciones digitales comienzan a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la oferta que Chile puede vender al mundo.

Este domingo 18 de octubre se cumple un nuevo aniversario del estallido social de 2019, asunto que volvió a instalar en el centro de la agenda política el tema de los indultos presidenciales. Pero esta vez, la presión sobre el presidente José Antonio Kast viene desde su propio sector, donde hace rato le exigen señales concretas para que cumpla una de las principales promesas de su campaña.

Este miércoles, la diputada libertaria Paulina Muñoz puso esa fecha sobre la mesa como una instancia simbólica para anunciar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las manifestaciones. El mensaje al mandatario fue claro:

“No queremos sentir incoherencia porque es esa la señal política que los chilenos están esperando. Además, señor Presidente, quienes confiaron en usted le confiaron el voto”, afirmó Muñoz.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en conversación con radio Agricultura sostuvo que, en determinados casos, lo procedente sería concederles la libertad total pues “lo que estaban haciendo los carabineros es cumplir sus funciones y no pueden estar cumpliendo condenas privativas de libertad por esa circunstancia”.

El senador también rechazó que una eventual decisión presidencial deba interpretarse como un enfrentamiento con el Poder Judicial. “No significa llevarle la contra al Poder Judicial o a los tribunales de justicia que hicieron su trabajo”, aseguró.

Eso sí, aunque confirmó que los casos están siendo estudiados, evitó comprometer una fecha o asociar las decisiones con el aniversario del estallido. “Yo creo que es mala idea de andarlo planteando o apurando por la prensa”, argumentó.

Tocante a la disposición de socios oficialistas como Renovación Nacional y Evópoli de evaluar conmutaciones de penas, Squella planteó que una alternativa podría ser sustituir la prisión por arresto domiciliario. Sin embargo, dejó claro que “yo creo que lo que corresponde es la libertad total”.

Indulto humanitario transversal

La muerte del ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, Juan Manuel Aliste Vega (53) el domingo pasado, seis días después de haber solicitado un indulto presidencial debido a un cáncer terminal, activó otro debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad que ya no represente un peligro social, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La propuesta republicana fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Sin embargo, Carolina Tohá, exministra de Interior y Seguridad de la administración de Gabriel Boric, planteó este miércoles que las personas con enfermedades terminales deberían poder morir en sus casas, independientemente del bando o la gravedad del delito, pero mediante un mecanismo institucional regulado por los tribunales de justicia y no a través de la facultad del indulto presidencial.

“Seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando”, afirmó en el podcast Al Pan Pan, de El Mostrador.

Sus palabras no pasaron inadvertidas en las filas republicanas, desde donde la diputada Paz Charpentier sostuvo que “me alegra que el sentido de humanidad sea más transversal de lo que algunos han planteado los últimos días. Yo espero que este sea un paso para que la centroizquierda marque por fin diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio”.

Squella, por su parte, propuso trasladar la discusión desde la discrecionalidad presidencial hacia una regulación legal que establezca criterios para estos casos. La idea es evitar que situaciones de esta naturaleza dependan permanentemente de la voluntad del mandatario de turno.

“¿Tendrá sentido que estemos permanentemente apelando al indulto o será ya tiempo de que lo veamos en la ley?”, argumentó.

La iniciativa, sin embargo, está lejos de generar consenso en la oposición. La senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato al recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio de las manifestaciones cuando se dirigía a su trabajo nocturno en una fábrica -asunto que significó una condena de 12 años para el excapitán de carabineros, Patricio Maturana Ojeda-, rechazó equiparar los delitos comunes con las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

“La derecha intenta jugar al empate. Toda enfermedad real debe ser atendida con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”, retrucó.

Así las cosas, desde el Ejecutivo persisten en su idea de revisar los indultos “caso a caso” mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó fijar una fecha para resolver las solicitudes y de paso, descartó de plano que existan presiones políticas hacia el mandatario.

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y este miércoles defendió el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas, asunto que ha vuelto a friccionar las relaciones diplomáticas con Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran un posible “evento crítico” con el país vecino.

Concar visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) y se reunió con altas autoridades magallánicas, como la gobernadora subrogante, Hina Carabante, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto -a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países-, y el alcalde de dicha ciudad, Claudio Radonich, con quien abordó precisamente la controversia.

Al término de la cita, el representante diplomático señaló que “no me corresponde comentar las reacciones ni las opiniones de otros países sobre este asunto. Como he dicho, se trata de una iniciativa comercial privada de origen chileno que, según entiendo, está diseñada para atender los intereses comerciales de ambas comunidades, una en las islas y otra integrada por empresarios de Magallanes“.

Por su parte, el alcalde Radonich recalcó que con la reapertura de la vía marítima a las Malvinas el país no está incumpliendo ningún tratado, puesto que el “Danstar” llevará carga “inocente” a las islas.

“Nosotros no estamos violentando bajo ningún punto de vista ningún tratado internacional. Lo que estamos haciendo es generar un comercio que hoy lo tiene Uruguay con las islas y que dice relación con abastecer a las familias que viven en las islas. Por tanto, las pymes (pequeñas y medianas empresas) de nuestra ciudad están muy contentas de tener vinculaciones con las pymes de las islas”, subrayó.

Paños fríos

La visita del diplomático inglés llegó justo luego que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” a la polémica. Hace un par de días, el Canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en entrevista a A24 que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones, de manera parcial, a partir del lunes 19 de octubre.

A partir de la mencionada fecha, se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, se podrán tramitar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, destacó que la apertura de los dos consulados será muy útil para los chilenos que residen en Venezuela.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, señaló.

“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”, agregó el canciller.

El quiebre diplomático

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se rompieron tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador en un proceso cuestionado internacionalmente y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se negó a reconocer los resultados sin una verificación transparente.

Al día siguiente, el gobierno venezolano ordenó la expulsión de la misión diplomática chilena en Caracas y el retiro del personal diplomático venezolano en Santiago, y en enero de 2025, Venezuela exigió además el cese de los servicios y el cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz.

Asimismo, Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión. La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, llegó este martes hasta Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), en medio de las fricciones diplomáticas entre Chile y Argentina por el zarpe en noviembre del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas y que ha encendido las alarmas a ambos lados de la cordillera.

El representante diplomático, a través de su cuenta de X, señaló sentirse “muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”.

Desde la legación británica detallaron que visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) “donde conoció el trabajo que impulsa Chile en investigación polar”, puesto que “la cooperación científica es uno de los pilares de la relación entre el Reino Unido y Chile en la Antártica”.

Además, se reunió con la gobernadora subrogante de Magallanes, Hina Carabante, a fin de “conversar sobre oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y la región, con énfasis en la ciencia antártica, conservación marina y protección de ecosistemas”.

Citas con alcalde y la Armada

Esta jornada, Concar se entrevistó también con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y uno de los temas principales fue precisamente la controversia que ha causado la reapertura de la vía comercial marítima entre la ciudad y las islas Malvinas, cuestión que fue respaldada por el gobierno de José Antonio Kast y desató un ambiente de máxima preocupación en las alta esferas políticas de Chile y Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran sobre un posible “evento crítico” con el país vecino.

Radonich ha señalado en varias oportunidades que con esta esta nueva ruta comercial buscan disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, la que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde esa ciudad, disminuyendo considerablemente los costos.

Según el edil, tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las Malvinas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”.

Finalmente, el embajador del Reino Unido tuvo una reunión de trabajo con el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto, a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países.

De acuerdo al medio local Ovejero Noticias, la conversación estuvo centrada en el “presente y futuro” de las relaciones bilaterales, destacando el trabajo conjunto que hoy impulsan ambos países mediante el apoyo directo a la investigación científica y la cooperación técnica.

De acuerdo al último balance, las comunas mas afectadas fueron Puente Alto, San Bernardo, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Pirque, Lampa y Estación Central, donde unos 40 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico y con clases suspendidas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya había advertido probables tormentas eléctricas, chubascos intensos en períodos breves, granizo y viento para el valle, la precordillera y la cordillera, y de acuerdo a los reportes la lluvia seguirá cayendo esta jornada sobre Santiago, aunque en bastante menor medida.

Alerta Roja

Debido a la inédita intensidad del fenómeno, Senapred declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana a media tarde, a fin de agilizar el despliegue y la coordinación de los organismos de emergencia frente a las inundaciones, interrupciones de servicios e incluso la asistencia a peatones que se vieron arrastrados calle abajo por la corriente.

El agua y los semáforos cortados provocaron además una verdadera anarquía vial, y para peor, varias estaciones de metro debieron cerrar sus puertas, por lo que miles de capitalinos volvieron de sus trabajos a sus casas completamente empapados.

Por si fuera poco, un inédito tornado -el segundo registrado en la historia climática santiaguina-, voló los techos de la Estación Central y fue registrado por varios usuarios de redes sociales, dando cuenta de la magnitud de este evento.

Pasadas las 19:00 horas, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance señalando que “se han registrado precipitaciones intensas, granizos y vientos en diferentes sectores de la RM, generando situaciones de emergencia que están siendo atendidas por los organismos del sistema desplegados en terreno”.

En tanto, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que las autoridades se encuentran monitoreando la activación de quebradas en diversas regiones, a fin de advertir a tiempo y prevenir en lo posible nuevos aluviones de lodo o “flash flood” producto de las intensas lluvias en un corto período de tiempo, una de las características de este fenómeno de El Niño -o “Súper Niño”- que se cierne actualmente con alteraciones climáticas severas en varias regiones de Sudamérica, principalmente Chile, Perú y Ecuador.

Un trabajador de 61 años falleció a las 00:15 horas de este miércoles al caer a un barranco de unos 50 metros el bulldozer que operaba en la mina Rajo Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, elevando el número de muertos en faenas mineras a 7 en los últimos 22 días y a 13 en lo que va de este 2026.

El hombre, identificado con las iniciales J.L.R.V., trabajaba para una empresa contratista que presta servicios a la faena perteneciente a la Minera Las Cenizas, y de acuerdo a los primeros antecedentes, se encontraba removiendo tierra cuando por motivos que se investigan cayó desde el rajo al fondo de la excavación.

El fatal accidente fue advertido cuando el jefe de turno intentó comunicarse sin éxito con el conductor del bulldozer. Al no recibir respuesta, personal de la faena se dirigió hasta el lugar donde éste operaba, hallándolo a un costado de la máquina al fondo del barranco. Las pericias correspondientes deberán establecer las causas del accidente.

Tras confirmarse la noticia, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron mediante un comunicado que “lamentamos informar un accidente fatal ocurrido hoy en Mina Aguilucho, comuna de Taltal, Región de Antofagasta. Expresamos nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido. Un equipo regional ya se encuentra en el lugar recabando antecedentes para la investigación”.

Según consignó una nota de Reporte Minero se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del recinto y la faena se encuentra actualmente detenida.

Siete muertos en 22 días

La muerte del operador en Taltal se suma a una seguidilla de accidentes fatales que ha golpeado a la minería chilena durante las últimas semanas: entre el 23 de septiembre y este 14 de octubre se contabilizan siete trabajadores fallecidos en seis accidentes ocurridos en distintas faenas del país.

El caso previo a esta tragedia se registró este martes en Illapel, Región de Coquimbo, donde un trabajador de 66 años murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

Dos días antes, Codelco había confirmado la muerte de otros dos trabajadores en la División El Teniente, luego de un accidente asociado a un alud de nieve y barro.

La cadena de emergencias también incluye fallecimientos en Minera Escondida, la División Radomiro Tomic de Codelco y la mina Los Colorados, en la Región de Atacama.

El escenario se conoce después de un 2025 en que las muertes en la minería aumentaron un 81,8%, al pasar de 11 a 20 víctimas fatales, según las estadísticas de Sernageomin.

Ese año también quedó marcado por el derrumbe ocurrido en julio en la División El Teniente, donde murieron seis trabajadores. Ahora, la misma división vuelve a figurar entre las faenas afectadas por un accidente con consecuencias fatales, mientras las investigaciones correspondientes deberán determinar las circunstancias de cada uno de estos hechos y establecer las eventuales responsabilidades.

A seis días de haber solicitado un indulto presidencial, este domingo falleció de un cáncer terminal en el Hospital Penitenciario de Santiago Juan Manuel Aliste Vega (53), ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, condenado a 42 años de cárcel por el crimen del carabinero Luis Moyano en 2007 tras un atraco a un banco capitalino.

Aunque su pedido de morir en casa y rodeado de su familia no alcanzó a ser resuelto por el presidente José Antonio Kast, el caso activó un debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad terminal o demencia que ya no represente un peligro social, independientemente de la gravedad de sus delitos pasados, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La estrategia republicana, sin embargo, fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Este domingo, luego que Gendarmería confirmara la muerte de Aliste, desde la tienda republicana volvieron a la carga. El secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, publicó un video en el que señaló que “reafirmamos la idea de un indulto humanitario transversal. Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa“.

“Este no es un tema político que deba causar controversia, es un tema humanitario que debiese unir a toda la sociedad. Seguiremos colaborando con el Gobierno para que esto sea una realidad lo antes posible”, agregó.

Sus palabras fueron refrendadas por el diputado Cristián Araya, quien de paso pidió al gobierno actuar con “mayor celeridad” a la hora de revisar una petición de indulto.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que los indultos “deben verse caso a caso, independiente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de su familia. Justicia no es venganza, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad”.

De la misma opinión fue su par libertaria, Gloria Naveillán (PNL), quien sostuvo que “no se trata de un empate, se trata de humanidad. Si uno predica ciertos valores que, entre otras cosas, implican la piedad, implican la clemencia e implican el perdón, eso tiene que ser para todos, sin color político. Acá no estamos hablando de un indulto por el tipo de delito cometido, estamos hablando de indultos a personas que están en condiciones terminales de salud o con su cabeza absolutamente perdida. Y Aliste Vega era una persona en esas condiciones. Creo que el gobierno acá perdió una oportunidad de demostrar cuáles son los valores que lo siguen”.

Moneda de cambio

Desde la otra vereda, retrucaron que la idea de un indulto universal es inaceptable, puesto que “no es lo mismo ser condenado por delitos comunes que por crímenes de lesa humanidad”, tal como señaló el diputado Jaime Bassa (FA).

“Que el Gobierno pretenda indultar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos sería una ofensa intolerable para nuestra democracia”, afirmó taxativo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo en tanto que sería “un retroceso civilizatorio que el país empezara a reconsiderar que los crímenes de lesa humanidad tienen una raya de cumplimiento”.

Finalmente, en entrevista con BioBíoChile Jaime Gajardo (PC), exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, criticó duramente la iniciativa republicana calificándola como una “moneda de cambio inmoral” y apuntó directamente al presidente Kast, quien ha dicho que revisará caso a caso las peticiones de indulto, acusándolo de estar “con los victimarios y no con las víctimas”.

Tras una semana de intensas lluvias que provocaron el jueves pasado un aluvión de lodo que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes -y una breve tregua el fin de semana-, esta jornada volvieron las lluvias a la capital chilena y buena parte del zona central.

El agua, a decir verdad, comenzó a caer la noche de este domingo, pero de acuerdo al portal Meteored este lunes se desatará una “baja extratropical, junto con aire frío en altura, que favorecerá chubascos de intensidad variable y posibles tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo en la precordillera de Santiago, razón por la cual pidieron extremar las precauciones en quebradas y sectores afectados por el reciente aluvión.

El meteorólogo del organismo, Elio Brufort, señaló a Emol que el evento se hará sentir con más fuerza esta noche y podría alcanzar los 25 mm de agua caída “pero que pueden caer en muy corto periodo de tiempo, y eso podría causar alguna afectación”.

Según el experto, las lluvias se extenderán desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío al menos hasta el miércoles, cuando se esperan chubascos más débiles y dispersos por la tarde, sin descartar tormentas aisladas. En Santiago, la temperatura máxima subiría entre uno y dos grados, acercándose nuevamente a los 20 °C.

He aquí el reporte de la DMC por regiones:

Región de Coquimbo: Litoral: 5 a 10 mm. Cordillera de la Costa: 5 a 15 mm. Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región Metropolitana: Valle y precordillera: 10 a 24 mm.

Región de O’Higgins: Valle: 10 a 24 mm. Precordillera: 10 a 29 mm.

Región del Maule: Valle: 10 a 15 mm. Precordillera: 10 a 20 mm.

Un ambiente de máxima preocupación ronda en la alta esfera política chilena, luego que fuentes de inteligencia advirtieran sobre un posible “evento crítico” con Argentina por el viaje programado para noviembre del “Danstar”, nave de la empresa chilena Easter Island que busca abrir una nueva vía comercial marítima entre Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

Según un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBíoChile, dichas fuentes -cuya identidad se mantuvo en reserva-, señalan que si bien en un principio se evalúo la posibilidad de que el barco hiciera el recorrido a través del Mar de Drake, finalmente lo hará por el estrecho de Magallanes, a fin de evitar cualquier doble lectura sobre la soberanía chilena en el extremo austral.

Además, afirman que la fecha del zarpe permanece en secreto -aunque en Argentina ya parecen conocerla-, a fin de evitar “tensiones innecesarias”, y que el gobierno de José Antonio Kast habría desistido de autorizar que la Armada chilena escolte al “Danstar”, puesto que se trata de un buque privado.

Las razones del alcalde de Punta Arenas

En septiembre pasado, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, explicó que con esta esta nueva ruta comercial buscan disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, la que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde esa ciudad, disminuyendo considerablemente los costos.

Radonich recordó que tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las Malvinas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó El Mercurio.

De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.

Así las cosas, a fines de septiembre llegó hasta Punta Arenas una delegación de 40 empresarios ingleses para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos fue programado para noviembre.

La noticia, la verdad, no fue novedad, pues la naviera Easter Island ya había anunciado el acuerdo en julio. Pero la confirmación llegó en el peor momento, justo después de que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei limaran asperezas en Santiago tras el último impasse territorial por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde -quien volvió a poner en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes-, y reafirmaran el apoyo de Chile a la posición argentina sobre las islas.

Paso inocente

A pesar de las sonrisas para las cámaras de Kast y Milei en Santiago, este nuevo “encontrón” con el país vecino no parece nada descabellado, toda vez que el martes pasado el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, puso en la mesa la posibilidad de detener el paso del “Danstar”, en una presentación ante varias comisiones de la Cámara de Diputados argentina.

“El próximo 10 de noviembre, Chile —ya está anunciado— va a hacer zarpar su primer buque de bandera chilena con carga logística para el emprendimiento Sea Lion”, aseguró el perito naval.

“Cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido”, agregó, citando el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que califica en contraposición como “inocente” a aquel barco que navega de forma pacífica a través de las aguas territoriales de otro país sin representar una amenaza para su paz, orden o seguridad.

