Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este domingo a Sandra Muñoz, de nacionalidad chilena, investigada por su presunta responsabilidad en una estafa piramidal que afectó a más de 1500 chilenos y logró ganancias por unos $1.000 millones (más de USD 1 millón).

La mujer fue apresada en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba embarcarse rumbo al Perú y según antecedentes policiales, sería una de las cabecillas de la plataforma “Sunflower Technologies”, la que operó entre 2023 y 2025 captando inversionistas a los que se les ofrecía una rentabilidad mensual de hasta el 12%.

La empresa mantenían oficinas en la comuna capitalina de Las Condes y realizaba masivas capacitaciones en hoteles de regiones para captar clientes. El dinero ingresado simulaba “hacer crecer un árbol” en una app, pero en realidad los fondos eran convertidos en criptomonedas y luego desviados.

A inicios de julio de 2025, los jefes —presuntamente un grupo de empresarios de origen asiático- vaciaron los fondos, eliminaron los canales de soporte digitales, abandonaron el país y aún permanecen prófugos. La investigación liderada por el Ministerio Público continúa vigente para dar con su paradero internacional.

Tras destaparse el engaño, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclaró que la firma nunca estuvo regulada ni autorizada para operar en Chile.

Su rol en el esquema

De acuerdo a la inspectora de la Bridec Metropolitana, Llubixza Lizana, la detención de Muñoz se logró tras una instrucción verbal emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud a la participación directa que tiene la imputada en los hechos, lo cual dice relación con inversiones que hicieron diversas víctimas en la plataforma Sunflower Technology durante los años 2023 a 2025”.

La detective explicó que Muñoz “era quien reclutaba a las personas, las capacitaba y además tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal”.

“Cuando las víctimas invertían en esta plataforma se les indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%”, agregó Lizana.

“Este dinero se transaba en criptomonedas, siendo la forma de fuga del mismo”, complementó al uniformada.

De acuerdo a antecedentes de la causa, también existen otras querellas en contra de Jaime Mena -exgerente general de la empresa en Chile-, y Zhiqiang Yang, su representante legal.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó su Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, el que arrojó que el Estado hizo un sobregasto de $10.615 millones (USD 11 millones) en compras realizadas durante 2022 y 2023, a pesar de existir proveedores más baratos en el sistema de compras públicas.

El estudio se realizó a partir de adquisiciones hechas mediante el llamado “convenio marco”, modalidad que funciona como una tienda virtual o catálogo electrónico y que permite a las instituciones del Estado comprar directamente con un solo clic, sin necesidad de tener que llamar a una nueva licitación.

Así, la Dipres hizo una comparación de los precios realmente pagados por los organismos del Estado en contraposición a otras alternativas más baratas disponibles en el mismo sistema, y la diferencia fue consignada como dineros que potencialmente pudieron haberse ahorrado.

De acuerdo a La Tercera, la lista es encabezada por Gendarmería de Chile con el 26,9% del total del sobregasto, a saber unos $2.835 millones (casi USD 3 millones), seguido del Instituto Geográfico Militar, con un 12,6%, alrededor de $1.330 millones (USD 1,4 millones).

Más abajo aparecen varios servicios de salud, como el Metropolitano Sur (4,8% del total del sobregasto); el Metropolitano Oriente y Araucanía Sur (4,4% cada uno); el de Concepción (4,3%), y el Metropolitano Norte, con un 4,2%.

El mayor sobregasto se hizo en alimentos, categoría que representa el 73,2% del total detectado, unos $7.700 millones (USD 8 millones). Le siguen los artículos de aseo e higiene alcanzan (19,3%); productos de ferretería (4,2%) y artículos de escritorio y papelería (1,9%).

A modo de ejemplo, el reporte arrojó que el Estado pagó de más $437 millones (USD 437 mil) en compras de papas; $430 millones (USD 450) en pollo deshuesado; $348 millones USD 348 mil) en patas de pollo y pavo; $255 millones (267 mil) en zapallos; $219 millones USD 230 mil) en tomates; $217 millones (USd 227 mil) en bolsas; $195 millones (USD 204 mil) en plátanos; $144 millones (USD 151 mil) en pañales y $66 millones (USD 69 mil) en latas de jurel.

Cae señalar que el informe es parte de la “auditoría total” que el Gobierno de José Antonio Kast está haciendo a la administración de Gabriel Boric a fin de contener el gasto fiscal, y no establece responsabilidades administrativas o políticas individuales.

Al cierre, desde la Dipres sugirieron la “implementación de una estrategia de revisión focalizada y costo-efectiva, priorizando aquellos servicios públicos y convenios marco que concentran la mayor proporción del sobregasto. Este enfoque permitiría maximizar el impacto de eventuales medidas correctivas, optimizando el uso de recursos y fortaleciendo los mecanismos de control y gestión del gasto público”, según el medio citado.

Asimismo, recomendaron “reforzar los incentivos para evitar la ejecución innecesaria de recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestario, considerando que, en términos generales, los servicios públicos incrementan significativamente su gasto en bienes y servicios de consumo durante los últimos meses del año”.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo martes 13 de octubre, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, cuyos chats salpicaron a empresarios y políticos y provocaron un verdadero terremoto en el Poder Judicial.

El Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz y la abogada María Leonarda Villalobos.

Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.

Pero además, los persecutores informaron la separación de la investigación por el delito de tráfico de influencias contra Andrés Chadwick Piñera, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano del fallecido ex mandatario y ex ministro de Interior de su segundo gobierno, cuya arista puede seguir investigándose pues no está imputado en el Caso Audios.

El origen del Caso Audios

El Caso Audios se originó en noviembre de 2023 tras una conversación difundida por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó todo de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, el que finalmente filtró el diálogo.

En dicha reunión, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (...) Porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, aseveró el abogado, añadiendo luego que “hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12... no sé. La Leo tiene los números anotados”.

“Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, insistió a Sauer, encargándole a él la configuración de la mentada “caja negra”, con el fin de juntar 100 millones de pesos entre varios de los involucrados en el caso.

En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (ex controladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.

La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron a un loteo industrial del Grupo Patio, y el caso también arrastró a importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.

La arista política y judicial

Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, por lo que se abrieron múltiples causas penales que involucraban el tráfico de influencias para la designación de jueces en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa.

Asimismo, el ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado a 3 años y 1 día de presidio bajo libertad vigilada intensiva tras comprobarse que filtraba información secreta a Hermosilla, al igual que el ex fiscal regional Manuel Guerra, quien actualmente cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, acusado de pasarle al abogado información altamente confidencial sobre causas penales vigentes -como los casos Penta, Minera Dominga, Exalmar, Vitacura y el caso Ossandón-, información que era derivada a Andrés Chadwick y, que atañía, directa e indirectamente, al expresidente Sebastián Piñera.

La reclusión de Guerra marcó un hito histórico, al convertirse en el primer exfiscal regional en la historia de Chile en quedar bajo prisión preventiva, y la audiencia definitiva para discutir una posible salida abreviada, en la que Guerra admitiría su culpabilidad en los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos, está programada para el próximo 7 de octubre.

La investigación contra Chadwick

Sin embargo, la Fiscalía aún tienen bajo la lupa al ex ministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.

Chadwick ya prestó declaración dos veces en calidad de imputado -y de manera reservada-, en noviembre de 2024 y según una nota de Ex-Ante, las indagaciones apuntaron a los $190 millones (USD 197 mil) -en 17 depósitos-, que Luis Hermosilla le hizo entre marzo de 2020 y marzo de 2023 mientras ambos compartían oficina, pero principalmente a su rol en la llamada arista “Grupo Patio”, en la cual se indagan las gestiones realizadas por Hermosilla para acelerar la aprobación de permisos de construcción para un loteo industrial del holding de ese mismo nombre, propiedad de los hermanos Jalaff.

Hermosilla era el ‘consigliere’ de Álvaro Jalaff y junto a Chadwick tenían un grupo de whatsapp llamado “Amigos”. En una conversación de 2018, Hermosilla le dice a Jalaff:

- “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”.

Y al año siguiente le escribía:

- “Tú y ACH son mis únicos hermanos”.

Cuando Felipe Ward asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Hermosilla le escribió a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”, según consigna un reportaje de El Mostrador. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó.

Hermosilla y Francisco Feres -abogado de los Jalaff-, comenzaron a hacer entonces gestiones para destrabar un proyecto del Grupo Patio llamado Parque Capital, en el Minvu, en agosto del año 2020. En dichas conversaciones, Feres le propuso a Hermosilla que Chadwick actuase como un “ministro de fe” en las negociaciones con el ministro Ward y el seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz.

Errázuriz confirmó que recibió presiones directas del ministro Ward. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’”, declaró Errázuriz.

Finalmente, permisos cuya aprobación llevan hasta dos años fueron tramitados en dos meses y medio y el proyecto inmobiliario, además, se ganó USD 39 millones gracias a un programa del Gobierno de Piñera para revitalizar la alicaída economía post pandemia.

Tras destaparse la noticia, el Minvu ordenó un sumario y la Fiscalía abrió una investigación por esta nueva arista del Caso Audios, en la que el primer damnificado fue Felipe Ward, quien tuvo que renunciar a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián en Santiago.

La llamada a la CMF, los 150 millones para Piñera y el abogado alemán

Lo más probable es que Chadwick haya respondido también otras indagatorias, como la llamada que hizo a Augusto Iglesias, consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera, para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, suspendida por dicho organismo en marzo del 2023.

Asimismo, de seguro fue consultado sobre las tratativas que hizo el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con un abogado especialista alemán llamado Kai Ambos, quien asesoró a Chadwick en el juicio político que terminó desbancándolo del segundo Gobierno de Piñera, post estallido social de 2019, y en la que Hermosilla fue su abogado defensor.

Matus logró zafar de un juicio político en el Congreso, a pesar de que la Fiscalía acreditó que en 2019 recibió un pago de $14 millones (USD 14.500) por parte de Hermosilla, fondo que salió nada menos que de las cuentas de los hermanos Sauer.

O, si se reunió o no con Álvaro Jalaff a mediados de 2017, para recibir de sus manos $150 millones (USD 156 mil), destinados a la campaña que llevaría por segunda vez al sillón presidencial a Sebastián Piñera.

El 17 de agosto de ese año, Jalaff le había dicho a Hermosilla que tenía un tema “importante’ que hablar con él, que se había reunido con otros amigos empresarios y que “vamos a pasarle 150, pero quiero pasarlos directo”.

“Ojo con WhatsApp”, le advirtió en esa oportunidad, por vez primera, el abogado. Al día siguiente le dijo que fuera “a su oficina en Apoquindo 3300 piso 18″, como a las 11″.

Aunque mal escrita, la dirección corresponde al histórico cuartel central de Sebastián Piñera y allí, se supone, debía encontrarse con Chadwick. Según reveló El Mostrador, todo apunta a que Álvaro Jalaff acudió a la reunión, pues en el chat dice estar “en un taco de mierda” y hasta le pregunta a Hermosilla por el estacionamiento.

La investigación dirá si esos dineros fueron entregados o no.

En una ceremonia llevada a cabo en París este lunes, el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas entregó una medalla de la Asamblea Nacional de Francia al cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, condenado en mayo de 2024 a 23 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de cinco delitos cometidos entre 2020 y 2022 en la Macrozona Sur.

Arenas -hijo de exiliados chilenos-, es integrante del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI), fundado en 2016 por Jean-Luc Mélenchon -actual candidato para las presidenciales francesas de 2027-, y la presea honorífica fue recibida por uno de los hijos de líder de la CAM, Ernesto Llaitul, en nombre de su padre, actualmente tras las rejas.

Según el diario Le Monde Diplomatique, en su alocución el diputado francés explicó que la condecoración es una forma de dar “visibilidad y reconocimiento institucional” a la lucha y reivindicaciones del pueblo mapuche, muchas veces relegada incluso dentro de sectores de la izquierda, la que también debe ser entendida desde la historia del exilio chileno en Francia.

Luego vino el turno de Ernesto Llaitul, quien agradeció el reconocimiento, recordó la lucha de su padre contra la dictadura y su papel en la construcción del movimiento mapuche autonomista, y aseguró que su condena se debe a una persecución política.

De acuerdo al comunero, las reivindicaciones del movimiento mapuche hablan de la relación con la recuperación territorial, la autodeterminación, la preservación de la lengua y la cultura, e insistió en que continuar esta lucha no es solamente una opción política, sino una condición para evitar la desaparición del pueblo mapuche.

Al cierre, denunció la militarización de la Macrozona Sur, la presencia de industrias extractivas del sector forestal y la relación histórica que ha tenido el pueblo mapuche con el Estado chileno.

UDI exige citar a consulta al embajador francés

Una vez conocida la noticia, las reacciones no se hicieron esperar y los primeros en saltar al ruedo fueron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes esta jornada exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores llamar a consulta al embajador francés, Cyrille Rogeau.

En un punto de prensa, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton, tildaron de “absolutamente inaceptable” el reconocimiento entregado a Héctor Llaitul en París, y exigieron al gobierno hacer llegar al representante diplomático francés su molestia.

“La Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”, aseguraron taxativos según consignó BioBíoChile, cuestionando el hecho de que la medalla entregada haga aparecer a Llaitul como víctima de una persecución política.

De paso, también demandaron que de concretarse el llamado a consulta se trate con el embajador francés la situación de Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien está condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991 pero goza de asilo político en Francia desde 2018, cuando las autoridades chilenas pidieron su extradición.

De acuerdo a los gremialistas, el Estado francés tiene una “deuda pendiente” con Chile al respecto, puesto que una persona condenada por un delito de carácter terrorista debería cumplir su pena en dicho país, y no permanecer libre bajo el amparo de otro Estado.

Durante los últimos días, varios ciudadanos venezolanos que llegaron con sus pasajes comprados hasta el Aeropuerto de Santiago para viajar de vuelta a su país se encontraron con la desagradable sorpresa de que no podían abandonar Chile, pues portaban pasaportes vencidos, asunto que provocó que algunos incluso tuvieran que pasar la noche en el terminal aéreo.

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó la razón del malentendido y anunció que ya implementaron una solución que estará operativa en los próximos días: un nuevo salvoconducto simple que será reconocido por ambos países.

“¿Qué es lo que pasa? La ley de migraciones solo permite la salida del país de personas que tienen pasaporte vigente, documento válido o salvoconducto”, comenzó explicando la autoridad.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2026 “estuvo vigente una circular emitida por el gobierno anterior que permitía la salida de ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido. El análisis del gobierno era que dicha resolución adolecía de una ilegalidad y nos exponíamos a estar permitiendo, a través de un documento administrativo, la salida de personas de Venezuela sin cumplir con la ley”, agregó.

Debido a esto, el Gobierno dejó sin efecto dicha circular el 16 de agosto, “entonces, como no hay relaciones consulares con Venezuela y, por lo tanto, no se pueden expedir en Chile todavía pasaportes vigentes, la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto”, complementó Pavez.

Sin embargo, “el Gobierno venezolano no nos había pedido formalmente reconocer el salvoconducto que ellos tienen en su página web como oficial, pero ya hicieron la solicitud anoche”, detalló.

El secretario de Estado resumió que “hoy día tenemos la resolución, la solicitud del gobierno venezolano, y apenas la Cancillería, a través de una resolución que va a ser dictada el día de hoy o el día de mañana (jueves), va a homologar como documento de viaje ese salvoconducto expedido por el gobierno venezolano”.

Así, “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, y aunque no hayan entrado por paso habilitado (...) Esa es una dificultad que significa no tener relaciones diplomáticas ni consulares con un país, porque el trámite migratorio requiere, en el país que sale la persona y en el país que entra, la documentación que permite este tránsito. Nosotros esperamos que esto quede lo antes posible solucionado”, aseguró el ministro.

Eso sí, “las personas que ingresaron por paso no habilitado y que por este mecanismo puedan salir, van a tener la sanción de prohibición de ingreso (...) Una vez que ese trámite esté finalizado, va a ser informado en la opinión pública para que todos los ciudadanos de Venezuela puedan viajar a su país. Lamentamos que alguna falta de información o confusión haya impedido que personas con pasaje comprado hayan podido salir de Chile”, remató Pavez.

Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial tienen bajo la lupa a otros cinco detectives en servicio activo que también serían miembros de una banda dedicada a secuestrar y extorsionar a ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de este año tras un aviso del FBI.

La investigación ya tiene a tres ahora exdetectives -el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas- y al conocido exfiscal Vinko Fodich en prisión preventiva, acusados por los delitos de asociación ilícita, secuestro, extorsión y otros delitos como tenencia de armamento y municiones.

De los ocho detectives involucrados, siete pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en Santiago, y uno al Laboratorio de Criminalística de La Serena (470 kms al norte de Santiago).

El secuestro

De acuerdo a un reportaje de T13, el secuestro del ciudadano chino Mingkai Fu y su hermana, ocurrido el pasado 6 de agosto y que permitió desarticular a la banda, tuvo su origen en una millonaria deuda que el Clan Chen mantenía con su asesor financiero, Ángelo Stevens, presentado al grupo por el exfiscal Vinko Fodich.

“Un conocido de ambos, a quien ubico hace aproximadamente dos años como Stefano Andreotti Parada (quien tiene antecedentes por narcotráfico internacional), señaló que tenía una “cuadrilla de policías” que se dedicaba a cobrarle a los chinos y que me podía ayudar”, declaró Stevens según consta en la carpeta investigativa a la que tuvo acceso el medio citado.

“Dijo que ellos se podían encargar de cobrar. Le pregunté cómo lo hacían y dijo que ellos tenían arrendado un lugar, que se ambientaba como PDI y que ahí podían arreglar todo (...) Eran 8 PDI que trabajaban con él”, agregó.

Así, los detectives simularon una falsa detención y plagiaron a Mingkai Fu en un Kia Sportage conducido por Sebastián Gajardo Rojas, llevándolo a un falso cuartel policial instalado en un inmueble de calle José Miguel Carrera, en Santiago. En paralelo, el comisario Pablo Gajardo y el inspector Rodrigo Navarrete llegaron hasta el domicilio de Minxgia Fu -hermana de Mingkai y pareja del líder del clan, Yongjie Chen-, para trasladarla al mismo lugar.

Mientras los civiles Stevens y José Ignacio Pinto actuaban como falsos detenidos, Luis Moraga y Ángel Herrera lo hicieron como falsos detectives y Claudio Navarrete se hizo pasar por agente del FBI.

El rol del exfiscal

Fodich, gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor del Clan Chen, simuló ayudar a las víctimas recomendándoles pagar los $300 millones de pesos exigidos.

A fin de presionar, el grupo envió registros de los hermanos retenidos a Yongjie Chen (alias “Michael”), recordándole que si pagaban, él quedaría libre en una audiencia programada para agosto.

Los otros dos detectives señalados son Javier Correa Quiroga y Juan Cares Gutiérrez, quienes habrían “completado el escenario” prendiendo las balizas del vehículo supuestamente de la PDI estacionado afuera del edificio por donde pasó Mingxia Fu.

Finalmente, los secuestradores lograron un pago de $30 millones (USD 31 mil). Fodich reconoció haber recibido $3,5 millones (USD 3.600), y el resto del botín se dividió entre los demás civiles implicados y los detectives activos de la PDI, quienes se repartieron cerca de $10 millones USD 10.500) entre el grupo que dio cobertura al falso procedimiento.

La Fiscalía Oriente dio por cerrada este martes la investigación del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla y que salpicó a empresarios y políticos, provocando un verdadero terremoto también en el Poder Judicial.

Según informó BioBíoChile, el Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, y la abogada María Leonarda Villalobos Mütter.

Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.

Ahora, solo queda esperar que el 4.º Tribunal de Garantía fije la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral.

El caso y sus múltiples implicancias

El Caso Audios-Factop se originó en noviembre de 2023 tras un audio difundido por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, quien finalmente filtró la conversación.

En dicha conversación, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.

En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (excontroladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.

La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron al loteo industrial Parque Capital del Grupo Patio, y el caso también arrastró a la corredora de bolsa STF Capital e importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.

La arista política y judicial

Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, y aún tienen bajo la lupa al exministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, primo del expresidente Piñera, mejor amigo de Hermosilla y quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.

Además, se abrieron múltiples causas penales que involucran el tráfico de influencias para la designación de ministros en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Finalmente, el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado tras comprobarse que le enviaba información secreta a Hermosilla sobre causas de alta connotación política. En tanto, el exfiscal regional Manuel Guerra enfrenta querellas por facilitarle al abogado datos reservados de casos emblemáticos como Penta y Vitacura, que atañían precisamente al expresidente Piñera.

Luego de aprobarse el Plan de Reconstrucción Nacional e ingresar al Congreso su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el Gobierno de José Antonio Kast alista un “Plan de Emergencia Laboral” con metas a corto y largo plazo a fin de combatir los altos índices de cesantía y, de paso, la baja sostenida del mandatario en las encuestas, asunto que preocupa en La Moneda.

Según el último informe de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el último trimestre móvil de mayo - julio de 2026, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 9,5%, cifra que representa el nivel de desempleo más alto registrado en el país en los últimos cinco años.

La meta es crear unos 75 mil empleos directos e indirectos durante el cuarto trimestre y los ministerios involucrados son Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los que se abocarán a agilizar proyectos de infraestructura pública, subsidios a la contratación y mejorar la coordinación fiscal.

Modo empleo

Cabe señalar que este Plan de Emergencia Laboral del Gobierno se suma al programa “Modo Empleo”, estrategia de choque presentada en julio que implica una inyección de $50.000 millones de pesos (USD 52 millones) enfocados prioritariamente en las regiones con realidades laborales más complejas como Biobío, Ñuble y Antofagasta.

Así, la instrucción directa del presidente Kast fue acelerar los procesos de licitación y faenas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para ejecutar la totalidad del presupuesto anual antes de diciembre, y priorizar los proyectos de infraestructura pública debido a su alta y rápida capacidad para absorber mano de obra cesante.

También se liberarán recursos ya aprobados mediante los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), a fin de financiar pequeñas obras locales de rápida ejecución, como plazas, espacios comunitarios e infraestructura básica rural, contratando los municipios trabajadores directamente.

La iniciativa también contempla potenciar y reajustar los montos del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que entra en vigencia el 1 de octubre y funciona bajo una lógica de incentivo mutuo (dupla empresa-trabajador), otorgando hasta un 20% de la remuneración bruta mensual para el trabajador y otro 20% para el empleador con un máximo de $185.000 mensuales (USD 194) por hasta 12 meses.

Finalmente, y de cara a la temporada de verano e incendios, se financiarán cuadrillas rurales a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para contratar personal que lleve a cabo la limpieza de bosques y la excavación de franjas cortafuegos.

Así las cosas, la Ley de Presupuesto 2027 que se ingresa al Congreso a fines de septiembre estará cruzado por este plan y el Ejecutivo ya definió que, pese a ser fiscalmente “muy austero”, mantendrá un fuerte énfasis en infraestructura para sostener la inversión privada y el empleo a mediano plazo.

Finalmente, el biministro Claudio Alvarado señaló que el Gobierno espera que el mundo privado “tenga el mismo compromiso, porque el esfuerzo privado multiplica por varias veces el esfuerzo que puede hacer el presupuesto de la nación”, palabras que fueron refrendadas por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien recordó que “el gran empleador en Chile es el sector privado y eso es fundamental”.

Luego de lidiar tres años con problemas de salud, este martes falleció en París producto de un paro cardiorrespiratorio el célebre realizador chileno Patricio Guzmán (85 años), uno de los referentes del documental latinoamericano y autor de una obra que escarba en las trágicas consecuencias que dejó la dictadura de Augusto Pinochet en el país.

Narrador fundamental de la historia contemporánea chilena, Guzmán filmó más de veinte películas que le valieron el Oso de Plata en la Berlinale, el Goya y el Ojo Dorado del Festival de Cannes, pero pasó a la historia gracias su trabajo más conocido, La batalla de Chile, monumental trilogía de 6 horas considerado el documental más importante en lengua hispana en el que registró el incendiado proceso político previo al Golpe de Estado de 1973.

Guzmán filmó hasta ese mismo día 11 de septiembre y luego fue detenido y enviado al Estadio Nacional. Sin embargo, al no estar afiliado a ningún partido político, y quizá también por haber estudiado cine en la España franquista, fue dejado en libertad 14 días después.

Durante ese tiempo, el material filmado permaneció oculto en casa de un tío suyo, y una vez libre, Guzmán logró llevarlo hasta la Embajada de Suecia y ésta, por valija diplomática, pudo embarcarlo en un buque que lo llevó a Estocolmo.

Más tarde, sus compañeros de la Escuela de Cine de Madrid le pagaron un billete para que pudiera viajar a Europa, y el documental finalmente se montó en Cuba, logrando entre muchos otros premios el de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Francia (1976), el del Jurado del Festival Internacional de Leipzig (1976), así como los de los festivales de Grenoble (1976), Bruselas (1977) y La Habana (1979).

Su legado

En el exilio, el realizador desarrolló una prolífica labor audiovisual con obras como Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001), Salvador Allende (2004), Nostalgia de la luz (2010), El botón de nácar (2015), La cordillera de los sueños (2019) y Mi país imaginario (2022).

Por ellas recibió decenas de galardones en Europa, donde se alzó con el Premio del Cine Europeo al mejor documental por Nostalgia de la luz, y el Oso de Plata y el Premio Lumière por El botón de nácar, y en 2023 fue condecorado en el país con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

De acuerdo a su filosofía de trabajo, el documental era una herramienta irremplazable a la hora de preservar la memoria colectiva y solía ejemplificarlo con una simple frase: “Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum familiar”.

Con su fallecimiento, el país pierde a uno de sus cineastas más importantes, pero su filmografía quedará en la memoria por lograr una reflexión universal a partir de la reconstitución de los últimos 50 años de la historia de Chile y sus poéticas meditaciones sobre los pueblos originarios, el Desierto de Atacama o la Cordillera de Los Andes.

El presidente José Antonio Kast confirmó que Chile forma parte de la coalición Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado, instalada en marzo de este año por su par estadounidense, Donald Trump, pero solo en calidad de “observadores”, en medio de las críticas a las últimas y polémicas intervenciones del embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd.

En conversación con Radio Agricultura, el mandatario aseguró este lunes que “Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores (...) Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad, siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, complementó Kast.

Cabe señalar que la liga creada por Trump no ha estado exenta de polémica pues en agosto pasado, durante una reunión llevada a cabo en Panamá, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, exhortó a los países que la forman a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), asunto que fue descartado de plano por el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros.

Las críticas el embajador Judd

La definición del presidente Kast llega en medio de la última controversia desatada por el embajador de EE.UU en Santiago, Brandon Judd, quien la semana pasada en entrevista con CNN Chile aseguró tener información de inteligencia que atribuía el origen del estallido social que sacudió al país en 2019 a movimientos de izquierda.

“Obviamente, la inteligencia recopilada tanto por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestran claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, afirmó el representante norteamericano.

Dichas declaraciones provocaron críticas transversales por una intromisión del embajador en asuntos internos del país, por lo que horas después y a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador pues el Gobierno “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan”.

Sin embargo, al término de la cita con el Canciller, Francisco Pérez, Judd aclaró ante la prensa que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”, y que las conclusiones que expuso están basadas en “fuentes abiertas de información”.

“No enviamos ningún investigador a Chile, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, afirmó.

Por su parte, el Canciller Pérez también reiteró la postura del Ejecutivo respecto al rol de los representantes diplomáticos:

“Los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos”, afirmó.

Este domingo, en entrevista con La Tercera, Judd volvió a la carga y retrucó que “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador; si las personas se molestan por mis respuestas, es su problema”.

Así las cosas, el presidente Kast optó por bajarle el perfil a la polémica y al cierre de la entrevista con Radio Agricultura afirmó que Judd “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él, me he encontrado con él como con todos los embajadores”, zanjó el mandatario.

Las autoridades policiales chilenas continuan las pericias para dar con la identidad y el motivo que tuvo la persona fallecida la noche del domingo para intentar cruzar arriba de una camioneta Ford F-150 un campo minado a solo 300 metros de la frontera con Perú, y por ahora, todo apunta al contrabando de cobre.

El hecho ocurrió exactamente en el Hito 16, alrededor de las 23:30 horas, y de acuerdo al delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, el conductor del vehículo “cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio. Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo”, según consignó Emol.

La autoridad regional explicó que esparcidos en los alrededores se hallaron restos de cátodos de cobre y mascarillas de seguridad, lo que alimenta la tesis de que “se trataba de una operación de contrabando de mineral con destino al país vecino”.

“Debemos ser claros que el lugar se encuentra con señalética internacional que acusa que es un campo minado y que se prohíbe su ingreso”, complementó Sayes.

Un muerto

Por su parte, la fiscal jefe de la Fiscalía de Arica, Paulina Brito, detalló que personal del Ejército se apersonó en el lugar a las 07:00 horas del lunes para delimitar “una senda segura que permita a los equipos periciales operar in situ”, puesto que “debido a la presencia de armamento explosivo remanente, las labores en el sitio del suceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad”.

La persecutora evitó confirmar cuántas personas iban arriba de la camioneta, ya que “la alta temperatura generada por las detonaciones destruyó prácticamente toda evidencia en la cabina, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos biológicos. Sin perjuicio, se trabaja intensamente en poder esclarecer los hechos (...) No podemos descartar ni asegurar nada”.

