En medio de las críticas por la lentitud con que el gobierno ha concretado la expulsión de migrantes irregulares, una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró este jueves que restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela es una prioridad del Ejecutivo.

“Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, señaló el Canciller a EFE en medio de su visita a la India.

Según Pérez Mackenna, las tratativas ya están en curso y el objetivo es volver a poner en funcionamiento embajadas y consulados, a fin de responder a las necesidades de ciudadanos chilenos y venezolanos.

“Hemos iniciado conversaciones, me tocó estar con el canciller de Venezuela en la CELAC (…) Necesitamos normalizar la transferencia de información entre Chile y Venezuela para poder darle los servicios consulares a la gente que lo necesita. Ojalá los venezolanos puedan avanzar en eso de acuerdo a sus propias normas y decisiones”, cerró la autoridad.

La ruptura

Chile y Venezuela rompieron relaciones en 2024, luego que el gobierno de Gabriel Boric no reconociera las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro y denunciara la opacidad del proceso.

La administración de Maduro expulsó al personal diplomático y al embajador chileno en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales, y el 31 de enero de 2025 solicitó el cese de servicios de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, medida calificada por el gobierno chileno como una “suspensión” de relaciones en la práctica. En paralelo, retiró a todo su personal diplomático de Chile.

El quiebre también incluyó la cancelación de los vuelos entre Santiago y Caracas, lo que sumado a la nula posibilidad de conseguir o regularizar documentos, hace inviable en la práctica expulsar a ciudadanos venezolanos que permanecen en Chile de manera irregular.

Según cifras oficiales, el país tiene pendientes más de 35 mil órdenes de expulsión de ciudadanos venezolanos.

A la fecha, el gobierno ha concretado dos vuelos de expulsión con 40 migrantes irregulares en cada uno, el primero a mediados de abril con ciudadanos colombianos, bolivianos y ecuatorianos, y el segundo el 8 de mayo pasado con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

Un grupo aún indeterminado de encapuchados armados intimidó la mañana de ese jueves a trabajadores de una empresa contratista e incendiaron dos camiones, en un predio forestal ubicado en la comuna de Victoria (615 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

El hecho ocurrió en el fundo San Gregorio, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la Ruta R-570, y de acuerdo al teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto de la Prefectura Malleco, las víctimas declararon que los individuos, a rostro cubierto, los redujeron a punta de armas de fuego y luego procedieron a rociar los vehículos con líquido acelerante para incendiarlos.

Daniel Alveal, representante legal de la empresa afectada, relató a BioBíoChile que su equipo trabajaba en labores de transporte de cosecha cuando, alrededor de las 06:00 horas, fueron emboscados por los atacantes.

“Andaban con armas, pero no pudieron identificar exactamente cuántos eran. Lo obligaron a bajarse del vehículo y luego procedieron a quemar los camiones”, aseguró.

“Para nosotros esto es lamentable, porque somos una empresa nueva. Recién vamos a cumplir aproximadamente 2 años prestando servicio, hemos estado trabajando con comunidades acá”, agregó.

“Nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro, somos camioneros de pocos recursos; no hay aquí una tremenda empresa prestando el servicio a una empresa externa: somos gente que salimos todos los días a trabajar y queremos llegar a la casa con el sustento y el pan a la casa”, cerró acongojado Alveal.

“Respuesta desesperada”

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, se refirió a este nuevo atentado y sostuvo que se trata de una “respuesta desesperada de grupos violentos”, ante los últimos allanamientos que la policía y el Ejército han llevado a cabo en la comunidad mapuche de Temucuicui, situada en la comuna de Ercilla y conocida como un “bastión” de resistencia y autonomía.

De acuerdo a Calderón, los últimos ataques incendiarios dan cuenta del “buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad (...) Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado”, complementó la autoridad regional.

Finalmente, recalcó que el gobierno no va “a retroceder ni permitir que la violencia se normalice”.

Por ahora, el OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar), realizan las pericias correspondientes para dar con los responsables.

Nada bien cayeron en la oposición las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien este miércoles aseguró que su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares del país era “una metáfora”, precisamente en medio de las críticas por la lentitud con que el gobierno ha concretado dichas deportaciones.

“Algunos dicen: ‘Llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, sostuvo el mandatario en una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción.

Cabe recordar que el endurecimiento de las restricciones a la migración irregular fue, junto con la reactivación económica, uno de los focos de su campaña presidencial. Sin embargo, “otra cosa es con guitarra” y el gobierno ha enfrentado dificultades en dar curso a las miles de órdenes de expulsión pendientes, sobre todo en el caso de los ciudadanos venezolanos, ya que que las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen cortadas.

A la fecha, el gobierno ha concretado dos vuelos de expulsión con 40 migrantes irregulares en cada uno, el primero a mediados de abril con ciudadanos colombianos, bolivianos y ecuatorianos, y el segundo el 8 de mayo pasado con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

Las críticas

Los dichos del presidente Kast no pasaron desapercibidos en la oposición, desde donde fustigaron sus declaraciones asegurando que “no se gobierna con metáforas”, tal como afirmó el senador Iván Flores (DC).

“Ya no me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir. ¿Para qué hizo tanta parafernalia? ¿Para qué se compromete? ¿Para qué hizo una cuenta regresiva?”, enjuició.

De la misma opinión fue su par comunista, Daniel Núñez, quien sostuvo que el mandatario “relativiza sus propias promesas de campaña y le resta credibilidad como presidente de la República. La seguridad y el control migratorio requieren políticas serias, no marketing electoral”.

En tanto, el diputado Ignacio Achurra (FA), emplazó de paso a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuya presentación ante el Congreso este miércoles fue puesta en tela de juicio por la oposición en pleno.

“El presidente Kast nos notifica que la promesa de expulsión de 300 mil inmigrantes irregulares era ‘una metáfora’. A la luz de la presentación de la ministra Steiner en la Cámara, la promesa en seguridad también era una metáfora: no hay un plan robusto ni medidas nuevas”, manifestó.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (FA) reprochó la actitud del mandatario, quien “cada vez que fue interpelado sobre la viabilidad de sus medidas, cada vez que se cuestionó la simpleza excesiva de sus soluciones a problemas complejos, rehuyó del debate.”

Asimismo, el diputado, Bernardo Salinas (PC) afirmó que la ciudadanía espera votar “por compromisos serios, por planes reales y por gobernantes que asuman con responsabilidad el peso de sus palabras. Y es la ciudadanía también la que deberá juzgar si fue una metáfora o derechamente un engaño”.

Incluso la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL), Gloria Naveillán, agregó “fuego amigo” al debate, afirmando con tono sardónico que “la gran mayoría de los chilenos deben tener poca comprensión, porque nadie lo entendió como metáfora. Me queda la duda“, remató.

En el marco de una investigación por un secuestro ocurrido en Santiago, la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo recientemente a un narco argentino identificado como Miguel Alejandro Soria Llamazares (59), quien fue sorprendido en un domicilio de la comuna de Estación Central justo en el momento en el que transaba varias armas con un ciudadano chileno.

Alias “Soria”, como es conocido en el mundo delictual, fue detenido de inmediato al igual que el comprador chileno, incautando los detectives cinco pistolas y los USD 8 mil que éste iba a utilizar para pagar una de ellas.

De acuerdo a fuentes consignadas por el medio BioBíoChile, Miguel Soria estuvo 10 años preso en Argentina tras ser detenido con 800 kilos de marihuana en la localidad de Monte Cristo, en 2013, siendo condenado por los delitos de organización y financiamiento de transporte de estupefacientes y uso de un documento público falso, y como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

Las investigaciones de la justicia argentina determinaron que los cargamentos de marihuana compactada que la banda transportaba desde provincias del norte de Argentina tenían a Chile como destino final.

Sobre “Soria” pesaba una orden de investigación emitida por la Interpol, sin embargo, esto no impidió que entrara y saliera de Chile de manera regular en calidad de turista. Ambos detenidos serán formalizados próximamente por los delitos tráfico de armas y tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

“Sujeto de interés” en Argentina

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, señaló en un punto de prensa que “Soria” es "persona de interés” en Argentina, puesto que su nombre aparece en“distintas investigaciones en ese país“, según consignó el medio citado.

“Se está cruzando información con la autoridad de Argentina, precisamente por las actividades que desarrolla en ese país”, informó el detective.

Según Barrientos, por estos días la investigación busca dilucidar el origen de las armas decomisadas, las que presumiblemente entraron al país igual que la droga que “Soria” traficaba, a saber, oculta en vehículos especialmente acondicionados.

He aquí el detalle de las armas incautadas:

– Arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9mm.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17, con 1 cargador, calibre 9mm; 1 kit Roni marca CAA y un dispositivo de modificación de cadencia de tiro marca Glock.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, con 3 cargadores, calibre 9mm.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Canik, modelo Mete MC9L, con 2 cargadores, calibre 9 mm.

– Arma de fuego, tipo pistola, marca Bersa, modelo TPR9, con 2 cargadores, calibre 9mm.

Luego de un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Purén (615 kms al sur de Santiago), declaró este miércoles culpables al lonco de la comunidad de Temulemu, Juan Pichún Collonao, y otros seis comuneros, de dos ataques incendiarios ocurridos en predios rurales de La Araucanía en 2021.

Los acusados, exintegrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) admitieron los cargos presentados por el Ministerio Público por un atentado incendiario en el fundo El Aromo, ubicado en la comuna de Purén, y otro en el fundo La Coña, en Traiguén.

El fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, informó que “la Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena de siete imputados miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Esto se verificó en el marco de un procedimiento abreviado donde los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos, arriesgando penas que van entre los 8 y 9 años de privación de libertad efectiva, con la sola excepción del imputado Juan Pichún Collonao, quien arriesga penas que van entre los 4 y 5 años de privación de libertad”.

De acuerdo al persecutor, en el primer atentado los acusados usurparon el fundo El Aromo, dispararon a Carabineros e incendiaron tres camiones y una máquina cosechadora.

En el segundo hecho, los mismos imputados ingresaron al fundo La Coña y prendieron fuego a la casa de los cuidadores, a varios galpones y maquinaria que se guardaba en el recinto.

Juicio contra hijo de líder de la CAM

En ambos casos, los atacantes dejaron pancartas alusivas a la causa mapuche firmadas por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Pichún, quien fuera vocero de la CAM, fue apresado por la Policía de Investigaciones (PDI) en junio de 2025. Debido a lo contundente de las pruebas, todos aceptaron ir a un juicio abreviado acusados de los delitos de usurpación violenta, incendios, secuestro, atentado contra la autoridad, homicidio frustrado a Carabineros y porte ilegal de arma de fuego.

Los seis comuneros mapuches quedaron en prisión preventiva, mientras que Pichún, quien pasó 11 meses tras las rejas con esa medida cautelar, seguirá con arresto domiciliario hasta el lunes 18 de mayo próximo, a las 12:00 horas, cuando el mismo tribunal dicte su sentencia.

Así las cosas, queda aún por saber cuál será el resultado del juicio contra Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, líder histórico de la CAM, quien junto a otros cuatro comuneros está acusado de un ataque incendiario ocurrido también en 2021 en la comuna de Lautaro.

Cabe recordar que la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) es una organización político-militar mapuche que opera en La Araucanía. Fundada en 1998, es una de las agrupaciones radicales más antiguas de la zona y es calificada por el Estado chileno como una asociación ilícita terrorista.

De acuerdo al rector del establecimiento, Cristian Acuña Mieres, “un grupo importante de estudiantes de 4to medio participó de una pelea masiva”, asunto que derivó en que varios trabajadores del establecimiento, entre docentes y otros funcionarios, intentaran calmar las aguas.

El mayor de la Segunda Comisaría de Talcahuano, Milton Rossel, informó que “hay 17 estudiantes detenidos, tres de ellos son mayores de edad”, según consignó BioBíoChile.

“También hay seis profesores e inspectores que se encuentran lesionados, producto de la intervención que tuvieron que realizar para lograr separar a estos alumnos”, complementó el oficial.

“Hasta el momento todas las personas, ya sean alumnos profesores e inspectores, tienen lesiones de carácter leve”, cerró el uniformado.

En tanto, la Seremi de Educación, Teresa Carrasco, señaló que este tipo de situaciones “son inaceptables y no tienen cabida en ningún espacio educativo”.

“Nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio. Ellos, desde mañana, ya comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación de estos hechos, sin perjuicio de que como Seremi de Educación mantendremos el contacto con el establecimiento, poniendo el foco en lo formativo", aseguró.

Estudiantes en libertad

Para esta jornada, y como medida preventiva, el establecimiento suspendió las clases mientras continúan las evaluaciones internas para esclarecer lo ocurrido.

“La situación será abordada conforme a nuestro Reglamento Interno y protocolos institucionales vigentes”, señaló el rector Acuña.

Pese a que la mayoría de los involucrados son menores de edad, Carabineros confirmó que los 17 detenidos permanecieron bajo arresto y luego fueron puestos en libertad bajo apercibimiento, por lo que el Ministerio Público tomó conocimiento de sus datos personales y antecedentes de contacto para ser citados a la brevedad.

Esta jornada, el tribunal entregará el listado de quiénes pasarán a audiencia de control de detención en los próximos días, atendiendo a su grado de participación en la trifulca.

Tres presuntos militares de nacionalidad peruana quedaron en prisión preventiva este martes, luego de ser sorprendidos el fin de semana arriba de un bus de pasajeros que iba desde Arica a Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), con casi 5 kilos de ketamina adosada en paquetes al cuerpo y dentro de sus estómagos en forma de ovoides.

Todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas por la Fiscalía Local del Tamarugal y de acuerdo al Ministerio Público, la labor de un perro detector de drogas fue vital para dar con el cargamento.

Según la fiscal Karem Gómez, los hechos ocurrieron el sábado 9 de mayo pasado, poco antes del mediodía, mientras Carabineros realizaba un control vehicular de rutina en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte.

Al fiscalizar un bus que iba de camino a la ciudad de Iquique, los uniformados notaron que el can “North” apuntaba a tres individuos vestidos de civil, quienes fueron de inmediato conminados a descender del vehículo y llevados hasta la comisaría de Huara.

Tras revisar sus pertenencias, la policía constató que los tres sujetos llevaban adosada la ketamina en paquetes al cuerpo, y una revisión más exhaustiva reveló que también habían tragado ovoides con la droga.

Luego de los análisis de rigor, los carabineros contabilizaron un total de 340 ovoides, con un peso total de 4 kilos 758 gramos de ketamina pura.

Los ciudadanos fueron identificados con las iniciales H.R.A.C., C.A.O.C. y J.A.Q.Q, gracias a que los tres portaban tarjetas de identificación del Ejército peruano. Todos ellos, sin embargo, se encontraban en el país de manera irregular. Debido a esto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los tres imputados, fijando un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

“Escudo en ruta”

En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, celebró la noticia y señaló que la detención de los tres presuntos militares se da en el contexto de un nuevo plan del gobierno destinado a “controlar el territorio”.

“Hay una línea específica que se llama “Escudo en Ruta”, donde Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones —a veces también con la Policía Marítima— lo que hacemos es, y en atención al análisis de inteligencia, realizar determinados controles en ciertas partes del territorio”, indicó.

“En este caso, en Huara, se controla a personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano manteniendo en su poder, adosado a su cuerpo y además en el interior también del cuerpo —lo habían ingerido— ovoides, todos con más de cuatro kilos de ketamina”, cerró la autoridad.

Luego de no llegar a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el gobierno ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados y Diputadas con suma urgencia su propuesta de reajuste al sueldo mínimo, que en un principio contemplaba un alza de $539.000 a $546.546 (USD 614), es decir, $7.546 (USD 8), cifra que fue calificada por la oposición en pleno como “miserable” y defendida por el oficialismo, desde donde la consideraron “realista”.

Y aunque la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, este martes el Ejecutivo redobló su apuesta y presentó una indicación para elevar dicho reajuste a $14.553 (USD 16), y llegar así hasta los $553.553 (USD 622).

De acuerdo a la indicación ingresada por el Ejecutivo, el nuevo reajuste comenzaría a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo recién pasado, y contempla además un nuevo incremento automático en enero de 2027, el que dependerá de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante este año.

De acuerdo al documento ingresado originalmente, el objetivo del Ejecutivo es “mantener el poder adquisitivo de las familias”, en el contexto de una economía que muestra señales de debilidad con una tasa de desempleo entre enero y marzo de este año de 8,9% y el encarecimiento de los costos laborales tras los reajustes previos al ingreso mínimo mensual, la Ley 40 Horas que redujo recientemente la jornada de 44 a 42 horas, y el aumento de cotizaciones con cargo al empleador derivado de la reforma de pensiones.

Junto con el reajuste al sueldo mínimo, la iniciativa del gobierno trae además alzas en otros beneficios estatales como la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF).

A pesar de esto, la cifra dista de lo solicitado por la CUT, organización que aboga por un reajuste que eleve el salario mínimo hasta los $637.700 (USD 717). Desde el gremio argumentan que los trabajadores han sufrido una pérdida significativa en su capacidad de compra, ya que el salario mínimo tiene hoy “menos poder adquisitivo por el alza del petróleo”, según afirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

Así las cosas, el proyecto sigue su curso en la Cámara baja y luego pasará al Senado, donde el foco de discusión será precisamente este nuevo incremento.

Salarios en América Latina

Cabe destacar que actualmente, Chile cuenta con uno de los sueldos mínimos más elevados de la región, a saber:

Los más altos (2026)

• Costa Rica: 751 - 791 USD.
• Uruguay: 640 - 648 USD.
• Chile: 605 USD.
• México: 533 USD.

Los más bajos (2026)

• Perú: 334 USD.
• República Dominicana: 290 USD.
• El Salvador: 243 - 273 USD
• Nicaragua: 252 USD.
• Venezuela: 1 USD.

Controversia causó en el país la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (3,000 kms al sur de Santiago) de ordenar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) pagar de manera retroactiva una pensión de viudez de unos $150 millones (USD 166 mil) a Irma Ovalle Oyarzún, sentenciada a 20 años de prisión luego de contratar a un sicario para asesinar a su marido, un exsuboficial mayor del Ejército, en 2012.

Pese de su condena, Ovalle pidió en 2017 el montepío que por ley le correspondía, el cual ascendía a poco más de $1 millón (USD 1.100) mensuales. El pago, sin embargo, nunca se materializó de forma efectiva.

Tal como explicaron a LUN el abogado de la mujer, Marcos Ibacache, y el académico Francisco Talep, el Código Civil contempla la “causal de indignidad” como el homicidio para inhabilitar a un heredero.

Empero, dicha causal debe ser declarada por un tribunal civil, y aunque el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ofició al tribunal dicha “indignidad” de la acusada para recibir la pensión, nunca dio curso al juicio civil necesario para hacerla efectiva.

Así las cosas, puesto que no existe una sentencia civil que declare “indigna” a Irma Ovalle Oyarzún de recibir la pensión, su derecho se ha mantenido vigente.

“La parte demandada deberá restituir las sumas correspondientes a la pensión de montepío”, reza el fallo consignado por el medio local El Día.

Debido a esto, la mujer recibirá además una pensión mensual vitalicia, puesto que la facultad del Fisco de impugnar judicialmente el fallo está prescrita.

El crimen

Según informaron medios de la época, en 2012 Irma Ovalle Oyarzún trabajaba en un supermercado, lugar donde convenció a un carnicero de asesinar a su marido por la suma de $5 millones (unos USD 5.500 actualmente), aduciendo maltratos y constantes infidelidades.

El sicario confeso resultó ser Sergio Escalona, de entonces 20 años, quien creó un perfil falso de Facebook para contactar al esposo y fijar una cita con él con la excusa de presentarle a una “amiga”.

“Ese día 29 de julio, el imputado se acercó al vehículo del exmilitar con el pretexto de ser un amigo de la mujer (a la que iba a presentar) y lo engañó diciéndole que lo llevaría al lugar donde ella lo esperaba. Fue en ese momento cuando Escalona le asestó un corte que le cercenó la yugular”, detalló el fiscal Eugenio Campos.

Escalona admitió que con el dinero obtenido iba a comprarse un auto y aseguró además que Irma Ovalle le pidió matar también a una sobrina, aunque finalmente desistió de su idea.

El fallo también recuerda que Ovalle, en su defensa, adujo haber recibido por años “maltratos y golpizas” por parte de su esposo, razón por la cual tomó la decisión de pagarle a un sicario, “desesperada ante el infierno que vivía”, y así “poner fin al tormento del que diariamente era víctima“.

Cabe destacar que a Irma Ovalle Oyarzún le quedan aproximadamente cinco años para cumplir su condena y recuperar su libertad.

Versiones encontradas surgieron luego de la agresión ocurrida la noche del sábado contra el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, el que se ha hecho conocido por llegar al Congreso vestido con un capote militar muy similar al del exdictador Augusto Pinochet, de quien es un confeso admirador.

De acuerdo al relato del parlamentario, dos hombres lo golpearon por la espalda con pies y puños al grito de “¡La izquierda siempre vive!“, mientras bailaba con su abogada y un asesor en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué (100 kms al noroeste de Santiago), asunto por el cual estampó una querella criminal.

Ambos individuos fueron detenidos y esta jornada serán formalizados. Sin embargo, la esposa de uno de ellos, aseguró en una entrevista televisiva que fue el propio diputado quien propició el ataque.

“Estábamos bailando y él me pega un empujón y me dice: ”córrete (insulto)...A lo que mi marido va y le pega un combo", afirmó a Chilevisión Noticias.

De acuerdo a la mujer, su marido nunca lo golpeó de espaldas y tampoco "gritó nada alusivo a izquierda, porque nosotros no somos militantes de ningún partido, con suerte votamos, no estamos metidos en la política (...) Él le da el combo, da la media vuelta y sale afuera. Detrás de él sale el asesor (de Olivares) y le pega a mi marido por la espalda”, declaró.

Según la testigo, el diputado gritaba: “¡Pégame! ¡Pégame! ¡No te creís tan choro! ¡Pégame! Soy diputado, a ver cómo te va (...) Yo a mi pareja lo agarré y en ese momento se metieron otras personas a tranquilizar y ahí fue donde se agredió al diputado y a su asesor”, cerró.

“La banda de los cuchillos”

Esta jornada, Olivares aseguró que los dos detenidos son miembros de un grupo denominado “La banda de los cuchillos” y dijo tener registros audiovisuales del ataque, los que serán mostrados esta jornada en el control de detención.

“Llegamos rápidamente a identificar a estas personas. Obviamente mi jefa de gabinete es del sector de Olmué, conoce, se mueve rápido. También muchas personas nos llaman y nos dicen que estas personas eran delincuentes, que les decían la ‘banda de los cuchillos’. Los vecinos saben perfectamente quiénes son, nos traspasan esta información a nosotros y nosotros se la damos a la Fiscalía”, aseveró en entrevista con CNN Chile.

“Cuando me pegan el combo, nosotros escuchamos claramente cuando alguien grita ‘viva la izquierda’ o ‘la izquierda nunca muere’. Yo lo escuché”, afirmó de paso.

Tocante al famoso capote militar con el que ha llegado más de una vez al Congreso, Olivares dijo que “a mí me gustan las capas, tengo varias capas prusianas de diferentes colores. Y la primera que me puse fue una capa gris que me dijeron que se parecía a la del general Pinochet“.

Según el parlamentario, “a mí me gustó el gobierno militar, creo que hicieron muy buenas cosas”.

Consultado sobre si entendía que su atuendo podía molestar a quienes hayan sufrido violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura -tal como sucedió con la diputada comunista Lorena Pizarro, quien lo increpó en el Congreso-, Olivares dijo que “evidentemente me imagino lo difícil que tiene que ser para la gran cantidad de familiares de detenidos desaparecidos (...) pero efectivamente yo no vine al Congreso a hablar de cosas que pasaron hace 60 años”, y aseguró que volvería a vestir la polémica prensa, puesto que “no me arrepiento”.

Una álgida polémica provocaron este lunes las declaraciones de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en las calles contra el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, dichos que fueron refrendados por su colectividad pero criticados por personeros oficialistas y hasta por el presidente José Antonio Kast.

“Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del año 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso la gente protestando por sus derechos —no son beneficios, son derechos—, otro gallo canta”, señaló la parlamentaria en entrevista con radio Nuevo Mundo.

Uno de los primeros en salir a responderle fue el propio mandatario, quien mediante una publicación en su cuenta de X, replicó que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”.

A renglón seguido, la jefa de bancada del PC, diputada Daniela Serrano, retrucó al presidente Kast a nombre de su colectividad:

“Cuando él dice que nosotros estamos dedicados a, con un ambiente de violencia, obstruir gran parte de los avances que quiere hacer este gobierno: primero, no conocemos ningún tipo de avance. Y segundo, si él va a confundir la movilización social, que claramente hay un descontento dentro de la ciudadanía, con hechos de violencia, creemos que él es el que está en estos momentos equivocado”, sostuvo Serrano.

Y a pesar de que varios parlamentarios oficialistas respaldaron dichas afirmaciones, lo cierto es que otros las matizaron, como el diputado Raúl Soto (PPD), quien aseguró que el derecho a manifestarse de la ciudadanía debe ejercerse de manera “espontánea y pacífica”.

“No comparto que existan llamados por parte del mundo político a que eso ocurra. Por el otro lado, tampoco compartimos que el presidente Kast se aproveche de una entrevista o de una cuña específica para extrapolar el argumento, porque hasta donde entiendo no hay un llamado a la violencia. Por lo tanto, también la reacción ha sido, de alguna manera, una sobrerreacción por parte del presidente”, indicó.

El rechazo al llamado

Desde la otra vereda política, el senador Iván Moreira (UDI) fustigó el llamado del PC, advirtiendo que “preocupa que algunos sigan entendiendo la política desde la lógica de la presión y la movilización permanente, especialmente cuando Chile viene saliendo de años de violencia, incertidumbre y deterioro institucional”.

De acuerdo a uno de los históricos del gremialismo, “la democracia se fortalece respetando las urnas, las instituciones y la estabilidad del país, no tensionando el ambiente cada vez que los resultados no acomodan a un sector político. Los chilenos esperan responsabilidad, altura de miras y capacidad de conducción, no señales ambiguas que terminen validando el desorden como herramienta de acción política”.

Una opinión similar emitieron desde el Partido de la Gente (PDG), colectividad que afirmó mediante una declaración conjunta que “Chile no necesita más violencia ni enfrentamientos” y que “la violencia no puede seguir siendo la herramienta política en nuestro país”.

Al cierre, uno que fue incluso más allá fue el diputado libertario, Johannes Kaiser, quien pidió al gobierno hacer “valer las responsabilidades institucionales del Partido Comunista por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando”, asunto que de llegar a suceder, implicaría “iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Chile autorizó al cazatesoros norteamericano Bernard Keiser (76) a seguir con las excavaciones en la Isla Juan Fernández -mundialmente conocida como Robinson Crusoe gracias al libro de Daniel Defoe-, tendientes a dar con la ubicación exacta de un supuesto tesoro español del siglo XVIII: “El Gringo”, como es conocido por los lugareños, ha invertido casi 30 años de su vida y más de USD 5 millones para dar con el botín, estimado en hasta USD 30 mil millones.

De acuerdo a la ley, en caso de encontrarlo, el 75% del tesoro compuesto presuntamente por 800 barriles repletos de monedas de oro, joyas y piedras preciosas, quedaría en manos del Estado y el 25% sería el botín del empresario.

Este domingo, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, señaló que se han encontrado algunos artefactos que apuntan a que “sí se están acercando al lugar”, aunque se mostró escéptico sobre si al menos una pequeña parte del tesoro quedará en su querido archipiélago.

“Estamos hablando de uno de los mayores tesoros enterrados de aproximadamente entre USD 20 mil y USD 30 mil millones de dólares, o sea, lo que se está buscando no es menor (...) para nosotros ya es una costumbre que en los últimos 20 años han estado buscando el tesoro. El tema es que la última expedición ocuparon maquinaria pesada (...) no era la forma más adecuada, deberían haber tenido profesionales”, recordó en conversación con Meganoticias.

Ello, puesto que se trata de “una Reserva de la Biósfera, por lo tanto, la imagen que se está dando es que se está autorizando a cualquier persona en cualquier lugar”, razonó.

A pesar de ello, sostuvo que “no estoy en contra de la búsqueda del tesoro; al contrario, se puede buscar como lo han hecho en los últimos años, con pala, picota, con personas de la isla, con arqueólogos, lo que evidentemente también aumenta la leyenda, aumenta el tema del turismo también, le da una visualización completamente distinta a lo que la última vez se quiso realizar”.