“Aplicando la Convemar tendríamos que decidir, nuestra Cancillería en particular, si consideramos que eso es paso inocente o paso no inocente. Vamos a ver lo que hacemos, no lo sabemos”, prosiguió Morales, quien de paso dejó en claro que “inhabilitarlos y dejarlos sin timón o sin máquinas en un lugar como el Atlántico Sur equivale prácticamente a hundirlos”.

Estas aseveraciones se contraponen con lo dicho a fines de septiembre por la subdirectora de Desarrollo Económico de las islas Malvinas, Louise Ellis, quien negó rotundamente que el buque chileno vaya a abastecer a la empresa “Sea Lion”, que busca explotar petróleo y enfrenta una fuerte ofensiva legal, sanciones y presiones diplomáticas por parte del gobierno argentino.

En conversación con France 24, Ellis afirmó a fines de septiembre que la idea de establecer una nueva ruta entre Punta Arenas y las Malvinas partió antes que “Sea Lion” comenzara sus preparativos, que “siempre estuvo enfocado en cubrir las necesidades de consumo de las islas Malvinas y de nuestras comunidades”, y que no trasladará “ningún tipo” de suministros críticos para el proyecto controlado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), cuestión que de ser así, convertiría para Argentina el paso del “Danstar” de inmediato a “no inocente”.

De acuerdo a las mismas fuentes consultadas por BioBíoChile, una posible interceptación del “Danstar” podría darse una vez que éste salga del estrecho de Magallanes y entre en aguas del país vecino, y que este operativo podría llevarlo a cabo “la Prefectura Naval o, peor aún, la Armada argentina”.

El decreto argentino

Cabe recordar que actualmente, el Decreto 256 dictado en Argentina el 16 de febrero de 2010 -firmado por Cristina Fernández-, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, edicto que choca de frente con el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar o “inocente” reconocido por la Convemar.

Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, ya había advertido cuando se hizo oficial la notica del acuerdo entre la Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas, que esta nueva ruta hacia las Malvinas podría traer problemas con el país vecino.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, dijo taxativo en entrevista con Tele13 Radio.

“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar (...) No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, complementó.

Leiva aseguró que no existen incidentes serios entre ambos países por el decreto 256, aunque “hay multas cursadas que no han sido pagadas, por lo que yo recuerdo”.

Finalmente, el exuniformado sostuvo que Argentina impuso “una norma que están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”.

Tratado de paz “insanablemente nulo”

Luis Valentín Ferrada, profesor de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio BASE, señaló a BioBíoChile que Argentina presenta dos limitantes a la hora de impedir el paso del buque chileno: la primera tiene que ver con la misma Convemar que obliga a “permitir que los buques de cualquier bandera gocen del derecho de paso inocente, y la segunda está impuesta por el Tratado de Paz y Amistad de 1984″.

“Conforme a éste, Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”, recordó.

Así las cosas, el país vecino “no podría impedir de manera jurídicamente lícita la navegación de un buque chileno, y en realidad de cualquier bandera, incluida la británica de las Islas Falkland/Malvinas, que vaya desde Punta Arenas por el Estrecho de Magallanes hacia tales islas o que venga de regreso de las mismas”.

Por su parte, el analista político Juan Pablo Berlinger, agregó que impedir el paso del barco chileno “implicaría automáticamente la violación de dichos acuerdos (...) Argentina estaría declarando ‘insanablemente nulo’ el Tratado de Paz y Amistad de 1984”.

Finalmente, y a raíz del reportaje citado, el viernes el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, pidió que las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado sesionen de manera conjunta y secreta para analizar las implicancias del peliagudo asunto.

Según el parlamentario, “esta preocupación surge de antecedentes difundidos por la prensa. No existe información pública suficiente para afirmar que Argentina haya decidido interceptar la embarcación, ni que ese incidente efectivamente vaya a producirse”, matizó.

Kusanovic recordó que cualquier decisión al respecto debe tener en consideración “las consecuencias para la relación con Argentina, especialmente porque Magallanes mantiene profundos vínculos comerciales, familiares y de conectividad con la Patagonia argentina, y cualquier tensión puede terminar afectando directamente a nuestros habitantes”.

La Fundación Paz Ciudadana publicó este martes los resultados de su último índice de victimización en hogares, percepción de temor y evaluación de las principales instituciones encargadas de la seguridad pública, el que arrojó una baja en los índices de delincuencia e inseguridad y un aumento en la confianza en Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo al estudio, el 33,1% de los hogares del país declaró que al menos uno de sus integrantes fue víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses, resultado que se mantiene bajo el promedio histórico y que en 2019 alcanzó un 40,6%.

En tanto, la proporción de personas con alto temor a la delincuencia tuvo una disminución de 24,3% en 2025 a 20,9% este año, siendo la tercera baja consecutiva desde el máximo de 30,5% registrado en 2023.

Según Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, “la disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”.

Región Metropolitana

Como era de esperar, el Gran Santiago es la zona donde los índices de victimización son más altos -37,6%-, frente al 25,7% de los hogares de otras grandes ciudades del país.

Tocante a la percepción de inseguridad, un 23,2% de los santiaguinos señaló sentir “alto temor” a ser asaltados, cifra que en otras ciudades rozó el 16,9%.

Por otra parte, un 63,5% de los encuestados aseguró sentir miedo de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer, el 54,0% al irse a trabajar por las mañanas y un 53,4%, al caminar solo o sola por su barrio.

Asimismo, la cifra de personas que cree que los delitos han ido en aumento en su comuna durante el último año bajó de 56,9% en 2025 a 46,6%, mientras que aquellos que creen que los niveles de delincuencia subirán en los próximos 12 meses disminuyó de 47,2% en 2025 a 40,5%.

Sin embargo, a pesar de la baja en estos índices, el reporte reveló que las personas han ido cambiando sus hábitos a fin de evitar ser víctimas de algún ilícito. Así, un 73,7% de los encuestados señaló que ha dejado de usar artículos de valor en público; un 73,3% dejó de salir a ciertas horas de la noche; un 68,9 optó por no ir a determinados lugares; un 66,2% se coordinó con sus vecinos para monitorear el barrio y el 65,1% hizo arreglos para reforzar su hogar.

Crece la confianza en las policías

El análisis arrojó también que el 62,4% de los entrevistados aseguró tener “mucha confianza” en la Policía de Investigaciones (PDI) y el 55,7%, en Carabineros, cifras que representan un alza de 58,0% y 50,9%, respectivamente, respecto al 2025.

Finalmente, se pidió a los entrevistados poner nota al desempeño de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública, en una escala de 1 a 7, siendo la PDI la que obtuve la mejor evaluación, con un 4,7, seguida de Carabineros de Chile con un 4,5.

Más abajo vienen los alcaldes (4,3); Gendarmería de Chile (3,9); el Ministerio de Seguridad Pública (3,5), el Gobierno, la Defensoría Penal Pública y los Tribunales de Justicia (3,4); los fiscales del Ministerio Público (3,3); y en último lugar quedó el Congreso, con un 2,7.

Una jugadora demandó al Casino de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), luego de que se negara a pagarle un premio de $3.816.219.496 (USD 3,8 millones) que arrojó una máquina tragamonedas. La mujer exige ahora $4.670.095.401 (USD 4,7 millones), cifra que incluye el reajuste por la inflación y otros $750 millones (USD 766 mil) por concepto de “daño moral”.

La controversia se desató el 11 de noviembre del año pasado cuando Lilian Tumani, jugadora VIP del establecimiento, marcó un “jackpot” o premio mayor. Sin embargo, de acuerdo a la demanda, trabajadores de la casa de juegos manipularon la máquina, le aseguraron que presentaba problemas y finalmente ésta terminó arrojando una cifra harto menor.

Para nada contenta, la jugadora estampó una querella infraccional y además una demanda civil de indemnización, según consignó una nota de BioBíoChile.

Jugadora “platinum”

Sin embargo, la empresa sostiene que Tumani sabía perfectamente que la cifra arrojada por la máquina correspondía a un error, puesto que se trata de una jugadora “platinum” que frecuenta el casino desde 2005 y conoce al dedillo cómo funcionan dichos tragamonedas y cuáles son los montos máximos que entrega.

A modo de prueba, aseguraron que en los últimos cinco años la mujer pasó 1.350 horas apostando, acumulando al menos 1,2 millones de jugadas.

En su réplica ante el tribunal, la empresa manifestó que la jugadora “siempre supo que el premio proyectado por la máquina tragamonedas respondía a un error de la misma”, pues el pozo máximo aparecía claramente en la pantalla.

Asimismo, detallaron que enviaron el aparato a EE.UU para que lo revisaran sus fabricantes -la empresa Konami Gaming-, quienes emitieron un informe corroborando que efectivamente presentaba desperfectos técnicos.

En adición, presentaron un reporte de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), ente que en agosto de este año confirmó el mal funcionamiento del artefacto.

Finalmente, la empresa declaró que actuó de manera “diligente” desde el primer momento, que retiraron el artilugio de inmediato del salón y que ofrecieron pagarle a Tumani el monto máximo que la máquina estipulaba, asunto que fue rechazado de plano por la mujer y que ahora deberá zanjar la justicia.

Seis personas lesionadas, 1.960 casas con daños menores, 55 con daños mayores y alrededor de 200 hectáreas anegadas fue el saldo que dejó el devastador aluvión que la tarde de este jueves descendió por la precordillera y arrasó con buena parte de la comuna santiaguina de Las Condes, según informó esta jornada el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El delegado presidencial, Germán Codina, señaló que siguen “recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura”.

La autoridad confirmó además que hay un sujeto de nacionalidad venezolana detenido tras ser sorprendido robando en San Carlos de Apoquindo.

“La PDI hace un rato detuvo a una persona, producto de que habría participado en algunos robos en el sector”, señaló a BioBíoChile.

Por la noche, el Gobierno decretó zona de catástrofe y esta jornada brigadas de rescate tanto municipales como de Bomberos, Carabineros y el Ejército trabajan arduamente para despejar calles completamente cubiertas por barro, piedras y autos destruidos. En tanto, al menos 1.000 personas tuvieron que ser asistidas por rescatistas, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben.

Por su parte, Mauricio Lorca, director nacional de Sernageomin, explicó que el aluvión corresponde a los llamados “flash flood”, a saber, un evento que arrastra enormes volúmenes de sedimentos en un corto período de tiempo.

Tocante a su origen, el delegado Codina explicó que “presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada”.

En tanto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó a Radio Infinita que “la situación está controlada” y que durante este fin de semana tendrán “prácticamente la totalidad de los caminos despejados para la circulación y los servicios básicos repuestos”.

De Grange explicó que cayeron sobre la zona unos 144 milímetros de lluvia y que el aluvión no ocurrió tras las precipitaciones más copiosas, sino al día siguiente, cuando cayeron en pocos minutos unos 15 mm, razón por la cual “predecir estas cosas es realmente difícil”.

Los relatos de los afectados

Vecinos y trabajadores del sector narraron su experiencia ante el catastrófico evento, el que se desató en cosa de minutos y también inundó una clínica y dos centros educacionales.

“Estábamos haciendo una remodelación en el segundo piso de la clínica y cuando empezó lo más fuerte, el agua se llevaba los autos. El -1 y los subterráneos más abajo están llenos de lodo, barro, piedras, de todo”, relató a Canal 13.

“Alerta no recibimos nada, ninguna, cero alerta”, acusó de paso.

Una estudiante aseguró también que “vengo de la universidad, escuché la lluvia fuerte, pero no pensé que era de este tamaño el río que se salió. Nunca había visto esto en mi vida”.

“No hay luz. Se cortó el cable. Yo me puedo comunicar solo por teléfono porque no hay nada más para conectarse”, señaló.

Otra afectada contó que “el cielo se puso negro, fue una cosa tremenda. Fuimos a mirar y en cinco minutos sentimos como una ola de mar, fue un estruendo y venían todos los autos, micros y camionetas bajando. Fue una cosa terrible”, indicó.

“Primero vino una granizada y después se larga la lluvia como 15-20 minutos. Fue un balde de agua”, agregó otro hombre.

Quienes también dieron su testimonio fueron los pasajeros de un bus que fue arrastrado por la corriente, sin duda la imagen más terrorífica que dejó el aluvión.

“No alcanzamos a bajarnos de la micro porque nos pegó de golpe toda el agua, un árbol, todo. La micro se empezó a ir para atrás y se inundó hasta arriba. Llegó el agua y tuvimos que irnos hacia el fondo. Empezamos a subir por la puerta de emergencia y nos quedamos arriba”, mencionó una mujer.

Otro pasajero, identificado como Joaquín, aseguró que la corriente los desplazó por varias cuadras “arrastrando todo, árboles, postes. Por suerte paró acá, la micro quedó ahí y yo pude saltar por el vidrio”.

El caso más notorio fue el de las personas que fueron vistas arriba de ese mismo bus. “Nosotros veníamos arriba en el techo, gritando y pidiendo ayuda a la gente, porque seguíamos siendo arrastrando. Estaban todos asustados y gritando, llorando, porque se estaba inundando todo. Algunos sufrieron golpes, algunas personas se cortaron, pero nada grave”, remató uno de ellos.

Un reportaje del medio Bloomberg reveló que la sequía que afecta al Canal de Panama, sus altos cobros y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, ha elevado el tránsito de barcos por el estrecho de Magallanes en un 70% en los meses de agosto y septiembre respecto al mismo período el año pasado, de acuerdo a cifras entregadas por la Armada de Chile.

“La sequía en Centroamérica (producto del fenómeno de ”El Niño”) ha sido, sin duda, la principal culpable. Esto también ha obligado a muchos armadores y operadores a pagar tarifas extraordinariamente altas para evitar las filas”, aseguró Kenneth Loh, analista del medio citado.

De acuerdo al experto, el estrecho de Magallanes aparece como una “alternativa natural” para las navieras, que buscan ahorrarse los tiempos de espera y los costos del peaje, los que van desde USD 25 mil para un barco normal de menos de 10 mil toneladas hasta los USD 300 mil para los gigantescos buques llamados “neopanamax”.

Posición privilegiada

En agosto pasado, Karen Manzano, investigadora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, recordó en conversación con la Deutsche Welle -consignada por BioBíoChile-, que “el Canal de Panamá es una gran obra de ingeniería, pero siempre ha estado supeditado a las lluvias”, y que el estrecho de Magallanes “es la única vía natural que se considera apta para cruzar entre los dos océanos”.

De acuerdo a la experta, “este fenómeno ya lo habíamos visto entre 2023 y 2024″ cuando también hubo sequía. Por esas fechas “hubo demoras para muchos barcos y se vio un aumento del tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes en ese período. La gran ventaja es que, salvo muy pocos días en que la lluvia y el viento hacen imposible el paso, el resto del año el estrecho funciona normalmente”.

Cabe señalar que cruzar por el estrecho de Magallanes implica al menos 15 mil kilómetros más de navegación y hasta 10 días más de viaje, sin embargo, se vuelve la única alternativa para buques de gran calado.

“Ahora, con el problema de la sequía, las dificultades por el tamaño de los barcos en el Canal de Panamá aumentan”, agregó Manzano.

La académica sostuvo que “para Chile, este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera. Claramente esto coloca a Chile en una posición privilegiada, al tener la soberanía del estrecho”.

Sin embargo, al cierre recordó que esta oportunidad implica “un gran reto logístico”, para el país, que deberá “implementar una serie de obras que van a ser necesarias si es que aumenta el tráfico comercial”.

Las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien este miércoles aseguró que si Chile quiere el respaldo de su país para defender la soberanía en el Estrecho de Magallanes “va a tener que trabajar con nosotros”, provocaron la reacción del gobierno de José Antonio Kast.

Sus dichos se dieron en el marco del Día del Comercio Global, ocasión en la que el diplomático se refirió a las relaciones bilaterales entre ambos países asegurando: “No nos molesta que comercien con China, eso está muy bien. Nosotros comerciamos con China, ustedes pueden comerciar con China, todo el mundo comercia con China. Ese no es un problema”.

Sin embargo, al ser consultado sobre el famoso cable submarino entre Chile y China que aún permanece en evaluación por parte del gobierno, Judd sostuvo: “Cuando hablo de comercio con China, por supuesto, eso es comercial. Pero cuando miramos la soberanía, siempre vamos a estar muy preocupados por la soberanía, porque tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial“.

“Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros también“.

Gobierno evalúa nota de protesta

Las críticas no se hicieron esperar y uno de los primeros en reaccionar fue el propio gobierno, desde donde señalaron que “no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía“, tal como aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien justo se encontraba en una sesión especial en el Congreso.

“Lo primero que yo quiero decir, lo he dicho en reiteradas ocasiones: el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años y, por lo tanto, eso es lo que yo quiero transmitirle a todo el pueblo de Chile”, señaló taxativo.

Tocante a una posible nota de protesta, el Canciller sostuvo que lo estaban evaluando y que “no descarto nada hasta que no termine la evaluación, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas”.

Sin embargo, recordó que las relaciones con Washington “siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto“, y aseguró de paso que las negociaciones para rebajar el arancel del 12,5% aplicado por EE.UU a buena parte de las exportaciones nacionales van por buen camino.

Al cierre, subrayó que “tenemos nuestra soberanía perfectamente definida (...) sabemos defenderla, tenemos tratados que así lo establecen. Hemos visto también declaraciones del presidente argentino en Chile justamente reconociendo nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, así que desde este punto de vista estamos muy tranquilos”.

La mesa del Senado también se pronunció al respecto y mediante una declaración recordaron que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”.

“Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional”, agregaron.

“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía”, remataron.

“Drama tergiversado”

Así las cosas, el embajador tuvo que salir a aclarar sus palabras al final del día y mediante una declaración pública, puso paños fríos a la polémica y aseguró haber sido sacado de contexto.

“Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile”, afirmó.

“Mi presentación de hoy fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos”, remató Judd.

La expresidenta, Michelle Bachelet, confirmó este miércoles que evalúa una nueva candidatura presidencial en 2029, luego de su fallido intento por convertirse en la secretaria general de la ONU. La noticia fue recibida con algarabía en los partidos de oposición, que anunciaron una reunión con ella la próxima semana, y con cautela desde el oficialismo, desde donde aseguraron que “no es nuestra preocupación central”, al menos por ahora.

En entrevista con el programa “De la región al mundo” del canal universitario TVU, la destacada académica Paulina Astroza le preguntó directamente si volvería a postularse al sillón presidencial en 2029 con un “¿no hay segunda sin tercera?”

“Yo creo que sí… yo creo que sí”, fue su respuesta, acompañada de una risotada.

