El senador Honorio Henríquez, que oficia como presidente del Congreso, ratificó en la jornada del sábado 17 de octubre de 2026 su respaldo al Estatuto Antiterrorista del gobierno de Abelardo De La Espriella; después de que este proyecto de ley estatutaria recibiera en la víspera el aval del Consejo Nacional de Política Criminal.

De acuerdo con Henríquez, el proyecto busca fortalecer la capacidad estatal para desmantelar estructuras criminales, por lo que prometió brindar garantías para que se establezca una discusión respetuosa y democrática. Es válido destacar que en su discusión deberá superar cuatro debates y el control de constitucional para que se convierta en normativa.

“Todo nuestro respaldo al Estatuto Antiterrorista propuesto por el Gobierno Nacional que avalamos en la sesión del Consejo de Política Criminal”, indicó Henríquez en su perfil de X, que con ello anunció que el Senado avanzará con el debate tras el concepto favorable recibido por el órgano consultivo, que dio el visto bueno en materia jurídica para su discusión.

“Garantizaremos un trámite oportuno”, Honorio Henríquez

A su vez, al referirse al alcance que atribuye a la propuesta, el titular del legislativo la definió como una “iniciativa urgente e inaplazable”. Y, del mismo modo, el presidente del Congreso sostuvo que el nuevo marco normativo fortalecería las capacidades operativas, judiciales y de inteligencia del Estado frente a las organizaciones criminales que operan en el país.

“Desde el Congreso, garantizaremos un trámite oportuno y con plenas garantías para el debate democrático”, remarcó Henríquez. El texto pasará primero por la Secretaría Jurídica de la Presidencia antes de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lo radique de manera formal ante el Congreso, para que pueda ser debatido por los miembros de la corporación.

La aprobación institucional no fue unánime, pues el proyecto obtuvo 11 votos favorables y 3 posiciones contrarias dentro de la mesa técnica. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura del alto comisionado contra el Terrorismo, que no existe en el ordenamiento jurídico nacional.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, entidad a cargo de Iris Marín, también expresó sus eservas sobre la inclusión del reclutamiento forzado en las disposiciones penales; en tanto que el Pacto Histórico, partido de oposición a De la Espriella, rechazó la iniciativa por asuntos vinculados a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

¿En qué consiste el Estatuto Antiterrorista que promueve Abelardo de la Espriella?

Entre las medidas, figura un esquema de beneficios judiciales para procesados que aporten información efectiva para desarticular grupos incluidos en el registro oficial, con rebajas de pena de hasta 60%. El proyecto modifica tipos penales e incorpora instrumentos procesales y penitenciarios contra el terrorismo urbano y el sabotaje a infraestructura crítica.

Por su carácter de ley estatutaria, su trámite no solo requerirá la aprobación de los referidos debates, sino un respaldo reforzado en el Congreso y una revisión previa de la Corte Constitucional. En el primer punto, se precisa una mayoría absoluta tanto en el Senado y la Cámara, no solo de los presentes, y que su trámite se complete en una sola legislatura.

“No es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, frente al proyecto.

El registro oficial habilitaría bloqueos financieros y sanciones administrativas

La iniciativa contempla la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas. La inclusión de personas en ese listado permitiría aplicar medidas financieras y administrativas destinadas a limitar la capacidad operativa de los grupos señalados; además de la figura del alto comisionado, que estaría adscrito al Dapre de la Presidencia.

Asimismo, el articulado prevé el congelamiento inmediato de activos financieros, la inhabilitación para contratar con entidades estatales y el bloqueo de transacciones de los miembros reportados. Estas herramientas forman parte del mecanismo propuesto para restringir las fuentes de financiación de las organizaciones incluidas en este listado.

El proyecto también prevé aumentar en una tercera parte las penas por el uso de drones armados, la extorsión, los delitos informáticos, el secuestro y las asonadas cuando se pruebe su relación con estructuras criminales. El texto propone además pabellones de alta seguridad para cabecillas de organizaciones, con restricciones estrictas para las visitas.

Benavides, de la circunscripción especial de las negritudes, lanzó duros señalamientos hacia el primer mandatario, Abelardo de la Espriella; que el jueves 15 de octubre dio instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que, además, también se desmontaran referencias relacionadas con el Acuerdo de paz, las luchas feministas y los sectores Lgbtiq+.

“El presidente está diciendo cuáles son las luchas que pueden ser contadas, que puede ver la ciudadanía y a qué pueden tener acceso”, denunció el parlamentario, que señaló que la medida trasciende la reorganización de una sala del Museo Nacional y plantea una discusión sobre el derecho de la sociedad a preservar y conocer episodios de su pasado político.

En ese sentido, Benavides cuestionó que se retiraran estos elementos, como los afiches de campaña Jaramillo Ossa, la bandera Lgbt+, el periódico Nuestras Mujeres, el bolígrafo empleado para la firma del acuerdo de paz y el tarjetón de lo que se conoció como la séptima papeleta; este último que posteriormente dio paso a la Asamblea Constituyente de 1991.

Para el representante, la exclusión de esos objetos de espacios públicos constituye una forma de censura. “La historia no se borra por decreto”, expresó el representante nariñense, al rechazar que el Gobierno nacional pueda determinar qué hechos deben permanecer expuestos y cuáles deben quedar fuera de la memoria institucional, como lo haría De la Espriella.

Óscar Benavides denunció una censura ideológica promovida por el presidente

El legislador elevó el tono de sus cuestionamientos y comparó el retiro de las piezas con prácticas de regímenes autoritarios. “Colombia despertó en la Alemania nazi, donde quemaban libros que incomodaban al poder”, señaló el congresista, en alusión a la eliminación de expresiones culturales y políticas que, según su lectura, resultan incómodas.

En su crítica, Benavides sostuvo que los asesinatos de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa forman parte de la historia de la violencia política colombiana y no pueden ser borrados de los espacios de memoria; contrario a lo que piensa el jefe de Estado, que calificó la exposición presente en el Museo Nacional como una apología al terrorismo.

Es válido destacar que Pizarro, excomandante del M-19 y que firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Virgilio Barco, fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial. Por su parte, Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de ese mismo año, en una campaña presidencial convulsionada y violenta.

“La censura ideológica no va a borrar el genocidio político contra la Unión Patriótica ni los magnicidios de dirigentes como Pizarro y Jaramillo”, reiteró Benavides. A su criterio, las referencias a esos hechos deben conservarse porque reflejan una etapa marcada por el conflicto armado, los procesos de paz y la persecución contra movimientos y dirigentes.

Con ello, también defendió la presencia de elementos vinculados con las luchas de las mujeres y de la población diversa. “No son una moda ni una concesión ideológica”, señaló el representante, que agregó que esas reivindicaciones forman parte de la trayectoria social y política del país, aun cuando generen rechazo entre sectores de derecha en Colombia.

Orden dada por Abelardo de la Espriella continúa desatando una serie de críticas

De la Espriella expresó su intención de retirar de lugares públicos imágenes, retratos y referencias a Pizarro y a otros exintegrantes de grupos armados. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el jefe de Estado.

Frente a esto, el representante a la Cámara Benavides respondió que esa visión desconoce el sentido de los museos y de las instituciones culturales. “Ningún gobierno debería decidir que una parte de la historia merece ser contada y otra debe quedar fuera porque incomoda a quienes están en el poder”, planteó el parlamentario, opositor a la actual administración.

De hecho, el congresista también evocó el caso de Argentina durante la dictadura iniciada en 1976, cuando hubo censura de libros, revistas y productos culturales. Según el argumento del joven político, la restricción de expresiones artísticas y políticas favorece el miedo colectivo y limita la circulación de ideas, mientras se persigue a quienes disienten.

“La memoria en un país no puede depender de la ideología de su presidente”, concluyó Benavides, que advirtió sobre lo que considera síntomas autoritarios en la administración de De la Espriella. Sus declaraciones se sumaron a las críticas del senador Iván Cepeda, que pidió al presidente de la República restituir las más de 30 piezas retiradas de la sala histórica.

De acuerdo con Soto, al menos 145 profesionales que postularon su hoja de vida en esta herramienta se han sumado a entidades del Gobierno nacional y hay en curso 132 procesos más para cargos de control interno. Con ello, la estrategia estaría cumpliendo su propósito: de permitir que ciudadanos del común puedan brindar sus capacidades al funcionamiento estatal.

Entre ellos se destaca el caso de la ministra de Ciencias, Claudia Benavides Salazar, que asumió el cargo el 7 de agosto luego de haber inscrito su hoja de vida en esta plataforma y de, posteriormente, verse en entrevista con De la Espriella, que la avaló para la cartera. Esta fue la primera incorporación proveniente del Banco de Talentos promovido por el Gobierno.

“El Estado ya no le pertenece a los dueños de los votos, le pertenece a todo el país”, afirmó el vocero, que defendió el esquema como un cambio en los criterios de acceso al servicio público. Con ello, enfatizó que las personas incorporadas a la administración nacional llegaron por la evaluación de sus hojas de vida y no por recomendaciones partidistas.

Los nuevos funcionarios ingresaron a los ministerios de Agricultura, Defensa y Vivienda, además de la Presidencia de la República. “Solo bastó su hoja de vida”, dijo al referirse a las vinculaciones ya efectuadas mediante el mecanismo oficial, impulsado con el respaldo de la compañía Magneto Empleos, que cuenta con amplia experiencia en la materia.

El Gobierno trasladó el foco hacia los concursos públicos

Según Soto, el Banco de Talentos se ha convertido en una vía para reemplazar prácticas de distribución de cargos vinculadas a intereses electorales; en un modelo incluye procesos de selección en distintas áreas del Estado. De esta forma, se apunta a terminar con la utilización de los puestos públicos como compensación por respaldos políticos en elecciones.

“La época en que el Estado era un botín para pagar favores, cuadrar la rosca o acomodar activistas, se acabó”, aserveró Soto. En su pronunciamiento, el vocero presidencial también hizo énfasis de cómo este mecanismo respondió al reclamo historico de ciudadanos que habían quedado excluidos de las instituciones pese a contar con preparación profesional.

“Durante años los colombianos vimos cómo las entidades públicas se llenaban de recomendados que no tenían ni la preparación ni las ganas de servir”, expresó. La estrategia oficial plantea que el mérito debe definir el ingreso y la permanencia a las entidades estatales, como parte de una transformación estructural en las dependencias del Ejecutivo.

Las áreas que vigilan los recursos públicos tendrán 132 procesos de selección

Uno de los anuncios se concentra en las jefaturas de control interno: el Gobierno abrió 132 vacantes por concurso para esos puestos, que tienen responsabilidades de supervisión dentro de las entidades públicas. Soto afirmó que la decisión pretende impedir que los que revisan el uso de los recursos dependan de compromisos políticos previamente establecidos.

“Quienes vigilan la plata de nuestros impuestos no pueden ser cuotas de bolsillo puestas ahí para tapar chanchullos”, declaró Soto. Según el vocero, De la Espriella no conoce a los aspirantes seleccionados para esas posiciones, lo que garantiza que los responsables de control interno deberán responder al interés ciudadano y no a la administración de turno.

En consecuencia, el concurso para esos cargos permitirá una vigilancia transparente e imparcial sobre los recursos públicos; aunque falta por establecerse el cronograma y las condiciones de cada una de las convocatorias. “El presidente decidió que quienes vigilan la plata de nuestros impuestos no pueden ser cuotas de bolsillo”, insistió Soto.

Esquema de selecciòn se priorizará en el Bienestar Familiar y en ProColombia

La política de selección del Estasdo también se aplicará a los puestos de dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). El Gobierno indicó que esas posiciones serán definidas a través de filtros de evaluación estrictos que garanticen plena idoneidad en las vacantes que serán ocupadas de cara al cuatrienio que avanza.

Soto sostuvo que esa área requiere un criterio especial por su relación con la atención de la niñez. “Ningún director regional llegará a manejar el futuro de la niñez a través de favores políticos”, reiteró el vocero, aunque detalló cuántos puestos estarán disponibles ni la fecha de apertura de esas convocatorias, que generarían especial interés en el presidente De la Espriella.

La iniciativa contempla, además, cerca de 15 posiciones directivas de ProColombia en otros países. El Ejecutivo busca que esos cargos puedan ser ocupados por colombianos que ya residan en los destinos donde desarrollarán sus labores; una fórmula permitirá aprovechar la experiencia de connacionales familiarizados con el entorno local y con ello reducir costos.

Soto indicó que los futuros directivos deberán atraer inversionistas y oportunidades comerciales desde los países donde residan. “El Estado se ahorra los millonarios costos de traslados y se aprovecha el talento de nuestra gente”, aseguró el vocero presidencial, que expuso de esta forma los planes futuros con el mencionado banco de talentos.

El Gobierno fijó una advertencia sobre el desempeño de los funcionarios

El balance incluyó una posición sobre la continuidad de las personas que ingresen a la administración, y ante esto Soto recordó que el Ejecutivo no tolerará casos de funcionarios que perciban ingresos sin cumplir sus responsabilidades. “La instrucción del presidente es que el que llegue a cobrar sin trabajar, simplemente se va”, expresó el vocero de Gobierno.

También señaló que la misma decisión se aplicará a quienes utilicen su puesto para favorecer a familiares. “El que llegue a recomendar al pariente, simplemente se va”, añadió el funcionario, en el sentido de que la administración pública debe recuperar su condición de honor y de responsabilidad frente a los ciudadanos, con la correcta escogencia de perfiles.

La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, que recientemente se unió a las filas del partido Republicano, antiguo Liga de Gobernantes Anticorrupción, aprovechó una reciente aparición en medios para lanzar nuevas críticas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y entregar más detalles de los motivos por los cuales abandonó el Centro Democrático.

La excongresista vallecaucana afirmó que sus diferencias con Uribe Vélez se profundizaron por la falta de respaldo que sintió al interior de su colectividad y por las reprimendas que, según dijo, recibía de su propia militancia. La mujer, que buscará recuperar protagonismo en la escena nacional, sostuvo que ya no está dispuesta a aceptar jefaturas políticas de ningún tipo.

Lo hizo en diálogo con Tropicana de Caracol Radio, en el que contó detalles de lo que sucedía tras bambalinas en el Centro Democrático. “Me cansé que me mandaran siempre razones para regañarme”, dijo Cabal, que insistió en querer absoluta independencia. “Yo a la edad mía no quiero jefes, como se dice vulgarmente, me mamé. No quiero jefes”, destacó la mujer.

La exsenadora recordó que ingresó a la política con admiración por Uribe, al que definió como un “transformador de país”; aunque entre líneas lo responsabilizó por haberle cortado las ‘alas’ al interior del partido. En la conversación, la exparlamentaria afirmó que Colombia era un “Estado fallido” antes de su gobierno y que el expresidente “nos devuelve país”.

En ese orden de ideas, la dirigente también relacionó sus diferencias con el lugar que ocupó dentro del partido. “Llegué a ser la senadora más votada de este país en la historia. Un partido que dos veces no me deja ser”, expresó durante la entrevista, en relación con las ocasiones en que intentó ser la aspirante presidencial del Centro Democrático (2021 y 2026).

La distancia con Álvaro Uribe que minó su permanencia en el Centro Democrático

En la entrevista, la exsenadora dijo que interpreta el distanciamiento como una consecuencia de su posición ideológica. “Nunca le gusté al presidente Uribe, le parecía de pronto muy de derecha, digo yo. Le gustaba más Paloma (Valencia)”, afirmó Cabal, que no superó la derrota en la consulta efectuada para elegir candidata en el Centro Democrático.

Cabal sostuvo que su estilo frontal le ha generado apoyos y rechazos. “Soy una figura controversial, digo las cosas como son, a unos les gustas, a otros no”, señaló la vallecaucana y defendió la libertad de expresión como un derecho que considera amenazado en su caso, aunque este haya sido, según ella, causa para que sus candidaturas no prosperaran.

La dirigente, que expresó su respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella, mencionó además una controversia judicial con la defensora del Pueblo, Iris Marín, que, según relató, la obligó a guardar silencio sobre hechos que asegura conocer. Sin embargo, la política republicana no ofreció detalles sobre el proceso ni sobre el alcance de estas afirmaciones.

Y es que las diferencias entre ambos referentes de la derecha colombiana han estado atravesadas por el tono político y la estrategia frente a los sectores progresistas. Mientras Uribe Vélez ha buscado mantener al Centro Democrático como una fuerza amplia, sin radicalismos, Cabal ha reivindicado una postura de confrontación sin concesiones.

María Fernanda Cabal insistió en la defensa de una derecha sin “tibiezas”

En otro de los apartes del referido diálogo, la exsenadora, que desde 2014 hasta junio de 2026 estuvo en el Congreso, rechazó que la palabra “radical” sea utilizada como una descalificación y explicó que la entiende como la necesidad de actuar desde la raíz ante los problemas: “Usted tiene un cáncer, usted tiene que arrancarlo de raíz. Radical es de raíz”, dijo.

Para Cabal, las posiciones moderadas dentro de la política responden a la intención de conservar la aceptación entre sectores distintos. “No así tibio pa quedar bien con todo el mundo”, expresó la política de 60 años, antes de cuestionar a los que cambian de partido según las circunstancias, pese a que posteriormente empleó calificativos de grueso calibre.

En efecto, María Fernanda Cabal utilizó expresiones como “camaleón” y “travesti de la política” para describir a dirigentes que, a su juicio, adoptan la identidad de la colectividad de turno; en declaraciones en las que evitó dar nombres concretos para escenificarlos en estas categorizaciones de las cuales, indicó, quisiera desmarcarse.

Los partidos Oxígeno y Fuerza de la Paz, de la exsenadoraIngrid Betancourt y Roy Barreras, respectivamente, afrontarán en las próximas semanas una definición sobre su personería jurídica; pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá decidir si aplica el umbral electoral como condición determinante o si admite los argumentos de representación política.

Ninguno de los dos partidos alcanzó el umbral requerido en las elecciones de Senado y Cámara, pero la decisión no depende de una verificación automática. Las colectividades continuaron activas después de que la anterior sala plena del CNE, cuyas funciones terminaron el 30 de agosto, dejó su situación condicionada al pronunciamiento de los actuales togados.

De acuerdo con la información referida por Semana, Oxígeno entregó al tribunal un documento de 228 páginas para solicitar la conservación de su reconocimiento legal. En el escrito con el que argumentaron su postura, la colectividad señaló que el análisis debe incluir principios de participación política, igualdad material y pluralismo democrático.

La investigación sobre Oxígeno está en manos de la magistrada Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio en el Gobierno de Gustavo Petro y ternada por el Pacto Histórico. Por su parte, el expediente de Fuerza de la Paz quedó a cargo del magistrado Gersel Pérez, exrepresentante a la Cámara por el Atlántico y ternado de Cambio Radical.

Antecedente de Comunes reforzaría el riesgo de perder la personería jurídica

La decisión final requerirá el acuerdo de los nueve integrantes de la sala plena, aunque las dos ponencias marcarán el punto de partida de la discusión. Al interior del tribunal electoral, según el citado medio, existe hermetismo sobre el sentido de ambos proyectos; aunque existiría un antecedente que sería considerado en el análisis de ambos partidos.

En efecto, el precedente más cercano es el del Partido Comunes, integrado por exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, al que el CNE retiró la personería jurídica el 1 de octubre por no cumplir la condición de representatividad exigida para conservar el reconocimiento como partido político. La colectividad contó con dos periodos de gracia producto del Acuerdo de Paz.

La norma aplicada por el tribunal figura en el artículo 108 constitucional, que establece de manera clara que se “requieren un porcentaje mínimo de votos válidos para adquirir y mantener el reconocimiento fijado en el 3% en las elecciones de Senado o Cámara de Representantes”. Con ello, tanto Oxígeno como Fuerza de la Paz estarían al margen.

Las directivas de Oxígeno fundamentaron su solicitud ante el CNE en una interpretación distinta de esa exigencia. “La disposición prevista en el artículo 108 de la Constitución no tiene un carácter absoluto ni puede ser aplicada de manera rígida o automática”, se precisó en uno de los apartes de la exposición hecha por el equipo jurídico de la exsenadora colombofrancesa.

“Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que dicha disposición debe interpretarse de forma armónica con los principios de participación política, igualdad material y pluralismo democrático”, agregó el partido, que también pidió que el análisis incorpore las circunstancias propias de cada organización política.

“Una lectura constitucionalmente adecuada evidencia que el umbral no constituye un fin autónomo, sino un instrumento dirigido a garantizar la representatividad real dentro de un sistema democrático pluralista”, puntualizó Oxígeno, que provenie de la década de 2000, cuando Ingrid Betancourt llegó al Senado y aspiró a las elecciones presidenciales de 2002.

Fuerza de la Paz pidió valorar sus curules y cargos de elección popular

Por su parte, según reseñó Semana, Fuerza de la Paz presentó ante el CNE un planteamiento centrado en su condición de minoría política protegida por la Constitución, con el fin de que la colectividad fundada por Barreras y que en su momento fue aliada del Gobierno de Gustavo Petro pueda seguir teniendo personería jurídica y entregue avales.

“La representatividad cualitativa implica que la existencia jurídica de una organización política no puede depender exclusivamente de un criterio aritmético cuando se encuentra acreditada su capacidad real de representación a través de curules, cargos de elección popular y respaldo ciudadano”, puntualizó el partido, que busca participar en los comicios de 2027.

El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, afirmó que el proceso contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, y que estarían involucrados en el megaescándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa. Lo anterior, pese a que ambos quedaron en libertad por vencimiento de términos.

En entrevista concedida a Cambio y publicada en la mañana del sábado 17 de octubre, Lenis ambién respaldó la labor de la Fiscalía General de la Nación en esa investigación y defendió las figuras de terminación anticipada de procesos. Según Lenis, los investigados conservarán la obligación de enfrentar el juicio, en el que se definirá su suerte judicial.

El magistrado explicó que el sistema penal colombiano contempla garantías para las personas investigadas, entre ellas que las decisiones se adopten dentro de un tiempo razonable. En el caso de Name y Calle, el presidente de la Corte indicó que algunas actuaciones no se efectuaron dentro de ese plazo; y por ello estarán fuera de la cárcel mientras avanza el proceso.

“Pero eso no implica que hayan sido absueltos. El juicio continúa y lo van a afrontar en libertad. Lo importante ahora es que el proceso concluya y que se tomen las decisiones a que haya lugar, sean condenatorias o no”, señaló el togado Lenis al citado medio, en el que habló de diferentes temáticas relacionadas con la administración de justicia en el país.

De hecho, en relación con los señalamientos contra el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, que también estaría involucrado en el caso, Lenis dijo que las denuncias deben avanzar por las vías correspondientes y con respeto por las garantías judiciales; y precisó que la Comisión de Acusación es el juez natural de un magistrado de esa corporación.

La evaluación del presidente de la Corte Suprema sobre la Fiscalía: “Hizo un trabajo importante”

En la mencionada entrevista con Cambio, presidente de la Corte Suprema afirmó que mantiene una buena relación institucional con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, titular del ente acusador que conversa con la Sala Penal y con él sobre asuntos institucionales. Por ello no dudó en señalar que el papel del organismo ha sido eficaz frente a este caso.

Y es que en relación con las críticas a la investigación de la Ungrd, destacó que deben evaluarse los resultados de las actuaciones. “La Fiscalía hizo un trabajo importante en el caso de la UNGRD y ha develado una situación compleja de delitos”, declaró Lenis, que también valoró lo hecho por el ente en otros megacasos de corrupción y delitos de impacto.

También defendió los preacuerdos, los allanamientos a cargos, los principios de oportunidad y la reparación integral como mecanismos que pueden reducir la congestión judicial. E indicó que la Corte Suprema, la Fiscalía y el entonces Ministerio de Justicia impulsaron el proyecto que derivó en la Ley 2477 de 2025, que dio mayores herramientas a fiscales y jueces.

“La Fiscalía puede ser igualmente eficaz si se produce un preacuerdo, un principio de oportunidad o un allanamiento de cargos”, sostuvo el togado, que consideró que esas alternativas podrían ampliarse a más delitos para facilitar la terminación anticipada de procesos y, con ello, destrabar el sistema judicial que registraría una evidente sobrecarga.

En referencia al modelo estadounidense, Iván Darío Lenis señaló que la mayoría de los casos penales termina en preacuerdos y que solo cerca del 20 por ciento llega a juicio. En Colombia, dijo, ocurre lo contrario: la mayoría de los casos termina en juicio, lo que representa un desgaste en materia de recursos y extiende la terminación de procesos.

Presupuesto, JEP y reformas en la Corte Suprema

Con ello, Lenis advirtió que una reducción de recursos para la Rama Judicial en 2027 afectaría los planes de presencia territorial, la contratación de personal, la infraestructura y las inversiones. La Rama Judicial pidió $17,5 billones y el proyecto contempla $11,4 billones; lo cual representa, de entrada, un reto para poder cubrir necesidades de un sistema colapsado.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmó que todas las jurisdicciones deben contar con recursos mínimos para ejercer sus funciones. “La JEP es un compromiso de Estado, que está en la Constitución”, remarcó el presidente. “Al margen de críticas, comentarios o visiones distintas, lo importante es que esas normas se cumplan”, precisó.

Por último, el magistrado sostuvo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cumplió su tarea pese a las dificultades internas entre algunos de sus integrantes. Y añadió que se estudian reformas para que los jueces instructores sostengan las acusaciones ante la Sala de Primera Instancia y para crear otra sala ante el riesgo de congestión judicial.

En un nuevo pronunciamiento, la exsenadora María José Pizarro cuestionó la decisión del Gobierno de Abelrdo de la Espriella de retirar imágenes, símbolos y referencias a su padre, el excomandante del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, de entidades y espacios públicos; como sucedió en la tarde del 15 de octubre en el Museo Nacional.

La dirigente del Pacto Histórico, que acompañó al senador Iván Cepeda en su campaña a a la Casa de Nariño, indicó que la medida está ligada a la necesidad de defender ideas políticas sin enfrentar persecución, como -según ella- estaría siendo el caso de los movimientos de oposición. Y expresó el temor por su integridad física, frente a este tipo de acciones.

“¿Puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de él?”, señaló Pizarro a con Blu Radio, en la que reiteró su preocupación por la manera en la que se buscaría borrar de la historia nacional, entre otros, el proceso de paz exitoso liderado por Pizarro Leongómez.

La excongresista agregó que la polémica no se limita al retiro de una imagen o a la discusión sobre un sombrero asociado a la firma de la paz. Para ella, la medida anticipa una confrontación más amplia sobre la memoria histórica, la democracia y el lugar que pueden ocupar las voces de oposición en Colombia, como su partido, el Pacto Histórico.

La inquietud de María José Pizarro surgió tras la orden del presidente Abelardo De la Espriella de eliminar las referencias a Carlos Pizarro de instalaciones gubernamentales. La política bogotana afirmó que teme que las diferencias políticas puedan derivar en una exclusión que cuestione su derecho a permanecer en el país y participar de la vida democrática.

María José Pizarro dijo que la decisión respondía a un proyecto político previo

En el diálogo con el citado medio, PIzarro consideró que la decisión presidencial no fue una reacción aislada a la publicación de imágenes de una exposición en el Museo Nacional ni al debate que se instaló en redes sociales. “Creo que igual iban a hacer lo que vienen a hacer porque tienen un proyecto de país en la cabeza y ya lo habían anunciado”, señaló.

En la misma línea discursiva, la excongresista añadió que solo era cuestión de tiempo para que salieran a flote determinaciones que ha considerado autoritarias y contrarias al respeto a la diferencia. “Iban a empezar ahora o más adelante”, destacó durante la conversación radial, en la que no escatimó calificativos para rechazar lo que sería la censura en el Museo Nacional.

En efecto, Pizarro reiteró que rechazaba lo ocurrido en estas instalaciones, aunque enfocó su crítica en las decisiones posteriores. “Es evidentemente, es absolutamente cuestionable y debe ser rechazado por la sociedad colombiana lo que ocurrió”, agregó la exprecandidata presidencial, que insistió en que la discusión está en “¿qué es lo que van a seguir haciendo?”.

Pizarro habló de las bolsas de cadáveres exhibidas por De la Espriella: “Eso sí es apología al terrorismo”

En sus afirmaciones, Pizarro respondió con una definición opuesta sobre aquello que considera una exaltación de la violencia. “Para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. Para mí apología a la violencia es tener un presidente que anda armado”, aseveró la excongresista, en respuesta a la estrategia de comunicación del Gobierno.

A su vez, la exsenadora del Pacto Histórico contrastó esas conductas con la reivindicación del sombrero usado por Carlos Pizarro para firmar el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Virgilio Barco, en 1990. “Para mí eso es apología al terrorismo, no reivindicar un sombrero que se usó para firmar la paz”, agregó la mujer, que vivió en el exilio ante el asesinato de au padre.

La instrucción presidencial se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente, el 30 de septiembre de 2026, el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación. Fue la ministra de Cultura, Paola Holguín, la que recibió la orden de retirar las representaciones del excomandante de los espacios oficiales.

“Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, señaló De la Espriella a la titular de la cartera, en una medida defendida por los sectores oficialistas, con el argumento de que las entidades públicas no deberían conmemorar figuras relacionadas con el pasado insurgente colombiano: en este caso, la de Carlos Pizarro.

Pizarro recordó su exilio y defendió su derecho a hacer política

La excongresista habló de su su propia historia familiar y personal, al recordar que vivió fuera de Colombia. “Me fui al exilio muchos años. Regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia”, reveló la mujer, que ocupó durante ocho años una curul en el Congreso.

Para Pizarro, la discusión central es si los que defienden una lectura distinta de la historia pueden ejercer sus derechos políticos sin ser marginados. “¿Nosotros podemos existir con nuestras ideas, defendiendo nuestras ideas en democracia en este país?”, cuestionó la política del Pacto Histórico, que señaló cómo no habría interés en buscar la paz.

Para justificar su señalamiento, la exlegisladora sostuvo que Colombia atraviesa una etapa sin una política de paz desde el Gobierno nacional. “Este es el primer gobierno en décadas que no tiene una política de paz en un país que se desangra”, dijo Pizarro, que rechazó en consecuencia lo que sería el “intento” de borrar el legado de paz y la memoria de su padre.

El senador del Pacto Histórico, que participó en la contienda presidencial en la que resultó vencedor De la Espriella, cuestionó el accionar del jefe de Estado y señaló que la medida afecta la memoria colectiva y pidió que los elementos apartados de las salas sean restituidos. “Podrán dejar las paredes vacías, pero no podrán borrar nuestra memoria”, dijo.

Iván Cepeda pidió restituir las piezas retiradas de una sala histórica

Para el congresista, que actualmente ocupa la curul en el Senado entregada por el Estatuto de la Oposición, el retiro de más de 30 piezas que incluían afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Pizarro Leongómez, ambos candidatos presidenciales asesinados, es una afrenta a los procesos de paz exitosos en el país, como el del M-19, y a la Constitución Política de 1991.

“Quiere imponerle a la sociedad colombiana qué puede recordar y qué debe olvidar”, expresó el parlamentario, que insistió en que la decisión no puede definir qué hechos pueden permanecer en la memoria pública. En su concepto, esto representa un intento de negar las experiencias de las víctimas y de excluir episodios de la historia política del país.

El senador relacionó esa postura con el negacionismo y sostuvo que esa práctica ha sido usada por responsables de crímenes contra la humanidad y por quienes los respaldan. “El Museo Nacional no le pertenece a ningún gobierno. Le pertenece a toda Colombia”, afirmó Cepeda en su mensaje, que exigió que las piezas regresen de inmediato a estos espacios.

En ese orden de ideas, el excandidato presidencial de la izquierda, que perdió por apenas 0,95% ante De la Espriella, calificó lo ocurrido como una expresión de autoritarismo del primer mandatario. “Lo he venido sosteniendo: estamos ante una peligrosa forma de autoritarismo. Fascismo”, señaló el congresista en su declaración, que quedó en video.

El mensaje de Cepeda a jóvenes, mujeres y sectores sociales

En su pronunciamiento, Cepeda dirigió un llamado particular a los jóvenes, a las mujeres, a las diversidades sexuales, a la academia, a los estudiantes, al magisterio y al conjunto de la ciudadanía. Y cuestionó que la cultura sea entendida como una confrontación “entre vencedores y vencidos”, como según él buscaría imponerlo el presidente De la Espriella.

A su juicio, esa mirada supone que puede imponerse quien tenga mayor fuerza, quien esté armado o quien eleve más la voz. “Concebir el mundo de la cultura como una batalla quiere decir que partimos de la noción de que en la cultura debe haber vencedores y vencidos”, afirmó Cepeda, que añadió, esa perspectiva transforma el debate cultural en un “campo de guerra”.

De esta manera, el senador acusó al mandatario de promover una visión que consideró contraria a la democracia y a la Constitución. “De la Espriella quiere imponernos su visión: estrecha, descompuesta, autoritaria”, reiteró el congresista, que recordó que la Constitución define a Colombia como un país multicultural, en el que conviven diversas expresiones.

Las referencias a Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo estuvieron en el centro de su crítica

El dirigente, que explicó que esa diversidad constituye una riqueza democrática que debe ser protegida desde las instituciones públicas, señaló que la eliminación de las piezas afecta la memoria de luchas sociales que marcaron la historia colombiana. En esa enumeración incluyó los asesinatos de Jaramillo Ossa y Pizarro Leongómez durante las elecciones de 1990.

Así pues, Cepeda recordó que Pizarro dejó las armas y participó en un proceso de paz antes de su asesinato, cuando era candidato presidencial. “Eso no lo soporta el señor De la Espriella”, destacó el congresista, que también sostuvo que la visión que atribuye al Gobierno nacional desconoce a los pueblos originarios, a los campesinos y a otros sectores sociales.

Además, la relacionó con expresiones como el patriarcado, la homofobia y el racismo. “Quiere acabar con la memoria de las víctimas”, enfatizó Cepeda. A su vez, dirigente agregó que, según su interpretación, se busca imponer “una sola visión del mundo” en el país; escudándose en lo que serían sus críticas hacia lo que denominó el ‘wokismo’ en Colombia.

Las críticas de Iván Cepeda surgieron después de que el presidente Abelardo de la Espriella entregara instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que se quitaran de espacios públicos e instalaciones del Ejecutivo imágenes, retratos y referencias a Pizarro Leongómez; lo que causó un fuerte crítica de su hija, la exsenadora María José Pizarro.

Gobierno justificó la medida con críticas a la “apología al terrorismo”

En sus afirmaciones, De la Espriella sostuvo que no permitirá que exintegrantes de grupos armados sean presentados como próceres de la patria. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el presidente el pasado 15 de octubre.

El mandatario también afirmó que no tolerará visiones contrarias a las posturas institucionales en su equipo de trabnajo. “No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, remarcó el mandatario en su pronunciamiento, que en otra declaración sostuvo que los terroristas -según él Carlos Pizarro y otros- no tendrán un lugar como próceres de la patria.

La medida se conoció poco después de una decisión del Consejo de Estado, del 30 de septiembre, que suspendió provisionalmente el reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación. “Mi llamado es a la movilización para defender el país de la multiculturalidad, de la vida y de la democracia”, concluyó el senador Cepeda.

El término, usado de formas muy distintas según el debate político, pasó a ser uno de los ejes de la llamada “contrarrevolución cultural” que plantea su Gobierno: en contraste con la apertura que tuvo este concepto durante la administración de Gustavo Petro, que sí impulsó y priorizó agendas fuertemente ligadas a lo que en el exterior se conoce de esta forma.

En su origen, el concepto woke es una palabra inglesa que, en su significado literal, puede traducirse como “despierto”. Pero que en Estados Unidos se ha empleado para aludir a la conciencia sobre el racismo, la discriminación y otras desigualdades. Con el tiempo, su uso se amplió y adquirió una dimensión política más amplia, abarcando otras causas progresistas.

De la Espriella asoció el wokismo con el lenguaje inclusivo y la ideología de género

Durante su intervención, el primer mandatario presentó una definición propia del término y lo vinculó con asuntos culturales, educativos e identitarios. “El wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia reduciéndola a una sucesión de pugnas entre opresores y oprimidos”, afirmó el presidente colombiano.

En su intervención, el mandatario también sostuvo que esa corriente “impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y, como se ha dicho, en la cultura”. Con esto, reiteró que su administración no admitirá posiciones diferentes dentro de la estructura oficial, lo que fue catalogado por sus críticos como censura.

“No hay ambigüedad en esa materia y no voy a permitir que ningún funcionario la tenga”, dijo. Luego agregó que quienes integren su Gobierno deberán compartir los “principios y valores fundacionales” que defiende su proyecto político, lo que abrió pie a un debate sobre el papel del Estado en cultura, la educación y la memoria histórica de la nación.

Para el Gobierno de De la Espriella, esos espacios deben reforzar una idea de patrimonio nacional, tradición familiar, libertad individual y valores religiosos; lo anterior, en medio de la discusión por el retiro de los objetos que se exhibían del excomandante de la guerrilla del M-19 y excandidato presidencia, Carlos Pizarro Leongómez, en el Museo Nacional.

Pero, ¿Qué es el término ‘woke’ y por qué causa polémica?

En 2022, Elijah Watson, editor de noticias y cultura del sitio estadounidense Okayplayer, señaló a la BBC que el novelista William Melvin Kelley es considerado como el que acuñó este calificativo, en 1962, cuando publicó en The New York Times el ensayo If You’re Woke, You Dig It (Si estás despierto, lo entiendes), en principio dirigido para la comunidad afroamericana.

En un análisis más local, Infobae Colombia consultó a David Fernando Varela, doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, en Washington D. C., y de la Universidad Javeriana, sostuvo que “el wokeismo es un fenómeno típicamente norteamericano”, vinculado con una idea de “despertar” y autoconciencia frente a las discriminaciones históricas.

Según explicó, si bien el término surgió en torno a las experiencias de ciudadanos negros en Estados Unidos, luego se incorporó a debates académicos sobre la revisión de la historia, la cultura y las relaciones raciales. El ”wokismo” se relaciona, afirmó Varela, con corrientes como los critical race studies, los estudios étnicos críticos y los estudios de género críticos.

En la actualidad, esta especie de etiqueta suele ser más utilizada por sus críticos que por sus simpatizantes, sobre todo en sectores conservadores y liberales, para cuestionar políticas o posturas vinculadas con la identidad de género, el lenguaje inclusivo, las demandas de minorías y las revisiones históricas centradas en desigualdades entre grupos sociales, originadas en EE. UU.

En ese sentido, uno de sus críticos es Agustín Laje, politólogo y escritor argentino, que explica desde una perspectiva conservadora que el término representa la “máxima expresión de la batalla cultural de la nueva izquierda”. En sus ensayos, plantea que esta corriente reemplaza la lucha de clases propia del marxismo clásico por una agenda basada en identidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en reiteradas ocasiones al término woke. El republicano, con quien ha mostrado cercanía y alineamiento en algunas políticas, como el traslado de la embajada colombiana ante Israel a Jerusalén, hizo de la confrontación con los llamados woke lefties uno de los ejes de su campaña en 2020 y 2024.

Ante el Congreso, tras asumir el mandato el 20 de enero de 2025, proclamó de manera enérgica. “Estados Unidos ha dejado de ser un país woke”. La frase en su momento fue presentada como una señal de cambio hacia posiciones tradicionales y de revisión de las políticas de diversidad, pero también el inicio de su batalla contra universidades.

La ofensiva cultural también incluye cambios en el ministerio

En su pronunciamiento, De la Espriella planteó que la cartera vuelva a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, en reemplazo de la denominación promovida durante el cuatrienio anterior: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El presidente afirmó que el objetivo será conservar y transmitir el legado histórico del país frente a las decisiones anteriores.

También ordenó revisar expresiones culturales que, según su criterio, hagan apología del terrorismo. “No acepto la apología al terrorismo. En este Gobierno se acabó”, sostuvo al referirse a contenidos y figuras presentes en espacios públicos; en específico frente a lo mencionado en el caso de Pizarro Leongómez, que fue líder insurgente a finales de los 80.

Al calificar el wokismo como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”, el presidente dejó claro que el término será una referencia central de su agenda cultural. La discusión, sin embargo, abarca interpretaciones contrapuestas sobre igualdad, libertad de expresión, identidad y el papel de las instituciones.

De una conciencia contra la discriminación a una etiqueta de disputa política

Los que defienden las posiciones que sus críticos llaman “woke” suelen rechazar esa denominación. Plantean que reconocer discriminaciones históricas por raza, género, orientación sexual o identidad de género permite diseñar políticas públicas más inclusivas, como se ha visto con movimientos como Black Lives Matter en territorio norteamericano.

En cambio, sus detractores sostienen que esas corrientes pueden dividir a la sociedad entre víctimas y opresores, limitar la libertad de expresión o trasladar debates ideológicos a ámbitos como la educación, las instituciones y las empresas. En síntesis, el concepto no designa de oor sí una doctrina única ni una organización, sino que depende del contexto y de quien lo utilice.

Para Varela, estas perspectivas cuestionan “todas las tradiciones recibidas” y ciertas interpretaciones de la realidad humana. El experto también las ubicó dentro de sectores que en Norteamérica se identifican como liberal, una categoría que, advirtió, no equivale de forma exacta al término “liberal” en español y que se asocia con posiciones de izquierda dentro del espectro político.

Por tanto, el académico consideró que tanto el wokismo como el antiwokeismo nacieron en Estados Unidos, aunque las redes sociales y plataformas como YouTube ampliaron su alcance. “Partiendo del tema de raza, se han ido extendiendo al tema de género”, señaló Varela, que agregó que esos debates se volvieron más controversiales por las discusiones sobre identidad de género, diversidad e inclusión.

Estos son conceptos que suelen agruparse bajo la sigla DEI, por diversity, equity and inclusion. En Colombia, dijo, De la Espriella se definió como “antiwoke” durante la campaña y sus decisiones responderían a esa posición. “No creo que esté sorprendiendo a nadie, más bien está siendo coherente”, sentenció el experto, que anticipó que la disputa entre posiciones woke y antiwoke seguirá presente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó los formularios para que el comité del Referendo por las Regiones inicie la recolección de apoyos ciudadanos con los que busca, en sintesis, que se reduzca el Congreso de la República y, del mismo modo, otros órganos como asambleas departamentales y concejos municipales, en la antesala de las elecciones de 2027.

En efecto, La iniciativa, promovida por el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, busca llevar a las urnas una reforma que reduzca el número de congresistas, diputados y concejales, además de proponer cambios en la estructura estatal. Según explicó el congresista, el comité promotor ya quedó inscrito formalmente ante la entidad electoral.

Con esa decisión, los impulsores podrán comenzar a buscar las firmas requeridas para que la propuesta avance en su trámite institucional. “Este país puede igual funcionar mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados y 267 congresistas”, afirmó Meisel al explicar el alcance de la iniciativa, que busca la reducción de las corporaciones.

En este proceso, el proyecto plantea que Colombia puede funcionar con una estructura política más pequeña y con recursos orientados a las necesidades de las regiones. La propuesta incluye cambios en las tres ramas del poder público, con énfasis en el gasto legislativo, la autonomía territorial y la modernización de jurisdicciones especiales.

La propuesta cuestiona el número de congresistas, diputados y concejales

El punto más visible del referendo es la reducción de las corporaciones públicas elegidas por voto popular. La iniciativa pone sobre la mesa la permanencia de los actuales integrantes del Congreso, además de diputados y cabildantes que buscarán, en una gran mayoría, su reelección en los comicios que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027 en Colombia.

Al respecto, Meisel señaló que la reducción no busca limitar la representación política, sino revisar el tamaño y el funcionamiento de las instituciones. Con ello, la idea contempla trasladar recursos estatales hacia la atención de necesidades ciudadanas y el fortalecimiento de las regiones, en vez de que sean destinados para el pago de honorarios y otros conceptos.

El referendo también incluye eliminar las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas. Los promotores de esta propuesta consideran que esa modificación contribuiría a reforzar la responsabilidad directa de los elegidos ante sus votantes y a cerrar espacios para prácticas conocidas como “carruseles” que se registran en elecciones.

El referendo también plantea una revisión de la Rama Judicial

Meisel incluyó a la justicia dentro de la discusión sobre la optimización del Estado, pues senador cuestionó la existencia de seis altas cortes mientras los despachos judiciales enfrentan problemas de congestión y limitaciones presupuestarias. “Las tres ramas del poder público pueden hacer una tarea muy importante de optimización”, señaló el legislador.

Su argumento apunta a que una reorganización institucional permitiría destinar más recursos a la administración de justicia en los territorios. En ese orden de ideas, afirmó que las discusiones para reformar el Estado suelen enfrentar dificultades dentro del Congreso, tanto por los tiempos legislativos como por los intereses que intervienen en ese escenario.

Por esa razón, el comité decidió acudir a un mecanismo de participación ciudadana. La iniciativa se apoya en tres ejes: el fortalecimiento de la autonomía regional fiscal y regulatoria, la reducción de estructuras en las ramas del poder público y la modernización de jurisdicciones especiales, sin afectar la autonomía de las regiones .

El comité tendrá que reunir cerca de dos millones de apoyos

La entrega de formularios no implica una convocatoria inmediata a las urnas, ya que el paso siguiente para el trámite de esta propuesta es que el comité deberá recolectar y lograr la validación de cerca de dos millones de firmas ante la Registraduría antes de presentar el proyecto que habilitaría el proceso de referendo. Solo de esta manera verá la luz jurídica.

En ese sentido, los promotores esperan cumplir los trámites durante los próximos seis meses, por lo que Meisel dijo que el objetivo es que la votación coincida con las elecciones regionales previstas para octubre de 2027. Al ser consultado sobre esa posibilidad, confía en poder alcanzar los tiempos para que la reforma, en caso de ser aprobada, entre en vigencia.

Meisel explicó que el referendo sería sometido a consideración de los colombianos en la misma jornada electoral, lo que reduciría los costos para el país. El legislador reiteró que Colombia no puede seguir aplazando el debate sobre el tamaño del Estado, por lo que espera tener el respaldo de su partido para llevar esta discusión a las urnas.

Luego de conocerse su escogencia como líder máximo del Pacto Histórico, el expresidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó en la mañana del viernes 16 de octubre con un mensaje en el que reivindicó el nuevo cargo y planteó la intención de ampliar la capacidad de movilización de la colectividad; en el que además quiso revindicar su anterior dignidad.

A través de su perfil de X, el líder de izquierda agradeció la confianza de la colectividad, después de que la Coordinación Nacional Provisional aprobara su designación por unanimidad. Una determinación que se conoció a través de un comunicado publicado por el Pacto, pese a que no se entregaron mayores detalles de la mecánica de elección.

“Otra vez soy presidente... del Pacto Histórico”, escribió Petro en la red social X, en un mensaje en el que, además de querer enfatizar en su condición pasada, añadió que asumía la conducción del movimiento con el propósito de convertirlo en “el movimiento más grande del pueblo colombiano”, con objetivos que irían en la misma línea de lo que fue su gestión.

La escogencia de Petro lo convierte como el jefe único de la estructura política opositora y lo responsabiliza, entre otras tareas, de liderar las acciones de la colectividad hacia las elecciones regionales de 2027. Además, el anuncio quedó asociado a una estrategia de protesta social ante la administración de Abelardo de la Espriella, vinculada a las calles.

Y es que, más allá sobre su designación, el exjefe de Estado reaccionó con un escueto mensaje, en el que no desmintió sus intenciones de convocar a un paro nacional: tal y como afirmó su propio partido, como la petición principal del exmandatario, que ya había impulsado las movilizaciones que en su momento llevaron al estallido social del 2021.

Gustavo Petro vinculó su nueva función con el poder constituyente

En efecto, el mensaje del exjefe de Estado sostuvo que la nueva etapa del Pacto Histórico buscará activar la organización popular y fortalecer la capacidad política del movimiento, “capaz de desatar su poder constituyente”. La declaración concentró el sentido que el dirigente dio a su designación, en la que esbozaría la intención de reformas constitucionales.

La decisión sobre la escogencia de Petro se tomó durante una reunión de la Coordinación Nacional Provisional, que definió al exmandatario como titular por encima del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda. La organización presentó la elección como una medida para reforzar la unidad interna, la conducción colectiva y la proyección del espacio político.

“Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”, reiteró el Pacto Histórico frente a lo que serían las decisiones del Ejecutivo en materia de protesta social, con el Decreto 1525 de 2026 que estableció un papel más activo de la fuerza pública para responder a las manifestaciones.

La posición de Petro, en suma, coincide con los planteamientos del senador Cepeda, que también respaldó las movilizaciones que estén conducidas a un cese de actividades. El congresista sostuvo que la oposición podría avanzar hacia un paro si el Gobierno mantiene su postura ante las protestas y, segúm él, su intención de reprimir a los sectores opositores.

El Pacto Histórico y su apuesta por un “Pacto por la Vida”

En su pronunciamiento, la organización progresista insistió que impulsará un Pacto por la Vida, una iniciativa que estará orientada a la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales; en una propuesta busca consolidar a la colectividad como una alternativa frente al Gobierno que sucedió a Petro y que ya marcó sus líneas de acción.

El movimiento señaló que su agenda combinará tres frentes: “movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática”. Esa hoja de ruta pretende responder a reclamos vinculados con el empleo, la educación y la vivienda bajo la conducción del gobernante, que por el momento no tiene un periodo definido como presidente del Pacto.

El expresidente de la República Gustavo Petro fue elegido en la noche del jueves 15 de octubre como el titular del Pacto Histórico: una escogencia que se dio por unanimidad durante una reunión de la Coordinación Nacional Provisional del movimiento y que entregó importantes novedades al interior de la colectividad de oposición, con miras a su ejercicio político.

La organización informó en un comunicado que la designación busca reforzar la unidad interna, la conducción colectiva y la proyección del Pacto como fuerza política en Colombia, pero también hizo énfasis en la intención del exmandatario de que se impulse un paro nacional, en respuesta a la administración de Abelardo de la Espriella.

En efecto, según el pronunciamiento textual del partido, “Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo” frente a lo que serían las decisiones del Ejecutivo. La elección del exmandatario coincidió con la respuesta de la colectividad en la movilización del 14 de octubre.

El Pacto Histórico anunció un Pacto por la Vida

El comunicado señaló que el movimiento impulsará un Pacto por la Vida. La iniciativa estará orientada a la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales. Con ello, la agrupación sostuvo que también pretende consolidarse como una alternativa frente a la administración de De la Espriella, que ya cumplió 70 días en el poder.

