El fiscal César Changa explicó que esta organización ya no opera principalmente en Lima, sino que ha extendido su presencia a otras regiones. “Hemos detectado, a diferencia de otros casos, que el Tren de Aragua sí tiene presencia en la sierra, en las fronteras, en la selva”, señaló.

El operativo, que incluyó el allanamiento de 39 inmuebles, se concentró exclusivamente en provincias, lo que evidencia esta nueva estrategia territorial. Según detalló, las intervenciones continúan en zonas de acceso complicado. “Hablamos de lugares distantes en la selva, con rutas difíciles de ingreso”, indicó.

Repliegue responde a presión policial en la capital

De acuerdo con la Fiscalía, este desplazamiento no es casual, sino una reacción directa a los operativos ejecutados en la capital en años anteriores. “La fiscalía le ha dado duros golpes en la costa. Por eso hemos advertido que se ha replegado hacia zonas de difícil control”, explicó Changa.

Este cambio implica un reto adicional para las autoridades, ya que las organizaciones criminales aprovechan la menor presencia estatal en estas áreas para reorganizarse y continuar operando.

Además, el fiscal advirtió que la organización utiliza mecanismos para evadir la justicia, como la rotación constante de sus integrantes. “Cuatro meses están en un departamento, luego se van a otro”, precisó.

Rotación y movilidad como estrategia criminal

La movilidad constante es uno de los principales mecanismos de protección de la organización. Según la Fiscalía, esta práctica busca evitar que las víctimas o las autoridades logren identificar y capturar a los responsables.

“¿Para qué rotan? Para evitar la persecución policial y que las víctimas que escapen los señalen”, explicó Changa.

Este patrón refuerza la hipótesis de una organización flexible, capaz de adaptar su funcionamiento según el nivel de presión policial en cada territorio.

Cambio en el mapa del crimen y los golpes en Lima

El fiscal advirtió que este comportamiento evidencia una evolución del crimen organizado en el país. “El Tren de Aragua es una organización transnacional que en cada país muta”, afirmó.

En el caso peruano, esa mutación se traduce en una descentralización operativa: mientras se expande hacia zonas menos vigiladas del interior —donde incursiona en delitos como la trata de personas—, en Lima ha consolidado la extorsión y el sicariato como sus principales herramientas para infundir terror.

Los golpes ejecutados en la capital explican, en parte, este repliegue. En octubre de 2025, un megaoperativo conjunto de la PNP y el Ministerio Público permitió la desarticulación parcial de ‘Los occidentales’, una red vinculada al Tren de Aragua dedicada a extorsionar a empresas de transporte público.

El trabajo de inteligencia fue clave: la Fiscalía utilizó diligencias, testimonios con identidad reservada y análisis de evidencia para mapear la estructura y operatividad de la organización. El operativo culminó con la detención de 24 integrantes, así como el allanamiento simultáneo de 30 inmuebles y una celda carcelaria, lo que evidenció el alcance territorial y la capacidad de infiltración de esta red criminal.

La iniciativa, que ya cuenta con más de 20 firmas, surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la versión oficial difundida inicialmente por el Ejército, que reportó un presunto enfrentamiento con narcoterroristas. Sin embargo, información posterior, testimonios recogidos en la zona y elementos de investigación han puesto en duda esta hipótesis.

El documento advierte que no se registraron bajas ni heridos en el personal militar, lo que ha encendido alertas sobre un posible uso desproporcionado de la fuerza. En ese contexto, los legisladores consideran necesario determinar si la intervención se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen las acciones del Estado.

La moción se sustenta en el artículo 131 de la Constitución, que faculta al Congreso a convocar a los ministros para que rindan cuentas. De ser admitida, el titular del sector Defensa deberá responder un pliego de preguntas centrado en la planificación, ejecución y consecuencias del operativo.

Testimonios contradicen versión oficia

La controversia se ha intensificado con los testimonios de familiares de las víctimas, quienes aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados a la agricultura y sin vínculos con actividades ilícitas. Según estas versiones, se encontraban transitando por la zona tras participar en un campeonato de fútbol cuando ocurrió la intervención militar.

A estas declaraciones se suma el testimonio de un sobreviviente, quien denunció que su primera versión —en la que se le vinculaba con actividades ilegales— habría sido obtenida bajo amenazas. Este señalamiento ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las diligencias iniciales y el accionar de las fuerzas intervinientes.

Desde el ámbito local, autoridades como el alcalde de Pucacolpa han respaldado la versión de los familiares, indicando que las víctimas regresaban de un campeonato de fútbol. También se ha puesto en duda la naturaleza del operativo, al señalar que no presentaba las características habituales de una intervención militar formal.

En paralelo, la defensa de las víctimas ha cuestionado la hipótesis de un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, al indicar que en la escena no se hallaron armas ni sustancias ilícitas. Estos elementos han reforzado la presión política para que el ministro de Defensa explique lo ocurrido.

Fiscalía investiga por homicidio calificado

En el plano judicial, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ocho militares del Ejército y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de los cinco ocupantes de un vehículo intervenido en la vía Colcabamba–Ayacucho.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los efectivos habrían ordenado la detención del vehículo y, ante una presunta negativa, habrían abierto fuego. La Fiscalía ha dispuesto pericias balísticas, pruebas de absorción atómica e incautación de evidencias para determinar responsabilidades.

No obstante, uno de los puntos más cuestionados del caso es la liberación de los ocho militares detenidos, luego de que venciera el plazo de flagrancia sin que se solicitara una detención preliminar. Esta decisión ha sido criticada por la defensa de las víctimas, que considera que hubo una omisión en un momento clave del proceso.

Pese a ello, las investigaciones continúan, aunque sin resultados preliminares concluyentes al momento de la liberación. Esta situación también forma parte de los cuestionamientos que deberán ser aclarados en el ámbito político y judicial.

Ministro solicita presentarse ante el Congreso en medio de crisis

En este contexto, el ministro de Defensa solicitó formalmente presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para exponer las acciones de las Fuerzas Armadas y los avances de las investigaciones internas. El pedido fue remitido mediante oficio a la presidenta de dicho grupo de trabajo, congresista Karol Paredes.

El titular del sector expresó su disposición de asistir acompañado de su equipo técnico para detallar lo ocurrido en el operativo y responder a las inquietudes del Parlamento. Esta solicitud se produce luego de que no acudiera a una citación previa, en la que debía abordar otro tema vinculado a la adquisición de aviones de combate.

Balcázar optó por bajar el tono del enfrentamiento, aunque dejó entrever su incomodidad por las declaraciones del exdiplomático. “Yo creo que Hugo de Zela es un hombre importante, inteligente”, señaló inicialmente, para luego matizar su postura al referirse a los cuestionamientos públicos.

El jefe de Estado evitó escalar el conflicto, pero consideró que hubo un exceso en las acusaciones. Según dijo, las declaraciones del excanciller responden a un “desliz” y no a una conducta permanente. Con ello, buscó cerrar el episodio sin prolongar la controversia política.

Balcázar niega responsabilidad en compra de F-16

En su respuesta, José María Balcázar insistió en que no tuvo participación directa en el proceso de compra de los F-16, uno de los puntos centrales del conflicto con el ex canciller. “En realidad yo no tenía ningún papel en la compra de los aviones”, afirmó, al rechazar las versiones que lo vinculan con la negociación.

El mandatario sostuvo, además, que el propio Hugo de Zela conocía los detalles del proceso. Incluso, señaló que el excanciller habría estado involucrado en gestiones vinculadas a la adquisición de los aviones. “Él lo conocía porque venía participando de esos trabajos […] para la compra de aviones norteamericanos”, precisó.

Balcázar también deslizó que, como diplomático, el excanciller debió mantener una comunicación más directa con el Ejecutivo. Desde su perspectiva, existe una inconsistencia en la posición asumida por De Zela, lo que explicaría el origen del conflicto.

Pese a ello, el presidente aseguró que no busca prolongar la disputa. “Yo no tengo ningún problema más con Hugo de Zela”, afirmó, al dar por cerrado el tema. No obstante, reconoció que este episodio influyó en su decisión de apartarlo del gabinete de ministros.

Crisis por F-16: renuncias en el gabinete

Las declaraciones se producen tras la crisis política generada por la compra de aviones F-16, que provocó la salida de altos funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el excanciller Hugo de Zela, quienes cuestionaron la conducción del proceso.

Según los ex ministros, la decisión del presidente de frenar la adquisición se tomó sin coordinación previa. Incluso, señalaron que se enteraron por televisión de que el contrato no se concretaría, lo que motivó un pedido de reunión urgente con el mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con sus versiones, José María Balcázar se negó a discutir el tema en ese momento y ratificó posteriormente que la compra de los aviones se evaluaría en el siguiente gobierno.

El conflicto escaló cuando el excanciller calificó de “mentiroso” al jefe de Estado, en referencia a sus declaraciones públicas sobre la firma del contrato. “Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, sostuvo Hugo de Zela, en una de las críticas más duras dirigidas al mandatario.

Bloqueo de pago y tensión política en el Ejecutivo

La controversia se agravó con la revelación de que el Ejecutivo no autorizó el desembolso inicial para la compra de los F-16, pese a que existía un plazo límite. Según los ex ministros, el pago debía realizarse en una fecha específica para no perder el acuerdo con la empresa proveedora.

De acuerdo con el relato de Hugo de Zela, el Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutó el pago por disposición del presidente. Esta decisión generó incertidumbre sobre la continuidad del proceso y el impacto en las relaciones internacionales del Perú.

En paralelo, el entonces ministro de Defensa sostuvo que la firma del contrato se realizó dentro del marco legal, al no existir una orden formal que detuviera el proceso. Esto evidenció una falta de coordinación interna en el Gobierno.

El Reniec facilita el registro de recién nacidos en hospitales de todo el país para garantizar el derecho a la identidad desde el primer día de vida. Esta estrategia permite a los padres inscribir a sus hijos y tramitar su primer DNI sin salir del establecimiento de salud.

Actualmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cuenta con presencia en 170 hospitales en todo el Perú, acercando sus servicios directamente a las familias.

Registro de recién nacidos en hospitales

Las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), instaladas en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, permiten realizar varios trámites en un solo lugar:

• Inscripción gratuita del acta de nacimiento
• Trámite y entrega del primer DNI sin costo (hasta los 16 años)
• Inscripción de defunciones por muerte natural

Este sistema evita traslados y permite completar el proceso antes del alta médica.

Para conocer la ubicación exacta de las oficinas y horarios de atención, puedes revisarlo aquí.

Identidad a recién nacidos

En los centros de salud donde no hay oficinas permanentes, Reniec implementa brigadas itinerantes a través de la estrategia Nacer con Identidad, que llega a 47 hospitales y clínicas.

Este mecanismo busca asegurar que todos los recién nacidos accedan a una identidad temprana, incluso en zonas donde no hay atención fija.

Para conocer qué establecimientos cuentan con este servicio, puedes revisarlo aquí.

Qué hacer si tu bebé no fue registrado en el hospital

Si el establecimiento de salud donde nació tu bebé no cuenta con este servicio, debes acudir a una oficina de Reniec dentro de los primeros 15 días de nacido.

La entidad recomienda realizar este trámite de inmediato para asegurar la identidad del menor y facilitar su acceso a servicios de salud y programas sociales.

Para ubicar el centro más cercano, haz click en este enlace.

Importancia del DNI desde el nacimiento

Contar con un DNI desde los primeros días permite a los niños acceder a servicios públicos y privados, además de garantizar su identificación en distintos trámites.

Reniec recuerda que este documento es clave para el ejercicio de derechos y la participación en la vida social del país.

Más de 526 mil DNI pendientes de recojo en el Perú

Además, la entidad informó que existen más de 526 mil DNI de adultos pendientes de recojo a nivel nacional, principalmente en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

Los ciudadanos deben acudir a la oficina donde realizaron el trámite para recoger su documento, ya que es indispensable para gestiones civiles, administrativas y electorales.

Para verificar si tu DNI está listo, puedes revisarlo aquí.

Horarios y agencias disponibles

Reniec cuenta con más de 450 agencias en todo el país. Los horarios de atención varían según el tipo de oficina:

• Oficinas registrales: 08:45 a.m. a 16:45 p.m.
• ORA: 08:45 a.m. a 16:30 p.m.
• Centros MAC: horarios diferenciados

Antes de acudir, se recomienda verificar el estado del trámite y horarios. Puedes revisarlo aquí.

Reniec pide cuidar el DNI

Finalmente, la entidad exhorta a los ciudadanos a cuidar su DNI, ya que su pérdida puede facilitar estafas, suplantación de identidad o compras fraudulentas.

“Yo le estoy planteando al Jurado Nacional de Elecciones que se rectifique en primer término y, si no, vamos a tener que recurrir a una demanda de amparo. Y también estamos evaluando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Reggiardo explicó que ambas opciones se analizan en paralelo, aunque subrayó la relevancia del recurso ante el máximo intérprete de la Constitución en el actual contexto. Precisó que la decisión final dependerá de la evaluación jurídica de su equipo, la cual será afinada tras una sesión del concejo metropolitano.

El alcalde insistió en que el Tribunal Constitucional cumple un rol clave frente a lo que considera una vulneración de derechos fundamentales. En esa línea, remarcó que la controversia no es política ni partidaria, sino constitucional, al estar en juego el derecho al voto de un sector de ciudadanos que no pudo ejercerlo en la primera vuelta.

Defensa del derecho al voto

El planteamiento de Reggiardo se sustenta en la defensa del sufragio, al que calificó como un principio esencial en una democracia. En ese sentido, enfatizó que, incluso si se tratara de un grupo reducido de personas afectadas, corresponde adoptar medidas para restituir ese derecho.

Asimismo, argumentó que su pronunciamiento está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece entre las atribuciones del alcalde la defensa de los intereses de los vecinos. A ello sumó una opinión del Ministerio de Justicia que, según indicó, “reconoce dentro de las atribuciones del alcalde la defensa y cautela de los derechos e intereses tanto de la municipalidad como de los vecinos”.

El burgomaestre también rechazó las críticas que lo acusan de intervenir políticamente en el proceso electoral. Aseguró que no ha favorecido a ningún partido ni alterado el curso de la elección, dado que esta ya se realizó.

Decisión del JNE y reacción de López Aliaga

Las declaraciones de Reggiardo se producen tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de descartar la convocatoria a elecciones complementarias. El acuerdo plenario, publicado en el Diario Oficial El Peruano, señala que esta figura no aplica para elecciones presidenciales ni congresales y que el proceso no puede retroceder una vez iniciado el conteo de votos.

El organismo añadió que los retrasos registrados durante la jornada electoral tuvieron un impacto limitado y advirtió que una eventual nueva votación podría afectar la transparencia, al permitir que algunos electores voten con conocimiento de resultados previos.

Reggiardo no ha sido el único en cuestionar esta decisión. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, figura entre los más críticos del proceso electoral y ha denunciado presuntas irregularidades. En esa línea, reiteró su pedido de una auditoría integral del sistema electoral y de la base de datos.

El líder político sostuvo que más de un millón de electores habrían sido afectados, lo que —a su juicio— amerita una revisión profunda del proceso. Además, adelantó que su agrupación acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender lo que considera la voluntad popular.

La prórroga del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, coincide con los días previos al feriado por el 1 de mayo, una fecha en la que suelen realizarse conciertos, fiestas y otras actividades masivas que empiezan desde la noche del 30 de abril y se extienden hasta la madrugada.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿estos eventos se suspenden automáticamente por la medida?

Eventos por el 1 de mayo: qué está permitido y qué no

El decreto no ordena la suspensión general de eventos. Sin embargo, sí establece reglas claras.

Las actividades públicas de carácter masivo —como conciertos, fiestas o celebraciones grandes— deben contar con autorización previa de las autoridades. Esto implica que cada evento debe ser evaluado antes de realizarse.

En la práctica, esto significa que:

• Los eventos no están prohibidos automáticamente
• Pero sí necesitan permiso para llevarse a cabo
• Las autoridades pueden aprobarlos o no, según condiciones de seguridad

En cambio, las reuniones o actividades que no impliquen grandes concentraciones de personas pueden realizarse sin necesidad de solicitar autorización.

Eventos que comienzan el 30 de abril y siguen en la madrugada

El decreto entra en vigencia el 29 de abril, por lo que todas las actividades previstas desde el 30 de abril ya quedan bajo las reglas del Estado de Emergencia.

Esto incluye conciertos o fiestas que comienzan en la noche y se prolongan hasta la madrugada del 1 de mayo.

En estos casos, lo clave es que:

• El evento haya sido autorizado previamente
• Cumpla con las condiciones de seguridad exigidas

Si cuenta con permiso, puede desarrollarse. Si no, las autoridades tienen la facultad de intervenir.

Viajes y salidas por el feriado: lo que debes saber

El Estado de Emergencia no prohíbe viajar ni salir de la ciudad. Las personas pueden desplazarse dentro y fuera de Lima.

Sin embargo, el decreto permite que se restrinja la libertad de tránsito de forma temporal, lo que se traduce en posibles controles en carreteras, terminales o vías principales.

Esto implica que:

• Sí se puede viajar durante el feriado
• Pero puede haber mayor presencia policial o militar
• Podrían realizarse controles o verificaciones

Estas medidas buscan reforzar la seguridad en un contexto de alta movilidad por el feriado.

Más control en las calles durante el feriado

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Esto supone una mayor presencia de agentes en calles, zonas de alta concurrencia y puntos estratégicos.

Además, la Policía puede definir dónde intervenir con mayor intensidad, basándose en información sobre zonas con mayor incidencia delictiva.

En fechas como el 1 de mayo, donde aumenta la circulación de personas, estos operativos pueden intensificarse.

Restricciones temporales en nombre de la seguridad

El decreto también establece que, durante el Estado de Emergencia, algunos derechos pueden ser limitados temporalmente para facilitar la acción de las autoridades.

Entre ellos están:

• La libertad de tránsito
• La libertad de reunión
• La inviolabilidad del domicilio
• La libertad personal

Estas restricciones no significan una prohibición total, sino que permiten a la Policía actuar con mayor rapidez en situaciones de riesgo.

Lo que deben tener en cuenta quienes salgan o asistan a eventos

Frente a este escenario, las personas que planean asistir a eventos o viajar durante el feriado deben considerar algunos puntos:

• Verificar que los eventos cuenten con autorización
• Tener en cuenta posibles controles en rutas o accesos
• Prever tiempos adicionales de traslado
• Seguir las indicaciones de las autoridades

El objetivo de estas medidas es reforzar la seguridad en un contexto donde la delincuencia sigue siendo una preocupación.

Desde el 24 de abril de 2026, el proceso para obtener la licencia de conducir en Lima cambió por completo. El Touring y Automóvil Club del Perú dejó de participar en la emisión de brevetes tras el fin de su convenio, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfiriera funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Con esta decisión, todo el trámite para la licencia de conducir de clase A —que permite manejar autos particulares, buses y vehículos de carga— ahora está concentrado en una sola sede.

Este cambio ha generado dudas entre los postulantes, especialmente sobre dónde rendir los exámenes y cómo iniciar el proceso.

Dónde tramitar la licencia de conducir en Lima

Actualmente, el único lugar autorizado para tramitar la licencia de conducir clase A en Lima es el Centro Vial Norte, ubicado en el distrito de Comas.

Este centro concentra:

• Examen médico (en centros autorizados externos)
• Examen de conocimientos
• Examen de manejo
• Emisión del brevete

La sede se encuentra en el jirón Flor de Arrayanes 361 y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Por ahora, no hay otra sede habilitada en Lima. Las autoridades han señalado que se evalúa abrir más puntos, especialmente en la zona sur, pero actualmente todo el proceso se realiza en Comas.

Paso a paso para sacar la licencia de conducir

Si estás pensando en obtener tu licencia de conducir, este es el proceso que debes seguir:

Primero, debes pasar un examen médico en un centro autorizado. Este paso es obligatorio y certifica que estás apto para manejar.

Luego, debes acudir al Centro Vial Norte para rendir el examen de conocimientos, donde se evalúan tus conocimientos sobre normas de tránsito.

Después, viene el examen de manejo, que se realiza en el circuito del mismo centro. Aquí demostrarás tus habilidades al volante.

Si apruebas todas las evaluaciones, realizas el pago final y puedes recibir tu licencia de conducir el mismo día.

Este es uno de los principales cambios del nuevo sistema: ahora el trámite puede completarse en una sola jornada.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Para iniciar el trámite, debes cumplir con algunos requisitos básicos:

• Tener 18 años o más
• Presentar DNI vigente o documento válido
• No tener multas pendientes ni sanciones
• No estar inhabilitado para conducir

Además, es obligatorio aprobar los exámenes médico, teórico y práctico.

En el caso de revalidación, también se exige no tener deudas por multas y cumplir con las evaluaciones correspondientes.

Cuánto cuesta sacar el brevete en 2026

El costo para obtener una licencia de conducir se mantiene sin cambios pese a la nueva administración.

Los pagos son los siguientes:

• Examen de conocimientos: S/ 24.80
• Examen de manejo: S/ 45.00
• Emisión de la licencia: S/ 14.70

En total, el trámite para una licencia nueva cuesta alrededor de S/ 69.80, más el costo de emisión.

En el caso de revalidación, el pago depende del tipo de licencia y de los exámenes requeridos.

Revalidación y vigencia de la licencia

Si ya tienes una licencia de conducir, debes saber que no puedes manejar con el brevete vencido, ya que se considera una falta grave.

El tiempo de vigencia depende de tu historial como conductor.

Por ejemplo, en licencias clase A-I:

• Puede durar hasta 10 años si no tienes sanciones
• 8 años si tienes infracciones
• 5 años si has sido suspendido

Para renovar, debes aprobar el examen médico y, en algunos casos, el examen de conocimientos.

Un sistema en transición

El cambio en el sistema de emisión de brevetes marca una nueva etapa en Lima. La Municipalidad asumió el control del proceso y centralizó la atención en una sola sede.

Aunque se ha anunciado la posibilidad de ampliar la cobertura a otras zonas, por ahora el Centro Vial Norte es el único punto para quienes buscan obtener su licencia de conducir.

Para los postulantes, esto implica organizar mejor su tiempo, acudir temprano y cumplir con todos los requisitos para evitar contratiempos en el proceso.

Un nuevo hallazgo de droga dentro de una cárcel vuelve a encender las alertas sobre los mecanismos de ingreso de sustancias prohibidas. Esta vez, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un juguete de Hello Kitty en el penal de Chiclayo.

La intervención se realizó durante una requisa en las cuadras 5 y 6 del pabellón 3 del Régimen Cerrado Ordinario. Durante la inspección, los agentes revisaron distintos ambientes del recinto, incluidos los servicios higiénicos, donde se produjo el hallazgo.

Según la información oficial, el peluche se encontraba dentro de un balde y ocultaba pequeños paquetes con droga, lo que evidencia nuevas formas de ingreso de sustancias ilegales al interior de los penales.

Además del jueguete, se decomisaron otros objetos prohibidos como encendedores, tijeras, motores de ventilador, cables y una polea artesanal. Todos estos elementos representan un riesgo para la seguridad dentro de la cárcel, donde los internos pueden utilizarlos para actividades ilícitas o para vulnerar el control penitenciario.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la comisaría de Pícsi para iniciar las diligencias correspondientes.

Un antecedente reciente en el mismo penal

Este caso no es aislado. Apenas un mes antes, el 30 de marzo, en el mismo penal de Chiclayo, se realizó otra requisa que también terminó con la incautación de droga y objetos peligrosos.

En ese operativo, desarrollado durante la noche, participaron 35 agentes penitenciarios y 188 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades especializadas antidrogas y caninas.

Durante la intervención en el pabellón 3, se hallaron dos bolsas con 50 envoltorios de una sustancia con características de pasta básica de cocaína, así como 30 envoltorios tipo “ketes” con restos de vegetal molido.

Además, los agentes encontraron armas punzocortantes, cuchillos hechizos, pipas artesanales y herramientas, lo que evidenció el nivel de riesgo dentro del recinto.

En el pabellón 1, también se descubrió una memoria USB escondida dentro de una zapatilla, lo que muestra que los intentos de ocultamiento no se limitan solo a la droga, sino también a otros objetos prohibidos.

Estos antecedentes reflejan una constante: el ingreso y ocultamiento de artículos ilegales dentro de la cárcel, pese a los operativos de control.

Cambio en el INPE en medio de crisis penitenciaria

En paralelo a estos operativos, el sistema penitenciario atraviesa una etapa de cambios. Jorge Cotos Ochoa asumió la jefatura del INPE el pasado 8 de marzo de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al control de los penales.

A pocos días de su designación, encabezó su primer operativo en el penal de Trujillo, donde agentes realizaron una requisa en un pabellón con más de 200 internos. Durante esa intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas.

Posteriormente, el funcionario recorrió otros establecimientos, incluyendo el penal de Chiclayo, donde supervisó pabellones y evaluó las condiciones de seguridad.

Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos en regiones como Lima, Arequipa y el norte del país.

Su llegada se produce en un momento en que el funcionamiento del INPE está bajo cuestionamiento, debido a fugas de internos, fallas en los registros y problemas de coordinación entre penales.

Críticas al sistema penitenciario desde el propio INPE

Las recientes intervenciones también coinciden con cuestionamientos desde dentro del propio sistema. Iván Paredes, exjefe del INPE, ha advertido sobre problemas estructurales que afectan la seguridad en las cárceles.

El exfuncionario señaló que el sistema enfrenta una “crisis moral”, marcada por la corrupción y el tráfico de influencias, situaciones que dificultan el control de los internos y la gestión de los penales.

Paredes también explicó que decisiones como el traslado de reclusos pueden verse limitadas por órdenes judiciales, lo que reduce la capacidad de acción de las autoridades penitenciarias.

En ese contexto, casos como el hallazgo de droga en un peluche dentro de una cárcel no solo evidencian fallas en los controles, sino también los desafíos que enfrenta el sistema para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Mientras continúan las requisas y operativos, el debate sobre la seguridad en los penales sigue abierto, en un escenario donde los hechos recientes muestran que el problema persiste.

La decisión de extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días se sustenta en un diagnóstico claro: la criminalidad no ha disminuido y continúa afectando la seguridad en estas zonas.

El decreto identifica una serie de delitos que explican la continuidad de esta medida. Entre ellos destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados como formas graves de violencia que impactan directamente en la vida diaria de la población.

La Policía Nacional del Perú, a través de informes técnicos, advirtió que estos delitos siguen ocurriendo en ambas jurisdicciones, lo que motivó la recomendación de mantener el régimen excepcional.

Los crímenes que mantienen en alerta a Lima y Callao

El documento señala que la situación en Lima y Callao sigue siendo preocupante debido a la frecuencia y gravedad de los delitos registrados.

El homicidio aparece como uno de los principales indicadores de violencia, mientras que el sicariato refleja la presencia de estructuras criminales más organizadas. A ello se suma la extorsión, que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas.

Estos delitos no son hechos aislados, sino parte de un escenario más amplio de inseguridad que incluye otras situaciones de violencia.

La evaluación policial se basa en estadísticas, indicadores y análisis del comportamiento delictivo, lo que permite identificar patrones y zonas donde el crimen es más frecuente.

Cómo responde el Estado frente a la delincuencia

Ante este panorama, el Estado optó por mantener el Estado de Emergencia como una herramienta para enfrentar la violencia. La medida permite reforzar la intervención de las fuerzas del orden y ampliar su capacidad de acción.

La Policía Nacional continúa liderando el control de la seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este trabajo conjunto busca responder con mayor fuerza en zonas donde la delincuencia sigue activa.

El decreto establece que las intervenciones deben realizarse bajo reglas claras, que incluyen condiciones, límites y criterios para el uso de la fuerza, tanto para la Policía como para las Fuerzas Armadas.

Una medida que continuará mientras persista la inseguridad

La prórroga del Estado de Emergencia refleja que la situación no ha sido superada y que el Gobierno considera necesario mantener medidas extraordinarias.

Además de los operativos en calles, la norma permite restringir temporalmente algunos derechos como parte de la estrategia para recuperar el control de la seguridad.

También se establecen condiciones para actividades públicas masivas, que deberán contar con autorización previa, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave.

Qué pasará cuando termine el Estado de Emergencia

Al término de los 60 días, las autoridades deberán presentar un informe con los resultados obtenidos durante este periodo.

El documento incluirá las acciones realizadas y permitirá evaluar si la medida ayudó a mejorar la seguridad en Lima y Callao.

Este informe será remitido a distintas instituciones del Estado para su revisión y análisis.

Cómo se sostendrán las acciones contra la delincuencia

El decreto establece que las medidas se financiarán con el presupuesto de las entidades involucradas.

En caso sea necesario, el Ministerio de Economía podrá autorizar recursos adicionales, dependiendo de la disponibilidad.

Además, se mantendrán vigentes otras disposiciones adoptadas previamente, lo que permitirá dar continuidad a las acciones que ya se vienen aplicando para enfrentar la inseguridad.

El Gobierno de José María Balcázar aprobó una transferencia de S/ 17,3 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para cubrir gastos vinculados a los comicios regionales y municipales de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 070-2026-EF, que dispone el traslado de estos recursos desde la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la norma, el dinero será utilizado principalmente para financiar gastos operativos del organismo electoral, en especial aquellos relacionados con personal. La transferencia se realiza con recursos ordinarios del Estado y responde a una solicitud formal del propio JNE, que sustentó la necesidad de contar con mayores fondos para garantizar el desarrollo de estos procesos.

El decreto precisa que este tipo de modificaciones presupuestarias están contempladas en la Ley de Presupuesto 2026, que permite al MEF realizar ajustes excepcionales para cubrir necesidades urgentes, entre ellas, los gastos asociados a elecciones. En este caso, el Ejecutivo activa ese mecanismo para atender un requerimiento específico del sistema electoral.

¿Para qué se usarán los recursos?

El detalle de la norma establece que los más de S/ 17 millones serán asignados al rubro de “personal y obligaciones sociales”. Es decir, el dinero servirá principalmente para contratar o mantener trabajadores vinculados a la supervisión y monitoreo del proceso electoral en todo el país.

Esto incluye funciones clave como la fiscalización de candidaturas, el control de la propaganda electoral y el seguimiento del cumplimiento de las normas durante la campaña. También se vincula al funcionamiento de estructuras descentralizadas del JNE, necesarias para cubrir el territorio nacional en elecciones subnacionales.

El decreto además fija reglas claras: los recursos no pueden ser usados para fines distintos a los establecidos. Asimismo, el JNE deberá desagregar internamente el presupuesto en un plazo de cinco días y reportar el uso del dinero a las entidades correspondientes.

JNE había advertido falta de presupuesto para elecciones 2026

La transferencia se da en un contexto en el que el JNE venía alertando sobre limitaciones presupuestales. Su presidente, Roberto Burneo, había señalado que el organismo necesitaba montos mucho mayores para cubrir todo el calendario electoral de 2026, que incluye tanto elecciones generales como regionales y municipales.

De hecho, el sistema electoral en su conjunto —JNE, ONPE y Reniec— solicitó más de S/ 1.700 millones adicionales para financiar todos los procesos del año. Solo el JNE estimó que requería más de S/ 403 millones para cumplir con sus funciones.

Sin embargo, el Ejecutivo planteó montos menores, lo que generó diferencias públicas. En ese escenario, la transferencia aprobada ahora forma parte de los esfuerzos del Gobierno por responder, al menos parcialmente, a esos requerimientos.

Gobierno aseguró recursos para elecciones

Antes de los comicios del 12 de abril, el presidente José María Balcázar había anunciado la entrega de partidas adicionales al JNE con el objetivo de garantizar elecciones “sin sospechas de fraude”. Según indicó, estos recursos permitirían reforzar la organización del proceso y evitar cuestionamientos.

Parte de ese financiamiento ya había sido destinado a las elecciones generales. No obstante, ese proceso terminó marcado por retrasos y cuestionamientos que derivaron en una crisis electoral.

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, expresó la posición de su partido frente al avance electoral de Roberto Sánchez, quien se perfila como uno de los candidatos con opciones de pasar a la segunda vuelta. Lejos de mostrar cercanía política, el legislador dejó en claro que no existe un vínculo orgánico entre ambas fuerzas y cuestionó el origen del respaldo que hoy sostiene al exministro.

En entrevista con RRP, Cruz fue enfático al precisar que Sánchez no forma parte de Perú Libre, pese a haber integrado el gobierno de Pedro Castillo. “No, no, él no entró con nosotros”, aclaró, al tiempo que subrayó que ese Ejecutivo no puede ser considerado como propio del partido.

El parlamentario también reprochó el tono que ha mantenido el candidato contra su agrupación. “Ha sido una persona bastante infraterno, por decir lo menos”, sostuvo, en referencia a las críticas que Sánchez ha dirigido contra Perú Libre durante la campaña.

Cuestionamientos a su campaña

Uno de los puntos más duros de la evaluación política de Cruz apunta a la forma en que Sánchez logró posicionarse en el electorado. Según explicó, no se trató de una propuesta programática sólida, sino de una estrategia simbólica que conectó emocionalmente con los votantes.

“Lo que a ellos les ha funcionado es la estrategia del sombrero”, afirmó. Y añadió con mayor precisión: “La estrategia del sombrero fue lo que le funcionó, no sus propios méritos”.

En esa línea, sostuvo que parte del respaldo que hoy recibe Sánchez proviene de electores que inicialmente se identificaban con Perú Libre. “Esa es la percepción que hemos tenido”, indicó, tras relatar su experiencia en campaña a nivel nacional.

Cruz también vinculó este desplazamiento de votos con factores coyunturales, como la ausencia de su candidato presidencial en momentos clave del proceso. Según dijo, esto generó un “quiebre” que llevó a parte del electorado a buscar una alternativa ideológicamente cercana.

Distancias políticas y falta de acercamientos

Pese a reconocer que pueden existir algunos puntos en común, el vocero de Perú Libre fue claro al señalar que predominan las diferencias con el candidato de Juntos por el Perú. “En este momento, haciendo un balance, creo que tenemos más diferencias que coincidencias”, afirmó.

Además, descartó cualquier coordinación o acercamiento político en esta etapa. “No hemos tenido ningún contacto, no es de nuestro interés hacerlo”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de una evaluación futura dentro del partido, pero sin comprometer una posición inmediata.

Cruz insistió en que cualquier decisión sobre un eventual respaldo en segunda vuelta deberá ser adoptada de manera orgánica. En ese sentido, indicó que será la dirigencia partidaria la que defina una línea de acción para su militancia, en función de un análisis interno.

Antauro Humala y dudas sobre el entorno del candidato

Otro de los factores que genera distancia entre Perú Libre y Sánchez es su entorno político, en particular su cercanía con Antauro Humala. Sobre este punto, Cruz expresó reservas y advirtió sobre los riesgos de una eventual influencia en un posible gobierno.

“Te genera dudas, te genera cuestionamientos, te genera una preocupación”, sostuvo, al referirse al rol que podría asumir Humala en un eventual escenario de poder.

Asimismo, marcó diferencias ideológicas claras con el líder etnocacerista, especialmente por sus posturas radicales. “No vamos a coincidir nunca con el señor Antauro en ese sentido”, afirmó, al subrayar que Perú Libre apuesta por una vía democrática y no violenta.

Finalmente, Cruz evitó adelantar una postura definitiva sobre un eventual respaldo a Sánchez en segunda vuelta, aunque dejó entrever cautela. “No lo sé”, respondió, al ser consultado sobre un posible apoyo condicionado.

No habrá una nueva votación. El Jurado Nacional de Elecciones oficializó su decisión de no convocar a elecciones complementarias para corregir los problemas registrados en la primera vuelta del 12 de abril de 2026. El acuerdo plenario del 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial El Peruano este jueves, cerrando así, al menos parcialmente, la crisis electoral.

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones confirma lo que ya habían adelantado diversos especialistas en derecho electoral: la figura de los comicios complementarios no existe para elecciones presidenciales ni congresales, sino únicamente para procesos municipales.

Asimismo, el organismo precisó que el proceso electoral se rige por etapas que no pueden interrumpirse. En ese contexto, el conteo de votos se encuentra en su fase final, por lo que una eventual nueva votación rompería el cronograma establecido. Otro punto que subrayó el JNE es que los retrasos ocurridos durante la jornada electoral, a diferencia de lo que sostienen algunos candidatos, tuvieron un impacto mínimo.

Entre los argumentos evaluados también se consideró que, de convocarse a una nueva votación, algunos electores acudirían a las urnas con conocimiento de resultados previos, lo que afectaría la libertad del voto. Finalmente, se advirtió que, en medio de la crisis política que atraviesa el país, una medida de ese tipo podría generar mayor incertidumbre electoral y agravar la situación.

¿Cuál es la postura de los candidatos?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el avance de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral y marcó una posición clara respecto al proceso. Desde su agrupación política, aseguró que los resultados serán respetados, en medio de un escenario aún pendiente de definición por parte de las autoridades electorales.

Fujimori puso el foco en la necesidad de que los organismos del sistema electoral concluyan el conteo y determinen con claridad quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. En esa línea, expresó: “Esperamos que el jurado también y la ONPE puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta, porque creo que es importante también empezar esa contienda para hacer las elecciones el próximo 7 de junio”.

En su mensaje, Fujimori apunta a reforzar la legitimidad del proceso en curso y a evitar mayores cuestionamientos que puedan afectar la transición hacia la segunda vuelta.

López Aliaga insiste en denuncias de irregularidades

Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente el desarrollo del proceso electoral y advirtió sobre presuntas irregularidades que, según sostiene, habrían afectado los resultados de la primera vuelta.

En relación con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de descartar la realización de elecciones complementarias, el candidato sostuvo que el propio organismo reconoce afectaciones significativas en el proceso. Según indicó, estas habrían impactado a más de un millón de electores, lo que, en su opinión, amerita una revisión profunda.

Finalmente, adelantó que su partido recurrirá a instancias nacionales e internacionales para exigir que se respete la voluntad popular, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos y demandas de mayor transparencia en el proceso electoral.

En un solo día, las cuadrillas municipales retiraron hasta cinco toneladas de residuos, una cifra que grafica la magnitud del problema. Pero más allá del volumen, lo que preocupa es el origen de estos desechos. Tapia explicó que no se trata de residuos generados en la misma playa, sino de contaminación acumulada en otros puntos de Lima que termina siendo devuelta por el mar.

Bolsas plásticas, madera, cartones, restos de drywall e incluso animales muertos forman parte del material recogido. Para el municipio, este escenario confirma un circuito de contaminación que inicia lejos del litoral, pero que finalmente impacta en la costa verde.

El vocero insistió en que este tipo de episodios responde a cómo los desechos son arrojados en ríos o directamente al mar, lo que con el tiempo genera acumulaciones que luego regresan a la orilla.

El oleaje anómalo mantiene la llegada constante de residuos

La situación no se limitó a un solo día. Según Tapia, el arrastre de basura continuó incluso después del primer reporte, lo que evidencia que el problema no ha sido contenido.

El funcionario detalló que el volumen de residuos observado inicialmente fue incluso mayor, llegando a ser hasta tres o cuatro veces más de lo que se veía en las horas posteriores. Sin embargo, pese al trabajo de limpieza, el mar sigue arrojando nuevos desperdicios.

Este fenómeno coincide con la presencia de un oleaje anómalo, que estaría facilitando que toda esa contaminación acumulada en el litoral sea empujada hacia las playas de Miraflores.

Tapia también resaltó el rol de bañistas y surfistas, quienes alertaron de manera temprana sobre la aparición masiva de residuos. Esto permitió una rápida intervención municipal, aunque insuficiente frente a la constante llegada de desechos.

El llamado del municipio ha sido directo: el problema no se soluciona solo limpiando, sino evitando que la basura llegue al mar en primer lugar.

Desechos de hace más de 30 años

El oleaje anómalo no solo incrementó la cantidad de residuos en la costa, sino que dejó en evidencia un problema acumulado. En playas como Punta Roquitas, Waikiki, Makaha, Los Delfines, Tres Picos y Redondo se retiraron cerca de cinco toneladas de basura, entre la que se encontraron empaques de productos fuera de circulación desde hace más de 30 años.

La subgerente de Sostenibilidad Ambiental, Pamela Peña, advirtió que este fenómeno no generó la contaminación, sino que expuso desechos acumulados durante décadas. “El reciente oleaje anómalo no ha generado esta problemática, sino que ha dejado en evidencia la contaminación acumulada durante décadas”, señaló.

Según el municipio, gran parte de estos residuos no se origina en Miraflores, sino que es arrastrado desde otros puntos del litoral. En ese contexto, se hizo un llamado a reforzar el control para evitar que los desechos sigan llegando al mar.

