La controversia por lo que sería la asignación ‘exprés’ de un esquema de seguridad a activista político e influenciador Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, y que fue deportado en la noche del jueves 16 de julio desde los Estados Unidos, llevó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, a pronunciarse sobre este suceso; que puso en la mira la labor de la entidad.

Según confirmó Rodríguez a Caracol Radio, la unidad sí inició el análisis de la situación de Coral tras su regreso al país, aunque evitó confirmar o negar la entrega del esquema. Lo anterior, al indicar que revelar esos detalles pondría en riesgo a este personaje: que había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país norteamericano, el 16 de junio en Arizona.

Tras conocerse la decisión de la UNP, que fue confirmada por fuentes consultadas por Infobae Colombia, la ola de críticas contra la entidad provinieron desde diferentes sectores políticos y sindicales. Rolando González, concejal de Bogotá, denunció el caso como un “escándalo” y replicó los documentos oficiales que muestran que el esquema asignado a Coral comprende un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico.

En ese sentido, el cabildante distrital cuestionó la rapidez del proceso para un ciudadano que, según sus declaraciones, llevaba más de 10 años fuera de Colombia. “Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay, entonces candidato de la oposición, solicitó en 20 ocasiones el fortalecimiento de su seguridad y fue ignorado por la UNP", afirmó González, en mención a lo sucedido con el asesinado exsenador del Centro Democrático.

Sindicato de la UNP expresó su indignación frente a la decisión ‘exprés’ de asignar esquema a Coral

Analtraseg, sindicato de trabajadores de la UNP, también expresó su preocupación y denunció que la solicitud fue avalada sin cumplir los lineamientos internos y que el trámite se habría realizado por “carácter urgente” mediante una directriz de la alta dirección. “La única manera de haberle asignado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la UNP”, remarcó su vocero.

Y agregó que el caso de Coral, “no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho". Según pudo conocer esta redacción, el mencionado esquema solo fue tramitado en dos días, un plazo significativamente menor al estándar de la entidad, que suele extenderse entre tres meses y un año para brindar seguridad a los que piden que se proteja su vida.

Es válido destacar que el regreso de Beto Coral a Colombia, tras su deportación desde Estados Unidos, se produjo en medio de una fuerte discusión. Coral, conocido por su defensa al Gobierno de Gustavo Petro y sus duros señalamientos a figuras como Donald Trump y Abelardo de la Espriella, había solicitado asilo político en EE. UU. en 2015, en un proceso que, tras su detención, abandonó de forma voluntaria tras 11 años.

“Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, dijo en principio el activista. “No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”, agregó este personaje, que, sin embargo, había denunciado malos tratos por parte de autoridades norteamericanas en su detención.

En medio de esta polémica, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, intervenir y revisar el uso de recursos públicos en la asignación de esquemas de protección. De esta manera, el sindicato cuestionó el criterio aplicado, y sugirió que la decisión pudo responder a factores políticos más que a una evaluación objetiva del riesgo del peligro que podría correr Coral.

Desde los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos sostuvo en su momento que el activista permaneció en ese país tras el vencimiento de su visado y lo catalogó como “extranjero ilegal”; motivo por el cual tomó la decisión de detenerlo, el primer paso hacia su deportación, que terminó configurándose tras la decisión de renunciar a la posibilidad de defender en juicio su estancia.

Con un extenso mensaje publicado en su perfil de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó en la noche del domingo 19 de julio la invitación de ser el nuevo líder del Pacto Histórico: partido que, con Iván Cepeda a la cabeza, ejercerá oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Y no solo eso: dio pistas de que su colectividad no votará por Alfredo Deluque como nuevo dignatario del legislativo.

El mandatario indicó que, cuando deje la Casa de Nariño y tome las vacaciones que dijo no haber tenido en cuatro años, aceptará asumir como jefe político del Pacto Histórico. Con ello, ligó la determinación a un exigencia interna al interior de las filas progresistas: la de ser una bancada unida, con un reglamento “más estricto” y votaciones “de verdad, públicas”, para frenar un intento de “destripamiento político y social”.

“Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante cuatro años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido”, expresó Petro, que está dispuesto, a juzgar por sus palabras, de marcharse de palacio al final de su periodo, en 19 días, pero a continuar con su liderazgo al interior del progresismo.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado saliente también se refirió a lo que espera en la escogencia del presidente del Congreso, pues espera una decisión “unánime y pública hasta en su voto individual” de sus congresistas, que esté enfocada en impedir respaldos a los que, según afirmó, representan una coalición que busca “criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”. Así se despechó contra el senador Deluque.

La propuesta de que Petro encabece el partido había sido formulada en la capital boyacense por el senador Iván Cepeda, que sostuvo que esa conducción contaría con apoyo unánime de la militancia. En ese mismo acto, el excandidato presidencial anticipó que asumirá la curul de oposición y que adoptará una postura de “desobediencia civil” frente al nuevo gobierno, que busca imponer a su candidato en el Congreso.

Gustavo Petro lanzó dura advertencia a los miembros del Pacto Histórico: “Se acaban los manguitos”

En el mismo mensaje, el presidente saliente fijó el criterio con el que pretende ordenar al bloque legislativo. “Espero una bancada unida y por eso he pedido el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública. Se acaban los manguitos”, dijo Petro, en mención a los 26 senadores, incluido Cepeda, y 43 representantes, que defenderán sus banderas en las corporaciones.

Al referirse a la votación prevista para la instalación del nuevo periodo legislativo, en la que De la Espriella espera la llegada de Deluque, el primer mandatario también dio algunas luces de lo que espera de sus copartidarios, pues aguarda que se escojan otras alternativas, lejanas a la coalición mayoritaria que parece configurarse para poner al congresista guajiro en la presidencia, con apoyo de partidos tradicionales.

Aunque no mencionó al candidato del Centro Democrático, el senador Honorio Henríquez, el mandatario habría dejado abierta la posibilidad de que se escoja una alternativa distinta a la del mandatario entrante. “Iremos hacia la paz y la Justicia Social”, destacó Petro, que fue incluso más allá y habló de una “una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”, en relación con la llegada de Deluque.

En su intervención, también buscó definir el conflicto en una defensa general de las garantías democráticas. “Ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, le di todas las garantías democráticas en mi gobierno, y tampoco el progresismo se debe criminalizar”, dijo. Y agregó, en ese orden de ideas, que “la base de la democracia es la libertad política y no su judicialización”, en críticas hacia el que será su sucesor.

Petro también le lanzó pullas a Rodrigo Lara: “Lamento que se entrometa en decisiones de los partidos”

Por último, el presidente saliente se refirió a la amenaza que representaría apoyar los intereses de Abelardo de la Espriella en el Congreso. “El fascismo es la muerte de la libertad y la muerte física de mucha gente en la sociedad. Es, como lo anunció su jefe en Colombia: el destripamiento”, afirmó Petro, que reiteró su llamado. “Mañana nadie del Pacto, y espero de la Alianza, puede caer en la tentación de apoyar el fascismo”, expresó.

Y lanzó una dura crítica al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, al que acusó de no respetar la autonomía del legislativo. “Lamento que se entrometa en decisiones que son de los partidos, pero ese es el primer toque del fascismo”, puntualizó. “El fascismo es la muerte de la libertad y la muerte física de mucha gente en la sociedad. Es como lo anuncio su jefe en Colombia: el destripamiento”, concluyó el gobernante.

Con un férreo respaldo a través de sus redes sociales, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó en la jornada del domingo 19 de julio al nombramiento de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda, en cargo otorgado por el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, que busca impulsar el talento local en las grandes pasarelas del planeta en su cuatrienio.

Ramírez, en su perfil de X, destacó cómo esta designación se convierte en una clara señal política del nuevo Gobierno y la relacionó con la idea de un gobierno “con integridad, apego a la constitución y compromiso con incluir a todas las personas en las oportunidades”. La exvicepresidenta replicó con su mensaje el mensaje que previamente emitió la designada ministra de Cultura, la exsenadora antioqueña Paola Holguín.

“Maravillosa embajadora del talento, creatividad y enorme potencial emprendedor que hay en Colombia; para que un gobierno con integridad, apego a la constitución y compromiso con incluir a todas las personas en las oportunidades, ayude a esculpir nuestra mejor versión”, escribió la también exministra de Defensa y excanciller, que aplaudió la llegada de Tcherassi al nuevo Gobierno, aunque sea en un cargo honorífico.

Según explicó De la Espriella, la designación no se limitará a la moda, sino que también abarca la creatividad y la identidad de Colombia, con el objetivo de promover el talento nacional, la diplomacia cultural y el patrimonio artesanal en el exterior. De esta forma, Tcherassi llegará a esa representación con una trayectoria internacional consolidada, que servirá de impulso, según el presidente electo, para destacar nuevos talentos.

De hecho, sus colecciones han integrado el calendario oficial de las Semanas de la Moda de París y Milán, y su marca se comercializa en más de 15 boutiques propias y en plataformas globales de lujo como Harrods, Farfetch y Moda Operandi. Aunque se dejó en claro que la mujer no recibirá un salario, este acto no estuvo ajeno a la crítica de los sectores de oposición, que contrastan con el respaldo dado por Marta Lucía Ramírez.

Paola Holguín presentó la designación de Tcherassi como una plataforma para la industria y la artesanía

Por su parte, la designada ministra de Cultura destacó la promoción sectorial y proyección exterior. “Colombia no podría tener mejor Embajadora de la Moda. Felicitaciones a la gran diseñadora Silvia Tcherassi, que con su gran nombre internacional, promoverá nuestra industria del diseño, el talento creativo y el invaluable patrimonio artesanal de nuestra Nación. Firmes por la cultura, Firmes por la Patria”, expresó la exsenadora.

Para Holguín, elegir a Tcherassi para representar la moda colombiana fuera del país es una gran apuesta, pues pretende aprovechar su reconocimiento internacional para impulsar la industria del diseño, el talento creativo y el patrimonio artesanal. Una visión similar a la de Ramírez, que destacó esta proyección y la manera en que desde diferentes ámbitos se suman talentos a la nueva administración, que arrancará el 7 de agosto.

Silvia Tcherassi: sinónimo de moda, arquitectura y presencia en mercados globales

El perfil de Tcherassi es el de una diseñadora que fusionó la arquitectura con el diseño y marcó un hito en el estilo latino. Ese cruce de disciplinas es uno de los argumentos que explicarían su elección para una tarea de representación cultural más amplia que la promoción de colecciones: es la visión de un país que, según el jefe de Estado electo, busca “renacer de sus cenizas” y impulsar nuevos campos de la economía nacional.

Es válido destacar que la barranquillera fue condecorada por el gobierno de Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras y recibió menciones especiales en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A su vez, su expansión empresarial incluye otra capa de esa proyección, pues con su cadena de hoteles incursionó en el campo conceptual, destacado en publicaciones como Condé Nast Traveler y Travel + Leisure.

Para Guanaro, el fin de las curules cierra ocho años de presencia de excombatientes a los que acusó de irse sin verdad, sin reparación y con beneficios políticos. Y es que, tal y como estaba previsto tras la firma del Acuerdo de Paz, la colectividad tuvo sus 10 escaños, cinco en Senado y cinco en Cámara, pero al cumplirse el periodo fijado y la imposibilidad de alcanzar el umbral del 3% en los comicios, su era en el Congreso finalizó.

De esta manera, la derrota sufrida en las urnas el 8 de marzo también derivó en la pérdida de su personería jurídica, pues no tendrá integrantes en el Capitolio para el periodo 2026-2030. Este suceso fue comentado por la mujer, que es presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo y sobreviviente del reclutamiento forzado infantil por parte de la estructura armada, que celebró el desenlace de este partido político.

“Mañana se van del Congreso de la República los peores criminales de lesa humanidad que ha tenido la historia de Colombia, los delincuentes del partido Comunes”, afirmó Guanaro, que sostuvo que las curules otorgadas en virtud del acuerdo se convirtieron en un premio inmerecido para responsables de graves crímenes. En sus afirmaciones, la mujer también apuntó contra el expresidente Juan Manuel Santos.

En efecto, la declarada víctima de la agrupación armada dijo que esa decisión con una cesión de los derechos de los que sufrieron el conflicto armado. “Se les acaba esas curules gratis que disfrutaron durante ocho años de impunidad, de sueldos millonarios, de privilegios como congresistas”. Su cuestionamiento no se limitó a la representación política, sino al sentido mismo de haberles reservado escaños en el Congreso.

Partido Comunes culmina su tránsito en el Congreso: las duras críticas de una víctima de las Farc

Con ello, Guanaro insistió en que la participación de Comunes del legislativo nunca debió ocurrir porque, según dijo, sus integrantes no esclarecieron los hechos que se les atribuyen ni respondieron por ellos. “Se van sin haber dicho la verdad. Se van sin haber entregado sus bienes para reparación de las víctimas”, aseguró la mujer, que fue reclutada cuando tenía 11 años, y posteriormente rescatada por miembros del Ejército.

A su vez, otro de los aspectos de su denuncia se concentró en los delitos contra niños y niñas, pues afirmó que el único mérito de los que integraron ese partido fue “haber violentado a miles de colombianos en este país y haber abusado a más de 18.677 niños y niñas”. De esta forma, rechazó que exintegrantes de la antigua guerrilla hayan sido tratados como congresistas legítimos, cuando no cumplieron con lo pactado.

Y aprovechó entonces para lanzar una dura advertencia. “Que nunca más se vuelve a repetir un hecho como este, que los violadores de niños sean llamados honorables congresistas”, dijo la mujer, que con ello se pronunció frente al cierre de esta bancada, de la que hicieron parte senadores como Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada; Sandra Ramírez Lobo Silva y Pablo Catatumbo Torres Victoria.

Además, participaron de esta segunda legislatura Imelda Daza Cotes, que reemplazó a Victoria Sandino; y Omar de Jesús Restrepo Correa como senadores; mientras que en la Cámara figuraron Luis Alberto Albán Urbano, alias Marco Calarcá; Carlos Alberto Carreño Marín, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Marta Nubia Jaimes y Germán Alcides Blanco, que culminarán de manera formal con su paso por el legislativo el 20 de julio.

La declaración de Guanaro terminó con más señalamientos contra estos congresistas. “Se van a pasear por el mundo, pensionados. Su único mérito, ser unos violadores”, expresó la mujer, que desde Fevcol, como se le conoce a la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, seguirá liderando acciones para lograr, según ella, la reparación integral de los que sufrieron el accionar de la extinta estructura guerrillera.

Luego de 38 días llegó a su fin, en Nueva Jersey (Estados Unidos), la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la que la selección de España logró la gesta y bordó la segunda estrella en su escudo, tras vencer en una agónica final ante su similar de Argentina; en una definición que se fue hasta el alargue. El gol del delantero del F.C. Barcelona Ferrán Torres, a los 106′, sentenció el éxito de la Roja, ante un rival que quedó en deuda.

Además de la artista barranquillera Shakira, que hizo su aparición en el acto de medio tiempo con su hit Dai Dai, que interpretó con su colega, Burno Boy, otro colombiano dijo presente en el epílogo de esta cita orbital: y lo hizo como parte del equipo arbitral que tuvo bajo su mando esta contienda, en la que se registraron retos que fueron solventados por el juez central, el esloveno Slavko Vinčić, que tuvo una buena presentación.

Se trata del ibaguereño Nicolás Gallo, criado en Manizales y que integra el colegio de Caldas, que gracias a sus capacidades en el manejo de la herramienta de videoarbitraje fue escogido para aparecer como AVAR en este encuentro. En líneas generales, el silbato tuvo un buen desempeño, pues fue apoyo en el grupo que lideró el alemán Bastian Dankert, que fue el responsable de definir las jugadas polémicas de este partido.

El gran balance de Nicolás Gallo, la cuota colombiana en el equipo arbitral de la final

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, el árbitro actuó en el equipo de videoarbitraje, ya fuera como VAR o AVAR, en un total de 13 partidos, incluida –por supuesto– la gran final del certamen, entre los ibéricos y los gauchos. Estas cifras hablan de la manera en que la FIFA encontró en el tolimense uno de los jueces más confiables desde el punto de vista tecnológico, y por ello recibió el reconocimiento de la organización; aunque no apareció en tarima.

Como es habitual en estas definiciones, el ente rector reconoció la labor de los colegiados, que fueron premiados con una medalla. En síntesis, en el equipo que orientó la finalísima estuvieron:

• Árbitro central: Slavko Vinčić (Eslovenia)
• Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)
• Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)
• Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
• Asistente de reserva: Mohammad Al Kalaf (Jordania)

Equipo del videoarbitraje (VAR)

• Árbitro VAR principal: Bastian Dankert (Alemania)
• Asistente VAR 1 (AVAR 1): Nicolás Gallo (Colombia)
• Asistente VAR 2 (AVAR 2): Khamis Al Marri (Catar)
• Soporte VAR (SVAR): Tatiana Guzmán (Nicaragua)
• Asistente VAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)

Para Gallo, el balance no pudo ser mejor, pues también participó en el partido inaugural del certamen, que se llevó a cabo el 11 de junio entre la local México y Sudáfrica, cuando ofició como el VAR principal en el juego en el que se destacó otro connacional: el delantero tumaqueño Julián Quiñones, que marcó el primer tanto del mundial vistiendo la camiseta del combinado ‘manito’; uno de los cuatro que convirtió en esta cita.

Será, en consecuencia, una jornada que no olvidará el colombiano, que se convirtió en el segundo juez ‘cafetero’ en estar en una final de la Copa del Mundo.

Ahora, para el ibaguereño lo que vendrá será el regreso a la competencia local, en pro de dirigir tanto en la Liga como en la Copa BetPlay, y su participación en la Copa Libertadores: evento sudamericano en el que no solamente es considerado como juez VAR, sino también en su papel de árbitro central; en el que, curiosamente, no tiene el mismo reconocimiento que ha ganado tras ubicarse detrás del monitor.

El retrato oficial del presidente saliente de la República, Gustavo Petro, que el mismo compartió el domingo 19 de julio a través de sus redes sociales, causó una fuerte controversia en las redes sociales. Y todo por el monto que se destinó para este fin y el lugar simbólico que el mandatario quiere darle en la residencia del Ejecutivo, la Casa de Nariño, como resumen de su administración, que se extenderá hasta el 7 de agosto.

Y una de las personalidades políticas que reaccionó a esta revelación fue la senadora María Fernanda Cabal, que no evitó referirse a esta intervención artística como el “retrato de un inútil” y, acto seguido, cuestionó que la obra hubiera costado $75 millones. Este cuadro, cabe destacar, quedará instalado en el corredor de los presidentes de la sede de Gobierno, junto a los demás gobernantes, “hasta que alguien lo quite”.

De acuerdo con las cifras reveladas del contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y publicado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, esta obra hace parte de un gasto total de $120,5 millones, destinado a los cuadros conmemorativos de la cúpula del Ejecutivo. En ese monto también figura el retrato de la vicepresidenta Francia Márquez, por el que se pagó un total de $45,5 millones.

“Retrato de un inútil, profesional en echar cuentos y no hacer nada. ¿Este fue el cuadro que nos costó $75 millones de pesos?”, se cuestionó la congresista, que reaccionó de esta forma a la publicación del primer mandatario, que reveló que, al igual que su retrato, espera que sean instalados “el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo”, dos figuras históricas que ha impulsado.

Gustavo Petro asoció su retrato con la memoria: así lo dio a conocer

En su mensaje en la red social X, en la que lo siguen más de 8.8 millones de usuarios, no se limitó a presentar la pintura como un hecho institucional, que caracteriza a todos los cierres de Gobierno. En su mensaje en las plataformas digitales, planteó una discusión sobre quiénes ocupan el espacio simbólico del poder y condicionó la instalación de su retrato, justamente, en el mismo salón en el que espera quedar.

El gobernante recordó la invitación para el evento que prevé para conmemorar los 216 años de independencia. “Los espero este 20 de Julio en todas la plazas públicas, alegres y pacífico(a)s para homenajear a soldados y patrulleros de la nación y del pueblo y producir el segundo grito de independencia nacional”, expresó el jefe de Estado en su post, acompañado de la imagen en la que se le ve sentado y con traje blanco.

Según se indicó, el retrato presidencial fue hecho por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez. Su valor superó el de las obras institucionales de los tres anteriores jefes de Estado, pues el cuadro de Iván Duque Márquez, su antecesor, y que gobernó entre 2018 y 2022, costó $52 millones; el de Juan Manuel Santos, que estuvo entre 2010 y 2018, $23 millones y, antes del Nobel, el de Álvaro Uribe (2002-2010), por $18,5 millones.

La pintura de Petro es un óleo sobre lienzo de 110 centímetros de alto por 80 de ancho, composición muestra un plano medio central que resalta el rostro, los brazos y el cuerpo del mandatario. Por su parte, el retrato de Francia Márquez quedó a cargo de la artista Ada Ruth Margarita Ariza, del que todavía no se conoce el resultado final, y ese encargo hizo parte del mismo paquete contractual divulgado en la plataforma Secop.

"A quienes les pareció que valió la pena, la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella les dejo esta foto para que la guarden en su corazón”, afirmó Petro en la parte final de su mensaje. Una de las peticiones que hizo para este cuadro fue aparecer sin traje de paño y la banda presidencial, motivo por el cual fue retratado, incluso, de tenis; lo que también causó una serie de comentarios en contra del mandatario.

Rendón, cuya administración irá hasta el 31 de diciembre de 2027, relató que la invitación fue entregada al esquema de seguridad y que la respuesta llegó casi de inmediato. “Hombre, acabo de recibir esta invitación, esto me parece muy potente. Yo quiero estar allí”, habría dicho De la Espriella según la reconstrucción de la conversación que hizo Rendón, frente a la invitación formulada.

Y es que la intención del mandatario regional de contar con el mandatario entrante en esta megaobra de infraestructura se dio en medio de la disputa entre el departamento y la nación, bajo la administración del saliente mandatario, Gustavo Petro, por la terminación de la obra, pues aún faltan los equipos tecnológicos y los accesos viales. En su momento, la decisión fue la de ceder el proyecto.

En ese orden de ideas, Rendón confirmó la presencia del presidente electo en el acto y explicó el sentido político que le atribuye al lugar. “Yo le confirmo, desde ya,. que lo voy a acompañar el 20 de julio, porque el Toyo es realmente el símbolo de la resistencia de los antioqueños”, expresó De la Espriella, de acuerdo con lo que le habría expresado a Rendón, en relación con esta esperada visita al lugar.

El foco de la controversia aumentó tras el reciente aplazamiento de una inversión cercana a $120.000 millones, que quedó postergada para 2027 y 2028, tras la decisión del Instituto Nacional de Vías (Invías) de reprogramar los recursos destinados a los equipos electromecánicos. Anteriormente, en junio de 2025, se había firmado la cesión total de los tramos pendientes del Ejecutivo al gobierno regional.

Con este traspaso contractual, el departamento y el Distrito de Medellín asumieron la responsabilidad financiera de terminar las obras civiles que la Nación dejó inconclusas. La finalización del Tramo 2 representa para la región un desembolso superior a $750.000 millones; y de ese monto, aproximadamente $342.000 millones serán cubiertos por la Alcaldía de Medellín.

Rendón busca convertir el Túnel del Toyo en un emblema político contra la administración Petro

Con este panorama, Rendón insistió cómo la obra dejó de ser solo un proyecto vial y pasó a ser presentada como una prueba de resistencia de Antioquia ante lo que, según el gobernante, ha sido la discriminación de la Casa de Nariño. Por ello, la presencia del jefe de Estado entrante sería un nuevo mensaje hacia su antecesor, que ha protagonizado intensas controversias con el gobernador Rendón.

En la publicación que acompañó al video, el mandatario indicó que esta obra, cuyo nombre oficial es vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, fue definida como “una gesta libertaria” y “el símbolo de la resistencia de los Antioqueños”. En consecuencia, la conmemoración de esa fiesta patria desde este lugar, denominado por Rendón como una “obra transformadora”, seguirá vinculada a una disputa con Petro.

Así pues, Rendón reforzó esa idea al asociar el Toyo con el respaldo que se espera de Abelardo de la Espriella, que ya le dio su palabra al gobernador de Antioquia para impulsar esta y otras iniciativas de infraestructura. “Viene aquí a apoyarnos en lo que fue el símbolo de eso que se convirtió en un mantra coreado por millones de colombianos y es que si Antioquia resistía, Colombia se salvaba”, sostuvo.

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el domingo 19 de julio, a un día de la instalación del nuevo Congreso, que su administración debe fijar el presupuesto nacional para 2027; pese a que su mandato concluye el próximo viernes 7 de agosto. Una afirmación que, como era de esperarse, generó una fuerte controversia a falta de solo 19 días para el final del mandato constitucional en curso.

Según explicó el jefe de Estado, esta atribución corresponde a su gobierno por mandato legal y está respaldada por la vigencia formal de su Plan Nacional de Desarrollo hasta julio del año entrante. “Este gobierno tiene responsabilidad de entregar presupuesto general de la nación del 2027”, afirmó Petro en respuesta a las críticas sobre su decisión, tras expresarse en una publicación en la red X.

La controversia surgió en un momento de transición política, mientras el país se prepara para el cambio de mando entre Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella. Ambos equipos promueven en el Congreso agendas legislativas opuestas, en un escenario en el que el Ejecutivo saliente espera impulsar una serie de reformas de forma exprés, entre ellas el presupuesto general de 2027.

En ese sentido, Petro reiteró que la hoja de ruta de su gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), mantiene su vigencia legal más allá de su salida de la Casa de Nariño. “El plan de desarrollo de mi gobierno está vigente hasta julio del año entrante y, por tanto, su financiación final se hace con el presupuesto del año entrante que presentamos ahora”, sostuvo el presidente en su perfil.

Es válido precisar que, de acuerdo con la normatividad colombiana, el presupuesto anual debe formularse bajo las metas y estructura del PND en curso, por lo que la financiación de programas sociales y ambientales de la actual administración se extiende formalmente hasta finalizar el próximo año fiscal; lo que podría causar una fuerte controversia frente a las disposiciones del Gobierno entrante.

¿Habrá una nueva reforma tributaria? Petro lanzó nuevas pullas al vicepresidente electo Restrepo

El mandatario también justificó la presentación de una reforma tributaria de última hora, con la que busca aumentar la recaudación fiscal de manera progresiva. Según Petro, “los nuevos impuestos que presentamos en la reforma tributaria solo recaen sobre los sectores improductivos más ricos de la sociedad colombiana que deben pagar los subsidios que les entregó el gobierno de (Iván) Duque".

Y agregó que, en caso de que se le dé vía libre a esta proposición, lo que parece de entrada un hecho imprevisto, se disminuirá el déficit primario en Colombia “y se financia el último presupuesto de la justicia social”. De esta manera, Petro buscó impulsar una nueva ley de financiamiento pese a que la distribución de fuerzas en el legislativo está enfocada en la elección de una nueva mesa directiva.

Con este panorama, el jefe de Estado volvió a enfilar duras críticas hacia el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al que le reprochó la herencia económica desfavorable que en su momento, al ser ministro de Hacienda de Duque, le dejó a su administración: siendo este uno de los puntos de discusión entre el Gobierno saliente y el equipo de De la Espriella, que insistió en el desfase fiscal.

“Nunca olviden que el señor Restrepo, ministro de hacienda de Duque, y que ahora se posesionará como vicepresidente, endeudó el país con el crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) que fue destinado a los más ricos del país y en el subsidio a la gasolina pagado por el presupuesto como gastos realmente derrochadores en una cifra que supera el déficit fiscal primario de hoy”, remarcó Petro.

El mandatario consideró que, de no haberse destinado esos recursos a subsidios para los sectores más favorecidos, la situación de las finanzas públicas resultaría diferente. “Si eso no hubiera sucedido habría equilibrio en las finanzas públicas. Espero que el señor Restrepo corrija su error histórico. El error histórico de Abelardo es irreversible y es un crimen”, cerró el primer mandatario en su declaración.

Todo está dispuesto para que se lleve a cabo el lunes 20 de julio la instalación del nuevo Congreso de la República, con miras al periodo 2026-2030, en una jornada en la que la expectativa estará puesta en si los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobarán que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar el próximo viernes 7 de agosto.

De acuerdo con la programación confirmada por la mesa directiva del legislativo, la ceremonia se llevará a cabo -como es costumbre- en el Salón Elíptico, a partir de las 3:00 p. m. De cara a la jornada, uno de los grandes interrogantes está centrado en lo que tendrá que ser la intervención del saliente mandatario, Gustavo Petro, que por mandato constitucional debe hacer presencia en el Capitolio para la instalación de sesiones.

Todo porque el primer mandatario programó para ese mismo día una serie de actos públicos fuera del recinto legislativo, como parte de su despedida de la ciudadanía, con movilizaciones en Bogotá y el resto del país en respaldo a su gestión. En lo particular, el primer mandatario irá a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en donde se llevará a cabo el tradicional desfile militar, en un recorrido inédito.

El evento en el Congreso contará con una estructura estricta, de acuerdo con el orden del día difundido, en el que se contempla solo la intervención del titular del Senado, Lidio García Turbay; toda vez que el saliente presidente de la Cámara, Julián López, decidió no lanzarse nuevamente a la corporación y, en consecuencia, su periodo como congresista llegó a su fin. Además de las palabras del jefe de Estado y de la oposición.

Orden del día de la sesión solemne del Congreso

1. Llamado a lista de los honorables congresistas.
2. Intervención de la banda sinfónica.
3. Nombramiento de comisiones protocolarias.
4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Palabras del presidente del Congreso, Lidio García.
6. Instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, a cargo del presidente Gustavo Petro.
7. Intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición.
8. Lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación.

¿Qué hará Gustavo Petro antes de trasladarse al Congreso?

Según se ha conocido, las actividades presidenciales comenzarán a las 9:00 a. m. con el desfile militar en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, antes del discurso del presidente programado para las 12:00 p. m. frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, ubicado sobre la Avenida Villavicencio. Petro ha bautizado este acto como un “segundo grito de independencia nacional” y llamó a la masiva movilización social.

Con ello, lo que buscaría es el respaldo a las reformas impulsadas durante su administración, en medio de la convocatoria a la desobediencia civil de sus simpatizantes, en relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A este llamado se han sumado los sindicatos y diferentes organizaciones sociales, que saldrán en defensa -según han expresado- de la soberanía nacional y de la misma manera de los derechos laborales.

“El 20 de julio, segundo grito de independencia nacional. Invito a la ciudadanía a congregarnos en todas las plazas públicas del país por las reformas sociales en beneficio del pueblo. Colombia con dignidad y por la Vida”, indicó el jefe de Estado a través de su perfil en la red social X, que se ha convertido en su plataforma de comunicación en la recta final de su era, a la que le restan solo 22 días, pues finalizará el 7 de agosto.

De forma paralela, el nuevo Congreso se prepara para recibir a los legisladores del aún partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que iniciarán el nuevo periodo y para tramitar proyectos de alto impacto, como la iniciativa para prohibir el fracking, en el territorio nacional, que será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, en pro de que sea discutida por el órgano legislativo.

La elección del nuevo presidente del Congreso de la República, para el periodo 2026-2027, continúa generando fuertes reacciones entre los miembros del Legislativo. Entre ellos los de Alianza Verde, partido que enfrenta divisiones internas de cara a la votación prevista para el 20 de julio, pues los once integrantes de la bancada no votarán en bloque, a raíz de la adelantada decisión de Jota Pe Hernández de desmarcarse.

En efecto, luego de que Hernández hiciera pública su intención de apoyar la candidatura de Honorio Henríquez, que hace parte del Centro Democrático, otro de los compromisarios de la colectividad, Duvalier Sánchez, fijó una postura más crítica que la de su compañero y marcó distancia frente a la estrategia del partido de derecha y, en especial, de las gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez para consolidar apoyos.

“Las mayorías no las tenemos, generalmente hay un consenso en la elección de mesa directiva, si hay disputa a voto limpio no votaremos por el CD. Que su extorsión al gobierno la haga Uribe sin nuestra ayuda, problema de derechas, nuestros asuntos son la defensa de los derechos”, fue una de las consignas del congresista, cercano a los movimientos progresistas y que apoyó en la segunda vuelta a Iván Cepeda.

La reacción de Sánchez se conoció tras hacerse viral en las redes sociales su aparición en una fotografía junto a Alfredo Deluque, el otro de los candidatos a ocupar esta dignidad, como parte de las negociaciones que adelanta el parlamentario del partido de la U con los integrantes de otras colectividades. Y que ya lo llevaron a asegurar el apoyo de los conservadores, Cambio Radical y Salvación Nacional para la decisiva jornada.

Duvalier Sánchez intervino en fuerte puja por la presidencia del Congreso

Mientras, por un lado, el Centro Democrático cuenta con 18 respaldos por Henríquez, incluido el del senador Hernández, Deluque cuenta con al menos 29 respaldos, en una disputa que requeriría, al menos, de 53 votos para su escogencia; en la que todavía no se conoce cuál será la estrategia de la bancada más grande, la del Pacto Histórico, que votará en bloque y cuenta con 25 senadores en su lista para 2026-2030.

“Descubrieron que soy compromisario del partido Alianza Verde, designación que hice pública hace dos días y que tengo la misión de buscar un acuerdo que nos permita estar en las comisiones donde se darán los debates más importantes del país”, dijo con cierta ironía el senador Duvalier Sánchez, frente a la fotografía en la que se le ve junto a Deluque, como parte de las tratativas previas a la elección del nuevo titular.

En la misma línea, el legislador remarcó su papel en la búsqueda de consensos y acuerdos, y destacó la naturaleza deliberativa del Congreso. “Es el espacio de los diálogos, los consensos y los acuerdos. Los periodistas de opinión están en su tarea, los comentaristas políticos en la suya y yo haciendo mis deberes”, reafirmó el parlamentario, que dejó claro entonces que la intención no es apoyar a Honorio Henríquez.

Lo anterior, en contraste con Jota Pe, que sí se la jugó con el congresista del Centro Democrático. “Como senador de la República y compromisario designado del partido Alianza Verde, teniendo en cuenta la elección del próximo 20 de julio de elegir nuevo presidente del Senado, anuncio que mi voto será por el candidato del primer partido (Centro Democrático) que se declaró en oposición al nefasto y perjudicial gobierno Petro”.

En este debate, el expresidente Uribe ha cumplido un papel protagónico para la promoción de su congresista. “Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás” y agregó que Henríquez ha ocupado cargos directivos en el Senado y la Comisión Séptima, “sin que contra él haya quejas”.

La decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional la reducción de salario de los congresistas, siendo esta una medida tomada desde el Gobierno de Gustavo Petro, causó una fuerte reacción de otro de los promotores de este recorte: el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que a través de sus redes sociales expresó su vehemente rechazo al fallo del alto tribunal, conocido el jueves 16 de julio.

Cepeda, que trató de liderar sin éxito una iniciativa legislativa enfocada en lograr la reducción del monto mensual a los parlamentarios, se unió a la ola de comentarios y calificó como un “retroceso” en materia de equidad y gasto público este revés jurídico. “Se debe acabar la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas”, expresó de entrada el congresista, que asumirá la curul asignada por el Estatuto de Oposición.

En ese sentido, el senador, que viene de perder la contienda electoral del 21 de junio ante el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, reiteró la disposición del presidente saliente de eliminar la prima para destinar esos recursos a las necesidades de los ciudadanos. “Como lo dispuso el presidente Petro, ese dinero debe ir al gasto social. No aceptaremos ningún retroceso en esta materia”, afirmó Cepeda.

La discusión jurídica se centra en el Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno, que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas posesionados a partir del 20 de julio de 2026. Esta prima, establecida en 2013, representaba un ingreso adicional de $7.898.445 mensuales, reajustable cada año, y servía como base para otras prestaciones destinadas a los cerca de 296 miembros del órgano legislativo.

En consecuencia, tras la suspensión, el esquema salarial anterior se mantiene vigente y la reducción salarial no se aplicará por ahora. La decisión se originó tras una demanda de nulidad presentada por Sady Andrés Orjuela Bernal, que argumentó que el decreto representaba, a toda regla, una discriminación salarial entre funcionarios con las mismas funciones y afectaba la independencia y autonomía judicial.

El Consejo de Estado, al admitir la demanda, consideró que la medida podía fracturar la igualdad salarial y generar desequilibrios institucionales, dado que los emolumentos de jueces, fiscales y otros altos funcionarios están indexados a los ingresos de los congresistas. Y sostuvo que la norma introducía un trato salarial distinto entre servidores públicos equivalentes y carecía de una justificación material.

Frente a esto, Cepeda orientó su reacción a cuestionar la persistencia de privilegios en el Congreso. “El salario de congresistas debe reducirse sustancialmente”, destacó el parlamentario. Y recordó que la eliminación de la prima especial era una demanda histórica, a tal punto de considerar la suspensión como un obstáculo para avanzar hacia un sistema más justo en el régimen que cobija a los congresistas.

La fallida defensa del Gobierno Petro al decreto que reducía el sueldo a los congresistas

Es válido destacar que el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) y la Presidencia de la República defendieron la legalidad y necesidad de la reducción salarial, al señalar que respondía a criterios de sostenibilidad fiscal y austeridad, además de contribuir a la equidad; y señalaron que la suspensión podía interferir con la planeación presupuestal del Estado.

Del mismo modo, los entes ministeriales y administrativos del Estado sostuvieron que la demanda no evidenciaba una infracción manifiesta; en tanto que la Procuraduría General de la Nación apoyó la suspensión provisional, al indicar que cualquier diferencia salarial debía justificarse en criterios objetivos y alertó sobre el riesgo de litigios si se consolidaban recortes sin un fundamento claro en su propósito.

Según cifras consignadas en la providencia judicial, la reducción prevista por la eliminación de la prima especial podía oscilar entre $17.000.000 y $22.000.000 para los funcionarios afectados. Así pues, el Consejo de Estado fundamentó su decisión en la Ley 270 de 1996, que estableció la importancia de una remuneración adecuada y proporcional para atraer a los perfiles más idóneos al servicio público.

Por ahora, la demanda de nulidad sigue en trámite y la suspensión del decreto es provisional; pues el alto tribunal aclaró que su evaluación es preliminar y no anticipa una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. En ese orden de ideas, el debate sobre la remuneración de los congresistas y la eliminación de la prima especial seguirá abierto, con posiciones enfrentadas entre los que defienden el recorte y los que lo rechazan.

Mariscal Zabala convirtió la sesión del 14 de julio en el Congreso de los Diputados en una dura arremetida contra Santiago, de corte progresista, al vincularlo con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El motivo: la presencia de Londoño, hoy director del partido Comunes, en las instalaciones del órgano legislativo, en el que se le vio al lado de este diputado de izquierda recorriendo los pasillos.

El excomandante de las Farc, es válido destacar, viajó a Madrid con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para participar en actividades de Izquierda Unida y regresó a Colombia el martes 14 de julio, cuando certificó su retorno ante el tribunal transicional. Su presencia en territorio ibérico desató, entre tantas otras, la reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella, que no dudó en repudiar su salida del país.

La arremetida del diputado de Vox en la que fue relacionado ‘Timochenko’

Mariscal Zabala, de 34 años, diputado por la provincia de Toledo, dirigió su discurso a Santiago, diputado de Sumar y que fue asesor jurídico principal de las Farc durante los diálogos de paz con el Estado colombiano en La Habana (Cuba). Desde esa condición, el abogado participó en el diseño del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y en la arquitectura jurídica de lo que hoy se conoce como la JEP.

En su intervención parlamentaria, el legislador de Vox concentró sus pullas en presentar la relación de Santiago con la antigua guerrilla, la cual usó con una específica mención de Londoño. “Sus amigos de las Farc han perdido en Colombia. Ya no mandan. Y claro, usted tenía muchos intereses en Colombia”, afirmó Mariscal Zabala, en lo concerniente a la derrota del senador Iván Cepeda en la contienda presidencial.

A su vez, otro de los ejes del discurso fue la presencia de Londoño en España y su paso por actividades organizadas por Izquierda Unida. “La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las Farc. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados”, denunció el diputado de ultraderecha, que también mencionó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, como otra de las supuestas aliadas.

“Sabemos que Delcy Rodríguez trajo maletas. Este señor Timochenko, ¿qué trajo? ¿Qué le trajo?”,dijo el congresista, que pidió posteriormente explicaciones sobre los controles de acceso al exlíder guerrillero, que tras el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, se reincorporó a la vida civil y asumió el mando del entonces partido Farc, que posteriormente se transformó en Comunes, y que tuvo dos periodos legislativos.

“Nos gustaría saber si la Presidencia de las Cortes le puso alfombra roja o pasó el detector de metales y también algún control antidroga”, dijo Mariscal Zabala. A continuación, sostuvo que en el Congreso “se está expulsando a españoles por hacer preguntas” mientras, según su relato, se permitía la entrada de “un terrorista de Colombia”; al hacer referencia al pasado delictivo de Londoño y los crímenes de las Farc.

¿Qué hizo Rodrigo Londoño en Madrid?

En su viaje a la capital española, Londoño participó en debates y seminarios sobre la implementación del proceso de paz en Colombia. El viaje provocó críticas en el país, pues sectores políticos y organizaciones de víctimas rechazaron la autorización, aunque el ex jefe de las Farc cumplió el itinerario fijado y volvió dentro del plazo exigido por la justicia transicional; y dio a conocer su voluntad de diálogo con De la Espriella.

Luego, Mariscal Zabala desvió el debate de la visita de Rodrigo Londoño hacia la política española, al criticar a Santiago por su ideología comunista y señalar la dificultad actual de los jóvenes para progresar en comparación con generaciones anteriores. En ese sentido, acusó al diputado de Sumar de inacción en materia de vivienda y usó la figura de Santiago para vincular el malestar juvenil con el rumbo de la izquierda.

En respuesta, Santiago fue puntual. “Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia. Pero ya que ustedes me dan la importancia, pues sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico", remarcó el diputado progresista, que fue uno de los que invitó a ‘Timochenko’ a este país europeo, en el desplazamiento que causó interrogantes.

La votación para la presidencia del Senado, dignidad que también comandará el Congreso de la República durante la legislatura 2026-202,7 sigue al ‘rojo vivo’, tras conocerse el anuncio en la tarde del jueves 16 de julio de 2026 del senador Jota Pe Hernández: que confirmó que su voto será por el candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez, con lo que se desmarcó por anticipado de lo que decida Alianza Verde.

Hernández, a través de una misiva en sus redes, sorprendió al revelar de manera anticipada y abierta su postura frente a la elección de la próxima presidencia del Senado. “Para que los medios de comunicación hagan sus cuentas y para que mi voto sea público y transparente, mi voto es por Honorio Henríquez”, expresó el congresista en la publicación en su cuenta de X, a la que le sumó la breve comunicación.

De esta manera, se dio a conocer a cuatro días de que se lleve a cabo la instalación del nuevo Congreso, evento al que acudirá, por última vez, el presidente saliente, Gustavo Petro. Este anuncio se dio de manera individual por parte de un congresista que buscó, sin éxito, la escisión de la colectividad verde, que contará en el periodo que se aproxima con un total de 11 congresistas en la cámara alta, aunque no estén cohesionados.

En su argumentación, el propio senador señaló que su decisión no responde a una directriz partidista, sino a una postura personal frente al contexto político nacional. Todo esto, en medio de la propuesta del Centro Democrático de, en caso tal, irse a “voto limpio” en la sesión del 20 de julio, para que se conozca de esta forma al nuevo titular de la corporación legislativa.

“Como senador de la República y compromisario designado del partido Alianza Verde, teniendo en cuenta la elección del próximo 20 de julio de elegir nuevo presidente del Senado, anuncio que mi voto será por el candidato del primer partido (Centro Democrático) que se declaró en oposición al nefasto y perjudicial gobierno Petro”, escribió Hernández en dicha carta, que dejó clara su posición al respecto.

En ese sentido, agregó que su respaldo será por Henríquez, que ha hecho parte de la Comisión Séptima del Senado, en la que se hundió la reforma a la salud y se hicieron serios reparos a dos de las proposiciones del Gobierno Petro: las reformas pensional y laboral, que obligaron al Ejecutivo a dedicar esfuerzos para salvar estas iniciativas y lograr su aprobación como leyes. Aunque la primera de ellas esté aún en revisión legal.

Así está el equilibrio de fuerzas en el Senado para conocer a su presidente

La contienda por la presidencia del Senado se ha polarizado entre dos grandes bloques. Por un lado, el Centro Democrático impulsa la candidatura de Henríquez, al ser el partido de Gobierno con más congresistas, con un total de 17, además de invocar la trayectoria del magdalenense; mientras que por el otro se encuentra el guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U, la ficha que el presidente electo Abelardo de la Espriella impulsa.

Según las cuentas, al corte del jueves 16 de julio, Deluque ya contaría con 29 votos, integrando los siete senadores de su partido, siete de Cambio Radical, cuatro de Salvación Nacional, partido que apoyó la candidatura presidencial de De la Espriella; y los 10 del partido Conservador. De esta manera aventajaría a Henríquez, que además del sufragio de Hernández contaría con los 17 apoyos de su colectividad.

El respaldo a Henríquez no pasó desapercibido en el escenario político, pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de sus redes sociales, se ha encargado de destacar las cualidades del candidato. “Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás", expresó el exmandatario.

A su vez, recordó cómo ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado y, del mismo modo, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima. “Sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, afirmó Uribe, que desde su perfil ha acusado a Deluque de establecer vínculos con Martha Peralta, congresista de la coalición del Pacto Histórico, en pro de obtener apoyos del partido de izquierda.

De esta manera, la definición de la presidencia del Senado se ha convertido en un tema de especial interés para el reacomodo de fuerzas en el Congreso y la gobernabilidad del país, de cara al inicio del nuevo periodo constitucional y la necesidad de conocer al sucesor del liberal Lidio García, que fue el cuarto presidente del periodo que culmina, precedido de Roy Barreras, Iván Name, hoy preso, y el conservador Efraín Cepeda.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hará una vez más parte de la bancada del Centro Democrático, denunció el jueves 16 de julio que el Ministerio de Defensa le negó el acceso pleno a información oficial, al rechazar que un congresista pueda invocar el Estatuto de la Oposición para solicitar datos estratégicos de defensa.

En un oficio reciente, la cartera respondió de manera parcial al congresista dos derechos de petición en los que había formulado cerca de 260 preguntas sobre temas estratégicos y prorrogó la entrega del resto de la información. Ante esto, el congresista anunció acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación por lo que considera una vulneración a las garantías constitucionales de la oposición en Colombia.

Vale destacar que Uscátegui había denunciado que el Confis aprobó vigencias futuras por cerca de $13 billones de pesos para 19 proyectos del sector defensa, con ejecución hasta 2034 y cuestionó a la entidad por comprometer recursos millonarios, incluido un contrato de $800.000 millones para el Escudo Nacional Antidrones; a tal punto de exigir una revisión técnica y presupuestal en el empalme del nuevo Gobierno.

Estos fueron los argumentos del Ministerio de Defensa para negarle información a Uscátegui

En los documentos oficiales enviados al despacho de Uscátegui, el ministerio argumentó que en este caso no aplica el Estatuto de la Oposición para exigir la entrega de información. “El marco normativo aplicable corresponde al establecido en la Ley Quinta de 1992, artículo 258, atendiendo a la dignidad de congresista que ostenta como peticionario, y en lo no regulado por esa norma, a la Ley 1755 de 2015″, indicó.