En ese sentido, la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad relacionó ese objetivo con una estrategia que reunirá “movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática”. E indicó que esa agenda buscará responder a reclamos de los sectores populares y las clases medias, en sectores como empleo, educación y vivienda.

La declaración oficial afirmó que la conducción de Petro fortalecerá la dirección colectiva del espacio político. Aunque el comunicado no detalló cuánto será la duración de su mandato ni precisó cómo quedará integrada la estructura interna del movimiento, el expresidente será el encargado de liderar las acciones del partido enfocadas a las elecciones regionales del 2027.

Iván Cepeda también amenazó con convocar a un paro nacional

La intención de Petro de que se lleve a cabo un paro nacional coincide con lo que había adelantado el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que respaldó la convocatoria a profundizar las movilizaciones y advirtió que la oposición podría avanzar hacia un cese general de actividades si el Gobierno mantiene su postura ante las protestas sociales en Colombia.

“Ayer (miércoles) tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición”, afirmó Cepeda al hacer un balance de las manifestaciones del 14 de octubre. El congresista aseguró que hubo presencia de ciudadanos y organizaciones sociales en 100 ciudades y municipios y señaló que las calles y plazas registraron participación masiva.

Cepeda cuestionó la reacción presidencial ante esas jornadas. “¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia”, dijo el líder de izquierda, que mencionó entre los sectores movilizados a sindicatos, docentes, comunidades indígenas y organizaciones sociales en el país.

El parlamentario por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, destacó Cepeda.

Gobierno defendió el decreto sobre las manifestaciones

Los movimientos en el Pacto Histórico se conocieron tras el pronunciamiento del presidente De la Espriella, que calificó las movilizaciones como una “minoría” que pretende paralizar al país. El mandatario también defendió el Decreto 1525 de 2026, que regula las manifestaciones públicas y dicta medidas para la intervención de la fuerza pública en casos precisos.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, remarcó el jefe de Estado en un video en el que entregó el balance en materia de seguridad de las movilizaciones y precisó cómo fue el accionar de las autoridades.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en la mañana del viernes 16 de octubre la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, por su participación en el llamado Cartel de la Toga, y pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella adelantar las gestiones diplomáticas para que sea extraditado desde Canadá.

La decisión, que fue tomada el miércoles 14 de octubre, ratificó en su totalidad la sentencia de primera instancia emitida el 20 de febrero en contra del extogado. En este fallo, Bustos había sido declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo; y absuelto por el punible tráfico de influencias de servidor público, por el que era acusado.

En su determinación, en la que reiteró que “la ética judicial es innegociable”, el alto tribunal concluyó que Bustos hizo parte de una estructura que ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. La pena contra Bustos incluye inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período y una multa de $ 133.738.170.

La Corte describió una red para alterar procesos contra aforados

Según la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la organización estuvo integrada por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, además de abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy litigante. El fallo señaló que el grupo buscaba “intervenir ilegalmente en el curso de procesos de única instancia contra aforados constitucionales”.

Lo anterior, a través de tácticas como demoras, archivos, autos inhibitorios, preclusiones y la omisión de órdenes de captura. A juicio de la sala es claro que Bustos contribuía a ese esquema con su “disponibilidad y respaldo institucional” como integrante de la Sala de Casación Penal; por lo que para los magistrados, su participación configuraba una serie de características que agravan su conducta delictiva.

Su papel no dependía de que fuera ponente de los expedientes, ya que tenía capacidad de intervenir en las decisiones colegiadas de la corporación. En ese sentido, rechazó el argumento de la defensa sobre una supuesta falta de competencia funcional del exmagistrado y sostuvo en su pronunciamiento que “lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente (...), al servicio de intereses particulares”.

Los pagos de Álvaro Ashton y Musa Besaile

Uno de los hechos analizados se relaciona con el exsenador Álvaro Ashton, que, de acuerdo con el fallo, pactó el pago de $ 1.200 millones para lograr el archivo de una indagación por parapolítica. Ashton entregó inicialmente $ 600 millones, de los cuales la Corte dio por probado que Bustos recibió al menos $200 millones en efectivo en su apartamento, por intermedio del exfiscal anticorrupcción Moreno.

Según el expediente, Moreno habría llevado el dinero por instrucción de Francisco Ricaurte. El objetivo consistía en retrasar el expediente y procurar un auto inhibitorio en favor del excongresista; mientras que el segundo episodio tuvo como protagonista al exsenador Musa Besaile, quien habría acordado pagar $2.000 millones para demorar una investigación en su contra y evitar que se emitiera orden de captura.

Aunque Moreno afirmó inicialmente que Bustos no intervino de manera directa en ese caso, la Sala valoró otros testimonios, entre ellos el de Besaile. El exsenador declaró que el exfiscal anticorrupción le explicó que parte del dinero era para “mi papá”: expresión que después identificó como una referencia al togado condenado, que aceptó el dinero ofrecido y respaldó las actuaciones que frenaron el proceso.

Los vínculos con Luis Gustavo Moreno y las grabaciones en Estados Unidos

La sentencia también ratificó la formación de la asociación criminal entre 2012 y 2013 y señaló que permaneció activa hasta 2017, cuando se conocieron grabaciones obtenidas en Estados Unidos que expusieron la red de sobornos. La providencia detalló contactos entre Bustos y Moreno, como visitas al Palacio de Justicia, negocios e vehículos, viajes a Panamá y Miami, e intercambio de mensajes.

Para la Corte, esos elementos evidenciaron una “relación de confianza y accesibilidad que no encontró explicación en el ejercicio ordinario del derecho ni en los antecedentes académicos comunes”. La Sala también descartó que la difusión periodística del caso hubiera afectado la imparcialidad de los jueces. A la vez, avaló la incorporación al expediente de las grabaciones enviadas desde Estados Unidos.

En consecuencia, el alto tribunal requirió al Gobierno que impulse la extradición activa de Bustos Martínez, que se encuentra viviendo en Canadá. La Corte advirtió que su salida del país “deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado” y por ese motivo, exhortó a las autoridades a adelantar las actuaciones diplomáticas necesarias para que el exmagistrado retorne al país.

El proyecto de ley de sometimiento de estructuras ilegales en Colombia ya fue radicado para su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, según se conoció en la mañana del viernes 16 de octubre: dos días después de la presentación del proyecto y de su mensaje de urgencia por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La iniciativa busca crear un marco para que integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley se acojan voluntariamente a la justicia, sin negociaciones políticas ni cambios al orden constitucional. Así, propone una alternativa para el sometimiento colectivo e individual de actores armados ilegales o terroristas, con medidas de verdad y justicia.

Además de la necesidad de reparación y garantías de no repetición para las víctimas. En ese sentido, la propuesta pretende facilitar la desmovilización y la reincorporación a la legalidad mediante instrumentos jurídicos, económicos y sociales; teniendo como precedente lo ocurrido con la política de Paz Total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Más de 28.800 hombres armados integran en la actualidad las estructuras criminales que podrían acogerse a la norma, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia, citados por La FM. El tratamiento penal diferenciado, en consecuencia, contempla, además, rebajas de condena de hasta 50% o 30%, según se trate de cabecillas o integrantes rasos de estos grupos.

La ponencia positiva frente a esta iniciativa fue suscrita por los senadores Hernán Cadavid, Fabio Raúl Amín, Manuel Virgüez y Alfredo Rafael Deluque, y por los representantes Eimy Julieth Suárez, Daniel Briceño, Martha Isabel Ruiz y Guillermo León Blanco; de partidos como Centro Democrático, Mira, Cambio Radical, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y la U, como los que lideran esta proposición.

Habrá verificación previa para impedir el ingreso de “colados”

La principal modificación introducida por los ponentes establece un control previo sobre las listas de miembros de los grupos que pretendan someterse. Con ello, el Ministerio de Justicia seguirá recibiendo los listados de buena, pero su aceptación a la ley quedará condicionada a las verificaciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

El cambio busca evitar que personas sin vínculos con las organizaciones ilegales accedan a beneficios penales. Las listas permanecerán bajo reserva hasta el comienzo de la etapa de judicialización y no podrán incluir a los que ya estén privados de la libertad, según se leyó en el articulado que será sometido a discusión por las células legislativas.

La nueva redacción aclara que la recepción de buena fe no acredita de manera definitiva la pertenencia de una persona a un grupo armado. En ese orden de ideas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, deberá excluir a los que no cumplan con los que requerimientos una vez concluyan las verificaciones correspondientes sobre el estatus de los comparecientes.

Los congresistas también reemplazaron la expresión “rol de liderazgo” por “rol de mando”, una figura compatible con el Código Penal. Los beneficios acumulables se limitarán a los combatientes de base que no tengan funciones de mando dentro de las estructuras, pues estos integrantes deberán cumplir una sanción efectiva de privación de la libertad de 10 años.

Las opciones de cumplimiento especial de la pena o libertad condicional quedarán restringidas a quienes integren la tropa, de acuerdo con la información de Blu Radio. La propuesta mantiene la prohibición de negociar políticamente con estos grupos, mientras que los acercamientos con el Gobierno solo podrán desarrollarse a través de abogados.

Tampoco habrá suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición para los miembros de las organizaciones armadas, ya que los hayan sido capturados antes de la entrada en vigor de la ley no podrán acogerse a los mecanismos previstos. Con esto se buscará blindar el proceso de sometimiento frente a las expectativas que se generen con el mismo.

Más controles sobre recursos y seguimiento del Congreso

Según se estableció, el articulado pasará de 22 a 28 artículos para facilitar la aplicación judicial de la norma por parte de fiscales y jueces. Entre las modificaciones está la precisión sobre las contrataciones directas y reservadas del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, destinado a financiar proyectos relacionados con el orden público.

En efecto, los recursos asignados de manera directa desde ese fondo solo podrán apoyar proyectos de la Fuerza Pública, en una medida que limita el destino de esas contrataciones a acciones vinculadas con la seguridad y el control territorial. También se definió que el Gobierno deberá presentar cada año un informe ante el Congreso sobre la aplicación de la ley.

La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Y, de la misma forma, pretende dejar sin efecto los componentes vinculados con la Paz Total implementada durante el Gobierno Petro, que no tuvo éxito a juzgar por sus resultados.

Con este panorama, las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán ser convocadas la próxima semana para iniciar el estudio de la iniciativa. El proyecto, entonces necesita superar cuatro debates antes del próximo 5 de noviembre, fecha en la que vence la prórroga vigente de la Ley de Orden Público en el país.

En Jerusalén, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, se reunió en la jornada del viernes 16 de ocubre de 2026 con el presidente israelí, Isaac Herzog, durante el cuarto día de su visita oficial a este país, para consolidar la reconstrucción de las relaciones bilaterales luego de la suspensión dispuesta por el expresidente Gustavo Petro, en mayo de 2024.

El encuentro se dio tras la apertura de la embajada colombiana en esa ciudad y la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella en este territorio para ampliar la cooperación política, comercial, tecnológica y de seguridad. La sede diplomática fue trasladada desde Tel Aviv y convirtió a Colombia en el undécimo país con embajada en esta ciudad, aún en disputa.

“La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén marcan una nueva etapa de cooperación, en línea con el compromiso del Gobierno del presidente De la Espriella de recuperar la confianza internacional y generar nuevas oportunidades para el país”, precisó la Cancillería en su comunicado.

Aunque la decisión del Estado colombiano provocó condenas de Irán, Egipto, Kuwait, el Parlamento Árabe y Turquía, que consideraron que el traslado vulnera el derecho internacional y los derechos de Palestina, el equipo diplomático defendió su intención. Y centró su interés en recomponer la relación bilateral con un importante socio político y comercial.

De hecho, en la apertura de la nueva embajada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el acercamiento y afirmó que “Colombia está con nosotros”. Junto con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, destacó que De la Espriella cumplió rápidamente su promesa de instalar la representación diplomática en Jerusalén después de reanudar los vínculos entre ambos países.

Así se confirmó la salida de Colombia del Grupo de La Haya, en respaldo a Israel

Es válido destacar que Colombia solicitó formalmente su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una organización creada para defender la aplicación de decisiones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional vinculadas con el conflicto palestino-israelí, la ocupación en Gaza y Cisjordania y la autodeterminación palestina.

Este bloque fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Bula comunicó la medida desde Jerusalén y sostuvo que el grupo fue concebido para “aislar y atacar a Israel”, un enfoque rechazado por el Gobierno, pese a que Colombia compartía la presidencia con Sudáfrica.

El Gobierno ya había cancelado su participación en el proceso que Sudáfrica inició contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto genocidio. A la vez, reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”, destacó Bula, durante un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, al que asistió Netanyahu.

La Cancillería también ha ratificado el reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, una posición que solo comparte con Estados Unidos a nivel global. Y que en su momento ameritó un cercano mensaje del primer ministro israelí en el que agradeció el apoyo recibido por De la Espriella y su Cancillería a nivel internacional.

Comercio, seguridad y tecnología en la nueva agenda bilateral

El restablecimiento del Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2020 y suspendido en 2025 por el Gobierno anterior, reabrió el acceso sin aranceles para cerca del 97% de los productos colombianos destinados a Israel, con el carbón entre las principales exportaciones; las cuales habían sido suspendidas por la administración Petro.

La agenda incluyó la reactivación de nexos en materia de capacidades militares e inteligencia, áreas en las que Colombia depende de tecnología israelí. El canciller Bula contempló, además, proyectos de agricultura de precisión, gestión eficiente del agua, salud digital con telemedicina e intercambio de conocimiento con centros tecnológicos israelíes.

La inauguración de la embajada reunió a Sa’ar; al alcalde de Jerusalén, Moshé Lion; a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y a la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski. Los asistentes descubrieron una placa, cortaron una cinta blanca y el canciller israelí colocó una mezuzá en la entrada, acompañada por una oración de la protección del hogar.

El edificio está ubicado cerca de la calle Jaffa y de la peatonal Ben Yehuda, en una zona céntrica de Jerusalén. Construido a comienzos de la década de 1920, combina un patio de acceso con varios ambientes y fue levantado en piedra, un material característico de la ciudad; en un inmueble “será la casa de los colombianos en Israel”.

El pronunciamiento de Garrido ocurrió después de que el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral contra su nombramiento, aunque negó suspenderla de manera provisional; como se pretendía como medida cautelar por la accionante, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis.

“Mi formación y mi trayectoria están documentadas. No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al Presidente ni a los colombianos”, afirmó la funcionaria, exrepresentante a la Cámara por Cambio Radical, que agregó que su defensa ante el alto tribunal se fundamentará, en consecuencia, en “la verdad, los documentos y los resultados, no los ataques personales”.

Es válido destacar que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudia una demanda que busca anular el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, con el cual el Gobierno nacional la nombró al frente de la ANT. La acción cuestiona si la experiencia laboral acreditada por Garrido cumple con las exigencias del cargo, teniendo en cuenta el carácter técnico de la entidad.

Lina María Garrido aseguró que cumple con los requisitos académicos para dirigir la ANT

En su declaración, la excongresista, que apoyó en la campaña presidencial a Abelardo de la Espriella, sostuvo que el manual de funciones de la entidad establece como condiciones para ejercer la Dirección General contar con título de pregrado y una especialización en cualquier área del conocimiento; por lo que considera que cumple con los requisitos.

“Mi formación académica y mi trayectoria están documentados y a disposición de las autoridades competentes”, señaló la directora de la ANT; y, de la misma forma, rechazó las versiones que cuestionan la información entregada para su designación. “No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al presidente de la República, ni mucho menos a los colombianos”.

En ese orden de ideas, la directora afirmó que existen tres procesos de nulidad electoral vinculados con su nombramiento y recordó que el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional. “El 10 de septiembre, esta alta corte negó la suspensión provisional del acto de nombramiento”, dijo la funcionaria, que sucedió en el cargo al exalcalde Felipe Harman.

La decisión cautelar permite que Garrido continúe en el cargo mientras avanza el análisis judicial de fondo. De esta manera, el Consejo de Estado aclaró que la negativa a suspender el nombramiento no anticipa el sentido de la sentencia que definirá si el decreto de designación se ajustó o no a la ley, que será entonces estudiada en profundidad por los magistrados.

La demanda cuestiona la experiencia profesional relacionada

Según congresista Beltrán presentó la demanda de nulidad electoral, la trayectoria de Garrido como asesora de una Unidad de Trabajo Legislativo, concejal de Arauca, candidata a la Asamblea y representante a la Cámara correspondería a funciones políticas y legislativas, sin similitud funcional con las responsabilidades técnicas y administrativas de la ANT.

Cabe destacar que la Agencia Nacional de Tierras certificó 129 meses de experiencia profesional relacionada de Garrido. No obstante, la Sección Quinta indicó que el expediente inicial no incorporó documentos que detallaran las funciones que ejerció en sus empleos anteriores, por lo que consideró necesario recaudar y valorar las certificaciones laborales.

En ese sentido, la demanda también cuestionó la publicación previa de la hoja de vida de Garrido. No obstante, sobre este punto, el tribunal señaló que el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026 suspendió por 15 días la obligación de divulgar durante tres días los perfiles de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo nacional.

“No me voy a doblegar”, dijo la directora de la Agencia Nacional de Tierras

En su pronunciamiento en sus redes sociales, Garrido afirmó que las acusaciones divulgadas después de la presentación de las demandas buscan instalar una versión sobre una presunta falsedad documental, pese a que, según sostuvo, el plazo para presentar acciones en ese sentido venció el 22 de septiembre; es decir, hace 24 días.

“La intención de quienes quieren hacerme daño a mí y al gobierno no es acudir a la administración de justicia, sino imponer la narrativa de una supuesta falsedad de documentos en mi hoja de vida”, señaló Garrido, que aseguró que no responderá a los señalamientos con ataques personales. “Mi respuesta serán los resultados de mi gestión”, dijo.

En el cierre de su intervención, relacionó las críticas con las denuncias y auditorías que asegura adelantar en la entidad por presuntas irregularidades en procesos de entrega de tierras. “Colombianos, no me voy a doblegar. Aquí seguiré con todas mis fuerzas, destapando toda la corrupción, pero sobre todo devolviéndole la esperanza al campo”, afirmó Garrido.

En su decisión, el Consejo de Estado ordenó al presidente de la República y al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural entregar los antecedentes del acto de nombramiento, incluidas las certificaciones laborales que permitirán establecer si Garrido acreditó la experiencia profesional relacionada exigida para dirigir la Agencia Nacional de Tierras.

En una decisión que sentaría un importante precedente en el fútbol profesional colombiano, la Corte Constitucional amparó la libertad de expresión de un hincha de Millonarios y concluyó que impedir el ingreso de pancartas críticas a la directiva ‘Albiazul’ al estadio El Campín de Bogotá, administrado por la firma Sencia, vulneró ese derecho fundamental.

La Sentencia T-324 de 2026, firmada el 13 de octubre por la Sala Quinta de Revisión, estableció que los clubes y las autoridades no pueden vetar mensajes solo porque resulten incómodos o desfavorables. Con ello, la decisión protege a Erik Saavedra Bustos, que es abonado del club y, del mismo modo, accionista minoritario, frente a sus reclamos.

El hombre intentó entrar con tres trapos al partido entre Millonarios y Llaneros, disputado el 28 de julio de 2025 en el ‘Coloso de la 57’; no obstante, su ingreso fue impedido por el personal logístico, debido a que en las pancartas lanzó fuertes cuestionamientos contra la dirigencia, que tiene como presidente a Enrique Camacho y a Gustavo Serpa como socio mayoritario.

El fallo fue suscrito por la magistrada Lina Marcela Escobar y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Vladimir Fernández. Con el mismo, la Corte revocó parcialmente la decisión del Juzgado 037 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había declarado improcedente la tutela, y le dio la razón a la fanática del equipo bogotano.

Las tres pancartas y la decisión del Puesto de Mando Unificado

Los mensajes cuestionaban la gestión administrativa y el desempeño deportivo del equipo con mensajes claros. “Club gigante, dirigentes mediocres”, “Jueguen como cobran” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”, se pudo leer en los mensajes que fueron censurados por el club capitalino y

Saavedra Bustos sostuvo que la medida constituyó una “censura previa e injustificada” contra una protesta dirigida a las directivas y a los futbolistas, pues durante la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), la Personería de Bogotá examinó el contenido de los mensajes y determinó que “no contienen expresiones que inciten a la violencia”.

Pese a esa conclusión, la mayoría de los participantes del PMU votó por impedir el ingreso de las pancartas. La Personería fue la única entidad que respaldó su autorización, mientras que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social se abstuvo. Por su parte, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. sostuvo que los mensajes podían afectar su imagen corporativa.

Además, el equipo local señaló que este tipo de expresiones podrían provocar confrontaciones entre aficionados y acercarse al delito de pánico económico. También invocó un protocolo distrital que prohibía elementos con contenidos considerados “ofensivos”, con lo que pretendió justificar su determinación de que no se permitiera el ingreso.

No obstante, en su revisión, la Corte descartó esos argumentos al considerar que las frases eran opiniones y juicios de valor sobre la administración del club, el rendimiento de los jugadores y las prioridades de directivos; y no contenían acusaciones concretas de corrupción, imputaciones de delitos ni afirmaciones que se verificaran como verdaderas o falsas.

En síntesis, el tribunal señaló que calificar a los dirigentes de mediocres o reclamar a los futbolistas que rindan según lo que cobran forma parte de la discusión sobre el presente deportivo de un equipo. La frase sobre directivos interesados en el dinero antes que en la gloria fue interpretada como una crítica a la administración, no como una acusación factual.

En cuanto a la posibilidad de un eventual pánico económico, alegada por la directiva, la Corte Constitucional añadió que era una hipótesis abstracta que no justificaba la prohibición anticipada de los mensajes. Tampoco se acreditó un riesgo cierto, actual y verificable de confrontaciones por el contenido de las pancartas, como lo alegó el club ‘Azul’.

Los límites de la Corte Constitucional a las restricciones dentro de los estadios

La Sala aplicó un examen jurídico que exige verificar si una limitación a la libertad de expresión está respaldada por una ley, persigue una finalidad imperiosa y resulta necesaria y proporcional. En ese sentido, el primer requisito no se cumplió porque no existen rangos de ley para limitar un derecho fundamental por el contenido de un mensaje.

Lo anterior, según el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. A esto se suma que la categoría de “contenidos ofensivos” fue considerada indeterminada, pues depende de valoraciones subjetivas sobre aquello que puede resultar molesto o desfavorable para una institución.

Según la Corte, ese tipo de conceptos otorga a autoridades y organizadores un margen excesivo para decidir qué opiniones son aceptables y puede derivar en censura previa. Si bien la seguridad, el orden público y la convivencia son fines constitucionalmente válidos, no pueden invocarse de manera genérica para prohibir una protesta pacífica en un escenario.

En ese orden de ideas, la protección de la libertad de expresión no es absoluta: pueden restringirse los mensajes que inciten a la violencia, promuevan discursos de odio, discriminación, racismo, xenofobia o apología del delito; no obstante, en este caso no aplicaría tales causales, por lo que el alto tribunal decidió amparar los derechos de Saavedra Bustos.

El estadio El Campín fue definido como un espacio semipúblico porque funciona bajo reglas de acceso y operación, aunque está abierto al público y es un escenario de interacción social. Para la Corte Constitucional es claro que la organización privada de un partido, como sucedió en esta ocasión, no elimina la vigencia de los derechos fundamentales en el escenario.

Y destacó que las banderas, los cantos y los trapos forman parte de la cultura de las hinchadas: sirven para apoyar a los equipos, expresar identidad colectiva y manifestar desacuerdo con decisiones deportivas o administrativas. En este caso, concluyó que las tres pancartas no promovían agresiones ni amenazas contra la dirigencia de Millonarios.

Corte Constitucional exhortó a Millonarios a respetar la libertad de expresión

En ese sentido, Millonarios, el concesionario de El Campín y las autoridades que participen en futuros Puestos de Mando Unificado (PMU) deberán abstenerse de prohibir pancartas u otras expresiones protegidas únicamente por su contenido crítico hacia clubes, directivos, jugadores, organizadores o autoridades deportivas, como quedó en la sentencia.

Del mismo modo, el club tendrá 15 días desde la notificación de la sentencia para informar al accionante y publicar un comunicado en sus canales institucionales. En el texto se deberá reconocer que la prohibición de la que fue víctima la hincha fue incompatible con las garantías constitucionales de la libertad de expresión y permanecer disponible durante al menos un año.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y su instancia equivalente en Bogotá, organismo creado a través de la Ley 1270 de 2009, deberán revisar sus protocolos en el plazo de un mes para eliminar reglas que puedan convertirse en censura previa contra los espectadores que quieran expresar su inconformidad.

Por último, la Corte exhortó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) a revisar sus disposiciones disciplinarias. El Gobierno nacional, por medio de los ministerios del Interior y del Deporte, deberán presentar durante las próximas dos legislaturas un proyecto de ley sobre los límites de la expresión en los estadios.

Los autores calculan que la medida permitiría ahorrar $300.000 millones anuales en gastos de funcionamiento y burocracia. Además, la iniciativa propone crear la Dirección Administrativa del Congreso de la República, encargada de los asuntos financieros, contractuales, presupuestales, logísticos y de personal hoy manejados por separado.

El cálculo de ahorro, sin embargo, deberá definirse mediante una evaluación de las plantas de personal, los contratos vigentes, los recursos disponibles y los costos de la transición. “No tiene ningún sentido que haya dos direcciones en una sola corporación en el Congreso de la República”, expresó Arizabaleta frente al alcance de esta iniciativa, que cursará su trámite.

El congresista vallecaucano sostuvo que la existencia de dos administraciones para una misma institución carece de justificación y añadió que se deben aplicar medidas de austeridad antes de exigir ajustes fiscales al país. La intención, según dio a conocer, tendría aceptación al interior del Congreso, que tendrá que darle el visto bueno al articulado.

Una dirección administrativa para servicios compartidos

La reforma propuesta por los congresistas modifica la Ley Quinta de 1992, diseñada para regular el funcionamiento del Congreso, para sustituir las dos direcciones administrativas vigentes por una dependencia común. El Senado y la Cámara mantendrían sus mesas directivas, secretarías generales, competencias constitucionales y procedimientos legislativos.

Con ello, la nueva entidad concentraría la División de Personal, la División Jurídica, la División Financiera y Presupuesto, y la División de Servicios. También asumiría la contratación estatal, la ordenación del gasto y la representación administrativa del Congreso, ante la duplicidad existente, pues cada corporación tiene plantas de personal propias.

Entre las dependencias que se replican figuran oficinas de información y prensa, protocolo, control interno y despachos de dirección. Para graficar tal suceso, los ponentes explicaron cómo en el tema de carnetización, la Cámara suministra los plásticos y el Senado hace el proceso, un ejemplo de que el Congreso ya funciona en aspectos claves con plataforma común.

La propuesta también busca simplificar el traslado de integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo entre las oficinas de senadores y representantes. Si una persona cambia de una unidad del Senado a otra de la Cámara, la Dirección Administrativa tramitaría el movimiento como una novedad de personal dentro de una misma entidad.

Elección pública y control sobre la nueva entidad que se encargaría del Congreso

Del mismo modo, el director administrativo sería elegido por el Congreso en pleno para un período de cuatro años, coincidente con el cuatrienio legislativo. La selección partiría de una convocatoria pública con criterios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito; con el propósito de una relación armónica en la gestión.

El cargo exigiría título profesional, cinco años de experiencia administrativa en nivel directivo e idoneidad en áreas administrativas, financieras y de sistemas. En el articulado se consignó que no podrían aspirar quienes hubieran sido congresistas durante los 12 meses anteriores ni familiares cercanos de legisladores en ejercicio.

El director podría ser removido tras una evaluación de desempeño por el Congreso en pleno, a solicitud de las mesas directivas, o por una proposición aprobada por la plenaria de cualquiera de las cámaras. Si se aprueba, las mesas deberán convocar una nueva elección dentro de los 30 días siguientes o durante la semana posterior al inicio de las sesiones ordinarias.

La Dirección Administrativa deberá rendir informes semestrales a las mesas directivas del Senado y la Cámara. Además, tendría que publicar trimestralmente información sobre contratos, modificaciones, pagos, planta de personal, contratistas, inventarios y metas de ahorro en el sitio web del Congreso y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

El control fiscal seguiría a cargo de la Contraloría General de la República. Por otro lado, cada año, la entidad deberá comparar los ahorros obtenidos con los gastos de funcionamiento de las antiguas direcciones administrativas durante la última vigencia fiscal completa previa a la entrada en operación de la nueva estructura, conforme a lo dispuesto en el proyecto.

Planta única y garantías para los trabajadores

En este orden de ideas, la reforma establece que la nueva planta de personal no podrá superar inicialmente el número de empleos de la dirección administrativa que tenga la mayor nómina entre Senado y Cámara. Tampoco se podrán crear cargos directivos adicionales durante la transición, en una medida que busca blindar el proceso de reestructuración.

Dentro de los primeros seis meses posteriores a su posesión, el director deberá elaborar un inventario de empleos, funciones, perfiles y costos de las dos plantas administrativas. En los seis meses siguientes, las mesas directivas tendrán que presentar un proyecto de ley para definir los cargos y grados de la estructura unificada.

La reorganización deberá respetar los derechos de carrera administrativa, el debido proceso y las condiciones salariales y prestacionales de los trabajadores que sean incorporados a la nueva planta. Cuando no sea posible integrar a todos los funcionarios de carrera, se aplicarán las alternativas previstas para la supresión de empleos.

Una de ellas: la búsqueda de vacantes equivalentes en entidades del orden nacional. Las Unidades de Trabajo Legislativo conservarían su regulación actual, pues cada congresista podrá tener hasta 10 empleados o contratistas, con un costo mensual que no exceda 50 salarios mínimos legales mensuales. La iniciativa no modifica las escalas de remuneración.

La convocatoria para elegir al primer director administrativo se abriría dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. La nueva Dirección Administrativa del Congreso comenzaría a funcionar el 1 de enero de la vigencia fiscal siguiente a la posesión de su primer titular, mientras las actuales direcciones entregarían todo lo referente al empalme.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró en la tarde del jueves 15 de octubre que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará identificar y capturar a los máximos responsables del asesinato del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del excongresista, sobre una presunta línea de investigación relacionada con el crimen.

“La decisión del Gobierno es llegar hasta los responsables de ese execrable crimen que nos ha golpeado y que nos ha conmovido tanto”, afirmó Lara al referirse al caso, en su visita al Capitolio, en el radicó la reforma “anti- mermelada”: que, en síntesis, busca poner fin a las gestiones por debajo de la mesa de los congresistas y transparentar la relación entre el Ejecutivo y el legislativo.

Pese a ello, el titular de la cartera política evitó pronunciarse sobre los señalamientos concretos expuestos por Tarazona, que aseguró que entregará a la Fiscalía General de la Nación un mensaje que recibió antes del atentado contra su esposo. La mujer sostuvo que en esa comunicación se mencionaba al exrepresentante Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, como supuesto organizador.

Rodrigo Lara pidió que la Fiscalía llegue al fondo de la investigación

En sus afirmaciones, el ministro insistió en que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en el esclarecimiento del homicidio, pese a que señaló que las definiciones sobre posibles responsabilidades corresponden a las autoridades judiciales. “Créame que todo el esfuerzo del Gobierno está en llegar a los responsables de ese execrable crimen. Naturalmente que debe investigarse”, reiteró el funcionario.

Y aclaró que es respetuoso del accionar de la ley frente a este y otros casos, al ser él mismo víctima de la violencia política, con el asesinato de su padre, el otrora ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. “A mí no me gusta pronunciarme sobre asuntos de naturaleza judicial”, expresó Lara Restrepo, que sí dejó en claro que el Gobierno pedirá que se registren avances en el expediente, a cargo del órgano acusador.

“Lo que sí exigimos es que se investigue, se llegue al fondo y se capture a los responsables”, agregó Lara. Las declaraciones se conocieron después de que Tarazona leyó en Blu Radio el contenido de un chat que, según afirmó, recibió dos meses antes del atentado contra Uribe Turbay; y en el que, de acuerdo con su relato, el mensaje alertaba sobre un posible ataque y mencionaba a alias Marcos Calarcá.

La mujer advirtió que corresponde a la Fiscalía determinar si esa información tiene sustento. “Si a mí la Fiscalía me llega y me dice: ‘Mire, María Claudia, esta información no es veraz, esto no tiene ningún asidero probatorio, no se puede abrir una línea de investigación’. Perfecto”, indicó la mujer, que fue especialmente crítica por la manera en que no ha habido avances en el magnicidio de su pareja.

Y es que, según el mensaje, sería Albán el que habría fraguado el atentado, ocurrido el 7 de junio; aunque la mujer no presentó mayor evidencia. “Ese malparido (sic) de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, dijo Tarazona en relación con la advertencia que recibió de una fuente fiel, que le compartió lo que se habría compartido antes del referido ataque.

La viuda del exsenador afirmó que no pretende sustituir la labor de los investigadores, pero cuestionó que, según su versión, no recibió información sobre la apertura de una línea de investigación a partir de la alerta. “El criterio objetivo lo tiene la Fiscalía, no María Claudia”, indicó la mujer, que pidió que se revisen los elementos que aportará al organismo investigador a la investigación sobre el crimen.

Juvinao señaló cómo a 10 días de haberse establecido el marco legal para este fondo aún no inicia operaciones, lo que mantiene sin ejecución los recursos destinados a la reconstrucción tras el fuerte sismo, que dejó 335 víctimas y más de 5.000 heridos, y daños por más de $30 billones según estimaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“¿El gerente del Fondo vino básicamente a confesarnos que apenas van a empezar a sesionar hoy? ¿Y que no hay manual operativo, ni manual de contratación, ni absolutamente nada aprobado?”, sostuvo la congresista, frente a la comparecencia de Jaime Andrés Uribe, titular del fondo, ante el legislativo, para explicar el plan de acción del Gobierno.

En consecuencia, la congresista lanzó una dura sentencia sobre la realidad de esta entidad, que a su juicio “sigue siendo de papel y tiene cero pesos ejecutados”. De ahi sus cuestionamientos sobre que, después de dos meses y cinco días de la firma del contrato, no estuvieran aprobados los elementos básicos de operación para una estructura legal como esta.

Los manuales pendientes y la llegada del plan de acción

Al respecto, Uribe, gerente del Fondo Milagro, informó al órgano legislativo que solo hasta el jueves 15 de octubre recibirá de manera formal el Plan de Acción Específico, aprobado en la víspera, y que espera con ello que la primera reunión del consejo directivo deje listos tanto el manual operativo, el manual de contratación y el reglamento de esa instancia.

En su intervención, el funcionario explicó que el Fondo funciona como un patrimonio autónomo constituido con Fiducoldex; y no reemplazará las competencias de los ministerios, las gobernaciones ni de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino que tendrá tareas de coordinación y liderazgo en la reconstrucción de las zonas afectadas.

En consecuencia, la prioridad inmediata será la demolición de viviendas en riesgo y la remoción de escombros. El gerente advirtió que las necesidades de los damnificados son “casi que infinitas” frente a recursos limitados, por lo que el objetivo inicial es proteger vidas en los meses subsiguentes, por lo que espera ejecutar la hoja de ruta trazada por el consejo.

“Los entes territoriales mientras están construyendo toda la información, pero nosotros debemos hacer unos diagnósticos adicionales porque, ya una vez que nos entregan el PAE (Plan de Acción Específico) hoy, debemos llegar a territorio con la ejecución. Nosotros tenemos que empezar a ejecutar ya y que la gente sienta totalmente la presencia”, dijo.

Un esquema de recursos sin giros del Fondo: así será la transferencia

El Fondo Milagro no administrará ni transferirá recursos de manera directa a los proyectos. El Ministerio de Hacienda, a través la Tesorería Nacional, hará los giros para evitar intermediarios. La estructura inicial se acerca a $ 1 billón: $ 624.000 millones provienen de un crédito con el Banco Mundial y $ 360.000 ya se ejecutaron para atender la contingencia.

Esos recursos previos corresponden a la emergencia, mientras Juvinao sostuvo que el Fondo como entidad aún no había ejecutado dinero. “La plata de la tragedia no pasa por manos de intermediarios”, dijo Uribe, que con ello defendió el modelo de pagos directos con una advertencia sobre el uso de los fondos que se dispondrán para avanzar en la reconstrucción.

También afirmó que “ninguna tragedia puede convertirse en un negocio”, y señaló que cada peso tendrá un destino verificable. Así pues, el Gobierno busca conformar un paquete de alrededor de $ 4 billones con alianzas privadas y el mecanismo de Obras por Impuestos. En paralelo, el Congreso tramita una adición presupuestal de $ 2,7 billones.

En un nuevo y fuerte pronunciamiento, María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó en la mañana del jueves 15 de octubre que entregará a la Fiscalía General de la Nación un mensaje recibido antes del atentado contra el excongresista, en el que una fuente no identificada atribuía al exrepresentante Luis Alberto Albán la supuesta organización de un ataque.

En declaraciones a Blu Radio, Tarazona leyó el contenido del chat que, según relató, conservó en su teléfono. Allí se menciona a Albán, conocido como Marcos Calarcá, que ocupó una curul en la Cámara por el partido Comunes, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc; al punto de expresar su molestia por lo que, a juicio de la mujer, sería el desinterés del ente investigador.

La denunciante advirtió que se trata de una información cuya veracidad debe determinar la justicia. “Si a mí la Fiscalía me llega y me dice: ‘Mire, María Claudia, esta información no es veraz, esto no tiene ningún asidero probatorio, no se puede abrir una línea de investigación’. Perfecto”, sostuvo Tarazona en relación con el magnicidio de su exposo y exsenador, que se consumó el 11 de agosto de 2025.

El mensaje advirtió sobre un posible atentado antes del crimen y que involucra a ‘Marcos Calarcá’

Tarazona dijo que recibió la alerta dos meses antes del asesinato de Uribe Turbay. Según la transcripción leída al aire, el remitente aseguró sin titubeos que el entonces parlamentario, oriundo del Valle del Cauca, estaría fraguando el ataque, que se cometió el 7 de junio de 2025. “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, leyó la mujer.

La información agregó que la información procedía de una persona que, de acuerdo con el remitente, estaba cerca de los presuntos implicados. “Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo cien por ciento”, insistió Tarazona, en lo concerniente al origen de esta versión, que hasta el momento -según la versión de la viuda de Uribe Turbay- habría sido desatendida.

En la comunicación también incluía una advertencia sobre la seguridad del entonces exsenador. “Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad”, compartió la mujer en su lectura. Tarazona aseguró que, después de la muerte de su esposo, el mismo intercambio incluyó un reclamo por el dispositivo de protección, pues el atentado se llevó a cabo sin oposición alguna.

“¿Dónde putas (sic) estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar”, leyó durante la entrevista. Marcos Calarcá, en efecto, corresponde al nombre de guerra de Luis Alberto Albán, que fue representante a la Cámara luego de firmar el Acuerdo, con el que parecía ponerse fin a un conflicto de más de cinco décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como se llamaban las Farc.

Tarazona cuestionó que la Fiscalía aún no hubiera abierto una línea de investigación

La viuda de Uribe Turbay cuestionó que, según su versión, en su momento hubiera pasado un mes y medio sin una respuesta de la Fiscalía frente al contenido del mensaje, en el que se alertó sobre el atentado contra su esposo, que buscaba ser el candidato único del Centro Democrático en las elecciones presidenciales. “Un mes y medio la Fiscalía no ha abierto una línea de investigación”, afirmó.

E insistió en que no pretende reemplazar la labor de los investigadores, sino exigir respuesta frente a un hecho que enluta a su familia y causó un vacío en el país político. “El criterio objetivo lo tiene la Fiscalía, no María Claudia”, señaló la mujer; aunque aun así, expresó que la coincidencia entre la advertencia y el crimen le genera dudas sobre la falta de avances en el órgano investigador.

“Me cuesta mucho trabajo pensar que no, cuando esta persona hace este anuncio dos meses antes y lo mata y la plata llega a Venezuela. Entonces, ¿es una coincidencia?”, dijo con la voz entrecortada, al admitir que su condición de viuda y el duelo pueden afectar su percepciónl “Estoy afectada, estoy involucrada, estoy en duelo. Entonces, mi criterio no es el criterio más objetivo”, agregó Tarazona.

“Tengo la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias”

Tarazona sostuvo que su objetivo es esclarecer el asesinato de Uribe Turbay para evitar que sus hijos carguen con la búsqueda de los responsables y mencionó de forma particular a Alejandro, uno de los hijos de la familia. “Quiero mirar a los ojos a Alejandro y decirle: ‘Amor, eres libre porque los asesinos de tu papá están pagando lo que hicieron’”, afirmó la mujer, que asumió el rol de padre y madre.

También pidió a los medios de comunicación acompañar su reclamo para que la investigación avance. “Necesito que se sumen a mi voz y necesito que la Fiscalía ponga todo su empeño y todo lo que tienen en sus manos para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó la viuda de Uribe Turbay, que relacionó su caso con la necesidad de que otros crímenes políticos no queden impunes en Colombia.

Hasta el momento no se conoce el pronunciamiento oficial de Albán frente a este mensaje. Su última publicación en las redes sociales sí está relacionada con un comunicado conjunto de los excongresistas de Comunes en los que rechazaron las acusaciones de Tarazona y señalaron ser objetivo de una campaña de desprestigio promovida desde los sectores cercanos al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que hace parte de del Pacto Histórico, acusó al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, de responder con “negación, represión y arrogancia” a las protestas del miércoles 14 de octubre, y advirtió que la movilización podría escalar hasta un paro general si el Gobierno mantiene su postura frente a la oposición.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, afirmó De la Espriella en un video sobre la seguridad durante las movilizaciones, en una categorización que no cayó bien en los colectivos de oposición, que se pronunciaron.

La jornada se llevó a cabo 68 días después del inicio de la administración de De la Espriella y fue presentada como el primer gran pulso callejero contra su Gobierno. Por ello, en respuesta a lo dicho por De la Espriella, Cepeda sostuvo que hubo una presencia masiva en 100 ciudades y municipios, con calles y plazas colmadas por ciudadanos y grupos sociales.

“Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia”, dijo.

El congresista por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, agregó Cepeda.

Y es que frente a la movilización, De la Espriella había señalado que la convocatoria, promovida incluso por su antecesor Gustavo Petro, no consiguió el respaldo esperado. A su juicio, una mayoría de colombianos busca dejar atrás lo que calificó como el lastre de cuatro años, una percepción que dijo haber observado en las principales ciudades del país.

La protesta pacífica versus los episodios de violencia en la jornada del 14 de octubre

En su balance de la jornada, presentado junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, De la Espriella indicó que el 98% de las concentraciones transcurrió sin incidentes y aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones que se desarrollen de forma pacífica. “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema”, expresó.

Con ello, el primer mandatario añadió que no se opondrá a las protestas que no afecten “la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”. Y no dudó en defender los alcances del Decreto 1525 de 2026, que reglamentó la protesta social, pero establece fuertes medidas cuando se afecten el bienestar colectivo.

Cabe destacar que la aún Unidad de Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo) intervino en seis ocasiones durante la jornada: dos veces en Bogotá, dos en Ibagué y una vez en Popayán y Medellín. Frente a estos sucesos, el presidente De la Espriella reiteró que las actuaciones fueron necesarias para controlar hechos de vandalismo en el territorio nacional.

“Pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado saben que los vamos a enfrentar con determinación”, sostuvo el jefe de Estado. También aseguró que las marchas pacíficas serán bienvenidas, pero habrá “cero tolerancia” ante el terrorismo urbano, el caos y la violencia en las calles.

El Decreto 1525 modificó el Decreto 003 de 2021 y endureció los criterios para considerar violentas acciones como el lanzamiento de objetos, daños a la infraestructura y la retención no voluntaria de personas. “Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”.

El bloque multipartidista, integrado por los partidos que respaldan al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció una agenda centrada en “defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa y una educación desideologizada”. De esta manera se trazó la hoja de ruta del colectivo.

El representante a la Cámara por Antioquia y miembro del partido Conservador, Luis Miguel López, celebró el crecimiento de la iniciativa frente al periodo anterior. “Éramos 54 en el periodo pasado, ahora más de 100, casi el doble para defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa y la educación desideologizada”, dijo.

Se creará la Comisión Bicameral Accidental Provida: estos serán sus alcances

Por su parte, el representante a la Cámara por el Meta, Darwin Castellanos, del Centro Democrático, confirmó la radicación formal de la solicitud para crear una Comisión Bicameral Accidental Provida. “Una bancada encaminará su trabajo y su esfuerzo a defender la vida, la familia y la fe”, afirmó el congresista, en relación con el alcance que tendría esta coalición.

A su vez, el representante por Vichada, Juan David Londoño, relacionó la oficialización del bloque con la promoción de un proyecto específico contra los tratamientos de afirmación de género en menores. “Por mis dos hijos y por todos los niños de Colombia, defiendo la vida. Hoy oficializamos la bancada para impulsar la Ley Laura. Los niños no son un experimento”.

Del mismo modo, Carol Borda, que integra el partido de Salvación Nacional, también hizo énfasis en la evolución de la bancada en su trayectoria legislativa. “Lo relevante es que primero se constituyó con 20 congresistas, luego alrededor de 50. Hoy tenemos más de 100 que hacen parte de esta bancada provida”, explicó la parlamentaria capitalina.

Sobre los objetivos del grupo, Borda señaló que buscan ampliar el alcance de sus iniciativas más allá de la agenda sobre el aborto. “El objetivo es poder articular todas estas iniciativas, no solamente en defensa de la vida, sino también de la familia, de la niñez en general”, indicó la mujer, que el respaldo, afirmó, no solo se limita al ejercicio en el legislativo.

“Puedo decir que tenemos no solamente un apoyo de una gran cantidad de congresistas, sino del Gobierno nacional. Somos muy optimistas, no triunfalistas, pero vamos a seguir trabajando desde la bancada por la vida y por la niñez”, destacó Borda en diálogo con la prensa que cubre el día a día de la Cámara de Representantes.

Bancada Provida reúne a fuerzas oficialistas en el Congreso

La composición plural del bloque integra a legisladores de partidos como Salvación Nacional, Cambio Radical y Creemos, además del Centro Democrático y el Conservador. La renovación de rostros tras los comicios legislativos, en los que el Congreso cambió en un 60%, hizo que la bancada también se renovara y, este caso, aumentara de forma significativa su número.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que legisladores de oposición respalden la agenda del bloque, Borda confirmó acercamientos puntuales, aunque reconoció límites por presión partidaria. “Nos hemos podido acercar a varios de oposición, quienes nos dicen: ‘cuenten conmigo, voy a intentar no sabotear los proyectos, porque yo creo en esto’”, relató la mujer.

La Bancada Provida incluye entre sus voceros a la senadora Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres, coautora de proyectos de ley sobre libertad religiosa, y al representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático. El grupo también cuenta con el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, como figuras destacadas.

Entre sus iniciativas figura un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política, con el fin de establecer que la vida humana existe desde la concepción o fecundación. La bancada también busca limitar los efectos de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

La Presidencia de la República publicó las hojas de vida de los embajadores designados en España, Carlos Felipe Mejía; Jorge Jaller, en Venezuela, y Martín Botero, en Países Bajos; tres nombramientos efectuados por el gobierno de Abelardo de la Espriella para esas misiones diplomáticas, consideradas estratégicas en los objetivos internacionales del actual Gobierno.

Los perfiles fueron divulgados en la tarde del miércoles 14 de octubre, según constató Infobae Colombia en la página oficial de aspirantes del despacho del jefe de Estado. Con este requisito, quedó en firme el deseo del Ejecutivo de que sean los escogidos los que lleven la representación diplomática del país, a la espera del beneplácito de los respectivos países.

En el caso de Mejía, cabe destacar que el polírico caldense es agrónomo de profesión y fue senador de la República por el Centro Democrático durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022. Su carrera legislativa estuvo marcada por la oposición a los Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en 2016, y por la presidencia de la Comisión Quinta del Senado.

El futuro representante colombiano en España se graduó en 1983 en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras. En 2020 obtuvo una maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; y en su reciente trayectoria política intentó volver al Senado sin éxito, bajo las banderas del partido de Salvación Nacional.

Trayectorias empresariales y jurídicas para Venezuela y Países Bajos

Por su parte, Jaller Jaramillo, designado para encabezar la embajada en Venezuela, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Laboral y magíster en Administración de Empresas. Su trayectoria profesional se desarrolló durante más de dos décadas en Grupo Éxito, conglomerado en el que comenzó como practicante de derecho.

En esa compañía ocupó cargos como director de Ventas y Operaciones y gerente de Gestión Comercial Textil; y entre 2022 y finales de 2024 fue vicepresidente de comercio minorista de la empresa. Jaller también fundó la consultora Glovanze, dedicada a la expansión comercial en el mercado latinoamericano, con especial atención en Venezuela, que será su nuevo destino.

En consecuencia, su nombramiento lo ubica al frente de una de las representaciones diplomáticas colombianas con mayores vínculos comerciales regionales, y desde la que afrontará el reto de establecer interlocución con la presidencia interina de Delcy Rodríguez, pese a las diferencias ideológicas, en búsqueda del bienestar de los connacionales.

Entretanto, Botero, elegido para Países Bajos, es abogado, analista político y docente universitario colombiano radicado en Italia. Su especialidad abarca el derecho europeo y el derecho transicional, pues se graduó en Jurisprudencia en la Universidad de Siena y obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional Europeo en la Universidad de Bolonia.

También dirige el bufete Botero & Asociados, con presencia en Italia, España y México y está inscrito en el Consejo de los Colegios de Abogados de Europa, con sede en Bruselas, y es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Su formación jurídica se suma a los perfiles político, empresarial y comercial de los otros dos designados para estas representaciones.

De la Espriella también escogió embajador para Panamá

Como parte de estas representaciones diplomáticas, la administración de Abelardo de la Espriella también designó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como embajador de Colombia en Panamá, nombramiento que se hizo oficial el 14 de octubre. Jaramillo es administrador de empresas y negocios, con estudios en Florida International University.

En su actividad profesional, el nuevo diplomático se concentró en el sector privado, con experiencia en construcción, negocios inmobiliarios, turismo y fiducia. Así pues, este perfil Integró la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015 y participó en la junta de Camacol Atlántico durante la década de 1990; además de ser gerente regional de Pavco.

