El mandatario, que se expresó con un extenso mensaje en la red social X, y que ratificó su postura en el Consejo de Ministros efectuado en Ipiales (Nariño), lanzó esta especie de ultimátum a los mandatarios locales, en relación con el paro que mantiene bloqueadas varias vías y ha causado graves afectaciones a la economía de esta zona del oriente del territorio nacional.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, fue la amenaza que lanzó el primer mandatario, pese a que la Constitución no le entrega esa facultad para su cargo. Un error que ha repetido desde que fue alcalde de Bogotá, cuando también defendía ese postulado, cuando los mandatarios locales son elegidos por voto popular.

A su vez, Petro responsabilizó a las autoridades locales por la tasa del impuesto predial. “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, expresó el presidente, que agregó que ”el Gobierno no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares”.

En tanto campesinos y gremios de comerciantes protestan por el incremento del avalúo catastral, en una medida que, de acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, responde al cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esta norma ordenó la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Los argumentos de Gustavo Petro sobre aumento del avalúo catastral

En su defensa, el jefe de Estado insistió en que el aumento del impuesto es una decisión de los alcaldes y concejos municipales. “Cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse”, escribió en X. Además, remarcó que “la solución del avalúo catastral no está en la nación, sino en los municipios”.

Del mismo modo, Petro también dirigió un mensaje al gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus. “Su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, dijo el jefe de Estado, que enfatizó que “la paz es un derecho y punto”.

Según el gobernante, “el aumento de los avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el Acuerdo de Paz; el objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos”. En contraste, la Federación Colombiana de Municipios defendió el actuar de los mandatarios locales y afirmó en un comunicado, el sábado 11 de abril, que ellos no actúan por interés propio, sino en cumplimiento de la ley vigente.

Asimismo, en el Consejo de Ministros, el presidente reiteró su posición y denunció la existencia de desinformación en torno a la actualización catastral. “Los campesinos en esas barricadas de Santander, con un gobernador ultraderechista y unos alcaldes que son de lo mismo, (están) creyéndose una mentira”, afirmó Petro, que reiteró que es el poder local el que puede destrabar el paro.

En consecuencia, remarcó que son los alcaldes los que “tienen la facultad, presentando un acuerdo al Concejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen, uribistas, sino al pueblo trabajador”. Y añadió que los gravámenes locales son de exclusiva competencia de los municipios y que estos recursos deben destinarse a “agua potable, educación y vías rurales”.

“No más engaños al pueblo, este Gobierno pide que los ricos paguen impuestos. Es la educación, la salud y el agua potable de toda la población, por los hijos; eso no se puede perder”, refirió el mandatario, que reforzará la seguridad en zonas críticas y ofrecerá recompensas para los que aporten información que permita restablecer la movilidad. “No somos tontos”, puntualizó Petro en sus declaraciones.

Federación de Departamentos le respondió a Gustavo Petro y salió en respaldo a los alcaldes

En respuesta a Petro, la Federación Nacional de Departamentos (FND) expresó su respaldo a los alcaldes y recordó que son “autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley", según se leyó en su comunicado del 13 de abril, en el que se reiteró que la “Constitución es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales”.

Y enfatizó que los alcaldes, en su calidad de jefes de la administración local elegidos por voto popular, ejercen funciones “sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”. Con ello, advirtió que “cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico” y reafirmó que la permanencia “está sujeta a los procedimientos definidos por la ley”.

Además, la federación consideró relevante recordar que incluso “decisiones adoptadas por órganos de control frente a autoridades elegidas por voto popular han sido reversadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial, pilares de la institucionalidad democrática”. Así le dio un fuerte espaldarazo a los gobernantes locales en este rifirrafe.

Así pues, la entidad hizo hincapié en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en las declaraciones públicas. “Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando generar desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático”, indicó la Federación Nacional de Departamentos.

Finalmente, la organización que agrupa a los gobernadores del país indicó que “la coordinación entre Nación y territorios es fundamental, pero siempre en el respeto de la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige”, en alusión a la importancia de preservar los principios de la institucionalidad democrática en Colombia.

La Corte Suprema de Guatemala, en decisión que se conoció el lunes 13 de abril de 2026, anuló las órdenes de captura vigentes desde mayo de 2023 contra Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras considerar que la sala de apelaciones que las emitió actuó fuera de sus funciones.

El fallo, según reportes periodísticos, revocó la acusación por presuntos sobornos vinculados a la multinacional brasileña Odebrecht y representó, en ese orden de ideas, el primer reconocimiento formal de irregularidades en los procesos penales abiertos contra exfiscales anticorrupción forzados al exilio; en este caso, Velásquez y Camargo, que integraron dicha comisión en el país centroamericano.

“A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal General Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”, fue la reacción de Velásquez, exministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, que en la actualidad oficia como embajador del Gobierno de Colombia en el Vaticano, que recibió con beneplácito esta determinación y lanzó duros dardos contra Porras.

El tribunal concluyó que las órdenes de captura dictadas fueron “ilegales”, porque la Sala Tercera debía resolver únicamente si la jueza de primera instancia continuaba al frente del caso. En cambio, según la resolución, giró órdenes de detención contra acusados que no estaban sujetos a tales medidas y declaró como “rebeldes” a quienes ya arrastraban causas previas, como ocurrió en este expediente.

Otro efecto inmediato es que la decisión también retira la calificación de rebeldes a figuras como Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, que fueron procesados en investigaciones relacionadas con sobornos de Odebrecht. En ese sentido, la decisión de la Corte Suprema favorece a exfuncionarios clave en las pesquisas anticorrupción, pero las órdenes de captura de otros tribunales continúan vigentes.

La medida, sin embargo, les permite acceder a una defensa judicial que hasta ahora no había estado disponible para quienes estaban catalogados como rebeldes. Según el referido medio, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Sandoval, resaltó el carácter inédito de la resolución. “De repente da la impresión de que algo puede cambiar en el sistema de justicia guatemalteco”, dijo.

El pronunciamiento de la Corte Suprema surge en la antesala del relevo de la fiscal general Porras, sancionada por más de 40 países y acusada de corrupción. Porras, que lideró el desmontaje de la Cicig y consolidó la persecución judicial contra numerosos fiscales y operadores de justicia desde 2018, busca la reelección pese al rechazo que causa su aspiración, incluso del presidente Bernardo Arévalo.

Los procesos que lideró Iván Velásquez como presidente de la Cicig

Durante su gestión al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2019 y bajo el mandato de la ONU, Velásquez, que fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, lideró investigaciones que destaparon complejas redes de corrupción en los niveles más altos del poder político guatemalteco. Lo que causó, según él, represalias en su contra.

Uno de sus principales logros fue el caso La Línea, que derivó en la renuncia y el arresto del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015, acusados de integrar una red de defraudación aduanera. A su vez, sus investigaciones también alcanzaron al sucesor, Jimmy Morales, lo que llevó al gobierno a prohibirle el reingreso al país en 2018 y a la finalización del mandato de la Cicig.

Por su parte, Camargo tuvo un rol clave en la comisión, entre 2014 y 2017, cuando se encargó de la arquitectura jurídica que permitió desmantelar redes de corrupción de alto nivel. Como jefa de Investigación y Litigio, la hoy titular de la Fiscalía en Colombia dirigió el área responsable de estructurar los expedientes judiciales y presentarlos ante los tribunales de Guatemala.

De la misma manera, se consolidó como una de las colaboradoras más cercanas del entonces comisionado Velásquez, al aportar su experiencia en la Corte Suprema, en donde ambos trabajaron de la mano. Además, participó en el diseño de protocolos y metodologías de investigación criminal orientados a combatir estructuras paralelas de poder y lavado de activos.

La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el lunes 13 de abril de 2026, con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención, la solicitud de escisión del partido presentada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, con lo que se formalizó el inicio de división de la colectividad. Una decisión que venía ‘cocinándose’ desde hace varios meses, en medio de fuertes diferencias.

En efecto, la medida tiene origen en los enfrentamientos mediáticos entre los sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro y el ala opositora, en la que está Hernández, en una tensión creciente que se hizo insostenible. La ‘gota’ que ‘rebosó’ la ‘copa’ habría sido la decisión de la dirección de la representatividad de apoyar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, pese a que no existió unanimidad en la determinación tomada.

En consecuencia, este suceso marca un umbral definitivo: la decisión de fragmentar la Alianza Verde y comenzar el trámite ante el tribunal electoral. Esto convierte el caso en uno de los primeros procesos de escisión partidaria impulsados por un senador de la República, en un esperado “divorcio” entre las fuerzas que confluían, hasta el momento, bajo el mismo nombre, tras las elecciones al Congreso.

Ahora, el procedimiento requerirá la confirmación del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que tendrá la última palabra sobre la separación, pero ya supone una transformación irreversible en la estructura política de la colectividad. El inicio de este proceso por fin vio la luz tras el fracaso de las negociaciones adelantadas en febrero y marzo de 2025, que en su momento no prosperaron.

“Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de escisión que he solicitado. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa; seguiré firme sirviéndole a Colombia!”, expresó Hernández en su cuenta de X, al asumir el liderazgo de la ruptura y posicionándose como figura central de la nueva facción, contraria al Ejecutivo.

Las implicaciones del proceso de escisión del partido Alianza Verde

El impacto inmediato de esta decisión no es únicamente organizativo, pues desde la presidencia del partido, Duvalier Sánchez señaló que la medida representa una apuesta programática. “Con esta decisión el partido inicia un camino de reorganización que debe conducir a lograr mayor consistencia programática y coherencia política”, expresó en su mensaje el representante a la Cámara vallecaucano.

En concepto de Sánchez, es imperioso seguir impulsando las causas sociales, luchas ambientales y animalistas. “La defensa de la paz, derechos y libertades de minorías y de un país que luche contra la corrupción como lo pide la ciudadanía“, agregó el congresista, que expresó que esta especie de “divorcio natural”, como ha sido descrito, no solo separa personas, sino que redefine el mapa electoral.

Para el representante, lo natural es que, en medio de la convivencia, “que ya se hizo tan difícil”, lo mejor es que él salga y se le apruebe esa escisión. “Que se pueda retirar en tranquilidad a conformar un partido con otros integrantes que él considere o que se le quieran unir”, reafirmó Sánchez, que apoyó la posibilidad de que el senador santandereano y otros más que no se sientan representados puedan irse.

Cabe destacar que también se acordó, como se adelantaba, que se conforme una comisión para negociar un acuerdo programático con la campaña presidencial de Cepeda, con lo que se pretende que “se reconozcan las propuestas y prioridades del partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida”. Lo que sería el inicio de esta alianza de cara a la primera vuelta, que causó polémica.

Y es que, de forma expresa, la organización descartó respaldar las precandidaturas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López; esta última, exmilitante de la colectividad y esposa de la senadora Angélica Lozano, otra de las figuras de trascendencia en el partido que también expresó su inconformidad con el proceder de las directivas, que a su juicio impusieron la aspiración de Cepeda.

“La decisión del partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del Gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente: el profesor Antanas Mockus", remarcó en su postura.

Katherine Miranda, representante a la Cámara y uno de los rostros más visibles de la Alianza Verde, anunció el lunes 13 de abril de 2026 que no acompañará la decisión del partido de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo de 2026, tal y como determinó la colectividad, que conformará una comisión para establecer acuerdos programáticos.

A diferencia del grueso de este partido, la congresista, que no continuará en el Legislativo, anunció su respaldo a la campaña encabezada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con lo que marcó su ruptura pública con la línea mayoritaria de su partido; en el que también hay otro sector, el liderado por la senadora Angélica Lozano Correa, que apoya a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

“Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, expresó Miranda, que rechazó la postura del partido, que buscará establecer alianzas con el oficialismo para la contienda.

Así, Miranda -que en 2022 votó en segunda vuelta por Petro, pero que luego se declaró en oposición al Gobierno- terminó de configurar su distanciamiento no solo con este proyecto político, sino con el partido en sí. En su momento, dijo estar arrepentida por su respaldo al primer mandatario, que rompió las promesas hechas durante la contienda electoral, entre ellas la de no convocar a una constituyente.

Para la representante, no hubo intención de adelantar un debate sobre el pluralismo interno, lo que alimentó tensiones entre el ideario del partido y las apuestas en el tablero electoral. Este rechazo dista del respaldo que ya había recibido Cepeda del senador Ariel Ávila, que en evento público se decantó por el senador del Pacto Histórico con miras a la primera vuelta; y que no sería el único en el partido.

Según el senador, “Cepeda representa la continuidad de las reformas sociales y la justicia en el país”, por lo que planteó una serie de propuestas con las que se sumó a esta aspiración, como la creación del ‘escuadrón del voto limpio’, cuyo objetivo es profundizar la transparencia electoral y combatir la corrupción de manera activa durante la campaña del congresista del Pacto.

Juvinao también se apartó de la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda

Al comentario de Miranda se sumó el de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que también se apartó de la decisión del partido y expresó su inconformidad por lo dispuesto por el sector oficialista de la colectividad. En su caso, expresó su deseo de respaldar a López o, en su defecto, al aspirante Sergio Fajardo, por lo que dejó constancia en la reunión de la representatividad, que causó polémica.

“En contravía de la tradición del Partido Verde de dar libertad a sus militantes entre candidatos de centro y centroizquierda, las mayorías gobiernistas nos negaron la posibilidad de apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo e impusieron a Iván Cepeda. Me aparto de esta decisión", expresó Juvinao, que no tuvo éxito en su proposición de que se dejara a juicio de cada miembro del partido este tipo de decisiones.

Pero así como hubo voces disonantes en la posición de las mayorías, el senador León Fredy Muñoz expresó su satisfacción por lo que, según él, sería volver a la “raíz” de la colectividad. “No estaremos con la extrema derecha. Volvemos a nuestra raíz progresista, defensora de la vida. Estaremos en el lado correcto de la historia: con Iván y Aída en la primera vuelta”, reafirmó el parlamentario, pro Gobierno.

Esta ruptura pública habría alimentado aún más la propuesta de escisión, propuesta por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que finalmente fue aprobada con un total de 32 votos a favor. Una decisión con la que empezó a formalizarse el “divorcio” entre el sector que apoya al jefe de Estado, Gustavo Petro, y el que le ha hecho fuerte oposición al Ejecutivo.

Duque, que estuvo presente en la participación del libro Rescatando a Colombia, reiteró que la verdadera disputa no es por preferencias personales o campañas, sino por la dirección estructural del país a partir del próximo 7 de agosto, cuando concluye el periodo del presidente Gustavo Petro.

El exmandatario instó a la ciudadanía a ponderar las consecuencias de la gestión actual, al señalar que “si no reflexionamos sobre esto y no entendemos el reto que va a tener que asumir el próximo gobernante, pues muy posiblemente vamos a ver algunos que van a querer con cantos de sirena distraer a la opinión y que van a tratar de seguir vendiendo unos discursos que suenan muy bien".

Y agregó que, por muy “melódicos” que suenen sus discursos, van a buscar “ejemplificar el continuismo de la actual administración y van a tratar de llamar la atención de muchos incautos”. Con ello, dejó claro el peligro que representa para Colombia la continuidad del proyecto político actual, a través de la candidatura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que lidera las diferentes mediciones.

Así pues, expresó su preocupación frente a los intentos de consulta popular por decreto promovidos en 2025, considerándolos un abuso de facultades que buscaría movilizar recursos públicos de forma indebida de cara a las elecciones. Y alertó sobre la necesidad de una respuesta institucional coordinada, al señalar que el nuevo Congreso tendrá el desafío de derrotar la “demagogia”.

Fue enfático en señalar la importancia de recuperar la seguridad y la economía del país, por lo que identificó, de entrada, el riesgo de que los caminos elegidos conduzcan a escenarios similares a los de Venezuela o Bolivia. Este ha sido, sin duda, uno de los grandes temores del exjefe de Estado, que en su administración (2018-2022) cortó relaciones políticas y comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

Duque denunció riesgos al sistema electoral y llamó a la unidad

En su análisis del panorama democrático, el exmandatario ha acusado al presidente Petro de “enlodar” el sistema electoral al sugerir deficiencias en la transparencia del preconteo electoral. Para Duque, estas acciones buscan deslegitimar la institucionalidad y “asumir facultades que no le corresponden”, lo que supone una amenaza directa al equilibrio democrático que impera en el país.

La propuesta de Duque se ha centrado en consolidar una alianza nacional republicana, destinada a unificar a las fuerzas de derecha y centroderecha con el propósito de presentar una alternativa firme frente al candidato del oficialismo. Para el político, el éxito de la izquierda ha residido en mantener la unidad a pesar de las diferencias, por lo que pidió máximo compromiso de sectores opositores.

En esa misma línea, el exmandatario reiteró que el riesgo del populismo es real y que la defensa de la institucionalidad exige la implicación activa de las cortes, el sector privado y todos los actores democráticos. Además, pidió que el Estado proteja la vida de quienes aspiran a representar a los colombianos y de los que ejercen oposición política, a raíz de las recientes amenazas a Paloma Valencia.

“Le exijo al Gobierno Petro garantías reales, inmediatas y verificables para la candidata Paloma Valencia y para todos los líderes y aspirantes de oposición. Hago un llamado enérgico a las autoridades para que esclarezcan estos hechos con la mayor celeridad, identifiquen a los autores materiales y, sobre todo, a los autores intelectuales. La impunidad sería una afrenta a la democracia”, expresó.

Valencia, que presentó su aspiración junto al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, en su condición de fórmula vicepresidencial, destacó sus nuevas alianzas. “Hoy quiero invitar al gran Camilo Zúñiga, ídolo de todos, a que se sume a esta campaña. Camilo, súmate”, dijo la aspirante al exfutbolista de la selección Colombia y de escuadras como Atlético Nacional, Nápoli de Italia y Watford de Inglaterra.

Según la candidata, el respaldo de esta figura fortalecerá sus propuestas en juventud. “Presidenta, claro que sí. Yo me sumo para que saquemos a todos estos deportistas de bajos recursos para que salgan adelante y cumplan su sueño. La gente de Durabal, la gente de todo el país, esos jóvenes que siempre han soñado con ser jugadores profesionales. Y los sueños sí se cumplen", expresó Zúñiga en este acto.

Al mismo tiempo, la congresista recibió el respaldo de Sara Uribe, que en una entrevista había dado a conocer su admiración. “Yo le sumo a las madres cabezas de hogar, a todas esas mujeres que son poderosas, a esas mujeres que luchan por su familia y sacan a sus hijos adelante”, expresó la también presentadora, que adelanta una serie de iniciativas de respaldo a la mujer en Antioquia.

Vale recordar que durante su paso por el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, a mediados de marzo, Uribe había señalado su preferencia política hacia los aspirantes de derecha. “Me voy mucho por Abelardo (De la Espriella) o por Paloma. Estoy mirando las fórmulas ahora. Me encantaría ver que se pudieran unir”, indicó entonces sobre la posible alianza entre la candidata y el abogado costeño.

Aquella vez, Uribe reiteró que otro de los puntos mencionados por la presentadora fue su apreciación sobre propuestas de la candidata. “Con Oviedo me encanta la fórmula que hizo Paloma”, dijo en el diálogo con la periodista española Eva Rey, en el que empezaba a decantarse hacia una eventual adhesión a Valencia, con miras a la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

Para la senadora, la suma de estos apoyos es clave para su mensaje de reconstrucción nacional. “Porque juntos, los colombianos vamos a poder construir una Colombia más grande”, invitó la candidata presidencial en el evento, en el que cerró su intercambio con Zúñiga con un claro objetivo. “Vamos a sacar adelante Colombia: una Colombia más grande, como la que nos merecemos”, puntualizó.

La exitosa trayectoria de Sara Uribe y Camilo Zúñiga

La mujer de 35 años, expareja del exfutbolista Fredy Guarín, saltó a la fama en 2012 al ganar el reality Protagonistas de Nuestra Tele, lo que le permitió iniciar una carrera en televisión con apariciones en programas como Estilo RCN y El Lavadero. En la actualidad, se ha consolidado como una figura influyente en redes sociales y dirige su propia marca de productos de belleza, Poderosa, fuente de empleo.

Por su parte, Zúñiga, de 40 años, es reconocido como uno de los mejores laterales en la historia reciente de Colombia. Comenzó su carrera en Nacional y fue pieza clave en la ‘Tricolor’ durante la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014, en la que la ‘Tricolor’ llegó hasta los cuartos de final; aunque a nivel personal es recordado por su desempeño técnico y el sonoro incidente con Neymar en ese torneo.

Es válido destacar que ambos personajes han diversificado sus actividades. Uribe se ha posicionado en el mundo digital y empresarial, con presencia en medios, en tanto que Zúñiga se dedica a los negocios agrícolas y al apoyo de nuevos talentos deportivos a través de su fundación y agencia de representación, con lo que tendrían propósitos sociales en curso con sus diferentes iniciativas.

La decisión de eliminar 80 hipopótamos descendientes de los ejemplares que el extinto capo del cartel de Medellín Pablo Escobar introdujo de forma ilegal en Colombia, comunicada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, el lunes 13 de abril de 2026, causó una fuerte controversia en las redes sociales. Así como se conocieron fuertes críticas contra esta determinación, también salieron a flote posturas a favor.

Una de ellas fue la de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, que a través de las redes sociales salió en respaldo a la medida y señaló que la inacción histórica en relación con este delicado asunto agravó la presión sobre la biodiversidad local y los ecosistemas fluviales más afectados por esta especie invasora, que está presente en el país desde la década de los 80.

“El manatí, la nutria, el bocachico y la tortuga de río son Colombia. Son nuestros ríos, nuestra selva, nuestra identidad natural. Hoy los desplaza una especie invasora que no pertenece a estos ecosistemas, introducida ilegalmente por un narcotraficante hace 40 años. Defender nuestra biodiversidad no es indiferencia. Es amor por lo que realmente es nuestro”, expresó la legisladora en su cuenta de X.

Los hipopótamos llegaron a la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo (Antioquia) y que fue la antigua finca privada de Pablo Escobar, que en ese entonces importó tres hembras y un macho, como parte de la colección de animales que llegó a tener en este lugar; al igual que rinocerontes, elefantes, jirafas, cebras, camellos, avestruces, canguros, búfalos, leones, tigres, dantas, monos y flamencos.

En su papel de promotora del Plan de Invasiones Biológicas, Pizarro aplaudió la publicación de los protocolos y costos por parte del Ministerio de Ambiente de este procedimiento y vinculó el caso con la necesidad del establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión de Invasiones Biológicas, en el que se pueda actuar de manera coordinada para evitar el impacto negativo de estas especies.

Y es que, según datos oficiales, la población de hipopótamos en el país sobrepasó los 160 individuos en los últimos 20 años, con un censo de 2022 que sostenía 169 ejemplares, pero proyecciones de la cartera ambiental han advertido que, de no intervenir, hacia 2030 podrían contarse 500 animales en la región del Magdalena Medio; que es la zona del país en donde se han reproducido los hipopótamos.

¿Por qué serán sacrificados 80 hipopótamos en Colombia?

En este caso, según se supo, justamente la rápida expansión reproductiva y la dificultad para encontrar destinos internacionales de reubicación a estos animales condujeron a la decisión de sacrificar la mitad de la población actual mediante eutanasia controlada, con procedimientos calculados en $150 millones por individuo, según estimaciones del ministerio, encargado de hacer esta labor de eliminación.

El presupuesto total asignado a la ejecución del plan es de $7.000 millones, monto que abarca los meses previos al cambio de administración, previsto para el 7 de agosto, y que debería ser sostenido por el próximo Gobierno. El objetivo trazado responde a recomendaciones científicas, pues en 2022, expertos definieron que el país debía reducir la población en 33 animales por año en el territorio.

Lo anterior, para controlar el impacto ecológico y sanitario generado por la sobrepoblación y el carácter invasor de la especie. En diálogo con Blu Radio, la ministra Vélez precisó que no existen alternativas diplomáticas viables para el traslado internacional de los animales, lo que llevó a priorizar la protección de la fauna y la salud pública locales y, en consecuencia, proceder a la eutanasia vigilada.

“La presencia de estos animales representa un riesgo para nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga, además de afectar la calidad del agua y a las comunidades humanas cercanas”, argumentó Vélez al referido medio, al detallar que los protocolos aplicados contemplan escenarios de eutanasia química y física, ambos bajo los estándares más estrictos de ética y seguridad animal.

En el costo del procedimiento, que como se dijo ronda los $150 millones por animal, se incluyen medicamentos, sedación, el encerramiento y la disposición final de los cuerpos. “Se han encontrado ya algunos individuos que tienen mutaciones, por ejemplo, en la trompa”, según ella, producto de una “pobreza genética” derivada de la procedencia de todos los ejemplares de apenas cuatro hipopótamos.

En un capítulo más en la fuerte disputa jurídica entre el representante de futbolistas Alejandro Comesaña y el volante Jannenson Sarmiento, el empresario, hijo del técnico uruguayo Julio Comesaña, formalizó una demanda civil contra el futbolista, hoy jugador de Junior de Barranquilla, por presunto incumplimiento contractual y demandas de comisión impaga, con duras revelaciones sobre su accionar.

Según el comunicado emitido por Comesaña, que es titular de la firma CMarc International, el mediocampista que llegó al equipo ‘Tiburón’ a principios de 2026, para la defensa del título en la Liga BetPlay Dimayor y la Copa Libertadores, habría estado involucrado en el amaño de partidos durante su paso previo por Unión Magdalena, con el que estuvo en las temporadas 2024 y 2025.

En su argumentación, el representante de jugadores en Colombia y el extranjero sostuvo que existen pruebas cuya gravedad ameritaría la suspensión total de la liga, debido a lo que serían las conductas del jugador de Baranoa, que llegó a la institución rojiblanca en medio de la controversial negociación, pues se desligó de la firma que tenía su representación y arregló por su cuenta su llegada a este club.

De acuerdo con CMarc International, la demanda civil reclama “USD 925.000 en concepto de daños y perjuicios”, una suma que reflejaría la intensa disputa jurídica tras la transferencia del mediocampista del Unión a Junior. Tras recibir lo que califica como pruebas “contundentes”, Comesaña aseguró que la ruptura con Sarmiento respondió a la confirmación directa de la presunta manipulación de resultados.

En el mismo documento se sostuvo que la causa judicial y el proceso de conciliación civil ya se tramitan ante tribunales en Uruguay. “Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad. Esta fue la causa que generó que se cortara el vínculo con el jugador al recibir esta información y confirmarla con el mismo”, remarcó el empresario, heredero de uno de los entrenadores más queridos del FPC.

Y es que la pelea entre Comesaña y Sarmiento está vigente desde que el futbolista decidió excluirlo de la última negociación con el club barranquillero, para evitar el pago de comisiones previamente acordadas por siete años de representación. “Las pruebas son contundentes y ameritarían sin duda que se pare el fútbol”, reiteró el empresario, que había denunciado un detrimento patrimonial.

Un expediente por amaño de partidos: los nuevos señalamientos de Alejandro Comesaña contra Jannenson Sarmiento

En la denuncia, Comesaña -que también se expresó en Blu Radio sobre este mediático caso- expresó que, en vista de que se registraron múltiples incumplimientos, pese a su intención de negociar, se optó por interponer una demanda civil. Así fue que afirmó que la investigación en curso cuenta con “pruebas contundentes que involucran directamente al jugador en un amaño de juegos, que él pudo comprobar.

“Me da una decepción muy grande porque yo lo traje, yo lo formé, vivió en mi casa tres años, es el padrino de mi hija... Está el mundo tan al revés que el involucrado es otro, pero soy yo el que le quiero dañar la carrera”, indicó el empresario al citado medio, en el que mostró su preocupación por lo que sería la corrupción en el rentado criollo. “Quien escuche todo esto se va de espaldas”, agregó Comesaña.

Instó al jugador a que hable “con la verdad”, en relación con la manera en que cerró su llegada al equipo barranquillero. “Lo único que se lleva uno es la dignidad, y yo quiero ser digno, y el reclamo que hacemos es lo que pertenece”, expresó el agente de jugadores, que explicó que el monto pedido está debidamente soportado en el documento de 91 páginas, en el que recordó sus gestiones para posicionarlo en el fútbol.

Las anomalías que denunció Alejandro Comesaña sobre Jannenson Sarmiento y el Unión Magdalena

Es válido destacar que el traspaso al Junior se llevó a cabo por USD600.000 sobre el 80% de los derechos federativos del jugador, que pertenecían en un alto porcentaje al equipo samario. “Luego de este reclamo, tanto el club como el jugador decidieron realizar la negociación con Junior, dejando fuera a la empresa que reclamaba este fraude”, se acotó en el comunicado de la agencia de Comesaña.

Comesaña denunció que Sarmiento también le quedó mal al presidente de un club de la Superliga China, pues le había dado su palabra de que llegaría a esta institución, mientras buscaba mejorar su contrato con el Unión Magdalena, sin tener en cuenta a la firma CMarc International. En su momento, Sarmiento justificó su desvinculación, al argumentar que no sería “esclavo” de nadie, apuntando a Comesaña.

En su diálogo con Blu Radio, el empresario indicó que buscó que Sarmiento fuera dueño del 50% de sus derechos económicos, pero Unión Magdalena se quedó con la totalidad del pase del futbolista, pese a que el porcentaje restante era de su agencia de representación. Y lo acusó al máximo accionista Eduardo Dávila de reportar en una cifra menor a la transferencia, que se habría hecho por un valor mayor.

Por último, en lo que respecta a las evidencias sobre presunto amaño para el favorecimiento de apuestas, dijo que alcanzó a escuchar un audio del futbolista participando, al parecer, de estas conductas. “No quise escuchar más”, precisó Comesaña al referido medio, al confirmar que confrontó al futbolista, que le habría confirmado su responsabilidad en estos delicados sucesos.

La controversia por la fiesta organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, en la que se presentaron, incluso, artistas musicales como Nelson Velásquez, desató un intenso cruce de declaraciones entre figuras políticas de primer nivel en Colombia. En especial, por la postura del candidato presidencial Iván Cepeda, que le habría hecho el quite a condenar los hechos en mención.

Cepeda, con un polémico mensaje calificó de “hipócritas” a los que, según él, solo ahora se escandalizan por la fiesta en la prisión de Itagüí, tras años de tolerar crímenes más graves. “HIPOCRESÍA. Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las ‘oficinas’ y ‘clanes’ están escandalizados por la fiesta en una cárcel”, dijo Cepeda en la primera parte de su publicación.

“Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”, acotó el congresista en su publicación. Este término causó una fuerte respuesta de la aspirante presidencial Claudia López, que a través de su perfil de X no dudó en responderle al aspirante presidencial, que desató una ola de comentarios por lo que sería su intención de minimizar el hecho.

“HIPOCRESÍA anunciar que en su segundo gobierno ‘sí van a luchar contra la corrupción’ ‘venga de donde venga’ y no ser capaz ni siquiera de condenar un acto de corrupción y complicidad criminal tan evidente”, expresó López en su cuenta de X, en el que centró la respuesta a su contendor en lo que sería su intención de no condenar lo sucedido, como ya lo había expresado en declaraciones anteriores.

Pero los señalamientos de la exalcaldesa de Bogotá no se quedaron ahí, fue más allá y detalló la gravedad de lo sucedido y criticó la negativa de Cepeda a condenar el hecho. “Y además decir que de él no esperen esa condena porque sería una declaración contra ‘la paz’. Patético”, remarcó López en las redes sociales, en respuesta a lo que dijo Cepeda a los medios en un evento de campaña en Bucaramanga, celebrado el viernes 10 de abril.

En este, Cepeda reiteró su rechazo a condenar públicamente el episodio, pues priorizó la defensa del proceso de paz que se adelanta con las estructuras que dominan no solo Medellín y el Valle de Aburrá, sino que también tienen presencia en Bogotá. “De mí no esperen declaraciones contra la paz”, declaró.

Líderes políticos también reaccionaron a palabras de Iván Cepeda

Las palabras de López encontraron eco inmediato en otros referentes de la política nacional. Uno de los que cuestionó al senador del Pacto Histórico fue Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, que rechazó las insinuaciones de Cepeda sobre supuestos vínculos de la oposición con estructuras criminales y le reclamó por su postura frente a lo sucedido en la cárcel de Itagüí.

“Nunca he conocido a jefes de ‘oficinas’ y ‘clanes’, a diferencia suya, que ha tenido una gran camaradería con los jefes de los grupos armados criminales que han asesinado y causado infinito sufrimiento a cientos de miles de colombianos”, señaló. Lo que me escandaliza es que a un candidato muy importante a la presidencia de mi país no le escandalice una lujosa fiesta en una cárcel”, acotó.

Por su parte, Vicky Dávila, excandidata presidencial, también sumó críticas a Cepeda. “Hipocresía la suya Iván Cepeda, que le encantan los bandidos, pero lo niega. Les justifica, usted es un laxo moral con los peores criminales. Por algo ha defendido delincuentes de la talla de Jesús Santrich”, recordó Dávila, que volvió al ejercicio del periodismo en su antigua casa, Semana, aunque de forma esporádica.

A su vez, la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó la falta de pronunciamiento específico sobre el episodio. “Extensa perorata, pero al final no condena la fiesta de los narcos que según Roy Barreras le hacen campaña”, señaló la congresista, en críticas a las que también se sumó la senadora electa Jennifer Pedraza, que planteó una serie de duros señalamientos contra Cepeda.

“Senador, ninguna de las dos cosas están bien. La permisividad del Gobierno es profundamente revictimizante, ¿no le parece? El hecho de que la derecha haya sido cómplice de la violencia no autoriza a ningún otro Gobierno a premiar a las organizaciones criminales que tanto dolor han causado”, afirmó la congresista, cercana al candidato presidencial Sergio Fajardo, que hace parte de Dignidad y Compromiso.

A través de sus redes sociales Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, rechazó de manera directa las acusaciones publicadas por el periodista Felipe López Caballero, en su inédito artículo del 12 de abril de 2026 en la revista Cambio, en el que habría esbozado presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta de la izquierda, efectuada el 26 de octubre de 2026.

Cepeda, que puntea en las diferentes mediciones de intención de voto, como la de Atlas-Intel para Semana, en la que obtuvo un 37,8%, no dudó en calificar como “falaces” las cifras expuestas en el artículo y defendió la legalidad y transparencia de los reportes entregados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); pese a que existirían ciertos interrogantes sobre los financiadores de la aspiración.

Entre los puntos abordados, el senador detalló que el monto total informado, es decir $964.830.000, correspondió íntegramente a créditos, de los cuales “$609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y 355 millones de pesos en otros créditos”, según su declaración en redes sociales, en respuesta al citado texto del veterano periodista, exdueño de medios de comunicación.

Además, el senador del Pacto Histórico negó categóricamente la existencia de donaciones y precisó que la empresa responsable de la factura por concepto de publicidad está debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio y cumple con los requisitos legales establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); refiriéndose así a la litografía Samat Publicidad S.A.S.

En su exposición, Cepeda reiteró que López no presentó prueba documental alguna y exigió que, ante la existencia de evidencia de delitos como falsedad documental o fraude procesal, tome medidas. “En caso de que usted posea alguna información que demuestre un acto de corrupción o violación de la ley por mi parte, le solicito poner de inmediato dicha información en conocimiento de las autoridades”, dijo.

¿Cuál fue el artículo que desató la molestia en Iván Cepeda?

Felipe López, en su artículo ¿Quién es Iván Cepeda?, publicado en Cambio, afirmó que las cuentas de campaña fueron fraudulentas y que la mayoría del dinero declarado, un total de $964 millones, “provino de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso”, lo que para el autor configuraría dos delitos electorales con el objetivo de obtener recursos por reposición de votos.

Sin embargo, acotó que en los últimos 40 años ningún presidente ha escapado a estos cuestionamientos y ninguno ha enfrentado consecuencias legales. Es por ello que, en respuesta directa a estas afirmaciones, Cepeda argumentó que toda su información contable está soportada y documentada, para el que la quiere contrastar, para comprobar su versión frente a este episodio, que causó reacciones.

En el reportaje, López presentó a Cepeda como un candidato atípico en las formas políticas colombianas, según él de temperamento “sobrio, reflexivo y mesurado” y alejado del estilo predominante. A pesar de este perfil bajo, reconoció su posicionamiento como favorito en las encuestas, atribuido, en parte, al respaldo del presidente Petro y la estructura del Pacto Histórico, su colectividad.

“Aparece poco en los medios, no va a debates, y su programa de gobierno en el fondo no dice nada concreto”, puntualizó el autor del escrito, del que se resaltó en el citado medio y en la escena periodística que firmó su primer artículo en 40 años de carrera. Un texto en el que recordó, además, la mención del congresista en los computadores de alias Raúl Reyes, excabecilla de las Farc abatido.

Otro aspecto señalado en el escrito fue el “Gran Acuerdo Nacional” que propone el congresista, aunque el artículo remarcó la falta de detalles concretos y una postura ambigua respecto a temas cruciales, en particular la constituyente, impulsada por Petro. Además, cuestionó el silencio del candidato frente a los grandes escándalos del actual Gobierno, siendo una estrategia calculada.

El presidente de la República, Gustavo Petro, comparó el domingo 12 de abril los resultados de las recientes elecciones en Hungría, en las que triunfó la oposición, con el proceso político en Colombia, pese a que el ganador fue el conservador Péter Magyar, que derrotó en las elecciones legislativas al actual primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que completó tres lustros en el cargo.

En una extensa reflexión pública, en la que intentó hacer un paralelismo entre lo ocurrido en el país europeo con el proceso que se avecina en el país, el 31 de mayo, el primer mandatario reivindicó la idea de una “revolución por la vida” y aseguró que, tras años de conflicto y violencia, el país sudamericano atraviesa un cambio estructural en las condiciones de vida y la dignidad de su población.

De acuerdo con datos presentados por Petro, la tasa de mortalidad infantil en Colombia se redujo a la mitad en solo tres años. A su vez, el jefe de Estado indicó que hoy “hay mucho menos hambre en la bella Colombia que antes” y describió un escenario de mayor acceso a la alimentación, la educación y la autonomía económica de las mujeres, como señales de un reciente proceso social sin precedentes.

El propio presidente relató que, durante una reciente visita a Austria, reflexionó sobre el papel de los movimientos revolucionarios en la historia europea y la actualidad colombiana. Y contó que se detuvo en un cuadro sobre la revolución vienesa de 1848 para señalar que “el arte hace hablar a quienes fueron los protagonistas de las revoluciones derrotadas”, como espera que ocurra en el país.

“El pueblo colombiano en realidad ha iniciado una revolución en el corazón del mundo”, detalló en su análisis, en el que vinculó este impulso a una mejora concreta en la vida cotidiana. Lo anterior, en contraste con su silencio sobre las denuncias hechas por la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, que estaría siendo víctima de amenazas de muerte, con imágenes con arreglos fúnebres.

“Las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad, tienen mucha más comida que antes, los y las jóvenes entran más a estudiar, las mujeres pobres tienen más ingresos y la bella mujer colombiana, al tener más opciones, no necesita de la prostitución o de irse del país para buscar los dineros para la familia”, afirmó el gobernante, al que le restan 117 días en la Casa de Nariño.

Petro asegura que Colombia vive una “revolución de la vida” y la asocia con cambios sociales medibles

Y es que, a raíz de lo sucedido en Hungría, Petro consideró que la derrota de fuerzas “fascistas” en Europa Central representa un hito político y evidencia una “segunda oportunidad sobre la tierra”. Y señaló que Colombia ha emprendido una ruta distinta, alejada de “poderes aristocráticos de familias que heredan el poder”, y orientada hacia “páginas de libertad y revoluciones y pueblos dignos victoriosos”.

Y explicó la magnitud del presunto cambio. “Llegamos a tener regiones enteras que ya no vivían de su propio trabajo sino de las mujeres jóvenes que se habían ido a Europa, Japón, Dubai o los Estados Unidos, y mandaban remesas en dólares sin que les preguntarán de dónde salía el dinero. Esa época ha terminado, ahora los campos germinan de nuevo y la abundancia de alimentos llena las neveras”.

En ese sentido, Petro atribuyó la conducción de este proceso a una mayoría popular. “Es el pueblo el que decide, no tuvo esa oportunidad en el momento de la traición de Santander contra Bolívar que destruyó la Gran Colombia, la Gran Traición”, afirmó el presidente, que en su análisis, vinculó la actual coyuntura nacional con valores democráticos y progresistas presentes en la historia latinoamericana.

Y al ser consultado sobre la trascendencia del camino iniciado, el presidente concluyó en su extensa publicación. “Colombia está escribiendo las páginas de una historia universal sobre las nuevas revoluciones por la Vida que implica a toda la humanidad y ya se han iniciado”, refirió el mandatario, al atreverse comparar la experiencia colombiana con la reciente alternancia en Hungría en el poder.

De hecho, en su extenso mensaje, que dividió en dos partes, el mandatario incluyó referencias explícitas a figuras históricas del pensamiento como Sigmund Freud y Georg Lukács y el accionar de Simón Bolívar para argumentar que las luchas actuales retoman el espíritu de resistencia y transformación social que movilizó a generaciones anteriores en Europa y América Latina.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, Botero –sin desparpajo– indicó que Petro es el contrincante a vencer no por los logros que pueda mostrar en su administración, sino porque posee la capacidad de definir la presidencia a través de su caudal electoral , en favor del que sería su candidato en esta disputa: el senador oficialista Iván Cepeda, que lidera los diferentes sondeos de opinión.

“Ahí es cuando creo y la gente se equivoca. Aquí el competidor y los dueños de todo esto no es ni (Iván) Cepeda, ni Abelardo (De la Espriella), ni Paloma (Valencia). Aquí el competidor es Petro, porque es el que tiene los votos pa’ poner el presidente. Lo que pasa es que a Petro le salió competencia, que es este pechito", expresó Botero, que se tiene fe pese a que las encuestas le dan menos del 1%.

En ese orden, el empresario antioqueño, que se ha hecho célebre en las redes sociales por su lenguaje coloquial y directo, afirmó que la inacción frente a la corrupción y la falta de resultados en materia de justicia, salud y seguridad son los motivos principales de la crisis nacional, y propuso pena de muerte para los corruptos como solución radical a la impunidad que, según él, impera en el país.

A su vez, expresó a esta redacción que el Estado pierde $175.000 millones diarios por robos en el sistema de salud, lo que, de acuerdo con sus cálculos, causa la muerte de 20.000 personas al año. Esta cifra, indicó, resulta cuatro veces superior a las víctimas de los actores armados en Colombia, otro de los aspectos que merecieron su opinión, con la que apuntó hacia el líder del Ejecutivo por sus errores.

Al atribuir la perpetuación del problema a la permisividad del Gobierno actual, Botero fue implacable. “Hoy no tenemos justicia, hoy no tenemos separación de poderes. Esto es un arroz con mango”, refirió el aspirante, que también hizo precisión sobre cómo la corrupción no es solo una consecuencia, sino el origen del resto de los males del país; por lo que anunció drásticas medidas sobre el particular.

“El origen de todos los problemas de Colombia es la corrupción, la impunidad y la injusticia”, dijo Botero que criticó de manera abierta a los integrantes del gabinete de Petro y cuestionó la transparencia de los líderes de la derecha, al recordar que su experiencia le da conocimiento directo de las élites políticas y empresariales, por lo que se atreve a hablar de frente de estas problemáticas.

En efecto, aseguró que si él y su equipo asumieran el Gobierno, romperían con las ataduras a grupos políticos, económicos o actores armados. “Porque a diferencia de Petro, que he dicho lo que hay que hacer, pero no sabe hacerlo y no ha tenido los huevos pa’ hacerlo porque se le vendió a empresarios, a políticos y actores armados y eso limitó en que él no pudiera accionar lo que tendría que hacer”, dijo.

Y agregó que “nosotros como no tenemos ni jefe político, ni jefe económico, ni trabajamos con actores armados, sí tenemos la capacidad de hacer lo que hay que hacer”. Lo anterior, porque dejó en claro que está “dispuesto a dar la vida”, por lo que defendió la transparencia como un rasgo central de su proyecto. “Yo tengo una ventaja: los hechos hablan más que las palabras”, exclamó Botero en el diálogo.

La consecuencia inmediata y central es que propone una ruptura con las fórmulas tradicionales. Por ello, sostuvo ante Infobae Colombia que la crisis de Colombia solo se resolverá atacando a fondo la corrupción política y empresarial, mediante medidas radicales como la pena de muerte y una revisión total del sistema de justicia, sumadas a negociaciones de paz condicionadas a resultados efectivos.

Según Botero, el Estado debe aplicar la pena de muerte para corruptos y revisar la Paz Total

Al analizar la gestión de Petro, Botero distinguió logros en visibilizar y empoderar a los sectores populares, pero fue tajante al señalar una falla estructural de resultados. “Han demostrado que aquí se roban la plata en la salud, pero en vez de haber hecho algo bien, se la entregaron a otros ladrones peores”, expresó el candidato presidencial, que lanzó la polémica propuesta para erradicar este mal.

Para Botero, el mal es claro: el sistema judicial está colapsado y que la única forma efectiva de restaurar el orden sería establecer medidas excepcionales como la pena máxima. “Permítame pena de muerte pa’ la corrupción y arreglamos este berenjenal”, puntualizó. Y añadió que solo así “todo se arregla”, porque los potenciales corruptos entenderían la gravedad de sus actos contra el país.

También reprochó la falta de experiencia de Petro manejando equipos y la debilidad para imponer autoridad. “Esta es la primera vez que tiene empleados. Petro no tiene donde mandar. Yo quiero ver que un ministro me diga: ‘Vea, señor, es que usted está equivocado’. ¿Que qué, hermano?, patita a la calle, bebé. Aquí el capitán hijueputa soy yo”, expresó Botero que no tolerará la corrupción.

El empresario reiteró que el Estado colombiano ya vive una pena capital, pero invertida. “Hoy en Colombia hay pena de muerte, pero de los malos hacia los buenos. Cuando lleguemos, nosotros, va a haber pena de muerte para los malos. Los vamos a ajusticiar como es de ser. ¿Por qué? Es la única forma que hacemos que todos trabajemos”, explicó el candidato, autoconsiderado un outsider.

Críticas a la Paz Total y la exigencia de “resultados reales” en seguridad

En sus declaraciones, Botero rechazó la política de Paz Total desplegada por el gobierno nacional al considerarla ineficaz y facilitadora del fortalecimiento de grupos armados ilegales. “Los grupos armados en Colombia, ninguno ha dialogado, todos han usado los diálogos para fortalecerse militar y económicamente”, resaltó el empresario que quiere asumir el mando a partir del 7 de agosto.

Puso como ejemplo la expansión del Clan del Golfo, que pasó de “3.000 a 9.500 hombres” durante los últimos gobiernos, y detalló la situación de municipios como Guachené, en Cauca, en donde la presencia de la Segunda Marquetalia ha dejado a 80 niños sin acceso a la escuela. Y afirmó que solo se sentaría a dialogar con la sociedad civil, pero no con grupos armados activos, pues no quiere repetir errores.