Sin embargo, de acuerdo al control realizado en el Complejo Chacalluta a la F-150, dos personas venían a bordo cuando ingresó al país desde Tacna, a eso de las 17:00 horas del domingo, y una de ellas volvió a Perú horas después en otro automóvil.

Según el delegado Sayes, “la segunda creemos que pudo ser la persona que habría estado en este vehículo, porque sabemos que el vehículo no se maneja solo”, remató.

Más de 100 solicitudes de indulto se amontonan en el escritorio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien este domingo señaló que corresponden mayoritariamente a “hechos ocurridos en 1973“ -luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet-, y recordó que el presidente José Antonio Kast ha dicho en varias oportunidades que analizará cada caso de a uno, descartando una amnistía general para ex uniformados.

“Son bastantes, son más de 100 hoy día. Carpetas se han ido ordenando y hay un número importante en mi escritorio también para analizar”, aseguró en entrevista con el programa político Mesa Central.

Rabat explicó que también hay algunas peticiones relacionadas con el estallido social de 2019 -“muy pocas”-, y que no se ha autoimpuesto plazo alguno para derivarlas al mandatario, puesto que “hay que hacer un estudio muy cuidadoso siempre, y ese estudio tiene que llevar a una convicción y adquirir esa convicción es siempre un proceso lento”.

“El Presidente todavía no ha visto esos temas, se encuentran en mi cartera (...) Lo que hemos conversado con el Presidente es que vamos a respetar el caso a caso, y sobre la base que nos arrojen las carpetas administrativas se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción que alcancemos“, cerró el secretario de Estado.

Kast: “No corresponde que una persona muera en la cárcel”

Esta jornada, en conversación con el programa radial La Mañana de Agricultura, el presidente Kast refrendó las declaraciones de Rabat y recalcó que las solicitudes de indulto será analizadas de a una y de acuerdo a su mérito

“Lo que corresponde es analizar los antecedentes”, sostuvo el mandatario, quien de paso recordó que un indulto no cambia en nada una resolución judicial, “sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”.

Tocante a si habrá alguna condición especial que permita autorizar un indulto, como el estado de salud mental o físico del reo, afirmó que se trata precisamente de uno de sus puntos clave.

“Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel”, afirmó.

Consultado sobre el caso particular del brigadier del Ejército, Miguel Kassnoff, quien acumula más de 80 condenas judiciales y supera los 1.000 años de presidio en total por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, Kast recalcó que “esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”.

Sus declaraciones vienen luego de la presión ejercida por libertarios y republicanos para que cumpla con una de sus promesas de campaña a la brevedad, y dejaran entrever la posibilidad de impulsar un indulto general desde el Congreso, asunto que fue descartado de plano por Kast, “más allá del legítimo derecho de cualquier partido político o parlamentario de solicitar una ley de indulto general”, remató el mandatario.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó este domingo en prisión preventiva a los últimos acusados de pertenecer a una banda dedicada a los secuestro extorsivos a la que pertenecían tres detectives en servicio activo de la Policía de Investigaciones (PDI), y el conocido exfiscal Vinko Fodich.

Se trata de tres civiles y el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo, quien se suma al exfiscal Fodich, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el agente Sebastián Gajardo, formalizados el viernes pasado y también en prisión preventiva por los mismos delitos de secuestro extorsivo, asociación ilícita, extorsión y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo al juez Mario Cayul, los involucrados son un peligro para la sociedad y su libertad también podría afectar las indagatorias pendientes, las que deberán realizarse en los 150 días decretados para la investigación liderada por la Fiscalía Supraterritorial y el Departamento de Asuntos Internos de la PDI.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también fungía como defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.

Los secuestrados eran precisamente ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de 2026 tras un aviso del FBI.

“Dateados” por Fodich, los detectives, pertenecientes a la brigada criminal -Bicrim- de la comuna santiaguina de La Pintana, trasladaban a sus víctimas engañadas a recintos acondicionados para simular cuarteles de la PDI.

Ahí hacía su aparición Fodich, quien gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor simulaba ayudar a las víctimas y les recomendaba pagar las millonarias sumas de dinero que la banda les exigía.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este jueves por unanimidad -125 votos- el proyecto de Ley de Flagrancia que extiende de 12 a 24 horas el plazo en que las policías e incluso a civiles en ciertas circunstancias, pueden detener a un sospechoso sin orden judicial previa.

Se trata de la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast en ser aprobada, y se aplica cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito, acaba de cometerlo, huye del lugar o es señalada inmediatamente por la víctima u otra persona.

Además, faculta a los uniformados a realizar registros de vestimentas, vehículos o equipaje, e ingresar a lugares cerrados bajo las circunstancias que la ley define; perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones sobre determinadas diligencias, y reconoce a la Policía Marítima como auxiliar del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.

Así, queda establecido que existirá flagrancia siempre y cuando no hayan transcurrido más de 24 horas desde la detención realizada por agentes policiales, plazo que se extiende a 48 horas en el caso de la Policía Marítima.

En tanto, si la detención es ciudadana, es decir, efectuada por cualquier otra persona, se mantiene el límite de 12 horas.

Según reza la nueva normativa, la medida se podrá aplicar en los siguientes casos:

-Cuando alguien fuese encontrado con objetos o señales, en sí mismo o en sus vestimenta, que permitiesen sospechar su participación en un delito.

-Cuando víctimas de un delito reclamen auxilio, o testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito a alguien.

-Cuando la persona señalada aparece en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.

Otros proyectos en discusión

Así las cosas, varios otros proyectos incluidos en la ACOT del Gobierno siguen su trámite legislativo en el Congreso, como el que establece nuevas remuneraciones para Carabineros y otro que sanciona la explotación y promoción de servicios sexuales pagados.

En tanto, las comisiones de Constitución y Seguridad despacharon a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que amplía el plazo de detención a migrantes y la llamada Ley Antibarricadas 2.0.

Por otra parte, en el Senado continúa la discusión del proyecto de responsabilidad penal adolescente y el de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), aunque esta última en calidad de secreta.

Este jueves en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dio inicio al primer juicio oral contra uno de los acusados secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del ciudadano venezolano Maickel David Villegas Rodríguez, quien estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

Según antecedentes de la carpeta investigativa, la madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y Ángel Castellano -quien tenía 17 años en ese momento-, se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y Castellano grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

Primer imputado

Héctor Barros, fiscal metropolitano que ha llevado adelante la investigación, señaló al término de esta primera audiencia que este primer juicio oral “es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado -junto al menor de edad- y que tuvimos que extraditar desde Costa Rica”.

“En este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio, y que dice básicamente relación con que este es el imputado que realiza la grabación del video que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización”, agregó Barros.

El persecutor también confirmó que Villegas fue el encargado de “retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan al inmueble de la víctima, cuando el auto queda con desperfecto mecánico en la Costanera Norte”, agregó.

Barros confirmó que pedirán 20 años de cárcel efectiva para Villegas en virtud de un acuerdo judicial con Costa Rica, país desde donde el imputado fue extraditado.

“El mismo sistema judicial de ese país nos obliga en este caso a suscribir un acuerdo que tiene limitaciones de penas, en este caso 20 años”, complementó.

Al cierre, recordó que el segundo juicio contra otros seis acusados de ser autores materiales del asesinato -Edgard Javier Benítez Rubio, Alfredo José Henríquez Pineda, Wimner Rivas Olivares, Julio César Iglesias Pereira, Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya-, comenzará el 20 de septiembre.

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias.

A pesar de que este jueves se concretó un tercer “bencinazo” consecutivo a una semana de la celebración de las Fiestas Patrias, los gremios de camioneros descartaron llevar adelante movilizaciones o un paro en señal de protesta, pues según señalaron están por el diálogo con el Gobierno.

La mayor alza se la anotó el diésel, que subió $89 por litro (USD 0,09), mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos lo hicieron en $35 p/l (USD 0,03).

Por otra parte, el gas GLP de uso vehicular bajó $6,1 p/l (USD 0,01).

De esta manera, las bencinas totalizan un aumento de $102,7 (USD 1,09) por litro en las últimas tres semanas, mientras que el diésel lo ha hecho en $214,9 (USD 2,28).

Cabe recordar que este miércoles el precio del barril de crudo Brent superó la barrera de los US$100, su precio mas alto desde julio, debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Así las cosas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este jueves que “estamos en permanente reunión con el gremio de camioneros” y agradeció su patriotismo en tiempos difíciles.

“Se han comportado muy patrióticamente ante esta circunstancia”, sostuvo luego de exponer en un seminario organizado por la Universidad Católica.

El encargado de la billetera fiscal admitió que los transportistas tendrán que traspasar el aumento de costos y que la nueva alza encarecerá toda la cadena logística, pero aseguró tener confianza en que no habrá paro ni movilizaciones pues existe un “canal fluido de comunicaciones” con sus dirigentes.

“Yo confío que no tengamos ese tipo de situación”, cerró Quiroz.

No a una paralización

Sus palabras fueron refrendadas por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), quien en conversación con Emol señaló que el gremio está conscientes de la volatilidad del escenario internacional, asunto por el cual “en nuestra organización gremial no va a haber movilizaciones”.

”Tenemos que ser dirigentes responsables, entender que este es un tema mundial", sostuvo el dirigente.

De la misma opinión fue su par de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró al medio citado que “no hay piso para eso (movilizaciones). Por lo menos la confederación de nosotros está por dialogar con el Gobierno”, remató Araya.

Una investigación del equipo de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una banda dedicada a los secuestros extorsivos que contaba con al menos tres detectives en servicio activo de esa institución entre sus filas. Siete personas fueron detenidas, entre ellos también un exfiscal conocido por su participación en casos de alta connotación pública.

De acuerdo a información policial entre los detenidos se cuentan Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi -primo del excandidato presidencial Franco Parisi-, Exequiel Calderón Flores y el abogado y ex persecutor público, Vinko Fodich.

Todos serán formalizados este viernes por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de la PDI, entre otros, según confirmó esta jornada el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

“Hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas. Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, señaló Orellana.

“El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones con todo éxito”, cerró el persecutor.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que “es preocupante que hayan funcionarios detenidos, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión (...) La decisión de este Gobierno es atacar la corrupción, si es que hay vinculados funcionarios activos. Cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad, porque es así como se empieza a destruir el Estado”.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también es el defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.

En medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y a una semana del inicio de las Fiestas Patrias, la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó que a partir de esta jornada el precio de los combustibles tendrá un nuevo aumento, el tercero consecutivo.

La mayor alza se la anotó el diésel, que subirá $89 por litro (USD 0,09), mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos lo harán en $35 p/l (USD 0,03).

Por otra parte, el gas GLP de uso vehicular bajará $6,1 p/l (USD 0,01).

De esta manera, las bencinas totalizan un aumento de $102,7 (USD 1,09) por litro en las últimas tres semanas, mientras que el diésel lo ha hecho en $214,9 (USD 2,28).

Cabe recordar que este miércoles el precio del barril de crudo Brent superó la barrera de los US$100, su precio mas alto desde julio.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó previo al informe este miércoles que “el mundo está en guerra, se han destruido refinerías, no hay diésel en el mundo. Estamos haciendo todo lo posible para que el impacto de estas alzas sea lo menor posible, y eso lo podemos hacer hoy gracias a los esfuerzos fiscales que hemos hecho durante el año”.

El encargado de la billetera fiscal agregó que “hacia adelante esto va a ir más espaciado, como lo estamos tratando de hacer en este momento”, confirmando que vendrán nuevas alzas.

“Menos malo de lo esperado”

Este nuevo aumento golpea a todo el país a una semana de las celebraciones más importantes del año, pero sobre todo al gremio de camioneros y transportistas, desde donde lo calificaron como “menos malo de lo esperado”, pero malo al fin y al cabo.

“Es mala noticia porque son nuevos aumentos de precios. Si bien es cierto que su aplicación fue anunciada en agosto, el impacto es perjudicial para el transporte de carga y, por extensión, para la cadena logística. Estamos absorbiendo todos los costos”, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, según reza una nota de BioBíoChile.

De acuerdo al dirigente, la peor parte se la llevan las pequeñas y medianas empresas que no tienen el “músculo” suficiente para soportar el peso de los incrementos.

“Si fuera por traspasar directamente el mayor precio a la tarifa de fletes, la dificultad sería menor, pero no todos los generadores de carga, nuestros clientes, lo han hecho. Y algunos no lo hacen en los porcentajes suficientes”, aseguró Araya.

Así las cosas, este nuevo “bencinazo” se suma al alza en agosto de 0,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y agudiza el debilitamiento de la economía nacional, que pasa por una fase de debilidad en la demanda y una cesantía del 9,5%.

Luego de que la oposición lograra los votos para interpelarlo en la Cámara de Diputados el próximo lunes 28 de septiembre por su “manejo deficiente” del último impasse territorial con Argentina y el arancel del 12,5% aplicado por Estados Unidos a la importación de productos nacionales, el Canciller Francisco Pérez aseguró este martes que “los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado, y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan“.

Al respecto, Pérez recordó que “nos hemos presentado 11 veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado, y es así como seguiremos trabajando”.

De paso, sostuvo que la interpelación también puede verse como “una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”.

“La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, cerró el Canciller.

El respaldo del Gobierno

Por su parte, el biministro Claudio Alvarado salió también a respaldar la “buena labor” del Canciller Pérez y pidió a los partidos de izquierda no “instrumentalizar la política exterior como un factor de diferencias políticas internas”.

“La interpelación, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para clarificar todas las acciones que está llevando la Cancillería en diferentes ámbitos”, agregó.

Sin embargo, recordó que por tratarse la interpelación de una instancia pública es muy probable que ciertos temas no vayan a ser discutidos en profundidad.

“Todos tenemos que velar porque la conducción de nuestra política exterior sea lo más unitaria y transversal posible”, sostuvo Alvarado.

Al cierre, recordó que interpelar a un Secretario de Estado es “un legítimo derecho” de los diputados, pero subrayó que no se debe “convertir la fiscalización en un instrumento de diferencias políticas internas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores citó para esta jornada al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, a fin de que entregue información de inteligencia que aseguró tener y que atribuye el origen del estallido social que sacudió al país en 2019 a movimientos de izquierda.

En entrevista con CNN Chile, el diplomático refrendó este martes las palabras de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia de Estados Unidos, Sarah Rogers, quien en el Foro Madrid celebrado en Santiago la semana pasada sostuvo que “en Chile, extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios mientras intentaban chantajear al país para adoptar una nueva Constitución”.

Al respecto, Judd afirmó que “sólo tienes que ver a esos manifestantes. En su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Y cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda”.

“Obviamente, la inteligencia recopilada tanto por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestran claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, agregó el representante norteamericano.

De acuerdo a Judd, “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

El embajador dijo que dicha información no ha sido puesta a disposición de la justicia chilena ni de las autoridades nacionales, pues hasta el momento no existía una solicitud formal, y se mostró dispuesto a hacerla llegar a quien corresponda.

Horas después, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador para este miércoles a una hora reservada, pues el Gobierno “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia”.

La reunión

Sin embargo, al término de la cita con el Canciller, Francisco Pérez, Judd aclaró ante la prensa que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”, y que las conclusiones que expuso en conversación con CNN Chile están basadas en “fuentes abiertas de información”.

“No enviamos ningún investigador a Chile, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, aseguró.

“No tenemos nada específico sobre personas individuales específicas; no tenemos nada específico sobre grupos. Reitero, este fue un análisis que se realizó en base a la información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía (...) Nosotros no realizamos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar e investigar la información que salía de Chile, recopilada mediante fuentes abiertas de información”, remató.

Los F-35 y el Estrecho de Magallanes

Esa no fue la única noticia que se despachó el emisario estadounidense, pues en una entrevista previa con Meganoticias confirmó las tratativas entre Santiago y Washington para adquirir una flotilla de aviones F-35, el caza más avanzado del mundo.

Judd afirmó que “estamos en conversaciones con Chile” y que existen “muchas más opciones sobre la mesa” tocante a cooperación entre ambas fuerzas armadas.

El plenipotenciario también abordó el reciente impasse con Argentina por el Estrecho de Magallanes y dejó en claro la posición de EE.UU al respecto: “El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos”, señaló taxativo. “Creemos en apoyar acuerdos y los acuerdos han sido firmados por Chile y Argentina”, remató Judd.

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno cerró este martes su “Inspección Total” a la administración del expresidente Gabriel Boric, la que partió apenas asumió José Antonio Kast el gobierno el 11 de marzo pasado y permitió analizar información de más de 500 servicios del Gobierno Central.

El proceso contó con la participación de más de 1.000 auditores internos y contempló cuatro etapas: recolección de datos; detección e investigación de alertas; análisis de hallazgos; y corrección y derivación. En total, se analizaron más de 913 millones de registros de datos, identificándose 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna.

Como resultado de este trabajo se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones según su naturaleza y gravedad.

Debido a esto, se instruirán sumarios administrativos en 53 servicios, mientras que siete casos serán derivados a la Contraloría General de la República (CGR); cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDF) y cuatro al Ministerio Público -correspondientes a la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)-, por lo que ahora la Fiscalía deberá analizar los antecedentes y definir si existen hechos constitutivos de delito a perseguir.

El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que el valor de esta “auditoría total” está precisamente en que la revisión no se limite a identificar problemas, sino que permita adoptar medidas concretas.

“La Inspección Total demuestra la importancia de revisar el Estado de manera integral, con información, con auditorías y con controles efectivos. No basta con detectar una irregularidad o una debilidad: cuando existen antecedentes que lo ameritan, corresponde instruir los sumarios y realizar las derivaciones a los organismos competentes. Nuestro compromiso es que cada hallazgo tenga seguimiento y que los recursos públicos sean administrados con el máximo rigor”, señaló Pavez al término de la última sesión del Comité.

El proceso también incluyó una revisión de las transferencias efectuadas a personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas fundaciones y corporaciones, con el objetivo de analizar el estado de sus rendiciones e identificar brechas en los mecanismos de seguimiento.

Los antecedentes recogidos evidenciaron dificultades estructurales para realizar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones, debido a que la información se encuentra distribuida entre distintos servicios y sistemas.

Informe será entregado al presidente Kast

En paralelo, el Comité acordó preparar un informe final que será entregado al Presidente de la República y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, amén de continuar realizando seguimiento a las medidas correctivas derivadas de los hallazgos, verificando su implementación por parte de los respectivos servicios.

Finalmente, la subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo, sostuvo que “hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República: revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”.

“Los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor. Este proceso, inédito por su magnitud, es un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado”, remató Castillo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que los combustibles volverán a subir esta semana debido al incremento de las hostilidades en Medio Oriente y el consiguiente alza en el precio del petróleo a nivel mundial.

“La guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año; estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio. Efectivamente esperamos un aumento, pero eso es algo que se determina al final, justo en el momento antes de anunciarlo”, sostuvo el secretario de Estado, evitando dar una cifra exacta.

“El combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperamos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria“, complementó, refiriéndose a las festividades por la independencia del país que parten el próximo 17 de este mes.

El alza

Así las cosas, desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP) publicaron una estimación en la que cifran el alza de las bencinas en unos $35 pesos por litro (USD 0,03), mientras que el diésel subirá al menos $100 pesos litro (USD 0,10).

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todo en el gremio de los camioneros y transportistas, quienes vienen sosteniendo conversaciones periódicas con el Ministerio de Hacienda desde dónde ya advirtieron que el diésel seguirá subiendo hasta llegar a un incremento acumulado de $250 por litro (USD 0,27)

Dichas agrupaciones acusan una fuerte presión financiera o “asfixia” económica, exigiendo mayor claridad al Gobierno y una intervención más activa del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar el impacto en la cadena logística e inflación.

En tanto, Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, adelantó que le pedirán al Gobierno que extienda el bono de ayuda al sector que vence este mes, a fin de evitar movilizaciones y protestas.

Así las cosas, este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) entregará el nuevo informe que despejará las dudas sobre el incremento real en esta oportunidad.

Críticas incluso desde su propio sector y acusaciones de nepotismo recibió el Gobierno tras conocerse la noticia de que el Ministerio del Interior contrató a un estudiante de 19 años que ingresó este año a la carrera de periodismo como experto en redes sociales, con un sueldo de $1,9 millones de pesos (poco más de USD 2.000), salario muy por encima del que gana la mayoría de los chilenos.

Hablamos de Cristóbal Soto Fuentes, quien según informó el medio de investigación periodística Contrapoder, se incorporó en marzo a dicha cartera tras trabajar por cinco meses en estrategia digital y redes sociales para el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y luego como community manager del área de mujeres de la Unión Demócrata Independiente (UDI), desde donde pasó a La Moneda.

Los reproches apuntan a su falta de competencias académicas -pues solo cuenta con su enseñanza media cumplida-, pero sobre todo a lo desproporcionado que aparece su salario para una persona sin un título profesional, en contraste a lo que perciben otros funcionarios públicos.

Su caso se suma al de otras dos abogadas que fueron contratadas en el mes de abril por el Gobierno a solo un mes de haber jurado: Camila Pérez, de 26 años y militante de Renovación Nacional (RN), en el Servicio Nacional de Migraciones; y Trinidad Zegers, de 27 años, quien ingresó al Ministerio de Justicia a cargo nada menos que de coordinar la reactivación de la Reforma Procesal Civil, con un sueldo que roza los $2 millones (USD 2.160).

La defensa del Gobierno

Ante el revuelo transversal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este lunes al paso de las críticas y defendió el “profesionalismo” y la contratación del futuro periodista, pero aseguró que le bajarán el sueldo, el que finalmente quedará en $1,2 millones de pesos (USD 1.300).

“En primer lugar, todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo para el cual fueron contratadas con el mayor nivel de profesionalismo. Y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio”, aseguró la autoridad.

“Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informar que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarada y lo vamos a acomodar de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden”, cerró Pavez.

Emilio Daniel Salcedo Arroyo, de 34 años, es el nombre del ciudadano venezolano que murió la madrugada de este sábado en una balacera en las afueras de un local nocturno ubicado en calle Balmaceda, pleno centro de la turística ciudad de La Serena (470 kms al norte de Santiago). Otro compatriota suyo resultó herido de gravedad, al igual que un menor de edad cuya nacionalidad no ha sido confirmada aún.

Según información policial, desconocidos efectuaron al menos 14 disparos desde un vehículo en movimiento contra el grupo de personas en el que se encontraba Salcedo Arroyo, quien contaba con un amplio prontuario policial y judicial en la región, incluyendo una causa vigente por secuestro, y que murió mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital San Juan de Dios de dicha ciudad-balneario.

Amplio prontuario

Según informó el diario local El Día, Salcedo Arroyo estaba imputado en una causa por secuestro ante el Juzgado de Garantía de La Serena. La investigación se originó tras la denuncia de una mujer que logró escapar de un domicilio en el sector de La Varilla, propiedad en la que se reportaron agresiones, amenazas y la exigencia de un rescate de 40 millones de pesos (USD 42 mil). El operativo derivó en la detención de cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, incluyéndolo a él.

Durante su reclusión preventiva en el Complejo Penitenciario de esa ciudad, protagonizó múltiples faltas disciplinarias. En julio de 2025 fue sancionado por una riña con arma blanca dentro de la cárcel -que le costó la suspensión de visitas por 30 días-, y registraba incidentes por entorpecer los protocolos de seguridad de Gendarmería de Chile y negarse a firmar actas oficiales.

Las autoridades penitenciarias también lo sorprendieron con envoltorios de marihuana y pasta base de cocaína dosificados al interior del penal, aunque Salcedo adujo en dicha ocasión que la droga era para consumo personal.

La Armada se encuentra atenta a los movimientos de la gigantesca flota pesquera china que actualmente opera al norte de Isla de Pascua -Rapa Nui en lengua vernácula-, afuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena, pero dentro del área de responsabilidad de vigilancia que le compete al país.

De acuerdo a información entregada por la institución este fin de semana, una veintena de pesqueros dedicados a la extracción principalmente de la jibia, el atún y el pez espada fueron detectados en el área fiscalizada, mientras otros 300 barcos permanecen todavía más al norte. Y aunque la flota pesca en alta mar y no se han reportado infracciones, lo cierto es que su alto número vuelve necesario mantener una supervisión constante, tal como lo hacen otros países de la región cuando este enjambre de buques-factoría flota pasa frente a sus costas.

Vigilancia aérea y marítima

Así las cosas, el viernes pasado un avión de exploración aeromarítima P-3 ACH “Orión”, en conjunto con la fragata “Almirante Cochrane” y el remolcador de alta mar “Galvarino”, se desplegaron a unas 900 millas náuticas de la costa chilena (casi 1,700 kms), logrando observar directamente 21 naves en distintas faenas extractivas y un buque factoría, todos bajo bandera china.

“Nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas del territorio nacional, qué actividades están realizando y determinar adónde se dirigen”, señaló el capitán de fragata y piloto naval Eduardo de la Cerda, según consignó BioBíoChile.

A fin de lograr la correcta identificación de los barcos, el “Orión” tuvo que descender hasta unos 200 metros sobre el nivel del mar para obtener su número de matrícula y verificar qué tipo de labores extractivas están realizando.

Según el uniformado, durante este tipo de operativos también se intenta lograr comunicación con cada barco fiscalizado, cuyos capitanes no siempre responden. Cuando contestan, la comunicación suele darse en inglés y los funcionarios de la Armada se limitan a anotar los antecedentes de cada barco para entregarlos posteriormente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y otros organismos fiscalizadores.

“Si están infringiendo alguna norma, se informa a las unidades de superficie para que las controlen in situ”, complementó De la Cerda.

Desde la Armada subrayaron que el monitoreo busca prevenir incursiones no autorizadas a aguas nacionales, proteger los recursos marinos y velar por la seguridad y la normativa ambiental en el área de responsabilidad de búsqueda y rescate de Chile.

Abrumado por la culpa a pesar del tiempo transcurrido, un hombre identificado como Ghislain Quiroz Carrizo, de 42 años, llegó la noche de este domingo hasta una comisaría ubicada en la comuna santiaguina de Conchalí para confesar el crimen de la estudiante Mariana Sepúlveda León, quien tenía solo 19 años cuando salió de su casa en agosto de 2008 rumbo al colegio y nunca más se la volvió a ver.

De acuerdo a su declaración, ambos vivían en el pasaje Logroño de dicha comuna y mantenían una relación sentimental, aunque Mariana habría estado interesada en otra persona, razón por la cual ese viernes 29 de agosto, en vez de dirigirse al colegio Pitágoras junto a una compañera, fue a la casa de Quiroz a dar por terminada la relación.

Hubo una discusión que comenzó a subir de tono. Entonces, Quiroz, quien en esa época tenía 24 años, la asesinó y enterró el cuerpo en su casa. Tiempo después, en 2013, desenterró los restos y los tiró a la basura, aseguró.

Durante todo este tiempo, las sospechas recayeron sobre otro vecino que tenía antecedentes policiales por un delito previo de connotación sexual. Empero, vecinos del pasaje no creen en la confesión de Quiroz, quien hace un tiempo sufrió un accidente cerebrovascular y tendría sus capacidades mentales disminuidas.

Las críticas de la madre

Una vez que los policías escucharon desconcertados la versión de Quiroz lo dejaron detenido y horas después, personal del 0S9 de Carabineros llegó hasta el pasaje Logroño para realizar las primeras diligencias instruidas por la fiscalía local a fin de corroborar la historia.

Cabe señalar que el caso no tenía novedades desde 2021, cuando el fiscal Xavier Armendáriz ordenó reabrirlo y llevar a cabo una reconstitución de escena.

Hace un año Marta León, la madre de Mariana, fue entrevistada por Chilevisión, ocasión en la que criticó la investigación y aseguró que “las cosas se hicieron mal desde el principio, y cuando las cosas se hacen mal desde ese punto no puedes esperar resultados. Pensar que puedes encontrar a alguien, que puedes hacer diligencias 12, 13, 14 años después, eso no te ayuda en nada”.

“Hay cosas que se han hecho por cumplir más que nada, por insistencia nuestra. Es un caso que ya para mí es emblemático y no se le ha dado la importancia que merece. Solo tenemos la esperanza de encontrarla por la fe en Dios, porque no hay nada más”, remató la mujer.

El misterio del documento de identidad bloqueado

Sin embargo, existe otro misterioso antecedente que también deberá ser aclarado: el bloqueo del documento de identidad de Mariana Sepúlveda 14 meses después de haber desaparecido, en la lejana comuna de Chañaral, a unos 1.000 kilómetros al norte del hogar de la víctima en Santiago.

Según Fabiola Aliante, abogada de la Fundación Chile de Pie que ha asesorado legalmente a la familia de Mariana, en octubre de 2009 “se bloquea la cédula en un retén a las 3:22 de la mañana. Todo lo que rodea este bloqueo de cédula es absolutamente extraño, no se explica por ninguna parte. Es muy rara la hora en que va, el lugar tan alejado, no era un lugar en el que Mariana tuviera un nexo. Sin embargo, hay otra circunstancia que llama mucho más la atención”, aseguró Aliante, según un reportaje de Meganoticias.

