Las campañas presidenciales de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se posicionan, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), como las que han registrado el mayor número de testigos electorales acreditados para las elecciones del domingo 31 de mayo. Una jornada en la que están convocados 41.287.084 ciudadanos para acudir a las urnas, para elegir al sucesor del líder de izquierda Gustavo Petro.

La plataforma habilitada por el organismo ha contabilizado cerca de 307.000 testigos inscritos, una cifra que permite dimensionar lo que será el despliegue logístico de las principales candidaturas para asegurar la vigilancia y la transparencia en cada mesa de votación. Un dato conocido a cuatro días de que se lleve a cabo la contienda, en medio de los señalamientos del jefe de Estado sobre su legalidad, sin tener sustento alguno.

De acuerdo con los reportes del CNE, la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo contabiliza 100.571 testigos acreditados, mientras que la campaña de Abelardo de la Espriella, junto a José Manuel Restrepo, registra 99.337 testigos y la dupla compuesta por Iván Cepeda y Aida Quilcué cuenta con un total de 75.442 personas acreditadas para ejercer la función de testigos durante la jornada electoral.

En ese orden de ideas, las cifras, replicadas por medios como La FM de RCN, sitúan a las campañas de Valencia, de la Espriella y Cepeda a la cabeza de la estrategia de control electoral; en contraste con otras aspiraciones, relegadas en este aspecto y otras, como la del exembajador Roy Barreras y el general (r) Gustavo Matamoros que todavía no reportan testigos inscritos ante el organismo para la fiesta democrática.

En cifras del Consejo Nacional Electoral, la candidata Claudia López suma 8.599 testigos, Sergio Fajardo cuenta con 1.040, Santiago Botero con 1.089, Mauricio Lizcano con 166 y, ya más relegado, se ubican Miguel Uribe Londoño y Sondra Macollins, con apenas 20 testigos inscritos cada uno. Hasta el cierre de esta edición, ni Roy Barreras ni Gustavo Matamoros han presentado registros de testigos ante la autoridad electoral.

El plazo fijado por el CNE para la inscripción de testigos electorales vence el jueves 28 de mayo a las 5:00 p. m. La expectativa del organismo es que las campañas que lideran las encuestas incrementen todavía más sus inscripciones, para alcanzar la meta de cubrir al menos una persona en cada una de las más de 122.000 mesas de votación que se instalarán en el país, en un día crucial para el futuro de la democracia.

Balance del CNE en el proceso de inscripción de testigos

Cristian Quiroz, presidente del CNE, valoró el avance de las campañas que han logrado abarcar la mayoría de las mesas y reiteró el llamado a los partidos y movimientos para que no dejen mesas sin cubrir. “Tenemos campañas que no han postulado testigos y por eso tenemos una persona invitándolos a que postulen, porque el testigo electoral es el que da la garantía del cuidado de los votos”, expresó el togado.

La figura del testigo electoral constituye una herramienta clave para la transparencia del proceso, ya que son los responsables de observar el desarrollo de la jornada, alertar sobre posibles irregularidades y garantizar la correcta contabilización de los votos en cada mesa. Para tal fin, se ha dispuesto una plataforma digital de inscripción y un programa de capacitación para los testigos, con el objetivo de fortalecer los controles.

Es válido precisar que para esta primera vuelta, el dispositivo de control y vigilancia contará también con la presencia de más de 14.000 observadores, de los cuales 1.500 provienen del ámbito internacional, según informó el CNE. Estos observadores estarán distribuidos en los principales centros urbanos y zonas rurales, con la misión de monitorear la transparencia de las elecciones y reportar cualquier incidencia.

La capacitación que recibirán los testigos inscritos incluye módulos sobre el funcionamiento de la mesa, los procedimientos para el conteo de votos y los mecanismos de denuncia en caso de detectar irregularidades. El objetivo es que cada testigo actúe como garante del cumplimiento de la normativa electoral y como primer filtro frente a cualquier intento de manipulación de los resultados.

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, la senadora Paola Holguín decidió responder después de ser acusada de traidora por no respaldar en actos públicos a la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Lo hizo con su publicación del 27 de mayo.

En efecto, en un mensaje publicado en su cuenta de X, la senadora antioqueña defendió su ausencia en la plaza pública y dejó una frase que causó un fuerte impacto en el espectro político, justo cuando adoptó una postura similar a la que tomó la senadora vallecaucana María Fernanda Cabal, que se distanció de Valencia y, de hecho, anunció su intención de desvincularse de la colectividad una vez termine su periodo legislativo.

La fractura interna en el Centro Democrático tras la escogencia de Paloma Valencia

Cabe destacar que desde la consulta interna que definió la candidatura presidencial de Valencia, el Centro Democrático ha vivido una serie de tensiones entre sus figuras más visibles. A partir de ese proceso, se agudizó el distanciamiento de Holguín respecto a la campaña, lo que generó especulaciones y críticas en las bases del partido; una situación a la que la congresista le quiso dar la cara y sacudirse de las críticas.

“Tuve que soportar mil ultrajes en silencio, que me llamaran traidora, faltona, falsa y mil cosas más; solo yo sabía que el silencio era una forma de lealtad y generosidad con quienes hoy me pregunto si la merecían o la valoraban”, escribió Holguín en su perfil de X, que despertó una serie de interrogantes sobre los destinatarios de su mensaje, pues las afirmaciones también sugerirían, por su parte, una decepción.

La ausencia de Holguín en los actos de campaña junto a Valencia no pasó desapercibida. Según lo reveló con su mensaje la propia congresista, tal parece que fue señalada por personas de la colectividad por su alejamiento; más aún cuando fue llamada como una de las “generalas”, un apodo que se consolidó desde finales del 2025, cuando hacía parte del proceso de selección de la aspirante única de la colectividad.

Paola Holguín salió a limpiar su nombre: “Voy a continuar mientras Dios me dé vida”

La congresista atribuyó su postura a una serie de ataques posteriores a la consulta . “Mantuve intacta mi coherencia, la lealtad con mis principios y eso que me enseñaron en casa, la generosidad no necesita recompensa, se paga a sí misma”, dijo Holguín, que también expresó su intención de continuar su trabajo. “Voy a continuar mientras Dios me dé vida, luchando por Colombia, lo demás es lo de menos...”, agregó.

Uno de los puntos de mayor molestia para Holguín, de acuerdo con sus testimonios, ha sido la apertura de Paloma Valencia hacia sectores de centro, especialmente el acercamiento con el exgobernador Sergio Fajardo. La senadora manifestó su incomodidad con esa estrategia, que en diálogo con Semana calificó como una “humillación” y que, según ella, profundizó la fractura dentro del partido fundado por Álvaro Uribe Vélez.

Es válido precisar que tras ser elegida candidata presidencial del Centro Democrático, Valencia lamentó la ausencia de sus compañeras en los eventos públicos. En varias entrevistas, en su mayoría radiales, la candidata reconoció: “Esperaba contar con mis generalas a mi lado”, en alusión a Holguín y Cabal como figuras de peso que durante la campaña tomaron distancia, al no recibir la nominación para la contienda electoral.

Pese a las diferencias, la candidata ha mantenido una actitud conciliadora, al asegurar que las puertas del partido permanecen abiertas para los que deseen sumarse a la recta final de la campaña. Incluso para sus antiguas amigas, a las que sigue esperando pese a las diferencias que existieron durante el proceso electoral, a juzgar por los comentarios con los que Holguín buscó sacudirse de los agravios lanzados a su figura.

A cuatro días de que se lleve a cabo la primera vuelta en Colombia, para la que se siguen configurando importantes alianzas, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos que corre la oposición en el país por lo que sería el rifirrafe entre las campañas del abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia.

Motoa, en respuesta a las más recientes declaraciones de Valencia, que arremetió contra De la Espriella y, palabras más, palabras menos, lo comparó con el oficialista Iván Cepeda Castro, hizo un llamado a sus colegas para evitar lo que considera es un “fuego amigo” peligroso. Alertó que “el único beneficiado” es el congresista del Pacto Histórico si persisten los ataques entre los sectores alternativos al Gobierno.

“La oposición e independientes no pueden seguir cayendo en el error del fuego ‘amigo’, porque el único beneficiado será Iván Cepeda”, reseñó Motoa. En su concepto, cuestionar con mayor dureza a De la Espriella que al candidato de la izquierda “solo contribuye a la dispersión y fragmentación de quienes tendrán que unirse en segunda vuelta para defender la institucionalidad, la seguridad y las libertades”.

Del mismo modo, el senador que respalda al autodenominado “Tigre” remarcó que, a su juicio, el adversario político se encuentra dentro del petrismo y no en los sectores preocupados por el rumbo del país. “Colombia necesita sensatez y grandeza: el enemigo no está entre quienes compartimos la preocupación por el rumbo del país, sino entre las filas del petrismo empobrecedor, corrupto y decadente”, puntualizó.

La advertencia del parlamentario se produjo en medio de los fuertes señalamientos de la senadora Valencia a De la Espriella. La congresista parece haber modificado su postura frente a su contrincante y, por primera vez, lo señaló con nombre propio: como lo hizo en una entrevista en Blu Radio, en la que afirmó que “Cepeda y Abelardo son lo mismo”, al equiparar al abogado con el dirigente del Pacto Histórico en sus formas.

¿Qué dijo Paloma Valencia de Abelardo de la Espriella?

En la misma conversación, la congresista cuestionó la afinidad de integrantes del equipo del abogado con figuras asociadas al petrismo. “Es idéntico. ¿A quién se le parece más Vincent (Ramos), el asesor de Abelardo, a Levy Rincón o Rafael Nieto? ¿A quién se le parece más (Alejandro) Bermeo, a Gustavo Bolívar o a Andrés Forero?”, preguntó la senadora, en alusión a perfiles de colaboradores del hombre de ultraderecha.

En alusión a los perfiles de los colaboradores del candidato, agregó que “los colombianos tienen que darse cuenta de que esto es más de lo mismo. ”Ahora no son ‘los nadies’, sino ‘los nuncas’, y es la misma estigmatización y la misma gente que se abraza con bandidos. La única opción ética, moral, de responsabilidad con este país, es la que ofrecemos nosotros”, remarcó la parlamentaria opositora.

Así pues, la referencia de Valencia a los equipos de campaña de De la Espriella abrió un nuevo capítulo de confrontación en la oposición. Hasta ahora, la parlamentaria había evitado mencionar directamente al abogado cordobés, pero con la proximidad de la elección y, en consecuencia, la presión por consolidar una alternativa unificada propiciaron que el tono de la crítica se endureciera contra su contradictor político.

En respuesta a la congresista, Abelardo de la Espriella respondió en sus redes sociales a los señalamientos y prefirió enfocarse en enviar un mensaje de respeto a Valencia. “A todos los defensores de la Patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro. A la doctora Paloma Valencia, solo respeto y consideración”, expresó el candidato, que buscará ratificar el favoritismo evidenciado en las últimas mediciones.

En el clip, que causó reacciones en el espectro político, Salazar dirigió un claro mensaje a la comunidad en La Florida. “Este es un mensaje para los hermanos colombianos. Hay miles que viven en el distrito número 27, el distrito que yo represento en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Este próximo domingo ustedes tienen que decidir el futuro de Colombia. Y hay dos opciones: la izquierda y la derecha”, señaló la congresista.

Entre sus argumentos, la parlamentaria vinculó el actual Gobierno con un deterioro en la seguridad y el avance del narcotráfico. “Sabemos que bajo la administración de Petro los cultivos de coca subieron a récords acerca de 300.000 hectáreas, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un, un incremento de 200% en los secuestros”, expresó la congresista republicana.

Asimismo, hizo más señalamientos sobre la gestión del primer mandatario. “El presidente se reporta que le dio información secreta militar a la guerrilla. Eso no es bueno para el país”, afirmó Salazar, que, acto seguro resaltó la trayectoria y los lazos binacionales de Abelardo de la Espriella. “Es amigo personal. ¿Por qué? Porque vivió en mi distrito número 27″, expresó la mujer en sus declaraciones, que dieron de qué hablar.

“Aparte de eso es ciudadano norteamericano junto con ciudadano colombiano, tiene la doble nacionalidad. Sabemos que Abelardo de la Espriella es un amigo de los Estados Unidos y los Estados Unidos quiere lo mejor para Colombia, quiere un intercambio comercial, quiere una cercanía, quiere una afinidad ideológica”, añadió la expresentadora de televisión de origen cubano, cercana a los líderes de oposición en Colombia.

En ese orden de ideas, la legisladora, que también es cercana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refirió que la cercanía entre Colombia y el país norteamericano constituye un factor clave en el escenario regional. “Por eso le digo a los colombianos: no se equivoquen este próximo domingo, escojan lo mejor para el país, lo que Colombia se merece. Ustedes deciden”, afirmó Salazar en su postura.

Las críticas de María Elvira Salazar al Gobierno Petro: “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre”

Del mismo modo, con otra publicación en sus redes sociales, la congresista oficialista profundizó sus críticas hacia el mandato del líder de izquierda, al que señaló como el culpable de los grandes flagelos que padece el país. “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre del petrismo. Más coca, más violencia, más guerrilla y más caos económico”, refirió la política, que espera un viraje hacia las corrientes de derecha.

Según Salazar, el pueblo colombiano ya vio lo que pasa cuando la izquierda radical llega al poder. “Ahora Colombia tiene una decisión histórica: recuperar el orden, la seguridad y la cercanía con Estados Unidos, o seguir el camino del fracaso. Que no se equivoquen este domingo”, acotó la congresista del partido Republicano, que junto a otros parlamentarios ha demostrado su apoyo a Colombia en este cuatrienio.

De esta manera, el anuncio hecho por la parlamentaria buscaría impactar en la definición del voto de los sectores más ultraconservadores. “Por eso le pido a la derecha que se una, que se una en este momento. Abelardo de la Espriella está arriba en las encuestas”, reiteró la congresista, que fue enfática en señalar que la candidatura de De la Espriella representa intereses alineados con la democracia y la seguridad regional.

Por ello, en su intervención, la legisladora remarcó que “Washington busca mantener cercanía comercial e ideológica con Colombia” y, en consecuencia, De la Espriella representa una alternativa alineada con los intereses democráticos y de seguridad en la región, en una política de expansión de EE. UU. con sus socios estratégicos y la intención, siguiendo esa línea, de empezar una nueva etapa en las relaciones con Colombia.

En un nuevo episodio de tensión al interior de los movimientos de centro-derecha, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó el miércoles 27 de mayo fuertes críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que acusó de jugar sucio con su equipo de comunicaciones, tras lo que serían, según señaló, los recientes ataques a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Uribe, conocido por su respaldo a la congresista caucana, que ganó La Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, y cuya voz ha adquirido relevancia en el proceso político que se adelanta, no dudó en señalar a través de sus redes sociales al abogado, con una publicación que generó eco de forma rápida entre los sectores políticos afines y adversos al uribismo y que acrecentó la ruptura con

“Abelardo dedicó su campaña a dividir y maltratar a la oposición con la estrategia de los ‘nunca’ vs. ‘los de siempre’. Su VP (vicepresidente), Juan Restrepo, aceptó ayer en el Club Campestre de Medellín que esta es una ‘estrategia de campaña’. La dignidad humana tiene un límite, no todo vale. No vengan ahora a culparnos de apátridas cuando las ofensas empezaron de allá para acá”, expresó el primogénito del expresidente Uribe.

Continúa el agarrón entre Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella

Es válido precisar que el rifirrafe entre Uribe Moreno y el autodenominado ‘Tigre’ empezó a intensificarse desde abril pasado, cuando el joven empresario denunció que la campaña de De la Espriella presuntamente implementaba una estrategia de desprestigio contra su padre, el expimer mandatario, su familia y la senadora Valencia, con el fin de desvirtuar las opciones de la candidata del Centro Democrático.

Según relató en su momento el hijo mayor de Uribe Vélez, esta ofensiva incluiría el pago a influenciadores digitales para amplificar ataques, lo que, en su opinión, busca fragmentar la oposición y favorecer al gobierno de Gustavo Petro. “Un alto ejecutivo de la campaña de De la Espriella me confirmó la existencia de este plan en presencia de un testigo”, aseguró Uribe Moreno, en su diálogo con el diario El Colombiano.

En sus señalamientos, vinculó a Carlos Suárez, estratega digital, y al senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de la campaña de De la Espriella, como responsables directos de la ofensiva digital. Y sugirió posibles vínculos de Suárez con figuras de izquierda como Iván Cepeda, lo que, según el hijo del expresidente, pone en duda la lealtad de la campaña hacia el uribismo.

Abelardo de la Espriella ha negado estar detrás de los ataques a Paloma Valencia

Frente a estos señalamientos, De la Espriella, en ocasiones anteriores, rechazó las acusaciones y las calificó como un “juego” en el que no piensa participar, y reiteró de forma pública´su admiración por Uribe Vélez, al defender su trayectoria como apoderado jurídico del exmandatario durante más de 15 años. “Mi referente político sigue siendo el presidente Uribe”, afirmó De la Espriella en una entrevista con Blu Radio.

En ese orden de ideas, también expresó que mantiene una buena relación con Jerónimo Uribe, hermano de Tomás, pero reconoció que su vínculo con este último se deterioró en medio de las controversias por la campaña. “La relación con Tomás se agrió por su actitud tosca y brusca”, declaró De la Espriella a Caracol Radio, al tomar distancia del empresario, en un cruce de declaraciones que ha calentado la contienda.

De hecho, Tomás Uribe, en otro de sus dardos al abogado, advirtió sobre el riesgo de una derrota electoral si persisten los ataques internos. “Esta forma de actuar nos va a llevar a perder el país”, manifestó en sus redes sociales el pasado 23 de abril, cuando señaló que De la Espriella le estaría “haciendo el juego a Gustavo Petro” y adelantó que el letrado no debería esperar “abrazos” en caso de que pase a segunda vuelta.

A cuatro días de la primera vuelta, prevista para el domingo 31 de mayo, el movimiento Defensores de la Patria, que ampara la aspiración de Abelardo de la Espriella, denunció una operación de mensajería masiva contra la campaña del abogado de ultraderecha, en la que se estaría registrando una especie de patrón de interferencia electoral que, según su versión, combina desinformación, amenazas y hechos violentos.

En el comunicado de la organización, el colectivo que rodea al autodenominado ‘Tigre’ expuso que “en las últimas horas, miles de mensajes de texto han llegado de manera masiva a teléfonos celulares de ciudadanos en todo el país, en el que se estarían difundiendo afirmaciones falsas sobre el candidato y sus respaldos políticos”. Así lo expuso María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones del colectivo.

La denuncia de Defensores de la Patria añadió un elemento legal a la acusación, pues sostuvo que “el envío masivo y no autorizado a bases de datos de ciudadanos que nunca consintieron en recibir estas comunicaciones constituye, a su juicio, “una violación directa de las normas de Habeas Data vigentes en Colombia”, según lo dijo Sandoval. Por lo que están dispuestos a tomar las medidas pertinentes.

A su vez, de manera directa, el grupo pidió explicaciones a dos campañas rivales. “Exigimos a los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia que respondan públicamente si conocen, autorizan o se benefician de esta operación. El silencio también es una respuesta”, agregó la ejecutiva de campaña en la misiva, a la que adjuntaron una serie de pantallazos de los mensajes que estarían llegando a los usuarios de telefonía celular.

Mensajes estarían vinculados con una cadena de amenazas hacia la campaña De la Espriella

Según lo expuesto en la comunicación del colectivo, la mensajería denunciada forma parte de una secuencia de presiones contra la candidatura del abogado. “El patrón es claro: cuando los argumentos se agotan, llegan las amenazas. Cuando las amenazas no detienen al Tigre, llega la desinformación. Y cuando la desinformación tampoco funciona, se violan las leyes para seguir intentándolo”, se señaló en la misiva.

Esta situación haría parte de los hechos previos que el movimiento presentó como antecedentes de la escalada contra el ‘Tigre’, como el asesinato de Rogers Mauricio Devia, exalcalde del municipio de Cubarral, y Fabián Cardona, dos de los integrantes de la campaña, interceptados por hombres encapuchados en motocicletas cuando regresaban de recoger material publicitario para las veredas del Alto Ariari.

En ese sentido, la organización aseguró además que esos crímenes siguen “sin resolverse y sin capturas”, por lo que instaron a las autoridades a mostrar resultados. Por su parte, en el Huila, el movimiento afirmó que disidencias de las Farc amenazaron a voluntarios con panfletos intimidatorios; mientras que en Baraya la coordinadora de campaña fue citada para “rendir cuentas” ante estructuras ilegales que operan en la zona.

Asimismo, en el documento se hizo énfasis de cómo un individuo se infiltró en el esquema de seguridad de De la Espriella y fue capturado con binoculares y videos de reconocimiento del escenario de un evento en Envigado. Y luego, sin que se conocieran mayores detalles, quedó en libertad sin investigación; en otro acontecimiento que encendió las alarmas mediáticas sobre los ataques que sufriría esta aspiración.

De hecho, el propio De la Espriella denunció la existencia de un plan con francotiradores para atentar contra su vida y afirmó que esa información fue puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y de la Embajada de los Estados Unidos: al ser un ciudadano norteamericano.

En Antioquia, por su parte, la campaña señaló intimidaciones a coordinadores de Pueblorrico, Salgar, Betulia y veredas de Andes, a través del número celular 3012623654, desde el cual se enviaron amenazas de muerte con nombres completos y direcciones exactas de integrantes del equipo y de sus familias. Un hecho que, de acuerdo con Sandoval, también fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.

Iván Duque le salió al paso a la polémica y negó estar involucrado en ataques contra Abelardo de la Espriella

Lo sucedido con los mensajes a través de dispositivos celulares ameritó un enérgico rechazo del expresidente Iván Duque Márquez, que dejó en claro que no tiene nada que ver con estas insinuaciones. “Abelardo dice que es de los nunca, pero lo acompañan los de siempre. Iván Duque”, se leyó en uno de los textos enviados, lo que obligó al exmandatario a sentar su posición contraria a este tipo de cadenas persuasivas.

“Circulan mensajes falsos usando mi nombre en medio del proceso electoral del próximo domingo. Mi único interés como colombiano es derrotar el continuismo de este gobierno y lograr que Colombia avance después de esta horrible noche. Ojalá esa derrota ocurra, de ser posible, el próximo domingo o en segunda vuelta, como resultado de la unidad republicana de nuestra sociedad”, expresó el ex jefe de Estado en X.

Mientras el exgobernante negó estar involucrado en estas comunicaciones, el movimiento Defensores de la Patria reclamó una respuesta institucional por la supuesta operación de mensajes. “Exigimos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que investigue de manera inmediata el origen de este envío masivo no autorizado y aplique las sanciones que correspondan por la violación de las normas”, se precisó.

Colombia vivirá el domingo 31 de mayo una jornada crucial en pro de determinar su futuro político para el próximo cuatrienio. Tres perfiles, que representan en sí tres modelos distintos de país, se pelean, según las más recientes encuestas, la posibilidad de dirigir los destinos de la nación para el periodo 2026-2030; todo esto en medio las preocupaciones en la opinión pública por el legado que dejará tras su salida el progresista Gustavo Petro Urrego.

El oficialista Iván Cepeda y los opositores Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella pondrán en consideración de más de 41 millones de ciudadanos sus propuestas, en un escenario a todas luces atípico: pues no se registró al menos un debate en la que sus ideas de cómo gobernar pudieran ser rebatidas. Contrario a lo sucedido en otros comicios, en esta ocasión los cálculos electorales cerraron cualquier posibilidad de discusión en un entorno público.

Ante la necesidad de conocer en detalle qué plantean los aspirantes en aspectos considerados transversales, Infobae Colombia recopiló, a grosso modo, las propuestas de cada uno en materia de orden público, salud, corrupción, paz y política social. Y destacó los aspectos más importantes de cada aspirante, pues uno de ellos tendrá el reto, salvo sorpresas, de ser, a partir del 7 de agosto, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

La izquierda continuista versus la derecha fragmentada: en líneas generales

Mientras Cepeda, en representación de la izquierda, busca darle continuidad a programas del Estado enfocados en la protección social y la paz territorial, Valencia y De la Espriella tienen, a su modo, dos visiones distintas desde la vertiente contraria; que en el caso de la senadora del Centro Democrático, apuesta a una derecha más tecnocrática en la gestión pública eficiente, y en el abogado, hace énfasis en un plan más radical, basado en la autoridad.

En efecto, cada cual imagina un modelo de Estado con sus particularidades. El aspirante progresista tiene como premisa transformar el modelo estatal bajo tres pilares: el primero de ellos, acabar con la intermediación para frenar la corrupción; seguido de la reestructuración de las Fuerzas Armadas mediante el enfoque de “seguridad humana” y democratizar el control institucional, con el acceso directo de los ciudadanos al aparato público.

Valencia enfoca su plan de acción en el uso de herramientas digitales avanzadas para modernizar el Estado. Por ello, incentivará el uso de la inteligencia artificial para hacer una gestión más eficiente; eliminará entidades duplicadas o innecesarias para bajar impuestos y reactivar la economía, al incentivar la depuración administrativa, y apostará por una sanción judicial, en la que los delitos tengan consecuencias reales y rápidas, a través de la mano dura.

Y De la Espriella se centra en una política de mano dura que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para sustituirla por tribunales especiales y el apoyo de reservistas en seguridad, junto con la implementación de la extinción de dominio exprés para golpear las finanzas criminales. A su vez, entre sus propuestas más sonoras, propone la construcción de diez megacárceles para desmantelar las estructuras delictivas, al estilo Nayib Bukele.

En síntesis, el candidato progresista busca un Gobierno más redistributivo y orientado a la vida, en el que se incentivará la entrega de reconocimientos: una forma nueva de llamar al asistencialismo. En contraste con sus contendores, pues la congresista propende a un organigrama más eficiente y austero, con la reducción del aparataje gubernamental, y el abogado a un Estado más punitivo, con un endurecimiento extremo del sistema penal.

¿Qué proponen Cepeda, Valencia y De la Espriella sobre salud?

Una de las diferencias más visibles en los planes de gobierno de cada uno está en el papel de las Entidades Promotoras de Salud, conocidas como las EPS y el de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que durante la administración Petro han adqurido especial relevancia, por la manera en que el jefe de Estado, ante lo que llamó bloqueo legislativo, ha querido reformar el sistema por decreto.

En ese sentido, Cepeda fortalecería el modelo impulsado por el Ejecutivo: el de acabar con toda intermediación financiera y girar los recursos de forma directa a hospitales y centros de atención primaria. A diferencia de Valencia, que no plantea eliminar las EPS sino depurarlas, impulsando un modelo mixto y un plan de choque que descongestione el sistema; y De la Espriella, que adelantará auditorías forenses y pondrá topes al gasto de gestión.

En efecto, la congresista del Centro Democrático es defensora de un sistema híbrido con herramientas digitales. Su propuesta central es una Historia Clínica Única Digital y el uso de grandes volúmenes de datos para anticipar brotes, optimizar recursos y permitir acceso directo a especialistas mediante plataformas, con la meta de evitar el “paseo de la muerte” que se registra actualmente en diferentes centros hospitalarios de Colombia.

Mientras que el abogado ultraderechista ha sido enfático en expresar que parte de que el problema central está en la corrupción, por eso, además de las auditorías a todas las entidades, está decidido a sacar adelante el modelo de “salud con gerencia”: con contratación de los mejores operadores privados para la prestación del servicio, con cárcel inmediata para los que desvíen los recursos que son destinados, entre otros, a compra de medicamentos.

Como se puede apreciar, ambas propuestas distan de la que ha buscado la actual administración del fortalecimiento del sistema público y ha puesto el foco en la medicina preventiva en zonas rurales y el control estatal reforzado sobre los giros de la Adres. Es decir, la promoción de los llamados CAP: los Centros de Atención Primaria o Centros de Atención Prioritaria en Salud, la base de la revolución que adelanta el Ejecutivo por vía administrativa.

Seguridad: el choque entre el uso de la tecnología, la reforma estructural y la mano dura contra el crimen

En el tema de orden público, la senadora ha enfocado su plan de acción en una “seguridad de resultados” basada en la implementación de la IA, el uso de drones y reconocimiento facial para blindar ciudades y, del mismo modo, recuperar el control territorial en áreas rurales. En ese orden de ideas, su esquema suma una reforma judicial para fortalecer a entes como la Fiscalía e impedir que capturados recuperen la libertad por tecnicismos.

Esta visión del asunto contrasta con lo planteado por el congresista oficialista, que se ubica en un punto distinto de la discusión. En su plan de gobierno esbozó la idea del concepto de “seguridad humana”, en el que prioriza la vida sobre la propiedad, plantea sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y orienta la inteligencia al desmonte de las finanzas de las mafias del narcotráfico, antes que al combate frontal en el terreno.

En tanto, De la Espriella tiene en mente una reforma estructural más extrema. Con su propuesta de “mano firme y choque”, que hace parte de su plan de gobierno “Patria Milagro”, estaría enfocado en dar más facultades a la fuerza pública y, con ello, en su intención de reducir los controles que, según su visión, limitan a los soldados, al igual que recuperar el orden mediante autoridad absoluta y derrota militar de insurgencias y redes del narcotráfico.

¿Vigilancia o castigo? El asedio final contra la corrupción en Colombia

En lo que respecta a la transparencia en el manejo del Estado, Valencia –pupila del expresidente Álvaro Uribe– busca la trazabilidad como método. De hecho, su propuesta estrella es usar blockchain para que cualquier ciudadano siga desde el celular el destino de cada peso de un contrato público, además de eliminar la contratación directa, permitida hoy, y así las nóminas paralelas, con un Gobierno capaz de operar solo con funcionarios de planta.

Aunque coincidiría con la senadora en la importancia de controlar los recursos del Estado, Cepeda trasladará ese control a organizaciones sociales, a través de su enfoque de “vigilancia popular”, que fortalecería a los sindicatos y juntas de acción comunal como veedores de recursos y vincularía la corrupción con las mafias políticas. De esta forma, propone eliminar el financiamiento privado de campañas para impedir la coacción de contratistas.

En el otro extremo, De la Espriella espera llevar a cabo lo que ha llamado una “purga institucional”, en la que ha propuesto tribunales especiales anticorrupción, incluso con jueces sin rostro si fuera necesario, como ocurrió en la década de los 90 en Colombia. Esto iría de la mano con la “muerte civil” efectiva para todo aquel funcionario o empresario que resulte implicado en sobornos y la expropiación exprés de bienes para reparar al Estado.

Paz en Colombia: tres visiones distintas bajo la estela del fracaso de los procesos de negociación

Por su parte, en materia de paz y justicia, Cepeda –exmiembro negociador del Gobierno en el fallido proceso con el ELN– es el defensor más claro del Acuerdo de Paz de 2016 y de la Paz Total. Su propuesta se apoya en la implementación de la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos y el diálogo con todos los actores armados, con una defensa explícita de la justicia transicional y del perdón social como mecanismo de cierre.

En este aspecto, vale precisar, que el senador del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, ha sido bautizado como el arquitecto de esta política, ya que desde su posición en el Senado y como presidente de la Comisión de Paz del legislativo, colaboró en el diseño, impulso y coordinación de esta iniciativa: que, en teoría, tiene como objetivo transformar los territorios y propiciar diálogos simultáneos con diferentes grupos armados ilegales.

Valencia se mueve sobre una fórmula de “paz con justicia y verdad”, pues si bien no tiene entre sus planes deshacer los acuerdos firmados por el Estado, sí está dispuesta a reformarlos para evitar, según ella, impunidad; en especial al impedir la participación política de responsables de delitos de lesa humanidad hasta el cumplimiento de penas efectivas. Esto se suma al uso de alternativas a la aspersión aérea para la erradicación de cultivos.

De esta forma, no está dispuesta a prolongar los procesos de negociación con estructuras armadas, pues priorizará que el Estado recupere el control de todo el territorio mediante el uso de la fuerza pública, sin conceder estatus político a las organizaciones criminales. Prevé, a su vez, la revocatoria de beneficios jurídicos para los miembros de grupos armados, la eliminación de la figura de gestores de paz y, con ello, la reactivación de las órdenes de captura.

Como se prevé, el abogado de ultraderecha tiene una postura aún más radical, pues cuestiona de frente a la JEP y a los acuerdos vigentes con extintas estructuras como las Farc, a la par que sostiene que la paz solo puede llegar por sometimiento a la justicia ordinaria o derrota militar y propone quitar prebendas a los que continúen delinquiendo, con prioridad en la dignidad de las víctimas antes que en la reintegración de victimarios a la sociedad.

De la Espriella estaría dispuesto incluso a la creación de una “primera línea de seguridad”, integrada por militares retirados y reservistas, que recupere el control territorial mediante operaciones militares directas. Ya prometió que no negociará con grupos armados ilegales, pues los considera objetivo militar, con la firme intención de imponer la autoridad del Estado mediante la fuerza de la ley y las armas; en síntesis, “sometimiento, cárcel o muerte”.

El modelo social también divide: la brecha entre subsidios, renta básica y la visión de la comunidad Lgbt+

En la política social, Valencia defiende una revolución educativa basada en bonos escolares y educación técnica desde la secundaria. Asimismo, en materia de género, promueve la independencia económica de la mujer mediante emprendimiento y crédito, y frente a la comunidad Lgbt+, aunque Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, hace parte de ella, en lo personal defenderá el modelo de familia tradicional y su oposición a la adopción igualitaria.

Esto dista de forma diametral de Cepeda, que promueve una agenda de justicia social más amplia. El senador del Pacto Histórico incluye renta básica ciudadana para hogares en extrema pobreza, además de la gratuidad total en educación superior pública y plan de gobierno más definido en la protección de la población diversa, con el apoyo al matrimonio igualitario, la identidad de género y las políticas de paridad obligatoria en el Estado.

Por último, De la Espriella enfoca su política en una rebaja de impuestos para estimular eempleo bajo la idea de que el trabajo es el mejor programa social. En el plano cultural, defiende la familia nuclear; es decir, la compuesta por padre, madre e hijos como eje fundamental de la sociedad, por lo que rechaza lo que denomina “ideología de género”; una postura que, en su caso, en el pasado fue flexible, y ahora lo enfrenta con movimientos progresistas.

El encuentro será transmitido a través del canal de Kick de Westcol, que además indicó que no está en sus planes una entrevista con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, pese a que la aspirante presidencial había expresado su deseo de interactuar con el joven, al aceptar el reto de un eventual debate presidencial por esta plataforma digital.

¿Cuándo será la transmisión de Westcol con Abelardo de la Espriella?

Según la información que circulado en las redes sociales, el creador de contenido protagonizará un esperado encuentro con De la Espriella el sábado 30 de mayo en Barranquilla, a solo horas de que se abran las urnas en todo el país. A diferencia del que tenía pactado con Valencia, que estaba previsto para el jueves 28 de mayo, pero que determinó cancelar al no verlo viable para su imagen como influenciador.

"Por ahora, el sábado hacemos stream con Abelardo, ¿okey? No hay ninguna vuelta (...) Igual yo ya hice un stream con (Álvaro) Uribe, se expresó, habló, dio todo su apoyo en el stream a Paloma. No hay ningún problema con Paloma ni con ningún candidato. Esto es por algo externo, porque ya se está relacionando con mi trabajo, la creación de contenido, y ahí es donde yo trabajo, ese es mi campo, ¿sí me entiendes?“, confesó.

Los motivos por los que Westcol rechazó una transmisión con Paloma Valencia

De hecho, más que el anuncio de la entrevista con el letrado, que es el segundo en la intención de voto según las principales encuestas, su rechazo a la congresista fue uno de los temas más comentados en redes sociales, debido a los argumentos expresados por el joven, al que se le notó molesto por la forma en que la congresista estaría estableciendo una serie de alianzas, entre ellas con una persona que no es de su agrado.

Y es que, según dijo, suspendió la transmisión con Valencia tras observar su participación en actividades políticas con figuras que, en sus palabras, se alejan de los valores que él defiende en su espacio digital; en un mensaje en el que se habría referido, aunque sin mencionarlo, al creador de contenido Yefferson Cossio, del que existen denuncias por presunta estafa, aunque el también antioqueño ha negado tales acusaciones.

“Unas noticias donde Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra totalmente de los principios que yo tengo, básicamente como creador de contenido. Porque, pues, yo he dicho muchas cosas y he hablado mucha mierda, pero ustedes saben que yo algo que yo nunca he hecho en mi vida, brother, es robarle a una persona", señaló Villa en sus declaraciones.

Y agregó que nunca ha promocionado “algo que después termine en una estafa. Nada de eso”, explicó el streamer, con lo que habría hecho mención a la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Cossio por publicidad engañosa y lo conminó a pagar $813.002.240; lo anterior en lo que respecta al ‘Método Cossio’, que prometía que los usuarios podrían hacerse ricos en poco tiempo.

La justificación de Westcol apuntó a su deseo de proteger la reputación que ha construido tras años de transmisión y a evitar cualquier tipo de asociación con prácticas que considera perjudiciales o polémicas. “A mí se me hace muy feo, huevón (sic), y es la realidad, como que después de eso me voy a ver yo como si estuviera también en esa colada y a mí eso no me gusta. Yo no quiero estar en esa colada”, precisó.

Westcol, el streamer que logró tener a Gustavo Petro y Álvaro Uribe

La agenda política de Westcol en la coyuntura electoral lo hizo, quizá, el entrevistador más envidiado del país, pues logró tener a los dos personajes más relevantes de la política nacional: primero, al presidente de la República, Gustavo Petro, desde la Casa de Nariño, y luego protagonizó otro diálogo con el exmandatario Álvaro Uribe desde su finca El Ubérrimo; que también causó importantes reacciones en la opinión pública.

En la charla con Petro, Villa abordó temas como la juventud, las oportunidades de educación, el futuro del país y la violencia. Por su parte, en la transmisión con Uribe, el expresidente cuestionó la versión oficial sobre la autoría de la ley laboral y defendió su postura frente a la seguridad y la gestión gubernamental; que fueron temas que generaron fuertes reacciones durante el diálogo en vivo, en especial su lucha contra el terrorismo.

La presencia de Westcol en el debate público ha sido interpretada como un fenómeno de acercamiento entre la política tradicional y las audiencias jóvenes, que por lo general son distantes de los procesos electorales. Las plataformas utilizadas por Villa y su estilo fresco y descomplicado han llamado la atención sobre la nueva manera de comunicar y lograr, con ello, que temas de interés nacional lleguen a un nuevo segmento.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que repetirá presencia como congresista del Centro Democrático con miras a la vigencia 2026-2030, presentará el jueves 27 de mayo en el Congreso de la República el proyecto de ley que denominó Bogotá 500 Años: una iniciativa que impulsa una transformación integral de la capital de cara a la conmemoración de su fundación, que se llevará a cabo en el 2038.

La propuesta, que será radicada oficialmente el próximo 20 de julio al inicio de la nueva legislatura, pretende movilizar a la Nación, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca, la academia, el sector privado y la ciudadanía en torno a un plan de largo plazo. El objetivo es posicionar a Bogotá como una ciudad más moderna, segura, sostenible y conectada al cumplir cinco siglos de historia, siendo el eje político del país.

Con ello, no se busca solo una celebración simbólica, sino una oportunidad nacional para construir una ciudad que responda a los desafíos del siglo XXI. “Cada 6 de agosto, el Gobierno nacional deberá rendirle cuentas al país sobre cómo avanza Bogotá rumbo a sus 500 años en temas estratégicos como infraestructura, seguridad, movilidad, tecnología, medio ambiente y recuperación del Río Bogotá”, precisó Uscátegui.

De esta manera, su intención es que en Colombia se vuelva a pensar, según él, “a largo plazo y no únicamente en períodos de gobierno de cuatro años”. Para ello, espera tocar las puertas de la administración de Carlos Fernando Galán, que completa en 2026 su tercer año de administración de los cuatro destinados para su gestión, en un periodo que culminará para el 31 de diciembre de 2027.

Los ejes estratégicos del plan Bogotá 500 años: movilidad, medio ambiente y seguridad

La iniciativa legislativa del congresista de oposición contempla la creación de una Comisión Nacional Preparatoria Bogotá 500 Años, integrada por representantes del Ejecutivo, la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca, el Concejo de la ciudad, universidades, academias de historia y sectores culturales y gremiales, y tendrá la tarea de formular una agenda participativa y de largo plazo, como punto de arranque.

Del mismo modo, un Plan Especial de Conmemoración, en pro de definir las prioridades y ejecutar proyectos clave. Entre los ejes estratégicos identificados en el documento, se destacan:

• Consolidación del sistema Metro de Bogotá y su integración regional.
• Avance y fortalecimiento de proyectos como el Regiotram.
• Recuperación ambiental y descontaminación del Río Bogotá.
• Culminación y fortalecimiento de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) Canoas.
• Recuperación del espacio público y del centro histórico de la ciudad.
• Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia.
• Promoción cultural, turística e internacional de Bogotá.

El proyecto también busca consolidar la memoria histórica y la protección del patrimonio material e inmaterial de la capital, además de promover la apropiación ciudadana de su transformación. “La iniciativa plantea la creación de programas para fortalecer la memoria histórica de la ciudad, proteger su patrimonio y promover la apropiación ciudadana sobre la historia y transformación de la capital”, expresó el congresista.

Un llamado a la articulación institucional y la visión de futuro

De acuerdo con Uscátegui, el éxito de la propuesta depende de la articulación entre el Ejecutivo y la ciudad, el sector productivo y la sociedad civil. “Bogotá enfrenta desafíos estructurales que requieren articulación entre el Gobierno nacional, el Distrito, Cundinamarca, la academia, el sector privado y la ciudadanía”, expresó el congresista, que tiene la mira puesta en impulsar temas fundamentales para la capital.

En ese sentido, el congresista enfatizó que esta idea se presenta como una hoja de ruta que trasciende los ciclos políticos tradicionales. “Se busca que Bogotá llegue al año 2038 con avances concretos en movilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, recuperación urbana y calidad de vida para millones de ciudadanos”, concluyó el congresista del Centro Democrático, que apostará por la unión de fuerzas para su idea.

Las publicaciones que seguían en línea y que hacían parte del acuerdo alcanzado el 10 de noviembre de 2025, cuando Zuleta ya se había retractado de señalamientos en los que vinculó al alcalde con criminales, llevaron al afectado a exigir de nuevo ante el alto tribunal que fueran eliminados. Frente a esto, la mujer afirmó que eliminar los trinos no afectaría su libertad de expresión y cumplió con la petición.

La controversia entre ambos surgió por los señalamientos hechos por la parlamentaria oficialista, entre el 21 y el 25 de junio de 2025, luego del llamado tarimazo en Medellín: un acto en el que participaron el presidente de la República, Gustavo Petro, y líderes de bandas criminales que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí. A partir de ese episodio, el burgomaestre denunció a la senadora por los delitos de injuria y calumnia.

Al salir de la audiencia, el alcalde presentó el episodio como una nueva victoria judicial, pues logró que la congresista tuviera que borrar los posts hechos en su contra. “Ya salí de la audiencia en la Corte Suprema por mi denuncia en contra de la señora Zuleta a quien le abrieron investigación formal y citaron a indagatoria por sus calumnias. Una vez más la justicia nos da la razón. Al que no quiere caldo, le dan dos tazas”, reseñó Gutiérrez en sus plataformas digitales.

‘Fico’ sostuvo que Isabel Zuleta incumplió el acuerdo y debió borrar mensajes durante la audiencia

En un video posterior a la diligencia, Gutiérrez situó el punto central de su reclamo en el cumplimiento de lo acordado en la primera audiencia de conciliación. “Ese día quedó definido que le tocaba retractarse de las injurias y calumnias en mi contra”, indicó el mandatario de los medellinenses al recordar la comparecencia de noviembre, en la que se creía que ya era un incidente superado lo acontecido con la senadora oficialista.

Luego describió lo ocurrido en esta nueva cita judicial, que los tuvo frente a frente. “Hoy, de nuevo, nos tocó volver a la Corte Suprema, porque resulta que no solo le tocaba retractarse de esa forma del video, sino que tenía que borrar todos los mensajes en sus redes sociales de las injurias y las calumnias en mi contra. Borró algunos, pero dejó otros”, afirmó el alcalde en su pronunciamiento, que generó cierta expectativa.

Gutiérrez agregó que la eliminación de esas publicaciones se produjo dentro de la propia audiencia. “Le tocó, para dar cumplimiento a lo definido el 10 de noviembre del año pasado, empezar en la audiencia a borrar uno a uno de los mensajes en sus redes sociales en mi contra”, dijo el alcalde, que dejó en claro que no va a permitir que ni ella ni ninguna otra persona “traten de enlodar nuestro nombre” ni el de su esposa e hijos.

Zuleta defendió que la retractación ya cumplía el acuerdo judicial y negó victoria judicial de ‘Fico’

Por su parte, la senadora del Pacto entregó un balance distinto. “La Corte consideró que cumplí los requisitos de la conciliación y que la expresión ‘no me consta de manera directa’ dada en el video en donde hice la aclaración sobre los sentires del individuo, cumplían el requisito establecido en el acuerdo”, expresó en primer lugar Zuleta, que su mensaje en la plataforma digital de X entregó mayores detalles de la diligencia.

En efecto, la senadora también se refirió a los mensajes que seguían publicados y dio cuenta de cómo sería, según ella, un detalle menor al que no vio problema en acceder. “Él alegó que unos trinos no habían sido borrados y le incomodaban, no tengo problema con ello y los borré, sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada”, expresó la congresista del Pacto Histórico en su reporte.

Zuleta sostuvo, además, que mantendrá sus cuestionamientos políticos a Gutiérrez en su calidad de mandatario local. “Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a la paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que si se siente mal con mis expresiones las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, señaló la parlamentaria oficialista.

“A Iván Cepeda le hemos pedido que recule en la Paz Total, porque la manera como se implementó es inconstitucional; que respete el Banco de la República, y que no se construya un relato contra la Registraduría afectando el proceso electoral. Lo vamos a hacer también con las otras campañas presidenciales”, afirmó el abogado al presentar el alcance de la iniciativa propuesta al aspirante.

De esta manera, explicó que busca mover la discusión electoral desde los nombres propios hacia las reglas del sistema. En esa línea, explicó que los compromisos pasan por el respeto irrestricto por la Constitución de 1991, el rechazo a una constituyente como mecanismo de presión política, la defensa de la autonomía del Banco de la República y renuncia a narrativas que afecten la confianza en el sistema electoral colombiano.