A renglón seguido, la exmandataria sostuvo que “me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años (...) Entonces, yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Bachelet ya había dado luces al respecto la semana pasada, en el acto de desagravio que los partidos de oposición organizaron para homenajearla tras su fallida candidatura a la ONU, la que fue impulsada por la administración de Gabriel Boric y no contó con el respaldo del gobierno de José Antonio Kast.

En esa oportunidad, afirmó taxativa que “quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia”.

Celebra la oposición

Tras sus declaraciones el entusiasmo cundió en los partidos de centroizquierda, desde donde confirmaron que la próxima semana se reunirán con la expresidenta para conversar “a fondo respecto del estado del país y también del futuro”, tal como aseguró el presidente del PPD, Raúl Soto.

“La presidenta Bachelet es un liderazgo importante para nosotros, la respetamos y queremos mucho y creo que tiene mucho que aportar en el futuro también. Vamos a ver desde dónde. Valoramos, por cierto, su disponibilidad”, sostuvo.

De la misma opinión fue el senador Iván Flores (DC), quien señaló que se trata de “una buena y bella sorpresa el que la presidenta Bachelet haya vuelto a ingresar a la lid política interna. Y esto no es luego de una fallida candidatura a ser secretaria general de las Naciones Unidas, es porque a la oposición hoy día le falta liderazgo (...) Me parece fantástico”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “siempre es una buena noticia saber que tenemos muchos liderazgos disponibles. Por supuesto, el de la presidenta Bachelet es un gran liderazgo no solo para el Partido Socialista de Chile, sino para todo el progresismo. Ella siempre va a ser una persona y un referente importante, es una guía en nuestro actuar, tiene el cariño de la gente. Y Dios dirá”.

Por otra parte, el senador comunista, Daniel Núñez, subrayó la “experiencia y liderazgo” de Bachelet, mientras que la diputada Ana María Gazmuri (AH), valoró que “siga disponible para aportar al debate público y a la política chilena”.

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseveró que “siempre va a ser rescatable que una lideresa como ella esté a disposición en la construcción de ese trabajo”, aunque recordó que de aquí al 2029 “nos queda un largo trecho que recorrer”.

Reserva en La Moneda

Desde el gobierno, en tanto, recibieron la noticia con cautela y señalaron que los dichos de Bachelet responden más bien a una “expresión de deseo” y que “en tres años y medio más conversaremos”, tal como sostuvo el biminstro, Claudio Alvarado.

“La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público. Hoy ella realiza una expresión de deseo y cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, conversaremos las viabilidades políticas o si efectivamente llega a materializarse”, matizó la autoridad.

“Por lo tanto, es muy poco lo que puedo decir y yo creo que las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que a lo mejor tienen el mismo interés”, argumentó Alvarado.

El secretario de Estado agregó que “al gobierno lo que le motiva es trabajar por las materias por las que fue elegido (...) Lo que se genere en el debate político, obviamente no somos ajenos al mismo, pero no es nuestra preocupación central”, remató.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) acordó por unanimidad este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente-Evópoli), cuyo voto ha sido clave para alcanzar el quórum exacto de 26 legisladores que requiere el gobierno de José Antonio Kast para llevar adelante su agenda legislativa en el Congreso.

Según antecedentes de la investigación, mientras fungía como diputado entre 2018 y 2022, Calisto habría coordinado con su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y la esposa de éste, Carla Graf, el pago de falsas asesorías parlamentarias por servicios que nunca se ejecutaron, razón por la cual es acusado por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos $105 millones de pesos (USD 107 mil), y enfrenta hasta 12 años de cárcel.

El parlamentario ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal firme ni con una pena aflictiva dictada que le impidiera legalmente competir en las urnas, razón por la cual hasta ahora mantenía su cargo, dieta incluida.

Ahora, el Ministerio Público dio por cerrada la investigación y una vez que el desafuero quede firme podrá avanzar con el juicio en su contra, pues esta medida no constituye una condena ni establece responsabilidad penal alguna.

Calisto ha votado en varias instancias a favor de las proyectos de ley del gobierno y su voto en la Cámara Alta respaldando el Plan de Reconstrucción Nacional fue crucial para su aprobación, correlación de fuerzas que ahora está en vilo.

Apelación a la Corte Suprema

Una vez conocida la resolución del tribunal, el senador por la Región de Aysén dijo respetar la decisión del tribunal pero afirmó que llegará hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

“Hace casi siete años estamos en medio de un proceso a raíz de una denuncia anónima contra una asesora de mi equipo. Hemos pasado elecciones y procesos de desafuero. Tenemos pleno convencimiento de nuestra rectitud y defenderemos nuestra tesis en todas las instancias que nos permita la ley. Está resolución es una etapa y ahora este proceso lo resolverá la Suprema. Evidentemente estamos en una etapa que en ningún caso representa responsabilidad”, señaló Calisto a La Tercera.

Al cierre, sostuvo que “la principal tranquilidad en todo esto es que la gente de Aysén me cree, y yo estoy convencido del trabajo que hemos realizado y, por supuesto, de que hemos hecho las cosas correctamente”, razón por la cual aseguró que espera “se garantice siempre el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley como lo establece nuestra Constitución”.

Un nuevo frente de mal tiempo que afecta a la zona central del país ha causado estragos sobre todo en la Región Metropolitana y mantiene en alerta también a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins. Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), esta jornada, una persona falleció en Santiago, miles de hogares están sin energía eléctrica y cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran completamente anegados.

El hecho más grave ocurrió en la comuna capitalina de San Bernardo, donde un hombre en situación de calle que dormía en un paso bajo nivel ubicado en Avenida San José con Avenida Portales fue hallado sin vida.

De acuerdo al teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, gracias a “un trabajo coordinado junto a Bomberos se logró el rescate de un cuerpo de un hombre adulto no identificado que se encontraba lamentablemente fallecido en este paso bajo nivel que se encuentra inundado”, según consignó Emol.

Varios puntos de la capital se encuentran bajo el agua y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que alrededor de 12 mil viviendas se encuentran sin suministro eléctrico. Según el reporte metereológico, las lluvias amainarán esta jornada pero volverán el jueves con probables tormentas eléctricas y vientos en gran parte de la zona central.

Regiones

En regiones, en tanto, la situación no es mucho mejor y se registran al menos 10 mil hogares sin luz, la mitad de los cuales se concentran en el gran Valparaíso.

En Viña del Mar, la ladera del Cerró Recreo sufrió una importante remoción de tierra que obligó a cortar el tránsito en la Av. España, que une esa ciudad con Valparaíso.

Según autoridades locales, “los equipos de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Dirección de Operaciones y Servicios del municipio de Viña del Mar se coordinaron para disponer de maquinaria y ejecutar labores de limpieza y resguardo de la población”.

En la Región de O’Higgins, por otra parte, se reportaron personas aisladas en el sector Agua Buena de San Fernando por la crecida del estero Antivero.

Así las cosas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen la Alerta Amarilla para la Región Metropolitana y emitieron avisos por posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y hasta granizo desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

Durante toda la semana pasada continuó en la Comisión de Trabajo del Senado la discusión del proyecto de ley “Contrato por hora”, el que busca crear una nueva modalidad de jornada parcial para pactar un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, adaptándose a sectores con demanda irregular como el comercio, turismo o gastronomía.

Aunque la iniciativa fue ingresada originalmente en el año 2018 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, permaneció estancada en el Congreso hasta el 23 de junio pasado, cuando el gobierno de José Antonio Kast le otorgó urgencia legislativa, impulsándolo como una medida para combatir los ingentes niveles de desempleo que llegaron al 9,6% entre junio y agosto pasado.

Sin embargo, el proyecto es resistido por la oposición y gremios de trabajadores, que aseguran que traerá incertidumbre laboral, mientras desde el oficialismo lo defienden afirmando que otorga flexibilidad a la hora de contratar.

De acuerdo al documento ingresado al Senado, la nueva norma mantiene el resguardo de los derechos previsionales y laborales básicos y establece que las horas trabajadas no pueden superar las 30 a la semana ni las 120 al mes. Cada hora debe pagarse al menos al doble del valor por hora del ingreso mínimo mensual -$553.553 (USD 570)-, la que actualmente ronda los $3.075 (USD 3,16).

Además, el empleador debe notificar los horarios con un mínimo de anticipación de 24 horas, aunque el Ejecutivo evalúa extender este plazo. Y si la empresa no ocupa la totalidad de las horas acordadas, debe pagar un porcentaje de ellas (el proyecto contempla al menos un 75%).

A favor y en contra

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la propuesta como una de las medidas centrales para enfrentar la desocupación asegurando que está diseñado bajo el concepto de “flexiseguridad”, el que garantiza que los trabajadores mantengan sus cotizaciones previsionales, seguro de cesantía y cobertura de salud.

En junio pasado, Francisco González, gerente general de Vertical Hunter, sostuvo a CNN Chile desde el sector de reclutamiento empresarial que se trata de una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes), pues les permite “contratar personal especializado en cierta área cuando no tienen los recursos para hacerlo por un mes completo”, facilitando además que las personas se reincorporen al mercado de forma paulatina.

Este domingo, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión del Trabajo, Mario Olavarría, respaldó firmemente la iniciativa señalando que es necesario “avanzar en normas que permitan flexibilizar más lo que es la legislación laboral”, según consignó BioBíoChile.

El parlamentario aseguró que la medida “no va en desmedro del trabajador, sino al contrario, va a beneficiar el trabajo” e instó a aprovechar la oportunidad legislativa.

Desde la otra vereda, el diputado de la bancada del PPD, Héctor Ulloa, se mostró contrario al proyecto, puesto que “dicen que el contrato por hora puede otorgar flexibilidad, ¿pero flexibilidad para quién? Para el empleador, no para el trabajador que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes. Legalizar la precariedad no la hace digna“, argumentó, de acuerdo al medio citado.

De la misma opinión fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, quien no se mostró totalmente contrario al proyecto de ley, pero afirmó que “tiene que ser muy acotado, porque si el contrato por hora se pone como una generalidad, lo único que se va a lograr en el tiempo son incertidumbres para las y los trabajadores“.

Tras una extensa audiencia que comenzó el jueves y finalizó este domingo, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para nueve integrantes de la primera célula del Primer Comando de la Capital (PCC) identificada en Chile, quienes se suman a otros 10 individuos que ya estaban tras las rejas en distintos penales del país y fueron reformalizados.

Todos fueron imputados por los delitos de de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, amén de otros cargos por tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Armas, y el tribunal fijó un periodo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”. En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, también presunto miembro del PCC y sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por este crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Pero “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

Reclutamiento en Chile

De acuerdo al Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la labor de esta célula de la macrobanda de origen brasileño era, por ahora, reclutar gente dentro de las cárceles chilenas.

“Estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente (...) Los integrantes estaban funcionando en delitos vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y también al delito de narcotráfico”, señaló, según consignó Emol.

La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización, que administra internamente el llamado “Libro Blanco” (registro de miembros activos) y también un “Libro Negro”, donde se apunta a exmiembros que consideran traidores y contra quienes se decretan órdenes de muerte.

Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, aseguró el jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Barros.

Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”, y cuyo rol era fundamental debido al nexo directo con la matriz de la organización en Brasil.

En el sector conocido como Piedras Grandes de la comuna de Freirina (690 kms al norte de Santiago), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Atacama y autoridades locales realizaron esta jornada el lanzamiento del Desierto Florido 2026, cuyas primeras floraciones comenzaron a observarse durante la segunda quincena de agosto y este fin de semana llegará a su peak.

Este fenómeno natural extraordinario que ocurre en el desierto de Atacama, considerado el más árido del planeta, consiste en la aparición masiva de una gran diversidad de flores y vegetación que ocurre solo en años en que las precipitaciones invernales superan el rango normal (generalmente entre 15 y 30 milímetros), y que este año superaron los 150 mm.

Así, el agua despierta a millones de semillas, bulbos y tubérculos que permanecieron latentes y ocultos bajo la tierra durante años esperando la humedad justa, dando vida a más de 200 especies de plantas, muchas de ellas endémicas como la añañuca, la garra de león, los suspiros y la pata de guanaco.

El administrador del Parque Nacional Llanos de Challe, Moisés Grimber, aseguró que el peak de floración se dará este fin de semana y se extenderá hasta noviembre en varios sectores, según reza una nota del medio local Atacama Noticias.

“Hoy día vamos a tener una expresión completa de toda la diversidad de flores y plantas que se pueden ver en un fenómeno del Desierto Florido”, afirmó Grimber, quien explicó que gracias al superávit de agua en esta ocasión florecerán especies que en otras temporadas no siempre logran ver la luz.

“Vamos a ver seguramente muchas más amarillas, vamos a ver también las rojas y quizás nos encontremos con alguna sorpresa”, agregó Grimberg, recordando de paso que el año pasado científicos descubrieron dos nuevas especies.

Qué hacer y qué no

Sin embargo, este verdadero milagro de la naturaleza es sumamente frágil, razón por la cual desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado a no ingresar directamente a los campos floridos que no solo albergan plantas, sino también insectos, polinizadores y otras especies que forman parte del ciclo natural del desierto.

“Los invitamos a todos a disfrutar este tremendo fenómeno, pero hay que hacerlo de manera responsable. Es clave que todas las flores completen su ciclo, para que puedan dar semillas y después podamos tener esas semillas para los próximos fenómenos naturales”, recalcó Grimberg.

Así las cosas, las recomendaciones de la Conaf para visitar el desierto florido son las siguientes:

- Cuidado de la flora: No pisar, cortar ni manipular las flores. No debes recolectar semillas o bulbos, ya que solo crecen en su ambiente natural.

- Tránsito seguro: Utiliza únicamente los caminos vehiculares establecidos y transita solo por huellas o senderos demarcados. Estaciona solo en lugares habilitados.

- Cero mascotas: Está prohibido ingresar mascotas porque alteran el hábitat de la flora y fauna nativa (y están prohibidas en áreas protegidas).

- Respeto animal: No alimentes ni asustes a la fauna silvestre como guanacos o aves locales.

-Gestión de residuos: Llévate toda tu basura de vuelta a la ciudad.

Durante esta jornada se lleva a cabo en Santiago la formalización de 21 individuos acusados de tener vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal surgida en las cárceles brasileñas que opera a nivel mundial y fue detectada en Chile en 2022.

Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”, mientras que el resto ya se encontraban repartidos en otros nueve recintos penales condenados por diversos delitos, razón por la cual están siendo reformalizados.

En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, presunto miembro del PCC, sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por dicho crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Sin embargo, “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y que el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

La investigación contra los PCC chilenos

De acuerdo con el medio citado, el Primer Comando de la Capital (PCC) estableció una célula en Chile con integrantes formalmente incorporados, líderes dentro y fuera de las cárceles y planes para exportar droga desde puertos chilenos.

La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización.

Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, señaló este jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”.

El Segundo Tribunal Oral de Santiago condenó este jueves al ciudadano venezolano Maickel Villegas Rodríguez, como uno de los autores materiales del secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, y cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del segundo miembro de la célula “Los Piratas de Aragua” condenado por el caso, puesto que el primero fue el adolescente de iniciales A.C. -quien tenía 17 años al momento del crimen-, sentenciado a cinco años de reclusión en régimen mixto (dos años en régimen cerrado y tres en semicerrado) en octubre de 2024, tras un procedimiento abreviado.

Según antecedentes de la carpeta investigativa, Villegas estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

La madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y A.C. se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y el adolescente grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

Así las cosas, la lectura de sentencia fue fijada por el tribunal para el próximo 15 de octubre.

Fiscalía pide 20 años

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos -testigo reservado-, aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias

Y aunque el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no logró acreditar el móvil político a lo largo del juicio oral, de todas maneras aseguró estar “conforme” con el fallo.

“Lo que más nos conforma en este caso es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia ya con el primer imputado que hemos traído a juicio oral, y espero que estén muy conformes también con el resultado del juicio, que es lo que finalmente nos tiene que importar, que la familia tenga la justicia que quiere y que necesita”, sostuvo.

El persecutor agregó que espera probar su tesis cuando sea el juicio “donde están los líderes máximos de esta organización criminal, que son ellos los que finalmente hacen las negociaciones”.

Ello, pues Villegas “prestaba cobertura a la estructura criminal y está en los eslabones operativos más inferiores de la estructura criminal. Por lo tanto, ni siquiera él probablemente supiese qué es lo que pasaba más arriba”.

Barros adelantó que pedirán 20 años de cárcel para Villegas y que el 20 de octubre partirá el segundo juicio oral contra otros 18 imputados, “donde están justamente los eslabones que son los operativos, que son los que ejecutan materialmente el hecho, y aquellos que participan también en la ocultación de su cuerpo en la toma Santa Marta”.

“Y luego de eso nos queda la causa abierta todavía, donde está ‘Carlos Bobby’, que es el líder para Sudamérica, ‘El Turko’, que era el líder para Chile, y los otros sujetos que hemos ido extraditando desde los distintos países en que los hemos detenido”, remató el fiscal que ha llevado a cabo la investigación desde el primer día.

En una guerra de dimes y diretes se enfrascaron este miércoles el senador comunista Daniel Núñez y el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd. Mientras el primero aseguró que no le dieron la visa para viajar a EEUU por razones de tiempo, el segundo sostuvo que nunca recibieron una solicitud suya y acusó una “mentira descarada” por parte del parlamentario.

Todo comenzó cuando Núñez explicó a la prensa las razones por las que no pudo asistir a una asamblea parlamentaria de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Nueva York, la que se realizó en paralelo a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

“Hice las gestiones, lo que conllevó sacar mi pasaporte diplomático, que no lo había sacado, y hacer la solicitud de visa a Estados Unidos. El encargado de Relaciones Internacionales (del Congreso) me dijo que por los plazos no había posibilidad de sacar esa visa y eso significó que yo no pude viajar”, sostuvo.

“Lo que uno entiende es que, cuando se hace un evento de esta magnitud, la Asamblea de Naciones Unidas, son los Estados que organizan el evento y que tienen la sede, los que facilitan el acceso a las visas”, agregó el parlamentario.

Y a renglón seguido se despachó una publicación en su cuenta de X, emplazando a la embajada de EEUU a explicar “por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria. Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo. ¿Qué más vendrá con el Escudo de Las Américas?“.

“Mentira descarada”

La respuesta desde la legación norteamericana no se hizo esperar y fue el propio embajador quien retrucó a través de la misma red social.

“Cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada“, aseguró Judd.

“El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, agregó Judd.

“No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”, remató el diplomático.

La réplica del senador Núñez vino casi de inmediato: “Qué bueno saber de boca del embajador Judd que EEUU no aplica vetos. Podría recordárselo al Pdte Trump, quien vetó a CNN y otros medios (...) La negativa de mi visa me fue informada por la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado. No acepto que se ponga en duda mi palabra”, refutó.