“¿Yo cómo voy a dialogar con un bandido? Y más con un bandido que está matando, secuestrando y extorsionando. Plomo es lo que hay que darle al bandido que no se rinde”, reafirmó Botero, que propuso una amnistía general para hechos cometidos antes del 7 de agosto, pero advirtió que a partir de entonces cualquier delito sería castigado sin contemplaciones por su administración.

Los “Embajadores” se fueron arriba en la pizarra con el tanto convertido por Sebastián Valencia, que a los 60′ sacó un potente remate cruzado que dejó sin posibilidades al joven arquero Wéimar Asprilla, reemplazante de Andrés Mosquera Marmolejo. Pero a los 76′ apareció el ídolo “Cardenal” Hugo Rodallega para igualar las acciones, con un gran cabezazo en el área, que dejó en silencio El Campín.

El resultado dejó a los anfitriones con 22 unidades, al límite del lote de privilegio con miras a la siguiente fase, mientras que los visitantes quedaron aún más comprometidos, pues con 20 puntos tendrán que hacer campaña perfecta en lo que les resta de la fase regular si quieren soñar con estar entre los ocho mejores. Es por esto que el cotejo tuvo intensos cruces, que trascendieron el césped.

En el terreno de juego, Millonarios sufrió la expulsión del delantero argentino Rodrigo Contreras, a los 79′, tras emprenderla contra Rodallega, en agresiones que no perdonó el juez mundialista Andrés Rojas. Pero fuera del campo el veterano delantero del cuadro santafereño fue, al parecer, víctima de otro hecho con el que buscaron atentar contra su integridad, por parte de seguidores del onceno rival.

Hugo Rodallega denunció que fue atacado con una piedra a la salida del estadio El Campín

En imágenes ya virales en las redes sociales, el vallecaucano acusó a un hincha, en medio de un grupo de fanáticos del cuadro “Azul”, de haberlo atacado con una roca, lo que según él pudo afectarlo de manera grave. En el clip, compartido por el periodista Carlos Andrés Álvarez, se ve cómo el ariete sostuvo una intensa discusión con los fanáticos, en medio de la presencia de agentes de la Policía.

“Entonces no diga que no hizo nada porque me tiró una piedra. ¿Y si me tira? Casi me descalabra, ¿y qué va a hacer?“, reclamó el experimentado delantero, que con su atento ante el conjunto millonario llegó a cuatro goles en 16 apariciones en el torneo. ”Que no, pero respete", agregó el atacante, que se habría enfrascado en una discusión con los seguidores del dueño de casa por esta acción.

Pero Rodallega no fue el único que reaccionó ante lo que él consideró que fueron los ataques en su contra. Otro de los protagonistas de la tensa jornada en el máximo escenario deportivo de los capitalinos fue el delantero Radamel Falcao García que, inconforme por el desempeño del equipo arbitral y que, de acuerdo con su testimonio, dejó de pitar un penal por falta en su contra, arremetió contra los colegiados.

El “Tigre”, que jugó 15 minutos más el tiempo de adición, cayó a los 82′, cuando pretendía recibir un centro del canterano Sebastián del Castillo luego de una mala salida del portero Asprilla. Sin embargo, no logró conectar y alegó un empujón del volante Daniel Torres, que a juicio de Rojas no existió; lo que desató su ira en la conferencia de prensa posterior al compromiso en el “Coloso de la 57″.

“¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul para que vean el lenguaje corporal? Que su lenguaje corporal aceptaba lo que había pasado. Entonces, no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y de apoyarse. No sé qué miedo, ¿por qué es a mí? A ver, yo trato de jugar lo más leal posible", exclamó García.

Con este panorama, ambos clubes, que quedaron obligados a ganar en la próxima fecha, se enfocarán en su presencia internacional. Millonarios, en la Copa Sudamericana, en la que recibirá en fase de grupos a Boston River de Uruguay, el miércoles 15 de abril (9:00 p. m.). Por su parte, Santa Fe la tendrá más complicada: visitará el mismo día (7:30 p. m.) a Corinthians de Brasil, por Copa Libertadores.

Las amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, conocidas el domingo 12 de abril de 2026, obligaron al Gobierno a detallar los mecanismos de seguridad habilitados para proteger a todos los aspirantes. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, desde el 19 de junio de 2025 se han activado medidas sin precedentes para blindar el proceso electoral en el país.

Según el jefe de la cartera política en su perfil de X, en la que previamente había rechazado las intimidaciones contra la congresista, estas garantías se establecieron incluso antes de que los precandidatos formalizaran su inscripción. Lo anterior, por desgracia, tras el atentado sufrido por el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, que derivó en su muerte.

De acuerdo con los datos de Benedetti, el volumen de recursos destinados a la protección es inédito: en las consultas del 8 de marzo de 2026, el Gobierno asignó 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 vehículos convencionales para resguardar a 77 precandidatos presidenciales y vicepresidenciales; a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Y, ya en la campaña formal, el contingente se ajustó con 100 escoltas, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales destinados a los aspirantes definitivos: que en la actualidad son 13, tras la reciente renuncia de la congresista Clara López, que adhirió a la candidatura de su colega, Iván Cepeda, considerado ficha del oficialismo para buscar la reelección del proyecto político.

Benedetti precisó que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales ha garantizado el acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada en todos los desplazamientos de campaña en el territorio nacional. Con ello, quiso dar un parte de tranquilidad a los que adelantan su ejercicio político con miras a la jornada del 31 de mayo de 2026 en el país.

¿Cuáles fueron las amenazas de muerte contra la senadora Paloma Valencia?

La congresista y su equipo expusieron que circuló en redes un montaje digital con su foto en blanco y negro, una corona de flores, el mensaje “Descanse en paz” y las fechas “1978-2026”. Una publicación que se sumó a los actos de vandalismo en su sede en Bucaramanga, el sábado 11 de abril, y otros hostigamientos digitales. Estos sucesos causaron una fuerte reacción en la escena política.

Frente a esto, la senadora insistió en la urgencia de “una Colombia sin miedo y segura” y agradeció públicamente las muestras de solidaridad recibidas, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el también aspirante Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay e, incluso, del candidato Iván Cepeda, que rechazó cualquier expresión violenta contra los candidatos que están en la disputa.

“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, y donde los violentos le dicen a los colombianos por quién votar. Estamos para cambiar todo eso”, expresó la senadora.

Luego de conocerse estas intimidaciones, el Ministerio de Defensa reiteró que sigue vigente el ofrecimiento de hasta $1.000 millones por información que conduzca a identificar a los responsables de ataques o amenazas contra candidatos presidenciales. Con ello, se buscarían agilizar las investigaciones en curso dentro de la Fiscalía General de la Nación y desactivar cualquier amenaza.

Por su parte, la defensora del Pueblo Iris Marín también se unió a los llamados de protección y exigió priorizar la búsqueda de los responsables de los hostigamientos y garantizar el ejercicio de la oposición política, tras el pedido expreso a la Fiscalía. Así, a 49 días de la primera vuelta presidencial, el Ejecutivo prevé que todos los participantes de este proceso electoral puedan tener plena seguridad.

El mensaje llegó tras la difusión de una imagen fúnebre que simulaba su fallecimiento, pues se pudo apreciar una corona de flores y una cinta con su nombre , además de los ataques vandálicos contra la sede de su campaña en Bucaramanga (Santander), según denunciaron el sábado 11 de abril el senador electo por el Centro Democrático Óscar Villamizar y el también elegido representante a la Cámara Jonathan Pineda.

“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, y donde los violentos le dicen a los colombianos por quién votar", expresó Valencia en un video difundido por su campaña.

Y recalcó que si hay un motivo que la impulsa a continuar en la contienda es, justamente, “para cambiar todo eso”; y del mismo modo, utilizó su perfil en X para agradecer expresiones de apoyo y reiterar su postura. “Muchas gracias por todos sus mensajes de solidaridad. No vamos a parar hasta tener una Colombia sin miedo y segura”, escribió la candidata, ganadora de La Gran Consulta por Colombia.

Tras conocerse las amenazas contra Valencia, el Ministerio de Defensa ofreció hasta $1.000 millones de recompensa para evitar cualquier atentado y capturar a los responsables; en tanto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, reforzó el esquema de seguridad de la candidata y anunció que garantizará protección para la oposición, que en este proceso ya sufrió una dura pérdida.

Miguel Uribe, Álvaro Uribe, Ingrid Betancourt y líderes del Centro Democrático pidieron garantías

En efecto, Miguel Uribe Londoño, cuya familia fue víctima de la violencia política con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ofreció su respaldo y advirtió sobre el precedente macabro. “Conozco esta violencia como nadie la conoce. A mí no me mandaron una corona, me mataron a mi primera esposa Diana, la madre de Miguel, y me mataron a mi hijo”, dijo el candidato.

Por ello, reiteró su solidaridad con Paloma Valencia y cualquier persona amenazada, porque en su concepto “nadie merece vivir con ese miedo”. Y dijo que Colombia debe recordar que las amenazas ya cobraron una vida: la del joven político, su hijo. “La Paz Total es el permiso del gobierno Petro para que los criminales asesinen y cometan crímenes con libertad”, reiteró Uribe Londoño en su mensaje.

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta de X su preocupación y pidió respaldo colectivo a la candidata. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, cuestionó el exmandatario, que reclamó responsabilidad a las plataformas digitales por la difusión del mensaje intimidante contra la senadora.

En la misma línea, la excandidata Ingrid Betancourt reconoció el momento político de Valencia y solicitó unidad y protección a la aspirante presidencial. “Paloma cogió vuelo y pretenden cortarle sus alas quienes tendrán que vérselas con la justicia a partir del siete de agosto, cuando ella se posesione como la primera mujer Presidenta de Colombia”, señaló Betancourt en su publicación en sus canales digitales.

Asimismo, para Andrés Forero, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, resulta obligatorio un pronunciamiento presidencial y medidas claras. “Rechazamos las amenazas de muerte contra Paloma Valencia y los ataques a su sede. Le exigimos a Gustavo Petro un pronunciamiento categórico y que disponga todas las medidas para garantizar su seguridad y la de su familia”, dijo.

Mauricio Lizcano, exministro de las TIC durante el Gobierno de Gustavo Petro, excongresista y actual candidato presidencial, cuestionó de forma directa la falta de debates entre los aspirantes mejor ubicados en las encuestas, defendió la necesidad de construir una tercera vía más allá del bipartidismo y denunció obstáculos sistémicos para los que buscan alternativas en la política colombiana.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, Lizcano destacó su determinación de sostener una campaña basada en convicciones y no en cálculos electorales, reiteró la desproporción de recursos en relación con otras aspiraciones, entre ellas la del candidato oficialista Iván Cepeda, y la desigualdad en la presencia mediática que enfrentan los que no representan a los polos tradicionales en este proceso.

“Mi campaña no es una campaña que el sujeto sea ganar encuestas, sino ganar elecciones”, sostuvo Lizcano al ser consultado sobre sus resultados en los sondeos de intención de voto, en los que –según la reciente medición de Atlas-Intel– no registra favorabilidad alguna; es decir, un 0,0% de balance, en contraste con lo que marca otro candidato considerado de centro, como el exgobernador Sergio Fajardo.

Y recordó que es el candidato más joven a la presidencia y que representa una nueva generación para la política nacional. “Los grandes grupos económicos, las grandes encuestadoras y muchos medios están interesados en que haya solo dos opciones”, señaló Lizcano, lo que, a su juicio, perpetúa un sistema que solo favorece a los sectores de izquierda y derecha, y no a nuevas propuestas.

En ese orden de ideas, añadió que “para muchos, lo único que les interesa es que haya bipartidismo en Colombia”. Pese a no figurar entre los primeros puestos de las encuestas, Lizcano enfatizó que 1.800.000 personas respaldaron con su firma el modelo de país que propone, una cifra que ilustra el alcance de su movimiento a pesar de los obstáculos de visibilidad mediática y financiación.

“Estoy en un proyecto de vida que lleva 20 años al servicio de Colombia y que gracias a Dios estoy joven, empecé joven, me quedan –por los menos– otros 20”, puntualizó el caldense. Para el candidato, la lucha es de largo aliento y responde a una “convicción, no de conveniencia” y de esta forma adelantó que, sin importar lo que suceda en esta jornada, continuará en su ejercicio rumbo a la presidencia.

Lizcano desafió a Valencia, Cepeda y De la Espriella a ir a debates: “¿A qué le tienen miedo?“

Así pues, el candidato hizo un llamado directo a los contendores para que acepten participar en debates, por lo que cuestionó la renuencia de algunos líderes en los primeros lugares de las encuestas. “Es vergonzoso lo que está pasando con los candidatos, que son los que tendrían más responsabilidad realmente para ir a los debates y no los quieren hacer. Eso deja mucho que desear”, puntualizó Lizcano.

“¿Qué les pasa? ¿O no tienen ideas o no tienen propuestas? ¿A qué le tienen miedo?”, se preguntó el candidato en su visita a esta redacción. Y sobre su posición frente a eventuales alianzas o apoyos, el excongresista, hijo del exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, que estuvo en poder de las Farc, descartó especulaciones en relación con una posible alianza con miras a la segunda vuelta.

“Yo no puedo ir a una campaña presidencial pensando en que voy a perder, primero que todo. Y segundo, tampoco sé quiénes van a ganar. Y tercero, pues yo estoy en un proceso de convicción, no de conveniencia”. Añadió que “mucha gente me dice: ‘usted es para conseguir un puesto’. No, yo los he tenido todos”. Su propósito, reiteró, es construir “de corazón una Colombia diferente” desde el centro.

En cuanto a la ecuanimidad del proceso para candidatos alternativos, Lizcano denunció una estructura que restringe la pluralidad. “¿Por qué quieren invisibilizar la voz de nosotros? ¿Por qué les da rabia que los que no estemos arriba en las encuestas podamos opinar? O sea, ¿la voz de nosotros no vale? ¿No somos ciudadanos?”, denunció el exministro.

“Primero, no nos dan financiación estatal. Segundo, nos exigen un millón de firmas para poder inscribirnos. Tercero, no tenemos la misma disponibilidad mediática que tienen los demás. Cuarto, hasta el algoritmo nos castiga. Sexto, los grupos económicos y todo el mundo están alrededor de unas opciones. El Gobierno toma partido”, complementó el político de 49 años, que también fue director del Dapre.

Lizcano también afirmó a Infobae Colombia que el sistema electoral privilegia el bipartidismo y limita la competencia de candidatos independientes, y exigió públicamente a los tres candidatos mencionados que acepten debatir y sostuvo que, a pesar de las dificultades institucionales y mediáticas, persistirá con su propuesta de un centro renovador para el futuro político del país en esta jornada.

A la pregunta sobre su permanencia en la contienda, incluso frente a escenarios adversos, fue enfático. “Los procesos en los que nosotros estamos no son procesos de ahora, son procesos de largo aliento. Yo soy un combatiente de todas las batallas y de todos los años”, indicó. Con ese mensaje, recalcó que no busca un resultado inmediato, sino consolidar una alternativa a la polarización política colombiana.

Por último, el aspirante remarcó su confianza en el proceso electoral y la entrega de los resultados, en un tema en el que el presidente Petro ha planteado dudas. “No es perfecto, pero tampoco es un nido de ratas, como lo menciona el presidente”, dijo Lizcano, que si bien admitió deficiencias como la mala transmisión con los formados E-14, agregó que con una buena veeduría” y que confía en lo que se reporte.

En un huracán de calificativos, fieles a su estilo contestatario y sin filtros, el aspirante presidencial Santiago Botero cargó con dureza contra uno de sus contendores en la carrera hacia la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, al que no dudó de calificar como “bufón” y, además, acusó de aprovecharse del sistema que mantiene a más de la mitad del país en la pobreza.

Botero, en su visita a las instalaciones de Infobae Colombia, aseguró que De la Espriella, pese a prometer un cambio, “ha representado a narcotraficantes” y otros poderosos criminales y sostuvo prácticas políticas tradicionales que, bajo su Gobierno, “ampliarían las brechas de pobreza y de desigualdad”, y permitirían —según dijo— que “los bandidos se multipliquen en este país”.

“Yo no tengo nada personal contra Abelardo. A mí, lo que me parece es que es un bufón. Es un tipo que toda la vida ha vivido del sistema que hoy tiene a 27 millones de pobres en Colombia. Ha representado a narcotraficantes, a “Papá Pitufo”, se ha aprovechado de la plata de los pobres de Venezuela, y hoy llega y dice que es el que va a sacar a los pobres de la pobreza”, señaló.

A su vez, con su acostumbrado tono desafiante, Botero diferenció su candidatura de la de otros sectores y enfatizó que la suya “no tiene jefe económico ni político”. Y que su campaña es autofinanciada, excluyendo a figuras como el presidente Gustavo Petro, o los exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o César Gaviria de cualquier injerencia, como sucedería con otros aspirantes.

Y es que el empresario recalcó que, mientras los candidatos principales, incluyendo a Iván Cepeda, Paloma Valencia y el mismo De la Espriella dependen de las estructuras políticas existentes, su fórmula “puede tomar las decisiones que se tienen que tomar para arreglar este país”. Eso fue apenas la antesala de su especial andanada contra el abogado que promueve el lema de ‘firmes por la patria’.

“Hoy está mendigándole a Cambio Radical y a los partidos políticos que se le unan. El outsider, el antipolítico, rogándole a los politiqueros que se le sumen", agregó el candidato antioqueño, que puso un ejemplo para representar su indignación frente a esta candidatura. “Aquí estamos diciendo que vamos a poner a cuidar al barrio a los ladrones del barrio. Es una bufonada”, remarcó Botero a esta redacción.

Santiago Botero a Abelardo de la Espriella: “Se quiere robar este país completo”

Con ello, el candidato aprovechó para criticar la propuesta reciente de De la Espriella de crear un departamento de investigación dependiente de la presidencia. “Abelardo diciendo que él iba a montar un departamento de investigación debajo del presidente para investigar cuando él sea presidente. ¿Cuál es la separación de poderes? Ese man es un bandido y se quiere robar este país completo”, señaló.

Ante la pregunta sobre el liderazgo real en la contienda, Botero sostuvo que la centralidad sigue estando en Gustavo Petro, al que describió como el verdadero “competidor” y aseguró que la diferencia es que él sí sabe “producir plata” en contraste con los “teóricos” de la clase política tradicional, pues en su condición de empresario es consciente de manera plena “por dónde entra el billete”.

Así rechazó el aparataje político tradicional y cuestionó la transparencia de sus rivales

Botero aseguró que los aspirantes fuertes en las encuestas “son políticos corrientes” subordinados a intereses económicos o de partidos, a diferencia de su proyecto, el cual calificó de genuinamente independiente. “No tenemos jefe político ni jefe económico, ni trabajamos con actores armados. Sí tenemos la capacidad de hacer lo que hay que hacer, porque estamos dispuestos a dar la vida”.

En esa misma línea defendió la legitimidad de su popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, en el que afirmó liderar la comunicación política, y señaló la diferencia con el resto de candidatos. “Nosotros manejamos el cincuenta por ciento de la comunicación y yo ni he pautado, ni he comprado un bot, ni he comprado un usuario (...) Soy genuinamente real”, destacó Botero.

Sobre los recursos económicos de la campaña, el candidato insistió en que “se está financiando directamente. Así que (Luis Carlos) Sarmiento Ángulo, los contratistas y todos los empleados de este país no nos pueden dar órdenes”, dijo a Infobae Colombia, al insistir que el origen de los recursos determina la autonomía política para “tomar las decisiones que se tienen que tomar”.

Y enfatizó su transparencia invitando a un eventual debate con prueba de polígrafo. “Yo creo que ninguno de ellos es capaz de hacer una prueba de polígrafo con nosotros en un debate. Nosotros sí. (...) A mí me revisó el Morgan Stanley, los bancos cuando les vendí mis fondos. Yo soy a prueba de todas esas pendejadas y tengo una ventaja. Los hechos hablan más que las palabras”, reafirmó el paisa.

A 120 días del final de su mandato, la encuesta de Atlas-Intel para Semana, conocida el jueves 9 de abril, revela que casi seis de cada 10 encuestados desaprueba la forma en que el presidente de la República, Gustavo Petro, está conduciendo su administración. Lo que contrasta con otras mediciones, en las que las cargas son inversas, como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC), para él favorable.

Escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) han afectado su imagen, a raíz de las últimas novedades en este entramado corrupto, que se suma al caso de exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que sostenían diálogos con la defensa del ‘zar del contrabando’ de Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, para ofrecerle prebendas.

De acuerdo con la medición, que se hizo entre el 6 y el 9 de abril de 2026, con la participación de cerca de 3.617 ciudadanos, el 57,2% de los consultados ‘rajó’ al jefe de Estado en la manera en que conduce los destinos del país. Por otro lado, el 40,5% de los encuestados manifestó su aprobación a la gestión del presidente, aunque si bien muestra un crecimiento, no sería el esperado para el primer mandatario.

Asimismo, la medición de la firma foránea, con representación en el país, también muestra que un 2,3% de los participantes respondió que no sabe si aprueba o desaprueba la labor del gobernante. Estos datos ilustrarían de manera clara el panorama de polarización sobre el Ejecutivo cuando restan, como se decía, cuatro meses para la finalización de su periodo, que está para el 7 de agosto de 2026.

Subió imagen favorable de Petro, pero también índice de desaprobación

Si se compara con la encuesta de Atlas-Intel del 12 de marzo, la aprobación del jefe de Estado se encontraba en un nivel bajo, con un 53,7% de los consultados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que los aprobaba. Es decir que, pese a que aumentó la favorabilidad, también se ve cómo creció el índice negativo para el jefe de Estado, del grupo de indecisos.

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación de su gestión, el 48,8% de los encuestados califica su gestión como mala o muy mala. Este porcentaje representa una percepción mayoritaria de desaprobación hacia el desempeño del mandatario, que refleja a todas luces un ambiente crítico en la opinión pública con respecto a las acciones y políticas implementadas por su administración.

Por otro lado, el 36% de los participantes considera que el Gobierno de Petro es excelente o bueno, en lo que podría considerarse su techo, mientras que un 15,2% lo califica como regular. De esta forma, la valoración ciudadana se encontraría dividida, aunque la proporción de opiniones negativas supera por más de 10 puntos porcentuales a las positivas, lo que indica una tendencia de insatisfacción.

Ficha técnica

Según se consignó en el documento dado a conocer a los medios, Atlas Intel S.A.S. fue la firma que hizo la encuesta, financiada por Publicaciones Semana. La muestra se seleccionó con el método Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR) y la recolección de datos se llevó a cabo de manera digital, en tanto que el estudio representa al electorado colombiano conforme a la normativa vigente sobre encuestas.

El nivel de confianza es del 95% y el margen de error es de más o menos dos puntos porcentuales en todas las preguntas. El propósito de la investigación, además de medir la favorabilidad del presidente Petro, fue analizar el panorama electoral y las percepciones sobre el contexto político, económico y social en Colombia, en un ejercicio en el que los participantes no recibieron compensación económica.

Se conoció el jueves 9 de abril de 2026 la más reciente encuesta de Atlas-Intel para Semana, que revela un escenario electoral polarizado de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo en Colombia: pues por primera vez muestra datos que ponen en desventaja al candidato oficialista, Iván Cepeda, ante dos de sus más inmediatos rivales en la lucha por convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

De acuerdo con el estudio efectuado entre el 6 y el 9 de abril, a un total de 3.617 personas en todo el país, Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con casi el 37,8% de apoyos en primera vuelta, aunque quedaría rezagado en una definición frente a Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que le sacarían ventajas de nueve y siete puntos porcentuales, respectivamente.

En efecto, De la Espriella sumaría el 48,8% frente al 39,8% del senador en una potencial segunda ronda; por su parte, Valencia alcanzaría el 47,1%, mientras su contrincante se quedaría en el 39,6%. Estas diferencias, de nueve y 7,5 puntos, anticipan un desafío para el oficialismo, que si bien tendría un lugar asegurado en la jornada del 21 de junio, no le alcanzaría para imponerse en la contienda.

Así llegarían a la primera vuelta los aspirantes presidenciales

En la jornada del 31 de mayo, si bien partiría con clara ventaja, pues el autodenominado ‘Tigre’ tiene un 27,2%, es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo; y la candidata del Centro Democrático un 22,9%, a casi 15%, no lograría consolidar ese favoritismo en el balotaje. Un escenario que, de entrada, supone un estancamiento de la aspiración continuista en su intención de captar votantes.

El 12 de marzo, en tanto, el panorama mostraba a Cepeda con 36,4%, seguido por De la Espriella con un 27,9% y Valencia con un 17,5%. De este modo, la senadora del Centro Democrático sigue aprovechando el impulso que le dio su victoria en la consulta interpartidista del 8 de marzo y, sobre todo, su alianza con el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, que fue segundo.

Más atrás, relegados de cualquier posibilidad en la intención de voto, se encuentra el aspirante de centro Sergio Fajardo Valderrama, con solo un 5%, mientras que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se ubica cuarta, con apenas un 1%. Posteriormente, ninguno de los restantes ocho candidatos logra superar ese umbral y, de hecho, algunos de ellos, marcan en la medición, pues aparecen con un 0,0%.

Intención de voto en la primera vuelta, según Atlas-Intel:

• Iván Cepeda: 37,8%
• Abelardo de la Espriella: 27,2%
• Paloma Valencia: 22,9%
• Sergio Fajardo: 5,0%
• Claudia López: 1,0%
• Santiago Botero: 0,6%
• Roy Barreras: 0,3%
• Sondra Macollins: 0,1%
• Clara López: 0,0%*
• Miguel Uribe Londoño: 0,0%
• Mauricio Lizcano: 0,0%
• Luis Gilberto Murillo: 0,0%
• Carlos Caicedo: 0,0%
• Gustavo Matamoros: 0,0%
• Otro candidato: 0,3%
• Voto en blanco: 2,5%
• Voto nulo/No votaré: 0,7%
• No sé: 1,7%

*Se retiró formalmente el 8 de abril.

Estos serían los escenarios de la segunda vuelta

Tal y como se mencionaba, al aspirante del Gobierno Petro no le va bien ante sus dos inmediatos rivales y llama la atención que en los dos escenarios el porcentaje de indecisos está en un 11,4%, si fuera su rival De la Espriella, y 13,3%, si su contendora resultara Valencia. Al único que le ganaría sería a Fajardo, aunque estaría en el margen de error, pues obtendría un 38,3%, frente a 37,4% de su contendor.

Escenario Cepeda vs. De la Espriella:

• Iván Cepeda: 39,8%
• Abelardo De la Espriella: 48,8%
• Blanco/Nulo/No sé: 11,4%

Escenario Cepeda vs. Valencia:

• Iván Cepeda: 39,6%
• Paloma Valencia: 47,1%
• Blanco/Nulo/No sé: 13,3%

Escenario Cepeda vs. Fajardo:

• Iván Cepeda: 38,3%
• Sergio Fajardo: 37,4%
• Blanco/Nulo/No sé: 24,3%

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por Atlas Intel S.A.S. y financiada por Publicaciones Semana. El estudio utilizó una muestra cuantitativa seleccionada mediante el método Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR), con recolección de datos de manera digital, y representó al electorado de Colombia conforme a la nueva ley de encuestas.

A su vez, el nivel de confianza reportado en la ficha técnica es del 95%, mientras que el margen de error es de más o menos 2 puntos porcentuales para todas las preguntas. Cabe destacar que el propósito del estudio fue investigar el escenario electoral de Colombia y percepciones sobre el contexto político, económico y social, por lo que se ofreció ningún tipo de contraprestación a los encuestados.

El jueves 12 de marzo de 2026 se conoció la más reciente encuesta de Atlas-Intel, la primera tras la jornada del 8 de marzo, en la que, a juzgar por los resultados, se sacudió el tablero con miras a la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. La medición, contratada por Semana, ya posiciona en el top-3 a la senadora y candidata de la naciente coalición Juntos por Colombia, Paloma Valencia, que ya comenzó a pelearle puntos a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En efecto, aunque el candidato oficialista sigue al frente de la intención de voto, con un 36,4%, y el autodenominado ‘El Tigre’ registra un 27,9%, Valencia ya se metió al tercer lugar y tiene en su haber un 17,5%; apenas a cuatro días de haber sido escogida como la aspirante de los colectivos de centro-derecha. Su contundente victoria en La Gran Consulta por Colombia, en la que sacó 3.236.286 votos, parece haberle allanado camino a la congresista de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es válido destacar que el panorama de la encuesta anterior, revelada el sábado 28 de febrero, antes de la veda electoral, era distinto. Cepeda lideraba con un 37% frente a un 34,7% de De la Espriella y un tercer lugar del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 6,9%; sin embargo, con su triunfo en la referida consulta, Valencia dio el salto y cuadruplicó lo registrado en dicha medición, captando votos del aspirante de la derecha, que perdió presencia.

Ya más atrás, en el quinto lugar, se ubica la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que según Atlas-Intel -y pese a ser la ganadora de la Consulta de las Soluciones- solo tiene un 1,7%, seguida por la senadora Clara López (1,2%) y otro de los que se presentó en la jornada del 8 de marzo: el exembajador Roy Barreras, vencedor del proceso del Frente por la Vida, pero que aún así solo tiene un 0,9% de intención, con lo que se empezaron a marcar distancias en este balance.

En la encuesta fue incluido el exalcalde de Cali Maurice Armitage, que el jueves 12 de marzo retiró su candidatura a la presidencia, al alegar motivos personales. A su vez, destaca que los 17 candidatos incluidos un total de 11 marcan menos de un 1% de opciones; lo que parece ir decantando el escenario que se aproxima, a un día de que se cierre el periodo de inscripciones de candidaturas, programado para el viernes 13 de marzo, según la Registraduría.

Así está la intención de voto a la presidencia, según Atlas-Intel

1. Iván Cepeda: 36,4%
2. Abelardo de la Espriella: 27,9%
3. Paloma Valencia: 17,5%
4. Sergio Fajardo: 7,8%
5. Claudia López: 1,7%
6. Clara López: 1,2%
7. Roy Barreras: 0,9%
8. Juan Fernando Cristo: 0,8%
9. Luis Gilberto Murillo: 0,7%
10. Santiago Botero: 0,6%
11. Carlos Felipe Córdoba: 0,6%
12. Maurice Armitage: 0,3%*
13. Sondra Macollins: 0,1%
14. Luis Carlos Reyes: 0,1%
15. Daniel Palacios: 0,1%
16. Miguel Uribe Londoño: 0%
17. Mauricio Lizcano: 0%

*Se retiró el 12 de marzo.

Atlas-Intel y una serie de escenarios

El análisis de los registros muestra que Cepeda encabeza la intención de voto en la mayoría de los escenarios de primera vuelta, con porcentajes que rondan el 35% al 37%. De la Espriella y Paloma Valencia se disputan el segundo y tercer lugar, con cifras entre el 2 % y el 19% respectivamente, mientras que Fajardo aparece en cuarto lugar, logrando entre el 8% y el 13% según el escenario. Por su parte, en algunos escenarios, Valencia supera a Cepeda en votos válidos.

En los simulacros de segunda vuelta, las diferencias entre los candidatos se acentúan. La senadora se impone sobre Cepeda con una ventaja de 7,3 puntos porcentuales, mientras que Abelardo de la Espriella supera a Sergio Fajardo por más de 12 puntos en su respectivo escenario.En otro escenario, el candidato oficialista conserva una leve ventaja sobre el abogado en el enfrentamiento directo, pero la diferencia es menor (4,3 puntos), lo que supone una ajustada votación.

A su vez, los porcentajes de indecisos, voto en blanco y nulo presentan variaciones, alcanzando hasta el 32% en algunas probabilidades, lo que refleja un alto grado de incertidumbre y abstención potencial. La medición incluye también tendencias de voto en blanco, nulo y personas que no votarían, al representar entre el 1% y el 7%; lo que sugiere que, aunque hay liderazgos claros, el desenlace de la elección podría depender del comportamiento de los indecisos.

Ficha técnica

La encuesta fue efectuada por Atlas-Intel S.A.S. y financiada por Semana. El estudio se enfocó en el escenario electoral, la aprobación presidencial y percepciones sobre el contexto político, económico y social en Colombia, por lo que se aplicó una muestra cuantitativa de 4.291 personas del electorado colombiano, al emplear el método de selección digital Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR), que ha causado cierta controversia.

El nivel de confianza es del 95%, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales para todas las preguntas, mientras que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2026. Los datos se recogieron de manera digital y abarcaron municipios de todas las regiones del país, incluyendo Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Pacífico y Llano, según el registro compartido por la firma encuestadora.

Entre las ciudades incluidas figuran, además de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, poblaciones como Villavicencio, Neiva e Ibagué, así como una amplia representación de zonas urbanas y rurales. El universo corresponde al electorado colombiano y no se ofreció ningún tipo de contraprestación a los encuestados; pues el propósito principal de la encuesta fue investigar el escenario electoral del país y las percepciones sociales y económicas de los votantes.

La auditoría externa internacional efectuada a las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 en Colombia, que eligió a los nuevos miembros del Congreso y a tres aspirantes al primer cargo de la Nación, concluyó que estos comicios se desarrollaron bajo transparencia, estabilidad tecnológica y resguardo frente a amenazas informáticas sin precedentes.

El informe, presentado en Bogotá el jueves 9 de abril por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel) ante las principales fuerzas políticas y organismos de observación, detalló que se bloquearon más de 30 millones de solicitudes maliciosas mediante mecanismos de protección perimetral en la infraestructura utilizada para la jornada electoral que se desarrolló sin novedades significativas.

Durante el encuentro oficial adelantado en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, voceros de Capel informaron que el 88% de las interacciones fueron atendidas de forma correcta, sin que se produjeran fallos ni degradación del servicio. “Durante la jornada electoral la infraestructura tecnológica operó sin incidentes críticos, ni interrupciones”, destacaron los delegados en mención.

Así pues, se mantuvo una disponibilidad del 100% y se soportaron, de acuerdo con esta veeduría, "picos de hasta 5.85 millones de solicitudes por minuto sin degradación del servicio, según se estableció el documento entregado a representantes del Ministerio del Interior, la Procuraduría General, la Contraloría, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y la MOE.

En efecto, los resultados de la auditoría especializada internacional a esta jornada, identificaron una operatividad tecnológica íntegra y la ausencia de afectaciones a la disponibilidad o integridad de los sistemas. Las autoridades políticas y observadores validaron la conclusión técnica sobre la estabilidad y trazabilidad del proceso, que será referencia para las presidenciales del 31 de mayo.

Veeduría dio visto bueno al software que se utilizó en el escrutinio de las elecciones

La revisión incluyó una auditoría de software, análisis del diseño arquitectónico y pruebas de seguridad. Marcelo Olivo, consultor de sistemas electorales de Capel, y Alberto Uez, auditor profesional informático de la organización, explicaron que se accedió al código fuente de las aplicaciones empleadas y se hicieron pruebas de vulnerabilidad y “caja gris” en cada uno de los sistemas.

“Se hizo una auditoría del software. Se revisó el diseño de las arquitecturas, el versionamiento, el control de cambios, las funcionalidades y las seguridades. También se hizo una auditoría de seguridad con pruebas independientes de vulnerabilidades y de penetración a cada uno de los sistemas. Incluso, se aplicaron pruebas de caja gris para verificar el aseguramiento de cada plataforma”, precisaron.

La auditoría no se limitó a los principales centros urbanos. Según Olivo y Uez, se movilizaron a más de 250 personas para observar el desempeño de la infraestructura en ciudades pequeñas y zonas rurales. “Quisimos observar el comportamiento, no solo en aquellos donde se disponía de tecnología y de buenos recursos, sino también cómo estaba la situación en ciudades mucho más pequeñas”, afirmaron.

El cierre del proceso arrojó conclusiones claras a juicio de los delegados de Capel. “No tenemos hallazgos vigentes, hemos hecho observaciones en función de nuestra experiencia, hemos recabado información que nos va a servir a futuro y tenemos un proceso electoral que es estable y particularmente es trazable”, confirmaron al exponer el resultado ante los partidos políticos.

MOE también dio parte de legalidad del proceso electoral del 8 de marzo

Por su parte, el informe público de la Misión de Observación Electoral (MOE) agregó datos cuantitativos sobre la correspondencia entre preconteo y escrutinio oficial. De acuerdo con la misión, la coincidencia fue del 99,8%, con una diferencia de apenas 0,20%, unos 37.516 votos, por debajo del desfase registrado en procesos anteriores, donde la cifra llegó al 5,49%.

“El preconteo fue altamente fiable; no se encontraron pruebas de fraude, desmintiendo versiones que cuestionaban la transparencia de la jornada”, indicó la veeduría, que también analizó la distribución de votos en mesas donde partidos no obtuvieron resultados y concluyó que obedeció a una dinámica estadística y no a irregularidades, como lo insinuó el presidente de la República, Gustavo Petro.

No obstante, el mismo informe alertó sobre el estancamiento en la paridad de género, ya que el Congreso no alcanzó el 30% de representación femenina. Tras este informe, la organización instó a los funcionarios públicos de alto rango a actuar con responsabilidad institucional y prudencia en sus declaraciones sobre resultados y candidaturas, para evitar interpretaciones erróneas.

El vacío institucional que causó esta situación, reconocido públicamente por el presidente de la corporación, Lidio García, expuso un malestar compartido en relación con esta jornada, en la que tanto el Gobierno nacional como el grupo de integrantes del Congreso fueron señalados por ausentarse en la jornada simbólica para millones de víctimas del conflicto armado en el territorio nacional.

La fecha, establecida según la Ley 1448 de 2011, se instauró desde entonces para recordar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y fue pensada como acto central de dignificación para los que han sufrido la violencia armada. Sin embargo, la falta de la mayoría reglamentaria forzó levantar la sesión justo mientras víctimas de distintas regiones se disponían a tomar la palabra en el recinto.

La imagen del Capitolio vacío se quedó como postal de una jornada calificada como “deshonrosa” por las víctimas. “Después de haber tenido este lamentable momento, porque aquí no solamente fallaron los congresistas, aquí también falló el Gobierno... No veo al ministro del Interior, no veo a los que manejen víctimas del Gobierno. Y de verdad que es deshonroso esto y es difícil”, dijo García.

Frente a este suceso, la expectativa está puesta en que la sesión, en la que participan tanto los senadores como los representantes a la Cámara, se reanudará en días próximos. Todo esto cuando hubo decenas de víctimas que viajaron desde distintas zonas del país para intervenir en la plenaria, como estaba previsto, lo que causó una serie de reacciones entre los asistentes, que quedaron con sinsabor.

Vergonzoso balance: solo ocho senadores y 19 representantes asistieron a la sesión central para las víctimas

“Es un tema que es de ley y que debemos cumplir todos. Lo menos que podemos hacer con las víctimas es acompañarlas en este momento”, agregó García. Al respecto, la Unidad para las Víctimas recuerda que el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad debe ser ocasión de reconocimiento y reparación para millones de afectados, como está dispuesto en la normativa que rige desde hace 15 años.

Adriana Pérez, que funge como vocera de organizaciones desplazadas, no ocultó su desazón frente a lo acontecido. “Fueron por los votos al territorio y hoy desconocen a las víctimas aquí en el Congreso. En 12 años es la primera vez que se levanta una sesión”, dijo la delegada presente, según recogió La FM, en cuestionamientos a los que sumaron otros representantes de estos colectivos.

“Es la primera vez que un congresista solicita cuórum para levantar el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Eso es una falta de respeto”, agregó Pérez, que actúa como voz de más de 120.000 víctimas de desaparición forzada ante el consejo asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), en un día decepcionante para los defensores de derechos humanos.

El impacto no fue solo simbólico. “Hay víctimas que viajaron horas para ser escuchadas y ni siquiera pudimos terminar, ni de manera informal, un día que era de memoria y solidaridad”, dijo Pérez en su vehemente intervención y detalló así que “no era el día de los congresistas, era el día de las víctimas. Y hoy queda claro que no fuimos nosotras quienes pedimos levantarla, fueron los congresistas”.

Uscátegui advirtió sobre el abandono estatal y, en consecuencia, la crítica situación de once uniformados que en la actualidad se encuentran secuestrados y acusó a las autoridades de no brindar el apoyo ni la información que sus familias exigen. En ese sentido, el congresista denunció que algunos de estos secuestrados permanecen privados de la libertad desde hace más de un año, sin reacción vehemente.

Entre los que se encuentran en cautiverio, el parlamentario destacó a soldados del Ejército Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y llamó la atención sobre la especulación de que varias de estas personas podrían encontrarse en suelo venezolano, por lo que pidió una respuesta urgente al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación sobre estos casos.

A su vez, detalló que dos agentes del CTI llevan desaparecidos desde el 20 de julio del año pasado y cuestionó la falta de avances oficiales a pesar de la comunicación con el gobierno de Venezuela. La denuncia fue acompañada de una crítica directa a la política de Paz Total del Ejecutivo, y a la falta de voluntad hacia las víctimas de las instituciones oficiales, que son actores fundamentales.

“Las víctimas se siguen contando por miles o incluso millones en algunos delitos y hay que visibilizar a las familias de la fuerza pública. Miren ustedes estas once personas que están actualmente secuestradas en Colombia, víctimas del secuestro, algunas desde hace más de un año, y son once familias de la fuerza pública que están con la angustia de tener a un ser querido secuestrado”, dijo.

Según el congresista, los responsables de estos secuestros serían especialmente estructuras armadas ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, en particular el grupo Jaime Martínez y las facciones lideradas por alias Iván Mordisco, con actividad en zonas como Cauca y Guaviare, información que coincide con reportes de la Defensoría del Pueblo y diferentes medios nacionales.

De acuerdo con los datos que maneja Uscátegui, que tendrían fuentes oficiales, durante la actual administración se habría producido un aumento del 90% en los casos de secuestro, en una tendencia que sostiene en la actual administración, a la que le restan por mandato 120 días, antes de que deba entregar el cargo a su sucesor. Por tal motivo, exigió acciones concretas para combatir el flagelo.

El fuerte reclamo de José Jaime Uscátegui por la exclusión y la reparación para las familias de la fuerza pública

El congresista enfatizó la necesidad de modificar los esquemas actuales de reparación de víctimas en Colombia y alertó sobre el hecho de que muchos miembros de la fuerza pública y sus familias permanecen excluidos de la Unidad de Víctimas, con lo que son desligados del apoyo psicosocial, rutas de reparación y reconocimientos simbólicos como los ascensos póstumos a los oficiales.

“Esta violencia debería acabar en Colombia, pero lamentablemente las víctimas se siguen contando por miles”, señaló. E instó al Estado a no utilizar el secuestro como “herramienta de negociación” en los actuales procesos de paz y pidió a la sociedad civil unirse en el propósito de evitar que haya más víctimas de esta flagrante violación de derechos humanos, no solo uniformados, sino también la población civil.

Uscátegui también exigió que el Ministerio de Defensa, que según relató visitó Venezuela hace dos semanas, “dé alguna respuesta para estas familias, que también son servidores públicos bajo su mando y dirección” y reiteró que el mejor homenaje a las víctimas “es que no haya una víctima más en Colombia y pido a la ciudadanía que nos unamos en ese mismo clamor” y pidió su reconocimiento.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió con ironía a un comentario del exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, tras la inauguración de una cancha de fútbol sintética en el corregimiento de Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro: tierra natal del jefe de Estado, en un evento en el que fue invitado a hacer el tradicional saque de honor.

Tras una jornada en la que destacó los avances en obras públicas y proyectos sociales, el primer mandatario se refirió a su preferencia futbolística y, al mismo tiempo, hizo una alusión política que generó reacciones en redes sociales y medios nacionales. “Aquí inaugurando la cancha sintética de fútbol en el corregimiento de Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro Córdoba”, publicó el gobernante.

El mensaje, acompañado de imágenes del evento, recibió múltiples comentarios, entre ellos el de Oviedo, que no dejó pasar la oportunidad para sacarle jugo, a su estilo, al acto, al darse cuenta de que el presidente pateó el balón con su pie diestro. “Petro es derecho”, señaló el candidato vicepresidencial, en alusión a la pierna hábil del mandatario para jugar y haciendo una analogía con la orientación política.

La respuesta de Petro no tardó en aparecer y, con su estilo habitual, aprovechó la ocasión para marcar distancia ideológica. “Soy derecho por mis pies, pero jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría y la codicia mata la vida”, afirmó el jefe de Estado en su perfil de X, en una declaración que se difundió de forma rápida en las plataformas digitales, en este cruce de mensajes.

Este comentario fue interpretado como una reafirmación de su postura de izquierda y una crítica a las motivaciones económicas que, según él, caracterizan a otros sectores políticos. La jornada en Córdoba estuvo marcada por la entrega de infraestructuras clave y la presencia de autoridades locales, aunque uno de los eventos que más llamó la atención fue justamente ese, en el rectángulo verde.

El balance oficial de la visita de Gustavo Petro a su pueblo natal

Durante el acto de entrega de obras en Ciénaga de Oro, el jefe de Estado también destacó el papel de su Gobierno en la transformación territorial de Córdoba. “Aquí lo que estamos mostrando es cómo se puede hacer una transformación del territorio. Falta, no voy a decir que no. Pero es uno el territorio antes de este Gobierno y otro es ahora”, expresó el gobernante ante la comunidad presente.

La inauguración de la cancha de fútbol sintética, construida con una inversión de 10.257 millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, beneficia a más de 7.000 habitantes del sector. La obra incluye gradas cubiertas, cerramiento y un campo de fútbol 9, lo que representa un avance para el acceso a espacios deportivos y recreativos en la región, cuna de grandes delanteros del país.

Como parte de su visita, Petro también entregó la fase I de la nueva sede Aureliano Buendía del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las obras del acueducto local, que garantizarán el suministro de agua potable las 24 horas para 70.500 personas, con una inversión de $56.400 millones. “Lo mejor que hemos hecho aquí; además de que venga el agua potable, es que venga el saber antes que nada”.

La jornada en Córdoba concluyó con instrucciones para avanzar en construcción de vivienda y desarrollo agroindustrial, áreas que, según él, serán prioritarias durante los últimos meses de su mandato. “Todo el sistema educativo tiene que implementarse más a fondo, la reforma agraria, la recuperación del agua y esto que acabamos de entregar nos va a servir como la primera fase”, dijo.

“Pero la fase más importante sigue de aquí hasta el 7 de agosto. Nosotros gobernamos hasta el 6 de agosto y entregamos una región transformada”, agregó el presidente. Estos comentarios sirvieron para alimentar, a su modo, las posturas políticas entre uno y otro interlocutor, en un periodo de campaña que avanza a pasos acelerados y que tiene al gobernante como actor principal, aunque no pudiera.