“Me percaté de la presencia de esta joven, porque gritó ‘aló’, a viva voz desde el exterior, saliendo a atenderla. Al escuchar que la recurrente llamaba, salí de la guardia y concurrí a atenderla”, declaró el suboficial que se encontraba de guardia esa noche.

“Luego de explicarme cuál era su consulta, la hice ingresar a la guardia para realizar el bloqueo de su cédula de identidad. Lo único que me llamó la atención era que esta joven se encontraba nerviosa mirando hacia todos lados y cuando le pregunté por el nombre de su madre, se puso más nerviosa, motivando aún más mi consulta al sistema biométrico”, agregó el uniformado, de acuerdo al reportaje.

Extrañamente, tiempo después el carabinero en cuestión cambió su declaración, asegurando que había sido presionado por un suboficial.

“Mi suboficial me manifestó que si yo no decía que yo hice ese bloqueo me iban a dar de baja y me iban a meter preso, por tal razón yo me sentí presionado y por ende tuve que mentir en la segunda declaración”, afirmó.

“Nosotros tomamos la causa en octubre de 2019 y a ese punto nadie había tocado más allá del sumario que se le hizo al carabinero en cuestión, que ya no está en servicio, ninguno de los dos. La verdad es que a nadie le llamó la atención por qué un carabinero de Santiago va a presionar a un carabinero en el norte, para que diga que bloqueó una cédula que no bloqueó”, remató la abogada.

A fines de septiembre de 2024, el actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruyó a la Fiscalía Regional de O’Higgins hacerse cargo por tercera vez de la investigación del alevoso crimen de la psicóloga estadounidense Erica Hagan (22), hecho ocurrido la noche del 5 de septiembre de 2014 en su departamento al interior de un colegio en Temuco (680 kms al sur de Santiago), caso que ya había sido cerrado dos veces por el Ministerio Público de La Araucanía sin haber hallado un culpable.

La segunda vez que la causa fue archivada, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que “consideramos que no había actualmente una línea de investigación que nos siguiera aportando antecedentes (...) Comunicamos debidamente esto también a los querellantes, que las diligencias desde nuestro punto de vista estaban agotadas, que no valía la pena seguir repitiendo diligencias que ya se habían realizado”.

El persecutor aseguró en dicha oportunidad que “en este caso los querellantes pidieron que la investigación fuera abordada por otro equipo, lo que a nosotros nos parece muy bien (...) Vamos a cooperar con todo lo que ellos requieran para poder seguir adelante”.

Garrido reconoció falencias en las pericias y todo el proceso investigativo de la causa. “Vivir en Temuco, el conocer este caso desde sus inicios, nos hace muy responsables de todo lo que se hizo mal en su momento”, sostuvo.

“Evidentemente, hubo muchos errores, el Tribunal Civil determinó que había un trabajo negligente de parte del Ministerio Público y de las policías. (...) Hubo una preparación de ese caso, hubo un trabajo de limpieza del sitio del suceso, se perdió evidencia dentro de ese trabajo. Es decir, hubo una suma de situaciones que conspiraron contra nuestro deseo de esclarecer este hecho”, se lamentó.

Prioridad para EEUU

Actualmente, el caso está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien en estos dos años ha ordenado peritajes avanzados sobre evidencia que antes era imposible de procesar con precisión, como el teléfono celular parcialmente quemado por el asesino, buscando rescatar datos o geolocalizaciones.

Además, pidió nuevos cotejos genéticos sobre elementos clave de la escena, incluyendo un trozo de uña levantado en los peritajes iniciales, y no descarta la participación de más de un autor, apuntando nuevamente hacia personas del entorno del Colegio Bautista que en los primeros meses del caso (2014-2015), fueron descartadas quizá apresurada o negligentemente.

Y ya que de volver a cerrarse sin culpables lo más probable es que el caso no vuelva a abrirse por cuarta vez, Regina O’Neal, la madre de Erica Hagan, quien ha llevado a cabo una verdadera cruzada por dar con el asesino de su hija desde el primer día, escribió al actual embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, para pedirle toda la ayuda posible del gobierno norteamericano en el esclarecimiento del crimen.

En marzo pasado, ya bien instalado en Santiago, Judd respondió la misiva de la acongojada madre de manera taxativa:

“Gracias por su carta y, por favor, acepte mis más profundas condolencias por su pérdida. Sus esfuerzos para honrar a Erica a través de su búsqueda de justicia durante estos últimos 11 años son extraordinarios, especialmente considerando la naturaleza horrorosa de su asesinato”, parte el documento, según consigna un reportaje de Bío Bío Investiga.

En su respuesta, el diplomático aseguró que desde la embajada han estado en contacto con los persecutores y la policía, que está al tanto de que el FBI norteamericano también está colaborando en los peritajes, y que la máxima preocupación de su legación es la seguridad de sus conciudadanos.

“El caso de su hija sigue siendo una prioridad para nuestro equipo aquí en Santiago, y me gustaría reiterar nuestro compromiso con usted: continuaremos planteando el caso de Erica en cada oportunidad apropiada en nuestra relación con las autoridades chilenas; continuaremos insistiendo en una resolución concluyente del caso; y continuaremos ofreciendo asistencia a las autoridades chilenas cuando se nos solicite y sea apropiado para avanzar y mejorar su trabajo hacia una resolución”, remató Judd.

Catalina Castillo, la abogada de la madre de Hagan, valoró el espaldarazo del embajador norteamericano, puesto que tal como aseguró al medio citado, “tememos que esta nueva investigación vuelva a ser un fracaso. Ya se van a cumplir dos años desde que la fiscalía de O’Higgins tomó las riendas de esta investigación y hasta la fecha no hemos obtenido ningún resultado efectivo”.

Cronología de un caso impune

Este sábado 5 de septiembre se cumplieron 12 años del asesinato de Erica Hagan (22), cuyo cadáver fue hallado en la tina de su departamento al interior del Colegio Bautista de Temuco donde hacía una pasantía, en 2014.

El cuerpo de la psicóloga estadounidense presentaba un terrible traumatismo encéfalocraneano, causado por al menos cuatro golpes presuntamente dados con un atizador de chimenea. Tras una serie de peritajes, se descartó primero que la joven hubiese sido víctima de violación y se informó luego que el sospechoso era alguien conocido, puesto que la puerta no había sido forzada.

También, que tras golpearla el autor del crimen arrastró el cuerpo desnudo de la joven y lo sumergió en la tina del baño, la cual llenó con agua caliente, y que intentó quemar la ropa, un celular y una tablet, a fin de eliminar cualquier evidencia.

La fiscalía apuntó entonces a un guardia del colegio, Domingo Cofré, quien permaneció por ocho meses en prisión preventiva. Sin embargo la única prueba que tenía la fiscalía era el atizador, aunque sin rastros de sangre de Erica. Cofré fue finalmente absuelto a fines de 2015 debido a severas inconsistencias, pérdida de evidencia científica y una profunda negligencia en la investigación por parte de las policías y la Fiscalía local.

En 2021, la madre de la joven pidió reabrir la investigación, puesto que la PDI haría nuevas pericias utilizando herramientas que no existían en 2014, sobre todo en relación a la obtención de muestras de ADN. Sin embargo, tras tres años, en marzo de 2024 el fiscal Garrido confirmó el cierre del caso, nuevamente sin culpables.

A fin de de evitar el cierre definitivo de la investigación, la madre de Erica Hagan volvió a pedir 76 nuevas diligencias a inicios de septiembre de 2024, entre ellas, solicitar la colaboración del FBI y trasladar el caso a otra fiscalía regional, y criticó en dicha oportunidad el actuar del Ministerio Público:

“Estoy indignada con la ‘misteriosa’ desaparición del reloj que portaba mi hija, porque el mismo oficial investigador anterior dijo que era una evidencia muy importante. Ahora no sólo desapareció el reloj, sino numerosa evidencia de varios sospechosos: pantalones, casacas y evidencias personales de mi hija. La Fiscalía no ha aclarado aquello. ¿Por qué?”, acusó en una carta enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Su clamor, por suerte, fue escuchado, y por ahora la investigación avanza, aunque el caso se mantiene en total impunidad.

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y desde la fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF) Chile recordaron que, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) del 2024, más de 21 mil personas que portan el virus del VIH en el país están al tanto de su diagnóstico, pero no reciben tratamiento alguno.

Según la estadística, alrededor de 91 mil personas viven con VIH en el país, 86.419 conocen su diagnóstico, pero solo 64.504 están en tratamiento, por lo que existen unas 21.915 personas sin terapia antirretroviral.

En julio pasado Fernando Bernal, jefe del departamento de VIH y ETS del Minsal, admitió ante la Comisión de Salud del Senado que el país vive un “nudo crítico” en la segunda etapa del proceso de atención al paciente, pues si bien la cobertura está garantizada por el sistema público, muchos de ellos se ausentan de los controles periódicos y no siguen al pie de la letra su terapia.

Según el director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe, Francisco Rubio, “Chile ha conseguido que una proporción importante de las personas que viven con VIH conozca su diagnóstico. Hoy, el desafío está en conseguir que ese conocimiento se traduzca en acceso y continuidad del tratamiento”.

“Una persona que recibe un resultado positivo necesita contar con un acompañamiento claro hacia la atención y la terapia, sin barreras que terminen alejándolas del sistema”, sostuvo Rubio.

Respecto a las razones por las cuales los pacientes discontinúan su tratamiento, señaló que “pese a todos los avances en VIH, el temor al estigma aún está presente, y el miedo al rechazo familiar o laboral aleja a las personas de los centros de salud”.

Terapia altamente efectiva

De acuerdo a las mismas cifras de 2024 del Minsal, la triterapia tiene alrededor de un 95% de efectividad, pues de las 64.504 personas que se contabilizaron en tratamiento, 61.496 lograron el estatus de “indetectables”, es decir, con una carga tan baja que el virus es intransmisible.

“Los datos del Minsal muestran que cuando las personas llegan al tratamiento, los resultados son favorables. Por eso es necesario prestar atención a la distancia que existe entre conocer el diagnóstico y acceder a una terapia sostenida. Reducir esa brecha puede tener efectos tanto en la salud de las personas como en la respuesta frente a nuevas infecciones”, complementó el representante de AHF en Chile.

Al cierre, Rubio llamó al Minsal a “priorizar el cierre de la brecha entre diagnóstico y tratamiento, fortaleciendo los mecanismos de vinculación y permanencia en la atención, y acompañar a las personas desde el diagnóstico, identificar oportunamente las interrupciones en los controles y facilitar su reincorporación al tratamiento cuando sea necesario”.

El Ministerio Público confirmó este jueves que abrió una causa penal a fin de determinar presuntos delitos informáticos asociados al consultor argentino Fernando Cerimedo, actualmente preso en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, en los últimos comicios electorales celebrados en Chile.

La resolución fue firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, a partir de una denuncia estampada por el diputado del socialista, Juan Santana, en la que pidió investigar las actividades de Cerimedo en el país y su presunta responsabilidad en la conformación de una red de “bots” que estuvo activa desde el plebiscito de 2020.

En su denuncia, Santana recordó la participación de la empresa de Cerimedo -Numen-, en dicho plebiscito, y la posterior conformación de Numen SpA en el país.

El documento también hace alusión sobre todo a dos cuentas de la red social X que operaron de manera conjunta para atacar a personalidades como la excandidata Evelyn Matthei, -“Neuroc” y “Dress”-, las que fueron desactivadas entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, coincidiendo de forma exacta con la detención del estratega digital argentino en Bolivia.

Cabe recordar que en el allanamiento a la casa de Cerimedo por el presunto sicariato de su expareja, la abogada Nadia Beller, la policía halló una “mini granja de bots”.

El vínculo con La Moneda

Hasta ahora, la participación de Cerimedo en Chile está acreditada en la campaña por el Rechazo en 2020, durante el primer proceso constitucional. De acuerdo al diario The Clinic, el marketer argentino fue contactado por el comando por el Rechazo -Casa Común-, y trabajó con el actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal y Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del presidente José Antonio Kast.

En adición, su expareja, Nadia Beller, quien logró sobrevivir al ataque por el que la justicia boliviana acusa a Cerimedo, aseguró hace una semana en entrevista con Radio Biobío que el estratega digital se vanangloriaba de haber instalado a José Antonio Kast en el sillón presidencial.

“Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de K, porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca: de que había hecho un nuevo presidente”, aseguró taxativa.

Según la abogada, Cerimedo estuvo en comunicación permanente con gente en Chile, “sobre todo en los últimos días del conteo de las elecciones y el día de las elecciones, él estaba encima todo el día. En el conteo, en el recuento, le iban reportando y demás”, remató.

La expresidenta, Michelle Bachelet, admitió este jueves que su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está prácticamente desahuciada, a la luz de su mal desempeño en el segundo sondeo exploratorio del Consejo de Seguridad en el que obtuvo apenas dos votos a favor y seis en contra, quedando penúltima entre los ocho candidatos en competencia.

Bachelet, sin embargo, se tomó el asunto con humor, cuando en medio de su participación en un encuentro sobre los desafíos de la migración organizado por una universidad en Santiago, le preguntaron sobre las dificultades de estar a la cabeza del organismo internacional en el contexto político internacional actual.

“A mí me dijeron ‘si no se puede hacer nada, ¿por qué quiere ser Secretaria General de la ONU?’, y yo también me lo pregunto, tal vez porque sé que no voy a ser Secretaria General”, aseguró irónica.

Parlamentarios piden que baje su candidatura

Las palabras de la exmandataria no pasaron desapercibidas y tras ellas, parlamentarios de distintos colores políticos la instaron a abandonar su postulación, tal como señaló la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, quien sostuvo que “esta candidatura nunca fue una candidatura de Estado, sino más bien un gusto personal del expresidente Boric”.

“Si hoy la propia expresidenta Bachelet reconoce que no va a ser Secretaria General de la ONU, lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida”, fustigó la diputada oficialista.

De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), quien de paso culpó a los mandatarios de Brasil y México del fiasco.

“El presidente Kast tomó una decisión en torno al apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet y nosotros tenemos que respetarla. Sin embargo, a la hora de buscar culpable, no nos olvidemos de que dos potencias de la diplomacia latinoamericana, como es México y Brasil, la apoyaron. Si hay alguna responsabilidad, en alguna medida ellos la tienen”, aseguró.

Desde la oposición, en tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, llamó a Bachelet para que, “en conjunto con su equipo y con los dos países que la han respaldado y a quienes agradecemos —México y Brasil—, revalúen sus efectivas opciones para liderar la ONU”.

“Si llegado el momento determinan que (la postulación) es cuesta arriba, que es derechamente inviable, para cuidar su liderazgo por supuesto que vamos a respaldar la decisión que ella, en conjunto con México y Brasil, tome de dar un paso al costado y en Chile la vamos a estar recibiendo con mucho cariño y con mucho apoyo”, remató el diputado de centro-izquierda.

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), en la región de Magallanes, confirmó este jueves la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

La idea es disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, ruta que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde Punta Arenas, disminuyendo considerablemente los costos.

Radonich recordó que tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó El Mercurio.

Así las cosas, el 28 de este mes llegará a Punta Arenas una delegación de 25 empresarios ingleses para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos ya está programado para noviembre.

La noticia no es novedad, pues la naviera Easter Island había anunciado el acuerdo en julio pasado. Sin embargo, la confirmación llega en el peor momento, justo después de que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei limaran asperezas en Santiago tras el último impasse territorial por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde -quien volvió a poner en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes-, y reafirmaran el apoyo de Chile a la posición argentina sobre las islas.

De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.

Problema a la vista con Argentina

Cabe recordar que actualmente el Decreto 256 dictado en Argentina el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, aseguró que esta nueva ruta hacia las Malvinas de seguro traerá problemas con el país vecino.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, aseguró en entrevista con Tele13 Radio.

“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar (...) No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, complementó.

Leiva aseguró que no existen incidentes serios entre ambos países por el decreto 256/2010, aunque “hay multas cursadas que no han sido pagadas, por lo que yo recuerdo”.

Finalmente, el exuniformado sostuvo que Argentina impuso “una norma que están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”.

Tras una investigación de más de 17 años, el veterinario Javier Cabello, fundador del Centro de la Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre, publicó en la prestigiosa revista científica británica Biological Conservation un artículo titulado “Preparando el terreno para la conservación adaptativa evolutiva del zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes)”, en el que pide volver a calificar a esta especie como en “peligro crítico de extinción”.

El estudio, que implicó un muestreo de la especie que habita en el archipiélago de Chiloé, la Cordillera de Nahuelbuta y el Parque Oncol en Valdivia, “es el único que se ha hecho en genética del también llamado zorro chilote, entendiendo que es una especie endémica, única de nuestro país (...) para ver de qué manera la diversidad genética puede afectar a la conservación de las especies”, señaló Cabello en entrevista con el diario local La Estrella de Chiloé.

“El zorro chilote es uno de los carnívoros a nivel mundial que tiene una menor diversidad genética, incluso menos que el felino más amenazado del mundo que es el lince ibérico, o el cánido más amenazado del mundo, que es el lobo etíope, y eso lo hace ser más propenso o estar cercano a un evento que pueda terminar con poblaciones completas”, aseguró el veterinario, quien es conocido en la zona como el “Dr. Pudú” por su trabajo de conservación del ciervo más pequeño del mundo.

Zorros con el mismo “apellido”

A modo de ejemplo, Cabello explicó que “en una sala con varios alumnos, casi todos son de apellidos diferentes y algunos en común. En el caso del zorro chilote, todos en Chiloé tienen absolutamente el mismo apellido, lo que hace que sean animales consanguíneos y eso también los afecta en que pueden tener una menor tasa reproductiva y las crías pueden tener problemas de crecimiento”.

El zorro de Darwin o chilote estuvo catalogado como en peligro crítico de extinción hasta 2016, clasificación que perdió al detectarse nuevas colonias quedando como ‘en peligro’. Sin embargo, una de las recomendaciones principales del estudio publicado por Cabello es que esta especie vuelva a la primera categoría, pues las colonias se encuentran aisladas entre ellas y según un modelo matemático, su población no supera los 2.500 ejemplares.

La Corte Suprema comenzó este miércoles la revisión extraordinaria de 53 cuadernos de remoción en contra de magistrados, relatores y jueces del escalafón primario del Poder Judicial que salieron del país de vacaciones estando con licencia médica, asunto que llevará varios días y podría terminar con la carrera de varios de ellos.

Aunque inicialmente se contabilizaron 56 casos -número que luego ascendió a 58 expedientes tras la revisión de las Cortes de Apelaciones-, el Tribunal Constitucional (TC) acogió requerimientos que suspendieron la tramitación de 5 de ellos, dejando un total de 53 casos bajo revisión.

La Corte Suprema evalúa si los implicados no han cumplido con el requisito constitucional de “buen comportamiento” exigido para ejercer sus funciones, según lo estipulado en el Artículo 80 de la Constitución.

Durante este proceso el máximo tribunal escuchará los alegatos de la parte acusadora y la defensa, en audiencias reservadas de 30 minutos para cada uno. Eso sí, los ministros del máximo tribunal no adoptarán resoluciones inmediatas, sino que emitirán sus respectivos votos una vez que concluya la vista de la totalidad de los 53 casos contemplados en la tabla.

Doble proceso

Sin embargo, varios abogados acusan que sus defendidos ya pasaron por investigaciones en sus cortes locales, resultando algunos sobreseídos, otros absueltos, y otros con sanciones que ya fueron aplicadas. Debido a esto, aducen que no corresponde volver a sumariarlos por los mismos hechos, asunto que afecta los principios de certeza jurídica y el debido proceso.

Dicho argumento fue compartido incluso desde el Colegio de Abogados de Nueva York, desde donde advirtieron la ilegalidad de reabrir una causa que ya fue resuelta.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, advirtió que “lo que está en juego son principios esenciales para el funcionamiento del Estado de derecho: la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, el debido proceso y la certeza jurídica”.

Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, sostuvo que “efectivamente hay casos que va a ameritar la remoción, y casos que no tienen mérito. Donde no hay mérito para remoción es precisamente en el caso más mediático, que es el caso del juez Daniel Urrutia, que tiene dos salidas del país, pero están justificadas”, remató.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) formalizará esta jornada a nueve individuos acusados de ser miembros de una banda de salteadores que robó en julio de 2025 una sucursal del Banco Itaú en dicha ciudad, logrando un botín de $6.150 millones de pesos, unos USD 6,5 millones.

El atraco se llevó a cabo la madrugada del 28 de julio en calle Prat, en pleno barrio Puerto de Valparaíso. De acuerdo a la información policial, los avezados ladrones ingresaron a la entidad financiera por un edificio contiguo en desuso, para luego abrir una bóveda mediante el método del oxicorte y huir sin ser detectados por Carabineros que se apersonaron en el lugar tras sonar una alarma.

Además, mientras una parte de la banda rompía los accesos, otros integrantes estacionaron un camión tolva frente al recinto para tapar las cámaras de seguridad de la vía pública y simular trabajos viales, desviando el tránsito.

El hecho quedó al descubierto recién a la mañana por trabajadores del banco que ingresaban por la parte trasera del edificio, ubicada en la calle Cochrane.

La pieza clave fue un ingeniero informático de una empresa externa que prestaba servicios al banco. Según trascendió a la prensa, el sujeto se habría conectado de forma remota vía VPN desde Santiago para inhibir y desactivar los sistemas de alarma y videovigilancia, permitiendo que al grupo actuar con total impunidad.

Tras 13 meses de investigación, los imputados fueron detenidos en 11 allanamientos simultáneos llevados a cabo en las regiones Metropolitana y Los Lagos, en los que se decomisaron nueve vehículos, el camión tolva utilizado para desviar el tránsito, armas de fuego, teléfonos celulares y 47 gramos de marihuana.

Asimismo, la PDI logró incautar equipos de vigilancia pertenecientes al banco afectado, los que serán periciados a fin de verificar si registraron el audaz atraco.

Dinero no recuperado

Aunque el dinero en efectivo no ha sido recuperado, los peritajes llevados a cabo por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) permitieron detectar que los delincuentes usaron “palos blancos” y varias cuentas bancarias para comprar vehículos y bienes raíces en la Región Metropolitana y la Región de Los Ríos.

Debido a esto, cuatro detenidos serán acusados por su participación material en el robo, mientras que los otros cinco por su responsabilidad en el “blanqueo” del botín, el mayor en la historia de la región de Valparaíso.

Así las cosas, los detenidos enfrentan cargos por asociación delictiva, robo en lugar no habitado, infracción a la Ley de Delitos Informáticos y lavado de activos, y se espera que todos queden en prisión preventiva.

Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó este martes un curioso conductor chileno que, al ser fiscalizado, exhibió cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte que lo acreditaban como Martín Carlos Adrián Lemurión, ciudadano de la “República de Lemuria”, continente sumergido entre Madagascar y la India imaginado en el siglo XIX por el científico británico Philip Lutley Sclater.

Al ver lo notoriamente falso de sus documentos y las patentes diplomáticas de su vehículo, Carabineros de la comuna santiaguina de Lampa lo llevaron hasta la tenencia de carreteras, donde verificaron que en realidad se trataba de José Miguel Martínez, de 51 años, hasta ese momento un ejemplar ciudadano sin antecedentes penales.

Y puesto que el “lemuriano” se negó a hacer más declaraciones alegando inmunidad diplomática, los uniformados lo derivaron ipso facto al juzgado, donde quedó con prohibición de salir del país por 90 días por los delitos de conducción con placa patente falsa y ocultamiento de identidad.

“Derecho a la autodeterminación”

Al término de la audiencia, Martínez se enfrentó a la prensa y muy suelto de cuerpo, soltó un discurso bastante sui géneris en el que aseguró que había hecho uso de su “derecho a la autodeterminación” establecido nada menos que en la Constitución chilena, asunto que significa que “tu puedes declarar tu propio país, hacer tus reglas y entenderte con tratados internacionales diplomáticos con los otros países”.

“Es lo que yo estaba haciendo. Hice mis documentos, hice mis patentes y me declaré autodeterminado. Nunca me habían dicho nada respecto a no hacerlo y es un derecho constitucional, el de la autodeterminación”, recalcó.

Tocante a dónde quedaba el supuesto país al que pertenecía, recordó que la República de Lemuria “es un continente que está bajo el agua”, entre la India y Madagascar y de paso, aseguró que había enviado años atrás sus credenciales diplomáticas al exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y al expresidente Gabriel Boric, afirmando que este último le había contestado y “que estaba en conocimiento”.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago volvió a poner tras las rejas este martes a Juan Abdón Flores Valenzuela (53 años), alias “Indio Juan”, peligroso delincuente que huyó de la ex Penitenciaría disfrazado de gendarme en febrero pasado mientras cumplía presidio perpetuo por femicidio, tiempo en el cual se dedicó a planear junto a una banda narco el asesinato del alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, crimen que estaba previsto para el 17 de septiembre próximo.

Tras permanecer 188 días prófugo, el “Indio Juan” fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el lunes en la mítica población La Bandera de la comuna de San Ramón. Al cierre de su formalización este martes, el fiscal Marcos Pastén lamentó la filtración a la prensa del ataque contra el alcalde White que el “Indio Juan” preparaba junto a la banda que, de acuerdo a Emol, opera en los sectores sur y poniente de Santiago, con el objetivo de neutralizar sus políticas antidelincuencia -como la erradicación del comercio ambulante y la destrucción de casas narco-, que disminuían las ganancias del grupo.

“Lamento que haya sido conocida en la forma que fue conocida, porque eso, de alguna forma, vulnera la reserva que nosotros necesitamos para poder realizar diligencias”, aseguró el persecutor.

Pastén agregó que “las medidas de protección se han decretado, esto ha sido puesto en conocimiento del señor alcalde, y nosotros seguimos trabajando en áreas de recabar antecedentes que nos permitan eventualmente, poder hacer las formalizaciones que correspondan”, consignó el medio citado.

Y es que la filtración se produjo precisamente este martes, pues tras ser informado por el Ministerio Público del plan en su contra que fraguaba el “Indio Juan” y su banda, el alcalde White sufrió una severa crisis ansiosa y descompensación física, razón por la cual fue internado en un centro de salud por cerca de cinco horas.

El historial del “Indio Juan”

Juan Abdón Flores Valenzuela acumula graves antecedentes penales a lo largo de décadas, incluso con detenciones por robo en países como Uruguay y Brasil. Sin embargo, el hecho que lo puso tras las rejas de por vida fue el crimen de su ex pareja, Norma Quiroga, quien ya lo había denunciado por violencia intrafamiliar, ocurrido el 15 de marzo de 2021.

Esa mañana, disfrazado con una peluca, el “Indio Juan” esperó dentro de un auto a que la mujer saliera de su casa camino a su trabajo y le disparó en el tórax, dándole muerte.

Un mes después la policía lo detuvo y gracias a las cámaras de seguridad, la Fiscalía logró acreditar su participación en el asesinato. Además, los persecutores demostraron que el “Indio Juan” ejercía violencia física y psicológica sobre la víctima, razón por la cual fue condenado en septiembre de 2024 a cadena perpetua.

La fuga

El 25 de febrero de este año, Flores Valenzuela se escapó de la ex Penitenciaría de Santiago. Para lograrlo, se vistió con ropas falsas de gendarme y aprovechó el cambio de turno de los funcionarios para burlar los anillos de seguridad junto a otro reo, Tomás González Quezada (alias el “Pelao”), quien cumplía una pena de 16 años de prisión por actos anarquistas y aún permanece prófugo.

Debido a la gravedad del escape, la dirección de Gendarmería removió de sus cargos a tres jefes del recinto penal e inició indagatorias por posible corrupción interna.

Por los delitos de incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (630 kms al sur de Santiago) condenó este martes a 18 de los 19 acusados por el ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, hecho ocurrido en la comuna de Contulmo en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), y la Fiscalía local pide para 10 de ellos presidio perpetuo, presidio simple para otros seis y 5 años de internación provisoria para un menor de edad, sentencia que será leída el próximo lunes 21 de septiembre a las 14:00 horas en el mismo tribunal.

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

El grupo se reunió la tarde del 29 de agosto de 2022 en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

El ataque

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus, “provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

“Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar.

En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

El Juzgado de Garantía de Temuco (680 kms al sur de Santiago) decretó este lunes prisión preventiva para dos ciudadanos chilenos acusados de tráfico e internación ilegal de armas de fuego desde Argentina. Los sujetos, identificados como J.M.L.M. (40) y E.A.S.V. (35), cayeron con 10 pistolas nuevas, todas con su número de serie borrado, y la policía investiga ahora quiénes eran sus destinatarios.

El primero de los detenidos cuenta con antecedentes penales previos y mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico de drogas, mientras que el segundo no presentaba antecedentes criminales. Ambos sujetos registran domicilio en la comuna de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago), hacia donde se presume que iba dirigido el arsenal.

Según información policial, uno de los involucrados habría cruzado a Argentina para adquirir las armas y luego regresó con ellas por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue (820 kms al sur de Santiago), en la región de La Araucanía.

En tanto, su cómplice era el encargado de esperarlo en la frontera en un vehículo y trasladarlo primero hasta la ciudad de Pucón.

Así, los uniformados del OS-7 de Carabineros que les seguían la pista interceptaron el automóvil en la Ruta 5 Sur, específicamente en las inmediaciones del peaje Quepe, a unos 18 kilómetros de Temuco. Uno de los sujetos fue detenido en el auto y el otro a bordo de un bus interurbano.