De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, este oleaje anómalo continuará hasta el 30 de abril, por lo que no se descarta que sigan apareciendo más residuos en la costa verde.

Contaminación en la playa

La situación en Miraflores no es la única. Aunque no fue una situaicón similar, en Chorrillos, específicamente en la playa Agua Dulce, el problema de la basura también obligó a tomar medidas drásticas.

Allí, la acumulación de residuos dejados por visitantes alcanzó niveles críticos, con cerca de veinte toneladas de desechos esparcidos en la arena y parte de ellos arrastrados por el mar. Botellas, bolsas y restos orgánicos forman parte del panorama que se repite cada fin de semana.

Ante este escenario, la municipalidad decidió cerrar completamente el acceso a la playa durante 24 horas. La medida incluyó rejas metálicas, presencia militar y control estricto de ingreso.

El objetivo fue frenar el deterioro ambiental y permitir que las labores de limpieza se realicen sin interferencias. Solo se habilitó un acceso restringido para el personal encargado de retirar los residuos.

La decisión responde a un problema que, según las autoridades, no es reciente, sino acumulado durante años y agravado por el comportamiento de los visitantes.

El foco principal está en la provincia de San Román, donde se han concentrado 53 de los casos detectados. Este escenario ha encendido las alarmas en la región, no solo por el número de contagios, sino por el riesgo de expansión en los próximos días.

Las autoridades han advertido que la situación es delicada y requiere vigilancia permanente. El número de muestras analizadas también evidencia que el brote podría crecer: de 295 pruebas enviadas, aún hay 137 en evaluación, lo que podría incrementar el total de casos confirmados.

Alerta sanitaria en Juliaca

Ante este panorama, las autoridades de salud declararon una alerta epidemiológica en Puno, especialmente en zonas como Juliaca, donde se concentra gran parte de la población y la actividad comercial.

La medida coincide con celebraciones tradicionales que se desarrollan entre el 1 y el 11 de mayo, como las festividades de las Alasitas y de las cruces. Estos eventos reúnen a grandes cantidades de personas, lo que eleva el riesgo de contagio del sarampión.

Como parte de las primeras acciones, ya se han suspendido actividades públicas, como un desfile escolar en la provincia de San Román. La decisión busca evitar aglomeraciones en un contexto donde el virus puede propagarse con rapidez.

El brote también ha obligado a reforzar la vigilancia en cada centro de salud, ante la posibilidad de que más personas presenten síntomas en los próximos días.

Lima en alerta por primeros casos

Aunque el foco está en Puno, el impacto del brote ya alcanza a Lima. En la capital se han confirmado cuatro casos de sarampión, algunos vinculados a personas que llegaron desde el sur del país.

Especialistas advierten que esta reaparición está relacionada con la caída en los niveles de vacunación. En años anteriores, el Perú alcanzaba coberturas cercanas al 95%, pero actualmente estas han disminuido, llegando a 75% en la primera dosis y aún menos en la segunda en algunas regiones.

Esta reducción ha generado un grupo de personas vulnerables al contagio. Según especialistas, cuando la cobertura no es alta, el virus encuentra condiciones para expandirse.

Ante esta situación, el minsa ha iniciado acciones de control, como campañas de inmunización en zonas cercanas a los casos detectados, con el objetivo de evitar una propagación mayor.

Síntomas y prevención

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar tanto a niños como a adultos. Los primeros síntomas suelen confundirse con una gripe: fiebre alta, congestión nasal, tos seca, lagrimeo y malestar general.

Días después, aparece un sarpullido que comienza en el rostro y se extiende por el cuerpo. En algunos casos, pueden presentarse lesiones en la boca conocidas como manchas de Koplik.

Especialistas advierten que el contagio puede ocurrir incluso antes de que aparezcan los síntomas visibles, lo que facilita su rápida propagación en espacios cerrados o con poca ventilación.

Frente a este escenario, la principal medida de prevención es la vacunación, considerada altamente efectiva. Las autoridades recomiendan revisar los esquemas de inmunización y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

El llamado es claro: reforzar la prevención para evitar que el brote en Puno continúe expandiéndose hacia otras regiones como Lima.

De acuerdo con el representante de ACNUR, Christian Carrillo, actualmente residen en el Perú cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos. Dentro de ese grupo, una parte significativa no solo busca oportunidades económicas, sino también garantías para su seguridad y la de sus familias.

El dato es relevante porque evidencia que no todos los migrantes llegan en las mismas condiciones. Mientras algunos se insertan en el mercado laboral, otros recurren a mecanismos legales de protección al considerar que no pueden regresar a su país.

En ese contexto, el sistema de refugio se ha convertido en una vía clave para miles de extranjeros, aunque solo una pequeña parte ha logrado obtener ese reconocimiento formal hasta el momento.

Refugio, trabajo y aporte económico

Aunque más de medio millón de venezolanos ha solicitado refugio, en el Perú solo más de 7 mil cuentan actualmente con ese estatus reconocido. Se trata de personas cuya vida, libertad o integridad podrían estar en riesgo si retornan a su país.

Más allá de la situación legal, ACNUR subraya que esta población tiene un impacto en la economía peruana. Según explicó Carrillo, el aporte de los refugiados supera la inversión que realiza el Estado en ellos.

El representante de la agencia indicó que por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales. Este dato busca contrarrestar la percepción de que la llegada de migrantes representa únicamente una carga para el país.

En esa línea, ACNUR ha lanzado la campaña “Solidaridad +51”, con el objetivo de visibilizar el aporte de los extranjeros, especialmente de los venezolanos, en distintos sectores de la sociedad peruana.

Restricciones en Chile podrían agravar la crisis migratoria

Mientras el Perú enfrenta el desafío de atender a una alta población de migrantes, nuevas medidas en la región podrían intensificar la llegada de personas a sus fronteras. En Chile, el gobierno ha impulsado un plan de control que incluye la construcción de barreras físicas en la zona norte.

Para el internacionalista Ramiro Escobar, este tipo de políticas podría generar un efecto inmediato: la acumulación de personas en la frontera con el Perú, especialmente en la zona de la Concordia.

El especialista advirtió que el endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo. En ese escenario, cientos de extranjeros podrían quedar varados o intentar ingresar a territorio peruano.

Esta situación no solo plantea un reto logístico, sino también humanitario. La concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención.

Perú y los retos de la migración

El posible impacto de estas medidas en Chile se suma a una realidad ya compleja en el Perú. Según Escobar, las características de las fronteras peruanas facilitan el ingreso irregular, lo que podría intensificarse si otros países endurecen sus políticas.

En ese contexto, el país podría enfrentar un aumento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan continuar su tránsito o establecerse.

El analista también puso en duda la efectividad de medidas basadas únicamente en el control físico, al señalar que la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de este tipo de intervenciones.

Además, advirtió que propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular resultan difíciles de aplicar en la práctica.

Según el abogado Anthony Crespo, la Fiscalía no pidió detención preliminar dentro de las 48 horas que establece la ley, lo que permitió que los efectivos abandonaran la custodia. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal Zina Romero.

Crespo anunció que presentará una queja ante el órgano de control del Ministerio Público contra la fiscal, al considerar que hubo una omisión en un momento clave de la investigación. Para la defensa, la falta de acción dentro del plazo dejó sin sustento una posible prolongación de la detención.

Pese a la liberación, la investigación continúa. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio calificado contra los ocho militares: Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Operativo militar dejó cinco muertos

Los hechos se remontan al 25 de abril, cuando una intervención militar en la carretera Colcabamba-Ayacucho dejó cinco personas fallecidas y dos heridas. El operativo se realizó en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató una orden de alto. A partir de ese momento se desencadenó un episodio que hoy está bajo investigación.

Las diligencias fiscales incluyen pericias balísticas, pruebas de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo intervenido. Sin embargo, al momento de la liberación de los detenidos, estas acciones aún no habían concluido.

La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo, lo que derivó en la salida de los militares mientras continúan las investigaciones.

Dos versiones enfrentadas

El caso está marcado por relatos contradictorios. Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostiene que los militares actuaron en legítima defensa frente a un ataque de presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Según su versión, la intervención fue coordinada con la Policía y la Fiscalía.

En esa línea, un testimonio recogido durante la investigación señala que un grupo de personas habría sido contratado para transportar droga. Uno de los sobrevivientes declaró que cargó 13 kilos en una mochila y que el vehículo en el que viajaban no se detuvo ante la presencia militar, lo que habría desencadenado los disparos.

Sin embargo, esta versión es cuestionada por la defensa de las víctimas, que la califica como un intento de justificar la intervención. Además, en la escena no se encontraron armas ni sustancias ilícitas, lo que debilita esa hipótesis.

Cuestionamientos al operativo y Fiscalía

Desde el otro lado, el alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar, respalda la versión de los familiares, quienes sostienen que las víctimas eran jóvenes que regresaban tras participar en un campeonato de fútbol de la Copa Perú.

Según su relato, los militares habrían colocado piedras en la vía para obligar a los vehículos a detenerse, una práctica que, en la zona, suele estar asociada a asaltos. El alcalde también puso en duda que se tratara de un operativo formal, al señalar que estos suelen contar con un mayor número de efectivos.

Tovar incluso afirmó que los jóvenes habrían sido confundidos con “mochileros” en una intervención irregular. “Estoy seguro que no era un operativo militar”, sostuvo.

Desde Carabayllo, Fujimori trasladó la discusión fuera de la primera etapa electoral y la ubicó en el próximo 7 de junio. Su intervención no giró en torno al balance de la votación, sino a lo que considera será un enfrentamiento directo por la presidencia.

En su mensaje, la lideresa fujimorista empezó a construir el escenario de polarización con su eventual rival.

Estrategia se centra en vigilar mesas

Durante una actividad en la Asociación de Viviendas San Francisco, Fujimori optó por no declarar a la prensa y prefirió comunicarse a través de redes sociales. Desde ahí, se dirigió a sus simpatizantes y los llamó a la defensa del voto. La candidata pidió a sus seguidores que se registren como personeros y participen activamente en los locales de votación durante la jornada decisiva.

En su intervención, hizo referencia a situaciones ocurridas en la primera vuelta, como la apertura tardía de mesas, y advirtió que ese tipo de hechos no deben repetirse. Bajo esa línea, planteó la vigilancia ciudadana como una tarea central.

Fujimori busca reforzar cercanía

En paralelo, Fujimori combinó este llamado con la presentación de propuestas vinculadas a servicios básicos e infraestructura. Entre ellas, mencionó la titulación de predios y el acceso a agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.

También planteó una forma de gestión que, según dijo, se desarrollaría “en la cancha”, con presencia directa en las calles. Esta idea fue acompañada por referencias a experiencias pasadas en obras públicas.

Uno de los anuncios que marcó su discurso fue la posibilidad de utilizar batallones del Ejército para ejecutar trabajos como asfaltado de vías o construcción de muros de contención.

En materia de seguridad, insistió en la necesidad de enfrentar la delincuencia con firmeza. En ese punto, cuestionó a gestiones anteriores y sostuvo que no se logró frenar el avance de la criminalidad pese a contar con recursos.

Juntos por el Perú advierte preocupación por rol militar

Mientras Fujimori avanza en su discurso de segunda vuelta, desde el entorno de Roberto Sánchez surgen cuestionamientos. Juntos por el Perú expresó dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que la preocupación se centra en la posibilidad de que los militares asuman funciones en el traslado y resguardo del material electoral, como ya se habría planteado en la primera vuelta.

Según explicó, repetir ese esquema en el actual contexto genera inquietud, especialmente por la designación del ministro de Defensa, a quien vinculan con Fuerza Popular.

“¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, indicó.

Mendoza precisó que no rechazan la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí que tengan un rol principal en estas tareas. A su juicio, esa responsabilidad debe mantenerse en manos de los organismos electorales.

El documento, dirigido al presidente de la comisión de Educación, Segundo Montalvo, agradece la invitación para participar en la sesión extraordinaria programada para el martes 28 de abril a las 11 de la mañana. Sin embargo, precisa que la titular del sector no podrá acudir.

Según el oficio, la agenda de la ministra ya se encontraba comprometida para esa fecha y hora. A ello se suma, indica el documento, el corto tiempo con el que se realizó la citación, lo que habría impedido reorganizar sus actividades.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, señala la comunicación oficial.

Pese a la inasistencia, el ministerio adelantó que en las próximas horas remitirá un informe técnico sobre los temas incluidos en la agenda de la sesión.

Comisión citó a la ministra para explicar crisis en becas

La convocatoria a la ministra tenía un objetivo concreto: que explique la situación del financiamiento y la cobertura del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La sesión extraordinaria fue programada para realizarse en la sala cinco Gustavo Mohme Llona del Congreso. El encuentro estaba previsto para iniciar a las 11 de la mañana.

El punto central de la citación era abordar la crisis en el sistema de becas, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la falta de recursos y el impacto en jóvenes de escasos recursos económicos.

De acuerdo con la convocatoria, la ministra debía informar sobre la continuidad y el alcance de estos programas, en medio de una situación que ya afecta a postulantes y beneficiarios.

Cabe señalar que esta situación se advirtió el año pasado, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto y recortó los fondos destinados a los subsidios educativos.

Suspensión de beca genera incertidumbre en postulantes

El tema de fondo que motivó la citación es la falta de convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario para el año 2026. El propio Ministerio de Educación confirmó que este programa no tendrá una nueva edición este año.

La decisión deja en incertidumbre a más de 300 jóvenes que ya habían sido admitidos en universidades del extranjero y esperaban acceder al financiamiento estatal.

Se trata de un programa que durante más de una década ha permitido a estudiantes peruanos cursar estudios de posgrado en instituciones internacionales. Sin embargo, en esta ocasión, no se abrirá un nuevo proceso de selección.

La ausencia de convocatoria se produce en un contexto en el que muchos postulantes ya habían avanzado en procesos de admisión, algunos incluso con gastos asumidos para cumplir los requisitos exigidos.

Falta de presupuesto y reorganización marcan el panorama

Desde el Ejecutivo se han planteado dos explicaciones para esta decisión: restricciones presupuestales y un proceso de reorganización del programa.

El Ministerio de Educación ha señalado que la prioridad para este año es asegurar la continuidad de los 283 becarios que actualmente estudian en el extranjero. Esta decisión, sin embargo, deja fuera a una nueva generación de postulantes.

La falta de claridad sobre las razones detrás de la suspensión ha sido uno de los puntos más cuestionados. Mientras se menciona una reorganización, también se habla de limitaciones presupuestarias, sin que exista una versión única.

En paralelo, no se ha anunciado una fecha para una nueva convocatoria ni detalles sobre cómo se implementarán los cambios en el programa, lo que mantiene en incertidumbre a quienes aspiraban a acceder a una de estas becas.

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.º 005-2026-JUS, que introduce cambios en el reglamento de la norma que organiza la defensa jurídica del Estado. En términos simples, se trata de ajustes en las reglas que siguen los procuradores públicos, los abogados que representan al Estado en procesos judiciales.

La medida no crea un sistema nuevo, sino que actualiza el reglamento vigente para alinearlo con la Ley N.º 31778, que modificó el Decreto Legislativo 1326. Esta ley introdujo cambios vinculados a la autonomía de algunas instituciones del Estado en la designación de sus procuradores.

El decreto recuerda que, según la Constitución, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, bajo un sistema liderado por la Procuraduría General del Estado, que fija lineamientos y supervisa su actuación.

Autonomía institucional

El eje del Decreto Supremo N.º 005-2026-JUS es adecuar el reglamento a lo dispuesto por la Ley N.º 31778, que busca asegurar la autonomía del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos.

En concreto, el decreto reconoce que estas entidades tienen un rol propio dentro del Estado y que, por ello, deben mantener cierto control sobre aspectos clave de su defensa jurídica.

Sin embargo, el texto también deja claro que esta autonomía no implica que queden fuera del sistema general. Por el contrario, se mantiene un marco común que regula la actuación de todos los procuradores públicos a nivel nacional.

Entidades controlan la elección de sus procuradores

Uno de los cambios más relevantes es que el decreto precisa que el Congreso, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos conducen el proceso de selección de sus procuradores públicos y procuradores adjuntos.

Esto significa que estas instituciones tienen un rol directo en decidir quiénes serán sus abogados.

No obstante, la norma establece que deben respetar los requisitos legales ya definidos para el cargo. Es decir, la autonomía en la selección no elimina las condiciones que deben cumplir los postulantes.

Al mismo tiempo, se reafirma que estas procuradurías siguen formando parte del sistema de defensa jurídica del Estado, por lo que deben acatar los lineamientos generales emitidos por la Procuraduría General del Estado.

Procuraduría mantiene funciones de supervisión y cese

El decreto también precisa que, pese a esta autonomía en la selección, la Procuraduría General del Estado mantiene funciones importantes dentro del sistema.

Por ejemplo, la designación formal de los procuradores se realiza mediante resolución del Procurador General del Estado. Asimismo, este puede disponer el cese de los procuradores, con aprobación de su Consejo Directivo y por las causas previstas en la ley.

Además, se establece que los procuradores de estas entidades tienen una doble relación: dependen administrativamente de la institución a la que pertenecen, pero funcionalmente siguen las disposiciones del sistema liderado por la Procuraduría General del Estado.

¿Cuál es el rol de la Procuraduría?

La Procuraduría General del Estado es, en la práctica, la entidad que pone orden en la defensa legal del país. No litiga directamente todos los casos, pero sí fija las reglas, coordina y supervisa el trabajo de los procuradores públicos en todos los niveles: dentro del Perú y también en instancias internacionales.

Su rol es asegurar que la defensa del Estado no funcione de manera dispersa, sino bajo criterios comunes. Para eso, establece lineamientos, busca que los casos se manejen con coherencia y promueve una actuación más técnica y especializada. La idea es que el Estado tenga una defensa sólida, con una estrategia clara, sin contradicciones entre instituciones.

Además, apunta a modernizar este sistema, mejorar su funcionamiento y fortalecer la capacidad de respuesta frente a conflictos legales complejos. En esa línea, la Procuraduría se proyecta como un actor clave dentro del sistema de justicia, con la meta de consolidarse como un referente en la defensa de los intereses del país, incluso fuera de sus fronteras.

Otra teoría electoral. A casi dos meses de la segunda vuelta, Juntos por el Perú ha expresado dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que el principal punto de preocupación radica en el contexto político en el que se plantea esta intervención.

Según explicó, durante la primera vuelta ya se intentó que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en el despliegue y repliegue del material electoral. En ese escenario, advirtió que repetir esa fórmula en la segunda vuelta, bajo las actuales condiciones, genera inquietud dentro de la agrupación.

“Mire, se ha intentado en primera vuelta, se intentó de que las Fuerzas Armadas sean las que hagan el repliegue y despliegue del material electoral. Si eso se intenta nuevamente en la segunda vuelta, ¿no?, quedaría la explicación y caería de maduro ¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, expuso en entrevista con RPP.

Sospechas por designación en el Ministerio de Defensa

El cuestionamiento de Juntos por el Perú también se centra en la designación del actual ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores, a quien vinculan políticamente con Fuerza Popular. Para Mendoza, este factor introduce un elemento de desconfianza en el manejo de la seguridad electoral.

“Eso es posible, esa es una gran posibilidad”, afirmó al ser consultado sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el proceso.

El abogado aclaró que el partido no se opone a la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí a que asuman un rol central en el control del material electoral. En su posición, considera que esta función debe mantenerse bajo la responsabilidad de los organismos electorales.

“Que se colabore, sí, pero que las Fuerzas Armadas sean ellas las encargadas, porque esa es la propuesta, que sean las encargadas del resguardo y también del acopio del material electoral, eso sí no lo vamos a permitir”, indicó.

Aunque descartó que exista una intención directa de manipular los resultados, insistió en que el contexto político genera dudas.

“No, no creo eso, pero, repito, ya la sola designación de una persona cercana a Fuerza Popular, quien se encuentra en segunda vuelta, ya nos genera cierta preocupación a nosotros”, añadió.

Denuncia constitucional queda en evaluación tras anuncio inicial

En paralelo a estos cuestionamientos, la bancada de Juntos por el Perú había anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la medida no se ha concretado y permanece en evaluación interna.

Mendoza precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento formal. “No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, afirmó.

El abogado explicó que la decisión responde a un análisis político sobre la oportunidad de presentar estas acciones en el actual contexto electoral. La prioridad, indicó, es evitar que el proceso se vea aún más tensionado antes de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.

Desde tempranas horas, decenas de familias llegaron al establecimiento para acceder a las vacunas de forma gratuita. Aunque la prioridad está en la población más vulnerable, las autoridades han precisado que cualquier persona puede acudir a inmunizarse.

Durante la jornada, se observó una alta concurrencia de menores acompañados por sus padres. El proceso se realiza en un ambiente adaptado para reducir el temor de los niños, con apoyo del personal de salud, que busca hacer de la experiencia algo más amigable.

Vacunación gratuita en todo el país

La campaña contempla la protección contra diversas enfermedades, como parte del esquema regular de inmunización. Según explicó el director general del instituto, Benjamín Pimentel Román, esta semana se utiliza para reforzar la cobertura en la población que aún no ha completado sus vacunas.

“Esta semana es la Semana de la Vacunación de las Américas, en la cual estamos reforzando la vacunación en todos los pacientes que son susceptibles, sobre todo los menores de cinco años y los mayores de sesenta años”, indicó.

El especialista advirtió que la campaña cobra mayor relevancia ante la presencia de casos de sarampión en el país. Señaló que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por lo que es clave completar el esquema de vacunación.

En el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, la meta es inmunizar a 1,200 personas, mientras que a nivel nacional se estima que alrededor de 200 mil niños aún son susceptibles a esta enfermedad.

Prioridad en enfermedades con mayor riesgo

Durante esta jornada, las autoridades sanitarias han puesto especial atención en las vacunas que presentan menor cobertura o que están vinculadas a brotes recientes. Entre ellas se encuentran las dosis contra el sarampión, así como vacunas dirigidas a proteger a los adultos mayores.

Pimentel explicó que, si bien el esquema de vacunación se mantiene durante todo el año, esta campaña permite reforzar la protección en enfermedades que han vuelto a aparecer.

Asimismo, recordó que la vacunación es gratuita en todo el país y que también incluye a los adultos mayores, quienes deben protegerse principalmente contra enfermedades respiratorias.

“Estamos dando énfasis en aquellas enfermedades que están generando mayor presencia, como el sarampión”, sostuvo.

Además, destacó que el personal de salud está capacitado para brindar atención adecuada, especialmente a los niños, con el fin de reducir el temor durante la aplicación de las vacunas.

Campaña busca reforzar prevención en la población

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud del Niño ha logrado vacunar a más de 450 personas en los primeros días de la campaña. La jornada se extenderá hasta el sábado, en horarios establecidos tanto en la mañana como en la tarde.

Las autoridades han reiterado el llamado a los padres de familia para que acudan a los centros de salud y completen el esquema de vacunación de sus hijos. También recordaron que no es necesario acudir únicamente a hospitales especializados, ya que las postas de salud a nivel nacional cuentan con las dosis necesarias.

Finalmente, el director del instituto insistió en la importancia de la prevención como herramienta clave para evitar enfermedades que pueden ser controladas con vacunas.

“Invitamos a todos los padres de familia a que traigan a sus niños a vacunar o acudan al centro de salud más cercano para protegerlos contra estas enfermedades”, señaló.

Antauro Humala no tiene una alianza formal con Juntos por el Perú. Al menos eso fue lo que informó el abogado del partido, Roy Mendoza, quien minimizó el rol del etnocacerista y su cercanía con el candidato presidencial Roberto Sánchez.

En entrevista con RPP, Mendoza indicó de forma tajante, que cualquier declaración de Anaturo Humala no representa los valores del partido, y que, no existe una alianza formal con él.

“Podría considerarse un aliado electoral. Pero sí queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. Antauro Humala no refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú”,declaró en RPP.

Mendoza reconoció que si bien Antauro había aparecido en varias oportunidades junto a Roberto Sánchez en sus actividades proselitistas, esto solo se limita a la campaña electoral. Agregó además, que el comité del partido aún no evaluó la cercanía con su candidato.

“Es un aliado porque en primera vuelta ha acompañado al candidato y eso ha sido bastante público. Y es por eso que también la prensa interpreta que es un aliado. O sea, es un aliado porque acompaña al candidato”, sentenció.

Ante la insistencia de los periodistas, el abogado reiteró que no tenía información oficial del partido sobre una alianza formal y redujo la participación de Antauro Humala, a la de un “acompañante” en la campaña electoral.

“No, yo desconozco que haya algún compromiso con Antauro Humala. Entiendo que es un aliado de campaña electoral, pero no hay cosas más allá que se me haya informado. Lo que sí tengo claro es que no hay una alianza formal. El señor Antauro es un aliado, si se entiende, un acompañante de la campaña”, explicó.

Al parecer Mendonza olvidó que durante un mintin en el Centro de Lima, Roberto Sánchez anunció que Antauro Humala iba a dirigir la lucha contra la criminalidad en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

La propuesta de Sánchez sobre Humala

En la recta final de la campaña electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que Antauro Humala asumiría un rol central en un eventual gobierno. Durante un mitin realizado en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el aspirante planteó que el exmilitar encabezaría la política de seguridad y defensa nacional.

El anuncio se dio ante simpatizantes y figuras políticas vinculadas al entorno de Pedro Castillo. En ese escenario, Sánchez sostuvo que Humala tendría a su cargo la conducción de la lucha contra el crimen, así como programas vinculados a las zonas de frontera. “La lucha contra el crimen estará en manos de nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”, afirmó.

El candidato explicó que esta decisión responde a la necesidad de reforzar el control del Estado y priorizar a los sectores populares. En paralelo, reiteró su compromiso con la liberación de Castillo y con la continuidad de un proyecto político enfocado en la inclusión social.

Durante la actividad, también se presentó la propuesta de convocar a José Domingo Pérez para liderar una eventual reforma del sistema de justicia. Por su parte, Humala intervino en el mitin destacando la necesidad de cambios estructurales y planteando la convocatoria a una asamblea constituyente.

La jornada incluyó la participación de dirigentes y allegados al entorno político de Castillo, así como mensajes de respaldo de distintos sectores. En ese contexto, la figura de Humala fue posicionada como pieza clave dentro de la estrategia de seguridad del candidato.

Los antecedentes y posturas de Antauro Humala

La propuesta de Sánchez ha generado cuestionamientos debido al perfil y trayectoria de Antauro Humala. El exmilitar fue condenado en 2009 a 19 años de prisión por el denominado Andahuaylazo, un hecho que dejó cuatro policías fallecidos. Recuperó su libertad en 2022 tras cumplir su condena.

A este antecedente se suma la disolución de su agrupación política, A.N.T.A.U.R.O., declarada ilegal por la Corte Suprema en 2025 por conducta antidemocrática. Su retorno a la escena pública ha estado marcado por un discurso confrontacional y propuestas que han sido calificadas como radicales.

Durante la campaña, Humala ha planteado medidas como paralizar la agroexportación para priorizar el consumo interno, lo que ha generado debate por sus implicancias económicas. Además, ha protagonizado intervenciones polémicas en espacios públicos y ha mantenido una narrativa de confrontación política.

Sus declaraciones también han reavivado críticas. En una intervención, incluso, señaló que “fusilar presidentes” podría justificarse en determinados contextos, lo que provocó rechazo en distintos sectores.

En el actual proceso electoral, Humala se ha consolidado como uno de los principales voceros de Sánchez y ha expresado abiertamente su respaldo, adelantando incluso un eventual triunfo del candidato. Su cercanía con la campaña y la posibilidad de asumir un rol en un eventual gobierno han puesto nuevamente su figura en el centro del debate político.

La bancada de Juntos por el Perú retrocedió en su intención de presentar una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. El abogado del partido, Roy Mendoza, precisó que la medida aún no ha sido interpuesta, ya que la agrupación se encuentra en proceso de evaluación.

“No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, confirmó en RPP.

Según explicó, esta decisión responde a la necesidad de evitar una mayor tensión en el clima electoral, a pocos días de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que, lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.

Mendoza también sostuvo que esta postura marca una diferencia con Renovación Popular y su candidato, Rafael López Aliaga, a quienes acusó de ejercer presión sobre los organismos electorales y de promover la discusión sobre elecciones complementarias.

“A diferencia de, de Renovación Popular, ellos petardean al Jurado Nacional de Elecciones, evidencian su presión. Hacen que el Jurado Nacional de Elecciones discuta cuestiones como las elecciones complementarias. Nosotros no ejercemos ninguna presión”, agregó.

El anuncio de la denuncia

La declaración del abogado surge después de que el congresista y candidato Roberto Sánchez anunciara una denuncia constitucional en contra de la JNJ y el JNE por los hechos surgidos luego del proceso electoral del 12 y 13 de abril. Según sustentó Sanchez, ambas instituciones habrían actuado fuera de sus competencias.

Sánchez explicó que la decisión busca que se investiguen posibles irregularidades, sin adelantar una condena. Según indicó, durante el desarrollo del proceso electoral se habrían producido acciones que, desde su punto de vista, no se ajustan al marco legal ni a las funciones que corresponden a estos organismos.

Entre los hechos que motivan la denuncia se encuentra la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE, así como el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia en ese contexto. Para el candidato, estos elementos justifican que se active el control constitucional con el fin de determinar si hubo responsabilidades.

El legislador también señaló que cualquier falla en la organización de las elecciones debe ser evaluada y, de ser el caso, sancionada. En esa línea, advirtió que la segunda vuelta debe desarrollarse sin errores ni decisiones que puedan generar cuestionamientos o afectar la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, Sánchez remarcó que la credibilidad del sistema electoral no depende únicamente de las autoridades, sino también de la vigilancia de la ciudadanía, los partidos políticos y otros actores. Bajo ese enfoque, la agrupación respaldó las movilizaciones realizadas en los últimos días como parte de un seguimiento al proceso democrático.

Acusaciones de fraude

El panorama electoral de cara a la segunda vuelta se mantiene incierto. Por un lado, Renovación Popular sostiene que se habría orquestado un fraude electoral que perjudicó a su candidato, Rafael López Aliaga.

Por otro, Juntos por el Perú ha cuestionado la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE, así como la posibilidad de convocar a elecciones complementarias.

Lo cierto es que las incidencias registradas durante las jornadas del 12 y 13 de abril han golpeado la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales, como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.

Hasta el momento, y a más de dos semanas de los comicios, aún no se ha anunciado quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó las requisas en el penal de Challapalca, uno de los establecimientos de mayor seguridad del país, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar el control interno. Las intervenciones permitieron detectar e incautar objetos prohibidos ocultos en zonas poco visibles, como tuberías y estructuras del recinto.

Los operativos estuvieron a cargo del personal de seguridad, que realizó revisiones corporales a los internos, inspecciones en celdas y acciones para verificar puertas y ventanas. Estas medidas buscan evitar el ingreso y almacenamiento de elementos que puedan ser utilizados para generar violencia o facilitar actividades ilícitas dentro del penal.

Las inspecciones se llevaron a cabo en los pabellones 1, 2 y 3, además del pabellón “Satélite”. En este último ambiente, los agentes encontraron una varilla de fierro de aproximadamente 49 centímetros, un rollo de cobre oculto en tubos de cableado eléctrico y fragmentos de espejos rotos. Todos estos objetos fueron retirados conforme a las disposiciones internas.

El INPE informó que este tipo de operativos continuará de manera permanente, como parte de una estrategia orientada a mantener la disciplina y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Objetos prohibidos en penal de máxima seguridad

Los resultados de las requisas reflejan que, pese a los controles, persiste el ingreso y ocultamiento de objetos prohibidos en Challapalca. La detección de elementos punzocortantes y materiales metálicos revela la capacidad de los internos para adaptarse a las medidas de control y utilizar espacios poco visibles para esconder estos objetos.

Durante una supervisión reciente, a inicios de abril, también se encontraron dos teléfonos celulares ocultos en una estructura metálica dentro de una celda. Este hallazgo confirma que, incluso en un penal de máxima seguridad, el ingreso de dispositivos de comunicación sigue siendo un problema.

En lo que va del año, se han realizado 42 requisas ordinarias en este establecimiento, lo que permitió incautar nueve celulares, 27 accesorios, 6.5 gramos de drogas y 26 armas blancas. Estas cifras muestran la magnitud del desafío que enfrenta el sistema penitenciario para mantener el control en recintos que albergan internos de alta peligrosidad.

Las autoridades han señalado que las intervenciones continuarán como parte de una política de vigilancia constante, con el objetivo de evitar que desde el interior de los penales se sigan cometiendo delitos.

Cambio en la dirección de Challapalca

A inicios de abril, el Ejecutivo dispuso cambios en la conducción del penal de Challapalca como parte de un proceso de reorganización interna. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó al nuevo director del establecimiento, Joel Franklin Quezada Márquez, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el sistema penitenciario.

La designación responde a una estrategia orientada a reforzar el control en penales considerados clave. Según el titular del sector, la incorporación de un funcionario con trayectoria busca consolidar el orden en un recinto que alberga internos de alta peligrosidad.

Junto con este cambio, se dispuso la rotación de agentes penitenciarios. Un grupo de 70 efectivos del INPE fue asignado a Challapalca con el objetivo de fortalecer la disciplina y evitar la formación de redes delictivas dentro del penal. Esta medida forma parte de un esquema que busca renovar constantemente al personal de seguridad.

La unidad quedó atravesada sobre la vía en sentido de sur a norte, ocupando casi dos carriles. Esta situación redujo el tránsito a un solo carril habilitado, lo que provocó una larga fila de vehículos desde las primeras horas del día. A partir de las siete de la mañana, el flujo vehicular ya era crítico.

Conductores, trabajadores y estudiantes quedaron atrapados en una congestión que avanzaba a una velocidad promedio de entre cinco y diez kilómetros por hora. El tiempo de desplazamiento en un tramo de apenas tres kilómetros, hasta la zona del peaje, se extendía hasta los 40 minutos, reflejando la magnitud del problema.

El conductor del vehículo fue trasladado a un centro de salud con lesiones leves, mientras las labores para retirar la unidad continuaban sin éxito inmediato. La emergencia obligó a reorganizar el tránsito en una de las principales arterias del sur de Lima, donde cualquier incidente tiene impacto inmediato en miles de usuarios.

Vías colapsadas y desorden en rutas alternas

El congestionamiento no solo afectó la vía principal. La antigua Panamericana Sur, utilizada como ruta alterna, también colapsó debido al desvío masivo de vehículos. En este punto, la circulación perdió su orden habitual: los carriles dejaron de respetar los sentidos de tránsito y todos los vehículos avanzaban en una sola dirección, generando situaciones de riesgo.

Buses de transporte público, unidades particulares, mototaxis y escolares quedaron atrapados en medio de un escenario caótico, con vehículos que se encontraban de frente en tramos donde normalmente existe separación de carriles. La falta de control en la zona incrementó la sensación de desorden entre los usuarios.

La situación resultaba especialmente delicada debido a la presencia de colegios cercanos. El desplazamiento de estudiantes se desarrollaba en medio de un tráfico desorganizado, lo que elevaba el riesgo en horas de ingreso escolar.

Mientras tanto, la llegada de maquinaria pesada para retirar el furgón se complicaba por la misma congestión. La imposibilidad de despejar la vía impedía que grúas de mayor capacidad accedieran rápidamente al punto del accidente, prolongando el tiempo de intervención.

Remoción del vehículo se retrasa

Las labores para retirar el furgón avanzaban lentamente debido a la complejidad de la carga que transportaba. El vehículo llevaba una gran cantidad de jabas con productos como pescado y pota, lo que dificultaba su estabilización. Como primera medida, el personal en la zona optó por descargar parte del contenido para reducir el peso antes de intentar mover la unidad.

El procedimiento requería levantar la parte posterior del furgón, que presentaba mayores daños, para evitar arrastrar la estructura metálica sobre el asfalto. Sin embargo, la falta de equipos adecuados en una primera etapa obligó a prolongar los trabajos mientras se evaluaban nuevas alternativas.

En paralelo, se realizaban labores de limpieza en la vía, donde se habían derramado combustible y otros residuos tras el accidente. Estas acciones fueron ejecutadas por equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas para reducir riesgos.

El incidente volvió a poner en evidencia problemas recurrentes en este tramo de la Panamericana Sur. En enero, en una zona cercana y en sentido contrario, se registró un accidente de gran impacto que dejó víctimas mortales, lo que incrementa la preocupación por la seguridad vial en este sector.

Durante la ceremonia en Trujillo —que contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata—, Arriola precisó que el movimiento responde a “necesidad del servicio”. El alto mando detalló que Moreno Panta pasará a desempeñar funciones en el Estado Mayor General de la Policía Nacional, considerado el segundo nivel en la estructura de mando.

La decisión se da en paralelo a anuncios de refuerzo policial y en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener el avance del crimen organizado en la región. La Libertad se ha consolidado como uno de los principales focos de violencia en el país, con redes dedicadas a la extorsión que emplean explosivos y estructuras logísticas complejas.

Reorganización policial y cifras de violencia en el país

El anuncio del relevo se dio en la ceremonio de presentación de 500 nuevos efectivos policiales que serán desplegados en puntos críticos de La Libertad. Según explicó Óscar Arriola, el objetivo central es reducir los delitos que más afectan a la población: extorsiones y homicidios.

En ese contexto, el comandante general sostuvo que, a nivel nacional, se ha registrado una disminución en los homicidios en comparación con el año anterior. Precisó que en lo que va del año se contabilizan 810 casos, lo que representa 178 menos que en el mismo periodo previo.

Sin embargo, la lectura de estas cifras contrasta con la situación específica de La Libertad, donde los delitos asociados al crimen organizado mantienen una alta incidencia. La reorganización del mando policial apunta, en ese sentido, a reforzar la estrategia en una región donde las economías ilegales han logrado consolidarse.

Operativo en Trujillo: incautación de explosivos y redes criminales

Antes de su relevo, el general Moreno Panta participó en un operativo clave en Trujillo que permitió identificar parte de la estructura logística de estas organizaciones. La intervención se realizó en el sector Pesquera, donde la Policía detectó domicilios utilizados para almacenar y distribuir explosivos.

A partir de interrogatorios a detenidos, las autoridades lograron ubicar los puntos de acopio. Moreno Panta explicó que los implicados señalaban esa zona como lugar de recepción de dinamita, utilizada luego en acciones de extorsión.

La operación derivó en el ingreso a una vivienda específica, donde se encontró a una persona que custodiaba el material. En el lugar se incautaron 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, un volumen que evidencia la escala de las actividades ilícitas.

El general detalló que el material fue asegurado con apoyo de la unidad especializada en desactivación de explosivos, mientras se iniciaban las investigaciones para determinar su procedencia. Además, señaló que los detenidos tendrían vínculos con organizaciones como Los Pulpos y otras estructuras que operan bajo un esquema similar.

La Libertad bajo presión: minería ilegal y estado de emergencia en Pataz

El cambio en la jefatura policial ocurre en un contexto más amplio de crisis de seguridad en La Libertad. La región enfrenta no solo el avance de la extorsión urbana, sino también el crecimiento de la minería ilegal, especialmente en la provincia de Pataz.

A inicios de abirl, el gobierno decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en esa zona, una medida que evidencia que las acciones implementadas desde diciembre de 2025 no han logrado contener el problema.

En Pataz, los enfrentamientos vinculados a la disputa por recursos mineros ilegales han dejado víctimas mortales, incluso bajo presencia de fuerzas del orden. Esto refleja la capacidad de estas redes para operar en escenarios de intervención estatal.

La minería ilegal, además, ha generado economías paralelas que sostienen la violencia. El uso de armas, explosivos y logística sofisticada muestra que se trata de estructuras con alto nivel de organización.

La sesión se realizará en medio de la crisis política generada por la adquisición de los F-16, luego de que el presidente José María Balcázar afirmara públicamente que la compra no se concretaría durante su gestión. Pese a esa posición, el contrato ya fue firmado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.

Según la agenda del grupo de trabajo parlamentario, los representantes del Gobierno deberán detallar el estado actual de las negociaciones y explicar las decisiones adoptadas en torno a la adquisición. La presentación se produce en un contexto en el que el Congreso ha cuestionado el repentino cambio en el Gabinete, originado por las discrepancias en torno a la compra de los aviones.

En la citación original figuraban el excanciller Hugo de Zela y el exministro de Defensa Carlos Díaz. Sin embargo, ambos renunciaron tras desacuerdos con el mandatario.

Precisamente, esta crisis en el Ejecutivo fue criticada desde el Congreso, sobre todo porque el gabinete encabezado por Arroyo había obtenido la confianza apenas cinco días antes de las dimisiones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó esta situación como una burla.