Tocante a si las excavaciones previas tuvieron resultados que llevaran a Bernard Keiser a seguir intentándolo, indicó que aunque “no he tenido nada en documentos ni he estado interiorizado de lo que han encontrado, lo que hemos sabido de parte de los mismos isleños que han trabajado, es que han encontrado pequeñas cositas, cerámicas u otras piezas, que dan la impresión de que sí se están acercando al lugar. Pero nunca hemos sabido nada oficial”.

Al cierre, dijo con tono desconfiado: “¿Qué pasaría si se encuentra el tesoro? ¿Ustedes creen que de ese 75%, llegará algo a Juan Fernández? Esperemos que llegue; somos la quinta comuna más pequeña del país, tenemos el quinto presupuesto más pequeño del país, estamos 30 años en el pasado en el desarrollo que hoy día tiene, por ejemplo, Rapa Nui".

La leyenda

De acuerdo a registros del Museo de Historia Natural de Valparaíso, el capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría zarpó desde México en 1714, a fines de la Guerra de Sucesión Española, cargado con un tesoro que podía ser requisado en beneficio de los Habsburgo. Sin embargo, la nave desapareció y la leyenda de que un barco inglés lo había capturado para luego esconder el tesoro en Juan Fernández, comenzó a crecer.

En 1950, se descubrieron en el norte de Inglaterra varias cartas que indicaban el lugar en el que se encontraría escondido el tesoro, por lo que exploradores y aventureros de todo el mundo se abocaron a localizar dicha fortuna, pesquisas a las que Keiser se unió en 1998.

Durante dos décadas, “El Gringo” trabajó en el poblado de San Juan Bautista excavando con pala y picota para buscar el tesoro, siempre apoyado de arqueólogos y especialistas. Sin embargo, en noviembre de 2019 introdujo una retroexcavadora con martillo en medio del Parque Nacional, desatando la polémica ambiental que lo obligó a suspender las excavaciones hasta ahora.

Al grito de “¡La izquierda siempre vive!“, dos hermanos agredieron la noche del sábado con golpes de pies y puño al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien se ha hecho conocido por llegar al Congreso vestido con un capote militar muy similar al del exdictador Augusto Pinochet, de quien es un confeso admirador.

Su asesor también resultó con lesiones leves y el parlamentario ya anunció una querella criminal contra los responsables. Desde el Ministerio Público, confirmaron este domingo que abrieron una investigación por la agresión, ocurrida en un Club Deportivo Montevideo de la pacífica comuna rural de Olmué (100 kms al noroeste de Santiago).

“Aproximadamente a las 00:25 horas, ingresó una denuncia al turno de instrucción y flagrancia de la Región de Valparaíso por una falta de lesiones leves", señaló la fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo.

“En dicha celebración estaba el diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada -y que también se encontraba acompañado por uno de sus asesores- fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro“, agregó.

“A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo éste al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente“, detalló la persecutora.

La fiscal Quevedo agregó que su asesor también recibió golpes y ambos fueron trasladados a un recinto asistencial a fin de “constatar lesiones y que tomaran declaración tanto a las víctimas y a los testigos del lugar, con el objeto de poder individualizar a los individuos que habrían agredido a ambas víctimas".

La querella criminal

Desde el equipo del diputado Olivares, en tanto, publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraron que ya preparan una querella criminal contra “todos los responsables” de la agresión, y dieron mayores detalles del asalto.

“Luego de seis minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: “La izquierda siempre vive”, consignó Cooperativa.

“Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano – ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales – huyeron del lugar, agrediendo además durante su escape a uno de los asesores parlamentarios del diputado, a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente”, reza el documento.

Así las cosas, “esta oficina parlamentaria informa además que se presentarán las acciones judiciales y querellas criminales correspondientes contra todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio, llegando hasta las últimas consecuencias que la ley permita”, cerraron.

En los comentarios de la publicación, lejos de hacer mea culpa por lo polémico de su atuendo, el propio Olivares escribió:

“Lo sucedido es un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad. Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos, y a todos los responsables detrás de este ataque”, aseguró.

“No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades. Con mas fuerza que nunca defenderé los valores que me devolvieron a Chile por estos cuatro años”, remató el diputado.

Sin embargo, esta jornada también aparecieron otros testimonios que apuntan a que el diputado habría provocado la agresión.

“El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. El diputado, muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet, lo cual encendió los ánimos (...) Eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa”, señaló un testigo al matinal de CHV.

Luego de un maratónico proceso de formalización que duró toda la semana, este viernes el ex diputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva, acusado por el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil, con un perjuicio fiscal estimado de $104 millones (USD 116 mil).

Lavín Jr., como es conocido, fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado durante tres periodos parlamentarios y es el esposo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada a su vez por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos USD 32 millones, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras entrar y salir tres veces de la cárcel desde que se decretó su primera prisión preventiva, en noviembre de 2024.

En concreto, a Lavín Jr. se le acusa de recibir 34 facturas ideológicamente falsas entre 2015 y 2022 desde la imprenta MMG, de propiedad de Juan Alberto Silva, y a la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez, las que luego rindió ante la Cámara de Diputados y al Servicio Electoral (Servel) como “gastos operacionales” que nunca existieron.

Asimismo, se le atribuye haber obtenido bases de datos de electores desde el municipio de Maipú, uno de los más populosos de Santiago, para nutrir la aplicación SocialTazk, una especie de “call center” político con fondos públicos, bases que luego vendía a otros políticos en campaña.

De acuerdo al abogado y ex fiscal, Emiliano Arias, aunque “no es un enriquecimiento tan grande, la máquina que se imputa es generar o invertir ingresos para potenciar su imagen (...) una campaña permanente usando la municipalidad", señaló al matinal de T13.

Así las cosas, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó la misma medida cautelar para Arnaldo Domínguez, ex asesor del defenestrado diputado, y 90 días de plazo para la investigación.

“Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó el magistrado.

Días atrás, el empresario Juan Alberto Silva, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó bajo arresto domiciliario nocturno, mientras que el último acusado, el informático Felipe Vázquez, se encuentra en España y no compareció ante el tribunal, asunto por el cual pesa una orden de detención en su contra.

Quién es Lavín Jr.

Hijo de Joaquín Lavín Infante, ex alcalde, ex ministro, ex candidato presidencial y una de la figuras más importantes de la derecha chilena, Joaquín José Lavín León nació en 1979 en Santiago y es el segundo de los siete hijos de Lavín Infante y la ex concejal María Estela León Ruiz, una familia orgullosamente Opus Dei.

Estudió en dos de los colegios más caros del país y tras recibirse de Ingeniería Comercial en la Universidad de Los Andes - también privada -, hizo sus primeras armas en política en las campañas de su padre siendo su coordinador en las eleciones presidenciales que perdió en 1999 contra Ricardo Lagos y de 2005, contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

En 2004 también fue parte de la campaña a concejal por Santiago Centro de su madre, que resultó electa por la UDI, y colaboró en la candidatura a alcalde de la capital chilena de Pablo Zalaquett, quien tras ganar el sillón edilicio lo instaló en su Departamento de Cultura.

Su papel de jefe de campaña a la reelección del diputado Alberto Cardemil, en 2009, lo acercaría a Renovación Nacional, partido que apoyó junto a la UDI su primera candidatura fallida a alcalde de Maipú, en 2012.

En 2009 se casó por todo lo alto en la iglesia Los Sacramentinos de Santiago con Cathy Barriga y junto a ella, hizo campaña en 2013 - siendo ya militante UDI- y logró un escaño como diputado por el distrito 20 de Maipú, cargo en el que fue reelecto para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Sin embargo, en noviembre de 2024 Lavín Jr. renunció a la UDI luego de que la justicia iniciara la investigación que hoy lo tiene tras las rejas.

Las pruebas en su contra

En la querella de 44 páginas presentada por los abogados de la municipalidad de Maipú que permitió el desafuero de Lavín Jr., destaca la declaración de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien señaló haber fabricado material gráfico para las campañas del ahora desaforado diputado por varios años. Tras acumularse una deuda millonaria, acordaron que el empresario le enviaría una serie de facturas ideológicamente falsas, las que el legislador rindió en el Congreso.

“Arnaldo Domínguez (el asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría, ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testificó.

Dichas facturas finalmente fueron 19, por un total de $17.882.310 (poco más de USD 19 mil). Tratando de ponerse el “parche antes de la herida”, Joaquín Lavín León restituyó poco más de $7 millones de pesos (USD 7.500), a la Corporación de la Cámara de Diputados por las cuestionadas facturas emitidas al Congreso, reconociendo tácitamente la irregularidad.

Sin embargo, el ex diputado UDI aseguró a la prensa que “todos los dineros fueron pagados a la imprenta” y que dicha restitución de recursos era “una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”.

La vuelta de mano

Según el testimonio de la encargada de finanzas de la imprenta MMG S.A -identificada como M.-, a un mes de asumir Cathy Barriga, su esposo envió un correo al entonces coordinador de comunicaciones de la Alcaldía y la empresa comenzó a recibir información privilegiada para acceder a licitaciones y contratos con el municipio de Maipú.

“Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había estar atentos a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos”, señaló.

La testigo agregó, además, que Arnaldo Domínguez era “el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales, o sea de Cathy Barriga que era la alcaldesa de Maipú de ese entonces”.

La querella estipula que en total la municipalidad de Maipú pagó $88,8 millones de pesos (más de USD 94 mil) a MMG. S.A entre 2017 y 2021 y que por estos servicios Domínguez “cortaba la cola”, es decir, cobraba una comisión.

Individualizado como “el emisario” en la querella estampada, Arnaldo Domínguez es sin duda pieza fundamental en este puzzle, pues era quién transmitía las órdenes de Lavín.

“Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contratado por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, reza la declaración de otro testigo.

Los despidos millonarios

Otra prueba de la mano de Lavín en las decisiones del municipio son los correos entre él y su esposa en los que ordena despedir a casi 500 trabajadores vinculados al anterior alcalde.

“Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”, se lee en uno de ellos, fechado el 13 de diciembre de 2016, solo siete días después de asumir Barriga el sillón edilicio.

Finalmente, de los 496 funcionarios desvinculados, 72 demandaron al municipio, lo que implicó el desembolso “de más $1.149 millones de pesos (más de USD 1,2 millones) en pago de condenas, transacciones o avenimientos”, según reza la acusación.

Sin embargo, se abre otro capítulo: la Fiscalía Oriente apunta ahora a Joaquín Lavín Infante tras la prisión preventiva de su hijo, puesto que la investigación arroja vínculos de Lavín Jr. con la fallida campaña presidencial de su padre en 2021. Desde el Ministerio Público ya señalaron que no descartan realizar diligencias para investigar este presunto nexo.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves que dos ciudadanos chilenos que subieron al crucero MV Hondius fueron puestos en aislamiento preventivo por riesgo de hantavirus, aunque por ahora ninguno ha presentado síntomas de la enfermedad.

“Se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus”, aseguraron desde la autoridad sanitaria en un breve comunicado.

Sin embargo, el organismo omitió entregar la identidad o mayores antecedentes clínicos de los posibles casos, puesto que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente lo prohíbe.

Cabe recordar que el miércoles pasado, el Minsal descartó de plano que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el MV Hondius se haya originado en Chile -pese a que los casos primarios reportados transitaron por el país-, luego de analizar el periodo de incubación reportado de los pacientes.

“El Minsal informa que de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, aseguraron.

En Chile, el hantavirus es una enfermedad endémica y su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el MV Hondius, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

En lo que va de este año, el país ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33%.

“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, agregaron desde el Minsal.

“El Ministerio de Salud mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año, donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo”, complementaron.

El recorrido del MV Hondius

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de Argentina detallaron que los primeros turistas en presentar síntomas y fallecer eran una pareja neerlandesa que realizó un recorrido de cuatro meses por Sudamérica, pasando por Argentina, Uruguay y Chile.

Tras volver a entrar a Argentina desde Uruguay el 27 de marzo, enfilaron hasta la ciudad fueguina de Ushuaia para embarcar en el MV Hondius el 1 de abril. A los pocos días, el hombre de 70 años manifestó síntomas gripales, falleciendo a bordo del crucero 10 días después.

El brote de hantavirus obligó al MV Hondius a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, pero en estos momentos navega hacia las islas Canarias. El Gobierno de España anunció que recibirá al crucero este fin de semana en el Puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este jueves en una rueda de prensa que el número de casos confirmados de hantavirus asciende a cinco -de un total de ocho sospechosos de contagio-, y el resto de los pasajeros permanece asintomático. Pese a la gravedad de la situación, Tedros subrayó que el riesgo para la salud pública sigue siendo “bajo”.

El Gobierno de José Antonio Kast anotó este jueves su primera victoria legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara en general la idea de legislar su Plan de Reconstrucción Nacional por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El proyecto sigue ahora su curso y deberá ser votado en particular por la misma comisión.

Cabe recordar que la también llamada “Ley miscelánea” contempla más de 40 medidas tendientes a reedificar 4 mil viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales, y es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

En tanto, expertos económicos y ambientalistas han apuntado sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

Este primer trámite estuvo marcado además por las frenéticas negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG), que a última hora se bajó del acuerdo con el gobierno al que acusó de incumplirlo, y cuyos votos son necesarios para aprobar el proyecto cuando pase por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

Las tratativas siguen adelante y este jueves, el presidente del PDG, el excandidato presidencial Franco Parisi, se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a la salida aseguró que habían avanzado en llegar a un acuerdo, mostrándose de lo más optimista al respecto.

“Vamos a seguir gobernando igual”

En medio de la discusión parlamentaria, el propio ministro Quiroz salió nuevamente a defender el proyecto del Ejecutivo y advirtió que si llega a caerse en el Congreso, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos", declaraciones emitidas por la tarde en un seminario organizado por Clapes UC.

“Es un error decir que todo depende de esto y, si al final no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, agregó, subrayando que el Ejecutivo no abandonará las directrices económicas que plantea en la iniciativa.

El jefe de la billetera fiscal hizo un diagnóstico del escenario económico que enfrenta el gobierno, recordando las cifras de desempleo, el contexto de “estrechez fiscal”, el alto gasto público y la necesidad de volver atraer inversiones, e hizo un llamado a “desmitificar” algunas de las críticas contra el proyecto.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente José Antonio Kast, quien en medio de su visita a Costa Rica valoró este primer triunfo legislativo y recalcó que “respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando”.

De acuerdo al mandatario, “hay materias que no requieren ley y efectivamente en esas materias, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos (…) siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.

A modo de ejemplo, recordó que el gobierno aceleró por esta vía el cobro del CAE (Crédito con Aval de Estado) a los deudores universitarios, y que éstos se pueden aplicar en temas ambientales y económicos.

“Esto fue una discusión que se dio el año pasado en campaña, cuando yo dije que el Parlamento era muy importante, pero que también existían los decretos. Todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno”, remató Kast.

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó de plano esta jornada que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el crucero MV Hondius se haya originado en Chile. Mediante un comunicado, el organismo informó que luego de analizar el periodo de incubación reportado de los pacientes, llegaron a la conclusión que la exposición al mortal virus no se produjo en el país.

“El Minsal informa que de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, aseguraron.

Cabe señalar que en Chile el hantavirus es una enfermedad endémica y su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el MV Hondius, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

En lo que va de este año, el país ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33%.

“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, agregaron desde el Minsal.

“El Ministerio de Salud mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año, donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo”, complementaron.

Así las cosas, el organismo llamó a quienes presenten síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria, a acudir de inmediato a un centro asistencial e informar sobre su historial de viaje.

El recorrido del MV Hondius

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de Argentina detallaron que los primeros turistas en presentar síntomas y fallecer eran una pareja neerlandesa que realizó un recorrido de cuatro meses por Sudamérica, pasando por Argentina, Uruguay y Chile.

Tras volver a entrar a Argentina desde Uruguay el 27 de marzo, enfilaron hasta la ciudad fueguina de Ushuaia para embarcar en el MV Hondius el 1 de abril. A los pocos días, el hombre de 70 años manifestó síntomas gripales, falleciendo a bordo del crucero 10 días después.

El brote de hantavirus obligó al MV Hondius a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, pero en estos momentos navega hacia las islas Canarias. El Gobierno de España anunció que recibirá al crucero dentro de tres a cuatro días en el Puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó esta jornada en una rueda de prensa que el número de casos confirmados de hantavirus asciende a cinco -de un total de ocho sospechosos de contagio-, y el resto de los pasajeros permanece asintomático. Pese a la gravedad de la situación, Tedros subrayó que el riesgo para la salud pública sigue siendo “bajo”.

Personal del OS9 de Carabineros llegó este miércoles hasta el Congreso Nacional para allanar las oficinas de la senadora Camila Flores (RN), investigada por presunto fraude al fisco tras una denuncia anónima presentada en octubre del año pasado, en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, salarios que son pagados por el Estado.

El procedimiento tomó por sorpresa a la parlamentaria y durante unos 90 minutos, los uniformados decomisaron computadores y documentos en el marco de una causa que aún es reservada.

Consultado al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que “los fiscales estimaron que era necesario solicitarlas (las diligencias), el tribunal las autorizó. Entiendo que hasta el momento ha existido cooperación de parte de las personas en contra de las cuales las diligencias van dirigidas”.

“En la medida en que ellas vayan avanzando, se establezcan cuáles son los hechos, cómo habrían ocurrido, en ese momento, los fiscales podrán tomar decisiones”, complementó.

Horas después, la propia senadora Flores emitió un breve comunicado en el que sostuvo que “desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias”.

“Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso, y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”, agregó.

De acuerdo a Flores, “tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular“.

“Continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”, remató la senadora investigada.

El caso

De acuerdo al reportaje de T13 que destapó el caso, durante los años que Flores fungió como diputada (2018-2025), habría implementado un sistema para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias.

En simple, la actual senadora les pagaba un sueldo, pero les “cortaba la cola” y pedía que le devolvieran al contado una fuerte suma, la que era llamada por sus propios colaboradores como “la cuota Flores”, defraudando de esa manera unos $300 millones (unos USD 338 mil).

Según el reportaje, Yolanda Olfos, secretaria de Flores, tendría un rol clave en dichas tratativas y varios mensajes de texto darían cuenta de ello:

-Olfos: Hola (...) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina.

-Testigo reservado: Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo.

Otra conversación es aún más decidora y en ella se habla de montos específicos.

-Olfos: ¿Cuánto saca líquido?

-Testigo reservado: En febrero $1.550.851

-Olfos: (La entonces diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?

-Testigo reservado: ¿Y en cuánto quedará al final el sueldo total? ¿$1.200.000 para usted?

-Olfos: Mensaje eliminado.

-Testigo reservado: No, mi consulta es si ¿usted necesitará más del millón?

Sin embargo, la acusación también tiene nombres y apellidos, como el caso del trabajador Julio Alejandro Lillo, “contratado por un monto mensual de $2.640.939, (quien) entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”, según reza un documento de la fiscalía al que accedió T13.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el canciller subrogante, Patricio Torres, se apersonaron este martes en el Congreso Nacional para detallar ante la Comisión de Gobierno del Senado las cifras sobre reconducción y flujos de migrantes que marca el actual gobierno desde el cambio de mando, el 11 de marzo pasado.

Cabe recordar que en medio de su campaña presidencial, el entonces candidato José Antonio Kast aseguró que a los migrantes irregulares que viven en el país “les quedan días para que salgan voluntariamente”.

De entrada, Sauerbaum valoró los resultados que ha tenido la excavación de zanjas en la frontera norte, asegurando que sus efectos ya son palpables, e informó que a la fecha van 648 reconducciones, correspondientes a 485 ciudadanos bolivianos, 98 venezolanos y 45 colombianos.

“Básicamente, ha habido menos presencia en la frontera, por tanto se reconducen menos personas”, señaló.

Sauerbaum refutó así a quienes aseguran que no se están reconduciendo ciudadanos venezolanos, y explicó que “en el fondo la figura legal que se usa no es la expulsión, entonces Venezuela los recibe igual”.

“Por ejemplo, hace unos días atrás se conoció un caso de cuatro personas venezolanas que fueron expulsadas, pero se llegó a un acuerdo con ellos y finalmente “salieron voluntariamente” y se fueron pagándose incluso el pasaje”, dijo el director nacional de migraciones.

Así, explicó que “en el fondo, son expulsadas pero el pasaje no es pagado por el Estado. Por lo tanto, Venezuela lo recibe como la llegada de un compatriota, por decirlo de alguna manera”.

A renglón seguido, sostuvo que gracias a la política migratoria que ha implementado el gobierno, desde el 11 de marzo 1.424 personas han salido voluntariamente del país, y que la mayoría de ellos son, precisamente, venezolanos.

Las críticas

Sin embargo, las críticas desde la oposición no se hicieron esperar y varios senadores oficialistas mostraron preocupación por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, asunto que impide la salida de miles de ciudadanos de ese país al no contar con una embajada o consulado funcionando en Chile.

“No tuvimos respuesta sobre qué es lo que se prevé para mejorar la relación con Venezuela”, fustigó la senadora Danisa Astudillo (PS).

“Nos dijeron que habían logrado devolver 70 venezolanos, pero que lo hicieron sin ningún proceso de expulsión, sino que fue un acuerdo para que ellos pagaran el pasaje, subieran el avión, y el país venezolano los recibiera, pero eso es el único dato”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Gobierno, senadora Loreto Carvajal (PPD), recalcó la urgencia de seguir adelante con las deportaciones, teniendo en cuenta que 6.000 de ellas ya tienen visto bueno.

Cabe señalar que en 2024 el país expulsó a 4.235 ciudadanos extranjeros y en 2025, a otros 5.057.

Por 24 votos a favor y 20 en contra, el Senado aprobó en general este martes en su segundo trámite constitucional el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, y tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, acordando como plazo para ingresar indicaciones el mediodía del jueves 28 de mayo próximo.

“Quisiera destacar que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país (...) Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención”, señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La iniciativa establece que quienes no cumplan con la normativa arriesgan un castigo de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa que va desde los $350.00 (USD 391) a $705.000 (USD 780).

Asimismo, aumenta la pena a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes entren al país por pasos no habilitados teniendo una prohibición vigente de ingreso.

Además, contempla la expulsión del extranjero una vez cumplida la sanción, excluyendo de esta medida a niños, niñas y adolescentes, así como a sus cuidadores.

Rerserva de constitucionalidad

El debate fue intenso y estuvo marcado por las críticas de la oposición, desde donde advirtieron que la ley puede terminar en una “sobrecarga operativa para la Policía de Investigaciones (PDI) y las FF.AA.”, amén de acarrear “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

“Lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país”, señaló la senadora Yasna Provoste (DC), quien anunció reserva de constitucionalidad, acto formal que funciona como una alerta previa para reservar el derecho a impugnar dicha norma ante el Tribunal Constitucional (TC),

Por su parte, su par Pedro Araya (PPD), declaró que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.

“Es ineficaz para el objetivo que se propone”, agregó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en tanto, retrucaron que el proyecto se apega al derecho internacional, puesto que incluye normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio, y negaron que la norma vaya a generar un colapso en el sistema judicial y penitenciario, pues establece mecanismos alternativos que evitan la judicialización.

“No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, aclararon desde la derecha, e hicieron un llamado a “legislar y mejorar este proyecto”.

Por último, el ministro Alvarado anunció indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura de este proyecto”, por lo que el proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esta jornada se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Concepción (500 kms al sur de Santiago), la audiencia de preparación del juicio oral contra Alejandro Ríos Acuña, acusado de dispararle en el ojo a una garzona tras negarse a pagar la cuenta en un restaurante céntrico de esa ciudad.

El hecho se remonta al 29 de mayo de 2024, cuando Ríos Acuña almorzó y pasó varias horas hacienda la sobremesa consumiendo en el local “Lunchonette”. Una vez que le trajeron la cuenta, el comensal admitió suelto de cuerpo que no tenía cómo saldarla, razón por la cual le pidió a la garzona que fueran juntos hasta su casa a buscar dinero.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el dueño del restaurante envió a la garzona acompañada de otro trabajador del local, y fue ella la que entró a la vivienda para recibir el pago. Sin embargo, luego de una breve discusión se escuchó un disparo y la mujer salió con una herida en su ojo.

“Me cagó, me disparó”, le gritó a su compañero de trabajo.

La víctima fue llevada de inmediato hasta la clínica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Concepción, donde se le diagnosticó un trauma ocular grave -debiendo ser operada-, mientras que el agresor fue detenido, encontrándose en su casa varias armas de fuego sin sus papeles correspondientes.

Debido a esto, la fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de homicidio frustrado simple y tenencia ilegal de arma de fuego, aunque la defensa de la mujer no está de acuerdo y pide penas adicionales que elevarían la condena a 19 años.

¿Defensa propia?

Según el abogado de la víctima, Gabriel Ramírez, el ataque debiese ser considerado como un intento de homicidio calificado, puesto que hubo dinero de por medio.

“Los daños a la víctima han sido enormes. Ella actualmente no trabaja y se tuvo que autodespedir del restaurante, que fue quien les pidió ir a cobrarle la cuenta a este señor. Entonces, digamos, una vida que está destruida por el ilícito y creemos que la solicitud que hacemos nosotros de pena, a su vez de la demanda civil que nosotros hemos presentado, de cierta manera puede lograr justicia en este caso”, señaló el defensor.

Por su parte, la defensa de Ríos Acuña aduce, sorprendentemente, que el acusado actuó en defensa propia, puesto que el hecho de que la garzona fuera acompañada de otro trabajador del restaurante a cobrar la deuda habría generado una situación de agresión en su contra.

Continúan los acercamientos entre Chile y Bolivia. Este lunes, ambas naciones informaron que ya está en marcha un acuerdo que homologa las licencias de conducir emitidas por ambos países, en una ceremonia en La Paz encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores altiplánico, Fernando Aramayo, y el cónsul chileno, Fernando Velasco.

De acuerdo a Aramayo, el objetivo de este convenio es procurar mayor bienestar “a los bolivianos en Chile, a los chilenos en Bolivia y a quienes transitan diariamente” entre ambos países, sobre todo en la frontera norte.

“Es el rostro que queremos darle a nuestras relaciones internacionales, un rostro humano que tenga por delante los intereses de ambos pueblos y que permite entender que la diplomacia tiene que estar al servicio de los intereses de nuestros ciudadanos“, agregó el Canciller boliviano.

Así las cosas, las oficinas encargadas de atender dichas homologaciones son el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Bolivia y la Subsecretaría de Transportes de Chile (Subtrans), y debido a que el acuerdo entró en vigencia el 30 abril pasado, el cónsul chileno informó que ya se han recibido alrededor de 5.000 solicitudes por parte de conductores bolivianos.

Sin nuevos exámenes

Juan Diego Tejerina, director del Segip del país vecino, detalló los alcances del acuerdo explicando que los conductores de ambos países no necesitan someterse a nuevos exámenes prácticos o teóricos, y solo deben elevar una solicitud mediante correo electrónico a las oficinas correspondientes, adjuntando la licencia de conducir original, la cédula de identidad y un certificado médico y psicológico, el llamado “psicotécnico” en Chile.

Finalmente, el cónsul Fernando Velasco subrayó que este pacto de homologación deja en claro que “la diplomacia va más allá del discurso (...) en beneficio real de la gente”.

Cabe recordar que Chile y Bolivia mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

Luego de no llegar a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este lunes el gobierno ingresó con suma urgencia a la Cámara de Diputados su propuesta de reajuste al sueldo mínimo que contempla un alza de $539.000 a $546.546 (USD 603), es decir, $7.546 (USD 8), cifra que fue calificada por la oposición en pleno como “impresentable” y defendida por el oficialismo, desde donde la consideraron “realista”.

El incremento tiene relación directa con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre de este año (1,4%), y de ser aprobado comenzará a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo pasado.

De acuerdo al documento ingresado, el objetivo del Ejecutivo es “mantener el poder adquisitivo de las familias”, en el contexto de una economía que muestra señales de debilidad con una tasa de desempleo entre enero y marzo de este año de 8,9% -“entre los más altos de América Latina”-, y el encarecimiento de los costos laborales tras los reajustes previos al ingreso mínimo mensual, la Ley 40 Horas que redujo recientemente la jornada de 44 a 42 horas, y el aumento de cotizaciones derivado de la reforma de pensiones con cargo al empleador.