Sneyder Pinilla Álvarez, considerado un testigo clave en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al haber sido el encargado de recibir los dineros posteriormente entregados a los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez y de la Cámara, Andrés Calle Aguas, denunció a través de una comunicación ante la Fiscalía General de la Nación el uso ilegal de tecnología policial para perfilarlo y una campaña digital orquestada para presionarlo y desacreditar su testimonio frente a este entramado corrupto en la entidad.

En el documento de 29 páginas, conocido en exclusiva por Infobae Colombia y que está dirigido a la fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, el exsubdirector del manejo de riesgo, que junto al exdirector de la entidad Olmedo López, destapó el megaescándalo que se registró al interior de la entidad, habló de sucesos de “extrema gravedad” y reiteró que estaría siendo blanco de perfilamientos con recursos que serían de uso exclusivo de institución policial. Una delicada denuncia que apuntaría a la defensa de Calle Aguas.

En efecto, según lo relatado por Pinilla Álvarez, se habrían empleado herramientas tecnológicas como la herramienta de análisis policial IBM i2 Analyst’s Notebook, para acceder y manipular sus datos personales sin contar con orden judicial. Estos datos habrían sido usados para crear informes posteriormente filtrados a medios y difundidos en redes sociales, lo que, según Pinilla, activó una campaña de presión y desprestigio en su contra, con el firme propósito de dejar sin piso juridico su versión sobre la entrega de montos al exparlamentario liberal.

De acuerdo con la argumentación del exfuncionario, los informes privados y la información obtenida sin autorización sirvieron para desacreditar públicamente su papel como testigo en el proceso por corrupción en la Ungrd. En su denuncia, Pinilla no solo apuntó a la defensa del expresidente de la Cámara, a cargo del abogado Santiago Trespalacios, sino a lo que serían, según indicó, operadores digitales anónimos en redes sociales y la participación indirecta de periodistas y figuras públicas en la expansión de una narrativa adversa.

“Se habrían utilizado herramientas tecnológicas de uso exclusivo de la Policía Nacional —como la herramienta de análisis policial de IBM— para perfilar ilegalmente mi información y acceder a datos reservados sin orden judicial”, afirmó Pinilla, que señaló que entre septiembre de 2023 y abril de 2026 se integraron informes y registros que solo pueden obtenerse por medio de orden de un juez; lo que reafirmó sus sospechas sobre lo que sería la estrategia en su contra, que en consecuencia buscaría favorecer al excongresista cordobés, hoy preso.

“Resulta profundamente alarmante que, sin control judicial previo o posterior, se habrían empleado herramientas tecnológicas reservadas de la Policía Nacional para realizar análisis externos sobre datos sensibles, por fuera de los cauces legales”, insistió en sus afirmaciones, con el que pretende pedir que se brinden garantías en su proceso, al afrontar cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado, y devolver un monto de 618 millones de pesos.

La estrategia que, según Sneyder Pinilla, buscaría desacreditar su testimonio

En el documento conocido por esta redacción, Pinilla relató que “los días 23 y 24 de noviembre de 2025, a través de Blu Radio y un informe de Noticias RCN, se conoció que la defensa de Andrés Calle contrató una investigación privada para analizar mis registros telefónicos”. Y añadió que “el análisis concluyó, según la defensa de Calle Aguas, que no existían registros de llamadas entre este testigo y el señor Pedro Castro, identificado como prestamista, en las fechas señaladas sobre presuntos sobornos”. Una versión que reiteró carece de validez.

Y es que según los datos replicados, “la sábana de llamadas y los datos de geolocalización indicaban una distancia considerable entre mi ubicación y la de Castro el día supuestamente destinado a la entrega de dinero”. Este es, a juicio del testigo, un detalle clave que comprobaría la intención de invalidar su testimonio, en relación con lo acontecido el 11 y 12 de octubre de 2023 cuando Pinilla obtuvo parte del dinero utilizado de parte de este prestamista para lo que sería el soborno a Calle Aguas, que se habría concretado en Montería.

En sus acusaciones, Pinilla informó que dichos análisis fueron enviados a un miembro de su equipo jurídico vía WhatsApp por parte de un periodista de RCN, previo a la emisión del noticiero en mención. “Estos informes no provienen de autoridades judiciales ni de organismos de policía judicial. Fueron elaborados por particulares indeterminados y entregados directamente a la defensa del señor Calle, que luego los introdujo en el escenario mediático como sustento de su tesis defensiva”, acotó el exsubdirector del manejo del riesgo en su extensa carta.

“Estos documentos (que en total son tres informes), fueron enviados por mi bancada de defensa a los investigadores privados, quienes según informe de investigador IIC-XXXXX previamente acreditados y que aquí se adjunta, concluyen que la información obtenida probablemente es ilegal y fraudulenta, hay distorsión de la evidencia y alteración de esta, entre otras irregularidades que se advierten técnicamente en el mismo”, agregó en sus acusaciones, lo que causó “un impacto directo en su credibilidad y seguridad” frente a los hechos descritos.

Así habría sido la filtración de información y construcción de informes para medios, según Sneyder Pinilla

En la comunicación al que accedió esta redacción, Pinilla destacó que estos informes fueron el insumo principal para la difusión mediática y el soporte de una narrativa que pretendería que se desestime su testimonio. “Esta información divulgada y posteriormente amplificada en medios y redes sociales tiene su fuente en documentos de origen privado, cuya legalidad ha sido cuestionada en el informe técnico aportado por mi defensa”, afirmó el exsubdirector de la Ungrd, que ha ya concretó con su abogado, Luis Gustavo Moreno, un preacuerdo.

De acuerdo con el también exalcalde de Sabana de Torres (Santander), el procedimiento sugeriría una estrategia “estructurada para desacreditar, presionar y afectar mi rol como testigo”, lo que podría configurar a su parecer la comisión de delitos como el de obstrucción a la justicia y otros punibles. “Los documentos fueron enviados a los investigadores privados acreditados por mi defensa, quienes concluyeron que la información obtenida probablemente es ilegal y fraudulenta, con distorsiones y alteraciones evidentes”, dijo Pinilla en su denuncia.

Y reiteró en sus afirmaciones que la filtración de estos documentos a la defensa del expresidente de la Cámara, hoy preso por instrucción de la Corte Suprema de Justicia, justo antes de su publicación indicaría, desde su óptica, una coordinación en la difusión y la intención de influir en la percepción pública de su testimonio. Declaraciones con las que buscaría incriminar al excongresista en la presunta comisión de delitos de falsedad en documento privado, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático.

Y es que los investigadores técnicos, de acuerdo con la misiva, hallaron registros alterados y datos no coherentes con la información original depositada en las empresas de telecomunicaciones, lo que evidencia -según la denuncia- la posible manipulación de “variables técnicas y celdas” para alterar ubicaciones y secuencias de llamadas. “El acceso ilegal a mis datos y la fabricación de pruebas falsas atentan contra la investigación y la garantía de un proceso imparcial”, sentenció Pinilla en este apartado de su denuncia contra Calle Aguas.

Así fue el análisis de irregularidades detectadas por la defensa de Sneyder Pinilla

De acuerdo con el informe de los investigadores privados de la defensa de Pinilla, como se pudo apreciar en el documento referido, se identificaron diversas anomalías técnicas y legales en la obtención y el tratamiento de los datos. “Se evidencia una impresión de pantalla de una entidad financiera, Cifin, que no puede entregar movimientos bancarios ni información reservada sin orden judicial”, destacó y agregó que el acceso a datos reservados sin controles legales constituye violación de datos personales y acceso abusivo a sistema informático.

En su extensa argumentación, Sneyder Pinilla también indicó que las consultas efectuadas abarcaban los años 2023, 2024 y 2025, lo que en su argumentación representaría una extralimitación ilegal de funciones y el ocultamiento doloso del usuario responsable del acceso. Según el informe que pudo conocer Infobae Colombia, la información provenía de sistemas privados a los que solo se puede acceder bajo orden de juez de control de garantías, sin que existan autorizaciones verificadas en los documentos revisados por su equipo defensivo.

“Las entidades financieras NO pueden entregar movimientos bancarios ni información reservada sin orden judicial. Como se evidencia en la siguiente impresión de pantalla, la cual no es información de fuentes de información pública o abierta lo cual es ilegal y acceder a datos financieros reservados es ilegal y puede constituirse como violación de datos personales, abuso de función, acceso abusivo a sistema informático, revelación de secreto, suplantación, delitos contra la intimidad”, remarcó el exsubdirector de la Ungrd frente a estas consultas.

Pinilla denunció una campaña digital de presión y desprestigio en redes sociales

Además de la difusión de estos informes en medios, el exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo señaló sobre la aparición de una campaña digital coordinada en la red social X. “Se identificó la aparición súbita y masiva de mensajes, difundidos por cuentas con características de operación coordinada y anónima, con la finalidad de desacreditarme, presionarme y deslegitimarme como testigo clave”, sostuvo. Entre las publicaciones se destacaba el hashtag #SneyderPinillaMiente, utilizado por cuentas de alta actividad y seguidores.

En ese orden de ideas, el exfuncionario de la administración del presidente Gustavo Petro recopiló ejemplos de mensajes que afirmaban que la defensa había demostrado supuestas alteraciones de secuencias temporales e inexistencia de coincidencias, así como otros que señalaban que las pruebas técnicas contradecían su testimonio. La a alta densidad de publicaciones y la repetición de mensajes idénticos evidenciaban, a su juicio, una “sincronización no orgánica” y una estructura común para desacreditarlo en sus revelaciones sobre el megacaso.

El análisis técnico independiente determinó que se produjo “una ráfaga de actividad concentrada durante 64 minutos el 24 de noviembre de 2025, con participación reiterada de las mismas cuentas: mismas fechas, comentarios repetitivos, estructura centralizada con nodos dominantes, comportamiento coordinado no orgánico”. Para Pinilla, esto es prueba de una red coordinada destinada a desacreditarlo y crear presión pública sobre su caso, teniendo en cuenta que con su confesión ha incriminado a exmiembros del Gobierno.

La denuncia también incluyó la referencia a un posible “cartel de influenciadores”, mencionado por el hoy representante electo a la Cámara Daniel Briceño y respaldado por la actividad de ciertas cuentas que participan en campañas digitales pagas para influir en la opinión pública y atacar testigos relevantes. “Una decena de cuentas, algunas muy grandes están al unísono hoy moviendo el numeral #SneyderPinillaMiente. Esas campañas no se activan solas, eso es con billete. ¿Quién paga esas campañas?”, dijo Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd.

Según la investigación, este tipo de campañas utiliza estrategias de amplificación no orgánica, como repeticiones, hashtags y mensajes con un libreto común, por lo que Pinilla afirmó que “la campaña afecta gravemente mis derechos y compromete la correcta administración de justicia al debilitar la integridad de la prueba testimonial”. Además de que destacó que, en ese orden de ideas, “las calumnias difundidas consisten en imputaciones delictivas falsas, dirigidas a desacreditar vilmente mi testimonio ante las autoridades judiciales”.

El urgente llamado de Sneyder Pinilla a la Fiscalía para tomar medidas en su caso

Por último, Pinilla recalcó que “la administración de justicia depende de la integridad y libertad de los testigos para declarar sin presiones“, por lo que precisó en sus afirmaciones que ”cualquier actuación que busque influir o intimidar a un testigo constituye una forma de obstrucción judicial, incluso si se simula como opinión pública”. Y expresó que el ataque digital y mediático en su contra “ocurre de inmediato” tras información favorable a la defensa, lo que refuerza “la hipótesis de una acción dirigida y no espontánea” sobre el particular.

En su cierre, el exfuncionario exigió a la Fiscalía General de la Nación que actúe de inmediato para investigar el uso de tecnología institucional, la coordinación digital y la existencia de posibles delitos adicionales relacionados con amenazas, injuria y obstrucción a la justicia. Al punto que pidió garantías para la protección de los testigos, la identificación de responsables y el restablecimiento del equilibrio procesal, pues este procedimiento, en su opinión, afecta la integridad de la justicia en Colombia y demanda una respuesta eficaz de las autoridades.

Este es el documento enviado por Sneyder Pinilla a la fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño:

En lo que podría considerarse una nueva declaración de amor a su mentor político, que está presente en el desarrollo de la contienda, la candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una relación de mentoría y lealtad inquebrantable que marca su identidad política. Además que, gracias a sus enseñanzas y directrices, ha proyectado su aspiración, que según las recientes encuestas ya es considerada por los electores.

La congresista explicó que no cambiará su postura para seducir al electorado contrario a Uribe, lo que fue entendido como una muestra de fidelidad política. “Yo voy a ser uribista hasta que me muera y lo único que me puedo comprometer con el electorado es decirle la verdad”, dijo en conversatorio con La Silla Vacía y relató que no pretende reconfigurar su identidad según la conveniencia política; una regla con la que espera avanzar en esta contienda.

En su concepto, ha sido, es y será defensora de los postulados que llevaron al veterano líder antioqueño a la presidencia y no solo eso: a consolidar una vertiente política que busca retornar al poder, tras cuatro años del proyecto progresista de Gustavo Petro. “Yo no cambio de ideas ni me pongo ropa que no me quede para decirles que soy de una manera para gustarles”, afirmó la senadora, que a sus 48 años quiere convertirse en la primera mujer en el poder.

La estrecha relación entre Paloma Valencia y Álvaro Uribe

Su carrera política comenzó en 2014, cuando ocupó una curul en el Congreso bajo la tutela de Uribe, que encabezó la lista del Centro Democrático al Senado y la presentó como figura emergente de la colectividad. Desde entonces, la relación entre ambos se ha cimentado a partir de la defensa pública mutua y la participación directa de Uribe en la proyección de la caucana, que incluso llegó a contemplar que el exjefe de Estado fuera su fórmula vicepresidencial.

Por ello, al ser consultada sobre la naturaleza de ese lazo, Valencia quiso también hacer una importante precisión: no está sometida a una subordinación, pues cuenta con su autonomía. “Yo nunca he sido obediente porque tengo una personalidad muy fuerte. ¿Sabe por qué el presidente Uribe puede ser jefe mío? Porque nunca ha intentado mandarme”, indicó la mujer, que aclaró que valora la mentoría de Uribe y, sobre todo, su conocimiento minucioso de la realidad local.

Cabe destacar que la proclamación de Paloma Valencia como candidata presidencial única por el Centro Democrático en diciembre de 2025 fue acompañada de una declaración de respaldo de Álvaro Uribe. “Sería un honor elegir a la primera mujer presidenta bajo los principios de manos puras y firmes”, compartió el expresidente, en un mensaje con el que enfatizó la voluntad de transferir su legado político a una figura de plena confianza, como lo es la parlamentaria.

Con ese escenario, Valencia presentó su relación con Uribe como un ejercicio constante de consulta y debate. “Me gusta oír su concepto sobre los temas. Me parece que es un hombre muy estudioso, que conoce este país”, explicó la política, que agregó que suele discutir con él diversos asuntos, especialmente sobre problemas locales y sectores críticos, pero negó que reciba instrucciones de su parte, como se ha insinuado por parte de sus contradictores políticos.

“¿Que si el presidente Uribe me llama por la mañana a ordenarme qué es lo que yo tengo que hacer y decir? Pues no, yo no tengo esa personalidad ni la he tenido nunca”, reafirmó con su respuesta, al punto que resaltó su idea de construir consensos en medio de un ambiente político altamente polarizado. “Es la lucha por las ideas de todos. Es el construir un país donde quepamos todos, los uribistas, los petristas, los de centro, los que no tienen partido”, expresó.

Por último, Paloma Valencia reiteró su compromiso con el ideario uribista y la apertura al diálogo con sectores ajenos a su corriente. Así remarcó que espera ofrecer “mi trabajo, mi honradez, mi amor por este país, mi vocación de sacarlo adelante juntos, entre la diferencia, sin dejar de ser uribista”. Una idea a la que ya se sumó el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, que aceptó el desafío de acompañarla en su camino a la presidencia.

Camilo Umaña Hernández, jurista colombiano y defensor de derechos humanos, fue elegido el miércoles 8 de abril de 2026 como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) para el período 2027-2032, en un proceso altamente disputado que se llevó a cabo en Nueva York y se desarrolló bajo las directrices del Consejo Económico y Social (Ecosoc), que es uno de los seis órganos principales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La votación, en la que participaron 16 candidatos y se asignaron solo cinco plazas, otorgó a Umaña la representación colombiana tras recibir un total de 29 votos en la segunda ronda, en un resultado que también aseguró la entrada de China, Turquía, Argelia y Chad en este organismo de control mundial en política de drogas. Este suceso mereció la felicitación del Ejecutivo, que valoró la trayectoria del letrado y el aporte que puede hacer en este campo de acción.

Según la canciller Rosa Villavicencio, el nombramiento logrado por Umaña representa un éxito para la diplomacia colombiana y refuerza la presencia del país en espacios internacionales de decisión sobre políticas antidrogas. En su pronunciamiento, destacó que se trata de una victoria significativa, ya que “la elección se dio en un escenario altamente competitivo en el cual había 16 candidatos para 5 vacantes“, remarcó la ministra en su felicitación.

Umaña Hernández no solo se distingue por su trayectoria académica y profesional, sino por el peso histórico de su legado familiar: es hijo del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en Bogotá en 1998 y, del mismo modo, por ser nieto de Eduardo Umaña Luna, intelectual clave en la historia jurídica y social de Colombia. Su labor ha estado centrada en la búsqueda de justicia para las víctimas de la toma del Palacio de Justicia.

Pero, también, en la reconstrucción de la memoria y el legado de su padre, en una misión que adquirió un significado especial tras el exilio forzado que vivió junto a su madre cuando era adolescente. Esta designación del también exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa por un periodo de cinco años fue celebrada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que resaltó las cualidades profesionales y personales del exfuncionario del Gobierno.

“El Dr Umaña fue impulsor de la Política Nacional de Drogas ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, y su trayectoria y conocimiento aportarán al fortalecimiento de este organismo y a la construcción de discusiones más amplias y actualizadas sobre la política de drogas a nivel global”, afirmó Cuervo en relación con esta escogencia, que será crucial en la intención de que se redefina la política global de drogas y la gestión de sustancias lícitas e ilícitas.

¿Quién es Camilo Umaña Hernández y por qué su presencia en el Jife es trascendental para Colombia?

El nuevo miembro colombiano de la junta internacional asumirá su puesto en 2027 tras un período de gestión y estudio internacional. Desde 2025, Umaña dirige el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, adelanta estudios gracias a una beca de investigación en el Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard Kennedy School (HKS) y ejerce como docente en la Universidad de Brown, enfocada su cátedra en temas como justicia transicional y derechos humanos.

Su carrera también incluye trabajos con la Comisión de la Verdad en el país, en temas de impunidad por el conflicto armado y con la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con esta trayectoria se prevé que la presencia de Umaña Hernández dé una perspectiva clave a la definición de políticas antidrogas, influenciada por la defensa de los derechos fundamentales y la justicia restaurativa como ejes fundamentales.

En efecto, su nombramiento, impulsado por el respaldo político del presidente de la República, Gustavo Petro, implica que el país refuerza en foros internacionales “el compromiso con enfoques más humanos, basados en evidencia y centrados en las personas”, como afirmó el ministro de Justicia Cuervo y la necesidad de establecer una discusión más profunda sobre una problemática que afecta de manera directa a Colombia, como país productor.

La Cancillería de la República confirmó el 8 de abril de 2026 la activación de protocolos de seguridad digital y medidas de emergencia para responder a una grave caída del sistema Sitac, esencial para la expedición de pasaportes y trámites consulares a escala nacional e internacional. Un suceso por el que la entidad fue objeto de duros señalamientos, como los del representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, que alegó una serie de irregularidades.

El incidente, que detuvo los servicios en todo el país y consulados en el extranjero, fue atribuido tras un análisis preliminar a la identificación de un “actor de amenaza cibernética” sobre parte de la infraestructura tecnológica estatal. En consecuencia, se indicó a los interesados que el servicio de entrega de pasaportes impresos se mantiene activo, aunque insistió en solicitar paciencia a los usuarios ante cualquier eventualidad que se registre tras esta contingencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), detalló que, aunque se detectó actividad maliciosa, la información de los ciudadanos “no se ha visto comprometida”. Durante la jornada, también se comunicó que los ciudadanos con citas programadas para pasaporte los días 7 y 8 de abril pueden asistir sin necesidad de reagendar, en el periodo entre el 8 y el 30 de abril de 2026.

Horas antes de la confirmación oficial del incidente digital, la Cancillería había anunciado el inicio de una intervención técnica profunda a cargo de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, enfocada en “resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas” del sistema SITAC, clave para gestiones como apostillas y pasaportes en línea. El ministerio advirtió que “el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”.

La Cancillería destacó el compromiso con la “protección y salvaguarda de la información de los ciudadanos” y aseguró que la infraestructura tecnológica está siendo reforzada desde el inicio del incidente y que existe una “mesa de trabajo conjunta con ColCERT” para gestionar las intermitencias y garantizar la continuidad de los servicios; e indicaron que el personal técnico, indicaron, “trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad”.

Cancillería activó protocolos frente a amenaza cibernética en el sistema de pasaportes

Desde la mañana del 8 de abril, el ministerio había informado que la plataforma Sitac estaría sometida a un proceso de “análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales”, con el objetivo de dotar al sistema de una mayor solidez y adecuación a los estándares de calidad exigidos para los servicios críticos. Una novedad que, según se reportó, también registraron servicios consulares de Colombia de otros países del continente, entre ellos Chile.

“Se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, advirtió la dependencia, al tiempo que remarcó que la información de los ciudadanos no resultó vulnerada. La institución valoró la colaboración de ColCERT y el trabajo de las autoridades competentes para “garantizar la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos”, según comunicó el ministerio, frente a este traumatismo en los diversos trámites.

Así pues, la dirección detalló que, para implementar mejoras de fondo, son inevitables “suspensiones temporales” del funcionamiento del Sitac. “Estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo”, informó y agregó que su prioridad es limitar al máximo los periodos de inactividad y que se notificará el cierre del mantenimiento una vez concluida la estabilización total de la plataforma.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la prestación del servicio de manera oportuna”, expresó la entidad, que anticipó que notificará formalmente cuando la plataforma Sitac esté plenamente restaurada. A estas complicaciones se añaden las dificultades históricas de acceso a la plataforma de citas, especialmente en horas de máxima demanda, un problema que, según han señalado las autoridades, ha incentivado el cobro irregular por parte de tramitadores.

Lizcano, en sus afirmaciones, fue enfático en expresar que este episodio dejó a millones de electores con opciones polarizadas entre izquierda y derecha y, con ello, debilitó de manera considerable la representación política alternativa. Pese a ello, a la imposibilidad de confluir esfuerzos, precisó que su campaña está promoviendo propuestas propias, sin ceder a alianzas explícitas con los polos dominantes; en este caso, la izquierda oficialista y las candidaturas de derecha.

Recalcó que, aunque fue invitado por diversos sectores a participar en consultas interpartidistas, se negó por no sentirse identificado ni representado. “La consulta de la derecha, pues yo no soy de derecha. La consulta de la izquierda, pues no soy de izquierda. Yo me considero más una persona que está apostándole a un centro político y en el centro político, pues no se construyó ninguna consulta, desafortunadamente”, dijo Lizcano a esta redacción.

“El que estaba llamado a liderar el centro era Fajardo”, Mauricio Lizcano

El dirigente político, el más joven en el camino hacia la Casa de Nariño, enfatizó que la única alianza de centro viable habría sido liderada por Fajardo, pero cuestionó su actitud. “El que estaba llamado a liderar el centro era Sergio Fajardo, que si nos hubiera convocado, seguramente hubiéramos participado en esa consulta, pero tomó la decisión de tampoco participar y con eso creo que le dio muerte, digamos, a la opción de un centro más fuerte”, señaló.

Según Lizcano, las propuestas para sumarse a los mecanismos de consulta provinieron de distintos actores, pero su determinación fue tajante: no apoyar procesos diseñados sobre acuerdos entre figuras con agendas individuales, ni arriesgaría el peso de su capital político en iniciativas en las que no se sintiera representado. “Tuve varias llamadas de varios sectores para que participara en varias consultas. Yo no me sentí cómodo y decliné”, agregó Lizcano.

Con este panorama, Lizcano plantea una ruptura con los liderazgos tradicionales en el centro del espectro y rechazó la supuesta renovación que encarnaría Fajardo e impulsa un recambio generacional. “Fajardo lleva cuatro campañas presidenciales. Entonces, a la generación que nos corresponde liderar el centro en el presente y hacia el futuro, pues es gente como yo, Mauricio Lizcano, que le está apostando a eso”, indicó el exministro a Infobae Colombia.

En su andanada, Lizcano insistió en que el centro esté dividido es el resultado directo de la decisión de Fajardo de actuar de forma individualista. “Él solo es primero él, segundo él, tercero él y cuarto él. Y si hubiera convocado una consulta y hubiéramos participado, seguramente él la hubiera podido ganar, pues hoy sería una gran opción a la presidencia. Pero como no quiso ir a la consulta, pues obviamente con él se llevó la posibilidad del centro”, puntualizó el aspirante.

En su análisis, la ausencia de una consulta de centro dejó la competencia reducida al uribismo y petrismo, un fenómeno al que Lizcano atribuyó la prolongación de la agenda política binaria de los últimos 20 años. Y explicó que su apuesta es por construir una alternativa plural para las nuevas generaciones, al evitar que la lucha electoral quede en manos de figuras tradicionales, apoyada en la necesidad de construir una “vía propia” para el centro.

Entre los líderes que encabezan la integración se encuentran Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Carlos Ordosgoitia (Montería), Juan Carlos Saldarriaga (Soacha), Germán Chamorro (Pasto) y Andrés Fabián Hurtado (Ibagué), entre otros. No obstante, este último enfrenta una inhabilidad de doce años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, en febrero, así como investigaciones judiciales y sanciones económicas.

Pese a esto, Valencia agradeció el respaldo y definió a los nuevos integrantes como embajadores de su proyecto en todo el país. “Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, afirmó la parlamentaria.

La tarea de estos exburgomaestres será, según dio a conocer la campaña de la parlamentaria caucana, liderar comités ciudadanos y fortalecer el vínculo entre la candidatura y las comunidades. Sin importar, a juzgar por las evidencias, historiales jurídicos de algunos de ellos, que están o han estado en la mira de los organismos de control por sus actuaciones mientras se desempeñaron como gobernantes de sus municipios.

“Quiero darle las gracias a los diecisiete alcaldes de ciudades capitales, los alcaldes de la pandemia, que hoy quieren sumar para una Colombia más grande. Estamos seguros de que con todo este talento de ciudadanos que quieren construir, sacar a Colombia adelante, ayudar a las regiones, vamos a poder avanzar mucho. Desde hoy se convierten en embajadores de esta campaña en todos los territorios de Colombia", dijo.

Los líos de algunos de los alcaldes que adhirieron a Paloma Valencia

Con la adhesión colectiva, Valencia se acercó a perfiles objeto de procesos judiciales, disciplinarios o administrativos. El caso de Hurtado sin duda es el más visible, resultó absuelto en febrero de 2024 por el caso de los piques ilegales en el aeropuerto Perales de Ibagué, aunque sigue en juicio por presunto peculado por uso del estadio Manuel Murillo Toro, bien público, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos.

Como si fuera poco, está la inhabilidad dictada por el Ministerio Público, que lo encontró responsable por participación indebida en política, apelada por su defensa, y recibió en marzo de 2026 una multa administrativa superior a 86 millones de pesos por daños ambientales. A su vez, en agosto de 2023, Hurtado tuvo además una orden de arresto domiciliario por 15 días por desacato a fallos judiciales.

Por su parte, Andrés Eduardo Gómez, que fue elegido alcalde de Sincelejo para el periodo 2020-2023, no pudo terminar su mandato, pues en junio de 2022 el Consejo de Estado determinó que incurrió en doble militancia al apoyar a un candidato ajeno a su partido. Pese a que habría intentado prolongar su permanencia, fue apartado definitivamente del cargo en agosto de 2023, y expulsado de su partido, Cambio Radical.

A su vez, Gómez enfrentó varias investigaciones de la Procuraduría. Se le indagó por supuestos sobrecostos en la compra de mercados durante la pandemia, pero fue absuelto en 2020; y posteriormente, en diciembre de 2024, se le formularon cargos por presunta omisión en la atención a víctimas de desplazamiento forzado, mientras que en marzo de 2026 también fue señalado de presunto incumplimiento en la cuota a su hija menor.

Si bien otros excalcaldes sumados a la aspiración han afrontado investigaciones, se encuentran sin sanciones en su contra. Como José Manuel Ríos (Armenia) que fue vinculado a procesos tras la emergencia por COVID-19, con imputaciones de contrato sin requisitos legales y peculado en grado de tentativa en un contrato de $350 millones, y si bien fue suspendido por la Procuraduría, pudo terminar su mandato, pues fue absuelto.

En el caso de Saldarriaga, tiene investigaciones abiertas respecto al catastro multipropósito e impuesto predial, mientras que Jorge Gari (San Andrés) registra procesos ligados a la gestión de servicios públicos y contratos de alcantarillado, pero ninguno de los dos tiene castigos vigentes que le impidan el ejercicio de funciones públicas, ni su participación en esta contienda política, más allá de dichos procesos.

Además, la lista incluye a Alejandro Fúneme (Tunja), al que la Contraloría Municipal de Tunja le mantiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal (003-2025), por presuntas irregularidades en la ejecución de estudios y diseños de vías que no se construyeron; Jairo Yáñez (Cúcuta), Ramón Guevara (San José del Guaviare), Jairo Imbachi (Mocoa) y Carlos Penagos (Mitú), por citar algunos.

En declaraciones que causaron reacciones en el espectro político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, tomó distancia el miércoles 8 de abril de la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una asamblea nacional constituyente, al asegurar que para mejorar la justicia en el país “no se necesita” este mecanismo. Lo que iría en contravía de lo que considera el jefe de Estado, frente a este crucial mecanismo.

El funcionario, que fungió en el pasado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, argumentó que los problemas del sistema judicial pueden resolverse a través de reformas puntuales y una mejor gestión institucional, descartando la necesidad de un cambio estructural a través de la convocatoria constituyente planteada por sectores oficialistas, impulsados por el propio mandatario, que está convencido de la reforma.

En diálogo con Semana, Cuervo, nombrado por el presidente en febrero de 2026, reiteró que una agenda constituyente resulta incompatible con las responsabilidades cotidianas del Ministerio de Justicia, como la supervisión de cárceles, notarios y la coordinación con las altas cortes. “Si un ministro de Justicia se ocupa de eso, casi que no puede ocuparse de nada más”, advirtió.

Posteriormente, Cuervo precisó que la responsabilidad política de la iniciativa recae en el Ministerio del Interior o en la propia Presidencia y rechazó que los cambios profundos requeridos por el sector judicial ameriten una constituyente. “Para que mejore la justicia en Colombia, que es lo que a mí me interesa, no se necesita una constituyente”, afirmó el titular de la cartera.

Ministro de Justicia no apoyará la constituyente que quiere Gustavo Petro

En ese orden de ideas, añadió que, en materia legal, “hay muchas reformas constitucionales que se podrían hacer sin asamblea constituyente, a través de un acto legislativo en el Congreso de la República”. Cuervo detalló que la ubicación institucional de la Fiscalía General o el procedimiento de elección del fiscal pueden modificarse sin la intervención de una asamblea constituyente, como lo plantea el primer mandatario.

“Que la elección del fiscal no sea originada en una terna del presidente, sino que la lista la elabore autónomamente la Corte Suprema de Justicia y allá elijan al fiscal General de la Nación. Esa reforma se puede hacer mediante acto legislativo, no se necesita asamblea nacional constituyente", afirmó Cuervo, que también se refirió a la postura de uno de sus antecesores, el exministro y exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet.

En efecto, Cuervo expresó claras diferencias con el exmiembro del gabinete de Petro y enfatizó que históricamente la convocatoria de una asamblea ha estado justificada solo cuando “las instituciones ya no son eficaces para resolver los problemas políticos y sociales”. Recordó que la de 1991 respondió a una coyuntura de violencia extrema y agotamiento institucional que, a su juicio, no se replica en la actualidad.

El punto de la posición está en la viabilidad de introducir transformaciones profundas en el sistema judicial mediante el Congreso, sin apelar a una constituyente, y aseguró que la mayoría de los ajustes necesarios, como redefinir funciones de la Procuraduría General, ampliar la presencia de jueces y magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura o modificar la ley estatutaria, pueden hacerse por vía legislativa.

“Podemos afinar muchas” instituciones, señaló, y puso el foco en la gestión, el conocimiento técnico y la cooperación institucional como rutas efectivas para optimizar el servicio judicial. Aunque en relación con las iniciativas ciudadanas de recolección de firmas para respaldar la constituyente, explicó el procedimiento constitucional vigente y fue claro en afirmar que será el nuevo Congreso el que deba darle trámite al proyecto.

“Será el Congreso que se posesione el 20 de julio el que autorice la asamblea constituyente, porque se están recogiendo firmas. Será el comité promotor (el que va) a llevar el proyecto al Congreso, y si el Congreso le dice no, hasta ahí llega”, remarcó Cuervo, que agregó que si la corporación lo aprueba, pues la agenda constituyente adquiriría “otra dinámica”, desvinculada del Gobierno de turno y transferida a las mayorías.

El ministro expresó que el Estado cuenta con las herramientas legales e institucionales suficientes para enfrentar los retos en materia de justicia, seguridad, salud y educación, sin necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios. “Muchos de los problemas de Colombia se resolverían con gestión, con que tengamos conocimiento de los problemas”, acotó Cuervo, que reafirmó esta postura en sus redes sociales.

En un mensaje con el que quiso hacer algunas claridades frente a lo que consideró tergiversaciones, Luis Gilberto Murillo, excanciller y candidato presidencial, rechazó que alguna vez hubiera afirmado que el Gobierno de Gustavo Petro, del que hizo parte, tenía conocimiento expreso sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, en las que el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó ganador.

En diálogo con Infobae Colombia, el aspirante al primer cargo de la Nación explicó que sus declaraciones fueron tergiversadas y recalcó que su propuesta fue siempre buscar mecanismos diplomáticos para promover una transición política en el país vecino. Lo anterior, frente a los comentarios que comenzaron a surgir tras una reciente entrevista, en la que fue consultado sobre su gestión sobre el tema.

En primer lugar, Murillo detalló que, durante más de dos meses, estuvo enfocado en mediar la relación trilateral entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela, por lo que indicó que su campaña presidencial se vio afectada. “Yo le gasté casi dos meses o más tratando de generar canales que permitieran reconstruir y abrir esa interlocución. Estaría mucho más lejos si me hubiese dedicado a mi campaña”, expresó el político.

Sostuvo además que solo el equipo que encabeza junto a Luz María Zapata, expresidenta de Asocapitales y a la que escogió como fórmula vicepresidencial, mantiene puentes “directos con gobierno y oposición en Venezuela, porque ya lo estamos haciendo, y con el Gobierno de los Estados Unidos”. En consecuencia, quiso enviar un mensaje de tranquilidad sobre cómo fueron y siguen siendo sus labores diplomáticas.

Murillo se desmarcó de la polémica sobre sus declaraciones acerca de Venezuela

Al ser cuestionado por las versiones que circularon sobre lo que supuestamente dijo del proceso electoral venezolano, el excanciller negó haber asegurado que la administración Petro supiera desde un inicio de irregularidades electorales en Venezuela. “No, esas afirmaciones fueron malinterpretadas. Lo que pasa es que la gente no ha entendido que ya hay un momento distinto en Venezuela", reafirmó el candidato.

Y es que, a su juicio, “hay una nueva realidad que, si Colombia lo entiende, puede tener enormes oportunidades, y eso es lo que nosotros estamos garantizando en nuestro equipo presidencial”. Con ello expresó su intención de establecer vías pacíficas para el restablecimiento del orden democrático y que exista, posteriormente, la intención de crear y fortalecer vínculos comerciales con una nación hermana.

“Lo que yo he dicho ha sido muy claro: no se presentaron actas, por eso no reconocimos (la elección) de Maduro y por eso propusimos a través de canales confidenciales y diplomáticos que se compartiera el poder, una especie de frente nacional donde pudiese realmente compartir el poder real y, además de eso, hacer una transición tranquila hacia un gobierno también compartido de la oposición", agregó el excanciller.

Incluso, en su idea estaba que el aspirante opositor Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio, pudiera asumir el cargo que, según su evidencia, ganó de forma legítima en las urnas. “Y después tener elecciones con garantías para todos y todas”, indicó Murillo a Infobae Colombia, en el que hizo énfasis en cómo una de sus iniciativas ha sido, justamente, la de impulsar las buenas relaciones con los países históricamente socios.

Las versiones sobre un supuesto conocimiento previo de irregularidades por parte del Gobierno Petro surgieron tras declaraciones difundidas en medios internacionales, específicamente donde se citó a Murillo. “Para el Gobierno de Colombia ya es claro que él (Maduro) no ganó las elecciones, es clarísimo”. Frente a esto, el aspirante dijo que esas afirmaciones fueron utilizadas “más por intereses electoreros aquí en Colombia”.

El papel que cumpliría Colombia en su administración con la reconstrucción venezolana

Murillo, que ha criticado la postura actual de la cancillería, reiteró la necesidad de que Colombia juegue un rol activo en la reconstrucción venezolana. “Colombia puede aprovechar muy bien las oportunidades que brinda el aumento de la llegada a los mercados en los Estados Unidos de cadenas cercanas. Allí hay enormes posibilidades, pero también de atraer inversión extranjera directa al país que la necesita”, destacó.

Desde su óptica, indicó que la mejor política fiscal es la que está asociada al crecimiento económico. “Y también tiene Colombia oportunidades muy importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela”, expuso. Asimismo, precisó que su planteamiento frente al proceso venezolano reconoció similitudes con la hoja de ruta diplomática impulsada por Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

“Eso implicaba estabilidad, reconstrucción en Venezuela, implicaba tránsito a la democracia. Y ese es el mismo plan que está ejecutando EE. UU. con unos matices y tiempos distintos”, dijo Murillo, que también mencionó que, tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo colombiano modificó su enfoque frente al régimen de Maduro, alejándose de lo que él describe como “distancia prudente”.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, Petro detuvo su discurso para corregir públicamente al general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada. “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, manifestó el mandatario, que usó un tono de mando inédito frente a las cámaras y el empresariado minero, justo cuando el alto oficial seguía novedades de sus tropas vía celular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No le estoy hablando directamente a usted, sino que tome nota de lo que digo, porque hay que hacer un plan”, añadió el primer mandatario, en lo que habría sido un intento de matizar sus declaraciones, al explicar cómo las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, según él, de restringir la comercialización de oro extraído con mercurio o cianuro, serían una especie de obstáculo para combatir las mafias.

El hecho causó cierta sorpresa entre funcionarios y asistentes. En esa misma jornada, el jefe de Estado detalló la magnitud de los señalamientos contra la estructura militar y advirtió que “las dragas van por trochas, pues pasan bajo los ojos del policía y del soldado, así de simple, como está pasando en este día allá en Barbacoas, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen”.

Esto representó una acusación directa sobre lo que sería, en su parecer, la presunta complicidad o inoperancia institucional frente al avance de prácticas ilegales en sectores estratégicos del país. Y es que en sus afirmaciones, el presidente se quejó de la falta de acciones contundentes y la ausencia de Estado en las zonas mineras facilita, lo que facilitaría el control de las estructuras ilegales sobre esos territorios.

A su vez, Petro aseguró contar con una lista de generales investigados por vínculos con mafias del oro, en pleno reconocimiento público de la infiltración criminal en la cadena de mando. “Hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano”, refirió y agregó que ya ha procedido a la desvinculación de algunos oficiales de la fuerza pública.

Un nuevo cruce del presidente Gustavo Petro con un alto mando militar

El malestar entre el mandatario y la cúpula no es nuevo. Tras la tragedia del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ocurrió el 23 de marzo y dejó 69 militares muertos, calificó la aeronave como “chatarra” y responsabilizó a administraciones anteriores por adquirir tecnología obsoleta. Sin embargo, la afirmación no fue respaldada por el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial.

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales:si se dividen las 20.000 horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más“, dijo Silva, lo que causó enojo en el gobernante, que insistió que ”no existe un avión con vida útil de un siglo”, al cuestionar la gestión del mantenimiento militar hecho a la aeronave en cuestión.

En síntesis, durante el mismo evento en la capital vallecaucana, el presidente también hizo públicas sus suspicacias hacia el sistema político, pues aseveró que hay “políticos comprados por la mafia” que se beneficiarían de la corrupción y rechazarían, en consecuencia, la reforma del código minero, lo que, según el presidente, perpetúa el círculo vicioso de ilegalidad en el país, sin que se tomen medidas.

Cadavid, que resultó electo senador para el periodo 2026-2030, planteó que la función de la Fiscalía es defender la Constitución por encima de las directrices del Ejecutivo, y advirtió sobre los riesgos institucionales que, considera, implica la continuidad de estas suspensiones para la población civil, que ha sido víctima del accionar de estas bandas que operan, según las autoridades, en Medellín y el Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante 2025, la Fiscalía suspendió un total de 23 órdenes de captura contra líderes de bandas criminales vinculados a negociaciones con el Gobierno nacional por el proyecto de ‘Paz Total’. Con la resolución 0079 se revocó la suspensión de 16 de estas órdenes de captura, con lo que permanecieron activas solo siete suspensiones, entre ellas la de Gustavo Adolfo Pérez, alias El Montañero, cabecilla de la banda El Mesa.

El pronunciamiento de Cadavid se sumó a otros que expresaron una fuerte crítica al proceso de paz urbana que lidera la administración del presidente de la República, Gustavo Petro. Según el congresista de oposición, “esas estructuras son los aliados del Gobierno para quedarse con las elecciones presidenciales. Su obligación es con la Constitución y no con el Gobierno”, afirmó en la plenaria de la Cámara.

¿Qué es la excepción de inconstitucionalidad?

La figura de excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4 de la Constitución, es el instrumento que el representante señala para que la Fiscalía desatienda las resoluciones que, a su juicio, “alcahuetean a esa cantidad de delincuentes”. Por ello, en su intervención Cadavid enfatizó que, aunque fue ternada por el presidente, “cuando usted se posesionó como fiscal juró defender la Constitución, no a un Gobierno”.

Cadavid hizo una especial petición. “Inaplique cada una de esas resoluciones que han revestido como gestores o voceros de negociaciones de paz a los cabecillas de esas estructuras”, refirió el parlamentario del Centro Democrático, que aludió a casos puntuales, como el de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, al que se le evitó la extradición, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, liberado tras un retén militar en julio de 2024.

“El alias Araña, al que le salvaron la extradición; el alias Calarcá, que ya había sido capturado en Antioquia y una vez liberado por orden del Gobierno, fue y explotó un helicóptero con trece policías en Amalfi, Antioquia. Las bandas criminales de Medellín, de Buenaventura, las de Bogotá, que lo ha dicho el alcalde Carlos Fernando Galán hoy", refirió el parlamentario, que equiparó al Gobierno con la delincuencia, pues actúan “por parejo”.

“Este país ya no solamente tiene que confrontar a la delincuencia, sino también al Gobierno por parejo. Su deber principal, señora fiscal Camargo, no es con el presidente, es con la institucionalidad, es con su propia carrera, es con la Fiscalía General de la Nación y es con los colombianos”, sostuvo el congresista, que no ocultó su indignación frente a lo sucedido en estos casos, que aprovechó para apuntar al ente acusador.

En su argumentación, por su parte, Camargo recalcó que si en el listado remitido por el Gobierno se hubiesen incluido los alias de las personas beneficiadas, la Fiscalía habría identificado que se trataba de condenados, evitando así la solicitud. “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, afirmó a Caracol Radio.

Con una publicación en sus redes, emitida en la noche del martes 7 de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con ironía a los señalamientos de su par colombiano, Gustavo Petro, que calificó de “campos de concentración de población civil” las cárceles creadas durante el régimen de excepción. Lo anterior, al replicar un informe periodístico del diario El País de España, su fuente de información.

Bukele, a través de su perfil de X y con un extenso mensaje, ofreció “facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria” a Colombia bajo la condición de que se transfieran a todos los reclusos, incluidos los considerados presos políticos, “para sacar a miles del abismo de la exclusión”. Estas afirmaciones, como estaba previsto, causaron una serie de reacciones en las plataformas digitales en respaldo al gobernante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tensión escaló a partir de la afirmación de Petro, que sostuvo, citando información publicada por El País, que el 36% de los encarcelados en El Salvador bajo el estado de excepción son personas inocentes. Esta cifra corresponde a más de 33.000 detenidos sobre los que no pesa ningún registro previo como miembros de pandillas, de acuerdo con documentos conocidos por el citado medio, lo que causó controversia.

Para Petro, “tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven”, escribió en X. Afirmaciones a las que le salió el paso su par centroamericano, con cierto tono burlesco que no pasó desapercibido, pues hizo mención de lo que, en su concepto, sería la verdadera intención en su denuncia.

Antes había advertido sobre las consecuencias de esa política, pues “así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”, expresó Petro, al tiempo que trazó un paralelismo con las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Colombia. “Eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante y después siguen los ciclos de venganza”, dijo.

Y remarcó que estos datos reflejan que más de un tercio de los detenidos bajo el régimen de excepción no estaban vinculados previamente a estructuras criminales. “Hay una enorme cantidad de inocentes presos en campos de concentración de El Salvador. Eso no se le llama justicia, se llama cocinar la nueva violencia destrozando seres humanos”, reiteró Petro en sus señalamientos a Bukele, que causaron polémica.

La llamativa respuesta de Nayib Bukele a Gustavo Petro: se mofó de su espíritu ‘libertador’

Lejos de rectificar, Bukele devolvió la crítica a través de una invitación formal a Petro. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”, expresó el presidente salvadoreño, que respondió a su homólogo colombiano y desestimó sus señalamientos.

En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’“, agregó el presidente salvadoreño, que impuso solo una única condición para acceder a un traslado de los presos que actualmente están en mega establecimientos construidos por su administración.

En efecto, en esta línea, añadió que El Salvador facilitaría el traslado de la totalidad de los reclusos, y reiteró la condición de trasladar absolutamente a todos los detenidos, sin excepción. “Porque si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”, expresó el mandatario, en relación con un modelo que fue adoptado desde 2019, y extendido durante 48 oportunidades.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante dos semanas los ataques militares contra Irán causó, como era de esperarse, reacciones inmediatas a nivel internacional. Entre los primeros en pronunciarse se encontró el mandatario colombiano Gustavo Petro, que celebró la medida y expuso un llamado urgente a la preservación de la vida y a la reanudación del diálogo en el conflicto.