Senado niega gestiones

Sin embargo, esta jornada desde la Cámara Alta respaldaron las palabras del embajador estadounidense. Mediante un comunicado de prensa firmado por el presidente subrogante del Senado, Iván Moreira, garantizó que “ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador”.

De acuerdo al documento, el Senado “no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la embajada de Estados Unidos de América vinculada a dicha materia”.

A pesar de ellos, horas después el senador Núñez volvió a la carga y en conversación con Radio ADN, insistió en que “la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje”.

“Cuando parte esta conversación que yo tuve con el equipo de Relaciones Internacionales del Senado, ellos me dicen: nosotros gestionamos la visa con la embajada, pero va a ser difícil, porque Estados Unidos pone muchas exigencias. Usted sabe cómo es. Todos nos hemos enterado por la prensa de las restricciones que tiene”, cerró el parlamentario de oposición.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó esta jornada la muerte de un trabajador de la mina Radomiro Tomic de la estatal Codelco, ubicada en la comuna de Calama, a unos 1.670 kilómetros al norte de la capital y 3.000 metros sobre el nivel del mar, luego de quedar atrapado por una cinta transportadora, según antecedentes preliminares.

“Sernageomin lamenta informar un accidente fatal ocurrido durante esta jornada en la mina Radomiro Tomic de Codelco Chile, región de Antofagasta. Un equipo de nuestra Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, señalaron mediante una publicación en su cuenta de X.

Piden “investigación exhaustiva”

Según varios medios de prensa, el trabajador fue identificado como Waldo Castillo y pertenecería a una empresa externa a Codelco, la que activó de inmediato sus protocolos internos. En tanto, desde el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmaron que el minero fallecido pertenecía al gremio, y detallaron que su muerte se produjo mientras realizaba labores de mantención a una pala de extracción.

Debido a esto, exigieron que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva” y recalcaron la necesidad de garantizar condiciones seguras para los mineros.

Su muerte se suma a la de otros dos trabajadores fallecidos en accidentes mineros en lo que va del 2026 en la región de Antofagasta. El último caso ocurrió el pasado 23 de septiembre en Minera Escondida, donde un trabajador murió mientras realizaba, también, labores de mantención.

El Gobierno de José Antonio Kast expulsó este miércoles a otros 40 extranjeros con destino a Colombia y Perú -buena parte de ellos con antecedentes penales -, elevando así el número de deportados durante su administración a 1.468 personas.

En detalle, 32 ciudadanos colombianos y 8 peruanos fueron embarcados, 28 de los cuales tenían asuntos pendientes con la justicia. Los más conspicuos son sin duda el colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien tenía cuatro causas por amenazas y una por lesiones graves en diversos tribunales de la región de Ñuble, y Brillith Risco Tejad, imputada en Chile por robo con violencia y requerida por un tribunal peruano acusada de lesiones graves.

El resto también mantenía antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo con violencia, robo por sorpresa y robo con intimidación, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, violencia intrafamiliar y porte de arma de fuego.

1.764 expulsadas en 2026

De acuerdo al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con este noveno vuelo se elevan a 1.764 la cantidad de personas expulsadas en 2026, “que se complementan y suman a los más de 10 mil salidas voluntarias que hoy día tenemos, donde más del 70% de ellos son personas de nacionalidad venezolana”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que el número de expulsiones este año supera en un 64,9% al total de 2022, en un 86,5% al de 2023, en un 60% al de 2024 y en un 39% a las ejecutadas en 2025.

“Esto significa que, en promedio, nuestro Gobierno, en coordinación con la Policía de Investigaciones y con el Servicio de Migraciones, en promedio, ha expulsado 200 extranjeros mensuales y más de seis expulsiones diarias, lo que nos parece que es una cifra relevante de la forma en que se ha ido llevando adelante el Plan de Reordenamiento Migratorio”, remató la autoridad.

Dos jóvenes de 22 años que huyeron de una fiscalización policial fallecieron baleados por carabineros la madrugada de este martes en la comuna santiaguina de Cerrillos. Desde la institución aseguran que los individuos intentaron atropellar a los uniformados, sin embargo, sus familiares insisten en que no existen evidencias de ello y piden una investigación formal.

Todo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el Mazda 3 gris que conducían huyó de un control policial en la comuna de Lo Espejo. Se dio inicio entonces a una persecución, la que finalizó cuando el vehículo se vio rodeado y quedó encajonado en un pasaje sin salida.

Al intentar retroceder, los jóvenes chocaron a un patrulla policial y de acuerdo al subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, “en ese momento, el vehículo dirige la marcha contra personal de Carabineros, por lo que hacen uso de su arma de fuego”, impactando a ambos individuos.

Según trascendió, los ocupantes del Mazda no portaban armas de fuego, por lo que no hubo intercambio de disparos y ningún carabinero resultó herido. El vehículo tampoco tenía encargo por robo, pero uno de los fallecidos sí tenía antecedentes penales y de hecho, pendían sobre él tres órdenes de detención, dos por receptación de artículo robado y una por robo con intimidación.

Familias piden una investigación formal

Debido a esto, la familia de los muchachos pide que se abra una investigación, a fin de determinar si los uniformados actuaron de manera justificada.

Un hermano del chofer, identificado como Moisés, señaló a BioBíoChile que “mi hermano venía de la pega (trabajo), nos juntamos en la casa de un amigo en Lo Espejo (...) Salimos de la casa los dos vehículos juntos, a lo que la policía nos detiene. Mi hermano tomó la decisión de evadir el control y arrancar”, admitió.

“Se asustó yo creo, lo más probable por sus temas legales. Pero temas de armamento o algo ilícito, doy fe de que no llevaba armas, nada”, agregó.

Moisés aseguró que los uniformados apenas prestaron ayuda los jóvenes heridos, y dudó del supuesto intento de atropello puesto que “el auto no tiene ningún tipo de choque y los casquillos de las balas de carabineros están a los costados. Me daba como la impresión de que tiraban directo a matar, y por los lados. Si hubiera habido un intento de atropello, estarían las balas directas en el parabrisas”

“Quiero que se aclare, para ver si es que fueron necesarios los impactos de balas directos a matar, o puede haber habido otra salida, por ejemplo, que dispararan a los neumáticos”, demandó.

Por otra parte, otro hermano del joven que iba como copiloto, identificado como Benjamín, sostuvo al medio citado que “en ningún momento hubo un intento de atropello a un funcionario. Si se percatan, no hubo siquiera disparos en el parabrisas como tendría que haber sido, sino que fue directamente en el (vidrio) lateral, ambos del conductor y el copiloto, dos casquillos por un lado y tres casquillos por el otro”, argumentó.

Cuatro sujetos -un dominicano, dos venezolanos y un chileno-, fueron detenidos en 48 horas en dos operativos policiales en la Región de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), los que permitieron decomisar alrededor de 700 kilos drogas entre cocaína, marihuana y pasta base avaluados en unos $4.500 millones de pesos (más de USD 4,6 millones). Todos serán formalizados este jueves por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ambas pesquisas fueron llevadas a cabo en conjunto por la Fiscalía local y el OS7 de Carabineros y la primera se desarrolló durante la tarde del pasado domingo, cuando uniformados que realizaban una fiscalización en el sector conocido como “La Negra” detectaron un vehículo acondicionado con varios compartimentos para esconder droga.

Tras el interrogatorio de rigor, los uniformados llegaron hasta un domicilio en la ciudad de Antofagasta donde hallaron 103 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En medio de dicho allanamiento, los agentes policiales pudieron establecer que otro cargamento de similares características iba en camino hacia Santiago, por lo que de inmediato se ordenó interceptarlo, cuestión que ocurrió en la Región de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), logrando los efectivos policiales incautar, esta vez, 103 kilos 700 gramos de la misma droga y elevando el decomiso total a unos exactos 207 kilos.

3 millones de dosis fuera de circulación

El segundo operativo se llevó a cabo la madrugada de este martes, mientras la policía patrullaba diversos pasos no habilitados en plena pampa. En uno de ellos divisaron una camioneta cuyos ocupantes, al verse sorprendidos, pusieron pies en polvorosa adentrándose en el desierto.

Al interior del vehículo, los uniformados encontraron 484 kilos 660 gramos de marihuana y 8 kilos 90 gramos de cocaína base, y se estableció que la camioneta tenía encargo por robo en Santiago y circulaba con las patentes clonadas.

“Como nos muestran estos procedimientos, las incautaciones no sólo se producen en frontera, sino que también en ciudades, en carreteras e incluso en la pampa, y esa es una característica muy destacable, pues, tal como ha dicho nuestro Fiscal Regional, no hay espacio al que no podamos llegar”, señaló el fiscal Cristian Aguilar, según consignó Antofagasta TV.

Por su parte, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, agregó que gracias a los dos operativos fue posible sacar de circulación alrededor de 3 millones de dosis de drogas.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández Valenzuela, valoró la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros de Chile, cuya labor en la región marca récords nacionales pues en lo que va del año, los decomisos de drogas superan las 59 toneladas, un alza de 181% respecto a 2025.

Autoridades chilenas de la Región de Magallanes abordaron las quejas argentinas por la apertura de una ruta de comercio marítima entre la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y las islas Malvinas, calificándolas como “una patudez”, y defendieron su derecho a “comerciar con cualquier parte del mundo”.

Cabe recordar que a principios de este mes, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina.

La idea es disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, ruta que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde Punta Arenas, disminuyendo considerablemente los costos.

Por estos días una delegación de unos 40 empresarios ingleses se encuentra en dicha ciudad para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos ya está programado para noviembre.

Para peor, este lunes, el Gobierno de Javier Milei acusó a la empresa Thales UK Limited de operar vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, y anunció multas y denuncias penales en su contra.

En tanto, el Gobierno chileno ha dejado claro que reconoce el “legítimo derecho de Argentina a la soberanía en las Islas Malvinas”, tal como recalcó este lunes durante su interpelación ante el Congreso el canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien también calificó al Reino Unido como un “país amigo” y defendió los nuevos lazos comerciales por tratarse de un “acuerdo entre privados”.

Sus dichos fueron retrucados rápidamente por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien optó por ponerle paños fríos a la polémica y recordó el compromiso asumido por el presidente José Antonio Kast con Javier Milei de respaldar la demanda argentina, tras su última reunión en Santiago.

“O sea, tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente que esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos (...). Palabra de Presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”, afirmó Quirno.

“Una patudez”

Así las cosas, autoridades de Magallanes rechazaron los reclamos argentinos y el primero en comentar fue el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi , quien calificó como “una patudez y una intromisión lo que está haciendo Argentina respecto al comercio entre la región de Magallanes y las Islas Malvinas o Falklands, que no puede ser permitido”, según consigna una nota de BioBíoChile.

De acuerdo al parlamentario, “hay que separar dos cosas: Chile tiene una posición histórica respecto a las Malvinas y esa definición la ha mantenido; pero una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido no puede transformarse en un bloqueo económico para Magallanes”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo en entrevista con EmolTV que “lo que estamos haciendo es retomar un vínculo marítimo, porque existe el aéreo, de un comercio que hoy se lo lleva íntegramente Montevideo. Lo que buscamos finalmente es que este comercio, que es muy importante, ahora quede en manos de nuestras pymes locales”.

Según el edil, “no estamos bajo ningún punto de vista violentando ningún tratado internacional ni la Convención del Mar firmado por ambos países (...) Hoy las compras que requieren las islas, las provee directamente Montevideo a 100 kilómetros de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es, finalmente -Uruguay está en el Mercosur también, para contextualizar-, que este comercio vuelva a nuestra ciudad como siempre se hizo”.

“El comercio que hoy tienen las islas viene de un país miembro del Mercosur. Chile es asociado al Mercosur. Por lo tanto, no puedo entender, ni menos aceptar que se discrimine a nuestra ciudad respecto de Montevideo. No estamos haciendo nada fuera del marco legal. Chile es un país soberano, y también reivindico el derecho de nuestra ciudad a comerciar con cualquier parte del mundo. El libre comercio no puede tener letra chica según convenga o no convenga. Aquí lo que estamos haciendo es comercio con comercio entre pymes locales y nada más”, remató Radonich.

El biministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que el cable submarino Chile–China Express sigue “su curso natural” y aún no ha sido descartado por el Gobierno de José Antonio Kast, a pesar de que el mismo día del cambio de mando el embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd, afirmó que el proyecto tenía los días contados.

“El cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver”, afirmó Judd a la prensa al término de la ceremonia en el Congreso Nacional, el 11 de marzo pasado.

Sin embargo la noche de este lunes, en entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, De Grange afirmó que “el tema del cable chino sigue su curso normal”, y agregó que está en su etapa administrativa.

“China y Estados Unidos son dos socios estratégicos para Chile, tremendamente importantes, y por supuesto que vamos a empujar las mejores relaciones con ambos”, complementó la autoridad, quien recordó que aún queda un buen trecho por delante pues “estamos en proceso de recopilación de información; se han planteado una serie de dudas, que son las dudas normales que se plantean a todas las empresas que requieren solicitar una concesión”.

Tocante a si el gobierno teme medidas extremas como la revocación de sus visas norteamericanas sufridas por tres funcionarios del gobierno de Boric que trabajaron en la tramitación del proyecto- entre ellos el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz-, De Grange señaló que “no hay razones para estar preocupados”.

“Nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía”, sostuvo, agregando que “las relaciones con Estados Unidos, con el mismo embajador Judd, son muy buenas, y también con los chinos. Son socios estratégicos, es natural que mantengamos esa muy buena relación”, remató el secretario de Estado.

El peligro

Infobae ya había advertido en otras oportunidades sobre las alertas que este convenio con el régimen generaban en la región. El Chile–China Express no es un cable cualquiera, pues colocaría a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica en el Pacífico y en América Latina. Con velocidades -supuestamente- de hasta 16 terabits por segundo, dicho proyecto significaría un “salto cualitativo“ ofreciendo mayor velocidad, fiabilidad y una reducción en los costos asociados a la transmisión de datos, posicionando a Chile como un hub digital en la red global de telecomunicaciones, de acuerdo a sus promotores.

Sin embargo, desde 2017 China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia y establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.

A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.

En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express, por lo que la naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. En resumen, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.

La advertencia de Judd

En medio del cambio de mando, el embajador norteamericano en Chile, Brandon Judd, le puso punto final al proyecto, asegurando que “el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver. Chile puede elegir lo que quiere hacer, pero la cosa es que si Chile quiere ser socio de nosotros, y si nosotros queremos ser socios de Chile, nosotros tenemos que aprender lo que es mejor por ambos países”.

La iniciativa es vista con recelo desde Washington por sus implicancias estratégicas y geopolíticas y un mes antes del cambio de mando, Judd ya había advertido que el proyecto “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales”.

“Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto”, advirtió en dicha oportunidad.

Los diversos gremios productivos chilenos valoraron el plan “Chile Despega” presentado este lunes por el presidente José Antonio Kast desde La Moneda, el que busca combatir los ingentes índices de cesantía que actualmente rozan el 9,5% creando más de 100 mil empleos hacia fines de 2027, con una inversión de más de USD 1.000 millones.

Según una minuta publicada por el Gobierno, el plan tiene como objetivo acelerar obras e inversiones entrampadas, fomentar la contratación directa, facilitar financiamiento a las empresas para mantener y generar empleo, y establecer mecanismos de control y seguimiento dichas medidas.

Una vez anunciado el programa, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aplaudió que la iniciativa “considere la descentralización y el seguimiento en los territorios, para que los recursos se traduzcan pronto en inversión y empleos”, según consigna una nota de Emol.

Eso sí, la dirigenta sostuvo que aunque la meta de 100 empleos “puede sonar ambiciosa”, lo cierto es que “con cerca de un millón de personas buscando empleo, diría que incluso tenemos que aspirar a mucho más”.

Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), valoró que el Gobierno “esté haciendo un esfuerzo fiscal importante, destinando recursos concretos para enfrentar la crisis de desempleo y acelerar la contratación y la inversión (...) Esperamos que estas medidas se implementen con rapidez y se traduzcan pronto en nuevos empleos”.

De la misma opinión fue José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien señaló que “concordamos en que la recuperación del empleo vaya en la línea de una agenda más amplia, que combine estos incentivos con mayores grados de adaptabilidad y certeza para contratar”.

Pakomio recordó que aún hay iniciativas pendientes - como el contrato por horas-, y a su juicio ahora el desafío es “generar condiciones para que contratar formalmente sea más sencillo y predecible”, según el medio citado.

Finalmente, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, enfocada en las pequeñas y medianas empresas (pymes), elogió la capitalización del Fogape (fondo estatal administrado por BancoEstado que garantiza un porcentaje de los créditos para pymes que no tienen suficientes garantías), pero sostuvo que “necesitamos que estos recursos lleguen efectivamente a las pequeñas empresas, con condiciones accesibles y sin barreras que dejen fuera a quienes más necesitan capital de trabajo”.

Un reportaje de Teletrece reveló la noche de este lunes que Luis Hermosilla, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, recibió pagos en efectivo de parte del fallecido exmandatario, que Andrés Chadwick, exministro de Interior, le informó sobre estos pagos, y que nunca entregó una boleta de honorarios por los montos recibidos, según reza su última declaración incluida en la carpeta investigativa de la fiscal Claudia Perivancich.

El abogado, cuyo teléfono celular dio pie al Caso Audios, la trama de corrupción y tráfico de influencias más grave de los últimos años en el país que salpicó a empresarios, políticos y provocó un verdadero terremoto en el Poder Judicial, arriesga actualmente 17 de años de cárcel acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, juicio oral que comenzará el próximo martes 3 de octubre.

El primer indicio de estos dineros -entregados por mano de dos asesores de Piñera -, apareció en abril de 2025 cuando un reportaje de The Clinic filtró una conversación de marzo de 2022 con el ex asesor de Piñera, Andrés Sotomayor, alojada en el Iphone 14 de Hermosilla.

“Hola Lucho, ¿Cómo estás? Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”, escribió Sotomayor.

Consultado por dicho pago por la fiscal Perivancich, el penalista declaró el pasado 27 de agosto, tal como consta en el documento al que accedió el medio citado, que fue el propio Piñera quien generó “una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”.

Uno de esos abogados era Samuel Donoso, querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de soborno en el nombramiento del juez Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, quien además es el actual defensor de Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano de Sebastián Piñera, ex ministro de Interior de su segundo gobierno y quien también está imputado en una arista separada al Caso Audios.

“Fue una iniciativa del Presidente que quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos (...) El Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales (unidad de medida chilena que se reajusta diariamente según la inflación para mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo), a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales” (USD 3.600 al valor actual), prosiguió Hermosilla.