Las armas

En un punto de prensa, las autoridades catalogaron este decomiso como uno de los más grandes de este tipo en la región y detallaron la evidencia incautada, a saber:

- 10 pistolas calibre 9 mm: Cinco de marca Glock (modelos 17, 19 y 45), tres Bersa (modelo TPR9), una Taurus (modelo G3) y una Girsan (modelo MC).

- 19 cargadores convencionales y 2 cargadores extendidos (algunos con capacidad de hasta 50 tiros).

- Teléfonos celulares, el automóvil utilizado -que resultó ser del padre de uno de ellos-, y dinero en efectivo en pesos chilenos y argentinos.

Así las cosas, el tribunal fijó un plazo de cinco meses para la investigación, periodo en el cual los imputados permanecerán tras las rejas. Las indagatorias, ahora reservadas, buscan establecer la procedencia exacta de las armas en Argentina y la identidad de sus destinatarios finales en Chile.

Tras recibir críticas de casi todo el espectro político y expertos constitucionalistas, el Gobierno de José Antonio Kast bajó un cambio y dejó con urgencia simple su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión.

Dicho punto es el corazón de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que lleva adelante el Ejecutivo, la que tras un acuerdo con los presidentes de los partidos oficialistas, fue reorganizada quedando diez iniciativas con discusión inmediata, diez con suma urgencia y tres con urgencia simple en el Congreso.

Este lunes, el presidente Kast salió a defender nuevamente el proyecto y aseguró que “el debate recién está comenzando”, descartando de plano retirarlo, aunque se abrió al diálogo constructivo y a realizar las modificaciones que los parlamentarios definan.

“Creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen: ‘se fueron con el tejo pasado’. Otros dicen: ‘es inaceptable tantos días’ (de Estado de Excepción). Yo siempre veo el vaso medio lleno y digo: esto permitió abrir un debate cuando hay cerca de 30, 40 modificaciones constitucionales presentadas de distinta índole”, sostuvo en conversación con radio Cooperativa.

Estado de Excepción no renunciable

Tocante a si el Gobierno tiene pensado renunciar al nuevo Estado de Excepción a fin de destrabar el resto de la propuesta, Kast afirmó que “el crimen organizado hoy día no es el de los delincuentes habituales. Es una especie de Estado paralelo que funciona con líneas de acción y económicas distintas. Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”, agregó.

El Mandatario recordó que “en el mismo articulado se señalaba que la implementación de estas medidas queda sujeta a una ley orgánica constitucional, y también señalar que somos un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria; por lo tanto, si alguien dice: ‘presentaron esto para ‘pasar máquina’, no es así, porque no tenemos mayoría parlamentaria”.

De paso, calificó como una “caricatura” las críticas en contra del proyecto por sus tintes autoritarios.

“Ustedes me conocen: fui parlamentario en dos distritos distintos, en varias ocasiones, mi relación con la ciudadanía y con los medios de comunicación siempre es de diálogo, de discutir, de revisar, de analizar, más allá de que yo pueda ser duro en ciertas expresiones. Ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negándole el espacio a la prensa; por lo tanto, se da para caricatura”, aseveró taxativo.

Según el Ejecutivo, “quien me atribuye esa característica tiene que explicar por qué lo dice a partir de mis acciones. Una democracia liberal es respetar el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la de expresión y la de enseñanza. Por lo tanto, no hay espacio para que alguien diga que yo podría representar una postura iliberal”.

“Lo importante aquí es quién la firma y, así como el ministro de Seguridad dice: ‘bueno, yo la firmé’, yo también la firmé (...) Siempre me hago cargo de la responsabilidad política a pesar de que digan: ‘pero por qué se tiene que hacer cargo de esto’... Bueno, porque soy el Presidente de la República y para eso me eligió la ciudadanía: para hacerme responsable”, complementó.

Finalmente, descartó que el Gobierno haya dado un “paso en falso” al ingresar la nueva normativa sin contar con los votos necesarios en el Senado para aprobar la idea de legislar, y recalcó que “lo veo como abrir un debate necesario. Hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.

El próximo 20 de octubre se dará inicio al juicio oral contra los acusados por el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

De acuerdo a la carpeta investigativa a la que tuvo acceso Emol, los líderes de “Los Piratas”, la célula del Tren de Aragua encargada del asesinato, son Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”; Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, y Dayonis Orozco, más conocido como “El Boti”.

El primero de ellos lideró la operación y para ello armó un grupo de WhatsApp con una banderita corsaria, y la orden vino directamente de Héctor Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, el líder máximo del Tren de Aragua muerto el 12 de junio en el estado Bolívar de Venezuela, tras un ataque aéreo ejecutado por EE.UU en coordinación con autoridades locales.

Cabe recordar que uno de los detenidos aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias.

Los otros integrantes del equipo que llevó a cabo la operación son: Yolvi González Arcaya, Dayonis Junior Orozco Castillo, Wimmer Rivas Olivares, Johnny José López Mendoza, un individuo identificado como “Monito” y José Narciso Bracamante Montillo, alias “Morocho”, quienes se reunieron en una casa ubicada en el campamento “Santa Marta”

Según el medio citado, Yolvi González Arcaya fue el encargado de conseguir “los chalecos antibalas que ocuparán para hacerse pasar como falsos funcionarios de la PDI (...) Además vehículos, armamentos, vestimenta que les permitían simular ser funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, un ariete metálico, un lugar donde mantener cautivo al secuestrado, y otro donde ocultar su cuerpo, como así mismo obtener información de la víctima y distribuir las funciones de quienes participarían de este ilícito”.

El secuestro

La madrugada del 21 de febrero, Maickel Villegas Rodríguez y Ángel Castellano Rodríguez -quien tenía 17 años en ese momento-, se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar y prestar cobertura.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con el ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y Castellano grabaron un video para enviarla a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

El grupo huyó en el Nissan Versa con Ojeda y debido a problemas mecánicos, en la comuna de Renca se cambiaron a un Hyundai I10, en el cual llegaron hasta la casa de seguridad designada en el campamento Santa Marta.

El asesinato

Así las cosas, y según reza la carpeta investigativa, Ojeda “permaneció privado de libertad, para posteriormente provocarle la muerte mediante asfixia por suspensión, procediendo los imputados Kevin Daniel Hernández Ramos, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, Leonal Alberto Sans Brito, alias “Leo”, Julio César Iglesias Pereira, alias “Barranquilla”, Julián Andrés Iglesias Hoyos y Héctor Osvaldo Soto Maureira, con el fin ocultar el cuerpo y que no sea descubierto el delito, a excavar un hoyo al interior del domicilio".

“Ahí enterraron el cuerpo de la víctima el que introdujeron previamente en una maleta con cal, y cubriendo la superficie con una construcción de radier de cemento, destinada a dificultar el hallazgo del cuerpo y ocultar cualquier tipo de evidencia de lo ocurrido”, prosigue el documento.

El 25 de febrero todos los involucrados se volvieron a juntar en la casa de Wimmer Rivas Olivares donde la Carlos “Bobby” les ordenó salir del país, y el 1 de marzo la policía halló el cuerpo de Ojeda.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo publicó este jueves su último Informe de Constitución de Empresas y Sociedades, el que arrojó entre enero y julio de este año un total de 140.412 nuevas empresas formalizadas, la mejor cifra desde que comenzó a realizarse este registro, en 2013.

Dicho número representa un alza de 15.618 constituciones respecto al mismo período de 2025, asunto que da cuenta de un mayor dinamismo en la creación de nuevos emprendimientos formalizados.

“La creación de empresas en nuestro país sigue mostrando una tremenda resiliencia y dinamismo. Entre enero y julio de este año hemos alcanzado un hito histórico con 140.412 nuevas constituciones, el nivel acumulado más alto de toda nuestra serie estadística para este período y que supera en más de 15 mil empresas lo registrado en 2025. Esto demuestra que las ganas de emprender y formalizarse siguen al alza”, celebró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Nos alegra profundamente ver este crecimiento”, agregó la autoridad, quien sostuvo que dicho crecimiento “es inclusivo y descentralizado: hay actividad en todas las regiones del territorio, con sectores clave como el comercio y los servicios liderando los nuevos giros, y con una participación cada vez más fuerte de las mujeres”.

Región Metropolitana lidera el alza

Aunque el reporte observa actividad en todas las regiones del país, se destaca la Región Metropolitana, que concentra la mayor parte de las constituciones durante el mes de julio, con 8.408 registros, equivalentes al 45,7% del total nacional.

Tras ella vienen la región de Valparaíso con 1.746 constituciones, lo que representa un 9,5%, y la del Biobío, con 1.409, correspondiente a un 7,7%.

El dossier también reveló que la Sociedad por Acciones (SPA) continúa predominando como principal preferencia de figura societaria con 14.938 registros, concentrando el 81,2% de las constituciones realizadas.

Le sigue la llamada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), con 2.206 constituciones (12,0%) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con 1.246 (6,8%). En comparación con julio 2025, las SPA mostraron un crecimiento de 1,9% mientras que las EIRL y las SRL registraron disminuciones de 24,5% y 20,4%, respectivamente.

Por otra parte, los giros declarados por las empresas constituidas se focalizaron principalmente en actividades de comercio, asesorías, comercio internacional, arriendo, administración y transporte.

Finalmente, el informe arrojó que la participación femenina entre los socios alcanzó 38,4%, mientras que los socios extranjeros representaron 11,0% del total.

Durante el transcurso de esta jornada arribarán a Chile, extraditados desde EE.UU y Colombia, Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, y Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, el “Gocho”, miembros del Tren de Aragua acusados de participar en el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2024 en su departamento en Santiago.

En Chile ya hay 27 detenidos por esta causa, 6 de los cuales son acusados de participar directamente en el secuestro de Ojeda, quienes subirán al estrado para el inicio del juicio oral el próximo 20 de octubre, según informó este jueves el medio Emol.

Ellos son: Edgard Javier Benítez Rubio (“El Fresa”); Alfredo José Henríquez Pineda (“Gordo Alex”); Wimner Jesús Rivas Olivares (“El W”); Julio César Iglesias Pereira; Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya.

En tanto, “El Turko” y “El Gocho” serán juzgados en causas paralelas junto al resto de los acusado que ya han sido extraditados desde distintos países.

El abogado de la familia del malogrado disidente venezolano, Juan Carlos Manríquez, señaló que “la llegada de estas dos personas extraditadas, una desde Estados Unidos y otra desde un tercer país, constituye un avance muy importante para que puedan enfrentar un juicio oral abierto, público y con garantías como no las tuvo Ronald Ojeda”, consignó BioBíoChile.

“Es una muestra más de todo el empeño que ha puesto su familia, la Fiscalía y la cooperación internacional para ir avanzando con hitos tan importantes como este en esta investigación de interés global”, complementó.

Según antecedentes de la investigación, “El Turko” sería uno de los autores intelectuales de la operación encargada a la facción “Los Piratas” de Aragua, mientras que el “Gocho”, uno de los “capos” del campamento Santa Marta en la comuna santiaguina de Maipú -lugar donde el cuerpo de Ojeda fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento-, habría estado a cargo de enterrarlo.

Los que permanecen profugos

Por ahora, los fiscales a cargo del caso esperan la extradición desde Colombia de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, a la vez que están abocados a dar con el paradero de otros seis involucrados que permanecen prófugos.

Los tres primeros son José Carlos Valverde Araujo, Walter Rodríguez Pérez y Jhonny López Mendoza, encargados de secuestrar a Ojeda desde su departamento en la comuna de Independencia.

Los otros son Kevin Hernández Ramos, quien habría sido uno de los que asfixió al exmilitar en el campamento Santa Marta; Anthony Alejandro Liendo Canto, el “Cagua”, a cargo de prestar cobertura, y Leonal Sanz Brito, uno de los que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, el que apareció 10 días después de haber sido secuestrado.

Cabe recordar que la Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello, razón por la cuál ya están en conversaciones avanzadas con el gobierno estadounidense para interrogar al ex dictador, Nicolás Maduro.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

La policía japonesa detuvo en la ciudad de Osaka a dos ciudadanos chilenos, acusados de robar cuatro relojes de lujo avaluados en unos USD 1,3 millones, hecho ocurrido el martes recién pasado en una joyería ubicada en el primer piso del centro comercial Nakano Broadway, en Tokio.

Se trata de Jeremy Paolo Piña Guzmán, de 23 años, y Boris Alexis Manzano Quesada, de 33, quienes a eso de las 11:50 am entraron al local rompieron con un martillo una vitrina situada cerca de la entrada, logrando levarse en solo 10 segundos tres relojes Richard Mille y un Patek Philippe.

Ninguno de los cinco empleados resultó herido, mientras que el martillo utilizado quedó abandonado en el establecimiento.

Tras salir del shopping, ambos imputados huyeron en direcciones opuestas, uno a pie y el otro arriba de un scooter eléctrico que apareció abandonado a unos 400 metros del lugar de los hechos.

Capturados en Osaka

Sin embargo, la policía logró reconstruir la huida de los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad y lograron finalmente ubicarlos en la ciudad de Osaka, donde permanecían en un Arbnb.

De esta manera, este jueves los uniformados identificaron al primero de ellos cuando iba saliendo del inmueble y unos 40 minutos después hallaron al segundo en otra zona del mismo edificio, arrestando a ambos de inmediato.

De acuerdo a información de medios locales, ambos ladrones ingresaron al país solo unos días antes del robo -el viernes 21-, y previo al atraco merodearon por el centro comercial vigilando la relojería, asunto de vital importancia para establecer la premeditación del hecho.

Entre las pertenencias de los detenidos la policía encontró uno de los relojes sustraídos, mientras que los otros tres todavía no han sido recuperados.

En su declaración, Boris Manzano habría confesado su participación y declarado que pretendían vender los relojes y llevar el dinero obtenido a Chile, mientras que su compinche habría reconocido haber robado uno de los relojes, aunque afirmó no saber qué ocurrió con las otras tres piezas.

Por ahora, la policía nipona continúa con los peritajes para dar con el paradero de los tres relojes restantes y dilucidar si otros cómplices participaron en la planificación del robo, la recepción de las piezas o su posterior venta.

Con el fin de estrechar lazos comerciales y abordar inversiones y cooperación en sectores estratégicos, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este miércoles con el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yamada Kenji, al cierre de su gira oficial por el continente asiático que también incluyó visitas a China y Vietnam.

Cabe recordar que Japón es actualmente el cuarto socio comercial de Chile a nivel mundial, y entre ambos países rige un Acuerdo de Asociación Económica Estratégica desde 2007. Así, durante el primer semestre de este año, el intercambio entre ambos países aumentó un 11%, superando los USD6.000 millones.

Según el Canciller Pérez Mackenna, “Chile y Japón tienen una larga amistad de casi 130 años. Nuestras economías son complementarias y vemos un potencial enorme para diversificar aún más nuestro comercio bilateral”.

El Secretario de Estado recordó que mientras el país asiático exporta a Chile vehículos, semiconductores y tecnología, Chile envía cobre, molibdeno, salmón y productos cárneos, razón por la cual “queremos identificar nuevas oportunidades para fortalecer nuestros lazos comerciales”.

A su vez, identificó a Japón como un inversor estratégico, enfatizando el potencial de crecer en áreas como el desarrollo de minerales críticos, energías renovables, hidrógeno verde, agronegocios y tecnología de avanzada.

De paso, el ministro destacó las ventajas de Chile como un país estable, con reglas claras y un positivo ambiente de negocios tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso, la que ofrece menos impuestos, invariabilidad tributaria a grandes proyectos y una agilización de los permisos (la famosa “permisología”).

“Japón tiene una importante presencia en Chile que no sólo genera empleos y oportunidades para nuestra gente, sino que también promueve las transferencias de tecnología, innovación y promueve el desarrollo local. Tenemos un interés estratégico en atraer más inversiones japonesas a nuestro país”, afirmó Pérez Mackenna.

“La larga y amistosa relación entre Chile y Japón, junto con la presencia de más de 140 compañías japonesas en el país, crean las bases para que avancemos a una nueva fase de cooperación económica”, agregó.

Minerales críticos

Ambos personeros abordaron además la importancia de Chile como proveedor de minerales críticos -entre ellos el cobre, litio, molibdeno y renio-, y el interés del país en avanzar en su procesamiento, transformación e industrialización.

Finalmente, los ministros también coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común por la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de energías limpias, un área en la cual Chile muestra un destacado liderazgo dentro de Latinoamérica, sobre todo en el área del hidrógeno y el amoníaco verde.

El Gobierno anunció este miércoles que ingresará a la brevedad al Congreso un proyecto de ley titulado “Cautelares reforzadas”, el que busca ampliar las medidas de protección contra las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), a la vez que endurece las penas para los condenados por este delito.

La iniciativa contempla cinco modificaciones a fin de brindar un mayor resguardo a las víctimas, como prohibir el hostigamiento digital, promover la especialización en los jueces y fortalecer las sanciones para quienes dañen sus dispositivos de monitoreo telemático o incumplan las medidas cautelares impuestas por el tribunal.

De acuerdo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, la nueva normativa “propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o mal utilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, según consignó T13.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, agregó que “también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”.

Las cinco medidas

Según un comunicado difundido por la cartera de la Mujer y la Equidad de Género, el proyecto de ley posee cinco puntos claves que deberán ser discutidos primero en la Cámara de Diputados, a saber:

1.-Protección continua entre tribunales

El proyecto busca evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito.

Según indica la iniciativa, en ese tránsito pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las medidas cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo. En ese sentido, la propuesta establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.

2.- Prohibición al hostigamiento digital

La iniciativa reconoce que el hostigamiento o acecho puede producirse de manera presencial como a través de medios digitales. Una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante redes sociales u otras plataformas. En este sentido, se incorpora una medida cautelar que permite prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales.

3.- Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares

El proyecto incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos. Amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor, elimina el requisito de formalización para acceder a este sistema y establece consecuencias cuando una persona arranca o inutiliza intencionalmente el dispositivo.

4.- Prisión preventiva al no cumplir cautelares

La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto. Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal para que la judicatura deba ponderar la entidad y circunstancias de estos incumplimientos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. Esto no implica su aplicación automática, sino un análisis de cada caso según sus propias particularidades.

5.- Juez preferente en casos de VIF

Los casos de violencia intrafamiliar requieren una respuesta judicial con mayor especialización, pero actualmente los jueces de Garantía conocen una amplia variedad de materias. Por ello, en los tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, se podrá designar a uno de ellos para conocer preferentemente estas causas, con el objetivo de favorecer una tramitación más especializada.

En internación provisoria quedó este martes una adolescente de solo 14 años que confesó haber matado a su madre a martillazos luego de una discusión que ambas tuvieron al mediodía del domingo pasado.

El crimen ocurrió en el departamento que ambas compartían en la comuna santiaguina de San Joaquín. Según ha trascendido, tras asesinar a su progenitora, la menor salió esa tarde con su padre y más tarde durmió con el cuerpo de su madre tendido en el living. Al día siguiente fue a clases y por la tarde se entregó en la 3ª Comisaría de Santiago.

“Lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”, señaló el subprefecto Robert Briones.

Internación provisoria

Este martes, durante el control de audiencia, la Fiscalía logró acreditar el crimen y, debido a que el tribunal desechó que hubiese alguna denuncia de violencia intrafamiliar previa, decretó la internación provisoria de la menor durante los 100 días establecidos para la investigación.

Ariel Cancino, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló al término de la formalización que la acusada “le ocasionó la muerte a su madre el día domingo. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde. Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida del dicho establecimiento educacional, ella habría concurrido hasta una comisaría a realizar una autodenuncia respecto de este hecho”.

De acuerdo al persecutor, la investigación “logró acreditar en este caso, por lo menos en esta instancia procesal inicial, que la imputada tuvo participación punible en los hechos en materia de esta investigación. Fue formalizada, como se explicó anteriormente, por el ilícito de parricidio consumado”.

Finalmente, tocante a supuestos hechos de violencia intrafamiliar argumentados por la defensa, el fiscal Cancino sostuvo que “revisados los antecedentes que constan en carpeta investigativa, referente tanto al padre de la imputada como también a la víctima de este caso, no consta ninguna denuncia de dicho carácter”.

Sin llegar a un acuerdo finalizó este martes en la Cancillería chilena en Santiago la segunda reunión entre la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, y el delegado adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, a fin de negociar una rebaja al arancel de 12,5% aplicado por el país norteamericano a buena parte de las exportaciones nacionales como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

La primera cita entre ambos funcionarios fue el lunes, en el cual se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos, tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

El objetivo de la segunda reunión era engrosar la lista de productos chilenos exentos de arancel, sin embargo, ésta fue harto más corta que la primera y finalizó en absoluta reserva, asunto que activó las alarmas de los gremios productivos nacionales, sobre todo teniendo en cuenta que la visita de Goettmann tenía un perfil más político que técnico.

Finalizado el encuentro, el único que hizo declaraciones fue el biministro Claudio Alvarado, quien aseguró que el Gobierno se encuentra abocado a “entregar toda la información y antecedentes necesarios para que el tema arancelario vuelva a los pisos originales, y no nos genere una afectación desde el punto de vista de las exportaciones”, consignó BioBíoChile.

La preocupación de los gremios

Así las cosas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, pidió a las autoridades hacer respetar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos países en 2004, y recordó que “este arancel tiene un costo de USD 400 millones solo para la fruta fresca de exportación, que pega directamente en la rentabilidad de los agricultores”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, señaló que desde su sector esperan que las conversaciones desemboquen en “una relación comercial basada en reglas claras, permanentes y recíprocas, que entreguen certezas y permitan tomar decisiones de inversión de largo plazo”.

Todo, en medio de las críticas de la oposición por la ausencia del Canciller Francisco Pérez Mackenna -quien se encuentra de gira por China, Vietnam y Japón-, en estas dos reuniones, y los reparos de excancilleres como Mariano Fernández, quien tildó al ministro de aprendiz y falto de “muñeca política”.

Debido a esto, esta jornada la subsecretaria Estévez contó finalmente detalles de la cita y afirmó que “no hubo un cierre de negociación, en eso quiero ser clara. Más bien fue una visita que permitió dar continuidad a las negociaciones, que avanzan de manera seria y técnica”.

En entrevista con Radio Infinita, la funcionaria de la Subrei explicó que analizaron “producto por producto, como salmones y frutas. Revisamos también nuestros vinos, que son de nuestra canasta exportadora icónica”, y a renglón seguido afirmó que las negociaciones siguen en curso, pero que “no firmaremos ningún acuerdo que no sea conveniente para las empresas locales”.

Cabe señalar que las conversaciones entre ambas administraciones se vienen dando desde 2025 y a mediados de abril de este año, una delegación de la Subrei llegó hasta Washington D.C. para mantener reuniones técnicas con representantes de la USTR. Posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

Durante esta jornada se llevará a cabo en la Cancillería chilena en Santiago una segunda reunión entre el delegado adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, a fin de negociar una rebaja al arancel de 12,5% aplicado por el país norteamericano a buena parte de las exportaciones nacionales como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

La primera cita entre ambos funcionarios fue este lunes, encuentro en el cual se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos, tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

Luego de ello, las autoridades acordaron continuar las conversaciones durante las próximas semanas, manteniendo como prioridad la búsqueda de mejores condiciones para los sectores exportadores nacionales y el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Chile y Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Subrei, la visita de Jeffrey Goettman constituye una señal importante de la relevancia que ambas partes asignan a este proceso y de su disposición a mantener un diálogo político y técnico de alto nivel.

“Esta visita refleja que existe voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones. Estamos llevando adelante una negociación seria, con una mirada de largo plazo y con el objetivo de defender los intereses de Chile y de mejorar las condiciones de acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense”, señaló la subsecretaria Estévez.

Las tratativas

Cabe señalar que las conversaciones entre ambas administraciones se vienen dando desde 2025 y a mediados de abril de este año, una delegación de la Subrei llegó hasta Washington D.C. para mantener reuniones técnicas con representantes de la USTR. Posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

Así las cosas, la subsecretaria valoró “el diálogo que hemos mantenido con Estados Unidos y seguiremos trabajando de manera constructiva, tanto en el plano político como técnico, para identificar espacios que permitan avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas”.

Durante el transcurso de esta jornada, el Gobierno chileno dio por finalizada la polémica por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien en un podcast sostuvo que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí”, provocando las críticas transversales y el anuncio de una nota de protesta.

Ello, luego que la Cancillería argentina buscara desactivar el conflicto mediante un comunicado en el que señalaron que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, subrayando que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

Así las cosas, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que “con respecto al Estrecho de Magallanes no hay ninguna discusión pendiente”, aunque admitió desconocer si la nota de protesta ya había sido enviada o no.

“La nota se anunció y, si se anunció, yo creo que debiera haberse enviado”, indicó.

A renglón seguido, puso paños fríos y agregó que “yo creo que en este episodio en particular, con la comunicación que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado”.

Sin embargo, el Secretario de Estado se mostró preocupado, pues no es la primera vez que autoridades castrenses transandinas hacen declaraciones del mismo calibre, y de paso le dio un “tirón de orejas” a la administración de Javier Milei.

“El gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que, existiendo tratados plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de duda”, argumentó.

“Es un ruido innecesario (...) Argentina reconoce lo que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, no hay una diferencia entre los dos países y hay que ordenar entonces sus declaraciones internas en Argentina”, remató.

Kast: “El Estrecho de Magallanes es chileno”

Finalmente, el presidente José Antonio Kast se refirió de manera escueta a la polémica suscitada, corroborando los dichos del ministro Alvarado y valorando la aclaración hecha por la Cancillería argentina.

“Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, manifestó desde La Moneda, antes de retirarse sin aceptar más preguntas.

Cabe recordar que el último impasse entre ambos países se produjo en abril de 2024, cuando varios paneles solares instalados por la Armada Argentina en un puesto de vigilancia en el Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, quedaron unos tres metros dentro de territorio nacional. En esa oportunidad el presidente Gabriel Boric reaccionó enérgico y aseguró que los paneles solares “o los sacan ellos o lo hacemos nosotros”, asunto que finalmente la armada trasandina concretó en junio de ese mismo año.

La Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago formalizó este lunes en ausencia a dos ciudadanos venezolanos, miembros de una extensa red que lavó alrededor de USD 85 millones para el Tren de Aragua en Chile, a fin de dar curso a su proceso de extradición desde EE.UU, país donde permanecen detenidos gracias a una alerta internacional.

El primero de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, dueño de una empresa “fachada” llamada BexGroup, y el segundo es su “palo blanco”, Willasander Tejedor Ruiz. En total, ambos lograron desviar a Colombia unos $17.270 millones (USD 19 millones) en criptomonedas.

“El tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso en donde dio por acreditados los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición”, señaló el fiscal Milibor Bugueño.

El persecutor detalló que al imputado Marcos de Jesús Reyes ya se le habían congelado USD 300 mil en moneda digital. Debido a esto, “para nosotros como Fiscalía es bastante importante esta etapa y seguir con las siguientes para extraditar al imputado y que pueda asumir justamente la correspondiente conducta que realizó acá en Chile”, cerró.

La “Operación Tokio”

En junio del año pasado, el Juzgado de Garantía de San Miguel en Santiago pasó a control de audiencia a 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, 14 de los cuales quedaron en prisión preventiva y tres con arresto domiciliario, incluyendo a una mujer de 80 años.

Todos son de nacionalidad venezolana y entre quienes quedaron tras las rejas se cuentan dos ejecutivos bancarios -José Carlos Pérez Asencio y Rossana Magdalena Blanco Blanco-, amén de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada” -una de ellas BexGroup, propiedad de Marcos de Jesús Reyes Acosta-, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”, remató el persecutor.

Luego de recibir críticas de todo el espectro político, el Gobierno de José Antonio Kast le quitó la urgencia legislativa en el Congreso a su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión.

La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno y expertos constitucionalistas.

La tarde de este lunes, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó además que el Gobierno está abierto al diálogo y a introducir las modificaciones que el Congreso decida.

“El propósito de retirar una urgencia o cambiar los tiempos de discusión de una iniciativa en el parlamento es el reflejo, la disposición y la voluntad del gobierno para escuchar, recibir las propuestas y tener un tiempo de análisis en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional, para construir la mejor reforma en seguridad que podamos darnos como país”, aseguró.

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, y acordaron darle prioridad a otros 30 proyectos de ley que también son parte de la ACOT como la llamada Ley Antibarricadas 2.0 y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Al término de dicha cita, el senador Bianchi sostuvo que una reforma constitucional no era el camino para combatir el crimen organizado.

“Para mí era no querer asumir un problema haciendo otro problema. Yo creo que el problema no está en la Constitución, está en la calle”, afirmó.

La defensa de Kast

Esta jornada, durante un acto de entrega de 26 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), el presidente José Antonio Kast salió nuevamente al paso de las críticas a su reforma de seguridad y sostuvo que “¿si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”.

“Tenemos que avanzar en esos temas también, junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública, pero de manera real, fuerte, contundente (...) Eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas”, afirmó.

De acuerdo al mandatario, “una cosa es habilitar en la Constitución la seguridad pública, y otra es instalarla a través de una ley orgánica constitucional, que es lo que va a permitir llevar adelante esta reforma constitucional”.