Y es que la petición del letrado al aspirante de la izquierda, el principal favorito de cara a la primera vuelta presidencial, quedó plasmada en un claro llamado. “La Constitución tiene que estorbarle al poder, es parte de su función y no por eso vamos a destruirla o a sustituirla”, dijo Pava, que lidera una iniciativa que buscaría, mediante referendo, ponerle freno a cualquier modificación de la Carta Magna.

La petición se formuló a cinco días de que los colombianos deban acudir a las urnas, en cumplimiento de la primera vuelta presidencial. El comité conminó al candidato del Pacto Histórico para que, además, emita una definición expresa sobre cuatro compromisos institucionales, en relación con su plan de Gobierno y la necesidad de establecer, de cara a la ciudadanía, que entre sus planes no está la reforma constitucional.

Asimismo, sostuvo que el requerimiento no se limita a una discusión abstracta sobre el diseño institucional, sino a decisiones concretas que, a juicio del comité, ya muestran un punto de fricción.

Los cuatro compromisos conminados a Iván Cepeda: Paz Total y constituyente, los principales temas

El punto más específico del documento enviado a Cepeda es el que está enfocado en la defensa de la Constitución de 1991 y los reproches a la política de Paz Total. Allí, el comité le recordó al candidato que la Corte Constitucional, al revisar esa ley, “prohibió entregar territorios a grupos criminales sin marco jurídico” y sostuvo de esa forma que “las condiciones fijadas por el poder judicial fueron desatendidas”.

Así pues, Pava y el comité le pidieron al candidato “comprometerse a derogar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)” y, como acto sucesivo, que Cepeda “recule en la Paz Total” por la forma en que, según dijo, fue implementada durante la administración del presidente Gustavo Petro, pues esa política habría desbordado el marco fijado por la justicia constitucional, por lo que se exigió el respeto al orden institucional.

El segundo compromiso exigido a Cepeda apunta a descartar una asamblea constituyente “como mecanismo de presión política o alteración de los equilibrios institucionales”. Para el comité, la preocupación no está presentada como un debate doctrinal sobre reformas futuras, sino como una advertencia frente al uso de este mecanismo ciudadano para modificar las reglas del juego desde el poder.

Entretanto, el tercer y cuarto punto trasladaron esa misma lógica a dos instituciones concretas. La carta le pide al candidato “no atacar al Banco de la República por el ejercicio de su función autónoma e independiente” y “no auspiciar narrativas de fraude electoral que minen la confianza en la Registraduría Nacional del Estado Civil”, como al parecer lo habría hecho el presidente Petro en la recta final de su Gobierno.

“Colombia necesita volver a ponerse de acuerdo en algo básico: las diferencias políticas se tramitan dentro de la Constitución y no cambiando las reglas del juego cada vez que cambia el poder”, dijo Pava, en una comunicación en la que, junto a Sergio Bueno, hicieron énfasis en la trayectoria del senador en la defensa de la participación política, los derechos humanos y la resolución democrática de los conflictos.

Petición del Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional también será para los demás candidatos presidenciales

El reclamo a Cepeda fue presentado como el primer paso de una ofensiva pública más amplia, pues el comité informó en su comunicado que la misma invitación será enviada “en los próximos días” a otros candidatos presidenciales antes de las elecciones. “¿Están dispuestos a comprometerse con respetar la Constitución, la independencia institucional y los límites democráticos del poder?”, es la pregunta a formular.

En sus precisiones, el abogado, que fue defensor de Petro, buscaría separar la iniciativa de una adhesión electoral o ideológica. “No estamos pidiendo adhesión a una causa política ni respaldo al referendo. Estamos preguntando algo elemental: si quien aspira a gobernar Colombia está dispuesto a comprometerse desde ya con gobernar dentro de la Constitución y no reescribir las reglas desde el poder”, dijo.

El permiso que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó a la compañía cementera Holcim para extraer materiales de arrastre en el río Saldaña, en el sur del Tolima, cumple ya 20 meses sin pasar a operación, pues no hay explotación, no se han causado regalías y tampoco se han activado varias obligaciones ambientales y sociales atadas al proyecto autorizado, lo que ha causado fuertes críticas.

Según pudo conocer Infobae Colombia, el atraso sería tal que durante este periodo se habría dejado de extraer cerca de 666.000 metros cúbicos de arena y grava. La resolución, es válido resaltar, estableció una capacidad de hasta 400.000 metros cúbicos al año en la vereda Palmar Trincadero, en una licencia otorgada para la explotación que se extiende por 13 años, con el seguimiento y control de la autoridad nacional.

Incertidumbre por futuro de licencia de explotación en el río Saldaña

Esta situación, de acuerdo con las quejas que llegaron a esta redacción, y de las que también se espera un pronunciamiento de la autoridad estatal, estaría afectando los ingresos esperados para el municipio y la nación por medio del Sistema General de Regalías (SGR), debido a que sin explotación no hay base para liquidar esos pagos asociados al recurso mineral, en una región en la que se han acentado otras cementeras.

De acuerdo con la información conocida por esta redacción, la Anla otorgó en julio de 2024 la Licencia Ambiental mediante la Resolución 001550 para un proyecto de explotación de materiales de arrastre en el río Saldaña. No obstante, todavía no se registra inicio de obras ni actividades de explotación en terreno, lo que ha generado incertidumbre en la región, que esperaba tener ingresos por conceptos de regalías.

El retraso no solo habría frenado la operación minera autorizada, sino también la ejecución de compromisos asociados al proyecto. Entre ellos menciona la inversión del 1% para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y la instalación de oficinas de atención comunitaria en el área de influencia y en el casco urbano de Saldaña.

¿Qué dijo Holcim sobre estas denuncias?

Frente a este asunto, Holcim Colombia respondió a las reclamaciones y en comunicación enviada a Infobae Colombia precisó que ha mantenido “una comunicación permanente, oportuna y documentada con la Agencia Nacional de Minería”, y que en esas comunicaciones ha informado “las condiciones técnicas, ambientales y operativas que han incidido en los cronogramas inicialmente previstos” en el proyecto.

Y agregó que el contrato de concesión HGV-12391X “se encuentra actualmente en una etapa de preparación y desarrollo de actividades previas requeridas para el inicio de la fase de construcción y montaje del proyecto”. Dichas tareas, según la compañía, que tiene origen suizo, se adelantan “en cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera aplicables”.

En ese sentido, se afirmó que el proyecto no está detenido por abandono, sino en fase previa al arranque, con actuaciones ante las autoridades y una propuesta de reactivación progresiva en evaluación. Lo preocupante, según la denuncia, es que mientras no empiece la explotación, no se generarán regalías ni se ejecutan varios compromisos ambientales y sociales vinculados a la licencia ya aprobada por la Anla.

Así pues, la compañía señaló que “ha venido adelantando las actuaciones requeridas ante todas las autoridades competentes para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables al proyecto” y presentó “ante la autoridad minera una propuesta de reactivación progresiva, actualmente en trámite de evaluación”. En consecuencia, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Saldaña.

En el apartado final de su pronunciamiento, la empresa reiteró su “compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de todas nuestras operaciones”, y añadió que actúa “bajo los más altos estándares, promoviendo además una relación cercana, transparente y de largo plazo con las comunidades”. Con ello, esperan avanzar en la explotación.

Pardo, que pese a que perdió su capacidad del habla sigue siendo una voz importante en la escena política nacional, parece haber lamentado cómo el aspirante de centro llegó al café con la decisión tomada, rechazó una conversación entre pares con Valencia y respondió a una oferta de alianza con una propuesta académica. “Paloma le ofreció una alianza, él le ofreció una cátedra”, dijo el político en su espacio digital, La voz de Pardo.

Acto seguido, describió la escena como una relación desigual entre el que busca un acuerdo y el que se pone en posición de explicar. “La usó como público cautivo, no como interlocutora”, explicó Pardo, que cuestionó la distancia de Fajardo entre el discurso y la práctica. “Paradoja mayor: el hombre del ‘la política tiene que ser diferente’ demostró que sí, pero no necesariamente mejor. Tener historia no da licencia para el maltrato”.

En síntesis, el planteo del veterano líder liberal dejó un tema que merece atención, en el que esbozó que el problema no fue solo que no prosperara un acercamiento entre sectores políticos, sino que ese fracaso reveló una forma de relación que, según su lectura, reemplazó la interlocución por la lección y la competencia democrática por el cálculo anticipado de un diálogo del que había grandes expectativas.

Las apreciaciones de Pardo no se limitaron a este episodio, que tuvo lugar en el Hotel El Prado de Barranquilla, en la víspera del cierre de campañas, y que dejó en la opinión pública la sensación de fracaso en lo que sería la intención de Valencia: la de sumar a su aspiración al candidato presidencial; y, del mismo modo, la percepción de una postura cerrada por parte de Fajardo de establecer puentes con la diferencia.

Las críticas de Pardo a las encuestas en Colombia: “Antes de que volvamos a desayunar con un resultado y cenar con otro”

En efecto, el exministro también cuestionó la fiabilidad de las encuestas en Colombia y advirtió sobre la ley que, en su perspectiva, está diseñada para proteger a las firmas encuestadoras antes que a los ciudadanos, como la Ley 2494 de 2025. “Urgente revisarla antes de que volvamos a desayunar con un resultado y cenar con otro”, dijo el político bogotano, que expresó de esta manera sus reparos a la normativa.

En su análisis, Pardo apuntó tanto a los resultados como a las reglas que ordenan su publicación. “Tendencias claras, lo cual en Colombia es casi una garantía de sorpresa”, agregó el exaspirante presidencial, que luego resumió su diagnóstico sobre el desempeño del sector. “La experiencia con las encuestadoras ha sido nefasta. Dudas metodológicas, comportamientos indebidos y una ley tan mal diseñada”, sostuvo el político capitalino.

A su vez, en el tercer eje de su exposición, Pardo se concentró en la campaña y en el sentido político de evitar el contraste público entre candidatos. “Ganar no es gobernar”, reseñó el exministro, que para ilustrar su idea puso como ejemplo un ejemplo concreto. “Sin debatir, si ganan (Iván) Cepeda y (Abelardo) de la Espriella... tres semanas sin debates no es estrategia, es el primer acto de Gobierno”, afirmó Pardo en su perfil en X.

Con ello, su advertencia final estuvo dirigida, justamente, a la manera en la que estarían desconociendo el derecho de los votantes a conocer las propuestas de unos y otros. “Subestimar así al ciudadano en un país que ya conoce ese guion debería encender todas las alarmas”, puntualizó el excandidato presidencial, que parece ver con cierto escepticismo lo que está ocurriendo a días de que los colombianos acudan a las urnas.

Con una dura arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el empresario antioqueño Luigi Echeverri afirmó que a Colombia la preside “un revolucionario desquiciado” que “está violando la Ley de Garantías” y sostuvo que el país enfrenta el riesgo de una “dictadura constitucional totalitaria” si el oficialismo conserva el poder. Lo anterior, ante la posibilidad de que gane el senador Iván Cepeda Castro.

Echeverri, que fue gerente de campaña de Iván Duque Márquez en 2018 y posteriormente presidente de la junta directiva de la estatal Ecopetrol, señaló en su reciente columna de opinión titulada Tremendo gancho ciego y publicada en La República, lo que sería, en su análisis, la ruptura institucional que atravesaría la política nacional, en una disyuntiva entre democracia y “dictadura constitucional totalitaria”.

En su escrito, el exalto directivo de Ecopetrol sostuvo que el Gobierno usa “el aparato propagandístico del Estado” y advirtió que el progresismo buscaría mantenerse en el poder aun si pierde en las urnas. A su vez, Echeverri no solo cargó contra el presidente, sino que extendió sus críticas al Pacto Histórico, al senador Iván Cepeda y a la estrategia oficial de un eventual “acuerdo nacional vinculante” que propone el oficialismo.

“Nos preside un revolucionario desquiciado que está violando la Ley de Garantías mediante el aparato propagandístico del Estado, sin reparo judicial alguno”, reiteró Echeverri, que en el mismo escrito añadió que la democracia está “entrampada y asediada” por los que ejercen el poder en nombre del progresismo. Con ello, describió que dicho planteamiento sería, en su análisis, una “gran trampa chavista” dirigida al empresariado.

Asimismo, el abogado y asesor, identificado por su cercanía con Duque y con el uribismo, llevó esa acusación a un plano más amplio, pues sostuvo que el Ejecutivo insiste en una asamblea nacional constituyente para sustituir “el modelo de libertades democráticas” por “la consolidación y ejercicio del poder bajo una dictadura constitucional totalitaria”, una amenaza que merece especial atención de los colombianos.

Echeverri: la primera vuelta definirá si el progresismo consolida el poder o pasa a la oposición

En la columna de La República, el empresario afirmó que una victoria de Petro y Cepeda llevaría a Colombia “de forma inmediata” a la consolidación del “modelo castro-chavista” que, según escribió, produjo miseria en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su análisis, la campaña ya no sería solo una competencia electoral, sino una disputa por la forma de régimen que gobernaría a Colombia en un segundo proyecto del progresismo.

Y es que, si el progresismo pierde, para Echeverri es claro que actuaría “de la misma forma en que lo hizo en 2018”, cuando Petro, Gustavo Bolívar y Cepeda no reconocieron la victoria de Duque, mantuvieron “asediados” al nuevo mandatario y a la sociedad durante todo el mandato y trataron de “tumbar el gobierno” en 2021. A esta hipótesis le sumó que tendrían el manejo de las altas cortes y otras entidades del Estado.

El paisa también puso el tema como una pregunta sobre la capacidad de un eventual ganador opositor para “sacar del poder democrático a los violentos neocomunistas”. En esa comparación, contrapuso a un candidato de “extrema derecha” sin experiencia política ni representación parlamentaria, como Abelardo de la Espriella, con “una mujer transparente e insobornable” y respaldada como la senadora Paloma Valencia.

Las duras críticas a Iván Cepeda al planteamiento de un “acuerdo nacional vinculante”

Uno de los tramos más duros de la columna del exdirectivo de Ecopetrol apuntó al senador Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Echeverri escribió que el congresista “trata de deslindarse de las Farc-EP” y que propone al país productivo y a los gremios la “gran trampa chavista”, definida por él como la extensión de la Paz Total al empresariado mediante lo que ha denominado el “acuerdo nacional vinculante”.

A su vez, Echeverri indicó cómo Petro sería “capaz de cualquier cosa por fuera de la ley” para evitar terminar en la cárcel después de “auspiciar todo tipo de crímenes y acciones tendientes a la destrucción económica e institucional del Estado, del sector productivo y del capital humano del país”. Y agregó la desmotivación de la fuerza pública, sin la dotación suficiente para combatir al crimen organizado.

En ese sentido, se preguntó sobre qué candidato tendría más capacidad de impedir que el país derive en una autocracia o incluso en una nueva forma de guerra civil. Con ello, Luigi Echeverri cerró su columna con un urgente llamado a “reflexionar y votar con cabeza fría, sin fanatismos” y apoyar al que definió como “el gran contradictor político del progresismo internacional”, en una definición que buscó casar con Álvaro Uribe Vélez.

Según el empresario, Colombia tiene una tradición democrática de más de 200 años y una eventual presidenta respaldada por la credibilidad del exmandatario podría integrarse a un grupo de mujeres que, según enumeró, incluye a la venezolana María Corina Machado, la costarricense Laura Fernández, actual mandataria de su país; y las españolas Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso.

Luego de las repercusiones mediáticas y disciplinarias que causaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que fueron catalogadas por la Procuraduría General de la Nación como meritorias para investigar una presunta participación en política, el despacho del funcionario, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, respondió al proceso en curso. Y negó que esa haya sido la actuación.

En efecto, el abogado Rodolfo Salas, secretario General de la dependencia estatal y que trabaja con el ministro desde que este fue alcalde de Ibagué (2016-2019), radicó ante el Ministerio Público un documento oficial en el que defiende a Jaramillo de las situaciones descritas en la apertura del proceso. La cartera sostuvo que el funcionario no hizo una intervención para favorecer a un candidato en particular.

La controversia surgió luego de que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria motivada por unas declaraciones públicas de Jaramillo en el municipio de Coyaima, Tolima. “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas (sic)”, expresó Jaramillo durante el evento institucional.

Esta frase fue pronunciada por el veterano funcionario cuando estaba acompañado de representantes de las comunidades indígenas de la región y el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié: hijo del presidente de Coljuegos, de nombre homónimo. Esto habría ameritado la decisión de la Procuraduría, en pro de establecer si el ministro intervino en favor de alguna aspiración, en especial en apoyo al oficialista Iván Cepeda.

Los argumentos del Ministerio de Salud para desestimar la investigación de la Procuraduría

De acuerdo con el documento de Salas, que también oficia como director (e) jurídico de la entidad, la intervención del ministro se limitó a “un llamado general a la participación ciudadana en el marco de las elecciones”. Y agregó en la mencionada comunicación que “en ningún momento invitó a votar por algún candidato o partido en específico”, por lo que descartan que exista participación política indebida.

De esta manera, rechazó que las declaraciones del ministro constituyan una infracción a la Constitución o la Ley de Garantías. En ese orden de ideas, la defensa del funcionario destacó que el deber de promover la participación democrática está respaldado en la Constitución colombiana y forma parte de las competencias de los servidores públicos, entre ellos Jaramillo, que ocupa esta dependencia desde el 1 de mayo de 2023.

Según el oficio referido, Jaramillo actuó dentro de los límites de la ley y no violó ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales. “El funcionario no incurrió en conductas como promover campañas, presionar funcionarios, ofrecer beneficios electorales o favorecer partidos políticos”, se reseñó por parte de la defensa del funcionario, en relación con los motivos de la Procuraduría.

El documento, dirigido al despacho del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, también cuestionó la interpretación disciplinaria dada por la Procuraduría a la expresión utilizada por el ministro. “No puede calificarse como una falta que un servidor público invite a la ciudadanía a votar”, y advirtió que considerar disciplinariamente relevante este llamado puede restringir las garantías de participación ciudadana.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación fue anunciada a tan solo seis días de las elecciones, en medio de los señalamientos contra el organismo de control por lo que sería la falta de actuaciones contra los funcionarios del actual Gobierno, por lo que serían los reiterados casos de participación en política, de acuerdo con las denuncias interpuestas por algunos de los candidatos presidenciales.

“El llamado del ministro se enmarca en el deber constitucional de promover la participación democrática y no constituye participación política indebida”, concluyó el ministerio, al hacer referencia a una interpretación institucional sobre los límites legales de los funcionarios; pese a que existe interés del propio presidente Gustavo Petro, de que el ganador de la contienda sea Cepeda, en la reelección de su proyecto político.

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue blanco una vez más de los señalamientos de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que el lunes 25 de mayo hizo algunas observaciones sobre cómo, en su concepto, el jefe de Estado buscaría instrumentalizar lo que considera es el legado del exmagistrado y exaspirante a la presidencia Carlos Gaviria Díaz, fallecido en 2015.

Todo comenzó cuando Petro compartió en sus redes sociales un video de 2010, en el que el fallecido exmagistrado lo apoyó en la escena pública cuando aspiró por primera vez a la presidencia, una contienda en la que estuvo lejos de repetir lo que había logrado en 2006 el abogado y profesor universitario, que obtuvo un total de 2.613.157 votos frente a 1.331.267 sufragios del excongresista, mandatario de los colombianos.

“Yo estoy aquí para dos propósitos. Primero, para invitarlos a votar masivamente, así como votaron por mí hace cuatro años, por Gustavo Petro. Y en segundo lugar, como existen ciertos rumores malignos propalados por ya sabemos quiénes y de dónde, de que el Polo Democrático Alternativo anda dividido, por ahí dicen que una imagen vale más que un millón de palabras. Venga, Gustavo, levantemos la mano”, dijo esa vez Gaviria.

Al difundir el video, Petro agregó un comentario de su cosecha que alimentó la controversia, como pudo apreciarse con la dura respuesta de Valencia, que fue alumna de Gaviria. “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real", afirmó el primer mandatario.

¿Qué dijo Paloma Valencia sobre los comentarios de Gustavo Petro?

La reacción de la congresista no tardó en llegar. “Carlos Gaviria —mi profesor y una de las personas de izquierda que más respeto— debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo quienes hoy lo instrumentalizan, impulsan una asamblea constituyente para fracturar la Constitución del 91 que él defendió”, expresó la aspirante de centro-derecha, que apuntó al mensaje del presidente en sus perfiles.

Valencia cuestionó a su contendor, Iván Cepeda, y lo señaló de haber “olvidado” el pensamiento crítico. “Embarcar al país en una constituyente sería dividir a Colombia y desperdiciar años en otra innecesaria confrontación. La Constitución del 91 tiene todo lo necesario. Hay que desarrollarla, gobernando para resolver los problemas de los colombianos. No necesitamos más poemas ni más leyes, necesitamos hacer las cosas”.

A estas críticas se sumó la representante Katherine Miranda que, previo al comentario de la congresista y candidata, no ocultó su molestia frente a lo que sería una utilización amañada del legado del exmagistrado. “Qué vergüenza verlo usar la imagen de un gran hombre como lo fue Carlos Gaviria. Respete su memoria", destacó la parlamentaria del partido Alianza Verde, que pasó de aliada a opositora del Gobierno nacional.

En una entrevista con Semana, Gaviria expresó dudas sobre la capacidad de Petro para desempeñarse como alcalde de Bogotá. “No tiene un conocimiento suficiente de la ciudad y si no tiene un conocimiento cabal de una ciudad tan compleja y esta va a ser su primera experiencia administrativa, no puede tener tampoco en la mente cuál es la ciudad que quiere y cuáles son los medios para lograr esa ciudad", indicó Gaviria.

Y agregó, en ese entonces (2012), cuando iniciaba la administración del progresista en la capital de la República, que no tenía claro un plan de gobierno. “Gustavo ha hecho muchas propuestas que están seguidas de rectificaciones y tan abruptas las propuestas como las rectificaciones, que da la impresión de estar dando bandazos y desde luego eso para él es completamente negativo", reafirmó.

A seis días de que se adelante la primera vuelta presidencial, el exmandatario Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y que se ha encargado de impulsar la aspiración de la senadora Paloma Valencia, lanzó una dura advertencia que, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, agitó aún más el panorama político en la víspera de la contienda, y en el que apuntó —una vez más— al jefe de Estado, Gustavo Petro, y a su candidato, Iván Cepeda.

Uribe, con un comentario en la red social X, señaló que la llegada al poder del senador Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, podría provocar una reacción de Estados Unidos similar a la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela. “El crecimiento de la droga y la permisividad Petro-Cepeda, puede ofender tanto a Estados Unidos, que tengamos que sufrir un ‘madurazo’”, publicó el exmandatario en su perfil.

La declaración de Uribe Vélez se registró en medio de un fuerte pulso mediático entre las principales fuerzas políticas del país. En ocasiones anteriores, el ex jefe de Estado señaló que la administración Petro y la influencia del congresista oficialista han propiciado, de acuerdo con sus cifras, un aumento histórico en la producción de cocaína, pues pasó de 150 toneladas en 2010 a un total de 2.100 tn en la vigencia 2024.

Esta situación se suma al que sería el fracaso de la política de ‘Paz Total’, ya que ha fortalecido a estructuras armadas ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Frente a este escenario, el exmandatario, como pudo verse en su publicación, estaría temeroso de que se puedan ver afectados los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y este país tome fuertes medidas.

Álvaro Uribe vaticinó un “madurazo” frente a una continuidad del proyecto progresista en Colombia

El término “madurazo” está sin duda asociando con la operación militar que el 3 de enero de 2026 culminó con la extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro a Nueva York, tras una compleja operación de extracción de su residencia en Caracas. Esta acción fue ejecutada bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, por la presunta complicidad del régimen con organizaciones criminales.

Antes, el domingo 24 de mayo, el expresidente señaló a Cepeda de utilizar las estructuras criminales para la contienda electoral y, posteriormente, mostrar su deseo de entregarlos a EE. UU. “Aquí en Segovia (Antioquia), envío un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Iván Cepeda“, afirmó el expresidente, que inmediatamente después explicó su postulado.

En efecto, de acuerdo con el líder del Centro Democrático, “apenas sienta la presión de Estados Unidos” el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico los entregará a la justicia. La reacción de la Casa de Nariño no se hizo esperar, pues Petro, con un mensaje en la red social X, acusó a Uribe de haber utilizado las extradiciones “como mecanismo para ocultar la verdad sobre el paramilitarismo”.

“Uribe habla de soberanía, pero fue su gobierno el que más extraditó colombianos y bloqueó la justicia internacional”, expresó el presidente. Por su parte, Cepeda calificó los señalamientos del exmandatario como parte de una “campaña de difamación” en su contra e insistió en su política de negociación para poner fin a los conflictos armados en el país, pese a las críticas que causa esta propuesta en el espectro político.

En lo concerniente a lo sucedido en Venezuela, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al exdictador de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra”. Desde 2020 Washington mantuvo una recompensa de 25 millones de dólares, inicialmente, y luego USD50 millones, por su captura, hasta que se registró la operación Resolución Absoluta, con la captura de este personaje.

En concordancia con la apertura de mesas en el exterior, la representante republicana María Elvira Salazar, que hace parte del grupo de congresistas latinos que apoyan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que es cercana a colectividades como el Centro Democrático en Colombia, aprovechó el impacto de sus redes sociales para hacer un claro llamado a los colombianos en el país norteamericano para que acudan a las urnas.

La declaración de Salazar, en la red social X, se relacionó con un balance de la administración del mandatario Gustavo Petro, al que le restan 74 días en el poder. “Después de cuatro años de caos, aumento en la producción de drogas, mayor inseguridad e inmensa violencia política, asegurémonos de enterrar al petrismo y al comunismo en las urnas”, indicó la parlamentaria, que espera una masiva respuesta.

Para esa jornada en Estados Unidos se dispusieron 57 puestos y 684 mesas, con atención conforme al horario dispuesto para la jornada. “Colombianos en Estados Unidos: ya pueden salir a votar por el próximo presidente de Colombia”, remarcó la congresista, de origen cubano y que mantiene comunicación permanente con los líderes políticos de oposición, como se ha visto en cada visita de la bancada de centro-derecha.

¿Cuántos colombianos pueden votar en Estados Unidos?

Es válido precisar que, en el exterior, están habilitados para ejercer su derecho un total de 1.414.661 colombianos en 67 países y 253 sedes diplomáticas y consulares, con un aumento del 45,42% frente a 2022. El periodo de votaciones inició el lunes 25 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo, cuando se dé por terminada la contienda en su primera vuelta, a las 4:00 p. m. (Hora local).

Este censo internacional está compuesto por 777.343 mujeres y 637.318 hombres, según los datos incluidos en la convocatoria electoral. De ellos, en Estados Unidos se concentra el mayor número de connacionales habilitados fuera del país, pues podrán sufragar 454.262 ciudadanos, que tendrán la obligación de elegir al nuevo mandatario, que gobernará -como dicta la norma- en el periodo 2023-2030.

En efecto, el peso de EE. UU. dentro de la jornada internacional ayudaría a explicar el foco del mensaje de Salazar. En ese país están registrados 254.791 votantes mujeres y 199.471 hombres, la cifra más alta entre los destinos del electorado colombiano fuera del territorio nacional; incluso superando a países como España, en donde también se registra un alto número de votantes habilitados para participar del proceso.

Su pronunciamiento no se limitó a promover la asistencia a las urnas, sino que presentó la votación de los colombianos residentes en su país como una herramienta directa para incidir en el cambio de rumbo político del país. “El futuro de Colombia está en juego, y su voto va a ser decisivo”, expresó la representante republicana, que ha estado al tanto, junto a otros políticos de su partido, de lo que ocurre con los comicios.

La organización de este periodo, de acuerdo con las autoridades electorales, prevé una red de consulados y sedes diplomáticas en distintas ciudades, con una alta concentración de votantes en Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles. El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, pues no se acepta pasaporte, libreta militar, licencia de conducir ni otro documento para ejercer este derecho.

Según se ha registrado en las redes sociales, el inicio del proceso estuvo marcado por filas largas y retrasos en la apertura de mesas en ciudades estadounidenses; por lo que, ante esa situación, autoridades consulares y la Registraduría recordaron a los interesados en expresarse en los puestos de votación que la jornada en el exterior se extenderá durante una semana completa para dar atención a los connacionales.

Con una fuerte publicación en sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal, que aún hace parte de la bancada del Centro Democrático, calificó el lunes 25 de mayo al presidente de la República, Gustavo Petro, como “el mitómano más grande de la historia de la política de Colombia”. Lo anterior, luego de que el jefe de Estado publicó en su cuenta de X una supuesta fotografía de la recolección de firmas de la constituyente.

La imagen, atribuida por Petro al proceso actual de recolección de rúbricas, correspondería en realidad a una publicación del usuario Luis Alejandro Pacheco, en la red social Facebook, fechada el 23 de agosto de 2017. Este detalle llevó a Cabal a despacharse contra el primer mandatario, con duros comentarios en los que categorizó a Petro como una persona que replica, sin repercusiones, contenido carente de veracidad.

“Firmas de las más valiosas por la Constituyente”, escribió Petro junto a la postal, lo que no tardó en ser respondido por la congresista vallecaucana. “Petro el mitómano más grande de la historia de la política de Colombia. Usando fotos del 2017 para hacer creer que son las firmas por la constituyente actualmente”, afirmó la parlamentaria, que protagoniza sus últimas semanas como congresista del partido de oposición.

¿Cómo avanza la propuesta de Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente?

Esta nueva controversia se sumó al ambiente de polarización que rodea el proceso de recolección de firmas para impulsar una reforma profunda a la Constitución de 1991. El Gobierno y sectores afines buscan recolectar hasta cinco millones de firmas, aunque el mínimo legal es de 2.069.760 apoyos válidos, equivalentes al 5% del censo electoral, en un plazo que vencería el 6 de agosto de 2026.

El equipo promotor de la iniciativa está integrado por movimientos sociales, étnicos y figuras cercanas al Ejecutivo, entre ellos Armando Warijú Valbuena, que es vocero del Comité Nacional, al igual que el exministro de Igualdad Carlos Rosero. Una vez presentadas las firmas, la Registraduría deberá verificar su validez; y si el proceso avanza, la propuesta pasará al Congreso y, finalmente, a la revisión de la Corte Constitucional.

Cabe destacar que Petro ha defendido la necesidad de la Constituyente como mecanismo para introducir reformas sociales y políticas que, según él, no han sido aceptadas en el Congreso. De hecho, en uno de sus mensajes recientes en X, el mandatario salió a promover los formularios para que sean diligenciados por sus simpatizantes, en pro de “agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política”.

Este proceso de recolección ha desatado una fuerte respuesta de los sectores políticos de oposición. El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo, con la asesoría jurídica del abogado Mauricio Pava, encabeza uno de los comités legalmente registrados para recolectar firmas en contra de la constituyente, con el objetivo de frenar el mecanismo impulsado desde el Ejecutivo a través de un mecanismo como el referendo.

La polémica ha encendido el debate sobre la transparencia en el proceso de recolección, así como el rol de las redes sociales manejadas por el jefe de Estado, que compartió contenido que no correspondería a la actualidad del proceso. “Menos mal que no apoyaba usted la constituyente, que no participa abiertamente en política”, indicó el abogado Rodrigo Pombo, en relación con la promesa incumplida del presidente.

Mientras los señalamientos contra el mandatario arrecian, como se puede ver en las plataformas digitales, Petro insiste en que, incluso, el proyecto con el que quiere modificar la Carta Magna se radique el 20 de julio: cuando el nuevo Congreso tome instalación para el periodo 2026-2030, en el que los sectores afines a su gestión ocupan un porcentaje importante en las curules, tanto en Senado como en Cámara.

A raíz de las recientes publicaciones del presidente Gustavo Petro, en aparente respaldo al senador Iván Cepeda, la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López radicó el lunes 25 de mayo ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales una denuncia pública, penal y disciplinaria contra el mandatario, acusado de intervenir de manera indebida en política, a seis días de la primera vuelta, el domingo 31 de mayo.

El jefe de Estado, a través de su perfil de X, habría salido en apoyo del congresista oficialista, al destacar la masiva asistencia en los eventos de cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el viernes 22 de mayo, y el efectuado en la jornada del domingo 24 de mayo en Barranquilla. Estos mensajes causaron una fuerte molestia en la exmandataria distrital, que interpuso la correspondiente queja contra el gobernante.

López formuló la acusación en la séptima sesión de la mencionada comisión, en un espacio en el que tienen asiento ministros del gabinete, el procurador General, Gregorio Eljach; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz; el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y otras entidades encargadas de velar por la normalidad en la contienda.

Allí, la aspirante de centro sostuvo que la conducta atribuida al jefe de Estado está prohibida por las normas electorales. “Vine personalmente a esta sesión a interponer una denuncia pública, penal y disciplinaria contra el presidente de la República por indebida participación en política, algo que está expresamente prohibido”, expresó López, que no ocultó su indignación frente a los comentarios de Petro.

Y es que frente a los mensajes del mandatario en las plataformas digitales, que fueron leídos por sus críticos como un respaldo directo al candidato del Pacto Histórico, el procurador Eljach pidió un informe a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, órgano facultado para investigar y juzgar al primer mandatario, en el que se comunique cuáles son los procesos que cursan contra el presidente por sus comentarios.

Los dos mensajes de Gustavo Petro que causaron la ira de los candidatos contrarios al oficialismo

A una semana de la primera vuelta, el mandatario publicó dos mensajes con los que no solo celebró la movilización de Cepeda en la capital de la República y en la capital del Atlántico, sino que lo presentó como un signo de relevo político a su administración, a la que, por mandato constitucional le quedan 74 días, tras un periodo convulsionado en materia política.

“En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, escribió Petro, en relación con la movilización de Cepeda, que llenó el icónico lugar.

Y en otra publicación, Petro destacó la masiva presencia de seguidores en una de las céntricas calles de la ‘Arenosa’. Y no solo eso: habría hecho alusión al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que se autodenomina ‘El Tigre’ y que, según las recientes mediciones de intención de voto, sería el que iría a la segunda vuelta el 21 de junio, junto a Cepeda. Una publicación que no cayó bien en la opinión pública.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, Los ratones negros, querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos”, expresó el jefe de Estado.

La denuncia de López también se apoyaría en un antecedente dentro de la misma campaña, pues el 9 de mayo Petro ya había expresado en X un respaldo abierto a Cepeda y había explicado su papel personal en la definición de la candidatura. “Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido”, destacó el mandatario en un post en la red social X.

El secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de Paloma Valencia e hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Iván Guzmán Tafur, ocurrido en la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026, llevó al Centro Democrático a expresar su profundo rechazo sobre este suceso, que causó conmoción en el municipio de más de 49.000 habitantes.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y reproducida por diversos medios de comunicación, el hombre de 33 años fue interceptado por varios sujetos armados en el barrio Villa Maestro, que lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a un destino desconocido. El hecho se produjo mientras Guzmán Valcárcel regresaba a su vivienda después de compartir con conocidos en esa zona.

La reacción de la colectividad de centro-derecha no se hizo esperar y enfatizó que este episodio se suma a una serie de ataques que han tenido como blanco a sus militantes y simpatizantes en distintas regiones del país. “No vamos a callar ni a ceder ante la intimidación. Exigimos su liberación inmediata. El temor no detendrá a la democracia”, sostuvo el partido en el mensaje difundido en sus redes sociales.

Las primeras informaciones entregadas por las autoridades detallan que el secuestro en una zona que tiene presencia constante de estructuras armadas ilegales, en especial, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc en la región. Por tal motivo, el hecho ha motivado el despliegue inmediato de unidades especializadas del Gaula de la Policía Nacional y del Ejército, en pro de dar con su paradero.

Ambas fuerzas han puesto en marcha un operativo de búsqueda y verificación en los principales corredores viales del sector. Según se ha conocido, las iniciales apuntan a que los captores habrían huido por la ruta entre Tame y Rondón, zona históricamente compleja por la actividad de grupos armados. Este suceso ha causado preocupación en el ámbito político y social, al ser el coordinador regional de campaña de Valencia.

El partido denunció la persecución y los riesgos que enfrentan quienes participan en sus actividades proselitistas en zonas de conflicto. Desde distintos frentes políticos, se han elevado voces solicitando acciones urgentes que permitan el regreso seguro de Guzmán Barbacel a su entorno familiar, en una acción que acontece a solo seis días de que se lleve a cabo la primera vuelta.

Indignación por el secuestro del coordinador de campaña de Paloma Valencia en Arauca

El congresista José Vicente Carreño Castro, integrante del Centro Democrático, expresó en sus redes sociales su repudio a este secuestro. “Rechazo categóricamente el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel en Tame. Hago un llamado urgente al respeto por su vida y su pronta liberación. Solicito a @DefensoriaCol y @DiocArauca su valiosa mediación humanitaria para lograr el regreso de Alfredo al seno de su familia”, dijo.

Este caso se produjo en medio de una coyuntura de alta tensión en Arauca, en donde los secuestros y las amenazas contra líderes sociales y miembros de los partidos han sido denunciados por organizaciones nacionales e internacionales. La región, que además es fronteriza con Venezuela, ha enfrentado históricamente situaciones de orden público complejas, por la disputa territorial de grupos armados.

La operación de búsqueda y rescate permanece activa mientras familiares, allegados y dirigentes políticos insisten en la necesidad de mantener la atención nacional e internacional sobre la situación, que demostraría la falta de garantías para el ejercicio electoral. Hasta el momento no se han reportado avances concluyentes sobre el paradero del secuestrado, que tiene en vilo al equipo de campaña de Valencia en Arauca.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Arauca han mostrado la voluntad de acompañar y mediar en el proceso, en procura de una salida humanitaria inmediata. Entretanto, la incertidumbre y el temor persisten entre los habitantes de Tame y otras localidades de la zona, en donde la violencia asociada a la confrontación armada sigue condicionando la contienda electoral, en la que participa la oposición.

Lizcano, que es uno de los once aspirantes que queda en carrera por el primer cargo de la Nación, sostuvo que ambos dirigentes “pretendieron hacer una campaña presidencial solo para unirse al final”, y exigió mayor transparencia en los procesos de adhesión y retiro de candidaturas. Además, le endilgó a Barreras el calificativo de “mañoso”, frente a lo que sería, a su juicio, su especulación frente a su candidatura.

El aspirante cuestionó el impacto de estas alianzas sobre el proceso electoral, e hizo énfasis en el uso de recursos públicos y en la igualdad de condiciones para todos los candidatos. “¿Cuántos recursos públicos se gastaron? ¿Cuánto espacio le quitaron a otros candidatos?”, expresó el aspirante presidencial, que incluso fue más allá en sus afirmaciones y los acusó de “contaminar” el ambiente político con miras a la contienda.

“Estas alianzas de última hora contaminan el debate democrático y afectan a candidaturas alternativas e independientes”, precisó Lizcano, que insistió en la necesidad de definir por ley un plazo fijo para la renuncia de aspirantes presidenciales. “De lo contrario, lo único que hacen es contaminar el debate y el mensaje y no permitir que candidatos alternativos y nuevos como nosotros tengamos el mismo espacio”, agregó.

Carlos Caicedo dio un paso al costado y Roy Barreras abrió la puerta para negociar con el progresismo

La decisión de Caicedo de apartarse del camino hacia la presidencia se oficializó el lunes 25 de mayo, cuando compareció junto a Cepeda y otros integrantes del Pacto Histórico, en un encuentro en que el senador oficialista destacó la trayectoria política de Caicedo en el Caribe. “Se integra a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, dijo.

Del mismo modo, indicó que la unión se fundamenta en “un programa de equidad y de lucha contra la pobreza”, aspectos en los que espera contar con el apoyo del exmandatario regional. Por su parte, Caicedo señaló que la coyuntura exige trabajar en conjunto y propuso como ejes de unidad una reforma agraria integral y un respaldo a la clase trabajadora, que vería posibles solo con la gestión por parte del proyecto progresista.

“Colombia necesita un modelo que garantice la generación de riqueza, empleo digno y una distribución más equitativa para las mayorías. Por eso, una profunda reforma agraria integral y el respaldo a la clase trabajadora que vive en la informalidad son apuestas fundamentales”, indicó el exgobernador en sus afirmaciones sobre su unión a la aspiración de Cepeda, que sigue sumando respaldos en la izquierda.

Y es que el bloque progresista no solo sumó a Caicedo, pues los exministros Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo, y la senadora Clara López, que tuvieron aspiraciones presidenciales, también se sumaron. Una coalición a la que, según Lizcano, también llegaría Barreras: que si bien descartó cualquier posibilidad de declinar su candidatura antes del 31 de mayo, no desechó la opción de sumarse en la segunda vuelta.

“Nos vemos el 31 de mayo en el tarjetón, pero claro que evitaremos que la extrema derecha gane; acompañaré al progresismo en segunda vuelta, esperando que se abra al diálogo”, destacó el exembajador y exsenador, que vio cómo desde la propia Casa de Nariño, ante la ausencia de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, se dio la orden de no ser respaldado; pero que aún así estaría listo para sumarse a este proyecto.

Pizarro, que declinó sus intenciones de participar en la contienda desde octubre de 2025, para sumarse a la campaña de Cepeda, quiso hacer un paralelo entre lo que sucedió con la candidata de la centro-derecha, que intentó un acercamiento de última hora con el exmandatario regional, pero a la postre recibió un rechazo entre líneas que expuso a ambos con miras a la recta final del proceso electoral que se aproxima.

“En Barranquilla nos tomamos un café que sí resultó. Hoy se hace oficial la adhesión de Carlos Caicedo a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué. La Alianza por la Vida crece y se fortalece con la llegada de Fuerza Ciudadana”, expresó Pizarro en una publicación en la red social X, que estuvo acompañado con un video en el que la política, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro, se explayó en sus argumentos.

“Hoy ha sido anunciado al país, después de la rueda de prensa, que se ha decidido de manera exitosa por nuestro candidato Iván Cepeda, el resultado de un café en la ciudad de Barranquilla que sí resultó exitoso”, reiteró Pizarro, que buscó instalar la idea de eficacia política por parte de los sectores de izquierda; en un escenario en el que otro encuentro relevante en la misma ciudad no produjo acuerdo alguno entre las partes.

La burla de María José Pizarro a Paloma Valencia por el fallido café con Sergio Fajardo

La frase tomó fuerza porque apareció dos días después de la cita entre la candidata presidencial del Centro Democrático y Fajardo, que se llevó a cabo el sábado 23 de mayo en el Hotel El Prado de Barranquilla, que concluyó sin alianzas ni compromisos electorales. Ese encuentro había sido planteado como un diálogo de aproximación política, pero terminó solo con la decisión de mantener abiertos los canales de comunicación.

Frente al aterrizaje de Caicedo a su campaña, Pizarro presentó al político como una señal de construcción política mediante acuerdos. Y remarcó que el acercamiento sellado en Barranquilla fue clave para ir juntando a la izquierda en la antesala de la primera vuelta, pues antes Cepeda había acercado a la senadora Clara López, además de exponentes de centro como los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.

“La adhesión del candidato presidencial y exgobernador del Magdalena, de su fuerza política, del grupo significativo de ciudadanos que representa, de toda la Fuerza Ciudadana, tiene una gran representación en el país y en el Caribe colombiano, especialmente en el Magdalena, la adhesión de su candidatura a la candidatura de Iván Cepeda”, afirmó la aspirante en sus afirmaciones en las redes sociales.

Por su parte, en el ‘café’ Valencia - Fajardo, la senadora de oposición, que quiere ser la primera mujer presidenta en la historia del país, defendió la libertad empresarial, la importancia del Estado de derecho y la figura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez; mientras Fajardo mantuvo su ubicación en el centro independiente y no aceptó un alineamiento con el uribismo, por lo que fue desechando cualquier opción.

Aunque la conversación entre ambos candidatos se desarrolló en un ambiente cordial, con apretón de manos y abrazo al final, no hubo humo blanco, como quizá lo esperan los simpatizantes de ambas campañas. En síntesis, el resultado fue la continuidad del diálogo, pero no una adhesión inmediata ni un acuerdo programático o electoral, como sí ocurrió, por lo visto, en el encuentro entre Caicedo y Cepeda.

Un mensaje de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, que es a su vez hijo mayor del presidente Gustavo Petro, llamó la atención para la representante a la Cámara Katherine Miranda, que insinuó, a una semana de la primera vuelta presidencial, que la aspiración del oficialista Iván Cepeda Castro tendría el respaldo del polémico empresario Euclides Torres: el mismo que financió la aspiración del mandatario.

Bastó un mensaje, breve, para que la asociación fuera casi inmediata por parte de Miranda. “Las Torres gemelas, dándola toda nuevamente”, comentó Vásquez, que participó en la campaña de 2022 del hoy jefe de Estado, a lo que la congresista replicó: “¿Euclides Torres eres tú?”. Con ello, se insinuó por parte de la parlamentaria del partido Alianza Verde la alianza que estaría detrás de esta candidatura.

La alusión apareció después del acto con el que Cepeda cerró campaña en la capital del Atlántico el domingo 24 de mayo de 2026. Según el reporte del Pacto Histórico, la concentración en el par vial de la carrera 50 reunió a más de 80.000 personas, aunque están por conocerse cifras más concretas sobre la presencia de simpatizantes del proyecto progresista, que cerró su participación en la plaza pública.

Esta clase de comentarios, el de Vásquez y el de Miranda, estarían enfocados en poner la lupa sobre los recursos que estarían utilizándose en la campaña de Cepeda, que logró una masiva movilización en la capital del Atlántico, así como lo hizo el presidente Petro en el inicio de su campaña, en septiembre de 2021 con el famoso evento de la “P”, y en el cierre de su campaña presidencial, el 22 de mayo de 2022.

Y es que mientras el congresista del Pacto Histórico centró su discurso en la promesa de que en su gobierno “no habrá intocables”, las apreciaciones de la expareja de Nicolás Petro y la representante de oposición asociaron el despliegue político en Barranquilla con el nombre del mencionado empresario: que ya había sido ubicado en la órbita de la campaña presidencial de Petro en la Costa Caribe.

Acto de cierre de Iván Cepeda en Barranquilla causó comentarios en las redes sociales

La congregación de Cepeda en la “Arenosa” fue presentada por su coalición como una de las mayores movilizaciones de la campaña en la región. El evento se llevó a cabo en un espacio identificado como emblemático para el progresismo local, en una ciudad que hace cuatro años fue clave para Petro y su proyecto político en pro de obtener el triunfo y que en esta nueva convocatoria volvió a responder.