Las reacciones

Como era de esperar, la propuesta del gobierno no cayó nada bien en la oposición y uno de los primeros en salir a fustigarla fue el diputado Boris Barrera (PC), quien señaló que “me parece impresentable que el gobierno se haya cerrado a negociar o a seguir negociando con la CUT un incremento mayor, considerando el alza en el costo de la vida producto del precio de los combustibles y también lo que se proyecta hasta fin de año de incremento del IPC”, según consignó BioBíoChile.

“Estos 7.000 y fracción ni siquiera van a alcanzar a cubrir lo que va a subir el costo de la vida de aquí a la próxima negociación del año 2027”, agregó.

De la misma opinión fue su par del Frente Amplio, Jorge Brito, quien sostuvo que “la propuesta del gobierno choca con la realidad de los trabajadores que verían afectada su capacidad para llegar a fin de mes”.

“La propuesta hecha es menor que el aumento del costo de la vida que se proyecta para los próximos meses producto de la mala decisión de no inyectar recursos al MEPCO, y con eso contener el aumento del precio de los combustibles”, subrayó el legislador.

De paso, aseguró que “la propuesta es distinta de la que se ha considerado como base de cálculo para todo el informe financiero del Proyecto de Reconstrucción Nacional y, en consecuencia, solo acrecienta las dudas respecto al ministro de Hacienda y su prolijidad para el manejo de las finanzas públicas”, cerró Brito.

Desde la otra vereda política, el diputado Stephan Schubert (Rep), retrucó que “el reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo, con la situación actual en la que nos encontramos hoy como país, con una situación crítica en materia financiera del Estado, con precios que están al alza producto de la guerra y de la situación también fiscal que impide mejorar a través de subsidios u otras ayudas”.

“Eso está tensionando a los mercados, eso está tensionando a los empleadores, quienes tienen además un costo de contratación más alto que antes y tenemos una productividad baja”, razonó.

Debido a esto, “tenemos que velar por cuidar el empleo, por cuidar a los empleadores, por supuesto por cuidar también a los trabajadores y espero que en el tenor de la realidad, podamos llevar adelante estas conversaciones”, complementó Schubert.

Finalmente, la diputada Paulina Muñoz (PNL) cuestionó la “representatividad” de la CUT y manifestó que pedir “$637.000 (USD 703) como sueldo mínimo, quiere decir que están completamente desconectados con la realidad (...) La medida del Ejecutivo es bastante aterrizada y realista para lo que estamos viviendo hoy”, remató.

A fines de esta semana se votará en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno de José Antonio Kast, “ley miscelánea” con más de 40 medidas tendientes a la reedificar más de 4 mil viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate por parte expertos económicos y ambientalistas, enfocado principalmente en el riesgo fiscal, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

Una de las más críticas ha sido Andrea Repetto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien en entrevista con Tele13 Radio calificó la iniciativa como “altamente riesgosa para las finanzas públicas”.

“Tiene un conjunto de medidas que hay que descartar sí o sí, y además agrega cosas que no son tributarias y que también se ven problemáticas”, aseguró.

De acuerdo a la académica, en octubre del año pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que la deuda fiscal chilena aumentaría menos de un punto del PIB hacia 2030. Sin embargo, en la actualización de abril, la estimación cambió drásticamente y ahora se prevé un incremento cercano a seis puntos del PIB, debido a que “hemos sido incapaces de estimar bien los ingresos”, señaló.

Repetto recordó que el FMI incluyó una advertencia especial para Chile debido a las reiteradas sobrestimaciones en los ingresos fiscales, pero “lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es hacerse el leso (tonto) con el Fondo Monetario Internacional. Está reduciendo la recaudación de una manera muy importante (...) apuntando a que el crecimiento va a ser capaz de recuperar esa recaudación perdida”, argumentó.

Finalmente, cuestionó la tesis oficialista de que la baja de impuestos corporativos del 27% al 23% traerá aparejado un mayor crecimiento, puesto que “cuando reduces los impuestos a las empresas, sabemos que la recaudación no se recupera, ni siquiera con crecimiento”.

Regresividad y focalización

Por su parte, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, puso en tela de juicio la eliminación del pago de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años, asunto que tildó de “regresivo”.

“Hay que establecer ciertas reglas en términos de montos, avalúo fiscal, de ingresos de las personas, hay que compensar mucho mejor”, aseveró, según consignó BioBíoChile.

En tanto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió al medio citado un problema de “focalización” en otra medida: el crédito tributario dirigido a todas las empresas que contraten nuevos trabajadores o mantengan a los antiguos.

“Se necesita crear empleo formal, pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a las empresas, reduce el costo laboral, pero es poco focalizado y puede terminar financiando empleos que probablemente se habrían mantenido igual”, razonó.

Cabe señalar que por estos días, organizaciones gremiales acusan que se está produciendo una ola de despidos, incluso en el sector público, para luego contratar a nuevo personal bajo las nuevas condiciones de reconstrucción, lo que afecta derechos laborales adquiridos.

Finalmente, el director de la ONG Greenpeace Chile, Matías Asun, señaló que la organización está en “estado de alerta”, describiendo el plan como “peligroso para Chile”, puesto que, aducen, permite la relocalización de la salmonicultura sin evaluación ambiental, reduce las facultades de fiscalización de los tribunales ambientales y sacrifica la protección del entorno natural para favorecer una agenda productiva.

Diputados de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI) confirmaron este domingo que el Gobierno le puso urgencia a un proyecto de ley que busca prohibir que los jugadores de fútbol profesional se conviertan en rostros publicitarios de casas de apuestas, a fin de evitar un “evidente conflicto tanto ético como de interés“.

“Estamos hablando de resguardar la transparencia del deporte y de evitar que se normalicen este tipo de prácticas, que a nuestro entender pueden afectar gravemente el desarrollo de esta actividad”, afirmaron los parlamentarios Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao en una declaración conjunta consignada por CNN Chile.

“Aquí son dos los aspectos que más nos preocupan: el primero, que los futbolistas son referentes para miles de jóvenes en nuestro país, por lo que su vinculación con casas de apuestas podría transmitir una señal equívoca. Y el segundo, el evidente conflicto de interés que se produce al tratarse de jugadores plenamente activos”, sostuvieron los diputados, quienes además integran la comisión de Deportes de la Cámara Baja.

De acuerdo a los legisladores “resulta particularmente complejo que un jugador que auspicia una de estas plataformas sea, al mismo tiempo, uno de los protagonistas sobre los cuales se están generando miles de apuestas”, puesto que “lo que se genera es una situación de incompatibilidad, que al menos para nosotros y el Gobierno debería ser regulada con claridad”.

“Lamentablemente, la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el amaño de partidos, lo que ha ocurrido en distintos países. Aquí no se está acusando a ningún jugador en particular, pero creemos que es indispensable tomar medidas preventivas, justamente para evitar cualquier riesgo que pueda atentar contra la credibilidad y transparencia de este deporte”, cerraron.

Oposición de acuerdo

Dichas declaraciones fueron refrendadas por diputados de distintas colectividades políticas como Cristian Mella (DC), quien sostuvo que lo importante es que “la Comisión de Deportes siga trabajando y haga una muy buena ley”.

De la misma opinión fue Cristian Contreras (PDG), quien estuvo de acuerdo con la medida pues “dichos casos podrían derivar en arreglos de partidos que serían muy perjudiciales para el nivel del fútbol chileno, que ya es bajo a nivel nacional e internacional”, remató.

Cabe señalar que varios futbolistas de la llamada “generación dorada” han participado en campañas publicitarias de casas de apuestas en línea, ya sea como embajadores de marca, lanzando sus propias plataformas o a través de patrocinios a sus clubes, entre los que se cuentan Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Un rechazo transversal provocaron las recientes declaraciones de Antauro Humala, aliado político del candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, quien aseguró que de ganar su candidato y “como nacionalista que soy”, impulsarán la recuperación de territorios perdidos con Chile en la Guerra de Pacífico (1879-1883).

“El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica, por la vía diplomática o por la vía armada“, afirmó en entrevista con el diario Perú 21 el hermano del expresidente Ollanta Humala, actualmente en prisión tras ser condenado a 15 años por el delito de lavado de activos.

De paso, Antauro Humala indicó que de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados firmados entre ambos países, haciendo alusión al tratado de Ancón y el tratado de Lima de 1929, acuerdos que marcaron los actuales límites fronterizos entre ambos países tras la guerra.

Humala también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores, afirmando que mantendría dicho litigio pendiente.

Cabe recordar que el balotaje en Perú está programado para el 17 de junio próximo, y según las encuestas, Roberto Sánchez aparece como el candidato que más seguro para enfrentar a Keiko Fujimori.

Repudio transversal

Las declaraciones de Humala, líder radical de izquierda y quien fuera condenado por homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas tras el denominado “Andahuaylazo” -hecho que provocó la muerte de cuatro policías en 2005-, gatillaron un amplio rechazo en el país y uno de los primeros en salir al ruedo fue el diputado y líder libertario, Johannes Kaiser, quien llamó a “no tomar a la ligera a este animal”.

"Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad”, afirmó Kaiser mediante una publicación en su cuenta de X.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Stephan Schubert (PR), indicó que los dichos de Humala “no responden a la realidad de nuestros países (…) hoy tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto”, según consignó BioBíoChile.

De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien fustigó estas “declaraciones populistas, enfermizas y excesivas” y recordó que los límites territoriales entre ambas naciones están más que claros.

Finalmente, y desde la otra vereda política, la diputada Nathalie Castillo (PC) afirmó que las declaraciones “osadas” y populistas” de Humala “tensionan de manera innecesaria las relaciones entre países vecinos”.

Sin embargo, quien lapidó las aspiraciones de Humala fue el propio candidato presidencial Roberto Sánchez, quien mediante su cuenta de X afirmó que las declaraciones de Humala son de su exclusiva responsabilidad y “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

“En el gobierno del Pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”, remató el candidato presidencial.

El histórico decomiso se gestó a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo in fraganti a tres imputados de nacionalidad colombiana, justo cuando cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos, y todos ellos fueron formalizados esta jornada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la seguridad de la sociedad.

Estrategia conjunta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, señaló.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia coordinada que busca el estrangulamiento de toda la logística de las organizaciones criminales.

“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, agregó.

Cifras históricas

El persecutor recordó que la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como fiscal regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, complementó Castro Bekios.

De acuerdo al fiscal, la investigación recién comienza, pues “aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, aseguró.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, remató el fiscal que ostenta los mejores números del país.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el desempleo en Chile creció en 0,2 puntos durante el trimestre enero-marzo de 2026, ubicándose en un 8,9%. De esta manera, la tasa de paro se elevó por 38 meses consecutivos a un índice igual o superior al 8%.

Durante el período analizado, la cifra de personas en capacidad laboral (0,7%) estuvo por encima de la creación de puestos de trabajo (0,5%), precisaron desde el INE en su Encuesta Nacional de Empleo.

En tanto, las personas sin trabajo aumentaron 3,3%, divididas en quienes se encontraban cesantes (2,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5%), agregaron.

“Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, decreciendo 0,1 pp. y 0,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 1,2%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las personas inactivas habituales (0,4%)”, detalla el estudio.

Por género, la desocupación alcanzó a 10 de cada 100 mujeres, con un incremento de medio punto en comparación con igual período del año pasado, mientras entre los hombres no se produjo ninguna variación.

Según el sector económico, la mayor oferta de empleos estuvo en el ramo inmobiliario, seguido por las actividades profesionales, los servicios de salud y el comercio.

Respecto a la informalidad laboral, en el primer trimestre de 2026 sufrió un alza de 0,7 puntos y se ubicó en 26,5%. Esto significa un incremento de 3,2 puntos porcentuales en 12 meses, con mayor impacto en el comercio y la industria manufacturera, agregaron desde el INE.

Desempleo en Santiago

Finalmente, en la región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre enero-marzo de este año alcanzó un 9,6%, lo que significa un alza de 0,2 pp. en doce meses.

“En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada decreció 0,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (-16,0%), actividades financieras y de seguros (-14,4%) y administración pública (-8,6%)”, cierra el estudio.

En plena campaña presidencial, José Antonio Kast anunció que debido a la estrechez fiscal recibida de la administración Boric, su gobierno de “emergencia” recortaría para 2027 de manera gradual USD 6 mil millones del Estado para contener el gasto público, y prometió además que ningún beneficio social sería derogado.

Sin embargo, el plan de ajustes emanado desde el Ministerio de Hacienda que comenzó a conocerse en detalle esta semana, vía oficios firmados por el ministro de esa cartera, Jorge Quiroz, contempla una rebaja de hasta un 15% en el presupuesto de al menos 260 programas repartidos en los 25 ministerios, asunto que ha generado una oleada de críticas tanto de la oposición como en el oficialismo.

Ello, puesto que entre dichos programas se encuentran algunos históricos, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los jubilados, el Programa de Alimentación Escolar, el subsidio al Transporte Público Metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Subsidio Familiar (SUF).

Desde la oposición aseguran que es imposible llevar a cabo el ajuste que el ministro Quiroz busca sin impactar a los grupos más necesitados, y desde el oficialismo le han recordado al mandatario la importancia de cumplir sus promesas de campaña, fustigando de paso garrafales errores comunicacionales en La Moneda a la hora de informar sus medidas.

Debido a esto, el Gobierno ha tenido que salir a explicarse una y otra vez, asegurando que dichos recortes son más bien “ajustes” a fin de “buscar eficiencia” en la administración del Estado, que no afectarán a los ciudadanos.

Los programas y sus recortes

Según un reportaje del medio de investigación Ciper, el programa que se verá más afectado con el plan de ajuste fiscal del ministro Quiroz es la Pensión Garantizada Universal (PGU) de los jubilados, ley emblemática promulgada en los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera en 2022, que contempla una rebaja de $906 mil millones (USD 1.001.972.742).

En tanto, las pensiones del sistema de reparto tendrían una reducción de $321 mil millones (USD 355.094.148), y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez una de $91 mil millones (USD 100.652.306)

El Crédito con Aval del Estado (CAE), vería reducido su presupuesto en $134 mil millones (USD 148.153.907), mientras que la gratuidad en la educación superior, otra ley emblemática, lo haría en $66 mil millones (USD 73.024.792).

El Transporte Público Metropolitano también presenta una corrección de $178 mil millones (USD 196.934.377), al igual que el Subsidio Familiar (SUF) -$101 mil millones (USD 11.743.663); los jardines infantiles y salas cuna -$58 mil millones (USD 4.189.995), y el subsidio al agua potable rural -$49 mil millones (USD 4.228.808).

“Buscar eficiencia”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha salido al paso de las críticas transversales en varias oportunidades y este miércoles aseguró taxativo que “aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno”, y que lo que busca es “eficiencia” a la hora de entregar los beneficios estatales.

“Podría haber gente que obtuvo eso (beneficios) y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, explicó.

El presidente Kast, por su parte, recalcó las declaraciones de Quiroz en un encuentro ciudadano, tras ser consultado sobre si los escolares iban a dejar de recibir alimentación en las escuelas públicas.

“No. No se va a recortar la alimentación de ningún joven (...) Claramente si yo suspendiera, si nosotros como gobierno suspendiéramos la alimentación, sería un retroceso. Nosotros queremos avanzar, usar bien los recursos y ordenar la casa”, remató el mandatario.

Un ciudadano boliviano fue apresado este martes por personal de carabineros de la Tenencia de Elqui (500 kms al norte de Santiago), en la región de Coquimbo, luego de ser sorprendido manejando a 191 km/h en una zona cuyo límite máximo es de 100 km/h y para peor, bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo al Diario El Día, al ser detectado el conductor hizo caso omiso a la orden de parar su loca carrera y se dio a la fuga pisando el acelerador a fondo, razón por la cual los uniformados comenzaron un seguimiento controlado que culminó con su captura.

El individuo pilotaba nada menos que un McLaren Coupé del año 2017, avaluado en unos $130 millones (USD 143 mil), y al ser detenido la policía constató que todos los papeles del vehículo se encontraban vencidos, aunque su conductor se encontraba de manera legal en el país.

Sin embargo, el sujeto registra cinco anotaciones por delitos como violación de morada, receptación de vehículo motorizado e infracciones a la Ley de Tránsito, no manteniendo órdenes de detención vigentes al momento de su detención.

Positivo en cocaína y marihuana

Así las cosas, y siguiendo el protocolo establecido, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros procedió a aplicarle un narcotest al conductor, el que arrojó positivo en cocaína y marihuana.

Esta jornada, el temerario sujeto pasará a control de detención y aunque sus antecedentes previos dejan en claro que representa un peligro para la seguridad pública, se espera que el tribunal dicte una medida cautelar menos gravosa -como arresto domiciliario y arraigo nacional-, mientras dure el periodo de la investigación.

Tres ciudadanos venezolanos y uno chileno permancen detenidos en Santiago por la Policía de Investigaciones (PDI), debido a su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo del empresario Jorge Vera Fierro (84), quien estuvo ocho días desaparecido y fue liberado sano y salvo esta mañana.

Vera, empresario ferretero, dueño de caballos fina sangre y prestamista informal, fue secuestrado el 21 de abril pasado mientras circulaba en su auto en las cercanías de su casa, en la comuna capitalina de San Miguel. Los delincuentes de inmediato se pusieron en contacto con sus familiares, a quienes exigieron $700 millones (USD 777 mil) por su liberación.

El caso mantuvo en vilo a todo el país, pues la policía lo manejó en estricta reserva, mientras la familia exigía en medio de las negociaciones a los captores alguna prueba de que el empresario -quien es diabético-, se mantenía con vida, enviando éstos fotos en las que aparecían inyectándole insulina.

La liberación

Según informaron profusamente los matinales, Jorge Vera apareció a eso de las 06:00 horas de esta jornada en un sitio eriazo ubicado en la comuna santiaguina de Colina, al lado de un vehículo que se incendiaba, siendo derivado de inmediato a un recinto de salud para verificar su estado.

Y aunque ni la policía ni la familia lo han confirmado, trascendió que durante las negociaciones los captores fueron bajando paulatinamente la suma que exigían por la liberación de Jorge Vera, de $700 millones, a $50 millones (USD 55 mil), cifra que habría sido pagada por la familia.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, detalló que antes de que el empresario apareciera con vida, los detectives ya habían arrestado a cuatro individuos -tres venezolanos y un chileno-, y que en su captura contaron con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia.

Debido a esto, los alcances de la investigación y las tratativas con los captores “no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo. Era delicado comunicar en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan: prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando“.

“La colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, subrayó el jefe de la policía civil.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que “no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan (...) Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando para detener y solicitar las penas más duras“, cerró la autoridad.

Dueño de caballos y prestamista informal

De acuerdo a varias fuentes, a sus 84 años Jorge Vera Fierro amasó una fortuna avaluada en más de $1.000 millones (USD 1,1 millones), gracias a una conocida ferretería, caballos fina sangre y un lucrativo negocio como prestamista informal.

Dicho patrimonio, que comprende ocho bienes inmuebles y cuatro vehículos, no habría pasado desapercibido para esta banda de secuestradores, la que según fuentes policiales estaría conformada principalmente por ciudadanos extranjeros y estaría altamente organizada.

En medio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional ingresada recientemente por el Gobierno de Kast, otras dos batallas legislativas se avizoran en el Congreso, pues parlamentarios de oposición evalúan por estos días acusar constitucionalmente a los exministros de Hacienda y Vivienda de la administración Boric, Nicolás Grau y Carlos Montes.

Mientras a Grau se le culpa de “negligencia técnica grave” por sus decisiones en materia fiscal que terminaron con un alto déficit fiscal estructural (3,6% del PIB) en febrero de este año, Montes es cuestionado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que pone en tela de juicio el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), implementado luego del megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

Sin embargo, los legisladores tienen poco más de un mes para presentar dichas imputaciones, puesto que la ley establece que una Acusación Constitucional (AC) contra funcionarios del gobierno anterior solo puede presentarse hasta tres meses después del cambio de mando, ocurrido en este caso el 11 de marzo pasado.

En el caso del exministro Nicolás Grau, este martes el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, explicó que un equipo está analizando varios pasos en falso dados por la autoridad, los que configurarían un patrón de “dolo”.

“Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando”, aseguró, según consignó BioBíoChile.

Montes y la reconstrucción tras el megaincendio

En tanto, la semana pasada el diputado Hotuiti Teao, miembro de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció que también prepara un juicio político contra el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, debido a “la gravedad de los antecedentes que hemos conocido en un lapidario informe de Contraloría respecto al plan de vivienda tras el megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso”.

Cabe señalar que el informe sobre el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Gabriel Boric, emitido por el ente contralor, dio cuenta de varias irregularidades en la compra de terrenos realizada por dicha cartera, poniendo un manto de dudas sobre eventuales sobreprecios.

En la misma línea, el actual ministro del Minvu, Iván Poduje, subrayó que “la Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy tenemos un déficit de 500 mil familias en terrenos vacíos, que se compraron a precios muy altos. Entonces, el Parlamento tiene que tomar una decisión y hay bastantes razones para tomarla”.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este lunes de $70 a $120 millones (USD USD 135 mil) la indemnización que el Estado de Chile deberá pagar por concepto de daño moral a Eduardo Abdón Araya Rojas, detenido en abril de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) cuando solo tenía 9 años junto a sus abuelos, a quienes nunca volvió a ver.

De acuerdo al fallo unánime de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, “se desprende de forma manifiesta la gravedad y entidad de los daños sufridos por el actor y las diversas secuelas sicológicas que hasta el día de hoy le afectan, producto de su detención ilegal en el mes de abril de 1976 cuando tenía la edad de 9 años”.

Según el escrito, la víctima “se encontraba en compañía de sus primos también menores de edad y de sus abuelos, que ejercían el rol parental a su respecto, y respecto de quienes su paradero actualmente aún se desconoce–, la que se extendió por tres días, período en que fue sometido a diversas torturas físicas y sicológicas; para luego ser liberado junto a sus primos, lo que generó un quiebre irreparable de su vida familiar, en cuanto debió seguir adelante sin figuras parentales, en una situación de desamparo especialmente grave si se considera su corta edad”.

“Tales circunstancias hacen necesario, a juicio de esta Corte, que la indemnización por parte del Estado sea regulada en una suma superior a la fijada por el Tribunal de primera instancia, considerando la gravedad del ilícito y sus circunstancias, la extensión y gravedad del daño sufrido”, cierra el fallo.

El secuestro

El 2 de abril de 1976, agentes de la DINA llegaron hasta la casa donde Eduardo Araya vivía con sus abuelo en Quintero y se llevaron detenidos a todos los familiares presentes, incluyendo varios primos de la víctima también menores de edad.

Todos fueron conducidos hasta el centro clandestino conocido como Cuartel Venecia, en la comuna santiaguina de Independencia, donde permanecieron por tres días en cautiverio para luego ser abandonados cerca de la casa de otros familiares en la capital.

Sin embargo, de sus abuelos, Bernardo Araya y María Olga Flores, nunca más se supo, siendo catalogados como víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado en el Informe Rettig.

Araya demandó al Estado por daño moral argumentando pérdida de escolaridad, abandono, hambre, trabajo infantil, exilio y secuelas psicológicas persistentes.

Una nueva polémica envuelve al Ministerio de Hacienda, luego de la filtración del llamado “Oficio N° 16″, firmado por el propio ministro de la cartera, Jorge Quiroz, que estipula un recorte de $5,4 billones (más de USD 6 mil millones) en 2027 y recomienda revisar y discontinuar 142 programas estatales, a pesar de que el presidente, Jose Antonio Kast, aseguró en su campaña que ningún beneficio social iba a ser derogado en su gobierno.

Y aunque el ministro Quiroz salió a poner paños fríos asegurando que los ajustes se harán solo en aquellos programas que la Dirección de Presupuestos (Dipres) evalúe con bajo rendimiento, y que ningún beneficio histórico -como alimentación escolar y becas estudiantiles-, serán tocados, la oposición en pleno y diversas organizaciones civiles pusieron el grito en el cielo asegurando que es imposible llevar a cabo el ajuste que el ministro Quiroz busca, sin impactar a los grupos más necesitados.

“Creo que hay mucho de arrogancia (…) Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable de mandar oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen realmente”, fustigó la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Los programas en la mira

Entre los programas a revisar aludidos en el “Oficio N° 16″ se encuentran algunos emblemáticos, como el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública del Ministerio de Educación, o el programa de Residencias de Protección para Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social.

Otros programas que el documento plantea discontinuar son el Programa contra el Crimen Organizado (PNCO) y el Plan Calles Sin Violencia, dependientes del Ministerio de Seguridad, y uno que recomienda suspender definitivamente es el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Las críticas internas

Tras la oleada de críticas de la oposición, organizaciones de derechos humanos y gremios de la educación, desde el propio oficialismo le enviaron más de un recado al ministro Quiroz.

“El ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña, en la forma como el presidente se planteó frente a la gente más vulnerable que recibe los beneficios sociales, y que el fue clarísimo en decir que no se iban a recortar”, señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, acusó un “error comunicacional” que se debe corregir a la brevedad y apuntó a los asesores del Gobierno -Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela-, ubicados en el segundo piso de La Moneda, recordando que las evaluaciones de los programas no deben comunicarse vía oficio.

“Llamaría al segundo piso que tome las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, aseguró Squella en entrevista con Radio Duna.

En tanto, la diputada libertaria, Gloria Naveillán, sostuvo que “el manejo del gobierno sigue siendo muy malo comunicacionalmente hablando (…) esto va a significar una ronda de reuniones con todos los ministros para que nos expliquen qué pretenden”.

Finalmente, la ministra Mara Sedini, portavoz del Gobierno, salió al paso de las críticas asegurando que “lo importante es hablar de frente a la ciudadanía sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones difíciles. Pero nuestro compromiso como gobierno fue hablar con la verdad y ordenar la casa, porque era lo que se necesitaba”.

La Corte de Apelaciones de Temuco (670 kms al sur de Santiago) ratificó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, imputado como coautor del asesinato del cabo Eugenio Naín Caniumil (24 años) en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas (700 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

Painevilo fue apresado la semana pasada luego de permanecer prófugo desde marzo de 2021. De acuerdo al fiscal Carlos Bustos, “hay argumentos que dan cuenta de la participación del imputado y de la existencia de los delitos por los que fue formalizado”, a saber, homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados.

De esta manera, el comunero mapuche volvió al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, mientras se cumple el plazo de 60 días decretado por el tribunal para la investigación.

El crimen

El homicidio de Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo de Carabineros ascendido póstumamente a suboficial mayor, ocurrió el 30 de octubre de 2020 en el sector de Metrenco, cuando fue emboscado junto al comandante Cristián Fernández Opazo mientras ambos participaban de un procedimiento por corte de la Ruta 5 Sur. Naín recibió un disparo fatal con un fusil de guerra apenas se bajó del vehículo en que se habían movilizado para despejar una barricada.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Kallfulicán Tranamil Nahuel a una pena total de 32 años de cárcel como coautor del crimen, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco en marzo de 2024.

Tras permanecer prófugo desde 2021, Francisco Javier Painevilo Maldonado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 17 de abril en Padre Las Casas. La Fiscalía confirmó además que un rastro de ADN lo sitúa en un atraco a un camión de valores el año 2019 en el peaje de Chivilingo, Región del Bío Bío.

Al día de hoy, la justicia mantiene vigente una orden de detención contra Carlos Esteban Cancino Tapia (apodado “El Rana”), quien sigue prófugo y es sindicado por el Ministerio Público como el presunto autor material del disparo que dio muerte a Naín.

Cabe señalar que la muerte del joven uniformado, quien tenía solo 24 años, caló hondo en la opinión pública y motivó la promulgación en el Congreso de la Ley Naín-Retamal, la que fortalece el respaldo legal al actuar policial frente a agresiones y delitos graves. La familia de la víctima, de origen mapuche al igual que los condenados, ha exigido justicia sin beneficios durante todo el proceso.

“Que se pudran en la cárcel, que vivan en vida todo el dolor que me causaron a mí y a mis hijos y a la familia de mi marido, que paguen en vida lo que causaron”, pidió el martes pasado Dayana Pereira, viuda de Eugenio Naín.

El miércoles pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso su Plan de Reconstrucción Nacional, la madre de la batallas legislativas de su gestión este año. Sin embargo, esta “ley miscelánea” que agrupa 43 medidas de diversa índole no es la única iniciativa que el Ejecutivo tiene contemplado, pues ya alista otros tres proyectos de ley que espera presentar en este primer semestre.

El primero de ellos está orientado al tema de la migración y establece, entre otros ítems, elevar las penas para los llamados “burreros” o personas que ayuden a pasar migrantes en situación irregular al país.