“No sabemos quienes se presentarán el lunes en la Comisión de Denfensa”, señaló Rospigliosi antes de las juramentaciones.

Anuncio presidencial y firma del contrato: el origen de la crisis

La controversia se remonta al viernes 17 de abril, cuando el presidente Balcázar anunció en televisión que la compra de los aviones F-16 no se realizaría y que la decisión sería trasladada al próximo gobierno. La posición fue reiterada en los días siguientes, consolidando la idea de una suspensión de la operación.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó la firma del contrato. Este hecho marcó un punto de quiebre dentro del Ejecutivo, ya que la decisión se concretó pese a la postura pública del jefe de Estado.

La contradicción se hizo más evidente cuando se confirmó que el acuerdo había sido cerrado mientras el presidente continuaba afirmando que la compra debía ser evaluada por la siguiente administración. Esta falta de alineamiento entre el discurso político y la ejecución administrativa desencadenó una crisis que rápidamente escaló.

El episodio expuso tensiones internas en el Gobierno y abrió cuestionamientos sobre la capacidad del mandatario para ejercer control sobre su gabinete.

Bloqueo del pago y tensiones dentro del Ejecutivo

Tras la firma del contrato, el conflicto se trasladó al ámbito financiero. El presidente Balcázar dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas no realice el desembolso correspondiente al primer pago, lo que generó un nuevo nivel de contradicción dentro del Ejecutivo.

Mientras el acuerdo avanzaba en términos contractuales, la decisión de bloquear el pago evidenció una ruptura en la ejecución de la política gubernamental.

En paralelo, se intensificaron las críticas desde distintos sectores. El recnunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, defendió el proceso y sostuvo que la firma del contrato se realizó conforme al cronograma establecido. Según indicó, la decisión había sido tomada con anterioridad y no existía una comunicación oficial que ordenara su suspensión.

Renuncias y reacciones políticas

La crisis derivó en la salida de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, mientras que Hugo de Zela también renunció a la Cancillería y cuestionó directamente al presidente Balcázar, a quien acusó de haberle mentido al país.

Estas dimisiones profundizaron la percepción de una fractura interna en el Gobierno. A ello se sumaron reacciones desde el Congreso, donde el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de la situación.

En paralelo, se comenzó a evaluar la posibilidad de una moción de censura, lo que evidenció el impacto del caso en el escenario legislativo. Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales respecto a la compra de los aviones.

Este mensaje contrastó con el discurso del jefe de Estado, quien reiteró que la adquisición debía ser revisada por el próximo gobierno. La coexistencia de ambas posiciones consolidó la crisis y alimentó el debate sobre el debilitamiento de la investidura presidencial.

El diplomático participó en el festival aéreo realizado en la base de Las Palmas, donde presenció la exhibición de estas aeronaves junto a mandos de la Fuerza Aérea del Perú. En ese contexto, destacó el nivel tecnológico de los F-16 y su impacto en la capacidad defensiva del país.

“Perú va a ser el país con la máxima seguridad en toda la región, así que estamos en una buena posición”, afirmó, al resaltar que la incorporación de estos aviones posiciona al país en un nivel superior frente a otros de la región.

Sus declaraciones se dieron en un momento especialmente sensible, marcado por cuestionamientos internos sobre la forma en que se concretó la compra y por las tensiones dentro del propio Ejecutivo.

“La seguridad es la base de todo”: respaldo de EE.UU. al Perú

Durante su intervención, Navarro remarcó que la seguridad constituye el eje central de la relación entre Perú y Estados Unidos. En ese sentido, reiteró el compromiso de la administración del presidente Donald Trump con el país.

“Aquí es otra afirmación de la administración del presidente Trump que estamos comprometidos a la seguridad del Perú. Los Estados Unidos es el socio de seguridad para Perú y sabemos que sin seguridad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay prosperidad. Así que la seguridad es la base de todo”, sostuvo.

El embajador vinculó directamente la inversión en defensa con el desarrollo económico y social, al señalar que la estabilidad que brinda la seguridad es una condición necesaria para el crecimiento.

Asimismo, insistió en que la cooperación entre ambos países responde a una visión compartida, en la que la defensa y la estabilidad regional juegan un papel determinante.

Reunión con la PCM en medio de la crisis

Las declaraciones de Navarro se producen luego de una serie de episodios que incrementaron la tensión política en torno a la compra de los F-16. Cuando el presidente José María Balcázar anunció públicamente que la adquisición quedaba suspendida, el embajador reaccionó a través de publicaciones que, según cuestionamientos posteriores, fueron interpretadas como una presión política.

En ese contexto, también se conoció que Navarro sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en Palacio de Gobierno, sin la presencia del jefe de Estado. Este encuentro se produjo mientras la crisis escalaba y el Ejecutivo mostraba señales de división interna.

La coincidencia de estos hechos —las reacciones del diplomático tras el anuncio presidencial y su reunión con la PCM— alimentó el debate sobre el rol de Estados Unidos en medio de la controversia. Todo ello ocurrió mientras el gobierno peruano enfrentaba cuestionamientos por la firma del contrato pese a la oposición pública del mandatario.

Compra de F-16 y tensiones internas en el Ejecutivo

El respaldo del embajador estadounidense se da en un escenario marcado por contradicciones dentro del propio gobierno. El presidente Balcázar había anunciado que la compra debía ser evaluada por la siguiente administración, pero el contrato fue firmado días después por el entonces ministro de Defensa.

Posteriormente, el mandatario bloqueó el desembolso del dinero para el primer pago, lo que evidenció una falta de coordinación en el Ejecutivo. Esta situación derivó en una crisis política que incluyó renuncias ministeriales y cuestionamientos desde el Congreso.

En paralelo, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones, en contraste con la postura del jefe de Estado.

La crisis política generada por la compra de aviones F-16 sin el respaldo del presidente José María Balcázar ha abierto un debate sobre el deterioro de la autoridad presidencial. En declaraciones a RPP, el presidente del partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó directamente el accionar del Ejecutivo y alertó sobre sus implicancias institucionales.

Nieto recordó que el propio mandatario había señalado públicamente que la adquisición no debía concretarse durante su gestión. “El presidente dijo que no se iba a hacer la compra, sino hasta el próximo gobierno”, enfatizó, al subrayar que existía una posición clara antes de la firma del contrato.

Desde su perspectiva, lo ocurrido evidencia una ruptura en la cadena de mando. Sostuvo que la voluntad expresada por el jefe de Estado fue ignorada por sus propios ministros, lo que configura un hecho de alta gravedad política. En ese sentido, calificó la situación como un “golpe administrativo”, al considerar que decisiones clave se tomaron sin respetar la autoridad presidencial.

El exministro advirtió que este tipo de precedentes debilitan el sistema democrático, ya que normalizan que otros actores del Ejecutivo adopten decisiones de Estado sin seguir la línea del mandatario. A su juicio, aceptar este escenario implicaría asumir como habitual una fractura en la conducción política del país.

Cuestionamientos a la toma de decisiones

En la misma entrevista, Nieto profundizó en las consecuencias del episodio y planteó la necesidad de revisar no solo el contrato, sino el funcionamiento del régimen político. Consideró que el problema trasciende el aspecto administrativo y alcanza el núcleo de la gobernabilidad.

Indicó que cualquier modificación en un proceso de esta magnitud requiere sustento técnico y documentación que la respalde. Sin embargo, insistió en que el punto más crítico es el precedente político que deja el caso, al evidenciar que el presidente no logra imponer su decisión dentro de su propio gabinete.

“Nos estamos acostumbrando a que distintas personas que no sean el que lleva la representación de la nación, el encargo constitucional de dirigir la política de defensa y la política internacional, no se le haga caso”, señaló.

También advirtió sobre los riesgos de que este tipo de situaciones se repitan. A su entender, permitir que ministros o altos funcionarios actúen en contra de la voluntad presidencial podría erosionar aún más la institucionalidad. En esa línea, insistió en que el tema debe ser revisado para evitar que se convierta en una práctica recurrente.

Cronología de la compra y contradicciones dentro del Ejecutivo

El conflicto se originó el viernes 17 de abril, cuando el presidente Balcázar anunció en televisión que la compra de los aviones F-16 sería suspendida y que el tema quedaría en manos del próximo gobierno. La posición fue reiterada días después en distintas intervenciones públicas.

Sin embargo, el lunes 20, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó la firma del contrato. Pese a que el mandatario estaba al tanto de este proceso, continuó sosteniendo que la operación no se concretaría durante su gestión.

La situación se agravó el 22 de abril, cuando se confirmó que el contrato ya había sido firmado. En paralelo, se reveló que el presidente había bloqueado el desembolso del dinero correspondiente al primer pago, instruyendo al Ministerio de Economía y Finanzas a no ejecutar la transferencia.

Este escenario generó una contradicción dentro del Ejecutivo: mientras el acuerdo avanzaba en su fase contractual, el propio jefe de Estado insistía en que la compra debía ser postergada.

Renuncias, críticas y decisiones que profundizan la crisis política

Tras la confirmación de la firma del contrato, dos ministros dejaron el gabinete. Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa, mientras que Hugo de Zela también se apartó de la Cancillería y cuestionó duramente al mandatario.

Díaz defendió la legalidad del proceso y aseguró que el contrato se firmó conforme al cronograma establecido. Sostuvo que la decisión había sido adoptada meses antes y que no recibió ninguna comunicación oficial que ordenara suspender la compra.

Por su parte, De Zela acusó al presidente de haberle mentido al país, lo que elevó el nivel de confrontación dentro del Ejecutivo. Ambos exministros coincidieron en que la operación seguía su curso pese a las declaraciones públicas de Balcázar.

En el Congreso, el tema también generó reacciones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las consecuencias políticas de las decisiones del mandatario y se empezó a evaluar una posible moción de censura.

Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones. Este pronunciamiento contrastó con el mensaje del jefe de Estado, quien reiteró que no había participado en las negociaciones.

Entre las principales observaciones se identificó la ausencia de señalética, la falta de rutas de evacuación claramente marcadas y la presencia de extintores vencidos. Estas condiciones, según la comuna, representaban un riesgo directo para niños y familias que acudían al lugar.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, explicó que la clausura responde a una acción preventiva. Detalló que el parque operaba sin licencia de funcionamiento y sin certificado de Defensa Civil desde hace varios años. “Durante los últimos tres años han trabajado sin licencia de funcionamiento y sin certificado de defensa civil. El 9 de marzo ocurrió un accidente aquí en los juegos de niños, en los inflables, donde el techo colapsó y menos mal que fue en un horario que no había niños”, indicó.

Añadió que, tras ese incidente, se decidió realizar una inspección completa a todos los espacios dentro del parque. “Nos dimos con la gran sorpresa que ninguno cuenta con certificado ITSE. El parque no tiene señaléticas ni señalización en rutas de escape, extintores vencidos, existen áreas en las que puede haber incendios”, precisó.

Clausura temporal y condiciones para la reapertura del parque

La municipalidad informó que la medida se mantendrá hasta que los responsables del parque levanten todas las observaciones detectadas y cumplan con la normativa vigente. La obtención del certificado de seguridad será clave para que el recinto pueda volver a abrir sus puertas.

El cierre se da en el marco de operativos de fiscalización que, según la comuna, continuarán en distintos puntos del distrito con el objetivo de garantizar espacios seguros para los vecinos. La intervención incluyó la revisión de cada uno de los locales que funcionan dentro del parque.

Desde la administración del Bosque Encantado de Fátima confirmaron la clausura a través de un comunicado. “Informamos a nuestros visitantes que hemos recibido una intervención por parte de la Municipalidad de Chorrillos, lo que ha derivado en la clausura temporal del Bosque Encantado de Fátima”, señalaron.

Asimismo, indicaron que informarán oportunamente sobre la reapertura. “Próximamente estaremos informando sobre su reapertura a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales”, añadieron.

Días antes de la clausura, el parque había emitido otro comunicado para aclarar que el ingreso era gratuito. En ese mensaje, advirtieron sobre personas ajenas que solicitaban pagos indebidos para permitir el acceso y pidieron a los visitantes no realizar ningún pago.

Reacciones de vecinos en redes sociales tras la clausura

La clausura del parque generó diversas reacciones entre los vecinos de Chorrillos, especialmente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación, molestia y dudas sobre la medida.

Uno de los comentarios cuestionó el estado del lugar y pidió soluciones. “Que solucionen pronto ya estamos cansados de tanto descuido abandono cada cosa buena lo han malogrado solo por el odio. porque es un lugar de esparcimiento para la mayoría de Chorrillanos no es justo que por el egoísmo maldad ambición se haya deteriorado maltratado un parque que al principio era hermoso mágico”, escribió un usuario.

Otra vecina, identificada como Eva García, expresó dudas sobre la decisión. “Qué habrá atrás de esto? Un parque de Chorrillos, cerrado por la misma municipalidad de Chorrillos?”, comentó.

También hubo mensajes que destacaron el impacto en los niños. “Los más perjudicados son los Miles de niños que pasan un momento de diversión en sus tiempos libres”, señaló Marquinho Ugarte Díaz.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sicarios no dudaron en disparar pese a que el automóvil seguía en marcha. La ráfaga, que superó las 40 detonaciones según vecinos, se produjo desde otra camioneta en movimiento, lo que incrementó el riesgo para transeúntes y residentes. El ataque puso en alerta a los vecinos, pues evidencia el nivel de violencia que atraviesa el distrito.

Las cámaras de seguridad captaron el momento posterior al atentado, incluyendo la fuga de los atacantes. También registraron la intervención de una patrulla policial que intentó perseguir el vehículo implicado, sin éxito. Según la consulta vehicular, la unidad utilizada por los agresores tenía una placa reportada como robada.

Gravemente herido, el conductor fue trasladado a un centro médico; sin embargo, no sobrevivió a los impactos de bala. Durante las diligencias, la Policía halló en el interior del vehículo de la víctima un arma de fuego con cacerina abastecida. El hecho es materia de investigación.

Tras el crimen, los vecinos exigieron medidas urgentes frente a la creciente inseguridad. El nivel de violencia del ataque —en plena vía pública y con un alto número de disparos— ha reavivado el temor en una zona donde los episodios de sicariato se han vuelto recurrentes.

Operativo a búnker con ciudadanos extranjeros

El asesinato ocurre en un contexto marcado por operativos recientes contra organizaciones criminales con presencia extranjera en San Juan de Lurigancho. A inicios de 2026, la Policía ejecutó una intervención en un inmueble que funcionaba como búnker y centro de operaciones de una banda vinculada al Tren de Aragua.

Durante el operativo, más de 50 personas fueron intervenidas en una fiesta clandestina que se desarrollaba en el lugar, un restaurante ubicado en la intersección de la avenida Los Jardines Oeste con el jirón Las Grosellas. En la diligencia se incautó un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, tusi y pasta básica de cocaína.

Como resultado de las investigaciones, 29 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la División de Extranjería para evaluar su situación migratoria, mientras que 13 permanecieron detenidos por su presunta vinculación con organizaciones criminales. Según información policial, algunos de los intervenidos serían reincidentes o tendrían nexos con facciones del Tren de Aragua.

Alcalde de SJL cuestiona eficacia de estados de emergencia

Meses antes de estos hechos, en octubre de 2025, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ya había advertido sobre las limitaciones de las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad. En una entrevista, cuestionó directamente la efectividad de los estados de emergencia.

“Los estados de emergencia no han funcionado”, afirmó, al señalar que su aplicación reiterada no ha generado resultados sostenibles. En esa línea, sostuvo que la medida ha perdido credibilidad por la falta de planificación y ejecución adecuada. “El estado de emergencia llega algo manoseado y maltratado a la mesa de trabajo”, expresó.

El burgomaestre también puso énfasis en las carencias operativas de las fuerzas del orden. “Necesitamos de manera urgente generar más recursos tanto a la Policía Nacional como a las distintas unidades que hoy lamentablemente no tienen inteligencia ni logística”, advirtió.

Asimismo, remarcó la importancia del control territorial y la voluntad política para enfrentar el crimen organizado. “Antes había voluntad política y liderazgo; hoy no lo vemos”, señaló, recordando que durante la pandemia el despliegue policial y militar tenía un efecto disuasivo.

Números de emergencia en Perú

Frente a escenarios de violencia o emergencias, la ciudadanía cuenta con diversos canales de atención a nivel nacional. La central policial (105) permite reportar delitos en curso, mientras que el Cuerpo General de Bomberos (116) atiende incendios y rescates.

En casos de emergencias médicas, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (106) opera en varias regiones del país, incluida Lima. También se puede acceder a Infosalud (113) para orientación sanitaria y a EsSalud (107) para información general.

Para situaciones de violencia familiar o sexual, la línea 100 brinda atención especializada, y Defensa Civil responde a emergencias vinculadas a desastres a través del 115.

En Lima, existen además servicios de ambulancias como Alerta Médica y Clave Médica, así como el servicio de EsSalud (117), que complementan la atención ante urgencias.

El acceso oportuno a estos números puede marcar la diferencia en contextos críticos, especialmente en distritos donde la violencia y la criminalidad representan un riesgo constante.

El Gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida, oficializada mediante decreto supremo, confirma que la estrategia aplicada desde diciembre de 2025 no ha logrado contener el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, una actividad que hoy mueve más dinero que el narcotráfico en el país.

Prórroga que evidencia un problema sin resolver

La extensión del estado de emergencia es la continuidad de una política aplicada desde fines del año pasado, cuando el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, el nuevo decreto deja en claro que las condiciones que motivaron la intervención se mantienen.

El propio sustento técnico del Gobierno reconoce que persisten “otras situaciones de violencia” relacionadas con organizaciones criminales. En términos simples, el problema no ha sido resuelto. Por el contrario, la necesidad de mantener restricciones a derechos fundamentales y el control militar revela que el Estado aún no logra recuperar plenamente el territorio.

Violencia en zonas mineras no se detiene

Los hechos registrados en los últimos meses muestran la necesidad de esta medida, pero ponen en duda su efectividad. El 31 de diciembre de 2025, cuando ya regía el estado de emergencia, se produjo un enfrentamiento en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en el anexo de Vijus. El incidente dejó tres personas fallecidas con impactos de bala.

Según la información disponible, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la intención de sustraer mineral, en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal. Este episodio muestra que, pese a la presencia de fuerzas del orden, los conflictos violentos por el control de recursos continúan.

La persistencia de estos enfrentamientos evidencia que el problema no es solo de seguridad, sino estructural. La minería ilegal ha generado economías criminales, donde el uso de armas y la violencia forman parte del control territorial.

Operativos logran golpes, pero no frenan el avance

En paralelo, el Estado ha ejecutado intervenciones a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que integra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los operativos más recientes, denominado “Centauro”, permitió incautar fusiles, explosivos y material logístico en una bocamina ilegal en Pueblo Nuevo.

El decomiso incluyó armas como fusiles FAL, Galil y R15, además de mechas y fulminantes utilizados en la extracción ilegal. Estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para desarticular las redes. La continuidad de la violencia y la necesidad de mantener el estado de emergencia indican que las organizaciones siguen activas y con capacidad de reorganización.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión

El trasfondo de esta crisis es el crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú. Según datos de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, esta actividad mueve alrededor de 8,200 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico.

Además del impacto económico, sus efectos en seguridad son evidentes. Distritos como Pataz registran niveles de homicidios muy por encima del promedio nacional, lo que los convierte en zonas de alto riesgo.

El gremio también ha advertido que decisiones legislativas recientes podrían agravar el problema. Un dictamen aprobado en comisión en el Congreso modificaría las condiciones de las concesiones mineras sin suficiente sustento técnico, lo que, según especialistas, podría abrir espacios para el lavado de activos y fortalecer economías ilegales.

En este contexto, la prórroga del estado de emergencia aparece como una respuesta inmediata, pero no como una solución de fondo. La continuidad de la medida refleja que el Estado enfrenta un desafío complejo: contener una economía criminal que se ha expandido durante años y que hoy opera con normalidad.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Arzobispado de Lima iniciaron las coordinaciones para la realización de un programa especial en homenaje al primer año de elección del papa León XIV. La transmisión está prevista para el próximo 8 de mayo y forma parte de una agenda conjunta orientada a destacar la figura del pontífice y su vínculo con el país.

En ese contexto, el arzobispo de Lima y cardenal del Perú, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, sostuvo una reunión con la jefa del IRTP, Cinthia Ramírez Santillana, quien confirmó que la producción ya se encuentra en desarrollo. El encuentro permitió definir líneas de trabajo para una emisión que buscará integrar contenidos religiosos y culturales en una plataforma de alcance nacional.

Tras la cita, el cardenal Castillo resaltó el rol del IRTP en la difusión de contenidos que contribuyen a la integración del país. Subrayó especialmente su carácter descentralista y su presencia en diversas regiones, lo que permite una cobertura uniforme a través de TVPerú y Radio Nacional. En esa línea, destacó la capacidad del medio estatal para adaptarse a distintos contextos y garantizar una comunicación inclusiva.

Asimismo, enfatizó el valor de la radio y la televisión como herramientas de cohesión social. Según indicó, estos medios no solo cumplen una función informativa, sino que también fortalecen los vínculos culturales y espirituales entre los ciudadanos, en un país con una amplia tradición cristiana.

Producción en marcha

Desde el IRTP, la titular de la entidad explicó que la reunión tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas que permitan difundir mensajes de unidad, esperanza e integración entre los peruanos. La propuesta apunta a aprovechar la multiplataforma del instituto para alcanzar a distintas audiencias en todo el territorio nacional.

En esa línea, se destacó que la transmisión de la misa dominical desde la Catedral de Lima, así como las emisiones mensuales desde regiones del interior del país, forman parte de la identidad cultural del Perú y refuerzan el vínculo entre la Iglesia y la ciudadanía.

El programa especial, en ese sentido, no solo busca conmemorar una fecha simbólica, sino también consolidar un mensaje que conecte con la diversidad del país.

Visita del papa León XIV al Perú sigue en evaluación

En paralelo a estas iniciativas, la eventual visita del papa León XIV al Perú continúa en evaluación. El director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, advirtió que el contexto político actual podría influir en la decisión final del Vaticano.

Según explicó, el país atraviesa un periodo de inestabilidad marcado por procesos electorales consecutivos, lo que genera incertidumbre sobre la conveniencia de concretar el viaje en el corto plazo. “Nos encontramos en una situación de inestabilidad política, de incertidumbre. No solamente tenemos la segunda vuelta, también tenemos una nueva elección en el mes de octubre. Y yo creo que desde la Santa Sede se tiene que analizar muy bien si es conveniente que venga el papa o no”, señaló.

Uno de los principales riesgos identificados es la posible utilización política de una visita de alto impacto como la del pontífice. En ese sentido, advirtió que un evento de esta magnitud podría ser instrumentalizado en medio de un clima postelectoral, lo que desvirtuaría su carácter espiritu

Reacción de los peruanos tras la elección de León XIV

La expectativa en torno al papa León XIV se explica también por la reacción que generó su elección entre los peruanos, tanto en el país como en el extranjero. En el Vaticano, fieles nacionales vivieron el anuncio con una mezcla de emoción, sorpresa y orgullo, en un ambiente marcado por lágrimas, cantos y oraciones.

Testimonios recogidos en la Plaza de San Pedro reflejaron la intensidad del momento. “He llorado tanto porque es una emoción, una alegría que es difícil. Primera vez en mi vida que asisto a este evento. Muy bien. Y contenta. Contenta y gracias de corazón”, relató una ciudadana peruana presente durante el anuncio.

La conexión con el pontífice responde, en gran medida, a su trayectoria en el país. Robert Francis Prevost, hoy León XIV, mantuvo una relación estrecha con el Perú tras su paso como obispo en Chiclayo, lo que consolidó un vínculo reconocido por diversas comunidades religiosas.

En esa ciudad, la noticia fue recibida con celebraciones espontáneas. Fieles se congregaron en los exteriores de la catedral y celebraron entre campanas, abrazos y expresiones de alegría. “Para mí es una alegría que haya salido él, porque fue obispo de allá de mi tierra, muy querido, allá en nuestra tierra”, señaló uno de los asistentes.

El entusiasmo también estuvo acompañado de expectativas sobre su pontificado. “Igual que el Papa Francisco, que sea esa entrega a la humanidad. A la juventud. Eso queremos”, expresó otro ciudadano, reflejando el deseo de continuidad en una Iglesia cercana a la población.

Pese a ello, reafirmó su interés en impulsar el proyecto y no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la falta de respaldo del Gobierno de José María Balcázar para concretarlo.

“Lamentablemente el Gobierno central, sus razones habrá tenido, no aceptó la autorización para trasladar todo ese material rodante que está en perfectas condiciones y ustedes lo han podido apreciar”, declaró.

El burgomaestre aseguró que mantiene el entusiasmo inicial, pero señaló que el principal obstáculo ha sido la negativa del Ejecutivo para autorizar el traslado del material ferroviario.

“Sigo entusiasta y voy a seguir entusiasta”, afirmó, al referirse a la iniciativa.

Renzo Reggiardo recordó que el material rodante está en condiciones operativas y que podría ser utilizado, pero que su traslado no ha sido aprobado, por decisión del MTC.

Pese a ello, el alcalde sostuvo que ha mantenido coordinaciones con distintas entidades vinculadas al sistema ferroviario. Indicó que ha estado en contacto con representantes del Ferrocarril Andino y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Estamos permanentemente atentos a que el Gobierno autorice el traslado”, señaló.

En ese contexto, cuestionó la falta de avances y atribuyó la paralización del proyecto a lo que calificó como desidia por parte del Ejecutivo.

¿Y los coches del Parque de la Muralla?

El alcalde explicó que el objetivo es trasladar el material hacia Lima para poner en funcionamiento la locomotora y los vagones disponibles.

Renzo Reggiardo insistió en que continuará impulsando la iniciativa, pese a las trabas. “Vamos a seguir insistiendo para que se haga a la brevedad”, declaró.

Este paso es necesario, pues los coches y la locomotora que están en Chosica deben regresar a Lima para que el material rodante que permanece en el Parque de la Muralla reciba mantenimiento y pase por las revisiones técnicas.

Ante la falta de autorización, el proyecto de los trenes Caltrain queda, una vez más, sin fecha para iniciar operaciones.

¿Cuál es la posición del MTC?

Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no respondió a las recientes declaraciones de Renzo Reggiardo, anteriormente sí se pronunció sobre los motivos por los cuales no otorgaba luz verde al traslado.

A inicios de abril, antes de que se conociera la negativa del Ejecutivo, el MTC marcó distancia frente al impulso del proyecto del Tren Lima Chosica promovido por la Municipalidad de Lima. En medio de la presión pública del alcalde, el sector difundió un video institucional en el que explicó que un sistema ferroviario no puede implementarse de forma inmediata ni sin planificación previa.

El MTC sostuvo que este tipo de proyectos debe comenzar en la etapa de preinversión, donde se evalúan la demanda, el alcance técnico y la viabilidad. Solo después —precisó— se pueden definir aspectos clave como estaciones, señalización y sistemas de recaudo, además de coordinar con concesionarios y operadores.

En ese momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones advirtió que la Municipalidad había gestionado el material rodante sin contar con un diseño integral del proyecto. Aunque reconocía que existían coordinaciones entre ambas entidades, dejó claro que no había condiciones para avanzar hacia una operación.

También subrayó que un eventual permiso de traslado no implicaba autorizar el servicio. Según el sector, aún faltaban obras esenciales, como estaciones y señalización, además de resolver problemas en la infraestructura.

El burgomaestre cuestionó que el acuerdo alcanzado semanas atrás no se haya ejecutado. Señaló que el proceso, que debía ser asumido por la Municipalidad Metropolitana de Lima para agilizar la compra, terminó sin avances concretos.

Según explicó, el Ejecutivo había ofrecido ceder la implementación a la comuna limeña, pero esa decisión no se materializó. En su lugar, indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros decidió asumir el proceso, lo que —afirmó— generó un incumplimiento frente a los gremios.

Reggiardo cuestiona falta de seriedad del Ejecutivo

Durante sus declaraciones, Reggiardo expresó su malestar por la forma en que se manejó el acuerdo. “Quedaron muy mal porque ese proceso que ofrecieron cedérselo a la Municipalidad Metropolitana de Lima […] simplemente se quedó en el ofrecimiento”, afirmó.

El alcalde también criticó la falta de comunicación oficial sobre el cambio de decisión. “Lo peor es que no nos han informado absolutamente nada. Nos hemos enterado por los medios de comunicación”, sostuvo.

En esa línea, calificó lo ocurrido como una muestra de falta de compromiso por parte del Gobierno. “Falta de seriedad y falta de compromiso. Cuando uno asume un compromiso tiene que cumplirlo y tiene que honrarlo”, enfatizó.

Asimismo, vinculó este caso con la crisis política que atraviesa el Ejecutivo, marcada por decisiones cuestionadas en otros sectores. como la renuncia de dos de los ministros por la compra de aviones F-16.

“Los compromisos hay que respetarlos”, insistió y advirtió que este tipo de situaciones debilita la confianza institucional.

Un acuerdo firmado con el aval del Ejecutivo

El compromiso entre el Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y los transportistas se había alcanzado el 23 de marzo, tras una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros encabezada por el premier Luis Arroyo.

En ese encuentro participaron ministros de Estado, representantes de gremios y autoridades municipales. Como resultado, se anunció que el Gobierno central transferiría recursos a la comuna limeña para la compra e implementación de cámaras de videovigilancia en buses, las cuales serían supervisadas por la municipalidad.

El propio Reggiardo destacó en ese momento la disposición del Ejecutivo para destrabar un proyecto considerado clave para la seguridad del transporte público. Además, se informó que la iniciativa sería evaluada en el Consejo de Ministros para su ratificación final.

En paralelo, el Ejecutivo también se comprometió a reforzar la presencia policial en puntos críticos de la ciudad y a impulsar proyectos complementarios vinculados a la seguridad vial.

Un mes después, sin recursos y con ataques en aumento

A casi un mes del anuncio, el alcalde sostiene que el acuerdo no se ha cumplido y que no se ha transferido el presupuesto comprometido. Esta situación, según indicó, deja en incertidumbre la implementación de las cámaras en buses, en un contexto de creciente inseguridad.

El caso refleja, además, una tensión entre el Gobierno central y la Municipalidad de Lima, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por el manejo de compromisos, como lo ocurrido con la compra de aviones F-16.

Para el alcalde, el problema no es solo operativo, sino también político. Insiste en que los acuerdos deben respetarse, especialmente cuando han sido asumidos públicamente frente a los transportistas y la ciudadanía.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó que existen 521.670 DNI de adultos pendientes de recojo en todo el país, según el corte del 22 de abril de 2026. La entidad exhortó a los ciudadanos a acercarse a la oficina donde realizaron el trámite o a la sede que eligieron de forma virtual para recoger su documento.

El organismo recordó que el DNI es un documento clave para la vida diaria, ya que permite identificarse en trámites civiles, bancarios y administrativos, además de ser necesario para acceder a servicios o realizar compras.

En esta coyuntura electoral, a menos de dos meses para la segunda vuelta, también es indispensable que todos cuenten con el documento para poder ejercer su derecho al voto.

Regiones con más DNI sin recoger en Perú

De acuerdo con el reporte oficial del Reniec, Lima concentra la mayor cantidad de documentos pendientes, con 151.195 DNI que aún no han sido recogidos.

Le siguen otras regiones con cifras significativas:

• La Libertad: 33.993
• Piura: 31.051
• Arequipa: 28.001
• Áncash: 25.602

En el resto del país, la lista continúa con Junín (24.197), Lambayeque (23.562), Cusco (23.402), Cajamarca (21.096), Ica (20.778), Puno (17.645), San Martín (16.642), Huánuco (15.204), Loreto (14.050), Callao (11.437), Ucayali (11.052), Ayacucho (10.086), Apurímac (8.219), Madre de Dios (7.718), Amazonas (6.924), Tacna (5.770), Huancavelica (4.310), Pasco (3.816), Tumbes (3.033) y Moquegua (2.887).

Cómo verificar si tu DNI ya está listo

Antes de acudir a una sede, el Reniec recomienda verificar si el documento ya está disponible. Para ello, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma oficial de la entidad y seguir estos pasos:

1. Elegir la opción de consulta por DNI o número de solicitud.
2. Ingresar los datos requeridos y hacer clic en “consultar”.

El sistema mostrará el nombre del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde lo realizó o seleccionó vía web y el porcentaje de avance. Si el estado figura al 100%, significa que el DNI ya está impreso y listo para ser recogido.

Horarios de atención y recomendaciones para recoger tu DNI

El Reniec informó que sus oficinas registrales atienden en horario regular de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., mientras que las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas principalmente en hospitales, operan hasta las 16:30 p.m.

En tanto, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) manejan horarios diferenciados.

Para evitar contratiempos, la entidad recomienda:

• Verificar previamente si el DNI está listo.
• Acudir con el comprobante de trámite.
• Llegar con anticipación a la sede.
• Seguir las indicaciones del personal.

Además, recordó que varios servicios, como duplicado o renovación del DNI, pueden realizarse de forma virtual, lo que permite reducir tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.

¿Por qué es importante recoger tu DNI?

El Reniec enfatiza que no recoger el DNI puede generar dificultades en múltiples ámbitos, ya que este documento es indispensable para realizar gestiones básicas y acceder a servicios tanto públicos como privados.

Por ello, la entidad insiste en que los ciudadanos verifiquen el estado de su trámite y acudan a recoger su documento cuanto antes, especialmente en un contexto donde más de medio millón de DNI ya están listos y esperan ser entregados.

Según explicó el burgomaestre, esta acción forma parte de una política sostenida de su gestión para retomar la seguridad en zonas donde, afirmó, “se había perdido ese control” debido a la informalidad y la delincuencia.

Intervención sin violencia

Durante el operativo, el retiro de comerciantes informales se realizó sin enfrentamientos. Reggiardo destacó que la recuperación se ejecutó “sin ningún acto violento” y con acompañamiento a quienes ocupaban la vía pública.

El alcalde detalló que la intervención comprendió desde la cuadra 1 hasta la 6 de la avenida Argentina y de la 6 a la 10 de la avenida Emancipación. Subrayó que el objetivo es evitar que estos espacios vuelvan a ser ocupados.

“Han salido de manera pacífica y no vamos a permitir que se reagrupen”, sostuvo, al asegurar que la municipalidad mantendrá control permanente en la zona.

Presencia permanente y despliegue municipal

Para garantizar la continuidad de la medida, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó 200 trabajadores en el área intervenida. El alcalde remarcó que el operativo no será temporal.

“El sostenimiento va a ser permanente, constante. Vamos a mantener presencia aquí”, indicó.

Además, mencionó que se ejecutan trabajos complementarios como limpieza, señalización y recuperación de infraestructura urbana. Estas acciones buscan consolidar el orden en el espacio público y evitar el retorno de la informalidad.

Reggiardo también resaltó el uso de tecnología para reforzar la seguridad. Señaló que su gestión ha incrementado el número de cámaras de vigilancia y ha incorporado drones para patrullaje aéreo.

C5 y estrategia de control urbano

Uno de los ejes centrales de la estrategia municipal es la construcción del centro de control C5, que —según el alcalde— permitirá integrar a diversas instituciones del sistema de justicia y seguridad.

“Vamos a tener la capacidad de controlar 4.500 cámaras distribuidas en Lima Metropolitana”, explicó.

El sistema incluirá la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y los bomberos. Reggiardo sostuvo que esta infraestructura permitirá mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la vigilancia.

El alcalde insistió en que su gestión busca imponer “el principio de autoridad” en zonas críticas de la ciudad y que este tipo de intervenciones se replicará en otros puntos del Cercado.

Las Malvinas: foco de operativos contra economías ilegales

El emporio comercial de Las Malvinas ha sido escenario de recientes intervenciones de la Policía Nacional del Perú contra actividades ilícitas, especialmente vinculadas al mercado de celulares robados.

En uno de los operativos más recientes, agentes policiales ingresaron a al menos diez stands del centro comercial sin necesidad de orden judicial, en el marco de disposiciones de emergencia. La intervención permitió incautar más de 1.100 equipos de dudosa procedencia, de los cuales al menos 200 estaban reportados como robados.

Las autoridades han advertido que este tipo de comercio ilegal está directamente vinculado a delitos como la extorsión y el sicariato, lo que ha motivado un incremento en los operativos de fiscalización en la zona.

Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, fue uno de los parlamentarios que impulsa esta medida, al igual que la bancada de Renovación Popular. Y aunque sus ministros y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, desconocieron las disposiciones de Balcázar y la compra ya se realizó, no se descarta que, de recolectarse las firmas, se presente y admita la moción.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rospigliosi señaló que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento del Congreso, si se presenta la moción de censura, debe dársele trámite.

Rospigliosi recordó que,cuando se presentó la censura contra José Jerí el Congreso estaba en receso, pero ahora solo se encuentra en semana de representación, por lo que el próximo lunes retomará sus actividades habituales.

“Ahora el Parlamento está en funcionamiento, así es que si hay las firmas necesarias para una moción, se le dará trámite como corresponde y se llevará al voto como corresponde. En esta semana estamos en semana de representación, pero la próxima semana, funcionan las comisiones y habrá pleno como es usual”, destacó.

Rospigliosi desautoriza a Balcázar

En las mismas declaraciones, el congresista fujimorista confirmó que el Ministerio de Economía ya había desembolsado el dinero para la compra.

Aunque evitó responder de dónde o quién le había confirmado esta información y se limitó a decir: “fuentes fidedignas”.

El parlamentario también reiteró sus críticas hacia Balcázar, a quien ya había acusado de ocasionar una crisis política. Sin embargo, una vez superado el impasse, lamentó la salida de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

“El presidente ha dado varias versiones, como sabemos, ha estado sometido a muchas presiones, pero finalmente el Estado peruano está honrando su compromiso, y eso es lo más importante en mi opinión. Así es que la situación política, eh, se ha complicado con la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, lo cual es una lástima”.

¿Cuál fue el problema con los aviones F-16?

La crisis en torno a la compra de los aviones F-16 expone una fractura evidente dentro del Poder Ejecutivo. El detonante fue el anuncio del presidente José María Balcázar, quien comunicó públicamente la suspensión del proceso de firma del contrato, pese a que este ya se encontraba en una fase avanzada de negociación.

De acuerdo con versiones de exfuncionarios, el acuerdo estaba listo para concretarse el viernes 17 de abril. Sin embargo, el mandatario optó por postergar la decisión y trasladar la responsabilidad al siguiente gobierno, lo que implicaba frenar una operación considerada estratégica para la defensa nacional. Esta postura no solo sorprendió dentro del gabinete, sino que también generó dudas sobre la coherencia en la conducción del Ejecutivo.

La situación se agravó cuando trascendió que, tras el anuncio presidencial, se habrían bloqueado los recursos destinados al primer desembolso del contrato. Esta medida evidenciaba un intento de detener formalmente la operación. No obstante, días después surgió una versión completamente distinta desde el propio entorno gubernamental.

El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el contrato ya había sido firmado el lunes 20 de abril, y que dicha decisión fue comunicada directamente al presidente y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta revelación dejó al descubierto un escenario de descoordinación interna, donde decisiones clave se habrían tomado sin un alineamiento claro con la máxima autoridad del país.

Todo inició el viernes 17 de abril, cuando, a través de un medio de televisión, Balcázar anunció que la compra de los aviones quedaba suspendida, ya que debía ser revisada por el próximo gobierno. Tres días después, el lunes 20, reiteró estas declaraciones en diferentes entrevistas.

Sin embargo, ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ya había autorizado la firma del contrato de compra. El presidente Balcázar estaba al tanto de esta situación y, por motivos que hasta el momento se desconocen, continuó afirmando que la operación estaba suspendida.

Las renuncias de ministros y bloqueos desde el MEF

El 22 de abril, el Ejecutivo se vio sacudido por la renuncia de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, aunque, casi al mismo tiempo, Palacio de Gobierno emitió un comunicado informando el fin de su designación. Posteriormente, Hugo de Zela también renunció al cargo y acusó al presidente Balcázar de haberle mentido al país.

Durante una conferencia de prensa, ambos exministros desmintieron al mandatario y revelaron que la firma del contrato se realizó el lunes. Díaz explicó que el cierre del acuerdo se dio conforme a ley, ya que la decisión fue tomada meses antes y solo se estaba cumpliendo con el cronograma. Además, defendió su postura y señaló que no recibió ninguna comunicación oficial para suspender la compra.

Sin embargo, pese a que el compromiso ya estaba cerrado, advirtieron que se había bloqueado el desembolso del dinero para realizar el primer pago. En otras palabras, el mandatario habría ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutar el pago correspondiente.