El alto el fuego bilateral, anunciado el 7 de abril de 2026 a menos de dos horas del vencimiento de un ultimátum promovido por el jefe de Estado norteamericano, condicionó la continuidad de la pausa militar a la apertura total y segura del Estrecho de Hormuz por parte del país asiático. Un anuncio que recibió validación por parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen iraní, en pro de iniciar negociaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me parece bien la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jamás ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana”, según consignó en su perfil de X. Y del mismo modo destacó el valor simbólico de la bandera estadounidense en la “formación como Nación” y recordó que representa “el respeto de la diversidad, que es la base de la humanidad”.

El acuerdo actual surgió tras una secuencia de tensiones que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, en una confrontación que se radicalizó tras el duro mensaje lanzado por Trump para la reapertura del estratégico paso marítimo, en el que incluso se habló de exterminar a toda una “civilización” si no se accedían a las peticiones estimadas.

Frente a este cese temporal, Petro también dirigió una petición directa al gobierno iraní. “Le solicito a la república de Irán y a su presidente aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el Medio Oriente”, expresó en su perfil, seguido por más de 8,3 millones de seguidores. Con ello, buscaría impulsar la instalación de un proceso negociador sustentado en la voluntad expresa de ambas partes.

Así se anunció el cese de ataques de Estados Unidos a Irán, en medio de tensión por ultimátum

El mensaje de Trump apareció tras nuevas conversaciones con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor Asim Munir, a los que responsabilizó de la mediación que condujo a la pausa en la ofensiva militar. Ambos pidieron a Washington detener el despliegue de fuerza destructiva planeado para la noche del martes 7 de abril, por lo que la administración estadounidense accedió a un cese recíproco.

Eso sí, condicionado a la apertura del mencionado estrecho, por donde circula alrededor del 20% del crudo global. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un período de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, expresó en la declaración hecha en su perfil en Truth Social, su plataforma de comunicación.

Por su parte, la propuesta iraní, de 10 puntos, contiene disposiciones relativas a paso seguro por las aguas estratégicas y el levantamiento de sanciones. Esta pausa, de 14 días, pondrá fin de manera temporal a las hostilidades en la región y ataques a infraestructura crítica iraní y condiciona el cese de operaciones militares a la apertura inmediata y segura de las embarcaciones que transitan por la zona.

Horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, Estados Unidos adelantó bombardeos sobre puentes, un aeropuerto y una planta petroquímica en Irán, así como incursiones en la isla de Kharg: punto crítico para las exportaciones energéticas del país. Entretanto, Teherán respondió con advertencias a los Estados del golfo Pérsico y acciones armadas sobre un buque y una instalación petroquímica en Arabia Saudí.

El impacto económico no tardó en reflejarse. El barril de crudo West Texas Intermediate llegó a descender un 11% y cayó por debajo de USD101, mientras que el Brent cerró la jornada en torno a los USD109. La campaña de “presión máxima”, relanzada por Trump al comenzar su segundo mandato en febrero de 2025, ha incluido desde entonces la imposición de sanciones y el objetivo de reducir a cero las exportaciones iraníes.

Rendón, que calificó este hecho como una vulneración de la separación de poderes, reaccionó así a las declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo, que en diálogo con Caracol Radio confirmó que revocó la suspensión de 16 de esas órdenes, de un total de 23, tras comprobar que los beneficiarios seguían delinquiendo mientras actuaban como gestores de paz, por designación del Gobierno de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy la fiscal afirmó que expidió esa resolución a ciegas, desconociendo que se trataba de delincuentes condenados, cabecillas de más de 1.200 combos criminales”, expresó Rendón desde Fredonia, que insistió en que la información estaba al alcance de cualquier ciudadano y cuestionó los controles internos de la Fiscalía. “¿Dónde está el rigor? ¿O acaso el gobierno Petro les metió gato por liebre y lo logró?”, preguntó.

La fiscal Camargo, cabe precisar, reconoció la dimensión del error administrativo. “Tal vez si en el listado largo que se remite en la solicitud, se hubiese puesto los alias de esas personas, nosotros sin necesidad de que nos dijeran, hubiésemos sabido que esas personas eran de aquellas privadas de la libertad”, afirmó la titular del organismo, que agregó que no imaginaron que se pediría la suspensión sobre condenados.

La controversia aumentó cuando, en menos de 24 horas tras el pronunciamiento del gobernador, la Fiscalía admitió la irregularidad y revirtió parte de las decisiones. “Dejar en libertad criminales condenados vulnera la Constitución, la ley, la separación de poderes y representa un irrespeto a los jueces”, señaló el gobernador Rendón, que aseguró que la acción de nulidad presentada ante el Consejo de Estado seguirá en firme.

A su vez, confirmó que aún hay siete individuos beneficiados que permanecen en libertad, entre ellos Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, que, según denunció, mantiene vínculos con estructuras criminales y opera fuera del país sin restricciones migratorias. Para el mandatario regional, la continuidad de estos beneficios demuestra que “la impunidad solo fortalece a los criminales” en su territorio.

En ese sentido, llamó a las instituciones a concentrar sus fuerzas en combatir y desarticular a las organizaciones responsables de múltiples delitos en la región. Todo esto, en medio de otra decisión controversial: la de mantener la suspensión de los procesos judiciales contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía mantuvo la suspensión sobre alias Calarcá, aunque pidió definición al Gobierno

A pesar de los hallazgos en contra del disidente, la Fiscalía General ha decidido mantener por ahora suspendida la orden de captura. Dispositivos electrónicos incautados comprobaron la vinculación de Calarcá con el asesinato de un líder social, durante el cese al fuego, y con infiltraciones en instituciones estatales; caso que motivó a Camargo a pedir al Gobierno que defina la continuidad de los diálogos con la estructura.

Y advirtió que si no hay respuesta, el ente podría actuar de forma unilateral para reactivar la captura. De forma simultánea, la Fiscalía imputó nuevos cargos contra Díaz Mendoza, relacionados con los hechos recientemente investigados, y pidió al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, revisar el estatus de gestores de paz de otros cabecillas, pues no puede derivar en impunidad por delitos cometidos en las negociaciones.

Entretanto, el gobernador responsabilizó tanto a las autoridades judiciales como al Gobierno en materia de seguridad. “Antioquia es un muro de contención frente a cualquier intento de imponer modelos que amenazan nuestra libertad y nuestras instituciones”, concluyó Rendón, uno de los principales críticos de las mesas de negociación que adelanta el Gobierno con los grupos que buscarían acogerse a la paz urbana.

El retiro de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González y la libertad por vencimiento de términos de Ricardo Bonilla, implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), provocaron un fuerte pronunciamiento de la representante a la Cámara Lina María Garrido, que habló de cómo en este caso se estaría burlando a la ley y favoreciendo al entorno del presidente Gustavo Petro.

Garrido, que publicó un mensaje en su perfil de X, definió el impacto de estas determinaciones como la configuración de un “día triste” para la justicia, pues tanto como el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el ex ministro de Hacienda habrían tenido un papel preponderante en el megacaso de corrupción al interior de la unidad, en nombramientos que hizo de forma directa el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es un día triste para la justicia en Colombia. Dos protagonistas del megaescándalo de corrupción de la Ungrd se han burlado de la ley. Interpol suspendió la circular roja contra Carlos Ramón González, quien fue director del Dapre cuando se robaron la plata y a quien el Gobierno de Petro ayudó a fugar, y se otorgó libertad por vencimiento de términos a Ricardo Bonilla, quien siendo ministro de Hacienda ejecutó la orden", dijo.

Las decisiones con las que salieron bien librados Carlos Ramón González y Ricardo Bonilla

En lo que respecta a González, la decisión de Interpol fue la de anular la notificación roja que daba soporte a su captura internacional. La razón, según se pudo conocer, es un posible error en el proceso por parte de las autoridades colombianas o a la aceptación de argumentos legales sobre “motivaciones políticas”, mientras que la Fiscalía solicitó la reactivación inmediata de la alerta.

Por su parte, en lo que concierne a Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad tras constatar que, pese a la imputación formal de cargos, el ente acusador no radicó el escrito de acusación en los términos legales. El plazo, fijado en 60 días por la ley, se extendió a 120 sin resolución, por lo que la magistrada Isabel Fernández afirmó durante la audiencia que el término se venció el 31 de marzo.

Esto llevó al enérgico pronunciamiento de Garrido, que sostuvo que la suspensión de la orden de captura y la liberación por vencimiento de términos han beneficiado a exfuncionarios clave de la administración de Gustavo Petro. “Son sus amigos personales”, remarcó en su publicación en la red social X, en relación con estos dos mediáticos casos, en los que el presidente Gustavo Petro se pronunció en diferentes oportunidades.

González, en su paso por el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría sido el “cerebro” del plan de desvío de fondos en la Ungrd. Se le acusa de ordenar pagos de sobornos por $4.000 millones en efectivo a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo era garantizar la viabilidad parlamentaria de las reformas propuestas por la administración Petro.

En julio de 2025, cuando se dictó una orden de captura en Colombia, se supo que el exfuncionario salió del país y se asiló en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega le concedió asilo, al alegar una persecución política y meses después, en diciembre de 2025, fue visto en una fiesta oficial en la embajada de Colombia en Managua; lo que derivó en la apertura de una investigación disciplinaria de la Procuraduría en este caso.

Bonilla, entretanto, enfrentaba cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, como parte de lo que sería el direccionamiento de contratos en favor de algunos congresistas, a cambio de votos en el legislativo. Sin embargo, la aparente inacción procesal de la Fiscalía le abrió la puerta para su excarcelación, pese a que seguirá ligado al proceso.

De la Espriella, que retó al jefe de Estado a que presente pruebas de los duros señalamientos en su contra, defendió su desvinculación total con el contrato de pasaportes de la empresa Thomas Greg & Sons y aseguró no haber tenido contacto alguno con sus directivos, al punto que advirtió que la actual contienda electoral se encuentra atravesada por complots entre sectores del oficialismo y de la oposición tradicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Petro ha reconocido en su propio trino el 4 de abril, en el que confesó públicamente que me tiene interceptado, que me persigue y que le llegan informes de inteligencia sobre mí”, afirmó el candidato, que consideró el hecho como prueba irrefutable de la existencia de una interceptación deliberada y sin sustento judicial; en un tema que ha generado una intensa discusión en las plataformas digitales.

Es válido precisar que Petro ha querido establecer una especie de vínculo de Thomas Greg & Sons, que todavía tiene el contrato oficial de pasaportes, con el software del escrutinio de las elecciones que tuvieron su primer capítulo el 8 de marzo, con los comicios legislativos, y en las que se escogerá al sucesor del actual mandatario. Es por ello que el aspirante, autodenominado ‘El Tigre’, se sacudió de las acusaciones.

“No conozco a los señores de Thomas Greg. No tengo nada que ver con el contrato de los pasaportes. Jamás he hablado con ellos, ni personalmente, ni por teléfono, ni por ningún otro medio. No existe una sola conversación, ni un solo contacto. Eso es una vil mentira del cómplice del narcoterrorismo, del jefe de la mafia, Gustavo Petro”, indicó el político cordobés, que según las encuestas se ubica a la ‘caza’ de Cepeda.

En ese mismo orden de ideas, denunció que el presidente lo calumnia e intercepta de forma ilegal, en un intento por “destruir su campaña” presidencial y afectar su proyección como contrincante del oficialismo. Y sostuvo que no tiene relación con la empresa en mención ni con el contrato de pasaportes y llamó a la ciudadanía a enfrentar lo que denominó “el enemigo común” que simbolizan Cepeda y el continuismo político.

De la Espriella denunció montaje y persecución: “Amangualados con la clase politiquera tradicional”

De la Espriella centró su discurso en denunciar el carácter coordinado de los ataques en su contra. Según sus palabras, “la estrategia de las partes que aunque parezcan rivales, terminan conectadas para atajarme, para destruir al único outsider de esta contienda”. E identificó como responsables tanto al jefe de Estado y sus aliados como a integrantes destacados del Centro Democrático y el denominado santismo.

“Desde algunos sectores del Centro Democrático, encabezados por el senador Rafael Nieto y por el exvicepresidente Pacho Santos, por tuiteros e influencers y con el grupo de santistas que están allá, en la campaña, que son los hermanos, los primos, los sobrinos, los exministros, los exconsejeros del tartufo (...) fingen solidaridad mientras repiten como loros la tesis que ellos mismos se inventaron sobre el voto útil”.

En esa misma línea, el candidato, que habló de cómo algunos personajes estarían “amangualados con la clase politiquera tradicional, con el establecimiento, con las encuestadoras del régimen y las de bolsillo y con los medios tradicionales”, sostuvo que la motivación detrás de dichos ataques sería evitar que un actor externo a las dinámicas tradicionales pueda ganar la presidencia como lo pretende con su aspiración.

“Pretenden destruir al independiente, al que no se deja manejar ni manosear, al que no viene del club de los de toda la vida, de la rosca. Al que nunca transaría con ellos, con los santistas, al que nunca defraudaría al pueblo colombiano, al verdadero y único outsider de esta campaña”, afirmó el abogado, que remarcó cómo ese escenario configura una “jugada completa” en la que identificó dos estrategias de sus contradictores.

“Unos me atacan para tumbarme y otros me defienden diciendo que me están creciendo para que la gente dude de mí y termine apoyando a la candidata que ellos, los de siempre, están apoyando”, agregó De la Espriella, que se ha convertido en una alternativa paralela a la que representa Paloma Valencia y el Centro Democrático, que se impuso en La Gran Consulta por Colombia y sumó al excandidato Juan Daniel Oviedo.

El llamado final a la unidad contra el “enemigo común” y a favor del ‘outsider’

Así pues, reiteró que la campaña presidencial se reduce a tres caminos excluyentes: la continuidad del petrismo, el llamado establecimiento tradicional y la alternativa representada por su candidatura. “Tres caminos están sobre la mesa. Primero, el camino del petrismo y su continuidad con Cepeda, que es terrible Y dos, el camino del establecimiento tradicional, que dice que es oposición, pero más bien son los de siempre”.

Por su parte, enfatizó que la tercería es el “camino independiente, que es claro, sin dueños, sin pactos por debajo de la mesa, que es el tigre”. Frente a esa encrucijada, invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, autodenominado “la selección del tigre”, y convocó en su prolongado mensaje a “vencer en un solo partido al régimen de Petro y Cepeda y al establecimiento de los de siempre que se han unido para atajarme”.

El veterano político antioqueño, que fue también noticia por sus agudos comentarios contra el abogado Abelardo de la Espriella, del que mencionó que le ofreció ser su fórmula vicepresidencial, en un caso que precipitó su salida del Centro Democrático, quiso recordar de manera especial a su hijo, que corrió la misma suerte de su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por el cartel de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Vivimos con un dolor tan profundo que no existen palabras para describirlo y es el amor de Dios y la certeza en tus ideales los que nos mantienen en pie. Te amamos y extrañamos infinitamente”, expresó Uribe Londoño, que en la actualidad aspira al primer cargo de la nación con el apoyo del Partido Demócrata. La publicación estuvo acompañada por un emotivo video, en el que se le ve junto a su nieto, Alejandro Uribe.

El atentado que acabó con la existencia de Miguel Uribe Turbay

La muerte del senador Uribe Turbay, que se consumó el 11 de agosto de 2025 tras una grave y prolongada lucha, fue producto de uno de los atentados de violencia política más graves en la historia reciente de Colombia. El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, cuando un menor de 15 años vulneró la seguridad y disparó en seis ocasiones contra el joven político.

Dos de los impactos alcanzaron la región occipital de la cabeza, mientras que uno más le dio en su pierna izquierda. Investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín permitieron establecer que la organización responsable financiaba los movimientos de sicarios y logística con al menos 400 millones de pesos, cifra destinada a pagos, alquileres y tareas de inteligencia para cometer este ataque.

Hasta marzo de 2026, seis personas han sido judicializadas, entre ellas Élder José Arteaga, alias El Costeño, como reclutador del menor implicado, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, como coordinador logístico del operativo. Ambos, vinculados a la disidencia de la Segunda Marquetalia, estuvieron involucrados en este magnicidio, que causó escozor en la escena política nacional, cuando empezaba a configurarse su aspiración.

En su mensaje, Uribe Londoño se desahogó y expuso unas sentidas líneas en relación con este suceso. “Que le quitó a mi nieto Alejandro la posibilidad de crecer al lado de su padre, de disfrutar de tu sonrisa y abrazos en cada uno de sus logros”, indicó Miguel Uribe, que hizo énfasis no solo la pérdida personal que sufrió con este deceso, sino el vacío que deja en el relevo generacional del liderazgo político en Colombia.

Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, era considerado heredero del liderazgo de derecha y un símbolo del partido Centro Democrático, cuyos dirigentes tras su crimen han denunciado reiteradas amenazas y falta de garantías. Luego de más de dos meses de agonía, tiempo en el que fue sometido a cirugías neurológicas en la Clínica Medicentro y en la Fundación Santa Fe, se registró su muerte.

El impacto del asesinato obligó al Gobierno nacional a endurecer su postura con las disidencias armadas, y a suspender los acercamientos hacia la llamada Paz Total con las facciones involucradas. Desde entonces, el Congreso y otros poderes del Estado mantienen bajo escrutinio el esquema de protección para líderes políticos, ante el temor de que otros atentados puedan replicarse previo a los comicios.

La decisión de la junta directiva de Ecopetrol de conceder a su presidente, Ricardo Roa, un periodo de vacaciones y posterior licencia no remunerada mientras afronta dos procesos judiciales, en una determinación que se conoció en la asamblea del lunes 6 de abril de 2026, provocó reacciones inmediatas en el Congreso de la República, en especial en la bancada de oposición, con el pronunciamiento de Carlos Fernando Motoa.

El senador vallecaucano, que es vocero del partido Cambio Radical, advirtió sobre el riesgo de fuga del directivo, y trajo a colación precedentes recientes de altos funcionarios investigados que evadieron a la justicia. Algunos de ellos, involucrados en el megaescándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que siguen sin darle cara a la justicia colombiana, pues se encuentran en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Motoa planteó su inquietud tras conocerse la autorización de la licencia. “¿Llegó el turno de ‘volarse’ de Ricardo Roa? Primero César Manrique y luego Carlos Ramón González. ¡Muy importante que no lo dejen salir del país!”, publicó el congresista, que estableció una especie de parangón con otros sonoros casos, como el exdirector de Función Pública y el extitular del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Es válido destacar que ambos, Manrique y González, eran exfuncionarios del círculo más estrecho del presidente de la República, Gustavo Petro, pero ambos están hoy prófugos y son perseguidos internacionalmente por su presunta participación en el escándalo de la unidad. En el caso de Roa, afronta dos imputaciones ante la Fiscalía, por presunto tráfico de influencias y financiación ilegal de campañas.

Los antecedentes nombrados por Motoa son claros. González abandonó el país y se refugió en Nicaragua, con lo que eludió la orden de captura dictada en su contra; por su parte, Manrique está acusado de corrupción y, tras la medida de aseguramiento en su contra, se esfumó, por lo que Interpol mantiene circulares rojas, pese a que en el caso del primero cuenta con el respaldo del régimen de Daniel Ortega.

La decisión sobre el futuro de Ricardo Roa que causó indignación en las redes sociales

La resolución de la Junta Directiva de Ecopetrol fue adoptada en una sesión extraordinaria, después de que al menos cuatro miembros del órgano, entre ellos César Loza del sindicato USO y los independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, dejaran constancia formal sobre los posibles riesgos financieros y reputacionales de mantener a Roa en el cargo durante las investigaciones que cursan en su contra.

De este modo, se definió que la licencia comprenderá vacaciones desde el 7 de abril hasta el 28 de mayo y licencia no remunerada hasta el 28 de junio, un periodo durante el cual Roa estará totalmente apartado de la gestión cotidiana, y que casualmente coincide con el periodo en el que se definirá al nuevo presidente, pues la primera vuelta se llevará a cabo el 31 de mayo, mientras que la segunda será el 21 de junio.

Roa, de 63 años, ha sido señalado por presunto tráfico de influencias en la adquisición de un apartamento y por exceder límites electorales cuando se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; está bajo escrutinio público. La noticia sobre su salida temporal de la presidencia de Ecopetrol se conoció un día antes de que sea imputado por este segundo cargo.

Según se conoció, Roa no se presentó a la diligencia de interrogatorio que había solicitado, programada para el 28 de marzo. No acudió a la citación de la Fiscalía ni al lugar donde se expondrían los detalles de su defensa ante la imputación de cargos prevista desde comienzos de este año, pues alegó compromisos laborales que le impidieron cumplir con esta cita con el ente acusador, que avanza en su proceso.

“Todo está válido. Nada está descartado. Vacaciones, quisiera tomarme unas muy largas; licencia, si me toca, me la tomo también. No hay problema. Aquí en Ecopetrol hay una línea de sucesión para eso”, expresó a Semana, con lo que preveía un escenario claro frente a cuál podría ser una solución temporal a los líos que lo involucran, y cuál será su reemplazo: Juan Carlos Hurtado, Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos.

A través de sus redes sociales, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda le salió al paso el lunes 6 de abril a los señalamientos del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, tras recientes declaraciones en las que el exmandatario, por la misma vía, involucró a Manuel Cepeda Vargas, padre del congresista, en actividades afines a la confrontación armada. Un mensaje que, incluso, publicó en inglés, dirigido al público internacional.

Cepeda respondió con vehemencia a las acusaciones de Uribe, que aseguró que Manuel Cepeda “promovió la lucha armada de frente” y lo calificó como un “violento frentero” y “alto jerarca” que optó por el militarismo radical en las Farc. Frente a estos señalamientos, el congresista oficialista, que buscaría ser el sucesor de Gustavo Petro, aprovechó para hacer un paralelismo con la situación jurídica de su contradictor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Como ha quedado establecido por la justicia nacional e interamericana, mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece, y con justificaciones como las que usted usa”, afirmó el congresista que pretende llegar a la Casa de Nariño, en referencia directa al líder del Centro Democrático, que viene de quedar al margen en la contienda legislativa del 8 de marzo.

Cepeda recordó el fallo judicial que afecta al entorno más cercano de Uribe. “Como ha quedado establecido por la justicia nacional, su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los Doce Apóstoles y autor de masacres de campesinos en Yarumal”, dijo el aspirante, que concluyó su declaración diciendo que “esa es la verdad pura y simple. Y así queda para la Historia”.

¿Qué fue lo que dijo Álvaro Uribe de Iván Cepeda y su padre?

Con una publicación en X el domingo 5 de abril, Uribe Vélez acusó a su contradictor de engañar al país con la propuesta de Paz Total y de atacar a su hermano, Santiago, para “ocultar sus responsabilidades criminales”. Según el exjefe de Estado, “Cepeda promueve la violencia que esconde en la Paz Total, que este año lleva el récord de 35 masacres”, al punto de señalarlo como “arquitecto de la invasión de coca”.

Asimismo, en otro de sus trinos, Uribe añadió sobre su contendor político que “altera actas judiciales, me calumnia y cuando lo desmiento con pruebas, evade y acude a la condena de mi hermano”. Y en defensa de este personaje, sostuvo que Santiago Uribe Vélez fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. “Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal”, remarcó Uribe.

Y agregó que todos los demás acusados de conformar el grupo criminal mencionado por Cepeda están absueltos. “Incluso alguno(s) tuvo/tuvieron como abogado a Jesús María Valle, q.e.p.d.”, indicó el exmandatario, en una publicación en la que también hizo referencia a supuestos vínculos de Cepeda con las Farc y a la supuesta promoción de la impunidad para guerrilleros como Jesús Santrich e Iván Márquez.

“Promotor de la impunidad de Santrich y Márquez, que crearon la Nueva Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe”. Además, cuestionó la transparencia de la candidatura del senador y lo acusó de ser “candidato de las organizaciones criminales y de la corrupta contratación pública directa de 32 billones de pesos”, en una publicación que había promocionado durante la Semana Santa, como se pudo apreciar en sus plataformas.

En ese orden de ideas, la confrontación de Cepeda y Uribe parece influir en el discurso público rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Porque mientras el exmandatario ha calificado a su rival como el “candidato del narcoterrorismo”, el senador se presenta como abanderado de una lucha frontal contra el legado uribista, como se ha visto en los diferentes discursos y, de hecho, en sus respuestas al expresidente.

El 23 de julio de 2024, la Fiscalía incautó computadoras y dispositivos a integrantes de la organización de “Calarcá” en Antioquia, con lo que abrió cinco líneas de investigación, entre ellas la posible infiltración de las Fuerzas Armadas y el financiamiento ilegal de campañas. No obstante, hasta ahora no se ha ordenado la reactivación de la orden de captura contra el jefe guerrillero, decisión que se postergó el lunes 6 de abril.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ciento diez por ciento es el fortalecimiento que ha tenido la estructura de “Calarcá”. Se han apoderado de más municipios, tienen más hombres y tienen más negocio de narcotráfico”, expresó la congresista y candidata.

El señalamiento de la lideresa opositora marcó el terreno para que se conocieran más voces de rechazo a la suspensión de captura contra “Calarcá”, líder del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, medida que hoy sigue vigente tras una reunión clave entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y los delegados de Otty Patiño, comisionado de Paz.

“Por eso Calarcá, un asesino narcotraficante, puede andar libremente por Colombia, pagado con nuestros impuestos en camionetas de la UNP”, acotó Valencia, que señaló un supuesto uso de recursos del Estado a favor de los que considera enemigos de la institucionalidad. Con ello, apuntó en sus declaraciones a una posible instrumentalización de organismos estatales con fines políticos, con miras a la primera vuelta.

Paloma Valencia acusó a Otty Patiño y Luz Adriana Camargo de “hacer campaña” con alias Calarcá

Según expresó la candidata, es claro el papel que cumplen Patiño y Camargo en lo que respecta a la situación jurídica de Díaz Mendoza, que seguirá libre. “Algunos se preguntan qué hace el comisionado de paz. Yo les voy a contestar: hace campaña. ¿Qué hace la Fiscalía? Hace campaña”, expresó la parlamentaria, que reiteró su acusación de que ambos actúan alineados a intereses politiqueros.

Luego de la primera reunión de la fiscal y el comisionado, el 26 de marzo, se acordó una metodología específica para la revisión periódica de la suspensión de órdenes de captura, como parte de la Ley 2272 y bajo lo estipulado por la Corte Constitucional. Con ello, se pretende verificar la conducta de los beneficiarios en relación a hechos documentados y la vigencia o no de las condiciones que justifican las suspensiones.

Posteriormente, en un foro virtual en el que participaron el representante a la Cámara electo Daniel Briceño y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Valencia remarcó sus acusaciones. “Me parece que hay un intento de manejar los resultados electorales en el departamento a punta de liberar criminales”, dijo la política caucana, que quiere convertirse en la primera mujer presidenta en más de 200 años de vida republicana.

Mientras Alexander Díaz Mendoza sigue en libertad, el proceso permanece en estudio. Las líneas investigativas abiertas por la Fiscalía indagan desde cooptación de agentes estatales, amenazas a la seguridad nacional, hasta el rastreo de posibles recursos ilícitos en campañas electorales, además de la formación de alianzas delictivas y la constitución de empresas de vigilancia ilegales, según se conoció el lunes 6 de abril.

La situación médica de James Rodríguez, mediocampista de Minnesota United, generó inquietud en los últimos días tras su hospitalización en Estados Unidos, luego de sufrir una deshidratación severa en el partido amistoso entre la selección Colombia y su similar de Francia, jugado el 29 de marzo en Washington D. C. Más aún, tras surgir una serie de informaciones sobre una supuesta enfermedad grave en el deportista.

El club estadounidense, a través de sus redes sociales, negó el lunes 6 de abril cualquier reporte sobre una patología delicada y confirmó que la estrella de la selección Colombia, que afrontará la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará a mediados de año en ese país, México y Canadá, ya retomó entrenamientos bajo un estricto protocolo de reincorporación supervisado por su cuerpo médico, con el fin de monitorear su estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su comunicado, los Loons desmintieron las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre una supuesta rabdomiólisis, condición grave que afecta el tejido muscular. De esta manera precisaron que, tras la atención recibida y una hospitalización de tres días, el jugador de 34 años se encuentra en buen estado general y su regreso a la competencia será determinado exclusivamente según su evolución clínica.

El reporte médico destacó que James participó ese lunes en una sesión controlada en las instalaciones del club. “Su reincorporación a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará enteramente por su progreso clínico”, informó Minnesota United a través de la misiva, con la que le salió al paso a las informaciones relacionadas con uno de sus jugadores.

De esa manera, el club tomó la decisión de intervenir, luego de que diversos rumores sobre el estado físico del volante alimentaran la preocupación tanto en Colombia como en Estados Unidos. Las versiones hablaban, como se mencionó, de una “enfermedad grave” y de un posible diagnóstico de rabdomiólisis, lo que dejaba en vilo su presencia en la cita orbital, en junio próximo, en la que la ‘Tricolor’ integra el Grupo K.

“El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de forma inequívoca que no ha habido evidencia clínica o de laboratorio de rabdomiólisis. Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de más especulaciones sobre la salud de James”, puntualizó el equipo estadounidense, que cortó de raíz las especulaciones relacionadas con el futbolista.

James Rodríguez y la preocupación sobre su presente tras su desempeño ante Francia

La primera alerta sobre la salud de Rodríguez se encendió tras el partido disputado ante el combinado galo, cuando el jugador comenzó a mostrar síntomas de deshidratación. “El 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al finalizar el mismo, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”, precisó el club.

“Al día siguiente, y después de una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación grave”, agregó el elenco de Minnesota, que debido a la gravedad de la situación “fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo para seguimiento continuo y terapia de fluidos intravenosos". Luego fue dado de alta y, desde entonces, se ha recuperado en casa bajo supervisión médica.

Frente a este episodio, los Loons reiteraron que toda actualización sobre el estado del futbolista será comunicada “directamente por el club”. Mientras tanto, aseguraron que se seguirán los protocolos internos enfocados en la seguridad y la salud del jugador, y evitar cualquier riesgo de recaída, en una situación que ha despertado el interés en el futbolista: que solo ha disputado 39 minutos en dos juegos en la actual campaña.

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el lunes 6 de abril a los señalamientos sobre supuestos ofrecimientos ilegales de su administración a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, al revelar que altos funcionarios de inteligencia y la Fiscalía habrían intentado beneficiarse económicamente de la red criminal del “zar del contrabando”, hoy libre en Portugal.

Petro, en una publicación en la red social X, que se sumó a la respuesta oficial que le había dado su despacho a Noticias Caracol, medio que dio a conocer este escándalo, afirmó que agentes vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ofrecieron garantías y recibieron recursos a cambio de promesas inconsistentes sobre una posible repatriación de Marín. Y habría apuntado a su exfuncionario, Jorge Lemus.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario reiteró que el contrabandista habría logrado penetrar organismos estatales durante 38 años y que, pese a su pedido de extradición, aún se encuentra libre en Europa debido a un entramado corrupto. “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos”, sostuvo Petro en su defensa a su administración, involucrada en este caso.

La respuesta del jefe de Estado buscaría hacerle frente a las duras repercusiones por la filtración de audios publicada por el citado medio, en los que se escucha a Lemus, exdirector de la DNI ofertar a través del abogado de Marín posibles beneficios procesales y protección a cambio de una entrega voluntaria a la justicia. Estas acciones ocurrieron, según la investigación, fuera del marco de competencias de la entidad.

“El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, agregó Petro, que señaló que los intereses de agentes estatales en apropiarse del dinero ilícito y en impedir la extradición de Marín manifiestan la profundidad de la infiltración criminal en los organismos nacionales, en una práctica que se registraría desde administraciones anteriores.

Las quejas de Gustavo Petro por la libertad de ‘Papá Pitufo’, pese a solicitud de extradición

En sus afirmaciones, el primer mandatario indicó también que contactó a los gobiernos de España y Portugal para gestionar la entrega del delincuente y responsabilizó a la Fiscalía de haber ralentizado el proceso de extradición por motivos políticos y corrupción interna. “El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, refirió el presidente, que se zafó del tema.

Petro detalló que uno de los “errores capitales” fue limitar la investigación judicial al periodo posterior a 2023 y omitir, de esta forma, más de tres décadas de infiltración en el Estado. “Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé, lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, enfatizó el gobernante.

También describió las dimensiones del poder alcanzado por Marín. “Que trató de financiar mi campaña, es cierto, y yo lo prohibí expresamente; que el señor Marín infiltró altos mandos de la policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo; que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijin y en la Fiscalía; que infiltró el DNI, sin duda y en mi Gobierno”, reafirmó.

“Lo que quiero es verdad y reparación a la industria nacional por el daño que hizo”, expresó Petro, que alertó que el narcotraficante cuenta con el apoyo de expresidentes, coroneles en la Policía Fiscal y Aduanera, así como de altos mandos en activo y funcionarios de la Dian. Y admitió conocer que agentes de inteligencia ofrecieron a Marín garantías de no judicialización a cambio de dinero, mientras que a las autoridades reportaban una versión opuesta, lo que generó un remezón al interior de la organización.

“Agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente; indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia; allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer; nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos”, enfatizó el jefe de Estado en su publicación.

Y vinculó estas prácticas a una red extendida que, según denunció, manipula sumas considerables a través de nuevas modalidades como criptomonedas. “Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas las hacen en bitcoin”, advirtió Petro, que negó en consecuencia que de su parte se hayan dado instrucciones para ofrecer prebendas por ‘debajo de la mesa’ al contrabandista señalado.

El caso ‘Papá Pitufo’ puso una vez más la lupa en la DNI: Petro se desligó de los señalamientos

De la misma manera, el mandatario precisó que su administración fue la que denunció la infiltración criminal y solicitó colaboración internacional para lograr la extradición de Marín, capturado en Portugal en 2024, pero posteriormente dejado en libertad gracias a un habeas corpus. A su juicio, la Fiscalía priorizó investigaciones tardías bajo la sospecha de que su campaña presidencial fue financiada de manera ilícita.

Y no, según denunció Petro, perseguir los intereses verdaderos de la red de corrupción enquistada. “La fiscal General (Luz Adriana Camargo) debe responder por ello”, reclamó el gobernante, en relación con el escándalo, que ha desencadenado una crisis de confianza en los organismos de inteligencia estatal y en la administración de justicia. Y varios interrogantes sobre los $500 millones que habrían sido ofrecidos en 2022.

“Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la fiscalía, varios de ellos ligados, también, a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, agregó Petro, que insistió en la acusación de alianzas de alto nivel para garantizar, según él, impunidad en los nexos con Marín Buitrago.

El presidente concluyó que su objetivo es que Marín rinda declaración judicial “libremente y sin presiones políticas”, con el propósito de esclarecer el alcance de la infiltración criminal en el Estado y reparar el daño causado a la industria nacional.

La designación de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, como la encargada de asumir el caso de las supuestas interceptaciones ilegales atribuidas al presidente de la República, Gustavo Petro, continúa causando fuertes repercusiones en la escena política, como pudo apreciarse en el duro comentario del representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático.

La controversia se intensificó cuando se recordó en las redes que Arizabaleta ya archivó 16 procesos contra el mandatario por falta de pruebas, lo que causó un debate sobre la independencia de la congresista frente a la investigación preliminar que ya empezó y que busca darle trámite a la denuncia presentada por el reconocido jurista Germán Calderón España, apoderado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El letrado solicitó a la comisión que indague tanto al presidente Petro como a personas indeterminadas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por la presunta violación ilícita de comunicaciones del aspirante de derecha. Además, calificó de “confesión” el mensaje en redes sociales emitido por Petro, en el que menciona informes de inteligencia sobre las conversaciones del aspirante de las que tendría conocimiento.

Frente a este caso, Briceño, que obtuvo la mayor votación en la jornada del 8 de marzo, criticó de manera severa la asignación y cuestionó la imparcialidad en la comisión. “La señora Gloria Arizabaleta junto a Olga Lucia Velásquez, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe han sido quienes han impulsado la impunidad de Petro al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Son una burla para la justicia y el país”, dijo.

¿Quién es Gloria Arizabaleta, la mujer de la polémica?

Perteneciente al partido Pacto Histórico, Arizabaleta, que preside la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2025-2026, desestimó las recusaciones que buscaban apartarla del órgano investigador e insistió en que su labor está conforme a la Constitución y la ley. La mujer, exesposa del hoy candidato presidencial Roy Barreras, del que tomó distancia, llegó al Legislativo en julio de 2022 en representación del Valle del Cauca.

Será entonces la representante la que debe decidir si existen méritos para avanzar en una investigación formal al presidente en ejercicio del cargo, aun cuando restan 123 días para el final del mandato constitucional, que se extiende hasta el 7 de agosto de 2026.

Arizabaleta es abogada con especialización en Derecho Penal y Derechos Humanos, cuenta con más de 10 años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación y en agosto de 2025 asumió la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única facultada, según la Carta Magna, de investigar y juzgar al jefe de Estado, que sigue sin ser vinculado a ningún proceso formal por esa célula.

El origen del escándalo está en una declaración del propio presidente Petro, que señaló en sus redes sociales información basada en supuestos “informes de inteligencia” que detallarían conversaciones privadas entre De la Espriella y directivos de la multinacional Thomas Greg & Sons. En respuesta, el involucrado indicó que se habrían registrado, en consecuencia, una serie de interceptaciones a sus comunicaciones.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque”, dijo Petro.

En respuesta a las insinuaciones del presidente sobre las intervenciones, De la Espriella insistió en que “no conozco a los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg & Sons) y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”. Y añadió que es el presidente el que tiene la carga de la prueba, por lo que lo conminó a que, si lo que indicó no es cierto, renuncie a su cargo, pues “no me van a venir a arrinconar con mentiras”.

“Queridos compatriotas, les quiero informar que hoy se cumplen tres meses de alta para mi retiro oficial del glorioso Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares. Quiero agradecer inmensamente a todos los compatriotas que me dieron ese gran apoyo durante estos 32 largos años de servicio a la patria colombiana”, declaró Malagón en su despedida pública, que se hizo oficial a través de un video publicado en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El retiro de Malagón se produjo luego de un largo periodo de servicio a la institución castrense, más de una veintena de condecoraciones y tras desempeñar funciones de alto perfil, además de afrontar un cáncer de piel, que el coronel relacionó con la década de cautiverio y los maltratos, caminatas forzadas y exposición constante a la intemperie, según ha expresado en diferentes ocasiones en diálogo con los medios.

El oficial, símbolo de resistencia desde el día en que fue rescatado por fuerzas de inteligencia, se alejará de la institución manteniendo, según destacó, intacta su hoja de vida.

Además de su paso por áreas estratégicas, como la agregaduría militar ante Brasil, Malagón es autor del Himno al Soldado Colombiano y responsable de consolidar la imagen institucional del Ejército en festivales y eventos públicos.

El retiro de un símbolo y las huellas del secuestro

En la alocución en la que informó oficialmente su retiro, agradeció en términos personales a la cúpula militar y a toda la estructura del Ejército. “Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores generales, a todos los miembros que integran nuestro Ejército Nacional, oficiales, suboficiales, soldados y civiles, por ese gran apoyo que me brindaron durante mis años de permanencia en la institución”, expresó Malagón.

Su historia ha sido ejemplo de superación, pues, pese a las secuelas físicas y psicológicas por los años de secuestro, el alto oficial persistió en la actividad militar y la representación institucional. Con formación en Ciencias Militares, especializaciones en resolución de conflictos en la Universidad de La Sorbona en París y dos maestrías, una en Seguridad y Defensa, y otra en Relaciones Internacionales, continuaba en servicio.

Además del dominio de cuatro lenguas, Malagón buscaba continuar en el Curso de Altos Estudios Militares (Caem). Sin embargo, tras ser descartado en el proceso y ser excluido de la ruta de ascenso, optó por oficializar su retiro de la institución, una situación que causó cierta extrañeza, pues sus credenciales y trayectoria lo perfilaban para recibir el grado de general y estar en el grupo de 12 seleccionados.

Es válido destacar que el coronel participó en procesos de reparación de víctimas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), presentándose como víctima y líder de opinión y exigiendo reparación por los hechos de violencia padecidos durante el conflicto. Así pues, señaló su compromiso por “exigir verdad, justicia y reparación” e instando a los exjefes de las extintas Farc a asumir la responsabilidad directa por los secuestros.

“Soy el teniente Malagón del glorioso Ejército de Colombia”, fue la frase que lo caracterizó tras recuperar la libertad, luego de aquella oscura jornada del 4 de agosto de 1998, cuando fue raptado en el municipio de La Uribe (Meta), tras un intenso combate con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un suceso que no solo marcó su vida, sino además la historia del conflicto armado en el país.

La Fiscalía General de la Nación decidió el lunes 6 de abril de 2026 mantener suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, por al menos 15 días más, luego de que la reunión con delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno nacional concluyera sin un acuerdo definitivo sobre el futuro judicial del cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc.

El ente acusador informó que el análisis sobre su condición continuará en una próxima mesa de trabajo, ante la sospecha de que Díaz habría cometido delitos graves aun siendo negociador en los diálogos de paz. El caso de Díaz tomó un giro luego de que, según notificó la Fiscalía, se encontraran evidencias recientes que lo vinculan con delitos cometidos tras su designación como vocero en la mesa de negociación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hallazgo surgió a partir de un análisis técnico de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que alias Calarcá fue interceptado, el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). La extracción de información de estos dispositivos llevó al organismo a advertir sobre posibles conductas criminales persistentes por parte del líder armado, que se separó de las tropas de Néstor Gregorio Vera, “Iván Mordisco”.

Así se conoció la determinación sobre las órdenes de captura contra alias Calarcá

En la reunión de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, se acordó crear una nueva metodología para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los negociadores de grupos armados ilegales en procesos de diálogo. Con ello se busca asegurar que la suspensión de órdenes de captura solo se mantenga si no se detectan violaciones graves a la voluntad de paz.

Para tal fin, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022 y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. “La revisión se hará periódicamente, de acuerdo con los acontecimientos, y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”, afirmó el 26 de marzo la entidad, luego del primer encuentro con el comisionado Patiño para este asunto.

Y es que, de acuerdo con la investigación derivada de los dispositivos incautados, alias Calarcá estaría vinculado a la muerte de un defensor de derechos humanos, al reclutamiento de menores, la continuidad de combates armados y a la presión contra comunidades. Estos datos motivaron la advertencia de una posible reactivación de los procesos en curso en caso de comprobarse que se han incumplido condiciones pactadas.

Para esclarecer este proceso, la autoridad judicial dispuso de cinco líneas de investigación prioritarias con alcance nacional. Dichas indagaciones se centran en determinar la posible cooptación de agentes de inteligencia y de integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias, la identificación de amenazas a la seguridad nacional y la eventual financiación ilícita de la campaña presidencial.

En su momento, la fiscal Camargo, que conserva la potestad exclusiva para levantar la medida de suspensión, fundamentó su análisis en “la evidente vulneración de los requisitos establecidos para continuar con dicho beneficio judicial”, aunque todavía no exista consenso sobre el proceder con Díaz.

En medio de este mediático caso, también se han conocido las duras críticas del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro “parece tenerle miedo a alias Calarcá”. Y cuestionó que se mantengan suspendidas las órdenes de captura contra el cabecilla bajo la figura de gestor de paz, lo que a su juicio desprotege a los ciudadanos que han sido víctimas de su accionar criminal.

Grabaciones obtenidas por Noticias Caracol demostrarían que, a principios de 2025, al menos cuatro emisarios vinculados al oficialismo, entre ellos el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), negociaron en secreto con el abogado del contrabandista e incluso le ofrecieron beneficios judiciales a cambio de colaboración y silencio, antes de cualquier intervención de la justicia ordinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según consta en los audios, Lemus sostuvo dos reuniones a puerta cerrada con el defensor de “Papá Pitufo”. Las grabaciones, que suman más de una hora y media, muestran al exfuncionario proponiendo garantías y negociaciones propias de una autoridad judicial, pese a que su reciente salida de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) dejaría entrever que su relación con el jefe de Estado no sería la mejor.

A ellos se sumarían los catalanes Xavier Vendrell y Ramón Devesa, que fueron mencionados en el caso de los $500 millones que habrían intentado ingresar a la campaña de Petro, en 2022, e Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), como los emisarios, además de Lemus, en encuentros con Luis Felipe Ramírez, el letrado representante del considerado “zar del contrabando” en Colombia.

En ese orden de ideas, diferentes políticos de los partidos de oposición, en especial el Centro Democrático y la candidata presidencial Paloma Valencia, además de otras voces, se pronunciaron frente a lo que sería la evidencia de este caso; que compromete, a 124 días para el final del mandato constitucional, la integridad del Ejecutivo frente a lo que serían tratativas “por debajo de la mesa” con poderosos delincuentes.

Oposición exigió una investigación independiente sobre las relaciones entre la campaña de Petro y “Papá Pitufo”

Valencia, en un video, sostuvo que las revelaciones constituyen un hecho de extrema gravedad institucional. “Ya son cuatro los emisarios que se habrían reunido con ‘Papá Pitufo’ o con sus abogados para tratar de calmar el tema”, afirmó Valencia al medio Noticias Caracol. Según su denuncia, en 2005 ‘Papá Pitufo’ había dado $500 millones a la campaña de Petro y nunca presentó pruebas de la devolución", dijo.

En ese orden de ideas, pidió la intervención de una fiscalía ad hoc y exigió a la Comisión de Acusaciones del Congreso que se informe al país. “Aquí hay que pedirle explicaciones al Gobierno. ¿Dónde está el supuesto video donde devolvieron los 500 millones de pesos? ¿Dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos de Papá Pitufo con gente de su gobierno?”, agregó la aspirante presidencial.

Por su parte, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, uno de los más insistentes en llevar esta discusión al órgano legislativo, con incluso duras protestas contra el mandatario, advirtió que desde 2025 había alertado sobre estos hechos y denunció el bloqueo del control político. “¿Por qué siguen bloqueando el control político? ¿A qué le tiene miedo Petro?”, sostuvo el congresista opositor.

Del mismo modo, el partido Centro Democrático como tal calificó los hechos como “una estocada a la institucionalidad” y cuestionó el rol de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones. “La Fiscalía General de la Nación tendrá que explicarle al país por qué es mencionada por el ex director de la DNI, pero sobre todo el porqué de su silencio (sic)”, expresó la agrupación en sus declaraciones vía redes sociales.

Más reacciones sobre el escándalo que sacude al Gobierno Petro: “Puso en la DNI a un cómplice de los narcoterroristas”

Por su parte, voceros políticos de la oposición, como Óscar Villamizar y Daniel Briceño, ambos integrantes de la bancada del Centro Democrático, exigieron responsabilidades y la apertura de una investigación independiente. “En menos de dos meses se ha descubierto que Petro puso en la DNI a un cómplice de los narcoterroristas y hoy se demuestra que, además, alias Papá Pitufo también tendría cómplices allí”.

Por su parte, Briceño también fue duro en sus críticas. “El contrabandista alias Papá Pitufo le dio $500 millones a la campaña de Petro, ellos dijeron que se los devolvieron y que tenían un video el cual nunca mostraron”, remarcó el congresista electo más votado de las pasadas elecciones legislativas, en relación con la evidencia recopilada por Noticias Caracol, que gira sobre la opacidad del oficialismo en dar respuestas.