La segunda iniciativa es sobre incivilidades en las manifestaciones y apunta a crear un Registro Nacional de Vándalos, tal como lo indicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

“El compromiso que tenía Ministerio de Seguridad dentro de sus primeros 90 días era el avance en una Ley de Incivilidades, que esperamos que precisamente pronto pueda ser ingresada y tiene por objeto incorporar esas situaciones que no son un delito grave o que no son un delito propiamente tal, sino más bien una falta menor que pudiera hoy día considerarse penal”, señaló en conversación con el noticiero 24 Horas.

Quintana detalló que el Gobierno busca que este tipo de situaciones puedan ser “sancionadas ojalá en el área de los juzgados de policía local y permita que esas personas puedan ser ingresadas con posterioridad al Registro de Vándalos”.

Test de drogas

El tercer proyecto es uno que ya había adelantado el presidente Kast cuando se hizo un examen de drogas, hace tres semanas, y dice relación con ampliar dicho test a parlamentarios, funcionarios públicos, candidatos y hasta a los presidentes de los partidos políticos.

“Una cosa es el decreto y otro es el proyecto de ley, que amplía esta solicitud de examen para determinar el consumo de drogas en quienes ejercen el poder público (...) nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público”.

De acuerdo al mandatario, el proyecto incluirá a todos “quienes ejercen cargo de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los y las concejales, senadores y diputados”, e incluso a los dirigentes de los distintos partidos políticos.

Ello, puesto que según Kast, “creemos que cualquier partido político que tenga representación parlamentaria y reciba fondos públicos (...) también debe acreditar que no tiene dependencia o que no está sujeto de algún tipo de incentivo o de situación compleja con el narcotráfico y con el crimen organizado”.

Finalmente, la iniciativa busca también que cualquier persona que postule a un cargo de representación popular esté obligado a presentar un test de drogas con resultado negativo.

Este lunes el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunirá en la sede del Congreso en Santiago con dirigentes del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), a fin de acercar posiciones y sacar adelante el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, ley miscelánea que ya fue ingresada al Congreso y se encuentra en una etapa decisiva de su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ello, luego que las tratativas con el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Nacional Libertario (PNL) llegaran a buen puerto, asegurando los votos para aprobar la idea de legislar en la Cámara baja.

Sin embargo, las negociaciones con el PC y el FA se prevén más duras, pues ambos partidos han planteado reparos a la iniciativa y piden que se separen las medidas tributarias de las de reconstrucción. Además, parlamentarios de diversos partidos de oposición analizan presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de declarar el Plan de Reconstrucción, precisamente, inconstitucional.

A pesar de ello, en el oficialismo están optimistas, tal como lo señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien sostuvo que el objetivo del Gobierno es que "la idea de legislar se apruebe por 12 votos más de los que necesita, de 78 pasar a 90″.

Ello, puesto que “la señal es importante, de que el país valora el crecimiento, de que el país quiere atraer inversión extranjera (...) Si usted aprueba un proyecto tan importante como este por un voto, la señal al inversionista es que en tres años y medio mas cambia el color del Gobierno y se pueden retrotraer todas las medidas“.

Requerimientos ante el TC

En paralelo, parlamentarios de distintos partidos de oposición estudian presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentado supuestos vicios de inconstitucionalidad en el “megaproyecto” que agrupa cerca 43 medidas económicas, tributarias y regulatorias.

Desde la oposición critican que el plan incluya rebajas de impuestos (como la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%) y beneficios que consideran un “traje a la medida” para el gran empresariado, calificándolo de “reforma tributaria encubierta”.

Además, cuestionan el formato del proyecto, que mezcla materias dispares (impuestos, regulación ambiental, vivienda, educación) en un solo texto, lo que a juicio de la oposición limita el debate democrático y el rol del Congreso.

Asimismo, han levantado alertas por la reducción de la gratuidad en la educación superior y modificaciones al financiamiento estudiantil, advirtiendo que defenderán este derecho ante el TC.

Desde el PC también han señalado que el proyecto podría vulnerar el principio de probidad al beneficiar económicamente a autoridades con participación en empresas y, finalmente, varios parlamentarios han alertado sobre la inclusión de una cláusula de invariabilidad tributaria de 25 años, lo que califican como inconstitucional.

Cabe señalar que los requerimientos ante el TC pueden presentarse en cualquier momento durante la tramitación del proyecto, y una vez ingresados, el organismo tiene hasta 20 días para pronunciarse.

El Gobierno de José Antonio Kast alista por estos días el proyecto de ley “Entornos Digitales Seguros”, el que busca restringir el uso de redes sociales en menores de 16 años. Y aunque la iniciativa aún no ha sido ingresada el Congreso para su discusión, el Ejecutivo espera lograr el respaldo de partidos de todos los colores políticos para su aprobación.

Así lo señaló la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien explicó que el proyecto está siendo discutido con actores políticos de todos los sectores, asunto por el cual “tendrá aprobación transversal en el Congreso“, aseguró.

“Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos ni vulneraciones, y uno de esos entornos es hoy especialmente el digital. Al respecto, decir que ya existe bastante evidencia internacional sobre los nocivos efectos que tiene el uso no controlado de Internet y las redes sociales en los niños y también los adolescentes", afirmó la autoridad, según consignó T13.

Cabe recordar que desde marzo de este año, en Chile rige la prohibición del uso de celulares al interior de los colegios, a fin de lograr que los estudiantes no pierdan su concentración y el contacto con sus compañeros en las salas de clases y el recreo.

La ministra Wulf afirmó de paso que la ley no pretende coartar las libertades individuales de los niños, sino que protegerlos del ciberacoso y las “malas influencias”.

La experiencia australiana

En diciembre de 2025, Australia implementó una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, entre otras) a menores de 16 años para proteger su salud mental.

Una vez puesto en marcha, el ejemplo australiano fue replicado en países como Francia, Noruega, Turquía y España. Eso sí, servicios como YouTube Kids, WhatsApp, Google Classroom o juegos en línea como Roblox generalmente no están sujetos a esta prohibición.

La ley indica que las plataformas deben bloquear a menores bajo riesgo de multas de hasta USD 34,4 millones, y la carga de la verificación de edad -mediante sistemas basados en IA (escaneo facial) o documentos de identificación-, recae en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, quienes no serán multados por intentar saltarse la norma.

Y aunque el gobierno australiano justificó la norma debido el aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos, algunos adolescentes han iniciado acciones legales alegando que la medida limita la libertad de expresión y comunicación, mientras otros ya aprendieron a burlar la regulación utilizando VPNs, herramienta de seguridad que crea una especie de “tunel” entre un dispositivo e internet, ocultando la dirección PI real y encriptando datos.

Diputados del Frente Amplio (FA) exigieron a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue la legalidad de una supuesta orden a sus abogados emanada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos. Y aunque el ministro de dicha cartera, Fernando Rabat, negó dicha instrucción, un correo electrónico filtrado evidenciaría lo contrario.

“No ha habido una instrucción de este ministro (…) hay que atender el contenido de las sentencias judiciales”, aseguró Rabat el pasado miércoles.

Sin embargo, BioBíoChile tuvo a la vista un e-mail interno del Ministerio de Justicia en el que la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, admite haber recibido algo más que una sugerencia al respecto.

“Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”, consignó el medio citado.

Según el artículo, Garrido envió una minuta pidiendo a sus abogados se le informe sobre posibles alegatos, puesto que “por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”.

“Entiendo que esta situación puede generar algunas dificultades”, remata el correo.

La acusación

La polémica estalló el miércoles, cuando Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, exjefas del Programa de Derechos Humanos, acusaron junto la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia que dicha cartera habría instruido limitar la intervención de los abogados del programa en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad,

Tras las declaraciones de Rabat negando dicha orden y la filtración del correo electrónico, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Derechos Humanos (ANFUDDHH) volvieron a la carga señalando mediante que “frente a la instrucción de no garantizar el cumplimiento efectivo de condenas, ANFUDDHH rechaza cualquier intervención que limite el mandato legal del Programa de Derechos Humanos de ejercer acciones en estas causas.”

“Los criminales de lesa humanidad deben cumplir sus condenas”, subrayaron mediante un comunicado.

“El actual gobierno ha entregado directrices y señales claras y concretas para operar bajo dos vías que buscan liberar a estos criminales, favoreciendo la impunidad”, recalcaron.

El oficio a Contraloría

Así las cosas, este jueves parlamentarios del Frente Amplio oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para que investigue la legalidad de la presunta instrucción, tal como lo señaló la diputada Javiera Morales, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara:

“Es preocupante que este gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como oficina de abogados para sus amigos en Punta Peuco (cárcel donde cumplen sus penas los militares condenados por su actuar represivo en tiempos de la dictadura de Pinochet).

“La cartera, por mandato legal, tiene la obligación de defender y garantizar los derechos humanos, no de defender a condenados por delitos de lesa humanidad. Aquí hay una clara ilegalidad, y por eso le pedimos a la Contraloría que se pronuncie al respecto”, agregó la legisladora.

De la misma opinión fue el diputado Roberto Celedón, quien sostuvo que “el gobierno erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan”.

Al más puro estilo de las películas del viejo oeste norteamericano, un grupo armado montado en camionetas especialmente habilitadas atracó la madrugada de este miércoles un tren del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) cargado con cobre proveniente de Calama, logrando llevarse tres paquetes con cátodos del preciado mineral.

El asalto ocurrió en las afuera de la estación Los Vientos, en la comuna de Mejillones (1.400 kms al norte de Santiago), cuando el grupo aún indeterminado de bandidos aprovechó que una operadora descendió de la máquina a fin de efectuar una maniobra, para reducirla bajo amenazas y proceder a descargar el botín.

Según información entregada por la empresa, la banda estaba altamente organizada y utilizaron vehículos adaptados especialmente para maniobrar a alta velocidad en zonas desérticas, con capacidad además para transportar grandes volúmenes de carga, asunto que da cuenta de un cambio en la dinámica delictual y un mayor grado de sofisticación.

“Punto de inflexión”

Desde la FCAB detallaron que la trabajadora afectada se encuentra ilesa y contenida gracias a los protocolos internos de contención y acompañamiento, que la denuncia ya fue hecha ante las autoridades policiales correspondientes y que la investigación para encontrar a los responsables ya está en curso.

Sin embargo, el gerente General de la compañía, David Fernández, aseguró taxativo que este último atraco deja en claro que “esto ha dejado de ser solo un problema operativo: hoy estamos frente a hechos que amenazan directamente a las personas”.

“El nivel de violencia que hemos observado, particularmente la intimidación a una operadora, marca un punto de inflexión. Necesitamos una respuesta urgente, coordinada y con la máxima rigurosidad por parte de las autoridades”, cerró Fernández.

Así las cosas, Ferrocarril de Antofagasta reiteró su compromiso de fortalecer sus medidas de seguridad y monitoreo en la operación ferroviaria, así como su coordinación con las autoridades competentes.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast celebró el encuentro de este jueves entre los cancilleres de Chile y Bolivia en La Paz, en el que ambos acordaron “avanzar en el entendimiento y la cooperación” en temas de “interés mutuo”, y aseguró que “espera pronto” viajar al país vecino para reunirse con su par, Rodrigo Paz.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación. Valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo. Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el Presidente Rodrigo Paz”, señaló Kast.

En la cita, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo coincidieron en la necesidad de fortalecer el control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, y reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países tras 16 años.

Ambos emitieron una declaración conjunta desde Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz luego de reunirse en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, manifestó Pérez Mackenna.

En tanto, Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación, incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”.

Previo a la reunión, el canciller altiplánico calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones, a lo que Pérez Mackenna agregó que se trata de “un nuevo comienzo con mucha esperanza y optimismo”.

Esta jornada, la delegación de Chile visitará Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país vecino, para participar de otro encuentro empresarial.

Relación conflictiva

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

Cabe recordar que el reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce además pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

Durante esta jornada se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago) la audiencia de formalización por lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas contra 22 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a traficar drogas y ”blanquear" dinero para el Tren de Aragua. El grupo habría enviado hacia el extranjero, en formato de criptomonedas, alrededor de USD 4.4 millones.

De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la “Operación Patrimonio Oculto” se llevó a cabo simultáneamente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, logrando la detención de 18 ciudadanos venezolanos, dos colombianos, un cubano y un chileno. En dichos allanamientos también se decomisaron diversos tipos de drogas, vehículos y evidencia digital clave para la investigación.

Las criptomonedas

Patricio Flores, prefecto de la PDI de Viña del Mar, detalló en conferencia de prensa que tras más de un año de investigación, “se logró determinar la existencia de una organización criminal dedicada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas”, según consignó BioBíoChile.

“Parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían (…) Para las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”, agregó el detective.

En tanto, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Uribe, explicó que analizaron “más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente, que transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente $4 mil millones (USD 4.4 millones) en activos financieros”.

Así las cosas, el Ministerio Público espera que el tribunal acoja su petición de prisión preventiva para los 22 imputados, mientras se desarrolla el plazo para la investigación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este miércoles que su cartera abrió una investigación por las presuntas tratativas de funcionarios diplomáticos a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, a pesar de que el Gobierno retiró su apoyo a la exmandataria el pasado 24 de marzo, fecha en que ordenó a sus funcionarios abstenerse de cualquier gestión al respecto.

Ello, luego de que un reportaje del medio Ex-Ante asegurara que funcionarios cercanos a Paula Narváez (PS), exembajadora ante la ONU, habrían enviado correos electrónicos a personeros extranjeros a fin de concretar reuniones.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, señaló el Canciller.

“No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, agregó el jefe de la diplomacia chilena.

De acuerdo a Ex-Ante, los dardos apuntan a Claudio Garrido, representante permanente alterno en Nueva York designado por la administración de Gabriel Boric, y a su círculo de confianza, quienes habrían enviado correos electrónicos referidos a la reunión que Bachelet sostuvo con el presidente de la Asamblea General, Antonio Guterres.

Los correos electrónicos

Según el reportaje, Garrido cuenta con un equipo conformado por Pablo Bravo (segundo Secretario), y Andrés Borlone (primer Secretario), amén de la analista de asuntos internacionales, Jimena Prada, quien aunque es de nacionalidad costarricense, trabaja para la legación chilena.

Esta última envió el 14 de abril un correo con el encabezado “Re: Cuarta actualización: reunión con la candidata y el Presidente de la Asamblea General”, con copia a tres miembros del gabinete de Antonio Guterres, a Claudio Garrido, y al embajador brasileño ante la ONU, Norberto Moretti, quien está a cargo de la postulación de Bachelet ante dicho organismo.

“No gustaría confirmar la reunión. Copio al embajador Norberto Moretti, representante permanente adjunto de Brasil. Por favor, avísanos si necesitas información adicional con anticipación”, se lee en el e-mail.

Ello, en respuesta a un correo previo enviado el 9 de abril por la asistente de la Asamblea General a Jimena Prada y a Claudio Garrido, en el que queda de manifiesto que “la oficina del Presidente de la Asamblea General quisiera solicitarle amablemente que transmita la información adjunta a la candidata al cargo de Secretaria General, sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información urgente”.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron al medio citado que el único movimiento autorizado para asistir a Michelle Bachelet fue su traslado por parte de funcionarios chilenos desde el aeropuerto de Nueva York hasta Manhattan, y que la embajada brasileña es la encargada de toda la logística de reuniones y traslados de la exmandataria.

El Gobierno de Chile expulsó de manera exprés a un ciudadano argentino identificado como Andrés Alexis Vergara (31 años), quien fue detenido en Santiago en medio de una manifestación estudiantil en marzo pasado. Este miércoles, el acusado fue escoltado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina.

Así lo informó mediante un comunicado de prensa la Subsecretaría del Interior, desde donde señalaron que Vergara se encontraba de manera irregular en el país, tras "haber excedido el plazo de permiso de permanencia transitoria autorizado en calidad de turista”.

De acuerdo al documento, el ciudadano argentino fue detenido por Carabineros el 26 de marzo pasado en la comuna santiaguina de Recoleta, en medio de una protesta convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, previa al “Día del Joven Combatiente”.

Carabineros constató que que Vergara participó “en la instalación de barricadas incendiarias en calle Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián”, siendo formalizado el 30 de marzo por “interrumpir la libre circulación de personas y/o vehículos en la vía pública, mediante violencia y/o intimidación de las personas, contenido en la ley 21.208 (Ley Antibarricadas o Antisaqueos)”.

Ese día, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva y Vergara fue enviado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Expulsión exprés

Así las cosas, y “en uso de la atribución extraordinaria contenida en el inciso final del art. 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, el Subsecretario del Interior dictó, por instrucción del Ministro del Interior, Claudio Alvarado, la resolución Nº 4.418 la cual dispuso su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior”, prosigue el comunicado.

El 9 de abril, el acusado “fue notificado de la resolución Nº 4.418, dictada por el subsecretario del Interior”, y este miércoles “fue trasladado bajo custodia de la Policía de Investigaciones hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina, dando así cumplimiento efectivo a la medida de expulsión”.

El subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, señaló brevemente que el Gobierno de Chile “ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”.

“Por primera vez en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir. Esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la ley”, remató la autoridad.

Momentos de nerviosismo se vivieron la noche de este miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, luego de que un avión chileno y otro argentino colisionaran cuando uno de ellos se aprestaba a despegar hacia Brasil. Providencialmente, no hubo heridos que lamentar y ambos vuelos fueron reagendados.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando la aeronave A321 de la empresa LATAM y otra B737 de Aerolíneas Argentinas estrellaron sus alas en la losa. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informaron que pese a la colisión, no se registraron heridos y como medida preventiva y conforme a los protocolos de seguridad operacional, ambas aeronaves fueron detenidas y evaluadas.

“Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. La DGAC realizará la investigación respectiva”, informaron escuetamente desde dicho organismo.

En tanto, desde Aerolíneas Argentinas señalaron que “en relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile-Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición”.

“El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, agregaron.

“Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos. La mayoría de ellos abordaron anoche (miércoles) el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 00.40 Hs, mientras que el resto de los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AR1281″, complementaron.

Finalmente, desde Aerolíneas Argentinas reafirmaron su “compromiso máximo con la seguridad operacional”, y lamentaron “los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los trámites de reclamo correspondientes por el daño producido".

El relato de un pasajero

Según contó a Radio ADN un pasajero que iba rumbo a São Paulo, identificado como Carlos Alberto, todo ocurrió cuando la aeronave se encontraba a punto de despegar, momento en que sintieron un “golpe muy fuerte” proveniente de la parte trasera del avión.

“Tomaba un vuelo rumbo a Sao Pablo, y en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión. El vuelo ha sido cancelado y estamos volviendo”, detalló el testigo.

El pasajero agregó que “fue un incidente básico como accidente, pero pudo haber sido más grave porque si eso te encuentra donde el avión toma mayor velocidad, puede haber sido mayor (el daño)”.

El testigo aseguró también que los viajeros, en su gran mayoría brasileños, se mostraron sorprendidos por el hecho de que dos aviones equipados con tecnología de punta choquen de esa manera estando todavía en tierra.

Finalmente, La DGAC informó que el vuelo de LATAM a Brasil fue reprogramado para las 00:30 horas de esta jornada.

Una fuerte controversia causó la filtración de una planilla de Excel proveniente presuntamente desde la Secretaría Regional de Obras Públicas de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), en la que se evalúa políticamente a funcionarios de la administración de Gabriel Boric para despedirlos, documento que habría sido enviado masivamente por error a la cúpula de esa cartera en la capital.

En el formulario es posible apreciar las casillas “Dirección”, “Nombre”, “Comentario” y “Recomendación (Nuestra gente)”, en la segunda de las cuales se leen apreciaciones como “Ni fu ni fa zurdo”; “Buena pero zurda”; “Malo para la pega desordenado zurdo y “El mas zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera”.

Y aunque la autoría del documento no ha sido asumida por la Seremi regional, parlamentarios de oposición acusaron una “persecución política contra funcionarios” y exigieron explicaciones desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno.

“Califican a trabajadora de ‘buena pero zurda’, lo que demuestra que no importa la capacidad, sino solo la finalidad de meter a ‘los suyos””, fustigó el senador comunista Daniel Núñez.

En tanto, la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó esta jornada que ya ofició al Ministerio de la Vivienda y a la Contraloría a fin de que aclaren quién envió la planilla de Excel y si se está despidiendo gente por razones políticas.

“La persecución ideológica se confirma con un hecho grave: La lista negra a funcionarios públicos fue enviada desde el Serviu. Eso significa que estamos frente a una situación que debe esclarecerse completamente. La confianza en las instituciones se defiende con transparencia y responsabilidad”, indicó.

“Aquí no se trata de una discusión política, se trata del uso de medios institucionales del Estado para difundir un documento que contiene calificaciones políticas sobre personas, lo que podría vulnerar principios esenciales como la probidad administrativa y la neutralidad del servicio público”, cerró Tello.

Gobierno: “No es la forma”

Desde el Gobierno, por su parte, aseguraron que la famosa planilla no fue evacuada desde la Seremi de Obras Públicas, pero de todas maneras condenaron el hecho y anunciaron un sumario asegurando que “no es la forma”.

“La Seremi de Obras Públicas de Coquimbo aclaró que este documento no tenía origen en su cartera y no forma parte de sus procesos administrativos internos de gestión o evaluación de personal. El Serviu instruyó un sumario administrativo y estamos dispuestos a colaborar en cualquier procedimiento para esclarecer estos hechos”, respondió la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

“Evidentemente, esta no es la forma como gobierno de hacer ningún tipo de documento, lo condenamos, pero, como bien se dijo en la institución, esto no tiene su origen en la cartera y se instruyó el sumario correspondiente”, remató la autoridad.

La Municipalidad de San Felipe (90 kms al norte de Santiago) confirmó este martes la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien en febrero del año pasado se apersonó en una comisaría de Viña del Mar para denunciar un secuestro a fin de justificar su inasistencia al trabajo, pero hace pocos días cambió su declaración admitiendo había ido a comprar “falopa” y terminó en un “ruco” consumiendo drogas junto a desconocidos.

“Efectivamente, estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar”, confirmó la alcaldesa de esa comuna, Carmen Castillo

“Esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes", complementó la edil.

La declaración del concejal

El medio Radio Aconcagua tuvo acceso a una reciente declaración hecha a Carabineros por Olivares, en la que reconoce que se gastó el dinero del viático entregado por el Estado para asistir a una capacitación en Viña del Mar -$350 mil, unos USD 390-, en drogas.

En dicho testimonio, aseguró que se encontraba en casa de unos familiares cuando decidió salir con “la finalidad de comprar cigarros y falopa”. A los pocos pasos conoció a cuatro individuos, quienes lo subieron a un auto y lo llevaron hasta un “ruco”, donde había otros sujetos con cuchillos y pistolas consumiendo alcohol y diversas drogas.

Intimidado por estos individuos, “durante la estadía en ese lugar realicé varias transferencias de dinero, a cuentas bancarias que los sujetos me daban, para seguir comprando droga".

Sin embargo, finalmente sus compañeros de juerga abandonaron el “ruco” y lo dejaron solo, siendo rescatado por una familia que pasaba por el lugar quienes lo trasladaron hasta la casa donde sus preocupados familiares lo estaban hospedando.

El concejal reconoció que tiempo atrás tuvo serios problemas con las drogas, que en dicho viaje a Viña del Mar tuvo una recaída y que inventó el secuestro para justificar su inasistencia a la capacitación y ante sus familiares, aunque insistió en que se había quedado en el “ruco” debido al temor que sus nuevos conocidos le habían inspirado.

Con 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes nuevamente la prórroga por un mes del Estado de Excepción en la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío-, medida que tiene desde mayo de 2022 a militares patrullando zonas rurales y urbanas para prevenir hechos de violencia por parte de grupos radicales mapuches.

Sin embargo, parlamentarios de diversos colores políticos aseguraron que esta es la última vez que darán su voto, pues exigen al gobierno un plan integral de seguridad que termine de una vez con la violencia en el sur del país.

El “fuego amigo” vino de parte del Partido Nacional Libertario (PNL), pues tal como señaló al término de la sesión el diputado Pier Karlezi, “la vez pasada le dijimos al gobierno, cuando presentó el proyecto, que nuestra posición era clara: lo íbamos a apoyar por única vez. Si el proyecto venía con lo mismo que ha venido en los últimos cuatro años, no sirve y no es un Estado de Excepción, es un estado permanente y que tiene serios vicios de constitucionalidad”, consignó BioBíoChile.

De la misma opinión fue su par, la diputada Gloria Naveillán, quien sostuvo que “esta es una falsa sensación de seguridad, basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad y no tienen ninguna planificación. Son una vergüenza“.

Palabras que fueron refrendadas por Lilian Betancurt (PDG), quién confirmó que “esta será nuestra última votación a favor de la extensión del Estado de Excepción si el Gobierno no cambia el rumbo”.

Por su parte, el Frente Amplio se abstuvo como “señal política”, pues tal como indicó el diputado Jaime Bassa, están a la espera de una “solución de fondo”.

Desde la otra vereda, en tanto, parlamentarios oficialistas respaldaron la extensión asegurando que la situación en la Macrozona Sur exige mantener a los militares patrullando las calles, al igual que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien manifestó que debido a la falta de Carabineros en la zona, levantar el Estado de Excepción es simplemente “inviable”.

Grupos radicales activos

En enero de este año, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó su Cuenta Pública de 2025 en la ciudad de Temuco (680 kms al sur de Santiago), ocasión en la que admitió que aunque las denuncias por ataques siguen disminuyendo año tras año, aún existen varios grupos radicales mapuches activos no solo en La Araucanía sino en toda la Macrozona Sur chilena.

El persecutor detalló que durante todo el año pasado, la Fiscalía que dirige recibió 226 denuncias, un 6% menos que en 2025 y un 77% menos que en 2021, cuando hubo un récord de hechos de violencia.

“Hay una disminución importante desde el año 2021 donde hubo un peak de violencia, y también respecto al año pasado, pero esta cifra no nos deja conformes: estos grupos no están desarticulados, no han cesado su acción violenta y más bien se están rearmando, cambiando su estructura y forma de operar”, sostuvo.

Cabe señalar que grupos como la histórica Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Liberación Nacional Mapuche (LMN) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM), se han adjudicado atentados en los últimos años.

De acuerdo a Garrido, dichas organizaciones se escudan en el concepto de “preso político” para reivindicar sus atentados.

“En un mundo donde aún persiste la persecución de las ideas, pretender llamar “preso político” a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima, no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto a la memoria de quienes han luchado por construir una sociedad más inclusiva y democrática”, manifestó en su alocución.

El presidente, José Antonio Kast, sostuvo esta mañana una videoconferencia con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien le ratificó su respaldo político en la guerra que su país mantiene con Rusia. La cita fue calificada como “muy buena” por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien informó además que Zelensky invitó a Kast a visitar Ucrania en un futuro próximo.

“Venimos saliendo de una muy buena reunión con el Presidente Zelenski, donde le manifestamos nuestro apoyo político a sus problemas y nuestra voluntad de cooperar en los foros multilaterales”, señaló el Canciller en un punto de prensa.

De acuerdo al jefe de la diplomacia chilena, “hablamos de cooperación en áreas críticas, áreas como, por ejemplo, tecnología, agricultura, minerales críticos. Le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y cuando terminen las hostilidades, que las fronteras vuelvan a lo que eran antes, y el Presidente Zelenski agradeció nuestro apoyo y nuestra posición”.

De paso, el Canciller confirmó que Zelensky invitó a Kast a conocer la situación que se vive en Ucrania, asunto que ve un poco “complejo” debido a lo ocupado de ambas agendas.

“Era una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas. A lo mejor en el futuro se podrá concretar”, sostuvo Pérez Mackenna.

Finalmente, el Canciller recalcó que Chile “tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales, que pueden cumplir un importante rol en esto”.

Postulación de Bachelet a la ONU

Sin embargo, la prensa quiso saber también la opinión del Gobierno sobre el diálogo interactivo que la expresidenta, Michelle Bachelet, sostuvo esta jornada con el resto de los candidatos a la Secretaría General de la ONU, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés, Macky Sall.

Al respecto, Pérez Mackenna recordó que como Gobierno “hemos manifestado varias veces nuestra posición. Lo que comunicamos fue básicamente que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región, y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura”.

Así las cosas, aseguró que “la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión (de retirarle su apoyo), sigue vigente”.