Congreso responde a Balcázar

Tras las revelaciones de los exministros Díaz y De Zela, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó a Balcázar y lo acusó de generar una nueva crisis política, en medio del proceso electoral que aún atraviesa el país.

Rospigliosi señaló que Balcázar ya había sido advertido en varias oportunidades y que, sin duda, sus acciones traerían consecuencias “graves” para el país. En paralelo, algunos congresistas comenzaron a preparar una moción de censura.

Mientras Rospigliosi declaraba a la prensa, Balcázar emitió un breve mensaje a la nación, en el que aseguró no haber participado en las negociaciones y ratificó su intención de que la compra de los aviones sea evaluada por el próximo gobierno. Hasta ese momento, el contrato estaba firmado, pero no se había ejecutado el pago.

Anuncio de Rospigliosi y comunicado del MEF

Mientras todo esto ocurría, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se encontraba reunido con el embajador de Estados Unidos en Palacio de Gobierno, sin la presencia de Balcázar.

Es probable que el resultado de este encuentro haya sido el comunicado que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió alrededor de las 4:00 de la tarde, confirmando que el Perú honraba sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones F-16.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención es que, antes de que se difundiera dicho comunicado, Rospigliosi ya había declarado a los medios que una “fuente fidedigna” le confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas había desembolsado el dinero.

La pregunta es cómo el presidente interino del Parlamento accede a información de carácter de Estado antes que la propia PCM y, además, en contradicción con lo señalado previamente por Balcázar en su mensaje a la nación.

Tras estos acontecimientos, el mandatario no volvió a pronunciarse ni a aparecer públicamente hasta que tomó juramento a su nuevo ministro de Defensa.

La figura del Inca Garcilaso de la Vega trasciende la historia y la literatura peruana: es el símbolo de un mestizaje originario, el primer gran narrador americano y, para muchos, uno de los padres de la identidad hispanoamericana. Su vida, marcada por la fusión de dos culturas, y su obra, puente entre el mundo andino y el europeo, siguen inspirando a generaciones de lectores, historiadores y escritores en ambos hemisferios.

El 23 de abril, fecha de su muerte en 1616, coincide con la de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, lo que ha convertido este día en el Día Internacional del Libro y del Idioma Español, una conmemoración que resalta la universalidad de su legado.

Un nacimiento entre dos mundos

Gómez Suárez de Figueroa, luego conocido como Inca Garcilaso de la Vega, nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, en pleno proceso de transformación del Tahuantinsuyo tras la llegada de los conquistadores españoles. Hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de Isabel Chimpu Ocllo, princesa inca y descendiente directa de Huayna Cápac y Túpac Yupanqui, Garcilaso creció en un ambiente de mestizaje cultural y social marcado por el conflicto y la convivencia.

Su infancia y adolescencia transcurrieron entre la memoria oral de su linaje materno y la formación intelectual europea de su padre. Las reuniones familiares, donde parientes incas rememoraban la gloria del imperio perdido, dejaron en él una huella profunda, como lo cuenta en sus textos: “Diré de los incas... lo que a mi madre y a sus tíos y parientes ancianos y a toda la demás gente de la patria les oí, y lo que yo de aquella antigüedad alcancé a ver”.

El viaje a España y el desafío de la identidad

A los 20 años, tras la muerte de su padre y cumpliendo su testamento, Garcilaso viajó a España en 1560. No volvería jamás al Perú. En la península, enfrentó el dolor de la separación, el racismo institucional y la lucha por el reconocimiento de su doble herencia. Tras varios años de búsqueda de mercedes reales y de frustraciones ante el Consejo de Indias, decidió asumir con orgullo su identidad mestiza, adoptando el apellido paterno y el apelativo “Inca” en sus obras y correspondencia.

En España, se formó en el humanismo renacentista, participó en campañas militares y, tras dejar las armas, se dedicó a la vida intelectual y religiosa. Su residencia en Córdoba lo puso en contacto con círculos literarios de la época y con personajes ilustres como Luis de Góngora y, posiblemente, Miguel de Cervantes, quien podría haber leído parte de su obra.

Un humanista entre dos herencias

Garcilaso fue el primer gran humanista nacido en tierra americana, como afirma José Durand, y su formación estuvo impregnada por el estudio de las letras clásicas, la traducción y la reflexión sobre el papel de la lengua en la cultura. Su primer libro, La traducción de los Diálogos de Amor de León Hebreo (1590), es considerado por Aurelio Miró Quesada como “la primera obra literaria de valor superlativo hecha por un americano en el continente europeo”.

Su sentido del rigor histórico, la crítica a cronistas como López de Gómara y El Palentino, y su permanente diálogo con fuentes orales y escritas, lo convierten en un precursor de la investigación y la escritura de la historia desde una perspectiva bilingüe y bicultural.

Los Comentarios Reales y la historia mestiza

La obra cumbre de Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas (1609), reconstruye el imperio incaico, sus leyes, mitos, costumbres y hazañas, alternando la narrativa histórica con la crónica personal. En palabras de Aurelio Miró Quesada Sosa, es “obra de reconstrucción del imperio de los incas y evidente homenaje a su sangre indígena materna”. La segunda parte, publicada póstumamente en 1617 como Historia general del Perú, relata las guerras civiles entre españoles y la resistencia indígena, reivindicando la memoria de quienes lucharon y sufrieron durante la conquista.

Otra de sus grandes obras, La Florida del Inca (1605), narra la expedición de Hernando de Soto en lo que hoy es el sureste de Estados Unidos, basada en testimonios directos de soldados como Gonzalo Silvestre. En todas ellas, Garcilaso alterna el rigor histórico con la recreación literaria, y su voz se convierte en la de un testigo privilegiado de dos mundos.

Influencia, traducciones y censura

La trascendencia de Garcilaso de la Vega fue temprana y duradera. Sus obras fueron traducidas al francés, inglés, alemán y flamenco desde el siglo XVII. Ejerció influencia en el proceso de emancipación americano: los Comentarios Reales fueron prohibidos por la administración española tras la rebelión de Túpac Amaru, por considerarse incitadores al sentimiento nacional.

Luis E. Valcárcel sostiene que “sin Garcilaso no tendríamos una base literaria e histórica para hablar de la patria peruana desde tiempos lejanos”. Ricardo González Vigil lo define como “la personificación más alta y acabada de la índole literaria del Perú”, pues en él confluyen, de manera insuperada, la tradición indígena y la cultura occidental.

Curiosidades y reconocimiento universal

• Nombre y legitimidad: Nació Gómez Suárez de Figueroa, hijo ilegítimo por las leyes coloniales. Luchó por el derecho a usar el apellido de su padre y luego agregó el título “Inca”, orgulloso de su doble linaje.
• Nunca volvió al Perú: Aunque solicitó regresar, nunca lo hizo, y falleció en Córdoba, España, el 23 de abril de 1616. Sus restos descansan en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Epitafio propio: Redactó su propio epitafio, que destaca su origen, su obra y su religiosidad: “Varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre, perito en letras, valiente en armas...”.
• Vínculo universal: Comparte fecha de fallecimiento simbólica con Cervantes y Shakespeare, lo que ha inspirado la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Idioma Español.
• Cenizas en el Cusco: En 1978, el rey Juan Carlos de España depositó una arqueta con parte de sus cenizas en la Catedral del Cusco, como símbolo de la unión entre las dos culturas.

Lecturas formativas y visión de mundo

La principal fuente de Garcilaso fue su memoria: “el recuerdo indeleble de lo que vio y oyó en sus años del Cusco”, además de la información de familiares y la lectura crítica de cronistas españoles como Cieza de León, Blas Valera y Agustín de Zárate. Su obra es el inicio del pensamiento criollo y de la literatura latinoamericana, y fue fundamental para el surgimiento de una conciencia nacional peruana.

Como apunta Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, “Garcilaso encarna el valor del conocimiento y la cultura, así como la importancia de la investigación, entendida como el camino que nos conduce a generar nuevo conocimiento”.

Un clásico, un símbolo, un legado

El Inca Garcilaso de la Vega es considerado un clásico porque ha sido leído, admirado y debatido a lo largo de los siglos, influyendo en la visión histórica y literaria del Perú y América Latina. Su vida es el testimonio de las crisis de identidad, la búsqueda de reconocimiento y la reconciliación de dos mundos. Su obra ha sido fuente y modelo para escritores de los siglos XIX y XX y es precursora del indigenismo literario.

En el prólogo de su Historia general del Perú, Garcilaso se dirige “a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú”, saludando con fraternidad a sus hermanos y compatriotas.

El 23 de abril, Día del Libro y del Idioma Español, es también la fecha para recordar al Inca Garcilaso de la Vega: el mestizo universal, la voz que fundó la palabra mestiza en América y que, con genio y sensibilidad, supo unir pasado y futuro en una obra que sigue viva, iluminando el camino de la identidad y el conocimiento.

Según precisó Díaz, la decisión del mandatario, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no fue formalizada mediante un documento oficial. Indicó que su anuncio de detener la compra solo fue comunicado en declaraciones a medios de comunicación. En ese contexto, sostuvo que, al no existir una orden escrita que modificara o anulara lo ya acordado y oficializado mediante decreto supremo, se procedió con la firma del contrato el lunes 20 de abril.

El exministro añadió que esta situación era conocida en el Ejecutivo y que, por ello, las declaraciones del presidente negando la firma del contrato lo sorprendieron.

Por su parte, el excanciller Hugo de Zela fue más duro que su colega y calificó al presidente de “mentiroso” por sostener que la compra se encontraba suspendida.

“Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, declaró en entrevista con RPP.

¿Cuándo se oficializó la compra?

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, explicó que la compra de los aviones F-16 siguió un procedimiento estatal previamente aprobado en instancias de seguridad nacional, lo que hacía que la firma del contrato fuera, en la práctica, la etapa final de un proceso ya definido.

Según su versión, la adquisición fue discutida y validada en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, un órgano colegiado integrado por altos funcionarios del Ejecutivo y responsables del sistema de defensa. En ese espacio, dijo, se adoptaron acuerdos que orientaban la compra como parte de una decisión estratégica del Estado.

Díaz sostuvo que estos acuerdos fueron posteriormente formalizados mediante decretos supremos, lo que les da carácter obligatorio dentro del aparato estatal. Bajo ese esquema, la firma del contrato no implicaba decidir nuevamente si se compraba o no el equipamiento, sino ejecutar una decisión ya aprobada en niveles superiores.

En esa línea, remarcó que el proceso estaba regulado por normas específicas de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y por un marco de “régimen especial” que ordena cómo se concretan este tipo de adquisiciones. Por ello, insistió en que los funcionarios actuaron dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

Por qué la decisión no podía ser desautorizada unilateralmente

El exministro también explicó que el carácter vinculante de los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional limita la posibilidad de que una autoridad política posterior los desconozca de forma unilateral.

Durante su intervención, subrayó que, una vez adoptada la decisión en ese nivel y formalizada mediante decreto supremo, su cumplimiento se vuelve obligatorio para las entidades involucradas en la ejecución. En ese sentido, afirmó que no correspondía detener el proceso solo por una posición política expresada después.

Consultado sobre la postura del Ejecutivo, sostuvo que el presidente no podía simplemente desconocer lo ya acordado, porque el procedimiento había pasado por instancias colegiadas y había sido convertido en norma oficial del Estado.

El exministro fue enfático en que la fase final del proceso —la firma del contrato— pertenecía al ámbito administrativo y operativo, no a una nueva deliberación política. Por ello, consideró que paralizarlo en ese punto habría implicado contradecir decisiones previamente adoptadas y formalizadas.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la decisión del presidente José María Balcázar de postergar el proceso de compra de aviones F-16 ha generado una crisis política que traería “consecuencias muy graves” al Perú.

Según explicó, se trata de un problema que ya había sido advertido con anterioridad por distintos actores políticos, quienes alertaron que una decisión de este tipo podía afectar gravemente al país. En su análisis, el Congreso considera que los compromisos internacionales del Estado no pueden modificarse de manera unilateral.

Rospigliosi señaló que la defensa nacional no puede estar sujeta a decisiones cambiantes, ya que responde a políticas de largo plazo adoptadas por distintos gobiernos. En esa línea, advirtió que el incumplimiento de acuerdos previamente asumidos podría generar daños importantes para el país y derivar en una crisis política de gran magnitud.

Congreso en semana de representación

Consultado sobre las consecuencias políticas, el titular del Parlamento explicó que algunos congresistas ya han manifestado posiciones frente a la crisis, aunque en este momento el Legislativo se encuentra en semana de representación, lo que limita cualquier decisión inmediata.

Indicó que será en los próximos días, cuando se retomen las actividades parlamentarias, que la Junta de Portavoces y el Pleno evalúen eventuales acciones. Entre ellas, no descartó que puedan discutirse una posible censura.

Sin embargo, evitó adelantar escenarios concretos y señaló que todo dependerá de cómo evolucione el conflicto entre el Ejecutivo y las instituciones vinculadas a la compra de los aviones.

Crisis por la compra de F-16 y tensiones dentro del Ejecutivo

El conflicto político se originó luego de que el presidente José María Balcázar anunciara la suspensión del proceso de firma del contrato de los aviones F-16, pese a que el acuerdo ya se encontraba en una etapa avanzada.

Según versiones de los exministros renunciantes, Carlos Díaz y Hugo de Zela, el contrato debía firmarse el viernes 17 de abril, pero el mandatario comunicó públicamente que la decisión se postergaría para el próximo gobierno. Posteriormente, el Ejecutivo habría bloqueado el desembolso de fondos necesarios para la primera parte de la operación.

El exministro de Defensa sostuvo que el contrato ya había sido firmado el lunes 20 de abril y que esta decisión fue comunicada al propio presidente junto al presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, Balcázar insistió en que la compra no se ejecutaría durante su gestión.

Advertencias de crisis y tensiones institucionales

En medio de este escenario, el excanciller advirtió que la decisión del mandatario afecta la credibilidad internacional del país y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de acuerdos ya suscritos. Señaló además que intentó dialogar con el presidente para explicarle el impacto de su decisión, pero no logró ser recibido.

Por otro lado, Carlos Díaz afirmó que el proceso de adquisición ya contaba con aprobación presupuestal y que los trámites administrativos habían sido completados. Por ello, advirtió que no ejecutar los compromisos asumidos podría generar problemas legales y geopolíticos.

En paralelo, el presidente Balcázar ha sostenido públicamente que la compra será evaluada por el próximo gobierno y ha llamado a la población a mantener la calma en medio de la controversia.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, confirmó que ya se viene impulsando una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la decisión del Ejecutivo de frenar el proceso de compra de aviones F-16.

Según explicó, ya ha iniciado conversaciones con distintas bancadas y congresistas para sumar apoyos a la iniciativa. En entrevista con Exitosa, señaló que el documento de la moción ya está elaborado y que viene circulando entre legisladores, a la espera de completar las firmas necesarias.

El parlamentario sostuvo que la iniciativa responde a lo que considera una afectación directa a la seguridad nacional. En ese sentido, remarcó que el debate no debe centrarse en la coyuntura política, sino en la defensa del territorio y la soberanía del país.

Argumentos de la moción y alcance político de la crisis

López insistió en que su motivación para la censura, en medio de la actual coyuntura electoral, es que se la postura de Balcázar efecta decisiones estratégicas del Estado. Desde su perspectiva, la planificación de la defensa nacional no puede quedar sujeta a cambios de criterio del gobierno de turno.

En sus declaraciones, evitó centrarse en la figura del presidente Balcázar y reiteró que el problema de fondo es la seguridad del país. También sostuvo que las decisiones en materia de defensa responden a procesos técnicos y de planificación de largo plazo, que no deberían alterarse de manera improvisada.

El congresista añadió que la situación actual evidencia una crisis institucional que, aunque compleja, ha sido provocada por decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, admitió que este escenario también involucra responsabilidades del propio Congreso, en referencia a los cambios políticos recientes en la conducción del país.

Rospigliosi advierte crisis política en el Congreso

En paralelo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la decisión del Ejecutivo ha generado una crisis política que ya había sido anticipada por distintos actores.

Señaló que el Parlamento ya había aprobado los recursos necesarios para la compra de los aviones F-16 y que todos los procedimientos administrativos estaban concluidos. Por ello, consideró que la negativa del Ejecutivo a continuar con el proceso ha generado un problema político, legal y geopolítico de gran alcance.

Rospigliosi también indicó que el Congreso se encuentra actualmente en semana de representación, por lo que cualquier decisión formal sobre medidas políticas se evaluará en los próximos días, cuando se retomen las sesiones ordinarias.

Crisis por los F-16 y tensiones en el Ejecutivo

El conflicto se originó tras la decisión del presidente José María Balcázar de frenar el desembolso destinado a la compra de aviones F-16, pese a que el proceso ya había avanzado a etapas finales.

De acuerdo con versiones del propio Ejecutivo, el contrato había sido firmado el 20 de abril, pero el mandatario decidió no autorizar el pago correspondiente. Esta decisión generó renuncias en el gabinete y fuertes críticas desde el Congreso.

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, sostuvo que los trámites administrativos y presupuestales ya estaban completos, por lo que solo restaba ejecutar el desembolso. En esa línea, advirtió que la decisión presidencial afectaba la credibilidad del país y generaba incertidumbre en el cumplimiento de compromisos internacionales.

Mientras tanto, el presidente Balcázar ha reiterado públicamente que la compra deberá ser evaluada por el próximo gobierno y ha llamado a la población a mantener la calma en medio de la crisis política.

Una nueva crisis golpea al débil gobierno de José María Balcázar. La negativa del mandatario a continuar con la compra de aviones F-16 a Estados Unidos generó renuncias en el gabinete. Carlos Díaz, entonces titular del Ministerio de Defensa, y Hugo de Zela, excanciller, confirmaron su dimisión como ministros de Estado.

En entrevista con RPP, los exministros explicaron las razones de su decisión y advirtieron sobre la delicada situación en la que queda el Perú tras la decisión unilateral de Balcázar de no continuar con el acuerdo.

Según relataron, el viernes 17 debía firmarse el contrato, pero se enteraron por televisión nacional de que esto no ocurriría. De inmediato, De Zela, Díaz y el premier, Luis Arroyo, solicitaron una reunión con el mandatario para explicarle por qué esta decisión perjudicaría al país.

Balcázar se negó a escucharlos y, en los días siguientes, ratificó su postura de que la compra de los aviones se concretaría recién en el próximo gobierno.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, el ministro de Defensa autorizó que la Fuerza Aérea firme el contrato con la empresa norteamericana y, según De Zela, esto fue informado al presidente.

En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores fue sumamente crítico y calificó de mentiroso al mandatario por sus declaraciones, en las que niega la firma de este contrato.

“Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, aseveró Hugo de Zela.

Asimismo, el exministro señaló que pidió que se aborde el tema de la cancelación de la compra en la sesión de Consejo de Ministros, que se llevó a cabo este miércoles, pero nuevamente, Balcázar prohibió que se mencione el tema.

El resto, ya es historia conocida, ambos ministros presentaron su renuncia este miércoles. En el caso de Carlos Díaz, Balcázar dio por terminada su designación. Por otro lado, en el caso de Hugo de Zela, no hay una respuesta del mandatario.

¿Por qué se firmó el contrato, pese a decisión de Balcázar?

El lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó a los oficiales de la Fuerza Aérea que se firme el contrato. El funcionario renunciante señaló que esta decisión de adoptó en el marco de la leglidad, dado que hasta el 20 de abril, no recibió ningún documento oficial de parte de Balcázar que diga lo contrario.

En palabras simples, José María Balcázar no conversó con sus ministros, ni dio una orden firmada para que se paralice el proceso de compra, lo único que hizo fue declarar a diversos medios de comunicación su decisión de no firmar el contrato.

Díaz explicó que la autorización de la compra y firma se dio por acuerdo del Consejo de Defensa, un órgano colegiado, y que por norma, la firma era un mero trámite administrativo.

Además, reiteró que debían cumplir con los plazos para no perder el acuerdo. Según explicó Hugo de Zela, Perú fue “beneficiado” por la empresa americana para adquirir los aviones.

José María Balcázar continúa bloqueando la compra

Los ministros renunciantes hicieron otra grave revelación, este miércoles 22 de abril, se vencía el plazo para que el Perú desembolse el primer pago por los aviones F-16. Sin embargo, el presidente Balcázar no dio la autorización al Ministerio de Economía y Finanazas para hacer el pago.

“Hoy estamos en un día decisivo porque según los contratos que se han firmado el día de hoy como máximo debe hacerse el primer pago de los contratos. En total son 3.500 millones, primero 2.000 y luego 1.500 millones. Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y, por lo menos hasta el momento donde yo dejé el Consejo de Ministros hace hora y media, el ministro de Economía y Finanzas no había autorizado el pago por disposición del presidente, según él me expresó”, señaló Hugo de Zela.

El 17 de abril de 2026, tres días antes de presentar su renuncia a la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas aprobó el plan que debía guiar la organización de la segunda vuelta presidencial. La decisión se formalizó mediante una resolución jefatural emitida pocos días después de la primera jornada electoral.

La medida se adoptó tras confirmarse que ningún candidato superó el 50 % de los votos válidos, lo que, según la ley, obliga a convocar una segunda elección. Esta votación fue fijada para el 7 de junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se conoce quiénes serán los contendores, ya que el conteo de votos aún no concluye.

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en el que pidió a la ONPE entregar las actas restantes; de lo contrario, advirtió que se afectaría el cronograma electoral.

El plan aprobado por Corvetto se oficializa en medio de una fuerte presión por las demoras registradas el 12 de abril y por las voces de algunos sectores políticos que plantean la nulidad de las elecciones en Lima o la convocatoria de comicios complementarios.

Diversos expertos han advertido que estas propuestas contradicen lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. La crisis iniciada el 12 de abril no hace más que agravarse.

A más de una semana de los comicios, el panorama sigue siendo incierto. No hay candidatos confirmados para la segunda vuelta y crecen los rumores sobre una eventual nulidad. Por ahora, el único elemento concreto es el plan aprobado por Corvetto, que deberá ejecutar su sucesor.

Un plan para organizar la segunda vuelta

El documento define cómo se organizará la segunda vuelta en todo el país, desde la preparación del material electoral hasta la capacitación del personal.

El proceso involucra a más de 27 millones de electores y cerca de 93 mil mesas de votación, tanto en Perú como en el extranjero. Se mantendrán los mismos locales utilizados en la primera vuelta.

Uno de los objetivos es asegurar una elección ordenada, transparente y accesible. Para ello, se incluyen medidas orientadas a facilitar el voto de personas con discapacidad, comunidades originarias y ciudadanos en zonas alejadas.

También se contemplan campañas informativas para orientar a los votantes. La meta es alcanzar a más del 60 % del electorado con mensajes claros sobre el proceso.

Además, se prevé la capacitación de millones de personas, entre miembros de mesa y electores, con el fin de reducir errores durante la votación y el conteo.

La renuncia de Corvetto en medio de la crisis

Pese a la aprobación del plan, la situación en la ONPE se complicó tras los problemas registrados en la primera vuelta del 12 de abril. Los retrasos en el traslado de material electoral y los cuestionamientos a la organización marcaron el proceso.

En ese contexto, Piero Alessandro Corvetto Salinas presentó su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia. En su carta, sostuvo que su salida busca generar mayor confianza de cara a la segunda vuelta.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”, escribió. También reconoció que los problemas ocurridos durante la jornada influyeron en su decisión.

El exjefe de la ONPE señaló que las fallas registradas, tanto en Lima como en oficinas descentralizadas, configuran una situación que le impedía continuar en el cargo. A pesar de ello, afirmó haber actuado conforme a la ley durante su gestión.

Corvetto indicó, además, que las dudas sobre el proceso deberán ser investigadas. En esa línea, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Según precisó en una entrevista con El Comercio, la noche del 21 de abril, alrededor de las 11:00 p. m., se presentó el requerimiento ante el juez de turno para que evalúe esta medida contra el exjefe del organismo electoral y los demás implicados.

El titular del Ministerio Público aclaró que la decisión final no depende de la Fiscalía, sino del Poder Judicial. En ese sentido, indicó que será el juez quien analice el pedido y emita una resolución en el más breve plazo posible, conforme a ley.

Además, el fiscal se refirió a las versiones difundidas en algunos medios sobre un presunto intento de salida del país. Al respecto, señaló que Corvetto ya entregó a la Fiscalía tanto su pasaporte peruano como su pasaporte italiano, lo que descarta un riesgo inmediato de fuga por esa vía.

Las declaraciones del fiscal de la Nación se dan en medio de la crisis electoral generada por las demoras registradas durante la jornada de votación, la pérdida de material electoral y otros cuestionamientos al manejo de la ONPE. Estos hechos no solo alimentaron dudas sobre la transparencia del proceso, sino que también derivaron en la salida de Corvetto de la jefatura de la entidad, pese a que se trata de un cargo formalmente irrenunciable.

Accidentada declaración en Fiscalía

Horas después que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptara la renuncia de Piero Corvetto, el exfuncionario se apersonó a la sede la Fiscalía Anticorrupción en el Centro de Lima para entregar su pasaporte.

Corvetto llegó en medio de un fuerte resguardo policial y pese a que varios periodistas se encontraban esperando sus declaraciones, ingresó y se retiró sin contestar.

A la sede fiscal también llegó el gerente general de la empresa Galaga, Juan Alvarado. Como se recuerda, esta empresa fue sindicada por la ONPE como la responsable de las fallas logísticas del día de la elección.

Renuncia de Piero Corvetto

El pedido contra, Piero Corvetto Salinas ocurrió el mismo día en que el funcionario presentó su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia. En su carta, el exjefe de la ONPE, sostuvo que su salida busca generar mayor confianza de cara a la segunda vuelta.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”, escribió. También reconoció que los problemas ocurridos durante la jornada electoral influyeron en su decisión.

El exjefe de la ONPE señaló que las fallas registradas, tanto en Lima como en oficinas descentralizadas, configuran una situación que le impedía continuar en el cargo. A pesar de ello, afirmó haber actuado conforme a la ley durante su gestión.

Corvetto indicó además que las dudas sobre el proceso deberán ser investigadas. En esa línea, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Su salida se produce cuando el plan para la segunda vuelta ya estaba aprobado y en marcha. Por ello, la ejecución de este documento quedará en manos de la nueva gestión, en un contexto marcado por la presión política y la exigencia de garantizar elecciones transparentes.

El programa Ocurre Ahora recogió su versión. Julio señaló que fue contactado apenas dos días antes de la jornada electoral a través de un intermediario que difundió convocatorias en redes sociales. Su labor se desarrolló durante la madrugada del 13 de abril. Inicialmente, debía cubrir rutas en San Juan de Lurigancho, pero fue redirigido a San Borja por falta de requerimientos en el primer distrito.

El conductor indicó que trasladó alrededor de veinte ánforas acompañado únicamente por una trabajadora de la ONPE. Aseguró que no contó con custodia policial durante el trayecto. “Pregunté si podía llevar con alguien más, pero me dijeron que no había personal destinado para acompañar”, declaró. También afirmó que, tras entregar el material, no recibió pago por el servicio.

El caso cobra relevancia porque, en ese mismo tramo, se reportó la pérdida de cinco actas electorales y sus respectivas copias, según una denuncia policial.

Actas perdidas y dudas sobre la cadena de custodia

La desaparición de actas ha generado cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral. En particular, se investiga lo ocurrido con una mesa en la que el acta para senadores fue observada por inconsistencias en el número de votos: se consignaron 244 votos cuando solo votaron 224 personas.

El propio taxista descartó haber retenido material electoral en su vehículo. “No, no se quedó nada en mi carro”, sostuvo. Sin embargo, su testimonio revela desorganización en el traslado. “Faltó organización prácticamente, porque nadie sabía lo de nadie”, añadió.

Este escenario ha intensificado las dudas sobre el manejo del material durante el repliegue. Además, se han reportado hallazgos de documentos electorales en distintos puntos de Lima, lo que refuerza las preocupaciones sobre posibles fallas sistemáticas.

Desde la ONPE, la asesora de la jefatura nacional, Katiuska Valencia, reconoció que se han registrado casos de pérdida de actas. Precisó que al menos dos mesas fueron reportadas como extraviadas en distritos como San Juan de Lurigancho y San Borja. También indicó que estos casos están contemplados en el reglamento y son evaluados por los Jurados Electorales Especiales.

JNE responsabiliza a la ONPE por retrasos en el conteo

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responsabilizó a la ONPE por los retrasos en la entrega de actas observadas. En un comunicado, el organismo señaló que los Jurados Electorales Especiales no han recibido la totalidad de estos documentos, pese a reiterados pedidos.

De acuerdo con el pronunciamiento, las actas permanecen bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, lo que ha impedido su traslado oportuno. Esta situación afecta el avance del cómputo de votos y pone en riesgo el cumplimiento del cronograma electoral.

Actualmente, los jurados vienen resolviendo más de 33 mil actas remitidas, pero aún falta la entrega de aproximadamente 30 mil adicionales. El JNE advirtió que tampoco cuenta con los ejemplares necesarios para realizar el cotejo en caso de apelaciones, una función clave como última instancia electoral.

Ante este escenario, el organismo solicitó a la ONPE la remisión inmediata de toda la documentación pendiente, bajo responsabilidad, para garantizar la continuidad del proceso y la transparencia en la proclamación de resultados.

Renuncia de Corvetto en medio de cuestionamientos

La crisis por las fallas en el proceso electoral derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. Su salida se produjo tras varios días de cuestionamientos por los problemas registrados durante la jornada del 12 de abril, incluyendo retrasos, pérdida de material y deficiencias logísticas.

En su carta de renuncia, Corvetto señaló que las dificultades en el despliegue del material electoral en distintos puntos de Lima motivaron su decisión. Indicó que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial.

El exfuncionario también reconoció que las deficiencias detectadas configuran un escenario que le impide continuar en el cargo. Además, sostuvo que los hechos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.

La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia y confirmó que las indagaciones continuarán. El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre las autoridades electorales y cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del proceso.

Corvetto salió en silencio hacia su vehículo con dirección desconocida. Algunos medios señalaron que podría ir a su vivienda. Lo que llamó la atención es que aún estaba en el vehículo oficial de la ONPE, pese a haber renunciado al cargo.

Juan Alvarado, gerente de Galaga se retiró unos minutos antes. Su salida fue más accidentada que la de Corvetto, incluso algunos periodistas se cayeron cuando intentaron recoger sus declaraciones.

La accidentada llegada de Corvetto

Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en medio de la controversia generada por su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Su ingreso se produjo hace algunos instantes, bajo resguardo de seguridad y sin brindar declaraciones a los periodistas que lo aguardaban en el lugar.

El exjefe del organismo electoral arribó al local ubicado en el jirón Miro Quesada, en el Cercado de Lima, a cumplir con un trámite que él mismo había anunciado previamente: la entrega de su pasaporte y otros documentos personales. Sin embargo, el contexto en el que se produce esta diligencia es distinto al que existía cuando hizo pública su decisión, ya que su salida del cargo ya fue formalizada y aceptada por la Junta Nacional de Justicia.

Según reportes de los medios que estaban en el lugar, Corvetto ingresó rápidamente al recinto fiscal, mientras personal de seguridad y reporteros protagonizaban empujones en el intento por acercarse. Durante algunos segundos, se le vio identificarse en la puerta de acceso, antes de continuar hacia el interior sin hacer comentarios.

La diligencia se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos a su gestión, especialmente tras los hechos ocurridos el 12 de abril, durante la jornada electoral. Frente a los rumores sobre una posible salida del país y la versión de una supuesta orden de detención, Corvetto anunció la entrega de su pasaporte. De acuerdo con diversos especialistas, esta medida puede interpretarse como un acto de buena fe que podría favorecer su situación en el marco de las investigaciones.

Cabe precisar que, además de Corvetto, también acudió Juan Alvarado, gerente de la empresa Galaga, señalada por la ONPE como presunta responsable de las fallas logísticas registradas durante ese mismo día.

Renuncia de Piero Corvetto

La crisis generada tras las Elecciones Generales 2026 derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, una decisión que presentó horas antes de acudir a la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Su dimisión se produjo luego de varios días de cuestionamientos por las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

En el documento de renuncia, Corvetto argumentó que los problemas técnicos y operativos en el despliegue del material electoral en algunos sectores de Lima Metropolitana motivaron su decisión. Señaló que, ante el avance del procesamiento de actas de la elección presidencial por parte de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), consideraba “necesario e impostergable” dejar el cargo con el objetivo de facilitar la organización de la segunda vuelta.

El exfuncionario sostuvo que ejerció sus funciones con integridad y que impulsó reformas durante su gestión. Sin embargo, reconoció que las deficiencias detectadas el día de la votación constituyen un escenario que le impide continuar al frente de la institución. En esa línea, admitió que, si bien algunos aspectos podrían explicarse dentro de la dinámica interna de la ONPE, existen interrogantes que deberán ser esclarecidas mediante una investigación imparcial y exhaustiva, especialmente en lo referido a la cadena logística del proceso electoral.

La renuncia fue aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia, que dispuso su comunicación a las entidades del sistema electoral y confirmó la continuidad de las investigaciones sobre lo ocurrido en los comicios.

En el documento se pide precisar el número total de trabajadores comprendidos, indicando cuántos son de nacionalidad extranjera, así como la identificación completa de cada uno. Esto incluye nombres, tipo y número de documento de identidad, modalidad de contratación y el área en la que desempeñan sus funciones dentro de la entidad electoral.

La JNJ también estableció un plazo máximo de cinco días para la remisión de esta información, con el argumento de que se trata de datos relevantes para el adecuado ejercicio de sus funciones. El pedido se produce en un momento de crisis para el ente electoral, días antes de la renuncia de Piero Corvetto, por los cuestionamientos surgidos por las fallas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Un pedido sin sustento claro en medio de sospechas

Pese al nivel de detalle solicitado, el oficio no precisa cuál es el motivo concreto detrás del requerimiento ni qué tipo de irregularidad se busca esclarecer con esta información. La solicitud se limita a señalar que los datos son necesarios para el ejercicio de las funciones de la JNJ, sin explicar su relación directa con los hechos cuestionados en el proceso electoral.

Este vacío deja espacio para interpretaciones, especialmente en un contexto donde han circulado versiones sobre un supuesto fraude electoral. Sin embargo, el propio documento no establece ningún vínculo entre el personal extranjero y las irregularidades denunciadas durante las elecciones.

En ese escenario, el pedido podría alimentar sospechas sin ofrecer elementos concretos que las respalden. Más aún cuando no se ha presentado evidencia pública que relacione la participación de trabajadores extranjeros con los problemas registrados en la distribución del material electoral u otros incidentes reportados.

La renuncia de Corvetto en medio de la crisis electoral

El requerimiento de la JNJ se produce poco antes de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, en medio de una ola de cuestionamientos por la conducción del proceso electoral. Su salida fue aceptada pese a que la normativa establece que el cargo es irrenunciable durante una elección.

La decisión se dio tras varios días de críticas por las fallas en la distribución del material electoral y otros problemas registrados durante la jornada del 12 de abril, principalmente en Lima. Estas situaciones generaron denuncias y pedidos de investigación sobre posibles responsabilidades en la gestión del proceso.

En su carta de renuncia, Corvetto sostuvo que su salida busca contribuir a reforzar la confianza en la segunda vuelta electoral. Asimismo, reconoció que los problemas técnicos y operativos detectados constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo.

Su dimisión marca un punto de quiebre en la crisis electoral, pero no resuelve los cuestionamientos que siguen en evaluación por parte de las autoridades competentes.

El futuro del proceso electoral tras la salida del jefe de la ONPE

Tras la renuncia de Corvetto, la JNJ deberá designar a un nuevo jefe de la ONPE, en un contexto marcado por la presión política y la expectativa ciudadana. El proceso electoral continúa en marcha, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido durante la primera vuelta.

Aunque se han planteado alternativas como la nulidad de las elecciones o la convocatoria a comicios complementarios, la legislación vigente establece límites claros frente a estas opciones. La normativa no contempla la repetición de elecciones generales bajo esas figuras, lo que reduce el margen de acción en medio de la crisis.

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó un nuevo procedimiento para agilizar el trámite de licencias, permisos y vacaciones de los docentes en todo el país. La medida, oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, busca simplificar los procesos administrativos y garantizar que los profesores accedan a sus derechos sin demoras ni trámites innecesarios.

La norma técnica está dirigida a más de 430.000 docentes de educación básica y técnico-productiva. Según el sector, el objetivo es ordenar los procedimientos y asegurar la continuidad del servicio educativo en las escuelas.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que el enfoque de la medida apunta a facilitar los trámites y mejorar las condiciones laborales del magisterio. También destacó que se han incorporado disposiciones que priorizan la salud y el bienestar de los docentes.

Nuevas licencias y permisos: énfasis en salud y familia

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de una licencia para realizar exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino. Este beneficio permitirá a los docentes acceder a controles preventivos sin afectar su remuneración.

Además, se incluye un permiso para la atención de familiares directos con Alzheimer u otras enfermedades similares, lo que reconoce la necesidad de apoyo en situaciones de cuidado familiar.

La norma también toma en cuenta la realidad de los docentes que trabajan en zonas rurales o de difícil acceso. En estos casos, cuando el traslado a un centro de salud toma varias horas, el tiempo adicional podrá ser considerado como parte del permiso, hasta tres veces al año. Este tiempo deberá compensarse en un plazo de 30 días.

Otro punto importante es que se mantiene el pago del 100 % de la remuneración en las licencias con goce por incapacidad temporal y maternidad.

¿Cómo tramitar licencias y permisos?

El procedimiento para solicitar una licencia se inicia con la presentación de una solicitud ante el director de la institución educativa o el jefe inmediato. Este trámite puede hacerse de manera presencial o digital, siempre acompañado de los documentos que sustenten el pedido.

Luego, el expediente es remitido a la Dirección Regional de Educación (DRE), Gerencia Regional de Educación (GRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), que evalúa la solicitud. Si cumple con los requisitos, se emite la resolución administrativa correspondiente.

En el caso de los permisos, el proceso es más simple. El docente presenta su solicitud y, si es aprobada, se formaliza mediante una papeleta de permiso o resolución, según corresponda.

La norma también establece plazos claros: el jefe inmediato debe remitir el expediente en un máximo de dos días hábiles, mientras que la DRE o UGEL tiene hasta cinco días hábiles para emitir una respuesta.

Tipos de licencias, permisos y vacaciones docentes

Las licencias pueden ser con goce o sin goce de remuneraciones. Entre las primeras se incluyen casos como incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiares directos, estudios, capacitación y representación oficial. También se considera la licencia para exámenes oncológicos preventivos.

Las licencias sin goce contemplan motivos particulares, capacitación no oficializada, funciones públicas o enfermedad grave de familiares.

En cuanto a los permisos, estos pueden ser por horas y también se dividen en con goce y sin goce. Incluyen situaciones como enfermedad, lactancia, capacitación, citaciones oficiales, onomástico o el Día del Maestro.

Respecto a las vacaciones, los docentes del área de gestión pedagógica tienen derecho a 60 días al año, que se toman entre enero y febrero. En cambio, los docentes del área de gestión institucional cuentan con 30 días, que pueden ser programados entre abril y noviembre.

La norma también regula la reprogramación y el fraccionamiento de vacaciones, siempre que se solicite con anticipación y cuente con la aprobación correspondiente.

Con estas disposiciones, el Minedu busca ordenar los procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y asegurar que los docentes puedan ejercer sus derechos de manera clara y oportuna.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los retrasos en la entrega de actas observadas correspondientes a las Elecciones Generales 2026. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que, pese a reiteradas solicitudes, los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de estos documentos, indispensables para continuar con el cómputo de votos.

Según el pronunciamiento, las actas observadas se encuentran bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), lo que ha impedido su traslado oportuno a las instancias encargadas de resolverlas. Esta situación, advirtió el JNE, viene afectando el desarrollo regular del proceso electoral.

Actualmente, los JEE vienen resolviendo 33.624 actas que ya fueron remitidas. Sin embargo, aún está pendiente la entrega de aproximadamente 30.000 actas adicionales, cuya revisión resulta clave para culminar el conteo de votos.

Falta de actas pone en riesgo el cronograma electoral

El JNE advirtió que la falta de envío de este material no solo retrasa el cómputo, sino que también compromete el cumplimiento del cronograma electoral. Además, señaló que aún no cuenta con los ejemplares de actas que le corresponden para realizar el cotejo ante eventuales apelaciones.

Este procedimiento es necesario para garantizar la revisión de resultados en su calidad de última instancia en materia electoral. Sin estos documentos, el organismo no puede cumplir plenamente con sus funciones.