Las grabaciones sugieren que “el Gobierno buscó al ‘Zar del Contrabando’ antes que la propia justicia”, según expuso el Centro Democrático, y que, lejos de limitarse a facilitar una entrega voluntaria, los emisarios oficiales ofrecieron ventajas especiales que únicamente puede otorgar la Fiscalía o los jueces competentes; como lo indicó la propia fiscal General Luz Adriana Camargo, frente a este mediático caso.

Otra de las reacciones es del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical: “¿Qué hacía el abogado de ‘Papá Pitufo’ conversando con integrantes de la DNI? ¿Con qué autoridad el organismo de inteligencia ofrecía beneficios judiciales al reconocido contrabandista? ¿Por qué Gustavo Petro intenta lavarse las manos cuando él (y sólo él) permitió la cooptación de la entidad por elementos que militaron en el M-19?”.

La divulgación de grabaciones entre Jorge Lemus, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia, expuso lo que sería una trama de acercamientos clandestinos autorizados por altos funcionarios del actual Gobierno y protagonizados por al menos cuatro emisarios, que habrían actuado en nombre del presidente Gustavo Petro.

En efecto, los funcionarios, en representación del jefe de Estado, mantuvieron comunicaciones directas con abogados de Marín cuando este ya estaba fuera del país. Las conversaciones, dos de ellas presenciales, entre febrero y marzo de 2025 y a las que accedió Noticias Caracol, revelarían ofrecimientos de beneficios judiciales y advertencias sobre la información potencialmente perjudicial que “Papá Pitufo” tendría sobre el entorno presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los datos más novedosos resalta el propio reconocimiento, en audio, de Ramón Devesa, un catalán allegado al Gobierno desde la campaña de Petro como intermediario en España, así como la confirmación pública de Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), de haber actuado como emisario por delegación presidencial en una reunión celebrada en abril de 2024 en medio del entramado.

Estas gestiones superaban las atribuciones de los cargos involucrados y se efectuaron cuando Marín aguardaba resolución a su solicitud de asilo en Portugal. Los contactos documentados, según el expediente judicial, ocurrieron en medio del escándalo sobre intentos de infiltración de dineros del contrabando en la campaña de Petro, episodio que provocó, a inicios de 2025, un revuelo mediático de proporciones inusitadas.

Asimismo, como el despliegue de funcionarios de inteligencia y operadores legales con el fin de gestionar la entrega de Marín y garantizar, como aceptan las grabaciones, incentivos, seguridad y manejo bajo perfil. Tanto Lemus como Ramírez, el abogado de Marín, habrían reconocido en los referidos audios que las reuniones se desarrollaron con autorización presidencial, una de ellas en un restaurante en Cartagena, según videos.

En la información del citado medio, Lemus, que se desempeñó como director de la entidad, ofreció beneficios judiciales a cambio de la sumisión voluntaria de Marín. “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana (sic), y hasta donde quiera”, manifestó Lemus en una de las reuniones grabadas y de 1 hora y 50 minutos de duración, celebrada el 26 de febrero de 2025, según el reporte en mención.

El sistema de emisarios y la sombra del chantaje en el que estaría ‘Papá Pitufo’

Las grabaciones conocidas por Noticias Caracol también dejan constancia de la existencia de, al menos, cuatro emisarios que decían actuar bajo encargo de Petro para mantener contacto con Marín. Además de Devesa y Beltrán, el propio Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aparece nombrado en los audios como intermediario, junto a Gloria Arias, actual defensora del contrabandista.

De acuerdo con el abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez, él mantuvo comunicación con Devesa porque le proporcionaba información sobre ciertos temas relacionados con el presidente. Y agregó que él tenía inquietudes, en particular respecto a una posible amenaza o atentado que se planeaba en Cali, vinculado a una organización, por lo que colaboró entregándole información relevante sobre esa situación.

“Ahora es que llega él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos (...) Llegar a hacer eso es armar una hecatombe”, alertó Ramírez, abogado de Marín, que remarcó el calibre de las amenazas implícitas y las eventuales consecuencias de que su cliente decidiera confesar todo lo que sabe sobre la relación entre funcionarios gubernamentales y su red. Es más: en los registros sonoros, el letrado también señaló la cantidad y procedencia de los intermediarios en funciones para el fin propuesto.

“Alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no porque hay muchas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente). Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón. Estoy hablando de Ramón el español”, enfatizó el letrado en el reporte periodístico.

Durante los encuentros, Lemus admitió saber de la intención de Marín en “organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Shottas’ y con los ‘Espartanos’”, en una oferta que involucraba supuestos favores para manejar el orden público en ciudades estratégicas a cambio de garantías de seguridad para Marín y su posible inclusión en los procesos de Paz Total, impulsados por Petro.

“Si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad (…) si ya está aquí metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya en la negociación, hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual”, aseguró Lemus, de acuerdo con los audios revelados por el mencionado medio.

Los beneficios, las contradicciones y el alcance legal de las tratativas con Marín Buitrago

En las grabaciones se habría registrado la posible usurpación de funciones por parte de Lemus y otros funcionarios no judiciales al negociar entregas y proponer beneficios por fuera del marco de la Fiscalía. “Es un abuso de función, es decir, están usurpando funciones que no son de la Uiaf, todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía”, dijo la fiscal General Luz Adriana Camargo, a 6AM Caracol.

Con ese panorama, el abogado de Marín insistió en que su cliente nunca tuvo la intención de actuar en contra del Gobierno y sustentó que la iniciativa de diálogo provino de la administración Petro. “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno, con el aval directo del presidente. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la DNI”, respondió Ramírez a Noticias Caracol.

La exposición generada por las conversaciones motivó la renuncia de Lemus a la Uiaf y expuso las contradicciones públicas entre los implicados. Lemus sostiene que “fue el abogado del ‘zar del contrabando’ quien buscó al Gobierno para hacer acercamientos y aseguró que esas reuniones contaron con el aval del Presidente de la República”, mientras el letrado defendió que el interés partió del lado oficial.

El abogado afirmó que recibió la visita de un asesor de Rodríguez, de la UNP, que se acercó para solicitarle información y se refirió con extrañeza a unas declaraciones del funcionario en el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025. “Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, (...) A mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto Yo digo: ‘¿Estos manes qué hicieron?’”.

El megascándalo de los dineros que buscaron meter a la campaña Petro

A su vez, los audios confirmarían las maniobras para presuntamente frenar la entrada de 10.000 millones de pesos provenientes de Marín a la campaña Petro presidente en 2022. “Nosotros protegemos al presidente en la campaña para que no entraran 10.000 millones de pesos. Eso sí lo paramos y lo trancamos (…) Augusto estaba como yo. O sea, no sabíamos exactamente quién era el señor”, indicó Lemus, según el medio.

No obstante, en lo concerniente a los $500 millones canalizados a través del activista catalán Xavier Vendrell y que supuestamente fueron devueltos, Lemus expresó sus dudas sobre esta versión. “Yo vi el video, yo lo vi. Y en el video no sé si estaban los 500 millones de pesos que él había entregado. No sé si estaban en ese que yo vi. No sé. Devesa fue el que grabó”, expresó, de acuerdo con Noticias Caracol.

En su única declaración oficial, Petro comunicó por intermediación de su jefe de prensa, Petro dijo que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

Aunque en sus comentarios, el jefe de Estado también sugirió la existencia de un pacto entre fiscales y agentes de inteligencia para impedir la extradición de Marín y emplearlo en otros fines. “El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo”, agregó el primer mandatario de los colombianos.

La falta de respuestas por parte de actores cruciales en este caso, como Augusto Rodríguez, Isaac Beltrán, Ramón Devesa y la abogada Gloria Arias, mantendría en suspenso la explicación sobre el alcance de estas gestiones y el impacto de la información que “Papá Pitufo” podría revelar respecto a las relaciones entre el contrabando y estructuras de Gobierno. Todo esto, en medio de duras reacciones en el espectro político.

Martín Eduardo Botero, doctor en Derecho Constitucional Europeo y profesor visitante de Derecho Internacional, alertó en una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre tres riesgos críticos para la democracia en Colombia: el uso de inteligencia estatal, la intervención del Ejecutivo en el proceso electoral y lo que a su juicio son amenazas graves contra un candidato presidencial de oposición.

En el texto fechado el 5 de abril de 2026 a través de la red social X y difundido tras la última polémica entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el aspirante Abelardo de la Espriella, Botero señaló que el contexto actual de la contienda electoral en el país trasciende la simple confrontación política y expondría, a su juicio, una posible “alteración de las condiciones estructurales de la competencia democrática”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Botero, la inquietud se ha profundizado por las recientes declaraciones del jefe de Estado, que en redes sociales refirió supuestos “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”, sin resguardo probatorio alguno. Por lo que Germán Calderón España presentó ante la Comisión de Acusaciones una investigación por “presunto delito de violación ilícita de comunicaciones”.

La controversia inició cuando el presidente Petro mencionó el uso de informes de inteligencia para sustentar la sospecha de un acuerdo entre empresarios y un candidato opositor, vinculado a la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral. La carta no solo cuestionó el posible uso partidista de instrumentos estatales, sino la falta de garantías de imparcialidad para todos los actores del proceso.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella”, publicó el mandatario en redes, lo que motivó la dura respuesta de Botero con su misiva.

La preocupación de Martín Eduardo Botero ante sospechas de “chuzadas” a las campañas presidenciales

En efecto, Botero advirtió al Secretario de Estado que “la sola insinuación de su uso en el marco de una contienda política, sin transparencia ni verificación, compromete la confianza en la neutralidad institucional del Estado”. Y sostuvo que los sistemas de inteligencia deben estar sujetos a “límites estrictos de legalidad, control judicial y finalidad legítima”, reiteró el doctor en derecho constitucional.

Y remarcó que la reiterada intervención del ejecutivo en el debate podría interpretarse como “toma de posición frente a las candidaturas en competencia”. En ese orden de ideas, el especialista fue tajante al evaluar la sumatoria de factores que confluirían en este caso, que tiene como blanco de críticas a la opinión pública al gobernante, que intentó defenderse de los señalamientos apuntando al abogado de derecha.

En su parecer “la concurrencia de estos factores —uso discursivo de inteligencia estatal, imputaciones no verificadas de carácter electoral, intervención del poder ejecutivo y amenazas contra un candidato presidencial competitivo— configura un escenario que permite advertir un riesgo de manipulación del proceso electoral”, escribió Botero en su publicación en la red social en mención.

La comunicación de Martín Eduardo Botero no se limita a observaciones técnicas, pues el académico señaló el precedente de violencia política en Colombia, y recordó en su publicación que el país ha sido escenario de magnicidios. Además, precisó que “este antecedente no es meramente histórico: constituye un factor objetivo que obliga a extremar las garantías de seguridad y a actuar con la máxima diligencia institucional”.

Asimismo, señaló que “cuando las garantías de neutralidad, seguridad y transparencia se ven comprometidas de forma concurrente, la integridad del proceso deja de estar asegurada”. Así Botero, distintos actores políticos han reclamado al jefe de Estado aclaraciones puntuales, preguntando si reconoce una interceptación no autorizada y alertando sobre los riesgos que ello implica para los derechos fundamentales.

El propio Abelardo de la Espriella respondió a Gustavo Petro desde su cuenta personal y negó cualquier relación con los empresarios aludidos. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, replicó el candidato, que acusó al mandatario de favorecer otras candidaturas y sostuvo que confrontará por la vía legal toda acción que amenace la transparencia del proceso 2026.

Martín Eduardo Botero concluyó su carta señalando que la observación internacional resulta imprescindible y pidió que la coyuntura colombiana forme parte de los mecanismos de seguimiento institucional existentes entre ambos países. “El objetivo no es interferir en los asuntos internos de Colombia, sino advertir sobre condiciones que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral en curso”, dijo el jurista.

En un extenso mensaje en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe lanzó el domingo 5 de abril una serie de acusaciones contra el senador Iván Cepeda y estableció un severo contraste con el pasado de su padre, Manuel Cepeda. El exmandatario cuestionó la autenticidad del discurso de Paz Total del candidato oficialista y lo vinculó tanto a prácticas violentas y a escándalos actuales de presunta impunidad y corrupción.

Entre las acusaciones formuladas, Uribe citó datos sobre la violencia en el país al afirmar que “este año lleva el récord de 35 masacres”, atribuyendo ese saldo a la estrategia impulsada por el candidato del Pacto Histórico. Así señaló además que Cepeda “promueve la violencia que esconde en la Paz Total” y lo acusó de ser “arquitecto de la invasión de coca”, conectando la figura del senador con la expansión de cultivos ilícitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el exmandatario recurrió al antecedente familiar para establecer una continuidad en lo que considera prácticas políticas encubiertas. “Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”, afirmó el veterano político antioqueño, en relación con el congresista.

En su publicación, Uribe incluyó referencias a libros y testimonios que, según él, documentan la relación entre el Partido Comunista, las extintas Farc y la figura de Manuel Cepeda: que fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá cuando ejercía su labor legislativa como senador del partido Unión Patriótica (UP), según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros organismos de índole internacional.

Del mismo modo, en su publicación, Uribe Vélez acusó a su contendor Cepeda de buscar una reforma constitucional aunque “trata de negar la Constituyente, pero recoge firmas”, de ser mencionado “en los computadores de Reyes”, y de fungir como “promotor de la impunidad de (Jesús) Santrich y (Iván) Márquez, que crearon la Nueva Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe (Turbay, senador del Centro Democrático)”.

También vinculó al hoy aspirante del progresismo con supuestas irregularidades en “la corrupta contratación pública directa de 32 billones de pesos” y lo acusó de manipular procedimientos judiciales. “Iván Cepeda altera actas, me calumnia y cuando lo desmiento con pruebas evade y acude a la condena de mi hermano”, exclamó el exmandatario, que lanzó duros comentarios contra el congresista de izquierda.

Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Tramposo que habla de trampas”

De la misma forma, el ex jefe de Estado, que fue declarado inocente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un proceso contra Cepeda, calificó al senador como “tramposo que habla de trampas” y sostuvo que oculta información clave al asegurar que “no entrega información judicial y aduce que se le cayó el teléfono y perdió la memoria”.

Con ello, el exmandatario dedicó una parte sustancial de su declaración a la situación judicial de su hermano Santiago Uribe. “Mi hermano Santiago fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. Acusado por (el exfical) Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal. Todos los demás acusados de conformar el grupo criminal están absueltos”, remarcó.

Según el expresidente, “incluso alguno(s) tuvo/tuvieron como abogado a Jesús María Valle, q.e.p.d.”, en lo concerniente a los testimonios en contra del ganadero antioqueño. También, al hablar sobre el testimonio del mayor Juan Carlos Meneses, condenado a 27 años por el asesinato de un campesino en 1994 y que fue íntimamente relacionado con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles en Yarumal, Antioquia.

“El mayor Meneses, testigo contra mi hermano, en decisión discrecional del Director de la Policía, ‘verdad sabida, buena fe guardada’, fue retirado de la institución por narcotráfico. Estuvo en Venezuela protegido por Chávez, al regresar acusó a mi hermano. Mencionó una conversación con mi hermano en Yarumal. En el juicio quedó demostrado que mi hermano se encontraba en Manizales”, reiteró el expresidente de la República.

Por último, Uribe Vélez atribuyó a Iván Cepeda la responsabilidad de mantener oculta información clave y de manipular evidencias a su conveniencia en el marco de los procesos judiciales. Y, en consecuencia, se amparó en decisiones judiciales previas que absuelven a su hermano para rechazar los señalamientos sostenidos por el candidato presidencial del Pacto Histórico.

En medio del agitado debate político, por cuenta de lo que sería la intervención del primer mandatario Gustavo Petro, la excalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial Claudia López cuestionó de forma abierta la dinámica de polarización que enfrentan los electores en Colombia. A través de sus redes sociales, la exmandataria expresó el domingo 5 de abril su preocupación sobre la falta de opciones fuera de los liderazgos tradicionales.

“¡No se necesita un doctorado, sino escuchar las apariciones y también los silencios de Iván para NO SABER si tendrá o no carácter para no ser un mero Petro2, como no se sabe si Paloma será Uribe4!”, afirmó López al referirse a las figuras políticas que emergen como posibles sucesores del actual proyecto político, que estaría en manos del senador Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico de cara a la primera vuelta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La exalcaldesa dejó en claro que no se siente representada ni por el uribismo ni por el petrismo, y reiteró que el país merece alternativas políticas más allá de esta dicotomía. “Sin rodeos. Solo voy a votar por la nueva historia que represento. En segunda vuelta no sé. En todo caso NO es regalando nuestras convicciones y propuestas como se las van a tomar en serio. Sino defendiéndolas con coraje y pasión”, aseguró López.

Y en respuesta a quienes la interpelan por no alinearse con los polos tradicionales, la exalcaldesa fue enfática en su respuesta. “Esa es la falsa dicotomía sectaria que les dan la orden de imponer: el que no vote por Petro es falso, traidor, de extrema derecha. Pues no. Muchos somos progresistas y demócratas. No nos van a manipular como borregos ni a conquistar como serviles si no ofrecen algo mejor”, afirmó la hoy aspirante.

También se refirió a la figura de Paloma Valencia, posible candidata del uribismo, y a Cepeda, referente del petrismo, al dejar en evidencia sus dudas sobre un cambio real. “Es posible que Paloma no sea más que el mismo pasado de Uribe. Pero si Cepeda es el mismo presente de Petro tampoco nos espera nada mucho mejor (sic)”, destacó la política, que quiere ser la primera presidenta mujer en Colombia.

Señalamientos sobre la falsa dicotomía y el progresismo independiente

En ese sentido, defendió su trayectoria en el progresismo y criticó la presión para alinearse sin cuestionamientos. “No es un discurso es una convicción. La misma por la que voté dos veces por la inclusión de la izquierda, meta ya lograda y ratificada con las elecciones de congreso. De la que no me arrepiento así me la cobren hasta la saciedad los unos y nunca me la hayan agradecido los otros”, expresó la candidata.

Y dijo que su rechazo al uribismo es firme, pero dejó claro que tampoco se siente obligada a respaldar al actual proyecto si este no representa sus principios. “El uribismo nunca ha sido ni será mi proyecto. Pero tampoco me siento obligada a votar por Petro así gobierne con abusadores, machistas, corruptos y acuerdos de corrupción y Paz Total (electorales) con delincuentes. No fue ese el cambio por el que voté”, afirmó.

Para López, la lucha política debe evitar caer en la manipulación de supuestas lealtades automáticas de acuerdo al personaje, sea de un lado o de otro. “No dejarnos manipular por esa falsa dicotomía es mi lucha y no me pienso rendirme ni entregarme. No es hora callar ni de sometimiento ni de sumisión. Me basta convicción, coraje y visión. Estoy segura de que a ti también (sic)”, agregó la exmandataria de los capitalinos.

En otro mensaje, reiteró su distancia de los extremos, es decir, de Uribe y Petro, incluso calificando al primero con duros términos. “Yo tampoco quiero matarife4. Enfrenté al 1, 2, 3 y enfrentaré al 4 si ocurre, para defender a la gente y a la nueva historia que nos merecemos. Pero ojalá un milagroso descanso del ego les permita solo imaginar que por esa arrogancia (y otras cosas) puede perder el progresismo”, añadió.

Claudia López y la defensa de su postura, ante críticas del progresismo

Los comentarios de López se dieron en medio del análisis sobre el rumbo del progresismo, cuando la socióloga Sara Tufano recordó su discurso previo a la consulta presidencial. “Decir que el petrismo y el uribismo no eran dos extremos iguales. ¡Eso, en la izquierda, siempre lo supimos! Es por esto que no necesitamos otro gobierno de Uribe, a través de Paloma, para saber que su gobierno será como volver al pasado”, reiteró.

En apoyo a la postura de la exmandataria, Leonardo Huerta, su fórmula vicepresidencial, salió en su defensa y remarcó la idea de separarse de los extremos. “Así es, la política no puede seguir reducida a escoger entre dos versiones de lo mismo. Colombia merece más que ese falso dilema. Merecemos UNA NUEVA HISTORIA, Colombia merece rigor, decencia y soluciones. Romper esa trampa también es un acto de valentía”, indicó.

La discusión, en suma, refleja el clima de insatisfacción de un sector progresista que rechaza tanto el regreso del uribismo como la continuidad del petrismo sin cambios sustanciales. “Muchos somos progresistas y demócratas. No nos van a manipular como borregos ni a conquistar como serviles si no ofrecen algo mejor”, insistió López, que espera levantar en las encuestas, en las que apenas marca menos del 4%.

Luis Gilberto Murillo, que ejerció como ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gustavo Petro y que en la actualidad adelanta su candidatura presidencial, en representación de las regiones, habló en Infobae Colombia de los desafíos de su campaña y, al mismo tiempo, expuso su visión sobre el proceso electoral y el panorama político actual; en un pronunciamiento en el que hizo una clara invitación a sus contendores.

El nacido en Andagoya (Chocó), que ha jugado un papel clave en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, fue enfático en señalar que las encuestas solo muestran una fotografía momentánea y, con la misma contundencia en sus afirmaciones, defendió la transparencia de los comicios recientes; a diferencia de lo expresado por el hoy jefe de Estado, que ha insistido en irregularidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A su vez, Murillo, que en 2022 fue fórmula de Sergio Fajardo, pero en segunda vuelta tomó partido y se alineó con Petro, parece estar dispuesto a desmarcarse de manera tajante de lo que alguna vez lo unió en su visión de país con el primer mandatario. Por ello, hizo un llamado a la necesidad de sensatez y alianzas estratégicas para enfrentar los retos estructurales del Estado, eso sí, sin desconocer la legitimidad de los comicios.

En la conversación, el excanciller destacó la importancia de conformar un gobierno serio y de impulsar acuerdos con distintos sectores para atender problemas como el desempleo, la desigualdad y la seguridad en todo el territorio nacional. E insistió en que su propuesta busca sumar las voces de una Colombia diversa y promover la estabilidad institucional a través del diálogo y el respeto por el voto ciudadano.

Infobae Colombia: Aprovechando la coyuntura y lo sucedido con el Banco de la República y la decisión del Ministerio de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la junta directiva por el aumento de las tasas de interés, ¿Qué opinión le merece todo este asunto?

Luis Gilberto Murillo: Lo primero que hemos dicho es que se debe garantizar la independencia de los poderes. Los pesos y contrapesos son fundamentales en la democracia y esto requiere llegar a acuerdos, no imponer decisiones. Al presidente no le ha ido mal en temas económicos, ha puesto más dinero en el bolsillo de la gente, pero eso no debe quedarse ahí. Hay que buscar que la gente tenga más oportunidades para salir de la economía informal, que involucra al 55 o 60% de la población.

Se necesita más apertura del Banco de la República y su junta para cambiar la política económica y fiscal, porque la junta, por diseño constitucional, no tiene responsabilidad sobre la generación de empleo, a diferencia de otros países. Hay que garantizar esa independencia, pero el diálogo debe mantenerse porque el país es otro y hay nuevos intereses, especialmente de los territorios de donde yo vengo, que nunca han sido centrales en las decisiones económicas.

Sin embargo, esto no se resuelve retirándose de la junta ni rompiendo el diálogo. Siempre hay que dialogar y llegar a acuerdos. Debe encontrarse un punto medio que beneficie al país y a quienes lo necesitan. La discusión sobre la tasa de interés debe darse sin imposiciones de ningún lado.

Ese enfoque dialogante ha sido lo que lo diferencia del presidente actual, que ha tomado decisiones más unilaterales, incluso en temas internacionales y en las relaciones con países vecinos...

En el largo plazo, las decisiones impuestas tienen dificultades para implementarse. Cuando las decisiones son acordadas y dialogadas, aumentan su legitimidad y su implementación fluye mejor, beneficiando al país. Por eso he dicho que mi gobierno, a partir del 7 de agosto, será un gobierno sensato, que evite el “estrés nacional” de posiciones extremas. Creemos en la posibilidad de acuerdos, pero eso requiere voluntad política de todas las partes.

También debe recordarse que el sector empresarial y financiero recibió al presidente y a su gobierno con resistencia, sin voluntad de dialogar. Hay nuevas voces en el país que deben ser escuchadas. El sector económico y empresarial debe acostumbrarse a escuchar otras posiciones, y el Gobierno debe tener apertura para generar ambientes de diálogo y acuerdos. Eso requiere voluntad política.

¿Qué opinión le merecen las encuestas? ¿Son un parámetro para seguir trabajando en la campaña? ¿Las desestima por sus resultados recientes?

Creo que las encuestas muestran una fotografía del momento. Ojalá sea la adecuada. Lo que hay que entender es que las mediciones realmente no acertaron en las elecciones del 8 de marzo y este panorama está muy abierto. También hay que señalar que quienes hoy aspiran a la presidencia lideraron la ley que ha generado confusión en la realización de encuestas en el país, volviéndolas costosas y poco claras.

Esas personas tienen una responsabilidad en eso también. Esa fotografía de las encuestas va a cambiar porque el electorado no ha tomado decisiones finales. Nuestro equipo presidencial ya es visto con interés y como una opción viable y real, lo que nos está permitiendo crecer rápidamente. Muchos se van a sorprender de nuestros resultados en esta gesta electoral.

No se olviden de que estamos muy bien ubicados, somos el número 14. He escuchado, con curiosidad, que dicen: “No vote en blanco, vote negro”, porque estamos al final de la lista. Y también me han dicho en términos religiosos: “El evangelio de San Mateo dice que los últimos serán los primeros”. Parece que eso va a suceder aquí en Colombia.

Pero si tuviera que de pronto decantarse por algunas de las 12 candidaturas adicionales de cara a una segunda vuelta, ¿cuál le seduciría más? ¿Cuál se acercaría más a sus ideas?

Estoy seguro de que, con el trabajo que estamos haciendo, vamos a pasar a segunda vuelta. Nosotros tenemos un planteamiento de país que se aparta de los extremos y propone volver a la sensatez y estamos convencidos de que Colombia ya es otra, que el poder establecido ya no tiene sentido y que ahora deben ser escuchadas muchas voces que antes no lo eran.

Quienes interpreten esa nueva Colombia, como nosotros la vemos, tienen muchas posibilidades de que dialoguemos y, ojalá, se unan a nuestro proyecto político en segunda vuelta.

El presidente había expresado sus temores sobre ciertas irregularidades por el manejo del software, pero el escrutinio demostró que solamente hubo una diferencia del 0,2% con respecto al preconteo del 8 de marzo. ¿Qué opinión le merece este tema?

Lo que puedo decir es que todas las veedurías y los procesos de revisión, tanto de los partidos políticos, sus representantes, la Registraduría, los escrutadores y las veedurías internacionales, coincidieron en que fue un proceso realizado de manera correcta. Siempre hay espacio para mejorar, pero el proceso fue validado por estas veedurías y observaciones, tanto internacionales como nacionales.

En términos generales, fue una elección que transcurrió en paz, a pesar de los temores iniciales. Este fue un triunfo de la ciudadanía y de la sociedad colombiana, que participó en un proceso democrático sin altibajos. Hay que abrir el diálogo sobre las inquietudes del presidente y de otros sectores, y responder a ellas con el acompañamiento de los organismos de control y las veedurías internacionales.

¿Qué llamado le hace usted a los demás candidatos, precisamente respecto a ese tema? ¿Está dispuesto a reconocer los resultados, sean cuales fueren?

Considero que el proceso se está desarrollando con todas las garantías y, si no se presentan irregularidades, los resultados deben reconocerse. Existen mecanismos para tramitar las inquietudes e inconformidades de los candidatos en el proceso electoral. Si tomamos como referencia la elección del 8 de marzo, confiamos en que será un proceso transparente, con garantías para todos los candidatos.

Hay comités de garantías electorales, participación en las discusiones y cada campaña puede asignar sus ingenieros y expertos en tecnología y software, que es lo más discutido. Esto permite que los partidos y campañas tomen las medidas necesarias para que el proceso sea transparente y los resultados se acepten rápidamente.

El domingo 5 de abril de 2026 se cumplieron 23 años desde la desaparición forzada y asesinato de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble, en un hecho que revive una herida que sigue abierta en Sucre y en la memoria de las víctimas del paramilitarismo en Colombia. En especial, porque fue un crimen que el propio exmandatario local advirtió en un Consejo Comunal de Gobierno, en frente del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y de su victimario, Salvador Arana Sus.

Su hijo, Juan David Díaz, vocero de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento, reafirmó a Infobae Colombia que la verdad completa sobre este acontecimiento no ha sido alcanzada, pese a que el exgobernador Arana reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber sido el autor intelectual del homicidio y fue condenado a 40 años de prisión por este homicidio, por el que el Estado aún afronta un proceso penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para la familia, la persistente impunidad que se ha registrado en este caso, y lo que han considerado prerrogativas hacia sus determinadores, se ha traducido en nuevas amenazas y el dolor por una justicia fragmentada. Este crimen marcó un hito en la opinión pública, cuando el 10 de abril de 2003 fue hallado el cadáver del exalcalde, más conocido como Tito, con signos de tortura y múltiples impactos de bala en la zona rural de Boca del Zorro, tras denunciarse su desaparición.

El día en que Eudaldo Díaz le dijo a Álvaro Uribe que lo iban a matar, delante de su determinador

Semanas antes, el 1 de febrero de 2003, en Corozal (Sucre), Díaz había denunciado personalmente ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que sería asesinado y señaló al gobernador Arana y a estructuras paramilitares como responsables directos de persecución y corrupción. Tras las denuncias, el Estado le retiró el esquema de seguridad; poco después, fue interceptado por hombres armados cuando se dirigía a una reunión, en el inicio del calvario.

“Soy el alcalde de El Roble suspendido. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre... Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”, expresó Eudaldo Díaz aquella vez, lo que llevó a una rápida intervención de Uribe Vélez, que calificó esta intervención en su momento como un “desorden”; pese a que años después lamentó lo sucedido y negó tener responsabilidad.

La investigación de este asesinato ha involucrado a figuras de peso. Recientemente, la Fiscalía vinculó al coronel Norman León Arango, comandante de Policía de Sucre en ese entonces, por presunta complicidad en el debilitamiento de la protección del exalcalde. Adicionalmente, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió el caso para estudiar si el Estado cumplió su deber de ofrecer justicia plena frente a los que cometieron este suceso.

Este hecho fue destacado por Juan David Díaz, que señaló que las autoridades llamaron a la familia a un proceso de conciliación, pero la propuesta la rechazaron al no existir garantías de reparación integral. “Es un día muy triste para nosotros como familia, que nos ha tocado soportar este dolor. Pero también es un día para recordarnos de las luchas de los hombres valientes de nuestro pueblo que han defendido a la ciudadanía a costa de su propia vida”, expresó.

La verdad fragmentada: familia de Eudaldo Díaz denunció que responsables del crimen gozan de libertad y poder en Sucre

A pesar de la condena de Arana y la confesión de su responsabilidad en la JEP en 2023, para la familia Díaz el proceso continúa incompleto. “Hay una cantidad de miembros de los grupos paramilitares capturados y condenados, ya prácticamente todos libres por la Ley de Justicia y Paz, la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que los premió a muchos sin obtener una verdadera verdad completa”, señaló el hijo del exalcalde ultimado, que continúa exigiendo reparación.

En su concepto, este proceso permitió penas atenuadas a cambio de confesiones, pero una gran parte de los beneficiados no han aportado información determinante sobre todos los responsables. “Faltan personas, tanto autores materiales como intelectuales, por responder”, señaló Díaz, que fue incluso más allá en sus demandas y contó cómo estos responsables, entre los que ha apuntado contra el excabecilla Salvatore Mancuso, continúan ejerciendo influencia.

“Muchos de estos autores siguen delinquiendo, siguen oprimiendo al pueblo porque siguen teniendo poder dentro de los territorios. Me refiero a muchos de los que en su momento fueron miembros de esta organización, de alguna manera colaboraron, ya sea financiando o beneficiándose del poder paramilitar y hoy son personas con poder en el departamento y en otros departamentos y siguen haciendo daño”, recalcó el hijo del exmandatario Eudaldo Díaz.

La persistencia de la impunidad se refleja también en la intimidad de los afectados, pues Díaz dijo a Infobae Colombia que su familia ha recibido todo tipo de intimidaciones. “Seguimos siendo víctimas de todo tipo de amenazas, de persecuciones, a pesar de que han pasado 23 años, porque precisamente el proceso no se ha cerrado y aquellos que aún temen por nuestra lucha ir a la cárcel nos agreden con amenazas y todo intento de asesinato”, puntualizó el líder.

De hecho, el propio Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expuso en la audiencia única de verdad del 15 de mayo de 2023 lo sucedido con este homicidio. “Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, precisó el exparamilitar.

La situación de la familia ilustra la tensión en torno a este mediático caso, en lo concerniente a lo que para ellos es la justicia parcial y la falta de esclarecimiento total, que ha facilitado que los que tuvieron responsabilidad directa o indirecta mantengan poder real en las instituciones y los territorios de Sucre. Aunque la Cidh estudia el expediente, la familia ha rechazado cualquier beneficio económico sin verdad y reparación completa sobre los culpables del asesinato.

El encuentro, correspondiente a la fecha 25 de la competición ibérica, se disputó en el estadio Fernando Torres y concluyó 0-2 a favor del equipo blanco. La actuación de la jugadora caleña fue clave para que el conjunto dirigido por Pau Quesada mantuviera la segunda posición de la tabla, con un total de 59 unidades, y afianzara su campaña en la temporada, por detrás del F.C. Barcelona, que no solo domina a nivel local, sino en la escena continental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de Caicedo resultó fundamental en el desarrollo del derbi madrileño. La atacante, que se ha dado el lujo de disputar torneos como la Copa del Mundo de la FIFA en todas sus categorías, abrió el marcador en el minuto 48, luego de una rápida incursión por el costado izquierdo. Tras asociarse en una pared corta con Athenea del Castillo, recibió el balón en profundidad y definió con precisión ante la salida de la arquera rival, para sumar una nueva conquista.

Su anotación permitió al equipo madrileño tomar la ventaja y controlar el ritmo del partido en un escenario de alta exigencia. A nivel personal, representa la cuarta de la talentosa jugadora en 20 partidos disputados en la presente edición de la Liga Femenina de España. A lo que se suman los dos recientes anotados con la divisa “Merengue” en la ‘Champions’, pese al abultado 12-2 en el marcador global ante el Barcelona, en los cuartos de final del torneo europeo.

Así llegará Linda Caicedo a la convocatoria de la selección Colombia para la Liga de Naciones

La futbolista ha mantenido regularidad en el onceno titular y ha sido una de las jugadoras más influyentes en la ofensiva del equipo madridista durante los últimos meses. La victoria ante el Madrid FC permitió al Real Madrid ampliar a cuatro unidades la diferencia sobre la Real Sociedad, tercer elenco de la clasificación, y mantenerse a 10 de las “culés”, punteras con 69 puntos; y aunque el título parece escaparse, lo claro es que la futbolista llega con rodaje internacional.

La jugadora que ha pasado por clubes como América y Deportivo Cali en el fútbol profesional colombiano, ha recibido atención de medios especializados en el balompié femenino, en lo que ya es su cuarta temporada, pues desde 2022 hace parte de uno de los clubes más mediáticos del planeta. Su capacidad de adaptación, sumada a los aportes ofensivos en partidos de alta exigencia, la ubican como una de las principales referencias de este elenco ibérico.

Tras su participación en el derbi madrileño, Caicedo emprendió viaje a Colombia para integrarse a la concentración de la selección femenina en Cali. El combinado nacional se prepara para disputar tres encuentros de la Liga de Naciones de la Conmebol, frente a Venezuela, Chile y Argentina; siendo los dos primeros encuentros en condición de local en la capital vallecaucana, el 10 y 14 de abril, y posteriormente de visita frente a las “Albicelestes”, el domingo 19 de abril.

En este certamen la Tricolor marcha en la cuarta casilla, con siete unidades en tres cotejos, a uno de la escuadra puntera, Venezuela, que tiene ocho en cuatro presentaciones, a la que espera sacarle ventaja en un duelo por el liderado de la liga. También será clave sumar ante australes y gauchas, pues son las que también integran ese lote con siete puntos, en un inicio movido para Marsigla y sus orientadas, que vienen de descansar en la fecha de diciembre de 2025.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la tardanza de la Fiscalía General de la Nación en tomar una decisión sobre la reactivación de las órdenes de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC (Embf). El mandatario advirtió que la demora institucional favorece la impunidad y un abandono para las víctimas.

“Cada hora que pasa protege a Calarcá, abandona a las víctimas y crece la impunidad. Fiscalía y Gobierno Petro le vuelven a allanar el camino a alias Calarcá: ya lo hicieron una vez al dejarlo libre tras su captura en Antioquia por el Ejército Nacional”, expresó Rendón en un contundente mensaje en sus redes sociales, en referencia a la más reciente controversia sobre el estatus jurídico del jefe disidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción del mandatario seccional se produjo luego de que el ente acusador anunció que en los próximos días evaluará si reactiva la orden de captura contra alias Calarcá, tras la recolección de evidencia técnica que lo vincula con delitos graves cometidos mientras fungía como vocero en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional; en lo que sería una grave violación a su estatus, y obligaría a tomar nuevas medidas.

En sus declaraciones, Rendón recordó la gravedad de los delitos atribuidos a Calarcá. “Hablamos del responsable del asesinato de 13 policías y el derribamiento de un Black Hawk de EE. UU., entre muchos otros delitos”, reiteró, al tiempo que exigió una actuación inmediata por parte de las autoridades judiciales. “Si hay evidencia suficiente, no se anuncia: se captura. Lo demás es darle ventaja y es complicidad”, concluyó.

Sobre este caso, cabe destacar que la Fiscalía informó que la decisión responde a un procedimiento definido en reunión entre la fiscal General Luz Adriana Camargo y el comisionado de Paz, Otty Patiño, en un encuentro que se dio con los precedentes jurídicos de la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Lo anterior, mientras sectores sociales y políticos exigen respuestas eficaces.

Intenso debate sobre la suspensión de órdenes de captura sobre alias Calarcá

La controversia surgió tras el anuncio de la Fiscalía sobre la revisión urgente del caso. En una entrevista con Blu Radio, Camargo explicó que el agravamiento de la situación jurídica del insurgente se debe al “hallazgo de dispositivos electrónicos en un retén donde fue interceptado el líder insurgente”, los cuales contenían mensajes que lo vinculan directamente con homicidios posteriores a su designación como vocero.

“Encontramos el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado,” declaró Camargo al citado medio, en el que sostuvo que estos elementos contradicen el compromiso exigido a los voceros de paz y que la situación es “grave”.

Es por ello que se definió un procedimiento para la revisión de la suspensión de las órdenes de captura, y entre Camargo y Patiño se definió una metodología de seguimiento periódico y la vinculación de instituciones responsables en la materia. De acuerdo con la Fiscalía, la decisión sobre la reactivación de la orden de captura depende de la verificación rigurosa de los requisitos legales y del cumplimiento del cese de hostilidades.

En palabras de la fiscal general, “la oficina del comisionado para la Paz ha sido plenamente informada sobre estas pruebas y las consecuencias penales que acarrean”. Por eso este expediente representa, según la institución, un punto de inflexión en el proceso de diálogos, por lo cual es necesaria una verificación estricta de hechos concretos para definir si se puede mantener o no la suspensión de procesos judiciales sobre Díaz.

Cabrales remarcó que la iniciativa, promovida desde 2023, busca responder a alertas de organismos internacionales y se apoya en precedentes judiciales recientes en Estados Unidos, en donde por primera vez compañías tecnológicas como Meta, dueña de la red social Facebook, WhatsApp e Instagram, y Google, que es propietaria de YouTube, fueron declarados responsables de diseñar productos adictivos para menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista señaló que el primer intento de trámite de esta ley se había registrado en 2024, pero el procedimiento legislativo no avanzó. “Radicamos este proyecto, pero por falta de trámite en el Congreso de la República no pudo ser ley”, dijo el parlamentario de oposición al relatar el recorrido de la propuesta. La nueva presentación será acompañada de un renovado impulso ante lo que define como una urgencia nacional.

La motivación principal, enfatizó el senador, es prevenir daños como el deterioro del desarrollo mental, estrés, trastornos del sueño y problemas emocionales, alertados por organismos como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud. Según su diagnóstico, la regulación es impostergable, ante la necesidad de establecer regulaciones que garanticen el bienestar de niños y adolescentes en su proceso de formación.

La ofensiva legislativa se produce en un contexto internacional transformado por sentencias históricas, pues para Cabrales, las decisiones judiciales en Estados Unidos constituyen un punto de inflexión. “Hoy el mundo nos está dando la razón. En Estados Unidos, un jurado en Los Ángeles declaró responsable a las plataformas como Meta y YouTube por diseñar mecanismos que generan adicción en menores de edad", remarcó.

En su concepto, esto evidencia el impacto negativo que pueden tener en su salud y desarrollo, por lo que buscará el respaldo de otras colectividades a su iniciativa, que tendrá que sortear cuatro debates al menos para convertirse en ley. Con ello, quiere sumarse también a países como Francia, que ha avanzado hacia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años sin autorización parental.

Un precedente judicial: las tecnológicas condenadas en Estados Unidos por adicción infantil

El caso expuesto por Cabrales es el que determinó un jurado californiano, que falló contra ambas compañías, al ordenar el pago de seis millones de dólares a una joven usuaria que, desde la niñez, había sufrido daños psicológicos y emocionales derivados de la utilización intensiva de las plataformas. El tribunal concluyó que el diseño orientado a la dependencia digital de Facebook, Instagram y YouTube constituyó una conducta dolosa.

A esta sentencia se sumó un fallo en Nuevo México que impuso a Meta una multa de 375 millones de dólares, al considerar que la empresa priorizó beneficios económicos sobre la seguridad de los menores y los expuso a situaciones de riesgo. Según los jurados, la conducta empresarial afectó la salud mental de la infancia y la adolescencia, y habilitó nuevas demandas e impulsando un movimiento legal más estricto.

Cabrales vinculó las resoluciones con la situación que enfrenta Colombia. “Vemos cada vez más casos de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, acoso digital y exposición a contenidos inapropiados. Esta batalla la vamos a dar en el Congreso. Nuestra prioridad es proteger a nuestros niños”, puntualizó el congresista, que instó a la ciudadanía a sumarse a esta causa, “por el bienestar de nuestros niños”.

La Fiscalía General de la Nación anunció que evaluará en los próximos días si reactiva las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc. La revisión urgente responde a recientes acciones violentas atribuidas a la estructura dirigida por Calarcá y a graves evidencias recolectadas durante investigaciones formales.

El procedimiento fue definido tras una reunión entre la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de Paz, José Otty Patiño, que acordaron una metodología de seguimiento, apoyada en la Ley 2272 de 2022 y en cumplimiento de la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Y de la que se conocieron detalles por parte del ente, que está presto para llevar a cabo un proceso fiel de comprobación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La verificación del cumplimiento de los requisitos para mantener la suspensión de las órdenes de captura se hará de manera periódica y con la participación de instituciones responsables en la materia.

Fiscal General le puso la lupa a las conductas de alias Calarcá

El encuentro se registró luego de conocerse las declaraciones de la titular del órgano investigador, que explicó en Blu Radio que el caso de “Calarcá” se agravó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos en un retén donde fue interceptado el líder insurgente. Los peritajes permitieron extraer y analizar mensajes que vinculan directamente al cabecilla con delitos posteriores a su designación como vocero en el proceso de paz.

“Encontramos el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado”, declaró la fiscal al medio citado; con lo que contradijo por completo el compromiso requerido a quienes son nombrados voceros en la mesa de negociación.

Frente al caso, la fiscal indicó que este tipo de hallazgos son graves y añadió que la oficina del comisionado ha sido plenamente informada sobre estas pruebas y las consecuencias penales que acarrean. Sobre todo, cuando los registros de aplicaciones de mensajería indicarían que dicha muerte se ejecutó por orden directa de Díaz Mendoza, al que también se le ha sindicado de otros hechos delictivos que ponen en riesgo el proceso.

A esto se suma que las actividades delictivas por parte de Calarcá también incluirían extorsiones en el sur del país y la conducción de disputas internas con un saldo de al menos 20 muertos en los Llanos Orientales. Calarcá, de hecho, es disidente del antiguo Estado Mayor Central (EMC), originado de las extintas Farc y cuyo cabecilla es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que comanda en el surocidente.

Estos elementos han llevado a Camargo a advertir que, de no actuar el Ejecutivo de inmediato, la entidad procederá “a reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’”. Con esta determinación, la Fiscalía busca establecer que el cese de hostilidades es un requisito básico e ineludible en los procesos de diálogo, por encima de los formalismos legales, como estaría ocurriendo en uno de los casos más controversiales.

En este orden de ideas y según la versión oficial, el procedimiento acordado, que se aplicará al caso del cabecilla de las disidencias de las Farc, vinculará a diversas instituciones competentes. Así pues, el análisis de la Fiscalía sobre la continuidad de la suspensión o la eventual reactivación de la orden contra alias Calarcá marcará un punto de inflexión en el futuro de las negociaciones de paz con esta organización armada.

Durante el encuentro del gabinete, el gobernante sorprendió a su círculo más cercano al notar que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se quedó, al parecer, dormido. La situación, captada en vivo por las redes oficiales, fue tomada con humor por el presidente, en contraste con la dura recriminación a la directora del DNP, Natalia Irene Molina, a la que regañó sin contemplaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así habría “pillado” Gustavo Petro dormido a Guillermo Alfonso Jaramillo; a directora de Planeación la regañó

Petro abordaba temas relacionados con la producción de alimentos cuando, ante la vista de todo su gabinete, se dirigió a Jaramillo y, con tono distendido, el presidente lo ‘echó al agua’, como se dice en el argot popular. “Guillermo Jaramillo, yo tengo más sueño que usted, porque no dormí anoche, la vaina esta de las rabias que me dan, pero hay que despertarse. Ustedes, yo sé que usted no es noctámbulo, pero a mí me toca”, dijo.

Es válido destacar que la cercanía entre Jaramillo y Petro tiene raíces profundas. Médico cirujano de profesión, el nacido en Líbano (Tolima) ha ocupado cargos clave en la política colombiana, como secretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Petro, gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué y senador. Su perfil técnico y su lealtad política lo han consolidado como figura de confianza para el mandatario.

Por ello, el comentario fue acompañado de sonrisas tanto de Petro como del propio Jaramillo, que reaccionó a esta particular reconvención como si hubiera cometido una pilatuna. Sin embargo, el ambiente relajado entre el presidente y el ministro contrastó con otro episodio ocurrido en la misma sesión, en el que la joven funcionaria recibió una reprimenda pública de parte del jefe de Estado, que descargó su enojo.