Según la cartera, el beneficio del estatuto, contemplado en la Ley 1909 de 2018, “no opera frente a cualquier solicitud presentada por cualquier integrante de la agrupación, sino que corresponde a una organización política declarada en oposición y la solicitud debe provenir de su representante legal o de quien se encuentre formalmente autorizado para actuar en su nombre”. Por tal motivo negó la petición.

Así, la entidad presidida de manera temporal por la viceministra Angélica Verbel López insistió en que “el titular del derecho es la organización política declarada en oposición ante la Autoridad Electoral, en este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, su ejercicio institucional debe realizarse mediante quien ostenta su representación legal”. Argumentos que no cayeron bien en el congresista.

Así fue la dura respuesta del representante del Centro Democrático: pidió investigación disciplinaria

La interpretación fue calificada por el congresista como un precedente preocupante para el ejercicio de la oposición en el Congreso. “El control político pierde toda eficacia cuando las respuestas llegan después de que termina el Gobierno que debe ser vigilado. La transparencia no puede depender de interpretaciones administrativas que cercenan las garantías de la oposición y retrasan el acceso a información”, remarcó.

De acuerdo con Uscátegui, la decisión desconoce el artículo 112 de la Constitución y vacía de contenido una garantía diseñada para fortalecer el control político de quienes ejercen oposición al Gobierno Nacional. “El Centro Democrático ha sido partido de oposición desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, por lo cual resulta inaceptable que un ministerio limite las herramientas legales con las que cuentan sus congresistas”.

En ese orden de ideas, el parlamentario anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la actuación de los funcionarios que suscribieron el oficio y se determine si existió una extralimitación de funciones al restringir el alcance del Estatuto de la Oposición; el mismo que le permitirá al senador Iván Cepeda continuar en el Congreso por cuatro años más.

“¿Por qué limitar las garantías de la oposición y retrasar el acceso a información que debe ser pública? Radicaremos una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue una presunta extralimitación de funciones y las eventuales responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo el representante Uscátegui en su respuesta al ministerio, en un caso que él mismo hizo público en sus redes.

Los delicados cuestionamientos de José Jaime Uscátegui sobre la transparencia en el Gobierno Petro

De las 260 preguntas formuladas por el congresista, solo una parte fue respondida, mientras el resto quedó prorrogado, por lo que esta situación dio pie a cuestionamientos sobre la transparencia y la oportunidad en la entrega de información estratégica. “Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no debería limitar las herramientas que la Constitución reconoce a la oposición ni aplazar la entrega de información”, señaló.

Y dejó en claro que lo que está en juego no solo es el derecho de un congresista, sino “el derecho de millones de colombianos a que exista una oposición con herramientas reales para ejercer control político oportuno y efectivo”. De hecho, destacó que cuando un Gobierno limita esas garantías y posterga la entrega de información estratégica hasta el final de su mandato, “inevitablemente surgen serias preocupaciones”.

En su queja a la Procuraduría General de la Nación, Uscátegui pidió investigar una posible extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Defensa y determinar si se configura el delito de prevaricato por acción. Así pues, la determinación de responsabilidades disciplinarias y penales quedará en manos de las autoridades competentes, que deberán aclarar este caso.

El Partido Conservador definió en la tarde del martes 14 de julio cuál será su candidato para la presidencia del Congreso, en medio de la fuerte puja entre Alfredo Deluque, senador del partido de la U, y un rival inesperado: Honorio Henríquez, del Centro Democrático, con miras a la escogencia que se hará por parte de esta corporación en la instalación del nuevo periodo de sesiones legislativas, el próximo lunes 20 de julio.

Según el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, la bancada azul apoyará a Deluque y, con ello, los 10 votos de este partido serán para el congresista guajiro: amigo del presidente electo Abelardo de la Espriella, que a través de su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su beneplácito por la candidatura. Así pues, se empezó a configurar un escenario favorable para que sea el nuevo titular de la corporación.

“Si el Centro Democrático quería seguir insistiendo en esa presidencia, pues no contara con los diez votos del Partido Conservador, que unánimemente sí decidió respaldar a Alfredo Deluque”, fue el mensaje con el que Cepeda, que no continuará en el Senado después de 35 años de trayectoria, zanjó el tema. Y le dio su espaldarazo al congresista de 49 años, al que el uribismo acusa de haber defendido al fast track que permitió la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

¿Cómo están las cuentas para la elección del nuevo presidente del Congreso?

En consecuencia, las cuentas indican que, a esta altura, Deluque tendría un total de 29 votos de los cerca de 53 que necesitaría para hacerse elegir como el sucesor del liberal Lidio García. Son ellos, además, los siete restantes respaldos de su propio partido, la U; siete más de Cambio Radical, y cuatro de Salvación Nacional, que es partido de Gobierno, pues coavaló a De la Espriella en su aspiración presidencial.

Por su parte, Henríquez solo cuenta hasta el momento con los 17 sufragios de su bancada, la segunda más numerosa con miras a la legislatura que se avecina, solo superada por el Pacto Histórico, con 25 curules. Aunque se rumoró con gestiones para obtener los apoyos de la colectividad del saliente mandatario, Gustavo Petro, lo cierto es que el senador Hernán Cadavid negó que esa sea la intención de su representatividad.

En sus afirmaciones, Cepeda reveló que hubo una especie de quiebre en la reunión que sostuvo con el Centro Democrático y el Partido Liberal, que contará con 13 senadores en el periodo que inicia. Y todo porque su bancada pidió discutir primero la distribución de cupos en las comisiones constitucionales; mientras que la otra orilla, la del partido de Álvaro Uribe, mantuvo la exigencia de arrancar por la presidencia del Congreso.

A la espera de qué defina la colectividad roja, y partidos como Alianza Verde, que cuenta con 11 senadores; y minoritarios como los que integran la coalición Ahora Colombia, que representan cinco escaños con Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo; el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), cada uno con una curul, la elección del nuevo dignatario del legislativo sigue cocinándose, a seis días del momento cumbre.

Es válido precisar que Deluque fue el único senador de la U que apoyó a De La Espriella desde la primera vuelta. A eso se suma su cercanía con Carlos Suárez, estratega de la campaña del nuevo mandatario, que donó -a través de su empresa, Estrategia & Poder, 11,5 millones de pesos en especie a la campaña del congresista, según consignó La Silla Vacía en su reporte, lo que hace aún más probable su escogencia.

El Consejo de Estado avaló el jueves 16 de julio, en medida cautelar, las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno de Gustavo Petro para facilitar el diálogo con el Clan del Golfo. Estas zonas, ubicadas en Chocó y Córdoba, permanecen activas como parte del proceso de negociación con esta estructura armada ilegal; pese a que el mismo Ejecutivo, en decisión que causó sorpresa, había suspendido su implementación.

Mientras analiza el caso de fondo, el alto tribunal dejó en firme la resolución que autoriza estos espacios, cuyo objetivo es avanzar en la mesa de negociación. Así pues, el fallo respondió a una demanda presentada por el abogado Mauricio Pava, que había argumentado que la creación de las ZUT requería que el Congreso de la República aprobara previamente una ley de sometimiento a la justicia; un requisito que todavía no se registra.

La petición del jurista estuvo apoyada en la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y solicitó anular provisionalmente los efectos del acto administrativo, al señalar que “el presidente Petro (que fue su cliente) podría establecer únicamente Zonas de Ubicación Temporal en el marco de negociaciones, si el Congreso de la República hubiese expedido previamente una ley” que reglamentara estos procesos.

“El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, había expresado Pava sobre este asunto, aunque la implementación fue suspendida a última hora, tras reunión con organismos garantes de este proceso.

En su defensa, el Gobierno sostuvo que la petición de suspensión “no cumplía con los criterios de apariencia del buen derecho, representaba un riesgo de daño grave o inminente y no cumplía con la carga argumentativa para solicitar esa medida”. En este pulso, la administración saliente parece haberlo ganado, tras la decisión del Consejo de Estado, con el que se salvaron estas zonas de ubicación.

En efecto, el magistrado Carlos Mantilla concluyó que “no se evidenció una vulneración de la norma que justifique suspender la resolución expedida por la Presidencia de la República, mientras se decide de fondo la demanda”. Y precisó que la exigencia de una ley de sometimiento aplica para “estructuras de crimen de alto impacto”, no así para el Clan del Golfo, que fue reconocido como Grupo Armado Organizado (GAO).

¿En dónde están ubicadas estas Zonas de Ubicación Temporal?

Con esta determinación, las ZUT podrán operar en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es que por lo menos 40 hombres del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como se hace llamar esta organización al margen de la ley, entreguen armas y se reincorporen a la vida civil, como parte de su compromiso de desmovilización de estas estructuras.

Es válido precisar que la creación de las ZUT se formalizó el 22 de diciembre de 2025, como parte de las conversaciones sociojurídicas entre el Gobierno y el grupo armado, que empezaron a desarrollarse en Doha (Catar), siendo este un país que sirvió como garante de las negociaciones, pese a las controversias que han destacado esta mesa de negociación, con acercamientos fallidos y ceses al fuego inconclusos al inicio.

“Diálogos sociojurídicos con organizaciones armadas ilegales se hacen bajo leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia y el asesinato en Colombia. Es la vida el eje de la política gubernamental y así será hasta el 6 de agosto“, fue la defensa que en su momento hizo el presidente Petro, que resultó vencedor en esta disputa jurídica, que parecía poner en entredicho los alcances de su política de Paz Total.

En medio de la fuerte puja por la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, el excandidato presidencial y senador por el Estatuto de la Oposición Iván Cepeda Castro admitió que no descarta la posibilidad de que su bancada, la del Pacto Histórico, pueda establecer diálogos con el partido de derecha, que vetó al guajiro Alfredo Deluque como aspirante a ser el nuevo titular del legislativo.

Cepeda, que sigue sin reconocer la legitimidad del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, indicó que en las negociaciones entre colectividades no se rechaza de tajo la intención de que se establezcan acuerdos coyunturales con el Centro Democrático para la elección de los nuevos dignatarios de las corporaciones legislativas. Una respuesta que, como era de esperarse, causó revuelo en la opinión pública.

En entrevista con Blu Radio, el senador de izquierda reiteró que el panorama parlamentario es dinámico y que el diálogo con todas las fuerzas políticas es una herramienta legítima para avanzar en las decisiones que afectan la gobernabilidad. Así pues, asintió al exponer que el legislativo es un escenario de constantes transformaciones, donde las alianzas pueden variar según las circunstancias y los intereses.

“El Congreso es un organismo que cambia. No todo lo que se anuncia en un primer momento se convierte en realidad durante cuatro años. Aquí hay cosas que van a tener evoluciones que vamos a tener que ir viendo”, explicó al citado medio. Según el senador, hay partidos y bancadas que todavía no han definido su postura frente al Gobierno y que la conformación de mayorías dependerá del desarrollo de los sucesos políticos.

¿Es posible una alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático?

La posibilidad de un acercamiento entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático surgió como parte de la feroz lucha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sectores del ya conocido abelardismo y algunos de los partidos tradicionales que ya anunciaron su respaldo a Deluque, como el partido de la U, al que pertenece el parlamentario; el Conservador, Salvación Nacional y Cambio Radical, en un número que podría aumentar.

Así, Cepeda dejó claro que su bancada no excluye ningún canal de diálogo, incluso con el contradictor. “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político, incluyendo con el señor De la Espriella, si decidiera asumir ese camino. Así que sí, vamos a tener diálogos con todas las fuerzas políticas y vamos a discutir y buscar tomar decisiones que vayan siempre en la dirección de lo mejor para el pueblo colombiano”.

En consecuencia, destacó que no sería la primera vez que sectores como el uribismo y el progresismo exploran acuerdos en el Congreso. “Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha, del uribismo y el progresismo. No es un hecho que sería inédito”, puntualizó el congresista a Blu Radio, al indicar que este tipo de acercamientos responden a la necesidad de garantizar la representación de las minorías.

Y, de esta forma, evitar que los partidos tradicionales monopolicen las directivas legislativas, por lo que, en cuanto a la definición de las segundas vicepresidencias de las mesas directivas de la Cámara, que por norma corresponden a la oposición, Cepeda informó que existen compromisarios encargados de adelantar los diálogos con otras bancadas y que los nombres de los candidatos se darán a conocer de forma oportuna.

Iván Cepeda advirtió que defenderá el Acuerdo de Paz con las Farc de las “garras” de Abelardo de la Espriella

Respecto a los cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo gobierno y el ambiente de polarización, el senador fue enfático en advertir que su bancada no aceptará decisiones que contradigan la Constitución, en especial respecto al Acuerdo de Paz de 2016, del cual se consideró defensor acérrimo: por lo que se opuso de forma contundente a la eliminación de figuras y dependencias que estaban enfocadas en ese sentido.

“El señor De la Espriella anunció hace unos días que va a demoler literalmente el Acuerdo de Paz de 2016. Ese es un acuerdo en el que yo participé en condición no solo de facilitador de ese proceso, sino de legislador. Ese acuerdo fue implementado a través de actos legislativos. Si intenta acabar con el acuerdo nos vamos a rebelar contra eso, porque es inconstitucional”, sostuvo Cepeda en sus declaraciones.

Y en relación con la actitud de la oposición ante el nuevo Ejecutivo, el dirigente del Pacto Histórico insistió en que su partido y el presidente saliente, Gustavo Petro, siempre han actuado dentro del marco legal y han rechazado la violencia. “Nosotros no hemos hecho nunca una instigación o llamado a la violencia. Eso no lo hemos hecho nosotros, ni el presidente Petro, ni yo, ningún dirigente del Pacto Histórico”, afirmó.

A su vez, defendió el derecho a la protesta y a la resistencia pacífica como garantías constitucionales. “Todos tenemos derecho en Colombia, por Constitución, a protestar. Hacerlo es una acción que nos habilita la Constitución por vías pacíficas y legales, respetando la Constitución. Así que no se puede presumir que porque una persona llama a la desobediencia civil está incitando a la violencia”, puntualizó el congresista.

Para Cepeda, los discursos que apelan a la violencia provienen de sectores que han utilizado expresiones y amenazas directas. “Lo que sí es evidente (...) es que el señor de la Espriella ha hecho llamados a la violencia. Cuando uno dice que va a destripar a alguien, ¿no es un acto violento? Sí lo es. Cuando uno amenaza con extraditar al presidente saliente a un país extranjero, ¿ese no es un acto violento? Sí lo es", dijo.

La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad que fue creada en junio de 2023, pero que por determinación de la Corte Constitucional se quedó sin respaldo jurídico el pasado 30 de junio, continúa desatando una fuerte controversia. Más aún, tras conocerse el miércoles 15 de julio una ola de denuncias por parte de extrabajadores de la cartera que se quedaron sin que les respondan por sus honorarios.

Desde el cierre oficial, que quedó formalizado en el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, centenares de personas afirman que quedaron sin información sobre sus pagos y sin canales para comunicarse con la administración. Así lo reveló el periodista Ronny Suárez Celemín, que a través de su perfil de X compartió tres testimonios de excontratistas que se quedaron sin comunicación frente a las obligaciones pendientes.

En los relatos se mencionó que los problemas empezaron antes de la disolución, pues describieron que “parecía que entre las personas que revisaban y aprobaban las cuentas de cobro, no había un criterio único”, lo que provocaba devoluciones frecuentes y demoras. Además, los afectados insistieron en que “cada uno pedía algo diferente y devolvía la cuenta” sin dar motivos claros del proceso que se debía seguir.

Con ello, la gestión de pagos, a cargo de FonIgualdad, resultó ser una “pesadilla”, según varios testimonios recopilados en redes sociales. Los primeros pagos llegaron tarde y, como consecuencia, las cuentas siguientes no pudieron radicarse dentro del plazo estipulado. “El fondo se escuda en que las presentamos tarde”, explicó uno de los denunciantes, que detalló la manera en que siguen sin recibir los montos acordados por su labor.

Lo más preocupante es que los extrabajadores también debieron asumir gastos elevados por viajes a territorios de difícil acceso. “Nuestras comisiones debían ser pagadas por nosotros los contratistas desde nuestro bolsillo, y luego de meses de demora, eran reembolsadas”, se leyó en uno de los testimonios. Las demoras provocaban que sumas de hasta $3 millones se recuperaran solo varios meses después.

Liquidación del Ministerio de Igualdad dejó a la deriva a varios de sus extrabajadores

Al acercarse la liquidación, la comunicación institucional se cortó. “Apenas llegó el 20 de junio, nos clausuraron los correos institucionales sin previo aviso”, denunció un excontratista al citado periodista. Según otros afectados de esta situación, ese mismo día recibieron la orden de abandonar las oficinas y, desde entonces, “nadie responde los correos, ni los mensajes, ni las llamadas desde el Fondo de la Igualdad”.

Esa falta de información sobre lo que sucedería con los honorarios pendientes agravó, sin duda, la incertidumbre. “No sabemos cómo radicar el mes de junio y ante quién”. Algunos cuentan que “radiqué las cuentas de cobro de abril y mayo hace 2 meses, las cuales no han sido pagadas a hoy 15 de julio”, contó otro de los afectados, en relación con lo que estaría sucediendo con los exmiembros del ministerio.

Otros casos muestran que los pagos de meses anteriores se recibieron con extrema demora. “La cuenta de enero hasta ahora me fue pagada en el mes de julio de 2026, a pesar de haber sido enviada varios meses atrás”, relató una de las denunciantes. También se repiten historias de compañeros que no reciben respuesta sobre el estado de sus solicitudes, ni claridad sobre si sus cuentas han sido radicadas a la dependencia.

Las consecuencias personales han sido graves. Un excontratista de la Dirección para la Superación de la Pobreza y Territorios Excluidos también se desahogó. “Esta falta de pago me ha arrastrado a una crisis económica”. Explicó que es responsable de tres hijos y que el retraso lo dejó “atrasado en el pago del arriendo, los servicios públicos esenciales y obligaciones financieras, afectando la tranquilidad y estabilidad emocional”.

De esta manera, los afectados consideran irónico que el ministerio, creado para proteger a la población excluida, termine “excluyendo y vulnerando el mínimo vital de quienes trabajamos por el país”. Ante la ausencia de respuestas, exigieron a la firma liquidadora y al Ministerio de Trabajo que “prioricen el pago de nuestras obligaciones pendientes”, que estarían causando perjuicio a nivel profesional y personal.

Paloma Valencia lanzó nuevas pullas sobre crisis en el Ministerio de Igualdad

Casi de manera coincidente, la senadora Paloma Valencia se pronunció sobre el manejo de recursos en la desaparecida entidad y mencionó que $140.000 millones es lo que han costado, según sus cifras, las 4.200 personas que han contratado a través del fondo del Ministerio. Con ello, también denunció que el fondo permitió saltarse la selección objetiva y la ley de contratación pública, en contravía de lo dispuesto en la ley.

La liquidación del ministerio, ordenada por la Corte, implica la reasignación de funciones al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social (DPS). El presidente Gustavo Petro asignó a Luis Alfredo Acosta Zapata, que venía oficiando como ministro, como el agente liquidador para organizar bienes, contratos y procesos judiciales pendientes; aunque tal parece que en materia de salarios hay deudas pendientes.

Mientras tanto, los extrabajadores insisten en que no saben a quién acudir. “No sabemos ante quién reclamar”, se repite en sus denuncias, mientras las quejas comienzan a surgir en las redes sociales, en relación con una entidad que se quedó sin soporte al considerarse por parte del alto tribunal que en su creación existieron serios vicios de trámite; justamente por la falta del aval fiscal y su impacto presupuestal.

Con ello, el parlamentario del Pacto Histórico, que obtuvo 12.708.312 votos el 21 de junio, y que pese a su certificada derrota ante Abelardo de la Espriella se niega a reconocerlo como el presidente, insistió en que el nuevo mandatario no es legítimo, al punto que destacó un nuevo llamado a protagonizar desobediencia civil. Y todo porque los tres requisitos que dio a conocer para cambiar de parecer siguen sin cumplirse.

“Siento gran orgullo en presentar al pueblo colombiano mi credencial como senador, representante y líder de la oposición en Colombia”, afirmó el congresista, que lució con el documento, según él, no como una validación individual, sino como un mandato político de sus seguidores para ejercer, justamente, ese contrapeso a las iniciativas del abogado de derecha, que ya dio algunas luces de las reformas que adelantará.

Cepeda decidió no asistir a la ceremonia oficial del Consejo Nacional Electoral. En su lugar envió a la activista Érika Isabel Prieto para retirar y firmar el documento que formaliza su escaño, mientras Aida Quilcué, su antigua fórmula vicepresidencial, hizo lo mismo para recibir su puesto en la Cámara de Representantes; también avalada por el referido estatuto, al haber participado de la elección del nuevo dignatario.

Para Cepeda, la certificación “tiene el valor de haber sido conseguida con los esfuerzos de mucha gente en el país: jóvenes, poblaciones rurales, trabajadores y trabajadoras, personas de capas medias, empresarios” y añadió que la curul pertenece es al “pueblo colombiano”. Le servirá, entonces, para “defender las conquistas sociales, avanzar en el cambio, hacer una oposición responsable y abierta al diálogo, pero también firme”.

En su declaración, el senador del Pacto Histórico también conectó la credencial con la movilización territorial que respaldó su candidatura y agradeció “a las personas que cruzaron ríos, fueron por trochas, hicieron inmensos esfuerzos en el mundo rural, en las periferias urbanas, a todos los habitantes de las grandes ciudades”. Por ello, extendió ese reconocimiento a los colombianos en el exterior.

Ausencia de Iván Cepeda ante el CNE encendió la polémica

El episodio no quedó limitado al acto simbólico de mostrar la credencial, pues la ausencia física del político bogotano ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que adelantó una ceremonia de entrega oficial, ocurrió pocos días después de que se declaró en desobediencia civil pacífica y explicó que no reconoce la legitimidad de Abelardo de la Espriella por tres causales, entre ellas el que esté dispuesto a extraditar a Gustavo Petro.

Esa decisión de no acudir al recinto dispuesto para tal fin, en las instalaciones de Corferias, alimentó las críticas de sectores rivales, que interpretaron el gesto como un intento de tomar distancia del acto institucional sin renunciar a sus efectos jurídicos. Ya dirigentes de partidos contrarios al hoy Gobierno, entre ellos voces del Centro Democrático, han calificado la maniobra de “farsa” y de “contradicción política”.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, concentró sus cuestionamientos en lo que definió como un doble discurso institucional, pues mientras rechaza la legitimidad del presidente electo y anuncia desobediencia civil, al mismo tiempo se acoge al mecanismo legal que le garantiza la curul y los beneficios asociados al cargo; a la cual no tendría derecho si desconociera el desenlace de la contienda.

Por ello, Triana insistió en sus redes sociales que resulta incompatible desconfiar de las instituciones y del resultado electoral, pero posesionarse en el Senado bajo las reglas del mismo sistema. Por ello no dudó en pedirle en su momento que renunciara a su escaño si no reconoce la legitimidad de las elecciones, en las que fue vencido por apenas el 0,96%, de acuerdo con los datos del escrutinio avalado por jueces del país.

Un grupo de representantes a la Cámara de la bancada de oposición remitió el miércoles 15 de julio un extenso informe remitido al Comité de Empalme del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que se consignaron denuncias sobre posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas y deficiencias en la gestión pública durante el mandato de Gustavo Petro; mandatario al que le restan solo 23 días en el poder.

El documento, que fue compartido por el reelecto representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, solicitó que los hallazgos sean evaluados por los equipos técnicos de la administración entrante, ante lo que sería, al parecer, la gravedad de los mismos, que dejarían comprometido, según reveló el congresista, al país en diferentes frentes; en especial en materia de seguridad e infraestructura.

“Nuestro deber durante estos cuatro años fue ejercer un control político serio, técnico y permanente, siempre en defensa de los colombianos y de las instituciones. Hoy ponemos ese trabajo al servicio del empalme para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, porque creemos que Colombia merece un gobierno que haga las cosas mejor", dijo Triana.

El texto fue suscrito, además, por los parlamentarios Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Hernán Cadavid, Jorge Méndez Hernández, Juan Espinal y Christian Garcés. Los congresistas afirmaron que el material surge de debates de control político, derechos de petición, mesas técnicas, audiencias y revisión documental desde el 7 de agosto de 2022; día en el que Petro tomó juramento como el presidente 61 de Colombia.

Así le pusieron la lupa a la asignación de recursos y contratos en el sector público

El citado informe advirtió que el Gobierno suscribió 1.065 contratos y transferencias por 1,9 billones de pesos con organizaciones indígenas entre 2022 y marzo de 2026. La mayor parte de estos recursos se concentró en entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda; y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) fue la principal beneficiaria.

En paralelo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó más de 36 esquemas de seguridad sin estudios técnicos de riesgo, al asignar vehículos blindados y escoltas a personas vinculadas con el oficialismo. Esta entidad ha estado en el ojo del huracán tras el atentado contra el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, cuyo hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 y terminó ocasionándole la muerte dos meses después.

La “precaria” gestión presupuestal del Gobierno Petro y la ejecución de recursos

Por su parte, se evidenció un incremento sostenido de colombianos que salen del país para establecer residencia en el extranjero. Entre 2021 y 2024 se registraron 18,5 millones de salidas, de las cuales el 24,2% fueron por residencia. Además, el documento en mención señaló que Colombia asumió el costo de 44 vuelos chárter para deportados desde Estados Unidos; un gasto que antes era cubierto por ese país.

El documento reportó recortes presupuestales por 2,2 billones de pesos para Antioquia en 2025, lo que afectó sectores como agricultura, educación, transporte y cultura. Del mismo modo, en materia de salud, la ejecución de proyectos cayó al 4% del presupuesto anual en 2025, mientras que la contratación por prestación de servicios aumentó un 80% entre 2023 y 2024; lo que encendió las alarmas en los congresistas.

En lo que respecta al sector educativo, se identificaron atrasos en el pago de cesantías y deudas con universidades públicas, así como anuncios de proyectos sin soporte técnico ni financiero, como el multicampus universitario de San Andrés: que fue una de las promesas de campaña del saliente jefe de Estado, pero que por lo registrado se quedó en solo un anuncio, en una de las deudas con la comunidad.

Números rojos en las áreas de justicia, seguridad y defensa; y deuda en el sector agrícola

El informe documentó que el 99% de las denuncias por hurtos informáticos entre 2023 y 2025 no avanzó más allá de la etapa de indagación, con solo el 0,003% de los casos llegando a juicio o sentencia; a lo que se suma que se hallaron inconsistencias en cifras oficiales sobre muertes y reconocimientos a miembros de la fuerza pública; así como una reducción del 64,6% en los recursos para mantenimiento de la flota aérea.

En ese ámbito, en 2024 se denunció que 10 helicópteros MI-17 permanecían parqueados en Tolemaida por falta de mantenimiento y repuestos. A esto suma la caída de cinco aeronaves de ala rotatoria entre marzo de 2023 y abril de 2024, con 21 fallecidos, y una respuesta de la Embajada de la Federación Rusa que, según el texto, contradijo la versión oficial sobre la suspensión de contratos con la empresa Nasc.

Entretanto, en inteligencia, los representantes dejaron otra de las advertencias más delicadas: la exposición pública de 32 GB de información reservada en servidores de la presidencia sin autenticación. El material comprometido incluía mapas de inteligencia militar, coordenadas GPS de campamentos de reintegración, bases de datos de la UNP y alertas de la Defensoría del Pueblo sobre líderes sociales en riesgo.

Ya en lo referente en el sector agrícola, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reconoció una brecha entre las metas anunciadas y la entrega efectiva de tierras. De los 3 millones de hectáreas prometidas, solo 88.346 cuentan con registro definitivo; y se evidenció cómo se registró una adjudicación de predios en zonas protegidas y falta de consultas con comunidades locales sobre este tipo de acciones del Ejecutivo.

Así le fue a Gustavo Petro en salud y programas sociales

En salud, los congresistas describieron un deterioro simultáneo de indicadores sanitarios y de ejecución presupuestal. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años pasaron de 10.592 en 2020 a 24.017 en 2024, en un aumento del 126,7%, mientras entre 2020 y 2024 se registraron 967 muertes asociadas a esa condición, en cifras que serían preocupantes.

A eso agregan que, con corte a junio de 2025, el Ministerio de Salud reportó un presupuesto de inversión de $1,93 billones, de los cuales solo había obligado $64.208 millones. La cifra equivale, según el informe, al 4% del presupuesto anual y al 8% de los recursos comprometidos en ese momento. En ese sentido, se advirtió sobre la situación de EPS Sanitas y la suspensión de servicios de 28 IPS por incumplimientos en los pagos.

Por otra parte, en el área social, el programa Jóvenes en Paz presentó inconsistencias en la base de beneficiarios y bajo nivel de cumplimiento de metas en proyectos para la población vulnerable. La reducción de la cofinanciación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para atención a la primera infancia en Bogotá dejó sin cobertura a más de 2.300 menores en 2025; uno de los aspectos reseñados.

Y es que informe también señaló la falta de ejecución real en el programa Paz Total, que comprometió 956.000 millones de pesos en 2024 sin registrar pagos efectivos. Al igual que la falta de coordinación entre entidades estatales en la gestión de la política de paz, el avance limitado de negociaciones con grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo y la ausencia de resultados verificables.

Ecopetrol también fue objeto de análisis por el bloque opositor

Por último, en conectividad digital, el documento evidenció retrocesos en departamentos como Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde miles de hogares perdieron acceso fijo a internet entre 2021 y 2024. Y en minas y energía, se denunció el incremento de gastos en viajes y publicidad de Ecopetrol y posibles irregularidades en contratos para soluciones solares, lo que también fue expuesto en el documento.

En efecto, en lo relacionado con la estatal petrolera, el documento afirma que entre 2022 y junio de 2025 la empresa adelantó 93.885 desplazamientos nacionales e internacionales con un costo acumulado de $164.047 millones; mientras que los viajes internacionales representaron apenas el 1,36% del total, pero concentraron el 31,56% del gasto, en un dato que reflejaría, según los denunciantes, el nivel de derroche.

La revisión incluye la estrategia de publicidad institucional. Según la información citada, a junio de 2025 Ecopetrol había ejecutado $24.879 millones en un contrato con McCann Erickson Corporation S.A. y registraba una ejecución inicial de $56,7 millones en otro contrato con Century Media S.A.S., ambos celebrados por cuantía indeterminada; y que influirían en la crisis que atraviesa la compañía.

Con miras al tramo final de su mandato, el presidente de la República, Gustavo Petro, le asignó a uno de sus más fieles aliados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, un segundo frente dentro del Gobierno: fue nombrado director ad hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en una decisión que lo pone a cargo de trámites clave del rediseño institucional de la presidencia, a solo 23 días del relevo del poder.

La determinación quedó sustentada a través del Decreto 0743 del 9 de julio de 2026, y solo se conoció en la jornada del miércoles 15 de julio. La misma se tomó producto de un análisis hecho en una sesión del Consejo de Ministros, el 8 de julio, en la que se recomendó apartar a la titular de la dependencia, Nhora Mondragón, para intervenir en actuaciones que implican la reformulación de la planta de personal.

Sin embargo, es válido destacar que la designación de Benedetti no reemplaza a Mondragón en sus funciones al frente del departamento administrativo en lo referente a la coordinación entre entidades y el apoyo al gabinete de Petro. Así pues, el nombramiento le entrega al ministro una competencia limitada, solo referida al tema del rediseño de la entidad, que podría generar conflictos de interés para su actual titular.

De esta manera, Petro resolvió el impedimento después de someterlo a consideración del Consejo de Ministros. Ese órgano, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 63 de 1923 citado en el decreto, puede intervenir por medio de dictámenes en asuntos puestos a su estudio por el presidente o por demás integrantes, como sucedió en este caso con Mondragón, que no podrá intervenir en los asuntos descritos en el documento.

Armando Benedetti, designado para tomar decisiones al interior del Dapre

Este decreto ha suscitado una serie de inquietudes en el interior del Ejecutivo, en el que un grupo de sindicatos advirtió sobre posibles impactos en la formalización laboral de contratistas, de cara a la recta final del presente mandato. Para Benedetti, esta responsabilidad se sumará a otras que ya tuvo en el Gobierno Petro, en el que fue embajador en Venezuela y en la FAO, además de jefe de despacho a su regreso al país.

La base jurídica del movimiento también quedó detallada, pues el documento cita el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política para justificar que el presidente puede hacer un nombramiento ad hoc cuando el funcionario competente no puede hacerlo. En este caso, los trámites descritos en los “los pasos 2, 6 y 7 de la Circular Conjunta No. 100-011 de 2023”.

Además, los trámites están ligados a la reestructuración interna del Departamento Administrativo de la Presidencia, una dependencia que durante el periodo próximo a culminar tuvo seis titulares en propiedad: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas, Angie Rodríguez y, la más reciente, Mondragón; en lo que sería sinónimo de un clima de inestabilidad al interior de esta entidad del organigrama estatal.

Cabe destacar que Benedetti lideró en las pasadas elecciones la articulación institucional de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios presidenciales en el país, y, a la fecha, coordina el balance definitivo del Ministerio del Interior, previa a la posesión del excongresista Rodrigo Lara como nuevo titular de la cartera política, en una escogencia del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Según se ha conocido, el actual ministro ha anunciado su intención de postularse a la Alcaldía de Barranquilla en 2027, tras finalizar el gobierno de Petro. Con ello buscaría desafiar el dominio político de la casa Char y proyectar la ciudad como una metrópoli internacional; por lo que ha iniciado diálogos con congresistas del Atlántico y busca consolidar el apoyo del Pacto Histórico con miras a esta contienda.

En la tarde del miércoles 15 de julio de 2026, el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, se reunió con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en un encuentro en el que el equipo del mandatario aseguró que se abrió un canal para discutir reglas de funcionamiento institucional. Esto se suma al trabajo conjunto que el grupo de empalme ha adelantado con la Contraloría General de la República.

A 23 días de tomar el mando, en un acto previsto para el 7 de agosto, tanto el gobernante como el jefe del Ministerio Público abordaron temas que fueron considerados cruciales en esta etapa de transición, que se ha caracterizado por las profundas discrepancias que el abogado de derecha tiene con la saliente administración, la de Gustavo Petro, con graves denuncias sobre presuntos actos de corrupción estatal.

La reunión, según se conoció, “permitió abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el Gobierno entrante actúe siempre dentro del marco de la Constitución y la ley”. Con ello, empezó allanar el camino hacia una nueva era entre el dignatario de la Casa de Nariño y los titulares de estos organismos, tras cuatro años de intensas polémicas.

¿De qué hablaron Abelardo de la Espriella y Gregorio Eljach?

En consecuencia, el encuentro giró en torno al respeto por la autonomía de los órganos de control y la independencia de las instituciones, con especial atención en los límites de actuación del nuevo Ejecutivo. De la Espriella insistió en la necesidad de que en el país las instituciones sean fuertes, “respetadas e independientes”, según él, “capaces de ejercer sus funciones con rigor y responsabilidad ante los ciudadanos”.

Y es que en los puntos tratados se incluyó la necesidad de preservar, justamente, la independencia institucional, con el compromiso de que el nuevo Gobierno mantenga al margen de las determinaciones de la Procuraduría, que fueron altamente cuestionadas por la administración saliente de Gustavo Petro, pese a que fue el saliente jefe de Estado el que nominó a Eljach, que se desempeñaba como secretario del Senado.

También se destacó el apartado referido al fortalecimiento de poderes, con énfasis en “preservar el equilibrio de poderes y fortalecer la institucionalidad del Estado”. En ese orden de ideas, el presidente electo reiteró su intención de tener una relación respetuosa y transparente con estos órganos, al precisar a Eljach a que en su periodo de Gobierno se construya “sobre la base de la legalidad y el respeto por la democracia”.

Antes de esta reunión, el procurador ya había hecho un llamado al presidente electo para que buscara acuerdos que faciliten la gobernabilidad, al pedirle que se construyeran “puentes de diálogo y deliberación con el Congreso para asegurar la gobernabilidad del país”. Lo anterior, tras ponderar de manera positiva que se vivía una “legítima transición democrática”, tras la expresión “libre” de ciudadanos y ciudadanas en las urnas.

“La Constitución le impone al procurador General de la Nación la protección del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de ese mandato implica que exhorto a los equipos de los gobiernos salientes y entrantes a observar con rigor las normas que regulan la tarea del empalme”, destacó en las declaraciones emitidas el 8 de julio, en medio de la crisis de los encuentros entre las administraciones salientes y entrantes.

Además de este encuentro, De la Espriella recibió en su despacho en la capital del Atlántico a Susana Cordeiro Guerra, que funge como vicepresidenta del Banco Mundial para América y el Caribe, con la que discutió sobre los mecanismos de cooperación que se implementarán con el organismo multilateral para, de esta manera, respaldar una serie de proyectos que serán determinantes para el desarrollo del país.

El anuncio del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la eliminación de la figura del alto comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, hecho en la noche del lunes 13 de julio, representó un giro en la política del Estado en materia de seguridad y, del mismo modo, en la construcción de ese anhelo común que han tenido los ciudadanos desde hace al menos seis décadas.

La decisión implica que “no habrá más procesos de ‘falsa paz’”, según lo dijo el propio De la Espriella, y que las funciones antes desempeñadas por estas entidades serán asumidas por los Ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores bajo la coordinación de una nueva figura: la del comisionado nacional de Seguridad, lo que de por sí permite tener una idea de cuál será la prioridad del Gobierno entrante.

Como era de esperarse, el impacto de estas afirmaciones ha dado pie para una intensa discusión sobre si las medidas anunciadas por el entrante mandatario tendrán viabilidad jurídica y las repercusiones que puedan generar con los compromisos internacionales ya establecidos por Colombia, además de cómo se verán afectados los derechos de las víctimas y cómo será la reorganización anunciada desde el 7 de agosto.

“La Paz Total nunca fue un compromiso internacional del Estado”

En conversación con Infobae Colombia, Nicolás Mayorga, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, y que hizo parte del equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue contundente al afirmar que la política de Paz Total de Gustavo Petro nunca fue un compromiso internacional autónomo del Estado colombiano, sino una facultad discrecional del Ejecutivo.

Derivada de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 2272 de 2022, habilitó al presidente a adelantar acercamientos, ceses al fuego y negociaciones con grupos armados organizados y estructuras de crimen de alto impacto. Según el académico, “es una herramienta de política pública, no una obligación exigible ante ningún órgano internacional”, por lo que “su derogación no configura un incumplimiento”.

Mayorga indicó que el verdadero compromiso internacional “es el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”, y citó los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana. “El anuncio de reactivar las órdenes de captura vigentes y ponerlas en cabeza de la Fiscal General y de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto es, precisamente, el cumplimiento de ese deber, no su infracción”, puntualizó.

En su explicación, el profesor recordó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, en el que "la Corte sostuvo que la masacre ‘no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible’“, un estándar aplicado en los casos de las Masacres de Ituango y Mapiripán.

Las cifras y los riesgos de omisión estatal frente a la paz

A su vez, Mayorga relacionó datos que generaron inquietudes sobre la ineficacia de la iniciativa estatal. “Cifras del Ministerio de Defensa muestran que, durante la vigencia de la Paz Total, los homicidios se mantuvieron en niveles elevados -de 13.536 en 2022 a 14.038 en 2025, el más alto del cuatrienio-, los actos terroristas pasaron de 742 a 1.398 casos, y los secuestros de 223 a 701 víctimas”, precisó el académico.

De la misma manera, destacó hallazgos de un estudio de la Universidad de los Andes sobre los ceses al fuego de 2022 y 2023. “Estos coincidieron con incrementos de extorsión, amenazas y reclutamiento forzado de menores, ante la ausencia de mecanismos independientes de verificación”. Además, la Contraloría General reportó que la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 a 518 municipios entre 2019 y 2025.

“Fue la persistencia de mesas de diálogo sin desmovilización efectiva la que generaba, en la práctica, un riesgo de responsabilidad del Estado por omisión de su deber de protección; terminar esa estrategia y retomar la persecución penal reduce ese riesgo, no lo agrava”, remarcó Mayorga en declaración a Infobae Colombia, en el que también analizó el impacto de suspensión de entidades adscritas al Acuerdo de Paz de 2016.

“Modificar el carácter administrativo no afecta derechos de víctimas”

En lo que respecta a las consecuencias de la supresión de la Unidad de Implementación y de las consejerías presidenciales, Mayorga explicó que la naturaleza de la obligación estatal frente al Acuerdo de Paz es de “medio y no de resultado”. Para explicarlo citó la sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional, en la que dejó en claro que es una política de Estado, que trasciende los Gobiernos.

“La obligación del Estado frente al Acuerdo Final es una obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado, pero en el ámbito de sus competencias de cada órgano”, afirmó el académico. Asimismo, el experto remarcó que la estructura administrativa de la presidencia siempre ha sido flexible en ese sentido.

“La propia historia institucional confirma que su nombre y su ubicación en el organigrama han cambiado en cada Gobierno, sin que ello haya sido nunca considerado un incumplimiento internacional”, remarcó Mayorga, que recordó cómo en 1987, el entonces presidente Virgilio Barco creó la Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, al igual que en su momento lo hicieron otros gobernantes.

En efecto, en el 2000, Andrés Pastrana la convirtió en el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; Iván Duque la transformó en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; y Petro la renombró de nuevo en 2022. Cuatro nombres en menos de 40 años son la prueba para él “de que ningún tratado ni sentencia exige una denominación o un rango institucional específico”.

En consecuencia, el profesor dijo que el único límite legal relevante es el principio de no regresividad. “Si la reasignación de funciones termina vaciando de contenido material las obligaciones de reparación y garantías de no repetición hacia las víctimas (Ley 1448 de 2011), y no solo cambiándolas de responsable institucional, podría alegarse una regresión jurídicamente relevante", destacó en diálogo con esta redacción.

¿Cuál es el futuro jurídico de la oficina del alto comisionado para la Paz?

Para Mayorga, la pregunta no es si desapareció la entidad, sino si la función subsiste con capacidad técnica equivalente. Ya en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la oficina del alto comisionado para la Paz, expresó que no tiene la misma naturaleza jurídica que una simple consejería presidencial, pues a diferencia de otras tiene un “carácter permanente” según el artículo 16 de la Ley 434 de 1998.

“Por el principio de jerarquía normativa, un decreto presidencial no puede derogar una ley: si el propósito es suprimir por completo esa Oficina, ello exigiría trámite legislativo ante el Congreso de la República”, señaló el académico, por lo que agregó que mientras no exista un acto legislativo, lo jurídicamente viable por la sola vía del decreto “es reasignar sus funciones de negociación y la Paz Total a otra dependencia” del Estado.

Y con respecto a la posibilidad de reactivar órdenes de captura y cerrar diálogos, su respuesta fue tajante. “Frente a quienes están sometidos a la JEP, reactivar órdenes de captura solo es jurídicamente viable si incumplen sus compromisos como comparecientes”, dijo; es decir, si violan el régimen de condicionalidad que exige verdad plena, reparación a las víctimas y no repetición. Si no ocurre, sus beneficios siguen vigentes.

En este punto, citó al Ministro de Justicia designado, Iván Cancino. “Constitucional y convencionalmente, acabar la JEP de un plumazo no es posible”, lo anterior, debido a las garantías fijadas por el Acto Legislativo 01 de 2017, que le otorga autonomía administrativa, presupuestal y técnica propia. Y en relación con los grupos armados que no están sometidos a la JEP, Mayorga fue incluso más allá en su extensa explicación.

“La controversia jurídica generada por extender un tratamiento cuasi político a estas estructuras, cuestionada ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado, que suspendió la resolución de apertura de mesa con la disidencia ‘Segunda Marquetalia’, respalda la decisión de reactivar las órdenes de captura”, expresó, en palabras en las que se apoyó en el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, crítico de la Paz Total.

Es válido destacar que para el saliente jefe de la cartera, en entrevista concedida a Caracol Radio, “no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las Farc (...) eso violó el acuerdo de paz y generó muchísimos problemas”. A su vez, frente a grupos como el ELN, cuya mesa de negociación está rota, mantener congeladas las órdenes de captura comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

El proceso judicial impulsado por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia contra las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro, en las que habló sobre un presunto fraude en las elecciones que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, seguirá adelante. Una decisión que generó fuertes repercusiones en el espectro político, a 23 días de que finalice el presente Gobierno.

En efecto, la audiencia de conciliación programada para el miércoles 15 de julio entre las partes terminó sin un acuerdo, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la diligencia judicial y mantuvo abierto el debate sobre el efecto de las afirmaciones del presidente en la confianza pública.

La audiencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, buscaba establecer si existía una fórmula de acuerdo entre las partes respecto a las reiteradas declaraciones de Petro sobre supuestas irregularidades en la segunda vuelta electoral, efectuada el 21 de junio. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances entre las partes, lo que determinó que el expediente siga su trámite ordinario en este tribunal.

Uno de los momentos claves de la audiencia surgió cuando Lasso Lozano preguntó a la defensa presidencial si el mandatario reconocería los resultados oficiales. Ante esto, el abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, afirmó primero que “estas habían sido unas elecciones especialmente transparentes, organizadas y con controles inéditos” y frente a esto sostuvo que lo dicho por el presidente no había afectado el proceso.

“¿Ganó el candidato del progresismo, que tenía una línea ideológica compartida con el presidente Petro? ¿O ganó un candidato de la extrema derecha y opositor? Ahí es donde se ve que el sistema electoral funciona, es transparente y que las advertencias lo que hacen es enriquecer el debate”, explicó el abogado, que con esto intentó demostrar que, pese a lo referido por su cliente, los comicios se llevaron a cabo sin dificultades.

No obstante, el letrado que defiende los intereses del jefe de Estado, también indicó que Petro tendría “pruebas de un fraude masivo” y no ofreció una respuesta clara sobre el reconocimiento de los resultados, lo que, a juicio de la contraparte, generó una contradicción evidente en la postura oficial. La coexistencia de ambos planteos dejó abierta la pregunta sobre la coherencia de la postura del mandatario.

“¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado?“, agregó Carranza, frente a la pregunta en cuestión y expresó que habría un sesgo por parte del togado, pues “no evalúa a la parte demandada, sino que solo considera lo que dice la parte demandante”; señalamientos que causaron una fuerte molestia, según se pudo conocer.

Abogado de Gustavo Petro acusó a la contraparte de “confabular” contra el mandatario; recibió fuerte regaño

A su vez, durante la audiencia se registraron momentos de tensión ante lo que serían, según registros en audio, los señalamientos del abogado presidencial, que acusó a Bejarano y a otros intervinientes de “confabular” con la Procuraduría General de la Nación para actuar en contra de Petro. Estas afirmaciones motivaron la solicitud de sanción por parte de la Procuraduría contra el abogado, rechazada por el magistrado.