En ese contexto, el JNE reiteró su pedido a la ONPE para que disponga, “con carácter de urgente y bajo responsabilidad”, la remisión inmediata de todas las actas observadas y de los ejemplares necesarios. El objetivo, precisó, es asegurar la continuidad del proceso y garantizar la transparencia en la proclamación de resultados.

ONPE admite pérdida de actas durante el proceso electoral

En medio de estos cuestionamientos, la ONPE reconoció que se han registrado casos de pérdida de material electoral, incluidos documentos clave como actas de votación. La asesora de la jefatura nacional, Katiuska Valencia, confirmó que este tipo de incidentes puede presentarse en distintos procesos electorales.

“Dos mesas que han sido reportadas, en efecto, extraviadas”, señaló, al referirse a casos detectados en distritos como San Juan de Lurigancho y San Borja. Las denuncias fueron reportadas días después de la jornada electoral, en medio del proceso de repliegue del material.

La funcionaria explicó que la desaparición de actas está contemplada en el reglamento y que existen protocolos para su tratamiento. También indicó que estos casos son evaluados por los Jurados Electorales Especiales, que determinarán las medidas a seguir.

El tema cobró mayor relevancia tras la difusión de hallazgos de material electoral en distintos puntos de Lima, lo que incrementó las dudas sobre la seguridad del proceso.

Renuncia de Piero Corvetto en medio de la crisis electoral

En este contexto, la crisis derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, luego de varios días de cuestionamientos por las fallas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

En su carta, el exfuncionario sostuvo que los problemas en el despliegue del material electoral en algunos sectores de Lima lo llevaron a tomar la decisión. Señaló que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial.

Corvetto también reconoció que las deficiencias detectadas durante el proceso constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo. Además, indicó que existen aspectos que deberán ser esclarecidos mediante investigaciones.

La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia y confirmó que las indagaciones sobre lo ocurrido continuarán. Su salida se produce en medio de denuncias, cuestionamientos y una creciente presión sobre las autoridades electorales.

Como se recuerda, apenas se produjeron las primeras denuncias de demoras en la instalación de mesas por falta de material electoral, la ONPE emitió un comunicado responsabilizando a Galaga por estas fallas. Según la entidad, la empresa incumplió con lo acordado y no realizó la distribución del material.

Al igual que Corvetto, Alvarado se retiró rápidamente y sin declarar a la prensa. Su salida fue caótica, pues algunos periodistas incluso cayeron al intentar obtener sus declaraciones. El empresario permaneció menos tiempo que el exjefe de la ONPE y, al salir, se dirigió directamente a su vehículo.

Cuestionamientos a la empresa Galaga

El día de las elecciones, tras el comunicado de la ONPE, se conoció que la empresa Galaga realizó una convocatoria en redes sociales para alquilar camiones y contratar choferes, lo que sugirió que no contaba con las unidades necesarias para trasladar el material electoral.

Asimismo, la Contraloría recordó que emitió un informe a la ONPE alertando sobre deficiencias detectadas en la empresa. Tras una revisión más detallada, también se conoció que, en el pasado, Galaga había sido sancionada por la propia ONPE por incumplimientos.

En ese contexto, surgió la interrogante de por qué se contrató a una empresa más costosa y con antecedentes de sanción.

En un primer momento, el gerente de la empresa, Juan Alvarado, optó por guardar silencio. Sin embargo, Galaga sí se pronunció mediante un comunicado, en el que desmintió a la ONPE y le exigió que se disculpe públicamente por afectar su imagen.

Juan Alvarado responde

El gerente y fundador de Galaga S.A.C., Juan Charles Alvarado, rompió su silencio y respondió a los cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral durante las elecciones del 12 de abril. En declaraciones al dominical Punto Final, el empresario responsabilizó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las demoras y anunció que ha solicitado una rectificación pública.

Alvarado sostuvo que su empresa cumplió con proporcionar los vehículos y conductores necesarios para el traslado del material. Sin embargo, afirmó que el problema se originó en el área de despacho de la ONPE, donde —según dijo— el material no estaba listo a tiempo. Como ejemplo, indicó que el último camión salió recién el mismo día de la elección, a las 5:51 de la mañana.

El empresario explicó que decidió no pronunciarse en los días previos para no interferir en el proceso electoral. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, señaló.

Asimismo, detalló que la operación logística se vio afectada por los tiempos de despacho y la dinámica interna de los almacenes asignados por la ONPE. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, afirmó. Según explicó, cada unidad requería entre 25 y 35 minutos para completar el proceso antes de salir a ruta, lo que extendía significativamente los tiempos de distribución.

Alvarado también indicó que advirtió a funcionarios de la ONPE sobre unidades que no habían cargado material y que, pese a ello, se les pidió esperar. “Ya va a salir el material”, fue la respuesta que recibió, según relató.

Finalmente, rechazó observaciones de la Contraloría sobre la experiencia de los conductores y aseguró que su empresa cumplió con entregar toda la documentación requerida. Galaga ha remitido información a la ONPE solicitando una rectificación, sin obtener respuesta hasta el momento.

“Creo que ahora quien falta es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (...) El señor Roberto Burneo debe dejar de aferrarse al cargo y aprender un poco de decencia y docencia y dar un paso al costado”, afirmó en entrevista con Exitosa.

La salida de Corvetto y los cuestionamientos a Burneo se producen en un contexto marcado por denuncias y una creciente desconfianza en el sistema electoral. Para el constitucionalista, la salida del jefe de la ONPE no es suficiente para cerrar la crisis y debe ser acompañada por decisiones similares en otras instituciones involucradas en el proceso.

“Burneo es corresponsable”

Según Rospigliosi, la salida de Burneo no responde a un capricho, ni a presión política, sino que está directamente vinculado a los hechos registrados durante las elecciones.

“Él es corresponsable de lo que ha sucedido el día de la elección”, afirmó. Es por eso que insistió en que Burneo debería seguir el mismo camino que Corvetto y apartarse del cargo en el más breve plazo.

Además, el constitucionalista sostuvo que su salida permitiría no entorpecer las investigaciones en curso y contribuiría a esclarecer lo sucedido.

Rospigliosi también hizo referencia a la estructura interna del JNE y a la posibilidad de un reemplazo temporal. Indicó que la jueza suprema Silvia Rueda, quien cumple funciones dentro del organismo, podría asumir responsabilidades mientras se define una salida institucional.

La renuncia de Piero Corvetto

La salida de Piero Corvetto de la ONPE se concretó tras varios días de críticas por las deficiencias registradas durante las Elecciones Generales 2026. La demora en la entrega del material electoral y otras irregularidades detectadas en distintos puntos, principalmente en Lima, terminaron por debilitar su permanencia en el cargo.

La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia, pese a que la normativa establece que el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. En su carta, Corvetto sostuvo que su decisión responde a la necesidad de contribuir a la confianza en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

El exjefe de la ONPE indicó que los problemas técnicos y operativos registrados durante la jornada del 12 de abril constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo. Asimismo, señaló que existen aspectos que deberán ser esclarecidos mediante investigaciones, especialmente en lo referido a la cadena logística del proceso electoral.

Su salida se produce en un contexto marcado por denuncias ante el Ministerio Público y una creciente presión política. Las fallas en la distribución del material electoral y otros incidentes reportados por ciudadanos y medios de comunicación han generado cuestionamientos sobre la conducción del proceso.

El fin. Piero Corvetto ya no es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia, pese a que, por ley, el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. La demora en la entrega del material electoral y otras irregularidades ocurridas durante los comicios, que fueron descubriéndose en los últimos días, hicieron insostenible su permanencia en el cargo.

Ahora, la JNJ deberá nombrar a un nuevo jefe. Mientras ello ocurre, cobran mayor fuerza las voces de algunos sectores y actores políticos, como el candidato Rafael López Aliaga, quien viene solicitando la nulidad de las elecciones o la convocatoria a comicios complementarios. En ese contexto, surge la duda sobre si alguna de estas salidas es viable ante la renuncia de Corvetto.

La respuesta corta es que estas decisiones dependen del Jurado Nacional de Elecciones. La renuncia del jefe de la ONPE no influye en este tipo de determinaciones. Sin embargo, la legislación vigente no contempla ni la nulidad de las elecciones ni la convocatoria a comicios complementarios en este escenario.

La salida de Piero Corvetto, tal como se señala en su carta, tiene como finalidad reforzar la confianza ciudadana en el desarrollo de la segunda vuelta electoral, esta decisión no tiene efectos sobre los resultados de la primera vuelta.

Sobre la nulidad de elecciones

La nulidad de elecciones es una figura excepcional dentro del sistema electoral peruano y solo puede aplicarse bajo causales expresamente previstas en la ley. No se trata de un mecanismo abierto a interpretaciones políticas, sino de una herramienta jurídica que exige pruebas concretas y procedimientos formales para su validación.

En primer lugar, la normativa distingue entre la nulidad de una mesa de sufragio y la nulidad de todo un proceso electoral. En el caso de las mesas, la ley establece que estas pueden ser anuladas si se comprueba que fueron instaladas en un lugar distinto al autorizado, en condiciones contrarias a lo establecido o fuera del horario permitido, siempre que dichas irregularidades no tengan justificación y, sobre todo, hayan afectado el libre ejercicio del voto. Es decir, no basta con una falta administrativa: debe demostrarse que esta tuvo un impacto real en el derecho de los ciudadanos a sufragar.

Otra causal clave es la existencia de actos ilícitos que alteren la voluntad popular. La ley contempla la nulidad cuando se acredita que hubo fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para favorecer a un candidato o lista. Sin embargo, este supuesto requiere un estándar probatorio elevado. No es suficiente una denuncia pública o una sospecha; estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes y, en muchos casos, confirmados mediante resoluciones firmes.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, fue enfático al señalar que “ni siquiera forzando la ley” se puede aplicar la nulidad a estas elecciones.

Sobre las elecciones complementarias

La propuesta de convocar elecciones complementarias en el contexto de las Elecciones Generales 2026 no tiene sustento legal en el Perú. Así lo advirtió el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien señaló que esta figura no puede aplicarse a procesos nacionales como la elección presidencial o congresal.

Según explicó, la Ley Orgánica de Elecciones es clara al respecto: las elecciones complementarias solo están contempladas para comicios municipales y regionales, no para elecciones generales. En ese sentido, pretender su aplicación en este escenario implicaría “crear supuestos que no están en la norma”, lo que resulta jurídicamente inviable.

Además, la Constitución establece que la elección general se desarrolla en una sola jornada nacional, sin posibilidad de fragmentación o repetición parcial fuera de los cauces legales previstos.

Rospigliosi también cuestionó decisiones previas del sistema electoral que habrían contribuido a la confusión, como la extensión de la votación en determinados sectores. A su juicio, estas medidas carecen de base legal y han abierto la puerta a demandas que no tienen respaldo normativo.

El presidente interino del Perú, José María Balcázar, se ubica en el último lugar del ranking de aprobación de mandatarios latinoamericanos correspondiente a abril de 2026, elaborado por CB Global Data. Con apenas 17,9% de imagen positiva, registra el nivel más bajo entre los 18 jefes de Estado evaluados en la región.

El informe no solo lo posiciona en el fondo de la tabla, sino que además lo identifica como el mandatario con la mayor caída mensual, al retroceder -7,3 puntos porcentuales respecto a marzo. Este descenso marca el deterioro más pronunciado del periodo analizado, en una encuesta realizada entre el 13 y el 18 de abril de 2026, sobre una muestra de 2.254 personas en Perú, con un margen de error de +/- 2,1% y un nivel de confianza del 95%.

El resultado coloca a Balcázar en una situación política particularmente frágil, al evidenciar un desgaste acelerado en la percepción ciudadana en un corto periodo de tiempo.

Un ranking con brechas marcadas entre líderes y rezagados

El estudio de CB Global Data muestra una marcada diferencia entre los presidentes mejor valorados y aquellos con menor respaldo ciudadano. En la parte alta del ranking lidera Nayib Bukele, con 72,3% de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum (71,8%) y Rodrigo Chaves (58,7%). Los seis primeros mandatarios superan el umbral del 50%, lo que evidencia niveles sólidos de aprobación en sus respectivos países.

En el extremo opuesto, Balcázar comparte el grupo de peor desempeño con Delcy Rodríguez (26,4%) y José Raúl Mulino (34,2%). En total, seis presidentes se ubican por debajo del 40% de imagen positiva, reflejando un escenario de baja legitimidad en varios gobiernos de la región.

Otros nombres dentro del ranking incluyen a Lula da Silva (46,6%), Javier Milei (42,3%) y Gustavo Petro (39,7%), quienes se sitúan en una zona intermedia. El informe también destaca que el costarricense Chaves fue el único con un crecimiento relevante en el periodo (+2,7 puntos).

Gestión bajo presión

La baja aprobación de José María Balcázar se produce en un contexto político complejo. El mandatario asumió el cargo de forma interina tras la censura de José Jerí, con el encargo de garantizar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno. Sin embargo, desde el inicio de su gestión ha enfrentado cuestionamientos por su desempeño.

Entre los principales factores de desgaste figura la percepción de una respuesta tardía frente a las emergencias generadas por el fenómeno de El Niño, especialmente en el sur del país. A ello se suma la inestabilidad en el Ejecutivo, reflejada en el cambio de dos presidentes del Consejo de Ministros antes de obtener el voto de confianza del Congreso.

También han influido en su imagen los cuestionamientos por presuntos vínculos con el partido Perú Libre, asociado al prófugo Vladimir Cerrón, así como su silencio frente a la crisis generada por la desorganización de los comicios del 12 de abril. Este escenario se agrava con el contexto de inseguridad ciudadana y los recientes atentados reportados en distintas zonas del país.

La última polémica que enfrenta su gobierno está relacionada con la cancelación de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, decisión que provocó la advertencia del embajador norteamericano y abrió un nuevo frente de tensión en el plano internacional.

La crisis electoral en Perú sumó un nuevo capítulo. El candidato presicencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria a elecciones complementarias antes del 3 de mayo. Sin embargo, para el constitucionalista y experto en temas políticos, Alejandro Rospigliosi, esta solicitud carece de cualquier sustento jurídico.

“Están pretendiendo legislar y crear supuestos que no están en la Ley Orgánica de Elecciones”, advirtió el especialista en entrevista con Exitosa.

El letrado indicó que, aunque la indignación de los candidatos es comprensible por la pérdida de confianza en las instituciones, la norma es estricta.

Rospigliosi explicó que la figura de elecciones complementarias no es un comodín que pueda aplicarse a cualquier proceso. Según detalló, esta figura “solamente existe para elecciones municipales y regionales; no existe para elecciones generales, donde se elige a presidente de la República y Congreso”. En ese sentido, cualquier intento de forzar esta vía choca directamente con el marco constitucional vigente, que establece que la elección general se realiza en una sola jornada nacional.

Los “forados” legales del Jurado Nacional de Elecciones

Uno de los puntos más críticos señalados por Rospigliosi es la responsabilidad del propio JNE en la confusión actual. El experto sostiene que la autoridad electoral sentó un mal precedente al permitir una extensión de la votación tras la jornada principal. “La Constitución establece y ordena que el día de la elección general es un solo día. ¿Cuál es la base legal para haber creado un segundo día de elecciones complementarias en Lima? No existe base legal y es un forado a la Ley Orgánica de Elecciones”, sentenció.

Esta irregularidad previa es la que, a juicio del abogado, alimenta pedidos inviables como el de López Aliaga. Si el sistema ya permitió una “extensión” sin sustento, los actores políticos ahora presionan por una segunda. No obstante, Rospigliosi reiteró: “No es viable. No tiene sustento legal y constitucional”. Para que una medida así se concrete, el Ejecutivo tendría que emitir un decreto supremo convocando por tercera vez a una elección, algo que calificó como “totalmente irregular”.

El factor Corvetto y la crisis de custodia

Más allá de la inviabilidad de las complementarias, el foco de la crisis se centra en la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE. Rospigliosi enfatizó que las irregularidades detectadas son “gravísimas”, mencionando desde observaciones de la Contraloría no levantadas hasta una presunta colusión penal en la contratación de transportes. El daño, según el experto, ya es irreparable en términos de confianza ciudadana y procesos técnicos.

“El reconteo de votos no se va a poder realizar en aquellas mesas en las cuales se encontraron votos en el basurero fuera del local de votación, porque ya está rota la cadena de custodia y están contaminados”, denunció. Para el analista, esta situación demuestra una “intención premeditada” o una negligencia de tal magnitud que pone en riesgo el balotaje de mayo. Bajo esta premisa, el pedido de nuevas votaciones se vuelve aún más caótico, dado que la autoridad encargada de procesarlas está bajo sospecha judicial y administrativa.

El especialista explicó que se trata de gas natural, un tipo de gas que se dispersa rápidamente en el aire. Sin embargo, aclaró que, debido a la presión con la que sale de la tubería dañada, la situación sigue siendo delicada y requiere medidas de prevención.

El mayor peligro es el fuego o las chispas

Sobre la cercanía de grifos en la zona, el brigadier indicó que estos cuentan con sistemas de seguridad adecuados, por lo que no representan un riesgo directo. No obstante, advirtió que el verdadero peligro aparece si hay fuego o chispas cerca del gas.

En ese sentido, pidió evitar encender fósforos, cigarrillos o cualquier objeto que pueda generar una llama. También recomendó no usar equipos que puedan producir chispas mientras se permanezca cerca del área afectada.

El control de la fuga tomó tiempo

El brigadier señaló que la empresa Cálidda es la encargada de controlar la fuga. Para hacerlo, debe cerrar válvulas ubicadas antes del punto donde se produjo el daño en la tubería. Este proceso no es inmediato.

Explicó que, incluso después de cerrar las válvulas, el gas que queda dentro de la tubería seguirá saliendo por un tiempo. Por eso, los bomberos permanecen en la zona para actuar ante cualquier situación que pueda presentarse.

Tras dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia.

Evitar acercarse y no interferir con la emergencia

Entre las principales recomendaciones, el brigadier insistió en que las personas no deben acercarse al lugar. También pidió respetar las indicaciones de los bomberos y de la Policía Nacional, quienes han establecido un perímetro de seguridad.

Además, advirtió sobre el problema de quienes intentan grabar o tomar fotos para redes sociales. “Esto complica el trabajo de los equipos de emergencia”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la calma, retirarse del área y dejar que los especialistas realicen su trabajo. La prioridad, indicó, es evitar cualquier incidente mientras se logra controlar por completo la fuga de gas.

Cálidda responde ante emergencia

La empresa Cálidda emitió un comunicado oficial tras la fuga de gas natural registrada este lunes en el distrito de Surquillo, en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá. Según informó la concesionaria, el incidente se originó cuando una tubería de su red resultó dañada por una empresa tercera que realizaba trabajos de construcción en la zona.

De acuerdo con la compañía, el hecho ocurrió durante la mañana, en medio de labores de excavación que terminaron afectando la infraestructura subterránea de distribución de gas natural.

Cálidda precisó que, tras detectarse la fuga, activó sus protocolos de respuesta y desplazó a su personal técnico al lugar. Las labores se realizan en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que permanece en la zona como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

La intervención incluye acciones para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los vecinos, mientras se ejecutan los procedimientos necesarios para detener el flujo de gas en la tubería afectada.

De acuerdo con reportes en el lugar, el escape se produjo aproximadamente a las 10:00 a.m. , cuando obreros que realizaban labores en el subsuelo impactaron una tubería conectada a un grifo cercano. La ruptura generó una liberación constante de gas, perceptible por el intenso olor químico que se extendió rápidamente por varias cuadras.

Bomberos y policía cercan la zona

Ante la emergencia, al menos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron al lugar para contener la fuga y evitar mayores riesgos. Los equipos especializados iniciaron labores para dispersar el gas y reducir su concentración en el ambiente, utilizando mangueras y protocolos de ventilación controlada.

La Policía Nacional y personal de serenazgo también se hicieron presentes para acordonar el perímetro y restringir el tránsito vehicular y peatonal. A través de megáfonos, se exhortó a la población a alejarse del área, especialmente por la cercanía de otro grifo ubicado frente al punto de la fuga, lo que incrementa el potencial de un incidente mayor.

Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar cualquier tipo de chispa o fuente de ignición. Incluso, se observó a motociclistas cruzar la zona sin encender sus vehículos, como medida preventiva ante la alta concentración de gas en el aire.

Tránsito colapsado y desvíos obligatorios en avenidas aledañas

El cierre de la cuadra afectada en República de Panamá provocó una rápida congestión vehicular en vías cercanas, especialmente en la avenida Angamos, donde se reportó acumulación de unidades. La restricción del tránsito obligó a implementar desvíos hacia rutas alternas como Manuel Iribarren y Roca y Boloña.

Conductores y peatones fueron advertidos sobre la necesidad de evitar la zona y optar por rutas distintas mientras se mantengan las labores de control. La interrupción del flujo vehicular en un punto clave del distrito generó retrasos y complicaciones en el desplazamiento, particularmente durante las primeras horas del día.

El despliegue policial incluyó la orientación directa a los conductores para redirigirlos hacia vías menos congestionadas, mientras que el monitoreo se mantiene constante para evaluar la evolución del incidente.

Vecinos en alerta por antecedentes y riesgo latente

El incidente ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona, ante fuerte olor que invadió el ambiente. Algunos recordaron el trágico accidente ocurrido en Villa El Salvador en 2020, cuando una fuga de gas provocó una explosión que dejó decenas de víctimas y severos daños materiales.

Aunque hasta el momento no se han reportado personas afectadas por inhalación de gas ni heridos, las autoridades continúan trabajando para controlar la emergencia.

El viento, además, ha contribuido a dispersar el gas hacia el norte, ampliando el área de posible impacto. Por ello, los equipos continúan trabajando en la zona con el objetivo de sellar la tubería dañada y garantizar la seguridad de los vecinos.

Cálidda se pronuncia tras fuga de gas

La empresa Cálidda emitió un comunicado oficial tras la fuga de gas natural registrada este lunes en Surquillo, en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá, donde una tubería de su red resultó afectada durante trabajos de construcción realizados por una empresa tercera. Según precisó la concesionaria, el incidente se produjo en horas de la mañana, cuando labores de excavación impactaron la infraestructura subterránea, generando la liberación de gas en la zona.

Ante esta situación, la empresa informó que activó sus protocolos de emergencia y desplegó a su personal técnico para atender el evento en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que se mantiene en el lugar realizando labores preventivas. Estas acciones buscan controlar la fuga y garantizar la seguridad de los vecinos y transeúntes mientras se ejecutan los procedimientos necesarios para detener el flujo de gas en la tubería afectada.

Cálidda también recordó que el gas natural es un combustible que, por sus características, se disipa rápidamente en el ambiente, ya que es más liviano que el aire. No obstante, las autoridades han insistido en que la población debe mantenerse alejada del área afectada hasta que la emergencia sea completamente controlada, debido a la concentración de gas registrada tras el incidente.

Las 17 reclusas fueron reubicadas por razones de seguridad institucional, tras ser condenadas por delitos como tráfico ilícito de drogas y robo agravado. El operativo fue realizado por personal directivo y de seguridad del INPE y las oficinas regionales, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA. Esta medida forma parte de una política regular de reordenamiento penitenciario que busca controlar el orden interno, proteger la integridad de internas y personal, y fortalecer la seguridad ciudadana.

Motivos y protocolos del traslado de internas en Moquegua

El traslado de las internas desde el Establecimiento Penitenciario de Moquegua respondió a medidas de seguridad adoptadas por el INPE. El objetivo central fue mantener el orden y prevenir incidentes que pudieran desestabilizar los penales de la región sur.

La operación incluyó la participación del director regional, el subdirector de seguridad, el jefe de operaciones y equipos especializados. La coordinación tuvo lugar durante las primeras semanas de abril, bajo estrictos protocolos para minimizar riesgos durante el procedimiento.

El organismo penitenciario precisó que estas reubicaciones se aplican a internas involucradas en delitos de alto riesgo, con el fin de evitar hechos de violencia o fuga. Estas acciones forman parte de una política estructural de distribución de población penitenciaria basada en criterios de peligrosidad y riesgo.

El INPE sostiene que la reubicación de las internas contribuye al fortalecimiento del orden interno y la mejora de la seguridad ciudadana en el sur del país.

Capacitación y oportunidades laborales para las internas

Además de las acciones de seguridad en penales del sur, el INPE impulsa programas de capacitación laboral en otras regiones. Un ejemplo reciente es el del penal de Huanta, donde 110 internas se inscribieron en el Registro Nacional de Artesanos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para formalizar su trabajo y acceder a nuevos beneficios estatales.

En ese centro penitenciario, las privadas de libertad participan en talleres de manualidades (11 inscritas), artesanías (43), confecciones (20) y bordados (36), lo que les permite obtener reconocimiento oficial y ampliar el alcance de sus productos. Este proceso facilita el acceso a capacitaciones, certificaciones, asistencia técnica y promoción en ferias, según detallaron los especialistas a cargo de la actividad.

La iniciativa forma parte de la apuesta institucional del INPE por la resocialización y la reducción de la reincidencia a través del trabajo productivo de las internas.

Desafíos actuales en el INPE

Estas acciones se enmarcan en un proceso de reorganización institucional que incluye la incorporación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El objetivo central es modernizar la gestión penitenciaria, mejorar los estándares de seguridad y enfrentar problemas persistentes como el hacinamiento y la violencia en los establecimientos carcelarios.

En este contexto, el INPE sostiene que las medidas implementadas buscan consolidar la seguridad en los penales y favorecer procesos de reintegración, reafirmando su papel en el control penitenciario y la resocialización en el país. La institución también responde a observaciones y exigencias de mayor eficiencia por parte de organismos como la Defensoría del Pueblo.

Efectivos policiales vigilan cada entrada y salida, mientras el tránsito vehicular y peatonal permanece restringido a trabajadores acreditados y residentes, quienes deben identificarse para cruzar los controles. El despliegue policial incluyó efectivos de la unidad de servicios especiales distribuidos en avenidas y calles aledañas, generando una escena poco habitual en el corazón del cercado de Lima.

El domingo de la marcha: cierre total y vigilancia reforzada

Durante la tarde del domingo, en coincidencia con la movilización convocada por López Aliaga, la ONPE fue rodeada por rejas y la presencia policial se multiplicó. El jirón Washington, eje principal del acceso a la sede electoral, quedó sellado. El paso fue limitado de forma estricta, solo permitiendo el ingreso a quienes portaran credenciales de la ONPE o documentos que acreditaran residencia en las cuadras cercanas.

La vigilancia continuó hasta la noche, cuando algunos ciudadanos se acercaron al enrejado con la intención de ingresar, pero la policía les negó el acceso. En paralelo, tras varias horas dentro de la ONPE, el jefe de la entidad, Piero Corvetto, salió escoltado por su equipo de seguridad. Su vehículo recorrió el jirón Washington hacia Lima Cercado y luego se dirigió a su residencia en Miraflores, donde la custodia policial se mantuvo activa.

Lunes de restricciones: acceso limitado y control policial

Las medidas de seguridad continuan hasta este lunes. Las rejas permanecieron en su lugar, extendiendo la restricción de tránsito vehicular y peatonal en dos cuadras del jirón Washington y en los accesos de la avenida 28 de Julio, Guzmán Blanco, Yauyos y Chincha. Los controles policiales verificaban minuciosamente la identificación de cada persona que intentaba cruzar el cerco, permitiendo solo el ingreso de personal autorizado y vecinos acreditados. Las autoridades priorizaron evitar cualquier incidente o alteración del orden en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral y a la gestión del organismo.

Traslado y llegada de Piero Corvetto

En este escenario de resguardo extremo, el traslado diario del jefe de la ONPE se realizó bajo un estricto protocolo. A las 6:50 de la mañana, Piero Corvetto salió de su domicilio en Miraflores, acompañado por personal de seguridad. El desplazamiento se hizo por la vía expresa hacia el centro de Lima, mientras una camioneta de la Policía Nacional permanecía en la zona de partida. A diferencia de días previos, el vehículo oficial de Corvetto ingresó a la cochera de su vivienda para evitar la presencia de la prensa y luego trasladó al funcionario directamente a la ONPE.

Al llegar a la sede central, Corvetto evitó el tradicional ingreso por el jirón Washington y utilizó una vía alterna, el jirón Yauyos, reforzando el operativo de seguridad. El despliegue policial en los alrededores y el control en los puntos de acceso evidenciaron la magnitud de las medidas adoptadas para proteger al jefe de la ONPE, quien continúa en funciones mientras se desarrollan investigaciones por presunto favorecimiento en la contratación de servicios para el proceso electoral. El organismo permanece bajo estricta vigilancia, con accesos controlados y la expectativa de nuevas diligencias judiciales en los próximos días.

López Aliaga señaló que, debido a la demora en la instalación de mesas y a que se escogieron lugares alejados como locales de votación, alrededor de 1 millón de peruanos no pudieron participar en los comicios.

Muy al contrario de su intención y la de su partido de anular votos, López Aliaga reconoció que este es un derecho fundamental del ciudadano que ha sido violado. En ese sentido, hizo una invocación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que convoque a elecciones complementarias, dado que varios peruanos han “sido violados”.

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias. Los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”, expresó.

La marcha inició en el Campo de Marte y el estrado donde se presentó Aliaga, junto a otros candidatos de su partido, fue instalado en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María. Alrededor de 50 efectivos de la Policía Nacional del Perú custodiaron a los manifestantes.

RLA amenaza a Burneo

Con un tono amenazante, López Aliaga se dirigió a Roberto Burneo y le exigió la convocatoria a elecciones complementarias.

“No sabe con quién se ha metido”, expresó.

Cabe señalar que no es la primera vez que el candidato de Renovación Popular hace referencia a la violencia sexual y amenaza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En uno de sus primeros mítines convocados, cuando el conteo rápido dejó de favorecerlo, amenazó con “meterle todo el plan Morrocoy” para que “se haga hombre”.

“Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones, le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, exclamó.

Ofrece dinero a cambio de pruebas

El ofrecimiento de una recompensa de hasta 20.000 soles por parte de Rafael López Aliaga a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, a cambio de pruebas sobre un supuesto fraude electoral, ha encendido las alertas en el ámbito jurídico y político. Especialistas coinciden en que esta conducta encuadra en el delito de cohecho, tipificado en el artículo 397 del Código Penal, que sanciona no solo la entrega, sino también la promesa de beneficios a funcionarios públicos.

Los abogados Luis Vargas Valdivia, Roberto Pereira y Julio Arbizu advirtieron que basta con el ofrecimiento para configurar el ilícito, incluso si el mensaje fue posteriormente eliminado. En la misma línea, el excongresista Sergio Tejada remarcó que cualquier funcionario con evidencias de fraude tiene la obligación de denunciarlas sin incentivos económicos, y que ofrecer dinero para influir en sus actos constituye un delito.

Desde el plano político, la congresista Ruth Luque sostuvo que la iniciativa busca “comprar conciencias” y desestabilizar el proceso electoral, mientras que la exministra Anahí Durand cuestionó el uso del dinero como herramienta política. Tras las críticas, Renovación Popular pidió canalizar denuncias de irregularidades mediante un correo electrónico.

El sacerdote Marco Agüero Vidal continuará la investigación por presuntos tocamientos indebidos en libertad. Esto, luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva en lugar de comparecencia con restricciones. Asimismo, el juzgado resolvió levantar el impedimento de salida del país contra Agüero.

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae Perú, la Fiscalía consideró que la comparecencia con restricciones era insuficiente y reiteró el pedido de prisión preventiva contra el religioso. En sus argumentos, el fiscal señaló el peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. Además, recordó la gravedad del delito, la pluralidad de víctimas y el riesgo de presión sobre ellas.

Cabe recordar que Agüero Vidal fue acusado por cinco mujeres, entre ellas dos menores de edad, de presuntos tocamientos indebidos durante el sacramento de la confesión, aprovechando su posición de autoridad espiritual en una parroquia de San Borja.

La defensa del clérigo rechazó las acusaciones. Respecto al pedido de prisión preventiva, aseguró que su defendido tenía arraigo, colaboró con el proceso y pagó la caución impuesta.

Finalmente, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima analizó el caso y resolvió declarar infundado el pedido del Ministerio Público.

Argumentos del tribunal

En su análisis, los magistrados revisaron si se cumplían los requisitos necesarios: la gravedad del hecho, la existencia de elementos sólidos que sustenten la acusación, la posible pena y los riesgos durante el proceso.

El tribunal reconoció que existe una sospecha grave en el caso y que hay elementos de convicción que respaldan la investigación. Sin embargo, consideró que esto no es suficiente para ordenar una prisión preventiva. Sobre el peligro de fuga, indicaron que, aunque este riesgo existe, puede ser controlado con medidas menos severas, como la comparecencia con restricciones.

En cuanto al peligro de obstaculización, la Sala señaló que, si bien el investigado tenía una posición que podría haber facilitado interferencias, no hay pruebas concretas de que haya intentado entorpecer el proceso desde que recuperó su libertad. Además, se tuvo en cuenta que la Iglesia ya lo suspendió de sus funciones.

El tribunal también consideró que la caución impuesta es razonable, tomando en cuenta la situación económica actual del sacerdote.

Finalmente, la Sala decidió no conceder la prisión preventiva y confirmó la medida de comparecencia con restricciones. Entre estas, se reforzó la prohibición estricta de acercamiento o comunicación con las presuntas víctimas. Asimismo, se dejó sin efecto el impedimento de salida del país, debido a que no fue solicitado formalmente por la Fiscalía.

Los jueces advirtieron que, si el sacerdote incumple las restricciones impuestas, podría dictarse prisión preventiva en una etapa posterior del proceso.

Por otra parte, el impedimento de salida del país fue revocado porque, sorprendentemente, la Fiscalía no solicitó formalmente esta medida.

Más datos sobre el caso

• Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Agüero Vidal por presunto abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja.
• Los testimonios figuran en un acta policial y apuntan a que los tocamientos indebidos habrían ocurrido durante el sacramento de la confesión.
• El caso es investigado tanto por la Policía como por el Arzobispado de Lima, que ya había recibido denuncias anónimas a inicios de año.
• Tras una protesta de feligreses en la parroquia, el sacerdote fue intervenido y trasladado a una comisaría, donde se registraron las denuncias formales.
• La Comisión de Escucha del Arzobispado también participa en la recopilación de testimonios y acompañamiento a las presuntas víctimas.

Este domingo, Corvetto llegó a la sede de la ONPE, en el Cercado de Lima, sin responder preguntas de los medios. Su traslado se realizó desde su vivienda en Miraflores, cerca de las 7:58 de la mañana, bajo resguardo de seguridad y sin contacto con periodistas. La escena se ha repetido durante la semana, marcando una rutina de ingresos tempranos a la institución en medio del cuestionamiento por lo ocurrido en los comicios.

Su presencia constante en la sede del organismo electoral también coincide con el avance del conteo de votos, que aún continúa y se encuentra alrededor del 93%. Este proceso ha sido uno de los argumentos para postergar su declaración ante la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la cual debía realizarse el 17 de abril, pero fue reprogramada.

Mientras tanto, el entorno de la ONPE permanece bajo resguardo, con rejas metálicas instaladas en los alrededores, en una señal del clima de tensión que se vive tras las incidencias registradas el día de la votación.

Como cambio de último minuto y ante rumores de que saldría del país o un intento de fuga, Corvetto anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento a su secreto de las comunicaciones.

Retrasos en la entrega de material desordenaron la votación

La jornada electoral del 12 de abril estuvo marcada por problemas desde las primeras horas. En distintos locales de votación, especialmente en Lima, las mesas no pudieron instalarse a tiempo debido a la falta de cédulas, actas y equipos indispensables para iniciar el proceso.

La demora generó largas colas, incertidumbre entre los electores y malestar entre los miembros de mesa, quienes no contaban con los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Más de 52 mil ciudadanos resultaron afectados al no poder votar dentro del horario previsto.

Aunque la ONPE activó un plan de contingencia para reducir el impacto, los retrasos ya se habían extendido a decenas de locales. Si bien el organismo sostuvo que se trató de un porcentaje menor a nivel nacional, la concentración de incidencias en Lima amplificó el impacto político del problema.

Crisis interna y cuestionamientos a la gestión electoral

Las consecuencias de lo ocurrido no tardaron en trasladarse al interior de la ONPE. La magnitud de las fallas en la distribución del material electoral desencadenó una crisis institucional y abrió cuestionamientos sobre la planificación del proceso.

Las críticas apuntan a la supervisión del contrato logístico y a la capacidad de respuesta ante una situación que terminó afectando el derecho al voto de miles de personas. En paralelo, la Contraloría continúa con la elaboración de un informe para determinar responsabilidades.

El organismo de control busca establecer si las fallas se originaron en la gestión de la ONPE, en la empresa encargada del transporte o en ambos. Para ello, mantiene la recopilación de testimonios y documentos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en una de las jornadas electorales más cuestionadas de los últimos años.

La convocatoria de Rafael López Aliaga a una marcha en Lima para este domingo 19 de abril no detalla el recorrido previsto para la movilización, a pocas horas de su inicio.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, anunció la marcha tras afirmar en sus redes sociales y en declaraciones públicas que existieron irregularidades en los comicios generales. La convocatoria, fijada para las 17:00 en el Campo de Marte de Lima, responde a su llamado a “defender la democracia” ante el supuesto fraude, pero hasta ahora no se conocen detalles logísticos sobre la ruta, lo que dificulta la organización tanto para participantes como para las autoridades responsables de la seguridad.

El político pidió a sus seguidores que asistan masivamente para exigir el respeto al voto, enfatizando que la democracia “no se suplica: se defiende”. Ha instado a la ciudadanía a no permanecer pasiva y a congregarse bajo el lema “Unidos por la democracia. Unidos por el Perú”.

Falta de información sobre el recorrido

La falta de detalles precisos sobre el trayecto de la manifestación ha generado incertidumbre en la capital. La Policía Nacional del Perú aún desconocen el trazado de la marcha, lo que complica la aplicación de dispositivos de seguridad apropiados y aumenta el riesgo en caso de una convocatoria multitudinaria.

López Aliaga ha señalado que los canales oficiales para comunicar información relevante sobre la movilización serán sus redes sociales. “Vamos a comunicarnos por redes sociales, porque esa gran prensa no cubre este evento”, declaró el candidato ante sus seguidores, justificando así la reserva de la información logística.

Denuncias e intentos de RLA de anular votos

La marcha ocurre en medio de denuncias y confrontaciones legales. Renovación Popular, liderado por López Aliaga, ha presentado ciento tres solicitudes de nulidad de mesas ante el JNE, particularmente en Cajamarca, donde los resultados favorecieron a otros candidatos. La mayoría de estos recursos fue desestimada por falta de pruebas y requisitos formales, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante un plantón frente al JNE, López Aliaga fijó un plazo de veinticuatro horas para exigir la nulidad del presunto fraude electoral y advirtió la posibilidad de extender las protestas a todo el país. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, anunció el candidato ante la multitud.

El líder de Renovación Popular dirigió acusaciones directas al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó de manipular votos y pidió públicamente su detención inmediata, declarándolo ante sus simpatizantes y reiterando su desconfianza hacia las instituciones electorales.

Expertos legales, como la abogada Indira Rodríguez y el excongresista Sergio Tejada, consideran que los llamados a una “insurgencia civil” y el ofrecimiento de recompensas económicas de hasta 20.000 soles para trabajadores que denuncien irregularidades podrían constituir delitos de cohecho y perturbación del orden público, basándose en el artículo 397 del Código Penal peruano.

Frente a las críticas, Renovación Popular divulgó un comunicado solicitando que cualquier denuncia se canalice exclusivamente a través de vías formales y que las pruebas sean entregadas a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, la Fiscalía provincial penal de Lima revisa los expedientes relativos a los llamados y acciones de López Aliaga.

La Contraloría General de la República inició una evaluación especial sobre las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril, luego de que cientos de mesas de votación presentaran retrasos por la tardía entrega del material electoral. El encargo fue dispuesto directamente por el contralor, quien solicitó que el informe sea elaborado con la mayor objetividad posible y en el menor tiempo.

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría, explicó que la investigación se encuentra en marcha y que el resultado dependerá también de la información que entregue la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según indicó, el organismo de control solicitó documentación desde el mismo día de los comicios para reconstruir la cadena de decisiones que llevaron a la crisis.

“Hemos requerido a la ONPE, el mismo domingo de las elecciones, diversa documentación para evaluar ese proceso”, señaló en entrevista con RPP.

La Contraloría busca determinar si existieron errores internos en la planificación o si las fallas fueron consecuencia del incumplimiento de terceros contratados para el traslado del material.

Los primeros hallazgos apuntan a cambios en rutas y demoras críticas

Durante las primeras diligencias, la Contraloría detectó indicios de modificaciones de último momento en el cronograma de distribución del material electoral. Según explicó Vera, el sábado previo a la elección se advirtió que varios vehículos no llegarían dentro del plazo establecido.