En esa tarima, Cepeda señaló que actuará en contra de la corrupción, “venga de donde venga, caiga quien caiga”, pues se trataría de casos que traicionarían la confianza ciudadana. Y también advirtió que no habrá privilegios para los sectores más poderosos del país, en un anuncio que hizo junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, con la que lidera las diferentes mediciones a siete días de la contienda.

Ese mismo acto fue descrito como el final de sus eventos masivos en plaza pública antes de la veda electoral, en la que los aspirantes ya no podrán protagonizar concentraciones. La convocatoria, según se conoció, no solo reunió a la base popular, sino también a un sector del empresariado local y a líderes del Partido Liberal integrados a la plataforma Alianza por la Vida, que se han unido a la campaña.

¿Por qué es clave el nombre de Euclides Torres?

El influyente empresario y contratista, conocido como la cabeza del conocido Clan Torres, fue el financiador en la sombra y articulador estratégico de la campaña de Petro en la Costa, según testimonios provenientes del propio círculo del presidente. Entre las acciones que se le atribuyen figura la financiación de la logística y del montaje de diferentes eventos, entre ellos el ya mencionado de la “P”.

Ese acto fue presentado como el regreso de Petro a las plazas públicas antes del inicio oficial del calendario electoral. Además, Torres tendría una cercana relación con el exembajador y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Investigaciones de la Fiscalía y revelaciones de Nicolás Petro Burgos señalaron que aportó recursos y apoyo logístico para la campaña presidencial.

Aunque Torres ha sostenido que ese respaldo correspondió a la etapa de precampaña, la cercanía atribuida al empresario incluyó la presencia en reuniones estratégicas e, incluso, se registró su asistencia al apartamento de Bogotá donde se celebró el triunfo electoral de Petro, el 19 de junio de 2022; cuando el líder de izquierda derrotó al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Euclides y su grupo familiar, que han apoyado la campaña al senado de Pedro Flórez, está al frente de un grupo empresarial compuesto por cerca de 40 compañías, entre ellas la Organización Simetric y ET Progresiva, que han resultado adjudicatarias de contratos estatales por montos millonarios en áreas como alumbrado público, semaforización y, de manera destacada, en el sistema de tránsito y transporte.

Hasta el momento, y frente a esta clase de insinuaciones, Vásquez borró de su red social, al ver el alcance que tuvo su comentario. A su vez, la campaña Cepeda Presidente no se ha pronunciado sobre el particular, pese a que este tipo de observaciones han causado una serie de comentarios en las redes sociales,sobre la intención –no comprobada– de que el controversial contratista sea el financista.

El evento, que se llevó a cabo en la plaza principal, reunió a simpatizantes, líderes regionales y representantes de diversos sectores sociales, con la intención de consolidar un mensaje de transformación política de cara a la jornada del 31 de mayo: en la que más de 41 millones de connacionales están convocados para ir a las urnas, con miras a escoger al sucesor de Gustavo Petro.

El cierre de campaña del exministro de las TIC estuvo marcado por una serie de recorridos por municipios caldenses como Anserma, San José, Belalcázar y Riosucio. Durante estos trayectos, el candidato mantuvo diálogos con comerciantes y ciudadanos, en los que hizo énfasis en la necesidad de superar la polarización que atraviesa el país, con las aspiraciones impulsadas por Petro y Álvaro Uribe.

“Es un país donde el odio da votos, pero no da progreso. Es un país donde nos vendieron, como si fuera una Guerra Fría, derecha e izquierda, y los que no estamos en la derecha o los que no estamos en la izquierda, pareciera que no tuviéramos posibilidades de ganar las elecciones", afirmó Lizcano, que sigue en su intento de desmarcarse de cualquier vínculo con el actual mandatario de los colombianos.

Mauricio Lizcano quiere ser el primer presidente caldense de la historia

Insistió en el propósito de su campaña: “El mensaje que yo he recorrido hablando de Colombia tal vez no ha sido el mensaje más popular, pero sí ha sido el necesario y el menos escuchado. Y es decirles a los colombianos: miren, aquí hay una generación diferente, que quiere decirles a nuestros hijos que aquí hay una Colombia diferente, que aquí hay una Colombia distinta".

Y dejó en claro que su intención es que exista una Colombia que podemos construir todos, “y que cabemos todos”. Durante el acto de cierre, Lizcano enfatizó la importancia histórica de su candidatura para la región, que desde César Gaviria, en 1990, no cuenta con un mandatario nacido en el Eje Cafetero, como ocurrió con ese hijo de Pereira (Risaralda), que tras 36 años sigue metido en la política.

“Hoy más que nunca quiero decirles a los caldenses: votemos por lo nuestro, votemos por un hijo de esta tierra. Quiero convertirme en el primer presidente de Colombia nacido en Caldas y trabajar para que nuestra región tenga el protagonismo que merece”, declaró el aspirante presidencial, que pese a que no se ha visto favorecido por las encuestas, pues no supera el 1%, confía en dar alguna sorpresa.

Miguel Uribe Londoño también cerró su campaña presidencial en Caldas

El ambiente electoral en Caldas también contó con la presencia de otros actores, como Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, que hizo el cierre de su campaña en Manizales, acompañado por la fórmula vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas. Un encuentro más cercano con sus seguidores, que aprovecharon para expresar admiración al progenitor del fallecido congresista.

“Así cerramos nuestra campaña en Manizales, la tierra de mi fórmula vicepresidencial. Gracias por el cariño, por abrirnos las puertas y por decirnos en cada calle que este 31 de mayo contamos con su voto. Llevo conmigo las banderas de Miguel, mi hijo y la convicción de devolverle la seguridad y la esperanza a Colombia”, expresó el político, que confía en un respaldo masivo, pese a la adversidad en las mediciones.

A una semana de la primera vuelta, que se efectuará el 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro habría vuelto a intervenir en favor de Iván Cepeda con un mensaje en la red social X que reforzaría una conducta ya visible: la intención de que el oficialista le dé continuidad a su proyecto político, al verlo como el sucesor natural de su presencia en el Ejecutivo, a partir del 7 de agosto de 2026.

La controversia creció el domingo 24 de mayo después de que el mandatario celebró el cierre de campaña de Cepeda en Bogotá con una comparación que también lo incluyó a él mismo; y, minutos después, sacó pecho por lo que sería la multitudinaria asistencia al evento organizado por el senador del Pacto Histórico en Barranquilla, en donde logró congregar a miles de sus simpatizantes.

“En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez (exprocurador general) atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, expresó Petro en su publicación, que causó revuelo.

Y, posteriormente, el jefe de Estado se refirió a la convocatoria de Cepeda en la capital del Atlántico, con una referencia indirecta a la aspiración del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, que estuvo en la jornada del sábado 23 de mayo en el Malecón del Río. Este tipo de comentarios del presidente reavivaron las acusaciones de presunta participación indebida en política.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, Los ratones negros, querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos", señaló Petro.

Gustavo Petro estaría “jugado” con la campaña de Iván Cepeda

Este tipo de publicaciones parece que no son hechos aislados por parte del mandatario, pues el 9 de mayo Petro había escrito en la misma red social en respaldo a Cepeda. “Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido”, explicó el mandatario, que está siendo un actor directo en la definición de la contienda electoral en Colombia.

Es por esto que ante estas últimas publicaciones, la reacción fue inmediata en redes. “Presidente, usted que dice ser tan honesto. Lo que publica se llama participación en política, lo que implica incumplir la Ley, lo que implica una práctica ilegal, pero si lo investigan (que no va a pasar) va a decir que lo persiguen y que quieren hacer fraude. Muy mal ejemplo”, comentó el usuario @javiosbar en X.

Y es que la promoción de Cepeda también apareció asociada a lo que sería la narrativa de continuidad ideológica del progresismo, pues en otra de sus publicaciones, incluso comparó la candidatura actual con experiencias previas de la izquierda y la conectó con una idea de liderazgo intelectual. Una de ellas, la del ya fallecido exmagistrado y exmiembro del Polo Democrático Carlos Gaviria, que compitió en 2006.

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, comentó el jefe de Estado, que se mostró activo en las redes durante la jornada de cierres de campaña, no solo con el decidido respaldo a Cepeda, sino con duras respuestas a sus contradictores.

La discusión al interior del Centro Democrático sobre cómo enfrentar a los grupos armados ilegales continúa tras la más reciente propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez: que en su visita a Segovia (Antioquia) habló de un “sometimiento a la justicia” para esas estructuras, en un eventual gobierno de la senadora Paloma Valencia. Lo anterior, contrario a lo que considera la congresista María Fernanda Cabal.

La vallecaucana, que tiene prevista su salida de la colectividad por discrepancias con el exjefe de Estado, justo después de perder en el proceso interno de escogencia de la candidata presidencial, se desmarcó de la idea del político antioqueño frente a los grupos armados ilegales. Y dejó en claro que no está de acuerdo con la negociación política, pues sostuvo que “la verdadera paz no se negocia”.

La senadora fijó esa posición en un mensaje público en el que incluyó al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo dentro de una misma categoría criminal y planteó una respuesta estatal sin mediaciones. “Como lo dije en mi precampaña. La verdadera paz no se negocia, se impone con la fuerza del Estado. El único diálogo que debe haber con los criminales es un juicio”, expresó Cabal.

María Fernanda Cabal volvió a tomar distancia de las ideas de Álvaro Uribe

Esta postura contrasta con lo dicho por Uribe desde Segovia, Antioquia, cuando indicó que con Paloma Valencia habría “un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, lo que fue entendido como una manera de abrirle la puerta a la negociación, cuando una de las banderas del Centro Democrático ha sido la oposición a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

Para la aún congresista del Centro Democrático, su posición entre procesos de sometimiento, diálogo o negociación es clara. “Sin justicia no puede haber paz. ELN, Farc, Clan del Golfo y demás criminales deben ser sometidos o dados de baja”, expresó política, esposa de José Félix Lafaurie, dirigente gremial que ya abandonó el partido y se sumó a Salvación Nacional, en el que apoya a Abelardo de la Espriella.

Las afirmaciones de Cabal se conocieron a la par de los señalamientos de Uribe contra el candidato oficialista Iván Cepeda, al que señaló como un dirigente en quien no deberían confiar las organizaciones armadas ilegales. Y en ese mismo mensaje, el exjefe de Estado vinculó la eventual actuación del candidato del Pacto Histórico con la presión de Estados Unidos para extraditarlos.

Desde Segovia, el expresidente envió un mensaje directo al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo. “No se confíen de Iván Cepeda”, dijo el expresidente, haciendo alusión de que desde los sectores oficialistas buscarían el respaldo de estas agrupaciones ilegales para la contienda electoral, pero posteriormente ser descartadas de cualquier proceso de negociación.

En efecto, en esa misma declaración, el exmandatario añadió una advertencia sobre la conducta que, a su juicio, tendría el senador del Pacto Histórico ante la presión internacional. “Apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega. Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela”, expresó el expresidente, que ha acompañado a Valencia en su correría política por todo el país.

Fue entonces cuando el también exsenador presentó a Valencia como la opción viable en ese tema. “Con Paloma, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, aseveró Uribe, que confía en el éxito de su candidata pese a que se encuentra, según diferentes mediciones, lejos de los dos primeros candidatos: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

En un nuevo capítulo del rifirrafe mediático entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, el jefe de Estado, en sus redes sociales, hizo nuevas y graves aseveraciones sobre la legitimidad del proceso: a una semana de que más de 41 millones de ciudadanos sean convocados a las urnas para elegir al nuevo jefe de Estado, para el periodo 2026-2030.

El primer mandatario, en su perfil de X y en respuesta a una publicación patrocinada del ente rector de los comicios en esta plataforma, sostuvo que “exponer no es auditar” y llamó a la ciudadanía a vigilar el voto en las urnas. Todo esto, mientras que en su publicación la Registraduría defendió la legalidad del proceso y cómo se expuso este sistema a los partidos políticos y a las comisiones de la contienda.

El choque se activó después de una publicación institucional del 6 de mayo, en la que el ente electoral promocionó la integridad de la recolección y publicación de datos de cara a la jornada que se avecina. “No caigas en falsa información. El Código Fuente SÍ va a ser expuesto para auditoría”, fue lo que se leyó en esta publicación, la cual respondió Petro 18 días después, con duros señalamientos a la entidad.

En efecto, fue ese mensaje el que desató la respuesta del presidente. “Dejen de engañar al pueblo, exponer no es auditar, para auditar hay que tener. Convoco a toda la ciudadanía a vigilar el voto depositado en la urnas. No queremos fraudes de quienes ya defraudaron hasta la mafia más asesina de Colombia”, expresó Petro frente a la manera como la Registraduría ha defendido el proceso electoral.

Por su parte, el ente rector indicó que, durante 28 jornadas, la Registraduría viene ejecutando el Programa General de Auditorías para las próximas elecciones presidenciales. “Dentro de las principales medidas de transparencia se desarrolló la exposición integral del código fuente de los sistemas de sorteo de jurados de votación, preconteo, consolidación, divulgación de resultados y escrutinios”, acotó.

Registrador desestimó señalamientos de Gustavo Petro: “¿A quién se le ocurre que una entidad entregue el código fuente?"

A su vez, en diálogo previo con Infobae, el registrador Hernán Penagos se refirió a los constantes señalamientos provenientes del jefe de Estado sobre la legitimidad de las elecciones y planteó que la controversia parte de una diferencia de enfoque sobre el peso real del software en el sistema colombiano, en el que impera la manualidad y los programas cumplen un papel secundario.

Penagos sostuvo que abrir el código fuente pondría en riesgo la integridad del proceso y, ante la pregunta sobre por qué la Registraduría no entrega el código como lo exige el presidente, describió primero el esquema de control que, a su juicio, sostiene la transparencia de toda la jornada: en la que 12 candidatos, de 14 inicialmente inscritos, se someterán a la determinación de los ciudadanos.

“Lo más importante en Colombia, el acto de mayor transparencia electoral, es la publicación de las actas electorales, inclusive actas que se les va a autorizar a los testigos y a los jurados tomar fotografía de ellas. Ningún dato que difunda la Registraduría puede ser contrario a lo que dice cada acta electoral”, indicó Penagos, en lo concerniente a la crucial contienda que se aproxima para el país.

Del mismo modo, el funcionario indicó que su objeción obedece a la seguridad informática que debe rodear las fases de preconteo y escrutinio, en una jornada en la que se espera tener el 100% informado, a más tardar, a las 8:30 p. m. Esta precaución se tomó ante el alto número de candidatos, que dobla a los que se presentaron en la primera vuelta de las elecciones del 2022, que fueron cinco.

“¿A quién se le ocurre que una entidad entregue el código fuente, es decir, la fórmula, las líneas de programación, la arquitectura de los software con los riesgos que eso genera para el proceso electoral? Entregar un código fuente es permitir que se altere, que se vulnere, que se suplante y que los hackers puedan terminar modificando y vulnerando información de los software”, agregó Penagos.

El héroe de la última estrella de Independiente Santa Fe en el fútbol profesional colombiano, el delantero Hugo Rodallega, rompió el silencio: y a través de sus redes sociales expresó su pesar por la dura derrota sufrida por el equipo Cardenal, que en una emocionante definición desde el punto penal resignó sus posibilidades de ser finalista de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, en la llave ante Junior de Barranquilla.

Rodallega, que con 40 años es el goleador del conjunto capitalino en la presente temporada, con 29 partidos y 16 anotaciones, de ellas 12 en la competición liguera, fue el único de la serie ante los ‘Tiburones’, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, que falló su ejecución desde los 12 pasos: con un remate que se estrelló en el travesaño del arco norte del vetusto estadio Romelio Martínez.

De hecho, una de sus anotaciones fue la que mantuvo con vida a su escuadra en la llave ante los Tiburones, cuando había convertido desde el punto blanco en el duelo de ida, el 16 de mayo, en el empate que tuvo como epicentro el estadio El Campín. Infalible en los cobros penales, el goleador tuvo un mal momento, que jugó en contra de los intereses del equipo del uruguayo Pablo Repetto.

En sus registros, el atacante tenía una racha de nueve partidos en línea con gol, que inició el 19 de abril con un tanto ante el Cúcuta Deportivo, y se extendió hasta el juego anterior, pues en la visita a la “Arenosa”, pese a que lo intentó, no logró hacerle daño al guardameta charrúa Mauro Silveira. Tuvo una posibilidad que estrelló en el palo, a los 76′, con un cabezazo que pudo haber cambiado la historia.

Las disculpas de Hugo Rodallega, tras la eliminación de Santa Fe de la Liga

En medio del natural guayabo futbolero por este revés, tras haber protagonizado un sufrido 0-0 en los 90 minutos definitivos de la llave, el vallecaucano expresó su pesar por este desenlace. El jugador tuvo en sus pies el quinto y definitivo penal para los Albirrojos, pero contrario a sus compañeros, Maximiliano Lovera, Jáder Obrian, Emanuel Olivera y Jhojan Torres, no pudo embocarla.

“Cardenales acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias. Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial, pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución, es más fuerte", expresó el artillero en los primeros renglones de su mensaje, que expresó a través de la red social X para todos sus seguidores.

Así pues, anunció que dejará todo de sí en el decisivo choque de Copa Libertadores del miércoles 27 de mayo (7:30 p. m.) ante Peñarol de Uruguay, como visitante, en el que el cuadro santafereño tendrá que ganar y esperar una mano de Corinthians de Brasil: que a la misma hora recibirá en su casa a Platense de Argentina, rival directo de los bogotanos en la lucha por un cupo a los octavos de final.

“Seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo, siempre expuesto a acertar, pero también a fallar, SIMPLEMENTE GRACIAS”, agregó “Hugol”, que ha recibido un masivo respaldo de la parcial roja, pese a que se quedó a puertas de meter al equipo en su tercera final liguera de los últimos tres años, luego de la perdida en 2024-1, ante Atlético Bucaramanga, y la ganada en 2025-1, frente al DIM.

Ese superlativo nivel con el elenco santafereño hizo que tanto un sector de la crónica deportiva como los hinchas pidieran al futbolista para hacer parte del grupo de escogibles de la Selección Colombia con miras a la Copa del Mundo 2026. No obstante, el timonel nacional, Néstor Lorenzo, no lo consideró siquiera en la prelista de 55 elementos; en contraste con otros elementos que causaron polémica.

La candidata, que ganó el proceso interno de su colectividad y el 8 de marzo se impuso en La Gran Consulta por Colombia, indicó que su apuesta no es “ganar encuestas”, sino “ganar elecciones”, y usó ese acto para endurecer su discurso sobre seguridad, Constitución y el fortalecimiento de sus alianzas políticas, en una aspiración en la que confluyeron diferentes colectividades del espectro político.

De acuerdo con los sondeos publicados entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, muestran a Valencia oscilando entre el 12,6% y 16,7% en primera vuelta, detrás de Cepeda y De La Espriella; lo que reflejaría una caída cercana a los seis puntos frente a mediciones previas en las que superaba el 19%. Por tal motivo, la congresista no dudó en reaccionar y enviar un mensaje de optimismo.

“Nosotros estamos hechos, no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones y vamos a demostrarlo nuevamente. El uribismo hoy más grande que nunca, el uribismo hoy más fuerte que nunca. Aquí les digo: miren cómo vamos a la victoria”, dijo la congresista, que también estuvo acompañada de su esposo, Tomás, y de su hija, Amapola, además de su círculo cercano, que recibió el cariño de los presentes.

En su intervención, la candidata planteó el acto como una demostración de fortaleza interna en medio de un escenario adverso en los estudios de opinión. Y afirmó que su campaña busca disputar el resultado final, aunque los sondeos la dejan lejos de los dos primeros lugares y reducen sus opciones de avanzar a la segunda vuelta; en contraste con el repunte que habría tenido el autodenominado “Tigre”.

Paloma Valencia usó el cierre de campaña para oponer su candidatura a la Paz Total y a Iván Cepeda

En otro tramo de sus declaraciones, la candidata vinculó la campaña con la lucha frontal contra los grupos armados y las políticas que asocia con sus rivales. “Tenemos el camino de entregarnos a los violentos con la continuidad de la Paz Total y seguir destruyendo el sistema de salud, y, por otro lado, al odio de los que quieren destripar a otros”, avisó la congresista, que reiteró que no dará su brazo a torcer.

Asimismo, lanzó un contundente mensaje a las estructuras armadas que han ganado terreno en el país con la implementación de la política de Gobierno, que se mantiene a 75 días del final del mandato actual. “Nosotros queremos la Colombia grande donde conquistemos la seguridad; aquí les digo al ELN, al Clan del Golfo y a las Farc que los voy a cazar como ratas”, expresó la candidata durante su discurso.

Para Valencia, la elección que harán los colombianos en las urnas es una clara disputa entre su propuesta de seguridad y un bloque al que acusa de ceder ante actores armados: por lo que, en esa misma línea, también señaló de forma directa a Cepeda como uno de los responsables del fracaso de la estrategia de negociación múltiple del Ejecutivo con las organizaciones al margen de la ley.

“Esta es una gran alianza con un solo propósito: defender nuestra democracia de los violentos, de la tiranía que representa Iván Cepeda y de toda esa zona ambigua éticamente que no merece Colombia; porque Colombia merece manos limpias”, agregó la congresista opositora, que venía de protagonizar el sonado “café” con el candidato de centro, Sergio Fajardo, sin resultados positivos sobre una alianza.

Paloma Valencia salió en defensa, una vez más, de la Constitución

Del mismo modo, la congresista también hizo una férrea defensa de la Constitución de 1991 y la ligó a la presencia del expresidente César Gaviria, director del partido Liberal, en el acto. “Que usted esté aquí presidente Gaviria es muy simbólico, porque mientras otros promueven destruir la constitución del 91, aquí está el presidente que la sacó adelante”, expresó Valencia en otro de los apartes de su discurso.

Y agregó que no permitirá que triunfen las corrientes que quieren llevar, según él, a Colombia a una dictadura. “Nuestro compromiso: no destruirán la constitución para imponer un régimen neocomunista en Colombia”, agregó la parlamentaria caucana, que describió su intención como un dique frente a cambios de régimen y frente a proyectos que pondrían en riesgo el orden constitucional.

En el tramo final de su intervención, la mujer reafirmó su promesa de cercanía con los colombianos en el ejercicio del poder, y sobre todo, en el respeto a la diferencia. “Yo no quiero ser una presidente solitaria y encerrada en peceras, seré una presidente que esté al lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que gobierne para transformar a Colombia”, puntualizó la senadora opositora.

Por último, la candidata también aprovechó el cierre para destacar la coalición reunida en torno a su campaña y para ratificar el lugar de Juan Daniel Oviedo en su fórmula. “Que nos muestren una selección así en otras campañas, una selección Colombia como esta de La Gran Consulta. Juan Daniel, el próximo vicepresidente, es la inteligencia, la capacidad y la fuerza que doblega la circunstancia”, concluyó.

El episodio evidenció la fractura entre sectores uribistas y petristas en un municipio clave para el debate minero y electoral, ubicado en el suroeste antioqueño y en el que hay presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Frente a estos acontecimientos, el partido de oposición al Gobierno expresó su rechazo ante lo sucedido y apuntó hacia la campaña oficialista.

“(Iván) Cepeda, (Isabel) Zuleta y (Gustavo) Petro le huyen al debate y recurren a la intimidación. Como no tienen argumentos, agitan las banderas del odio y la violencia para atacar a quienes piensan distinto”, señaló la colectividad a través de un comunicado, en el que hizo énfasis en cómo se ha pretendido hostigar al exjefe de Estado, que ya había sido blanco de manifestaciones en la semana.

En efecto, expresaron cómo la campaña de Uribe Vélez y de la aspirante a la presidencia Paloma Valencia ha sido blanco permanente de ataques por parte de grupos radicales afines al Pacto Histórico. “Lo ocurrido este domingo en Segovia es una prueba más de esa intolerancia”, afirmó la representatividad de centro-derecha, que mantendrá su presencia a lo largo y ancho del territorio.

“No nos van a sacar de las calles. Frente a la violencia y las agresiones, responderemos con firmeza, con argumentos y de cara al país”, reafirmó el Centro Democrático en respaldo a la visita de Uribe: que llegó a Segovia para participar en un evento sobre formalización minera y para defender la venta de la mina local, además de impulsar el nombre de Valencia como su candidata a la contienda del 31 de mayo.

Así fueron las protestas en Segovia contra Álvaro Uribe

La jornada estuvo atravesada por protestas ciudadanas y una fuerte reacción de la oposición. Durante su intervención, Uribe Vélez fue abucheado por decenas de manifestantes que coreaban consignas como “¡Fuera!” y “Segovia no te quiere”, lo que llevó a que debiera retirarse anticipadamente del lugar, como quedó evidenciado en las imágenes que circularon del hecho en plataformas digitales.

Zuleta, del Pacto Histórico, atribuyó la reacción popular en Segovia a un rechazo de fondo a las políticas mineras promovidas por el exmandatario. “Uribe estuvo en Segovia dando un mensaje cínico que ya nadie quiere escuchar, lo que sí retumbó fue la voz del pueblo minero organizado y progresista, que sabe que las políticas de despojo minero fueron promovidas por la derecha de este país”, indicó.

A su vez, Hernán Muriel, representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico, interpretó la reacción ciudadana como un giro en la percepción política del departamento. “Dios mío. Hace 20 años, nadie nunca creería que esto es Antioquia. Hoy la realidad es otra. Álvaro Uribe es rechazado masivamente en nuestro departamento. Pero rechazado CON TODA. Y esto se va a ver reflejado en las elecciones”, dijo.

En respuesta, Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, acusó directamente al Pacto Histórico de promover la confrontación. “Les queda la violencia que aplicó el Pacto Histórico hoy en Segovia. Les tenemos noticias: No nos vamos a mover de los territorios a los que además les fallaron en la promesa minera. Sin violencia no pueden; los seguiremos enfrentando”, expresó el senador electo.

Cabe destacar que en la antesala de su visita, Uribe denunció un presunto intento de sabotaje por parte de sectores del Pacto Histórico, al señalar de forma directa al representante Muriel. Durante la jornada, el exmandatario también dirigió un mensaje a los grupos armados ilegales presentes en la región, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El atentado contra la lideresa social Yanet Mosquera en la vía Panamericana, ocurrido el jueves 21 de mayo, desató una ola de preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos. Así lo remarcó la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que expresó su apoyo a la mujer por lo sucedido y reclamó de manera pública acciones del Gobierno nacional para su protección.

El hecho ocurrió cuando Mosquera, reconocida defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Mujer con Valor, se desplazaba en un vehículo blindado con su equipo de protección por el túnel de Cajibío. Fue entonces cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon con fusiles de largo alcance; por fortuna, la reacción de los escoltas permitió evadir el ataque y refugiarse.

“Toda mi solidaridad con la lideresa Yanet Mosquera quien hoy ha sido víctima de la violencia que los grupos armados siguen imponiendo sobre la Vía Panamericana y en todo el departamento del Cauca”, sostuvo Márquez Mina en su perfil de X, en el que repudió el ataque contra Mosquera e insistió en la gravedad de que la defensa de los derechos fundamentales implique ser blanco de los grupos armados.

En su pronunciamiento, Márquez fue enfática en elevar su petición de plenas garantías para los que ejercen liderazgo social en zonas vulnerables. “No podemos normalizar que defender los derechos humanos en los territorios cueste la vida”, advirtió la vicepresidenta, a la que le restan por mandato constitucional 78 días, en una gestión que se extenderá hasta el 7 de agosto de 2026.

Con ello, la funcionaria buscó sumar presión a las autoridades nacionales y regionales, en particular al Ministerio de Defensa, para fortalecer los esquemas de protección contra los líderes sociales en esta región del territorio nacional, en el que existe una fuerte presencia de estructuras al margen de la ley, como los bloques al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y otras organizaciones al margen de la ley.

¿Cómo fue el ataque a Janet Mosquera?

El atentado contra Mosquera ocurrió a menos de un kilómetro del sitio donde dos días antes fueron atacados el exsenador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba. En las últimas semanas, este trayecto vial del país se ha convertido en epicentro de múltiples ataques contra funcionarios y civiles, incluido un atentado con explosivos que causó más de 20 víctimas.

Mosquera cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el Cauca. Luego de ser desplazada de El Patía, se instaló en Popayán, donde lidera proyectos comunitarios y coordina el consejo comunitario África, su labor le valió el Premio Cafam a la Mujer en 2007 y reconocimientos internacionales, como el otorgado por la fundación de Hillary Clinton por su trabajo en las comunidades.

El respaldo de la vicepresidenta se extendió a las comunidades afrodescendientes y rurales de la región. “Abrazamos a Yanet, a su familia y a todas las comunidades que resisten en el Cauca”, afirmó la vicepresidenta, al punto que diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron garantías efectivas para la protección de esta mujer y los demás líderes que están bajo la mira de las autoridades.

Noticias RCN recordó que Mosquera ha sobrevivido a múltiples amenazas y atentados previos, entre ellos un ataque con explosivos en 2020. Pese a ello, ha expresado su negativa a aceptar indemnizaciones estatales por este tipo de hechos, lo que refuerza, según los que han seguido de cerca su trabajo, su imagen como defensora íntegra y comprometida, con la construcción de procesos de resistencia civil.

“El pueblo caucano y el pueblo colombiano merecen vivir en paz. Exigimos garantías reales para el orden público y para la protección de quienes defienden la vida”, afirmó Márquez, que reiteró la demanda de una respuesta institucional que trascienda la coyuntura y atienda la crisis estructural de seguridad en la región, azotada por la violencia con hechos que han puesto en jaque, incluso, la institucionalidad.

La jornada de tensión se produjo en el noroccidente de la capital de la República, cuando una movilización estudiantil y social que avanzaba por la carrera Séptima derivó en disturbios. A las 3:00 p. m., un grupo de encapuchados se desprendió de la marcha y atacó la sede compartida por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en el sector de Chapinero con piedras, palos y pintura, y causaron destrozos en la fachada.

En ese orden de ideas, el mandatario distrital vinculó esos hechos con recientes pronunciamientos del jefe de Estado “Y lo que es más grave aún, la violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país”, afirmó el alcalde en su pronunciamiento, en el que agregó que esto no es “manifestación social, sino violencia” contra el diferente.

A su vez, Galán también apuntó a una frase del presidente sobre las fachadas privadas, luego de lo sucedido cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro (Antioquia). “Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas como lo hizo el presidente, incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira”, afirmó el alcalde de Bogotá.

Alcalde de Bogotá instó a Gustavo Petro a tomar medidas frente al vandalismo

De esta manera, el mandatario distrital planteó una consecuencia institucional directa tras los hechos y reclamó al Gobierno nacional una instrucción formal para la fuerza pública. Según su postura, la tensión ya no se limita solo a daños materiales, sino que compromete las garantías de seguridad en la recta final de la campaña presidencial, en la que se empezará a elegir, justamente, al sucesor de Petro en la Casa de Nariño.

Y sostuvo que la respuesta del Estado debe enfocarse en proteger tanto a los que marchan como a los que deciden no hacerlo. “Le exijo al Gobierno, al presidente Petro, que con un único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger nuestra democracia, expida una orden escrita que sea de público conocimiento, en la que le dé la instrucción clara a la policía de acompañar las manifestaciones con el Ministerio Público”.

De esta forma, agregó que esa presencia no debe usarse contra los manifestantes, sino como barrera frente a nuevas agresiones contra expresiones políticas opositoras a la actual administración y la defensa de su derecho a un ejercicio político sin constreñimientos. “Nunca para intimidar ni atacar a quienes deciden manifestarse, sino para proteger a quienes eligen no hacerlo”, afirmó el alcalde de los bogotanos.

El señalamiento del mandatario capitalino incluyó una crítica al marco de actuación vigente. “Las normas actuales no le permiten a la fuerza pública actuar como se necesita”, dijo Galán en sus afirmaciones, en una referencia a las limitaciones que, a su juicio, enfrenta la Policía para contener hechos como los registrados en la ciudad, que causaron zozobra en las instalaciones de ambas representatividades.

Cabe destacar que el blanco principal de la agresión fue la sede de Valencia y Oviedo, una de las doce duplas presidenciales que competirán en los comicios definidos para el domingo 31 de mayo. Los atacantes, según reportes de la campaña, destruyeron ventanales principales y vallas publicitarias, mientras parte del equipo de campaña tuvo que refugiarse en la zona trasera del inmueble para evitar ser agredido.

Por fortuna no se reportaron heridos de gravedad, aunque sí casos de crisis nerviosa entre las personas que estaban dentro de la sede. De forma simultánea, la sede del partido Mira fue pintada con grafitis y sufrió daños menores, justo 48 horas después de que la colectividad cristiana formalizara su adhesión a la coalición liderada por Valencia para las presidenciales de 2026, en un acto en el que estuvo su bancada.

De esta forma, Carlos Fernando Galán cerró su intervención con un llamado a la movilización electoral y una exigencia directa al primer mandatario de los colombianos. “Presidente, es su deber constitucional hacer todo lo necesario para evitar que actos violentos como los de hoy o incluso peores, se repitan de acá a las elecciones. Actúe con responsabilidad como presidente de todos los colombianos”, remarcó el alcalde.

La denuncia de Valencia, que previamente también había apuntado hacia el senador oficialista Iván Cepeda, su principal rival en la contienda, se produjo tras un acto en el norte de Bogotá en el que recibió el respaldo de María Claudia Tarazona, esposa del asesinado Miguel Uribe Turbay, que formalizó su adhesión a la campaña de la aspirante del Centro Democrático y la centro-derecha en Colombia.

En sus declaraciones, la candidata volvió a relacionar lo ocurrido en su ‘centro de operaciones’, ubicado en el sector de Chapinero, con otro episodio reciente: el hostigamiento a la casa del expresidente Álvaro Uribe, en Rionegro (Antioquia), cuando un grupo de protestantes pintaron un mural a las afueras de la residencia en alusión a los llamados ‘falsos positivos’ en el país.

“Uno ve hace dos días el hostigamiento que hicieron sobre la casa de habitación del presidente Uribe, donde estaba su esposa sola. Se bajan tres busetados de gente hasta con puñaletas. Y hoy, en una manifestación en la que estaba la senadora María José Pizarro, destruyen nuestra sede de Bogotá”, dijo la congresista opositora, que sostuvo que Colombia debe derrotar “un partido que promueve el odio”.

Previo al pronunciamiento de Valencia, Pizarro ya había rechazado esa asociación después de que el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, preguntó públicamente qué hacía la senadora en la marcha que vandalizó la sede de la candidata del Centro Democrático y reclamó una explicación de su parte, la cual no tardó por parte de la que oficia como jefa de debate de Cepeda.

La señalada mostró su preocupación por lo que sería el político de ese tipo de acusaciones. “Eso es precisamente lo que buscan, relacionar hechos de manera irresponsable y alimentar la desinformación sin medir consecuencias. He estado toda la semana recorriendo las calles de Bogotá, como siempre, de cara a la gente y en ejercicio legítimo de la política y la democracia”, dijo Pizarro.

Además, insistió en desligarse de cualquier señalamiento. “¿Cuáles son las pruebas para hacer semejante asociación?”, expresó Pizarro, frente a la controversia de si su sola presencia en la marcha que se movilizó por la carrera Séptima y también atacó sedes bancarias, le permite a sus contradictores asociarla con este ataque.

La campaña de Valencia habló de una escalada contra la oposición a días de las elecciones

Es oportuno reiterar que en el comunicado divulgado tras el ataque, la campaña de la senadora del Centro Democrático informó que el hecho dejó cuantiosos daños, pues ingresaron para hacer grafitis, robaron elementos de las instalaciones y generaron riesgo para quienes se encontraban en el interior, entre ellos directivos de la aspiración, según se pudo establecer tras esta arremetida.

“Eso es lo que Colombia nunca jamás debe elegir, porque hay una posibilidad de una Colombia donde en democracia nos respetemos, donde la familia de nadie esté en riesgo por estar en la oposición, donde ningún precandidato presidencial vuelva a ser asesinado”, añadió Valencia en sus afirmaciones tras este suceso, que causó fuertes repercusiones y una ola de respaldo hacia la aspirante presidencial.

En ese sentido, la campaña puntualizó que, a diez días de las elecciones, los hechos muestran una falta de garantías para la oposición en Colombia, por lo que pidió a las autoridades investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y asegurar condiciones de seguridad para todos los actores políticos que hacen parte del escenario político que empezará a definir el sucesor de Gustavo Petro.

El ataque a la sede de campaña de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en Bogotá, ocurrido en la tarde del jueves 21 de mayo de 2026, causó una fuerte reacción de los miembros de los partidos de oposición en el país; que repudiaron los actos en los que las instalaciones de la aspirante presidencial sufrieron graves daños, a 10 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

Frente a lo ocurrido, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, responsabilizó al presidente de la República, Gustavo Petro, por lo ocurrido, al afirmar que “la intolerancia promovida desde la presidencia termina convertida en muerte en las calles”. Para la congresista, las posturas del primer mandatario han dado pie para estas expresiones violentas.

En efecto, la parlamentaria -que se declaró en rebeldía a la dirección de su partido, que apoya al oficialista Iván Cepeda Castro- expresó su alarma por los hechos y recordó cómo el jefe de Estado sería el principal instigador. “Petro salió a decir que las fachadas son ‘públicas’ y pueden ser vandalizadas. Hoy, violentos atacan la sede de campaña de Paloma Valencia”, sostuvo la representante opositora.

Con ello recordó las afirmaciones del primer mandatario, en relación con el mural de ‘falsos positivos’ pintado por contradictores del expresidente Álvaro Uribe a las afueras de su residencia, en Rionegro (Antioquia), cuando dijo en el más reciente Consejo de Ministros que ”todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada” y que no consideraba una “amenaza” esta intervención.

Miranda se despachó contra Petro: “El poder no puede convertirse en cómplice del odio”

Para Miranda, la reacción del presidente Petro constituye un mensaje peligroso. “Así empiezan los países donde el poder deja de condenar la violencia y empieza a justificarla. La intolerancia promovida desde la Presidencia termina convertida en muerte en las calles”, refirió la parlamentaria, que salió a darle un fuerte espaldarazo a la aspirante presidencial, que lucha por seguir en carrera.

Miranda, que fue arrendataria del inmueble que ahora ocupa la sede de campaña de Valencia, ubicado en el sector de Chapinero, sobre la carrera Séptima, insistió en que los mensajes desde las altas esferas del Gobierno agravan la situación política. Según la representante, la falta de condena explícita por parte del Ejecutivo a estos actos alimenta la percepción de permisividad hacia los ataques perpetrados.

“Es gravísimo. El poder no puede convertirse en cómplice del odio”, enfatizó la congresista, que no logró continuar su carrera en el Legislativo, al quedar lejos del objetivo de convertirse en senadora, pero que en este proceso ha demostrado su apoyo público a la aspirante del Centro Democrático y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la congresista.

Paloma Valencia señaló a Iván Cepeda de estar detrás de estos ataques

Cabe destacar que, en respuesta al ataque, Valencia transmitió un mensaje en el que relacionó el hecho con acciones anteriores sufridas por su equipo. “Estamos en nuestra sede de Bogotá y en otro acto cultural de Cepeda vinieron ahora a destruir nuestra sede, igual que hicieron con la casa del presidente Uribe. Porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza y con destrucción”, dijo.

De la misma manera, la caucana, candidata de los sectores de centro-derecha, aseguró que el hostigamiento busca amedrentar a su campaña. “Nos quieren amilanar, nos quieren estigmatizar. Pero no pasará, porque nosotros los vamos a derrotar, les vamos a ganar y tenemos cómo defendernos”, agregó la política, que se mostró intranquila a 10 días de que se adelante la primera vuelta.

Junto a la senadora del Centro Democrático, Oviedo remarcó la importancia de la democracia y condenó la incitación al enfrentamiento. “La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos en esa contradicción justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande”, destacó el exconcejal de Bogotá en sus afirmaciones.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, radicó el jueves 21 de mayo de 2026 un proyecto para derogar la Ley 2494 de 2025, más conocida como la Ley de Encuestas en Colombia, al sostener que la norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en el país creó un esquema de control que restringe derechos fundamentales y alteró el debate público en plena etapa electoral.

La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General del Senado con un texto breve de radicación y una exposición de motivos en la que el congresista, opositor al Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó tanto el contenido de la ley como la forma en que fue aprobada. En su oficio, dirigido al secretario general Diego Alejandro González, pidió dar inicio al trámite legislativo correspondiente.

Motoa hizo público el anuncio al afirmar que ya había sido radicado el proyecto para derogar “la totalidad de la Ley 2494 de 2025”, una norma que, según dijo, no acompañó durante su trámite y que espera que “desaparezca por el bien del país, por la defensa de principios constitucionales y por la garantía de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la información”.

La tesis de su propuesta apunta, entonces, a un punto neurálgico: la ley que buscó ordenar las encuestas terminó, según su lectura, convertida en un mecanismo de control previo sobre información política y electoral. Ese señalamiento aparece acompañado por otra objeción de fondo, pues para Motoa, la norma debió tramitarse como ley estatutaria y no como proyecto ordinario.

Motoa sostuvo que la Ley de Encuestas creó un régimen de control sobre encuestas políticas y electorales

Su argumento se basa en que esta normativa regula el núcleo de derechos fundamentales. A su vez, en la exposición de motivos, describió que la Ley 2494 de 2025 “creó un régimen de control sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales”, con requisitos técnicos estrictos y estableció un sistema de registro obligatorio de firmas encuestadoras nacionales.

A su vez, fijó auditorías y controles preventivos y amplió las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un argumento que no se limita a una crítica política; pues hizo énfasis en cómo la ley “ha generado profundas controversias de índole constitucional” porque tuvo un impacto negativo en la garantía de libertades y derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Estos fueron motivos suficientes para presentar la derogación total de la norma y no una reforma parcial, pues las circunstancias expuestas en el documento “sustentan la necesidad imperiosa” de eliminar la ley para impedir que siga produciendo afectaciones y restricciones desproporcionadas al ejercicio de esos derechos.

Del mismo modo, el senador cuestionó la validez del trámite y advirtió un choque con derechos fundamentales. En ese sentido, uno de los ejes del proyecto radicado es la objeción sobre el procedimiento legislativo, por lo que afirmó que la ley “adolece de vicios procedimentales en su trámite”, ya que, a su juicio, debió pasar por una revisión previa por parte de la Corte Constitucional.

Ese punto es crucial en su tesis, porque conectaría el debate técnico sobre encuestas con un problema de jerarquía constitucional. Con ello, la crítica del senador parte de que la regulación no se limitó a ordenar una actividad económica o estadística, sino que intervino en materias vinculadas con información, expresión y participación política, que afectan en consecuencia la carta fundamental.

Asimismo, Motoa sostuvo que la norma produjo un efecto contrario al que prometía. Según ese planteamiento, las cargas económicas, las exigencias técnicas y la rigidez del sistema habrían empujado la salida de firmas tradicionales del mercado colombiano y favorecido la circulación de estudios informales sin ficha técnica ni responsable claro, como la española Gda3, que dio un paso al costado.

Por último, el congresista también advirtió que la regulación vigente afecta a los medios de comunicación porque les impone responsabilidades y sanciones por los resultados de encuestas que difunden. Y, según ese reparo, el diseño de la ley incentiva la autocensura por el riesgo de represalias económicas o legales derivadas de la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La sede política de Valencia fue objeto de un ataque perpetrado por personas encapuchadas, en el que se vandalizaron las paredes, se robaron elementos de la fachada y, lo más preocupante, según la denuncia hecha por esta campaña, pusieron en riesgo la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede, entre ellas la gerente María del Rosario Guerra, que también rechazó lo acontecido.

Por ello, la senadora se dirigió de inmediato al lugar y emitió un duro pronunciamiento, en el que acusó al congresista del Pacto Histórico como presunto instigador de estos ataques. “Estamos en nuestra sede de Bogotá y en otro acto cultural de Cepeda vinieron ahora a destruirla, igual que hicieron con la casa del presidente (Álvaro) Uribe”, indicó la congresista, que recordó incidentes previos contra la oposición.

A su vez, la candidata sostuvo que estos ataques responden a un mensaje de intolerancia política. “Porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza, con destrucción”, afirmó la congresista, que atribuyó los hechos a una estrategia de intimidación por parte del oficialismo.

“Nosotros estamos aquí y no nos vamos a correr. En mi condición de mujer y con mi vicepresidente les decimos, como saben que somos la campaña que puede derrotar a Cepeda, nos temen. Nos quieren amilanar, nos quieren estigmatizar. Pero no pasará, porque nosotros los vamos a derrotar, les vamos a ganar y tenemos cómo defendernos”, agregó la congresista del Centro Democrático en su intervención.

Juan Daniel Oviedo también rechazó los ataques contra la sede de campaña

Por su parte, el compañero de fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, intervino para respaldar a la candidata y rechazar la violencia política registrada con este acto. “La democracia sí necesita contradicción, pero no podemos en esa contradicción justificar la incitación al odio y al hostigamiento de personas que estamos haciendo la tarea para que Colombia sea más grande”, acotó.

El mensaje de la campaña hizo énfasis en la importancia de la convivencia democrática, al remarcar la necesidad de proteger la pluralidad y el respeto en el debate electoral. De hecho, la campaña de Valencia vinculó el ataque en Bogotá con hechos recientes ocurridos en otras partes del país, como el ocurrido en las afueras a la residencia del exmandatario Uribe, en Rionegro, en la recta final de la campaña.

A su vez, la organización reiteró su preocupación por la seguridad de los actores políticos en Colombia, al señalar en su misiva que “a pocos días de las elecciones, estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia”. Incluso, el término usado fue más allá, el de “odio político”, que a juicio de la congresista deben ser rechazados por todos los sectores democráticos del país.

La candidata, en su intervención, instó a los votantes a reflexionar sobre la decisión que tomarán en las urnas, en la jornada en la que se empezará a conocer el sucesor del hoy mandatario, Gustavo Petro. “Piensen bien su voto. ¿Quieren un gobierno que promueva esto contra los que piensan distinto? ¿O quieren un gobierno donde quepamos todos, que todas las familias puedan vivir tranquilas?”, concluyó.

El episodio se registró a diez días de las elecciones presidenciales, lo que incrementó la alerta, según la campaña de la aspirante del Centro Democrático, sobre la seguridad de la oposición política en Colombia. Según se pudo conocer, tras lo sucedido en sus instalaciones, ubicadas sobre la carrera Séptima de la capital de la República, Valencia se dirigió hacia la sede.