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago sentenció a presidio perpetuo este lunes al ciudadano colombiano Víctor Riascos Estupiñán, apodado “La Pulga”, quien fue hallado culpable del asesinato de tres personas en menos de una hora en agosto de 2022 en la comuna de Santiago.

Según varios reportajes de Canal 13, Riascos, un sicario vinculado a la banda “Los Shottas”, partió su noche de furia la madrugada del 8 de agosto, cuando llegó del brazo de una mujer hasta una fiesta que se realizaba en un cité ubicado en la esquina de las calles Rogelio Ugarte con Miguel León Prado.

Allí tuvo una discusión con dos sujetos quienes presuntamente miraron a la mujer que lo acompañaba, asunto que rápidamente pasó a mayores cuando Riascos sacó un arma y disparó contra ambos: la primera víctima cayó en la puerta de entrada de la vivienda, mientras que la segunda fue perseguida por el atacante y rematada en el suelo a pocos metros.

Enardecido por el doble asesinato, el sujeto huyó hacia la calle Sierra Bella, en donde se encontró de sopetón con un trabajador que se dirigía a sus labores diarias.

“Asalta a un ciudadano haitiano con la intención de quitarle su moto. Este se dirigía a trabajar a una feria que quedaba en calle 10 de julio”, detalló el fiscal Arturo Gómez.

Providencialmente, la víctima logró salir con vida del asalto gracias a que el arma de Riascos se trabó cuando intentó dispararle.

Pocos minutos después, Riascos asaltó a una mujer a quien arrebató violentamente su celular.

“Estaba todo manchado, después pude ver sus pantalones, sus zapatos, su cara porque lo vi en la comisaría. Y ahí me enteré que él había asesinado gente. Después de eso agradecí el cielo por estar viva”, declaró la víctima al medio citado.

El crimen de la joven madre

Sin embargo, el tour delictual de Riascos estaba lejos de acabarse, pues alrededor de las 06:00 horas interceptó a Glendy Huatay, de nacionalidad peruana, quien manejaba una camioneta y se dirigía al hospital a visitar a un sobrino. Sin decir agua va, Riascos le disparó en la cabeza y luego la remató con otro tiro.

“Dejó tres hijos, uno de 6 meses, otro de 7 añitos y otro de 16 años. Ella iba al hospital, tenía un sobrino grave que estaba en la UCI, iba a verlo porque la llamaron”, explicó el fiscal Gómez.

A los pocos pasos, Riascos trató de robar otro automóvil, esta vez a un ciudadano chileno, sin embargo, “éste se baja, forcejea y logra quitarle el arma al imputado”, aclaró el persecutor.

A esas alturas el agresor ya era buscado por Carabineros, quienes lograron detenerlo en la misma casa en la que cometió los primeros dos crímenes, a la que había regresado para prenderle fuego.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el arma utilizada por Riascos aparece involucrada en al menos otros dos asesinatos previos en el mismo sector, en el contexto de disputas entre bandas criminales colombianas.

“En Chile existe la disputa entre Los Espartanos y Los Shottas. Rencillas que vienen desde Buenaventura, Colombia, y que trasladaron hasta acá a Chile. El 29% de los ciudadanos colombianos en prisión preventiva corresponde a uno u otro grupo. La Pulga realizaba funciones de sicario para Los Shottas”, cerró el fiscal Gómez.

Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para impulsar el desarrollo en exploración, explotación y procesamientos de minerales críticos y tierras raras, esenciales en la fabricación de artículos tecnológicos y la transición energética global.

“Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado”, señaló el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, tras la firma del documento.

En la ceremonia, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago con la presencia del embajador norteamericano, Brandon Judd, y otras autoridades de ambos países, Pérez Mackenna subrayó que el país busca “generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones”.

“Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos”, recalcó el secretario de Estado.

“Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos”, cerró el Canciller.

Acuerdo no vinculante

Estados Unidos, por su parte, suscribió en febrero pasado acuerdos de la misma índole con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por Chile y EE.UU el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar “mecanismos de financiamiento” para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Cabe recordar que los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados “críticos” por EE.UU y China, su principal comprador. Sin embargo, su participación en el mercado de tierras raras es marginal.

Además, Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos. Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos del gobierno de Kast.

El sábado recién pasado, el expresidente Gabriel Boric participó como moderador del encuentro “En defensa de la Democracia” organizado en Barcelona por el presidente español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el que llegaron distintos líderes del progresismo internacional.

En la instancia, tanto Boric como Sánchez hicieron un guiño a la postulación de la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, la que no cuenta con el apoyo del gobierno chileno pero sí con el de Brasil y México.

“Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas, pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse, con urgencia. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada, y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer”, sostuvo Sánchez.

A renglón seguido vino el turno de Boric, quien refrendó sus palabras señalando que “cambiar para mantener lo bueno en Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez, estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

Dichas declaraciones no cayeron nada bien en el oficialismo, desde donde aseguraron que el expresidente Boric debiera acatar las decisiones de la actual administración, tal como señaló el diputado Juan Carlos Beltrán (RN).

“Boric debe entender que él ya no es presidente de Chile, y, por lo tanto, debe respetar las decisiones de nuestro actual Presidente, José Antonio Kast. Insistir en respaldar una candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet no representa el sentir de cientos y miles de chilenos. Chile hoy tiene otras prioridades más urgentes, como es la seguridad, la cesantía, la vivienda y la salud”, afirmó el parlamentario a Emol.

“Falta de pudor”

Pero los dardos de la derecha fueron dirigidos además hacia Giorgio Jackson (FA), exministro de la Segpres y Desarrollo Social de la administración de Boric, quien también expuso en el encuentro asegurando que el Gobierno de José Antonio Kast ha cometido “muchos errores” en su primer mes de trabajo.

“Son muy buenos haciendo campaña, pero en este primer mes no están demostrando al pueblo chileno que son buenos para gobernar”, manifestó Jackson, uno de los mejores amigos del exmandatario.

El primero en salir al ruedo fue el diputado republicano Cristián Araya, quien aseguró al medio citado que, tocante a errores, “el Gobierno de Gabriel Boric batió todos los récords. Los chilenos no nos olvidamos de las graves fallas en los cálculos presupuestarios de la Dipres para financiar sus promesas sociales, o el escándalo por los recursos públicos entregados a fundaciones truchas creadas por sus cercanos”.

De la misma opinión fue el diputado Mauro González (RN), quien indicó que “las palabras de Jackson sorprenden por la falta de pudor cuando formó parte de una administración que estuvo marcada por los escándalos con las fundaciones, donde miles de millones de pesos terminaron en entidades cuestionadas, cuando formó parte de una administración que dejó una gran estrechez fiscal y una crisis de seguridad. Antes de criticar, debería asumir que formó parte de un gobierno que hizo muy mal las cosas”, remató el legislador.

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmarán este lunes un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad, el que contempla un aporte inicial de USD 1 millón por parte del gobierno norteamericano para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, según informó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Dicho dinero será destinado principalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) con el fin de adquirir nuevas tecnologías, vehículos y equipamiento especializado, amén de capacitación y transferencia de conocimientos.

La novedad del convenio radica en que se creará un equipo en conjunto con agentes del FBI, el que contempla la presencia de al menos un funcionario de esa institución policial trabajando en el país.

En la cita con el embajador Brandon Judd participarán la ministra Steinert, el subsecretario Andrés Jouannet y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y desde el Gobierno ya adelantaron que el objetivo es avanzar en la lucha contra organizaciones criminales que se han instalado en el país, como el Tren de Aragua y Los Pulpos.

Un policía del FBI en Chile

De acuerdo a Steintert, aunque el pacto de cooperación con Estados Unidos “viene desde el año 2001″ y los aportes norteamericanos se repartían entre la PDI y Carabineros, esta vez el aporte de USD 1 millón irá directo a la policía civil, lo que significa “platas efectivas para enfrentar el crimen organizado, específicamente lo que es capacitación y tecnología”, según señaló en entrevista con Emol.

“Eso no quiere decir que después no sigamos avanzando en la inyección de recursos económicos para enfrentar las organizaciones criminales, porque este esfuerzo va a ser igualmente evaluado cada tres meses (...) Y si efectivamente tiene los resultados esperados, que es disminuir las organizaciones criminales, obviamente vamos a apuntar a que se siga abonando económicamente este proyecto”, agregó la autoridad.

Steinert confirmó que habrá al menos un profesional del FBI operando en el país “para colaborar en técnicas de investigación” con el fin de desbaratar “a las organizaciones criminales que pudieran estar instalándose en Chile en una mezcla de chilenos-extranjeros. En eso tenemos que estar atentos”.

Al cierre, la jefa de la cartera de Seguridad sostuvo que el objetivo es “recuperar territorio, pero también incautar armas, drogas, tener presencia del Estado en determinados barrios y controlar también los migrantes irregulares para que tengamos la identificación de los mismos y realicen los trámites administrativos respectivos de proceder”.

“Tenemos claro que no necesariamente un inmigrante irregular es delincuente, pero sí tenemos que saber de dónde viene, qué está haciendo y por qué no ha regularizado su situación y, si no la regulariza hay que hacer los procedimientos administrativos respectivos”, remató Steinert.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó este domingo que el Gobierno está en conversaciones para restablecer relaciones “al menos a nivel consular”, con Venezuela, mecanismo diplomático indispensable para concretar expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares.

“El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular, porque sabemos de la cantidad de personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”, señaló Alvarado en el programa Estado Nacional del canal 24 Horas.

La autoridad aseguró que desde el Ejecutivo están tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela “sean lo más rápido posible”, y que espera que las conversaciones entre ambas administraciones “puedan llegar a buen término”.

“En este periodo hay más salidas del país que ingresos, y eso entrega una señal positiva”, señaló el secretario de Estado.

La falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela impide la conexión aérea directa entre Santiago y Caracas, haciendo imposible la ejecución de expulsiones de inmigrantes irregulares de ese país.

Primer vuelo con deportados

El punto se instaló en el debate público luego de que la semana pasada 40 personas indocumentadas fueron expulsadas del país hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, dando continuidad a la política migratoria chilena de expulsión de inmigrantes irregulares que comenzó en administraciones anteriores, pero sin venezolanos.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En tanto, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 luego que la administración de Boric denunciara fraude electoral, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión.

El presidente José Antonio Kast, por su parte, prometió en campaña “mano dura” contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular, y su gobierno se encuentra construyendo zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia, a fin de evitar el ingreso de migrantes sin papeles y contrabandistas.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de los delitos de contrabando y daños calificados tras utilizar una retroexcavadora para tapar zanjas y habilitar pasos ilegales en la comuna fronteriza de Colchane (1.970 kms al norte de Santiago), Región de Tarapacá.

En la audiencia de formalización, Milton Torres, fiscal jefe del Tamarugal, detalló que los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril rellenando la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, a fin de ingresar la retroexcavadora al país vecino, en concomitancia con terceras personas aún no detenidas también de nacionalidad boliviana.

Según el persecutor, dichos cómplices eran los encargados de entregarles por teléfono celular la ubicación del personal del Ejército. A pesar de ello, ambos fueron sorprendidos en un patrullaje y aunque intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente capturados y puestos a disposición del tribunal.

Pérdidas económicas

Asimismo, el Ministerio Público hizo un cálculo del perjuicio económico causado por los dos imputados, toda vez que el valor aduanero de la retroexcavadora bordea los USD 15 mil (unos $14 millones de pesos), y la construcción de la zanja por parte de los uniformados implicó un costo fiscal de unos USD 6,900 ($6 millones).

Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, detalló en conversación con BioBíoChile que los imputados fueron sorprendidos in fraganti “despejando el terreno”, asunto que demuestra la efectividad de estas zanjas de tres metros de ancho y profundidad para impedir el paso de migrantes ilegales y vehículos con droga de contrabando, y recordó de paso que “uno no puede hacer una zanja y dejarla ahí”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que ambos sujetos tenían antecedentes penales previos -uno de ellos precisamente por contrabando-, la flagrancia en la que fueron detenidos y la gravedad de los delitos, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, decretando 100 días como plazo para la investigación.

Este miércoles el presidente, José Antonio Kast, presentó en cadena nacional su Plan de Reconstrucción, ley que contempla más de 40 medidas principalmente financieras tendientes a reactivar la economía del país, la que está ad portas de ser ingresada al Congreso y busca alcanzar un crecimiento del 4% y reducir el desempleo al 6% al cierre del periodo presidencial.

La propuesta, bautizada por la prensa como Ley Miscelánea, considera entre varias otras iniciativas una rebaja de impuestos a las empresas, ajustes en la gratuidad universitaria, la eliminación del impuesto a la compra de una primera vivienda por un año, subsidios al empleo y reducción de “permisología” para inversiones, razón por la cual ha sido calificada como un verdadera “ensalada” por la oposición en pleno.

Debido a esto, los partidos oficialistas han evitado el “fuego amigo” y ordenado sus filas, a fin de sacar la tramitación del proyecto adelante lo más pronto posible y darle a Kast su primera gran victoria legislativa.

Todo esto en un contexto de baja aprobación del Gobierno, el que se ha visto sacudido por el alza de combustibles, la designación fallida de 16 autoridades y el polémico almuerzo en La Moneda que sostuvo el mandatario con sus excompañeros de la universidad, entre varias otras controversias.

Oficialismo se alinea para sacar adelante Ley Miscelánea

Así las cosas, este jueves parlamentarios de los diversos partidos oficialistas se “cuadraron” con la propuesta del Gobierno, tal como lo señaló el diputado republicano, Juan Irarrázaval, quien sostuvo que “hay mucha esperanza en este proyecto, y ahí en eso estamos cuadrados. Esa es la base (…) se ha trabajado también para que el acuerdo al respecto sea sostenible en el tiempo, y para que eso también tenga una mayoría que exceda al oficialismo“.

Desde el bloque Chile Vamos, el diputado Daniel Lilayú (UDI) señaló por su parte que “en el oficialismo tenemos la confianza que no solamente vamos a tener todos los votos y el apoyo de nuestro sector; creemos que vamos a encantar y convencer a muchos otros sectores políticos”.

En la misma línea, su par Jaime Coloma, miembro de la Comisión de Hacienda, afirmó que ahora “es fundamental que (la ley) salga lo más rápido posible con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o a principios del próximo año. Para esto vemos necesario que entre de forma íntegra a la Comisión de Hacienda”.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara Baja, diputada Ximena Ossandón (RN), afirmó que “no cabe duda que lo vamos a apoyar en general (…) Nos preocupan los apoyos, sobre todo a la clase media y los más vulnerables".

Finalmente, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sostuvo que su colectividad valora las iniciativas en pos de la reactivación económica del país, pero advirtió que algunas medidas quedan cortas, especialmente en materia de apoyo a la clase media.

“Nosotros, como Demócratas, le hicimos llegar al presidente nuestras propuestas que nos interesan que sean incorporadas”, cerró la parlamentaria.

Con frío, un poco asustado, pero sano y salvo, fue hallado la noche de este miércoles un turista argentino que se extravió cuando intentaba subir el volcán Llaima, cerca del límite con Neuquén, luego de ingresar por un sector no habilitado, lo que motivó el despliegue inmediato de los equipos de rescate.

Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, había salido a eso de las 07:30 horas desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de subir el macizo y fue ubicado por la noche, caminando por un predio en las cercanías del Parque Nacional Conguillío (730 kms al sur de Santiago), en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún, región de la Araucanía.

La alerta la dio su pareja y las labores de búsqueda se extendieron durante el día bajo complejas condiciones climáticas con lluvia, viento blanco y escasa visibilidad, asunto que llevó a los rescatistas incluso a suspender momentáneamente las labores de búsqueda a pesar de estar apoyados por drones.

Sano y salvo

Sin embargo, ya entrada la noche Álvarez fue divisado caminando con rumbo perdido en el sector de Cherquenco, siendo trasladado de inmediato hasta el el hospital de Vilcún para la constatación su estado de salud

Así las cosas, trascendió que el excursionista se encontraba en buenas condiciones y sin presentar lesiones, a pesar de haber estado varias horas extraviado bajo un clima inclemente. Por suerte, Álvarez estaba premunido del equipamiento necesario para resistir el frío y la lluvia y además tenía vasta experiencia en ascensos de montaña.

Volcán peligroso

Cabe recordar que en julio de 2024 otro excursionista argentino-chileno, Fabricio Bussolini (41), murió debido a las graves lesiones sufridas al caer más de 200 metros mientras realizaba trekking en el mismo volcán.

El accidente ocurrió durante una caminata a más de 2.400 metros de altura y aunque Bussolini logró ser rescatado y trasladado al hospital mas cercano, permaneció internado en estado grave hasta su deceso.

Según informaron fuentes policiales, Bussolini perdió el equilibrio y cayó por la ladera del volcán. Carabineros, Bomberos de Cherquenco y miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) participaron en el rescate, que implicó una compleja operación a mas de 8.000 pies de altura con un helicóptero de la Sección Aeropolicial Araucanía.

La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza, lo que requirió su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Temuco. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, Bussolini no logró sobrevivir a las heridas.

Las autoridades chilenas informaron en esa oportunidad que Bussollini y sus acompañantes no se habían registrado con los guardaparques en ninguno de los accesos al Parque Nacional Conguillío.

Luego de una discusión no exenta de controversia, el Senado chileno dio el visto bueno este miércoles al proyecto de ley para levantar un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera, fallecido trágicamente el 6 de febrero de 2024 de 2024 en un accidente de helicóptero mientras se encontraba de vacaciones en la el Lago Ranco.

La propuesta fue aprobada en la Sala con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención y al término de la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aplaudió la noticia asegurando que “tenemos la plena convicción de que el expresidente Piñera, que en paz descanse, fue un gran demócrata”.

“Un hombre que amó a su país intensa y profundamente, y que dio lo mejor de sí para que Chile sea un mejor país. Muchas gracias por el respaldo que ha tenido esta iniciativa”, señaló Ruminot.

Defensor de la democracia

Desde Renovación Nacional, partido donde el exmandatario militó toda su vida, también aplaudieron la votación del Senado, tal como lo indicó la presidenta de la Sala, Paulina Núñez, quien sostuvo que “esto es un acto más que Chile le hace al presidente Piñera desde el Congreso Nacional, porque es un hombre que entra en la historia”.

“Gracias a sus decisiones también hay muchos beneficios sociales que hoy quiero recordar, como es la ampliación del postnatal y también la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, complementó.

En la misma línea, la senadora Andrea Balladares agregó que Piñera fue un “estadista” que pasará a la historia como un “defensor de la democracia”.

“Hoy día el presidente Piñera pasa a ser parte de la historia de nuestro país. Recordar, de aquí en adelante, su legado como un estadista y defensor de la democracia, un hombre que creía en la libertad profundamente, y que su convicción, fuerza y amor por Chile guiaron su vida hacia grandes logros para nuestro país”, remató.

Cabe señalar que la tramitación de la ley que aprobó el monumento -el que se ubicará en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de La Moneda-, estuvo cruzada por las críticas de la oposición, enfocadas principalmente en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión del estallido social de 2019 y diversos cuestionamientos sobre la oportunidad y el mérito histórico del homenaje.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que esta jornada los combustibles volverán a subir de precio en todo el país, asunto que fue calificado por el gremio de camioneros como una “lápida” para el sector, razón por la cual ya anunciaron movilizaciones a manera de protesta en los próximos días.

De acuerdo a la Enap, la gasolina de 93 octanos tendrá un alza de $20,2 por litro (USD 0,02), mientras que la de 97 subirá $22,3. El diésel, por su parte, verá incrementado su precio en $36,4 (USD 0,04) -al igual que el GLP de uso vehicular-, mientras que la parafina mantendrá sus valores, tal como la semana pasada.

Y aunque dichas cifras son harto menores a las proyectadas por entidades bancarias y centros de estudios, lo cierto es que la noticia cayó cual balde de agua fría en el gremio de los camioneros, quienes este miércoles anunciaron movilizaciones como medida de presión.

Manifestaciones en las regiones de Tarapacá y Valparaíso

Los primeros en confirmar paralizaciones fueron los transportistas de las regiones de Tarapacá y Valparaíso, desde donde tildaron la situación como “insostenible”.

“Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización en fecha a definir, lo más pronto posible”, aseguró Julio Zamorano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio (1.450 kms al norte de Santiago), que agrupa a unos 800 camioneros.

En la misma línea, la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), anunció que realizarán una manifestación el lunes 20 de abril, a partir de las 8:00 horas, en dos puntos de la Ruta 68 que conecta Viña del Mar y Valparaíso con Santiago.

Debido a esto, se prevé que otras organizaciones regionales adhieran a las movilizaciones próximamente.

Lápida para el sector

Finalmente, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), sostuvo que este nuevo “bencinazo” representa un “punto de no retorno” y una verdadera “lápida” para el sector.

“Hoy la industria tiene un sobrecosto de $616 considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida al sector”, señalaron mediante una declaración pública.

“La realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible. Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro”, agregaron.

A renglón seguido, acusaron que ”no hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95% de la carga en Chile; que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6% del PIB”.

“Con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno y los transportistas han quedado sin recursos para seguir trabajando”, advirtieron.

“No se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país”, cerraron desde la mayor organización de transportistas del país.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tildó como una “polémica infundada” la controversia surgida tras las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de Youtube llamado ‘OID MORTALES’ aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a la Argentina.

De acuerdo a sus declaraciones, el Estrecho de Magallanes “es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje“, agregó el uniformado.

Sus afirmaciones, realizadas en enero pasado, se viralizaron recién el martes, razón por la cual diputados de diversos colores políticos criticaron sus dichos calificándolos como “improcedentes” y “antojadizos”.

Este miércoles, los diputados oficialistas Ericka Ñanco y Jaime Bassa (FA), oficiaron a Cancillería por las declaraciones para que tome cartas en el asunto, exigiendo, entre otros puntos, un pronunciamiento oficial de Cancillería, la emisión de una eventual nota de protesta y las medidas de seguimiento jurídico internacional para vela por el cumplimiento de los tratados vigentes.

“Polémica infundada”

Sin embargo, por la tarde, el canciller Pérez Mackenna le puso paños fríos a la discusión y mediante una declaración pública sostuvo que “ante la polémica infundada que se ha planteado, como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que: Primero, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados de 1881 y de 1984”.

Finalmente, el ministro recalcó que “Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho y asegura la libre navegación a todos los estados, conforme con el derecho internacional”, dando por cerrada la disputa.

Las autoridades levantaron una alerta sanitaria por gripe aviar en toda la Región de La Araucanía, luego de que mas de 60 cisnes de cuello negro fueran hallados muertos en el lago Budi ((790 kms al sur de Santiago), ubicado en la comuna de Saavedra.

Dichos ejemplares fueron encontrados este fin de semana en medio de un patrullaje preventivo y presentaban signos claros del virus H5N1, pues además de los que estaban muertos flotando, otros mostraban plumas erizadas, cuello torcido y muestras de decaimiento, síntomas que fueron confirmados tras los análisis correspondientes en el laboratorio central del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Santiago.

Rolando Sepúlveda, encargado regional de protección pecuaria de SAG, explicó que esta enfermedad se propaga a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte y también puede contagiar a aves domésticas, razón por lo cual llamó a la comunidad a estar atentos a cualquier atisbo de contagio e informar a la brevedad a las autoridades sanitarias en caso de sospecha.

“Hacemos el llamado a todos los productores a mantenerse atentos a esta situación, implementar las medidas de bioseguridad, manejar las aves encerradas y notificar al SAG cualquier presentación de mortalidad o síntomas,” señaló.

Cabe recordar que la gripe aviar o influenza aviar también puede transmitirse a humanos, aunque se trata de casos excepcionales que requieren contacto estrecho con aves infectadas o entornos contaminados. El consumo de carne de ave y huevos sigue siendo seguro, ya que la enfermedad no se transmite por ingerir estos alimentos cocidos.

Otros casos

Sepúlveda también informó que otro caso fue detectado en un gallinero ubicado en la comuna de Galvarino (680 kms al sur de Santiago), el que se suma al brote aparecido hace tres semanas en Renaico (550 kms al sur de Santiago).

Todo apunta que la enfermedad viene propagándose de norte a sur, pues el SAG ya había declarado Emergencia Zoosanitaria a nivel nacional tras la primera detección del virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, en la región de Valparaíso.

Posteriormente, se confirmaron casos en San Clemente (Maule), un foco en traspatio en Nogales (Valparaíso), dos eventos en la región de O’Higgins —en Pumanque y Las Cabras—, un foco en Melipilla (región Metropolitana), a lo que se suman los recientes casos positivos en lago Budi.

Debido a los riesgos sanitarios y productivos, el SAG reforzó el llamado, particularmente en sectores rurales, a no manipular aves muertas o con síntomas de esta enfermedad y reportar cualquier situación sospechosa.

El 6° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para el ciudadano haitiano Víctor Thiany (27 años), acusado del crimen de María Leonor Valdebenito (65 años), mujer que le había dado trabajo y casa, hecho ocurrido el pasado 31 de marzo en la comuna santiaguina de Quinta Normal.

El sospechoso fue capturado al interior de un “ruco” ubicado en la comuna santiaguina de Melipilla, luego de que un compatriota suyo llamara a la policía para alertarlos. Aunque no portaba documentación alguna, Thiany se identificó de inmediato y reconoció su responsabilidad en el asesinato.

En la audiencia de formalización, el fiscal Patricio Jory, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que “nuestra imputación dice relación con un robo con homicidio. Creemos que las afectaciones a ambos bienes jurídicos se dan. Presentamos la prueba en ese sentido, tanto de la sustracción como también del fallecimiento de la víctima. Esperamos durante el tiempo que nos queda de investigación poder afinar aquellas diligencias que puedan faltar y luego acusar al imputado".

En tanto, el tribunal dispuso de de 140 días para el desarrollo de la investigación.

El crimen

De acuerdo a antecedentes de la causa, la noche del 1 de abril y tras no poder ubicar a su madre por varias horas, las hijas de la víctima llegaron hasta su casa, ubicada en la comuna de Quinta Normal. Al entrar a la casa, hallaron el cuerpo de la mujer en el living de su casa con signos de golpes y asfixia.

Las sospechas cayeron de inmediato sobre Víctor Thiany, quien había sido contratado por María Leonor Valdebenito hace pocas semanas para ayudarla con la carga y descarga de productos en el Persa Biobío, y solo cinco días atrás le había arrendado una pieza en su propio domicilio.

Dichas sospechas se vieron confirmadas tras revisar las cámaras de seguridad, las que revelaron que el día anterior al crimen -31 de marzo-, Thiany dejó la casa manejando el vehículo de la víctima y llevándose la mercadería -principalmente ropa-, que la mujer vendía en la feria.

Trascendió que durante los próximos meses, la policía indagará quién adquirió los artículos robados a la mujer, puesto que el furgón sustraído apareció abandonado en las cercanía de la Villa Francia.

Una álgida controversia provocaron en Chile las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de Youtube llamado ‘OID MORTALES’ aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a la Argentina.

Según sus dichos, el Estrecho de Magallanes “es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje“, agregó el uniformado.

Sus afirmaciones, realizadas en enero pasado, se viralizaron recién este martes, razón por la cual diputados de diversos colores políticos criticaron la exposición del contraalmirante Montero y anunciaron un oficio a la Cancillería para que tome cartas en el asunto.

“Declaraciones improcedentes”

Los primeros en reaccionar fueron los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), Juan Carlos Beltrán y Daniel Valenzuela (ambos RN), quienes aseguraron que la soberanía del estrecho “no está en discusión” y “no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio”, sostuvo Beltrán, según reza una nota de BioBíoChile.

“Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“, indicó.

Sus palabras fueron refrendadas por Valenzuela, quien manifestó como un hecho “preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, la diputada de oposición Ericka Ñanco (FA) declaró que “las declaraciones del contralmirante Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, ponen en duda algo que para Chile es claro: la integridad del Estrecho de Magallanes como territorio es de soberanía chilena“.

“Eso no solo es grave, también desconoce lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, particularmente en sus artículos 2 y 3, y lo reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además establece que Argentina no puede obstaculizar su ingreso o salida“, fustigó.

Debido a esto, informó que enviará a la brevedad un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que “se pronuncie con claridad y defienda, sin ambigüedades, la soberanía de nuestro país”.

Finalmente, y consultados por el medio citado, desde la Cancillería respondieron brevemente que Chile se ajusta a los tratados internacionales que “entregan la plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile”.