En uno de los apartes de su pronunciamiento, con el que entregó un balance de las movilizaciones junto al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, el jefe de Estado hizo énfasis en cómo, a su juicio, la convocatoria hecha -incluso- por su antecesor, el exmandatario Gustavo Petro, no tuvo éxito y se trató de una reducida expresión ciudadana.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, precisó el jefe de Estado en un video en el que entregó el balance en materia de seguridad de las movilizaciones y precisó cómo fue el accionar de la fuerza pública.

La movilización se efectuó a 68 días de que el presidente iniciara su administración y se catalogó como el primer gran pulso en las calles. No obstante, según De la Espriella, el alcance de la misma no le genera preocupación, pues son más los que quieren pasar la página de lo que fue el anterior Gobierno, como pudo verse en las principales ciudades del país.

De la Espriella defendió la protesta pacífica, pero advirtió contra la violencia

En su pronunciamiento, el primer mandatario reiteró que el 98% de las concentraciones se adelantaron sin incidentes y sostuvo que ese es el escenario que su Gobierno está dispuesto a respetar. “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica”, destacó De la Espriella, en respuesta a sus contradictores.

Según él, la protesta que “no interrumpe la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante” no tendrá oposición de su parte. Aunque insistió en que la protección de la protesta es una directriz que rige desde el inicio de su gestión, en una mención al Decreto 1525 de 2026, con el que reglamentó la protesta social en Colombia.

En lo que respecta a los episodios de violencia, refirió que hubo casos en los que, según su reporte, los manifestantes se apartaron del carácter pacífico de la jornada. La Undmo intervino en seis ocasiones: dos de ellas en Bogotá, dos en Ibagué y una en Popayán y Medellín respectivamente, en las que fue necesario controlar los actos vandálicos.

“Pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado saben que los vamos a enfrentar con determinación”, enfatizó el jefe de Estado, que insistió en que “las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia”.

El presidente detalló además episodios puntuales de vandalismo que atribuyó a los grupos minoritarios a los que dirigió sus críticas. “Atacar estaciones en Transmilenio y vandalizar un bus” del sistema de transporte bogotano fueron las acciones que mencionó de manera explícita, aunque no precisó capturas asociadas a esos hechos en la capital.

Las críticas de De la Espriella a los sectores que promovieron los disturbios estuvieron acompañadas del respaldo al contenido del Decreto 1525, que modificó el Decreto 003 de 2021 y endureció los criterios para clasificar como violentas conductas como el lanzamiento de objetos, los daños a infraestructura y la retención no voluntaria de personas.

Con ese marco como respaldo, el presidente defendió el derecho de los ciudadanos que no participaron de las marchas. “Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó De la Espriella en este apartado, con las que matizó las movilizaciones.

Si el alto tribunal acepta la solicitud del congresista, los cuatro perderían la nacionalidad otorgada por adopción dadas por la anterior administración; en una decisión que en su momento causó controversia, debido al trámite exprés en el que fueron certificados como connacionales sin, según Uscátegui, cumplir con los requiisitos para tal propósito.

“Todos han tenido problemas con la justicia. Eso es un concierto para delinquir y queremos revisar si hubo irregularidades en ese trámite de nacionalidad por adopción y que adicionalmente, con los recientes escándalos, las denuncias de Ferrer, se traslade toda esa documentación a la Fiscalía para ver (...) todo lo que rodea ese oscuro círculo presidencial en Colombia”, dijo Uscátegui.

La acción busca que se revisen los expedientes de cada caso, los requisitos que fueron exonerados y las verificaciones que efectuó el Gobierno antes de conceder las nacionalidades. De acuerdo con Uscátegui, los cuatro ciudadanos accedieron al trámite mediante un procedimiento excepcional de exoneración parcial de trámites ante el Ejecutivo.

La petición también reclama establecer cuál fue el régimen jurídico aplicado en cada decisión. La nacionalidad de Glas, uno de los casos que pidió el parlamentario que se estudie, fue anunciada de manera pública en 2025, mientras que la Ley 2332 de 2023 derogó la Ley 43 de 1993, una norma que regulaba aspectos del proceso de naturalización.

Las causales legales que plantea la demanda interpuesta por Uscátegui

La demanda invoca dos causales especiales previstas en la Ley 2332: que la carta de naturalización haya sido expedida con documentos falsos o que el beneficiario hubiera cometido, antes de radicarse en Colombia, un delito en otro país que permita su extradición; por lo que el Consejo de Estado deberá determinar qué se produjo en cada uno de los casos.

A su vez, Uscátegui pidió además que se revisen los antecedentes judiciales de Xavier Vendrell. Medios españoles informaron que reconoció ante un magistrado en 1992 su participación en dos atentados ocurridos en 1989 y 1990, aunque esas actuaciones fueron sobreseídas en 1996; pese a ello, el congresista expresó sus reparos frente a estos hechos.

También figuran investigaciones del caso urbanístico Villa Bugatti y con Tsunami Democràtic, ambas archivadas. La solicitud exige examinar los documentos judiciales originales vinculados con esos procesos, a lo que se sumaría el escándalo por su presunta participación en lo que habría sido la recepción de dineros de alias Papá Pitufo a la campaña de Petro.

Por su parte, en lo que respecta al exvicepresidente ecuatoriano Glas, la Fiscalía de Ecuador reporta condenas en las causas de la multinacional brasileña Odebrecht y los sobornos en los que al parecer participó. Sobre él pesa una condena de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, una sentencia anunciada en junio de 2025.

La demanda solicita verificar el estado procesal de esas decisiones y establecer si cumplen las condiciones legales necesarias para sustentar una eventual nulidad de su carta de naturalización colombiana; que se gestó en medio de la polémica que se registró con su detención, pues fue extraído de la embajada de México en Quito, en abril de 2024.

Sobre Manel Grau, medios colombianos reportaron una denuncia ante la Fiscalía por una presunta estafa y señalamientos surgidos de una grabación vinculada con Ecopetrol. La autenticidad de ese registro también deberá ser establecida por el alto tribunal, que es el encargado de revisar este tipo de requerimientos legales, relacionados con la nacionalidad.

Por último, Ferrer fue llamada a declarar bajo juramento junto con otras cinco personas, como parte de las actuaciones relacionadas con información difundida por medios de comunicación. Aunque estas actuaciones no prueban por sí mismos responsabilidad ni constituyen automáticamente una causal para anular la nacionalidad, sí cursan mérito para tal fin.

Uribe, que fue el que acercó al ultimado excongresista y exprecandidato presidencial a su partido, el Centro Democrático, expresó su pesar por las revelaciones hechas por Tarazona. “El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa. Y hoy todo se revive”, dijo el exmandatario, que desde la muerte del joven político ha pedido justicia.

Acto seguido, elevó su petición al Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la seguridad de la mujer. “Nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia. Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”, destacó el ex jefe de Estado en su pronunciamiento.

En relación con el proceso judicial, el mismo ya acumula siete condenas contra participantes en la operación criminal, mientras la Fiscalía analiza nuevas hipótesis sobre los autores intelectuales y posibles filtraciones desde el esquema de seguridad del dirigente político; que falleció el 11 de agosto de 2025 tras dos meses y cuatro días de lucha por su vida.

Los mensajes previos al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y una posible conexión política

En diálogo con Noticias Caracol, Tarazona aseguró que recibió advertencias antes del atentado sobre un posible plan contra Uribe Turbay y otros integrantes del Centro Democrático. La viuda del excongresista atacado el 7 de junio de 2025, entregó a la Fiscalía nombres, fotografías y conversaciones que podrían aportar una nueva línea de investigación.

Uno de los mensajes, según relató la mujer, sostenía que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”. La hipótesis del organismo de investigación judicial menciona la presunta participación de un integrante del partido Comunes, que ya no tiene presencia en el legislativo, aunque la denunciante aclaró que le corresponde a las autoridades verificar.

En efecto, aunque la Fiscalía aún debe decidir si incorpora esa pista a la investigación por el asesinato, Tarazona señaló que espera la apertura formal de esa línea dentro del expediente: en el que se destaca, además, a altos cabecillas de la Segunda Marquetalia como los determinadores del crimen que sacudió el arranque de la campaña electoral en el país.

Equipo de seguridad que tenía el exsenador continúa bajo investigación

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en el antiguo parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón. Seis semanas después, la Fiscalía ya había recibido información sobre una posible filtración desde el grupo encargado de su protección, que habría facilitado la planeación del magnicidio, con dos impactos de bala en el cráneo.

El 29 de enero de 2025, los teléfonos de dos integrantes del esquema de seguridad coincidieron en el sector de Modelia, donde meses más tarde se produjo el ataque. En ese momento, Uribe Turbay estaba en Panamá y Tarazona se encontraba en Miami (Estados Unidos); mientras que una segunda coincidencia se registró en abril de 2025 en el Congreso.

Según las pesquisas de la Fiscalía, los teléfonos celulares de ambos escoltas volvieron a aparecer cerca del dispositivo de un condenado por el caso, mientras el senador y su esposa estaban fuera de Bogotá. Es por ello que los investigadores consideran que pudo haber existido un encuentro, aunque esa posibilidad no ha sido esclarecida por las autoridades.

La Fiscalía también verifica la declaración de un adolescente de 17 años, que aseguró que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, tenía entre sus contactos a una persona identificada como “Escolta senador”. Según esa versión, ese contacto le proporcionaba información sobre los movimientos de Uribe Turbay.

Arteaga Hernández figura entre los principales articuladores logísticos y operativos del atentado. Junto con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco; Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo; Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, que ya fueron condenados.

La hipótesis sobre la Segunda Marquetalia como determinadora del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El testimonio de Simeón Pérez Marroquín ocupa un lugar central en la búsqueda de quienes dieron la orden. La Fiscalía lo identificó como intermediario entre los presuntos determinadores y la estructura que organizó el ataque, y lo condenó a más de 22 años de prisión, tras recoger su versión sobre lo acontecido en este mediático caso.

Durante un interrogatorio, Pérez Marroquín afirmó que la instrucción para asesinar a Uribe Turbay habría provenido de la Segunda Marquetalia. También señaló a José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, como la persona que habría impartido la orden; en un crimen en el que habrían destinado $1.000 millones para su comisión y $600 millones para borrar pistas.

En consecuencia, la Fiscalía emitió en marzo órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, entre ellos Luciano Marín, alias Iván Márquez, y alias Jhon 40; aunque ninguno de ellos ha sido capturado, mientras que alias Zarco Aldinever fue declarado muerto en julio de 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro, sin que se encuentre aún su cadáver.

La ganadora del Premio Nobel de Paz 2026, la sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, expresó su preocupación por la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

En una entrevista con Caracol Radio, la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que estas decisiones alejan al país de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos y de los mecanismos judiciales multilaterales; en lo que sería una crítica a la administración de Abelardo de la Espriella.

“Su conclusión de que su país parece estar alejándose mucho de las normas y estándares que todos los Estados acordaron respetar, para proteger los derechos humanos y el derecho de los pueblos a determinar su propia liberación, es correcta”, afirmó Pillay al citado medio, al responder una pregunta sobre el nuevo vínculo diplomático entre Bogotá y Jerusalén.

La jurista sudafricana, que recibió el Nobel por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, indicó que la política colombiana podría recibir cuestionamientos en la región por su viraje hacia los intereses promovidos por Benjamin Netanyahu; en contraste con la posición radical del gobierno de Gustavo Petro.

“Creo que atraerían condenas en otras partes del mundo debido a la experiencia de América Latina, con las largas luchas que sus pueblos libraron por su libertad frente a todo tipo de interferencias”, señaló la reconocida jurista, que por espacio de 20 minutos también habló de otros temas, como la política expansionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

‘Navi’ Pillay pidió que Colombia mantenga su apoyo a los mecanismos internacionales

La entrevista ocurrió el mismo día en que Colombia inauguró su embajada en Jerusalén. La decisión consolidó el viraje impulsado por el presidente De la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto y restableció las relaciones diplomáticas y económicas con Israel tras la ruptura decidida por el gobierno anterior, que acusó a Netanyahu de delitos graves.

La sede diplomática convierte a Colombia en el décimo país con embajada en esa ciudad, cuyo estatus permanece en disputa; por ello, frente al cambio, Pillay habló de la necesidad de sostener el respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), a la Corte Internacional de Justicia y a los tratados que dictan obligaciones para los Estados en materia de derechos humanos.

“Espero que las actitudes de las autoridades en Colombia cambien. Espero que respalden los tratados internacionales y los mecanismos que todos los Estados adoptaron para apoyar la lucha palestina por su liberación”, dijo la Nobel de Paz, que fue jueza de la CPI: un tribunal que tiene a 125 estados asociados, aunque estén por fuera varias de las potencias mundiales.

La Nobel recordó su paso por Bogotá y dijo que quiere volver a Colombia

Pillay también evocó su anterior vínculo con Colombia, en donde estuvo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y en su relató recordó cómo recibió las llaves de Bogotá. “Dije que amo la ciudad y que algún día regresaré para quedarme allí”, señaló Pillay en entrevista con Caracol Radio sobre esta experiencia.

A su vez, destacó que aquel reconocimiento la impulsó a continuar con su trabajo, al punto de hoy convertirse en referente de la defensa de los derechos humanos. “Nunca olvidaré que recibí la llave de la ciudad. Es un honor y me alentó a no dejar de trabajar por la promoción y el avance de los derechos humanos de las personas en todo el mundo”, dijo la mujer.

Por último, Pillay reiteró su posición sobre Gaza. La jurista presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, y concluyó que, “a partir de todos los hechos que reunimos, que allí estaba ocurriendo un genocidio y que continúa ocurriendo”, expresó.

A través de sus redes sociales, con una frase que causó reacciones, el senador Jota Pe Hernández celebró el abatimiento de un integrante del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc en Tuluá, Valle del Cauca, y reiteró su respaldo a la ofensiva del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, contra los grupos armados ilegales.

El operativo del que dio cuenta el jefe de Estado se desarrolló en el sector de Monteloro, con tropas del Ejército Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La acción dejó, además de la neutralización del disidente, del que aún no se conoce su identidad, la incautación de dos fusiles, dos proveedores metálicos y 324 cartuchos de distintos calibres.

En efecto, aunque el alias del hombre abatido no fueron divulgados por las autoridades ni por el Gobierno, el mencionado frente, vinculado a las disidencias de las Farc y a la Segunda Marquetalia en la región, ha sufrido capturas y bajas de varios de sus integrantes en los últimos meses, entre ellos alias Mira, alias Sarria” y alias Franciny, según reportes oficiales.

Frente a este golpe, que el primer mandatario compartió con una foto en la que se ve el cadáver embolsado, junto al armamento incautado, la reacción del congresista del partido Alianza Verde no se hizo esperar. “¡Hermosa noticia, hermosa foto! ¡Que viva Cristo Rey! Para los bandidos, el infierno”, publicó el parlamentario santandereano en su perfil de X.

En el post en redes sociales que dio pie a la reacción de Hernández, el jefe de Estado destacó que no habrá tregua para los integrantes de esa estructura armada, a los que calificó de “miserables asesinos” que perturban la tranquilidad de los habitantes de esta zona del suroccidente del país, históricamente afectada por la presencia de las estructuras ilegales.

Jota Pe Hernández y su propuesta de donar 30.000 bolsas de cadáveres para delincuentes abatidos

Hernández, quien continúa en la Alianza Verde pese a su intención de que se le entregara la escisión, propuso una ‘vaca’ ciudadana para adquirir cerca de 30.000 bolsas mortuorias destinadas a los cuerpos de delincuentes abatidos en operaciones militares y policiales. El senador calculó que cada una tendría un costo aproximado de $30.000 por unidad.

La iniciativa apuntaría a que la compra destinada no salga del presupuesto nacional y sea financiada por ciudadanos que respalden la estrategia de seguridad del Ejecutivo, por lo que el congresista planteó que las bolsas se utilicen para “empacar a esos guerrilleros que tanto daño le hicieron a Colombia”; una idea que, como se preveía, generó opiniones a favor y en contra.

De hecho, en un video publicado el 9 de agosto, Hernández pidió al presidente De la Espriella permitir que los ciudadanos patrocinen la compra. “Armemos una vaki, una donación, donde seamos nosotros, los colombianos, los que patrocinemos las compras de esas bolsas”, expresó el congresista, que se ha declarado de Gobierno, contrario a su partido.

En ese entonces, el mensaje de Jota Pe fue específico. “Presidente Abelardo, permítanos a los colombianos el orgullo de donar las bolsas para empacar a los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia”, indicó el senador, que si bien en su momento se hizo elegir con las banderas del progresismo, de forma rápida migró hacia los colectivos más de derecha.

La propuesta surgió en medio de la controversia por las imágenes del jefe de Estado caminando entre cuerpos exhibidos después de la Operación Azarías, desarrollada el 30 de agosto en Guaviare contra disidencias de las Farc presentes en esa zona. Desde entonces, como parte de la estrategia comunicacional, se ha optado por mostrar los cuerpos en bolsas.

A través de un derecho de petición, radicado en la jornada del martes 13 de octubre, la ex primera dama de la nación Verónica Alcocer pidió investigar las acusaciones formuladas por Eva Ferrer en su contra, al ser señalada de presunto tráfico de armas y de droga en sus viajes al exterior, y aseguró que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones en curso.

En el documento, que fue publicado por la misma exesposa del expresidente Gustavo Petro y dirigido a la fiscal General Luz Adriana Camargo y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, sostuvo que los señalamientos divulgados parten de información que Ferrer recibió de terceros; motivo por el cual pidió que las afirmaciones públicas deben ser contrastadas con registros oficiales sobre este asunto.

“Ante las informaciones divulgadas recientemente, he acudido nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para reiterar mi disposición de colaborar con la justicia y solicitar detalle sobre las actuaciones anunciadas públicamente”, fue el mensaje con el que acompañó el mencionado documento, de dos páginas, en el que también anunció medidas para proteger su honra y buen nombre.

El pronunciamiento se dio tras tras la entrevista concedida por Ferrer a Semana, el pasado 9 de octubre, en la que hizo, según la mujer, “graves afirmaciones mediante las cuales pretende relacionar mi nombre con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela”. Y es que en el referido diálogo, la ciudadana catalana la señaló como la “jefe” de una banda criminal orquestada desde la misma Casa de Nariño.

Alcocer afirmó que quiere que las autoridades revisen los nuevos señalamientos de Ferrer sobre presuntos hechos relacionados con Venezuela, entre ellos las acusaciones de tráfico de armas, drogas y dinero. La ex primera dama negó haber hecho viajes privados a ese país y aseguró que sus dos desplazamientos ocurrieron en el marco de visitas oficiales, con agendas y registros institucionales.

La ex primera dama afirmó que solo viajó dos veces a Venezuela

En el escrito, Alcocer sostuvo que los señalamientos se basan, según la propia denunciante, en testimonios de otras personas y no en hechos que hubiera presenciado directamente. Según la mujer, dichas versiones estarían “sustentadas, según sus propias manifestaciones, en información recibida de terceras personas y no en su conocimiento directo”, por lo que carecen de sustento legal alguno.

Aludió también a la información divulgada sobre una indagación que, según indicó, habría sido ordenada desde el despacho del vicefiscal General. Por esa razón, presentó formalmente el derecho de petición ante la Fiscalía. Y recordó que ya había contactado al ente acusador tras la difusión de unos audios vinculados con Ferrer, como lo hizo en agosto, al expresar su intención de colaborar con la justicia.

Acto seguido, la respuesta de Alcocer se concentró en los desplazamientos a Venezuela, uno de los ejes de las denuncias de Ferrer. La ex primera dama sostuvo que efectuó dos viajes oficiales: el primero, el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación, y el segundo, el 18 de noviembre de ese mismo año, junto con el entonces presidente de la República, Gustavo Petro, con lo que rechazó las denuncias.

“No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal”, afirmó Alcocer en la comunicación enviada a la Fiscalía, en la que aseguró que ambas visitas tienen “registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público” en Colombia y Venezuela. Eestos elementos permitirán contrastar las versiones difundidas y establecer quiénes participaron en las actividades.

La ex primera dama reiteró que confía en que los documentos oficiales y los testimonios de quienes estuvieron en las visitas desvirtúen las acusaciones. “Tengo la absoluta tranquilidad de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, añadió.

Y dejó en claro que esta evidencia permitirá demostrar que “jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”. Es válido recordar que Ferrer, exconsejera presidencial, acusó a Alcocer de haber trasladado 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela hacia Colombia durante un viaje hecho en enero de 2023, en información que según ella recibió del empresario catalán Manel Grau.

En sus afirmaciones, Ferrer no solo vinculó a la entonces primera dama con una presunta estructura dedicada al movimiento ilegal de dinero, drogas y armas; sino que además indicó que una parte de esos recursos habría tenido como destino una campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, que aspiró a la gobernación de Sucre en los comicios de octubre de 2023.

Lo llamativo es que los señalamientos de la catalana, de acuerdo con la cobertura publicada por Semana, no estuvieron acompañadas de documentos, fotografías verificadas ni otros elementos que acreditaran los hechos denunciados. Aún así, la exconsejera dijo que había recibido advertencias sobre personas relacionadas con este entramado, como Enrico Romagnoli, al que relacionó con Alcocer.

Las acciones de la ex primera dama para sacudirse de los señalamientos de Eva Ferrer

En la misiva, Alcocer afirmó que su equipo jurídico recopila y analiza información con el apoyo de investigadores forenses para entregarla a las autoridades y agregó que busca aportar elementos que permitan aclarar los hechos. “Considero indispensable que la verdad se establezca mediante pruebas y no a partir de afirmaciones de oídas”, remarcó la expareja de Petro, que no reside en Colombia.

Cob ello, la ex primera dama pidió a la Fiscalía General de la Nación que le informe si abrió una nueva indagación o investigación penal por las declaraciones del 9 de octubre. Y también solicitó conocer el número de radicación y el despacho asignado, o confirmar si esos hechos se integrarán a una actuación ya existente, con el fin de designar a su defensor y ejercer sus derechos.

Finalmente, Alcocer reiteró que colaborará con el ente investigador y expresó su confianza en una pesquisa “seria, objetiva e independiente”. Según escribió en este derecho de petición, una actuación fundada en pruebas obtenidas legalmente podrá “establecer la verdad y demostrar que las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas a mi actuación personal”.

Con este acto, en el que participó el canciller Omar Bula Escobar, se revirtió de manera oficial la ruptura ordenada el 1 mayo de 2024 por el entonces jefe de Estado, Gustavo Petro, que en respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza optó por cortar lazos, de forma unilateral, el canal político y económico con este país.

“Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Esta Embajada constituye una expresión visible de nuestra determinación de restablecer el diálogo, fortalecer la confianza mutua y construir una agenda que genere beneficios tangibles para nuestros ciudadanos”, dijo Bula.

“Esta presencia diplomática permitirá impulsar la cooperación en seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología, además de brindar apoyo a nuestros connacionales. Bajo el liderazgo de la embajadora Tania Gilinski, la Embajada trabajará para convertir las oportunidades de esta alianza estratégica en resultados concretos para los colombianos”, agregó la Cancillería.

También estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, que destacó cómo De la Espriella le había anticipado su decisión antes de ser elegido como jefe de Estado. “Si soy elegido presidente, trasladaré inmediatamente la embajada de Colombia a Jerusalén. Hizo una promesa y la cumplió”, afirmó Sa’ar en su pronunciamiento.

La apertura, entonces, formalizó un cambio de rumbo en la política exterior colombiana, aunque este traslado a Jerusalén también reavivó las objeciones de sectores progresistas, la oposición y la Organización para la Cooperación Islámica, en relación con la profunda y continua disputa política, territorial y religiosa de la ciudad entre israelíes y palestinos.

“Hoy renovamos esta relación con una visión de futuro y un propósito claro: convertir las oportunidades de cooperación en resultados concretos para nuestros países”, destacó el canciller Bula, que destacó, entre otros logros, el restablecimiento de la exención recíproca de visado para viajeros con fines turísticos; que venía vigente en la vigencia anterior tras la ruptura unilateral.

Jerusalén como eje del restablecimiento diplomático entre Colombia e Israel

En sus palabras, el canciller israelí sostuvo que la nueva sede representa una definición política e histórica. “Abrir una embajada en Jerusalén no es solo reconocer el hecho político evidente de que Jerusalén es la capital de Israel; es también reconocer una verdad histórica que ninguna persona honesta puede negar”, expresó Sa’ar con respecto a este suceso.

Cabe destacar que el cierre de la representación colombiana en Tel Aviv había incluido el retiro de funcionarios diplomáticos después de que Petro rompiera relaciones con Israel. La nueva administración acordó reabrir la embajada, pero instaló su sede en Jerusalén; con lo que marcó distancia de la administración anterior, que había adoptado una postura radical.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aysen, también celebró la inauguración de la nueva sede diplomática “¡Es oficial! ¡Queda establecida la Embajada de Colombia en Jerusalén! ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa! Que sea un paso más en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre nuestras naciones. ¡Israel y Colombia siempre unidas!”, dijo.

Pese a las voces de júbilo, la medida sigue siendo cuestionada por los que sostienen que el traslado se aparta de las posiciones históricas de la diplomacia colombiana sobre la causa palestina y los acuerdos de paz; pese a que los defensores de la decisión han hecho énfasis en la reanudación de la cooperación en seguridad, defensa y tecnología.

Al respecto, Marcos Peckel es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, calificó la apertura como un hecho histórico y describió a Jerusalén como “capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel”. Con ello, mostró su satisfacción por el nuevo rumbo que tiene el diálogo entre ambas naciones tras casi dos años de ruptura.

Así fue el encuentro con Elkana Bohbot, que estuvo 738 días cautivo

Durante su visita a Israel, el canciller Bula también entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que recuperó su libertad tras 738 días de cautiverio en manos del grupo terrorista Hamas. Un personaje al que, por entonces, fue Petro el que le dio su ciudadanía, al estar casado con Rebecca, que es connacional en Israel.

El canciller se reunió con Bohbot y su esposa, en un emotivo encuentro en el que Bohbot le entregó el libro que escribió durante su secuestro y explicó el mensaje que buscaba transmitir. “Yo escribí el libro para que el pueblo colombiano conozca al pueblo israelí y sigan juntos el camino”, dijo el hombre, raptado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Para Bula, el regreso de Elkana con su familia representaba “mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro realmente”. Y agregó en su balance de esta visita que la política exterior del Ejecutivo colombiano busca acompañar y proteger a los colombianos dentro y fuera del territorio nacional.

A su vez, durante una visita al Museo del Holocausto en Jerusalén, Bula protagonizó un encuentro espontáneo con varios colombianos que recorrían el lugar. Los visitantes se acercaron al funcionario, según el reporte oficial, con abrazos y expresiones de respaldo al Gobierno del presidente De la Espriella, que empezó el 7 de agosto su administración.

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro cuestionó en la mañana del miércoles 14 de octubre, en la antesala de las movilizaciones convocadas en Colombia, el decreto que, según afirmó, expidió el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella para regular la protesta social.

Cepea sostuvo que la norma abre la puerta a restricciones sobre la movilización y convocó a participar de forma pacífica en las manifestaciones previstas para el 14 de octubre. “Ayer, y como parte de su estrategia intimidatoria, el gobierno expidió el Decreto 1525 de 2026, para reprimir la protesta social”, expresó Cepeda en el inicio de su publicación en X.

Para el congresista opositor, que se ha negado a reconocer a De la Espriella como el jefe de Estado, la jornada busca expresar rechazo a las primeras decisiones del Gobierno y defender el derecho a la protesta. Por ello, afirmó que la movilización se realizará pese a lo que describió como una estrategia oficial de intimidación contra los sectores opositores.

El senador y líder de la oposición acompañará las movilizaciones ciudadanas previstas e iniciará su agenda con un encuentro con jóvenes, durante el cual ofrecerá declaraciones públicas. La actividad se llevará a las 11.00 en la Torre Colpatria, en el centro de Bogotá.

Cepeda relacionó el Decreto 1525 de 2026 con restricciones a la protesta en Colombia

En su argumentación, el senador insistió en que el Gobierno expidió el decreto 1525 de 2026 un día antes de las movilizaciones, con el único fin de endurecer la respuesta estatal ante las manifestaciones sociales. “El protocolo de De la Espriella amplía el uso de la fuerza, restringe el diálogo por parte de la policía”, dijo el congresista, uno de los líderes del Pacto Histórico.

En su pronunciamiento, también aseguró que la medida puede derivar en la criminalización de personas que asistan a movilizaciones, incluso cuando estas sean pacíficas. Y añadió que el nuevo protocolo no contó con una consulta previa a la ciudadanía ni a las organizaciones sociales; contrario a lo que, según él, sí se puso en marcha en el Gobierno de Gustavo Petro.

Y afirmó que el decreto amplía el uso de la fuerza por parte de las autoridades y limita las posibilidades de diálogo de la Policía con quienes participan en las concentraciones. Por ello, evocó las protestas que se efectuaron en Colombia entre 2019 y 2021, en las que según él hubo intervenciones violentas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Muchos jóvenes fueron heridos e incluso asesinados”, expresó el senador al referirse a esos años de movilización social, que en su concepto se llevó a cabo de forma pacífica entre 2022 y 2026. “Durante los cuatro años de nuestro gobierno primó el diálogo y eso permitió el ejercicio tranquilo y pacífico de la protesta”, añadió Cepeda en su post en redes sociales.

El llamado de Iván Cepeda a movilizarse de manera pacífica, “decdidida y digna”

De esta forma, el senador agregó que, bajo esa orientación, no hubo jóvenes muertos por disparos de la Policía, falsos positivos ni lesiones oculares causadas por cilindros de gases lacrimógenos. Para el congresista, la fuerza pública debe garantizar la movilización y privilegiar los canales de diálogo, antes de acudir, a su juicio, en vías de hecho.

Para el líder del progresismo, la convocatoria se presenta como una respuesta política al rumbo que atribuye al Gobierno. “De la Espriella pretende que retornemos al pasado en materia de protesta social”, declaró Cepeda en sus redes sociales, que pidió que las personas que adhieran a la convocatoria salgan a las calles sin recurrir a la violencia como expresión.

“Hoy saldremos a las calles de manera pacífica, multitudinaria, decidida y digna”, expresó el congresista que cuestionó lo que sería un régimen autoritario. “No vamos a permitir la arbitrariedad de un régimen autoritario”, concluyó Cepeda en su pronunciamiento, al señalar que no permitirá que “los derechos, la democracia y la vida sean destruidas por De la Espriella”.

¿Quiénes convocan a las marchas del 14 de octubre en Colombia?

La jornada nacional del 14 de octubre fue convocada por organizaciones sindicales, gremios de maestros como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y sectores políticos de oposición al Gobierno, liderados por el propio expresidente Gustavo Petro; aunque no ha confirmado su presencia en las marchas.

Entre los reclamos mencionados en la convocatoria figuraron asuntos laborales y educativos. Los participantes también han planteado inquietudes sobre el salario mínimo para 2027, la defensa de la educación pública, las condiciones de trabajo del magisterio y los servicios de salud para los docentes, que viene en crisis por irregularidades en el sistema del Fomag.

Las movilizaciones se desarrollarán, como mencionaba Cepeda, en medio de la discusión por el mencionado Decreto 1525, que regula la protesta social y establece protocolos de actuación de la fuerza pública ante hechos de violencia o bloqueos de vías; lo que ha generado una fuerte controversia sobre el papel de los uniformados en estas actividades.

La jornada, la primera de alta convocatoria frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, se adelantará con un nuevo marco para la actuación policial ante hechos violentos, bloqueos de vías y riesgos para la seguridad o la movilidad. En efecto, el Gobierno expidió el Decreto 1525 el 13 de octubre de, que modifica las reglas de intervención en las movilizaciones.

Eljach Pacheco reiteró que la protesta social está reconocida constitucional y legalmente, “sin embargo, no es un derecho absoluto, tiene límites, los que señalan la misma Constitución, las leyes y los reglamentos”. Con ello sentó posición antes de que se adelanten las concentraciones que han sido impulsadas por el expresidente de la República Gustavo Petro.

Las manifestaciones están protegidas por la normativa siempre que se desarrollen de forma pacífica; en una dvertencia también incluyó las facultades del jefe de Estado frente a situaciones que perturben el orden público. “El presidente de la República está investido de la autoridad necesaria para restablecer el orden público cuando este sea perturbado”, remarcó.

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público recomendó que las movilizaciones transcurran sin alteraciones de la convivencia ni vulneraciones de derechos ajenos. “Se recomienda tranquilidad, respeto por los derechos ajenos y buen suceso en esta protesta que sea verdaderamente pacífica”, expresó Eljach en relación con la jornada que se avecina.

La intervención policial ante actos violentos y bloqueos está permitida de inmediato, según el nuevo decreto

Es oportuno destacar que el Decreto 1525 permite que la Policía intervenga contra quienes cometan actos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. La norma establece que priorizar la mediación no obliga a aplazar las medidas dirigidas contra las personas que ejerzan violencia, pues se prioriza el bienestar colectivo.

Así pues, las autoridades podrán actuar cuando detecten porte o uso de armas, explosivos o artefactos incendiarios; además de la retención de personas contra su voluntad, agresiones contra ciudadanos, funcionarios públicos o integrantes de misiones médicas y periodísticas; y, de la misma manera, los daños que se registren en la infraestructura pública o privada.

En esas circunstancias, la intervención debe buscar prevenir y detener las conductas violentas, proteger la vida e integridad de las personas y restablecer las condiciones de seguridad. Cada actuación deberá quedar documentada en el Puesto de Mando Unificado y ser comunicada al Ministerio Público, según se estableció en el nuevo decreto sobre la protesta.

El documento, que estableció importantes modificaciones frente al Decreto 003 de 2021, que definía hasta entonces el estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima y protección de la protesta pacífica, mantiene -eso sí- las medidas de diálogo y protección para los que participen sin recurrir a vías de hecho para defender sus posiciones.

Se informó que la modificación busca garantizar el derecho a la protesta sin dejar sin respuesta los hechos que comprometan la seguridad ciudadana. Con ello, los bloqueos de vías solo permitirán la disolución total o parcial de una reunión en casos excepcionales, pues la afectación deberá ser grave y sostenida y se tendrá que demostrar que no existe otra alternativa.

¿En qué momento la fuerza pública podrá intervenir?

De hecho, la disposición fija cinco niveles de actuación institucional: facilitación y gestión preventiva; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas. El paso de una etapa a otra solo será posible cuando la anterior no resulte efectiva y se consignará en el PMU.

Para tomar esa decisión, se evaluarán la duración de la obstrucción, la existencia de rutas alternas, el paso de vehículos de emergencia, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales y las pérdidas verificables que puedan afectar los ingresos de hogares y establecimientos. A su vez, se prohíbe el uso de armas de fuego por los uniformados.

El anuncio ocurrió durante el acto de lanzamiento de la nueva operación internacional en el Aeropuerto Internacional Los Garzones, en Montería. La ruta hacia la capital de Panamá comenzará a operar el 26 de octubre, con tres frecuencias por semana, los lunes, miércoles y viernes; en una conexión que espera dinamizar la economía regional.

“Muchos decían que la ruta con Panamá era difícil y aquí está hecha una realidad. Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami”, afirmó De la Espriella ante asistentes al evento, en medio de los aplausos del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

De esta manera, el mandatario pidió que la aerolínea trabaje “24 horas desde ya” en ese objetivo. “Vamos a llevar una ruta directa desde Montería a Miami para conectar directamente a Córdoba con los Estados Unidos de Norteamérica”, agregó el primer mandatario, que, si bien nació en Bogotá, se crió en este departamento.

Aunque la posible conexión con la ciudad del estado de La Florida aún no tiene fecha de inicio, itinerarios, tipo de aeronave ni aprobación de las autoridades aeronáuticas, el anuncio presidencial fue bien recibido por las autoridades locales, que esperan aumentar las frecuencias aéreas hacia varios de los destinos del Caribe y Norteamérica.

La ruta a Panamá despegará con tres vuelos semanales

Según se estableció, la conexión entre Montería y Ciudad de Panamá unirá el aeropuerto Los Garzones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina, pues los vuelos que van hacia el sur del continente cuentan con escala en esta importante terminal aérea.

Según la información divulgada por Satena, los vuelos saldrán de Montería a las 9:55 y llegarán a Panamá a las 10:59. Mientras que el vuelo de regreso despegará a las 11:50 y aterrizará en la capital cordobesa a las 12:49, en una operación estará a cargo de aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad total para 50 pasajeros.

En ese sentido, la compañía habilitó la venta de pasajes desde el mismo sábado 3 de octubre. La tarifa promocional anunciada es de USD 195 ($644.000) por trayecto para los primeros 50 cupos adquiridos a través de su sitio web; mientras que en los puntos de venta presenciales, el valor de lanzamiento será de USD 215 por tramo ($710.000).

La promoción estará disponible hasta el 10 de octubre o hasta que se agote el inventario destinado para esa campaña. Según la compañía aérea estatal, los tiquetes promocionales permitirán viajar entre el 26 de octubre y el 30 de diciembre de 2026; en una estrategia que busca ampliar los vínculos aéreos internacionales de Córdoba.

Gobierno también anunció gestiones por concretar la ruta entre Barranquilla y Nueva York

Durante la ceremonia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que el Gobierno prevé inaugurar en los próximos días otra conexión internacional directa desde la región Caribe: una ruta entre Barranquilla (Atlántico) y Nueva York (Estados Unidos), otro de los destinos norteamericanos predilectos.

“En pocos días estaremos inaugurando la conexión también directa entre Barranquilla y Nueva York. Y ahora, hoy, estamos dando este paso entre Montería y Panamá”, expresó Gómez Amín ante los presentes, en declaraciones en las que destacó cómo en solo 50 días el actual Gobierno logró la ruta entre Montería y Panamá.

“Solo en cincuenta días, solo en cincuenta días. Un milagro que solamente puede hacer Abelardo De La Espriella, nuestro presidente”, remarcó. Al respecto, la administración municipal presentó la ruta como una herramienta para aumentar la conectividad de la ciudad y facilitar los viajes de los residentes, empresarios y los visitantes.

“Hoy se abre la venta de nuestra primera ruta internacional comercial. Esto no es un vuelo. Es una conexión. Que el monteriano salga a conocer el mundo. Y, sobre todo, que el mundo venga a conocer Montería: el turista, el inversionista, el deportista, el académico”, expresó el alcalde Kerguelén sobre este hito para el departamento.

A raíz de las informaciones reveladas en la mañana del sábado 3 de octubre, en las que se indicaría que habría sido blanco de presuntas escuchas, seguimientos y búsquedas en bases de datos que habrían sido realizadas en su contra, el exfiscal general Francisco Barbosa anunció acciones legales para que se investiguen estas conductas delictivas.

Barbosa, en comunicación que allegó a Infobae Colombia y que compartió en sus redes sociales, confirmó que el lunes 5 de octubre acudirá ante el ente investigador frente a lo expuesto por Semana, publicación que, basada en el testimonio de una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), reveló aparentes interceptaciones adelantadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Barbosa afirmó que, de confirmarse los hechos, que se habrían registrado en el Gobierno de Gustavo Petro, se trataría de un ataque contra la independencia judicial. “Hablamos de usar el aparato de inteligencia del Estado para vigilar al fiscal General, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente”, sostuvo.

El exfuncionario aseguró que las presuntas acciones buscaban “intimidar y neutralizar a la justicia”. Y recordó que durante su gestión, la Fiscalía abrió investigaciones sobre Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, y Laura Sarabia, exfuncionaria: dos personas cercanas al Ejecutivo y que también fueron relacionadas en el citado artículo periodístico.

Exfiscal Barbosa pidió preservar registros de lo que serían las ‘chuzadas’ en su contra

Barbosa dijo que acudirá a la Fiscalía para denunciar a los que hayan ordenado, ejecutado, encubierto o recibido información derivada de las supuestas actividades ilegales, sin importar su jerarquía. También anticipó que recurrirá a las instancias competentes si las responsabilidades alcanzan a personas con fuero constitucional.

El exfiscal y exprecandidato presidencial confirmó que insistirá en que la investigación avance con rapidez. “Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales”, señaló Barbosa, que también pidió la preservación de otros elementos que puedan sustentar las verificaciones.

Según Barbosa, ninguna entidad administrativa o de inteligencia puede interceptar comunicaciones sin una orden judicial y citó el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia; con lo que expresó su preocupación por estas actividades que tendrían un origen ilegal.

A su vez, el exfiscal solicitará a la Uiaf y a la DNI que le entreguen las órdenes de trabajo, registros e información que existan sobre él. Además, reclamará que esos datos sean depurados y que se garantice la conservación de las pruebas. En su misiva, aprovechó para expresar su respaldo a la exvicefiscal general Martha Mancera.

Y es que, según la revelación del citado medio, Mancera también habría sido otra posible víctima de las prácticas denunciadas. “Las instituciones del Estado no pueden ser instrumento de persecución política. Quienes las usaron para ese fin deben responder ante la justicia”, afirmó Barbosa, que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.

Está por precisarse cuándo se habrían emitido las órdenes relacionadas con Barbosa, qué dependencia de la Uiaf las habría autorizado, qué bases de datos se consultaron ni si existió una orden judicial. Tampoco incluyó documentos que sustenten esos señalamientos ni respuestas de la Uiaf o de funcionarios del gobierno de Petro.

Las acusaciones sobre la Uiaf y otros organismos estatales que habrían adelantado interceptaciones ilegales

La versión recogida por Semana apunta a que la Uiaf habría impartido órdenes de trabajo para vigilar al entonces fiscal General. “A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa”, señaló una fuente que guardó su identidad.

Esa misma fuente afirmó que las verificaciones habrían alcanzado a Mancera, la segunda al mando en la Fiscalía General de la Nación. “A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, dijo la citada fuente al interior de la entidad, en relación con estas actividades ilegales contra los funcionarios judiciales.

Es preciso recordar que la Uiaf está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero opera bajo la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. De acuerdo con el relato citado, sus órdenes de trabajo y misiones especiales no tendrían control de legalidad ante un juez, lo cual se habría aprovechado para disponer de la capacidad para intervenir comunicaciones.

Las acusaciones incluyeron supuestos monitoreos contra exfuncionarios, expresidentes, militares retirados, dirigentes opositores y periodistas. Además de Barbosa y Mancera, tenían como objetivos la exprocuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba e incluso los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe.

Asimismo, también se destacaron nombres como el excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro; el exministro de Defensa (e), general Luis Fernando Navarro; el exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, las exsenadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y la periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila.

La auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia detectó fallas operativas, riesgos de filtración de información sensible, accesos no autorizados a datos y debilidades en los protocolos de seguridad digital. “La gestión tecnológica y de seguridad digital de la DNI requiere una transformación estructural total”, concluyó el análisis.

Del mismo modo, la auditoría también habría identificado cuestionamientos al uso de gastos reservados, entre ellos la compra de un sistema biométrico denominado ABIS que, según la denuncia, nunca funcionó. Además, se mencionó la adquisición de un dron por 9.000 millones de pesos que se accidentó en la zona del Catatumbo.

Si nada extraordinario ocurre, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, daría vía libre a la llegada de dos nuevos viceministros a su cartera, con los que buscaría reestructurar el equipo de trabajo con miras al cuatrienio en curso. Apenas 17 días de que tomara posesión en reemplazo de la exfiscal y exsenadora Viviane Morales, que renunció al cargo.

Según adelantó El Tiempo y pudo corroborar Infobae Colombia, Hoyos cesaría a Gledy María Foliaco, responsable de Educación Básica y Media, y a Camilo Noguera Pardo, titular de Educación Superior; y en sus lugares traería a Álvaro José Cifuentes Ramírez y Javier Nicolás González, que adelantan los trámites respectivos para llegar al cargo.

Los movimientos aún no fueron oficializados en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, pero las declaraciones de bienes y rentas de los posibles reemplazos ya se encuentran disponibles para consulta en el sitio web de Función Pública, uno de los requisitos iniciales para cualquier profesional que llegue al sector oficial.

En efecto, la publicación de esos documentos es relevante porque los altos funcionarios deben registrar allí su información patrimonial en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Lo que llamó la atención, justamente, fue que en la citada plataforma figuraron dos personas distintas de los actuales viceministros con esa denominación de cargo.

Es válido destacar que, durante sus primeros días al frente de la cartera, Hoyos habría solicitado las renuncias de ambos funcionarios. La dimisión de Foliaco ya habría sido aceptada, de acuerdo con fuentes del Ministerio consultadas por el citado diario; y se está a la espera de conocer qué sucederá con Noguera Pardo, el otro viceministro.

Él es Álvaro José Cifuentes, que sería el nuevo viceministro de Educación Básica y Media

Cifuentes asumiría el área de Educación Básica y Media y, de concretarse la designación, ocuparía el puesto que actualmente tiene Foliaco. Fue rector del Colegio Aspaen Alcázares, de Medellín, y preside el Instituto Latinoamericano de Liderazgo, además de escribir el libro Derecho Educativo. Disciplina jurídica y garantía de la Libertad para Educar.

Aspaen, cabe destacar, administra colegios privados en distintas regiones del país y fundó la Universidad de La Sabana en 1979. La organización, fundada en 1964 por padres de familia e inspirada en la formación de inspiración cristiana, con las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, está vinculada a la historia de esa institución.

Javier Nicolás González, el candidato para el viceministerio de Educación Superior

Por su parte, el otro registro corresponde a Javier Nicolás González Camargo, que aparecería como reemplazo de Noguera en el Viceministerio de Educación Superior. González trabaja actualmente como asesor de esa dependencia, cargo al que llegó hace menos de un mes y por decisión de la ministra Hoyos sería el designado para tal labor.

Antes de su llegada al Ministerio de Educación, González fue investigador y docente de la Universidad Sergio Arboleda, donde se graduó en Filosofía y Humanidades. Los documentos cargados no equivalen todavía a un nombramiento formal, aunque fuentes internas señalaron que las designaciones se concretarían en los próximos días.

Esta es la trayectoria de la ministra de Educación

Y en lo que respecta a la ministra Hoyos, es abogada, académica y exfuncionaria pública, con una trayectoria vinculada a posturas conservadoras. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana y también ejerció la docencia en las universidades de los Andes, Externado y Santo Tomás.

A su vez, entre 2009 y 2016 fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, durante la administración de Alejandro Ordóñez. Su trayectoria jurídica se ha enfocado en derechos humanos, bioética, libertad religiosa y familia; aunque se identifica con posturas conservadoras y provida.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, posesionó a Tania Gilinski Bacal, hermana del empresario vallecaucano Jaime Gilinski Bacal, como embajadora de Colombia ante Israel. La designación formaliza el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países, que estuvieron interrumpidos durante dos años.

El nombramiento de Gilinski se dio en medio de una etapa de “renovado impulso de la relación bilateral”, después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella resolvió restablecer y fortalecer sus relaciones con Israel para profundizar los vínculos entre los dos países. Así puso fin a la ruptura desde mayo de 2024, ordenada por Gustavo Petro.

La decisión responde a una directriz que De la había planteado durante su campaña. El Ejecutivo también anunció el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, una medida cuestionada por sectores que le atribuyeron motivaciones religiosas por encima de eventuales beneficios para los colombianos en la región.

Seguridad e inteligencia, ejes de la nueva misión en Israel

El acercamiento entre ambas naciones incluyó la abstención de Colombia ante la declaración del caso Palestina como genocidio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La delegación colombiana también estuvo entre las pocas que acompañaron el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

A esto se suma la presencia de la embajadora Vivian Aisen, designada por el país asiático, y la presencia en el país de representantes israelíes, que viajaron a Colombia para abordar políticas contra el antisemitismo: una causa defendida por Bula y por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y que responde a una vieja relación diplomática, desde 1957.

Gilinski tendrá como prioridad profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, la lucha contra el crimen transnacional, la ciberseguridad y el intercambio de información. La agenda que adelantará la diplomática también contempla oportunidades de trabajo conjunto en sectores como agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores definió esa misión como parte de una etapa “orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales”. La representación diplomática, por instrucciones del jefe de Estado, buscará consolidar los canales de trabajo entre Bogotá e Israel, país al que considera un aliado estratégico.

Una trayectoria de tres décadas entre medios, consumo y tecnología

La nueva embajadora cuenta con tres décadas de experiencia en medios de comunicación, marcas de consumo y tecnología en América Latina y Estados Unidos. Tania Gilinski inició su carrera periodística como gerente de Publishing Group, en Caracas (Venezuela), donde lanzó y editó las publicaciones Trade y Gerente.

Durante esa etapa negoció una edición en español con los equipos editoriales de Business Week y The Economist. Antes de su designación diplomática, la nueva embajadora trabajó en Apple y Procter & Gamble. De esta manera, la mujer se labró un camino exitoso, al igual que su hermano, en una familia de ascendencia judía.

De hecho, en su trayectoria profesional, Gilinski asesoró a grupos de bienes de consumo y del sector hotelero en estrategias de marca, entrada a mercados y abastecimiento regional en América Latina. Además, fundó Iguana Productions Group, una franquicia multinacional de entretenimiento infantil con presencia en 14 países.

La embajadora de Colombia ante el estado de Israel también obtuvo una maestría en Estudios de Política Internacional en Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político, y se graduó en Historia y Francés en Wellesley College. Habla español, inglés y francés, y tiene conocimientos conversacionales de hebreo.

Un aspecto no menor es que Tania es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, que fue embajador de Colombia en Israel entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos; un precedente que marcará su gestión en el cargo y con el que, a nivel personal, fortalecerá los lazos con un país que ha marcado la historia de su círculo familiar.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó en la mañana del sábado 3 de octubre al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declare insubsistente el nombramiento de Germán Andrés Miranda Montenegro como director nacional de Bomberos. Lo anterior, tras conocer información que, según afirmó, requiere el esclarecimiento de las autoridades competentes sobre su accionar.

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”, expresó De la Espriella, que precisó su deseo de que el funcionario salga del cargo de manera inmediata, frente a lo que llegó a su despacho y que causó esta decisión.

Según reveló El Tiempo, De la Espriella supo de una serie de audios en los que se escucha a Miranda, al parecer, interviniendo en un proceso de la Fiscalía que involucra al comandante de Bomberos de Envigado, capitán Bernardo Morales. Y en los que habría solicitado recursos a cambio de gestionar actuaciones ante el organismo investigador; además de los comentarios despectivos sobre los bomberos.

“Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, agregó De la Espriella, en relación con las informaciones sobre procesos de responsabilidad fiscal en curso contra Miranda y que, a juicio del primer mandatario, lo harían inviable para ocupar esta designación, pese a ser nombrado recientemente.