Petro fue contundente con Molina. “El Conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo... A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución: ‘El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República’“, expresó el gobernante en su regaño a la titular de la cartera de Ambiente, que quedó expuesta en el video.

Fue tal el enojo de Petro que fue incluso más allá en sus señalamientos. “(El presidente) toma las decisiones, no está en consenso, no es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla militar y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden”, expresó el presidente, que arremetió contra Molina, que ejerce como la titular del DNP.

Este trato diferenciado de Petro hacia Jaramillo no pasó inadvertido ni para el resto del gabinete ni para la opinión pública, pues la escena ha sido interpretada como un símbolo de la confianza que el presidente deposita en su círculo más próximo. A diferencia de Molina, que protagonizó un nuevo episodio en el que el político muestra su descontento contra uno de sus funcionarios, como ocurrió en el pasado con otros.

La más reciente fue la del candidato presidencial y exembajador en Reino Unido Roy Barreras, que con un video en sus redes sociales señaló de forma directa la influencia de sectores afines al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el entramado de corrupción que llevó al fallo contra el legislador, y reiteró el riesgo de regresar a prácticas de impunidad y violencia política en la contienda electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el clip, que es un fragmento de la entrevista que entregó al Tercer Canal, Barreras aprovechó para lanzar duras pullas al expresidente Uribe y reveló lo que para él sería la lista de “buenos muchachos”, es decir, personas al parecer cercanas al exmandatario, que terminaron con problemas judiciales.

En una imagen que mostró Barreras aparecen Bernardo Moreno, Mauricio Velásquez, Jorge Noguera, Alberto Velásquez, Diego Palacios, Edmundo del Castillo, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias y Sabas Pretelt de la Vega, exfuncionarios de su Gobierno condenados, y otras figuras como Diego Cadena, Óscar Iván Zuluaga, Mario Uribe, Luis Javier Restrepo, Álvaro Hernán Prada, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se quedó cortica, mire. Estos son algunos de los condenados e investigados de los buenos muchachos de Álvaro Uribe. Ustedes mostraban ahora la fotografía del último uribista condenado y yo le quiero decir que esta se quedó cortica, mire. Y ahí faltan, pues seguramente muchos, incluyendo el que usted puso", expresó Barreras en sus declaraciones, en las que cuestionó al expresidente.

Y aprovechó para lanzar un claro mensaje. “A ese pasado no podemos volver. Ese es un pasado que no puede olvidarse. 6.402 inocentes asesinados. Este es Jairo, 42 años, asesinado siendo un hombre inocente. No podemos volver a eso los colombianos, asesinando campesinos inocentes para después decirnos que iban ganando la guerra", expresó el exdiplomático, que hizo mención a los ‘falsos positivos’.

Barreras aseguró que el reconocimiento del conflicto armado y su participación en el proceso de paz generaron la animadversión de Uribe. “Por eso reconocí el conflicto hace 15 años, por eso entró en furia Uribe, porque reconocimos el conflicto armado, por eso me fui a La Habana a negociar la paz, por eso firmé el acuerdo de paz y por eso hicimos, Paola, la reforma agraria”, explicó Barreras.

¿Por qué condenó la Corte Suprema a Ciro Ramírez?

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema condenó al senador Ramírez tras hallarlo responsable de irregularidades en la contratación pública entre 2020 y 2022. Según la investigación del alto tribunal, “el congresista aprovechó su influencia institucional para direccionar recursos vinculados al Departamento de Prosperidad Social (DPS)”, durante la administración de Pierre García Jacquier.

La sentencia identifica como pieza central el contrato interadministrativo 670 de 2021, firmado entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta por $48.660 millones. Este acuerdo, celebrado en la semana previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, permitió la repartición ilícita de proyectos de obra e interventoría a empresas y personas seleccionadas de antemano.

Las investigaciones judiciales documentaron que “las dádivas comprometidas rondaban los $1.000 millones”, según consta en el fallo consultado. La operación se articuló mediante un acuerdo criminal entre Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y Ramírez, pues el 13 de octubre de 2021, ambos participaron en una reunión clave con García para planear la firma de un nuevo convenio de gerencia.

La controversia surgida en redes sociales por el uso de la figura de asociaciones público-populares, instaurada por el presidente de la República, Gustavo Petro, está en el ‘ojo del huracán’ tras conocerse de la adjudicación de 80.736 contratos directos por un monto superior a $31 billones, según reveló Colombia Compra Eficiente en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el medio El Tiempo.

El mecanismo, que fue eliminado por la Corte Constitucional por vulnerar los principios de transparencia en la contratación pública, ha sido señalado como un canal para fortalecer estructuras políticas cercanas al partido oficialista, el Pacto Histórico. O al menos así lo cree la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que reaccionó en sus redes sociales al escándalo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el informe entregado por Colombia Compra Eficiente, del total de contratos directos suscritos con juntas de acción comunal, resguardos y cabildos indígenas, apenas el 7 % está finalizado. Esta cifra contrasta con los objetivos oficiales, pues de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos hasta 2025 en la política Caminos para la Paz, solo se han construido 2.387 kilómetros.

Durante el primer trimestre de 2026, la Contraloría General y otros entes de control emitieron numerosas alertas sobre la falta de ejecución y la opacidad en los millonarios contratos, la mayoría aún en estado “celebrado”, “modificado” o “en ejecución”. El organismo de control advirtió que algunas de las obras públicas vinculadas estos contratos no se han materializado, pese a la astronómica inversión.

¿Qué dijo Paloma Valencia de este caso?

Frente a este caso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, criticó directamente la estrategia contractual del Gobierno. “Es increíble que con el sistema de salud colapsado se gasten 31 billones para comprar elecciones”, expresó la aspirante, al revelarse que el promedio por contrato asciende a $384 millones, con la que al parecer se buscaría construir una militancia cautiva.

La respuesta oficial de Colombia Compra Eficiente, citada por El Tiempo, detalló la adjudicación de los contratos en distintos bloques: 55.434 contratos con asociaciones comunales por más de $25 billones; 13.970 contratos con consejos comunitarios por $2 billones; 2.274 contratos con resguardos por $1 billón; 1.389 contratos con cabildos por $700.000 millones; 6.927 contratos con juntas de acción comunal por $6.900 millones; y 742 contratos con cabildos indígenas por $382.000 millones.

Solo una fracción mínima de esta millonaria destinación se encuentra finalizada, con 7.309 contratos con asociaciones comunales equivalentes a $4,7 billones, y cifras aún menores en otros segmentos, según se confirmó en el documento dado a conocer. La mayoría permanece en proceso, lo que motivó advertencias tanto de la Contraloría como de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

En su momento, el procurador general Gregorio Eljach defendió la legalidad de este mecanismo contractual en mayo de 2025, al establecer que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, según el concepto remitido a la Corte Constitucional, que según se estableció fue objeto de estudio por parte del alto tribunal.

Sin embargo, la Corte sentenció la inconstitucionalidad de los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, al constatar que el Gobierno “desconoció las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”; con lo que los dejó sin piso.

Así pues, esta revelación, soportada en cifras oficiales, demuestra que, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad y las alertas reiteradas de organismos de control durante la administración Petro, la contratación directa con asociaciones público-populares concentró recursos estatales por una suma inédita, cuestionada tanto en su legalidad como en su impacto efectivo en las comunidades.

La revelación de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre la inexistencia de la ‘junta directiva del narcotráfico’, supuesta organización que ha querido ser vinculada por el presidente Gustavo Petro al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, provocó una reacción inmediata del exfiscal Francisco Barbosa, que apuntó contra el mandatario y cuestionó la veracidad de sus afirmaciones recientes.

Las declaraciones de la fiscal Camargo, entregadas a Blu Radio, desarmaron la hipótesis del jefe de Estado sobre una presunta estructura mafiosa que habría orquestado el magnicidio a través de la Segunda Marquetalia, tras una reunión en Cúcuta (Norte de Santander).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus redes sociales, el antecesor de la actual jefa del órgano de investigación, fue categórico al descartar la versión de Petro y puso en duda su integridad. “En eso va quedando la sarta de mentiras que ha construido @petrogustavo por años. Sufrí la infamia y la difamación permanente. Al final quedó todo claro. Incluido en una lista de narcotraficantes e investigado en los Estados Unidos”, destacó.

Y agregó que, a tres meses de salir de la presidencia, el futuro del primer mandatario es turbio. “Para las verdades, el tiempo”, dijo Barbosa en su comentario, en el que aprovechó la coyuntura para arremeter contra un viejo contradictor político; con el que tuvo duros choques durante su gestión como fiscal General, que se han acrecentado tras su salida del cargo, que se dio en febrero de 2024.

¿Qué dijo la fiscal Luz Adriana Camargo?

Ante el interrogante sobre si existían pruebas que sustentaran la teoría de una “subcontratación” criminal por parte de una organización superior, como afirmó el jefe de Estado, Camargo aseguró que, aplicados los protocolos técnicos, “no se ha hallado rastro de dicha organización”; con lo que desmintió los argumentos entregados por Petro, que ha insistido en la consolidación de esta estructura.

Este pronunciamiento se amparó en los resultados de nueve meses de investigación sobre el caso Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025, tras dos meses y cuatro días de convalecencia, en la revisión de datos y rastreos técnicos que no han detectado información coherente con la versión oficial; por lo que fue clara en desestimar las declaraciones que ha dado Petro sobre este mediático proceso.

“Hasta el momento lo que nos indica la evidencia es que la decisión es de ese grupo”, dijo Camargo en referencia directa a la estructura comandada por alias Iván Márquez, señalada por la Fiscalía General de la Nación como responsable exclusiva del crimen contra el senador. La funcionaria reiteró que los métodos aplicados se restringen al análisis objetivo de datos y al marco probatorio legal.

A su vez, la funcionaria descartó la influencia de una “agenda política” en el trabajo del ente acusador. “Lo que sí promovemos mucho es el respeto por las instituciones y por las competencias”, explicó Camargo al citado medio, y negó de forma rotunda que sus decisiones estén motivadas por intereses ajenos al derecho y calificó de “absolutamente falsas” las insinuaciones de Petro.

La reconstrucción desarrollada tras casi un año de pesquisas apuntó de manera exclusiva a la estructura armada de la Segunda Marquetalia, y fundamentó su proceder en un interés por generar inestabilidad política, sin pruebas de haber actuado bajo órdenes superiores. Un tema que ha tomado especial relevancia tras lo dicho por Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, ligado a este grupo.

Esta decisión, adoptada por votación unánime de los miembros de la comisión, justo en la recta final de su presencia en el Legislativo, desató un enfrentamiento político en torno al derecho de los que firmaron el Acuerdo de Paz a ejercer mandatos enfocados en las garantías fundamentales, y obligó a la protagonista a referirse a estas críticas, de las cuales se defendió con un enérgico pronunciamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Todo un escándalo se ha armado en torno a mi elección como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Una elección que, como senadora, tengo todo el derecho. De una salieron Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y un resto de personas, de la derecha y algunos medios instrumentalizando a las víctimas", expresó Ramírez, a la que le quedan tres meses de gestión.

Y es que ante las críticas sobre su autoridad moral, la congresista defendió su derecho al puesto con fundamento en el proceso de paz. “Esta elección obedece a mi participación política aquí en el Congreso de la República, un derecho adquirido por la firma del acuerdo de paz”, agregó Ramírez, que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y que se desmovilizó en 2017.

Sandra Ramírez y su llegada a la comisión de DD. HH. del Senado, en medio de críticas a su partido

El ascenso de la senadora ocurre en un momento determinante para su partido, Comunes, que se quedó sin personería jurídica para la próxima legislatura. En las elecciones del 8 de marzo, no alcanzó el umbral electoral para sostener su representación en el Congreso, lo que convirtió este cargo en uno de los últimos de alto perfil para una expartidaria de las Farc antes de perder su curul en el Congreso.

Cabe destacar que la controversia se agudizó con la reacción de figuras opositoras y organizaciones de víctimas. La senadora Cabal, exprecandidata presidencial del Centro Democrático, criticó el nombramiento y lo consideró una provocación para las víctimas del conflicto armado. Sobre todo cuando se conocieron contundentes datos que relacionarían a exmiembros de las Farc en reclutamiento infantil.

“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla“, escribió en redes sociales la congresista vallecaucana, que expresó la postura de los que rechazan que exintegrantes de organizaciones responsables de crímenes graves ejerzan representación en temas de derechos humanos, como sería el caso de la senadora Ramírez.

Y es que, según el proceso que tiene a su cargo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llevaron a cabo el reclutamiento de al menos 18.677 niños por parte de la guerrilla, en una cifra que aumentó la controversia por la presencia de exintegrantes en ámbitos decisivos sobre derechos humanos.

Así defendió la comisión de DD. HH. la elección de Sandra Ramírez

Tras la oficialización del cargo de Ramírez en el Senado, la célula legislativa destacó el mensaje que busca orientar la agenda legislativa. “Estamos seguros de que la gestión que se adelantará desde la mesa directiva, conformada por el senador Carlos Motoa y la senadora Sandra Ramírez, representará avances significativos en la construcción de la unidad y la reconciliación que el país necesita“, dijo.

Esta designación, respaldada de modo unánime por la comisión, supone un reconocimiento a su condición de firmante del Acuerdo de Paz de 2016, pero también, reactivó los duros cuestionamientos de sectores que rechazan la presencia de exguerrilleros en órganos estratégicos del Congreso; pese a que la legisladora ya había sido una de las vicepresidentas de la corporación, durante la vigencia 2020.

La misma estuvo encaminada por el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, que anunció en la sesión del miércoles 25 de marzo que formulará una queja formal ante la Comisión de Acusaciones de la corporación, en la que acusará a Petro de abandono de funciones como comandante supremo de las Fuerzas Militares; toda vez que habría dado plenas garantías a los uniformados en su labor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el Congreso, Triana dirigió críticas al Gobierno, y centró sus señalamientos en la presunta negligencia oficial. “Lo ocurrido en los últimos días, la pérdida de la vida de muchos de nuestros héroes de la patria, no puede pasar ‘de agache’ en este Congreso. El Gobierno tiene el deber de responder, pese a que, entre otras cosas, ha burlado al Congreso porque ha salido a ser responsable ahora frente a su ineptitud“, afirmó Triana.

En ese orden de ideas, el congresista habló de cómo el jefe de Estado estaría demostrando su “incapacidad, negligencia y falta de compromiso con la seguridad” y, en vez de asumir sus responsabilidades, “ha decidido echarle la culpa al Congreso y a las altas cortes”, declaró el parlamentario, que hace parte de la bancada opositora a Petro, al que le restan 136 días para el final de su mandato.

Cabe destacar que a bordo del avión siniestrado viajaban 128 personas, en su mayoría uniformados. Tras recuperar la caja negra, una comisión de la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de expertos de Estados Unidos, lidera la investigación para determinar exactamente qué provocó el siniestro; en tanto que el Ejecutivo decretó tres días de duelo mediante el Decreto 0295 de 2026 y dispuso asistencia para las familias de las víctimas.

Los duros ‘dardos’ de Julio César Triana a Gustavo Petro: “Usted abandonó la seguridad”

Es por ello que Triana, en tono enérgico, también expresó su intención de llevar el caso ante la Comisión de Acusaciones, al ser el gobernante el “comandante supremo” y responsable de las tropas. “Señor presidente Petro, no le diga mentiras a los colombianos. Usted abandonó la seguridad desde el día en que tomó posesión”, remarcó el representante en su intervención, en la que arremetió contra el mandatario.

El congresista responsabilizó al Ejecutivo de priorizar la estructura burocrática sobre la inversión en defensa y seguridad. “Usted ha priorizado la politiquería, ¿o acaso cómo entender que trasladó 2,5 billones de pesos para el Ministerio de la Igualdad, creando cargos y burocracia sin un solo resultado? Debieron parar en la fuerza pública”, sostuvo en su declaración ante sus compañeros en el legislativo.

Además, atribuyó el control creciente del territorio por parte de grupos armados a lo que consideró una falta de acción estatal. “El Gobierno Petro ha sido el que ha permitido, casi que de manera vergonzante y mirando para otro lado, la toma del territorio por parte de los grupos armados”, remarcó el congresista de Cambio Radical, que cuestionó cómo Petro atribuyó la tragedia a la antigüedad del avión en mención.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario respondió al accidente con el decreto de tres días de duelo nacional y declaraciones en las que calificó al Hércules como “chatarra” y criticó, según él, la compra de este tipo de aeronaves durante la administración de Iván Duque. “Un ejército no puede defender a su pueblo con equipos donados que pueden ser obsoletos o estar controlados externamente”, expresó el presidente.

A su vez, Petro señaló que el uso de una aeronave con 43 años de antigüedad fue determinante en la tragedia. “Lo regalado sale caro”, afirmó tras el accidente, y anunció que solicitará formalmente el listado de oficiales y funcionarios responsables de la compra y mantenimiento de la aeronave, con el fin de detectar posibles negligencias al interior de las Fuerzas Militares, que derivaron en este trágico suceso.

Con un comentario con el que buscó confrontar a su contradictora política en búsqueda de la Presidencia de la República, el exministro Mauricio Lizcano acusó a la senadora Paloma Valencia de proteger a Ciro Ramírez, su colega condenado por corrupción tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que impuso 23 años de prisión al congresista, el 25 de marzo de 2026, por estar involucrado en el escándalo de las ‘Marionetas 2.0′.

Lizcano afirmó desde su cuenta en la red social X que Valencia “prepara la llegada de todos los partidos políticos y los congresistas a su campaña” al “defender la inocencia de Ciro Ramírez”, un personaje que, según pudo comprobar el alto tribunal, pidió coimas por contratos gestionados a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo la administración de Pierre García Jacquier.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El candidato manifestó su molestia tras la publicación de Valencia, que reiteró su rechazo a cualquier forma de corrupción. “Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, expresó la senadora.

El caso por el que fue condenado Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático

Y es que durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se celebró el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un monto de $48.660 millones. Según la sentencia de la Corte Suprema, este contrato fue el centro de la red de desvío de recursos y sobornos que originó la condena a Ramírez.

De acuerdo con el fallo de la Sala de Juzgamiento de la Corte, los hechos por los que fue condenado el senador Ramírez ocurrieron entre 2020 y 2022. Durante ese periodo, el congresista usó su influencia institucional para direccionar recursos derivados del Departamento de Prosperidad Social, en contratos que posteriormente fueron adjudicados a personas y empresas seleccionadas de antemano.

Los pagos irregulares o sobornos comprometidos alcanzaron los $1.000 millones y que el acuerdo criminal fue organizado en 2021 junto a Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y García, exsubdirector del DPS. Los contratos relacionados, en el Quindío y Tolima, fueron otorgados por una red liderada por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, y beneficiaron además a empresas encabezadas por Anderson González González.

El propósito de la red era consolidar estructuras de poder político en diferentes regiones del territorio nacional y, al mismo tiempo, la entrega de beneficios ilegales a personajes como Ramírez: que habría ‘aceitado’ la maquinaria del difunto Mario Castaño. El alto tribunal determinó, con base en registros y testimonios, que García promovió el operativo y que la participación del senador fue clave para el direccionamiento del dinero.

Cabe destacar que la Sala de Instrucción de la Corte resolvió no abrir proceso penal contra los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa. El tribunal determinó, tras el análisis de pruebas y testimonios, entre ellos los del exgerente de Proyecta, Herrera, que “no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” a estas conductas.

Según estableció la Corte, durante una reunión celebrada el 13 de octubre de 2021, Herrera comunicó al senador Ramírez los avances de las negociaciones y, junto con García, acordaron la estrategia para formalizar el convenio que permitió el reparto ilícito de los recursos. El diseño del plan permitió fortalecer alianzas políticas en regiones claves y facilitó la asignación irregular de contratos a cambio de sobornos.

La designación de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de Colombia, cargo que se oficializó el 25 de marzo de 2026, habría dejado al descubierto, una vez más, la polarización reinante sobre el rol que han cumplido los exguerrilleros, como ella, exmiembros de las extintas Farc, en dignidades claves del órgano legislativo, al que le restan tres meses.

La crítica más aguda contra la congresista provino de la senadora y exprecandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que a través de las redes sociales señaló este nombramiento como una nueva afrenta a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En un contexto en el que se conoció que este grupo, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reclutó a cerca de 18.677 niños.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla“, afirmó Cabal, en una declaración que sintetiza la postura de un sector de la oposición y de colectivos de víctimas, que consideran que figuras con pasado en la estructura armada que firmó el Acuerdo de Paz en 2016 no deberían ocupar posiciones de liderazgo en materia de derechos humanos.

Ramírez, cuyo nombre legal es Griselda Lobo, y que no pudo revalidar su permanencia en el órgano legislativo para el periodo 2026-2030, fue escogida de manera unánime como parte de la renovación de las mesas directivas en las comisiones legislativas. Una nueva distinción a su presencia en la corporación, luego de que en la vigencia 2020-2021 ejerciera como una de las vicepresidentas del Senado de la República.

En consecuencia, su nombramiento adquirió una dimensión adicional, pues llega apenas tres semanas después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que su partido, Comunes, fusionado con Fuerza Ciudadana, no alcanzó el umbral de votos requerido para mantener la personería jurídica, lo que sitúa este cargo como uno de los últimos de alto perfil que ocupará antes de perder su curul y la representación.

La senadora explicó que para ella la vicepresidencia de la comisión representa un “honor y un gran reto” en términos de transformar la relación del Estado con las comunidades en los territorios, y puso el foco en el diálogo y las garantías fundamentales, según manifestó en su primera intervención. Este nombramiento se interpreta entre sus seguidores como un reconocimiento a su activismo por la paz y los derechos humanos.

“He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la @DdhhSenado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”, indicó Ramírez al recibir esta designación, con lo que marcó cuál será su objetivo en los tres meses que le restan como senadora.

Sandra Ramírez: una figura con pasado en las Farc que divide al Congreso y a las víctimas

Ramírez es reconocida tanto por su papel activo en la firma de la paz como por haber integrado las filas de las extintas Farc desde 1981, a las que ingresó a los 17 años y ejerció como enfermera y radista (encargada de las comunicaciones). En las negociaciones de La Habana desempeñó funciones en el mecanismo de monitoreo del cese al fuego y desde 2018 ocupa una curul en el Senado representando al partido Comunes.

Pese a su desmovilización y reincorporación, organizaciones de víctimas y voces opositoras cuestionaron de manera enfática su “autoridad moral” para conducir debates en materia de derechos humanos. El rechazo radica en testimonios y denuncias, algunos bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia y la JEP, que la mencionan en hechos graves como presunto reclutamiento forzado y violencia sexual.

Pese a esto, y como se mencionaba, la senadora ya había ostentado cargos de relevancia en el Legislativo, como la Segunda Vicepresidencia del Senado en 2020 y la Presidencia de la Comisión Sexta en 2025. El nombramiento en Derechos Humanos, a solo semanas de que el partido Comunes pierda la personería jurídica y su representación en el Congreso, ha provocado que los cuestionamientos vuelvan a aparecer en su contra.

La reciente condena al senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción en la contratación de obras públicas, que se gestó al interior del Departamento de Prosperidad Social (DPS), impulsó nuevas denuncias sobre lo que sería, según el exdirector de la entidad Gustavo Bolívar, la falta de rastreo de millonarios recursos entregados durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Bolívar, que estuvo al frente de esta dependencia entre marzo de 2024 y mayo de 2025, afirmó el miércoles 25 de marzo de 2026 que aún no aparece información sobre el destino de más de dos billones de pesos en convenios firmados en ese periodo, mientras el fallo de la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de una red de asignación ilícita de contratos y reparto de sobornos, de la que participó el congresista boyacense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema halló responsable a Ramírez de haber manipulado recursos del DPS entre 2020 y 2022. El contrato interadministrativo 670 de 2021, celebrado entre la entidad y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, apenas días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, ascendió a $48.660 millones y se convirtió en el eje de un esquema de reparto ilícito de proyectos.

Frente a esta determinación judicial, Bolívar señaló en la red social X que, bajo su gestión, el equipo jurídico de la entidad impulsó acciones para que Prosperidad Social fuera reconocida como víctima en los procesos de las ‘Marionetas’. “Aún falta que la justicia nos diga qué pasó con más de dos billones en convenios que firmó el gobierno Duque, cuya información aún no aparece”, expresó el exfuncionario.

Las investigaciones judiciales documentaron el acuerdo criminal sellado en 2021 entre Pablo César Herrera, entonces asesor de Proyecta, y el senador Ramírez, que planificaron la adjudicación de contratos a beneficiarios seleccionados antes de cualquier licitación formal. Ambos se reunieron el 13 de octubre de 2021 con Pierre García Jacquier, exsubdirector del DPS, para preparar un nuevo convenio interadministrativo.

La operación, según la documentación del alto tribunal, fue diseñada para consolidar influencias políticas en los departamentos de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Tolima, entre otros. Los contratos de obra e interventoría marcaron la ruta para la asignación de recursos a empresas lideradas por personas vinculadas a la red: motivo por el que la Corte calculó que las dádivas comprometidas rondaron los $1.000.000.000.

La estrategia jurídica y el destino incierto de dos billones de pesos

Durante el proceso, Bolívar aseguró que el DPS aportó información sobre “todos los torcidos que encontramos del gobierno Duque”, e insistió en la necesidad de que la justicia aclare la situación de los convenios millonarios cuya documentación “aún no aparece”.

En paralelo al pronunciamiento de Bolívar, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro cuestionó el papel del partido político implicado en los hechos sancionados por la Corte Suprema. “No debería ser Centro Democrático, sino Centro de detención”, dijo la parlamentaria en referencia directa a los daños ocasionados por las irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del senador condenado.

Las actuaciones de la Corte Suprema no se limitaron a Ramírez. En 2025, la Sala de Instrucción decidió no abrir investigación contra los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa, al argumentar que “no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” en la red de corrupción identificada como Las Marionetas 2.0, gestado en 2021 y 2022.

El tribunal enfatizó la ausencia de pruebas sobre gestiones anómalas en torno al contrato interadministrativo 670 de 2021 y sobre posibles intereses electorales ilegales por parte de los mencionados senadores. Así pues, la discusión, como lo indicó Bolívar, parece centrarse en la falta de información sobre el destino de dos billones de pesos en convenios estatales, en una entidad que ha estado en el ‘ojo del huracán’.

Con un nuevo mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, puso nuevamente en duda la versión oficial sobre el accidente del Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido el lunes 23 de marzo, al desconocer de manera pública el informe técnico del comandante de la institución, el general Carlos Silva, que habló de una autonomía de más de 20.000 horas de la aeronave.

Petro, en respuesta a los comentarios del periodista Jorge Espinosa, con el que está enfrascado en un fuerte contrapunteo en la red social X, se amparó en su rol como “comandante supremo” de las Fuerzas Militares y exigió el esclarecimiento de las verdaderas causas del siniestro, al señalar que la vejez y el historial de uso del avión resultan determinantes en el incidente que ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario detalló, con base en los informes sobre la aeronave, que el Hércules acumulaba “43 años de uso” y, según el reporte presentado, disponía aún de “21.000 horas disponibles”. En ese sentido, hizo un cálculo que, al considerar un uso “de 10 horas diarias todos los días sin descanso”, arrojaría “2.300 días más disponibles”, equivalentes a “6,3 años más” de funcionamiento autónomo de este avión, donado por EE. UU.

Y si este ritmo de uso se redujera a la mitad, el jefe de Estado estimó “12,6 años más”, al establecer así la hipótesis de “58 años de vida útil”; cifra que el propio presidente calificó de inverosímil en la industria global. “Muéstrame aviones de guerra con ese tiempo de uso en el mundo”, expresó el gobernante, que refutó una vez más lo dicho por el alto oficial en el Consejo de Ministros efectuado en la noche del martes 24 de marzo.

“No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano. No hay señal alguna de ataque. No era un problema de la pista. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión", remarcó en su respuesta Petro, la cual causó escozor.

De esta forma, y por segunda vez en sus redes en lo que va de la jornada, el gobernante cuestionó el informe presentado por el comandante de la FAC sobre el accidente del Hércules siniestrado, al alegar que las horas de vida útil y la antigüedad del avión sugieren claras fallas. Por ello, ordenó investigar la responsabilidad de funcionarios en las adquisiciones y el mantenimiento de la nave, pese a que se había hecho en 2023.

¿Qué dijo el comandante de la FAC sobre este hecho y qué respondió Petro?

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Silva, estableció que el Hércules ingresó al país en 2020, tras haber sido fabricado en 1983 y adquirido con “20.294 horas disponibles para volar”. Y especificó que una aeronave, como cualquiera, tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento. ”Tan pronto llegó el avión, fue sometido a una inspección mayor, conocida como PDM”, reafirmó.

Según el alto oficial, el PDM (Plan de Mantenimiento Mayor), que consiste en desarmar por completo la aeronave y reemplazar piezas fuera de servicio, “costó tres millones de dólares” y tomó entre un año y un año y medio, tras lo cual el avión volvió a volar. “En 2025 voló 537 horas y este año lleva volando 155”, remarcó Silva, que reveló que actualmente, la Fuerza Aérea dispone de tres aeronaves de este tipo.

Cada una de ellas tiene un promedio de 500 horas anuales. “Podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar cuarenta años más”, concluyó el general. En respuesta a estas afirmaciones, Petro dejó en claro que es él “el comandante supremo de las fuerzas militares de acuerdo a la constitución. Si no lo cree debe leerlo.”, precisó en su anuncio.

“Mi presidencia no permite que las fuerzas armadas caigan en decretos para falsos positivos, hay miles de militares juzgados por ello. Supongo que todos los militares juzgados por falsos positivos tenían más experiencia que yo”, agregó el mandatario, en una controversia que fue recogida por Espinosa, quien recordó la trayectoria del general Silva, con más de 8.000 horas de vuelo y experiencia en diferente clase de aviones.

La divulgación oficial de las cifras de la última jornada electoral en Colombia, en la que además de elegirse a tres candidatos presidenciales se escogió a los nuevos congresistas de la República, continúa causando controversia y debate, al demostrar una coincidencia del 99,8% entre el preconteo y el escrutinio final: dato que desarmaría, a todas luces, la hipótesis de fraude impulsada en semanas previas por actores políticos.

Entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, que advirtió sobre aparentes inconsistencias en los procesos de reconteo, efectuados por jueces. Frente a esto, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, recriminó con un mensaje al jefe de Estado y a sus simpatizantes, por al parecer promover denuncias infundadas de manipulación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En efecto, con su publicación en la red social X, en la que replicó datos entregados por el periodista Jorge Espinosa, el dirigente recriminó -sin mencionarlo- al presidente Gustavo Petro y sus allegados por promover denuncias infundadas de manipulación. “Y durante semanas estuvieron desinformando y ‘denunciando’ un supuesto fraude”, escribió Lafaurie en su publicación, lo que generó una serie de reacciones en redes.

En este tema, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que la diferencia entre ambas cifras ronda el 0,2%, lo que equivale a cerca de 37.000 votos. El dato fue presentado ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral como prueba de transparencia del proceso y evidencia, según la misión, una mejora frente a ejercicios anteriores, en el que las discrepancias llegaron a ser mayores por las curules.

El panorama de la conformación definitiva del Congreso para la legislatura 2026-2030

A pesar de que en el Senado no se modificaron las curules asignadas tras la revisión, continúa en disputa un escaño correspondiente a la Cámara del Chocó. Este nivel de coincidencia reflejaría, según la veeduría electoral, una alta fiabilidad institucional en la transmisión de datos durante el preconteo: en una jornada en la que, tras casi ocho horas, se tenían informadas casi el 100% de las mesas de votación.

La leve diferencia entre uno y otro resultado ha sido atribuida a cuestiones técnicas, pues mientras el preconteo ofrece resultados informativos inmediatos y puede omitir algunas mesas por problemas de transmisión, el escrutinio consolida la totalidad de los formularios E-14 físicos, con lo que se constituye -en ese orden de ideas- en la cifra legal y definitiva de este proceso, conforme a lo establecido en la ley.

Desde la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la MOE ha defendido que la brecha estadística observada está dentro de los márgenes normales del sistema colombiano y en su momento remarcó que “los resultados del preconteo fueron altamente fiables para el Congreso”. El balance fue presentado ante las autoridades para reafirmar la validez del proceso, del que lanzó duros cuestionamientos el presidente.

“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, el pasado 18 de marzo.

Es por ello que frente a la contundencia de los datos se dio a conocer la fuerte postura de Lafaurie, que a su modo criticó la persistencia de quienes “desinformaron” sobre la existencia de fraude. En este caso, la intervención de la MOE y la presentación oficial de cifras han blindado el proceso frente a las especulaciones y, del mismo modo, dejado constancia pública de que las elecciones legislativas no registraron cambios.

La congresista del Pacto Histórico, pero que quiere ser una alternativa de los movimientos progresistas con su plataforma, Esperanza Democrática, destacó la importancia de enfatizar en la prevención antes que en la penalización. Esta decisión busca introducir un giro en la estrategia legislativa nacional, al recoger el consenso de organizaciones sociales y congresistas que priorizan la erradicación sobre el castigo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Proyecto de Ley No. 440 de 2025 Senado - 018 de 2024 Cámara, se debate en el Senado y tras esta victoria hacia su último paso legislativo en plenaria tras la aprobación en la Comisión Primera de esta corporación. El texto surge de múltiples mesas técnicas impulsadas, en las que participaron actores de la sociedad civil y se privilegiaron enfoques técnicos por encima de soluciones exclusivamente judiciales.

En la experiencia internacional, la penalización no ha logrado la erradicación efectiva. Según expuso la senadora en su argumentación, en Malí la ablación “lleva más de medio siglo penalizada y se ha mantenido en el 88,6% de los casos”, mientras que en Egipto, donde la prohibición legal rige desde el año 2000, la prevalencia no ha bajado del 86%; como precedentes de la discusión que se debe gestar en el país.

El intenso debate en torno a la mutilación genital femenina

Durante el debate, las senadoras Aida Quilcué y María José Pizarro insistieron en que la normativa evite cualquier tipo de estigmatización contra los pueblos indígenas, y remarcaron la violencia de género estructural que enfrenta el país. Por su parte, los senadores Carlos Fernando Motoa y Jota Pe Hernández expresaron inquietud por la ausencia de tipos penales que permitieran prisión para los que la practiquen.

López Obregón argumentó, en respuesta, que la estrategia de no introducir sanciones penales directas proviene de la evidencia comparada. “¿Por qué la práctica no desaparece con la penalización? Porque se traslada a la clandestinidad, al ejercicio ilegal, a la no denuncia, incluso con efectos transfronterizos. Entonces, empuja a las familias a huir del Estado por el temor a la judicialización", expresó la congresista.

De esta manera, se desprotege aún más a las víctimas, y citó los descensos registrados en otros países africanos al adoptar estrategias de diálogo y justicia propia. “En Liberia, al abandonar las posturas netamente restrictivas y adoptar modelos de diálogo, logró una reducción dramática de la prevalencia de la ablación del 66% al 26%. En Senegal, cayó al 26% en grupos donde hubo intervención social”, detalló.

La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes como Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez, Carolina Giraldo y la senadora Angélica Lozano, que resaltaron la construcción colectiva del articulado en diálogo con comunidades y expertos. “Estamos solo a un paso de volverlo ley de la República. Ahora vamos a plenaria”, declaró la congresista risaraldense, en un departamento en el que se siguen registrando estas conductas.

Durante la sesión, la vocera de la Gran Nación Embera, Juliana Dominco, expresó su respaldo y aportó una visión desde la propia comunidad indígena sobre la práctica nociva de la mutilación. El debate avanzó sobre la tesis de que la ablación “no es una práctica cosmogónica indígena ni culturalmente propia de los indígenas, pero sí es una práctica arraigada que no merece el tratamiento penal”, como afirmó López.

La iniciativa quedó lista para su discusión y eventual sanción en la plenaria del Senado, después de haber obtenido el apoyo unánime en la Comisión Primera.

El presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el miércoles 25 de marzo de 2026 el accionar judicial en Colombia tras la condena emitida por la Corte Suprema en contra de Ciro Ramírez, que fungía como senador del Centro Democrático, que deberá cumplir 23 años de prisión luego de ser hallado culpable de actos de corrupción en el escándalo de las Marionetas 2.0, con recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El mandatario, con un mensaje en la red social X, cuestionó la permisividad previa del sistema, pues le había otorgado libertad condicional al congresista mientras se conocía su determinación. “Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo”, reprochó Petro en su perfil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, el alto tribunal determinó que Ramírez fue responsable de desviar alrededor de $90.000 millones hacia la contratación de obras públicas repartidas en al menos cinco departamentos, entre ellos Quindío, Tolima y Valle del Cauca, usando de forma paralela el entramado que en su momento tuvo el fallecido senador Mario Castaño, protagonista del caso de las Marionetas.

En ese sentido, la Corte concluyó que la conducta de Ramírez representó uno de los mayores agravios para la función pública, ya que la ciudadanía había depositado en su figura la responsabilidad de legislar en su beneficio. En esta red también estaría implicado el exdirector de Prosperidad Social y exrepresentante a la Cámara Pierre García Jacquier, que se encuentra prófugo de la justicia, pese a que está vinculado.

Este proceso representa la segunda fase de una investigación de corrupción que involucra el direccionamiento irregular de contratos estatales. Mientras la primera etapa se centró en la red liderada por el fallecido senador Castaño, la nueva fase dirigió su atención hacia el senador Ramírez, además de funcionarios de entidades nacionales durante el gobierno de Iván Duque Márquez, que finalizó el 7 de agosto de 2022.

La red operaba influyendo en organismos como la empresa Proyecta Quindío, a los que se le adjudicaban contratos de obra pública de manera dirigida para beneficiar a políticos y particulares. Entre los principales implicados figuran además de Ramírez y García, otros personajes que han sido mencionados por la Fiscalía, como Pablo César Herrera, exgerente de esta entidad, con detrimento por más de $70.000 millones.

¿Por qué Ciro Ramírez estaba en libertad?

Es válido acotar que Ramírez había recuperado su libertad el 2 de mayo de 2025, luego de que el alto tribunal, en una decisión que en su momento causó controversia en el espectro político, revocó la medida de aseguramiento en su contra. Esta decisión le permitió continuar el proceso relacionado con el caso sin medida privativa y regresar a su curul en el Congreso, en el que participó de una serie de discusiones.

El voto del congresista boyacense, hijo del condenado por parapolítica Ciro Ramírez Pinzón, ya fallecido, fue clave para hundir iniciativas del Ejecutivo, además de que sus posiciones en materia económica lo convirtieron en uno de los más férreos opositores al trámite de la ley de financiamiento, o reforma tributaria 3.0, que se hundió en el órgano legislativo a finales del 2025, tras una acalorada discusión en el recinto.

Con esta determinación, se decretará finalmente la ‘silla vacía’ a la curul ocupada por el senador en el órgano legislativo, de cara a lo que resta del presente periodo, que finalizará el 20 de junio. Tal vez previendo este escenario, similar al que hoy también afronta el electo senador Wadith Manzur, involucrado en el escándalo de la Ungrd, el Centro Democrático no incluyó a Ramírez en su lista al Senado para 2026.

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño, que hará parte de la bancada del Centro Democrático en la corporación con miras al periodo 2026-2030, exigió el martes 24 de marzo de 2026 la suspensión inmediata del senador Álex Flórez, luego de que el Consejo de Estado validó la sanción impuesta al legislador por un altercado con la Policía Nacional en Cartagena; en hechos ocurridos hace cuatro años.

Briceño, que sacó la mayor votación del Legislativo, con más de 260.000 sufragios, con lo que superó a senadores de extenso recorrido en la corporación, cuestionó de manera pública la inacción del procurador Gregorio Eljach frente a este caso, que ha causado indignación. “¿Por qué tanta demora?”, señaló el dirigente del Centro Democrático en referencia al caso que conmocionó el escenario político a partir de 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Consejo de Estado, en decisión del 10 de marzo de 2026, afirmó que la sanción contra Flórez “se encuentra ajustada a la ley”, en un fallo consolidó la validez de la suspensión e inhabilidad por seis meses determinada por la Procuraduría. La resolución fue notificada al despacho del procurador Eljach, que aún no ha hecho efectiva la medida disciplinaria en contra del congresista, cercano al acusado exalcalde Daniel Quintero.

Briceño dirigió un mensaje directo al procurador. “Señor Procurador Gregorio Eljach: Desde el pasado 10 de marzo de 2026 el Consejo de Estado le notificó a su despacho que la sanción en contra del senador Álex Flórez se encuentra ajustada a la ley ¿Por qué la Procuraduría sigue sin suspenderlo?”, dijo el parlamentario, que no ocultó su indignación frente a lo que estaría ocurriendo con el senador reelegido del Pacto Histórico.

Mientras tanto, siguen atentos a la resolución administrativa tras un proceso cuya génesis se ubica en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando Flórez, bajo los efectos del alcohol, insultó a policías que intervinieron en un conflicto en el Hotel Caribe de Cartagena. Los hechos quedaron grabados y fueron viralizados, provocando una investigación disciplinaria que culminó con la sanción confirmada por el tribunal.

Y frente a la reacción del implicado, el senador Flórez, que habló de que el Consejo de Estado lo que hizo fue determinar unos “requisitos formales” de un acto de la Procuraduría que ya había sido revocado y, por lo tanto, dicho acto “queda sin efectos y no existe sanción disciplinaria”, Briceño respondió. “Encontró ajustada a la ley la sanción que le impuso la Procuraduría el 18 de octubre de 2024″, remarcó.

Consejo de Estado ratificó la sanción contra Álex Flórez y señaló “el impacto ético” del caso

La Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado concluyó que, en el procedimiento seguido contra Flórez, “se verificó el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la correcta aplicación del régimen disciplinario”. El tribunal sostuvo, acto seguido, que “la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria”, pues su comportamiento afectó la imagen de la función pública.

Además de que “desconoció el estándar ético exigido a los congresistas”. Los hechos investigados no solo motivaron la sanción administrativa de la Procuraduría General de la Nación, sino también un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia, que fue archivado en julio de 2025 al no encontrarse méritos suficientes para una condena, y le permitió continuar con su ejercicio en el órgano legislativo.

El episodio incluyó agravios públicos contra patrulleros de la Policía, a los que Flórez calificó como “asesinos”, “ladrones” y “violadores de derechos humanos”. En respuesta al impacto del escándalo, el propio congresista reconoció en su momento su problema de consumo de alcohol y anunció que se sometería a tratamiento médico para superar esta adicción y, en honor a la verdad, desde entonces no se han conocido nuevos casos.

La confirmación de la sanción obliga ahora a la Procuraduría, bajo la titularidad de Eljach, a hacer efectiva la suspensión por seis meses, tiempo en el cual Flórez no podrá ejercer funciones congresionales ni ocupar cargos públicos. Este nuevo capítulo sitúa el foco sobre el Ministerio Público, ante los cuestionamientos por la demora en ejecutar una sanción que, de acuerdo con lo resuelto por la justicia, está plenamente vigente.

La reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, ante el accidente aéreo que costó la vida de 69 soldados en Putumayo expuso un fuerte contraste en su discurso a lo largo de su administración. Tras la tragedia del Hércules C-130, el mandatario calificó a la aeronave militar como “chatarra corrupta para la guerra” y atribuyó su adquisición a decisiones de Gobiernos anteriores, responsabilizándolos por lo sucedido.

La explicación de este cambio radica en que, mientras ahora Petro critica la compra y uso de aviones antiguos argumentando riesgo para la seguridad de los uniformados, en 2022 expresó gratitud por la donación de helicópteros Black Hawk usados por parte de Estados Unidos, al destacar su empleo para la defensa y la protección ambiental durante su administración; lo que fue denunciado en las redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El discurso tras la tragedia: “No se defiende un país con chatarra”

Aunque Petro lamentó la pérdida y declaró tres días de luto nacional por lo sucedido, aprovechó el incidente para denunciar que la aeronave, fabricada en 1983 y adquirida de segunda mano en 2020, es “una chatarra corrupta para la guerra”. Y para culpar a las políticas previas a su mandato, como la del expresidente Iván Duque Márquez, de poner en peligro la vida de jóvenes soldados por ahorrar en equipos de guerra.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, (Juan Daniel) Oviedo (exdirector del Dane) debe saber", dijo Petro. Y agregó que la decisión de comprar equipos militares viejos expone a los más jóvenes, pues hay “jóvenes muertos por defender a Colombia”, en relación con lo que, según el mandatario, era la adquisición de la aeronave, cuando en realidad era una donación.

Del mismo modo, señaló además la actitud de los que justifican mantener equipos militares envejecidos. “Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras, pero compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?“, afirmó el primer mandatario, que fue más allá con sus duros dardos a sus antecesores.

“Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”, exclamó el mandatario, que exigió una respuesta inmediata a su gabinete. “Quiero que el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) y de Hacienda (Germán Ávila) reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año”, puntualizó el mandatario frente a esta fuerte controversia.

E insistió, en otro de sus tantos mensajes de respuesta a Duque Márquez, en las consecuencias negativas de operar flotas viejas. “Solo a usted se le ocurre decir que un avión de 43 años, como los Kfir que tienen 50 años, no es chatarra. Toda máquina tiene una vida útil, prolongar su uso es indigno y mortal para quienes de verdad ponen el pecho en la trinchera”, precisó el presidente en su radical postura frente a lo sucedido.

Lo que pensaba Gustavo Petro de las donaciones de EE. UU. de aeronaves en 2022: esto dijo al recibir helicópteros usados

En contraste, el 26 de octubre de 2022, durante un acto en San José del Guaviare para recibir helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos, Petro adoptó un tono agradecido y optimista; en palabras que fueron ‘reencauchadas’ por sus críticos, que notaron cómo habría una disparidad de discursos entre lo que pensaba en aquel entonces y tras lo ocurrido el 24 de marzo.

“Hoy recibimos dos de los 12 helicópteros Black Hawk cuyo destino tomamos la decisión en nuestro Gobierno cuál fuesen los donantes. El Gobierno de los EE. UU. aceptó nuestra pretensión y le agradecemos tanto la entrega del material, no es poco, 12 helicópteros de alta tecnología, y su decisión política que coincide en este momento: la del uso de esos materiales en la protección de la selva amazónica”, señaló.

Así justificó el valor de la donación. “Habría que aclarar el porqué; por qué ese objetivo como prioritario para un uso de millones de dólares que valdrán esos aparatos en el mercado, por qué la decisión que hemos tomado, tanto del Gobierno de Colombia como el Gobierno de los Estados Unidos, en aplicar ese uso particular a este material que bien puede servir para la guerra y para otros objetivos“, agregó el gobernante.

Enfatizó la relevancia de la cooperación internacional para fines de vida y protección ambiental. “Hemos introducido en la agenda el tema de la seguridad ambiental de las Américas, que es del planeta también. Ahí no hay muchas fronteras que definir. La cooperación de Estados Unidos y Colombia alrededor de un tema que no es para una guerra, ni interna, ni externa, sino que es para salvar la humanidad”, remarcó.