La Fiscalía de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) logró sentenciar a más de 118 años de cárcel a 18 integrantes de una banda narco que ingresaba ketamina al país desde el Perú, la que estaba conformada casi exclusivamente por mujeres al mando de un sujeto apodado el “Obispo”, quienes adoraban a la “Santa Muerte”, patrona de los delincuentes.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización operaba desde mediados de 2024. Su líder, un ciudadano ecuatoriano de 58 años identificado como José Luis Herrera, se hacía llamar “Obispo” y reclutaba “burreras” para transportar droga desde Perú adosada al cuerpo con fajas, a través del paso Chacalluta hacia Arica.

Cada vez que hacía un envío, Herrera y sus acólitas se encomendaban a la “Santa Muerte”, figura de culto popular de origen mexicano no reconocida por la Iglesia, considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

Según el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con esta manipulación religiosa Herrera lograba “trastocar los valores de la persona” y les entregaba una justificación moral para sus ilícitos a las mujeres, quienes podían ganar entre $1 y $2 millones de pesos por viaje (USD 1,120 a USD 2,250).

Así las cosas, el “Obispo” fue sentenciado a 20 años de presidio, mientras que 13 mujeres de nacionalidad ecuatoriana, dos venezolanas, una peruana y una chilena fueron condenadas a 3, 5, 6 y 8 años y un día. El Ministerio Público, en tanto, también logró determinar que varios de ellos tenían lazos con la agrupación criminal “Los Lobos” de Ecuador.

Detenciones y decomisos

Según la carpeta investigativa, la mayor parte de las “burreras” cayeron detenidas en el complejo fronterizo Chacalluta, mientras que otras fueron apresadas en el control carretero de Cuya, a bordo de buses en que viajaban hasta Santiago.

El decomiso más grande se logró en diciembre de 2025, cuando la Policía de Investigaciones (PDI),allanó una casa en Arica en la que se apilaban 18 kilos de ketamina y en la que se ocultaba el “Obispo”.

Cabe señalar que este proceso corresponde al cuarto juicio oral de la Fiscalía de Arica contra una organización extranjera de crimen organizado, tras haber condenado previamente a las agrupaciones Los Gallegos del Tren de Aragua, el Tren del Coro y Los Costeños.

El macabro hecho, ocurrido a eso de las 07:00 horas del pasado jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima, un ciudadano peruano de 40 años, fue golpeado en la calle con un bate de madera y luego subido a un vehículo donde sus captores lo torturaron con un taladro eléctrico, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a los transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Los tres imputados cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y el otro, venezolano en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, el bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

El nivel de ensañamiento de los agresores quedó demostrado en el informe del Servicio Médico Legal (SML), que estableció que la víctima presentaba alrededor de 100 heridas, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano abierto derivado de múltiples agresiones con un “objeto contuso penetrante”.

Pruebas y formalización

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Juacida presentó ante el tribunal los testimonios de los horrorizados testigos del hecho y varios videos recogidos de las cámaras de seguridad circundantes, uno de los cuales da cuenta del momento en que el cuerpo es abandonado en la vía pública.

Luego de exponer los informes presentados por Carabineros, el fiscal Juacida presentó acusación por el delito de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y premeditación y pidió prisión preventiva para los imputados, medida que fue acogida por el tribunal que decretó además 100 días para la investigación.

Tras un oficio enviado por la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) y con 65 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para investigar la génesis del estallido social que se desencadenó el 18 de octubre de 2019 y asoló al país por varios meses.

Cabe recordar que dicha ola masiva de protestas y disturbios comenzó con una protesta estudiantil por el alza de $30 pesos (USD 0,03) en la tarifa del Metro de Santiago, y derivó rápidamente en una inédita crisis social y política que cuestionó el modelo económico y social del país.

Entre sus hitos se cuentan la “marcha más grande de Chile”, el 25 de octubre de 2019, en la que más de 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago. Las protestas dejaron un saldo de más de 30 fallecidos y miles de heridos, incluyendo cientos de personas con traumas oculares debido al actuar de la policía.

La principal salida política fue el intento de redactar una nueva Constitución. Sin embargo, ambos procesos (2022 y 2023) terminaron con el rechazo de las propuestas por parte de la ciudadanía.

Así las cosas, el informe de la Comisión Investigadora deberá presentarse en 60 días y busca determinar responsabilidades políticas e institucionales, y posibles mecanismos de financiamiento de aquellos hechos de violencia.

“Niebla impenetrable”

Una vez aprobada la moción, desde la colectividad libertaria celebraron la noticia señalando que llegó la hora de “transparentar al país las instituciones, las organizaciones y los partidos políticos que pueden estar involucrados en la planificación, en el financiamiento y en la violencia en la calle, y además investigar la respuesta institucional ante estos hechos”, tal como lo señaló el diputado Hans Marowski.

De acuerdo al legislador, “esto es algo que se debería haber investigado hace mucho tiempo en la Fiscalía de este país y es hora de saber la verdad para terminar con las dudas que aún persisten en la ciudadanía“.

En tanto, su par, Pier Karlezi, aseguró que se ha formado “una niebla impenetrable sobre los reales hechos en torno al estallido que ocurrió en Chile, su financiamiento, organización, operatividad, logística que estuvieron en ojos de todos los chilenos, homenajes institucionales y apoyos transversales de diputados y políticos tanto de izquierda como la mal llamada derecha de la época”.

“Esto no es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia, (pues necesitamos) saber quién financió y cuáles fueron los medios utilizados por estas facciones terroristas que sumieron a Chile en la insurrección y el más profundo atentado a todas las instituciones democráticas de nuestro país”, cerró el parlamentario libertario.

A pesar de que el recinto, ubicado en el alejado barrio empresarial de Huechuraba, abrió a las 07:00 horas y el consulado del Perú en Santiago dispuso buses gratuitos de acercamiento desde distintas estaciones de metro, reportes señalaron que muchas de las mesas se instalaron recién al mediodía, por lo que a eso de las 14:00 horas el lugar presentaba filas kilométricas, reclamos por doquier y aglomeraciones que incluso pusieron en riesgo la seguridad de los votantes.

“Hemos caminado un montón y ahora la semejante cola que hay. Nosotros hemos estado esperando los buses al local, pero no había. Nos hemos venido por nuestros medios. Fue todo un engaño. Hay un caos. Hay que tener harta paciencia”, aseguró una votante al medio America Televisión.

“Hay mucho desorden. Estamos pidiendo información de aquí para allá. Llevó 15 años viviendo en Chile. Antes era mas ordenado, teníamos más colegios para votar y no había estas filas”, sostuvo otro elector.

“Muy mal organizado. Yo soy muy responsable y he hecho este sacrificio, sino hubiera preferido pagar mi multa de $20 mil pesos chilenos (USD 22)”, señaló otra mujer.

“La culpa es del Consulado”

Otro ciudadano, identificado como Rocky Vega, detalló que el recinto contaba con 241 mesas de sufragio pero tenía un solo ingreso, lo que provocó un verdadero cuello de botella. La situación pudo pasar a mayores cuando un grupo personas, en su desesperación, arremetió contra una mampara de vidrio, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

Varios de los consultados, visiblemente molestos, manifestaron su firme intención de abandonar la fila y no pagar la multa, acusando al consulado peruano en la capital de ser responsables del caos.

“Hay una cantidad de gente inmensa y lo único que ha hecho el consulado ha sido traer a todos los inmigrantes aquí a un solo lugar para votar y esto nunca se ha visto”, afirmó Manuel Porta a BioBíoChile.

Según el ofuscado votante, “yo creo que la mitad de la gente no va a poder votar. Esto no puede continuar. Nosotros no estamos en condiciones de estar pagando las multas. ¿Por qué no estamos en condiciones de pagar? Porque la culpa no es de nosotros, la culpa fue del consulado. El consulado tiene toda la culpa de lo que está pasando en estos momentos".

Durante esta jornada se lleva a cabo en la ciudad de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), la audiencia de formalización de tres hombres acusados de secuestrar a un ciudadano extranjero de 40 años y luego asesinarlo con un taladro al interior de un vehículo, para luego abandonarlo en plena vía pública.

El macabro hecho, ocurrido el jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima fue capturada en la calle y una vez arriba del vehículo, golpeado con un bate y torturado con un taladro eléctrico en al menos 30 ocasiones, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a varios transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Dos chilenos y un extranjero

El coronel Diego Salas, jefe de la Prefectura de Carabineros de Iquique, detalló que “la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas, quienes lo golpearon con elementos contundentes y utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que causó su muerte”.

Trascendió que los tres imputados -de 32, 45 y 49 años-, cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y uno, extranjero en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, un bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

Este salvaje hecho sube a siete los homicidios en cuatro meses y debido al verdadero sadismo con el que actuaron los atacantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para todos ellos mientras se desarrolle la investigación.

Aunque aún no hay nada confirmado desde La Moneda, diversos medios aseguran que este miércoles el presidente José Antonio Kast dará su primera cadena nacional para anunciar su proyecto de Reconstrucción Nacional, el que contempla 40 medidas de diversa índole tendientes a reactivar la economía del país.

La propuesta, bautizada por la prensa como Ley Miscelánea, contempla entre varias otras iniciativas una rebaja de impuestos a las empresas, ajustes en la gratuidad universitaria, la eliminación del impuesto a la compra de una primera vivienda por un año, subsidios al empleo y reducción de “permisología” para inversiones, razón por la cual ha sido calificada como un verdadera “ensalada” por la oposición en pleno.

Debido a esto, los diputados comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano, junto al socialista Juan Santana, ya ingresaron un oficio pidiendo que el proyecto sea derivado a las comisiones de la Cámara baja correspondientes y no solo a la de Hacienda, movida que fue vista en el oficialismo como un intento de retrasar la discusión en el Congreso.

Asimismo, varios expertos alzaron la voz advirtiendo que el ingreso de esta batería de medidas podría jugarle en contra al Gobierno en un contexto de popularidad a la baja y terminar “congelando” la agenda del presidente Kast.

“Todo o nada”

De acuerdo al analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, el Ejecutivo está apostando al “todo o nada”, asunto “peligroso en gobiernos que bajan su aprobación tan rápido (..) Un proyecto de reconstrucción que cubra múltiples temas puede terminar siendo un contrasentido. Más que encontrar una solución rápida se puede transformar en una discusión eterna sobre cada uno de los puntos y terminar congelando la agenda legislativa de Kast”, aseguró a Emol.

Según el académico, en tiempos pasados otros presidentes han sufrido lo mismo “con la idea de las grandes reformas. Acá serían reformas menores, pero sobre múltiples temas al mismo tiempo. Ahora bien, si la apuesta es más a largo plazo, el gobierno encontrará un argumento para culpar a la oposición si los resultados no llegan. Eso con el riesgo evidente de seguir aumentando la desafección en la ciudadanía y, potencialmente, el malestar social”.

De la misma opinión fue el experto de la U. Central, Marco Moreno, quien agregó que “una ley miscelánea como el proyecto de reconstrucción tiene una ventaja clara: permite ganar velocidad, ordenar la agenda y dar una señal de decisión política, especialmente en contextos donde el gobierno quiere mostrar acción”.

Sin embargo, a renglón seguido afirmó que “también tiene costos relevantes: agrupar muchas materias en un solo proyecto puede debilitar la deliberación, tensionar el debate legislativo y facilitar la crítica de falta de prolijidad o incluso de ‘forzar’ al Congreso”.

“Si bien parece una estrategia eficaz para instalar agenda, es una jugada riesgosa si no va acompañada de acuerdos previos y manejo político fino, porque puede terminar ralentizando lo que buscaba acelerar”, indicó al medio citado.

Finalmente, Tomás Duval, cientista político de la Universidad Autónoma, recordó que “el proyecto de reconstrucción es el eje central de la futura acción política del Gobierno, pero su amplitud de materias pondrá a prueba su capacidad de lograr acuerdos, ya que este carece de mayorías en el Congreso”.

Así las cosas, y aunque “es el tiempo y la forma adecuada ante la existencia de múltiples oposiciones y diversidad de materias que pueden complicar todavía más a ésta (...) el riesgo es que el corazón económico del proyecto pueda terminar diluido en su tramitación”, remató el experto.

Luego de un reportaje transmitido por T13, la Fiscalía Regional de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) confirmó que lleva a cabo una investigación en contra de la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al fisco, tras una denuncia anónima presentada en octubre del año pasado en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, salarios que son pagados por el Estado.

Mediante un comunicado, desde el Ministerio Público informaron que “la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado”, abriéndose de inmediato diversas diligencias “para cuyo éxito se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”.

De acuerdo a la nota de T13, durante los años que Flores fungió como diputada (2018-2025), habría implementado un sistema para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias.

En simple, la actual senadora les pagaba un sueldo, pero les “cortaba la cola” y pedía que le devolvieran al contado una fuerte suma, la que era llamada por sus propios colaboradores como “la cuota Flores”, defraudando de esa manera unos $300 millones (unos USD 338 mil).

Las pruebas

Según el reportaje, Yolanda Olfos, secretaria de Flores, tendría un rol clave en dichas tratativas y varios mensajes de texto darían cuenta de ello:

-Olfos: Hola (...) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina.

-Testigo reservado: Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo.

Otra conversación es aún más decidora y en ella se habla de montos específicos.

-Olfos: ¿Cuánto saca líquido?

-Testigo reservado: En febrero $1.550.851

-Olfos: (La entonces diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?

-Testigo reservado: ¿Y en cuánto quedará al final el sueldo total? ¿$1.200.000 para usted?

-Olfos: Mensaje eliminado.

-Testigo reservado: No, mi consulta es si ¿usted necesitará más del millón?

Sin embargo, la acusación también tiene nombres y apellidos, como el caso del trabajador Julio Alejandro Lillo, “contratado por un monto mensual de $2.640.939, (quien) entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”, según reza un documento de la fiscalía al que accedió T13.

“Acusaciones sin sustento”

Una vez conocida la noticia, la senadora Flores salió al paso de las acusaciones asegurando que no tiene nada que ocultar y que “colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”, según consignó La Tercera.

La parlamentaria sostuvo, eso sí, que no está al tanto aún de los antecedentes de la causa, aunque “por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, cerró Flores.

En tanto, desde el partido donde Flores milita, Renovación Nacional, emitieron un comunicado en el que reafirmaron su “compromiso irrestricto con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad pública, los cuales deben guiar el actuar de todos quienes ejercen funciones de representación”.

“En ese contexto, esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad, llevando adelante una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados“, agregaron.

Asimismo, “hemos tomado contacto con la senadora, quien se comprometió a colaborar con la justicia para que todos estos hechos fueran aclarados en el más corto plazo posible”, complementaron.

Finalmente, desde la colectividad oficialista reiteraron “nuestra convicción de que el fortalecimiento de la confianza pública exige que toda situación de esta naturaleza sea abordada con seriedad, respeto a las instituciones, a la presunción de inocencia y pleno apego al Estado de Derecho“.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas con las que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes -y a ocho de sus ejecutivos- de haberse coludido entre los años 2012 y 2021 para bajar los precios de compra de este lujoso recurso extraído por pescadores artesanales de la zona austral chilena.

La FNE solicita una multa total para las empresas involucradas de unos USD 54 millones ($51.870 millones), y de casi USD 445 mil ($424 millones) para los ejecutivos responsables.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, dichos ejecutivos se coordinaban por teléfono y se reunían periódicamente para intercambiar información y bajar los precios a pagar por el kilo de centolla.

Así, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir; International Seafood; Pesquera Cabo Froward; Productos Marinos Puerto Williams; Proyecta Corp; Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, adquirieron en esos años alrededor de un 80% de la centolla capturada a un precio que bordea los USD 1,5 el kilo, para luego exportarla a China, Estados Unidos y México a USD 50 el kilo.

Pescadores buscan indemnización

Sin embargo, de acuerdo a una nota de Diario Financiero, los pescadores artesanales también buscan que se les indemnice por todos esos años en que tuvieron que vender a bajo precio, tal como lo aseguró el hombre que hizo la denuncia y destapó el caso en 2020, el dirigente sindical José Reinaldo Hernández.

“La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012 (...) Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar″, señaló Hernández al medio citado.

El dirigente aseguró que los pescadores no tenían más empresas a las que venderles su producto. “Eran ellas o nada”, sostuvo, señalando que el perjuicio no era solo tener que vender a precios bajos, sino también “la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”.

De paso, recordó que gracias a Ley Navarino -incentivo tributario y aduanero que busca fomentar la inversión y el desarrollo económico en zonas extremas del país-, “en la práctica, si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”.

En una ceremonia realizada en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería en Santiago, el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que moderniza a Gendarmería de Chile, traspasando sus funciones desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y poniendo a la institución en el mismo estatus que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo al mandatario, dicho movimiento va mucho más allá del papel, pues permitirá que estos tres organismos puedan coordinarse con mayor eficacia y eficiencia a la hora de combatir la delincuencia.

“Ese es un gran adelanto de esta reforma. Hay información que se maneja dentro de Gendarmería que da a entender cómo operan las organizaciones de crimen organizado más peligrosas de nuestro país y esta inteligencia tiene que ser también un insumo para que, junto con Carabineros y la PDI, puedan tomar decisiones trascendentes en temas de seguridad. Hacia allá estamos trabajando”, sostuvo el jefe de Estado.

Así, dicho triunvirato “formará un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada. Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles y, antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar”, agregó Kast.

Al cierre, el mandatario hizo un “reconocimiento al parlamento y al gobierno anterior de Gabriel Boric de haber avanzado en esta difícil tarea, porque los cambios son difíciles”, cerró.

“Reforma necesaria”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró por su parte que “el traspaso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se realizará de manera responsable, gradual y con pleno respeto a su labor. Este proceso no es meramente administrativo. Se trata de un paso importante para fortalecer la seguridad del país, mejorar la coordinación institucional y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del sistema penitenciario, especialmente en materia de crimen organizado”.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, recordó en tanto las vicisitudes por las que pasó la reforma, partiendo por la resistencia que la iniciativa tuvo al interior de la propia institución.

“Hay personas que quieren sacarnos del foco, desanimarlos, desalentarlos, confundirlos y manipularles para hacer creer que este cambio es tormentoso e implicaría un menoscabo de las condiciones laborales”, manifestó.

Según Pérez, la reforma promulgada contribuirá a “combatir el cáncer de la indisciplina y de la corrupción que amenaza con instalarse al interior de las cárceles (...) Afortunadamente ha habido una reacción de Estado, voluntad política y nosotros eso lo valoramos y agradecemos”, remató el uniformado.

Autoridades policiales y de Gobierno dieron detalles este miércoles de los resultados de la “Operación Alto Voltaje”, la que permitió desarticular a la mayor organización del país dedicada al robo de cobre, mineral que era quemado o triturado para evitar su rastreo y luego “exportado” por mar a China.

De acuerdo a lo informado, tras más de un año de investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, se emitieron 25 órdenes de detención, las que terminaron con el arresto de 22 individuos, todos chilenos, en sendos allanamientos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Bío Bío.

Además, se intervinieron 13 empresas y 63 viviendas particulares y se logró el decomiso de 187 toneladas de cobre, alrededor de 40 vehículos y 11 armas de fuego, amén de sus respectivas municiones.

Trascendió que el mineral robado a lo largo del país era intervenido y trasladado hasta el puerto de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), desde donde era enviado vía marítima a China, logrando así la organización movimientos económicos entre 2020 y 2025 que bordean los $816.765.326.477 (unos USD $917 millones).

Dos clanes familiares

En un punto de prensa, el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, explicó que la organización robaba de manera sistemática “a la red pública de energía nacional (...) sustraían de manera permanente el cable de este servicio esencial para el país para poder reducirlo, venderlo, procesarlo y finalmente ser exportado hacia China”.

En tanto, la fiscal regional de Los Lagos, María Angélica de Miguel, agregó que en la organización “participaban muchas chatarrerías mediante empresas de fachadas, lo cual tenía por objeto legalizar las operaciones que se realizaban y además también blanquear las ganancias a través de facturas falsas e instrumentos tributarios adulterados, y por lo tanto, así blanquear ese origen ilícito también de estas ganancias”.

Asimismo, se logró acreditar la participación de “dos clanes familiares muy importantes, tanto en el sur como en el norte, y además también de una persona intermediaria que actuaba como pasamanos trayendo el cobre desde la zona sur, hasta llegar finalmente al norte y siendo exportado desde Iquique a mercados del Asia”, sostuvo la persecutora.

Finamente, la fiscal de Miguel detalló que el mineral sustraído era sometido a “un proceso de quemado, pelado o trituración, que tenía por objeto justamente perder la trazabilidad para que las empresas no pudieran reconocer la procedencia de este cobre”.

El martes recién pasado, Scotiabank publicó un análisis que prevé un nuevo aumento en el precio de los combustibles para mediados de abril, el que sería del orden de $85 (USD 0,09) para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de $75 (USD 0,08) para el diésel por litro, tomando en cuenta el precio del barril de petróleo en EE.UU y Europa y el valor del dólar en Chile.

“Dadas las restricciones a las que está expuesto el funcionamiento del MEPCO (sistema diseñado para amortiguar alzas drásticas en los precios internacionales), después de los cambios recientes, el mecanismo no podría evitar estas alzas”, aseguraron en el reporte.

Debido a esto, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) señalaron que los camioneros no están en condiciones de solventar otra alza de precios, y no descartaron irse a paro en todo el país como medida de presión.

Así lo afirmó este miércoles el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien sostuvo que este nuevo aumento “llega en un momento extremadamente complejo para los transportistas, especialmente para los pequeños y medianos, que no han logrado traspasar los incrementos anteriores a tarifa. Hoy simplemente no existe capacidad para seguir absorbiendo estos costos”.

Pagos a 90 días

Según Pérez, el problema mayor radica en que mientras el precio del diésel sube, los servicios prestados por los camioneros son pagados a 90 días, desfase que significa una pesada carga para las empresas.

“Los transportistas están financiando el sistema. Pagan el combustible al contado, pero reciben sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar tarifas en línea con los costos reales”, explicó el dirigente gremial.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno a no traspasar a los usuarios un nuevo aumento en el precio global de los combustibles y de paso, criticó que aún no se haya implementado un Índice de Costos del Transporte (ICT) actualizado, un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la última reunión que sostuvieron en La Moneda con los cuatro representantes del gremio.

“Se nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen. Sin un ICT actualizado y sin mecanismos de fiscalización efectivos, los transportistas quedan en total desprotección frente a los generadores de carga”, fustigó Pérez.

Así las cosas, el mandamás de la mayor organización de transportistas del país advirtió que de “si el Gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional. Aquí está en juego la continuidad operacional de miles de transportistas a lo largo del país”.

La reprobable escena quedó registrada en varios videos grabados por los mismos manifestantes, los que se viralizaron rápidamente. Desde la casa de estudios condenaron el hecho y anunciaron una investigación interna y en paralelo, el Gobierno anuncio una querella por atentado contra la autoridad, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

“Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser por definición un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”, señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Repudio transversal

Las reacciones no se hicieron esperar y figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

En tanto, la senadora Camila Flores (RN) indicó que actos de esta naturaleza “no pueden quedar en impunidad, se debe identificar a los agresores para que paguen por estos hechos. Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido delictual fue consecuencia de la mano blanda con los violentistas y delincuentes”.

Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

Sus palabras fueron refrendadas por la senadora Yasna Provoste (DC), quien recordó que “la universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile”.

Presidente Kast: “acto de irracionalidad total”

Por la noche, el presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a la ministra Lincolao y flanqueado por las otras secretarias de Estado de su gabinete, le entregó su respaldo y anunció acciones judiciales.

“Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente al interior de una universidad, un lugar donde debiera primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad”, partió su alocución el mandatario.

“Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de fuerza, de compromiso con Chile: ‘Sáquenle la chucha’, eso es inaceptable”, prosiguió.

De paso, recordó que la ministra “fue invitada a la inauguración del año académico de la Universidad Austral, que en otras ocasiones también ha vivido momentos de violencia, y esto no puede volver a repetirse”.

Así las cosas, el Presidente instruyó al Ministerio de Seguridad estampar una querella por atentado a la autoridad y a la ministra de Educación, María Paz Arzola, solicitar sumarios a la casa de estudios.

Finalmente, la propia ministra Ximena Lincolao se refirió a la agresión, asegurando de entrada que “no tengo miedo”.

“Ser ministra es ser un agente de cambio (...) Voy a seguir yendo a las universidades, vamos a seguir conversando con los académicos, los estudiantes. Esto no nos para. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible”, manifestó

Al cierre, agradeció el “apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y colores políticos“, y remató señalando que “esto no va a parar para nada, ni a mí ni a los otros ministros, de seguir trabajando e interactuando con todos los chilenos”.

Prisión preventiva decretó este martes el Juzgado de Garantía de Colina en Santiago para dos ciudadanos chilenos y un iraní, miembros de una banda dedicada principalmente al contrabando de cigarrillos traídos desde Paraguay, los que eran comercializados en el populoso barrio Meiggs capitalino.

La organización fue desarticulada tras un amplio operativo policial a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cerrillos, quienes en los varios allanamientos que realizaron lograron decomisar distintos tipos de armamento, municiones, explosivos, vehículos, dinero en efectivo y 2.298 cajas de cigarrillos, cargamento avaluado en unos $3.200 millones (más de USD 3,5 millones).

Según antecedentes de la investigación, todo partió cuando los uniformados comenzaron a vigilar una parcela sospechosa ubicada en la comuna de Colina, la que resultó ser una bodega donde se acopiaba la mercancía. Hasta allí llegaban periódicamente personas a retirar cajas de cigarrillos, los que luego eran revendidos en ferias del centro de Santiago.

Iraní en situación irregular

En un punto de prensa, el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristian Ramírez, detalló que “detectives de esta brigada, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”, señaló el uniformado.

De acuerdo al oficial, tras hacer los seguimientos respectivos, “se logró en primera instancia cuatro órdenes de entrada y registro, una de ellas en la comuna de Colina, otra en Quinta Normal, en Maipú, y otro en la ciudad de Arica, logrando con esto la detención de tres personas”.

Tocante a los detenidos, Ramírez detalló que “dos de ellas son chilenas -un hombre y una mujer con antecedentes policiales-, y el tercero es un ciudadano de nacionalidad iraní, quien tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando. De hecho, en el proceso de la detención de este sujeto, se le encontraron armas de fuego que tenía listas para ser utilizadas”.

Trascendió que el ciudadano iraní, de 38 años, entró a Chile por un paso no habilitado el año pasado y contaría con formación militar, pues permaneció cuatro años en Colombia como miembros de varias guerrillas de ese país.

Así las cosas, los tres detenidos fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, contrabando, tenencia de armas de fuego y lavado activos, quedando en prisión preventiva mientras se cumplen los 120 días decretados para la investigación.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia este martes a una reforma que endurece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a menos de dos semanas de que un estudiante protagonizara un brutal ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama (1,530 kms al norte de Santiago), dejando como saldo una inspectora de 59 años muerta y cuatro heridos.

Eso no implica, necesariamente, que la reforma vaya a ser aprobada, sin embargo, ahora la Cámara de Diputados y el Senado tienen 15 días cada uno para discutir la iniciativa.

Cabe señalar que este “pie en el acelerador” viene luego de una petición de Renovación Nacional (RN), partido desde donde valoraron la premura del Gobierno al respecto tras reunirse con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Para nosotros es una alegría que el presidente Kast le haya puesto urgencia a este proyecto (...) Nos hemos comprometido a trabajar tres ejes que son extremadamente importantes: el primero es un eje de reinserción, el tema de la reincidencia aparece como un tema fundamental. Lo segundo, es cómo hacemos para trabajar en mayor infraestructura y tercero, respaldar al Gobierno en todo aquello que restablezca la autoridad porque creemos que los establecimientos educacionales tienen que ser lugares para estudiar”, señaló el jefe de la bancada de Diputados de RN, Diego Schalper.

Menores de 14 a 17 años

En tanto, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que “no podemos seguir enfrentando la criminalidad juvenil con leyes del siglo pasado. Tenemos que actuar de acuerdo a cómo están sucediendo las cosas en nuestro país”.

“Y tampoco podemos dejar que la edad sea un impedimento para que los que cometen delitos graves queden libres e impunes frente a la ley. Tenemos que poner leyes que sean rígidas, que sean duras frente a la criminalidad juvenil”, agregó Durán.

Por su parte, el diputado Francisco Orrego, afirmó que “estamos muy preocupados por el tema de la violencia que hoy día está afectando a la sociedad por parte de menores de edad. Tenemos que buscar que ese delincuente menor de edad pueda tener la posibilidad, primero de reinsertarse, pero segundo también de aplicar penas que sean conforme al delito que ha cometido”.