Entretanto, el equipo de prensa de la campaña difundió un comunicado en el que calificó el ataque como un acto “inaceptable” y advirtió sobre una peligrosa escalada de odio político.

También estableció un vínculo con episodios recientes en Antioquia, en los que un grupo identificado con el Pacto Histórico intimidó a la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Este tipo de conductas representan una peligrosa escalada de odio político que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país”, se leyó en el pronunciamiento.

A su vez, se señaló que estos hechos “evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia”, lo que tiene en alerta máxima al grupo de colaboradores de la congresista. “Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por sectores radicalizados”, se precisó.

Así han sido los ataques a las sedes de Paloma Valencia

El suceso de Chapinero se suma a otros incidentes recientes contra la campaña de Valencia y otras figuras de la oposición. El 1 de mayo, manifestantes vandalizaron la sede política de la candidata en Bucaramanga durante una movilización, al pintar mensajes intimidatorios y dañando la fachada; en unas instalaciones que ya habían sido vandalizadas en ocasiones anteriores, según se reportó.

En Cartagena, también se registraron daños, de acuerdo con el equipo de la candidata, lo que causó alarma en la ciudad. Además de los ataques físicos a sedes, la campaña ha enfrentado amenazas de muerte, pues la senadora denunció públicamente que “un grupo armado ilegal”, identificado como el frente 42 de las disidencias de las Farc, le habría puesto precio a su ‘cabeza’, con $2.000 millones.

Frente a las denuncias de la candidata, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el refuerzo del esquema de protección de Valencia tras los ataques y amenazas. “Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia y la vandalización de una de sus sedes de campaña”, declaró el funcionario el 12 de abril, tras publicaciones en redes sociales.

Por ello, en relación con este nuevo suceso, la campaña reiteró en su comunicado la exigencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que investiguen lo ocurrido, identifiquen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para todos los actores políticos del país”, expresó el equipo de Valencia en su misiva.

Y es que a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, en su primera vuelta, se insistió desde la aspiración de la congresista del Centro Democrático en que “estos hechos evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en el país” y reclamaron “garantías reales de seguridad” para continuar con la actividad proselitista a lo largo y ancho del territorio patrio.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han reportado capturas ni identificaciones oficiales de los responsables, que en sus consignas habrían dejado claro su respaldo al senador oficialista Iván Cepeda Castro, como pudo apreciarse en las postales del suceso ocurrido en una de las avenidas principales de la capital de la República, en donde tiene su centro de campaña la opositora.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió aplazar el jueves 21 de mayo de 2026 y por dos semanas la decisión sobre el futuro de la Ley de Encuestas, en medio de una intensa discusión en la que se analizaron dos ponencias que solicitan la inconstitucionalidad total o parcial de la norma y a tres días de que entre en vigencia la veda de cara a la primera vuelta, que se llevará a cabo el 31 de mayo.

Según Daniel Coronell, los magistrados Paola Meneses y Juan Carlos Cortés son los que lideran las propuestas que cuestionan la validez de la Ley 2494 de 2025, aprobada por el Congreso. El aplazamiento, anunciado tras una sesión que acaparó la atención de las firmas encuestadoras, mantiene entonces en suspenso las reglas que rigen la publicación y metodología de las encuestas electorales.

Según reportó Cambio, las dos demandas que originaron el proceso fueron presentadas por ciudadanos que consideran que la ley vulnera derechos fundamentales. La magistrada Meneses estudió la demanda de José David Riveros, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés analizó el recurso de Juan Manuel López Molina, en relación con esta controversial normativa.

Ambas ponencias sostienen que varios puntos de la ley no se ajustan a la Constitución, aunque difieren en el alcance, pues una, la de Cortés, pide la anulación total, debido a que se debía tramitar como ley estatutaria y no como reforma ordinaria, en tanto que la otra solicita que se caigan siete de los once artículos que la componen, que es la de la presidenta del alto tribunal, Meneses.

Según la ponencia de Cortés, los asuntos vinculados directamente con derechos fundamentales no pueden regularse a través de mecanismos ordinarios. Por su parte, la proposición de Meneses pide la eliminación de la mayoría del articulado, al considerar que más de la mitad de sus disposiciones contradicen la Carta Magna, promulgada en 1991 a través de la asamblea constituyente.

¿En qué consiste la nueva Ley de Encuestas?

La Ley 2494 de 2025 introdujo cambios sustanciales en la forma en que las firmas encuestadoras pueden operar en Colombia. Entre las modificaciones más controvertidas de la norma figura la limitación para publicar encuestas de intención de voto en las campañas a la presidencia, alcaldías y gobernaciones, lo que restringe la divulgación a los tres meses previos al periodo de inscripciones.

Esta restricción, aplicada hasta noviembre de 2025, generó un escenario electoral marcado por la ausencia de datos públicos sobre la intención de voto de los colombianos con miras al calendario electoral del primer semestre del 2026. En ese sentido, las empresas encuestadoras, así como sectores políticos y académicos, han manifestado su desacuerdo con la norma en cuestión.

Uno de los puntos más discutidos es la exigencia de incluir en las mediciones a todas las personas con “relevancia o notoriedad pública significativa”, así como a los que hayan participado previamente en elecciones o gocen de reconocimiento manifiesto. Este criterio ha resultado ambiguo, pues deja el análisis de los candidatos sujetos a interpretaciones subjetivas por parte de las firmas encuestadoras.

En las demandas presentadas, los accionantes afirman que la ley impone restricciones que afectan la libertad de información. “Al restringir la validez de los sondeos a modelos estadísticos específicos, prohibir la difusión de encuestas no probabilísticas, exigir condiciones técnicas de difícil cumplimiento y limitar temporalmente la posibilidad de publicar encuestas de intención de voto, la ley reduce sustancialmente la pluralidad informativa", señaló uno de los documentos.

Del mismo modo, se señala que la ley “concentra la capacidad de intervención en el debate público electoral en actores habilitados por criterios regulatorios estrictos”. En síntesis, uno de los argumentos que más peso ha tenido en la discusión es que, dado el impacto de la ley sobre derechos fundamentales, su trámite debió hacerse como ley estatutaria, con una discusión más amplia.

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de designar a la exdirectora del Dapre Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido volvió a ser tema de controversia, y todo luego de que el propio mandatario catalogara este nombramiento como un “castigo” y un alejamiento de la funcionaria de su administración, por los diferentes escándalos que protagonizó.

La declaración del jefe de Estado, que se produjo el 20 de mayo durante una entrevista con Caracol Radio, motivó una serie de críticas, entre ellas la de miembros de la oposición como el electo representante a la Cámara Daniel Briceño. Pero también, serios cuestionamientos de personajes que hicieron parte de su Gobierno, como el hoy candidato presidencial Roy Leonardo Barreras.

En efecto, Barreras, que también ocupó esta dignidad en Londres y que en la actualidad espera ser el sucesor del primer mandatario, se cuestionó sobre los motivos por los cuales llegó a este cargo a mediados de 2023 - tras su destitución como senador - y mayo de 2025, cuando renunció a su cargo para empezar con su aspiración al primer cargo de la nación.

¿Qué dijo Roy Barreras de las afirmaciones de Gustavo Petro?

El veterano político hizo un intento por encontrar coherencia en lo dicho por el jefe de Estado. “O sea que según esta forma de entender la vida, cuando el señor presidente me hizo el honor de nombrarme también embajador en Londres, ¿me estaba castigando por apoyarlo y alejándome del poder? Yo no quiero pensar que haya actuado con esa motivación… ¡Uno no aleja al que sabe hacer!”, dijo.

Con ello, habría hecho énfasis en la ambigüedad entre los lineamientos de Petro y la posible motivación política detrás de estos nombramientos, como confesó en el caso Sarabia. Y es que con esas afirmaciones, el presidente puso en entredicho la idoneidad de la política exterior del país, por los criterios detrás de sus decisiones y la naturaleza de las sanciones dentro de su administración.

En dicho diálogo, Petro confirmó que el traslado de Sarabia a suelo anglosajón no implicaba reconocimiento, sino una forma de pérdida de influencia en su Gobierno. “Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, afirmó el primer mandatario, en relación con la funcionaria con mayor número de cargos en su administración, con cinco.

La controversia no solo involucra a la funcionaria, sino que sería motivo de análisis sobre el uso de puestos diplomáticos como salida a conflictos internos o señalamientos judiciales que afronten sus funcionarios. Esto, debido a que la mujer es investigada por su presunta participación en escuchas ilegales; presunto enriquecimiento ilícito y supuesta influencia en nombramientos del sector salud.

Sin embargo, según el gobernante, no existen impedimentos para que la mujer continúe como embajadora. “Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito, que es un hecho anómalo. Nada”, enfatizó Petro a Caracol Radio; en una especie de defensa de la diplomática, que también fue jefa de despacho, canciller de la República y directora de Prosperidad Social.

En este caso, la controversia se amplió cuando Petro, en la misma conversación radial, se refirió a la designación de Daniela Andrade como notaria 36 de Bogotá, ligada al escándalo por el desembolso de $46.800 millones en la compra de 40 carrotanques para La Guajira: que fue la punta del ‘iceberg’ para destapar el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia; Laura la propuso para una notaría porque era su amiga y solo supimos las cosas después. Yo, de verdad, creo que quien firma no es el culpable”, con lo que buscó desligar a su administración de las responsabilidades en el caso de la Fiduprevisora, entidad sobre la cual hay una serie de denuncias que son investigadas.

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, de llegar a la presidencia se comprometerá a proteger la vida del hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, y de su máximo contrincante en la contienda electoral, el oficialista Iván Cepeda Castro. Con este anuncio, la caucana busca enviar un mensaje conciliador al país político y bajar la confrontación.

Durante un acto público efectuado en Neiva (Huila), Valencia denunció la incitación a la violencia en el país, al aludir tanto a hechos recientes como a la historia de confrontaciones entre líderes políticos. Así pues, la aspirante del Centro Democrático reiteró que en su eventual Gobierno garantizará la seguridad de todas las familias políticas, sin distinción partidista.

“En mi gobierno, la familia de Cepeda, de Petro, de Uribe, de todos los colombianos, tiene que sentirse segura. Jamás vamos a promover el odio entre los colombianos. Yo le digo a mis uribistas: no se dejen provocar. Los que creemos en la democracia no creemos en la violencia, no creemos en la provocación, ni creemos en los ataques”, expresó la aspirante presidencial en su intervención.

La declaración de la senadora, que ha sido crítica de las políticas de seguridad y paz del Gobierno Petro, acusando a sus opositores de incitar la violencia, se produjo tras crecientes tensiones entre sectores de derecha e izquierda, que han puesto sobre la mesa en la opinión pública la discusión sobre la necesidad de desescalar la contienda, a 11 días de que se efectúe la primera vuelta presidencial.

Más allá de las denuncias públicas, la senadora quiso insistir en la intención de que los actores políticos tengan garantías. “Yo no soy como ellos (Petro y Cepeda). Este país no necesita más odios ni más violencia. Necesita un presidente que nos quiera a todos”, insistió la candidata, que recordó lo que pasó con el senador Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado por las disidencias de las Farc.

En su discurso, expresó que tiene un compromiso con la niñez de Colombia. “Cada vez que veo un niño de Colombia, veo la mía. Me acuerdo de esa edad. Si están más grandes, pienso cómo irá a ser. Yo voy a cuidar los niños de Colombia como si fueran mis hijos, como cuido a mi propia hija. Ningún niño de Colombia lo vamos a adoctrinar, ni de género, ni política, ni de religión”, indicó la senadora.

Así ha sido el cruce reciente entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

Pese a su declaración, cabe destacar que la senadora ha señalado a su colega en el Legislativo, que es el principal favorito según las encuestas, de ser el presunto beneficiario de presiones de grupos armados ilegales a la población, como las disidencias de las Farc. Lo anterior, luego de que se conocieran unos audios que fueron endilgados a miembros de estas estructuras, lo que fue desmentido por las autoridades y el candidato.

A su vez, según reportes de prensa, estas agrupaciones habrían obligado a las comunidades rurales a comprar carnés so pena de ser amenazados con desplazamiento forzoso a los que no acataran sus exigencias. Ante esta clases de intimidaciones, el aspirante del Pacto Histórico ha negado tener vínculos con estas organizaciones e instó a los organismos judiciales a investigar estos sucesos.

El clima de hostilidad entre los protagonistas no es nuevo. Por su parte, Cepeda cuestionó a Valencia por su ausencia en debates cruciales sobre restitución de tierras, acusándola de proteger intereses particulares y de oponerse a los cambios estructurales impulsados por el Ejecutivo. Afirmó, además, que la actitud de la senadora reflejaría una resistencia sistemática a las reformas sociales del progresismo.

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a lanzar un llamado directo a sus seguidores para que apoyen el proceso de recolección de firmas que buscaría radicar un proyecto de ley ante el Congreso en el que se convoque a una asamblea nacional constituyente. Y todo al argumentar que el órgano legislativo bloqueó las reformas sociales por las que fue elegido el 19 de junio de 2022.

A 79 días para que abandone la Casa de Nariño, justamente al cumplirse el mandato constitucional para el que fue escogido en las urnas, el jefe de Estado definió la convocatoria como una oportunidad para que el pueblo ejerza “el poder constituyente” y supere, según su visión, los límites impuestos por las instituciones tradicionales a las restructuraciones propuestas por su administración en el cuatrienio.

La iniciativa fue formalizada en su perfil de X, en el que compartió el enlace para descargar los formularios oficiales y precisó que cada firma debe registrarse bajo un formato especial. “Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y la justicia que el Congreso no aprobó”, dijo.

¿Cuántos respaldos espera recoger Gustavo Petro para impulsar su asamblea constituyente?

La hoja de ruta difundida por el Gobierno incluye la meta de 5 millones de firmas, y superar de esta manera los 2,2 millones que exige la ley electoral de Colombia, correspondientes al 5% del censo electoral. El gobernante, entonces, fijó el 20 de julio de 2026 como fecha para radicar el proyecto de ley ante el nuevo Congreso, alineada con su último discurso presidencial de instalación del legislativo.

El mecanismo impulsado por el Ejecutivo incluye, además, la recolección de donaciones ciudadanas para financiar la logística a través de una cuenta bancaria que en el pasado ha compartido el mandatario, en una medida que ha generado discusión por su novedad en este tipo de procesos. En su defensa, Petro reiteró que el Congreso y las cortes se han interpuesto a las reformas sociales.

En ese sentido, la agenda propuesta por el mandatario se articula en torno a nueve ejes: implementación del Acuerdo de Paz, reforma agraria, inclusión de salud, pensiones y trabajo como derechos fundamentales, al igual que endurecimiento de penas por corrupción y reforma judicial, fortalecimiento regional, aumento de financiación en educación pública y transición energética.

En respaldo a esta intención de modificar la Carta Magna, Petro ha sostenido que estas medidas son inaplazables y que la “ampliación” de la Constitución de 1991 es la vía que queda ante la supuesta obstrucción de los partidos y las cortes; en contraste a los señalamientos que detallarían que lo que buscaría sería abrir la puerta a la reelección presidencial, que se cerró desde 2015 en el Congreso.

A su vez, en el plano político, Petro ha dirigido el debate contra lo que denomina “fuerzas cavernarias”, acusándolas de impedir el avance de derechos populares. Y, en respuesta a las críticas por un presunto interés reeleccionista, reiteró públicamente que su objetivo no es quedarse en el poder, sino lograr un verdadero “acuerdo nacional”, que solo sería viable si se activa el poder constituyente.

Es oportuno precisar que toda reforma de carácter constituyente debe someterse a control de la Corte Constitucional, que, según antecedentes, ha sido inflexible ante cambios que puedan alterar la estructura fundamental del documento. Este obstáculo, sumado a la exigencia de legitimidad popular y al cronograma apretado, plantearía un escenario incierto sobre el destino de la propuesta presidencial.

Por su parte, especialistas constitucionales como el doctor Mauricio Gaona y sectores de la oposición han advertido sobre la viabilidad temporal y legal del proceso, al hacer énfasis en que el propósito final no consistiría en trasladar el poder a la ciudadanía, sino en establecer un hiperpresidencialismo que elimine los contrapesos institucionales y los límites democráticos.

El intercambio que Rodríguez registró en sus redes sociales ocurrió en Bogotá, cuando seguidores de De la Espriella le recriminaron a Cepeda por su supuesta renuencia a enfrentar debates, a once días de que se lleve a cabo la jornada, y su presunto silencio respecto a las víctimas de la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas, 16.877 niños víctimas del reclutamiento forzado.

El mayor (r), conocido en redes sociales como El Comandante de la Verdad, insistió en repetidas ocasiones a Cepeda por su renuencia a concurrir a las discusiones públicas. “¿Por qué no va a debates?”, reiteró en sus reclamos, cada vez más vehementes, en los que expresó su indignación por la manera en que el congresista del Pacto Histórico ha eludido la intención de acudir a los debates.

Cuando Cepeda reaccionó intentando saludarlo de mano y desactivar de esta forma el cruce mediático, Rodríguez no ocultó su desprecio por el acto. “Jamás le daré la mano a una persona aliada, heredero con las Farc”, indicó el senador electo, que le recordó a su contradictor su papel como facilitador en el proceso de paz con la antigua guerrilla, que firmó el Acuerdo de Paz con el Estado en 2016.

Este fue el tenso momento que vivió Iván Cepeda en Bogotá, al ser confrontado por seguidores de Abelardo de la Espriella

A lo que sería cada señalamiento del mayor (r) de la Armada, Cepeda respondió con frases escuetas como “en las urnas” y “democrática”. Con ello, su respuesta buscó zafarse de este tensionante momento y reafirmar que su deseo es hablar con los ciudadanos, sin intermediarios, como lo ha expresado en otros espacios.

En medio de este cruce, dos simpatizantes más gritaron a Cepeda: “Hagamos un debate con Abelardo” y acusaron al senador del Pacto Histórico de cobardía al rechazar la invitación. La presión a Cepeda aumentó cuando el senador electo repitió en tono desafiante una frase que sería una provocación al parlamentario, que no respondió y solo optó por saludar a sus contradictores.

“Te saludan los 18.000 niños de las Farc”, dijo el exalto oficial, en referencia a las víctimas menores de edad reclutadas durante el conflicto, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A estas afirmaciones se han sumado los señalamientos de que tendría nexos con estas estructuras armadas, lo que en el pasado ha sido objeto de enfáticos rechazos por parte de Cepeda.

Y es que mientras los manifestantes parecían ‘acorralar’ a Cepeda, Rodríguez enfatizó entre gritos su ataque a Cepeda. “Aquí está el heredero de las Farc”, afirmó el congresista electo, que destacó la localización justo frente a la campaña de De la Espriella. “Esta es la sede de Abelardo, aquí está Iván Cepeda. Sede de Abelardo, Iván Cepeda”, reiteró el mayor (r) de la Armada Nacional.

Es válido decir que Germán Rodríguez ganó notoriedad en el espectro político como una figura de influencia desde sus redes sociales, en la que ha impulsado la postura de la denominada “nueva derecha”. En este cruce con el líder de izquierda, atizó la confrontación directa al adversario de De la Espriella, en su intento de lograr una férrea reacción de Cepeda, que finalmente no se registró.

La dirigente vallecaucana, que resultó siendo la gran derrotada en la escogencia de la aspirante de la colectividad de derecha para la contienda electoral, fue enfática en expresar que la futura fuerza política recogerá el inconformismo ciudadano con la política tradicional y se construirá, según explicó, en diálogo directo con sus seguidores, que elegirán el nombre del nuevo partido que comandará.

Frente a su situación, Cabal había indicado que el proceso de salida será diferido hasta culminar su periodo en el Senado para evitar sanciones por doble militancia. Lo anterior, al señalar que la distancia, personal y política, con el expresidente Álvaro Uribe es ya un hecho consumado, en el que no hay resentimiento con el líder del Centro Democrático, pero sí una diferencia ideológica definitiva.

Los pasos de María Fernanda Cabal para la creación de su propio movimiento político

La senadora indicó que como primer paso propuso a sus simpatizantes participar directamente en el nombramiento del partido. “Creé un grupo para poner el nombre, pero que la gente misma lo decida. Ya teniendo una lista, que la estamos conformando, que la gente vote, que sea el nombre que identifique a ese ciudadano que va a ser miembro de un partido de derecha, de una nueva derecha”, expresó.

Y agregó que la estrategia de construcción política partirá de su base de apoyo digital. “Yo soy la senadora más votada sin ser cabeza de lista. Tengo un alcance altísimo mensual en redes sin pauta. Es distinta la política a cuando usted comercializa un producto, la gente cree que es igual y no es igual el comportamiento ciudadano”, destacó Cabal, que señaló que sin inversión económica logra buen alcance.

En este mismo orden de ideas, Cabal especificó que su proyecto busca marcar distancia tanto de la socialdemocracia que identifica ahora en Uribe como de la “izquierda rotuladora” que, según ella, etiqueta con “adjetivos que significan delitos” a los adversarios. “He sido la persona más crucificada por ser frentera y por ser auténtica y decir lo que yo creo que es la verdad o mi verdad”, apuntó.

Cabal prepararía una derecha inspirada en el modelo Milei y en el rechazo al “centro” uribista

Es oportuno destacar que la fractura definitiva entre la senadora y su actual colectividad empezó a gestarse tras la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial única del Centro Democrático, en un proceso que Cabal consideró viciado. Posteriormente, su esposo, José Félix Lafaurie, denunció presuntas irregularidades y calificó el mecanismo de encuestas internas como fraudulento.

A partir de ese controversial suceso, que desató una crisis al interior de la colectividad, la dirigente no dudó en afirmar que el partido se ha movido hacia un ‘centro’ que no reconoce, pues el rechazo a la etiqueta de derecha, en contraste con el “corazón grande” que reivindica el uribismo, le resultan contradictorios, por lo que optó por irse apartando de la colectividad en la que estuvo por 13 años.

Y al exponer la motivación de su movimiento, Cabal describió cómo existe una masa de personas a las que no les interesan estos temas. “Sienten que la política lo único que los va a hacer es afectar, que si ellos votan o no, pues da igual, van a seguir igual de fregados”, afirmó la congresista, que reafirmó su deseo de buscar una “derecha sin miedo”, capaz de llegar al ciudadano apático y cambiar su postura.

La permanencia de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido continúa causando una ola de críticas en la escena nacional. Más aún, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confesó el miércoles 20 de mayo que su designación en este cargo diplomático correspondería a una especie de “castigo” a la funcionaria, que pasó por al menos cuatro puestos más en el Ejecutivo.

En efecto, durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Petro profundizó sobre su relación con la funcionaria. “No conocía a Laura Sarabia antes de elecciones. He conocido a las personas en medio de su ejercicio como funcionarios. Uno confía en ciertas personas, y no todas, cuando pasan por el poder, siguen siendo las mismas personas de antes”, adelantó Petro en sus declaraciones sobre la mujer.

En la misma conversación, Petro recalcó que, en su opinión, la designación de Sarabia como embajadora no constituye un premio, sino un alejamiento del círculo de poder. “Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, sostuvo el jefe de Estado, que habría confesado de esta manera cómo procedió frente a los señalamientos contra Sarabia.

Briceño cuestionó el supuesto “castigo” y condenó la permanencia de Sarabia en el Gobierno

Estas afirmaciones del primer mandatario ameritaron una respuesta del representante a la Cámara electo Daniel Briceño, que se pronunció con tono irónico sobre lo que calificó como un “castigo” impuesto por el presidente a su exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), su excanciller, su ex jefa de Despacho y extitular del Departamento de Prosperidad Social.

“Toda mi solidaridad con Laura Sarabia quien fue duramente castigada por Petro nombrándola como embajadora en Londres. Pobre”, fue el mensaje con el que el congresista más votado en la contienda del 8 de marzo, cuando sacó más de 262.000 votos, arremetió contra el presidente por lo que sería su condescendencia con la funcionaria, la que más cargos ha ocupado en la presente gestión.

Es válido precisar que el nombramiento de Sarabia como embajadora se produjo tras una serie de señalamientos públicos y tensiones entre la funcionaria y el mandatario. Por ello, Briceño señaló que, pese a las críticas y sospechas que han rodeado la gestión de la mujer, el presidente optara por mantenerla en un cargo diplomático de alta relevancia para la política exterior del Gobierno nacional.

Para el parlamentario, el supuesto castigo que significa una embajada en Londres es una clara muestra de cómo se premian ciertos comportamientos en el Gobierno. Así encarnó el malestar de una parte de la oposición frente a lo que serían los nombramientos del Ejecutivo, que afronta la recta final de su administración en medio de constantes críticas sobre el papel desempeñado por algunos funcionarios.

Y es que pese a las dudas que existen sobre Sarabia, involucrada en investigaciones por presuntas “chuzadas” a su exempleada Marelbys Meza y a otros temas de relevancia nacional, como su interacción con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la investigación en curso por enriquecimiento ilícito, y presuntamente presiones a interventores y agentes del sector salud, Petro defendió su labor.

“Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito, que es un hecho anómalo. Nada”, destacó el primer mandatario, que de esta manera reafirmó su intención de resguardar a la funcionaria frente a los líos que aún afronta. En medio de estas afirmaciones, la embajadora guardó silencio, aunque se ha sabido que ve esta responsabilidad como una oportunidad profesional y personal.

En el diálogo con Caracol Radio, la polémica se reactivó cuando Petro hizo referencia al nombramiento de Daniela Andrade como notaria 36 de Bogotá, pese a que está vinculada al escándalo de la Fiduprevisora, al autorizar en su momento responsable el desembolso de $46.800 millones destinados a la compra de los 40 carrotanques para La Guajira. Y fue entonces cuando la relacionó con Sarabia.

“La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia; Laura la propuso para una notaría porque era su amiga y solo supimos las cosas después. Yo, de verdad, creo que quien firma no es el culpable”, afirmó el mandatario en la misma entrevista, con lo que quiso desmarcar a su administración de esta controversia, pues la mencionada notaria habría hecho parte del escándalo de la Ungrd.

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que afirmó que si el progresismo pierde las elecciones que se llevarán a cabo el 31 de mayo será perseguido por el próximo Gobierno causaron una dura reacción de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que respondió a lo dicho por el jefe de Estado y, con ello, lo acusó de trasladar sus propios temores y conductas al debate público.

Durante una entrevista con Caracol Radio, en la que abordó diferentes temas, como su relación con Juliana Guerrero y su polémica visita a Ecuador, en mayo de 2025, Petro lanzó la afirmación que desató la molestia de la exfuncionaria. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir. No es que me asuste el tema, pero soy objetivo”, dijo el jefe de Estado, que causó controversia.

En sus afirmaciones, Petro relacionó su preocupación con sus propias experiencias, al citar amenazas a su vida y supuestos fraudes en ciclos electorales anteriores. “Yo mismo hice una campaña presidencial en 2018, casi me matan en Cúcuta”, agregó el primer mandatario, que con ello desató una fuerte controversia a solo 11 días de que se efectúe la primera vuelta, en la que el oficialismo es favorito.

Y sostuvo que la desconfianza en el sistema electoral colombiano persiste. “Un fraude es un fraude y en Colombia ha existido”, enfatizó el gobernante, que insistió en lo que ocurrió en 2014 con el partido Mira. “La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Tomas Greg & Sons”, destacó el gobernante, que reiteró sus observaciones sobre el sistema electoral.

Marta Lucía Ramírez estalló contra Petro: “No lo perseguirán ni promoverán odio”

Tras estas afirmaciones, Ramírez acusó al presidente de crear un ambiente de polarización que pone en riesgo a los aspirantes opositores al Ejecutivo. “El ladrón juzga por su condición”, fue una de las frases con las que la exministra de Relaciones Exteriores empezó a enfilar sus cuestionamientos al presidente, al que le restan por mandato constitucional 79 días en el poder, que se cumplirán el 7 de agosto.

Y dejó en claro que la dupla conformada por la senadora Paloma Valencia y el exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, a diferencia del círculo de Petro, no promoverían venganza política. “Ni Paloma Valencia, ni Juan Daniel Oviedo son sectarios y a diferencia de lo que hace su grupo político, ellos no lo perseguirán ni promoverán odio contra ud.”, señaló la exvicepresidenta frente a este escenario.

A su vez, llamó a una campaña libre de hostilidades y reiteró la diferencia entre su propuesta y la del mandatario. “Gobernarán con respeto y dedicación para rescatar el país xa ud (para usted) y los colombianos”, enfatizó la exministra, que acusó al líder del oficialismo de fomentar divisiones en el espectro político y de acentuar el clima de crispación en vísperas de la gran jornada electoral.

¿Qué más dijo Gustavo Petro? Así defendió a Juliana Guerrero

A lo largo de la conversación con el citado medio, Petro defendió a colaboradores bajo sospecha mediática, como la joven Juliana Guerrero, acusada de falsificar su título como contadora. “No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, dijo Petro, que añadió que su caso fue sobredimensionado por la prensa; al confesar que cometió un “error” al darla a conocer.

Además, exigió la comparecencia ante la justicia del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua, tras ser imputado como uno de los involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y aseguró haber cesado a un funcionario de Cancillería vinculado a una reubicación irregular en Guyana. “Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”.

Y detalló su visión sobre los relevos en el poder. “El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, afirmó Petro, que apuntó a que el rol de los exmandatarios suele estar determinado por la continuidad o cambio de las grandes líneas políticas, al trasladar la decisión, que considera vital, a los votantes.

Con un fuerte pronunciamiento, el senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda responsabilizó el miércoles 20 de mayo al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por las amenazas recibidas por líderes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida en Antioquia, tras el reciente incidente ocurrido frente a la residencia del exmandatario en Llanogrande, Rionegro.

El congresista, que parte como favorito para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, afirmó que la controversia se centra en que “a Uribe le duele la verdad y la ruptura de su hegemonía autoritaria en Antioquia”, en referencia a la reacción del líder del Centro Democrático luego de una intervención artística con la que se denunciaron 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales.

El suceso que causó la férrea reacción del exmandatario se registró cuando organizaciones sociales y familiares de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llevaron a cabo una protesta pacífica frente a la casa del exmandatario. La acción, como se reseñaba, consistió en la pintura de un mural con la leyenda “7.837 almas que no te dejarán dormir”.

Frente a esto, Cepeda se refirió de forma directa al episodio, al señalar en su afirmación que “Uribe y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, sus dirigentes y mi candidatura”. Y agregó que esa “agresión fanática es la respuesta de Uribe a la fuerza política y electoral que está demostrando nuestro proyecto en el departamento”.

Del mismo modo, Cepeda precisó que la actividad que se intentó adelantar a solo 300 metros de la entrada del exjefe de Estado, también responde a “los avances en materia de justicia y verdad que han logrado las madres y las víctimas”. Lo anterior, en clara respuesta a los señalamientos del exmandatario, que relacionó a los manifestantes de responder a órdenes dadas por el candidato.

La arremetida de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe: “Tranquilícese”

En su pronunciamiento, Cepeda quiso hacer énfasis en la manera “amenazante” en la que respondió a lo que consideró un “acto cultural de los jóvenes y las víctimas” y denunció que, tras estos hechos, liderados por el representante Hernán Muriel, ha tenido informes de que varios dirigentes del Pacto Histórico y de las personas que participaron en ese acto cultural han sido amenazadas.

En sus afirmaciones salió en respaldo de Muriel y de su compañero, Camilo Restrepo Gómez, integrantes del colectivo Fuerza y Gratifi y el equipo Cofradía para el Cambio, al igual que de Laura Manuela Gómez y Stiven Pérez, que hicieron presencia en este acto. La intervención fue cubierta con pintura blanca por el propio expresidente y sus seguidores, lo que generó un fuerte cruce verbal y físico entre los presentes.

Del mismo modo, el congresista responsabilizó de manera directa al expresidente. “Responsabilizo directamente a Álvaro Uribe por cualquier acción violenta u hostigamiento que se presente en su contra”, enfatizó Cepeda, que recordó que “ni sus amenazas ni sus insultos calumniosos ni actitud sicarial nos atemorizan” y extendió una llamativa invitación al exjefe de Estado de cara a lo que viene.

“Tranquilícese, Uribe. La ira y el odio no conducen a ningún lado”, remarcó el candidato presidencial, que le salió al paso a la polarización política en Antioquia a pocos días de la primera vuelta. Mientras tanto, las autoridades investigan las denuncias de amenazas y hostigamientos a los líderes mencionados, mientras crece la atención sobre la diferencia entre la defensa de la memoria y la provocación.

El presidente Gustavo Petro defendió públicamente la protesta y descartó cualquier riesgo para la integridad del expresidente. “No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila, pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza”, expresó el mandatario, que acotó “ningún autócrata puede decir que el arte es una amenaza”; en afirmaciones que atizaron aún más la polémica.

En videos que comenzaron a hacerse virales en las redes sociales, quedó registrado el momento en el que una de las personas que hacía parte de la movilización habría atacado con un elemento cortopunzante, al parecer un cuchillo, contra integrantes del Centro Democrático en Medellín y en Antioquia que acudieron en respaldo al exmandatario. Según algunos de los afectados, hubo al parecer lesiones por parte de este sujeto.

Denuncian ataque con arma blanca por uno de los presentes en manifestación frente a residencia de Álvaro Uribe

Entre los afectados se encuentra David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes que se autodefine como líder de opinión, que denunció haber sido víctima de un intento de agresión con arma blanca. “¿Entonces esto no es un intento de homicidio?”, cuestionó el joven activista en sus redes sociales, en las que publicó el video en el que muestra a una persona acercándose con lo que parece es un puñal.

Además, Toledo responsabilizó directamente al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la presidencia, por el episodio. “Cepeda quiere asesinar la oposición”, señaló el afectado, que recibió el respaldo del concejal de Medellín Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que también expuso en sus plataformas digitales ´la situación, que causó alerta entre los miembros del partido de oposición en el departamento.

Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras los disturbios y también atribuyó la protesta a Cepeda y al representante Muriel, a los que acusó de incitar a la violencia. En su relato, el exjefe de Estado indicó que al llegar a su residencia tras recibir el aviso de su esposa, encontró una larga fila de activistas del Pacto Histórico montando guardia a unos pintores que intervenían un espacio público.

Según su testimonio, se produjo un altercado verbal y, en medio de la confrontación, uno de los manifestantes utilizó un arma blanca contra un simpatizante del Centro Democrático. “Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó”, dijo Uribe, que señaló que, tras dialogar con los jóvenes presentes, borró el mural en compañía de sus simpatizantes, lo que le valió también fuertes críticas.

Las repercusiones no se limitaron al expresidente. El senador electo Hernán Cadavid calificó los hechos como una “provocación criminal” y denunció la existencia de una campaña sistemática de persecución. “Lo que acaba de suceder en las puertas de la casa del presidente Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia, es una provocación criminal por parte de un recién electo representante a la Cámara del Pacto”, dijo Cadavid.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado a la calma y a responder con acciones pacíficas. “La familia es sagrada. Las veces que haya que venir a pintar aquí y a otros sitios de Colombia, hagámoslo con pintura blanca, con pinceles, con brochas”, afirmó el mandatario departamental, que insistió en rechazar la violencia y defender las instituciones por las vías pacíficas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre la persona que aparece portando el arma blanca en el video grabado por Toledo. Tampoco se han confirmado capturas ni investigaciones relacionadas con el episodio, en un episodio que hizo hincapié en el debate público sobre la seguridad de los líderes políticos, entre ellos Uribe, pero también sobre el derecho a la protesta.

El episodio se originó cuando organizaciones sociales y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, intervinieron un muro frente a la casa del expresidente con la leyenda “7837 almas que no te dejarán dormir”. Esta cifra buscaría hacer referencia a los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras una reciente actualización.

La acción liderada por Muriel, congresista electo por Antioquia del Pacto Histórico, generó una respuesta inmediata de Uribe y de sectores afines a su partido, el Centro Democrático, que evitaron que el mencionado mural continuara. En medio de un fuerte cruce verbal y físico, el mismo fue cubierto de blanco por el exmandatario y sus seguidores, lo que causó un fuerte debate sobre la libertad de expresión y la memoria.

¿Qué dijo Gustavo Petro del mural contra Álvaro Uribe?

En ese sentido, Petro, desde la Media Torta en Bogotá, abordó el incidente y amplió la discusión en torno al derecho a la protesta. “No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila, pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza”, afirmó el mandatario, con lo que validó la intención de los manifestantes, pese a que estarían vinculando al exmandatario a una serie de crímenes aún en investigación.

En su discurso, el presidente también vinculó la represión contra el arte urbano con la violencia dirigida a jóvenes en el país. “Por pensar así han mandado a gente también joven a matar jóvenes grafiteros aquí en Bogotá. Y así no se vive en paz, porque tenemos que entender que el arte y la expresión es libre y que ningún autócrata puede decir que el arte y la libre expresión es una amenaza”, agregó el primer mandatario.

E incluso remarcó que este tipo de actitudes, la de querer borrar las expresiones artísticas, es propio de personas autoritarias. “Eso es de dictadores, eso es de autócratas”, reiteró Petro, con lo que atizó la discusión sobre lo sucedido en cercanías a la residencia del líder político del Centro Democrático y su más fuerte contradictor político. Sobre todo, siendo este un hecho ocurrido a 12 días de la primera vuelta.

Frente a lo acontecido, el propio Uribe relató su versión de los hechos. “Llegaron cerca de la puerta de mi casa. Desembarcaron de tres grandes buses. Mi señora estaba sola. Me llamaron. Suspendí una agenda política que adelantaba en Medellín y subí a la casa. Encontré una fila muy larga de personas, activistas del Pacto Histórico, que montaban guardia a unos pintores”, denunció el exjefe de Estado ante lo sucedido.

Del mismo modo, Uribe aseguró que algunos manifestantes utilizaron un cuchillo contra uno de sus compañeros y lo hirieron y también vulneraron a un mayor de su seguridad”, por lo que hizo una advertencia sobre su reacción. “Les advertí que yo iba a borrar ese mural; que antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, sostuvo el expresidente en su extenso relato.

Por su parte, para el representante electo Hernán Muriel, la intervención frente a la residencia de Uribe tuvo un sentido pedagógico y de reivindicación. “Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados. Pero esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía en general”, explicó el congresista electo.

La protesta en la tarde del martes 19 de mayo de 2026 frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro (Antioquia), causó un fuerte cruce entre el representante electo a la Cámara Hernán Muriel, del Pacto Histórico, y el exjefe de Estado. Todo luego de que un grupo liderado por el joven legislador pintó un mural en el que atribuirían al exmandatario su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ en su gobierno.

De acuerdo con Uribe, los activistas arribaron en tres grandes buses hasta las inmediaciones de su domicilio. “Mi señora estaba sola. Me llamaron. Suspendí una agenda política que adelantaba en Medellín y subí a la casa”, dijo el exmandatario en sus redes sociales y agregó que, al acercarse, algunos de ellos “adoptaron una actitud altanera” y que, como consecuencia de ello, se produjeron algunas lesiones.

“Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó. También hirieron a un mayor de mi seguridad”, declaró el exgobernante en sus redes sociales. Lo anterior, en respuesta al mensaje de Muriel y sus simpatizantes, que promueven la campaña de Iván Cepeda a la presidencia, pero que dijeron haber estado sin símbolos del Pacto, para hacer el mural “7837 almas que no te dejarán dormir”.

Así fue el respaldo de Abelardo de la Espriella a Álvaro Uribe

En ese sentido, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, abogado y amigo del expresidente, expresó respaldo a Uribe y su esposa tras la protesta. “Quienes hemos vivido amenazas y persecuciones sabemos lo que significa ejercer la política bajo intimidación. Exijo que el régimen le garantice todas las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer su liderazgo sin acoso ni presión de turbas organizadas”, dijo.

“Lo de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es democracia, es hostigamiento y violencia. En la era del tigre la intimidación no entrará a las casas ni a las familias colombianas. Mi abrazo solidario a la familia Uribe Moreno”, precisó en su mensaje, en el que también apuntó contra el aspirante oficialista, que por el momento no se ha pronunciado sobre lo acontecido enfrente de la casa de Uribe Vélez, custodiada por efectivos policiales.

De esta manera, el autodenominado ‘Tigre’ se sumó a los mensajes de solidaridad que enviaron varios de los integrantes del partido Centro Democrático, entre ellos su adversaria en la contienda electoral, la senadora Paloma Valencia. Aunque en las últimas semanas se ha registrado un distanciamiento entre De la Espriella y Uribe Vélez, el abogado ultraderechista quiso expresarle su apoyo al expresidente en este episodio.

Y es que el exmandatario atribuyó el acto a hostigamiento político y responsabilizó al senador Cepeda de lo ocurrido en esta zona; mientras que los protestantes indicaron que la reacción de Uribe fue un intento de censura a una manifestación pacífica. En su defensa, Muriel indicó que la acción fue un ejercicio simbólico de memoria y pedagogía, en relación con los crímenes reportados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía en general”, indicó el congresista, en respuesta a las acusaciones sobre provocación o violencia. Además, el congresista electo negó irregularidades y anticipó la publicación completa de los registros audiovisuales del suceso, en respuesta a los señalamientos de Uribe Vélez.

Por su parte, el expresidente dijo que, tras acercarse a los activistas y mostrar su deseo de dialogar, alertó de que borraría el mural. “Antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, fue la advertencia registrada en su testimonio, antes de cubrir de pintura blanca lo hecho por los manifestantes. Esos momentos de tensión causaron fuertes reacciones en las plataformas digitales.

Muriel, por su parte, calificó como mentiroso al exmandatario, lo que le valió duras réplicas. “No puedo creer que sean tantas las mentiras en tan poco tiempo. Si me di cuenta de algo hoy, es que Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos”, afirmó Muriel, que se defendió de las acusaciones sobre presunta instigación a la violencia.

Valencia denunció que la manifestación frente a la casa de Uribe no fue un acto espontáneo, sino una acción coordinada que, según sus palabras, puso en riesgo la integridad de la familia del expresidente y fomenta la violencia política. La congresista describió la situación vivida por la familia de Uribe como un episodio alarmante, en el que fue necesaria la intervención de las autoridades para dispersar la protesta.

“¿Ustedes se imaginan a su mamá sola en una casa cuando llegan buses de gente que odia a su marido y se bajan al lado de su casa y empiezan con violencia dizque a pintar un mural? ¿Ustedes se imaginan que fuera su hija la que está sola ahí? Llega toda esta gente en esa acción violenta”, afirmó Valencia en sus afirmaciones, en las que enfatizó la preocupación por la seguridad y la tranquilidad de la familia presidencial.

La polémica por las protestas frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe

La movilización fue liderada por el representante electo del Pacto Histórico Hernán Muriel, que organizó un acto cultural con víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, en el que se pintó un mural frente a la residencia de Uribe con la cifra de 7.837 ejecuciones extrajudiciales, reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el joven, la jornada buscaba ser un ejercicio de memoria y movilización social.

No obstante, Uribe responsabilizó directamente al senador Iván Cepeda por los hechos y calificó la protesta como un acto de violencia política, en una idea que profundizó la senadora. “¿Saben qué es lo más grave? Que esto no es casualidad. Cuando una de las personas del partido fue a hablar con ellos, lo que dijeron es que tenían que esperar a ver qué órdenes daba Iván. Y efectivamente, detrás de todo está Iván".

Fue entonces cuando profundizó aún más en sus señalamientos hacia su contendor y colega. “No, no Iván Márquez, no Iván Mordisco. Iván Cepeda, que se está convirtiendo en un promotor de la violencia, en un promotor del odio”, señaló la congresista, que atribuyó la organización y el respaldo del acto al senador de la oposición, con el que ha tenido una serie de cruces en la contienda electoral, próxima a su primera vuelta.

Durante la manifestación, la tensión aumentó tras el regreso de Uribe a su domicilio desde Medellín: el expresidente intentó borrar el mural con pintura blanca, lo que derivó en un altercado con los manifestantes. “Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, relató el exmandatario antioqueño.

En su perfil de X, la congresista ya había enfilado baterías contra Cepeda. “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con La Paz Total tiene el apoyo de los grupos ilegales”, señaló la mujer, en referencia a la estrategia de paz del actual gobierno.

Por último, hizo un urgente llamado. “Nosotros lo que queremos es una Colombia donde tu hija, tu mamá, esté segura, donde no la hostiguen porque no piensan como tú. Pero sobre todo, estas elecciones nos dan la oportunidad de derrotar el odio y los instigadores de la violencia como Cepeda (...) Lo que necesitamos es una línea roja, donde de un lado estén todos los demócratas y del otro lado los criminales”, remarcó.

Además, Uribe, que canceló su agenda en Medellín para llegar a esta zona, indicó que la manifestación, que incluyó la pintura de un mural de las cerca de 7.837 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), derivó en agresiones físicas y el uso de armas blancas. Como lo expuso en un video en sus redes sociales, que mostraría un hombre armado.

En efecto, según explicó en su testimonio, el exmandatario contó que la negociación para dispersar la manifestación entró en crisis tras la supuesta intervención telefónica de Cepeda. “Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, afirmó Uribe en su relato, registrado en video.

A continuación, le cedió la palabra a Sergio, descrito como un profesor universitario, que refirió cómo los líderes de la movilización admitieron estar en contacto directo con Cepeda durante las negociaciones para la retirada pacífica de los manifestantes. “Ellos iban dilatando y dilatando el acuerdo. Finalmente, de un momento a otro, se replegaron y dijeron que tenían una conversación telefónica”, dijo el hombre.

Según el académico, la conversación de los protestantes, en una movilización que habría sido liderada por el representante electo a la Cámara Hernán Muriel, fue con el candidato Cepeda. “Yo pregunté que con quién exactamente, y tanto Camilo (Restrepo) como Hernán Muriel confirmaron que iban a hablar con Iván Cepeda, que era el que estaba realmente coordinando este tema de pintar y hacer esta afrenta”, añadió.

En este lugar, además, estuvo en respaldo del expresidente el concejal de Medellín por el Centro Democrático Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que llegó con su característico bate en medio del altercado. En medio de este incidente, el exjefe de Estado defendió el derecho a su honra y lanzó una dura afirmación. “Primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia”, dijo.

Hernán Muriel defendió la protesta y acusó a Álvaro Uribe y sus simpatizantes de desinformar

En respuesta a las críticas, el representante sostuvo que la intervención frente a la vivienda de Uribe fue un acto pedagógico de memoria, sin tintes de violencia ni partidismo. Y desde sus redes sociales, cuestionó tanto al expresidente Uribe como a la candidata presidencial Paloma Valencia por sus reacciones frente a este suceso, que denominaron como un acto vandálico contra su figura.