De la Espriella dijo que no habrá contemplaciones ante sospechas de irregularidades

En su pronunciamiento, el jefe de Estado relacionó la decisión con una política de control sobre los funcionarios de su administración. “En mi Gobierno no habrá contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de nuestras instituciones”, sostuvo De la Espriella en su pronunciamiento.

Luego de la instrucción dada a Lara, la respuesta del titular de la cartera política no tardó en llegar. “Declarado insubsistente en el acto”, respondió el ministro frente a lo expresado por De la Espriella. Y es que según el presidente en su mensaje, “la simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno”.

Lara agregó que la determinación se tomó ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía. “Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean esclarecidos”, remarcó el ministro en su ampliación.

Con ello, De la Espriela indicó que buscará promover actuaciones judiciales cuando existan hechos que puedan comprometer la conducta de integrantes de su administración. “Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor”, señaló el primer mandatario, que expresó en su perfil su intención de blindar su equipo.

“El que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar”. , destacó el presidente, que incluso fue más allá. “Conmigo aprenden transparencia a las buenas o a las malas”, remarcó De la Espriella, en una determinación en la que, por el momento, no se conoce el pronunciamiento del implicado, que el 7 de septiembre se había posesionado ante Rodrigo Lara.

Miranda afronta un proceso fiscal por un presunto detrimento de $ 115 millones

Los cuestionamientos contra Germán Andrés Miranda también incluyen un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial estimado inicialmente en $ 115 millones. El caso estaría relacionado con un contrato de la época de Edured, entidad en la que Miranda tuvo responsabilidades entre 2013 y 2020.

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, el proceso busca establecer si existió un daño al patrimonio público y si el actual director nacional de Bomberos tuvo responsabilidad en los hechos investigados; aunque como cabe aclarar en estos casos, la apertura o vinculación a un proceso fiscal no equivale a una declaración de responsabilidad sobre el funcionario.

A esto se suma que antes de la posesión de Miranda, surgieron cuestionamientos desde sectores administrativos sobre el cumplimiento de la experiencia y los rangos requeridos en el manual de funciones y en la normativa bomberil. Las dudas se concentraron en si en su hoja de vida Germán Miranda acreditaba de forma plena las condiciones exigidas para dirigir la entidad.

La propuesta, radicada el 18 de agosto ante el legislativo, exime a las micro y pequeñas empresas del cobro por inspección técnica de bomberos y prohíbe que la digitalización de servicios estatales derive en nuevas tarifas o recargos por modernización tecnológica. También plantea consultas inmobiliarias en línea sin costo para propietarios y bancos.

La iniciativa es liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín y busca crear el Expediente Único Empresarial Digital: un mecanismo que concentraría información de registros como el Registro Único Empresarial y Social (Rues), el Registro Único Tributario (RUT) y el Registro Único de Proponentes (RUP).

Además, busca asociar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para impedir que las entidades públicas soliciten requisitos que ya fueron cumplidos. El objetivo es que los datos circulen entre dependencias estatales sin trasladar esa carga al empresario, en lo que sería una revolución del sistema en materia de trámites.

Un expediente digital y trámites con plazos definidos

La medida contempla un requerimiento integral al comienzo de cada trámite, en lugar de pedidos sucesivos de información durante meses. Por ello, para los que usen la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la regla buscaría evitar que se exijan nuevamente documentos entregados dentro de la misma operación, como venía sucediendo.

Los certificados urbanísticos tendrían un plazo máximo de 15 días hábiles y carácter vinculante, mientras que los permisos de espacio público y arbolado se tramitarían conjuntamente, en vez de requerir gestiones separadas ante distintas ventanillas; otra de las simplificaciones que se someterán a consideración del legislativo para aprobación.

De la misma forma, el proyecto prevé que los folios de matrícula inmobiliaria sean digitales y que las actuaciones notariales puedan efectuarse de manera remota. La gratuidad de las consultas inmobiliarias se sumaría a esos cambios en los servicios vinculados con bienes raíces, según explicó Soto en su intervención.

En su explicación, el vocero Soto sostuvo que la propuesta busca terminar con un sistema en el que abrir un negocio, importar un contenedor o construir una obra implica atravesar sucesivas exigencias administrativas. “Menos vueltas, menos papeles, más empresa”, resumió el funcionario, al destacar las bondades de la iniciativa.

El silencio administrativo como aprobación del trámite

Este proyecto de ley también propone aplicar de forma efectiva el silencio administrativo positivo: cuando una entidad no responda dentro del plazo que la ley le impone, la solicitud se entendería en consecuencia aprobada. Esa regla apunta a evitar que la falta de actuación de un funcionario paralice inversiones, obras o actividades comerciales.

Sobre este asunto, Soto definió el propósito de la reforma con la creación de más oportunidades para los generadores de empleo. La propuesta, ahora en manos del Congreso, está orientada especialmente a pequeñas y medianas empresas, que suelen carecer de equipos jurídicos para enfrentar procesos administrativos extensos.

Cabe destacar que serán al menos cuatro los debates que deberán ser surtidos para que se convierta en ley. Si ambas corporaciones, Senado y Cámara de Representantes, aprueban versiones distintas, se integrará una comisión accidental de conciliación para unificar el texto antes de su envío a sanción presidencial y posterior promulgación.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, el mandatario planteó que los empresarios debían dejar de ser vistos como “enemigos de la patria” y pasar a ser aliados del Estado y se comprometió a reducir las trabas regulatorias para la creación de empresas en Colombia, por lo que este es un proyecto prioritario.

La exsenadora María Fernanda Cabal formalizaría el sábado 3 de octubre su eventual ingreso al Partido Republicano, antiguo Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue la herencia política que dejó el fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

Según información recopilada por Semana, la decisión de la exparlamentaria de sumarse a la colectividad de Hernández buscaría impulsarla como una plataforma de derecha para las elecciones regionales de 2027. Junto a la vallecaucana se sumaría el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, que saldría de Alianza Verde.

El cambio de identidad del partido ya fue autorizado el 18 de agosto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó la solicitud presentada por Camilo Larios, entonces director de la Liga. La resolución 3894, firmada por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Álvaro Echeverry, habilitó el nuevo nombre.

Con este nuevo giro político, Cabal será presentada en un evento en el centro comercial donde se encuentran las oficinas del Partido Republicano, desde las que Rodolfo Hernández trabajó durante sus últimos años. Allí, la exprecandidata presidencial, según el medio, anunciará que se convertirá en la primera militante de la organización.

Cabe destacar que la exsenadora había solicitado el 4 de agosto separarse del Centro Democrático, partido al que pertenecía desde su fundación, a través de una escisión: con el fin de crear su propia fuerza política. No obstante, las directivas no respondieron su pedido y, tras una espera de casi dos meses, optó por dar un paso al costado.

“Busqué una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, pero la respuesta, hasta hoy, no la he recibido”, afirmó Cabal, que reiteró en la determinación que hizo pública el jueves 1 de octubre, con su deseo de “seguir” en su camino político.

El paso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción al Partido Republicano

La agrupación surgió en 2022, después de que Hernández perdió las presidenciales frente a Gustavo Petro. Ahora pasó de una posición de centroderecha a una orientación definida por sus impulsores como derecha, enfocado en Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, Giorgia Meloni, Keiko Fujimori y Santiago Abascal.

En la solicitud ante el CNE, la colectividad reiteró que la nueva denominación debía representar valores como la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia y un Estado austero y eficiente. En consecuencia, el círculo multicolor que identificaba a la Liga fue reemplazado por un águila dorada sobre fondo azul oscuro.

Con esta nueva imagen identitaria, el partido atribuye al ave los conceptos de renovación, fuerza, visión y libertad. Esa última palabra ha sido repetida por Cabal en las últimas semanas, cuando aseguró que no tiene jefe y que puede expresar las opiniones que considere convenientes; lo que sería un guiño a la nueva colectividad.

Es válido recordar que la dirigencia de este partido fue la primera en informar al Consejo Nacional Electoral su declaratoria como partido de gobierno de Abelardo De la Espriella. Según el citado medio, con su llegada a esta vertiente Cabal tendrá entre sus atribuciones la entrega de avales para candidaturas en los comicios locales de 2027.

La llegada de la dirigente caleña al partido Republicano ocurre en medio de crecientes tensiones entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional, que son dos de los colectivos aliados al presidente De la Espriella el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez; pese al respaldo de este último a la gestión del primer mandatario.

Jota Pe Hernández, a la espera de su salida de Alianza Verde

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández, que obtuvo más de 160.000 votos en las elecciones del 8 de marzo y fue uno de los legisladores más votados de los comicios, permanece en Alianza Verde. Sin embargo, según contó Semana, en Santander, su departamento de origen, ven probable que se incorpore después al Partido Republicano.

Por ahora, Hernández no puede pasar directamente a la nueva fuerza porque incurriría en doble militancia. Las directivas de Alianza Verde aprobaron un procedimiento de expulsión pedido por el propio influenciador, luego de negarle también una solicitud de escisión; en una determinación que causó molestia en el congresista.

Esto, en contraste, con lo que determinó la organización, que sí autorizó la escisión de la congresista Catherine Juvinao, cercana a la exalcaldesa Claudia López, justo antes de la segunda vuelta presidencial. “Soy el que tengo que hacerme a un lado porque mis principios y mis banderas son contrarios a los de la Alianza Verde”, dijo Hernández.

Cabe precisar que Cabal y Hernández, descritos como los dirigentes más votados de sus respectivas fuerzas, han consolidado una relación política alrededor de esta nueva plataforma. El congresista invitó recientemente a Cabal a su programa digital, lo que alimentaría los rumores de una alianza de ambos de cara a lo que se avecina.

A diferencia de su esposa, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se sumó a su antiguo partido: Salvación Nacional, luego de también dar un paso al costado del Centro Democrático. Este grupo, dirigido por el senador Enrique Gómez Martínez, recibió al dirigente, que se apartó tras manifestar diferencias con el expresidente Uribe.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció el 12 de agosto de 2026, dos días después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que dejó 335 víctimas mortales, la creación del Fondo Milagro para concentrar las donaciones y recursos destinados a la reconstrucción. No obstante, el mecanismo definido por el Ejecutivo aún no ha entrado en operación.

La iniciativa, presentada junto a la primera dama Ana Lucía Pineda, debía financiar la recuperación de hospitales, escuelas, inmuebles, vías y aeropuertos, teniendo en cuenta que el movimiento telúrico afectó a casi la mitad de municipios del territorio nacional y generó graves afectaciones en la infraestructura pública. Pese a ello, se conoció el limbo que existiría con el mencionado fondo.

En efecto, pese a que el terremoto afectó a más de 466.000 personas en 497 municipios del país y se reportaron hay 36.327 viviendas destruidas, 201.939 averiadas y 759 edificios colapsados, el Gobierno no ha completado los trámites para que el fondo pueda recibir y ejecutar recursos, según una investigación revelada por Cambio. En la práctica: el fondo aún no tiene vida jurídica.

El Fondo Milagro fue creado formalmente el 9 de septiembre mediante el Decreto 1379 de 2026. La norma dispuso la constitución de un patrimonio autónomo e inembargable, administrado mediante un contrato de fiducia mercantil a cargo del Ministerio de Hacienda, y la intención era reunir recursos de diferentes frentes para la emergencia, que no se registraba en Colombia desde hace 27 años.

Entre ellos, partidas del Presupuesto General de la Nación, al igual que cooperación internacional y créditos públicos. El esquema también establecía que los fondos estatales permanecieran en la Cuenta Única Nacional y fueran sometidos a una auditoría internacional independiente; pero han pasado 52 días desde el anuncio, hecho en el Palacio de San Carlos, sin que existan novedades.

La fiducia pendiente y los recursos sin transferir

El contrato de fiducia mercantil que permitiría constituir el patrimonio autónomo todavía no ha sido firmado por el Ministerio de Hacienda. Sin esa formalización, tampoco pueden avanzar la designación del gerente ni la instalación del consejo directivo, lo que ha dificultado la puesta en marcha de un fondo que buscaba replicar lo hecho en Armenia el 25 de enero de 1999.

La cartera informó el 30 de septiembre que el manual de contratación y administración seguía en definición y que ni siquiera existía un borrador. Por ello, a seis semanas del terremoto, continuaban los procedimientos administrativos, presupuestales, jurídicos y contractuales para activar el mecanismo y de esta manera empezar a distribuir los rubros a las regiones más afectadas.

Cabe destacar que el Gobierno incorporó el 17 de septiembre 624.656 millones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender la emergencia. El dinero, según documentó Cambio, procede de un crédito contingente de USD200 millones con el Banco Mundial, contratado por Colombia en 2025 para disponer de recursos ante una catástrofe.

Y aunque De la Espriella había planteado que esos recursos serían transferidos y ejecutados por medio del Fondo Milagro, el Ministerio de Hacienda indicó que no se había trasladado ningún peso al patrimonio autónomo, por lo que el dinero continuaba bajo administración de la cartera. En síntesis, uno de los primeros interrogantes está relacionado con el destino de esos recursos.

La creación del fondo buscaba sortear las restricciones que enfrentaban el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Adaptación para responder a la emergencia con sus procedimientos de contratación. Y fue incluido en un programa de empleo para los damnificados que prevé beneficios para las empresas que vinculen trabajadores afectados a las obras de recuperación.

Un consejo directivo sin integrantes ni gerente formalizado

El decreto prevé un consejo directivo compuesto por cinco representantes del presidente, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, uno del Ministerio de Hacienda y otro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La composición deja el control principal de las decisiones en manos de la Presidencia de la República.

La Ungrd, encargada de buena parte de la respuesta institucional ante desastres como el sismo con epicentro en Chocó, contará con un representante que podrá intervenir en las discusiones, aunque sin derecho a voto; otro de los aspectos que causó controversia en el espectro político, pues es la entidad encargada de coordinar las ayudas y ejecutar los recursos provenientes del fondo.

El presidente había anunciado al empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro. No obstante, Hacienda sostuvo que los miembros del consejo y el responsable de la gerencia solo podrán ser designados y ejercer sus funciones después de la constitución del patrimonio autónomo, otro de los aspectos por los que su funcionamiento se encuentra paralizado.

Las respuestas oficiales sobre el estado del fondo han mostrado diferencias entre entidades. Según el citado medio, la Ungrd respondió el 11 de septiembre a un derecho de petición de la representante de Alianza Verde Catherine Juvinao que Jaime Andrés Uribe Tamayo había sido designado gerente el 21 de agosto y ya estaba a cargo de esa función, pero no entregó mayores detalles.

Tres días después, el despacho del mandatario Abelardo de la Espriella respondió que la información operativa no reposaba en los archivos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Entre los datos que dijo no tener figuraban el nombre de la fiduciaria, el método para elegirla, el valor de su comisión y las actas del consejo directivo.

A su vez, la respuesta posterior de Hacienda planteó que el contrato de fiducia aún no existía y que, por esa razón, tampoco podía avanzar la contratación del gerente ni el funcionamiento del órgano de dirección. El Ministerio tampoco fijó una fecha para que el Fondo Milagro entre en operación, en un tema que ha causado indignación nacional por la urgencia de la tragedia.

Cuervo de Jaramillo, que fue ministra de Cultura entre 2006 y 2007 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, expresó en diálogo con Caracol Radio que la institución no debe asumir juicios morales sobre vidas u obras literarias; en relación con las declaraciones de Vélez, que generaron un fuerte revuelo en el espectro literario nacional.

La discusión surgió por los videos publicados en las cuentas institucionales, en las que su director se refirió sobre los escritores Gonzalo Arango y Andrés Caicedo. En uno de ellos, Vélez abordó los 50 años de la muerte del fundador del nadaísmo y presentó su acercamiento final a la fe católica después de haberse alejado de la izquierda.

“Para eso no está el Instituto Caro y Cuervo. Se ha debido entonces pronunciar hace cien años sobre la decisión de Emilio Cuervo Márquez. Eso no les corresponde”, afirmó la también exembajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el activismo anti-darwinista del escritor y político a finales del siglo XIX.

Para la exministra, que se refería en ese apartado a su abuelo, Cuervo Márquez, el instituto debe permanecer al margen de ese tipo de controversias. Así mencionó los casos de los escritores José Asunción Silva y Andrés Caicedo al hablar de la sensibilidad de algunos autores; siendo Caicedo otro de los autores de los que habló Vélez.

La defensa del lenguaje como función institucional

El Instituto Caro y Cuervo tiene más de 80 años de historia y una misión centrada en salvaguardar el patrimonio lingüístico de Colombia. Su nombre rinde homenaje a Rufino José Cuervo: filólogo y lexicógrafo colombiano cuya obra estuvo ligada al estudio de la lengua castellana, al igual que al lingüista Miguel Antonio Caro Tobar.

La exministra señaló que el papel de la entidad debe orientarse a los modos de expresión actuales y a un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. “Yo creo que el ICC debe estar dedicado a la defensa del lenguaje. Hoy en día, pues, como usted lo ha oído muy bien, los jóvenes están utilizando un lenguaje absolutamente soez y vulgar”, dijo.

Y agregó que ese fenómeno debe ser abordado desde la educación y no mediante comentarios sobre asuntos que, a su juicio, no corresponden a la misión lingüística del organismo. “Lo que nos corresponde es velar sobre el lenguaje, no opinar sobre hechos alrededor, ajenos a él”, señaló durante la referida entrevista radial.

Cuestionamientos por los videos del director del Instituto Caro y Cuervo sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo

Las críticas al director no se limitaron a la posición de Cuervo de Jaramillo. El video sobre Andrés Caicedo fue difundido la noche en que el escritor caleño habría cumplido 75 años (29 de septiembre) y en el mismo Vélez presentó su muerte como una advertencia moral vinculada con su rebeldía, su rechazo a las normas y a la institucionalidad.

En este caso, la escritora Margarita Posada rechazó que el suicidio se presente como una decisión asociada con la falta de obediencia a las normas. “Yo no lo romantizo, pero tampoco hablo del síntoma más grave de cualquier trastorno mental, como lo es el suicidio, como si fuera una escogencia de una persona”, afirmó a Caracol Radio.

Posada también objetó que Vélez usara las redes oficiales de una entidad pública para expresar opiniones personales, pues dijo que el Instituto Caro y Cuervo tiene la responsabilidad de preservar el patrimonio lingüístico y literario del país, al margen de disputas y remarcó que “no es una cuestión de bandos políticos”.

Y es que como era de esperarse, al abordar la existencia de un autor de culto en la generación joven, el contenido generó reacciones en Instagram y aparecieron comentarios sobre si las redes sociales del ICC se habían convertido en “el TikTok personal de este señor”, en lo concerniente a la forma en que se estaría expresando un concepto personal.

El artista y docente de la Universidad de los Andes Lucas Ospina cuestionó que una lectura personal se difundiera desde una cuenta oficial. “La libertad de expresión se puede usar con un derecho pleno. Pero usar la cuenta oficial del Instituto Caro y Cuervo para hacer eso me parece un uso errado de las comunicaciones”, dijo a El Espectador.

Por su parte, Catalina Valencia, coordinadora de la línea cultural de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, afirmó que los centros de investigación deben plantear preguntas y propiciar conversaciones sobre el país; y advirtió que el uso de los canales institucionales puede convertir al instituto en una oficina de comunicaciones del Gobierno.

Entretanto, la exdirectora del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, sostuvo en Caracol Radio que Vélez puede tener una postura crítica sobre Caicedo, pero diferenció esa opinión de la voz de una institución pública. “El problema es que esa lectura se difundió desde los canales oficiales de una institución dedicada a la investigación”, afirmó.

Estudiantes y exdirectivos reclaman diálogo sobre la gestión

La discusión también alcanzó a la comunidad académica. Daniella Sánchez Russo, exdirectora del Instituto Caro y Cuervo, cuestionó según recogió El Colombiano que semanas después de la posesión de Vélez no hubiera información sobre las líneas de investigación, el doctorado presentado ante el Ministerio de Educación.

“Está creando el nuevo director mucho ruido dentro de las redes institucionales, no toca el centro más importante, que es su gestión”, manifestó Sánchez Russo, que pidió explicaciones a Vélez del proyecto de documentación de lenguas iniciado en 2025, el Museo de Yerbabuena y libros pendientes de publicación; asuntos de su resorte.

Sergio Vélez, de 42 años, es comunicador social de la Universidad de Antioquia, cursó posgrados en Canadá, publicó seis libros y recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2010. En 2019 fue designado agregado cultural de Colombia en Suiza por Iván Duque, y la ministra de Culturas, Paola Holguín, lo nombró al frente del instituto.

Frente al rol del director del instituto, Lucía Vanegas, representante estudiantil del Caro y Cuervo, dijo a Cambio que la comunidad no ha tenido un diálogo directo con la nueva dirección para conocer su proyecto y sus prioridades. Los estudiantes sí se reunieron con la decanatura y la subdirección para definir planes de acción.

“Necesitamos que esa pluralidad se refleje también en las comunicaciones institucionales”, acotó Vanegas, reclamó en consecuencia que se refleje esa diversidad de perspectivas que existen dentro de la institución. Y pidió que los canales oficiales no privilegien una visión por encima de otras y que abran espacio al debate académico.

Con una nueva publicación en sus redes, el expresidente Gustavo Petro volvió a cuestionar en la mañana del viernes 2 de octubre el proyecto de decreto con el que el mandatario Abelardo de la Espriella modifica las reglas para las movilizaciones en Colombia y sostuvo que el derecho a protestar corresponde a las multitudes, no a individuos aislados.

La propuesta que dio a conocer Rodrigo Lara, ministro del Interior, mantiene la mediación como vía preferente, pero habilita intervenciones focalizadas ante delitos, violencia o ataques durante las jornadas. El borrador presentado ante el Ejecutivo consta de 24 artículos y modifica, en consecuencia, las disposiciones del Decreto 003 de 2021.

Entre los artículos que fueron presentados a la opinión pública, se regula la reacción, el uso y la verificación de la fuerza legítima del Estado, además de la protección de la protesta pacífica ciudadana. La iniciativa busca conciliar las garantías de los que se movilizan con los derechos de la población que no participa.

Petro defendió la protesta social como expresión del poder constituyente

Frente a esta iniciativa, el exmandatario rechazó la idea de limitar las manifestaciones cuando afectan intereses económicos o generan impactos sobre terceros. “¿Qué derecho hay a impedir una protesta porque es contra los grandes acaudalados en el país imponiendo medidas injustas a quienes protestan y a quienes no protestan?”, expresó.

Para Petro, el tema es claro. “El derecho a protestar no es un derecho neoliberal y recortado como si se tratara de simples individuos. No, el derecho a protestar es de las multitudes, del pueblo mandante y constituyente primario. Hablamos de millones de personas en la protesta y no de cientos”, señaló el ex primer mandatario en su post.

El pronunciamiento del líder del Pacto Histórico incluyó referencias a los camioneros, sus condiciones laborales y los pequeños transportistas. De hecho, planteó que una movilización debe abordar “el derecho del chofer de la tractomula a sus ocho horas de trabajo diario”, así como sus prestaciones, seguros de enfermedad y riesgo, y su pensión.

También sostuvo que las protestas no pueden entenderse como hechos aislados. “Por eso una protesta no es una protesta más, es el proceso mediante el cual el pueblo se vuelve mandante y constituyente”, expresó el líder opositor, que habló de pequeños camioneros “en extinción” y de grandes empresas que impiden la expansión del ferrocarril.

Según su concepto, un pueblo movilizado como poder constituyente es clave. Y agregó que ninguna institución constituida está por encima de ese poder y, en un tema que ya se volvió recurrente en sus publicaciones, aludió a un supuesto fraude electoral en la elección pasada, en la que resultó ganador De la Espriella sobre el senador Iván Cepeda.

“El fraude electoral en la pasada elección para presidencia, congreso y autoridades locales, cuya probabilidad estadística demostrada por peritos doctos en la materia es del 95%, necesita solo que la justicia coteje los formularios E-14 con los votos reales en las bolsas por mesa y las identidades de jurados y electores”, denunció Petro.

Intervención policial ante violencia y bloqueo de ambulancias

El proyecto publicado por el Ministerio del Interior establece que el diálogo y la mediación seguirán siendo el recurso prioritario frente a una manifestación. Sin embargo, esos mecanismos no impedirán ni retrasarán una actuación inmediata de la Policía Nacional contra quienes cometan delitos o actos violentos.

La fuerza pública podrá actuar contra agresores si, desde el inicio de una concentración, se detecta uso o porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. La misma regla incluye la retención de personas, ataques a infraestructura, agresiones a civiles, personal médico, periodistas o servidores públicos.

Los gestores de convivencia deberán mantener los canales de comunicación con el resto de los asistentes mientras se producen intervenciones contra personas determinadas. El texto publicado para comentarios también prevé que las conversaciones puedan retomarse después de que cesen las acciones violentas y existan garantías.

Otro de los apartes clave del articulado es que el Puesto de Mando Unificado (PMU) deberá verificar y dejar constancia en acta de las causales para declarar agotada la mediación. Entre ellas figura la obstrucción de servicios de salud o el bloqueo del tránsito de ambulancias, en propuesta derivada de hechos registrados en el estallido social.

El borrador aclara que los trancones, el ruido y otras incomodidades propias de una movilización no modifican por sí mismos su carácter pacífico. Para disolver una marcha por el bloqueo de vías deberá existir una perturbación grave e inminente, además de la inexistencia de una alternativa menos lesiva para disuadir a los manifestantes.

La norma contempla cinco niveles de intervención, desde la facilitación preventiva de los gestores de convivencia hasta el restablecimiento del orden por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) o de la fuerza policial territorial disponible; y se prohíbe el uso de armas de fuego por los uniformados.

El mensaje publicado en la red social X por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que expresó su “respeto” por la trayectoria de la exsenadora María Fernanda Cabal, fue bien recibido por la política vallecaucana: que respondió a la publicación con palabras de elogio hacia el exmandatario, aunque insistió en sus críticas al Centro Democrático.

Cabal, en entrevista con Caracol Radio, reaccionó en la mañana del viernes 2 de octubre a la publicación del exmandatario, más allá de que sostuvo sus reparos en cuanto al rumbo ideológico de la colectividad. “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, expresó el exjefe de Estado, lo que generó una reacción positiva en la vallecaucana.

“Sus palabras me son gratas. Las diferencias ya fueron discutidas al aire muchas veces”, sostuvo la exsenadora, con lo que pretendió limar asperezas con el exmandatario, ya tomada la determinación de renunciar a la colectividad. Así pues, reconoció que recibió de manera favorable el pronunciamiento del expresidente de la República.

Y es que según Cabal, su ruptura con el partido no estuvo marcada por una confrontación personal con su fundador, sino por desacuerdos que, según ella, no hallaron espacio dentro de la organización. “Lo que no se permitió en el debate interno, no se dio en el debate interno, generó tensiones en lo público”, afirmó la excongresista.

Para Cabal, que había pedido una escisión del Centro Democrático para desarrollar un movimiento propio, pero que nunca obtuvo una respuesta formal, fue justamente “ese silencio y esa ausencia de acuse de recibo también es una forma de comunicar que siento que no fue la correcta”. Con ello, lamentó la forma en que se dio su desvinculación.

En cuanto al exmandatario, insistió que las discrepancias ya fueron suficientemente debatidas y por ello buscó enfocarse en desarrollar una nueva etapa política con su sello, de cara a las elecciones regionales y al escenario presidencial de 2030: en el que adelantó que espera ser candidata al primer cargo de la nación, sin tener como ha dicho “jefes”.

Más adelante, en sus interacciones en su cuenta de X, Cabal replicó el mensaje del exmandatario y le dedicó un sentido mensaje. “Gracias, Presidente. Todo mi respeto. Seguiré defendiendo las convicciones que nos unieron. El camino sigue”, destacó la exsenadora del Centro Democrático, que habría empezado a limar sus asperezas con el líder.

Cabal cuestionó el giro político del Centro Democrático

En su declaración, la exsenadora vinculó su salida a una disputa sobre la identidad electoral y doctrinal del Centro Democrático. Recordó que participó en la creación de la colectividad y en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, durante una trayectoria en la que, según señaló, defendió las mismas ideas durante 15 años.

“Estoy inmensamente feliz de no tener jefes, de crear mi propio destino, sembrando desde las ideas que vengo defendiendo hace 15 años”, declaró la política al citado medio, en el que reiteró que se marchó de la representación “sin rencillas, sin enemistades” y con gratitud hacia los que fueron sus compañeros de partido durante casi 13 años.

En sus críticas, se dirigió a lo que consideró un desplazamiento de la colectividad hacia el centro político, una orientación que juzgó distante de sus bases. A su juicio, Uribe Vélez gobernó con políticas de derecha, pese a que también adoptó medidas de carácter asistencial y con mayor peso estatal; por lo que no entiende este viraje.

Para la excongresista, la distancia entre su postura, que es si se quiere radical, y la de sectores del partido, más de centro, corresponde una “confusión ideológica” y a prejuicios sobre la derecha. Con ello, sostuvo que esa corriente debe asociarse con la defensa de la institucionalidad, el liberalismo clásico y los cimientos de la República.

El proyecto de María Fernanda Cabal con miras al 2030

Así afirmó que su decisión no implica cerrar la puerta a acuerdos con otros sectores políticos. Cabal busca impulsar candidaturas en las regionales, conceder avales y participar en el “ajedrez presidencial” de 2030, luego de dos intentos fallidos de ser la candidata del Centro Democrático, tras perder ante Óscar Iván Zuluaga y Paloma Valencia.

Al explicar su postura frente a eventuales pactos con el Centro Democrático, Salvación Nacional, Creemos o Defensores de la Patria, evitó anticipar exclusiones. “Yo no voy a cerrarme jamás a hacer alianzas mientras el candidato sea bueno”, puntualizó Cabal, que agregó cómo Colombia pasó de tener 36 partidos políticos a solo 20.

Una fragmentación que, en su opinión, obliga a construir coaliciones para competir en los comicios. También dijo que las alianzas futuras podrían ser “curiosas” ante la dispersión de las fuerzas políticas y destacó que el nuevo movimiento deberá evaluar aspirantes uno por uno y confirmó que varias personas ya se han acercado con interés electoral.

“Cuando uno no cabe, uno se tiene que ir, pero no azotando la puerta”, resumió Cabal sobre su partida del Centro Democrático, al punto de expresar su preocupación por Cali y el Valle del Cauca, regiones sobre las que afirmó que requieren liderazgos frente a la criminalidad; en síntesis, mano dura para evitar que el crimen se expanda.

La situación, según expuso el vocero presidencial Miller Soto, comprometería el pago de energía y alquileres de estaciones repetidoras, con riesgo de que se registren en consecuencia interrupciones en la señal abierta de radio y televisión en distintas regiones del territorio nacional. Una situación de la que no se conocían mayores detalles.

Los ingresos proyectados ascendían a $ 460.654 millones, pero Rtvc había recaudado $ 312.263 millones al cierre de agosto. Pese al desfase, se comprometieron $ 356.566 millones; es decir, unos $ 44.300 millones por encima de los recursos efectivamente recibidos, lo que generó un desfase que agravó, aún más, la realidad financiera.

En su pronunciamiento, Soto atribuyó el desbalance a la administración anterior. “Petro y Hollman Morris dejaron la radio pública en la ruina. Conciertos firmados con plata que no había y las antenas a merced del corte de luz”, denunció el vocero presidencial, que expuso el alcance de la crisis que afrontaría Rtvc con miras al cuatrienio en curso.

Así, con la mención al expresidente de la República y al exgerente del sistema, el vocero indicó que se priorizaron actividades sin recursos ya recaudados, mientras quedaron sin financiación suficiente obligaciones operativas como los arrendamientos de las estaciones, en las que operan algunas de las frecuencias de Radio Nacional y Radiónica.

Compromisos suspendidos y prioridad para la nómina

Ángela Mora, gerente de Rtvc, ya suspendió nuevos compromisos que no contaran con financiación desembolsada, inició una depuración de obligaciones y ordenó una revisión integral de la ejecución presupuestal y contractual. La prioridad pasó a ser el pago de nómina, seguridad social y los gastos necesarios para mantener la señal al aire.

“Hoy no existe caja suficiente para atender esos gastos esenciales”, dijo Soto, que señaló que la entidad certificó el faltante mediante revisiones presupuestales y contractuales. También advirtió que las estaciones necesitan cubrir costos de arriendo y electricidad para evitar una paralización del servicio, pese a que no hay recursos.

Las medidas buscarían reducir el riesgo operativo, aunque no cubren el déficit acumulado ni eliminan las obligaciones sin una fuente cierta de financiación. Por tal motivo, el Gobierno planteó como alternativa conseguir recursos de emergencia para impedir que se suspendan las transmisiones en amplias zonas del país.

Sobre este asunto, la periodista D’arcy Quinn reveló que, de los más de 1.000 contratos a los que se les buscaría poner fin, por ahora solo han podido terminar 10. Al parecer se registrarían dificultades de tipo presupuestario para continuar con el recorte de personal previsto de funcionarios que se vincularon en la administración Petro (2022-2026).

La búsqueda de liquidez bajo la Ley 1978 de 2019

Con esto, Rtvc solicitó al Ministerio de las TIC, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Ministerio de Hacienda una ruta de desembolsos, una solución transitoria de caja y un plan financiero hasta el cierre de la vigencia; basados en el artículo 45 de la Ley 1978 de 2019, que garantiza la trasnferencia de recursos.

Soto afirmó que la administración buscará preservar la continuidad de la radio y la televisión públicas “con responsabilidad fiscal” y sin asumir gastos por encima de los recursos disponibles. “Este gobierno hará lo que esté a su alcance para que la antena no se caiga, para que el arriendo se pague, para que la radio no se mute”, aseguró.

Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), firmó una declaración que expuso cómo al menos 11 integrantes al interior del Comité Ejecutivo Nacional de la central obrera, de los 21 designados, estarían alineados con el presidente Abelardo de la Espriella. Una situación que el dirigente denominó como la “CUT milagro”.

En la misiva, apoyada por nueve miembros más del órgano, se advirtió que esta situación podría debilitar la oposición sindical al Ejecutivo y, por ende, la independencia de la organización frente a las decisiones que puedan afectarla. Esta reorganización de fuerzas también ha sido entendida como un posible ‘golpe de Estado’ a Arias y su gestión.

La nueva mayoría se configuró en un momento en que la organización requería “la mayor unidad y coherencia” para enfrentar al Gobierno. Por ello, los firmantes calificaron la reconfiguración interna como “un mal mensaje para la CUT y para el conjunto de las ”organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas” que se oponen al Gobierno.

Según el planteamiento de la comunicación, la medida “pone en tela de juicio el accionar de oposición de la CUT” y termina por favorecer a la administración nacional. La revelación de Arias se llevó a cabo en medio de la polémica suscitada en el espectro político por la renuncia del cartagenero Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi.

¿Se avecina una puja por la presidencia de la CUT?

Uno de los puntos centrales está, justamente, en los 11 miembros que conformaron la nueva mayoría dentro del Comité Ejecutivo Nacional. La declaración firmada por Arias señaló que entre ellos se encuentra un sector encabezado por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, (Sintrainagro), Guillermo Rivera.

El documento también mencionó a un sector del partido Dignidad y Compromiso, del que hace parte la senadora Jennifer Pedraza y el excongresista Jorge Enrique Robledo, que se habría opuesto a que la CUT se declare en oposición al Gobierno. Para los diez signatarios, esas posiciones explican el surgimiento de la “CUT milagro”.

Aunque se buscaría que Arias continúe al frente de la central, los firmantes rechazan que esa continuidad pueda resolverse sin un acuerdo. “Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, afirmaron en el pronunciamiento.

Y es que esa estrategia, según Arias, lo que pretendería es consolidar una mayoría de 11 votos contra 10, junto con la falta de rotación de cargos, lo que según Arias debilitaría al sindicato. A su juicio, una CUT dividida y centrada en disputas por puestos perdería capacidad de oposición y favorecería, de forma indirecta, la agenda del Gobierno.

Con esta declaración, también se convocó al movimiento social y popular, así como a las fuerzas progresistas y de izquierda, a intervenir “en favor de la unidad”. Los firmantes plantearon la necesidad de reestructurar el enfoque que atribuyen a la nueva correlación de fuerzas, con el objetivo de sostener las banderas de democracia y soberanía.

Los conflictos del Gobierno con gremios y empresarios

La disputa al interior de la CUT ocurre, como se mencionaba, después de una serie de tensiones entre el gobierno De la Espriella y algunos de los principales gremios económicos de Colombia. Y es que su administración privilegió contactos directos con grandes empresarios sin la intermediación de los gremios, lo que ha causado molestia.

Uno de los rifirrafes de mayor alcance involucró a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El Ejecutivo ordenó a sus ministros no mantener reuniones de trabajo con Bruce Mac Master, que presidió el gremio durante casi 13 años, y pidió evaluar si la restricción debía extenderse a los miembros de su junta directiva.

Esta confrontación, seguida por la salida de Incauca, Providencia y Sucroal de la agremiación, además del distanciamiento de Coca-Cola Femsa de la Cámara de Bebidas, llevó a Mac Master presentó su renuncia el 1 de octubre tras denunciar una campaña sistemática contra la reputación de la entidad, a la que quiso blindar de las presiones.

Una situación similar también se habría registrado con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su junta directiva eligió a Carolina Soto, esposa del exministro Alejandro Gaviria, como presidenta ejecutiva, pero la designación recibió cuestionamientos de voceros del Gobierno debido a su falta de cercanía con el presidente.

En consecuencia, las presiones públicas y los reparos del Ministerio de Transporte a su designación llevaron a Soto a rechazar el cargo el mismo día de su nombramiento. Después, la junta eligió a la economista Tatyana Orozco, identificada como un perfil respaldado por el Gobierno nacional; entendido como un triunfo de De la Espriella.

Según se ha conocido, las diferencias también se extenderían al sector agropecuario, pues la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) tendrían fuertes diferencias con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, fomentadas entre otras por las cifras sobre los efectos del fenómeno de El Niño.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los responsables de tres perfiles en redes sociales por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria, luego de que se registraran una serie de hechos que le hicieron temer por su integridad.

La denuncia alcanza a los que administran los perfiles Andrés Pérez Obando, en Facebook, y Amalia Andrade A. y Shibussan, en X, además de otras personas que puedan tener responsabilidad en los hechos. Restrepo entregó su teléfono celular y los pantallazos de las cuentas para que se verifique y preserve la información como prueba.

De acuerdo con la funcionaria, estas publicaciones, en las que se habría revelado su ubicación y expuesto posibles acercamientos derivaron en una señal de alerta que llevó a la abogada, que cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a interponer la denuncia ante las autoridades competentes, con el fin que se precisen el alcance de estas amenazas.

Los mensajes sobre su ubicación en el aeropuerto de Cali

Las publicaciones que motivaron la acción judicial surgieron después de que una usuaria señalara que la directora del Icbf estaba en el aeropuerto de Cali y dijera que quería acercarse a preguntarle “qué tiene en la cabeza”. Otra persona respondió que la vería pronto, aunque no sabía cómo haría “para ser lo suficientemente protocolaria”.

Al respecto, Restrepo sostuvo que esos mensajes excedieron la crítica política y el insulto. “Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente”, expresó.

Asimismo, la funcionaria añadió que la difusión de esa información ante miles de usuarios, en medio de una reacción hostil, le generó temor. “Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”, señaló Restrepo Cañavera, que dijo temer por su seguridad.

Los primeros mensajes llegaron después de un debate de control político sobre el presupuesto del Icbf para 2027 en la Comisión Séptima del Senado. Según Noticias RCN, el 26 de septiembre Restrepo recibió en Facebook una publicación con insultos que no consideró una amenaza, pero al día siguiente se publicó de su presencia en Cali.

La polémica por la reorganización de programas del ICBF

El origen de la controversia estuvo en una intervención de Restrepo ante la Comisión Séptima, el 22 de septiembre, durante la discusión presupuestaria de la entidad. La directora explicó cambios previstos en las denominaciones de algunos programas, entre ellos Familias y Comunidades, lo que causó una fuerte discusión en el recinto.

Al referirse a esa reorganización, la funcionaria sostuvo que “la familia es una, no son las familias”. La frase generó cuestionamientos durante la sesión y reacciones en redes sociales sobre el concepto de familia; más allá de que Restrepo aseguró que circularon fragmentos de su intervención sin el contexto completo de sus afirmaciones.

En su denuncia, la directora diferenció entre las críticas iniciales y los mensajes que identificaban el sitio exacto donde estaba y planteaban encuentros personales. Frente a esta situación, la Fiscalía deberá establecer las circunstancias en que fueron difundidas las publicaciones reportadas y con ello definir si existe responsabilidad penal.

En efecto, será del resorte del ente investigador si las publicaciones se podrían considerar una amenaza contra servidores públicos, injuria u otras conductas relacionadas con los hechos denunciados por la funcionaria, que ha sido una de las más vehementes en sus pronunciamientos y defensa del Ejecutivo en las plataformas digitales.

Abelardo de la Espriella rechazó las presuntas amenazas contra la directora del Icbf

Tras hacerse pública la denuncia de la directora del Icbf, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó lo que serían las amenazas dirigidas contra la funcionaria, a la que respaldó de manera explícita en las investigaciones por presuntas irregularidades dentro de la entidad, pues Restrepo Cañavera señaló la malversación de fondos en el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de una declaración en su perfil de X, el mandatario sostuvo que las intimidaciones no detendrán la fiscalización de los fondos públicos y afirmó: “Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo”, reiteró De la Espriella en su perfil.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado advirtió que el Ejecutivo tomará medidas legales contra los que afecten los programas destinados a la infancia en el Icbf. “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”, aseveró el gobernante, que agregó que la instrucción es ir “por todos los corruptos que se roban los recursos” de la entidad.

Sofía Mac Master, hija del expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), acusó al presidente Abelardo de la Espriella de ser el responsable de la renuncia de su padre a la dirigencia gremial, al sostener que las presiones políticas afectaron la independencia del gremio y desgastaron al dirigente en el cargo.

La hija del empresario que duró durante casi 13 años al frente de la organización afirmó que esta salida no puede reducirse a una disputa coyuntural, sino a una serie de acciones que generan preocupación. “Para muchos seguramente esto es simplemente política, una pelea más, un nombre más en las noticias. Para mí no. Para mí es mi papá”, expresó.

Mac Master, cabe destacar, dejó el cargo el 1 de octubre, luego de dirigir la Andi desde diciembre de 2013. La decisión fue comunicada a la Junta de Dirección General y a los afiliados del gremio, en una extensa misiva en la que el empresario dejó claros los motivos que lo llevaron a tomar la determinación, tras días de evidentes tensiones con el Ejecutivo.

Así se refirió Sofía Mac Master a su padre y su defensa de la independencia de la Andi

En su publicación, que se hizo a través de la red social Instagraam, Sofía Mac Master sostuvo que su padre asumió la tarea gremial por su compromiso con el país, las empresas y los trabajadores. “Yo sí he visto de cerca todo lo que ha dado por este país. He visto cuánto le importa Colombia. Cuánto se toma en serio lo que hace”, indicó.

La joven relacionó su renuncia a la presidencia de la asociación de empresarios con la necesidad de preservar la autonomía de la organización empresarial. “La Andi representa a los empresarios. Su voz no debería tener que acomodarse para caerle bien a un gobierno. Porque entonces, ¿qué clase de independencia queda?”, planteó la mujer.

La decisión de Bruce Mac Master de apartarse del cargo buscó evitar, según el exdirectivo, que circunstancias externas afectaran a las compañías afiliadas, sus libertades o su funcionamiento ordinario. Y sostuvo que no podía permitir que esas condiciones perjudicaran al gremio, que se había quedado sin interlocución.

El exdirigente empresarial también explicó que había intentado encauzar las tensiones mediante los canales institucionales. “Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”, afirmó Mac Master frente a la situación que se registró con el Gobierno, que declaró veto a su presencia.

Ante esto su hija advirtió que el caso puede generar efectos adversos. “Hoy es él. Pero el precedente queda. Si normalizamos que un presidente puede ejercer presión hasta volver incómodo o imposible que alguien continúe al frente de un gremio porque no le gusta lo que dice, mañana puede pasar exactamente lo mismo con cualquier otra persona”, dijo.

La decisión de cerrar un ciclo tras más de una década

Según su carta de renuncia, la misma representa el cierre de una etapa y no un abandono de sus convicciones. “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Andi, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla”, señaló Bruce Mac Master.

El empresario afirmó que esperaba que su retiro ayudara a restablecer el diálogo entre el Gobierno nacional y el sector productivo, aunque también reconoció que los intentos de concertación con el presidente Abelardo de la Espriella no prosperaron, pese a que intentó tender puentes y establecer diálogo para encontrar puntos de consenso con el Ejecutivo.

“Siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional. Lo intentamos y no tuvimos éxito”, destacó en su intervención el exdirigente gremial.

Antes de su salida, varias compañías se habían desvinculado de la organización o de sus cámaras especializadas, entre ellas Coca-Cola Femsa, Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal; en una especie de ‘efecto cascada’ que fue minando la posibilidad de que Mac Master continuara al frente de la asociación, que tiene una trayectoria de 82 años.

Por ello, para Sofía el desenlace refleja el costo personal de defender una posición independiente. “Duele verlo terminar cansado de tener que pelear simplemente por hacer su trabajo con independencia”, compartió la mujer, que cerró su mensaje con una defensa de la trayectoria de su padre y de las decisiones que tomó durante su gestión.

“Queda todo lo que construyó, todo lo que logró, la huella que dejó y la tranquilidad de saber que nunca tuvo que dejar de ser quien es para mantenerse en un cargo”, remarcó Sofía Mac Master, en una clara pulla al jefe de Estado y la manera en que declaró cerrada la posibilidad de interlocución con su progenitor, y derivó en su renuncia.

Tras conocerse la renuncia de la exsenadora María Fernanda Cabal a la disciplina del Centro Democrático, el jueves 1 de octubre, después de que el partido no respondiera a su solicitud de escisión presentada el 4 de agosto de 2026, una de las reacciones más esperadas era, sin duda, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del partido.

La exsenadora puso fin a casi 13 años de trayectoria en la colectividad y anticipó que continuará su actividad con independencia política y una identidad propia. Frente a esto, la respuesta del ex jefe de Estado fue corta, pero generó una intensa discusión en las plataformas digitales sobre la manera en que se dio su desvinculación de la colectividad.

“Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, expresó el expresidente en la red social X, en relación con la determinación tomada por la excongresista vallecaucana, y sin profundizar en las diferencias que, según la exparlamentaria y exprecandidata presidencial, existen con la manera en que el exmandatario maneja al partido.

A su vez, la colectividad confirmó la aceptación de la renuncia. “A la doctora María Fernanda Cabal: nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro”, expresó en su mensaje en la plataforma digital el partido.

Sin embargo, el fragmento que más llamó la atención fue la frase con la que el Centro Democrático cerró su mensaje. “Colombia jamás será una causa perdida”, remarcó la representatividad, en respuesta a las diferencias que empezaron a tejerse con la excongresista, que venía anticipando su salida desde febrero de 2026.

Así confirmó María Fernanda Cabal su salida del Centro Democrático

La dirigente, de 60 años, había solicitado una separación institucional para canalizar las diferencias doctrinales dentro del partido sin convertirlas en una disputa personal. Cabal sostuvo que aguardó una respuesta durante más de un mes, pero interpretó el silencio como una señal de desdén ante el debate que proponía.

“Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa. El camino sigue”, escribió en X junto al video en el que comunicó su decisión y en el que explicó, en detalle, por qué decidió dar un paso al costado en el partido en el que estuvo desde su fundación, en 2013.

Cabal explicó que presentó formalmente el pedido de escisión del Centro Democrático el 4 de agosto, con el propósito de encontrar “una salida institucional respetuosa y democrática”. Según afirmó, buscaba preservar la historia compartida con el partido pese a las diferencias que mantenía con la dirección partidista que lo rige actualmente.

“Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida”, expresó la excongresista. Para Cabal, la ausencia de una contestación formal reflejó “mucho desdén frente a la discusión abierta” sobre la transformación doctrinaria que planteaba.

El alejamiento se profundizó después de la consulta interna en la que compitió por la candidatura presidencial frente a Paloma Valencia y Paola Holguín. Valencia ganó ese proceso, lo que terminó con las aspiraciones de Cabal de representar al partido en las elecciones presidenciales; en su segundo intento fallido de ser la aspirante del CD.

Aunque la exsenadora descartó que su partida obedeciera a un conflicto personal con el fundador de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la relación entre ambos está fracturada. “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen”, afirmó la exsenadora, que quiere ofrecer una visión distinta a sus seguidores.

Una plataforma de derecha con horizonte hacia 2030

En su pronunciamiento, Cabal anunció que revelará los detalles de su nuevo rumbo político en una presentación pública prevista para este sábado 3 de octubre. “Mi camino político está definido y vienen grandes retos. Esta historia, mi historia, continúa con independencia política y con identidad propia”, señaló la política en su declaración.

Como lo ha adelantado, el proyecto contempla la creación de una plataforma política de derecha para participar en las próximas elecciones regionales y, eventualmente, convertirse en partido con vistas a los comicios presidenciales de 2030, que tendría como origen la fundación Escuela Libertad, de la que es fundadora y promotora.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, Bruce Mac Master presentó en la mañana del jueves 1 de octubre su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); una determinación que, tras conocerse, sacudió el espectro político a nivel nacional.

Tras dirigir el gremio desde 2013, el dirigente dio un paso al costado luego de que el Ejecutivo promoviera un veto institucional que restringió la interlocución de los ministros con la organización, a lo que se sumó la salida voluntaria de grandes compañías afiliadas, entre ellas Femsa, embotelladora de Coca-Cola en Colombia.

Frente a esta decisión, Santiago Castro, expresidente de Asobancaria y que en la actualidad es representante a la Cámara por el Centro Democrático, también se refirió a esta salida. “Desde mi experiencia como dirigente gremial, es insostenible tener una cabeza que no tenga interlocución con el Gobierno de turno”, destacó el exdirectivo.

En su concepto, es oportuno revisar las circunstancias y, en este caso, revisar si había malestar al interior del Gobierno. En especial, por las relaciones de Mac Master con la pasada administración de Juan Manuel Santos. “Lo que no puede pasar es que su sucesor sea consultado con el Gobierno”, agregó el hoy congresista a Caracol Radio.