Pese a ello, Lasso Lozano hizo un fuerte llamado verbal al abogado para que moderara su tono y evitara señalamientos impropios. La acción popular cuestiona las declaraciones del primer mandatario sobre la existencia de fraude, manipulación del software electoral, irregularidades en formularios y riesgos en el kit de votación. El proceso busca determinar si estos mensajes, proferidos desde la investidura presidencial y sin soportes públicos verificables, pusieron en riesgo la confianza ciudadana y la transparencia electoral.

Así pues, ante el fracaso en la configuración de un pacto de cumplimiento, el tribunal dispuso que el expediente continúe con la práctica de pruebas solicitadas por las partes. En esta nueva fase será clave establecer si Petro entregó material probatorio a las autoridades y cuál es el sustento técnico de sus denuncias; además del efecto que pudieron tener sus declaraciones en la percepción ciudadana.

El caso, como era de esperarse, ha suscitado atención en círculos políticos y académicos interesados en el alcance de la responsabilidad presidencial. Con ello, el tribunal deberá decidir sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas aportadas antes de adoptar una resolución de fondo, en un expediente que seguirá bajo la supervisión del magistrado Luis Manuel Lasso, al no haber un acuerdo en esta etapa inicial.

A 23 días para que asuma en propiedad el Gobierno de Abelardo de la Espriella, su canciller designado, Omar Bula, se reunió en la jornada del miércoles 15 de julio de 2026 en Washington (Estados Unidos) con su par de Israel, Gideon Sa’ar, en el primer encuentro bilateral que marca el inicio de diálogos para la reactivación de relaciones entre ambos países, luego de que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rompiera este vínculo.

El encuentro, que se registró en el tercer día de la delegación del mandatario electo en suelo norteamericano, dejó como principal conclusión la intención de los dos estados del “restablecimiento total” de los lazos diplomáticos y comerciales. Siendo esta una reunión provechosa, pues se confirmó la eliminación de visado y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, considerada un eje político y económico.

En consecuencia, De la Espriella restablecerá nuevamente las relaciones plenas con Israel desde el 7 de agosto, según confirmaron ambos funcionarios. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, expresó Sa’ar.

Con esto, empezó a superarse la crisis entre Colombia e Israel, que se extendió por más de dos años tras la determinación del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, que el 1 de mayo de 2024 anunció la suspensión de los vínculos diplomáticos y la salida de todo el cuerpo diplomático israelí de Bogotá; en un accionar influenciado por su defensa de la causa palestina en el conflicto con la administración de Benjamín Netanyahu.

Los pasos a seguir tras la reunión de cancilleres de Colombia e Israel en Washington

En ese orden de ideas, el jefe de la diplomacia israelí precisó que “ambos países nombrarán embajadores de manera inmediata”, luego de la expulsión del embajador Gali Dagan, que abandonó Colombia en 2024; y de la diplomática colombiana en ese país, Margarita Manjarrez, que retornó al país por instrucción de Petro. “El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria para ello”, precisó el ministro Sa’ar.

En lo referente al visado, el acuerdo bilateral contempla, además, la eliminación del requisito para ciudadanos de ambos países. “Acordamos la cancelación recíproca de la necesidad de visas. Y mucho más que eso. Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esta amistad será, muy pronto, más fuerte que nunca. Trabajaremos juntos para promover y fortalecer esta alianza”, agregó el diplomático israelí.

Con ello, se dio un paso trascendental en la intención de De la Espriella para reposicionar a Colombia como aliado estratégico de Israel en América Latina, tras el giro abrupto de la administración Petro que culminó con la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la expulsión de diplomáticos israelíes. En ese entonces, justificó la ruptura al afirmar que no podía mantener lazos con “un gobierno genocida”.

El nuevo acuerdo anticipa, en síntesis, una etapa de mayor acercamiento político y comercial, con la designación inmediata de embajadores, la reapertura de canales de diálogo y la implementación de proyectos conjuntos en sectores estratégicos. Para Colombia, Israel no solo es un socio en materia tecnológica y de seguridad nacional, sino un destino exportador de productos preciados como el carbón y la carne.

“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”, dijo De la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial y tal parece que el encuentro efectuado en la capital estadounidense va alineado en ese objetivo, como parte de una agenda que busca posicionar en el exterior las bondades del plan de Gobierno del abogado de derecha.

Alfonso Prada, embajador de Colombia en Francia, se refirió el martes 14 de julio de 2026 a las graves consecuencias institucionales y diplomáticas que tendría para el país el desconocimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, tras los recientes anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la eliminación de entidades clave para la implementación de dichos compromisos.

La declaración de Prada se produjo luego de que De la Espriella confirmó que su Gobierno eliminará la oficina del alto comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la consejería para los Derechos Humanos, y trasladar sus funciones a ministerios y a una nueva figura denominada como el comisionado nacional de Seguridad; en una especie de viraje en la concepción de este asunto vital.

El diplomático sostuvo que tales decisiones “pretenden desconocer los compromisos constitucionales, legales, convencionales e internacionales, todos vinculantes del Estado colombiano”. Y agregó que el nuevo gobierno “no reta solo a la oposición”, sino que también agrede a la misión de la ONU en Colombia, su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, sus fondos económicos y a la Justicia Internacional.

Y todo porque sus decisiones violentan el Tratado de Roma, a los países garantes y acompañantes y “ofenden a la Justicia Colombiana, a las víctimas en proceso de reparación”; y, en el mismo orden, “al pueblo colombiano que no votó por él y a muchos que votaron por múltiples razones por él, pero jamás contra el proceso de paz en Colombia”. Por ello, lanzó una serie de advertencias frente al alcance de la decisión.

El llamado de Alfonso Prada a Abelardo de la Espriella: “Espero los lleve a razonar con tranquilidad”

La postura del diplomático respondió en consecuencia a las duras afirmaciones del presidente entrante, que comunicó que la decisión de poner fin a la figura del comisionado de Paz se dio porque “no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”. Además, anunció la reestructuración de la Casa de Nariño con la eliminación de 229 cargos, lo que según sus cuentas le ahorrará cerca de $10.000 millones mensuales.

En ese sentido, el mandatario electo declaró que “cada decisión tiene un mismo propósito: devolverles a los colombianos la seguridad, la confianza, el desarrollo y la esperanza” y ordenó a sus designados ministros de Defensa y del Interior, el general (r) Jorge Mora y el exsenador desmontar “el espejismo de la falsa paz” tan pronto asuma la presidencia el próximo 7 de agosto; un acto que también ha causado polémica.

En síntesis, Prada hizo un llamado a la reflexión dentro del equipo del presidente electo. “Espero que la sensatez de algunos miembros de ese equipo los lleve a razonar con tranquilidad y a buscar caminos de entendimiento y no de violencia”, expresó el diplomático, que fue ministro del Interior al inicio del Gobierno, como parte de la apuesta plural del presidente Gustavo Petro a tener un gabinete diverso en su conformación.

Y dirigiéndose a los excombatientes firmantes del acuerdo de paz, el embajador en Francia hizo un llamado claro. “También calma, que los acompaña una enorme e influyente institucionalidad y una comunidad nacional e internacional que ha sido garante del cumplimiento de los acuerdos y de la palabra del Estado colombiano”, puntualizó el funcionario, que también hizo parte de la administración de Juan Manuel Santos.

Fuertes reacciones a los anuncios de Abelardo de la Espriella contra la política de paz

En consecuencia, la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de comisionado para la Paz generó fuertes posturas entre los sectores políticos y sociales, una de ellas del partido En Marcha, que remarcó que “el Acuerdo de Paz de 2016 es una política de Estado” y rechazó cualquier iniciativa que debilite la institucionalidad creada para su implementación.

“El acuerdo final no es una política pública ordinaria ni un programa exclusivo de un gobierno. Es un acuerdo suscrito por el Estado colombiano, incorporado al ordenamiento jurídico, acompañado por países garantes y respaldado de manera permanente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante su mecanismo de verificación", reafirmó la colectividad, liderada por el exministro Juan Fernando Cristo.

Y es que de acuerdo con esta visión, “su implementación trasciende los ciclos electorales y constituye un compromiso institucional del Estado con las víctimas, los territorios y la comunidad internacional”. A diferencia de De la Espriella, que endureció su discurso en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el trato a los exjefes de las Farc, como Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excabecilla del grupo.

“Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal: la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”, afirmó el presidente electo en su tercera alocución. Frente a esto, el exministro Prada fue enfático: “Ya no estamos en campaña, ahora hay que gobernar con la Constitución en la mano”.

Las declaraciones del expresidente de la República Juan Manuel Santos, que durante el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la Firma y la Realidad defendió la implementación del proceso adelantado con la extinta guerrilla de las Farc, causaron una fuerte reacción de una de sus más férreas opositoras: la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que arremetió contra el exmandatario.

Con un comentario en sus redes sociales, la congresista, que sigue haciendo parte de la colectividad, calificó como “cínico” al exmandatario, después de que expusiera los motivos por los cuales el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe respetar lo firmado en la mesa de negociación y no poner en riesgo el blindaje jurídico que, hasta el momento, ha protegido los diálogos y los acuerdos que se establecieron con esa guerrilla.

“¡Cínico! Le entregó el país a las Farc. Por eso hay tres grupos terroristas que nacieron de su acuerdo. Los de alias Mordisco, los de alias Calarcá, los de Walter Mendoza y los de ‘Iván Márquez’. Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca. Usted confeccionó la JEP con la guerrilla para que les dieran impunidad”, expresó la congresista, a la que le quedan solo seis días de periodo, tras 12 años en el legislativo.

Y es que la controversia escaló luego de que Santos instó a De la Espriella a mantener y convertir la ejecución integral del acuerdo en una política de Estado. En su discurso, que se transmitió de manera virtual, el exmandatario negó que el pacto firmado en 2016 haya fomentado la creación de nuevos grupos. “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales”, afirmó Santos.

En respuesta, Cabal, una de las voces más críticas del proceso de paz, reiteró que la política impulsada por el exmandatario resultó en nuevas amenazas a la seguridad nacional. “Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca”, agregó la congresista, que cuestionó la suspensión de acciones militares y la eliminación de la aspersión aérea como parte de la negociación con esa estructura al margen de la ley.

Esta fuerte reacción de Cabal se produjo en medio de los cambios estructurales anunciados por el mandatario entrante, que confirmó la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del alto comisionado para la Paz, pues sus funciones serán asumidas por un comisionado nacional de Seguridad, lo que causó un fuerte revuelo en el espectro político, frente a la voluntad de los firmantes del referido acuerdo.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc?

En este escenario, el expresidente reseñó los riesgos de revertir los avances alcanzados durante su administración, hizo un llamado a darle continuidad a la implementación del acuerdo como un compromiso nacional y no como una iniciativa de un gobierno en particular. “Como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, reiteró el exjefe de Estado, que gobernó en los periodos 2010-2014 y 2014-2018.

El encuentro reunió a negociadores, víctimas y representantes de la comunidad internacional y frente a esta iniciativa, Santos agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de no retroceder en la construcción de paz. “A la comunidad internacional que nos ha acompañado con constancia, al sector privado, que ha entendido cada vez con mayor claridad que la paz es esencial para el desarrollo”, concluyó el Nobel de Paz.

En contraste, en sus declaraciones, Abelardo de la Espriella defendió su proyecto de reestructuración, al asegurar que su prioridad será la seguridad y el desmonte de lo que denominó “el perverso sistema de impunidad” que, según él, reina en Colombia. “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, destacó el mandatario electo, que también lanzó duras críticas contra Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En declaraciones que causaron una fuerte polémica en las redes sociales, el secretario general del Senado de la República, Diego González, advirtió en la tarde del martes 14 de julio que, aunque el Congreso de la República apruebe cambiar el lugar de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella a una guarnición militar, la decisión práctica quedaría atada a una orden del presidente saliente, Gustavo Petro.

González planteó que el trámite podría intentarse por la vía parlamentaria, pero con un límite operativo si se restringe el acceso al Capitolio. “Los congresistas presentarían una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. Si ya no se le permite la entrada al Congreso, pues no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros”, expresó el secretario.

Esta discusión jurídica, vale destacar, se apoya en interpretaciones constitucionales sobre el lugar del juramento. Según lo expuesto por senadores salientes como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el artículo 192 de la Constitución exige posesión ante el Congreso, sin precisar el edificio, y el artículo 140 fija la sede en la capital, no necesariamente en el Capitolio; lo que abriría la puerta a otras posibilidades.

Sin embargo, Petro, con un mensaje en la red social X, ya prohibió usar instalaciones militares para ese acto. “Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, dijo el mandatario, que hasta que no tome juramento De la Espriella tendrá la facultad de dar esas instrucciones; en situación similar a lo que sucedió con la espada de Simón Bolívar el 7 de agosto de 2022.

La intención de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar sigue en pie

En su tercera alocución como presidente electo, en la noche del lunes 13 de julio, el mandatario electo dejó en firme su deseo de juramentar como nuevo presidente en una instalación militar en el sur del país; más exactamente en Popayán (Cauca). Para ello, además de la aprobación del legislativo, necesitaría tener el aval de las Fuerzas Militares para tal propósito, aunque su comandante en jefe aún seguiría siendo Petro.

“Pese a la posición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad”, indicó De la Espriella, que también anunció el fin de la consejería de Paz del Gobierno.

En esa misma intervención, el presidente electo pidió una decisión del Legislativo que habilite el cambio de sede. Solicitó al Congreso que “tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo”, como una especie de homenaje de su parte a la fuerza pública; lo que ha desatado, en consecuencia, una intensa discusión sobre la independencia del Poder Ejecutivo en relación con el accionar de los uniformados.

¿Cuáles son los argumentos de Gustavo Petro para negarse a esta posesión?

Entretanto, Petro fundamentó su negativa en la cadena de mando vigente hasta el momento del juramento. “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”, sostuvo el jefe de Estado.

En su mensaje, el saliente mandatario también remarcó el procedimiento que, a su juicio, debe prevalecer para la transmisión del mando. “La transmisión del mando al nuevo presidente, es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”, indicó Petro, que se opuso en consecuencia a la intención de De la Espriella sobre este acto.

En medio de la discusión, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la estrategia apunta a esa alternativa fuera del Capitolio como primera opción. “El plan A es posesionarse en una guarnición militar. El presidente lo dijo en campaña. Él quiere una posesión que marque un símbolo de austeridad y un símbolo, al mismo tiempo, de comprensión total con los problemas de los colombianos; y un símbolo básicamente que muestre su determinación y su voluntad de recuperar la seguridad”, afirmó el político.

Vientos de crisis soplarían en la interna del Centro Democrático, a juzgar por la advertencia de uno de sus ideólogos, cercano al expresidente Álvaro Uribe, como lo es el excongresista José Obdulio Gaviria. El abogado, con un extenso mensaje en sus redes sociales, fue enfático en señalar que “Colombia necesita un partido cohesionado, no fragmentado”, en respuesta a recientes declaraciones del senador electo Rafael Nieto Loaiza.

En efecto, las afirmaciones de Nieto Loaiza sobre las limitaciones políticas del nuevo gobierno han generado una reacción del exsenador y figura histórica de la colectividad, que señaló que el retiro de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el desmonte de la Justicia Especial de Paz (JEP), serían “promesas difíciles de cumplir”.

Además, el elegido congresista, uno de los 17 miembros que tendrá la bancada en la cámara alta, anticipó que el Ejecutivo se verá obligado a negociar con partidos tradicionales para alcanzar mayorías legislativas. Estas posturas ameritaron una reacción enérgica de Gaviria, que le recordó a su interlocutor la importancia de no poner en tela de juicio la viabilidad de las promesas del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Y es que, según Nieto, la coalición oficialista parte con una base insuficiente en el Congreso. “En principio, cuenta con seis congresistas: cuatro senadores de Salvación Nacional, un representante de ese partido y los de Creemos. Para construir una mayoría necesitará sumar otros partidos”, expresó en sus declaraciones el entrante senador de la República, entregadas a El Colombiano, al ser enfático que “no existe” esa mayoría.

De hecho, el abogado advirtió que no se puede “perder de vista” que, del otro lado, está un grupo cohesionado. “Hay 25 senadores del Pacto Histórico, 10 de la Alianza Verde, los de la circunscripción indígena... Ahí hay cerca de 38 senadores, y para tener mayoría se necesitan 53 votos”, remarcó Nieto Loaiza, que provocó con ello la dura respuesta de José Obdulio, que es uno de los consejeros de Uribe Vélez.

José Obdulio Gaviria insistió en la cohesión partidaria del Centro Democrático

Gaviria publicó un comentario que refutó la visión de Nieto sobre el margen político del partido y la viabilidad de las reformas propuestas por De la Espriella. “El senador Nieto califica como ‘promesas difíciles de cumplir’ tres compromisos del presidente electo (...) Estas afirmaciones transmiten un tono altanero y provocador (‘no van a poder’, ‘contrario a lo que dijeron en campaña’) que no cuadra con el estilo del CD”, dijo.

Y acotó que el Centro Democrático no debe dar por cerrados estos temas, sino debatirlos de forma interna, para evitar estas interpretaciones. “En lugar de asumir que ciertos temas están cerrados de antemano, la bancada del CD los debe discutir democráticamente”, reiteró el ideólogo, que destacó que la colectividad tiene derecho a buscar la presidencia del Senado como fuerza principal de la coalición, con Honorio Henríquez.

En esta naciente controversia, uno de los ejes fue la política exterior y la presencia en organismos multilaterales. Frente a esto, Gaviria cuestionó la sacralización de la presencia de Colombia en la ONU y la OEA y no dudó en señalar en que “no son intocables”, pues en la administración de Gustavo Petro el país está alineado, “por acción u omisión”, en un bloque que incluye a la Venezuela chavista, Irán, Hezbolá y Hamas.

Además de sus alianzas con Cuba, Nicaragua, Rusia y Corea del Norte. “Trump está confrontado ese eje y ha amenazado incluso con la salida de Estados Unidos de la ONU, organización que impulsa la agenda ‘woke’ y el ‘decrecimiento’. Revisar el papel de Colombia en estos foros no es una locura, sino un ejercicio soberano de realineamiento con democracias serias y con el liderazgo de Trump”, remarcó el exsenador en su respuesta.

Y fue claro en señalar en que existiría un mensaje “derrotista” en lo dicho por Nieto, en relación con el “no van a poder” que expuso en sus percepciones. A esto se sumó el debate sobre el futuro de la JEP, que es otro de los puntos de fricción y en el que Gaviria recordó que el CD se opuso al Acuerdo de Paz y a la creación de la jurisdicción especial, a través de distintos mecanismos, entre ellos el NO en el plebiscito de octubre de 2016.

“La JEP tampoco es un hecho inmodificable. El Centro Democrático siempre rechazó el fraude al plebiscito, la consagración de la impunidad, el cogobierno de Santos con las Farc y el pacto de persecución judicial a las Fuerzas Armadas y la Policía”, indicó el político, amigo personal del exmandatario Uribe Vélez y con el que protagoniza el pódcast Los cuchos, en el que analizan en conjunto la coyuntura nacional, enfocado en jóvenes.

En ese sentido, fue más allá. “¿No se puede debatir la prórroga de sus términos, la composición de sus salas, los sueldos millonarios de sus 38 magistrados ni la política de desvertebramiento de la institución militar? Decir ‘no van a poder acabar con la JEP’ suena a rendición anticipada del CD, que siempre ha defendido que la justicia transicional no puede ser herramienta de impunidad ni un tribunal paralelo", afirmó.

El dilema de “los de siempre” y la renovación política

Otro de los aspectos abordados por el analista político fue la intención de gobernar sin “los de siempre”, en especial cuando Nieto afirmó que esa meta no es realista y que la campaña oficialista ya incorporó figuras tradicionales. En respuesta, Gaviria defendió el propósito de renovación y dejó en claro que “descalificar el querer gobernar sin ‘los de siempre’ suena a descreer en la renovación política” que atraviesa Colombia.

“Ese es un propósito positivo, no negativo. El uribismo siempre ha promovido meritocracia, tecnocracia honesta y oxigenación del Estado”, destacó José Obdulio, que insistió en la importancia de la disciplina interna. “Criticar los nombramientos no representa una línea de conducta, una constante de seriedad que se le reconoce a la bancada del CD en el Congreso”, explicó el abogado antioqueño, cofundador del partido.

Y le recordó a Nieto Loaiza la necesidad de establecer una “disciplina partidaria” frente al próximo cuatrienio. “En lugar de marcar diferencias públicas con tono de superioridad, la bancada ha privilegiado la disciplina partidaria (sin adjetivos despectivos), el debate interno respetuoso y la unidad en torno a los grandes lineamientos del presidente electo”, sentenció el ideólogo, que fue explícito en decir qué necesita el país.

Así pues, reiteró el momento que atraviesa el partido. “Colombia necesita un CD cohesionado, no fragmentado. La lealtad no es obediencia ciega, es responsabilidad colectiva. Esa es la disciplina que el momento exige”, reafirmó Gaviria, que a seis días de la instalación del Congreso parece haber “tirado línea” sobre lo que se espera de los congresistas del partido, para sacar adelante su agenda política.

El antioqueño Hernán Cadavid, actual representante a la Cámara y desde el lunes 20 de julio senador del Centro Democrático, aprovechó el alcance de sus redes sociales para rechazar, de manera categórica, las versiones que circulan sobre una supuesta búsqueda de votos de su colectividad con miembros del Pacto Histórico para asegurar la presidencia de la corporación y, por ende, la del Congreso de la República.

Cadavid le salió al paso de los rumores sobre posibles acercamientos de su bancada con integrantes del partido de izquierda, en especial, con la senadora Martha Peralta y negó que estén detrás de esos apoyos para impulsar, según versiones periodísticas, la aspiración de Honorio Henríquez. Lo anterior, tras la resistencia que causa el nombre de Alfredo Deluque, del partido de la U, en esta aspiración parlamentaria.

“Me da pena desmentirlos. Pero lo que estás diciendo no es cierto. El Centro Democrático ni el Senador Honorio tiene reuniones con Peralta. Puedo entender la motivación de estos videos, pero ya está bueno de estar pateando al Centro Democrático sin sustento de esas afirmaciones”, respondió Cadavid al periodista Carlos Ayala, cercano al grupo del representante Daniel Briceño, que también es del partido de derecha.

La discusión sobre cuál debe ser el próximo presidente del Senado ha adquirido especial relevancia, pues para la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez es claro que la cabeza de la mesa directiva debe recaer en uno de sus miembros, al ser partido de Gobierno, y por ello propuso a Henríquez como su principal carta: congresista y fundador de la colectividad, que desde 2014 está instalado en el órgano legislativo.

Y es que según Ayala, como también lo indicó la periodista D’arcy Quinn, de La FM, en los últimos días se habría registrado un acercamiento entre la bancada uribista y la senadora Peralta, con el objetivo de sumar apoyos determinantes en la votación. Sin embargo, no solo en respuesta a este comunicador sino a otros personajes que han emitido el mismo interrogante, Cadavid fue vehemente en su respuesta.

El motivo, según Ayala, es que el Centro Democrático estaría dispuesto a negociar la presidencia de la Cámara que le correspondería a Briceño, como el congresista más votado el 8 de marzo. Todo con tal de que Deluque no llegue a esta dignidad, en el primer año de la nueva legislatura e incluso como motivo de venganza de la senadora Paloma Valencia hacia el exconcejal, por declaraciones sobre su fallida campaña presidencial.

¿Por qué el Centro Democrático no apoya la elección de Deluque como presidente del Congreso?

En esta controversia, es claro precisar que al interior del Centro Democrático persiste un malestar por la figura de Alfredo Deluque, al que sectores afines al exmandatario Uribe Vélez señalan por su papel en la implementación del fast track legislativo tras el Acuerdo de Paz de 2016, así como por su postura frente al plebiscito en el que ganó el No, impulsado por esta colectividad. En otras palabras, es un personaje non grato.

Deluque, nacido en Riohacha (La Guajira), es abogado con una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones y una maestría en Derecho Económico Internacional, y ha sido un actor clave tanto en la Cámara como en el Senado. A su favor, vale destacar que es amigo personal del presidente electo De la Espriella, que a través de su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, impulsa su candidatura.

Durante la administración de Gustavo Petro, a la que le restan 25 días, el congresista costeño ha tenido un perfil moderado desde la oposición, en contraste con otros miembros de su colectividad que apoyaron de manera frontal los proyectos del saliente jefe de Estado. En su trasegar resalta su labor en áreas como la ciberseguridad, las tecnologías digitales y la defensa económica de los territorios.

Por su parte, en lo que respecta a Henríquez, el senador magdalenense, integrante de la Comisión Séptima, fue director de la ESAP, secretario general del Ministerio del Interior y viceministro de Justicia encargado antes de consolidar su carrera en el Legislativo. En el presente cuatrienio, se opuso a la aprobación de las grandes banderas de Petro y fue importante para el hundimiento de la reforma a la salud.

La polémica por el lugar de la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, continúa causando fuertes reacciones en la escena política nacional. Y todo tras las afirmaciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, que le prohibió a las Fuerzas Militares facilitar su infraestructura para tal fin, y la dura respuesta del jefe de Estado entrante, que insistió en su deseo de que se haga en una guarnición en Cauca.

En este asunto, uno de los que se pronunció en favor del mandatario electo fue el designado ministro de Justicia, Rodrigo Lara, que respaldó la decisión de De la Espriella de continuar con su idea de homenajear a la fuerza pública. Según el futuro titular de la cartera, esta elección busca enviar un mensaje de austeridad, compromiso con los problemas de los colombianos y determinación para recuperar la seguridad nacional.

“El plan A es posesionarse en una guarnición militar. El presidente lo dijo en campaña. Él quiere una posesión que marque un símbolo de austeridad y un símbolo, al mismo tiempo, de comprensión total con los problemas de los colombianos; y un símbolo básicamente que muestre su determinación y su voluntad de recuperar la seguridad de los colombianos”, remarcó Lara, encargado de las relaciones con el Congreso.

Tal y como lo ha expresado el presidente entrante, lo que busca es diferenciarse de sus antecesores y reforzar, con esta ceremonia, la conexión con la ciudadanía y con los uniformados. En ese sentido, Popayán se perfila como la región elegida para tal fin, al ser una zona especialmente afectada por la violencia de estructuras criminales como las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

“Por donde debe empezar esto, que es en el suroccidente del país, que es donde operan todas estas estructuras delincuenciales con más fuerza, en donde más hay que combatirlas y en donde más sufre la población de los embates de estas organizaciones. Es en donde ese falso marco de paz, que es la llamada paz total, hizo más daño, porque es allí donde más se afianzaron esas organizaciones”, puntualizó Lara.

Rodrigo Lara calificó como “mezquina” la actitud de Gustavo Petro frente a la posesión

De esta forma, para el designado ministro resulta “francamente mezquino por parte del presidente intentar entorpecer esto”. Lo anterior, tras los recientes pronunciamientos del mandatario electo, que expresó sus reparos frente a la posibilidad de que la ceremonia rompa con la tradición de que se lleve a cabo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá; como fue su posesión en 2022 e, incluso, la de su antecesor, Iván Duque, en 2018.

“El Congreso es soberano, el Congreso es autónomo del presidente de la República, el Congreso no recibe órdenes del presidente de la República. Y si el Congreso así lo quiere, de acuerdo con el anhelo que tiene el presidente y los 13 millones de colombianos que lo acompañaron, pues el presidente se posesionará en esa guarnición militar", expresó Lara, que está seguro de que “así también lo querrá” el órgano legislativo.

En ese orden de ideas, el entrante ministro del Interior confirmó que la propuesta será presentada el próximo 20 de julio en el Capitolio, durante el acto de instalación, en el que se espera la discusión y votación sobre el lugar de la investidura. Lara anticipó un escenario de debate, en el que las consideraciones se inclinarán hacia la aprobación de la voluntad del gobernante, pese a la fuerte oposición de los movimientos progresistas.

“Aquí va a haber un esquema gobierno-oposición, en mi opinión, muy claro y bienvenidos los partidos que crean básicamente en ese principio nuestro de resistencia constitucional, de defensa de la separación de poderes, de defensa del Estado de derecho, de defensa de la democracia y, por consiguiente, de la Constitución”, sostuvo Lara, conocedor de las dinámicas del legislativo al haber sido congresista.

Por último, el ministro designado advirtió sobre intentos de sectores aliados al Gobierno saliente para que las discusiones políticas se tengan fuera de los canales institucionales. “En contra de los intentos del actual gobierno, de Iván Cepeda, de trasladar el debate democrático a la calle con esas famosas primeras líneas, de intentar, básicamente, desconocer y revocar a nuestra Constitución mediante una constituyente".

Y fue preciso en lo que se viene a la administración de la que hará parte. “Aquí tenemos que resistir todos los que creemos en la democracia a esos intentos, no de la izquierda, sino de la izquierda más radical, por básicamente afectar y menoscabar a nuestra democracia”, concluyó el ministro, que agregó cómo la política de la Paz Total promovida por Petro “hizo más daño” en la situación de seguridad.

Acompañado por los ministros designados de Comercio, Mauricio Gómez Amín; Defensa, general (r) Jorge Mora; y el canciller, Omar Bula Escobar, Restrepo entregó su balance de los encuentros sostenidos en este epicentro del poder político y económico, en el que el objetivo primordial es empezar a promocionar las iniciativas que adelantará la nueva administración en diferentes frentes, entre esos el de seguridad.

“Durante esta agenda, le estamos mostrando al mundo cuál es la apuesta económica del presidente Abelardo de la Espriella por una Patria Milagro con inversión internacional”, dijo Restrepo en su perfil de X. Uno de los encuentros en el día fue en el centro de pensamiento Atlantic Council, especializado en asuntos internacionales y seguridad global, en donde expuso los pilares de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Son ellos, según reporte de Noticias Caracol, la defensa y protección de la democracia. “Lo que tuvimos en la última elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia, pues gobierno actual no respeta instituciones”, expresó el gobernante electo en su visita, que comprende reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Según se conoció, también se tienen programados encuentros con funcionarios de la administración de Donald Trump y miembros del parlamento de los Estados Unidos, tanto de la bancada demócrata como republicana. “Una demostración de que aquí estamos construyendo el futuro de Colombia”, remarcó el vicepresidente electo en su declaración, en la que dio a conocer su posición frente a esta importante visita.

Un positivo balance de la delegación colombiana en Washington

Es válido precisar que en el primer día, el lunes 13 de julio, el equipo que también tuvo al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, presentó ante instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) los lineamientos de la denominada Patria Milagro: que es el proyecto económico central de la próxima administración, con el que buscan sacar adelante proyectos de inversión.

Por su parte, Gómez Amín, ministro designado de Comercio, indicó que la delegación avanza en Washington en el desarrollo de una hoja de ruta estratégica para captar interés de grupos económicos y políticos y definir cooperación técnica. Con esto, el grupo de funcionarios busca proyectar confianza y establecer mecanismos conjuntos de trabajo de cara al próximo cuatrienio y afianzar la relación con uno de sus principales aliados.

“Agradecemos profundamente la disposición del Fondo Monetario Internacional para apoyar a Colombia mientras la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el cargo”, señaló Restrepo tras la reunión con la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, que expresó el respaldo del organismo a la transición política y económica en Colombia en la era post Gustavo Petro.

El equipo económico también se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la vicepresidenta, Susana Cordeiro. Estas conversaciones también permitieron definir una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad fiscal y respaldar proyectos de desarrollo público y privado; al igual que con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga).

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, resaltó Restrepo tras la primera jornada, en una visita oficial que se extenderá durante la semana en curso, previa al Día de la Independencia.

La reconfiguración política en Colombia tras los resultados electorales de 2026 llevó al Pacto Histórico a convertirse en la primera fuerza del Congreso de la República, aunque ahora desde la oposición. En este nuevo escenario, el exsenador y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar instó públicamente a los 69 congresistas electos del movimiento a ejercer un papel “responsable y riguroso” en el próximo cuatrienio.

A través de sus redes sociales, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) expresó que el rol que tendrá que cumplir la colectividad será mayúsculo, ante el anuncio de otras vertientes políticas de respaldar al mandatario electo Abelardo de la Espriella: del que se prevé que comenzará su gestión con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, producto de una serie de alianzas.

“Ojalá nuestra numerosa bancada de 69 congresistas se animen a estudiar y a hacer debates serios. Una oposición ilustrada enriquece la democracia. Una oposición caricaturezca, incoherente y llena de mentiras, como la que nos hizo la derecha, la envilece”, expresó Bolívar a través de la red social X, con un comentario en el que alimentó la necesidad de presentar proyectos de ley que representen los intereses de los colombianos.

El mensaje de Bolívar está dirigido a los 25 congresistas que tendrán en la cámara alta y los 44 en la baja, consolidándose como la bancada más grande para el periodo 2026-2030. A ellos se sumará el excandidato presidencial Iván Cepeda, que ocupará un escaño en el Senado gracias al Estatuto de Oposición, que le ofrece al perdedor de la contienda la posibilidad de liderar los movimientos contrarios al jefe de Estado.

Esta cifra representa, por lo menos, un aumento de 19 escaños con respecto al ciclo legislativo anterior, con avances notables en distritos como Bogotá y Antioquia. En su mensaje a su partido, Bolívar recordó el debate de la reforma tributaria aprobada en 2022, defendida por el Gobierno de Gustavo Petro y posteriormente modificada por la Corte Constitucional, y ‘reencauchó’ sus posturas sobre el particular.

La petición de Gustavo Bolívar a la bancada del Pacto Histórico: recordar los argumentos de 2022

En la intervención que adjuntó a su mensaje, el excongresista recogió la preocupación que existía en 2022 por el manejo de las finanzas públicas y la herencia fiscal del gobierno anterior. “El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo están esperando conocer el monto de lo que vamos a recaudar en los próximos cuatro años para saber si Colombia está manejando responsablemente la regla fiscal”, dijo.

Y recordó cómo, en ese entonces, el manejo de la administración entrante causaba sorpresa. “Este Gobierno, distinto a lo que pensaban y distinto a lo que decían en campaña, no llegó con 100 talibanes a tomarse el poder, a expropiar a todo el mundo y acabar con la economía. Todo lo contrario. La responsabilidad fiscal comienza con esta reforma tributaria”, agregó Bolívar, aunque las cifras actuales lo desacrediten.

En aquella ocasión también puntualizó sobre la necesidad de adoptar políticas fiscales progresivas que garanticen recursos para atender necesidades sociales urgentes. “De cada peso que hoy obtiene Colombia en la venta de TES o en préstamos, solamente estamos absorbiendo 60 centavos, porque los otros 40 se van en unos intereses muy altos y también en seguros”, indicó el que era congresista del Pacto Histórico.

“Hay 352 municipios hoy sin agua potable, sin acueducto. Ese es el país que recibimos. Hay 45.000 kilómetros de vías terciarias en pésimas condiciones o no existentes, por donde nuestros campesinos poder sacar sus productos para que no sigan yéndose al mercado ilegal. Solo en la costa hay dos millones de personas en pleno siglo veintiuno sin saneamiento básico, sin alcantarillado", remarcó aquella vez.

En consecuencia, defendió la proposición como un avance hacia una tributación más justa. “Por fin hicimos una reforma tributaria progresiva en Colombia, como nunca ha existido, donde quienes tenemos más, los que tenemos los más altos patrimonios, los que tenemos los más altos ingresos, somos los que vamos a pagar en su mayoría esta reforma", destacó el entonces senador Bolívar, que renunció el 31 de diciembre de 2022.

La visita de la delegación liderada por el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, a las instalaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D. C., dejó buenas sensaciones en la directora del organismo multilateral, la bulgara Kristalina Gueorguieva, que expresó su respaldo a la transición política y económica que enfrentará el país, con la llegada del Gobierno del abogado Abelardo de la Espriella.

La máxima representante del FMI, a través de sus redes sociales, saludó al nuevo Gobierno y dejó firme su disposición a colaborar en esta nueva etapa. “Encantado de dar la bienvenida al Vicepresidente electo de Colombia José Manuel Restrepo y su delegación a la sede del FMI hoy. El FMI valora su asociación de larga data con Colombia y está listo para apoyar los esfuerzos para fortalecer el crecimiento y la estabilidad”, dijo.

La reunión se produjo en medio de crecientes preocupaciones sobre el estado de las finanzas públicas tras la administración de Gustavo Petro. Restrepo reveló tras el encuentro que la delegación colombiana logró un acuerdo con el FMI para recibir asistencia técnica, con el objetivo de evaluar la dimensión real del deterioro fiscal, aunque sus declaraciones revelaron que el diagnóstico inicial sería “más grave” de lo previsto.

“Las preocupaciones que tenemos sobre los desafíos en materia fiscal son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”, indicó el entrante funcionario, que asistió a la reunión en el organismo acompañado del ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín y, del mismo modo, con el futuro titular de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Posteriormente y tras el saludo de Gueorguieva, el vicepresidente electo agradeció el espacio. “Juntos estamos comprometidos con restaurar la confianza, fortalecer nuestras instituciones, acelerar el crecimiento económico y crear mayores oportunidades para todos los colombianos. Esta es la visión detrás de Patria Milagro: una Colombia que recupere la estabilidad, la prosperidad y la confianza internacional", agregó.

El balance del primer día de la delegación del Gobierno De la Espriella en Estados Unidos

El epicentro de la agenda fue la búsqueda de respaldo multilateral, tanto del FMI como del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Restrepo señaló que el acuerdo con el FMI establece que expertos del organismo trabajarán conjuntamente con el nuevo Gobierno colombiano para profundizar el diagnóstico y diseñar medidas de ajuste; como parte del compromiso de cooperación con estos organismos.

“Agradecemos profundamente la disposición del Fondo Monetario Internacional para apoyar a Colombia mientras la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el cargo”, acotó el vicepresidente electo en su declaración, que destacó la asistencia técnica que tendrán del FMI, que permitirá, según indicó a los medios “saber cuál es la dimensión de la realidad fiscal de nuestro país”.

La delegación colombiana también visitó a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el presidente del organismo, Ajay Banga, que reiteraron el compromiso de la entidad para respaldar proyectos de desarrollo en Colombia, con especial atención en el financiamiento de iniciativas públicas y privadas. En especial, la de garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación y apoyar sectores claves de la economía.

En esta presencia en la capital norteamericana, el nuevo equipo económico colombiano ha sido claro en reseñar que la transición política debe avanzar de la mano con el respaldo de los principales organismos multilaterales. En consecuencia, se confirmó que la vicepresidenta del Banco Mundial planea visitar Barranquilla para reunirse con el presidente electo y definir el alcance del respaldo multilateral.

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, indicó Restrepo sobre los objetivos de esta comitiva, que tendrá reuniones durante el transcurso de la semana con otros actores.

Tras este encuentro, el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, que estuvo acompañado por los desinados ministros de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, entregó su balance del mismo. Y destacó, en primer lugar, el respaldo recibido del organismo multilateral con miras a la nueva etapa, en la qe se priorizará el cumplimiento de la regla fiscal.

“Hoy iniciamos la misión ‘La Patria Milagro en Washington’, por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Durante esta agenda de alto nivel avanzamos con el Grupo Banco Mundial en la estructuración del paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla” expresó Restrepo, que lideró la comitiva que acudió a las instalaciones.

Así fue el encuentro en Washington entre delegados de De la Espriella y el Banco Mundial

Es válido destacar que la agenda con el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga) incluye un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de alternativas de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo; como parte de las diferentes estrategias que se han trazado en el proceso de empalme.

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, dijo Restrepo, que valoró cómo desde el Banco Mundial se destacó el papel de Colombia como una “democracia” clave para el hemisferio.

“Coincidimos en una agenda centrada en la juventud, la salud, la educación, el campo, el turismo, la manufactura y la generación de oportunidades”, agregó el líder de la misión, con respecto al diálogo sostenido con Ajay Banga, presidente del organismo; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susan Cordeiro Guerra, y la presencia de los equipos del BIRF, IFC y Miga en esta encuentro.

En ese sentido, Cordeiro también dio a conocer sus percepciones tras esta reunión. “Esa es nuestra misión, de apoyar la ambición de este Gobierno nuevo en Colombia para más empleos y productividad y crecimiento para todos los colombianos en todos los terrritorios”, indicó la ejecutiva, que se mostró optimista con los alcances de la cita en suelo norteamericano con los delegados de la administración De la Espriella.

La jornada concluyó con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y el diseño de un cronograma con el Banco Mundial, orientada a fortalecer la relación estratégica entre ambas partes. El paquete integral de cooperación e inversión estructurado durante este viaje será presentado próximamente junto al presidente electo en Barranquilla, ciudad desde donde se ha liderado la transición del nuevo Gobierno.

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos. La patria milagro comienza a construirse con hechos, resultados y la confianza del mundo en Colombia”, remarcó el vicepresidente.

Y remarcó cómo existe una visión común de progreso. “El desarrollo económico solo tiene sentido cuando crea oportunidades reales para las personas. El presidente Banga, me dejó una reflexión que resume esa filosofía: 'Government should be the oil, but it can’t be the car. El Estado debe impulsar el desarrollo, pero son los ciudadanos, los emprendedores y el sector productivo quienes deben mover la economía", acotó Restrepo.

Durante la presente semana, los funcionarios también sostendrán reuniones con al menos 30 congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Entre los confirmados se encuentran los republicanos Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, así como los demócratas Rubén Gallego y Henry Cuéllar; además de delegados del Departamento de Estado, del Tesoro y de Energía, entre otros.

Perea, que estuvo hasta el martes 7 de julio como miembro del cuero técnico de la Tricolor, empezó el lunes 13 de julio como nuevo timonel del ‘Poderoso’, que buscará reponerse de los fracasos consumados en el primer semestre: en el que se quedó por fuera de los ocho mejores de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 y fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores; aunque le alcanzó para ir la Copa Sudamericana.

El nacido en Turbo (Antioquia), de 47 años, ya protagoniza su segunda experiencia como entrenador en propiedad, tras la experiencia vivida con Junior de Barranquilla, en el que estuvo entre 2020 y 2021; justo antes de aceptar la invitación de Lorenzo para unirse a su staff. Aunque ya trabajaba de manera remota, mientras el combinado nacional competía en la cita orbital, Perea por fin tuvo contacto con sus jugadores.

En efecto, a dos semanas de que arranque de nuevo la competencia en la escena local, Perea asumió el mando del equipo y dirigió su primera práctica en la sede deportiva del club, lo que causó expectativa entre la afición por lo que será esta nueva etapa en el equipo de sus amores- El mismo con el que fue campeón en 2002, tras romper una sequiía de 45 años sin títulos para la institución antioqueña.

Amaranto Perea, el elegido para sacar de la crisis a Independiente Medellín

Para los hinchas del DIM, el regreso de Perea representa identidad y sentido de pertenencia. Como exdefensor, fue protagonista con el equipo paisa, en el que destacó -además- en la Copa Libertadores del 2003, al llegar hasta la semifinal, en la que perdió con Santos de Brasil; y tras esa sobresaliente actuación fue vendido a Boca Juniors de Argentina, elenco con el que ganó la Copa Intercontinental de ese año.

Aunque el acuerdo para su contratación se hizo oficial el 26 de mayo, antes de que empezara la participación de Colombia en el mundial, solo fue hasta su salida de la competición que Perea asumió en forma sus nuevas responsabilidades. Allí, en territorio antioqueño, fue recibido con entusiasmo por su nuevo plantel, como se pudo apreciar en el efusivo abrazo que le dio el lateral Frank Fabra, en su condición del líder del grupo.

Amaranto firmó por dos temporadas, en reemplazo del destituido Alejandro Restrepo, que salió antes de finalizar el primer semestre; y también del estratega encargado Sebastián Botero. Su llegada ha sido asociada a la necesidad de la dirigencia de revindicarse con la afición, luego de los gestos de su máximo accionista, Raúl Giraldo: que el pasado 3 de mayo, cuando se registró la eliminación del ‘Rojo’ de la Liga, agravió a los fieles.

Para la conformación del cuerpo técnico, Perea optó por profesionales con experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Giovanny Andrés Ruiz será su asistente técnico, Bréiner Castillo estará en la preparación de arqueros y, en la preparación física, fueron designados Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar. Con ellos, el equipo ha venido trabajando mientras el timonel cumplía con el compromiso patrio.

“Cuando uno tiene y sabe lo que tiene y lo que necesita empieza a trabajar de a poco. En un mes vamos a estar volando”, se le escuchó al timonel en su primera, cuando espera formar una plantilla competitiva que recupere la identidad del ‘Poderoso’ y afronte los retos del semestre, tanto en el torneo local como en el escenario internacional; pues en la Sudamericana buscará el paso a los octavos de final ante Vasco Da Gama de Brasil.

La reciente eliminación de la selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA, en la que se quedó afuera en los octavos de final, continúa causando fuertes repercusiones a casi una semana de este descalabro: en el que el equipo comandado por el argentino Néstor Lorenzo no pudo pasar del cero ante Suiza y, tras 120 minutos, terminó resginando sus posibilidades por la vía del tiro penal, en su visita a Vancouver (Canadá).

Esta presentación del combinado patrio no solo dio pie para el debate en redes sociales sobre si la presentación de la Tricolor fue o no un fracaso. También una intensa discusión en torno al rendimiento de los considerados veteranos del equipo nacional, entre los que se destaca el mediocampista antioqueño Juan Fernando Quintero; más allá de que el futbolista prácticamente se despidió del representativo absoluto.

La polémica con el jugador, que en la actualidad hace parte de River Plate de Argentina se hizo visible en las plataformas digitales por la fiesta en la que estuvo, a pocos días de la eliminación del evento orbital, en un agasajo organizado por su familia. Este evento fue cuestionado por un periodista que, a través de video, lanzó críticas al futbolista por, según él, no “respetar” el dolor de los hinchas que esperaban más de la selección.

Sergio Jácome, comunicador social que ha estado en varios medios de comunicación nacionales, desató la controversia, al referirse a este episodio. “Ustedes tristes por la Selección y Juanfer se fue de fiesta”, fue la frase con la que se viralizó el video, en el que el periodista explicó los motivos que, en su concepto, los futbolistas no merecían el dolor de los hinchas, que hicieron grandes esfuerzos económicos.

“Bien por Juanfer, bacana la farra que se armó con cantantes vallenatos, con Nelson Velásquez y todas las de la ley. Duró mes y medio sin estar con sus familiares, y seguramente lo quisieron recibir de la mejor manera porque se hizo un gran mundial...no suframos por fútbol”, indicó Jácome. “Yo sé que hace más de un mes no veía a sus seres queridos, ¿pero era necesaria una fiesta 3 días después de ser eliminados?“, insistió.

¿Qué respondió Juan Fernando Quintero tras los señalamientos?

La reacción del futbolista no se hizo esperar y a través de sus redes sociales, Quintero respondió de manera directa al periodista. “¿Y que querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? ¿A ver si te parece bien?”. Esta declaración, que vieron miles de usuarios de Instagram, dio pie para ser interpretada como un claro rechazo a lo que, según infirió, sería el asedio de la prensa a la vida personal de los jugadores.

Más aún cuando el blanco de estos comentarios no se quedó callado y decidió escalar la discusión. Jácome, en efecto, enumeró tres puntos dirigidos tanto a Quintero como a sus compañeros de la Selección. “Te pido varias cosas, a ti, Juanfer, y a tus compañeros: que les duelan las derrotas de la misma manera que le duele a la gente que lleva cinco días de amargura porque estaba ilusionada con que ustedes hicieran historia", afirmó.