“Todo lo que dice es mentira. Este es un acontecer más que demuestra que su corriente política debe cambiar sus formas, cambiar sus esencias. Dejar de pelear por la muerte y por fin apoyar la vida y la memoria”, declaró Muriel en respuesta a Valencia. Y agregó que, contrario a lo sostenido por Uribe y el Centro Democrático, los participantes de la movilización no representaban al Pacto Histórico.

Y en reacción a Uribe acotó. “Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos. Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados. Pero esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía″, refirió Muriel.

Es válido indicar que la candidata Valencia, que no se encontraba con Uribe Vélez, denunció que la coordinación con Cepeda era evidente. “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con la Paz Total tiene el apoyo de los grupos ilegales”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió respuestas por vías legales y administrativas y señaló posibles delitos cometidos durante la intervención del mural, con duros cuestionamientos al presidente Gustavo Petro y a las entidades judiciales. “¿Les va a enviar a la Fiscalía para investigarlos y a la Procuraduría para que actúe frente a un congresista del Pacto Histórico?“.

Y prosiguió en sus críticas. “¿Hasta dónde llegan ustedes en su afán de perpetuar una ideología dañina y malsana en el poder? ¿Las reglas ahora las imponen sus áulicos, con el concurso de toda clase de criminales de la ‘paz total’?”, preguntó el mandatario seccional; en contraste con Muriel, que invitó a los que consideró los medios tradicionales a ser más rigurosos en la información de la protesta.

Este es el pronunciamiento en extenso de Álvaro Uribe:

La ley, que fue impulsada por las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano, la primera de ellas candidata presidencial por el Centro Democrático, exige en la actualidad que todas las mediciones se basen en muestras probabilísticas y sean objeto de auditoría ciudadana en todos los sondeos electorales, en requisitos que varios actores, entre ellos Motoa, consideran inabordables para el sector.

La Ley 2494 ha provocado —según el congresista— la salida del país de firmas tradicionales y la proliferación de estudios informales sin rigor metodológico. El caso más reciente es el retiro de Gad3, consultora española que hacía encuestas a RCN, tras advertir que la normativa vuelve “inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

Al argumentar su iniciativa desde la Comisión Primera del Senado, Motoa fue claro en sus argumentos. “Se trata de una norma que ha generado zozobra e incertidumbre, vulnera principios democráticos y dificulta que los colombianos tengan acceso a la información de cara a las contiendas electorales”, indicó el congresista, que enfatizó que la ley “no protege al ciudadano: protege el medio al debate público”.

Y agregó, en consecuencia, que Colombia necesita “más transparencia, más libertad y más garantías democráticas”, no una “censura disfrazada de regulación”. Este anuncio se conoció en un panorama en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a encuestadoras y medios a un foro para debatir la aplicación de la norma en el país a 12 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

Álvaro Mauricio Montenegro, miembro de la Comisión Técnica de Encuestas del CNE, admitió ante las empresas avances para que existan modificaciones. “Ya estamos trabajando en un documento para proponerle al legislativo un cambio en la ley”, indicó el funcionario, en declaraciones retomadas por El Tiempo, que aclaró que la intención es modificar la ley misma, no la resolución reglamentaria.

¿Qué dice la Ley de Encuestas que ha causado controversia?

La Ley 2494 establece que las encuestas públicas deben sustentarse exclusivamente en muestras probabilísticas y ser auditables por cualquier ciudadano, sin que estos requisitos apliquen para estudios privados; un detalle que diversos expertos han señalado como un mecanismo de privatización de los datos que encarece la producción estadística y desincentiva la publicación de estudios.

El presidente del Centro Nacional de Consultoría, Pablo Lemoine, advirtió en septiembre de 2025 a Semana que la norma ha promovido la aparición de estudios informales sin ficha técnica ni responsable claro. “Esto ha llevado a que aparezca nueva información que trata de sustituir lo que divulgaban las encuestas. Ahora están circulando estudios que ni siquiera tienen ficha técnica y que nadie responde“.

En consecuencia, es por esto que los críticos a la normativa se refieren a la misma como “ley mordaza”, que, en concepto de Lemoine, prohibió “la fuente de información que sí tiene ficha técnica, que tiene una empresa que responde y un Consejo Nacional Electoral (CNE) que le regula”, expresó el jefe de la firma encuestadora, que estará atento a los ajustes que se propongan al proyecto en la próxima legislatura.

Es válido destacar que Montenegro también reconoció ante las empresas la necesidad de revisar los márgenes de error exigidos a nivel departamental y sectorial, así como de actualizar los métodos estadísticos permitidos por la ley. “Hay otras formas de muestreo más modernas” que, según su planteamiento, deberían ser discutidas con el sector antes de proponer cualquier modificación.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, denunció el martes 19 de mayo desde Popayán (Cauca) que presuntos grupos armados están intentando coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare, a 12 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Una jornada que será determinante para ir conociendo al sucesor de Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

El senador oficialista, que no aceptó preguntas de la prensa en ese sentido, anunció que radicará ante la Fiscalía General de la Nación documentos, audios e imágenes que respaldan su acusación. Y pidió una investigación rápida y eficaz sobre estos hechos, al reiterar que su campaña rechaza cualquier forma de apoyo armado o presión sobre los votantes, que han venido siendo víctimas de presiones.

En sus declaraciones, aseguró que tanto él como su equipo han recibido materiales que apuntan a acciones concretas de intimidación a la población civil, en particular en Guaviare, donde, según dijo, “un grupo armado, al parecer, una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado”. Aunque acto seguido indicó que no iba a revelar más detalles de la denuncia.

“No voy a hacer públicos los detalles de esa denuncia, lo conocerán las autoridades. El hecho es que señalo claramente que voy a entregar, tanto audios como imágenes, que van a ser muy claras en cuanto a la denuncia que hago”, dijo el aspirante, que buscaría anticiparse a cualquier relación que se haga con su campaña, que es la que puntea en las diferentes mediciones previas a la jornada.

Es oportuno destacar que la denuncia incluye la circulación reciente de videos y grabaciones atribuidas a facciones de las disidencias de las Farc, específicamente, al bloque bajo el mando de alias Calarcá, en donde se amenaza a líderes sociales y campesinos con multas y expulsiones. Estas amenazas condicionan la permanencia en ciertas zonas a la supuesta adhesión electoral a la candidatura.

Frente a las grabaciones y la instrumentalización política de estos materiales en medios de comunicación y redes sociales, Cepeda remarcó que su campaña se “desmarca categóricamente de cualquier coacción, asegurando que rechaza el apoyo armado” y que su propuesta política “se basa en el voto libre”. Y denunció que la difusión de los contenidos podría estar relacionada con intentos de montajes.

Iván Cepeda sigue desmarcándose de presuntos vínculos con las disidencias

Recientemente, el congresista fue protagonista de un aparente montaje con un audio falso. En la grabación, un supuesto disidente de las Farc, alias Rogelio Benavides, expresó apoyo a su campaña y amenazaba a comunidades campesinas para que votaran por él, alegando consecuencias como el pago de cuotas y la pérdida de tierras si no obedecían a las instrucciones dadas.

Frente a este caso, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional desmintieron la autenticidad del audio, y aseguraron que correspondía a un recluso de la cárcel Picaleña de Ibagué, que se hacía pasar por guerrillero para extorsionar, sin vínculos reales con grupos armados, afirmaciones que fueron utilizadas por el congresista para pedir a los medios de comunicación rectificación ante cualquier nexo.

En efecto, Cepeda rechazó cualquier relación con prácticas de presión o intimidación a los electores, y señaló el hecho como parte de una “guerra sucia” y una campaña de desinformación destinada a perjudicar su imagen durante el proceso electoral. En ese orden de ideas, el candidato pidió al ente acusador investigar y sancionar a los responsables de este montaje, que generó fuertes reacciones.

“Lo digo con toda claridad, hay una campaña sucia para enlodar mi prestigio y el prestigio de nuestra acción política con falsas acusaciones y con montajes. Es claramente una estrategia sucia que busca a todas luces generar un patrón y una matriz de opinión", expresó el candidato, que había contado cómo estructuras armadas estarían presionando a la población en departamentos del sur del país.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, este suceso constituye una provocación y representa un clima que, según su acusación, es instigado por “grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda”. Con ello, involucró al candidato presidencial del Pacto Histórico en las protestas efectuadas a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones en su primera vuelta; cuando empiece a definirse el sucesor de Gustavo Petro.

“Salí esta mañana muy temprano a hacer política en Medellín. Terminé un acto, seguía para el otro y me dijeron: ‘Llegó una gran multitud de personas, están en la entrada de su casa’. Me preocupó mucho, me vine y los encontré aquí, una gran cantidad de personas protegiendo unos pintores para afectar mi persona en mi casa. Y me parece que es una provocación de violencia”, dijo Uribe.

Cabe destacar que la movilización fue organizada por Muriel, representante a la Cámara electo por Antioquia, en representación del partido de Gobierno. Frente a esta situación, que se hizo viral en las redes sociales, Uribe aseguró que no aceptará actos en contra de su familia y responsabilizó directamente a los promotores de la movilización de eventuales situaciones de violencia.

Las duras afirmaciones de Álvaro Uribe: “A mí primero me tienen que matar que...”

En sus afirmaciones, el expresidente lanzó una dura frase que causó de inmediato reacciones. “A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa”, afirmó el exmandatario, que no dudó en señalar a sus contradictores políticos de liderar actos de provocación contra él y su familia, en un panorama cada vez más polarizado con miras a la contienda.

“Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda. No más destrucciones de país. Aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa”, agregó el expresidente, que ha sido blanco de todo tipo de señalamientos sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país.

¿Quién estuvo detrás de la protesta frente a la casa de Álvaro Uribe?

La protesta estuvo liderada por Hernán Muriel, joven político que acusó al exmandatario de pretender reprimir actos de memoria y arte. “¿En serio quieren reprimir a estas señoras que están enalteciendo la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras? 7.837 almas que no dejarán dormir al de la ‘seguridad democrática’. ¡Nunca más!”, expresó el congresista electo, conocido por estos sucesos.

El parlamentario, escogido en la jornada del 8 de marzo como uno de los 17 representantes del departamento en el Legislativo, situó a los manifestantes a “300 metros de la casa de Uribe” y pidió la intervención del presidente Gustavo Petro para evitar ser retirados. “Le pido que dé la orden para que se respete este derecho. Ya la alcaldía de Rionegro le dio la orden a la Policía de impedir este acto”, añadió.

El episodio, que desató la reacción de uno de los hijos del exmandatario, Jerónimo Uribe Moreno, derivó en enfrentamientos verbales y físicos entre simpatizantes y opositores tras la llegada del expresidente, al que los manifestantes señalaron de obstaculizar acciones de pedagogía de la memoria con la fuerza pública. Una tensa situación en la que el veterano político fue el protagonista.

“Ya empecé a borrar. Dijeron que van a pedir un tiempo para retirarse. Estamos esperando eso, que cumplan, para seguir yo borrando”, relató el exmandatario, que pidió a la militancia del Centro Democrático actuar con “mucha calma”, pero también con firmeza ante nuevos episodios que, a su juicio, buscan agredir a sus miembros en cualquier punto del país; en vísperas de los comicios presidenciales.

Por su parte, su hijo no dudó en señalar los hechos como una afrenta a su familia. “80 personas lideradas por el Pacto Histórico llegaron a violentar la residencia de @AlvaroUribeVel y Lina Moreno en Llanogrande. Así son los narcosocialistas, agresivos en manada, pero cobardes en persona”, destacó el empresario, que salió en defensa de su familia ante lo que serían estos actos.

Con una dura advertencia en sus redes sociales, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) reafirmó no solo su respaldo al congresista Iván Cepeda, candidato del petrismo de cara a la primera vuelta, sino que insistió en la importancia de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que la izquierda tendrá que ir por una victoria en la primera vuelta.

En su perfil de X, Bolívar reiteró la necesidad de que el electorado participe de forma masiva en los comicios, en pro de evitar un escenario que podría ser adverso para la reelección del proyecto político que, en la actualidad, lidera el presidente Gustavo Petro. “A esta hora en dos domingos estarán cerrándose las urnas. Con 12 millones de votos ganamos en Primera vuelta”, señaló Bolívar.

Para ello, será vital una masiva presencia en las urnas, por lo que lanzó un particular llamado. “Este 31 de mayo nadie cumple años, nadie se enferma, nadie tiene almuerzo familiar, nadie viaja, todos alistan paraguas, nadie rumbea el día anterior, el día antes revisan las llantas de los carros, de las motos, de las ciclas, nadie se pincha, cada uno lleva a votar a otra persona”, exclamó el excongresista.

Con este panorama, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá reiteró la importancia de la jornada que se avecina, en medio de la polarización política, en la que estará en juego el modelo de país para los próximos cuatro años. En especial, cuando la candidatura de Cepeda busca consolidar su proyecto en una contienda marcada por la fragmentación del voto y la presión de sectores opositores.

Hasta el momento, Cepeda se mantiene como uno de los favoritos en los sondeos, lo que ha motivado a sus aliados a intensificar la campaña en las semanas previas a la elección, con el fin de evitar que se registre la segunda vuelta: en el que las diferentes proyecciones plantean un escenario difícil de remontar para el oficialista, al que no le alcanzaría en unos casos para vencer a sus contrincantes.

El gran temor de Gustavo Bolívar si Iván Cepeda no gana en primera vuelta

Así pues, Bolívar fue enfático al advertir sobre las consecuencias de no alcanzar la victoria en primera vuelta. “Que no haya un solo pretexto para salir a votar: o ganamos en primera o a lamentarnos una década el no haber hecho un esfuerzo más. Es en serio. ¡Hagámoslo!”, afirmó el excongresista, en afirmaciones que fueron interpretadas cono una alerta de que la continuidad se enrede en el camino.

El respaldo del exdirector del DPS a la campaña de Cepeda se dio desde el mismo día en que decidió renunciar a su aspiración para sumarse a la de su colega. Desde entonces ha participado en acciones coordinadas con otros sectores del petrismo, con recorridos territoriales, foros y actividades para consolidar el apoyo en regiones estratégicas del movimiento; sobre todo en la zona Caribe.

Como era de esperarse, las palabras de Bolívar han generado reacciones en distintos sectores, lo que acrecentaría la tensión que rodea la definición presidencial, en la que solo tres candidatos son los que marcan en las encuestas; mientras que los demás tratan de superar el margen de error, pues de las 12 aspiraciones al menos la mitad no supera siquiera el 1%, a juzgar por diferentes ejercicios de consulta.

En 2022, el entonces candidato Gustavo Petro obtuvo un total de 8.527.768 votos, que representó el 40,3%; sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta, en la que enfrentó al ya fallecido Rodolfo Hernández y al que solo le pudo sacar 711.574 sufragios y una diferencia de 3,13%, lo que llegó a causar susto en las toldas progresistas, que vieron cómo creció su contendor.

El mandatario expuso los logros alcanzados durante su presidencia y subrayó la importancia de no retroceder en las transformaciones impulsadas desde su llegada al poder. “Un país no se transforma cuando lo intenta, se transforma cuando lo decide”, destacó el primer mandatario, que insistió en que el proceso de cambio no solo es una cuestión de voluntad política, sino una decisión colectiva y consciente.

“Durante demasiado tiempo, la política en Colombia se vivió como algo ajeno”, advirtió el presidente, que reiteró la necesidad de que el poder esté más cerca de los que “sostienen el país todos los días, de quienes trabajan y luchan”. Un mensaje con el que buscaría impulsar, de manera indirecta, la candidatura del senador oficialista Iván Cepeda Castro, que lidera las diferentes mediciones de cara al proceso.

Defensa de la gestión gubernamental a 81 días de su salida de la Casa de Nariño

En su mensaje, el gobernante enfatizó que los avances de su administración no son solo estadísticos, sino palpables en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables. “En los cuatro años que ya transcurrimos se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira”, expresó el primer lugar el presidente, que a continuación profundizó en sus datos.

“Que se haya bajado sustancialmente la tasa general de mortalidad infantil nos muestra que estos cuatro años han logrado realmente producir una transformación en defensa y en derecho de la gente más humilde y de la gente trabajadora”, agregó el mandatario. Estas cifras, según su discurso, reflejan una mejora real en las condiciones de vida y una reducción de las desigualdades sociales en el territorio.

El presidente también hizo referencia a los testimonios recogidos durante sus recorridos por distintas regiones. “Por donde camino, por doquier, no solo las estadísticas oficiales, sino la charla, la conversación con la gente, nos dice que hay más comida, nos dice que el hambre ha retrocedido”, aseguró en su relato, en el que atribuyó esos resultados a las políticas orientadas a la inclusión.

Y es que, a pocos días de los comicios, esta pieza audiovisual fue entendida como un llamado a sus seguidores a no dar por sentado el rumbo de las transformaciones. “Que el pueblo sigue mandando”, exclamó Petro, que señaló la urgencia de “aprobar la reforma a la salud porque Colombia la necesita” y otros proyectos claves para su administración aún están pendientes de definición en el Congreso.

E insistió en la importancia de la participación ciudadana y el voto consciente. “En el 2022, Colombia no improvisó. Colombia tomó una decisión. No fue solo elegir, fue definir. Definir que el poder no podía seguir hablando en un solo idioma que nadie entendía”, afirmó el primer mandatario, en referencia al hito electoral que marcó su llegada al Ejecutivo, aunque el balance a estas alturas genere controversias.

El llamado de Gustavo Petro a la “transformación del poder” y participación ciudadana

En otra de sus líneas, el presidente reiteró que el cambio impulsado por su Gobierno no se limita a políticas puntuales, sino que implica una transformación profunda en la relación entre el poder y la ciudadanía. “El poder, por un lado, los sufrimientos y las necesidades de la gente, por otro. Terminó pareciendo natural, porque fue una forma de organizar un poder que no le pertenecía a la gente”, dijo.

En su mensaje, reiteró en que el proceso no está exento de tensiones ni resistencias. “Cuando el poder cambia de dirección, también cambian las tensiones, se revelan las diferencias, se hacen visibles las desigualdades, se incomodan los privilegiados. No es ruptura por capricho, es la historia moviéndose por necesidad”, declaró Petro, que atribuyó las dificultades a la profundidad de las reformas emprendidas.

Las reformas pendientes de la administración Petro: el presidente empezó a hacer balances

En esta pieza audiovisual, el presidente Petro expresó que entre los desafíos aún existentes, está la necesidad de mantener el ritmo de las transformaciones. “Las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles en algo esencial: la manera en que una sociedad se piensa a sí misma. Y cuando eso cambia, todo lo demás, tarde o temprano, se reordena”, indicó el mandatario.

A su vez, alentó a sus simpatizantes a sostener el impulso reformista. “Lo que comenzó aquí no fue un cierre, fue una apertura, un comienzo, una forma distinta de entender el poder. No como acumulación, como herramienta. ¿El poder para qué? Para que el país deje de ser una promesa y empiece a ser una realidad compartida entre todas y todos”, añadió en su relato, sobre el cual había expectativa.

En el cierre del clip, el gobernante reiteró la necesidad de que “las ideas, cuando encuentran tierra, no retroceden” y con la frase “crece con ellas el país que viene”, marcó su claro interés en que el respaldo electoral permita consolidar los cambios iniciados y avanzar en una agenda de transformación social y política. En otras palabras: que el ganador del proceso electoral en curso sea el senador Cepeda.

López afirmó que Oviedo, que como ella forma parte de la comunidad Lgtbtiq+ y viene de competir en La Gran Consulta por Colombia, “impulsa un proyecto profundamente antiderechos y homofóbico” al respaldar una alianza que, según su visión, contradice los intereses de esta población. El señalamiento fue hecho durante sus recorridos de campaña por Bogotá, donde López sostuvo compartió con algunos de sus seguidores, a bordo de “La Filomena”.

En referencia a la representación de minorías sexuales en el poder, López sintetizó su posición. “¡Las personas Lgtbiq+ no son un trofeo, hay que brindarles soluciones y garantías!”, una frase con la que la dirigente defendió la presencia de figuras diversas en los equipos políticos, pero con acciones institucionales y políticas públicas tangibles en sus propuestas de lo que sería un eventual gobierno.

En esta interacción, el joven Emmanuel Camargo, que acompañó a López, reclamó un enfoque que, desde su perspectiva, que realmente mejore la “catástrofe” que para él es el Ministerio de la Igualdad y que haya demostrado ejecución. “Eso es lo que se le pide a la gente, porque creo que muchas personas Lgbti estamos cansadas de que nos vean como un trofeo”, agregó Camargo en su charla con López.

La tensión sobre la agenda Lgbt+ y el papel de las alianzas: “No es para legitimar proyectos que han sido muy excluyentes”

En otro de los apartes de esta conversación, la exmandataria distrital endureció su posición ante la elección de Oviedo de asociarse con el uribismo. “Esto no es para legitimar proyectos que han sido muy excluyentes y muy antiderechos”, sostuvo la candidata, que insistió en que la discusión va más allá de rostros diversos en las campañas, que refuercen la apuesta a lo que denominó “inclusión de verdad”.

De acuerdo con López, el respaldo a candidaturas provenientes de sectores con un “historial de propuestas anti-derechos para la población Lgtb+” implica legitimar proyectos carentes de compromisos estructurales. De esta forma quiso ilustrar la forma en que las coaliciones políticas abordan, o en este caso desestiman, la representación efectiva de la diversidad en la contienda.

Según la exalcaldesa, el proyecto político que abraza a Valencia y Oviedo no ha mostrado respaldo de su comunidad. “Nunca ha tenido este tipo de acciones afirmativas, nunca. Ha gobernado tres veces Colombia a nivel nacional. ¿Qué hizo Uribe uno, Uribe dos o Duque por esto? Nada”, señaló la también exsenadora a sus seguidores, en referencia explícita a los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque.

No es la primera vez que la exmandataria de la capital de la República apunta hacia el exdirector del Dane. De hecho, luego de la inscripción de López como aspirante a la presidencia, la política insistió en que no utiliza su identidad como “mujer diversa” para perpetuar prácticas políticas tradicionales y acusó a Oviedo de sumarse a un sector, el uribismo, que carece de políticas inclusivas efectivas.

En respuesta, el excandidato argumentó que “se necesita carácter para sumar y no para dividir” y criticó la actitud de López por presuponer que solo existen modos legítimos de representación desde la diversidad; pues desde su óptica no deberían ser acusados de deslealtad a la causa de la diversidad. Este nuevo episodio volvió a causar todo tipo de reacciones entre dos representantes de este grupo.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes enfrentaría una nueva controversia tras revelarse en la jornada del lunes 18 de mayo de 2026, a 81 días del final del mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, un documento que solicitaría abrir una investigación formal contra el mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Según información revelada por Caracol Radio, el texto, conocido como salvamento de voto, fue elaborado por uno de los tres representantes investigadores -del que no se reveló su identidad- y buscaría evitar el archivo del expediente, al argumentar que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso. En 60 páginas el parlamentario expondría cuatro hechos sobre las posibles violaciones.

Entre los puntos destacados sobre aparentes contravenciones a las normas electorales y penales, figuraría la presunta recepción de aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización que, conforme a la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional, tiene prohibido realizar donaciones a las campañas presidenciales.

El salvamento revelado sostendría que se identificaron registros que vincularían a Fecode con la financiación de la campaña de Petro Presidente. A su vez, el segundo eje de la investigación se centra en la Unión Sindical Obrera (USO) y la aprobación de 600 millones de pesos durante la XX Asamblea Ordinaria Nacional efectuada en junio de 2022, que también fueron a dar a la campaña de Petro.

Los argumentos por los que se ordenaría investigación a la campaña Petro presidente

De acuerdo con el documento, estos recursos estaban destinados a reforzar la campaña en la segunda vuelta presidencial y el acta de la asamblea de la organización gremial es presentada como “prueba documental autónoma de un aporte proveniente de fuente prohibida”, por lo que se advirtió que dichos fondos no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la contabilidad.

Del mismo modo, la tercera línea de investigación abordaría la superación de topes electorales mediante supuestas irregularidades en la facturación de servicios aeronáuticos. Según el análisis, la empresa Sadi S.A.S. habría emitido facturas originales por servicios de transporte aéreo que luego fueron sustituidas por otras de menor valor a través de notas de crédito; una situación irregular.

En ese sentido, una auditoría forense de la firma Nexia Montes & Asociados identificó en estos conceptos una diferencia de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y de $962 millones en la segunda, siendo estas cifras que, según el salvamento, que tampoco habrían sido reportadas correctamente al CNE, como se pide a los aspirantes presidenciales en estos procesos.

Y por último, el cuarto punto haría referencia a pagos irregulares a testigos electorales canalizados por Ingenial Media S.A.S. mediante empresas de giros postales. En este apartado, el texto detalla que se habrían pagado 932 millones de pesos a 30.256 testigos en la primera vuelta y $177 millones a 5.328 en la segunda, sin que estos montos fueran incluidos en las declaraciones de Cuentas Claras.

El representante investigador que elaboró el salvamento, de acuerdo con el citado medio, rechazaría la tesis de atipicidad propuesta en el proyecto de archivo, liderado por el oficialista Alirio Uribe, y sostendría que las conductas analizadas serían configurables dentro de delitos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas y violación de topes electorales en campaña.

Además, advertiría que la delegación de funciones financieras en integrantes de la campaña, como Ricardo Roa Barragán, que fue gerente de la campaña y hoy oficia como presidente de la estatal Ecopetrol, y otros responsables administrativos, “no excluye la responsabilidad penal del entonces candidato”; de esta manera plantearía la posibilidad de una responsabilidad por comisión por omisión.

Según reportó Caracol Radio, este salvamento de voto revelaría una clara división en la terna de la Comisión de Acusaciones, que está compuesta por Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wílmer Carrillo, del Partido de la U, responsables de adelantar la investigación sobre la campaña de Petro, que también ha sido objeto de decisiones por parte del CNE, que sancionó a miembros de su equipo.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a si el caso debe archivarse, como propone Uribe, o si existen suficientes elementos para tramitar la apertura formal del proceso contra el mandatario. Entre sus motivos, el congresista del Pacto ha argumentado la “ausencia total de dolo” y la “voluntad acreditada del investigado de actuar bajo el principio de transparencia y cumplimiento legal”.

Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, convocó el lunes 18 de mayo a votar por el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en el país: en la que el autodenominado “Tigre” buscará meterse en una eventual segunda vuelta, de acuerdo con las proyecciones de las diferentes firmas encuestadoras.

Vargas Umaña, que viene de despedir a su padre, que falleció el 8 de mayo tras un prolongado cáncer, protagonizó un nuevo pronunciamiento luego del llamado que ya había hecho a los simpatizantes de su padre: enfocado a evitar que llegue el senador Iván Cepeda a la Casa de Nariño. Sobre todo cuando el congresista del Pacto Histórico es el gran favorito para continuar con el proyecto progresista.

La decisión de Clemencia Vargas fue comunicada a través de sus redes sociales, acompañada por la gráfica de las tendencias de voto desde el 12 de marzo hasta el 15 de mayo, en un periodo en el que De la Espriella creció del 26,8% al 31,5% según el sondeo de la firma Atlas-Intel y que fue publicado por Semana; pese a los serios reparos que existen contra esta compañía por su metodología.

“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, destacó la mujer, que añadió una frase que remite al pensamiento político de su padre. “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”, agregó la hija del fallecido político, lo que fue tema de conversación en las plataformas digitales, a 13 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

Y es que, según la medición, De la Espriella alcanzó un 32,9% de intención de voto, con lo que duplicaría a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que registra el 16,7%. De esta manera se acercaría, según la medición, al congresista Cepeda, que lidera con el 37,6%. Este sondeo ha desatado toda clase de reacciones en el espectro político, a una semana de la muerte de Vargas Lleras.

Bancada de Cambio Radical en el Congreso estaría dividida de cara a las elecciones presidenciales

Este respaldo activaría una señal notable en el Congreso, en la que la bancada de Cambio Radical se mantenía dividida frente a la perspectiva electoral y habían iniciado deliberaciones internas desde antes de Semana Santa para definir su postura. Algunos congresistas del partido, entre ellos Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido, ya habían hecho público su apoyo a De la Espriella en la contienda.

No obstante, la representante Carolina Arbeláez expresó su preferencia por Valencia, con miras a la jornada que se aproxima. Por ello, lo dicho por Clemencia Vargas fue entendido como una especie de “última voluntad” de su padre, que ejerció la vicepresidencia entre 2014 y 2017, a la par de su gestión como ministro de la administración de Juan Manuel Santos, en las carteras de Vivienda y Justicia.

Es válido recordar que en entrevistas concedidas a medios radiales, la mujer insistió en el significado del legado político del fallecido político. “Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces”, dijo en Blu Radio.

Un mensaje que reiteró en su presencia en La FM de RCN Radio. “La mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones”, acotó la bailarina profesional, administradora de empresas y emprendedora social, que alzó su voz para conceptuar sobre el devenir político.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a cuestionar la iniciativa del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una asamblea nacional constituyente en el país: iniciativa que avanza con la recolección de firmas del comité promotor, avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que busca, tras cumplir con más de 2 millones de apoyos, conminar al próximo Congreso a su análisis.

Con una publicación hecha en la red social X, Gutiérrez lanzó críticas directas contra el mandatario, a quien calificó de seguir “la misma fórmula de siempre” para intentar modificar el marco institucional del país. El mandatario distrital insistió en esta discusión con la publicación que hizo en su perfil, en la que recomendó la lectura del libro del reconocido jurista Mauricio Gaona, La Constitución soy yo.

El alcalde aprovechó este mensaje para precisar sobre lo que considera son riesgos para la estabilidad democrática. “En campaña dicen que no convocarán a una Asamblea Nacional Constituyente y cuando llegan al poder es lo primero que hacen”, advirtió Gutiérrez, como un fuerte señalamiento a la idea de Petro de impulsar una constituyente para destrabar las reformas sociales no aprobadas.

¿Qué buscaría Gustavo Petro con una asamblea constituyente en Colombia?

El mandatario ha insistido en que el propósito no es derogar la Constitución de 1991, sino ampliarla para incluir un nuevo capítulo que permita avanzar en temas como salud, pensiones y trabajo, además de combatir la corrupción. Según ha explicado el Ejecutivo, el mecanismo elegido para iniciar el proceso es la recolección de firmas y la posterior radicación de un proyecto de ley, con el fin de que vaya a las urnas.

En efecto, Petro está convencido de que la constituyente permitiría superar el bloqueo legislativo y avanzar en reformas estructurales que no han logrado consenso parlamentario; por lo que busca legitimidad popular mediante la participación ciudadana en el proceso de recolección de firmas y en la eventual consulta electoral, que de llegar a la meta instará al legislativo a darle trámite al proyecto.

Frente a esto, las críticas de “Fico” centraron en el trasfondo político de la iniciativa, pues sostuvo que la estrategia de la constituyente, más que resolver problemas de fondo, busca crear una plataforma electoral que permita a Petro consolidar su poder. “Más allá del populismo de ciertos ‘líderes’, lo que hay detrás es un aspirante a dictador”, escribió el alcalde de Medellín en sus plataformas digitales.

A la par de estos duros comentarios, el alcalde Gutiérrez citó algunos fragmentos del libro de Gaona: en los que, a su juicio, describiría a la perfección en su libro cómo han caído las democracias en América Latina durante el siglo XXI a partir de maniobras políticas similares. Y mostró sus reparos a la manera en que Petro ha defendido la idea como instrumento democrático y no una amenaza a la institucionalidad.

El mandatario ha explicado que el proceso se ajusta a los mecanismos legales y busca dar voz a la ciudadanía ante la imposibilidad de consensos en el Congreso. “No hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar al Gobierno”, indicó Gutiérrez, que utilizó al constitucionalista Gaona para enfatizar su rechazo a la idea de una constituyente, que avanza pese a que el presidente prometió no impulsarla.

Y es que para el alcalde de Medellín, la propuesta representa un “salto al vacío” y una fuente de incertidumbre tanto política como económica. “Los verdaderos cambios para el país no requieren modificar la Carta Magna, sino gobernar con capacidad de ejecución”, destacó el mandatario local, que insistió en que la iniciativa genera inestabilidad institucional y distrae la atención de problemas reales.

El tema ha provocado reacciones en diferentes sectores políticos y sociales, pues expertos constitucionalistas y organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos de abrir la puerta a una modificación amplia de la Constitución sin suficientes garantías de equilibrio de poderes. Y cómo este tipo de procesos han derivado en el debilitamiento de instituciones democráticas en otros países.

El asesinato de Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento, derivó en un fuerte cruce mediático entre el exsenador Mauricio Gómez Amín y la congresista María José Pizarro, por cuenta de lo que sería la responsabilidad política de este crimen, al respaldar la política de Paz Total de Gustavo Petro.

Gómez Amín, que es uno de los jefes de debate del “Tigre” tras su renuncia a su curul en el legislativo, señaló a la senadora María José Pizarro y a la campaña de Iván Cepeda como responsables políticos del clima de violencia. Según Gómez Amín, la implementación de la llamada Paz Total por parte del Gobierno ha fortalecido el crimen en los territorios y restringido la libertad democrática.

El excongresista reiteró el costo humano de la política oficial y relacionó el asesinato de Devia y Fabián Carmona, ambos integrantes de la campaña en el Meta, con el control criminal creciente en la región. Y al punto de remarcar que las consecuencias de la actual estrategia de seguridad se viven a diario en varias regiones del territorio nacional, a 81 días de que termine el mandato constitucional de Petro.

“Ustedes son los responsables de la llamada ‘Paz Total’, que hoy tiene a Colombia sumida en la violencia, el miedo y el fortalecimiento de los criminales en los territorios”, afirmó en un mensaje dirigido a Pizarro y difundido a través de la red social X, con el que elevó el tono y acusó a la campaña del oficialista Iván Cepeda de operar desde una estrategia política con motivaciones electorales.

“Hay responsables materiales, intelectuales y también políticos. Y la llamada ‘Paz Total’, que ustedes defienden, tiene una responsabilidad política inmensa en la entrega de territorios al crimen. Pero aquí también hay una verdad política que ustedes no quieren confesar: esta polémica tiene cálculo electoral. Están asustados. Les preocupa el movimiento popular que crece en Colombia", agregó Gómez Amín.

Y es que, como reacción a las críticas previas de Pizarro a la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, José Manuel Restrepo, el excongresista, insistió en que la violencia tiene responsables identificables en el actual oficialismo. “No sea cínica, María José Pizarro. No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”, reafirmó el excongresista en sus declaraciones.

El asesinato de Rogers Devia reestructura la discusión sobre la política de seguridad

Para Gómez, la función de la ‘Paz Total’ va mucho más allá de la discusión legislativa y se traduce en amenazas directas a la ciudadanía y el ejercicio democrático. “Son esa falsa Paz Total que ustedes ayudaron a construir, que ayer asesinaron a dos de nuestros grandes hombres en el departamento del Meta”, enfatizó el exsenador, que reiteró cómo el progresismo representa todo lo opuesto.

“Ustedes representan la violencia, las balas, el miedo, el terror que tiene hoy asediados a todos los colombianos”, destacó el exsenador, en una reacción que forma parte de un tenso intercambio tras la publicación de Pizarro, que acusó al exministro Restrepo de representar junto a De la Espriella un “régimen” que hoy estaría siendo derrotado por el gobierno actual, que busca reelegir su proyecto.

“Usted, exministro uribista del gobierno Duque, que dejó al país endeudado con su irresponsabilidad, y Abelardo de la Espriella, el abogado de la impunidad, SON el régimen que este gobierno está derrotando. Ustedes no son tendencia, son el pasado al que Colombia no quiere volver”, destacó Pizarro, que desató toda clase de cuestionamientos, provenientes de la ultraderecha.

El crimen de Devia ha sacudido la campaña hacia la presidencia y, en especial, la posición del exsenador, que, no ocultó su indignación debido al auge, según él, de las estructuras criminales. Es válido destacar que Gómez Amín dio un paso al costado en el Congreso para concentrarse en la campaña de De la Espriella, en medio de la decisión de su partido, el Liberal, que apoya a Paloma Valencia.

En un acto efectuado en Ciudad Bolívar, Antioquia, en el que estuvo acompañado por el expresidente Álvaro Uribe, Valencia sostuvo que la estrategia de diálogo con grupos armados ha llevado a Colombia a un escenario de violencia, miedo y pérdida de control territorial, advirtiendo que su eventual administración respondería a la criminalidad “con la mano de acero de la mujer colombiana”.

En su discurso, la congresista describió el momento actual como un retroceso a épocas violentas que el país creía superadas y aseguró que el territorio nacional se encuentra “azotado” por masacres y homicidios. “Este Edén que mi Dios me dio hoy está azotado por tanta violencia, que hay masacres, homicidios, miedo. Nos han devuelto a las épocas que no creímos que fuéramos a volver a vivir”, afirmó.

La senadora no solo responsabilizó al actual Ejecutivo, sino que cuestionó de manera abierta la legitimidad de los diálogos con estructuras ilegales. Por ello, en referencia a estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista, fue clara en sus postulados y negó cualquier posibilidad de establecer procesos con este tipo de organizaciones armadas.

“Nos están llevando a través de la Paz Total a poner este país de rodillas ante los violentos. Le despejaron el territorio, lo dejan con droga por todos los lados. Pues aquí a quien manden le digo, al ELN, las disidencias y al ejército gaitanista, que vamos tras ellos. Que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, van a sentir la mano de acero de los duros colombianos”, aseguró la congresista.

De esta manera, la congresista enfatizó su rechazo a cualquier tipo de impunidad para estructuras alzadas en armas. “He estado siempre al lado del presidente de hoy, de ayer y de siempre: Álvaro Uribe. Sin fallarle, sin utilizarlo, sin hacerme pasar como su amiga para después dejarlo botado. Y les digo una cosa: mi vida no tiene un solo escándalo de corrupción", agregó la congresista caucana.

En ese orden de ideas y lo que serían pullas a sus contradictores, en especial a Cepeda, arreció en sus señalamientos. “Yo no he defendido a los guerrilleros, no he defendido a los paramilitares, no he defendido a mafiosos. Yo a los únicos que he defendido es al pueblo libre de Colombia, en contra de todos los criminales”, destacó la candidata presidencial del Centro Democrático en su intervención.

Cepeda defiende la política de paz: “Es un deber constitucional”

Las afirmaciones de Valencia se dieron a conocer en respuesta a Cepeda, que defendió la continuidad de los diálogos y la perspectiva de una política de paz integral. “Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no. Es un deber constitucional”, dijo Cepeda a Noticias RCN.

Con respecto a los cuestionamientos por la falta de resultados en las tratativas con la guerrilla del ELN, Cepeda reconoció que existe un cansancio social ante procesos sin cierre concreto, pero reiteró que la búsqueda de paz requiere paciencia. “No es posible que en Colombia se admita que llevemos 70 años de estarnos matando entre los colombianos como si fuera un hecho tolerable y normal”, agregó.

Así pues, el senador planteó como prioridad evaluar los resultados recientes y mejorar el método de los acuerdos, al recordar experiencias exitosas previas. “Cuando comenzaron los diálogos con las Farc en el 2012, nadie creía en que era posible, que habían tomado del pelo, que estaban realizando toda clase de acciones violentas. Bueno, ahí está. Años después se logró, como también se logró con el M-19″, acotó.

Se conoció en la noche del domingo 17 de mayo la más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales, elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, que entregó un actualizado balance a 14 días de que se lleve a cabo la primera vuelta: en la que, a falta de novedades, serán 12 los candidatos que estarían en la contienda, de los 14 inicialmente inscritos.

Según la medición, el oficialista Iván Cepeda Castro lidera con un 35,3%, en comparación con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que apareció en el segundo lugar con un 25,7%. Por su parte, en el tercer lugar aparece el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que acumuló un 20,4% de preferencia entre los consultados por esta firma, que cuenta con la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la medición, que contó con 5.558 formularios, entre el 12 y el 17 de mayo, también permitió observar que los aspirantes de centro, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo se encuentran por debajo del ítem ‘ninguno’, con apenas 2,1% y 2,0%, respectivamente. Y que, salvo Santiago Botero (1,4%), los demás no superan el 1%.

Así está el pulso para la primera vuelta

• Iván Cepeda: 35,3%
• Paloma Valencia: 27,5%
• Abelardo de la Espriella: 20,4%
• Ninguno: 2,3%
• Claudia López: 2,1%
• Sergio Fajardo: 2,0%
• Santiago Botero: 1,4%
• Miguel Uribe Londoño: 0,5%
• Carlos Caicedo: 0,4%
• Roy Barreras: 0,2%
• Mauricio Lizcano: 0,1%
• Sondra Macollins: 0,1%
• Luis Gilberto Murillo: 0,1%*
• Gustavo Matamoros: 0,0%
• Blanco: 5,7%
• NS/NR: 2,0%

*Ya se retiró de la contienda.

Paloma Valencia le ganaría en una eventual segunda vuelta a Iván Cepeda

A su vez, de acuerdo con la medición, en vista de que se registraría una segunda vuelta, sería la senadora Valencia la ganadora de la contienda, con un 46,5% frente a un 40,3% de Cepeda; mientras que un 11,8% votaría en blanco y 1,4% de los consultados dijo no saber o no responder el interrogante. Un escenario que favorecería a la aspirante del Centro Democrático en estos comicios.

Por su parte, la referida encuesta, que resultó novedosa, si esta definición fuera entre Cepeda y De la Espriella, el triunfo en la jornada que se adelantaría el 21 de junio sería para el aspirante de Gobierno, con un total del 43,2%, ante un 35,3% del candidato de derecha; y con un 19,8% de voto en blanco; al igual que solo un 1,7% de consultados que no saben o no respondieron este ítem.

Ficha técnica

La encuesta fue elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, y fue financiada por Mantenimientos y Montajes Hery S.A.S., con el objetivo de identificar la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2026, así como la percepción sobre temas de ambiente político en el territorio nacional; de acuerdo a lo consignado en el documento.

El estudio efectuado a 5.558 adultos con intención de votar tiene un nivel de confianza global del 95% y un margen de error de 1,68%. La muestra está distribuida en 85 municipios del país, lo que garantiza, según la firma, la representatividad regional en los resultados, como lo exige la nueva ley de encuestas en Colombia, la Ley 2494 de 2025.

A su vez, abarca a ciudadanos mayores de 18 años residentes en hogares de todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales, con una cobertura proyectada de 21,6 millones de votantes potenciales. El diseño de la muestra se fundamenta en el Marco Geoestadístico Nacional del Dane y en las proyecciones oficiales de población para 2026, además de datos históricos de votación en este tipo de ejercicios.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas presenciales en hogares, al utilizar tarjetones simulados con imágenes y nombres de los candidatos, pero sin ofrecer compensaciones ni incentivos a los participantes; en tanto que el análisis estadístico respetó, según argumentó la corporación Miguel Maldonado, la pureza de la muestra, sin técnicas de imputación de datos.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro defendió la continuidad de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como un compromiso “ineludible” de los que aspiran a gobernar Colombia. Unas declaraciones que se conocen a 14 días de que se efectúe la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, y a la que el congresista llega como el principal favorito.

En efecto, el aspirante del oficialismo, considerado el “arquitecto” de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, planteó en entrevista con Noticias RCN que la búsqueda de la paz es un “deber constitucional” y no debe asociarse a complicidad con los grupos armados. Con ello, rechazó la crítica que vinculan los procesos de negociaciones con indulgencia o debilidad frente a la violencia.

Durante su intervención, Cepeda citó expresamente el artículo 22 de la Constitución, que establece la paz como “obligación y deber” para la ciudadanía y para las administraciones públicas. “Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no. Es un deber constitucional”, afirmó.

El legislador señaló que si es presidente priorizaría primero la implementación del Acuerdo de 2016, al enfatizar la obligación legal vigente desde esa fecha y, posteriormente, se enfocaría en sacar adelante la mesa con el ELN. “Tenemos ya 30 años de diálogos. He participado casi que en la mitad de esos años y considero que ya es un momento necesario de que esos diálogos terminen en acuerdos”, dijo Cepeda.

Y aclaró que no basta prolongar negociaciones sin avanzar hacia soluciones concretas y argumentó que los próximos diálogos deben fundamentarse en la obtención de resultados “eficaces” y evitar repetirse como procesos sin fin. “No se trata de seguir otros cuatro años más en diálogos eternos. Y deben ser no solamente eficaces con resultados, sino también responder a algunos criterios”, insistió.

Cepeda exigió negociación con resultados y rechazó la estigmatización del diálogo con los grupos armados

Al ser consultado sobre cómo garantizaría el cierre exitoso de un acuerdo con el ELN, puntualizó que no comparte la visión de que negociar sea una muestra de debilidad frente a los actores armados. “A la gente no la mata la paz”, insistió Cepeda, en respuesta directa a los que cuestionan la legitimidad del proceso de paz con esta estructura al margen de la ley, que desde 2024 se levantó de la mesa.

El candidato indicó que su experiencia a lo largo de los últimos 15 años en distintas mesas de negociación demuestra que los diálogos, si bien complejos, no son incompatibles con la obtención de justicia ni prescinden de la exigencia de resultados. En ese orden de ideas, su propuesta responde a la necesidad de que cualquier futuro proceso sea evaluado rigurosamente para determinar resultados.

Y, en consecuencia, que los acercamientos con grupos como el ELN se orienten siempre hacia soluciones concretas para la seguridad y los derechos de las víctimas. Así pues, el senador concluyó al reafirmar que cualquier nuevo ciclo de negociaciones estaría supeditado a un estricto examen de los avances obtenidos hasta el momento y a la implementación efectiva de los pactos alcanzados anteriormente.

En la conversación con el citado medio, el congresista resaltó la relevancia del diálogo entre los sectores político y económico y anunció la realización de encuentros con gremios empresariales con el objetivo de fortalecer ese vínculo. De esta forma, también dejó en claro la necesidad de redistribuir y generar riqueza, al señalar que el Gobierno Petro ha promovido el crecimiento económico en el país.

La Gobernación de Antioquia confirmó que ha remitido más de 60 oficios al Gobierno nacional en pro de solicitar intervención militar en Briceño y el Norte del departamento desde 2024, sin que hasta el momento obtengan una respuesta efectiva frente a la crisis de seguridad que ha dejado desplazamientos, amenazas y, lo más reciente, el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, en diálogo con El Tiempo, al revelar que el panorama en Briceño es de una complejidad extrema. “Hemos enviado más de 100 oficios, 60 de ellos enfocados en el norte del departamento, pero las respuestas han sido únicamente administrativas”, indicó el funcionario, que no ocultó su preocupación por esta situación.