De la misma opinión fue su par, Mauro González, miembro de la comisión de Seguridad, quien sostuvo que “es fundamental avanzar con el proyecto y que se pueda convertir en Ley de la República, porque aquellos jóvenes entre 14 y 17 años que cometen delitos violentos deben tener una sanción mayor a la que tienen actualmente”.

Al cierre, el diputado Jorge Guzmán recordó que “un sistema penal que funciona tiene que ser no solo un sistema que castiga, sino que también se preocupa de reinsertar a las personas. De lo contrario, fracasaríamos profundamente en cualquier sistema o cualquier idea que tengamos legislativa en esta materia”.

Su deleznable actuar quedó registrado por una cámara de seguridad del templo, video que desde la misma parroquia viralizaron para denunciar el hurto y en el que es posible apreciar cómo el sujeto se acerca sigilosamente por detrás a la mujer revisa cuál bolso parece más lucrativo y procede a llevárselo, poniendo pies en polvorosa.

“Ni un respeto”

Desde la parroquia subieron de inmediato el video a las redes sociales para dar con el paradero del impío ladrón y de paso, aseguraron que no se trata de un hecho aislado, por lo que pidieron a los fieles cuidar sus pertenencias cuando visiten la casa de Dios.

“Lamentamos informar que nuestro Templo Parroquial ha sido nuevamente escenario de un hecho delictual. En esta ocasión, una feligresa sufrió el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba en oración”, señalaron.

“Repudiamos estos actos que vulneran la paz de nuestro lugar sagrado. Ya se está procediendo con la denuncia policial correspondiente”, aseguraron a renglón seguido.

Finalmente, instaron a la comunidad a “a estar alerta y resguardar sus pertenencias, mantenerse atentos a sus objetos personales en todo momento, colaborar en la vigilancia fraterna de nuestro templo, orar por la tranquilidad de nuestra hermana afectada y por la conversión de quienes han obrado erradamente”.

El párroco Claudio Alarcón, por su parte, detalló que el robo se produjo antes de la misa diaria y manifestó que "estamos perdiendo los límites de todo, del respeto, de algo sagrado, porque el templo es sagrado. Esto molesta porque no se respeta, no hay un cuidado de las cosas sagradas”.

Como era de esperar, la publicación recibió varios comentarios de los fieles como “ni en la casa del Señor se puede andar tranquilo”; “Que terrible ver esto una lástima que no se escape ni la iglesia”; y “Ni un respeto con la casa de Dios”.

Hasta ahora, la policía no ha dado con el desvergonzado ladrón.

De acuerdo a información de la autoridad marítima, el hecho ocurrió cuando la nave “Bandero”, que navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, chocó deliberadamente al buque factoría “Antarctic Sea”, perteneciente a la compañía Aker Qrill, desde donde emitieron una alerta que fue recepcionada por la Capitanía de Puerto.

De inmediato, la Armada llamó por radio a los tripulantes del “Bandero” a fin de que desistieran de su accionar y envió a la zona al buque “Lientur” para así garantizar que el incidente no pasara a mayores.

Riesgo de derrame

El director ejecutivo de Aker Qrill, Webjoern Barstad, aseguró que el choque se produjo precisamente en la popa, donde el "Antarctic Sea” tiene el tanque de combustible, asunto que pudo significar un derrame de diésel.

“Probablemente fue solo cuestión de suerte que no causara mayores daños”, señaló, según reza una nota de BioBíoChile.

Mientras tanto, la Fundación Capitán Paul Watson publicó un video en el que es posible escuchar las advertencias hechas por la Autoridad Marítima chilena:

“Ustedes han afectado la seguridad de la navegación y el derecho de otros buques a realizar actividades lícitas, creando así una situación de riesgo para la vida humana en el mar. Por la presente se les informa que se ha obtenido evidencia audiovisual de sus acciones y se reportará a las autoridades pertinentes”.

“Se les ordena cesar toda interferencia y mantener una distancia segura y prudente de los buques dedicados a operaciones de pesca. El incumplimiento dará lugar a la adopción de nuevas medidas y a la notificación a las autoridades de la República de Chile y a las autoridades internacionales competentes. Por favor, acuse recibo por el canal 16. Cambio”, cierra la comunicación.

Embestida deliberada

De acuerdo al medio citado, aunque en un principio desde la Fundación Capitán Paul Watson aseguraron que la colisión había sido “accidental”, lo cierto es que horas mas tarde admitieron que el Bandero “hizo contacto deliberado” con el “Antarctic Sea” con el objetivo de detener la pesca de krill en un área considerada por ellos como crítica para la alimentación de especies marinas.

En tanto, desde la empresa noruega recordaron que cuentan con los permisos correspondientes emitidos por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR por sus siglas en inglés), organización internacional creada en 1982 con la misión de preservar la vida marina y la integridad ecológica del Océano Austral.

Así las cosas, desde la Armada de Chile informaron que seguirán monitoreando al “Bandero” y que ya informaron al CCAMLR del incidente, sin descartar nuevas medidas.

Como Jaime Avilez Pinto, de 42 años, fue identificado el padre de familia que murió acribillado este lunes en el antejardín de su casa, ubicada en la comuna de Tomé (500 kms al sur de Santiago), tras evitar que una banda de delincuentes raptaran a su hijo de solo 6 años.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el asalto se produjo en horas de la madrugada cuando cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda de Avilez, quién dormía junto a su pareja y dos de sus cuatro hijos, los que buscaban a uno de ellos con el fin de cobrar una deuda.

“Hay varias hipótesis relativas a algún ánimo de venganza, algún ánimo de negocio ilícito o, derechamente, algún tipo de rencilla personal que hubiesen tenido con la víctima o con el grupo familiar”,señaló el fiscal ECOH Biobío, Michelangelo Bianchi.

Al no hallar a la persona que buscaban, los sujetos intentaron raptar a la pareja de Avilez y a su hijo de solo 6 años como medida de presión, ante lo cual el padre salió en defensa de su familia.

“Entraron con un auto rojo, le pegaron de cola al portón, lo sacaron altiro. A la señora la maniataron de pies y manos, boca abajo; a la hija también, y se querían llevar al niñito”, aseguró el padre de la víctima.

“Llévenme a mí”

Según el testimonio del padre de Avilez, al ver que los atacantes se abalanzaban sobre su pareja e hijo les dijo: ‘Llévenme a mí’. Mi hijo sale, comienza a pelear con uno y ahí le pegaron y le dispararon”.

“Cualquier padre da la vida por sus hijos y por lo mismo él prefirió que se lo llevaran a él”, señaló por su parte uno de los hermanos de la víctima.

Trascendió que los atacantes dispararon al menos 10 veces a Avilez, quien falleció en el antejardín de su casa producto de la gravedad de sus heridas.

Hasta ahora no hay personas detenidas y la policía trabaja intensamente para dar con el paradero de los responsables de este crimen que conmocionó a la comuna de Tomé.

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en la Base El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) la presentación del nuevo avión de instrucción T-40 Newén, fabricado íntegramente por la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), el que viene a reemplazar al histórico T-35 Pillán que por más de 40 años formó a pilotos de Chile y países de la región.

En la cita, que contó además con el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, y al director ejecutivo de ENAER, general (r) Henry Cleveland, las autoridades aplaudieron este hito histórico que marca la reactivación de la industria aeronáutica nacional y se consolida como el primer desarrollo completo en Chile en casi dos décadas, posicionando nuevamente al país en el mapa de productores de tecnología aeroespacial.

De acuerdo a información emanada desde la Presidencia, el T-40 Newen es más que solo una aeronave de entrenamiento: se trata de “un sistema integrado de formación que combina aviónica digital, simulación avanzada y capacidades industriales nacionales”, que representa “el paso desde la dependencia tecnológica hacia una industria de defensa moderna, con impacto directo en empleo, innovación y proyección internacional”.

Un inversión

En su alocución, el presidente Kast agradeció a “nuestras Fuerzas Armadas, que en conjunto están invirtiendo en la Nación. Como decía el presidente de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), esto es una inversión, no es un gasto. Lo mismo que está llevando adelante Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR), como decía el ministro de Defensa, lo mismo que está llevando adelante Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE). Nos hace llenarnos de orgullo y también de un agradecimiento enorme por lo que están haciendo por la Patria”.

De paso, felicitó a “todos los que participaron en el desarrollo de esta nueva aeronave T-40 Newén. Como decía el comandante en jefe, esto no es una casualidad. Newen significa fuerza (en mapudungún), la fuerza de todos los chilenos que se ve reflejada en este proyecto, que es la continuación de este avión que muchos vimos volar y que preparó a más de mil pilotos de la Fuerza Aérea”.

Finalmente, el mandatario señaló que “es un orgullo. Creo que nuestro comandante en jefe también se siente orgulloso de que durante su periodo se hayan concretado todas estas grandes obras que nos ponen en un muy buen lugar a nivel mundial en nuestras capacidades y en nuestra industria aeronáutica nacional que se proyecta a lo internacional”.

Características del T-40 Newén

Mas que un avión, el Newén es un “ecosistema” de entrenamiento que incluye simuladores de realidad mixta, estaciones de planificación de misión (MPS) y herramientas de debriefing avanzado (DBS) desarrolladas por la filial DTS. Está equipado con pantallas multifunción configurables, sistemas inerciales/GPS y aviónica moderna, similar a las aeronaves de combate F-16.

El prototipo está en un 97% de avance, con entrega prevista para abril de 2026 y vuelos de prueba en 2027, e inicialmente se contempla la producción de 33 unidades.

Carabineros de Chile emitió este fin de semana una alerta en todo el país para capturar al ciudadano haitiano Víctor Thiany, de 27 años, principal sospechoso del crimen en Santiago de María Leonor Valdebenito (66), comerciante chilena que le había dado trabajo y un lugar donde vivir. Según las autoridades policiales, al sujeto se le acusa de robo con homicidio y es considerado un peligro para la seguridad pública.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la noche del 1 de abril y tras no poder ubicar a su madre por varias horas, las hijas de la víctima llegaron hasta su casa, ubicada en la comuna de Quinta Normal. Al entrar a la casa, hallaron el cuerpo de la mujer en el living de su casa con signos de golpes y asfixia.

Las sospechas cayeron de inmediato sobre Víctor Thiany, quien había sido contratado María Leonor Valdebenito hace pocas semanas para ayudarla con la carga y descarga de productos en el Persa Biobío, y solo cinco días atrás le había arrendado una pieza en su propio domicilio.

Dichas sospechas se vieron confirmadas tras revisar las cámaras de seguridad, las que revelaron que el día anterior al crimen -31 de marzo-, Thiany dejó la casa manejando el vehículo de la víctima y llevándose la mercadería -principalmente ropa-, que la mujer vendía en la feria.

La alerta

Así las cosas, este domingo el teniente coronel Fernando Bozo, del Departamento OS9 de Carabineros, confirmó a la prensa que Víctor Thiany se encuentra actualmente prófugo de la justicia y es profusamente buscado a lo largo y ancho del país.

“Se logró identificar y posicionar en el sitio del suceso al autor de este violento hecho, correspondiente a un ciudadano haitiano de 27 años, quien actualmente mantiene una orden de detención vigente y es ampliamente buscado por Carabineros de Chile”, señaló.

De paso, el uniformado llamó a la ciudadanía a entregar cualquier información que pudiese ayudar a dar con el paradero de Thiany para sentarlo en el banquillo de un tribunal.

“Hacemos un llamado a la comunidad, en el sentido de mantener algún antecedente que nos permita dar con este antisocial, comunicarse con el teléfono 133 con la finalidad de verificar la información y poder dar con el paradero de este delincuente”, cerró Bozo.

El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que en las próximas semanas todas sus altas autoridades deberán someterse a un test de drogas de manera periódica. La medida, que antes se aplicaba a solo a los ministros, desde ahora se extenderá a subsecretarios y asesores, a fin de certificar su idoneidad para ejercer un cargo público.

Asimismo, la fiscalización del Gobierno irá más allá de las pruebas toxicológicas e incluirá una exhaustiva revisión de antecedentes para garantizar que ningún funcionario presente conflictos con los requerimientos éticos del Estado, tal como ocurrió por ejemplo con el recientemente designado seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Aldo Ibani, quien renunció voluntariamente este domingo tras solo tres días en el cargo, a raíz de graves cuestionamientos a su perfil profesional en redes sociales y gremios.

De acuerdo a información de BioBíoChile, el objetivo es elevar los estándares de probidad y transparencia en la función pública y para ello se revisarán otras obligaciones legales como la declaración de patrimonio y de intereses.

Reacciones

La medida fue celebrada de manera transversal y desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), aseguró que se trata del camino correcto para dar confianza a la ciudadanía.

“Es una manera de demostrar transparencia y darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del Presidente de la Repúplica y deben dar el ejemplo”, señaló.

Desde la otra vereda política, el diputado Jaime Mulet (FREVS), sostuvo que “todos estos procesos suman a esclarecer realmente quiénes somos cada una de las autoridades”, mientras que su par, Cristián Tapia (PPD), respaldó esta “señal política” contra el narcotráfico,

“Valoro la iniciativa de hacer un test de drogas a todas las autoridades, es muy importante dar una señal, el narcotráfico en Chile ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad y sus instituciones”, manifestó Tapia.

Finalmente, el analista político Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, recordó que, por ejemplo, “México y Ecuador no actuaron a tiempo y están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico”, por lo que el país debe evitar “seguir en la senda de otros países de la región”.

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este miércoles dos nuevas medidas tendientes a paliar la histórica alza de combustibles, las que irán dirigidas a las familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y a los pescadores artesanales.

De acuerdo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la primera iniciativa dice relación a un subsidio con un aporte total de US$225 millones al gas licuado, dinero que se canalizará a través de las municipalidades para ser entregado a alrededor de 7,5 millones de familias contempladas para el beneficio.

En segunda instancia, el Gobierno entregará un bono mensual de $100 mil (USD 109) -por hasta seis meses-, para unas 9 mil embarcaciones artesanales a motor de hasta 12 metros de eslora, inscritas en el Registro Pesquero Artesanal.

Las medidas previas

Dichas propuestas vienen a complementar la batería de medidas ya aprobadas en el Congreso las que van dirigidas principalmente al transporte público, a saber:

-Congelamiento de tarifas del transporte público: El precio de los pasajes en Santiago (sistema Red) se mantendrá sin variaciones hasta fines de 2026.

-Subsidios al transporte: Entrega de beneficios directos para operadores de taxis y colectivos de de $100 mil (USD 109) por un máximo de seis meses.

-Apoyo al transporte de carga: Medidas específicas para mitigar los costos operacionales del sector logístico.

-Fomento a la electromovilidad: Creación de créditos preferenciales para facilitar la conversión o adquisición de vehículos eléctricos.

-Impulso a la reconstrucción y empleo: Parte de un marco más amplio que busca reducir la burocracia para fomentar la inversión y generar puestos de trabajo en el contexto de un plan de reconstrucción nacional.

Asimismo, esta jornada la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) informó que la parafina (kerosone) bajó $455 por litro (USD 0,5), por lo que su precio se estabilizará en alrededor de $1.050 (USD 1,14) por litro.

El gobierno de José Antonio Kast calificó como una “noticia lamentable” el fallido operativo de detención del exguerrillero Galvarino Apablaza en Buenos Aires, quien no fue hallado en su domicilio tras un orden de arresto emitida por la justicia argentina para extraditarlo a Chile, este miércoles.

Apablaza es requerido por la justicia chilena por su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador y artífice de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, y del mediático secuestro del empresario Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, ambos en 1991.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló a la salida de una reunión de emergencia con el presidente Kast, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, que éste último “nos informó que, luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio“.

“Evidentemente y especialmente en un día como hoy (1 de abril), cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”, sostuvo Alvarado.

“Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado“, complementó el secretario de Estado.

Por su parte, Cerna detalló que la policía civil chilena tenía todo listo para concretar la extradición de Apablaza.

“Seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva”, indicó Cerna.

Finalmente, desde la Cancillería pidieron a las autoridades argentinas que extremen las diligencias para la detención del exfrentista.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, manifestaron mediante una declaración pública.

La fuga de Apablaza

Este miércoles, y luego de la revocación del estatus de refugiado de Apablaza, la jueza federal María Servini de Cubría emitió una orden de detención en su contra. Sin embargo, al apersonarse los uniformados en la parcela de la localidad de Moreno donde residía Apablaza para ejecutar la diligencia, a eso de las 16:00 horas, no lo hallaron en el lugar, activándose ipso facto una alerta de búsqueda.

Galvarino Apablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y el cerebro detrás del crimen de Guzmán y el secuestro de Edwards.

Jaime Guzmán, mentor del presidente José Antonio Kast, fue fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y artífice de la Constitución de 1980, la que sigue vigente el día de hoy a pesar de dos fallidos intentos por cambiarla. Fue asesinado de dos disparos el 1 de abril de 1991, ya en democracia, a la salida del campus oriente de Universidad Católica donde hacía clases de Derecho constitucional. Tenía 44 años.

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno (930 kms al sur de Santiago) desbarató este miércoles una banda compuesta por siete ciudadanos venezolanos dedicada al tráfico de drogas, entre ellas la peligrosa “cera”, un tóxico derivado de la pasta base de cocaína que está causando estragos en los barrios mas vulnerables y cuyo consumo se extiende rápidamente por todo el país.

Durante el procedimiento, los uniformados allanaron dos viviendas que fungían como centros de acopio y ventas de drogas y detuvieron a seis ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular y una mujer que se encontraba tramitando una visa temporal. Además, pusieron en custodia a un bebé de solo 1 año de edad que, tras los exámenes de rigor, arrojó rastros de droga en su organismo.

De acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se decomisaron 611 gramos de cocaína, dos pistolas, municiones calibre 9 milímetros y alrededor de un $1 millón (USD 1.090) en dinero contante y sonante, pero lo más preocupante fue el hallazgo por primera vez en el sur del país de varias dosis de la llamada “cera”, la que debido a sus potencia y efectos adversos ha sido bautizada como el “fentanilo chileno”.

Características de la “cera”

Desde hace ya un tiempo, este derivado aceitoso, tóxico y extremadamente potente de la pasta base de cocaína ha ido desplazando a esta última en los barrios más vulnerables.

De acuerdo a varios reportes y entrevistas a sus consumidores, llega a ser hasta 20 veces más potente que la pasta base común y se consume principalmente en una pipa, aunque su consistencia permite que también se fume en dispositivos de vapeo (vapers), facilitando su consumo en lugares públicos sin ser detectada fácilmente.

Quienes la han probado la describen como un alucinógeno de pocos minutos de duración, pero con un efecto mucho más potente y con un impacto devastador en el sistema nervioso y en el cuerpo, que comienza a poblarse de llagas.

Debido a su alta concentración de químicos y rápida de absorción, sus efectos son más severos que los de la pasta base tradicional generando una dependencia extrema en lapsos cortos, daño neurológico -psicosis, delirios, paranoia y un deterioro cerebral acelerado-, y deterioro físico, causando pérdida de peso severa, problemas cardiovasculares (arritmias, infartos) y daños respiratorios graves.

Debido a esto, las autoridades sanitarias están en alerta, pues reportes policiales dan cuenta que el llamado “fentanilo chileno” está causando una verdadera devastación en los barrios más pobres ya no solo de Santiago, sino que de buena parte del país.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, ambos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, propusieron quitar la gratuidad universitaria a aquellos escolares que protagonicen hechos de violencia, tal como ha venido ocurriendo desde hace algunos años sobre todo en liceos emblemáticos de la capital.

Cabe señalar que este martes, encapuchados incendiaron la inspectoría del Liceo Lastarria y protagonizaron desórdenes en el Instituto Nacional, ambos en Santiago.

Así las cosas, Bobadilla sostuvo que “como Comisión de Educación no podemos permanecer indiferentes frente a lo que está ocurriendo hoy en muchos liceos del país (...) Estos delincuentes, que se escudan tras la condición de estudiantes, no pueden seguir siendo beneficiados con gratuidad en la educación superior, la cual es financiada con el esfuerzo de todos los chilenos”, según consignó BioBíoChile.

“No podemos permitir que quienes hoy paralizan clases, destruyen infraestructura pública y ponen en riesgo a sus propios compañeros, mañana accedan a la educación superior con beneficios estatales, desplazando a jóvenes que sí quieren estudiar, esforzarse y salir adelante”, agregó el presidente de dicha comisión.

En la misma línea, Neumann recordó que “hace años desde la bancada de diputados UDI venimos planteando la necesidad de establecer sanciones concretas, como la pérdida de la gratuidad, para quienes participen en hechos de violencia”, asegurando que “lamentablemente no hemos encontrado apoyo en el Gobierno (de Boric) ni en sectores de izquierda, que a nuestro juicio han priorizado una visión equivocada de los derechos humanos”.

De acuerdo al legislador, “es fundamental volver a poner en el centro a los miles de estudiantes que sí respetan las normas, que quieren aprender y que ven interrumpido su proceso educativo por culpa de estos hechos”.

“Los derechos humanos también son el derecho a estudiar en un ambiente seguro y sin violencia”, cerró Neumann.

Incidentes en Santiago

Este martes, encapuchados protagonizaron una nueva jornada de manifestaciones en los alrededores del histórico Instituto Nacional, ubicado en Santiago Centro, lanzando bombas molotov y enfrentándose a Carabineros.

“Paralelamente, el establecimiento activó sus protocolos de seguridad, procediendo al despacho preventivo de estudiantes y del equipo docente“, informaron desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) mediante un comunicado.

Debido a los desórdenes, Carabineros cortó el tránsito en la Alameda por un par de horas en la mañana y a eso del mediodía, informaron que dos estudiantes fueron detenidos.

En tanto, en el Liceo Lastarria de la comuna de Providencia, tres escolares encapuchados lanzaron una bomba molotov a la inspectoría, la que resultó completamente destruida, mientras que una funcionaria resultó levemente herida al tratar de apagar el fuego.

El presidente José Antonio Kast anunció este martes que endurecerá el Estado de Excepción en zonas críticas de la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío-, el que tiene a militares patrullando zonas urbanas y rurales a fin de evitar hechos de violencia por parte de grupos radicales mapuches.

Cabe recordar que bajo la administración de Sebastián Piñera hubo Estados de Excepción desde octubre 2021 a marzo 2022, y el régimen actual fue decretado por el presidente Gabriel Boric y ha operado de forma continua desde el 17 de mayo de 2022.

Entrevistado por varios periodistas en un evento de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Kast partió señalando que su gobierno busca terminar definitivamente con el Estado de Excepción. Sin embargo, primero se hace necesario “plantear algunas modificaciones para ejercer un mayor control en algunas zonas críticas”.

“En las próximas semanas habrá algunos cambios en cómo se establece la seguridad en la zona para precisamente ir normalizando la situación. No es normal que tengamos desplegadas a las Fuerzas Armadas para la custodia y seguridad de las personas”, aseguró, agregando que aún existen ciertas zonas críticas en las que “yo no tengo por qué entrar con una división blindada; no corresponde”.

Temucuicui

Consultado específicamente sobre Temucuicui -comunidad mapuche situada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, conocida como un “bastión” de resistencia y autonomía-, el mandatario sostuvo que para intervenirla se necesita “más inteligencia que fuerza”, y que entre las medidas que podría tomar el gobierno están restringir la entrada y salida a la comunidad e incluso cortar su abastecimiento.

“Si alguien dice que es una zona autónoma, bueno, que se autoabastezca de todo“, argumentó Kast.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que en muchas comunidades mapuche “hay personas que son inocentes, que son manipuladas y manejadas por malos líderes”, que desafían al Estado. Debido a esto, “habrán algunas restricciones mayores para el ingreso y salida de personas, en una zona donde hay malos líderes“, remató.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó este lunes su reporte correspondiente al trimestre diciembre 2025-febrero 2026, el que arrojó que el desempleo a nivel nacional, tras los máximos históricos de la pandemia, no ha bajado del 8%, con una población de más de 800 mil personas en busca de trabajo. Debido a esto, el Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció un subsidio al empleo formal, el que irá dirigido a financiar a aquellos trabajadores cuyo salario bordea el sueldo mínimo.

Así lo confirmó este martes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en un seminario organizado por Clapes UC, quien en su presentación partió recordando que “tenemos una tasa de desempleo sobre el 8% por 38 meses consecutivos” y a renglón seguido anunció el beneficio, destinado a “afirmar” en sus puestos a quienes puedan correr riesgo de ser despedidos, amén de fomentar la contratación de nuevos trabajadores.

“Vamos a subsidiar alrededor de un 10% de la remuneración de los trabajadores que están en riesgo de caer en la informalidad, entiéndanse que están ganando en torno al salario mínimo, entre el salario mínimo y un umbral por definir. Ese subsidio va en un 90% a las pymes (pequeñas y medianas empresas), porque alrededor de un 90% de los trabajadores que reciben el mínimo trabaja en una pyme”, señaló.

El secretario de Estado aseguró además que una de las prioridades es reformular el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), para así modernizar la capacitación laboral y simplificar los apoyos económicos del Estado al empleo.

“Hay mucho trabajo en términos de burocracia y permiso, podemos hacer más, podemos destrabar inversiones (...) Tenemos un desafío gigante, que es articularnos el ministerio de Educación y el ministerio de Desarrollo Social (...) Otro elemento muy importante es la certeza jurídica, hay ciertos dictámenes que estamos revisando, hay algunos de ellos en que encontramos que se ha ido más allá de la ley y nosotros tenemos que dar la certeza”, agregó.

Según Rau, el gobierno está buscando “maneras inteligentes de amortiguar estas alzas de costos laborales, y una de ellas es este subsidio que hemos anunciado”, remató.

En la misma línea, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, celebró la medida, asegurando que la prioridad es reactivar el crecimiento económico, el que en la última década se ha mantenido estancado alrededor del 2%.

Reacciones

La medida fue aplaudida por parlamentarios de oposición, tal como lo señaló el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Erich Grohs (PNL).

“Las cifras recientes evidencian un deterioro del mercado laboral que requiere respuestas urgentes y concretas. Hoy muchas pequeñas y medianas empresas están enfrentando mayores costos operacionales, por lo que este tipo de subsidios puede ser determinante para evitar despidos y mantener la actividad productiva”, indicó.

De la misma opinión fue su par, Stephan Schubert (PR), quien tildó la iniciativa como una “excelente noticia”.

“Este subsidio esperamos pueda surtir efecto a la brevedad y pueda ayudar y beneficiar a lo que tenemos que hacer, levantar la cifra de contratos formales en nuestro país. Esperamos y confiamos que esto va a ayudar a muchos chilenos”, manifestó.

Desde la otra vereda, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió que la iniciativa podría terminar subsidiando empleos ya existentes en lugar de fomentar nuevos, tildando la medida como “insuficiente”.

Aunque la defensa del estudiante del último año de secundaria presentó en la audiencia preliminar del sábado certificados médicos que darían cuenta de problemas de salud mental y bullying, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que no existen antecedentes serios que den cuenta de una patología psiquiátrica que implique inimputabilidad.

“La fiscalía, considerando el principio de objetividad, no tiene ningún antecedente serio que permita fundar de acuerdo a la ciencia, (pericia, antecedentes previos, etc) que permita considerar, por ahora, una casual de inimiputabilidad o imputabilidad disminuida”, aseguró a Infobae el persecutor.

“Por el contrario, con los antecedentes que tenemos hasta ahora, lo que hay es una planificación previa de una importantes data para coordinar y urdir un ataque homicida respecto de personas indeterminadas pero en todo caso contra de alumnos y profesores de su establecimiento educacional, tal como ocurrió en este caso”, complementó.

Debido a esto, el Ministerio Público le imputó los cargos de homicidio consumado y cuatro delitos de homicidio frustrado, sin embargo, Castro Bekios desestimó que el ataque de Meneses sea similar a los ocurridos de manera periódica en EE.UU.

“Lo que nosotros sostenemos como hipótesis en esta investigación y que se refleja en la formalización de hoy, no es precisamente el fenómeno que ocurre en los EE.UU, que la investigación identifica en sujetos categorizados bajo el constructo internacional de atacante Amok”, explicó Castro Bekios.

“Nuestra hipótesis investigativa -de acuerdo a los estudios de criminología y psicología forense-, es el de “violencia escolar dirigida” (TSV). En esta categoría existiría una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos que incluye a docentes específicos o compañeros identificados como acosadores. El autor de TSV suele ser un miembro de la comunidad educativa, lo que le otorga un conocimiento táctico del terreno, las rutinas y las debilidades de seguridad del plantel", cerró el persecutor.