Incluso, fue más allá en su réplica. “Que empaticen con la gente que lo da todo por acompañarlos. La gente paga auténticas millonadas por ir a sus partidos y este tipo de situaciones incomodan bastante. Que entiendan que muchos de ustedes ya cumplieron su ciclo en la Selección Colombia y que es necesario que no vuelvan para iniciar la verdadera renovación que demanda el equipo”, puntualizó el comunicador en su respuesta.

La polémica por este episodio se registró luego de aquellas declaraciones de Quintero, una vez se consumó la eliminación del mundial, en la que dio a entender que no seguiría en el proceso. “Para los que se quedan, que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza, y que bueno, que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia", enfatizó el jugador, que le habria puesto fin a su ciclo.

A sus 33 años, Quintero dejaría una huella importante en la historia reciente del balompié nacional, pues buscaba convertirse en el primer colombiano en anotar en tres ediciones mundialistas, un objetivo que no pudo concretar tras la derrota ante Suiza. Antes lo había hecho en Brasil2014 y Rusia 2018, competiciones en las que tuvo un desempeño aceptable desempeño bajo la batuta de otro argentino, José Pékerman.

Isabel Zuleta, que hasta el 20 de julio será senadora de la República por el Pacto Histórico, salió en respaldo al más reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, que se puso al deseo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar. Y con un mensaje en sus redes sociales dio a conocer los motivos por los cuales, según ella, el jefe de Estado entrante está impedido para adelantar dicho acto.

En un mensaje dirigido a los miembros del Congreso y de las Fuerzas Militares, Zuleta hizo énfasis en los límites constitucionales en torno al mando durante el proceso de sucesión presidencial. Y señaló que el legislativo “no tiene potestad de decidir sobre los espacios administrados por el poder ejecutivo”, lo que alimentó aún más la controversia con miras al acto que debe hacerse, por mandato legal, el 7 de agosto.

“Si un general de la República obedece una orden del presidente electo, puede incurrir en una falta grave, el presidente electo todavía no puede dar órdenes porque quien las da hasta el momento de la entrega de la posesión del entrante es el presidente actual”, afirmó Zuleta, que está de acuerdo con el pronunciamiento de Petro: que dio la orden de prohibir que se disponga cualquier instalación militar para dicho propósito.

La congresista, a la que no le alcanzó para renovar su presencia en el Capitolio, insistió en que “un presidente electo no es comandante y jefe de las fuerzas militares y policía" y el que decide todo “sobre cada uno de los espacios militares es el presidente actual”. Con ello reiteró la importancia de respetar el marco legal vigente durante el periodo de transición,.en una administración a la que solo le restan 25 días en el poder.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre la posesión de Abelardo de la Espriella?

Cabe destacar que en la noche del domingo 12 de julio, el primer mandataro lanzó una fuerte advertencia a las Fuerzas Militares, pues en su perfil de X, al que siguen más de 8,8 millones de usuarios, fue enfático en rechazar cualquier posibilidad de que la posesión de su sucesor se lleve a cabo en una guarnición. Y recordó que hasta el momento en que De la Espriella no tome juramento, él seguirá siendo el jefe de las FF. MM.

“Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, afirmó Petro, que explicó que la ley establece de manera clara el procedimiento para la transmisión del mando. Y reafirmó en sus declaraciones que “es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”; en una clara oposición a su contradictor.

En su mensaje, Petro también se refirió a la oposición de Abelardo de la Espriella a su administración, incluso, con ironía. “Que Abelardo no me dé la mano, es más o menos, un halago, pero obedezco las leyes de la constitución de 1991”, indicó el mandatario, que defendió la institucionalidad y recalcó que “los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure”.

Hasta ese momento, reiteró que es “el comandante supremo de las fuerzas militares” y se encargó de encender aun más la controversia sobre las diferencias en los conceptos jurídicos sobre este asunto. “Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo”, añadió Petro, que insistió en que, según las normas constitucionales, “la transmisión del mando es bajo las leyes de la República”.

Por último, el presidente también abordó el rol de los espacios militares y legislativos. “La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros. En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”, remató Petro, que con ello parece haber zanjado su posición frente a esta situación.

En efecto, Duque Márquez desmintió que la decisión de terminar los vínculos diplomáticos fuese tomada por su administración y en diálogo en el pódcast Tres respuestas indicó que, al inicio de su presidencia no existía embajador colombiano en Caracas; a lo que se sumaron otras situaciones que fueron minando el canal diplomático con el entonces régimen del exdictador Nicolás Maduro Moros, hoy preso en Estados Unidos.

“Colombia nunca rompió relaciones con Venezuela. Fue el régimen de Nicolás Maduro el que, en febrero de 2019, expulsó a nuestro cuerpo consular y rompió los canales diplomáticos. Los hechos son claros y la historia no se puede reescribir”, afirmó el exmandatario, que salió en defensa de la manera en que su administración desarrolló su política exterior; en específico con la situación política en el país vecino.

E indicó que mantuvo al cónsul Juan Carlos Pérez Villamizar hasta que el jefe del régimen ordenó su salida, como según él quedó registrado por la prensa. “Cuando yo llegué a la presidencia no teníamos embajador en Caracas. Ya Maduro había expulsado desde el 2015 a miles de colombianos y al embajador. Cuando yo me posesioné no había embajador y nunca rompí la relación con Venezuela”, agregó el exmandatario.

En ese orden de ideas recordó cómo fue ese episodio. “Quien rompe la relación, amenaza al cuerpo consular y le da 48 horas para irse es Nicolás Maduro en el mes de febrero del año 2019”, acotó Dque Márquez, que dejó en claro que su gestió se caracterizó por una postura de presión internacional y apoyo abierto al opositor Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional, que fue reconocido como presidente interino.

Así fue la tensa relación entre Colombia y Venezuela durante el gobierno de Iván Duque

Este reconocimiento, según recordó el expresidente, agudizó el enfrentamiento diplomático entre Bogotá y Caracas e hizo que el exdictador anunciara la ruptura de las relaciones, lo que incluyó el cierre de la frontera y la suspensión de los canales consulares y diplomáticos. En el mencionado espacio digital, Duque también abordó la política migratoria implementada durante su mandato, con medidas que fueron a su juicio efectivas.

Así pues, explicó que la regularización de los migrantes venezolanos fue resultado de un proceso que incluyó la formulación de políticas públicas y la coordinación con organismos internacionales. “Primero vino el Conpes, ahí se delimitó la política pública. Después fue la solicitud nuestra a Naciones Unidas para que se creara el enviado especial para la atención de la crisis, que fue la designación de Eduardo Stein”, dijo Duque.

Y, después, reseñó que se efectuó el estudio macroeconómico del Ministerio de Hacienda que dio viabilidad fiscal al lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitió -según sus cifras- que más de 1,7 millones de ciudadanos del vecino país pudieran acceder a servicios de salud y trabajo formal en Colombia; en un contexto que implicó grandes retos, incluso con la pandemia del COVID-19.

“Se hizo un trabajo multisectorial tan robusto que cuando tomamos la decisión de abrir el camino y tener que entregar la tarjeta del estatuto de protección temporal, más de 1.700.000 tarjetas en menos de un año y medio, se logró”, relató el expresidente. Y enfatizó que su administración otorgó la nacionalidad colombiana a más de 20.000 niños en riesgo de apatridia, una medida que recibió reconocimiento internacional.

“Nos tomó prácticamente cuatro meses del 2018, y 12 meses del 2019”, puntualizó Duque frente a la confección y puesta en marcha de esta iniciativa. La relación entre los dos países estuvo marcada por el cierre de la frontera y acusaciones mutuas sobre la presencia de grupos armados en territorio venezolano, pues la estrategia de Duque combinó la presión diplomática para buscar un cambio político en Caracas.

Y es que, al recordar el origen de la política migratoria, el ex jefe de Estado rememoró un acto en la Universidad del Rosario donde expuso por primera vez la necesidad de un estatuto para la integración de la población venezolana. " Ese día usted ya empezaba a hablar de un instrumento en la lógica", rememoró Duque Márquez, que dejó el cargo el 7 de agosto de 2022, día en el que asumió su contradictor político.

“Durante el Gobierno Petro, ‘defensor del medio ambiente’, la minería ilegal está destruyendo el páramo de Santurbán. Los falsos ambientalistas que se oponen a toda la minería formal y a los proyectos de infraestructura guardan silencio”, expresó Briceño en un video en X. Y agregó que “la hipocresía ambiental se opone a las empresas formales y mira para otro lado cuando los criminales destruyen el medio ambiente”.

El páramo de Santurbán, ubicado en el departamento de Santander, es fuente de agua para más de dos millones de personas. Por ello, Briceño puso la lupa a los socavones que existen a más de 3.000 metros de altura, de acuerdo con el reciente reportaje del medio Vanguardia, y las 300 hectáreas de montaña que habrian sido deforestadas en el municipio de California, contiguo a esta reserva natural en el oriente.

El impacto ambiental que, según Daniel Briceño, habría “acolitado” el Gobierno Petro

Entes de control como la Procuraduría General de la Nación han alertado que, tras más de nueve años de retrasos en la delimitación oficial del páramo, ordenada por la Corte Constitucional, la ausencia de regulación ha facilitado el aumento de la minería ilícita. En ese sentido, el parlamentario del Centro Democrático aprovechó para enfilar baterías contra los que, según él, dicen ser defensores del medio ambiente.

“Yo no creo que haya un ser más hipócrita en la vida que ese que se hace llamar ambientalista, que pone el grito en el cielo cada vez que se tiene que talar un árbol para hacer una carretera, o cuando una empresa minera formal, legal, regulada y con licencias, quiere explotar los recursos naturales, pero que se queda absolutamente en silencio cuando son los grupos armados los que destruyen el medio ambiente”, expresó.

Y lamentó, basado en el reporte del citado medio, en el que se precisan múltiples casos de excavación al interior del páramo, cómo la destrucción avanza sin freno. “Es en el gobierno Petro en donde se está acabando el páramo de Santurbán. Son estas imágenes, durante el gobierno del medio ambiente, de la vida, en donde se está explotando oro de forma ilegal, pero sobre todo desordenada al interior del páramo”, dijo.

Según datos oficiales citados por el representante electo, la minería ilegal afecta a unos 323 municipios, algunos de ellos en áreas protegidas y reservas forestales. “Hoy en Colombia casi 100.000 hectáreas del país, muchas de ellas dentro de zonas protegidas de reserva forestal, se esté haciendo minería por parte de los grupos armados ilegales que están sentados hoy en las mesas de negociación de la Paz Total”, afirmó.

De acuedo con Briceño, el área total dedicada a la minería ilegal equivale a “una dimensión de casi dos Medellín”, lo que agravaría la situación. “Ese es el territorio que hoy está dedicado a la minería ilegal en donde se está dañando el medio ambiente”, puntualizó el congresista del Centro Democrático, que también se refirió a la inacción de partidos y sectores políticos regionales; en especial de colectividades afines al petrismo.

“¿Dónde están las protestas de los señores del Partido Verde en Santander? ¿Dónde están las protestas de los señores del pacto histórico en Santander? La minería ilegal y la destrucción de Santurbán está pasando en el gobierno de la vida”, precisó el representante a la Cámara, que con ello se refirió a la selectividad en la protesta ambiental frente a los casos reportados por sectores políticos y los medios.

“Hay que decirle a esos ambientalistas del petrismo que dicen: ‘Oh, no, en Jericó no, qué grave que una minera formal con licencia regulada, vigilante quiera hacer un proyecto minero’... pero qué bien que hayan 200 entradas y salidas de minería ilegal en Santurbán”, señaló Briceño, que claro en señalar que “la diatriba no es si estamos en una pelea entre oro y agua”, sino en si se hará minería legal o ilegal en Colombia.

En su más reciente columna de opinión, publicada en la jornada del domingo 12 de julio de 2026, la senadora Clara López Obregón, del Pacto Histórico, defendió el llamado a la desobediencia civil pacífica tras la elección del abogado Abelardo de la Espriella como presidente. Todo esto, en medio de los cuestionamientos por su triple nacionalidad y el apoyo recibido por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

López, que se expresó en el medio Confidencial Noticias, con el texto Desobediencia civil en defensa de la soberanía, expresó sus argumentos para respaldar la iniciativa promovida por el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el excandidato Iván Cepeda. Y señaló riesgos para la soberanía nacional, al citar antecedentes de injerencia del país norteamericano en la región y la importancia de la resistencia democrática.

Para la congresista, el problema no radica solo en las ciudadanías, sino en las implicaciones para la independencia. “El presidente electo ha prestado un juramento a la nación estadounidense que exige fidelidad exclusiva a Estados Unidos y ‘renunciar por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjero del que haya sido súbdito o ciudadano hasta ahora’”, afirmó.

Y añadió, en ese orden de ideas, que ejercer la Presidencia implica comandar la fuerza pública y defender la integridad territorial, lo que exige claridad en la lealtad del mandatario.

Clara López denunció el apoyo explícito de Donald Trump: “Tomó partido”

La saliente senadora resaltó que Trump intervino de manera directa en la contienda electoral colombiana. Según López, el exmandatario estadounidense “respaldó a Abelardo de la Espriella, llamó ‘marxista’ a Iván Cepeda y prometió que su candidato contaría, de ganar, con ‘el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos’”, lo que condicionó el libre desarrollo de la contienda, pues “tomó partido” y con ello configuró una intervención.

A su vez, cuestionó la decisión del Consejo de Estado de inadmitir la demanda de nulidad sobre la elección presidencial, presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez. Con ello, la congresista del partido de Gobierno advirtió que no se trata de negar la doble nacionalidad, sino de aclarar un posible conflicto de intereses ante la obligación de fidelidad exclusiva que implica el juramento a Estados Unidos.

“Tiene la obligación política y moral de despejar toda duda sobre a quién obedecerá cuando los intereses de ambos países entren en contradicción”, alertó López en su columna, en la misma línea de Cepeda, que ha puesto como condición para reconocer al nuevo mandatario que renuncie a su ciudadanía y aclare, además, si ha tenido vínculos con agencias de inteligencia norteamericanas; además de no extraditar a Petro en caso de ser requerido por el país norteamericano.

Asimismo, López citó la “estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, en la que se promueve un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y la búsqueda de “campeones regionales” alineados con la política de Estados Unidos. Según la senadora, esto implica incentivos y respaldo a gobiernos amigos, como ocurrió en Honduras y Argentina, pero responde a “los intereses estadounidenses, no los colombianos”, escribió.

Desobediencia civil y la respuesta pacífica

La congresista, que fue candidata a la presidencia, pero renunció en vísperas de la primera vuelta, consideró que la desobediencia civil pacífica es una respuesta legítima ante lo que percibe como un riesgo para la soberanía nacional. Así pues, recurrió a figuras como Henry David Thoreau, Gandhi y Martin Luther King para argumentar que la resistencia no violenta es válida cuando se busca preservar la autonomía del país.

“Frente a semejante peligro, la desobediencia civil es una opción legítima, comoquiera que se trata de una respuesta seria, pública, disciplinada y no violenta ante actos del nuevo gobernante que pretendan socavar la soberanía y el interés nacional”, sostuvo López en su argumentación.

Entre las formas de protesta mencionó concentraciones silenciosas, vigilias, cabildos ciudadanos, marchas con la Constitución, acciones judiciales y negativa pacífica a colaborar con decisiones que comprometan la soberanía. Y rememoró, en ese orden de ideas, el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que simbolizó la unión de repúblicas latinoamericanas para proteger su independencia.

“Colombia no puede convertirse en protectorado ni aceptar una condición colonial semejante a la que todavía padece Puerto Rico. La desobediencia civil, entendida en la tradición de Gandhi y King, no es violencia ni sedición: es la decisión democrática de no obedecer aquello que pretenda convertir la independencia nacional en una simple formalidad”, finalizó la senadora en su escrito, en el que defendió esta postura.

La transmisión de mando presidencial, que por mandato constitucional tendrá que llevarse a cabo el viernes 7 de agosto, atravesería un por una especie de desafío institucional importante, debido a la falta de interlocución entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el gobernante entrante, Abelardo de la Espriella: que deberían protagonizar un acto antes de que culmine de manera formal el actual periodo de Gobierno.

Así como en su momento ocurrió con el hoy expresidente Iván Duque Márquez y Petro, cuando el primero invitó al entonces gobernante electo a la Casa de Nariño, pese a las profundas diferencias entre ambos, hay un decreto que obligaría a que se organice un acto en el que ambos acudan para cumplir con el rigor de las normas. Y garanticen uno de los protocolos de la esperada transición del poder Ejecutivo en el país.

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 13 del decreto 770 de 1982, “el señor presidente de la República con anterioridad al término de su período de gobierno, impondrá al Presidente Electo la condecoración ‘Orden de Boyacá’ en el Grado de ‘Gran Collar’”. Así que, por mandato legal, Petro debería organizar este acto, al que tendría que acudir De la Espriella, pues no es un homenaje personal, sino un requisito del gobernante.

Este acto está enfocado en garantizar la continuidad y legitimidad en el traspaso del poder presidencial y es parte de una tradición reglamentada que tiene como finalidad dotar al nuevo mandatario de la investidura necesaria para ejercer como Gran Maestre de las órdenes nacionales. El referido decreto, además, impide que un presidente se autoconceda condecoraciones, por lo que sería Petro el que lo condecore.

En efecto, solo el mandatario saliente puede imponerlas al sucesor, pues de este modo, la transmisión de las máximas dignidades nacionales se convierte en un símbolo tangible de respeto por la institucionalidad y por el Estado de derecho. Durante el acto de entrega, el presidente electo recibe, además de la Orden de Boyacá, otras distinciones como la Orden de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito en sus grados más altos.

Así pues, estas condecoraciones habilitan al nuevo jefe de Estado para otorgar distinciones a otros ciudadanos o integrantes de la fuerza pública en el futuro, y cumplen uno de los deberes formales del cargo. De esta manera, se repetiría la imagen que en su momento se hizo viral: la de Duque poniéndole la orden a Petro en la residencia presidencial, en la antesala de su posesión formal en el cargo.

Diálogo entre el Gobierno entrante y saliente está roto, tras fallido proceso de empalme

La coyuntura actual está influenciada por la ruptura del proceso de empalme entre las administraciones saliente y entrante. De la Espriella expresó de entrada su negativa a reunirse con Gustavo Petro y, del mismo modo, cuestionó la disposición de la presidencia saliente para facilitar la transición; mientras que Petro, por su parte, ha expresado críticas sobre la legitimidad de los resultados electorales del 21 de junio.

El choque ha generado dudas sobre la viabilidad del acto protocolario tradicional y sobre la posibilidad de que el presidente electo reciba la condecoración antes de asumir. En caso de que la ceremonia no se concrete por la falta de acuerdo político, el marco legal colombiano contemplaría un mecanismo automático que evita vacíos de poder; aunque estaría por fuera de lo que ha acontecido en los últimos periodos presidenciales.

Según el Decreto 414 de 1974, el presidente electo adquiere la calidad de Gran Maestre de las órdenes nacionales en el mismo instante en que toma posesión ante el Congreso, aunque no se haya efectuado la entrega física de las insignias. Este procedimiento aseguraría que el mandatario pueda ejercer plenamente sus funciones desde el primer momento, sin que la ausencia del acto protocolario afecte su mandato.

Desde presidencia, lo último que se supo es que Petro sí le impondría la Orden de Boyacá a De la Espriella, según una comunicación enviada al jefe de Gabinete del Gobierno entrante, Nicolás Gómez Arenas. De esta forma, se garantizaría a continuidad institucional, más allá de las diferencias ideológicas y crisis políticas que existan entre los contradictores políticos; aunque todavía no existe fecha confirmada para tal fin.

En un nuevo pronunciamiento, con el que buscaría reafirmar la ya desmentida teoría de fraude electoral en los comicios del 21 de junio en Colombia, el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, acusó de forma pública a empresas del extranjero de intervenir en las recientes elecciones presidenciales del país mediante el uso de inteligencia artificial y “robots informáticos”; en señalamientos que volvieron a causar revuelo.

Petro, a través de su perfil de X, sostuvo que “medio millón de robots informáticos inflaron las redes de mentiras y odio y lograron que millones de personas reales votaran por Abelardo”, en referencia a Abelardo de la Espriella, actual presidente electo y que derrotó, por estrecho margen (0,96%), al senador oficialista Iván Cepeda, que sigue sin reconocerlo como el mandatario entrante de Colombia.

El presidente afirmó que “empresas de inteligencia privada israelíes, operando desde Estados Unidos”, interfirieron en el proceso democrático colombiano. “Los israelíes, en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, han sabido mantener el dominio de la matemática y la física, y se mueven en la contradicción política de Einstein, ciencia versus política”, adelantó Petro, que enfiló baterías contra su contradictor y sucesor.

Según el gobernante, al que solo le restan 26 días en el poder, dichas compañías defraudaron, a su juicio, “no solo el voto del pueblo, sino el principio de una nación que es su soberanía nacional: atacaron la soberanía nacional de Colombia”. Con ello, el mandatario reafirmó su teoría de que la contienda electoral estuvo viciada y por ello pidió que se “investigue” lo que aconteció en Colombia.

Así fue la crítica de Gustavo Petro al impacto del poder y la defensa de su gestión

A su vez, en un balance ya personal ante la inminencia de irse del cargo, Petro reflexionó sobre el costo del ejercicio del poder. “Me voy con el deber cumplido, con mis principios intactos, pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos, palabra que sí, cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas”, expresó.

Y reiteró que el capital proveniente de la comercialización de sustancias ilícitas debe ser recuperado para la sociedad, como se hizo con las tierras incautadas durante su administración.

Por su parte , insistió en que los resultados oficiales no reflejan la voluntad genuina de la mayoría, en relación con la victoria del abogado de derecha. “Abelardo no ganó las elecciones reales, porque no le alcanzaron el medio millón de robots y personas pagas que contrataron empresas extranjeras y alguna con financiación antioqueña de mafiosos y entidades públicas”, afirmó Petro, que volvió a dejar interrogantes con su postura.

De hecho, en su análisis, Petro atribuyó parte del resultado electoral a debilidades históricas en la educación pública y a la manipulación mediática. “Muchas mentes débiles de personas que durante décadas no recibieron educación pública, de calidad, que es el gran pecado de la oligarquía colombiana al no dejar desarrollar el intelecto general de la sociedad, además de sus genocidios”, señaló el presidente saliente.

Asimismo, evocó episodios de violencia del pasado, al declarar que “el gran genocidio a mediados de siglo XX fue desatado por los periodistas de la época", al dejar cerca de 300.0000 víctimas “asesinadas por odio”. Luego habló de la llegada del narcotráfico a Colombia y en un mensaje confuso habló de “sustancias prohibidas por leyes hechas por evangélicos que olvidaron el nombre de Jesús y sus mensajes de salvación colectiva”.

Petro también habló de drogas, regulación y el poder de las mafias en Colombia

En otro apartado de su manifiesto en redes sociales, el presidente saliente abordó la problemática de las drogas y el papel de la regulación frente al prohibicionismo. “El capital del narco debe ser entregado a la sociedad como hicimos con sus tierras”, explicó, y advirtió sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales en el territorio nacional, que ha “empoderado las mafias hasta alcanzar un nivel mundial”.

Esto les permite, de acuerdo con Petro, “armarse con misiles y ganar mercados de adicción para sustancias venenosas mortales, como el fentanilo, desarrollado en grandes aparatos industriales y que no sirve sino para morir antes”. En su declaración, el presidente planteó una interrogante sobre la sociedad estadounidense, que en su concepto hay “muchas personas que quieren morir antes” como consecuencia de estas sustancias.

El legado que, según Gustavo Petro, le dejará a Colombia y la apuesta por la vida

En el tramo final de su mensaje, el gobernante saliente dejó claro el legado que espera transmitir a las futuras generaciones. “El tótem que yo dejo en manos del pueblo es que la política debe guiarse por la ciencia humana, y que el objetivo es lograr una humanidad tan inteligente y libre que pueda superar los problemas fundamentales de la humanidad que el capitalismo ya no puede hacer”, remarcó el mandatario.

Y acotó que el capitalismo “es un obstáculo para la vida, que antes no era, y llegó el momento de superarlo, pero implica una revolución mundial”. Incluso comparó su paso por la historia con el de Simón Bolívar, lo que causó reacciones de todo tipo, al afirmar que, “el pueblo que lanzó el mensaje de libertad al mundo desde el corazón del mundo, el 20 de julio de 1810, no es el mismo pueblo colombiano de hoy”.

“Siempre hay que entender, de la manera más científica posible, la sociedad -hasta en sus pasiones- que son manipulables”, acotó Petro. Y concluyó su mensaje al señalar que “el pueblo colombiano es apasionado y eso puede llevarlo al holocausto o a la libertad en segundos”, y reafirmó su postura en su apuesta por “la vida y la libertad”, pues será, desde su perspectiva, el legado a las generaciones futuras. “No es libertad o muerte”.

Restrepo, acompañado del exsenador Mauricio Gómez Amín, que estará al frente de la cartera de Comercio; y Miguel Gómez Martínez, que liderará el ministerio de Hacienda, iniciará una serie de reuniones claves con funcionarios del gobierno de Donald Trump, así como con congresistas de ambos partidos y representantes de organismos multilaterales, que han demostrado su apoyo a la nueva administración.

“¡Rumbo a Washington! Arranca nuestro camino para la misión de la Patria Milagro en Estados Unidos. Esto, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y en cumplimiento de nuestra agenda institucional”, anunció Restrepo en su perfil de X, en el que compartió un breve video de su salida desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde se despidió de su círculo más cercano antes de este periplo.

La gira de los próximos funcionarios del Gobierno entrante se registra tras el fin abrupto del proceso de empalme con el equipo saliente, ratificada con la decisión tomada por el presidente electo De la Espriella, que no ocultó su molestia con su antecesor, Gustavo Petro, que se negó a reconocer su triunfo. En consecuencia, desde el martes 8 de julio, el trabajo ha sido interno, con tareas definidas para este viaje.

¿Cómo será la agenda del grupo de trabajo de Abelardo de la Espriella?

El plan de trabajo contempla encuentros con delegados del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Energía, la Oficina de Representación Comercial y el Departamento de Comercio. Aunque no se confirmó cuál será el nivel jerárquico de los interlocutores, la delegación nacional confirmó que los equipos empezarán a definir “hojas de ruta sobre alianzas estratégicas con Colombia”.

En ese sentido, la agenda incluye reuniones en Nueva York y Washington D.C. “Nuestra prioridad consiste en garantizar que Estados Unidos continúe siendo el principal socio comercial y militar de Colombia”, reiteró Restrepo, mientras que Gómez Amín agregó también se adelantarán encuentros con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, con el fin de demostrar que la relación “cambiará para bien”.

Del mismo modo, durante la semana, los funcionarios sostendrán reuniones con al menos 30 congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Entre los confirmados se encuentran los republicanos Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, así como los demócratas Rubén Gallego y Henry Cuéllar, con los que buscarán acercamientos para construir una relación bicameral con el Congreso.

Es oportuno recordar que, desde el Ejecutivo norteamericano, el respaldo político a De la Espriella se dio a conocer desde la propia campaña, pues antes de la segunda vuelta presidencial, el mandatario Donald Trump indicó en al menos dos ocasiones su apoyo al candidato de derecha y reiteró, una vez se dio su triunfo, “su disposición para trabajar de manera coordinada en temas de seguridad, comercio e inversión”.

“Colombia tiene una oportunidad histórica para atraer inversión, conquistar nuevos mercados y consolidarse como un destino de talla mundial. Bajo el liderazgo de nuestro presidente electo trabajaremos para convertir ese potencial en resultados y avanzar en la construcción de la Patria Milagro que tanto anhelamos”, expresó Gómez Amín, que espera consolidar apoyos en diferentes frentes desde su cartera.

El inicio de esta gira estuvo prededido del anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, que reiteró el llamado a la estabilidad institucional frente al desconocimiento del mandatario saliente, Gustavo Petro, a Abelardo de la Espriella. “Ignorar los resultados proclamados oficialmente por las autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de derecho”, remarcó.

Culminado el sueño en la Copa del Mundo para la selección Colombia, que se quedó en el camino en los octavos de final ante su similar de Suiza, tras la dolorosa eliminación por penales sufrida el martes 8 de julio, uno de los nombres que más repercusiones ha causado desde entonces en las redes sociales ha sido, justamente, el del capitán de la Tricolor: el volante James Rodríguez, que sigue sin pronunciarse.

El mediocampista, que el domingo 12 de julio cumplió 35 años, y que recibió múltiples felicitaciones, guarda silencio tras el duro golpe sufrido por el equipo nacional: que no pudo revalidar el favoritismo con el que llegaba a esta instancia y se despidió ante un rival que también mostró sus falencias, pues en la llave de ‘cuartos’ ante Argentina terminó cayendo en el extratiempo, por marcador de 3-1.

Aunque aún se aguarda por el pronunciamiento del “10″ del combinado patrio, Rodríguez sigue siendo noticia. Y todo porque, según se conoció, estaría en la órbita de un club europeo, que vería con buenos ojos su contratación para la campaña que se avecina, como el eje conductor del mediocampo. Aunque los grandes reflectores ya no alumbran hacia el jugador, podría tener su revancha en el Viejo Continente.

Y todo porque sería uno de los históricos de la Liga Italiana el que iría por sus servicios, tras un breve paso por el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), club en el que, a decir verdad, no tuvo mayor trascendencia y fue una institución de paso previo a su presencia en el evento de la FIFA. Una noticia que causó fuerte revuelo en las redes sociales, en pleno mercado de fichajes.

¿Cuál es el equipo que buscaría tener a James Rodríguez?

Según el periodista Rudy Galetti en sus redes sociales, es Lazio, club tradicional de Roma y que viene de ocupar el noveno puesto en el Calcio, el que evalúa incorporar al mediocampista colombiano, que quedó libre tras su breve periplo por el fútbol norteamericano. El comunicador, que ha hecho parte del espacio Sportitalia Mercato, entregó como exclusiva el interés del equipo capitalino en el futbolista.

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano", expresó Galetti, pese a que el rendimiento del jugador en el torneo orbital no fue el mejor, con solo 317 minutos jugados.

La vinculación de James con Lazio no es nueva, pues en mercados anteriores, la prensa italiana ya había vinculado al volante zurdo con el club de la capital. Ahora, la eliminación de Colombia y la condición contractual del jugador reactivan un posible acercamiento; aunque no existe una oferta concreta sobre la mesa y el club ya prepara su temporada, que tendrá presencia en la Europa League.

En caso de concretarse esta posibilidad, el club lombardo sería el número 14 en la ya dilatada carrera del futbolista, que pasó por clubes como:

• Envigado F. C. (Colombia)
• Banfield (Argentina)
• F. C. Porto (Portugal)
• A. S. Monaco (Francia)
• Real Madrid C. F. (España)
• F. C. Bayern Múnich (Alemania)
• Everton F. C. (Inglaterra)
• Al Rayyan S. C. (Catar)
• Olympiakos F. C. (Grecia)
• São Paulo F. C. (Brasil)
• Rayo Vallecano (España)
• Club León (México)
• Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

En lo que respecta a la selección, el grupo de Néstor Lorenzo logró superar la fase de grupos con siete puntos de nueve posibles en la llave K, al superar a Portugal, que acumuló cinco; mientras que los dieciseisavos de final se impuso ante Ghana (1-0), aunque no consiguió avanzar más allá de los octavos, pues tras 120 minutos igualó 0-0 ante los suizos, que se llevaron el tiquete desde el punto blanco.

Uno de los más señalados por este desempeño fue James, que pese a que no estaba en su mejor condición física fue titular en los cinco partidos disputados por el elenco patrio, incluso por encima del volante Juan Fernando Quintero, del registro de River Plate de Argentina y que mostró un mejor nivel. Esto, según versiones extrafutbolísticas habría generado una fuerte discordia al interior del grupo.

Con una fuerte crítica en sus redes sociales, el subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández Niño, rechazó el domingo 12 de julio la afirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una supuesta reducción a la mitad de la mortalidad infantil en Colombia. Y, con datos, sostuvo que los datos no respaldan esa conclusión del mandatario saliente, a 26 días de dejar el cargo.

Según Fernández Niño, hubo una baja después de la etapa del COVID-19 en este rango, pero la tasa de 2025 es “prácticamente igual” a la de 2020, lo que desarmaría la defensa sobre uno de los indicadores sociales que el mandatario, de manera constante, exhibe como uno de los principales logros de su Gobierno.

Para el epidemiólogo, la diferencia entre contar muertes totales y medir tasas. En los datos de Fernández Niño, que publicó en su perfil, se muestra que las defunciones infantiles pasaron de 7.220 en 2016 a 4.408 en 2025, pero la tasa por cada 1.000 nacidos vivos solo bajó de 11,2 a 10,2 en el mismo período, con fluctuaciones leves y una reducción moderada a lo largo de casi una década.

“Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil”, fue la frase del primer mandatario que causó controversia, en una intervención en la que también aseguró que encabezó “uno de los mejores Gobiernos de la historia de Colombia”, al afirmar que redujo la pobreza al 25% de la población en abril y que el país es el tercero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en bajar la desocupación laboral.

Al respecto, el subsecretario de Salud del Distrito respondió que la formulación sobre la mortalidad infantil no solo es inexacta, sino metodológicamente incorrecta. “La mortalidad infantil NO se redujo a la mitad. Esa es una mentira que ha repetido varias veces, y quiere instaurar como verdad, pero es falsa. Si hubo una reducción postpandemia, pero no fue a la mitad”, afirmó el experto.

E incluso fue más allá, pues remarcó que “la tasa en 2025 hoy es prácticamente igual que la de 2020″; es decir, antes de que el país y el mundo sufrieran con la pandemia.

Discusión sobre cómo se mide la caída de la mortalidad infantil dejaría mal parado a Gustavo Petro

En consecuencia, el funcionario sostuvo que el error en el balance que hace el presidente de su labor está en equiparar la baja del número absoluto de muertes con una reducción equivalente en la tasa de mortalidad. Para su lectura, esa comparación distorsiona el fenómeno porque ignora el peso del número de nacidos vivos y altera el sentido sanitario del indicador, a su juicio, de forma conveniente.

Con este panorama, Fernández Niño planteó que la estimación de una reducción real exige otro tipo de análisis. “La estimación bien hecha de esa reducción requiere una metodología robusta. No sumas y restas. Para comenzar ayudaría mucho que analizaran las tasas; y no los casos absolutos”, remarcó el subsecretario de Salud.

En su argumentación, Fernández Niño agregó que incluso la medición de muertes evitadas necesita una base técnica distinta. “Claro se podrían estimar casos evitados pero a partir de un contrafactual, de acuerdo a lo esperado según la tendencia histórica”, señaló el funcionario de la administración de Carlos Fernando Galán.

Por su parte, la defensa del Ejecutivo ha partido de otro conjunto de datos y de otro recorte del problema. En el entorno del Gobierno se ha sostenido que la caída de la mortalidad infantil se apoya en cifras oficiales sobre muertes por desnutrición aguda en menores de cinco años y en la evolución de la tasa general, que a juicio del funcionario de la administración distrital no corresponderían a la realidad.

De acuerdo con el argumento defendido en el pasado por Petro, las muertes por desnutrición en menores de cinco años pasaron de registros superiores a 400 en 2022 a valores cercanos a 160 en períodos comparables recientes. Para la Casa de Nariño, esa variación demuestra el efecto del modelo preventivo de salud impulsado por la administración Petro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el domingo 12 de julio que iniciará el primer juicio adversarial transicional contra un excongresista, al llevar a audiencia al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas por su presunta participación en un plan sistemático, articulado con las extintas Farc, para eliminar a la familia Turbay Cote y asegurarse el control político de Caquetá, durante el 2000.

De acuerdo con la JEP, la fase pública del proceso se desarrollará en Bogotá los días 22 y 23 de julio y en ella, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP responsabilizará a Almario del crimen de lesa humanidad de persecución contra este grupo: en una intenstina lucha de poder en este departamento del sur del país, en el que se involucraron, según la evidencia, el extinto grupo armado.

Según la acusación del tribunal transicional contra el exparlamentario, existió una alianza criminal que incluyó el asesinato y secuestro de aproximadamente 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del denominado sector “turbayista”. Entre las víctimas figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, todos en este departamento, que era considerado un fortín de la guerrilla.

Las evidencias que tiene la JEP contra el exrepresentante Luis Fernando Almagro

En el expediente se destaca la masacre del 29 de diciembre de 2000, en la que la Columna Móvil Teófilo Forero mató a Diego Turbay Cote, en entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay, y cinco acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Durante las próximas audiencias, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAV) de la JEP abordará el análisis de pruebas y estipulaciones pactadas por las partes. Al concluir esta etapa, Almario podrá optar por reconocer tardíamente su responsabilidad o persistir en la defensa; aunque en caso de que sea encontrado culpable en juicio enfrentaría una condena de hasta 20 años de prisión.

Es válido decir que la defensa del político ha presentado múltiples recursos para intentar suspender o anular el proceso desde 2023. En consecuencia, la JEP ya rechazó dos solicitudes de nulidad y una petición de prescripción, al calificar tales acciones como fuera de plazo y carentes de fundamento; además de reiterar que no admitirá recursos “notoriamente improcedentes” para postergar el juicio.

En síntesis, la acusación formal de la Unidad de Investigación y Acusación sostiene que la estrategia criminal se enfocó en la eliminación del liderazgo político de la familia Turbay Cote, al emplear la violencia para reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Con esto, las pruebas y testimonios sobre los crímenes en mención serán debatidos de forma en las audiencias que se llevarán a cabo del caso.

Almario se ha visto envuelto en medio de polémicas, por el rechazo, en junio de 2026, a su solicitud de sometimiento voluntario en la JEP por un caso de parapolítica. Para el tribunal, fueron insuficientes sus compromisos de verdad, reparación y no repetición; mientras que la Corte Suprema ratificó en 2025 una condena por concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al elector.

De acuerdo con la JEP, Este juicio adversarial representa un precedente para la justicia transicional en Colombia, pues implica que los comparecientes que no reconocen responsabilidad deberán enfrentar un proceso público y probatorio. Así pues, enfatizó que no permitirá impugnaciones reiteradas ni maniobras dilatorias que obstaculicen la búsqueda de verdad y la garantía de derechos para las víctimas.

A su vez, ha emitido hasta ahora 182 imputaciones contra las Farc y sus bloques por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo secuestros, asesinatos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario en distintas regiones del país. Las audiencias serán decisivas para determinar el grado de responsabilidad de Almario Rojas y encausar, de esta forma, uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en el conflicto armado.

En un nuevo y duro pronunciamiento contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y su candidato en la pasada contienda electoral, el senador Iván Cepeda, el exfiscal General Francisco Barbosa encendió una vez más las alarmas: y sostuvo que un gobernante que usa las instituciones para impedir la alternancia no solo enfrenta al mandatario electo, también ataca al la Constitución Política.

En una columna del domingo 12 de julio, publicada en El Heraldo y que se denominó Depredadores, el exfuncionario del poder judicial en Colombia presentó esa tesis como una advertencia sobre Colombia y situó la amenaza en el ejercicio mismo del poder; justo cuando se aproxima el acto de posesión del nuevo jefe de Estado: el abogado Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio.

En efecto, Barbosa vinculó esa lectura con el libro La hora de los depredadores (2025) del sociólogo y escritor italiano Giuliano da Empoli, al que citó para afirmar que los ataques a la institucionalidad ya no provienen de actores al margen del Estado, sino de quienes lo controlan. A partir de esa idea, escribió que “Colombia es hoy un caso evidente” de esta teoría, tras las posturas de Petro y Cepeda.

En su publicación, el exfiscal afirmó que, tras la elección de De la Espriella, el primer mandatario y el congresista oficialista habrían tomado la decisión de “asediar y horadar las instituciones colombianas”. También calificó como “inadmisible” la negativa del mandatario y de “su principal escudero político” a reconocer el triunfo del presidente electo, pese a la legitimidad de los comicios.

Así pues, Barbosa indicó que uno de sus argumentos es la certificación de los comicios por parte de las autoridades encargadas de tal fin, al recordar que la legitimidad del mandatario entrante la acredita el Consejo Nacional Electoral (CNE) como validador del escrutinio y sostuvo que desconocer esa decisión desde la presidencia constituiría un desafío sin precedentes a la institucionalidad democrática.

Barbosa: impedir la posesión podría configurar una “ruptura constitucional”

En su escrito, a 25 días del inicio del nuevo Gobierno, el exfiscal describió una serie de escenarios que, a su juicio, elevarían la crisis a un punto de quiebre institucional. Mencionó la posibilidad de que el presidente saliente use el poder del Estado para impedir la posesión del nuevo mandatario pese a que la elección esté en firme, o que ordene a las Fuerzas Militares o a la Policía desconocer al sucesor.

En ese orden de ideas, también incluyó entre esos supuestos el desconocimiento de una certificación electoral definitiva sin base legal y la paralización por vías de hecho de las autoridades encargadas de garantizar la transición del poder. De comprobarse una conducta de esa naturaleza, podría configurarse una ruptura del orden constitucional”, expresó el también exprecandidato presidencial en su concepto.

Barbosa agregó que, en la ciencia política y en el derecho constitucional comparado, un hecho de ese tipo “suele calificarse como un golpe de Estado o un autogolpe”. Y aclaró, de todos modos, que la denominación jurídica final dependería de los hechos que se acrediten y de las decisiones de las autoridades competentes, en un escenario cada vez más álgido para la transición del poder.

La columna escrita por el abogado, en su momento cercano al expresidente Iván Duque, también analizó las implicaciones penales que tendría la postura de Petro y Cepeda. Barbosa planteó que una actuación de esa naturaleza podría dar lugar al examen de conductas como la instigación a delinquir prevista en el artículo 348 del Código Penal, cuando exista una incitación pública y directa a cometer delitos.

Con esto, el exfiscal añadió que podrían considerarse otras responsabilidades de tipo jurídico si se promueven actos de violencia, ataques contra las autoridades o intentos de impedir por vías de hecho el funcionamiento de las instituciones del Estado. En esa misma línea, el exfuncionario incluyó la posibilidad de inducir a terceros a cometer conductas punibles, a través de la “desobediencia civil”.

Y reveló su tesis jurídica que resumiría este caso: si desde el poder se desconoce una elección certificada y se obstruye la transición, el hecho podría dejar de ser una disputa partidaria para convertirse en una “ruptura del orden constitucional”, que derivaría en una crisis de legitimidad del sistema democrático y, en consecuencia, la eventual revisión penal de los que impulsen esa conducta.

La “resistencia civil pacífica”, según Barbosa, puede alterar la tranquilidad pública

En otro tramo del texto publicado en el citado medio, el exfiscal cuestionó el llamado hecho por ambos líderes de izquierda a protagonizar una “resistencia civil pacífica” en un país marcado por la violencia y la polarización. Para Barbosa, es claro que ese llamado puede resultar irresponsable y alterar la tranquilidad pública en el territorio nacional, que se alista para una nueva etapa en su democracia.

Barbosa afirmó además que ningún temor personal, incluida una eventual judicialización internacional del presidente saliente, justificaría el desconocimiento de la voluntad popular. “En una democracia, las diferencias políticas se resuelven exclusivamente por los canales constitucionales y legales”, escribió el exfiscal, que hizo además algunas precisiones basadas en la Carta Magna de los colombianos.

Para el exfiscal, la Constitución no fue concebida para proteger a los gobernantes, sino para asegurar que el poder tenga límites y que la voluntad popular prevalezca sobre cualquier interés. “Ningún presidente puede arrogarse la facultad de decidir quién gobierna Colombia después de él”, afirmó Barbosa, que añadió que “los depredadores de las democracias del siglo XXI ya no llegan desde la periferia, sino desde el poder”.

Con una fuerte arremetida contra el senador de Alianza Verde Ariel Ávila, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos y recientemente excandidato al cargo de procurador General de la Nación, defendió lo que sería la vinculación de Daniela Cepeda Tarud, hija del senador Efraín Cepeda, al gabinete del presidente Abelardo de la Espriella y lanzó fuertes acusaciones contra su contradictor político.

En un mensaje difundido en la red social X, Henao se fue lanza en ristre contra Ávila, que en la misma plataforma digital había puesto la lupa sobre la posible designación de Cepeda Tarud como ministra de Cultura. “El cinismo con apellido de senador”, respondió Henao, que en la presente campaña apoyó al abogado de derecha en su camino para llegar a la presidencia de la República, en el que venció al senador Iván Cepeda.

La polémica se intensificó cuando Ávila, que justamente apoyó la campaña de Cepeda, respondió también de forma contundente a la noticia. “Favor con favor se paga. La patria milagro de los nunca, gobernada por los politiqueros de siempre. La hija del cacique y cuestionado Efraín Cepeda será la nueva MinCultura Daniela Cepeda Tarud”, expresó el congresista, que ha sido especialmente crítico con estos nombramientos.

En su pronunciamiento, Ávila fue incluso más allá. “Abelardo de la Espriella entregándole el Gobierno a los políticos de siempre”. Con ello, apuntó de manera directa a lo que denominó una repartición burocrática de los cargos del Ejecutivo; y lo que él considera la continuidad de apellidos tradicionales en el poder, en este caso, el de Cepeda, que con el senador conservador ha sido en dos ocasiones presidente del Congreso.

Ante esto, Henao argumentó que el apoyo de Ávila a Cepeda se habría visto influido por la presencia de su pareja, Magda Paola Núñez, que desde enero de 2024 oficia como jefa de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). “Me imagino por su esposa en el gobierno de Petro y toda la burocracia del partido Verde”, señaló el exministro.

¿Quién es Daniela Cepeda Tarud, que se perfila para ser la nueva ministra de Cultura?

La joven es reconocida tanto en el ámbito cultural como en el social. La que sería ministra designada de Gobierno es abogada, politóloga y directora de Muttu Innovación Social: una organización dedicada a crear soluciones para comunidades vulnerables mediante alianzas entre sectores público y privado. Cepeda Tarud llegaría al gabinete en cumplimiento de la cuota de género, que pide que el 50% sea integrado por mujeres.

En su trayectoria profesional, Cepeda Tarud cuenta con una maestría de la London School of Economics (LSE) y ha trabajado como asesora en temas migratorios en la Alcaldía de Barranquilla, entre 2020 y 2023. En su gestión, según sus registros, ha impactado de manera positiva a más de 20.000 personas por año a través de programas de inclusión y empoderamiento colectivo, lo que ha sido destacado a nivel nacional.

La trayectoria de Cepeda Tarud incluye logros en el ámbito cultural, como su designación como reina del Carnaval de Barranquilla en 2013, en una edición emblemática por el bicentenario de la ciudad y su reconocimiento como Capital Americana de la Cultura. Durante su periodo como soberana, impulsó la visión del carnaval como plataforma de transformación social y defensa de las raíces indígenas, africanas y españolas.

Pese a que ha contado con el respaldo de su familia, y su entorno ha estado marcado por la figura de su padre, senador y presidente del Partido Conservador, la próxima integrante del gabinete ha recibido nominaciones como candidata al Premio Cafam a la Mujer en 2025, en una especie de reconocimiento por su apuesta al desarrollo social y la innovación en Colombia, que la lleva hoy a ser tenida en cuenta en el Ejecutivo.