Martínez detalló que la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, con los frentes 36, 18 y el reactivado 5, bajo alias Chalá; el ELN y el clan del Golfo, ha sometido a la población civil de la población, que se encuentra a cinco horas de Medellín, a un control territorial férreo, en una cotidianidad que transcurre, en consecuencia, bajo la presión de estas estructuras armadas.

“Allá no entra nadie desconocido a ninguna hora. Entrar al casco urbano toca con muchísimo cuidado, uno desde que deja la troncal y coge la entrada a Briceño ya es de cuidado, no se sabe en qué momento le puedan salir esos bandidos a la vía”, remarcó Martínez al citado medio, en el que expuso la delicada situación de orden público, que quedó en evidencia con lo ocurrido con el joven comunicador.

Alcalde de Briceño está bajo amenaza de los grupos armados ilegales

Cabe destacar que el alcalde de Briceño, Noé de Jesús Espinosa, fue declarado objetivo militar del frente 36 de las disidencias de las Farc en febrero y tras la amenaza, la Unidad Nacional de Protección (UNP) únicamente le asignó un vehículo convencional. “El alcalde no puede movilizarse fuera del casco urbano y en ocasiones debe despachar desde Medellín”, relató el secretario Martínez a El Tiempo.

La situación se ha agravado con desplazamientos masivos, amenazas y un control minucioso sobre la población. Las restricciones de movilidad afectan incluso los traslados hospitalarios, supervisados por los grupos armados que, según testimonios recogidos, mantienen identificados a todos los habitantes mediante registros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales tendrían coaccionadas.

En un análisis de lo que sucede en Briceño, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, explicó que el acceso a la ruralidad para la fuerza pública es de alto riesgo, ya que las disidencias han sembrado artefactos explosivos y minas antipersona en las rutas, lo que dificulta cualquier operación militar en esta zona del departamento.

De acuerdo con Martínez, en entrevista a El Tiempo, “el Ejército no tiene la capacidad para solucionar el problema de una vez. La Policía no se puede mover del casco urbano. En el municipio hay un pie de fuerza de entre 16 y 20 policías que no se mueven de la cabecera, eso le ha dado gran rango de movimiento a los bandidos”. Por ello, el crimen de Pérez Rueda encendió las alarmas sobre lo que sucede.

El funcionario confirmó que fuentes humanas informaron desde la misma noche que Pérez había sido secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Frente 36. “Lo enterraron en la parte de atrás de la escuela de Palmichal. No es cierto que hayan dejado el cuerpo por ahí tirado a plena vista”, puntualizó el secretario Martínez, que activó junto al alcalde las rutas correspondientes.

En este caso, el del joven creador de El Confidente, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación coordinaron una misión humanitaria para recuperar el cuerpo del periodista, pese a las restricciones de acceso impuestas por los ilegales. “La propia Defensora se demoró un día entero para poder entrar, ni ella puede identificarse y simplemente entrar porque no le comen”, aseguró el secretario de Seguridad.

El funcionario, en sus declaraciones, también reclamó mayor severidad y voluntad política del Ejecutivo. “Se necesita una intervención integral, con infantería y artillería; inteligencia de Ejército y Policía; acciones de prevención, disuasión, control y contundentes de comandos. Hay que meterse allá hasta que eso quede libre, porque puede quedar libre. De que se limpia la zona se limpia”, rescató.

Según estimaciones de la Gobernación, en Briceño operan unos 40 hombres armados del frente 36 de las disidencias. “La política no tiene color, pero este Gobierno nos deja unas estructuras sumamente ricas y fortalecidas, contrario censo, una fuerza pública debilitada y con bajas capacidades”, concluyó Martínez en entrevista con El Tiempo, al analizar el panorama de seguridad de cara a las elecciones.

La campaña presidencial de Paloma Valencia advirtió el domingo 17 de mayo de 2026 a la opinión pública sobre una serie de incidentes recientes que, según revelaron, estarían afectando la integridad de su presencia digital. Todo esto, en la recta final del periodo de campaña, cuando restan solo 14 días para que se efectúe la primera vuelta, pactada para el 31 de mayo en el territorio nacional.

El equipo de la senadora del Centro Democrático, que quiere dar la sorpresa en la contienda del domingo 31 de mayo, alertó sobre suplantaciones, divulgación de información falsa y ataques cibernéticos orientados a recolectar datos de sus seguidores y afectar el funcionamiento de sus canales oficiales, particularmente en redes sociales, en las que se estarían registrando, justamente, actividad inusual.

“Advertimos que personas ajenas a la campaña están difundiendo información falsa con el propósito de recolectar ilegalmente datos de ciudadanos y seguidores de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, se señaló en el comunicado en el que se expuso este caso, con el fin de evitar presuntos episodios de estafa con la imagen de la congresista, ganadora de la consulta de la centro-derecha.

La campaña reiteró que cualquier formulario o enlace solicitando datos personales para asistir al evento de cierre, programado para el 24 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, es falso. “La entrada al evento será completamente gratuita y la campaña no está solicitando registros, inscripciones ni entrega de información personal a través de formularios de Google o plataformas similares”, agregó.

En ese sentido, el equipo de Valencia también denunció una actividad irregular en la cuenta oficial de Instagram de la candidata, donde fueron agregados más de 140.000 perfiles de manera atípica y masiva. Según la campaña, esta situación podría corresponder a un ataque cibernético o a acciones malintencionadas diseñadas para afectar la integridad y funcionamiento de los canales oficiales.

Preocupación en la campaña de Paloma Valencia por presuntos casos de suplantación

Las denuncias sobre ataques y manipulación digital no son nuevas en la aspiración de la senadora del Centro Democrático. Valencia ha sido objeto de campañas de hostigamiento, amenazas y violencia política en redes sociales, como cuando recibió en abril de 2026 una serie de amenazas de muerte recibidas en redes y denunció actos vandálicos contra dos de sus sedes, en Bucaramanga y Cartagena.

“Estas intimidaciones digitales representan un hecho de extrema gravedad que no solo pone en peligro mi seguridad personal, sino que condiciona el libre ejercicio de la actividad política y el debate democrático en el país”, declaró en ese momento la candidata, que pidió a la Fiscalía priorizar las investigaciones y alertó sobre la falta de garantías para la oposición en el actual proceso electoral.

No es la primera vez que la congresista asegura ser víctima de estas acciones. Valencia ya había reportado el acceso no autorizado a su teléfono tras la divulgación de chats privados con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En ese momento, la política explicó que las conversaciones corresponden a asuntos institucionales y de seguridad y no a supuestas alianzas con el funcionario.

De manera similar, en años anteriores, Valencia denunció amenazas e intimidaciones tras una filtración de datos personales atribuida al colectivo Anonymous Colombia, lo que derivó en mensajes hostiles y amenazas directas contra su vida y la de su familia. “Anonymous Colombia filtran los datos de los uribistas con propósitos de hostigamiento político y, seguramente, de asesinato”, afirmó entonces.

Con esta nueva denuncia, el equipo de la candidata reiteró la invitación a informarse únicamente a través de sus canales oficiales y a no compartir información personal en enlaces no verificados. “La campaña ya se encuentra revisando estos hechos y adelantando las acciones correspondientes para proteger la seguridad digital de sus plataformas y de las personas que interactúan con ellas”, puntualizó.

Grupos armados ilegales, identificados como disidencias de las Farc bajo el mando de los alias Calarcá e Iván Mordisco estarían implementando la carnetización obligatoria en comunidades rurales de los departamentos de Meta y Guaviare, con el propósito de ejercer control social e influir directamente en la conducta electoral de los habitantes frente a las próximas elecciones presidenciales.

Esta medida de acuerdo representaría una nueva forma de constreñimiento a la población y la manipulación del voto en las zonas afectadas, cuando se acerca la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. Así se ha conocido por denuncias de los moradores a través de las redes sociales, en informaciones que han sido confirmadas por las autoridades administrativas y militares.

En efecto, durante una rueda de prensa conjunta, el mayor general Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del comando general de las FF. MM., confirmó esta práctica. “Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, indicó el alto oficial, al término de un consejo de seguridad en Villavicencio (Meta).

En esta reunión, que se adelantó en las instalaciones de la Gobernación, se presentaron datos actualizados sobre los alcances de esta intimidación y los nombres de los grupos responsables. La mandataria seccional, Rafaela Cortés, relató que la estrategia de carnetización rural mutó durante las últimas semanas hacia presiones explícitas relacionadas con los comicios que se aproximan.

Según la gobernadora, la población ha venido recibiendo panfletos y advertencias que exigen su inscripción bajo mandato de las disidencias, lo que estaría supeditando el derecho al voto al cumplimiento de las directrices criminales, para influir en los resultados de estas zonas. El fenómeno, según la mandataria, implica un clima de temor y una seria amenaza a la libre participación electoral.

A su turno, el general Rodríguez añadió que el Estado intensificó las operaciones militares y policiales en respuesta a este avance de los grupos armados. “En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población”, remarcó el jefe militar, que reiteró que las campañas de carnetización responden a un intento sistemático de someter la voluntad de los ciudadanos.

Y agregó que por disposición de autoridades locales y nacionales, se desplegarán todos los recursos del Plan Democracia para contrarrestar el impacto de las disidencias armadas y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer el voto sin coerción. La medida, agregó el alto oficial, busca blindar la integridad del proceso electoral en los municipios del sur del Meta y del Guaviare.

Balance de las Fuerzas Militares para combatir las disidencias

El comandante Rodríguez destacó que, en lo que va de 2026, las Fuerzas Militares han realizado 217 afectaciones estratégicas contra estos grupos en Meta y Guaviare, como bombardeos y detenciones señaladas como de alto impacto, en contra de este fenómeno, que al parecer estaría enfocado en que en las urnas se vote por el oficialista Iván Cepeda; pese a que el candidato rechazó esta clase de presión.

“Se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guaviare durante los últimos meses, que ya han sido de conocimiento público, unos bombardeos y unas afectaciones importantes. También en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos”, detalló el jefe de Estado Mayor de Operaciones del comando general de las FF. MM. a los medios.

Por último, las autoridades reiteraron que la campaña de carnetización supone un cambio de etapa en la acción de las disidencias, pues la presión ya no se limita a disputas por rutas de economías ilegales, sino que busca forzar la alineación de la ciudadanía a través de la amenaza y la sujeción directa. Por ello, se prevén refuerzos de seguridad en las poblaciones rurales más expuestas a la intimidación.

El excongresista Ernesto Macías acusó al candidato presidencial Iván Cepeda de gozar del apoyo de sectores ilegales y de mantener vínculos con estructuras narcoterroristas; a 14 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial y en medio de versiones que indicarían que miembros de las disidencias de las Farc estarían presionando a los ciudadanos para que voten por el candidato oficialista.

Macías, en su columna dominical del 17 de mayo en La Nación de Neiva, cimentó su denuncia en la circulación de un audio en el que un supuesto cabecilla disidente de las Farc, que se identificaba como alias Rogelio Benavides, indicaba su respaldo explícito a Cepeda y amenazaba a las comunidades de Meta y Caquetá si no obtenía la victoria en las próximas elecciones, a disputarse el 31 de mayo.

Pese a que organismos de inteligencia oficial indicaron que el audio fue un montaje y que quien lo grabó es un recluso de la cárcel de Picaleña de Ibagué, identificado como alias Sergio, los dardos de Macías no cesaron. “Durante años, el hoy candidato ha sido cuestionado por su cercanía con estructuras narcoterroristas, especialmente las Farc, bajo el argumento de ‘gestiones de paz’”, señaló Macías.

Lo anterior, en lo que sería, según él, la relación histórica entre Cepeda y exjefes guerrilleros como “Iván Márquez”, del que no se conoce su paradero, y “Jesús Santrich”, cuya muerte se reportó el 17 de mayo de 2021 en Venezuela. Así lo reflejó en el mencionado escrito, titulado ‘El compañero Cepeda’, haciendo énfasis en lo que se escuchó en el referido audio, que causó la molestia del candidato progresista.

La grabación sobre el supuesto apoyo a Iván Cepeda desestimada por las autoridades

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional permitieron establecer que la grabación que originó la controversia era parte de una extorsión. Durante el allanamiento a la celda del presunto responsable, conocido como Sergio, las autoridades incautaron un teléfono celular y listas de víctimas. El hecho fue catalogado por Cepeda como “campaña sucia”, destinado a influir en el proceso electoral.

Pese a ello, Macías insistió en que hay palabras que no solo describen afinidades, sino que también “revelan cercanías imposibles de ocultar”. Las expresiones atribuidas por Macías al audio, en el que presuntamente un jefe disidente afirmaba “Ojalá gane el compañero Cepeda... porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años”, sirvieron al excongresista para argumentar la supuesta complicidad.

Y agregó que “Petro ha actuado sin límites para favorecer a Cepeda; es su agitador electoral”, por lo que relacionó este episodio a lo que, desde su análisis, son años de cuestionamientos por las relaciones del candidato con exmiembros de la antigua guerrilla. De hecho, remarcó que la expresión ‘el compañero Cepeda’ terminó adquiriendo desde su óptica, “una dimensión más inquietante”.

En medio de esta fuerte controversia, Cepeda repudió las amenazas contenidas en la grabación y denunció de manera pública el montaje como parte de un intento de desprestigiar su campaña presidencial. “Cada uno fue elevando el tono de la mentira y contextualizándola con fines electorales. La exigencia de rectificación también va extendida a los medios de comunicación”, dijo.

Es válido destacar que las dudas iniciales sobre la autenticidad del audio motivaron la intervención oficial del ministro de Defensa Pedro Sánchez, que aseguró en Neiva que la investigación preliminar señalaba al extorsionista mencionado como responsable de la grabación. Del mismo modo, el presidente Gustavo Petro fue explícito en señalar que cualquier tipo de presión armada a la población es delito.

“Este tipo de audios buscaron intimidar a sectores productivos del Huila. El 28 de abril se realizó una diligencia de allanamiento en el patio 10 en contra de alias ‘Sergio’. Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados señalando ser cabecilla de frente, pero no tiene ninguna relación con las estructuras criminales de alias ‘Calarcá’, indicó el director de la Policía, general William Rincón.

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López protagonizó una entrevista en la que arremetió contra la periodista y exaspirante Vicky Dávila, acusándola de calumniarla y de emprender una campaña de desprestigio en su contra. La anterior afirmación estaría soportada en el archivo de una investigación por presunta corrupción en el Metro de Bogotá, que involucraba a la aspirante de centro.

En diálogo con Caracol Radio, dado a conocer el domingo 17 de mayo, la exmandataria distrital no dudó en lanzar duras pullas contra la comunicadora. “Vicky Dávila me calumnió el día que decidió que quería hacer una carrera política, y lo que debía hacer era matarme en vida”, indicó la política bogotana, en un nuevo capítulo en el fuerte cruce de mensajes entre ambas, que parece que no tendrá un fin cercano.

Durante la conversación, la también exsenadora expresó que está dispuesta a reconstruir relaciones con actores políticos, entre ellos Dávila, pero estableció límites claros. “Yo no tengo ningún problema en entablar conversaciones, en restablecer relaciones con nadie. Eso es parte, además, de lo que alguien que se dedica a la política necesita”, sostuvo López, que quiere ser la primera mujer que gobierne el país.

Aunque reiteró su disposición, también dejó en claro que tiene condiciones. “Si ella decidiera no decir mentiras, no publicarlas en portada, no calumniar a la gente... Mira, yo tengo un libro autografiado por Vicky Dávila, la periodista. Cariñosísimo. Pero decidió calumniarme el día que decidió que quería hacer una carrera política, que yo iba a ser un obstáculo y que lo que tenía que hacer era matarme en vida".

Fue entonces cuando calificó lo sucedido como “miserable” y digno de una “mala persona”, aunque no se quedó en eso, pues lanzó a continuación una dura advertencia. “Pero en la vida todo se paga. Y ahí está Vicky, donde está”, declaró López, que tiene una clara discrepancia con la comunicadora social, que participó sin éxito en La Gran Consulta por Colombia y se desmarcó de apoyar a Paloma Valencia.

¿Desde cuándo existen diferencias entre Claudia López y Vicky Dávila?

El conflicto se remonta a 2023, cuando la revista Semana, dirigida por Dávila, publicó un artículo señalando a la entonces alcaldesa y a su esposa, la senadora Angélica Lozano, de recibir supuestos sobornos del consorcio del Metro de Bogotá para beneficiar al Partido Alianza Verde. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación en abril de 2026 tras no encontrar pruebas sólidas.

El ente acusador determinó que las acusaciones se basaron en testimonios retractados y rumores. Esta decisión intensificó el cruce de acusaciones y desató una serie de ataques personales en redes sociales y medios de comunicación. Por ello, en este nuevo diálogo López criticó lo que denominó la evolución profesional de Dávila y su papel en el periodismo político, una especie de puerta giratoria.

“Yo tengo a la Vicky que era periodista antes de que quisiera ser política y a la Vicky que posaba de periodista y quería ser política. Entonces, yo no me quedo con rencores de nada porque de verdad yo creo que eso no te lleva a nada. Yo no me voy a quedar, pues, con rencores de nada, pero Vicky tendría que cambiar, no conmigo, eso no se hace. Uno puede perder las elecciones, pero no el alma”, acotó.

Pero no se quedó en dicha frase, sino que lanzó acusaciones aún más profundas. “Vicky fracasó como periodista, fracasó como política y va a seguir fracasando si semejante nivel de obsesión la lleva a ser tan mala persona”, sentenció la exalcaldesa en diálogo con el periodista Gustavo Gómez, en el que también cuestionó la forma en que Dávila ha cubierto a otros personajes de la política nacional.

“¿Qué tal la encerrona que le hizo a Paloma? ¿No? Vicky, que estuvo con Paloma, que la acompañó, que se metió a esa consulta, que le levantó la mano y le dijo: ‘Tenemos que ganar’. Al mes siguiente está haciéndole semejante lavada de cara a Abelardo de la Espriella en una entrevista y semejante encerrona tan mezquina a su candidata Paloma”, relató la exalcaldesa capitalina en la entrevista.

Como era de esperarse, Dávila respondió a los dardos, pero les restó importancia. “Le contestaría todas las mentiras que anda diciendo sobre mí, Claudia ‘camaleón’ López, pero ahora no, después de las elecciones. Está al 1% y no quiero que le quiten votos a Paloma Valencia, subiendo a Claudia que, como va, le costará trabajo hasta llegar a la reposición. Cada cosa en su debido momento”, escribió.

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el domingo 17 de mayo las decisiones adoptadas por su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y, al mismo tiempo, reconoció lo que a su juicio serían errores propios al confiar en la existencia de un “centro democrático” capaz de equilibrar las políticas del Gobierno; comentarios que hizo justo cuando a su administración le restan 82 días.

Petro, a través de su perfil de X, defendió los resultados de su gestión en materia de homicidios y erradicación de cultivos ilícitos, aunque admitió un “estancamiento” para reducir los índices de violencia. El mandatario afirmó que el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) con recursos del presupuesto nacional representó un impacto fiscal superior al previsto.

En sus afirmaciones, Petro también se distanció de lo que llamó la “ortodoxia fiscal” implementada por su administración, pues señaló que el déficit fiscal tuvo como protagonista directo a Ocampo y que algunas de las medidas adoptadas por el extitular de Hacienda respondieron a intereses distintos a los del electorado que eligió el actual Gobierno; motivo por el cual se apresuró su salida del Ejecutivo.

Asimismo, remarcó que “Ocampo no debió pagar el Fepec con fondos del presupuesto, no había otra salida que pagarlo con el precio de la gasolina porque había sido un subsidio al precio de la gasolina”. De esta forma, señaló que ese pago representa “más que todo el déficit fiscal primario en el presente año (2026)”, por lo que insistió en la necesidad de establecer reformas a la política fiscal.

Para Petro, es necesario orientar esta política a desalentar la especulación y gravar lo que considera que son los atesoramientos improductivos. “Lo que se debe premiar es la producción y el trabajo y no la especulación y el goce de rentas quietas e improductivas”, afirmó Petro, que reaccionó de esta manera al análisis hecho por el académico en su columna de opinión, publicada en El Tiempo.

La dura respuesta de Gustavo Petro a José Antonio Ocampo

Es válido destacar que Ocampo, en el escrito que tituló La agenda del próximo gobierno, advirtió que “Colombia tuvo en 2025 el déficit fiscal primario más alto de América Latina. El año actual será el tercero con un déficit total superior al 6 % del PIB, en gran medida por aumento en gastos de funcionamiento”; lo que en su análisis estaría relacionado con medidas arriesgadas del Ejecutivo.

Y es que, desde la perspectiva del extitular de Hacienda, una de las principales causas del deterioro en la calificación crediticia del país ha sido la tendencia oficial a sobreestimar ingresos y subestimar gastos, en un diagnóstico que difiere del manejo financiero defendido por Petro en sus diferentes pronunciamientos, en los que incluso “sacó pecho” por cumplir con compromisos externos.

De hecho, Ocampo identificó tres desafíos inmediatos para el próximo gobierno: la crisis profunda del sistema de salud, el deterioro de la seguridad –con énfasis en el Cauca y Valle del Cauca–, y la estabilidad macroeconómica. “El próximo gobierno tendrá, por lo tanto, el duro reto de sanear esta situación, tanto con medidas de reducción y racionalización del gasto como de mayores ingresos”.

El exministro advirtió sobre el impacto de los elevados déficits fiscales, la salida del país de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la pérdida de confianza de calificadoras internacionales; en problemas que, a su entender, restringen la capacidad para financiar y sostener políticas públicas, y concluyó recomendando una planificación estatal de largo alcance y liderazgo.

Frente a esto, el gobernante responsabilizó a la gestión de Ocampo por las decisiones que agravaron el desbalance fiscal y relató que la anticipación del impuesto de renta de 2024, en una medida pactada bajo la conducción del exministro, “creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023”. Este no es un mensaje nuevo del presidente, que ha insistido en este punto.

Y defendió que el adelanto del impuesto debió recaer en los sectores rentísticos y no productivos, aunque lamentó una reciente decisión de la Corte sobre el tema. “El adelanto de imporrenta debió establecerse sobre la economía rentística y no productiva, la corte acaba de suspender, en mi opinión torpemente, (...) solo por defender los intereses moribundos de petroleras y de Drumond y el Cerrejón”.

Los ‘pecados’ que Gustavo Petro reconoció haber cometido

A su vez, el jefe de Estado reconoció su propia responsabilidad en la composición de su gabinete económico, al asumir que erró al confiar en una presunta moderación política de su entonces ministro. “Aquí mi pecado fue mucha ingenuidad y creer que de verdad existía un centro democrático, y el que metí al gobierno estaba más a la derecha que el que se llama así políticamente”, expresó Petro.

Por su parte, en su análisis sobre la deuda, el mandatario explicó que el encarecimiento de la deuda interna, a diferencia de la externa que, según su visión, ha logrado gestionar, dependerá de una baja sostenida en la tasa real de interés del Banco de la República por debajo del crecimiento económico, lo cual permitiría expandir la producción. No obstante, en ese sentido Ocampo no fue tan optimista.

Y refutó las afirmaciones de Ocampo sobre un supuesto deterioro en materia de seguridad, relacionadas con la narrativa de candidatos opositores. “Colombia no está en una crisis de inseguridad, pero necesita un nuevo camino hacia la paz que implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad”.

También expresó que los índices de homicidio se encuentran en “el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años”, con un “estancamiento” para reducirlos más allá del umbral reciente; al punto de presentar como resultado de su política rural que en lo que va del año se han erradicado voluntariamente 39.000 hectáreas de cultivos ilícitos, dato certificado por organismos internacionales como la ONU.

Atribuyó el desafío principal para reducir la violencia al reemplazo de las economías ilícitas en regiones rurales excluidas por alternativas lícitas y sostenibles. E incluyó una referencia a lo observado en este ítem en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, al que le endilgó el aumento de cultivos de hoja de coca, en aseveraciones que causaron una serie de comentarios.

El aspirante presidencial Santiago Botero acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de bloquear la entrega de anticipos a su campaña, a casi 16 días de la primera vuelta. La denuncia cobró fuerza al apuntar que rivales como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ya destinaron “miles de millones” de pesos a sus gastos, mientras las candidaturas independientes enfrentan obstáculos administrativos que no ofrecen equidad.

Ya la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido que seis campañas aún no reciben recursos oficiales para operar en la recta final. En su último informe, la organización precisó que la resolución para autorizar los desembolsos debió estar lista antes del 31 de enero; sin embargo, a la fecha la ausencia de esa directriz ha impedido avanzar con la obtención de pólizas de seguro, un requisito para acceder a los fondos.

“¿El CNE es de derecha o es del lado de Abelardo?“, indicó el candidato antioqueño, que advirtió que las trabas impuestas a quienes no integran los grandes grupos económicos “es una falta de respeto con la democracia y con millones de colombianos que quieren opciones distintas a los mismos de siempre”. Señaló, además, que la dilación “limita la financiación de campaña”, pese a la obligación del Estado en ese sentido.

Así reveló que se financiará “a su manera” y desafió al Consejo Nacional Electoral si cuestiona sus métodos. “Si después vienen a decir los del CNE que era ilegal… ¡Que los cojan confesados!“, dijo Botero, que sostuvo que el manejo de los fondos puede provocar un estallido social, pues en su concepto, ”el pueblo se va a emberracar, porque no vamos a dejar que ganen los candidatos que quieren imponer los grupos económicos”.

Enfatizó que tanto él como otros aspirantes estarían siendo ‘asfixiados’ por el organismo, que bloquea la entrega de anticipos mientras sus rivales, que cuentan con fuentes de dinero ya establecidas, a través de la empresa privada y gastan sumas millonarias. Esto, asegura, mina la equidad del proceso a menos de tres semanas de los comicios, pues le daría ventaja a los que logren gestionar cuantiosos préstamos.

El retraso en los anticipos agudiza el desequilibrio electoral: MOE encendió las alarmas

Por intermedio de su directora, Alejandra Barrios, la MOE advirtió que la falta de una resolución reglamentaria por parte del CNE desde enero ha generado “una omisión administrativa que afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas”. Explicó que “la ausencia de claridad sobre los requisitos para las pólizas exigidas” compromete la competencia justa en la campaña.

A su vez, Frey Muñoz, subdirector de la MOE, expresó que el problema ya impacta de forma crítica el calendario electoral y recordó que “estamos a escasas semanas de que la ciudadanía acuda a las urnas. La falta de esta resolución causó una incertidumbre jurídica y logística innecesaria”, por lo que reclamó la expedición “a la mayor brevedad” del acto administrativo pendiente para que los giros se puedan efectuar.

Entre tanto, según Transparencia por Colombia, las campañas presidenciales ya han informado gastos equivalentes a $25.000 millones, pese a que los anticipos legales buscan evitar que alguna candidatura quede en desventaja por motivos económicos. Y que existen algunas aspiraciones que todavía no reportan ingresos y egresos en las plataformas digitales dispuestas para tal fin, lo que alimenta las especulaciones.

Finalmente, Botero, famoso por aquella frase en la que prometía darle “balín” a los delincuentes, reclamó la ausencia de vigilancia institucional ante las anomalías. “¿Dónde está la MOE? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el Presidente y dónde están las altas cortes?”, cuestionó el aspirante, que concluyó su mensaje con críticas al accionar de magistrados y funcionarios, al exigir que “sean serios”.

Con una fuerte réplica en sus redes sociales, Hernán Cadavid, representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático, criticó el jueves 14 de mayo al presidente de la República, Gustavo Petro, por responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia de frenar la reforma agraria en el país. Lo anterior, luego de que el primer mandatario acusó al alto tribunal de haberle propinado un “golpe rotundo” a la lucha por la tierra.

El mandatario, que visitó la población de Cubará (Boyacá), en un acto de reparación y reconocimiento por la lucha histórica de la nación U’wa, afirmó que con su fallo la Corte impidió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda sanear y transferir tierras baldías, que estarían ubicadas en la Orinoquía, la Amazonía y otras regiones del territorio nacional a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

“Acaba la Corte Suprema de expedir un fallo, solo he leído lo que hoy indica la prensa, hay que leerlo más profundamente, sobre los baldíos nacionales. Y que en el caso de Orinoquía, de Amazonía y de otras partes del país, es la mayor parte de la tierra de Colombia, en donde prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente”, indicó Petro.

En consecuencia, solo habilitaría dos instancias del poder judicial, en el más alto nivel, para que se determine si el baldío es baldío y pertenece a la Nación, o si es de sus actuales poseedores. En su intervención, Petro sostuvo que la decisión “ha cerrado hoy el camino de la reforma agraria” y la calificó como un retroceso en los derechos del campesinado colombiano; pronunciamiento que molestó al congresista paisa.

“Es la lucha de nuestros abuelos y diría bisabuelos y más antes, la que hoy recibe un golpe rotundo de parte del poder judicial en Colombia”, expresó el mandatario, que además citó el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la ampliación de resguardos y titularidad de la tierra en Colombia; según él, porque “una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplirla”.

Según Petro, le están quitando facultades a la ANT, heredadas del antiguo Incora, y de otras instituciones más atrás, que vienen de la Ley 200 de 1936. “Que es el resultado del reconocimiento de la lucha de Quintín Lame y del campesinado de Colombia por su derecho a ser propietarios y poseedores de la tierra”, destacó el gobernante en sus declaraciones, que causaron fuertes reacciones desde la oposición.

¿Qué dijo Hernán Cadavid frente a las afirmaciones de Gustavo Petro?

La reacción del parlamentario antioqueño no se hizo esperar, pues acusó al presidente de faltar a la verdad. “No es posible tanta mentira. 1. La Corte Suprema no ha expedido ningún fallo en ese sentido. Ha hecho recomendaciones al trámite de Jurisdicción Agraria. 2. La Corte Constitucional negó pretensión de su gobierno contra las garantías judiciales en proceso Agrario. MENTIROSO”, publicó el congresista en su cuenta de X.

Este contrapunteo se originó en medio de un contexto de alta tensión por la implementación de la reforma agraria, uno de los puntos más sensibles del Acuerdo de Paz de 2016. Según explicó Petro, la sentencia restringe la vía administrativa para que el Estado recupere tierras baldías y las adjudique a comunidades rurales, lo cual, a su juicio, representa “la única válvula que existía para democratizar la tenencia de la tierra”.

Es válido decir que la nueva Jurisdicción Agraria y Rural, creada tras la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, estableció la figura de jueces y magistrados especializados en conflictos de tierras: una estructura que busca dar respuesta a décadas de disputas agrarias no resueltas; sin embargo, la operatividad plena de esta jurisdicción depende de una ley ordinaria pendiente de aprobación en el Congreso.

En específico, la identificada como proyecto de ley 183 de 2024 en Cámara y 157 de 2023 en Senado, que a casi un mes del término del periodo legislativo sigue sin avanzar. Así pues, el debate sobre la reforma agraria y la democratización de la tierra sigue generando divisiones en la opinión pública y en el Congreso, en una lucha contrarreloj de los sectores oficialistas para que logre ser aprobada antes del 20 de junio.

Rodríguez, que dijo haber sido amenazado por “Calarcá” en febrero, de acuerdo con las denuncias radicadas ante los organismos nacionales, argumentó que las grabaciones divulgadas confirmarían los riesgos de que se registren casos de constreñimiento electoral para la primera vuelta: prevista el 31 de mayo y en la que su candidato, el abogado Abelardo de la Espriella, buscará dar la sorpresa en la contienda.

Uno de los elementos más inquietantes es que los audios, atribuidos a alias Rogelio Benavides, mano derecha de alias Calarcá, contienen, según el mayor retirado de la Armada, referencias explícitas sobre las inclinaciones de esta agrupación a la campaña del candidato oficialista. “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en uno de los audios.

Este material estaría en circulación desde abril en las comunidades rurales de Guaviare, Meta, Caquetá y Huila, en donde de acuerdo con los reportes de la Misión de Observación Electoral se registrarían riesgos elevados de coacción a los votantes. Por ello, el congresista electo formalizó su solicitud de acompañamiento ante los organismos internacionales, en respuesta al peligro de “interferencia criminal” en el proceso democrático.

“Para los que tenían dudas si Iván Cepeda era el candidato de las Farc, salen unos audios de la mano derecha de alias Calarcá pidiendo que voten por el compañero Iván Cepeda y lo hacen extorsionando y metiendo presión con sus fusiles. También dice que con el compañero Iván Cepeda en el poder los van a apretar durante cuatro años más", expresó Rodríguez en su pronunciamiento, a través de video.

“Por eso, como senador de oposición y uno de los amenazados por alias Calarcá he elevado a la MOE y a la OEA una serie de documentos solicitando el acompañamiento exhaustivo en las próximas elecciones presidenciales, para que se puedan hacer en total libertad. El riesgo de constreñimiento electoral ha sido alertado por varios meses por parte de la Defensoría del Pueblo", agregó en su intervención Rodríguez.

Los audios con los que las disidencias de las Farc apoyarían a Iván Cepeda

Con estos audios, en el concepto del parlamentario, “se evidencia que van a meter mucha presión para que voten por el candidato Iván Cepeda”. El caso, es válido precisar, implicaría a las estructuras aliadas a “Calarcá”, que buscarían consolidar las prácticas de control en los territorios, a través de la carnetización obligatoria, extorsión, desplazamiento y otros graves delitos, que violan el derecho internacional humanitario.

En uno de los fragmentos, se le escucha a Benavides lanzar una dura advertencia. “El que no tenga el carnet paga 150.000 o 100.000 pesos, o si no se va del territorio”, expresó el subversivo, en una estrategia que incluiría represalias directas contra las autoridades locales y los campesinos. “Déjeme decirle, presidentes, que los voy a apretar, y como debe ser, con multas bien altas, así me les toque vender las gallinas”, acotó.

Frente a la divulgación de estos audios, las Fuerzas Militares y la Defensoría del Pueblo investigan la procedencia de los audios y el impacto real de las amenazas. Esta clase de contenidos evidenciarían una intención de incidir sistemáticamente en las elecciones, mediante la articulación de amenazas y presencia armada en municipios catalogados como de alta exposición a la violencia política.

El presidente de la República, Gustavo Petro, convocó el jueves 14 de mayo a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a defender la jurisdicción agraria, en un momento en que la reglamentación para su implementación estaría en riesgo de naufragar en el Congreso, al no registrar avances en su tránsito por el Senado, en el que la discusión se ha visto truncada por la falta de cuórum.

En su mensaje en la red social X, el jefe de Estado advirtió que está en juego la posibilidad de volver a “la violencia de mediados del siglo XX”, en relación con lo que, según él, serían las trabas en la discusión del articulado, cuando faltan menos de cinco semanas para que venza el plazo legislativo previsto.

El proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria debe ser aprobado en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado antes del próximo 20 de junio. De no lograrse, la normativa se archivará y los juzgados agrarios, creados por mandato constitucional y con apertura programada para 2027, no tendrán marco regulatorio; en medio de las diferencias sobre el alcance de dos puntos que resultan cruciales.

La definición del alcance de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la protección de la propiedad privada son los puntos centrales del actual estancamiento. Con ese panorama, Petro indicó que “solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886, atrás incluso de la ley 200 de tierras de 1936 en la ‘Revolución en Marcha’”, impulsada por el expresidente liberal Alfonso López Pumarejo.

En su concepto, en caso de que no vea la luz, esta determinación dejará “la tierra en manos de terratenientes o se aplica el estado social de derecho de la Constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra”. En ese orden de ideas, llamó a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a coordinarse para una “gran lucha por la tierra”.

Advirtió que el actual curso del Congreso podría devolver al país a políticas de concentración de tierras y violencia rural. Y es que desde abril de 2026, la Ley Estatutaria 2570 estableció la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, mientras la Sentencia C-099 de la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura implementar gradualmente los tribunales y juzgados agrarios.

Sin embargo, el proyecto de ley, condición indispensable para que los jueces empiecen a operar, sigue bloqueado ante el Senado. La respuesta de Petro frente a esta situación sería la de legitimar por la vía social la agenda de reforma agraria, en una nueva movilización de la que no se conocen mayores detalles, pero que se adelantarían en medio de la campaña electoral, con miras a la primera vuelta presidencial.

El futuro de la propiedad rural, en manos del Congreso

En su mensaje, Petro fue enfático en la dicotomía entre el debate parlamentario y la historia de violencia rural en el país. “Demostraremos con la decisión del pueblo en las urnas, primer momento constituyente y con la gran movilización del pueblo de Colombia, segundo momento constituyente, que se deben cumplir las órdenes de la Constitución nacional vigente y de las sentencias de las cortes internacionales”, destacó.

A lo que se sumaría, de acuerdo con el gobernante, los tratados que Colombia ha suscrito sobre el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la tierra, la autonomía y la cultura y el derecho del campesinado a la tierra. Hasta el momento, la falta de cuórum que ha detenido el avance del debate, ante los señalamientos de los partidos opositores de que las facultades que se le entregarían a la ANT serían exclusivas de jueces y pueden traducirse en expropiaciones administrativas.

Frente a esos señalamientos, el Gobierno nacional radicó un mensaje de urgencia para acelerar el alcance del proyecto ante un plazo perentorio. Los antecedentes normativos de la jurisdicción, como el Acto Legislativo 03 de 2023 y la Ley Estatutaria 2570 de 2026, ya consolidaron la existencia y estructura judicial de la jurisdicción, pero la ley de procedimientos se mantiene pendiente de aprobación.

“Espero las decisiones de la coordinación social frente a la terrible sentencia de amigos del poder terrateniente que hoy por hoy es un poder mafioso. Ya vemos cómo han ayudado a los banqueros a robarse el ahorro del pueblo trabajador y ahora, literalmente, queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”, afirmó Petro.

La senadora Angélica Lozano arremetió el jueves 14 de mayo contra la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, al calificarla de “abelardista en ‘principios, medios y fines’” por lo que sería su apoyo velado a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella; pese a que en el pasado había expresado sus reparos por los antecedentes del aspirante de ultraderecha.

Lozano, pareja de la candidata presidencial Claudia López, señaló a Dávila de compartir la ética política de De la Espriella. “Vicky siendo Vicky. Abelardista en principios, medios, fines. Los veo compatibles éticamente”, afirmó la congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, en respuesta a lo que sería la postura de la periodista por las alianzas de Valencia de cara a la primera vuelta, con los partidos tradicionales.

La política replicó este mensaje al citar una publicación en la que, con un proverbio español sobre la traición, se puso en evidencia lo que sería la fractura interna de los participantes de La Gran Consulta por Colombia de la centro-derecha, a solos dos meses de que se efectuó este mecanismo: en el que la victoria fue de Valencia, que sacó más de 3.250.000 votos; a diferencia de Dávila, que fue quinta en esta contienda.

En ese sentido, Lozano intentó poner de manifiesto la incoherencia de la periodista, que el 8 de marzo no dudó en señalar, incluso, que Valencia “ganaría en primera vuelta”, pero en la actualidad rechaza la manera en que se ha desarrollado su campaña, tras el aterrizaje de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y la U, cuyas directivas anunciaron su apoyo a la política del Centro Democrático.

En palabras de Lozano, la periodista “se muestra compatible éticamente” con la campaña de De la Espriella, que ha estado en el ojo del huracán por sus prácticas misóginas durante algunas entrevistas recientes; sin que Dávila, al menos en sus redes sociales, haya expresado su rechazo frente a estas conductas, que obligaron al candidato a expresar excusas públicas a las periodistas afectadas.

¿Qué dijo Vicky Dávila que causó la polémica en las redes sociales?

El viraje en la postura de Dávila habría quedado expuesto en sus declaraciones del miércoles 13 de mayo, en la que criticó de forma abierta la decisión de Valencia de buscar acuerdos con sectores diversos de la política colombiana para fortalecer su candidatura. “A mí si no me vengan con ese cuentico de que hay que unirse con el perro, con el gato, con el diablo, con los enemigos, con los bandidos, con el que sea“, expresó Dávila.

Según la periodista, “no todo vale” con tal de ganar las elecciones y evitar que el oficialista Iván Cepeda sea el presidente. “A otro perro con ese hueso”, afirmó la periodista en el clip en el que expresó sus ideas, al reivindicar la coherencia de su propia campaña y rechazar, de tajo, la idea de que el fin justifica los medios. “Yo soy coherente. Yo no me uní con nada de la porquería”, remarcó la excandidata presidencial.

Y agregó cuál fue su compromiso tras la derrota sufrida en marzo. “Perdí. Bueno, eso fue lo que dije en la campaña. Pierdo. ¿Y qué? No pasa nada. Pero no puede ser que hay que juntarse con toda la podredumbre de la política solo para que no gane Cepeda. No, aquí hay un compromiso con los colombianos por parte de la oposición y es cambiar la forma de hacer política, limpiar la política, hacerla de manera decente.

La exaspirante presidencial, que retornó a la revista Semana a mediados de abril, había expresado su respaldo a la unidad de la derecha tras la consulta interna. “Hoy los colombianos han decidido que sea Paloma quien lleve esas banderas y por eso lo único que deseo es que le vaya bien”, dijo en ese entonces la comunicadora vallecaucana, que parece haber cambiado de opinión frente a este asunto.

La denuncia de Alejandro Lopera, que fue jefe de prensa de la campaña presidencial del general retirado Gustavo Matamoros, encendió las alertas el jueves 14 de mayo de 2026 sobre la manera en que el exoficial habría adelantado su aspiración al primer cargo de la Nación. El exoficial es señalado de no hacer los pagos acordados con su equipo colaborador y de no cumplir con requisitos legales de su aspiración.

La veracidad del testimonio del comunicador fue corroborada por Infobae Colombia por otra persona vinculada a la estructura de la campaña, que pidió reserva de su identidad, y por los documentos en los que el exmiembro del Ejército Nacional sería señalado de no honrar ni con los honorarios de los que le prestaron servicios a su campaña, ni de designar a los encargados de llevar la contabilidad de la misma.

Esta fuente señaló que el incumplimiento de los compromisos contractuales ha afectado de manera grave la estabilidad financiera de quienes fueron vinculados a esta empresa, que fueron desvinculados bajo la promesa de un pago inminente que nunca llegó. Este asunto causó una fuerte molestia al interior de la colectividad, que conminó al candidato a ofrecer respuestas frente al escándalo que sacude sus bases.

En su exposición de motivos, hecha en redes sociales, Lopera aseguró haber renunciado a un cargo anterior tras recibir la oferta de un salario superior a 15 millones de pesos, pero tanto él como otros trece colaboradores afirman que, a la fecha, no han recibido ningún pago por su trabajo en la campaña, quedando expuestos a deudas e impactos en su vida crediticia. Una denuncia que quedó consignada por escrito.

Partido Ecologista Colombiano advirtió “grave omisión” y sanciones inminentes a Matamoros

En uno de los documentos conocidos por Infobae Colombia, el partido Ecologista dejó claro su distanciamiento de la campaña de Matamoros, pues no ha designado dos figuras que son claves para darle visos de legalidad a su campaña. Así quedó expuesto en el requerimiento que le fue remitido el 12 de mayo, en el que la junta directiva de la colectividad recordó sobre la necesidad de cumplir con los requisitos legales.

“Usted no ha procedido formalmente con el nombramiento de contador público ni de auditor interno para la campaña. Le recordamos que estos cargos no son opcionales; son requisitos esenciales exigidos por la Ley 1475 de 2011 para garantizar la transparencia en el origen, manejo y destino de los recursos”, se precisó en la comunicación, conocida a menos de tres semanas de que se efectúe la contienda electoral.

El partido aportó un soporte del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), documento que “evidencia la ausencia de registros de su actividad contable”. Gregorio Navarro, representante legal del partido, indicó que “la falta de registro en tiempo real de los ingresos y gastos constituye una falta gravísima que puede derivar en sanciones y administrativas severas tanto para usted como para nuestra colectividad”.

En el mismo requerimiento, la colectividad política informó haber recibido, el 11 de mayo, una comunicación de asesores que presentaron una alerta formal sobre las obligaciones pendientes de la campaña. Para la organización política, el aval otorgado fue de “naturaleza estrictamente política” y recalcó que “la gestión, contratación y liquidación de cualquier obligación económica recae exclusivamente” en Matamoros.

Ante la gravedad de las denuncias recibidas, la representatividad anticipó consecuencias. “De persistir el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos, el Partido Ecologista Colombiano calificará su conducta como renuente. Esta declaratoria activará de inmediato los protocolos de sanción interna y el traslado de su expediente ante el Consejo Nacional Electoral”, agregó.

Proveedores alertaron mora de cuatro meses: tomaron medidas contra Gustavo Matamoros

El pronunciamiento del Partido Ecologista Colombia se conoció luego de que el grupo asesor de campaña denunció el retraso en los pagos ante la secretaría general de esta estructura política. Según el documento, “se adeudan cuatro meses de honorarios correspondientes a servicios estratégicos y operativos ejecutados desde enero de 2026″, y detalló que, pese al cumplimiento de las obligaciones, “el pago ha sido inexistente”.

En su denuncia, los afectados afirmaron que la intermediaria International Market Consultant SAS formalizó la contratación de los servicios; pero pese a ello, la prestación directa favoreció al candidato Matamoros y a su plataforma, por lo que alegaron que era obligación del candidato y su hijo, Gustavo Matamoros Galvis, que lo acompaña en esta aspiración, pactar los deberes en materia de salarios con sus colaboradores.

“El retraso en los pagos ha derivado en perjuicios económicos colaterales, tales como el cobro de intereses de mora en obligaciones bancarias personales y afectaciones al historial crediticio. Estos sobrecostos financieros son responsabilidad directa del contratante y serán incluidos en cualquier acción legal de cobro como indemnización de perjuicios”, se acotó en la comunicación, también conocida por Infobae Colombia.

El grupo de asesores anunció que solicitarán la intervención de la veeduría del partido y, de persistir la inacción, escalarán el tema a instancias judiciales y administrativas. El hecho en mención ya desembocó en una queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y estaría en camino de abrir investigaciones para que se adelante la verificación de la estructura administrativa, financiera y contractual de la campaña presidencial.