Dichos pagos eran en efectivo y se hicieron entre 2020 hasta mediados de 2022, se acumulaban para ser cobrados de manera trimestral, eran entregados por mano por Sotomayor y otro ex asesor de Piñera, Benjamín Salas Kantor, y por ellos “no emití boleta de honorarios”, admitió Hermosilla.

¿La prueba? Varias conversaciones extraídas del celular de Hermosilla, como ésta:

Benajamín Salas: Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja.

B.S: Te deje con tu secretaria personal nuestra deuda.

B.S: Para que te vayas a Miami jajaja.

Decisión presidencial

Hermosilla reconoció también que estos pagos eran aparte del sueldo que recibía como abogado del Ministerio de Interior, que no tiene registros de ellos y que “se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”.

El defenestrado legista aclaró, eso sí, que “sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie”.

“Esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue”, afirmó, y agregó que desconoce totalmente de “dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”.

Los chats con Sotomayor

Tal como se lee en las conversaciones a las que tuvo acceso el reportaje de Teletrece, los pagos llegaron incluso cuatro meses después de que el segundo gobierno de Piñera se había acabado, en marzo de 2022. En julio de ese año, Sotomayor escribió:

-Sotomayor: Hola Lucho. Tengo el pago de julio-septiembre. Podría llevarlo esta semana a tu oficina.

-Hermosilla: Hola Andrés. Te lo agradezco, puede ser antes de las 11?

–Sotomayor: Hola Lucho, perdona pero se me complicó la mañana por reuniones no planificadas. Puedo llevártelo mañana a la hora que más te acomode. Por supuesto también puedes mandar a buscarlo a mi oficina (estoy al lado de Samuel).

Hermosilla remató su declaración asegurando que los pagos “se extendieron después que el Presidente Piñera hubiera dejado la Moneda en marzo de 2022, porque el encargo era de él. Por eso, Sotomayor en estos whatsapp hace referencias a su oficina particular en el Cerro El Plomo en Comuna de las Condes, y no en La Moneda, porque ya no estaba vigente el Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera”.

El presidente José Antonio Kast presentó este lunes desde La Moneda el plan “Chile Despega, con más pega”, que busca combatir los ingentes índices de cesantía creando más de 100 mil empleos hacia fines de 2027.

En su alocución, el mandatario sostuvo que en estos seis meses su administración se ha dedicado a “ordenar la casa” con el fin de volver a traer inversionistas al país y aseguró que Chile sufre “un problema de desempleo estructural que se ha prolongado por demasiado tiempo, con una desocupación que suma 43 meses consecutivos sobre el 8% y que hoy está en 9,5%”.

Según Kast, “hemos trabajado para recuperar el empleo de manera sostenible, para que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades. Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país”, señaló.

Sobre este punto, recordó que desde que asumió el poder, 179 proyectos que suman una inversión total de más de USD 35 mil millones han logrado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los cuales, “en la medida que se materialicen, se traducirá también en más actividad y nuevos puestos de trabajo”.

De acuerdo con el mandatario, el programa presentado implica “$1,3 billones (USD 1.346.225.304) en inversión, obras y medidas de empleo para generar actividad y más de 100 mil puestos de trabajo, con efectos que comenzarán a sentirse durante los próximos meses y en 2027”.

Los cuatro ejes

Según una minuta publicada por el Gobierno, el plan tiene como objetivo acelerar obras entrampadas, fomentar la contratación directa, facilitar financiamiento y apoyar la capacidad de las empresas para mantener y generar empleo, y “desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento”.

Así, el primer punto implica agilizar aquellas inversiones públicas que son de rápida ejecución, como proyectos de infraestructura, reconstrucción, vivienda y obras comunales, con el fin de movilizar la actividad económica durante el año entrante.

El segundo ítem busca ampliar los subsidios a la contratación para crear nuevos puestos de trabajo, el tercero considera recuperar liquidez para las empresas liberando pagos a proveedores del Estado y el cuarto, propone “combinar grandes obras con proyectos comunales y reconstrucción, utilizando criterios de desempleo, daño de infraestructura, madurez de proyectos y velocidad de contratación, junto con mecanismos de control y seguimiento de la ejecución”.

Un adolescente de solo 16 años, de nacionalidad extranjera, fue secuestrado y ajusticiado de tres balazos este domingo en un descampado ubicado en la comuna santiaguina de Buin. Un segundo joven, de 19 años, salió providencialmente con vida y ahora es el principal testigo para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos los secuestró desde una casa particular ubicada en la comuna de Puente Alto. Una vez arriba del auto, fueron trasladados hasta un sitio eriazo ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Acceso Sur.

Allí, los asesinos obligaron a los muchachos a bajarse y los conminaron a correr, disparando en al menos tres oportunidades contra el menor extranjero, quien falleció en el lugar.

Los hechos

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, señaló que el secuestro y crimen de ambos jóvenes ocurrió cuando los jóvenes participaban de una fiesta en Puente Alto. “Se encontraban allá y fueron abordados por algunos sujetos quienes los trajeron a la fuerza en un vehículo acá a la comuna de Buin, procediendo a disparar al menos en tres oportunidades en contra de la víctima”, según consignó BioBíoChile.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló por su parte que los secuestradores, “en contra de su voluntad, los suben al vehículo. Estos sujetos mantenían armas de fuego y los trasladan hasta la comuna de Buin, donde los hacen descender y correr en un sitio eriazo al costado de la carretera, propinándole diversos disparos”.

Sin embargo, ninguno de esos disparos dio en el joven chileno de 19 años, quien resultó ileso y ahora es pieza clave de la investigación.

“Se logró establecer que efectivamente la víctima mantiene tres impactos balísticos que entran por la parte posterior del cuerpo, específicamente por su espalda”, agregó el policía civil.

La víctima no portaba documentación alguna, por lo que la policía trabaja con su ficha necrodactilar “con el propósito de lograr su individualización de forma científica, pero de acuerdo a los antecedentes preliminares sería un sujeto extranjero menor de edad, específicamente de 16 años“, complementó.

Debido a las características del asesinato, el subprefecto Dapremont aseguró que no se descarta un ajuste de cuentas.

“Efectivamente podría haber algún tipo de ilícito o podría haber algún tema de crimen organizado respecto a las circunstancias en las cuales se dan los hechos, tomando en consideración que es un hecho de gravedad, con armas de fuego, un secuestro y personas fallecidas”, remató.

La policía española detuvo a una pareja de ladrones chilenos quienes, acompañados de un menor de edad, llevaron a cabo al menos 12 asaltos a casas acomodadas en tres provincias de la península, logrando un cuantioso botín.

La pareja, bautizada por la prensa como los “Bonnie & Clyde” chilenos e identificada con las iniciales A.K.C.S. y J.R.A.S.V., se alojaba en Barcelona pero se trasladaba a otras provincias para cometer sus delitos, y ahora junto al menor arriesgan penas de más de ocho años cada uno, cuestión que se decidirá el próximo 30 de septiembre en la Audiencia Provincial de Salamanca.

De acuerdo con La Gaceta de Salamanca, los avezados ladrones se alojaban en apartamentos turísticos mientras estudiaban sus robos. Una vez seleccionada la vivienda, el menor y uno de los adultos accedían a ella cuando sus moradores no estaban, mientras el tercero permanecía en un vehículo vigilando el entorno.

12 asaltos en tres provincias

Según la Fiscalía en Salamanca, el primer asalto tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025, en el que lograron un sustancioso botín de casi 50 mil euros.

Quizá envalentonados, el 18 de septiembre, 13 días después, robaron dos casas en el lapso de una hora, llevándose unos 10 mil euros en joyas, especies y dinero en efectivo, pero al día siguiente fueron arrestados y en su poder la policía halló implementos como inhibidores de frecuencia, destornilladores, guantes y hasta un kit para comprobar la pureza del oro, razón por la cual fueron puestos de inmediato tras las rejas.

La investigación posterior vinculó al grupo con al menos 12 atracos ocurridos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, y la acusación se amplió puesto que se constató que todos utilizaban documentos falsos para registrarse en hoteles y arrendar automóviles.

Debido a esto, la Fiscalía los imputará por los delitos de robo con fuerza en casa habitada, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal, y en total, arriesgan ocho años y nueve meses de cárcel cada uno, amén de una onerosa indemnización para los afectados.

En entrevista con el medio Bloomberg, el presidente José Antonio Kast aseguró este jueves que el país ha logrado “un control casi total de la inmigración irregular” y de paso, valoró la conversación con su par, Delcy Rodríguez, a fin de restablecer relaciones diplomáticas y entregar documentación nueva a miles de venezolanos residentes en Chile.

“Hemos recuperado las relaciones consulares y en la reunión que tuve con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, pudimos avanzar bastante en pensar en el corto plazo en tener relaciones diplomáticas, lo cual nos permitiría que muchos venezolanos que hoy día están en Chile puedan regresar a su patria”, afirmó Kast.

Citando datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI ) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que revelaron que el número de indocumentados detectados en la frontera cayó un 93% en lo que va del año, el mandatario agregó que “hemos logrado ya un control casi total de la inmigración irregular”.

De acuerdo al jefe de Estado, “estamos realizando vuelos de deportación a otras naciones, pero como no teníamos relaciones consulares no podíamos hacerlos a Venezuela. Esperamos que haya muchas personas que voluntariamente quieran volver a Venezuela y por eso nuestras relaciones consulares son fundamentales (...) Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente, porque eso va a hacer que muchos quieran volver a su hogar”, remató el jefe de Estado al medio citado.

Las cifras

Según un informe elaborado por la PDI y el Sermig -consignado por Ciper-, entre enero y agosto de 2026 el número de extranjeros sorprendidos en la frontera norte intentando entrar al país de manera irregular disminuyó de 4.393 a solo 286, a saber, un 93% respecto al mismo periodo del año pasado.

En el desglose, 191 de ellos fueron detectados en Chacalluta, 85 en Colchane, cuatro en Chungará, cuatro en Ollagüe y dos en Visviri, todos a más de 2.000 kms al norte de Santiago.

Tocante a las reconducciones inmediatas, es decir, poner en la frontera de vuelta a aquellos que son sorprendidos in fraganti intentando cruzar, desde la PDI informaron que mientras durante el mismo periodo el año pasado realizaron 2.553 de estos procedimientos, este año llevan 205, lo que representa una baja del 85%.

Los ciudadanos de nacionalidad boliviana representan “la mayoría de los casos, un 69%; luego le sigue Venezuela con un 20% y en tercer lugar Colombia, con 6,6%”, detalló a Ciper el prefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Migraciones y Policía Internacional de la PDI.

Cabe destacar que la cifra de indocumentados intentando entrar al país de manera irregular ha tenido una disminución progresiva desde 2022, año en que se detectaron 27.276 personas. Según datos de Carabineros, en 2023 ese número descendió a 20.014, en 2024 a 23.449 casos, y en 2025 a 7.530.

Desde la Región de Magallanes (2.000 kms al sur de Santiago), el ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó este jueves que el Gobierno llevará adelante un histórico plan de modernización de las FF.AA, el que tendrá un presupuesto cercano al doble del año anterior.

Flanqueado por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Barros aseguró que “los recursos destinados a la defensa se traducen en proyectos concretos”, y que “estamos actualmente definiendo la directiva que determina las inversiones de la próxima década, lo que garantiza contar con los medios necesarios para enfrentar los desafíos y amenazas geopolíticas a las que se expone nuestro país, en un contexto cada vez más complejo”, según consignó una nota de Emol.

De acuerdo al secretario de Estado, la primera medida será buscar reemplazo a los aviones F-5, que “llevan 50 años en servicio en la Fuerza Aérea de Chile y han sido una pieza central de las capacidades estratégicas del país. Su vida útil llega a su fin, y una capacidad de ese nivel no se reemplaza de un día para otro”, razón por la cual ya están considerando opciones “disponibles hoy en el mundo”.

La idea es “fortalecer nuestra capacidad disuasiva y de defensa con medios aéreos modernos que respondan a las exigencias del teatro de operaciones austral”.

El plan de modernización incluye también “robustecer la vigilancia de nuestros espacios marítimos mediante la renovación de los aviones de largo alcance de la Armada”, al igual que los famosos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea (FACH), “pieza clave del transporte y la logística de la defensa, del sostenimiento de nuestras bases antárticas y de la respuesta del Estado ante emergencias y catástrofes”, que también están llegando al fin de su vida operativa.

Asimismo, la cartera de Defensa “está gestionando el financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval en Punta Arenas (2.200 kms al sur de Santiago), clave para la presencia permanente del Estado en el Estrecho de Magallanes y en los mares australes, y para consolidar a Punta Arenas como principal puerta de acceso al continente antártico”, complementó Barros.

Tocante a la rama castrense más grande -el Ejército-, el titular de Defensa indicó que el Gobierno “instruyó iniciar un estudio para la renovación de sus capacidades terrestres (...) Hoy se encuentra en ejecución la modernización de la flota blindada austral, los Leopard 1, mejorando sus sistemas y capacidad de tiro, de modo que las unidades desplegadas puedan operar plenamente en uno de los entornos geográficos y climáticos más exigentes del país”.

Soberanía en la Antártica

Al cierre, la autoridad informó medidas tendientes a reforzar la presencia chilena en la Antártica, y la primera de ellas será renovar la infraestructura de la Base Frei -ubicada en la península Fildes, al oeste de la isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur-, y sobre todo, la pista Teniente Rodolfo Marsh, a fin de extender por dos meses la temporada de vuelos al continente blanco, con el consiguiente beneficio para el turismo y las expediciones científicas que periódicamente lo visitan.

También anunció que se renovará el muelle de Bahía Fildes -“infraestructura de suma importancia para las operaciones científicas y logísticas en la zona”-, y que para asegurar “la soberanía efectiva y la protección de nuestros recursos, se aumentará la vigilancia aérea y patrullajes marítimos, aumentando la presencia soberana en nuestro territorio antártico”, según el medio citado.

Finalmente, el titular de Defensa sostuvo que todas estas iniciativas buscan fortalecer “el rol de Chile como articulador de la capacidad logística en la Antártica, y benefician la operación nacional y también la de los países, la industria turística y el desarrollo científico que se apoyan en Punta Arenas para llegar al continente blanco”.

El Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que agrupa a 15 países de la región, calificó como “narcoterroristas” a 24 organizaciones criminales, dos de la cuales están asentadas en Chile hace años -el Tren de Aragua y Los Lobos-, mientras varias otras han ido extendiendo sus tentáculos por territorio nacional.

En su declaración conjunta, los miembros del Escudo señalaron que su objetivo es “aunar esfuerzos para defender su soberanía mediante la imposición colectiva de sanciones y otras medidas contra estos 24 grupos narcoterroristas”, entre las que se cuentan “congelación de activos; restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a dichas organizaciones”, según consignó Emol.

Dichas organizaciones son: la Mara Salvatrucha, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Choneros, Barrio 18, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cártel de Juárez, grupos disidentes de las FARC, ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.

Las otras dos son el Tren de Aragua y Los Lobos, las que de acuerdo a datos oficiales su suman a otras 14 bandas internacionales que también operan en Chile, a saber: Los Shottas, Los Espartanos, Los Caleños, Los Pulpos, Mafia del Norte, Los Vilches, Bang de Fujian, Los Trinitarios, Los Orientales, Los Melean, Los Loyalty, Confederación, La Empresa y Los Costeños.

Desde Nueva York, y tras adherir al pacto regional, el presidente José Antonio Kast recordó que “todos en Chile sabemos lo que es el Tren de Aragua. ¿Necesitamos, herramientas para perseguir en todos los países al Tren de Aragua? Sí. Jalisco Nueva Generación, ¿es un cartel que está instalado en Chile? Sí. El Cartel de Sinaloa, ¿está instalado en Chile? Sí”.

El Tren de Aragua

Nacida alrededor de 2007, su nombre proviene originalmente de un sindicato de trabajadores de una obra ferroviaria que nunca se concluyó en esa región venezolana. Partió como una banda dedicada a la extorsión y cobro de cupos a constructores y sindicatos locales, y consolidó su estructura jerárquica y mando central a partir de 2013 desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón.

Bajo el mando de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el grupo transformó la prisión en su centro de operaciones y base de poder, expandiendo sus operaciones hacia el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de drogas, el contrabando y la extorsión.

Aprovechando los flujos migratorios, la organización estableció células y redes operativas en diversos países de América Latina -como Chile, Colombia y Perú- y llegó hasta Estados Unidos.

En Chile, el Tren de Aragua se hizo tristemente famoso cuando la célula “Los Piratas de Aragua” llevó a cabo el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Santiago en febrero de 2024, el que según la fiscalía chilena fue ordenado desde Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello.

Los Lobos

Los Lobos nacieron como una célula interna y una red de sicarios de Los Choneros, la organización criminal dominante en Ecuador, aproximadamente entre 2015 y 2016 dentro de los centros penitenciarios de Ecuador, específicamente cobrando fuerza en la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay.

En sus inicios operaban como un grupo subordinado encargado de brindar seguridad interna y ejecutar labores de sicariato para la estructura principal de Los Choneros, pero tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano (alias Rasquiña), líder histórico de Los Choneros, en diciembre de 2020, se desató un vacío de poder y desacuerdos sobre la sucesión. Esto provocó la separación definitiva de Los Lobos, quienes se escindieron junto a otras facciones como Los Tiguerones y Los Chone Killers.

Aprovechando el debilitamiento de Los Choneros, la organización se expandió rápidamente desde las zonas andinas y del sur del país hacia rutas de exportación de cocaína y áreas de minería ilegal, convirtiéndose en la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con miles de integrantes.

Las autoridades policiales chilenas vienen detectando el ingreso de miembros de la banda que escaparon de Ecuador desde fines de 2023, año en que detuvieron en la comuna santiaguina de Puente Alto a un ciudadano ecuatoriano de 27 años identificado como Carlos Castillo, alias el “Peluquero” o “Barbero”, considerado por las autoridades ecuatorianas como uno de los 10 prófugos más buscados del país, quien había ingresado a Chile por un paso no habilitado.

En marzo de 2024, efectivos de Interpol capturaron en Santiago a Wilson Ceballos Cruz, quien contaba con un amplio prontuario en Ecuador y fue extraditado en abril de 2024 para enfrentar penas de hasta 26 años de cárcel.

Finalmente, el Informe de Crimen Organizado, publicado en octubre de 2025 por la Fiscalía Nacional, consignó que otras organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho brasileños, así como también el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación mexicanos-, han extendido sus tentáculos con bandas ya asentadas en Chile, “asociados a la logística de exportación de cocaína hacia mercados de Europa y Oceanía”, aunque no se puede decir que ya estén operando plenamente en Chile.