Finalmente, expresó gratitud al Gobierno foráneo y al personal involucrado en esta entrega. Aquella vez no hizo mención alguna en que estos equipos, con décadas de uso así como el avión Hércules, no servían para proteger la vida de los soldados y cumplir con la misión encomendada; contrario a lo que ha señalado en sus redes sociales, en las que descalificó una aeronave que su administración recibió a satisfacción.

“Así que le agradezco, señor Embajador (Francisco Palmieri) y al Gobierno de los EE. UU., el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas y, sobre todo, el que acepten que la utilización de la flota de las Guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica", concluyó.

Más de 20 representantes a la Cámara, entre ellos Juan Espinal, del Centro Democrático, exigieron el martes 24 de marzo la salida inmediata de Ricardo Roa Barragán de la presidencia de Ecopetrol. Entre los principales motivos se destacan que el funcionario enfrenta cinco investigaciones disciplinarias, una imputación penal por tráfico de influencias y sanciones económicas derivadas de su papel en la campaña presidencial de 2022.

De acuerdo con el documento respaldado por los parlamentarios, en el que hizo énfasis en las presuntas violaciones a la financiación electoral, la Fiscalía General de la Nación imputó el 11 de marzo de 2026 a Roa Barragán por tráfico de influencias: acusándolo de beneficiar al empresario Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de un contrato del proyecto de regasificación de alto calibre para los intereses de la compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho proyecto sería el que comprende el tramo Chuchupa-Ballena LNG, en la filial Hocol de Ecopetrol, además de adquirir un inmueble por debajo del precio comercial por cerca de $1.000 millones. Este sería el primero de los dos casos por los que fue imputado por el ente acusador, pese a que el alto directivo ha insistido en su inocencia, al señalar que sería blanco de estrategias de desprestigio por su presencia.

En el pronunciamiento de los parlamentarios, también se destacó que la aspiración presidencial Petro Presidente 2022-2026, de la cual Roa fue gerente, “excedió los topes legales de financiación en aproximadamente $5.300 millones en aportes no reportados y financiación prohibida”, según concluyó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su fallo del 27 de noviembre de 2025, que impuso duras sanciones.

Representantes se plantaron en apoyo a la USO y piden la salida “inmediata” de Ricardo Roa

Los representantes fundamentaron su pedido al mencionar que, bajo la administración de Roa Barragán, las utilidades netas de Ecopetrol “cayeron un 73% entre 2022 y 2025”, al pasar de $33,4 billones a $9 billones. Ello afectó directamente las transferencias estatales a sectores clave como salud, infraestructura y educación y mencionó la degradación de la calificación crediticia a nivel internacional.

En ese sentido, remarcaron como Moody’s degradó la calificación de Ecopetrol de Baa3 a Ba1 en mayo de 2024; Fitch Ratings cambió su perspectiva a negativa en marzo de 2025; y S&P Global Ratings la rebajó de BB+ a BB en junio de ese mismo año. Tres grandes calificadoras que tienen en la mira a la empresa insignia de los colombianos, que vive momentos de crisis por el impacto reputacional al parecer ocasionado por Roa.

En consecuencia, la proposición consignada por los parlamentarios, que respaldaron las peticiones de la Unión Sindical Obrera, se fundamenta en investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades administrativas y afectaciones al patrimonio público, una imputación penal por tráfico de influencias y daños financieros y reputacionales documentados en informes privados y calificaciones internacionales.

Si Roa no renuncia, exigen a la Junta Directiva tomar “medidas inmediatas” de remoción, apelando a los estatutos y principios de buen gobierno corporativo. Y es que estas situaciones han trascendido lo penal y electoral, pues se reiteró cómo las utilidades netas de la compañía experimentaron una caída de $24,4 billones en solo tres años, siendo esta una cifra sin precedentes recientes en la estatal de hidrocarburos.

La proposición señaló que en 2024 Ecopetrol contrató a la firma Covington & Burling LLP por un monto total de casi USD 5,9 millones, destinados exclusivamente a la gestión de riesgos reputacionales, conflictos de interés y escándalos generados por el propio presidente. El informe de dicha consultora identificó “riesgos altos y muy altos asociados a su figura”, lo que, según los congresistas, reforzaría sus reclamos.

Así pues, los representantes demandaron a la junta directiva adoptar medidas inmediatas para preservar la transparencia y la reputación de la compañía, y al presidente Petro “anteponer el bienestar de la empresa y el interés de todos los colombianos a cualquier consideración de orden político o personal”. Además, solicitaron a la Fiscalía y organismos de control que mantuvieran la independencia en las investigaciones.

Los firmantes de la proposición que exige la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol:

• Juan Espinal
• Hugo Danilo Lozano
• Christian Garcés
• Vladimir Olaya
• Andrés forero
• Hernán Cadavid
• Yenica Acosta
• José Jaime Uscategui
• Gersel Pérez
• Oscar Campo
• Carolina Abelardo
• Modesto Aguilera
• Jorge Méndez
• Carlos Edward Osorio
• Marelen Castillo
• Juan Carlos Losada
• Julia Miranda
• Jhon Jairo Berrío
• Daniel Carvhalo
• Juan Sebastián Gómez

En lo que podría configurarse como una etapa de reconfiguración, el Partido Conservador continúa en su análisis por saber a qué candidatura apoyarán en la primera vuelta presidencial, prevista parta el 31 de mayo de 2026: en la que, según las previsiones, no se espera conocer el nombre del nuevo mandatario, pues no existe ningún aspirante encaminado a lograr el 50% más uno de los votos, que se necesitan para tal fin.

La colectividad, que es la segunda más longeva de la historia republicana del país, privilegió la construcción de alianzas y, en voz de su presidente, el senador Efraín Cepeda, dejó en claro que los apoyos futuros gravitarán entre dos nombres: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, luego de descartarse cualquier intención de respaldar al aspirante oficialista, el senador Iván Cepeda Castro, el principal opcionado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión, adoptada por el Directorio Nacional tras la reunión del martes 24 de marzo, marcaría un punto de inflexión para el partido, en medio de un panorama en el que se ha visto salpicado por presuntos casos de corrupción que tendrían como protagonistas a integrantes de su colectividad, como el electo senador Wadith Manzur: hoy preso por instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su detención domiciliaria.

Es válido precisar que, de acuerdo con los datos más recientes de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, publicados el 22 de marzo, la intención de voto favorece a Cepeda (34,5%), mientras Valencia se ubica en segundo lugar (22,2%) y De la Espriella alcanza el 15,4%. De esta manera, el camino a escoger por parte de la colectividad de derecha estaría marcado por estas mediciones.

Es oportuno precisar que, pese a que había límite de inscribir la candidatura hasta el viernes 13 de marzo, el conservatismo prefirió no apuntar ningún nombre, pese a que había cuatro precandidatos presidenciales, entre ellos el propio senador Efraín Cepeda; además de la representante Juana Carolina Londoño y el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, a la par del coronel (r) Carlos Velásquez.

“Para un partido como el Partido Conservador, que es un partido defensor de la familia, de la propiedad privada, de la división de poderes, del respeto a la Constitución, del orden, entre otras cosas, no es un partido que podría apoyar al comunista marxista-leninista que hoy está en campaña y que promete semidestruir, sino destruir, al sector privado, que no tiene respeto por la división de poderes", expresó el congresista Cepeda.

Conservatismo se toma su tiempo para decantarse en la contienda electoral

Según el veterano parlamentario, lo que buscaría con esta clase de propuestas, entre las que también se destaca la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, es que “el Congreso sea casi un apéndice del Ejecutivo y seguramente también el Poder Judicial”. En ese orden de ideas, la dirigencia conservadora postergaron la toma de decisión definitiva sobre las candidaturas a respaldar en esta contienda.

En sus afirmaciones, Cepeda relató el clima de la reunión de la colectividad azul. “Escuchamos varias posturas. Escuchamos posturas con el Tigre, escuchamos posturas con Paloma. No hubo posturas con Iván Cepeda. Hoy solo fue exploratorio y solo fue escuchar la bancada y de ninguna manera hubo unanimidades en eso, sino varias visiones. Yo creo que de eso se trata un partido como el este, que puede ser de matices”, dijo.

En lo que respecta a Manzur, hoy detenido tras la orden de captura emitida el 11 de marzo por la Corte Suprema, enfrenta una investigación por presunto cohecho impropio vinculado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), acusado de favorecer contratos millonarios en Cotorra, El Salado y Saravena por más de $80.000 millones a cambio de su voto en la Comisión de Crédito Público.

El accidente del avión Hércules C-130 FAC 1016 en las inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el lunes 23 de marzo, provocó la muerte de 69 militares y dejó 57 heridos, según el más reciente informe oficial de las Fuerzas Militares. La tragedia, registrada mientras la aeronave llevaba a cabo una misión, generó una rápida reacción política y un cruce de declaraciones en las plataformas digitales.

En especial, entre el presidente Gustavo Petro y su antecesor, el exmandatario Iván Duque Márquez, en una especie de contrapunteo en el que intervino un viejo contradictor del actual gobernante: el exttitular del Congreso Ernesto Macías Tovar, que a través de su cuenta de X se refirió a la manera en la que, según él, el gobernante estaría buscando zafarse de la responsabilidad política que tendría en este lamentable suceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Macías, expresidente del Congreso entre 2018 y 2019, cuestionó la actitud del presidente Petro ante el accidente. “El señor Gustavo Petro nunca asume culpas: siempre señala a los demás por sus propios desastres. Irresponsable. Mientras miles de familias sufren sus desafueros, él sigue en su narrativa contra la realidad. No tiene sosiego ni vergüenza. Petro es de mala condición moral y humana“, dijo el excongresista.

Y es que en medio de esta polémica, el presidente Petro respondió a las acusaciones y señaló la antigüedad y el historial del avión siniestrado. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años de servicio? ¿Cómo se realizó el contrato de mantenimiento?”, escribió Petro en su perfil, en recriminaciones a Duque Márquez.

Y, refiriéndose al proceso de adquisición y mantenimiento del Hércules C-130, fue incluso más allá. “Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de Gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, destacó el primer mandatario frente a este asunto, que ha desatado polémica.

¿Qué dijo Iván Duque del accidente aéreo en el Putumayo?

Por su parte, el expresidente Duque, que defendió la cooperación militar con Estados Unidos y rechazó los señalamientos de Petro, no dudó en exponer lo que sería, a su juicio, los intentos desesperados del presidente de desmarcarse de la tragedia. “Gustavo, cálmese, respire e infórmese. ¿Ya vamos en regalos? Es decir, ya se dio cuenta de que no se compró. El avión fue donado por los EE. UU., como muchos otros", expresó Duque.

Y explicó cómo fueron fruto de una “cooperación histórica” que, en su concepto, Petro puso en riesgo. “Esos aviones siguen operando con el mismo modelo en 50 países. Haga una investigación rigurosa y averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista. Deje su mediocridad y vileza con las víctimas. Le quedan pocas semanas para volver a su mera condición de tuitero compulsivo", remarcó.

Sobre el estado de la aeronave, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) informó que entre 2021 y 2023 el Hércules FAC-1016 fue sometido a un Proceso de Mantenimiento Mayor (PMA), que incluyó revisión estructural integral y actualización de sistemas críticos. Tras el proceso, el avión fue reincorporado a operaciones en agosto de 2023, 40 años después de su fabricación, en 1983.

Los heridos de este siniestro aéreo fueron evacuados a centros hospitalarios de Bogotá, Neiva y Florencia, según reportes de la alcaldía de Puerto Leguízamo. En la aeronave viajaban 126 personas, de acuerdo con la actualización oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana: 11 tripulantes, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, que estaban destinados a operaciones en esta zona del sur del país.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de emitir el martes 24 de marzo de 2026 siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, desató en las redes sociales una intensa discusión sobre los límites y alcances del proceso de paz entre el Gobierno y las organizaciones armadas disidentes.

En la antesala a esta determinación, Armando Novoa, jefe de la delegación oficial en los diálogos con la Coordinadora Nacional - Ejército Bolivariano (Cneb), rechazó de manera categórica cualquier vínculo entre las negociaciones en marcha y el homicidio del legislador, con lo que zanjó distancia con respecto a la estructura liderada por Wálter Mendoza, que hasta el 16 de marzo estaba en la mesa con el Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La delegación gubernamental de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechaza enfáticamente la asociación que de manera irresponsable se ha pretendido adelantar entre nuestra mesa de diálogos y el crimen cometido contra el senador Miguel Uribe Turbay", expresó Novoa en el pronunciamiento oficial, que quedó registrado en video, publicado por las redes sociales del alto comisionado para la Paz.

El negociador defendió que la Cneb se escindió de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024, por lo que la mesa en la que participa el Gobierno perdió desde entonces cualquier interlocución con el grupo al que las autoridades atribuyen el asesinato. De esta manera, buscaría blindar las tratativas que se adelantan en el sur del país, frente a los señalamientos que han surgido tras las declaraciones de Simeón Pérez, “El Viejo”.

A su vez, Novoa también confirmó que tras conocerse el homicidio, las delegaciones del Gobierno y la Cneb emitieron un comunicado conjunto exigiendo la intervención urgente de la Fiscalía. Es válido destacar que la decisión de la disidencia de Mendoza de suspender el proceso de paz, tras la muerte de Alexander Rondón, alias Machaco, en una operación militar, es otro aspecto a tener en cuenta en este panorama.

No obstante, según recopiló El Espectador, sobre esta suspensión del proceso de paz existen versiones que apuntan a desacuerdos sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y supuestos compromisos incumplidos por parte del Gobierno, en particular el traslado de Geovanny Andrés Rojas, más conocido como Araña, en una operación que las autoridades aseguran no poder ejecutar por el momento; lo que representa serias trabas.

Las órdenes de captura de la Fiscalía contra la cúpula de la Segunda Marquetalia

La Fiscalía busca a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y fundador de la Segunda Marquetalia, al igual que Géner García Molina, conocido como John 40, y José Manuel Sierra, alias El Zarco Aldinever: al que pese a que existen versiones que relatarían su muerte en hechos registrados en Venezuela, todavía sigue siendo un objetivo para los organismos judiciales y militares al no confirmarse su muerte.

Según declaraciones de “El Viejo”, fue Aldinever el que habría ordenado el ataque contra Uribe Turbay, de ahí de su importancia en este mediático caso. Además, el ente acusador busca a Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, más conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina, “Gonzalo” o “Chalo” y Kendric Téllez Álvarez, alias Yako, por su presunta participación en el crimen del congresista.

La instrumentalización del crimen ha trascendido el ámbito judicial y ha repercutido en la campaña presidencial. La candidata Paloma Valencia acusó a su contrincante Iván Cepeda de haber “facilitado fugas” e “impedido extradiciones” de miembros de la Segunda Marquetalia, en una polémica que alimentó la confrontación, mientras que el senador Iván Cepeda calificó esas versiones como una “campaña sucia”.

Frente a estos señalamientos, Novoa enfatizó las consecuencias negativas de mezclar el diálogo de paz con el debate electoral. “El debate electoral en curso no autoriza a nadie a tergiversar la realidad de los hechos ni a desinformar de manera irresponsable a la opinión pública”, expresó el jefe de la delegación gubernamental con la Cneb, que reiteró que se están registrando distorsiones de la realidad preocupantes.

“El debate electoral que hay en curso en la actualidad no habilita a nadie para, en forma irresponsable, tergiversar la realidad de los hechos y tratar de desinformar a la opinión pública en medio de mentiras, montajes y falsas informaciones, que es lo que estamos viendo con la publicación de la revista Semana del pasado fin de semana", puntualizó el jefe negociador frente a los señalamientos a facciones disidentes.

El proceso de paz con la Cneb atravesaría una etapa de incertidumbre, pues ambas delegaciones se reunieron recientemente en la Casa de Nariño para abordar puntos sensibles, en medio de versiones cruzadas sobre la viabilidad del proceso y el cumplimiento de compromisos establecidos en los diferentes ciclos; al tenor de las inquietudes que existen sobre la erosión de la confianza pública de las negociaciones.

El Congreso de la República avanza en el proceso legislativo para restituir la mesada 14 a los docentes del país, un pago adicional anual que había sido eliminado en 2005 por decisión del entonces legislativo y que, desde entonces, ha sido un suceso que han relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que el hoy líder del Centro Democrático ha negado estar detrás de esta determinación.

La propuesta ya superó la mitad de los debates requeridos, pues en la jornada del martes 24 de marzo se aprobó en su quinta discusión en el Legislativo, que se adelantó en la Comisión Primera de la corporación. Es válido destacar que, al ser una modificación estatutaria, se necesita la aprobación de ocho debates para que se convierta en ley, por lo que restan -en consecuencia- tres rondas más antes de que sea aprobada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Esta iniciativa ha generado altas expectativas en el legislativo, que afronta la recta final del presente periodo (2022-2026) e ilusión en más de 160,000 maestros pensionados. De esta manera, según sus proponentes, la medida busca corregir un rezago histórico en los derechos laborales del magisterio y se perfila como una de las reformas sociales más significativas para el sector educativo en las últimas dos décadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo casi unánime de las fuerzas políticas del Congreso, lo que incrementaría la probabilidad de su aprobación definitiva en los próximos meses. El representante Alejandro Ocampo, uno de los ponentes, destacó la importancia de este avance y no dudó en calificar el paso dado en la jornada en mención como histórico, pues acercaría este emolumento a los docentes que esperan por este espaldarazo.

“Maestros y maestras, la Mesada 14 continúa su rombo. Acabamos de votar el quinto debate, cinco de ocho, todo mundo votando a favor. Quiero agradecerle a todos los partidos, a todos los parlamentarios que apoyaron esta propuesta, que hemos venido trabajando”, expresó el congresista, que remarcó que este proceso representa una restitución de derechos que habían sido suprimidos desde hace más de dos décadas.

¿Cómo funcionaría la mesada 14 para los maestros?

La mesada 14 funcionaba como un pago extra para los docentes pensionados, similar al que reciben los miembros de la fuerza pública, y su eliminación en 2005 por el Acto Legislativo 01 afectó a miles de educadores que consolidaron su pensión después de esa fecha. Este derecho, solo se le reconoció desde entonces, a los que accedieron a la pensión antes del 25 de julio de 2005 o entre esa fecha y julio de 2011.

Es por ello que la reforma en curso pretende unificar el trato para todos los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, con el objetivo de igualar su situación con otros regímenes especiales. La representante Susana Boreal también celebró el avance legislativo, al afirmar que “esto es un avance en justicia social para el magisterio y un reconocimiento a la lucha incansable de los sindicatos”.

El proyecto ha sido seguido de cerca por las organizaciones sindicales de docentes, como Fecode. El respaldo político, sumado a la movilización social, han llevado a que la propuesta sea una de las prioridades del Congreso en materia de derechos laborales, durante este tramo final de la legislatura.

El trámite legislativo aún exige la aprobación en los tres debates restantes de la Cámara de Representantes antes de su promulgación definitiva. “Esto es devolver los derechos que Uribe les había quitado, es devolver una mesada 14 a maestros y maestras que están en mal pensionados, que han trabajado toda la vida por educar este país”, remarcó Ocampo, que no dejó pasar la oportunidad para hacer énfasis en sus pullas a Uribe Vélez.

En medio del debate sobre el uso político de las tragedias personales, Uribe Londoño, que representa al partido Demócrata tras su tormentosa salida de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por aparentes acercamientos con Abelardo de la Espriella, respondió a los que lo acusan de instrumentalizar este suceso, con miras a la contienda del 31 de mayo, a la que llega con un mínimo margen en las encuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hay quienes dicen que estoy usando a mi hijo para hacer política. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá pudiera tenerlo a mi lado, verlo jugar con mi nieto Alejandro, oírlo, discutir con él, verlo caminar entre la gente como él lo hacía. Pero no puedo. No puedo porque el terrorismo me lo arrebató, porque me lo quitó para siempre. A un hijo no se le usa, a un hijo se le ama, se le honra”, expresó el veterano político antioqueño, de 73 años.

Miguel Uribe Londoño expresó su intención de sacar adelante las ideas de su asesinado hijo

A su vez, el dirigente político enfatizó que la única forma de mantener vivo el legado de su hijo es a través de las ideas y sueños que dejó. “Algo importante que me quedó de Miguel son sus ideas, las que construyó escuchando, acercándose a la gente, soñando un país mejor. Y hoy la única forma de que no muera del todo es que esas ideas sigan vivas en ustedes, en sus oportunidades, en su futuro”, dijo Uribe Londoño.

Y reiteró su postura con un mensaje que despertó el apoyo de sus simpatizantes y los del joven senador, que murió a los 39 años y tras dos meses y cuatro días de estar en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. “Yo no tengo una ambición, tengo un propósito: construir el país que mi hijo soñó. Porque mientras esas ideas vivan, Miguel seguirá vivo”, declaró el candidato presidencial en su video.

El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay sufrió un atentado sicarial en el barrio Fontibón de Bogotá, mientras participaba en un acto político. El congresista del Centro Democrático recibió varios disparos por la espalda, uno de ellos en la cabeza, mientras se dirigía a sus simpatizantes; en un atentado que lo dejó en estado crítico. Pese a recibir 12 intervenciones quirúrgicas, su estado no mejoró y murió el 11 de agosto de 2025.

Pese a que las autoridades avanzaron en la identificación y captura de los responsables del asesinato, al detener al joven que accionó el arma, un menor de edad de 15 años; y de capturar a Katerine Martínez, alias Gabriela, condenada a 21 años, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sentenciado a 22 años por su papel en la logística del atentado, todo apunta a los cabecillas de la Segunda Marquetalia como los determinadores.

En efecto, las investigaciones apuntan a la disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como autora intelectual del crimen, y de acuerdo con las confesiones de los implicados, el plan fue ordenado por alias El zarco Aldinever. Los autores materiales habrían recibido ofertas de dinero para el transporte y ejecución del crimen, sin conocer inicialmente la identidad del objetivo propuesto.

Ruiz anunció que ejercerá todas las acciones legales posibles para esclarecer las responsabilidades en la muerte de Pinzón. “Le informo al país que junto a mi bufete de abogados hemos asumido oficialmente la representación jurídica de la familia de Jeisson Javier, quien como todo el país lo recuerda, murió esperando un medicamento”, ratificó el extitular de la cartera, que recientemente aspiró al Senado de la República.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jurista, que con su grupo de profesionales también lleva la representación de la familia de Kevin Acosta, el menor de 13 años que sufría de hemofilia y que también habría dejado de recibir los fármacos formulados para atender su enfermedad, los cuales debían ser suministrados por Nueva EPS, reseñó justamente cómo a Pinzón se le habría dejado de suministrar la medicina que necesitaba para su tratamiento.

“Infortunadamente, nunca, nunca le fue entregado a tiempo por su EPS y aun con una tutela que fue fallada a su favor”, afirmó Ruiz en sus declaraciones, al calificar la situación como una “realidad dolorosa”, al señalar que “no se trata de cifras, sino de vidas marcadas por la negligencia y por un sistema que no está respondiendo”. Una situación a todas luces recurrente en las últimas semanas, a juzgar por recientes casos.

De acuerdo con la declaración, el equipo jurídico dará inicio a procesos legales en el ámbito penal, disciplinario y administrativo, con el objetivo de establecer responsabilidades y garantizar la reparación integral a la familia del joven fallecido.

La muerte de Jeisson Javier Pinzón que enluta a Boyacá

Este deceso, registrado en Tunja, resultaría uno más en las fallas para entregar de manera oportuna medicamentos a pacientes con patologías de alto riesgo. Según el exministro, la omisión por parte de la EPS en este caso resultó determinante en el desenlace fatal, a pesar de que existía una orden que obligaba a la entrega del medicamento. “Esta omisión terminó costándole la vida y eso no puede seguir pasando”, dijo.

El staff jurídico destacó que la familia de Pinzón no se encuentra sola y recibirá acompañamiento permanente durante el proceso. “A esta familia le decimos con claridad y contundencia: no están solos. Vamos a buscar verdad, justicia y responsabilidades hasta las últimas consecuencias, por las vías penales, disciplinarias y además administrativas”, expresó el exministro de Justicia en sus declaraciones.

La estrategia legal contempla la revisión de los procedimientos realizados por la EPS y las entidades estatales encargadas de supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales en materia de salud. Y también señaló que la lucha contra la negligencia institucional no es nueva para su equipo, al hacer referencia, justamente, al caso Acosta, en el que dijo que “ya se han logrado avances importantes”.

“Así como hemos venido avanzando con prontitud, con firmeza en el caso del niño Kevin, hoy asumimos esta nueva lucha con el mismo compromiso, con el mismo propósito: que la negligencia y la omisión no queden impunes y que estos hechos no se repitan en Colombia”, puntualizó el exministro, que quiere convertirse en el abanderado de los pacientes que han padecido la falta de entrega oportuna de medicamentos.

En su pronunciamiento, Ruiz instó a las familias que atraviesan situaciones similares a denunciar “para romper el ciclo de negligencia y evitar que más casos como este se sigan repitiendo en medio de la indiferencia institucional”. En ese orden de ideas, el exministro reiteró que la visibilización de estos casos es crucial para generar cambios en las políticas públicas y en la actuación de las entidades responsables.

De acuerdo con el extitular de la cartera de Justicia, el caso seguirá su curso en los tribunales y se informará sobre los avances a medida que se desarrollen los procedimientos.

El accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el 23 de marzo, puso en evidencia la ausencia de ejecución presupuestal en proyectos clave de modernización militar, según denuncias del electo representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático: que expuso cómo los niveles de ejecución de la fuerza han sido del 0%.

De acuerdo con información del presidente Gustavo Petro, el siniestro dejó, en su primer reporte, un militar muerto y 77 personas heridas, además de 43 que estarían pendientes de conocerse su situación, mientras la aeronave, tipo C-130, transportaba a más de 110 militares hacia Puerto Asís. La aeronave había sido recibida en donación en 2020 por las FAC, tenía 43 años de operación y en 2023 recibió mantenimiento general.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tragedia se registró segundos después del despegue, en una misión militar de rutina. Ante lo acontecido en esta población, que apenas cuenta con un hospital de primer nivel, el Gobierno ordenó un despliegue inmediato de recursos de emergencia, incluidos equipos de búsqueda y rescate, aviones y helicópteros, con el fin de darle oportuna atención a los heridos y recuperar los cuerpos de los uniformados que resulten muertos.

Las críticas de Daniel Briceño al Gobierno Petro tras el accidente en Putumayo

El accidente encendió el debate sobre la gestión de los recursos asignados para la defensa. Briceño, a través de su perfil de X, denunció que los fondos destinados al fortalecimiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otras ramas del sector defensa no han sido ejecutados. “El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”, dijo.

En el documento anexo por el parlamentario electo, de la vigencia 2026, se indica que los proyectos de fortalecimiento de medios cibernéticos, equipos de ingenieros militares, movilidad terrestre y capacidad de defensa aérea cuentan con asignaciones que superan los 32.000 millones de pesos, pero no registran ejecución alguna. “El Gobierno debe responder ante el país por estos recursos que siguen sin ejecutarse”, insistió Briceño.

En el documento compartido por el representante electo Briceño se puede ver:

1. Fortalecimiento de los medios cibernéticos del Ejército Nacional

• Valor asignado: $600.000.000
• Valor ejecutado: $0
• Porcentaje de ejecución: 0,00%

2. Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional

• Valor asignado: $26.449.364.867
• Valor ejecutado: $0
• Porcentaje de ejecución: 0,00%

3. Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la Fuerza Aérea Colombiana a nivel nacional

• Valor asignado: $3.800.000.000
• Valor ejecutado: $0
• Porcentaje de ejecución: 0,00%

4. Incremento de la capacidad de seguridad y defensa de la Fuerza Aérea Colombiana Nacional

• Valor asignado: $1.500.000.000
• Valor ejecutado: $0
• Porcentaje de ejecución: 0,00%

Mientras se desarrollaba el rescate, la FAC desplegó un operativo con la Compañía de Búsqueda y Rescate, un avión Caravan y helicópteros MI-17 y UH-60 del Ejército Nacional para apoyar la emergencia. Del mismo modo, las críticas a la gestión de los recursos de defensa fueron respaldadas por otros miembros del Congreso, como el representante José Jaime Uscátegui, que será compañero de bancada de Briceño.

“Hoy Colombia se enluta por el trágico accidente en el que se transportaban valientes soldados de nuestro Ejército Nacional. Expreso mi más profundo sentimiento de condolencia y solidaridad a las familias de nuestros héroes, quienes hoy enfrentan un dolor inmenso. Su sacrificio y entrega por la seguridad y el bienestar de la Nación jamás serán olvidados, pedimos al @mindefensa esclarecer este grave hecho”, expresó.

El accidente del Hércules C-130 representa el tercer siniestro aéreo militar registrado en Colombia durante 2026. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el estado actual de la flota militar y la necesidad de avanzar en su renovación y mantenimiento, temas que forman parte de los proyectos presupuestales sin ejecución mencionados por líderes de oposición como Briceño.

La medición, difundida el 22 de marzo de 2026, ubicó a Abelardo de la Espriella en el tercer lugar en intención de voto, con un 15,4%, detrás de Paloma Valencia, que se ubica segunda, con un 22,2% y con una diferencia marcada respecto al favorito, Iván Cepeda, que registró un 34,5%. Mejía denunció que esta encuesta forma parte de un “juego del establecimiento” para deslegitimar a De la Espriella y condicionar la contienda electoral que se avecina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exsenador resaltó que, según la información pública, el CNC habría recibido más de $15.000 millones en contratos del actual Gobierno, presidido por Gustavo Petro. “Digamos las cosas como son. No es con una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que ha recibido más de $15.000 millones en contratos, ni con un medio como la revista Cambio, dirigida por Daniel Coronell, abiertamente santista y enemigo de Abelardo, que ahora vienen a decir quién debe renunciar", expresó Mejía.

Los datos que dejarían mal parados a De la Espriella en la encuesta del CNC

Según el excongresista, “esa es la jugada de los de siempre, del establecimiento, de los mismos que han llevado a Colombia a este desastre”. De esta manera, expresó sus serios reparos a la medición, que en relación con los resultados del 1 de marzo, registra un leve descenso de De la Espriella en su respaldo, pues marcaba un 16,7%; lo que podría interpretarse como una pérdida de terreno frente a Valencia, que en ese mismo ejercicio tenía apenas un 4,1%.

Este escenario, para el exaspirante al Senado, responde a una manipulación de la agenda pública orquestada por sectores que, en sus palabras, “han saqueado por décadas al Estado”; y argumentó que De la Espriella no ha realizado pactos con partidos tradicionales ni estructuras de poder. “Abelardo no hizo alianzas con partidos, ni con grupos económicos, ni con el establecimiento”, acotó Mejía, que incluso fue más allá en su análisis de esta medición.

Según el político caldense, hay un aspecto clave para comprender esta ecuación. “Entendimos algo que es fundamental: el problema de Colombia no es solo el narconeocomunismo de Cepeda y de (Gustavo) Petro, también es el establecimiento y la clase política”, enfatizó. Es válido precisar que según la encuesta analizada, en un eventual balotaje entre Cepeda y Valencia se registraría un empate técnico, con 43,3% para Cepeda y 42,9% para Valencia.

El congresista del Pacto Histórico, además, mantiene ventaja en otros escenarios y se beneficia de la popularidad del presidente Petro, que cuenta con 54,5% de imagen positiva y cuyos votantes expresaron, en un 81%, su respaldo a Cepeda en segunda vuelta. Al ver esos resultados, el exsenador desestimó la validez de las mediciones y aludió a la supuesta dependencia de la firma encuestadora frente al poder actual.

Además, insistió en que la alianza liderada por De la Espriella representa “carácter, determinación e independencia” frente a un sistema que considera desgastado. “Vamos a reducir el tamaño del Estado y acabar con el despilfarro. Vamos a crear un bloque de búsqueda contra la corrupción. Vamos a bajar impuestos para emprendedores y empresarios. Vamos a aprovechar el enorme potencial minero energético con responsabilidad. Solo así derrotaremos la pobreza”, agregó.

La operación de la Undmo se lanzó después de reportes de bloqueos y hechos violentos en los municipios de Caucasia y El Bagre, donde miles de transportadores, comerciantes y familias se han visto afectados por las interrupciones en el tránsito y la economía regional. Aunque se habían alcanzado siete acuerdos de las 20 demandas presentadas por los manifestantes, y se estableció un acuerdo parcial, los agentes del orden intervinieron para restablecer el paso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese al acuerdo parcial, las restricciones se registraban en los sectores de Campoalegre y La Rotonda, en Caucasia. Las autoridades, a su vez, habían acordado habilitar el paso por el corredor humanitario cada dos horas durante 30 minutos, mientras se mantiene la expectativa por la reanudación de los diálogos, que estaba prevista para el 26 de marzo. No obstante, la necesidad de restablecer el paso llevó a las autoridades a tomar decisiones sobre este asunto.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que los manifestantes impidieron el paso a una misión médica y prendieron fuego a la motocicleta de un campesino que intentaba atravesar la zona de bloqueo. “No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos. Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos”. Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos”, expresó.

Los motivos que habrían llevado a las autoridades a intervenir con la Undmo

En uno de los episodios más críticos, una ambulancia con un niño enfermo fue detenida, lo que generó momentos de tensión y temor entre los integrantes de la misión médica. “No puede haber diálogo en medio de bloqueos”, advirtió uno de los voceros. La situación se agravó con nuevos actos de vandalismo, como la incineración de una embarcación en el municipio de El Bagre, mientras persisten las pérdidas económicas de los que no han podido cruzar estos bloqueos.

Según cifras oficiales, recogidas por medios como Blu Radio, la reducción de operaciones diarias alcanza el 70%, con 6.300 personas afectadas a diario y pérdidas por más de 17.000 millones de pesos en el último mes, principalmente para el sector transportador. El diálogo entre el Ejecutivo y la Mesa Minera, como se señalaba, permitió un avance parcial, pero no llegó a puntos de acuerdo que pudieran levantar la movilización, motivo por el cual intervino la Undmo.

No obstante, Cristian Hincapié, líder de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, indicó el domingo 22 de marzo que “la mesa de diálogo se suspende porque el Gobierno no ha reconocido la maquinaria amarilla como parte de un proceso formal”, en referencia a la negativa del Ministerio de Defensa de incluir ciertos equipos en los criterios de formalización minera, como lo exigieron en estas manifestaciones que truncaron el normal paso por este trayecto vial.

“Nosotros, los de la mesa minera, no estamos de acuerdo que tanto maquinaria amarilla como dragones no sean tenidos en cuenta para los procesos de formalización y de legalidad. Hoy para la pequeña minería hay muchas garantías, pero ellos no quieren reconocer que los mineros evolucionamos, puesto que he conocido gente barequiando y hoy tienen tres y cuatro máquinas. He ahí la gran problemática en estos momentos”, agregó el líder del gremio minero.

Entre los compromisos figuraba la realización de 10 horas diarias de trabajo en la mesa de diálogo y la garantía de no estigmatización ni judicialización de la protesta social pacífica. Además, se había acordado la instalación de mesas técnicas ambientales, así como en la solicitud de certificaciones para zonas con potencial minero y jornadas de socialización normativa y bancarización; sin embargo, este suceso fue tomado como un retroceso.

Y es que en redes sociales también circularon videos de cómo algunos vehículos habrían sido incendiados, según denunció la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), que expresó cómo estarían siendo víctimas de colectivos que denominaron “primeras líneas”.

“El preámbulo a otro estallido social, donde los camioneros son el sacrificio del incumplimiento a promesas de campaña y de Gobierno. Como comunidad camionera no tenemos por qué ser la víctima de la equivocada política y del desastre en seguridad. El Bajo Cauca antioqueño, así no les guste a muchos es la tumba del patrimonio de los camioneros, es literal una vía secuestrada por el terrorismo", indicó la agrupación en su mensaje.

El fútbol colombiano atraviesa un momento de luto y consternación tras el fallecimiento de Santiago Castrillón: joven mediocampista de Millonarios, que falleció a los 18 años tras colapsar durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. La noticia, confirmada por el club capitalino en la madrugada del domingo 22 de marzo, generó una ola de mensajes de condolencias en el ámbito deportivo nacional e internacional.

El suceso ocurrió el sábado 21 de marzo en Bogotá, cuando el equipo ‘Embajador’ enfrentaba a su clásico rival, Independiente Santa Fe. Castrillón sufrió un colapso repentino en el campo, presuntamente a raíz de una descompensación cardíaca tras recibir un impacto del balón en el pecho. Pese a que personal médico atendió al futbolista en la propia cancha y dispuso su traslado a la Clínica La Colina, murió tras este suceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El club, en sus redes sociales, confirmó el deceso del jugador. “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, expresó el cuadro bogotano.

Real Madrid lamentó la muerte de Santiago Castrillón con este sentido mensaje

El impacto de la pérdida trascendió el entorno local, pues el Real Madrid, el club más poderoso del planeta, expresó su pesar a través de sus redes sociales. “Su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios FC. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”, indicó.

El mensaje, proveniente del equipo ‘Blanco’, causó una ola de gratitud de la parcial ‘Albiazul’ y recordó las buenas relaciones entre ambas divisas, que están unidas desde las épocas de Alfredo Di Stéfano, pues la conocida ‘Saeta rubia’ fue gran figura del equipo bogotano en los inicios del balompié profesional, antes de ser transferido a la ‘Casa blanca’, con la que ganó en cinco ediciones consecutivas la Copa de Europa.

Diferentes clubes colombianos, entre ellos Atlético Nacional, Junior, América de Cali, el propio Santa Fe, Deportes Tolima y demás elencos del rentado nacional, así como figuras del fútbol como Radamel Falcao García, que compartió vestuario con el jugador, se solidarizaron con la familia y el equipo en redes sociales. “Hoy el fútbol colombiano está de luto”, fue un mensaje generalizado en las redes de estos equipos.

En Bucaramanga, ciudad natal del jugador fallecido, se preparan homenajes póstumos para recordar a Santiago Castrillón y su paso por el deporte, sobre todo en el club Guayos FC, con el que hizo su formación en las divisiones menores, antes de despertar el interés del equipo capitalino, del que era uno de los talentos más destacados de la cantera y ya había tenido la posibilidad de hacer parte del primer equipo.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz", dijo Falcao en su mensaje.

En los estadios del país, durante los partidos efectuados el lunes festivo 23 de marzo, válidos por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-1, y la jornada 11 del Torneo BetPlay 2026-1, se guardó un minuto de silencio por petición de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor): que también expresó su pesar por la repentina partida de este talento, que se abría paso en la escena local gracias a sus cualidades técnicas.

La denuncia hecha por la creadora de contenido Laura Jasmin UGC sobre lo que serían presuntos casos de acoso sexual y laboral dentro de la Policía Nacional, que se hicieron virales, desencadenó fuertes cuestionamientos a las autoridades competentes. Lo anterior, después de que Santiago Botero, candidato presidencial por firmas, exigió el lunes 23 de marzo respuestas sobre los retrasos judiciales en este proceso.

La repercusión del caso alcanzó tal magnitud que llevó al aspirante al primer cargo de la nación a exigir cuentas a la Fiscalía, al cuestionar la posibilidad de cierre del caso por cumplimiento de tiempos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¡Dónde está la justicia para hechos tan dolorosos! @FiscaliaCol ¿Cómo es posible que después de 4 años estemos hablando de vencimiento de términos? Esto no es un error... es una falla grave del sistema, hay ineficiencia, o hay dilación... o hay poder por encima de la verdad”, expresó el aspirante presidencial, que dejó en claro que estos hechos “no lo podemos permitir”, por lo que anunció medidas en caso de ser elegido.

La indignación de Santiago Botero ante lo que serían denuncias de presunto acoso sexual en la Policía

“Dónde están los derechos humanos. A las víctimas les digo no estarán solas después del 7 de agosto del 2026 y si se le vencen los términos hago caso omiso y yo mismo voy por él. A los responsables: en Colombia se acabó la impunidad. Romanos 13:4: la justicia tiene que ser para todos por igual, El que la hace, la paga“, añadió el político antioqueño, que incluso fue más allá con las estrategias para combatir este flagelo.

“Si el sistema no funciona, lo vamos a reformar para que funcione, sin excusas, sin privilegios, y sin impunidad. ¿Qué debemos hacer con ese bandido? ¡Comenten para hacer caso el 7 de agosto!“, comentó Botero en su publicación en X, en el que expuso este caso a sus más de 15.500 seguidores y otros que vieron su reacción ante este suceso, que ha causado revuelo en las plataformas por los aparentes implicados.

La joven afirmó que la denuncia involucra más de tres casos atribuidos al mismo oficial, los cuales fueron reportados desde 2022 sin que se esclarezca la situación o existan respuestas oficiales. “Nosotros denunciamos esta situación, acoso laboral, acoso sexual, acceso y no dan respuesta”, expresó la joven, que no ocultó su temor a represalias y la falta de canales efectivos de denuncia, que condicionaron su silencio.

“No puedo dar nombres, porque lo poquito que han hecho de pronto, pues nos puede afectar en el proceso”, agregó la mujer, que hizo público su testimonio sobre acoso y acceso carnal violento tras integrarse a una unidad policial. Su denuncia implicó a un oficial y señaló la existencia de varios casos similares en los que, según afirmó, la institución no ha brindado respuestas adecuadas frente a lo que habría sucedido.

La denuncia que tiene en la mira a la Policía Nacional

En su testimonio, la joven aseguró haber llegado a la institución con expectativa, pero que esa confianza se diluyó ante los hechos narrados y el temor persistente por posibles represalias.

Explicó que, durante su tiempo en esa unidad, sufrió acoso y acceso carnal en condiciones en las que el miedo y la sorpresa la paralizaron. “Yo era una de las que decía como que: ‘Ay, pero es que si una muchacha ya grande se deja tocar, se deja sabotear es porque quiere’. Pues no, hasta que me pasó. Uno, el miedo. Uno queda paralizado, uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo proceder”, explicó.

La denunciante insistió en la necesidad de respuestas claras sobre el estatus del proceso. “Solo necesitamos que nos escuchen, que nos digan qué pasó con este proceso, qué ha pasado. Hablen claro qué es lo que está pasando, si lo van a dejar libre o si lo van a dejar así, o por ser oficial no le van a colocar cuidado”, afirmó Laura Jasmin UGC, que instó a otras mujeres a no silenciar este tipo de situaciones a su juicio deshonrosas.

“Mujeres, no se dejen, no se bloqueen. Traten de denunciar al instante, al instante que pasen las cosas. No importan las críticas, no importa lo que se le venga encima”, remarcó. La publicación causó una cadena de reacciones en la audiencia digital, pues usuarias compartieron relatos personales de experiencias similares, en la que expresaron respaldo y reiterando la necesidad de denunciar este tipo de conductas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó el lunes 23 de marzo un fuerte intercambio con la senadora María Fernanda Cabal y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, luego de que ambas lo responsabilizaran del reciente accidente aéreo en Putumayo. En su respuesta, el mandatario calificó a Cabal como “mujer vampira” y acusó a Ramírez de representar los intereses de la oligarquía colombiana.

Petro, que lamentó el suceso que se registró en zona rural de Puerto Leguízamo, en el que iban más de 110 ocupantes, defendió su gestión frente a la modernización de las Fuerzas Militares y lanzó acusaciones directas contra figuras prominentes de la oposición, como se pudo ver en su perfil de X. Con esto intentó sacudirse del impacto negativo de este suceso contra su administración, señalada de lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rifirrafe entre Petro y Cabal: “Usted es una mujer vampira”

La senadora del Centro Democrático había publicado un mensaje dirigido al jefe de Estado, con el que atizó las críticas. “Petro usted es un inútil. Cuatro años dando excusas y jamás asumiendo su incapacidad. Ya estamos hartos del mismo cuento. Pero claro, como son militares esos le duelen menos que los guerrilleros. Usted y Cepeda son la misma mentira. Este país no merece tanto mediocre en el poder”, expresó.

En esta acusación, la congresista cuestionó la capacidad del Gobierno para proteger a las tropas y gestionar los recursos en defensa; pero frente a esto, Petro contestó a Cabal con duros términos. “Usted es mujer vampira, tenemos varias incluidas en las candidaturas. Les gusta la sangre y a mí salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte, yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz”, dijo.

Y agregó que, frente a este incidente, ya van 83 jóvenes salvados. “Ojalá sean más para alegría de la Patria. Usted con sus mortajas, mujeres de alma oscurecida, enamoradas de las mortajas y de la sangre, y yo con mi esperanza de la vida, aferrado a la luz pase lo que pase”, agregó el primer mandatario en su mensaje, que dejó ver la fuerte confrontación entre el Ejecutivo y los sectores contrarios a su gestión.

Y reiteró que prioriza la renovación de las Fuerzas Armadas. “Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”, afirmó Petro, que explicó que la financiación de nuevos equipos se hará con vigencias futuras. Y remarcó que “persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, pues la fuerza militar “viene perdiendo capacidad desde hace 15 años”, destacó el gobernante.

Así le respondió Petro a Marta Lucía Ramírez: “Princesa de la oligarquía”

En medio del debate, Petro dirigió críticas a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe. “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos, porque sus amigos todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”, expresó.

Y profundizó en sus señalamientos a la exfuncionaria. “Esta es la consecuencia del egoísmo social de los ricos. Listos para decirles héroes a los muchachos pobres que van a la guerra y le quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas”, añadió el primer mandatario, que reiteró dos de los términos más utilizados, como “Squifos y vampiras”.

Estos enfrentamientos mediáticos causó diversas reacciones entre los sectores políticos, con posiciones opuestas sobre la gestión del gobierno frente a la seguridad y el bienestar de los uniformados. Mientras tanto, el presidente buscó sacudirse de las acusaciones en su contra y responder a las demandas de transparencia y eficacia en el gasto público, como uno de los ejes centrales de la agenda política.

El presidente Gustavo Petro reaccionó el lunes 23 de marzo a la elección de Emmanuel Grégoire como nuevo alcalde de París (Francia) con una serie de reflexiones en las que vinculó el resultado con temas nacionales. En su extenso mensaje, el mandatario abordó desde la crisis climática hasta el reciente accidente del avión Hércules en Putumayo y compartió su visión sobre el legado que espera dejar tras su salida del Gobierno.

Petro inició su intervención festejando el resultado electoral en Francia. “La revolución llegará en bicicleta. Muy bien Francia y sus capitales. Una juventud urbana que marca vanguardia mundial y deja el siglo XX, acoge este siglo para solucionar sus retos: la crisis climática, que implica una economía descarbonizada y la lucha por la equidad y la libertad”, expresó el jefe de Estado en su publicación, que causó polémica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reflexión de Petro sobre la juventud y la economía del siglo XXI

En el mismo mensaje, destacó el papel de la juventud francesa como motor de cambio. Según el mandatario, el comportamiento electoral de los jóvenes en Francia representa una ruptura con viejos paradigmas y una apertura a la solución de problemas actuales, siendo la crisis climática y la necesidad de una economía descarbonizada como desafíos ineludibles de una “humanidad compuesta de personas libres”.