En el desarrollo de este artículo, Infobae Colombia intentó obtener la versión del candidato Gustavo Matamoros sobre los hechos denunciados, a través de servicio de mensajería Whatsapp y con llamada telefónica a su número registrado. Hasta el momento de la publicación, no fue posible obtener respuesta oficial por parte del aspirante, que es hoy blanco de fuertes acusaciones.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, exsenadora de la República y directora del partido Oxígeno, denunció el jueves 14 de mayo que sectores vinculados al senador Iván Cepeda estarían empleando “bodegas” digitales para “inflar”, de manera artificial, la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y facilitar así su paso a una segunda vuelta, que en caso de configurarse, se llevaría a cabo el 21 de junio.

Betancourt compartió un video en el que se explicaría la estrategia, calificó la maniobra como un intento calculado de la izquierda por enfrentar al candidato considerado más débil y destacó con sus apuntes una serie cuestionamientos sobre la transparencia de la competencia en la contienda electoral, en la que se estaría adulterando, según ella, la percepción del público sobre los candidatos.

En el clip, que incluye testimonios que detallarían las acciones para impulsar a De la Espriella, se resaltaría la importancia de que el aspirante oficialista mida fuerzas en el balotaje con el abogado de ultraderecha. “Si el doctor Iván se enfrenta a Paloma en segunda, perdemos. Si no empezamos hoy a inflar a Abelardo, perdemos”, se escuchó por parte de un personaje que no fue identificado por Betancourt.

¿Cuál es la denuncia de Ingrid Betancourt frente a la campaña de Abelardo de la Espriella?

La procedencia de los audios y el anonimato de las voces han generado suspicacia, a juzgar algunas de las respuestas a su publicación, en la que reiteró su preocupación frente a lo que sería este plan. “Las bodegas de Cepeda están inflando a Abelardo para que pase a segunda vuelta. De ser así, pasaríamos de los ‘nunca’ a los ‘mismos’. Todos saben que la única que les gana es Paloma Valencia", insistió la colombofrancesa.

La excongresista, que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla de las Farc, y que recuperó su libertad gracias a la Operación Jaque, ha sido enfática en señalar que “votar por el Tigre en primera vuelta es estar firme con Cepeda en segunda”. Una frase que profundizaría las tensiones de los que buscan alternativas al bloque de izquierda liderado por Cepeda, pero que a 17 días de la primera vuelta no lograron unirse.

En el video se señaló que el apoyo al “Tigre” operaría solo hasta que este llegue a la segunda vuelta, para luego volverse en su contra. “La matemática es simple para la izquierda: si Abelardo pasa a segunda vuelta, las bodegas que hoy lo están apoyando no solo se van a retirar, se le van a ir en contra", y se agregó que tendrían, presuntamente, dos grandes escándalos para “detonarle”, pero no lo harán en primera vuelta.

Además, el video señaló un antecedente inmediato en ese sentido. “Hicieron exactamente lo mismo con Rodolfo (Hernández) hace cuatro años”, se escuchó en esta pieza audiovisual. La estrategia se asociaría con el aislamiento progresivo del candidato inflado, lo que facilitaría la consolidación de la izquierda en una eventual segunda vuelta, como lo prevén las diferentes firmas encuestadoras en Colombia.

Los testimonios recogidos en el video darían cuenta sobre el destino previsible de los votos que queden fuera del virtual balotaje. “Todos los votos de Juan Daniel Oviedo, los de Fajardo, los de Claudia, ¿saben dónde van a terminar? Donde Cepeda, porque son más afines ideológicamente”, se escuchó al expositor de lo que sería el plan de la izquierda, en el video compartido por la exsenadora Betancourt en sus plataformas digitales.

Según los audios, la rivalidad entre estos líderes y De la Espriella imposibilitaría una transferencia de apoyos hacia el Tigre de cara a una segunda vuelta, escenario que buscaría el oficialismo. En el video también se mencionaría el peso específico de las alianzas tradicionales, pues “nada más los liberales y los conservadores representan más de cuatro millones de votos”, además del apoyo de los indecisos a Oviedo.

En palabras de la propia Betancourt, lo que está en juego excedería, en consecuencia, la coyuntura de la elección e iría más allá, debido a que su denuncia apuntaría a una manipulación sistemática de las reglas no escritas de la competencia política. “Estar firme por la patria hoy es estar firme con Cepeda mañana”, se aseveró en el video, en el que se anticiparon consecuencias para los que apoyan al abogado.

Un nuevo e intenso cruce se registró en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026, cuando la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, arremetió contra el congresista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, por cuenta de lo que sería el fracaso de la política de ‘Paz Total’. La aspirante presidencial arremetió contra su contendor, al aprovechar la controversia causada por los audios conocidos de las disidencias de las Farc.

Valencia, a través de la red social X, sostuvo que el deterioro de la seguridad en las regiones es la consecuencia de una “decisión política” adoptada por Cepeda y el oficialismo, tras conocerse las conversaciones del jefe de la estructura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá en Guaviare, en las que mencionó a la campaña presidencial de Cepeda y deseó el éxito del candidato de izquierda.

En su publicación, lo responsabilizó por los hechos de presión armada registrados en las elecciones del 8 de marzo. “No se lave las manos. Lo que usted hoy denuncia, ayer lo construyó. La ‘Paz Total’ no fue un error de cálculo: fue una decisión política. Hoy, esa decisión tiene nombre propio en cada vereda donde un fusil le dice a un campesino por quién votar”, afirmó Valencia en su mensaje, cuyo destinatario fue el político de izquierda.

Esta respuesta de Valencia se conoció luego de que el candidato del Pacto Histórico tuviera que salirle al paso a la controversia que se generó en el espectro político y rechazar lo dicho por alias Rogelio Benavides, que en una conversación filtrada fue claro en su deseo. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…) Ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros“, se le escuchó al subversivo, hombre de confianza de ”Calarcá“.

¿Cuál fue la posición de Iván Cepeda frente al apoyo de las disidencias de las Farc?

En respuesta, Cepeda denunció ante las autoridades que recibió información sobre coacciones ejercidas por organizaciones armadas para inclinar la votación en territorios específicos. “En los últimos días, he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes”, afirmó.

Dicha información daría cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”. Un pronunciamiento que se hizo público en el mismo día en que se revelaron los contenidos de lo que serían reuniones obligatorias en zonas rurales de Guaviare, con jornadas de carnetización.

A su vez, Cepeda precisó que no aceptará, en ninguna condición, el condicionamiento armado del proceso electoral. “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados”, agregó.

Cabe destacar que el centro de la controversia gira en torno al papel de Cepeda como estratega y negociador central de la política de Paz Total, que quedó en firme con la Ley 2272 de 2022 que institucionalizó la apertura simultánea de procesos de negociación política y sometimiento judicial con diversos grupos armados, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones.

Cabe destacar que Cepeda, desde el 2 de agosto de 2022 y hasta septiembre de 2025, fue presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República, que pasó a ser una comisión permanente desde entonces y en la actualidad su titular es el senador Julián Gallo, exguerrillero de las Farc. En este cargo, el candidato Cepeda lideró la expedición y el trámite de la Ley de Paz Total y actuó como negociador directo con el ELN.

El senador, que según las diferentes mediciones es el principal opcionado para ganar los comicios, argumentó que su enfoque prioriza la participación de la sociedad civil y la protección de los que han firmado acuerdos de paz. Y anunció que de llegar al Ejecutivo mantendría las negociaciones, aunque imponiendo condiciones más estrictas para garantizar la seguridad de la población civil ante secuestros y homicidios.

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó de forma pública a los candidatos Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia que retiren las demandas que, según él, han obstaculizado la entrada en vigor de la reforma pensional en Colombia. El jefe de Estado advirtió que sus acciones han generado una transferencia “ilegal” de fondos de los trabajadores hacia los mayores bancos del país.

La petición del primer mandatario se conoció en un momento en que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado mantienen suspendidos artículos clave de la Ley 2381 de 2024 y del Decreto 0415 de 2024, que han impedido el traslado de fondos de las administradoras privadas a la estatal Colpensiones y congelado la aplicación de la reforma. Determinaciones que han derivado en fuertes reacciones desde el Ejecutivo.

“Le solicito al señor de la Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”, dijo Petro al citar un mensaje del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Cabe destacar que el Consejo de Estado suspendió el 11 de mayo, de manera provisional y total, el Decreto 0415 de 2024, lo que detuvo el movimiento de aproximadamente $25 billones de pesos desde fondos privados hacia el sistema público. En su análisis, el tribunal determinó que el Gobierno excedió su autoridad al disponer este cambio mediante decreto, ya que semejante decisión corresponde al Congreso de la República.

Por su parte, en la Corte Constitucional cursan demandas interpuestas por la senadora Paloma Valencia, que sostuvo que la reforma viola el artículo 157 de la Constitución, debido a que se habrían registrado supuestos vicios en el procedimiento legislativo. De la Espriella, en su recurso, argumentó que el Gobierno pretende disponer del ahorro individual y ha pedido una “contrareforma” para evitar lo que calificó un “robo”.

De este modo, estas demandas han llevado a la suspensión temporal de la ley y de su decreto reglamentario, lo que bloqueó tanto el traslado de cuantiosos recursos como el inicio efectivo de la reforma. En respuesta al fallo judicial, el primer mandatario calificó de “inconstitucional” la decisión del Consejo de Estado y anticipó posibles acciones legales contra el magistrado ponente de esta determinación, Juan Enrique Bedoya.

¿Por qué el Consejo de Estado impidió el traslado a Colpensiones?

El alto tribunal, como se mencionaba, adoptó la suspensión del Decreto 0415 de 2024 como medida cautelar para garantizar, en su concepto, el ahorro de los trabajadores, al alegar que “el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al intentar cambiar el destino de los ahorros pensionales por vía administrativa, una facultad que le corresponde exclusivamente al Congreso de la República”.

El Consejo de Estado remarcó que esas acciones solo pueden hacerse tras una discusión y aprobación parlamentaria formal, y no mediante decreto del Ejecutivo. En ese orden de ideas, afirmó que la medida busca prevenir un “daño irreparable” a los ahorros acumulados por los que aún no han consolidado su derecho pensional; contrario a lo expresado por Petro y sus funcionarios, que han cuestionado la medida.

La suspensión mantuvo los recursos en las administradoras privadas de fondos, estimados en $25 billones, según explicó la corporación judicial, hasta que se resuelva la legalidad del decreto. “Las pensiones de los colombianos están seguras y el dinero sigue disponible y generando rendimientos en las AFP mientras se resuelve el fondo de la legalidad del decreto”, expresó el organismo judicial en su determinación.

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por lo que sería su presunta participación indebida en política. Lo anterior, tras declarar que el senador Iván Cepeda, que hace parte del Pacto Histórico, es “su candidato” para las presidenciales de 2026, en lo que sería una contravención a la prohibición que pesa sobre los funcionarios.

La denuncia la presentó el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, tras la difusión de declaraciones de la diplomática en medios haitianos que generaron un impacto inmediato en el escenario político y diplomático colombiano. Y es que así como lo estaría haciendo el jefe de Estado, Gustavo Petro, la embajadora expresó preferencias que no tiene permitidas por su cargo.

La revelación clave se produjo durante una entrevista en Metropole Radio y Televisión de Haití, en la que Velásquez, consultada sobre el panorama político, expresó su apoyo a Cepeda. “Tenemos un magnífico candidato, que es Iván Cepeda”, afirmó la funcionaria, que entregó contexto al espacio al señalar que Petro no puede ser reelegido, conforme lo dispone la Constitución.

“Él no puede reelegirse, la Constitución no lo permite. Pero tenemos un magnífico candidato, que es Iván Cepeda”, fue la frase textual de la diplomática generando controversia por la categórica posición tomada desde su rol, que le impediría hacer ese tipo de manifestaciones. Las normas son explícitas: la Constitución prohíbe a cualquier funcionario hacer actos de proselitismo o expresarse en favor de cualquier aspirante.

La infracción de hecho puede derivar en “destitución e inhabilitación” por parte de la Procuraduría, que ya recibió la petición formal. “Yo le ruego a la Procuraduría que actúe disciplinariamente contra esta señora embajadora, que claramente rompe toda norma cuando decide participar indebidamente en estas elecciones presidenciales”, reclamó Hernández al fundamentar su denuncia, como indicó en un video en sus redes.

La ‘mala hora’ de la embajadora de Colombia en Haití: también ha sido acusada de acoso laboral

Más allá de este caso de aparente proselitismo, la funcionaria enfrentaría fuertes señalamientos por lo que serían actos maltrato, que se han hecho públicos con el numeral #EmbajadaSinDiplomacia. Diversos activistas documentaron denuncias por estas situaciones, además de lo que sería la falta de transparencia en la gestión de recursos” dirigidas contra Velásquez, en un contexto de grave crisis de seguridad en Haití.

La controversia no pudo caer en mal momento, pues se gestó cuando la misión en Haití atraviesa críticas por el manejo de la sede y, como se detalló, acusaciones de abuso laboral. Todo esto, en medio de presiones externas derivadas del complejo escenario político y de seguridad que afronta el país caribeño, y cuya presencia se mantiene por intención del mandatario, en su respaldo al incipiente gobierno local.

Velásquez era conocida por su activismo en derechos humanos, antes de ingresar al servicio exterior. Según se conoció, su nombramiento, que se formalizó el 18 de julio de 2025, habría respondido más a compromisos políticos del jefe de Estado que a carrera diplomática, pues no contaba con experiencia en cargos similares. “Él es quien está con nosotros”, dijo la embajadora, en referencia a Iván Cepeda.

“(Él es) del mismo Pacto Histórico. Es de izquierda y es buena gente”, destacó en su intervención, lo que ameritó, incluso, la reacción pública del propio candidato, que tuvo que tomar distancia del respaldo de la embajadora y solicitó, en aras de blindar a su campaña de cualquier señalamiento, que la Procuraduría investigue el caso. Lo anterior, ya que ningún funcionario debe intervenir en su campaña presidencial.

“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas“, remarcó Cepeda.

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el senador electo Enrique Gómez Martínez, que oficia como jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de mentir sobre las garantías de seguridad electoral. Lo anterior, a raíz del incidente que denunció la campaña del abogado de ultraderecha, que habría sido infiltrada por un falso escolta en un evento en Envigado.

En efecto, el movimiento ‘Firmes por la Patria’ denunció la presencia de una persona ajena a la campaña en la víspera de un acto público en el municipio antioqueño, en un hecho que, según el entorno del candidato, evidenciaría la insuficiencia de los esquemas de protección oficiales. Este suceso se registró dos meses después de que un juzgado ordenara reforzar la seguridad del aspirante, por el riesgo extremo para su vida.

Frente a esto, Gómez desmintió en redes sociales las afirmaciones de Benedetti, que intentó dar un parte de tranquilidad frente a la seguridad de los candidatos, y planteó dudas sobre la equidad de la protección estatal y la imparcialidad oficial en la campaña presidencial. “No es verdad que el gobierno ha dado garantías para que todos los candidatos puedan hacer campaña”, adelantó en su respuesta el congresista electo.

“Hay municipios donde extrañamente solo un candidato puede ir sin que signifique un riesgo para su vida”, sostuvo Gómez. Es válido destacar que Benedetti había defendido la gestión estatal en materia de seguridad electoral, con la asignación de más de 460 policías, que se han ajustado en “los robustos esquemas de los candidatos”; además de 260 efectivos de la Unidad Nacional de Protección y 94 carros blindados.

La reacción del jefe de debate de De la Espriella fue, incluso, más allá y reveló que el aspirante ha debido invertir recursos propios en su seguridad, pese a solicitudes oficiales desde noviembre de 2025. “Tampoco es cierto que han prestado seguridad en igualdad a todos los candidatos. De la Espriella lleva pidiendo que le aumenten su esquema. Al final tuvo que pagarlo de su bolsillo”, afirmó Gómez en su mensaje.

Y mencionó, además, cómo el presidente Gustavo Petro adelantó actos de proselitismo en eventos como el ‘tarimazo’ en la plaza de la Alpujarra, en Medellín, y lo que denominó el “Pacto Fes” que habría sido auspiciado por el Ministerio de Salud en la Plaza de Bolívar de Bogotá, un día antes de un acto oficial de la campaña del senador oficialista Iván Cepeda; lo que en su momento causó una serie de críticas de la oposición.

Benedetti expuso cifras, mientras la oposición denunció omisiones

El ministro del Interior enfatizó que el Gobierno comenzó labores preventivas siete meses antes de la inscripción formal de candidaturas y activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) como instancia técnica para asignar recursos. “Además, ha habido más o menos 450 eventos donde se han dado más de 11.400 hombres”, detalló Benedetti.

Pese a ello, Gómez respondió que el desequilibrio persiste y responsabilizó al Ejecutivo por lo que pueda suceder. “Recuerde que la omisión deliberada de este Gobierno fue la que contribuyó a la muerte de Miguel Uribe”, declaró el congresista electo, al hacer mención de lo acontecido con el senador del Centro Democrático, que sufrió un cruento ataque el 7 de junio de 2025, y murió dos meses y cuatro días después.

Este nuevo rifirrafe entre la administración Petro y la campaña opositora se gestó en medio de la investigación que empezó a desarrollarse tras lo sucedido en Envigado. El hombre capturado por las autoridades portaba armas traumáticas, por lo que la campaña de De la Espriella interpuso denuncia ante Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para esclarecer eventuales vínculos con organismos estatales.

En su intervención, Cepeda señaló que el Estado recuperó esa finca, que había permanecido en manos de Nicolás Laserna, primo de la senadora, debido —según sus palabras— a métodos “poco claros” y probablemente ilícitos. Y hizo énfasis en la ausencia de Valencia en el debate sobre la tenencia y recuperación de terrenos, pues señaló que la senadora de la oposición “elude un debate que es esencial para este país”.

“La Agencia Nacional de Tierras, hace unos cuantos días, recuperó para la nación un predio que lleva por nombre Buena Vista. ¿De quién era ese predio? Pues ese predio era de la nación, un baldío, que fue adquirido, y esta es la cuestión que está en litigio, a través de métodos que no están claros", expresó el senador del Pacto Histórico, que relacionó el caso de la finca con lo que es, a su juicio, una problemática estructural.

“Usurpar tierras de la nación, como cualquier bien público, es un delito”, precisó el congresista, que advirtió que el hecho de que el supuesto propietario haya debido entregar el terreno marca el límite claro entre la buena fe y la apropiación espuria. “Evidentemente, tener que devolver el bien ya muestra que no es ese el caso del señor Laserna,” agregó Cepeda en su intervención, que se extendió por más de cuatro minutos.

En ese orden de ideas, el episodio fue presentado por el senador como ejemplo de una práctica extendida: la apropiación y usufructo de baldíos por parte de familias de poder, en múltiples ocasiones mediante conexiones políticas. Según el senador de la bancada de Gobierno, la actitud de Valencia y su sector frente a estos casos mostraría la intención de retrasar la discusión de la jurisdicción agraria en el Congreso.

Cepeda denunció abstenciones y patrones de evasión en la bancada de Paloma Valencia

Con ello, el congresista indicó que la senadora, junto con su bancada, adoptó como estrategia la inasistencia al debate y la presentación recurrente de impedimentos para retrasar o evitar la discusión. “La señora candidata fue enfática en que el señor Laserna era un hombre decente y un ciudadano ejemplar. Y luego, cuando se ha puesto en evidencia que estaba invadiendo y usufructuando un predio de la nación, pues ha salido a desmentir que ella nunca ha tenido nada que ver con esta historia,” dijo.

De acuerdo con el aspirante oficialista, la conducta de Valencia ante el caso de tierras baldías responde a un patrón recurrente en temas de trascendencia nacional. En ese sentido, recordó episodios similares en la discusión de pensiones y reforma laboral y asoció la baja participación o el abandono del recinto con una sistemática resistencia a afrontar reformas de fondo, que eran de interés del Gobierno nacional.

“Así es con las pensiones, así es con la reforma laboral, así es con todos los asuntos. A pesar de ese barniz que ella intenta darse de una persona que está por lo social, por el campesinado, por los trabajadores, por los pensionados, la verdad es tozuda. Cuando se van a discutir los temas de fondo, las reformas sociales, abandona ella sí con pánico este recinto,” sostuvo Cepeda en su intervención ante el órgano legislativo.

En el tramo final de su participación parlamentaria, el congresista del Pacto Histórico reiteró que está alineado con los intereses de trabajadores, campesinos y pensionados. Y denunció lo que denominó “el barniz social” de ciertos sectores políticos que rehúyen los grandes debates del país, en una nueva alusión a su contradictora en el Senado, pues ante la falta de debates también ha empezado a aprovechar la plenaria para lanzar pullas.

En declaraciones que causaron una serie de reacciones en las redes sociales, por la manera en la que estaría dispuesta a abrirle la puerta de su campaña a diferentes vertientes políticas, la candidata presidencial Paloma Valencia, que hace parte del Centro Democrático, declaró que no descarta la inclusión de figuras de izquierda en su eventual gabinete; incluso entre los que han trabajado en la administración de Gustavo Petro.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la senadora planteó un enfoque de integración política que busca representar a diversos sectores del país. “Mi gobierno tendrá ministros uribistas, sí, y tendrá ministros de centro, y de pronto, puede tener un ministro por allá de izquierda que sea muy bueno”, anticipó la congresista caucana, que es respaldada en su aspiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Valencia también puntualizó que se inclinaría por convocar a exministros que participaron en la primera etapa del gobierno del hoy presidente, aunque excluyó de plano a los que integran el gabinete actual, pues en su concepto “sería difícil salvarlos”. Pese a ello, el solo anuncio causó revuelo entre los que consideran que sería una estrategia electoral y los que apoyarían su propuesta de inclusión a otras colectividades.

A juicio de la candidata, que en paralelo cumple con sus labores legislativas, el país necesita un espacio donde confluyan distintas visiones. “Hay varios que me parece que son salvables del inicio del Gobierno, que era más de una izquierda democrática que activistas políticos”, afirmó la senadora, que quiere convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa de Nariño, en más de 210 años de vida republicana,

La apuesta de Paloma Valencia por un país que incluya a todos

La candidata defendió la idea de un gobierno que represente a diferentes corrientes ideológicas y justificó su postura asegurando que su objetivo es buscar un país donde todos puedan encontrar representación. Entre los nombres mencionados destaca el del exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, al que se ha visto públicamente con Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia.

En cuanto a la conformación de mayorías en el Congreso, Valencia manifestó su confianza en lograr la adhesión de los partidos tradicionales, lo que, en su opinión, garantizaría la gobernabilidad. “Vamos a tener mayorías. Parte de lo que hemos hecho y el ejercicio de recibir a los partidos es tratar de consolidar una bancada mayoritaria para poder gobernar”, afirmó la congresista en la entrevista al citado medio.

Y frente a las críticas surgidas por la apertura a partidos que incluyen congresistas investigados, la candidata opositora no le hizo el quite a la pregunta. “Ese es el Congreso que tenemos y hay que empezar a trabajar con él desde ya. Empezar a trabajar con él para que los congresistas vean cómo es que vamos a trabajar. Yo he dicho: ‘conmigo no va a haber mermelada’“, destacó en su intervención, que causó comentarios.

En ese asunto, indicó que su relación con el Congreso no dependería de la entrega de recursos ni incentivos, pues remarcó la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y acuerdos transparentes como vía para impulsar reformas y proyectos. Y en la dirección de las obras públicas, la candidata detalló que su estrategia contemplaría la participación de los consejos comunitarios, los alcaldes y la bancada de congresistas.

“Vamos a empezar a tener discusiones serias sobre los problemas del país, que los partidos se comprometan en soluciones, responsabilidad y reconocimiento al partido que lo logra. Así es que se gobierna bien; el problema no son los partidos, sino las prácticas corruptas que algunos gobiernos han tenido con los congresistas, que es lo que no hay que repetir”, puntualizó la senadora de centro-derecha.

Las denuncias contra el “Tigre” lo han puesto en el centro de la discusión, como protagonista de hechos de presunto acoso y machismo, que no tardaron en trascender en las redes sociales y lo llevaron a recibir una lluvia de críticas por su actuar. Y frente a este suceso, la exalcaldesa Claudia López, que también hace parte de la contienda, no dudó en enfilar sus señalamientos no solo contra él, sino su fórmula vicepresidencial.

En el foro presidencial Capitales que construyen: diálogo Nación – Territorio, organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la exmandataria distrital y hoy aspirante al primer cargo de la Nación no dudó en señalar al exministro José Manuel Restrepo, que acompaña a De la Espriella, por no rechazar de manera categórica los sucesos en los que se ha visto involucrado el candidato opositor.

“Es lamentable el acoso a periodistas de un candidato presidencial… y es aún más lamentable que su fórmula vicepresidencial no tenga el talante para salir a rechazarlo. ¡Las mujeres NO les creemos sus falsos discursos“, expresó López, que, con un video adjunto, no dejó pasar por alto los incidentes que se han registrado con De la Espriella, que según las encuestas pelea por una eventual presencia en segunda vuelta.

Cabe destacar que además del incidente con ‘Malú’ Fernández en Noticias Caracol, en el que dijo que sería “ignorante” para entender la diferencia entre la ética y la moral, la polémica se vio alimentada por el suceso en el programa Piso 8, en el que De la Espriella mostró a la periodista Laura Rodríguez una fotografía suya e insistió, entre insinuaciones sexuales, en que hiciera “zoom” en sus partes íntimas.

Los duros señalamientos de Claudia López a José Manuel Restrepo

Durante el debate, López insistió en sus críticas. “Me parece increíble que a José Manuel le haya temblado la voz para condenar un acto discriminatorio, machista, homofóbico y de acoso, como el que hizo el señor Abelardo de la Espriella”, afirmó la candidata, en contraste con la respuesta del exministro, que remarcó que en la campaña “ha habido siempre un compromiso de respeto”; tanto por la prensa como por las mujeres.

Según Restrepo, “pocos programas de los que hoy se están proponiendo tiene, por ejemplo, una propuesta en defensa de la mujer como lo tiene esta campaña”. No obstante, López cuestionó la sinceridad de las propuestas hacia las mujeres, en una especie de contrapunteo entre ambos a 18 días de que se lleve a cabo la primera vuelta, en la que la exmandataria buscaría dar la gran sorpresa en la jornada electoral.

En ese sentido, López llevó el debate hacia la definición de la infraestructura social y resaltó la importancia de obras como hospitales y manzanas del cuidado para la equidad. “Todo el mundo está pensando en carreteras, metros. Tenemos que hacer manzanas del cuidado, hospitales. Eso también es infraestructura social a financiarse con todas las fuentes que ya les mencioné”, reiteró la candidata.

Por su parte, De la Espriella le salió al paso a la controversia y ofreció disculpas con un mensaje en X que, más allá de apaciguar las críticas, parece haberlas acrecentado. “Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”, expresó el candidato.

El ex jefe de Estado defendió la próxima elección como un punto de inflexión en el que “el país tendrá que decidir entre profundizar el cambio o regresar al viejo modelo neoliberal”. Esta declaración se produjo en una conversación, de al menos 17 minutos, en la que Samper remarcó que la paz, la inclusión social y una nueva visión internacional son los temas centrales que sustentan su adhesión a esta candidatura.

A su vez, el expresidente -que en su momento respaldó la aspiración de Gustavo Petro, en 2022- aseguró que estas características no las reúne ningún otro candidato. Por ello, a lo largo del diálogo, ambos políticos hicieron una especie de balance sobre los desafíos estructurales de Colombia y defendieron la necesidad de sostener las políticas de equidad y transformación iniciadas los últimos años con el actual Gobierno.

Los motivos por los que Ernesto Samper apoyará la campaña de Iván Cepeda

En el intercambio entre el exmandatario y el senador, Samper reiteró la relevancia de la paz como política irreversible. “Está, por ejemplo, la JEP, que es la cabeza, el barco insignia de una política de justicia transicional que este país necesita para el conflicto. Ahí tenemos 10 millones de víctimas”, dijo el expresidente, que asumió el rol de entrevistador y, en medio de sus apuntes, también hizo observaciones.

En efecto, el exgobernante reconoció que aunque el proceso de Paz Total impulsado por el Ejecutivo resultó hasta el momento desordenado, entregó lecciones a su juicio fundamentales para la construcción de una nueva política, especialmente en el territorio y que tenga lo que denominó una “visión transformadora”.

Durante el diálogo, el expresidente hizo énfasis en un dato que ilustraría la profundidad de las desigualdades en Colombia: el 80 % de los municipios colombianos sigue sin acceso a agua potable. En ese sentido, Cepeda atribuyó esta carencia a la persistencia de condiciones estructurales que, sostuvo, hacen “imposible que podamos tener paz”, por lo que se comprometió a garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Al referirse a las iniciativas sociales, Samper recordó que políticas como el Sisbén, implementadas bajo su gobierno, permitieron ampliar la cobertura de salud hasta el 90 %. A su vez, hizo énfasis en la urgencia de sostener y fortalecer esos avances con medidas como la renta básica, la ampliación de becas universitarias y la entrega de tierras bajo preceptos de equidad para los más necesitados en los territorios.

Al ser consultado sobre el contraste entre modelos en disputa, Samper afirmó que el ciclo que se abre no se limita al clásico eje “paz o guerra”, sino que exige “más paz y más territorio, no una vuelta a la presencia militar como única respuesta”. Del mismo modo, sobre la gestión de la economía, definió al “viejo modelo” como uno centrado en el crecimiento “con empobrecimiento” por lo que insistió en un “modelo solidario”.

Para exmandatario, es claro que el país enfrenta una elección fundamental entre profundizar transformaciones sociales y mantener el rumbo de inclusión, con énfasis en la paz territorial y la redistribución, o retroceder hacia modelos que, según él, han profundizado la desigualdad y limitado el desarrollo económico; siendo este el dilema que tendrán que resolver los colombianos en las urnas.

Iván Cepeda y los ejes en los que quiere trabajar si es elegido presidente

Por su parte, en el referido diálogo Cepeda insistió en que “los grandes giros que ha dado nuestra historia política están ligados a la paz, no a la guerra”. Y, de la misma manera, el congresista oficialista rechazó la idea de que nuevos intentos de diálogo estén condenados al fracaso y calificó como “irrenunciable” la búsqueda de acuerdos como parte de su actividad política y, en última instancia, “destino de Colombia”.

En la dimensión económica, ambos interlocutores delinearon el alcance de las reformas que impulsará en caso de ser elegido presidente. Cepeda postuló que el combate a la desigualdad no debe verse solo como asistencialismo, sino como una fuente de dinamismo para el conjunto de la sociedad; en tanto que Samper propuso profundizar “formas solidarias de economía”, como cooperativas y fondos.

A su vez, el expresidente pidió empaquetar medidas de ingreso, como la renta básica, subsidios y ajustes salariales, en un enfoque integral. “Que no haya un colombiano en situación de pobreza que no tenga la posibilidad de una renta vital”, enfatizó Samper, que es un defensor del sur global como “el proyecto de futuro”, pues es la zona del mundo en la que están los alimentos, la biodiversidad y las reservas de agua”.

Por su parte, en otra línea de acción, Cepeda observó que “el tejido económico del país tiene un altísimo porcentaje de microempresas o de empresas pequeñas y medianas”. Por ello, defendió el apoyo a este sector como parte central de su programa. En su charla, los políticos coincidieron en la importancia de mantener relaciones diplomáticas “cordiales y respetuosas” con todos los países, incluido Estados Unidos.

Eso sí: al priorizar los intereses nacionales y regionales, pues Cepeda denominó la soberanía y la no sumisión como líneas rojas en este postulado. “Tenemos una soberanía que defender y por supuesto hay que hacerla valer”, remarcó el candidato. En este encuentro, Samper hizo énfasis en que los retos que tendrá por delante serán similares a los que él vivió en su presidencia (1994-1998), en la que tuvo que combatir la criminalidad.

Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, propuso organizar un debate presidencial entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres que lideran las diferentes encuestas, a través de su canal de Kick. Y aunque la propuesta surgió a menos de 18 días para que se lleve a cabo la primera vuelta, ya tiene el sí, por lo menos, de la candidata del partido Centro Democrático.

Valencia, en su perfil de X y al ver el éxito que tuvo la transmisión de Westcol con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, del mismo modo, el impacto que causó el primer encuentro protagonizado por el streamer, con el jefe de Estado, Gustavo Petro, aceptó participar en este espacio, en el que se esperaría que se conocieran, ante una multitudinaria audiencia digital que sigue al joven, las propuestas que tiene para gobernar el país.

“Cuando quieran y donde quieran. No le tengo miedo a los papelitos ni a los ‘coñazos’”, indicó Valencia en respuesta a esta especie de invitación pública al que es considerado uno de los creadores de contenido digital más influyentes en el país. Con ello, se abrió la puerta a que pueda establecerse un espacio de discusión en el que puedan confluir los aspirantes presidenciales, con condiciones que podrían resultar atractivas en difusión.

Y es que el impacto de las transmisiones hechas por Villa con el jefe de Estado, desde la Casa de Nariño, y el exmandatario, desde su residencia, en la hacienda El Ubérrimo, marcaría un nuevo capítulo en la interacción entre política y plataformas de streaming en Colombia. Los alcances de estas transmisiones superaron el millón de visualizaciones, con repercusiones en los diferentes medios, teniendo en cuenta estos perfiles.

¿De dónde surgió la idea de un debate en stream entre Cepeda, De la Espriella y Valencia?

Es oportuno recordar que la sugerencia de un debate se expandió cuando el streamer explicó en una de sus transmisiones que el formato iría más allá de una ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales, para convertirse en un espacio de contraste de ideas entre ellos. “Yo no quiero entrevistar a los candidatos, yo quiero un debate de ellos, neutro“, precisó Westcol en una de sus transmisiones.

En la primera transmisión de Westcol, con el presidente, que se efectuó el 27 de marzo desde la residencia presidencial, más de 960.000 espectadores simultáneos siguieron su conversación. Mientras que el 10 de mayo, en pleno Día de la Madre, la charla con el exmandatario Uribe desde su conocida hacienda reunió a 184.000 personas en tiempo real y casi 600.000 visualizaciones totales, de acuerdo con datos.

Westcol, identificado como una de las voces con mayor penetración en la audiencia de 18 a 30 años, parece estar empeñado en modificar la percepción sobre la comunicación política entre los jóvenes que rechazan los canales informativos clásicos. Las transmisiones efectuadas tocaron, a su estilo, diferentes temáticas: desde políticas de seguridad y educación y confesiones personales, que resultaron inéditas para su público.

A diferencia de cualquier otra experiencia reciente en la política colombiana, y ante la falta de debates entre los tres aspirantes mencionados en vísperas de la primera vuelta, la mecánica que propondría Westcol transformaría a los propios espectadores en testigos y, posiblemente, participantes del intercambio directo con los candidatos, que se han enfrentado en escenarios, pero a través de publicaciones sin eco inmediato.

Habrá que ver si Cepeda, aspirante del oficialismo y que se autodefine como defensor de derechos humanos y férreo contradictor del uribismo; y De la Espriella, abogado mediático que ha impulsado el discurso de “salvar la patria”, aceptarían confrontar a Valencia, senadora de oposición al Gobierno, frente a cientos de miles de espectadores en un encuentro transmitido a través de Kick u otra plataforma de similares características.

De acuerdo con Garrido, votar por Valencia carece de sentido frente al panorama actual de encuestas y reglas políticas y pidió a esos electores “cambiar el chip” y promover una adhesión pragmática a la campaña de Abelardo de la Espriella. Para la representante, es claro que solo esa estrategia podría asegurar una derrota a Iván Cepeda, que lidera las diferentes mediciones, y fortalecer las opciones de la oposición.

Esta recomendación se fundamenta en tres “verdades” clave. Según la tradición política, “quien va de segundo nunca termina sumándose al que va de tercero”, pues lo lógico es que el tercero se sume a quien va de segundo", por lo que hizo hincapié en que la totalidad de las encuestas y simulaciones electorales disponibles, que proyectan al ‘Tigre’ como el candidato con opciones reales de alcanzar la segunda vuelta.

A su vez, Garrido convocó a dejar la apuesta sentimental de lado y reivindicar el peso de los datos y la estrategia numérica. “La política no funciona con sentimentalismo, funciona con realidad y números. Y hoy la realidad es que después de dos meses de competencia legítima entre Paloma y Abelardo, todas las encuestas y escenarios muestran que es Abelardo quien pasa a segunda vuelta”, expresó la congresista araucana.

Con ello, lo que busca Garrido es, no solo consolidar la ventaja de Abelardo de la Espriella, sino también lograr un volumen de votación suficiente para condicionar la posición de Cepeda. “Deberíamos estar enfocados en cómo lograr que Abelardo gane la presidencia en primera vuelta, o cómo logra sacar la mayor votación el 31 de mayo para dejar políticamente herido a Cepeda y llegar fortalecidos a segunda”, reiteró en su apreciación.

Así pues, la postura de la congresista, consciente de que Valencia no podría renunciar por compromisos legales, consiste en instar a sus seguidores a votar por De la Espriella para maximizar las posibilidades de triunfo en primera o segunda vuelta, argumentando que las encuestas y las reglas electorales ubican a Abelardo por encima de Valencia y que la unidad estratégica es decisiva frente a Cepeda.

La ley impide la renuncia de Paloma Valencia sin sanción

Es válido precisar que en la Ley 1475 de 2011 se determina que toda candidatura que haya participado en consultas interpartidistas, como la de Paloma Valencia, está sujeta a estrictas obligaciones si decide retirarse antes de los comicios generales. En efecto, el marco legal colombiano establece una sanción económica para el candidato o su partido en caso de renuncia después de una consulta oficial.

El monto de la multa se determina a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), en función de los informes financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los gastos logísticos y operativos incurridos en la organización de la consulta. Por ello, si un candidato renuncia, el Estado puede recuperar el dinero mediante deducción directa de la financiación estatal o reposición de votos al partido.

E incluso iniciar acciones judiciales para la devolución de los recursos públicos invertidos. Es por ello que, entre otros motivos, como los que estarían en empate técnico con De la Espriella según algunas mediciones, la congresista no dará un paso al costado en su aspiración; lo que convierte cualquier movimiento “de unidad” en una decisión que pasaría por el sentir de los ciudadanos y no de los miembros de su campaña.

Lo que podría avizorarse con el llamado de Garrido, es que busca mover lo que se conocería como el “voto útil”, al asumir que la normatividad y los números obligarían a replantear el rumbo entre los que comparten el objetivo de fortalecer el proyecto de De la Espriella frente a Cepeda en esta fase decisiva de la campaña. No obstante, a menos de tres semanas de la contienda, parece una misión cada vez más compleja.

Desde Timbío, Cauca, en donde hizo parte del evento de inauguración del nuevo hospital del municipio, el primer mandatario de los colombianos denunció intentos de instrumentalizar los procesos de negociación como base para eventuales acciones judiciales en su contra en Estados Unidos. Y ratificó ante los presentes que cumplirá su palabra de seguir buscando la paz, aunque para ello solo le restan 87 días.

Según la resolución firmada por Camargo y conocida el 12 de mayo, la fiscalía rechazó la demanda del Gobierno de suspender la captura de líderes clave de esta organización armada, incluidos Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, entre otros poderosos cabecillas de esta organización, que hace parte de la política de Paz Total.

La decisión anunciada por la fiscal General, que ya se había opuesto a dejar sin efectos los procesos contra 16 de los 23 cabecillas criminales en el Valle de Aburrá, afectó –según Petro– la propuesta gubernamental de iniciar conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); un proceso que preveía la concentración en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), a partir del 25 de junio.

“La paz de Colombia no es, así parezca muy difícil, renunciable. Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación o orden del presidente de la República en el tema de la paz, porque la Constitución del 91 lo dice explícitamente: el jefe del orden público y de la política de paz en Colombia es el presidente de la República”, declaró el jefe de Estado, que no ocultó su molestia frente a esta determinación.

Las críticas de Gustavo Petro a Luz Adriana Camargo por negarse a levantar órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo

Y recordó que estas negociaciones cuentan con la veeduría de observadores internacionales de países como España, Suiza, Brasil, Venezuela y Noruega, además de actores civiles y de oposición. En el mismo acto, el mandatario denunció la utilización de los procesos de paz como elementos para su “persecución personal”, teniendo en cuenta que en suelo norteamericano cursan indagaciones en su contra.

“Quieren coger como excusa los procesos de negociación, intentando hacer la paz en este país para que los colombianos no se maten entre sí, como las pruebas para que me metan preso en Estados Unidos. Me pueden meter preso, pero yo no voy a faltar a mi palabra de ser hombre de paz”, afirmó el presidente, que se opuso a lo dispuesto por Camargo, en una defensa férrea de las zonas de ubicación fijadas por el Gobierno.

“Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales. Y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”, advirtió el gobernante, que contó con el respaldo del público congregado en Timbío. Así pues, Petro sustentó su atribución presidencial en la Constitución de 1991 y advierte sobre posibles consecuencias judiciales en el extranjero.

Enfatizó en su pronunciamiento que los procesos de paz son supervisados y transparentes, y que ninguna disposición adoptada puede ser utilizada de forma retroactiva para la persecución. “Siempre toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la Iglesia Católica y miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado”, dijo.

Es válido precisar que la suspensión de las órdenes de captura solicitada por la presidencia incluía beneficios sobre procesos de extradición y buscaba la implementación de puntos geográficos de concentración para los miembros del Clan del Golfo que accedieran a negociar. La Fiscalía, sin embargo, condicionó su aval a un cese de crímenes, entrega de menores y finalización de actividades ilícitas; lo cual no ha sucedido.

Tras la controversia en torno al trato hacia dos mujeres periodistas, María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, y Laura Rodríguez, comunicadora del espacio Piso 8, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le salió al paso a los señalamientos de uno de sus contendores políticos: el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que manifestó su solidaridad con las mujeres y condenó las conductas del abogado.

El debate en las plataformas digitales se acrecentó luego de las recriminaciones de De la Espriella a Fernández, más conocida como Malú, durante una transmisión del noticiero del referido canal, en la mañana del martes 12 mayo. El episodio, como era de esperarse, generó el rechazo de sectores políticos y periodísticos y motivó un fuerte debate sobre la violencia de género en los espacios mediáticos.

“Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en mí cuenta con un frontal rechazo”, dijo Cepeda en relación con este suceso, también en respuesta a lo acontecido en el espacio en el que el abogado de ultraderecha habría presumido de la manera en la que se le notaba su miembro viril en una fotografía, lo que alborotó las críticas.

Frente a esta reacción de Cepeda, De la Espriella respondió de forma directa al congresista oficialista y destacó las iniciativas en defensa de las mujeres que ha sacado delante en Colombia. “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, expresó De la Espriella, blanco de toda clase de acusaciones.

Rechazó además la acusación de misógino y acusó a Cepeda de omitir las agresiones sufridas por mujeres en el conflicto armado. “¿Qué has hecho con las miles de mujeres abusadas sexualmente por los criminales que defiendes y que te apoyan?”, preguntó el abogado, que reiteró que su respaldo a los derechos de las mujeres se expresa en acciones y ejecutorias, ”de ver lo que cada quien ha hecho y cómo ha dado sus luchas”.

¿Qué pasó entre Abelardo de la Espriella y ‘Malú’ Fernández?

Los hechos ocurrieron cuando Fernández cuestionó a De la Espriella sobre una frase en la que afirmaba que “la ética no tiene que ver con el Derecho”. El candidato interrumpió la consulta, calificándola de “venenosa” y “malintencionada” y lanzó reproches directos hacia la capacidad profesional de la periodista. “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes la formación en Derecho”, expresó el letrado.

El suceso, en el que también sugirió que Fernández sería “ignorante”, provocó una reacción colectiva entre figuras políticas como Claudia López y Roy Barreras, además de periodistas y organizaciones de prensa, que describieron el comportamiento del candidato como arrogante, irrespetuoso y misógino. A esto se sumó el hecho en el que presumió de cómo se le “marcaba” su pene en una fotografía, de manera insistente.

“¿Qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”, expresó en varias ocasiones De la Espriella, lo que causó un momento incómodo para la única presentadora del espacio que estaba presente: Rodríguez. Esto también se convirtió en motivo de discusión en las redes sociales y una dura crítica sobre las acciones de los actores políticos en la defensa de los derechos de las mujeres y el uso de los medios como escenario de disputa.

En su mensaje, defendió su labor como abogado al citar la autoría de ambas iniciativas legales, recordadas en Colombia por su foco en la protección legal frente a la violencia contra las mujeres y los sobrevivientes de ataques con ácido. Pese a ello, los ataques contra su aspiración no se hicieron esperar, más allá de que buscó centrar la atención de la opinión pública en aparentes alianzas de Cepeda con grupos armados ilegales.

“¿Qué has hecho por encontrar la verdad de los cientos de miles de abortos practicados por órdenes del comando de las Farc? ¿Qué has hecho por las miles de niñas violadas por criminales como Tornillo, Jojoy y Timochenko?”, remarcó el candidato, que apuntó hacia el congresista del Pacto Histórico, que en su postura habría omitido el padecimiento de innumerables víctimas en el conflicto armado en Colombia.

El Senado de la República decretó el martes 12 de mayo tres días de duelo oficial por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que murió el viernes 8 de mayo, y lo reconoció como una de las figuras más influyentes del panorama político nacional. En la sesión plenaria de la corporación, la mesa directiva entregó la Resolución 240 del año 2026, en la que reconoció su trayectoria e impacto humano.

Entre los hechos que marcaron el homenaje, presidido por el titular del Congreso, el liberal Lidio García Turbay, y secundado por los miembros de Cambio Radical, se ordenó izar el tricolor patrio del Capitolio Nacional a media asta, como señal de luto. De esta manera, la corporación en la que estuvo desde 1994 hasta 2008, cuando renunció a su curul para prepararse con miras a la campaña presidencial del 2010.

García Turbay evocó los consejos que recibió de Vargas Lleras para su propia carrera. “Hoy el Congreso de la República lo reconoce como uno de los mejores políticos contemporáneos que hemos tenido“, dijo el congresista durante la sesión en relación con el personaje que, además de vicepresidente, fue ministro de Justicia y de Vivienda y concejal de Bogotá, primero con el Nuevo Liberalismo y luego con su partido.

De esta forma, el senador bolivarense contó que la última vez que se encontraron fue para solicitar el respaldo de Vargas Lleras a la candidatura a la presidencia del Congreso; en una especie de anécdota con la que se buscó destacar la influencia que ejercía el líder de Cambio Radical en las decisiones clave del órgano legislativo, en su condición de líder natural de una de las colectividades de oposición del actual Gobierno.