Ante ese escenario, la ONPE habría decidido modificar las rutas programadas para intentar cubrir la entrega. El problema es que cerca de 517 rutas quedaron comprometidas, generando retrasos en distintos puntos de Lima.

Además de la revisión documental, la Contraloría desplegó equipos de auditores en centros de distribución y locales de votación para verificar directamente cómo se desarrolló la jornada. Ese trabajo de campo comenzó el 10 de abril y continúa hasta ahora.

Uno de los datos que más preocupa es que en algunos locales el material electoral llegó con 26 horas de retraso. Esa situación impidió la instalación oportuna de mesas y retrasó el inicio del sufragio en varias zonas.

La investigación también busca esclarecer por qué no se distribuyó todo el material de cómputo adquirido para el procesamiento de actas, un elemento que debía garantizar rapidez en la transmisión de resultados.

El caos del 12 de abril alteró la jornada electoral

El 12 de abril, desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a reportarse problemas en varios locales de votación. En numerosos casos, las mesas no pudieron instalarse porque no habían llegado las cédulas, actas ni equipos necesarios para iniciar el proceso.

La demora generó largas filas, confusión entre electores y malestar entre miembros de mesa. Más de 52 mil ciudadanos se vieron afectados por la imposibilidad de votar dentro del horario previsto.

La ONPE activó un plan de contingencia para intentar reducir el impacto de la crisis, pero el retraso ya se había extendido a decenas de locales de votación. Aunque la entidad sostuvo que se trató de un porcentaje reducido del total nacional, el problema tuvo un fuerte impacto político por concentrarse en Lima.

La crisis interna golpea a la ONPE

Las consecuencias del episodio no tardaron en alcanzar a la propia ONPE. La magnitud de la demora en la distribución del material provocó una crisis institucional dentro del organismo electoral y desencadenó cambios en áreas sensibles.

La situación derivó en cuestionamientos sobre la planificación del proceso, la supervisión del contrato logístico y la capacidad de reacción frente a una emergencia que terminó afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos.

A una semana de las elecciones del 12 de abril, lo que debía ser una fiesta democrática se convirtió en una crisis institucional de los entes electorales. En ese contexto, la Contraloría General de la República inició la elaboración de un informe sobre las incidencias registradas por las fallas en la entrega del material electoral.

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría, señaló que los equipos comenzaron a recabar información desde el 10 de abril y, aunque espera que el trabajo se concluya en el menor tiempo posible, reconoció que dependen en gran medida de las facilidades que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) les brinde.

En ese marco, hizo una revelación clave. Guzmán Vera indicó que la ONPE entregó, con cuatro días de retraso y tras reiterados pedidos, los primeros documentos solicitados por la Contraloría.

“Hemos requerido a la ONPE, el mismo domingo de las elecciones, diversa documentación para evaluar ese proceso. (...) Hasta el día jueves por la tarde no teníamos esa información. Digamos, hemos hecho los reiterativos, porque de ello dependerá, digamos, la oportunidad de esa evaluación”, señaló en entrevista con RPP.

Cuando el periodista Carlos Villareal le pidió que precisara: “O sea, la Contraloría ha pedido la información, pero ONPE no se la ha proporcionado”.

Guzmán Vera respondió: “En concreto, sí. Eso es”.

Alteración del cronograma electoral

Las fallas en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril han quedado bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara retrasos significativos y cambios de último momento en la logística. Según detalló el asesor legal de la entidad, Guzmán Vera, uno de los principales problemas fue la alteración del cronograma de rutas previsto inicialmente.

El sábado previo a la elección, se advirtió que varios vehículos no lograrían cumplir con las entregas programadas. Esta situación obligó a modificar las rutas, dejando sin cobertura cerca de 517 trayectos o generando retrasos en la distribución del material. Las consecuencias se reflejaron el mismo día de la votación.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por la Contraloría, hubo casos en los que el material electoral llegó con demoras considerables. En uno de los locales de votación, por ejemplo, funcionarios reportaron que el material arribó 26 horas después de lo previsto. Este tipo de retrasos impactó directamente en la organización del proceso.

Además, Vera indicó que no todo el material de cómputo adquirido fue distribuido, pese a que su función era facilitar el procesamiento oportuno de las actas. Frente a este escenario, la Contraloría busca determinar las causas exactas de las fallas.

Las investigaciones apuntan a establecer si los problemas se originaron en la gestión de la ONPE o en el desempeño de los proveedores encargados de la operación logística.

Caos el 12 de abril

El 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, se registró un caos en varios locales de votación, principalmente en Lima, debido a la demora en la entrega del material electoral. Desde las primeras horas de la jornada, mesas de sufragio no pudieron instalarse a tiempo porque no contaban con cédulas, actas ni equipos necesarios para iniciar el proceso.

El problema tuvo su origen en fallas en la distribución logística. La empresa contratada para el traslado del material no cumplió con las rutas ni los tiempos establecidos, lo que obligó a modificar el cronograma a último momento. Como resultado, decenas de locales recibieron el material con varias horas de retraso e incluso, en algunos casos, más de un día después.

Esta situación afectó directamente a los votantes. Más de 52 mil electores se vieron perjudicados por la imposibilidad de emitir su voto en el horario previsto, generando largas colas, confusión y malestar. Ante el desorden, la ONPE activó un plan de contingencia para intentar normalizar la jornada, aunque los efectos del retraso ya eran evidentes.

El episodio no solo impactó el desarrollo de la elección, sino que también desató una crisis institucional. La magnitud de las fallas evidenció problemas en la planificación y ejecución del operativo electoral, lo que derivó en renuncias, investigaciones y cuestionamientos sobre la gestión del proceso.

La tarde del 18 de abril de 2026, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) efectuaron una requisa en el penal de Arequipa Varones con el resultado de la incautación de celulares ocultos en un maletín, los cuales presuntamente eran utilizados para coordinar actividades delictivas. Esta acción se enmarca en una política nacional de intervenciones destinadas a disminuir delitos organizados surgidos en recintos penitenciarios, según información oficial del INPE.

Durante la inspección en el penal de Arequipa, los agentes penitenciarios encontraron teléfonos celulares que eran empleados como herramientas clave para las comunicaciones de internos presuntamente relacionados con redes de extorsión. El operativo refleja la estrategia nacional de bloquear vías ilícitas y coincide con la ejecución de otros operativos similares en diferentes establecimientos del país, en un esfuerzo por proteger a la sociedad de la comisión de delitos desde cárceles.

Operativos recientes y hallazgos en otros penales

Simultáneamente, otros centros penitenciarios, como el penal de Piura y el penal Miguel Castro Castro en Lima, fueron objeto de requisas con el descubrimiento de diversos objetos prohibidos. En Piura se hallaron una hoja con nombres y números telefónicos, una tarjeta de memoria, armas punzocortantes, pipas artesanales, cables eléctricos y paquetes de hierba seca identificada como marihuana. Estos elementos pueden ser empleados para mantener comunicaciones ilícitas, facilitar intercambios y reforzar vínculos delictivos internos y externos.

En el penal Miguel Castro Castro, la requisa permitió a los agentes penitenciarios desinstalar conexiones eléctricas irregulares e incautar tomacorrientes que, de acuerdo con el INPE, servían a los internos para realizar llamadas extorsivas. Además, se encontraron armas punzocortantes y más de 20 litros de “chicha canera”, un licor artesanal prohibido dentro de las instalaciones.

Estos operativos contaron con la participación de numerosos agentes penitenciarios, personal fiscal y efectivos policiales. En el penal de Piura, por ejemplo, intervinieron más de 170 personas para la revisión exhaustiva de celdas y áreas comunes del pabellón 1. El objetivo institucional es restablecer el orden y dificultar la operación de organizaciones criminales desde las cárceles.

Delitos desde las cárceles

El auge de la extorsión originada en cárceles ha llevado a las autoridades a precisar el alcance real del problema. Javier Llaque, exjefe del INPE, explicó que “en el peor escenario, hablamos de un 0,15%“, refiriéndose al porcentaje de denuncias nacionales de extorsión atribuidas a internos. Esta cifra matiza la percepción de impacto, pero subraya la importancia de mantener acciones preventivas y represivas.

La política del INPE contempla la instalación de bloqueadores de señal para inutilizar celulares incautados, el traslado de reclusos identificados como líderes de redes criminales y controles internos reforzados. Tanto el Ministerio Público como el INPE aseguaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para combatir la criminalidad y garantizar la autoridad estatal en los recintos penitenciarios.

Los hallazgos de tecnología, armas y sustancias ilegales durante las últimas requisas reflejan tanto la capacidad de adaptación de los internos como la necesidad de fortalecer los sistemas de control. El INPE sostiene que estas intervenciones continuarán de manera sistemática para frenar la organización delictiva en las cárceles.

De acuerdo con el INPE, la persistencia de estos operativos responde al compromiso de salvaguardar la seguridad pública y devolver la tranquilidad a la ciudadanía ante los riesgos que representan los delitos planificados desde los establecimientos penitenciarios peruanos.

Familiares y deudos de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 en Puno presentaron una denuncia penal contra el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, por el presunto delito de discriminación. La acción fue impulsada por organizaciones que agrupan a afectados por la represión de las fuerzas del orden durante el gobierno de Dina Boluarte y plantea que el investigado habría emitido expresiones racistas contra los ciudadanos puneños.

El documento solicita al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares y ordenar la recolección y preservación del material audiovisual difundido en redes sociales. También se pide tomar la declaración del denunciante, citar al investigado para que ejerza su defensa y realizar peritajes antropológicos, socioculturales e informáticos para determinar el contenido discriminatorio y verificar la autenticidad del video.

Asimismo, la denuncia requiere que se identifique plenamente al acusado a través de las plataformas digitales y que se conserven los registros como direcciones IP y publicaciones. Finalmente, se solicita que, de encontrarse elementos suficientes, se formalice la investigación preparatoria y se formule acusación conforme a ley.

Mensajes difundidos tras resultados electorales

Según la denuncia, los mensajes fueron emitidos inmediatamente después de la difusión de los resultados oficiales de la ONPE, en el marco de las Elecciones Generales 2026. En ese contexto, el streamer usó sus redes sociales para lanzar expresiones ofensivas dirigidas contra la población puneña y otras regiones del sur.

Los denunciantes sostienen que no se trató de insultos aislados, sino de una conducta que generaliza y estigmatiza a un grupo humano por su origen étnico-cultural, asociándolo de manera peyorativa con los resultados electorales. Esto, indican, evidencia un móvil discriminatorio agravado por el contexto político y el alto nivel de sensibilidad pública.

El documento detalla que el investigado difundió un video con frases consideradas vejatorias y deshumanizantes. Para los denunciantes, estas expresiones constituyen actos de menosprecio y humillación contra la población andina, lo que encajaría en el delito de discriminación previsto en el artículo 323 del Código Penal.

“Cuando se agrede a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos, no se ataca solo a una población: se hiere al Perú profundo, al Perú verdadero, al Perú de todas las sangres”, señaló la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero.

Disculpas no eliminan responsabilidad penal

Antes de esta nueva denuncia, el abogado cusqueño Dennis Llamoca ya había presentado una acción legal por los mismos hechos. El letrado advirtió que las disculpas públicas ofrecidas por el streamer no lo eximen de responsabilidad penal, debido a que se trata de un presunto delito común y no de carácter privado.

Según explicó, en este tipo de casos la acción penal es perseguida por el Ministerio Público, por lo que la retractación no elimina la posible configuración del delito. “No es un proceso privado de querella”, sostuvo, al señalar que la investigación puede continuar independientemente de una disculpa pública.

El abogado también indicó que, de acreditarse los hechos, el caso podría derivar no solo en una sanción penal, sino también en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad, al considerar que los agraviados son colectivos, en particular poblaciones andinas.

Asimismo, precisó que la Fiscalía ya inició diligencias preliminares, que incluyen la toma de declaración del investigado, la revisión del material audiovisual y otras pericias. Incluso, señaló que el investigado deberá rendir su manifestación ante el Ministerio Público como parte del proceso en curso.

Una antes de irse. La bancada de Alianza Para el Progreso impulsa el Proyecto de Ley 14288/2025-CR para declarar de interés nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios. Esta propuesta permitiría actividades de hidrocarburos en parques nacionales y otras áreas naturales protegidas, que hasta ahora han sido resguardadas por su valor ambiental y cultural.

El Congreso defiende esta medida como respuesta a los riesgos evidenciados tras la crisis del sistema de transporte de gas del proyecto Camisea, ocurrida en marzo de 2026. Sectores oficiales argumentan que la dependencia energética del país de ciertas zonas productoras de gas demanda abrir nuevas fuentes de abastecimiento para asegurar la continuidad del suministro. Sin embargo, según la información recogida por Actualidad Ambiental y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el proyecto supedita parques nacionales como el Manu, el Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri a posibles actividades extractivas, ignorando factores clave de protección legal, conservación de la biodiversidad y derechos indígenas.

El Proyecto de Ley 14288/2025-CR, presentado por el congresista Eduardo Salhuana Cavides el 20 de marzo de 2026 y remitido a la Comisión de Energía y Minas cinco días después, establece la promoción de inversiones públicas y privadas a través de Perupetro S.A. para facilitar la exploración y explotación de gas natural en la “cuenca gasífera de Madre de Dios”. La iniciativa llama a la coordinación entre todas las autoridades competentes y busca flexibilizar prohibiciones existentes en la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Riesgos legales y ambientales del proyecto de APP

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señala que el proyecto carece de un análisis técnico y legal suficiente sobre los riesgos que implicaría para la biodiversidad, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el patrimonio cultural. “Desde la SPDA observamos con preocupación las disposiciones propuestas en el proyecto de ley, considerando que se está planteando como única solución al problema público el impulso de proyectos de hidrocarburos en áreas sobre las que se encuentran áreas naturales protegidas de uso indirecto”, advierte la organización.

En el caso de los parques nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, la extracción de recursos naturales está prohibida. Por su parte, la Reserva Comunal Amarakaeri contiene zonas designadas para el aprovechamiento local y otras de protección estricta, además de incluir enclaves como Rostro Harakbut y la Casa del Inca, considerados patrimonio cultural de la Nación. Conforme subraya la SPDA, el proyecto sentaría un precedente grave al permitir excepciones sin una adecuada ponderación de derechos, contraviniendo la Constitución del Perú y normas internacionales ratificadas por el país.

Tanto la jurisprudencia nacional como decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la intangibilidad de los parques nacionales y la necesidad de una justificación científica rigurosa antes de cualquier reducción o intervención en estas áreas. En octubre de 2025, una sentencia judicial peruana fue clara al subrayar que la intangibilidad “no es un concepto simbólico, sino una limitación legal al ejercicio de cualquier actividad, incluida la exploración, que pueda poner en riesgo la integridad ecológica del área”. Esta decisión recayó específicamente sobre el parque Nacional Bahuaja Sonene.

Debilidades institucionales y consulta a pueblos indígenas

Especialistas y juristas destacan como problema medular que el proyecto no reconoce ni las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), responsable de la gestión de estos espacios, ni del Ministerio de Cultura, que debe garantizar la protección del patrimonio cultural. La SPDA manifiesta que la exclusión de estas entidades debilita la capacidad institucional consolidada en materia de conservación ambiental y protección cultural.

La organización advierte, además, que a pesar de que el proyecto menciona el respeto a la normativa ambiental y la realización de procesos de consulta, omite la obligación de someter la propia iniciativa legislativa a consulta previa de los pueblos indígenas afectados, como exige el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa peruana. Esta omisión afecta los derechos colectivos de comunidades como los harakbut, limitando su capacidad de influir en decisiones que afectan directamente sus territorios y prácticas culturales.

Alternativas energéticas

Ante este escenario, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental propone repensar la política energética bajo una perspectiva de transición hacia fuentes renovables y en estricto cumplimiento de los marcos constitucional y legal. La organización recomienda archivar el Proyecto de Ley 14288/2025-CR y priorizar propuestas que aseguren la seguridad energética sin comprometer los valores ecológicos, sociales y culturales de las áreas naturales protegidas. Los beneficios que estos ecosistemas proveen, como servicios ambientales y mitigación del cambio climático, son irremplazables para las futuras generaciones.

La Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) ha puesto en marcha un proyecto que busca recuperar la calidad del agua mediante un método distinto: el uso de plantas como la totora para remover contaminantes de forma natural. La iniciativa, denominada “Filtros Verdes Flotantes”, se aplica en la bahía interior de Puno, una de las zonas más afectadas del lago.

El sistema consiste en instalar estructuras flotantes sobre el agua que sostienen plantas acuáticas. Las raíces crecen hacia abajo y permanecen en contacto directo con el lago, donde actúan como un filtro natural. De esta manera, absorben parte de los contaminantes y ayudan a mejorar progresivamente las condiciones del agua.

La propuesta se presenta como una alternativa que aprovecha elementos propios del ecosistema. En lugar de recurrir a soluciones externas o complejas, se basa en el uso de recursos naturales disponibles en la zona, lo que facilita su implementación.

Un proyecto en fase de prueba dentro del lago

Más allá de su aplicación, el proyecto tiene un carácter experimental. La ALT ha señalado que se trata de una prueba que busca medir si este sistema realmente funciona en un entorno tan afectado como el Titicaca.

Para ello, se ha optado por aplicar el método directamente en el lago, bajo condiciones controladas. Esto permitirá observar su comportamiento en un escenario real, donde la contaminación es constante y los factores ambientales son cambiantes

El objetivo es generar información concreta sobre su desempeño. A través de este proceso, se podrá determinar si los filtros verdes flotantes son capaces de reducir los niveles de contaminación de manera sostenida.

Este enfoque también permitirá identificar posibles limitaciones del sistema antes de pensar en una implementación a mayor escala.

Monitoreo constante para medir resultados

Como parte del proyecto, se ha previsto un monitoreo integral de la calidad del agua desde el inicio de las intervenciones. Este seguimiento será clave para evaluar si la propuesta logra los resultados esperados.

El análisis incluirá distintos aspectos del agua, con el fin de tener una visión completa de su estado. A partir de estos datos, se podrá medir si las condiciones mejoran con el tiempo.

Este proceso no solo busca validar el funcionamiento del sistema, sino también generar evidencia que respalde futuras decisiones. La información obtenida permitirá definir si el proyecto puede replicarse en otras zonas del lago.

El monitoreo será continuo y permitirá comparar la situación antes y después de la implementación de los filtros, lo que ayudará a determinar su impacto real.

Participación local y apoyo institucional

Uno de los elementos centrales del proyecto es la participación de las comunidades de los Uros. Sus conocimientos sobre el uso de la totora han sido clave para la construcción de las estructuras flotantes.

Este trabajo conjunto entre especialistas y población local permite integrar saberes tradicionales con nuevas propuestas. Además, fortalece la relación entre las comunidades y las acciones orientadas a recuperar el lago.

El proyecto también cuenta con el respaldo de diversas instituciones, que participan en su desarrollo y seguimiento. Esta articulación busca asegurar que la iniciativa tenga un soporte técnico y operativo adecuado.

La combinación de innovación, participación comunitaria y evaluación constante marca el enfoque de esta propuesta. Aunque aún se encuentra en fase de prueba, representa un intento por encontrar soluciones frente a un problema que lleva años afectando al Titicaca.

En un contexto donde la contaminación ha deteriorado gravemente varias zonas del lago, iniciativas como esta buscan abrir nuevas posibilidades. Su éxito dependerá de los resultados que se obtengan en esta etapa inicial y de la capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó a Gustavo García Hidalgo como nuevo gerente de Gestión Electoral, en reemplazo de José Samamé, quien dejó el cargo tras el escándalo por la demora en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales 2026.

La designación fue oficializada mediante una resolución firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y entrará en vigencia el 17 de abril. Con este cambio, el organismo busca reorganizar una de sus áreas más sensibles en medio de cuestionamientos por fallas logísticas que afectaron el desarrollo de los comicios.

Se trata de una designación provisional en un contexto complejo. La Gerencia de Gestión Electoral es clave para garantizar que el material llegue a tiempo a los locales de votación, por lo que el relevo ocurre en un momento crítico para la institución.

Renuncia de Samamé tras crisis en jornada electoral

La salida de José Samamé se produjo el mismo 12 de abril, día de las elecciones, luego de que se evidenciaran retrasos en la entrega del material electoral en diversos puntos de Lima Metropolitana. A través de una carta dirigida a la jefatura de la ONPE, el entonces funcionario asumió su responsabilidad.

“Reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, señaló en el documento, en el que también admitió que las fallas logísticas afectaron la instalación de mesas de sufragio.

La renuncia fue aceptada oficialmente al día siguiente. Samamé ocupaba el cargo desde diciembre de 2023 y tenía bajo su responsabilidad directa la organización del despliegue electoral.

Tras su salida, la ONPE realizó un encargo temporal del puesto antes de concretar la designación de García Hidalgo.

Detención, declaraciones y responsabilidades en investigación

El caso dio un giro cuando José Samamé fue detenido en flagrancia por un plazo de 48 horas como parte de las investigaciones por la fallida distribución del material electoral. Durante ese tiempo, brindó su declaración ante las autoridades.

En sus primeras declaraciones, el exfuncionario reconoció haber intervenido en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte del material electoral. Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad directa recaería en el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.

“Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez”, afirmó ante la Fiscalía. Según explicó, el subgerente debía supervisar el cumplimiento del contrato y verificar la salida del material desde la sede de la ONPE.

Samamé también señaló que el funcionario no alertó a tiempo sobre los problemas, incluso cuando la empresa no contaba con los vehículos necesarios para cumplir con el servicio.

Tras cumplir el plazo de detención, el exgerente fue liberado. No obstante, la Fiscalía dispuso que las investigaciones continúen y que sea citado cuando se requiera ampliar su testimonio. El caso sigue en curso y no se descarta que haya más implicados.

Retrasos en entrega de material afectaron a miles de electores

La crisis se originó el 12 de abril, cuando se registraron retrasos en la entrega del material electoral en distintos locales de votación, principalmente en distritos del sur de Lima.

La ONPE informó que la demora se debió al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, contratada por más de S/36 millones para el traslado del material. Como consecuencia, al menos 75 locales de votación se vieron afectados.

La falta de material impidió la instalación oportuna de mesas de sufragio, lo que perjudicó a más de 52 mil electores que no pudieron votar a tiempo. Frente a esta situación, el organismo activó un plan de contingencia para intentar normalizar el proceso.

Aunque la entidad señaló que el problema representaba un porcentaje menor del total de locales a nivel nacional, el impacto en Lima generó cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

El propio Humala no solo expresó su apoyo, sino que se adelantó a los resultados. “Roberto Sánchez va a ser presidente del Perú, le va a ganar a la japonesa”, afirmó, en referencia a Keiko Fujimori, quien lidera los primeros reportes. Sus declaraciones se dan en un momento en que el conteo oficial aún no concluye y las posiciones podrían variar.

A pesar de ello, el exlíder etnocacerista actúa como si el escenario ya estuviera definido. En su entorno político, incluso, ya se habla de una segunda vuelta, lo que refuerza la idea de que su respaldo no es simbólico, sino parte de una estrategia bien planificada.

Un aliado visible y con discurso confrontacional

La cercanía entre Antauro Humala y Roberto Sánchez se ha hecho evidente durante la campaña. El primero ha estado presente en distintos momentos clave y se ha posicionado como uno de los principales voceros políticos alrededor del candidato de Juntos por el Perú.

Sin embargo, su presencia viene acompañada de un discurso polémico. En recientes intervenciones, planteó ideas como paralizar la agroexportación, argumentando que productos como arándanos y espárragos deberían destinarse al consumo interno para combatir la anemia infantil.

Estas declaraciones han sido consideradas radicales y han reavivado cuestionamientos sobre su influencia en la campaña. Su estilo confrontacional también ha marcado su retorno, con intervenciones que terminan en enfrentamientos en espacios públicos.

A ello se suma su historial de declaraciones controversiales, que continúan generando reacciones. Su discurso, calificado como incendiario, vuelve a instalarlo en el centro del debate político.

Un pasado marcado por violencia y polémica

El retorno de Antauro Humala a la escena política también reabre el debate sobre su pasado. Su figura está vinculada al llamado “Andahuaylazo”, un levantamiento que dejó como saldo la muerte de cuatro policías.

Tras recuperar su libertad hace algunos años, sus apariciones públicas han estado acompañadas de declaraciones que mantienen el tono confrontacional. En una de ellas, incluso, defendió abiertamente su accionar pasado y expresó orgullo por haberse rebelado contra un gobierno que consideraba corrupto.

Asimismo, ha sostenido posturas extremas sobre el poder político. En una intervención, llegó a señalar que “fusilar presidentes” podría justificarse en determinados contextos, lo que generó fuertes críticas.

Estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia en el actual proceso electoral, donde su cercanía con un candidato presidencial despierta preocupación en distintos sectores.

Resultados preliminares y proyección política

Mientras Antauro Humala proyecta un triunfo de Roberto Sánchez, los resultados oficiales aún muestran un escenario distinto. Según el avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 17.06 %, seguida por Roberto Sánchez con 11.06 % y Rafael López Aliaga con 11.93 %.

Pese a que los resultados oficiales se conocerían recién en mayo, Humala insiste en que Sánchez llegará a la presidencia e incluso ha dejado abierta la posibilidad de asumir un rol en un eventual gobierno. “Como soldado yo me voy a ubicar donde pueda rendir mejor para el objetivo patrio”, sostuvo.

Su respaldo también se apoya en una narrativa política que apunta al voto rural y a sectores que, según él, no han sido representados en este proceso. En ese contexto, afirma que Sánchez ha logrado “rescatar” ese espacio político.

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular la investigación en su contra por los casos PetroPerú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. Con esta decisión, el proceso fiscal en su contra seguirá su curso sin cambios.

La solicitud fue presentada por su defensa el pasado 17 de marzo, con el objetivo de dejar sin efecto todo lo actuado por el Ministerio Público. Además, buscaba que se ordene el fin de su prisión preventiva. Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró “infundado” el recurso.

La resolución implica que Castillo deberá continuar enfrentando la investigación preparatoria por presuntos delitos vinculados a corrupción. El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que mantienen vigente el proceso en su contra.

Juez descarta irregularidades en el proceso

La defensa del exmandatario cuestionó la forma en la que se viene llevando el caso, argumentando que no se habrían cumplido ciertos requisitos en la conformación del juzgado que ve la investigación. Según su postura, esto afectaría su derecho a ser juzgado por una autoridad competente.

No obstante, el juez Checkley concluyó que no existe ninguna falta que justifique anular el proceso. En su decisión, precisó que los argumentos presentados no corresponden a aspectos que puedan frenar el inicio o la continuidad de una investigación.

En términos simples, el magistrado consideró que las objeciones planteadas no afectan la validez del proceso. Por ello, determinó que la investigación puede continuar con normalidad.

Investigación y prisión preventiva siguen vigentes

Con este fallo, se mantiene la investigación contra Pedro Castillo por los casos acumulados relacionados con presuntas irregularidades en obras y contrataciones públicas. El proceso también incluye a los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado.

En marzo, otro juez ordenó ampliar el plazo de la investigación por 20 meses adicionales, lo que permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias. Además, en febrero se dispuso extender por 12 meses más la prisión preventiva del exmandatario.

Castillo es investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del Estado. Estas decisiones consolidan el escenario judicial en su contra, que se mantiene activo mientras avanzan las pesquisas.

Castillo sigue influyendo en la política desde prisión

A pesar de estar recluido en el penal de Barbadillo, Pedro Castillo mantiene presencia en la escena política. Su figura continúa siendo utilizada como bandera por algunos sectores, especialmente en el actual contexto electoral.

El candidato Roberto Sánchez impulsó su campaña con un discurso centrado en la liberación del exmandatario e incluso lo visitó el día de las elecciones. Además, personas cercanas a Castillo han logrado posicionarse políticamente.

Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado dentro de su lista, mientras que Yenifer Paredes, hija política del exmandatario, figura entre las candidatas más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según los avances del conteo oficial.

Aunque Castillo cumple prisión preventiva y ya fue condenado por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, su entorno familiar y político sigue ganando espacio. Este escenario muestra que, pese a su situación judicial, el exjefe de Estado continúa teniendo influencia en la dinámica política del país.

En entrevista con Exitosa, Juan José comentó la gran expectativa que tiene la gente por la visita de León XIV. Sin embargo, precisó que, aunque ya se ha expresado el interés del pontífice en llegar al país, la situación interna obliga a una evaluación más cuidadosa.

El principal factor de preocupación es la inestabilidad política. Dioses recordó que el Perú atraviesa un periodo marcado por procesos electorales consecutivos, lo que genera incertidumbre. En ese contexto, indicó que desde la Santa Sede se tiene que analizar con cuidado si se concreta el viaje papal.

“Nos encontramos en una situación de inestabilidad política, de incertidumbre. No solamente tenemos la segunda vuelta, también tenemos una nueva elección en el mes de octubre. Y yo creo que desde la Santa Sede se tiene que analizar muy bien si es conveniente que venga el papa o no”, declaró

Temor a que la visita sea utilizada con fines políticos

Uno de los riesgos, según explicó, es que un evento de esta magnitud pueda ser utilizado políticamente. Una visita papal, considerada histórica y de alto impacto, podría terminar siendo instrumentalizada en medio de un clima postelectoral.

Dioses fue enfático al advertir que “una visita del papa en circunstancias de inestabilidad política puede justificar el uso de un viaje apostólico tan importante e histórico para el país para fines políticos”. En esa línea, remarcó que ni el Vaticano ni el propio pontífice estarían dispuestos a permitir ese escenario.

La preocupación no es menor. En un contexto de polarización, cualquier mensaje o actividad del papa podría ser interpretado o aprovechado por actores políticos, lo que distorsionaría el carácter espiritual de la visita.

Fechas tentativas aún sin confirmación oficial

Pese a la expectativa generada, no existe hasta el momento una fecha oficial confirmada. Dioses aclaró que la Santa Sede es la única instancia encargada de anunciar los días definitivos de una eventual visita.

“Lo que se baraja hasta el momento es que sea a fines de noviembre o a comienzos de diciembre”, indicó, aunque insistió en que se trata solo de una posibilidad.

Pese a la incertidumbre envió un mensaje de alivio a los feligreses y señaló que, en caso de que el viaje no se concrete este año, no debería generar alarma.

“Si por alguna razón el santo padre no llega este año, no debemos alarmarnos. Tenemos un papa para largo rato”, afirmó.

Un anuncio previo que generó alta expectativa

La posibilidad de la visita papal fue anunciada en febrero, durante una conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana. En esa ocasión, se confirmó que el pontífice tenía la intención de viajar al Perú y que ya se habían iniciado coordinaciones con el Vaticano.

El anuncio se dio tras una reunión de los obispos peruanos con el papa, en la que se manifestó su cercanía con el país. Desde entonces, se planteó como fecha tentativa finales de 2026, en un periodo que buscaba evitar coincidencias con el calendario electoral.

La expectativa también responde al vínculo del pontífice con el Perú. Ya es conocido que mantiene una relación cercana con el país tras haber vivido más de dos décadas en territorio nacional, lo que refuerza el interés por concretar la visita.

El Gobierno aprobó un nuevo plan que permitirá saber, de forma clara, si las acciones que se vienen tomando frente al cambio climático en el Perú están funcionando o no. La medida, impulsada por el Ministerio del Ambiente, busca poner orden en algo que hasta ahora era una debilidad: evaluar resultados.

En los últimos años, el país ha enfrentado lluvias intensas, sequías y cambios bruscos de temperatura. Frente a eso, se han implementado distintas medidas para reducir los impactos. Sin embargo, no siempre ha estado claro si esas acciones han sido efectivas.

Con este nuevo plan, la idea es simple: dejar de actuar “a ciegas” y empezar a medir qué funciona y qué no.

Medir para mejorar: el objetivo del nuevo plan

El plan funcionará como una herramienta de seguimiento para revisar lo que hacen las autoridades en todo el país. Esto incluye acciones en agricultura, manejo del agua, protección de ecosistemas y obras de prevención.

Lo importante es que no solo se evaluará lo que hace el Gobierno central, sino también lo que ejecutan los gobiernos regionales y municipales. Así, se podrá tener una mirada más completa de lo que ocurre en todo el territorio.

Además, permitirá detectar errores. Si una medida no está dando resultados, se podrá corregir o cambiar a tiempo. Esto ayudará a evitar el desperdicio de recursos y a tomar decisiones más acertadas.

En pocas palabras, se busca pasar de hacer acciones sin seguimiento a tener un control constante de lo que realmente sirve.

Un paso necesario para cumplir compromisos internacionales

El Perú no solo enfrenta el cambio climático a nivel interno. También tiene compromisos con la comunidad internacional que lo obligan a demostrar avances concretos.

En ese contexto, el país debe presentar reportes periódicos donde explique qué está haciendo y cuáles son los resultados. Sin datos claros, esto se vuelve complicado.

El nuevo plan permitirá reunir información ordenada y confiable para cumplir con estas exigencias. Así, el Perú podrá mostrar con mayor claridad qué tanto está avanzando en la adaptación al cambio climático.

El Ministerio del Ambiente estará a cargo

El Ministerio del Ambiente será el encargado de liderar este proceso. Tendrá la tarea de coordinar con otras entidades del Estado, recopilar información y evaluar los resultados.

Antes de aprobarse, el plan fue revisado por distintas áreas del Estado y también se recibieron opiniones de ciudadanos e instituciones. Con ello, se buscó mejorar su contenido antes de hacerlo oficial.

La norma también establece que el plan será publicado para que cualquier persona pueda revisarlo.

Con esta medida, el reto ahora será: no solo hacer frente al cambio climático, sino demostrar con datos que las acciones realmente están dando resultados.

¿Perú en riesgo?

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advierte que el Perú enfrenta una situación crítica frente al cambio climático, marcada por una alta vulnerabilidad y una limitada capacidad de respuesta. Según el documento “Un mejor futuro para el Perú”, el país no está suficientemente preparado para afrontar fenómenos cada vez más frecuentes como lluvias intensas, sequías prolongadas y eventos extremos.

Esta fragilidad se refleja en la débil planificación, la falta de prevención y la escasa articulación entre autoridades, lo que agrava el impacto en la población, especialmente en las zonas más expuestas. A ello se suma la presión sobre ecosistemas clave, que pierden capacidad de resistencia frente a estos cambios.

La SPDA alerta que, sin medidas urgentes, estas condiciones podrían intensificarse en los próximos años, afectando la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los medios de vida de miles de peruanos, en un contexto donde el tema aún tiene poca presencia en el debate electoral.

La Asociación Civil Transparencia manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Congreso de la República forme una nueva comisión investigadora sobre el proceso electoral realizado el 12 de abril, advirtiendo sobre los riesgos de una injerencia política en asuntos electorales. Esto en el contexto de las demoras e irregularidades ocurridas durante la votación.

Transparencia sostuvo que el Congreso no debería intervenir en la investigación de posibles irregularidades en las recientes elecciones peruanas. Consideró que los órganos autónomos, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya cuentan con las herramientas legales necesarias para esclarecer cualquier hecho, y recuerda que intentos previos del Congreso para fiscalizar procesos electorales terminaron frustrados por errores en el procedimiento.

“Nosotros lo que sugerimos es que se evite cualquier tipo de injerencia política respecto al proceso”, afirmó José Ñaupari, líder de la comisión de observadores de Transparencia. “Por lo tanto, somos respetuosos de las competencias del Congreso, pero no recomendaríamos, por ejemplo, una comisión investigadora de un proceso en curso”, agregó.

Ñaupari subrayó que corresponde a los organismos competentes investigar cualquier irregularidad. “Ya cumplió el Jurado con presentar la denuncia, que los otros órganos procedan conforme a sus atribuciones”, puntualizó.

Entre las recomendaciones dirigidas a la ONPE, el representante sugirió revisar los contratos de provisión de bienes y servicios para la segunda vuelta y analizar la posibilidad de ampliar el número de proveedores. Aseguró que la diversificación de suministradores podría reducir riesgos, evidentes durante la jornada electoral del 12 de abril.

Insistió, además, en garantizar que el material electoral esté listo y disponible en los locales de votación desde el día anterior a la elección.

El informe final de la organización civil Transparencia sobre el proceso electoral se prevé para finales de julio o la primera mitad de agosto.

Denuncia de fraude electoral y reacción de Rafael López Aliaga

Tras las demoras ocurridas en la entrega del material electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció un presunto fraude y convocó a sus simpatizantes a protestar frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, llamó López Aliaga en una publicación difundida en sus redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por una imagen con el texto: “nos cansamos que jueguen con la democracia”.

El candidato responsabilizó a la ONPE por la no instalación de 211 mesas de votación el 12 de abril, situación que forzó a habilitar un segundo día de sufragio para los electores afectados. López Aliaga afirmó, sin aportar pruebas, que Renovación Popular habría perdido hasta un 1,2 % de los votos —aproximadamente 100 mil votantes— por estas incidencias, lo que, a su juicio, atenta contra la legitimidad y transparencia del proceso electoral.

En declaraciones a la prensa el día de los comicios, solicitó: “Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE. De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.

Las cifras del conteo rápido muestran que Roberto Sánchez obtuvo el 12,4 % de los votos válidos, Rafael López Aliaga 11,3 % y Jorge Nieto 10,7 %. Entre los tres candidatos solo existe una diferencia de 1,7 puntos porcentuales, lo que mantiene el escenario en un empate técnico por el segundo puesto.

Comisiones investigadoras del Congreso

Tras las elecciones de 2021, el Congreso promovió la creación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en ese proceso, liderada por el congresista Jorge Montoya, en ese entonces, congresista de Renovación Popular, partido de Aliaga. Aunque inicialmente se consiguieron los votos necesarios para su conformación, el cambio de postura de un legislador redujo el respaldo a 45, uno menos de los requeridos.

A pesar de este incumplimiento, las autoridades del Congreso permitieron que la comisión funcionara durante un tiempo, solo que sin exito, pues el informe final no fue aprobado en el Pleno. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la aprobación no cumplió con el mínimo exigido y anuló tanto la comisión como sus actos.

La sentencia del Tribunal Constitucional subrayó que no era el primer caso en el que se detectaban vicios formales en la formación de comisiones investigadoras sobre procesos electorales.

La candidata de Renovación Popular, Roxana Rocha, aseguró que su partido alegará fraude electoral si Rafael López Aliaga no pasa a la segunda vuelta. Su declaración se dio en medio del conteo de votos, cuando aún no había resultados definitivos y la polémica por los problemas con la entrega de material de la ONPE.

“Vamos a alegar fraude”, adviritó. Luego añadió que, según su percepción, existen “muchos actos que prueban el camino al fraude”. Sin embargo, también expresó confianza en que el candidato de su partido sí logrará avanzar a la siguiente etapa electoral.

Rocha sostuvo que, con cerca del 75 % de actas procesadas, López Aliaga llevaba ventaja sobre otros contendores, lo que —según dijo— respaldaba su expectativa de clasificar. Aun así, dejó abierta la posibilidad de cuestionar el proceso.

Ante la repregunta sobre si habría fraude en caso de que el candidato pase a segunda vuelta, respondió que los indicios existen independientemente del resultado. “No es que no haya fraude. De hecho, han hecho actos, indicios para cometer y consumar el fraude”, señaló.

Convocatoria de López Aliaga

En paralelo, Rafael López Aliaga convocó a sus seguidores a movilizarse frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A través de sus redes sociales, llamó a protestar bajo el argumento de un presunto fraude electoral.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, publicó el candidato, en un mensaje que cuestiona directamente la transparencia del proceso.

Este llamado se produjo luego de los problemas registrados el 12 de abril, cuando fallas en la distribución del material electoral impidieron la instalación de 211 mesas de votación a nivel nacional. Esta situación obligó a extender la jornada electoral al día siguiente en los locales afectados.

El propio López Aliaga responsabilizó tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE por no haber suspendido la difusión de resultados a boca de urna, pese a las irregularidades reportadas.

Además, sostuvo —sin presentar pruebas— que estos problemas habrían perjudicado a su partido, afectando el porcentaje de votos obtenidos.

Por qué es improbable un fraude electoral

Pese a las denuncias, especialistas coinciden en que un fraude electoral en el Perú es altamente improbable en las condiciones actuales. El sistema electoral está compuesto por varias instituciones autónomas que cumplen funciones diferenciadas, lo que dificulta una manipulación generalizada.

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, ha señalado que para que exista un fraude no basta con errores o irregularidades aisladas. Se requeriría el control de todas las entidades involucradas en el proceso, incluyendo organismos electorales y otras instancias del Estado.