En paralelo, las pericias de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de que Meneses planeó su agresión con al menos cuatro meses de anticipación y que el perturbado muchacho mantenía un cuaderno en el que fue describiendo los pasos de su ataque, en el que explica que buscaba asesinar a la mayor cantidad posible de menores de edad, principalmente niños de primero básico (6 años de edad), a fin de que no tuvieran que sufrir los sinsabores y penurias de la edad adulta.

Finalmente, y de acuerdo a escritos en el cuaderno, las paredes de su pieza y un video de Youtube con el título “Ataque en el instituto Lazaeta”, el plan fue cambiando y Meneses decidió que asesinaría a quien se le cruzara por delante, para después poner fin a su vida.

El ataque

Antecedentes de la investigación han permitido establecer que el día del ataque, el agresor llegó hasta el Instituto pero decidió no entrar a clases y se encerró en el baño. Una de sus compañeras de clases dijo que vestía completamente de negro pero con un chaleco reflectante por encima, y que desde su mochila sobresalía un objeto sospechoso, el que resultaría ser una especia de katana corta, una de las varias armas blancas que llevaba consigo.

A eso de las 10:30 horas, dos inspectoras se acercaron para conminarlo a salir del baño y cuando procedieron a retarlo, Meneses extrajo gas pimienta y roció a la inspectora María Victoria Reyes para luego propinarle múltiples puñaladas, falleciendo la mujer en el lugar a pesar de los primeros auxilios que recibió de inmediato por funcionarios del establecimiento.

De acuerdo un testigo y mientras la otra inspectora, herida, pedía ayuda, el atacante se dirigió luego al patio donde se encontraban alumnos de segundo medio (15 años) en un evidente “estado de exaltación” y procedió a atacar a otros tres escolares, para luego ser contenido por otro estudiante que logró reducirlo con ayuda de sus compañeros, tal como quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

En su mochila, el acusado llevaba una bomba falsa, la katana corta, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante y gas pimienta.

Trascendió que Meneses le habría robado a su madre -quien trabaja en un club nocturno de Calama-, la suma de $500 mil (USD 540) para adquirir las armas que utilizó en su brutal agresión.

Así las cosas, el tribunal decretó preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, con un plazo de investigación de 180 días.

Dirigentes de los principales gremios de camioneros del país aseguraron este lunes que no se irán a paro ni realizarán manifestaciones tras la histórica alza de combustibles instruida por el Gobierno, la que se concretó el jueves pasado. De paso, señalaron que el precio de los alimentos no tendrá un aumento considerable y que su misión ahora es “mantener la cadena de abastecimiento”.

Ello, luego de una reunión que sostuvieron en La Moneda con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, a la que se sumó brevemente al cierre el presidente, José Antonio Kast.

El primero en hablar a la salida de la cita fue el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, quien indicó que “las cuatro organizaciones representativas de la industria del transporte de carga por camión tomamos un acuerdo”.

De acuerdo al representante gremial, lo primero es “pedir al gobierno que se actualice el Índice de Costo al Transporte (ICT). Y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo”.

Además, afirmó que “somos muy críticos de algunas voces que dicen que las papas van a subir un 50%, otros dicen que el pan va a subir un 20%, otros dicen que los productos agrícolas van a subir un 30%. Eso no es verdad”.

La subida de precios

Según Pérez, “el kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40 (USD 0,04) y eso no es el 50%. Así que tranquilidad a la nación, a los consumidores”.

Tocante a movilizaciones, manifestó taxativo que el problema “no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente de ChileTransporte, Raúl Clavero, quien aseveró que el alza de precios “no irá más allá del aumento del combustible. Y nuestro compromiso desde ChileTransporte, como el resto de las asociaciones gremiales, es mantener la cadena de abastecimiento, esperando que los dadores de carga se solidaricen y acepten el alza de las tarifas”.

Al cierre, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, sostuvo que existen “muchas empresas que están ofreciendo migajas, por lo tanto nosotros no vamos a poner los camiones a disposición. Y ese es el mejor movimiento que vamos a hacer”.

A la reunión también asistió brevemente el presidente, José Antonio Kast, quien estuvo de acuerdo con los dirigentes en que, si baja el precio del petróleo a nivel global, eso se reflejará en el mercado nacional.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda anunció que en el contexto de ajuste fiscal, el Gobierno comenzará a cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) a miles de estudiantes universitarios morosos y en paralelo, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a las autoridades en ejercicio que aún no han saldado su deuda a “ponerse al día”, sin dar mayores nombres, puesto que dicha información no es pública.

Sin embargo, este domingo un reportaje de El Mercurio reveló que ocho diputados y seis autoridades de Gobierno registran millonarios compromisos impagos con diversas instituciones educativas, los que en algunos casos bordean los $40. millones (unos USD 43 mil).

Entre los primeros la lista es liderada por diputada Claudia Reyes (PR), con una deuda de cerca de $38 millones (USD 40,7 mil) con la Universidad Austral de Chile, asunto por el que aún no se ha referido públicamente.

Su par, José Carlos Meza (PR), quien adeuda unos $16 millones (USD 17 mil) a la Universidad Católica de Valparaíso, aseguró por su parte que “verifiqué con la universidad y me informaron que el último pago se hizo en 2023. Desde abril podré suscribir un convenio para continuar pagando”.

Mas abajo vienen la diputada Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones (USD casi 30 mil); al independiente Héctor Ulloa, con $18,6 millones unos USD 20 mil) y Carolina Tello (FA), con $12,9 millones (USD 13,800).

Otros que registran deudas mas bajas son los socialistas Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo, y la socialcristiana, Sara Concha.

Otras autoridades morosas

Asimismo, al menos otras seis autoridades designadas por el actual Gobierno también se encuentran en mora, siendo Ricardo Figueroa (UDI), Delegado provincial de Los Andes, quien registra la mayor deuda de todos, unos $40 millones (USD 43 mil).

La lista se completa con las siguiente autoridades:

-Katherine López (Delegada presidencial de Antofagasta).

-Jorge Abello (Delegado provincial de General Carrera).

-José Bravo (Seremi de Salud de La Araucanía).

-Carlos Zirotti (Seremi de Economía de La Araucanía).

-Mario Delannays (Seremi de Medio Ambiente del Bío-Bío).

Cobros en dos fases

Según un nota de Radio ADN, los cobros comenzarán a materializarse desde abril, cuando serán notificados todos aquellos deudores que tengan ingresos mensuales superiores a los $5 millones (USD 5,300), a quienes incluso se les podría descontar dinero en cuotas desde sus cuentas bancarias y hasta embargar bienes.

De acuerdo a información del Gobierno, unas 1.800 personas que ya fueron individualizadas por la Tesorería General de la República (TGR) se encontrarían en este escenario, con deudas que bordean en promedio los $11 millones (USD 11,800) por persona y que representan una merma para el estado de más de US$20 millones.

Una vez pactado el cobro de estos dineros, las autoridades irán por aquellos cuyos ingresos mensuales van entre los $1,5 millones (USD 1.600) y $5 millones, quienes deberán apersonarse en las oficinas de la Tesorería para regularizar su deuda.

Luego de que el viernes pasado un estudiante de 18 años protagonizara un brutal ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama (1,530 kms al norte de santiago), dejando como saldo una inspectora muerta de 59 años y cuatro heridos, el Gobierno anunció que pondrá el acelerador al proyecto que busca instalar pórticos detectores de metal en las escuelas.

Así lo confirmó la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien aseguró que “vamos a avanzar con la orientación y reglamento, para que una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran, puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos”.

Tocante a plazos, Arzola señaló que “tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría, pero desde el ministerio ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacer operativa la ley, y vamos también a entregar orientaciones a los colegios para que ellos puedan tener un proyecto tipo y así aplicar esto con la mayor celeridad, en aquellos establecimientos que esta medida les haga sentido”.

Asimismo, la autoridad indicó que también impulsarán “medidas legislativas que permitan apoyar la seguridad en los colegios. Hemos tenido ideas, tenemos que discutirlas, ver la viabilidad, pero en la reunión con las autoridades locales vimos apoyo y acuerdos, y creemos que en conjunto vamos a poder avanzar en desplegar las soluciones para poder prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos tan lamentables”, cerró la secretaria de Estado.

El debate

La decisión de instalar detectores de metales en colegios generó un intenso debate, puesto que para muchos no es una “solución de fondo” para frenar la violencia escolar, tal como lo señalaron desde el Colegio de Profesores, desde donde incluso llamaron a manifestarse pacíficamente en todo el país este lunes y martes.

“Nosotros no nos negamos a la posibilidad de los pórticos de metal cuando las comunidades sientan la imperiosa necesidad para obtener tranquilidad, pero suponer que ese va a ser la solución de fondo de un problema que es mucho más estructural, grave y profundo, me parece que se queda muy corto”, sostuvo el presidente del gremio, Mario Aguilar.

De acuerdo al dirigente, la solución pasa por “un tratamiento mucho más integral que tiene que ver con salud mental, convivencia, educación y la participación de las familias. Un abordaje que tiene que ser suficientemente profundo para sentir que efectivamente se está tratando con seriedad un asunto demasiado grave”, agregó.

De la misma opinión fue el senador de la oposición Pedro Araya (PPD), quien sin embargo dijo estar disponible para apoyar cualquier proyecto que vaya en beneficio de una mejor convivencia estudiantil.

“Estamos disponibles para trabajar en conjunto con la ministra de Educación las iniciativas legislativas que sean necesarias, con el objeto de dotar a los establecimientos educacionales de herramientas que permitan mejorar la seguridad y la convivencia escolar”, sostuvo, según consignó BioBíoChile.

Uno que fue más allá fue el senador independiente, Karim Bianchi, quien tildó la iniciativa como “improvisada”.

“El pretender creer que la violencia escolar se va a solucionar poniendo pórticos, es no entender nada de lo que está pasando en las escuelas de Chile: aquí hay una crisis grave de autoridad, de convivencia y de salud mental”.

Finalmente, la diputada libertaria, Gloria Naveillán, manifestó que es tiempo de “tomar todas las medidas necesarias, debemos garantizar la seguridad de los alumnos, profesores, inspectores, de todos lo que forman parte de la comunidad escolar”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, confirmó este domingo que dará marcha atrás a la expropiación de Colonia Dignidad, asentamiento alemán emplazado en el sur del país que fue usado como centro de detención, tortura y asesinato durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con La Tercera, la autoridad sostuvo que la decisión de suspender uno de los proyectos “estrella” de la administración de Gabriel Boric para construir en el enclave un sitio de memoria, se debe a que su cartera tiene el comprometido un 97% de su presupuesto por lo que llamó “deudas de arrastre”, asunto que lo ha obligado a priorizar proyectos.

En adición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, razón por la cual el secretario de Estado sostuvo que se hace necesario aplazar o definitivamente cancelar éste y otros proyectos que calificó como “faraónicos”.

“Tenemos una estimación de que solamente la parte urbana son $47 mil millones (unos USD 50 millones). No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”, razonó Poduje.

“Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan”, agregó.

De paso, descartó motivos ideológicos en su decisión.

“Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social (…) Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados”, señaló el jefe de la cartera encargada de la reconstrucción post incendios.

El titular del Minvu informó también que junto a Colonia Dignidad, cancelará la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, avaluado en $22 mil millones (USD 23,500 millones) y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia en Santiago.

“Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego (...) Hemos hecho una serie de ajustes (y) lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales“, remató Poduje.

Las críticas de la oposición

Cabe señalar que el gobierno alemán reconoció los crímenes, pidió disculpas por ignorarlos durante años y hasta aprobó en 2019 un plan de indemnizaciones para las víctimas de la secta, admitiendo el sufrimiento causado por el régimen de Paul Schäfer.

Así las cosas, la determinación del Gobierno no cayó nada bien en la oposición, desde donde acusaron “un intento por negar la historia” y “falta de consideración” a las cientos de víctimas.

Mediante una declaración pública, desde la bancada de diputados del Frente Amplio llamaron al Gobierno a revertir la decisión del Minvu y “generar todas las herramientas que permitan que nunca más en Chile esto se produzca“.

En tanto, la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Carolina Tello, recordó que “las atrocidades que ocurrieron en la ex Colonia Dignidad forman parte de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país“.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la administración del presidente Boric, Jaime Gajardo, calificó la resolución como “una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta“, señaló en su cuenta de X.

Finalmente, desde la bancada diputados del Partido Socialista afirmaron haberse enterado de la decisión “con estupor” y criticaron que se haya tomado de manera unilateral y sin diálogo previo.

Luego de evadir a la justicia por un total de 576 días, Carabineros de Chile informó la captura de Nataly Sofrais Paillán (25), quien estaba sentenciada por el crimen de un hombre en la comuna de Panguipulli (830 kms al sur de Santiago), en 2022.

Los hechos se remontan al 21 de junio de ese año, cuando la acusada se concertó con otras cuatro personas - Lissette Troncoso, Tiare Soto, Manuel Alarcón y José Alarcón-, para agredir a Diego Fernando Rubilar Huanquil y Brian Aedo Espinoza, el primero de los cuales murió producto de una golpiza y heridas con arma blanca.

En mayo de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Sofrais a 5 años y un día como cómplice del asesinato, pero la mujer logró evadir a la justicia por más de un año y medio cambiando periódicamente su domicilio con la ayuda de amigos y familiares.

Este jueves, Nataly Sofrais fue detenida por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de Carabineros, quienes lograron dar con su paradero tras identificar sus patrones de ocultamiento.

Sin oponer resistencia

Según el teniente de Carabineros, Óscar Araneda, la detención se llevó a cabo “en la población Pablo Neruda, en la comuna de Valdivia, a raíz de diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía de Panguipulli”.

Al percatarse de la presencia policial, Sofrais se entregó sin oponer resistencia y fue puesta de inmediato a disposición de Gendarmería, siendo trasladada a la cárcel de Valdivia para comenzar a cumplir su pena.

Cabe señalar que en noviembre de 2025, otra de las mujeres condenadas en este caso que también se mantenía prófuga -Lissette Troncoso Villagra-, fue capturada por los uniformados , igualmente en las inmediaciones de la ciudad de Valdivia.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó este jueves que retiró del Congreso el proyecto de Ley de Pesca impulsado por la administración de Gabriel Boric, el que buscaba reemplazar a la llamada “Ley Longueira”, promulgada en 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la tramitación de la “Ley Longueira” estuvo marcada por el escándalo de corrupción Corpesca, el que finalizó con el senador Jaime Orpis (UDI) y la diputada Marta Isasi (Independiente) en la cárcel tras recibir sobornos de la industria, y ha sido fuertemente resistida por el gremio de pescadores artesanales y organizaciones medioambientales que acusan una ley “hecha a la medida” de las pesqueras.

Debido a esto, las críticas de la oposición no se hicieron esperar y el primero en abrir los fuegos fue el diputado y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien calificó la “Ley Longueira” como “la mayor vergüenza de la política chilena que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción“.

“Para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país. Este trabajo no se puede echar por la borda, la pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca”, fustigó Brito.

De la misma opinión fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que la decisión “pone en manifiesto una vez más que el Gobierno de José Antonio Kast está al servicio de los grupos económicos, de la gran industria en Chile, en este caso avalando estas situaciones irregulares que benefician a Corpesca“.

En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que el gobierno “definitivamente no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema (...) El diputado Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto, y hoy no resulta extraño que se sumen al problema y no a la solución. Este es un proyecto de ley que quiere reemplazar una ley actual que terminó con un senador preso, que fue aprobada en base a coimas”.

El aludido -Sergio Bobadilla (UDI)-, retrucó por su parte que “se deben hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial, de tal manera que tengamos progreso y desarrollo para todos y cada uno de quienes viven de esta importante actividad. Muy bien el Gobierno al retirar este proyecto“, cerró el legislador.

“Balde de agua fría”

Por otra parte, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificaron esta jornada la decisión del Gobierno como “un balde de agua fría” y advirtieron que el malestar del sector artesanal podría traducirse en manifestaciones.

Ello, puesto que de acuerdo a su presidente, Hernán Cortés, “retirar este proyecto es, en la práctica, darle respiración artificial a la actual Ley Longueira, una normativa nacida de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chile”.

“La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley nacida de la corrupción. Si el camino institucional se cierra o se dilata artificialmente para favorecer a un grupo acotado de pesqueras que se repartieron la torta del mar, el malestar va a desbordar cualquier posibilidad de diálogo”, remató el dirigente de los pescadores artesanales.

Luego de seis semanas de audiencias, el Tribunal Oral de Cañete (635 kms al sur de Santiago), sentenció este jueves a presidio perpetuo a los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antihuen Santi, autores del brutal crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, quienes fueron acribillados con sus propias armas a fines de abril de 2024 en dicha comuna y cuyos cuerpos calcinados fueron hallados en el pickup de la camioneta en que se trasladaban.

En tanto, el cuarto imputado, Nicolás Rivas Paillao, fue condenado a 22 años y un día como autor colaborador por suministrar un arma a los hermanos Antihuen.

Según Roberto Garrido, fiscal a cargo de la investigación, “esta sentencia (...) viene a contribuir para la familia en la reparación, en lo que significa recuperar la sensación de seguridad y de justicia”.

“La sumatoria de las penas es muy importante: no solo hay penas de presidio perpetuo calificado para tres de los autores; para el cuarto participante hay penas que superan los 20 años de privación de libertad. Todas, por supuesto, son penas de cumplimiento efectivo”, agregó el persecutor.

“Consideramos que esta sentencia además satisface las pretensiones de la Fiscalía, y hoy día tenemos que prepararnos para una nueva etapa porque es evidente que las defensas van a recurrir frente a esta decisión“, remató Garrido, anticipándose al recurso de nulidad que la defensa evalúa presentar.

Los hechos

Según antecedentes de la investigación, los tres hermanos Antihuen Santi emboscaron a los carabineros cuando concurrían a fiscalizar a su tío, Carlos Antihuen Riquelme, quien se encontraba con arresto domiciliario nocturno.

Una vez reducidos, los atacantes les quitaron sus armas y chalecos antibalas y los obligaron a arrodillarse. Indefensos, fueron ajusticiados a tiros y luego sus cuerpos arrojados al pick up de la camioneta institucional, la que posteriormente fue incinerada.

Unos 45 minutos después llegó la patrulla con los policías que los encontrarían, quienes grabaron el procedimiento con sus cámaras corporales.

“Están aquí atrás, ¡conchetumadre! ¿Qué hacemos, huevón? ¡Están los tres muertos!, mira huevón, ¡están los tres muertos atrás! - dice, desesperado, al suboficial de Carabineros que los encontró.

“Quiébrenos, pero no nos maten”

Durante el transcurso del juicio también se revelaron espeluznantes detalles de unos supuestos videos con los últimos minutos de vida de los uniformados. Según reza una nota de La Tercera, un testigo clave aseguró a Carabineros que una persona le mostró dichos videos días después del crimen mientras bebían alcohol, señalando que en ellos se veía “a tres funcionarios de Carabineros, dos de ellos de contextura gruesa y el otro delgado. Además los vio arrodillados llorando y suplicando que no los mataran, ya que tenían que llegar a su casa a ver a su familia y en el acto los despojaban de sus chalecos antibalas”.

En su declaración, el individuo confesó haber comprado a los autores del hecho las armas robadas a los policías. Fue en esa transacción que pudo ver los registros.

“Habían tres carabineros parados, dos eran de contextura gruesa y uno flaco alto, los tres estaban con el chaleco antibalas verde, se encontraban rodeados por unas 4 a 5 personas con rostro cubierto por una capucha negra, quienes también usaban chalecos antibalas de color negro y armamentos largos, uno de los sujetos que rodeaba a los carabineros, caminaba con un arma larga por el frente de ellos”, reza el medio antes citado.

“En el video, se aprecia que los carabineros se sacan el chaleco antibalas debido a que los encapuchados le dieron esta indicación, los carabineros dejan el chaleco antibalas en el suelo y se arrodillan en un camino de tierra, porque la persona que está grabando les dice textualmente ‘arrodíllate paco conch...’”.

“Cuando estaban arrodillados, pude ver mejor sus rostros, ya que los alumbraron con una linterna, ahí, me percaté que el carabinero más maceteado tenía heridas con sangre en su labio, a los otros carabineros no los alcancé a ver”.

“Pero se escuchaba como lloraban y decían ‘péguennos, quiébrenos, pero por favor no nos maten, queremos ver a nuestras familias’. En ese momento logré escuchar la voz de una mujer que se reía y gritaba: ‘mátenlos, mátenlos’. Ahí se cortó el video que duraba 2 o 3 minutos”, finalizó su testimonio.

El presidente, José Antonio Kast, aseguró este miércoles que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que requiera desde el gobierno noruego explicaciones por el financiamiento de unos USD 541 mil, hecho con recursos estatales por una ONG de ese país a comunidades indígenas lafkenches del sur de Chile, a fin de capacitarlos en su lucha por frenar proyectos de empresas acuícolas, especialmente salmoneras.

De paso, dejó en claro que su administración está estudiando corregir e incluso derogar la Ley Lafkenche, normativa que permite a esa etnia administrar vastos espacios costeros marinos.

De acuerdo a un reportaje de TVN, la fundación Norwegian People’s Aid habría aportado a comunidades indígenas lafkenches unos $500 millones (USD 541 mil), asunto que genera suspicacias teniendo en cuenta que Chile y Noruega son los mayores exportadores de salmón del mundo y competencia directa.

Así las cosas, y consultado al respecto en su visita a la región de Los Lagos, Kast señaló que lo que se sabe hasta ahora “es que el Estado noruego no se ha involucrado en este tipo de cosas y espero que se pueda aclarar cualquier duda que exista al respecto”.

Tocante a la Ley Lafkenche, que faculta a comunidades indígenas para gestionar áreas donde ejercen usos consuetudinarios como pesca, recolección y actividades ceremoniales, protegiendo su cultura y el ecosistema frente a industrias, precisamente, como la salmonera, el mandatario sostuvo que aunque valora su espíritu, ha sido mal utilizada y diversos parlamentarios de la región, de todos los colores políticos, se lo han hecho saber.

“Estamos estudiando en detalle qué es lo que conviene, si modificar la ley o solicitar la derogación de la ley. Es algo que está en estudio y que dependerá del Parlamento”, remató el jefe de Estado.

Embajador de Noruega: “No refleja la postura del gobierno”

El lunes pasado, y tras ser emitido el reportaje de TVN, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, negó cualquier injerencia de su país al respecto, asegurando que el financiamiento de la ONG en cuestión “no refleja la postura del gobierno”.

Mediante un comunicado de prensa, el diplomático recordó que ambos países “son los dos principales productores de salmón del mundo” cuyos lazos van “desde el ámbito privado entre empresas chilenas y noruegas, como también desde el ámbito público, donde instituciones llevan más de 20 años colaborando en investigación, ciencia y administración pública”.

“El mercado es lo suficientemente grande para ambos sectores, y juntos trabajamos para el desarrollo de industrias que sean beneficiosas tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales y la economía”, sostuvo Nilsen.

Tocante al financiamiento al que se alude en el reportaje, manifestó que la fundación en cuestión “nos ha informado que tuvo un proyecto de colaboración con una ONG chilena entre 2004 y 2014. Este fue un proyecto independiente y no refleja las posturas del gobierno noruego”.

A renglón seguido, explicó que “Noruega tiene una sociedad civil activa que puede solicitar fondos del gobierno para distintos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, incluso con organizaciones que promueven posturas políticas que no coinciden con las del gobierno”.

Al cierre, subrayó que “desde Noruega estamos felices de colaborar estrechamente con Chile e intercambiar experiencias y buenas y sanas prácticas”.

Filas interminables, estaciones de servicio colapsadas, miles de personas intentando llenar sus estanques y cacerolazos nocturnos en varias ciudades del país a manera de protesta, fueron las postales que dejó la histórica alza del precio de los combustibles anunciada por el gobierno la noche del lunes, la que finalmente se materializó esta jornada.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la tarde de este miércoles el aumento final: la bencina de 93 octanos subió $372,2 por litro; la de 97, $391,5; el diésel $580,3 y la parafina (kerosene), $138,5 por litro.

Desde el gobierno han señalado que las razones de este aumento radican en la guerra en Medio Oriente que elevó el precio del barril Brent de US$70 a US$110 en tres semanas, y la situación de estrechez fiscal heredada de la administración de Boric.

En medio de las críticas de la oposición, el gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento como el congelamiento de los precios del transporte público en Santiago hasta fin de año, una subvención mensual a taxis y colectivos y un subsidio a la parafina, entre otros.

Sin embargo, este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que no podía prometer congelar las tarifas del transporte público también en regiones, puesto que “a diferencia de la región Metropolitana, donde existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales (...) No puedo prometer que la tarifa no va a cambiar”.

Debido a esto, parlamentarios oficialistas pidieron esta jornada el Gobierno que sondee con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de rebajar el valor de los peajes y del TAG (Televía).

Stock de combustible

La tarde de este miércoles, la ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que debido a la alta demanda por combustibles desde la noche del lunes, cuatro comunas del país -La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena-, se quedaron momentáneamente sin stock, asunto que ya fue solucionado.

“Teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”, aseguró Rincón.

De acuerdo a la autoridad, tras conocerse la noticia del alza “las familias salieron a cargar el combustible y, obviamente, este se acabó en esos cuatro puntos específicos”.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día (miércoles)”, detalló.

“Combustible hay y la idea es que existan quiebres de stock”, remató Rincón, llamando a la calma.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, informó en su primera visita a la Cámara de Diputadas y Diputados que el polémico proyecto de cable submarino “Chile-China Express” no ha sido desechado aún por el Gobierno y se mantiene bajo evaluación.

Según Pérez Mackenna, aunque “el decreto de concesión que tramitó Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones) fue anulado internamente recién en enero del 2026, tras conocerse mayores antecedentes sobre riesgos de seguridad, el proyecto hoy día continúa en análisis”.

De acuerdo al Canciller, el problema radica en que Chile no posee “mecanismos formales de revisión de inversión extranjera en sectores estratégicos, a diferencia de más de 30 países de la OCDE. Esa es una brecha que hay que cerrar”.

De paso, aseguró enfático que el Gobierno ve con mejores ojos el proyecto de Cable Humboldt, desarrollado también por el gobierno en conjunto con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.

El Humboldt, cuyo trazado conecta Valparaíso con Sidney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente con cronograma -se espera esté operativo en 2027-, una inversión que va en un rango de USD 300 y 550 millones y socios claramente identificados.

“El Presidente ha manifestado clara prioridad en asegurar la materialización del cable Humboldt (…) que representa la primera conexión transpacífica directa a Chile con Asia-Pacífico vía Australia. Ese es el proyecto que defiende la soberanía tecnológica de Chile”, manifestó Pérez Mackenna.

El Canciller también defendió la declaración conjunta con Estados Unidos sobre tierras raras y minerales críticos, asegurando que se trata de un acuerdo no-vinculante que no compromete la soberanía chilena sobre sus recursos naturales.

Socio confiable

Tocante a las implicancias geopolíticas del cable submarino chino y la posición de Chile en un escenario de confrontación entre EE.UU y China, el Canciller sostuvo que el país siempre ha tenido y tendrá una postura neutral.

“¿Chile está forzado a elegir entre China y Estados Unidos? Mi respuesta es categórica, no. Chile no está forzado a elegir, Chile debe buscar lo que es mejor para su interés nacional”, respondió taxativo.

Ello, puesto que el país debe mantener su reputación de “socio confiable para todos”, y mantener un equilibrio en sus relaciones bilaterales con sus socios comerciales.

“La necesidad de mantenernos neutrales es fundamental. Tenemos que aportar desde nuestras capacidades, sin generar tensiones con nuestros principales socios comerciales ni romper los equilibrios”, razonó.

A la salida del hemiciclo, sus palabras fueron refrendadas por el diputado oficialista, Guillermo Ramírez (UDI), quien indicó que el encargado de las relaciones internacionales “ha sido claro en señalar que el proyecto de cable submarino no está descartado, sino en estudio. El canciller indicó que, con todos los antecedentes sobre la mesa, hará una recomendación al Presidente para que tome una decisión”.

Desde la oposición, sin embargo, criticaron su exposición -“más bien económica”- y exigieron mayores definiciones en temas internacionales, tal como lo señaló la diputada Lorena Pizarro (PC).

“Veo que solo existen temas vinculados a lo económico. Sin embargo, frente a un contexto de guerras y amenazas, no hay un planteamiento que releve este tipo de materias”, fustigó.