El mandatario relacionó la velocidad y la lentitud con modelos económicos y sociales, en lo que denominó el “espejismo de la velocidad”, en pro de aumentar las ganancias de unos pocos y la rotación veloz del capital, según Karl Marx, en el que “la mercancía debe llegar cuánto antes al consumidor para aumentar la ganancia”.

En otro de los apartes de su mensaje, que causó cierta confusión, se refirió a cómo la lentitud va contra la ganancia apropiada o conseguida con el trabajo ajeno, “pero también nos puede llevar a las estrellas”. Y agregó que debe haber lentitud en el caminar cotidiano, de acuerdo a su postulado, “para tener tiempo de pensar y ver la belleza y mucha velocidad para que la vida llegué a lugares donde no está”.

En ese sentido, profundizó en la importancia de superar las necesidades materiales esenciales como condición para la verdadera libertad: “Una persona libre tiene que superar sus necesidades materiales esenciales. No se puede hablar de libertades sexuales y emotivas si hay hambre en el estómago, si no hay educación, si no hay pensión o un salario digno o una estabilidad laboral, si no hay tiempo libre pago”.

En sus palabras, la explotación niega el acceso al placer y a la libertad, y habló de los que hablan de discriminación, que “deben saber que la primera a vencer es la de los bienes materiales de la gente: la comida, los libros, la casa, la movilidad sin petróleo, la escuela y la universidad y el hospital”. Y se refirió al tiempo libre pago “para pensar y gozar en común o en solitario” como la “principal reivindicación económica”.

En esa extensa publicación, el mandatario mencionó avances durante su Gobierno. “Algo avancé en mi gobierno en Colombia, reduje la jornada laboral para que las madres puedan besar a sus bebés despiertos y darles amor, un indicador fundamental que no aparece en las estadísticas del capital, cuánto tiempo libre tienes para darle amor a tus hijos”, expresó el primer mandatario en sus redes sociales.

De acuerdo con Petro, esta política impacta directamente en la seguridad. “Esa es la verdadera política de seguridad verdadera. Pero necesitamos más productividad y menos rentas acumuladas en unos pocos vagabundos en la Colombia hermosa”, afirmó Petro en su mensaje en sus redes sociales, en una publicación que fue entendida de diversas maneras, a juzgar por lo que se pudo apreciar en las respuestas.

Accidente del Hércules en Putumayo y el valor de la vida

Con esta amplia introducción, el presidente abordó el reciente accidente del avión Hércules en el departamento del Putumayo. En su mensaje, expresó su preocupación por los jóvenes afectados y cuestionó las condiciones en las que ocurrió el siniestro, que se registró en Puerto Leguízamo, y que de manera preliminar dejó a 77 heridos y 43 por determinar su estado, según informó el mismo presidente.

“Muchas madres están preocupadas por sus hijos ante la caída del avión Hércules militar, veremos si por viejo y mal mantenido o por armas de narcotraficantes, pero allí iba la juventud colombiana que no debe morir. El medio de combate debe proteger la vida. Las armas son para proteger la vida no para destruirla”, afirmó el presidente en su cuenta de X, en una mención que causó cierta molestia en algunos sectores.

En su análisis, Petro defendió el valor del tiempo libre como indicador de riqueza social. “Es la verdadera riqueza de la nueva sociedad. La alta productividad tecnológica de hoy que se mide como productividad laboral, porque el trabajo material y cerebral sigue siendo la fuente de la riqueza, y toda cultura y color de piel aporta al trabajo social, de ahí tan irracional la política contra los migrantes”, destacó el gobernante.

“El tiempo libre no debe ser ganancia de pocos mega millonarios, o de corruptos, debe ser riqueza medida en tiempo libre de los pueblos para que se reproduzca la vida y el pensamiento”, agregó el primer mandatario en su publicación, justo cuando el país está de luto por lo acontecido en el sur del país con la aeronave, C-130 del Ejército, en la que iban aproximadamente 114 personas, de acuerdo con reportes preliminares.

Despedida presidencial: marcha en bicicleta para el 6 de agosto y legado

En otro mensaje, Petro compartió cómo le gustaría que la ciudadanía lo despida al concluir su mandato y propuso una movilización pública. “Ojalá está sea la Bogotá del 6 de agosto de este año, una gran marcha en bicicleta al centro para festejar un triunfo de la esperanza y el progresismo. Vayamos en familia sin carro, en bicicletas y patinetas con banderas. Los esperaré y recibiré con la espada de Bolívar en alto”, expresó.

Y añadió que “la dignidad del trabajo y del estudio salgan con la frente en alto y la alegría de todos los colores”, en una convocatoria que busca reunir a la ciudadanía en torno a valores de dignidad laboral, estudio y diversidad, en un evento simbólico que el presidente visualiza como el cierre de su ciclo en el Gobierno; pese a que existen posibilidades de que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, no sea su sucesor.

Un tema que ha empezado a preocupar a los fanáticos de la selección Colombia con miras a la Copa del Mundo de la FIFA, el mediocampista James Rodríguez no ha tenido el rodaje esperado con su nuevo club, Minnesota United: pues en los cinco partidos que ha disputado en el torneo de la Major League Soccer (MLS) el jugador solo ha sido alineado en dos, con solo 39′ en su haber, viniendo en ambos juegos desde el banco de suplentes.

Este asunto se ha convertido en motivo de análisis para los que esperaban mayor protagonismo del colombiano en esta liga, la número 12 en su historial. En su segundo partido con el equipo, el mediocampista de 34 años solo disputó 13’ oficiales tras ingresar al campo a los 77′ frente al Seattle Sounders, en un encuentro que culminó sin goles por la quinta jornada de la Conferencia Oeste.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del técnico Cameron Knowles de mantener al volante ofensivo fuera del onceno titular comenzó a generar inquietud sobre su adaptación al fútbol ‘gringo’ y sus posibilidades de adquirir el ritmo necesario de cara a los compromisos de la selección Colombia: que su etapa de preparación sostendrá doblete amistoso en la tierra del ‘Tío Sam’, ante Croacia y Francia, programados para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

¿Por qué James Rodríguez no suma más minutos con el Minnesota?

En rueda de prensa posterior al empate, Knowles justificó la elección de tener a Rodríguez en el banco y solo incluirlo en el epílogo de la segunda parte. “Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos”, dijo el orientador neozelandés, que pese a que ahora tiene a Danny Cruz y Tom Soehn como entrenadores asistentes, no ha logrado consolidar una mejor expresión.

El entrenador destacó el aporte del jugador al ingresar al campo de juego, aunque el gran interrogante sigue siendo por qué no ha tenido un margen mayor de minutos para ganar rodaje y así darle más armas al colectivo. “Creo que se vio el impacto cuando entró en el partido. Las oportunidades que creó, que hubiéramos podido aprovechar para anotar y ganar el partido”, agregó el entrenador oceánico a cargo de los Loons.

Es válido recordar que el debut del 10 de la ‘Tricolor’ con el Minnesota United solo se produjo el domingo 15 de marzo, cuando estuvo 23 minutos en cancha, en la goleada (6-0) ante Vancouver Whitecaps. Con esta presencia, el futbolista rompió una seguidilla de 128 días sin tener apariciones a nivel de clubes, pues desde el 8 de noviembre, cuando pertenecía a León de México, no tenía la oportunidad de tener ritmo de juego.

Este hecho ha adquirido mayor peso a la luz de la preparación del combinado patrio, pues Rodríguez es considerado una pieza clave para el seleccionador Néstor Lorenzo, que si bien es consciente de que entre los convocados para los encuentros de fogueo es uno de los que menos apariciones registra en lo que va del 2026, le ha dado el espaldarazo para que tenga la posibilidad de unirse al grupo como capitán.

Entretanto, los aficionados de United han expresado su deseo de ver al mediocampista desde el inicio, especialmente luego de que en los encuentros mostró destellos de su talento en los pocos minutos disputados. En especial en este último, en casa, en el que puso un pase entre líneas preciso para Anthony Markanich, como lo reseñó el timonel, que el atacante no supo aprovechar, tras una definición errática.

“Tuvimos buenos momentos. James entra y encuentra a Markanich; estuvimos muy cerca, tuvimos buenas oportunidades, otra en transición y eso es lo que quieres, suplentes que entren; estar en posición de ganar el partido cuando entren, y ahí estábamos, solo que no encontramos el gol”, puntualizó Knowles, que expresó su intención de no apresurarse con el veterano jugador e irle dando poco a poco más responsabilidad.

La dirigente que integra la coalición tras La Gran Consulta por Colombia destacó el avance de Valencia y llamó a la unidad de cara a la jornada que se avecina. De acuerdo con la medición divulgada por la revista Cambio, solo la parlamentaria lograría un empate técnico frente a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, lo que causó reacciones en la escena política nacional, ante la contundencia de este balance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Paloma Valencia cogió vuelo y viene respaldada por el tecnicismo de (Juan Daniel) Oviedo y toda la capacidad de los integrantes de La Gran Consulta”, afirmó Betancourt, que reiteró la consolidación de la dupla surgida tras las elecciones interpartidistas del 8 de marzo y el impulso que ha dado a la campaña la definición de la fórmula vicepresidencial en el segundo más votado, como lo es el caso del exconcejal de Bogotá.

“Así las cosas, hoy Colombia amanece con dos campañas presidenciales. La extrema izquierda con Cepeda, Petro y los grupos al margen de la ley, y la de Paloma y Oviedo, con colombianos honestos, gente de bien que creen en el diálogo, incluso con personas muy distintas, unas de derecha a derecha y otros de izquierda a izquierda”, señaló la excandidata presidencial, que estuvo secuestrada durante seis años por las Farc.

¿Cómo le fue a Paloma Valencia en la encuesta del CNC?

Según el reporte de Cambio apoyado en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con un 34,5%, seguido por Valencia con el 22,2%. El tercer puesto lo ocupa Abelardo de la Espriella, que sumó 15,4%; más atrás están Claudia López (3,7%) y Sergio Fajardo (3,6%). Por su parte, el voto en blanco alcanza 6,5%, mientras que los indecisos representan el 8%.

El entusiasmo de Betancourt se centró en el escenario de segunda vuelta revelado por la encuesta, en el que la senadora obtendría un 42,9% frente al 43,3% de Cepeda; diferencia que se ubica dentro del margen de error. “Las encuestas hoy reflejan lo que se siente y se oye: todo el mundo está hablando de Paloma y Oviedo. Todo el mundo sabe que la única forma que se le puede ganar a Cepeda y a Petro”, remarcó Betancourt.

E instó a los demás aspirantes a reflexionar sobre sus posibilidades y a sumarse a una gran coalición democrática. “Es ahora cuando se debe la grandeza de los demás participantes de la contienda, desarmar la palabra, deponer los sueños personales para que podamos derrotar lo que todos queremos derrotar y que solo Paloma y Oviedo hoy pueden”, agregó la política, que extendió la invitación a De la Espriella y Fajardo.

El llamado a la unidad incluyó una referencia al proceso de articulación de esta alianza. “Si Oviedo y Valencia lograron unirse a pesar de tantas diferencias, entonces todas las puertas están abiertas con generosidad, respeto, responsabilidad, para una gran coalición democrática donde quepan todos, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos puede alejar”, sostuvo Betancourt en su pronunciamiento en redes sociales.

Por último, insistió en que esta candidatura representa una atractiva alternativa frente al oficialismo. “El rival a vencer es Cepeda y detrás está Petro y todo el engaño, la mentira, la muerte que trajo el Pacto Histórico. Nuestro destino está al frente de nuestros ojos. Unos van a desaparecer de los libros de historia, otros se van a crecer. Porque además de un corazón muy grande, Paloma tiene las alas abiertas para acoger a todos”, dijo.

El delantero samario Luis Javier Suárez continúa consolidando su destacada temporada en el fútbol portugués al anotar un nuevo gol en la victoria a domicilio (1-4) del Sporting Lisboa frente al Alverca: resultado que mantuvo al club en la lucha por el título de la Primeira Liga y, de paso, le permitió al atacante perfilarse como pieza clave de la selección Colombia, de cara a los próximos compromisos de preparación.

Suárez, que alcanzó los 33 tantos en la temporada, de los cuales 24 los ha marcado en solo 25 partidos de liga, ratificó por qué es el máximo anotador del campeonato y supera a sus inmediatos perseguidores, como Vangelis Pavlidis del Benfica. El ariete de 28 años anotó antes de unirse al representativo colombiano en Orlando (Estados Unidos), donde se preparará para los amistosos ante a sus similares de Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La buena racha de Luis Suárez en el fútbol de Portugal: un gol más a las cuentas

La primera anotación de la jornada para los ‘Leones’ fue convertida por Pedro Gonçalves, al minuto 22; mientras que la segunda llegó por intermedio de Suárez, al inicio de la segunda mitad, que se produjo tras una asistencia de Hidemasa Morita. El delantero costeño controló el balón al espacio, superó en velocidad a Kaiky Naves y ejecutó un potente disparo desde fuera del área, que a la postre resultó imposible para el golero.

Posteriormente, Geny Catamo amplió la ventaja en el minuto 68 con un remate de media distancia y sobre el final, Gonçalves selló la goleada con un tiro libre directo a los 86′. Por su parte, el único gol del Alverca llegó a los 83′, cuando Marko Milovanovic, Marezi, que compartió equipo con Suárez en el Almería, aprovechó una asistencia de Isaac James para vencer la portería defendida por el Sporting, dando cifras finales al juego.

Suárez no solo fue protagonista del cotejo por la anotación, sino que además, a los 46′ y tras recibir un pase de Pote y caer en el área, confesó al juez que no había infracción en su contra; gesto que fue confirmado por el VAR, pero que, contrario a lo que se esperaba por la honestidad del futbolista, terminó con una tarjeta amarilla para él, lo que generó sorpresa entre los aficionados. A la postre obtuvo 8,0 de calificación.

En la clasificación, Sporting ocupa el segundo lugar, con 65 puntos, igualado con el Benfica y a siete unidades del líder, el FC Porto, que derrotó (1-2) al FC Braga. Esta conquista en la liga se suma a la reciente victoria por 5-0 frente al Bodo/Glimt noruego, por la ‘vuelta’ de los octavos de final de la Champions League, en una remontada que mantuvo a los dirigidos por Rúben Amorim en el torneo internacional.

Liverpool iría a la caza de Luis Suárez: esto sería lo que ofrecería por el delantero

Mientras tanto, se conoció que el Liverpool de Inglaterra, club en el que estuvo el atacante Luis Díaz, evalúa pagar 80 millones de euros por el colombiano, en una operación que podría modificar el panorama del mercado europeo. El interés del club se ha intensificado, y Suárez se ha convertido en prioridad para reforzar el ataque tras una temporada irregular, en la que están lejos de pelear el título en la Premier League.

El rendimiento del futbolista en Champions ha llamado la atención de los principales equipos del continente, entre ellos los ‘Reds’, que podría arrebatarle este talento al Sporting, que en consecuencia perdería a una de sus figuras más prometedoras y tendría que buscar un reemplazo. Para el delantero, sería una oportunidad de consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo y dar un salto vital en su carrera.

Uribe Londoño publicó el domingo 22 de marzo de 2026 un video en sus redes sociales en el que, sin eufemismos, afirmó que la violencia verbal de Petro y la benevolencia de su Gobierno hacia organizaciones criminales como la Segunda Marquetalia crearon condiciones para el asesinato de su hijo, que falleció el 11 de agosto de 2025 tras estar dos meses y cuatro días internado en la UCI de la Fundación Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Presidente Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran. Su Gobierno no le dio protección. Su Gobierno ha sido tolerante con el narcotráfico y los criminales beneficiados con su paz total utilizaron a la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel. Pero los autores intelectuales hay que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia”, dijo el candidato.

El homicidio del senador Uribe Turbay conmocionó a Colombia desde la noche del 7 de junio de 2025, cuando fue atacado a tiros en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. De acuerdo con la investigación judicial, el crimen fue coordinado por Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión como enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores materiales.

En el mismo mensaje, el veterano político antioqueño profundizó en la responsabilidad institucional del Ejecutivo y anunció que elevará las propuestas de su hijo a una bandera central de su futura gestión política. Para el padre del senador ultimado, la impunidad persiste y la respuesta estatal no solo ha sido insuficiente, sino permisiva frente al avance de estructuras armadas vinculadas al crimen.

El pago de $1.000 millones por el crimen y la conexión con Segunda Marquetalia

La Fiscalía documentó que Pérez Marroquín tuvo un rol clave en el asesinato. Desde marzo de 2025, vigiló los movimientos de la víctima, fue el que entregó el arma modificada que se empleó en el ataque y ayudó en la logística de la huida del autor material hacia el departamento de Caquetá. Según su confesión, existía una suma de $1.000 millones para la operación, y de esos $600 millones eran para desviar la investigación o eliminar testigos clave.

Las instrucciones para cometer el asesinato habrían llegado, según Pérez Marroquín, desde la estructura Segunda Marquetalia, que si bien estaba al mando Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, el que dio la orden de cometer el magnicidio habría sido José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, que se identificó como el encargado de transmitir esta instrucción a la cúpula de la organización al margen de la ley.

En ese sentido, Uribe Londoño, en un primer video de reacción a estas novedades, reiteró su convicción sobre las razones que motivaron el crimen. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron, porque los malos quieren que este país se destruya, para luego, con sus limosnas, buscar que las personas les agradezcan. Así pasó en Venezuela”, afirmó el aspirante presidencial.

Y al referirse a las declaraciones de “El Viejo”, el político manifestó el impacto persistente de la frase escuchada durante la investigación, “Pero ya está hecho”. Según el excandidato, esa expresión le produce un dolor indeleble, a tal punto de “retumbar” en su cabeza y causarle un dolor profundo en el corazón. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”, sentenció.

En un nuevo capítulo del debate en torno al caso Odebrecht y la corrupción política en Colombia, en el que estaría interesado el presidente de la República, Gustavo Petro, el exsenador Ernesto Macías Tovar, que fue presidente del Congreso, le salió al paso a lo dicho por el primer mandatario: y en respuesta pidió que todas las investigaciones que involucran al actual Gobierno lleguen hasta las últimas consecuencias legales.

Macías, que presidió el Congreso entre 2018 y 2019 y fue referente del Centro Democrático, partido del que renunció al final de su ejercicio legislativo, respondió de manera directa a los señalamientos del presidente sobre la necesidad de profundizar en las pesquisas judiciales vinculadas con la constructora brasileña. Y lanzó dardos sobre los casos que salpican al gobernante, como el de la Unidad de Gestión de Desastres (Ungrd).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Todas las investigaciones deben llegar al fondo; incluso las de la financiación de su campaña, la corrupción de su entorno, las de sus presuntos vínculos con el narcotráfico; es decir, las que a usted le incomodan y por las que ataca al Poder Judicial”, dijo Macías, que formuló la exigencia en un panorama marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, entre otras en el caso Odebrecht.

¿Cuál fue el comentario de Gustavo Petro que causó la molestia de Ernesto Macías?

La polémica se desató tras una declaración del presidente frente a este escándalo. “Yo creo que todo el poder judicial de Colombia debería permitir que la investigación sobre Odebrecht llegue a fondo. Ese debería ser un compromiso nacional para desmantelar los mecanismos de corrupción de Colombia”, indicó el presidente, que cuestionó la profundidad de las investigaciones sobre sobornos entregados por la compañía.

“Son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país y con la astuta colaboración jurídica de Néstor Humberto Martínez, el mismo que dicen que se mueve por las calles de Nueva York buscando golpes y noticias para impedir que mi proyecto político se reelija”, agregó Petro, al citar un artículo periodístico en el que se abordó cómo exdirectivos de Odebrecht buscaría principio de oportunidad.

El presidente también señaló que parte de esos fondos se destinaron a campañas electorales. “Los 50 millones de dólares de sobornos fueron en buen aparte a las elecciones. Pero allí si no hubo no investigación de sobre topes ni noticias de procesos en el New York Times”, reaccionó el presidente, que lanzó una nueva pulla por las indagaciones en su contra en EE. UU. por presuntos nexos con narcotráfico.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en reuniones con los defensores de Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, junto con los representantes de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, que negocian con la Fiscalía la viabilidad de una matriz de colaboración que permita identificar hechos penalmente relevantes y facilitar la judicialización de otros presuntos implicados.

Todo esto, en el entramado de corrupción que rodeó la adjudicación de contratos de obra pública como el de la Ruta del Sol II. Frente al particular, el ente acusador aclaró que estos acercamientos no implican la suspensión automática de procesos penales y que la legalización de cualquier acuerdo dependerá del cumplimiento de compromisos concretos y del aval que debe darle un juez de la República.

Si no prosperan los acercamientos o no se obtiene el respaldo judicial, la Fiscalía reactivará las imputaciones y seguirá la vía penal ordinaria. Entretanto, el caso Odebrecht continúa en el centro de la agenda pública y política, en medio de las duras respuestas que recibió Petro de Macías, que exigió coherencia y reiteró que esa voluntad debe abarcar también los hechos y denuncias que salpican al actual Gobierno.

El nuevo escándalo de títulos universitarios en Colombia, que involucra a la Fundación Universitaria San José y a la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez, se convirtió en un caso que, una vez más, habría puesto en evidencia irregularidades en la expedición de diplomas y la presunta complicidad de autoridades educativas; toda vez que este logro académico celebrado por la exmilitante de las extintas Farc tendría serias sospechas.

Además de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, electa senadora del partido Dignidad y Compromiso, que denunció que la especialización que obtuvo Ramírez, la de Desarrollo Humano y Organizacional, se ofreció de forma virtual pese a que solo estaba autorizada presencialmente, mientras la propia senadora asegura desconocer el trasfondo del convenio académico, se sumaron otras voces de repudio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de ellas fue la de Andrés Barrios, concejal de Bogotá del Centro Democrático, que cuestionó el fenómeno mediante un mensaje en redes sociales. Y todo porque denunció cómo desde este centro de educación superior se estaría fomentando expedición exprés de diplomas, que según los denunciantes, favoreció principalmente a funcionarios del actual Gobierno y, en el caso de Ramírez, a una aliada política.

“La Fundación San José ahora entrega títulos en tiempo récord y de manera exclusiva para los ‘profesionales’ del gobierno del cambio. El resultado ya lo conocemos: improvisación, incapacidad técnica y cero resultados. Bastante caro le está saliendo esto a los colombianos”, dijo el cabildante, que acompañó la publicación con una imagen en la que se leyó “Universidad de los diplomas imaginarios, promoción 2022-2026”.

Es válido precisar que la magnitud del escándalo con la San José estalló con lo sucedido con Juliana Guerrero, que se graduó de contaduría de esta universidad, pero no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado. La mujer intentó posesionarse como viceministra de Juventud utilizando este diploma, que quedó sin efectos legales al demostrarse las irregularidades cometidas por la aún funcionaria del Gobierno Petro.

La controversia tras el título de Sandra Ramírez en la Fundación San José

La polémica alcanzó su punto máximo luego de que se reveló que este centro, que es en sí una corporación universitaria reformada, no contaba con permiso para impartir el programa a distancia. “Solo tiene autorización para ofrecer esta especialización de manera presencial. La senadora nos acaba de decir que ella se graduó precisamente en un programa virtual y así uno está repleto de irregularidades”, dijo Pedraza.

De acuerdo con la congresista, según recogió Caracol Radio, la responsabilidad sobre estos casos recabe sobre el Ministerio de Educación. El caso, que también derivó en investigaciones penales por fraude procesal y falsedad ideológica, tiene bajo sospecha al menos 700 títulos emitidos entre 2022 y 2026, de acuerdo con la auditoría ministerial que tiene en la mira lo que serían esas prácticas de la referida universidad.

En lo que respecta a Ramírez, la cartera solo permite dicho programa en modalidad presencial y exige autorización oficial para los convenios interinstitucionales. Por ello, la denuncia de Pedraza ha ido acompañada de la experiencia de varias personas que se identifican como afectadas por esquemas similares, incluso con acusaciones de estafa, “en una universidad que parece más bien funcionar como una fachada”.

Y acusó al titular de la cartera educativa, Daniel Rojas Medellín, de minimizar la gravedad del caso y el impacto sobre la confianza pública. “El propio ministro de Educación está minimizando las noticias y las denuncias que hemos hecho desde el Congreso. La gente confía en un ministerio que supuestamente le garantiza que esos títulos son reales”, declaró Pedraza, que alegó “negligencia grave” en este expediente.

En respuesta a la controversia, Sandra Ramírez defendió públicamente su actuación al aseverar que desconocía cualquier irregularidad al momento de cursar la especialidad y que confió en la legitimidad de la institución. “Yo me di a la tarea de ejecutar el programa junto con los docentes (…) Yo no conocía toda esta investigación, lo conocí hasta el escándalo de Juliana Guerrero”, explicó la congresista y exFarc.

Los más recientes resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), a la par de la intención de voto para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, mostraron una imagen favorable del presidente de la República, Gustavo Petro: que no dudó en reaccionar al balance de esta medición y hacer una especial petición a sus simpatizantes, con miras a los 138 días que restan de su Gobierno.

Según la encuesta revelada el 22 de marzo por la revista Cambio, el primer mandatario tiene un 50,9% de imagen positiva, frente a un 43,9% negativa y un 5,2% que no sabe/no responde. Pese a que perdió 3,6% frente a la anterior medición de esta compañía, que el 1 de marzo reportada un 54,4% de respaldo a su gestión, y solo un 38,4% de rechazo, Petro estaría conforme con la percepción que tendría su administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El mejor agradecimiento que quiero recibir de mi pueblo es no dejar morir el programa progresista de progreso y oportunidades para todas y todos. Quiero salir ante una manifestación alegre en la plaza de Bolívar y que la espada del libertador se mantenga en las manos del pueblo”, dijo el jefe de Estado en X, que ratificó la confianza que tiene en esta firma, a la única que parece creerle en sus resultados.

Este resultado es muy diferente al que presentó la firma Atlas-Intel para Semana, el 12 de marzo, que mostró cómo la aprobación del gobernante se encuentra en un nivel bajo, con un 53,7% de los encuestados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que la aprueba. Por su parte, un 8,8% no tiene una opinión definida; en un clima distinto frente al que se vio reflejado en la medición del CNC que Petro destacó.

Por su parte, en comparación con lo plasmado por Invamer en la encuesta dada a conocer el 27 de febrero, los resultados serían similares. La aprobación del presidente Petro subió en ese entonces a un 49,1 % en ese mes, aunque el margen de consultados que tendría una imagen negativa del mandatario se ubicó en un 46,1%; aún más alto del presentado por el CNC, siendo este otro parámetro a tener en cuenta.

Ficha técnica

La encuesta fue hecha por el Centro Nacional de Consultoría S.A. entre el 17 y el 21 de marzo, por encargo y con financiación de Cambio. El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas presenciales en hogares, abarcando todas las regiones geográficas de Colombia y contempló una muestra representativa de la que participaron 2.157 personas mayores de 18 años, con intención de votar en las elecciones presidenciales.

El propósito fue medir la intención de voto a la presidencia, la percepción sobre los candidatos vicepresidenciales, las prioridades del próximo mandatario y la imagen del gobernante actual. El diseño muestral fue estratificado multietápico, con selección probabilística de unidades muestrales y ponderación basada en datos demográficos y socioeconómicos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Por su parte, el nivel de confianza alcanza el 95%, mientras que el margen de error del estudio es de más o menos 3 puntos porcentuales. La firma consideró oportuno aclarar que no se ofrecieron incentivos económicos a los participantes y que el referido informe cumple con las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ISO 20252:2019 y la Ley 2494 de 2025, y debe publicarse íntegramente conforme a la legislación.

Tamaño de la muestra (encuestas hechas):

• Bogotá: 285
• Caribe: 452
• Centro - Oriente: 346
• Centro - Sur - Amazonia: 196
• Eje Cafetero: 379
• Llano: 129
• Pacífico: 370

Total: 2.157 encuestas

La publicación de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, dada a conocer el domingo 22 de marzo, provocó reacciones inmediatas en el escenario político nacional. Como las de Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, que pidió a los simpatizantes de Paloma Valencia no confiarse ante el crecimiento reportado en la intención de voto.

Briceño, jefe de volanteo de la aspirante de la centro-derecha, mostró su distancia con respecto a los resultados: que ponen a la congresista Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo en el segundo lugar, con un 22,2%, frente a un 34,5% del senador Iván Cepeda y su compañera, la también parlamentaria Aída Quilcué; y en un tercer lugar a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (15,4%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Como ustedes saben que yo al Centro Nacional de Consultoría CNC no le creo por su enorme conflicto de interés, no se distraigan, sigamos en las calles, vamos bien, pero siempre lo importante es el trabajo duro. Un abrazo para todos”, expresó el parlamentario en la red social X, con el que zanjó su posición frente al balance de esta medición, en la que empezó a decantarse, aún más, el cerrado grupo de aspirantes con posibilidades.

Es válido destacar que esta encuesta es la tercera que se conoce a nivel nacional tras las consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo, con la novedad de que sí incluyó la inscripción oficial de las fórmulas vicepresidenciales para las elecciones del 31 de mayo. A diferencia de otras, pone en el segundo lugar a Valencia por encima de De la Espriella, aspecto crucial en la carrera por la Casa de Nariño.

El ascenso de Valencia podría atribuirse a la consolidación del voto de los sectores opositores al Gobierno tras la consulta interpartidista, en la que participaron nueve perfiles en búsqueda de la nominación. Por su parte, Por su parte Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se mantiene estable respecto a mediciones previas, pues en las tres que se han conocido (Atlas-Intel, Gad3 y CNC) se mantiene en rangos superiores al 30%.

Entretanto, las figuras de centro, representadas por Claudia López y Sergio Fajardo, continúan perdiendo terreno. Los datos muestran que no logran consolidarse como una tercera vía competitiva, con resultados que apenas alcanzan 3,7% y 3,6%, respectivamente, y ya están a casi 12 puntos porcentuales de distancia del tercero, que es el abogado de derecha, con lo que las posibilidades se reducen a márgenes mínimos.

¿Cómo sería la segunda vuelta entre Iván Cepeda en segunda vuelta?

El sondeo también plantea escenarios de segunda vuelta. Según datos publicados por el medio, en un eventual enfrentamiento entre Cepeda y Valencia, la encuesta registra un empate técnico, lo que mantiene abierta la definición presidencial, pues el primero tendría 43,3% de apoyo, frente a un 42,9% de la senadora. Este dato reforzaría el llamado de sectores como el de Briceño, que ha sido escéptico frente a este balance.

En cuanto a otros indicadores, el estudio reporta que el voto en blanco se ubica en 6,5%, mientras que los indecisos representan alrededor del 8% de los encuestados; una cifra que podría ser determinante en el desenlace de la elección. En lo que respecta a la imagen presidencial de Gustavo Petro, esta se mantiene positiva, pues el 54,5% de los consultados lo respaldan; lo que dista de otras firmas encuestadoras.

La ficha técnica de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y que fue publicada en Cambio incluyó una muestra de 2.157 personas encuestadas en todo el territorio nacional y precisó, con un nivel de confianza del 95%, que la financiación provino de la propia revista. El trabajo de campo tuvo lugar después de la definición de las fórmulas para la primera vuelta presidencial, cuyo conteo regresivo ya comenzó.

En una declaración que generó reacciones, el expresidente Iván Duque advirtió el jueves 18 de marzo sobre cinco riesgos estructurales para Colombia de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 y, con ello, la necesidad de que se ejerza el derecho al voto de manera libre y con responsabilidad. Aunque no mencionó a su sucesor, Gustavo Petro, el comentario tendría como destinatario al jefe de Estado.

Duque, que en publicaciones anteriores acusó al primer mandatario de poner en duda la confiabilidad del sistema electoral, en un momento marcado por denuncias de posible fraude y cuestionamientos a la transparencia de las autoridades, en esta ocasión enfocó sus afirmaciones en la urgencia de salvar la democracia de lo que, en su concepto, sería la continuidad de un proyecto político fracasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia enfrenta hoy cinco grandes bombas: fiscal, salud, energía, seguridad y política exterior. De cara al proceso electoral, los demócratas estamos llamados a defender las ideas de libertad y progreso, y a elegir con responsabilidad, con propuestas y con carácter, para evitar que el país siga por la senda de la improvisación y la demagogia”, expresó el exjefe de Estado a través de la red social X.

Duque y sus dardos contra Petro: “No podemos permitir que destruya la credibilidad del sistema electoral”

Es oportuno recordar que en las plataformas digitales y en sus intervenciones públicas, el exmandatario ha hecho énfasis en que los reiterados señalamientos de Petro amenazan los cimientos mismos de la democracia y que, sin pruebas, ha buscado generar un ambiente de desconfianza hacia la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE); organismos encargados de velar por el éxito de las elecciones.

Para Duque, en intervenciones anteriores, es evidente que la organización electoral ha superado una serie de escollos, incluso interpuestos por el poder Ejecutivo, pero aun así le ha respondido al país. “No debemos permitir que se destruya el prestigio, la tradición y la credibilidad del sistema electoral”, expresó el 5 de marzo, tres días antes de las elecciones al Congreso, en las que la derecha se reorganizó.

En ese entonces, el expresidente denunció que el jefe de Estado busca arrogarse tareas de inspección y fiscalización del preconteo. “Petro lo que busca es cuestionar el sistema de preconteo y tratar de asumir también facultades electorales diciéndole a los colombianos que él va a hacer la inspección, algo que le corresponde a la organización electoral”, afirmó Duque en ese sentido.

Y alertó que la desconfianza que siembra el presidente puede generar un ambiente hostil de cara a la votación, tanto para la jornada del 31 de mayo como para una eventual segunda vuelta, prevista en caso de ser necesaria para el 21 de junio. Sostuvo que este escenario podría “justificar su intervención en el proceso” y contribuir al debilitamiento de una “de las bases de la democracia nacional”.

En sus señalamientos, que han causado reacciones, el exmandatario incluyó la gestión del Ejecutivo, no solo en materia electoral, sino también en áreas clave como las relaciones internacionales, el sistema energético, la salud y la situación fiscal. Desde su perspectiva, “el Gobierno actual está dejando ‘bombas’ fiscales y en el sistema de salud que deberán ser desactivadas por los futuros mandatarios”.

Entre ambos, la controversia empezó a escalar cuando Petro, a través de su cuenta de X, acusó a Duque de inacción durante presuntas irregularidades en los comicios legislativos de 2022 en los que, según el actual mandatario, al Pacto Histórico le fueron sustraídos 640.000 votos que se trasladaron al Partido de la U; episodio recordado por el exmandatario de izquierda.

Dos congresistas del Centro Democrático, el senador electo Óscar Villamizar y el representante a la Cámara por Santander electo Jonathan Pineda, interpusieron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que autoriza un incremento significativo de los avalúos catastrales en más de 520 municipios de Colombia.

La acción judicial se acompañó con el anuncio de un nuevo proyecto de ley para la legislatura que se avecina, desde el 20 de julio, y busca detener un ajuste súbito que, de acuerdo con los demandantes, representa un riesgo para la economía de los propietarios rurales y urbanos debido al aumento inmediato de la base gravable de los impuestos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tanto Villamizar como Pineda acudieron a esta vía debido a que consideran que la resolución del Igac, expedida el 30 de diciembre de 2025 y aplicada de inmediato, impone aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, lo que afecta a miles de propietarios en el país. De acuerdo con la demanda, cuestionaron que la medida carece de base técnica transparente y fue adoptada sin debate legislativo.

Tampoco hay una consulta municipal que la respalde, lo que podría generar consecuencias tributarias y financieras graves para la ciudadanía.

Los efectos fiscales de la resolución que aumentaría avalúos catastrales

Como se mencionó, la demanda solicita la nulidad inmediata del acto administrativo y la suspensión provisional de sus efectos, según detalla el documento radicado ante Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado. Entre los argumentos está que la resolución constituye una “reforma tributaria encubierta”, ya que fija incrementos en avalúos que en algunos municipios superan el 2.500.000%.

Villamizar señaló que la medida “está poniendo en riesgo la propiedad privada, tanto en el sector rural como en el urbano” y agregó que “este gobierno quiso expropiar a los campesinos trabajadores de este país. Con aumentos desbordados, que en algunos casos superan el 2.500.000%”. Por ello, denunció que “están poniendo en riesgo la propiedad privada tanto en el sector rural como en el urbano”.

Por su parte, Pineda calificó la decisión como “una reforma tributaria disfrazada, hecha a espaldas de los colombianos y sin considerar la realidad económica de quienes viven del campo”. Según los parlamentarios en el recurso presentado ante el alto tribunal, las consecuencias de la resolución van más allá del impuesto predial, ya que los nuevos avalúos impactarán también el impuesto de renta.

Además del impuesto al patrimonio y la ganancia ocasional para los propietarios, motivo por el cual los demandantes criticaron que no hubo consulta ni socialización previa con los municipios o las comunidades afectadas, y que el acto administrativo no detalla los criterios técnicos utilizados para definir los incrementos.

Frente a los señalamientos de la demanda, que buscaría dejar sin efectos la resolución del Igac, esta entidad argumentó que “el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado (IPU)” y explicó que el avalúo sirve como base gravable, pero el monto final depende de las tarifas que cada concejo municipal establezca y de los límites legales vigentes.

Sin embargo, los congresistas insistieron en que esto no reduce el impacto negativo, ya que muchos propietarios solo supieron del incremento tras recibir la orden de pago, lo que, en su opinión, vulnera principios constitucionales de certeza y equidad tributaria reconocidos por la Corte Constitucional. Y remarcaron también que la resolución ignoró la necesidad de proteger el patrimonio de los afectados.

Los congresistas advirtieron que, además de impulsar la vía judicial, persistirán en la búsqueda de un marco normativo que asegure la realización de procedimientos participativos y salvaguardas para los propietarios, frente a incrementos arbitrarios en los avalúos catastrales; como se reiteró en la comunicación a Álvarez, titular del tribunal, que ahora tendrá que decidir si se admite el recurso.

Sandra Ramírez, senadora de la República por Comunes, partido que desaparecerá, celebró el jueves 19 de marzo de 2026 la obtención de su título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional de la Fundación Universitaria San José, la misma institución envuelta en la polémica tras el escándalo de diplomas irregulares que involucra la entrega de certificados sin requisitos académicos.

El caso, que llevó a la intervención del Ministerio de Educación, y del cual su principal protagonista es Juliana Guerrero, que intentó sin éxito llegar al Viceministerio de Juventudes, ha puesto bajo vigilancia especial al centro de educación superior y desencadenó investigaciones penales por fraude procesal contra exfuncionarios y estudiantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora, que fue pareja sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, excabecilla de las extintas Farc, compartió su satisfacción por el logro profesional alcanzado. “¡Estoy feliz! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia”, dijo.

La mujer, que buscó su reelección en el cargo, pero no tuvo un buen desempeño en las urnas por el movimiento Fuerza Ciudadana, reafirmó su compromiso con la reconciliación. “Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, afirmó Ramírez, que se desmovilizó tras la firma del mencionado acuerdo y que se incorporó en la política, al ser congresista en los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

La controversia que mancha la reputación de la Universidad San José

Es válido acotar que la Fundación Universitaria otorgó títulos que ya fueron anulados a Juliana Guerrero, figura que ocupa cargos públicos y se encuentra hoy imputada por la Fiscalía. El escándalo gira en torno a la concesión de diplomas en carreras como contaduría y tecnología, sin evidencia de clases, exámenes ni cumplimiento de las pruebas Saber Pro, requisitos para graduarse en Colombia.

El escándalo alcanzó un punto crítico con la confesión del exsecretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez, que admitió haber gestionado los diplomas fuera de los procedimientos regulares. Por ello, tanto el exfuncionario como Guerrero afrontan cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, según informó el órgano investigador, en un caso que acaparó la atención mediática.

“Asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos (…) a favor de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el reglamento Estudiantil y de opción de grado de la institución", expresó Gutiérrez, según recogió El Tiempo.

Frente al escándalo que se destapó gracias a Guerrero, que tendría bajo sospecha al menos 700 grados más, la Fundación San José determinó anular los títulos de la joven al no encontrar registros académicos y corroborar la confesión directa de su exfuncionario en este suceso. Frente a esto, la mujer –si bien no llegó al viceministerio– ejerce representación del Gobierno en la Universidad del Cesar.

El escándalo de diplomas irregulares destapó una red al interior de la Universidad San José

En este caso, que ameritó incluso el pronunciamiento del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, las investigaciones en curso revelaron la existencia de una red que entregaba títulos a cambio de pagos dentro de la propia universidad. El llamado “cartel” de diplomas involucra a varios casos similares; las autoridades educativas y judiciales exploran su alcance y posibles beneficiarios.

Un dato que agrava la situación es que, pese a la anulación del título, Guerrero insistió en desconocer las denuncias en su contra. Las consecuencias del caso no han quedado en el plano judicial ni administrativo, pues el claustro fue puesto bajo vigilancia del ministerio, luego de que una auditoría detectó graves fallas administrativas y académicas que comprometerían su personería jurídica.

Es por esto que actualmente la Fundación enfrenta una investigación exhaustiva sobre sus procesos internos y el cumplimiento de los estándares exigidos por ley en Colombia. El grado de Ramírez, si bien no tiene sospecha sobre aparentes irregularidades, y causó felicidad en la exguerrillera que ocupa cargos legislativos, causará controversia al estar ligado a este centro de educación superior.

En una declaración que causó reacciones, el empresario y excandidato presidencial Santiago Botero endureció el jueves 19 de marzo de 2026 sus críticas contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, en medio de la controversia judicial y corporativa que envuelve a la compañía estatal, que se ha visto salpicada por esta serie de hechos que han comprometido la imagen de la compañía no solo a nivel local, sino en la escena internacional.

Botero acusó a Roa de estar vinculado a actos de corrupción y cuestionó el respaldo de la junta directiva mientras las investigaciones fiscales y disciplinarias avanzan en contra del funcionario. La presión contra el polémico funcionario se intensificó tras la imputación formal a Roa, el 11 de marzo, por tráfico de influencias, derivada de la adquisición de un apartamento por $1.800 millones, 34% por debajo de su valor comercial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso contra el titular de la compañía ha ido evolucionando en su contra, pues una serie de contratistas declararon que remodelaron el inmueble con pagos en efectivo por $400 millones, lo que incrementó las sospechas de lavado de activos. Es válido destacar que el episodio es apenas uno de los tres frentes judiciales que pesan actualmente sobre el presidente de Ecopetrol, que pese a los escándalos sigue siendo apoyado por Petro.

A su vez, otro eje relevante refiere a su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo señaló por superar los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos y omitir aportes del sindicato Fecode y de la Unión Patriótica (UP) en los reportes formales, lo que derivó en una investigación penal por presunto fraude procesal y financiación prohibida, también por el origen de los recursos.

Los duros dardos de Santiago Botero a Ricardo Roa: “Pagaría por sus actos sin contemplación”

En diálogo con el medio Tercer Canal, Botero arremetió contra Roa y lo responsabilizó por el deterioro institucional de la estatal petrolera. “Creo que una persona como Roa, más que genuinamente renunciar o no renunciar, la verdad lo que debería estar es preso. Ustedes hablaban de que Ecopetrol es la joya de la corona. ¿La joya de la corona de quién? De los políticos“, expresó el aspirante, que se ha caracterizado por su estilo directo.

En su concepto, señaló que Ecopetrol se ha alejado de los intereses del grueso de la población. “Yo no veo que Ecopetrol le dé plata a los colombianos y todos somos dueños de Ecopetrol. Todo el mundo sabe que el que está detrás de todo Ecopetrol es el novio de Ricardo, que es el señor Julián Caicedo, y eso demuestra que han salido denuncias donde le han dado dinero, que por contratos al señor y eso no pasa nada”, indicó Botero.

A su vez, también utilizó sus redes sociales para insistir en la necesidad de penas más severas. “Ricardo Roa pagaría por sus actos de corrupción sin contemplación en mi Gobierno. La corrupción no puede castigarse con simples destituciones o sanciones administrativas, los corruptos deben enfrentarse con todo el peso de la ley”, expresó el político antioqueño, que inscribió su candidatura por firmas, con más de 1,2 millones recolectadas.

“Nuestro compromiso es claro: cero impunidad y justicia letal con los bandidos. ¡Quien le robe a los colombianos pagará sin privilegios! Balín a la corrupción”, remarcó este personaje, que hace parte del grupo de 14 candidatos que expresaron su voluntad de hacer parte de esta contienda en su primera vuelta, la cual se llevará a cabo el 31 de mayo, cuando se sabrá si será necesaria o no una segunda vuelta para conocer al sucesor de Gustavo Petro.

Ricardo Roa: la imagen de la crisis reputacional y financiera de Ecopetrol

Es válido decir que La Fiscalía General de la Nación imputó a Roa por tráfico de influencias en marzo de 2026, al constatar que influyó en directivos de Hocol, filial de Ecopetrol, para adjudicar un proyecto de regasificación a favor de Juan Guillermo Mancera, el empresario que le vendió el apartamento a precio reducido. El hecho colocó a Roa en el centro de un escándalo, por nuevos testimonios sobre pagos millonarios en efectivo para la remodelación.

Mientras los procesos judiciales avanzan, la situación de Ecopetrol se ha tornado cada vez más frágil en los mercados. La imputación formal al presidente de la compañía agravó el denominado ruido reputacional, al erosionar la confianza de los inversores y presionar la baja el valor de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), además de la cotización que está en la Bolsa de Nueva York (EE. UU.) a mínimos históricos en la administración.

Y es que en el plano internacional, la cotización en la Bolsa expuso a la empresa a posibles sanciones de la SEC bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, si se comprueba algún delito. Para afrontar estos riesgos, la compañía destinó USD 5,8 millones a la contratación del bufete Covington & Burling LLP, en un hecho que ha levantado críticas por el uso de recursos públicos para la defensa de asuntos que serían de competencia de Roa.

Pese a las investigaciones, la junta directiva de Ecopetrol ha respaldado la permanencia de Roa en su cargo. Esta situación ha generado un conflicto visible entre directores independientes, que consideran que el daño reputacional es irreparable, y aquellos que han optado por mantener la estabilidad directiva en medio de la tormenta judicial por este caso, que ha se ha convertido en uno de los funcionarios más cuestionados.

Botero fue enfático en su postura ante la crisis, pues mientras Roa está imputado y bajo investigación por delitos electorales, sigue al frente de la empresa más grande del país, cuya acción pierde valor y la compañía asume costos millonarios en su defensa. Incluso con el apoyo del presidente Petro, que pese a la indignación nacional frente a este caso ha salido en su defensa pública, al señalarlo como víctima de conspiraciones.