El presidente chileno, José Antonio Kast, se reunió la noche de este miércoles en Nueva York con su par venezolana, Delcy Rodríguez, cita marcada por la necesidad de restablecer a la brevedad relaciones consulares para entregar documentación nueva a miles de venezolanos residentes en el país. De paso, el mandatario chileno aseguró que como gobierno “estamos respaldando la reconstrucción de Venezuela”.

“Esto va a ir avanzando paso a paso. Primero el tema de las relaciones consulares, y esperamos pronto también tener, en los próximos meses, relaciones diplomáticas”, señaló Kast en un punto de prensa.

Según el jefe de Estado, el encuentro “versó sobre temas de relaciones consulares, relaciones diplomáticas, porque nosotros en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana que no han podido regularizar sus documentos. Y ella está muy consciente de que hay venezolanos que quieren volver a su patria”, agregó.

Cabe recordar que de acuerdo a cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos -buena parte de ellos de manera irregular-, y en Venezuela hay alrededor de 25.000 chilenos.

Kast también abordó las reservas desde su propio sector, desde dónde señalaron que la reunión entre ambos “en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez”, tal como afirmó el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien es parte de la comitiva que acompaña a Kast en EE.UU.

“Nosotros estamos respaldando la recuperación de Venezuela. Hoy es la presidenta encargada de ir dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela”, respondió Kast.

“Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales, más adelante, cuando esto se vaya consolidando”, complementó.

Elecciones en Venezuela

Este miércoles, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela celebrará elecciones en un futuro cercano -aunque evitó definir una fecha-, y afirmó que su administración ya inició conversaciones con sectores de la oposición para allanar el camino.

Consultado acerca de la disposición de Rodríguez para llamar a comicios, el mandatario aseguró que “ella habla de la reconstrucción y recuperación de Venezuela después de situaciones que han vivido, y un llamado de elecciones hacia futuro una vez que vayan solucionando otros problemas de infraestructura, contactos con otros países y reformulación del Poder Judicial”.

Sin embargo, explicó que la cita entre ambos estuvo centrada en el restablecimiento de las relaciones consulares y diplomáticas y que las elecciones en Venezuela fueron tocadas de manera tangencial en la conversación.

“Ella, como le señalé, agradeció la ayuda que le ha prestado Chile en el tema del rescate de las víctimas y también cómo podemos nosotros colaborar en el tema sísmico, donde tenemos bastante experiencia”, remató el mandatario.

De esta manera, avanza el reinicio de las relaciones consulares entre ambos países formalizado a principios de agosto pasado, luego del quiebre de 2024, cuando la administración de Gabriel Boric cuestionó la transparencia de los comicios venezolanos.

El fin de las relaciones derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por Nicolás Maduro, quien permanece en la cárcel en Nueva York.

En su ley murió la tarde de este martes Héctor Aladino Cárdenas Venegas, más conocido como “El Poroto”, conocido narco de la populosa población José María Caro en Santiago, quien a principios de este año ofreció nada menos que $100 millones (USD 104 mil) por la cabeza de la alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“El Poroto” fue acribillado arriba de su automóvil por sujetos que lo interceptaron cuando volvía a su casa y descargaron una verdadera andanada de balas, varias de las cuáles quedaron marcadas en el parabrisas.

Familiares lo llevaron rápidamente al centro de salud más cercano, sin embargo, Cárdenas presentaba “múltiples impactos balísticos, tenía al menos 8 en su cuerpo, motivo por el cual fallece”, informó el fiscal ECOH, Ernesto González.

La policía ya entrevistó a testigos del hecho y a varios de los familiares del “Poroto”, y por ahora se encuentran periciando las cámaras de vigilancia del lugar para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

La amenaza a la alcaldesa

Héctor Cárdenas era un conocido traficante de la zona sur capitalina y su nombre saltó a la palestra en 2024, cuando un reportaje de T13 reveló que una exconcejala de la comuna, Carolina Mena, le arrendaba “de palabra” una vivienda a su pareja.

En febrero de este año, luego de que ordenara demoler la sede del Club Deportivo Juventud Varsovia -la que era usada para traficar drogas-, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), aseguró que gente de su entorno le había transmitido que “le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes $100 millones de pesos por mi cabeza”.

El líder de una de esas bandas era precisamente “El Poroto”, quien tenía varias investigaciones en curso, sin embargo, “en este momento es víctima, así que estamos investigando el homicidio propiamente tal”, aseguró el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Robert Briones.

Funeral de alto riesgo

Como era de esperar, su funeral fue catalogado como de “alto riesgo”, razón por la cual el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó esta jornada que habrá un importante despliegue policial.

“He tenido contacto con la alcaldesa de la comuna y con Carabineros. Se están tomando todos los resguardos como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población”, explicó la autoridad.

Así, el cortejo fúnebre será custodiado por la policía y no se permitirán detenciones en domicilios ni sedes sociales y además, se instalarán tres perímetros de seguridad en sectores críticos de la comuna, a fin de evitar los llamados “velorios simbólicos” y otras manifestaciones que puedan poner en peligro a los vecinos.

Desesperados se encuentran los familiares de Rodolfo Antonio Chico Ketterer, de 30 años, oriundo de la comuna de Cunco (740 kms al sur de Santiago), quien viajó a Rusia tentado por una oferta laboral que vio en Tik Tok pero finalmente habría ingresado engañado a las filas del ejército ruso y no ha dado señales de vida desde el mes de junio.

Según le explicó a su familia antes de partir, el trabajo consistía en una capacitación para convertirse en policía militar y la oferta era más que tentadora: $25 millones (USD 26 mil) solo por la firma del contrato, más pasajes, estadía y alimentación.

En entrevista con el programa Podría ser peor de BioBíoChile, su padre, Juan Chico Alarcón, aseguró que no saben nada de él desde el 21 de junio y que “hemos llamado a la embajada rusa y se niegan a contestarnos en español, entonces es muy difícil obtener información a través de ellos”.

“Él, cuando ya estaba abordando el avión, me confidenció que iba a hacer un curso de policía militar o algo que tenía que relación con ser guardia“, señaló el progenitor, quien se mostró extrañado de “la facilidad conque le enviaron los pasajes, porque todo esto resultó costeado por el gobierno ruso, fue muy rápido y extraño todo”.

Una vez perdido el contacto con su hijo, el hombre se comunicó con el Consulado chileno en Moscú y luego con la Cancillería para buscar información. Desde esta oficina le reenviaron hace un par de días un comunicado oficial del gobierno ruso que decía que su hijo había firmado un contrato el 3 de junio con las Fuerzas Armadas de Rusia y que “había sido puesto a disposición del comandante de la Federación del Ejército Ruso“, tras una inexplicable ausencia de 10 días.

“De ahí no tenemos ningún otro antecedente. No sé a qué se referían con que se había ausentado o había desaparecido durante días en forma injustificada, no lo sabemos”, clamó acongojado.

De acuerdo al padre, durante las primeras dos semanas “yo mantuve contacto con mi hijo y él no sospechaba nada de lo que le podía pasar, siempre me señaló que no corría ningún peligro. De hecho, él me mencionó que estaba prohibido por la ley rusa de que los extranjeros fueran a combatir (…) Es una verdadera mafia lo que están haciendo con estos engaños“, sentenció.

Por ahora, la familia está a la espera de una nueva comunicación por parte de la Cancillería, desde donde se comprometieron a insistir con su caso y averiguar el paradero actual del improvisado mercenario.

Cabe recordar que en los últimos meses se han reportado cientos de casos similares en Cuba, Colombia, Brasil y Perú. Solo en este último país, el gobierno admitió que unos 460 ciudadanos viajaron a Rusia para combatir en la guerra. De ellos, 114 permanecen desaparecidos, tres han sido hecho prisioneros y 11 han muerto en combate.

El Gobierno de José Antonio Kast informó este martes que dejó de ser un mero “observador” y adhirió al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado y el narcotráfico de manera conjunta que agrupa a 15 países de la región de sintonía conservadora.

El grupo se reunió en Nueva York, aprovechando la visita de todos los mandatarios firmantes a la 81a asamblea general de la ONU, y una vez finalizada la sesión el presidente chileno salió a aclarar en un punto de prensa las implicancias de pertenecer a dicha coalición asegurando que “aquí no hay un tratado, para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”.

De acuerdo a Kast, formar parte de este club implica “una coordinación, una adhesión a ciertas líneas de acción en contra del crimen organizado, que reúne a dos países más de los que estuvieron en la ocasión anterior, como es Colombia y como es Perú, y en este sentido, buscamos la coordinación entre nosotros”.

Sin ejercicios militares

“Aquí no hay un tratado que firmen los 15 países, sino que se trata de compartir cierta información respecto de crimen organizado. Todos en Chile sabemos lo que es el Tren de Aragua. ¿Necesitamos herramientas para perseguir en todos los países al Tren del Aragua? Sí. Jalisco Nueva Generación, ¿es un cartel que está instalado en Chile? Sí. ¿El Cartel de Sinaloa está instalado en Chile? Sí. Por lo tanto, todos los países tenemos que ver las condiciones necesarias para que estos delincuentes no encuentren asilo en ninguna nación”, argumentó el mandatario.

Dicha cooperación “requiere compartir información de acuerdo a las normas establecidas internacionalmente, que podemos ir trabajando hacia adelante, planteando, por ejemplo, proyectos de ley a los distintos congresos para determinar cuáles son las organizaciones criminales y poder tenerlas identificadas”, agregó.

Tocante a si la adhesión al Escudo de las Américas implica también ejercicios militares conjuntos o la participación de EE.UU en operativos en suelo chileno, Kast fue tajante y señaló que “aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra de crimen organizado o de terrorismo, aquí estamos hablando de coordinación, de información, de seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares”.

Finalmente, el mandamás chileno reclacó que “nosotros en esto recordamos siempre nuestra soberanía, nuestra institucionalidad. Por lo tanto, en esta reunión del Escudo de las Américas no se tocó el tema de las intervenciones que eventualmente haga algún país para perseguir al crimen organizado o al terrorismo o al narcotráfico. Esto es distinto, y eso es el Escudo de las Américas, donde se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto a las cuales se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, pero compartiendo cierto grado de información”.

Un verdadero drama vive desde la pandemia Rodrigo Huenchún, quien fue declarado muerto en noviembre de 2021 después de ingresar en estado grave al Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso (120 kms al oeste de Santiago). El hombre incluso tiene una lápida en el cementerio.

Debido al craso error, perdió su trabajo y desde esa fecha no ha podido actualizar sus documentos, abrir una cuenta en el banco, conseguir un nuevo empleo, solicitar beneficios sociales asistir a un centro de salud público y, para peor, nadie sabe quién está enterrado bajo su nombre.

“Yo quedé sin trabajo porque no pude actualizar mi documentación. No tenía papel de antecedentes, no tenía una cuenta donde me depositaran, que eso es lo básico que a uno le solicitan en un trabajo“, partió relatando Huenchún a Teletrece.

Debido a esto, “he vendido helados en las micros, he vendido dulces. Hago trabajos particulares, pintura, saco pasto. Todo lo que me genere un poco de plata para traer a mi casa, lo hago”, relató acongojado.

Huenchún comenzó entonces una batalla legal que pareció ganar en 2024, cuando un tribunal anuló su certificado de defunción y el Registro Civil le extendió un nuevo documento de identidad, pero “al momento de ir a sacar la Clave Única, me doy cuenta de que no entro en el sistema. Y el sistema me vuelve a arrojar que yo sigo fallecido“, aseguró.

La identidad de la persona enterrada

Una vez conocida la historia, la pregunta cae de cajón: ¿quién es la persona que enterraron en 2021 en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha? Tras cinco años, nadie sabe si se trata de un hombre o de una mujer, ni tampoco han aparecido familiares que reclamen el cuerpo.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia Pinilla, explicó que continúan “investigando y realizando diligencias tendientes a establecer la identidad de la persona que falleció y que fue sepultada bajo una identidad errada. En ese sentido, próximamente vamos a pedir la exhumación del cadáver“.

Por su parte, desde el Registro Civil señalaron que Huenchún recibirá a la brevedad un nuevo DNI y podrá acceder a su Clave Única, indispensable para realizar una serie de trámites.

El Hospital Carlos Van Buren, en tanto, no ha emitido declaración alguna explicando el error que dio a Huenchún por muerto.

“Yo creo que él y muchas personas más se merecen tener un poco de dignidad. A pesar de que esta persona está aquí, no se sabe el nombre, pero aquí abajo hay una persona que vivió, que respiró, que comió en este país”, cerró Huenchún, desde su propia tumba, mientras analiza con sus abogados interponer una demanda civil contra el Estado y buscar indemnización por los años que ha permanecido legalmente muerto.

La Contraloría General de la República (CGR), publicó este lunes un informe que reveló que 485 funcionarios públicos que están suspendidos por sumarios administrativos siguen recibiendo sus sueldos, varios de los cuáles llevan años sin aparecer por la oficina.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 -el que no incluye a trabajadores municipales-, estableció que dichos ceses se produjeron entre 2020 y marzo de 2026 y alertó sobre la “prolongada duración de algunas de estas medidas”.

Ello, puesto que 13 estatales aparecen como suspendidos desde hace más de cuatro años y en total, 30 de ellos superan los tres años sin marcar una tarjeta, pero recibiendo de manera íntegra su remuneración.

El caso más grave es el de un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión llega a a los cuatro años y siete meses.

Para peor, de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), 22 de estos trabajadores registran actividades remuneradas durante el tiempo de suspensión.

Desde la CGR acusaron que “el Estado ha desembolsado $671 millones (USD 710 mil) en remuneraciones asociadas únicamente a los 10 casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión”.

Debido a esto, “cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”, advirtieron desde el ente.

Así las cosas, la primera medida que tomó la CGR fue asumir la tramitación de los 30 casos de funcionarios suspendidos por más de tres años, a fin de acelerar su cierre y determinar “si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance”.

Aquellos organismos que tengan funcionarios suspendidos por más de un año, deberán cerrar dichos sumarios y en caso de no hacerlo, justificar sus razones y reportar acciones concretas en un plazo de 15 días.

La reacción del Gobierno

La noticia provocó el repudio transversal de los parlamentarios, quienes calificaron el hecho como “francamente escandaloso” y una “burla impresentable”, y desde el Gobierno el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el asunto en un punto de prensa.

“La verdad es que la ley permite que funcionarios que están siendo investigados puedan quedar suspendidos, lo que significa que mientras no cese la relación laboral, se sigue pagando el sueldo o una fracción de él. Esa es la razón por la cual el Presidente de la República ha convocado a una comisión que tiene por objeto estudiar la forma de mejorar nuestro empleo público”, según consignó Emol.

Según la autoridad, lo fundamental “es que los sumarios se terminen, y por eso es muy importante que la Contraloría tenga las herramientas para poder ordenar a la Administración Pública que vaya cerrando los sumarios que están teniendo”.

Así, “cada servicio tiene que tomar los debidos resguardos para que la situación no se extienda en el tiempo, y por lo tanto, acogemos el llamado de la Contraloría a poder revisar esta situación, y por supuesto que como Gobierno las vamos a revisar”, remató Pavez.

Por los delitos de incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (630 kms al sur de Santiago) sentenció este lunes a 1055 años de prisión a 18 acusados por el ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, hecho ocurrido en la comuna de Contulmo en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y las penas más altas -81 años de presidio-, recayeron sobre sus líderes, quienes contaban con antecedentes penales previos, a saber:

Federico Gerónimo Astete Catrileo, Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual y José Hernán Melgarejo Calbullanca.

Otros nueves adultos recibieron 65 años de cárcel: Víctor Ignacio Maldonado Millabur, Víctor Manuel Maldonado González, Robert Francisco Galindo Huenumil, Gerald Aníbal Marileo Matamala, Ariel Eduardo Marileo Matamala, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Llempi, Nicolás Omar Sánchez Toledo y Luis Felipe Paineo Antimán.

En tanto, el comunero Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán fue sancionado con un total 34 años de presidio.

Finalmente, dos menores de edad - L.R.M.M. y A.E.R.P-, quedaron con 10 años de internación en régimen cerrado, y un tercero -S.T.R.P-, recibió tres años de libertad asistida con internación parcial.

De acuerdo al fiscal regional subrogante del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, desde que los líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) fueron detenidos los atentados causados por esa organización bajaron “prácticamente a cero”, según consignó BioBíoChile.

El ataque

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

El grupo se reunió la tarde del 29 de agosto de 2022 en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus, “provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

“Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar.

En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este domingo a Sandra Muñoz, de nacionalidad chilena, investigada por su presunta responsabilidad en una estafa piramidal que afectó a más de 1500 chilenos y logró ganancias por unos $1.000 millones (más de USD 1 millón).

La mujer fue apresada en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba embarcarse rumbo al Perú y según antecedentes policiales, sería una de las cabecillas de la plataforma “Sunflower Technologies”, la que operó entre 2023 y 2025 captando inversionistas a los que se les ofrecía una rentabilidad mensual de hasta el 12%.

La empresa mantenían oficinas en la comuna capitalina de Las Condes y realizaba masivas capacitaciones en hoteles de regiones para captar clientes. El dinero ingresado simulaba “hacer crecer un árbol” en una app, pero en realidad los fondos eran convertidos en criptomonedas y luego desviados.

A inicios de julio de 2025, los jefes —presuntamente un grupo de empresarios de origen asiático- vaciaron los fondos, eliminaron los canales de soporte digitales, abandonaron el país y aún permanecen prófugos. La investigación liderada por el Ministerio Público continúa vigente para dar con su paradero internacional.

Tras destaparse el engaño, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclaró que la firma nunca estuvo regulada ni autorizada para operar en Chile.

Su rol en el esquema

De acuerdo a la inspectora de la Bridec Metropolitana, Llubixza Lizana, la detención de Muñoz se logró tras una instrucción verbal emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud a la participación directa que tiene la imputada en los hechos, lo cual dice relación con inversiones que hicieron diversas víctimas en la plataforma Sunflower Technology durante los años 2023 a 2025”.

La detective explicó que Muñoz “era quien reclutaba a las personas, las capacitaba y además tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal”.

“Cuando las víctimas invertían en esta plataforma se les indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%”, agregó Lizana.

“Este dinero se transaba en criptomonedas, siendo la forma de fuga del mismo”, complementó al uniformada.

De acuerdo a antecedentes de la causa, también existen otras querellas en contra de Jaime Mena -exgerente general de la empresa en Chile-, y Zhiqiang Yang, su representante legal.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó su Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, el que arrojó que el Estado hizo un sobregasto de $10.615 millones (USD 11 millones) en compras realizadas durante 2022 y 2023, a pesar de existir proveedores más baratos en el sistema de compras públicas.