Al cierre, el Ejecutivo manifestó que el objetivo de la reforma constitucional de seguridad que impulsa su administración no es otro que devolver a Chile su puesto como “el país más seguro de América Latina”.

Las autoridades chilenas se encuentran atentas al desarrollo de una serie de sistemas frontales que afectarán a casi todo el país, el primero de los cuales ingresó esta jornada, de acuerdo al último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El mal tiempo subirá desde la región de Coquimbo en el norte hasta la región de Magallanes y según Claudia González, meteoróloga de la DMC, “la principal atención está entre las regiones del Maule y Los Ríos, con un río atmosférico de características moderadas”, por lo que esperan entre 40 y 60 milímetros de agua por caer.

Sin embargo, la alerta se mantiene para el norte del país, luego de las últimas lluvias que causaron estragos provocando, entre otros, un tremendo aluvión el 18 de agosto pasado que dejó anegadas el 60% de las casas de la comuna de Tocopilla (1.600 km al norte de Santiago).

El Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que en esta ciudad de 25 mil habitantes las labores están concentradas en limpiar rápidamente las piscinas aluvionales que canalizaron el aluvión y evitaron un desastre aún mayor, las que aún se encuentran cubiertas de barro y no cumplirían su función.

En tanto, el alcalde de Coquimbo, Alí Manoucheri, informó que el municipio avanza en labores de prevención y pidió al Gobierno “sacar una billetera importante para Coquimbo. Prepararnos para las próximas lluvias es responsabilidad de todos y necesitamos que esa inversión llegue ahora”, según consignó BioBíoChile.

Dos alertas meteorológicas

Aunque desde la DMC subrayaron que esta serie de sistemas de mal tiempo traerá menos lluvia que el anterior, de todas maneras emitieron esta jornada dos alertas meteorológicas por fuertes vientos de hasta 80 km/h en la zona central y sur del país.

La primera de ellas abarca el litoral de las regiones del Maule, Ñuble y del Biobío, las que recibirán unos 35mm de lluvia entre este martes y miércoles.

La segunda corre para las mismas regiones pero en los sectores precordilleranos, donde durante los mismos días caerán hasta 65 mm de agua.

Autoridades chilenas y argentinas decidieron volver a cerrar desde este lunes el Paso Los Libertadores, principal cruce fronterizo entre ambos países, debido a un nuevo sistema frontal que se extenderá durante toda la semana.

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que de acuerdo a reunión sostenida por el comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada el día domingo 23 de agosto, y en virtud de los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera (…) se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este lunes 24 de agosto”, señalaron desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

“La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas) en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, agregaron.

Así las cosas, el cruce se cerrará a partir de las 13:00 horas de esta jornada (14 horas en Argentina), “en las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente”.

“El túnel internacional cerrará a las 15:00 horas de Chile y 16:00 horas de Argentina. Lo que respecta al tránsito y turismo interno, se permitirá el ingreso de todo tipo de turistas desde Guardia Vieja al sector de Portillo, exclusivamente, hasta las 12:00 horas del día 24 de agosto; siendo el horario máximo y límite de bajada hasta las 17:00 horas del día lunes 24 de agosto”, complementaron.

Según los reportes meteorológicos, el mal tiempo “se mantendrá hasta el lunes 31 de agosto, situación que afectaría la transitabilidad y apertura segura del corredor internacional, por lo que se recomienda planificar con anterioridad su viaje, priorizando la urgencia y necesidad de retornar a sus correspondientes países”, remató la autoridad regional.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó de plano este domingo que la reforma constitucional de seguridad que ingresó el Gobierno al Senado, que entre otras cosas otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, tenga tintes autoritarios.

En conversación con el programa político Mesa Central de Canal 13, Alvarado partió argumentando que el país necesita herramientas para combatir el crimen organizado, pero dejó en claro que para aplicar el Estado de Excepción, el Ejecutivo debe “regirse por lo que establezca esa ley orgánica constitucional”.

Debido a esto, “la posibilidad de hacer lo que se estime conveniente, no existe. Si hablamos de interceptaciones telefónicas, por ejemplo, que ha sido cuestionado, claramente no se trata de intervenir los teléfonos de todas las personas que están en esa comunidad. Se harán específicamente en sectores delimitados por un tiempo preciso y con la orden de un tribunal”, aseguró.

“La reforma genera solamente las directrices, la habilitación para la ley. Entonces, la verdadera discusión de cómo se ejerce el Estado de Excepción, es la ley orgánica constitucional. Y para eso está el parlamento”, sostuvo.

“Existe un Poder Ejecutivo que fue elegido democráticamente; existe un problema social que es tremendo (...) Un gobierno responsable tiene que procurarse los instrumentos y las herramientas para hacer frente a esa nueva realidad”, arguyó.

La discusión en el Congreso

A renglón seguido, acogió las críticas de varios parlamentarios de oposición que acusaron una falta de diálogo previo, señalando: “Entiendo perfectamente, pueden haber parlamentarios que tienen mayor inquietud, que quieren incidir más antes de que se ingrese el proyecto al Congreso Nacional, pero, en definitiva, nosotros trabajamos la reforma, se ingresa al Congreso, y ahí no se agota la discusión legislativa; se inicia la discusión legislativa”.

De paso, calificó de “absurda” la sugerencia del senador Matías Walker (Demócratas), de retirar la reforma y volver a formularla, puesto que ingresada la reforma constitucional al Congreso, “los parlamentarios tienen iniciativa sobre la misma. Por lo tanto, todas las indicaciones, todos los mejoramientos, todos los perfeccionamientos, se pueden hacer sobre este mismo proyecto”.

“Aquí nadie quiere que el Estado tenga potestades absolutas para hacer y decidir sobre lo que quiera”, afirmó, agregando que ”este gobierno jamás va a promover una norma o una iniciativa, para estar por sobre el marco constitucional, jurídico, legal, vigente en nuestro país”.

Consultado sobre una posible deriva autoritaria del Gobierno, retrucó tajante que “no puede ser autoritario cuando un gobierno es elegido democráticamente, que tiene un problema real, que es el crimen organizado, que lo sufren gran parte de los chilenos”.

“Lo que estamos señalando acá son dos cosas: todos los derechos fundamentales que están garantizados para las personas en la Constitución, se mantienen. Lo que estamos diciendo, y colocándolo al debate público, es sí estamos dispuestos a darle beneficios sociales a una persona que decidió libremente incorporarse a una banda de crimen organizado, que extorsiona, que violan personas, que copan territorios, que matan”, razonó.

Al cierre, llamó a los parlamentarios a debatir la reforma y recordó que son ellos quienes decidirán “si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo”.

El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, razón por la cual ha recibido críticas de parlamentarios de todos los colores políticos y abogados constitucionalistas.

La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno.

Las críticas de la oposición

Conocido el texto final, uno de los primeros en elevar la voz fue el ex presidente Gabriel Boric quien el martes, durante el lanzamiento de un libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la oposición ha adoptar “una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena”.

De la misma opinión fue la exministra vocera de la administración de Boric, Camila Vallejo, quien acusó al Gobierno de intentar pasar “gato por liebre”, pues con la excusa del combate al crimen organizado, persigue “introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”.

Según Vallejo, la reforma “no garantiza mayor efectividad en la persecución del delito, sino que lo único que garantiza es que pasemos a Estados de Excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades”.

Otro que se mostró en contra fue el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi -considerado un “voto bisagra”-, quien aseguró que “así como está, la vamos a rechazar. Hoy día no están los votos y el mío tampoco. Voy a esperar que haya cambios, que escuchen y que logren hacer algo que tenga sentido, porque esto no tiene sentido”.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC), sostuvo que “Pinochet, donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro (de Seguridad), Martín Arrau. El nivel de autoritarismo al que nos quieren llevar nos sorprende y nos preocupa y nos llama a una reflexión como país.”

Los descuelgues del oficialismo

Por otra parte, las señales de alerta en el oficialismo ya se veían venir desde el domingo previo al ingreso del proyecto al Congreso, cuando el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), manifestó que “el estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso es algo que, teniendo hoy cuatro estados de emergencia —de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe—, le otorga al presidente una cantidad de atribuciones que yo creo, lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”,

Asimismo, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, recordó que “lo que se viola o se restringe en un Estado de Excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer o se debe hacer en un periodo lo más corto posible”.

Finalmente, el senador Matías Walker (Demócratas), afirmó taxativo que “tendría que colgar mi título de abogado si quisiera votar a favor” y llamó este viernes al Gobierno a retirar la reforma pues conlleva un profundo riesgo para el orden democrático.

“Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, indicó.

“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución requiere un amplio consenso porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede llevar al quebrantamiento del orden democrático”, cerró Walker.

Los reparos de los expertos constitucionalistas

Como era de esperar, la prensa se volcó a conocer la opinión de abogados y expertos en la materia que también se mostraron contrarios a la reforma, como el constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, quien tildó la iniciativa de “populismo constitucional”.

“Recurrir a la reforma de la Constitución para sembrar la expectativa de que con esta reforma yo resuelvo los problemas de seguridad pública, no sólo es populismo, es también irresponsable”, afirmó en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile.

Ello, puesto que de acuerdo al abogado, gran parte de las medidas propuestas —como los registros de organizaciones criminales o regímenes carcelarios especiales— no requieren una reforma a la Carta Fundamental y pueden abordarse mediante leyes ordinarias o reglamentos.

Por su parte, Jaime Gajardo, abogado y exministro de Justicia de la administración de Boric, sostuvo que el proyecto es “preocupante, porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución; le entrega al presidente la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no a los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición“.

Mientras tanto, Juan Ignacio Martínez, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, culpó al Gobierno de “fetichismo constitucional” y se mostró más que preocupado por el plazo de hasta 240 días del Estado de Excepción.

“Si usted hace una lectura de los demás Estados de Excepción constitucional, salvo de Asamblea, que durará mientras dure la guerra externa, el promedio, por ejemplo, del Estado de Sitio, es de 15 días renovables. Estado de Emergencia, 15 días renovables, y en las renovaciones siempre interviene el Congreso”.

“Aquí también intervendría el Congreso, pero después de 120 días (pudiendo renovarlo por otros 120) Esos 120 días, desde el punto de vista de la homogeneización de las normas internas de la Constitución, parecen algo desproporcionado. Desde el punto de vista de los derechos que se pueden restringir, es más o menos lo que uno ya ve en situaciones como el Estado de sitio, por ejemplo”, expuso en conversación con el periodista Tomás Moscciati de BioBíoChile.

“Si se llegara a aprobar un Estado de Excepción particular como este, a mí lo que me inquieta fundamentalmente son dos cuestiones: uno, el plazo, que me parece muy excesivo. Y lo segundo, es importantísimo que no se toquen las facultades de los tribunales para conocer de eventuales infracciones a los derechos fundamentales de las personas. Eso se tiene que resguardar sí o sí, cualquiera sea el estado de excepción que se aplique”, agregó.

Al cierre, el experto en temas constitucionales fue tajante: “Si usted me pregunta, como profesor de Derecho, yo no habría hecho esto. A mí me parece que es muy innecesario”, remató el experto.

Así las cosas, ahora la propuesta deberá ser debatida por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública, antes de llegar a la Sala del Senado para su votación.

Con el objetivo de aumentar la dotación policial, y tal como lo había adelantado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el Gobierno de José Antonio Kast rebajó a 17 años la edad para postular a Carabineros de Chile, medida que fue bien recibida por parlamentarios de todos los colores políticos.

La modificación, establecida mediante el decreto 88 del Ministerio de Seguridad Pública, eleva además hasta los 30 años la edad máxima de ingreso, elimina la exigencia de ser soltero a la hora de postular y faculta a exfuncionarios a reincorporarse a la institución hasta los 40 años.

Y aunque la nueva norma también endurece las razones por la cuáles un alumno puede ser expulsado -reprobar el curso, salud incompatible o faltas disciplinarias periódicas-, también permite en ciertas circunstancias volver a postular al menos dos veces más.

“Esta modificación amplía las oportunidades para quienes tienen vocación de servicio y quieren aportar a la seguridad del país (...) Con este cambio seguimos avanzando en el fortalecimiento de Carabineros, ampliando el universo de postulantes y generando nuevas oportunidades para quienes quieren servir y proteger a Chile”, señalaron mediante un comunicado en sus redes sociales desde la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Terminar la secundaria

Aunque parlamentarios de derecha e izquierda valoraron la iniciativa, el diputado Jaime Araya (PPD), señaló que “el requisito para postular no puede bajar de que tenga el cuarto año medio rendido (secundaria completa). Porque si no, se va a armar un tremendo lío. Espero que esto haya estado resuelto en la propuesta que está presentando el ministro”, consignó BioBíoChile.

Un poco más lejos fue la diputada libertaria, Gloria Naveillán, quien sostuvo que aquellos postulantes que no tengas finalizada su educación secundaria, pueden terminarla estando adentro.

“¿Por qué no puede ser desde los 17? Si van a terminar adentro su educación y, además, van a salir preparados para poder defender a su patria, a sus conciudadanos“, sostuvo.

De la misma opinión fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien manifestó que “esto debiera ser como se hacía antes, en donde la formación secundaria se finalizaba dentro de la escuela matriz y, en paralelo, se procedía a la formación institucional“.

Así las cosas, desde Carabineros de Chile aclararon que para postular a la institución con 17 años el aspirante deberá obligatoriamente tener la educación secundaria aprobada, amén de haber rendido la prueba para ingresar a la universidad (PAES).

En medio de su gira por la regiones del Ñuble y BioBío, el presidente José Antonio Kast salió este jueves en defensa de la reforma de seguridad que ingresó con suma urgencia al Senado el lunes pasado, la que ha sido criticada por el oficialismo, la oposición y abogados constitucionalistas, pues restringe varias libertades ciudadanas y le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días.

“La libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre”, señaló enfático.

“No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas (...) Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”, agregó Kast, refiriéndose a las críticas del expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo.

El mandatario recordó que su mandato se debe principalmente a su agenda de seguridad y trabajo, razón por la cual sostuvo que su gobierno solo busca generar las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado.

“Lo que sí hemos señalado es que esto tiene que ser con urgencia. Así como señalamos que era urgente que Chile volviera a crecer, y solicitamos siempre por la vía institucional la votación rápida, eficiente, del proyecto de ley de reconstrucción nacional, a pesar de que algunos legisladores no querían avanzar, primó el avance, primó Chile. Y respecto de la reforma en seguridad, será la misma situación”, complementó el Ejecutivo.

No al plebsicito

De paso, el presidente Kast desechó la idea de los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot, de convocar a un plebiscito en caso de que la reforma no sea visada por el parlamento.

“Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como Gobierno en distintas materias”, aseguró.

De acuerdo al mandatario, “hoy día, con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el Gobierno es plantear proyectos de ley, y la resolución democrática se realiza en el parlamento”.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, lamentó la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región del Maule de rechazar la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto que buscaba conectar los sistemas de Chile y Argentina y que fue denunciado internacionalmente por el actor Leonardo DiCaprio, quien aseguró que su instalación terminaría con la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, de la cual quedan solo unos mil ejemplares.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, denunció hace un par de semanas la estrella de Hollywood.

La noche de este miércoles, Rincón aseguró que el proyecto “tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones”, y apuntó directamente a la intervención de Leonardo DiCaprio, reconocido activista medioambiental

“Fue como una carta de último minuto, que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que se merece, fue buscado por una organización“, agregó la jefa de la cartera de Energía.

“A nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente desde el punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región. Esa región tiene un problema de base grave”, aseguró Rincón, quien fue senadora por la región del Maule.

La Secretaria de Estado recordó que la zona vive con racionamiento eléctrico, pues “no es capaz de sostenerse como sistema y, por lo tanto, espero que logremos construir entre todos una solución a un tema que es importante, por la interconexión, pero también por la seguridad energética de esa región”, remató.

El proyecto rechazado

Con una inversión de USD 36 millones, la línea de transmisión eléctrica contemplaba un trazado de 26,7 kms partiendo desde la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), y buscaba levantar 76 torres metálicas en territorio chileno desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, elevándose entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, la COEVA del Maule detectó eventuales afectaciones a bofedales, sitios arquelógicos, a la ranita pehuenche y a otras especies que viven en la cordillera, amén de realizar objeciones vinculadas al turismo, pues la región posee varios sitios de interés como el paso Pehuenche, la Laguna del Maule y el valle de Los Cóndores, los que suelen recibir a cientos de turistas todos los años.

Además, agrupaciones medioambientales realizaron varias marchas de protesta y manifestaciones en contra del proyecto, el que llegó a acumular más de 16 mil observaciones ciudadanas.

El Ministerio de Salud publicó su Informe Epidemiológico Anual Abreviado de Sífilis 2025, el que arrojó que entre los años 2016 y 2025 la tasa de contagios de sífilis en Chile aumentó 2,4 veces, alcanzando 55,2 casos por 100 mil habitantes, cifra récord en el país.

De acuerdo al reporte, durante 2025 se notificaron en total 11.155 casos de sífilis, un 65% de los cuales corresponden a hombres, quienes mantuvieron tasas aproximadamente dos veces mayores que las mujeres durante todo el período.

Sin embargo, el alza es notoria en mujeres mayores de 60 años, las que pasaron de 14,4 casos por cada 100 mil habitantes en 2021 a 28,8 en 2025, duplicando dicha cifra en un lapso de cuatro años. Así, las personas mayores de 60 años representaron el 13,9% de las notificaciones de sífilis durante el año pasado, con un total de 1.545 casos.

Las mayores alzas se concentraron en las regiones del norte del país, particularmente en Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, aunque también se detectó un aumento en los contagios en la región austral de Aysén -con 90 casos por 100 mil habitantes-, Magallanes, Coquimbo y Atacama.

La principal vía de transmisión fue la sexual -un 94% de los casos el año 2025-, de los cuáles el 54% fue producto de relaciones heterosexuales, mientras que un 40% corresponde a relaciones homosexuales.

Cabe recordar que la sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum, distribuida mundialmente y frecuente en países de escasos recursos. Su contagio ocurre principalmente por contacto sexual y vía transplacentaria, aunque también puede adquirirse por transfusión sanguínea. La enfermedad permanecer sin síntomas visibles durante la primera fase de su evolución, asunto que vuelve difícil su detección y tratamiento, favoreciendo su transmisión.

Uso del preservativo

Debido a que el aumento de contagios es particularmente alto en personas mayores de 60 años, Francisco Rubio Olave, director de la organización AHF para América Latina y el Caribe, dedicada a la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, señaló que los números dejan en claro la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia la tercera edad.

“El aumento de diagnósticos de sífilis en mayores de 60 años demuestra que es necesario ampliar las estrategias de prevención y pesquisa hacia este grupo”, aseguró Rubio, según consignó BioBíoChile.

Otro de las factores asociados al alza es la poca costumbre de este grupo etario de utilizar preservativos durante el acto sexual, tal como lo reveló la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género 2022-2023, en la que un 10,4% de los hombres y el 8,6% de las mujeres mayores de 60 años aseguraron haber usado preservativo durante el último año.

Esta jornada será formalizado en el Juzgado de Garantía de Carahue (740 kms al sur de Santiago), Robinson Parra Páez, detenido en la comuna de Tirúa este miércoles en horas de la tarde, luego de permanecer cuatro años prófugo, acusado de participar en el crimen del comunero Manuel Huenupil Antileo, hecho ocurrido en mayo de 2022.

Parra, vinculado al grupo radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM), fue apresado gracias al trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) con el Ejército y la Armada en una casa ubicada en la localidad de Quidico, sin oponer resistencia.

Tras el arresto, los detectives procedieron a trasladarlo hasta la unidad policial y esta jornada fue derivado a primera hora hasta el tribunal, donde enfrentará cargos por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones y homicidio simple -en calidad de presunto autor- de Manuel Huenupil, cometido por la espalda el 5 de mayo de 2022 en Carahue en medio de disputas territoriales.

El crimen

Ese día, un grupo de encapuchados fuertemente armados, vinculados a la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM), irrumpió en el predio denominado “La Suerte”, de la empresa Forestal Mininco, con el objetivo de ejercer control territorial por la fuerza y explotar el terreno.

Manuel Huenupil, quien se encontraba en el lugar acompañado por dos de sus hijos realizando faenas productivas y de limpieza, intentó huir en su vehículo pero fue alcanzado por la espalda por uno de los varios disparos que hicieron desde el grupo, y a pesar de ser auxiliado por su familia falleció antes de ingresar a un centro médico

La investigación desarrollada durante los últimos años ha permitido identificar y detener a otros integrantes presuntamente relacionados con el homicidio. Cerca de una decena de personas han sido capturadas en el marco de las diligencias, mientras que cinco de los involucrados fueron condenados recientemente a 12 años de cárcel por su participación en el crimen.

Una vez conocida la noticia, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la detención de Parra mediante una publicación en su cuenta de X:

“Lo hemos dicho y lo estamos cumpliendo. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner frente a los tribunales. En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”, señaló el Secretario de Estado.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región del Maule rechazó este martes la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto que con una inversión de USD 36 millones buscaba conectar los sistemas de Chile y Argentina y que fue denunciado por el actor Leonardo DiCaprio, quien aseguró que su instalación terminaría con la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, de la cual quedan solo unos mil ejemplares.

La autoridad ambiental resolvió que la iniciativa, llevada adelante por la empresa Enel, presentaba varios reparos debido a los efectos que podría acarrear en la biodiversidad y el turismo en la zona.

El línea de transmisión eléctrica contemplaba un trazado de 26,7 kms partiendo desde la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), y buscaba levantar 76 torres metálicas en territorio chileno desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, elevándose entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

La arremetida de Leo DiCaprio

Hace un par de semanas, el actor Leonardo Dicaprio, reconocido activista medioambiental, llamó al Gobierno de Chile a reubicar el proyecto, a fin de evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en la alta cordillera y de la cual solo quedan alrededor de mil ejemplares.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

Así las cosas, la COEVA del Maule detectó eventuales afectaciones a bofedales, sitios arquelógicos, a la ranita pehuenche y a otras especies que viven en la cordillera, amén de realizar objeciones vinculadas al turismo, pues la región posee varios sitios de interés como el paso Pehuenche, la Laguna del Maule y el valle de Los Cóndores, los que suelen recibir a cientos de turistas todos los años.

Además, agrupaciones medioambientales realizaron varias marchas de protesta y manifestaciones en contra del proyecto, el que llegó a acumular más de 16 mil observaciones ciudadanas.

Este martes, el Gobierno declaró Estado de Excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla (1.530 kms al norte de Santiago), ciudad donde el 60% de los hogares se vieron afectados por un gigantesco aluvión que descendió desde las quebradas arrasando todo a su paso, y en la que en solo un día llovió lo que suele llover en seis años.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, informó mediante una publicación en su cuenta de X el presidente, José Antonio Kast, quien llegó a primera hora esta jornada a la zona para monitorear la situación.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que “estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”.

Último balance

Esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal ha dejado hasta ahora 580 personas damnificadas, 1.166 albergadas, 22 aisladas, 3 lesionadas y 1 persona fallecida, concentrando los mayores daños en Tocopilla y otras comunas entre Arica y Coquimbo.

Por otra parte, cientos de casas presentan daños de diversa índole, más de 4 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso en zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

En el Norte Grande, el tránsito está suspendido en distintos tramos de las rutas 15-CH, 1 y 504 en Tarapacá, y en la ciudad de Antofagasta, varios caminos permanecen cortados por presencia de rodados y caída de material. Los pasos hacia Jama y Sico, en San Pedro de Atacama, también permanecen cerrados.

En el Norte Chico, se reportaron remociones de tierra en Caldera debido a la activación de varias quebradas, mientras que las comunas de Tierra Amarilla y Diego de Almagro se encuentran aisladas. En La Serena también permanecen aisladas las localidades de San Antonio, Condoriaco, La Laja y Carrizal, y en el Valle del Elqui, específicamente en Vicuña, hay 22 personas aisladas.

Por ahora se mantienen alertas rojas en la Región de Antofagasta, en la provincia de Iquique y comuna de Huara, además de alertas amarillas en otras zonas del norte, a la par que las autoridades continúan la evaluación de los daños y trabajan para reabrir los caminos cortados.

La Fiscalía local pidió esta jornada al Juzgado de Garantía de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago), ampliar la formalización de un adulto mayor de 71 años, autor confeso del crimen de otro hombre de 67 años, macabro hecho que quedó al descubierto el domingo pasado cuando un familiar halló el cuerpo de la víctima decapitado y oculto en un bosque cercano.

Tras admitir su responsabilidad en el asesinato, ocurrido en la Caleta El Soldado de dicha comuna, el imputado detalló en su declaración que todo partió con una discusión en su casa con la víctima, a la que atacó con un hacha. A fin de ocultar su rastro, el agresor decapitó el cuerpo y luego lo arrojó a un bosque aledaño, donde permaneció por casi un mes.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, un hermano de la víctima que llegó hasta su casa tras varios días sin poder establecer contacto con él fue quien halló los restos, mientras que las pericias de la Brigada de Homicidios de Concepción permitieron además establecer la conexión entre los rastros de sangre hallados en la casa del asesino y el crimen.

Ataque a hachazos

Según el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Fabrizio Zúñiga, la investigación logró establecer que el crimen ocurrió el 17 de julio en la vivienda del acusado, hasta donde llegó la víctima para discutir un asunto que no fue detallado.

“El sujeto premunido de un hacha lo agrede en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar, para luego proceder a ocultarlo en un bosque cercano”, señaló de manera escueta el detective.

En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Mario Elgueta, detalló que el acusado, “tras ver la evidencia en su contra, da una declaración donde reconoce haber agredido a la víctima”.

Así las cosas, la Fiscalía está a la espera del resultado de los últimos peritajes para formalizar al acusado, quien de seguro quedará en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que el alcalde de El Tabo (120 kms al oeste de Santiago), Alfonso Muñoz, quien asumió en 2020 y fue reelegido en 2024, creó un verdadero círculo de confianza al intervenir en la contratación o la continuidad en su cargo de al menos 24 funcionarios del municipio, entre ellos su esposa y dos hermanas.

El Informe Final de Investigación Especial N° 596/2025, consignado por BioBíoChile, detectó que Muñoz estampó su firma en contrataciones y otras situaciones laborales a pesar de que sus lazos de cercanía le exigían abstenerse, pero además que otros 56 trabajadores también mantienen vínculos con otros jefes de distintas áreas del municipio: 16 con el Director de Finanzas; 9 con el Director Jurídico, y otros 7 con el Director de Control.

Debido a esto, la CGR ofició al municipio dejar inválidas dichas contrataciones objetadas y le exigió un informe con un plazo de 15 días sobre el estado de los sumarios ordenados.

Acciones legales

Así las cosas, y ya que de acuerdo a la CGR el alcalde Muñoz habría transgredido varios principios de probidad administrativa, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) aseguró que evalúa junto a su equipo jurídico estampar una denuncia ante la Fiscalía local, pues no es la primera vez que el ente contralor detecta irregularidades en la Municipalidad de El Tabo.

“Llama la atención que, siendo conocidos estos hechos, no se haya avanzado en medidas disciplinarias o investigaciones más profundas respecto a lo que ocurre en el municipio”, señaló, de acuerdo al medio citado.

El parlamentario aseguró además que llevará el asunto hasta la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, a fin de “detallar el alcance de estas irregularidades y por qué hasta ahora no han adoptado medidas correctivas o exigido responsabilidad del alcalde”.

Teao subrayó que el informe de la CGR amerita una investigación penal, puesto que las irregularidades detectadas involucran recursos de todos los chilenos.

A pesar de las críticas de la oposición y los reparos de algunos parlamentarios oficialistas, el Gobierno de José Antonio Kast sigue adelante con su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos.

Este lunes, el Ejecutivo le puso pie al acelerador e ingresó con suma urgencia al Congreso dos proyectos de ley que son parte la ACOT: uno que tipifica como delito levantar barricadas y otro que crea el sistema de registros de ADN.

Una vez ingresadas las iniciativas, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que “a los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, hoy sumamos dos nuevas iniciativas que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía”.

El nuevo delito de levantar barricadas

Así las cosas, la primera propuesta busca modificar el Código Penal y tipificar como delito el levantar barricadas, a fin de proteger el derecho a la libre circulación y los servicios de transporte.

Así, el primer inciso sanciona “con la misma pena actualmente vigente (presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días), a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”.

El segundo inciso precisa que estos medios pueden ser “terrestres, ferroviarios, subterráneos, marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, entre otros—, así como los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento”.

El tercer inciso establece que el delito se configurará incluso si no existe empleo de violencia o intimidación.

Sistema Nacional de Registros de ADN

La segunda iniciativa crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y en su artículo 1° incorpora a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI), como “organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas”, en adición al Servicio Médico Legal (SML).

El artículo 2°, en tanto, faculta a Carabineros y la PDI para ingresar dicha información al sistema, aunque con la misma obligación del SML de no hacerlo si la víctima se niega o no existe una instrucción previa de la Fiscalía local.

Finalmente, Carabineros y a la PDI también podrá cotejar dicha huella genética en el Sistema Nacional de Registro de ADN, y tendrán la responsabilidad de entregar esa información a la Fiscalía y el tribunal correspondiente.