Así se expresaron los miembros del legislativo ante la muerte de Germán Vargas Lleras

En el homenaje, el bloque parlamentario de Cambio Radical sumó su voz al homenaje a través del senador Carlos Fernando Motoa, que resaltó la perspectiva transformadora del fallecido dirigente. “En la plenaria del Senado rendimos homenaje a la vida y obra de Germán Vargas Lleras: referente, copartidario y amigo. Ejemplo tanto en el servicio público como en el ejercicio de la política. Un grande en toda regla“, expresó.

Con ello, Motoa describió el enfoque político de Vargas Lleras, al que le valoró que “entendió la política como una herramienta de transformación y servicio“. En sus declaraciones, el senador vallecaucano añadió que el extinto dirigente “actuó en consecuencia y ocupó las más altas dignidades con disciplina y trabajo que le permitieron modernizar al país”, motivo por el cual merece el reconocimiento del país por sus ejecutorias.

En los últimos años, Vargas Lleras fue protagonista de la política nacional como jefe natural de Cambio Radical, tras su tránsito desde el liberalismo y, en su última etapa, su alianza estratégica con el uribismo. A lo largo de su carrera legislativa, ocupó la presidencia del Congreso en el periodo 2003-2004 y también lideró debates célebres, como la denuncia de los crímenes de las Farc en el Caguán el 2 de octubre de 2001.

Durante la plenaria, el senador Nicolás Echeverry lamentó la pérdida del dirigente y reiteró en sus declaraciones su perfil intelectual. “Lamentamos el fallecimiento de un hombre con ese talante, una persona brillante, capaz e inteligente“, sostuvo Echeverry, que se enfocó en la huella personal y profesional que dejó Vargas Lleras en sus colegas y adversarios, que expresaron su pesar por un hombre de convicciones férrea.

Entretanto, la también parlamentaria Lorena Ríos puso el foco en el pragmatismo y la eficacia del fallecido líder. “No fue un político de discursos vacíos ni de promesas imposibles, fue un hombre de ejecución, de resultados y carácter”, afirmó Ríos, que dio cuenta de la distancia que Vargas Lleras marcó respecto de la retórica tradicional y el valor otorgado a la gestión en los territorios.

En un nuevo episodio de la confrontación mediática entre el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y el aspirante presidencial Iván Cepeda, el exjefe de Estado volvió a encender la polémica entre ambos: al afirmar en una entrevista que concedió el martes 12 de mayo que el congresista del Pacto Histórico, palabras más, palabras menos, fue “criado” en la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Uribe, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que Cepeda “tiene lazos con los que mataron a mi padre”, en referencia al asesinato del ganadero Alberto Uribe Sierra en 1983; un hecho que el exmandatario ha atribuido desde entonces a la mencionada estructura armada, que si bien se desmovilizó tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han surgido de los viejos frentes nuevas agrupaciones, denominadas disidencias.

Es válido destacar que Uribe Sierra murió durante un intento de secuestro en la finca Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Jorge, en Antioquia. Según Uribe Vélez, la acción fue perpetrada por las Farc; siendo esta una versión sobre la que existen algunas oposiciones, sin que estas tengan, hasta el momento, asidero con material probatorio frente a lo sucedido con el empresario.

Álvaro Uribe habló de la muerte de su padre y vinculó a Iván Cepeda en los señalamientos

Durante el ataque a Alberto Uribe, uno de sus hijos, Santiago, resultó herido de gravedad. Estos señalamientos del exmandatario, en los que pretendería vincular a Cepeda a lo que sucedió con su progenitor, han hecho énfasis en la brecha histórica y personal que existe entre ambos; aunque el padre del congresista, el senador Manuel Cepeda Vargas, también cayó producto del sonido de las balas, hace más de tres décadas.

En efecto, en la mañana del 9 de agosto de 1994, Cepeda Vargas fue ultimado en Bogotá por sicarios en un atentado cuya autoría intelectual fue atribuida por la justicia a Carlos Castaño y la estructura paramilitar, en alianza con agentes del Estado. Frente al crimen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2010 al Estado colombiano por este caso, y reconoció la existencia de genocidio contra la Unión Patriótica.

“Pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al, al país, le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país", dijo Cepeda ese día.

Por ello, frente a la observación de la similitud de lo sucedido con ambos padres, Uribe buscó desmarcarse de su contradictor político, que lo ha señalado, de hecho, de tener vínculos con estructuras paramilitares. “La diferencia es que a mi padre lo mató la Farc y Cepeda se crio en la Farc. Su padre estuvo en la Farc. Su padre es uno de los fundadores de la Farc y, a mi padre lo mató la Farc”, advirtió el exmandatario en el diálogo.

Y agregó, en ese orden de ideas, cuáles fueron los responsables del crimen del senador Cepeda Vargas. “Al padre de Cepeda lo mataron bandidos, dicen que paramilitares. La gran diferencia es que Cepeda tiene lazos con quienes mataron a mi padre y yo ningún lazo con quienes mataron al padre de Cepeda. Pero no quiero hablar de eso. Estamos aquí es pensando en el futuro de Colombia”, acotó el exgobernante.

Este nuevo episodio en el rifirrafe entre Uribe y Cepeda reflejó no solo una disputa personal de vieja data, que busca sacar en campaña el exjefe de Estado, sino la diferencia de conceptos sobre el conflicto armado en el país. Ambos han protagonizado el enfrentamiento más intenso de la última década en el país, en el que Uribe Vélez, incluso, alcanzó a estar preso por presunto fraude procesal y soborno; pero recuperó su libertad.

A 19 días de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sacudió la campaña con el repentino anuncio de su apoyo a la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, no solo por lo que representa para la centro-derecha que se dé esta alianza, sino por lo que sería la confirmación de un distanciamiento de su suegro, el aspirante Miguel Uribe Londoño.

Aunque Tarazona insistió en que mantiene el respeto por el entorno familiar, destacó que sus decisiones políticas responden solo a convicciones personales, y justificó su decisión en que Valencia, a su juicio, puede articular una respuesta firme ante los desafíos actuales a la democracia colombiana y generar consensos en sectores tradicionalmente fragmentados; entre ellos, el centro, que será determinante para el éxito del empeño de Valencia en derrotar al oficialista Iván Cepeda.

En diálogo con Infobae Colombia, la politóloga de profesión, que jugó un papel clave en la campaña de su esposo, defendió los motivos por los cuales tomó la decisión de unirse a la que considera la opción más sólida para unificar al centro y la derecha. De Paloma Valencia destacó su capacidad de liderazgo y coherencia política como factores clave para enfrentar el difícil momento que, considera, atraviesa el país bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

La viuda de Uribe Turbay también expresó su disposición a respaldar a Abelardo de la Espriella, si Valencia no pasa a la segunda vuelta, y aseguró ser consciente de la necesidad de cerrar filas para que, en su criterio, se preserven los valores democráticos frente a la crisis social y política que, sostiene, promueve el progresismo. En ese sentido, señaló que es vital unir esfuerzos para contener la amenaza que encarna Cepeda y, en sus palabras, “salvar al país”.

En relación con otras figuras del panorama político, Tarazona afirmó su indiferencia respecto a la excandidatura de María Fernanda Cabal, a la que calificó de “irrelevante” en la escena política; su contacto cercano con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le ha expresado su respaldo en esta dura etapa de su vida, y la lucha interna que lleva para resistir ante el dolor y ser soporte de su pequeño hijo, Alejandro.

El duelo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Infobae Colombia: A casi un año del día en que cambió sus días, ¿cómo continuar con la vida sin Miguel? ¿Cómo es ese día día sin su presencia, no solo en el hogar sino en la vida pública?

María Claudia Tarazona: La muerte de una persona que uno ama, de una manera violenta y tan repentina, es muy dolorosa, no solo para mí sino para mis hijos; especialmente para Alejandro, al que todavía le cuesta mucho entender este hecho, porque a los cinco años, comprender las características de la muerte es mucho más complejo que para nosotros, que tenemos una capacidad de asimilarlo mejor.

Esa característica de la muerte, que es ser irreversible, es muy difícil. En el día a día, pienso que el verdadero dolor, y donde está la mayor ausencia, es en las pequeñas cosas cotidianas: tomar un desayuno juntos, esa llamada que no vuelve, esa noche en la que uno espera a la persona que comparte con uno la vida y nunca más va a regresar.

Muy complejo también replantearse todos los aspectos de la vida personal. Una pareja lo define a uno muchísimo, y además es casi como una vida conjunta. Volverme a redefinir qué soy como mujer, como profesional y nuevamente como mamá....No es lo mismo cuando papá y mamá están juntos y sacan adelante un hijo, que ahora yo sola sin Miguel. Es replantearme la vida sin Miguel. Es muy doloroso, pero también es una decisión: el dolor está ahí, no podemos hacer nada, pero lo que decidamos hacer con ese dolor, sí.

IC: ¿Cómo ha sido esa tarea de explicarle a Alejandro sobre la ausencia de su padre? ¿Qué le dice él en las noches? ¿Qué preguntas hace sobre lo sucedido por su padre?

MCT: Alejandro tiene claro cuáles fueron los hechos. Desde el primer día llamé a unas personas que saben sobre el tema del duelo y el trauma en niños y me dijeron que tenía que decirle las cosas como son, sin tantos detalles y sin hablar del contexto político ni nada de eso, pero tenía que mencionarle los hechos como habían sucedido, porque finalmente también era algo tan público que se iba a terminar enterando.

Así lo hice y él me pregunta que si su papá puede volver, que por qué lo mataron, por qué no puede regresar, por qué Dios nos da la vida y después nos la quita, esa es una pregunta muy existencialista. Los niños son esos pequeños filósofos de la vida. Esas son las preguntas que me hace, por qué no se pudo despedir de su papá.

Trato siempre de hablarle con amor, hablarle con la verdad, poner siempre a Dios en su corazón. Creo que tener a Dios en el corazón, de manera real y honesta, nos permite transitar lo duro de la vida y las pérdidas de una manera diferente.

IC: ¿Cuál ha sido el episodio más difícil en estos casi 12 meses desde el atentado que les cambió la vida? ¿Y cómo hizo para afrontarlo?

MCT: Creo que uno de los momentos más duros es ver a Alejandro llorar desgarradamente por su papá, gritar porque él no está y no va a volver. Hace pocos días estuvo llorando de una manera tan triste. Nos partió el alma a sus hermanas y a mí verlo así, porque no se había podido despedir de su papá.

Explicarle a Alejandro que no se había podido despedir y que tocaba hacerlo de una manera simbólica, fue muy doloroso. Siempre trato con Alejandro el permitirle sentir y expresar su dolor, su tristeza, su rabia, su miedo, todo. Por mí, por sus hermanos y por su familia.

IC: ¿Qué concepto le merece el avance de las investigaciones en el magnicidio de su esposo? ¿Está conforme con los resultados entregados?

MCT: Creo que las investigaciones han tenido un buen curso. Nosotros hemos visto, en menos de un año, que hay más de siete capturas. Hoy tenemos claro cuál es el eslabón de los determinadores del homicidio, del magnicidio de Miguel. Sabemos que esa cabeza de la Segunda Marquetalia ya tiene orden de captura.

Hay unas recompensas por cada uno de ellos y tienen circulares rojas. En este momento estamos esperando que, ojalá, cambie pronto este gobierno para que haya voluntad y poder capturar a esos determinadores, que nos den más pistas, sobre todo, sobre la participación del régimen venezolano y esta misma administración en el magnicidio de Miguel.

IC: El país ha sido testigo de su fortaleza en medio de esta tragedia y de sus posturas claras frente a lo sucedido con Miguel. ¿Cómo seguir encontrando precisamente esa claridad y ese apoyo en un ambiente tan convulso como el actual?

MCT: Siento que Dios es ese gran camino que debemos tener, no solamente para las grandes pérdidas, sino también para las cosas buenas y maravillosas de la vida. Las pérdidas las tenemos todos. A esta vida vinimos a perder, no solamente a ganar y a disfrutar, y la pérdida hace parte de la vida. Uno pierde: pierde seres queridos, pierde trabajos, pierde oportunidades, pierde cosas que uno ama y la vida es un poco así. Aprender a transitar la pérdida es importante para poder llevar una vida con propósito.

Lo que hago siempre es pensar cómo vivía Miguel, cómo fue ese gran hombre, ese gran líder, ese gran ser humano, ese esposo maravilloso, ese papá único, y a través de lo que él vivió, darle sentido a mi vida, honrar su vida siendo la mejor persona, una persona que transmita paz, que transmita coherencia, cuidar a mis hijos, que era lo más importante en la vida de Miguel y encontrarle el sentido a la vida, dónde está lo realmente importante. Y cuando uno encuentra ese porqué, puede con cualquier cosa.

IC: En medio del dolor por la pérdida del ser amado, aunque haya sido por circunstancias distintas, usted y Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, están de acuerdo en la necesidad de ‘atajar’ un segundo gobierno de la izquierda. ¿Cómo analiza, a grandes rasgos, el panorama electoral a 19 días de la primera vuelta?

MCT: Considero que Clemencia dio unas declaraciones muy importantes. Habló sobre lo que era el propósito y la voluntad de su papá: no ver a este país en manos de Iván Cepeda, salvar a Colombia y que la democracia se fortalezca. Para eso tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos.

Como lo he dicho en varias ocasiones, la unión no solamente es de la derecha. Tenemos que unirnos todos los sectores para poder derrotar a esta izquierda nefasta y mal representada que hoy está gobernando. Yo aplaudo y celebro que, en medio del dolor, Clemencia también haya podido hablar sobre lo que es el legado de su papá.

Ahora en las elecciones que vienen, lo que espero es que los colombianos entendamos que tenemos una sola oportunidad para salvar a Colombia de la desgracia y la destrucción, de la criminalidad y el narcotráfico, de la violencia, de la muerte. Es una sola opción, y si no estamos unidos, difícilmente vamos a poder lograrlo.

El apoyo a Paloma Valencia y sus discrepancias con Miguel Uribe Londoño

IC: Sin duda, el anuncio de su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia causó revuelo en el espectro político, sobre todo porque el papá de Miguel está en la contienda electoral. ¿Qué motivos la llevaron a respaldar la aspiración de la senadora?

MCT: Lo primero es que Miguel, mi esposo, hizo parte del Centro Democrático, fue el partido por el que él se decidió y por el que él quería hacer su candidatura a la presidencia. En público y en privado lo dijo en todos los escenarios, que si no era él el candidato, iba a apoyar al candidato del Centro Democrático. Todos sabíamos que Miguel iba a ganar, pero también, Miguel fue un hombre de palabra.

Miguel fue un hombre de partido, un hombre comprometido, un hombre coherente. Y en esa coherencia siempre supo que si no era él, iba a apoyar a la persona que ganara la contienda interna del Centro Democrático; por otro lado, estoy convencida de que Paloma es la única persona que puede ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta.

Paloma, si bien se lleva toda la derecha, y la derecha va a estar con ella, necesita que el centro y la centro-derecha también la apoyen. Por otro lado, aunque el candidato Abelardo de la Espriella tiene opciones de ganar, desafortunadamente no veo cómo el centro y la centro-derecha se vayan con un candidato de extremos como él.

También pienso que Paloma tiene todas las credenciales: es una persona que lleva trabajando muchos años por este país, lo ha recorrido, conoce cuáles son sus necesidades, está bien formada, es un buen ser humano y una persona con estatura moral que va a hacer mucho por este país. Pero lo más importante es que en este momento es la única candidata que es capaz de unir.

IC: ¿El audio del senador Miguel Uribe Turbay que conocimos, en el que pedía apoyar al candidato o candidata que resultara ganador al interior del Centro Democrático, podría definirse como un testamento político? ¿De cuándo es?

MCT: Tuvo que ser, yo creo que por ahí un mes y medio antes del atentado de Miguel. Él lo envió a uno de sus grupos, porque había salido una encuesta en la que él iba ganando y sus compañeros de campaña y unos medios y otros sectores opositores a él dijeron que esa encuesta no era real, que se la había inventado Miguel o la habían pagado, o algo así.

Entonces, se formó una tensión dentro de la campaña y Miguel mandó ese audio diciendo: “Respeten a las candidatas, fortalezcamos el partido, apoyemos al presidente Uribe”. Más que un testamento, porque no le encuentro mucha lógica a esa palabra, sí es su legado, porque básicamente muestra lo que era Miguel. Es decir, esa era su voluntad, su forma de actuar y su talante. El talante de Miguel era ese, estar por encima de las dificultades y actuar con altura por el bien de Colombia.

IC: Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, ha dicho que las precandidatas del Centro Democrático no se portaron bien con su hijo y recordó algunas acusaciones en su contra. ¿Qué opina?

MCT: Sí, definitivamente había un ambiente muy hostil, muy tenso y eran muy complejas las circunstancias que estaba atravesando Miguel en esa campaña para ser el candidato único del Centro Democrático. Eso no se puede desconocer. Lo que pasa es que Miguel siempre nos mostró altura y que había que estar por encima de las dificultades. Nunca lo tomó como un tema personal, siempre supo estar por encima de eso, y por encima estuvo la voluntad de él de servir a Colombia y que Colombia fuera su causa.

Yo recibo las enseñanzas de Miguel: no cazar peleas, no generar tensiones personales y no quedarse en rencillas del pasado. Yo decido actuar con propósito, con coherencia y con amor por Colombia. Decido pensar qué es lo mejor para mis hijas y para todos los niños en Colombia y, desafortunadamente, las encuestas no favorecen hoy al papá de Miguel, quien hubiera hecho mucho por este país,

Hay que tener los pies sobre la tierra y pensar que en este momento lo que se está jugando es mucho y por eso decido apoyar a Paloma Valencia.

IC: ¿Ese ambiente hostil dentro del Centro Democrático llevó a Miguel Uribe Turbay a pensar en renunciar a su aspiración?

MCT: Jamás, nunca. Nunca lo planteó, nunca lo dijo. Jamás le dijo algo así al presidente Uribe. No fue una conversación que tuviéramos. Jamás lo oí decírselo absolutamente a nadie. Miguel tenía paciencia, estaba esperando que se dieran las elecciones internas del partido, pero jamás. Miguel no era así. Eso no representa nada de lo que era Miguel. Entonces, como no pude aquí, me voy allá. No, ese no era Miguel. Definitivamente no, jamás.

IC: Miguel Uribe Londoño ha acusado a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de instrumentalizar el dolor de la familia; y, en lo particular, le respondió que era él el encargado de llevar las banderas de su hijo. ¿Qué opinión le merece esta postura?

MCT: Lo que él ha dicho es que a mí me instrumentalizaron y él tendrá su opinión sobre eso y yo respeto lo que él piense.

Lo que siento es que es muy desafortunado que, en pleno siglo XXI, cuando una mujer piensa y toma una decisión resulta mejor creer que alguien la tomó por ella que darle valor a su palabra y a su carácter. También creo que es un mal mensaje en un país que tiene mujeres berracas, líderes, transformadoras y que además son capaces de sostener a su familia pese a las adversidades, pese a quedarse solas.

Muchas mujeres han perdido a sus esposos y llevan a cabo una labor que es bastante compleja, a través del duelo poder sostener una familia. Por eso encuentro muy desafortunado descalificar así la posición de una mujer. Pero en medio del dolor, muchas cosas son las que suceden.

IC: ¿Cómo es su relación hoy por hoy con Miguel Uribe Londoño? ¿Existe un distanciamiento por su decisión de continuar en la campaña? ¿Ha cambiado el diálogo entre ambos?

MCT: No, no ha cambiado. Lo que pasa es que las circunstancias políticas y la forma de ver la muerte de Miguel y de honrar su vida es personal. Él tiene su forma y todo el derecho a estar haciendo lo que hace, a decir lo que dice. Yo respeto con profundidad cualquier decisión que él tome y todas las que ha tomado, de estar primero en el Centro Democrático y haber llegado a otro partido.

Era su hijo, y de la misma manera, yo sé que él también respeta mi decisión. Lo que ha cambiado son las circunstancias políticas, no las personales.

IC: Aún recordamos el discurso de Miguel Uribe Londoño en el que hacía un llamado a la unidad nacional para “frenar la locura” y defender la democracia. ¿Qué cree que cambió para que en la propia familia del senador exista esta especie de división?

MCT: Pues que Miguel papá ya no hace parte del Centro Democrático, que sus números en las encuestas no lo están favoreciendo en este momento, que no tiene posibilidad o viabilidad, tristemente, porque creo que hubiera hecho mucho por Colombia. Yo lo he estado acompañando y he estado ahí en todas las decisiones que han tomado, como cuando se inscribió en su campaña por el Partido Demócrata, yo estuve con él, me subí al escenario y le di la bendición. He querido apoyarlo en sus decisiones y así lo he hecho.

IC: Usted ha sido muy generosa con Paloma Valencia en la definición que tiene de la senadora. Valoró el apoyo que ella le brindó cuando su esposo murió y ahora la apoya en esta contienda electoral. A nivel personal, ¿cómo la ve para dirigir el país?

MCT: Sin duda es una buena persona, tiene, como decía, estatura moral, es una buena mujer y una buena amiga; es una buena esposa, una buena madre. Yo siempre he dicho: para gobernar hay que ser un buen ser humano, y sin duda ella lo es.

IC: Respecto a María Fernanda Cabal, usted cuestionó algunas de sus actitudes en el velorio de Miguel Uribe Turbay. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ella?

MCT: María Fernanda hoy no tiene ninguna relevancia política ni hace parte de la contienda, entonces no veo relevante referirme a ella.

IC: ¿Mantiene usted contacto con otros miembros del Centro Democrático? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el expresidente Álvaro Uribe sobre el devenir político?

MCT: Sí, yo he estado en contacto con algunos miembros del Centro Democrático, y el presidente Uribe ha sido muy generoso, me ha apoyado, ha estado pendiente de mí, de mis hijas, en especial de Alejandro. Sé que cuento con él y con el partido, no por la candidatura de Paloma, ni por mi apoyo, sino porque eso fue lo que él me expresó desde el primer momento del atentado de Miguel.

IC: En caso de que Paloma Valencia no pase a segunda vuelta, ¿apoyaría a Abelardo de la Espriella?

MCT: Claro que sí, sin ninguna duda.

IC: ¿Qué mensaje tiene usted para los colombianos con miras a la decisión que deberán tomar en las urnas el próximo 31 de mayo?

MCT: Tenemos una sola oportunidad y solos no lo vamos a lograr. La derecha sola no va a lograr ganarle a Iván Cepeda. La única candidata que en este momento está generando unión, que es posible que se dé esa unión, es Paloma Valencia. No podemos perder tiempo, no podemos perder la única oportunidad que tenemos.

Paloma es capaz de unir al centro, a la centro-derecha y así poder derrotar a Cepeda y poder salvar a este país. Los invito masivamente a votar por Paloma, a todas las mujeres en todos los rincones del país, a todas las personas que creen en la democracia, en la seguridad. Tenemos que votar por Paloma y tenemos que salvar el país juntos y unidos.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió el martes 12 de mayo sobre el “riesgo de retroceso” político en Colombia si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, conquista la presidencia en los comicios del 31 de mayo. En una declaración dirigida a los electores, Salazar vinculó la figura del congresista oficialista con la “extrema izquierda” e instó a no permitir un retorno de ideologías asociadas al comunismo.

A 19 días de la primera vuelta, la contienda se prevé apretada. Aunque Cepeda lidera la mayoría de las encuestas con cotas que oscilan entre el 35% y el 40%, el promedio de las diferentes mediciones descarta, por ahora, un triunfo en primera vuelta y perfila la casi seguridad de una nueva jornada, el 21 de junio, un escenario en el que tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia disputarían el segundo puesto.

“Cuando América Latina estaba secuestrada por el socialismo y los narcoterroristas, el gran colombiano, con su liderazgo inquebrantable, se convirtió en esperanza para el continente y puso a los narcos de rodillas”, afirmó la legisladora, en lo que sería, por su parte, la mención al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que tiene una cercana relación al ser el líder natural del partido Centro Democrático, opositor a Petro.

En su mensaje, la parlamentaria, que integra la bancada republicana en el Congreso, remarcó la responsabilidad de los votantes en la jornada que se avecina. “Ahora que el socialismo del siglo XXI está perdiendo terreno en las Américas, Colombia no puede retroceder ni caer en el comunismo que vende Iván Cepeda y la extrema izquierda”, enfatizó la congresista, comunicadora social de ascendencia cubana.

En la misma línea, Salazar advirtió también sobre el peligro de “promesas baratas que han fracasado una y otra vez” y situó la decisión electoral en el plano de la supervivencia democrática. “El 31 de mayo, los colombianos tienen una inmensa responsabilidad: proteger el futuro de su democracia y defender su libertad”, señaló la parlamentaria, que estará atenta a lo que suceda en la jornada en la que se clarificarán escenarios.

Así avanza la campaña electoral en Colombia, a menos de tres semanas de los comicios

En la recta final, los diferentes aspirantes hacen gala de sus planes de Gobierno. Cepeda centró su campaña en reformas sociales, el concepto de “capitalismo social” y la profundización de la paz negociada; mientras que el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella apuesta por la “mano dura” la y defensa de la empresa privada; objetivos que también perseguiría la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Mientras tanto, la campaña transcurre bajo estrictas medidas de seguridad, y serios cuestionamientos sobre el papel que tendrá que cumplir la Registraduría Nacional del Estado Civil, por parte de simpatizantes del oficialismo e, incluso, el presidente Gustavo Petro: que ha puesto en duda la legitimidad de los resultados que deban entregarse, debido a que el software contratado para la transmisión de datos es privado y no público.

Asimismo, de parte de la fuerza pública se amplió la protección en zonas vulnerables como Catatumbo y Chocó ante la presión de grupos armados ilegales. En paralelo, surgieron en la presente semana delicadas denuncias sobre lo que serían las supuestas irregularidades metodológicas en las encuestas, especialmente hacia firmas como Atlas-Intel, de la que pidieron su suspensión en el país por no cumplir con la normativa.

Por ahora, a medida que se acerca el 31 de mayo, la expectativa -como se mencionaba- se concentra en la posibilidad que se registre de una segunda vuelta presidencial, alimentada por el registro de que Cepeda mantiene la ventaja sin superar el umbral del 50% más uno de los votos requeridos; y la incertidumbre de cuál sería entonces su rival en el denominado balotaje, entre el abogado De la Espriella y la senadora Valencia.

Espinal, experto en temas energéticos, acusó a Roa de debilitar el gobierno corporativo y afectar la credibilidad de la compañía al sumar dos imputaciones formales de la Fiscalía General de la Nación por violación de topes electorales, en el caso ya mencionado referente a la aspiración del hoy jefe de Estado; y, además, por el presunto tráfico de influencias, tras la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

“Usted, señor Roa, hace dos años en el Congreso de la República lo manifestó, que renunciaría si sus investigaciones ponen en riesgo a Ecopetrol. Pues así es. Hoy Ecopetrol tiene riesgos de credibilidad. Hoy Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos, está completamente debilitada. Su gobierno corporativo ha sido afectado”, afirmó el senador electo, que conminó al directivo a apartarse.

Con ello, Espinal, congresista antioqueño cercano a la actual senadora Paola Holguín, reclamó que Roa incumpliera su palabra dada ante el órgano legislativo, cuando según expresó el descalabro que sufre la compañía en su administración es grave: toda vez que la permanencia de Roa, a su juicio, “acabó con la credibilidad y con el gobierno corporativo” de la firma, que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Esta fue la petición del congresista Juan Espinal a la junta directiva de Ecopetrol

Cabe destacar que el lunes 11 de mayo, la Fiscalía imputó a Roa cargos por superar los límites legales de financiación de campaña por más de 1.300 millones de pesos y omitir gastos por $1.193 millones, en un caso que involucra a sectores del Gobierno y que podría derivar en penas de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos; siendo este un proceso que podría poner en vilo la estabilidad institucional de Ecopetrol.

Y es que los procesos en contra del titular de la compañía mantienen en vilo la estabilidad institucional de la petrolera, cuyo valor accionario se mantiene en riesgo en los mercados bursátiles locales e internacionales. Por ello, la reacción de Espinal no se limitó al presidente de la petrolera, sino que el legislador instó a la junta directiva a exigir también la dimisión de Roa, que llegó al cargo en abril de 2023.

“Le hago un llamado a la junta directiva de Ecopetrol para que exija la renuncia del doblemente imputado”, sentenció el congresista, en alusión directa a la doble imputación penal que pesa actualmente sobre el ejecutivo, que como se menciona afronta dos graves señalamientos. Al primero ya conocido se le suma el del presunto favorecimiento a Gaxi ESP S.A.S. en la adjudicación de un proyecto de regasificación en La Guajira.

Lo anterior, tras adquirir un apartamento de lujo a un valor inferior. En este caso, es válido aclarar que la Procuraduría ha recomendado sanciones por faltas graves asociadas al régimen de financiación política, mientras sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) piden su salida para proteger la reputación y operación de la compañía; todo esto, a 87 días de que termine la administración de Gustavo Petro.

En respuesta, el propio Roa, que se encuentra bajo licencia no remunerada y de vacaciones en medio de las diligencias judiciales, negó todos los cargos y defendió su inocencia en audiencia pública. “No acepto los cargos su Señoría, soy inocente”, declaró ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, en un caso en el que podría verse expuesto a penas que irían hasta los ocho años de prisión, según el Código Penal.

Con un fuerte pronunciamiento, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre lo que serían las demoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entrega de anticipos a al menos seis candidaturas presidenciales que, a 20 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial todavía no han recibido los recursos que la ley garantiza para la competencia en igualdad de condiciones durante la contienda.

Alejandra Barrios, titular de la misión, resaltó que la ausencia de la resolución reglamentaria, que debía haber sido emitida antes del 31 de enero, ha tenido un impacto directo en el equilibrio y la financiación de las campañas. Y precisó que la resolución en cuestión debió estar lista al comienzo del periodo de inscripción de candidaturas ante la Registraduría, siendo este el momento fundamental para la planeación de cada campaña.

En su reporte, la organización veedora reveló que la mitad de aspiraciones presentaron la solicitud formal de anticipos ante el CNE, pero todas permanecerían a la espera por falta de claridad en los requisitos para las pólizas exigidas antes del desembolso. Y explicó que la entrega de estos fondos respalda la equidad democrática, ya que los anticipos son el mecanismo legal que iguala la competencia entre los aspirantes.

Lo anterior, pues evita dificultades de financiamiento que puedan dejar en desventaja a ciertos candidatos. “Esta omisión administrativa afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas, pues los anticipos son el mecanismo legal previsto para garantizar condiciones de competencia justa para todos los contendientes”, afirmó la MOE en su declaración, que causó reacciones.

Por ello, ante la falta de una decisión inmediata del CNE, la misión reiteró que la equidad en la competencia electoral “es un pilar de nuestra democracia. ”El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable”, indicó Barrios, que hizo énfasis en el evidente desequilibrio entre los que cuentan con fuentes de financiación y los que no.

Por su parte, el subdirector de la MOE, Frey Muñoz, añadió que el problema ya genera consecuencias de plazo crítico. “Estamos a escasas semanas de que la ciudadanía acuda a las urnas. La falta de esta resolución genera una incertidumbre jurídica y logística innecesaria. Instamos al CNE a expedir este acto administrativo a la mayor brevedad para que los trámites de las pólizas se agilicen y los giros puedan realizarse”, expresó.

CNE no ha definido los requisitos técnicos para garantizar los desembolsos

En ese orden de ideas, la omisión de acuerdo con la MOE persiste porque las candidaturas deben presentar una póliza o garantía antes de acceder a los recursos, pero el CNE no ha definido los parámetros técnicos que rigen dichos seguros. Por ello, advirtió que sin esa definición, los equipos de campaña no pueden adelantar los trámites correspondientes ante las entidades financieras, lo que bloquea cualquier desembolso.

Y no solo eso: limita su capacidad de organizar actividades electorales. Por el momento, según Transparencia por Colombia, las campañas presidenciales ya han reportado $25.000 millones en gastos, aunque el sistema de anticipos busca que ninguna formación quede rezagada por motivos financieros; lo que será un tema que se aborde en la sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral del miércoles 13 de mayo.

Esta reunión resultará clave para que el CNE rinda cuentas sobre los desembolsos ya efectuados y explique las razones del retraso a los candidatos afectados. Mientras tanto, Barrios y su equipo insistirán en que la transparencia y la legitimidad del proceso electoral dependen, en primera medida, de que las instituciones faciliten el cumplimiento de la norma y eviten que alguna candidatura compita en desventaja.

Gómez, que tras su éxito en los comicios del 8 de marzo impulsa la aspiración del autodenominado ‘Tigre’ a la presidencia de la República, advirtió con un video en sus redes sociales que la decisión judicial transmite a la ciudadanía una percepción de impunidad en el tratamiento de los casos de alto impacto, y cuestionó la capacidad del sistema para sancionar delitos graves de la actual administración, a la que le restan 88 días.

“La ciudadanía no va a tener una seguridad estable y permanente mientras el sistema judicial no abandone la impunidad en los grandes casos de corrupción, en los casos de macro delito y los casos que afectan al ciudadano del común”, afirmó Gómez Martínez en su publicación en X, que acompañó con el referido video, en el que insistió en la gravedad que representa que las instituciones judiciales sean percibidas como ineficaces.

¿Por qué Sandra Ortiz quedó en libertad?

En el caso de la exconsejera, del partido Alianza Verde, el Juzgado 35 Penal con Control de Garantías de Bogotá ordenó su libertad inmediata tras constatar que habían transcurrido 329 días desde la radicación de la acusación fiscal sin que iniciara el juicio oral, con lo que se superó el máximo legal para mantener la detención preventiva en contra de la boyacense, cercana al expresidente del Senado Iván Name Vásquez.

El juzgado atribuyó el retraso a situaciones externas ajenas a la defensa, al reconocer en consecuencia el derecho procesal de la imputada de esperar el debate de fondo en libertad. Frente a esto, Gómez continuó con su dura arremetida contra la administración de justicia, al señalar su preocupación por lo que pueda pensar el ciudadano “al ver que los casos de mayor envergadura como el de Sandra Ortiz quedan en la impunidad”.

Aunque se ordenó su inmediata excarcelación la Fiscalía aún la mantiene formalmente acusada por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, pues ante la petición de preclusión del caso solicitada por la defensa en segunda instancia, la decisión fue negativa. Así pues, con la libertad decretada, la exfuncionaria seguirá vinculada al proceso, en el que se esperan mayores avances.

“Ortiz ha sido señalada como la mensajera de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, tal vez uno de los símbolos de la mayor degradación moral de la República”, agregó Gómez, que fue enfático en señalar que mientras ciudadanos lidian a diario con delitos comunes, las altas cortes y el sistema judicial parecen “mirar para otro lado”; en fuertes pullas a organismos como la Corte Constitucional y la Corte Suprema.

De hecho, Gómez sostuvo que “en el tema de la agravación punitiva, la Corte Constitucional sigue mirando para el techo, soñando con el sexo de los ángeles en un país que no existe y en un país que sufre precisamente de la reincidencia”. En su concepto, este episodio debe precipitar “un gran acuerdo sobre lo fundamental para que precisamente descongestionemos la justicia y se le entreguen los recursos”.

“La justicia tiene que hacer un acto de contrición, una toma de conciencia de que necesita una transformación”, concluyó el dirigente, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Por su parte, Ortiz, señalada de haber transportado $3.000 millones en efectivo entregados a Name Vásquez, presuntamente partícipe de estos hechos, podrá retornar al seno de su hogar y defenderse sin una medida de aseguramiento en su contra.

El asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista de 25 años, ocurrido en zona rural de Briceño (Antioquia) por hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo órdenes de alias Chalá, motivó una petición urgente al Consejo de Estado para que suspenda provisionalmente las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) establecidas en el país, como parte de la política de Paz Total promovida por la administración del presidente Gustavo Petro.

En la solicitud, dirigida al magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro por el abogado Mauricio Pava y la Fundación Dilo Colombia, se destacó que el crimen de Pérez, ocurrido en una de estas zonas bajo influencia de estructuras armadas ilegales, evidenciaría los graves riesgos que implica la continuidad de los procesos de negociación, sin que existan compromisos para la dejación de armas y sin que existan ceses al fuego.

En el documento, los demandantes argumentaron que la Resolución 471 de 2025, mediante la cual el Gobierno creó zonas de ubicación temporal en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), ha facilitado que grupos ilegales reemplacen la autoridad estatal, lo que además pone en peligro los derechos fundamentales de los habitantes y de los periodistas que ejercen el oficio en estas regiones.

“En 2022 le advertimos a Iván Cepeda y al equipo de Isabel Zuleta que no se podían entregar territorios sin una ley de sometimiento, sin reglas claras. Están matando las personas. Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo. Allí derogaron la Constitución”, reclamó Pava.

Cabe destacar que el crimen de Pérez ocurrió en una región donde además de las disidencias de las Farc opera el Clan del Golfo, que se disputan el control territorial. Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que el comunicador, fundador del medio El Confidente, fue hallado sin vida tras varios días desaparecido y que su labor investigativa lo expuso a los riesgos que se registran en Briceño.

¿Por qué piden suspender las ZUT definidas por el Gobierno Petro?

La petición remarcó que la permanencia de las ZUT podría comprometer la separación de poderes, la supremacía constitucional y la libertad de prensa en los municipios afectados. La Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, vale precisar, condicionó la creación de estas zonas a la existencia previa de una ley de sometimiento y a una etapa avanzada del proceso judicial, lo que no se ha cumplido.

“La paz se defiende respetando la Constitución, garantizando la autonomía territorial y asegurando que ninguna estructura armada termine reemplazando la autoridad legítima del Estado. En amplias zonas del país, la presencia de estructuras armadas con la aquiescencia del Gobierno amenaza con sustituir la autoridad de la Constitución de 1991 por la ley del miedo”, expresaron los demandantes en su petición al alto tribunal.

El escrito también reveló que se radicaron derechos de petición ante los alcaldes de los municipios involucrados para esclarecer si hubo coordinación con las autoridades locales y si el Gobierno nacional garantizó condiciones institucionales y de seguridad durante la implementación de las zonas. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta, en un hecho que los peticionarios consideran revelador de falta de garantías.

La Paz Total promovida por Petro y de la cual su ‘arquitecto’ sería, justamente, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, ha sido objeto de críticas. Los demandantes indicaron que, hoy, “las estructuras ilegales reemplazan la autoridad del Estado”, lo cual se refleja en el aumento de hechos violentos y en la vulnerabilidad de periodistas y líderes sociales, como ocurrió con Mateo Pérez, cuyo asesinato enlutó al país.

Según la Flip, al menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, cifra que ilustra la persistente amenaza para la libertad de prensa en el país. Sobre este suceso, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia también rechazó el asesinato de Pérez y advirtió que constituye “una grave afectación a la libertad de prensa”, al igual que “una vulneración directa al derecho a la información”.

El ex jefe de Estado, que gobernó entre 1998 y 2002, no ocultó su satisfacción ante la mención de Villa, que en el diálogo con Uribe Vélez confesó que fue beneficiario de un programa creado en su administración: Familias en Acción. Esto llevó a uno de los caciques del conservatismo a recordar el origen y la evolución de una de las principales políticas de transferencias monetarias en el territorio nacional.

“Agradezco a @WestCOL por visibilizar el impacto de Familias en Acción, nacido en mi gobierno para proteger el futuro del país. Que haya pasado de 220.000 a más de 2,8 millones de hogares demuestra que apostar por mujeres cabeza de hogar y por los más vulnerables es el camino más noble para hacer grande a Colombia”, expresó el expresidente en su perfil de X, en el que reconoció a Westcol por su testimonio.

Así contó Westcol que fue beneficiario de Familias en Acción

Y es que durante la emisión, el joven creador de contenido, que venía de entrevistar al primer mandatario, Gustavo Petro, compartió con Uribe su experiencia personal al crecer en Itagüí, en Antioquia, y cómo el acceso a Familias en Acción representó un alivio fundamental para su familia. Lo anterior, ante la mención de su entrevistado sobre uno de los programas que más resultado le dio de su gestión (2002-2010).

“Yo quise mucho un programa que se llamó Familias en Acción”, dijo Uribe, al exponer algunos de sus logros de su mandato y recordar su papel en la expansión del programa al llegar a la presidencia. “Yo soy de Familias en Acción”, respondió Villa, lo que abrió la puerta a una de las anécdotas que marcaron la conversación, que se extendió por más de tres horas y que tuvo como epicentro la hacienda del expresidente, El Ubérrrimo.

Según relató el streamer, su madre hizo el proceso de inscripción en una Casa de Justicia y los recursos que recibía marcaron su infancia. “Cuando a mí me llegaba la plata de Familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente. Yo tenía mucho amor en mí. Te lo digo en serio, güey”, relató Westcol, ante la mirada atenta del expresidente, que también sacó pecho por el impacto que tuvo esta iniciativa en la población.

Así, la conversación derivó en el reconocimiento del impacto real del programa. “El programa de Familias en Acción, de verdad, le ayudó mucho a mi familia, me ayudó mucho a mí y... no sé, siento que esas cosas, aunque de pronto mucha gente no la conozca, yo no sé, a mí en lo personal, yo siento que hay que hacer muchas más cosas de esas”, contó Villa, que logró sentar a dos de los políticos más importantes del país.

Uribe, por su parte, rememoró cifras clave del crecimiento de la iniciativa. “El presidente Pastrana lo creó. Cuando yo llegué ese año, 2001–2002, había 220.000 familias y terminamos el 2002 con 320.000 Y en el gobierno llegamos a tener 2.800.000. Si este país hubiera llegado a 4.000.000 de Familias en Acción y se hubiera conectado eso con la universidad y con el emprendimiento, estaríamos mejor”, agregó el expresidente.

En esta charla, el entrevistado quiso destacar que el acceso al programa no estaba condicionado a apoyos a su figura ni su administración. “En el gobierno mío eso se daba sin consideración política”, señaló el exmandatario antioqueño. Fue entonces cuando Villa respondió con un relato que conmovió en las redes sociales y detallaría sus orígenes humildes, antes de convertirse en uno de los reyes del ‘streaming’.

“Quizás yo no hubiera estado acá en el momento que estoy en este momento. Porque gracias a Familias en Acción fue que yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar. Son cosas que uno siente que después dice: ‘Uy, eso me ayudó mucho, eso nos ayudó a comer, eso nos ayudó a que mi mamá también de pronto le bajara un poquito el trabajo que mantenía todo el día trabajando’. Son pequeñas cositas que hacen el cambio".

En relación con el programa, nació en el 2000 bajo la administración Pastrana, durante una aguda crisis económica y con recursos del Plan Colombia implementado con la cooperación de Estados Unidos. El objetivo central era entregar transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, a cambio de asegurar la asistencia escolar y los controles de salud para niños y adolescentes.

Durante el 2023, la administración Petro reemplazó el programa Familias en Acción por el de Renta Ciudadana, aunque el impacto histórico del programa permanece en la memoria colectiva, especialmente entre los que, como Westcol, reconocieron haber encontrado una oportunidad para progresar, en medio de un contexto social complejo, en el que la carencia de oportunidades parecía ser una limitante en los territorios.

La veeduría, cuyo titular es el abogado y excandidato al Senado Pablo Bustos, acusó a la empresa de inflar de forma deliberada la posición de las campañas en sondeos que, según la Comisión Técnica del organismo electoral, no cumplen con los requisitos mínimos de rigor. Como sería el caso de la compañía brasileña, que ha entregado al menos tres mediciones de intención de voto, las cuales han sido publicadas en Semana.

El CNE ya ha formulado cargos contra Atlas-Intel por presuntas irregularidades en la elaboración y difusión de encuestas, entre ellas la posible falta de inscripción vigente en el registro oficial durante parte del 2025. Según informes de la mencionada comisión, que fueron relacionados en la petición, se solicitó suspender el registro de la firma por reiterados incumplimientos y dudas sobre su método de reclutamiento digital.

“Se está pervirtiendo la democracia, en la medida en que se alteran los resultados electorales y se contravienen la normatividad electoral, precisamente en esta recta final en que la ciudadanía demanda plenas garantías frente a la información respecto de sus expresiones de voluntad y, a su vez, de la forma como ellas son recogidas válidamente para efectos político-electorales”, dijo Bustos en su argumentación.

De esta forma, la solicitud de la Red de Veedurías hizo énfasis en los expedientes del CNE, que documentó hallazgos sobre el incumplimiento reiterado por parte de la encuestadora de lo exigido en la Ley 2494 de 2025, o nueva Ley de Encuestas. En particular, la organización señaló que la Atlas-Intel presenta como encuestas lo que serían sondeos no probabilísticos, lo que afectaría la equidad de la competencia electoral.

Las aparentes irregularidades por las que la Red de Veedurías pidió la suspensión de Atlas-Intel

La Red de Veedurías sostiene que el método de la compañía extranjera, basado en recolección digital y telefónica, sin entrevistas presenciales, viola los estándares de rigor exigidos para mediciones de opinión en tiempos electorales. Según la organización, el propio Consejo Nacional Electoral ha confirmado las deficiencias metodológicas de fondo y evidenciado la existencia de “una escandalosa práctica reiterada”, frente al caso.

En ese orden de ideas, la Red de Veedurías solicitó “de manera urgente” al Consejo Nacional Electoral que tome las medidas cautelares “urgentes y apremiantes” respecto de las irregularidades en el proceso de sondeo de opinión de la empresa, que venía siendo objeto de observaciones frente al proceso electoral en curso, pues es una de las que ofrece un margen más ajustado entre los tres candidatos que puntearían.

“Y como medidas cautelares, debido a esas irregularidades ya documentadas técnicamente por el propio Consejo Nacional Electoral, se solicita que de inmediato se produzca la suspensión provisional del registro, a efecto de que no pueda seguir operando (...) y se haga la respectiva advertencia a los medios de comunicación a efectos de que se abstengan de seguir realizando dichas publicaciones“, precisó Bustos.

Y, por último, agregó el veedor, se entreguen los soportes técnicos de estas evaluaciones. A juicio de la red, la difusión de las mediciones de Atlas-Intel puede alterar el comportamiento del voto útil, al igual que reconfigurar alianzas políticas que están en proceso y, de la misma manera, consolidar “narrativas artificiales” sobre quién puede ganar una elección presidencial. En suma, plena desconfianza a los resultados expresados.

En su petición, se solicitó reforzar la vigilancia sobre todas las encuestadoras durante el proceso actual y no permitir omisiones institucionales que “podrían agravar el daño” ya registrado. “La democracia no puede construirse y falsearse más sobre cifras distorsionadas. Colombia necesita encuestas serias, no mecanismos de manipulación disfrazados de medición técnica a efecto de que el elector libremente opte”, concluyó la red.