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó a través de su equipo en la noche del jueves 9 de julio a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como los únicos voceros autorizados de su futuro Gobierno, designaciones que buscarán centralizar la información proveniente de su administración.

En efecto, toda la información institucional será canalizada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa del Ejecutivo, según el comunicado divulgado por la administración entrante. “Se busca garantizar una comunicación institucional organizada, transparente y responsable”, se precisó con esta confirmación, en relación con uno de los aspectos que serán cruciales en esta nueva etapa.

En el caso de Soto Solano, es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, con experiencia en el ámbito jurídico, académico y de la comunicación pública. Por su parte, Gómez Sánchez ha ejercido como periodista, comunicadora, productora y presentadora, y serán en ese orden de ideas los encargados de estar al tanto del día a día del gobernante entrante y de sus ejecutorias.

“Todas las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno” serán en consecuencia comunicadas en los canales institucionales establecidos. “Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, se agregó en el comunicado.

De esta forma, la instrucción es clara con respecto a la exclusividad. “Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”, se reiteró en el anuncio, en el que se agradeció, además, a los medios de comunicación por el “permanente acompañamiento” al proceso rumbo a la transmisión de mando.

Además, remarcaron el compromiso de la entrante administración “una relación basada en el respeto, la transparencia, el acceso oportuno a la información y el fortalecimiento de la institucionalidad”. Lo anterior, frente a los múltiples cuestionamientos sobre algunas actitudes de De la Espriella en contra de algunos periodistas, que han denunciado haber sido maltratados por su campaña.

Estos son los voceros nombrados por Abelardo de la Espriella

En lo que respecta a Carolina Gómez, la joven comunicadora se suma al equipo presidencial tras consolidar una carrera en medios de comunicación y en el sector público. En su hoja de vida se destaca que es abogada, periodista y presentadora de televisión, reconocida por su trabajo como conductora, reportera y directora de relaciones corporativas en Red+ Noticias, en la que cubrió la campaña política del hoy presidente.

Su experiencia incluye labores como asesora en el Ministerio del Interior, gerente del equipo profesional femenino del club Independiente Santa Fe y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Israelí. Su fuerte en el campo del periodismo han sido las entrevistas a figuras políticas y personalidades nacionales, al combinar formación jurídica con su desempeño comunicativo y empresarial.

Por su parte, Miller Soto Solano es abogado, académico y político. Nació en Barranquilla en 1975 y tiene raíces guajiras, se convirtió en el concejal más joven en la historia de Barranquilla con solo 19 años y cumplió tres periodos en esa corporación. Además de su experiencia política, Soto es doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona y ex secretario general de la Universidad Autónoma del Caribe.

En 2022 fue candidato al Senado por el partido Centro Democrático y su trayectoria incluye un marcado activismo en favor de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con limitaciones de movilidad, tras quedar en condición de discapacidad y ser usuario de silla de ruedas en su adolescencia. Desde entonces, ha promovido iniciativas legales y sociales para la población con movilidad reducida.

Durante el evento, De la Espriella anunció el fin de la intermediación de los congresistas en la relación entre alcaldes, gobernadores y el Gobierno nacional: una postura que desató críticas desde sectores del Congreso, como se pudo prever con el mensaje que Loaiza, haciendo eco de estas declaraciones, publicó en la red social X, que utilizó para hacer una serie de observaciones frente al mandatario electo de los colombianos.

“Ustedes, queridos alcaldes y señor gobernador, no necesitan congresistas a partir de este momento para relacionarse con el Gobierno nacional. Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar citas en Bogotá y valerse de un congresista para que fuese atendido", expresó De la Espriella en uno de los apartes de su intervención, con la que empezó a desarrollar el proceso de empalme con los mandatarios locales.

“Aquí vamos a tener un canal directo con ustedes, porque este es un Gobierno que ha dispuesto todo un mecanismo para que los alcaldes tengan voz, para que los gobernadores tengan interacción directa, sin intermediarios. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas”, remarcó el jefe de Estado entrante frente a cómo será la dinámica de trabajo con los territorios, en búsqueda de la descentralización.

Nieto Loaiza cuestionó a De la Espriella por su ‘desprecio’ al Congreso

Tras esta declaración, Nieto Loaiza, que al igual que De la Espriella es abogado, cuestionó la postura del presidente electo. “Está muy bien que el nuevo gobierno tenga interlocución directa con alcaldes y gobernadores. Así lo hizo Álvaro Uribe con mucho éxito, durante su presidencia. Pero se equivoca De la Espriella al sostener que los congresistas no tendrán espacios de intermediación en su gobierno", dijo.

Para él, “los congresistas son representantes de los ciudadanos, de los votantes y de las comunidades que los eligieron“. Por ello, remarcó que el papel de vocería es, en ese orden de ideas, ”consustantivo a senadores y representantes en una democracia. Y es tan importante como el trabajo estrictamente legislativo y el de control político al ejecutivo”. De esta forma, le salió al paso a lo dicho por el presidente De la Espriella.

Este cruce de posiciones entre el jefe de Estado entrante y uno de los senadores del que será partido de Gobierno reflejaría una tensión de fondo sobre el papel de la representación política en el nuevo esquema de Gobierno. Mientras De la Espriella buscaría poner fin a la labor de intermediación de los parlamentarios, sectores del Congreso han advertido sobre los riesgos de reducir su rol en el sistema democrático.

Es válido destacar que, durante el evento en la capital nortesantandereana, De la Espriella también anunció que su posesión presidencial del 7 de agosto no se hará en la tradicional Plaza de Bolívar, en Bogotá, sino en una guarnición militar. El argumento es que esta decisión pretendería rendir homenaje a policías y soldados, en un contexto en el que la seguridad ocupará un lugar central en su agenda de Gobierno.

Mientras se acerca la fecha de posesión, la discusión sobre la intermediación política y la representación en el Congreso ya se establece como uno de los temas cruciales en la transición. El choque de posturas entre De la Espriella y Nieto Loaiza podría ser una previsión de las diferencias que podrían surgir en el trámite de iniciativas en el órgano legislativo, con miras a un primer año en el que el presidente irá por las mayorías.

La convocatoria del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, a lo que se conoció en la prensa como el primer Consejo de Ministros antes de asumir la Presidencia, causó en la tarde del jueves 9 de julio una ola de críticas. Así lo expresó en sus redes sociales el ministro saliente de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que confirmó el rechazo a esa figura.

De acuerdo con lo dicho por Cuervo, que presentó su renuncia por solicitud del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, no puede hablarse de un Consejo de Ministros con las personas escogidos por De la Espriella, pues aún no han tomado posesión de sus cargos y, en todo caso, solo podrán hacerlo hasta el 7 de agosto, día en el que inicia el nuevo Gobierno. Así dejó en firme su inconformidad.

“No puede haber Consejo de Ministros de un gobierno que no se ha posesionado. Esto es una reunión de trabajo del presidente electo y sus ministros designados”, reseñó el extitular de la cartera, que también ofició como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en su experiencia profesional, antes de ser convocado por Petro para que asumiera esta dependencia, en febrero de 2026.

Del encuentro se supo que se efectuará el viernes 10 de julio en Barranquilla y, según la información disponible, podría servir también para oficializar nuevos nombramientos. La cita propuesta por el jefe de Estado saliente aparece como uno de los primeros esfuerzos de coordinación del que será el nuevo gabinete, antes de que se dé justamente el cambio de Gobierno, al que le restan, en consecuencia, 29 días.

A la crítica de Cuervo se sumaron las de dos congresistas electas del Pacto Histórico, que coincidieron en que el gobernante puede avanzar en reuniones preparatorias, pero no atribuirles la condición institucional reservada al jefe de Estado en ejercicio. De hecho fueron enfáticas en señalar esta atribución como irrespeto al actual gabinete, que oficiará hasta el 6 de agosto a las 11:59 p. m., según lo ha dispuesto Petro.

Congresistas del Pacto Histórico pidieron respeto tras saberse del ‘Consejo de Ministros’ de Abelardo de la Espriella

Una de las que se pronunció fue la representante electa a la Cámara Ana Erazo, que planteó la misma crítica en términos institucionales. “Un Consejo de Ministros es una figura que solo le compete al Presidente en ejercicio”, dijo en su mensaje de X, en el que enfatizó que lo que sucederá “es una reunión con los amigos de los políticos de alcaldes y gobernadores, como la hermana de ‘Fico’ Gutiérrez para tirar corriente”.

Por su parte, la senadora electa Patricia Caicedo, hermana del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, reforzó ese argumento con una referencia al calendario de transmisión del poder. “Están muy regalados ustedes, es reunión de designados, cuando sean gobierno el 7 de agosto si será un Consejo de Ministros”, afirmó la política frente a la polémica que suscitó este asunto en la opinión pública.

El encuentro de Barranquilla llega dos días después de que De la Espriella iniciara en Cúcuta una ronda de reuniones con autoridades regionales. Desde allí presentó un modelo de gobierno con mayor presencia en las regiones y defendió una relación directa entre la Casa de Nariño y los mandatarios territoriales. “Se terminó la época de mendigar citas en Bogotá”, reafirmó el gobernante, que continuará con su periplo por el país.

A su vez, el equipo del Gobierno entrante informó que se hizo un diagnóstico por subregiones para identificar proyectos de infraestructura detenidos o sin ejecución. En ese orden de ideas, De la Espriella señaló que cada iniciativa será evaluada desde el punto de vista fiscal para definir cuáles podrán reactivarse cuando comience su administración, en la que prevé adelantar planes de choques en diferentes frentes.

Hugo Guevara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, compartió el jueves 9 de julio de 2026 su balance tras su primer encuentro oficial con el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, que se llevó a cabo en Chiquinquirá (Boyacá). La reunión, que incluyó la participación en la tradicional eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, marcó el inicio formal de su labor como diplomático en el país.

“Estoy emocionado de comenzar a conocer este hermoso país y de trabajar juntos por una región más segura, fuerte y próspera”, expresó Guevara en declaraciones recogidas por la embajada del país norteamericano en Colombia. Es válido destacar que el funcionario sustituyó desde el 30 de junio en el cargo a Jarahn Hillsman, que a su vez había tomado el lugar que dejó, en su momento, John McNamara.

De esta manera, la visita del mandatario entrante a esta población boyacense se convirtió en uno de sus primeros gestos simbólicos previos a la toma de posesión, que está prevista para el 7 de agosto en una guarnición militar; aunque la intención de que se lleve de esta forma ha causado fuertes críticas en la opinión pública, frente a lo que sería un evento que pone en tela de juicio, según sus críticos, su independencia.

Antes, en la jornada del miércoles 8 de julio, el presidente entrante había estado en Cúcuta (Norte de Santander), en el inicio de su gira por 32 poblaciones del país para hacer el empalme con los mandatarios locales, con miras a su administración. Y tras este encuentro, se supo que sostuvo también una reunión bilateral con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, para fortalecer los lazos de cooperación.

Así fue el encuentro entre Abelardo de la Espriella y Hugo Guevara en Boyacá

La jornada se desarrolló como parte la celebración del Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en un evento que congrega cada año a miles de fieles y que representa una de las principales manifestaciones religiosas del país. De la Espriella, acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, acudió a la ceremonia como parte de sus primeras actividades públicas tras su elección; y junto a él estuvo el diplomático Guevara.

“Tuve el gusto de visitar el municipio de Chiquinquirá. Agradezco al presidente electo Abelardo de la Espriella por la invitación a la eucaristía en la magnífica Basílica de Nuestra Señora del Rosario”, indicó Guevara frente a este acto religioso, que estuvo presidido por el obispo monseñor Ramón Alberto Rolón y sirvió de escenario para el saludo protocolario entre ambos, en un ambiente de recogimiento y fe católica.

Tras la ceremonia, Guevara y De la Espriella sostuvieron una reunión privada en la que abordaron temas estratégicos para la relación bilateral. Uno de los ejes centrales fue la seguridad y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, teniendo en cuenta la experiencia en misiones de seguridad en la región, al ser director de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Guatemala.

Otro de los temas centrales fue el impulso a las alianzas comerciales y la atracción de inversión extranjera, pues ambos coincidieron en la importancia de consolidar un desarrollo económico sostenible y robusto, a partir del fortalecimiento de los lazos bilaterales. Lo anterior, como parte de una agenda que promueva la prosperidad y la estabilidad en Colombia y en el entorno regional.

La reunión reflejó, además, la comunión que existe entre el mandatario electo y la administración de Donald Trump, que respaldó de forma abierta la campaña del abogado e incluirá a Colombia en la Coalición Contra los Cárteles de las Américas: un mecanismo internacional centrado en el combate de estructuras criminales transnacionales; y, más adelante, en lo que se conoce como Escudo de las Américas.

En medio del enfrentamiento mediático por la legitimidad de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que fue elegido como nuevo presidente el abogado Abelardo de la Espriella, el representante de Cambio Radical Julio César Triana le exigió al senador Iván Cepeda que, si sostiene sus reparos sobre el mandatario entrante y las instituciones que certificaron su triunfo, debería abstenerse de asumir su escaño en el Senado.

Triana, que renovó su presencia en el legislativo por cuatro años más, al ser reelegido como representante por el Huila, se despachó en sus redes sociales e hizo énfasis en lo que sería, a su parecer, la incongruencia de la postura del excandidato presidencial: que se negaría a aceptar a De la Espriella como el nuevo jefe de Estado, pero asumiría su escaño como congresista gracias, justamente, al Estatuto de la Oposición.

“Cepeda desconoce el resultado electoral, no acepta a Abelardo como presidente, desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar como senador. Que sea coherente y no acepte su curul en el Congreso”, afirmó Triana en su perfil, en reacción a las declaraciones recientes del senador del Pacto Histórico, entregadas a Caracol Radio, y en las que condicionó su reconocimiento a tres requisitos.

Dicho estatuto, cabe resaltar, le permite al perdedor de la segunda vuelta o, en su defecto, al segundo de la contienda, asumir una curul en el Senado para que pueda hacer contrapeso al presidente. Y a su fórmula vicepresidencial, en este caso la hoy senadora Aída Quilcué, un escaño en la Cámara de Representantes. En el caso de ambos, Cepeda y la lideresa indígena aceptaron estas dignidades.

El pronunciamiento de Triana surgió luego de una entrevista en la que Cepeda insistió en que existen diferencias entre la legalidad del resultado electoral y la legitimidad personal del mandatario electo. “El día que hice esa declaración, el 23 de junio, dije claramente que una cosa es el reconocimiento legal de la elección y otra es la legitimidad de la persona elegida”, expresó el congresista afín a Petro en el citado medio radial.

Frente a estas afirmaciones, la reacción de Triana fue incluso más allá, pues planteó un paralelo en el que, si la elección de De la Espriella no fue legítima, la permanencia de Cepeda en el órgano legislativo tampoco. “¿Y no sería ilegítima entonces su posesión como senador de la República?”, reiteró el parlamentario huilense, que buscó poner en evidencia lo que señaló una incoherencia política en la postura del legislador.

¿Qué más dijo Iván Cepeda sobre la elección de Abelardo de la Espriella?

En sus afirmaciones a Caracol Radio, Cepeda explicó que su planteamiento “no implica desconocer el resultado ni promover una salida por fuera de la Constitución”, contrario a lo que habría insinuado Triana. “El presidente Petro y yo no hemos dicho que emprenderemos un camino mediante el cual se subvierta el orden constitucional. No ha habido una declaración en ese sentido”, refirió el congresista del Pacto Histórico.

De esta forma, Cepeda se distanció de los sectores que lo acusan de buscar una crisis institucional tras la victoria de De la Espriella. En paralelo, el congresista sostuvo que el mandatario saliente, Gustavo Petro, entregará el poder “el 6 de agosto a las 23:59, como corresponde y como está claro en la Constitución”, con lo que desvirtuó los rumores frente a un ataque al orden constitucional por parte de los sectores progresistas.

Aunque insistió en su postulado. “Una cosa es la legalidad de una elección y otra es la legitimidad de la persona elegida. Si el señor De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y no deja clara su situación frente a la discusión del país, esa será una controversia que estará por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico”, reiteró el senador del Pacto Histórico, que se mostró enfático en pedir que se cumplan unas condiciones.

Al mencionar sus reparos, Cepeda identificó tres puntos: el juramento que efectúan los que adquieren la nacionalidad estadounidense, las dudas sobre una eventual relación de De la Espriella con agencias de inteligencia de Estados Unidos y su postura sobre una eventual extradición del gobernante saliente; por lo que agregó que “si esos puntos no se aclaran antes de la posesión, la controversia quedará abierta”.

En contraste con las afirmaciones del presidente saliente Gustavo Petro, que se resiste a aceptar el triunfo del abogado Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ratificó la autoridad de las instituciones electorales y con ello, reconoció al abogado como el mandatario electo de los colombianos.

“Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026, es el doctor De la Espriella”, afirmó Sánchez el jueves 9 de julio, durante el acto de rendición de cuentas que se llevó a cabo en Bogotá. Pese a que se refirió a la legitimidad del triunfo de De la Espriella, el ex alto oficial reiteró que, hasta el 6 de agosto, Petro seguirá siendo el jefe de Estado de los colombianos.

Con ello, quiso dejar en claro que el mandato popular y la legalidad prevalecen sobre cualquier especulación o conflicto político que exista. Su postura, en todo caso, representa un quiebre frente a la insistencia del primer mandatario de establecer una especie de resistencia civil, en la que se desconoce, junto al senador oficialista y perdedor de la contienda electoral, Iván Cepeda, los resultados del 21 de junio.

Y es que Petro insiste en señalar la existencia de un presunto fraude cibernético durante los comicios, por lo que además apoyó una demanda que buscaría la nulidad de la elección ante el Consejo de Estado. Todo esto, mientras llama a sus seguidores a la “resistencia activa” con movilizaciones previstas para el 20 de julio, en el que dijo dará su último discurso como mandatario, en la jornada de instalación del nuevo Congreso.

En este clima de incertidumbre, Sánchez indicó el compromiso del sector defensa y la fuerza pública como garantes de la democracia. “Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral y la que tuvieron los colombianos en las urnas. Y eso confirma aún más que la fuerza pública, el sector defensa, es un garante de la democracia”, declaró el ministro frente a la llegada del nuevo Gobierno.

Ministro de Defensa reiteró que el papel de la fuerza pública será “cumplir la Constitución y la ley”

Para Sánchez, el papel de las Fuerzas Armadas en la transición presidencial resulta esencial para asegurar el cumplimiento de la ley y la estabilidad institucional, pese a los intentos de desacreditación o presión desde diferentes frentes, incluidos el de la Casa de Nariño, frente a los múltiples señalamientos de Petro, que a través de sus redes sociales sigue sin aceptar la victoria de De la Espriella frente al congresista Cepeda.

En consecuencia, el titular de Defensa fue enfático al definir la función de la fuerza pública durante el cambio de gobierno. “¿Cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector defensa? Pues apegado a la Constitución y la ley. Nada más. Es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales", expresó Sánchez en sus afirmaciones sobre el asunto.

Aunque luego añadió que su misión es apegarse al ordenamiento legal hasta el 6 de agosto “y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales” que facultan al nuevo mandatario asumir el poder en la fecha prevista. De esta forma, el funcionario desestimó los rumores y versiones que circulan en redes sociales sobre posibles fracturas internas o posturas golpistas dentro de las filas militares, frente a la postura de Petro.

Y reiteró que lo que busca es transmitir confianza en la institucionalidad. “En esa transición la fuerza pública simplemente es esa columna vertebral que permite la transición de un Gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la constitución y la ley. Ruido que se ha escuchado en las redes sociales es eso, ruido. Aquí la fuerza pública es garante de la democracia", reafirmó el ministro frente a lo que se avecina.

En ese orden de ideas, Sánchez concluyó que será “garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas” y de los pronunciamientos de instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales”, sostuvo el ministro.

El congresista republicano Carlos Giménez reafirmó el jueves 9 de julio el respaldo de Estados Unidos al presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de los fuertes señalamientos provenientes no solo del candidato perdedor, el senador Iván Cepeda, sino del presidente de la República, Gustavo Petro, en un ‘tira y afloje’ en el que ha puesto en duda la legitimidad de su elección.

Giménez, de ascendencia cubana y cercano al secretario de Estado Marco Rubio, publicó en su perfil de X un mensaje de apoyo al jefe de Estado y con ello fijó la que sería la postura de Washington frente a la nueva etapa en Colombia. Además, aprovechó para hacer una especial petición de cara a lo que se avecina para el país, que buscaría fortalecer su relación con la potencia norteamericana.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, brindamos nuestro total respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella de Colombia y exigimos una transición pacífica por parte del gobierno de turno. No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”, expresó Giménez, que al igual que la también congresista María Elvira Salazar expresó su preferencia por la llegada del abogado de derecha al poder.

El pronunciamiento del veterano parlamentario, que representa a La Florida, va en la misma línea de una relación política que, en efecto, no comenzó con la victoria definitiva sino durante la campaña. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, Giménez ya había felicitado públicamente a De la Espriella por liderar los comicios y había pedido a los partidos de oposición que se unieran en torno a su candidatura, que terminó triunfando.

Cabe destacar que el congresista republicano es también miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y buscaría convertirse en uno de los principales aliados del presidente electo en el ámbito legislativo. En especial, en el pedido que ha hecho el jurista a la comunidad internacional, de estar vigilantes frente a lo que ocurra en el país, que en 29 días tendrá un nuevo mandatario en Casa de Nariño.

En ocasiones anteriores, Giménez había destacado el respaldo de la comunidad colombo-estadounidense a De la Espriella y, en ese orden de ideas, sostuvo entonces que el voto en el exterior fue contundente a su favor. También afirmó que el mandatario electo habría ganado por un margen mayor, fuera de las fronteras nacionales, de no haber existido “trampas” y supuestas amenazas provenientes del Gobierno.

De la Espriella lanzó dura advertencia a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “No saben con quién se enfrentan”

En la publicación, Giménez citó un mensaje de De la Espriella, emitido el miércoles 8 de julio, en el que lanzó una fuerte advertencia tanto a su antecesor como al congresista Cepeda. “Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente”, afirmó el mandatario electo.

A su vez, el jurista sostuvo que la discusión sobre un supuesto fraude no es una denuncia electoral, sino una maniobra política. “Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país”, afirmó De la Espriella, que agregó en la parte final de su pronunciamiento una nueva advertencia a la dupla oficialista. “Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, dijo.

Así pues, el representante a la Cámara Republicano salió en defensa de la legitimidad del proceso electoral, frente a cuestionamientos instalados por Petro sobre aparentes fraudes. Y no solo eso: frente al lobby que estarían adelantando miembros del partido Demócrata, al hacer énfasis de los escándalos que rodearían la aspiración del abogado de derecha, que ganó por una estrecha ventaja (0,96%).

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que debería llevarse a cabo el viernes 7 de agosto, está en la mira de un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al actual mandatario, Gustavo Petro. Luis Guillermo Pérez, que también es exsuperintendente del Subsidio Familiar, compartió en sus redes sociales parte de la acción de nulidad que radicó ante el Consejo de Estado contra la elección del abogado.

En el documento, fechado con el 7 de julio, solicitó al alto tribunal la suspensión inmediata de la ceremonia de posesión, debido a que el mandatario entrante no cumplió con el ordenamiento jurídico para tal fin. Para este recurso, Pérez dijo que cuenta con el respaldo de más de un millón de ciudadanos, que firmaron como coadyuvantes en apoyo a la demanda interpuesta contra el gobernante, pese al aval entregado por el CNE.

Desde la presentación formal del recurso, el accionante informó que la acción tiene como medida cautelar que el Consejo de Estado suspenda la posesión de De la Espriella, mientras estudia la validez de la elección presidencial, que según él fue fraudulenta. De esta forma, la demanda solicitó la nulidad de la resolución E-3181, por la cual el CNE declaró la elección del jurista como presidente para el periodo 2026-2030.

“Suspender la posesión de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como Presidente de la República, ante el Presidente del Congreso prevista para el próximo 7 de agosto”, se leyó de manera textual en el apartado de las primeras 10 páginas del documento en mención, que en su perfil de X publicó Pérez y que causaron revuelo por la manera en que se desconoce lo dispuesto por las autoridades electorales en Colombia.

Los motivos por los que la elección de Abelardo de la Espriella fue demandada: violencia política y nacionalidad

El recurso judicial se estructura en dos cargos principales. El primero de ellos, según se consignó en el documento, denuncia una “afectación de la libertad del sufragio y de las garantías del debate democrático mediante una estrategia sistemática de violencia política, estigmatización, intimidación, desinformación y apropiación de símbolos nacionales”, por parte del entonces aspirante del movimiento Defensores de la Patria.

Según la demanda, la campaña presidencial de De la Espriella habría sobrepasado los límites del debate democrático y habría incurrido en violencia psicológica sobre los electores. Mientras que el segundo cargo apunta a la “incompatibilidad absoluta” del abogado para ejercer la presidencia, debido a su nacionalidad estadounidense, a la cual según se agregó no ha renunciado, pese a que ocupará la dignidad más alta.

Para Luis Guillermo Pérez, esto implicaría la renuncia expresa y voluntaria a toda lealtad hacia Colombia, violando los requisitos constitucionales de “ciudadano en ejercicio” y la lealtad exclusiva al Estado colombiano, además de comprometer el mandato presidencial de defensa de la soberanía nacional. Este ha sido un argumento que ha estado en medio de la discusión jurídica sobre si inhabilitaría o no a De la Espriella.

Por otro lado, en la acción de nulidad se precisó que la campaña de De la Espriella utilizó símbolos nacionales y promovió una narrativa de confrontación permanente. El texto señaló que se difundieron mensajes orientados a “cuestionar la legitimidad de determinados sectores del electorado y la utilización reiterada de expresiones de estigmatización e intimidación dentro del debate público”.

En ese sentido, se advirtió que el discurso de la campaña superó “el margen legítimo del debate” y se convirtió en una estrategia de incitación al odio. “El análisis del presente cargo no parte de la premisa según la cual toda expresión o vehemente dentro del debate político constituye, por sí sola, una irregularidad electoral”, se indicó en la demanda radicada ante el alto tribunal, que pretende frenar la posesión.

Y se agregó en la acción que existen límites cuando la actividad proselitista “rebasa los márgenes del debate democrático de las ideas y se convierte en una estrategia de estigmatización, intimidación, incitación al odio que incorpora mecanismos de violencia psicológica y deslegitimación con consecuencias directas sobre la libertad e igualdad del sufragante”. En este caso, se acotó, estos límites fueron violados por el candidato.

Las expresiones por las que buscan que el Consejo de Estado investigue elección de Abelardo de la Espriella

En el expediente, Pérez incluyó fragmentos de declaraciones públicas de De la Espriella durante la campaña. El texto recoge expresiones como “destripar”, “extirpar” y “dar de baja” a sectores políticos opositores, calificándolos de “delincuentes”, “bandidos” y “cáncer” que debía ser eliminado, lo que generó, según él, un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre un sector importante del electorado”.

Incluso, en la demanda se hizo referencia al exterminio de la Unión Patriótica (UP), reconocido judicialmente como genocidio político en Colombia. “La propaganda basada en la deshumanización, estigmatización y amenaza de exterminio, como la desarrollada por el demandado, ha tenido como efecto la exclusión violenta de sectores opositores del proceso democrático”, destacó el demandante.

A su vez, el recurso judicial cita ejemplos internacionales como la propaganda nazi, la radio del odio en Ruanda y la guerra de Bosnia para fundamentar el riesgo que representan los discursos de odio en procesos democráticos, para lo cual se transcribió una cita del hoy mandatario electo, en la que De la Espriella valora la gestión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el conflicto con Palestina en la Franja de Gaza.

La acción de nulidad también incluye antecedentes de 2025, cuando De la Espriella era precandidato. “Y sepan bien, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde (...) para erradicar ese cáncer que es la izquierda radical”, fue la frase del abogado que fue relacionada para justificar la acción de nulidad.

Por estas afirmaciones, Pérez interpuso una denuncia penal por los presuntos delitos de apología del genocidio y hostigamiento. “La izquierda es una plaga que está carcomiendo nuestro país. Patriotas, el momento de recuperar Colombia ha llegado”, fue otra de las frases reencauchadas en la acción de nulidad, que tiene como fin evitar que el jurista se posesione como el sexagésimo segundo presidente en la historia del país.

En síntesis, la demanda invoca normas nacionales como el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los artículos 103 y 258 de la Constitución de Colombia. Y también refiere instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual ha acudido Petro en el pasado.

Con esto, será el Consejo de Estado el que debe decidir si admite la medida cautelar para suspender la posesión de Abelardo de la Espriella, o da vía libre para que siga conforme a lo establecido, de la que se ha sabido que se llevaría a cabo en una guarnición militar, con la presencia del Congreso en pleno; aunque todavía no ha quedado claro en qué zona del territorio nacional se llevaría a cabo la misma.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió en la noche del miércoles 8 de julio y de forma pública a la apertura de una investigación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo colegiado que está indagando por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, que lo llevó al Palacio Liévano como el sucesor de Claudia López para el periodo 2024-2027.

A través de un comunicado de cuatro puntos, el mandatario distrital reiteró que cumplió con los límites económicos para su aspiración e invitó a los miembros del tribunal electoral que revisen los aportes que fueron consignados en la plataforma digital destinada para tal fin. “En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho a lo largo de mi vida, cumplí con los topes y límites para las donaciones”, dijo.

En efecto, el burgomaestre insistió que “toda la información es pública y está disponible en el aplicativo Cuentas Claras”, afirmó Galán en su pronunciamiento. Este pronunciamiento del mandatario distrital se produjo después de que el CNE anunció la indagación a raíz de las denuncias presentadas por el concejal Ángelo Schiavenato, que cuestionó la legalidad de ciertos aportes económicos a la campaña del mandatario.

De acuerdo con el auto al que tuvo acceso Infobae Colombia, la investigación preliminar gira en torno a la posible superación de los topes de gasto permitidos por la legislación electoral. Las denuncias sostienen que aportes realizados por el Grupo Bolívar y el Mercantil Colpatria habrían sido fragmentados de forma estratégica para no exceder los límites legales, pese a que Galán negó haber procedido de esa manera.

“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, reiteró el alcalde de la capital de la República, que está bajo la lupa de la magistrada Fabiola Márquez, cercana al Pacto Histórico, y que fue la que determinó abrir indagación.

El proceso por el que Carlos Fernando Galán está bajo la mira del CNE

En el documento, la magistrada Márquez precisó que se abrió indagación para establecer si los aportes de las empresas mencionadas habrían alcanzado un monto cercano al límite máximo permitido sin superarlo de manera formal. En su denuncia, el concejal Schiavenato indicó que Mercantil Colpatria donó 250 millones de pesos a la campaña de Galán, mientras que el Grupo Bolívar entregó aportes por $100 millones.

Con esto, quedaron, según la denuncia, a solo $5 millones del tope máximo para no contratar con dicha Alcaldía. “Al revisar la línea de tiempo de los hechos, era imprescindible hacer un llamado a las autoridades para que revisaran la coincidencia temporal entre estos aportes y la posterior adjudicación de un contrato de gran importancia financiera para el Distrito”, señaló Schiavenato en su pronunciamiento.

Y es que como lo reseñó el cabildante distrital, uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la adjudicación, pocos meses después de la posesión de Galán, de la administración de cerca de 3 billones de pesos correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar; y que desde el 1 de diciembre de 2025 absorbió a Colpatria.

Frente a esto, Galán fue enfático. “Las entidades del Distrito, de acuerdo con su misionalidad, desarrollan su gestión contractual de manera autónoma. En este caso en particular, no soy yo, como alcalde, el ordenador del gasto”, sostuvo el mandatario, que se desmarcó de los señalamientos en su contra y reiteró de esa manera su disposición a colaborar con las autoridades, para “este y cualquier otro requerimiento”, agregó.

La indagación del CNE, según se consignó en el documento, no solo examinará los aportes privados, sino también la relación de estos fondos con la adjudicación de contratos públicos. El órgano electoral solicitó tanto a Galán como al partido Nuevo Liberalismo la entrega de los documentos requeridos, incluidos los informes de ingresos y gastos de campaña y el detalle de los aportes privados y públicos recibidos.

El expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que investiguen posibles delitos o afectaciones al patrimonio público. “El monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2% del tope de gastos”, insistió Schiavenato, que espera avance de manera rápida el proceso en el tribunal electoral.

Colombia habló en las urnas y escogió, en la jornada del domingo 21 de junio de 2026, al abogado de derecha Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de la República, para el periodo 2026-2030, que derrotó al senador Iván Cepeda Castro. Por un estrecho margen, el autodenominado “Tigre” ratificó su favoritismo de acuerdo con las encuestas y se convirtió en el primer ‘outsider’ en imponerse en las urnas.

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,74% del preconteo, De la Espriella obtuvo un porcentaje del 49,70% de los sufragios, frente al 48,70% conseguido por el congresista del Pacto Histórico, en los comicios más apretados en la historia de Colombia, a juzgar por la corta diferencia entre uno y otro, que no supera el 2% y que no estaba en los cálculos previstos de esta contienda.

Como era de esperarse, su escogencia causó toda clase de reacciones en la escena internacional, entre los que felicitaron al abogado y los que mostraron ciertos reparos en su escogencia, teniendo en cuenta que la jornada resultó más reñida de lo imaginado, pues las diferentes encuestas daban una diferencia entre el 3% y el 5%, en favor del jurista, que había sido la gran sorpresa de la primera vuelta efectuada el 31 de mayo.

Líderes de derecha de la región celebraron el triunfo de De la Espriella

Uno de los líderes que reaccionó al éxito del abogado sobre Cepeda fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que a través de su perfil de X se expresó en favor de este logro: que representó el giro del país hacia la corriente que se apoderó de la región. Y es que así como en el país vecino, en diferentes latitudes se festejó la conquista del abogado, que pasó de ser un novato en la política a convertirse en el nuevo mandatario.

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, expresó el mandatario ecuatoriano, en un mensaje con el que reafirmó el respaldo que le había dado en la antesala de la elección, cuando acordó una serie de decisiones con el mandatario electo.

A Noboa, y como era de esperarse, se sumaron las felicitaciones del presidente de Argentina, Javier Milei, que con un mensaje en la red social X se refirió al éxito de su socio en la región, y que incluso lo comparó con su triunfo, en octubre de 2023, cuando venció al oficialista Sergio Massa, en el inicio de su gestión, que hizo una profunda reestructuración del Estado; un modelo que replicaría el vencedor en territorio nacional.

“El león y el Tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad, carajo", comentó.

Desde Norteamérica, el senador republicano Bernie Moreno felicitó a De la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales y destacó que “el pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial”; al punto que remarcó que su país tiene “mucho que aprender sobre cómo tener elecciones seguras”.

Del mismo modo, el congresista que ofició como veedor internacional en la jornada anunció que, en una fecha posterior, funcionarios colombianos serán invitados a informar al Congreso de EE.UU. sobre el proceso electoral. En su mensaje, describió a De la Espriella como “un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país” y que, en consecuencia, trabajará “para hacer que Colombia sea segura, fuerte y exitosa de nuevo”.

A estas afirmaciones se sumaron las de los representantes republicanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar, que han acompañado el proceso del hoy electo mandatario “Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro: la libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio”, dijo Salazar.

Asimismo, otro de los exmandatarios de Latinoamérica que expresó su júbilo frente a esta escogencia es la del expresidente de Bolivia ‘Tuto’ Quiroga, que expresó su satisfacción por el viraje que dará el país. “Felicidades Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, elegidos por Colombia como nuevos Presidente y VP. La libertad aplaude y la democracia institucional celebra y nuestra región está con ustedes”, destacó.

En este mismo orden, el presidente de Chile, José Antonio Kast, mostró su beneplácito por el éxito del abogado en la contienda colombiana. “Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, expresó el recién llegado mandatario austral.

Desde Perú, la candidata presidencial y virtual mandataria del país Inca, Keiko Fujimori, saludó al que sería su homólogo, como nuevo mandatario colombiano. “Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, expresó la gobernante, que hizo énfasis de cómo la región necesita este tipo de liderazgos renovados.

“Estoy convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje. Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, agregó la política, que espera -en caso de confirmarse su victoria en la contienda electorla en su país- establecer de nuevo puentes diplomáticos con un país en el que Perú no tiene embajador.

Por su parte, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también se pronunció. “Felicitaciones al presidente electo de Colombia por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral”, expresó un mensaje divulgado tras conocerse los resultados. “Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”, acotó.

El mensaje de la Nobel de Paz 2025 y excandidata presidencial en su país, auguró éxitos para el nuevo gobernante, que sucederá a Petro. “Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. ¡Vivan Colombia y Venezuela libres!”, remarcó Machado en su publicación.

Otras reacciones que sacudieron el panorama internacional, tras la victoria de Abelardo de la Espriella:

En una nueva arremetida contra el saliente presidente de la República, el exfiscal General Francisco Barbosa sostuvo el miércoles 8 de julio de 2026 que Gustavo Petro dejó ver su “verdadera cara” al desconocer la victoria del abogado Abelardo de la Espriella, que se impuso en la contienda del 21 de junio y se convirtió en el nuevo mandatario de la nación, con la responsabilidad de dirigir al país a partir del próximo 7 de agosto.

En una entrevista con NTN24, Barbosa afirmó que la transición institucional ya está en marcha porque la autoridad encargada de avalar la legalidad de la jornada, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió la credencial presidencial y porque se avanza en el proceso de empalme; más allá de la determinación del mandatario electo, que dio por finalizada esta etapa ante el constante desconocimiento de Petro.

“Creo que el presidente Gustavo Petro ha venido mostrando su cara verdadera, es decir, la de una persona que desconoce la democracia, que desconoce el Estado de derecho, que desconoce la institucionalidad”, afirmó Barbosa, en un pronunciamiento que se produjo luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó al presidente de la República y al candidato perdedor Iván Cepeda a respetar los resultados electorales.

Barbosa, jefe del ente acusador entre 2020 y 2024, asoció esta lectura a lo que serían una serie de consecuencias penales y disciplinarias si Petro insiste en no aceptar los resultados. A juicio del abogado, que fue precandidato presidencial, desconocer la decisión de la autoridad electoral y hacer un llamado a la desobediencia civil a sus simpatizantes, podría acarrear una investigación por instigación a delinquir.

Francisco Barbosa reiteró que la credencial electoral blinda la sucesión presidencial

En sus declaraciones al medio citado, el exfiscal sostuvo que, con todo y ello, la conducta del presidente saliente no tiene la fuerza para bloquear el cambio de mando. “No hay riesgo en la democracia colombiana por un tema muy simple. El presidente electo requiere simple y llanamente la decisión de la autoridad electoral que ya le otorgó la credencial como presidente de la República”, dijo Barbosa en su intervención.

Asimismo, el exdirector del organismo de investigación agregó que ese documento fue emitido por la “máxima autoridad electoral del país” y sostuvo en ese orden de ideas que refleja la votación de los colombianos en las urnas. A partir de ese dato, remarcó que el país ya entró en una etapa administrativa de reconocimiento del resultado, con autoridades que trabajan en los procesos de transición de poder.

En esa misma línea discursiva, Barbosa apuntó al llamado a la desobediencia civil y sostuvo que esa figura “no tiene ningún sentido desde el punto de vista constitucional” y que, en su lectura, equivale a incentivar el incumplimiento de la Constitución y la ley. “Ni existe en el ordenamiento jurídico la idea de desobediencia”, señaló el exfiscal, que se atrevió a señalar que lo que busca es presionar al mandatario electo.

Así pues, el exfiscal afirmó que esa invocación es “muy peligrosa” en un país con conflicto armado, pues podría promover hechos de violencia y por eso dijo que correspondería investigar a sus impulsores por instigación a delinquir, además de evaluar eventuales sanciones disciplinarias a futuro, debido al riesgo del que podría traer para la institucionalidad el que se desconozca la voluntad en las urnas.

Iván Cepeda podría afrontar responsabilidades disciplinarias, según Francisco Barbosa

Por último, en el diálogo con NTN24, Barbosa hizo énfasis en el rol del senador y excandidato presidencial Cepeda en ese posible escenario jurídico, ya que recordó que sigue siendo congresista de la República y que, por esa condición, podría comprometer su responsabilidad si persiste en ese tipo de pronunciamientos en torno a una desobediencia civil, pese a que los resultados de las elecciones no tuvieron reclamaciones.

Con esto, el exfiscal lo calificó como “un acto de tremenda irresponsabilidad” y lanzó una crítica más amplia. “Es la manera en que el país se da cuenta verdaderamente del riesgo que tuvimos al haber elegido el señor Iván Cepeda”, afirmó Barbosa, que vinculó a Cepeda con Petro y se preguntó sobre su lugar dentro del actual tablero opositor. “Básicamente, es el títere de Gustavo Petro. Ustedes han visto que Petro asumió la jefatura de oposición del país y el señor Cepeda no existe”, concluyó.

El Consejo de Estado abrió el estudio de una demanda que pone bajo examen la intervención del Gobierno nacional en las tarifas de peajes y, en consecuencia, sus efectos sobre los contratos de concesión vial. La admisión del caso, que se conoció en la jornada del miércoles 8 de julio, mantiene viva una controversia sobre actos que ya no rigen, pero que habrían dejado un pasivo que podría costarle al Estado más de $1,02 billones.

La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe) contra los Decretos 0050 y 2287 de 2023, expedidos por la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, y contra tres resoluciones de 2024 del Ministerio de Transporte. En el auto del 26 de junio, la Sección Tercera del alto tribunal admitió la demanda de nulidad y notificó a las dependencias del Estado involucradas en el caso.

Según la respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hasta mayo de 2025 ya se habían pagado $494.369 millones por compensaciones asociadas al congelamiento. Por ello, en la demanda también se relacionó un laudo arbitral que condenó a la entidad a pagar más de $94.600 millones por la modificación unilateral de la remuneración de un contrato de concesión, tras los perjuicios causados.

En su argumentación, la fundación sostuvo que discusión no se limita a la validez formal de los actos, sino que el congelamiento de tarifas y el ajuste gradual posterior alteraron de forma unilateral las condiciones económicas de contratos de concesión y asociaciones público-privadas, al impedir la actualización anual con base en el IPC y suspender incrementos contractuales previstos para recuperar inversiones.

Y alegó no solo falta de competencia, también falsa motivación, violación de normas superiores y expedición irregular. Entre los principios desconocidos menciona la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima, la economía, la eficiencia, la equidad, la planeación y la sostenibilidad fiscal, en un caso en el que se podría definir hasta dónde llega la potestad del Gobierno en contratos de concesión ya en curso.

La controversia jurídica seguirá aunque los decretos ya no estén vigentes

En la demanda, FEDe señaló que los efectos económicos no desaparecieron con la salida de vigencia de los decretos, pues el pasivo se generó por cada año en que las tarifas permanecieron sin actualización y que ese saldo sigue acumulándose porque el Gobierno no lo ha reconocido. Ante esto, el Consejo de Estado admitió el proceso, en una decisión que le sigue dando relevancia a un tema que, en su momento, causó polémica.

En sus peticiones, la fundación solicitó que se declaren nulos los actos demandados y que se suspendan provisionalmente sus efectos mientras avanza el juicio, con el argumento de evitar nuevas consecuencias económicas y fiscales para el Estado y para los usuarios de la infraestructura vial. Aunque el Consejo de Estado, por ahora, no resolvió de fondo sobre esa pretensión cautelar, si admitió el proceso para el análisis.

En principio, en febrero de 2026, se había inadmitido el recurso para que la fundación corrigiera el escrito, precisara el alcance de sus pretensiones y ajustara la coherencia entre los cargos y los apartes demandados. Ahora, desde la FEDe se espera que el proceso avance, pues se cuestionaron al menos cinco decisiones administrativas relacionadas con el congelamiento de las tarifas de peajes a cargo del Invías y la Ani.

Uno de los soportes jurídicos expuestos es el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, que exige que la fórmula tarifaria garantice la operación, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura vial; a lo que se suma que las decisiones se adoptaron sin el soporte técnico, económico y fiscal exigido por la Constitución y la ley, en lo que no solo fue un ajuste administrativo, sino una alteración con costo futuro para el presupuesto.

En el detalle recogido por el auto, el Ministerio de Transporte ordenó en enero de 2024 un incremento conforme al IPC de 2022 y luego, mediante una resolución posterior, dispuso que desde el 1 de agosto de 2024 las tarifas subieran un 50% del IPC de 2023, que fue de 9,28%, equivalente a 4,64%. Más tarde, otra resolución fijó para el 1 de enero de 2025 y el 1 de abril de 2025 los ajustes para completar ese porcentaje.

La fundación no solo pidió la nulidad total de esos actos, pues también formuló pretensiones subsidiarias para que, si no prospera la anulación integral, se invaliden artículos específicos vinculados al congelamiento y al mecanismo de incrementos graduales, en medidas que habrían incidido en los esquemas tarifarios previstos en contratos de concesión establecidos por las entidades del Estado.

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que participará en un evento conmemorativo el jueves 9 de julio de 2026 en Chiquinquirá, Boyacá, en donde además sostendrá un encuentro con el encargado de negocios de Estados en Colombia, Hugo Guevara. Lo anterior, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, que tendrán una nueva etapa.

De la Espriella y Guevara harán parte del acto de celebración por el día de la Virgen de Chiquinquirá y, posteriormente, mantendrán un encuentro privado que podría definir aspectos clave del apoyo que el mandatario entrante espera recibir del país norteamericano: cuyo presidente, Donald Trump, se la jugó por apoyar la campaña del abogado de derecha, que venció en la contienda electoral al senador Iván Cepeda.

En consecuencia, la reunión representa el primer acercamiento formal entre De la Espriella y la máxima autoridad diplomática estadounidense en territorio colombiano tras el proceso electoral, en el que se impuso por 0,96% sobre el aspirante oficialista. El funcionario, de hecho, asumió como encargado de negocios ad interim de la embajada estadounidense en Bogotá el 30 de junio, a nueve días del triunfo del ‘Tigre’.

Según se conoció, la agenda del presidente electo empezará en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en donde se espera la asistencia de delegaciones oficiales y líderes comunitarios. Todo esto antes de dirigirse juntos a una reunión que se desarrollará en un ambiente reservado, y que fue programado en medio de la gira que empezó De la Espriella por las regiones, con Cúcuta como primer destino.

¿Quién es el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia?

Guevara llega a este encuentro con una amplia trayectoria diplomática. Ha dirigido la misión estadounidense en Azerbaiyán y ha trabajado como asesor político en Washington D.C., además de desempeñar funciones en seguridad y antinarcóticos en Guatemala; y en esta nueva etapa diplomática se enfocará en sacar adelante temas de comercio, migración y seguridad, gracias a su capacidad de interlocución en contextos difíciles.

A su arribo, enfrenta el reto de liderar la misión diplomática con experiencia en programas de seguridad y fortalecimiento del Estado en Guatemala, así como cargos en Alemania, Rusia y Ecuador. Es graduado en Ciencias por la Universidad de Notre Dame, y tiene una maestría en Política Pública Internacional de la Universidad Johns Hopkins y otra en Estrategia de Seguridad Nacional de la National War College de EE. UU.