En su mensaje de salida, Mac Master defendió la autonomía de la institución privada y sostuvo que la Andi debe estar por encima de coyunturas políticas para mantener su función de representación sectorial. Así llegó a su fin el pulso entre el Ejecutivo y la organización gremial, en el que se cerraron los canales de interlocución establecidos.

Así se expresó el país político tras la renuncia de Bruce Mac Master

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, salió en defensa de la administración de Gustavo Petro, “Mientras la Andi pudo hacer todo el activismo y la oposición que quiso durante el gobierno de Petro, con Abelardo de la Espriella cualquier atisbo de rebelión o crítica se paga con el despido. Si así tratan a los aliados”, afirmó.

En un tono más neutral, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático y que fue el congresista más votado para la presente administración, agradeció al directivo por su labor. “Al Dr. Bruce Mac Master y a la Andi todo mi reconocimiento y agradecimiento por su liderazgo en favor del aparato productivo del país”, refirió.

El senador Andrés Forero, de la misma colectividad, afirmó que la renuncia de Mac Master a la presidencia de la Andi no representa una victoria para el Gobierno. “No gana el gobierno y sí pierde la institucionalidad y la democracia”, sostuvo el congresista, que fue claro en señalar que “lo que estuvo mal con Petro está mal ahora”.

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, también habló de esta decisión. “Las personas pasan, pero las instituciones deben quedar. No podemos afectar la institucionalidad de la Andi y es importante esa independencia que tienen los gremios. Estamos dispuestos a encontrar los mejores caminos”, dijo a Caracol Radio.

Entretanto, el exministro de Minas y Energía Edwin Palma dijo que mantuvo una relación respetuosa con Bruce Mac Master pese a sus diferencias. “Yo respeto mucho a Bruce y siempre tuvimos las mejores relaciones en medio de todas las contradicciones”, sostuvo el exmiembro del Gobierno y destacó su “decencia”.

El funcionario cuestionó que Mac Master renuncie “en medio de una presión del gobierno” y señaló que el dirigente gremial defendió la “libertad sindical” del empresariado y acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente a críticas de Gustavo Petro. “Al contradictor no se le saca del juego”, concluyó.

El senador Jhon Amaya sostuvo que la salida de Mac Master abre “una reflexión de fondo” sobre la relación entre el Gobierno y los gremios. “El Gobierno debe liderar el diálogo con los gremios, pero no escoger con quién conversa”, dijo; y Añadió que “al que piensa diferente no se le elimina: se le escucha, se conversa y se construye”.

Amaya aseguró que el debate debería concentrarse en “la hoja de ruta y la agenda conjunta con el sector privado, no en quién preside la Andi” y señaló que tiene diferencias con Mac Master, dijo que respeta “su ejercicio gremial y, sobre todo, su autonomía, pues tuvo “más garantías de interlocución con un Gobierno de izquierda”.

Por su lado, el representante Octavio Cardona, del partido Liberal y que fue alcalde de Manizales, sostuvo que el episodio deja varias conclusiones sobre la relación entre los gremios y el Estado; en especial, cuando los intereses gremiales deben prevalecer sobre los personales y el diálogo exige que ambas partes se escuchen.

Con una carta de dos páginas, el cartagenero Bruce Mac Master confirmó en la mañana del jueves 1 de octubre su renuncia como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), luego de sus evidentes desencuentros con el Gobierno de Abelardo de la Espriella que, al parecer, ordenó su veto al equipo de ministros.

Frente a esta decisión, la respuesta del Ejecutivo vino, principalmente, del ministro del Interior, Rodrigo Lara, que hizo énfasis en la independencia del organismo gremial; pese a que el canal de comunicación con la administración actual estaba ya roto, como lo reconoció el directivo, que buscó sin éxito tender puentes con Palacio.

“Es una decisión autónoma dentro de la Andi. No tengo realmente nada que comentar”, afirmó el ministro tras conocer la noticia, a la salida del Capitolio y luego de ser abordado por los periodistas. En sus declaraciones, Lara insistió en que la relación entre los empresarios y el Estado debe sostenerse sobre canales de diálogo abiertos.

“Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y Gobierno, y, y, entre más fluya y más fácil sea esa comunicación, mejor para los dos lados”, agregó el miembro del gabinete, que con ello trató de matizar el impacto de esta determinación en la imagen del Ejecutivo, acusado de presionar a la entidad.

El mensaje toma distancia de la relación que tuvo el Gobierno de Abelardo de la Espriella con Mac Master, marcada por choques y denuncias de un supuesto veto al entonces presidente de la Andi. El titular de la cartera política planteó que los gremios son interlocutores necesarios para la administración pública en el país.

¿Qué dijo Bruce Mac Master en su carta de renuncia a la presidencia de la Andi?

En su misiva, Mac Master explicó que recibió presiones que afectaron la capacidad para actuar con libertad y autonomía y aseguró que priorizó los canales institucionales y los intereses de la Andi. Y agregó que no podía permitir que circunstancias externas afectaran a los afiliados, sus libertades o el desempeño de la Asociación.

“Sinceramente, siento que debo contribuir a detener los efectos de esta situación”, expresó el directivo, que sostuvo que su retiro busca proteger a la institución. En sus declaraciones, el expresidente de la asociación, que en su extensa comunicación dejó en claro su deseo y aspira a que la entidad continúe con su misión sin restricciones.

Mac Master dijo que anhela que su salida facilite la recuperación del trabajo conjunto entre el Gobierno y el empresariado. “Por eso, después de una profunda reflexión, considero que, si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”, dijo.

En su declaración, el ahora exdirigente gremial también defendió la existencia de pesos y contrapesos que protejan la democracia; destacó el valor de las libertades y la autonomía de las instituciones. Y también reivindicó los espacios para que ciudadanos y organizaciones expresen sus posiciones en la conversación pública.

“El país necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes”, destacó el exdirector. “Dentro de ellas, resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia”, puntualizó Mac Master, que ejerció desde 2013 como titular de la agremiación de 82 años de vida institucional.

Cabe precisar que, a comienzos de septiembre, la nueva Junta de Dirección General de la Andi había ratificado a Mac Master al frente de la organización hasta finales de 2027. Sin embargo, esta determinación, por lo visto, no cayó bien en el Gobierno, que se mostró en desacuerdo con la permanencia del directivo en la asociación.

En uno de los partidos más esperados del calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, Atlético Nacional, con James Rodríguez a bordo, le ganó como local (3-1) a Junior de Barranquilla, vigente bicampeón: en la reedición del partido que definió el título del primer semestre y que se disputó en la noche del miércoles 30 de septiembre en Medellín.

Y justamente uno de los que dejó buenas sensaciones en este encuentro fue Rodríguez, que en su primer partido como titular con el ‘Rey de Copas’ disputó un total de 73 minutos; y tuvo participación en jugadas claves del dueño de casa, que se impuso con goles de Andrés Sarmiento (8′) y el doblete del lateral Andrés Román (17′ y 71′).

Tras esta conquista, uno de los que dedicó algunos elogios hacia el excapitán de la selección Colombia fue, casualmente, uno de sus más férreos críticos: el comentarista Carlos Antonio Vélez, que valoró lo hecho por el mediocampista y lo ubicó en su escalafón como el tercer mejor jugador del partido, al tener “una participación muy activa”.

Todo esto en medio de los fuertes roces que tuvo el volante con su excompañero de selección, como el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, con el que protagonizó un intenso choque en el campo de juego; en un enfrentamiento en el que tuvo que intervenir el árbitro vallecaucano Carlos Betancur, y algunos jugadores de ambos clubes.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de James Rodríguez y su participación en el triunfo de Nacional ante Junior?

El periodista sostuvo en su espacio en Palabras Mayores que fue uno de los mejores partidos que le vio al mediocampista en el último tiempo, en un duelo en el que la ventaja se marcó desde el principio, gracias al tanto de Sarmiento; y luego se amplió con una asistencia de James, que dejó habilitado a Román para el 2-0 parcial.

“El mapa de James es parecido al de (Elías) Cabrera. La diferencia es que tiene menos zonas de alta influencia, que son las que se marcan en color naranja, pero tiene una participación muy activa y es de los mejores partidos que yo le he visto a James en el último tiempo”, remarcó el comentarista en el habitual espacio de opinión.

En su concepto, el analista atribuyó el resultado a la propuesta del conjunto visitante. “Fue muy fácil el triunfo de Nacional y se cuajó en 17 minutos”, señaló Vélez y cuestionó que Junior concediera libertades a jugadores como el argentino Cabrera, el propio James, el delantero Ian Poveda y Sarmiento, “pues te matan” en el contragolpe.

Para Vélez, Román fue determinante por sus movimientos desde la banda derecha. “Cada vez que había una acción de ataque, Román aparecía”, apuntó sobre el defensor, que aprovechó las diagonales. Aunque el visitante descontó por intermedio de Guillermo Paiva (24′), la mala fortuna del ariete Gutiérrez, con dos goles anulados, lo perjudicó.

“Hasta el gol de Román, minuto 71, hubo partido. Después ya empezaron a pizarrear, porque anímicamente estaba destrozado el rival y Nacional empezó a tocar la pelota, a jugar con la tribuna”, dijo Vélez en su columna Palabras mayores. En cuanto a James, el comentarista de Win Sports añadió que era importante analizar el presente del FPC.

“Recuerden, una cosa es el contexto local. Aquí se juega con mucho espacio y afuera no”, destacó Vélez, que amplió su concepto en su perfil de X. “El fútbol casero es uno y el internacional es otro… competir aquí es diferente a hacerlo afuera… aquí alcanza con poco por el espacio que hay, se corre poco, se camina mucho, fútbol lento y demás”, dijo.

En ese orden de ideas, dejó en claro que, si se entiende este tema, se podrá avanzar; de lo contrario, se seguirá en lo mismo. “Con los mismos y sin resultados”, puntualizó el comentarista, que en los últimos años se ha convertido en uno de los más acérrimos críticos del jugador y su aporte a los equipos en los que ha militado.

Durante el encuentro educativo, el mandatario difundió un mensaje en sus redes sociales en el que enfatizó la trascendencia de la presencia paterna en la crianza. “Primero padre que Presidente. Hay responsabilidades que ocupan la agenda de un país entero, pero hay momentos en la vida de un hijo que son irremplazables”, expresó el jefe de Estado.

En una grabación difundida en sus redes, la máxima autoridad nacional se refirió al motivo de su presencia con un comentario distendido. “Aquí en el colegio del tigrillo, una reunión de padres de familia. Espero que no sea para decirme que se esté portando mal”, comentó el mandatario, en tono jocoso, en relación con este encuentro.

Asimismo, el jefe de Estado profundizó sobre la responsabilidad formativa de los hogares en la sociedad actual. “En tiempos en los que nuestros hijos reciben información e influencias desde todas partes, la presencia de los padres es más importante que nunca. Educar no es solamente enseñar; es formar con el ejemplo”, afirmó.

Con ello, el presidente mostró a sus seguidores y al país su lado más familiar, en el que se le vio cariñoso con el pequeño, de 13 años y que según se conoció cursaría el grado octavo de secundaria.

La familia de Abelardo de la Espriella está integrada por su esposa y cuatro hijos

El núcleo familiar del presidente está conformado por su esposa, la primera dama de la nación Ana Lucía Pineda, con la que contrajo matrimonio en 2008, y sus cuatro hijos. Son ellos Lucía, Salvador, Filippo y Francesca; la mayor de las hijas es Lucía, mientras que Francesca es la menor del hogar, que viven en Barranquilla según se ha podido conocer.

“Gobernar a Colombia es un inmenso honor; ser papá es uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Porque antes de cualquier cargo está la familia. Y antes que Presidente, siempre seré papá”, concluyó al aludir al tiempo compartido junto con los menores, a los que antepuso frente a sus obligaciones como mandatario.

El jefe de Estado, a su vez, mantiene una estrecha relación con sus padres. Su padre, Abelardo de la Espriella Juris, nació en Sahagún y desarrolló una trayectoria como abogado, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, notario y dirigente político regional; y su madre, María Eugenia Otero Aldana, también es abogada.

De hecho, en la jornada del miércoles 30 de septiembre, el mandatario aprovechó para visitar a su progenitor, que fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, por obstrucciones en las arterias coronarias. Por fortuna, el procedimiento concluyó de manera satisfactoria para el veterano jurista.

“Almuerzo con mis padres, agradeciendo a Dios por estos momentos en familia y, especialmente, por la recuperación de mi padre, que avanza muy bien después de su procedimiento”, publicó De la Espriella, acompañado de una postal en la que apareció su padre convaleciente y su madre, con rostros de optimismo frente a este procedimiento.

En su mensaje, De la Espriella también agradeció las expresiones de afecto y las oraciones que recibió su familia durante los últimos días. “Las hemos recibido con enorme gratitud”, destacó el primer mandatario que ha combinado sus obligaciones con momentos con su círculo íntimo, como pudo verse con su hijo y su padre.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, salió en defensa del borrador de modificación del Decreto 003, que con 24 artículos busca modificar las reglas de la protesta social y la intervención de la fuerza pública, con un esquema que permite actuar de inmediato contra hechos violentos sin suspender el diálogo con los manifestantes.

La propuesta reemplazaría aspectos del referido decreto, expedido en 2021 y busca conciliar el derecho a la movilización con la vida, la salud, la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios públicos esenciales. El Ejecutivo ha sostenido el aumento de la conflictividad social, que pasó de 1.427 eventos en 2022 a 4.039 en 2025.

Lara afirmó que el proyecto fue sometido al procedimiento de consulta exigido por la norma y que no pretende restringir las movilizaciones. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, expresó el ministro en su mensaje en la red social X, que compartió, según él, lo que sería el espíritu de esta reforma.

En su argumentación, el ministro, hijo del asesinado extitular de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, diferenció las afectaciones propias de una protesta de los actos que habilitarían una intervención. “El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, señaló Lara Restrepo.

Una intervención focalizada de la fuerza pública ante armas y agresiones

La Policía Nacional podría actuar de forma inmediata contra los que utilicen armas de fuego, artefactos explosivos o armas cortopunzantes, retengan personas o agredan a terceros. En esos casos, las etapas de diálogo que estaban previstas en el Decreto 003 no condicionarían ni aplazarían la intervención policial dirigida contra los agresores.

El borrador promovido por el Ejecutivo y que estará abierto para comentarios hasta el domingo 4 de octubre también ordena que las autoridades identifiquen a las personas que cometan delitos durante las movilizaciones y aseguren elementos de prueba para su judicialización, sin afectar a los que participen de forma pacífica.

Con ello, las unidades policiales deberán acompañar las marchas desde una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger tanto a los manifestantes como a quienes no participen de la jornada. Los Puestos de Mando Unificado (PMU) evaluarán la gravedad y duración de los bloqueos viales para definir las medidas a tomar.

El texto prevé protección especial para hospitales, aeropuertos, redes eléctricas y corredores de socorro; además de un modelo progresivo de respuesta con cinco niveles: prevención y gestión; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden por la Unipol o la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

¿Cuándo se usará la fuerza para repeler la protesta?

Según el documento, las tres primeras instancias podrán omitirse cuando se detecten hechos violentos desde el inicio de una marcha. La concertación se considerará agotada si un bloqueo impide el paso de ambulancias u organismos de socorro, afecta hospitales, provoca desabastecimiento de alimentos, combustible o medicinas, o incluye retenciones.

También se actuará si se causan daños a la infraestructura o deriva en agresiones contra periodistas, policías, personal médico o servidores públicos. En cuanto a las mesas de diálogo, incorporarán representantes de los gremios y delegados de las Juntas de Acción Comunal, en una medida que apunta a evaluar de manera simultánea los efectos de las movilizaciones.

El ministerio administrará un Sistema de Alertas Tempranas de Conflictividad Social a través del Singesc para anticipar conflictos y, cuando se emita una alerta, la autoridad local tendrá cinco días hábiles para instalar una mesa de diálogo. El mecanismo no podrá usarse para hacer inteligencia contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Aun después de una intervención de la fuerza pública para contener disturbios, la mediación podrá retomarse con los grupos pacíficos cuando se restablezcan las condiciones de seguridad. Con ello, Lara reiteró que el diálogo seguirá abierto con quienes se movilicen sin violencia, mientras las autoridades actuarán contra quienes agredan.

La exministra de Ambiente Susana Muhamad cuestionó al expresidente de la República Gustavo Petro por la falta de precisiones sobre las reglas y el calendario para escoger delegados del Pacto Histórico, luego de que se anunció la creación de una dirección provisional y una votación nacional abierta para definir la estructura del movimiento.

La definición de los delegados y de los procedimientos tendrá impacto en el congreso fundacional previsto para inicios de 2027. Allí se establecerá la distribución interna de poder y el mecanismo para entregar avales de cara a las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027, cuando el partido busque su recuperación en los territorios.

Sin embargo, tras este anuncio, Muhamad preguntó si el encuentro será un congreso o una asamblea fundacional y reclamó claridad sobre el mecanismo de participación electoral. Así se despachó en su perfil de X, al señalar que, además de entregar detalles “a cuentagotas”, el proceso debe evitar ventajas para los que conozcan antes las reglas.

“Hay que ir urgentemente más allá. Es hora de dejar los anuncios a cuentagotas. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo se espera que sea la Asamblea?”, escribió la exministra, que con ello también exigió definiciones sobre las fechas de la elección y de la asamblea en la que se definirían los líderes de la colectividad.

“Hay que generar garantías igualitarias a toda la ciudadanía, o si no unos pocos con información, dominan un proceso que debe ser ampliamente convocante”, agregó la exfuncionaria, en un reclamo que dio pie en la escena política para que aparecieran las versiones sobre un presunto agrietamiento de las bases de la colectividad progresista.

La elección abierta y las dudas sobre el calendario del Pacto Histórico

La dirección provisional del Pacto Histórico reúne a las colectividades que avanzaron en una fusión partidaria, como Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista y Progresistas; tras el proceso que debieron surtir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con miras a las elecciones al Congreso y la presidencia.

Entre sus integrantes figuran las exsenadoras María José Pizarro y Gloria Flórez, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman, el senador Iván Cepeda y el representante Heráclito Landinez, entre otros miembros que acompañaron a Petro en este primer encuentro, como lo compartió el exjefe de Estado en sus perfiles.

En su mensaje, Petro convocó a una votación abierta en todo el país para elegir a los delegados que participarán en este congreso. Según la propuesta, cualquier persona podrá afiliarse y votar en las mesas electorales, “siempre que esté de acuerdo en el programa progresista del movimiento y la lucha por la democracia y la justicia social”.

En su publicación en la red social X, el expresidente también planteó equipos especializados para investigar el fraude electoral, con la solicitud de reincorporar el denominado candado hash en los formularios E-14. Su planteamiento incluye un equipo de defensa jurídica y una estrategia comunicacional contra las “granjas de bots”.

Reacciones encontradas frente al primer encuentro de la dirección provisional del Pacto Histórico

La excongresista Pizarro describió como “grato” su encuentro con Petro para avanzar con la dirección provisional en “en aspectos trascendentales para nuestro movimiento”; mientras que representante Gabriel Becerra afirmó que fortalece la unidad desde las bases y pidió cuidar lo construido en torno a la paz, la democracia y la justicia social.

A su vez, el exembajador Jorge Rojas indicó que estaba a la espera la convocatoria y la reglamentación del Congreso para iniciar una campaña nacional de afiliación de jóvenes, al considerar que la elección democrática de delegadas y delegados al congreso fundacional del Pacto Histórico es positivo para el futuro de la colectividad.

“Es una buena noticia para la izquierda, un avance para el progresismo y un ejemplo para el país”, señaló Rojas; en contraste con el Movimiento M-19, que cuestionó la integración de la dirección provisional con un mensaje crítico. “Los mismos con las mismas, cero renovación y sectarismo segregador”, destacó la fuerza derivada de la extinta guerrilla.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes remitió a la Corte Constitucional los 2.322 folios sobre el conflicto de competencias con la Fiscalía General de la Nación para definir qué ente debe investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, y el homicidio del abogado Jesús María Valle.

El expediente CJU-7957, revelado por La FM, fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que prepara la ponencia que deberá analizar la Sala Plena. La decisión determinará si las actuaciones continúan en la justicia ordinaria, bajo el ente acusador, o pasan al fuero de la célula legislativa del Congreso, con los argumentos de ambos entes.

La documentación fue enviada el 23 de septiembre de 2026 por Katherine Pulecio Gómez, secretaria de la Comisión de Investigación y Acusación. El medio en mención informó que la remisión respondió a un auto de pruebas dictado dos días antes por la Corte Constitucional, que pidió que se le relacionaran los documentos del caso.

Estos fueron los documentos remitidos a la Corte Constitucional

El alto tribunal requirió una copia completa del oficio con el cual la Comisión reclamó la competencia, además de la proposición, las decisiones adoptadas, las actas, las constancias de aprobación, los antecedentes y los soportes vinculados al conflicto con la Fiscalía en este proceso, que obligó al exjefe de Estado a presentarse ante la justicia.

El paquete incluyó el acta de la sesión del 19 de agosto, en la que consta la decisión de la Comisión, en un acta que fue aprobada el 26 de agosto. También se remitió la proposición presentada por representantes ante la Comisión, junto con un correo electrónico y sus anexos fechados el 7 de julio de 2026, en relación con este proceso.

El expediente contiene, además, el oficio íntegro con el que se reclamó formalmente la competencia sobre la investigación contra Uribe. La secretaría de la comisión aclaró que entregó los documentos identificados en sus archivos, sin que reposen en su despacho soportes que los autores de la proposición hubieran hecho antes de radicarla.

La investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle

El conflicto se centra en las investigaciones por hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Álvaro Uribe Vélez ejercía como gobernador de Antioquia (1995-1997) y el periodo posterior al cargo. La Comisión de Acusación sostuvo que los expedientes deben tramitarse bajo el fuero especial de juzgamiento y, por esa razón, reclamó la competencia.

La Fiscalía rechazó esa solicitud. Su posición es que debe conservar la investigación porque los hechos bajo indagación ocurrieron durante la gobernación de Uribe y no durante su período como presidente; pese a que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el que se relaciona a Uribe, fue exterminada en 2003.

En efecto, al ser acusado del delito de concierto para delinquir agravado por la presunta creación del Bloque Metro de la AUC, este punible constituye una conducta permanente, puesto que su ejecución se prolonga en el tiempo mientras la organización ilegal permanezca activa. Así, la comisión camera se declaró competente en el caso.

Frente a este panorama legal, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá dirimir ese conflicto positivo de competencias en los próximos días, a partir de los soportes remitidos por la Cámara de Representantes y de la ponencia preparada por Ibáñez Najar, en una determinación que definirá el curso que tome la situación jurídica de Uribe.

En este expediente, al expresidente también se le endilgaría la presunta comisión de homicidio agravado en persona protegida, en calidad de posible determinador, ya sea por omisión o por facilitación, en lo que respecta a las mencionadas masacres, al igual que el homicidio de Valle, defensor de derechos humanos, ocurrido en febrero de 1998.

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. Así, el expediente pasará al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá decidir en segunda instancia mientras la medida que frenó el programa sigue vigente.

La decisión, que se conoció en la noche del miércoles 30 de septiembre, analizó la suspensión ordenada mediante la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que detuvo la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Esto representaría una primera victoria para el Gobierno nacional.

De acuerdo con Blu Radio, esta concesión implica que el juzgado aceptó tramitar los recursos presentados por entidades del Gobierno, que buscan revertir la decisión que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con este herbicida en este territorio; en medio de la decisión que justificaba una medida de protección para los territorios.

En su momento, la togada Ana Pilar Vidal Uribe, del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, había ordenado suspender por completo el piloto. En su argumentación, la jueza consideró que la incertidumbre científica sobre los efectos del herbicida, sumada al posible riesgo para derechos fundamentales, justificaba una medida de protección.

El plan experimental preveía fumigaciones aéreas sobre un máximo de 1.000 hectáreas durante cerca de siete días. El Gobierno planteó la prueba como un mecanismo para medir la eficacia del químico contra cultivos ilícitos, la precisión de las aeronaves y la dispersión del producto antes de una eventual aplicación más amplia.

La disputa por los requisitos previos del piloto

En el recurso interpuesto por el Ministerio de Justicia, se pidió revertir la suspensión al sostener que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto dependía aún del cumplimiento de condiciones administrativas. Para la cartera, que esos trámites siguieran pendientes durante la fase preparatoria no demostraba un incumplimiento.

La posición de la cartera, al mando de Iván Cancino, cuestionó la aplicación de los precedentes constitucionales relacionados con el glifosato a un programa experimental con una sustancia distinta. “La incertidumbre científica no equivale a la acreditación de un peligro grave o irreversible”, se leyó en la defensa del ministerio.

A su vez, remarcó que “la existencia de condiciones administrativas pendientes tampoco equivale a su incumplimiento”; es decir, que haya trámites pendientes no representa que el Gobierno esté violando la ley o desobedeciendo a los jueces, en relación con las etapas que debe surtir el programa de fumigación antes de su implementación.

El Ejecutivo también argumentó que la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019 no establecieron un régimen constitucional aplicable a cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas. Según su interpretación, esas decisiones se referían específicamente al glifosato y a la eventual reanudación de un programa de fumigación.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) presentó otro recurso y sostuvo en su exposición que las resoluciones que autorizaron el programa podían controvertirse por otras vías judiciales. La entidad añadió que, hasta el momento de la tutela, no se habían llevado a cabo una serie sobrevuelos ni aspersiones.

Diez tutelas y nuevas solicitudes ante el Tribunal

El proceso concentra diez acciones de tutela acumuladas, entre ellas la impugnación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al trámite. En su decisión, el Tribunal Administrativo del Putumayo podrá confirmar el fallo del juzgado de Mocoa, revocarlo por completo o hacer precisiones.

El juzgado incorporó además un informe de Filipo Aníbal López, secretario de Infraestructura de Orito y alcalde encargado, que solicitó retirar al municipio del proceso. También remitió para valoración de la segunda instancia un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea.

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes ya tienen definidas las jornadas en las que votarán el artículo del Presupuesto General de la Nación: que será, si nada extraordinario ocurre, de $634,9 billones, luego de haberse aprobado el monto por parte de las Comisiones Económicas del legislativo en la sesión del 14 de septiembre.

De acuerdo con el cronograma dispuesto, las jornadas en las que se buscará darle vía libre a los rubros definidos por el Ejecutivo para la siguiente vigencia será entre el 13 y 15 de octubre, con el objetivo de que el Congreso lo apruebe antes del 20 de octubre y evite que entre en vigor por decreto, pues esta es la fecha límite para que se tramite.

El calendario fue confirmado por el presidente de las citadas comisiones del Congreso, el representante liberal Alexander Bermúdez, después de que el proyecto superara su primer debate; en un ambiente favorable para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca financiación internacional a través de la banca multilateral, como el FMI.

Las plenarias deberán resolver más de 470 proposiciones antes de la decisión definitiva del legislativo. Estas iniciativas quedaron como constancias durante el primer debate y abarcan el articulado, la regionalización de los recursos, en una discusión en la que también se prevé importantes ajustes en sectores clave del organigrama nacional.

Un techo de $634,9 billones y la disputa por su reparto

El proyecto avanzó en las comisiones económicas conjuntas con un monto de $ 634,9 billones, que constituye el techo máximo del presupuesto y no la aprobación completa de la ley, que estará sujeta a modificaciones. La discusión ahora se centrará en el reparto de los recursos, en medio de recortes y presiones por el servicio de la deuda.

De entrada, se prevé que el Presupuesto General de la Nación contemple $86,9 billones para inversión. Más de una tercera parte de esos recursos se destinará a Inclusión Social y otros programas prioritarios del Gobierno, que en medio de las limitantes dejó en claro que reforzará la atención a la población vulnerable.

El sector de Minas y Energía tendría la mayor reducción presupuestaria, con $4,02 billones menos. Le sigue el Ministerio de Agricultura, cuyo presupuesto cae 32%, de $4,1 billones a $2,7 billones; Ambiente y Desarrollo Sostenible, con $450.141 millones menos, mientras que el Ministerio de las Culturas registra una disminución de $295.191 millones.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendría un recorte de $170.000 millones entre funcionamiento e inversión; el Dane quedará con $277.000 millones, con lo que reducirá 26,5% su presupuesto y, quizá, el más significativo, será el Departamento Nacional de Planeación caerá 47,8%, de $1,03 billones a $538.000 millones.

A su vez, la Policía Nacional y la Aeronáutica Civil tendrían ajustes de $17.000 millones y $15.000 millones, respectivamente. De esta manera, el Congreso deberá definir el texto final dentro del plazo legal para habilitar la sanción presidencial, a diferencia de lo ocurrido en 2026, cuando el presupuesto se estableció por decreto.

Así será la votación tras el receso legislativo

El Estatuto Orgánico de Presupuesto establecía que la discusión en las plenarias de Senado y Cámara debía comenzar el jueves 1 de octubre de 2026. Sin embargo, el debate fue programado para mediados de mes, una vez concluya la semana de receso legislativo, que se adelantará a partir del lunes 5 de octubre, conforme a la ley.

En ese sentido, Bermúdez espera que la ponencia final esté lista durante las jornadas previstas para la votación. Si las dos cámaras aprueban textos distintos, la conciliación podría realizarse entre el 16 y el 19 de octubre para dejar definido el documento que pasará a sanción presidencial, en un paso vital para definir la hoja de ruta en 2027.

La petición del parlamentario antioqueño, que busca blindar según él al ejercicio de actuaciones judiciales promovidas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, será enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y otras entidades.

Además, otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y Reporteros Sin Fronteras también serían destinatarios de esta comunicación, que tendría como fin esas organizaciones mantengan una veeduría permanente sobre situaciones que puedan afectar el ejercicio del periodismo y la comunicación.

“Lo que se ha depositado es una esperanza, pero ante todo una solicitud a organizaciones internacionales que se encargan de salvaguardar y proteger el derecho, principalmente de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, afirmó. También pidió que los episodios sean examinados “a la luz del periodismo académico”.

Muriel sostuvo que el acuerdo entre dirigentes de sectores enfrentados en otros debates refleja una coincidencia alrededor de garantías básicas para el sistema político. La iniciativa recibió respaldos de legisladores del Centro Democrático, Cambio Radical, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Verde e interés de Salvación Nacional.

Una observación internacional sobre la libertad de prensa

La carta propone que organismos dedicados a proteger derechos fundamentales conformen una misión que evalúe los casos cuestionados y determine si corresponden a actos de censura o a medidas legítimas de gobierno. En su argumentación, Muriel mencionó lo sucedido con las emisoras de Paz y periodistas de Blu Radio, entre otros.

“El buen puerto de este país solamente puede encontrarse cuando tengamos libertad para expresarnos, para criticar y que no tengamos miedo”, señaló Muriel, que advirtió que, a su juicio, gobiernos autoritarios suelen comenzar por eliminar las voces críticas y alternativas a su gestión, como desde su perspectiva podría ocurrir.

Con ello, cimentó esa defensa con la figura del periodista y humorista Jaime Garzón, al que recordó como una persona asesinada por ejercer un contrapoder y generar conciencia frente al accionar de los grupos armados ilegales. En su intervención, afirmó que las voces críticas han sido blanco de los que buscan eliminar la disidencia.

Así pues, recordó el caso de la periodista Camila Zuluaga, que antes de salir de Blu Radio expresó que muchas personas “están pidiendo nuestra cabeza”; lo que dejó abierto el interrogante sobre si habría sido el Gobierno de Abelardo de la Espriella el que estaría detrás de esta desvinculación, sin que exista respuesta a los señalamientos.

En relación con este asunto, la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, cuestionó que ningún integrante de la plenaria se solidarizara con Zuluaga, pese a que, según dijo, algunos habían advertido anteriormente sobre un posible silenciamiento de medios. “Esta gente viene por todo, viene por nuestros derechos”, refirió.

Iniciativa tendría respaldo de parlamentarios de seis partidos

El representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, consideró que la democracia está “en absoluto riesgo” si un gobierno recién llegado genera un ambiente agresivo; y mencionó presuntos incumplimientos de los acuerdos de paz relacionados con las emisoras de Paz y supuestos sabotajes contra periodistas de medios comerciales.

Sobre esto, Beltrán afirmó que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha documentado que, desde 2018, De la Espriella ha hostigado a periodistas con acciones judiciales. Por su parte, Muriel dijo que así como hay cuestionamientos contra comunicadores de medios establecidos, también existe para publicaciones alternativas.

Entre quienes suscribieron la petición figuran Daniel Briceño, José Gregorio Orjuela, Andrés Guerra y Jesús Bedoya, del Centro Democrático; Alfredo Mondragón, Yolanda Silva, Jorge Palacio, Paola D’Haro, María del Mar Pizarro y Beltrán, del Pacto Histórico; y Hernando González, de Cambio Radical, entre otros congresistas del legislativo.

También se destacan Jaime Cano y Guillermo León Blanco, del Partido Conservador; Santiago Osorio, del Partido Verde, y en el video que compartió en sus redes sociales el promotor de esta idea muestra su diálogo con Carol Borda, de Salvación Nacional; aunque no se precisa si puso su rúbrica en el citado documento, siendo ella de Gobierno.

El consejero comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, firmó la Resolución 215 que dispuso la salida de los excombatientes de las disidencias de las Farc ubicados en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, entre el 1 y el 2 de octubre. Lo anterior, en medio de las acciones adelantadas por la defensora del Pueblo, Iris Marín, para frenar este trámite.

La medida anunciada por el Ejecutivo, a través del documento que quedó en firme en la noche del martes 29 de septiembre, prevé que los que estén acreditados como desmovilizados de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) puedan iniciar o continuar su ruta de reintegración ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero con una serie de condiciones.

Aunque según se conoció, Marín pidió ampliar una medida cautelar que había frenado la terminación de la zona, a través de una acción interpuesta ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís. Este recurso, en medio del plan para que al menos 62 personas salgan del lugar, advertía una “presunta violación de derechos”.

¿Qué determinó el Gobierno con las Zonas de Ubicación Temporal en Putumayo?

La resolución establece que la salida física comenzará a las 00:00 del jueves 1 de octubre y concluirá a las 00:00 del día siguiente; es decir, el viernes 2 de octubre. Según indicó el Gobierno en su resolución, solo podrán participar las personas que no tengan órdenes de captura ni requerimientos vigentes en los sistemas oficiales de consulta pública.

Así pues, la Consejería Comisionada de Paz deberá entregar al Ministerio de Defensa Nacional un registro individualizado de las personas habilitadas, con la fecha, la fuente y el resultado de las verificaciones hechas en las bases de datos de antecedentes de la Policía Nacional y, del mismo modo, de la Procuraduría General de la Nación.

La comisión humanitaria tendrá la tarea de acompañar la salida “en condiciones de dignidad, seguridad y respeto por los derechos de las personas”. Las entidades participarán como parte de sus competencias y se solicitará el acompañamiento de autoridades autónomas, organismos humanitarios y otras instituciones.

Esta comisión, según aclaró la resolución 215, “no sustituye ni reactiva la Mesa de Diálogos de Paz ni el Mecanismo de Monitoreo y Verificación” previsto en los protocolos derivados de ese proceso. Según se explicó en esta determinación de la consejería, su funcionamiento será exclusivamente humanitario, operativo y temporal.

Con ello, las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas podrán solicitar, tras abandonar la zona, el inicio o la continuidad de su proceso ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La norma fue expedida en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva 389 del 9 de septiembre; pese a los reparos sobre la misma.

Defensoría buscó frenar la salida de las ZUT con fuerte advertencia al Gobierno

Frente a esta decisión, la Defensoría del Pueblo advirtió que esta puede contradecir una orden judicial vigente. El 24 de septiembre, el juez Carlos Alexander Coral Cuatín decretó una medida provisional que ordenó suspender transitoriamente los efectos de la Resolución 389, incluidos los relativos a la terminación de la mencionada zona.

“Suspender de manera transitoria los efectos Resolución N° 389 del 09 de septiembre de 2026, esto es, lo atinente a la terminación de la Zona de Ubicación Temporal denominada ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez’”, se leyó en el fallo traído a colación por la defensora Iris Marín Ortiz.

En efecto, Marín sostuvo ante el juzgado que la ejecución de la nueva resolución dejaría sin efecto práctico la protección concedida a las personas en reintegración. A su juicio, la salida física de la zona equivaldría materialmente a su terminación, pese a que el fondo de la acción de tutela todavía no fue resuelto de fondo por la justicia.

“La salida física de la zona, sin las condiciones mínimas de garantía de derechos fundamentales que hemos exigido reiteradamente y a través de distintos medios a las autoridades competentes y demandadas, equivale materialmente a la terminación de la ZUT-ZOCIUT”, señaló la defensora, que dijo haber sido marginada por el Gobierno.

De esta manera, Defensoría indicó en su misiva al juzgado que no fue convocada a integrar la comisión humanitaria ni conoce un plan para coordinarla; por lo que consideró imposible organizar ese acompañamiento en menos de 24 horas, dado que la operación estaba prevista para iniciar en las primeras horas del 1 de octubre.

Y solicitó que el juzgado precise que la suspensión de la Resolución 389 también abarca cualquier actuación administrativa u operativa que busque, de manera directa o indirecta, sacar de la zona a las personas en reintegración, y pidió suspender el artículo segundo de la Resolución 215 para los que ya están cobijados por la medida cautelar.

La entidad reclamó además que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Consejería Comisionada de Paz, a cargo de Ríos, garanticen de forma ininterrumpida salud, transporte seguro, protección, comunicación, alimentación y servicios públicos básicos para quienes continúen concentrados en Valle del Guamuez.

Tras conocerse sobre el inminente traslado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de la cárcel La Picota de Bogotá al complejo penitenciario de Cómbita (Boyacá), su abogado, Miguel Ángel del Río, afirmó que la determinación tomada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, no se ciñe a la ley en este caso y explicó los motivos.

Del Río, en su perfil de X, recordó una decisión de la Corte Suprema que impide que Monsalve, considerado el testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntos nexos por paramilitares y en el caso en el que fue absuelto por fraude procesal y soborno en actuación penal, sea trasladado a otro penal, como ocurriría en esta ocasión.

“Es importante precisar que la Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita el traslado de Juan Guillermo Monsalve a cualquier centro carcelario diferente de La Picota”, escribió Del Río en esta plataforma al divulgar un fragmento de un auto de la Sala Especial de Instrucción, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes.

¿Cuál es el documento que citó Miguel Ángel del Río?

El aparte compartido por el defensor hace referencia a una solicitud de traslado evaluada por el alto tribunal, en abril de 2021, tras dos atentados que al parecer sufrió en los patios de La Picota y señala que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no recibió autorización para ejecutarla, sino a garantizar su seguridad.

“Por tales consideraciones no se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y, en cambio, se reiteran las medidas especiales de seguridad”, se leyó en el aparte divulgado por el abogado, que en ese entonces permaneció en La Picota, bajo estrictas medidas que protegieran su integridad.

En ese auto, se añadió que el establecimiento penitenciario debe conservar y reforzar las disposiciones de protección para el recluso. “Siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”, reiteró el magistrado Reyes en su decisión.

Monsalve fue llevado a un centro médico durante el operativo hacia Cómbita

Las declaraciones de Del Río se conocieron después de que Monsalve fue sacado de La Picota en medio de un operativo para llevarlo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Durante el recorrido, el interno dijo sentir dolor en el pecho y fue remitido a un centro médico de Bogotá para recibir atención por una presunta afectación cardiovascular.

A partir de esta novedad en su estado, el traslado quedó suspendido a la espera de la valoración de los especialistas. Según la información divulgada, Monsalve registra antecedentes de problemas cardíacos; su situación fue reportada como delicada y el personal médico deberá definir si requiere hospitalización para ser tratado.

Frente a su traslado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó el mismo debido a una serie de señalamientos sobre presuntos incumplimientos del régimen carcelario. “En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve”, sentenció el jefe de Estado.

En su mensaje, el primer mandatario acusó al exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia de haber violado sistemáticamente el régimen carcelario. “Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, agregó De la Espriella, que fue enfático en señalar que no permitirá que las cárceles se conviertan en “centros de operaciones criminales”.

Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión

Para el presidente, el mensaje al país es claro. “Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo”, puntualizó De la Espriella, en contraste con la defensa de Monsalve, que sostuvo que la orden debe revisarse a la luz de la providencia de la Corte Suprema, tribunal competente en este mediático caso.

A juicio de Del Río, el alcance de la decisión deberá ser establecido por las autoridades judiciales y penitenciarias. Mientras tanto, cabe destacar que Monsalve cumple una pena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo y está recluido en La Picota desde 2008; pese a las denuncias sobre presuntos beneficios de los que gozó.

Entre ellos, el hallazgo de computadores, celulares con internet y un reloj espía con el que habría grabado al abogado Diego Cadena, además del consumo de licores, comidas especiales, organización de fiestas clandestinas, y el registro de visitas no registradas de mujeres a su sitio de reclusión, que fue una casa fiscal al interior del penal.

El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la mañana del miércoles 30 de septiembre que el gobierno de Abelardo de la Espriella busque un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaría, según el Ejecutivo, responder a una crisis fiscal y recuperar la confianza de los mercados extranjeros en esta nueva etapa.

En su perfil de X, Petro sostuvo que Colombia no requiere nuevo endeudamiento externo para corregir sus cuentas fiscales e, incluso, se atrevió a presentar una alternativa combina una mayor carga tributaria sobre las rentas más altas, tasas de interés más bajas y la eliminación del déficit asociado a los combustibles.

La propuesta de Petro frente al déficit fiscal en Colombia

En su mensaje, el exmandatario dejó plasmada su postura. “Lo que está diciendo el FMI es que no es necesario un préstamo del FMI para reducir el déficit fiscal, en mi opinión solo se necesita reducir el déficit fiscal con más impuestos a los más ricos y bajar la tasa de interés del Banco de la República y no aumentar el déficit gasolinero”, dijo.

La discusión sobre las gestiones al FMI ocurren después de que Nigel Clarke, subdirector gerente de la entidad, concluyó en una visita a Colombia entre el 25 y el 28 de septiembre, que Colombia tiene capacidad de resistencia de la economía colombiana y la solidez de sus instituciones ante un escenario internacional de elevada incertidumbre.

Según el Ministerio de Hacienda, el desequilibrio entre los ingresos estatales y el gasto público corriente dejó un déficit cercano al 6,4% del PIB; por ello, para la administración de De la Espriella, el respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales resulta necesario para estabilizar las finanzas públicas.

En contraste, Petro ha salido en defensa de la soberanía económica y de su rechazo a los ajustes fiscales vinculados con el endeudamiento ante organismos financieros internacionales, pues considera que esos créditos condicionan las decisiones nacionales a través de una serie de exigencias macroeconómicas definidas fuera del país.

Entre las medidas que el expresidente ha rechazado se destaca figuras como la congelación de nóminas públicas y, según él, privatizaciones, recortes de subsidios y reformas tributarias de base amplia, como una eventual suba del IVA; pues para el expresidente estas políticas pueden afectar los ingresos de los ciudadanos.

Además de perjudicar, en su análisis, el empleo y la salud pública, mientras benefician a grandes banqueros y élites financieras. En respuesta, planteó entonces aumentos del salario mínimo por encima de la inflación para sostener el consumo interno; y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, con el objetivo de reactivar la inversión.

El antecedente de la Línea de Crédito Flexible ante el FMI

Durante su gobierno, entre 2022 y 2026, Petro enfocó parte de su política financiera en cancelar la Línea de Crédito Flexible, conocida como LCF, que el expresidente Iván Duque había adquirido en 2020 para atender la pandemia de COVID-19, y que en su momento estableció un compromiso de USD 5.400 millones para atender la emergencia.

Según el expresidente, se encargó de pagar las deudas de su antecesor y, una vez cumplido el compromiso, afirmó que Colombia se había “sacudido” del control del organismo y había recuperado autonomía financiera. Esto dista de la postura que ha adoptado su sucesor, De la Espriella, que ya establecieron acercamientos con el FMI.

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo. Por lo anterior, he dado instrucciones claras al señor Ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo el presidente en su alocución del 27 de septiembre.

“He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron”, agregó el jefe de Estado en lo que sería una mención a Petro: que desde la oposición sostuvo que el ajuste debe recaer sobre los sectores de mayores ingresos y no en nuevos créditos ni en recortes del gasto social.

En un partido que generó morbo en el fútbol profesional colombiano, por el esperado regreso del volante Juan Guillermo Cuadrado a la Liga, justamente ante el equipo en el que se formó, Independiente Medellín y Millonarios empataron (2-2), en cumplimiento de la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, en el estadio Atanasio Girardot.

Pese al ambiente hostil en contra, Cuadrado fue uno de los más destacados del equipo ‘Embajador’, que estuvo a punto de llevarse los tres puntos de suelo antioqueño. El conocido ‘Panita’ disputó 59 minutos y, más allá de los silbidos de los fanáticos locales, dolidos por su decisión de no jugar con el ‘Rojo’, el jugador dio de qué hablar.

Sin embargo, el reestreno de esta figura, exintegrante de la selección Colombia de mayores que jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el cuadro capitalino sufrió en defensa y permitió que el dueño de casa salvara un punto; un aspecto que el experimentado comentarista Carlos Antonio Vélez cuestionó en sus redes sociales.

Carlos Antonio Vélez cuestionó a veterano de la zaga de Millonarios

En efecto, Vélez puso la lupa en las fallas que perjudicaron al equipo de Alberto Gamero, que si bien estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, tras el autogol del local Luis Escorcia (34′) y el tanto del delantero Leonardo Castro (45+2′), vio cómo le igualaron con conquistas de Hayen Palacios (39′) y el juvenil Nivaldo Herazo (59′).

Según el comentarista, en la primera celebración del ‘Poderoso’ tuvo responsabilidad el lateral izquierdo Danovis Banguero; tal y como había sucedido el 24 de septiembre, en el tanto que ese día convirtió el zaguero Andrés Reyes para Atlético Nacional, en el empate (1-1) por la jornada 12 del ‘todos contra todos’ de la competición liguera.

“Dos goles igualitos le marcan a Millonarios en el Atanasio… hace unos días Atlético Nacional y hoy el DIM. En ambos sale en la foto Banguero... ¡Pilas!”, expresó Vélez en su perfil de X, en relación con la libertad en la que apareció Palacios para, de cabeza, poner el 1-1 parcial, que levantó de las tribunas a más de 28.000 espectadores.

Y es que si hay un hombre de confianza en el esquema de Gamero es Banguero, pues no solo lo tuvo en el ‘Albiazul’, durante el final de su primera etapa; también fue uno de los baluartes de la nómina del Deportes Tolima que se coronó campeona liguera en 2018-1. Pese a ello, las críticas sobre su nivel han reaparecido tras estas acciones.

A su vez, en su espacio Palabras Mayores, de Win Sports, Vélez profundizó su concepto. Indicó que Millonarios dejó dudas también en ofensiva, pues señaló cómo recurre al juego directo y a la pelota parada para convertir, pero que tiene dificultades para definir cuando controla la posesión; lo que pudo haberle costado el triunfo en el Atanasio.

“A Millonarios le da la pelota y siéntese a comer crispetas”, fue una de las frases utilizadas para describir a un conjunto que mueve el balón, aunque no logra traducir ese dominio en goles. Fue entonces cuando reiteró los cuestionamientos a la respuesta defensiva de Banguero, aprovechada según él por los adversarios del club bogotano.

“Banguero apareció en la foto de los dos goles que le hicieron a Millonarios de pelota parada, tiro de esquina, en menos de ocho días en el mismo estadio”, expresó Vélez, que fue incluso más allá y mencionó que un cambio de orientación a la espalda de este jugador facilitó el segundo tanto del cuadro antioqueño, para el 2-2 final.

En cuanto a la propuesta táctica, dijo cómo Gamero probó variantes durante el encuentro, al comenzar con un 4-4-2, que por momentos derivó en un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1, con movimientos de jugadores como Daniel Ruiz, Carlos Darwin Quintero y Macalister Silva; en un juego que dejó a ambos clubes con 20 y 21 puntos, respectivamente.

Tras su experiencia como precandidato presidencial y fórmula de la exsenadora Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo sorprendió a sus seguidores al anunciar en la plataforma digital LinkedIn que busca trabajo como conferencista. El motivo: obtener recursos para pagar las cuotas de los créditos que dejó la campaña política en el primer semestre.

Oviedo participó en la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026, en la que quedó en el segundo lugar, y gracias a esos resultados en la contienda denominada como La Gran Consulta por Colombia, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Sin embargo, tal parece que todavía no ha podido cubrir las obligaciones que derivó esta experiencia.

“Querida red, oficialmente estoy open to work (listo pa’ camellar)”, escribió Oviedo en su perfil, en el que además de poner su imagen con el tradicional logo verde, agradeció a su equipo y a quienes confiaron en su candidatura. También sostuvo que continuará “escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar”.

En su candidatura al primer cargo de la nación, el exdirector del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (Dane) y exconcejal de Bogotá obtuvo más de 1,2 millones de votos y alcanzó el segundo lugar en la referida consulta de centro–derecha. El resultado lo posicionó como la sorpresa de esa jornada electoral que se llevó entonces.

Oviedo está listo para dictar conferencias sobre Colombia, datos y minería

En su publicación, Oviedo ofreció compartir su experiencia en conferencias, eventos y otros espacios dirigidos a personas y organizaciones. Sus temas incluyen la actualidad y el futuro de Colombia, el uso de datos para adoptar mejores decisiones, el porvenir del sector minero-energético regional y las lecciones de su trayectoria personal.

Así, Juan Daniel invitó a los interesados a escribirle por mensaje directo en LinkedIn. “Quiero poner mi conocimiento y experiencia al servicio de más personas y organizaciones”, expresó en su post, en el que está dispuesto a escuchar distintas ofertas para solventar sus compromisos, aunque no descartó una nueva campaña.

Tras la primera vuelta presidencial, en la que fue aliado de Paloma Valencia, Oviedo tomó distancia de la decisión de la política de apoyar en la segunda vuelta al presidente Abelardo de la Espriella. Aunque la candidatura buscaba combinar la posición de derecha de la senadora con el perfil de centro del exconcejal, la unión no pegó.

Antes de esa contienda, el exfuncionario y excabildante distrital había sido candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023, elección en la que ocupó el segundo lugar, en la que perdió ante Carlos Fernando Galán. Todavía no se ha establecido si aspirará nuevamente para llegar al Palacio Liévano, en la elección del 31 de octubre de 2027.