Las autoridades chilenas y argentinas reabrieron esta jornada el Sistema Integrado Cristo Redentor que conecta ambos países a través del Paso Los Libertadores, tras permanecer cerrado por 34 días debido al mal tiempo y la acumulación de más de 6 metros de nieve, asunto que tuvo a miles de camiones varados en la frontera y provocó ingentes daños económicos y las críticas de gremios productivos.

Luego de evaluar el estado de la ruta y el pronóstico del tiempo, desde ambos lados aseguraron que están las condiciones para el tránsito seguro, aunque por ahora solo está permitido el paso del transporte de carga en una sola dirección.

De esta manera, desde este martes y hasta el jueves 20 podrán cruzar la frontera los camiones provenientes desde Argentina hacia Chile -entre las 08:00 y las 20:00 horas chilenas-, teniendo prioridad aquellos vehículos que tienen sus documentos listos y esperan en Uspallata.

En tanto, desde el viernes 21 al sábado 22, los camiones podrán circular en sentido contrario desde Chile a Argentina en el mismo horario.

Sin embargo, la reapertura del cruce no contempla el tránsito por ahora de buses de pasajeros ni autos particulares.

Solución definitiva

Debido a las nefastas consecuencias para el comercio entre ambos países al cortarse la cadena logística de distribución, gremios a ambos lados de la cordillera llamaron a evaluar alternativas a corto y largo lazo para evitar en el futuro interrupciones como ésta, la más larga desde el invierno de 2023.

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), Alfonso Salinas, aseguró que existen “muchas complejidades que repercuten y creo que llegó el momento de que volvamos a pensar en temas de fondo sobre cómo agilizamos y generamos un cruce a menor altura. También hay todo un tema con el Paso Las Leñas. Falta una agenda y no puede ser que siempre estemos enfrentando emergencias y no tengamos una respuesta más contundente”, según consignó Emol.

De la misma opinión fue su par de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Fernando Bustamante, quien agregó que en el corto plazo “se deben mejorar la Ruta 60-CH, los sistemas de monitoreo y la coordinación binacional. Pero también es necesario retomar una solución estructural de largo plazo, como un túnel de menor altura u otra alternativa vial o ferroviaria”.

Desde el otro lado de la cordillera, dirigentes gremiales como el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, se sumaron al llamado de sus pares chilenos.

Mediante una carta publicada en conjunto con la diputada chilena Bárbara Kast en el diario Los Andes de Mendoza, Andreu pidió a las autoridades inversiones urgentes en tecnología, control de avalanchas, monitoreo térmico y una mejor coordinación binacional, a la vez que hizo un llamado a consolidar una red de empresarios a ambos lados de la cordillera para impulsar soluciones definitivas como un túnel de baja altura.

“Es entendible que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado”, argumentó.

Finalmente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso este domingo licitar de manera conjunta entre ambos países el despeje del Paso Los Libertadores y dejar dicha labor en manos de empresas especializadas, a fin de reducir los tiempos de espera el próximo invierno.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos, no solo ha causado el rechazo de la oposición sino también de sectores del oficialismo, desde donde varios parlamentarios ya anunciaron que no están disponibles para respaldarla así como se perfila.

Aunque desde el Gobierno han recalcado que la propuesta solo busca cambios específicos en la Constitución a fin de darle soporte legal a la ACOT, medidas como la normalización de las FF.AA en labores de orden público mediante un nuevo Estado de Excepción, la facultad de intervenir telecomunicaciones en los barrios intervenidos y la restricción de derechos sociales básicos para condenados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, encendieron las alarmas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, aún no conocen el texto que finalmente será ingresado al Congreso, y “lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final la debilitan (...) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

De la misma opinión fue el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, quien recalcó que “lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va recoger esas inquietudes y vamos construir una buena reforma”.

“Respetar la institucionalidad”

Desde el mismo partido, pero caminando por la otra vereda, el senador Iván Moreira sostuvo que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad. Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar y modificar”.

Declaraciones que fueron refrendadas por la diputada Constanza Hube, quien manifestó que su partido “apoya y apoyará con fuerza la Agenda de Seguridad del Gobierno. Eso no está en discusión (...) Entiendo que genera ruido y especulación un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial, pero prefiero no detenerme en ese punto. Lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se”.

Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón subrayó la importancia de apegarse a la institucionalidad.

“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que respetar las instituciones”, argumento a BioBíoChile.

Así las cosas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tiene ahora la misión de “ordenar” a los parlamentarios oficialistas, pues una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.

Una álgida polémica causó la designación por parte del Ministerio de Justicia de la abogada Trinidad Zegers Domínguez, de 27 años, a cargo de la reactivación de la Reforma Procesal Civil, iniciativa que busca reemplazar el actual sistema establecido en el Código de Procedimiento Civil de 1903 y que duerme en el Congreso desde 2012, cuando fue ingresada por el primer gobierno de Sebastián Piñera.

De acuerdo a una nota de La Segunda, Zegers juró como abogada en abril pasado y fue el ministro de la cartera, Fernando Rabat, quien la nombró a cargo de la coordinación del proyecto de ley y ayudar a destrabarlo en el Congreso.

La noticia causó revuelo en redes sociales y en la oposición, pero sobre todo en el propio oficialismo, desde donde fustigaron su poca experiencia, los contactos a la hora de conseguir el puesto -su padre es el exdirector de uno de los diarios más importantes del país-, y el alto sueldo de $2 millones (USD 2.200) para una recién egresada.

Debido a esto, fue el propio Rabat quien salió al paso de las críticas y en conversación con 24 Horas, aseguró que “lo que le hemos pedido a Trinidad es que ella nos colabore desde el punto de vista ejecutivo, administrativo, porque hay que realizar una serie de gestiones de reunión, de gestión con la academia, de charlas, de institutos. Pero evidentemente, que una reforma de esa naturaleza la lleva en el parlamento el ministro de Justicia”.

Las críticas de los trabajadores judiciales

A pesar de la aclaración, este domingo la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) volvió a la carga y mediante un comunicado expresaron sus reparos a la designación de la novel legista, puesto que una reforma de esa envergadura necesariamente requiere experiencia y un conocimiento cabal de los entresijos del Poder Judicial.

Aunque valoraron la aclaración del ministro Rabat tocante a que Zegers desempeñará labores más bien “administrativas”, desde el gremio aseguraron que ello no elimina la “cuestión de fondo”, a saber, los criterios que esgrime la cartera para asignar tareas y responsabilidades.

Así, la crítica de la OTJ no apunta precisamente a la abogada, sino más bien a un “problema institucional”, pues una reforma estructural del sistema de justicia civil “requiere que todas las responsabilidades relevantes, tales como, técnicas, políticas, administrativas y de coordinación, sean asignadas con criterios transparentes y atendiendo a la experiencia y competencias necesarias para la función encomendada”.

“La responsabilidad de determinar quiénes conducen, coordinan e implementan una transformación de esta importancia corresponde al Ministerio de Justicia, y es esa decisión la que debe poder ser explicada y justificada ante la ciudadanía y ante quienes formamos parte del sistema de justicia”, agregaron.

De paso, recordaron que los trabajadores del Poder Judicial “no podemos ser considerados simples destinatarios de una reforma diseñada desde fuera de los tribunales. Somos quienes conocemos directamente el funcionamiento cotidiano de la justicia civil: sus dificultades, cargas de trabajo, problemas de gestión, fortalezas y limitaciones. Cualquier reforma que aspire seriamente a mejorar la justicia debe incorporar esa experiencia desde su diseño y no únicamente cuando llegue el momento de implementarla”, remataron desde la OTJ.

La llamada “Operación Cancerbero” implicó el traslado de los reos desde el Centro de Justicia en Santiago en una caravana de 21 vehículos con el apoyo de cientos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y la transmisión contó con imágenes captadas desde los helicópteros de vigilancia y una peculiar banda sonora de fondo con el tema “Bye Bye Bye” de NSYNC, asunto que trajo las críticas de la oposición desde donde acusaron una “performance bukeliana”.

“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo. Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo; que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales“, señaló el mandatario.

Kast agregó que las medidas que se implementarán en este recinto fueron tomadas de planteamientos de parlamentarios y de la experiencia de Gendarmería y policías “que vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas y que las visitas tienen que ser a través de locutorios”.

“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, sentenció el Ejecutivo.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que “los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales”.

La cárcel

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile hay cerca de 65.000 presos -el mayor número en la historia del país-, y si bien los niveles de hacinamiento no llegan a las alarmantes cifras de Haití, Guatemala o Bolivia, la presión se acumula sobre las 42.000 plazas de capacidad que tiene y que impide la capacidad de segregación.

Además, al menos 600 bandas operan desde las cárceles, según un informe publicado en 2024.

Así las cosas, en la cárcel La Laguna, inaugurada en 2025 bajo la administración de Gabriel Boric, habrá un régimen especial de segregación y vigilancia que incluye un bloqueo de señal telefónica para impedir la comunicación desde el interior.

El centro penitenciario tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados y una capacidad máxima de 2.320 plazas, y se ubica a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Talca.

Su construcción partió en agosto de 2017 y contempló una inversión total de unos USD 63 millones. Posee un perímetro de seguridad con ocho garitas de vigilancia, sistemas de seguridad electrónica, control de acceso vehicular y circuito cerrado de televisión.

Es por lejos el recinto penal más moderno y seguro de Chile y los módulos diferenciados para los reos de máxima peligrosidad poseen celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico. En tanto, tiene celdas colectivas, salas de clases y talleres laborales para los internos de menor compromiso delictual.

Tocante a tecnología, esta surcado por más de 1.500 cámaras de vigilancia y 30 detectores de metales, amén de equipos de detección de drogas y explosivos y un sistema de bloqueo de señal de teléfonos celulares.

Al igual que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en el penal La Laguna los reclusos más peligrosos permanecen la mayor parte del tiempo aislados, deben vestir el uniforme reglamentario, no tienen permiso para recibir llamadas por teléfono ni encomiendas, y sus visitas son acotadas y a través de locutorios para evitar el contacto físico.

Sin embargo, desde Gendarmería aseguran que el modelo busca replicar más bien al modelo italiano, cuyo fin último es anular la comunicación de los jefes de organizaciones criminales con el exterior.

Ello, pues a diferencia del CECOT salvadoreño, los presos de La Laguna acceden a programas de reinserción social a cargo del Estado con escuelas, centros para combatir las adicciones y talleres donde aprender diferentes oficios.

Los 9 reos más peligrosos

De los 687 internos que ya fueron transferidos a La Laguna - a la que seguirán llegando presos hasta completar su capacidad-, 37 pertenecen a alguna organización criminal y 9 de ellos son líderes de facciones del Tren de Aragua y hasta la exótica Mafia Albanesa.

El primero en la lista es Viktor Gjini, ciudadano neerlandés y albanés, cabeza de esta última organización en Chile, condenado a 10 años de cárcel luego de caer en 2023 con 100 kilos de cocaína avaluadas en USD 3.5 millones, droga que pretendía enviar desde el puerto de San Antonio hasta el de Rotterdam en Holanda.

Luego viene Carlos Carrillo, venezolano integrante de la facción del Tren de Aragua “Los Cartier”, acusado de participar en el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano de 17 años en septiembre de 2024 en Batuco, en la periferia capitalina. De acuerdo a la investigación, el joven fue golpeado y luego ejecutado en un camino rural.

El siguiente es Luis Cuadros, colombiano, líder de la célula “Los Espartanos” dedicada al sicariato, tráfico de drogas y reducción de teléfonos robados en el populoso Persa Biobío santiaguino.

También colombiano es José Kattah Solano, imputado por secuestro y asociación ilícita, vinculado al grupo de venezolanos responsable del homicidio del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, popularmente como el “Rey de Meiggs”; a la banda ecuatoriana “Los Ñaños”, y a otra responsable por el secuestro de una mujer de nacionalidad peruana.

Justamente de nacionalidad peruana es William Gianmarco Rosado Tomás, líder de la organización criminal Los Pulpos, imputado por delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de armas y múltiples delitos de extorsión a comerciantes mayoritariamente de su mismo país de origen, en Santiago.

Los siguientes tres son todos venezolanos: Jesús Rojas Morales, cabecilla de la facción “Loyalty” del Tren de Aragua; Jean Carlos García, también integrante de Los Cartier, imputado por homicidio y tráfico de armas, y Jackson José Herrera Mijares, vinculado a la célula “Los Mapaches” del Tren de Aragua y acusado de violentos secuestros, entre ellos el de una niña de 7 años en marzo de 2025 en Santiago, hecho en el que también apuñalaron al padre de la menor.

Finalmente, el único chileno del grupo es el narcotraficante Juan Eduardo Pacheco Alarcón, imputado también por homicidio y señalado como el sucesor del fallecido capo narco Vladimir Soto Rubillanca, cuyos negocios manejaba aún desde la cárcel Colina 2.

Por 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó en general fusionar tres proyectos de ley que buscan una solución al problema de los perros asilvestrados, iniciativa que faculta a darles caza y que ha provocado las críticas de organizaciones animalistas y algunos parlamentarios de oposición.

La propuesta, que fue visada con respaldo político transversal, permitiría eximir de sanciones penales a quien mate o capture un perro asilvestrado bajo causales específicas, a fin de permitir el control letal frente a ataques inminentes a personas, fauna silvestre o animales de producción ganaderos, especialmente en zonas rurales.

Dicha acción exigiría denuncias previas y medios probatorios como registros o informes veterinarios del daño causado por los canes, por lo que la propuesta modifica la actual Ley de Caza e implementa medidas contra los perjuicios económicos causados por estas jaurías, pero establece además que los organismos competentes del Estado tienen el deber de actuar para prevenir potenciales situaciones de peligro.

Las críticas

Sin embargo, diversas agrupaciones de rescate y protección animal han rechazado tajantemente la iniciativa, aduciendo que se trata de una medida cruel e ineficaz que no soluciona el problema de fondo que es el abandono y la tenencia irresponsable de estos animales.

De acuerdo a sus argumentos, permitir la caza solo elimina temporalmente a algunos ejemplares, pero el vacío poblacional se vuelve a llenar rápidamente si las personas siguen abandonando animales, sobre todo en zonas rurales.

Además, acusan un error de diagnóstico, pues varios estudios señalan que gran parte de los ataques a la fauna silvestre y ganado provienen de perros con dueños negligentes que los dejan libres, y no exclusivamente de canes salvajes.

Así las cosas, una vez finalizada la sesión el diputado independiente, Sebastián Videla, señaló mediante una publicación en sus redes sociales que el avance del proyecto de ley implica un “día triste para todos los animales”, puesto que “en vez de permitir su caza, debemos combatir con fuerza el abandono y el maltrato animal”.

Por ahora, la iniciativa sigue su trámite legislativo y deberá ser votada por el pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado, antes de convertirse en ley.

Gendarmería de Chile reubicó este jueves de 687 presos, entre ellos varios líderes de bandas como el Tren de Aragua y la mafia albanesa, en la flamante cárcel de alta seguridad La Laguna ubicada en la ciudad de Talca (260 kms al sur de Santiago). La llamada “Operación Cancerbero” fue transmitida en vivo por las autoridades y monitoreada por el presidente José Antonio Kast que la calificó como un hecho “histórico”, aunque desde la oposición acusaron una “performance bukeliana”.

El traslado de los reos desde el Centro de Justicia en Santiago hacia Talca fue realizado bajo la custodia de Gendarmería de Chile y el apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y la transmisión contó con imágenes captadas desde los helicópteros de vigilancia y una peculiar banda sonora de fondo que incluyó temas de Metallica.

“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo. Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo; que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales“, señaló el mandatario.

Kast agregó que las medidas implementadas en este recinto fueron tomadas de planteamientos de parlamentarios y de la experiencia de Gendarmería y policías “que vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas y que las visitas tienen que ser a través de locutorios”.

“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, sentenció el Ejecutivo.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que “los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales”.

La cárcel

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile hay cerca de 65.000 presos -el mayor número en la historia del país-, y si bien los niveles de hacinamiento no llegan a las alarmantes cifras de Haití, Guatemala o Bolivia, la presión se acumula sobre las 42.000 plazas de capacidad que tiene y que impide la capacidad de segregación.

Además, al menos 600 bandas operan desde las cárceles, según un informe publicado en 2024.

Así las cosas, en la cárcel La Laguna, inaugurada en 2025 bajo la Administración del expresidente Gabriel Boric, habrá un régimen especial de segregación y vigilancia que incluye un bloqueo de señal telefónica para impedir la comunicación desde el interior.

El centro penitenciario tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión, con una capacidad máxima de 2.320 plazas, y se ubica a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Talca.

Las críticas de la oposición

Sin embargo, la transmisión en vivo del operativo en todos los medios nacionales provocó las críticas de varios parlamentarios de la oposición, quienes acusaron una “performance bukeliana” y un “show” mediático.

Así lo aseguró el senador Diego Ibáñez (FA), quien señaló que “tratar de hacer pasar esto como una estrategia de marketing básicamente para mejorar en las encuestas me parece que es poco prolijo, me parece que es bastante populista”.

“Chile no es El Salvador”, agregó Ibáñez.

De la misma opinión fue senador Juan Luis Castro (PS), quien sostuvo que el operativo fue “una puesta en escena para tratar de graficar el dominio o control carcelario, asemejando a cosas de Bukele, digámoslo con sinceridad”, y fustigó el hecho de que el operativo tomó por sorpresa a las propias autoridades locales.

“No es posible que el alcalde no haya sabido, no es posible que los vecinos no tengan la menor idea de un tremendo operativo de desplazamiento”, cerró el parlamentario.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el primer proyecto de la megareforma de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, el que busca ampliar la legítima defensa privilegiada a policías y militares que se vean obligados a actuar en algún hecho de delincuencia, ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros, aún estando de franco.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo pero con el respaldo de buena parte de la oposición excepto el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), fue visada con 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y ha sido denominada “Ley Naín-Retamal 2.0”, pues la original ya establece dicha legítima defensa pero solo para Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y personal de la policía marítima y aeronáutica civil en acto de servicio.

Una vez finalizada la sesión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, celebró la “buena noticia” y señaló que “la agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa”, según consignó Emol.

“Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto les exigimos, que actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan. Los vemos día a día asistiendo en encerronas, día y noche nos protegen y, por tanto, no solamente tengo que exigirle a las policías, sino que darles la protección jurídica”, agregó el Secretario de Estado.

Arrau sostuvo que “eso es lo que busca este proyecto de ley, por eso agradezco tanto el avance. Es una gran señal a nuestros policías, y por eso es tan importante este proyecto que esperemos se apruebe en el Senado con la misma celeridad”, remató.

De la misma opinión fue el diputado y subjefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, quien señaló que su partido “con mucha satisfacción, valora la votación en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme”.

“Con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de las policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal a nuestras policías en el uso de sus facultades”, cerró el parlamentario.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó de plano decretar feriado el jueves 17 de septiembre a fin de extender a cuatro días las celebraciones de Fiestas Patrias, propuesta de diputados del Partido de la Gente (PDG) que fue ampliamente criticada por gremios del comercio que argumentaron un impacto económico a la productividad y a la creación de empleos en un escenario de cesantía elevada.

“El Gobierno ya vio la situación y, como dijo el ministro Alvarado, el 17 va a ser día de trabajo”, confirmó taxativo este martes el ministro Quiroz.

Aunque días antes se había mostrado abierto al menos a considerar la idea, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que “es bueno mantenerse en orden y nos vamos a apegar a esas reglas. La verdad es que es mejor tener el año planificado”.

Quiroz recalcó que un día menos de trabajo siempre implica un perjuicio económico para la actividad productiva, y recordó además que el tema de los feriados ya está zanjado hace rato en el Congreso.

“Si no, vamos a estar todos los años adivinando qué día es feriado”, cerró el Secretario de Estado.

Horas antes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, ya había adelantado que “el Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas, cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”.

Discusión de todos los años

La conveniencia de decretar más días feriados es algo que se discute todos los años en el país y en 2022, la administración de Gabriel Boric decidió declarar festivo el viernes 16 de septiembre, pues tal como lo aseguró en esa ocasión el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, ese día definitivamente los chilenos iban a trabajar poco y el impacto en la economía sería marginal.

En tanto, el año pasado una iniciativa para declarar como feriado irrenunciable el Viernes Santo fue rechazada en el Congreso, debate que se reanudó este año tras nuevas solicitudes de sectores religiosos y sindicales, aunque el Ejecutivo se ha mantenido en su trece y negado sistemáticamente a ampliar o modificar los feriados obligatorios vigentes.

El domingo pasado el actor Leonardo Dicaprio, reconocido activista medioambiental, llamó al Gobierno de Chile a reubicar el proyecto Los Cóndores-Río Diamante a fin de evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en la cordillera entre Chile y Argentina y se vería amenazada por la aprobación de esta línea de transmisión eléctrica que busca unir ambos países.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el lunes 10 de agosto el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

Al cierre, el actor afirmó que “la rana pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”.

La línea de transmisión

Dicho “plan catastrófico” es la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto de USD 36 millones que busca levantar cerca de 76 torres metálicas en territorio chileno, cuya evaluación medioambiental debía votarse el lunes pasado pero fue suspendida hasta nuevo aviso, tal como aparece en la tabla del Servicio de Evaluación Ambiental.

La iniciativa es obra de Enel Generación Chile y busca conectar el Sistema Eléctrico Nacional con el sistema argentino, a fin de importar y exportar electricidad entre ambos países.

La línea estará ubicada en la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), Región del Maule, contempla una extensión de 26,7 kilómetros partiendo desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, y se elevaría entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

El trazado atraviesa la ruta nacional 115, el río y la laguna del Maule y su plazo de construcción es de 50 meses.

La respuesta del Gobierno

Este lunes, el Gobierno evitó referirse al emplazamiento de DiCaprio, puesto que “es un proyecto en específico que está en un procedimiento de evaluación ambiental, y yo no me puedo pronunciar sobre un proyecto que todavía está en tramitación”, señaló en entrevista con País ADN la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

De paso, recordó que el país “cuenta con una institucionalidad ambiental robusta, en que todos los antecedentes son evaluados, son ponderados para efectos de las evaluaciones ambientales (...) Esta revisión amplia de observaciones lo que busca es lograr este equilibrio entre la necesidad de desarrollar algún proyecto en particular, pero también el cumplimiento de las normativas ambientales”, remató la Secretaria de Estado.

En medio de su discurso por el “Día del Minero”, el presidente José Antonio Kast confirmó este lunes que el gobierno no retirará las ganancias de 2025 de Codelco, la mayor empresa estatal del país, a fin de capitalizar dichas utilidades y amortizar la deuda que la cuprífera responsable del llamado “sueldo de Chile” arrastra desde hace años.

Se trata de unos USD 2.423 millones, los que de manera inédita no irán a parar a las arcas fiscales, sino que a robustecer las finanzas de la minera y darle una “capacidad patrimonial real indispensable para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado”, tal como aseguró el mandatario.

La idea provino del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien sostuvo que “la decisión del Gobierno del presidente Kast es una señal de respaldo a Codelco y a la hoja de ruta que hemos planteado para fortalecer la empresa”, y agregó que reinvertir las utilidades conlleva además “la responsabilidad de administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, priorizando las inversiones realmente estratégicas para recuperar capacidad productiva”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que “Codelco es un buen negocio y con estos recursos buscamos que procure contener su deuda y emprenda proyectos relevantes”.

Finalmente, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, agregó que la medida permitirá que Codelco tenga “más dinero propio para invertir y menos necesidad de recurrir a nueva deuda”.

Cabe señalar que la deuda bruta de Codelco bordea los USD 26.000 millones, asunto que implica un pago de intereses que supera los US$ 1.000 millones anuales.

Sin embargo, el hecho de que los réditos de la compañía sea capitalizados no implica que el Estado de Chile deje de percibir ese dinero, puesto que siendo Codelco una empresa nacionalizada, dichas ganancias pertenecen indirectamente a todos los chilenos.

La idea entonces es darle a la compañía un mayor “músculo financiero”, a fin de que aumente su eficacia y eficiencia.

“En los próximos meses presentaremos un Plan Estratégico de Recuperación que revisará integralmente nuestras operaciones y todas aquellas decisiones necesarias para construir una empresa más robusta, sostenible y capaz de generar el mayor valor posible para Chile. Nuestro objetivo es que Codelco recupere el liderazgo que merece”, remató Fontaine.

“Noticia alentadora”

La noticia fue celebrada por distintos actores del sector, tal como la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), desde donde valoraron “la decisión del gobierno respecto a que las ganancias generadas por Codelco durante el ejercicio de 2025 se invirtieran en la misma empresa”.

Mediante un comunicado, calificaron la noticia como “alentadora” pues entrega mayores recursos a la empresa que el año pasado dejó de ser la mayor productora de cobre del mundo, siendo desplazada por la gigante privada BHP.

De paso, recordaron que Codelco debe seguir siendo “la principal empresa estratégica del Estado de Chile”, y descartaron que esté pasando por una crisis, sino más bien “necesita plazos, capitalización y continuidad estratégica para enfocar su rumbo”.

El Ministerio Público chileno abrió en febrero de este año una investigación reservada por el presunto delito de sabotaje informático, tras un informe emanado desde Estados Unidos que alertaba sobre presuntos ciberataques de hackers asociados al gobierno de China, los que habrían afectado al menos a tres empresas de telecomunicaciones y una constructora que operan en territorio nacional.

El reporte, al que accedió el diario El Mercurio, fue entregado por el embajador Brandon Judd al entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de las tensiones bilaterales por el llamado “cable chino” que uniría Valparaíso y Hong Kong, y en él se advierten que compañías como Entel, Movistar y Telmex habrían sufrido actividad maliciosa mediante virus asociados a piratas informáticos desde 2024.

De acuerdo al medio citado, la primera advertencia dice relación con “Lilac Typhoon” (o “Tifón Lila”), denominación utilizada por Microsoft para identificar a un grupo de ciberespionaje vinculado en sus orígenes a la República Popular China.

La segunda, es la presencia de un ShadowPad, una “puerta trasera” (backdoor) modular y maliciosa que se usa principalmente en ataques informáticos de espionaje a gran escala y que sirve para robar datos, vigilar redes y descargar más códigos dañinos.

Debido a esto, el dossier pide que se revisen además los sistemas y protocolos de instituciones gubernamentales, centros de investigación, ONG´s y organismos internacionales, los cuales suelen ser los principales objetivos de estos ciberataques.

Las sugerencias

La inteligencia norteamericana entregó además una serie de recomendaciones tendientes a neutralizar estos presuntos ciberataques, entre los que se cuentan ejecutar un “análisis forense” profundo de las redes, a fin de determinar el verdadero alcance de la actividad maliciosa.

Asimismo, aconsejaron apagar servicios innecesarios, restringir protocolos vulnerables y mantener actualizados los sistemas operativos de la red.

Por lo anterior, la PDI realiza por estos días una serie de peritajes a fin de determinar el paradero de las direcciones IP y otros datos relevantes para la causa.

Reacciones

Así las cosas, expertos y parlamentarios de todos los colores políticos pidieron que las autoridades informen sobre los avances de la investigación y calificaron el asunto como de “extrema gravedad”.

“La gran interrogante es cuánta fragilidad tiene Chile y sus telecomunicaciones para ser objeto de cibersabotaje por otras potencias (...) Esto es de lo más delicado, porque si en Chile estamos expuestos a ataques de esta naturaleza, significa que estamos muy por debajo de lo que creíamos en materia digital”, aseguró el senador Juan Luis Castro (PS) a Cooperativa.

En tanto, su par, Camila Flores (RN), agregó que “es importante que como chilenos sepamos si esto es efectivo o no”.

Por otra parte, el doctor en informática de la Universidad de Santiago (Usach), Diego Fuentealba, explicó que los hackers chinos “podrían tener acceso de datos para determinar quién se comunica con quién (...) Ahí es donde personas de interés como políticos podrían determinar si -efectivamente- se comunican entre ellos o se comunican con empresas. Eso podría generar una especie de caos político si es que se publicara esa información”.

Finalmente, el experto en ciberseguridad, Mauricio Tapia, recordó que en actividades como esta “lo más valioso muchas veces no es el contenido de las llamadas, son los metadatos: quién habla, con quién, a qué hora, desde dónde. Con eso se puede mapear a autoridades, militares, contrapartes, diplomáticos, y sin leer un solo mensaje”, advirtió.

La noche de este lunes Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus funcionarios, quien fue detenido y será formalizado esta jornada junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, acusados de pertenecer a una banda narco vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el Departamento de Comunicaciones de dicha institución emitieron un comunicado señalando que el actuar del ahora exuniformado “no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía”, reiterando que no tolerarán “conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), permitió además incautar 400 kilos de cocaína, la que según un reportaje de Mega Investiga sería enviada vía marítima desde ese puerto a Europa.

De acuerdo a la nota, la organización fue desarticulada luego de que uno de sus “dealers” fuera detenido en la frontera con el Perú y diera información sobre el resto de los miembros de la banda.

Por ahora, la investigación apunta a establecer el rol del carabinero acusado y el de sus compinches extranjeros dentro de la estructura criminal, amén de “mapear” sus conexiones con el cártel de drogas más peligroso de México y la ruta de la droga tanto hacia Chile como fuera del país.