El estudio se realizó a partir de adquisiciones hechas mediante el llamado “convenio marco”, modalidad que funciona como una tienda virtual o catálogo electrónico y que permite a las instituciones del Estado comprar directamente con un solo clic, sin necesidad de tener que llamar a una nueva licitación.

Así, la Dipres hizo una comparación de los precios realmente pagados por los organismos del Estado en contraposición a otras alternativas más baratas disponibles en el mismo sistema, y la diferencia fue consignada como dineros que potencialmente pudieron haberse ahorrado.

De acuerdo a La Tercera, la lista es encabezada por Gendarmería de Chile con el 26,9% del total del sobregasto, a saber unos $2.835 millones (casi USD 3 millones), seguido del Instituto Geográfico Militar, con un 12,6%, alrededor de $1.330 millones (USD 1,4 millones).

Más abajo aparecen varios servicios de salud, como el Metropolitano Sur (4,8% del total del sobregasto); el Metropolitano Oriente y Araucanía Sur (4,4% cada uno); el de Concepción (4,3%), y el Metropolitano Norte, con un 4,2%.

El mayor sobregasto se hizo en alimentos, categoría que representa el 73,2% del total detectado, unos $7.700 millones (USD 8 millones). Le siguen los artículos de aseo e higiene alcanzan (19,3%); productos de ferretería (4,2%) y artículos de escritorio y papelería (1,9%).

A modo de ejemplo, el reporte arrojó que el Estado pagó de más $437 millones (USD 437 mil) en compras de papas; $430 millones (USD 450) en pollo deshuesado; $348 millones USD 348 mil) en patas de pollo y pavo; $255 millones (267 mil) en zapallos; $219 millones USD 230 mil) en tomates; $217 millones (USd 227 mil) en bolsas; $195 millones (USD 204 mil) en plátanos; $144 millones (USD 151 mil) en pañales y $66 millones (USD 69 mil) en latas de jurel.

Cae señalar que el informe es parte de la “auditoría total” que el Gobierno de José Antonio Kast está haciendo a la administración de Gabriel Boric a fin de contener el gasto fiscal, y no establece responsabilidades administrativas o políticas individuales.

Al cierre, desde la Dipres sugirieron la “implementación de una estrategia de revisión focalizada y costo-efectiva, priorizando aquellos servicios públicos y convenios marco que concentran la mayor proporción del sobregasto. Este enfoque permitiría maximizar el impacto de eventuales medidas correctivas, optimizando el uso de recursos y fortaleciendo los mecanismos de control y gestión del gasto público”, según el medio citado.

Asimismo, recomendaron “reforzar los incentivos para evitar la ejecución innecesaria de recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestario, considerando que, en términos generales, los servicios públicos incrementan significativamente su gasto en bienes y servicios de consumo durante los últimos meses del año”.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo martes 13 de octubre, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, cuyos chats salpicaron a empresarios y políticos y provocaron un verdadero terremoto en el Poder Judicial.

El Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz y la abogada María Leonarda Villalobos.

Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.

Pero además, los persecutores informaron la separación de la investigación por el delito de tráfico de influencias contra Andrés Chadwick Piñera, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano del fallecido ex mandatario y ex ministro de Interior de su segundo gobierno, cuya arista puede seguir investigándose pues no está imputado en el Caso Audios.

El origen del Caso Audios

El Caso Audios se originó en noviembre de 2023 tras una conversación difundida por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó todo de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, el que finalmente filtró el diálogo.

En dicha reunión, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (...) Porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, aseveró el abogado, añadiendo luego que “hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12... no sé. La Leo tiene los números anotados”.

“Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, insistió a Sauer, encargándole a él la configuración de la mentada “caja negra”, con el fin de juntar 100 millones de pesos entre varios de los involucrados en el caso.

En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (ex controladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.

La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron a un loteo industrial del Grupo Patio, y el caso también arrastró a importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.

La arista política y judicial

Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, por lo que se abrieron múltiples causas penales que involucraban el tráfico de influencias para la designación de jueces en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa.

Asimismo, el ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado a 3 años y 1 día de presidio bajo libertad vigilada intensiva tras comprobarse que filtraba información secreta a Hermosilla, al igual que el ex fiscal regional Manuel Guerra, quien actualmente cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, acusado de pasarle al abogado información altamente confidencial sobre causas penales vigentes -como los casos Penta, Minera Dominga, Exalmar, Vitacura y el caso Ossandón-, información que era derivada a Andrés Chadwick y, que atañía, directa e indirectamente, al expresidente Sebastián Piñera.

La reclusión de Guerra marcó un hito histórico, al convertirse en el primer exfiscal regional en la historia de Chile en quedar bajo prisión preventiva, y la audiencia definitiva para discutir una posible salida abreviada, en la que Guerra admitiría su culpabilidad en los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos, está programada para el próximo 7 de octubre.

La investigación contra Chadwick

Sin embargo, la Fiscalía aún tienen bajo la lupa al ex ministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.

Chadwick ya prestó declaración dos veces en calidad de imputado -y de manera reservada-, en noviembre de 2024 y según una nota de Ex-Ante, las indagaciones apuntaron a los $190 millones (USD 197 mil) -en 17 depósitos-, que Luis Hermosilla le hizo entre marzo de 2020 y marzo de 2023 mientras ambos compartían oficina, pero principalmente a su rol en la llamada arista “Grupo Patio”, en la cual se indagan las gestiones realizadas por Hermosilla para acelerar la aprobación de permisos de construcción para un loteo industrial del holding de ese mismo nombre, propiedad de los hermanos Jalaff.

Hermosilla era el ‘consigliere’ de Álvaro Jalaff y junto a Chadwick tenían un grupo de whatsapp llamado “Amigos”. En una conversación de 2018, Hermosilla le dice a Jalaff:

- “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”.

Y al año siguiente le escribía:

- “Tú y ACH son mis únicos hermanos”.

Cuando Felipe Ward asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Hermosilla le escribió a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”, según consigna un reportaje de El Mostrador. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó.

Hermosilla y Francisco Feres -abogado de los Jalaff-, comenzaron a hacer entonces gestiones para destrabar un proyecto del Grupo Patio llamado Parque Capital, en el Minvu, en agosto del año 2020. En dichas conversaciones, Feres le propuso a Hermosilla que Chadwick actuase como un “ministro de fe” en las negociaciones con el ministro Ward y el seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz.

Errázuriz confirmó que recibió presiones directas del ministro Ward. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’”, declaró Errázuriz.

Finalmente, permisos cuya aprobación llevan hasta dos años fueron tramitados en dos meses y medio y el proyecto inmobiliario, además, se ganó USD 39 millones gracias a un programa del Gobierno de Piñera para revitalizar la alicaída economía post pandemia.

Tras destaparse la noticia, el Minvu ordenó un sumario y la Fiscalía abrió una investigación por esta nueva arista del Caso Audios, en la que el primer damnificado fue Felipe Ward, quien tuvo que renunciar a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián en Santiago.

La llamada a la CMF, los 150 millones para Piñera y el abogado alemán

Lo más probable es que Chadwick haya respondido también otras indagatorias, como la llamada que hizo a Augusto Iglesias, consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera, para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, suspendida por dicho organismo en marzo del 2023.

Asimismo, de seguro fue consultado sobre las tratativas que hizo el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con un abogado especialista alemán llamado Kai Ambos, quien asesoró a Chadwick en el juicio político que terminó desbancándolo del segundo Gobierno de Piñera, post estallido social de 2019, y en la que Hermosilla fue su abogado defensor.

Matus logró zafar de un juicio político en el Congreso, a pesar de que la Fiscalía acreditó que en 2019 recibió un pago de $14 millones (USD 14.500) por parte de Hermosilla, fondo que salió nada menos que de las cuentas de los hermanos Sauer.

O, si se reunió o no con Álvaro Jalaff a mediados de 2017, para recibir de sus manos $150 millones (USD 156 mil), destinados a la campaña que llevaría por segunda vez al sillón presidencial a Sebastián Piñera.

El 17 de agosto de ese año, Jalaff le había dicho a Hermosilla que tenía un tema “importante’ que hablar con él, que se había reunido con otros amigos empresarios y que “vamos a pasarle 150, pero quiero pasarlos directo”.

“Ojo con WhatsApp”, le advirtió en esa oportunidad, por vez primera, el abogado. Al día siguiente le dijo que fuera “a su oficina en Apoquindo 3300 piso 18″, como a las 11″.

Aunque mal escrita, la dirección corresponde al histórico cuartel central de Sebastián Piñera y allí, se supone, debía encontrarse con Chadwick. Según reveló El Mostrador, todo apunta a que Álvaro Jalaff acudió a la reunión, pues en el chat dice estar “en un taco de mierda” y hasta le pregunta a Hermosilla por el estacionamiento.

La investigación dirá si esos dineros fueron entregados o no.

En una ceremonia llevada a cabo en París este lunes, el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas entregó una medalla de la Asamblea Nacional de Francia al cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, condenado en mayo de 2024 a 23 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de cinco delitos cometidos entre 2020 y 2022 en la Macrozona Sur.

Arenas -hijo de exiliados chilenos-, es integrante del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI), fundado en 2016 por Jean-Luc Mélenchon -actual candidato para las presidenciales francesas de 2027-, y la presea honorífica fue recibida por uno de los hijos de líder de la CAM, Ernesto Llaitul, en nombre de su padre, actualmente tras las rejas.

Según el diario Le Monde Diplomatique, en su alocución el diputado francés explicó que la condecoración es una forma de dar “visibilidad y reconocimiento institucional” a la lucha y reivindicaciones del pueblo mapuche, muchas veces relegada incluso dentro de sectores de la izquierda, la que también debe ser entendida desde la historia del exilio chileno en Francia.

Luego vino el turno de Ernesto Llaitul, quien agradeció el reconocimiento, recordó la lucha de su padre contra la dictadura y su papel en la construcción del movimiento mapuche autonomista, y aseguró que su condena se debe a una persecución política.

De acuerdo al comunero, las reivindicaciones del movimiento mapuche hablan de la relación con la recuperación territorial, la autodeterminación, la preservación de la lengua y la cultura, e insistió en que continuar esta lucha no es solamente una opción política, sino una condición para evitar la desaparición del pueblo mapuche.

Al cierre, denunció la militarización de la Macrozona Sur, la presencia de industrias extractivas del sector forestal y la relación histórica que ha tenido el pueblo mapuche con el Estado chileno.

UDI exige citar a consulta al embajador francés

Una vez conocida la noticia, las reacciones no se hicieron esperar y los primeros en saltar al ruedo fueron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes esta jornada exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores llamar a consulta al embajador francés, Cyrille Rogeau.

En un punto de prensa, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton, tildaron de “absolutamente inaceptable” el reconocimiento entregado a Héctor Llaitul en París, y exigieron al gobierno hacer llegar al representante diplomático francés su molestia.

“La Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”, aseguraron taxativos según consignó BioBíoChile, cuestionando el hecho de que la medalla entregada haga aparecer a Llaitul como víctima de una persecución política.

De paso, también demandaron que de concretarse el llamado a consulta se trate con el embajador francés la situación de Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien está condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991 pero goza de asilo político en Francia desde 2018, cuando las autoridades chilenas pidieron su extradición.

De acuerdo a los gremialistas, el Estado francés tiene una “deuda pendiente” con Chile al respecto, puesto que una persona condenada por un delito de carácter terrorista debería cumplir su pena en dicho país, y no permanecer libre bajo el amparo de otro Estado.

Durante los últimos días, varios ciudadanos venezolanos que llegaron con sus pasajes comprados hasta el Aeropuerto de Santiago para viajar de vuelta a su país se encontraron con la desagradable sorpresa de que no podían abandonar Chile, pues portaban pasaportes vencidos, asunto que provocó que algunos incluso tuvieran que pasar la noche en el terminal aéreo.

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó la razón del malentendido y anunció que ya implementaron una solución que estará operativa en los próximos días: un nuevo salvoconducto simple que será reconocido por ambos países.

“¿Qué es lo que pasa? La ley de migraciones solo permite la salida del país de personas que tienen pasaporte vigente, documento válido o salvoconducto”, comenzó explicando la autoridad.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2026 “estuvo vigente una circular emitida por el gobierno anterior que permitía la salida de ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido. El análisis del gobierno era que dicha resolución adolecía de una ilegalidad y nos exponíamos a estar permitiendo, a través de un documento administrativo, la salida de personas de Venezuela sin cumplir con la ley”, agregó.

Debido a esto, el Gobierno dejó sin efecto dicha circular el 16 de agosto, “entonces, como no hay relaciones consulares con Venezuela y, por lo tanto, no se pueden expedir en Chile todavía pasaportes vigentes, la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto”, complementó Pavez.

Sin embargo, “el Gobierno venezolano no nos había pedido formalmente reconocer el salvoconducto que ellos tienen en su página web como oficial, pero ya hicieron la solicitud anoche”, detalló.

El secretario de Estado resumió que “hoy día tenemos la resolución, la solicitud del gobierno venezolano, y apenas la Cancillería, a través de una resolución que va a ser dictada el día de hoy o el día de mañana (jueves), va a homologar como documento de viaje ese salvoconducto expedido por el gobierno venezolano”.

Así, “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, y aunque no hayan entrado por paso habilitado (...) Esa es una dificultad que significa no tener relaciones diplomáticas ni consulares con un país, porque el trámite migratorio requiere, en el país que sale la persona y en el país que entra, la documentación que permite este tránsito. Nosotros esperamos que esto quede lo antes posible solucionado”, aseguró el ministro.

Eso sí, “las personas que ingresaron por paso no habilitado y que por este mecanismo puedan salir, van a tener la sanción de prohibición de ingreso (...) Una vez que ese trámite esté finalizado, va a ser informado en la opinión pública para que todos los ciudadanos de Venezuela puedan viajar a su país. Lamentamos que alguna falta de información o confusión haya impedido que personas con pasaje comprado hayan podido salir de Chile”, remató Pavez.

Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial tienen bajo la lupa a otros cinco detectives en servicio activo que también serían miembros de una banda dedicada a secuestrar y extorsionar a ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de este año tras un aviso del FBI.

La investigación ya tiene a tres ahora exdetectives -el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas- y al conocido exfiscal Vinko Fodich en prisión preventiva, acusados por los delitos de asociación ilícita, secuestro, extorsión y otros delitos como tenencia de armamento y municiones.

De los ocho detectives involucrados, siete pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en Santiago, y uno al Laboratorio de Criminalística de La Serena (470 kms al norte de Santiago).

El secuestro

De acuerdo a un reportaje de T13, el secuestro del ciudadano chino Mingkai Fu y su hermana, ocurrido el pasado 6 de agosto y que permitió desarticular a la banda, tuvo su origen en una millonaria deuda que el Clan Chen mantenía con su asesor financiero, Ángelo Stevens, presentado al grupo por el exfiscal Vinko Fodich.

“Un conocido de ambos, a quien ubico hace aproximadamente dos años como Stefano Andreotti Parada (quien tiene antecedentes por narcotráfico internacional), señaló que tenía una “cuadrilla de policías” que se dedicaba a cobrarle a los chinos y que me podía ayudar”, declaró Stevens según consta en la carpeta investigativa a la que tuvo acceso el medio citado.

“Dijo que ellos se podían encargar de cobrar. Le pregunté cómo lo hacían y dijo que ellos tenían arrendado un lugar, que se ambientaba como PDI y que ahí podían arreglar todo (...) Eran 8 PDI que trabajaban con él”, agregó.

Así, los detectives simularon una falsa detención y plagiaron a Mingkai Fu en un Kia Sportage conducido por Sebastián Gajardo Rojas, llevándolo a un falso cuartel policial instalado en un inmueble de calle José Miguel Carrera, en Santiago. En paralelo, el comisario Pablo Gajardo y el inspector Rodrigo Navarrete llegaron hasta el domicilio de Minxgia Fu -hermana de Mingkai y pareja del líder del clan, Yongjie Chen-, para trasladarla al mismo lugar.

Mientras los civiles Stevens y José Ignacio Pinto actuaban como falsos detenidos, Luis Moraga y Ángel Herrera lo hicieron como falsos detectives y Claudio Navarrete se hizo pasar por agente del FBI.

El rol del exfiscal

Fodich, gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor del Clan Chen, simuló ayudar a las víctimas recomendándoles pagar los $300 millones de pesos exigidos.

A fin de presionar, el grupo envió registros de los hermanos retenidos a Yongjie Chen (alias “Michael”), recordándole que si pagaban, él quedaría libre en una audiencia programada para agosto.

Los otros dos detectives señalados son Javier Correa Quiroga y Juan Cares Gutiérrez, quienes habrían “completado el escenario” prendiendo las balizas del vehículo supuestamente de la PDI estacionado afuera del edificio por donde pasó Mingxia Fu.

Finalmente, los secuestradores lograron un pago de $30 millones (USD 31 mil). Fodich reconoció haber recibido $3,5 millones (USD 3.600), y el resto del botín se dividió entre los demás civiles implicados y los detectives activos de la PDI, quienes se repartieron cerca de $10 millones USD 10.500) entre el grupo que dio cobertura al falso procedimiento.

La Fiscalía Oriente dio por cerrada este martes la investigación del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla y que salpicó a empresarios y políticos, provocando un verdadero terremoto también en el Poder Judicial.

Según informó BioBíoChile, el Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, y la abogada María Leonarda Villalobos Mütter.

Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.

Ahora, solo queda esperar que el 4.º Tribunal de Garantía fije la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral.

El caso y sus múltiples implicancias

El Caso Audios-Factop se originó en noviembre de 2023 tras un audio difundido por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, quien finalmente filtró la conversación.

En dicha conversación, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.

En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (excontroladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.

La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron al loteo industrial Parque Capital del Grupo Patio, y el caso también arrastró a la corredora de bolsa STF Capital e importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.

La arista política y judicial

Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, y aún tienen bajo la lupa al exministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, primo del expresidente Piñera, mejor amigo de Hermosilla y quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.

Además, se abrieron múltiples causas penales que involucran el tráfico de influencias para la designación de ministros en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Finalmente, el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado tras comprobarse que le enviaba información secreta a Hermosilla sobre causas de alta connotación política. En tanto, el exfiscal regional Manuel Guerra enfrenta querellas por facilitarle al abogado datos reservados de casos emblemáticos como Penta y Vitacura, que atañían precisamente al expresidente Piñera.

Luego de aprobarse el Plan de Reconstrucción Nacional e ingresar al Congreso su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el Gobierno de José Antonio Kast alista un “Plan de Emergencia Laboral” con metas a corto y largo plazo a fin de combatir los altos índices de cesantía y, de paso, la baja sostenida del mandatario en las encuestas, asunto que preocupa en La Moneda.