Del Dane al Concejo de Bogotá

Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y doctor en Economía de la Universidad de Toulouse. Entre 2018 y 2022 dirigió el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cargo desde el que ganó reconocimiento por su perfil técnico y por su cercanía con la población durante la pandemia del COVID-19.

Tras su paso por la entidad estadística, en la administración de Iván Duque Márquez, ejerció como concejal de Bogotá entre 2024 y 2025, gracias al Estatuto de la Oposición, al haber sido el segundo de la contienda a la alcaldía. Sin embargo, sus aspiraciones de llegar a la presidencia lo llevaron a renunciar a su curul, tras dos años en el cabildo.

En sus capacitaciones, Oviedo también quiere poner en servicio de los interesados su historia de vida, de cómo salió de un barrio popular de Bogotá, en la localidad de Fontibón, a ocupar altos cargos públicos. “Y lo que he aprendido en el camino”, remarcó el exfuncionario, que ha sido crítico con la administración de De la Espriella.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes confirmó que incorporará al Expediente 7686 las quejas radicadas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por presunta presencia y actividad de personal militar estadounidense en el país, como parte de la adhesión de Colombia a la coalición del Escudo de las Américas.

En la respuesta al abogado Wálter Aguirre Mazo, la cual conoció Infobae Colombia, la célula legislativa encargada de investigar al jefe de Estado precisó que los documentos y anexos serán agregados a las actuaciones. “Una vez se efectúe el respectivo reparto, se asigne un Representante-Investigador y este avoque conocimiento del asunto, se le informará lo pertinente”, indicó.

De esta manera, se pretende establecer si se cumplieron los requisitos constitucionales que implican una determinación de esta naturaleza en materia de seguridad. A juicio del quejoso, en su radicación del 15 de agosto, el ingreso de tropas, aeronaves y mandos militares de Estados Unidos a Colombia requería autorización de órganos a nivel local.

Son ellos la plenaria del Senado de la República y el Consejo de Estado. Aunque el reclamo del jurista, que se sumó a otros ya radicados ante la citada comisión, no atribuye responsabilidades anticipadas ni afirma que hubiera combates en territorio colombiano, sí busca que se precisen las competencias del primer mandatario.

El expediente se centra, además, en registros oficiales del 27 de agosto en Tumaco, en donde según el abogado se documentó la presencia de helicópteros UH-1Y Venom, integrantes del U.S. Marine Corps y altos mandos estadounidenses durante un operational site survey, una inspección operativa de un lugar que evalúa condiciones y capacidades.

Los registros militares estadounidenses en Tumaco que sustentan la queja

En su argumentación, Aguirre Mazo indicó que las fichas publicadas por Dvids, plataforma oficial de difusión audiovisual de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, identificaron un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines durante la actividad en Tumaco, municipio del sur de Nariño considerado clave para la seguridad nacional.

Otro registro mostró a un jefe de tripulación estadounidense junto al mayor general Kevin Jarrard, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental; mientras que una tercera imagen ubicó al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. mientras observaba un mapa en esa ciudad de la Costa Pacífica.

La documentación aportada en la queja contra De la Espriella también incluyó dos helicópteros UH-1Y Venom que sobrevolaban Tumaco durante la misma jornada. En su reclamo, la queja sostiene que esos registros transformaron el sustento de la denuncia, pues se trataría de evidencia oficial sobre la presencia de fuerzas estadounidenses.

En consecuencia, según el abogado, ya no se trataría solo de anuncios sobre una futura cooperación bilateral; aunque el escrito aclara que las imágenes no prueban por sí mismas que hubiera operaciones de combate, sino solamente la llegada al país de efectivos de unidades norteamericanas en una zona sensible del territorio.

Colombia formalizó su adhesión a estrategia de seguridad de Estados Unidos

Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) y que se suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer, como eventual miembro del Escudo de las Américas, el trabajo conjunto, el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos.

Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó que la reunión bilateral marcó la incorporación colombiana a A3C y la firma de un instrumento denominado Access, Basing and Overflight, que se refiere al acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo del territorio colombiano; aunque no se conocen mayores detalles.

Entre el 26 y el 28 de agosto, Donovan cumplió una visita oficial a Colombia. El Comando Sur informó que el 27 de agosto autoridades estadounidenses y colombianas se reunieron con fuerzas de élite para “refinar una estrategia operacional conjunta” dirigida a desmantelar redes y carteles que tienen centro de operaciones en Colombia.

De hecho, el 28 de agosto, el alto mando estadounidense visitó el Centro Nacional de Entrenamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida. La documentación aportada por Aguirre Mazó relacionó esas reuniones con la actividad de reconocimiento efectuada un día antes en Tumaco, por lo que pidió que se establezca el alcance jurídico y operativo.

La autorización del Senado y el papel del Consejo de Estado

La controversia se basa en el artículo 173 de la Constitución Política, que atribuye al Senado de la República la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. La Carta Magna establece una excepción durante el receso legislativo: el Presidente puede autorizarlo, con dictamen previo del Consejo de Estado.

Durante el 27 de agosto el Congreso se encontraba en período ordinario de sesiones, por lo que la queja del abogado plantea que la excepción presidencial no parecería aplicable de manera preliminar. La conclusión jurídica definitiva, aclaró el denunciante, debe ser determinada por la Comisión de Acusaciones tras evaluar la evidencia.

En este sentido, el Consejo de Estado ha informado que tiene competencia para emitir concepto previo en los casos constitucionales de tránsito de tropas extranjeras y de tránsito o estación de aeronaves extranjeras de guerra. El jurista indicó que no existió una solicitud del Ejecutivo colombiano al alto tribunal relacionada con la coalición A3C.

También señaló que, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, no se hicieron solicitudes ante este órgano de justicia sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras. La ampliación pide que esa información sea verificada directamente ante la corporación judicial, con el fin de establecer el alcance de esta denuncia.

El expediente solicita, además, una certificación de la Secretaría General del Senado sobre eventuales solicitudes, debates o autorizaciones relacionados con A3C, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, los helicópteros y los hechos ocurridos en Tumaco, entre otros sucesos que, a juicio del abogado, merecen explicación oficial.

Estas son las pruebas solicitadas para la investigación que adelantaría la Comisión de Acusaciones

La denuncia pide requerir a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares, a la Cancillería y a otras entidades los acuerdos, órdenes, memorandos, notas diplomáticas y reglas de operación que sustentaron la actividad estadounidense; y los registros digitales, aeronáuticos, militares y diplomáticos vinculados con el caso.

Entre los puntos a esclarecer figura el instrumento jurídico que autorizó el ingreso del personal y las aeronaves estadounidenses a Tumaco, y la identidad de los que impartieron las directrices. A su vez, establecer si la inspección fue una visita técnica, una asesoría, un tránsito o un reconocimiento operacional o un despliegue de fuerzas.

Según Aguirre Mazo, existe una contradicción, pues mientras el Ministerio de Defensa indicó a la ONG Temblores que no hubo de militares extranjeros en Colombia, las publicaciones de Dvids que individualizan personal y aeronaves militares estadounidenses en Tumaco, según la ampliación de su denuncia ante la Comisión de Acusaciones.

El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana del miércoles 30 de septiembre la finalización del racionamiento programado de gas natural en la planta regasificadora de Spec LNG en Cartagena (Bolívar), que de acuerdo con la dependencia restituyó el suministro contratado con gas importado sin afectar a los usuarios esenciales del servicio en el territorio nacional.

La terminal recuperó una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, siendo este el volumen destinado a atender la demanda contratada mediante gas natural licuado, el combustible enfriado hasta estado líquido para facilitar su transporte y posterior retorno al estado gaseoso; en una operación que empezó el pasado 25 de septiembre.

Durante la contingencia, hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios recibieron, de acuerdo con el ministerio, el 100% del gas requerido. Tanto la cartera como el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural y los agentes del sector mantuvieron seguimiento sobre las condiciones del sistema.

Así se avanzó en la recuperación de la terminal de Spec en Cartagena

Las tareas correctivas sobre el tren de regasificación finalizaron a las 10:36 a. m. del 29 de septiembre. Desde entonces, la terminal dispuso nuevamente de toda su capacidad para convertir el gas natural licuado importado y entregarlo al sistema nacional, tal como estaba previsto en el calendario, que contemplaba una intervención profunda al sistema.

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P., operadora de Spec LNG, comunicó que la condición operativa que había limitado el funcionamiento de la infraestructura había sido superada. A su vez, el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural confirmó que ya no era necesario mantener las reglas extraordinarias para asegurar el abastecimiento.

Como se mencionaba, el racionamiento había comenzado el 25 de septiembre mediante la Resolución 40524 de 2026, que alcanzó a todas las fuentes de gas de producción nacional y a las infraestructuras de regasificación. La medida, según el ministerio, buscó garantizar la continuidad del combustible ante una limitación técnica cuya duración era indeterminada.

En consecuencia, las disposiciones temporales priorizaron el consumo de los sectores esenciales y administraron la disponibilidad de gas para reducir las consecuencias sobre los demás usuarios. Con el cese de la medida, volvieron a regir las condiciones ordinarias del mercado de gas natural, en un periodo en el que operó con capacidad reducida.

Ministerio puso fin a medidas extraordinarias en Spec que garantizaron el abastecimiento nacional

La resolución que declaró el fin del racionamiento derogó formalmente la norma adoptada cuatro días antes. El acto administrativo se publicó el 29 de septiembre, que puso fin al procedimiento extraordinario previsto para preservar la estabilidad de un sector y la seguridad del suministro del hidrocarburo, en una contingencia que obligó a tomar medidas.

Es válido destacar que la legislación establece que el Gobierno nacional puede fijar un orden prioritario de atención cuando existan restricciones insalvables en la oferta de gas o emergencias graves que impidan cubrir la demanda mínima, como en este caso. Entre los criterios figuran los efectos sobre la población y las necesidades de generación eléctrica.

“El Ministerio de Minas y Energía continuará realizando seguimiento a las condiciones de abastecimiento y trabajando de manera articulada con los agentes del sector para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro de gas natural en todo el país”, precisó la cartera en su comunicación, al dar un parte de tranquilidad de las labores adelantadas en esa planta.

El Gobierno Nacional señaló que la contingencia refuerza la necesidad de reactivar la exploración y producción de hidrocarburos. Entre las iniciativas mencionadas están el recobro mejorado, técnica para extraer mayores volúmenes de un yacimiento; la evaluación de yacimientos no convencionales; los proyectos costa afuera, ubicados en el mar; y la asignación de nuevos contratos de exploración y producción en áreas con potencial.

La situación de orden público reportada en las redes sociales se registró en un punto estratégico de esa carretera, donde hay presencia de unidades de la Policía y el Ejército. La información preliminar apunta a un hostigamiento contra esos uniformados, aunque las autoridades no han confirmado el tipo de artefactos utilizados ni precisado si hubo personas heridas, en hechos que ya son materia de investigación.

En los videos que empezaron a circular en las redes sociales, se vio cómo conductores que transitaban por el sector y algunos transeúntes alertaron sobre detonaciones y disparos en inmediaciones del antiguo peaje. Ante el riesgo, se recomendó a los viajeros circular con precaución y seguir las instrucciones que impartan las autoridades en la zona, que está en una zona en la que tienen presencia las disidencias de las Farc.

El hecho mantiene bajo alerta el corredor vial entre Popayán y Cali, que es considerado vital no solo para la movilidad del suroccidente del país, sino además para el abastecimiento de alimentos e insumos en estas poblaciones. Mientras tanto, las autoridades adelantan verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y definir si se requieren restricciones de movilidad sobre la vía Panamericana.

“Ya hay bomberos en el sitio, que evalúan a los heridos aquí, en el antiguo peaje de Tunía. Pero la tensión sigue. Ahí vemos los aviones de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) patrullando la zona”, dijo uno de los testigos del suceso, en un testimonio que quedó grabado en uno de los videos que se conocieron de este suceso; que sería muestra del poderío que tendrían las disidencias en esta zona del departamento del Cauca.

Frente a estos momentos de terror, los videos muestran el caos y la angustia de las personas que transitaban por este sector, mientras buscan refugio. “Son como (disparos) como desde la cancha, yo creo que le están tirando. Desde la cancha, yo creo. (disparo) Ah, velo, allá están. Hágale, que allá arriba están, mira”, se escuchó a otro de los presentes que registró con su dispositivo celular el mencionado ataque.

Esto es lo que se sabe del ataque con drones en el antiguo peaje de Tunía

Versiones preliminares también indican que la estación de Policía conjunta habría recibido ataques de fusil, provenientes de las disidencias de las Farc; aunque hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Defensa. La situación obligó al cierre total de la vía Panamericana, con el fin de proteger a los viajeros y permitir el despliegue de refuerzos militares.

Se conoció, de manera extraoficial, que al menos seis uniformados habrían registrado heridas por este ataque atribuido a las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, que tiene presencia con sus estructuras al margen de la ley en este corredor vial. Y que tiene como modus operandi el ataque con este tipo de elementos, que son modificados e integrados con sistemas caseros de liberación.

Es válido destacar que el Cauca concentra una crisis de seguridad relacionada al uso de elementos no tripuladas. En lo que va del año, se registraron 40 ataques con drones contra bases militares en el departamento, la cifra más alta del país. Al hostigamiento en Tunía se suman hechos ocurridos durante el presente mes en Caldono, donde seis soldados resultaron heridos, además de los ocurridos en Patía y Cajibío.

La solicitud de Uscátegui, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, contempla un despliegue focalizado en corredores y puntos críticos definidos mediante inteligencia, operaciones contra organizaciones delictivas, controles de armas y explosivos, y medidas contra las economías ilícitas. También propone proteger las zonas comerciales afectadas por extorsiones y reforzar la inteligencia y la investigación criminal.

“Los ciudadanos de Bogotá llevan tiempo esperando medidas concretas frente a la violencia. Estamos solicitando que el Gobierno Nacional apoye a la Policía en los sectores más afectados y actúe contra las estructuras criminales que amenazan a las comunidades”, afirmó el legislador, que antes de la sesión efectuada en la célula legislativa reiteró su petición desde la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el congresista, los bogotanos ya se pronunciaron sobre este asunto, toda vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil validó 37.056 firmas para convocar un cabildo abierto sobre la asistencia militar en Bogotá. La cifra superó el mínimo de 31.096 apoyos exigido para activar el proceso, en una sesión que está pendiente de programarse por parte del Concejo y del alcalde Carlos Fernando Galán.

Las tres localidades son las más violentas de Bogotá, según José Jaime Uscátegui

De acuerdo con los datos recopilados por el congresista de Gobierno, la localidad de Ciudad Bolívar registró 236 homicidios durante 2024, seguida por Kennedy, con 174, y Bosa, con 118. No obstante, solo en abril de 2026, los registros citados por el congresista indicaban 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en Bosa; motivo por el que pidió al Ejecutivo tomar acciones urgentes sobre esta situación.

En ese orden de ideas, sostuvo que esos sectores de la capital, ubicados en la frontera con el municipio de Soacha, concentran “prácticamente la mitad de los homicidios de toda la ciudad”. Por esa razón, planteó que una estrategia para reducir la tasa de asesinatos debería comenzar en esas tres localidades, antes de que se pudiera replicar en el resto de la ciudad, como lo pide el parlamentario en su comunicación.

En su solicitud, el representante comparó la medida con la militarización aplicada en Santa Marta, cuando se registraron violentos ataques de miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y pidió que las Fuerzas Militares acompañen a la Policía en labores de seguridad que se adelanten en estos sectores de la capital de la República, que merecen en consecuencia especial atención.

El asesinato de un intendente y la explosión en Kennedy llevaron a Uscátegui a pedir la militarización

El congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, mencionó el asesinato del intendente de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 27 de agosto en Ciudad Bolívar. El policía adelantaba en esta localidad tareas vinculadas con la investigación de un triple homicidio cuando fue asesinado, en un crimen que aún es objeto de investigación por parte de las autoridades.

También señaló que visitó la alcantarilla donde fue encontrada la niña Ana Lucía González. “Uno no se explica cómo escatimamos esfuerzos a la hora de recuperar la seguridad en la ciudad capital”, expresó el congresista, en relación con un caso que estremeció a la comunidad, pues desapareció el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde se encontraba pasando vacaciones.

También recordó la explosión del 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy, que afectó varias viviendas. Uscátegui advirtió que la ciudad no debería esperar un ataque con una granada lanzada desde un dron para reconocer la necesidad de apoyo militar a la Policía, por lo que pidió medidas urgentes para que se lleve a cabo esta estrategia, que a su juicio podría traer buenos resultado a la ciudadanía.

Frente a esta petición, una de las voces que expresó de inmediato su preocupación fue la de la exsenadora María José Pizarro. “El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Jose Jaime Uscátegui, anunció que radicaron una carta al gobierno pidiendo militarizar Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, como se hizo con Santa Marta, por homicidio y seguridad. ¿Qué piensa Carlos Fernando Galán?“, señaló Pizarro en su perfil.

La iniciativa de convocar el cabildo abierto fue impulsada junto con su hermano, el concejal Julián Uscátegui. De los 52.965 registros revisados por la Registraduría Nacional, 37.056 fueron validados; la recolección de apoyos se había anunciado en marzo, cuando se reportó la entrega de más de 32.000 firmas, por lo que le pidió al presidente que “escuche ese llamado y evalúe las medidas necesarias”.

Esta especie de retractación de Blanco respondió a los congresistas de la colectividad que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en la sesión que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes cuestionaron si sus antiguos ataques contra ese partido afectarían as garantías de seguridad que debe ofrecer a dirigentes políticos amenazados por su ejercicio.

“Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo Blanco que, acto seguido, explicó que la función de la entidad no puede depender de afinidades políticas hacia el Gobierno nacional.

Así presentó disculpas Didier Blanco a los miembros del Centro Democrático

En efecto, el funcionario relacionó esas situaciones de riesgo con la actividad política de los protegidos y se dirigió de forma directa al partido opositor. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

Con ello, también señaló que entiende la responsabilidad asociada con el cargo que ocupa. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, agregó Blanco, que es poligrafista y psicólogo de profesión.

La respuesta del funcionario se dio tras conocerse posturas como la del representante Manuel Alexander Pérez, que intervino en la citación para exponer su situación personal y la de su partido en Arauca. “Yo soy fundador del Centro Democrático en el departamento de Arauca, con la familia desplazada, con cinco amenazas el año pasado, amenazas de muerte, listas”, señaló Pérez.

Fue entonces cuando el parlamentario preguntó si las expresiones previas de Blanco corresponden a una postura institucional y si guardan relación con la reducción de esquemas de protección para integrantes de la colectividad en ese departamento. Según el congresista, varios beneficiarios mantienen sus medidas de seguridad mediante acciones de tutela falladas a favor.

Estos eran los mensajes de Didier Blanco antes de llegar al Gobierno de Abelardo de la Espriella

En sus duras publicaciones en las redes sociales, Blanco había lanzado ataques contra sectores políticos enfrentados al llamado abelardismo, entre ellos el gobierno de Gustavo Petro, la izquierda y el Centro Democrático. El hoy funcionario, que es cercano al senador Alejandro Bermeo, hoy investigado por presunto abuso sexual, intentó sin éxito ser representante a la Cámara por el Tolima.

También fue activista de Defensores de la Patria y escribió que quería que, entre otras, La Silla Vacía fuera un medio impreso para “poderme limpiar el culo con (Iván) Cepeda, (Gustavo) Petro, (Daniel) Coronell, (Juan Manuel) Santos y el Centro Democrático”; un mensaje que le valió duras críticas en las plataformas digitales y por el cual tuvo que retractarse en su visita al legislativo.

Por ello, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, planteó en su momento una serie de observaciones sobre la confianza que debía generar Blanco, el nuevo responsable de la entidad. “Nunca he sentido garantías con el actual director de la UNP y con este tipo de cosas será muy difícil sentirlas con el señor Didier Blanco”, sostuvo Briceño en su perfil de X.

Director de la UNP atribuyó los esquemas incompletos a una transición con vehículos sin devolver

Por su parte, el representante Pedro Alejandro Murcia pidió que el nuevo director garantice un trato respetuoso y protección para los miembros del Centro Democrático. “Esperamos de usted altura, esperamos respeto y esperamos que se cumpla su función de protegernos”, expresó Murcia durante su intervención en la referida comisión cameral, que analizó la actualidad de la UNP.

En respuesta, Blanco explicó que parte de las dificultades para completar algunos esquemas se relaciona con la devolución pendiente de vehículos asignados a congresistas, exministros y exfuncionarios. “Algunos congresistas, exministros y funcionarios se llevaron los vehículos y no los han entregado”, destacó el titular de la unidad, que espera regularizar esta situación.

Y con respecto a estos trámites, el director añadió que los que ya no pertenecen al Congreso deben iniciar un trámite distinto si mantienen situaciones personales de seguridad. Mientras ese procedimiento comienza, pueden quedar temporalmente sin esquema; una situación que, según Blanco, dificulta la transición de las medidas de protección que deben brindarse a los ciudadanos.

La controversia alcanza a una entidad con un presupuesto anual de 2,6 billones de pesos y a cargo de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos que pueden afrontar dificultades en materia de seguridad. En la administración de Gustavo Petro la entidad fue blanco de críticas, por cuenta de su papel protector.

La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro rechazó en la mañana del martes 29 de septiembre las interpretaciones sobre las referencias a su nombre en la sentencia del Consejo de Estado que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name: involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La excongresista bogotana, que compartió el comunicado del Pacto Histórico sobre el trámite de la referida reforma, una de las tres grandes banderas de la administración de Gustavo Petro, sostuvo que las menciones corresponden a sus funciones como primera vicepresidenta de la corporación; en cargo que ocupó entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024.

En ese sentido, Pizarro afirmó que su nombre aparece 85 veces en la providencia, aunque señaló que esas referencias no implican una acusación en su contra. “¿Acaso los periodistas leyeron el fallo donde me mencionan 85 veces y se percataron que dichas menciones están en el marco legal y constitucional de mis funciones como vicepresidenta del Senado?”, escribió la política del Pacto.

Asimismo, la también exprecandidata presidencial cuestionó la cobertura que relacionó las referencias del fallo con eventuales responsabilidades en el caso. “Ya vemos que no. Y que otros se limitaron simplemente a replicar la misma narrativa incriminatoria sin revisar el contenido de la decisión”, añadió Pizarro en su publicación, en la que salió en defensa de su gestión legislativa.

Según la mujer, hubo una estrategia para afectar la reforma. “Un titular llamativo desde un medio para criminalizar, que luego replican bodegas de derecha y supuestos ‘periodistas’ para reforzar la narrativa”, destacó la excongresista, que aseguró que esas acusaciones carecen de pruebas y las calificó como falsas, en relación con un supuesto trato para favorecer la reforma pensional.

Sesiones presididas por Pizarro ante las ausencias de Name: el origen de la polémica

La sentencia contra Name está vinculada con el escándalo de corrupción de la Ungrd. El Consejo de Estado determinó, en primera instancia, que el entonces presidente del Senado incurrió en tráfico de influencias al favorecer el avance de reformas del Gobierno a cambio de beneficios económicos; en específico, la recepción de un multimillonario soborno por el orden de los 3.000 millones.

En ese documento, el nombre de Pizarro apareció en el recuento de al menos 14 sesiones que presidió como primera vicepresidenta de la corporación cuando Name se ausentaba de la conducción del Senado. Una parte de esas referencias está relacionada con el trámite de la reforma pensional, uno de los proyectos del Gobierno Petro, en estudio por parte de la Corte Constitucional.

Pizarro sostuvo que su papel se limitó al cumplimiento de los deberes institucionales que asumió por su cargo. “Mi respuesta es a Colombia: altura en el debate, rigor y rectitud en mi actuación”, afirmó la excongresista. “Quienes quieran criminalizar, están buscando en el lugar equivocado”, agregó en su defensa, frente a los señalamientos que recibió por estas denuncias.

El pronunciamiento de Pizarro se conoció a la par del respaldo del Gabinete por la Vida a la reforma pensional tramitada en el Congreso. En el pronunciamiento emitido señalaron que el proyecto fue debatido en 15 sesiones plenarias y que, durante ese proceso, se presentaron dos ponencias de archivo, una ponencia alternativa, cuatro sesiones de impedimentos y una audiencia pública.

En efecto, el Pacto Histórico señaló que la actuación de Pizarro como primera vicepresidenta estuvo respaldada por las actas y los registros oficiales del Senado, y esbozó que la defensa política de una iniciativa impulsada por el Gobierno del que hacía parte su bancada no constituye, por sí misma, una irregularidad. “Pretenden judicializar el debate político”, advirtió el Pacto.

El expresidente de la República, Gustavo Petro, informó el martes 29 de septiembre la conformación de una dirección provisional del Movimiento Pacto Histórico y, de paso, anunció la elección popular de delegados para definir la estructura de la colectividad. Con ello, empezó a trazar la hoja de ruta de la colectividad opositora de cara a los comicios de octubre de 2027.

“Esta es la dirección del Pacto Histórico provisional”, expresó Petro al compartir una postal de los que se encargarán de dirigir la colectividad, antes de detallar los lineamientos de la etapa organizativa del partido: que pasó de ser una coalición de sectores de izquierda, como se vio en 2022, a una estructura política unificada, con aval del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el anuncio, el proceso incluirá una convocatoria para que los ciudadanos elijan a los delegados que participarán en la configuración interna del movimiento. La votación será abierta y las personas podrán sufragar en mesas electorales instaladas en distintos puntos del país; en la apuesta de consolidar una estructura que pueda recuperar terreno en las urnas.

Entre los que aparecen junto al exmandatario en la postal se destacan, entre otros, el exalcalde de Villavicencio y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman, las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, y el hoy representante a la Cámara Heráclito Landinez, que se encargarán de acompañar al exjefe de Estado en esta misión.

Estos son algunos de los miembros, es una instancia colegiada que estará compuesta por 19 miembros en total, que como su denominación lo indica, representarán de manera provisional a las fuerzas políticas fundadoras que completaron el proceso de fusión, como Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Afiliación estará abierta a los que respalden el programa del movimiento

Petro sostuvo que cualquier ciudadano podrá afiliarse al Pacto Histórico, siempre que comparta el programa progresista de la organización y sus banderas de democracia y justicia social, entre ellas “la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia”. Con ello, buscan ampliar su base y consolidar las listas que presentarán para las elecciones regionales.

En este grupo también está, según se pudo establecer, el senador Iván Cepeda Castro, excandidato presidencial del partido y senador por el Estatuto de la Oposición. Y que lidera desde el legislativo la labor de oposición a las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, al que se ha negado a reconocer como mandatario por su ciudadanía norteamericana.

Según se conoció, el congreso nacional de la colectividad sería a principios del 2027, en fecha aún por determinar.

Pacto Histórico creará equipos sobre fraude electoral y defensa jurídica

En su publicación, el exmandatario también anunció la creación de grupos especializados para investigar posibles irregularidades electorales. Entre las medidas planteadas, mencionó la exigencia de reincorporar el candado hash en los formularios E-14 de la Registraduría Nacional; un mecanismo que, según indicó, evita modificaciones en documentos PDF.

“Se crearán equipos especiales para la investigación del fraude electoral”, señaló Petro, que relacionó esa propuesta con la defensa de los resultados en elecciones locales. Además, anticipó la conformación de un equipo de defensa jurídica para atender los casos de dirigentes y simpatizantes que, según su declaración, sean objeto de persecución política.

Así pues, Petro cuestionó la consigna de “destripar el progresismo”, que atribuyó al gobierno de su sucesor, con el que ha tenido fuertes diferencias, como se pudo ver en la reciente réplica a la alocución presidencial. “Es usted, señor Abelardo el socio de los narcotraficantes y no quienes más los combatimos por genocidas”, advirtió en uno de los apartes de dicho video.

Petro propuso una estrategia de comunicación frente a las redes sociales

Con ello, otro de los puntos anunciados fue la creación de un espacio comunicacional dentro del partido, pues Petro afirmó que esa instancia buscará responder a las campañas de desinformación y a la actividad coordinada de cuentas en redes sociales. “Se creará un espacio comunicacional, que sea capaz de enfrentar el efecto de las granjas de bots”, expresó.

El ex primer mandatario también aludió a una supuesta “matrix de falsedad y manipulación sobre la conciencia ciudadana”, en un panorama en el que, siendo el principal partido de oposición, cuenta con una fuerza política en el Congreso de 26 senadores y 41 representantes a la Cámara, desde donde prevé ejercer control legislativo y promover sus propuestas.

A través de sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro relacionó la cancelación de la escala del crucero Freewinds en Santa Marta con la gestión en materia de seguridad de su sucesor, presidente Abelardo de la Espriella. Y cuestionó a los empresarios que, según él, respaldaron en campaña al hoy gobernante, y que hoy son los perjudicados por lo que ha ocurrido en la ciudad.

El mensaje del exmandatario se conoció después de que la embarcación desistió de inaugurar en la conocida Bahía de América la temporada 2026-2027 de cruceros, por razones de seguridad. La decisión se produjo tras las acciones violentas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que llevaron al Gobierno a desplegar de 1.100 efectivos de la fuerza pública.

“Así destruye a Santa Marta desde el Gobierno nacional. Hoteleros que no tienen el olfato de empresarios y terminan apoyando su propia ruina”, señaló el ex primer mandatario, que reaccionó de esta forma a este suceso, cuando se preveía que la llegada del mencionado crucero se efectuara el lunes 28 de septiembre, según se había establecido en el cronograma inicial del evento.

Frente a esta determinación, la vicepresidenta de Anato Caribe, Jacqueline Vives, confirmó a Caracol Radio que la compañía había resuelto no llevar el Freewinds a Santa Marta desde la semana anterior. La representante gremial situó la cancelación en medio de los hechos de orden público y de las advertencias emitidas desde el exterior, en especial de Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Freewinds canceló su llegada tras hechos de seguridad en Santa Marta

En efecto, Vives explicó que la naviera tomó la determinación durante los días posteriores a la escalada de violencia. “Obviamente, en el momento que ocurrieron los hechos tomaron una determinación desde la semana pasada de que no llegara el barco por tema de seguridad a la ciudad. Pero ya estamos operando normalmente y estamos disponibles para recibirlos”, dijo.

Esta suspensión afectó la apertura de la temporada de cruceros 2026-2027, aunque el gremio turístico aseguró que la capital del Magdalena mantiene sus operaciones comerciales y de atención a visitantes. En su pronunciamiento, la dirigente hotelera indicó que Anato todavía no tiene confirmadas nuevas llegadas de embarcaciones antes de noviembre de 2026.

Y es que según explicó Vives, las alertas de los países norteamericanos incidieron en la percepción internacional sobre este destino, uno de los más turísticos del país. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos a Santa Marta y zonas cercanas de Magdalena y La Guajira por el riesgo de enfrentamientos y bloqueos viales.

Anato prepara campaña para recuperar la confianza turística

Tras los hechos de orden públicos derivados de la neutralización de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, cabecilla de las autodefensas, Anato y el viceministerio de Turismo acordaron una mesa de trabajo para difundir las condiciones actuales de Santa Marta y, de esta manera, enviar un mensaje de tranquilidad a los turistas que tienen sus reservas en este destino de la Costa Caribe.

“Estamos haciendo una campaña de publicidad, se llegó a una mesa también con el viceministro de Turismo y allá hay un plan de trabajo para hacerle saber al mundo y al país que ya estamos preparados, seguimos bien y todo está bien”, expresó Vives al referido medio, en respuesta a este panorama, que causó inquietud por la baja de otros 12 presuntos integrantes de esta organización.

En represalia al ataque ordenado por el presidente De la Espriella, hombres armados dispararon contra establecimientos que permanecían abiertos y quemaron vehículos de transporte público y de carga en la Troncal del Caribe, vía de conexión hacia el departamento de La Guajira y los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

En lo que respecta a la situación del turismo, representantes del sector calcularon que cerca del 95% de los comercios, hoteles y restaurantes cerraron o limitaron su atención por las intimidaciones. La Fundación Ideas para la Paz señaló que las Acsn extorsionan a una proporción similar de operadores turísticos, restaurantes y comerciantes de la región.

Esta última afirmación haría mención al exjefe de Estado Gustavo Petro, en declaraciones en las que destacó cómo mientras en el anterior cuatrienio no se combatió, según él, a las estructuras al margen de la ley, el hoy mandatario se ha encargado de impulsar operativos para su desarticulación; incluso, saliendo con una pistola al cinto a hacer patrullajes por ciudades como Santa Marta y Cali.

“Yo prefiero un presidente armado que un presidente drogadicto. Estábamos tan acostumbrados a los bandidos que cuando vuelve el orden, nos escandalizamos”, expresó Barón Jr. en su pronunciamiento, en el que mencionó cómo De la Espriella estaría impulsado la restitución del orden, contra organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

“Y naturalmente, armado con una Glock Gen 5, caminando por las calles de Santa Marta, hizo llorar a los zurdos”, afirmó el hijo de la reconocida figura de la TV, que también atribuyó al jefe de Estado la muerte de alias Robinson, de la Segunda Marquetalia, vinculado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; tras el ataque armado del 7 de junio de 2025 ordenado por esta disidencia.

Y es que las imágenes en las que se le vio al mandatario con chaleco antibalas, radio de comunicaciones y un arma visible en la cintura durante operativos desplegados tras el paro armado convocado por las Acsn, luego de la muerte de alias Cholo, identificado como jefe financiero de esa organización, fueron objeto de elogios por parte de Barón jr., viral en las redes sociales.

¿Puede Abelardo de la Espriella cargar un arma de fuego?

Aunque no existen prohibiciones sobre este asunto, las imágenes de De la Espriella patrullando armado las calles de la capital del Magdalena y de Cali, en donde supervisó la operación Iron, han desatado una fuerte controversia en las plataformas digitales. Una práctica que empezó a hacerse recurrente tras firmarse la suspensión de la prohibición para el porte legal de armas en Colombia.

El Decreto 1368, firmado el 8 de septiembre, levantó la suspensión general vigente desde 2015 y restableció la validez de los permisos individuales que estuvieran en regla. Aunque en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se precisa que las armas deben portarse de manera oculta y discreta, pese a la intención del presidente de mostrarse armado ante la opinión pública.

“Abelardo, en un solo mes de gobierno, hizo más que cuatro años de Petro: 15 capturas, 23 cabecillas neutralizados”, recordó Jorge Barón Jr., que con ello defendió la actuación presidencial en materia de seguridad, y recordó cómo le ha puesto “tatequieto” a hombres como alias Calarcá, alias Mordisco y alias Bendito Menor como parte de las acciones que adjudicó al Gobierno.

Con esto, también hizo una crítica a sectores de izquierda. “Amigos zurdos, que su presidente no haya hecho nada en cuatro años no es culpa de nuestro presidente, que sí está juicioso y está defendiendo el país él mismo”, puntualizó el creador de contenido, que estaría cultivando una eventual campaña para el Concejo de Bogotá en los comicios del 31 de octubre de 2027.

Frente al porte de la pistola Glock por parte de Abelardo de la Espriella, la ONG Temblores pidió explicaciones sobre los permisos del arma y cuestionó que el jefe de Estado lleve consigo armamento personal pese a contar con la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP); aunque su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo avale.

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, la exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó el posible traslado del expresidente de la República Gustavo Petro a una vivienda en La Calera, luego de que se conociera que el inmueble pertenecería a la exministra de Comercio Diana Marcela Morales y que habría sido cedido bajo la figura de hospedaje. Una figura que causó alarma en la excongresista.

En efecto, Cabal lanzó una serie de interrogantes sobre las condiciones en las que Petro ocuparía la propiedad. “¿Hospedaje gratis en una casa hipotecada? Eso despierta suspicacias. Petro, uno cosecha lo que siembra”, señaló la política vallecaucana, que aprovechó una de las polémicas en las redes sociales para lanzar duros señalamientos contra el líder político del Pacto Histórico.

Y es que según Cabal, haciendo mención de la versión del periodista Felipe Zuleta, señaló que “a Petro no lo quieren ni de vecino”, en relación con la forma, según contó el comunicador, en que el exmandatario tuvo que hacer su trasteo a Bosques del Encenillo. “Muy calladito”, agregó la exparlamentaria, que no dejó pasar la “preocupación” de los vecinos por este inquilino.

Posible trasteo de Gustavo Petro a Bosques del Encenillo generó preocupación

La información sobre la eventual mudanza fue divulgada por Zuleta en Blu Radio. Según ese reporte, residentes del sector advirtieron el ingreso de cajas y pertenencias a una vivienda, además de la presencia de vehículos del esquema de seguridad del exmandatario; siendo este uno de los motivos que generaron incomodidad en una anterior residencia, en casa del exsenador Gustavo Bolívar.

Frente a la llegada de Petro a Bosques del Encenillo, los vecinos consultados habrían expresado su preocupación por las medidas de seguridad que podrían implementarse en el conjunto si Petro fija allí su residencia. Según los quejosos, el impacto que tendría un dispositivo de protección sobre los accesos afectaría la dinámica tranquila de la zona, ubicada cerca al recordado Alto de Patios.

Según Blu Radio, la casa pertenece a Diana Marcela Morales, que ocupó el Ministerio de Comercio durante el gobierno de Petro entre junio de 2025 y el 7 de agosto pasado. La versión conocida por el citado medio indica que el inmueble habría sido facilitado como hospedaje y que no existiría un contrato de arrendamiento formal, que se explicaría por la presencia de Petro en la Lista Clinton.

En ese sector, de acuerdo con la versión de Zuleta, las viviendas del conjunto tendrían precios de venta de entre $2.800 millones y $6.000 millones. Los cánones de arriendo, añadió, estarían entre $12 millones y $15 millones mensuales, monto que no estaría pagando el exmandatario, que estaría residiendo de forma gratuita en el inmueble, que tendría una hipoteca con el banco Bbva.

Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre esta versión

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, Petro y Morales no habían dado una explicación pública sobre el posible hospedaje en La Calera; a diferencia de otras ocasiones, en las que el exmandatario ha reaccionado frente a los rumores que lo han involucrado a otros sitios de residencia, como cuando se mencionó su posible arribo al conjunto Sierras del Moral, en Bogotá.

Frente a este último episodio, y las quejas de algunos de los vecinos, como se pudo conocer en un pronunciamiento que se hizo viral en las redes sociales, Petro negó que tuviera planes de vivir allí. “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”, escribió entonces.

Este tema, el del sitio de vivienda del expresidente tras dejar el poder, el 7 de agosto, se ha convertido en recurrente en las redes sociales. Y todo desde que se supo que Bolívar le dio posada en su residencia en la capital, esto en medio del proceso de separación de Petro, que contaba con una casa en Chía, pero que entró en la disolución de su matrimonio con Verónica Alcocer.

La aprobación de la Ley Nuclear 2603 de 2026 por parte del Congreso de la República abrió una discusión que durante años quedó reducida a una pregunta a todas luces equivocada: ¿Colombia busca fabricar armas atómicas o construir centrales nucleares de gran escala? En efecto, esta es una percepción errada de los verdaderos alcances que podría tener el desarrollo del articulado que entró en vigencia en el país.

La norma, sancionada el 10 de julio, sentó las bases para crear una entidad experta en vigilar el uso pacífico de radiaciones ionizantes y materiales radiactivos, que ya se usan en hospitales, laboratorios, la industria, la agricultura y la investigación. Se trata, entonces, del nacimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (Ansn), organización que concentrará las funciones que permitirán su implementación.

Esta agencia, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), concentrará las funciones de regulación, autorización, inspección, vigilancia, control y fiscalización. Hasta ahora, esas competencias estaban repartidas entre ministerios, secretarías de Salud y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), lo que supone un primer paso hacia la nueva realidad del país en esta materia.

Para Camilo Prieto Valderrama, médico, investigador, director de la Red Nuclear Colombiana e impulsor de la iniciativa, esto responde a una necesidad institucional de hablar el mismo idioma, antes que a una decisión sobre centrales eléctricas. “Colombia ya utilizaba tecnologías nucleares y radiaciones ionizantes, pero su regulación estaba distribuida entre distintas entidades”, dijo a Infobae Colombia.

Por su parte, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático y uno de los promotores en el legislativo, sostuvo que la legislación pretende abrir un debate de largo plazo y organizar el sector. “La energía nuclear no solamente es para generar energía que entre al sistema eléctrico del país, también para procedimientos del sector agricultura, medio ambiente y para el sector salud”, afirmó el congresista.

Colombia ya usa tecnologías nucleares: este es el diagnóstico previo a la implementación

Por lo general, la expresión “nuclear” suele hacer referencia a imágenes de bombas, accidentes o reactores de gran tamaño. Pero esa asociación común, que ha creado cierta estigmatización, deja por fuera una realidad inocultable: Colombia ya usa tecnología nuclear y radiación en actividades cotidianas del sistema de salud, en procesos industriales y en investigaciones científicas, por citar ejemplos.

Una radiografía, una tomografía, algunos de los tratamientos contra el cáncer, los servicios de medicina nuclear, controles de calidad industrial y técnicas de análisis de aguas subterráneas requieren tecnologías que entran en el ámbito de aplicación de la Ley 2603. Con ello, la norma no busca impulsar esos usos, sino ordenar su supervisión bajo una autoridad técnica única, que regule al sector.

Prieto Valderrama señaló a esta redacción que la dispersión institucional existente dificultaba la construcción de un sistema coherente de control. “No contábamos con una autoridad reguladora nuclear única, especializada y con autonomía técnica”, indicó el médico, que explicó cómo la Ansn tendrá personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestal.

Al poner la agencia bajo la jurisdicción legal de la DNP, se busca que la agencia que pone las reglas no sea la misma que impulse o use la energía nuclear. Ese punto, a juicio del galeno, que logró juntar a congresistas de diferentes vertientes, es central en la gobernanza del sector, porque el que opera una instalación o promueve una tecnología no debe ser, al mismo tiempo, la autoridad que vigila su seguridad.

La ley, en síntesis, establece una estructura que evitará ese cruce de funciones y acercará al país a criterios internacionales de independencia regulatoria. “La Ansn concentrará las funciones de regulación, autorización, inspección, vigilancia, control y fiscalización”, dijo Prieto, con miras al cambio que permitirá distinguir entre el desarrollo de aplicaciones nucleares y la vigilancia estatal sobre los riesgos asociados.

Ley Nuclear: un compromiso de un uso exclusivamente pacífico

La normativa que recibió el espaldarazo del Congreso establece de forma clara que los materiales nucleares presentes en Colombia deben utilizarse con fines pacíficos, científicos y civiles. También incorpora conceptos de seguridad tecnológica, seguridad física, protección radiológica y salvaguardias, que son mecanismos de verificación para impedir desvíos de materiales hacia propósitos militares.

En este punto, la ley no equivale a un permiso para fabricar armas ni habilita al país para desarrollar un programa militar. Como explicó Pietro Valderrama, su lógica apunta en sentido contrario: refuerza el control estatal, la trazabilidad de los materiales y la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), la entidad que fomenta la cooperación científica y técnica en el entorno nuclear.

“La Ansn será el enlace para la implementación de los acuerdos de salvaguardias y deberá cooperar con el Oiea, facilitar sus inspecciones y el acceso complementario y proporcionar la información correspondiente”, explicó el experto a Infobae Colombia. “Esto permite que el desarrollo nuclear colombiano se haga dentro de un marco verificable de usos exclusivamente pacíficos”, agregó el médico.

La ley crea un sistema nacional de contabilidad y control de materiales nucleares. Ese mecanismo permite identificar qué insumos existen, quién los utiliza, dónde se encuentran y bajo qué condiciones se almacenan, transportan o emplean, al igual que el control sobre licencias, registros nacionales, capacitación del personal, planes de emergencia, manejo de fuentes radiactivas y sanciones.

Las infracciones pueden derivar en multas, suspensión o cancelación de autorizaciones, cierre de instalaciones y decomiso de fuentes o equipos, según las condiciones previstas en la norma; en lo que serían consideradas sanciones administrativas, cuya aplicación dependerá de la gravedad del incumplimiento, sus consecuencias y las condiciones establecidas en la regulación.

La medicina nuclear aparece como uno de los campos con efectos más cercanos

El impacto más visible de la Ley Nuclear en Colombia podría producirse en el sector salud. El país depende de cadenas internacionales para acceder a determinados radioisótopos y radiofármacos usados en diagnósticos y tratamientos, entre ellos algunos vinculados a la atención oncológica, y esos insumos tienen una particularidad, pues con ciertos radionúclidos pierden actividad en períodos cortos.

Por ese motivo, el tiempo de traslado desde el país productor hasta el hospital no representa solo un costo logístico; puede afectar la disponibilidad del medicamento o examen para los pacientes. “Desarrollar una mayor capacidad nacional permitiría disminuir esa vulnerabilidad, mejorar la oportunidad del suministro y avanzar hacia una mayor seguridad sanitaria”, sostuvo Prieto Valderrama sobre el tema.

El especialista advirtió, sin embargo, que la ley por sí sola no reducirá automáticamente el precio de los tratamientos contra el cáncer. Es válido precisar que la norma crea condiciones regulatorias para fortalecer una eventual cadena nacional de producción, pero todavía se requieren decisiones de inversión, estudios técnicos, capacidad científica, infraestructura y coordinación con las autoridades sanitarias.

Al respecto, tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) mantendrán sus competencias sobre los tratamientos y los medicamentos. La Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, por su parte, se concentrará en la seguridad radiológica y el control de las tecnologías nucleares y radiactivas que se desarrollen en Colombia.

En ese campo, se incluye la posibilidad de fortalecer la producción local de radiofármacos. El país cuenta con el reactor de investigación IAN-R1, operado desde la década de 1960, pero la construcción o adecuación de una infraestructura para fabricar insumos médicos requeriría una evaluación independiente de necesidad, demanda, costos, seguridad, licenciamiento, gestión de residuos y formación de personal.

“Un reactor de investigación puede convertirse en una infraestructura estratégica para medicina, investigación, industria y formación científica, pero su conveniencia, tamaño, tecnología y localización tienen que resultar de estudios técnicos y no de una decisión improvisada”, afirmó el experto, que ofreció una visión actual de lo que las expectativas que genera la implementación del nuevo marco normativo.

La ley no ordena construir centrales nucleares en Colombia

Uno de los puntos que genera mayor confusión es el vínculo entre la nueva regulación y una eventual generación de electricidad con energía nuclear. Sin embargo, la Ley 2603 es clara, pues no ordena construir plantas ni define la tecnología que Colombia deberá adoptar, como tampoco fija una fecha para incorporar reactores a la matriz eléctrica nacional, aunque abre la puerta legal para evaluar este aspecto.

“No debemos confundir estar preparados para evaluar una tecnología con haber decidido adoptarla”, planteó Prieto Valderrama. La legislación crea parte de las condiciones institucionales que se requieren para discutir esa alternativa, pero no resuelve si el país debe usarla ni bajo qué modelo. Así pues, el Plan Energético Nacional 2022-2052 había incluido la energía nuclear en sus ejercicios prospectivos.

La posibilidad cobra relevancia en un escenario de aumento de la demanda eléctrica, variabilidad climática, presión sobre las fuentes hídricas y necesidad de reducir emisiones en el largo plazo. Aun así, cualquier decisión implicaría años de preparación, debido a que para avanzar hacia un programa nucleoeléctrico se tendrían que cumplir requisitos técnicos, legales, financieros y de seguridad.

El Oiea plantea una metodología de hitos que analiza asuntos como el marco regulatorio, la financiación, el capital humano, la red eléctrica, la elección del lugar de emplazamiento, la protección ambiental, la respuesta a emergencias, la seguridad física, el combustible y la gestión de residuos. En síntesis, un plan de 10 factores clave para evaluar si un país está listo para implementar energía nuclear.

“Si queremos mantener abierta la posibilidad señalada por la planeación energética nacional, debemos construir una hoja de ruta de país siguiendo el modelo de hitos del Organismo Internacional de Energía Atómica”, puntualizó el experto, en referencia a cómo esto supone mayores retos para su implementación, teniendo en cuenta que hasta ahora se están dando los primeros pasos en la materia.

Por su parte, el senador Espinal también insistió en que el debate no gira sobre grandes centrales de forma inmediata. “No estamos hablando de que en Colombia vamos a construir grandes centrales nucleares. Estamos hablando de pequeños reactores que pueden generar hasta 300 megavatios de energía”, afirmó el congresista, que mencionó los reactores modulares pequeños, conocidos como SMR.

En ese punto, contó el congresista cómo Francia genera el 75% de la energía y proviene de esta herramienta. “Canadá lleva 50 años con este tipo de energía y el 10% de la energía mundial proviene de la energía nuclear”, agregó Espinal, que es un convencido de la apuesta del Estado hacia esta iniciativa, para la cual es vital mencionar competencias, régimen sancionatorio y trámites claros.

Agricultura, industria y ambiente también están dentro del alcance de la ley

La legislación contempla aplicaciones que reciben menos atención, como en agricultura, con técnicas nucleares y radiológicas pueden apoyar el mejoramiento de cultivos, el estudio de suelos, el uso eficiente del agua, el control de plagas y la seguridad alimentaria. Y en la industria, las radiaciones ionizantes se emplean en mediciones de espesor y densidad, trazadores y controles de calidad.

Estas herramientas permiten revisar estructuras, tuberías, equipos y materiales sin destruirlos ni suspender necesariamente el proceso productivo. A su vez, las aplicaciones ambientales incluyen el análisis isotópico de acuíferos, la determinación de la procedencia y antigüedad de aguas subterráneas y el seguimiento de contaminantes; técnicas que aportan datos para la gestión de recursos hídricos.

“Una política nuclear no es solamente una política energética; es también una política científica, sanitaria, industrial, agrícola y de desarrollo tecnológico”, sostuvo Prieto en relación con este aspecto, que incluye el estudio de procesos geológicos y ecosistémicos. De hecho, la ley asigna al Ministerio de Ciencia tareas relacionadas con la promoción de investigación, transferencia y adaptación tecnológica.

¿Qué dice la Ley Nuclear sobre los residuos radiactivos?

De la misma manera, la gestión de residuos aparece entre las inquietudes más frecuentes cuando se habla de energía nuclear. En ese punto, la ley dedica un capítulo a los desechos radiactivos y al combustible gastado, con principios de protección de las personas y el ambiente, minimización de residuos, financiación adecuada y prevención de cargas desproporcionadas para las futuras generaciones.

Asimismo, se estableció que quien reciba una autorización por la Ansn conservará la responsabilidad principal sobre la seguridad de los materiales durante su vida útil, hasta que exista una transferencia conforme a las reglas de la Ansn. Además, se exigen planes de cierre para las instalaciones de disposición final y se prohíbe importar a Colombia los residuos radiactivos que se generen en otros países.