Este encuentro estará precedido por el anuncio de De la Espriella de finalizar de forma abrupta el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo justificó su decisión al afirmar que “no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, por lo que continuará con sus equipos de forma independiente.

La ruptura se produjo tras una serie de mensajes del actual gobernante que, según De la Espriella, desconocían su elección como jefe de Estado. “Ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, agregó el jefe de Estado, que agregó que buscará obtener la información necesaria, fuera de la mesa formal de transición en la que el diálogo entre las partes se rompió.

La visita a Chiquinquirá se inscribe en una especie de correría que adelantará el mandatario entrante, que prevé recorrer 32 ciudades antes de asumir el cargo el 7 de agosto. Con ello busca hacer un diagnóstico regional y recolección de información directa. “Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay”, confirmó De la Espriella, que tiene como prioridad conocer el estado de las finanzas del país.

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en la tarde del miércoles 8 de julio a la designación de Omar Bula como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y cuestionó de entrada el giro de la política exterior, que, a su juicio, apartará a Colombia de la defensa de la vida, la ciencia y la oposición al genocidio a partir del 7 de agosto, cuando asuma el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado saliente sostuvo que el nuevo rumbo implicará que el país deje de enfrentar la crisis climática desde la descarbonización y pase a una posición alineada con la negación científica. Sus críticas las hizo al replicar el mensaje de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, en el que recopiló algunas de las publicaciones en las que Bula expresaba su concepto al cambio climático.

“Lo conocí cuando era yo estudiante universitario, y él del colegio, no aprendió mucho de los hermanos ni de su padre que hizo historia en un episodio de paz con el M-19, políticos de Sahagún como de la Espriella, espero que no hayan (sic) vecinos en Sahagún que lo conozcan y digan que era un niño malo, porque Abelardo sí tiene vecinas que dicen eso”, precisó Petro en su perfil de X, en relación con las referencias familiares.

Las referencias personales que, según Gustavo Petro, tiene de Omar Bula

En efecto, Petro hizo un contraste entre Jorge Iván Bula, hermano del nuevo canciller y actual funcionario del gobierno, y Omar Bula. “Estudié con su hermano, Jorge Iván, que me acompaña en mi Gobierno y es buen economista, sus dos hermanos eran de jóvenes revolucionarios maoístas y fueron cambiando con el tiempo, pero Jorge Iván el de menos patrimonio sigue conmigo”, expresó el jefe de Estado en su publicación.

Sin embargo, en su mensaje el primer mandatario lamentó la postura de Bula sobre temas científicos. “Eso de negar la ciencia, y decir que la crisis climática no existe es el top de la negación científica. Oscurantismo se decía antes, pero como dijo el filósofo austrohúngaro Gorgy Luckas, el ascenso del irracionalismo en el pensar, es el ascenso del fascismo”, reafirmó Petro, que puso la lupa sobre anteriores posturas de Bula.

En ese sentido, el presidente relacionó el negacionismo científico y el retroceso en políticas ambientales con riesgos globales, al evocar referencias históricas. “Estamos en esos tiempos de negación científica, de creencia en la mentira, tiempos de miedo y amenazas que antes, a mediados en los años 30 del siglo XX, desembocó en un holocausto. Cincuenta millones de muertos en Europa y 30 millones en Asia", destacó.

Y se cuestionó sobre qué sucederá en el corazón del mundo, “cuando la voz del país de la diversidad y de la exuberancia de la vida en el mundo, niega la ciencia”. Con ello, el primer mandatario reiteró la importancia que su administración ha dado a la lucha contra la crisis climática y la descarbonización de la economía, y enfatizó en lo que consideró es la pérdida de liderazgo con la llegada de la nueva administración.

“Si el eje fundamental de mi política internacional fue superar la crisis climática con la descarbonización de la economía en el mundo y Colombia brilló en el mundo por eso y fuimos faro de la Vida. Pero negar la ciencia siempre lleva a la barbarie y el holocausto y ahora ese irracionalismo se hace gobierno a partir del 7 de agosto, tamaña irresponsabilidad con la Humanidad y con la Vida”, agregó Petro en su declaración.

Gustavo Petro cuestionó el viraje en la política de política exterior con la llegada de Omar Bula

En el mismo mensaje, Petro destacó este giro político con intereses internacionales y e insistió en presuntos fraudes electorales que determinaron la victoria de Abelardo de la Espriella. “De ser aportantes a la paz y la vida en el mundo, en contra de nuestra Constitución pasamos a ser aportantes de la muerte y el genocidio, glorificar el genocidio solo lleva al holocausto”, afirmó el gobernante frente a este asunto.

Según Petro, la crisis climática, si no se detiene, “que según la ciencia es dejando de consumir hidrocarburos, o fósiles como los llamo, hay un holocausto de lo viviente en el mundo incluida la humanidad". Además de afirmar en su extenso mensaje en X que le da “lástima da una Colombia que ya no se opondrá al genocidio y que ya no apoyará la vida en el planeta, pero no por su pueblo que votó mayoritariamente por la vida”.

Fue entonces cuando aprovechó para lanzarle pullas a los entes electorales que se encargaron de velar por la transparencia de la elección. “Los algoritmos comprados a Israel para cambiar los modificables E-14 mientras el gobierno de Israel manejaba la ciberseguridad de la Registraduría”, expresó Petro, que sigue en su tónica de poner en entredicho la manera en que fue elegido De la Espriella como el nuevo jefe de Estado.

Así pues, el presidente acusó a actores internacionales de intervenir en los procesos democráticos colombianos. “(Benjamin) Netanyahu tumba progresismos en el mundo con los algoritmos de sus softwares que reemplazan la democracia de los pueblos, solo para salvarse de ser juzgado internacionalmente por genocidio", remarcó el presidente en su perfil, en el que se refirió al fracking.

Y habló de cómo “los adictos a la gasolina” solo son, desde su parecer, “fogoneros de la muerte y ahora amantes de genocidas“. Con ello, Petro señaló que fue un ”mal camino" el que, en su denuncia, “le escogieron a Colombia los poderes oscuros del extranjero”. Con ello, concluyó su mensaje con un llamado a la movilización social y la defensa de la vida, en la recta final de una administración a la que le quedan 30 días.

“Hubo mucha luz en el pueblo colombiano que quiere apagar Netanyahu, el genocida. La luz de la vida de los bebés que quieren apagar en el mundo por codicia y para salvarse de la cárcel. Y como soy amante de la vida y como he convocado un gran ejército mundial de guerreros y guerreras por la vida sin armas ni mucho dinero pero llenos de multitudes, y palabras poderosas, debemos unirnos y avanzar más", puntualizó.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció desde Cúcuta (Norte de Santander) que dio por terminado el empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó en una falta de reconocimiento del Ejecutivo de los resultados electorales de la segunda vuelta que se desarrolló el pasado 21 de junio y en la que venció, por estrecho margen (0,96%) al senador oficialista Iván Cepeda Castro.

“Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, expresó De la Espriella, que en la mañana del martes 7 de julio había tomado la decisión de suspender los encuentros entre los equipos entrante y saliente, debido a una serie de mensajes del actual gobernante que desconocían su elección como su sucesor en el cargo.

En su mensaje, el mandatario electo insistió en que la decisión ya está tomada. “Nosotros, con los medios que tenemos, vamos a recabar esa información”, acotó el nuevo gobernante, que señaló que buscará obtener datos por fuera de la mesa formal de transición. “Vamos a tener, una vez lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan”, dijo el abogado, que se posesionará el 7 de agosto.

Las acciones que tomará De la Espriella tras ponerle punto final al empalme con Gustavo Petro

De esta forma, también anticipó que cuando asuma, revisará la información oficial y prometió cambios en el manejo de los datos. “Ya no podrán seguir mintiendo. Ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, sostuvo en un duro discurso, como parte del inicio de su empalme con las regiones, en el que contempla la visita a 32 ciudades del territorio nacional.

De la Espriella vinculó esa revisión a un plan de reorganización interna que se prevé tras la instalación del Gobierno, de la que según indicó tiene diagnósticos que evidenciarían la crisis que hay en diferentes frentes y que necesitarían un plan de choque. “Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay”, aseguró el presidente entrante, que ha puesto la mira en campos como la seguridad, salud y el tema fiscal.

Según explicó, el análisis lo hará con el futuro equipo económico. “Y una vez tengamos claros los números, las cifras con el señor ministro de Hacienda y todo el equipo económico, le vamos a decir, de acuerdo a esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras”, puntualizó De la Espriella en su intervención.

Este fallido proceso de empalme finalizó tras un primer encuentro entre el vicepresidente electo y el hoy ministro de Hacienda, Germán Ávila, efectuada el jueves 2 de julio; y posteriormente, la reunión entre ambos equipos, en la que el ambiente se caldeó a tal punto de que se lanzaron acusaciones mutuas. Las publicaciones de Petro, desconociendo el triunfo del mandatario electo, dinamitaron el diálogo.

Justo tras hacerse pública la decisión, el vicepresidente Restrepo entregó su balance de la reunión del equipo de ministros designados y los líderes coordinadores de lo que han llamado “empalme anticorrupción” con el contralor General encargado Carlos Enrique Silgado y los 22 contralores delegados para instalar, en ese orden de ideas, las mesas técnicas que acompañarán este proceso previo a la transmisión de mando.

“Colombia merece conocer la verdad. La transparencia, el rigor institucional y el acceso a información verificable son la base para garantizar una transición responsable, para que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda tomar decisiones sobre hechos que son del interés de todos los colombianos“, expresó Restrepo, que con ello confirmó cómo procederá el nuevo Gobierno tras romper relaciones con el saliente.

La designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado un fuerte debate en el ámbito político. En especial, por la corta, pero contundente reacción de la actual titular de la cartera, Rosa Yolanda Villavicencio, que no dudó en dar su concepto frente a la escogencia del que será el encargado de la política diplomática del país.

Villavicencio, a través de su perfil de X, expresó su desacuerdo de manera categórica tras conocerse el nombramiento. “Puro nepotismo”, afirmó la titular de la cartera, al replicar el análisis de David Mauricio Castrillón, profesor titular de investigación en la Universidad Externado, en el que se hacía una remembranza de la trayectoria no solo del escogido por el mandatario electo, sino también de su círculo más cercano.

Y es que, al referirse al nuevo canciller, el académico valoró su experiencia, contrario a Villavicencio. “Como lo dice Abelardo de la Espriella, el canciller entrante, Omar Bula Escobar, no ha hecho paso por la Cancillería colombiana, más bien ha desarrollado su experticia diplomática desde el sistema ONU”, expresó en primer término el profesor, en relación con la llegada de este personaje al máximo cargo de la diplomacia nacional.

Sin embargo, Castrillón también reiteró los antecedentes familiares de Bula en la diplomacia nacional. “¡Una familia empapada en el mundo diplomático, del país y del orden internacional!, lo que ameritó la reacción de la actual funcionaria, que cuestionó la conveniencia de un nombramiento que, a su juicio, responde a lazos familiares más que a méritos institucionales.

¿Cuáles han sido los familiares del designado canciller Omar Bula?

El recorrido de la familia Bula en la diplomacia colombiana es extenso. Germán Bula Hoyos, padre del designado canciller, fue embajador de Colombia ante Bélgica durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1975-1977); mientras que su tío, Gonzalo Bula Hoyos, ocupó posiciones como consejero de relaciones exteriores ante Italia, cónsul general en Ámsterdam y embajador ante la FAO entre otros cargos.

Asimismo, la hermana de Omar Bula, Olga Elena Bula Escobar, desempeñó funciones diplomáticas en Bélgica, Francia, India y Australia en distintos periodos presidenciales, mientras que su hermano, Germán Alberto Bula Escobar, fue embajador en Venezuela entre 2000 y 2002. Con ello, un nuevo integrante de la familia estará en representación del Gobierno en esta nueva etapa, con De la Espriella como presidente.

En su anuncio, el mandatario electo indicó que el nombramiento de Bula a la Cancillería se fundamentó en la experiencia internacional del designado ministro, en específico en organismos multilaterales. El propio jefe de Estado destacó que el nombramiento responde a un enfoque técnico orientado hacia la modernización y la eficiencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que jugará un papel clave en su administración.

Su trayectoria incluye más de dos décadas de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde lideró operaciones humanitarias en escenarios de conflicto en África, Europa, América Latina y Medio Oriente. Su experiencia abarca la gestión de crisis en países como Somalia, Sudán e Irak, así como misiones en Senegal, Egipto, Roma, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador en el marco del Programa Mundial de Alimentos.

En el ámbito académico, Bula es reconocido como conferencista y escritor. Ha dictado cátedra en la Universidad Sergio Arboleda y fue incluido en 2018 en la lista de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo, elaborada por la firma británica Richtopia. “No ha hecho parte de la administración pública nacional ni de las maquinarias tradicionales en Colombia”, remarcó De la Espriella en su presentación.

La eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo de la FIFA, que se consumó en la vía de los penales tras 120 minutos de escasas ocasiones de marcar y un empate sin goles frente a Suiza, generó una dura reacción de uno de los más acérrimos críticos del proceso del argentino Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor: la del comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, que aprovechó sus redes sociales para desahogarse.

De acuerdo con Vélez, que había sido benevolente tras la clasificación a los octavos de final, con el triunfo (1-0) ante su similar de Ghana, pero que volvió a enfilar baterías contra el timonel foráneo, la presentación del combinado nacional deja una serie de conclusiones adversas y ajenas al resultado. En su concepto, el equipo volvió a mostrar las fallas estructurales de la eliminatoria y marcó distancia de rivales de mayor nivel.

En su lectura del encuentro, sostuvo que el conjunto suizo dominó de punta a punta y expuso fallas que, a su juicio, ya se habían visto antes. “Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121”, afirmó, y agregó que el rival “anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre”, lo que no fue descifrado por el timonel del combinado cafetero, que no encontró revulsivos para marcar diferencia.

Una de las claves para el revés del seleccionado nacional fue la fragilidad de la presión ofensiva y los problemas de estructura defensiva. Según dijo, “las grietas que se habían divisado claramente ante Ghana se dieron otra vez” y por esa vía “los suizos se arrimaron asociando con juego fino”, más allá de que en el marcador estas situaciones no se vieron reflejadas, pues ninguno de los dos elencos se hizo daño.

A esto sumó que una de las falencias del colectivo fue la falta de gol y la asoció con una ausencia que, para él, retrata un problema de selección de nombres. “Afortunadamente, tenemos en la tabla de goleadores del mundial a Julipan Quiñones, con cuatro tantos. Así le demostramos al mundo que goleadores sí hay, solo que no los llamaron”, señaló el comentarista. “Dicen que lo llamaron, pero él no aceptó”, agregó en este caso.

Suiza controló el partido y Colombia volvió a su versión de la eliminatoria, según Carlos Antonio Vélez

En el concepto del periodista, Colombia retrocedió hacia su peor versión competitiva. “Hoy volvimos al Colombia de la eliminatoria”, afirmó, después de describir un equipo que llegó “producto de acciones aisladas o errores de ellos, que fueron pocos”, expresó Vélez, que a su turno cuestionó la valoración general del plantel, del que afirmó que el colectivo está condenado a “dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo”.

“Pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza, somos normalitos”, sostuvo el analista. En su concepto, “hay una total sobrevaloración de nuestro producto colectivo”, lo cual quedó en evidencia en la presentación mundialista, en la que algunos de los referentes del equipo, como el volante James Rodríguez y el delantero Luis Díaz, quedaron en deuda con las expectativas generadas.

“Hay unos buenos jugadores que, al no estar iluminados, no pudieron resolver el problema”, dijo el comunicador, que encontró argumentos para expresar su inconformidad con la manera en que terminó dándose el final de la competencia para el equipo nacional, que estuvo en su séptimo mundial, tras los jugados en 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Carlos Antonio Vélez apuntó al banco y dijo que el técnico reaccionó tarde

En su extenso pronunciamiento, el periodista manizaleño también centró su análisis en la conducción del partido desde el banco. “De antemano sabía que desde el banco no se iba a dar ninguna solución”, afirmó Vélez, que se sumó a una serie de críticas frente a la forma en que se afrontó esta participación mundialista, que empezó a dejar detalles a la luz, como la convocatoria que se hizo del grupo con miras a este reto.

Según su planteo, el equipo tenía una alternativa táctica que no se utilizó a tiempo. “Estaba claro que con ambas bandas abiertas podíamos equilibrar”, dijo Vélez, y añadió que para eso había que “sacrificar a James (Rodríguez)”, una decisión que, según su crítica, solo llegó “forzado por la realidad cuando ya el rival se montó en el juego”; en un aspecto en el que señaló al timonel como el principal culpable de proteger al ‘10′.

Así pidió Carlos Antonio Vélez que se acabe el “club de amigos” de Néstor Lorenzo

Esa demora en el análisis del juego derivó en un cuestionamiento más duro a la conducción. Vélez sostuvo que el entrenador “murió con su terquedad sacrificando los intereses colectivos” y remarcó que Suiza “siempre lo controló”, y en ese sentido, el comentarista recordó el antecedente de las definiciones desde el punto penal. “No recuerdo que, llegando a los penales, superemos instancias y rivales”, sentenció.

A partir de ahí, planteó un paralelo con el perfil anímico de otro seleccionado. “Me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía de Argentina, aunque sea un poquito”, sostuvo el analista, que dejó una serie de inquietudes sobre el futuro del proyecto deportivo, pues Vélez reclamó un cambio de ciclo y un nuevo perfil de entrenador. En síntesis, pidió “un DT moderno” que use “bien a la nueva generación”.

Y que con ello reiteró que no es sano para la selección la continuidad de un grupo al que definió como “club de amigos y jugadores que cumplieron su ciclo sin ganar nada”. En esa exigencia incluyó una lista de rasgos que, a su juicio, debe incorporar la selección para competir en la élite: intensidad, velocidad, técnica, integralidad, pelota parada, juego físico y mentalidad campeona. “Ya no más club de amigos”, concluyó.

La designación de Nicolás Gómez Arenas como jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella, que se conoció el martes 7 de julio, provocó una fuerte reacción entre sectores del petrismo, que acusan al nuevo Gobierno de perpetuar prácticas de nepotismo y consolidar una estructura de poder familiar. El joven politólogo, que llegará al Ejecutivo bajo las banderas del partido familiar, Salvación Nacional, sacudió el espectro político.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Ariel Ávila, que si bien no se considera simpatizante del jefe de Estado, Gustavo Petro, apoyó al candidato del gobernante, el senador Iván Cepeda, hizo mención de la manera en que desde el Ejecutivo entrante se estaría buscando beneficiar a la misma colectividad; pues dos de sus miembros, familiares entre sí, se vieron favorecidos, al igual que tendrán presencia en el Congreso.

“Nepotismo total en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. 1. Enrique Gómez, dueño del partido de Abelardo es senador. 2. Su hermano fue nombrado MinHacienda, Miguel Gómez. 3. Y ahora el hijo de Enrique será secretario privado de presidencia, Nicolás Gómez”, dijo el congresista, que calificó la composición del gabinete como una muestra de concentración del poder en manos de una sola familia: los Gómez.

A la mención del congresista independiente, que pasará a la oposición, se sumó la crítica del exministro de Minas Andrés Camacho, que describió la manera en que se buscaría ejercer el poder en la nueva administración. “¡El nepotismo de los de siempre!”, adelantó en sus cuestionamientos Camacho, que fue titular de la cartera entre agosto de 2023 y febrero de 2025, cuando dio un paso al costado.

“Vuelve Laureano Gómez: el líder de Salvación Nacional, senador Enrique Gómez Martínez, es dueño del Partido de Abelardo. Su hermano, Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda y ahora, su hijo, Nicolás Gómez, será jefe de despacho de la Presidencia”, agregó el exjefe de cartera, en un movimiento que representa, a su juicio, el regreso de una estructura política que reproduce los mismos patrones de exclusión.

Duras críticas a Nicolás Gómez Arenas por su llegada al gabinete de Abelardo de la Espriella

Gómez Arenas, que es politólogo, comunicador y máster en políticas públicas, ahora está en el centro de un gabinete marcado por apellidos tradicionales de la política conservadora. Como se mencionaba, su padre es senador electo y fue el que coavaló la campaña del presidente, mientras que su tío, el economista Miguel Gómez Martínez, encontró lugar en una de las dependencias que jugará un papel clave en esta etapa.

Además, Gómez Arenas desciende del expresidente Laureano Gómez, al ser su bisnieto, así no se hayan cruzado en vida, pues el exmandatario, que gobernó en 1950 y 1951, murió en 1965, mientras que el joven nació en 1997 y asumirá el cargo con 29 años. Su tío, el asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado tampoco lo conoció, pues fue ultimado en un atentado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

La crítica se extendió a otros exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, como Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ironizó sobre la presencia de lazos familiares en la nueva cúpula: “El bisnieto de Laureano, el hijo del senador y el sobrino del ministro. ¡Los nunca! ¡A los que nunca van a señalar de nepotismo!”, destacó en su publicación.

Pese a sus innegables lazos familiares, la figura de Nicolás Gómez Arenas acumula credenciales académicas y experiencia en la arena política. Formado en Ciencia Política y Comunicación en la University of Arizona y con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, lideró la secretaría política del Movimiento de Salvación Nacional y promovió la participación juvenil al interior de la colectividad.

Como candidato al Concejo de Bogotá, propuso reformas en seguridad, reducción del gasto burocrático y ajustes a subsidios; y como un crítico de las políticas de izquierda y de la gestión de Petro, especialmente en temas de seguridad y medio ambiente, también puso la lupa sobre la gestión del jefe de Estado en diferentes frentes, en conceptos que plasmó en sus redes sociales y en columnas de opinión en medios de comunicación.

A pesar de estos señalamientos, el círculo cercano a Abelardo de la Espriella ha sostenido que la llegada de Gómez Arenas responde a criterios de experiencia y confianza y que el nuevo gabinete buscará combinar conocimiento técnico con lealtad a las propuestas del ‘Tigre’, pues el aporte de Salvación Nacional a la campaña de De la Espriella fue clave, no solo con el coaval, sino con el respaldo en la plaza pública.

Avanzan las designaciones del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sobre su equipo de trabajo. Se conoció en la tarde del martes 7 de julio la designación del politólogo Nicolás Gómez Arenas como jefe de gabinete, en un cargo en el que tendrá contacto directo con el equipo de ministros que tendrá el nuevo mandatario, entre los cuales hay uno con el que tiene lazos familiares.

En efecto, Gómez Arenas, que es hijo del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, es también sobrino del escogido ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por lo que esta designación causó interrogantes sobre los lazos familiares que rodean a la nueva administración y las críticas que, en su momento, se lanzaron hacia la anterior administración, por la vinculación de familiares al Ejecutivo.

Este nombre se sumó a los funcionarios designados del entrante Gobierno, tras conocerse en la jornada en curso el nombre de seis ministros: Elsa Noguera como ministra de Transporte, economista y exgobernadora; Mauricio Gómez Amín en la cartera de Comercio, abogado y exsenador; Viviane Morales al frente de Educación, abogada y exfiscal; y Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, exalcalde de Bucaramanga.

A los anteriores también se unen Juliana Gutiérrez, responsable de Deporte, que es administradora y especialista en gestión de riesgos y hermana del mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez; e Iván Cancino en Justicia, reconocido abogado penalista. Antes habían sido confirmados, además de su tío, Rodrigo Lara, en la cartera de Interior; el general (r) Jorge Mora, en Defensa; y Fabio Hincapié, en el ministerio de Ambiente.

¿Quién es Nicolás Gómez, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella?

Gómez Arenas es politólogo y comunicador, cuya incorporación al círculo más cercano del Ejecutivo nacional representa, nada menos, que la continuidad de una dinastía política de una familia que ha tenido un papel clave en el país durante generaciones. Además de los vínculos mencionados, Nicolás es bisnieto del expresidente Laureano Gómez, que gobernó en 1950 y 1951 y fue uno de los líderes del conservatismo.

En su perfil, el elegido para oficiar como una especie de secretario privado de De la Espriella incluye formación en Ciencia Política y Comunicación en la University of Arizona, así como una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Antes de su escogencia en este cargo, ocupó el de secretario político del Movimiento de Salvación Nacional, el partido de su familia y que se la jugó con el mandatario.

En el plano político, Nicolás Gómez Arenas respaldó candidaturas como la de Diego Molano para la Alcaldía de Bogotá y ha tomado distancia del uribismo tradicional, al defender una línea doctrinaria conservadora más estricta. Fue candidato al Concejo de Bogotá, en las elecciones del 2023, pero no alcanzó los votos suficientes para llegar al cabildo distrital, al integrar la lista de la colectividad familiar en esta contienda.

Durante los últimos años, se consolidó como uno de los críticos más activos de la administración de Gustavo Petro a través de las redes sociales y columnas de opinión, en los que hizo énfasis en las políticas del actual Gobierno y defendió los principios de propiedad privada, orden social y valores tradicionales; y denunció lo que denominó “agendas ambientales radicales”, con duras críticas a la exministra Susana Muhamad.

En su vida personal, el nuevo jefe de gabinete, que ocupará el mismo cargo que en su momento tuvo Laura Sarabia, también ha sido protagonista de episodios que han sido noticia, como el atraco del que fue víctima en el norte de Bogotá en octubre de 2022. El video del robo, ampliamente difundido, lo impulsó a exigir reformas estrictas en materia de seguridad urbana y a poner la lupa sobre la criminalidad en la capital.

En la tarde del martes 7 de julio de 2026 terminó la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA, en la que solo le alcanzó para llegar hasta los octavos de final, pues fue eliminada de forma agónica en los penales por su similar de Suiza. El equipo comandado por el argentino Néstor Lorenzo luchó durante 120 minutos por marcar diferencia en la pizarra, pero no pasó del cero y sufrió desde los doce pasos.

En la definición, que quedó 4-3 a favor del elenco helvético, fallaron sus cobros el defensor central Dávinson Sánchez, que la estrelló en el travesaño, y el delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, en un disparo que atajó sin problemas Gregor Kobel, para ir sentenciando la suerte de la Tricolor, que no pudo emular su mejor presencia en un evento orbital: la de Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final.

De esta manera, el combinado patrio, que disputó un total de cinco compromisos, se marchó del torneo sin conocer la derrota, con un solo gol en contra y cinco a favor, pero con la desdicha de no haber aprovechado una oportunidad histórica de seguir en carrera en el torneo. En especial, cuando esperaba en los ‘cuartos’ la actual campeona del planeta, Argentina; en lo que prometía ser una revancha de la Copa América 2024.

Abelardo de la Espriella se pronunció tras la eliminación de la selección Colombia del mundial

En medio de la desazón por la derrota del combinado cafetero, uno de los que saludó al grupo de jugadores y cuerpo técnico por esta campaña fue el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, que adoptó para su campaña uno de sus símbolos, como la camiseta amarilla, para representar el patriotismo que quiso imprimirle a su aspiración. En su perfil de X, el jefe de Estado entrante se refirió al equipo nacional.

“La dieron toda, muchachos. Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo. Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia! (A.D.L.E)”, expresó De la Espriella, que asumirá el cargo como nuevo mandatario el 7 de agosto, y aprovechó la ocasión para reconocerle al colectivo la manera en que ilusionaron a todo un país con sus partidos: en los que incluso se midieron a potencias como Portugal.

De la Espriella, que durante la campaña se puso la prenda del equipo nacional, e invitó a sus simpatizantes a usarla pese a restricciones judiciales de la campaña contraria, la del senador Iván Cepeda, valoró de esta forma lo hecho por el grupo de 26 jugadores, que en su séptima participación superaron la fase de grupos, en la que enfrentaron a Uzbekistán, República Democrática del Congo y al combinado luso, con Cristiano Ronaldo.

Y que en los dieciseisavos de final venían de eliminar al representativo de Ghana (1-0), dirigido por el portugués Carlos Queiroz, que en el proceso anterior, en la fallida eliminatoria rumbo a Qatar 2022, tuvo al mando las riendas del grupo. El sueño de los colombianos culminó a 20 días de su debut y justo cuando empezaban a definirse las llaves de una etapa crucial del torneo, que conocerá al campeón el 19 de julio.

En ese orden de ideas, por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo sobrevive el equipo argentino, que en una remontada de grandes proporciones dejó en el camino a Egipto (3-2) y será el rival, justamente, de Suiza en la siguiente ronda. Antes dijeron adiós Uruguay, en la instancia grupal; Ecuador, en dieciseisavos; y Paraguay y Brasil, que también se despidieron en esta ronda, para tristeza del continente.

Con un fuerte mensaje en las redes sociales, Lina María Garrido, representante a la Cámara saliente por Arauca, acusó el martes 7 de julio al presidente saliente, Gustavo Petro, de estar “drogado de poder” y lo comparó con un tirano; en un pronunciamiento que se conoció, justamente, a un mes de que el primer mandatario deje la Casa de Nariño, al culminarse el próximo 7 de agosto su periodo constitucional.

Garrido, que hace parte de la bancada de Cambio Radical en la corporación, pero que no logró renovar su presencia para el próximo cuatrienio, cuestionó el comportamiento del mandatario saliente frente a la victoria de Abelardo de la Espriella, al que se niega a reconocer como el próximo mandatario. Y frente a la intensidad de los mensajes que emitió sobre el mismo tema, sugirió comportamientos que merecen, según ella, análisis.

“Drogado por el poder, pidiendo la renuncia de sus ministros, creyendo que todos lo traicionaron, nombrando presidente a dedo como los tiranos y atormentado al pensar en las difíciles condiciones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde podría encontrarse Maduro. Ese es el lúgubre final de la historia que está escribiendo Gustavo Petro”, vaticinó la congresista, que con esto lanzó duras pullas.

Y es que las recientes afirmaciones del jefe de Estado, que incluso esbozó la teoría de un fraude con el software que se encargó de transmitir los resultados de la contienda, además de acusar a De la Espriella de “romper la Constitución” por haber participado, según él, de un entramado para ganar de forma fraudulenta, desataron una indignación generalizada. Como se vio en el mensaje de Garrido sobre el particular.

En otra de sus publicaciones, Garrido incluso indicó la suerte que le esperaría a Petro si se resiste a dejar su cargo. “Nada les dará más gusto a nuestras Fuerzas Militares que sacar esposado de pies y manos, al tirano y traidor de la patria, Gustavo Petro. Ojalá siga con su “desobediencia” para que nos dé el gusto de ver esa foto. Sin duda, sería una obra de arte", agregó la congresista de Cambio Radical.

Postura de Gustavo Petro de desconocer a Abelardo de la Espriella amenaza con causar una crisis institucional

La crisis se profundizó el lunes 6 de julio, cuando Petro desconoció de forma pública la victoria de De la Espriella, alegó la existencia de un presunto fraude electoral y denunció una supuesta “intervención de algoritmos desde California”, en una situación que, en su opinión, habría alterado el resultado oficial. Según el mandatario, el verdadero ganador fue Iván Cepeda, y no De la Espriella, lo que causó fuerte controversia.

“La historia nos enseña. Por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en esas trampas. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental, que es la base de la nación”, acotó el jefe de Estado en uno de sus múltiples mensajes en las plataformas digitales, con los que encendió la polémica.

En paralelo, el primer mandatario convocó a sus seguidores a protestar el próximo 20 de julio en todas las plazas del país y, como parte de lo que sería la estrategia para contener la llegada de De la Espriella, presentará demandas de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En síntesis, ha reiterado que no reconoce legitimidad en el Gobierno entrante, lo que ha encendido las alarmas sobre su permanencia.

A su vez, en otro de sus pronunciamientos, Petro incluso llegó a hablar frente a las amenazas que enfrentaría por parte de sus contradictores. “Aquí no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros. Aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a EEUU o asesinarme. Si lo hacen, mi voz será inolvidable en el mundo”, concluyó el jefe de Estado.

La andanada de publicaciones en las redes del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que insiste en desconocer la elección del abogado Abelardo de la Espriella, causó una dura respuesta de su antecesor, el exmandatario Iván Duque Márquez, que arremetió contra el gobernante saliente y sugirió problemas de adicción de su contradictor, que en medio del partido de la Selección Colombia no paró de pronunciarse.

En efecto, Duque Márquez, que estuvo a cargo de los destinos de la nación entre 2018 y 2022, aprovechó un intervalo en el cotejo de la Tricolor ante su similar de Suiza, por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, para lanzar una contundente afirmación contra Petro. Lo que encendió aún más los ánimos en una jornada convulsionada, en la que se suspendió el proceso de empalme con el equipo del presidente electo.

“¿Será que Petro puede dejar a Colombia ver a su selección en paz y dejar la tusa o el ‘tusi’ de poder que lo tiene escribiendo idioteces por segundo?”, comentó el expresidente en su perfil de X, en un mensaje en el que desactivó las respuestas frente al calibre de estos señalamientos. Y es que con ello parece ahondar en terrenos que, incluso, sugieren un deterioro en la condición del jefe de Estado, negados por el propio Petro.

Como se preveía, el comentario se viralizó de inmediato y provocó la reacción tanto de la opinión pública como de actores políticos, que no dudaron en hacer réplica del mismo, ante la constante actividad del gobernante en un momento en el que la atención mediática estaba centrada en la participación ‘cafetera’ en el torneo orbital. Mensajes con los que Petro atacó no solo a De la Espriella, sino a sectores de oposición.

Gustavo Petro insiste en desconocer a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente

En sus mensajes en X, Petro no solo defendió su gestión, sino que se refirió al pronunciamiento del presidente electo, que le pidió a las Fuerzas Militares respetar la transición hacia el nuevo Gobierno y, por ende, la Constitución Política. “Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero, porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución”, expresó el saliente gobernante.

Y prosiguió en su dura respuesta al jefe de Estado entrante. “Y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente”, agregó el primer mandatario, al hacer referencia a la triple ciudadanía de De la Espriella, que como él también cuenta con documentación italiana y, además, está investido con la nacionalidad estadounidense, pues antes de lanzarse al poder residía en ese territorio.

También se refirió a su papel como comandante en jefe de las FF. MM. “Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares”, exclamó el gobernante, que agregó que “jamás” ha dado orden para que operen contra la Carta Magna. “No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados; jamás ordené que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestaran”, dijo.

Esta controversia se agudizó tras los comentarios de Abelardo de la Espriella, en relación con el papel de los organismos de seguridad. “Le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, reafirmó el mandatario electo en su pronunciamiento.

Y, además, De la Espriella solicitó a la comunidad internacional permanecer atenta a la situación política del país. “Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado”, complementó. Este cruce de declaraciones parece crear un clima de crispación en vísperas de la conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia e instalación del nuevo Congreso.

Este plan de acción Restrepo lo calificó como parte de la aplicación del concepto de “resistencia constitucional”, que, según sus declaraciones, busca salvaguardar la institucionalidad del país frente a lo que serían los ataques del gobernante saliente, Gustavo Petro. La decisión de proseguir surgió tras levantarse de la mesa de trabajo que debía adelantarse con el grupo liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En ese sentido, el funcionario entrante explicó que la ruptura de las conversaciones no detendrá las tareas técnicas y de control sobre la transición de mando. “El empalme no se detiene, seguiremos con la auditoría forense y el análisis técnico”, indicó Restrepo, en lo concerniente a las labores de supervisión y revisión sobre la gestión saliente, que se mantendrán activas en búsqueda de hallazgos que representen cierto riesgo.

“De lo que se trata en la práctica es que todos los colombianos seamos conscientes de que lo que está haciendo el gobierno Petro es moviendo la raya de la democracia a la dictadura, moviendo la raya de la democracia a un golpe de Estado. Y los colombianos no podemos permitir eso”, expresó el vicepresidente al explicar a qué hacía referencia el término “resistencia constitucional”, pregonado por De la Espriella.

Del mismo modo resaltó lo que a su parecer es el carácter histórico de este momento y la importancia de no perder ese “activo y valor” que distingue al país en el contexto internacional. Con ello, en su mensaje, Restrepo señaló que la situación actual representa un desafío para la democracia colombiana, que está a prueba frente al abierto desconocimiento del presidente saliente del triunfo del abogado de derecha.

Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella

Luego de la decisión del presidente electo de suspender las mesas de trabajo con el Gobierno saliente, el equipo de transición llevó a cabo una reunión con los ministros designados, líderes y coordinadores de las comisiones sectoriales. El objetivo fue redefinir la estrategia de este proceso de transición bajo el enfoque denominado por las nuevas autoridades como “Empalme Anticorrupción”.

Según precisó Restrepo, el mensaje dado por De la Espriella fue claro: el empalme continuará con las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entrante administración, que han sido construidas durante los últimos siete meses para conocer, según el vicepresidente electo, “la realidad del Estado”. En consecuencia, enfatizó el compromiso del equipo de transición con la defensa de la institucionalidad.

“Aquí nadie da un paso atrás. Todo el equipo del Empalme está firme para defender la Constitución, el Estado de derecho, la legitimidad de nuestro presidente electo y la voluntad de millones de colombianos que decidieron el rumbo del país en las urnas”, agregó Restrepo, que con ello reforzó la postura del Gobierno electo de mantener las tareas de fiscalización y auditoría, pese a la ausencia de interlocución directa.

En lo que respecta a la auditoría forense y análisis técnico, según lo detalló Restrepo, se precisa la revisión detallada de documentos oficiales, la utilización de recursos que permitan cotejar datos frente a los reportes con los que cuenta su equipo y la cooperación entre los distintos ministerios designados. El enfoque, agregó, está basado en garantizar la transparencia y la legalidad en cada fase del traspaso de mando.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en las que ha generado una serie de interrogantes sobre el tramo final del Gobierno, a falta de un mes para el final de su administración, ameritaron en la tarde del martes 7 de julio de 2026 una dura reacción del exfiscal General de la Nación y ex precandidato presidencial Francisco Barbosa, que recordó sus alertas sobre el particular.

Barbosa, con un mensaje a través de la red social X, acusó al primer mandatario de poner en riesgo la transmisión del poder si sigue desconociendo la elección presidencial del abogado Abelardo de la Espriella como su sucesor, e impide el empalme. Y sostuvo que una conducta de ese tipo podría derivar en delitos y en un intento de “golpe de Estado”, lo que sería a su juicio una grave afrenta de su parte a la democracia.

“Lo advertí hace tres años cuando dije que Petro era un enemigo de la Constitución y la ley”, afirmó el exjefe del ente acusador al pronunciarse sobre el escenario postelectoral, al hacer énfasis en una recordada declaración de abril de 2023 desde Barranquilla (Atlántico), en el que, justamente, habló de cómo el actual mandatario buscaría aferrarse al cargo y habló del “embeleco” que significaba promover una constituyente.

Las preocupaciones del exfiscal Francisco Barbosa sobre Gustavo Petro

En sus señalamientos, el exfiscal también enumeró lo que serían las posibles conductas penales si el mandatario de los colombianos, que tendrá que entregar su dignidad como jefe de Estado el 7 de agosto, “persiste en desconocer la elección presidencial” del presidente electo, oculta información pública o bloquea la entrega institucional del mando. Un mensaje que, por lo visto, no pasó desapercibido.

“Si persiste en desconocer la elección presidencial del presidente Abelardo de la Espriella y adopta decisiones encaminadas a impedir el empalme, ocultar información pública o impedir la transmisión constitucional del poder, no solo estaría comprometiendo la estabilidad institucional del país, sino cometiendo delitos al buscar un golpe de Estado”, expresó el extitular del ente de investigación.

A su vez, el exfiscal dejó en claro que este asunto no se limita a una discrepancia sobre el resultado de la contienda del 21 de junio, ya certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también a la manera en que se menoscabará la confianza en la administración del Estado, pues no solo ha denunciado aparentes fraudes, sino que convocó una “resistencia civil” contra, según él, un “gobierno ilegítimo”.

Así señaló que podrían configurarse conductas como prevaricato por acción u omisión, abuso de autoridad, fraude a resolución judicial si desobedece órdenes de los jueces y delitos relacionados con la ocultación, destrucción o supresión de documentos públicos. Con ello, el exfiscal también agregó una acusación adicional sobre el efecto de esta línea discursiva, pues estaría siendo protagonista de “instigación a la violencia”.

Y reiteró que el punto de quiebre en esta ruptura institucional no está en la jornada de votación, sino en el respeto al relevo presidencial. “La democracia no termina con las elecciones; también exige respetar la entrega del poder conforme a la Constitución”, afirmó el exfiscal, que desde que ocupaba este cargo se convirtió en opositor de la administración Petro, al hacer énfasis en los alcances legales de sus posturas.

En su mensaje del martes 7 de julio, que causó controversia, el presidente saliente se refirió a cómo se han gestado algunos de los conflictos internos en Colombia. “La historia nos enseña. Por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía”, escribió el primer mandatario, en relación con sus denuncias sobre la supuesta manipulación del software para el beneficio de De la Espriella.

Aunque para matizar su mensaje, el jefe de Estado también buscó separar este desconocimiento a cualquier agresión contra los votantes del presidente electo. “Reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría”, señaló Petro, que, en esa misma línea, envió un mensaje a quienes respaldaron a De la Espriella. “Nuestra amistad y aprecio jamás deben ser agredidos por su pensamiento”.

El Gobierno de Estados Unidos expresó su satisfacción por la designación del general (r) del Ejército Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa de Colombia, anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella el lunes 6 de julio. El ex alto oficial, que en su momento fue uno de los ‘descabezados’ por el mandatario saliente, Gustavo Petro, se convertirá desde el 7 de agosto en el sucesor de Pedro Sánchez.

Según informó Noticias Caracol, un alto funcionario del Departamento de Guerra estadounidense, consultado por el periodista Juan Camilo Merlano, entregó un concepto favorable frente a la escogencia del general (r)´, que se conoció un mes antes de asumir el poder. “Nos alegra que el presidente electo designe ministro de Defensa temprano (…) esperamos trabajar juntos con la administración entrante”, precisó la fuente.

La señal de respaldo de Washington se produjo a la par de la confirmación al mismo medio, por parte de fuentes del Pentágono, que ya se han efectuado reuniones directas con el presidente electo y su equipo, en las que se abordaron temas de cooperación estratégica y lucha contra el crimen organizado en el país. Todo esto, como parte del inicio de la nueva era de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

De la misma manera, el funcionario consultado reiteró la importancia de la inminente incorporación de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas: un mecanismo internacional centrado en el combate de estructuras criminales transnacionales, pues se da como un hecho que el 7 de agosto Colombia será el miembro número 19 en la Coalición, justo en el inicio del Gobierno, que se extenderá hasta 2030.

Es válido precisar que esta organización es independiente de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, liderada por el Departamento de Estado de los EE. UU. y conformada actualmente por 13 países, aunque se espera que la adhesión colombiana ocurra en el corto plazo; tal y como lo anunció De la Espriella frente a la decisión de establecer lazos de cooperación fuertes en la lucha contra la criminalidad.

El respaldo del país norteamericano llega en un panorama de crecientes amenazas por parte de redes del narcotráfico y organizaciones delictivas internacionales a la estabilidad de la región, según indicó el secretario de Estado, Marco Rubio. “Esperamos trabajar juntos con la administración entrante”, remarcó la fuente consultada por Noticias Caracol, en lo que respecta al inicio formal de diálogos entre ambas administraciones.

Él es el general (r) Jorge Mora, el designado ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella

El designado ministro posee una carrera de más de tres décadas en las fuerzas armadas de Colombia. Ha ocupado cargos estratégicos como comandante de la Octava División del Ejército, de la División de Fuerzas Especiales y de la Brigada Especial contra el Narcotráfico; y también lideró el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia y fundó la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

En el plano académico, Mora López es profesional en Ciencias Militares, especialista en Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes y magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Además, cuenta con formación en el Collège Interarmées de Défense de París y en Comando y Estado Mayor en Fort Benning (Estados Unidos), un perfil académico y profesional que llamó la atención del nuevo mandatario.

Tras dejar el servicio en 2022, después de pedir la baja afectado por la reestructuración liderada por el presidente Gustavo Petro, Mora incursionó en la política, postulándose por Salvación Nacional a la Gobernación de Norte de Santander en 2023 y al Senado en 2026. Si bien no obtuvo escaño en el legislativo, se consolidó como voz crítica de la política de Paz Total y rechazó llamados a la desobediencia civil hechos por el senador Iván Cepeda.

En una noticia que sacudió el espectro político colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el lunes 6 de julio el nombre del que será su ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, que a casi cuatro años de haber pedido la baja de la fuerza castrense, afectado por la reestructuración implementada por el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional.

En sus primeras declaraciones como futuro titular de la cartera, Mora agradeció a través de las redes sociales su escogencia y afirmó que su principal reto en la cartera será restaurar el espíritu de lucha, el prestigio y la operatividad de las Fuerzas Armadas. De esta manera, el militar en retiro asumirá el cargo tras la posesión presidencial el 7 de agosto y sucederá al también general (r) Pedro Sánchez, que está desde mayo de 2025.

La llegada del ex alto oficial a esta dependencia del gabinete representa, en palabras del propio jefe de Estado electo, “el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la fuerza pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”. Afirmaciones que fueron bien recibidas por el nuevo ministro.

¿Qué más dijo Jorge Mora tras su designación como nuevo ministro de Defensa?

Mora se dirigió al presidente electo y a la opinión pública con satisfacción por haber sido escogido para el cargo y compartió las sensaciones que representa para él y su familia esta responsabilidad. “Recibo esta designación con el honor y la humildad de quien lleva tres generaciones familiares de servicio a la Patria en la sangre. Mis venas son camufladas y mi compromiso con usted y con Colombia es inquebrantable”, dijo.

Su misión, según destacó De la Espriella en su anuncio, estará en fortalecer el sector Defensa para enfrentar las amenazas que afectan al país. “Bajo su liderazgo como conductor político de nuestra fuerza pública, asumo el reto de devolverles la moral combativa, la grandeza y las capacidades al sector defensa necesarias para proteger a los colombianos de las acciones de la criminalidad que afrontan los colombianos.

“Vamos a recuperar cada centímetro de nuestro territorio para que la seguridad sea el puente hacia el progreso social en la patria milagro. ¡Cero tolerancia con el crimen y con la corrupción, lealtad total a la Constitución!”, afirmó en su declaración el general (r) Mora López, que con ello prometió devolver la presencia estatal en las regiones más golpeadas por la violencia, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.

El militar nacido en Cúcuta el 23 de marzo de 1967 cuenta con una trayectoria de 36 años en las Fuerzas Militares de Colombia. Se graduó como oficial del Ejército Nacional y completó estudios en gestión de defensa, comando y estrategia en el Collège Interarmées de Défense de Francia, así como en seguridad y defensa en la Universidad Antonio de Nebrija de España y en la Escuela Superior de Guerra (Esdegue).