En esa línea, advirtió que cuestionar resultados sin pruebas sólidas no contribuye al fortalecimiento democrático. Por el contrario, puede debilitar la confianza en las instituciones.

También remarcó que en la historia reciente del Perú solo se ha registrado un fraude electoral comprobado: el ocurrido en el año 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

A diferencia de ese escenario, el contexto actual presenta mecanismos de control, observación y fiscalización que reducen significativamente la posibilidad de una manipulación sistemática de los resultados.

El antecedente del discurso del fraude electoral

El discurso sobre un supuesto fraude electoral no es nuevo en la política peruana. En distintos procesos, varios actores han recurrido a esta narrativa, especialmente en contextos de resultados ajustados.

En esta campaña, no solo Renovación Popular ha planteado dudas. Figuras de otras agrupaciones también han expresado sospechas sin presentar pruebas concluyentes. Entre ellas, Martha Chávez, quien volvió a cuestionar procesos anteriores, y Guido Bellido, que denunció un supuesto intento de manipulación electoral.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de discurso puede tener consecuencias. Repetir acusaciones sin sustento puede erosionar la legitimidad del proceso electoral y preparar el terreno para desconocer los resultados.

Además, ya existen antecedentes institucionales relacionados con estas denuncias. En el caso de las elecciones de 2021, el Tribunal Constitucional anuló una comisión del Congreso que buscaba investigar un supuesto fraude, al detectar irregularidades en su creación.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) volvió a su horario regular de atención luego de varios días de jornadas extendidas por la alta demanda de trámites previo a las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril. La entidad había implementado medidas excepcionales para asegurar que los ciudadanos contaran con su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para votar.

Durante los días previos al proceso electoral, las agencias del Reniec ampliaron sus horarios hasta 12 horas diarias, atendieron fines de semana e incluso operaron hasta el mismo día de la votación. Estas acciones respondieron a las largas colas registradas en distintas sedes del país, especialmente en Lima.

Sin embargo, tras culminar la jornada electoral y las acciones vinculadas a la ampliación del proceso hasta el 13 de abril en algunos distritos, la institución retomó su horario habitual, que va de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

Medidas excepcionales por la alta demanda de DNI

El despliegue del Reniec fue uno de los más intensos de los últimos procesos electorales. Solo entre el 10 y el 12 de abril, la entidad entregó más de 200 mil DNI a nivel nacional. Este esfuerzo buscó garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, considerando que el DNI es el único documento válido para sufragar.

Además, entre el 1 y el 9 de abril, se entregaron más de 340 mil documentos, una cifra que representa más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento reflejó la urgencia de miles de personas por regularizar su situación antes de acudir a las urnas.

Las medidas incluyeron también campañas itinerantes, ampliación de horarios en agencias con mayor demanda y atención durante feriados y fines de semana. En algunos casos, las oficinas operaron desde las 6:00 a. m. hasta altas horas de la noche.

Atención especial por retrasos electorales

El Reniec también tuvo que adaptar su atención debido a los problemas registrados durante la jornada electoral. Luego de que el proceso se extendiera hasta el 13 de abril en algunos distritos por la falta de material electoral, la entidad habilitó horarios especiales en zonas como Lurín, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

En estas sedes, se entregaron 939 DNI hasta la 1:00 p. m. del lunes 13 de abril. San Juan de Miraflores registró la mayor cantidad, con 408 documentos entregados, seguido de Villa El Salvador con 326 y Lurín con 205.

Estas acciones permitieron que ciudadanos que no habían podido recoger su documento a tiempo pudieran hacerlo y participar en la continuación del proceso electoral.

Dudas sobre medidas para la segunda vuelta

Pese al esfuerzo desplegado, aún no está claro si estas medidas excepcionales se mantendrán para la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 8 de junio. Hasta el momento, no se ha informado si se repetirán las jornadas extendidas o las facilidades aplicadas en abril.

Este escenario genera incertidumbre, especialmente considerando que el DNI sigue siendo el único documento válido para votar. Durante la primera vuelta, incluso se permitió el uso de DNI vencidos —en cualquiera de sus versiones— de manera excepcional, con el objetivo de no limitar la participación ciudadana.

Por ahora, el Reniec ha retomado su funcionamiento regular, mientras se espera un eventual anuncio sobre nuevas medidas de cara a la segunda vuelta.

En los últimos días, el Ejecutivo ha iniciado una ronda de encuentros con distintas agrupaciones políticas. En estas reuniones se abordan temas clave como la lucha contra la delincuencia, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.

Uno de los encuentros, previo a los comicios, fue con la bancada Honor y Democracia, en el que participaron los congresistas José Cueto, Gladys Echaíz y Jorge Montoya. Tras la reunión, los parlamentarios señalaron la necesidad de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, las primeras reacciones no han sido favorables. “No nos han convencido de nada hasta ahora”, afirmó Montoya, quien indicó que la decisión final se tomará luego de una evaluación interna de la bancada.

Las reuniones continuarán en las próximas horas, incluso durante la tarde y la noche, en un intento por asegurar los votos necesarios antes del debate en el Pleno.

Qué se juega el gabinete en el Congreso

La presentación del jueves será clave para la continuidad del gabinete. Arroyo Sánchez deberá sustentar, junto a su equipo ministerial, la política general de gobierno y responder a las preguntas de los congresistas.

El voto de confianza es un requisito indispensable para que el gabinete se mantenga en funciones. Para lograrlo, necesita al menos 66 votos a favor en un Congreso compuesto por 130 parlamentarios, siempre que todos estén presentes.

Si obtiene el respaldo, el Ejecutivo podrá continuar hasta el final del actual gobierno, previsto para el 28 de julio. En caso contrario, el gabinete tendría que dar un paso al costado, lo que abriría un nuevo escenario político.

Este proceso se desarrolla en un momento clave, pocos días después de las elecciones generales, lo que incrementa la expectativa sobre la decisión que tomará el Parlamento.

Un Congreso con dudas y decisiones pendientes

Hasta ahora, el panorama en el Congreso es incierto. Las bancadas evalúan no solo las propuestas del Ejecutivo, sino también las señales políticas que ha dado en los últimos días.

En ese contexto, las reuniones previas serán determinantes. El Ejecutivo busca convencer a los congresistas con una agenda centrada en resultados y compromisos claros, pero enfrenta un escenario fragmentado.

La definición del voto dependerá de las negociaciones de última hora y de la capacidad del gabinete para generar confianza en el Parlamento.

Contexto electoral y la postura del Ejecutivo ante las fallas

El pedido de confianza se produce en medio de cuestionamientos por lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril, marcada por retrasos en la entrega de material y la instalación de mesas en varios puntos.

Frente a esta situación, el Ejecutivo difundió un comunicado en el que defendió su actuación. Señaló que cumplió de manera “estricta y responsable” con garantizar el orden interno, la seguridad y la custodia del material electoral.

Sin embargo, el Gobierno marcó distancia de los problemas logísticos. Indicó que las incidencias en la instalación de mesas y el desarrollo de la votación corresponden a los organismos electorales, en respeto a su autonomía.

Esta postura ha sido interpretada como una respuesta limitada frente a una jornada que dejó a miles de ciudadanos afectados.

El pedido fue dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, mediante un oficio en el que plantea considerar a los efectivos que fueron desplazados fuera de su circunscripción electoral por razones de servicio el día de los comicios.

Según el documento, estos ciudadanos se encontraban cumpliendo funciones vinculadas a la seguridad del proceso electoral y, por ello, no pudieron acudir a sus locales de votación habituales. El congresista sostiene que deben ser identificados y acreditados por las autoridades correspondientes para acceder a esta eventual medida.

Montoya argumentó que permitir el voto de este grupo contribuiría a fortalecer la legitimidad de los resultados electorales, ya que permitiría reflejar de manera más completa la voluntad ciudadana.

Días antes de los comicios, el parlamentario advertía que el voto de los miembros de las fuerzas del orden no estaría garantizado.

Policía asegura que el voto de sus efectivos está garantizado

Un día antes de los comicios, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que el derecho al voto de los agentes está contemplado dentro del operativo electoral.

Durante la presentación del plan de seguridad para las elecciones, el oficial explicó que la institución ha previsto horarios flexibles para que los efectivos puedan cumplir con sus funciones y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al sufragio.

Indicó que el despliegue policial ha sido diseñado considerando tanto la protección del proceso electoral como la participación de los agentes en la jornada. En ese sentido, afirmó que se han tomado medidas para minimizar cualquier dificultad que impida el voto de los miembros de la institución.

El general también destacó la magnitud del operativo, que incluye a miles de efectivos en todo el país. Según detalló, la Policía Nacional lidera las acciones de seguridad con más de 61 mil agentes desplegados para resguardar locales de votación, material electoral y candidatos.

Despliegue de seguridad marca la jornada electoral

El operativo de seguridad para las Elecciones Generales 2026 contempla la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones tienen como misión principal garantizar el orden durante la jornada electoral.

Entre sus funciones se encuentran la custodia de más de diez mil locales de votación, la protección de los candidatos presidenciales y el resguardo del material electoral, incluyendo las actas de escrutinio.

Además, la Policía Nacional participó en el traslado del material electoral desde los centros de distribución hacia distintas zonas de Lima y Callao, mientras que las Fuerzas Armadas reforzaron el control en otras regiones del país.

Las autoridades han señalado que este despliegue busca asegurar el normal desarrollo del proceso electoral y prevenir cualquier incidente que pueda afectar la votación.

Facilidades legales permiten que policías y militares puedan votar

La legislación vigente ya contempla mecanismos para facilitar el voto de los miembros de las fuerzas del orden. A través de la ley n.° 32166, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puede asignar locales de votación cercanos a los lugares donde estos efectivos se encuentran destacados.

Esto permite que los policías y militares voten sin necesidad de trasladarse a su distrito de origen, lo que resulta clave debido a que muchos son enviados a distintas regiones para cumplir labores de seguridad durante las elecciones.

Para aplicar esta medida, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben remitir a la ONPE la lista del personal que será desplazado, de modo que se puedan organizar los locales de votación correspondientes.

Además, estos ciudadanos cuentan con facilidades como el “voto rápido”, que les permite sufragar con mayor agilidad el día de los comicios. Sin embargo, su participación se limita a elecciones de carácter nacional, como la elección presidencial y de representantes al Parlamento Andino.

Este sistema busca garantizar que los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas puedan ejercer su derecho al voto, incluso cuando están cumpliendo funciones clave para la seguridad del proceso electoral.

A su salida de la sede de la Dirincri en la avenida España, el funcionario declaró a la prensa y ante la pregunta de si asumirá su responsabilidad. Remarcó: “Como corresponde”.

Un día antes de su traslado, Samamé Blas confirmó haber contratado a Servicios Generales Galaga para el transporte de material electoral en las Elecciones 2026. Relató que su función implicaba tareas directivas, pero sostuvo que la verificación y el monitoreo diario del cumplimiento del contrato recaían sobre su subalterno, Juan Phang Sánchez, señalado como corresponsable en la crisis por la falta de material electoral en 75 locales de Lima Metropolitana, especificamente en los distritos del sur.

Al ser interrogado acerca de la secuencia de hechos que condujeron a la falla logística, insistió: “El subgerente Juan Phang es culpable del caso de la empresa Galaga”. Explicó que, si bien autorizó la contratación de la empresa, era labor del subgerente la comprobación permanente de que los vehículos cumplieran con el servicio.

Acusaciones de Samamé a otros funcionarios de la ONPE

Según la información a la que accedió La República, el gerente de Gestión Electoral reiteró que la supervisión de la entrega del material recaía en Juan Phang Sánchez. “Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es Juan Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, declaró.

Añadió que la verificación del cumplimiento del contrato era una función indelegable del subgerente. “Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, sostuvo.

Samamé aseguró que Phang estaba al tanto del déficit de camiones y que su silencio agravó el problema. “Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, afirmó en su testimonio.

En la documentación incautada por la policía anticorrupción figuran las firmas de Samamé y del subgerente en los términos de referencia del contrato con Servicios Generales Galaga. “Ambos dimos la conformidad”, señaló el gerente detenido.

Detalles y antecedentes de Servicios Generales Galaga

El contrato con Servicios Generales Galaga ascendió a S/20,5 millones e incluía la distribución de la logística electoral, pero la falta de cumplimiento perjudicó a 52.261 electores. Tras la falla, la ONPE responsabilizó públicamente a la empresa mediante un comunicado, deslindando responsabilidades de sus funcionarios.

El expediente revela que la empresa, presidida por Juan Alvarado Pfuyo, acumulaba sanciones previas y no tenía experiencia específica en este tipo de operaciones, lo que, según las bases de la licitación, debió impedir su adjudicación. A pesar de dichas observaciones, la contratación se concretó con la firma de Samamé y el aval del subgerente.

Por su parte, Galaga emitió un pronunciamiento negando incumplimientos y solicitó que no se le atribuya en forma exclusiva la causa de los problemas logísticos. Reclamó el impacto negativo que ello supondría para su imagen y reputación.

Según registros estatales, Galaga ha sumado 80 contratos con el Estado por S/50,8 millones desde 2018. Organismos como Cenares, el Ejército, el Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos le adjudicaron contratos, pese a los informes de la Contraloría con observaciones previas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el congresista Edwin Martínez, en medio de cuestionamientos por el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. La acusación plantea su destitución del cargo y su inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de 10 años.

La denuncia se sustenta en los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril, que provocaron que 211 mesas de sufragio no se instalaran. Como consecuencia, más de 53 mil ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto. En ese contexto, Martínez solicitó que se active el procedimiento de acusación constitucional, se realicen las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, se eleve el caso a la Comisión Permanente.

El documento también propone retirar a Burneo de su condición de vocal supremo titular de la Corte Suprema y, en consecuencia, de la presidencia del JNE. El eje de la acusación apunta a una presunta responsabilidad en la supervisión del proceso electoral y en la garantía del derecho al sufragio, en un escenario donde también se ha cuestionado el rol del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Citación en la Comisión de Fiscalización

En paralelo a la denuncia constitucional, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó tanto a Roberto Burneo como al jefe de la ONPE, Piero Corvetto para este martes 14 de abril. La sesión busca esclarecer las fallas registradas durante la jornada electoral y determinar responsabilidades funcionales.

Corvetto deberá explicar las “causas estructurales y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026”, así como las responsabilidades administrativas derivadas de estas fallas. Por su parte, Burneo tendrá que informar sobre la supervisión del proceso, la legalidad de las decisiones adoptadas y la respuesta institucional frente a los incidentes.

Entre los temas que deberá abordar el titular del JNE figuran la anulación de más de 200 mesas, la gestión de impugnaciones, la ampliación de horarios y la coordinación con la ONPE. Además, se evaluará si existieron alertas previas y qué medidas se adoptaron durante la jornada para mitigar el impacto de las fallas.

La sesión también contará con la participación del contralor general y el defensor del Pueblo, quienes informarán sobre las acciones desplegadas por sus instituciones en torno a los comicios.

Denuncia del JNE contra Corvetto y disculpas por las demoras

En este contexto delicado y con la transparencia de los comicios en duda, el JNE presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto y tres funcionarios de la ONPE por los problemas registrados durante la jornada electoral. La acusación incluye presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del proceso.

Según el documento, existió una omisión en la fiscalización de la empresa encargada del transporte del material electoral, así como fallas en la implementación de herramientas tecnológicas que debían garantizar la eficiencia del escrutinio. La denuncia señala que estas deficiencias no constituyen un error aislado, sino una falla en el deber de diligencia.

El mismo domingo, Burneo ofreció disculpas públicas a la ciudadanía por las demoras en la entrega del material electoral. “Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante en estos momentos es que se garantice su derecho al sufragio”, afirmó.

Demoras en las Elecciones 2026

Las denuncias y citaciones se enmarcan en un proceso electoral marcado por múltiples irregularidades. Entre ellas destacan la demora en la distribución del material electoral, fallas en sistemas tecnológicos y la no instalación de mesas en diversos distritos de Lima Metropolitana.

Los problemas logísticos afectaron directamente a miles de electores, especialmente en zonas como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac. En algunos casos, los locales de votación no llegaron a operar con normalidad, lo que obligó a extender la jornada electoral y habilitar nuevas fechas para garantizar el voto.

Además, se reportaron cuestionamientos sobre la capacidad de la empresa encargada del transporte de material, así como sobre la implementación de herramientas tecnológicas sin pruebas suficientes de estabilidad. Estas fallas generaron un efecto en cadena que impactó la organización del proceso.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, manifestó su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos internacionales a su postura frente a la guerra. El primado del Perú expresó su “solidaridad completa” con el pontífice en su labor de anunciar el Evangelio y promover la paz entre los pueblos.

El cardenal destacó que el mensaje del papa se mantiene fiel a la enseñanza cristiana y remarcó que su misión no responde a intereses políticos, sino a principios religiosos. En ese sentido, sostuvo que León XIV continúa la tarea de predicar la paz y rechazar la violencia en todas sus formas.

El pronunciamiento se produce en un contexto de críticas al pontífice por su posición frente a los conflictos internacionales, lo que ha generado reacciones desde distintos sectores.

Respaldo tras ataques de Donald Trump al pontífice

El apoyo del arzobispo se da luego de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó duramente al papa por sus declaraciones sobre política internacional y lo instó a no involucrarse en esos temas.

Frente a ello, Castillo rechazó que se intente desautorizar al pontífice y defendió su rol como líder espiritual. Según explicó, León XIV no actúa como un político ni busca confrontaciones, sino que transmite el mensaje del Evangelio.

El propio papa ha respondido a estas críticas señalando que su labor no es política, sino moral. En esa línea, ha insistido en que la Iglesia tiene la obligación de rechazar la guerra y promover el diálogo entre los países.

Durante un reciente viaje, el pontífice reafirmó que seguirá alzando la voz contra los conflictos armados y que continuará impulsando el entendimiento entre naciones como vía para resolver problemas.

La paz como eje del mensaje cristiano

El cardenal Castillo subrayó que la postura del papa se basa en las enseñanzas de Cristo. Recordó que, a lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado momentos en los que se intentó justificar la violencia, pero insistió en que el camino cristiano es el de la paz.

En esa línea, afirmó que toda guerra responde a una lógica de violencia que va en contra de la voluntad de Dios. Por ello, sostuvo que el llamado del pontífice es coherente con el Evangelio, que promueve el encuentro entre las personas y la reconciliación.

Para el arzobispo, el papa retoma el mensaje original del cristianismo al rechazar la guerra y fomentar la convivencia pacífica. Consideró que su postura permite ubicar el mensaje cristiano en su dimensión ética, centrada en la construcción de un mundo sin violencia.

Asimismo, destacó que la labor de la Iglesia no es confrontar a los gobiernos, sino orientar a la humanidad hacia valores como el respeto, el diálogo y la paz.

Llamado a los peruanos a respaldar la misión del papa

En su mensaje, Castillo también hizo un llamado a la ciudadanía peruana para respaldar la labor del pontífice. Invitó a los fieles a sumarse a su misión de promover la paz y a mantener una actitud de respeto hacia el papa.

El arzobispo pidió que los peruanos acompañen esta tarea desde su propia realidad, entendiendo que el mensaje del Evangelio implica acciones concretas en favor del entendimiento entre las personas.

Por su parte, León XIV ha reiterado que no dejará de expresar el mensaje cristiano pese a las críticas. Ha señalado que su deber es insistir en la construcción de la paz y en la búsqueda de soluciones que eviten los conflictos.

La empresa Servicios Generales Gálaga SAC respondió a las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las fallas en el traslado del material electoral en Lima Metropolitana. A través de un comunicado, sostuvo que cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato y rechazó ser la única responsable de los problemas registrados durante la jornada.

Según la empresa, el servicio fue ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y bajo los cronogramas definidos por la propia ONPE. En esa línea, indicó que el traslado del material dependía de la coordinación, la entrega oportuna y las condiciones logísticas establecidas por la entidad electoral.

Gálaga aseguró que las demoras registradas en la etapa final del proceso no se deben a incumplimientos propios, sino a factores ajenos a su responsabilidad operativa. Por ello, pidió que se evalúe todo el proceso de manera integral y no se atribuya el problema únicamente a la empresa.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del jefe de la ONPE, al considerar que han afectado su imagen sin que se hayan revisado todas las circunstancias. En ese contexto, solicitó a la entidad que realice las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños a su reputación.

La empresa también informó que ya entregó documentación del contrato a la Dirección Contra la Corrupción, en presencia del Ministerio Público, y aseguró que colaborará con cualquier investigación.

Gerente evitó asumir responsabilidad

Un día antes de este pronunciamiento, el gerente de la empresa, Juan Charles Alvarado Pfuyo, ya había dado sus descargos en una entrevista televisiva. En esa oportunidad, evitó asumir responsabilidad directa por las fallas que afectaron la instalación de mesas de votación.

Consultado sobre el tema, el empresario optó por una respuesta cauta y dejó en manos de las autoridades la determinación de responsabilidades. “Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, señaló.

Además, indicó que no daría una posición definitiva de inmediato y que prefería esperar el desarrollo de los hechos y los pronunciamientos de otras instituciones antes de emitir una opinión más clara.

Estas declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos a la empresa, que ya había sido contratada anteriormente por la ONPE en distintos procesos electorales y que cuenta con antecedentes de sanciones por incumplimientos en servicios similares.

Posibles implicancias legales dependerán del origen de la falla

Más allá del cruce de versiones, el caso podría tener consecuencias legales. El abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva explicó que el punto clave será determinar qué originó el retraso en la entrega del material electoral.

“¿Por una mala estrategia empresarial o esto obedece más bien a una intención criminal?”, planteó.

Según indicó, esta diferencia es fundamental porque define el tipo de delito que podría configurarse. Si se trata de desorganización, las consecuencias serían menores. Pero si se acredita una conducta intencional, el caso podría escalar a delitos más graves.

El especialista también señaló que no se puede descartar una posible colusión en el proceso de contratación. “Podrías hablar de… hasta de una colusión”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que la empresa haya sido contratada pese a cuestionamientos previos.

Explicó que este tipo de delitos no se prueban con evidencia directa, sino a partir de indicios que, en conjunto, permiten reconstruir lo ocurrido. En ese sentido, las autoridades deberán revisar aspectos como el cumplimiento del contrato, la aprobación de los vehículos y la capacidad operativa de la empresa.

“Todo esto se construye en base a indicios”, precisó.

También advirtió que las responsabilidades podrían alcanzar a funcionarios públicos si se demuestra que no actuaron frente a advertencias previas. “Si yo hago caso omiso a eso, más que es mi función propiamente establecida en ley hacerlo”, señaló.

Retrasos en la entrega afectaron la instalación de mesas en Lima

El caso se origina en los problemas registrados durante la jornada electoral, cuando la ONPE reportó retrasos en la entrega del material en varios distritos de Lima Metropolitana, principalmente en la zona sur.

De acuerdo con la entidad, 75 locales de votación se vieron afectados porque el material no llegó a tiempo. Esta situación impidió la instalación oportuna de mesas y retrasó el inicio de la votación para miles de ciudadanos.

La ONPE atribuyó el problema al incumplimiento de la empresa encargada del traslado y anunció la activación de un plan de contingencia para atender la emergencia. El material, según informó, se encontraba en ruta y se esperaba su llegada horas después del inicio de la jornada.

Pese a estos inconvenientes, la entidad indicó que el impacto fue limitado en relación con el total de centros de votación a nivel nacional. Sin embargo, para los ciudadanos afectados, la demora significó largas esperas y dificultades para ejercer su derecho al voto.

En este contexto, el caso no solo pone en debate la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de toda la cadena logística electoral. Lo que determinen las investigaciones será clave para establecer qué falló y quiénes deberán asumir las consecuencias.

El caso de Galaga, empresa encargada del traslado del material electoral no necesariamente se quedará en una simple falla logística. Para el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, la investigación podría avanzar hacia un escenario más complejo.

El especialista explicó que el primer paso será determinar la causa del retraso. No es lo mismo una mala gestión que una conducta con intención.

“¿Por una mala estrategia empresarial o esto obedece más bien a una intención criminal?”, planteó en entrevista con Exitosa.

Esta diferencia es clave porque define el tipo de delito que podría configurarse. Si se comprueba que hubo algo más que desorganización, el caso podría agravarse.

Posible colusión en la contratación

El abogado no descartó que la investigación pueda incluir un delito más grave vinculado al proceso de contratación.

“Podrías hablar de… hasta de una colusión”, señaló al referirse a la posibilidad de que la empresa haya sido contratada pese a cuestionamientos previos.

Según explicó, este tipo de delito no se prueba con evidencia directa, sino con la suma de distintos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Elementos que serán evaluados

Para determinar si hubo colusión, las autoridades deberán revisar varios aspectos. Entre ellos, el cumplimiento del contrato, la aprobación de los vehículos y la capacidad operativa de la empresa.

También será clave analizar si existían advertencias previas y si estas fueron atendidas.

“Todo esto se construye en base a indicios”, explicó el abogado.

Esto significa que la investigación no dependerá de una sola prueba, sino de la acumulación de factores que apunten en la misma dirección.

Qué podría pasar con la empresa

El futuro de la empresa dependerá de lo que se logre acreditar. Si se concluye que hubo solo desorganización, el caso podría quedarse en sanciones administrativas o penales leves.

Pero si se demuestra que existió una intención o coordinación indebida, el escenario cambia.

El abogado explicó que en ese caso se podría hablar de un delito más grave, lo que implicaría una investigación más profunda.

También advirtió que los funcionarios públicos podrían ser alcanzados si se demuestra que no actuaron frente a las advertencias.

“Si yo hago caso omiso a eso, más que es mi función propiamente establecida en ley hacerlo”, señaló.

En este contexto, el caso no solo definirá la situación de la empresa, sino también si hubo una cadena de decisiones que permitió que el problema ocurriera.

Descargos del gerente de Galaga

Las declaraciones del gerente de Servicios Generales Gálaga se dan en un contexto en el que la empresa acumula antecedentes de sanciones vinculadas al traslado de material electoral. Pese a ello, Alvarado Pfuyo evitó profundizar en las críticas y optó por una posición cauta frente a las acusaciones actuales.

Durante la entrevista, el empresario reiteró que no se pronunciará de forma inmediata sobre la presunta responsabilidad de su empresa. Señaló que esperará el desarrollo de los hechos y las evaluaciones de otras instituciones antes de fijar una postura.

“Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, sostuvo, al ser consultado por las fallas que afectaron a miles de electores.

La empresa ha sido contratada en reiteradas ocasiones por la ONPE en distintos procesos electorales. Sin embargo, entre 2020 y 2023 recibió tres sanciones económicas por incumplimientos relacionados con el transporte de material electoral.

A pesar de estos antecedentes, la compañía continuó prestando servicios para la entidad electoral, lo que hoy genera cuestionamientos tras los problemas registrados en las elecciones más recientes.

El retraso de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga en la entrega del material electoral que afectó la instalación de mesas de votación no es solo un problema logístico, sino que puede constituir un delito. Así lo explicó el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, quien detalló que la Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para quienes demoran o detienen la distribución del material.

Según indicó, este tipo de hechos debe ser investigado para determinar por qué ocurrió la demora. La clave está en establecer si se trató de una mala gestión de la empresa encargada o si hubo una conducta con implicancias penales.

“Se sanciona administrativamente, pero también penalmente, a quien demora o a quien detiene la entrega del material electoral”, explicó el especialista en entrevista con Exitosa.

Ahora, hay que esperar los resultados de la investigación, que podría alcanzar tanto a la empresa como a algunos altos funcionarios del órgano electoral.

Penas bajas frente a un problema grave

A pesar de la gravedad del impacto, pues recién a las 9:00 am del lunes 13 de abril algunas mesas de votación recién se estaban instalando, las sanciones previstas en la ley son limitadas.

“Sí, desde seis meses hasta tres años en, lo que es la demora o la detención del reparto de material electoral”, indicó. Esto significa que, incluso si se comprueba responsabilidad penal, las consecuencias podrían ser relativamente leves.

El mismo criterio se aplica a los funcionarios públicos que puedan ser investigados por omisión de funciones. En estos casos, las penas también se mantienen dentro de un rango bajo.

El especialista recordó que esto responde al principio de legalidad, que obliga a aplicar únicamente las sanciones previstas en la ley. En otras palabras, aunque el hecho haya afectado a miles de votantes, las penas no pueden ir más allá de lo establecido.

Qué puede pasar con la empresa

En el caso de la empresa encargada del traslado, el escenario dependerá de lo que determine la investigación. El abogado explicó que lo primero será analizar por qué se produjo la demora.

“Lo primero que van a hacer es investigar a esta empresa Gálaga y decir: bueno, la empresa, ¿por qué se ha demorado?”, señaló.

A partir de ahí, se evaluará si se trató de una mala organización o si existen elementos que apunten a algo más grave. Este punto es clave porque define si el caso queda en una falta administrativa o escala a una investigación penal.

También se revisará si la empresa cumplió con los requisitos del contrato, como la presentación de vehículos y documentación necesaria para el traslado. Estos aspectos serán determinantes para establecer responsabilidades.

Funcionarios también podrían ser investigados

El abogado también advirtió que la responsabilidad no recaería únicamente en Galaga. Los funcionarios públicos que tenían a su cargo la supervisión del proceso podrían ser investigados si no cumplieron con sus funciones.

“Lo que sería en la omisión de funciones solamente abarcaría a los que son funcionarios públicos de la ONPE”, explicó.

Esto implica que, si se demuestra que hubo falta de control o que no se actuó ante advertencias previas, también podrían enfrentar consecuencias legales.

Sin embargo, al igual que en el caso de la empresa, las penas previstas son bajas. El especialista fue claro en señalar que “no pasamos de ese nivel de pena”, lo que refuerza la idea de que las sanciones podrían no ser proporcionales al impacto del problema.

En el lugar, se observó la presencia de vehículos con el logo de la empresa, encargados de trasladar los equipos hacia las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las unidades permanecían a la espera mientras el personal terminaba de organizar el material dentro del local.

La escena ocurre un día después de que los problemas logísticos obligaran a extender la jornada electoral en algunas mesas. Pese a ese antecedente, la empresa sigue participando en una fase clave: el recojo y transporte del material ya utilizado.

Conductores fueron convocados por pocos días

Un trabajador que participó en estas labores confirmó que su vínculo con la empresa fue reciente y de corta duración. Según indicó, fue convocado únicamente para apoyar durante dos días del proceso.

Precisó que no forma parte de la planilla, sino que fue llamado para colaborar de manera puntual. Su participación se concentró en el viernes previo a la elección y el mismo domingo de votación.

Este testimonio sugiere que parte de la operación logística se sostuvo con personal incorporado de forma temporal. La convocatoria por pocos días coincide con versiones sobre contrataciones realizadas a inicios de abril para cubrir la demanda del proceso.

Gálaga mantiene rol en el traslado

A pesar de los cuestionamientos, la empresa sigue encargada de movilizar el material tras el cierre de la jornada. En el colegio, los vehículos identificados estaban destinados al traslado de equipos, como lo indicaban los rótulos visibles en las unidades.

El operativo se desarrolla bajo resguardo policial, mientras el personal de la ONPE continúa dentro del local culminando el embalaje. Una vez finalizado este proceso, el material será trasladado a los centros de acopio.

La permanencia de Galaga en esta etapa evidencia que su participación no se limitó a la distribución inicial, sino que también incluye el retorno del material electoral.

Fallas previas marcaron la jornada

La continuidad de Gálaga se da luego de que su desempeño fuera cuestionado por retrasos en la entrega del material, lo que impidió la instalación de mesas en distintos puntos.

Estas fallas obligaron a extender la jornada para permitir que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto. El problema se originó en la distribución, que no se completó dentro de los plazos previstos.

En paralelo, se conoció que existían advertencias previas sobre deficiencias en su capacidad operativa. En marzo, semanas antes de los comicios, la Contraloría emitió un informe alertando sobre estas falencias; sin embargo, la ONPE no adoptó medidas correctivas y la empresa continuó a cargo de una tarea clave en el proceso electoral.

Dueño de Galaga evita responder por fallas de su empresa

El gerente de la empresa Servicios Generales Gálaga, Juan Charles Alvarado Pfuyo, evitó responder a las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que lo señala como presunto responsable del retraso en la entrega del material electoral.

Consultado sobre el tema, el empresario optó por no reconocer ni descartar responsabilidad. “Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, afirmó en declaraciones a Panorama.

Alvarado Pfuyo también dejó en claro que no brindará mayores detalles por el momento. Indicó que prefiere mantener silencio mientras se desarrollan los pronunciamientos de otras entidades involucradas en el proceso.

En ese contexto, el MTPE exhortó a las empresas a brindar facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al sufragio en la jornada adicional. El pedido incluye tanto a los electores como a quienes desempeñarán funciones como miembros de mesa.

El comunicado precisa que los trabajadores que acudan a votar en los locales habilitados deben contar con las condiciones necesarias para trasladarse y participar del proceso electoral sin restricciones laborales. La entidad remarcó que esta exhortación se da en el marco de una situación excepcional derivada de la extensión de los comicios.

Facilidades laborales y compensación de horas

El MTPE señaló que las horas dejadas de laborar por motivo del sufragio estarán sujetas a compensación posterior. Esta compensación deberá ser acordada entre empleador y trabajador. En caso de no existir consenso, será el empleador quien determine la forma de recuperar el tiempo no trabajado.

Además, el comunicado incluye disposiciones específicas para los ciudadanos que se trasladaron desde otras regiones hacia Lima para votar, así como para quienes asuman el rol de miembros de mesa ante la ausencia de los titulares sorteados.

En estos casos, se establece que podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el martes 14 de abril de 2026. La medida busca garantizar que quienes participen en el proceso electoral no se vean perjudicados en su jornada laboral.

Alcance para miembros de mesa en jornada extraordinaria

El MTPE también precisó que las disposiciones alcanzan a los ciudadanos que ejercerán como miembros de mesa el lunes 13 de abril, incluso si no completaron el proceso de capacitación previo.

Asimismo, indicó que aquellos miembros de mesa designados por sorteo que sí completaron la capacitación y cumplan efectivamente con su función se regirán por lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-2026-TR.

Con ello, el ministerio busca ordenar los distintos escenarios derivados de la extensión del proceso electoral, en especial ante la necesidad de cubrir mesas que no pudieron instalarse en la jornada original.

Extensión de elecciones por fallas en distribución de material

La ampliación de la votación fue dispuesta por el JNE luego de que se confirmara que 211 mesas no lograron instalarse el domingo 12 de abril debido a retrasos en la distribución del material electoral. Esta situación afectó a 63.300 electores que no pudieron emitir su voto.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la medida se adoptó para evitar que los ciudadanos se vean impedidos de ejercer su derecho al sufragio. En esa línea, se estableció que la instalación de mesas continúe el lunes entre las 7:00 y las 14:00 horas, mientras que la votación se extenderá hasta las 18:00 horas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 99,8 % de las mesas sí logró instalarse, pero reconoció el impacto de las demoras en un grupo de locales en Lima y en el extranjero.

La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión del JNE y calificó la ampliación como una medida que permite garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados. Asimismo, destacó que la continuidad del proceso contribuye a preservar la legitimidad de los resultados electorales.

En este escenario, el MTPE reafirmó su compromiso de colaborar con el desarrollo del proceso electoral, en coordinación con las autoridades competentes, para asegurar que la jornada ampliada se realice con normalidad.

Hoy, domingo 12 de abril de 2026, más de 27 millones de peruanos votarán en las elecciones generales, en un proceso que estará marcado por el mayor recambio generacional de las últimas décadas y profundos contrastes regionales. A esto se suma la anticipada estrategia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para depurar y cerrar el padrón, así como operativos especiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio Público para asegurar la transparencia, la accesibilidad y la equidad en la jornada electoral.

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Vocación de servicio en Huancavelica

En una jornada marcada por la complejidad logística de los comicios 2026, la región Huancavelica fue escenario de un gesto que trascendió el deber administrativo para convertirse en un símbolo de civismo. Efectivos de la Región Policial intervinieron para asistir a una adulta mayor con movilidad reducida que, pese a las evidentes barreras físicas de su local de votación, se negaba a renunciar a su derecho al sufragio. Entre el respeto y la calidez de los asistentes, los agentes cargaron a la ciudadana para asegurar su ingreso a la mesa de votación, reafirmando que, en los rincones más profundos del país, la voluntad democrática no entiende de obstáculos cuando hay manos dispuestas a sostenerla.

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Mayor votación juvenil en regiones

Para las Elecciones 2026, el padrón electoral destaca una participación juvenil masiva, con más de 6.9 millones de votantes menores de 30 años que representan cerca del 27% del electorado total. Lima concentra la mayor cantidad de estos electores, seguida por regiones como La Libertad, Piura, Cajamarca y Cusco, zonas donde el voto joven será determinante. Este grupo incluye a miles de ciudadanos que cumplen 18 años hasta el mismo día de los comicios, lo que ha llevado al Reniec y a la ONPE a intensificar las campañas de actualización de DNI y educación cívica para asegurar que este sector clave pueda ejercer su derecho al sufragio en una de las jornadas más complejas del país.

A las 4:45 de la madrugada del 12 de abril de 2026, se instaló la primera mesa de sufragio (N.° 009038) en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, en el distrito de Huanuhuanu, Arequipa, marcando el inicio de las elecciones generales en Perú. Este hito da comienzo a una jornada considerada la más compleja de la historia republicana del país, debido al retorno al sistema bicameral —que obliga a elegir simultáneamente presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino— y al número récord de 35 candidatos presidenciales, movilizando a más de 26 millones de votantes en todo el territorio nacional y el extranjero.

Situación de las votaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el local con el mayor número de mesas de sufragio

En Ayacucho, se observa la llegada de personeros, miembros de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público al colegio Mariscal Cáceres para garantizar la transparencia de los comicios

/peru/2026/04/09/ley-seca-empieza-este-sabado-11-de-abril-de-cuanto-es-la-multa-y-quienes-la-pagan/

/peru/2026/04/10/multa-por-no-votar-este-domingo-12-de-abril-en-las-elecciones-2026-esto-es-lo-que-deberas-pagar/

Bajo la imponente vista del volcán Misti, la ciudad de Arequipa amanece para cumplir con su deber cívico. Un enlace en directo muestra el ambiente previo a la apertura de las mesas de sufragio en las elecciones.

Más de 2,5 millones de nuevos votantes

Uno de los datos más significativos, conforme a cifras de Reniec y el Informe N° 5 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la incorporación de 2 millones 518 mil 576 jóvenes que votarán por primera vez. Esta cifra representa el mayor ingreso de nuevos electores desde 2006. El recambio no solo modifica la proporción etaria: también el equilibrio de género, con 1 millón 211 mil 841 nuevas votantes mujeres y 1 millón 253 mil 572 hombres, y una distribución regional que amplía la base representativa frente al proceso electoral anterior.

Lima concentra el mayor número de votantes

La región Metropolitana de Lima consolida su centralidad al concentrar 7 millones 822 mil 555 electores, cifra que quintuplica la de La Libertad, próxima jurisdicción con mayor número de votantes (1 millón 552 mil 691). Las regiones de Piura (1 millón 534 mil 85), Arequipa (1 millón 226 mil 525) y Cajamarca (1 millón 198 mil 773) completan el grupo de mayor peso numérico en el nuevo padrón.

En el otro extremo, Madre de Dios, con 147 mil 577 electores, apenas representa 0,5% del total nacional. Esta gran variabilidad también se refleja en que, en comparación con 2021, Madre de Dios y la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero registraron los mayores incrementos porcentuales con 27% y 21% respectivamente.

Población electoral creció 65% en 20 años

Desde 2006, la población electoral creció en un 65%, superando ampliamente el ritmo de los últimos procesos. Entre las Elecciones Generales 2021 y el cierre de padrón de 2026, el salto fue del 8%, con un total de 27 millones 325 mil 432 votantes habilitados. Según el padrón depurado y aprobado por el JNE mediante la resolución N° 0744-2025-JNE, esta población se compone de 13 millones 781 mil 106 mujeres (50,4%) y 13 millones 544 mil 326 hombres (49,6%), con una ligera mayoría femenina.

En Lima, la concentración demográfica queda reforzada además por la incorporación de 718 mil 19 nuevos votantes jóvenes, casi un tercio de todos los incorporados a nivel nacional. Detrás siguen Piura (163.406), La Libertad (153.819), Cajamarca (122.286) y Cusco (110.015), que juntas suman más del 50% de los nuevos electores.