Para el experto en la materia, la discusión sobre la aplicación de este punto no debería enfocarse únicamente en la hipótesis de una central eléctrica. “Colombia ya genera residuos derivados de aplicaciones médicas, industriales y de investigación”, afirmó el académico, que reseñó que el desafío consiste en ordenar su manejo integral con una autoridad especializada y con controles verificables.

Con el panorama definido, la futura agencia deberá establecer regulaciones para el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los materiales alcanzados por la norma. También tendrá que fijar criterios técnicos, mecanismos de control y obligaciones para las entidades responsables de su manejo; así como los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias radiológicas o nucleares.

Implementación de la Ley Nuclear en Colombia será gradual: estas son algunas de las tareas pendientes

Aunque la aprobación y promulgación de la ley abrió un importante campo de acción, es necesario aclarar que se prevé una transición. El Gobierno tiene seis meses desde la entrada en vigencia para definir la estructura organizacional y la planta de personal de la Ansn, y un año más para expedir la reglamentación; mientras tanto seguirá vigente el marco regulatorio anterior para evitar vacíos jurídicos.

Así pues, las funciones, archivos, recursos, personal y capacidades de las entidades que hoy ejercen competencias regulatorias deberán trasladarse de forma progresiva. Con ello, la ley establece, además, que en un plazo de dos años debe organizarse el concurso de méritos para proveer los cargos definitivos de carrera administrativa de la agencia, que inicialmente serán de forma provisional.

A hoy, el país cuenta con experiencia acumulada en medicina nuclear, protección radiológica, física médica, radioquímica, aplicaciones industriales y operación del reactor IAN-R1. Sin embargo, Prieto Valderrama considera que esa base no basta para una ampliación significativa de las capacidades nucleares, pues “hay una base sobre la cual construir, pero necesitamos ampliar y especializarla”.

Un aspecto importante es que la ley plantea programas de formación junto con el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en protección radiológica, seguridad nuclear, radiofarmacia, física médica y manejo de materiales nucleares y radiactivos. Esto es necesario porque si Colombia evaluara en el futuro una central para generación eléctrica, las exigencias aumentarían.

En ese aspecto, serían necesarios especialistas en ingeniería nuclear, seguridad, análisis probabilístico, termohidráulica, ciencia de materiales, gestión de combustible, residuos, salvaguardias, derecho nuclear, regulación, economía, financiación y operación de instalaciones. “Una central nuclear puede adquirirse”, precisó el experto consultado, aunque para ello serían necesarios otros aspectos.

Entre ellos, Prieto Valderrama mencionó una cultura de seguridad, una autoridad reguladora competente y una comunidad científica y técnica madura, que necesitan años para construirse. “Que den seguridad jurídica para los inversionistas, educación y formación y que esté constituida toda la institucionalidad para que se emprenda la reglamentación efectiva”, agregó Espinal.

Acuerdo con Estados Unidos amplía el escenario de cooperación

La Ley Nuclear en Colombia también cuenta, desde el 8 de septiembre, de la formalización de un memorando de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos sobre cooperación estratégica nuclear civil. El documento fue suscrito en Barranquilla por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella.

El acuerdo, que estaría encaminado a la posibilidad de un tratado vinculante, establece un marco de cooperación civil. Es válido acotar que no constituye una autorización para construir reactores ni habilita por sí mismo una transferencia masiva de tecnología, combustible o equipos nucleares; pues cualquier decisión de esa naturaleza requeriría instrumentos posteriores y compromisos específicos.

La relevancia del memorando está en la opción de cooperación técnica, formación de talento humano, intercambio científico, fortalecimiento regulatorio y coordinación sobre estándares de uso pacífico. Lo que sí es claro es que en Colombia, la Ley 2603 ya ofrece una estructura jurídica que puede servir de base para esos procesos, siempre bajo las obligaciones internacionales y salvaguardias del Oiea.

En consecuencia, la puesta en funcionamiento de la Ansn será la primera prueba de la norma. De su capacidad para expedir reglamentos, atraer personal especializado, mantener independencia técnica y supervisar actividades ya existentes dependerá de que la discusión sobre lo nuclear deje de reducirse a bombas o centrales y se centre en la seguridad, la salud pública, la ciencia y las decisiones energéticas.

Con 130 votos por el Sí, el informe que negó las observaciones del jefe de Estado al proyecto de ley de mérito recibió un nuevo respaldo. La iniciativa de Cadavid busca impedir la reducción de requisitos para ocupar cargos públicos, aunque de manera sorpresiva recibió reparos inconstitucionalidad formulados por el mandatario, aunque los mismos fueron desestimados.

En efecto, el proyecto propone limitar cambios en los manuales de funciones de las entidades estatales que puedan flexibilizar las condiciones exigidas para ingresar a puestos directivos. La comisión accidental aceptó únicamente una objeción relacionada con el título de la iniciativa, para ajustarlo a su contenido, pero recomendó rechazar las demás observaciones por inconveniencia.

Cadavid celebró la votación en la plenaria y sostuvo que el resultado mostró un respaldo transversal a la defensa de los criterios de selección en el Estado. “Esto tiene que ser además un proyecto que trascienda el nombre de los partidos y, por el contrario, nos permita hacernos un propósito general: que en la administración pública estén siempre los mejores”, dijo el congresista.

De esta manera, el senador agradeció a los miembros de la comisión que estudió las objeciones y a las distintas bancadas que respaldaron el informe. También se dirigió a los representantes. “A la Cámara de Representantes, a mis compañeros, a quienes extraño tanto, un agradecimiento por este gesto de confianza”, destacó el parlamentario, que salió victorioso ante el legislativo.

La aprobación de la Cámara cerró el trámite legislativo iniciado en el Senado, que el 22 de septiembre avaló el informe de objeciones con 78 votos a favor y cuatro en contra. Con ese resultado, el Congreso insistió en la aprobación del articulado central del proyecto, que quiere poner un ‘tatequieto’ a lo que se registró durante la administración de Gustavo Petro con cargos públicos.

Ministro del Interior se pronunció tras decisión del Congreso: dijo que hay ambiente para consensos

A la par de de esta votación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que se reunió con la bancada del Centro Democrático para limar asperezas, precisó que la definición sobre las objeciones fue producto de conversaciones entre el Gobierno y el autor del proyecto. De entrada calificó el encuentro como “extraordinario” y enfatizó en cómo estarían “sincronizados” para lo que viene.

Según reveló Lara, el viceministro Carlos Eduardo Gechem se reunió con Cadavid para analizar el texto y alcanzar acuerdos. “Revisaron el proyecto, encontraron que se podía básicamente llegar a consensos, se llegó a consensos y el Congreso, básicamente, en ejercicio de su soberanía, rechazó las objeciones y mandó para la Corte Constitucional la revisión de ese proyecto”, declaró.

Con ello, el jefe de la cartera política matizó lo que parecía era una crisis al interior de la coalición del Gobierno, al afirmar que hubo un entendimiento con el partido que comandado por el expresidente Álvaro Uribe. “Estamos básicamente muy sincronizados para apoyar proyectos de ley de la bancada del CD y por parte del CD apoyar proyectos de la agenda del Ministerio del Interior”.

¿Qué sigue tras la decisión del Congreso sobre la ley de mérito?

La Constitución establece que, cuando el legislativo insiste frente a objeciones por inconstitucionalidad, corresponde a la Corte Constitucional decidir de manera definitiva sobre los puntos cuestionados por el Ejecutivo. Y, en caso de que De la Espriella no sancione la ley, un escenario que parece improbable, será el presidente del Congreso el que le dé vida jurídica.

La Corte Constitucional deberá revisar ahora las objeciones de inconstitucionalidad que el Congreso decidió no acoger. Si el alto tribunal avala el procedimiento y el articulado, la norma seguirá su curso para convertirse en ley, aunque a juzgar por las afirmaciones del ministro Lara este sería un hecho superado como eventual escollo en su relación con los partidos de Gobierno.

Con una fuerte crítica a la justicia transicional, la Corporación Rosa Blanca pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reducir de ocho años a seis meses la sanción para los máximos responsables de las extintas Farc, con el objetivo de terminar antes los apoyos estatales que, según la organización, reciben los comparecientes de esta organización.

Según la agrupación, que reúne a las mujeres víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el cumplimiento de las penas restaurativas está lejos, justamente, del espíritu que debería acompañar estas determinaciones, que van en contravía del anhelo de los que sufrieron el accionar de este grupo.

“Reiteramos nuestra propuesta para que se rebaje la sanción máxima de 8 años a 6 meses para los máximos responsables de las Farc-EP. En 6 meses se les acaba a 367 victimarios seguir disfrutando de la teta del Estado por 8 años más. Esta farsa hay que acabarla rápido”, expresó la corporación en su perfil de X, en relación con las disposiciones de la JEP.

Hace tres días, el 23 de septiembre, la asociación expresó su molestia por las labores de limpieza en las que participó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y otros miembros del secretariado en el cementerio de Pitalito (Huila): cuando ex jefes de las Farc (caso 1) y máximos responsables de la fuerza pública (caso 3) participaron en labores de búsqueda.

“Esta foto insulta la memoria de las víctimas, pero además, es solo propaganda criminal para pedir presupuesto, ya que los profesionales de la Ubpd (Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas) o del Gatef (Grupo de Apoyo Técnico Forense) de la JEP son los que están autorizados para hacer trabajos de recuperación de cuerpos según los protocolos”, denunciaron.

La solicitud de la corporación se conoció en paralelo al intenso debate en las redes sociales, los medios de comunicación y en el Congreso sobre lo que debería ser el futuro de la JEP: que afronta no solo la eventual reducción de recursos, por el orden de los $170.000 millones, sino además el proyecto de ley que buscaría limitar su vida jurídica hasta la vigencia de 2028.

Los promotores de esa iniciativa, entre ellos el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, calculan que mantener el tribunal hasta 2032 costaría cerca de 6,2 billones de pesos, por lo que impulsan esta reforma para poner fin al tribunal transicional. En el caso de Rosa Blanca, han puesto la lupa sobre las sanciones que no contemplan su reclusión.

Rosa Blanca cuestionó los recursos destinados a los comparecientes de las Farc

La petición del colectivo apunta, en consecuencia, a las sanciones propias previstas por la justicia transicional, que contemplan entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad. Para Rosa Blanca, son insuficientes frente a la gravedad de los delitos cometidos por los antiguos mandos guerrilleros.

La discusión sobre la duración de esas medidas ha alimentado el debate sobre el costo de la jurisdicción. De la reducción aprobada en primer debate por las comisiones económicas del Congreso, $140.000 millones están vinculados a inversión, es decir, a mejorar o ampliar la capacidad de la entidad, y 30.000 millones a funcionamiento; al día a día.

Frente a estos conceptos, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que esa reducción comprometería la operación del tribunal, las audiencias en los territorios, la seguridad de las víctimas y los comparecientes, además del cumplimiento de sus decisiones judiciales. Por tal motivo, le pidió al legislativo un espacio de reflexión para llegar a consensos.

“Somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero con esa reducción de $170.000 millones que aprobaron ayer (miércoles 23 de septiembre), realmente nos dejan inoperantes”, señaló el magistrado, mientras participaba en la mencionada jornada de cumplimiento de la primera sanción restaurativa impuesta al secretariado de las Farc.

Los resultados de la JEP han desatado críticas

Al respecto, la senadora María Clara Posada sostuvo que la JEP recibió 3,8 billones de pesos entre 2020 y 2026. Según su cálculo, el acumulado alcanzaría 4,5 billones si se aprueba el presupuesto solicitado por la entidad; entre los gastos señalados por la congresista figuran una nómina de $477.404 millones y más de $114.000 millones para una de sus sedes.

“Si los magistrados y directivos de la JEP se alteraran ante los crímenes de las Farc con la misma vehemencia con la que reaccionan cuando les afectan el presupuesto y las gabelas turísticas, entonces sí veríamos la luz al final del túnel”, señaló Posada, que hace parte de la bancada del Centro Democrático: partido que se opone a la continuidad del tribunal.

A esto se sumarían $32.472 millones en viáticos y viajes; pero pese a esos recursos, la JEP ha producido menos de 21 sentencias y que solo cuatro están en firme. En su defensa, la jurisdicción sostuvo que su modelo se concentra en macrocasos, acreditación de víctimas, recepción de comparecientes y definición de sanciones propias según cada responsable.

Ramelli intervino en medio del cumplimiento de la primera sanción restaurativa impuesta a exintegrantes del último Secretariado de las Farc y a miembros de la fuerza pública. Los trabajos se desarrollan en el cementerio San Antonio de Padua, en donde los comparecientes apoyan las excavaciones para la recuperación de cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas.

“Nosotros somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero con esa reducción de $170.000 millones que aprobaron ayer (miércoles 23 de septiembre), realmente nos dejan inoperantes”, afirmó el magistrado, que ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación frente al asunto.

El presidente de la JEP señaló que entiende las restricciones fiscales del Estado, aunque sostuvo que el ajuste aprobado supera la reducción que ya contemplaba la propuesta presupuestal inicial, que era de $100.000 millones. Ramelli aprovechó su presencia en suelo huilense para destacar que las sentencias del tribunal “se vienen cumpliendo” y “se seguirán cumpliendo”.

El recorte afectaría la inversión y funcionamiento de la JEP, según Alejandro Ramelli

En la sesión efectuada por las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara se aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Entre las modificaciones quedó incluido el recorte de $ 170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sector del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz.

Frente a esta determinación, la invitación de Ramelli fue la de discutir, en un ambiente armónico, este reajuste. “Yo invito al Congreso de la República, al Gobierno nacional, a que reflexionemos. Nosotros siempre hemos sido una jurisdicción abierta al diálogo, al escrutinio. Nosotros podemos dar explicación de todo lo que ustedes nos quieran pedir. Y tienen todo el derecho”, dijo.

La reducción aprobada en primer debate por las comisiones económicas dispone un recorte de $140.000 millones menos para inversión y $ 30.000 millones menos para gastos de funcionamiento. Si las plenarias mantienen la decisión, el presupuesto de la jurisdicción quedará en cerca de $ 721.803 millones, frente a los $ 947.642 millones solicitados inicialmente.

Presidente de la JEP pidió enfocar la discusión en las víctimas y los comparecientes

En sus afirmaciones, el magistrado Ramelli expresó su inconformidad con que el debate sobre los recursos de la entidad se haya enfocado, según afirmó, en asuntos administrativos y personales, en lugar de las consecuencias para los que participan en los procesos de justicia transicional. “Yo sí quiero insistir que este no es un debate que lo están llevando a donde no es”.

En síntesis, el togado planteó que la discusión debe hacerse sobre el impacto que tendría el ajuste presupuestal sobre el avance de los casos y las medidas restaurativas. “El debate es: ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué va a pasar con los comparecientes?”, concluyó Ramelli, que estará a la expectativa de lo que ocurra en las plenarias del Senado y la Cámara con el presupuesto.

Con ello, también reiteró su interés de abrir un canal de diálogo con la administración de Abelardo de la Espriella. “Si el Gobierno nacional quiere dialogar con nosotros, siempre hemos hecho esa invitación. Desde hace mucho tiempo yo les he planteado que nos sentemos a hablar. Somos una institución dialogante y lo aplicamos”, puntualizó Ramelli frente a la realidad de la JEP.

A horas de efectuarse su extradición a Estados Unidos, la Fiscalía Federal pidió en la jornada del sábado 26 de septiembre que Geovany Andrés Rojas, alias Araña, que fungía como cabecilla de los Comandos de Frontera, disidencias de las Farc originaria de la Segunda Marquetalia, permanezca detenido por los procesos judiciales que afronta en suelo norteamericano.

De acuerdo con Ntn24, la Fiscalía pidió Rojas, que fue gestor de paz en la administración de Gustavo Petro, permanezca en un establecimiento carcelario en el proceso que enfrenta por los delitos conspiración para distribuir cocaína y narcoterrorismo. La audiencia inicial está prevista para el 28 de septiembre en el Distrito Sur de California, en concreto en San Diego.

El escrito, presentado el 25 de septiembre, sostiene que no existen condiciones de libertad condicional que permitan garantizar la comparecencia de Rojas ante la Justicia ni la seguridad de la comunidad. La petición se apoya en la gravedad de los delitos imputados y en los antecedentes que le atribuyen las autoridades estadounidenses al jefe disidente.

Los cargos activan por separado la presunción legal de detención aplicable a procesos por narcotráfico con penas mínimas de 10 años y por narcoterrorismo. “Con la extradición de Araña cae la telaraña que se extiende desde las montañas del Putumayo hasta las plazas de Tijuana que los carteles se disputan brutalmente”, dijo el fiscal federal Adam Gordon.

Fiscalía Federal en California le atribuye a ‘Araña’ el liderazgo de los Comandos de la Frontera

El expediente en el que aparece relacionado Rojas, lo describe como un exintegrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización de la que habría formado parte hasta 2016. En ese año salió de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde cumplía una condena por delitos violentos, para integrarse al proceso de paz.

La acusación estadounidense sostuvo que, pese a que había sido vinculado al proceso de paz, creó los Comandos de la Frontera: un grupo armado que habría ocupado zonas dejadas por la desmovilización de las Farc en áreas fronterizas con Ecuador y Perú, junto con Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, y Pedro Oberman Goyes, más conocido como “Sinaloa”.

Los fiscales afirmaron que la estructura llegó a reunir cerca de 1.000 combatientes y que tomó control de corredores vinculados a la producción y el tráfico de cocaína en Putumayo. De acuerdo con la acusación, las ganancias de esa actividad financiaban al grupo armado y la droga tenía como destino final el mercado de Estados Unidos, por lo que fue requerido por ese país.

El proceso que llevó a alias Araña a los Estados Unidos

Rojas, jefe de una organización a la que Washington categorizó como organización terrorista extranjera desde diciembre de 2021, fue detenido en Colombia el 12 de febrero de 2025, en cumplimiento de una orden de arresto de Estados Unidos. Un mes más tarde, un gran jurado federal del Distrito Sur de California formalizó dos imputaciones en su contra.

Pese a ello, y que la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025, el procedimiento quedó suspendido durante el gobierno de Gustavo Petro, que justificó esa decisión por los “compromisos con el desmantelamiento de la violencia”; no obstante, el 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella firmó su extradición.

En su argumentación, la Fiscalía federal señaló además que Rojas fue condenado en Colombia en 2010 a cerca de 29 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Del mismo modo, el documento sostuvo que, tras obtener la libertad como parte del proceso de paz de 2016, el acusado habría retomado las actividades armadas y delictivas.

De hecho, la acusación incorporó imágenes y otros elementos visuales para identificarlo como jefe de Comandos de la Frontera y vincularlo con la Segunda Marquetalia. En ese sentido, la Justicia de Estados Unidos deberá resolver el pedido de prisión preventiva mientras avanza el caso, cuya primera audiencia está programada para el 28 de septiembre.

El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana del sábado 26 de septiembre que acordó con la firma Enel Colombia y AES reprogramar los mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas de El Guavio y Chivor II para impedir que coincidan durante los meses de mayor demanda del Sistema Interconectado Nacional, ante la inminencia del fenómeno de El Niño.

La decisión forma parte del Plan Energía YA, impulsado por la ministra María Nohemi Arboleda. Por su parte, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., más conocida como XM, seguirá el estado del sistema y las principales variables eléctricas y energéticas, con atención sobre el área Oriental, que es la que cubren estas dos centrales.

Según se indicó, el cambio en el cronograma de El Guavio “será voluntario, excepcional y acotado al lapso de mayor criticidad previsto”. Lo anterior, frente a un mantenimiento que había sido programado “con años de anticipación y son fundamentales para la seguridad, integridad y confiabilidad de las centrales”, como también sucede con Chivor II.

La modificación oficializada obliga a reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística de equipos y repuestos, reforzar el monitoreo de las plantas y asumir costos y riesgos adicionales. De esta forma, el acuerdo busca que ambos activos tengan una mayor disponibilidad cuando El Niño incremente las presiones sobre el sistema eléctrico.

Acuerdo modifica trabajos previstos con años de anticipación

Frente a esta contingencia, la ministra Arboleda presentó la decisión como una respuesta conjunta entre el Estado y las empresas generadoras, que permitirá tener recursos hídricos. “Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez Jaramillo, se refirió a las conversaciones entre el Gobierno, las compañías y el gremio que precedieron al anuncio. “Este entendimiento es resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo”, expresó la ejecutiva en relación con este acuerdo.

Según Gutiérrez, “este es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando Gobierno y sector empresarial trabajamos coordinadamente y ponemos por delante el interés de Colombia”. Esto, en medio de un panorama en el que más del 60% de la matriz eléctrica de Colombia depende del agua y obliga a una serie de determinaciones adicionales.

Acolgen ha insistido en que las plantas termoeléctricas operen a máxima capacidad para conservar las reservas de agua de los embalses. No obstante, a la par de esta iniciativa, pidió al Ejecutivo soluciones para la situación financiera, cuando se registran deudas rondan los 2 billones de pesos, con el fin de asegurar recursos para comprar otros combustibles.

En este escenario, el ministerio mantendrá el seguimiento técnico sobre la disponibilidad de las centrales y las condiciones del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo de mayor exigencia. E hizo un llamado a que la preparación frente a El Niño requiere decisiones de las autoridades energéticas, compromiso de las empresas y uso responsable de la energía.

Es válido acotar que la Central Hidroeléctrica de El Guavio tiene una capacidad instalada de 1.260 megavatios (MW), repartida entre cinco unidades principales de generación y es una de las centrales subterráneas más estratégicas de Colombia, al atender el 14% de la demanda diaria nacional; mientras que Chivor cuenta con 1.000 MW de capacidad instalada.

Entre ellas, la ampliación del tramo Chivor II, lo que la hace, según los registros, la tercera generadora con mayor capacidad de la matriz eléctrica nacional, que ha contribuido a mejorar el transporte de energía hacia el centro del país. Esta nueva infraestructura busca ampliar las redes de transmisión para transportar energía desde otras regiones.

Para Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara por el partido Republicano, la relación entre Colombia y Estados Unidos “sufrió mucho” durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro: a tal punto de poner en riesgo el canal diplomático y comercial, a raíz de las crecientes polémicas protagonizadas por el líder de izquierda, castigadas por su homólogo, Donald Trump.

El congresista de origen cubano, que junto a María Elvira Salazar y Carlos Giménez apoyaron la campaña de Abelardo de la Espriella desde suelo norteamericano, sostuvo que las relaciones bilaterales entró en una nueva etapa tras la llegada del abogado de derecha, como ha podido verse con las recientes determinaciones, como la inclusión al Escudo de las Américas.

En entrevista concedida a Semana, el legislador, copresidente del Comité a favor de Colombia en el Congreso estadounidense, aseguró que el nuevo escenario político en Bogotá abrió la posibilidad de incrementar la asistencia de Washington al país y recuperar los niveles de cooperación en seguridad, lucha antidrogas y fortalecimiento institucional.

“La relación entre este nuevo presidente y los Estados Unidos no puede ser más sólida”, afirmó Díaz-Balart, que agregó que le sorprendió “el nivel de acción, de energía” que atribuyó al jefe de Estado y consideró que la relación bilateral “es más fuerte, posiblemente que nunca”; por lo que augura resultados a corto, mediano y largo plazo para bien de ambas naciones.

Díaz-Balart cuestionó la política de Petro frente a la seguridad y los grupos criminales

El congresista por La Florida enfocó sus críticas en la gestión del hoy expresidente Gustavo Petro, al que responsabilizó por el deterioro de los vínculos con Washington. En su opinión, existían preocupaciones en sectores demócratas y republicanos por la situación de seguridad que atraviesa el país, el avance de organizaciones criminales y, en especial, la violencia política.

“Colombia sufrió mucho bajo los cuatro años del presidente Petro, por la actitud del presidente Petro”, señaló Díaz-Balart. Según el parlamentario, el comité bipartidista que integra expresó inquietud por “la actitud hacia el Estado de derecho en Colombia” y frente a “los grupos criminales” que operaban pese a estar inmersos, algunos de ellos, en la política de Paz Total.

Con sus afirmaciones, el congresista también señaló que en el legislativo de Estados Unidos que le “preocupaba mucho” el incremento de la criminalidad y la violencia. Y atribuyó a esa coyuntura la reducción progresiva de la asistencia estadounidense, pues explicó que se mantenían recortes previstos, aunque consideró que esa tendencia podría revertirse.

Díaz-Balart anticipó un aumento de la cooperación estadounidense hacia Colombia

En sus afirmaciones al citado medio, indicó que Colombia recibió, históricamente, entre USD450 millones y USD500 millones anuales de ayuda de Estados Unidos. Si bien expresó que ese monto disminuyó durante el Gobierno anterior, anticipó que el Congreso podría aprobar nuevos recursos para seguridad, sociedad civil y combate contra organizaciones narcotraficantes.

“Lo que hemos estado viendo es una reducción de año a año de la ayuda de los Estados Unidos hacia Colombia, algo muy triste, y esto es por las decisiones del expresidente Petro”, reiteró el parlamentario, que prevé que el monto aumente a USD 1.000 millones para combatir a los grupos narcoterroristas, al igual que flagelos como la delincuencia y la corrupción.

En la entrevista, reveló que “el liderazgo de este nuevo presidente” fue, a su juicio, el factor que permitió ese cambio, y añadió que Washington considera prioritario que Colombia conserve un papel de estabilidad regional. “Para los Estados Unidos y para la región, es importante que Colombia prospere y que Colombia siga hacia adelante”, destacó Díaz-Balart a Semana.

Con ello, también definió al país como “una gran joya en este hemisferio”, pese a que expresó que había resultado afectado durante los últimos cuatro años.

La certificación antidrogas y el respaldo de Donald Trump a Colombia

En sus declaraciones, Díaz-Balart se refirió al proceso anual de certificación de los países que cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y que recientemente ‘rajó’ a Colombia por la herencia de Gustavo Petro. Frente a esto, dijo que De la Espriella tendría mejores posibilidades de cumplir las condiciones requeridas por Washington.

“Yo no tengo ninguna duda de que van a poder ser certificados una vez más”, declaró el congresista, que reconoció el trabajo de la fuerza pública para combatir la expansión del narcotráfico, aunque precisó que “no tenían ayuda desde arriba, desde la Presidencia”; en relación con la posición de Petro frente a cómo debía afrontarse esta ofensiva.

Sobre el waiver (medida de excepción) otorgado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de De la Espriella, Díaz-Balart lo definió como un “voto de confianza” y un reconocimiento al cambio político en Colombia; en síntesis, la medida refleja una mejora en la relación entre ambos países, que atraviesa por una nueva fase tras la salida de Petro del poder.

“No creo que haya habido peor momento en esa relación que con los años del presidente Petro”, sostuvo el congresista, que agregó que el nuevo Gobierno colombiano ya muestra “liderazgo, capacidad, energía” ante la Casa Blanca y el Congreso estadounidense; un aspecto sin duda positivo para que se avance en objetivos conjuntos, con impulso económico y logístico.

¿Habrá bases estadounidenses en Colombia? Esto dijo Mario Díaz-Balart

Al ser consultado sobre la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en Colombia, Díaz-Balart señaló que la decisión dependería de lo que determine en ese aspecto el presidente Abelardo de la Espriella; aunque tendría oposición en el Congreso. De todos modos, aseguró que una solicitud formal del Ejecutivo sería analizada por la administración de Trump.

“La decisión de si Colombia quiere o no bases militares y si eso puede ayudar o no es una decisión del presidente de Colombia”, dijo el parlamentario de ascendencia cubana, que remarcó que ambos países mantienen una cooperación estrecha entre sus fuerzas de seguridad, que facilitará la manera en que se afrontará la lucha en materia de seguridad.

La funcionaria, que asumió la vocería del Ejecutivo, atribuyó la situación a proyecciones insuficientes heredadas y sostuvo que las entidades responsables trabajan para impedir que el faltante afecte a los pensionados afiliados a Colpensiones. Todo esto en medio de lo que implica la implementación de la reforma pensional a partir de la vigencia del 2027.

“Cuando llegamos al Gobierno encontramos un problema serio. Los recursos previstos para atender las pensiones de los colombianos no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año”, reiteró López, que con ello hacer claridad frente a las cuentas del Ejecutivo, y en relación con el balance recibido de la administración de Gustavo Petro en esta materia.

Y es que, tras aprobarse gran parte del articulado de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, Colpensiones pasará de administrar los aportes de tres millones de cotizantes a gestionar los de 10,2 millones, entre abril y diciembre de ese año. La entidad será el principal administrador del sistema bajo el régimen establecido en la Ley 2381 de 2024.

En relación con el nuevo esquema, cabe destacar que obliga a los cotizantes a enviar a Colpensiones las cotizaciones obligatorias hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los aportes que superen ese límite irán a las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), como se especifica en la normativa.

Recursos incluidos en el presupuesto presentado por Petro no tenían disponibilidad, según ministra de Trabajo

En su intervención, López explicó que Colpensiones debía contar para 2026 con $35,8 billones de recursos del Estado: cerca de $30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación y $5,4 billones que permanecen pendientes de disponibilidad; es decir, fueron incorporados “sin situación de fondos”, a la espera de oficializar su origen.

Y para 2027 se enfrenta un déficit total cercano a $4,84 billones, que está concentrado principalmente en las pensiones. Frente a esto, el Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento de $58,17 billones para ese año (2027), de los cuales $41 billones corresponderían a Colpensiones y $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas.

Por ello, al describir el impacto de esta diferencia, la titular de la cartera, reveló cómo la administración Petro no aseguró dichos recursos.“Aunque $5,4 billones aparecen incorporados en el presupuesto, dichos valores fueron dejados sin situación de fondos. Es decir, se presupuestaron, pero su disponibilidad no se hizo efectiva”, precisó la funcionaria.

Teniendo en cuenta esta situación, López confirmó que su dependencia, al igual que el Ministerio de Hacienda y Colpensiones instalaron mesas técnicas para hacer efectivos esos recursos. “Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, reiteró la jefe de la cartera frente al tema.

Con ello, recordó que el Gobierno había advertido una dificultad cercana a $5 billones para responder por las mesadas de los dos últimos meses del año. “No escondimos el problema, se lo contamos al país con transparencia y nos pusimos inmediatamente a trabajar para resolverlo”, agregó la ministra López, que defendió la postura del Gobierno De la Espriella.

Reforma pensional mantendrá una cotización total del 16%

Con la reforma, el sistema conservará una cotización total del 16% del ingreso: el empleador aportará el 12% y el trabajador el 4%. De esta forma, distribución de los aportes cambiará con la entrada en vigor del nuevo régimen, que dividirá las cotizaciones entre el componente administrado por Colpensiones y el ahorro individual para los ingresos que excedan el umbral.

Al concluir su mensaje, López asoció la disponibilidad de recursos con la obligación estatal frente a los jubilados. “La plata de nuestros pensionados es sagrada. Trabajaron toda una vida por ella y el Estado tiene la obligación de responderles. Sus derechos se respetan, sus mesadas se pagan y el Gobierno de la patria milagro va a cumplirles”, finalizó la ministra.

Con un duro mensaje en sus redes sociales, la exministra de Relaciones Exteriores Rosa Yolanda Villavicencio, cuestionó en la mañana del sábado 26 de septiembre el Gobierno de Abelardo de la Espriella rompiera relaciones diplomáticas con Irán, y advirtió que Colombia no debe convertir su política exterior en un mecanismo de alineamiento con los Estados Unidos.

En efecto, en su perfil de X la excanciller sostuvo que el cierre de los canales diplomáticos entra en conflicto con la defensa del diálogo, el desarme y la solución política de los conflictos que caracterizó a la administración anterior: que, en contraste, puso fin en su momento al canal diplomático y comercial con Israel, que ya fue restablecido por De la Espriella.

Rosa Villavicencio cuestionó si la ruptura de relaciones con Irán es compatible con una política de paz

En su publicación, Villavicencio, que ejerció como canciller entre julio de 2025 y el 7 de agosto de 2026, centró su crítica en el discurso internacional que atribuyó al Gobierno Petro, y al referirse a esa orientación fue clara en su visión. “Colombia defendió ante la comunidad internacional el desarme, la no proliferación y la solución política de los conflictos”, dijo.

En ese sentido, la exministra planteó la discusión sobre la utilidad de mantener vínculos formales con Teherán en un momento de tensión internacional. “¿Por qué cerrar canales diplomáticos cuando justamente se necesita más diálogo para reducir las tensiones y contener la carrera armamentista?”, preguntó la exfuncionaria, que expresó su rechazo a la decisión.

Para la exministra, la ruptura obliga a revisar el sentido de la política exterior colombiana. “Romper relaciones con Irán no fortalece la soberanía: abre una pregunta incómoda sobre para quién y para qué se está diseñando la política exterior de Colombia”, destacó en su publicación, en la que fue explícita en remarcar cómo se estaría tratando, según ella, complacer a EE. UU.

“La diplomacia no puede convertirse en instrumento de alineamiento con Washington ni en eco de la agenda militar de otros”, refirió Villavicencio, que con ello propuso defender los intereses nacionales mediante autonomía, diálogo y multilateralismo. Y es que, de acuerdo con la excanciller, este tipo de decisiones diplomáticas corresponden a objetivos ajenos a Colombia.

Así reaccionó Irán a la decisión de Colombia de romper relaciones

Frente a la misiva comunicada por la cancillería colombiana, el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen respondió a la justificación de Abelardo de la Espriella con serios cuestionamientos hacia la situación que vive el país. “El gobierno colombiano no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas”, señaló la misiva en mención.

De esta manera, Teherán afirmó que Colombia está “profundamente” influenciada ”por los carteles de producción y distribución de drogas” y habló cómo parte de una red de narcoterrorismo en América y fuera de la región. A esto agregó que incautó en su territorio 55 kilogramos de cocaína que calificó como “pura colombiana” en un hecho que causó polémica.

Según Irán, el cargamento ingresó al país mediante una red relacionada con “personas influyentes en Colombia”, aunque no identificó a los presuntos responsables ni aportó otros detalles. También reprochó a la administración De la Espriella haber actuado de manera apresurada en vez de cooperar para determinar la procedencia de ese y otros envíos de droga.

Frente a esta ruptura, la Cancillería colombiana justificó la decisión por razones de seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y los presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas y narcoterroristas. Y en el mismo día del anuncio, Colombia declaró como una organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Es oportuno precisar que la determinación del Ejecutivo colombiano no cobija las relaciones consulares con Irán. En su comunicado, la Cancillería indicó que la ruptura se ajusta al artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y al numeral tres del artículo dos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Otty Patiño, que se desempeñó durante casi tres años como el alto comisionado para la Paz en el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció frente a las críticas a su gestión por la suspensión, en su momento, de la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña: traslado que finalmente se ejecutó el viernes 25 de septiembre, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

Patiño, que habló con Blu Radio, sostuvo que la extradición de “Araña” no fue negada por Petro, sino que fue suspendida de forma temporal para preservar las conversaciones de paz con la organización armada a la que pertenecía: los Comandos de Frontera, disidencias de la Segunda Marquetalia que operan en el sur del país y que avanzaban en procesos de diálogo.

“Lo que se suspendió fue la ejecución misma de la extradición, pero en ningún momento se negó”, aseguró el excomisionado, en una medida que buscaba permitir los desplazamientos y la participación de los delegados mientras avanzaban los contactos, aun cuando el Ejecutivo conocía sus vínculos con el narcotráfico y la extorsión, como lo relacionó Estados Unidos.

Las declaraciones de Patiño se conocieron tras consumarse la extradición de Rojas, que finalmente deberá responder ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, que lo señaló de cometer conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. De la Espriella se encargó de “despedirlo” desde el Comando Aéreo de Combate de Malambo.

En este expediente, aunque la Corte Suprema de Justicia ya había aprobado la extradición, su traslado a suelo norteamericano se suspendió por orden del gobierno Petro, pues ejercía como uno de los negociadores de esta estructura armada. Así pues, su traslado fue postergado mientras avanzaba el ciclo de negociación, que fue finalizado por el hoy primer mandatario, Abelardo de la Espriella.

Otty Patiño destacó los avances del proceso de paz con Comandos de la Frontera, estructura de ‘Araña’

En defensa de la política de Paz Total, el excomisionado dijo que el Gobierno interpretó varias acciones de la organización como gestos en pro del éxito del acuerdo. Fue entonces cuando habló de cómo se había reportado la erradicación de cultivos de coca, la destrucción de armamento y la llegada de integrantes desde Putumayo a una Zona de Ubicación Temporal.

“Se destruyeron varias toneladas de explosivos. Igualmente, también mostraron voluntad de desarmarse”, reiteró Patiño a Blu Radio, al describir los hechos que, según él, fueron evaluados durante los diálogos. Así pues, agregó que varios miembros de la estructura llegaron “desarmados y sin uniforme” a la referida zona, a fin de empezar su desmovilización.

Aunque reconoció que los grupos con los que el Gobierno dialogaba estaban relacionados con actividades ilegales, salió en respaldo de las intenciones promovidas por el Ejecutivo, en el objetivo de avanzar en las mesas de conversación. “Éramos conscientes de que muchos de los señores con los cuales estábamos interlocutando habían incurrido en delitos como narcotráfico”, dijo.

Extradición de ‘Araña’ reactivó polémica sobre la responsabilidad judicial de los negociadores

En sus declaraciones, Patiño explicó que la meta de las conversaciones era que los integrantes de esas organizaciones pasaran “de un estado de ilegalidad” a uno de civilidad, a través de mecanismos legales y el cumplimiento de las penas correspondientes; pues a su juicio, la suspensión de la orden no eximía a Rojas de responder al llamado de la justicia.

“Ya le tocaba era al aparato judicial pensar qué podía hacerse con esas personas”, refirió el excomisionado, en relación con un personaje al que la Fiscalía General de la Nación le atribuyó participación en al menos 13 ataques armados cometidos entre 2020 y 2024 en Caquetá, que dejaron un saldo de 16 muertos, entre ellos líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

Las investigaciones también lo relacionaban con reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado, pues los Comandos de la Frontera eran asociados con tráfico de drogas, homicidios selectivos y control territorial. “Aquí este sujeto hizo mucho daño, derramó mucha sangre y debe pagar cada gota de esa sangre que derramó del pueblo”, señaló De la Espriella.

Otty Patiño, que fungió como alto comisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, negó que se le hubiera ofrecido a David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal de dinero DMG una gestoría de paz; figura que el polémico empresario relacionó en la carta en la que se retractó de los señalamientos hechos al hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

En entrevista concedida a Blu Radio, Patiño –que fue comisionado entre noviembre de 2023 hasta el final de la administración Petro, el 7 de agosto– afirmó que jamás conoció una propuesta de ese tipo y sostuvo que el entonces jefe de Estado tampoco contempló otorgarla. Con ello, desvirtuó lo expresado por Murcia Guzmán, trasladado a la cárcel de Palogordo.

“No tengo la menor idea, porque en todas estas circunstancias aparece gente muy avispadita, empieza a decir esas cosas y, de todas maneras, el señor Murcia hoy dice una cosa, mañana dice otra”, afirmó el ex alto comisionado, que reiteró que nunca fue informado de un ofrecimiento estatal a Murcia y cuestionó la consistencia de estas recientes versiones.

En este proceso, Murcia, fundador de DMG, presentó una retractación ante la Fiscalía General de la Nación, en documento que se conoció el jueves 24 de septiembre. En el mismo, atribuyó sus declaraciones contra De la Espriella, al que acusó de abuso de confianza y robo, a sus expectativas sobre una posible designación, que según él le habrían ofrecido desde el Ejecutivo.

En este caso, es válido precisar que la solicitud de Murcia para acceder a esa figura existió desde antes de la retractación. El 2 de mayo de 2023, desde la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar), dirigió una carta a Petro en la que pidió ser gestor de paz y afirmó tener un plan para reparar a más de 200.000 personas afectadas por la liquidación de DMG.

Petro no consideró gestoría de paz para David Murcia, según Otty Patiño

Al ser consultado por el presunto contacto entre el Ejecutivo y el empresario, Patiño respondió sobre su etapa como comisionado de Paz. “Jamás. Y, por supuesto, considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó esa posibilidad de darle una gestoría de paz a este señor”, indicó el exfuncionario, que fue el encargado de liderar la política de Paz Total.

De esta manera, Otty Patiño rechazó que las gestorías de paz hayan funcionado como una herramienta política para ofrecer beneficios a cambio de denuncias, o una protección frente a actividades ilícitas, como lo ha denunciado De la Espriella y explicó que la designación no equivale a una distinción honorífica, sino que impone obligaciones al que la recibe.

“Cuando se le da a una persona, eso no es una dignidad, sino que genera una serie de responsabilidades y obligaciones que la persona voluntariamente debe cumplir”, señaló Patiño. Según su postura, la entidad encargada debe exigir un plan de acción y evaluar su cumplimiento, como ocurrió, según indicó, con diferentes designaciones.

En su versión, Patiño agregó que, ante un incumplimiento, la respuesta prevista es la suspensión de la designación. “Si no lo cumple, se le suspende la gestoría. Así de sencillo”, destacó el exfuncionario, que rechazó que esa condición pueda utilizarse como amparo frente a delitos. “No es una carta blanca para delinquir ni para proteger actividades ilícitas”, dijo.

Sondra Macollins renunció a la defensa de David Murcia Guzmán: retractación la tomó por sorpresa

La abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins, que confirmó que ya no representa al creador de DMG, aseguró a Caracol Radio que se enteró por la prensa de la carta de retractación y que no conocía su contenido. En cuanto a su renuncia, confirmó que el empresario le pidió dar un paso al costado por sus posiciones frente a De la Espriella.

Esta petición de renuncia quedó formalizada el miércoles 23 de septiembre, tras verificar la solicitud con un familiar de Murcia. El pedido, según relató, llegó por medio de un abogado amigo del cerebro de la referida pirámide, luego de su traslado desde La Picota, en Bogotá, a Palogordo: complejo penitenciario de máxima seguridad que queda en Girón (Santander).

“Me pidió que por favor renunciara, que como yo estaba haciendo oposición, él no quería que se involucraran mis gestiones de actividades políticas con su proceso”, dijo Macollins a Caracol Radio. Con ello, la abogada sostuvo que asumió su representación de oficio y que no modificaría sus actividades profesionales o políticas por esa causa, pues tiene aspiraciones políticas.

Y en lo referente a la gestoría de Paz, la letrada recordó que en 2023 recomendó a Murcia presentar una petición de indulto ante el entonces Gobierno de Petro, trámite radicado ante el Ministerio del Interior y que no prosperó. “Yo nunca hice gestiones para conseguir beneficios con nadie como gestores de paz, porque no creí en eso”, puntualizó Macollins en su versión.

Las recientes versiones sobre el veto del Gobierno de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dieron pie a un debate sobre la autonomía gremial y la interlocución del sector privado con el Estado; en momentos en que existe la amenaza de que se produzca una desbandada al interior de la organización gremial.

La situación se conoció un día después del retiro de Coca-Cola Femsa de la Cámara de la Industria de Bebidas de la asociación, mientras que Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal también habrían avisado su salida. Aunque Mac Master buscó apaciguar los ánimos, su permanencia en el cargo dependería de las conclusiones de la junta directiva, en su reunión del 14 de octubre.

En medio de los vientos de crisis que soplan a la agremiación empresarial más importante e influyente del país, dos expertos consultados por Infobae Colombia alertaron que la controversia puede generar efectos sobre la representación empresarial, la inversión y el diálogo técnico con el Ejecutivo. Un escenario que resultaría inédito de cara al cuatrienio que ya empezó.

Tensiones entre la Andi y el Gobierno “son una muy mala señal”

Orlando Santiago, gerente general y fundador de la firma Fénix Valor, considera que las diferencias entre la Andi y el Ejecutivo, así como los movimientos de empresas dentro del gremio, afectan la percepción sobre la relación armónica que debe existir entre el sector productivo y el Ejecutivo, en momentos en los que el país busca superar los efectos adversos del terremoto.

“Las discrepancias que existen entre la Andi y el Gobierno central son muy mala señal”, indicó el experto, que explicó que la solicitud de algunas empresas para desvincularse de la agremiación muestra, a todas luces, una fractura que puede tener consecuencias para la representación colectiva del empresariado, cuando apenas inicia la administración de De la Espriella.

“Que varias empresas hayan solicitado ya no pertenecer a esa agremiación, pues por supuesto muestra una división que no está bien”, agregó Santiago. El analista llamó a diferenciar los hechos confirmados de las versiones sobre una eventual instrucción para limitar las reuniones entre ministros y el presidente de la Andi, pues la especulación le hace más daño a la institucionalidad.

No obstante, Santiago advirtió que, si se consolida una percepción de presión sobre la independencia del gremio, podrían profundizarse las preocupaciones del sector privado. “Lo que se necesita es que evidentemente existan unas políticas tanto de Gobierno como de empresarios, alineadas para llevar el país hacia adelante”, expresó el CEO de Fénix Valor frente a esta situación adversa.

El diálogo con los gremios puede incidir en la inversión extranjera

En su análisis, Santiago fue claro en precisar que el problema no se limita a la relación entre De la Espriella y Mac Master. De hecho, el analista consideró que la falta de comunicación puede afectar el ambiente para las inversiones, en particular si las compañías concluyen que deben buscar por separado interlocución con los ministerios y evitar en consecuencia la intermediación gremial.

“Lo mejor que puede ocurrir aquí es que rápidamente se reúna el Gobierno con estas entidades y superen esa situación”, afirmó el experto, pues desde su óptica, la tensión puede tener repercusiones sobre el objetivo de atraer capital extranjero. “Este escenario tan desfavorable lo único que inhibe es el interés de capitales extranjeros por invertir en nuestro país”, acotó.

En respuesta a esta crisis, Mac Master, en un comunicado emitido en la mañana del viernes 25 de septiembre, salió en defensa de la autonomía de la entidad frente a las presiones estatales. Y aseguró que el gremio ha privilegiado los canales institucionales y los esfuerzos para abrir, lo más pronto posible, una conversación “directa, franca y respetuosa” con el Ejecutivo.

Piden separar el desacuerdo personal de la relación institucional

William Hernández, director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Universidad de La Sabana, afirmó en diálogo con esta redacción que el caso debe analizarse más allá de las diferencias particulares que puedan existir entre el Gobierno y el presidente de la Andi, que tendrían origen desde la campaña presidencial, por cuestiones meramente políticas.

“En el fondo, lo que está en juego es una relación institucional entre el Gobierno y uno de los principales gremios del país”, reiteró el experto, que explicó que el Gobierno tiene autonomía para definir y ejecutar su política económica. A la vez, precisó que la Constitución protege la independencia de las asociaciones y gremios frente a eventuales intervenciones estatales.

En su postura, el académico fue incluso más allá, pues adelantó lo que, a su juicio, podría pasar no solo con la Andi, sino con demás representaciones gremiales. “Por eso sería problemático que una diferencia con el presidente de un gremio terminara condicionando quién puede representarlo o quién puede ser reconocido como interlocutor”, señaló Hernández a Infobae Colombia.

Tras este parangón, sostuvo que una ruptura del canal de comunicación con la presidencia puede fragmentar la representación empresarial. En su forma de analizar esta situación, las grandes compañías tienen mayor capacidad para gestionar contactos individuales, mientras que las pequeñas y medianas empresas requieren de espacios colectivos para hacer llegar sus posiciones.

Las pequeñas y medianas empresas dependen de la representación colectiva

En este punto, Hernández esbozó cómo las decisiones tributarias, laborales, energéticas, comerciales y de inversión requieren intercambios entre el Estado y los sectores productivos. Y aclaró que ese contacto no supone que el Gobierno deba compartir o concertar todas sus decisiones con los gremios, pero sí establecer una conversación franca sobre la visión de país de uno y otro.

“Eso no significa que el Gobierno deba concertar sus decisiones, pero el diálogo técnico permite conocer y realizar mejores decisiones”, explicó el académico. Para el director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de La Sabana, el riesgo consiste en que las diferencias se personalicen, pues “no conviene personalizar esas relaciones entre el presidente y los gremios”.

En su explicación, Hernández recordó el antecedente de 1993, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y la presidencia de Luis Carlos Villegas en la Andi y expuso cómo esa experiencia dejó una enseñanza para la actual coyuntura. “Estos conflictos se superan con el diálogo, no eliminando el desacuerdo personal, no eliminando a los interlocutores”, puntualizó el académico.

El Ministerio de Minas y Energía declaró en la mañana del viernes 25 de septiembre el racionamiento programado de gas natural tras una falla técnica en la planta de regasificación de Spec LNG en Cartagena; en una restricción temporal que priorizará el suministro para hogares, hospitales, colegios y transporte masivo ante la menor capacidad de entrega de combustible importado.

La decisión fue anunciada luego de los análisis de la Dirección de Hidrocarburos y del Consejo Nacional de Operación de Gas. En ese sentido, Spec prevé restablecer plenamente su capacidad durante los próximos siete días, y mientras tanto el orden de asignación ubica primero a la demanda esencial, también a la generación térmica y a las industrias para el abastecimiento de las refinerías.

Por su parte, los demás usuarios con contratos vigentes recibirán gas según la disponibilidad existente. La cartera sostuvo que el racionamiento responde a una contingencia puntual en la terminal marítima y no a una falta de planeación de largo plazo, en una determinación que permanecerá vigente hasta que se confirme que superó la condición técnica y se recuperó la capacidad de entrega de gas importado.

Demanda esencial tendrá prioridad sobre la generación térmica y la industria

Con ello, la cartera encargada del tema estableció la jerarquía de suministro para administrar la oferta disponible durante las reparaciones en la infraestructura de regasificación y señaló que, “en este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías”.

Esa categoría incluye a hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios esenciales. Sobre el alcance de la decisión, la dependencia afirmó que el racionamiento se llevará a cabo “mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación”; en una situación de contingencia en la regasificadora.

Con ello, el ministerio explicó que la restricción busca ordenar el uso temporal del gas importado ante la reducción de la capacidad de la planta. De esta forma, la medida adoptada frente a esta falla técnica permitirá, según la entidad, “administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios”.

Capacidad de la regasificadora Spec durante el racionamiento está garantizada

Mientras avanzan las tareas sobre la infraestructura afectada en Cartagena, la terminal conservará las operaciones bajo parámetros de seguridad. Así mantendrá una mesa de trabajo continua con el Consejo Nacional de Operación de Gas y los agentes del mercado energético, entes encargados de coordinar las acciones técnicas y comerciales para garantizar que el gas llegue a su destino.