Según el último informe de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el último trimestre móvil de mayo - julio de 2026, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 9,5%, cifra que representa el nivel de desempleo más alto registrado en el país en los últimos cinco años.

La meta es crear unos 75 mil empleos directos e indirectos durante el cuarto trimestre y los ministerios involucrados son Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los que se abocarán a agilizar proyectos de infraestructura pública, subsidios a la contratación y mejorar la coordinación fiscal.

Modo empleo

Cabe señalar que este Plan de Emergencia Laboral del Gobierno se suma al programa “Modo Empleo”, estrategia de choque presentada en julio que implica una inyección de $50.000 millones de pesos (USD 52 millones) enfocados prioritariamente en las regiones con realidades laborales más complejas como Biobío, Ñuble y Antofagasta.

Así, la instrucción directa del presidente Kast fue acelerar los procesos de licitación y faenas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para ejecutar la totalidad del presupuesto anual antes de diciembre, y priorizar los proyectos de infraestructura pública debido a su alta y rápida capacidad para absorber mano de obra cesante.

También se liberarán recursos ya aprobados mediante los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), a fin de financiar pequeñas obras locales de rápida ejecución, como plazas, espacios comunitarios e infraestructura básica rural, contratando los municipios trabajadores directamente.

La iniciativa también contempla potenciar y reajustar los montos del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que entra en vigencia el 1 de octubre y funciona bajo una lógica de incentivo mutuo (dupla empresa-trabajador), otorgando hasta un 20% de la remuneración bruta mensual para el trabajador y otro 20% para el empleador con un máximo de $185.000 mensuales (USD 194) por hasta 12 meses.

Finalmente, y de cara a la temporada de verano e incendios, se financiarán cuadrillas rurales a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para contratar personal que lleve a cabo la limpieza de bosques y la excavación de franjas cortafuegos.

Así las cosas, la Ley de Presupuesto 2027 que se ingresa al Congreso a fines de septiembre estará cruzado por este plan y el Ejecutivo ya definió que, pese a ser fiscalmente “muy austero”, mantendrá un fuerte énfasis en infraestructura para sostener la inversión privada y el empleo a mediano plazo.

Finalmente, el biministro Claudio Alvarado señaló que el Gobierno espera que el mundo privado “tenga el mismo compromiso, porque el esfuerzo privado multiplica por varias veces el esfuerzo que puede hacer el presupuesto de la nación”, palabras que fueron refrendadas por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien recordó que “el gran empleador en Chile es el sector privado y eso es fundamental”.

Luego de lidiar tres años con problemas de salud, este martes falleció en París producto de un paro cardiorrespiratorio el célebre realizador chileno Patricio Guzmán (85 años), uno de los referentes del documental latinoamericano y autor de una obra que escarba en las trágicas consecuencias que dejó la dictadura de Augusto Pinochet en el país.

Narrador fundamental de la historia contemporánea chilena, Guzmán filmó más de veinte películas que le valieron el Oso de Plata en la Berlinale, el Goya y el Ojo Dorado del Festival de Cannes, pero pasó a la historia gracias su trabajo más conocido, La batalla de Chile, monumental trilogía de 6 horas considerado el documental más importante en lengua hispana en el que registró el incendiado proceso político previo al Golpe de Estado de 1973.

Guzmán filmó hasta ese mismo día 11 de septiembre y luego fue detenido y enviado al Estadio Nacional. Sin embargo, al no estar afiliado a ningún partido político, y quizá también por haber estudiado cine en la España franquista, fue dejado en libertad 14 días después.

Durante ese tiempo, el material filmado permaneció oculto en casa de un tío suyo, y una vez libre, Guzmán logró llevarlo hasta la Embajada de Suecia y ésta, por valija diplomática, pudo embarcarlo en un buque que lo llevó a Estocolmo.

Más tarde, sus compañeros de la Escuela de Cine de Madrid le pagaron un billete para que pudiera viajar a Europa, y el documental finalmente se montó en Cuba, logrando entre muchos otros premios el de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Francia (1976), el del Jurado del Festival Internacional de Leipzig (1976), así como los de los festivales de Grenoble (1976), Bruselas (1977) y La Habana (1979).

Su legado

En el exilio, el realizador desarrolló una prolífica labor audiovisual con obras como Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001), Salvador Allende (2004), Nostalgia de la luz (2010), El botón de nácar (2015), La cordillera de los sueños (2019) y Mi país imaginario (2022).

Por ellas recibió decenas de galardones en Europa, donde se alzó con el Premio del Cine Europeo al mejor documental por Nostalgia de la luz, y el Oso de Plata y el Premio Lumière por El botón de nácar, y en 2023 fue condecorado en el país con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

De acuerdo a su filosofía de trabajo, el documental era una herramienta irremplazable a la hora de preservar la memoria colectiva y solía ejemplificarlo con una simple frase: “Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum familiar”.

Con su fallecimiento, el país pierde a uno de sus cineastas más importantes, pero su filmografía quedará en la memoria por lograr una reflexión universal a partir de la reconstitución de los últimos 50 años de la historia de Chile y sus poéticas meditaciones sobre los pueblos originarios, el Desierto de Atacama o la Cordillera de Los Andes.

El presidente José Antonio Kast confirmó que Chile forma parte de la coalición Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado, instalada en marzo de este año por su par estadounidense, Donald Trump, pero solo en calidad de “observadores”, en medio de las críticas a las últimas y polémicas intervenciones del embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd.

En conversación con Radio Agricultura, el mandatario aseguró este lunes que “Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores (...) Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad, siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, complementó Kast.

Cabe señalar que la liga creada por Trump no ha estado exenta de polémica pues en agosto pasado, durante una reunión llevada a cabo en Panamá, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, exhortó a los países que la forman a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), asunto que fue descartado de plano por el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros.

Las críticas el embajador Judd

La definición del presidente Kast llega en medio de la última controversia desatada por el embajador de EE.UU en Santiago, Brandon Judd, quien la semana pasada en entrevista con CNN Chile aseguró tener información de inteligencia que atribuía el origen del estallido social que sacudió al país en 2019 a movimientos de izquierda.

“Obviamente, la inteligencia recopilada tanto por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestran claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, afirmó el representante norteamericano.

Dichas declaraciones provocaron críticas transversales por una intromisión del embajador en asuntos internos del país, por lo que horas después y a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador pues el Gobierno “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan”.

Sin embargo, al término de la cita con el Canciller, Francisco Pérez, Judd aclaró ante la prensa que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”, y que las conclusiones que expuso están basadas en “fuentes abiertas de información”.

“No enviamos ningún investigador a Chile, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, afirmó.

Por su parte, el Canciller Pérez también reiteró la postura del Ejecutivo respecto al rol de los representantes diplomáticos:

“Los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos”, afirmó.

Este domingo, en entrevista con La Tercera, Judd volvió a la carga y retrucó que “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador; si las personas se molestan por mis respuestas, es su problema”.

Así las cosas, el presidente Kast optó por bajarle el perfil a la polémica y al cierre de la entrevista con Radio Agricultura afirmó que Judd “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él, me he encontrado con él como con todos los embajadores”, zanjó el mandatario.

Las autoridades policiales chilenas continuan las pericias para dar con la identidad y el motivo que tuvo la persona fallecida la noche del domingo para intentar cruzar arriba de una camioneta Ford F-150 un campo minado a solo 300 metros de la frontera con Perú, y por ahora, todo apunta al contrabando de cobre.

El hecho ocurrió exactamente en el Hito 16, alrededor de las 23:30 horas, y de acuerdo al delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, el conductor del vehículo “cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio. Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo”, según consignó Emol.

La autoridad regional explicó que esparcidos en los alrededores se hallaron restos de cátodos de cobre y mascarillas de seguridad, lo que alimenta la tesis de que “se trataba de una operación de contrabando de mineral con destino al país vecino”.

“Debemos ser claros que el lugar se encuentra con señalética internacional que acusa que es un campo minado y que se prohíbe su ingreso”, complementó Sayes.

Un muerto

Por su parte, la fiscal jefe de la Fiscalía de Arica, Paulina Brito, detalló que personal del Ejército se apersonó en el lugar a las 07:00 horas del lunes para delimitar “una senda segura que permita a los equipos periciales operar in situ”, puesto que “debido a la presencia de armamento explosivo remanente, las labores en el sitio del suceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad”.

La persecutora evitó confirmar cuántas personas iban arriba de la camioneta, ya que “la alta temperatura generada por las detonaciones destruyó prácticamente toda evidencia en la cabina, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos biológicos. Sin perjuicio, se trabaja intensamente en poder esclarecer los hechos (...) No podemos descartar ni asegurar nada”.

Sin embargo, de acuerdo al control realizado en el Complejo Chacalluta a la F-150, dos personas venían a bordo cuando ingresó al país desde Tacna, a eso de las 17:00 horas del domingo, y una de ellas volvió a Perú horas después en otro automóvil.

Según el delegado Sayes, “la segunda creemos que pudo ser la persona que habría estado en este vehículo, porque sabemos que el vehículo no se maneja solo”, remató.

Más de 100 solicitudes de indulto se amontonan en el escritorio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien este domingo señaló que corresponden mayoritariamente a “hechos ocurridos en 1973“ -luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet-, y recordó que el presidente José Antonio Kast ha dicho en varias oportunidades que analizará cada caso de a uno, descartando una amnistía general para ex uniformados.

“Son bastantes, son más de 100 hoy día. Carpetas se han ido ordenando y hay un número importante en mi escritorio también para analizar”, aseguró en entrevista con el programa político Mesa Central.

Rabat explicó que también hay algunas peticiones relacionadas con el estallido social de 2019 -“muy pocas”-, y que no se ha autoimpuesto plazo alguno para derivarlas al mandatario, puesto que “hay que hacer un estudio muy cuidadoso siempre, y ese estudio tiene que llevar a una convicción y adquirir esa convicción es siempre un proceso lento”.

“El Presidente todavía no ha visto esos temas, se encuentran en mi cartera (...) Lo que hemos conversado con el Presidente es que vamos a respetar el caso a caso, y sobre la base que nos arrojen las carpetas administrativas se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción que alcancemos“, cerró el secretario de Estado.

Kast: “No corresponde que una persona muera en la cárcel”

Esta jornada, en conversación con el programa radial La Mañana de Agricultura, el presidente Kast refrendó las declaraciones de Rabat y recalcó que las solicitudes de indulto será analizadas de a una y de acuerdo a su mérito

“Lo que corresponde es analizar los antecedentes”, sostuvo el mandatario, quien de paso recordó que un indulto no cambia en nada una resolución judicial, “sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”.

Tocante a si habrá alguna condición especial que permita autorizar un indulto, como el estado de salud mental o físico del reo, afirmó que se trata precisamente de uno de sus puntos clave.

“Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel”, afirmó.

Consultado sobre el caso particular del brigadier del Ejército, Miguel Kassnoff, quien acumula más de 80 condenas judiciales y supera los 1.000 años de presidio en total por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, Kast recalcó que “esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”.

Sus declaraciones vienen luego de la presión ejercida por libertarios y republicanos para que cumpla con una de sus promesas de campaña a la brevedad, y dejaran entrever la posibilidad de impulsar un indulto general desde el Congreso, asunto que fue descartado de plano por Kast, “más allá del legítimo derecho de cualquier partido político o parlamentario de solicitar una ley de indulto general”, remató el mandatario.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó este domingo en prisión preventiva a los últimos acusados de pertenecer a una banda dedicada a los secuestro extorsivos a la que pertenecían tres detectives en servicio activo de la Policía de Investigaciones (PDI), y el conocido exfiscal Vinko Fodich.

Se trata de tres civiles y el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo, quien se suma al exfiscal Fodich, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el agente Sebastián Gajardo, formalizados el viernes pasado y también en prisión preventiva por los mismos delitos de secuestro extorsivo, asociación ilícita, extorsión y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo al juez Mario Cayul, los involucrados son un peligro para la sociedad y su libertad también podría afectar las indagatorias pendientes, las que deberán realizarse en los 150 días decretados para la investigación liderada por la Fiscalía Supraterritorial y el Departamento de Asuntos Internos de la PDI.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también fungía como defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.

Los secuestrados eran precisamente ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de 2026 tras un aviso del FBI.

“Dateados” por Fodich, los detectives, pertenecientes a la brigada criminal -Bicrim- de la comuna santiaguina de La Pintana, trasladaban a sus víctimas engañadas a recintos acondicionados para simular cuarteles de la PDI.

Ahí hacía su aparición Fodich, quien gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor simulaba ayudar a las víctimas y les recomendaba pagar las millonarias sumas de dinero que la banda les exigía.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este jueves por unanimidad -125 votos- el proyecto de Ley de Flagrancia que extiende de 12 a 24 horas el plazo en que las policías e incluso a civiles en ciertas circunstancias, pueden detener a un sospechoso sin orden judicial previa.

Se trata de la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast en ser aprobada, y se aplica cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito, acaba de cometerlo, huye del lugar o es señalada inmediatamente por la víctima u otra persona.

Además, faculta a los uniformados a realizar registros de vestimentas, vehículos o equipaje, e ingresar a lugares cerrados bajo las circunstancias que la ley define; perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones sobre determinadas diligencias, y reconoce a la Policía Marítima como auxiliar del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.

Así, queda establecido que existirá flagrancia siempre y cuando no hayan transcurrido más de 24 horas desde la detención realizada por agentes policiales, plazo que se extiende a 48 horas en el caso de la Policía Marítima.

En tanto, si la detención es ciudadana, es decir, efectuada por cualquier otra persona, se mantiene el límite de 12 horas.

Según reza la nueva normativa, la medida se podrá aplicar en los siguientes casos:

-Cuando alguien fuese encontrado con objetos o señales, en sí mismo o en sus vestimenta, que permitiesen sospechar su participación en un delito.

-Cuando víctimas de un delito reclamen auxilio, o testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito a alguien.

-Cuando la persona señalada aparece en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.

Otros proyectos en discusión

Así las cosas, varios otros proyectos incluidos en la ACOT del Gobierno siguen su trámite legislativo en el Congreso, como el que establece nuevas remuneraciones para Carabineros y otro que sanciona la explotación y promoción de servicios sexuales pagados.

En tanto, las comisiones de Constitución y Seguridad despacharon a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que amplía el plazo de detención a migrantes y la llamada Ley Antibarricadas 2.0.

Por otra parte, en el Senado continúa la discusión del proyecto de responsabilidad penal adolescente y el de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), aunque esta última en calidad de secreta.

Este jueves en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dio inicio al primer juicio oral contra uno de los acusados secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del ciudadano venezolano Maickel David Villegas Rodríguez, quien estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

Según antecedentes de la carpeta investigativa, la madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y Ángel Castellano -quien tenía 17 años en ese momento-, se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y Castellano grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

Primer imputado

Héctor Barros, fiscal metropolitano que ha llevado adelante la investigación, señaló al término de esta primera audiencia que este primer juicio oral “es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado -junto al menor de edad- y que tuvimos que extraditar desde Costa Rica”.

“En este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio, y que dice básicamente relación con que este es el imputado que realiza la grabación del video que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización”, agregó Barros.

El persecutor también confirmó que Villegas fue el encargado de “retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan al inmueble de la víctima, cuando el auto queda con desperfecto mecánico en la Costanera Norte”, agregó.

Barros confirmó que pedirán 20 años de cárcel efectiva para Villegas en virtud de un acuerdo judicial con Costa Rica, país desde donde el imputado fue extraditado.

“El mismo sistema judicial de ese país nos obliga en este caso a suscribir un acuerdo que tiene limitaciones de penas, en este caso 20 años”, complementó.

Al cierre, recordó que el segundo juicio contra otros seis acusados de ser autores materiales del asesinato -Edgard Javier Benítez Rubio, Alfredo José Henríquez Pineda, Wimner Rivas Olivares, Julio César Iglesias Pereira, Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya-, comenzará el 20 de septiembre.

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias.

A pesar de que este jueves se concretó un tercer “bencinazo” consecutivo a una semana de la celebración de las Fiestas Patrias, los gremios de camioneros descartaron llevar adelante movilizaciones o un paro en señal de protesta, pues según señalaron están por el diálogo con el Gobierno.

La mayor alza se la anotó el diésel, que subió $89 por litro (USD 0,09), mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos lo hicieron en $35 p/l (USD 0,03).

Por otra parte, el gas GLP de uso vehicular bajó $6,1 p/l (USD 0,01).

De esta manera, las bencinas totalizan un aumento de $102,7 (USD 1,09) por litro en las últimas tres semanas, mientras que el diésel lo ha hecho en $214,9 (USD 2,28).

Cabe recordar que este miércoles el precio del barril de crudo Brent superó la barrera de los US$100, su precio mas alto desde julio, debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Así las cosas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este jueves que “estamos en permanente reunión con el gremio de camioneros” y agradeció su patriotismo en tiempos difíciles.

“Se han comportado muy patrióticamente ante esta circunstancia”, sostuvo luego de exponer en un seminario organizado por la Universidad Católica.

El encargado de la billetera fiscal admitió que los transportistas tendrán que traspasar el aumento de costos y que la nueva alza encarecerá toda la cadena logística, pero aseguró tener confianza en que no habrá paro ni movilizaciones pues existe un “canal fluido de comunicaciones” con sus dirigentes.

“Yo confío que no tengamos ese tipo de situación”, cerró Quiroz.

No a una paralización

Sus palabras fueron refrendadas por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), quien en conversación con Emol señaló que el gremio está conscientes de la volatilidad del escenario internacional, asunto por el cual “en nuestra organización gremial no va a haber movilizaciones”.

”Tenemos que ser dirigentes responsables, entender que este es un tema mundial", sostuvo el dirigente.

De la misma opinión fue su par de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró al medio citado que “no hay piso para eso (movilizaciones). Por lo menos la confederación de nosotros está por dialogar con el Gobierno”, remató Araya.

Una investigación del equipo de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una banda dedicada a los secuestros extorsivos que contaba con al menos tres detectives en servicio activo de esa institución entre sus filas. Siete personas fueron detenidas, entre ellos también un exfiscal conocido por su participación en casos de alta connotación pública.

De acuerdo a información policial entre los detenidos se cuentan Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi -primo del excandidato presidencial Franco Parisi-, Exequiel Calderón Flores y el abogado y ex persecutor público, Vinko Fodich.

Todos serán formalizados este viernes por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de la PDI, entre otros, según confirmó esta jornada el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

“Hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas. Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, señaló Orellana.

“El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones con todo éxito”, cerró el persecutor.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que “es preocupante que hayan funcionarios detenidos, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión (...) La decisión de este Gobierno es atacar la corrupción, si es que hay vinculados funcionarios activos. Cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad, porque es así como se empieza a destruir el Estado”.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también es el defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.