Desde San Antonio al mundo

Sin embargo, las autoridades están preocupados por el ingente decomiso de drogas en el Puerto de San Antonio, considerado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito como “uno de los principales puntos para trasladar droga a nivel internacional”, tal como lo advirtió Ainhoa Vásquez, académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y autora del libro Narcocultura.

“No es extraño que un cártel tan importante como Jalisco Nueva Generación, que además sabemos sigue operativo y tiene muchas redes internacionales a pesar del asesinato del Mencho, utilice o busque utilizar esta ruta”, señaló a BioBíoChile.

De paso, sostuvo que Chile desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un paso estratégico para la droga proveniente sobre todo de Bolivia y Colombia debido a su larga frontera potencialmente vulnerable, un mercado interno cada día más grande y la serie de puertos que conectan al país con el resto del mundo, ya sea hacia Europa como hacia Oceanía y Asia.

Por ahora, resta saber cuáles serán los cargos por los que el Ministerio Público imputará a los tres acusados.

El actor Leonardo Dicaprio, un reconocido activista medioambiental, emplazó directamente al Gobierno de Chile a evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina, amenazada en estos días por la aprobación de una línea de transmisión eléctrica que busca unir ambos países.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el lunes 10 de agosto el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Construcción en otro lado

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

Al cierre, el actor afirmó que “la rana pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”.

Cabe señalar que dicho “plan catastrófico” es la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto de USD 36 millones que busca levantar cerca de 76 torres metálicas en territorio chileno cuya evaluación medioambiental debía votarse esta jornada pero fue suspendida hasta nuevo aviso, tal como aparece en la tabla del Servicio de Evaluación Ambiental.

El Paso Los Libertadores, principal cruce entre Chile y Argentina, se anotó esta jornada un récord de 27 días consecutivos cerrado por la acumulación de más de seis metros de nieve y a los intensos temporales en la cordillera de los Andes, asunto que tiene a unos 3 mil camiones varados en la frontera a la espera de su apertura, la que aún no tiene fecha.

Debido a las nefastas consecuencias para el comercio entre ambos países al cortarse la cadena logística de distribución, varios gremios nacionales hicieron un llamado a evaluar alternativas a corto y largo lazo para evitar en el futuro interrupciones como ésta, la más larga desde el invierno de 2023.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), Alfonso Salinas, existen “muchas complejidades que repercuten y creo que llegó el momento de que volvamos a pensar en temas de fondo sobre cómo agilizamos y generamos un cruce a menor altura. También hay todo un tema con el Paso Las Leñas. Falta una agenda y no puede ser que siempre estemos enfrentando emergencias y no tengamos una respuesta más contundente”, señaló, según consigna Emol.

De la misma opinión fue su par de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Fernando Bustamante, quien agregó que en el corto plazo “se deben mejorar la Ruta 60-CH, los sistemas de monitoreo y la coordinación binacional. Pero también es necesario retomar una solución estructural de largo plazo, como un túnel de menor altura u otra alternativa vial o ferroviaria”.

En tanto Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, complementó que se trata de un problema “que hemos venido hablando hace muchos años: debemos tener un Paso Los Libertadores como corresponde y tenemos que pensar en un proyecto grande como un túnel de baja altura (...) También nos preocupa de cara a fechas importantes para el turismo, por lo que significa la llegada de visitantes argentinos”, aseguró a El Mercurio de Valparaíso.

Reacciones en Argentina

Desde el otro lado de la cordillera, dirigentes gremiales como el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, se sumaron al llamado de sus pares chilenos.

Mediante una carta publicada en conjunto con la diputada chilena Bárbara Kast en el diario Los Andes de Mendoza, Andreu sostuvo que es entendible “que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado”.

De paso, pidió a las autoridades inversiones urgentes en tecnología, control de avalanchas, monitoreo térmico y una mejor coordinación binacional, a la vez que hizo un llamado a consolidar una red de empresarios a ambos lados de la cordillera para impulsar soluciones definitivas como un túnel de baja altura.

La última entrega de Plaza Pública Cadem, publicada la noche de este domingo, arrojó que gran parte de los chilenos respalda la Agenda de Seguridad que el presidente José Antonio Kast anunció la semana pasada en cadena nacional.

De acuerdo al sondeo, las iniciativas que serán discutidas en el Congreso y mayor respaldo concitan son el aumento de las penas a quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%); mantener presencia policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%); aumentar las penas a aquellos que sean miembros de una organización criminal (82%), y establecer explícitamente en la Constitución la seguridad de las personas como un deber del Estado (79%).

En tanto, el 49% estuvo de acuerdo con instaurar un nuevo Estado de Excepción, mientras el 44% se mostró contrario. Dentro de este ítem, el 76% cree que las FF.AA. deben apoyar a la policía en el combate contra el crimen organizado.

Asimismo, el 70% de los entrevistados aprueba el interceptar los aparatos telefónicos de quienes seas sospechosos de pertenecer a alguna banda criminal; un 49% con restringir de manera temporal la libertad de tránsito en algunas barrios críticos, y el 41% con limitar la libertad de reunión en determinados sectores.

Respaldo al Presidente Kast

Por otra parte, la encuesta reveló que la aprobación del presidente Kast subió 2 puntos la primera semana de agosto y llegó al 40%, mientras que el 56% la desaprueba. Un 73% declaró haber visto o tenido noticia de la cadena nacional realizada por el mandatario el miércoles pasado -la cifra más alta desde 2019-, y el 45% de quienes la vieron la evaluaron como buena, o muy buena.

Tocante al Plan de Reconstrucción Nacional aprobado por el Congreso tras cuatro meses de trámite, un 49% (+7pts) respaldó la iniciativa y un 39% (-13pts) estuvo en desacuerdo. En adición, el 52% dijo creer que su aprobación es una victoria legislativa muy importante del Ejecutivo, mientras que el 41% aseguró considerarla poco importante.

Finalmente, en el acápite sobre confianza en instituciones e industrias, la empresa Metro aparece en el primer lugar con un 83% (-2pts), seguido por la empresa de transporte público Red Movilidad (75%, +6pts), los supermercados (74%, +2pts), el seguro público de salud Fonasa (70%, -3pts) y las universidades (70%, -2pts).

En contraposición, las instituciones con los niveles más bajos de confianza son las asociaciones de fondos de pensiones AFPs (34%, +1pto), las entidades privadas de seguros de salud Isapres (31%, +3pts) y las autopistas/concesionarias (29%, -1pto).

pie: En tanto, un 40% aprueba la gestión del mandatario (+2), de acuerdo a Cadem.

Luego de agonizar cuatro días con graves lesiones en su cabeza, la tarde de este jueves falleció en el Hospital de Osorno (930 kms al sur de Santiago) Bastián Uribe Silva, de 28 años, quien la semana pasada participó de un verdadero “Club de la Pelea” que se llevó a cabo en el subterráneo de un céntrico pub de esa ciudad, llevándose la peor parte.

Pese a los esfuerzos, el joven no logró superar la gravedad de sus lesiones y fue declarado con muerte cerebral, por lo que los médicos decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida.

El viernes pasado, la policía dio con el responsable, identificado como Marcos Martínez Rumillanca, quien fue formalizado por lesiones graves gravísimas y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de la muerte del infortunado boxeador, desde el Ministerio Público informaron esta jornada que será nuevamente formalizado el acusado por homicidio, tal como lo confirmó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, quien explicó además que Uribe presentaba enfermedades previas que agravaron su estado de salud.

De acuerdo a la persecutora, los partes médicos permitieron determinar que “este joven padecía de patologías preexistentes, las cuales agudizaron el esfuerzo fisiológico que tuvo al participar en esta pelea, además por los golpes recibidos por parte del imputado”.

El “Club de la Pelea”

Sin embargo, el Ministerio Público investiga ahora a quienes están detrás de una página de la red social Instagram llamada “Peskatea Combos” (Agárrate a puñetazos o a “piñas”), los que serían responsables de organizar este verdadero “Club de la Pelea” no solo en Osorno, sino también en otras ciudades del país.

La página tiene más de 500 seguidores y una sola publicación, en la que es posible leer comentarios sobre la muerte de Uribe como “no sé si fuiste el que ‘ganó’ o ‘perdió’ pero ya no nos vemos mas” o “pelean puros pollos sin experiencia marcial”.

En el ojo del huracán se encuentra el senador Fidel Espinoza (PS), luego de una pelea con su pareja ocurrida el miércoles pasado que terminó con varios objetos rotos y la presencia de carabineros en el departamento que ambos comparten en la ciudad balneario de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago).

De acuerdo al fiscal Mauricio Díaz, el parlamentario es investigado por presunta violencia intrafamiliar (VIF), pues él y su pareja dieron versiones contrapuestas a los uniformados que se apersonaron en el edificio ubicado en Nueva Aurora, tras ser alertados de la feroz trifulca por el conserje.

“Ambas (personas) atribuyen a la otra la realización de actos de agresión, y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”, detalló el persecutor.

A pesar de que ninguno de los involucrados estampó una denuncia formal y se opusieron a ser llevados a un centro asistencial para constatar lesiones, Díaz explicó que debido a que “se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia intrafamiliar, los antecedentes fueron comunicados al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido”.

“Debido a la existencia de imputaciones recíprocas, se instruyó recibir declaración de ambas personas en calidad de imputadas, previa información de sus derechos, incluyendo su derecho a guardar silencio, y también se dispuso verificar la existencia de armas de fuego inscritas que pudieran estar establecidas en relación a alguno de los participantes”, complementó.

Mediante un escueto comunicado, el senador Espinoza sostuvo que los hechos por los que se lo investiga “tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

“No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno. Por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones, no realizaré más declaraciones sobre este asunto”, remató el parlamentario.

Las reacciones del Senado y el PS

Una vez conocida la noticia, desde el Senado llamaron a evitar “juicios anticipados”, mientras que el Partido Socialista (PS) elevó el caso a su Tribunal Supremo.

“No obstante la gravedad que revisten este tipo de situaciones, hasta este momento los hechos conocidos corresponden a información difundida públicamente, no existiendo denuncia presentada ante los tribunales de justicia por parte de las personas involucradas ni un procedimiento judicial en curso”, señalaron mediante un comunicado desde la Cámara Alta.

“Como Senado seguiremos atentos a la evolución de los antecedentes y actuaremos conforme al marco legal y las normas que rigen nuestro funcionamiento, rechazando toda forma de violencia y reafirmando nuestro compromiso con el respeto, la probidad y la responsabilidad pública”, complementaron.

Por su parte, el Partido Socialista (PS) ofició a su Tribunal Supremo para que “inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con nuestros estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género”.

La investigación que duró siete meses, denominada “Operación Código Infancia”, se inició en diciembre del año pasado tras una serie de denuncias de vecinos y terminó con el arresto de siete personas de nacionalidad boliviana, dos peruanas y una chilena, amén de 12 víctimas rescatadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años.

“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos”, informó la fiscal del caso, Camila Albarracín.

“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, complementó.

Trabajo de “acompañantes”

De acuerdo a la persecutora, las víctimas eran captadas en Bolivia con la promesa de pagarles los pasajes y estadía en Chile para trabajar como “acompañantes”, sin embargo, una vez en el país se les informaba que dichos gastos debían pagarlos ejerciendo el comercio sexual por al menos tres meses.

Los servicios que las víctimas se veían obligadas a proveer eran anunciados mediante avisos en páginas de internet, los que incluían el desplazamiento a domicilio de las mujeres, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los líderes de la organización y a otras personas encargadas del traslado de las mujeres y la logística en Chile para instalarlas, administrar los prostíbulos y recolectar los pagos.

En dichos allanamientos, los detectives incautaron cinco vehículos utilizados por la organización y casi $20 millones de pesos en efectivo (USD 21 mil) en efectivo, parte de las ganancias recibidas por la organización.

Así las cosas, en la audiencia de formalización el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía local y dejó tras las rejas a los 10 imputados, por los 120 días fijados para llevar adelante la investigación.

Todo ocurrió la noche del pasado 10 de julio cuando a eso de las 23:00 horas, y por segunda vez en la noche, un grupo de niños tocó el timbre de la casa de Arrieta, ubicada en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino.

De acuerdo a la querella presentada por los padres de los menores, el dueño de casa, “en evidente estado de exaltación”, sacó entonces su camioneta 4x4 y comenzó a dar caza a los niños por el barrio, subiéndolos a la fuerza al vehículo.

Lo más grave vendría cuando dos de los menores lograron abrir la puerta trasera y escapar, pues en ese momento el acusado sacó un arma de fuego y amenazó de muerte al resto de los niños, quienes permanecieron aterrorizados arriba del vehículo por varias cuadras hasta que fueron abandonados en una esquina.

Al día siguiente los padres de los preadolescentes, cuyas edades no superan los 14 años, estamparon una querella por los delitos de sustracción de menores, lesiones menos graves, amenazas y porte ilegal de arma de fuego, razón por la cual Arrieta quedó en prisión preventiva nada menos que en Santiago 1, el mayor recinto penal del país.

Suspendido de su trabajo

Así las cosas desde el exclusivo colegio Manquehue, al que asisten los niños agredidos y donde Arrieta es apoderado y representante del centro de exalumnos, señalaron mediante una declaración pública que, por ahora, no emitirán “juicios o conclusiones anticipadas”, a fin de respetar “el debido proceso y la labor de quienes deben esclarecer los hechos”.

Desde el establecimiento agregaron que ahora su principal preocupación es “el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la comunidad educativa”, y aseguraron que ya activaron los “procedimientos internos de apoyo y acompañamiento”.

Asimismo, Arrieta también fue suspendido de su cargo como gerente general de la empresa Restomarket, la que emitió un comunicado señalando que apartaron al ejecutivo de sus funciones “mientras se desarrolla la investigación judicial correspondiente”.

El último Informe Estadístico Migratorio publicado esta jornada por la Jefatura Nacional de Migraciones y el departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló una histórica baja en el número de ingresos clandestinos al país, así como una ingente alza en la cifra de ciudadanos extranjeros expulsados en lo que va de este 2026.

De acuerdo al reporte, mientras entre enero y julio del año pasado al menos 16.788 inmigrantes entraron al país de manera ilegal, en el mismo período este año se contabilizan 11.242 personas, a saber, una disminución del 33%, la que se atribuye al fortalecimiento del control en la frontera norte, así como a una menor presión migratoria luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

En tanto, entre enero y julio de 2026 las autoridades chilenas han expulsado vía aérea a 1.330 extranjeros, mientras que en el mismo periodo el año pasado ese número fue de 753, es decir, un alza del 76%.

Dichas expulsiones fueron lideradas por ciudadanos colombianos (549 casos), venezolanos (261), bolivianos (234), peruanos (105), dominicanos (68) y ecuatorianos (68).

Salidas voluntarias

Asimismo, y por primera vez, la estadística incluye el ítem “salidas voluntarias”, correspondiente a migrantes que ingresaron al país por un paso clandestino, pero lo abandonaron por un control fronterizo de manera legal ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente José Antonio Kast.

Así, 7.501 personas han dejado el país entre enero y julio de este año, siendo este último mes el que registra más salidas, exactamente 1.793 casos, de los cuales 5.826 son ciudadanos venezolanos.

El documento también da cuenta del alza en las fiscalizaciones policiales en todo el país, operativos que aumentaron de 1.046 a 1.318. En la misma línea, el número de extranjeros a quienes se les pidieron sus documentos de identificación creció de 20.899 a 30.155 personas, marcando un incremento del 44%.

A la luz de las cifras, el dossier concluye que en lo que va de este año se consolida una baja sostenida en los ingresos clandestinos, de la mano del robustecimiento de los controles migratorios y la fiscalización al interior del territorio nacional, amén del alza en la concreción de las expulsiones judiciales y administrativas.

Luego de 55 años adscrito, el Gobierno informó la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), decisión que fue comunicada mediante una nota verbal a las Naciones Unidas y marca un golpe de timón en la política exterior nacional.

Mediante un escueto comunicado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la determinación responde a que dicha organización “se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”.

“Chile mantiene su respaldo al multilateralismo y seguirá promoviendo los principios rectores de su política exterior de manera activa a través de su participación en otros organismos y foros”, añadieron.

La entidad -a la que Chile se unió en 1971, en el gobierno de Salvador Allende-, surgió durante la Guerra Fría como una instancia para aquellos países que buscaban mantener su independencia frente a la presión ejercida por Estados Unidos y la Unión Soviética de alinearse con alguno de los dos bloques.

Sin embargo, exdiplomáticos criticaron la decisión y advirtieron sobre las eventuales consecuencias de abandonar un foro del que el país formó parte durante más de cinco décadas.

“Una torpeza”

Uno de los primeros en alzar la voz fue el excanciller durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, quien señaló que la decisión del Gobierno de retirarse de MNOAL es “una torpeza”, puesto que “no representaba ningún costo permanecer y es una medida que puede perjudicarnos”.

“Durante el periodo de la demanda marítima boliviana en La Haya, nuestra presencia en los no alineados permitió frenar iniciativas de Bolivia para obtener solidaridad a su infundada demanda. Y ahora que necesitamos votos para la secretaría del Tratado de Alta Mar en Valparaíso, nos retiramos de un grupo donde hay muchos votos“, argumentó, según consigna BiobíoChile.

“Supongo que nos retiramos de los no alineados porque el Gobierno se alineó“, agregó Muñoz.

De la misma opinión fue la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien aseguró que “es difícil saber qué está buscando el Gobierno con este cambio en la política exterior, porque Chile forma parte del Movimiento de Países No Alineados desde hace muchísimos años”.

En conversación con The Clinic, De la Fuente admitió que Chile nunca ha tenido un rol preponderante dentro del MNOAL, pero afirmó que éste “sí ha sido un espacio importante para relacionarnos con el sur global, con países con los que históricamente hemos construido un discurso común. Por eso cuesta entender la razón para salir de esta instancia”.

Tocante a si la decisión podría estar vinculada al reciente arancel de 12,5% que EE.UU. impuso a buena parte de la exportaciones nacionales, la exautoridad dijo no tener antecedentes para afirmarlo, pero recordó que las tratativas para rebajar el arancel y dejarlo en cero han “transitado desde un plano económico y técnico hacia uno claramente político, según las señales que hemos visto en los últimos meses”.

De ser así, De la Fuente aseguró que se trata entonces de una “mala idea”, puesto que “la consistencia de nuestra política exterior es precisamente lo que le ha dado prestigio internacional a Chile. Nuestra autonomía política y estratégica ha sido uno de nuestros principales activos, y dilapidarla me parece un riesgo importante”.

Finalmente, el también excanciller Mariano Fernández manifestó que abandonar el organismo reduce espacios de diálogo con más de un centenar de países de Asia, África y América Latina, lo que podría dificultar la construcción de apoyos en negociaciones multilaterales.

Gracias a una denuncia anónima, Gendarmería logró impedir un intento de contrabando de heroína al interior de una cárcel en Chile. Dos sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, pues, además de esta droga muy rara en el país llevaban adosado a su cuerpo otros estupefacientes como pasta base, tramadol, ketamina y marihuana.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ex Penitenciaría, de la capital chilena, y según informó este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, un día antes del hecho una persona hizo una advertencia anónima que permitió dar con los traficantes.

“Se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no sólo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”, señaló Guerrero, según consignó Emol.

En tanto Tania Mora, fiscal de Foco Penitenciario Occidente, detalló que los estupefacientes estaban destinados a reos de la Galería 11, una de las más peligrosas del recinto carcelario más grande del país.

“Se realizaron medidas de selección y control por escáner corporal, identificando a dos sujetos que llevaban, al interior de su cuerpo, distintos tipos de droga. Ambos fueron detenidos en flagrancia, formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva”, complementó.

Droga rara en Chile

Cabe señalar que la heroína -opioide que provoca depresión respiratoria, edema pulmonar, coma y la muerte por sobredosis-, es una droga extremadamente rara en Chile, pues de acuerdo a información del Instituto de Salud Pública (ISP), ha sido detectada en muy pocas ocasiones y no tiene uso médico en el país.

A pesar de ello, el ISP mantiene una alerta al respecto debido a su masivo uso en otros países como EEUU y su alto poder adictivo, aunque no tiene un valor de venta establecido en el mercado como otras drogas más comunes.

El precio de un gramo de heroína en los mercados internacionales varía significativamente según el país, la pureza y la cercanía a las rutas de producción, situándose en un promedio global de USD 87 por gramo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En Estados Unidos, su costo promedio oscila entre USD 300 y USD 390 por gramo; en Europa Occidental está entre 40 a 90 euros, mientras que en Nueva Zelanda y Australia, su precio se eleva por sobre los USD 500.

Finalmente, en países de África Oriental -como Kenia- o cercanos a los centros de cultivo en Asia y América Latina, el gramo se puede adquirir por tan solo USD 1.5 a USD 10.

Con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, el Senado chileno aprobó este martes el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast -una fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años-, aunque todavía faltan por discutir los vetos anunciados por el Ejecutivo y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por la oposición.

El artículo en cuestión establece que la Tesorería General de la República (TGR) deberá transferir a cada municipio los recursos asociados a la compensación -unos USD 190 millones-, que las arcas locales dejarán de recaudar por concepto de contribuciones.

En tanto, los vetos anunciados por el Gobierno apuntan a corregir o eliminar tres indicaciones incorporadas a la también llamada “Ley Miscelánea” por la oposición durante su tramitación: el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pequeñas y medianas empresas por parte del Estado.

El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las indicaciones formuladas por el presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad, cosa que el Gobierno espera suceda el mes de septiembre.

Por su parte, el TC deberá resolver la admisibilidad de los recursos presentados por la oposición que impugnan distintos aspectos de la iniciativa, como la invariabilidad tributaria, por presuntamente vulnerar la Carta Fundamental del país.

Cabe recordar que el corazón del proyecto estrella de la administración de Kast es la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una polémica medida que garantiza invariabilidad tributaria a grandes inversiones a 10, 15 y 20 años.

Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera “un impacto fiscal neto negativo”, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para “alcanzar las metas de déficit y deuda”.

De acuerdo al Ejecutivo, la aprobación final de este proyecto resulta clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5% del año pasado hasta el 4% al final de su mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5% -actualmente es de 9,4%-, y equilibrar las cuentas fiscales.

Celebra el Gobierno

Una vez finalizada la votación, autoridades de Gobierno aplaudieron la aprobación del último artículo pendiente y el primero en hacerlo fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, autor del proyecto.

“En esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayor posibilidad de empleo a los jóvenes, adultos, hombres, mujeres”, señaló el jefe de la billetera fiscal.

“Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara, y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento”, complementó

Por su parte, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, agregó que “sabíamos que había un grupo importante y numeroso de alcaldes que no querían esta compensación, pero el Gobierno queda tranquilo porque, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde vivan, bajo la comuna que estén, van a recibir esos recursos”.

Así las cosas, ambos personeros confirmaron que esta jornada ingresarán los tres vetos del Gobierno al fin del anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días por parte del Estado a pequeñas y medianas empresas, “iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias”, remató Quiroz.

La Policía de Investigaciones (PDI) se anotó un nuevo logro al desarticular tres bandas narco que internaba droga desde Bolivia, decomisando armas y casi 1.500 kilos de estupefacientes. En medio de los allanamientos, cuatro personas fueron detenidas, entre los que se cuenta el suegro del actual futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios.

De acuerdo a información policial, los tres operativos -Operación “Mar de Drake II”, “Norte Rojo II” y “Capitanes”-, terminaron con dos ciudadanos chilenos y dos bolivianos detenidos, además de 1.480 kilos de droga incautada, valuada en $18.015.300.000 de pesos, unos USD 19.722.262.

Según informó el director general de la PDI, Eduardo Cerna, “hemos incautado más de una tonelada, 484 kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa. Cinco vehículos incautados, dos armas de puño y un rifle, y más de ocho cuentas bancarias congeladas”.

De acuerdo a Cerna, se trata de “estructuras debidamente organizadas con roles definidos, con tareas específicas y con un patrimonio importante. Aquí hay una manifestación real de lo que es el ‘follow the money’, o sea seguir el dinero, para poder empobrecer y sacar de circulación todo el fenómeno delictivo".

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agregó que “la droga es en gran parte, es el combustible del crimen organizado. Desbaratar bandas nacionales o extranjeras, lograr quitarles parte de ese dinero, armas, va aminorando la acción de esos grupos delictuales que son los que atemorizan los barrios".

El suegro de Palacios

Sin embargo, la noticia que realmente causó revuelo fue que uno de los dos chilenos detenidos es Sebastián Soto Guerra, de 33 años, señalado como miembro de la banda “Los Pájaros de La Legua” y suegro de Carlos Palacios, quien cayó con 75 kilos de pasta base y usaba un vehículo a nombre del futbolista de Boca Juniors para trasladar la droga.

Para peor, uno de los domicilios allanados en la comuna santiaguina de La Florida está a nombre de la pareja de Palacios, Alexia Catalina, razón por la cual la policía no descarta investigar al mediocampista ofensivo del equipo xeneize, tal como lo afirmó el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros.

“Nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro. Y no lo digo solo en esta en particular, lo digo finalmente en todas las investigaciones, siempre hay que tener la mirada bien amplia para efecto de no encapsularnos con posiciones que de repente nos van a llevar a no tener los resultados que buscamos”,

“Así que siempre están todas las posibilidades de que puedan ser imputados o pueda ser testigos en este caso en particular”, sostuvo el persecutor

De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes la solicitud de la defensa del diputado Gustavo Gatica de anular el juicio que absolvió al ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que lo cegaron en medio de las manifestaciones que durante tres meses sacudieron a Chile durante el estallido social de 2019.

De esta manera, se ratificó la sentencia emitida en enero de este año por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, que exculpó a Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves al considerar que actuó en legítima defensa privilegiada, toda vez que Gatica portaba una piedra en sus manos cuando fue herido.

Una vez conocido el fallo, Crespo celebró la noticia mediante un video publicado en su cuenta de Instagram:

“Estoy tremendamente feliz. Hoy ha sido un día histórico para Chile y Carabineros de Chile (...) Ganamos, se cerró el proceso, soy un hombre libre, por fin. Esto ha sido muy terrible para mi familia y para mí, y hoy día este ciclo se termina”, señaló.

“Lamentablemente es lunes, pero están todos autorizados a festejar por mí, a tomarse un traguito en honor a esta batalla que hemos dado por más de seis años”, agregó el ex uniformado.

Al cierre, agradeció “a la gente que me apoyó, mis colaboradores, mis abogados, obviamente a Dios, mis padres en el cielo. Se acabó, celebremos hoy, es justo y necesario. Viva Chile”, remató Crespo.

En la misma línea su abogado, Pedro Orthusteguy, sostuvo mediante su cuenta de X que “el triunfo absoluto, unánime, limpio e inapelable pone un broche de oro a ¡¡6 años!! de injusta y errónea persecución penal a @ClaudioCrespoG, quien enfrentó 5 procesos penales por distintos casos. Dos de esos casos terminaron en largos juicios orales (2024, 2025 y 2026) contra el mejor equipo de litigación de la fiscalía y las instituciones acusadoras. Todos los casos ganados. Un triunfo realmente histórico”.

Recurso de queja

A pesar de que el fallo de la Corte de Apelaciones es inapelable, la fiscal que llevó adelante la investigación, Ximena Chong, señaló que no descarta presentar un recurso de queja, medio legal extraordinario que sirve para corregir faltas o abusos graves cometidos por los jueces al dictar una resolución y cambiar o anular dicha decisión, que solo procede contra sentencias definitivas que ponen fin al juicio o hacen imposible que continúe.

Sin embargo, la persecutora reconoció que “la Corte Suprema ha sido bastante consistente en el sentido de no declarar admisibles dichos recursos. Es algo que, evidentemente, tenemos que estudiar”, sostuvo.

“Respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y termina con la ceguera del señor Gustavo Gatica Villarroel”, cerró Chong.

Finalmente el propio presidente, José Antonio Kast, quien en varias ocasiones ha dicho que está por indultar a los carabineros condenados por el uso de la fuerza durante el estallido social, afirmó mediante una publicación en su cuenta de X que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro”.

“Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”, cerró el mandatario.

En estricta reserva continúan las negociaciones entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y su par de EE.UU, a fin de dejar en cero el arancel del 12,5% que el país norteamericano quiere aplicar a buena parte de las exportaciones nacionales, aduciendo que no cuentan con medidas suficientes -o no las aplican de forma efectiva-, para impedir la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso.

Y aunque países como Argentina y Ecuador ya suscribieron un acuerdo llamado ART (Agreements on Reciprocal Trade o Acuerdos de Comercio Recíproco), y fijaron dicha sobretasa en un 10%, este lunes trascendió que los negociadores chilenos no firmaron dicho convenio, pues la idea es que la administración de Donald Trump respete el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países rubiricaron en el año 2004.

Las conversaciones se dan en un ambiente enrarecido, luego que el embajador norteamericano Brandon Judd respondiera duramente a las críticas de los ministros de Agricultura y Defensa, Fernando Barros y Jaime Campos, quienes calificaron el gravamen como “injusto” y “arbitrario”.

“Aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación", afirmó Barros en entrevista con Radio Infinita.

“Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, señaló por su parte Campos.