“Durante la ejecución de estas actividades, la terminal continúa operando de manera segura con una capacidad de regasificación de 400 Mpcd. Los trabajos se realizan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad por parte de los equipos especializados responsables de la operación de la Fsru”, expresó el ministerio, como parte de tranquilidad sobre esta intervención.

A medida que avanza la emergencia con la regasificadora, que funciona como el seguro energético clave de Colombia, al transformar gas natural licuado (GNL) en gas en estado gaseoso para abastecer la demanda nacional, el Ministerio de Minas expedirá “las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio.

Aunque la planta de Spec efectuó su mantenimiento anual programado entre julio y agosto, no hubo racionamiento, Ecopetrol cubrió el faltante con gas nacional, a través de contratos de contingencia suscritos previamente. Por tal motivo, en lo que va del año, este es el primer racionamiento programado del combustible, que está ligado a las contingencias que obligaron a tomar medidas.

Director del DNP reaccionó al racionamiento de gas: “El país tiene que volver a ser autosuficiente”

Tras esta decisión, Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirmó que Colombia debe recuperar la autosuficiencia en gas y atraer inversiones para reforzar la exploración y producción. El funcionario intervino durante el tercer y último día de la edición 28 del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

“Tenemos que hacer todo para que la inversión vuelva, la exploración de esos pozos, sobre todo offshore en la Alta Guajira. Desregular y hacer mucho más eficientes los procesos de consulta previa y de licenciamiento, porque el país tiene que volver a ser autosuficiente en gas”, sostuvo el funcionario, que llegó en reemplazo de Carlos Sepúlveda Rico, inicialmente designado.

Para el titular del DNP, es claro que los hidrocarburos siguen entre los motores de crecimiento del país, pero advirtió que Colombia importa cerca del 35% del gas que consume y planteó la necesidad de fortalecer las reservas para garantizar la soberanía energética. “No podemos pensar que el gas es malo ni creer que los hidrocarburos son malos”, insistió en su postura.

La selección Colombia Femenina ya tendría definida una de sus camisetas con las que disputará la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, a disputarse en Brasil; en la que será su cuarta participación en una máxima cita orbital, bajo la batuta del entrenador vallecaucano Ángelo Marsiglia, y a la que espera llegar con altas expectativas en pro de hacer una presencia histórica en el torneo.

Una filtración publicada por el portal Footy Headlines, especializado en dar a conocer las novedades de las principales marcas del mundo, mostró cómo será la indumentaria visitante de la ‘Tricolor’, que es confeccionada por la firma alemana Adidas. Y, de entrada, el diseño sorprendió en las redes sociales, pues usaría colores inéditos y un estilo que marcaría diferencia con versiones pasadas.

Así sería el diseño se la mueva camiseta de la selección Colombia

En efecto, la equipación, que todavía no fue presentada de manera oficial, pues solo se daría a conocer hasta marzo de 2027, rompería con las combinaciones habituales de la selección. El diseño apuesta por una paleta cercana al vinotinto, con detalles en tonos burdeos, carmesí y coral en la parte delantera. En cuanto al diseño, se destacan gráficos simétricos en distintas tonalidades.

A su vez, destacaría el regreso del logotipo Trefoil de la marca alemana, que caracteriza a la línea Originals. Según la información divulgada, el nuevo uniforme alternativo formará parte de una colección especial que la marca para varias selecciones que competirán en territorio brasileño; en una mezcla de elementos retro, con texturas modernas, que generaron opiniones encontradas.

Y es que el Trefoil es uno de los elementos centrales de la camiseta filtrada. El emblema, asociado a las colecciones clásicas de Adidas, estaría ubicado en el lado derecho del pecho y en color blanco; mientras que en el lado opuesto aparecería el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), también en versión monocromática blanca, y las tres franjas características en los hombros.

Los otros detalles de la nueva ‘piel’ de la ‘Tricolor’

El diseño mantendría las mangas en rojo liso, sin la carga gráfica presente en el panel frontal, en tanto que el cuello en V y los puños sumarían detalles de dos tonos, de acuerdo con la filtración. Con ello, la preponderancia de marcados elementos visuales en el frente buscaría diferenciar esta camiseta de los modelos alternativos anteriores de la selección, y tonos más oscuros.

La composición gráfica incluiría puntos, figuras en forma de abanico, líneas zigzagueantes y motivos orgánicos. En su publicación, Footy Headlines señaló que esos recursos se inspiran en expresiones artísticas tradicionales, aunque Adidas no dio a conocer todavía el concepto que acompañará al lanzamiento, con miras a la presencia del combinado patrio en el evento mundial.

Lo que si sería un hecho es que la nueva prenda saldría a la venta en marzo de 2027, junto con el resto de las colecciones mundialistas de Adidas. La empresa prepararía uniformes con identidad visual propia para cada federación, con una línea que retomará códigos de diseño de otras épocas, en este caso, el logo retro de la marca, que se ha vuelto característico para este tipo de certámenes.

Colombia, en consecuencia, participará en la Copa del Mundo que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, siendo Brasil anfitrión por primera vez del evento en su rama femenina, y en el que habrá 32 selecciones y 64 partidos en ocho ciudades del país anfitrión. Su tiquete lo logró como la escuadra campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol, con 20 puntos de 24 posibles.

La misión será entonces superar lo hecho en la más reciente edición del mundial, cuando llegó a los cuartos de final en Australia y Nueva Zelanda 2023. Antes ya había disputado las ediciones de Alemania 2011 y Canadá 2015, en un proceso que viene consolidando al fútbol femenino en Colombia, en una generación que combina futbolistas con experiencia y juventud.

Buenas noticias se conocieron en la mañana del viernes 25 de septiembre en relación con el estado de salud del reconocido periodista Yamid Amat, que si bien sigue recluido en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ha registrado una evolución favorable en su estado. Así lo informó a través de sus redes sociales su hijo, el también comunicador Yamit Amat Serna, que agradeció los mensajes de apoyo.

Amat Serna, a través de su perfil de X, aseguró que la salud de su progenitor presentó una mejoría importante y señaló que el periodista continúa bajo atención médica en el citado centro asistencial. Con ello, difundió un mensaje de agradecimiento por las expresiones de apoyo recibidas desde que se conoció la hospitalización del comunicador, de 84 años, uno de los maestros del oficio.

“La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá”, expresó Amat Serna, designado por la familia para pronunciarse sobre el estado del veterano periodista boyacense.

En el mismo mensaje, atribuyó la mejora a la atención brindada y aprovechó para saludar a los colegas y colombianos que han estado preocupados por este ícono del periodismo, que revolucionó la radio informativa en Colombia, y ha tenido una destacada presencia en otros canales de información. “Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto”, escribió Amat Serna en la red social.

Hijo de Yamid Amat destacó el respaldo durante la hospitalización

En su publicación, que llevó un mensaje de tranquilidad a los seguidores del periodista y los que se formaron con sus enseñanzas, Amat Serna también se refirió a los mensajes de solidaridad que llegaron para la familia. “La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios han sido aliento y soporte cierto”, destacó el comunicador, que seguirá informando sobre su evolución.

Y es que el nuevo reporte indicó que Yamid Amat recibe atención en un piso de hospitalización y que responde a los procedimientos efectuados por el equipo multidisciplinar que ha estado al frente de la salud del comunicador. “Avanzamos paso a paso”, agregó Amat Serna. De esta forma, la etapa más compleja tras la internación del periodista parece superada, a juzgar por este mensaje.

Según se conoció por su familia, el periodista ingresó de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá la noche del 21 de septiembre, luego de sufrir complicaciones de salud en su residencia de Anapoima, municipio de Cundinamarca desde el cual fue trasladado a la capital colombiana, en donde recibió atención inmediata para atender su situación y lograr, entonces, su estabilización.

Los problemas médicos están vinculados con complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc). En los primeros reportes sobre su estado, se informó que permanecía bajo pronóstico reservado; no obstante, con lo dicho por Yamid Amat Serna, el cuadro sería favorable para su padre, en el objetivo a poder lograr una eventual alta médica.

“Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario. El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado”, había expresado la Fundación Santa Fe en su pronunciamiento del 22 de septiembre, cuando alertó al país sobre lo que estaría pasando con el periodista, fundador de noticieros como CM&, y espacios como 6AM Caracol.

El periodista, cabe destacar, se retiró de forma definitiva de los medios de comunicación el 14 de noviembre de 2024, fecha que coincidió con la última emisión de CM&, que estuvo al aire durante cerca de 33 años y, en su momento, transformó los formatos de la televisión en el país, con un estilo que fue después replicado por otros espacios informativos.

A través de sus redes sociales, y en respuesta al aparente veto ejercido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en su contra, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pidió suspender lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones mal intencionadas” contra la agremiación y defendió si autonomía frente a las tensiones crecientes.

En su pronunciamiento, que se produjo en la mañana del viernes 25 de septiembre, Mac Master señaló que había preferido mantener silencio y priorizar los canales institucionales; y explicó que su decisión respondió a la necesidad de proteger a la asociación, a sus afiliados, colaboradores y equipos de trabajo frente a lo que serían las fuertes diferencias con el Ejecutivo nacional.

“Hay momentos en los que hablar más no necesariamente contribuye a construir soluciones”, señaló el dirigente, que insistió en que el debate no debe centrarse en su situación personal, sino en la institucionalidad gremial y en el papel de la asociación dentro del país. Con ello, aclaró, está dispuesto a tender canales de diálogo con el Gobierno frente a esta especial coyuntura.

Mac Master defendió la autonomía de la Andi: “Es más que su presidente”

En su pronunciamiento, el presidente de la Andi remarcó que la organización representa una institucionalidad construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas y colaboradores. De esta manera, se sacudió de los señalamientos que, a su juicio, buscan torpedear su labor y no solo eso, forzar su salida, luego de 13 años como titular de la asociación.

“Cuando están de por medio una institución de 82 años, miles de empresas, cientos de miles de trabajadores y un equipo comprometido con servirle al país, la prudencia no es ausencia de posición”, sostuvo Mac Master, que también indicó que la asociación debe proteger su autonomía y evitar que circunstancias coyunturales afecten el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

“La Andi es mucho más que su presidente”, escribió, al definirla como una entidad colectiva al servicio de Colombia, y en la antesala a la reunión ordinaria que sostendrá la entidad el 14 de octubre, en la que se buscarán fórmulas para superar el impasse que ha causado para la agremiación la determinación del jefe de Estado, pues amenaza con un remezón.

Andi mantendrá la intención de diálogo con el Gobierno

En su comunicación, Mac Master afirmó que la Andi ha trabajado con diferentes administraciones y que mantendrá esa línea de actuación, pese a que De la Espriella esté cerrándole la puerta la asociación. Con este mensaje, señaló que la organización ha expresado sus diferencias de forma respetuosa y ha buscado espacios de construcción conjunta con el Gobierno.

“La Andi ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia. Lo ha hecho defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta”, expresó el directivo, que agregó que durante los últimos días la organización privilegió los esfuerzos para abrir una conversación “directa, franca y respetuosa”.

De esta forma, en la parte final del comunicado, Mac Master instó a cesar las acciones que, según indicó, buscan afectar la reputación de la asociación. “A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas”, remarcó el directivo, con lo que matizó la controversia en torno a su nombre.

De hecho, el dirigente vinculó ese reclamo con el derecho de los empresarios a asociarse y tomar decisiones de manera autónoma, sin presiones y pidió preservar la institución por encima de las diferencias personales. “Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente”, concluyó Mac Master, al romper el silencio sobre esta situación.

Tres fuerzas de derecha que respaldaron la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República avanzarían en conversaciones para fusionarse, en una determinación que quedaría en manos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): ente rector que deberá estudiar y aprobar el eventual proceso, que apunta hacia las elecciones regionales del 2027 en Colombia.

Defensores de la Patria, Movimiento de Salvación Nacional y Creemos, que se sumaron a la campaña de De la Espriella, buscan formalizar una estructura conjunta antes de los comicios, en los que se empezará a redefinir el mapa político. La intención con esta eventual fusión es ordenar candidaturas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos y consolidar su fuerza política.

Según informó El Espectador, los tres partidos quieren avanzar hacia una fusión, una decisión que requerirá la autorización del organismo electoral. Estas conversaciones incluyen al movimiento fundado por el propio presidente; el movimiento encabezado por el senador Enrique Gómez y la colectividad que ha estado ligada con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La fusión de los partidos de derecha permitiría unificar avales y estrategia electoral

Las tres colectividades cuentan con personería jurídica, por lo que hoy pueden entregar avales de forma independiente; aunque una eventual integración les permitiría concentrar recursos políticos y electorales bajo una sola organización, además de definir una estrategia común para las regionales, en las que saldrán a buscar los votos en competencia con otros partidos, algunos tradicionales.

El objetivo sería ampliar su influencia frente a otros sectores de la derecha, un sector político en el que el Centro Democrático mantiene una estructura territorial y parlamentaria consolidada, como pudo verse en las elecciones al Congreso. La discusión también incluye la definición de candidaturas en las regiones en las que Salvación Nacional y Creemos tienen bases propias.

Es oportuno precisar que Creemos tiene uno de sus principales respaldos en Antioquia y Medellín, mientras que Salvación Nacional conserva una identidad asociada al conservadurismo y a la figura de Álvaro Gómez Hurtado, fundador del partido asesinado en 1995; y Defensores de la Patria obtuvo su personería jurídica en agosto, después del triunfo de De la Espriella.

En consecuencia, el trámite llegaría a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que debe revisar los requisitos legales y estatutarios de la fusión. Esta decisión definirá si las tres organizaciones pueden conservar sus derechos políticos y electorales dentro de una nueva colectividad, en paralelo a las solicitudes de otras representatividades que irían en la misma línea.

El ejemplo que buscaría seguir la derecha: Pacto Histórico

Uno de los casos recientes en cuanto a la conformación fue la constitución del Pacto Histórico, que agrupó a varias fuerzas de izquierda. Aunque en ese proceso enfrentó demoras antes de obtener una decisión definitiva, por sanciones pendientes de algunas vertientes, lo que alimentó cuestionamientos sobre el ritmo de las actuaciones del organismo electoral colombiano.

En contraste con ese ejemplo, las conversaciones entre los sectores de derecha se producen con más de un año de anticipación a los comicios de 2027. Esa condición podría dar margen para que el CNE defina el expediente antes de que inicien formalmente las inscripciones de candidatos, en unos comicios que elegirán un total de 20.509 cargos, de ellos 32 gobernadores y 1.102 alcaldes.

La eventual fusión trasladaría al ámbito regional la coalición que acompañó la campaña presidencial de 2026. Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Salvación Nacional y de dirigentes vinculados a Creemos durante su aspiración a la Casa de Nariño, lo que fue clave para consolidar la masa política que lo llevó a vencer al oficialismo, con una ajustada diferencia del 0,95%.

La abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins confirmó en la mañana del viernes 25 de septiembre, a horas de conocerse la retractación de David Murcia Guzmán, cerebro de la conocida pirámide DMG, que ya no es la abogada del polémico empresario: que purga una pena de 22 años y 10 meses, por los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.

En entrevista con Caracol Radio, la abogada indicó que dio un paso al costado a la defensa de Murcia Guzmán por petición del empresario, que, según relató, buscaba separar su proceso judicial de las posiciones políticas y públicas de la abogada frente al presidente Abelardo de la Espriella. Lo anterior, consciente del fuerte enfrentamiento mediático entre ambos.

“Me pidió que por favor renunciara, que como yo estaba haciendo oposición, él no quería que se involucraran mis gestiones de actividades políticas con su proceso”, indicó Macollins, que explicó que no presentó de inmediato el escrito porque quería confirmar el pedido con un familiar de Murcia. Una vez surtido ese trámite, oficializó su petición el 23 de septiembre, hace dos días.

Con ello, la exrepresentante legal de Murcia contó al citado medio que recibió la solicitud a través de un abogado amigo del empresario, pocos días después de que este fuera trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a Palogordo, en Girón, Santander. “Yo le dije: ‘Claro que sí, con mucho gusto’, pero quería una confirmación”, señaló la abogada, pareja sentimental de Moisés Garvin.

Tras esa comunicación, radicó su renuncia ante el juzgado de ejecución de penas y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los entes en los que cursan los procesos contra el hombre, que durante la campaña presidencial había lanzado duras acusaciones contra el mandatario, al que acusó de abuso de confianza, con el presunto robo de $5.000 millones.

“Yo no me voy a quedar callada”, dijo Macollins tras renuncia a la defensa de David Murcia

Macollins sostuvo que entendió la preocupación de Murcia, aunque remarcó que no modificaría sus actividades públicas ni políticas por un caso que asumió de oficio. “Yo no me voy a quedar callada, yo no voy a dejar de hacer mi vida profesional ni política por un defendido, que además llevo de oficio”, expresó la letrada en su declaración, con la que se desmarcó de su antiguo defendido.

Desde su perspectiva, la abogada consideró que el empresario pudo temer las consecuencias de sus declaraciones, teniendo en cuenta que su exapoderado, con el que tiene profundas diferencias, hoy es el jefe de Estado. “Yo creo que él siente temor que mis declaraciones lo afecten”, dijo Macollins. Él es el que está detenido y está en las peores condiciones”, agregó al medio en cuestión.

La mujer evitó afirmar que la decisión de retractación de Murcia fuera producto de presiones, pues insistió en que no ha podido hablar con él desde su traslado. “Yo no he tenido ningún contacto con él desde que lo trasladaron”, aseguró Macollins, que contó las dificultades para establecer contacto con su excliente, originadas por el cambio de sitio de reclusión.

“En Bogotá tenía la oportunidad de visitarlo directamente”, explicó la letrada, mientras que ahora “allá se queda totalmente aislado”. Llama la atención que la fecha de la renuncia de Macollins coincidió con la emisión de la comunicación en la que Murcia se retractó de las acusaciones formuladas contra De la Espriella; aunque la mujer dijo desconocer la carta ni haberla elaborado.

Sondra Macollins dijo estar “sorprendida” por retractación de Abelardo de la Espriella

En efecto, Macollins confesó haber sido tomada por sorpresa de esta determinación. “Estoy más sorprendida que todos los oyentes”, declaró. “Me enteré ayer por la prensa de la retractación. Yo no tengo conocimiento de eso. No sé nada”, acotó la abogada, que señaló había recomendado a Murcia presentar una petición de indulto, en 2023, ante el entonces Gobierno de Gustavo Petro.

Y con ello aclaró que esa iniciativa no tuvo relación con la figura de gestores de paz ni con gestiones para obtener beneficios de funcionarios. “Yo nunca hice gestiones para conseguir beneficios con nadie como gestores de paz, porque no creí en eso”, enfatizó la excandidata presidencial, en un trámite que fue radicado ante el Ministerio del Interior, pero que no prosperó.

En esta entrevista, la exabogada dijo que Murcia podría desistir de la apelación que mantenía en un proceso disciplinario contra De la Espriella. En ese escenario, el asunto quedaría cerrado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, debido a su fuero como jefe de Estado; además de considerar que la retractación llevaría al archivo de la denuncia por injuria y calumnia.

Coronell cuestionó el cambio de versión de Murcia

Por su parte, el periodista Daniel Coronell, al que Murcia Guzmán le dio la entrevista en la que apuntó contra De la Espriella en febrero de 2026, cuestionó la retractación porque, según recordó, el empresario había formulado acusaciones en una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial, y en una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Murcia había señalado que De la Espriella recibió cerca de “5.000 millones de pesos” como anticipo para asumir su defensa y otros “$760 millones de pesos” destinados, según su versión, a influir en congresistas. Así pues, afirmó que existe una interceptación telefónica de 2008 entre el entonces gerente de DMG, William Suárez, en la que salpicaban al primer mandatario.

Según expuso, el monto adicional era para “gestiones” relacionadas con el Congreso de la República. “Eso está grabado y está grabado muchos años antes de que hablara David Murcia”, sostuvo Coronell, que también mencionó una compra de un apartamento en Bogotá por $700 millones atribuidos a De la Espriella, aunque no habría una prueba directa con el dinero de Murcia.

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Abelardo De la Espriella adoptar las medidas necesarias para que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 cubra las necesidades reales de financiación del sistema. Este ha sido un asunto materia de discusión en el Congreso, como se ha visto en las recientes reuniones de la ministra de Salud, Ana María Vesga, con la bancada oficialista.

La decisión, contenida en el Auto 1302 de 2026, fija obligaciones para los ministerios de Salud y Hacienda antes de establecer el valor que se reconocerá por cada afiliado. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 dispuso que Vesga deberá sustentar, con información técnica, que la UPC será suficiente para financiar servicios y tecnologías en la próxima vigencia.

En ese orden de ideas, el cálculo que establezca el Ejecutivo deberá considerar una serie de variables como la utilización de servicios, el costo y la gravedad de las atenciones, la carga de enfermedad, el envejecimiento de la población, los precios de medicamentos e insumos, el costo del talento humano, la inflación sectorial, la tasa de cambio y las diferencias territoriales.

En una reunión con la bancada del Centro Democrático, efectuada el 16 de septiembre, la ministra Vesga había estimado que la UPC de 2027 tendría un incremento de entre 12% y 13%. Este cálculo, según la funcionariam toma como referencia la información disponible sobre nueve meses de 2025 y el comportamiento del gasto del sistema de salud en el país.

El Ministerio de Salud deberá establecer si existe un rezago en la financiación

La Corte también ordenó determinar si el valor reconocido en vigencias anteriores quedó por debajo de las necesidades de financiación del sistema. En caso de que exista una diferencia, el Ministerio de Salud deberá establecer su magnitud y las causas que la explican, teniendo en cuenta que este tema fue motivo de discusión en la administración anterior, la de Gustavo Petro.

El tribunal precisó que los déficits de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no constituyen, por sí solos, una prueba de insuficiencia de la UPC. Por ello, la cartera deberá diferenciar los costos asociados al riesgo en salud de aquellos derivados de problemas de gestión, obligaciones históricas, fallas en el flujo de recursos u otras circunstancias ajenas al cálculo de la prima.

Así pues, la Sala indicó que una eventual corrección del rezago puede aplicarse de manera gradual, aunque estableció un límite para la vigencia siguiente, pues la Unidad de Pago por Capitación de de 2027 “no puede fijarse por debajo de los requerimientos propios de esa vigencia”. Lo anterior, siendo este concepto el principal mecanismo financiero y el motor del sistema de salud colombiano.

Esta es la tasa de la UPC; Ministerio de Hacienda tendrá que asegurar los recursos y su giro oportuno

La decisión mantiene el parámetro según el cual la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la correspondiente al régimen contributivo, salvo que exista información técnica actualizada que sustente una brecha mayor. Al respecto, la Corte señaló que ese porcentaje debe aplicarse sobre el valor integral de la UPC y no únicamente sobre alguno de sus componentes.

El alto tribunal también sostuvo que la aproximación entre ambos regímenes puede continuar si las condiciones de riesgo, costos y población no justifican una diferencia. Y, como establece el Auto 1302 de 2026, una vez el Ministerio de Salud determine el monto requerido para financiar la UPC, el Ministerio de Hacienda deberá adoptar las medidas para asegurar la disponibilidad y giro de recursos.

La Sala advirtió que las restricciones fiscales no pueden ser el único criterio para definir una UPC inferior a las necesidades técnicas del sistema. Según la Corte, la disponibilidad presupuestal “no puede reemplazar el análisis técnico sobre la suficiencia” de los recursos; con esto, la orden no fija todavía el valor de la UPC para 2027, pero sí estableció pautas para que este rubro sea fijado.

Es válido precisar entonces que el Ministerio de Salud deberá presentar a la Sala Especial de Seguimiento, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe sobre las medidas adoptadas, la calidad de la información utilizada y la metodología aplicada; además de la justificación técnica del monto definido y el proceso de participación efectuado en este proceso con los actores del sector.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ya le puso fecha para discutir la coyuntura marcada por las fuertes tensiones con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que vetó al titular de la agremiación, Bruce Mac Master; lo que habría originado la salida de Femsa, envasadora de Coca Cola en Colombia, de la Cámara de la Industria de Bebidas de la entidad.

La junta directiva de la asociación evaluará la situación después de que no prosperó la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria. Según información revelada por el periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, el objetivo de la organización será avanzar hacia un encuentro directo entre Mac Master y el mandatario; por lo que, de entrada, no se plantea la salida del directivo.

La intención consiste en discutir las diferencias y recuperar una relación institucional entre el sector empresarial y el Ejecutivo, con el diálogo como canal de interlocución. En consecuencia, la reunión ordinaria adquiere especial relevancia después de una semana de movimientos al interior de la Andi, que reúne a empresas de distintos sectores de la economía colombiana.

Y es que las decisiones de afiliados de retirarse total o parcialmente del gremio coincidieron con versiones sobre restricciones a los contactos de Mac Master con integrantes del gabinete. Según lo que se ha filtrado a los medios, la instrucción del presidente De la Espriella fue clara: que sus ministros no establezcan contacto con el dirigente gremial, lo que sería a claras luces un veto.

El veto a Bruce Mac Master abrió una disputa con el Ejecutivo

La controversia se hizo pública el 21 de septiembre, cuando la periodista Vicky Dávila aseguró que fuentes gubernamentales le informaron que los ministros no podrían reunirse con Bruce Mac Master, presidente de la Andi. También indicó que el Gobierno evaluaba extender esa restricción a miembros de la junta directiva de la entidad; lo que encendió las alarmas sobre el eventual veto.

Al respecto, La Silla Vacía informó que verificó la existencia de un mensaje informal dentro del gabinete para evitar reuniones con el dirigente gremial. Aunque el medio precisó que no se trató de una directriz pública ni de una orden transmitida directamente por el presidente De la Espriella durante un Consejo de Ministros, lo cierto es que, en la práctica, está operando el veto.

Frente a este asunto, el Gobierno no ha divulgado un decreto, una circular ni otro documento oficial que confirme la medida. Aunque frente a las versiones, la postura del dirigente gremial, que votó por el hoy jefe de Estado en la contienda del 21 de junio, ha sostenido en privado que mantiene su disposición de trabajar con la administración nacional en distintos asuntos relacionados.

Tres empresas azucareras también habrían notificado su salida de la Andi

En medio de la tensión, Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal habrían comunicado su retiro definitivo de la asociación. Las tres compañías pertenecen a la Organización Ardila Lülle y su decisión fue conocida el 24 de septiembre por Dávila. No obstante, hasta el momento, las empresas no han expuesto públicamente las razones detalladas de su salida de la asociación de industriales.

La situación generó interrogantes sobre el impacto que una salida de empresas de sectores estratégicos puede tener en la representación gremial. El azúcar, las bebidas, los alimentos, la logística y la manufactura integran buena parte de las actividades que participan en las cámaras; en un contexto en el que en el Congreso se busca eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas.

En lo que respecta a las firmas de Femsa, Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A. e Industria Nacional de Gaseosas (Indega S.A.S.), notificaron que dejarán la Cámara de la Industria de Bebidas; lo que es importante precisar que no equivale a una desafiliación total, pues en la comunicación, las empresas señalaron que la decisión solo cobija su presencia en esa sectorial.

De acuerdo con Restrepo, una de las metas del Gobierno de Abelardo de la Espriella está en ofrecer seguridad física y jurídica a empresas internacionales mientras el Ejecutivo busca vincular esa estrategia económica con su política exterior, denominada Patria Milagro. Así lo remarcó al lado del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, presente en Nueva York.

La delegación colombiana comenzó su participación en la reunión en el organismo multilateral bajo el liderazgo de Restrepo y el canciller Omar Bula, con la presencia en el acto de instalación, en el que también estuvieron Gómez Amín; el embajador de Colombia ante la ONU Mauricio Gaona y el embajador de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

En su balance de la primera jornada, Restrepo afirmó que los encuentros con empresarios y fondos de inversión forman parte de una misión enfocada en convertir los contactos internacionales en anuncios concretos. “Colombia está lista para recibir inversión, para generar empleo y convertir nuevas oportunidades en bienestar”, expresó el funcionario.

Restrepo anunció reuniones con firmas financieras y empresarios internacionales

Tras asistir a los discursos inaugurales de la Asamblea, Restrepo informó que el ministro de Comercio se incorporaría a reuniones con representantes del sector privado. La agenda contempla un encuentro empresarial, una rueda de negocios con Holland & Knight y conversaciones con JP Morgan y XP Investments, entre otros consorcios.

El vicepresidente destacó que las reuniones con JP Morgan estarán destinadas a analizar posibilidades de inversión en infraestructura. Sobre la cita con XP Investments, señaló que participan inversores de distintos países y que la delegación tendrá reuniones con compañías que preparan anuncios de inversión en Colombia, que atraviesa una etapa de transición.

Por su parte, Gómez Amín resumió la posición que la comitiva llevará a esos encuentros. “Dos mensajes claros: seguridad física y seguridad jurídica para atraer la inversión a nuestro país. Colombia abierta al mundo”, sostuvo el ministro, en relación con las reuniones que tienen previstas en el epicentro financiero y político del planeta durante la presente semana.

En ese sentido, Restrepo, el número 2 del Gobierno, asoció esa agenda empresarial con una actividad próxima en Nueva York denominada Milagro Week. Según explicó, el evento será parte de la misión de “crecer” que, dijo, cumple la delegación bajo el liderazgo de De la Espriella: ausente en territorio estadounidense por una promesa de campaña.

Colombia ratificó su participación en Escudo de las Américas

La agenda paralela a la Asamblea incluyó la defensa de la incorporación de Colombia a la alianza de seguridad Escudo de las Américas, una coalición antidrogas liderada por Estados Unidos. Restrepo y Bula participaron en una reunión de alto nivel de ese bloque, que fue presidida por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario Marco Rubio.

Durante ese espacio, el vicepresidente, justamente, sostuvo un intercambio con Trump, al que le transmitió un mensaje de De la Espriella. La delegación ratificó el compromiso colombiano de combatir de forma coordinada el crimen transnacional y proteger las instituciones democráticas del continente, en un clima de cordialidad que caracterizó este diálogo.

Según el Ejecutivo, la alianza es indispensable “para defender las democracias” regionales mediante acciones colectivas. Además de este trascendental encuentro, en la bienvenida a esta coalición, la comitiva también prevé reuniones sobre cooperación internacional, innovación tecnológica, comercio, defensa y fortalecimiento de capacidades institucionales.

A su vez,el canciller Bula se reunió con sus homólogos de Ecuador, Roberto Kury, y de Grecia, Giorgos Gerapetritis. Con el primero acordó hacer un Gabinete Binacional en noviembre en Barranquilla, mientras que con el ministro griego definió esquemas de cooperación bilateral y trabajo conjunto en el Consejo de Seguridad para consolidar alianzas.

A esto, se suma el diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, al que le agradeció la solidaridad tras el terremoto del 10 de agosto que sacudió al país. En la reunión, el ministro Bula expuso los ejes de la política exterior de Colombia y planteó reforzar la lucha coordinada contra el crimen transnacional organizado.

Bula habló de la importancia de que Colombia haga parte del Escudo de las Américas, una alianza que busca cooperación económica entre los países y apoyo en el ámbito de seguridad. “Un país sin seguridad no puede atraer inversión, no puede atraer comercio, y ese es nuestro propósito en los próximos cuatro años: darle a Colombia la seguridad que necesita”, dijo.

De cara a la jornada del miércoles 23 de septiembre, la delegación nacional sostendrá encuentros con el vicepresidente de Suiza, Ignazio Cassis; representantes de Microsoft y la más, importante, la que tendrá con secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, con el fin de hacer un repaso por la situación de Colombia.

También se prevé reunión con delegados de Emiratos Árabes, la reina de Países Bajos, Máxima, y miembros de un centro de pensamiento. Desde Nueva York, Restrepo dirigió además un mensaje a niños y jóvenes para impulsar su participación en modelos de Naciones Unidas y planteó la necesidad de regular de manera ordenada la inteligencia artificial.

Se prevé que su intervención ante el pleno de la Asamblea General se lleve a cabo el jueves 24 de septiembre, en representación del presidente De la Espriella. El discurso estará destinado a exponer las prioridades de la nueva política exterior y la iniciativa económica Mission Grow, al indicar las metas del nuevo Gobierno y la necesidad de rodear este propósito.

El jurista, a través de sus redes sociales, advirtió que la intervención directa del jefe de Estado en una de las capturas efectuadas por las autoridades, como se pudo apreciar en uno de los fragmentos del video publicado por el gobernante, podría afectar las garantías del proceso penal y la independencia judicial. Un aspecto que debería tener claro De la Espriella, al ser abogado.

“Menos mal que es abogado penalista el presidente de la República Abelardo de la Espriella: ¿En qué parte del código dice que el jefe de Estado interviene directamente en la captura?”, acotó el letrado, que no dejó pasar el procedimiento en el que el primer mandatario se acercó a uno de los hombres señalados y capturados por las autoridades y le dijo: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

Carranza lanzó advertencia sobre el debido proceso y el rol de los jueces

En su publicación, que recibió reacciones a favor y en contra, el abogado Carranza sostuvo que el mandatario no debería intervenir de manera directa en las actuaciones que corresponden a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Según señaló, la presencia del presidente en el lugar de una captura puede abrir cuestionamientos sobre el debido proceso.

“Esto no solo afecta el debido proceso penal por el procedimiento, también afecta la neutralidad del sistema judicial”, afirmó el letrado. Y explicó que una intervención pública del presidente durante un operativo puede aumentar la presión sobre los funcionarios que deben decidir más adelante sobre la situación jurídica de los capturados, que se sometían a judicializaciones.

Y mencionó las decisiones que adoptan los jueces de garantías frente a solicitudes de medidas de aseguramiento. “Si resulta que la captura sale mal o el capturado recibe garantías como la no imposición de la medida de aseguramiento o pasa cualquier cosa que lo deje en libertad, entonces el pobre juez de garantías será señalado como alguien en contra de la Patria Milagro”, sostuvo.

Para el jurista, las actuaciones deben mantenerse al margen de presiones políticas, mediáticas o institucionales. “Somos un Estado social de derecho, no una Patria Milagro”, insistió en este término el abogado, que además de su defensa al expresidente también representa a su primogénito: Nicolás Petro Burgos, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Carranza dijo “aplaudir” operaciones que se ejecuten en la legalidad

En su exposición, el abogado aclaró que su cuestionamiento no se dirigía contra los operativos de seguridad ni contra la persecución de las organizaciones criminales. Con ello, quiso dejar en claro que las operaciones contra estructuras dedicadas a delitos violentos y al tráfico de drogas deben contar con respaldo jurídico, y que siempre respeten los procedimientos legales.

“Se aplauden todas las operaciones que se ejecutan en el marco de la legalidad”, reiteró. No obstante, acotó que De la Espriella debe resguardar la separación de poderes y evitar actuaciones que puedan interpretarse como una intromisión en las decisiones de fiscales o jueces. “Si la Policía captura, el jefe de Estado debería velar por la independencia de las ramas del poder”, señaló.

Por último, Carranza cuestionó la posibilidad de que el mandatario lleve a cabo pronunciamientos sobre los detenidos antes de que avance el proceso judicial y aludió a intervenciones públicas posteriores a operativos de seguridad. Con esto, parodió cómo el presidente podría, a su juicio, “hacer rueda de prensa, caminar sobre los muertos y decirle ratas a los investigados”.

Y, de la misma forma, se refirió al lema de la actual administración. “Y gritar con la ceja levantada: firmes…”, concluyó Carranza, en relación con el estilo comunicacional de De la Espriella. Así pues, alertó sobre el efecto que ese tipo de mensajes podría tener sobre la percepción de imparcialidad en los casos judiciales que se deben adelantar tras estas detenciones.

Y es que durante los procedimientos, los investigadores incautaron armas y otros elementos que serán incorporados a los expedientes abiertos contra los detenidos. El megaoperativo se efectuó en zonas de alto impacto como El Calvario, San Pascual y Sucre, en donde las autoridades buscaron intervenir dinámicas asociadas al microtráfico y otros delitos conexos a estas actividades.

La decisión, derivada de una acción de tutela por la libertad de cultos y la laicidad del Estado, interpuesta por el abogado Julio Jair Mizger Díaz, concluyó que su intervención en un acto católico convocado por el Gobierno, el pasado 28 de agosto, excedió el deber de neutralidad de las autoridades públicas. Esta determinación es de primera instancia y podrá ser impugnada.

En su determinación judicial, el despacho también negó las solicitudes de una declaración pública de reparación y del envío de copias a la Procuraduría General de la Nación para una eventual investigación disciplinaria. Como se mencionaba, la ceremonia efectuada en la Plaza de Bolívar, durante la Gran velatón por las víctimas del terremoto, ameritó el recurso contra el gobernante.

En su argumentación, el demandante sostuvo que la actividad adquirió carácter institucional porque fue convocada y difundida mediante los canales oficiales de la Presidencia, incluidas sus redes sociales y su canal de YouTube. En consecuencia, el accionante cuestionó la participación del primer mandatario en el acto de coronación de una imagen de la Virgen de Fátima.

Juez separó la participación del presidente en el evento: esta fue la importante aclaración

En su fallo, el juzgado examinó por separado la presencia de De La Espriella en la ceremonia y la afirmación sobre una supuesta entrega de la Nación a Cristo. Tras revisar el material audiovisual disponible en la página de la Presidencia y en medios de comunicación, concluyó que esa expresión fue pronunciada por otra persona y, en ese orden de ideas, no podía atribuirse al jefe de Estado.

La decisión se centró en que el presidente intervino en un evento oficial como máxima autoridad del Estado y no en una esfera privada. “El principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”, precisó el juzgado sobre el particular.

En su determinación, el togado reconoció que la velatón tenía una finalidad pública, relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto. Sin embargo, al valorar la intervención presidencial en la ceremonia, indicó que “la actuación específica del señor presidente desbordó dicha finalidad”. Frente al fallo en curso, Infobae Colombia pudo conocer que el mismo ya fue impugnado.

Mientras tanto, hasta que no se produzca un fallo en segunda instancia, la decisión es que De La Espriella se abstenga de participar, mientras actúe en ejercicio de sus funciones, en actos religiosos que representen una adhesión o identificación del Estado con una religión determinada. Lo anterior, en relación con el pronunciamiento del juzgado capitalino.

En ese mismo acto de la Plaza de Bolívar, la primera dama de la nación Ana Lucía Pineda tomó el micrófono durante la velatón y agradeció a los presentes. “Dios nos permitió unirnos en oración”, indicó en primer lugar, y posteriormente pidió por los presentes. “Que Dios bendiga a cada familia, que Dios nos llene de fortaleza para seguir llevando luz y esperanza”, destacó Pineda.

Frente al particular, el abogado Ramiro Bejarano reiteró que el fallo no prohíbe a Abelardo de la Espriella que asista a actos religiosos; sino que se abstenga, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión. “Es decir, que no viole la neutralidad religiosa a la que está obligado constitucionalmente”, dijo.

A raíz de la controversia de la que es protagonista el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por aparecer en sus patrullajes por Santa Marta (Magdalena) y Cali (Valle del Cauca) con una pistola al cinto, Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, se pronunció, y le salió al paso a los comentarios que han pretendido emular el pasado guerrillero de su expareja.

Herrán, que al igual que el exprimer mandatario hizo parte de la guerrilla del M-19, contó la historia detrás de la fotogaría en la que Petro aparece junto con una joven que carga consigo una Mini Uzi y que volvió a hacerse viral en medio de esta polémica. Según la mujer, esto no prueba que el líder de izquierda tenga afinidad con las armas e incluso hizo una comparación con el hoy presidente.

“Voy a decir la verdad, lo que hace un tiempo recordé de la foto que ha dado vueltas en redes por varios años”, expresó la mujer en la primera línea de su mensaje. Acto seguido, hizo el paralelo con la imagen de De la Espriella armado durante su visita a Santa Marta, en medio de un paro armado que fue atribuido a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La verdad que contó Mary Luz Herrán y que desmentiría a Gustavo Petro

En su relato, la mujer afirmó que la imagen corresponde a 1991, cuando Petro aspiraba a la Cámara de Representantes. Según su versión, el arma no pertenecía al entonces candidato ni a integrantes del M-19, sino a un integrante del F2 encargado de su protección; con lo que de paso desmintió al exmandatario, que en dos ocasiones, marzo de 2022 y enero de 2025 negó el hecho.

Así pues, la exintegrante de la extinta guerrilla y excandidata al Senado contó que el expresidente rechazaba las armas durante su paso por el M-19 y cuestionó que De la Espriella apareciera con una pistola en la cintura durante una operación de seguridad. Con ello, pretendió relacionar esa imagen con el temor que tienen los habitantes y comerciantes por estos hechos violentos.

“Fui testigo directa de la fobia que Gustavo Petro le tenía a las armas en el M-19. Y en aquella época ni siquiera era presidente de un país. Y siéndolo jamás lo habría hecho. Como así fue. ¡Qué diferencia con Abelardo, el pretencioso presidente actual, que parece creer que la guerra es un juego!“, expresó Herrán, madre de dos hijos de Petro: Andrea y Andrés, que viven en el exterior.

La declaración la mujer se conoció después de que imágenes oficiales y publicaciones en redes sociales mostraran a De la Espriella con chaleco antibalas y una pistola al cinto durante un recorrido nocturno por sectores de Santa Marta, en la noche del martes 22 de septiembre; y de que apareciera en la capital vallecaucana el miércoles 23, acompañado de las autoridades locales.

El arma que llevaría consigo sería una Glock 19 Gen5 de calibre 9 milímetros. Ante mujer vinculó el despliegue de seguridad con los efectos sobre la actividad cotidiana de la población. “Mire lo que está pasando con el comercio: paralizado, la gente con miedo y la incertidumbre apoderándose de las calles”, expresó la política santandereana, que se sumó así a las críticas de su exesposo.

En lo que concierne con el expresidente Petro también cuestionó la escena a través de la red social X, donde señaló que De la Espriella apareció “con pistola al cinto como en épocas pasadas”. En su mensaje, contrapuso esa imagen con las políticas de turismo e inversión social de su administración, que beneficiaban a ciudades como Santa Marta con eventos de alto alcance.

En su mensaje, Herrán reclamó una salida política a la situación de seguridad. “Esto se resuelve hablando, dialogando y poniendo las cartas sobre la mesa. Gobernar no es jugar a la guerra ni posar de poderoso”, reiteró, pues los habitantes de la región “tienen miedo a salir de sus casas, a viajar y abrir sus comercios. ”¡Colombia no merece más miedo: merece soluciones!”, finalizó.

El Pacto Histórico, partido de oposición al presidente Abelardo de la Espriella, perfila sus opciones de cara a las elecciones regionales del 2027, en las que su estrategia apuntaría a conquistar las grandes capitales y recuperar el terreno perdido en los comicios de 2023 y, del mismo modo, en la contienda presidencial: en la que el senador Iván Cepeda perdió con el 0,95% de diferencia.

El colectivo, cuyo líder político es el exmandatario Gustavo Petro, contemplaría una alianza con la excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López, a la que apoyarían para que regrese al Palacio Liévano. Luego de que el exjefe de Estado, al parecer, desistiera de esa opción, según la versión que dio a conocer Noticias RCN y que prevé otros importantes movimientos.

Claudia López, ¿la sorpresa del Pacto Histórico para los comicios de 2027?

En efecto, López ocupó el cargo antes del actual burgomaestre Carlos Fernando Galán, y aparece como la figura con mayor respaldo dentro de los sectores afines al oficialismo. Esto explicaría la reunión entre el expresidente y la política el 9 de septiembre, en la que conversaron, según López, sobre una posible alianza de centro-izquierda y la creación de la denominada Alianza por la Vida.

“Gustavo Petro ya habría resignado su intención de luchar por la Alcaldía de Bogotá y en un 80% la candidata será López”, reveló la periodista Marytza Aristizábal. Pero esta no sería la única apuesta que tendría lista la colectividad de izquierda, que también apuntaría a la Alcaldía de Cali con un perfil conocido: la exvicepresidenta Francia Márquez, que volvería a la arena política pronto.

Los comicios territoriales se llevarán a cabo el domingo 31 de octubre de 2027. Ese día se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, y los mandatarios y representantes electos asumirán sus cargos en enero de 2028, en un periodo que se extendería hasta diciembre de 2031 y, con ello, empezaría a decantar el panorama para las elecciones presidenciales de 2030.

Francia Márquez y Alexander López aparecen en la apuesta por el Valle del Cauca; y Gustavo Bolívar por ‘recuperar’ Cundinamarca

Entretanto, la exvicepresidenta Márquez sería evaluada como posible candidata a la Alcaldía de Cali. Su aspiración tendría el respaldo de dirigentes del Pacto Histórico y coincidiría con una candidatura de Alexander López a la Gobernación del Valle del Cauca; en una dupla que buscaría hacerle contrapeso a los sectores tradicionales, siendo este departamento fortín del partido de la U.

En el caso de López, cabe destacar, fue director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), senador y dirigente del Polo Democrático Alternativo (PDA); aunque aún es recordado el episodio en el que se desmarcó de Petro. La posibilidad de que ambos compitan en Cali y el departamento perfila una fórmula política para una de las regiones con mayor peso electoral.

De la misma forma, el excongresista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar sería la carta para disputar la Gobernación de Cundinamarca. En un nuevo intento por llegar a una entidad territorial, tras fracasar en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2023, y desistir de su aspiración presidencial, el hombre leal a Petro buscaría hacerse fuerte en el altiplano.

A su vez, en la costa Caribe, el exministro del Interior Armando Benedetti figura como posible candidato a la Alcaldía de Barranquilla; pese a que en recientes declaraciones el también exembajador de Colombia en Venezuela y en la FAO en el Gobierno Petro, y exjefe de Gabinete había expresado su deseo de no apuntar hacia la capital del Atlántico, sino aterrizar en Bogotá.

Y en lo que respecta para la Gobernación de Sucre, las versiones del citado medio mencionan a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer y que actualmente es diputado del departamento; aunque ha estado involucrado en una serie de escándalos vinculados por a diferentes escándalos de corrupción, fraudes académicos y presunta manipulación electoral.

En la lista de aspirantes a los territorios locales también se destaca el expresidente de Colpensiones Jaime Dussan para la Gobernación del Huila. Dussán es uno de los cofundadores del Polo Democrático Alternativo, del que fungió como presidente y secretario general, antes de asumir la dirección del fondo público de pensiones, en el que fue objeto de críticas.

La Presidencia de la República ya publicó en la página web de aspirantes las hojas de vida de los designados para dirigir Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim), tres entidades con funciones ligadas al recaudo para la salud, la transformación de territorios afectados por el conflicto y la gestión de bienes inmobiliarios del Estado.

Los perfiles, según el Ejecutivo, combinan experiencia empresarial, trayectoria en administraciones regionales y carreras consolidadas. Sin embargo, al menos uno de ellos estaría ligado a fuertes polémicas, e incluso denuncias personales, lo que causó comentarios en el espectro político frente a los perfiles que estaría vinculando el presidente Abelardo de la Espriella.

En el caso de Coljuegos, entidad encargada de manejar las rentas de los juegos de suerte y azar fue escogido Jaime Gregorio Vives. El nuevo titular se encargará de regular, administrar y vigilar estos conceptos, aunque su designación centró la atención sobre su procedencia del sector privado y los vínculos políticos que se han atribuido con el jefe de Estado; además de denuncias en su contra.

Mientras que Cindy Nataly Palma, financista nacida en el Meta y magíster en Administración de Negocios, fue designada para asumir la dirección nacional de la Agencia de Renovación del Territorio. Su llegada a la entidad ocurrió después de presentar su renuncia a la Alcaldía de Villavicencio, en la que se desempeñó como secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico.

Por su parte, Vanessa Bellini Cabrera fue postulada para la dirección de la Agencia Nacional Inmobiliaria tras más de dos décadas de trabajo en administración y comercialización de portafolios de inversión inmobiliaria. La abogada, egresada de la Universidad Sergio Arboleda, es socia fundadora de AVB Inmobiliario, firma con operaciones en Bogotá, Cartagena y Llanogrande.

La denuncia que dejaría mal parado al nuevo presidente de Coljuegos

Vives Pinedo es administrador de empresas y empresario de Santa Marta, con trayectoria en el sector agroindustrial del Magdalena. Estuvo vinculado al grupo empresarial Biocosta y hace parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en representación de Biocosta Green Energy S.A.S. Sin embargo, hay otros aspectos que ponen la lupa a su llegada.

Su nombramiento se oficializará sin contar, a juzgar por su currículum, con experiencia previa en cargos de gestión pública, pues su trayectoria la ha adelantado en el sector corporativo. No es un asunto menor, pues Coljuegos es una entidad que dirigirá administra el monopolio rentístico de los juegos de azar, cuyos ingresos tienen como destino prioritario el sistema público de salud.

En síntesis, la entidad traslada recaudos cercanos a $ 1,5 billones anuales para financiar el régimen subsidiado. A esto se suma la cercanía de Vives con el entorno de Abelardo de la Espriella, pues el empresario es hermano del cuñado de Joaquín “Joaco” Gutiérrez, que fue clave en la campaña del presidente y que, si nada extraordinario ocurre, será el nuevo presidente de Ecopetrol.

A esto se suma las informaciones sobre las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia intrafamiliar, presentadas por su exesposa, Marcela Cecilia María Dangond. Es válido precisar que el caso penal se encuentra bajo una indagación preliminar, que es la primera etapa del ente acusador en este tipo de procesos, sin que exista imputaciones.

Directora de la ART dirigirá proyectos en 170 municipios priorizados; titular de Anim llega desde el mercado privado

Por su parte, Palma Aguirre llegará a la ART después de ocupar cargos en la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta. Como se mencionó anteriormente, la nueva directora fue secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico de la capital del Meta, además de gerente administrativa y gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación en la administración departamental.

La funcionaria también ejerció como subdirectora de Planeación y Desarrollo Turístico en el Instituto de Turismo de Villavicencio. Su experiencia se concentró en desarrollo económico, competitividad, turismo y gestión pública regional, en una entidad que coordina proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo económico en 170 municipios afectados por el conflicto.

Entretanto, Bellini Cabrera dirigirá la Agencia Nacional Inmobiliaria luego de desarrollar su actividad profesional en el sector privado. Su empresa se especializa en propiedades de segmento premium y en la gestión de inversiones inmobiliarias, y así llegará a una dependencia que formula, estructura y ejecuta proyectos de infraestructura y renovación urbana para el sector público.