Durante su carrera, el ex alto oficial ocupó cargos como comandante de la Octava División y de la División de Fuerzas Especiales, y dirigió el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Además, fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales y asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

A su vez, el nuevo ministro cuenta con reconocimientos como la Cruz de Boyacá y distinciones otorgadas por Francia y Estados Unidos. Tras su retiro en 2022, motivado por la purga que hizo Gustavo Petro en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, se desempeñó como asesor y ejecutivo en temas de seguridad para entidades públicas y participó en procesos de fortalecimiento institucional en Colombia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, generó controversia en la tarde del lunes 6 de julio de 2026 al insinuar que la salida del general (r) Jorge Eduardo Mora López del Ejército Nacional habría obedecido a actos de corrupción y cuestionó abiertamente el manejo de recursos dentro de la institución castrense durante su estancia, lo que le valió fuertes críticas de los sectores aliados al nuevo Gobierno.

En una declaración difundida a través de sus redes sociales, el jefe de Estado arremetió contra el ex alto oficial, que fue escogido por el mandatario electo Abelardo de la Espriella como su ministro de Defensa, cargo del que tomará posesión el próximo 7 de agosto con la transmisión de mando a la nueva administración. Aunque no presentó mayores pruebas de sus afirmaciones, el gobernante desató una fuerte controversia.

“Todo oficial que haya sacado fue por algo que no tiene que ver con la política. O por datos de corrupción o datos de violación de derechos humanos”, afirmó el mandatario en su perfil de X, en el que acompañó su mensaje con un gráfico sobre el incremento en el gasto de servicios públicos del Ejército; en el que aparecen valores por concepto de aseo del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con un supuesto incremento.

“Aquí dejo este cuadro que envío a la Fiscalía para que inicie acción penal sobre el incremento exponencial en el gasto de servicios públicos que hace el ejército. No son datos coherentes y abren sospecha sobre corrupción”, expresó el primer mandatario, que alimentó sus señalamientos solo con esta imagen y, en consecuencia, expuso al designado ministro a los señalamientos de los sectores afines al actual Gobierno.

La reacción de Petro surgió en respuesta a las palabras de agradecimiento de Mora López a De la Espriella por su designación. Con su mensaje, el presidente remarcó que los cambios en la cúpula desde el inicio de su Gobierno no obedecieron a motivaciones políticas, teniendo en cuenta que el general (r) estuvo hasta mediados del 2022, cuando llegó el jefe de Estado al poder y, al no quedar por antigüedad en línea de mando, él pidió la baja.

Nuevo ministro de Defensa agradeció designación de Abelardo de la Espriella

Antes de los fuertes señalamientos de Petro, el mayor general (r) Jorge Mora agradeció de manera pública al presidente electo De la Espriella por la confianza depositada. “Recibo esta designación con el honor y la humildad de quien lleva tres generaciones familiares de servicio a la patria en la sangre. Mis venas son camufladas y mi compromiso con usted y con Colombia es inquebrantable", afirmó el ex alto oficial.

Y agregó que, bajo el liderazgo de De la Espriella como conductor político de la fuerza pública, asumirá el reto de “devolverles la moral combativa, la grandeza y las capacidades al sector defensa” necesarias para proteger a los colombianos. “Vamos a recuperar cada centímetro de nuestro territorio para que la seguridad sea el puente hacia el progreso social en la #PatriaMilagro”, remarcó Mora, que reemplazará a Pedro Sánchez.

Indicó que no tendrá tolerancia contra el crimen y la corrupción en la entidad y está listo para demostrar “lealtad total” a la Constitución. “¡Honor y Gloria a nuestros Héroes de la Patria! ¡Firmes por la Patria!”, escribió Mora López en su perfil de X, que se había convertido en un espacio en el que daba a conocer sus posturas sobre orden público y el estado actual de las Fuerzas Militares; además de proselitismo.

Es válido destacar que el general (r) enfrentó en el pasado un proceso judicial por presunto desvío de viáticos dentro de la División de Fuerzas Especiales del Ejército. La investigación, tramitada por la justicia penal militar y la jurisdicción ordinaria, concluyó que el general no tuvo responsabilidad directa en los hechos, y determinó que “el verdadero responsable del fraude fue un capitán subalterno” y declaró su inocencia.

Antes de su retiro, Mora López ocupó cargos estratégicos dentro de las Fuerzas Militares, pues se desempeñó como director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, área encargada de la recopilación de información estratégica y la seguridad de las fuerzas armadas; y lideró el Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales, al coordinar la estructuración de planes de defensa.

La decisión judicial, que fue comunicada a la opinión pública por el congresista de oposición, se conoció en medio de las fuertes denuncias que ha hecho contra la parlamentaria, que pasará a la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio. Y en las que ha puesto, según él, la lupa en el manejo de recursos públicos y la transparencia en el Congreso, que se habría visto beneficiada por la administración saliente.

En efecto, el parlamentario reveló que fue el Juzgado 22 Penal de Bogotá y que la medida incluye la advertencia de nuevas consecuencias penales si Quilcué no cumple con la resolución. Frente a esto, la afectada todavía no se ha pronunciado, lo que generó interrogantes sobre si acatará o no la medida que adelantó el accionante, que se encargó en su video de entregar más detalles sobre el fallo a su favor.

Así comunicó Jota Pe Hernández que Aida Quilcué debía pagar tres días de arresto

La controversia surgió a raíz de una denuncia formulada por Hernández que involucra a la congresista Quilcué, que fue fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en la que fue acusada de ocultar información sobre la contratación estatal de allegados con el Gobierno. En su anuncio, el parlamentario señaló que la decisión responde a la negativa a entregar detalles sobre contratos y recursos asignados a su entorno familiar.

“Quería ocultarme información de los contratos de sus familiares, que están viviendo sabroso mientras ella se cree ante Colombia la pobre viejecita, para engañar a muchos colombianos para que voten por ellos con un falso discurso de igualdad”, señaló el senador, que agregó que el fallo demostraría “que esta gente no está por encima de la ley”. Este pronunciamiento causó duras reacciones en las plataformas digitales.

En palabras del propio Hernández, “Si no, incurrirá en un nuevo desacato y la compulsa de copias penales ante la Corte Suprema de Justicia”. Con esto, el senador añadió que dos personas están a punto de ser condenadas por amenazarlo y advirtió sobre presuntas campañas de calumnias en su contra. “Por ahí hay un individuo bolongo creyendo que puede calumniarme públicamente y que nada le va a pasar”, acotó el senador.

En la parte final de su pronunciamiento, el congresista lanzó una fuerte advertencia a sus contradictores, entre ellos Quilcué. “Nosotros seguiremos trabajando mientras el tiempo y la ley me siguen dando la razón. No estamos jugando”, reveló el parlamentario, que comenzará su segundo periodo en el Senado, precedido de su fallido proceso de escisión de la Alianza Verde, colectividad que le negó su desvinculación

¿Por qué Jota Pe Hernández denunció a Aida Quilcué?

El conflicto entre los congresistas tiene su origen en las acusaciones de Jota Pe Hernández sobre el supuesto manejo de contratos públicos por parte de la senadora y de su círculo cercano. Según el senador, en el actual periodo de Gobierno, los familiares de Quilcué habrían recibido contratos por cerca de 1.000 millones de pesos; una cifra, a su juicio, alarmante, que condicionó -en su concepto- su labor legislativa.

“Karen Quilcué, con nueve contratos por casi $500 millones; Kelly Quilcué, con cuatro contratos por casi $300 millones; y Mayerli Quilcué, con tres contratos por más de $1.030 millones”, afirmó Hernández el pasado 17 de junio, en la antesala de la segunda vuelta presidencial, en la que la congresista participó como compañera en el tarjetón de Cepeda; y por su derrota logró el escaño en la Cámara de Representantes.

En la misma línea, el congresista añadió que “en estos cuatro años Aida Quilcué ha recibido cerca de $2.000 millones”, lo que generó cuestionamientos sobre la imagen pública que proyecta la dirigente indígena. “A Aida Quilcué pretenden mostrarla, así como a Francia, como una nadie, como la pobre viejecita, pero sencillamente es para atraer votos de las comunidades indígenas y personas humildes del país”, puntualizó.

El designado ministro del Interior del presidente electo Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, anticipó el lunes 6 de julio de 2026 que el nuevo Gobierno ve “con muy buenos ojos” que Alfredo Deluque, senador electo del partido de la U, y Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, sean elegidos como presidentes de ambas corporaciones, al señalar que ya abrió contactos formales para armar una mayoría legislativa.

Tras salir de un encuentro con el ministro saliente de la cartera, Armando Benedetti, Lara explicó ante la prensa que, si bien respeta la autonomía del Legislativo, esperan que ambos sean los que estén a cargo en el primer largo del nuevo periodo. Para tal fin, estableció diálogos iniciales con los partidos que están representados en el legislativo, “excepto naturalmente con el esquema de oposición”.

La intención de esos acercamientos es una sola: consolidar una mayoría clara en el Congreso, pues el futuro ministro sostuvo que el Ejecutivo necesita respaldo del Legislativo para sacar adelante su agenda. “Un Gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer”, dijo Lara y remarcó que, en ese orden de ideas, esa capacidad se materializa “cuando colabora armónicamente con la rama legislativa”.

Por ello reiteró la intención de tener un grupo mayoritario en el Capitolio, que tenga reglas explícitas. “Aquí no va a haber nada por debajo de la mesa”, afirmó, y añadió: “Aquí no va a haber repartijas de la rama ejecutiva”, expresó Lara, que también anticipó un mecanismo de selección para el gabinete con foco en perfiles externos a la política tradicional, con el que se garantice la inclusión de los más capaces.

“Ya incluso hoy llamaron básicamente a un headhunter, a un cazatalentos, para detectar perfiles de personas, de los que nunca han podido gobernar, nunca han llegado a gobernar y puedan llegar a hacerlo gracias a su talento, a su hoja de vida y a su mérito”, señaló el ministro, en relación con otros cargos del Estado además de los titulares de cartera, que han ido conociéndose a ‘cuentagotas’ por parte del nuevo Gobierno.

Candidatos a las presidencias de Senado y Cámara recibieron el apoyo de Gobierno de De la Espriella

En consecuencia, sobre la conducción del Congreso, Lara dejó clara la posición del Ejecutivo frente a los nombres que suenan para las presidencias. En el caso de Deluque, De la Espriella buscaría que sea el congresista guajiro que hace parte de un movimiento tradicional el que llegue al cargo, como parte de los acuerdos entre colectividades; y en lo que respecta a Briceño, un reconocimiento al ser el más votado.

“Naturalmente que el doctor Alfredo reúne todas las condiciones. Es un hombre serio, probo, que estuvo cerca de este proyecto y, si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veríamos con muy buenos ojos”, destacó el ministro Lara en lo que respecta al que se perfilaría a convertirse en el nuevo presidente del Legislativo y, de esta forma, el que le impondría la banda al nuevo mandatario.

Y al ser consultado por el caso de la Cámara, el designado titular de Interior vinculó a Briceño con el proyecto electoral del presidente electo. “El doctor también respaldó este proyecto de Abelardo de la Espriella y José Manuel Acevedo y veríamos con muy buenos ojos si esa es la decisión de la Cámara y de su partido”, complementó el entrante ministro, al que se le vio en un efusivo abrazo con Benedetti.

Mientras Deluque tiene 16 años en el Legislativo e irá por cuatro más, en caso de que complete su periodo, para Briceño será su primera experiencia, tras ser la revelación en la contienda del 8 de marzo, con más de 262.000 votos. Con ello superó, incluso, a reconocidos senadores, que no lograron superarlo pese a tener fuertes maquinarias a su servicio, y dio el gran golpe para la cámara baja, al ayudar a la lista de su partido.

Con un nuevo y duro pronunciamiento en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció la “persecución política” de la que, según él, es víctima por la citación a indagatoria que fijó la Fiscalía General de la Nación para el próximo 24 de julio, día en el que deberá comparecer para que entregue su versión frente a la presunta comisión de delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con el exmandatario, que se pronunció en su perfil de X, el ente acusador le impidió interponer un recurso de reposición contra la decisión que, según dijo, lo deja en condición de imputado por los mencionados punibles. Lo anterior, como parte del expediente que examina hechos ocurridos cuando Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, relacionado con presuntos nexos con los paramilitares.

“La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas", expresó el exmandatario, líder político del partido Centro Democrático, en un mensaje publicado en su perfil.

De acuerdo con Uribe Vélez, “esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”. De esta forma, el expresidente -que inicialmente había pedido un aplazamiento de la diligencia judicial- hizo pública esa queja después de que el ente acusador radicó la fecha de esta audiencia, que se tramitará bajo la Ley 600 de 2000.

En un mensaje anterior, publicado en la mañana del 6 de julio, Uribe agradeció el respaldo recibido por este caso. “Agradezco de corazón los mensajes de tantas personas, sus oraciones. Estoy muy conmovido. Perdónenme, por favor, la falta de respuesta de mensajes, confieso que no he alcanzado en los últimos meses. No ha sido pereza ni indiferencia”, afirmó el ex jefe de Estado, que ha recibido el apoyo de su colectividad.

La indagatoria que podría cambiar el rumbo judicial del expresidente Álvaro Uribe

La citación a indagatoria obliga al expresidente a responder por las presuntas violaciones graves a los derechos humanos en el norte de Antioquia; más específicamente en el municipio de Ituango. La Fiscalía investiga en concreto sucesos como las masacres de La Granja, en 1996, y de El Aro, en 1997, ambas en esta población; y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998.

A esto se suman las denuncias por la aparente conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, en San Roque, predio que pertenecía a la familia Uribe Vélez, denominado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese sentido, Uribe habló para rechazar el alcance penal de esa citación y para cuestionar el trámite que la rodeó, al hacer una serie de advertencias frente a este caso.

En efecto, para el exmandatario la citada indagatoria, convocada por Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, busca, de manera anticipada, declararlo como imputado de la comisión de los anteriores delitos; pues en el sistema penal colombiano, y en la jurisprudencia del alto tribunal, la diligencia de indagatoria (Ley 600) se equipara a la formulación de imputación (Ley 906 de 2005).

La investigación formal avanzó, según la información conocida del caso, a partir de pruebas y testimonios, entre ellos los rendidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que apuntan a una posible omisión o complicidad en crímenes considerados de lesa humanidad. Frente a esto, la defensa del ex jefe de Estado controvirtió los argumentos e insistió en que las acusaciones son falsas.

De acuerdo con Briceño, que se pronunció en sus redes sociales en la jornada del lunes 6 de julio, lo que buscaría el jefe de Estado es desconocer el resultado electoral antes de la posesión del 7 de agosto y, como lo advirtió el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, suspender este acto. Al menos así quedó registrada en la demanda radicada ante el Consejo de Estado, a 31 días de la transmisión de mando.

“Hoy acaba de iniciar un golpe a la democracia por parte del petrismo y quiero que ustedes estén muy atentos a esto”, indicó Briceño, que recopiló declaraciones del abogado Pérez, al que identificó como cercano al Pacto Histórico. El parlamentario sostuvo, además, que el presidente Petro ya instaló una narrativa de fraude en las mesas del exterior, pese a que estos puestos estuvieron bajo control de los consulados.

En efecto, para el congresista electo, esa combinación entre la demanda interpuesta, la denuncia de ilegitimidad de la contienda electoral y la convocatoria a una masiva movilización, prevista para el lunes 20 de julio, configura una escalada contra la transición que debe hacerse en completa normalidad.

Cabe destacar que Pérez explicó en Blu Radio cuál es el alcance de la acción promovida. “¿Qué le estamos pidiendo al Consejo de Estado en concreto? Que a través de una medida provisional suspenda la posesión el 7 de agosto de Abelardo de la Espriella. Y luego, mediante una sentencia de fondo, se anule el E-26 por el cual el Consejo Nacional Electoral reconoció su elección y se convoquen unas nuevas elecciones en Colombia”, dijo.

Las advertencias de Daniel Briceño tras las acciones contra la elección de Abelardo de la Espriella

En su postura, el representante a la Cámara indicó que la pretensión de frenar la investidura del nuevo mandatario y remarcó el punto que consideró más delicado de la solicitud judicial. “Ojo, nuevas elecciones. Están buscando que Abelardo no se posesione el 7 de agosto”, reiteró Briceño e indicó que la controversia está enfocada en el reconocimiento del ganador.

A su juicio, el hecho de pedir la nulidad del formulario E-26, que fue el documento con el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la elección, muestra que las acciones judiciales apuntan al corazón del resultado y, en consecuencia, a desconocer la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo jefe de Estado, para el periodo que tendrá que comenzar el 7 de agosto, por mandato constitucional.

El segundo frente de la denuncia fue el mensaje de Petro sobre un presunto fraude en el exterior, en el que sostuvo que existía información sobre “un servidor IP situado en Los Ángeles, California”, vinculado a “los hermanos Bautista” (dueños de Thomas Greg & Sons) e integrado a la operación de escrutinios, desde el cual “se utilizaban algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

En ese aspecto, respondió a ese argumento con un hecho que no ameritaría, en su concepto, discusión alguna. “Las mesas en el exterior eran manejadas por los consulados, consulados controlados por el petrismo en este momento”, sostuvo el representante a la Cámara, al afirmar que la propia tesis de fraude terminaría apuntando a funcionarios que hacen parte del Gobierno actual, como los del servicio diplomático.

Para el congresista electo, el problema no se limita a la demanda, ni a la denuncia sobre los votos en el exterior. Lo que considera más delicado es la afirmación del mandatario de que el presidente de Colombia “no reconoce la legitimidad del gobierno entrante” y de que “Abelardo no ganó las elecciones”, sino que lo hizo “el filósofo Iván Cepeda”; lo que buscaría alimentar aún más la narrativa de fraude en la contienda.

En síntesis, el representante encadenó esa convocatoria con la discusión sobre la legitimidad del resultado. “El petrismo acaba de emprender todo un accionar para, primero, no dejar que Abelardo se posesione el 7 de agosto. Segundo, desconocer los resultados. Tercero, vender la narrativa de que hubo fraude en las mesas en el exterior”, afirmó el congresista.

Y es que frente a las manifestaciones que están convocándose, Briceño fue tajante en oponerse. “Están convocando al país a las calles para incendiar”, reafirmó el congresista, que dejó en claro que, pese a la maquinaria estatal, están dispuestos a interponerse. “Vamos a defender el resultado, vamos a defender las elecciones y no vamos a permitir que le den este golpe a la democracia”, remarcó el joven político.

A través de un acto administrativo firmado el lunes 6 de julio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, sacó del cargo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a 31 días de entregar el poder al nuevo Gobierno. El saliente titular de la cartera, que había asumido esta dignidad el 11 de febrero, duró algo menos de cinco meses en el cargo, en el que se opuso a algunas de las iniciativas del jefe de Estado.

La ‘gota que rebosó la ‘copa’, según Caracol Radio y Blu Radio, fue la reciente entrevista de Cuervo, en la que se desmarcó de los resultados de la política de Paz Total de la presente administración y, del mismo modo, de desconocer el mandato del jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo el 7 de agosto. Sus afirmaciones habrían causado una fuerte molestia en el gobernante, que le pidió la salida.

En efecto, en declaraciones entregadas a Caracol Radio, en la mañana del 6 de julio, también indicó que Petro se equivocó en el enfoque de las negociaciones con las disidencias de las Farc. “No fue correcto darles estatus de negociación política”, afirmó el saliente ministro, que recordó la reciente decisión del Consejo de Estado, que señaló cómo eso “violó el acuerdo de paz” firmado; lo que habría causado la ira presidencial.

Cuervo, que previamente ya se había opuesto a la realización de una asamblea nacional constituyente por parte de Petro, deja el cargo, convirtiéndose en el cuarto ministro en propiedad, pues Petro ya había contado con Néstor Osuna, entre agosto de 2022 y julio de 2024; Ángela María Buitrago, entre julio de 2024 y mayo de 2025; y el exfiscal Eduardo Montealegre, entre junio y octubre de 2025.

Así le fue a Jorge Iván Cuervo en el Ministerio de Justicia

La gestión del saliente funcionario se caracterizó por un enfoque académico y técnico, con el que se alejó de las posturas más radicales del Gobierno de Gustavo Petro. Desde el inicio, Cuervo mantuvo una postura institucional y no de Gobierno, priorizó la independencia del ministerio frente a presiones políticas provenientes del Ejecutivo y denunció que los problemas de impunidad requieren soluciones a largo plazo.

Durante su administración, Cuervo reactivó la Comisión de Reforma a la Justicia, con el objetivo de reorganizar procesos y evaluar las fallas del sistema penal acusatorio. Este esfuerzo buscó adaptar la justicia a las nuevas realidades digitales y tecnológicas y se reflejó en la insistencia de que estos retos trascienden los periodos presidenciales y no deben estar sujetos a las disputas partidistas.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de su gestión fue su firme oposición a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, propuesta por el presidente Petro. Cuervo sostuvo que las grandes reformas no requerían de este mecanismo y criticó el impacto que el debate tuvo en la agenda ministerial, además de defender la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su continuidad hasta 2030.

Cuervo se va tras una primera y única reunión con el que sería el ministro entrante de Justicia, el abogado Iván Cancino, con el que abordaron diferentes temáticas del resorte de la cartera, como el tema carcelario, que se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’ para la presente administración, pero en el que indicó que pudo mantener un diálogo cordial con los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En los temas que indicó dejar listos para su sucesor, se planificó una actualización del Plan Decenal de Justicia para 2028-2038, la entrega de recomendaciones de la Comisión de Reforma a la Justicia el 31 de julio, y la presentación del borrador del Conpes sobre política criminal. Con ello, se busca orientar futuras reformas judiciales, mejorar el acceso a la justicia y una base clara para la próxima política criminal.

Frente a su destitución como ministro de Justicia, uno de los primeros en reaccionar a la decisión fue el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. “Petro echó a su Ministro de Justicia por decir la verdad: la Paz Total fracasó y es un riesgo para la democracia desconocer las elecciones y promover la desobediencia civil. Cada día confirma una mayor vocación autoritaria. Siempre lo advertimos”, destacó el parlamentario.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió que el proceso de acción popular contra el nuevo modelo de pasaportes sigue en curso, al dejar sin efecto la tutela que había protegido al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La determinación, que se conoció el lunes 6 de julio de 2026, representa un duro revés para la actual administración, a 31 días de dejar el cargo.

En esta decisión, sustentada por el consejero Pablo Andrés Córdoba, se determinó que la vía constitucional utilizada para intentar frenar el trámite judicial no resulta aplicable mientras el proceso principal permanece en trámite. Para el magistrado, “no resulta admisible pretender la terminación del proceso a través de la acción de tutela”, debido a que el fondo dispone de mecanismos legales para ejercer su defensa.

La controversia se originó con la demanda presentada por Nicolás Dupont Bernal y la Fundación Dilo Colombia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este recurso buscó proteger los derechos colectivos que, según la parte accionante, resultaron afectados por la celebración y ejecución del Convenio Interadministrativo Específico núm. 001 de 2025, con el nuevo esquema para la expedición de pasaportes.

Como era de esperarse, el proceso ha atravesado múltiples etapas procesales. Inicialmente, el Tribunal inadmitió la demanda el 2 de diciembre de 2025 por considerar que no se cumplió el requisito de procedibilidad; y posteriormente, tras la presentación de nuevos documentos por parte del demandante, el 14 de enero de 2026 el Tribunal admitió la demanda, al considerar subsanadas las deficiencias señaladas.

Por su parte, la defensa, encabezada por el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional de Colombia, interpuso acciones para intentar revocar la admisión de la demanda, al argumentar que “el actor no acreditó haber elevado solicitud alguna en los términos exigidos por la normativa vigente, lo que refuerza la conclusión de que la acción popular fue promovida sin el lleno de los presupuestos procesales indispensables para su admisión”.

¿Cuáles son los conceptos jurídicos del Consejo de Estado?

Frente al particular, la decisión del Consejo de Estado sostuvo que “cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las partes". En otras palabras significa que, si un juicio todavía está en trámite, se puede usar este mecanismo para quejarte de decisiones provisionales del juez, aunque se haya intentado cambiar por otros recursos jurídicos.

Y todo porque el proceso principal no ha terminado y no se sabe si esa falla afectará el resultado final. “Por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso”, reafirmó el alto tribunal en su determinación, en la que también abordó el fundamento de subsidiariedad: al señalar que la tutela es excepcional y procede cuando el afectado no tiene otros medios.

“La intervención del juez constitucional en este asunto se encuentra vedada, en razón a que, tal como lo ha considerado esta Sección, cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente”, reafirmó la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, que con esto dejó activo el proceso judicial contra el nuevo modelo de pasaportes; y no solo eso: amplió el espectro de interrogantes frente al mismo.

A esto se suma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su determinación del pasado 30 de junio, admitió una nueva demanda por controversias contractuales, presentada por la abogada Ximena Echavarría Cardona junto a la fundación, en el que se solicitó la nulidad del convenio interadministrativo, al aducir “presuntas infracciones de las normas que lo sustentan, expedición irregular y falta de motivación”.

Según la parte demandante, que se pronunció a través de sus canales oficiales, la admisión de nuevas acciones judiciales en contra del Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional “confirma que las dudas sobre este proceso no son un asunto aislado ni una lectura interesada de un solo demandante: son un cuestionamiento judicial que crece y que la justicia colombiana está tomando en serio”.

En el expediente de este litigio de alto impacto también se tuvieron en cuenta conceptos de entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que advirtió que la admisión de la demanda representa un riesgo para la continuidad del modelo de expedición de pasaportes, así como de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó su desvinculación del proceso por no ser competente.

“Esta Sección revocará el fallo impugnado que amparó los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, la declarará improcedente”, se leyó en el fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado, que en consecuencia remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión; mientras que la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del convenio sigue en estudio.

En su segunda alocución como presidente electo de los colombianos, el abogado Abelardo de la Espriella se pronunció en la noche del domingo 5 de julio de 2026 sobre uno de los asuntos que más reacciones ha causado en las redes sociales: el de la manera en que se abordará la seguridad durante su cuatrienio, como sucesor del saliente mandatario, Gustavo Petro, del que se ha declarado opositor de su administración.

El jefe de Estado electo, que asumirá el cargo de manera formal el 7 de agosto, se refirió en este nuevo encuentro con los ciudadanos de lo que para él ha sido el “saqueo a Colombia” y aprovechó, en consecuencia, para darle un ultimatúm a los corruptos. “Sientan que cada palabra nace del diálogo permanente con los colombianos”, reafirmó el mandatario, en relación con la necesidad de preservar “orden, la justicia y el futuro”.

“Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, refirió De la Espriella, con un llamativo paralelismo, en el que habló de un “conductor que lleva un cadáver” y, según él, teme a ser descubierto. Acto seguido, hizo una relación de las principales problemáticas que han sido identificadas por su equipo de empalme, en especial en lo referente en las finanzas públicas.

Del mismo modo, fue reiterativo en afirmar que, frente a los diferentes hallazgos en el proceso de empalme, que avanza en medio de controversia, “el Gobierno de Petro hay que recibirlo con beneficio de inventario”. Así pues destacó el impacto del que se ha denominado el Comité Anticorrupción, que tiene la instrucción de “identificar, documentar y denunciar” lo que van encontrado en el cruce de información con el Ejecutivo.

Los hallazgos que denunció Abelardo de la Espriella en su segunda alocución

En su alocución, uno de los puntos clave fue su denuncia del fracaso de la política de Paz Total de la administración Petro y cómo se habrían establecido compromisos con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Para ello, designará un equipo especial encargado de la “falsa Paz Total” y revocará todas las prebendas que Petro, según él, le entregó a los “narcoterroristas” durante los últimos cuatro años.

Y abordó el reclutamiento de menores de edad, que consideró un “crimen imperdonable” que ningún Gobierno, a su juicio, “puede seguir alcahueteando” pues está en riesgo el futuro de niños y jóvenes.

Del mismo modo, hizo precisiones sobre el grave problema fiscal, que podría comprometer el futuro de Colombia. “Lo que está en juego son las cifras del Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sobre deuda y déficit, que generan serias dudas sobre el estado de las finanzas públicas”. Y a lo que se suman las obligaciones futuras, con impacto de las reformas pensional y laboral, que asumirá con cuidado.

Asimismo, en otro de los aspectos determinantes de su intervención, se refirió a la crisis humanitaria en salud, con “millones de colombianos que no consiguen sus medicamentos” y habló de las deudas con EPS, que estarían por el orden de los 26 billones de pesos, las quejas de los usuarios y el “deteririo financiero” de todo el sistema, que obliga a tomar medidas de forma urgente para preservar la atención de los ciudadanos.

“Lo que está en juego es la salud y la vida”, remarcó De la Espriella, que le pidió a su equipo de empalme que contemple la implementación del plan de choque dispuesto en su plan de Gobierno.

A su vez, en materia de seguridad, para De la Espriella la “radiografía es dolorosa”, con el accionar de grupos armados ilegales, en reacción a la elección como presidente. “Es la estrategia de siempre: generar caos para negociar con la debilidad del Estado, pero les envío un mensaje claro: su tiempo se acabó”, expresó y lanzó nuevos dardos a su antecesor. “No habrá más concesiones inaceptables y vergonzosas”, agregó.

Las medidas con las que buscará aliviar algunos de los problemas de los colombianos

Por ello, y en su intención de retomar sus serios cuestionamientos en materia de orden público, Abelardo de la Espriella le pidió al equipo de empalme que incluya todas las medidas necesarias para “derogar la maraña jurídica con la que se entregó buena parte del territorio nacional, con la falsa promesa de una paz que nunca llegó”. Y con ello dejó en claro que está dispuesto a ofrecer a los violentos procesos de sometimiento que traigan tranquilidad.

En tal sentido, dijo que a partir del 7 de agosto se reactivarán todas las órdenes de captura vigentes, “bajo el mandato de la ley”. Para De la Espriella, “no habrá impunidad ni territorios entregados a los bandidos”, pues recuperará “cada centímetro”; y de entrada confirmó que ya recibió solicitud de la banda de Los Pepes en Barranquilla para negociar y someterse a la justicia con la ley actual; lo que causó comentarios en redes.

“Sin estos delincuentes en las calles, Barranquilla empezará a recuperar la tranquilidad”, destacó De la Espriella, que le pidió al ministro de Defensa designado (que aún no ha sido oficializado); y a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ponerse al tanto de este proceso. “A los demás criminales les doy un plazo de un mes“, con el fin de que empiecen a contemplar cuál será su situación con respecto al nuevo Gobierno.

En materia económica, preparará una serie de decretos para reducir el gasto innecesario y aliviar la “carga que soportan los colombianos” y sacó pecho por la designación de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. “Con su llegada terminan las negociaciones secretas y los acuerdos bajo la mesa con las comisiones económicas del Congreso para alimentar la corrupción, disfrazada de negociación política”.

De esta forma, confirmó que lo enviará a Washington D. C. para renegociar la deuda. “La verdadera diplomacia no necesita ostentación, sino trabajo serio y relaciones de confianza y resultados. Es lo que estoy haciendo”, dijo De la Espriella, que también destacó el nombramiento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, al que le dio instrucciones precisas de proteger los páramos y de desarrollar el sistema nacional de protección animal.

“Estamos avanzando en recuperar la institucionalidad y cohesionar a los colombianos (...) reconsturir la patria es nuestro norte y lo vamos a hacer”, finalizó De la Espriella, que dijo que iba a acelerar los anuncios sobre los ministros que faltan de su gabinete y que se pongan “manos a la obra”. Al igual que iniciará en Cúcuta (Norte de Santander) el primero de los 32 empalmes regionales que tiene previstos antes de asumir.

Allí prestará atención a las problemáticas que se viven en el Catatumbo y que, según él, “han sufrido el abandono” del Estado. Y reafirmó su promesa de tener en cuenta perfiles profesionales que estén ligados a las capacidades académicas, basados en el mérito y ajenos a lo que denominó la politiquería y la corrupción que ha afectado la imagen del Estado. “Colombia necesita los mejores, no los recomendados”, puntualizó.

Por último, lanzó pullas al excandidato presidencial Iván Cepeda, de forma indirecta, al que bautizó como “loquito” y dejó en claro que no permitirá que se desafíe el orden constitucional. “La patria milagro empezó a construirse, con serenidad para tomar las decisiones correctas; con firmeza, para hacerlas cumplir, y con la certeza de que unidos lograremos que nuestra nación vuelva a rugir con la fuerza de un pueblo libre”, dijo.

En efecto, el mandatario entrante, en su segunda alocución ante los colombianos, confirmó haber recibido la solicitud de los cabecillas de la organización, que aceptaron la oferta del Gobierno para iniciar el proceso bajo la legislación vigente. Con ello, agregó De la Espriella, empezó a avanzar en la promesa de desarticular estas organizaciones, como parte de su política de desmonte de la Paz Total.

“He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el Atlántico. Estos bandidos han aceptado el ultimatum y han aceptado su intención de someterse a la justicia con la ley actual”, destacó el jefe de Estado electo en su aparición, en la que abordó otros temas de especial interés para los colombianos.

La noticia entregada por De la Espriella marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región. Los Pepes han sido señalados por las autoridades como responsables de homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y la imposición de fronteras invisibles en poblaciones del suroriente y suroccidente de Barranquilla, así como en municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia.

Su poder, según reportes locales, se ha basado en una estructura de mando jerárquica, redes de sicarios tercerizados y un ejército estimado en más de 400 hombres armados. En palabras de De la Espriella, el paso siguiente será la articulación con el Gobierno nacional para asegurar el cumplimiento del sometimiento, para lo cual adelantó que se empezarán a tomar acciones contundentes para hacer realidad esta posibilidad.

“Mañana mismo daré instrucciones al ministro de Defensa designado para que coordine el proceso correspondiente para judicializar esos bandidos y de manera respetuosa le voy a solicitar a la señora fiscal (Luz Adriana Camargo) que designe un fiscal y un grupo de policías judicial para adelantar este proceso a la ley colombiana”, agregó De la Espriella sobre este proceso de sometimiento.

En consecuencia, el presidente electo enfatizó el impacto potencial de este avance en la seguridad local.

“Sin estos delincuentes, Barranquilla y el Atlántico podrán comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo les fue arrebatadas”, remarcó, que desde La Arenosa ha tomado importantes decisiones de lo que será su administración en uno de los frentes de mayor interés, la seguridad.

¿Quiénes son Los Pepes y por qué el anuncio de Abelardo de la Espriella generó revuelo?

En la región se registró una ola de violencia tras la ruptura entre Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, antiguos socios en la organización Los Costeños.

La escisión de Palomino dio origen a Los Pepes, lo que desencadenó una guerra de control territorial y la multiplicación de homicidios y balaceras en Barranquilla y las poblaciones aledañas, denunciada por el alcalde Álex Char.

El Gobierno nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, había intentado previamente frenar el avance delictivo mediante acercamientos con los cabecillas encarcelados. En octubre de 2025, tanto “Castor” como Palomino firmaron un acuerdo de tregua en la cárcel La Picota, lo que produjo una reducción temporal de los homicidios; aunque el clima de inseguridad persistió debido a la aparición de facciones disidentes.

Esta situación motivó la urgencia de nuevas estrategias, como la anunciada por De la Espriella. “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para crear la más grande operación de seguridad urbana”.

La diligencia judicial, según se ha podido establecer, busca esclarecer la presunta responsabilidad de Uribe en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango durante su periodo como mandatario de Antioquia; además de su supuesta participación en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el clip, el partido resaltó que “el diálogo amable y directo con las comunidades ha sido un sello de Álvaro Uribe”. Según la colectividad, su estilo de gobierno del veterano líder antioqueño, que posteriormente fue elegido presidente (2002-2010), se caracterizó por la cercanía permanente con la ciudadanía y una dinámica de trabajo que priorizaba la escucha activa en los territorios; en especial en su tierra natal.

La citación de la Fiscalía al exmandatario responde a investigaciones por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El ente acusador sostiene que Uribe, como gobernador, habría omitido medidas de protección pese a conocer el riesgo inminente en La Granja y, en el caso de El Aro, se examina su posible responsabilidad como determinador y la supuesta omisión de la fuerza pública.

La férrea defensa del Centro Democrático a Álvaro Uribe

En respuesta, el partido que lidera Uribe reiteró que como gobernador de Antioquia, sostuvo consejos comunitarios cada sábado y domingo en diferentes municipios. Y que, mediante estas reuniones, se pudieron conocer las inquietudes de la población de forma directa y diseñar respuestas puntuales a sus necesidades; una práctica que, según el partido, marcó una diferencia en la gestión pública regional.

Del mismo modo, se resaltó que el modelo de gestión de Uribe se extendió posteriormente a su ejercicio como presidente, al implementar más de 300 consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes de distintas filiaciones políticas. “Entre 2002 y 2010, Uribe realizó trescientos seis consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes sin importar la afiliación política de cada uno”, se expresó en el material audiovisual.

El Centro Democrático concluyó su pronunciamiento con una mención especial de cómo el exmandatario ha mantenido un contacto permanente con las comunidades, más allá de las coyunturas electorales. “Un contacto que Uribe mantiene no solo en época electoral, es permanente e inspirado por su amor a la patria”, se enfatizó en el clip, en el que se recorriió al archivo de la trayectoria políticia del líder de 74 años.

Cabe destacar que en la diligencia judicial programada, la Fiscalía negó los recursos de aplazamiento solicitados por la Procuraduría y la defensa, y mantuvo la fecha de la diligencia para el 24 de julio. Será entonces durante la audiencia cuando la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificará formalmente a Uribe su vinculación penal al expediente de las masacres antes mencionadas.

Frente a esto, la defensa del exmandatario ha rechazado los señalamientos y ha denunciado una persecución política en su contra. Uribe, además, dijo que no existen méritos probatorios que sustenten las acusaciones y en consecuencia reiteró su disposición a acudir a las diferentes instancias para demostrar que es inocente de los punibles que le han sido endilgados, y que hoy lo tienen a puertas de otro complejo proceso.

En un extenso mensaje en su perfil de X en el que le respondió a Carlos Alonso Lucio —uno de los coordinadores del proceso de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella—, el jefe de Estado, Gustavo Petro, dejó entrever que estaría impulsando o apoyando la nulidad de las elecciones en las que el abogado resultó elegido el 21 de junio de 2026 y que culminaron formalmente con la entrega de credenciales al nuevo mandatario.

En uno de los apartes de su publicación en la red social, Petro esbozó que avanzarían en la presentación de una demanda contra la presencia de De la Espriella en la contienda electoral, lo que alimentó aún más las suspicacias sobre si, en verdad, el gobernante está dispuesto a entregar su cargo el 7 de agosto: fecha en la que tendrá que asumir su sucesor, como está dispuesto en la Constitución Política.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, expresó el mandatario. Con ello se estaría refiriendo a la recolección de firmas que promueve el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exsuperintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, a través de las redes sociales.

En efecto, Pérez habilitó una plataforma virtual con un formulario para sumar ciudadanos a la acción y conservarse como principal demandante. El fin es que este recurso sea estudiado por la Sección Quinta del Consejo de Estado y en caso de que admita la demanda, uno de los primeros puntos por resolver será si acepta la medida cautelar solicitada para suspender el evento de transmisión de mando.

¿Qué buscarían con la demanda de nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella?

La ofensiva judicial pretendería alcanzar incluso la ceremonia de posesión, que está prevista para dentro de 33 días, el 7 de agosto, día en que De la Espriella asumiría las riendas del país.

En su mensaje, Petro dio a entrever que no solo sería la demanda mencionada, sino otros recursos que no fueron precisados, pero que desde ya despiertan interés por la manera en que buscaría interponerse en la llegada del Gobierno.

En la iniciativa impulsada por Pérez, la demanda también estaría dirigida contra el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La novedad es que no se limita a pedir la revisión de la declaratoria de elección, sino que, como se mencionó, pretende una decisión urgente sobre la ceremonia de relevo presidencial; lo que podría ocasionar un fuerte remezón político, inédito entre la salida de un mandato y la llegada de otro.

“El entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero realizó de forma reiterada, sistemática y masiva declaraciones públicas que generaron un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre amplios sectores del electorado, además, ostenta doble nacionalidad colombiana y estadounidense, y recibió apoyo público explícito del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, se leyó en el citado documento.

En su mensaje, el presidente saliente hizo referencia a lo que sería “la fase de resistencia activa”, en el que advirtió que “si el Gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en toda las calles”. Otra señal que no cayó bien entre los sectores políticos que le han pedido al gobernante que acepte la victoria de De la Espriella en los comicios.

Asimismo, el presidente saliente anticipó que abrirá otra línea de litigios, esta vez de carácter personal y civil, pues actuará “ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos” los colombianos. “Pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo”, remarcó Petro en uno de sus mensajes en la red social.

En ese orden de ideas, si la demanda por nulidad es radicada ante el Consejo de Estado, este alto tribunal deberá determinar si estudia el fondo del reclamo y si interviene de manera previa sobre el acto protocolario en el que el presidente electo debe asumir el cargo. “El fascismo colombiano que llega al poder no tuvo las mayorías de Colombia”, señaló el presidente, pese a que los resultados oficiales indicaron otra realidad.

Con una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, que estuvo en los primeros seis meses de la presente administración, advirtió que el empalme entre el equipo saliente y la administración entrante “no va a ser transparente”. Los motivos, según la exfuncionaria, pasan por el deterioro de la capacidad técnica del Estado, que a su juicio dejó sin datos confiables a las entidades.

En diálogo extenso con Blu Radio, la también exsenadora de la República puso un ejemplo concreto de esa fragilidad institucional que, desde su perspectiva representará grandes dificultades para el mandatario entrante, Abelardo de la Espriella.

“Tienen 22.000 familias a las que les entregaron tierras sin título de propiedad”, remarcó, en lo referente a la labor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Y planteó que, entre otros, este frente puede convertirse en uno de los primeros problemas de la nueva administración.

En su argumentación, López sostuvo que la transición actual puede ser más difícil que otras que conoció en su trayectoria pública, en un concepto que entregó con la experiencia que le ha dado su participación en al menos seis mandatos, como los de César Gaviria y Ernesto Samper en la decáda del 90.

De hecho, indicó al citado medio que como uno de los empalmes más complejos que vivió fue, justamente, el de este último mandatario, Samper, según ella por filtraciones de la información que manejaba el equipo de llegada: el del conservador Andrés Pastrana Arango, que en su momento estuvo detrás de las denuncias por la presunta entrada de dineros del narcotráfico a la aspiración del exmandatario, en un caso de 1994.

Cecilia López explicó los motivos por los cuales no será un empalme transparente entre Petro y De la Espriella

La economista afirmó que el problema actual no se limita a la coordinación política entre Gobiernos.

“Aquí nadie ha mirado lo que significa la pérdida de haber sacado no solamente la tecnocracia, sino también la burocracia en el buen sentido”, señaló López Montaño, que asoció esta falla lo que representó la salida de funcionarios con experiencia, lo que en su análisis afectó la “memoria colectiva” de las instituciones.

“Al sacar la tecnocracia y la burocracia, ¿sabes qué se perdió? Se perdieron los datos”, afirmó la exministra, que llegó a la administración como una promesa de pluralidad, pero terminó marchándose en el primer remezón de Gobierno, en abril de 2023, tras casi ocho meses en el cargo. A su vez, cuestionó la consistencia de informes oficiales que, según dijo, dificultan saber qué ocurrió dentro del Gobierno.

Así pues, indicó que desvinculación de personal técnico afectó la memoria operativa de las instituciones y dejó vacíos sobre el estado real de varias entidades. Por ello, planteó que un empalme exige una base técnica verificable para reconstruir decisiones, programas y resultados. “¿Cómo se hace un empalme cuando no tienes la base sustantiva con la cual uno puede saber qué pasó, que son los datos y los informes?”, preguntó.

Del mismo modo, la exministra y exsenadora advirtió que la consecuencia concreta es que el nuevo Ejecutivo podría asumir funciones sin instrumentos suficientes para conocer el estado real del aparato estatal, en un panprama en el que De la Espriella recibirá, a su juicio, un país con más presión social. “Este país hoy no es el país de antes”, sostuvo al referirse a los cambios ocurridos en los últimos años.

Y es que, según su análisis a Blu Radio, ya no se trata solo de atender a la población en pobreza, sino también a un segmento vulnerable con demandas más explícitas frente al Estado. “Hoy tienen poder, por lo menos el 40 o 45 por ciento, saben cómo salir a la calle y protestar porque sienten que tienen derecho”, señaló la extitular de la cartera de Agricultura, que rechazó que la respuesta deba estar basada en ayudas.

Para López, es claro que la entrante administración deberá ser, en consecuencia, cuidadosa. “No son subsidios ni regalos; es cómo se inserta esta población en el desarrollo del país”, afirmó la exfuncionaria, que advirtió que ignorar el cambio social en Colombia podría agravar la polarización creciente; aunque también expresó preocupación por la forma en que el Gobierno saliente cierra su estancia en el poder.

En ese sentido, señaló que le inquietan los nombramientos y decisiones de última hora que, a su entender, pueden condicionar la gestión del nuevo Ejecutivo. “Ellos no se acuerdan que lo único que lo juzga a uno bien es la historia”, afirmó al referirse a esas actuaciones y se preguntó cómo algunas entidades mantienen acelerados sus procesos administrativos pese a la inminencia de la entrada del nuevo Gobierno.

En su discurso, la exparlamentaria reiteró la necesidad de reconstruir capacidad estatal y leer el cambio social del país.

“Se tienen que rodear muy bien, pero tienen que entender este mensaje inicial: ustedes tienen otro país”, concluyó la mujer, que negó que sus críticas a la gestión de Petro y su equipo respondan a diferencias personales con el gobierno del que hizo parte, pues alegó no tener resentimiento alguno.

El anuncio del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que propone coordinar acciones para enfrentar la inseguridad en las principales ciudades del país, causó en la jornada del domingo 5 de julio de 2026 toda clase de reacciones en la escena política nacional, entre los que respaldan la iniciativa y los que la rechazan.

La propuesta de De la Espriella busca, según indicó el mandatario entrante, articular esfuerzos entre autoridades locales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con el objetivo de responder a la creciente preocupación por la criminalidad urbana. Su propuesta se conocvió tras citar un reporte de El Heraldo sobre la situación en el sector comercial de Soledad, Atlántico, con el flagelo de la extorsión.

En consecuencia, indicó que desde el próximo 7 de agosto firmará el decreto que dará vida al Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. “Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana”, dijo.

Con ello dejó en claro que su propósito es combatir las estructuras delincuenciales que tienen azotados a los habitantes de estas ciudades. “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”, escribió el abogado de derecha, que asumirá el primer cargo de la nación en 33 días, como el sucesor del líder de izquierda Gustavo Petro, al que le declaró una férrea oposición por la presunta inacción en seguridad.

Así reaccionaron congresistas a la propuesta de Abelardo de la Espriella

La propuesta del presidente electo generó, como era de esperarse, reacciones inmediatas en el legislativo, como la de José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó su apoyo a la propuesta.

“¡Bien, Presidente! La seguridad de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración“, expresó el congresista, que habló de una ”acción decidida" para derrotar a la delincuencia.

“A quienes siembran miedo con extorsiones, atracos y homicidios”, añadió Uscátegui en su pronunciamiento. Con esta postura, el parlamentario representaróa a los sectores que consideran prioritaria la intervención estatal ante el aumento de delitos en zonas urbanas, como lo ha expresado en ocasiones anteriores el Centro Democrático, que pasará a ser partido de Gobierno tras cuatro años de oposición.