La composición generacional y la diversidad en el voto

El análisis etario proyecta una enorme base de electores jóvenes: 26% de los votantes son menores de 30 años, cifra que desciende en zonas metropolitanas como Lima (24%) pero supera el 30% en departamentos de la selva como Loreto, Huancavelica, Amazonas y Ucayali. En el otro extremo, el 10% de votantes tiene entre 60 y 69 años, el 15% entre 50 y 59 años, y un 9% corresponde a mayores de 70.

Destaca aquí la correlación regional: mientras Amazonas, Loreto y Ucayali evidencian el “bono demográfico” con mayor población en edad de trabajar, en Moquegua, Lima, Callao y Arequipa predomina el grupo de adultos mayores. Moquegua, por ejemplo, concentra solo el 23% de menores de 30 años en su padrón, frente al 32% de Loreto.

Dos cabinas por mesa de sufragio

En cuanto al voto preferencial y la complejidad del proceso, Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, confirmó que habrá dos cabinas de votación por mesa para agilizar la atención y recomendó a los electores llevar anotados sus candidatos en papel: “Son 5 elecciones y, si se opta por el voto preferencial, se podrían hacer hasta 12 marcas. No podemos esperar que los electores recuerden tantas cifras”, detalló Corvetto Salinas a Agencia Andina.

180 fiscales en La Libertad

El operativo de vigilancia y soporte es otra dimensión clave para estas elecciones. Teresa Cueva Alva, fiscal provincial especializada en Prevención del Delito de Trujillo, comunicó que el Ministerio Público desplegará 180 fiscales en la región La Libertad, encargados de monitorear locales de votación, regular la ley seca y coordinar acciones preventivas junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En paralelo, en provincias como Chiclayo, los fiscales Patricia Coronado Rioja, Víctor Irigoin Vera y Jorge Clavo Aguilar ejecutaron operativos para retirar propaganda en la vía pública y en inmuebles privados, documentando las observaciones con actas de fiscalización y articulando eventuales sanciones a propietarios y partidos infractores, según informó el Ministerio Público.

Panorama de las Elecciones en Trujillo y Machu Picchu

Por primera vez, la ODPE Trujillo instalará mesas de votación en tres centros poblados rurales de Julcán (San Antonio, Paruque Bajo y Chacho), lo que facilitará el voto de más de 500 ciudadanos que históricamente enfrentaban barreras geográficas. La logística implicó el traslado de material y urnas desde el 10 de abril, una acción destacada por Yury Ponte Córdova, jefe de la ODPE Trujillo.

En la provincia cusqueña de Urubamba, el distrito de Machu Picchu recibirá material electoral —200 cajas trasladadas por tren y carretera— para atender a 8.943 electores habilitados en 31 mesas. El despliegue abarca desde centros urbanos hasta comunidades de difícil acceso como Laco Yavero y Ccorimayo, en Yanatile Calca.

El papel de los pueblos indígenas y la representatividad social en los comicios

En el terreno de la pluralidad cultural, el análisis territorial del padrón, a partir de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, revela la presencia de 39.449 centros poblados indígenas asociados a 9.270 localidades. Esto representa 41,5% de los centros poblados nacionales. El peso es especialmente notorio en Pasco (68% de centros indígenas), Ayacucho (66%), Apurímac (64%) y Loreto (61%). Por el contrario, en Cajamarca, la proporción es casi nula (1%), mientras que Callao y Tumbes carecen completamente de localidad identificada bajo esta categoría.

Este mapeo determina la urgencia de estrategias diferenciadas para asegurar la equidad en el acceso a información, la logística electoral adecuada y la promoción de la participación política de los pueblos originarios, variables que impactan directamente en la legitimidad y la calidad representativa del proceso.

Las regiones con más y menos votantes

Las cifras del padrón evidencian realidades dispares entre regiones. Lima Metropolitana alberga más de cinco veces la cantidad de electores que La Libertad y cincuenta y tres veces la de Madre de Dios. Moquegua, con 164 mil 628 votantes, y Tumbes (181 mil 317) también figuran en el umbral inferior, con porcentajes menores de jóvenes y mayor proporción de adultos mayores respecto al promedio nacional.

La evolución demográfica también varía: Callao y Puno presentan crecimientos del padrón cercanos al 4%, mientras que la mayoría de circunscripciones oscilaron entre el 7% y el 11%. Esto contrasta fuertemente con casos como Madre de Dios y los votantes en el extranjero, donde el crecimiento superó el 20%.

2.5 millones de jóvenes votan hoy

Para las Elecciones Generales 2026, el padrón incluye 27 millones 325 mil 432 peruanos en territorio nacional y en el extranjero, habilitados para sufragar el 12 de abril. Entre las principales novedades, la mayor incorporación de votantes jóvenes —más de 2,5 millones— redefine la composición generacional y refuerza el peso de regiones como Lima y Piura. Las autoridades electorales Reniec, ONPE y JNE despliegan nuevas estrategias logísticas y de asistencia para asegurar la transparencia, la inclusión y el acceso equitativo a todas las circunscripciones, en el proceso que marcará el futuro político nacional para el próximo quinquenio.

Para conocer la ubicación de su local de votación, los ciudadanos pueden ingresar a consultaelectoral.onpe.gob.pe o llamar a la línea gratuita 080000513. Además, se recomienda anotar la información relevante para el voto, especialmente ante la complejidad de la cédula y el voto preferencial.

/peru/2026/04/08/donde-votar-en-las-elecciones-2026-link-de-la-onpe-para-conocer-tu-local-mesa-y-como-llegar-el-domingo-12-de-abril/

Prohibiciones y ley seca en las Elecciones 2026

Las autoridades también hacen énfasis en el cumplimiento de las normas electorales, como la ley seca aplicada a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y la prohibición de propaganda o indumentaria alusiva a candidatos en los recintos de sufragio. El incumplimiento acarreará sanciones administrativas y, en casos graves, penales.

En las mesas de votación podrán estar presentes, además de los miembros de mesa y personeros, fiscalizadores del JNE, integrantes del Ministerio Público, representantes de la Defensoría del Pueblo y observadores nacionales e internacionales.

/peru/2026/04/10/la-ley-seca-prohibe-tomar-bebidas-alcoholicas-lo-que-dice-realmente-la-normativa/

Desigualdad y educación en regiones

El informe estadístico INFOgob del JNE detalla que el electorado exhibe desigualdades marcadas. Por ejemplo, en Cajamarca, 567 mil 915 electores cuentan con educación secundaria y 437 mil 286 solo con primaria, mientras que 132 mil 725 carecen totalmente de instrucción. El estado civil también evidencia predominio de soltería, con 1 millón 51 mil 737 electores solteros en esta región.

205 mil personas con discapacidad votarán en las Elecciones 2026

A nivel nacional, más de 205 mil personas con discapacidad están llamadas a sufragar, por lo que Reniec y ONPE coordinan la adopción de acciones específicas para garantizar su efectivo acceso y ejercicio pleno del derecho al voto.

Este proceso, en el que la comisión de operativos preventivos, capacitaciones y despliegues logísticos muestra su mayor grado de sofisticación y cobertura histórica, destaca no solo por la magnitud del padrón, sino por la diversidad que este encarna y los retos que impone a las instituciones y al propio electorado peruano.

Caos electoral. La jornada electoral comenzó con retrasos, pero, a diferencia de otros procesos, no se debió a la ausencia de miembros de mesa, sino a la falta de entrega del material electoral necesario para iniciar la votación.

Las mesas debían instalarse a las 7:00 a.m.; sin embargo, ante las denuncias de ciudadanos por demoras en sus locales de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió un comunicado en el que confirmó retrasos en 75 locales de Lima Metropolitana y responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga.

La entidad aseguró que la situación se normalizaría alrededor de las 8:00 a.m. No obstante, pasado el mediodía, aún se reportaban locales en el sur de Lima que permanecían cerrados. Frente a este escenario, los organismos electorales decidieron ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m. y extender el cierre de la votación hasta las 6:00 p.m.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, pero subrayó que lo prioritario es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Por su parte, la ONPE anunció que iniciará acciones contra la empresa.

No es la primera vez que Servicios Generales Galaga contrata con la ONPE.

Los antecedentes de Galaga SAC con la ONPE

La empresa Galaga SAC fue fundada en 2010 por el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo. Su experiencia en contrataciones con el Estado no es reciente. En 2020 obtuvo una orden de servicio por más de S/ 400 mil para el traslado y repliegue de material electoral y equipos informáticos utilizados en actividades previas a una elección, como capacitaciones, simulacros de cómputo y ensayos de votación.

En 2023, la ONPE sancionó a esta empresa por incumplimiento con una penalidad de S/ 6 mil. Surge entonces la interrogante de por qué volvió a ser contratada.

El organismo electoral no es la única entidad del Estado que ha contratado con Galaga SAC. Desde 2018, la empresa registra vínculos contractuales con distintas instituciones públicas. Solo en 2025, suscribió contratos con Cenares y la Diris Lima Sur.

Tras el incumplimiento reportado por la ONPE en este proceso electoral, el caso podría derivar en acciones ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, que incluyen la aplicación de penalidades y posibles sanciones.

Más sospechas contra Galaga SAC por convocatoria en redes

No pasó mucho tiempo para que los ciudadanos, visiblemente molestos, acudieran a las redes sociales de la empresa para expresar su malestar en los comentarios. Sin embargo, un hecho llamó la atención: a inicios de abril, la compañía había lanzado una convocatoria masiva para la contratación de unidades. Incluso, un día antes de las elecciones, publicó un nuevo aviso en el que buscaba contratar a 400 auxiliares por dos días de trabajo, con una remuneración de S/ 100 por jornada. Tras la difusión de estos registros en redes sociales, la publicación fue eliminada.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, a pocos minutos de las 2:00 de la tarde, aún no se había instalado el 30 % de mesas a nivel nacional. El retraso, inicialmente focalizado, terminó teniendo un impacto mayor en el desarrollo de la jornada.

El escenario también fue aprovechado por algunos candidatos. Rafael López Aliaga, por ejemplo, volvió a poner en agenda la narrativa de un posible fraude electoral, en medio de la incertidumbre generada por las fallas logísticas.

Con mesas aún sin instalar y miles de electores a la espera de poder votar, la jornada quedó marcada por cuestionamientos al sistema electoral y por la urgencia de determinar responsabilidades en uno de los procesos más críticos para la democracia.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que, tras convocar a un pleno extraordinario, se consideró viable el pedido de la ONPE de extender el plazo, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan emitir su voto.

Los cambios en el cronograma electoral no solo alcanzan a la instalación de mesas, sino también al horario de votación, que fue ampliado hasta las 6:00 p.m.

El presidente del JNE, hizo un llamado a la calma a los electores de Lima Metropolitana y pidió disculpas, en nombre de los organismos del sistema electoral, por los inconvenientes ocasionados.

Asimismo, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, aunque enfatizó que lo prioritario es que los comicios se desarrollen con normalidad, ya que lo más importante es “garantizar el derecho al sufragio”.

Finalmente, invocó a los miembros de mesa a continuar “apoyando” durante la jornada.

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, también ofreció disculpas a la ciudadanía por las demoras registradas en el proceso electoral.

Electores molestos por demora en instalación de mesas

El comunicado de los entes electorales llegó tarde. Desde las 8:00 a.m., los locales de votación de Lima Metropolitana ya registraban largas colas, lo que generó malestar entre los electores.

En Miraflores, un grupo de ciudadanos denunció que sus mesas no se instalaban y que la única respuesta del personal de la ONPE fue que no tendrían que pagar multa.

Una de las votantes, visiblemente molesta, afirmó que no le interesa quedar exonerada de la sanción, sino poder ejercer su derecho al voto. Otro entrevistado, por su parte, exigió la detención del jefe de la ONPE y del responsable de la empresa encargada del traslado del material electoral.

¿Por qué se retrasó la instalación de mesas en Lima Metropolitana?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció que la instalación de mesas de votación sufrió retrasos en algunos puntos de Lima Metropolitana, principalmente en la zona sur de la capital. El problema estuvo directamente relacionado con la demora en la distribución del material electoral, indispensable para iniciar la jornada.

De acuerdo con el organismo electoral, el material no llegó a tiempo a diversos locales de votación, lo que impidió que los miembros de mesa puedan iniciar sus funciones desde las 6:00 a.m., como establece el cronograma oficial. Esta situación afectó a 75 instituciones educativas ubicadas en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La ausencia de este material generó que las mesas no pudieran instalarse en el horario previsto. Según explicó el vocero de la ONPE, Juan Heredia, una vez que los paquetes llegan al local, el proceso de instalación puede tomar hasta 20 minutos. Esto incluye la verificación de tres componentes: el paquete de instalación, el de útiles y el de escrutinio.

En el mismo pronunciamiento, indicó que el material restante llegaría a las 8:00 a.m.; sin embargo, dos horas después, diversos usuarios reportaban que sus mesas aún no habían sido instaladas en distritos como Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

La normativa electoral establece que las mesas solo pueden instalarse hasta el mediodía. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué ocurre si se cumple el plazo y una mesa de votación no logra instalarse?

La vocera de la ONPE, Carla Cueva, señaló que existe un procedimiento para estos casos: se debe llenar un acta en presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones. “Ahora, si es que pasara que por A o B no se instala a las 12:00, tenemos un acta específicamente de esa incidencia que tiene que ser llenada también con presencia del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Pese a que la funcionaria reiteró que el problema logístico se concentra en Lima Metropolitana y que Surco y San Juan de Lurigancho son las zonas más afectadas, hay locales donde los electores no pueden ingresar, como la Institución Educativa 7087, en Santiago de Surco.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

Aún falta poco más de una hora para que se cumpla el plazo oficial de instalación de mesas. En varios locales, los miembros de mesa y electores llegaron a tiempo; sin embargo, por problemas en la organización de los entes electorales, hasta el momento muchos ciudadanos no pueden ejercer su voto.

En estos casos, el Jurado Nacional de Elecciones contempla una dispensa de la multa electoral, la cual debe ser tramitada y no tiene costo. Esto aplica cuando el ciudadano no puede votar por fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como ocurre con los retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas.

No obstante, si la mesa no se instaló por ausencia de los miembros de mesa, sí corresponde el pago de la sanción. La diferencia radica en que la ley obliga a los ciudadanos en la fila a asumir ese rol para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Incluso, se puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para conminar a los electores a cumplir esta función.

En un escenario extremo, si nadie acepta asumir el cargo y la mesa no llega a instalarse, todos los electores asignados a esa mesa deberán pagar la multa correspondiente.

Tabla de multas por distrito

• Si vives en distritos considerados extrema pobreza (0,5% de la UIT): 27,50 soles de multa
• Si vives en distritos considerados pobres (1% de la UIT): 55 soles de multa
• Si vives en distritos considerados no pobres (2% de la UIT): 110 soles de multa

El candidato presidencial de Renovación Popular llegó acompañado por su candidata a la primera vicepresidencia, Norma Yarrow, así como por simpatizantes de su agrupación política. Aunque saludó brevemente a las personas que se encontraban en el lugar, evitó cualquier contacto con los medios de comunicación. Vestía un polo rojo y una gorra de color gris.

El menú que el candidato celeste compartió con sus invitados fue pan con chicharrón y tamal. Antes de que los políticos iniciaran sus discursos, algunos vecinos tomaron la palabra y le pidieron que “salve al Perú”.

Cuando Norma Yarrow intervino, recordó la estrecha amistad que los une, la cual consideró ya una “hermandad”, y aseguró que lo acompañaría de cerca durante un eventual gobierno. “Seré tu sombra”. La candidata se mostró optimista, pese a los últimos sondeos publicados, que ubicaban a López Aliaga por debajo de Ricardo Belmont.

Yarrow fue más allá y aseguró que, al igual que el papa León XIV, el próximo presidente del Perú sería chiclayano, en clara alusión a López Aliaga.

López Aliaga: “Ríos de amor, no ríos de sangre”

A su turno, Rafael López Aliaga reiteró el discurso utilizado durante su campaña, centrado en ofrecer “ríos de amor, no de sangre”. Inició su intervención recordando el cariño que tiene por el asentamiento humano Camino Real y no desaprovechó la oportunidad para criticar a Sedapal por la falta de acceso al servicio de agua potable.

Sin embargo, sostuvo que llevar servicios básicos a la zona es posible y destacó el presupuesto con el que cuenta el Gobierno central. “Plata hay, si no hay corrupción”, indicó.

Finalmente, admitió que muchos peruanos lo identifican con la caricatura del cerdito “Porky” y señaló que ha optado por tomarlo con humor. “Yo me río, cuando un niño me dice: señor Porky”.

El evento se desarrolló en una losa deportiva conocida como “La Bombonera”, donde desde tempranas horas se acondicionó el espacio para recibir al candidato y a sus invitados. En el lugar ya se encontraban instaladas mesas y sillas, en preparación para el desayuno

Fuerte despliegue policial en el local del evento

Desde las primeras horas del día se desplegó un importante operativo de seguridad en los alrededores del local donde se llevó a cabo el desayuno electoral. Efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para garantizar el orden y realizar las inspecciones correspondientes.

Entre las unidades presentes se encontraban agentes de la comisaría de Pamplona 2, así como personal especializado en desactivación de explosivos (UDEX), quienes realizaron una revisión tanto en el interior como en los exteriores del recinto. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual en actividades públicas de candidatos durante la jornada electoral.

El personal policial inspeccionó la infraestructura del local, así como los accesos y áreas circundantes, con el objetivo de asegurar que el evento se desarrolle sin incidentes. Para ello, utilizaron equipos y herramientas especializadas en la detección de riesgos.

Además del resguardo policial, se observó la presencia de seguridad privada vinculada al partido político, que también supervisaba el ingreso al recinto. El operativo se ejecutó sin restricciones al tránsito vehicular en la zona, que se mantuvo habilitado durante las primeras horas de la mañana.

RLA revive el fantasma del fraude

Ante las demoras en la instalación de mesas de votación, Rafael López Aliaga no desaprovechó la oportunidad para criticar a la ONPE.

Después de emitir su voto lanzó un duro cuestionamiento a la entidad y advirtió un supuesto fraude electoral.

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que el material necesario para el desarrollo de los comicios aún no había llegado a determinados locales de votación en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En total, 75 instituciones educativas resultaron afectadas por esta demora.

Según precisó la ONPE, el retraso responde a un incumplimiento por parte de la empresa encargada del traslado, “Servicios Generales Galaga”, lo que obligó a la entidad a tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del proceso electoral. El material, indicaron, ya se encuentra en traslado y se espera que llegue aproximadamente a las 8:00 a.m.

Pese a esta situación, el organismo electoral remarcó que los locales afectados representan solo el 0,72 % del total de centros de votación a nivel nacional, que asciende a 10.336. En ese sentido, subrayó que en el resto del país la jornada se desarrolla con normalidad, tras la llegada oportuna del material electoral.

La ONPE también explicó que, en comparación con las elecciones generales de 2021, el despliegue logístico en esta ocasión ha sido mayor. Mientras que en el proceso anterior se utilizaron alrededor de 200 camiones para distribuir el material en Lima Metropolitana y el Callao, este año se requirieron 434 vehículos, debido al incremento en el volumen de material y a la instalación de cerca de 10.000 mesas adicionales.

Finalmente, la entidad lamentó los inconvenientes ocasionados y exhortó a los miembros de mesa a mantenerse atentos para iniciar sus funciones apenas llegue el material electoral a sus respectivos locales.

Elecciones 2026: demoras en la jornada de votación

Según el cronograma electoral, la jornada debía iniciarse desde las primeras horas del día con la instalación de mesas y continuar con la votación hasta el cierre oficial.

De acuerdo con lo establecido, la instalación de mesas de sufragio comienza a las 6:00 a.m. En esta etapa se revisa el material electoral, se organiza el espacio y se deja todo listo para recibir a los ciudadanos. Una hora después, a las 7:00 a.m., se inicia la votación. Sin embargo, hasta el momento, diversos usuarios han reportado retrasos en la instalación de mesas, no solo en distritos de Lima Sur.

El vocero de la ONPE, Juan Heredia, señaló que las mesas pueden instalarse hasta el mediodía, un panorama complicado, considerando que la votación culmina a las 5:00 p.m. A partir de esa hora, se inicia el conteo de votos en cada mesa de sufragio.

Heredia también indicó que una vez que llegue el material, al local de votación, el proceso de la instalación de mesas puede durar hasta 20 minutos, por lo que se estima que la votación inicie a las 8:00 am. En ese sentido, pidió calma y paciencia a la ciudadanía

“Hay algunas tareas que van a realizar los miembros de mesa una vez que ya reciben el material electoral. Van a revisar los tres paquetes que contiene el material electoral, el paquete para la instalación, el paquete de útiles y el paquete de escrutinio”, señaló el funcionario en Latina Noticias.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Armando Juan Echevarría, explicó que la jornada comienza desde muy temprano y que los miembros de mesa deben acudir puntualmente a sus locales de votación.

Según detalló, las mesas se instalan desde las 6:00 a.m., momento en el que los ciudadanos sorteados deben presentarse para asumir sus funciones. Sin embargo, advirtió que, si no se completa el personal necesario, se tomará a personas que se encuentren en la fila.

En esos casos, los ciudadanos serán capacitados en el mismo lugar por personal de la ONPE. Para ello, se cuenta con materiales como cartillas de instrucción que permiten explicar rápidamente las funciones que deberán cumplir.

El funcionario también hizo un llamado a los miembros de mesa titulares y suplentes para que acudan desde temprano y así evitar contratiempos en la instalación de las mesas. Asimismo, remarcó que si llegan tarde, también les corresponde pagar la multa

Qué pasa si faltan miembros de mesa el día de la votación

Cada mesa de sufragio está conformada por nueve personas: tres miembros titulares y seis suplentes. Todos ellos han sido sorteados previamente y tienen la obligación de presentarse el día de las elecciones.

Su presencia es clave, ya que son los encargados de instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes y supervisar el proceso de votación.

Si no llegan a tiempo o no se presentan, la mesa no puede iniciar sus funciones con normalidad. Por eso, la ONPE aplica el mecanismo de convocar a ciudadanos en la fila para completar el equipo.

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, los electores no pueden negarse a integrar la mesa cuando hay ausencia de sus integrantes. Este procedimiento permite que la votación no se retrase y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin mayores inconvenientes.

La capacitación que reciben quienes son convocados se realiza en el momento, con el apoyo del personal desplegado en los locales de votación.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

No cumplir con el cargo de miembro de mesa tiene consecuencias. Según la ONPE, quienes no se presenten o se nieguen a asumir el rol incurren en una infracción electoral.

En estos casos, se aplica una multa de 275 soles. Esta sanción alcanza tanto a los miembros titulares como a los suplentes que no acudan al local de votación o no firmen el acta de asistencia.

Además, si un ciudadano convocado desde la fila se niega a integrar la mesa, también puede recibir esta sanción. La normativa establece que los electores deben cumplir con esta función para garantizar el desarrollo de la jornada.

En situaciones donde la negativa persista, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para que el ciudadano cumpla con integrar la mesa y así dar inicio al proceso electoral.

Qué pasa si no pagas la multa electoral

No pagar la multa por no ser miembro de mesa puede generar problemas más adelante. Las autoridades advierten que tener deudas electorales pendientes puede afectar diversos trámites.

Por ejemplo, si una persona desea renovar su DNI, el sistema puede detectar la multa y exigir su pago antes de continuar con el trámite. Lo mismo puede ocurrir al solicitar un pasaporte o realizar gestiones ante entidades como la SUNAT.

Incluso, en procedimientos notariales, se puede verificar si existen multas pendientes, lo que podría impedir completar ciertas operaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar el pago lo más pronto posible una vez concluido el proceso electoral, para evitar inconvenientes en trámites futuros.

El despliegue de los fiscales responde a una estrategia definida en coordinación con las juntas de fiscales superiores en cada jurisdicción. Gálvez detalló que, en el caso de Lima, la planificación involucró reuniones con las juntas de fiscales superiores de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.

“Con todos ellos hemos coordinado y son ellos los que han dispuesto el despliegue de los fiscales en cada uno de los locales de votación”, explicó el fiscal de la Nación en respuesta a preguntas sobre la logística del operativo.

Este esfuerzo busca cubrir todos los centros de votación del país, permitiendo que el Ministerio Público actúe de manera preventiva y reactiva ante posibles delitos. Según las declaraciones recogidas por diversos medios, Gálvez remarcó la importancia de la presencia institucional para preservar la transparencia y el respeto por las reglas democráticas.

Delitos electorales y sanciones previstas

El titular del Ministerio Público identificó los delitos más recurrentes que suelen presentarse durante los procesos electorales. “Justamente los delitos que se producen en estos actos, como ya lo dije, son la suplantación de identidades para emitir una persona el voto por otra y también realizar actos contrarios a la limpieza de las elecciones”, afirmó Gálvez.

Consultado sobre las sanciones aplicables, precisó que ante la detección de un delito, “se tiene que iniciar una investigación y luego se realizará la sanción correspondiente cuando ya se concluya un proceso penal”. El fiscal hizo hincapié en la obligación de respetar el procedimiento legal y en la función del Ministerio Público como garante del debido proceso.

Restricciones y criterios para detenciones durante la votación

El fiscal de la Nación abordó también la polémica surgida por la posibilidad de detenciones durante el acto electoral, un tema que generó debate luego de las declaraciones del defensor del Pueblo. Gálvez recordó que “la ley establece que nadie puede ser detenido durante el acto electoral”, aunque aclaró que la Policía Nacional del Perú puede establecer estrategias de seguimiento y actuar si lo considera necesario, siempre que no se impida el derecho al voto.

“Creo que ahí razonablemente tiene que actuar todas las autoridades porque se tiene que permitir o no impedir que los ciudadanos emitan su voto”, indicó el fiscal, quien reconoció la existencia de normas que limitan las detenciones, pero también subrayó la responsabilidad de la policía en el cumplimiento de sus funciones. Ante la consulta sobre el caso particular de Vladimir Cerrón, Gálvez sostuvo que no existe una solución única y que la decisión depende del criterio de la policía.

Problemas presupuestales y llamado a la ciudadanía

En cuanto a los recursos disponibles para la fiscalización, Gálvez admitió que los obstáculos presupuestales no han sido superados, aunque evitó profundizar en el tema para no afectar el desarrollo de la jornada. “Ahora estamos celebrando la fiesta electoral, que no queremos enturbiarlo con nada”, respondió el fiscal.

Finalmente, Tomás Aladino Gálvez dirigió un mensaje al electorado: “Invocamos a toda la ciudadanía a concurrir a sus mesas a votar, a respetar al opositor político y emitir su voto con toda tranquilidad, con todo respeto”. Reafirmó que el Ministerio Público está “con el pueblo, con la ciudadanía para que se respete el principio de legalidad y se cumpla con los deberes propios de la democracia”.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso un horario especial de atención este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida busca garantizar que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

De acuerdo con la entidad, este domingo estarán operativas 224 agencias a nivel nacional. La atención estará enfocada exclusivamente en la entrega de DNI, por lo que se recomienda acudir únicamente si el documento ya se encuentra listo para recojo.

Las agencias atenderán en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., permitiendo el recojo del DNI antes de acudir a sus locales de votación.

Reniec publicó este enlace para que los ciudadanos puedan verificar los locales habilitados en su región. Puedes ingresar desde tu computadora, tablet o celular.

Sedes de Reniec en Lima

En Lima, diversas oficinas abrirán sus puertas durante la jornada electoral. A continuación, el detalle de las sedes habilitadas en la capital y sus direcciones:

• AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N – Comisiones de Regantes (frente a la Plaza de Armas)
• AG Canta: Jirón Independencia N.º 308 (Municipio – Plaza de Armas)
• AG Cañete: Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, Urb. Tercer Mundo – San Vicente de Cañete
• AG Huacho: Av. Grau N.º 295 – Huaura
• AG Huaral: Pasaje El Palmo con calle Huaquilla (DEMUNA Huaral)
• AG Matucana: Jirón Tacna 626 – Centro Cívico – Huarochirí
• AG Oyón: Jirón Unión 216
• AG Yauyos: Plaza Constitución N.º 110
• AG Chancay: Av. Primero de Mayo S/N cuadra 03
• AG Ancash: Jirón Ancash N.º 336-340 – Cercado
• OR Barranca: Av. Independencia N.º 674-678
• OR Callao: Av. Dos de Mayo N.º 440-446
• OR Cercado de Lima: Av. Nicolás de Piérola 545
• OR Chosica: Jirón Chucuito N.º 248 – Lurigancho
• OR Cieneguilla: Av. San Martín Lote 15, Zona D, Mz. D – Tambo Viejo
• OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte
• OR Jesús María: Jirón Talara N.º 130
• OR Lurín: Mz. B, Lote 5, Asociación de Vivienda Familiar Centinela
• OR Miraflores: Av. Diez Canseco N.º 230
• OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N.º 241
• OR Quilca: Jirón Quilca N.º 501 y 525
• OR San Borja: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II
• Oficina descentralizada San Borja: Javier Prado Este 2392
• OR San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores Lote 1 Mz. G, Urb. Canto Grande Unidad 7
• OR San Juan de Miraflores: Av. Guillermo Billinghurst N.º 767-769
• OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich N.º 590-592 con Pedro Paulet N.º 589
• OR Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N.º 947, Urb. Universal

Estas oficinas atenderán en horario extendido para facilitar el recojo de DNI.

Atención en regiones: horarios y ciudades habilitadas

La atención este domingo no se limita a Lima. El Reniec también ha habilitado oficinas en diversas regiones del país, con horarios establecidos para facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el marco de la jornada electoral.

Según la programación de la entidad, la atención especial se realizará en Piura (Sullana, Chulucanas, Sechura, Paita, Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque y José Leonardo Ortiz) y Cajamarca (Cutervo y Chota), entre otras jurisdicciones.

Asimismo, se ha previsto el refuerzo del servicio en regiones como La Libertad, Loreto, Arequipa, Junín, Cusco, Puno, Ica y Áncash, donde se mantendrá la entrega de DNI este domingo.

Estas sedes forman parte del despliegue nacional dispuesto para asegurar que los electores cuenten con su documento de identidad el mismo día de las Elecciones Generales 2026.

Recomendaciones clave para votar sin inconvenientes

Reniec recordó una serie de indicaciones fundamentales para los electores que acudirán a votar este domingo 12 de abril:

• El DNI es el único documento válido para votar. No se aceptan otros documentos de identificación.
• Se puede votar con DNI vencido. De manera excepcional, se ha autorizado el uso del DNI caducado para estas elecciones.
• También es válido el DNI amarillo. Los ciudadanos que aún cuentan con este documento podrán sufragar sin restricciones.
• Revisa tu DNI antes de salir de casa. Verifica que esté en buen estado y disponible para evitar contratiempos.
• Tenlo listo con anticipación. Mantén el documento a la mano desde antes de dirigirte a tu local de votación.

Para el cuidado del DNI durante la jornada electoral, se recomienda:

• Guardarlo en un lugar seguro para evitar pérdidas
• Evitar doblarlo o exponerlo a humedad
• No manipularlo innecesariamente para prevenir daños

El nuevo escenario electoral abre una consecuencia directa para los partidos políticos que logren ingresar al Congreso en las Elecciones Generales 2026: recibirán más recursos del financiamiento público directo. Este incremento responde a cambios en el contexto normativo y económico que impactan la forma en que se distribuye el dinero.

Durante el último quinquenio, los partidos con representación parlamentaria recibieron cerca de 78 millones de soles. Sin embargo, para el próximo periodo, el monto será mayor debido a dos factores clave: el aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la posible reducción del número de partidos que obtendrán escaños en el Parlamento.

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, advierte que este escenario implicará una mayor concentración de recursos en menos organizaciones políticas, lo que podría alterar el equilibrio en el sistema de partidos.

Cómo se calcula el financiamiento público directo

El financiamiento público directo se asigna a los partidos con representación parlamentaria y se calcula en función de los votos emitidos. La fórmula actual establece que se multiplique el total de votos al Congreso por el 0.1% de la UIT.

Un aspecto relevante es que este cálculo no solo considera los votos válidos, sino también los votos nulos y en blanco, lo que incrementa la base sobre la cual se distribuyen los recursos.

Sobre este punto, Tuesta cuestiona el criterio utilizado, al señalar que incluir votos nulos y en blanco puede distorsionar el monto final. Desde su perspectiva, el cálculo debería basarse únicamente en los votos válidos para reflejar de manera más precisa el respaldo ciudadano.

Bicameralidad y dudas en el reparto del dinero

Con el retorno al sistema bicameral, el cálculo del financiamiento enfrenta un nuevo problema: no está definido qué votación debe tomarse como base.

Existen dos opciones: usar los votos de la Cámara de Diputados o los del Senado. Sin embargo, ambas alternativas presentan dificultades. Si se suman ambas votaciones, el financiamiento podría duplicarse de forma indebida. Si se elige solo una, se generan distorsiones, ya que se trata de dos procesos distintos dentro de la misma elección.

Tuesta advierte que esta falta de claridad normativa puede generar problemas en la distribución de los recursos y abrir cuestionamientos sobre la equidad del sistema.

Más recursos y vacíos legales en el sistema de partidos

A este escenario se suma la decisión del Congreso de postergar la cancelación de la inscripción de los partidos políticos hasta enero de 2027. Esto permite que agrupaciones sin representación parlamentaria sigan vigentes y participen en elecciones subnacionales.

Sin embargo, esta medida también genera incertidumbre. No está claro qué ocurrirá en casos específicos, como partidos que no obtienen curules pero ganan gobiernos regionales o municipales, o aquellos que sí ingresan al Congreso pero no cumplen requisitos en otros procesos.

El politólogo señala que estos vacíos deben resolverse con urgencia. De lo contrario, el Jurado Nacional de Elecciones podría asumir una función interpretativa que debió ser definida previamente por el Congreso.

En este contexto, habrá más recursos en juego y menos reglas precisas para definir su distribución, lo que podría beneficiar solo a unas cuántas organizaciones políticas.

Este domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 en todo el país. La jornada electoral iniciará con la instalación de mesas y llegará a su fin con la publicación de los primeros resultados oficiales.

La jornada empieza antes de que lleguen los electores. Según lo explicado por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en Cerro Colorado, Armando Juan Echevarría, los miembros de mesa deben acudir a sus locales desde las 6:00 a.m.

En ese momento se realiza la instalación de las mesas de sufragio. Esto incluye revisar el material electoral, organizar el espacio y dejar todo listo para recibir a los votantes.

A las 7:00 a.m. se inicia oficialmente la votación. Desde esa hora, los ciudadanos pueden ingresar a sus locales para emitir su voto.

Si falta algún miembro de mesa, se puede completar con personas que estén en la fila. Ellas serán capacitadas en el momento por personal de la ONPE, con el fin de evitar retrasos y asegurar que todas las mesas funcionen.

Votación, desayuno electoral y observación ciudadana

A lo largo del día, los ciudadanos acudirán a votar en sus respectivos locales. En paralelo, el personal de la ONPE, como coordinadores y orientadores, estará presente para atender cualquier incidencia.

En este contexto también se desarrolla el llamado “desayuno electoral”, una práctica tradicional en la que algunos candidatos aparecen públicamente durante la mañana del día de votación. Sin embargo, no todos participan. El candidato Carlos Álvarez, por ejemplo, cuestionó esta costumbre y adelantó que no formará parte de esta actividad.

Además, durante la jornada habrá observación electoral. La Asociación Civil Transparencia desplegará 5.000 observadores en todo el país. Esta organización presentará reportes a lo largo del día, incluyendo un primer informe al mediodía sobre la instalación de mesas y las condiciones del proceso.

Cierre de mesas y primeros resultados

La votación se desarrolla durante todo el día hasta el cierre de mesas a las 5:00 pm. Tras ello, comienza el conteo de votos.

En paralelo, los medios de comunicación difunden el llamado “flash electoral”, que corresponde a los resultados de los sondeos a boca de urna. Es importante tener en cuenta que estos datos no son oficiales y no son elaborados por la ONPE.

Por su parte, la organización Transparencia presentará un segundo informe a las 6:30 p.m., enfocado en el desarrollo de la jornada, y un tercer reporte desde las 9:00 p.m. con resultados de su conteo rápido.

Resultados oficiales: cómo y cuándo se conocerán

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de publicar los resultados oficiales. Según explicó su jefe, Piero Corvetto, a las 5:00 p.m. del domingo se habilitará la página web donde se empezarán a difundir los resultados desde las primeras actas procesadas.

Estos resultados se irán actualizando de forma progresiva, conforme lleguen y se procesen las actas. No se trata de proyecciones ni estimaciones, sino de cifras oficiales.

Las primeras actas de Lima y Callao comenzarán a ingresar desde las 7:30 p.m., mientras que las del resto del país lo harán desde las 8:30 p.m. Esto puede hacer que las tendencias cambien a lo largo de la noche.

La ONPE estima que hacia la medianoche del lunes 13 de abril se podría contar con al menos el 60 % de los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, el avance dependerá de la velocidad del conteo y del envío de actas, especialmente desde zonas alejadas y del extranjero.

Aunque el despliegue se realiza en distintas regiones, el procedimiento es el mismo a nivel nacional. La organización comienza con el traslado del material electoral y continúa con su instalación dentro de los locales, bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión.

En Arequipa, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en Cerro Colorado, Armando Juan Echevarría, detalló cómo se ejecuta este proceso desde las primeras horas del día.

Desde la madrugada: traslado y llegada del material electoral

El trabajo empezó temprano. Según explicó el funcionario, el despliegue del material electoral comenzó desde las cinco de la mañana, priorizando las zonas más alejadas para asegurar que todo llegue a tiempo.

Indicó que una parte del material ya había sido enviada a distintos distritos y centros poblados, y que las primeras unidades estaban a pocos minutos de llegar a los locales de votación. En esos puntos, el personal inicia de inmediato la descarga del material.

Una vez que los paquetes llegan, se verifica que todo esté en orden. Tras ello, se pasa a la etapa de adecuación del local, donde se organizan los espacios para la jornada electoral.

El funcionario también precisó que el despliegue se realiza de forma progresiva y que el avance depende de la distancia de cada zona. En lugares más alejados, el traslado puede tomar varias horas, por lo que estos envíos se realizan primero.

Seguridad y organización dentro de los locales

El traslado del material electoral no se realiza de manera aislada. Según explicó Echevarría, cada envío sale acompañado por personal de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Electoral Especial y efectivos policiales.

Al llegar a los locales de votación, los coordinadores ya se encuentran en el lugar, junto con personal de seguridad. En estos puntos, tanto policías como miembros del Ejército permanecen resguardando el material.

El funcionario detalló que todo el recorrido es custodiado y monitoreado, lo que permite asegurar que el material llegue sin inconvenientes. Además, dentro de los locales hay distintos equipos encargados de la organización.

Por ejemplo, hay coordinadores de mesa, orientadores y personal encargado de trasladar las actas una vez que se complete la votación. La cantidad de trabajadores depende del número de mesas en cada local.

También explicó que, en caso falten miembros de mesa, se podrá convocar a ciudadanos que estén en la fila, quienes recibirán una capacitación rápida para asumir esa función. No obstante, hizo un llamado a los miembros de mesa titulares para que acudan desde temprano, ya que la instalación de mesas empieza desde las seis de la mañana.

Lima: resguardo policial y llegada del material a los colegios

En Lima, la preparación también es visible en los principales locales de votación. En el colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro, se registró la llegada de personal de la Marina para reforzar la seguridad antes del arribo del material electoral.

Este local es uno de los que concentrará mayor cantidad de votantes, con más de cien mesas de sufragio. En sus exteriores, ya se colocaron las listas de miembros de mesa.

Durante la madrugada, se inició el despliegue de cédulas y ánforas hacia distintos distritos de la capital. En algunos puntos, especialmente en zonas más alejadas, el material llegó primero, siguiendo una estrategia de distribución progresiva.

Mientras tanto, en otros locales, el personal permanece a la espera de la llegada de las cédulas, bajo resguardo policial y militar.

Más de 2 mil locales reciben material electoral en Lima y Callao

El traslado del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao es una de las operaciones más grandes del proceso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este despliegue la noche del viernes 10 de abril, desde sus almacenes en Lurín.

En total, se enviaron paquetes hacia 2.269 locales de votación, utilizando más de 400 unidades de transporte. Cada vehículo cuenta con protección policial y es monitoreado durante su recorrido.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó la magnitud de esta operación y señaló que se trata de un momento clave dentro del proceso electoral. También resaltó el apoyo de la Policía Nacional, que garantiza la seguridad del traslado.

El material incluye cédulas de votación, ánforas, cabinas y equipos informáticos que serán utilizados en cada mesa. Todo ha sido previamente verificado y sellado para asegurar su integridad.

Con este despliegue, los locales de votación quedan listos para recibir a millones de ciudadanos. La recomendación para los electores es acudir temprano y verificar su local de votación con anticipación.