Declaraciones a las que Judd retrucó taxativo:

“No habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas”.

Gremios aplauden decisión

Cabe recordar que el nuevo tributo impacta directamente a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal, razón por la cual el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que la decisión del Gobierno de no firmar el ART con EE.UU es “correcta”.

De la misma opinión fue el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, quien en entrevista con BioBíoChile aseguró que signar dicho acuerdo implica un retroceso en las relaciones comerciales con el país del norte.

“Para algunos países que no tienen Tratado de Libre Comercio (TLC) puede ser una buena opción, pero en el caso nuestro sería ir de más a menos. El Tratado es un acuerdo refrendado por los congresos de ambos países”, cerró el dirigente gremial.

Este domingo aterrizó en Caracas el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, a fin de restablecer las relaciones consulares con Venezuela, que permanecen cortadas desde que el ex presidente Gabriel Boric cuestionara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones llevadas a cabo en julio de 2024.

Las conversaciones entre ambos países comenzaron el mismo 11 de marzo en que José Antonio Kast asumió la presidencia en Chile, pero el diálogo se mantuvo en reserva hasta alcanzar el convenio con las autoridades venezolanas, pues tal como ya lo había señalado el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad”.

Trascendió que dicho acuerdo se logró luego de que el Gobierno de Chile se comprometiera a no criticar o aludir negativamente al proceso que atraviesa el gobierno caribeño luego de la caída de Maduro.

Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, valoró el tenor de las conversaciones con Chile y dio las gracias personalmente al presidente José Antonio Kast en un mensaje transmitido por la televisión pública.

“Cuenta usted también con una venezolana de bien, que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos”.

Primera etapa

De acuerdo a cifras oficiales, actualmente existen unas 37.000 órdenes de expulsión pendientes para ciudadanos venezolanos, lo que equivale aproximadamente a la mitad de las más de 75.000 resoluciones de deportación acumuladas en el país para extranjeros.

Sin embargo, desde la Cancillería informaron que esta primera etapa de acercamiento no contempla activar dichas órdenes de expulsión ni tampoco implica el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales, pues el Gobierno de Kast no tiene entre sus planes cambiar de opinión respecto a la situación actual en el país caribeño.

“Es una buena instancia para que Chile pueda tener espacio en instancias internacionales para seguir presionando para que Venezuela vuelva a un proceso de transición y podamos democratizarnos”, aseguró la ex embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, según consignó BioBíoChile.

Así las cosas, la controversia en Chile radica ahora en quién asumirá el puesto de cónsul en Caracas, pues mientras en el oficialismo creen que debiera ser un político de fuste, desde la oposición se inclinan por un diplomático de carrera.

El Paso Internacional Los Libertadores (150 kms al noreste de Santiago), el principal cruce entre Chile y Argentina, cumplió 19 días cerrado debido a que se encuentra cubierto por unos 6,6 metros de nieve. Más de 1.200 camiones permanecen varados en la frontera, mientras las autoridades aseguran que aún no saben cuándo podrán reabrir la ruta.

Este domingo, el delegado presidencial de Los Andes, Ricardo Figueroa, informó que “tenemos en el complejo fronterizo 6,6 metros de nieve, con lo cual no se puede operar en condiciones normales. Equipos de Vialidad trabajan arduamente en la ruta para abrir el tramo hasta Guardia Vieja”, pero agregó que “todavía falta mucho” para despejar el camino hasta el Cristo Redentor, consignó BioBíoChile.

Por su parte, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, complementó que se logró habilitar una pista para permitir el desplazamiento de equipos de emergencia y restablecer el suministro eléctrico, sin embargo, no hay una fecha definida para su reapertura.

La advertencia del gremio de camioneros

La situación tiene más que preocupado el gremio de los camioneros, desde donde recordaron que el tránsito de carga hacia Argentina también fue suspendido por el paso Cardenal Samoré (1.200 kms al sur de Santiago, en la región de Los Lagos), mientras que Pino Hachado (900 kms al sur de Santiago, en la región de La Araucanía), está sobrepasado por la gran cantidad de vehículos que esperan cruzar hacia y desde el país vecino.

Mediante un comunicado de prensa, señalaron que Pino Hachado está con una “grave congestión, principalmente camiones que optaron por este cruce sureño en vista del cierre de Los Libertadores. Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300”, consignó Emol.

De acuerdo a la información, este domingo “había unas 200 máquinas esperando hacer trámites para pasar la frontera, habilitándose un aparcadero en Liucura y así evitar mayor congestión en el complejo fronterizo”.

En tanto, el tránsito para camiones por el Paso Cardenal Samoré “permanece suspendido, a solicitud de Vialidad Argentina, haciéndose evaluaciones periódicas”, agregaron desde la Delegación Presidencial de Osorno.

Debido a esto, desde el sindicato hicieron un llamado a las empresas de transporte a “evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos, especialmente si se considera que Los Libertadores no dispone de fecha precisa para reabrir”.

En tanto, desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso advirtieron que el cierre del Paso Los Libertadores genera retrasos en las cadenas de suministro, mayores costos logísticos e incertidumbre para importadores y exportadores, mientras que la Cámara Aduanera de Chile llamó a construir un túnel que asegure la conectividad todo el año, pues este invierno se estima que el principal cruce fronterizo entre Chile y Argentina estará cerrado unos 80 días en total.

Las autoridades sanitarias informaron este fin de semana dos nuevos casos de hantavirus correspondientes a una adulta mayor y su nieta, quienes se encuentran bajo tratamiento médico en el Hospital Regional de Coyhaique (1.700 kms al sur de Santiago). Trascendió que mientras la menor de edad permanece estable, su abuela está con riesgo vital.

Para peor, el frente de mal tiempo que afecta al sur del país ha impedido su traslado vía aérea a otro recinto asistencial en Concepción, el que cuenta con médicos especializados para el tratamiento de esta enfermedad que tiene un alto índice de mortalidad.

Debido a esto, los profesionales del Hospital de Coyhaique monitorean a ambas pacientes y esperan que las condiciones del tiempo mejoren, para así concretar su derivación.

Alerta sanitaria en casi todo el país

Cabe recordar que la semana pasada, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró por primera vez en su historia alerta sanitaria por hantavirus en 13 de las 16 regiones chilenas -desde Atacama hasta la de Magallanes-, la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

Ello, puesto que en lo que va del año se registran 48 contagios -incluyendo estos dos últimos-, y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%, mientras que el año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%.

En Chile el hantavirus es una enfermedad endémica, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el crucero MV Hondius en abril pasado -brote que dejó tres muertos-, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

La alerta, que es preventiva, permite otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo, y no implica que exista una epidemia en curso.

Síntomas de alerta

La enfermedad inicia comúnmente con malestares similares a los de una gripe fuerte: fiebre alta con un inicio repentino; dolores musculares intensos sobre todo en la zona lumbar y piernas; dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Si después de 48 horas se suma dificultad respiratoria, se debe acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias.

El contagio ocurre principalmente al realizar las siguientes acciones cotidianas:

- Ingresar a recintos cerrados: Abrir bodegas, cabañas, refugios o galpones que han estado sin uso. Se exige ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar, usando mascarilla, guantes y desinfectando superficies con cloro diluido.

- Actividades al aire libre: Acampar directamente sobre el suelo, recolectar leña o mover pilas de madera en sectores boscosos. Se recomienda ocupar exclusivamente campings autorizados.

- Manejo de residuos: Dejar restos de comida o basura expuesta que puedan atraer a los roedores silvestres

En caso de sospecha o riesgo de hantavirus se debe acudir de inmediato a un centro asistencial, ventilar los espacios cerrados por 30 minutos antes de entrar y no barrer ni aspirar superficies con polvo o fecas de roedores para evitar respirar el virus. La enfermedad avanza rápido y requiere manejo clínico de soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para más información al respecto puede visitar la guía del Ministerio de Salud o llamar al fono oficial Salud Responde.

Cómo limpiar lugares cerrados o bodegas

Para ingresar a un lugar que estuvo cerrado por mucho tiempo es necesario seguir los siguientes pasos:

- Ventilación previa: Abra puertas y ventanas y retírese del lugar por al menos 30 minutos antes de ingresar a limpiar.

- Uso de cloro: Rociar pisos y superficies con una mezcla de agua y cloro (1/2 taza de cloro por 1 litro de agua) y dejar actuar 15 minutos antes de pasar un paño húmedo.

- Protección personal: Use siempre guantes de goma y mascarilla para evitar el contacto o la inhalación de partículas.

¿Cómo actuar si encuentras un roedor muerto?

Si encuentra un roedor de cola larga muerto, debe rociarlo de inmediato con una mezcla de cloro y agua, esperar 15 minutos y recogerlo usando guantes de goma o bolsas de plástico invertidas para evitar el contacto directo.

- Rociar con desinfectante: Use una solución de 1 parte de cloro por 9 partes de agua sobre el roedor y el área circundante.

- Esperar el tiempo de acción: Deje actuar el cloro durante 15 minutos para inactivar el virus antes de mover el cuerpo.

- Recoger sin tocar: Use guantes de goma gruesos o use una bolsa plástica al revés a modo de guante para tomar el roedor.

- Doble bolsa de basura: Coloque el roedor dentro de una bolsa plástica, séllela, métala dentro de una segunda bolsa y cierre firmemente.

- Eliminación final: Entierre la bolsa a más de 30 centímetros de profundidad lejos de la casa o deposítela en contenedores de basura cerrados.

- Lavado de manos: Quítese los guantes, desinféctelos y lávese las manos con abundante agua y jabón.

Lo que NUNCA debe hacer

- No barrer ni aspirar: Estas acciones levantan polvo con partículas virales suspendidas que puede respirar.

- No tocar directamente: Jamás manipule el roedor, sus fecas o nidos con las manos descubiertas.

- No patear ni mover: Evite cualquier movimiento brusco que disperse el virus en el aire.

Casi 53 años después de ser dada por muerta, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, informó el lunes pasado que un examen de ADN corroboró en un 99,999% que la mujer encontrada por un equipo periodístico el año pasado en Argentina es efectivamente Bernarda Rosalba Vera Contardo (80), exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quien hasta ese día figuraba como una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Según un comunicado del Poder Judicial, el test comparó el perfil genético de Bernarda Vera con el de sus familiares almacenado en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML), los que ese día llegaron a dicho recinto para enterarse de la noticia por boca del propio ministro Mesa, quien declaró la causa secreta.

La noticia causó revuelo de inmediato y a las pocas horas un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió la restitución de los dineros entregados por concepto de indemnización a la hija de Vera acusando un “fraude”, la que según al menos dos periodistas que participaron en la búsqueda de la mujer, nunca supo que su madre seguía con vida y se negaba a darle crédito a la noticia.

Y en medio de los cuestionamientos del oficialismo a la veracidad y el manejo de ciertos expedientes y pensiones otorgadas a partir de hallazgos del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el expresidente Gabriel Boric, el jueves el Gobierno informó que auditará la nómina completa de detenidos desaparecidos y confirmó que perseguirá la restitución de las pensiones de reparación entregadas a la familia.

“No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que (...) no debió haberse pagado esa pensión", aseguró el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La historia oficial

Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenía 27 años cuando fue detenida por efectivos militares el 10 de octubre de 1973 en la zona precordillerana de Liquiñe, junto a otros 15 militantes del MIR acusados de participar en el asalto al retén de carabineros de Neltume (861 kms al sur de Santiago) días atrás.

“Se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida”, se lee en el Informe Rettig, documento final elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que estableció de manera oficial las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desaparición cometidas por agentes del Estado en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

“Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”, prosigue el reporte.

Aunque con el correr de los años circuló otra versión sobre su destino, la de un exmilitante del MIR que apuntaba a que había escapado a la montaña y luego a Argentina, su familia recibió una pensión de reparación estatal y se le reconoció como víctima. En 2011, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió información sobre la posibilidad de que Bernarda Vera estuviera viva, aunque la pista no fue investigada a fondo.

La polémica se instaló tras un reportaje de CHV Noticias que dio a conocer el caso el año pasado, luego de una serie de sospechas que surgieron a partir del relato de otros militantes que la conocieron y fueron testigos de lo que ocurrió durante esa noche de octubre.

La historia real

De acuerdo con el reportaje de CHV, en su libro De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia, el exmiembro del MIR, José Manuel Bravo, relata que un “grupo grande” de personas escapó de los militares y se adentró en las montañas precodilleranas. En ese grupo iba Bernarda Vera, cuya “chapa” dentro del MIR era “Anita”.

“La Anita era una mujer delgada, pero de una vitalidad para poder soportar esa cosa de la vida caminando en la montaña (...) tuvo que sufrir toda la rigurosidad de andar en la montaña, con milicos a la cola”, reza el texto.

Según su testimonio, se escondieron por al menos dos meses, tiempo en el cual “Anita” logró huir del país hacia Argentina gracias a la ayuda del mirista sueco Svante Grände.

Los datos en la Argentina dan cuenta de que llegó y se instaló como una residente extranjera, con una cédula de identidad. Asimismo, su fecha de nacimiento en la documentación chilena data del año 1946, mientras que en la argentina sería del ‘49. Después viajaría a Suecia, donde vivió desde 1978 hasta 1984 y se casó con un argentino llamado Jorge Suizer, chacarero bonaerense, con quien tuvo tres hijos, dos en el país escandinavo y uno en la Argentina, país al que volvió según datos de organismos suecos en 1990 para instalarse a la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

La polémica por la pensión

CHV Noticias logró dar con Bernarda Vera en la ciudad costera de Miramar, y aunque eludió a la prensa y no quiso dar declaraciones, fuera de cámara su hijo Maximiliano dijo que su madre “siempre imaginó que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar”.

“Que ella no va a renunciar a la vida que ha llevado siempre, que es una mujer fuerte y no tiene miedo a nada”, aseguró la periodista Florencia Valenzuela, a cargo del reportaje.

La misma profesional contactó entonces a la hija de Bernarda Vera para darle la noticia y pedirle una entrevista, sin embargo, la mujer de 58 años, se mostró incrédula y se negó a hablar con ella.

“Está convencida de que si su madre estuviera viva la hubiera contactado”, señaló Valenzuela.

“Cuando yo fui a hablar con ella estuvimos mucho rato conversando, fue súper duro porque igual uno va como periodista, yo le necesitaba contar lo que estábamos haciendo; que habíamos encontrado a su mamá. Y ella no creía. Fue duro porque uno no sabe cuál es la historia familiar. Nosotros sí sabíamos que ella como hija la había estado buscando por mucho tiempo”, afirmó la periodista a BBC Mundo.

Debido a esto, la periodista Pascale Bonnefoy, quien trabajó como investigadora del Plan Nacional de Búsqueda y siguió la pista de Bernarda Vera, sostuvo que quitarle la pensión a su hija y pedirle la restitución de una suma millonaria es “injusto”, puesto que ella y su familia siempre actuaron “de buena fe”.

“Siempre para ellos Bernarda Vera estuvo desaparecida y siempre lo pensaron y lo asumieron así (...) Tenían derecho como familiares de detenidos desaparecidos a recibir esa reparación”, afirmó a Cooperativa.

Caso cerrado

De paso, Bonnefoy calificó como “ridículas” las declaraciones del Ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien atribuyó a su gestión el haber esclarecido el caso al manifestar que “en tres meses se hizo lo que no estuvo en casi dos años“.

“La muestra de ADN la ordenó el ministro Mesa el año pasado, bajo el otro Gobierno, bajo la otra jefatura de programa (...) Así que eso no fue un logro ni de este Gobierno ni de la nueva jefatura; era una diligencia judicial que tomaba los tiempos que tienen las diligencias judiciales“, aclaró.

Tocante a la orden del Ejecutvo de auditar la lista completa de detenidos desaparecidos, sostuvo que “esa revisión minuciosa para llegar a la nómina única de 1.469 detenidos desaparecidos ya se hizo cuando comenzó el Plan de Búsqueda (...) No se puede cuestionar todo el proceso y la existencia misma de detenidos desaparecidos por un caso excepcional; por las decisiones que tomó una persona, no sabemos en qué estado emocional o psicológico o de vida“, subrayó.

Así las cosas, de acuerdo a la profesional, el caso de Bernarda Vera debería darse por cerrado.

“No hay una investigación judicial abierta, penal, por Bernarda Vera (...) Uno puede cuestionar sus decisiones, pero ella no es una criminal, no cometió delito. El punto final de todo esto siempre fue la confirmación por ADN y ahí se establece que efectivamente esta persona es Bernarda Vera y ya, para la tranquilidad de la familia, de la sociedad. Caso cerrado. Porque ¿qué más se va a investigar? Ella desapareció del mapa de todo el mundo, pero eso no es un delito“, remató Bonnefoy.

A pesar de que el Gobierno de José Antonio Kast le puso la lápida a la propuesta del presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, de privatizar al menos en parte la cuprífera Codelco -la mayor empresa estatal del país-, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respaldó la iniciativa este jueves y propuso de manera inédita entregarle $2 millones de pesos (USD 2.150) a cada chileno bajo el modelo de “capitalismo popular”.

“Lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que las ganancias, en el corazón del negocio de Codelco, que es el cobre, se han desplomado completamente y es absolutamente inexplicable si consideramos que estamos con los precios del cobre más altos de la historia”, partió su alocución el timonel libertario.

“Que no tenga utilidades solo se puede explicar con un problema de gestión, de asignación de recursos, de decisiones estratégicas de largo plazo”, agregó.

De acuerdo al exdiputado, “Codelco tiene que volver a ser una máquina de generación de riquezas para el país. Eso significa que muchos de los yacimientos que están en poder de Codelco, pero que no están explotados, tienen que empezar a ser explotados. La empresa tiene que mostrar niveles de eficiencia equivalentes a los del mercado".

Debido a esto, el también excandidato a la presidencia sostuvo que su partido está por “hacer efectiva la promesa de que Codelco es de todos los chilenos y eso significa una privatización, ya sea parcial o total de la empresa, entregando el resultado de la privatización a los ciudadanos chilenos".

Capitalismo popular

“Con una privatización parcial, que es lo que nosotros estamos recomendando, donde el Estado de Chile se queda con la mayoría de las acciones, pero sin el control de gestión, que tiene que ser privado (...) A cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta $2 millones de pesos (USD 2.150). A cada uno. Podríamos echar a andar la empresa, con capital y gestión privada, para que también empiece a recaudar el Estado”, argumentó.

Al cierre, Kaiser afirmó que “nosotros creemos que esta solución de capitalismo popular, que significa devolverle a los chilenos lo que es suyo, liberar las posibilidades que tiene la empresa de desarrollarse y generar nuevos empleos (…) es responsable".

Como era de esperar, las propuesta de Kaiser no cayó nada de bien en la oposición, desde donde el diputado Andrés Couble (FA) la tildó como una “cortina de humo”.

“Es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio de huevo a sus amigos, pero con Codelco no se metió“, aseguró, según consignó Cooperativa.

“Tras tomar conocimiento de un registro difundido en redes sociales, en el que se observa situaciones que habrían ocurrido al interior de dependencias del ministerio, se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”, reza el comunicado emitido por la Secretaría Ministerial de Obras Públicas del BioBío.

Desde la oficina rechazaron “cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

El registro fue tomado desde un edificio contiguo perteneciente al Gobierno Regional del Biobío (Gore), y aunque rápidamente fue bajado de las redes sociales, desde el Gore informaron que también abrieron un sumario para determinar las posibles responsabilidades de las mujeres que lo grabaron y quien quiera que lo haya difundido.

“Nosotros tomamos conocimiento acerca de estos hechos y que eventualmente estas imágenes desde el edificio del Gobierno Regional, y para poder esclarecer esos hechos y la implicancia de los mismos, es que hemos dispuesto una investigación sumaria”, informó el gobernador regional (s), Juan Pablo Besser.

Al respecto también se pronunciaron desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde su presidenta regional, Lorena Lobos, pidió que se investigue el asunto, pero respetando el debido proceso.

“La institución debe agotar todos los canales administrativos que tiene para investigar estos hechos y que la situación se aclare”, señaló Lobos.

Amantes identificados

En tanto, y aunque aún no hay una confirmación oficial, diversos medios afirmaron que los arriesgados amantes están plenamente identificados, tendrían cargos de jefatura al interior del MOP regional y, para peor, “al revisar sus sueldos por transparencia activa, ambos cobran constantemente horas extraordinarias”, según aseguró un periodista de Cooperativa en su cuenta de X.

El episodio trae a la memoria un caso muy similar ocurrido en junio de 2025 en una oficina del municipio santiaguino de Vitacura, en el que otra pareja fue grabada por la noche teniendo sexo, mientras ambos hacían horas extras, y ante la mirada atónita de jóvenes que practicaban skate en las afueras del edificio consistorial.

En aquella ocasión ambos involucrados fueron despedidos de su trabajo, sin embargo, en diciembre el hombre, un ingeniero informático, estampó una querella contra el municipio por “daño moral” y pidió $200 millones (casi USD 215 mil) en compensación.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió duramente a los dichos de los ministros chilenos de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Barros, quienes criticaron el nuevo arancel de 12,5% aplicado a 60 países -entre ellos Chile-, aduciendo que no cuentan con medidas suficientes -o no las aplican de forma efectiva-, para impedir la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso.

El gravamen impacta directamente a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal, y el lunes fue calificado como “injusto” por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

“Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada (...) Es algo injusto y nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”, aseguró en entrevista con Radio Infinita.

“Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación", agregó.

De acuerdo a la autoridad, “claramente es decepcionante lo que se ha vivido, porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad".

“Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro", complementó.

De la misma opinión fue el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien el martes tildó la noticia como “lamentable”.

“Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, sostuvo.

“La chiva (excusa) que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste (...) ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo”, indicó.

Ese día, el canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó desde Lima que “más que enojarse, hay que ocuparse de resolver este problema”, e informó que el Gobierno trabaja a dos bandas, negociando con EE.UU para ampliar el porcentaje de productos exentos de arancel, y diversificando las exportaciones hacia la India y el sudeste asiático.

La respuesta de Judd

Así las cosas, esta jornada el embajador norteamericano, Brandon Judd, enfrentó a la prensa y de entrada soltó que “esto es una negociación y la negociación está en curso. Tienen una muy buena negociadora y existe potencialmente la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Pero a renglón seguido, sostuvo que “no habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas”, según consignó Teletrece.

“Es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salen a hacer comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa", agregó.

“Cada vez que eso sucede, hace que sea muy difícil para nuestros negociadores en EE.UU. creer que pueda estar pasando algo serio aquí. Tenemos que dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué resulta de ello. Pero las negociaciones están en curso. No hay nada que se haya concretado o finalizado de esa manera", complementó.

Tocante a la vulneración hecha al Tratado de Libre Comercio que acusó el ministro Campos, Judd retrucó que “yo preguntaría si ese ministro realmente ha leído el tratado de libre comercio, yo diría que no lo ha hecho, porque si miras el tratado de libre comercio, hay disposiciones allí que nos permiten aplicar aranceles si no se cumplen ciertas condiciones".

Al cierre, recalcó que el arancel de 12,5% no dice relación con trabajo forzado dentro de Chile, sino con “productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzado fuera del país“.

Polémica causó la propuesta del presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, de privatizar la cuprífera Codelco, la mayor empresa estatal del país. La idea provocó el rechazo transversal de la oposición y este miércoles el Gobierno descartó la idea de plano, aunque se abrió a asociarse con privados.

En entrevista con el diario La Tercera, Squella sostuvo que luego de aprobado el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, el siguiente paso debería ser necesariamente la modernización de la empresas estatales partiendo por Codelco, que el año pasado dejó de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco, o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, afirmó el también senador por la Región de Valparaíso.

De acuerdo al timonel republicano, “hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control. Se puede buscar un esquema en donde el porcentaje de venta permita el ingreso de algunos directores que no respondan a los gobiernos de turno y que velen por la eficiencia y rentabilidad de la empresa”.

“Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”, puesto que “una privatización parcial no necesariamente implicaría una menor recaudación para el Estado”, argumentó Squella.

Como era de esperar, la iniciativa no cayó nada bien en la oposición, desde donde dispararon sus dardos contra el timonel republicano acusándolo de “vendepatria”, tal como afirmó taxativo el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“Ahora quieren poner en venta el principal patrimonio de todos los chilenos. Vender Codelco sería una provocación en contra de Chile y en contra de todos los chilenos, de consecuencias políticas y sociales insospechadas. El cobre es de Chile y lo vamos a defender con todas las herramientas”, fustigó.

La negativa del Gobierno

El mismo martes que salió publicada la noticia, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en línea con lo ya dicho por el presidente José Antonio Kast, señaló que el ejecutivo no tiene entre sus planes a futuro privatizar la empresa.

”Tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles. No estamos por privatizar. Si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, ideas, minas para hacer más grande Codelco”, aseguró Mas.

Y este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó por darle un portazo a la iniciativa republicana al asegurar que “la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en un minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”.

Quiroz, quien se encontraba en la ciudad de Vallenar (660 kms al norte de Santiago) constatando los daños que dejó la semana pasada el frente de mal tiempo, recordó que Codelco “es una empresa que tiene mucho símbolo y cualquier decisión involucra a todo el país y no es de un gobierno particular”.

Sin embargo, indicó que ve con buenos ojos “asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no (...) Hay que ser prácticos, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también”, subrayó.

Al cierre, Quiroz estuvo de acuerdo con el biministro Daniel Mas en que la compañía posee “algunos activos que son prescindibles” -aunque evitó detallar cuáles eran-, y remató con una frase tranquilizadora: “Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilos”.

Este martes, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró por primera vez en su historia alerta sanitaria por hantavirus en 13 de las 16 regiones chilenas -desde Atacama hasta la de Magallanes-, la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

Ello, puesto que en lo que va del año se registran 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%, mientras que el año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%.

En Chile el hantavirus es una enfermedad endémica, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el crucero MV Hondius en abril pasado -brote que dejó tres muertos-, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, señalan desde el Minsal.

La alerta, que es preventiva, permite otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo, y no implica que exista una epidemia en curso.

Síntomas de alerta

La enfermedad inicia comúnmente con malestares similares a los de una gripe fuerte: fiebre alta con un inicio repentino; dolores musculares intensos sobre todo en la zona lumbar y piernas; dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Si después de 48 horas se suma dificultad respiratoria, se debe acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias.

El contagio ocurre principalmente al realizar las siguientes acciones cotidianas:

- Ingresar a recintos cerrados: Abrir bodegas, cabañas, refugios o galpones que han estado sin uso. Se exige ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar, usando mascarilla, guantes y desinfectando superficies con cloro diluido.

- Actividades al aire libre: Acampar directamente sobre el suelo, recolectar leña o mover pilas de madera en sectores boscosos. Se recomienda ocupar exclusivamente campings autorizados.

- Manejo de residuos: Dejar restos de comida o basura expuesta que puedan atraer a los roedores silvestres

En caso de sospecha o riesgo de hantavirus se debe acudir de inmediato a un centro asistencial, ventilar los espacios cerrados por 30 minutos antes de entrar y no barrer ni aspirar superficies con polvo o fecas de roedores para evitar respirar el virus. La enfermedad avanza rápido y requiere manejo clínico de soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para más información al respecto puede visitar la guía del Ministerio de Salud o llamar al fono oficial Salud Responde.

Cómo limpiar lugares cerrados o bodegas

Para ingresar a un lugar que estuvo cerrado por mucho tiempo es necesario seguir los siguientes pasos:

- Ventilación previa: Abra puertas y ventanas y retírese del lugar por al menos 30 minutos antes de ingresar a limpiar.

- Uso de cloro: Rociar pisos y superficies con una mezcla de agua y cloro (1/2 taza de cloro por 1 litro de agua) y dejar actuar 15 minutos antes de pasar un paño húmedo.

- Protección personal: Use siempre guantes de goma y mascarilla para evitar el contacto o la inhalación de partículas.

¿Cómo actuar si encuentras un roedor muerto?

Si encuentra un roedor de cola larga muerto, debe rociarlo de inmediato con una mezcla de cloro y agua, esperar 15 minutos y recogerlo usando guantes de goma o bolsas de plástico invertidas para evitar el contacto directo.

- Rociar con desinfectante: Use una solución de 1 parte de cloro por 9 partes de agua sobre el roedor y el área circundante.

- Esperar el tiempo de acción: Deje actuar el cloro durante 15 minutos para inactivar el virus antes de mover el cuerpo.

- Recoger sin tocar: Use guantes de goma gruesos o use una bolsa plástica al revés a modo de guante para tomar el roedor.

- Doble bolsa de basura: Coloque el roedor dentro de una bolsa plástica, séllela, métala dentro de una segunda bolsa y cierre firmemente.

- Eliminación final: Entierre la bolsa a más de 30 centímetros de profundidad lejos de la casa o deposítela en contenedores de basura cerrados.

- Lavado de manos: Quítese los guantes, desinféctelos y lávese las manos con abundante agua y jabón.

Lo que NUNCA debe hacer

- No barrer ni aspirar: Estas acciones levantan polvo con partículas virales suspendidas que puede respirar.

- No tocar directamente: Jamás manipule el roedor, sus fecas o nidos con las manos descubiertas.

- No patear ni mover: Evite cualquier movimiento brusco que disperse el virus en el aire.