Sin embargo, la iniciativa del mandatario electo De la Espriella suscitó críticas desde movimientos sociales y sectores alternativos, como la de Óscar Benavides, representante electo a la Cámara por las negritudes, que cuestionó el enfoque y los riesgos asociados a este tipo de iniciativas. “Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa para la seguridad urbana. Ya sabemos en qué tipo de grupos paramilitares terminó esto”, sostuvo.

En su concepto, lo que pretendería el nuevo presidente es “devolvernos a los tiempos oscuros”, en los que, según su relato, “a nombre de la defensa ciudadana, el pueblo vivió ríos de sangre”. Y acotó que los “amigos criminales que ayer defendió en estrados judiciales hoy celebran”, en relación a la actividad profesional del abogado antes de convertirse en el nuevo jefe de Estado, tras la victoria en las urnas del 21 de junio.

A su vez, Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, planteó interrogantes sobre el posible resurgimiento de dinámicas asociadas al paramilitarismo, haciendo énfasis en lo acontecido con las Convivir en Antioquia, que surgieron como cooperativas de vigilancia. “¿Tendremos paramilitarismo 2.0, volverán los Mancuso y los Cadena, las masacres, asesinatos y destierros? Qué locura un bloque de defensa", expresó Ocampo.

Las declaraciones del senador reflejarían la inquietud de sectores que advierten sobre el riesgo de reproducir esquemas de violencia del pasado bajo el argumento de la defensa ciudadana. “¿Esa es idea tuya Abelardo o de Carlo Alonso Lucio?”, agregó el congresista oficialista, frente a la respuesta a la ola de intimidaciones y hechos violentos que han impactado la actividad económica y la percepción de seguridad en las regiones.

Según Restrepo, que se pronunció en su perfil de X, al compartir la comunicación recibida por el orgnanismo de control fiscal, la presencia de este ente constituye una garantía para la ciudadanía, ya que permitirá conocer el estado real de la administración y sentar bases sólidas para la nueva gestión. Lo anterior, en medio de las tensiones surgidas tras la primera reunión entre los equipos, que se llevó a cabo el viernes 3 de julio.

“Recibimos con enorme satisfacción la participación de la Contraloría General de la República en el proceso de empalme anticorrupción que hemos seguido por instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella. La participación de la Contraloría es una demostración de la legitimidad de un proceso que lo único que busca es generarle transparencia y claridad a los colombianos sobre cómo se recibe el país", dijo.

Tanto Restrepo como De la Espriella habían solicitado de manera formal la participación de la Contraloría General de la República en el empalme. Frente a esta petición, Carlos Enrique Silgado Betancourt, contralor general encargado, confirmó la disposición de la entidad para acompañar este proceso; lo que cayó bien entre los que hacen parte de la comitiva de la nueva administración, que asumirá en forma el 7 de agosto.

“Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado, propósitos que guardan plena armonía con los principios que orientan la función pública y el ejercicio del control fiscal”, remarcó Silgado Betancourt en el documento oficial dirigido a Restrepo, que se hizo pública por el vicepresidente entrante.

José Manuel Restrepo aplaudió decisión de la Contraloría: “Tendremos absoluta certeza”

En el pronunciamiento compartido por el vicepresidente electo, la Contraloría detalló los alcances de su determinación. “Nuestra participación se desarrollará en estricto respeto al principio de autonomía e independencia institucional que caracteriza el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, así como los principios de colaboración armónica entre los órganos del Estado”, remarcó el órgano de control.

Para liderar el acompañamiento, la Contraloría designó a Mario Sánchez Lozada, secretario privado del despacho del contralor General y contralora delegada para el sector comercio y desarrollo regional, como coordinador del equipo técnico que participará en el proceso y actuará como enlace institucional ante las instancias correspondientes. De esta manera, se espera avanzar en las actividades propuestas.

“Estoy seguro de que este espacio de articulación contribuirá al fortalecimiento de la transparencia, la prevención de riesgos fiscales y la protección del patrimonio público, dentro del ámbito funcional que la Constitución y la ley asignan a esta Entidad”, destacó la entidad. En respuesta, Restrepo valoró que exista la voluntad de apoyar los procesos de verificación de la información que será recibida del Gobierno saliente.

“Este es un compromiso que asumimos desde el primer momento en la construcción de esta patria milagro y hoy continúa este esfuerzo de este empalme anticorrupción que es tan importante para el inicio de este nuevo Gobierno”, afirmó el hombre que será la mano derecha de Abelardo de la Espriella y que lidera el equipo técnico que ya se sentó con su par del Ejecutivo, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En efecto, la presencia de la Contraloría en el empalme ha sido recibida con expectativas por parte de la opinión pública y sectores políticos, que observan este acompañamiento como una señal de mayor vigilancia sobre la gestión pública y como un elemento clave para la confianza ciudadana. El proceso continuará con la coordinación institucional y el desarrollo de reuniones técnicas para la entrega y recepción de documentos.

“Creemos que esta es una demostración de que, logrando esa transparencia, garantizándole a los colombianos un eficiente uso de los recursos públicos y demostrando claridad en las cuentas, tendremos absoluta certeza sobre lo que ha sucedido y sobre lo que habrá de construir el Gobierno de De la Espriella de aquí en adelante”, puntualizó el funcionario entrante en sus declaraciones, que fueron bien recibidas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió en la tarde del domingo 5 de julio de 2026 a los señalamientos de Carlos Alonso Lucio, que lidera del equipo de transición del nuevo Gobierno.

Lucio reiteró que el mandatario saliente “debe ser juzgado” y añadió que el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, no dudaría en extraditarlo a Estados Unidos en caso de que el saliente gobernante sea pedido por la justicia norteamericana.

En sus declaraciones a través de la red social X, el jefe de Estado insistió en que acudirá a instancias legales contra todo aquel que, según él, atente contra su buen nombre. “Pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo”, expresó el primer mandatario, al que le restan 33 días en la Casa de Nariño.

La controversia entre ambos, Petro y Lucio, se intensificó luego de que el segundo insistiera en que el expresidente debe enfrentar la justicia, en la entrevista dada a la revista Cambio. Un diálogo en el que también anticipó que el próximo Gobierno denunciará cualquier irregularidad detectada durante el empalme, incluso aquellas que él mismo ha señalado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

"Mucha gente me decía “tienes razón jurídicamente y es cierto que Gustavo Petro ha delinquido, pero no podemos hacer el juicio político porque se nos incendia el país”. ¿El juicio político es un piropo o es un mandato constitucional? ¿Qué dice la constitución? Dice que cuando el presidente delinque debe ser juzgado", reafirmó el político, pareja sentimental de la designada ministra de Educación, la exfiscal Viviane Morales.

Y sobre la posible extradición de Petro, fue incluso más severo. “El presidente lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro. Allí hay dos temas sobre la mesa. La extradición no es un tema que surge en la justicia colombiana, sino que está en los tratados y en los convenios de Colombia con Estados Unidos", remarcó Lucio, al agregar que, a su juicio, el presidente “ha delinquido”.

El origen de la controversia entre Gustavo Petro y Carlos Alonso Lucio

La tensión entre el Gobierno saliente y el equipo de transición del presidente electo, De la Espriella, escaló tras las recientes declaraciones de Lucio, en el que además de señalar de que Petro debe ser juzgado, “el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener (sic) un límite con la impunidad”; una frase con la que pretendió acuñar la lucha que emprenderá la administración entrante frente a hechos de corrupción.

Lucio también defendió la preparación de lo que denominó el Arca de Noé, una estrategia anticipada para el empalme, y criticó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un “monstruo presupuestal”. Lo llamativo de este choque mediático es que ambos, Petro y Lucio, hicieron parte del Movimiento M-19, organización al margen de la ley que firmó la paz con el Estado en 1990, tras un complejo proceso de negociación.

“Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El Arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad”, afirmó Lucio al citado medio sobre este proceso de empalme que inicia, al hacer un paralelismo con la descripción hecha en la Biblia.

En su respuesta, Petro arrancó con una delicada acusación. “La cercanía entre Abelardo y Lucio se debe a que ambos fueron defensores de los paramilitares”, apuntó el gobernante.

A su vez, prosiguió con denuncias sobre el hostigamiento sufrido por sus padres y señaló a seguidores de Abelardo de la Espriella. “A mi madre de 83 años, Clara, la alcaldesa de Cajicá le dijo ‘bruja y vieja HP’. Mi madre vive en Cajicá antes que la alcaldesa en Cajicá, lograron sacar al coronel de la policía del pueblo solo porque le prestaba seguridad”, relató el saliente presidente en su extenso mensaje en X.

Sobre su padre fue incluso más allá. “A mi padre de 92 años, diabético y viviendo solo en su apartamento del Nicolás de Federmán en Bogotá, después de trabajar toda su vida con honestidad, los vecinos abelardistas del barrio le hicieron plantón contra él y lo insultaron”, destacó el jefe de Estado, sobre las persecuciones que habrían sufrido, según él, su familiares ante lo que sería la creciente polarización.

Así se defendió Gustavo Petro de los señalamientos en su contra

En efecto, el gobernante vinculó estos hechos a una ola de odio y persecución política. “No busquen nombres para llamarle a esta fase del odio que metieron en la mente de millones con los dineros de (Benjamin) Netanyahu y el narcotráfico nombres raros, esto que comienza ya lo vivió Colombia y la Humanidad antes: se llama fascismo”, afirmó Petro, al replicar la columna de María Jimena Duzán, denominada El arca de Noé.

El exmandatario sostuvo que “el fascismo colombiano que llega al poder no tuvo las mayorías de Colombia” y defendió la legitimidad del progresismo, pese a que perdió la contienda del pasado 21 de junio, aunque fuera solo del 0,96%. “Las mayorías de Colombia son progresistas y lo demostremos en nuestro informe al mundo”, agregó el primer mandatario, aunque su candidato, Iván Cepeda, fue derrotado.

Además, instó a sus seguidores a evitar cualquier reacción violenta, al reiterar que la respuesta debe ser judicial y pacífica. “Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, remarcó el presidente en sus afirmaciones, que como era de esperarse causaron fuertes reacciones en las redes sociales.

En otro de los apartes, y en reacción a uno de los recientes anuncios del presidente electo De la Espriella, sobre la reacción de bloques de defensa para la seguridad urbana, Petro propuso la formación de “guardias de la libertad desarmadas” en comunidades progresistas y campesinas amenazadas por bandas armadas, al señalar que “las armas son las redes” y que la resistencia debe apoyarse en la solidaridad entre pueblos.

“Las comunidades deben estar en todo momento articuladas a redes informáticas que incluyen la policía y el ejército, y entre sí, cuando una comunidad sea agredida las comunidades vecinas deben llegar a ayudarlas. La resistencia es solidaridad”, indicó el mandatario, que argumentó que si el nuevo gobierno atenta contra los derechos logrados, la ciudadanía tiene derecho a defenderlos en todo el país.

“Pasamos a la fase de resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles”, dijo el gobernante, que en ese orden de ideas expresó que la persecución por razones políticas constituye un delito. “La persecución a un grupo civil con identidad política es un crimen contra la humanidad y sus instigadores serán procesados”, puntualizó.

En consecuencia, concluyó que “no habrá impunidad y habrá todo un pueblo ante el estado que se deje gobernar de criminales”. Así pues, reiteró en que las acciones judiciales serán la vía principal para enfrentar las amenazas y ataques. “Y por tanto ante la infinidad de amenazas en redes y sitios públicos actuaremos judicialmente”, acotó Petro, que está dispuesto a ir hasta las últimas instancias ante los señalamientos.

Los rumores sobre una posible venta de un importante paquete accionario de Millonarios, perteneciente a Amber Capital, fueron desmentidos en la noche del jueves 2 de julio por la sociedad Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A., propietaria del equipo Embajador.

El club, uno de los más emblemáticos del fútbol colombiano, campeón en 16 ocasiones del torneo liguero y que cuenta en sus vitrinas con una Copa Merconorte, tres de Copa Colombia y dos de Superliga, publicó un comunicado oficial en el que desmintió los rumores y ratificó la estabilidad de su estructura accionaria. Todo esto, en medio de las informaciones que surgieron desde el miércoles 1 de julio sobre esta posibilidad.

En la misiva, replicada por Caracol Radio, cadena de la cual también es propietaria Amber Capital, se especificó que la sociedad le comunicó a la Superintendencia Financiera y al mercado de valores que “no se ha producido ningún cambio en la composición accionaria que implique un cambio significativo en la participación del capital de esta sociedad, ni mucho menos una modificación en el control de la sociedad”.

En efecto, las especulaciones surgieron luego de que diferentes medios revelaran que una firma estadounidense, en alianza con capital catarí y colombiano, habría presentado una propuesta de compra cercana superior a los 65 millones de dólares. De hecho, se mencionó que el club ya tenía nuevos propietarios y que el cambio administrativo se concretaría en 2027; lo cual fue también desestimado en el comunicado.

Sociedad dueña de Millonarios desmintió venta de paquete accionario mayoritario

Ante la creciente incertidumbre entre los aficionados y la opinión pública, Millonarios publicó un documento en el que reiteró la importancia de la transparencia. “Azul y Blanco reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el adecuado suministro de datos al mercado de valores”, informó el club en el comunicado oficial, con el que le salió al paso a las versiones sobre este asunto.

La entidad también precisó que cualquier hecho relevante “será comunicado de manera inmediata y oportuna al mercado y a la Superintendencia Financiera, conforme a la normativa aplicable”. Esto se suma a lo dicho por Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva y representante del máximo accionista del club, que si bien reconoció que han recibido propuestas formales, todavía no han sido concretadas.

Esta misiva, inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve), se emitió en cumplimiento del Decreto 2555 de 2010, que regula la divulgación de información relevante para el mercado de valores en Colombia. Como es una sociedad con presencia en la bolsa, Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. reiteró que como emisor de acciones tiene el deber “verificar y confirmar información relevante divulgada por terceros”.

Y es que frente a las informaciones sobre el futuro accionario del club, el revuelo alcanzó tal magnitud que algunos portales aseguraron que el proceso de traspaso se encontraba en una fase avanzada, lo que llevó a la directiva a responder públicamente. En específico sobre la participación de Amber Capital, lo que obligaba, según esas versiones, a un cambio en el control de la sociedad, lo cual fue desmentido de forma vehemente.

“En el evento en que se produzca cualquier hecho que constituya información relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010, Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. lo comunicará de manera inmediata y oportuna”, destacó la sociedad, que comanda un equipo que viene de fracasar en la primera parte del año, al ser eliminado en la fase regular de la Liga y, de la misma forma, en fase de grupos de Copa Sudamericana.

Arteaga, tras su negociación con el ente investigador, cumplirá una sentencia de 26 años y 3 meses de prisión por su papel como coordinador y determinador del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el Parque El Golfito de Bogotá y que derivó en el deceso del joven político, que ocurrió dos meses y cuatro días después en la Fundación Santa Fe, aquel 11 de agosto del mismo año.

Esta decisión fue recibida con indignación por parte de la familia de la víctima, que considera insuficiente la pena y cuestiona el actuar de las autoridades judiciales en un caso que continúa sacudiendo al país, pues las declaraciones del padre del congresista ultimado se sumaron a las del abogado de la familia, Víctor Mosquera, que se opuso a la determinación tomada por la jueza novena Penal del Circuito de la capital.

“Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años”, indicó el exaspirante a la presidencia, que se expresó en sus redes sociales. “La Fiscalía había hecho un gran trabajo en la investigación y así lo he reconocido, pero en este punto se equivocó. No debieron aceptar ese acuerdo porque no colaboró con la justicia”, reclamó el indignado padre.

Miguel Uribe Londoño pidió todo el peso de la ley para el organizador del crimen de su hijo

Y es que para Miguel Uribe Londoño es claro el papel que desempeñó Arteaga en el magnicidio de su hijo. “Fue quien organizó este crimen y reclutó al menor que ejecutó el asesinato”, añadió el padre del político, visiblemente afectado por la decisión judicial que se tomó en el caso de su hijo, que tenía el sueño de convertirse en el próximo mandatario de Colombia y por ello adelantaba su precandidatura.

El preacuerdo contempla también una condena de 21 años y 9 meses para William Fernando González Cruz, alias El Hermano, señalado como cómplice en la planeación y ejecución del homicidio. Según detalló la Fiscalía, los delitos imputados a ambos incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores para cometer delitos, pues el que disparó fue un joven de 15 años, que hoy cumple sanción.

El caso sigue causando debate, ya que el asesinato de Uribe Turbay fue catalogado como un crimen imprescriptible. Las investigaciones señalan que el atentado fue orquestado por miembros de la estructura criminal conocida como la Segunda Marquetalia, con la participación de varios actores armados; aunque el fiscal del caso argumentó que la información aportada permitió avanzar hacia los autores intelectuales.

“Tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen que ha sido declarado de lesa humanidad. Esta decisión no tiene en cuenta a las víctimas, que somos muchos colombianos afectados por la falsa paz total. No se ha impartido la justicia como debe ser. Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales”, declaró el progenitor del asesinado exsenador.

A pesar de la condena contra alias El Costeño y su cómplice, la investigación no se ha cerrado, pues las autoridades buscan establecer con precisión la cadena de mando y la posible vinculación de otros cabecillas de la Segunda Marquetalia. Las pesquisas se centran en determinar quiénes ordenaron el ataque y si existieron otros móviles políticos detrás del magnicidio, que a más de un año sigue conmocionando el país.

De acuerdo con la denuncia del congresista electo, que suena para convertirse en el presidente del Congreso en la legislatura que iniciará el 20 de julio, esta situación comprometería la seguridad de los datos de millones de ciudadanos y la viabilidad de los recursos públicos, pues tendría un fuerte impacto en dos de las entidades trascendentales, como Colpensiones y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

El polémico contrato en Colpensiones que encendió las alertas

En uno de los apartes de su denuncia, el senador Enrique Gómez Martínez, hermano del designado ministro de Hacienda, Juan Gómez Martínez, puso la lupa en lo que sucedería en Colpensiones, la entidad encargada de las pensiones en el país. Según el congresista, Jaime Dussán, presidente de la entidad, otorgó un contrato estratégico para el manejo y creación de la base de datos de pensionados a una unión temporal local.

“El escandalazo de la nueva base de datos de Colpensiones, esa que Atila el Huno, Jaime Dussán, el destructor de Colpensiones, adjudicó a una oscura unión temporal colombiana, descartando, por un lado, al actual proveedor, que era nada menos que una filial de IBM y que llevaba años prestando el servicio, descartó por la falta de una firma, supuestamente, a Telefónica, otro gigante“, adelantó el congresista frente a este caso.

Del mismo modo, el congresista electo contó cómo también se desestimó una tercera proposición, de una compañía colombiana “mucho más grande” que a la que fue adjudicada, “porque supuestamente no aportó documentos”. De esta manera, contó cómo la beneficiaria, Integral Centro de Datos, es una empresa que “ha ganado su experiencia con contraticos de software en todo el gobierno de Gustavo Petro”, agregó Gómez.

Con ello, denunció que el manejo de los datos de los pensionados y el pago de sus mesadas quedaría en una firma sin idoneidad necesaria, lo que genera suspicacias. De ahí que la preocupación del senador radique en los efectos adversos que la gestión de los contratos podría tener sobre los usuarios y los fondos públicos; en vísperas de que se dé la transmisión de mando al nuevo presidente, De la Espriella, el 7 de agosto.

“El cartel del software en el gobierno de Gustavo Petro no se detiene, maestro”, enfatizó el parlamentario electo, que no dudó en afirmar que existe un esquema sistemático para influir en estas contrataciones. “Esos contratos se han vuelto una ruta peligrosísima para robar la plata de los contribuyentes y poner en riesgo la información de los usuarios”, agregó Gómez Martínez, que a continuación expuso lo que sería otro grave caso.

El FNA sería epicentro de aparentes irregularidades en contratación

En otro de los apartes de la denuncia se destaca el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), institución que administra recursos de cesantías y créditos hipotecarios. Frente a lo que estaría sucediendo en la entidad, Gómez Martínez llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “Si tiene sus ahorros de cesantía en el Fondo Nacional del Ahorro o un amigo o un familiar los tiene, usted tiene que estar alerta”, destacó el congresista.

Así, el líder político describió un proceso de contratación que, según sus palabras, ha sido repetido en varias ocasiones durante el semestre sin que se logre una adjudicación definitiva. “En el Fondo Nacional del Ahorro están empeñados en cambiar el software del core bancario. El Fondo Nacional es como si fuera un banco porque ahí está su plata, la de las cesantías, de ahí le liquidan sus créditos", remarcó en su denuncia.

Y reveló que el contrato, de $67.000 millones, no se ha podido cuadrar, según él, “para dárselo a algún calanchín. Han rehecho el proceso varias veces en lo que va del semestre y la Secretaría General está comprometida a adjudicarlo a las patadas antes del 7 de agosto”, precisó, todo esto tras una consultoría que costó $4.000 millones, en una situación que amerita máxima atención por parte de los organismos de control.

Con ello, Gómez Martínez aseguró que la insistencia en adjudicar el contrato antes de una fecha límite sugeriría un afán por beneficiar a intereses particulares; y anticipó que su denuncia se ampliará a otras entidades públicas. “Mañana (viernes 3 de julio) les cuento de otra gran entidad que nos afecta a todos y que está sufriendo las consecuencias de contratar con calanchines el software del Estado”, remarcó.

Frente a la controversia suscitada en las redes sociales, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, ratificó en declaraciones entregadas el jueves 2 de julio de 2026 que Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, murió en una operación reciente en el Cauca. Y aseguró que el video difundido después del operativo fue manipulado para desvirtuar su neutralización.

El alto oficial sostuvo que el material audiovisual que circuló para sembrar dudas sobre la muerte del cabecilla no puede usarse para desmentirla. “Se han realizado diferentes análisis espectrográficos y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, afirmó.

Según López, los hallazgos llevaron a descartar la grabación como prueba. “El video no es ninguna evidencia (...) Impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico-probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, reafirmó el general frente a la controversia que causaron las imágenes, en las que se veía al insurgente dirigiéndose a la milicia.

En relación con este caso, el Gobierno había informado inicialmente que alias Marlon, señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, y mano derecha de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Mordisco”, fue dado de baja el 20 de junio. Sin embargo, tras ese anuncio, la aparición de un video atribuido al guerrillero reactivó cuestionamientos sobre si seguía con vida.

En ese entonces, las Fuerzas Militares habían explicado que la muerte se produjo en una operación en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), pero que el cuerpo no pudo ser recuperado porque el grupo armado lo retiró del lugar. En medio de la controversia, desde las disidencias se envió a medios una grabación en la que el hombre que aparece como “Marlon” cuestiona la política de paz del Gobierno.

Inteligencia militar fue clave para ratificar muerte de alias Marlon

En sus declaraciones, López indicó que la conclusión sobre el abatimiento de Idrobo no cambió tras revisar el video. “De acuerdo con Inteligencia Militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación”, refirió el alto oficial, frente a los múltiples interrogantes generados sobre este asunto, que desató controversia en la opinión pública.

A su turno, el general también defendió los procedimientos con los que se ejecutan estas acciones y dijo que la institución sostiene su reporte. “Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones de inteligencia y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, expresó el general López en sus declaraciones, con las que zanjó el tema.

Y en relación con el curso de las acciones posteriores al operativo, el comandante señaló que la fuerza pública mantiene el despliegue en la zona. “Mantenemos las operaciones, mantenemos la labor de inteligencia, estamos trabajando con la inteligencia militar de toda la fuerza de nuestra Policía Nacional para seguir avanzando en las operaciones”, remarcó el alto oficial a los medios de comunicación.

Idrobo fue el principal líder del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y mano derecha de “Mordisco” en el suroccidente de Colombia. Durante más de 15 años, el cabecilla acumuló un historial criminal vinculado al narcotráfico y al control territorial, convirtiéndose en un objetivo de alto valor para las autoridades, al ser responsable de múltiples atentados contra la población civil en Cauca y Valle.

Entre los hechos en los que participó se destaca la masacre en el túnel de Cajibío, donde un ataque explosivo en la vía Panamericana causó cerca de 20 muertes. Al igual que la activación de un camión bomba en la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó seis heridos, y un atentado con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en la misma ciudad, al igual que ataques con granadas en Cali.

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó el jueves 2 de julio a los medios del sistema estatal la transmisión en vivo de las reuniones de empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, con el fin de que los colombianos puedan seguir en vivo y en directo la exposición de logros de su administración y, en consecuencia, la manera en que entregarán al Estado a su sucesor.

El jefe de Estado, que visitó al papa León XIV en su despacho, aprovechó el alcance de su perfil de X, con más de 8,8 millones de seguidores, para hacer la petición. “Le solicito a los medios públicos la transmisión de las reuniones de empalme de gobierno”, expresó el primer mandatario, frente a la forma en que la ciudadanía seguiría en tiempo real la entrega formal al entrante gobernante.

Esta solicitud se conoció poco después de que el equipo del nuevo mandatario expresó sus inquietudes sobre presuntas irregularidades administrativas detectadas en los últimos días del actual mandato. En especial por lo dicho por José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, que declaró que el proceso de empalme debía ser “un proceso público, responsable y verificado para estabilizar el Estado”.

En respuesta, la administración de Gustavo Petro negó los señalamientos sobre posibles conductas irregulares en el tramo final de su administración y, con ello, dejó en claro su intención de comprometerse con la transparencia. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de cubrir, sin restricciones, las sesiones que se lleven a cabo entre ambos equipos durante la transición.

Frente al proceso de empalme, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República también han sido convocadas para acompañar el proceso, con el propósito de brindar garantías institucionales adicionales. De hecho, las entidades emitieron un comunicado conjunto en el que remarcaron la importancia que desde el Gobierno saliente se entregue toda la información pedida.

Esto debe incluir “la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, precisaron en su pronunciamiento.

El proceso de empalme abarca más de 22 mesas técnicas distribuidas en los principales ministerios y entidades estatales. De acuerdo con el cronograma publicado por la Casa de Nariño, los equipos tienen la tarea de socializar informes de gestión, analizar la situación financiera, revisar contratos y nombramientos recientes, y elaborar actas detalladas antes del 7 de agosto.

Un hecho sin precedentes en la transmisión de mando en Colombia

La petición de Petro, de solicitarle a Inravisión y Radio Nacional de Colombia que se transmitan estas sesiones, no tiene precedentes recientes en la historia política del país; como en su momento tampoco se tenían antecedentes de que se televisaran los Consejos de Ministros, que empezaron a hacerse públicos desde aquella jornada del 4 de febrero de 2025, cuando se vio el primero de ellos.

“Soy partidario que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, fue el mensaje con el que el primer mandatario se expresó en favor de que los colombianos puedan ver estas jornadas. Lo anterior, tras la directriz del jefe del equipo de empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda Germán Ávila, que dispuso que la totalidad de las reuniones quedaran registradas en video.

Frente a lo propuesto por Petro, es válido destacar que el equipo de Abelardo de la Espriella no ha oficializado aún su aceptación a la propuesta, aunque fuentes cercanas al presidente electo han resaltado la importancia de que la ciudadanía “vea y compruebe el estado real de la Nación”; por lo que las próximas horas serán decisivas para saber si acceden a que los encuentros sean públicos.

En este proceso también se ha aclarado que algunos datos sensibles, como información de seguridad nacional, contratos de defensa o documentación clasificada, podrían requerir un tratamiento reservado. En ese sentido, si bien la transparencia es valorada en este caso, se sobreentiende que hay información que debe manejarse con cuidado institucional, para no afectar los intereses de la nación.

En medio de los comentarios por la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, al papa León XIV, a 36 días del final de su administración, la senadora y exprecandidata presidencial María José Pizarro salió en defensa del jefe de Estado y con un mensaje en sus redes sociales, emitido el jueves 2 de julio, defendió la intención de este encuentro, en el que el gobernante defendió su agenda política.

Pizarro, que protagoniza sus últimas dos semanas como legisladora, valoró la intención de Petro de hablar de la “casa común”, refiriéndose al planeta, como parte de los temas tratados por el jefe de Estado con el sumo pontífice. Y aprovechó este encuentro para lanzarle indirectas al Gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella, frente a temas que no harían parte de su mapa de prioridades.

“Mientras unos hablan de destripar e impulsan las políticas y economías de la exclusión, desmontando el Estado de bienestar y dejando a millones de personas en la miseria para sostener sus privilegios; mientras se encomiendan a cuanto santo encuentran en el camino, nosotros defendemos y cuidamos la casa común, a la gente y a la naturaleza", reafirmó Pizarro, lo que causó controversia.

Así pues, se refirió a la orientación ética de la política oficialista frente a los desafíos de exclusión y desigualdad, al ubicar este encuentro entre Petro y León XIV en la línea de defensa de la naturaleza y la dignidad humana, en un panorama, según ella, en el que se registran amenazas contra los avances sociales en Colombia por parte de la nueva administración, que asumirá desde el 7 de agosto.

La congresista remarcó la afinidad de su sector político con el mensaje social y ambiental de la Iglesia católica. “Creemos, como dijo el papa Francisco, en la revolución de la ternura y la misericordia, en el diálogo y en la fraternidad universal”, enfatizó la legisladora, al reiterar cómo el legado del anterior jerarca impactó en el desarrollo de las políticas impulsadas por Petro, el primer presidente de izquierda.

De esta forma, la parlamentaria se enfocó en la corriente latinoamericana que impulsa la justicia social y la protección ambiental, inspirada en la encíclica Laudato Si’ y en la doctrina social de la Iglesia católica. Por ello, quiso desmarcar las iniciativas del actual Gobierno del que se aproxima, pues este sí apuesta por los derechos humanos como eje de las transformaciones que deben hacerse.

¿Cómo fue la visita entre Gustavo Petro y León XIV?

La audiencia se centró, según reveló Petro, en la situación sociopolítica de Colombia, el impacto de los conflictos armados y la defensa de las comunidades vulnerables. El mandatario colombiano pidió al pontífice interceder por los beneficiarios de la reforma agraria, al señalar que “las mafias que habían recuperado con corrupción sus haberes ilícitos” han amenazado a campesinos e indígenas.

“Cuando fuimos por la tierra incautada la encontramos de nuevo ocupada por testaferros de la mafia y mafiosos directamente. Algunos de los allegados a esas mafias quieren dirigir de nuevo el ministerio de Agricultura”, destacó el primer mandatario, en el mensaje que publicó en su perfil de X, y que acompañó con una foto del líder de la Iglesia católica, con el que se reunió por segunda vez.

La delegación oficial colombiana incluyó a figuras del Ejecutivo, como el ministro de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón; Andrés Hernández, gestor de comunidades y medios digitales de la Presidencia; y la hija del primer mandatario, Sofía Petro, que asistió acompañada de su hija.

El encuentro fue acompañado por reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y funcionarios de la Secretaría de Estado. Las conversaciones reafirmaron “la cooperación positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”, además de la invitación a que el papa visite Colombia en 2027, de cara a los 190 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, rechazó el jueves 2 de julio de 2026 los señalamientos del miembro del comité de empalme Indalecio Dangond, que se perfila a sucederla en el cargo apenas asuma el presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de que el empresario denunció presuntas irregularidades en la gestión de la cartera agraria a pocos días de la salida de la funcionaria.

La controversia se desató tras una publicación de Dangond en redes sociales, en la que señaló con duros calificativos que se habrían registrado graves hechos de corrupción al interior de esta dependencia y otras más del orden nacional. “Las ratas no solo se comieron el queso; se lo comieron con el gato sentado a la mesa”, aludiendo a posibles actos de corrupción en el Ministerio de Agricultura.

Dangond reveló que adelantó una investigación de seis meses, que incluyó el análisis de los programas misionales y la ejecución de la inversión del ministerio y de sus entidades adscritas y vinculadas. Como era de esperarse, estas delicadas acusaciones sobre actos de corrupción en el sector llevaron a Carvajalino a emitir una vehemente respuesta al empresario.

Así reaccionó la saliente ministra de Agricultura a los señalamientos de corrupción

En su perfil de X, la funcionaria, que estará hasta el 8 de julio en el cargo, no tardó en responder a la publicación de Dangond, al que acusó de querer perjudicar su gestión. “Los señalamientos infundados no lograrán enlodar la gestión que hicimos de cara al país, ni justificar medidas regresivas en detrimento del interés general y los objetivos de la paz social que guían la reforma agraria”, señaló Carvajalino.

Enfatizó que no permitirá que se cuestione su gestión ni su reputación. “Defenderemos el régimen agrario como lo hicimos cuando se desviaron los recursos públicos del agro a favor de terceros; o cuando se omitió el deber de protección y se permitieron masacres para desplazar al campesinado; o cuando se permitió que particulares ocuparan de forma irregular los bienes fiscales y los bienes baldíos, o se acumularan de forma indebida, o se acaparan los bienes públicos y se desecaran las ciénagas”.

De esta manera, la ministra hizo hincapié en la gravedad de lo que denominó son falsos señalamientos, “dirigidos a afectar el buen nombre y la honra de una persona” y que están tipificados como un delito en la legislación colombiana. “El buen nombre y la honra son derechos fundamentales, reconocidos y protegidos por la Constitución”, remarcó la funcionaria de la administración Petro.

En cuanto a la salida de Carvajalino, la misma ocurrirá tras dos años en el cargo. Esto, luego de confirmar su renuncia a través de sus redes sociales, el miércoles 1 de julio, al señalar que la decisión está relacionada con el fin de una comisión que pidió a la Procuraduría para poder aceptar, en su momento, la designación hecha por el presidente de la República, el 9 de julio de 2024.

¿Quién es Indalecio Dangond, que arremetió contra el Gobierno Petro?

Se trata del principal candidato a ser el nuevo ministro de Agricultura. Administrador de empresas oriundo de Urumita, La Guajira, tío del cantante vallenato Silvestre Dangond, con una amplia trayectoria en el sector agrario, que ha ocupado cargos en instituciones como el Banco Agrario y Finagro, y fue asesor para cinco ministros de Agricultura y dos de Comercio.

En la actualidad Dangond lidera el comité de empalme del sector agrícola y su nombre se perfila como posible ministro de Agricultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la campaña presidencial, coordinó la propuesta programática para el agro y, en ese orden de ideas, ha sido columnista habitual en medios nacionales y regionales como El Espectador y El Pilón.

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el origen de los USD60 millones anunciados por el Banco Interamericano de Desarrollo para la transición de Gobierno en Colombia y negó, en consecuencia, que se trate de una donación para el proceso empalme del mandatario entrante, Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

“No es cierto que hay una donación de BID para el empalme. Lo que ha dicho el BID es que quedan 60 millones de dólares disponibles para financiar los diferentes programas que mi gobierno y gobiernos anteriores habían adelantado con el BID”, afirmó el presidente, en su publicación en la red social X, en la que desde Roma (Italia) le salió al paso al anuncio que se había hecho sobre el particular.

En efecto, el rechazo de Petro apareció después de que se difundiera que el Banco Interamericano de Desarrollo destinaría recursos no reembolsables para apoyar la instalación del Gobierno electo. Según esa versión, el dinero tendría como destino la asistencia técnica, el acompañamiento institucional y la transición administrativa, incluso con apoyo técnico de expertos en diferentes áreas.

Tal parece que con la publicación del primer mandatario, el punto de inflexión en la controversia no solo es el monto, sino el objeto de los fondos. Mientras el anuncio hecho por De la Espriella presentó la línea de cooperación como respaldo al arranque del nuevo Gobierno, Petro sostuvo que esos recursos corresponden a programas adelantados con el organismo multilateral y no a una bolsa para el empalme.

En su anuncio, que reiteró el lunes 29 de junio en una transmisión en sus redes sociales, De la Espriella indicó que el dinero serviría para un “empalme anticorrupción” liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y para la asistencia técnica inicial de la nueva administración. Así pues, hizo mención de cómo este respaldo respondía a los retos económicos y administrativos del próximo mandato.

Petro cuestionó que el fondo se presente como una donación para la transición, pese a anuncio de De la Espriella

Al comentario del jefe de Estado, que fijó entonces lo que para él sería una diferencia de fondo sobre la naturaleza de los recursos, y en la que no negó la disponibilidad de la cifra, pero sí rechazó que el BID la hubiera entregado como una donación específica para instalar al gobierno de De la Espriella, se sumaron otras reacciones frente a este mensaje, como el del senador electo Alejandro Ocampo.

“Se los dije, que era mentira que le iban a dar 60 millones de dólares a Abelardo De la Espriella para el empalme. Y apenas estamos comenzando”, expresó el representante que dará el salto a la cámara alta. De esta manera se sumó a lo dicho por Petro, que se alejó de la controversia sobre si el monto era alto o bajo para un proceso de empalme y se concentró en el origen de esta llamada cooperación.

“Quiero informarle al país que el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud del desgobierno que estamos recibiendo”, indicó el mandatario electo el 29 de junio, cuando afirmó que, pese a la grave situación en materia económica que atravesaba el país, existía plena confianza sobre su gestión.

Sobre este asunto, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, confirmó la línea de cooperación técnica tras una llamada telefónica con De la Espriella. En la información difundida sobre ese contacto se indicó que serían recursos no reembolsables, una condición que implica que el Estado no tendría que devolverlos como una deuda tradicional; lo que contrasta con lo expresado por Petro.

Y es que, de acuerdo con el entrante presidente, no le iban a “ocultar” el delicado estado en las finanzas públicas. Y agregó que la inflación anual está en el 5,8 por ciento, por encima de la meta del Banco de la República. Al mismo tiempo, la tasa de interés se sitúa, tras el reciente incremento del emisor, en 12 puntos; lo que es, a su juicio, síntomas de que la economía colombiana no marcha bien.

Tras la polémica suscitada por la revelación de Medicina Legal, que confirmó que al menos 65 menores murieron en bombardeos efectuados por la fuerza pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, una de las duras reacciones provino de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que a través de su perfil de X lanzó fuertes cuestionamientos contra el jefe de Estado, al que le sacó a relucir viejas críticas a su antecesor, Iván Duque Márquez.

Cabal utilizó su perfil en esta plataforma digital para exponer, según ella, lo que calificó como una contradicción fundamental en el discurso del mandatario, que en el pasado calificó al exmandatario de cohonestar con esas prácticas. “¿Petro usted no es violento? Da asco ver que usaba las operaciones legítimas de la fuerza pública para vender una narrativa de defensor de derechos humanos”, expresó la senadora en su publicación, que desató fuertes reacciones.

El informe oficial, presentado por Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, desató duros señalamientos contra el jefe de Estado. “Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual”, afirmó el titular del instituto, que agregó que la mayoría de las víctimas tenía entre 14 y 17 años, en departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo.

El mensaje que ‘desempolvó’ María Fernanda Cabal de Gustavo Petro

Con ese panorama, Cabal aprovechó la coyuntura para recordar las críticas que en su momento hizo Petro cuando era senador opositor al Gobierno de Duque. En sus críticas al primer mandatario, citó una publicación del 21 de noviembre de 2019, en la que el entonces senador cuestionaba los operativos militares de ese periodo. “El violento es usted, Duque, ¿o cómo llama el hecho de bombardear niños y hacer añicos el acuerdo de paz?”, escribió en esa ocasión.

Para la congresista vallecaucana, que protagoniza sus últimos 19 días como integrante del legislativo tras doce años de ejercicio, las circunstancias actuales revelan una doble moral del gobernante, que en ese momento se pronunció en medio de las primeras movilizaciones contra su antecesor, acrecentadas por el asesinato del joven Dilan Cruz, antes de las fuertes refriegas acontecidas en septiembre de 2020, y entre abril y julio de 2021, el denominado estallido social.

La senadora ha sido una de las voces más críticas frente a los resultados de la política de seguridad del actual Gobierno y su efecto en la población civil. Por ello, el informe de Medicina Legal alimentó la controversia sobre los protocolos militares y la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto; a la par de las duras observaciones al fracaso de la Paz Total impulsada por el Ejecutivo y sus múltiples procesos de negociación.

En este asunto, el de la muerte de niños y adolescentes en los bombardeos, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y esposo de Cabal, se sumó a las críticas y señaló al exsenador Roy Barreras en el cruce de responsabilidades políticas. “Todo el ruido que hizo Roy en el gobierno pasado por hechos similares”, esbozó en primer término el dirigente gremial, que recientemente abandonó al Centro Democrático.

“En esa ocasión, como necesitaba un escándalo, responsabilizó al ministro de Defensa y toda la izquierda salió a aplaudirlo. En ese entonces, tenía aspecto de monje. Ahora, siguiendo el ‘buen’ ejemplo de los artistas del cambio, permanece mudo ante esta tragedia. El ‘Gobierno potencia de la vida’ no protegió la vida de estos menores de edad. Lo que hizo fue estimular el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de los grupos terroristas", agregó Lafaurie.

Como era de esperarse, las cifras divulgadas por Medicina Legal se han convertido en un insumo para organizaciones de derechos humanos y críticos de la actual administración, que exigen claridad sobre los procedimientos militares y la prevención de víctimas civiles. En ese sentido, la postura de Cabal iría en la misma línea del resto de la oposición, que insiste en mayor coherencia y responsabilidad frente a la protección de los menores, como parte del conflicto armado.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui hizo público el miércoles 1 de julio un certificado del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que autoriza vigencias futuras excepcionales por cerca de $13 billones para 19 proyectos del sector defensa entre 2027 y 2034. Por ello, pidió que el Gobierno entrante revise su sustento técnico antes de iniciar contrataciones que dejarían comprometido gasto público hasta la siguiente década.

Según el análisis divulgado por el congresista, la distribución temporal de esos recursos podría dejar comprometidas de manera lesiva las finanzas de la nación, pues cerca de $6,2 billones tendrían que ejecutarse durante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella entre 2027 y 2030, mientras otros $6,8 billones quedarían programados para la administración siguiente, entre 2031 y 2034; lo que dejaría amarrados importantes recursos del Estado.

En el documento enviado a Infobae Colombia se puede precisar que la concentración de recursos destinados a la cartera es en la vigencia del 2031, año en el que la inversión anual supera los $3 billones. Para Uscátegui, ese volumen muestra que la decisión fiscal excede el próximo cuatrienio y condiciona la planeación financiera del sector defensa durante ocho vigencias consecutivas, por lo que encendió las alertas frente a lo que será el plan trazado por el presidente Gustavo Petro.

El certificado compartido por el congresista de la oposición fue expedido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal y en el mismo se deja constancia de que el organismo autorizó el 2 de junio de 2026 el cupo para que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional adelanten distintos procesos de contratación de proyectos que fueron declarados de importancia estratégica, a través del documento Conpes 4187 de 2026.

Gobierno Petro dejará contratos de proyectos que se pagarán hasta 2034

En su pronunciamiento, el representante por Bogotá sostuvo que la discusión no pasa por frenar el fortalecimiento de la fuerza pública, sino por revisar si las prioridades definidas meses atrás siguen ajustadas al escenario de seguridad actual. “Nadie discute que Colombia necesita unas Fuerzas Militares y una Policía más fuertes, modernas y mejor equipadas. Ese no es el debate”, remarcó de entrada el congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui.

A su juicio, lo que corresponde ahora es verificar que las prioridades definidas siguen respondiendo a las amenazas que enfrenta hoy el país. “Si el Gobierno saliente está convencido de que estos son los proyectos que Colombia necesita, no tiene por qué apresurar procesos contractuales en las últimas semanas de su mandato. Lo transparente es permitir que el Gobierno entrante revise primero su sustento técnico, operativo, estratégico y presupuestal”, afirmó el político.

En ese orden de ideas, Uscátegui habló de la necesidad de una revisión profunda durante el proceso de empalme, que arrancará de manera formal el jueves 2 de julio, y pidió al equipo del presidente electo requerir de manera formal al Gobierno nacional los estudios de necesidad, las evaluaciones operacionales, los análisis de costo-beneficio, la metodología de priorización y, en consecuencia, los conceptos técnicos que respaldaron la autorización de los mismos.

Así pues, reveló que el certificado del Confis autoriza el cupo presupuestal, pero advirtió que el documento no incorpora los estudios técnicos, operacionales y financieros que expliquen por qué se escogieron esas capacidades y no otras. Con ello, las consecuencias que plantea son de orden político y fiscal, pues el Gobierno entrante recibirá una programación ya aprobada para proyectos de defensa que se extenderán hasta 2034, y en los cuales no tuvo decisión.

El congresista agregó en su exposición que la revisión es necesaria antes de cualquier contrato porque, a su juicio, el contexto de seguridad cambia con rapidez. “Las amenazas evolucionan mucho más rápido que los planes de inversión. Precisamente por eso, antes de contratar, el Gobierno entrante debe verificar que las capacidades priorizadas hace varios meses siguen siendo las que realmente necesita hoy nuestra fuerza pública”, comentó Uscátegui frente al particular.

Los 19 proyectos entre Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aeroespacial que dejaría atados el Gobierno Petro

El documento, al que tuvo acceso esta redacción, se detalla que los 19 proyectos se reparten entre ocho iniciativas de la Armada Nacional, seis del Ejército Nacional, cuatro de la Policía Nacional y una de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las líneas de inversión abarcan inteligencia y contrainteligencia, mando y control, comunicaciones, infraestructura, movilidad estratégica, capacidades navales, renovación aeronáutica y desarrollo tecnológico.

Entre los proyectos que están relacionados en el certificado se precisan el fortalecimiento de la capacidad de despliegue aéreo del Ejército Nacional, con asignaciones anuales desde 2027 hasta 2034. En esa programación, la vigencia del 2031 concentra una partida de $858.050.922.260, por encima de cualquier otro año del mismo proyecto; lo que causó especial cuidado en el congresista, que espera revisar en detalle estos números con el Gobierno entrante.

En otro de los rubros también figura el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, cuya curva de gasto sube en el año 2031 a $55.704.720.340, antes de descender en los años posteriores. A esa lista se suman la dotación de armamento y equipo especial para el soldado, la capacidad para el despliegue terrestre y la modernización del ecosistema de mando y control, en inversiones que dejarían comprometidos importantes recursos.

En la Armada, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de los medios navales para la protección de la soberanía nacional extiende recursos hasta 2034 y muestra un aumento marcado desde 2031, cuando recibe $239.736.345.389. Otro de los conceptos incluidos es la actualización de capacidades ofensivas, de vigilancia y sistemas electrónicos para las unidades navales, de acuerdo con lo expuesto por Uscátegui, que reiteró la necesidad de analizar cada ítem.

La Policía también tiene proyectos con ejecución prevista hasta 2034

En la programación reflejada en el certificado del Consejo Superior de Política Fiscal también se incluyeron iniciativas de la Policía Nacional. Una de ellas es el fortalecimiento de las misiones aéreas policiales en el territorio nacional, con apropiaciones desde 2027 hasta 2034 y una asignación de $288.227.300.000 en 2031. Además, el certificado incorpora el mejoramiento de la movilidad estratégica orientada al servicio de policía en el territorio nacional.

Todo esto, con recursos entre 2027 y 2031, y un proyecto de desarrollo tecnológico de la institución con partidas previstas entre 2027 y 2030. Frente a esto, el representante advirtió que el certificado autoriza el cupo de vigencias futuras, pero no permite establecer “cuáles amenazas específicas busca atender cada proyecto, qué metodología se utilizó para definir el orden de prioridades o qué alternativas fueron evaluadas antes de comprometer recursos públicos”.